Source: http://agendamagna.wordpress.com/2009/10/01/causales-de-nulidad-del-acto-administrativo/
Timestamp: 2013-12-13 20:23:45+00:00

Document:
Causales de nulidad del acto administrativo | Agenda Magna
Soy una persona de profesión diferente al derecho y quisiera consultarle un problema legal tributario que tengo con la SAT. Esta entidad realizó un embargo por retención de mi cuenta bancaria y al preguntar por qué fue, me responden que por no haber declarado ampliaciones que se efectuaron en mi propiedad el año 1999, pero esas ampliaciones no las realizó mi persona sino el antiguo propietario. Además estuvieron notificando a una dirección en la cual no vivo desde el año 2000 y que nunca declaré como domicilio fiscal ante la SAT, esta entidad la obtuvo del alcabala cuando mi antigua propiedad se vendió en el año 2005. Con la venta de la propiedad anterior compré la propiedad que hoy es problema. Tengo una prueba, de una notificación anterior que la SAT me envió por otros motivos a mi persona, donde mencionan como mi domicilio fiscal la dirección de mi propiedad actual, entonces significa que en la SAT también figura como mi domicilio fiscal el inmueble motivo de controversia donde debieron enviarme las notificaciones. Actualmente se ha levantado el embargo de retención por resolución del Tribunal Fiscal, pero quiero resolver el problema de fondo, que es el pago de las ampliaciones.
¿Debo pagar el reintegro de las ampliaciones realizadas por en antiguo propietario el año 1999 y que no fueron declaradas en su momento oportuno?
En estos momentos estoy de acuerdo en cancelar el reintegro de las ampliaciones no declaradas, pero no en pagar los intereses, multas y costas por no haber sido bien notificada, pero la SAT parece no estar de acuerdo porque el día de ayer al presentar un escrito de reconsideración me dijeron que no tengo pruebas suficientes porque solo presentaba la copia de una notificación y que debería de presentar todas las notificaciones y no entendían lo que pedía. Finalmente no entregué la carta y pedí que me den una copia de todas las notificaciones. Pero me doy cuenta que la entidad de la SAT no da soluciones claras, siempre tratan de enredar.
PRIMERO: Que no tienes que pagar los intereses y multas porque simplemente usted no la realizo y por ello no tenia que declararas, las pruebas son simples la copia de la compra venta y en ella remarcar la fecha en que se adquirió el inmueble e informe si puede donde se encuentra el anterior vendedor y si es posible adjúntele un bien inmueble donde ellos hagan el embargo, ya que el vendedor le entrego el inmueble con deuda y que sea el quien responda.
SEGUNDO: Que siempre debe presentar el escrito que no fue notificado que la SAT le conteste pero no deje de presentarlo porque eso le dice cualquier empleado desinformado o le informa maliciosamente para los efectos que pierda el tiempo de reclamo que son quince días, ojo todo juega con términos mientras este en el termino de reclamar hágalo.
Email: levanodaniel@hotmail.com
El problema redica precisamente en las notificaciones, el SAT no puede efectuar notificacioes a un domilcilio que no ha sido señalado, la prueba básica es que se ha notificado correctamente al domicilio actual; entonces mña podría el SAT notificar a la misma persona en dos domicilios diferentes. Por otro lado, sería bueno leer la resolución y cuando tuvo conocimiento de la misma pues hay plazos que se deben cumplir para poder apelar dicha resolución. Pero sería mejor que el consultante lo haga directamente a fin de hacerle algunas preguntas al respecto, pues también está el caso de la prescripción, por cuanto las deudas tributarias prescriben a los 4 años. Sería cuestión de estudiar el expediente administrativo.
Email: juanluisvidal@hotmail.com
Con la finalidad de brindarle una opinión:
Que, al no estar bien notificado, las citadas notificaciones no han alcanzado el fin que se persigue.
Que, en ese sentido no se la ha dado el derecho de defensa que consagra la Carta Magna.
Que, debe de solicitar la suspensión correspondiente en razón de que debe de prevalecer el derecho a la defensa, toda vez que ello conllevaría a un proceso indebido.
Que, la suspensión la debe de solicitar con la finalidad de presentar un Habeas Data, con la finalidad de solicitar se otorguen las supuestas notificaciones efectuadas, de las cuales se establecerá que no han sido efectuadas en el domicilio correcto; y, por lo tanto, existe mala fe de parte de la contraria.
Antes de presentar el Habeas Data se debe de emplazar a la contraria por vía Notarial concediéndole un término de 10 días para que cumpla con hacer la entrega de las notificaciones defectuosas (otro domicilio) con la finalidad de establecer el ABUSO DE DERECHO que esta ejerciendo la SAT, en razón de que este ha realizado notificaciones que no corresponden a su persona; por lo que, no le ha dado el tiempo de poder efectuar el pago pertinente, al mismo que no se esta negando.
Ricardo Molero S.
Email: crms_461@hotmail.com
Si deseas absolver esta consulta puedes dejar un comentario o escribirme a fchicoc@gmail.com. En tal caso puedo ponerte en contacto con el consultante.
Extracto del libro Teoría y práctica del procedimiento administrativo, de próxima aparición.
Artículo 10º.- Causales de nulidad
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14º.
Artículos V y 219º del Código Civil; artículo 202º de la LPAG; numeral 10.3 del artículo 2º del Decreto supremo que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.
10. La nulidad absoluta de pleno derecho, o nulidad ipso jure, se da cuando el acto administrativo adolece de cualquiera de sus requisitos esenciales: objeto lícito, autoridad competente, procedimiento y requisitos de la forma prescrita por la ley, además de los establecidos en el artículo 10º de la LPAG. Cualquier vicio que afecta uno de sus requisitos, no puede ser subsanado ni convalidado y no puede prescribir su estado de nulidad, porque afecta al orden público en su esencia, debido a que el acto administrativo es de cumplimiento obligatorio por quien sea cual fuere la autoridad u organismo que lo hubiese expedido. Se asimilan a esta nulidad ipso jure, los principios contenidos en los artículos 219º y 220º del Código Civil, sobre nulidad absoluta del acto jurídico. En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º de la LPAG puede declararse de oficio la nulidad de resoluciones administrativas, aun cuando hayan quedado consentidas, siempre que agravien el interés público. Los conceptos de nulidad y anulabilidad se establecen en forma clara en nuestro Código Civil; la diferencia principal entre uno y otro concepto radica en que la nulidad no admite confirmación y la anulabilidad sí (la que puede ser expresa o tácita). En el procedimiento administrativo se establece una nulidad de pleno derecho o ipso iure que la declara la autoridad superior a instancia del interesado. Se establece también la declaración de nulidad de resoluciones administrativas de oficio en los casos que corresponda, aun cuando hayan quedado consentidas cuando agravien el interés público. Para ello, se establece el plazo de prescripción de un año contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas. En conclusión, no encontramos en esta ley una alusión expresa a la anulabilidad de actos o resoluciones administrativas. Siguiendo al criterio diferenciador del Código Civil tampoco se menciona la subsanación por confirmación, pudiendo vislumbrarse una confirmación tácita al dejar pasar los plazos de prescripción sin que el interesado solicite la declaración de nulidad, o la Administración pública la declare de oficio. Para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo no solamente se requiere que se configuren los supuestos del artículo 10° de la LPAG, sino que además y esencialmente es necesario que dicho acto administrativo agravie el interés público, aun cuando aquél haya quedado firme, conforme a lo estipulado en el numeral 202.1.
La LPAG señala los vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho.
10.1. (1) El órgano competente de originar el acto administrativo no sólo debe aplicar el principio de legalidad, sino debe observar el principio de supremacía constitucional que significa que la Constitución prevalece sobre cualquier manifestación del Derecho; principio consagrado en el artículo 51º de la Constitución, que establece que ésta prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. El acto administrativo es contrario a la Constitución cuando se aplica o basa sus fundamentos en una norma de inferior jerarquía sobre una norma de rango constitucional que en forma expresa y clara señala el ámbito de sus facultades o potestades, para resolver un caso concreto; o, el desconocimiento de derechos y principios constitucionales que amparan expresamente los derechos de los administrados. Entendiendo al acto administrativo como la declaración de la autoridad en el ejercicio de sus potestades, estas potestades están detalladas en un reglamento, el que se basa en una ley y éstas deben ser conformes con la Constitución; respetándose así el principio de supremacía constitucional, y los actos administrativos que efectúe el funcionario público deben estar establecidos en la ley (principio de legalidad). Partiendo de estos supuestos podemos visualizar dos situaciones: 1. Que el acto administrativo que realizaría el funcionario público esté establecido en el reglamento o en la ley, pero que éstos sean contrarios a la Constitución. En este caso el funcionario puede abstenerse de realizar el acto o pronunciarse sobre su inaplicación a manera de control constitucional difuso. 2. Que el acto administrativo no esté contemplado en norma alguna, pudiendo cuestionarse su legalidad. También se admiten como actos administrativos contrarios a la Constitución los que contienen un imposible jurídico, esto es, cuando el acto administrativo esté fuera del marco legal y jurídico por ser contrario a la ley y al orden jurídico preestablecido. Adicionalmente, la LPAG recalca que el acto administrativo no puede contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales o legales[1]. (2) El acto administrativo es contrario a las leyes, cuando se lesiona o vulnera el principio constitucional de subordinación jerárquica de las normas en orden descendente a partir de las normas con rango de ley, trasgrediendo o desnaturalizando sus contenidos expresos, claros e incontrovertibles, aplicables al caso concreto; sin que esto afecte a la facultad discrecional del funcionario público de actuar o no actuar, siempre y cuando la norma respectiva le otorgue la facultad de adoptar una de esas posibilidades, ya sea expresa o tácitamente. El acto administrativo contiene un imposible jurídico cuando el acto que contiene (normativo, resolutivo o de sustanciación) está fuera del marco legal y jurídico por ser contrario a la ley y al orden jurídico preestablecido. (3) La contravención a las normas reglamentarias produce el acto antirreglamentario. Antirreglamentario es todo proceder o acto que infringe un reglamento. Dícese de todo aquel acto o norma de rango inferior a la que aprueba una norma reglamentaria, que infringe a esta última.
10.2. De acuerdo con el principio de legalidad, los actos administrativos deben producirse mediante los procedimientos que estuvieren establecidos. Esta disposición es de carácter imperativo, necesario, legal y forzoso para originar un acto administrativo. Este principio también es llamado del debido proceso administrativo, tratando de equipararlo con el principio procesal del debido proceso. Esta causal de nulidad y a su vez, contrario sensu, requisito de validez de los actos administrativos, concuerda con la establecida en el Código Civil: “El acto jurídico es la manifestación de voluntad… Para su validez se requiere:
4. Observancia de la forma prescrita, bajo sanción de nulidad” (art. 140º). Quienes ejercen el poder deben hacerlo con las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. Este principio contenido en los artículos 45º y 46º de la Carta en vigor, precisa que ningún funcionario —sea cual fuere su rango dentro de la Administración Pública— puede arrogarse facultades o competencias, más allá de las que les confiere la propia Constitución o las leyes, puesto que las mismas estarían fuera del ámbito jurídico. Cuando esto sucede, se actúa con exceso de poder, de facultades, de competencia. Ello da lugar a la nulidad de pleno derecho de dicho acto administrativo, porque viola el principio de legalidad que debe contener dicho acto conforme al numeral IV.1 de la LPAG.
10.3. Las dos causales anteriores se aplica a los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos.
10. [J-103“Que, si bien es cierto que el artículo diez de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenticuatro establece las causales de nulidad de los actos y resoluciones administrativas; también es verdad que ello de ninguna manera autoriza a que la administración soslaye las normas del procedimiento administrativo establecido para tal fin, las cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para el administrado como para la administración, dado que el cumplimiento cabal de tales exigencias constituye garantía del respeto del principio del debido procedimiento administrativo establecido en el artículo cuarto inciso uno punto dos del Título Preliminar de la precitada Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenticuatro, por el cual los administrados gozan de los derechos a exponer sus argumentos, ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”. (Sentencia en Casación Nº 011-2005 PUNO, vista el 3 de agosto de 2006)
[J-104] “Tercero: Que, bajo este marco si bien no queda duda que el numeral doscientos dos punto uno del artículo doscientos dos de la Ley del Procedimiento Administrativo General al señalar que en cualquiera de los casos enumerados en su artículo diez, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos aún cuando hayan quedado firmes siempre que agravien el interés público, reconoce la potestad de invalidación de la administración pública que se fundamenta en su capacidad de autotutela orientada a asegurar que el interés colectivo permanente respete y no afecte el orden jurídico, también lo es que el ejercicio de esta facultad en respeto del principio al procedimiento pre establecido por Ley debe efectuarse observando el artículo ciento cuatro de la misma Ley que regula los lineamientos y pautas a los que se somete el inicio del procedimiento promovido de oficio y los requisitos contemplados en los demás numerales del mismo artículo doscientos dos que señalan la competencia (funcionario jerárquicamente superior al que emitió el acto a invalidar o el mismo funcionario en caso de no encontrarse sometido a subordinación jerárquica, salvo aquellos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, numeral doscientos dos punto dos y doscientos dos punto cinco), y plazo para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo (un año a partir de la fecha en que quedó consentido)”. (Sentencia en Casación Nº 2266-2004 PUNO, vista el 3 de agosto de 2006)
10.1. [J-105] “Por ello, nada impide –por el contrario, la Constitución obliga– a los tribunales y órganos colegiados de la administración pública, a través del control difuso, anular un acto administrativo inaplicando una norma legal a un caso concreto, por ser violatoria de los derechos fundamentales del administrado, tal como lo dispone el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que sanciona con nulidad el acto administrativo que contravenga la Constitución, bien por el fondo, bien por la forma; siempre, claro está, que dicha declaración de nulidad sea conforme a la Constitución y/o a la interpretación del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”. (Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 3741-2004-AA/TC, vista el 14 de noviembre de 2005)
[J-106] “Que en consecuencia lo resuelto a través de las Sentencias Nº 1078-2007-PA/TC y 3283-2007-PA/TC debe ser acatado y ejecutado conforme a lo señalado por el artículo 22º del Código Procesal Constitucional antes citado y a lo establecido en los fundamentos 2), 3) y 4) de la STC Nº 1546-2002-AA/TC y fundamentos 14) a 17) y 23) de la STC Nº 4080-2004-AC/TC. Quiere decir que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a las que se ha hecho referencia en el considerando 5), deben ser ejecutadas por el Juez de la demanda, lo que, sin embargo, no ha ocurrido. En tal sentido lo resuelto por el JNE mediante Resolución Nº 260-2007-JNE, de fecha 21 de diciembre de 2007, y el procedimiento del cual emanó resultan nulos de pleno derecho de acuerdo a lo señalado por el inciso 1) del artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que se ha desnaturalizado el procedimiento predeterminado por la ley, arrogándose una competencia que no tiene. En consecuencia corresponde al juez ejecutor requerir al JNE para que dicte la respectiva resolución conforme a los resuelto por el Tribunal Constitucional y, de ser el caso, este último admita la iniciativa legislativa para su somentimiento a referéndum y, sea luego, el órgano competente el que lo convoque en el tiempo, condición y modo necesarios de acuerdo a lo señalado por el artículo 44º de la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, modificado por el artículo 2º de la Ley Nº 27520. Además se debe señalar que el Congreso de la República dictó la Ley Nº 27677, Ley de uso de los recursos de la liquidación del FONAVI, la que modificó sustancialmente la iniciativa legislativa propuesta, por lo que da lugar a la solicitud de referéndum, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16º de la Ley Nº 26300 antes citada”. (Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5180-2007-PA/TC, vista el 7 de enero de 2008, fundamento jurídico 7)
10.2. [J-107] “[El] artículo 10º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, señala como uno de los vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de uno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14º, lo que no ocurre en esta oportunidad”. (Resolución Nº 218-2003-OS-CD del 24/11/2003).
LPAG Procedimiento especial. Disposición legal.
10. Ejecución coactiva. DF 6ª de la Ley que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley Nº 28165.
Energía y minas. Artículo 32º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 640-2007-OS/CD.
Transportes. Numeral 2 del artículo 326º del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC.
[1] Cfr. el numeral 5.2 de la LPAG.
De Franco Chico, el octubre 1, 2009 a las 7:58 am, bajo Procedimiento administrativo. 8 comentarios	Publica un comentario o deja una referencia: URL de la referencia.
« Actos lesivos homogéneos
Normas legales del 2 de octubre de 2009 »
elehin velasquez	En junio 6, 2011 a las 11:32 pm
Enlace permanente	Dr. soy abogado boliviano juniors y me interesaria interiorizarme en el derecho administrativo pedirle ser mi guia de estudio para realizar una especializacion. Gracias Atte Elehin Velasquez
Elsa Cotrina Milian	En abril 16, 2011 a las 1:58 pm
Enlace permanente	Por intermedio de la presente para saludorle y a la vez agradecerle por anticipado la orientación que pueda brindarme respecto al siguinte caso.
Resulta que en fecha 24 de marzo del 2011, se me notifica con una resolución de alcaldía mediante la cual se resueve sancionarme con una multa ascendente a S/. 5, 000 nuevos soles y erradicar mi actividad, esto es por venir fabricando producto contaminantes (fabricación de ladrillos), pese a contar con licencia de funcionamiento expedido por la misma municipalidad; sin enbargo antes que venza los plazos para interponer los recursos impugnatorios,en merito a la resolución de alcaldía, se me apertura un proceso administrativo de ejecución coactiva, expidiendose en dicho procedimiento una resolución mediante la cual me otorgan un plazo de 7 días a fin de cumplir con lo ordenado por la resolución de Alcaldía. Ante tal situación por mi parte he interpuesto demanda de impugnación de resolución administrativa ante el poder judicial, e inmediatamente solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución coactiva en atención a lo dispuesto por el art. 16 inciso 16.1 intem e) del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, habiendo sido declarado improcedente por no haber agotado recurso impúgnatorio en la via administrativa. Que según el art. 50 de la Ley Organica de Municipalidades la vía administrativa se agota con el Alcalde, lo que significa que la Alcaldía vendría ser la ultima instancia a nivel administrativo, por lo que logicamente me correspondía acudir al Poder Judicial.
Que habiendose declarado improcedente mi solicitud de suspención del proceso administrativo de ejecucion coactiva, ¿ que recurso me corresponde interponer a fin de que se suspenda dicho procedimiento y no pueda ser ejecutado el apercibimiento de pago de multa y erradicación de mi unica actividad?
Le suplicaría, darme una respuesta en la brevedad posible.
Elsa Cotrina.
PEDRO HERNANDEZ GARCIA	En agosto 24, 2010 a las 6:53 pm
Enlace permanente	MI MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO POR SU INTERES EN TRASCENDER PARA ABATIR DE ALGUNA FORMA LA PROBEMATICA QUE DIA A DIA ENFRENTA LA SOCIEDAD MEXICANA Y EN OCASIONES SIN CONTAR CON LO MAS MINIMO PARA DEFENDERSE. POR TODO ELLO LE FELICITO MUY CINCERAMENTE QUE DIOS LO COLME DE BENDICIONES PARA SEGUIR CONTRIBUYENDO CON LA CLASE SOCIAL MAS DESPROTEGIDA DE NUESTRO PAIS.
PEDRO HERNANDEZ GARCIA	En agosto 24, 2010 a las 6:47 pm
Enlace permanente	MI MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO POR SU INTERES EN TRASCENDER PARA ABATIR DE ALGUNA FORMA LA PROBEMATICA QUE DIA A DIA ENFRENTA LA SOCIEDAD MEXICANA Y EN OCASIONES SIN CONTAR CON LO MAS MINIMO PARA DEFENDERSE. POR TODO ELLO LE FELICITO MUY CINCERAMENTE QUE DIOS LO COLME DE BENDICIONES PARA SEGUIR CONTRIBUYENDO CON LA CLASE SOCIAL MAS DESPROTEGIDA DE NUESTRO PAIZ.
adolfo	En agosto 10, 2010 a las 4:21 pm
Enlace permanente	Excelente Dr. Franco, me ha abierto ud. los ojos sobre mi caso exp. 057-2005 2do juzgado cont. adm. en la que no hay motivacion de resolución,y no se tomo en cuenta mi solicitud previamente en la via administrativa (derecho a la defensa) no obstante corresponderme la revision de mi caso.
Lyda Loayza	En junio 29, 2010 a las 12:15 pm
Enlace permanente	Dr. Franco le escribo primero para agradecerle tan detalla e importante explicación sobre causales de nulidad del acto administrativo. Soy una persona de profesión diferente al derecho y quisiera consultarle un problema legal tributario que tengo con la SAT. Esta entidad realizó un embargo por retención de mi cuenta bancaria y al preguntar por que fue , me responden; por no haber declarado ampliaciones que se efectuaron en mi propiedad el año 1999,pero esas ampliaciones no las realizó mi persona sino el antiguo propietario. Además estuvieron notificando a una direccion en la cual no vivo desde al año 2000 y que nunca declaré como Fiscal ante la SAT, esta entidad la obtuvo del alcabala cuando mi antigua propiedad se vendió en el año 2005. Con la venta de la propiedad anterior compré la propiedad que hoy es problema. Tengo una prueba, de una notificación anterior que la SAT me envió por otros motivos a mi persona, donde mencionan mi domicilio fiscal la dirección de mi propiedad actual ,entonces significa que en la SAT también figura como mi domicilio Fiscal el inmueble motivo de controversia donde debieron enviarme las notificaciones. Actualmente se ha levantado el embargo de retención por resolución del Tribunal Fiscal, pero quiero resolver el problema de fondo que es el pago de las ampliaciones
Dr. mis preguntas son las siguientes;
¿ Debe mi persona pagar el reintegro de las ampliaciones realizadas por en antiguo propietario el año 1999 y que no fueron declaradas en su momento oportuno?
En estos momentos estoy de acuerdo en cancelar el reintegro de las ampliaciones no declaradas, pero no estoy en desacuerdo en pagar los intereses, multas y costas por no haber sido bien notificada, pero la SAT parece no estar de acuerdo porque el día de ayer al presentar un escrito de reconsideración me dijeron que no tengo pruebas suficientes porque solo presentaba la copia de una notificación y que debería de presentar todas las notificaciones y no entendían lo que pedía. Finalmente no entregué la carta y pedí que me den una copia de todas las notificaciones. Pero me doy cuenta que la entidad de la SAT no da soluciones claras, siempre tratan de enredar.
Dr. apelo a su espiritu altruista en dar respuesta y una salida justa a mi problema, sin perjucio de mi persona y también de la entidad. Le doy mil gracias por su valiosa opinión y ayuda.
Franco Chico	En diciembre 12, 2009 a las 9:51 pm
Enlace permanente	Gracias, Luis, por tus palabras. Si estás interesado en temas de Derecho administrativo, puede enviarte notas especializadas. También puedes enviar tu perfil profesional, para colocar en la sección Comunidad. Saludos, Franco.
luis salazar P.	En diciembre 11, 2009 a las 9:19 pm
Enlace permanente	Agradezco por tan importante aportación y explicación clara sobre la nulidad del acto administrativo. Pocos son los profesionales como tú que por vocación de servicio se dan íntegros en compartir su capacidad para bienestar comunitario en nombre de todos los que hacen uso de tu página, muchas gracias.
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