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Timestamp: 2019-07-22 10:09:53+00:00

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Informe Alternativo - Página 2
Proceso de elaboración colectiva del Informe Alternativo Estructura y metodología de trabajo
Este año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Comité DESC), revisará el III informe periódico del Estado de Guatemala presentado ante este órgano de vigilancia de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)1
Guatemala reconoció los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en su ordenamiento jurídico nacional, ya que ha ratificado el Pidesc (con fecha 19 de mayo de 1988; Decreto 67-87 del Congreso de la República de Guatemala) y los principales instrumentos internacionales que los incluyen, dándoles preeminencia sobre el derecho interno (Art. 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala). El Estado de Guatemala presentó su primer Informe periódico en el año 1995, seguido por su segundo Informe en el año 2002 y el último en el año 2011.
Para enriquecer este intercambio y asegurar que las cuestiones más importantes sean examinadas de forma efectiva por el Comité DESC, organizaciones sociales y de derechos humanos, preocupadas por la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) en Guatemala, han considerado importante contribuir en este proceso, presentando su propio informe alternativo.
La presentación del informe alternativo es resultado de un proceso de articulación entre más de cincuenta organizaciones, redes, cooperativas y sindicatos nacionales e internacionales que se dedican al trabajo de monitoreo, investigación y defensa de los Desca, análisis de las políticas públicas en la materia, promoción e incidencia, sensibilización social y educación en derechos humanos. En este sentido, ha sido un esfuerzo colectivo que consistió tanto en la investigación como en la redacción, revisión y edición del mismo.
La metodología y estructura del informe
En cuanto a la estructura del informe, en el primer capítulo se ofrece información y análisis sobre el contexto económico y social del país y se abordan cuestiones de política económica, política social, pobreza y defensa de los derechos humanos. Después siguen capítulos sobre cada derecho conforme a los artículos del Pidesc con excepción del artículo 15 relacionado a los derechos culturales.
Para la recopilación, coordinación y edición del presente informe las y los participantes se organizaron en grupos por temática y derecho. Cada grupo trabajó por separado sus aportes basado en el análisis que se ha hecho en años previos y actualizado hasta la fecha. Las Directrices del Comité DESC (E/C.12/2008/2) para la presentación de los informes periódicos y la preparación de éstos sirvieron como guía para estructurar el texto e incluir información básica por derecho. Es decir, información general sobre ley marco, políticas, recursos y datos estadísticos, e información específica sobre la implementación del derecho y el grado del cumplimiento del Estado con sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los Desca. Por último, cada grupo formuló recomendaciones temáticas y generales esperando que éstas puedan facilitar la labor y servir para la elaboración de la lista de preguntas por el Grupo de Trabajo Pre-sesionar en mayo 2014.
Una vez se finalizó la recopilación y redacción por temática y derecho, se unificó en un solo texto, el cual se leyó, se aprobó y se firmó en asamblea por las organizaciones sociales y redes de derechos humanos para presentarse ante el Comité DESC en su 52ª y 53ª Sesiones.
Vale mencionar que en el presente informe alternativo solo han sido abordadas las temáticas aportadas por las organizaciones que participaron en su elaboración, por lo que debe comprenderse que existen otras brechas para la plena realización, y el disfrute, de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables que no han sido mencionados o cuyas problemáticas no están ampliamente descritas; tal es el caso de la niñez, la juventud, personas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, víctimas del conflicto armado y de catástrofes naturales, trabajadores y trabajadoras sexuales, poblaciones móviles, migrantes, emigrantes e inmigrantes, por citar algunos ejemplos.
Las organizaciones y redes que firman el presente trabajo colectivo
Action Aid Guatemala, Advocacy for Business and Human Rights (ABHR), Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES), Alejandro Argueta, Asociación Mujeres en Solidaridad (AMES), Asociación de Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas en contra de la Violencia (AMUCV), Asociación de Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento (MUJER), Asociación Nuevos Horizontes (ANH), Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Asociación Generando, Liderazgo, Equidad y Oportunidades (ASOGEN) Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ASOREMA), Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS), Colectivo de Estudios Rurales de Guatemala (CER IXIM), Comité de Mujeres Semillas de Mostaza, Comité de Trabajadoras y Vendedoras por Catálogo (COTRAVECAGUA), Comité Nacional Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Consejo de Mujeres Cristianas (CMC), Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación (CSDA), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM), Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE), Comité para la Defensa de los Derechos Laborales de las Trabajadoras de Maquila CAMBRIDGE, Comunidad Normalista, CSDA, Comité de Unidad Campesina (CUC), DIAKONIA, Educa Guatemala Instituto de Investigación para la Incidencia en Educación y Formación Docente, Fundación Guillermo Toriello (FGT), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), FNT/SNTSG, Federación de Asociaciones Civiles y Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP), Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA), Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Campaña Nacional Guatemala sin Hambre, Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Instituto por la Democracia/Coordinación de ONG y Cooperativas e Instituto de Estudios Agrarios y Rurales / Coordinación de ONG y Cooperativas (IDEAR/CONGCOOP), Instituto de Estudios Humanísticos / Universidad Rafael Landívar (IEH/URL), Iniciativa Movimiento Estudiantil 2012, Instituto de Salud Incluyente (ISIS), Médicos Descalzos, Mesa Nacional de Cambio Climático, Movimiento Cuarto Mundo, Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor (MUVACOFUM), Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS), Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva/Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres (OSAR-ISDM), OXFAM International, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESA), Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Red-Sur, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), Red de Mujeres por la Construcción de la Paz (REMUPAZ), Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (SAMGUA), Servicios Jurídicos y Sociales – Guatemala (SERJUS), Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia de Guatemala (SITRADOMSA), Asociación de Mujeres Tierra Viva, Trócaire, Movimiento de Mujeres Indígenas TZ´UNUNIJA´, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).
El Estado de Guatemala ha sido estructurado en función de garantizar una serie de privilegios para un pequeño grupo de población en detrimento de la gran mayoría. Desde el inicio de su vida republicana, el Estado guatemalteco se ha asentado sobre las bases de la exclusión, el racismo, el patriarcado y la concentración de la riqueza. Esto ha derivado en una serie de violaciones a derechos humanos que abarrancan tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales.
Paralelamente a la conformación del Estado, se ha impuesto un modelo de desarrollo que imposibilita la incorporación de importantes segmentos de la población a esquemas de vida digna. Guatemala está marcada por sus altos índices de inequidad, con un coeficiente Gini por ingresos de 55,9 se coloca entre los tres países más desiguales de América Latina y entre los diez países peores situados del mundo2
. El 20% de la población acapara el 60% de la riqueza nacional.
El Informe de Desarrollo Humano 2013 de Naciones Unidas coloca a Guatemala en la posición 133 global en relación con el índice de desarrollo humano, presentando los peores niveles de desarrollo humano de la región, después de Haití. No obstante el PIB per cápita de Guatemala es más alto que él de otros países, tales como Honduras y Nicaragua, los bajos indicadores en salud, educación y la mala distribución de los ingresos, genera que Guatemala sea el país centroamericano con peores niveles de desarrollo humano.
El índice de Gini referido a la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra es el segundo más alto en América Latina con 84%, lo cual se manifiesta en el hecho de que 92.06% de las y los pequeños productores ocupan el 21.86% de la superficie cultivable, mientras el 1.86 % de los productores comerciales ocupan el 56.59%.
Por otro lado, el sistema tributario guatemalteco se caracteriza por ser de bajo nivel de recaudación, deficitario e injusto por su naturaleza regresiva. Las consecuencias de tal sistema son que el Estado tiene un bajo nivel de inversión social y gasto público, y por consiguiente la política fiscal es un instrumento débil e ineficiente para enfrentar los desafíos de la superación de la pobreza y como promotor del desarrollo, tal y como se establece en la Constitución Política de la República (CPR) y en los Acuerdos de Paz.
Aún y cuando han sido desarrolladas algunas modificaciones legales en cuanto a medidas de orden exclusivamente impositivas, estás han sido insuficientes para revertir ese carácter injusto e inequitativo de la estructura tributaria actual. Aunado a lo anterior, el Estado de Guatemala cuenta con un modelo de privilegios y exenciones fiscales destinados a garantizar al capital privado nacional e internacional la obtención de la máxima cantidad de utilidades.
A ello se suma, los débiles mecanismos de redistribución del ingreso que se genera. El Gasto Social se ha mantenido estático en los últimos años, sin alcanzar las metas establecidas en los Acuerdos de Paz. Ello se traduce en la inadecuada inversión por parte del Estado en garantizar derechos humanos tales como salud, educación, vivienda, desarrollo rural y justicia, entre otros, especialmente en las zonas rurales y en los territorios indígenas. De tal cuenta que somos el país de la región centroamericana que menos invierte en salud, educación, vivienda y justicia, lo cual produce que las políticas públicas destinadas a estos temas no garanticen la protección de la población guatemalteca. Ejemplos de anterior son: el hecho de que alrededor del 50% de la niñez menores de 5 años padecen desnutrición crónica; que seamos el país en Centro América con las menores tasas de escolaridad o que exista un déficit habitacional que supera el millón y medio de viviendas.
El otro mecanismo de redistribución del ingreso por excelencia es el salario. Cabe señalar que Guatemala es el país que mayor desigualdad en cuanto a salario se refiere en tanto que la disparidad entre el ingreso mínimo y otros ingresos de altos ingresos es descomunal. Sólo el 40% de la Población Ocupada percibe un ingreso mayor al salario mínimo y, lo más grave, el salario mínimo ni siquiera es suficiente para cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
Estos problemas se han visto acrecentados en tanto que el país asiste a una profunda crisis tanto en su modelo de representación democrática, como en su modelo de desarrollo. Prueba de ello es la imposición de una reconfiguración de un modelo económico que impulsa la extracción (monocultivos y minería) dejando pocos recursos vía impuestos y regalías, expoliando la fuerza de trabajo, expulsando importantes poblaciones de sus territorios y expropiando tierras ancestrales de pueblos indígenas. Todo ello agrava aún más los niveles de pobreza y pobreza extrema. Esta crisis también se evidencia en un crecimiento sostenido de las remesas familiares que constituyen el mayor ingreso de divisas en el país, muy por encima de otros productos de agroexportación y no tradicionales, tales como el café, el azúcar, el banano, la palma africana entre otros.
Frente a esta crisis, se ha venido gestando un proceso de reconfiguración del proyecto oligárquico militar que pretende cooptar la institucionalidad pública para así controlar el ejercicio de poder en su totalidad e imponer lo que se conoce como una agenda de beneficio para el gran capital. En la actualidad dicha agenda se le conoce como la Agenda Nacional de Competitividad, la cual ha sido impulsada por el Gobierno de la República.
Frente a lo anterior, los pueblos y los movimientos sociales, populares y ciudadanos han impulsado una serie de demandas sociales hacia el Estado guatemalteco. La respuesta ha sido la profundización de la represión y criminalización de la misma; dejando como saldo de más de 600 defensores y defensoras de derechos humanos agredidos en 2013, alcanzando la cifra más elevada desde la firma de los Acuerdos de Paz. En resumen, el Estado guatemalteco ha sido conformado para garantizar los privilegios de un pequeño, pero poderoso segmento de la población, en detrimento de la garantía de derechos humanos básicos de la gran mayoría.
Derecho a la libre determinación. Pueblos indígenas. Consulta previa y de buena fe
(Artículo 1 del Pidesc)
A dieciocho años de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Aidpi) y a pesar de haber aprobado algunas leyes, haber creado algunos mecanismos y haber ratificado y/o respaldado instrumentos internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos colectivos y autodeterminación de los pueblos indígena; que aún siguen siendo negados e invisibilizados.
Las razones por las cuales los pueblos indígenas aún no son reconocidos como sujetos de derechos se deben a que en el país imperan prácticas de discriminación y racismo, sobre las cuales históricamente ha estado cimentada la estructura capitalista del Estado, además de su carácter patriarcal y machista. Esta situación impide el reconocimiento y la autodeterminación de los pueblos indígenas y el avance del cumplimiento de compromisos y obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos colectivos.
Sobre el racismo en Guatemala, Marta Casaus explica que es “la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Estas actitudes pueden expresarse como conductas, imaginarios, prácticas racistas o ideologías que como tales se expanden a todo el campo social formando parte del imaginario colectivo”3
. Esto se manifiesta en la práctica cotidiana de la sociedad guatemalteca, tanto a nivel legal, institucional, estructural e interpersonal. Estas prácticas se reproducen en estereotipos y prejuicios que se manifiestan en políticas y leyes estatales; así como en la desigualdad, exclusión y empobrecimiento de los pueblos indígenas. El racismo es la ideología que sustenta este sistema.
En Guatemala las graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado son sistemáticas, como la implementación de acciones de remilitarización, persecución legal de líderes, lideresas, defensores y defensoras, la criminalización de las manifestaciones de movimientos sociales, la usurpación y despojo de las tierras de comunidades indígenas, la falta de consulta e imposición de políticas extractivas, la implementación de medidas excepcionales, como los llamados “estados de sitio y/o de prevención”, así como otras medidas que transgreden y violan los DESC de los pueblos indígenas por acción u omisión.
La implementación de políticas extractivas y los impactos que éstas provocan a los pueblos indígenas, tienen como resultado la generación de conflictividad social, la inseguridad, el debilitamiento de un Estado de Derecho y las garantías constitucionales. La impunidad es una práctica constante, que a su vez conlleva injusticias, tal como es el caso de la anulación del juicio en contra del ex general Efraín Ríos Montt, responsable del genocidio cometido en contra de comunidades del pueblo indígena Ixil durante el conflicto armado interno. Son éstos, algunos casos, que ameritan ser analizados y evaluados en el marco del cumplimiento del Pidesc.
Marco legal y mecanismos con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas
La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, a través del Aidpi, firmado el 31 de marzo de 1995, reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca integrada por los pueblos maya, garífuna, xinka y mestizo4
. Ese Acuerdo asienta las bases del derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas (identidad de los pueblos indígenas, lucha contra la discriminación, derechos culturales y derechos civiles, políticos, sociales y económicos). Para el cumplimiento del Aidpi, el Estado asumió compromisos para dictar medidas y adoptar mecanismos correspondientes.
La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), en su artículo 1, declara que el fin supremo del Estado es la realización del bien común y en su artículo 2 garantiza la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En su sección tercera estipula que Guatemala está formado por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya5
. La Constitución también establece que el Estado deberá reconocer, respetar y promover sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social, el uso del traje indígena, en hombres y mujeres, idiomas y dialectos6
. Los artículos 67 y 68 se refieren a la tenencia de tierras y al desarrollo propio de las comunidades indígenas7
. El artículo 69 asegura las garantías mínimas en caso de traslación de trabajadores indígenas fuera de sus comunidades.
El Estado de Guatemala ratificó el 10 de abril de 1996 el Convenio 169 de la OIT y respaldó la aprobación el 13 de septiembre de 2007 de la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos instrumentos internacionales garantizan el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
Con la aprobación de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural8
, el Estado reitera y reconoce la participación de la población maya, garífuna y xinka en la “gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo”9
. Además, exige la existencia de Consejos Asesores Indígenas en todos los niveles y órganos de dirección para brindar asesoría desde la cosmovisión de los pueblos indígenas10
. Asimismo, el artículo 26 reconoce la realización de consultas a los pueblos indígenas a través de sus representantes en los consejos de desarrollo.
El Código Municipal reconoce, promueve y respeta la existencia de las autoridades y de las organizaciones propias de los pueblos indígenas11
. En cuanto a la consulta, ese instrumento legal estipula que “cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas”12
. Por otra parte, la Ley de Idiomas Nacionales, emitida en 2003, obliga al Estado la prestación de servicios en idiomas indígenas.
No obstante, en el marco jurídico vigente existen varios vacíos en temas claves para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se encuentran paralizadas varias iniciativas de Ley en el Organismo Legislativo, tales como la Ley de Consultas, la Ley de Lugares Sagrados, la Ley de Desarrollo Rural Integral 40-84, la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Ley de Jurisdicción de Pueblos Indígenas, entre otras.
A partir del marco legal nacional e internacional mencionado, se han creado algunas instituciones y mecanismos para el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas mediante acuerdos gubernativos13
, así como otras figuras técnicas como las llamadas Unidades, Direcciones y/o Departamentos de Pueblos Indígenas14
. Recientemente se manifestó la intención de crear un gabinete indígena a nivel de las instancias de los tres poderes del Estado. Dichos mecanismos o figuras técnicas tienen debilidades tanto en su funcionamiento como en su sostenibilidad financiera debido a la falta de presupuesto e inestabilidad laboral de su personal. De las pocas entidades que cuentan con presupuesto, en su mayoría dependen de la cooperación internacional. La contratación laboral (contratos 022, 029 y 189)15
, en su mayoría es de carácter temporal, coyuntural y en correspondencia con intereses políticos partidarios, por lo que no garantizan el cumplimiento de su mandato operativo.
La poca voluntad política para que estas instituciones puedan cumplir con su mandato, se vio reflejada en la dotación económica presupuestada para el 2013, a la Comisión contra la Discriminación y Racismo (CODISRA), a la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), la cual representó únicamente un 0,009% del presupuesto general16
Existen problemas serios de operativización de los instrumentos legales en cuanto al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, principalmente en lo relativo al derecho de libre determinación, debido a la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de turno y la permanencia de un sistema no acorde a la realidad nacional, basado en un pensamiento racista, machista y patriarcal. Tampoco existen políticas públicas nacionales sostenibles, continuas y funcionales que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas, instrumentos técnicos operativos institucionales ni presupuestos que atiendan la situación de los pueblos indígenas. Como ejemplos de ello, se pueden mencionar la ausencia de sistemas e instrumentos para la desagregación de datos étnicos en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la falta de un registro de identidad cultural de los pueblos Mayas, Garífunas y Xincas en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) que facilite el reconocimiento de las propias formas de inscripción del nombre de las personas. De igual manera, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) no dispone de las herramientas necesarias para la distribución presupuestaria adecuada a los pueblos indígenas.
Al no contar con políticas públicas y ante la falta de acciones para promover los derechos de los pueblos indígenas, éstos son desconocidos por la población en general, no se divulgan ni se difunden en idiomas propios de los pueblos. Esta situación es aprovechada para politizar las acciones del Estado por los gobiernos de turno, lo cual implica pérdida de su razón de ser, de sus objetivos y la reducción de su funcionamiento y cumplimiento a programas cortoplacistas.
El reconocimiento legal de las formas de organización propia de los Pueblos, no significa que en la práctica realmente el Estado reconozca sus propias formas de organización o a sus propias autoridades. La práctica generalizada, más bien, es el desconocimiento de las autoridades indígenas existentes a través de una sobre posición de autoridades locales (alcaldes municipales) que no representan realmente a los Pueblos y que siguen la lógica de los partidos políticos. De hecho, en muchas ocasiones las autoridades indígenas son señaladas, estigmatizadas y acusadas de usurpación de funciones por parte de las instancias públicas, al resolver asuntos sociales en sus comunidades.
También es importante señalar que instancias gubernamentales han dividido, politizado y cooptado a estructuras de autoridades indígenas. Unos ejemplos recientes son los casos de las alcaldías indígenas de Chichicastenango y Sololá. Se usa de manera indebida insignias de autoridades indígenas por parte de autoridades estatales (varas, sutes e incluso indumentarias ceremoniales). Esos actos desvalorizan, desprestigian e irrespetan las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Las comadronas, que también son consideradas autoridades en las comunidades, están siendo incorporadas en el sistema de salud bajo una perspectiva asimilacionista, desde la visión de “pertinencia cultural”, dando como resultado el desarraigo de la sabiduría y procedimientos propios de los pueblos indígenas.
Además, no hay reconocimiento legal de los sistemas jurídicos indígenas ni voluntad política de promoverlo aunque así esté establecida en los Acuerdos de Paz (Aidpi). Los fallos emitidos por autoridades indígenas son desconocidos por autoridades de la jurisdicción ordinaria.
Reconocimiento del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales
La interrelación entre medio ambiente, tierra y territorio es estrecha y está íntimamente relacionado con la filosofía de los pueblos indígenas que establece que el territorio forma parte de la vivencia social, cultural y cosmogónica de los pueblos indígenas de manera integral. Esto incluye todo aquello que se puede ver y palpar con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques, los animales, la tierra para cultivar, los minerales; también incluye todo aquello que no se puede palpar y que hace parte de la espiritualidad de los pueblos, como lo son las manifestaciones culturales propias, la organización social, tradiciones, costumbres, formas propias de relacionarse con la naturaleza, ciencia y sabiduría ancestral.
A pesar del significado, el valor, la representación y el vínculo fundamental que entretejen las prácticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas con la tierra, como señaló el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, “existe una alarmante desprotección jurídica de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales, que sitúa a Guatemala a la zaga de los avances que se han producido en otros países de la región”17
. De hecho, la dimensión colectiva del derecho de las comunidades indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales “está ausente de las políticas públicas”18
La visión neoliberal, mercantilista e individualista del modelo económico vigente en Guatemala se opone a las cosmovisiones de los pueblos indígenas y viola sus derechos. Esta situación ha modificado la matriz productiva y propiciado un proceso de reconcentración de la tierra en manos de capitales nacionales y transnacionales, que en su conjunto marcan una tendencia de despojo de las comunidades indígenas.
Despojo de tierra y territorios para proyectos de inversión privada
No se han cumplido los compromisos del Estado asumidos en los Acuerdos de Paz de “desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución, y compensación”19
de los derechos relativos a la tierra. Ejemplos de ello son: el despojo violento de 769 familias en el valle de Polochic por el ingenio Chab’ilUtzáj20
y el caso destacado por el Relator Especial de las cinco comunidades de los municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, que sufrieron desalojos forzosos de las tierras que ocupaban con base en la “supuesta falta de derechos sobre esas tierras en relación con el proyecto Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel”21
Si bien es cierto que se ha creado el Registro de Información Catastral (RIC), éste no ha logrado cumplir con su cometido, particularmente en lo que se refiere a las mediciones y reconocimiento de tierras comunales en territorios indígenas.
Otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera e hidroeléctrica
Actualmente están funcionando 20 hidroeléctricas, 26 más están pendientes de operación y 5 en trámite de autorización, ubicadas en 16 de los 22 departamentos del país.22
A ello se suman las licencias de exploración y explotación mineras vigentes que el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado desde 2003 a 2012. Según información del Ministerio, se han concedido 86 licencias de explotación y 286 licencias de exploración (32 de ellas son de minerales metálicos). También se registra que existen 448 solicitudes en trámite de licencias de explotación y 150 solicitudes de exploración (15 de minerales metálicos)23
Sumado a ello la explotación petrolera, la aprobación de mega-proyectos de infraestructura como la Franja Transversal del Norte (FTN) y el corredor tecnológico, al igual que los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, obedecen en su conjunto a una reorganización territorial sustentada en los intereses de acumulación del capital nacional e internacional, con sus respectivas secuelas de daños ecológicos, desplazamiento poblacional y conflictividad social. Esto sucede con el respaldo del gobierno de Guatemala que promueve estos mega-proyectos.
Algunos casos son la construcción de una Planta Cementera en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, en donde existe una gran concentración de población indígena, afecta la forma de vida y el modo de producción y lesiona los derechos sobre sus territorios. En el caso de la mina San Rafael se afecta directamente la población ubicada a 800 metros de distancia, así como a las plantaciones agrícolas de alimentos situadas en el entorno. En Santa Cruz Barillas, se impulsa una hidroeléctrica en cataratas que tienen un carácter sagrado para la comunidad y que genera diversos impactos hacía los pueblos originarios que ahí habitan.
Monocultivos y su impacto en la soberanía alimentaria desde la visión de pueblos indígenas
“El derecho a la alimentación de los pueblos indígenas es colectivo y está basado en la relación profunda con la Madre Tierra (…) La soberanía alimentaria responde a una lógica nacional e internacional que busca su punto de partida en la problemática integral; - agricultura, alimentación, sostenibilidad, y equilibrio- en esa dinámica se debe de asumir el análisis de los modelos de desarrollo que empujan los gobiernos desde un marco globalizante que afecta de manera directa la economía familiar y de manera sistemática fortalece la ideología racista y discriminadora”24
Con la implementación de monocultivos y de mega-proyectos, la problemática y soberanía alimentaria de la población indígena se agrava, ya que impactan directamente en la salud, la economía familiar, la biodiversidad y ante todo en la identidad cultural de los pueblos indígenas. El gobierno actual ha implementado programas que pretenden resolverla, tales como “El Pacto Hambre Cero” para combatir el hambre, “Bolsa segura”, los “Comedores seguros”, el reparto de micronutrientes y vacunas para mujeres embarazadas y niños recién nacidos, la refacción escolar25
. Todos son programas asistencialistas que lejos de promover e impulsar la soberanía alimentaria están atentando contra la identidad cultural y el derecho integral propio de los pueblos indígenas con la dotación de semillas no nativas así como fertilizantes químicos y productos transgénicos.
Desde tiempos ancestrales, los pueblos indígenas han tenido como práctica las consultas comunitarias para lograr consensos en sus procesos de desarrollo político, económico, social y cosmogónico. Tal como se ha mencionado, el Estado de Guatemala ha emitido leyes y ha ratificado convenios internacionales que amparan la realización de dichas consultas.
En Guatemala, al analizar la conflictividad surgida entre las empresas y comunidades se identifica que la causa común es que el Estado ha irrespetado el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular el derecho de la consulta, libre, previa e informada, como expresión de la libre determinación de estos pueblos. En ninguno de los mega-proyectos antes mencionados ni las políticas públicas que afectan a los derechos de los pueblos indígenas el Estado de Guatemala ha cumplido con su deber de consultar. Ante esta inacción por parte del Estado, las comunidades han ejercido su derecho a la libre autodeterminación y han realizado 74 consultas de buena fe (2005-2012) cuyo resultado no ha sido reconocido por las autoridades.
Como lo expresa el ex Relator Especial, James Anaya, “el alto grado de conflictividad social existente en Guatemala en torno a la aprobación e implementación de proyectos en territorios indígenas no sería explicable sin atender a la cuestión clave de los derechos sobre sus tierras y territorios”. El experto internacional observó que “el actual marco jurídico e institucional guatemalteco relativo a los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos naturales dista todavía mucho de estos estándares internacionales y de los avances logrados en el ámbito latinoamericano”26
Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sobre el derecho a la consulta
En Guatemala, la consulta ha sido analizada por los órganos judiciales ordinarios y por la Corte de Constitucionalidad. Este último órgano jurisdiccional ha mantenido en sus sentencias que:
El derecho de los pueblos a ser consultados sobre medidas susceptibles de causarles afectación emana del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por el Estado de Guatemala y, según la opinión consultiva emitida el 18 de mayo de 1995 dentro del expediente 199-95, es incuestionable.27
“La posibilidad de que los concejos municipales convoquen a sus vecinos para pronunciarse sobre temas de interés en sus respectivos territorios municipales, está regulada también en el Código Municipal […] lo establecido en dichos preceptos debe ser reforzado en cuanto a determinar qué es vinculante para las autoridades municipales. En ese sentido, se clarifica que la voluntad expresada por los vecinos en una consulta popular es vinculante pero sólo para que sus autoridades locales transmitan su parecer a los órganos municipales competentes. Pero ya al momento de asumirse decisiones finales sobre temas vinculados con minería, hidrocarburos y acceso a recursos naturales no renovables, aquella voluntad solamente podría tener carácter indicativo, en razón de que en lo concerniente a éstos, el propio legislador constituyente declaró de utilidad y necesidad públicas la explotación técnica y racional de aquellos, de manera que lo que deba decidirse al respecto es competencia del Estado y no de autoridades locales y municipales, quienes, desde luego, deben transmitir la voluntad expresada por los vecinos a donde corresponda, a efecto de que dicha voluntad no constituya una declaración inane”.28
“Este Tribunal encuentra inconstitucional el artículo 20 del Reglamento de Consulta Municipal de Vecinos”. Hubo exceso en el uso de las facultades municipales porque le “dio carácter obligatorio al resultado de un procedimiento consultivo sobre el tema de desarrollo, instalación y operación de proyectos de minería química de metales en cualquier parte de ese municipio, lo cual no es de su competencia y sobre lo que no puede regular aspecto alguno, dejando a salvo lo relativo al ordenamiento territorial y preservación del medio ambiente, según lo establecen los artículos 165, 142 y 147 del Código Municipal. Debe de tenerse en cuenta que ese asunto es de competencia del Ministerio de Energía y Minas tal cual lo regula el artículo 34 de la Ley del Organismo Ejecutivo que desarrolla lo establecido en el artículo 121 literal e) de la Carta Magna […] en todo caso el carácter de dicha consulta sería meramente indicativo.29
A las consultas populares “no se les puede dar carácter regulatorio o decisorio sobre materias que no sean de competencia de las autoridades convocantes o de dichas comunidades, sino que, en todo caso, deben ser el punto de partida para que la comunidad participe en los procesos establecidos en las leyes para expresar sus decisiones y oposiciones, utilizando los mecanismos regulados en dichas leyes ante las autoridades administrativas designadas para el efecto”.30
Con estas consideraciones jurisprudenciales, las consultas realizadas a nivel local por los vecinos de una determinada zona municipal quedan sin ningún efecto jurídico y fáctico, lo cual ha provocado mayor conflictividad social entre las empresas y las comunidades aledañas a las actividades económicas, sumado a la omisión del Estado de Guatemala de adoptar una medida administrativa o legislativa que garantice la plena efectividad de los derechos económicos y sociales de las personas.
En el marco de la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, se puede entender que la interpretación de las acciones implementadas por el Estado reflejadas en los criterios que sostienen las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, no corresponden plenamente a la visión y a los principios de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, con respecto a la consulta como parte de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales.
Derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sindicalización y seguridad social
La criminalización y deslegitimación de la defensa de los derechos humanos y de la protesta social
Fuente: ministerio de educación 2013 gráfica 2

References: artículo 15
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 69
 artículo 26
 artículo 20
 artículo 34
 artículo 121