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Timestamp: 2018-01-22 08:14:34+00:00

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Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia CAM: junio 2009
El CAM, comprometido en el debate nacional sobre violencia familiar y explotación sexual infantil
Con la presencia de un concurrido auditorio, el pasado viernes 26 se llevó a cabo en nuestro Colegio de Abogados de Morón el curso / seminario “Violencia Familiar. Explotación Sexual Infantil”. La Politóloga, Lic. Carola Saricas, habló sobre “Explotación Sexual Infantil”, la Psicóloga, Lic. Cecilia Manigrasso, encabezó el debate sobre “Violencia Sexual” y la Psicóloga, Lic. Cecilia Labate, expuso sobre “Violencia Familiar”.Las tres profesionales son parte del programa “Las víctimas contra Las Violencias” que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y que coordina la psicóloga, psicoanalista, asistente social y profesora universitaria, Lic. Eva Giberti.Según el presidente del Colegio de Abogados de Morón, Dr. Jorge Barberis, “es obligación del CAM seguir estando presente en los principales problemas que padece la sociedad. Cualquier forma de violencia, sea sexual o familiar, incluso algo tan aberrante como condenable como es la explotación sexual infantil, debemos seguir tratándola con la seriedad más absoluta y compromiso profesional”. Según el Presidente del CAM “haber traído a tres distinguidas profesionales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la nación da cuenta de que nuestro Colegio, está más que comprometido con su rol fundamental dentro de la sociedad”
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 23:33
1.- P: ¿Cuanto tiempo dura vivo el virus porcino en una manija o superficie lisa?R: Hasta 10 horas.-
3.- P: ¿Cual es el medio de contagio más eficiente de este virus?R: La vía aérea no es la mas efectiva para transmisión del virus, el factor más importante para que se fije el virus es la humedad, (mucosa de la nariz, boca y ojos) el virus no vuela y no alcanza mas de un metro en distancia.-
5.- P: ¿Como puedo evitar contagiarme?R: No llevarse las manos a la cara, ojos nariz y boca. No estar con gente enferma. Lavarse las manos más de 10 veces al día.-
6.- P: ¿Cual es el período de incubación del virus? R: En promedio de 5 a 7 días y los síntomas aparecen casi de inmediato.-
7.- P: ¿Cuando se debe de empezar a tomar medicamento?R: Dentro de las 72 horas los pronósticos son muy buenos, la mejoría es del 100%.-
8.- P: ¿Cual es la forma como entra el virus al cuerpo?R: Por contacto al darse la mano o besarse en la mejilla y por la nariz, boca y ojos.-
9.- P: ¿El virus es letal?R: No, lo que ocasiona la muerte es la complicación de la enfermedad causada por el virus, que es la neumonía.-
10.- P: ¿Qué riesgos tienen los familiares de la gente que ha fallecido?R: Pueden ser portadores y formar una cadena de transmisión.-
12.- P: ¿Qué hace el virus cuando provoca la muerte?R: Una cascada de reacciones como deficiencia respiratoria, la neumonía severa es la que ocasiona la muerte.-
13.- P: ¿Cuando se inicia el contagio, antes de los síntomas o hasta que se presenten?R: Desde que se tiene el virus, antes de los síntomas.-
14.- P: ¿Cual es la probabilidad de recaer con la misma enfermedad?R: Del 0%, porque quedas inmune al virus porcino.-
15.- P: ¿Donde se encuentra el virus en el ambiente?R: Cuando una persona que lo porta estornuda o tose, el virus puede quedar en las superficies lisas como manijas, dinero, papel, documentos, siempre y cuando haya humedad. Ya que no se va a esterilizar el ambiente se recomienda extremar la higiene de las manos.-
16.- P: ¿Si voy a un Hospital particular me deben cobrar la Medicina?R: No, hay un acuerdo de no cobrarla ya que gobierno la está suministrando a todos los centros de salud públicos y privados.-
17.- P: ¿El virus ataca más a las personas asmáticas?R: Si, son pacientes más susceptibles, pero al tratarse de un nuevo germen todos somos igualmente susceptibles.-
18.- P: ¿Cual es la población que esta atacando este virus?R: De 20 a 50 años de edad.-
19.- P: ¿Es útil el cubre bocas?R: Hay algunos de más calidad que otros, pero si usted está sano es contraproducente, porque los virus por su tamaño lo atraviesan como si éste no existiera y al usar la máscara, se crea en la zona de la nariz y boca un microclima húmedo propicio al desarrollo viral: pero si usted ya está infectado úselo para NO infectar a los demás, aunque es relativamente eficaz.-
20.- P: ¿Puedo hacer ejercicio al aire libre?R: Si, el virus no anda en el aire ni tiene alas.-
21.- P: ¿Sirve de algo tomar Vitamina C?R: No sirve de nada para prevenir el contagio de este virus, pero ayuda a resistir su ataque. -
22.- P: ¿Quien está a salvo de esta enfermedad o quien es menos susceptible?R: A salvo no esta nadie, lo que ayuda es la higiene dentro de hogar, oficinas, utensilios y no acudir a lugares públicos.-
23.- P: ¿El virus se mueve?R: No, el virus no tiene ni patas ni alas, uno lo empuja a entrar adentro del organismo.-
24.- P: ¿Las mascotas contagian el virus?R: Este virus NO, probablemente contagian otro tipo de virus.-
25.- P: ¿Si voy a un velorio de alguien que se murió de este virus me puedo contagiar?R: NO.-
26.- P: ¿Cual es el riesgo de las mujeres embarazadas con este virus?R: Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo pero es por dos, si pueden tomar los antivirales en caso de contagio pero con estricto control médico.-
27.- P: ¿El feto puede tener lesiones si una mujer embarazada se contagia de este virus?R: No sabemos que estragos pueda hacer en el proceso, ya que es un virus nuevo.-
28.- P: ¿Puedo tomar acido acetilsalicílico (aspirina)?R: No es recomendable, puede ocasionar otras enfermedades, salvo que usted lo tenga prescrito por problemas coronarios, en ese caso siga tomándolo.-
29.- P: ¿Sirve de algo tomar antivirales antes de los síntomas?R: No sirve de nada.-
30.- P: ¿Las personas con VIH, Transplantados, diabetes, sida, cáncer, etc., pueden tener más complicaciones que una persona sana si se contagia del virus?R: SI.-
31.- P: ¿Una gripe convencional fuerte se puede convertir en influenza?R: NO.-
32.- P: ¿Que mata al virus?R: El sol, mas de 5 días en el medio ambiente, el jabón, los antivirales, gel de alcohol.-
33.- P: ¿Que hacen en los hospitales para evitar contagios a otros enfermos que no tienen el virus?R: El aislamiento.-
34.- P: ¿El gel de alcohol es efectivo?R: SÍ, muy efectivo.-
35.- P: ¿Si estoy vacunado contra la influenza estacional soy inocuo a este virus?R: No sirve de nada, todavía no hay vacuna para este virus.-
36.- P: ¿Este virus está bajo control?R: No totalmente, pero se están tomando agresivas medidas de contención.-
37.- P: ¿Que significa pasar de alerta 4 a alerta 5?R: La fase 4 no hace las cosas diferentes a la fase 5, significa que el virus se ha propagado de persona a persona en más de 2 países; y fase 6 es que se ha propagado en más de 3 países.-
38.- P: ¿El que se infectó de este virus y se sana, queda inmune?R: SI.-
39.- P: ¿Los niños con tos y gripa tienen influenza?R: Es poco probable, los niños son poco afectados.-
40.- P: ¿Medidas que la gente que trabaja debe tomar?R: Lavarse las manos muchas veces al día.-
41.- P: ¿Me puedo contagiar al aire libre?R: Si hay gente infectada y que tosa y/o estornude sí puede ocurrir, pero la vía aérea es un medio de poco contagio.-
42.- P: ¿Se puede comer carne de puerco?R: SI se puede y no hay riesgo alguno de contagio.-
43.- P: ¿Cual es el factor determinante para saber que ya se controló el virus?R: Aunque se controle la epidemia ahora, en el invierno boreal (hemisferio norte) puede regresar y todavía no habrá vacuna.-
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 23:27
“Adolescencia: un desafío para la Psicología en lo social y lo comunitario”
IV Jornadas Distritales de Psicología del Oeste
Morón, 6 y 7 de noviembre de 2009
Sede: Instituto San José - San Martín 319 – Morón
Especialista en Intervención en Redes – Universidad de Córdoba
Lic. Sandra Borakievich
Profesora Adjunta Cátedra Grupos y Género - Universidad de Buenos Aires
Lic. Cecilia Colombani
Docente. Especialista en Michel Foucault – Universidad de Morón
Dr. Rubén Efron
Miembro Comisión de Niñez y Adolescencia APDH
Dr. Antonio Lapalma
Docente. Especialista en Políticas Públicas – Universidad de Buenos Aires
Lic. Edith Pérez
Decana de la Facultad de Psicología – Universidad de La Plata
Docente de la Maestría de Salud Social – Universidad de Lanús
Profesora Titular Cátedra Salud Pública y Salud Mental – UBA
1. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ADOLESCENCIA
1.1. Promoción y protección de derechos
1.2. Adolescencia y conflictos con la ley
1.3. Adolescencia y vulnerabilidad.
1.4. Adolescencia, trabajo y construcción de un proyecto de vida.
2. ADOLESCENCIA Y SALUD
2.1. Adolescencia y salud. Prevención comunitaria.
2.2. Adolescencia y consumo de sustancias
2.3. Adolescencia y corporalidad
2.4. Emergencias y catástrofes psicosociales
3. VIDA COTIDIANA Y ADOLESCENCIA
3.1. Adolescencia y familia
3.2. Adolescencia y educación
3.3. Grupalidades en la adolescencia
3.4. Violencia familiar, institucional y comunitaria
SABADO 10 DE OCTUBRE. 10 HORAS-
Inhibir el contacto con “lo social” conduce al estrago psicológico.
Conferencia a cargo de la Lic. Eva Giberti.
Normas para la presentación de trabajos libres
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 7 de agosto.
Fecha de presentación de los trabajos completos: 2 de octubre.
La producción de trabajos originales y el intercambio que surja a partir de su presentación ocuparán un lugar central en el desarrollo de la Jornada.
Los trabajos deberán estar relacionados indefectiblemente con alguno de los ejes temáticos, pueden dar cuenta de experiencias desarrolladas o en ejecución o sintetizar algún aporte teórico de relevancia, referido a los temas mencionados.
Los trabajos aceptados podrían ser publicados en un CD por lo cual los autores deberán adjuntar una autorización firmada al momento de entregar el trabajo completo.
No se aceptarán trabajos que no encuadren con los temas propuestos.
En todos los casos los autores deben estar inscripto en el momento de presentar el resumen.
Los trabajos tendrán la forma de presentación libre o póster.
Cada presentación será de 15 minutos y luego se realizará un intercambio entre los expositores y el público.
Los póster serán exhibidos durante todo el día sábado en un espacio habilitado para tal fin. El relator deberá asistir, en horario a determinar, para exponer los diferentes aspectos de su trabajo.
En caso de trabajo de elaboración colectiva se designará un relator que será el responsable de la exposición.
Reglamento para la presentación de trabajos libres y póster.
Los resúmenes serán recepcionados en modelo que se adjunta, vía correo electrónico en cuartasjornadas@speedy.com.ar.
No se debe exceder el límite del espacio asignado a tal fin (400 palabras máximo) y deberán consignarse todos los datos solicitados.
Los trabajos completos se entregarán con una copia en papel y CD o diskette y se entregará también una autorización firmada para su posible publicación en CD, en las memorias de la jornada.
Los póster deberán tener como máximo 90 cm . de ancho y 120 cm . de alto, El material deberá ser ligero y susceptible de ser pegado en los paneles destinados para tal fin en el área asignada, serán colocados y retirados al finalizar las jornadas por los autores
Los trabajos completos no deberán exceder las 6 páginas, A4, letra arial 12., interlineado 1,5.
Los autores recibirán notificación de la aceptación del trabajo al 24 de octubre, momento en que se notificará también día y hora de exposición.
no se podrá contar con soportes audiovisuales para la presentación de los trabajos. el expositor podrá presenta un afiche, poster o entregar resúmenes a los concurrentes a la presentación.
El resumen se debe presentar en el formato que se adjunta.
Escribir en mayúsculas y negrita el título completo dentro del recuadro correspondiente.
El resumen se ajustara la siguiente estructura:
- Desarrollo. Metodología utilizada.
- Conclusiones. Observaciones.
Miembros de Equipos de Orientación Escolar - Estudiantes avanzados de Psicología - Trabajadores y Asistentes Sociales - Médicos -- Abogados
- Integrantes de Servicio Zonales y Locales de Protección de Derechos
- Trabajadores de Centros de Salud
Matriculados: $70 - No matriculados: $90
Estudiantes. $40 - Inscripción institucional (5 integrantes): $280
Matriculados: $100
No matriculados: $120
Estudiantes. $70
Inscripción institucional (5 integrantes): $400
Colegio de Psicólogos Pcia. de Bs. As. Distrito XIV
Bartolomé Mitre 656 – Morón
Tel: 4629-4566 / 4483-3895
contacto@psicodistrito14.com.ar / www.psicodistrito14.com.ar
Lic. María Alejandra D´Andrea (Coordinadora)
Lic. Paula Alonso
Lic. Claudia Bellemi
Lic. Florina Pérez Luis
Lic. María Josefina Sosa
Lic. Margarita Ussher (Coordinadora)
Lic. Diana Dukelsky
Lic. Beatriz Fassola
Lic. Esperanza Fernández
Lic. Alba Sasovsky
Lic. Susana Zampini
Lic. Mónica Iglesias Couso (Coordinadora)
Lic. Daniel Podestá
Lic. Gerardo Tolino
Ernesto Armelín
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 16:43
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD ORGANIZA
Instituto de Derecho Internacional Privado (Directora Dra. María Andrea Esparza)
DISERTANTE: Dr. Carlos A. Romano (Juez del Tribunal de Familia Nº1 del Departamento Judicial de Morón).
TEMAS A TRATAR: Aspectos procesales. Régimen aplicable.
ARANCEL: $10.- (Matriculados Activos CAM), $ 20.- (Otros).
Miércoles 1º de Julio - 14:00 hs.
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 21:17
Guarda Provisoria. Competencia. Fuero de Familia. Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.
En la causa los actores demandaron, ante el Tribunal de Familia N° 2 de Lomas de Zamora, reclamando la tenencia provisoria de su nieto, nacido de la unión de los demandados (uno de ellos la hija de los actores), de ocho meses de vida por considerar que el menor se encontraba en una situación de abandono con riesgo para su salud. El Tribunal citado se inhibió por considerar que la materia de las presentes era de la competencia que transitoriamente ejercían los tribunales de menores y, previa comunicación al "Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño", las remitió al que se encontraba en turno en esa jurisdicción A su vez, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 departamental no aceptó la atribución conferida, llegando así el expediente al supremo tribunal provincial., quien determinó que ejerciendo los tribunales de familia competencia exclusiva en la materia la misma sólo puede desplazarse a magistrados de distinto fuero cuando, por razones legales o de conexidad, así esté establecido no advirtiéndose que se den los supuestos que permitan el desplazamiento de la competencia hacia la que transitoriamente ejerce el fuero de la responsabilidad penal juvenil.-
SCBA, P., F. J. c/ S., G. A., 3/6/2009.-
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 13:14
MENORES NO PUNIBLES. Externación. Denegación. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. NECESIDAD DE CONTINUAR CON LA MEDIDA DE INTERNACION, en razón de la carencia de lazos afectivos y de contención familiar por la que atraviesa el menor, y por el contexto desfavorable para su salud en el caso de volver a la situación de calle que padecía. Evidente déficit de las políticas públicas adoptadas por la autoridad administrativa local en la materia
"O., H. I. s/Externación" - CNCRIM Y CORREC - 14/05/2009
"La propia ley 26.061 autoriza a adoptar las medidas de protección integral de los derechos o garantías de los menores ante su amenaza o violación, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias, tal como ocurrió en el caso del joven O. (art. 32 y sgtes. de la citada ley).""En este sentido, las conclusiones de los informes producidos sobre su situación (con la intervención del C.N.N.A.G.C.B.A.) dan cuenta que O. se encuentra desamparado desde hace varios años por carecer de un núcleo familiar; que dos de sus hermanos se encuentran también residiendo en la vía pública como lo hizo él hasta su internación, y que el grupo de pares que frecuentó en la calle no resulta propicio para su crecimiento personal. En ese entorno, consideramos que su situación se vería agravada por el continuo consumo de sustancias tóxicas a las que hizo referencia, sumado a la circunstancia de su ingreso en tres oportunidades anteriores, al inicio del corriente año, a diferentes instituciones (fs. 9) de las cuales por propia voluntad se retiraba hasta que nuevamente era aprehendido por un nuevo conflicto con la ley penal, y que el propio joven expresó en su momento su deseo de permanecer internado en el instituto "Gral. San Martín" (fs. 13), y/o su interés por ingresar a un hogar (fs. 15). Todo lo expuesto, torna aconsejable mantener la medida tutelar dispuesta por el juez hasta tanto se pueda iniciar el tratamiento adecuado de acuerdo a la problemática que presenta el nombrado, siempre atendiendo al interés superior del niño, el que deberá estar a cargo de la autoridad administrativa local.""En consecuencia, consideramos necesaria de momento la continuidad de la medida de internación, en razón de la carencia de lazos afectivos y de contención familiar por la que atraviesa O., y por el contexto desfavorable para su salud en el caso de volver a la situación de calle que padecía con anterioridad a su internación.""No escapa al criterio de esta Sala que la finalidad del ordenamiento positivo actualmente vigente es evitar la judicialización de los niños que carecen de capacidad de culpabilidad. No obstante ello, como órgano de poder político resultamos garantes de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, entre los que se encuentra la protección de los intereses de los niños. En este sentido, no hablamos ya de una protección general, como la que le corresponde al órgano legislativo, sino de una protección concreta de los intereses de un niño (o joven) determinado, con nombre y apellido, en este caso: H. I. O..""Tampoco escapa al criterio de esta Sala que el conflicto suscitado en este asunto encuentra su génesis en el déficit de las políticas públicas adoptadas por la autoridad administrativa local en la materia, órgano político que tiene legalmente a su cargo el tratamiento de los niños en esta situación. La deficiencia apuntada surge en toda su evidencia de la lectura del informe actuarial de fecha 30 de abril del corriente, según el cual, por un lado, la única opción de externación de O., que facilitaba el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA, era el parador "Perla Negra" y, por otro, el Depto. de Fortalecimiento, Promoción, Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la Ley, del mismo consejo, consideró inconveniente para O. dicha opción. Así, es dable afirmar que los propios funcionarios del gobierno local son concientes que no cuentan con el tratamiento adecuado para la problemática de este joven, manteniéndose, por ese motivo, su situación de internación. En consecuencia, más allá de la decisión adelantada, devuelto que sea este incidente del expediente tutelar, se encomendará al Sr. Juez a quo que libre oficio al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjuntando copias auténticas de todo lo actuado (incluida la presente resolución) a efectos de que se arbitren, con la mayor celeridad, los medios necesarios para la continuidad del tratamiento de H. I. O. de acuerdo a lo informado por los profesionales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.-
Es grato dirigirme a Uds. a fin de invitarlos a compartir el proximo encuentro academico a realizarse el dia 15 de JULIO a las 14,00 hs en la sede del Colegio de Abogados de Moron, en el cual disertara el DR. CARLOS A. ROMANO sobre NUEVA LEGISLACION EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-
MIÉRCOLES 15 DE JULIO 14:00 HS
Nueva Legislación en Materia de Niñez y Adolescencia - Ley Nacional 26061 - Ley Provincial 13298 - Decreto 300 - Ley 114.-
1º PREPARATORIA DE LAS XI JORNADAS DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Disertantes: Dr. Carlos A. Romano - Juez del Tribunal de Familia Nº1 del Dpo. Judicial de Morón.-
TEMARIO: * Sistema de Protección Integral de Menores de Edad -* La Reforma Legislativa y los sucesivos cambios - * Organismos del Aparato Administrativo y Judicial,competencias -* Actuación de los Serv. Locales de Protección de Dercho -* Medida de Abrigo y Control de Legalidad -* Responsabilidad Penal Juvenil -* Actuación de los nuevos Juzgados de Familia.-
ARANCEL: Mat. Actv. CAM $10. -
Otros $20.-
Por Informes e Inscripcióncomunicarse con:Secretaría Académica Colegio de Abogados de Morón4629-0404 int 131 o 209.-
Me es grato invitarlos a la charla reprogramada (por cuestiones ajenas a esta dirección y colegio), para el dia 26 de junio del corriente año a las14 hs en la sede del Colegio de Abogados de Morón sobre "Violencia Familiar y Explotación Sexual Infantil" a cargo del Equipo del Programa Las Victimas de la Violencia del Ministerio de Justicia de la Nación.
Los esperamos.-Saludos Cordiales
Directora Instit.Ds.Niñez y Adolescencia
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 14:22
3° Taller de Formación.Analisis y aplicación de Ley de proteccion integral de las mujeres
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 0:32
Charla de Violencia Familiar y Explotacion Sexual Infantil
Me es grato invitarlos a la charla programada para el dia 24 de junio del corriente año a las14 hs en la sede del Colegio de Abogados de Morón sobre "Violencia Familiar y Explotación Sexual Infantil" a cargo del Equipo del Programa Las Victimas de la Violencia del Ministerio de Justicia de la Nación.
Saludos CordialesDra.Monica Nuñez
Un notorio avance en la protección de los niños y niñas víctimas y testigos de delitos penales
La resolución nro. 59/09 del Ministerio Público Fiscal, dictada el 2 de junio de 2009, constituye un avance significativo en la adecuación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos destinadas a proteger a los niños y niñas víctimas y testigos de delitos penales. Esta resolución establece que en todos los procesos penales en donde se encuentran involucrados como víctimas o testigos personas menores de 18 años de edad su declaración debe producirse por medio de una “Cámara Gesell”.
Leído en elDial.com
Interesante fallo mediante el cual se establece que una obra social debe cubrir a una pareja un tratamiento de fertilización asistida.Asimismo, vale la pena destacar, del voto de la Dra. Graciela Medina, las disculpas brindadas a la actora ante la lentitud de la Justicia, lo manifestado en relación a la coherencia que deben guardar los jueces entre sus fallos y lo sostenido en ámbitos académicos, y finalmente, lo establecido en relación a la reciente Ley de Protección Integral a las Mujeres.
DERECHO A LA SALUD. Tratamiento de fertilización asistida. Cobertura a cargo de la obra social. Medida cautelar. Procedencia. Requisitos. Caución real. DISIDENCIA: Deber de la obra social de demostrar que la medida cautelar debe ser dictada bajo caución real. Cuestión de género. Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres. Sentencia con cita de internet. Garantía de cientificidad y veracidad. Duración del proceso. Expresión de disculpa brindada por el magistrado a la actora ante la lentitud del trámite y la consecuente probabilidad de no ser madre
Causa N° 11.682/08 - "B.M.N. y otro c/ Dirección de Ayuda Social para Personal del Congreso de la Nación s/amparo"
CNCIV Y COMFED - 19/05/2009
Voto de los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo.
I M. N. B y O. A. A promovieron el presente amparo contra la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (“DAS”) para obtener la cobertura total del tratamiento de fertilización asistida mediante la técnica ICSI a realizarse en el Instituto de Medicina Reproductiva (FECUNDITAS) hasta lograr el embarazo, incluídos los medicamentos, honorarios profesionales y cualquier otro gasto concerniente a dicho tratamiento, como así también el reintegro de las “sumas erogadas hasta la fecha” con ese propósito (fs. 62/73, en especial, fs. 72, tercer párrafo).
En lo que respecta a la verosimilitud del derecho, la falta de una norma específica para cubrir la demanda en materia de fertilización asistida se explica porque los avances de la ciencia médica en ese campo, a menudo, desbordan la tarea del legislador; y porque la incorporación de técnicas de fertilización de alta complejidad requiere de previsiones presupuestarias para financiarlas y de consensos comunitarios para implementarlas teniendo en cuenta las opciones bioéticas involucradas (conf. Sala I, causa nº 621/08 del 30/10/08).
Dado el tenor de algunos de los argumentos expuestos por uno de los miembros de esta Sala al momento de intercambiar ideas para definir la solución de esta causa, los suscriptores de este voto juzgan necesario aclarar lo siguiente. Los verbos conjugados en la tercera persona del plural y enunciados a lo largo del primer y segundo considerando de este voto -a saber, “promovieron”, “solicitaron”, “pidieron”, “apelaron”- se corresponden con el contenido del escrito inicial e ilustran, con toda claridad, que la parte actora está integrada por dos personas de distinto sexo: M. N. B y O. A. A (fs. 62/72vta.). Quiere decir que lo que se niegue o conceda a uno, se le niega o concede al otro. Por lo tanto, cualquier consideración que se refiera al “género” o “sexo” de la señora B y que se emplee para conceder la precautoria, revelaría una lectura apresurada del expediente y, a la vez, una posición sesgada del problema. En otras palabras: lo que se le estuviera reconociendo a la señora B por ser mujer, se le estaría implícitamente negando al señor A por ser hombre. Esta disquisición es de la máxima importancia si se advierte que es el señor A quien padece oligoastenoteratozoospermia severa, y que son los dos amparistas los que deben someterse al tratamiento ICSI (ver certificado médico extendido por el doctor Dédola, fs. 55).
IV En lo que atañe al peligro en la demora, reviste importancia el certificado médico acompañado a fs. 55, el informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 99 y la edad de los amparistas (fs. 62 vta., párrafo cuarto). Por el primero, se prescribe la necesidad del tratamiento ICSI como “exclusivo” evitando demorar su inicio más allá de seis meses contados desde el 2 de diciembre de 2008 (fs. 55 cit.); por el segundo, se ilustra al Tribunal sobre la cuestión del siguiente modo: “...teniendo en cuenta la edad de los pacientes corresponde no prolongar en forma excesiva el tipo de realización de la terapéutica propuesta dado que van disminuyendo las posibilidades de éxito.” (fs. 99, cit., último párrafo).
Finalmente, hay que considerar que la señora B tiene 40 años de edad mientras que el señor A 48 años (ver fs. 108). En realidad, tal como lo ha notado la doctora Medina, las edades son de 41 años y de 49 años, respectivamente (fs. 1/2).
Interesa señalar, por ejemplo, que el recibo de haberes de la señora B obrante a fs. 4 -leído detenidamente- da cuenta de un ingreso bruto mensual de $ 5.033,45, a los cuales, una vez hechas las deducciones de ley, hay que restarle la suma de $ 1.578,77 en concepto de pago de un préstamo contraído con el Banco Ciudad, la de $ 474,15 por “A.P.L. compras a crédito” y $ 380 por “adelanto de haberes” (fs. cit. columna de “Retenciones”).
Las divergencias de los integrantes de la Sala en la solución a dar a las controversias en los supuestos en que están en juego derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables no implica que mis colegas no adhieran ni respeten estos derechos esenciales, sino que a la hora de interpretarlos y de adoptar reglas de prueba, se inclinan por principios diferentes o criterios más clásicos de valoración. Esto se advierte de la cita de los autores en los que apoyan su decisión, que escribieron en el año 1956, es decir, antes de la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica (de 1966), y de los restantes pactos sobre derechos humanos, que influyeron en la interpretación de todo el derecho privado. Por mi parte, adhiero a la interpretación adoptada por la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica y por nuestra propia Corte Suprema, en el sentido de invertir el orden de la carga de la prueba a favor de los grupos vulnerables, para permitir equilibrar sus condiciones y hacer reales sus derechos humanos.
2. Realizada esta introducción, que me parecía imprescindible por el profundo respeto que me merecen mis pares, entraré al tema en discusión.
Concuerdo también en que uno de los factores más importantes que acreditan la existencia de la “urgencia en la demora” es la edad de la actora, urgencia que a mi juicio es más grave que la manifestada en la posición de la mayoría de este Tribunal, ya que por un error de cálculo inicial los preopinantes entendieron que M tiene 40 años, cuando en realidad, la peticionante tiene 41 años. Este mero error aritmético, que en una liquidación no pasaría de ser leve, en una mujer agrava la urgencia, ya que no es lo mismo tener 40 años que tener 41 y un mes, porque la fertilidad del género femenino disminuye progresivamente con la edad y es muchísimo menor año a año y mes a mes, precisamente, en la década de los cuarenta.
Por otro lado, Sra. B tenía un ingreso real de $ 1.510 y la contracuatela fijada es 2 veces superior a lo que realmente cobra.
5. M. N. B, de 41 años (nació el 3 de abril de 1968 (2009 – 1968 = 41) y O. A. A, de 49 años (nació el 13 de enero de 1960 ( 2009 – 1960 = 49), presentan el 5 de diciembre del 2008 un proceso de amparo para lograr una acción rápida y expedita de amparo a fin de que la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS), les otorgue la cobertura total del tratamiento de Fertilización Asistida mediante la técnica ICSI en el Instituto de Medicina Reproductiva ICSI–UBA–FECUNDITAS, incluidos la cobertura de medicamentos, honorarios y cualquier otro gasto que éste requiriera.
6. El tratamiento fue prescripto por el Dr. Pablo Dédola –médico urólogo y andrólogo prestador de la demandada–, como única posibilidad para lograr la gestación, en atención a que O es portador de Oligoaestenoteratozoospermia severa. El facultativo –con fecha 2 de diciembre del 2008; ver constancia de fs 52–, recomendó iniciarlo en un plazo no mayor a seis meses. A la prescripción del Dr. Dédola se agrega el Dictamen del Cuerpo Médico Forense, que en febrero de este año informa que el Tratamiento de Fertilización Asistida mediante la técnica de ICSI es necesario por la patología del Sr. O. A. A, y recomienda claramente que corresponde no prolongar “...el tiempo de realización de la terapéutica propuesta dado que van disminuyendo las posibilidades de éxito.”.
10. Considero que la contracautela debe ser fijada teniendo en cuenta la situación económica de las partes, para impedir que las personas con escasos recursos vean frustrado el acceso a la justicia. En este sentido, pongo en evidencia que la Sra. B tenía un ingreso real de $ 1.510.
11. Estimo que las medidas precautorias importan, en definitiva, anticipar la tutela jurisdiccional y sólo cabe decretarlas cuando el juez, en una apreciación sumaria, advierte que la pretensión aparece como fundada y de éxito probable; sólo entonces cabe amparar el derecho que con su sola invo­cación aparece prima facie como reclamación viable y jurídicamente tutelada.
1) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS o "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Ratificado por la Argentina por ley 23.054. En particular sus artículos 24 y 25.
Atendiendo a esta razón, la jurisprudencia norteamericana, europea y la de la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica, fijaron un criterio de revisión judicial de los actos que restringen los derechos de quienes pertenecen a este grupo. Se trata de considerar provisoriamente discriminatoria la restricción de fijar una caución real, y exigir a quien debe la prestación que demuestre la existencia de un interés impostergable que la justifique y que no esté relacionado con la pertenencia de la damnificada a alguna de las categorías mencionadas. Además, se deberá probar que no hay otra forma de lograr ese fin que no sea mediante tal limitación.
Se que este criterio no es el compartido por mis colegas, ya que en la causa 6.510/1988 “Cuadrelli, Marcela G. c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina y otro s/ daños y perjuicios”, no lo aceptaron, poniendo sobre los hombros de una víctima menor de edad, de condición homosexual, que había sufrido un accidente que la dejó cuadrapléjica mientras se encontraba bajo custodia Policial, la carga de probar que no era culpable del daño sufrido.
La segunda y más importante, es que dada la lentitud del trámite y que de acuerdo a mi criterio considero que se están vulnerando sus derechos humanos, como mujer quiero expresarle a la Señora M. N. B mis disculpas personales y mi deseo de que la justicia no haya contribuido a hacer imposible su esperanza justificada de ser madre.
Regístrese, notifíquese en el día con carácter urgente, y devuélvase.-
Publicado por Instituto Derecho de Niñez y Adolescencia CAM en 10:34
“MINISTERIO PUPILAR C/
S.D.S. S/
POTESTAD”
Causa 56681 R.Sent. 83
/// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo de dos mil nueve, reunidos en la Sala I del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores José Eduardo Russo y Liliana Graciela Ludueña, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "MINISTERIO PUPILAR C/S.D.S. S/PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD" y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. LUDUEÑA – RUSSO - CASTELLANOS, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿ Es justa la sentencia apelada de fs. 28/29 ?
A LA PRIMERA CUESTION: la señora Juez doctora Ludueña, dijo:
I - Contra la sentencia definitiva dictada a fs. 28/29, interpone la Sra. S.D.S., recurso de apelación, que libremente concedido, es sustentado con la expresión de agravios de fs. 43/45, replicado a fs. 48/50.
La Sra. Juez a-quo hizo lugar a la privación de la patria potestad entablada por el Ministerio Pupilar contra S.D.S., respecto de sus hijos J.L.S. nacido el 10 de enero de 1995, V.M.S. nacida el 28 de enero de 1997 y L.L.S. nacido el 1º de marzo de 2000, inscriptos con filiación materna exclusivamente.
II - Se agravia la apelante toda vez que la sentencia –sostiene- se ha apartado de la CDN no valorando que la familia es el ámbito natural donde los niños deben crecer y desarrollarse, resultando excepcional la extracción de los mismos de dicho seno, principio recogido por las leyes 26.061 y 13.298. Manifiesta su intención de tenerlos consigo cuando consiga medios para poder criarlos y pide en definitiva, se disponga la revinculación materno filial.
Surge de la compulsa de la causa nº 14.875 que tramitara ante el Tribunal de Menores Nº 3 Departamental -que corre por cuerda y tengo a la vista- que el 14 de octubre de 1998 fueron internados los niños J.L. y V.M. en el Hogar Virgen Madre. Se informa que los niños no reciben visitas del grupo familiar (Lic. Elena Di Palma, 20/6/2000, fs. 10). La madre biológica refiere tener problemas con su pareja y no tener donde vivir ni que ofrecerles, por ello “no concurrió al tribunal ni visitó” a sus hijos (27/09/2000, fs. 10).
Comparece nuevamente el 15/05/2001, expresando que tiene otro hijo, L.L. nacido el 1/3/2000, habiendo ocultado dicha circunstancia por temor, pidiendo la internación de los tres niños. A pedido de la abuela doña J.P.C., se le otorga la guarda provisional, por lo que los niños son trasladados a Salsipuedes -Prov. de Córdoba (resolución de fs. 53).
El Centro de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Salsipuedes denuncia la falta de protección de los niños, por lo que se dispone la internación provisional en el Hogar Delia Esther Fernández de Ituzaingó (fs. 97). Durante la institucionalización, los niños “no tienen contacto con ningún familiar”, no reciben visitas ni correspondencia (informes de fs. 177 de marzo de 2005, reiterado en agosto de 2005 a fs. 196/7, 198/199 y 200/201).
A lo largo de estos años la progenitora no ha podido solucionar “su conflictiva y las secuencias dolorosas de estos tres hijos” (informe de la Lic. Ana María Diberto).
III) Ya en el año 1919, la patria potestad dejó de ser el “ejercicio de un derecho de autoridad”, para convertirse en un “ordenamiento legal destinado a la auténtica protección del menor”, porque al promulgarse el 21 de octubre de 1919 la ley 10.903 que modificaba el artículo 264 del Código Civil, la patria potestad deja de ser el “conjunto de los derechos” y pasa a ser “el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos…”.
La ley 23.264, modifica dicho artículo definiendo la patria potestad, como el conjunto de deberes que la ley impone a los padres sobre sus hijos menores y mientras no se emancipen, reconociéndoles a la par derechos respectivos para el cabal cumplimiento de los fines de la autoridad paterna. La expresión “deber” que antecede a los “derechos”, no es un mero cambio de palabras respecto del texto anterior, sino una redefinición legislativa, antes están los deberes para cuyo cumplimiento se reconocen los derechos de los padres.
Esta conformación legislativa de una autoridad sobre la persona y bienes de los hijos, que se delinea con fines, le da a la patria potestad un contenido diferente, es una autoridad que se debe ejercer para que puedan lograrse los fines de “protección y formación integral” de los hijos, como acertadamente agrega la norma (1er. párr. in fine).
Consagra así el derecho argentino la llamada "cláusula de beneficio de los hijos", que impone un modo de ejercer la autoridad paterna, siempre con la mira puesta en el interés de los hijos. Interés que eleva a nivel constitucional el art. 9.1 de la Convención Sobre Los Derechos del Niño, (Lloveras, "Cód. Civ. Parte General, Familia" coment. art. 264; Bíscaro, "La patria potestad en interés de los hijos", L.L. 1989-A-574).
Es que, este "oficio de protección" como lo denomina Federico de Castro hubo de "estar acorde en cada tiempo y en cada nación con la mentalidad y la realidad existente" y por eso fue menester la redefinición legislativa (Castán Vazquez, "La llamada patria potestad de hecho", en Rev. de Der. Privado, Madrid, octubre de 1988, pág. 841; Puig Brutau, "Fundamentos de Der. Civil", tº IV, Vol. II, pág. 171, mis votos cs. 44561, R.S. 213/00; cs. 43542 R.S. 67/00).
La ley ante el incumplimiento de los deberes que le impone a los padres para la protección y formación integral de los hijos, los sanciona con la privación de la patria potestad (art. 307 inc. 2° del Código Civil); tema al que me referiré más adelante.
IV- La Convención Sobre los Derechos del Niño, está en la cabecera del derecho argentino, así lo dicta el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional “los tratados tienen jerarquía superior a las leyes”. No sólo integra el derecho interno, sino que además tiene rango supralegal luego de la reforma de la Carta Magna de la Nación producida en 1994 (S.C.B.A. Ac. 72.890 19/02/02 - Ac. 89.299 23/11/05, voto Dr. Hitters).
Otorga la Convención que tutela sus derechos al vocablo niño una acepción amplia que comprende al hombre en sus diversas etapas del desarrollo, desde la concepción y hasta los dieciocho años de edad (art. 2, 3er. pár. de la ley 23.849). Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos “niño” o “menor de edad” es toda persona que no haya cumplido 18 años, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad, por mandato de ley (Opinión Consultiva-OC 17/2002). Expresamente dispone la “Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” (ley 26.061) que la Convención Sobre los Derechos del Niño “es de aplicación obligatoria…en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad” (art.2) y la ley “De la promoción y protección integral de los derechos de los niños” (ley 13.298) establece que “quedan comprendidas en esta ley las personas desde su concepción hasta alcanzar los dieciocho años de edad, conforme lo determina la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando se menciona a los niños quedan comprendidos, en todos los casos, las niñas, las adolescentes y los adolescentes” (art. 1).
Si se considera a los niños y adolescentes como objeto de protección, basándose en lo que no tienen, no saben o no son capaces, no serán sus derechos los que deben ser protegidos, sino el niño mismo -doctrina de la situación irregular-.
Si en cambio, se los considera como titulares de derechos, son éstos los que merecen protección -doctrina de la protección integral-. Ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “los Estados se comprometen a abandonar la concepción del niño como “incapaz”, logrando el respeto de todos sus derechos, así como el reconocimiento de una protección integral” -O.C. 17/02-.
En esta concepción que los niños son sujetos de derechos, se enrolan desde hace tiempo, tanto la Corte Federal cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (C.S. 29/10/97 Fallos: 310:2214; S.C.B.A. Ac. 55.828 9/2/99 - Ac. 66.519 26/10/99 - Ac. 71.303 12/4/00 - Ac. 71.380 24/10/01).
A nivel legislativo, la ley 13.298 al disponer que para “determinar el interés superior del niño se debe apreciar la condición del niño como sujeto de derechos” (art. 4.a) y la ley 26.061 al sostener que “se debe respetar su condición de sujeto de derecho” (art. 3.a).
La CDN es el primer instrumento jurídico internacional que establece derechos humanos para el niño. El conjunto de derechos fundamentales no aparecían en textos anteriores. Reconoce derechos civiles semejantes a los adultos, plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley 23.313).
Es un instrumento contra la discriminación y a favor de igual respeto y protección de los derechos de todas las personas.
Sienta el artículo 16 de la Constitución Nacional el principio de igualdad “todos sus habitantes son iguales ante la ley”, precisando el artículo 51 del Código Civil que “todos los habitantes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible”, y los niños no están excluidos.
“El principio de igualdad ante la ley consiste en el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Igualdad que consiste en aplicar a los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos” (C.S., Arce Jorge, 14/10/97, Fallos: 320:2145). “El principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Ese trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 17/02; el subrayado me pertenece).
V.- Constituye la esencia del debido proceso la oportunidad o posibilidad suficiente de participar (o tomar parte) con utilidad en el mismo (Bidart Campos, “Tratado de Derecho Constitucional Argentino”, I-465). La versión histórica del artículo 18 de la Constitución Nacional -“es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”- se fue vivificando con la normativa de los Tratados y de las doctrinas de los Tribunales Trasnacionales hasta arribar al concepto de proceso justo. “Lo más destacable es el haber girado el punto de vista desde el cual se formulan los fundamentos de la garantía y que es la perspectiva del justiciable, del que reclama a la jurisdicción la tutela efectiva” (Morello, Augusto, “Del debido proceso y la defensa en juicio al proceso justo constitucional”, LL 2003-D-1163).
Se destacan entre las características del proceso justo constitucional para el niño y el adolescente: el derecho que le asiste a ser oído por un juez, que sea debidamente representado, que se dispongan medidas cautelares, tutela urgente y anticipatoria de acuerdo a las necesidades que deben protegerse y sobre todo el derecho a la resolución del conflicto en un tiempo razonable, al leer del artículo 15 de la Constitución Provincial.
Cuando la ley 26.061 en su artículo 27 consagra las garantías en los procedimientos judiciales, establece que, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, se deberá garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial que lo afecte los siguientes derechos y garantías: a ser oído, a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte, de ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial que lo incluya, a participar activamente en todo el procedimiento y a recurrir al superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
Y entre todos estos derechos constitucionales emerge el derecho del niño a ser oído, insertándolo entre las disposiciones que constituyen el conjunto de libertades fundamentales del niño y que no aparecían en textos anteriores, incorporándolo la CDN en su artículo 12. Así establece en el primer párrafo el derecho del niño a ser oído y en el segundo, haciendo, una aplicación particular de lo anterior organiza el derecho de ser escuchado (prestar atención a lo que se oye, según el Diccionario de la Real Academia Española) en todo procedimiento judicial.
La libertad de expresión es una exteriorización de la libertad de pensamiento, que aparece solamente cuando el pensamiento se exterioriza, o sea, cuando se expresa y el niño y el adolescente no puede estar ajeno a la efectivización de este derecho constitucional, que es parte inescindible del derecho de defensa, ¿Cómo determinar su superior interés sin oirlo?.
Los derechos constitucionales del niño a ser oído y la valoración de su superior interés van de la mano.
Dispone la Resolución de la Procuración General de la Corte nº 277/ 94 que los Asesores de Menores deberán “cumplir los actos tendientes a la impulsión del proceso, al resguardo de la defensa de los intereses de sus representados, y al ejercicio del derecho que tienen de expresar su opinión libremente ante el Juez de la causa o de ser oído en todo procedimiento que lo afecte” (art. 3).
A su turno, la ley 26.601 consagra que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables” (art 2), “el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta” (art. 3.a) y en el art. 19, al consagrar los Derechos a la Libertad incluye el de “c) expresar su opinión en todos los procesos judiciales que puedan afectar sus derechos”. Reza el art. 4 de la ley 13.298 que “para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta, se debe apreciar … la opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psico-físico.”
¿Desde que edad un niño está en condiciones de formarse un juicio propio?
Según el Diccionario de la Real Academia Española, juicio: es la facultad del alma, en cuya virtud el hombre puede distinguir entre el bien y el mal y lo verdadero de lo falso y propio: es lo peculiar de cada persona.
Si la legislación sustantiva considera al menor de diez años responsable de sus actos ilícitos, porque son el resultado de la libre determinación, es entonces que a esa edad distingue el bien del mal, lo verdadero de lo falso, esto es, puede formarse un juicio propio (artículos 897, 903, 1114, 1076 Código Civil). Pero entiendo que, no puede partirse de parámetros cronológicos y generalizar, por debajo de esa edad los niños deben ser oídos. Prueba de ello es que las leyes de Protección Integral no determinan la edad a partir de la cual el niño debe ser escuchado; el art. 2 de la ley 26.061 es terminante “cualquiera sea la forma en que se manifieste” y el art. 4.b de la ley 13.298 usa la expresión “la opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psico-físico”.
La Convención es imperativa “se dará la oportunidad”, pero lo que es fundamental e insoslayable es el contacto directo del juez con el niño. Así tiene dicho el Superior Tribunal Provincial llevando la palabra el Dr. Mercader “atento la trascendencia que a la decisión sobre el destino del menor se otorga, se exige -bajo pena de nulidad- que quien vaya a resolver sobre él lo conozca; no importa cuáles fueran las circunstancias que demandaran la intervención judicial, ni importa tampoco la edad: la ley no distingue. Sea cual fuere su edad, será indispensable verlo porque ese constituye el verdadero y único modo de saber de él, más allá de los certificados, informes y constancias foliadas, para ser protegido el niño necesita la mirada de su juez” (Ac. 41.811 10/10/1989 y lo reitera en Ac. y Sent. 1989-III-647 - Ac. 56.195, Ac. y Sent. 1995-III-852 - Ac. 73.814 27/9/2000, DJJBA 193-6883).
El niño será escuchado “directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”, así dispone el artículo 12.2 CDN. La conjunción “o” denota alternativa, da idea de equivalencia, que es lo mismo. Pero entiendo que su redacción no ha sido feliz.
El niño debe ser escuchado directamente por el juez, sin perjuicio que esté representado (arts. 57 inc. 2 y 58 Código Civil), o que actúe el Ministerio Pupilar ejerciendo la representación promiscua (art. 59 código citado), pues bastaría la intervención de estos últimos para que el niño no sea escuchado y nada más lejos del espíritu de la Convención. No debe confundirse el derecho del niño a ser oído con el derecho, que también le asiste, de tener un representante.
Es doctrina reiterada por el Superior Tribunal Provincial que “la representación que el Asesor de Menores ejerce, como parte esencial en el procedimiento, investido de todas las atribuciones necesarias para controlar el efectivo cumplimiento de las normas destinadas a proteger al menor, no suple ni por ende subsana la omisión del contacto personal” (Ac. 41.811 10/10/89, Ac. y Sent. 1989-III-647 - Ac. 56.195 17/10/95 - Ac. 78.446 27/06/01 - Ac. 71.380 24/10/01).
No se le confiere intervención al niño como juez o árbitro, sino como sujeto de derecho interesado en participar en procesos judiciales que afecten algún aspecto de su vida.
Debe oírselo en todo tipo de procesos y en todas las Instancias, previo a decidir una cuestión que lo afecte. Será escuchado personalmente por el juez, garantizándose así la inmediación y celeridad, en audiencia privada con la presencia del Asesor de Incapaces –art. 23.2 ley 12.061 (Corte Suprema “S.R.P” LL 1990-A-86; S.C.B.A. Ac. 78.728 2/05/02 – “S de R., S. Vs. R., J.A. s/Divorcio Contradictorio” – Ac. 85.958 12/12/03 – “m.J.M. s/art. 10 ley 10.067, recurso de queja).
En el acta no se volcarán sus dichos, sólo constará que fue oído. Y ello así porque sus dichos no se valorarán como medio de prueba, sino como información de la realidad que lo afecta.
Es doctrina recibida del Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires que la CDN es una norma que se encuentra en condiciones de inmediata operatividad, actuando como directiva expresa en toda cuestión que pueda afectar al niño, enervando la aplicación de toda otra disposición que se encuentre en colisión con aquella. Que es obligatorio para los jueces oír al niño, sin importar la edad, en todos los procesos en que se vean afectados por la decisión judicial que recaiga; este derecho a ser oído es de carácter personalísimo, no puede admitirse que se exija su ejercicio a través del Asesor de Menores ni de una figura como el tutor, pues su intervención desvirtuará la finalidad que persigue (Ac. 71.380 24/10/01 - Ac. 78.728 2/05/02 - Ac. 84.856 16/2/03).
La doctrina legal en los términos del art. 279.1 del C.P.C.C. nos ubica frente a un supuesto de obligatoriedad de la jurisprudencia, ya que forma parte del mecanismo de control casatario que lleva adelante nuestra Suprema Corte de Justicia respecto de sentencias definitivas dictadas por los tribunales de toda la provincia. Por vía indirecta la ley consagra su obligatoriedad, ya que erige a la violación o errónea aplicación de la doctrina legal en una de las causales de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Y es por todo ello que esta Sala, en presencia del Sr. Asesor de Incapaces, oyó a los niños J.L. de 14 años, V.M. de 12 años y a L.L. de 9 años, cuyas opiniones he de valorar junto con las constancias objetivas de la causa (acta de fs. 51). Solo diré que L. y V. con gran madurez, explicaron cual era su vivencia y sus proyectos de vida. El pequeño también estudiante, se mostró muy cobijado y guiado por sus hermanos mayores. Los tres dieron muestras acabadas de su amor fraternal y manifestaron su deseo de transitar juntos la vida
Finalmente diré, que oír a los niños no significa aceptar incondicionalmente sus deseos, sus deseos no conforman la decisión misma, sino que la información recibida, con conocimiento de la realidad que los circunda la valoraré como un dato más junto con las pruebas aportadas (art. 384 C.P.C.C.).
En definitiva, el interés superior de los niños reclama que las decisiones que los afectan no se tomen a sus espaldas.
VI- El interés superior constituye la clave de bóveda de la Convención, disponiendo que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen…los tribunales…una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” - art.3.1-. Concepto reiterado tanto por la Corte Federal in re “S.C. s/ adopción” (Fallos: 328:2870), cuanto por la Suprema Corte Provincial (Ac. 73.814, 24/09/00; Ac. 71.380, 24/10/01, Ac. 78.013, 2/04/03).
Este principio rector opera en todas las ramas del derecho y en todas las Instancias sea que el niño intervenga como parte procesal, como tercero o que sus derechos resulten alcanzados al resolverse un conflicto (S.C.B.A. Ac. 85.958 12/03/03, ”M.J.M. y otros s/ art. 10 ley 10.097”).
Posee un contenido indeterminado ya que es una idea en permanente evolución y transformación, que varía entre los distintos Estados ratificantes según sus pautas culturales y sociales y es de contenido flexible, porque es necesario acomodarlo a cada situación a resolver, interpretando las particularidades de cada caso y valorándolas conforme con las reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC).
Se lo ha conceptualizado como “el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto. Máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa en el futuro transformarse en algo pertinente” (SCBA Ac. 66.519 26/10/1999 - Ac. 71.303 12/ 04/00 - Ac. 78.099 28/03/01 - Ac.78.446 27/06/01, votos del Dr.Pettigiani - Ac. 84.818 19/06/02 - Ac. 78.013 2/04/03).
Los derechos reconocidos en la ley 26.601 “están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño” -art.1-, conceptualizándolo como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley” -art.3-. A su turno, el artículo 4 de la ley 13.298 lo define como “la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad”.
La expresión “interés superior del niño”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas de todos los órdenes relativos a la vida del menor” (OC 17/02).
De la mano del interés superior se pueden modificar sustancialmente diversos aspectos del acontecer jurídico, interés que ejerce una influencia decisiva en la interpretación de las normas, otorgándoles en algunas circunstancias una nueva perspectiva.
He señalado que una de las características del proceso justo constitucional para el niño y el adolescente es la solución del conflicto que lo afecta en tiempo razonable, íntimamente ligado con la satisfacción de su interés superior, o sea, la satisfacción integral de sus derechos.
Después de haber transcurrido once años desde la internación de los dos niños mayores y nueve del pequeño, la madre no ha podido solucionar su conflictiva y las secuencias dolorosas de estos tres hijos (informe de la Lic. Diberto).
Cada paso del proceso, cada diligencia consume días, meses y años, mientras tanto los niños esperan con incertidumbre quién se hará cargo de sus más elementales necesidades, lo que es inconciliable con el debido proceso que merecen. No se trata de discutir derechos sobre un objeto inanimado, sino de sujetos que día a día van forjando su identidad y personalidad y donde el correr del tiempo y la consiguiente incertidumbre sobre sus destinos pueden causarles daño irreparable (SCBA del voto en minoría Ac. 73.814 27/09/00 – Ac. 71.380 27/10/01 - Ac. 78.446 27/06/01).
VII- Se agravia la apelante porque la Sentenciante no ha valorado que la familia es el ámbito natural donde los niños deben crecer y desarrollarse.
El artículo 9.1 CDN tras establecer que los Estados Partes velarán porque los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, establece como excepción que tal separación sea necesaria en el interés superior de los mismos.
Es que el interés superior de los artículos 3.1 y 9.1 debe ser preferido por los jueces sobre los derechos de los padres y de la familia, criterio que se impone luego de la reforma constitucional (C.S., Fallos: 312:1580).
Son coincidentes las leyes 26.601 –art. 3 in fine- y la 13.298 –art. 4 in fine- al establecer que cuando exista conflicto entre los intereses de los niños frente a “a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
La Corte Federal tiene dicho que ante un conflicto de intereses, se prioriza el del niño, ya que el niño tiene derecho a una protección especial, cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto. Frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño (“S.C. S/adopción”, JA 2005-D-87, JA 205-IV-22; mismo sentido SCBA Ac. 84.418 19/06/02; Ac. 87.832 28/07/04).
Los derechos de los niños dejaron de ser mentados, para constituirse en derecho positivo argentino, de rango constitucional y los derechos de la madre –en el caso- de criarlos y alimentarlos pueden ceder en exclusivo beneficio de superiores derechos de los niños conforme a las particularidades del caso.
VIII- El abandono que sanciona con la privación de la patria potestad el inc. 2º del art. 307 del C.C. -caso de autos-, consiste en la abdicación total, voluntaria e injustificada de los deberes que impone el art. 265 del Cód. Civil; se requiere el juzgamiento de la conducta real, atendiendo al proceder del responsable, debiendo concurrir el elemento intencional, la voluntariedad de la conducta adoptada. Siendo abarcativo el término abandono de los plurales estados en que peligra la normal conformación biosicosocial del niño.
Ello descarta, en primer lugar, toda posibilidad de asimilar el abandono con la ausencia, que constituye un supuesto específico de suspensión del ejercicio de la patria potestad, contemplado por el art. 309 pár. 1ero., pero distinto de la privación. El padre ausente en ignorado paradero deja, obviamente de cumplir aquellos deberes, pero es en la voluntariedad donde radica la diferencia específica entre el incumplimiento que se deriva del abandono y el que supone la ausencia, ya que en ésta falta el nexo intencional que vincula el alejamiento con el incumplimiento de los deberes que impone la patria potestad.
Recepta la norma en análisis el criterio subjetivo de imputación del abandono, al sancionar al progenitor abandonante independientemente de que el niño haya quedado "bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero". Se sanciona el abandono en si mismo, incluyendo bajo la denominación de "terceros" a todos los que quedan al cuidado del menor -fuera del otro progenitor- incluidas las instituciones tutelares (esta Sala, mi voto, cs. 42944, R.S. 12/00, entre otras).
Esa conducta de total desamparo y de absoluta indiferencia frente a la realidad de los hijos, es lo que caracteriza al abandono, y en la especie, la actitud de la progenitora encuadra en esta disposición, a pesar del esfuerzo desplegado en la instancia de origen para reencauzar la situación, tan dilatada en el tiempo.
Esta actitud abandónica de la demandada, que solo gesticula revinculación, luego de haber sido infructuoso su acercamiento al Tribunal y consiguientemente a los niños por algo más de una década y el superior interés de ellos es que me llevan a proponer mantener la sentencia apelada (arts. 264 punto 4, 307 inc. 2º Cód. Civil, 2 inc. "a",3.1, 9.1 y 12 CDN, 3 ley 26601, 4 ley 13298), desestimando los agravios de la apelante.
IX - Como los agravios dan la medida de la competencia de esta Alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC) propongo por los fundamentos dados su confirmación. Costas de esta Instancia a la apelante perdidosa (arts. 68 pár. 1ero., 84 CPCC).
Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA.-
A la misma cuestión el señor Juez doctor Russo, por iguales fundamentos votó también por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION, la señora Juez doctora Ludueña, dijo:
Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 28/29. Costas de esta Instancia a la apelante perdidosa.
El señor Juez doctor Russo por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Morón, 14 de mayo de 2009.
AUTOS Y VISTOS: de conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad se confirma la sentencia apelada de fs. 28/29, costas de esta Instancia a la apelante perdidosa.
El Dr. Castellanos no participa del Acuerdo dado que en la votación no existe disidencia (art. 35 ley 5827).
Fdo: Dres. Liliana Graciela Ludueña y José Eduardo Russo.-

References: resolución 
 resolución 
 artículo 264
in fine
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 51
 artículo 24
 artículo 18
 resolución 
 artículo 15
 artículo 27
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 9
in fine
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