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Timestamp: 2020-07-10 19:09:19+00:00

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Sentencia de Tutela nº 001/97 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560411
Sentencia de Tutela nº 001/97 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 1997
Fecha de Resolución: 21 de Enero de 1997
Pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, reajustes, reliquidaciones. Foncolpuertos. Negada.
Sentencia citada en: 1265 sentencias, 30 artículos doctrinales
Sentencia T-001/97
ACCION DE TUTELA-Procedencia por falta de idoneidad del medio judicial/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Procedencia transitoria de tutela
La falta de idoneidad del medio judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de los derechos afectados o en peligro; y, correlativamente, si dicho medio judicial se muestra apto para el señalado fin, ha de aplicarse el precepto constitucional a cuyo tenor no es procedente la tutela, a menos que se establezca la inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso cabe la protección temporal de tales derechos mientras se resuelve de manera definitiva la controversia por el juez de la causa.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL IDONEO Y EFICAZ-Improcedencia de tutela/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Protección de derechos
Si para lograr los fines que se persigue existe un medio judicial idóneo y efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no tiene aplicación, salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el fallo de la justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.
ACCION DE TUTELA EN MATERIA LABORAL-Improcedencia general
En el campo laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general, ya que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.
La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente. La jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución.
DEMANDA DE TUTELA-Acreditación del título para reclamar prestaciones/JUEZ DE TUTELA-Incompetencia para liquidación de prestaciones
Aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el título que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. De allí se desprende que las tutelas incoadas con el propósito de obtener, más que pagos de sumas adeudadas por obligaciones claramente definidas, la liquidación o reliquidación de prestaciones son del todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto, al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus propias competencias.
JUEZ DE TUTELA-Devolución dineros pagados sin título a Foncolpuertos
Resulta imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la acción de tutela sin presentar título alguno y obtuvieron sentencia favorable y pago, y aquellos que lograron el pago pero poseían el título correspondiente con arreglo a la ley. Aunque en una y otra hipótesis ha debido ser negada la tutela por los motivos que aquí se exponen, quien recibió sin título está obligado a reintegrar a Foncolpuertos las cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se trata del pago de lo no debido, mientras que, por el contrario, los extrabajadores que tenían un título legal a su favor y recibieron el pago de lo que en efecto se les debía, no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de haber utilizado una vía judicial inadecuada, tenían derecho a lo que recibieron.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general ejecución de obligaciones laborales/PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Improcedencia de tutela
No es viable la tutela -salvo los casos excepcionales que la jurisprudencia ha venido definiendo- para alcanzar la ejecución de obligaciones laborales en cabeza de entidades públicas o privadas. Para el efecto, el sistema jurídico ha previsto los procesos ejecutivos laborales, que son ágiles y adecuados a la finalidad perseguida, cuyas reglas, por supuesto, facilitan el acceso de los trabajadores a la administración de justicia, desplazando al amparo.
BUENA FE PROCESAL-Particulares demandan servicios a cargo del Estado/FRAUDE PROCESAL
El principio de la buena fe, exigible a las autoridades públicas, debe ser atendido por los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo. Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo. El debido proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garantías que la Carta otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de éstas para realizar los propósitos de la justicia a partir de la observancia estricta de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagración de tipos delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Consecuencias
Respecto de la acción de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsión de las consecuencias que apareja su utilizació n indebida, en especial teniendo en cuenta que, por razón de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la República, a lo largo y ancho del territorio, están habilitados en principio para recibir y dar trámite a las solicitudes de protección. Si el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de manera simultánea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos idéntico conflicto, la carencia de una sistematización adecuada hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o más sentencias en torno al mismo asunto. Ello, desfigura la acción y hace propicio el sistema para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de justicia. Claro está, no se descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por la actuación indebida de los peticionarios sino, además, por el ejercicio ilícito de la profesión de abogado o por la connivencia de los propios jueces. Como tales conductas pueden implicar la comisión de delitos o de faltas disciplinarias, no pueden formularse juicios de valor ni hacerse sindicaciones colectivas e indiscriminadas, siendo por ello indispensable que la justicia constitucional, cumplida su función, entregue los elementos de juicio de los que dispone a las autoridades competentes.
ABUSO DE LA TUTELA-Reclamación prestaciones sociales a Foncolpuertos
Se incurrió en un palmario e inconcebible abuso de la acción de tutela, merced a la temeridad de los actores o de sus apoderados, razón por la cual, además de la absoluta negativa de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la condena en costas y de las indispensables investigaciones de carácter penal y disciplinario que habrán de ser ordenadas. No podían los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos, menos todavía si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensión de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las demandas, ni tampoco ratificada por los interesados. Mal puede concebirse la utilización de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción, proscrito por la ley.
COSTAS EN TUTELA-Ejercicio temerario de acción
La Corte manifestó que, en los trámites de amparo judicial de los derechos fundamentales, la condenación en costas no tiene un carácter disuasivo, en cuanto al ejercicio mismo de la acción, cuya esencia es la gratuidad, sino que se justifica en razón del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional. Para la Corte, no se establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica ésta con aquéllas, de modo que, si no hay temeridad, no nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la imposición del pago correspondiente.
ACCION DE TUTELA-Resolución
Quien ejerce acción de tutela tiene derecho a que el juez competente resuelva acerca de la demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga. Ello es propio de la actividad confiada por la Carta Política a los jueces y corresponde al debido proceso y a un concepto material del acceso a la administración de justicia, máxime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos fundamentales de los solicitantes.
Referencia: Expedientes acumulados T-96243, T-101985, T-102187, T.102522, T-102679, T-102909, T-103081, T-103842, T-103935, T-104221, T-104227, T-104228, T-104294, T-104405, T-104866, T-105480, T-105541, T-105573, T-105610, T-106090, T-106010, T-106284, T-106325, T-106561, T-106557, T-106582, T-106633, T-106634, T-106819, T-106890, T-106948, T-107809, T-107830 y T-108085.
Acción de tutela instaurada por A.R.M. y otros contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Por razones de celeridad y economía procesal, la S. ha resuelto fallar sobre los treinta y cuatro primeros expedientes del total que ha sido acumulado en torno a la misma materia. Los demás se irán resolviendo por grupos, mediante posteriores sentencias, en orden de ingreso al Despacho.
Los fallos de los que ahora se ocupa la Corte tuvieron origen en las acciones de tutela instauradas contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, por personas que mantuvieron vínculos laborales con la entidad cuya liquidación se adelanta.
En este primer grupo la Corte revisó un total de 34 expedientes, relativos a las acciones de tutela ejercidas por 470 personas, cuyos nombres se indican a continuación:
Abello Cayón Armando Enrique
Acosta de Barrios Josefina
Agudelo Ramírez Eugenio Alberto
Alaiz Toncel Edgar Alberto
Alegría Pedro Nel
Alvarado Orozco Heriberto Antonio
Álvarez de Granados Ana Leonidas
Anaya Eyes Martín
Angulo Ortiz Luís Francisco
Aponte Gómez Fernando Enrique
Apreza Rojas Julio Alfonso
Araujo Quiroz Oswaldo
Araujo Wenceslao
Arboleda Antonio Ricaurte
Arévalo Guerrero Roy Alberto
Arévalo Hernández Carlos Arturo
Armenta Saldaña Roque Ángel
Avendaño Miranda Rafael Calixto.
Avendaño Polo Felipe Santiago
Ávila Pacheco Lorenzo Rafael
Ayola Fontalvo Julio Cesar
Banguera Quiñonez Petronilo
Barraza Pardo Germán
Barrios Coronado David Patricio
Bautista Ávila Argelia
Benavides Castillo Gloria Isabel
Bermúdez Areiza David
Bermúdez Mengual Sófocles Adolfo
Bermúdez Pardo Julio Cesar
Blanco Melo Horacio
Bolaño Márquez Moisés Alberto
Bolaño Romero Carlos Adaulfo
Bonett Amaya José Trinidad
Bornachera de Varela Noemí Ruth
Borre Bustamante Wilfrido
Bravo Torres Fénix Marina
Brito Fernández José Isabel
Britto Antonio Joaquín
Britto Castro Benjamín Segundo
Britto Pérez Luís Rafael
Britto Pérez Manuel Antonio
Brochero Vélez Carlos Arturo
Bruges Zapata Alberto de Jesús
Bruges García Ramiro Antonio
Bruges Gracía Álvaro
Bruges Llanes Osvaldo
Buendía Castro Alfredo
Caballero Muñoz Pablo Antonio
Cabarcas Pérez Jaime Enrique
Cabas Márquez Jaime
Cadaviedes Constante Carlos Arturo
Caicedo de Viáfara Leonarda
Caicedo Obregón José del Carmen
Camacho de la Rosa Amparo Isabel
Camargo Acosta Orlando Efraín
Camargo Mercado Himera
Campo Avilez Anastasio
Campo González José María
Campo Maestre José Taracio
Campo Pardo José Ignacio
Campo Vives Teresita Martha
Cantillo Barrios José Francisco
Cárdenas Chaves Roberto
Cárdenas Rodríguez Juan José
Cariaga Guerra Luís Enrique
Carmona Martínez Margarita Isabel
Carrillo Gómez Jorge Eliécer
Carrillo Juan de la Cruz
Cassiani Ledesma Marcelino
Castillo Aguilar Carlos
Castrillón Melo Hector Enrique
Castro Calle Carmen
Castro García Victor Manuel
Castro Igirio Victor
Castro López Eudoxio
Castro Pimienta José Nicolás
Ceballos Bernales Edgardo
Celedón Molinares Carlos Aurelio
Colina Fontalvo Álvaro Alcides
Colorado Lerma Bonifacio
Contreras Tobías Julio Manuel
Coronado Eduardo de la Cruz
Correa Gálvez Manuel
Correa Medina Anibal Segundo
Correa Núñez Federico Antonio
Correa Valdovino Jairo Dionisio
Cortés Correa Humberto Enrique
Cotes de Noguera Abello Liscinia del Carmen
Crespo Palma Jairo Enrique
Cucunuba Ochoa Oscar Elí
Cuello García Luís Guillermo
Cuesta Moreno René
Cuisman Murgas Edinson David
Dávila Arias Marco Antonio
Daza Zapata Rodulfo Enrique
Daza Zapata William
De Guzmán Araujo Rodrigo Domingo
De la Cruz Paula
De la Hoz Barraza José Santander
De la H.M.M.
De la Hoz Ortega Hinarco Higinio
De León Pacheco Amado Santander
De León Pacheco Carlos Rafael
De León Pacheco Guillermo Calixto
De León Pacheco Santiago Rafael
De Lima Arregoces Julio Cesar
De Lima Ramos Alfredo Enrique
Delgado Noriega Delmiro Manuel
Dewdney Torres Jorge
Diaz Bolaño Hugo Alfonso
Díaz Conde Ramón Francisco
Diaz Granados Diaz Ganados Matilde Isabel
Diaz Gutiérrez Oswaldo
Diaz Herrera Gilberto Enrique
Díaz Loaiza José Vicente
Diuza Quiñonez José Domingo
Domínguez Diaz Silvio de Jesús
Durán Gamarra Yamile
Durán Rodríguez Manuel de Jesús
Emiliany Gómez José Antonio.
E.E.M.A.
Escobar de Andreis Eva Cecilia
Esmeral Mier Ángel Manuel
Espitia Ortiz Rafael
Evilla Lobo Orlando
Fawcett Acosta Carlos Alberto
Fernández Cantillo Victor Dario
Fernández Gámez Próspero
Fernández López Magalis Esther
Ferreira Barros Jorge Luís
Ferreira Briceño Alfonso
Ferreira Pedraza Santiago
Figueroa Jiménez Abel Enrique
Flórez Pérez Manuel Salvador
Flórez Urbina Zaida Luz
Fontalvo Rodríguez Modesto
Francisco Vásquez Jacobo
Freile Loaiza Hermes Enrique
Freyle Córdova Ismael Segundo
Fuentes de Luque Irma Raquel
Fuentes Lugo José María
Fuentes Manjarrés Gustavo M.
Fuentes Rodríguez Julia del Carmen
Galvis Prieto Fernando
Gamero González Gilberto Antonio
Gamero Sánchez Domingo Antonio
Garay Vásquez Fernando Emilio
García Armenta Carlos Alfredo
García de Granados Edilma Esther
García de la Victoria Edgar
García González Desposorio
García Mayorca Carlos
Gerónimo Cervantes Ubaldina
Goenaga Cotes Roberto David
Goenaga Núñez Florentino Segundo
Gómez H. Manuel Gregorio
Gómez Herrera Jairo Martín
Gómez Mártinez Olga Mery
Gómez Murga Carlos Alfonso
Gómez Sánchez Rito Rafael
González Alturo José Antonio
González Campo Luís María
González de la Hoz Oscar Manuel
González González Julio C.
González Mengual Gregorio
González Suarez Alfonso E.
Granados Bermúdez Manuel Alfonso
Granados Correa José del Carmen
Granados Martínez Pedro Valentín
Granados Noriega Genaro
Granados Ospino Fredy Enrique
Granados Pabón Ricardo Enrique
Granados S.zar Numa P.
Guao Martínez Andrés Avelino
Guerra Alandette Orlando Alberto
Guerra Mejía Dagoberto
Guerra Vega José Antonio
Guerra Vega Rafael Antonio
Guerrero Illidge Manuel
Gutiérrez Caballero José de los Santos
Gutiérrez Muñoz Edgar Emilio
Henríquez Creux Adolfo
Henríquez de García Judit Emma
Henríquez Munive Enelda del Socorro
Herazo Cabello Pablo
Hernández García Jairo
Hernández Gómez Eraus Enrique
Hernández López Adolfo
Hernández Pérez Adalberto
Hernández Rodríguez Donaldo Enrique
Hernández Rodríguez Wenceslao
Herrera Toncel Rafael
Huertas Diaz Valentín Segundo
Huertas Jiménez José Antonio
Huertas Montes Luís Francisco
Ibañez Santiago Tomás Rodolfo
Iguarán Effer Rafael Emilio
Iguarán Ramírez Segundo Virgilio
Imitola Villanueva Rafael Eduardo
Jiménez Ariza Julio Cesar
Jolianes Rodríguez Gilberto
Labarces Fandiño José Rafael
Labarces Maestre Armando E.
Laborde Forero José
Lacauture Ospino Carmen Paulina María
Lacera Navarro Heriberto S.
Lajuó Escobar Leudis
Leguia Téllez Eduardo Arturo
Lemus Montaño Raul Enrique
León Hernández Orlando Manuel
Linero Bernal Luís Aurelio
Linero Creus Jorge Enrique
Lizcano Obispo José
Lizcano Pacheco William Alberto
LLanes Córdoba Gustavo
Llanes Lopsam Dagoberto
Llanes Lopsan Jorge Calisto
Lobo Mendoza Wilson Manuel
López Cabana Ángela
López Iguarán Julia C.
López López Luís
López Mengual Alfonso
López Mesa Victor
López Sierra Carlos Alberto
Lovera Suarez José Trinidad
Lozada Baldovino Fidel
Lozada de la Cruz Carlos Adolfo
Lozada Peczzano Aroldo Enrique
Lozano Pérez Argénida María
Machado Orozco Manuel
Maestre Jiménez Nicolás
Maiguel de Celedón Zunilda Cecilia
Maiguel Noguera Martha Beatriz
Mancilla Charris Santiago Mayor
Manjarrés de Mendoza Marinelda
Manjarrez Acosta Manuel Agustín
Manjarres Quiñones Luís Segundo
Marín Andrade Hector Manuel
Marín Diaz José María
Márquez Colina Etilson Rafael
Marriaga Pérez José de los Santos
Martínez de Ropain América
Martínez Diaz Granados Gabriel
Martínez Escobar Emiro Nell
Martínez González Humberto
Martínez Hernández Jorge Manuel
Martínez Jiménez Marina
Martínez López Marina del Socorro
Martínez Martínez Anibal
Martínez Suarez Mario Rafael
Martínez Villar Oscar Francisco
Matos Vásquez José de las Mercedes
Matos Vásquez Luís Magin
Matos Vásquez Tomás Alberto
Mattos Cantillo Norberto de Jesús
Medina Herrera Guillermo
Meléndez Manjarrés Fernando
Meléndez Zafrane Ramón Adolfo
Méndez Campo Alfonso
Méndez Montufar Luís Alfonso
Mendivil de Rodríguez Ena Fabiola
Mendoza Armenta Juan Osvaldo
Mendoza Granados Rafael
Mendoza Guerra Carlos Segundo
Mendoza Meza Marta Beatriz
Mendoza Mora Rodrigo Enrique
Mendoza Torres Carlos Manuel
Mendoza Viuda de López Sierra Dilia
Mercado De Charris Marta Gilda
Meza de Ávila Ramón
Meza Martínez Apolinar
Mier Benitez Hugo Horacio
Mier Bermúdez Fanny Ester
Mier Osorio Urbano A.
Miranda Silva Daniel Apolonio
Molina Díaz Alfredo
Montalvo Agudelo Nicolás
Montalvo Escorcia Juan Carlos
Montero Gómez Justiniano
Montero Hincapié Epismelio Segundo
Montero Rodríguez Rafael
Mozo Carlos Alberto
Muñoz Matos Ismael Guillermo
Muñoz Ospino Cesar Augusto
Muñoz Sánchez Francisco
Muñoz Zuñiga Cesar Augusto
Narvaez Mazanet Manuel Antonio
Navarro Maiguel Germán
Navarro Núñez Jorge
Niebles Ayala Dolores María
Noguera Aguilar María del Socorro
Noguera Lacouture Julio Francisco
Noquera Torres Jorge Eliécer
Noriega Escobar Hernando
Noriega Escobar Raul
Noriega Moscote Victor Manuel
Núñez Bustos Roberto Gustavo
Núñez de Ávila Roberto Gustavo
Núñez López Pedro
Ochoa Rua Luís
Oduber Fuenmayor Luís Eustaquio
Oliveros Peña Luís
Orobio de Obregón Marina
Orozco Carrascal Armando José
Orozco Yolianes Oscar Alfonso
Osorio Vásquez Próspero
Ospino Hernández Cesar Augusto
Ospino Martínez Argemiro
Otero Castillo Ana Agripina
Paba Cañarete Sixto Alberto
Pabón Miranda Laureano Manuel
Pacheco de la Hoz José Antonio
Pacheco Hernández Luís Alberto
Pacheco Jaramillo Hugo
Palacio Contrera Edilson Erne
Pana López Lacides
Panefleck José Francisco
Pardo B. Juan María
Pardo García Alberto Emilio
Pardo Jiménez Efraín Enrique
Pardo Rivas Delio Rafael
Pardo Rivas Pedro Pablo
Pardo Rojas Guillermo Luís
Parejo Martínez Andrés Emilio
Parra Curvelo Julio Segundo
Patiño Euclides
Patiño Martínez Jorge Eliécer
Paz Moreno Edilberto
Pedroza Solano Jaime Dinisio
Pelaez Miranda Esteban
Peña Aguirre Luís Roberto
Peña Melo José
Peña Nelson Ernesto
Peñaranda Alvarado Jorge Enrique
Peñaranda Salcedo Tomás Rafael
Peralta Solano Ángel de Jesús
Perea Castro Orlando Segundo
Pereira Guzmán Iván Alberto
Pereira Rodríguez Federico Antonio
Pérez Candía Hermes Alfonso
Pérez Gómez Andrés
Pérez Jiménez Vidal
Pérez Martínez Luciano Hernán
Pérez Mizrahi Efraín Alberto
Pérez Noriega Elena
Pérez Osias Adolfo
Pérez Polo Sergio Rafael
Pérez Rovira Nicolás Alberto
Pérez Vega Jesús Salvador
Perez Villanueva David
Pérez viuda de Hernández Teresa
Pernett Infante Gildo
Perpiñán Castrellón Pedro Antonio
Pertuz Maiguel Alvaro
Pichón Chaves Luís Eduardo
Pimienta Effer Francisco
Pinedo Fills Armando
Pinedo Pacheco Adolfo Enrique
Pinedo Romero Elizabeth
Pinedo Vidal Mario Francisco
Pinto Cantillo Carlos
Polo Bolaño Jaime Enrique
Polo Robles Alfonso Nelson
Ponce Gómez Maritza
Ponce Martínez Enrique Anselmo
Ponce Munive José Francisco
Prieto García Ramiro Antonio
Pupo Guerra Victor Manuel
Quant León Mario José
Quintero Torres Dorismel Aurelio
Quinto Gómez Cesar Augusto
Quinto Gómez Jorge
Ramírez Campo Alvaro de Jesús
Ramos Gámez Dagoberto
Rebolledo Viloria Victor Manuel
Rebollo Ferreira Rafael
Redondo Caballero Nelson Rafael
Redondo Carranza Francisco Indalecio
Redondo Carranza Julio Francisco
Reinel Oliveros Heliodoro
Rico Rojano Rafael
Rincón López Carmen Elena
Rivera de Durán Rosa Amelia
Robles Camargo Rafael Ramiro
Robles Lopesierra Eduardo
Rodríguez Daza Wilson Rafael
Rodríguez Fontanilla Roger del Rosario
Rodríguez Pacheco Urbano Gregorio
Rojas De Andreis Antonio Basilio
Rojas Herrera Nicolás
Rojas Solano Alfredo Antonio
Romero Roys Justiniano Segundo
Rosales Mejía Manuel Antonio
Rossenthiel Pabón Luís Rafael
Rovira Mercado Antonio Cesar
Rovira Mercado Luís Carlos
Rovira Mercado Rafael Alfonso
Rueda Moreno Luis Eduardo
Ruiz de Romero Gladys Marina
Ruiz Vega Alfredo
Ruiz Vence Eudes E.
S.s Ibañez José Miguel
S.s Pinto Rafael Calixto
Saltaren Rodríguez Julián Alberto
Saltarén Varela José Domingo
Sánchez de Borre Leonor
Sánchez Fernández Edinson
Santander Morán Alvaro Marino
Santiago Sierra Alberto Antonio
Santrich Barrios Luis Eduardo
Saucedo Yepes Bárbara
Schiller Mercado Joaquín Guillermo
Serna Dávila Cecilia
Sierra Bayuelo Rafael
Sierra Mora Wilfrido
Sierra Munive Georgina
Silva Pereyra Antonio María
Simonds Serpa Manuel
Socarrás de T. Melva Ester
Sosa José del Carmen
Steban S.manca Jacob Francisco
Suárez Conde Alvaro
Suárez López Rafael
Suárez Zambrano Salvador
Teherán Pérez Avilio
Tinoco José de los Santos
Tobías Gámez Diomedes
Toloza Guillén Bolivar
Torres González Osvaldo Rafael
Tromp Elías Segundo
Urina Delgado Jorge
Valencia de Caicedo Doris
Vallejo Ochoa Santander de Jesús
Vanegas Mejía Francisco
Varela Bornachera Rodrigo Rafael
Varela de Padilla María Trini dad
Varela González Félix
Vargas Cabana Dagoberto
Vargas Cabana Valentín Antonio
Vargas R. Pedro José
Vásquez de la Hoz Rafael Arturo
Vásquez Matos Beatriz Elena
Velásquez Linero Orlando Alfredo
Vieche Zapata Belia
Vilarete Fernández Eliodoro Jaime
Villalobos Yepes Antonio
Villamil Cadena Andrés Alfonso
Villar Meza Jairo Alberto
Viloria Guerrero Félix Antonio
Viveros Reyes Francia Elena
Vives de Henríquez Ana María
Vives S.s Julia Inés
Winclar Torres Gabriel
Yanes Ureche Gregorio
Yanez Masis Gumercindo
Yuseff Cortina Jasan
Zableh Buchar Bichara
Zambrano Benjumea Juan José
Zapata Bolaño Orlando
Zapata Rivas Hector Emilio
Zea Rojas José Antonio
Zubiría Weber Daniel Vicente
Algunos de los accionantes pretendieron que, por la vía del amparo judicial previsto en el artículo 86 de la Constitución, les fueran pagadas las sumas correspondientes a prestaciones sociales que, en su sentir, les venía adeudando la Empresa Puertos de Colombia. Otros buscaron, además, que los jueces de tutela resolvieran sobre el reconocimiento, liquidación y reliquidación de dichas cantidades.
Entre las solicitudes objeto de demanda figuran el reconocimiento y pago de reliquidación pensional, de indemnizaciones, de reajuste pensional, de indemnizaciones moratorias por no cancelación oportuna de prestaciones y por omisión en la práctica del examen médico de retiro, así como la ejecución de condenas decretadas mediante providencias de la justicia laboral.
Los peticionarios señalaron como vulnerados sus derechos a la vida, al trabajo, a la integridad física, a la igualdad y a la seguridad social, y en algunos casos el de petición. También invocaron el derecho a la dignidad humana y la obligación estatal de proteger especialmente a las personas de la tercera edad.
La gran mayoría de los jueces ante los cuales fueron incoadas las acciones de tutela resolvieron, en la mayoría de los casos, amparar el derecho de la igualdad. Algunos de ellos dispusieron que se procediera al reconocimiento y pago inmediato de las prestaciones sociales. Otros negaron las pretensiones de los petentes por considerar que existen medios alternativos de defensa judicial para la protección de los derechos surgidos de la relación laboral que mantuvieron con la empresa Puertos de Colombia.
El detalle de las decisiones judiciales adoptadas aparece en el anexo No. 1 a la presente Sentencia.
Según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional, a través de su S. Quinta, es competente para revisar los fallos proferidos al resolver acerca de las acciones instauradas en el asunto de la referencia. Las providencias materia de examen fueron debidamente seleccionadas, acumuladas y repartidas a esta S..
Atendiendo a la unidad de materia y puesto que la totalidad de las acciones fueron dirigidas contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, se decidirá acerca de las solicitudes de tutela mencionadas mediante un solo fallo.
En cuanto el medio judicial ordinario sea idóneo para la protección efectiva de los derechos invocados, la única posibilidad de prosperidad de la acción de tutela es el perjuicio irremediable
Según el texto de la Constitución Política (art. 86), "esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
Así las cosas, para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración de una acción de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante él se exponen así como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus características, el caso materia de estudio puede ser resuelto, en relación con los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales.
"Ahora bien, cuando no existe medio judicial distinto para buscar la eficacia del derecho atacado o amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en abstracto le ha conferido la Constitución. Allí reside su importancia en el contexto de las instituciones vigentes: en que otorga una salida a la que no conducen los mecanismos ordinarios (por eso es subsidiaria) para obtener certeza en la satisfacción de las aspiraciones fundamentales de la persona.
En estos casos, si el juez encuentra que se tiene el derecho, que en efecto está siendo violado o amenazado y que se dan todas las condiciones indispensables para que la acción prospere en el asunto de cuyo juzgamiento se ocupa, apreciando en concreto las circunstancias del solicitante, según las prescripciones del artículo 86 de la Constitución y las normas legales que lo desarrollan, habrá de concederla, impartiendo las instrucciones orientadas hacia la cabal y completa protección del derecho afectado.
Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ..."como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía".
"...la acción de tutela es improcedente cuando para los fines de la protección efectiva del derecho fundamental amenazado o vulnerado, existe otro medio de defensa judicial, salvo el caso del perjuicio irremediable.
O., sin embargo, que la existencia del medio judicial alternativo, suficiente para que no quepa la acción de tutela, debe apreciarse en relación con el derecho fundamental de que se trata, no respecto de otros.
Grave error es el de negar la protección judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial que recae sobre objeto distinto del que dió lugar a la demanda de tutela".
En ese orden de ideas, si para lograr los fines que persigue el accionante existe un medio judicial idóneo y efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no tiene aplicación, salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el fallo de la justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.
Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.: Dr. A.B.C.).
Es por ello que en el presente fallo resulta imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la acción de tutela sin presentar título alguno y obtuvieron sentencia favorable y pago, y aquellos que lograron el pago pero poseían el título correspondiente con arreglo a la ley.
Aunque en una y otra hipótesis ha debido ser negada la tutela por los motivos que aquí se exponen, quien recibió sin título está obligado a reintegrar a FONCOLPUERTOS las cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se trata del pago de lo no debido, mientras que, por el contrario, los extrabajadores que tenían un título legal a su favor y recibieron el pago de lo que en efecto se les debía, no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de haber utilizado una vía judicial inadecuada, tenían derecho a lo que recibieron.
Ahora bien, tampoco es viable la tutela -salvo los casos excepcionales que ya la jurisprudencia ha venido definiendo, según los criterios expuestos- para alcanzar la ejecución de obligaciones laborales en cabeza de entidades públicas o privadas. Para el efecto, el sistema jurídico ha previsto los procesos ejecutivos laborales, que son ágiles y adecuados a la finalidad perseguida, cuyas reglas, por supuesto, facilitan el acceso de los trabajadores a la administración de justicia, desplazando al amparo.
La Corte no puede aceptar este argumento, que ya había desechado+ en providencias anteriores, puesto que la normatividad en vigor ha sido ajustada con carácter obligatorio, mediante sentencias de exequibilidad condicionada, que dejan a salvo los derechos de los trabajadores por cuanto estatuyen un trato excepcional, derivado de la misma Constitución (art. 25), en cuya virtud el patrimonio público es embargable cuando están de por medio acreencias de tipo laboral.
Ya desde el 1 de octubre de 1992 (Sentencia C-546. M.: Drs. C.A.B. y A.M.C.) la Corte destacó:
"...el legislador posee facultad constitucional de dar, según su criterio, la calidad de inembargables a ciertos bienes; desde luego, siempre y cuando su ejercicio no comporte transgresión de otros derechos o principios constitucionales.
Sin embargo, debe ésta Corte dejar claramente sentado que este postulado excluye temporalmente, el caso en que la efectividad del pago de obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de relaciones laborales exige el embargo de bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación.
Como claramente se desprende de los considerandos que anteceden, por mandato imperativo de la Carta, que también es de obligatorio acatamiento para el juez constitucional, los derechos laborales son materia privilegiada que se traduce, entre otras, en la especial protección que debe darles el Estado. De ahí que tales derechos deban ser objeto de consideración separada...".
"En este orden de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto".
El expresado criterio fue ratificado por la S. Plena de la Corte (Sentencia C-013 del 21 de enero de 1993. M.D.E.C.M., precisamente al tratar sobre la constitucionalidad de disposiciones legales integrantes del "Estatuto de Puertos Marítimos" (Ley 01 de 1991) y respecto de los decretos dictados a su amparo (035, 036 y 037 de 1992).
La Corte declaró constitucionales los artículos 14 y 16 del Decreto 036 de 1992, a cuyo tenor los bienes y recursos del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia son inembargables, pero "dejando a salvo las situaciones en las cuales la efectividad del pago de las obligaciones laborales a cargo de la Nación con ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia sólo pueda hacerse mediante el embargo de los bienes y recursos del Fondo de Pasivo Social, o de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación a su nombre, en cuyo caso el embargo correspondiente se ajustará a lo señalado en el artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo".
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término".
Lo propio dispuso la Corte en lo referente a la exequibilidad de los artículos 5 y 6 del Decreto 037 de 1991, que establecen garantías similares a las enunciadas en cuanto al patrimonio del Fondo.
Por ello, esta misma S. de Revisión, ante demandas instauradas por trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia-Terminal Marítimo de Barranquilla, que, por la renuencia de la entidad a cumplir decisiones judiciales, pretendían el reconocimiento de sumas correspondientes a prestaciones erróneamente liquidadas, no concedió la tutela, discurriendo en la siguiente forma:
"...dentro de las condiciones dichas, cabe la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por los demandantes ya que la norma sobre inembargabilidad así lo permite, según la interpretación que sobre su alcance hiciera la Corte Constitucional para hacerla acorde con los principios superiores, en especial el de protección al trabajo (artículo 25 C.N.) y el de igualdad real y efectiva (artículo 13 C.N.).
Ello es todavía más claro si se toma en consideración la aludida Sentencia No. C-013 de esta Corte, que al clarificar el alcance de las normas sobre inembargabilidad, en particular por lo atinente a las obligaciones laborales a cargo de Colpuertos, dió mayor viabilidad al indicado instrumento jurídico -el proceso de ejecución- que es precisamente el aplicable para las situaciones objeto de este proceso, excluyéndose la vía de protección prevista en el artículo 86 de la Constitución, por mandato expreso de la misma norma. "Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".(Cfr. Corte Constitucional. S. Quinta de Revisión. Sentencia T-128 del 30 de marzo de 1993).
La negación de la tutela tenía entonces sustento -como ahora lo tiene para los casos en que los accionantes piden el cumplimiento de sentencias laborales- en el hecho protuberante de que los interesados contaban con un medio apto para la protección de sus derechos, sin demostrar un perjuicio irremediable.
Tutela temeraria. La buena fe procesal. Pago de costas. El juramento y sus consecuencias
El ejercicio de todo derecho y la utilización de los procedimientos constitucionales y legales previstos para su efectividad exige de sus titulares una lealtad mínima hacia el orden jurídico y el cumplimiento de deberes y cargas correlativos, según resulta de lo dispuesto en los artículos 2, 4 -inciso 2- y 95 de la Constitución Política.
De otro lado, el principio de la buena fe, exigible a las autoridades públicas en los estrictos términos que consagra el artículo 83 de la Constitución, debe ser atendido por los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo.
La Corte Constitucional, en Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995, expresó, con referencia al artículo 83 de la Constitución Política, que él impone a gobernantes y gobernados "el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo".
Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que -como comportamiento correlativo- el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo.
El debido proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garantías que la Carta otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de éstas para realizar los propósitos de la justicia a partir de la observancia estricta de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagración de tipos delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros (Artículo 182 Código Penal).
En Sentencia T-414 del 13 de septiembre de 1995, esta S. señaló:
"También los particulares involucrados en un proceso, sea de naturaleza judicial o administrativa, están obligados a observar y a acatar las reglas que la legislación haya establecido. Los particulares quedan vinculados por la normatividad propia de cada juicio o actuación y no pueden, según su voluntad, admitir aquello que de las formas procesales, trámites y términos les beneficie y rechazar lo que les sea desfavorable".
Respecto de la acción de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsión de las consecuencias que apareja su utilización indebida, en especial teniendo en cuenta que, por razón de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la República, a lo largo y ancho del territorio, están habilitados en principio para recibir y dar trámite a las solicitudes de protección.
Bien es cierto que el Decreto 2591 de 1991 fijó las reglas de competencia y la radicó, a prevención, en cabeza de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que den motivo a la presentación de la demanda.
Pero, desde luego, la precisión del juez competente no siempre es fácil de lograr desde el primer momento, en especial cuando la controversia planteada guarda relación con hechos o circunstancias que inciden en la violación de los derechos fundamentales y que podrían ubicarse, en el espacio, en sitios diversos, dando lugar, al menos en principio, a la posibilidad de que varios despachos judiciales pudieran reclamar la competencia.
Obviamente, el derecho a hacer uso de la acción de tutela se agota con la presentación verbal o escrita de la demanda correspondiente por unos determinados hechos y contra cierta autoridad o persona, de lo cual resulta que, si la operación del mecanismo constitucional por el individuo afectado es correcta, no hay riesgo de duplicidad en la apertura de procesos ante jueces distintos. Ya verá el juez ante quien acude el actor si es o no competente para dar trámite a la petición, según reglas que en reiterada jurisprudencia ha venido trazando esta Corte.
Pero, en cambio, si el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de manera simultánea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos idéntico conflicto, la carencia de una sistematización adecuada hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o más sentencias en torno al mismo asunto.
Ello, por supuesto, desfigura la acción y hace propicio el sistema -por razón de falencias instrumentales- para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de justicia.
Claro está, no se descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por la actuación indebida de los peticionarios sino, además, por el ejercicio ilícito de la profesión de abogado o por la connivencia de los propios jueces.
Como tales conductas pueden implicar la comisión de delitos o de faltas disciplinarias, en procesos tan complejos como el que ahora se revisa no pueden formularse juicios de valor ni hacerse sindicaciones colectivas e indiscriminadas, siendo por ello indispensable que la justicia constitucional, cumplida su función, entregue los elementos de juicio de los que dispone a las autoridades competentes, como acontecerá en esta ocasión.
El Decreto 2591 de 1991, procurando evitar distorsiones como las mencionadas, exige a quien ejerza la tutela la prestación de juramento acerca de no haberla incoado por los mismos hechos y en relación con los mismos derechos ante juez diferente.
El artículo 37, inciso 2, de dicho estatuto señala:
Esta Corte, con respecto a las consecuencias de la declaración jurada, ha sostenido:
"Considera la Corte que la obligación impuesta al accionante sobre prestación de juramento en el señalado sentido se endereza también a impedir la concurrencia de fallos eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso, para lo cual la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de las acciones de tutela se radique "...a prevención..." (se subraya) en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaron la presentación de la solicitud. Ello significa que, definido el juez o tribunal al que corresponde decidir, excluye a los demás en la definición del asunto, sin perjuicio de la segunda instancia, también predeterminada por el legislador pues debe tramitarse ante el superior jerárquico correspondiente (artículo 32 eiusdem).
Este requisito no se opone a la informalidad de la tutela -ya subrayada por la jurisprudencia en varias ocasiones (Cfr. Corte Constitucional. S. Tercera de Revisión. Sentencia T-459 del 15 de julio de 1992)-, pues apenas busca prevenir la utilización abusiva de tal instrumento y hacer consciente al actor, mediante las expresas advertencias que debe formularle el respectivo despacho judicial, sobre las consecuencias jurídicas que le acarrearían el perjurio o la actuación temeraria.
Al contrario de lo alegado por el Tribunal Superior de Florencia en el fallo que se revisa, la estricta sujeción a este mandato de la ley, en vez de atentar contra la economía procesal y la celeridad de los procesos, es valioso elemento para alcanzar tales fines constitucionales, al paso que su desconocimiento da lugar a los perniciosos efectos ya indicados". (Cfr. Corte Constitucional. S. Quinta de Revisión. Sentencia T-241 del 23 de junio de 1993)
La cautela legal enunciada, si bien es elemento disuasivo, en cuanto expone al infractor a las consecuencias penales del juramento en vano, requiere ser complementada, como en efecto lo ha sido por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, con la previsión de sanciones específicas que recaen sobre el objeto mismo de las pretensiones, en cuanto al particular solicitante, y sobre la hoja de vida y el futuro ejercicio profesional de su apoderado.
"ARTICULO 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar".
Esta Corte, en Sentencia T-10 del 22 de mayo de 1992 (M.: Dr. A.M.C., aplicó por primera vez el artículo transcrito y expuso en torno a su alcance:
"...tiene su fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución, que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas y el segundo a los deberes de las personas en los numerales primero y séptimo así: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (subrayas de la S.) y "Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia".
Por último, el artículo 209 de la Constitución dispone que el Estado debe actuar regido por los principios de economía y eficacia.
Luego la explicación de ello consiste en el hecho de que el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil.
Igualmente, el artículo primero de la Constitución Política corrobora lo anterior al consagrar la "prevalencia del interés general" como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho de Colombia. Se concluye sin esfuerzo que la coexistencia de tutelas idénticas lesiona el interés general".
En los expedientes materia de análisis se encuentra sin dificultad, según las cifras relacionadas en este fallo, que en una muy alta proporción se ha violado abiertamente la prohibición legal, incurriendo los peticionarios en la conducta descrita por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 -tutela temeraria-, por lo cual, fuera de lo expuesto, en los casos en que así se obró está configurada una causal indudable para negar todas las pretensiones de los accionantes.
Desde luego, la ya considerada improcedencia de la acción de tutela, que dará lugar a la revocación de la mayoría de los fallos proferidos en instancia, no implica de suyo la ocurrencia de irregularidades susceptibles de investigación, pero la Corte ha encontrado, mediante el cruce y análisis de datos en los expedientes acumulados objeto de examen, que, según lo visto, varios de los accionantes ejercieron la acción de tutela de manera temeraria y que, además, en el curso del trámite y decisión en varios de los procesos se dan circunstancias que ameritan verificación por parte de las autoridades competentes.
De los 34 expedientes analizados resulta:
Ejercieron la acción de tutela 470 personas. De ellas, 391 presentaron demanda una sola vez -al menos en cuanto a los expedientes hasta ahora revisados y que son materia de este fallo-.
Un total de 73 accionantes ejercieron la misma acción en dos oportunidades.
6 de los peticionarios ejercieron la misma acción tres veces.
A 366 personas les fue concedido una sola vez el amparo solicitado.
A 69 accionantes se les concedió la tutela en dos oportunidades.
A 6 peticionarios se les concedió la protección judicial tres veces (ver anexo 6).
Es evidente, entonces, que en los procesos últimamente enunciados se incurrió en un palmario e inconcebible abuso de la acción de tutela, merced a la temeridad de los actores o de sus apoderados, razón por la cual, además de la absoluta negativa de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la condena en costas y de las indispensables investigaciones de carácter penal y disciplinario que habrán de ser ordenadas en la parte resolutiva de la presente providencia.
Por otra parte, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, declarado exequible mediante Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, dispuso que el juez de tutela, si la rechazare o denegare, debe condenar al solicitante al pago de las costas del proceso cuando estime fundadamente que incurrió en temeridad.
La Corte Constitucional consideró al respecto que tal previsión se ajustaba a la Carta, "pues ello es apenas lógico y equitativo tratándose de procesos judiciales".
En Sentencia T-443 del 3 de octubre de 1995 (M.: Dr. A.M.C., la Corte manifestó que, en los trámites de amparo judicial de los derechos fundamentales, la condenación en costas no tiene un carácter disuasivo, en cuanto al ejercicio mismo de la acción, cuya esencia es la gratuidad, sino que se justifica en razón del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional.
Destacó la providencia que las actuaciones signadas por la temeridad en la acción nos remiten a los albores del Derecho en lo relativo a la llamada culpa aquiliana, "siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella, ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado".
Para la Corte, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 no establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica ésta con aquéllas, de modo que, si no hay temeridad, no nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la imposición del pago correspondiente.
" Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción. Y quien tasa las "costas" es el Juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios).
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las "costas" responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo.
Dentro de la trascendencia que se le da al término TEMERIDAD, como elemento calificador y al mismo tiempo como único elemento cuantificable, se deduce que tal condena sólo opera en casos excepcionales..."
"...si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas "costas" son más multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretación es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego será la administración de justicia quien recibirá el monto de las "costas" que el Juez competente señalará, dentro de los parámetros del artículo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios mínimos mensuales, QUANTUM que fijará el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisión".
Estos criterios han sido aplicados por la Corte con todo rigor en varias de sus decisiones. Puede consultarse al respecto la Sentencia T-441 del 2 de octubre de 1995 (M.: Dr. C.G.D..
Uso y abuso de los poderes judiciales concedidos a abogados para ejercer la acción de tutela. Reglas sobre la agencia oficiosa.
Son varias las irregularidades que se aprecian en el grupo de expedientes acumulados de los que ha conocido la Corte en esta oportunidad, particularmente en lo que atañe a la actuación de los apoderados judiciales.
Fuera de la temeridad ya estudiada -que obligará a la Corte, con arreglo a lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, a ordenar que se compulsen copias de lo actuado a la S. Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respecto de los abogados que presentaron varias acciones de tutela por los mismos hechos y en relación con los mismos derechos-, ha sido notoria en varios casos la utilización indebida de los poderes conferidos por los peticionarios.
En efecto, al menos en seis procesos no apareció el documento con base en el cual actuaba el apoderado, que resulta esencial en tales casos, como lo ha destacado la Corte, pues, si bien el artículo 86 de la Constitución permite el ejercicio directo de la acción de tutela a toda persona, aun las menores de edad, cuando ellas resuelven obrar confiriendo mandato para la actuación judicial correspondiente, el apoderado tiene la obligación de acreditar la condición en que actúa.
Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado.
La Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de la indefensión del interesado, como requisito sine qua non de la agencia oficiosa, en los siguientes términos:
"La agencia oficiosa, desde luego, no puede encontrar fundamento sino en la imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa. El propósito de la misma consiste en evitar que, por la sola falta de legitimación para actuar, en cuanto no se pueda acreditar un interés directo, se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante que pesa sobre ellos.
En tal sentido, la agencia oficiosa -que tiene expresión también en los procesos ordinarios pero que adquiere mayor valor e importancia en la medida en que contribuye a la concreción de los derechos fundamentales- se concibe como un instituto de Derecho Procesal que busca el acceso a la administración de justicia para quien se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo.
A juicio de la Corte, quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acción de tutela no puede hacer valer derechos de manera directa, carece de facultad para seguir representándola legítimamente cuando luego se establece, evaluados los hechos por el juez, que aquélla sí podía, por sí misma, acceder a la administración de justicia, de donde resulta que en tales casos, a menos que el verdaderamente interesado ratifique de manera expresa su voluntad de continuar con el proceso iniciado y reafirme ante el juez la relación de los hechos que dan lugar a la petición de amparo, la actuación debe culminar con la negación de las pretensiones de la demanda". (Cfr. Corte Constitucional. S. Quinta de Revisión. Sentencia T-044 del 7 de febrero de 1996)
Adicionalmente, encontró la Corte que en 78 casos a la demanda fue anexado el poder en fotocopia, circunstancia que exige investigación, toda vez que, no obstante la informalidad propia de la tutela y la presunción de autenticidad que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece a favor de los poderes presentados, es entendido, por las características de la acción, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.
En ese orden de ideas, mal puede concebirse la utilización de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción, proscrito por la ley.
Uno de los abogados a quienes se confirió poder, E.M.Z.A., con T.P. 58801, aparece ejerciendo la misma acción de tutela dos veces, a nombre de siete de los peticionarios. La Corte estima necesario trasladar ese caso al Consejo Superior de la Judicatura y a la F.ía General de la Nación, para lo de su cargo.
Finalmente, la Corte encontró que en cuatro casos los poderes examinados presentaban enmendaduras en lo referente a los datos y firma del abogado aceptante de los mismos, lo cual, si bien no constituye prueba irrefutable de que tales documentos fueron adulterados, debe dar lugar a la pertinente investigación penal, a cargo de las autoridades competentes.
La resolución de la tutela
Quien ejerce acción de tutela tiene derecho, en los términos de los artículos 29, 86, 228 y 229 de la Constitución, a que el juez competente resuelva acerca de la demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga.
Establecida, sin embargo, la temeridad, solamente se dispondrá lo dicho en el caso del accionante M.A.E.E., quien tiene derecho a que se adopte decisión judicial en cuanto a la tutela impetrada. Para los demás, lo pertinente es la negación de todas sus pretensiones.
En algunas de las demandas incoadas, junto con otros derechos, se dijo violado por FONCOLPUERTOS el de petición de los actores, por no haber recibido respuesta de la entidad estatal dentro de los términos legales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución y según jurisprudencia reiterada de esta Corte, el Fondo está obligado a dar respuesta a las peticiones correspondientes, sin que ello implique que acceda a la reliquidación o a los reajustes solicitados por los accionantes.
Se recuerda lo expuesto en la materia por esta Corte:
En este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta". (Cfr. Corte Constitucional. S. Quinta de Revisión. Sentencia T-242 del 23 de junio de 1993).
Otros aspectos de la revisión efectuada
La Corte estableció, además, los siguientes eventos, que dan lugar a investigación:
-Varios de los solicitantes que incurrieron en temeridad, lo hicieron merced a la alteración de sus nombres, apellidos y documentos de identificación. El detalle correspondiente aparece en los anexos 2 y 3 a la presente sentencia.
-En los expedientes objeto de examen se aprecia una deficiente y, por lo menos en diez casos, inexistente defensa judicial de la empresa demandada.
En efecto, se echa de menos la argumentación jurídica que ha debido ser expuesta por FONCOLPUERTOS ante los jueces de instancia y la coordinación interna indispensable para verificar cuáles de los extrabajadores accionantes presentaron doble o triple demanda de tutela (ver anexo 4).
Los cuadros anexos hacen parte integral de esta Sentencia.
Primero.- CONFIRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de S.M. mediante la cual se negó la tutela impetrada por M.A.J. y por L.C.G., y CONFIRMASE PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de S.M., en cuanto revocó el amparo concedido a Mercado de C.M.G..
Segundo. REVOCASE PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de S.M., y REVOCANSE los fallos proferidos por los Juzgados 1 Civil Municipal y 1 Civil del Circuito de Buenaventura; 13 Penal Municipal de Barranquilla; por el Tribunal Administrativo del Atlántico, S. de Decisión; por los juzgados 1, 2, 3, 4 y 5 civiles municipales, 7 Civil del Circuito, 4 Penal Municipal, 2 y 6 penales del Circuito de S.M. y por la Corte Suprema de Justicia, S. Civil-Agraria, mediante los cuales se concedió el amparo solicitado por:
Angulo Ortiz Luis Francisco
Armenta Saldaña Roque Angel
Britto Pérez Luís
Bruges Gracía Alvaro
Cariaga Guerra Luis Enrique
Colina Fontalvo Alvaro Alcides
Cuello García Luis Guillermo
Díaz Bolaño Hugo Alfonso
Díaz Granados Diaz Ganados Matilde Isabel
Díaz Gutiérrez Oswaldo
Díaz Herrera Gilberto Enrique
Domínguez Díaz Silvio de Jesús
Emiliany Gómez José Antonio
Ferreira Barros Jorge Luis
González Campo Luis María
González Suárez Alfonso E.
Huertas Díaz Valentín Segundo
Huertas Montes Luis Francisco
Linero Bernal Luis Aurelio
López López Luis
Lovera Suárez José Trinidad
Manjarrés Quiñones Luís Segundo
Marín Díaz José María
Martínez DiazGranados Gabriel
Martínez Suárez Mario Rafael
Matos Vásquez Luis Magin
Méndez Montufar Luis Alfonso
Montero Hincapié Epismelio
Noriega Escobar Raúl
Ochoa Rua Luis
Oduber Fuenmayor Luis Eustaquio
Oliveros Peña Luis
Pacheco Hernández Luis Alberto
Pardo Rojas Guillermo Luis
Peláez Miranda Esteban
Peña Aguirre Luis Roberto
Pichón Chaves Luis Eduardo
Quintero Torres Dorismel
Rossenthiel Pabón Luis Rafael
Rovira Mercado Luis Carlos
Ruíz de Romero Gladys Marina
Ruíz Vega Alfredo
Ruií Vence Eudes E.
Varela de Padilla María Trinidad
Yuceff Cortina Jasan
Tercero. Por ejercicio temerario de la acción de tutela, SE CONDENA a los siguientes peticionarios al pago de las costas causadas por el trámite de los correspondientes procesos:
Cotés de Noguera Abello Liscinia del Carmen
Manjarrez Quiñones Luis Segundo
Noguera Torres Jorge Eliécer
Saltaren Varela José Domingo
Las costas se liquidarán de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y normas concordantes, por los jueces de instancia.
Cuarto.- REMITANSE los originales de los expedientes objeto de análisis y copia de la presente Sentencia al F. General de la Nación, para que se inicien las investigaciones penales tendientes a establecer responsabilidades por la posible comisión de delitos en la iniciación, trámite y decisión de los procesos adelantados.
Quinto.- REMITANSE copias del presente fallo y de los expedientes analizados al Procurador General de la Nación para que se adelanten los correspondientes procesos disciplinarios contra los servidores del Estado que hayan podido actuar irregularmente en el trámite y decisión de los procesos en referencia y en el manejo de los recursos e intereses públicos afectados por ellos.
Sexto.- OFICIESE al Consejo Superior de la Judicatura -S. Jurisdiccional Disciplinaria-, con el objeto de que se inicien las investigaciones disciplinarias respectivas contra los abogados A.A.N.M. T.P.25778; D.A.G.O. T.P.73760; E.S.V. T.P.58958; E.M.Z.A. T.P.58801; ENIMELETH QUINTANA LEURO T.P.74796; F.M.F. T.P.36910; H.R.M.R. T.P.41301; J.F.D.M. T.P.49086; M.L.O. T.P.72765; P.M.C.G. T.P.63928; S.P. MONTES T.P.39303
De los expedientes acumulados por la Corte Constitucional aparece que las personas mencionadas pudieron incurrir en faltas graves contra el régimen jurídico aplicable al ejercicio de la abogacía y en violación del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Séptimo.- El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS- cesará, a partir de la notificación de esta Sentencia, todo pago ordenado judicialmente por la vía de tutela, en los expedientes examinados, a los accionantes o a sus apoderados, sin perjuicio de las respuestas que deba dar a las peticiones respetuosas que le hubieren sido presentadas, en los términos del artículo 23 de la Constitución Política.
Octavo.- OFICIESE al Contralor General de la República, para que, con base en la presente Sentencia, cuya copia se le remitirá, ejerza el control fiscal, en el marco de sus competencias, sobre el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS-, en el asunto examinado.
Noveno.- REMITASE al Juez 1 Civil Municipal de S.M. copia del expediente T-105610, en el cual aparece como accionante el señor E.E.M.A., cuya solicitud de tutela no fue objeto de fallo, para que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y con el Decreto 2591 de 1991, se resuelva sobre ella.
Décimo.- SURTASE el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 177
 artículo 86
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 209
 artículo 38
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 73
 artículo 38
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 25
 artículo 38
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 36