Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20040468
Timestamp: 2019-09-22 19:01:09+00:00

Document:
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020040468CC-SENTENCIAC802200910/11/2009CC-SENTENCIA_C_802__2009_10/11/2009200404682009Sentencia C-802/09 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Incumplimiento de requisitos de la demanda/SENTENCIA INHIBITORIA POR INEXISTENCIA DE PROPOSICION JURIDICA COMPLETA-Procedencia en demanda por exclusión en la posibilidad de adoptar a parejas homosexuales INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda Referencia: expediente D-7415 Asunto:
Luis Eduardo Montoya MedinaCONSTITUCIONALIDADGabriel Eduardo Mendoza MarteloDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990 por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentesD7415Identificadores20020040469true60528Versión original20040469Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990 por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990 "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes."
1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Luis Eduardo Montoya Medina demandó parcialmente el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
3. Así las cosas, el ocho de septiembre de dos mil ocho, el accionante radicó en la Secretaria de esta Corporación escrito de subsanación en el que procedió a integrar la unidad normativa con la inclusión en la demanda del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes", de acuerdo con lo dispuesto por el Despacho en concordancia con la jurisprudencia constitucional pertinente para el efecto.
4. Mediante Auto del 25 de septiembre de 2008, el Magistrado Sustanciador procedió decidió: (i) admitir la demanda en relación con los cargos presentados en contra del numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 y del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 y (ii) rechazar la demanda "en lo relacionado con los cargos presentados contra el inciso primero (parcial) del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006" por considerar que frente a este punto, el demandante no había logrado subsanar los problemas advertidos en el auto admisorio.
3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior."
Artículo 1o. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho."
A partir de esa consideración, el accionante expresa que si bien, inicialmente, las voces del artículo 42 de la Carta Política, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, señalaban como modos tradicionales de conformación de una familia, a los vínculos naturales y jurídicos entre hombres y mujeres, lo cierto es que, a partir de la Sentencia C-075 de 2007, se reconoce que dicho precepto constitucional admite otras dinámicas que se han decantado en la sociedad, las cuales pueden tomarse como nuevas "variedades jurídicas socialmente constatables", que superan la noción tradicional de familia.
Apunta el actor que otra especie de familia que debe reconocerse en la actualidad y que igualmente merece protección constitucional, es aquella que corresponde a la noción de "mujer cabeza de familia", en donde cabe incluir los eventos de personas con inclinaciones homosexuales.
Así, para el actor, cuando una pareja homosexual integra una familia basada en una comunidad de vida permanente y singular, tal y como lo dispone el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, conforma, sin más, una familia digna de protección por parte del Estado e idónea para gozar a plenitud de la totalidad de los derechos que emergen del texto constitucional. En efecto, al ser "partícipes de algo más que su comunidad de vida material, pues se hallan ligados en sus aspectos anímicos, síquicos, afectivos, amatorios, sociales y económicos, están en las mismas condiciones de la pareja de convivientes de distinto sexo para recibir hijos en adopción y para convivir con los suyos propios, fruto de sus relaciones anteriores, nacidos de ellos o asistidamente concebidos, los cuales no se les quitan en prevención de daños, pues el Estado frente a otros no les puede descalificar como pareja de convivientes sin razones de peso constitucional o respecto de los hombres y las mujeres casados o maritalmente unidos, sobre los que no existen reparos por sus inclinaciones sexuales y sin que olvidemos, en primer término, que se les desconocería el derecho del artículo 13 Superior".
2.2.2. Expresa el actor que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que los conceptos de paternidad y de maternidad no surgen exclusivamente del hecho de la procreación, sino de un conjunto de condiciones vitales y valorativas que justifican que una persona sea denominada "padre" o "madre".
2.3. Por otro lado, desde la óptica de los derechos de los niños y adolescentes a tener una familia -arts. 44 y 45 C.P.- , el actor considera que, sobre la base de lo dispuesto en la Sentencia C-075 de 2007, resulta válido afirmar que aquella incluye tanto la conformada por un hombre y una mujer, como la compuesta por personas del mismo sexo, todas las cuales deben ser protegidas por el Estado de manera integral. Agrega, en ese contexto, que no es posible descalificar, per se, a las parejas homosexuales como entornos familiares adecuados para los menores a adoptar. Aduce, por un lado, que "existe una discriminación que rechaza al candidato para ser padre o madre adoptante a aquel de inclinaciones homosexuales por no constituirse en expectativa de familia estable y adecuada, así no tenga reparos por los restantes requisitos"; y, por otro, que se presenta una contradicción respecto de la persona que no obstante su orientación homosexual, decide procrear libremente, puesto que a sus hijos no se les puede separar del seno familiar.
Así, según la demanda, resulta claro que la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios contenidos en las normas acusadas es inconstitucional, como quiera que ex ante, realiza un juicio sobre la orientación sexual para determinar la idoneidad del adoptante, desconociendo, por contera, los derechos de los menores a crecer en una familia donde bien pueden desarrollar libremente su personalidad, recibir afecto y cuidado, con el debido acompañamiento que el Estado debe brindar igualmente a los niños entregados en adopción a las parejas heterosexuales. En su entender, "la circunstancia de que el Estado mire receloso los derechos superiores del niño adoptable, no se refiere necesariamente a sus condiciones personales respecto de los futuros padres adoptivos, por lo que nada le autoriza a deducir que esa inclinación sexual ponga en peligro, de suyo, los derechos del niño a tener una familia".
Tal acontecer fáctico, impondría, según su entender, el reconocimiento a las parejas homosexuales como potenciales adoptantes, pues "sería ilegítimo tomarlos como inhabilitados para adoptar, porque la ley permite que los compañeros permanentes adopten y no distinguió sobre el sexo biológico de estas parejas y es contrario a Derecho hacer distinciones donde la ley no lo hace".
Mediante escrito allegado oportunamente a esta Corporación, Gustavo Gallón Giraldo, actuando en calidad de director y representante legal de la Comisión Colombiana de Juristas, intervino en el trámite de la presente acción con el fin de que las expresiones censuradas se declaren ajustadas a la Carta Política de 1991, en el entendido de que la expresión "compañeros permanentes", contenida en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, incluye a las uniones maritales de hecho conformadas por parejas del mismo sexo.
El Instituto Investigación del Comportamiento Humano coadyuvó la demanda de inconstitucionalidad con apoyo en estudios científicos sobre la materia, entre los cuales se encuentran "Cameron P. Numbers of homosexual parents living with their children.Psychological Reports 2004;94: 179-188" y "Downs AC, James SE. Gay, lesbian, and bisexual foster parents: strengths and challenges for the child welfare system.Child Welfare 2006; 85: 281-298".
El escrito aborda, en primer lugar, el problema de la igualdad, y, al respecto, señala que "… en materia jurídica el reconocimiento de iguales derechos para los miembros de la comunidad LGBT ha girado, alrededor de los conceptos de familia y sociedad". Por su parte, el concepto de familia, en el derecho colombiano, se vincula con el de matrimonio y con la unión marital de hecho, pues así lo establece la Carta Política en su artículo 42.
Con todo, dicho concepto ya no es el mismo de hace unos años, pues "las necesidades afectivas y sociales de las personas han conllevado a nuevas formas de organización", a pesar de lo cual, la familia se mantiene como el núcleo básico de la sociedad, tal y como lo dispone el artículo 42 Superior.
Adicionalmente, se ha dicho que lo importante para el correcto desarrollo de un menor, es el cariño y el ambiente sano en que éstos crezcan y no, la orientación sexual de sus padres. Se ha demostrado a partir de distintas investigaciones que "el 90% de hijos adultos de madres lesbianas o de padres gays desarrollaron una orientación heterosexual, además, los hijos de padres y madres homosexuales son cognitiva y emocionalmente igual de maduros que los hijos de los heterosexuales".
El Grupo de Apoyo a Mamás Lesbianas de Bogotá, creado hace más de cinco años, intervino con base en "… la experiencia adquirida en estos años y no en argumentos jurídicos propiamente dichos".
En general, señala el Grupo en su intervención que, muchos de los argumentos jurídicos que se presentan en contra del derecho a adoptar de las parejas del mismo sexo, "… no son más que argumentos morales basados en el prejuicio". Este grupo manifestó que los altos índices de discriminación que existen en la sociedad colombiana, han impedido que se reconozca la existencia de los padres y madres homosexuales.
Este grupo sometió a consideración de la Corte el escrito presentado por Karen Atala, ciudadana y abogada chilena, en el que se plantea la declaración de exequibilidad condicionada de la norma demandada, en el entendido de que la expresión "conjuntamente los compañeros permanentes" también incluye a las uniones maritales de hecho conformadas por compañeros permanentes del mismo sexo, a partir de su experiencia personal en un caso que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que el Estado chileno (en razón de un fallo proferido por la Corte Suprema de Chile) violó varias disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, al negarle la custodia de sus tres hijas, por considerar que su orientación sexual podía poner en peligro el interés superior de las menores.
En primer lugar, la señora Atala describe los hechos del caso, según los cuales mediante un recurso extraordinario de queja, la Corte Suprema chilena revocó las sentencias de primera y segunda instancia, las cuales le habían otorgado el cuidado personal (tuición) de sus tres hijas menores de edad, luego de la separación de su matrimonio. La interviniente manifiesta que el fundamento de la Corte Suprema para revocar los fallos de instancia fue "la falta de debida apreciación de los jueces sobre las pruebas relativas a su lesbianismo como madre y el inicio de una relación de convivencia con una pareja del mismo sexo". Se indica que la Corte Suprema argumentó que las niñas podrían ser discriminadas por el medio social chileno, el cual es "tradicional y heteronomado".
En segundo lugar, se allega un resumen del fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de Villarica (Chile) proferido el 29 de octubre de 2003. En esta providencia se estableció que no existía ninguna causal legal que inhabilitara a la señora Atala, o que impidiera que se le reconociera el cuidado personal de sus tres hijas. En adición, este Juzgado presentó algunos estudios e informes psicológicos presentados por algunas universidades chilenas que soportan esta decisión. En especial, la no acreditación de la existencia de hechos concretos que perjudiquen el bienestar de las niñas, derivados de la presencia de la pareja de la madre en el hogar. Este fallo manifestó igualmente que "el concepto de familia se encuentra en constante evolución" y que "las menores no han sido objeto de ninguna discriminación hasta la fecha, por lo cual este tribunal debe fundar su resolución en hechos ciertos y probados en la causa y no en meras suposiciones o temores".
En tercer lugar, se permite resumir el Informe de Admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual este organismo declaró admisible la petición en relación con la presunta violación de los derechos reconocidos por los artículos 8(1) (garantías judiciales), 11(2) (protección de la honra y la dignidad, en cuanto a injerencias arbitrarias en la vida privada y de familia), 17(1) (protección a la familia), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1(1) (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de dicho instrumento, así como decidió continuar con el fondo del asunto. Consideró esta Comisión que "la Corte Suprema no tomó en cuenta el deseo de las niñas de permanecer con su madre, lo que sí hicieron los tribunales inferiores". Por último, la Comisión decidió que interpretará el alcance y el contenido de dichos derechos de la Convención Americana a la luz de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente su artículo 12 (derecho del niño(a) a expresar libremente su opinión en los asuntos que le afectan).
1.1. Los ciudadanos Catalina Lleras Cruz y Mauricio Noguera Rojas, allegaron escrito en el que solicitaron a esta Corporación que se declarara la exequibilidad condicionada de la Ley 1098 de 2006, artículo 68, numeral 3, en el entendido de que la expresión allí contenida "conjuntamente los compañeros permanentes", también incluya a las uniones maritales de hecho conformadas por compañeros permanentes del mismo sexo.
En relación con el artículo 42 de la Constitución Política, los intervinientes señalan que en la forma cómo se ha interpretado esta norma en algunas decisiones de la Corte, marcada por una aproximación literal e histórica, que conduce a la prevalencia de la familia monogámica y heterosexual, desconoce que existen múltiples formas de conformación de familias distintas a la anteriormente mencionada, y que pueden considerarse expresamente reconocidas por el artículo 42 bajo el entendido de "vínculos naturales o jurídicos", o "por la voluntad responsable de conformarla". Entre tales tipos de familia, señalan, se encuentran la familia conformada por la madre/padre cabeza de familia, la familia conformada por un solo padre adoptante y un hijo adoptado y la llamada "familia de crianza". Expresan que la pareja homosexual debe considerarse como un núcleo familiar que merece igual respeto y trato que la familia heterosexual, y que sobre la materia existe un déficit de protección que la jurisprudencia debe corregir.
Por otro lado, los intervinientes advierten sobre una eventual responsabilidad internacional del Estado Colombiano, en tanto que, con la renuencia a permitir que los homosexuales puedan ejercer plenamente sus derechos a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, a través de la conformación de parejas y familias homosexuales, se desconocerían los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que el Comité de Derechos Humanos, en el caso Young vs. Australia, determinó que el trato discriminatorio sobre los homosexuales no encontraba ningún argumento razonable ni objetivo. Se menciona igualmente el fallo "Salgueiro Da Silva Mouta vs. Portugal", por medio del cual la Corte Europea de Derechos Humanos indicó que la protección a la familia no justifica que la legislación interna discrimine a las parejas homosexuales.
En la Parte B, concerniente al principio del interés superior del niño, los intervinientes describen el tránsito normativo y jurisprudencial entre el Decreto 2737 de 1989 y la Ley 1098 de 2006, luego de la ratificación por parte de Colombia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la cual consagra la protección especial del menor de edad, tomándolo como un sujeto de derechos, en lugar de considerarlo como un "menor". En otras palabras, la "protección integral" a la que se refiere la Ley 1098, ya no se funda en una situación concreta reconocida por el Estado ("situación irregular"), sino en el "interés superior del niño", independientemente de la situación en la que se encuentre. Adicionalmente, la Ley 1098 consagró la adopción como una medida concreta de restablecimiento de derechos.
Empiezan los intervinientes por señalar que la Sentencia C-814 de 2001, que declaró exequible la exclusión de las parejas del mismo sexo para acceder a la adopción, fue, en su momento, equivocada y es constitucionalmente inconveniente, lo cual resulta evidente a la luz de los nuevos desarrollos jurisprudenciales de la Corte. Así, consideran que si bien es cierto que no existe un derecho fundamental a adoptar y que el legislador puede regular la adopción, ese fallo no tuvo en cuenta que se debió haber realizado un "test estricto de igualdad", en cuanto se trataba de una distinción basada en una categoría sospechosa, cual es la orientación sexual.
Manifiestan los intervinientes que la protección a la familia parece no requerir de esa diferencia de trato, pues "no se entiende por qué admitir la adopción de parejas homosexuales sería un atentado contra las familias heterosexuales". Finalmente, en cuanto al principio del interés superior del niño, consideran que no existe evidencia para concluir que este tipo de adopción atente contra los menores de edad.
De este modo, concluyen que "[p]ara que los prejuicios contra la homosexualidad sean erradicados y para que la diversidad sea entendida como fuente de riqueza social, es fundamental que en el proceso de la referencia la Corte Constitucional reconozca la igualdad real de derechos de las parejas del mismo sexo y, en consecuencia, acceda a la solicitud de declarar inconstitucional la exclusión a las parejas del mismo sexo de acceder a la adopción."
1.5.1. Para sustentar su posición, la interviniente anexa el texto del investigador chileno Juan Marco Vaggione, titulado "las familias más allá de la heteronormatividad", en el cual, realiza un exhaustivo análisis sobre la concepción tradicional de familia, entendida como la unión de un hombre y una mujer, cuyo objetivo es la procreación, y la concepción contemporánea de familia, como una realidad múltiple y diversa, que abarca a las personas de un mismo sexo. En este aspecto, el autor resalta "la influencia de la Iglesia Católica y sus sectores aliados en la moral y las costumbres latinoamericanas, por lo que, en su sentir, esta institución continúa siendo el principal opositor a la sanción de leyes y la articulación de políticas públicas favorables a los derechos sexuales y reproductivos de los homosexuales".
Para el investigador, la concepción tradicional de familia es heteronormativa, porque "la heterosexualidad se constituye en la norma desde la cual se regulan las barreras morales y legales. De ahí que el Estado y la sociedad sólo protegen a las uniones conformadas por personas heterosexuales, como quiera que esa la organización legitimada para procrear y así conformar el ideal de familia".
En el caso de Latinoamérica, el investigador trae a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, específicamente la Sentencia C-075 de 2007, en la que el concepto de "dignidad" tiene un papel preponderante en la discusión sobre los efectos legales de las parejas del mismo sexo. Así, resalta que en dicha sentencia se considera que la exclusión de las parejas homosexuales del régimen patrimonial de las parejas heterosexuales, es discriminatoria, y por lo tanto, contraria a la Constitución.
Por otro lado, el autor cuestiona el hecho de que la heterosexualidad sea la regla en el ejercicio de la paternidad y la maternidad, habida cuenta que "se ha demostrado que personas y parejas cuya sexualidad se supone no es reproductiva, se reproducen. Adopción, inseminación artificial, intervención de terceros, parejas previas, son algunas de las formas utilizadas para reinscribir la reproducción desde un lugar imposible".
En efecto, para la adopción de niños y niñas por parte de parejas homosexuales se cuestiona si tiene o no "idoneidad moral", partiendo de la premisa de que lo general es concebir la idoneidad en el rol parental de la familia heterosexual.
Bajo esta premisa, también se hace alusión a la Sentencia C-814 de 2001, en donde tres de los nueve magistrados que integran la Corporación salvaron su voto, bajo la concepción de que "el interés superior del menor no es una entelequia abstracta que pueda ser definida por fuera de todo contexto y situación particular, como lo pretendió hacer la Corte, al decidir que el interés de todo menor es pertenecer a una familia monogámica y heterosexual, Sino que, por el contrario, el interés superior del menor es apreciable únicamente a partir del caso particular".
Por último, se presenta el texto denominado "La adopción, la caída del prejuicio, Proyecto de Ley Nacional de Unión Civil de Argentina", el cual incluye en su contenido temas como "la adopción y la alternativa homosexual", "adopción y de derechos de los homosexuales", "parejasdel mismo sexo que adoptan niños" entre otros.
En ese sentido expresan que los conceptos científicos aportados al debate constitucional tienden a confirmar que no existe prueba empírica que demuestre afectación en los menores que crecen en hogares conformados por parejas del mismo sexo y que, en consecuencia, "… la regla constitucional adecuada que debe formularse en este caso es que mientras no exista un daño cierto y comprobado, no puede ejercerse una restricción de derechos, máxime cuando se trata de la protección de una categoría constitucionalmente sospechosa en materia de igualdad".
2.1. El Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, en escrito allegado el 27 de mayo de 2009, emitió concepto conforme al cual "… nada en las parejas homoparentales se constituye en un óbice evidente para llevar a cabo una paternidad responsable y que la identidad sexual de aquellos criados bajo su egida no estará marcada de manera lineal por la de sus padres."
Indicó que los estudios señalan que los homosexuales son personas comunes y corrientes, diferenciándose de las personas heterosexuales en el sexo de las personas con las que establecen relaciones íntimas. En reconocimiento a la evidencia científica acumulada, la American Psychiatric Association reconoció en 1973 que "la homosexualidad per se no implica discapacidad alguna en cuanto al juicio, la estabilidad, la confiabilidad, ni en general, a las capacidades sociales o vocacionales". Adicionalmente se reconoció que al igual que las personas heterosexuales, las mujeres lesbianas y los hombres gays obtienen importantes beneficios psicosociales cuando reciben reconocimiento y soporte de sus familias y redes sociales. Muchos estudios muestran como lesbianas y gays manifiestan mejor salud mental cuando mantienen sentimientos positivos respecto de su propia orientación sexual, han tenido la oportunidad de desarrollar un sentido positivo respecto de su identidad personal y han logrado una efectiva integración de sus vidas afirmando su orientación sexual.
b) Rol de género. Un importante número de estudios han reportado que "el rol de género y los roles sexuales de los hijo y las hijas de madres lesbianas se mantiene dentro de los límites convencionales típicos".
El interviniente solicita que, a la luz de los anteriores pronunciamientos judiciales, la Corte Constitucional declare la exequibilidad condicionada del numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, en el entendido de que la expresión "conjuntamente los compañeros permanentes""… también incluye a las uniones maritales de hecho conformadas por compañeros permanentes del mismo sexo".
Se pone de presente en el concepto que, desde la perspectiva biológica, existe un orden natural que implica la procreación "… y señala lugares y actos funcionales que deben ser asumidos por la especie; es un orden que rige el desarrollo y evolución y que permite el sostenimiento de la misma."
La Facultad de Psicología, mediante escrito de fecha del 27 de mayo de 2009, presenta un concepto en el que, de manera preliminar, se observa que la principal dificultad que surge en torno a la materia propuesta surge del hecho de que la evidencia científica disponible no arroja resultados concluyentes. Se hace notar que existe amplia discusión sobre aspectos metodológicos de los estudios que soportan las diversas posturas en torno a los efectos en los menores de la adopción por parejas homosexuales y que muchos de esos estudios se centran en el fenómeno de la "second parent adoption". Se pone de presente, así mismo, que en el país no existe material disponible que permita establecer la situación en la cultura local, razón por la cual se concluye que la información científica sobre el argumento de la construcción de roles paterno y materno en entorno de menores convivientes con pareja homosexual no es aún claro, así como tampoco existe información concluyente sobre la construcción de identidad sexual de dichos menores.
Dicho enfrentamiento genera como consecuencia, una disminución en su autoestima en razón al "señalamiento del medio hacia sus seres queridos (padres adoptivos); un señalamiento peyorativo de sus pares hacia él, frente a denominaciones que no ha vivenciado y no comprende; un aislamiento social al no estar incluido dentro del grupo heterosexual; una carga emocional negativa temprana que favorece el resentimiento social asociado a la discriminación; inestabilidad emocional al amar y al odiar a la vez en forma permanente, a las figuras parentales y a sus representantes del mismo género; una agresión reprimida que se hace más evidente al crecer la persona porque no tuvo la oportunidad de elegir su identidad y orientación. Es decir posee una estructura de forma incompleta y sectorizada al relacionarse con figuras parentales de un mismo y único sexo".
Expresa, de manera preliminar, que en la Resolution on Sexual Orientation, Parents, and Children, los representantes del consejo consultivo de la American Psychological Association - APA, reconocieron que no existe evidencia científica acerca de la relación entre orientación sexual de las madres y los padres y la capacidad de maternaje y paternaje: "las madres lesbianas y los padres gays están en las mismas condiciones que las madres y padres heterosexuales de proporcionar apoyo y ambientes saludables".
Marcela Sánchez Buitrago, en su calidad de ciudadana y de Directora Ejecutiva de la Organización Colombia Diversa, mediante escrito presentado ante esta Corporación, de fecha 20 de febrero de 2009, interpuso un incidente de recusación contra el señor Procurador General de la Nación, alegando la causal de "interés directo en la demanda", por lo que solicitó que se declarara impedido para emitir concepto frente al proceso de la referencia.
VIII.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante comunicación de fecha 25 de febrero de 2009, el Señor Procurador rindió el concepto de rigor dentro el presente proceso, y solicitó a ésta Corporación que declare la exequibilidad del numeral 3 del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, así como el artículo 1° de la Ley 54 de 1990 y que, en el caso de que profiera una sentencia condicionada, interprete que la expresión "compañeros permanentes", para los efectos de la constitución de la familia y de la adopción, no incluye a las parejas convivientes del mismo sexo.
De las distintas interpretaciones de las normas anteriormente señaladas, se concluye que la familia requeriría, como requisito esencial, la diferenciación sexual, entendida como la unión sexual entre el varón y la mujer que está naturalmente abierta a la vida, lo que claramente permite la procreación, que no sólo crea vínculos biológicos o naturales, sino que da origen a relaciones jurídicas. De esta forma, bien podría afirmarse que habría una imposibilidad deprincipio para que las uniones de convivientes de un mismo sexo puedan considerarse como familia, porque no estarían abiertas naturalmente a la vida.
Manifestó que la segunda idea, se encuentra estrechamente vinculada a la anterior, si se tiene en cuenta que los hijos "son habidos en el matrimonio o fuera de él" , así pues se entiende que la procreación exige una distinción sexual entre el varón y la mujer. Esta interpretación se corrobora con el uso de la expresión "procreados naturalmente", que utiliza el inciso 7 del artículo 42 de la Carta Política.
La tercera idea, es la relativa al uso de la expresión los "hijos adoptados", lo cual pone de manifiesto que el énfasis constitucional de la adopción está en los hijos, que como niños tienen «derecho a tener una familia y a no ser separados de ella», según lo establece el artículo 44 constitucional. Y si la adopción determina la relación legal de paternidad y maternidad, exige como presupuesto o razón suficiente o criterio de razonabilidad la diferenciación sexual entre el hombre y la mujer, para determinar quién es el padre y quién es la madre del hijo adoptado.
La Ley 1098 de 2006, al establecer los requisitos para la adopción, precisa en el numeral 3 del artículo 68, parcialmente impugnado, que podrán adoptar "[c]onjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una convivencia ininterrumpida de por los menos (2) años. Este término se contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior".
Tampoco consideró que pueda argumentarse que el no reconocimiento de tal derecho a las parejas convivientes del mismo sexo genere "un déficit de protección inadmisible a la luz de la Constitución", porque estas parejas han sido reconocidas para ciertos efectos jurídicos, pero no se le ha dado el carácter de una relación familiar. No es, por tanto, la Ley 1098 de 2006 la que establece una discriminación a las parejas convivientes del mismo sexo. Es la propia Constitución la que determina cuál es el alcance que da a la familia que protege de manera integral, así como a la forma como ha de entenderse en el marco de las normas superiores la adopción. Parece, por tanto, razonable afirmar que la diferenciación legal de trato entre las parejas heterosexuales que constituyen familia y las parejas homosexuales que no lo son, es un imperativo constitucional.
En consonancia con lo anterior, el Procurador General de la Nación concluye que la expresión "compañeros permanentes" que contempla el numeral 3 del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 no puede hacerse extensiva a las parejas del mismo sexo, debido que no resulta posible aplicarles la norma por analogía, porque frente a realidades desemejantes no cabe un mismo trato, razón por la cual no existe en el caso subiudice ni afectación del derecho a la igualdad ni vulneración del principio de la no discriminación.
2.1. En primer lugar, manifiesta el solicitante que se produjo una "indebida admisión parcial de la demanda", como quiera que, en su concepto, el accionante no demandó todas las normas necesarias para que el fallo que la Corte profiera no sea inocuo, conforme con lo dispuesto con el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991.
En este sentido, afirma que el demandante debió acusar el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1 de la Ley 979 de 2005 y el parágrafo del artículo 124 de la Ley 1098 de 2006, el cual regula la materia de la convivencia extramatrimonial para fines de adopción. Para el peticionario, las omisiones anotadas, "necesariamente imponen adoptar en este caso un fallo inhibitorio por ausencia material de objeto para adelantar el juicio constitucional.".
Para el efecto, el ciudadano cita las Sentencias C-1299 de 2005 y C-1300 de 2005, en las que, considera, se plasmó la doctrina del "litigio estratégico", conforme con la cual no es posible, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentar la petición de declaratoria de constitucionalidad condicionada de una norma, siendo, en consecuencia, procedente únicamente la pretensión de declaratoria de inconstitucionalidad del precepto legal del que se trate.
2.3. Adicionalmente, considera el peticionario que la demanda adolece de indeterminación, en cuanto a la norma acusada se refiere. Con respecto a este particular, afirma que, "el ciudadano actor, pretende tachar de violatorio del orden constitucional establecido, el numeral 3 del Artículo 68 de la referida ley 1089. Pero una revisión juiciosa de la norma demandada verifica que la referencia del actor resulta en este caso totalmente equivocada." Continua el ciudadano indicando, sobre este punto, que "en un momento el actor la denomina como Art. 68 de la Ley 1089, pero posteriormente el mismo ciudadano actor en su texto de la demanda presenta y transcribe otras normas que son correspondientes más bien al Artículo 68 de la Ley 1098, sin que, por tanto, exista identidad entre una primera manifestación del ciudadano actor frente a su pretensión contra el artículo 68 de la ley 1089 y posteriormente contra el artículo 68 de la Ley 1098."
2.4. Por último, el peticionario anota que la Corte Constitucional, en este caso, carece de competencia para conocer "de una demanda contra interpretaciones extensivas del actor sobre normas positivas de protección de los derechos de los niños mediante la adopción conjunta y evitar un fallo inocuo y violación de la jurisprudencia sobre los efectos frente a terceros". Al efecto, señala que las normas relativas a la adopción conjunta, se sustentan en el concepto constitucional de familia, conforme con el cual, ella se constituye por vínculos jurídicos o naturales, siempre entre un hombre y una mujer, destinada, en este contexto, a proveer a un niño un hogar, como medida de protección conjunta, satisfaciendo con ello la necesidad del menor de tener un padre y una madre.
Como conclusión de lo expuesto, el ciudadano solicita que "al proveer sobre su decisión en la sentencia, se adopte un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva y adjetiva de la demanda y del presente proceso en referencia en consideración a los múltiples vicios de procedimiento respetuosamente destacados por el suscrito ciudadano, que resultan insubsanables o por aquellos otros adicionales que se identifiquen por la H. Corporación en este caso."
2.6. Al tenor de lo establecido en el inciso 2 del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, "por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional", procede la nulidad de los procesos que se adelantan ante la Corte Constitucional, siempre que se alegue antes de que se profiera el correspondiente fallo. Para el efecto, "Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso".
En ese sentido, ha dicho la Corte, que para que proceda la declaratoria de nulidad de un proceso de constitucionalidad, las razones que sustentan tal petición deben tener como fundamento "violaciones serias, graves y significativas del procedimiento, que impidan o comprometan la expedición de una sentencia de fondo con el cumplimiento de las garantías previstas en la Ley."
Precisamente, con relación a la solicitud de declaratoria de constitucionalidad condicionada en el ejercicio de una acción pública de inconstitucionalidad, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que "la formulación que corresponde hacer al titular de la acción pública ciudadana debe contener una directa e inequívoca pretensión de inconstitucionalidad de una norma de rango legal, por contradecir precisamente ella las disposiciones superiores contenidas en la Constitución pues, como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, cuando se solicita la exequibilidad condicionada de una norma "la sugerencia ciudadana de condicionamiento de normas que se estiman exequibles no implica demanda de ellas y, por lo tanto, no da lugar al proceso"."[1]
La demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado en esta oportunidad se orienta a establecer que la expresión "compañeros permanentes" contenida en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, interpretada de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, a cuyo tenor "…se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho…", se opone a la Constitución por excluir a las parejas integradas por personas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar.
3.3. La Corte ha señalado que, excepcionalmente, es posible integrar una unidad normativa, a fin de incorporar al proceso de constitucionalidad el examen de disposiciones que no han sido demandadas, ni son objeto de control previo u oficioso. Es una eventualidad que la Corte ha manejado con criterio restrictivo y cuya procedencia se ha limitado a aquellos supuestos en los que: (i) "… un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada"; (ii) "… la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas", y, (iii)"… pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad." En la primera hipótesis, la integración de la unidad normativa busca evitar un fallo inhibitorio; en la segunda, evitar que el fallo de inexequibilidad sea inocuo, y, en la tercera, ejercer un control integral de constitucionalidad sobre contenidos normativos que, en virtud de su conexidad intrínseca, imponen un pronunciamiento uniforme.
En este sentido, en la Sentencia C-670 de 2001, la Corte, al pronunciarse en torno al control que recae sobre los decretos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias, señaló que, para respetar las reglas básicas del procedimiento constitucional, asegurar la efectividad de los derechos de participación y permitir una deliberación institucionalizada, el estudio que realiza la Corte Constitucional debe restringirse a los preceptos acusados y que sólo de manera excepcional "[s]erá posible ampliar el objeto del juicio de constitucionalidad a la ley de facultades, en aquellos casos en los que la unidad o integración normativa sea estrictamente necesaria, esto es, cuando para ejercer el control de constitucionalidad sobre el decreto demandado tal operación resulta indispensable, puesto que la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con contenidos jurídicos de la ley habilitante, que resulta imposible estudiar cabalmente su constitucionalidad sin analizar la ley de facultades".
Inhibida Artículo 68 LEY_1098_2006_08/11/2006
[1]Sentencia C-1299 de 2005
[3]Cfr. Sentencia C-503 de 2007

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