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Timestamp: 2018-06-24 18:22:01+00:00

Document:
Nos, pocos... nos, felices pocos...: enero 2013
http://blogs.grupojoly.com/juzgado-de-guardia/2013/01/30/el-ex-consejero-de-empleo-supera-a-urdangarin-en-fianzas/
Entrevista a Pedro de Tena, autor de La Tela de Araña Andaluza (Mayo 2011)
De máxima actualidad, pese a haber pasado casi dos años.
Tristemente, el Régimen se mantiene gracias a los apesebrados de IU.
El nuevo director de Patrimonio, un procesado por prevaricación
Una juez de Almería ordenó incoar procedimiento contra Jiménez Martín
29 de enero de 2013. 23:07h N. Acedo.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento de Juan Jesús Jiménez Martín como director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Nacido en el municipio gaditano de San Roque, es funcionario del Cuerpo General de Administradores del Gobierno andaluz, según consta en la biografía oficial que suele ir adjunta al cargo.
De hecho, y eso no está reflejado en la medida nota, la Dirección General de Patrimonio ya le adjudicó la subdirección de Edificios y Obras, según se publicó en septiembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un puesto de libre designación, de los denominados «a dedo».
Con anterioridad, Jiménez Martín fue cesado el 8 de mayo –en virtud del Decreto 96/2012, registrado en el BOJA del día siguiente– como viceconsejero de la extinta cartera de Gobernación y Justicia, «agradeciéndole los servicios prestados». Y no es la única Viceconsejería que ha ocupado en su trayectoria profesional. De hecho, como ayer recordaba en su texto el Ejecutivo autonómico, estuvo al frente de la de Medio Ambiente desde 2008 a 2012. Un departamento en el que fue además consejero delegado de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, Egmasa –de 2004 a 2008 y antes de 2001 a 03–; así como secretario general técnico de la Consejería –1998-2001–.
Durante su etapa en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la titular del juzgado de Instrucción número dos de Almería ordenó incoar procedimiento abreviado contra él, y el que fuera secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa.
¿La causa de esa decisión judicial? La orden de paralizar en junio de 2010 los trabajos previos de la promotora «Círculo Agroambiental» para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
La Junta interpuso en junio recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería contra el auto de la juez por el que se ordenaba el procesamiento de Jiménez Martín, si bien, fuentes consultadas por LA RAZÓN afirman que el proceso no se ha resuelto. Desde Hacienda apuntan que la Fiscalía «ha pedido el archivo» de una causa que «es por no dejar construir no por pemitir hacerlo», minimizan. Fuentes sindicales insisten en que es un nombramiento «poco ético» y una muestra más del «dedazo» que critican incluso cuando el destinatario de aquél es un funcionario. En ese sentido, puede apreciarse la sucesión en el BOJA de resoluciones para cubrir vacantes de libre designación. Es más, todas las convocatorias en lo que va de año son de ese tipo, a excepción de una para cubrir una plaza de director del Servicio Provincial de Huelva en la empresa de Emergencias Sanitarias.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/886899/local+andalucia/el-nuevo-director-de-patrimonio-un-procesado
Sigilosamente no nos hemos enterado de una noticia aparecida hace meses.
El juzgado está investigando una trama de facturas falsas.
Entremedio, Invercaria, una empresa de Jaén y facturas millonarias falsas. Unos 14 millones de euros.
El juez libró además un oficio a la Agencia Tributaria para que le informara sobre las declaraciones fiscales presentadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Informática Graef y EDM en 2008 para el suministro e instalación del equipamiento informático, nada menos que de 637 centros de acceso público a internet de la red Guadalinfo.>
http://porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/1087-se-reactiva-el-caso-invercaria-con-la-declaraci%C3%B3n-del-sobrino-de-felipe-gonz%C3%A1lez-y-laura-gomis
EL CONFIDENCIAL: Andalucía, el laboratorio de Empleo del PSOE
Sorprendente: la misma tasa de paro que en Gaza y nadie nos tira piedras al paso de los coches oficiales...
Andalucía, el laboratorio de Empleo del PSOE
29/01/2013 TAGS >
Junta de Andalucía empleo
Fue a finales de los 90 cuando la Junta de Andalucía encargó a un grupo de expertos un análisis sobre el porqué del paro andaluz. Cuando un fenómeno como el del desempleo en Andalucía se enquista en la historia, a lo largo de décadas y décadas, puede parecer razonable que uno se pregunte si existe una causa objetiva o si, por el contrario, se tiene que afrontar el suceso como un mal endémico, incurable. El resultado de aquel estudio fue un ensayo de los profesores Torres Chacón y Villalba Cabello en el que recreaban la evolución del paro en Andalucía con gráficas virtuales partiendo de una estructura productiva distinta.
La conclusión era llamativa porque, según ese estudio, si la estructura agrícola andaluza hubiera sido igual que la española, el paro también se habría mantenido por encima de la media nacional. Pero si la estructura industrial andaluza hubiera sido la misma que en España, igualmente el paro se mantendría muy por encima. Lo mismo ocurría con la construcción o con los servicios. En todos los escenarios económicos posibles, con todas las variables, la conclusión siempre era la misma: más paro.
¿Dónde, por tanto, estaba la clave? Según ese ensayo, la única variable que marcaba el mayor paro en Andalucía estaba en el crecimiento superior de la población activa. De forma que “si la población activa hubiese aumentado al mismo ritmo que en el resto de España, la tasa de paro de Andalucía en el momento actual sería incluso inferior a la que se registra en el resto” del país, se afirmaba en dicho estudio de 1997.
Ni que decir tiene que, desde entonces, esta tesis ha sustentado la mayoría de los discursos de los dirigentes socialistas andaluces. Lo usan incluso en las circunstancias más comprometidas, sin miedo alguno al ridículo. Como hizo hace unos días el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando, por increíble que parezca, se felicitó de que Andalucía esté rozando el 36% de paro, el mayor de toda la democracia. Dijo: "Nos duele, pero concita una esperanza. Porque en Andalucía crece la población activa, lo que quiere decir que todavía tenemos una juventud potencial para incorporarse al mercado de trabajo y, al mismo tiempo, una igualdad de género que no se había producido en toda la historia".
Resulta por lo menos llamativo que, entre los recortes aplicados por el Gobierno andaluz para ajustarse a los requisitos de déficit público, el departamento que se ha visto más afectado sea, precisamente, el Servicio Andaluz de Empleo ¿Una esperanza? ¿Para la juventud? ¡Pero si el paro juvenil en Andalucía llega al 62%! ¿Una esperanza? ¿Para la mujer? ¿Para quién? ¡Pero si el paro femenino es superior y de forma general en provincias como Cádiz ya se supera el 40%, que es la estimación que se hace para el conjunto de la región a finales de este año!
No, claro, sólo a un dirigente que lleva en el poder 30 años, como Griñán, algunos de ellos como ministro de Trabajo, se le ocurre un argumento así. Lo normal son reacciones de extrañeza y de alarma, sobre todo cuando se contempla el fenómeno andaluz desde fuera. Como el Financial Times, a finales del pasado año, cuando destacó en un reportaje que aquí, en la próspera Unión Europea de ayudas al desarrollo y subvenciones a las regiones más atrasadas, el paro era igual que en la Franja de Gaza. Es cierto, como se destacaba en el ensayo mencionado antes, que el crecimiento mayor de la población activa, unido a las mayores tasas de inmigración, provocan una dificultad añadida para la disminución del desempleo, pero, siendo así, no es menos cierto que en todos los periodos políticos la evolución del empleo no ha sido la misma.
Al Gobierno de José María Aznar, por ejemplo, se le podrá criticar lo que se quiera pero, en este aspecto concreto, lo que señalan las estadísticas es que durante ese periodo se crearon casi el triple de puestos de trabajo en Andalucía que durante los trece años precedentes de gobierno de Felipe González. Y, tras las dos legislaturas de Zapatero, el paro ha superado el récord histórico. Ya digo, filia y fobias al margen, que en nada contribuyen a analizar los problemas correctamente, ésa es la única realidad: la elevada tasa de población frena el descenso del desempleo, pero esa constante no ha afectado a todos los gobiernos por igual. No todas las políticas económicas afectan de la misma forma al paro en Andalucía.
Luego está, claro, la actuación concreta del Gobierno andaluz. ¿En qué ha influido la acción de la Junta en el desarrollo del desempleo en Andalucía? Nadie en su sano juicio podrá negar el extraordinario desarrollo de la comunidad en las últimas tres décadas en casi todos los campos. Desde el sanitario hasta el educativo, pasando por las infraestructuras y el propio crecimiento del PIB per cápita. Pero, junto a ese reconocimiento de la evidencia, no se puede dejar de anotar que desde el ingreso de España en la Unión Europea, Andalucía ha sido una receptora prioritaria de fondos y ayudas que pueden alcanzar los 100.000 millones de euros, y que la región ha contado igualmente con un sistema autonómico con competencias suficientes para afrontar las raíces del problema.
Si, a pesar del desarrollo constatable, Andalucía sigue estando a la cola de España, y de Europa, en todos los indicadores económicos, es que algo ha fallado estrepitosamente. Sencillamente, la política económica del Gobierno andaluz, de la hegemonía socialista que ha gobernado esta tierra desde los orígenes de la democracia, es fallida. Al respecto, dos referencias recientes muy elocuentes. Resulta por lo menos llamativo que, entre los recortes aplicados por el Gobierno andaluz para ajustarse a los requisitos de déficit público, el departamento que se ha visto más afectado sea, precisamente, el Servicio Andaluz de Empleo, que tiene transferidas las competencias de políticas activas de Empleo. Según sindicatos y oposición, la Junta de Andalucía "ha desmantelado", sencillamente, el servicio con el despido de 826 orientadores y promotores que trabajaban en esas oficinas. Los esfuerzos que el Gobierno andaluz ha hecho para salvaguardar los puestos de trabajo en otras empresas públicas, con un caudal incalculable de enchufados, desmienten toda justificación posible, incluida la siempre invocada de trasladar la responsabilidad al Gobierno de la nación.
Un reciente informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al ejercicio 2009, concluyó que todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo de la Consejería incumplieron los principios de transparenciaLa segunda referencia nos recordará inevitablemente el escándalo de los ERE. Un reciente informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al ejercicio 2009, concluyó que todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo de la Consejería de Empleo incumplieron los principios de transparencia, igualdad y objetividad establecidos en la Ley General de Subvenciones y, por tanto, no se concedieron mediante los principios de concurrencia competitiva. No hay que olvidar que estamos hablando de un total de 25.377 expedientes. Hablamos de subvenciones que se conceden y no se justifican, de puestos de trabajo que se prometen y no se crean nunca, de escuelas taller que no funcionan en sus programas de inserción laboral...
¿Tiene explicación lógica el 36% en Andalucía? Sí, claro. Porque junto a las causas objetivas sobre la peculiaridad de la región andaluza, como las demográficas, existe otro puñado de razones que sólo llevan a pensar que la persistencia en una política equivocada es la que ha conducido a esta comunidad al pozo de desempleo en el que se encuentra. Ahora que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha lanzado la interesante iniciativa de un Pacto general por el Empleo, no estaría mal que los socialistas, antes incluso de firmar nada con el Gobierno de Rajoy, comenzaran a aplicar sus recetas en esta región, que para eso es su principal referencia y bastión de gobierno en España. Si Rubalcaba busca un pacto por el empleo, en Andalucía tiene su mejor laboratorio
http://www.elconfidencial.com/opinion/matacan/2013/01/29/andalucia-el-laboratorio-de-empleo-del-psoe-10638/
La Junta paga 10,7 millones a directivos y técnicos de entes ya desmantelados
Día 28/01/2013 - 07.29h
Aprueba ahora subvenciones para indemnizar al personal de los cien centros de empleo que echó en septiembre
La gigantesca red paralela de empresas, consorcios y fundaciones pasa factura a la Junta de Andalucía con efecto retardado. La aguda crisis y la necesidad de cuadrar las cuentas han forzado a la Consejería de Economía , Innovación, Ciencia y Empleo a disolver un centenar de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) que prometió suprimir antes de acabar 2012. Casi cuatro meses después de desmantelar estos consorcios desprendiéndose de todo su personal, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha aprobado concederles 10,76 millones de euros en subvenciones para costear salarios e indemnizaciones de las cerca de 800 personas, entre directores y técnicos, que trabajaban para estos centros y cuyos contratos financiaba la Junta a los ayuntamientos.
Los ceses se hicieron efectivos el pasado 30 de septiembre, pero no ha autorizado abonarlos hasta ahora por «no disponer» de la «liquidez necesaria en estos momentos», se justificó la presidenta de un consorcio en una carta de despido de un agente, que tiene el membrete de la Junta de Andalucía, a la que ha tenido acceso ABC.
La agencia laboral de la Junta ha autorizado un desembolso equivalente a 1.791 millones de pesetas a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el martes y el viernes pasados, justo cuando se conocía a través de la EPA del último trimestre del año que los desempleados rozaban el millón y medio en Andalucía (35,86%), una cifra sin parangón en las series estadísticas.
Del montante de dinero público (10,76 millones de euros) destinado a sufragar los costes laborales de estos consorcios, 4,94 millones se han empleado en pagar sueldos atrasados de sus directivos y de los agentes locales de promoción de empleo (Alpes).
El SAE destina el resto, 5,82 millones de euros, a costear las indemnizaciones de todo este personal que puso en la calle el 30 de septiembre pasado.
Esta segunda tanda de subvenciones tiene carácter «excepcional». El director general del SAE, Pedro Gracia, firmó la resolución el pasado 27 de diciembre, pero no ha entrado en vigor hasta el pasado viernes. Para tramitar los despidos el organismo dependiente de la Consejería de Economía, que dirige Antonio Ávila, presentó expedientes de regulación de empleo (ERE). Las indemnizaciones más cuantiosas corresponden a los directores. Por lo general, cada centro contaba con un director. Algunos de ellos se van al paro cobrando más de 40.000 euros, según fuentes laborales de las Utedlt. El dinero procede de los presupuestos autonómicos de 2012.
Con anterioridad, el 15 de noviembre, Gracia suscribió otra resolución, publicada en el BOJA del martes, concediendo cien subvenciones a unidades de empleo para «financiar los gastos del personal de la estructura básica (directores) y Alpes», cuyos contratos se sufragan con fondos europeos.
Las unidades territoriales de empleo vieron la luz al amparo de una orden autonómica del 21 de enero de 2004 que facilitaba ayudas a las corporaciones locales para contratar a un equipo de técnicos con la misión de asesorar a emprendedores para montar un negocio. El SAE financiaba sus nóminas con subvenciones que cubrían entre el 70 y el 80 por ciento del coste. Los consistorios aportaban el resto.
Con la supresión del centenar de consorcios, el Gobierno culmina el proceso de reducción del sector público empresarial iniciado en 2010, que contemplaba la eliminación de 113 empresas y más de medio centenar de cargos directivos.
Recortes con retraso
El Gobierno andaluz del PSOE e IU ha apurado al máximo los tiempos para soltar «lastre» y aligerar su sobredimensionada administración periférica. Su lentitud, que contrasta con la rebaja aplicada a los sueldos de los funcionarios y laborales, le ha granjeado las críticas de la oposición. Hace tres semanas, el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, reprochó al Ejecutivo que preside José Antonio Griñán que sólo había eliminado diez de los 380 entes de su conglomerado de empresas.
A mediados de octubre, el consejero de Economía, Antonio Ávila, justificó los despidos masivos en las Utedlt por la falta de financiación estatal. «Las entidades territoriales de apoyo al empleo tenían una partida que las financiaba de en torno a 37 millones y ha pasado a ser un millón», avisó.
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130128/sevi-junta-directivos-entes-201301272142.html
EL PAIS: El misterio de los empleados sin contrato
El Cortijo Sociata a pleno rendimiento:
- Trabajando 19 individuos sin contrato en la mismísima Consejería de Empleo
- Reclaman 1.2 millones de euros
- Entre los trabajadores, sobrinos de un Director General, un hermano de una de las aseguradoras que se forraron con el tema y mucha gente de la sierra Norte (de donde era el director general Guerrero)
- Tras dos meses, los colocan en la FAFFE (¿En base a que????)
- Actualmente, los de FAFFE, tocándose la pera por falta de funciones.
El misterio de los empleados sin contrato
19 personas trabajaron en la Consejería de Empleo como externas varios años sin que conste su ‘fichaje’
Javier Martín-Arroyo Sevilla 26 ENE 2013 - 17:41 CET
El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, a su salida de la cárcel. / GARCÍA CORDERO
Una caja de sorpresas sin fondo. La gestión de la Dirección General de Trabajo cuando estaba al mando Javier Guerrero, principal imputado del caso de los ERE, es un motor de estupor permanente. Fue una década en la que reinó el caos y el enésimo capítulo, aún inédito, así lo demuestra: en el corazón de la Consejería de Empleo, organismo que vela por el cumplimiento de las correctas relaciones laborales, trabajaron casi una veintena de empleados de la empresa Umax Consultores sin que mediara contrato alguno entre la firma y Empleo, según apuntan las fuentes consultadas. La investigación de los ERE es tan densa que la Guardia Civil aún no le ha hincado el diente a este espinoso asunto. ¿Cómo pudo Empleo ignorar esta aparente cesión ilegal de trabajadores que la Inspección de Trabajo podría haber sancionado?
En la primavera de 2010, poco después de asumir el mando el exconsejero de Empleo Manuel Recio, los representantes de Umax acudieron a la consejería para reclamar 1,2 millones de los salarios de 19 trabajadores correspondientes al último año y medio, periodo en el que Juan Márquez ya había sustituido a Guerrero como director general. Los responsables de Empleo buscaron el contrato que justificaría el gasto ante la Intervención. Pero en los archivos no aparecía dicho contrato. Los empresarios tampoco pudieron presentar copia de los contratos para esos servicios administrativos (asesoría jurídica, informática, secretaría, etc.). Tras las consultas, la respuesta fue clara: no se paga.
Ante la negativa de Empleo a abonar la abultada deuda, Umax optó por la drástica solución de cerrar y despedir al personal. Amenazaron a la Junta con acudir a los tribunales, pero hasta ahora Empleo no ha tenido noticias al respecto. “La empresa se disolvió de un día para otro. La Junta dejó de pagar y a algunos aún nos deben el finiquito”, relata un extrabajador que pide el anonimato. En este grupo estaba un sobrino de Márquez; José Albarracín —hermano del exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, señalado por pagos de comisiones con dinero en sobres— y personas de la Sierra Norte sevillana, comarca de Guerrero.
La consejería decidió entonces prescindir de estos empleados externos cuyos trabajos comenzaron en 2005 y tras un breve plazo de ausencia de uno o dos meses, los rescató a través de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Ante la vorágine de intrigas palaciegas (grabaciones ocultas, aparición de una caja fuerte...) que vivía Empleo ese verano en el que la instrucción de la juez Mercedes Alaya cogía cuerpo, este escándalo pasó a dormir el sueño de los justos. Era un problema que había que solucionar, pero nadie lo abordaba.
Estos trabajadores se habían concentrado desde 2005 solo en la Dirección General de Trabajo (una de las tres de Empleo) y sus delegaciones de Málaga y Almería. La buena sintonía entre Guerrero y el administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, era un secreto a voces. Los pagos de Trabajo a la firma a cambio de que estos trabajadores prestaran sus servicios a diario a Empleo, son cuestiones de momento sin aclarar. Al asimilar la DGT a estos trabajadores externos, un grupo de funcionarios montó una pequeña rebelión interna por el intrusismo que suponía la supuesta usurpación de funciones: “Estamos obligados a defender la figura del funcionario de carrera que está sufriendo un deterioro continuo ante la propia administración, la sociedad y círculos mediáticos / políticos”, explicaban en una comunicación interna. La protesta no llegó a mayores.
¿Faltó diligencia? Algunas fuentes apuntan a que el decreto de competencias dispone que la gestión del personal es responsabilidad de la secretaría general técnica, otros apuntan a que cada proyecto que facturaba Umax tenía un director de proyecto que dependía del director general de turno.
Mientras, los empresarios no cejaron en su intento para recuperar los 1,2 millones. Reclamaron de nuevo en 2011, y ante la falta de respuesta, volvieron a la carga el pasado octubre. Por fin la Consejería de Economía tomó cartas en el asunto y abrió un procedimiento de información reservada: un instructor ha investigado los pagos y la documentación existente en la DGT sobre Umax. El informe del gabinete jurídico tras culminar el procedimiento de información ha sido contundente y el expediente ha sido remitido a la fiscalía. Es decir, los letrados de la Junta han debido ver nuevos indicios de delito en la actuación de la DGT. Guerrero, Márquez y Cuadrado rehusaron pronunciarse sobre este caso.
Economía abrió un expediente de revisión de oficio que podría culminar con el pago a Umax de los 1,2 millones, pero dados los indicios de irregularidades, esto sería una sorpresa.
Un ejemplo de contrataciones poco estéticas
Las supuestas irregularidades detectadas en Empleo tienen un llamativo ejemplo que los funcionarios han denunciado durante años. Y su legalidad no ha evitado la censura por un supuesto nepotismo en la Administración: la agencia pública Faffe (fundación de la Consejería de Empleo) ha contratado a decenas de trabajadores sin concurso público de méritos. “Todo el mundo tiene al lado un concejal o la mujer de un concejal. El porcentaje de enchufados es alto. Es cierto que también hay gente por necesidades de organización en las que se contrataba sin selección con celeridad”, relata un alto cargo de Empleo.
La Faffe se extinguió y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) supuso la readmisión de 1.200 de sus 2.000 trabajadores como subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ahora rebosa de personal sin asignación de funciones. “No llega el dinero a las políticas de empleo. Todo el mundo lo sabe, no hay trabajo para tanta gente. La gente está entretenida, pero productiva, poco”, añade este mando.
La dirección de la Faffe ha rechazado durante años las cíclicas acusaciones de enchufismo de personas próximas al PSOE. “También teníamos personas del PP, aunque en menor proporción. No costábamos dinero porque nos nutríamos de subvenciones de la Unión Europea y teníamos un ritmo de trabajo muy rápido”, argumentan fuentes cercanas a la dirección de la empresa pública para justificar las contrataciones a dedo.
Existieron procesos de selección para ciertos puestos, pero la práctica habitual fue un proceso rápido en el que se contrataron técnicos cualificados pero casi siempre cercanos a los trabajadores que ya estaban en Faffe. Esta celeridad en la contratación produjo un efecto mimético en muchas direcciones generales, que firmaron convenios con la agencia pública. “Levantaban el teléfono y al día siguiente tenían a un nuevo técnico”, dicen las fuentes consultadas.
Tras la polémica reordenación del sector público que tantos quebraderos de cabeza ha causado a la Junta, el problema añadido viene ahora porque los despidos afectan sobre todo a los técnicos que accedieron a sus puestos mediante un proceso de selección
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/26/andalucia/1359205786_628885.html
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Estas son las cuentas de lo que se llama un sindicato subvencionado. El 90% del taco procede de las subvenciones cortijeras. No es de extrañar que Pastrana le devuelva el favor apoyando el bastón sobre el atril del PSOE y largando del pepero de Madrid. Ese dinero bien lo vale. Como si hay que levantar el brazo y cantar el "Cara al Sol".
El sindicato tenía un plazo fijo de 5,76 millones de euros
La organización ha despedido a 29 trabajadores de la estructura del sindicato
Tampoco ha renovado otros 130 empleados adscritos al 'Programa Orienta'
Actualizado sábado 26/01/2013 17:15 horas
UGT de Andalucía tenía un saldo en cuentas corrientes de 14,36 millones de euros y depósitos a plazo fijo en los bancos por 5,76 millones de euros meses antes de presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto la salida de 29 trabajadores de la estructura del sindicato y de otros 130 empleados adscritos al 'Programa Orienta'.
En concreto, el documento -al que ha tenido acceso EL MUNDO.es- revela que UGT tenía imposiciones a plazo fijo por 5.760.094,47 euros y otros 266.842,14 euros en renta variable. Estas inversiones le procuraron un rendimiento de 276.555,8 euros.
La 'auditoría' interna también revela que el sindicato sólo cubre con las cuotas de sus afiliados (4.774.009,92 euros) el 10,5 por ciento de sus ingresos anuales, que en 2011 ascendieron a 45.241.862,51 euros. El grueso del dinero (39.984.317 euros) procede de las subvenciones, tanto finalistas para el desarrollo de programas como para sufragar la actividad sindical
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/26/andalucia/1359216953.html
El SAF avisa a la Junta: mantener a los «enchufados» de Dapsa es prevaricar
Llevará a la Fiscalía a los jefes que permitan el desempeño de potestades públicas
Miembros del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) protestan contra la reordenación del sector público
25 de enero de 2013. 22:48hN. Acedo . Sevilla.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) registró ayer un escrito dirigido a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda del Gobierno andaluz a modo de aviso. En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se deja constancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en sentencia firme del 21 de diciembre de 2012 la integración de los trabajadores de la Empresa Desarrollo Agrario y Pesquero (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que acumula una plantilla de 3.020 trabajadores. Por lo tanto, recuerdan, «dicho personal, ni es empleado público, ni forma parte del personal (funcionario o laboral) de la Administración de la Junta».
A partir de esa premisa, el SAF pide que se comunique algo a «todas las jefaturas de servicio u órganos asimilados de los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sus delegaciones territoriales», así como a «los órganos asimilados de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (directores de las OCA)». ¿A qué se refiere?
La respuesta: el mantenimiento de los empleados de la extinta Dapsa, más de 1.800, «en sede administrativa o desempeñando cualquier tipo de actuación que pudiera tener alguna relación, aún sea de asesoramiento o consulta, con el inicio o tramitación de una actuación administrativa o el acceso a cualquier expediente, programa informático o base de datos de la Administración» puede suponer la comisión de delitos de diversa índole.
¿Cuál es la causa que lleva al sindicato a hacer esa advertencia? Cabe recordar que corresponde a los jefes de servicio u órganos asimilados dar el visto bueno al «acceso a los documentos y registros que obren en los archivos y ordenar cuanto fuere necesario» para que el personal a sus órdenes «desarrolle adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo», según explican desde el SAF.
En ese sentido, detallan los delitos a los que los directivos se enfrentarían si permiten que los trabajadores a los que alude el TSJA lleven a cabo funciones que no les corresponden en dependencias de la Administración. Así, se refieren al de desobediencia de resolución judicial, tipificado en el artículo 410 del Código Penal; o al de comportamiento injusto previsto en los artículo 405 y 406 de aquél, por «aceptar la propuesta o toma de posesión del personal externo desempeñando funciones en sede administrativa a sabiendas de que carece de los requisitos legalmente exigibles».
Y hay más: delito de prevaricación previsto en el artículo 404, «en el caso de que dictara o firmarse cualquier expediente o actuación administrativa en el que hubiera tenido participación dicho personal, aún con carácter de mera consulta»; para finalizar con la presumible comisión de faltas disciplinarias muy graves, graves o de carácter leve.
En su escrito, reclaman a los mencionados directivos que «pongan inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal» la permanencia del personal externo en cuestión en sedes de la Junta, el ejercicio por parte de éste de actividades destinadas a funcionarios o el que «pudieran tener relación con un expediente administrativo, funciones de asesoría o consulta propia de técnicos funcionarios y acceso a programa o base de datos de la Administración». En caso de no hacerlo, insisten, «podrían incurrir en una clara omisión de su deber de perseguir delitos, previsto en el artículo 408 del Código Penal».
En el texto, firmado por el presidente-coordinador del SAF, José Manuel Mateo, se asevera que el sindicato se reserva las actuaciones legales que estime convenientes en relación a la exigencia de responsabilidades penales en torno a este asunto.
Mateo lo tiene claro: «Los 'enchufados' de Dapsa no son empleados públicos y no pueden desempeñar potestades de éstos». Desde esa realidad anuncia que llevarán «a la Fiscalía por prevaricación a los responsables que, a sabiendas, lo permitan. Los jefes de servicio tienen que sacar la cabeza de debajo del ala», lanza.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/837002/local+andalucia/el-saf-avisa-a-la-junta-mantener-a-los-enchu
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 410
 artículo 405
 artículo 404
 artículo 408