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Timestamp: 2020-02-26 08:12:06+00:00

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INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARÍTIMO (1) | Telecomunicación | Estado (política)
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Ab. JOSE E. ORTEGA Córdoba, diciembre de 2001. MÓDULO 1: CONCEPTO Y CONTENIDO DE LAS RAMAS JURÍDICAS AUTÓNOMAS QUE INTEGRAN ESTA ASIGNATURA UNIDAD 1: CONCEPTO Y CARACTERES DE LOS DERECHOS MARÍTIMO, AERONÁUTICO Y ESPACIAL 1.1 Concepto de derecho de las navegaciones 1.2. Doctrina de la Unidad 1.3 Necesaria Intervención del Estado en estas materias. 1.4 Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho de las Navegaciones. 1.5 Importancia de las actividades marítima y aérea en el comercio exterior UNIDAD 2: CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2.1Concepto 2.1.1 Introducción necesaria. 2.1.2 Telecomunicación: Acepción Vulgar. 2.1.3 Telecomunicación: definición técnica. 2.2 Derecho de las Telecomunicaciones y “Derecho de las Navegaciones”. 2.3 Dimensión actual de las telecomunicaciones 2.3.1 Panorama 2.3.2 Evolución de las políticas estatales 2.4 Organismos Internacionales: 2.4.1. Caracterización: 2.4.2 La Unión Internacional de Telecomunicaciones -U.I.T.- 2.4.3 La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 2.4.4 CCITT (International Telegraph and Telephone Consultive Comittee) 2.4.5. AHCIET (Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicación) 2.4.6 Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA): 2.4.7 INTELSAT (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite). 2.4.8 INMARSAT (Organización de Telecomunicaciones Marítimas por satélite). 2.4.9 APT (Asia - Pacific Telecommunity) 2.4.10 Organismos europeos 2.4.11 El Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas de la O.M.C. 2.5 La legislación sobre telecomunicaciones. 2.5.1 Generalidades: 2.5.2 Características de la legislación sobre telecomunicaciones. 2.5.3 Las telecomunicaciones y el ejercicio de las libertades fundamentales 2.5.4 Las telecomunicaciones como servicios 2.5.5 ¿Servicio público o servicio universal? 2.5.6 El Libro Azul de la UIT -LA: 2.6 La legislación Argentina 2.6.1 Introducción. Fundamentos constitucionales. 2.6.2. La Constitución de 1853/60. 2.6.3. La Constitución Reformada. 2.6.4 El marco normativo 2.7 La Ley Nacional de Telecomunicaciones -LNT- 2.7.1 Introducción -Títulos I y II- 2.7.2. Título III 2.7.3 Títulos IV a VII. 2.8 La Legislación Argentina (continuación): Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.185 -LNR- 2.8.1 Generalidades 2.8.2. Antecedentes de la LNR: 2.8.3 Las disposiciones de la LNR 2.8.4. Título I: “De las disposiciones generales” 2.8.5. Título III: Del Servico Oficial de Radiodifusión -SOR-: 2.8.6 Título IV: De las licencias: 2.8.7. Títulos V- De la Explotación- y VI- De los gravámenes 2.8.8. Títulos VII -Del régimen sancionatorio- y VIII- De la prescripción-. 2.8.9. Título IX- De las autoridades-: 2.8.10. Títulos X- Del régimen de promoción- y XI- Disposiciones Transitorias-: 2.9. La Legislación argentina (continuación). Reforma del Estado. Privatización. Pliegos de condiciones. 2.9.1. La Ley 23.696. 2.9.2 Privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -ENTel-. 2.9.3 Principales notas del marco regulatorio privatizador " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">
Material de estudio para la asignatura “Derecho de la Navegación y Aeronáutico”, Carrera de Abogacía, Educación a Distancia,
Prof. Ab. GUILLERMO FORD [*] Ab. JOSE E. ORTEGA [**]
UNIDAD 1: CONCEPTO Y CARACTERES DE LOS DERECHOS MARÍTIMO, AERONÁUTICO Y ESPACIAL
1.1 Concepto de derecho de las navegaciones
1.2. Doctrina de la Unidad
1.3 Necesaria Intervención del Estado en estas materias.
1.4 Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho de las Navegaciones.
1.5 Importancia de las actividades marítima y aérea en el comercio exterior
UNIDAD 2: CONCEPTO Y CARACTERES DEL DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES
2.1.1 Introducción necesaria.
2.1.2 Telecomunicación: Acepción Vulgar.
2.1.3 Telecomunicación: definición técnica.
2.2 Derecho de las Telecomunicaciones y “Derecho de las Navegaciones”.
2.3 Dimensión actual de las telecomunicaciones
2.3.1 Panorama
2.3.2 Evolución de las políticas estatales
2.4.2 La Unión Internacional de Telecomunicaciones -U.I.T.-
2.4.3 La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
2.4.4 CCITT (International Telegraph and Telephone Consultive Comittee)
2.4.5. AHCIET (Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicación)
2.4.6 Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA):
2.4.7 INTELSAT (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite).
2.4.8 INMARSAT (Organización de Telecomunicaciones Marítimas por satélite).
2.4.9 APT (Asia - Pacific Telecommunity)
2.4.10 Organismos europeos
2.4.11 El Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas de la O.M.C.
2.5 La legislación sobre telecomunicaciones.
2.5.1 Generalidades:
2.5.2 Características de la legislación sobre telecomunicaciones.
2.5.3 Las telecomunicaciones y el ejercicio de las libertades fundamentales
2.5.4 Las telecomunicaciones como servicios
2.5.5 ¿Servicio público o servicio universal?
2.5.6 El Libro Azul de la UIT -LA:
2.6 La legislación Argentina
2.6.1 Introducción. Fundamentos constitucionales.
2.6.2. La Constitución de 1853/60.
2.6.3. La Constitución Reformada.
La Ley Nacional de Telecomunicaciones -LNT-
Introducción -Títulos I y II-
Títulos IV a VII.
La Legislación Argentina (continuación): Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.185 -LNR-
2.8.2. Antecedentes de la LNR:
2.8.3 Las disposiciones de la LNR
2.8.4. Título I: “De las disposiciones generales”
2.8.5. Título III: Del Servico Oficial de Radiodifusión -SOR-:
2.8.6 Título IV: De las licencias:
2.8.7. Títulos V- De la Explotación- y VI- De los gravámenes
2.8.8. Títulos VII -Del régimen sancionatorio- y VIII- De la prescripción-.
2.8.9. Título IX- De las autoridades-:
2.8.10. Títulos X- Del régimen de promoción- y XI- Disposiciones Transitorias-:
2.9. La Legislación argentina (continuación). Reforma del Estado. Privatización. Pliegos de condiciones.
2.9.1. La Ley 23.696.
2.9.2 Privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -ENTel-.
Principales notas del marco regulatorio privatizador
Privatización de las estaciones de T.V. y radio
2.10 Tendencia en la evolución del marco regulatorio de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Internet.
2.10.1 Introducción.
2.10.2 La concentración -el mercado mundial.
2.10.3 Radiodifusión e interactividad. Los problemas y las regulaciones nacionales e internacionales.
2.10.4 INTERNET: breve caracterización
2.10.5 Hacia la regulación de la “Sociedad de la Información” y sus servicios.
2.10.5.1 La experiencia europea
2.5.10.2 Interrogantes
MÓDULO 2: AMBITOS Y VEHÍCULOS MEDIANTE LOS QUE SE DESARROLLA LA NAVEGACIÓN
UNIDAD 3: ÁMBITOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA NAVEGACIÓN
Concepto y naturaleza jurídica del alta mar
Consecuencias de la libertad de los mares
Tesis latinoamericana:
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (LEY 20.645, DEL AÑO 1974)
Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (MONTEGO BAY , JAMAICA, EL AÑO 1982).
3.1.11. Régimen de los Puertos.Generalidades
3.1.11.1 Régimen de la Ley de Navegacion:
3.1.11.2 Ley 24.093. Provincialización y Privatización portuaria
3.1.12 La seguridad de la vida humana en el mar
Convención de Londres de 1948 para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
Líneas de carga máxima:
El espacio aéreo y el derecho de dominio.
3.2.6Circulación aérea
3.2.6.1 Régimen internacional:
3.2.6.2 Régimen nacional - Código Aeronáutico
3.2.7 Infraestructura aeronáutica
3.2.8 Aeródromos y su clasificación
3.3 Espacio superior o ultraterrestre
3.3.1 Régimen jurídico
3.3.2 Límite entre el espacio aéreo y el espacio superior - Diversas teorías
UNIDAD 4: VEHÍCULOS CON LOS QUE SE DESARROLLA LA NAVEGACIÓN
4.1 El buque
4.1.2 artefacto naval
4.1.3 Clasificación:
4.1.4 naturaleza jurídica:
4.1.5 Individualización:
4.1.6 La llamada “nacionalidad”
4.1.7 Tonelaje del arqueo:
4.1.8 Cota - sociedades de clasificacion
4.1.9 Documentacióon del buque y del artefacto naval
4.1.10 Régimen de propiedad
4.1.11 Modos de adquisición de dominio
4.1.12 Modos de adquisición en particular
4.1.12.1 Compraventa
4.1.12.2 Prescripción
4.1.12.3 Contrato de construcción
4.1.12.3 Abandono a favor de aseguradores
4.1.13 Modos de adquisición de derecho público:
Confiscación o comiso
Publicidad naval
4.1.16.1 Privilegios e Hipotecas
4.1.16.2 Características de los privilegios
4.1.16.3 Régimen legal
4.1.16.4 Hipoteca naval
Embargo de buques:
4.1.17.1 Concepto
4.1.17.2 Marco regulatorio
4.1.17.3 Jurisdicción y competencia
4.1.17.4 Interdicción de Navegar:
4.1.17.5 Abordaje, Asistencia y Salvaniento u otros accidentes de navegación:
4.1.17.6 Inembargabilidad:
Nacionalidad y Matriculación
Recaudos para adquirir acronaves argentinas
Formalidades de adquisición
4.2.8. Privilegios aeronáuticas
4.2.9 Hipoteca sobre aeronaves
4.2.10 Embargos
4.2.11 Abandono a favor del Estado Nacional
MODULO 3: CONTRATOS USUALES
UNIDAD 5: CONTRATOS DE UTILIZACION Y TRANSPORTE
5.2 Clasificación:
5.3 Contratos de utilización:
5.3.1 Contrato de locación:
5.3.2 Fletamiento a tiempo (sin transporte):
5.3.3 Fletamento total o parcial (con transporte):
5.3.4 Contrato de transporte de mercaderías:
5.3.5 Conocimiento de embarque
5.3.5.1 Introducción:
5.3.5.2 Funciones del conocimiento:
5.3.5.3 Contenidos formales del conocimiento:
5.3.6 Contrato de transporte de personas
5.3.7 Transporte de equipaje
5.3.8 Contrato de remolque
5.4 Ventas marítimas
5.5 Crédito documentario
5.5.2 Operatoria
5.5.3 Modalidades del crédito documentario
5.6 La Carta de Crédito
5.7 Otros medios de pago
UNIDAD 6: TRANSPORTE MULTIMODAL (transcripción Ley 24.921)
MODULO 4: REGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD, AVERIAS, ASISTENCIA Y SALVAMENTO Y SEGUROS
UNIDAD 7: RESPONSABILIDAD
7.1 Responsabilidad marítima
7.1.1 Concepto:
7.1.2 Antecedentes de la limitación de la responsabilidad del armador
7.1.3 La limitación de la responsabilidad del armador
7.1.4 Modalidades de Limitación
7.1.5 Créditos Incluídos y excluidos del sistema limitativo:
7.1.6 Responsabilidad en el transporte de mercaderías por agua
7.1.7 Responsabilidad del transporte de personas por agua
7.1.8 Responsabilidad en el transporte de equipajes
7.1.9 Responsabilidad en el transporte gratuito
7.2 Responsabilidad aeronáutica
7.2.1 Régimen internacional
7.2.1.1 Responsabilidad del transportador aéreo internacional
7.2.1.2 Reunión Especial de la OACI –Montreal 1966
7.2.1.3 Acuerdo IATA-CAB (Interline Traffic Agreement). MONTREAL –4 de Mayo de 1966
7.2.1.4 Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas realtivas al transporte aéreo internacional firmado en
Varsovia el 12 de octubre de 1929 y modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de setiembre de 1955 Guatemala 1971.
7.2.1.5 Conferencia Internacional de Derecho Aéreo. Protocolos de Montreal- 1975
7.2.1.6 Análisis concluyente.
7.2.2 Responsabilidad del explotador frente a terceros en la superficie
7.2.3 Responsabilidad por retraso en el transporte aereo de cargas.
7.2.4 Crítica del limite de responsabilidad en el transporte aéreo de pasajerosError! Reference source not found.
7.2.4.1 Retrospectiva y perspectiva
7.3 Responsabilidad espacial
7.3.1 Características generales
7.3.2. Tratado de principios de 1967
7.3.3. Tratado de responsabilidad de 1972
7.3.4 Supuestos de responsabilidad no legislada
UNIDAD 8: #
UNIDAD 9: SEGUROS
9.1. Seguros Marítimos
9.2 Seguros sobre intereses vinculados a los efectos
9.2.2 Cláusulas usuales
9.2.3 “Institute cargo clauses”. Cláusula “Contra todo riesgo” (CTR)
9.2.4. Cláusula “libre de avería particular” (LAP)
9.2.5. Cláusula “Con avería particular” (CAP)
9.2.6. Algunas cuestiones relevantes
9.2.6.1 Relación con las Incoterms.
9.2.6.2 Pólizas flotantes
9.2.6.3 Pagos a término
Seguro sobre intereses vinculados al buque
Seguro del flete por ganar
Seguro del precio del pasaje
Seguro sobre lucro esperado
Seguro de responsabilidad por daños a terceros
Pronto pago provisorio
MÓDULO 5: PERSONAL DE LA NAVEGACIÓN
UNIDAD 10: PERSONAL MARITIMO
Régimen de a bordo
El capitán como oficial del registro civil
El capitán como representante del armador
Despido del capitán
Relación con el Práctico
Contrato de ajuste:
Goce de licencias:
Rescisión del contrato de ajuste:
Sistematización legislativa:
El agente marítimo:
Perito naval:
Ingenieros y técnicos de la construcción naval:
UNIDAD 11: PERSONAL AERONÁUTICO
Atribuciones, derechos y obligaciones:
11.5 Personal de Superficie
11.6 Apéndice: Tripulación Espacial (breve caracterización).
MODULO 1: CONCEPTO Y CONTENIDO DE LAS RAMAS JURÍDICAS AUTÓNOMAS QUE INTEGRAN ESTA ASIGNATURA
1.1 Concepto de derecho de las navegaciones Error! Reference source not found.
El término “navegación”, de raigambre latina, ha sido entendido tradicionalmente como el desplazamiento guiado por el hombre de una embarcación a través un medio acuático, sea marítimo, fluvial o lacustre.
Por natural semejanza, la aparición en la historia más reciente de la cultura humana de vehículos aptos para desplazarse en el ámbito aéreo y espacial, permitió la adaptación analógica de dicho vocablo, al tomarse en consideración un factor común consistente en la natural hostilidad que el desplazamiento guiado por estos tres espacios implica para el Hombre.
Sin perjuicio de ello, es evidente que nos encontramos frente a una fenomenología distinta en las tres actividades, que permitió acuñar los términos navegación aérea o aeronavegación y navegación espacial, entre otros, para distinguir semánticamente tres hechos tecnológicos estrictamente diferentes.
Como se verá más adelante, las tres actividades navegatorias, cada una en un momento histórico particular, irrumpen en la historia de la cultura humana, generando problemas propios y originales que suscitaron la atención del Derecho, para dar lugar a ramas jurídicas de contenido sistemáticamente autónomo.
Estas tres ramas de la ciencia jurídica son denominadas comúnmente en la actualidad, Derecho Marítimo (o de la navegación por agua); Derecho Aeronáutico (o de la aeronavegación), y Derecho Espacial (o de la navegación por el espacio ultraterrestre).
En su conjunto pertenecen a un grupo pedagógicamente designado como "Derecho de la Navegación" o con mayor rigor metodológico "Derecho de las Navegaciones", tal cual como prefiere denominarlo nuestro Gran Maestro, Manuel Augusto Ferrer (h).
Estas Materias, sin perjuicio de manifestarse como ramas de la ciencia jurídica perfectamente autónomas, reconocen un núcleo en común caracterizado por la regulación jurídica de una actividad dominada por el desplazamiento de vehículos a través un medio más o menos fluido, en donde el hombre no puede, en principio, sobrevivir por su propia naturaleza.
Según nos enseñara Ferrer en su obra “Derecho Espacia”, el vehículo “Buque” (vulgarmente, barco), se desplaza con propulsión a vela o mecánicamente, aprovechándose de la sustentación natural que lo mantiene a flote en el agua (medio fluido).
La aeronave, a través de diversas tecnologías, se sustenta en el aire (medio más fluido que el agua).
Finalmente, el vehículo cósmico, u objeto espacial, se desplaza en el espacio ultraterrestre a través de un medio en donde la cohesión molecular es tan difusa, que ya no se puede hablar de fluidez. Pero en todo caso, el vehículo aprovecha las leyes físicas (acción-reacción) y se sustenta en sí mismo para poder avanzar.
En todos estos desplazamientos, la subsistencia de la vida humana depende exclusivamente del soporte tecnológico que le proporcionan dichos vehículos o sus actividades auxiliares.
1.2 Doctrina de la Unidad
Este factor común representado por la abstracción de un elemento que caracteriza a los tres derechos (el desplazamiento de un vehículo por un medio más o menos fluido), ha sido tomado como argumento por parte de la doctrina para argumentar la existencia de un sólo derecho de la Navegación, negando autonomía científica fundamentalmente al Derecho Aeronáutico y al Derecho Espacial.
El Maestro Italiano Antonio Scialoja, fundador de la teoría de la Unidad del Derecho de la Navegación, sostenía en síntesis que los mismos principios jurídicos abstractos básicos y fundamentales que se aplican a la actividad marítima, se podían aplicar perfectamente a la actividad aeronáutica, no justificándose, por ende su tratamiento científico autónomo.
Esta teoría ha tenido en el Orden Nacional grandes y calificados adherentes. Fundamentalmente el gran profesor Federico Ortiz de Guinea, de la Universidad del Litoral, lamentablemente ya fallecido, pero cuyo pensamiento se ha extendido a sus discípulos, Jorge Douglas Maldonado, Mario Casanova, Hernán Carrillo, Adrián Alzueta, Julio Cesar Alzueta [1] .Entre nosotros, profesa esta teoría el Profesor Dr. Luis César Romero Basaldua, profesor titular de la Cátedra “B” Derecho de la Navegación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Nosotros, desde nuestra humilde posición, como lo revelaremos más adelante, estimamos que no obstante es dable reconocer la gran semejanza de las actividades de que se trata y que muchos principios y normas se pueden aplicar analógicamente a las mismas, también es posible advertir en ellas grandes disimilitudes que dificultan un tratamiento jurídico exactamente uniforme.
En efecto la tecnología empleada en las tres actividades, es totalmente diferente. Existe, como bien dice Jorge Bengolea Zapata, una “fenomenología” diferente en las tres áreas que justifica un enfoque diferenciado por parte del derecho respecto de las tres ramas. Por ejemplo, la posibilidad de provocar daños por la caída de una aeronave, o cosas desprendidas de la misma, o por el ruido de la misma, es un problema tecnológico totalmente propio de la actividad aérea y requiere un tratamiento jurídico especializado y particular, totalmente ajeno a lo conocido en la actividad marítima. Lo mismo puede predicarse de los objetos espaciales susceptibles de reingresar e impactar en la superficie terrestre, eventualidad que no es asimilable de ninguna manera a la actividad de la navegación por agua.
Finalmente, esta realidad, innegable, ha sido reconocida tácitamente en los hechos por el propio Antonio Scialoja, quien como autor del anteproyecto que diera lugar a la sanción del Código Italiano de la Navegación de 1942, que pretendía abarcar la navegación marítima y aérea en un sólo cuerpo sistemático, basado en la doctrina de la unidad, no tuvo otra alternativa que dar un tratamiento separado a la normativa relativa al derecho de la navegación por agua separándola de la que regula la navegación aérea.
Sin pretender agotar el extenso debate que esta cuestión ha provocado en la doctrina nacional e internacional durantes décadas y que será materia de referencias especiales en otros capítulos, me detengo en hacer notar al lector que toda ciencia jurídica deduce principios abstractos que pretenden fundar la regulación de actividades concretas. Todo derecho autónomo, no se agota en principios abstractos, sino que se proyecta en normativas concretas que deben atender los aspectos específicos de cada actividad.
Postura analógica. Similitudes y diferencias entre el Derecho Marítimo, el Derecho Aeronáutico y el Derecho Espacial.
Como anticipamos esta pequeña obra parte del supuesto de la existencia de una gran analogía entre el Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial, sin reconocer unidad o precisamente identidad entre las mismas, lo que implica necesariamente destacar que existen similitudes, pero también diferencias.
1. En cuanto al ámbito:
Tanto en el mar libre (alta mar), como en el espacio ultraterrestre, se caracterizan por el predominio de la libertad de los desplazamientos y de las actividades conexas. Sin Embargo, mientras que el estado actual del Derecho Internacional Público del Mar admite el ejercicio de maniobras de índole militar en áreas libres, el Derecho Espacial impone que dicho desplazamiento o actividad debe realizarse exclusivamente con fines pacíficos y en provecho y en interés de todos los países.
En el Derecho Aeronáutico, la plena libertad de desplazamiento, corresponde sólo al espacio aéreo que cubre las zonas de libre navegación o territorios no sometidos a soberanía alguna (Antártida, p. ej.) y no al espacio aéreo que cubre los Estados, en donde impera la plena soberanía de los mismos, con la salvedad del precario reconocimiento al derecho de sobrevuelo pacífico (fuertemente controlado por el Estado subyacente) y para efectuar escalas de índole técnica.
En los tres derechos encontramos semejanza en cuanto a la llamada, nacionalidad o abanderamiento, que es el instituto que permite la aplicación de la ley del Estado en cuyo registro se inscribe el vehículo para aquellos hechos, actos o delitos acaecidos o sucedidos en zonas o áreas en donde no impera la soberanía de ningún Estado.
La llamada nacionalidad, que en realidad es atribución de jurisdicción de un Estado de registro sobre dicho vehículo, también tiene la función de establecer en qué Estado particular recae el control administrativo del vehículo en sus aspectos de seguridad (construcción, mantenimiento, requisitos de idoneidad de su tripulación, etc.)
También es dable advertir, en cuanto al buque y la aeronave se refieren, que representan una excepción al tratamiento que el derecho común atribuye a los bienes muebles, ya que con respecto a aquellos, se aplican varias instituciones que son características de los bienes inmuebles e que normalmente son impropias de los bienes muebles (Hipoteca, pacto de retroventa, pacto de reserva de dominio, etc.)
Pero merecen destacarse diferencias en los riesgos específicos que provocan los distintos medios de propulsión. En los buques, los mayores riesgos se presentan en plena navegación, mientras que en aeronaves los riesgos se acentúan en el despegue y aterrizaje. Los vehículos espaciales participan de un nivel similar de peligros en el egreso, ingreso y desplazamiento por el espacio superior, al menos en el estado actual de la técnica.
Los vehículos espaciales, conforme el régimen internacional, presentan la particularidad de que el desprendimiento en distintas etapas, no permite presumir el abandono de la propiedad de tales objetos por parte de sus titulares, siendo que la institución de presunción de abandono a favor del Estado es común en el Derecho Marítimo y el Derecho Aeronáutico.
3. En cuanto al factor Humano:
El personal que tripula los tres vehículos (buque, aeronave, vehículo espacial), está caracterizado por la "especialización" o idoneidad
que se materializa en una habilitación formal otorgada por la autoridad competente.
En todos los casos se encuentran en una situación de subordinación que excede el marco del derecho laboral común, a tal punto que algunos autores, como Ferrer, califican dicha relación como "cuasi-militar". No obstante se puede advertir como diferencia, que el régimen a bordo del personal marítimo se encuentra reglamentado desde antiguo, debido en parte a las largas travesías marítimas que imponen una normatividad más rigurosa y extensa. El personal aeronavegante, por el contrario, se encuentra, en principio, sometido a las disposiciones del derecho laboral común.
Dentro de este factor humano, tanto la figura del capitán del buque como del comandante de la aeronave y del vehículo espacial, se encuentran dotados de funciones de carácter público y privado, aunque las facultades del primero, en razón de la mayor extensión de la travesía, se encuentran minuciosamente reglamentadas por la legislación.
4. En materia contractual:
El derecho marítimo y el aeronáutico tienen en común ciertas modalidades contractuales como los denominados contratos de
"Utilización” que producen efectos muy singulares.
También predomina en ambos campos la generalización de formularios tipo como forma instrumental de los contratos de utilización y de transporte, impuestos por los usos y costumbres y consolidados a través de la intervención de diversas corporaciones u organismos internacionales de Derecho Privado. Esto ha motivado medulosos debates e interpretaciones jurisprudenciales acerca de la validez o nulidad de ciertas cláusulas predispuestas (atributivas de jurisdicción, limitativas de responsabilidad, etc.).
En otro orden de ideas, el factor netamente diferenciador del contrato de transporte aéreo respecto del marítimo, esta constituido por el factor “celeridad” que domina a la actividad aérea y que logra imprimir mayor énfasis a la exigencia de la ejecución del traslado en tiempo oportuno, en comparación con la mayor flexibilidad que presenta el Derecho Marítimo en esta cuestión.
Por otra parte, el transporte aeronáutico en razón de su elevado costo de explotación y baja rentabilidad, se ha diferenciado paulatinamente del marítimo, por la tendencia a la concentración empresaria y la formulación de acuerdos interempresariales tendientes al aprovechamiento conjunto de flotas, equipos e infraestructura comercial que contribuyen al racionalización de costos en beneficio de precios más económicos para el usuario.
5. En cuanto a la responsabilidad:
Uno de los aspectos considerados típicos del derecho marítimo y aeronáutico es la cuestionada institución de la limitación de la responsabilidad, que constituye una clara excepción al principio civilista de la restitución integral en materia de daños.
El Derecho Espacial, por el contrario, prevé un régimen internacional de responsabilidad absoluta e ilimitada, con la característica muy especial de haber sido la primera rama de la ciencia jurídica que coloca el deber de reparación directamente en la cabeza del Estado de lanzamiento del Objeto, independientemente de la condición jurídica particular del ente o persona que materialmente lo ejecuta.
En otro orden de ideas, mientras que en el Derecho Marítimo predomina la responsabilidad subjetiva, con algunas pocas excepciones, en el Derecho Aeronáutico se aplica un sistema de responsabilidad subjetiva en el campo del transporte aéreo de personas y cosas, y un sistema de responsabilidad objetiva con respecto a los daños causados a terceros en la superficie.
En el Derecho Espacial, predomina la responsabilidad objetiva de los Estados, salvo una limitada excepción.
6. Instituciones de Socorro:
Aquel deber natural de humanidad de auxiliar a buques en peligro y a los náufragos, originó las instituciones marítimas de la asistencia y salvamento, las cuales, si bien de carácter voluntario, una vez concretadas, generan derechos y obligaciones entre asistentes y asistidos, tales como el derecho a la percepción de un “salario”, término que designa a una remuneración que no tiene relación con la que nace de las relaciones de índole laboral.
En el Derecho Aeronáutico, no solamente encontramos que se agrega una institución más (la búsqueda), sino que la misma se transforma en obligatoria una vez producido el requerimiento de la autoridad competente. La asistencia y salvamento aeronáuticos, a diferencia de lo que sucede en Derecho Marítimo, siempre tiene carácter obligatorio para los comandantes, en la medida de sus posibilidades.
El socorro también está instrumentado en el Derecho Espacial (convenio de Devolución de Astronautas y restitución de objetos lanzados al Espacio de 1968), colocando en la cabeza de los Estados, la responsabilidad de la integridad física e inmediata devolución de los cosmonautas rescatados dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Avería Común:
También relacionado con la seguridad de la vida humana, el Derecho Marítimo y el Derecho Aeronáutico, cuentan con el instituto de la Avería Común, que es aquel daño o gasto intencional cometido u ordenado por quien tiene la autoridad máxima de la expedición, con la finalidad de conjurar un peligro inminente, o bien atenuar las consecuencias de un siniestro o evento dañoso ya producido. La solidaridad que media en el riesgo de la expedición marítima o aérea justifica una equitativa distribución de los costos de reparación del
daño en la cabeza de todos los beneficiados por el acto de avería, en proporción a sus respectivos intereses. Su origen se remonta a la
vieja costumbre de la "echazón”, receptada por la "Lex Rodia de Jactu" cuatro siglos antes de Cristo.
El Derecho Espacial no ha generado, en cambio, una institución similar consolidada jurídicamente. La tendencia expresada en la práctica de la actividad espacial en casi medio siglo, ha generado la costumbre de que los elevados costos de los daños efectuados intencionalmente tanto por comandantes, como por autoridades terrestres de telecontrol de los artefactos, para atenuar las consecuencias de un siniestro o conjurar peligros inminentes a la vida y seguridad de tripulantes y terceros, sean soportadas exclusivamente por los respectivos operadores.
En las tres ramas jurídicas se destaca el papel del Estado que, como gerente del bien común, reglamenta y controla la actividad, tanto en sus aspectos materiales, como humanos, con miras a lograr el máximo de seguridad posible, a través de la reducción a un mínimo tolerable (que depende de la tecnología del momento) del riesgo específico del tipo de navegación de que se trata. Esta función Estatal, es insoslayable, ya que no se concibe la existencia de estas ramas jurídicas, sin esta impronta publicista (Predominio del Derecho Público sobre el privado).
Mucho más opinable es la intervención del Estado como “promotor” de la industria naviera o aeronáutica, ya que dicha gestión estatal encaminada a fomentar dichas actividades en manos de empresas nacionales (Política naviera o Política Aérea), depende de la orientación de la política macroeconómica del Estado en su conjunto, sobre todo en estos últimos tiempos. No obstante es necesario destacar, que la experiencia de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos de América, indica que no obstante imperar en ellos una política de libertad de mercados en su orden interno, en materia marítima y aérea, no se ha considerado conveniente dejar de lado en forma absoluta ciertas herramientas de orden legal y jurisdiccional de tono proteccionista, tendientes a mantener el control del mercado en manos de nacionales, desalentando la actividad de empresas extranjeras.
Dentro de una alternativa proteccionista de las actividades navales y aeronáuticas, existe la posibilidad de que el Estado asuma directamente la gestión empresaria, como modo de asegurar el control efectivo y el vínculo genuino entre el país y las respectivas flotas mercantes marítimas y aéreas. Esta postura fue la tradicional en la República Argentina, (ELMA, Aerolíneas Argentinas), hasta que el Gobierno Nacional actual cambió radicalmente esta óptica, a partir de diversos instrumentos legales (Ley de Reforma del Estado, Decretos de Desregulación, Eliminación de regímenes de reservas de cargas, privatización de Aerolíneas Argentinas, etc.). Durante el presente curso analizaremos con más detenimiento la conveniencia o inconveniencia de tales políticas alternativas.
Como innovación respecto de los programas de la misma asignatura, pero de otras universidades, no hemos querido dejar de incluir, al menos de manera muy somera, el estudio del Derecho de las Telecomunicaciones, por la inmediata y evidente conexidad que existe entre éstas con las actividades, marítimas, aérea y espacial, como medio de soporte y auxilio, por una parte y como co-integrante, del gran conjunto de especialidades que se denominan genéricamente “Derecho de la Comunicación” y que devienen del derecho natural y fundamental del Hombre a comunicarse, proclamado desde hace ya cinco siglos por Francisco de Vitoria.
Actividad Marítima: La posición geográfica “periférica” de la República Argentina, respecto de los grandes centros económicos del Mundo, y la característica de poseer un gran litoral marítimo que tradicionalmente la ha conectado con Europa, Asia y Norteamérica, hace depender en la actualidad a su comercio exterior casi en un 95% de los transportes marítimos.
Es decir que el país, básicamente importa y exporta por vía marítima, por lo que todo lo concerniente a esta actividad, constituye un factor importante en la composición de los precios finales de los productos (caso de los fletes) que se importan para insumo de industrias o para el consumo final. Al mismo tiempo, la industria de la marina mercante, a la vez constituye en sí misma una industria en que genera anualmente miles de millones de dólares de ganancia; que lamentablemente egresan de la República Argentina para beneficiar empresas navieras radicadas en otros países, impactando negativamente en la balanza comercial del país, toda vez que nuestra Nación por razones de política económica, ha abandonado como prioridad la posesión de una flota mercante de bandera nacional.
Por otra parte, desde el punto de vista de la Defensa Nacional, lamentablemente se olvida que la posesión de una flota mercante propia, debe integrar conjuntamente con las carreteras, los ferrocarriles y las aerolíneas, la infraestructura de transportes básicos con que un país que pretende ser desarrollado, pueda soportar sin mayores dificultades las frecuentes oscilaciones en la oferta de transporte de bandera extranjera, que pueden obedecer a múltiples causas; fundamentalmente de naturaleza política y económica, sin contar con las serias limitaciones que nuestro país presenta al integrar una región geográficamente periférica.
Cualquier país, mucho más el nuestro, está sometido a dichas fluctuaciones de la oferta por acondicionamientos originados en conflictos bélicos, en las recesiones económicas de alcance global o a simples cambios de prioridad en la estrategia de mercado de los Estados. [2]
Todos los países desarrollados, muchos de ellos como Estados Unidos de América, pese a su conocida posición de “campeones” del mercado libre, han advertido con la suficiente seriedad esta cuestión, imprimiendo a su acción legislativa una marcada tendencia proteccionista encaminada a beneficiar con medidas legales y reglamentarias a la industria naval nacional, asumiendo plenamente su costo, incluso a través de subsidios directos o indirectos, el establecimiento de “cupos” denominados “reservas de carga” y estableciendo mecanismos que tiendan a asegurar el vínculo genuino y el control efectivo entre el Estado y los buques que ostentan la bandera nacional.
De ahí que observar la cuestión de la marina mercante desde un punto de vista exclusivamente economista o eficientista, procurando la sola rebaja de los costos en beneficio del consumidor (incidencia de fletes, intermediación y servicios conexos en el precio final de la mercadería destinada al usuario), puede conllevar, a la postre, severos desajustes en la macroeconomía del país; fenómeno éste que lamentablemente puede observarse en otros sectores de la economía como el industrial: fuga o lisa y llana destrucción de la empresa nativa, fuga de divisas a otros Estados, mayor desocupación y grandes desequilibrios socioeconómicos.
Lo dicho no significa asumir una posición “estatista” de la economía, ni mucho menos legitimar la mala administración o lisa y llana corrupción que ha predominado en empresas explotadas directamente en manos de funcionarios del Estado Argentino, sino generar soluciones que sin caer en extremismos, propendan a situaciones de verdadero equilibrio, tomando en consideración la totalidad de los
factores que entran en juego. Proponer una mayor defensa de la empresa nacional (naviera, aérea o de cualquier índole) no equivale a
sostener la Empresa del Estado Argentino, sino (cosa muy distinta) una empresa liderada por argentinos, que emplea mano de obra
nacional y cuyo producto beneficie económica y socialmente al conjunto de la comunidad nacional.
En otro orden de ideas, interesa particularmente destacar que nuestra situación mediterránea, lejos de eximirnos de responsabilidad en el
tratamiento de estos temas, nos compromete cada día más como hombres de Derecho, ya que las nuevas tecnologías que han permitido
una mayor unitarización y aceleración los transportes (caso de los contenedores), y el fenómeno de la apertura y globalización, han
contribuido de igual manera a acercar los problemas y conflictos de orden jurídico que antiguamente, casi inevitablemente, (por
evidentes razones de distancia) quedaban reservado a un tratamiento local de los grandes puertos de la república Argentina.
Actividad Aeronáutica: El transporte aéreo comercial, no puede, en principio, competir con el transporte marítimo en cuanto a la relación
costo-capacidad de porte. Este último permite trasladar grandes volúmenes de carga a un costo muy reducido [3] , siendo prácticamente el
único medio apto para el transporte granelero a gran escala (p.ej. petróleo, carbón, cereales, etc.).
Pero el transporte aéreo tiene la gran ventaja del factor celeridad que disminuye considerablemente la exposición de la mercadería a
diversos riesgos que pueden presentarse durante los traslados marítimos, que son normalmente de duración mucho más prolongada.
Dicha disminución de riesgos, se traduce en un menor costo de seguro que tiende a compensar el mayor costo de la hora-avión con
relación al transporte por agua, aptitud que lo hace sumamente conveniente para el traslado de artículos de alto valor unitario y escaso
volumen y peso. (p.ej. electrónica) Este factor celeridad, por otra parte, lo convierte en el medio más apto para la traslación de
mercaderías altamente perecederas de escaso volumen y peso (p.ej. flores, pequeños animales de cría, etc.).
Otra ventaja que puede señalarse del transporte aéreo respecto del transporte marítimo, es su mayor flexibilidad en cuanto a
infraestructura, lo que favorece enormemente su accesibilidad a cualquier de zonas geográfica. Los buques necesitan necesariamente de
la sustentación acuática, sea el mar, sea un río navegable o un lago y, por supuesto, toda una infraestructura portuaria muy compleja. El
espacio aéreo, por el contrario conecta a todos los países sin mayores obstáculos, salvo las limitaciones de autonomía de vuelo de cada
Por ello, si bien la envergadura de la demanda de servicios de transporte marítimo es incomparablemente mayor que la del transporte
aéreo, constituye éste un medio alternativo de traslado, que para algunos sectores de la producción puede resultar el más apto, por lo cual
no debe ser descuidado por el Estado como elemento de su infraestructura macroeconómica.
se le asignó un rol subsidiario al transporte de pasajeros, pero la modificación y desarrollo de la técnica traslaticia del
embarque/desembarque y manipuleo de la carga, le otorgó una relevancia progresiva en la comercialización del conjunto de servicios
Por último, aún desde una posición localista mediterránea, aspirar a una sólida formación en ciencias sociales no permite dejar de lado la
importancia que tienen todas estas cuestiones para el futuro desarrollo del país, no solamente desde nuestra eventual función de
asesoramiento o representación de intereses privados de exportadores o importadores, sino desde la perspectiva de futuros
administradores y dirigentes dirigentes de Estado.
Al leer el vocablo “telecomunicación”, miramos, observamos, un puñado de símbolos, que nuestra mente, en rápido recorrido, vinculará
con un algo, con un segmento de la realidad. De igual modo actuamos si dicha palabra nos llega a través del oído, de boca de nuestro
profesor, o -por qué no- de un interlocutor ocasional. Esto nos lleva a afirmar que al operar como detonante, en algún rincón de nuestra
mente, de una representación de un determinado hecho o fenómeno real, ese sonido -o su representación gráfica- tiene un significado [5] .
En este orden de ideas, podemos concluir -no sin tomar un atajo- en que toda la palabra de uso común, aceptada Convencionalmente por
una determinada comunidad, es una parcelación artificial de la realidad [6] . Los hombres convienen, acuerdan, aceptan, delimitar cierto
sector de lo que los rodea con un nombre, expresado por un sonido -en forma oral- o por medio de símbolos -en forma escrita-. El
conjunto de éstos, estructurados como sistema [7] que servirá para la comunicación, relación, trato o vínculo entre estos hombres, será el
lenguaje [8] .
En una primera aproximación, distinguiremos al lenguaje natural -el que utilizamos en forma cotidiana o vulgar-, del lenguaje artificial -
de empleo mucho más restringido, reservado al discurso estrictamente científico-. Este último se divide en: a) Técnico: cuando las
mismas palabras que utilizamos vulgarmente adoptan a determinados efectos una precisa definición: vgr. “repetir”, cotidianamente, no es
lo mismo que “repetir” en los términos de nuestro Código Civil-; b) Formal: lenguaje abstracto, expresado por medio de fórmulas -vgr.
tal como ocurre en el álgebra y la lógica formal- [9] .
Se preguntará el lector, hacia dónde apuntamos con esta digresión. Simplemente, a ubicar dentro del universo del lenguaje, al vocablo
“telecomunicación”. Aún a riesgo de dispersarnos o a aburrir, entendemos imprescindible delimitar la porción de realidad que
pretendemos estudiar, y de esta manera cimentar con alguna precisión al modesto armazón científico-jurídico que pretendemos construir
en esta Introducción. Así, ya estamos recordando lo que es comunicarnos, y cuán importante es hacerlo con exactitud, con el necesario
rigor, con propiedad. El destino quiso, asimismo, que este trabajo verse sobre lo que representa, desde el punto de vista de la ciencia del
derecho, telecomunicarnos. Razón de más para intentar precisión a lo largo de estas páginas.
En principio, procuraremos advertir si nuestro vocablo posee acepciones vulgares y/o científicas, y así adentrarnos en su significado.
1. Telecomunicación: Acepción Vulgar.
Es dable decir, morfológicamente hablando, que la expresión “telecomunicación” es una voz compuesta, formada por la unión de dos
raíces: “tele”, y “comunicación”.
“Tele”, conforme al diccionario [10] , es un “
prefijo que significa lejos”; “comunicación”, es la “
acción o efecto de comunicarse.
Trato, correspondencia entre dos o más personas (
correos, telégrafos, teléfonos, etc.” [11] . Mientras que “comunicar” es la acción de
descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. Conversar, tratar con alguno de palabra o por escrito (
Finalizando, y siempre con arreglo al diccionario, “telecomunicación” es el “tipo de comunicación telegráfica, telefónica o
radiotelegráfica entre una estación transmisora y otra receptora situada a gran distancia; puede ser por radiodifusión o por televisión”.
Se ha dicho que el desarrollo de la civilización se ha debido particularmente a la capacidad del hombre para comunicarse, para hacer
saber al otro y para recibir de éste determinada información, utilizando en ese aprendizaje y en ese intercambio sus sentidos de la vista y
el oído. Así, “ ...
la gente ha buscado constantemente medios para transmitir información hacia distancias muy lejanas. Cualquiera está
familiarizado con dichos métodos, como las señales de humo que hacían los indios, los faros alumbrados con hogueras o los semáforos
que señalan con banderas [12] ”.
La comunicación es inherente y central en el ser humano [13] , puesto que como tantas veces se ha dicho “
todo acto humano es un acto
comunicativo. El hombre busca agruparse, forma colectivos que tienden a la satisfacción de necesidades básicas, secundarias y de
convivencia, para alcanzar objetivos comunes que a su vez interpretan requerimientos individuales que llevan a la propia realización”
El prefijo “tele”, repetimos, se deriva del griego y significa lejos, a distancia; y cualquier vocablo que a él se vincule se relacionará con
la idea: junto al término de etimología griega “fono” -sonido- indica la actividad de hablar a distancia; la palabra “televisión” indica la
acción de ver a distancia; el término “telégrafo” denota escribir a distancia, etc.
Esta asociación de elementos, tan gráficamente descripta por los vocablos cuya definición pretendemos desentrañar, implica una
complicación adicional para el hombre del derecho, quien necesariamente debe conocer la realidad que subyace al régimen jurídico que
regula la actividad de que se trate.
Los abogados, a lo largo de nuestra actividad tribunalicia, docente, de investigación, etc., nos acostumbramos a comprender fenómenos
diversos, lo que como bien se ha señalado, adquiere una complejidad significativa en materia de telecomunicaciones, por la altísima
especificidad de ciertos conceptos que los ingenieros y demás expertos en telecomunicaciones manejan con total fluidez (vgr. onda
radioeléctrica, espectro, transmisión, canal, redes, enlaces, etc. -por nombrar a los más simples-), los cuales generalmente son utilizados
en las reglamentaciones normativas, para complicar aún mas el panorama [15] .
Es por eso necesario continuar avanzando, aproximándonos en cuanto nos sea posible, y sin desviar el objetivo del texto, hacia nociones
propias del lenguaje técnico.
1. Telecomunicación: definición técnica.
Establecida ya una noción corriente del término, se hace preciso avanzar hacia definiciones científicas. Y surgen inevitables, dos
1. ¿Puede definirse a la telecomunicación como hecho técnico?
2. Si eso es posible ¿Será viable partir de allí para llegar a la definición
jurídica? Y dentro de nuestra ciencia del Derecho, ¿De qué fuentes debemos abrevar para alcanzar tal objetivo?
Respondiendo al primero de los interrogantes, P.H. Smale, en su libro “Introducción a los sistemas de telecomunicaciones”, define a la
telecomunicación como al “
proceso de transmitir energía de información a grandes distancias con ayuda de medios electrónicos. La
energía de información -explica Smale- es enviada a su destino ya sea por medio de alambres conductores apropiados para ese fin,
llamados líneas de transmisión, o en forma inalámbrica a través de la atmósfera por un enlace de radio”. “En telecomunicaciones -
continúa el referido autor- una cierta forma de información o energía “inteligente” es convertida en energía eléctrica para poder de
este modo mandarla a un punto distante. Ya en su destino, la energía eléctrica se convierte de nuevo a su forma original. (
) Algunas
formas familiares de energía que contienen información son los sonidos que produce la voz humana, la música, las fotografías fijas o en
movimiento, entre otras [16] ”.
Según se produzca por línea o por el aire, la telecomunicación requerirá determinados elementos básicos: “Fuente” (origen de la
información humano o máquina), “Señal electrónica” (que se transmite), “Línea de enlace” y “Destinatario” (receptor de la
La energía que se emite desde la fuente, requerirá de un “transductor” -dispositivo o aparato que convierte una forma de energía a otra-
para empezar su viaje. También pueden requerirse elementos adicionales, como un amplificador -o varios- en determinados puntos del
sistema para elevar la fuerza de la señal. En ambos sistemas, el “ruido electrónico” podrá provocar interferencias o distorsiones en la
señal, lo que puede ser corregido o disminuido. Por último, los gráficos muestran sistemas simples, de un solo sentido o unidireccionales,
tales como la radio doméstica y la televisión. Sin embargo, existen otro tipo de sistemas, muy utilizados, como los teléfonos, que tienen
capacidad de información en ambos sentidos. De todas formas, los gráficos pueden ilustrar también este tipo de sistemas, si se los
interpreta duplicando su sentido en la dirección opuesta. Allí tendremos un sistema bidireccional o circuito.
Con respecto a los tipos de señales que producen los transductores -que, recordemos, convierten la energía para poder ser transmitida-,
decimos que las hay de dos tipos: las analógicas, que son las que siguen directamente la variación de la energía original -como
micrófonos-, y las codificadas, que son aquellas que se producen en forma de códigos predeterminados, que pueden ser interpretados por
seres humanos o por las máquinas en ambas terminales del sistema, por ejemplo, las producidas por teleimpresoras, que imprimirán la
letra o figura de la tecla que se oprima, y en general, todo tipo de transmisión digital.
Esta breve introducción, que caracteriza al hecho técnico, nos permite abordar con mayores elementos la definición jurídica de
telecomunicación. Todos los hechos descriptos, algunos devenidos de la técnica, otros originados en la propia naturaleza, son
importantes para el derecho, y de una u otra forma, moldean los conceptos que nuestra ciencia ha elaborado.
Comunicar, de acuerdo a lo expuesto, es transmitir algo, entre un extremo emisor -compuesto por sujetos únicos o múltiples- y otro
receptor. Será necesario, como apunta la doctrina [17] , identificar qué vamos a transmitir -contenidos: voz, imagen, sonido signos,
señales, escritura, y en general cualquier información susceptible de ser transmitida a distancia, como así también cómo lo vamos a
transmitir -medios: soportes a través de los cuáles se transmite, que pueden ser materiales o físicos (papel, carteles en la vía pública,
redes, etc.), o inmateriales (ondas radioeléctricas, redes inhalámbricas, sistemas satelitales, etc.).
En honor a la brevedad, y a los efectos de adentrarnos directamente en el tema evitando -por ahora- discusiones doctrinarias, iremos
directamente a la definición que brinda nuestro derecho positivo: “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos” (Ley Nacional de Telecomunicaciones N º 19.978 -L.N.T.- , art. 2º, y Decreto 62/90, Anexo I, punto 19.1, texto
agregado por Decreto 677/90, art. 1º).
Se advierte que el legislador ha procurado englobar, en una sola definición, al fenómeno a regularse jurídicamente [18] . El art. 2º de la
L.N.T. distingue además entre “sistemas” -la radiocomunicación, la radiodifusión, la telegrafía, la telefonía-, y “servicios” -
radiodifusión, el télex, el servicio espacial, etc.-. Completando el punto 19.1 del Decreto 62/90 define también al “servicio de
telecomunicaciones” -en general-, como al “
transporte de señales, imágenes visuales, voz, música y otros sonidos por medio de hilos,
sistemas radioeléctricos, sistemas ópticos y/u otros medios que utilicen energía eléctrica, magnética, electromagnética o
electromecánica” [19] .
La L.N.T. habla, en primer lugar, de “toda transmisión, emisión o recepción”. La transmisión, es “la acción y efecto de transmitir; ( ) ...
Envío de energía electromagnética con una distribución organizada, es decir, bajo la forma de señales interpretables y dotadas de un
contenido de información; proceso técnico y estado de funcionamiento de los aparatos que realizan dicha transferencia de energía
[20] ”.
Para que se produzca la transmisión, deberá existir, como ya sabemos, un envío de energía que tomará una forma o “señal” -“magnitud
de naturaleza física empleada en telecomunicaciones”- [21] que podrá ser analógica o codificada -o incluir a los dos sistemas-; deberán
existir en el proceso, en consecuencia -y a grandes rasgos- dos partes, una de las cuales será el emisor, es decir, quien produce o lanza la
señal, noticia, información, datos, etc.; la otra será el receptor, destinatario de la comunicación -que puede único o plural-, que podrán
valerse de distintos elementos o aparatos para cumplir con su cometido, con arreglo a la graficación y explicaciones ya desarrolladas.
Dentro del concepto de telecomunicación, en síntesis, se comprende todo: telefonía, telex, telefax, video, videotex, radio, televisión,
Internet, correo electrónico, servicios radioeléctricos de radioastronomía, investigación espacial, etc., como así también “
infraestructura de estas actividades, esto es, las redes que sirven para transmitir señales, enlazar puntos de conexión, etc.” [22] .
Insistimos esto: la telecomunicación -los servicios de telecomunicación- puede manifestarse a través de distintos sistemas- con sus
respectivas modalidades o señales-; y así en la radiocomunicación se dará a través de ondas que cruzarán el espectro radioeléctrico -el
éter-; en la telegrafía y, también en la telefonía, se dará en principio a través del hilo o cable; en la radiodifusión, estaremos -igualmente
prima facie- frente a una forma específica de radiocomunicación cuyas emisiones se producirán a través del aire, por señales de radio o
televisión, etc. [23] .
Decimos en principio, porque, como veremos, asistimos actualmente a una gigantesca revolución en este ámbito, que a través de la
utilización de formas combinadas en el proceso de emisión -recepción, que incluyen la irrupción de la microelectrónica, la aparición de
nuevos equipos de transmisión, la comunicación mediante satélites o transportada a través de fibra óptica, etc., ha generado la aparición
de nuevos servicios y sistemas, que han cambiado el rumbo del mundo. De esto, nos ocuparemos infra.
1. Derecho de las Telecomunicaciones y “Derecho de las Navegaciones”.
A lo largo de su rica y trascendente historia, el Derecho de la Navegación ha experimentado una continua evolución.
Es que el inquieto espíritu humano, ha determinado que la comunicación [24] , en definitiva -a nuestro entender y tal como lo enseña
Manuel Augusto Ferrer (h)- objetivo del hecho navegatorio, se lleve a cabo a través de espacios o ámbitos y vehículos que, sin excluirse,
constituyen modalidades claramente diferenciadas [25] .
Siguiendo al Prof. Stanley Harms, citado por Aldo Armando Cocca [26] , las comunicaciones evolucionaron de la siguiente manera: a)
Conversación, iniciada hace aproximadamente 500 mil años en pequeños asentamientos humanos, la cual da nacimiento al derecho de
opinión; b) Alfabetización, alrededor de 5.000 años en ciudades, sumándose el derecho de expresión; c) Comunicación de alcance
general, hacia la segunda mitad del siglo XIX, habiendo el hombre recorrido al mundo y estableciéndose en todos los continentes
centros urbanos productores y receptores de comunicación, naciendo el derecho a la información; d) Nuevo mundo de la comunicación,
promediando el siglo XX, caracterizado por la globalización; e) Orden Cósmico, ubicado por el citado profesor de la Universidad de
Hawaii entre la segunda y la tercera década del siglo XXI, lo que a nuestro criterio se ha anticipado con el Proyecto de Estación Espacial
internacional iniciado en 1998 y que culminará en el 2006 [27] , en la que nuevamente el derecho a establecerse, aquel que estuvo
intrínsecamente vinculado al “ius communicationis” de Vitoria, cobrará protagonismo.
En este mismo sentido, y para ilustrar con mayor precisión el rol que a nuestro criterio juega la comunicación en la evolución de la
sociedad global, vale la expresión del investigador Néstor García Canclini [28] quien anticipa que el hombre del siglo XXI construye una
forma de organización caracterizada por:
Diferentes patrones de asentamiento y convivencia urbanos;
Reelaboración de lo propio a partir el predominio de los bienes y mensajes de la economía y la cultura globalizada;
La redefinición del sentido de pertenencia e identidad con base en la participación en comunidades transnacionales o
desterritorializadas de consumidores;
El tránsito del ciudadano como representante de la opinión pública al ciudadano como consumidor, interesado en disfrutar de una cierta
Las redes creadas a partir de la comunicación, la informática y las telecomunicaciones son propias de un mundo con pensamiento de
Es evidente que todo este desarrollo jamás podría haberse realizado sin que la voluntad del ser humano por comunicarse lo hiciera
apoyarse en la técnica para comenzar a diseñar instrumentos y objetos que facilitaran el cumplimiento del cometido. El derecho,
invariablemente el último invitado en llegar a la cita, se fue encargando de normar o regular estas nuevas realidades.
Así al derecho regulatorio de la navegación por mar, erróneamente puesto en cautiverio por el legislador napoleónico dentro del Código
de Comercio [29] , hasta que adquirió -por el solo peso del sentido común- autonomía en el siglo veinte, sucedió el hecho técnico de la
navegación aérea, y su posterior regulación internacional e interna -para algunos estados equivocadamente subsumida aún en el derecho
marítimo, en lo que constituye un debate propio de otras páginas de este texto-. La evolución se profundiza cuando objetos y vehículos
tripulados por el hombre marcaron el rumbo de la navegación por el Universo, haciendo la salvedad de que en este caso, como excepción
a la regla, la sociedad internacional institucionalmente organizada acordó instrumentos que se anticiparon en buena parte a los hechos
concretos devenidos de la actividad humana en el espacio superior.
Cada una de estas modalidades ha originado una novedad legislativa, doctrinaria y científica, que a los efectos de su mejor estudio, dada
la analogía que existe en muchos de sus aspectos, se continúa enseñando como una unidad o compendio didáctico: como “Derecho de la
Navegación”, o más precisamente, “Derecho de las Navegaciones”, para distinguir claramente la existencia de ramas autónomas dentro
de esta suerte de ordenamiento general.
En este orden de ideas, la aproximación y regulación jurídica al hecho técnico de las telecomunicaciones obliga a efectuar ciertos rodeos,
advirtiendo -tal como ocurre con los derechos Marítimo, Aeronáutico o Espacial, su carácter multidisciplinar, que no se queda en lo
teórico o “en mera propuesta metodológica” [30] : de hecho, el abogado que escoja esta especialidad, deberá dominar instrumentos y
categorías constitucionales vinculadas a la protección de libertades y derechos fundamentales -expresión, información, comunicación,
defensa del consumidor, etc.-. A su vez, las regulaciones y autorizaciones estatales características de la prestación de los distintos
servicios introducen instituciones típicas del Derecho Administrativo. Por cuerda separada, los actuales procesos de privatización,
liberalización y desmonopolización, conducen a regulaciones y problemas típicos del Derecho Comercial y del Derecho Antimonopólico
y de Defensa de la Competencia. Finalmente, el carácter transfronterizo de los procesos de telecomunicación, ubican al hecho técnico
como un problema básicamente internacional, que en regiones continentales integradas, adquirirá vocación comunitaria.
Por todo ello, ¿Cabe concebir al Derecho de las Telecomunicaciones como una disciplina autónoma? ¿O debe considerárselo como un
ítem específico de otra rama del derecho -Civil, Comercial, Administrativo, Internacional Público y/o Privado, etc.?-. ¿Puede
entendérselo como una modalidad propia dentro del denominado “Derecho de las Navegaciones”, que de esta manera admitiría que la
navegación espacial no es el último peldaño en su evolución? La respuesta no es sencilla, y no hemos encontrado doctrina que aborde
decididamente el punto desde este enfoque.
Aceptamos la denominación “Derecho de las Navegaciones”, como comprensiva de ramas autónomas. Cada una de estas divisiones,
aborda problemas específicos, determinados por los espacios que transitan, aún cuando tras regulaciones legislativas diferenciadas
existan principios básicos análogos y un concreto objetivo común: acortar distancias, comunicarse.
En este sentido el “Derecho de las Telecomunicaciones”, entendiendo por tal al conjunto de normas y principios jurídicos, que regulan
el hecho técnico de la telecomunicación -medios de de transmisión de información y contenidos- en cualquiera de sus formas, y a todas
las relaciones humanas que en virtud del mismo se produzcan [31] -, que cada día cobra más vigor, a tenor de la gigantesca revolución que
en las últimas décadas se ha generado en el sector, la que ha impactado decididamente en el Derecho -y que analizaremos en las páginas
que siguen-, no nos parece que se diferencie demasiado de los Derechos Marítimo, Aeronáutico y Espacial, tal como lo ilustraremos en
los párrafos que siguen.
En primer lugar, y tal como lo hemos explicado párrafos arriba, a la conformación del derecho de las telecomunicaciones confluyen
regulaciones de derecho público y privado, internacional, comunitario o regional, nacional y local, de derecho contractual y legal, de
regulación legislativa (tratados, leyes, etc.) y de regulación administrativa (reglamentos) [32] , tal como ocurre en las ramas clásicas del
“Derecho de las Navegaciones” [33] .
En segundo término, se destaca su fuerte carácter internacionalista, propio de las disciplinas que integran el “Derecho de las
Navegaciones”, materializado por la existencia de una pluralidad de organismos intergubernamentales que generan el marco institucional
común para relaciones y producción de instrumentos jurídicos multilaterales.
Decimos además que, tal como ocurre con los sectores naviero, aeronáutico, espacial, se le reconoce a este rubro una doble proyección:
como sector independiente de la actividad económica y como medio fundamental para realizar otras actividades económicas, a través de
sus redes de transporte de telecomunicaciones [34] , reconociendo en consecuencia fundamentos constitucionales comunes, tal como lo
veremos infra. Su carácter de prestación que cubre necesidades públicas o de interés común, nos motiva a caracterizarla, tal como ocurre
con los servicios marítimos, aeronáuticos o espaciales, como servicio público, lo que será profundizado en capítulos posteriores.
Como es sabido y será materia de estudio de esta obra, tal como ha ocurrido con los sectores marítimo, aeronáutico e inclusive con el
espacial, los servicios de telecomunicaciones son prestados en la actualidad en su gran mayoría por operadores privados, sin que esto
implique que el Estado, antiguo prestador, se desentienda del mismo. Los nuevos marcos regulatorios han reservado al sector público
importantes funciones de control sobre los prestadores, con lo que se resaltan -en analogía con las ramas marítima, aeronáutica y
espacial- aristas reglamentaristas y dinamicistas de esta rama del derecho, vinculadas a la permanente necesidad de actualizar normas en
función del avance tecnológico, como así también a la protección de los usuarios y a la defensa de la competencia -como veremos en el
párrafo que sigue-. Por otra parte, y tal como ocurre con las ramas del Derecho de las Navegaciones, los factores de orden político
ejercen influencia significativa en el proceso de elaboración normativa.
Dentro de este contexto -quizá como la significativa exteriorización del mismo en términos sociales- encontramos otro fenómeno que
contribuye a aproximar a estas ramas jurídicas. La evolución del sistema económico mundial ha generado en su decurso nuevos modelos
de contratos, en los que se produce un claro cambio de estructura. Del contrato clásico de negociación individual, se muta a formas en la
que los empresarios productores de servicios -los más fuertes en el actual estadio “posindustrial” de la civilización- imponen contenidos
a los usuarios en fórmulas de adhesión, quebrando la autonomía de la voluntad y surgiendo una nueva fase individualista, inequitativa e
insolidaria, signada por la total desprotección del usuario o consumidor. Surge entonces una “contratendencia”, en la que la sociedad y el
estado asumen, por un lado, el compromiso de contrarrestar la presión de los grupos económicos diseñando instituciones y herramientas
jurídicas destinadas a defender al ciudadano común en relaciones contractuales que como bien se sostenido, si bien nacen desiguales y
son impuestas estructuralmente, deben ser funcionalmente equitativas, justas y éticas [35] . Además, por cuerda separada, se desarrollan
instituciones y legislación antimonopólica y de defensa de la competencia [36] . Billetes o pasajes, conocimientos para embarque,
contratos de provisión de servicios de telefonía básica o móvil, etc., constituyen instrumentos que deben ser analizados bajo este prisma.
Por último, encontramos una fundamental interrelación entre estas ramas del derecho, toda vez que los sistemas de telecomunicaciones
[37] constituyen un elemento de apoyo esencial para las actividades marítimas, aeronáuticas y espaciales, en las que existen regulaciones
y organismos nacionales e internacionales cuya competencia las incluye, tales como INTELSAT o INMARSAT.
A su vez, en conexión con lo dicho en el párrafo anterior, las telecomunicaciones comparten ámbitos con el resto de las actividades
navegatorias: el espectro radioeléctrico o espacio aéreo -en afinidad tan profunda que alguna doctrina ha propuesto distinguir al
“Derecho Aéreo”, inclusivo de las telecomunicaciones (difusión de ondas, transmisión de energía, etc.), del “Derecho aeronáutico”,
específicamente restringido a la actividad aviatoria- [38] ; las profundidades marítimas en la telecomunicación por cable; el espacio
superior en las comunicaciones por satélite -destacando la estrechísima vinculación que existe entre el nacimiento del Derecho Espacial
y la regulación de la actividad satelital-; la utilización del cable y del satélite por la Internet [39] , etc.
Las semejanzas y la interdependencia descrita someramente, lleva a estas ramas a compartir, desde una perspectiva analógica, principios,
normativa e instituciones, por lo que, concluimos, pueden enseñarse conjuntamente, respetando su autonomía legislativa y científica, en
el marco del llamado “Derecho de las Navegaciones”.
Esta opinión encontrará algunos reparos: distintos aspectos y ciertas diferencias referidas a los ámbitos, vehículos, sujetos, contratos,
responsabilidad, etc., seguramente se utilizarán como argumentos para pretender excluir a esta rama del compendio navegatorio.
Desde ya, aclaramos que esta “Introducción” no pretende abordar tales cuestiones de manera exhaustiva. Consideramos que es
interesante, reporta utilidad desde un punto de vista teórico y práctico, y resulta pertinente por las razones expuestas, abordar el estudio
del Derecho de las Telecomunicaciones desde esta perspectiva. Y tal como lo manifestáramos en nuestra primera edición, sin que
lamentablemente se recogiera el guante, dejamos para la cátedra y el debate doctrinario, el agotamiento de esos temas, bastándonos por
el momento dejar sentada y brevemente fundamentada nuestra postura.
En lo que sigue, haremos un somero análisis de la situación de las telecomunicaciones en el mundo, para posteriormente considerar el
ordenamiento jurídico que rige al sector en nuestro país.
Dimensión actual de las telecomunicaciones
mundial [41] .
telef.1000
143.960.000 661
Evolución de las políticas estatales:
En todo el planeta, las telecomunicaciones han dejado de sentir su paso arrollador. Su rol, su importancia, se multiplica a un valor
exponencial. Las empresas del sector crecen día a día [40] , ofreciendo nuevos servicios y nuevas posibilidades de desarrollo, y
acumulando miles de millones de dólares de ganancias, lo que las convierte en uno de los lobbys económicos más poderosos del orden
Los servicios y sistemas brevemente caracterizados en acápites anteriores se entremezclan y actualizan continuamente, creando nuevas
alternativas y desafíos tecnológicos. Las novedades generadas en torno a las posibilidades de digitalización de las transmisiones, la fibra
óptica, la radiodifusión por cable, los teléfonos celulares -ya por la tercera generación-, el universo de opciones que ofrece Internet, la
transmisión de datos, las comunicaciones personales vía satélite, las videoconferencias, los accesos inalámbricos a los servicios, etc.,
analizados en forma individual o integrados entre si [42] determinan ya la vida del hombre, y han transformado sus conductas, su modo de
vivir, de comportarse en sociedad, de efectuar actividades culturales, económicas, comerciales, etc., en las que utiliza o tiene la
posibilidad de utilizar -aún en sus quehaceres más cotidianos o íntimos-, alguno de los muy variados servicios de telecomunicaciones
referidos, creándose una auténtica “sociedad de la información”, en la que el uso de estos medios es fundamental para anticiparse y
adaptarse a los múltiples cambios que ellos mismos generan. De allí que sea tan importante detenerse en cómo se regula ese uso.
A continuación, ofrecemos algunos datos sobre las comunicaciones en el mundo, extraídos del Anuario 2000-2001 del diario Clarín [43] :
El mundo asiste, entonces, a un huracán de cambios. Transformaciones que impactan sobre los ciudadanos-usuarios, y que,
consecuentemente, deben ser asimiladas por sus representantes en los órganos de Gobierno de los distintos Estados.
¿Y cuáles son las políticas que los Estados están articulando en materia de telecomunicaciones? Como anticipo, afirmamos que éstos, sin
duda, se han visto desbordados por esta meteórica transformación, que genera sorpresas todos los días, además de billones de dólares [44] .
En una rápida síntesis, podemos advertir:
a) Una situación inicial de establecimiento de monopolios estatales, en buena parte del mundo. Se consideró que competía al Estado
intervenir en la economía no sólo mediante regulaciones, sino también con empresas que garantizaran la provisión de bienes y servicios
a la comunidad. Se adujeron específicamente para el sector, además, razones de “seguridad nacional”-. Así, el servicio básico de
telecomunicaciones -considerado desde siempre como “servicio público”, aspecto del que nos ocuparemos infra- se calificaba además
como “monopolio natural”, que incluso debía subvencionarse para que todos puedan acceder a él, sobre la base del control de una
infraestructura estratégica [45] .
Asimismo, debe destacarse -luego volveremos sobre este punto- que la telecomunicación partió básicamente del telégrafo, en su
evolución de alámbrico a inalámbrico, desarrollo técnico en que se sumaron posteriormente las radiocomunicaciones y la radiodifusión
por modulación de amplitud -AM-. Ello motivó que rigieran para éstos servicios, durante algún tiempo, por analogía, las disposiciones
vigentes en materia telegráfica, actividad prestada por los servicios de correo central, estatal por excelencia. Después llegó el completo
desarrollo de la radiodifusión y de la telefonía, en el marco de lo que se denominó modelo “PTTs -Post, Telegrafh & Telephone”-, en el
cual la regulación, gestión y financiación de las telecomunicaciones, consideradas como un servicio de titularidad estatal, se
encomiendan a un organismo inserto en la estructura estatal [46] . La excepción es Estados Unidos, cuyo sistema legal no considera a las
telecomunicaciones como un servicio público de titularidad estatal, correspondiendo a la iniciativa privada su operación, reservándose la
autoridad pública competencia regulatoria, arbitral, de administración del espectro y de determinada infraestructura [47] . Es el llamado
modelo de las “Public Utilities”, que sin perjuicio de lo expresado ha sufrido trascendentales cambios en los últimos años [48] .
b) Una segunda etapa, en la que con mayor o menor rapidez según los estados se avanza hacia una nueva política. El establecimiento
original de numerosas regulaciones al sector y la prestación de los servicios por empresas estatales, cede ante una corriente privatizadora,
desreguladora y desmonopolizadora, acelerada por el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas que redujo costos, aumentó la
demanda de servicios clásicos y alternativos, que por generar soluciones concretas a las necesidades de los usuarios se fueron
consolidando, generándose una carrera tecnológica y económica que desbordó la posibilidad estatal de seguir conteniendo a la actividad
mediante la prestación del servicio por sus propias empresas. Se supera al monopolio, que se va sustituyendo gradualmente por un nuevo
régimen centrado en la competencia [49] .
Se ha dicho que la estatización y el monopolio natural están destinados al fracaso ante causas tales como la marcada interferencia
político-partidaria en el desarrollo de las empresas, la pérdida del profesionalismo gerencial -debido a que los cargos estratégicos con
ocupados por políticos de turno-, políticas erráticas en el desarrollo de inversiones y de investigación y baja capacitación de los recursos
humanos como consecuencia del gerenciamiento poco profesionalizado, uso de las tarifas como variable macroeconómica, generación de
prácticas corporativas y de importantes focos de corrupción, tráfico de influencias, etc. [50] .
Así, el rubro fue abierto a la inversión privada, capaz de proporcionar la tecnología y el apoyo financiero necesario para garantizar
prestaciones de óptima calidad, actualización tecnológica y eficiencia, generándose una importante inversión en infraestructura
(mejoramiento de la instalada e instalación de nuevas redes) y surgiendo rápidamente un auténtico -y dinámico- “mercado de las
telecomunicaciones” [51] . Las PTTs se reconvierten, en función del nuevo rol del estado, cual es asegurar la prestación de servicios en las
mejores condiciones, extensibles a cualquier parte del territorio, transportado mediante infraestructura tecnológicamente apropiada y
moderna, a precios accesibles y en el que avanzada la liberalización, se creen condiciones de competencia y de protección a los usuarios
que importen reglas de juego seguras y justas para regular la convivencia entre el Estado, los prestadores y los consumidores.
En todas las latitudes soplan vientos de cambio, especialmente en servicios de telefonía, y con mayor lentitud en los de radiodifusión:
a) Europa: con cierto retraso, y a partir de las definiciones brindadas por el conocido Libro Verde de las Telecomunicaciones (1987), la
Unión Europea comienza una nueva etapa, que culmina con la completa desmonopolización y liberalización, desde 1998, de cuyos
detalles nos ocuparemos en otras páginas. De entre los países miembros de la Unión, Gran Bretaña privatizó el servicio en 1984,
implementando la libre competencia; con posterioridad, Holanda (1994) [52] , Alemania (1995) [53] , España (1997) [54] , Francia [55] , los países
nórdicos [56] , etc., siguieron en etapas ese camino. Se avanza en el establecimiento de redes transeuropeas de la información. Progresó
significativamente la privatización y liberalización en los países del Este [57] . En materia de servicios de radiodifusión, los avances
comunitarios son mucho más dificultosos, atrapados en discusiones sobre la categorización del fenómeno (exclusivamente cultural o
cultural y económico), lo que abre diferentes perspectivas de regulación. No obstante la sanción de un marco normativo sobre televisión,
y el gradual reemplazo de regímenes nacionales cerrados por regulaciones más abiertas, expertos en la materia y doctrina muy calificada
viene reclamando desde hace tiempo más esfuerzos [58] .
b) América Latina: México, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Brasil, Paraguay y la República Dominicana han privatizado sus
telecomunicaciones. Además, se han puesto en funcionamiento nuevos servicios, que igualmente son prestados por empresas privadas.
En algunos países, como Argentina, se ha iniciado el régimen de liberalización, con competencia. En la vereda opuesta, Costa Rica [59] y
Uruguay [60] mantienen el monopolio estatal, a pesar de iniciativas gubernamentales que hasta ahora no lograron consenso en la
población. Cuba, a mediados de los ‟90, privatizó su telefonía celular y vendió el 49 % de su operadora estatal a un grupo mexicano,
cediendo la operación de sus servicios internacionales a multinacionales como Stet -italiana- y AT & T, MCI y Sprint -norteamericanas-.
c) Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel: rige el sistema de libre competencia. En los EE. UU., fue aprobado
en febrero de 1996 un nuevo marco regulatorio que culmina el proceso de liberalización iniciado en la década del 80, cuando casi todo el
mercado de servicios de telecomunicaciones estaba en manos de la empresa AT & T. Entre otros importantes aspectos, la ley modifica el
concepto de servicio universal, modifica los regímenes de telefonía local, larga distancia e interconexión, libera las tarifas de TV por
cable -a excepción de los servicios básicos-, permite a compañías de TV por cable ofrecer servicios de telefonía - y a éstas la recíproca-,
liberaliza la cantidad de estaciones y empresas de radio o TV que en una sola persona física o jurídica puede poseer, y autoriza los
multimedios -estaciones de radio y TV y diarios- en una misma localidad, etc. Se considera que el norteamericano es el primer mercado
global con plena competencia. Se ha señalado que en los países que han liberalizado sus infraestructuras de telecomunicaciones, se han
podido constatar tres efectos económicos positivos: presión a la baja de las tarifas, mayor gama de servicios junto con una mayor calidad
de la oferta, y un significativo aumento del consumo y de los beneficios de unos y otros como consecuencia final [61] .
d) China: quebró el monopolio con la constitución de una segunda operadora, que aunque también posee mayoría estatal, suma capitales
y tecnología privados a través de asociaciones del tipo join ventures con multinacionales como Eriksson, AT & T, Northern, IBM, etc.
Ha proyectado ambiciosos planes de instalación de líneas telefónicas, que todavía resultan insuficientes ante los 1.200 millones de
habitantes que constituyen su población.
e) India: ha abierto el camino a la desmonopolización y privatización de las telecomunicaciones.
Esta reseña ofrece al lector, entendemos, un pantallazo de las tendencias mundiales, que con el desarrollo de las páginas,
profundizaremos en los aspectos que consideremos necesario destacar.
2.4 Organismos Internacionales:
2.4.1. Caracterización:
Motivada su creación y trascendencia por el contundente hecho de que las telecomunicaciones ya no reconocen fronteras, existen
numerosos organismos internacionales, de carácter intergubernamental la mayoría -en algunos casos de orden comunitario-, con
Dentro de las tipologías reconocidas doctrinariamente [62] , podemos considerarlas como organizaciones de fines específicos en materia
de cooperación técnica y científica (la gran mayoría) y de cooperación económica (para el caso de la Organización Mundial del
Comercio). Por su composición, es dable distinguir a organizaciones internacionales que operan como autoridad universal y/o regional
de aplicación (por ejemplo, la U.I.T. para el primer supuesto y las que rigen en el ámbito de la Unión Europea para el segundo), de
aquellas encargadas de la competencia y del comercio internacional (Organización Mundial del Comercio), advirtiéndose un tercer gran
grupo, cuyo cometido es la prestación de determinados servicios (INTELSAT, INMARSAT). Finalmente, reseñaremos también a ciertas
asociaciones de carácter privado, pero con significativa influencia en la definición de políticas públicas (AHCIET).
Su composición es esencialmente interestatal, su base jurídica Convencional y su estructuración orgánica es la característica de este tipo
de instituciones -con órganos permanentes, asambleas plenarias, organismos de integración restringida que asegura el gobierno y un
secretariado administrativo-. Suelen expresarse a través de Recomendaciones y Resoluciones, realizando también tareas de
asesoramiento. Inclusive han trabajado en conferencias o actividades conjuntas, produciendo importantes documentos.
Algunos de estos organismos, han surgido con la generalización de los servicios de correo y de telégrafos, en el siglo pasado. Otros, más
recientes, nacen con la revolución que a partir del lanzamiento del primer satélite artificial surge en el sector: gigantesca sucesión de
cambios que inclusive modificó la estructura de las organizaciones más tradicionales -como la UIT, a partir de la convocatoria a
Conferencia Administrativa Extraordinaria de 1963-, produciéndose en consecuencia importante normativa, a saber: la resolución de
Naciones Unidas 1721/61, que prescribe que las telecomunicaciones por satélite deberán ponerse a disposición de todos los países de la
Tierra sin discriminación, y el comienzo de la codificación del Derecho Espacial: el “Tratado sobre los Principios que deben regir las
Actividades de los Estados en la Explotación y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes” de 1967,
el “Acuerdo sobre Salvamento y Devolución de Astronautas y Restitución de Objetos Espaciales” de 1972, el “Convenio sobre Registro
de Objetos lanzados al Espacio Ultrarrestre” de 1974/76, el “Acuerdo” y el “Acuerdo Operativo” de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones por Satélite -INTELSAT- de 1971/73, el “Convenio Consultivo” y el “Acuerdo de Explotación” de la Organización
internacional de telecomunicaciones marítimas por satélites -INMARSAT-, entre los más importantes.
A continuación, destacamos las instituciones internacionales más relevantes del sector, y una breve reseña de sus lineamientos
Creada el día 9 de mayo de 1932, mediante la Convención de Madrid, fusionándose la Unión Telegráfica Internacional y la Unión
Radiotelegráfica Internacional [63] , en 1947 [64] se convirtió en una agencia especializada de la O.N.U, con sede en Ginebra. Constituida
inicialmente por 20 miembros, se integra en la actualidad por 189 países. En cuanto a la condición de integrantes, existen los
denominados “Miembros” (con mayúscula) que son las administraciones nacionales de los estados signatarios, y los “miembros” (con
minúscula), que son las empresas de explotación internacionalmente reconocidas, -los operadores internacionales de
telecomunicaciones- [65] y organismos públicos o privados con intereses en las telecomunicaciones, que en la actualidad son
aproximadamente seiscientos.
Luego de las reformas de 1992 y 1994 [66] , la U.I.T. presenta la siguiente estructura: a) Conferencia de Plenipotenciarios, órgano
soberano deliberante de la Unión, con los siguientes sectores específicos de actuación: Radiocomunicación, Normalización y Desarrollo
de las Telecomunicaciones, encargados de realizar estudios de tipo técnico y recomendaciones; b) El Consejo, mandatario de la
Conferencia de Plenipotenciarios, con un antiguo rol de contralor; c) Las Conferencias mundiales de telecomunicaciones internacionales,
encargadas de la revisión y puesta al día del Reglamento Internacional de Telecomunicaciones; d) La Secretaría General, encargada de
preparar las políticas y los planes de la U.I.T., coordinando las actividades de la misma.
Entre los fines más importantes de la U.I.T., encontramos mantener y ampliar la cooperación internacional, como así también promover
y proporcionar asistencia técnica a los países en vías de desarrollo, impulsando la mejora y utilización de los medios técnicos y su más
eficaz explotación [67] . Como medios para conseguir los fines anteriores, se destaca: efectuar la distribución de las frecuencias del
espectro radioeléctrico y llevar el registro de asignaciones de frecuencias, coordinar esfuerzos para mejorar la utilización del espectro de
frecuencias, coordinar esfuerzos a favor del desarrollo armónico de los medio de comunicación, fomentar la colaboración entre los
miembros en el establecimiento de tarifas, fomentar la creación y perfeccionamiento de redes en países en desarrollo, etc.
En la actualidad, la UIT funciona como una Agencia especializada de la ONU -existen numerosos organismos especializados, tales como
la Unión Postal Universal [68] , la Organización para la Aviación Civil Internacional o la Organización Consultiva Marítima Internacional
-las dos últimas estudiadas en otras páginas de este libro-, o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura y la Organización Internacional del Trabajo, por nombrar algunas, en otras áreas-.
La finalidad central de la UIT es la armonización entre los Estados de los objetivos de cooperación internacional para el mejoramiento y
el empleo racional de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo técnico y comercial de éstas [69] . Su régimen jurídico está
constituido por el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, los distintos reglamentos establecidos para cada modalidad en
particular: telegrafía, telefonía, radiocomunicaciones, y las recomendaciones de los comités consultivos internacionales.
Como bien lo expresa García Ruiz Angulo [70] , “La utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites
geoestacionarios está regulada en el derecho internacional de las telecomunicaciones en el marco de la UIT”. Organismos técnicos
específicos que reportan a ella son los encargados de asignar las bandas de frecuencias: en materia de radiodifusión, a través de las
Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicación y de las Conferencias Administrativas Regionales. El poder de policía
sobre el espectro radioeléctrico es ejercido por la Junta Internacional de Reparto de Frecuencias. Por cuerda separada, en materia de
comunicaciones espaciales o vía satélite, la Resolución 1721 de la ONU recomienda a la UIT realizar la distribución y asignación de
posiciones orbitales y frecuencias con fundamento en los principios de justicia e igualdad. La regulación de este servicio se halla en el
La UIT es una organización intergubernamental, en la que participan representantes de casi todos los países del mundo, pero que
actualmente, dados los gigantescos polos empresarios del sector, que por sí solos manejan presupuestos equivalentes o mayores a los de
numerosos estados, debe acoger a todos los actores de sector, para no perder su liderazgo mundial. Actualmente, está incorporando
entidades privadas, lo que favorece la capacidad financiera de la organización, con aporte que supera al 10 %. De todas formas, como se
afirmó en el III Congreso de Telecomunicaciones [71] , para que la UIT responda mejor es necesario que encuentre nuevas formas de
financiamiento, y brinde nuevos servicios.
La Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
Es ésta la única organización internacional que reúne a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos. Fue establecida
por la Asamblea General en 1994 con la estructura que la conocemos actualmente, aunque es una institución de vieja data y tradición
internacional. Es un organismo de carácter eminentemente técnico, dotado de autonomía a tal efecto, cuyo objetivo principal es facilitar
y promover el desarrollo de las telecomunicaciones en la región, actuando como entidad asesora de la OEA en asuntos relacionados con
Posee tres Comités Consultivos Permanentes: Servicios Públicos de Telecomunicaciones (PCC.I), Transmitiendo (PCC.II) y
Radiocomunicación (PCC.III). A esta estructura se adiciona un Comité de Coordinación, encargado de evaluar el programa de
actividades o plan de trabajo, presupuesto y criterios o estrategias de la CITEL para la representación en reuniones internacionales y
Promediando la década del ‟90, se planteó su redefinición debido a diversas causas [72] : a) Como es sabido, la transformación de las
comunicaciones generó nuevos, numerosos e importantes problemas reglamentarios; b) La convergencia tecnológica y la
“mundialización” a nivel de empresas nacionales que han creado redes que ofrecen cobertura mundial provocó, como se reseña más
arriba, la aparición de operadores mundiales; c) Sin perjuicio de que la CITEL debía mantener su marco natural, era necesario
actualizarlo para intentar incorporar en su agenda debates o foros capaces de analizar los aspectos políticos y reglamentarios de las
telecomunicaciones -tarifas, competencia, etc.-.
El reporte anual 2000 de la OEA [73] , señala como avances significativos de la CITEL para el último año, entre otros, a los siguientes:
adopción de un libro de referencia sobre el servicio universal en las Américas, desarrollado conjuntamente con UIT y AHCIET;
aprobación de una versión actualizada del Libro Azul, conjuntamente con UIT; desarrollo de pautas y prácticas para las regulaciones de
la interconexión; presentación y adopción a UIT de las propuestas comunes para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la
Asamblea Mundial de Regularización de Telecomunicaciones, la Conferencia Plenipotenciaria y la Conferencia Mundical de Desarrollo
de Telecomunicaciones; realización de un proyecto piloto en tele educación; inicio de un programa de estímulo al comercio electrónico;
desarrollo y adopción de un marco de cooperación reforzada con otros órganos de telecomunicaciones regionales e internacionales;
desarrollo de documentos sobre normas de coordinación en diferentes áreas.
CCITT (International Telegraph and Telephone Consultive Comittee)
Es un organismo con competencias técnicas, que determina estándares internacionales. Es un órgano permanente de la U.I.T., y sus
recomendaciones, generalmente fruto de una complicada negociación internacional, “
son determinantes en las características
técnicas de los equipos fabricados y vendidos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo” [74] .
AHCIET (Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicación)
Se trata de una asociación privada sin fines de lucro, constituida en Madrid en julio de 1982, conformada por más de 50 empresas
operadoras de telecomunicaciones en 20 países de América Latina y España [75] , con intereses en I + D, telefonía pública, rural,
transmisión de datos, normalización, etc. Su estructura consta de una Asamblea General, un Comité Ejecutivo y una Secretaría General.
Ha desarrollado trabajos con organismos de telecomunicaciones nacionales, regionales e internacionales.
Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA):
Es un organismo internacional de cooperación, coordinación y asesoría, constituido en el marco del Acuerdo Subregional Andino, que
agrupa a empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, con el propósito de coadyuvar al desarrollo armónico de las
telecomunicaciones y contribuir al proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones.
ASETA posee personería jurídica propia y carece de fines de lucro. Su sede se encuentra en Quito, Ecuador. Está integrada por las
Bolivia: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.); Colombia: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (¡Error!
Referencia de hipervínculo no válida.Empresa de telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. (E.S.P. - TELEBUCARAMANGA);
Empresas Municipales de Cali (EMCALI); Interconexion Eléctrica S.A. (E.S.P. - ISA), Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de
Bogotá (E.T.B.); Ecuador: Impsat, Bellsouth, Andinatel S.A., Pacifitel S.A., Empresa Pública Municipal de Teléfonos, agua potable y
alcantarillado (ETAPA); Venezuela: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV); Movilnet; Telcel C.A.; Perú:
A través de ASETA se han coordinado y ejecutado importantes proyectos y eventos para las Telecomunicaciones de la Comunidad
Andina [76] .
INTELSAT (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite).
Es la organización satelital más antigua que existe. Tiene como antecedentes al acuerdo Provisional, que establecía el Régimen
Provisional para el Sistema Mundial Comercial de Comunicaciones por Satélite, y el Acuerdo Especial, ambos firmados en el año 1964.
Su régimen jurídico está constituido por: a) El Acuerdo Relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite” -
“Acuerdo”-; b) Acuerdo Operativo. Estos instrumentos fueron firmados en Washington, el 20 de agosto de 1971 y se encuentran en
vigencia desde el 12 de febrero de 1973. Argentina ha ratificado los mismos por ley 19.928.
El “Acuerdo” se encuadra en las disposiciones del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, del 27 de enero de 1967, particularmente el
Artículo 1º del mismo, que establece que el espacio ultraterrestre deberá utilizarse en provecho e interés de todos los países.
La organización tiene como principios rectores de su actividad y de sus objetivos la “No discriminación” y el “uso pacífico”. En cuanto a
su naturaleza jurídica, huelga aclarar que INTELSAT es una persona jurídica. Por otra parte, constituye un sistema comercial de
telecomunicaciones por satélite, la cual está integrada por un conjunto de estados. Teniendo en cuenta estos aspectos, como así también
los mecanismos de aporte financiero y de reembolso de capital, es posible definirla como una cooperativa internacional de Estados, cuyo
objeto social principal es la “concepción, desarrollo, construcción, establecimiento, mantenimiento y explotación del sistema satelital” -
art. II Acuerdo- [77] .
Con arreglo a este objetivo principal, entre los propósitos más importantes de la organización podemos mencionar: Suministrar
capacidad satelital para: a) Proveer servicios internacionales y nacionales públicos de telecomunicaciones; b) Proveer servicios
especializados públicos de telecomunicaciones, internacionales y nacionales, no destinados a fines militares.
Como se expresó anteriormente, INTELSAT goza de personalidad jurídica. Tiene plena capacidad, en consecuencia, para el ejercicio de
sus funciones y el logro de sus objetivos. Puede concertar acuerdos con Estados y organizaciones internacionales, contratar, adquirir
bienes y disponer de ellos y actuar en juicio -Art. IV Acuerdo-.
La organización cuenta con la siguiente estructura institucional:
a) Asamblea de Partes [78] : participan de ella los Estados en igualdad de condiciones. Considera todos aquellos asuntos de interés
primordial para las Partes, en tanto Estados soberanos, y define la política general y los objetivos a largo plazo de la organización. Sus
principales áreas de competencia son las siguientes: analizar las resoluciones, recomendaciones y puntos de vista de la Reunión de
Signatarios y de la Junta de Gobernadores; enmendar el Acuerdo y expresar opinión en cuanto a enmiendas del Acuerdo Operativo;
Decidir respecto a las relaciones oficiales con Estados y Organismos Internacionales; Decidir respecto a las quejas y al retiro de los
Estados Partes de la organización; Confirmar la designación del Director General y decidir la estructura del Órgano Ejecutivo;
b) Reunión de Signatarios [79] : en ésta participan todas las entidades designadas por las Partes para desempeñar dicha función. Su
cometido es fundamentalmente consultivo, a saber: emite opinión con respecto a propuestas de modificación al Acuerdo y Acuerdo
Operativo, prepara informes relativos a la ejecución de la política general y planes a largo plazo de INTELSAT, decide respecto al retiro
de un Signatario y expresa opinión referida a quejas de éstos y de los usuarios, decide todas aquellas cuestiones vinculadas a los
aumentos de topes de capital a recomendación de la Junta de Gobernadores, fija la participación de inversión mínima que dará derecho a
un Signatario a estar en la Junta de Gobernadores -art. IX-, etc.;
c) Junta de Gobernantes -J. de G.-: se integra de la siguiente manera: 1) Un Gobernador por cada Signatario que tenga una participación
no menor al mínimo establecido por la Reunión de Signatarios; 2) Un Gobernador por cada grupo de signatarios cuya suma de
participaciones de inversión no fuera menor a la participación mínima establecida por la Reunión de Signatarios; 3) Un Gobernador por
cada grupo de no menos de cinco Signatarios que pertenezcan a una de las Regiones Administrativas de la U.I.T. La cantidad de
Gobernadores elegidos por este mecanismo no podrá exceder en ningún caso el número de cinco ni más de dos Gobernadores de una
misma Región. La elección de Gobernadores por este mecanismo es totalmente independiente de la participación en la inversión. La J.
de G. Tiene bajo su responsabilidad la concepción, el desarrollo, la construcción, el establecimiento, la explotación y el mantenimiento
del sistema, desempeñando para ello las siguientes actividades: adopta las políticas, planes y programas necesarios, decide políticas
financieras y aprueba presupuestos, sanciona reglamentos para adquisiciones y aprueba contratos de adquisiciones, contrata préstamos y
establece términos y condiciones sobre acceso al sistema, asignación de capacidad y tasas de utilización;
d) Órgano Ejecutivo, presidido por un Director General. Este es el representante legal de INTELSAT y responde directamente ante la J.
de G., actuando de plena conformidad con las políticas y directivas de ésta. Es designado por la J. de G., con la confirmación de la
Asamblea. Puede ser despedido unilateralmente por la J. de G.
Dado que el origen de las organizaciones satelitales se produjo en condiciones absolutamente distintas a las actuales, no visualizándose
en aquel momento la posibilidad de desarrollar sistemas satelitales a través de esfuerzos estatales individuales o mediante la iniciativa
privada, tal como -merced al desarrollo tecnológico y económico operado- ocurre hoy, la estructura fundacional de INTELSAT está
siendo objeto de un intenso debate y replanteo, dado su nuevo rol, insistimos, en el concierto mundial. En ese marco, la organización
tiende a la flexibilización de su estructura, a un mayor dinamismo en sus relaciones comerciales e incluso a la posibilidad de efectuar
modificaciones profundas en cuanto a su objeto, habiéndose aprobado por 144 estados, el 17 de noviembre del 2000, un plan para la
privatización de la organización en el 2001.
En cuanto a la necesidad de hacer más dinámicos los mecanismos comerciales del sistema, la organización ha aprobado el mecanismo de
Acceso Directo [80] -sin intervención del signatario- para la contratación de facilidades satelitales por parte de los usuarios. Esto fue
iniciativa del Signatario argentino - aprobado mediante Resolución 95/CNT-, y ya está siendo adoptada por los distintos Estados.
Finalmente, se ha planteado propuestas en torno a la modificación del objeto social de INTELSAT, a los efectos de eliminar el límite de
transmisiones satelitales públicas, pudiendo en consecuencia brindar otro tipo de servicios, como por ejemplo la transmisión directa de
televisión a los usuarios finales.
Tiene su origen en una iniciativa de la OMI, que oportunamente se planteó la posibilidad de utilizar la tecnología satelital para el
beneficio de la navegación internacional. Fue creada en 1979 -16 de julio-, año en el que entraron en vigencia el Convenio Constitutivo y
el Acuerdo de Explotación. Argentina ha ratificado dichos instrumentos a través de la ley 22.049.
El Convenio Constitutivo se enmarca en el “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, particularmente en el art. 1º del mismo, que declara
que el espacio ultraterrestre debe utilizarse en provecho y en interés de todos los países. El “uso pacífico” y la “no discriminación”, ya
referidos al exponer sobre INTELSAT, constituyen los principios rectores de la actividad y los objetivos de la organización.
Es una persona jurídica, cuya naturaleza jurídica se define como una cooperativa internacional de estados, consistiendo su objetivo
principal en la provisión de facilidades satelitales para comunicaciones marítimas. En la actualidad, provee capacidad satelital para todo
tipo de comunicaciones móviles, sean estas marítimas, aeronáuticas o terrestres.
INMARSAT está compuesta por los siguientes órganos:
a) Asamblea de Partes: ésta determina las actividades, fines, política en general y objetivos a lo largo plazo de la organización, elige
cuatro representantes al Concejo, decide sobre relaciones oficiales de la organización con Estados y organismos internacionales,
modifica el Convenio y decide respecto a la exclusión de uno de sus miembros;
b) Concejo: Se compone de 22 signatarios. Dieciocho de éstos, representan a cada signatario o grupo de signatarios con la mayor
participación de inversión en la organización; Cuatro signatarios, son elegidos por la Asamblea en base a la representación geográfica y
considerando a los países menos desarrollados. Sus funciones son: Proveer la capacidad satelital necesaria para alcanzar las finalidades
de la organización de acuerdo a los instrumentos constitutivos, determinar políticas de actuación, planes, programas, etc., informar a la
Asamblea sobre las actividades que desempeña y la situación financiera de la organización, establece el tope de capital de su
organización, adopta el régimen administrativo, presupuestario, financiero, y derechos de utilización de capacidad satelital.
c) Director General: es designado por el Concejo y ratificado por las Partes en la Asamblea. Puede ser destituido por el Concejo, ante
quien es responsable. Es el funcionario ejecutivo principal, representante de la organización y su responsable legal. Designa a los
miembros de la Dirección, con acuerdo del Concejo.
En la actualidad, INMARSAT está sufriendo un proceso similar al de INTELSAT. Se redefinió su estructura mediante un grupo de
trabajo específico -Future Structure Working Group-. Como se ha dicho, “El sistema es propiedad de un consorcio de empresas de
explotación estadounidense y tiene por fin brindar comunicaciones para la Marina de los Estados Unidos. El segmento espacial está
abierto a todos los barcos de todas las naciones sobre bases no discriminatorias independientemente de que este sea de propiedad de la
empresa o alquilado” [81] .
Finalmente, INMARSAT ha evolucionado permanentemente desde sus orígenes en lo que respecta a su objeto social. Si bien comenzó
como una organización destinada a la provisión de capacidad satelital para comunicaciones marítimas por satélite, hoy se define
organización internacional de comunicaciones móviles por satélite.
Fue creado en 1979, bajo los auspicios de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en virtud de un Acuerdo
Intergubernamental. Mantiene vinculación con la ONU, y tiene sede en Bangkok. Tiene 28 miembros, y entre sus objetivos se cuentan
promover la cooperación internacional en el campo de las telecomunicaciones a nivel regional, promover las inversiones en
infraestructura de las telecomunicaciones y cooperar en el ámbito de la estandarización. Su importancia es medular, habida cuenta que
abarca un área geográfica inmensa y contiene al 66 % de la población mundial. Está integrada por países y economías dispares, aunque
con un gran potencial de crecimiento, tales como Nueva Zelanda, Australia, los llamados tigres asiáticos, la India, Vietnam, etc. Pueden
participar de la organización las empresas operadoras y proveedores de servicios.
Dentro del esquema continental europeo, encontramos una serie de organismos con competencias específicas. Nombramos en primer
lugar a CEPT (Conference Europeenne des Postes et Téléphones), constituida en 1959 y cuyas competencias son técnicas, ejercidas a
través de órganos dependientes: la ECTRA (European Committee for Telecommunication Regulatory Affairs) y el CERP (European
Commitee form Postal Regulation). Ha transferido funciones a la ETNO y al ETSI, que analizaremos a continuación.
El ETSI (European Telecommunications Standard Institute) fue creado por la Unión Europea, en 1988, con sede social en Sofía
Antípolis (cerca de Niza, Francia). Elabora normas europeas de telecomunicaciones y áreas comunes de actividad (tecnología de la
información, radiodifusión). Su estructura consta de una Asamblea General, una Asamblea Técnica y un Secretariado, y sus miembros,
además de los estados y los operadores, también son los fabricantes, los usuarios y los proveedores privados de servicios.
La ETNO (Asociación Europea de Operadores Públicos de Telecomunicaciones), asociación sin fines de lucro creada en Madrid en
1992. Constituye un foro que fija y ejecuta posiciones comunes. Participan como miembros 33 operadores europeos, estructurados
mediante una Asamblea General, Comité de Dirección, Consejo de Administración y Secretariado Permanente, con sede en Bruselas.
Posee además grupos de trabajo especializados.
EURESCOM (Instituto Europeo de Investigación y Estudios Estratégicos de Telecomunicaciones), se constituyó en 1991 como sociedad
por acciones, mediante la firma de un Protocolo de Acuerdo. Su sede está en Heidelberg (Alemania). Su objeto es contribuir al desarrollo
e introducción armonizada de las redes y servicios de telecomunicaciones a escala europea. Estimula proyectos de I + D. Consta de una
Asamblea General, una Junta de Gobernadores (ejecutiva) y un Grupo Asesor Estratégico con grupos de trabajo.
Finalmente, citamos a EUTELSAT (Organización Europea de Comunicaciones Regionales por Satélite). Fue creada en 1977 por estados
y operadores reconocidos en el CEPT. Su objeto consiste en implantar un sistema europeo de telecomunicaciones por satélite,
complementario de la red mundial. Cuenta con 47 países miembros.
La Organización Mundial del Comercio fue creada en 1994, mediante el “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” firmado en
Marrakesh. En el conjunto de disposiciones que emergen del instrumento, se incluyen en un Anexo las referidas a telecomunicaciones
básicas, creándose el grupo referido, encargado de informar periódicamente sobre la marcha de las negociaciones, interviniendo en las
mismas la totalidad de los gobiernos signatarios. Argentina ha aprobado por ley 24.425, el acta final en la que se incorporan los
resultados de la Ronda Uruguay, las decisiones, declaraciones y entendimientos intergubernamentales y el Acuerdo de Marrakesh. En
febrero de 1997, se realizaron negociaciones en el sector, formalizando Argentina una comunicación mediante la que se expresa que al 8
de noviembre de 2000 no existirá limitación de acceso a los mercados en los servicios telefónicos básicos, tanto local como de larga
distancia nacional e internacional, lo cual se ha cumplido.
Como ya hemos visto supra, en materia de telecomunicaciones, la mayoría de los países que en el marco de un modelo “continental”
habían partido de un modelo estatista inicial, han virado hacia la privatización, la desmonopolización y la liberalización de los servicios.
Los estados anglosajones, con su modelo de “public utilities” tan desarrollado en los EE.UU, aún dejando desde el inicio la actividad a
operadores privados -con contralor estatal- mantuvo durante mucho tiempo monopolios, quebrados en los últimos veinte años por el
accionar político y judicial [82] . Ambos sistemas, aún partiendo desde puntos distantes entre sí, se habían aproximado “
que en uno y otro se empleaban eran perfectamente reconocibles e identificables con las categorías propias del otro modelo” [83] .
En la actualidad, todos los esquemas conocidos parecen confluir hacia un mismo sentido: la liberalización. También hemos señalado que
la experiencia liberalizadora en el sector, centrada en progresiva introducción de regímenes de competencia, presenta como principal
característica la rapidez y continuidad en sus cambios, con lo que, como se ha indicado, “la experiencia y la dedicación son requisitos
fundamentales para seguir su trayectoria” [84] .
Lo dicho se manifiesta claramente en los instrumentos normativos que han regulado al sector. De legislaciones que fundamentadas en
razones político institucionales, estratégicas y de seguridad nacional, cerraban el camino de la operación privada, se está evolucionando -
sin dejar de calificar a las telecomunicaciones como servicio público- hacia nuevas formas de regulación que tienen que ver con nuevas
formas de prestación financiadas y gestionadas por empresas de capital privado.
Sin perder de vista la globalidad en el tratamiento de la cuestión, las políticas regulatorias empiezan a diferenciar entre mercados
potencialmente competitivos y “naturalmente” monopólicos, y se procura aprovechar la competencia siempre que sea posible [85] . Se
comienzan a distinguir servicios entre sí, y se identifican aquellos que pueden prestarse en competencia (vgr., el caso paradigmático en
telefonía es el de las terminales del servicio), hasta llegar a las prestaciones centrales o nucleares, a las que se caracteriza como
“servicios básicos” (vgr., en materia de telefonía, red o infraestructura telefónica y servicio telefónico), que también se incluyen en el
proceso de liberalización, al mediano o largo plazo. Sin perjuicio de que hemos tomado ejemplos de la telefonía, cabe acotar que en
materia de radiodifusión, los procesos presentan matices propios de sus particulares características, aunque guardan una particular
analogía con lo descripto.
Las autoridades estatales responsables de la defensa de la competencia y de la protección de los usuarios están presentes a lo largo del
proceso y poseen herramientas jurídicas para exigir transparencia y calidad en la gestión y funcionamiento de servicios no liberalizados y
liberalizados, división (de funciones y contable) de empresas que venían prestando servicios en forma monopólica, evitar tendencia a
constituir nuevos monopolios u oligopolios, evitar subsidios “cruzados”, etc.
Ello exige de dichos organismos capacidad de intervención o decisión, rapidez, firmeza, transparencia y la consolidación de sólidos
mecanismos de arbitraje voluntario o forzoso. La liberalización, en consecuencia, no destruye el rol del derecho público, simplemente lo
transforma. La vieja relación Estado prestador-usuarios (modelo continental) o Estado-concesionario (modelo anglosajón), con la
aparición del usuario en un segundo plano, se transforma en todos los supuestos en una triple vinculación: Estado, prestadores y
usuarios, que como señala la doctrina, debe ser resguardada en su equilibrio [86] .
Este último tópico nos obliga a revisar también qué categoría de organismos, o mejor dicho que nivel jurisdiccional, tendrá la potestad
regulatoria y de control. Así, a lo largo de la historia, el paradigma regulador se ha inclinado hacia la regulación local -descentralizada- o
hacia la regulación nacional o federal -centralizada-, ambas con ventajas, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
Se consideran las externalidades
Mejor información sobre costos
Menor exposición al lobby
Permite “competencia” entre
Economiza recursos materiales y
principio de la subsidiariedad en
Facilita la regulación por
Propicia regulación en función
Desarrollo histórico de los
federal o nacional histórica antes
servicios local con integración
regional o nacional posterior
Preferida por potenciales
Preferida por consumidores
competidores, por empresas
residenciales, por empresas
reguladas en varias regiones y
locales reguladas y por
por reguladores federales
En general, como lo veremos, la experiencia internacional indica que si bien ha existido variedad en la asignación de potestades
regulatorias en los distintos niveles jurisdiccionales, se ha tendido hacia la centralización y crecimiento de la jurisdicción federal -el caso
argentino, que presenta algunas excepciones originadas en el tipo de servicios a prestar-, aún en países donde la descentralización era
común, tal el caso de los EE.UU o Canadá, fundamentalmente porque, como es obvio, las ventajas señaladas para el modelo de gestión
centralizada poseen mayor peso desde el punto de vista económico [87] . Por ahora, dejaremos el tema en este punto.
Todas estas cuestiones han sido de especial interés tanto para organismos nacionales como internacionales. En este último nivel, la
U.I.T. -conjuntamente con la CITEL y otras entidades- ha producido una serie de reuniones, recomendaciones y documentos sobre el
particular, entre los que se destaca “Políticas de Telecomunicaciones para las Américas”, también conocido como “Libro Azul”, de
diciembre de 1993. Desde una perspectiva regional, la Unión Europea también han hecho lo propio (“Libro Verde” de 1987, las
posteriores comunicaciones producidas por la Comisión posteriormente, el acuerdo de Ministros de julio de 1993, el “Libro Blanco” o
“Informe Delors” de 1993, etc.). Ello, sumado a los diversos e importantes trabajos generados a nivel nacional -entre los que sin duda
fueron pioneros los trabajos de Al Gore sobre “Autopistas de la Información”-, ha moldeado la nueva generación de principios y normas
jurídicas regulatorias de las comunicaciones, tal como lo analizaremos en los capítulos siguientes.
1. Características de la legislación sobre telecomunicaciones.
Al abordar un estudio sobre las características de la normativa vigente en materia de telecomunicaciones, nos encontramos con un primer
problema, devenido de la propia naturaleza de la actividad que se regula. Es que, a par de tener por objeto inmediato el ejercicio de un
derecho fundamental, cual es la libertad de comunicación, las telecomunicaciones constituyen -hoy más que nunca-, una actividad
económica, encuadrable en el sector de servicios [88] .
El primero de los aspectos señalados, el derecho fundamental a la libertad de comunicación, nos enfrenta con una triple distinción [89] , a
a) Libertad de expresión: El carácter social del ser humano se materializa, como ya lo hemos estudiado, en su necesidad de manifestarse,
tanto en la relación interpersonal -con una o varias personas determinadas-, como en una dimensión social -a la comunidad,
indeterminadamente-.
Reclama del poder público -y también de los particulares- una abstención, y es su presupuesto la libertad de pensamiento -actividad
interna del ser humano, no manifestada exteriormente, posibilitada por su capacidad de entendimiento-, por definición incoercible [90] .
Así, a través de la continua y libre elaboración intelectual, el hombre irá conformando sus propias pautas culturales, creencias y módulos
del pensamiento -ideología- que, repetimos, expresará en sus creaciones, intereses, opiniones, relaciones, elección de opciones, etc., en la
doble dimensión social e individual. En opinión de la Corte, “
La garantía constitucional que ampara la libertad de expresarse por la
prensa sin censura previa cubre a las manifestaciones vertidas a través de la radio y la televisión, en tanto estas constituyen medios
aptos para la difusión de las ideas”. (Magistrados: Levene, Cavagna Martinez, Barra, Fayt, Belluscio,Petracchi, Nazareno, Moliné
O'Connor, Boggiano, “Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo”, 8/09/92 T. 315 , P. 1943 [91] . En otro fallo completa: “
que se difunde por la prensa escrita o se emite en programas radiales o televisivos o por cualquier otro medio ,goza del amparo
otorgado por la prohibición de la censura previa, sino aquello que por su contenido encuadra en la noción de información o difusión de
ideas” (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López). Mayoría: Nazareno, Bossert. Voto: Moliné O'Connor,
Fayt, Boggiano, López, Vázquez. Disidencia: Belluscio, Petracchi. S., V. c/ M. , D. A. s/ medidas precautorias. 3/04/01 T. 324 , P. 975
LL. 16-05-01, nro. 101.996) [92] .
Como derecho individual, también supone la libertad de no expresarse -aspecto negativo-, vale decir, no exteriorizar ideas, creencias o
adhesiones que no se comparten, o que aún compartiéndolas, no se desean hacer públicas [93] . Nos queda por decir, que no cubre con su
garantía la difusión individual o social de mensajes lesivos de los derechos a la intimidad, “
aquel por el cual todo individuo puede
impedir que los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros o tomen estado público” [94] ; la imagen, “
aspecto -la efigie-
que representa a la persona física, cuya divulgación es -como principio- de exclusiva incumbencia de su titular” [95] -; el nombre; el
honor; la inviolabilidad del secreto profesional, bancario, fiscal, de negocios, periodístico; etc. [96] .
La doctrina [97] y jurisprudencia argentina -en particular, a partir de la famosa sentencia de la Corte en el caso “Ponzetti de Balbín,
Indalia c/Editorial Atlántida S.A. s/Daños y perjuicios” [98] -, se han hecho eco de esta interpretación, en numerosos pronunciamientos, lo
que ilustramos con un fallo, de notable interés jurídico, proveniente de un tribunal inferior: en autos “Menta, Haidée N. c/ Perfil S.A. y
otros”, del 11-9-1996, la Sala “A” de la Cámara Nacional en lo Civil dispuso: “El derecho a la intimidad es un derecho personalísimo
que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras perturbaciones a la vida privada, y está limitado por las necesidades
sociales y los intereses públicos. Protege la vida íntima de las personas, la privacidad a la que todos tienen derecho, aunque tengan una
intensa actividad pública. Si bien la libertad de expresión por medio de la prensa goza de linaje constitucional, igual jerarquía tiene el
derecho a la privacidad consagrado en el art. 19 de la carta magna. Por ello, la publicación de la nota periodística donde se hacía
referencia a la enfermedad de la actora, quien falleció durante la tramitación del proceso, carece de justificación, pues afectaría su
privacidad. La intromisión a la intimidad, vulnerando la tranquilidad espiritual y el derecho a no ser importunado, configura un
agravio moral que debe ser indemnizado, sin que sea necesario un obrar culposo o doloso de los responsables de la publicación, pues
se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva que trasciende la intención de dañar” [99] .
Más allá de la prensa, y respecto de las telecomunicaciones, se ha dicho que el secreto de las comunicaciones telefónicas es un derivado
lógico de la intimidad, la que se integra por la tranquilidad, la autonomía, y el control del ámbito de reserva personal [100] . Para las
personas físicas o jurídicas, el derecho de comunicarse con libertad, en secreto y con resguardo de la intimidad, constituye un derecho
autónomo -al decir de la doctrina española-, que no se vincula a otros, y que debe ser protegido por la normativa y las autoridades [101] .
b) Libertad de informar: Su contenido no es otro que la libre difusión de hechos o acontecimientos veraces. Se plantea, de esta forma, la
necesidad de un distingo entre la información y la expresión de pensamientos, ideas y opiniones, pues en la práctica estas dos actividades
-entendidas como sub-géneros de la comunicación- implican el ejercicio de dos derechos distintos.
La libertad de información, derecho autónomo que nos ocupa en este punto, supone la difusión de noticias- mensajes “simples y de
hechos” en la siempre actual clasificación formulada por Francisco de Vitoria- y presupone un proceso de investigación, selección, etc.,
que también debe darse en libertad -el llamado “derecho de acceso a la información”-, con los límites impuestos por el derecho a la
intimidad y sus derivados.
La difusión de hechos veraces o “deber de veracidad” impone tener en cuenta una serie de prescripciones. Se ha dicho que se trata “de
una obligación de medios que exige ser diligente y prudente al recoger y transmitir la información. Es decir que se debe actuar sin
culpa aunque la información resulte inexacta, y se debe evitar el agravio al honor y reputación de otro” [102] .
La Corte Suprema de Justicia, en el caso “Campillas” [103] , estableció bases objetivas de prudencia que deben tenerse en cuenta al
informar: “debe ser atribuida directamente a la fuente, usar el modo potencial del verbo y reservar la identidad de la persona
involucrada” [104] . Por ello, ante casos de información falsa, los tribunales han considerado que “La información errónea brindada por
un medio de comunicación no origina responsabilidad civil por los perjuicios causados, si se han utilizado los cuidados, atención y
diligencia para evitarlos” [105] .
c) Derecho a la información: Nos hemos ocupado, en los puntos a) y b), del emisor de la noticia u opinión. Pero ¿Qué ocurre con el
destinatario o receptor del mensaje, que podrá ser único o plural de acuerdo a la modalidad de telecomunicación que se utilice? La libre
recepción de la información es el contenido de este derecho, que cobra radical importancia ante el avance meteórico de los medios de
comunicación, en todas sus formas, sobre el individuo y sobre la comunidad toda, problema al que se suman los múltiples procesos de
concentración que se están manifestando en la dinámica del sector, que implican pérdida de pluralismo [106] .
Sintetizando, toda relación humana tiene un contenido de información, y encierra una comunicación, tanto la que se produce de modo
presencial o próximo, como la que se produce en un entorno telemático, con la ayuda de medios electrónicos -independiente de cual de
éstos se utilice-, que puede ser individual o plural o social, la cual no está necesariamente enmarcada por la vecindad, sino que genera un
nuevo concepto o especie dentro del género de las comunicaciones, superador del arraigo geográfico. Este será el que constituye objeto
del derecho de las telecomunicaciones. En este contexto, la protección adecuada de los derechos individuales tiene singular importancia,
la cual se encuentra diluida por el poder económico de las empresas prestadoras y por el desconocimiento de la alta tecnología
característica de las telecomunicaciones actuales [107] .
Después de esta rápida reseña del primero de los problemas que enfrentamos al abordar el estudio de la legislación en materia de
telecomunicaciones, nos ocuparemos del segundo de ellos: los servicios de telecomunicaciones, como actividad económica. Nos
aproximamos, en este sentido, al derecho fundamental de libertad de empresa: facultad de constituir unidades u organizaciones
productivas o distributivas de bienes o servicios [108] .
Ahora bien, ¿Cuál es el marco en el que se desarrollará este derecho? Los límites están dado por la naturaleza de los servicios que se
lleven a cabo: desde el punto de vista de su licitud, es obvio que no podrán ejercerse actividades perjudiciales para el bien común. Por
otra parte, el valor económico-social de los servicios de telecomunicaciones, trasciende a de las meras “prestaciones de mercado”, por
lo que como hemos visto exigen del Estado un rol de garante frente a la comunidad, debido a que factores tales como la muy costosa
instalación de la infraestructura, la necesidad de efectuar su provisión sin interrupciones, en iguales términos de calidad y precio a todos
los habitantes del un mismo estado -sin interesar el grado de rentabilidad económica de cada operación individual o de cada zona del
territorio en particular-, su estratégico rol cultural, educativo, comercial, etc., implican que el mismo no puede ser dejado al mero juego
de las leyes de la oferta y la demanda.
Esta necesaria garantía que el Estado debe prestar en virtud del interés general, nos lleva a la noción de servicio público, que
caracterizada doctrina nacional ha definido como “prestaciones de interés comunitario, que explicitan las funciones-fines del Estado, de
ejecución per-se o por terceros, bajo fiscalización estatal” [109] . Para el Dr. Juan Francisco Linares [110] , servicio público es “la prestación
mediante entrega de cosas y servicios, individualizados y concretos para satisfacer necesidades colectivas, y primordiales de la
comunidad, sea por la Administración, o sea por particulares, que requieran el establecimiento, en este segundo caso de un régimen de
potestad pública, que comprende exigencia de un título conferido por el Estado, más otros requisitos accidentales de control por
éste” [111] .
La declaración de una determinada actividad como servicio público -nominación que, como bien se ha dicho, obedece en la generalidad
de los casos a factores ideológicos y económicos coyunturales, lejos de constituir una categoría meramente jurídica [112] - excluye,
inmediatamente de producida, a la libre iniciativa privada en el sector. Pero no implica que con arreglo a los procedimientos
correspondientes, esa actividad podrá ser prestada posteriormente por particulares, en forma exclusiva o compartida con la
Administración Pública [113] .
¿Y cuáles serán los fundamentos en los que se basa la consideración de los servicios de telecomunicaciones como públicos?
Recapitulando sistemáticamente lo expresado en páginas anteriores, señalamos los siguientes, a saber:
a) Las estructuras tecnológicas, y la utilización de los espacios: estamos frente a servicios que utilizan distintos espacios -éter, tierra
firme para el tendido de postes y cables aéreos o subterráneos, medio submarino, etc.-, para transmisiones. Estamos frente a la utilización
de recursos escasos, explotados intensamente con numerosos fines: telefonía, radiodifusión, radiotelegrafía, ayuda a la navegación,
defensa nacional, seguridad y orden público, etc. La libre prestación, sin control estatal sobre la asignación de frecuencias, calidad del
servicio, tarifas a cobrar, instalación de infraestructuras, etc., provocaría el desorden total, y con él la imposibilidad de contar con el
servicio [114] .
b) El internacionalismo: ya hemos enunciado al mismo, como una de las notas características del Derecho de las Telecomunicaciones.
Estas, en la actualidad, no conocen de fronteras, y en consecuencia esto provoca que sean reglamentadas internacionalmente. Tratados
propios del Derecho Internacional Público, crean organismos -ver 2.3- que atribuyen a cada Estado las frecuencias, que deberán ser
respetadas en el marco del interés público mundial. Y normas jurídicas internacionales, reglamentan el funcionamiento y las
características de numerosos sistemas y servicios, vgr. el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, aprobado en Nairobi, Kenya,
el 6 de noviembre de 1982, ratificado por ley nacional 23.478, para citar alguno.
1. La dimensión económica-financiera: la cada vez más poderosa estructura
del sector, que han configurado el nacimiento de un mercado de billones de dólares, obliga a los Estados y a los organismos
internacionales a tomar determinados recaudos, destinados fundamentalmente a impedir la constitución de monopolios u oligopolios
privados que impliquen pérdida de pluralismo, lesiones a la libre competencia y desprotección de los ciudadanos-usuarios. La absoluta
desregulación, sin control, implica la imposibilidad de garantizar el uso igual y equitativo de los medios de telecomunicación a los
d) La participación de los ciudadanos en los procesos de comunicación social: los servicios de telecomunicaciones constituyen un
instrumento fundamental en la conformación de la opinión pública. El valor de la información ha crecido a valor exponencial, y esto
lleva a plantear hoy, el advenimiento de la “sociedad de la información”. En este sentido, los Estados y los organismos internacionales
deben garantizar la libertad de emisión y recepción-, la protección de la intimidad -en su sentido de derecho género-, el pluralismo -
resguardo de la libertad de expresión, pero también protección a la existencia del mayor número posible de fuentes de información-, y la
prestación de los servicios en óptimos estándares de calidad.
La expansión económica que provoca la consolidación de “gigantes” privados todopoderosos, la generalización veloz de redes
universales “multiuso” de carácter oficial y empresarial, utilizando INTERNET, o estructuras satelitales cuyos propósitos son lisa y
llanamente oscuros [115] están generando numerosas dificultades a los Estados, en especial a los llamados “periféricos”, y es aquí donde
más que en ningún otro aspecto la posibilidad de control del servicio público no debe fallar: de esto nos ocuparemos en detalle infra.
Como servicios públicos, los servicios de telecomunicaciones participan de los caracteres con los cuales la doctrina ha individualizado a
aquél: continuidad [116] , regularidad [117] , uniformidad [118] , generalidad [119] , obligatoriedad [120] y calidad y eficiencia [121] .
Ha dicho la jurisprudencia nacional -en un fallo que a nuestro criterio esclarece y facilita la comprensión de lo desarrollado- que “El
servicio telecomunicaciones es un servicio público esencial de alcance nacional e internacional. El interés público, cuya satisfacción
constituye la finalidad de la prestación, justifica el régimen de derecho privado”. (CFed San Martín, Sala I, 14/3/1994, Transcot S.A. c/
Addani S.R.L., José), DJ, 1994-1-1025 [122] .
Frente a esta posición, un importante y calificado sector de la doctrina nacional y comparada entiende que, ante la evolución del
concepto tradicional de servicio público motivada como ya hemos visto, y entre otros factores, por la aproximación entre los modelos de
gestión continental y norteamericano, la desintegración vertical de actividades competitivas y no competitivas en cada sector, la
privatización de empresas públicas y desmonopolización de actividades, el desarrollo tecnológico, el advenimiento de la sociedad de la
información, etc., es hora de “desideologizar” la política económica, procurando nuevos conceptos que denoten con mayor precisión la
nueva y dinámica realidad económico social: competencia, servicios diferenciados, innovación, calidad, etc.
Surge entonces la noción de “servicio universal”, prestación esencial a la que el mercado por si solo no daría respuesta y que la autoridad
entiende que debe ser cubierta, porque constituye un estándar mínimo al que los usuarios tienen derecho, la cual se enanca en los
siguientes caracteres [123] : a) La no calificación como servicio público de una actividad o sector en su conjunto, sino sólo de algunas
tareas, misiones, actuaciones concretas dentro de aquel; b) El abandono del concepto de reserva (titularidad de la actividad a favor del
Estado, idea de concesión como transferencia de una competencia originariamente administrativa, etc.); c) Se crea un régimen abierto,
aún cuando se mantenga la autorización reglamentada.
La ley norteamericana de telecomunicaciones de 1996 -que toma el concepto de “servicio universal”, y la profundización de los procesos
de liberalización acaecidos en la Unión Europea, también impactan de un modo significativo, entre otros servicios públicos, sobre el
sector de las telecomunicaciones. A partir de una serie de comunicaciones y disposiciones [124] , y con el fin de lograr una plena
compatibilidad entre el concepto tradicional del servicio público y las libertades básicas inherentes al Mercado Único Europeo, la Unión
Europea también incorpora en su ordenamiento jurídico la expresión “servicio universal”, el cual presenta las siguientes características:
a) Debe basarse en los principios de universalidad, igualdad y continuidad a fin de permitir el acceso a un conjunto mínimo de servicios
definidos de calidad determinada, y la prestación de dichos servicios a todos los usuarios, a un precio accesible;
b) A fin de establecer un marco normativo equilibrado en toda la Comunidad, se requieren principios de prestación comunes;
c) Debe asegurarse su prestación por razones sociales;
d) Para asegurar la mayor cobertura territorial que sea posible, deben establecerse y garantizarse las interconexiones entre las diferentes
e) Cuando el servicio sólo pueda brindarse a costa de pérdidas comerciales, podrá financiarse, mediando autorización del ente regulador,
mediante transferencias internas, cuotas de acceso u otros mecanismos que garanticen el respeto a las normas de competencia;
f) Se priorizará el mantenimiento y desarrollo de las redes más pequeñas, menos evolucionadas tecnológicamente o periféricas;
g) La noción de servicio universal es flexible, y evolucionará de acuerdo al progreso tecnológico, el desarrollo del mercado y las
exigencias de los consumidores.
h) La calidad y contenido de la prestación está estandarizada, y dado que importa un derecho para los usuarios, deben existir
procedimientos de resolución de conflictos accesibles, económicos y expeditivos, resueltos por una entidad independiente.
Esta construcción conceptual, influyó en la última generación de textos legales regulatorios de las telecomunicaciones -post
privatización-, incluido nuestro país. Ello implica, para algunos, el fin de la consideración de las telecomunicaciones como servicio
público [125] , aunque para otros este concepto no altera ni sustituye la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones en orden a la
satisfacción de necesidades públicas, independientemente de las prestaciones mínimas garantizadas, resultando además “
quién es el encargado de ejecutar ese obrar público” [126] .
Esta breve caracterización por cierto no agota el tema: apenas introduce a él. Se profundizará en los capítulos que siguen, cuando nos
ocupemos de las recomendaciones del Libro Azul de la UIT, y posteriormente, del objeto medular de esta Introducción: la legislación
2.5.6 El Libro Azul de la UIT -LA-:
Este importante documento, que recoge la experiencia privatizadora latinoamericana vale decir, establece una serie de pautas o
previsiones que, aconseja, debe tener en cuenta una nueva legislación sobre la materia.
El LA consta de 11 Capítulos y 187 parágrafos. En el primero de ellos, “Introducción” señala que el documento será un “
dinámico o un punto de partida para estudios ulteriores”, surgido ante el vacío existente en materia de asesoramiento jurídico en la
materia. En efecto, se plantea, ni la CITEL ni la UIT “
han prestado suficiente atención a la asistencia a sus administraciones en lo
referente al establecimiento de un marco jurídico y regulatorio de las telecomunicaciones que les ayudase a hacer frente al nuevo
entorno cambiante de las telecomunicaciones”. En el Capítulo II, “Instrumento Básico para las telecomunicaciones” comienzan a
plantearse, en forma general, las características más convenientes para una futura legislación, a saber: a) Flexibilidad: cuanto más alta
sea la jerarquía del órgano legislativo, más general debe ser la norma; b) Delegación de autoridad: el marco jurídico debe depositar en un
“Órgano Regulador” el establecimiento de la política, normas y reglamentos del sector, para evitar demoras; c) Objetivos: se deben
establecer en la ley, incluyendo la meta básica de satisfacción del interés público y social; d) Participación pública: la ciudadanía en
general y las instituciones privadas interesadas, deben tener la posibilidad de conocer el proceso de regulación, participando en él.
Posteriormente, se indican una serie de epígrafes que pueden constituir posibles artículos, tales como “1) objetivos (
) velar por la
satisfacción del interés público y social; administrar y controlar el espectro radioeléctrico, 2) Órgano regulador: debería estar
separado de toda compañía de explotación de telecomunicaciones de forma que pueda actuar con independencia e imparcialidad. El
Órgano debería tener la suficiente autonomía en lo político, económico y administrativo para establecer sus propias reglas de
procedimiento, desempeñar todas sus funciones, adoptar normas y reglamentos (
3) Clasificar los servicios de telecomunicaciones y
establecer los conceptos básicos y políticos que los rigen (
clasificar estaciones (
asignar frecuencias (
autorizar los tipos de
equipos (
4) Establecer la política general respecto a precios y tarifas, teniendo en cuenta por un lado la necesidad de proteger al
público, y por otro, la carga administrativa que supone la vigilancia adecuada de estos temas (
5) Tasa; 6) procedimientos
administrativos -reglamentación, procedimientos generales, de regulación, de adjudicación, de apelación (las que deben incluir
reconsideración en el Órgano Regulador), participación pública, plazos-, 7) Sanciones: (
éstas pueden incluir multas, suspensión de
la explotación y revocación de licencias (
no obstante, (
deben ir acompañados de sanciones pecuniarias (
8) Estructura
económico-financiera: presupuestos, fuentes de ingreso y relaciones con el Tesoro Nacional del Órgano Regulador.”. No obstante lo
dicho, se advierte en el punto siguiente del Capítulo, titulado “Normas y Reglamentos”, una profundización de lo expresado. Así, se
establecen minuciosamente:
a) El régimen de licencias -idoneidad, período, renovación, formalidades, adjudicación concesión transferencia, etc.
b) Características, potestades y funciones del Órgano Regulador: éste establecerá y ejecutará las políticas de telecomunicaciones,
sancionará normas, administrará el espectro radiomagnético, se ocupará de la planificación estratégica del sector y la normalización de
los servicios -cuando correspondiera-, controlará los servicios de medios de comunicación de masas -TV por aire y por cable,
radiodifusión sonora, distribución multicanal terrenal y por satélite, etc.- Podrá atender también asuntos internacionales. Será
independiente e imparcial. Gozará de autonomía presupuestaria. Podrá se una entidad colegiada o un organismo a cuyo frente se
encuentre un “Director”. Sus miembros deberían ser nombrados por personas o instituciones distintas e independientes, por períodos
fijos, y ser inmunes a las disputas políticas, además de no tener intereses en compañías del sector. El órgano debería dictarse su
reglamento interno y organizar su estructura. Podrá delegar ciertas potestades regulatorias o administrativas a pequeños grupos o
paneles. Por último, debería estar separado de la órbita de proveedores de servicio, aunque resulte complejo y carpo para países en
desarrollo -por lo que deben establecerse certeras previsiones presupuestarias, cuyo financiamiento provendrá, entre otras fuentes, de las
tasas y tarifas por autorizaciones o licencias.
El Capítulo III, “Monopolio y Competencia”, procura fundamentar el cambio de paradigma que se verá cristalizado en la legislación que
se propone en el documento. En efecto, luego de plantear que “La distribución de energía eléctrica, el suministro de gas natural y la
distribución de agua a los domicilios son ejemplos históricos de monopolio natural
” y que “ ...
en este sentido, el mercado tradicional
de telecomunicaciones inalámbricas se ha considerado históricamente como un monopolio natural
se señala que “Las nuevas
tendencis de las radiocomunicaciones tienden a superar la inexorabilidad de los monopolios naturales en las telecomunicaciones, aún
en materia de telefonía local. Las telecomunicaciones celulares y personales ofrecen aún nuevos elementos a considerar por los entes
decisorios. De la misma manera, las técnicas de comprensión pueden hacer cambiar drásticamente los conceptos de distribución de
imagen, incluyendo la televisión por cable”. Todo esto, en definitiva, avizora una nueva etapa en el rubro, que deberá estar signada por
la competencia. Dentro de los beneficios que ésta ofrece, el documento destaca: “
Mayor eficiencia; b) Mejor respuesta a las
necesidades de la clientela (incluyendo precios y tarifas más atractivos); c) Innovación. Un entorno competitivo -continúa- crea fuertes
incentivos para que los proveedores del servicio sean eficaces de forma que, ofreciendo buenos productos con precios interesantes, no
pierdan clientela ante sus rivales. La satisfacción de las necesidades del cliente debe considerarse como un estímulo comercial y nunca,
como podría ocurrir en condiciones de monopolio, como un problema
”. Se acepta que “ ...
Evidentemente, puede haber razones,
distintas de un país a otro, que induzcan a la concesión de una explotación monopolística en determinadas situaciones, como pueden
ser: a) Monopolios naturales; b) Deseo de promover empresas de riesgo; c) Otros, dependiendo de las leyes nacionales y las políticas
por lo que el Órgano Regulador deberá evaluar, en uso a sus facultades, “
si la competencia se traducirá
probablemente en una oferta de comunicaciones mejor, más económica y de mejor respuesta
Después de este planteo general, comienza a analizar la situación de cada servicio en particular, y se concluye en que es necesario, para
satisfacer el interés público, que se regulen los monopolios se servicios básicos de telecomunicación. En este sentido, “
la legislación y del Órgano Regulador consiste en no dejar al público sin derecho a recurso ni a la merced del monopolista de un
El capítulo IV está referido a “Regulación y desregulación”, definiendo a la primera como a la “
venta de las acciones con derecho a
voto de una compañía de propiedad estatal (
a entidades privadas”. A continuación, señala que ambos conceptos son totalmente
distintos, consistiendo el segundo de los referidos en la “
libertad para crear y ofrecer nuevos servicios, así como para mejorar los
existentes en un contexto de mercado abierto
Si bien tienden a ir asociados en la práctica, pueden darse por separado. El documento
advierte también que si bien, en teoría “
una compañía de explotación de telecomunicaciones de propiedad estatal puede funcionar
con la misma eficacia que una compañía privada (
la historia muestra que esto no suele suceder frecue

References: resolución 
 Resolución 
in fine

Artículo 1
 Resolución 
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