Source: https://es.scribd.com/document/326384072/Tesis-PROTECCION-AMBIENTE
Timestamp: 2020-08-13 09:59:08+00:00

Document:
Tesis_PROTECCION_AMBIENTE | Constitución | Sustentabilidad
Tesis_PROTECCION_AMBIENTE
tesis de protección ambiental
guardarGuardar Tesis_PROTECCION_AMBIENTE para más tarde
Eología Humana-Social
Principio Pro Persona Lidia 5
Constitución Horizontal
e Scepticism Oan Tel as Norm As
Formato Plan de Mejoramiento 2014 II Per
estadodederecho-110920221333-phpapp02
03 - Bases de La Institucionalidad
Ley 29947_Tc Pago de Pensiones en Inst-Univ_10.01.15
Huella Eco Logic A
Acción de Tutela Domingo Agresott Pozo
Caicedo Importancia Contabilidad 2013
TAREA VI - Huella Ecológica y Biocapacidad de España
Universidad Privada Antenor Orrego Escuela Profesional de Derecho
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO
“FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993”.
TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE
BACH. KATHERIN MILAGROS ALVA GARCÍA.
Dr. EDGARDO BAGATE QUISPE VILLANUEVA
A MI DIOS TODOPODEROSO, Por darme la vida, guiar
mi camino y sobre todo por permitirme
disfrutar mis logros cerca de mis seres amados.
A mis PADRES, como una muestra de gratitud por
su apoyo incondicional, por creer en todo momento
y como agradecimiento por los sacrificios
que hicieron para que llegáramos hasta donde nos
A las PERSONAS ESPECIALES, que me apoyaron
en todo momento, ayudándome a continuar pese a
las dificultades, a los docentes que me brindaron sus
conocimientos contribuyendo a la realización de este
El presente trabajo de investigación, busca considerar a la naturaleza como “sujeto de derecho”, teniendo en cuenta ya las experiencias de los países de Ecuador y Bolivia, los cuales han considerado en su Carta Magna dicho status a la naturaleza. En tal sentido, con el desarrollo del presente trabajo, se busca ampliar el ámbito del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, la cual tendrá una gran y positiva influencia tanto en el desarrollo del numerus clausus previsto en el artículo 3 de la Constitución, como en el derecho que tiene todo ser humano a vivir en un ambiente adecuado al desarrollo de su vida (según el inciso 22 del artículo 2 del texto constitucional), conforme se precisará más adelante. En esa misma orientación, se considera que el estudio estará incompleto si no se buscan alternativas de solución viables al problema del creciente deterioro del ambiente y de los recursos naturales, una de las cuales sería el concebir el desarrollo de los denominados “impuestos ambientales”, que se detallará oportunamente.
Para la presente investigación, se han abordado comentarios referentes a los artículos 2° inciso 22 y 3° de la Constitución Política; asimismo, se ha hecho un breve comentario respecto a las Constituciones de Ecuador y Bolivia, así como de los Tributos Ambientales. Asimismo, para el presente desarrollo se han empleado los métodos hermenéuticos, analíticos, histórico, entre otros; mientras que la entrevista fue la técnica empleada para el desarrollo de la presente investigación.
The present research seeks to consider nature as "subject of law", and considering the experiences of the countries of Ecuador and Bolivia, which have been considered in this status Constitution to nature. In this regard, the development of this work, we seek to extend the scope of recognition of nature as a legal entity, which will have a great and positive impact both on the development of numerous clauses under Article 3 of the Constitution, as in the right of every human being to live in a suitable environment for the development of their life (according to paragraph 22 of Article 2 of the Constitution), as will be specified later. In the same direction, it is considered that the study will be incomplete without seek viable alternative solutions to the problem of increasing deterioration of the environment and natural resources, one of which would be to conceive the development of so- called "environmental taxes", which will be detailed in due course.
For the present investigation, we have addressed comments concerning Articles 2, subsection 22 and 3 of the Constitution, also has made a short comment regarding the constitutions of Ecuador and Bolivia, as well as of Environmental Taxes. Also, for this development have been used hermeneutical methods, analytical, historical, among others, while the interview was the technique used for the development of this research.
TITULO I INTRODUCCIÓN
1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
2. LA HIPÓTESIS
2.1. ENUNCIADO
TITULO II MARCO TEÓRICO
SUBCAPÍTULO I DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO
2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO HUMANO A UN AMBIENTE SANO
3. RELACIÓN ENTRE EL AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS
4. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
SUBCAPÍTULO II DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO
NUESTRA CONSTITUCIÓN VIGENTE
3. ACTIVIDADES QUE AFECTAN EL AMBIENTE
3.1. ACTIVIDADES MOLESTAS
3.2. ACTIVIDADES INSALUBRES
3.3. ACTIVIDADES NOCIVAS
3.4. ACTIVIDADES PELIGROSAS
CAPÍTULO II ECOLOGÍA POLÍTICA EN LAS CONSTITUCIONES DE ECUADOR Y BOLIVIA
2. DERECHOS CIUDADANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA
3. MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA
4. NATURALEZA Y MODERNIDAD
SUBCAPÍTULO I PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN BOLIV45IANA
1. EL AMBIENTE EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA
2. LA LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LA NATURALEZA: LA LEY N° 71 - LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA-
3. EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA
4. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN BOLIVIA
SUBCAPÍTULO II PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA
1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE ECUADOR DE 2008
2. EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA.
3. NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO
4. EL SUJETO NATURALEZA Y SUS DERECHOS, LOS DERECHOS DE LA PACHAMAMA
5. CONSIDERACIONES PRESENTADAS POR LOS ESPECIALISTAS
6. EL DESARROLLO SUSTENTABLE
CAPITULO III ARTICULO N° 3 DE LA CARTA MAGNA DE 1993: LOS DERECHO NO ENUMERADOS
ASPECTOS GENERALES………………………………………………
2. ANTECEDENTES……………………………………………………………
79bi
NORMA………………………………………………
CAPITULO IV TRIBUTOS AMBIENTALES
2. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LO S TRIBUTOS AMBIENTALES
3. INEXISTENCIA DE LA TRIBUTACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL PERÚ
4. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN AMBIENTAL 4.1. EL EMPLEO DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LOGRAR QUE QUIEN CONTAMINE PAGUE 4.2. LA NECESIDAD DE ASEGURAR QUE LOS INSTRUMENTOS FISCALES NO AGRAVEN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
5. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS
6. FUNCIÓN EXTRAFISCAL DE LA TRIBUTACIÓN
7. SISTEMA JURÍDICO AMBIENTAL PERUANO 7.1. LA CONSTITUCIÓN 7.2. NORMAS SECTORIALES
8. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE TRIBUTOS AMBIENTALES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS
9. APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES 9.1. ESTABLECIMIENTO DE LA BASE IMPONIBLE 9.2. FIJACIÓN DE LA TASA IMPOSITIVA 9.3. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
10. SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS POLÍTICOS Y SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS AMBIENTALES
NECESIDAD DE CREAR CONCIENCIA PUBLICA
11. REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO Y LA
INCORPORACIÓN DE TRIBUTOS MEDIOAMBIENTALES
11.1. REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO
11.2. PROPUESTAS DE TRIBUTOS MEDIOAMBIENTALES
CAPITULO V MINISTERIO DEL AMBIENTE
1. ACERCA DEL MINISTERIO…………………………………………….
3. OBJETIVOS TRAZADOS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
4. COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
5.1. FUNCIONES RECTORAS
5.2. FUNCIONES TÉCNICO-NORMATIVAS
5.3. FUNCIONES ESPECÍFICAS
6. PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL
7. TRIBUTOS VINCULADOS AL AMBIENTE
TITULO III MARCO METODOLÓGICO
3.1. MÉTODO EXEGÉTICO
3.2. MÉTODO HERMENÉUTICO - JURÍDICO
3.3. MÉTODO SINTÉTICO
4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO
6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
7. TÁCTICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
8. DISEÑO DE ANÁLISIS DE DATOS
9. DISEÑO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
TITULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES UNIVERSITARIOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AMBIENTAL DE LAS UNIVERSIDADES
1. PREGUNTA N° 01
01…………………………………………
N°01……………………………………….
2. PREGUNTA N° 02
2.1. ANÁLISIS DEL CUADRO N° 02
2.2. DISCUSIÓN DEL CUADRO N°02
3. PREGUNTA N° 03
3.1. ANÁLISIS DEL CUADRO N° 03
3.2. DISCUSIÓN DEL CUADRO N°03
4. PREGUNTA N° 04
4.1. ANÁLISIS DEL CUADRO N° 04
4.2. DISCUSIÓN DEL CUADRO N°04
5. PREGUNTA N° 05
5.1. ANÁLISIS DEL CUADRO N° 05
5.2. DISCUSIÓN DEL CUADRO N°05
6. PREGUNTA N° 06
6.1. ANÁLISIS DEL CUADRO N° 06
6.2. DISCUSIÓN DEL CUADRO N°06
TITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS
4. EL PROBLEMA 4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En los últimos años, el crecimiento económico peruano ha sido extraordinario, conforme se puede ver reflejado en el siguiente gráfico, donde se observa que el Perú posee uno de los crecimientos económicos más altos de los países de América Latina durante el año 2012.
Fuente: Diario La República. “Crecimiento económico del Perú entre los más altos de los
países de América Latina”.
economico-del-peru-entre-los-mas-altos-de-los-paises-de-america-latina-16-02-2013
Recuperado de: http://www.larepublica.pe/infografias/crecimiento-
En efecto, de acuerdo a la fuente del diario La República que fundamenta el gráfico anterior, la aplicación de las políticas económicas neoliberales en el país (al amparo del régimen económico regulado en la Constitución Política en sus artículos 58° a 65°) ha permitido que el Perú reduzca sus niveles de población en extrema pobreza 1 .
En ese contexto, se informa que entre los años 2004 y 2010 casi seis millones de peruanos salieron de la pobreza según los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2 .
En contraste con el boom económico descrito en las estadísticas oficiales, algunos autores sostienen que el neoliberalismo imperante en nuestro país ha concentrado la riqueza en pocas manos mientras que existe un número cada vez mayor de gente en pobreza y extrema pobreza (Jaguande D’anjoy, 2004).
En todo caso, como consecuencia objetiva de la controversia planteada en los dos párrafos precedentes, se tiene que el Perú se halla en un rápido proceso de merma y destrucción de sus recursos naturales y por ende de su ambiente. Según BASSOLS (1989, p. 18):
“Los recursos naturales – según la más nueva definición que conocemos- aquellos muy variados medios de subsistencia de las gentes, que éstas obtienen directamente la naturaleza. Entonces, por un lado, se induce que dichos recursos son muchos y muy variados; que su valor reside en ser medios de subsistencia de los hombres que habitan el planeta y, por otro, se hace hincapié en el hecho de utilizar esas riquezas en forma directa, ya sea para usarlos conservando el mismo carácter en
1 Diario Gestión. (2013).INEI: Pobreza se reduce a 25.8% en Perú y 509 mil personas dejaron de ser pobres en 2012. Recuperado de: http://gestion.pe/economia/inei-pobreza-se-reduce-258-peru-y-509-mil-personas-
dejaron-pobres-2012-2065578
http://peru21.pe/2012/03/30/impresa/casi-6-millones-peruanos-salieron-pobreza-2017913.
que la naturaleza los ofrece o bien transformándolos parcial o completamente en su calidad original y convirtiéndolos en nuevas fuentes de energía o en subproductos y mercancías manufacturadas”.
A su vez, el ambiente es definido como “la integración de todo aquello
que compone el sistema en el que vivimos -biosfera-y la interacción
entre los mismos. En buena cuenta, aquello que nos rodea y que tiene una relación con lo que rodea a los demás seres vivos” (ENCICLOPEDIA CATÓLICA, 2013)
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) adscrito a la Cámara de Comercio de Lima señala que:
“…desde la década de los 80 la tasa de crecimiento del consumo de recursos renovables por parte de la población en el mundo, ha venido superando la capacidad de regeneración de los ecosistemas, brecha que se ha ido ampliando década a década y que explicaría el significativo aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en nuestro planeta”. (PEÑARANDA, 2013, p. 8)
Asimismo, el citado instituto señala que:
“…la humanidad utiliza el equivalente de a 1,5 planetas para proporcionar los recursos que utilizamos y absorber nuestros desechos” (PEÑARANDA, 2013, p. 8)
El consumo que el planeta realiza durante un año, es repuesto por la tierra
en un año y medio. De seguir con esta tendencia se dice que:
año 2050 se necesitaría el equivalente a casi tres planetas
tierra para mantener el consumo de las próximas generaciones frente a la menor disponibilidad de recursos vitales para la vida
como el agua y los alimentos, lo que podría tener un impacto negativo sobre los indicadores de pobreza e inequidad en el mundo”.(PEÑARANDA, 2013, p. 8)
Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Fuente: PEÑARANDA CASTAÑEDA, C. “El Perú está muy cerca de déficit ecológico”. En:
Empresas y Negocios. Año 12. N° 564.Febrero 2013
Los especialistas denominan al desequilibrio anterior “déficit ecológico” 3 , el cual es mucho más notorio en los países desarrollados y altamente industrializados, como es el caso de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, India y los denominados “tigres del Asia” (Corea del Sur, Singapur, Indonesia y otros), los cuales si bien es cierto alcanzan altas tasas de crecimiento económico y productivo, sin embargo lo han logrado erosionando, depredando y destruyendo su ambiente y sus recursos.
3 El déficit ecológico es la diferencia entre el área disponible (capacidad de carga) y el área consumida (huella ecológica) en un lugar determinado. Pone de manifiesto la sobreexplotación del capital natural y la incapacidad de regeneración tanto a nivel global como local. (MORENO LOPEZ, Raquel. La huella ecológica. Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/armor.html )
La tendencia al alza sostenida de los niveles de urbanización, así como la expansión cada vez más fortalecida del nivel de vida de la clase media a nivel de todo el orbe, deja su inevitable huella tanto en los índices cada vez más elevados del comercio internacional y del consumo; generándose así un uso indiscriminado de los recursos renovables y no renovables (combustibles fósiles, tierras forestales y agrícolas, agua, minerales, etc.).
De acuerdo a lo señalado por el IEDEP (PEÑARANDA, 2013, p. 9), el Perú y el resto de América latina se encuentran aún dentro de los márgenes de “sostenibilidad ecológica” 4 , lo cual se debe a los grandes activos naturales que posee (principalmente bosques naturales de la selva amazónica). En tal sentido, la reserva ecológica (biocapacidad) supera en más de 2,5 veces la demanda de recursos naturales por parte de la población, a lo cual se le denomina “huella ecológica”, la cual es una:
“Medida de cuánta tierra y agua biológicamente productivas requiere un individuo, población o actividad para producir todos los recursos que consume y para absorber los desechos que generan utilizando tecnología y prácticas de manejo de recursos prevalentes. Usualmente se mide la huella ecológica en hectáreas globales. Dado que el comercio es global, la huella de un individuo o un país incluye tierra o mar de todo el planeta.” (Global Footprint Network, 2012)
No obstante, se estima que de seguir el Perú con su tendencia de crecimiento económico, en el año 2018 se registrará el temido déficit ecológico, particularmente en las ciudades de mayor dinamismo económico en el Perú como Lima, Trujillo y Arequipa.
4 La “sostenibilidad ecológica” o también denominada “sostenibilidad ambiental” es: “… el equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones. En ese sentido, es importante considerar que el aspecto ambiental, más allá de tratarse de un área concreta del desarrollo humano, es en realidad el eje de cualquier forma de desarrollo a la que queramos aspirar”. (COHERENCIA,
En ese contexto, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, adquiere una importancia vital el desequilibrio existente entre la prioridad dada por el gobierno central al desarrollo del régimen económico (regulado entre los artículos 58° a 65° de la Constitución) frente a la escasa atención que el Estado peruano le concede al tema del ambiente y los recursos naturales (previsto entre los artículos 66° a 68° de la carta magna).
El excesivo predominio del aspecto económico sobre la protección de la naturaleza (la cual engloba al ambiente y a los recursos naturales) ha generado este desequilibrio que, en buena cuenta, resulta atentando contra el derecho consagrado en la carta magna de 1993, de que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (ver inciso 22 del artículo 2).
Siendo esta problemática no solo peruana sino de alcance mundial; es de advertir que no resulta extraño que se produzcan grandes movimientos sociales que pongan en entredicho el status quo reinante a nivel mundial. En ese sentido, los casos de Ecuador y Bolivia son particularmente aleccionadores.
En efecto, en la última década ambos países han desarrollado procesos constituyentes muy polémicos. En consecuencia, sus respectivos textos constitucionales no escapan al esquema señalado anteriormente y presentan algunas características que merecen especial análisis pues se han constituido en los abanderados de la protección de la naturaleza a nivel constitucional en el mundo.
En el caso de la Constitución ecuatoriana de 2008, su preámbulo expresa que: “Decidimos construir una nueva forma de convivencia
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kausay” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, 2008, p. 15).
Se puede observar entonces que esta Constitución posee desde su inicio, una visión holística e integral del buen vivir, el mismo que sirve de principio ordenador que da coherencia entre las partes dogmática y orgánica de dicha Carta Magna, superando así el divorcio que sobre el particular existía en su anterior Constitución de 1998 (LEÓN,2009, p.117).
La insostenibilidad del modelo de desarrollo neoliberal, con sus negativas secuelas conocidas por todos, generó en los constituyentes ecuatorianos la necesidad de rescatar concepciones tales como el buen vivir -nacido de la cosmovisión y práctica de pueblos indígenas- el cual llama a una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza. En ese orden de ideas, para LEÓN (2009, p.118) esto constituye un cambio de paradigma, necesario frente al ritmo alarmante de depredación que genera el modelo económico neoliberal. En la Constitución el sistema económico es reconocido como social y solidario, y “reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibilitan el buen vivir” 5 .
En ese contexto, una de las innovaciones de la Constitución ecuatoriana de 2008 es su clasificación de los derechos, pues según señala GRIJALVA (2009, p. 2), al eliminar dicha carta magna la clasificación tradicional de los derechos en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 6 , lo hace con el propósito de enfatizar el carácter
5 Artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador. 6 En la Constitución de 1998 se clasifica a los derechos en civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos, siguiendo a los instrumentos internacionales en la materia.
complementario y la igual jerarquía de todos los derechos constitucionales (TRUJILLO, 2009, pp. 70-71). En su lugar, la actual Constitución ecuatoriana utiliza una división temática: derechos del buen vivir, de participación, de libertad, etc. Incluso al referirse a los derechos colectivos, los denomina “derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” para destacar así que también otros derechos pueden exigirse eventualmente de forma colectiva; por lo que según el artículo 10 son titulares de esos derechos las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; por tanto, todos los derechos pueden exigirse de forma individual o colectiva (art. 11°).
Para ARIAS (2008, p. 224), esta nueva clasificación facilita una comprensión más directa y cotidiana del sentido esencial de cada derecho; en tanto que para GRIJALVA (2008, p. 259) permite enfatizar el carácter complementario y la igual jerarquía de todos los derechos constitucionales.
Los nuevos derechos tipificados en la actual constitución ecuatoriana resaltan por su carácter innovador, pues se articulan tanto con la visión andina del sumak kawsay como con los derechos ambientales (derecho al agua, a la alimentación y soberanía alimentaria, derecho de la naturaleza), de las personas y grupos de atención prioritaria, así como con el derecho a desarrollar actividades económicas, etc.
A tal efecto, en sus artículos 71°, 72° y 73° (ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, 2008, p.90), se
prescribe lo siguiente:
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio nacional.
Tres años después, el 30 de marzo de 2011, la judicatura ecuatoriana
desarrolla su primera jurisprudencia sobre este novísimo derecho
constitucional: La Sala Penal de la Corte Provincial de Loja resolvió en segunda y definitiva instancia la Acción de Protección (equivalente a la acción de amparo peruana) N°. 11121-2011-0010, interpuesta por Richard Frederick Wheeler y Eleanor Geer Huddle, “a favor de la Naturaleza, particularmente a favor del río Vilcabamba y en contra del Gobierno Provincial de Loja…” (Sentencia de la Sala Penal de la Corte Provincial de Loja del 31 de marzo de 2011). Los peticionarios comparecieron en ejercicio de la legitimación activa difusa que concede el artículo 71 de la Constitución cuando establece que: “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.” (VENTANA ABIERTA, 2012).
En la página web “VENTANA ABIERTA a los Derechos de los pueblos y de la Naturaleza” (2012), se señala que los hechos que motivaron la acción se relacionan con la ejecución de la ampliación de la carretera Vilcabamba-Quinara emprendida por el Gobierno Provincial de Loja emprendida sin estudios de impacto ambiental, razón por la cual se depositaron grandes cantidades de piedras y material de excavación en el cauce del río Vilcabamba, provocando así grave daño a la Naturaleza y riesgos de desastres durante la temporada invernal por crecientes del río.
El citado portal (VENTANA ABIERTA a los Derechos de los pueblos y de la Naturaleza, 2012) señaló que los jueces constitucionales de la Sala Penal de la Corte Provincial de Loja, al resolver esta acción de protección, establecieron importantes estándares jurídicos, tanto en aspectos sustantivos como adjetivos para la aplicación de los derechos de la Naturaleza, pues el artículo 40, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales ecuatoriana (similar al Código Procesal Constitucional Peruano) establece la interposición de una Acción de Protección, ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.
En la Acción de Protección N° 11121-2011-0010, la Sala reflexiona al respecto y fundamenta la procedencia de la misma para la tutela de los derechos de la Naturaleza, debido que:
“Dada la indiscutible, elemental e irrenunciable importancia que tiene la Naturaleza, y teniendo en cuenta como hecho notorio o evidente su proceso de degradación, la acción de protección resulta la única vía idónea y eficaz para poner fin y remediar de manera inmediata un daño ambiental focalizado”. 7
En esa orientación, el colegiado ecuatoriano hizo una aplicación acertada del principio de precaución recogido por el Artículo 73° de su Constitución para el ámbito de los derechos de la naturaleza en concordancia con el criterio que señala el artículo 396 8 del mismo cuerpo normativo respecto de los impactos ambientales.
En ese sentido la sentencia expresamente señala que:
“…hasta tanto se demuestre objetivamente que no existe la probabilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en una determinada zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los Jueces constitucionales propender de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial de los Derechos de la Naturaleza, efectuando lo que sea necesario para evitar que sea contaminada, o remediar. Nótese que consideramos incluso que en relación al medio ambiente no se trabaja solo con la certeza del daño “sino que se apunta a la probabilidad” 9 .
7 Sentencia N°. 11121-2011-0010 8 En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 9 Sentencia N°. 11121-2011-0010
Otro de los retos más complejos que impone el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, es la caracterización del daño ambiental que provoca su violación. Al respecto, el colegiado propuso como criterio que el evento dañoso sea de carácter generacional; es decir que el daño a los derechos de la Naturaleza no solo afecta a la actual generación sino a las futuras generaciones. (VENTANA ABIERTA a los Derechos de los pueblos y de la Naturaleza, 2012)
Al respecto, la Sentencia N°. 11121-2011-0010 precisa que:
“La importancia de la Naturaleza es tan evidente e indiscutible que cualquier argumento respecto a ello resulta sucinto y redundante, no obstante, jamás es de olvidar que los daños causados a ella son “daños generacionales”, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no solo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”
Asimismo, los magistrados aplicaron la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental (de acuerdo a lo señalado por el art. 397, numeral 1) de su norma fundamental) por lo que, perfeccionando la argumentación, la resolución citada dispuso que:
“Los accionantes no debían probar los perjuicios sino que el Gobierno Provincial de Loja tenía que aportar pruebas ciertas de que la actividad de abrir una carretera no afecta ni afectará el medio ambiente. Sería inadmisible el rechazo de una acción de protección a favor de la Naturaleza por no haberse arrimado prueba, pues en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación, deberá acreditar su inexistencia no solo quien está en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan
irónicamente que tal daño no existe.” (Sentencia N°. 11121-2011-
Es del caso señalar que en su oportunidad, al aprobarse en su actual constitución la condición de sujeto de derecho a la Naturaleza y, por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos, se expresaron algunas inquietudes respecto a eventuales conflictos entre éstos y los derechos humanos (tales como un posible conflicto con el derecho al desarrollo).Sin embargo, de existir las colisiones antes referidas, estas deberían ser solucionadas en cada caso aplicando el principio de proporcionalidad por ser los derechos humanos y los de la Naturaleza de igual categoría jurídica (VENTANA ABIERTA a los Derechos de los pueblos y de la Naturaleza, 2012). En este sentido, los magistrados tuvieron la suficiente perspicacia para establecer que para el presente caso, la colisión entre estos derechos es solo aparente y, por el contrario, los derechos de la Naturaleza son concurrentes con los derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la vida digna y a vivir en un medio ambiente sano:
“En cuanto al alegato del Gobierno Provincial, de que la población…, necesita carreteras, es de indicar que: En caso de conflicto entre dos intereses protegidos constitucionalmente, la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto y a la luz de los principios y valores constitucionales… Pero en este caso no hay que ponderar porque no hay colisión de derechos constitucionales, ni sacrificio de uno de ellos, pues no se trata de que no se ensanche la carretera Vilcabamba-Quinara, sino que se la haga respetando los derechos constitucionales de la Naturaleza.” (Sentencia N°. 11121-2011-0010)
De otro lado, en la sentencia se establecieron las medidas de reparación, en tanto el colegiado declaró que se había demostrado la violación del derecho de la Naturaleza, así como se ordenó que se mantengan y
regeneren sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Se dispone además que el Gobierno Provincial de Loja atienda todas las observaciones que a la obra ha realizado la Autoridad Ambiental Nacional
y apercibiéndola a que, en caso de no hacerlo, suspenderá la obra.
Asimismo, delega al Ministerio del Ambiente y a la Defensoría del Pueblo
el seguimiento del cumplimiento de la sentencia. (VENTANA ABIERTA a
los Derechos de los pueblos y de la Naturaleza, 2012)
También se destaca una medida de satisfacción en el sentido de “Ordenar que la entidad demandada pida disculpas públicas por iniciar una obra sin contar con el licenciamiento ambiental.” (Sentencia N°. 11121-2011-0010)
Si bien dicha medida es de naturaleza simbólica y trascendente, manda un
mensaje claro y fuerte de que en un Estado de derecho y de justicia, violar derechos fundamentales es un acto que ofende el interés público y que merece un acto de reconocimiento de culpa por parte de la autoridad que falló en sus deberes de respeto, tutela y garantía y un pedido de disculpas que comprometa a la no repetición de estos hechos. En definitiva, se trata de una muy buena sentencia que inaugura con buenos auspicios la jurisprudencia constitucional sobre derechos de la naturaleza. (VENTANA ABIERTA, 2012).
Aparte de la experiencia ecuatoriana, que se ha constituido en pionera y abanderada del reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de Derecho y de sus correspondientes derechos, en Bolivia, su nueva Constitución del 2009, señala entre los principios, valores y fines del Estado, la:“…conservación del medio ambiente para el bienestar de las
generaciones actuales y futuras” (art. 7°). Enseguida, se reconocen los derechos al ambiente: las “personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”, tanto en las presentes como futuras generaciones (art. 33°), y cualquier persona “está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente”, sin perjuicio de las obligaciones de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente (art.
Además de esos derechos se suma específicamente el derecho a “vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas” en las comunidades campesinas e indígenas (art. 30). El texto constitucional brinda asimismo especial atención a otros temas, destacándose el agua entre los derechos fundamentales (arts. 16 y 20).
Una de las novedades más interesantes en la actual Constitución boliviana es la aparición de una “jurisdicción agroambiental”, como parte del ordenamiento jurídico (arts. 186 a 189).
En tal contexto, se crea un Tribunal Agroambiental encargado de la jurisdicción en temas agrícolas, forestales, y ambientales (incluyendo agua, fauna y flora, y los ecosistemas en general). Este órgano entenderá en cuestiones como demandas de nulidad y anulabilidad o en disputas administrativas. Por lo demás, es interesante y destacable que se vincule la temática agrícola con la ambiental. (Artículo 189 de la constitución boliviana)
En el sucinto recorrido que se ha realizado por las constituciones de ambos países latinoamericanos, se puede observar un cambio del paradigma antropocentrista clásico donde, según palabras del filósofo
Protágoras, “El hombre es la medida de todas las cosas”, el cual ha degenerado durante el neoliberalismo, en una lucha frontal del hombre contra la naturaleza y las demás especies vivas, al punto de poner en riesgo la existencia así como de la vida en su conjunto en nuestro planeta, sólo por el egoísmo, el lucro y la dominación política.
En efecto, dicho cambio de paradigma implica el rescate de concepciones ancestrales correspondientes a los pueblos oriundos (ahora también denominados originarios) y, de otro lado, su confluencia con aquellas modernas posturas que buscan solucionar los grandes problemas que nos aquejan a nivel mundial, tales como La contaminación ambiental, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y otros.
Dicha confluencia de posturas ancestrales y modernas permite visualizar un paradigma holístico, totalizador que busque entender que todas manifestaciones de la vida que tienen su origen y sustento en la naturaleza. En tal sentido, desde la perspectiva jurídica, el reconocimiento del estatus de la naturaleza como sujeto de derecho así como de sus propios derechos derivados de su condición de tal, constituye desde esta perspectiva un avance significativo que debe ser desarrollado, pues actualmente el Perú carece de normas constitucionales que recojan esta novísima concepción.
En ese contexto, se considera que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho en el país tendrá extraordinarias y positivas repercusiones, sobre todo (como se ha visto en el caso de Ecuador) en la resolución de conflictos derivados de las indemnizaciones por daños ambientales, los mismos que no han sido resueltos de una manera eficaz y eficiente; sino, por el contrario, se han resuelto en medio de grandes controversias y contrariedades (en los casos donde se pudo arribar a una solución, pues en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a judicializarse
debido a la acción cómplice y hasta maliciosa de las autoridades). Entre los ejemplos de conflictos ambientales que se hallan latentes sin judicializarse y menos aún sin resolverse podemos mencionar los siguientes:
CASO DE CONTAMINACIÓN DE GAS EN BAJO URUBAMBA 10 Caso en el que hubo un derrame de gas licuado en el río Urubamba que originó la muerte de 6 personas y afectó la salud de otras 200.
El hecho ocurrió el 12
y sus estragos se
manifestaron en consecuencias nocivas para la salud de los comuneros, así como dolores musculares y de cabeza, además de erupciones cutáneas.
CASO DE LA OROYA 11 :
Un camión cisterna se volcó en La Oroya y su carga de 29 toneladas de soda caustica contaminó el caudal del río Tishgo, que alimenta el flujo de agua potable de la ciudad.
Tras caer la carga al río Tishgo, centenares de truchas y aves en la zona murieron intoxicados. El servicio de agua potable fue suspendido hasta que el percance se solucionó.
CASO DE DERRAME DE COBRE EN ANCASH 12 En este caso los pobladores de Cajacay, del departamento de Ancash, presentaron niveles altos de cobre y plomo en la sangre, de acuerdo a dosaje toxicológico. Asimismo, fueron siete niños los que registraron los niveles altos de cobre en la sangre y tres adultos de plomo, debido
10 EL COMERCIO. Bajo Urubamba: murieron 6 personas por contaminación por gas en aguas. Recuperado
de: http://elcomercio.pe/peru/1415961/noticia-bajo-urubamba-murieron-personas-contaminacion-gas-aguas . 11 EL COMERCIO. La oroya: 30 toneladas de soda caustica contaminaron río Tishgo. Recuperado de:
http://elcomercio.pe/peru/666580/noticia-oroya-30-toneladas-soda-caustica-contaminaron-rio-tishgo
y tres adultos son afectados en derrame de cobre. Recuperado de:
http://elcomercio.pe/actualidad/1454940/noticia-ancash-siete-ninos-tres-adultos-son-afectados-derrame-cobre
EL COMERCIO. Ancash: Siete niños
al derrame de la compañía minera Antamina en el poblado de Santa Rosa, en el distrito de Cajacay.
A su vez, quizá el ejemplo señero por excelencia de casos
deficientemente solucionados sea el caso de la contaminación de mercurio
en la zona de Choropampa, en Cajamarca, justamente debido a que no se cuenta con el desarrollo legal, doctrinario ni jurisprudencial de la Naturaleza como sujeto de derecho.
La historia empieza siete años atrás, en la ciudad de Choropampa, en
Cajamarca, cuando el viernes 2 de junio del año 2000, un camión perteneciente a una empresa de transportes contratada por la empresa minera Yanacocha, derramó accidentalmente varios kilos de mercurio en
dicha localidad, causando graves tanto al ambiente como a sus pobladores. El daño se agravó debido a que al confundir el mercurio derramado con oro, los pobladores procedieron a recolectar y guardar dicho metal tóxico.
En ese escenario, Yanacocha procedió a realizar transacciones
extrajudiciales con los pobladores por montos ínfimos (aprovechándose de
la ignorancia de estos en dicho tema), con la finalidad de evitar
posteriormente demandas en su contra, por montos realmente equivalentes a los daños irrogados a los pobladores.
Es en ese contexto, la señora Giovanna Quiroz (en su nombre y en
representación de sus dos menores hijos) transó a cambio de ínfimos catorce mil dólares americanos, desistiéndose de promover en el futuro acción indemnizatoria alguna contra Yanacocha.
Sin embargo, años después la mencionada (desconociendo la transacción
extrajudicial mencionada) interpuso su demanda indemnizatoria contra
Yanacocha ante el Poder Judicial, por un millón ochocientos mil nuevos soles.
Las dos primeras instancias en Cajamarca le dieron la razón a Yanacocha, fundamentando su decisión en el hecho que para dichas instancias de mérito, el asunto ya había sido solucionado previamente mediante la transacción extrajudicial señalada; conforme era también el parecer de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema.
Sin embargo, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Perú asumió el razonamiento, por medio del cual, para que la transacción deje sin lugar el juicio instaurado, ésta debe ser de naturaleza judicial y no extrajudicial.
Además, se corroboró que las cláusulas de los contratos de transacción fueron elaboradas unilateralmente por la empresa Minera Yanacocha S.R.L; y no conjuntamente con los damnificados por los derrames de mercurio.
Si bien es cierto no se pretende ahondar en el tema de fondo sobre la validez de la transacción sea ésta judicial o no; queda meridianamente claro no obstante que los derechos fundamentales no se pueden negociar, pues constitucionalmente son reconocidos como el pilar de la sociedad. Asimismo es alarmante la defectuosa administración de justicia, en casos en los que se vulnera y afecta por contaminación a nuestro medio ambiente, dando lugar a una deficiente protección de los derechos inherentes a la persona humana, los mismos que se complementan con el derecho vivir en un medio ambiente equilibrado, garantizando un lugar saludable a las generaciones venideras.
La problemática abordada de la indemnización por daños derivados de la contaminación ambiental, puede y debe ser abordada desde una
perspectiva nueva e inédita en nuestro medio, pero que sin embargo en años recientes ha empezado a ser transitado por la legislación y jurisprudencia ecuatorianas. Esta nueva perspectiva se orienta a considerar a la Naturaleza como “sujeto de derecho”. De esta manera se complementa la visión (planteada en los párrafos precedentes respecto) del daño a los tradicionales sujetos de derecho como son la persona y el concebido; en tanto no solamente estos sujetos de derechos serán pasibles de indemnización, sino también la naturaleza.
En tal sentido, ampliando el ámbito de aplicación del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, se observa que dicho reconocimiento tendrá una gran y positiva influencia tanto en el desarrollo del numerus clausus previsto en el artículo 3° de la Constitución, como en el derecho que tiene todo ser humano a vivir en un ambiente adecuado al desarrollo de su vida (según el inciso 22) del artículo 2° del texto constitucional), conforme se precisará más adelante.
En esa misma orientación, se considera que el estudio estará incompleto si no se buscan alternativas de solución viables al problema del creciente deterioro del ambiente y de los recursos naturales, una de las cuales sería el concebir el desarrollo de los denominados “impuestos ambientales”, que se detallará oportunamente.
4.2. JUSTIFICACIÓN Mediante la presente investigación se trató de demostrar que la solución a la problemática planteada es necesaria e imprescindible para la doctrina y la jurisprudencia constitucional peruana a través de las acciones de amparo, a fin de que se reconozcan a la Naturaleza como sujeto de Derecho.
Ello permitirá que los jueces civiles fundamentalmente desarrollen los criterios (señalados en las sentencias del Tribunal Constitucional, sobre dichas acciones de amparo) necesarios que les permitan fundamentar adecuadamente sus resoluciones cuando se vean enfrentados a resolver procesos emanados de la indemnización por daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental.
Ello por cuanto el estado actual de las normas, la doctrina y la jurisprudencia constitucionales peruanos –al estar imbuidos todavía dentro de la clásica concepción antropocentrista- generan resoluciones y criterios (como los desarrollados en el primer precedente judicial vinculante) que acaban siendo francamente injustos pues terminan colisionando con derechos fundamentales, que no son materia de negociación.
Todo ello con la consecuente estela negativa expresada en el desprestigio del Poder judicial como consecuencia de la crisis de la administración de Justicia, la misma que acarrea la inseguridad jurídica.
Un sector de la doctrina señala que la noción de la Naturaleza como sujeto de derecho enviará una seria advertencia a aquellos que contaminen la naturaleza, a la vez que los montos indemnizatorios a ser fijados empleando este criterio en favor de la Naturaleza constituirá un fuerte disuasivo y colaborará en la reducción de la incidencia de los casos de contaminación ambiental.
Asimismo, en lo relativo a las personas que conjuntamente con la naturaleza hayan sido afectados por el mismo evento dañoso (verbigracia el caso de Choropampa ya reseñado), también tendrán opción a recibir montos indemnizatorios más justos por cuanto se trata de personas que viven vinculados armónicamente con la naturaleza (como en el caso de los pueblos oriundos u originarios); pues, como se ha mencionado en la
realidad problemática, los derechos del sujeto de derecho persona humana
los correspondientes al sujeto de derecho Naturaleza no son contradictorios, sino complementarios.
ese orden de ideas, la noción de la Naturaleza como sujeto de derecho
de servir para coadyuvar al desarrollo del sistema de numerus apertus
dispuesto por el artículo 3° de la Constitución, el cual establece que:
“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.
Con el artículo citado, el legislador pretende que al aplicar la Constitución la enumeración de derechos de la persona no se ciña exclusivamente a los consignados en el artículo 2°.
El artículo va más allá al establecer que también son derechos aquellos
que, sin estar en el texto constitucional, son análogos a los contenidos en
él o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Es decir, con la expresión "derechos de naturaleza análoga", el artículo 3° se refiere a derechos de naturaleza
"equivalente", "aproximada", "parecida", "similar" o "correlativa", que
no forman parte del contenido protegido por un derecho expresamente
garantizado por la Constitución, pero que, teniendo un contenido protegido propio, se encuentran relacionados con uno que la norma suprema sí reconoce.
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, se espera que la presente investigación sirva para establecer los criterios generales que permitan
desarrollar esta temática de la “Naturaleza como sujeto de derecho” en el Perú, con las positivas consecuencias ya anotadas.
En consecuencia, se considera que un avance preliminar en la fundamentación de tal derecho se basa en primer término en reconocer que la defensa de toda persona humana, así como el irrestricto respeto a su dignidad intrínseca, constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1° de la Constitución).
En tal orden de ideas, si toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (inciso 22) del artículo 2° de la Constitución); entonces se puede apreciar que el constante deterioro de la Naturaleza, ambiente y recursos naturales en detrimento del crecimiento económico pone en peligro a la actual generación y sobre todo a las futuras generaciones a disfrutar de tal tipo de ambiente.
En tal contexto, asumir que existen otros derechos constitucionales no enumerados que se fundan en la dignidad del hombre (artículo 3 de la Constitución) obliga a cambiar la concepción antropocéntrica por una holística o totalitaria, en la que hombre y naturaleza forman o deben formar parte de un todo armónico para la mutua subsistencia en el tiempo de ambos.
Por tal motivo, considerar a la Naturaleza como sujeto de derecho (pero un sujeto accesorio al reconocimiento de la persona humana como principal sujeto de derecho; en tanto que la defensa de ésta y de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución) permitirá (conforme se ha acotado) no sólo una mejor administración de justicia respecto de las indemnizaciones en
favor de las personas y concebidos afectados por daños ambientales; sino además indemnizar a la misma naturaleza.
De otro lado paradójicamente, el Estado ha privilegiado el aspecto económico, pero ha olvidado la protección del ambiente y los recursos naturales, pese a estar prevista dicha protección en la carta magna (artículos 66 a 69 de la Constitución), a la cual claro está ha dotado de numerosa y frondosa normatividad entre los que destaca el Decreto Legislativo Nº 1055, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales; Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental.; Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Decreto Supremo N° 080-2002-RE, Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Aprueban la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, entre otros, pero carentes de logística, personal, recursos y la decisión política necesarias para cumplir con el tenor de estos dispositivos legales.
En ese contexto, se impone la creación de los denominados “impuestos ambientales”, definidos como “…una exacción obligatoria que está relacionada con el deterioro ambiental, causado por la actividad humana, siendo por tanto un instrumento fiscal y de política ambiental” (SOSTENBILIDAD-ES, 2013) 13 .
La principal utilidad de los tributos ambientales consiste en pretender modificar el comportamiento de los agentes económicos de forma que sus acciones sean menos lesivas contra el medio ambiente. Lo expuesto se
13 SOSTENIBILIDAD-ES. Indicadores de integración y acciones para el cambio: Tributación Ambiental en
es.org/sites/default/files/4.7
http://www.sostenibilidad-
tributacion_ambiental_en_espana.pdf
llega a conseguir mediante el cambio sostenido en el tiempo y de naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa. (Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2006, p. 509) 14
En tal sentido, con las sumas de dinero resultantes de la aplicación de tales impuestos, más los montos de las indemnizaciones en favor de la Naturaleza, adicionadas al dinero que por presupuesto le correspondiere; se considera que se debe crear un fondo específico, especial e intangible orientado tanto a la protección de los recursos naturales, como a la política nacional del ambiente, a la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales y al desarrollo de la amazonia.
Por tanto, fortalecida de esta manera la Naturaleza, entonces será posible que cada sea mayor el número de peruanos que podamos gozar de un ambiente sano y equilibrado, acorde al desarrollo de una vida digna y plena.
4.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Actualmente, por ser un tema reciente no existe trabajo de investigación referente al tema en cuestión, encontrándose muy escasos comentarios en revistas como las siguientes:
1. Renzo Cavani Brain/ Franco Montoya Castillo, 2011, en el Periódico La Ley “¿La vida y la salud de los niños de Choropampa valen $ 2.500? que concluye en:
- En efecto, la transacción denominada “liberación de todos los reclamos y demandas y reconocimiento de la recepción de los fondos de la transacción”, que dice: “(…) se acuerda de transar y llegar a un acuerdo con respecto a todos los reclamos y demandas del menor(…) por concepto de sus
http://193.146.56.6/NR/rdonlyres/06B713F1-1E1D-49E2-8B9B-
C666C354EBDA/4975/Sostenibilidad2006esp2.pdf
lesiones, pérdidas y daños ocasionados a raíz del derrame del mercurio (…), pasados, presentes y futuros, incluyendo lesiones, pérdidas o daños de los cuales el menor no tener conocimiento en este momento”
2. Mikael Caceda Quiroz, 2011, Tesina para optar al Título de Abogado: “Necesidad de imponer los Tributos Ambientales en nuestra actual legislación Tributaria”, siendo las conclusiones más relevantes las siguientes:
- Considera que es necesario la implementación de los Tributos Ambientales en nuestra legislación peruana, haciendo una serie de modificaciones en las legislaciones del área ambiental como del área tributaria, a fin de preservar nuestro medio ambiente y empezar a desarrollar una conciencia ecológica de protección y preservación de dicho medio, la cual debe ser seguida tanto por las personas naturales como jurídicas.
- La efectiva vigencia de los derechos humanos vinculados al desarrollo sostenible depende en cierta medida de la intervención del Estado; lo cual supone costos operativos que tiene que realizar la Autoridad y que deben ser financiados –entre otros medios- a través de tributos .
4.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA En el contexto que el inciso 22) del artículo 2 de la Constitución peruana vigente, dispone que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida:
¿Cómo se puede fortalecer la protección del ambiente y los recursos naturales en la Constitución Política de 1993?
5. LA HIPÓTESIS 5.1. ENUNCIADO
Para fortalecer la protección del ambiente y los recursos naturales, se deberá:
a) Desarrollar en la doctrina y jurisprudencia constitucionales, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, accesorio a la persona humana; en tanto que la defensa de ésta y de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado, conforme lo señala el artículo 1 de nuestro texto constitucional.
b) Implementar legislativamente los denominados “Tributos Ambientales”,
fin de crear un fondo exclusivo destinado a la protección del ambiente
5.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho.
5.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE Implementación de los denominados “Tributos Ambientales”. Estas por su grado de concreción, vienen a ser variables teóricas descriptivas. (Teóricas, intermedias y empíricas).
6.1. GENERAL Determinar cómo fortalecer la protección del ambiente y de los recursos naturales en la Constitución de 1993, a fin de coadyuvar a incrementar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida.
6.2. ESPECÍFICOS Analizar los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales comparados de la naturaleza como sujeto de derecho.
- Explicar cómo la concepción de la naturaleza como sujeto de derecho contribuirá a desarrollar el contenido del sistema de numerus apertus, previsto en el artículo 3 de la Constitución Peruana.
- Precisar cómo la implementación de los denominados impuestos ambientales colaborará para fortalecer la protección del ambiente y los recursos naturales.
CAPÍTULO I DERECHO A UN AMBIENTE SANO
1. INTRODUCCIÓN Con el paso del tiempo se han ido definiendo nuevos derechos fundamentales de la persona humana. A decir de ÁLVAREZ, citado por VALDEZ 15 , "pareciera que la identificación y definición de derechos humanos es un proceso sin fin".
Hoy en día, los especialistas en el Derecho, hablan de generaciones de derechos humanos que se relacionan con el proceso evolutivo, con el momento de su aparición y con ciertas peculiaridades de cada uno de ellos.
En ese sentido, tenemos una primera generación que comprende los derechos civiles y políticos; una segunda generación, dentro de la cual se ubican los derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera generación, llamada también de derechos de la solidaridad, los mismos que se basan en la protección ante los agentes del Estado y los particulares, pero en relación con elementos externos al hombre.
Esta última generación de derechos humanos, tiene dos particularidades las cuales son: la exigencia de un mayor grado de solidaridad que en el caso de los otros derechos y el hecho de ser simultáneamente derechos individuales y colectivos. Cabe destacar, que en la tercera generación se encuentra ubicado
http://www.regionsaludmoquegua.gob.pe/Salud_pers/desap/METPES_derech_med_amb.pdf
el derecho al medio ambiente, el cual fue reconocido como tal desde la Conferencia sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo en 1972.
2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO HUMANO
A UN AMBIENTE
SANO La evolución histórica de los derechos humanos indica que estos han aparecido documentalmente en tanto se fueron identificando como una necesidad de la sociedad, justamente porque venían siendo ignorados. De esta forma, no existía ninguna preocupación por el ambiente hasta tanto no hubo una necesidad inmediata, tangible y preocupante.
El derecho al disfrute de un ambiente sano es un derecho humano que contempla cuestiones de carácter supranacional, cuya característica esencial es la complejidad de su reclamación. El sujeto activo puede ser una colectividad de personas o una persona que sea vea afectada individualmente por un daño ambiental específico. El sujeto pasivo, aquel que está ocasionado el daño, puede estar identificado o desconocerse por completo.
Tengamos en cuenta que el tema ambiental es de orden público y siempre prevalece el interés colectivo sobre el particular. La mayor prueba es que en muchos documentos internacionales se destaca que las beneficiarias de este bien no son sólo las generaciones actuales, sino también las futuras.
El control del ambiente y la calidad de vida pertenecen a la esfera del Estado y no pueden estar sujetas al libre albedrio de los particulares. Hacer cumplir el derecho humano en estudio implica adoptar reglas de fiscalización de las actividades particulares, para prevenir y controlar las actividades que implique riesgos ambientales. Cuando las autoridades estatales no adoptan o no cumplen con el mandato de estas normas, se sobreentienden su falta de deber.
Es importante reconocer que no sólo el Estado y sus instituciones son responsables de mantener el ambiente sano, sino que ésta es una responsabilidad de todos los habitantes. El derecho a disfrutar de un ambiente sano posee implícito un deber, que es no causar daños a la naturaleza.
3. RELACIÓN ENTRE EL AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS La relación entre derechos humanos y ambiente se puede definir en dos vías principales. Para empezar, se da una relación complementaria. La protección ambiental puede ser considerada una precondición para la satisfacción de otros derechos humanos, como la vida, la salud y las condiciones favorables de trabajo. Un sistema efectivo de protección ambiental puede ayudar a asegurar el bienestar de las futuras generaciones, así como la supervivencia de los grupos indígenas y los grupos de personas económicamente marginados, quienes dependen directamente de los recursos naturales para sobrevivir.
En segundo lugar, la protección legal de los derechos humanos y del derecho al ambiente sano reviste gran importancia, ya que con esta protección lo que se pretende es un efectivo reconocimiento y respeto de estos derechos. Con una protección legal, los derechos humanos y el derecho al ambiente ya no serán problemas sociales sino jurídicos, se transformarán las necesidades en derecho, y se obliga a los Estados reconocer derechos individuales a cada persona bajo su jurisdicción.
Cuando por el contrario estos derechos no han sido positivados, son frecuentes los problemas de implementación y judicialización al interior de cada Estado y resulta negativo para la concreción de la universalidad de dichos derechos.
El reconocimiento de derechos humanos como la vida, la salud, la cultura, la propiedad y las condiciones favorables de vivienda aseguran el disfrute de estos derechos para todas las personas.
En este orden de cosas, existe otro inconveniente: se desean satisfacer todos estos derechos para una población creciente, esto podría amenazar la cantidad de recursos naturales disponibles, representando un menoscabo para la protección del derecho a un ambiente sano.
El derecho a un ambiente sano enfrenta otro grave problema, que es no poder ser justiciable en algunos sistemas. Un buen ejemplo de esta problemática es el relacionado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual sólo se ha podido reivindicar el derecho a un ambiente sano cuando los perjuicios causados han afectado, a otros derechos humanos como la vida o la salud. Más aún el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, porque su violación no afecta a las personas.
4. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE En primer lugar encontramos la Declaración de Estocolmo de 1972 que surgió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En ella por primera vez se habló del derecho a un medio ambiente sano como un derecho de la humanidad y también se estableció la obligación de los Estados de no generar daño a otro Estado. Sin embargo se pone de relieve que este instrumento internacional no tiene efectos vinculantes para los Estados precisamente por su carácter declarativo. Las principales recomendaciones que en este instrumento se concibieron se refirieron al agua y al manejo del agua ya que es un recurso indispensable para el desarrollo y supervivencia de la humanidad.
También encontramos la Declaración de Río de Janeiro (1992), la cual tampoco tiene efectos vinculantes, precisamente por su carácter declarativo. Es el primer instrumento que logró unir el tema del derecho a un medio ambiente sano con el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la búsqueda de un equilibrio armónico entre el desarrollo económico y el gasto de la oferta ambiental en que se sustenta, con el objetivo de guardar y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras.
Éste instrumento se desarrolló en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo propuesto en tal declaración parte de la base de tomar al ser humano como el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Se consagra como compromiso de todos los Estados la adopción de todas las medidas posibles que se consideren pertinentes para erradicar la pobreza y brindar condiciones adecuadas en materia de salud para toda la población. Uno de los más importantes compromisos consagrados en este instrumento internacional consiste en que los Estados deberán promulgar leyes eficaces en materia de protección al medio ambiente, particularmente en lo que respecta a los daños y perjuicios generados por la contaminación del hábitat donde se encuentran las personas, también se comprometen a adoptar políticas demográficas adecuadas y a eliminar las modalidades de producción y consumo que sean insostenibles.
Se reafirma el deber de aplicar el principio de precaución según el cual “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (principio 15 de la declaración), se reafirma también el principio de soberanía que implica que los Estados tienen derecho a usar sus recursos de la forma que lo consideren más conveniente.
Los Estados tienen pleno derecho sobre sus recursos naturales, sin embargo ese manejo de sus recursos, en ningún caso puede ocasionar daño a otro Estado.
Posteriormente encontramos la declaración de Johannesburgo realizada en el 2002 la cual renovó el compromiso político en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Recogió lo establecido en los dos instrumentos internacionales mencionados anteriormente y también tocó lo referente al manejo del agua potable, pobreza, empleo, salud, educación entre otros temas de interés para ese momento.
Cabe resaltar que frente a la protección del derecho al medio ambiente sano se han identificado dos problemas fundamentales a saber: los relacionados con el deterioro de la capa de ozono y lo referentes al cambio climático frente a estos dos temas, concretamente encontramos dos instrumentos internacionales independientes y especializados los cuales son: el tratado de Montreal y la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio Climático.
Finalmente vale la pena resaltar un instrumento internacional adicional, el cual es el protocolo de Kyoto, el cual fue negociado en 1997 y entró en vigor sólo hasta el 2005. El objetivo de este protocolo fue desarrollar el contenido normativo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y establecer unas metas específicas de reducción en un tiempo determinado.
El mencionado protocolo estableció como principal compromiso, reducir emisiones dentro del propio país. Esta obligación se llevó a cabo principalmente mediante el cambio de tecnología, sin embargo dichos cambios de tecnología son muy costosos, así que se previeron cuatro formas alternativas de reducir la emisión de los gases efecto invernadero. Entre ellas encontramos el comercio de emisiones que consiste en que con base en el
porcentaje de emisiones que cada país se compromete a reducir, si un Estado logra reducir una mayor cantidad, puede vender el excedente a otro país que se haya excedido en la cantidad de emisiones a la que se había comprometido recudir. Otro mecanismo es el de “implementación conjunta” el cual da la posibilidad de que dos países desarrollados se unan y desarrollen proyectos o tecnología para reducir los porcentajes de emisión de forma tal que la inversión sea menor a la que incurriría cada uno de ellos individualmente. “Las burbujas” es el tercer mecanismo alternativo previsto para la reducción de la emisión de gases efecto invernadero, es similar a la “implementación conjunta”, la diferencia es que la alianza que se lleva a cabo a través de las burbujas no se predica sobre exclusivamente dos países desarrollados, sino que son varios los países que pueden unirse e intervenir para reducir dichas emisiones. Finalmente el cuarto mecanismo es el de “desarrollo limpio” a través del cual un país desarrollado realiza un proyecto que permita reducir los porcentajes de emisión en un país subdesarrollado y esos porcentajes de emisión que logre reducir, puede enajenarlos posteriormente a otro país desarrollado que haya excedido la cantidad de emisiones a la cual se había comprometido.
Actualmente no hay un tratado que determine el nuevo periodo de cumplimiento del protocolo de Kyoto, se han realizado varios intentos de negociación para la extensión del mismo, pero han sido fallidos. En el 2011 las altas partes contratantes del protocolo de Kyoto se comprometieron a realizar una nueva convención marco en la que se deje de aplicar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; la fecha límite para negociar ese tratado es en el 2020. Ese mismo año se creó el “Green Climate Fond” con el fin de que los países mas vulnerables al cambio climático contaran con recursos suficientes para subsanar y evitar los posibles daños causados por el mencionado fenómeno.
SUBCAPÍTULO II DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA
5. ASPECTOS GENERALES El derecho a un ambiente sano y equilibrado le pertenece a todo individuo y pueblo de la humanidad (FOY, 2003, p. 93) y es uno de los derechos fundantes en la teoría de los derechos humanos, pues es uno de los presupuestos fundamentales para el ejercicio del resto de derechos. Este derecho es reconocido por primera vez en el Principio 1 de la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano según el cual:
“el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones futuras.” (FOY, 2003, p. 93)
El derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, es un derecho por tanto de tercera generación e intergeneracional 16 (FOY, 2003, p. 93).
En ese orden de ideas, traemos a colación lo señalado en el artículo 24° de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, en la que se indica que “todos los pueblos tienen el derecho a un satisfactorio medio ambiente favorable a su desarrollo”. (FOY, 2003, p. 93)
16 Recordemos que los Derechos de Tercera Generación también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los Pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los Derechos de los Pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. (CUBAENCUENTRO. (s/f). “Derechos de Tercera generación o Derechos de los Pueblos”. Recuperado de: http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y- caracteristicas/clasificacion/derechos-de-tercera-generacion-o-derechos-de-los-pueblos)
Como podemos apreciar, existe una serie de normas internacionales que regulan la protección de este Derecho de tercera generación; de esa misma manera nuestra constitución reconoce y protege el Derecho a un Ambiente Sano y Equilibrado dentro del inciso 22) del artículo 2°, el cual será explicado ampliamente en los apartados siguientes.
6. EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN VIGENTE El inciso 22) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado reconoce, en calidad de derecho fundamental, el atributo subjetivo de “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona. Esto quiere decir que, es el derecho fundamental a la protección de la calidad de nuestro entorno o ambiente para beneficio de nosotros mismos y de manera indirecto para beneficio de otras especies.
Como lo mencionáramos anteriormente, este es un derecho de tercera generación, debido a que busca preservar la integridad de la sociedad humana, resulta oponible al Estado y exigible a él, pero que requiere el concurso de todos los actores sociales para su cumplimiento efectivo (CARO, 1999, p. 69). De este modo, es dable que su observancia sea reclamado, no solo por uno sino por todos los miembros de la comunidad, pues su afectación le incumbe es de interés general.
CARHUATOCTO (2009), señala que este derecho es una consecuencia de la dignidad propia del ser humano, entendida como las condiciones mínimas para el desarrollo del hombre por sí mismo, independientemente de la conducta del individuo, como especie necesitamos un mínimo de recursos para imprimir nuestros valores y no dejar de ser hombres. El citado autor agrega lo siguiente:
“En un ambiente contaminado y degradado es imposible que un ser humano pueda desarrollarse y vivir con dignidad, siendo estas circunstancias adversas lo que envilecería y degradaría su naturaleza.
Así como el ser de un pez no podría concebirse sin agua, el hombre no puede ser tal, sin un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, conformando ello parte de su dignidad. En consecuencia, este derecho constitucional al igual que el resto, forman parte de ese mínimo invulnerable de condiciones que el Estado debe resguardar y garantizar”.
7. ACTIVIDADES QUE AFECTAN EL AMBIENTE CARHUATOCTO (2009), nos indica que el máximo intérprete de la norma, ha establecido mediante una serie de jurisprudencia que un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades:
7.1. ACTIVIDADES MOLESTAS Son las que generan incomodidad por los ruidos o vibraciones, así como por emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o partículas en suspensión y otras sustancias.
7.2. ACTIVIDADES INSALUBRES Se generan cuando se vierten productos al ambiente que pueden resultar perjudiciales para la salud humana.
7.3. ACTIVIDADES NOCIVAS Se generan cuando se vierten productos al ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.
7.4. ACTIVIDADES PELIGROSAS Son las que ocasionan riesgos graves a las personas o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones.
8. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LOS PARTICULARES En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional sostiene que existe una obligación concurrente del Estado y de los particulares de mantener aquellas condiciones naturales del ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones ambientalmente dignas. El Estado democrático de derecho debe proteger a las personas contra los ataques al medio ambiente en el que se desenvuelva su existencia, para permitir que el desarrollo de la vida se realice en condiciones ambientales aceptables. El Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana.
El papel del Estado no sólo supone tareas de reparación frente a daños ocasionados, sino de manera especialmente relevante, de prevención para evitar que aquellos no sucedan. El artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente señala que:
“Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”.
El Tribunal Constitucional ha manifestado, en la sentencia emitida en el Expediente N.° 0048-2004-PI/TC, que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes elementos; a saber:
1) El derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) El derecho a que ese medio ambiente, se preserve.
La sentencia antes señalada indica, en su fundamento N° 17 que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad. Mientras, en ese mismo fundamento, señala que por el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute.
Ahora bien, todo derecho fundamental de una persona implica un deber o carga que deberá soportar el titular del derecho ambiental, en nuestro caso del deber de contribuir a una gestión ambiental eficiente y efectiva.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado implica la obligación de conservar la diversidad biológica y mantener la continuidad de los ecosistemas, lo que se verá traducido necesariamente en el cumplimiento de las evaluaciones de impacto ambiental (instrumentos de gestión ambiental), el respeto a los límites máximos permisibles, el ordenamiento territorial, en la zonificación ecológica y económica, las zonas de protección ecológicas, la conservación in situ y las áreas naturales protegidas ( nacionales, regionales, municipales y privadas) así como la efectiva fiscalización de actividades productivas que impliquen riesgos al ambiente.
CAPÍTULO II ECOLOGÍA POLÍTICA EN LAS LEGISLACIONES DE ECUADOR Y BOLIVIA
5. INTRODUCCIÓN Bolivia y Ecuador aprobaron una serie de normas como consecuencia de complejos procesos de refundación política. Dichas normas tienen una serie de innovaciones, e inclusive se los ha presentado como modelo de un “nuevo constitucionalismo”, abordando temas como Estados plurinacionales o el “buen vivir”. En el presente apartado se analiza lo concerniente a: los temas ambientales. A partir de un análisis desde la ecología política se describen muy resumidamente los contenidos ambientales más importantes en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador. En ambas cartas fundamentales dicha temática es abordada, según lo manifiesta GUDYNAS (2010), como parte de los derechos de tercera generación, junto a otros económicos y sociales. No obstante lo señalado anteriormente, los textos constitucionales discrepan de forma radical: en la Constitución de Bolivia la industrialización de los recursos naturales es una meta, mientras que en el caso ecuatoriano se presentan por primera vez a la Naturaleza como sujeto de derechos (GUDYNAS, 2010). A pesar de sus aspectos positivos en otros campos, el texto boliviano termina reproduciendo el apego de la modernidad por el progreso, mientras que la opción ecuatoriana permite una ruptura con esa perspectiva bajo un giro biocéntrico.
6. DERECHOS CIUDADANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA GUDYNAS (2010) indica que la mayoría de constituciones de América Latina añaden las cuestiones ambientales como “derechos de tercera generación” (incluyendo el “derecho a un ambiente sano”). Esta postura está articulada con las visiones de ciudadanía contemporáneas, cuyo ejemplo más conocido son los aportes de T.H. Marshall (1950).
Esas posturas reconocen sucesivos derechos: civiles (incluyendo las libertades básicas), seguidos por los políticos, y más recientemente los derechos sociales y económicos. La dimensión ambiental se sumó a éstos últimos. Desde el punto de vista de la ecología política, esa posición tiene mucha importancia al ingresar las cuestiones ambientales en la esfera política, en las obligaciones del Estado y en la construcción de ciudadanía.
El texto constitucional Boliviano sigue esa perspectiva. Otro tanto se observa por ejemplo en las de Argentina 17 , Brasil 18 , Colombia, Perú 19 o Venezuela. La única excepción es Uruguay 20 , donde la última reforma constitucional incorporó esta cuestión como de “interés general” en contraposición a los intereses particulares.
En Venezuela, otro país reformó su Constitución (en 1999), repite esa posición, y presenta una sección sobre derechos ambientales. Se indica que las personas tienen un “derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”, libre de contaminación, y se protejan las especies vivas (art. 127). Se precisa que esto representa tanto un derecho como un deber, donde cada generación debe proteger y mantener el ambiente, en “beneficio de sí misma y del mundo futuro” 21 .
17 La Constitución de Argentina de 1994 dispone que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”.
18 La Constitución de Brasil (1988) establece que “todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado“.
19 Recordemos que nuestra constitución establece que toda persona tiene derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
La constitución de Uruguay, prescribe en su artículo 47° lo siguiente: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores”.
La Constitución de Venezuela de 1999, haciendo amplia referencia a los que denomina como “derechos ambientales”, establece que “es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. (…) Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos,
La posición antes referida, indica GUDYNAS (2010), tiene diversos límites desde la perspectiva de la ecología política. Si bien se incorpora la dimensión ambiental, ésta aparece en función de los intereses o utilidades que la Naturaleza representa para las personas. El citado autor señala que el requisito de un “ambiente sano” implica ciertos niveles de calidad, pero no por las especies que allí viven o por la integridad de los ecosistemas, sino como indispensables, por ejemplo, para asegurar la salud humana. Asimismo, se reclama por daños ambientales pero bajo una extensión de los derechos de propiedad de los humanos sobre el ambiente; no se reacciona por la pérdida en biodiversidad sino por el daño de una propiedad (GUDYNAS, 2010).
La carta magna de Ecuador, contiene un componente de este tipo, el cual está referido al ambiente como derecho de tercera generación; sin embargo, lo hace junto al reconocimiento de los derechos propios de la Naturaleza. Este enunciado aparece como muy apropiada, en tanto permite mantener y potenciar los aspectos positivos del reconocimiento de derechos ambientales de tercera generación en paralelo con los derechos propios de la Naturaleza. Estos no se oponen, sino que se complementan.
Asimismo, la citada constitución ha establecido que la Naturaleza pasa a ser sujeto de derechos, y por lo tanto se acepta que posee valores intrínsecos 22 . Esto son valores que son propios del ambiente, y que no dependen de la utilidad o apropiación del ser humano; es un valor innato a los seres vivos y su soporte físico. Esta postura tiene discrepancias, según lo destaca GUDYNAS (2010) en los siguientes frentes:
las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. Conforme se puede apreciar, en estos últimos años es sobresaliente la tendencia de las Constituciones Latinoamericanas, de consagrar en su texto normativo, el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, a fin de favorecer el desarrollo humano de las generaciones presentes y futura. 22 O’NEILL, J. (1993). “Ecology, Policy and Politics. Human Well-being and the Natural World”. London:
Routledge. Citado por GUDYNAS, Eduardo. “Ecología Política de la Naturaleza en las Constituciones de
http://www.rosalux.org.ec/es/analisis/bolivia/item/178-ecolog%C3%ADa-pol%C3%ADtica-de-la-naturaleza-en-
las-constituciones-de-bolivia-y-ecuador.html. Ingresado el 16 de Febrero de 2013.
- ÉTICO, legitimando un debate sobre los valores que encierra el ambiente no-humano;
preservación de la biodiversidad; y
- POLÍTICO, expresado en aspectos que van desde la sanción de la Constitución a la elaboración de un nuevo marco legal.
El dogma de esos derechos propios se formula un aspecto “biocéntrico”, diferente a uno “antropocéntrico”, donde la Naturaleza es estimada por la utilidad o beneficio que enclaustra (convencionalmente como valor de uso o de cambio). El biocentrismo, según lo explica la doctrina especializada, defiende los valores intrínsecos como independientes de la utilidad del mundo no- humano para los usos y propósitos humanos.
En ese orden de ideas, la carta magna ecuatoriana también encierra la particularidad de enlazar los derechos clásicos sobre el ambiente y los derechos de la Naturaleza al buen vivir (“sumak kawsay”). A diferencia del texto constitucional Ecuatoriano, el texto constitucional no elabora una dimensión ambiental, aún trabajando la categoría del buen vivir. En cambio, la postura ecuatoriana evita que las cuestiones ambientales queden aisladas, y permiten una articulación con las estrategias de desarrollo (régimen del “buen vivir” en esa Constitución). Es una postura más integral, articulando la dimensión social con la ambiental.
Cabe precisar que en el texto constitucional boliviano prevalece una redacción convencional al referirse a los derechos del ambiente bajo el paraguas de los derechos ciudadanos de tercera generación. Sin embargo, la postura diverge aún más con los llamados a “industrializar” los recursos naturales. Este mandato desarrollista es inusual, y reproduce una visión utilitarista sobre la Naturaleza. Se convierte en una fuente de legitimación para la apropiación intensiva de los recursos naturales, y genera amplios márgenes de maniobra
para utilizar justificaciones de flexibilizar o dejar en suspenso los requisitos ambientales en atención a esas supuestas necesidades de progreso. Por lo tanto, seguramente tendrá efectos limitantes sobre la gestión ambiental boliviana.
GUDYNAS (2010) señala otras diferencias claves entre los dos textos constitucionales ya referidos, en el texto boliviano se habla de “recursos naturales”, mientras que en el texto constitucional ecuatoriano el abordaje es sobre la “Naturaleza” o “Pachamama”. Estas distinciones no son menores desde el punto de vista de la ecología política, ya que la primera es funcional a una gestión de tipo instrumental, mientras la segunda permite aproximaciones más diversas, tanto instrumentales como otras apropiadas y ajustadas a los contextos ecosistémicos. En otras palabras, la primera opción se enfocaría por ejemplo en la eficiencia y optimización tecnológica, y la segunda en las tecnologías apropiadas.
7. MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA El reconocimiento de valores intrínsecos, tal y como lo señala GUDYNAS (2010), es un freno muy importante a las tendencias economicistas sobre el ambiente que prevalecen en América Latina. Se ha vuelto muy frecuente dividir la Naturaleza para convertirla en “bienes” y “servicios” que se brindan en el mercado. El Capital Natural y la rentabilidad se convierten en criterios de gestión ambiental, y se protege aquellos que puede ser útil o potencialmente beneficioso. Esta es una visión utilitarista de base antropocéntrica.
Sin embargo, la perspectiva biocéntrica quiebra esa postura, debido a que se deben reguardar todos los ecosistemas y todas sus formas de vida, independientemente de su utilidad económica, goce estético o impacto publicitario. Consecuentemente concurre una igualdad valorativa, donde inclusive las especies feas y desagradables, sin valor comercial, o culturalmente repulsivas, deben ser preservadas con el mismo ahínco. Además
de lo ya acotado, también deben ser conservados los sitios poco llamativos o sin mucha biodiversidad (como un desierto).
Lo expuesto anteriormente, permite que el texto ecuatoriano encaje en la figura de la sustentabilidad “super fuerte”, donde se concibe a la Naturaleza con categorías más allá del simple concepto de Capital (GUDYNAS, 2004). Esta elección de sustentabilidad no involucra una Naturaleza intacta, pero tampoco acepta alimentar un consumo suntuario o la acumulación de capital generado por la explotación de los recursos naturales (GUDYNAS, 2010). Los procesos productivos propios de la óptica biocéntrica son austeros, están más preocupados por una buena vida, de donde se hace necesario avanzar a una economía post-material. En cambio, la carta magna de Bolivia, se aproxima a la sustentabilidad débil, a la cual le resulta suficiente un gerenciamiento ambiental basado en el mercado y soluciones tecnológicas, pero no cuestiona la lógica de los procesos productivos.
8. NATURALEZA Y MODERNIDAD El reconocimiento de los derechos propios de la Naturaleza simboliza un quiebre frente a las posturas antropocéntricas, el dualismo (separación de la sociedad de la Naturaleza) y la fe inquebrantable en el progreso. Los aspectos precitados son intentos de quebrar con el proyecto de la Modernidad occidental. Ese plan fue muy claro en la discusión sobre la temática ambiental en el proceso constitucional de Ecuador.
En contraste a lo mencionado, en el proceso boliviano esa opción prosperó más en el campo de la plurinacionalidad, forjando nuevas coberturas para los pueblos indígenas, pero no fructificó en la dimensión ambiental. Aun así, es interesante que esa postura antropocéntrica se conservara en una reforma política que repetidamente invoca a las tradiciones indígenas. Es necesario precisar que no todas las posturas de los pueblos indígenas o comunidades campesinas son biocéntricas. En algunas de ellas, a pesar de responder a
otros procesos históricos y bases culturales, de todos modos aparece un uso instrumental de la Naturaleza. Incluso existen diferentes construcciones para el concepto de Pachamama.
Así, el apego por el proyecto de la modernidad, que genera una apropiación utilitarista de la Naturaleza, está forzosamente establecido en todos los países, incluso Ecuador. Efectivamente, en ese aspecto la ecología política actual del gobierno ecuatoriano es muy semejante a la del gobierno boliviano, y a la observada en los demás países con gobiernos progresistas. En ellos se salvaguarda la fe en el progreso, se insiste que se deben aprovechar las riquezas de la Naturaleza, y se alientan diversos emprendimientos de apropiación de recursos naturales para volcarlos a los mercados .
Al respecto, hay que recordar que las administraciones de izquierda, desde Hugo Chávez a Lula da Silva, apuestan una vez más a la extracción de recursos naturales en forma intensiva, apoyan su exportación hacia los mercados globales, y amparan una idea del progreso fundada en la explotación de la Naturaleza para forjar crecimiento económico.
Desde esa óptica, las normas y requisitos ambientales son entendidos como un impedimento para el desarrollo. Los gobiernos cuestionan las medidas ambientales, se busca flexibilizar su aplicación, y se critican a los grupos ciudadanos que defienden el ambiente 23 .
Por lo expuesto, tanto la constitución ecuatoriana como la constitución boliviana, para el campo de la ecología política, son ejemplos de las nuevas
23 Basta como ejemplo recordar que en 2006, Lula da Silva se quejaba de las “trabas al crecimiento impuesta por ambientalistas, indios, comunidades negras y los fiscales” (las reacciones de las organizaciones sociales se pueden encontrar por ejemplo, en Estado Sao Paulo, 25 noviembre 2006). En el mismo sentido, el presidente Correa en su discurso al recibir el texto constitucional afirmó que los “principales peligros” a su revolución ciudadana no provenían de la oposición, son del “izquierdismo y el ecologismo infantil”, al que sumó el “indigenismo infantil” (discurso del 26 julio 2008). Por su parte, Evo Morales crítico a comunidades locales y organizaciones ciudadanas que se oponían a la explotación petrolera en nuevas áreas del país.
formas que toma la discusión sobre los usos y conceptualizaciones de la Naturaleza. Es un campo en disputa, donde el marco constitucional boliviano brinda márgenes más estrechos para abordar esas tensiones y en cierta manera persiste anclado en el pasado. Pero el nuevo texto ecuatoriano ofrece muchas más oportunidades para una nueva gestión ambiental, y por sobre todas las cosas está generando nuevas discusiones sobre alternativas de un postdesarrollo más allá de la destrucción de la Naturaleza 24 .
24 Al respecto, debemos indicar que en Ecuador se discute sobre un desarrollo postpetrolero, debido a que se comprende que los impactos ambientales de la explotación de hidrocarburos en la Amazonia superan los beneficios económicos. Una discusión de ese tipo no es posible en Bolivia, ya que el mandato constitucional apunta a profundizar la explotación petrolera. Queda claro que un giro biocéntrico es seguramente un ejemplo temprano de la forma que deberán adoptar las futuras constituciones en América Latina si desean conservar su patrimonio ecológico.
SUBCAPÍTULO I PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA
5. EL AMBIENTE EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA En el texto constitucional boliviano se establece los principios, valores y fines del Estado, indicándose en dicha carta fundamental que la “conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras” (art. 7). Asimismo, se reconocen los derechos al ambiente: las “personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”, tanto en las presentes como futuras generaciones (art. 33), y cualquier persona “está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente”, sin perjuicio de las obligaciones estatales (art. 34). Adicionalmente a ello, esta carta fundamental especifica el derecho a “vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas” en las comunidades campesinas e indígenas (art. 30). El texto constitucional presta especial atención a otros temas, dentro de los cuales tenemos el agua entre los derechos fundamentales (arts. 16 y 20).
Al abordar la estructura y organización económica del Estado, se presentan secciones sobre ambiente, distintos recursos naturales (como hidrocarburos y minerales), energía, y conservación de la biodiversidad. En esas secciones se caracterizan los fines de la gestión ambiental y sus principales instrumentos, como las evaluaciones de impacto ambiental o las áreas protegidas (GUDYNAS, 2010).
Sin embargo, el aspecto más interesante del texto constitucional es la repetida invocación a la “industrialización” de los recursos naturales. La doctrina manifiesta que entre los fines y funciones esenciales del Estado, junto a la conservación ambiental se presenta “impulsar” la industrialización de los recursos naturales “a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base
productiva” (art. 9). Paralelamente, en el art. 355 se prescribe que la
naturales será
prioridad del Estado”. 25
“industrialización
El problema radica en que esa formulación sobre el ambiente y la industrialización cae en las visiones desarrollistas tradicionales que transitan por la apropiación de la Naturaleza, donde los fines de conservación ambiental quedan sometidos a metas económicas. Desde el punto de vista de la ecología política, esta es la postura predominante en América Latina, y explica los problemas de gobernanza ambiental en varios países.
En contraste a ello, una de las novedades más interesantes en este texto constitucional es la presentación de una “jurisdicción agroambiental”, la cual se encuentra regula en los arts. 186 a 189. En los artículos precitados, se ha establecido la creación de un Tribunal Agroambiental encargado de la jurisdicción en temas agrícolas, forestales, y ambientales (incluyendo agua, fauna y flora, y los ecosistemas en general). Dicho tribunal entenderá en cuestiones como demandas de nulidad y anulabilidad o en disputas administrativas es interesante, y es destacable que vincule la temática agrícola con la ambiental 26 .
6. LA LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LA NATURALEZA: LA LEY N° 71 - LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA- Es importante destacar que el 21 de diciembre de 2010 se puso en vigencia en Bolivia la Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley N° 71, que tiene por objeto –según lo prescribe su artículo 1°- reconocer los derechos de la Madre Tierra,
25 GUDYNAS (2010) manifiesta que esta postura ocasiona una objeción: mientras por un lado se busca la conservación de la Naturaleza, por el otro lado se traza como propósito constitucional “industrializar” los recursos naturales. No existe un énfasis de este tipo en otras constituciones latinoamericanas. Este énfasis puede ser entendible en el caso boliviano, como forma de lograr una industrialización propia (especialmente en minería e hidrocarburos), que como lo establece el art. 312, tendría la intención de “superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva”, aunque se lo matiza con una referencia al desarrollo sostenible y una “armonía con la naturaleza” (GUDYNAS, 2010). 26 Al respecto, debemos mencionar que en nuestro país, existen las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (F.E.M.A)
así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de esos derechos.
En ese sentido, la citada norma, entre los principios de obligatorio cumplimiento -en el inciso 2) del art. 2°- que rigen la referida ley sobresalen algunos principios. En virtud del principio de bien colectivo:
“el interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido”.
Por su parte, en el inciso 3) del artículo 2°, se establece el principio de garantía de regeneración de la Madre Tierra:
“El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad reconociendo que los sistemas de vida tiene límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones”.
Adicionalmente a lo ya expuesto, VARGAS (2012, p. 257) señala que el principio de respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra dispone que:
“el Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras”.
Por último, a través del principio de no mercantilización se ha dispuesto expresamente que: “no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan ni formar parte del patrimonio privado de nadie”.
Ahora bien, según el artículo 3° de la Ley N° 071, la Madre Tierra se entiende como aquel:
“sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común”;
“considerada sagrada, desde las y pueblos indígena originario
En ese orden de ideas, la precitada Ley, en su artículo 4° establece que los sistemas de vida son, precisamente, aquellas comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos y otros seres y su entorno, en las que interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las practicas productivas, y la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas.
En la esfera jurídica, debe considerarse que para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público, por lo que ella y todos sus componentes, incluidas las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la misma ley. En ese orden de ideas, VARGAS (2012, p. 258) considera que la aplicación de los derechos de la Madre Tierra debe tomar en cuenta las especifidades y particularidades de sus diversos componentes. Además, los derechos establecidos en el texto no limitan la existencia de otros derechos inherentes a la Madre Tierra, según su naturaleza.
7. EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA El texto constitucional boliviano pone énfasis en la necesidad existente de protección y preservación del medio ambiente, reconociendo expresamente en su texto, entre los Derechos Sociales y Económicos, el Derecho al Medio Ambiente, que consiste esencialmente en que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, a cuyo efecto el ejercicio de este derecho debe permitir, tanto a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
Debido a lo expresado anteriormente, cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, se encuentra plenamente facultado para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación que tienen las autoridades e instituciones públicas, de actuar de oficio (sin necesidad de requerimiento previo) frente a los atentados contra el medio ambiente, todo ello al tenor combinado de lo establecidos por los artículos 33 y 34 de la Carta Magna boliviana, expresando sobre todo que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 14, parágrafo III constitucional).
Adicionalmente a ello, es menester indicar que el inciso 16) del artículo 108 de la Carta Constitucional de Bolivia estipula que todos los bolivianos tiene el deber ineludible de proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.
En ese orden de ideas, la Carta Magna de Bolivia establece en su artículo 33° de la Constitución optó por categorizar como derecho colectivo de todos los habitantes, el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.
Y esta afirmación se ratifica al comparar la citada norma con la regulación de la
Acción Popular prevista en el art. 135 de la precitada Constitución, que especifica los derechos e intereses colectivos tutelables por vía de esa acción constitucional, aludiendo: “a los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la misma Constitución”.
De lo expuesto anteriormente, las disposiciones legales que se implantaron en el texto constitucional boliviano son importantes y reformadoras, a fin de preservar por entre todos los peligros el derecho al medio ambiente de que goza toda persona por su condición de tal, siendo el mismo de naturaleza ambivalente (como derecho y deber fundamental) e inherente al ejercicio de sus demás derechos en relación con sus semejantes.
No obstante, la temática del medio ambiente como tal, no solamente se restringe a su acumulación como un derecho fundamental de las personas 27 , sino que extiende sus alcances al ámbito educativo, dado que la educación, además de constituir una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, debe estar orientada “al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva”, así como “a la conservación y protección del medio
ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien”, ello de acuerdo
a lo previsto expresamente por el artículo 80 del texto constitucional precitado (VARGAS, 2012, p. 265).
8. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN BOLIVIA
27 Al respecto, se debe considerar también que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente, en cuya virtud la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente, ello de acuerdo al tenor combinado de los artículos 342 y 343 de la Nueva Constitución Boliviana.
A efecto de indagar sobre las garantías existentes en el sistema constitucional boliviano, para la defensa del derecho colectivo al medio ambiente sano, la doctrina especializada indica que es necesario hacer referencia a los alcances del control de constitucionalidad, cuyo ejercicio se halla delegado al Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo a la Constitución boliviana aprobada en enero del año 2009. En ese orden de idea, respecto a los alcances de la labor de control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional en Bolivia, la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Nº 0051/2005 de 18 de agosto, ha establecido lo siguiente:
“(…) Con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, este Tribunal considera necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas, directa o indirecta. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control (…)”.
De lo expuesto anteriormente, ésos son los ámbitos esenciales en que debe desarrollar sus funciones el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, mismo que, de acuerdo a su configuración constitucional, ha sido instituido como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad de
defensor de los Derechos Fundamentales y, por lo mismo, su función principal es ejercer, en forma exclusiva, el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. Precisamente para el cumplimiento eficaz de esas funciones, los arts. 202 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y el 12 de la Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, enumeran las competencias específicas atribuidas al referido Tribunal, para que esta institución desarrolle su labor jurisdiccional especializada, en una triple dimensión:
• El control normativo de constitucionalidad;
• El control sobre el ejercicio del poder político; y
• El control tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
7. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE ECUADOR DE 2008 La Constitución Política del Ecuador reconoció el 2008 los derechos de la naturaleza. Es menester indicar además que, la Asamblea General de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra presentó en el año 2010 la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Aunque la tendencia de reconocer los derechos de la naturaleza sigue vigente en Latinoamérica, esta perspectiva todavía no termina por ser asimilada pero da luces sobre nuevas perspectivas y formas de dar respuestas ante fenómenos globales como el cambio climático (ARCE,
La raíz de esta discusión es que por definición el Derecho corresponde al hombre en tanto persona. Los derechos generan a su vez obligaciones y definen una relación de exigibilidad y de cumplimiento.
Como la naturaleza no es persona entonces sólo podría ser objeto del derecho más no sujeto de derecho. Con esta premisa supuestamente el debate había llegado a su fin pero tanto por los impactos del cambio climático como por la propia evolución del pensamiento jurídico el tema ha vuelto a aparecer y ahora con mucho mayor fuerza. 28
28 Más allá de las historias de santos cristianos que trataban fraternalmente a los animales, también se conoce que en pueblos indígenas los animales son personas, los cerros son personas e incluso las granizadas son personas. Incluso para los budistas Tibetanos los animales tienen alma. Si para estas culturas los componentes del mundo biofísico son personas entonces para estas culturas aplicaría el concepto de los derechos de la naturaleza. La pregunta es: ¿sólo para estas culturas? Hay que tener presente que desde el propio Derecho se ha creado una figura artificial denominada la persona jurídica que en sentido estricto no es una persona aunque esté conformada por personas con capacidad de tomar decisiones. El concepto de persona jurídica se ha creado con fines patrimoniales y en la relación hombre-naturaleza la pregunta entonces es ¿quién posee a quién? ¿O se trata acaso de no referir a una relación de dominio o de propiedad sino de convivencia? (ARCE, 2009)
Revisando la literatura uno encuentra que en el Derecho el tema no es nuevo. Christopher Stone profesor de la Universidad del Sur de California mostró la necesidad de reflexionar sobre la forma en que el ser humano se relaciona con la Naturaleza y habló del derecho de los árboles. El profesor Stone planteó que los árboles deberían tener derecho a representación legal y cuando sean objeto de daño también deberían tener derecho a la reparación. En la teoría de Stone, el medio no existe para el hombre pero puede ser que el hombre exista para el ambiente 29
8. EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Un sector de la doctrina especializada opina que la comprensión de los derechos de la Naturaleza no puede desligarse de la lógica del Sumak Kawsay o Buen Vivir hoy constitucionalizada en el Ecuador y que la excentricidad de su reconocimiento es una ficción que se disipa con el avance y evolución del marco constitucional latinoamericano. (MURCIA, 2009, p. 4)
Tengamos en cuenta que la noción de Sumak Kawsay o Suma Qamaña es ancestral. No es un invento para las constituciones ecuatoriana y tampoco para la legislación boliviana (la cual ha sido plasmada en la Ley N° 071 de dicho país) y por el contrario, incluye una cosmovisión de los pueblos indígenas andinos que es imposible catalogar en la noción occidental de tal o cual derecho, que no cabe en la condicionada visión de generaciones de derechos, que no simboliza una evolución en la concepción de éstos -pues siempre ha estado presente en estos pueblos-, pero en cambio, si la revoluciona, pues se erige como el mayor de los retos de descolonialidad de nuestro pensamiento. En ese orden de ideas, se señala que:
“Este reto empieza por no hacer traducciones simultáneas al margen de la historia del legado colonial transversal a nuestra cotidianidad.
29 MOLINA, Miguel. (2008). “Derechos de la naturaleza en Ecuador”. Publicado el 7 de octubre en BBC.
http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=2019. Ingresado el 15 de Febrero de 2013.
Sumak Kawsay traduce Buen Vivir, pero no cualquier idea de lo que es vivir bien o gozar de cierto bien-estar” (MURCIA, 2009, p. 4).
Al respecto, el Presidente de la Confederación de nacionalidades indígenas del ecuador (CONAIE), nos da buenas pistas sobre este punto:
“La lógica del Sumak Kawsay es la del “buen vivir”, la de vivir en un ambiente sano, comer bien, tener un espacio de vida, una educación
todo un conjunto de esquemas que
el ser humano necesita para mantenerse y que genere la vida de las futuras generaciones. Del “buen vivir” han incluido el tema de la economía social, pero era muy difícil hacérselo entender a los asambleístas, para quienes vivir bien es tener un edificio de 50 pisos, 5 carros, viajes a Europa y Nueva York, es decir, el esquema
acorde a nuestra realidad, salud
occidental de “buen vivir”; al que no le importa el medio y el entorno, ni si la Naturaleza sigue existiendo o no. Por ello más o menos lo acoplaron en el modelo económico: compartir equitativamente,
respetar a la Madre Tierra
De ahí nace la inclusión de la Madre Tierra
como sujeto de derecho y un capítulo dedicado a los Derechos de la Naturaleza” 30 .
Advirtiendo la obligación permanente de consultar a los pueblos indígenas sobre el contenido del Sumak Kawsay, tenemos, de manera preliminar, según el preámbulo de la Constitución ecuatoriana, que el Sumak Kawsay se concreta en:
• Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza
• Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades;
• Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,
http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2008_2/vida-plena.html
• El ejercicio de la soberanía.
Resulta considerablemente revelador que el primer elemento que integra el Sumak Kawsay se refiera a la naturaleza, a la obligación de una convivencia ciudadana en armonía con ella. Aquí se concreta nuestro primer punto de exposición: se requiere de los derechos de la naturaleza para alcanzar el Buen Vivir. De lo expuesto en las líneas precedentes, se colige que el Sumak Kawsay es el eje referencial de los derechos de la naturaleza (MURCIA, 2009, p. 5).
Este principio se repite en los articulados 275° y 277° del texto constitucional ecuatoriano, señalándose en el primero de ellos que:
“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”;
Mientras, que en el artículo 277° del referido texto constitucional se establece que:
“Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”
Un segundo elemento lo hallamos en las deficiencias del fragmentario sistema de protección internacional al medio ambiente para sustentar la convivencia ciudadana en armonía con la naturaleza.
El orden internacional ambiental se compone por piezas separadas de protección frente a explícitos problemas de carácter ambiental. Existen grupos normativos diferenciados y especializados en espacios como el mar, la biósfera o el espacio ultraterrestre; otros que preservan las grandes reservas naturales,
la capa de ozono, la biodiversidad o el patrimonio cultural y natural; otros que abordan los problemas ambientales derivados de los conflictos armados y el uso de armas nucleares, químicas o biológicas; otros que se centran en la propiedad intelectual o en el comercio de especies; más recientemente otros abarcan el cambio climático, vinculando las respuestas posibles a la crisis ambiental según modelos de “desarrollo sostenible” (MURCIA, 2009, p. 5).
La doctrina especializada manifiesta que aquellos grupos normativos plantean ya sea la preservación de áreas o especies, la limitación de ciertas actividades para disminuir la depredación ambiental de la libre empresa, los mínimos procedimentales para la explotación de determinados recursos o para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, o la lucha para contener determinados tráficos. Pero tan diversos son sus objetivos, como unánime es su principal omisión: a de concebir un modelo económico diferente para satisfacción de las necesidades humanas.
De la normatividad extranjera nacen marcos de protección nacionales que confían la contención de sus problemas ambientales al manejo de los impactos de las actividades autorizadas a través de las licencias ambientales o los planes de manejo ambiental y residualmente al sistema penal, que habitualmente no enjuicia delitos ecológicos o si lo hace expone la suspensión de los procedimientos al no encontrar prueba del nexo causal entre las actividades y las afectaciones a la salud o a los ecosistemas.
Los sistemas nacionales de protección ambiental se encuentran esbozados no con el objetivo de evitar la contaminación o de contaminar poco, sino de contaminar de a poco: se trata de ampliar tecnológicamente el modelo desarrollista y extractivista en el tiempo, no en contener sus efectos.
A lo expuesto en las líneas anteriores, es pertinente traer a colación lo
señalado por los exponentes de la iniciativa Yasuní – ITT 31 , quienes han expuesto bien este punto:
“El pensamiento convencional se limita a hacer de los bienes y servicios elementos transables, a través de la dotación de derechos de propiedad, pero no incorpora esa noción de límites. Sin embargo, se ha acumulado mucha información acerca de las consecuencias del sobre uso de los recursos naturales y las capacidades de los ecosistemas y el planeta de amortiguar los impactos. Esta es una
situación que se produce debido a la generalización de un comportamiento egoísta, incapaz de reconocer que un recurso tiene un límite o umbral antes de colapsar” (ACOSTA et. al., 2009).
El derecho al medio ambiente se entrelaza con instrumentos que asumen el
entorno natural del ser humano como eso: un entorno, algo externo de lo cual
se sirve la humanidad para la satisfacción de sus necesidades, que no tiene
valor en sí mismo sino que cobra relevancia en tanto los seres humanos le encuentren un uso y un beneficio, ya sea a través de su explotación, la conservación de paisajes o los servicios ambientales. Es esta visión imperante la responsable del estado de cosas catastrófico para la naturaleza y consecuentemente para ciertos grupos poblacionales (MURCIA, 2009, p. 5).
8.1. EL
VITAL HUMANO SANO COMO UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS El constitucionalismo latinoamericano entiende el entorno vital humano sano como un derecho de los ciudadanos, pero viene dando pasos importantes para el reconocimiento de que la situación debe corregirse y que otra racionalidad es necesaria.
31 La iniciativa Yasuni ITT consta de un grupo de personas, las cuales buscan mantener vivo un especio importante de la selva amazónica, un lugar diferente que conserva en su interior la esencia de especies exóticas y únicas a nivel mundial. (INICIATIVA YASUNI ITT. “Conócenos”. Recuperado de: http://yasuni- itt.gob.ec/conocenos.aspx)
PRIMER NIVEL COLOMBIA El nivel más básico de inclusión de asuntos ambientales en las constituciones latinoamericanas está centrado en la idea del medio ambiente como objeto de protección susceptible de ser reparado. Es el caso de la Constitución colombiana de 1999, que en el segundo párrafo de su artículo 79° señala que es deber del Estado: “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
En ese orden de ideas, el artículo 80° de la constitución precitada considerada que para la protección y conversación del ambiente es necesario planificar:
“el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.
Este primer nivel de valoración constitucional apunta a la conservación y confía en que el deterioro ambiental puede solventarse a través del control penal, disciplinario o administrativo y que de cualquier manera los recursos naturales son susceptibles de restaurarse o sustituirse. A pesar de que existen mecanismos de protección colectivos que son ampliamente utilizados en este país el panorama de devastación ambiental riñe en la práctica con el optimismo constitucional. La protección ambiental allí se supedita a otros factores, especialmente al de seguridad, por algo es Colombia el único país en el mundo que practica extensivamente la fumigación química de cultivos de uso ilícito.
- BOLIVIA Bolivia se inserta en este primer nivel de racionalización constitucional de la problemática ambiental. Confiando en la fortaleza de la Pachamama, parte de que los recursos naturales pueden ser objeto de un aprovechamiento responsable y planificado desde una perspectiva intergeneracional de carácter soberano y como cláusula de salvaguarda “declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales” (art. 347).
Si bien esta cláusula fundamenta su protagonismo internacional en favor del reconocimiento de la deuda ecológica histórica, en lo interno no cambia el modelo relacional naturaleza – desarrollo. Debemos darle tiempo a la integración de políticas públicas bajo el principio de Suma Qamaña para comprobar el peso que tiene en el desenvolvimiento económico de este país.
 SEGUNDO NIVEL
- PANAMÁ Un segundo nivel establece la protección del ambiente en relación con la satisfacción de un nivel adecuado de vida de los ciudadanos, como en Panamá donde se impone el deber al Estado de “garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana” (art. 114). No obstante, la perspectiva ambiental y los índices de desarrollo humano del país en mención demuestran que no existe una correspondencia entre las medidas adoptadas para reducir la contaminación y la satisfacción efectiva de los ciudadanos, especialmente, los más pobres.
 TERCER NIVEL
- CUBA Un tercer nivel se integra por aquellas constituciones que claman por una racionalización o conciliación entre la vida humana, el desarrollo y el ambiente. Cuba, en el artículo 270 de su carta magna, reconoce la estrecha vinculación del medio ambiente “con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras”.
Asimismo, debemos señalar que Cuba en medio de sus enormes dificultades ha logrado mantener una política pública con altos índices de cuidado en materia de saneamiento ambiental, y su legislación secundaria parte de la idea de minimización o eliminación de los problemas ambientales del país, es decir, va por buen camino.
- PARAGUAY Paraguay, por su parte estatuye –en el artículo 7° de su carta magna- como “objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral”.
Debemos indicar que en el caso paraguayo, la conciliación del ambiente con el desarrollo humano tiende a disiparse esencialmente por la inserción de su economía en la lógica de los agronegocios. El drama de la soya transgénica y sus abultados requerimientos de agrotóxicos ponen al país en un camino acelerado de destrucción forestal y de la soberanía alimentaria.
CUARTO NIVEL BRASIL Brasil, es representativo de un cuarto nivel de racionalización constitucional del asunto, pues parte de una visión ecológica y no simplemente ambiental. En el artículo 225° de su constitución, impone al poder público el deber de “preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y procurar el tratamiento ecológico de las especies y ecosistemas”. En este nivel encontramos un elemento fundamental para la comprensión del sujeto naturaleza en el Ecuador, de una visión fragmentaria de la problemática ambiental pasa a una visión sistémica, interrelacionada. Sin embargo, Brasil se distingue por padecer de los impresionantes impactos de su industrialización y por abanderar la producción de tecnologías de modificación genética que poco o nada tienen que ver con una visión ecológica de la solución al problema ambiental.
9. NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO A lo largo de la historia jurídica, cada ampliación de los derechos y las leyes conexas fue anteriormente impensable. La abolición de la esclavitud, supuso que se reconociera «el derecho de tener derechos»; eso fue posible desde un esfuerzo político para cambiar las leyes y costumbres que negaban esos derechos. Para liberar a la Naturaleza de su condición de sujeto/objeto sin derechos, o de simple objeto de propiedad, es necesario un esfuerzo político que reconozca que la Naturaleza es sujeto de derechos.
El modelo industrialista de progreso y bienestar del mundo occidental, basado en recursos inagotables, eternos, no es ni intergeneracional ni internacionalmente viable. Es más, desde una aproximación ecológica global, los países industrializados, con un alto desarrollo técnico y una gran acumulación de capital material, aparecen ahora como países mal desarrollados y, más aún, mal desarrollantes, ya que son justamente ellos los
que más ponen el peligro la sostenibilidad del mundo, ya sea de forma directa o indirecta. (ACOSTA, 2003, p. 9)
Como para complicar más el escenario del futuro, el desarrollo económico estructuralmente desigual se mantiene y acrecienta incluso en los países industrializados. Desde esta perspectiva, hay que repensar la lógica del desarrollo tradicional. Hay que denunciar el mito del desarrollo, detrás del cual corre la mayoría de habitantes del planeta.
Superada la percepción minimalista de la Naturaleza como «frontera salvaje» a ser dominada por el ser humano, se han ido paulatinamente aproximando otras visiones. Las visiones tradicionales que entienden a la Naturaleza como una cesta de recursos, como un sistema a ser aprovechado, como capital a ser invertido y explotado, no sólo son insuficientes para explicar el actual deterioro ambiental, sino que resultan en esencia depredadoras. (ACOSTA, 2003, p. 9)
10. EL SUJETO NATURALEZA Y SUS DERECHOS, LOS DERECHOS DE LA PACHAMAMA El primer escenario de reconocimiento lo encontramos en el preámbulo de la Constitución ecuatoriana en el que el pueblo ecuatoriano celebra “a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia” y por tanto, decide construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.
Sobre lo señalado en el párrafo anterior, MURCIA (2009, p. 8), presenta la siguiente interrogante: ¿Es relevante la lectura del preámbulo para fundamentar el reconocimiento del sujeto naturaleza? Ante tal interrogante, la citada autora considera que la respuesta la podemos encontrar en la jurisprudencia comparada. Al respecto podemos señalar el caso de Alemania, en donde desde la década de los 60, se reconoce que el preámbulo de la
Constitución tiene un carácter vinculante y no meramente declarativo 32 . Otro caso similar, es el de Colombia, en donde tenemos que el valor vinculante del preámbulo ha sido establecido:
“El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos.
El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas.
Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan.
Considera la Corte que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio Constituyente a la realización de unos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, que cabalmente son los que plasma el Preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las instituciones. Quitar eficacia jurídica al
32 “Apoyándose en esta jurisprudencia, una sentencia bien temprana del Tribunal Federal contencioso- administrativo de 30 de mayo de 1960 declaró que el preámbulo constitucional dispone de contenido jurídico y puede ser configurado como fuente de deberes cuyos destinatarios serían los órganos con capacidad de decisión política. Hoy es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional alemán la
vinculación jurídica del Preámbulo cuya redacción, por cierto, ha sido modificada tras la reunificación
)”. (
LOS PREÁMBULOS EN ALEMANIA. Marzo 9 de 2006. En: Diario del Derecho. Disponible en la dirección electrónica: http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1015576
Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. VALOR DE
Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del Constituyente, toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución.
Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios”. 33
En el preámbulo de la constitución ecuatoriana se encuentra la base de reconocimiento del sujeto naturaleza, en primer lugar, con la ruptura del modelo antropocéntrico -pues “de ella somos parte”-, y segundo, con el condicionamiento del logro del Buen Vivir a la efectividad del pacto de convivencia armónica con la Pacha Mama (MURCIA, 2009, pp. 8 - 9).
De lo expuesto precedentemente, MURCIA (2009, p. 9) manifiesta que, se realiza el reconocimiento de la naturaleza o “Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida” (art. 71), como sujeto de derechos: “aquellos derechos que le reconozca la constitución” (art. 10), a saber,
• Derecho a que se respete integralmente su existencia (art 71)
• Derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (art. 71)
• Derecho a que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad pueda exigir a la autoridad pública el cumplimiento de sus derechos y a que el Estado incentive tales iniciativas (art. 71)
33 Sentencia C-479 de 1992. Magistrados Ponentes: Doctores JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Agosto 13 de 1992. Negrillas dentro del texto.
• Derecho a la restauración y que ésta sea independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados (art. 72)
A los derechos signados anteriormente, un sector de la doctrina considera que debe agregarse, aquellos relacionados con el agua, pues la Constitución la reconoce como “un elemento vital para la naturaleza” (art. 318), específicamente el que prescribe su manejo con un enfoque ecosistémico (art. 412) y el que resalta que “la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua” (art. 411).
En contrapartida, la Carta Magna de ese país, pone en cabeza del Estado obligaciones para con la Pacha Mama que pueden ser clasificados conforme a las obligaciones internacionales de los Estados frente a los derechos humanos, esto es, obligación de respeto (de no hacer), de protección (frente a la acción de terceros) y de garantía de sus derechos (adopción de medidas de prevención, investigar las violaciones, sancionar, reparar y restaurar).
11. CONSIDERACIONES PRESENTADAS POR LOS ESPECIALISTAS SÁNCHEZ 34 cuestiona el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos:
“Debemos precisar que la naturaleza no tiene las propiedades de las personas morales que justificaría la titularidad de derechos subjetivos, esto es, no tiene capacidad para elegir y materializar planes de vida, no puede adoptar decisiones, no tiene autoconciencia como ser independiente y separado. Esto nos lleva a concluir que quienes gozarán de los derechos de la naturaleza son los seres humanos mismos”.
34 SÁNCHEZ, Luis. (2008). “Los derechos de la naturaleza”. Quito: Instituto Ecuatoriano de Economía Política. citado por ARCE, Rodrigo. “Los derechos de la naturaleza y el cambio climático”. En:
En esta misma perspectiva RUIZ 35 se pregunta: ¿Se da solución al problema del irrespeto, estableciendo “derechos” de la naturaleza? ¿Puede esta ser sujeto de derechos y de las correspondientes obligaciones? Para el autor:
Por su parte, ACOSTA 36 en el entendimiento de la perspectiva del desarrollo sustentable que reconoce la relación intrínseca del hombre con la naturaleza implica reconocer que la Naturaleza tiene que ser asumida como sujeto de derechos:
“Derechos de la Naturaleza que deben ser reconocidos a partir de la identidad del ser humano que se encuentra a si mismo en tanto parte de ella. Y desde esta perspectiva amplia e incluyente, el nuevo marco normativo constitucional de nuestro país, en consecuencia, tendría que reconocer que la Naturaleza no es solamente un conjunto de objetos que podrían ser propiedad de alguien, sino también un sujeto propio con derechos legales y con legitimidad procesal”.
Afirma GUDYNAS (2011, pp. 239 - 286) que:
“la Naturaleza debería ser protegida no porque sea un sujeto, sino porque es lo correcto; es la extensión de una compasión moral hacia
35 RUIZ, José. (2008). “Derechos de la Naturaleza”.
Guayaquil: El Universo. citado por ARCE, Rodrigo.
ACOSTA, Alberto. (2008). “La naturaleza como sujeta de derechos”. Quito: CLAES. citado por ARCE,
el entorno, es el reconocimiento de sus valores intrínsecos independientes de la valoración que otorgan los seres humanos”.
Esta tesis liderada por Ecuador ahora también tiene defensores en Alemania, Suiza y Francia. Como afirma CARTAY (2008):
“El cambio que se propone es hacer de la Naturaleza, tradicionalmente considerada como objeto de derecho, sometida a todo tipo de explotación, un sujeto de derecho; pasar de una concepción antropocéntrica a una concepción biocéntrica o ecocéntrica; se trata, en fin, de un cambio de perspectiva”.
Afirma MARTÍNEZ (2008, p. 11):
“El reconocimiento de los derechos de la naturaleza plantea simultáneamente el tema de titularidad y la tutela. La titularidad tiene que ver con la condición de ser sujeto de derechos propios, y tutela con quien representa o hace aplicables los mismos. Esto plantea un cambio de visión, pues la naturaleza ya no sería un objeto que puede ser propiedad de las personas, sino un sujeto con derechos propios”. Complementa la autora que: “el sistema de tutela de los derechos de la Naturaleza puede y debe ser compartida entre los individuos y colectividades que tienen derecho a interponer acciones en defensa de la naturaleza, y con la existencia de una institución del Estado especializada que ejerza el patrocinio público de los derechos de la Naturaleza”.
12. EL DESARROLLO SUSTENTABLE GUDYNAS (2011, p. 245) nos invita a entender a «la categoría Naturaleza como una creación social distinta en cada momento histórico, cambiante de acuerdo a cómo las personas se vinculan con su entorno». Esta aproximación sustancial para la construcción democrática de sociedades sustentables, que no deja de ser compleja, nos conduce a un trabajo de
reconocimiento y replanteamiento de muchas de las categorías ontológicas dominantes. Si por un lado es evidente una pluralidad de ideas sobre la Naturaleza, por otro, esta aproximación exige entendimientos dialécticos que permitan reconstruir la idea misma del desarrollo.
La acumulación material permanente está en entredicho. Y no cualquier acumulación material, sino en especial aquella acumulación sustentada en la destrucción de la Naturaleza. Lo que implica un cuestionamiento consciente del desarrollo en tanto opción cuasi mágica para la solución de los problemas del Sur, a través del crecimiento económico ilimitado. En realidad lo que se ha hecho hasta ahora es insertar en los países del Sur la lógica muchas veces devastadora de la acumulación capitalista, que afecta al ambiente y las culturas al tiempo que promociona las desigualdades. Para lograrlo hay que dilucidar un punto crucial; la compresión de las interrelaciones existentes entre Naturaleza y estrategias de desarrollo, a partir de la negación del «progreso occidental», visto desde la época de Francis Bacon como un instrumento para dominar la Naturaleza.
La reconceptualización de la Naturaleza abre la puerta para el tratamiento de asuntos trascendentales, como la biogenética y los alimentos transgénicos, la explotación incontrolada de recursos naturales, la polución y los tratados internacionales en el ámbito del clima global, por citar algunos puntos claves. Es desde la experiencia acumulada desde donde hay que impulsar respuestas para el mundo actual. Las respuestas deben contener compromisos con la vida del futuro desde un profundo contenido ético.
En concreto, la perspectiva del desarrollo sustentable, respetuosa del patrimonio natural, exige coordinar los procesos productivos con los límites y demandas ambientales y confronta la base ideológica del desarrollo dominante, que asume como costes necesarios los destrozos ambientales y
que pretende auto convencerse de que luego podrán «ser remediados con los resultados cuantitativos y tecnológicos obtenidos».
CAPITULO III ARTICULO N° 3 DE LA CONSTITUÍAN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993: LOS DERECHO NO ENUMERADOS
4. ASPECTOS GENERALES El artículo 3° de la Constitución Política del Perú representa lo que en el Derecho Comparado se ha venido en denominar cláusula de los "derechos no enumerados", "derechos implícitos" o "derechos no escritos", términos todos ellos que aquí tomamos como sinónimos.
El precitado artículo es trascendental para todo el sistema constitucional porque dice que son derechos de rango constitucional:
- Los que se hallan en el artículo 2° de la Constitución.
- Los que se hallen en el resto de la Constitución, esto es, toda norma que de alguna manera reconozca un derecho a las personas.
- Un tercer grupo está conformado por los que son análogos a los anteriores que, desde luego, no estarían en el texto de la Constitución.
- Finalmente, un cuarto grupo son los que sin estar tampoco en el texto constitucional, se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Esto quiere decir que la enumeración hecha en el artículo 2° no excluye como derechos constitucionales a ninguna de las otras tres categorías. Consecuentemente, todos ellos podrán ser reconocidos como derechos plenamente constitucionales y defendidos mediante las garantías constitucionales existentes. En las siguientes líneas, desarrollaremos de forma exegética el artículo 3° del texto constitucional vigente.
5. ANTECEDENTES El artículo 3° de nuestra carta magna, encuentra su antecedente en la IX Enmienda de la Constitución Norteamericana, la cual fue introducida en 1791 como parte del Bill of Rights que algunos estados de la Unión reclamaron como condición para suscribir la Constitución Federal. A través de dicha Enmienda, se quería poner en evidencia que la proclamación de ciertos derechos fundamentales en la Constitución Federal solo tenía un valor declarativo -y no constitutivo-, puesto que la existencia de los derechos esenciales del hombre es previa a cualquier regulación en una norma jurídica, así sea esta la norma constitucional.
En nuestra legislación peruana, la primera vez que se introdujo una disposición similar a la mencionada en el párrafo anterior, fue con la Carta Magna de 1979, cuyo artículo 4, con ciertas variantes, contenía una redacción similar al artículo 3 de la Constitución en actual vigencia. En el artículo 4° de la Carta Magna derogada, se estableció lo siguiente:
"La enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de Derecho y de la forma republicana de gobierno".
En esencia, la diferencia más importante entre uno y otro precepto constitucional estriba en la variación de un verbo por otro. Mientras que el artículo 4° de la Carta del 79 señalaba que la enumeración de los derechos que se efectuaba en su Capítulo 1 era a título de derechos "reconocidos", el artículo 3° de la Constitución actual los considera como "establecidos". La sustitución del verbo "reconocer" por el de "establecer" no es adjetivo o simplemente formal. Refleja la variación de una perspectiva iusnaturalista de la idea de derechos fundamentales, a la que se adscribía sin ambigüedades la
Constitución de 1979, por una de corte estatalista, que es por la que apuesta la Carta de 1993.
A pesar de ello, son algo más de treinta años que una cláusula de esta
naturaleza se encuentra vigente entre nosotros, lo cierto es que hasta hace muy poco tiempo esta fue virtualmente ignorada. No contamos con una tradición al respecto y ello se ha visto reflejado en la aún escasa jurisprudencia nacional 37 .
6. COMENTARIO A LA NORMA
El artículo 3° de rango constitucional incorpora a la carta magna
derechos que mereciéndolo por las consideraciones que él mismo hace, no figuran en él. Esto significa que les da rango constitucional.
De acuerdo a la doctrina especializada el constituyente pretende, dentro de los que destaca RUBIO CORREA, con este artículo, que al aplicar la Constitución la enumeración de derechos de la persona no se ciña exclusivamente a los consignados en el artículo 2°. Además de lo acotado, serán tomados en cuenta como derechos todas las demás disposiciones constitucionales que tengan carácter de tales. Esto es muy importante porque
la protección de los derechos constitucionales se hace mediante las acciones
constitucionales. Por consiguiente, reconocer como derechos constitucionales a todos los establecidos en el texto, aunque están luego del artículo 3, habilita
para utilizar las acciones en su defensa.
En efecto, existen otros derechos constitucionales en la Carta. Especialmente,
se hallan entre los artículos 4° y 42°, y en los diversos incisos del artículo 139°,
que hacen referencia a los principios y derechos de la función jurisdiccional.
37 Hasta donde conozco los únicos trabajos dedicados a esclarecer la aplicación del artículo 3 de la Constitución de 1993 en el ámbito de la jurisprudencia y, particularmente, en el del Tribunal Constitucional, son los que debemos a SOSA, Juan Manuel. Derechos no enumerados y nuevos derechos según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional En: "Actualidad Jurídica", núm. 126, Lima, 2004, p.110 Y ss., Y SÁENZ DÁVALOS, Luis. La cláusula de los derechos no enumerados y su aplicación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional En: "Revista Peruana de Jurisprudencia", núm. 13, Lima, 2002, p. XXI Y ss.
Sin embargo, éstos son los únicos 38 . Es importante en este punto tener en cuenta la importancia que se le debe dar a la lectura sistemática de la Constitución, especialmente por parte de los jueces y demás magistrados. Descubrir y aplicar en el derecho positivo las notas informadoras acerca de la correlación y equilibrio de unos artículos con otros, podría evitar innecesarias confusiones, muchas veces surgidas del desconocimiento de este ejercicio lógico-constitucional.
El artículo va más allá al establecer que también son derechos aquellos que, sin estar en el texto constitucional, son análogos a los contenidos en él o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Derechos análogos son los que, con variaciones, resultan ser sustantivamente
similares a los establecidos en la Constitución. Por ejemplo: el artículo 2° inciso
21 dice que toda persona tiene derecho «(
otros documentos internacionales establecen el derecho «a una nacionalidad» lo que no es completamente distinto, pero con un matiz muy interesante. A nuestro criterio, éste es un caso concreto de derecho análogo, de los varios que pueden encontrarse en los documentos constitutivos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
a su nacionalidad», en tanto que
Para discernir sobre los demás tipos de derechos que el artículo 3 autoriza a considerar como derechos constitucionales, es preciso referirse a la cuarta Disposición Final de la Constitución, que establece:
«Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y
38 Debe anotarse al respecto, que a lo largo de este trabajo indicaremos cuáles normas contienen determinados derechos no necesariamente ubicados en el arto 2.
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú».
Estas son normas que se conocen como de incorporación del Derecho Internacional. En esa medida, los convenios sobre derechos humanos que han sido suscritos por el Perú se incorporan al Derecho interno del Estado, dándoles validez. Es una práctica común -especialmente en los procesos judiciales- el impulso de petitorios y actuaciones judiciales que poco o nada se refieren a los convenios internacionales suscritos por el Perú y que, por este acto jurídico internacional, ingresan a la legislación interna y tienen fuerza vinculante. Si se tuviera en cuenta esta posibilidad -como sí sucede en otros países- no solamente se enriquecerían los procesos en cuanto tales, sino que la jurisprudencia emanada sería mucho más sólida.
Al respecto, AYALA (1996, p. 760), citando a su vez a un tercer autor, señala lo siguiente:
“La consecuencia de esta técnica constitucional de cláusulas enunciativas o incluyentes, es que tanto los derechos explícitos en el Texto fundamental, como los derechos implícitos (que sean “inherentes a la persona humana”), adquieren el rango y valor de derechos constitucionales, independientemente de la jerarquía de los tratados en el Derecho Interno. Como lo ha expresado NIKKEN sobre este particular.
Los derechos humanos reconocidos en tratados en los que participa Venezuela, tienen, en el orden jurídico nacional, el rango de los derechos constitucionales. Esta conclusión es independiente que la posición que pueda adoptarse en relación con la jerarquía de los tratados frente a las leyes internas, pues el rango aludido no dimana de que tales derechos sean objeto de una convención internacional
RUBIO (1999, p. 551) manifiesta que en nuestra Constitución el problema del rango de los tratados está también en discusión, sobre todo porque en la carta magna de 1979 se decía que los tratados relativos a derechos humanos tienen rango constitucional, no obstante, en el texto constitucional vigente dicha norma ha sido suprimida, sin embargo, indica el citado autor (RUBIO, 1999, p. 552), dicho silencio no rebaja el nivel de los tratados, sobre todo si, como lo establece el artículo 57°, todo tratado que afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el procedimiento de reforma constitucional, con lo cual se ratifica que alcanza tal rango.
Por lo expuesto en las líneas precedentes, el artículo 3° de la Constitución de 1993, es un argumento más a favor de la constitucionalidad de los derechos establecidos en los tratados porque no se requiere que dichos tratados hayan sido ratificados por el Estado peruano para que esto ocurra. Si en los menos los derechos tendrán rango constitucional, es obvio que también lo tendrán en lo más: cuando el tratado haya sido ratificado y forme parte del Derecho interno.
El precitado autor, agrega que tampoco puede decirse que reconoce a dichos derechos pero con un rango menor, porque la norma que los incorpora tiene rango constitucional y, a menos que se estableciera expresamente lo contrario, la incorporación vale por el rango de quien dicta la norma expectativa, esto es, el poder constituyente. Es claro también por este lado que existe el rango constitucional (RUBIO, 1999, p. 552).
Es indudable que los legisladores desconocían los detalles de la teoría de la vinculación entre el Derecho Internacional y el Derecho interno. Si hubieran querido hacer la vinculación automática, debieran haber mantenido la norma
del rango constitucional de los tratados referentes a derechos humanos. En realidad, es un poco difícil saber lo que quiso hacer, sin embargo, si es claro lo que hizo el legislador del constituyente: con este artículo 3° incorporó los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en tratados ratificados o no por el Perú, al rango constitucional del Derecho interno. Es lo que dice el texto y es la mejor manera de interpretarlo extensivamente a favor de los derechos. No es posible, por consiguiente, elegir otro significado de acuerdo a los cánones de la interpretación constitucional (RUBIO, 1999, p. 552).
En referencia a cuales serían los demás derechos que provinieran de tratados internacionales no ratificados por el Perú, dice O’DONNELL, citando a Carrillo Salcedo:
“Carrillo Salcedo ha sintetizado la doctrina sobre la materia de la forma siguiente: “La exigencia de una aceptación general, efectivamente, no quiere decir unanimidad sino aceptación general por una amplia mayoría de los Estados, representativa de los diferentes sistemas sociales y económicos, es decir, de los distintos grupos de Estados existentes en la sociedad internacional”. (O’DONNELL, 1988, p.
Por lo expuesto, los especialistas indican que es lícito decir que en el Perú se podrá ejercitar como derechos constitucionalmente válidos, aquellos que tengan aceptación general en el contexto internacional según la regla que da Carrillo.
RUBIO (1999, p. 553), nos presenta una resolución de la Corte Suprema dictada aún bajo la Constitución de 1979 que reconoce, precisamente, que el artículo 3 de la Constitución es un marco abierto para “que la jurisprudencia pueda establecer nuevos derechos tutelables por ser inherentes a la persona humana”. Dice:
“(…) conforme lo establece el artículo cuarto de la Constitución “la enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que deriven de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”; que dicho artículo constitucional consagra una clausula abierta a fin de que la jurisprudencia pueda establecer nuevos derechos tutelables por ser inherentes a la persona humana, y que por lo mismo no pueden ser indicados taxativamente (…)” (Resolución de la Corte Suprema del 22 de Julio de 1992, en la acción de amparo interpuesta por la Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A. contra el Ministerio de Economía y Finanzas).
La resolución, expuesta anteriormente, muestra que el artículo cuarto de la Constitución de 1979 (artículo 3° de la Constitución vigente) es abierto debido a que permite reconocer nuevos derechos tutelables y que, por lo tanto, la enumeración constitucional no es taxativa.
Si bien la resolución, antes glosada, fue emitida al amparo de la Constitución de 1979; RUBIO considera que es perfectamente aplicable al artículo 3° de la Constitución vigente debido a la similitud que tienen ambas normas de este punto.
En definitiva, del artículo 3 de la Constitución de 1993 es posible extraer diversos significados (ETO, 2002, pp. 131 - 142). Uno de los significados más importantes es que en nuestro actual ordenamiento jurídico la condición de "derechos constitucionales" no se limita a lo que la Constitución de 1993 expresamente reconoce, sino que abarca también a aquellos otros que si bien no se encuentran explícitamente enunciados, sin embargo, admiten la misma consideración de rango (y, por tanto, de instrumentos hábiles para su tutela),
pues se deducen de una serie de principios supremos del ordenamiento constitucional peruano.
Asimismo, por la función que desempeña, dicho precepto normativo debe considerarse como una auténtica cláusula de "desarrollo de los derechos constitucionales", esto es, un dispositivo legal a partir del cual es posible "abrir" y "oxigenar" el inventario constitucionalizado de los derechos esenciales de la persona. De esta manera, la concepción, la idea misma sobre aquello que ha de constituir los "derechos fundamentales", se presenta como una cuestión sujeta a la determinación de las generaciones vivas.
En este último sentido, también parece meritorio consentir que la Carta Magna vigente de 1993 haya confiado la tarea de "identificar" estos "derechos futuros" a los magistrados y, en particular, los jueces constitucionales (poder Judicial y Tribunal Constitucional); ya que en ellos, radica la delicada labor de "abrir" el catálogo de la Constitución de 1993 cada cierto tiempo para cobijar a las nuevas exigencias de la vida humana que, por ausencia o no consolidación de valoraciones sociales dominantes en torno a su esencialidad, impidió que estas se incluyeran en la Norma Suprema en el momento en que fue expedida (RUBIO, 2005, pp. 92 -93).
CARPIO (2005, p. 344) señala que esta competencia, propia de un "poder constituyente constituido", sin embargo, no es enteramente libre, discrecional, o susceptible de realizar conforme a criterios artificiales y subjetivos. Por un lado, se encuentra disciplinada directamente por el artículo 3° de la Norma Suprema. Su punto de partida, en efecto, estará constituido por las "fuentes materiales" a partir de los cuales es posible identificar esos nuevos derechos constitucionales, a saber, la dignidad de la persona humana y los principios de soberanía del pueblo y Estado democrático de Derecho.
Por otro lado, CARPIO (2005, pp. 344 - 345) manifiesta que el juez constitucional no puede perder de vista que el artículo 3° de la norma suprema forma parte de una unidad normativa denominada Constitución, en la que no solo se encuentran reconocidos otros derechos fundamentales, muchos de los cuales con un contenido no necesariamente explicitado en la disposición que lo contiene, sino, incluso, que su establecimiento se realiza al lado de otros derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad que, por su propia naturaleza, tienen la propiedad de albergar en su seno diversas esferas de libertad para la estructuración de la vida personal y social de los individuos que no han sido reconocidas específicamente por la Constitución (STC N° 2868-2004-AA/TC). De ahí que cualquier construcción al amparo del artículo 3 de la Constitución no puede realizarse con el objeto de dispensar reconocimiento y protección constitucional a contenidos implícitos de derechos expresos, ni tampoco a ámbitos de libertad general del individuo garantizados por el derecho al libre desarrollo de la personalidad (GREPPI, 2002, pp. 179 y ss.).
Por último, el juez constitucional no puede perder de vista la racionalidad de dicho precepto. Se trata, en efecto, de una cláusula cuyo propósito no es prestar cobertura constitucional a potestades y facultades que en el ordenamiento tienen rango inferior o que no representen derivaciones directas e impostergables del principio de dignidad 39 .
Y no hablamos aquí de ámbitos de derechos constitucionales delimitados legislativamente, sino de esferas subjetivas exclusivamente desarrolladas por la ley o fuentes de jerarquía inferior.
39 Distinta, entendemos, es la situación de derechos que, en pleno proceso constituyente, e! titular de tal función les hubiese descartado la asignación de! rango constitucional, como puede ser el caso de determinados derechos sociales que contemplaba la Carta de 1979. Y es que en una técnica de constitucionalización de derechos como la indicada, no es e! Poder Constituyente el que tiene la última palabra, sino los jueces constitucionales, a partir, precisamente, de la autorización que se les concede en virtud del artículo 3.
En suma, la no positivización de un derecho, la derivación directa de principios fundamentales del ordenamiento constitucional, la necesidad de prestar cobertura a nuevas y fundamentales exigencias del ser humano, la no inserción de una potestad dentro del contenido de un derecho reconocido, entre otras, parecen ser exigencias mínimas que el juez constitucional debería observar cada vez que pretenda hacer uso de este precepto constitucional. La recomendación del intérprete supremo de la Constitución, en el sentido de
reservar la utilización de este precepto "(
novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita" (STC 0895-2001-AA/TC, es una regla sensata que es bueno no desatender.
solo para aquellas especiales y
12. INTRODUCCIÓN Actualmente ha habido en todo el mundo un paulatino interés en utilizar para la protección del ambiente instrumentos ﬁscales que, esencialmente, obligan a quienes contaminan a pagar impuestos que reﬂejen los costos que la polución implica para la sociedad en general. En ciertos países industriales, los aspectos ambientales se toman en cuenta de manera palmaria en el régimen tributario y los ingresos procedentes de los impuestos que, al menos en parte, se establecen por razones ambientales y gravan principalmente la energía y el transporte, son un importante mecanismo de las entradas del gobierno central. PRUST señala que en algunas economías en transición también han aumentado formidablemente los ingresos de origen tributario relacionados con el medio ambiente, sobre todo por concepto de impuestos aplicados a la energía (PRUST, 2005, p. 89).
El citado autor agrega además, que:
“El deterioro del medio ambiente constituye una externalidad negativa de algunas actividades económicas que afectan el entorno en el que se desarrollan. En este sentido, es necesaria la acción de los Estados para proteger el planeta, que no es propiedad de las empresas, como equivocadamente consideran, sino de todos los que habitan. Ante tal deterioro, se propone medidas integrales que combinan la parte sancionada económica (creación de impuestos, tasas y contribuciones), la preventiva (ejecución de programas de protección ambiental) y la incentivadora (exoneraciones)”. (PRUST, 2005, pp. 89 -
La Tributación ambiental ha evolucionado considerablemente en Europa durante los últimos cuarenta años, en países como Noruega, Suiza, Italia,
Alemania, entre otros; en los cuales existe una regulación muy estricta y unas subvenciones a las actividades contaminantes bastantes onerosas, pero también han implementado incentivos como fuentes de disminución de las actividades industriales que degraden el medio ambiente (VIERIA, 2012, p. 18).
En nuestra normativa constitucional, medioambiental, tributaria y administrativa, no existen regulaciones sobre tributación medioambiental. Este tema no sólo carece de normatividad especial sino también de información sobre su naturaleza y sus beneficios a la comunidad. Esto último es grave si se toma en cuenta que por la sensibilidad de las comunidades y de los empresarios del país en relación con la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, algunas propuestas pueden ser mal entendidas.
13. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LO S TRIBUTOS AMBIENTALES El tributo ambiental, según KOGELS (1995) se refiere a los instrumentos impositivos destinados a mejorar el medio ambiente a través de la influencia de las decisiones económicas de los seres humanos. Por su parte, MAGADÁN (2009, p. 278) propone la siguiente definición:
“el tributo ambiental puede ser definido como un pago obligatorio que deben realizar los agentes que emiten sustancias contaminantes, a partir o no de un determinado nivel mínimo, siendo calculado por la aplicación de un tipo impositivo, fijo o variable, a una base imponible relacionada con el nivel de descargas al medio natural”.
Dentro de esta amplia definición propuesta por la citada autora, un impuesto ambiental puro sería un impuesto sobre emisiones que mide y grava directamente las descargas contaminantes. Sin embargo, en la práctica son muchas más las figuras impositivas que, sin una definición tan coherente desde un punto de vista teórico, pueden también colaborar a la consecución de objetivos ambientales (MAGADÁN, 2009, p. 279)
Por tanto, la imposición ambiental coincide con esta visión amplia del instrumental aplicable. Entre otras cosas porque, asegurando los objetivos ambientales, muchos de estos tributos ambientales impuros tienen las importantes ventajas de su aplicabilidad, de su eficacia recaudatoria y de su reducido coste administrativo. Pero la continua extensión del deterioro ambiental ha evidenciado los límites de la regulación tradicional.
La presencia de los instrumentos fiscales en las políticas ambientales no ha cesado de reforzarse en los últimos años. La utilización en la experiencia comparada de los instrumentos fiscales con objetivos de protección ambiental se retrotrae a la década de los años setenta. Así, en las reformas fiscales ecológicas desarrolladas en Suecia, Noruega y Dinamarca, la mayoría de los nuevos tributos tienen una clara finalidad recaudatoria compatible con su carácter ambiental. También la Comunicación de la Comisión Europea sobre Impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único considera que, en
) ingresos
algunos casos, los impuestos ecológicos "pueden proporcionar ( abundantes y estables".
Algunos autores utilizan un criterio muy amplio de tributo ambiental. MESSERSCHMIDT (1986, p. 29) incluye bajo esta rúbrica todos los tributos relacionados con la protección del medio ambiente, con independencia de que tal conexión derive de la exigencia de una "contraprestación" por el disfrute del medio ambiente, como medida de compensación de los gastos destinados a protegerlo, como incentivo jurídico ambiental, o como mero recurso financiero afectado a fines ambientales (MESSERSCHMIDT 1986, p. 35) 40 .
En la doctrina escandinava destaca la cualificada opinión de K. MÄÄTTÄ (1999, p. 11), quien distingue entre impuestos ambientales en sentido amplio
40 La Agencia Europea de Medio Ambiente. (1997). Mediante el informe titulado: El tributo ambiental. Aplicación y efectividad sobre el medio ambiente utiliza un concepto amplio de tributo ambiental que abarca tres categorías: tasas de cobertura de costes (por prestación de servicios ambientales), impuestos incentivo (creados para cambiar el comportamiento de los productores y consumidores), e impuestos ambientales de finalidad fiscal (creados principalmente para aumentar la recaudación) (1997, p. 6).
(es decir tributos ordinarios que incluyen algunos elementos ambientales) y en impuestos ambientales sentido estricto, abarcando esta última categoría los tributos incentivadores los tributos afectados a finalidades ambientales. Desde el punto de vista de la política ambiental esta calificación resulta interesante, pues contempla todos aquellos tributos que pueden utilizarse como instrumento a favor del medio ambiente 41 .
Ahora bien, la mera afectación de las sumas recaudadas constituye una nota externa a la estructura del tributo que –desde el punto de vista del Derecho tributario- no basta para atribuirle el calificativo de ambiental; lo mismo sucede, en principio, con una tasa por un análisis químico relacionado con el medio ambiente (con independencia de que esté no afectada). Los auténticos tributos ambientales -cuya estructura difiere de los ordinarios— son aquellos que constituyen un incentivo al cuidado del medio ambiente (tributos de ordenamiento) 42 . Lo que sucede, como ya hemos apuntado en el capítulo anterior, es que dicho incentivo puede consistir precisamente en el cobro de una cantidad por el uso de bienes ambientales que equivalga al coste de evitar la contaminación (tributos por el uso de bienes ambientales). No obstante, dado que el principio quien contamina paga desborda el ámbito de los tributos de ordenamiento, y que en la práctica la delimitación del elemento incentivador puede resultar difícil, analizaremos también en este estudio algunos tributos
41 Según demuestra K. MÄÄTTÄ, desde el punto de vista de la política ambiental puede haber circunstancias que induzcan a introducir tributos afectados no incentivadores. Esto sucederá cuando resulte más económico reparar los daños de la contaminación que eliminarla en la fuente (v.gr., en relación a la contaminación acústica ocasionada por los aviones), cuando la demanda de los productos contaminantes sea especialmente rígida, o cuando resulte imposible cuantificar con precisión el importe de un tributo incentivador.
C. BORRERO MORO parte en una primera aproximación de un concepto similar al que se mantiene en este
tampoco es un criterio absoluto, ya que, por un lado, los tributos no
siempre presentan una estructura jurídica unívoca, es decir, la configuración jurídica de un tributo puede obedecer a las exigencias de distintos principios jurídicos, entre los cuales se pueden encontrar, tanto el principio de capacidad económica, como los principios extrafiscales, y, por el otro, en determinados casos, las finalidades fiscales y extrafiscales se actúan a través de una misma estructura jurídica, como es el caso de los impuestos especiales. Por tanto, estamos ante una distinción meramente didáctica. Su utilidad se relaciona con la necesidad de determinar la vigencia del principio de capacidad económica en los tributos extrafiscales, ya que éste no fundamenta, de modo principal, su estructura jurídica. Por ello hay que desdramatizar esta distinción y situarla en sus justos términos: más que de tributos fiscales y extrafiscales, de lo que hay que hablar es, exclusivamente, de tributos configurados de acuerdo con las exigencias del deber de contribuir. Con independencia de cuál sea la estructura jurídica del tributo, lo verdaderamente relevante es su configuración o no conforme a los principios de justicia tributaria admitidos constitucionalmente" (BORRERO MORO, C. (1999). La tributación ambiental en España. Madrid: Tecnos. p. 55)
trabajo, pero considera que "éste (
"ambientales" en el sentido amplio que sostiene un sector de la doctrina alemana, como es el caso de las contribuciones especiales.
14. INEXISTENCIA DE LA TRIBUTACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL PERÚ Al no existir tributos ambientales en nuestra normatividad, la doctrina especializada –dentro de los que destaca YACOLTA 43 - manifiesta que es necesario una reforma medioambiental y tributaria urgente, teniendo en cuenta que ya en muchos países han sido implantado tributos de tipo ambiental. No obstante lo acotado, el Perú no ha asumido el reto de emplear dichos tributos para remediar de manera eficiente el problema de la contaminación ambiental. El problema presentado debe ser afrontado por el gobierno (central, regional y local), las empresas, las organizaciones ecologistas y los especialistas en la materia, con la finalidad de generar un crecimiento económico sostenible. Lo expuesto en las líneas precedentes, significa que se debe de proteger el medioambiente a través de los medios de control social y las herramientas del derecho tributario (tributos medioambientales), el derecho administrativo (sanciones administrativas: multas, etc.) y el derecho penal (sanciones penales: penas privativas de la libertad, etc.).
En necesario que en nuestro país se busquen resolver los desequilibrios ambientales, los cuales son generados, por ejemplo, por la contaminación de aguas, la destrucción de la capa de ozono y la tala indiscriminada de árboles 44 . Es por ello que se requiere todo el esfuerzo por rescatar lo que se ha deteriorado, vinculando el tema del medio ambiente con la calidad de vida actual y de las de generaciones futuras.
Además de lo acotado en los párrafos precedentes, se deben generar estrategias a nivel mundial sobre políticas de protección del medio ambiente.
43 YACOLTA, Daniel. (s/f). Tributos medioambientales: una necesidad en el Perú y el mundo. Recuperado de:
http://aeg.pucp.edu.pe/boletin/deinteres/boletin2/derecho1_yacolca.pdf
YACOLTA, Daniel. (s/f). Tributos medioambientales: una necesidad en el Perú y el mundo. Recuperado de:
La participación conjunta para limpiar el orbe es una ardua tarea que compete no sólo a una nación sino a todas las naciones del globo.
15. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN AMBIENTAL
15.1. EL EMPLEO DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LOGRAR QUE
QUIEN CONTAMINE PAGUE El fundamento para el uso de instrumentos ﬁscales con ﬁnes ambientales es que resulta mejor trabajar con el sistema de precios que contra él. Este principio es aplicable en todos los países. En ausencia de mecanismos de
compensación, es probable que las externalidades ambientales —al igual que otras— lleven a un mal funcionamiento del mercado, es decir, a situaciones en las que los precios generados por la acción de las fuerzas del mercado no indiquen a los agentes económicos los verdaderos costos y beneﬁcios de sus actividades. Si el número de aquellos que contaminan y de quienes padecen la contaminación es pequeño, quizás la negociación o el sistema jurídico permitan hallar soluciones aceptables (PRUST, 2005, p.
Sin embargo, <

References: artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 283
 artículo 10
 artículo 71
 artículo 40
 Artículo 73
 artículo 396
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 108
 artículo 33
 artículo 80
 artículo 277
 artículo 79
 artículo 80
 artículo 270
 artículo 7
 artículo 225
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 139
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 57
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3