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⭐EL CONGRESO NACIONAL EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Ley No
EL CONGRESO NACIONAL EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Ley No
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María Josefa Moya Ríos
1 EL CONGRESO NACIONAL EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Ley No CONSIDERANDO: Que es deber del Estado fomentar el ahorro interno como fuente idónea de financiamiento a la inversión, a fin de impulsar el desarrollo económico de la nación; CONSIDERANDO: Que es necesario eficientizar la canalización de recursos de forma tal, que se propicie el financiamiento a largo plazo y se incremente la liquidez en la economía, factores indispensables para alcanzar el crecimiento económico sostenido de la nación; CONSIDERANDO: Que para lograr los objetivos indicados se hace necesario promover el desarrollo del mercado de valores, propiciando el incremento de la oferta y demanda de títulos negociables, y la existencia de instrumentos financieros que respondan a las necesidades del mercado; CONSIDERANDO: Que para promover adecuadamente el mercado de valores se precisa de un marco legal genérico que regule la oferta pública, las emisiones y los emisores de instrumentos negociables a fin de impulsar el desarrollo de un mercado organizado, eficiente y transparente; CONSIDERANDO: Que para propiciar el incremento de la demanda de valores, es preciso establecer por ley los mecanismos necesarios que garanticen a los inversionistas la información suficiente, veraz y oportuna para sus decisiones de inversión; CONSIDERANDO: Que es necesario crear las condiciones para que las transacciones de los títulos representativos de productos, así como las operaciones de futuros de los mismos, se lleven a cabo mediante mecanismos centralizados de negociación, a fin de facilitar la formación de precios y la difusión de información a los adquirientes; CONSIDERANDO: Que en la República Dominicana existe un vacío legal en lo que respecta al mercado de valores y productos, el cual debe cubrirse con una legislación moderna, acorde a las tendencias internacionales que abogan por la globalización y apertura de los mercados financieros. TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DEL OBJETO Y AMBITO DE LA LEY Art. 1.- La presente ley tiene por objeto promover y regular el mercado de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente, que contribuya con el2 desarrollo económico y social del país. El mercado de valores comprende la oferta y demanda de valores representativos de capital, de crédito, de deuda y de productos. Asimismo, incluye los instrumentos derivados, ya sean sobre valores o productos. El ámbito de aplicación de esta ley abarca la oferta pública de valores, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, sus emisores, las bolsas de productos, los participantes en el mercado de valores, definidos en el título III de la presente ley, así como toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que participe en el mercado de valores. Asimismo, estará sujeta a las disposiciones de esta ley y su reglamento, cualquier actividad relacionada con la oferta pública de valores. PARRAFO.- Serán consideradas obligaciones desde la República Dominicana al exterior y desde el exterior a la República Dominicana, las ofertas públicas de valores denominadas en moneda extranjera, debidamente registradas en la Superintendencia de Valores, creada al amparo de la presente ley, dándose por cumplido el requisito establecido en el literal a) artículo 2 de la ley Monetaria No.1528, de fecha 9 de octubre de 1947 y sus modificaciones. Por tanto, los pagos correspondientes podrán ser realizados en la moneda consignada en el título. Art. 2.- Para los fines de esta ley, se entenderá por valor el derecho o el conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociable en el mercado de valores, incluyendo acciones, bonos, certificados, obligaciones, letras, títulos representativos de productos e instrumentos resultantes de operaciones de titularización. Asimismo, incluye contratos de negociación a futuro y opciones de compra-venta sobre valores y productos, y otros títulos mobiliarios de cualquier naturaleza. Art. 3.- Para los fines de esta ley, se entenderá por mercado primario, las operaciones que envuelven la colocación inicial de emisiones de valores, mediante las cuales los emisores obtienen financiamiento para sus actividades. Por otro lado, se entenderá por mercado secundario, las operaciones que envuelven la transferencia de valores que previamente fueron colocados a través del mercado primario, con el objetivo de propiciar liquidez a los tenedores de valores. CAPITULO II DE LA OFERTA PUBLICA DE VALORES Art. 4.- Se entenderá por oferta pública de valores la que se dirige al público en general o a sectores específicos de éste, a través de cualquier medio de comunicación masivo, para que adquieran, enajenen o negocien instrumentos de cualquier naturaleza en el mercado de valores. Las transacciones de valores que no se ajusten a esta definición, tendrán el carácter de privadas y no estarán sujetas a las disposiciones de esta ley. PARRAFO I.- La Superintendencia de Valores decidirá, en caso de duda, si ciertos tipos de oferta constituyen oferta pública, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su reglamento.3 PARRAFO II.- La venta de acciones por aumento de capital, así como por capitalización de dividendos realizada a los accionistas de una empresa, en base al derecho de prelación contemplado en las disposiciones estatutarias de la misma, no se considerará como oferta pública. Art. 5.- Toda oferta pública de valores deberá ser aprobada previamente por la Superintendencia de Valores, de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Las ofertas públicas de valores en el mercado secundario deberán ser negociadas a través de los intermediarios de valores registrados en la Superintendencia de Valores. Las emisiones primarias deberán negociarse directamente por sus emisores o en la bolsa a través de los intermediarios de valores. PARRAFO I.- La aprobación de la oferta pública estará limitada a verificar que la solicitud cumpla con los requisitos de información dispuestos en esta ley y su reglamento. Una vez aprobada la oferta pública de valores, se procederá a inscribir dichos valores y a su emisor en el registro del mercado de valores y de productos, que se establecerá para estos fines en la Superintendencia de Valores. PARRAFO II.- La aprobación de la oferta pública, así como su registro, no implicará garantía alguna por parte de la Superintendencia de Valores, sobre la calidad de los valores a emitirse y de sus emisores. Art. 6.- La solicitud de aprobación para una oferta pública de valores deberá estar acompañada de un prospecto que contenga, entre otras cosas, información económicofinanciera de por lo menos los tres (3) años de operaciones de la empresa previos a la solicitud, así como documentación legal de la misma, características de los valores y la calificación de riesgo de los valores a ofertarse, si procediere, en base a los términos establecidos en esta ley y su reglamento. PARRAFO I.- Las ofertas públicas de valores de las empresas que no cumplan con el período de operación anteriormente señalado, deberán ser registradas por la Superintendencia de Valores y reguladas especialmente en el reglamento de la presente ley, como emisión de riesgo y sólo podrán ser transadas en sesiones especiales de la bolsa, advirtiendo al público inversionista del carácter de riesgo e incertidumbre de las mismas. PARRAFO II.- Queda entendido que las empresas resultantes de la fusión de dos (2) o más compañías con tres (3) años o más de operaciones, cumplen con el prerequisito de tiempo mínimo de operaciones, pudiendo realizar ofertas públicas de valores. PARRAFO III.- La Superintendencia de Valores deberá resolver la solicitud de autorización para realizar ofertas públicas dentro de un plazo de treinta (30) días, a partir de su presentación. Este plazo se suspenderá si la Superintendencia de Valores, mediante comunicación escrita, requiere al solicitante que modifique o complemente su solicitud, o que proporcione más informaciones, y sólo se reanudará cuando se haya cumplido con dicho trámite. En caso de que la Superintendencia de Valores no cumpliese con el plazo4 señalado, el solicitante podrá notificar el incumplimiento de éste al presidente del Consejo Nacional de Valores, creado mediante la presente ley. Art. 7.- La oferta pública de valores emitidos por personas jurídicas nacionales realizadas fuera del territorio nacional, deberá contar con la aprobación previa de la Superintendencia de Valores, correspondiendo al emisor o al intermediario obtener la autorización en el país donde se van a negociar dichos valores. Art. 8.- En el caso de los valores emitidos por personas jurídicas extranjeras y negociados en la República Dominicana por un intermediario de valores, dicho intermediario deberá presentar a la Superintendencia de Valores la certificación de registro del organismo regulador del mercado de valores del país de origen del valor. PARRAFO.- Las personas jurídicas extranjeras que hagan oferta pública de valores en la República Dominicana en el mercado primario, deberán establecer domicilio social en el país, el cual deberá ser comprobado por la Superintendencia de Valores. Art. 9.- Las emisiones de valores realizadas por el gobierno central y por el Banco Central de la República Dominicana, no requerirán aprobación de la Superintendencia de Valores, sin embargo, deberán presentar informaciones sobre los valores emitidos, para fines de inscripción en el registro del mercado de valores y de productos. Esta disposición también aplica a los valores negociados en el país, emitidos por organismos multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro. También estarán sujetos a este tratamiento, los valores emitidos por los gobiernos centrales y bancos centrales extranjeros, negociados en la República Dominicana bajo condiciones de reciprocidad, requiriéndose la calificación riesgo-país correspondiente y la certificación de autenticidad de los títulos objetos de negociación. CAPITULO III DE LA INFORMACION PRIVILEGIADA Art Para los efectos de esta ley, se entenderá por información privilegiada el conocimiento de actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en los precios de los valores objeto de oferta pública, mientras tal información no se haya hecho de conocimiento público. Art Las personas que dispongan de información privilegiada deberán abstenerse de efectuar operaciones, en beneficio propio o de terceros, con cualquier clase de valores cuyo precio pueda ser influido por dicha información, hasta tanto la misma sea de conocimiento público. Art Se presume que tienen acceso a información privilegiada las personas siguientes:5 a) Los miembros del consejo, directores, funcionarios, gerentes, administradores y asesores de los emisores y de los inversionistas institucionales, sus casas matrices, sus filiales y sus intermediarios de valores; b) Los dependientes que trabajen bajo la dirección de los miembros del consejo, directores, funcionarios, gerentes, administradores y asesores de las personas jurídicas señaladas en el literal que antecede; c) Los socios, administradores, miembros de los consejos y empleados de las calificadoras de riesgo, que califiquen valores de los emisores o a estos últimos, así como los auditores que realicen auditorías a los emisores o a los inversionistas institucionales; d) Los funcionarios y empleados públicos y privados dependientes de las instituciones que regulen y/o fiscalicen y/o liquiden a los participantes del mercado de valores, así como los miembros del Consejo Nacional de Valores; e) Los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana; f) Los cónyuges y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, de las personas señaladas en este artículo; g) Los socios, administradores y empleados de la Cámara de Compensación y del Depósito Centralizado de Valores. PARRAFO.- Se considerarán inversionistas institucionales, para los efectos de esta ley, las instituciones financieras, incluyendo las compañías de seguros y reaseguros, así como toda persona jurídica que reciba recursos de terceros, principalmente para fines de inversión a través del mercado de valores. Art Las personas señaladas en el artículo que antecede de la presente ley, así como las personas que por razón de su cargo o su vinculación hayan tenido acceso a información privilegiada, estarán obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones de este capítulo, aunque hayan cesado sus funciones en el cargo o concluida su vinculación. PARRAFO: Quien cometiere una infracción por lo prescrito en éste artículo, deberá pagar una multa de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00), a un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), o con prisión correccional de seis (6) meses a un (1) año, o ambas penas a la vez.6 CAPITULO IV OTRAS DISPOSICIONES Art Para mantener actualizados los montos absolutos previstos en la presente ley, como son los correspondientes a las sanciones y a los capitales mínimos, la Superintendencia de Valores deberá, por lo menos cada tres años, realizar los ajustes por inflación, si procediere, en base a las informaciones suministradas por el Banco Central de la República Dominicana y previa aprobación del Consejo Nacional de Valores. Art La información financiera anual que proporcionen los emisores de valores a la Superintendencia de Valores y a las bolsas, deberá estar auditada por auditores externos inscritos en el registro del mercado de valores y de productos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento de esta ley. Art La realización de transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios; efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor en el mercado de valores, así como inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento, serán sancionadas según lo dispuesto en la presente ley. PARRAFO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, podrán efectuarse actividades de estabilización de precios de valores, de acuerdo con las reglas de carácter general que al efecto dicte la Superintendencia de Valores, únicamente para realizar una oferta pública de valores de nueva emisión o de valores anteriormente emitidos, que no habían sido objeto de oferta pública. Art En todas las disposiciones de la presente ley donde se haga mención de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, se incluirá cualquier otra entidad supervisora y/o reguladora que surgiere, que esté relacionada con el objeto y ámbito de esta ley. TITULO II DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES CAPITULO I CREACION, OBJETO Y FUNCIONES Art Se crea la Superintendencia de Valores como institución autónoma del Estado. Estará investida con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad para contratar y demandar en su propio nombre, así como ser demandada. Los bienes muebles e inmuebles de la Superintendencia de Valores serán inembargables.7 La Superintendencia de Valores tendrá una duración indefinida, con domicilio social en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. PARRAFO.- La Superintendencia de Valores se relacionará con el Estado a través de la Junta Monetaria, organismo que en todo momento es responsable de establecer las políticas inherentes al mercado financiero, las cuales afectan directamente al segmento del mercado de valores. Art La Superintendencia de Valores tendrá por objeto promover, regular y fiscalizar el mercado de valores, en la forma establecida por la presente ley y su reglamento. Asimismo, velará por la transparencia del mercado de valores y sus operaciones a través de la difusión de toda la información que sea necesaria, y aplicará las sanciones administrativas y los cargos pecuniarios que le faculta la presente ley, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que fueren necesarias. Art Los ingresos de la Superintendencia de Valores provendrán de las fuentes siguientes: a) Las cuotas anuales fijadas a los intermediarios de valores, que en ningún caso podrán superar el dos por ciento (2.0%) de las comisiones generadas por concepto de corretaje de valores al cierre del semestre anterior; b) Las cuotas anuales fijadas a las administradoras de fondos y compañías titularizadoras, que en ningún caso podrán superar el uno punto cinco por ciento (1.5%) del total de activos existentes al cierre del semestre anterior; c) Los derechos de inscripción en el registro del mercado de valores u otro servicio que preste de su competencia. PARRAFO I.- La Superintendencia de Valores podrá recibir donaciones en forma de cooperación técnica, equipos e infraestructura para su servicio, entre otras, del gobierno central, del Banco Central de la República Dominicana, de organismos multilaterales y de gobiernos extranjeros. PARRAFO II.- La forma de cálculo de las cuotas y los derechos establecidos en este artículo, y su forma de pago, estarán determinados en el reglamento de la presente ley. PARRAFO III.- Las cuotas y los derechos a que se refiere el presente artículo, serán revisados anualmente por la Superintendencia de Valores y sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Valores, sin perjuicio de los límites establecidos en los literales a) y b). Art La Superintendencia de Valores tendrá las atribuciones siguientes:8 a) Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de su reglamento y de las normas que dicte, con el propósito de promover el funcionamiento de un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente; b)autorizar las ofertas públicas de valores, el contenido mínimo del prospecto, la apertura y funcionamiento de las bolsas, intermediarios de valores, fondos de inversión, compañías titularizadoras y demás participantes del mercado de valores, la publicidad de dichos participantes, así como supervisar sus operaciones, sólo respecto de las obligaciones que le impone la presente ley y su reglamento; c) Requerir las informaciones que deberán suministrar las entidades emisoras, los intermediarios autorizados y las personas físicas y jurídicas sujetas a la presente ley, así como fiscalizar el uso de la información privilegiada; d) Organizar y mantener el registro del mercado de valores creado en la presente ley; e) Someter al Consejo Nacional de Valores, para fines de aprobación, los ajustes por inflación así como las cuotas y derechos, a que se refieren los artículos 14 y 20 de la presente ley, respectivamente; f) Evaluar y decidir respecto de las denuncias o quejas sobre operaciones irregulares de los intermediarios y demás participantes en el mercado de valores, así como conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de las bolsas; g) Investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias a la presente ley y su reglamento, así como solicitar la actuación de las autoridades competentes, cuando fuere necesario; h) Suspender temporalmente la cotización de valores de oferta pública cuando la información periódica requerida sea insuficiente; i) Suspender o cancelar la autorización otorgada para hacer oferta pública de valores, tanto a la entidad emisora como al intermediario, cuando con posterioridad a la aprobación se haya detectado que dicha oferta sea dolosa, contenga informaciones falsas, reúna elementos de estafa u otro9 delito, o cuando el emisor haya sido declarado en estado de quiebra o bancarrota; j) Suspender, temporal o definitivamente, las operaciones de las bolsas, los intermediarios y demás participantes en el mercado de valores con relación a sus operaciones en dicho mercado, cuando incurran en violaciones a las disposiciones de la presente ley y su reglamento, según lo determine el mismo. La suspensión de las bolsas deberá contar con la previa aprobación de la Junta Monetaria; k) Sancionar, en la forma prescrita por esta ley, a los infractores de sus disposiciones, su reglamento y las normas que dicte; l) Demandar ante los tribunales de la República a las personas físicas o jurídicas objeto de supervisión, que hayan cometido irregularidades graves en relación al mercado de valores; m) Elaborar el presupuesto anual y presentarlo a las autoridades correspondientes; n) Presentar informes al Poder Ejecutivo, vía Junta Monetaria, y al Consejo Nacional de Valores, sobre el comportamiento del mercado de valores, así como la memoria anual de la Superintendencia de Valores; ñ) Definir, cuando no lo haya hecho la presente ley, los términos referentes al mercado de valores; o) Ejercer las demás funciones e intervenir en otros asuntos de su competencia relacionados con el desarrollo del mercado de valores. Art Las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Valores podrán ser reconsideradas a solicitud del interesado, dentro de los diez(10) días siguientes a la notificación escrita de la decisión correspondiente, y ésta deberá dictar su fallo en un plazo no superior a treinta(30) días, el cual podrá ser apelado ante el Consejo Nacional de Valores. CAPITULO II DE LA ESTRUCTURA INTERNA10 Art El superintendente de valores será el principal funcionario de la Superintendencia de Valores y representante legal de la misma. Tendrá a su cargo la dirección y control de las funciones de dichos organismos, y será designado por el Poder Ejecutivo por períodos de dos (2) años, de una terna propuesta por la mayoría absoluta de los seis (6) miembros del Consejo Nacional de Valores, a través de la Junta Monetaria, quién sólo velará porque los candidatos propuestos cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. Podrá ser designado por un período adicional sin que pueda ser redesignado de inmediato al término de su segundo período. Art Habrá un intendente de valores nombrado por el Poder Ejecutivo, siguiendo el mismo procedimiento establecido para la elección del Superintendente de Valores. Será el segundo funcionario de la Superintendencia de Valores, en el orden jerárquico, sustituirá al superintendente en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y ejercerá sus funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo. Art El superintendente y el intendente de valores deberán ser profesionales de experiencia y conocimiento en materia financiera, y de reconocida integridad moral. Asimismo, deberán ser funcionarios con dedicación exclusiva y no podrán desempeñar ningún otro empleo de cualquier naturaleza, salvo de carácter docente. Art El superintendente y el intendente de valores no podrán participar en actividades políticas partidistas, efectuar transacciones con valores, directa o indirectamente, ni incrementar sus tenencias previas de valores, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Art El superintendente y el intendente de valores deberán presentar una declaración jurada de sus bienes, detallando las empresas o negocios donde tengan inversiones directas y/o indirectas. Estas declaraciones juradas deberán ser elaboradas y remitidas a la Cámara de Cuentas, al iniciar y finalizar cada designación. Art No podrán ser superintendente ni intendente de la Superintendencia de Valores: a) Los menores de treinta (30) años de edad; b) Los que por cualquier razón sean legalmente incapaces; c) Los que no sean de nacionalidad dominicana; d) Los miembros del consejo, directores y funcionarios de entidades del sistema financiero, que estando en el ejercicio de sus cargos, o durante los cinco (5) años previos, dichas entidades hayan sido objeto de una intervención u operación de salvamento por parte de las autoridades reguladoras o fiscalizadoras del sistema financiero;11 e) Los que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad entre sí, o que sean cónyuges, o que sean accionistas de una misma sociedad; f) Los que hayan sido declarados en estado de quiebra o bancarrota, así como los miembros del consejo, directores y funcionarios de compañías en igual estado, o que estuvieren pendientes o se les hubiere iniciado el procedimiento de quiebra o bancarrota, o de intervención con fines de liquidación por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Seguros. Asimismo, se incluyen a los que hayan caído en estado de insolvencia o de cesación de pagos, aún cuando posteriormente hayan sido rehabilitados; g) Los que directamente o a través de terceros, participen en la administración de instituciones financieras y otras instituciones del mercado de valores, así como los accionistas propietarios, directa o indirectamente, del quince por ciento (15%) o más del capital pagado de dichas instituciones; h) Los que directa o indirectamente hubieren cometido una falta o negligencia en contra de las disposiciones de la Superintendencia de valores, el Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, causando un perjuicio pecuniario a terceros; i) Los que estuvieron subjúdice, o cumpliendo condena, o hubieren sido condenados a reclusión por cualquier hecho de carácter criminal, o por delito contra la propiedad, contra la fe pública o el fisco. Art El superintendente y el intendente de valores designados deberán depositar en la Junta Monetaria una declaración jurada mediante la cual se comprometan a mantener en estricta confidencialidad todos los asuntos a discutir en la Superintendencia de Valores, y donde declaren no estar afectados por las inhabilidades e incompatibilidades correspondientes a sus cargos, establecidas en la presente ley. Estas declaraciones deberán depositarse antes de haber tomado posesión de sus respectivos cargos. Art La Junta Monetaria deberá solicitar al Poder Ejecutivo la sustitución del superintendente y el intendente de valores cuando hayan cometido alguna de las irregularidades siguientes:12 a) Uso indebido de información privilegiada y violación a la confidencialidad de los asuntos presentados a la Superintendencia de Valores; b) Responsabilidad en actos u operaciones fraudulentas, ilegales o evidentemente opuestas a los fines e intereses de la Superintendencia de Valores; c) Negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o cuando, sin debida justificación, dejaren de cumplir las obligaciones que les correspondan, de acuerdo con la presente ley y su reglamento; d) Ausencia del país sin la debida autorización del Poder Ejecutivo. PARRAFO.- De igual manera, la Junta Monetaria deberá solicitar la sustitución de dichos funcionarios cuando se advierta o sobrevenga alguna de las causas de incapacidad contempladas en el artículo 28, cuando no cumplan con las disposiciones previstas en los artículos 26, 27 y 29 de la presente ley, así como cuando sean condenados por sentencia que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, dictada en juicio criminal. Art En caso de vacante por muerte, renuncia o incapacidad para realizar las funciones de superintendente e intendente, se designará un nuevo titular para completar el período faltante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley. Art La Superintendencia de valores, para dar cumplimiento a las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento, conformará la estructura interna necesaria con un personal que, tanto en su selección como en su desempeño, estará sujeto a los lineamientos establecidos en el reglamento interno de la Superintendencia de Valores. Deberá incluir profesionales calificados, debidamente autorizados, quienes podrán realizar inspecciones y requerir la presentación de los libros de contabilidad y documentos relacionados con las operaciones de valores de oferta pública. CAPITULO III DEL CONSEJO NACIONAL DE VALORES Art Para los fines de la presente ley, se crea un Consejo Nacional de Valores, el cual estará conformado por siete (7) miembros, de la manera siguiente: a) Un funcionario de alta jerarquía del Banco Central de la República Dominicana, designado por la Junta Monetaria, quien lo presidirá, miembro ex-oficio;13 b) Un funcionario de alta jerarquía designado por la Secretaría de Estado de Finanzas, miembro ex-oficio; c) El superintendente de valores, miembro ex-oficio; d) Cuatro (4) miembros del sector privado, designados por el Poder Ejecutivo, por períodos de dos (2) años: dos (2) de ternas que para tales fines le presentarán las asociaciones de puestos de bolsas de valores y las bolsas de valores existentes en el país, y dos (2) de ternas que le presentarán las bolsas de productos y la Cámara de Comercio vía la Junta Monetaria, quien sólo velará porque los candidatos propuestos cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. Las ternas deberán ser conformadas por candidatos sometidos indistintamente por las citadas entidades, tomando en consideración las inhabilidades previstas en el artículo 28 de la presente ley, los cuales desempeñarán sus cargos en forma honorífica. Art El Consejo Nacional de Valores tendrá las atribuciones siguientes: a) Conocer las solicitudes de apelación a las decisiones de la Superintendencia de Valores y las bolsas, presentadas por los participantes del mercado de valores; b) Conocer de los informes mensuales del superintendente de valores sobre el comportamiento del mercado de valores y de las principales actividades realizadas por la Superintendencia de Valores, pudiendo formular observaciones o lineamientos, en los casos que se ameriten; c) Aprobar las tarifas sometidas por el superintendente de valores sobre cuotas y derechos que cobrará la Superintendencia de Valores por concepto de supervisión, derechos de inscripción en el registro y otros servicios, así como los ajustes por inflación establecidos en el artículo 14 de la presente ley; d) Aprobar las sanciones administrativas a ser impuestas a los infractores de las disposiciones contenidas en la presente ley cuando éstas no estuvieren tipificadas en la misma; e) Actuar como conciliador en los casos de conflictos entre participantes del mercado de valores cuando éstos no fueren dirimidos por el superintendente de valores.14 Art Los miembros del Consejo Nacional de Valores deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 26, exceptuando al representante de la Secretaría de Estado de Finanzas y los dos miembros del sector privado, en lo que respecta a las actividades políticas partidistas. Asimismo, los miembros del Consejo Nacional de Valores deberán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 27 y 29 de la presente ley. PARRAFO.- En caso de vacante por muerte, renuncia o incapacidad para cumplir sus funciones dentro del Consejo Nacional de Valores, de los miembros del sector privado, se designará un nuevo titular para completar el período faltante, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 33 de la presente ley. Art El Consejo Nacional de Valores sesionará por lo menos una vez al mes. Dichas sesiones serán válidas con la asistencia de cinco (5) de sus miembros, incluyendo al presidente del mismo, y las decisiones serán adoptadas con la aprobación de tres (3) de ellos o de cuatro (4) en caso de asistir seis (6) o siete (7) miembros. En caso de empate, el voto del presidente será decisivo. Las sesiones ordinarias del consejo serán convocadas por el superintendente de valores, y las extraordinarias por el presidente del consejo, debiendo levantarse un acta de cada sesión celebrada, la cual estará a cargo del superintendente de valores, quien fungirá como secretario. Art Las decisiones de la Superintendencia de Valores y de las bolsas podrán ser apeladas por los participantes en el mercado de valores, debiendo someterse dentro de los cinco (5) días siguientes a las fechas de notificación de las mismas, mediante comunicaciones escritas remitidas al presidente del Consejo Nacional de Valores, las cuales deberán contener un informe de las decisiones dictadas y de los agravios que las mismas causan, acompañado de las pruebas que los afectados estimaren convenientes. El presidente del Consejo Nacional de Valores convocará a los miembros del mismo para conocer de dichas apelaciones. PARRAFO I.- El recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión objeto de apelación, excepto cuando la misma conlleve la aplicación de sanciones administrativas. PARRAFO II.- El Consejo Nacional de Valores dictaminará sobre el recurso sometido, en un plazo no mayor de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de recepción de dicho recurso. Este dictamen podrá confirmar, revocar o sustituir la decisión apelada. PARRAFO III.- Este recurso de apelación deberá ser agotado por el interesado, previo a la interposición de cualquier otro medio de defensa. PARRAFO IV.- En caso de que el dictamen del Consejo Nacional de Valores no sea aceptado por la parte requeriente, dicho Consejo Nacional de Valores podrá, a fin de resolver las diferencias suscitadas entre las partes, actuar como conciliador entre ellos. Si las partes en controversia manifiestan su deseo de no conciliar, el Consejo Nacional de15 Valores levantará un acta en la que hará constar esta circunstancia e invitará a las partes, para que de común acuerdo, se sometan a los tribunales arbitrales de la República Dominicana, con el propósito de derimir sus conflictos. CAPITULO IV DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS Art La Superintendencia de Valores tendrá un registro del mercado de valores y de productos, el cual podrá ser electrónico, en él se inscribirá la información pública respecto de los valores, emisores y demás participantes del mercado de valores regulados por esta ley, conforme a las disposiciones que se establezcan en el reglamento. El registro del mercado de valores y de productos estará a disposición del público y en el mismo se inscribirán: a) Los valores que sean objeto de oferta pública; b) Los títulos representativos de los productos que sean objeto de oferta pública; c) Los modelos genéricos de contratos de opciones de compra, de venta y de futuro de productos; d) Los emisores que realicen oferta pública de valores, salvo aquellos que por su naturaleza sean dispensados del registro; e) Las bolsas y los intermediarios del mercado de valores; f) Las cámaras de compensación; g) Los depósitos centralizados de valores; h) Las administradoras de fondos de inversión; i) Las compañías titularizadoras; j) Las calificadoras de riesgo; k) Los auditores externos; l) Otros participantes del mercado de valores, aprobados por la Superintendencia de Valores. Art Los requisitos a que deberán sujetarse los valores y las personas físicas o jurídicas para su inscripción en el registro, así como las informaciones que deberán16 suministrar, serán establecidos en el reglamento de la presente ley y en las normas que se dicten para tal efecto. Art La inscripción en el registro del mercado de valores y de productos, significarán únicamente que se ha cumplido con los requisitos de información establecidos en la presente ley y su reglamento. Art Los emisores inscritos en el registro del mercado de valores y de productos deberán proporcionar informaciones a la Superintendencia de Valores y a las bolsas correspondientes, con la periodicidad y en la forma que se les requiera, mientras estén en circulación los valores colocados a través de oferta pública, según lo establecido en esta ley y su reglamento. Estas informaciones deberán ser veraces y oportunas, e incluir todo hecho esencial que sobrevenga en la vida de la empresa, que pueda incidir en el precio del valor en el mercado, y deberán estar a disposición del público, según lo determine la Superintendencia de Valores. Art Los emisores, intermediarios y demás personas físicas o jurídicas inscritos en el registro del mercado de valores y de productos que no quieran continuar participando en el mercado, podrán solicitar a la Superintendencia de Valores su exclusión del registro, debiendo cumplir con los requisitos que al efecto contemple el reglamento de la presente ley. La Superintendencia de Valores, previo a la aprobación de la solicitud de exclusión, deberá asegurarse de que se ha cumplido con las disposiciones vigentes al respecto, y una vez aprobada, deberá hacerlo de conocimiento público. TITULO III DE LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES CAPITULO I DE LAS BOLSAS DE VALORES Art Las bolsas de valores son instituciones autorreguladoras que tienen por objeto prestar a los puestos de bolsa inscritos en las mismas todos los servicios necesarios para que éstos puedan realizar eficazmente las transacciones con valores de manera continua y ordenada, así como efectuar las demás actividades de intermediación de valores, de acuerdo con la presente ley. Estas entidades deberán contar con la previa aprobación de la Superintendencia de Valores para operar en el mercado de valores. Art Las bolsas de valores deberán realizar las actividades siguientes: a) Establecer locales, equipos y mecanismos que faciliten la interacción de la oferta y la demanda de valores; b) Requerir información a los emisores respecto de los valores cotizados en las mismas;17 Art Serán atribuciones de las bolsas de valores: c) Proporcionar y mantener a disposición del público las informaciones sobre los valores cotizados en las mismas, sus emisores, sus intermediarios de valores y las operaciones bursátiles realizadas, incluyendo las cotizaciones y los montos negociados; d) Certificar las cotizaciones y las transacciones de bolsa realizadas en las mismas, a solicitud del interesado; e) Velar porque sus miembros den estricto cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y al Código de Etica que para estos fines elaborarán las bolsas y aprobará la Superintendencia de Valores; f) Instalar un sistema de información automatizado para realizar operaciones aprovechando las ventajas de las telecomunicaciones y la informática. a) Conocer las solicitudes elevadas por personas jurídicas para constituirse en puestos de bolsa; b) Autorizar a los representantes de los puestos de bolsa a actuar como corredores en las negociaciones que se realicen en la bolsa; c) Autorizar la inscripción de las emisiones de valores previamente aprobadas y registradas por la Superintendencia de Valores, para su cotización; d) Suspender transacciones de valores de oferta pública, por un período de hasta cinco (5) días, cuando entienda que es conveniente para el mercado; e) Solicitar garantías a los puestos de bolsas; f) Invertir en actividades complementarias, tales como depósitos centralizados de valores y/o cámaras de compensación; g) Celebrar convenios con otras bolsas de valores y organismos similares dentro y fuera del país, previa aprobación de la Superintendencia de Valores;18 h) Realizar cualesquiera otras actividades que contribuyan al desarrollo del mercado de valores, previa aprobación de la Superintendencia de Valores; i) Realizar conexiones automatizadas con los mercados de valores internacionales. Art Las bolsas de valores deberán constituirse en compañías por acciones, con arreglo a las normas del Código de Comercio vigente en la República Dominicana, con un capital suscrito y pagado mínimo de quince millones de pesos dominicanos (RD$15,000,000.00), más un veinte por ciento (20%) de reserva legal. Dicho capital deberá ser en numerario, dividido en acciones nominativas, negociables, propiedad de sus miembros, los cuales deberán tener igual número de acciones de igual valor en el capital suscrito y pagado mínimo requerido, al momento de ser constituido. PARRAFO I.- Serán miembros de una bolsa de valores los puestos de bolsa admitidos por ésta, luego de cumplir los requisitos previstos en los estatutos y reglamentos de la misma, y estar debidamente autorizados por la Superintendencia de Valores. PARRAFO II.- Los aumentos de capital de las bolsas de valores serán distribuidos, un ochenta por ciento (80%) para los puestos de bolsa existentes y un veinte por ciento (20%) para los nuevos puestos de bolsa. De no existir demanda por parte de los puestos de bolsa existente y/o los nuevos puestos, dichos aumentos de capital serán negociados a través de la propia bolsa, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. El Consejo Nacional de Valores establecerá un límite porcentual máximo de participación en el capital de la bolsa, tanto para los puestos de bolsa miembros de la misma, como para las entidades particulares adquirientes de acciones de la bolsa, para evitar la concentración accionaria. PARRAFO III.- Las bolsas de valores tendrán la facultad de solicitar a la Superintendencia de Valores la cancelación de un puesto de bolsa, cuando no cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento, y en los estatutos y reglamentos de las propias bolsas de valores, cuya disolución deberá estar de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio vigente en la República Dominicana. Art El capital suscrito y pagado de una bolsa de valores, sólo podrá ser invertido en cualesquiera de los activos siguientes: a) Dinero efectivo en caja o depósito en los bancos autorizados por ley para recibir depósitos; b) En el edificio y demás locales de uso propio de la bolsa; c) En los muebles y equipos necesarios para su buen funcionamiento;19 d) En los gastos de instalación, organización y funcionamiento; e) En valores de reconocida liquidez cotizados en bolsa, sin que la inversión exceda el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y pagado de la bolsa, ni el diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado de la entidad emisora; f) En otras actividades conexas o complementarias. Art Las bolsas de valores podrán cobrar tarifas a sus miembros para sufragar sus gastos y costos de mantenimiento, expansión y mejoramiento de sus actividades, según lo establezcan sus estatutos y reglamentos. Art Los estatutos, reglamentos, normas, manuales y sistemas operativos de las bolsas de valores, así como sus eventuales modificaciones, requerirán la aprobación previa de la Superintendencia de Valores, la cual deberá pronunciarse al respecto dentro de los cuarenta y cinco (45) días contados desde la fecha de recepción de la solicitud correspondiente. Art Las acciones inscritas en el registro del mercado de valores y registradas en una bolsa, sólo podrán ser intermediadas por los puestos de bolsas, en las bolsas donde sean miembros. Art Las bolsas de valores podrán realizar ruedas especiales de valores no inscritos en las mismas, en la forma en que lo determine el reglamento de la bolsa respectiva. Art No podrán ser miembros del consejo o directorio, presidente, director ejecutivo o gerente general de las bolsas de valores: a) Los menores de veinticinco (25) años de edad; b) Los que no sean profesionales en áreas relacionadas con el mercado de valores; c) Los que por cualquier razón sean legalmente incapaces; d) Los que sean funcionarios y empleados del Banco Central, Superintendencias de Bancos, de Seguros y de Valores; e) Los miembros del consejo, directores y funcionarios de entidades del sistema financiero, que estando en el ejercicio de sus cargos o durante los tres (3) años previos, dichas entidades hayan sido objeto de una intervención especial u20 operación de salvamento por parte de las autoridades reguladoras y/o fiscalizadoras del sistema financiero; f) Los que hayan sido declarados en estado de quiebra o bancarrota, así como los miembros del consejo, directores o funcionarios de compañías en igual estado, o que estuvieron pendientes o se les hubiere iniciado el procedimiento de quiebra o bancarrota, o de intervención con fines de liquidación por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Seguros. Asimismo, se incluyen a los que hayan caído en estado de insolvencia o de cesación de pagos, aún cuando posteriormente hayan sido rehabilitados; g) Los que directa o indirectamente hubieren cometido una falta o negligencia en contra de las disposiciones de la Superintendencia de Valores, del Banco Central de la República Dominicana, de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros, causando un perjuicio pecuniario a terceros; h) Las personas que estuvieron subjúdice o cumpliendo condena por cualquier hecho de carácter criminal o por delito contra la propiedad, la fe pública o el fisco, o que hubieren sido condenados por esas causas. PARRAFO: Estas limitaciones también aplican a los principales funcionarios de las bolsas de valores, excepto la disposición previa en el literal a) de este artículo. Art Se reserva el uso de la expresión "bolsa" para aquellas personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia de Valores a prestar a sus miembros todos los servicios necesarios para que éstos puedan realizar transacciones de valores, de manera continua y ordenada. Art Las decisiones de las bolsas podrán ser apeladas por los afectados por ante la Superintendencia de Valores, las cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión de la bolsa al afectado, debiendo la Superintendencia de Valores responder en un plazo no mayor de treinta (30) días, contado desde el momento de ser interpuesta dicha apelación. CAPITULO II DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS Art Las bolsas de productos son instituciones autorreguladoras, que tienen por objeto exclusivo proveer a sus miembros los servicios necesarios para realizar Mostrar más
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