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Timestamp: 2020-08-04 16:55:40+00:00

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SAN 38/2020, 15 de Junio de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 845436037
SAN 38/2020, 15 de Junio de 2020
Número de Recurso: 113/2020
ERTE POR COVID-19. SILENCIO POSITIVO. Ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ﬁjan las repercusiones del silencio... (ver resumen completo)
SENTENCIA: 00038/2020
SENTENCIA Nº: 38/2020
Fecha de Juicio: 11/5/2020
Fecha Sentencia: 15/6/2020
Tipo y núm. Procedimiento: CONFLICTOS COLECTIVOS 0000113 /2020
Demandante/s: FEDERACION ENSENANZA COMISIONES OBRERAS
Demandado/s: ANA NAYA GARCIA SL, DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
NIG: 28079 24 4 2020 0000115
CCO CONFLICTOS COLECTIVOS 0000113 /2020
Ponente Ilmo/a. Sr/a: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
SENTENCIA 38/2020
En MADRID, a quince de junio de dos mil veinte.
En el procedimiento CONFLICTOS COLECTIVOS 0000113 /2020 seguido por demanda de FEDEERACION ENSENANZA COMISIONES OBRERAS(letrado D. Pablo Manuel Simón Tejera), contra ANA NAYA GARCIA SL(letrado D. Herminio Duarte Molina) DIRECCION GENERAL DE TRABAJO,(Abogado del Estado) sobre CONFLICTO COLECTIVO. Ha sido Ponente el Ilmo./a. Sr./a. D./ña. EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA.
- Según consta en autos, el día 23 de abril de 2020 se presentó demanda por D. Enrique Lillo Pérez, letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid, actuando en nombre y representación de la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS, contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. de CONFLICTO COLECTIVO EN MATERIA DE IMPUGNACIÓN COLECTIVA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS por causa de FUERZA MAYOR.
Por Diligencia de Ordenación de veinticuatro de abril de dos mil veinte, se acordó requerir al actor para que, en el plazo de cuatro días, amplíe la demanda contra la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, habiéndose presentado escrito de fecha 28-04-20 por dicha parte ampliando la demanda contra LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL.
-La Sala designó ponente señalándose el día 11 de junio de 2020 para los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio en el que la parte demandante, se aﬁrmó y ratiﬁcó en su demanda, solicitando que se dicte sentencia por la que, se DECLARE NULA o en todo caso INJUSTIFICADA la medida empresarial adoptada por ANA NAYA GARCÍA S.L. consistente la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16 de marzo de 2020, en tanto en cuanto. permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, y en concreto, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida.
Frente a tal pretensión, la empresa demandada, se opone a la demanda, todo ello en los términos que resultan del acta de juicio y de la grabación de la vista oral.
El Abogado del Estado, se opone a la demanda, alega que, en el suplico de la demanda no se impugna la resolución administrativa, en cualquier caso, si se entendiese que se está impugnando la resolución administrativa presunta por silencio y después expresa, alega la excepción de inadecuación de procedimiento por considerar que el procedimiento adecuado es el de impugnación de actos administrativos regulado en el artículo 151 de la LRJS y la falta de agotamiento de la vía previa administrativa, todo ello en los términos que resultan del acta de juicio y de la grabación de la vista oral.
-La medida ha afectado a 187 contratos de trabajo.
-En este supuesto hubo aprobación del ERTE por silencio administrativo y posteriormente hubo resolución expresa.
-No se impugna la resolución administrativa.
La empresa demandada, cuya actividad es "centros de educación infantil" solicitó a la autoridad laboral, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la tramitación de ERTE por Fuerza Mayor como consecuencia del Covid-19. Dicha solicitud tenía como base las manifestaciones de la empresa, comunicadas a la Autoridad Laboral, en los términos siguientes:
" El artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 dispone que "Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de aﬂuencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, ..., tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre."
El mismo artículo, en la letra a) de su apartado segundo, indica la necesidad de elaborar un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19.
Fruto de la pandemia que padecemos, ha sido profusa la producción legislativa que afecta a nuestra actividad, concretamente:
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional durante quince días naturales.
El artículo 7 de del mismo limita la libre circulación de personas a determinadas actividades, entre las que no se encuentra la asistencia a escuelas de educación infantil.
En su artículo 9, el Real Decreto suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza.
Que dispone en su artículo 34: "Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido deﬁnido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse"
La totalidad de los ingresos de la empresa proviene de la explotación de centros de educación infantil de titularidad pública, desarrollados a través de contratos públicos con las Administraciones titulares de los centros.
Desde el pasado 14 de marzo de 2020, estamos impedidos para realizar actividad en nuestros centros; además, los usuarios de los mismos tienen restringida la libertad de poder acudir a los mismos.
Los contratos públicos que nos unen con las Administraciones Públicas titulares de los centros infantiles gestionados han quedado automáticamente suspendidos desde la fecha en que se produjo la situación que impidió su prestación; en todo caso desde el pasado 14 de marzo de 2020.
Por todo ello, la empresa está totalmente imposibilitada para continuar su actividad por las causas de fuerza mayor expuestas, por lo que debe suspender las relaciones laborales con la totalidad de su plantilla retrotrayendo los efectos de su decisión al 14 de marzo de 2020 y extendiéndolos hasta el 28 de marzo de 2020; sin perjuicio de las ulteriores extensiones o anticipo de las medidas 2 en función de la evolución de la situación."
El personal afectado es, según se colige de la memoria presentada por la demandada, la totalidad del personal de la empresa, en tanto que la misma se desarrolla, en exclusiva, para "la explotación de centros de educación infantil de titularidad pública, desarrollados a través de contratos públicos con las Administraciones titulares de los centros." (Descripción 2)
E.I.M. VEDRA Rúa Nande, 65. CP: 15885 San Fins de Sales - Vedra (A Coruña)
E.I.M. A ULLOA Largo A Ulloa, s/n. CP: 15884 Sigüeiro-Oroso (A Coruña)
E.I.M. A GUARDA Rúa O Rosal, 55. CP: 36780 A Guarda (Pontevedra)
E.I.M...
ATS, 14 de Julio de 2020

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 151
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 47
 Real Decreto 

Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 34
 real decreto 
 artículo 3