Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-426-00.htm
Timestamp: 2019-07-16 12:05:51+00:00

Document:
C-426-00
Sentencia C-426/00
En cumplimiento de la Constitución Política, el control formal de constitucionalidad que la Corte debe ejercer sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, recae sobre la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento, la competencia de los funcionarios intervinientes y el trámite dado a la ley aprobatoria en el Congreso.
PROTOCOLOS DE ENMIENDA Y LEY APROBATORIA-Convenio objeto de modificación en su oportunidad fueron incorporados a nuestro ordenamiento
PROTOCOLOS DE ENMIENDA Y LEY APROBATORIA-Convenio objeto de modificación tramitado y suscrito antes de 1991
PROTOCOLOS DE ENMIENDA Y LEY APROBATORIA-Contenido y alcance de convenios originarios
CONVENIO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDO A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 1969-Convenio fondo
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDO A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 1969-Realización efectiva del convenio originario
DIVERSIDAD E INTEGRIDAD DEL AMBIENTE-Protección por el Estado
SERVICIO PUBLICO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-Atención y garantía de prestación efectiva por el Estado
SANEAMIENTO AMBIENTAL POR DERRAME DE HIDROCARBUROS-Responsabilidad del Estado
SANEAMIENTO AMBIENTAL POR DERRAME DE HIDROCARBUROS-Reparación patrimonial
PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDO A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 1971-Objetivo y alcance del Convenio Fondo originario y actualización de términos del mismo
FUERO INTERNACIONAL DE COMPENSACION POR CONTAMINACION DE PETROLEO-Finalidad
Referencia: expediente L.A.T. 158
Revisión de constitucionalidad de la Ley 523 de 12 de agosto de 1999 "por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971", hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
Santafé de Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil (2000).
El 18 de agosto de 1999, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio sin número, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 523 de 12 de agosto de 1999 "por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971", hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
El día 6 de septiembre de 1999, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 523 de 12 de agosto de 1999 y de la Convención que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: Solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el envío de copia del expediente legislativo correspondiente al trámite de dicha ley en el Congreso de la República, así mismo ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara quien suscribió y con qué poderes los protocolos de la referencia a nombre de la República de Colombia, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado del expediente al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia.
INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION
POR HIDROCARBUROS, 1969
El Convenio enmendado por las disposiciones del presente Protocolo es el convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, en adelante llamado el "Convenio de Responsabilidad Civil, 1969". Por lo que respecta a los Estados que son Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, toda referencia a éste se entenderá como hecha también al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por dicho Protocolo.
"1 ‘Buque’: toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, del tipo que sea, construido o adaptado para el transporte de hidrocarburos a granel como carga, a condición de que el buque en el que se puedan transportar hidrocarburos y otras cargas sea considerado como tal sólo cuando esté efectivamente transportando hidrocarburos a granel como carga y durante cualquier viaje efectuado a continuación de ese transporte a menos que se demuestre que no hay a bordo residuos de los hidrocarburos a granel de dicho transporte."
"5 ‘Hidrocarburos’: todos los hidrocarburos persistentes de origen mineral, como crudos de petróleo, fueloil, aceite diesel pesado y aceite lubricante, ya se transporten éstos a bordo de un buque como carga o en los depósitos de combustible líquido de ese buque".
"6 ‘Daños ocasionados por contaminación’:
"8 ‘Suceso’: todo acaecimiento o serie de acaecimientos de origen común de los que se deriven daños ocasionados por contaminación o que creen una amenaza grave e inminente de causar dichos daños".
"9 ‘Organización’: La organización Marítima Internacional".
"10 ‘Convenio de Responsabilidad Civil, 1969’: el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969. Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente a ese convenio se entenderá que la expresión incluye el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por dicho Protocolo".
"1 Salvo en los casos estipulados en los párrafos 2º y 3º del presente artículo, el propietario del buque al tiempo de producirse un suceso o, si el suceso está constituido por una serie de acaecimientos, al tiempo de producirse el primero de éstos, será responsable de todos los daños ocasionados por contaminación que se deriven del buque a consecuencia del suceso".
Se sustituye el artículo IV del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, por el siguiente texto:
"Cuando se produzca un suceso en el que participen dos o más buques y de él se deriven daños ocasionados por contaminación, los propietarios de todos los buques de que se trate, a menos que en virtud del artículo III gocen de exoneración, serán solidariamente responsables respecto de todos los daños que no quepa asignar razonablemente a nadie por separado".
El artículo V del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
"2 El propietario no tendrá derecho a limitar su responsabilidad en virtud del presente convenio si se prueba que los daños ocasionados por contaminación se debieron a una acción o a una omisión suyas, y que actuó así con intención de causar esos daños, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originarían tales daños".
"3 Para poder beneficiarse de la limitación estipulada en el párrafo 1º del presente artículo, el propietario tendrá que constituir un fondo cuya suma total sea equivalente al límite de su responsabilidad, ante el tribunal u otra autoridad competente de cualquiera de los Estados Contratantes en que se interponga la acción en virtud del artículo IX o, si no se interpone ninguna acción, ante cualquier tribunal u otra autoridad competente de cualquiera de los Estados Contratantes en que pueda interponerse la acción en virtud del artículo IX. El fondo podrá constituirse depositando la suma o aportando una garantía bancaria o de otra clase que resulte aceptable con arreglo a la legislación del Estado Contratante en que aquél sea constituido y que el tribunal u otra autoridad competente considere suficiente".
"9 a) La unidad de cuenta a que se hace referencia en el párrafo 1º del presente artículo es el Derecho Especial de Giro, tal como éste ha sido definido por el Fondo Monetario Internacional. Las cuantías mencionadas en el párrafo 1º se convertirán en moneda nacional utilizando como base el valor que tenga esa moneda en relación con el Derecho Especial de Giro, en la fecha de constitución del fondo a que se hace referencia en el párrafo 3º. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado Contratante que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará por el método de evaluación efectivamente aplicado en la fecha de que se trate por el Fondo Monetario Internacional a sus operaciones y transacciones. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado Contratante que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará del modo que determine dicho Estado.
9 c) El cálculo a que se hace referencia en la última frase del párrafo 9 a) y la conversión mencionada en el párrafo 9 b) se efectuarán de modo que, en la medida de lo posible, expresen en la moneda nacional del Estado Contratante las cuantías a que se hace referencia en el párrafo 1º, dando a éstas el mismo valor real que el que resultaría de la aplicación de las tres primeras frases del párrafo 9 a). Los Estados Contratantes informarán al depositario de cuál fue el método de cálculo seguido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 a), o bien el resultado de la conversión establecida en el párrafo 9 b), según sea el caso, al depositar el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación del presente convenio o de adhesión al mismo, y cuando se registre un cambio en el método de cálculo o en las características de la conversión".
El artículo VII del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
El artículo IX del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
"1 Cuando de un suceso se hayan derivado daños ocasionados por contaminación en el territorio, incluido el mar territorial, o en una zona a la que se hace referencia en el artículo II, de uno o más Estados Contratantes, o se hayan tomado medidas preventivas para evitar o reducir al mínimo los daños ocasionado por contaminación en ese territorio, incluido el mar territorial o la zona, sólo podrán promoverse reclamaciones de indemnización ante los tribunales de ese o de esos Estados Contratantes. El demandado será informado de ello con antelación suficiente".
A continuación del artículo XII del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, se intercalan dos nuevos artículos cuyo texto es el siguiente:
a) Cuando de un suceso se deriven daños ocasionados por contaminación que queden comprendidos en el ámbito del presente convenio, se entenderá que la obligación contraída en virtud del presente convenio ha de cumplirse si también se da en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, y en la medida que se fije;
c) En la aplicación del artículo III, párrafo 4, del presente convenio la expresión "el presente convenio" se interpretará como referida al presente convenio o al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, según proceda;
Se sustituye el modelo de certificado adjunto al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, por el modelo que acompaña al presente protocolo.
2. Los artículos I al XII ter, incluido el modelo de certificado, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente protocolo, tendrán la designación del Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992 (Convenio de Responsabilidad Civil, 1992).
5. Un Estado que sea parte del Protocolo, pero que no sea parte en el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, estará obligado por lo dispuesto en el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente protocolo, en relación con los demás Estados Partes en el presente protocolo, pero no estará obligado por lo dispuesto en el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, respecto de los Estados Partes en dicho Convenio.
Enmiendas de las cuantías de limitación
5. En su decisión relativa a propuestas destinadas a enmendar los límites, el Comité Jurídico tendrán en cuenta la experiencia que se tenga de los sucesos y especialmente la cuantía de los daños que de ellos se deriven, la fluctuación registrada en el valor de la moneda y el efecto que tenga la enmienda propuesta en el costo del seguro. Tendrá también en cuenta la relación existente entre los límites señalados en el artículo V, párrafo 1, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente protocolo y los que estipula el párrafo 4 del artículo 4 del Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992.
10. Cuando una enmienda haya sido aprobada por el Comité Jurídico, pero el período de dieciocho meses necesarios para su aceptación no haya transcurrido aún, un Estado que se haya constituido en Estado Contratante durante ese período estará obligado por la enmienda si esta entra en vigor. Un Estado que se constituya un Estado Contratante después de ese período estará obligado por toda enmienda que haya sido aceptada de conformidad con el párrafo 7. En los casos a que se hace referencia en el presente párrafo, un estado empezará a estar obligado por una enmienda cuando esta entre en vigor, o cuando el presente protocolo entre en vigor respecto de ese Estado, si la fecha en que ocurra esto último es posterior.
4. Entre las partes en el presente protocolo, la denuncia por cualquiera de ellas del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, de conformidad con el artículo XVI de este, no se interpretará en modo alguno como denuncia del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente protocolo.
a) Informará a todos los Estados que hayan firmado el protocolo o se
hayan adherido al mismo, de:
Nombre Número o letras Puerto de Nombre y dirección
del buque distintivos matrícula del propietario
En................................ a ............................................................
INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1971
El Convenio enmendado por las disposiciones del presente protocolo es el Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, en adelante llamado el "Convenio del Fondo, 1971". Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente al Convenio del Fondo, 1971, toda referencia a éste se entenderá como hecha también al Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por dicho protocolo.
El artículo 1º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
"1. ‘Convenio de responsabilidad Civil, 1992’: el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992."
"1 bis ‘Convenio del Fondo, 1971": el Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971. Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente a ese convenio, se entenderá que la expresión incluye el Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por dicho protocolo."
"2. ‘Buque’, ‘persona’, ‘propietario’, ‘hidrocarburos’, ‘daños ocasionados por contaminación’, ‘medidas preventivas’, ‘sucesos’ y ‘Organización’: términos y expresiones cuyo sentido es el que se les da en el artículo I del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992".
"4. ‘Unidad de cuenta’: expresión que tiene el mismo significado que en el artículo V, párrafo 9, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992."
"5. ‘Arqueo del buque’: expresión que tiene el mismo significado que en el artículo V, párrafo 10, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992."
"7. ‘Fiador’: toda persona que provee un seguro u otra garantía financiera destinada a cubrir la responsabilidad del propietario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo VII, párrafo 1, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992."
El artículo 2 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
"1 Por el presente convenio se constituye un ‘Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992’, en adelante llamado ‘el Fondo’, con los fines siguientes:
Se sustituye el artículo 3º del Convenio del Fondo, 1971, por el siguiente texto:
El encabezamiento que precede a los artículos 4º a 9º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado mediante la supresión de las palabras "y resarcimiento".
El artículo 4º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
d) Los intereses acumulados con respecto a un fondo constituido de conformidad con el artículo 5º, párrafo 3, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, si los hubiere, no se tendrán en cuenta para la determinación de la indemnización máxima pagadera por el Fondo en virtud del presente artículo;
Se suprime el artículo 5º del Convenio del Fondo, 1971.
El artículo 6º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. En el párrafo 1 se suprimen el número del párrafo y las palabras "o los de resarcimiento estipulados en el artículo 5º".
El artículo 7º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
2. En el párrafo 1 se suprimen las palabras "o de resarcimiento, en virtud del artículo 5º".
3. En la primera frase del párrafo 3 se suprimen las palabras "o de resarcimiento" y "o en el artículo 5º".
En el artículo 8º del Convenio del Fondo, 1971, se sustituye la referencia al "Convenio de Responsabilidad" por una referencia al "Convenio de Responsabilidad Civil, 1992".
El artículo 9º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
"1. El Fondo podrá, respecto de cualquier cuantía de indemnización de daños ocasionados por contaminación que el Fondo pague de conformidad con el artículo 4º, párrafo 1, del presente Convenio, adquirir por subrogación, en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, los derechos de que pudiera gozar la persona así indemnizada contra el propietario o su fiador."
El artículo 10 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
Se suprime el artículo 11 del Convenio del Fondo, 1971.
El artículo 12 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
• 2. En el párrafo 1 i), subpárrafos b) y c), se suprimen las palabras "o del artículo 5º" y se sustituyen las palabras "15 millones de francos" por las palabras "cuatro millones de unidades de cuenta".
El artículo 13 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 15 del Convenio del Fondo, 1971:
El artículo 16 del Convenio del Fondo, 1971, se sustituye por el siguiente texto:
El artículo 18 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
El artículo 19 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
Se suprimen los artículos 21 a 27 del Convenio del Fondo, 1971 y los títulos de dichos artículos.
El artículo 29 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
En el párrafo 1 del artículo 31 del Convenio del Fondo, 1971, se suprimen las palabras "en el Comité Ejecutivo y".
El artículo 32 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
El artículo 33 del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado como a continuación se indica:
El artículo 35 del Convenio del Fondo, 1971, se sustituye por el siguiente texto:
"No podrán promoverse contra el Fondo las reclamaciones de indemnización estipuladas en el artículo 4º por sucesos ocurridos después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, antes de que hayan transcurrido 120 días contados a partir de esa fecha."
A continuación del artículo 36 del Convenio del Fondo, 1971, se intercalan cuatro nuevos artículos, cuyo texto es el siguiente:
a) En la aplicación del párrafo 1 a) del artículo 2º del presente Convenio, la referencia al Convenio sobre Responsabilidad Civil, 1992, incluirá referencias al Convenio internacional sobre la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, en su versión original o en su forma enmendada por el Protocolo de 1976 correspondiente a ese Convenio (al que se alude en el presente artículo como ‘Convenio de Responsabilidad Civil, 1969’) y así mismo, al Convenio del Fondo, 1971;
c) En la aplicación del artículo 4º del presente Convenio la cuantía que deberá tenerse en cuenta al determinar el valor total de la indemnización que el Fondo haya de pagar también incluirá toda cuantía de indemnización efectivamente pagada en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, si se produjo ese pago y la cuantía de indemnización efectivamente pagada o de la que se considere que ha sido pagada en virtud del Convenio del Fondo, 1971;
a) La Secretaría del Fondo constituido en virtud del Convenio del Fondo, 1971 (en adelante llamado el ‘Fondo 1971’) dirigida por el Director, podrá también desempeñar las funciones de Secretaría y de Director del Fondo;
Información relativa a los hidrocarburos sujetos a contribución
Denuncia de los Convenios de 1969 y de 1971
Enmienda de los límites de indemnización
3. Todos los Estados Contratantes del Convenio del Fondo, 1971, en su
forma enmendada por el presente Protocolo, sean o no miembros de la organización, tendrán derecho a participar en las deliberaciones del Comité Jurídico cuyo objeto sea examinar y aprobar enmiendas.
Períodos de sesiones extraordinarios de la asamblea
1. Todo Estado Contratante podrá, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se haya depositado un instrumento de denuncia que en su opinión origine un aumento considerable en el nivel de las contribuciones de los demás Estados contratantes, pedir al Director que convoque un período de sesiones extraordinario de la Asamblea. El director convocará la asamblea a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de recepción de la petición.
3. Si en el curso de un período de sesiones extraordinario convocado de conformidad con los párrafos 1 ó 2, la asamblea decide que la denuncia va a originar un aumento considerable en el nivel de las contribuciones de los demás Estados contratantes, cualquiera de éstos podrá, a más tardar, dentro de los ciento veinte días previos a la fecha en que la denuncia surta efecto, denunciar a su vez el presente Protocolo, y esta segunda denuncia surtirá efecto a partir de la misma fecha que la primera.
Liquidación del Fondo
1. La Asamblea tomará todas las medidas adecuadas para dar fin a la liquidación del Fondo, incluida la distribución equitativa, entre las personas que hayan contribuido al mismo, de cualesquiera bienes que puedan quedar.
2. A los efectos del presente artículo, el Fondo seguirá siendo una persona jurídica.
a) Informará a toso los Estados que hayan firmado el Protocolo o se hayan adherido al mismo, de:
i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de un instrumentos, así como de la fecha en que se produzcan tales firma o depósito;
1. Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el Secretario General de la Organización remitirá el texto a la Secretaría de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
El señor Procurador General de la Nación emitió, dentro del término establecido, concepto favorable sobre la constitucionalidad del instrumento internacional que se revisa y de la ley que lo aprobó; no obstante, señala que es necesario verificar previamente algunos requisitos de forma, en relación con el trámite de dicha ley aprobatoria.
En lo relacionado con la suscripción de los Protocolos, expresa la vista fiscal, que dado que el mismo no fue suscrito por ningún funcionario que invocara la representación de nuestro país, sino que de ser declarado constitucional el gobierno procederá a adherirse al instrumento, previo su depósito en la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional -OMI- siguiendo lo previsto en el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, encuentra que el procedimiento surtido se aviene en todo a la Constitución.
En cuanto al trámite que se le debió dar a la Ley 523 de 1999, señala que a ésta le correspondía el establecido en la Constitución para las leyes ordinarias, según lo establecido en los artículos 157, 158 y 160 de la Carta.
En efecto, dice el señor Procurador que el proyecto de ley y su exposición de motivos fueron presentados al Senado de la República por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Dra. María Emma Mejía Vélez y de Minas y Energía, Dr. Orlando Cabrales Martínez, el día 8 de octubre de 1997, siendo publicados en la Gaceta del Congreso No. 423 del 9 de octubre de 1997; así mismo, que su discusión se inició en la Comisión Segunda del Senado con la ponencia presentada por los Congresistas Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y Gustavo Galvis Hernández, ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 496 de 1997.
Una vez presentadas las respectivas ponencias, los debates se produjeron de conformidad con los términos que para la iniciación y la aprobación están dispuestos en la Constitución, es decir, de ocho días entre el primero y segundo debate en cada Cámara y de no menos de quince días entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra; sin embargo, anota el Procurador, que esta Corporación debe verificar la aprobación del proyecto de ley en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes. Agrega finalmente, que el proyecto de ley obtuvo la correspondiente sanción presidencial que lo convirtió en ley de la República.
Una vez verificado el trámite de la ley, concluye el representante del Ministerio Público, que el mismo se ajustó a las disposiciones constitucionales y por lo tanto le solicita a esta Corporación que así lo declare, una vez confirme la aprobación del proyecto de ley en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes.
En lo referente al análisis material del tratado, el Procurador no hace ningún reparo constitucional al mismo, pues en su criterio, éste guarda perfecta consonancia con nuestra Carta Política, ya que en esencia sus disposiciones están dirigidas en preservar el medio ambiente de los países signatarios, imponiendo mecanismos que tiendan a evitar la contaminación de las aguas marítimas, con el derrame de hidrocarburos, para la cual establece la responsabilidad civil de los propietarios de buques y otras personas involucradas en el transporte por mar de esta clase de sustancias y diseña mecanismos que permitan hacerla efectiva, especialmente para las víctimas de dichos siniestros, encontrando tales objetivos pleno respaldo en los artículos 79 y 80 del ordenamiento superior, que reflejan la concepción ambientalista que inspira nuestro máximo estatuto.
El instrumento, concluye el Procurador en su concepto, es “...un avance de la comunidad internacional en su lucha contra los efectos depredatorios del derrame en el mar de un elemento de inmensa capacidad contaminante como los hidrocarburos, los cuales con frecuencia ocasionan verdaderas catástrofes ecológicas en los mares del mundo.”
En el caso de la referencia, de conformidad con la certificación expedida por la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores[1], contenida en oficio del 17 de septiembre de 1999, el Gobierno de Colombia no participó en el proceso de negociación de los protocolos objeto de estudio, por lo cual, de una parte no hay lugar a que la Corte verifique el poder de los negociadores o firmantes del mismo, y de otra, como lo ha señalado en anteriores oportunidades[2], de la presente revisión depende, en los términos del artículo 241-10 de la Carta, la posibilidad de que el Presidente de la República manifieste la voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento adhiriendo al mismo, tal como lo señalan los artículos 12 del Protocolo 1992, que enmienda el Convenio de Responsabilidad Civil, y el artículo 28 del Protocolo 1992 que enmienda el Convenio Fondo 1971.
a) El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de los entonces Ministros de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, doctora María Emma Mejía Velez y doctor Orlando Cabrales Martínez, el día 8 de octubre de 1997. El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 423 del 9 de octubre de 1997. (folio 250)
b) La Comisión Segunda del Senado de la República designó como ponentes para primer debate a los congresistas Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y Gustavo Galvis Hernández cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 496 de 1997. (folio 266)
c) El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 26 de noviembre de 1997 por 7 votos a favor y ninguno en contra, según certificación expedida por la Secretaría General de la misma, de fecha septiembre 14 de 1999 (folio 249).
d) La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por los Congresistas antes mencionados y publicada en la Gaceta del Congreso No. 523 del día 10 de diciembre de 1997. (folio 272)
e) El proyecto de ley con el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, legales y constitucionales, fue aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 16 de diciembre de 1997, acta No. 23 publicada en la Gaceta del Congreso No. 554 del 23 de diciembre del mismo año (página 15), según constancia expedida por el Secretario General de esa Corporación el día 27 de septiembre de 1999. (folios 280-281)
f) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Congresista Mario Alvaro Celis (folios 91-92) y publicada en la Gaceta del Congreso No. 104 del 20 de mayo de 1999.
g) La ponencia para segundo debate fue presentada por el mismo representante (folios 86-87) y publicada en la Gaceta del Congreso No. 146 del 8 de junio de 1999, con lo cual se verifica el requisito al que se refiere el señor Procurador en su concepto.
h) El proyecto de ley, de conformidad con lo certificado por el Presidente de la Cámara de Representantes en oficio SG22 1694/99 de junio 22 de 1999 (folio 84), fue aprobado en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa Corporación, el día 19 de mayo, y en sesión plenaria de la misma el 15 de junio de 1999, tal como aparece registrado en la Gaceta del Congreso No. 236 del 9 de agosto de 1999. Con lo anterior se constata el cumplimiento del requisito cuya verificación solicitó el Procurador en su concepto.
i) El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del tratado el día 12 de agosto de 1998.
De otra parte, ordena el artículo 160 superior que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara deberá mediar un plazo no inferior a ocho días, y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días, requisitos formales que se cumplieron de manera estricta según se desprende de las Gacetas del Congreso en las que se hicieron las respectivas publicaciones y de las certificaciones y constancias expedidas y remitidas por las Secretarías Generales de las respectivas cámaras legislativas a esta Corporación.
En conclusión, la ley 523 de 12 de agosto de 1999, en su aspecto formal, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 145, 146, 154, 157, 158 y 160 de la Constitución Política.
El "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971", hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), conforman el instrumento objeto de revisión. Ellos constan, el primero de 18 artículos y un anexo, y el segundo de 39 artículos, a través de los cuales los países signatarios de los Convenios originarios, acuerdan modificar y complementar algunos aspectos de sus respectivos contenidos, con el objeto de hacer efectiva, justa y equitativa, la responsabilidad civil que surge en los eventos en que se producen siniestros por derrame de hidrocarburos transportados en buques de un país a otro.
A continuación se examinarán las disposiciones esenciales de cada uno de esos Protocolos, con el objeto de verificar la constitucionalidad de las mismas y determinar si el gobierno nacional puede proceder a adherir a los mismos, si al hacerlo debe manifestar su consentimiento pero formulando alguna reserva de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 superior, o si por el contrario debe abstenerse de hacerlo.
1. Los Convenios objeto de modificación en su oportunidad fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.
Dado que esta oportunidad le corresponde a la Corte verificar la constitucionalidad de las disposiciones de un instrumento internacional compuesto por dos protocolos, que modifican y complementan el contenido de dos anteriores, lo primero que deberá establecer es si los Convenios originales fueron debidamente incorporados al ordenamiento jurídico nacional.
En efecto, son dos los Protocolos que integran el instrumento objeto de revisión, ambos producidos en Londres el 27 de noviembre de 1992; el primero modifica “el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1969”, el cual fue aprobado, junto con su Protocolo de 1976, a través de la Ley 55 del 7 de noviembre de 1989, con lo que se entiende debidamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, pues por tratarse de un instrumento tramitado y suscrito antes de 1991, esto es bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y de la Ley 7ª. de 1944, éste no estaba sometido a control constitucional previo, el cual como lo ha señalado esta Corporación,
“...no se puede ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados, [lo que] se entiende como un reflejo natural de la supranacionalidad en este tipo de convenios que comprometen a la Nación, como persona de derecho público internacional, en un acto en el que ha perfeccionado su voluntad y en donde ningún organismo de carácter interno, ni siquiera el órgano encargado de la jurisdicción constitucional, puede entrar a revisar aquello que es ley entre las partes, siendo tales los Estados vinculados. ...” (Corte Constitucional, Sentencia C-276 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)
Lo anterior indica, que lo que le corresponde analizar a la Corte en esta ocasión, es si las normas modificatorias y complemenatarias que contiene ese Protocolo, se avienen y son concordantes con el ordenamiento superior actualmente vigente, esto es con las disposiciones de la Carta Política de 1991.
El segundo Protocolo objeto de examen de constitucionalidad, enmienda “el Convenio Internacional sobre constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación de hidrocarburos, 1971”, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional a través de la Ley 257 de 1996, y previo el control de constitucionalidad que ordena el artículo 241 de la C.P, posteriormente declarado exequible por esta Corporación, junto con su ley aprobatoria, a través de la Sentencia C-359 de 1996[3], con lo cual quedó debidamente incorporado al ordenamiento jurídico nacional.
Así las cosas, procederá la Corte a verificar si las normas modificatorias y complementarias contenidas en los protocolos sobre los que recae el control de constitucionalidad, se avienen y son armónicas con las disposiciones del ordenamiento superior vigente.
2. Del contenido y alcance de los Convenios Originarios, modificados por los protocolos que constituyen el instrumento objeto de control de constitucionalidad.
El Convenio de Responsabilidad Civil, que como se anotó antes fue aprobado por el Congreso a través de la ley 55 de 1989, “rige la responsabilidad de los dueños de los buques que causen daños por derrame de petróleo”, creando un “sistema de aseguramiento obligatorio por responsabilidad”, en virtud del cual el dueño del buque podía limitar su responsabilidad a un monto relacionado con el tonelaje de su barco.
El Convenio Fondo, complementario del anterior, lo que hace es establecer un régimen de compensación que opera paralelo al Convenio de Responsabilidad Civil, en los eventos en que las víctimas de los respectivos siniestros tengan una compensación insuficiente o inadecuada proveniente del convenio de responsabilidad.
“El Convenio Fondo, “... crea el Fondo Internacional de Compensación por contaminación de petróleo (Fondo IOPC) existente desde 1978, el cual es una organización intergubernamental mundial establecida con el propósito de administrar el régimen de compensación creado por el Convenio Fondo. Al Convertirse en parte del Convenio Fondo, un Estado se convierte en miembro del Fondo IOPC, del cual el 1º. de julio de 1996, 69 estados eran parte, así como 96 formaban parte del Convenio de Responsabilidad Civil (incluyendo a Colombia).”[4]
Sobre los objetivos y alcance de dicho Convenio Fondo, al efectuar el respectivo control de constitucionalidad, esta Corporación, remitiéndose al aparte introductivo del mismo consignó lo siguiente:
“Los Estados Partes, partícipes del “Convenio de Responsabilidad”, son conscientes de los peligros de contaminación que crea el transporte marítimo internacional de hidrocarburos a granel, de la necesidad de asegurar una indemnización a la víctimas de los daños por contaminación causados por derrames y descargas de hidrocarburos de buques, dado que dicho Convenio no proporciona en todos los casos una indemnización plena a las víctimas de los daños por contaminación de hidrocarburos, y que los referidos daños no deben ser soportados exclusivamente por la industria naviera sino también por los intereses de la carga, expresan la necesidad de crear un sistema de compensación e indemnización que complemente lo establecido por el referido Convenio para asegurar una plena indemnización a las víctimas de los daños de la contaminación y exonerar al mismo tiempo al propietario de las obligaciones suplenatarias previstas en éste.”[5]
Para la Corte el contenido de ese Convenio Fondo se ajusta en todo a la Constitución, razón por la cual, a través de la ya citada Sentencia C-359 de 1996, lo declaró exequible; dijo entonces esta Corporación:
“ La conformación del Fondo es un desarrollo práctico del mandato consignado en el artículo 226, pues es una forma de promover la internacionalización de las relaciones ecológicas y de asegurar la cooperación de otros Estados, con miras a contrarrestar los efectos de la contaminación por el derrame de hidrocarburos en el territorio o en el mar territorial, con motivo de su transporte, y de asegurar la reparación de los perjuicios ocasionados a las víctimas de los correspondientes siniestros.
“ El Convenio, consulta en un todo el sistema normativo ambiental contenido en la Constitución y al cual se hizo referencia y desarrolla los principios que rigen la responsabilidad en materia ambiental, en el sentido de que todo aquél que causa un daño al ambiente debe indemnizarlo, indemnización que comprende diferentes variables, es decir que no está sólo destinada a reparar, restaurar o sustituir los elementos ambientales afectados, sino también a minimizar o reducir sus efectos, y a reparar los perjuicios a las víctimas que han sufrido en concreto el daño.”[6]
Ahora bien, el instrumento objeto de control en esta oportunidad, que como se anotó antes está constituido por dos protocolos que enmiendan, uno el Convenio de Responsabilidad y otro del Convenio Fondo, lo que hace es modificar el contenido de varias de las disposiciones de aquéllos, ampliándolas o precisándolas, e introducir algunas cláusulas complementarias, lo que indica que la Corte deberá a continuación establecer, si las mismas no sólo no desvirtúan el objeto y contenido de los convenios originarios, sino si son armónicas con la Constitución. Al efecto, realizará el análisis individual de cada uno de los Protocolos.
3. El Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969.
En la exposición de motivos que presentó el Gobierno ante el Congreso, se señala que los protocolos objeto de control, “ofrecen límites de compensación más altos y un alcance más amplio en su aplicación que las convenciones originales”. Esta afirmación, en lo que hace al Convenio de Responsabilidad se corrobora al comparar los respectivos textos, pues se encuentra lo siguiente:
En primer lugar, en el artículo 2 del Protocolo sobre el que se ejerce control, sustituyendo las respectivas definiciones se precisan y actualizan conceptos básicos y esenciales para la implementación y operatividad de los Convenios, las cuales en los textos originales aparecían restringidas en su contenido; es el caso de los conceptos de “buque”, “hidrocarburos”, “daños ocasionados por contaminación”, “suceso”, etc.
En el artículo 3, se precisa el ámbito de aplicación del Convenio de Responsabilidad, incluyendo, además del territorio del Estado contratante con su mar territorial, la zona económica exclusiva de un Estado contratante, establecida de conformidad con el derecho internacional, o de no estarlo, un área situada más allá del mar territorial, adyacente a dicho mar, que no se extienda más de doscientas millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de dicho Estado.
En el artículo 4, que enmienda el artículo III del Convenio originario, de una parte se precisa la responsabilidad del propietario del buque y de otra, se relacionan taxativamente aquéllos contra quienes no es viable reclamación por indemnización de daños ocasionados por contaminación, entre ellos, los empleados o agentes del propietario del buque, sus tripulantes, los fletadores, gestores navales o armadores, y las personas que realicen operaciones de salvamento.
En cuanto a los artículos 5 y 6, como lo anota el Procurador en su concepto, éstos desarrollan lo correspondiente a la responsabilidad propiamente dicha, estableciendo cuando ella es solidaria si en el siniestro intervienen varios buques, y cuando se limita a uno de los propietarios.
El artículo 7, que enmienda el artículo VII del convenio originario, contiene precisiones relativas la expedición de seguros y garantías financieras y a la refrendación de autorizaciones en los respectivos Estados Partes. Así mismo, se precisa lo relativo a límites de responsabilidad, a su aplicabilidad y a la legitimidad para exigirlos.
El artículo 9 introduce algunas nuevas disposiciones, dirigidas en su mayoría a regular el procedimiento aplicable respecto de siniestros ocurridos antes o durante el trámite de expedición de los protocolos modificatorios.
Los demás artículos, esto es los comprendidos entre el 12 y el 18, consagran lo relativo a la firma, ratificación y adhesión del instrumento que se revisa, a su entrada en vigor, a la revisión y enmienda de los protocolos que lo constituyen, al proceso que se debe surtir para enmendar los límites de responsabilidad que ellos consagran, y lo concerniente a la denuncia y depósito de dicho instrumento.
Es claro, que cada una de las disposiciones del Protocolo de 1992, que enmendó el Convenio de Responsabilidad Civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1969, esta concebida para propiciar una realización efectiva de lo dispuesto en el Convenio originario, cuyo objeto es garantizar una indemnización suficiente a las personas que sufran daños causados por la contaminación resultante del derrame de hidrocarburos y adoptar a escala internacional reglas y procedimientos para dirimir toda cuestión de responsabilidad y prever una indemnización equitativa.
Al efecto, el Protocolo modificatorio introduce cambios y normas complementarias con las que pretende hacer más ágiles y fluidos los distintos procedimientos aplicables, y actualiza los términos y conceptos básicos que se desarrollan en el mismo, propósito que encuentra plena justificación en las disposiciones de nuestro ordenamiento superior, que no sólo propenden por la protección integral del medio ambiente, entendido como un derecho fundamental colectivo de cuya realización depende, en gran medida, la garantía que el ordenamiento superior consagra para derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, sino que le imponen al Estado la obligación, específicamente a través del inciso segundo del artículo 79 de la Carta, de “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, precepto sobre el cual esta Corporación ha dicho lo siguiente:
“Del mandato constitucional consagrado en el artículo 79, se colige que es responsabilidad del Estado atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los principios de universalidad y solidaridad. Todas esas obligaciones están dirigidas a la preservación , conservación y protección del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general.” (Corte Constitucional, Sentencia SU-442 de 1997)
Es decir, que el saneamiento ambiental es una obligación a cargo del Estado, de rango constitucional, cuyo desarrollo implica, entre otras muchas responsabilidades, la adopción de medidas que sirvan para enfrentar situaciones de siniestro y por lo menos compensen las pérdidas individuales y el detrimento patrimonial de las personas que se ven afectadas, en este caso por el derrame de hidrocarburos transportados por vía marítima, cumpliendo así de manera simultánea el mandato consagrado en el artículo 2 de la Carta, que señala como fines esenciales del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y le atribuye a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos libertades.
De otra parte, las normas analizadas contribuyen y desarrollan el mandato constitucional consagrado en el artículo 80 superior, que le ordena al Estado “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” y cooperar “...con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en la zona fronteriza”, propósitos que encuentran plena realización en los convenios originarios y en los protocolos que los enmiendan, éstos últimos sometidos ahora a control de constitucionalidad.
Ahora bien, es tal la dimensión de dichos siniestros, y el costo de las labores de recuperación, que sólo un esfuerzo solidario y mancomunado de los países involucrados, garantiza una atención inmediata y eficaz para contrarrestarlos y la posibilidad de reparación patrimonial. Tales propósitos, que son los del Protocolo objeto de revisión, realizan también lo dispuesto en el artículo 226 de la Carta Política, que establece que el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales, y ecológicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
4. El Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971.
Cuando la Corte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241-10 de la C.P., ejerció control de constitucionalidad sobre el Convenio Fondo, resolvió declararlo ajustado al ordenamiento superior, sustentando su decisión, entre otros, en los siguientes argumentos:
“Se conviene constituir un Fondo internacional de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, cuyos fines básicos son: indemnizar a las víctimas de los daños causados por contaminación en la medida en que la protección establecida en el Convenio de Responsabilidad resulte insuficiente y exonerar a los propietarios de las obligaciones financieras suplementarias que para ello se derivan del Convenio de Responsabilidad.
“Los problemas ambientales y específicamente los factores que conducen al deterioro ambiental, no se pueden considerar en sus consecuencias, como asuntos que atañan exclusivamente a un país en particular, pues aquéllos pueden tener efectos y repercutir y por lo tanto concernir a alguno o todos los estados. Es decir, que la necesidad de preservar un ambiente sano, constituye un interés universal de los Estados. La repercusión internacional en el manejo, administración y explotación de los recursos y de los problemas ambientales, impone la necesidad de que a través de tratados o convenios internacionales se establezcan normas reguladoras de la conducta de los Estados, que apunten a facilitar, hacer operativas y viables, en todo sentido, las acciones que concierne al referido manejo y aprovechamiento y a asegurar la cooperación de los Estados en lo que concierne a la protección del ambiente y a contrarrestar las causas y efectos del deterioro ambiental. (Corte Constitucional, Sentencia C-359 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
Teniendo claro los objetivos y alcances del Convenio Fondo originario, las preguntas qué surgen son las siguientes: ¿cuál fue la enmienda o modificación que introdujo el Protocolo de 1992 a dicho Convenio?; ¿su contenido es armónico con el ordenamiento superior?
Como se anotó antes, el Convenio Fondo que complementa el Convenio de Responsabilidad Civil, establece un régimen de compensación para víctimas de derrames de hidrocarburos, en los casos en que la compensación derivada del Convenio de Responsabilidad Civil resulte inadecuada o insuficiente. Al efecto, creó el Fondo Internacional de Compensación por contaminación de Petróleo (Fondo IOPC), existente desde 1978, que opera “...como una organización intergubernamental mundial establecida con el propósito de administrar el régimen de compensaciones creado por el Convenio Fondo”[7], lo que implica que cuando un Estado hace parte del Convenio Fondo, como el caso de Colombia, éste se reconoce como miembro del IOPC.
“Desde su establecimiento en 1978, el Fondo IOPC se ha visto involucrado en unos 75 incidentes y ha pagado más de US$180 millones en compensaciones, incidentes éstos, en su mayoría, resueltos sin necesidad de acciones legales...”. Estos pagos los realiza con los recursos que obtiene de las contribuciones obligatorias impuestas a cualquier persona que haya recibido dentro de un mismo año calendario más de 150.000 toneladas de petróleo crudo, heaby fuel oil (petróleo de contribución), en un estado Parte del Convenio Fondo, correspondiéndole a dicho Estado reportar a dichas personas.
Así las cosas, al analizar el contenido del Protocolo de 1992, que enmendó el Convenio Fondo, se encuentra lo siguiente:
Que éste incluye un aumento en el límite de compensación a cargo del Fondo IOPC, que incluye la compensación pagadera por el armador bajo el Protocolo que modificó el Convenio de Responsabilidad Civil
Que consagra un proceso simplificado para aumentar los límites en los dos Convenios.
Que extiende el rango de aplicación geográfica del Convenio, a la zona económica exclusiva (ZEE) que un país parte establezca de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, del 10 de diciembre de 1982.
Que se complementan los alcances del Convenio Fondo, en la medida que se establece que se cubrirán también, daños por contaminación causados por derrame de “persistent oil” de tanqueros no cargados.
En cuanto a los gastos en que se incurra por concepto de medidas preventivas, se prevé que éstos serán recuperables, aún cuando no ocurra un derrame de petróleo, siempre y cuando hubiese existido peligro grave e inminente de daños por contaminación.
También incluye disposiciones que colocan un límite a las contribuciones pagaderas por recibidores de petróleo al Fondo 1992, en cualquier Estado.
Tales enmiendas, al igual que las efectuadas al Protocolo de 1992 que modificó el Convenio de Responsabilidad Civil, no hacen más que actualizar los términos del Convenio Fondo, haciéndolo más operativo y funcional, e introduciendo fórmulas de distribución y definición de límites mucho más equitativas, lo que a su vez viabiliza la efectividad y oportunidad en el reconocimiento de las indemnizaciones, todo lo cual se aviene de manera clara a las disposiciones de nuestra Constitución, pues garantiza los derechos patrimoniales de las personas y contribuye al cumplimento de la función de saneamiento ambiental que tiene a cargo del Estado, permitiendo el acceso a recursos provenientes de los transportadores de hidrocarburos, que con sus aportes fortalecen a la comunidad internacional, que acude a cubrir los enormes gastos derivados de este tipo de siniestros.
Vale pena destacar, que el Gobierno Nacional, en la exposición de motivos con la que sustentó la presentación del proyecto de ley, se refirió a la urgencia que tiene el país de incorporar a su ordenamiento interno los dos protocolos que constituyen el instrumento objeto de revisión, dada la terminación de otros esquemas de protección que para estos eventos había implementado la industria privada, pues si bien tales argumentos constituyen razones de conveniencia que no puede atender esta Corporación, la desaparición de dichas organizaciones refuerza la importancia del instrumento multilateral de protección para el medio ambiente y los derechos de las personas, que constituyen los convenios originarios y los protocolos que los enmiendan, los cuales están dotados de legitimidad y validez a la luz de nuestro ordenamiento superior.
En efecto, señaló el Gobierno en esa oportunidad, que si bien es cierto que durante casi 20 años existieron dos esquemas voluntarios de la industria -TOVALOP[8] y CRISTAL[9]-, cuyo objetivo era ofrecer beneficios comparables a aquéllos disponibles bajo el Convenio de Responsabilidad Civil y el Convenio Fondo, en Estados donde éstos o sus Protocolos de modificación no habían sido ratificados, éstos constituyeron soluciones provisionales en tanto debían funcionar sólo hasta que aquéllos entraran en vigencia en todo el mundo. Por eso, en 1995 las juntas directivas de dichos fondos de la industria decidieron no renovarlos, lo que implicó que operaran hasta el 20 de febrero de 1997, fecha en que estaba prevista la terminación de su vigencia.
Lo anterior indica que los Estados que como Colombia, aún no han aprobado los protocolos de 1992, desde 1997 no cuentan con esquemas privados de protección para brindarle compensación a las víctimas de daños por contaminación de petróleo, debiendo adherir a los instrumentos objeto de control, que hoy por hoy constituyen el único mecanismo que sirve para el efecto.
Por las razones expuestas, la Corte encuentra que existe la debida conformidad material del instrumento objeto de revisión, conformado por los dos protocolos de 1992 a los que se ha hecho referencia, con las disposiciones de la Carta Política. En consecuencia, la Sala Plena de la Corporación, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 523 de 12 de agosto de 1999, “Por
medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971", hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
[1] El Magistrado Sustanciador, a través de auto de fecha 6 de septiembre de 1999, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que a través de la Oficina Jurídica expidiera dicha certificación.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-316 de 1998 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[3] El Magistrado Ponente en la Sentencia C-359 de 1996, fue el doctor Antonio Barrera Carbonell.
[4] Ver texto del documento contentivo de la exposición de motivos que presentó el Gobierno Nacional, para justificar el proyecto que se convertiría en la Ley 523 de 1999. Folio 224 a 239 del Expediente.
[5] Ver texto de la Sentencia C-359 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-359 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell
[7] Ver documento contentivo de la exposición de motivos que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso, Folio 226 del Expediente.
[8] Tanker Owners Voluntary Agrement Concerning Liability for Oil Pollution
[9] Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution

References: artículo 241
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 4
 artículo 36
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 102
 artículo 15
 artículo 241
 artículo 28
 artículo 160
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 226
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 80
 artículo 226
 artículo 241