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Timestamp: 2017-07-26 16:31:52+00:00

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Febrero | 2015 | Noticias
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Febrero 27, 215
Febrero 27, 2015 David	La Hora
El dinero electrónico se podrá usar desde hoy en Ecuador
El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que hoy, en Guayaquil, arrancará oficialmente la segunda fase del sistema de dinero electrónico, con lo que la ciudadanía podrá utilizar su celular, de cualquier operadora y tecnología, para realizar transacciones.
La operatividad del sistema incluirá la carga y descarga de dinero, la posibilidad de realizar compras en diversos establecimientos, la opción de hacer consultas de saldos y movimientos, además de enviar dinero a través del celular.
Una tercera fase se presentará a mediados de año, para utilizar el dinero electrónico para el pago de servicios, tributos, entre otras obligaciones. Otro plan es que las carreras de taxis se paguen con dinero electrónico, para lo que el BCE firmó a inicios de febrero un convenio con la Federación Nacional de Operadores de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), para entregar un kit informativo a las unidades, además de realizar capacitaciones.
Para utilizar el dinero electrónico, el usuario deberá crear una cuenta virtual previamente.
Para ello debe marcar desde su celular *153# y seguir los pasos para la apertura de la cuenta, que no tiene costo. Llegará un mensaje para activar la cuenta. Al aceptar, se solicitará el número de cédula y se confirmará el nombre, para luego responder varias preguntas de seguridad.
Con las preguntas contestadas se genera una clave personal que deberá ser cambiada por el usuario.
La carga de dinero implica acercarse a un macro agente autorizado (bancos, cooperativas y otros establecimientos) donde se entregará el dinero físico para que este ingrese a la cuenta del usuario. Ahí mismo se podrá hacer la descarga, es decir, recuperar el efectivo. Las compras se podrán realizar en supermercados, farmacias y autoservicios, entre otros negocios.
El canje de dinero electrónico por físico no tendrá costo hasta por cuatro transacciones al mes, al igual que la consulta de saldos y movimientos hasta por 10 ocasiones mensuales. (ABT)
° A criterio de Juan Fernando Carpio, experto económico, el público en general aún desconoce cómo operará el dinero electrónico, teniendo la impresión de que es como el débito de las tarjetas de los bancos.
Carpio considera que la clave es que se mantenga el respaldo uno a uno, es decir con dólares efectivos, porque de lo contrario podría darse la introducción de otra unidad monetaria.
Un peligro que identifica el experto con el sistema es si en un punto determinado se llega a “jugar con el tiempo”. Esto pasaría si en un determinado caso se intentara pagar con dinero electrónico a modo de “vales” que se efectivicen a plazos, por lo que es necesario asegurarse de que se mantenga la posibilidad de efectivizar el dinero electrónico instantáneamente.
El dato: Para crear una cuenta de dinero electrónico, el usuario deberá tener mínimo 18 años
La caída del precio del petróleo ha llevado al Gobierno a replantear varios proyectos petroleros y reducir las inversiones en este sector para este año. Y este escenario ha generado que empresas estatales como Petroamazonas deban buscar por sí mismas el financiamiento para la explotación de nuevas áreas como el ITT. Luego de la rendición de cuentas presentada ayer en Orellana (El Coca), el ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, indicó que la caída del precio del crudo afecta a toda la industria y por eso se priorizarán las inversiones este año. La prioridad es mantener la producción y dar continuidad a proyectos que estaban en marcha como la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. El funcionario indicó que la rehabilitación de la mayor refinería del país estará lista en octubre próximo y costará unos USD 900 millones. Infografía con datos de la exportación de petróleo desde 2007 a 2014.
También se mantendrá la contratación de estudios de geología satelital para identificar los posibles recursos petroleros en los bloques del Suroriente ecuatoriano. Para ello la próxima semana se firmará un contrato por USD 25 millones con la empresa estatal canadiense CCC, con la cual previamente ya se había firmado un convenio. Los resultados de este estudio geológico estarán listos en un año y luego se reactivará la licitación de los bloques del Suroriente, indicó Merizalde. Otro proyecto que también tendrá el respaldo para seguir adelante este año será la explotación del bloque Ishpingo-Tambocoha-Tiputini(ITT). Al respecto, el gerente de la estatal Petroamazonas, Oswaldo Madrid, señaló el miércoles pasado que para el desarrollo del ITT se analizan alternativas de financiamiento directo con empresas constructoras y también de servicios. El cronograma oficial prevé que la producción en Tiputini empiece en abril del 2016, con lo
cual el proyecto ya contará con recursos propios. En mayo próximo comenzarán las perforaciones en Tiputini. “Estamos viendo la manera de mantener el nivel de actividad, cubriendo parte de ese presupuesto a través de financiamientos directos con proveedores. Los mismos contratos maduros traen una inversión que, solo para este año este año, está calculado en USD 700 millones para los 17 contratos firmados en octubre”. Se refiere a los recientes contratos de prestación de servicios que se firmaron para recuperar la producción en los campos antiguos de la estatal. Aclaró, no obstante, que de continuar la baja del precio del petróleo se podría acordar un diferimiento en los pagos a las empresas prestadoras de servicios como Halliburton o Schlumberger, firmas que recibe una tarifa de entre USD 30 y 40 por cada barril de producción incremental. Actualmente el crudo ecuatoriano se cotiza por debajo de USD 50. Otros proyectos petroleros, sin
embargo, tendrán que modificar su cronograma de ejecución y empezar más tarde. Este es el caso del campo Pungarayacu en el bloque 20, que estaba a cargo de la empresa canadiense Ivanhoe, con la cual se firmó la terminación de su contrato hace dos semanas. Según el ministro Merizalde, se debe replantear la explotación de ese campo y actualmente no es conveniente ni rentable ponerlo a producción por la calidad de su crudo. “Es un crudo muy pesado y sus costos de producción son muy elevados. Por ahora no es conveniente producir ese crudo y no es rentable. Pero algún momento será rentable y en ese momento habrá que producir”, dijo el funcionario. Merizalde reconoció también que este año Petroecuador tuvo un recorte en su presupuesto de inversiones para la Refinería del Pacífico, aunque no detalló una cifra. “En un inicio la Refinería del Pacífico fue un proyecto que no estuvo diseñado para hacerlo con fondos estatales directos”,
dijo al insistir en que continúan las negociaciones para conseguir su financiamiento. La obra tiene un avance del 11,7%, básicamente por el movimiento de tierras y la construcción de un acueducto.
Desde Ecuador salieron $ 4.000 millones a los paraísos fiscales el año pasado
Los prefectos y alcaldes solo podrán ganar hasta $ 5.510
Solo el ejecutivo provincial de Pichincha gana menos de $ 5.510, que es el tope fijado por el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo publicó ayer la tabla que fija el piso y el techo de los sueldos de los funcionarios de los municipios y prefecturas del país. Para el caso puntual de los 221 cabildos se realizó una clasificación, según el tamaño de cada ciudad. El acuerdo ministerial 0041 se emitió luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, denunciara en varias ocasiones que hay alcaldes que ganan cantidades exorbitantes.
Los municipios han sido divididos en 4 categorías (A, B, C y D). El salario mensual más alto que pueden percibir es de hasta $ 5.510 en el primer nivel, al que solo pueden aspirar los personeros municipales de Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del país y que tienen más de 2 millones de habitantes cada una.
Si se toma en cuenta esta regulación al alcalde capitalino, Mauricio Rodas, le tocará bajarse $ 340 puesto que actualmente gana $ 5.850.
También habría reducciones en las otras categorías. Uno de los casos más extremos es el del alcalde de Quevedo, Jorge Domínguez, quien gana solo $ 1 menos que el presidente Rafael Correa ($6.957). Este municipio está en el grupo B, en donde hay 19 ayuntamientos. En este puesto lo mínimo que pueden ganar los alcaldes es $3.798 y lo máximo $ 5.009, es decir que el burgomaestre quevedeño dejará de percibir $ 1.947 mensualmente.
Aunque los gobiernos autónomos descentralizados son independientes, la rectoría en cuanto a los sueldos en el país le corresponde al Ministerio de Trabajo. En el acuerdo que emitió ayer la cartera de Estado se especificó que los sueldos de los concejales serán determinados como consta en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad).
En los cabildos es el Concejo Municipal el que aprueba los sueldos de los burgomaestres y en base a ese rubro se determina la remuneración de los ediles.
El Jefe de Estado señaló como un error de la ley este mecanismo puesto que siempre los concejales van aprobar el aumento porque les beneficia. Mientras que el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz, calificó como “un despropósito” que haya alcaldías y prefecturas donde se gane más que en la Presidencia de la República.
El ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, recordó que la única entidad que debe regular y normar las remuneraciones mensuales es la cartera que preside y que por lo tanto todo lo dispuesto en estos acuerdos es de obligatorio cumplimiento, ya sea para asambleístas, alcaldes, prefectos y funcionarios de libre remoción. En total son 6.500 personas las que verán reducidos sus salarios.
Además se enfatizó que no habrá reducciones de salarios para los trabajadores públicos y que las únicas rebajas en las remuneraciones mensuales serán para los altos mandos, desmintiendo así opiniones vertidas por sindicalistas.
Para el caso de asambleístas y parlamentarios andinos la remuneración quedó establecida en $ 5.009 (antes ganaban $ 6.000).
En el caso de los gobiernos autónomos el dinero que ahorren por esta reducción iría al presupuesto de cada municipio, lo que les permitiría tener mayores ingresos para cada población. Mientras que en el Gobierno servirá para contratar a médicos que luchen contra la mortalidad materna.
Cabildos no cumplen con la Lotaip
La lista de los sueldos de los 221 alcaldes del país no es tan fácil de conseguir. En septiembre pasado Correa, en un enlace ciudadano, publicó el sueldo de solo 17 burgomaestres. Este Diario consultó con la AME sobre si tenía la nómina. Un funcionario de esa entidad dijo que no.
Igual pedido se efectuó a la Secretaría de la Gestión Política, que se encarga de la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos. Ellos tampoco manejan esos datos. Todas las entidades refirieron al Ministerio de Trabajo, a quien se le solicitó información pero no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) ordena a todas las entidades públicas o que reciban fondos del Estado publicar, entre otros datos, la lista completa de remuneraciones de todos los cargos.
Pero en los municipios el nivel de incumplimiento de esta norma es inmenso. Al menos el 68% de ellos no publica esa información o simplemente no tienen un portal web. Poseer una página electrónica también es una obligación estipulada en la Lotaip. La misma norma señala a la Defensoría del Pueblo como la institución encargada de velar por su cumplimiento.
Cuando esta institución encuentra una falta se notifica a la Contraloría para que inicie una investigación oficial. Allí se determina si hay o no responsabilidades, si las encuentran el caso se deriva a la Fiscalía, que a su vez abre una indagación previa.
Entonces se repite el proceso: si se hallan delitos se inicia una acción penal, ante un juez que puede o no emitir una sentencia. La Defensoría del Pueblo no tiene un mecanismo legal para hacer cumplir la Lotaip.
Prefectos deben bajar sus sueldos
El Acuerdo Ministerial 0040, que fue publicado ayer, especifica que todos los prefectos del país deben ganar hasta $ 5.510. Con esta disposición les tocará a 16 prefectos disminuir sus ingresos, puesto que ganan más de esa cantidad. El que más cobra es el de Chimborazo, Mariano Curicama, quien recibe $6.957 Y el único que está dentro del rango permitido es el de Pichincha, Gustavo Baroja, cuyo sueldo es $5.280, aunque queda pendiente conocer los ingresos de los representantes de 6 provincias que no cuentan con la información publicada en la web.
El secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz, descartó que el decreto ejecutivo que rebaja los sueldos en los altos cargos públicos se deba exclusivamente a la caída del precio del barril de petróleo.
En realidad, dijo, la decisión se basa en una meta superior del Gobierno en el ámbito de la salud: la reducción de la mortalidad materna. Con la medida ordenada por Correa, el pasado martes, se prevé recaudar entre $ 21 y $ 36 millones. El monto dependerá de las decisiones que se vayan tomando, puesto que otras entidades, independientes a la Función Ejecutiva, se podrían sumar.
De hecho, el miércoles el bloque legislativo de PAIS en la Asamblea expresó su respaldo a la iniciativa. Pero Marx Carrasco, en la conferencia de prensa de ayer, dijo que el Gobierno tiene la atribución para definir los sueldos de los legisladores.
El Presidente de la República además ha solicitado información referente a las empresas públicas, donde también se ejecutaría la disminución salarial en los próximos días. Sin embargo, en esta instancia se respetarán las condiciones del mercado. Durante el periodo de este gobierno se han creado 49 entidades públicas como ministerios coordinadores, entre otros, pero eso no significó un crecimiento burocrático porque al mismo tiempo se cerraron 101 entidades.
Febrero 26, 2015 David	El Telégrafo
Se reglamenta la inversión privada en la obra pública
El sector empresarial califica de positiva la iniciativa. La próxima semana se reunirán con el presidente Correa.
Las empresas privadas podrán invertir en las áreas de sectores estratégicos, provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 582, firmado el 18 de febrero de este año por el presidente Rafael Correa.
La inyección de recursos la podrán realizar, tanto en nuevos proyectos como en aquellos existentes que estén en ejecución. El Reglamento del Régimen de Colaboración Pública-Privada aún no está publicado en el Registro Oficial.
La normativa se sustenta en el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, que determina una delegación excepcional para que los proponentes privados puedan financiar proyectos cuando el Estado o sus instituciones no tengan la capacidad técnica, económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por las empresas públicas o mixtas.
Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, la iniciativa del Ejecutivo es positiva, pero tiene la impresión de que hay muchas zonas grises en cuanto a la instrumentación e implementación, como por ejemplo la presentación y definición de proyectos de interés que puedan ser presentados por el sector privado, pero “al mismo tiempo el decreto determina que esto debería ir a un proceso de licitación, lo cual generaría dudas”.
“Tal como está el decreto, si bien la intención es saludable, loable, de pronto, desde el punto de vista de su implementación y ejecutividad genera dudas, razón por la cual debió ser discutido con el sector privado para asegurar que eso, más allá de la buena intención, no quede como letra muerta porque eso no está ni en el interés del Gobierno ni en del empresariado”, dijo Aspiazu.
El empresario informó que la próxima semana está previsto que los representantes del sector empresarial se reúnan con el presidente Rafael Correa, en donde se tratarán este y otros temas, como la situación macroeconómica del país y la forma como el sector puede de alguna manera contribuir para compensar la falta de capacidad de inversión y mantener el crecimiento de la economía.
Para el economista Jorge Rodríguez, la promulgación de esta iniciativa es una acción que todos los gobiernos deben tener. “Si el capital privado de riesgo quiere invertir en los sectores como electricidad, telecomunicaciones, vialidad, transporte, y si el sector público no tiene el dinero suficiente para hacerlo, es evidente que el sector privado puede participar bajo condiciones como establece el decreto”, subrayó.
Rodríguez descartó que con esto el Gobierno esté reconociendo que no tiene capacidad económica. “Hay proyectos nuevos que no se han considerado dentro de la planificación estatal, sobre los cuales los particulares pueden proponer al Estado participar para mejorar las condiciones del país. Si trabajan de manera conjunta, el sector público y el privado desarrollarán al país”.
El Decreto Ejecutivo 582 amplía la posibilidad para que el sector privado pueda financiar proyectos públicos, ya que anteriormente esta posibilidad solo se daba para el área de transporte.
El Ejecutivo argumenta que es necesario establecer las normas que prevean a la asociación entre la entidad pública y las empresas privadas como modalidad de delegación excepcional de cualquier proyecto en las diferentes áreas de electricidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias y ferroviarias.
El Jefe de Estado derogó el Decreto Ejecutivo 810 del 19 de julio de 2011, que establecía el Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios Públicos de Transporte.
Plan de inversiones para este año
El Programa Anual de Inversiones de 2015, que consta en el Presupuesto General del Estado (PGE), establece un monto de $ 8.116 millones, destinado a proyectos -sobre todo- rentables y sociales de los siguientes sectores: electricidad, $ 1.933.82 millones; transporte y obras públicas, $ 933.64 millones; salud pública, $ 870.43 millones; y educación, $ 780,06 millones.
El Ministerio de Finanzas procedió a recortar el PGE de este año en $ 1.420 millones, considerando la reducción del precio del crudo.
El reglamento contempla 18 requisitos que los proponentes privados deberán cumplir para participar en los proyectos del sector público, sean nuevos o ya en ejecución.
Una vez que la iniciativa privada sea considerada de interés público, las entidades gubernamentales o empresas públicas tienen un plazo de 180 días para realizar los estudios complementarios y las validaciones necesarias.
Las propuestas para ser consideradas de interés público deberán determinar el grado de contribución al cumplimiento de los instrumentos y planificación de la entidad pública; y el de participación y rol del Estado en la prestación del servicio.
El decreto deroga el Reglamento de Concesiones del Sector Vial, que estaba vigente desde el 2 de octubre de 2003.
Burócratas ‘jerárquicos’ dejarán de percibir hasta $ 600, según el grado
Entre $ 600 y $ 100 menos dejarán de percibir los funcionarios públicos que forman parte del denominado Nivel Jerárquico Superior (NJS) del Estado, desde este 1 de marzo.
La medida se implementará por mandato del Decreto 601, que el presidente Rafael Correa suscribió el pasado martes, para enfrentar la crisis económica que ha ocasionado la baja en los precios del petróleo. El documento cita que esto último genera una “disminución de los ingresos permanentes para atender los gastos corrientes”.
La disposición alcanzará solo a aquellos burócratas que ocupan grados entre el 10 y el 1 del NJS, para quienes se estableció una reducción de entre el 5 % y 10 % de sus remuneraciones.
En el grado 10 está el presidente, en el 9 el segundo mandatario y los titulares de las funciones Legislativa, Judicial, Electoral y de Control Social; en el 8 los ministros de Estado; en el 7 los viceministros; y en el 6 los secretarios de Estado.
En tanto, en el 5 están los subsecretarios regionales, en el 4 los asesores de nivel 3; en el 3 los de nivel 4, en el 2 los del 5, y en el 1, los directores técnicos.
Correa estimó que la reducción remunerativa ‘ahorrará’ al Estado unos $ 21 millones, e informó que ese monto servirá para contratar a 1.600 médicos para contrarrestar la mortalidad materna.
Aclaró que la medida no alcanzará a los sectores de salud, educación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jueces, fiscales y defensores públicos.
El ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, adelantó ayer que esta política se extendería a los titulares de los gobiernos locales. Dijo que esto ya fue conversado con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
Al respecto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, comunicó en un boletín que él percibe $ 5.049 desde el 2010, pese a que podría recibir $ 6.122.
El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, calculó que la decisión incidirá en 3.800 burócratas de un universo de 600.000. “Lo interesante sería que se elimine el artículo 124 de la Ley de Servicio Público, que creó el viático por gastos de residencia, porque reciben hasta $ 1.000”, opinó.
El titular de la Confederación de Servidores Públicos, Marcelo Solórzano, calificó de positiva a la medida, pues ayudará a la salud materna, pero recordó que aún hay servidores con sueldos “deficitarios”.
El SRI tiene 1,7 millones de contribuyentes
Ximena Amoroso, directora del Servicio de Rentas Internas, dijo que 9 de cada 10 personas que reportan ingresos cancelan puntualmente sus obligaciones. En 2014 se recaudaron $ 13.617 millones.
La directora general visitó las provincias de Pichincha, Azuay, Loja y Guayas para presidir el acto de rendición de cuentas. Foto: Cortesía
La directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ximena Amoroso Íñiguez, inició el proceso democrático de rendición de cuentas el 9 de febrero en la ciudad de Quito. A través de la visita a diferentes provincias, la titular del SRI presentó un resumen de su gestión en el período 2014, así como los logros que se propone cumplir la institución en 2015.
Entre los mayores logros de la institución en 2014 está la simplificación de trámites. Para este año se proyecta continuar facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias mediante servicios de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Adicionalmente a la gestión del SRI y los esfuerzos redoblados de cada funcionario para hacerle bien al país, los ecuatorianos han tomado conciencia de la importancia del cumplimiento voluntario y responsable de sus deberes tributarios. Prueba de ello es que entre 2007 y 2014 se duplicó el número de contribuyentes activos, pasando de 625.416 a 1’713.000 a nivel nacional.
A criterio del SRI, el trabajo institucional se ve reflejado en la recaudación de $13.617 millones alcanzada en 2014.
“Hoy 9 de cada 10 contribuyentes cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias”, afirmó Ximena Amoroso en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional, en Quito.
Durante el evento de rendición de cuentas en la capital, se informó también sobre los nuevos servicios en línea que ofrece la institución, como la actualización de RUC, la inscripción electrónica de sociedades, la aplicación para celulares inteligentes SRI Móvil, la facturación electrónica y los certificados emitidos por internet.
Amoroso presentó a la ciudadanía los logros alcanzados en 2014 y los desafíos para este año en materia tributaria. Después de Quito siguió su recorrido de rendición de cuentas por la ciudad de Cuenca, el 12 de febrero, y Guayaquil, el 18 del mismo mes.
En las diferentes provincias se han evidenciado las acciones de responsabilidad social e involucramiento con la ciudadanía que lleva a cabo el Servicio de Rentas Internas. En 2014, la Dirección Zonal 6 (Cuenca, Morona Santiago y Cañar) benefició a 13 fundaciones e instituciones de ayuda social, con más de $180 mil en bienes incautados entre víveres y vestimenta.
En reciprocidad con estas acciones, la Fundación ‘Días Mejores’ y la Orquesta de la Fundación ‘Mundo Sin Barreras’ se hicieron presentes durante el evento con un intermedio artístico y palabras de agradecimiento a las autoridades de la administración tributaria, que llenaron de emotividad al auditorio.
La directora general visitó ayer la provincia de Loja para presidir el acto de rendición de cuentas.
Una reunión habrá entre Municipio y Ministerio de Finanzas por el Metro
La próxima semana, funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Municipio se reunirán para hablar sobre el nuevo proceso de endeudamiento que es necesario para la construcción del Metro de Quito. La administradora general de la Municipalidad, Alexandra Pérez, afirmó que el proyecto del sistema de transporte no está en riesgo ni el plazo de las obras. Las declaraciones las dio luego de que el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, informó que los cupos asignados por los organismos multilaterales al Gobierno están llenos hasta el 2018. El Municipio requiere de un nuevo crédito para cubrir la brecha que existe entre el precio inicial del proyecto (USD 1500 millones) y el monto final que quede tras las negociaciones de la empresa oferente que planteó el precio más bajo para la obra. Para el precio inicial, ya se gestionaron créditos con entidades internacionales y hay préstamos comprometidos (Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de
Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial). Por otro lado, Pérez aseguró que el Municipio ha enviado solicitudes al Ministerio para mantener reuniones de trabajo y, de esta forma, coordinar las acciones y detalles necesarios para el nuevo proceso de endeudamiento. De acuerdo con el Decreto 750, el Metro es considerado un proyecto prioritario y estratégico para el Estado. La funcionaria también informó que han solicitado que el Ministerio certifique cuáles son los índices de endeudamiento del Municipio y no han recibido una respuesta. Del mismo modo, explicó que los organismos multilaterales asignan un cupo anual de endeudamiento por país y es el Gobierno es el que define los proyectos a financiar. De lo que conoce, no se han determinado todos los del 2016, 2017 y 2018. El ministra Herrera, por su parte, en su intervención del martes pasado, aseguró que las plazas asignadas por los organismos multilaterales al Gobierno están
llenos hasta el 2018. El plazo para la construcción del Metro es de 42 meses y la meta es que las obras de la segunda fase, que incluyen el túnel y las paradas, se empiecen este año.
Febrero 25, 2015 David	El Comercio
El presidente Correa firmó el decreto en el que se reducen los salarios a los servidores públicos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO Compartir valorar articulo Indignado 79 Triste 10 Indiferente 31 Sorprendido 22 Contento 329 Washington Paspuel 24 de febrero de 2015 19:15 El presidente Rafael Correa firmó la tarde de este martes, 24 de febrero del 2015, el Decreto 601, por el cual se procede a la reducción de los sueldos en los cargos jerárquicos de todas las entidades del Estado. Correa firmó el documento durante su visita a Guayaquil, donde entre otras actividades recorrió los trabajos de readecuación del Hospital del IESS Teodoro Maldonado. La reducción de sueldos es escalonada, y se exceptúan los salarios en los sectores de Educación, Salud –en la parte operativa-, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y de los jueces. Con la reducción el Gobierno prevé recaudar alrededor de USD 21 millones, que se destinarán al pago de sueldos de 1
100 profesionales de la salud, de un total de 2 187 que se contratarán para prevenir la mortalidad materno-infantil. Correa ya anunció en la última sabatina la posibilidad de reducir los sueldos, como una medida para financiar la contratación de profesionales de la salud. Según el decreto presidencial, la reducción será del 10% para el presidente y 9% para vicepresidente. Mientras que el salario de los ministros se reducirá en 8%, 7% para viceministros, 6% para subsecretarios y 5% para los coordinadores del despacho. El Presidente también anunció que se prepara una regulación de los salarios para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). “Estamos planificando tres niveles: municipios grandes, medianos y pequeños. El Ministerio de Trabajo puede poner los techos para cada nivel de GAD. Según el Mandatario, han existido abusos en los GAD en relación a la fijación de los sueldos, al existir Alcaldes que ganan más que el Presidente.
“Hay incentivos perversos, (que) tal vez fue una falla en la Ley, tal vez se me pasó a mí: los concejales ganan en proporción al alcalde, así que el alcalde siempre va a tener el apoyo para aumentarse el sueldo, y se están aumentando el sueldo todos”.
Ecuador pide a OPEP ‘regular’ producción ante precios ‘innecesariamente bajos’
Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, pretende que esa organización “regule su producción” y presione así un alza de los precios del petróleo, que “están innecesariamente bajos”, dijo el presidente Rafael Correa este martes. El mandatario izquierdista agregó que su país y otros socios del cartel como Nigeria están buscando una “reunión extraordinaria” de la OPEP para que analice esa propuesta. “Los precios están innecesariamente bajos, y la OPEP tiene capacidad (para presionar), regulando su producción junto con Rusia – que no es parte de la OPEP – para subir los precios”, sostuvo Correa a la prensa. Fuertemente golpeado por la brusca caída de la cotización internacional del crudo, Ecuador debió recortar su presupuesto estatal en 3,91% a comienzos de año. Desde junio los precios del petróleo pasaron de más de 100 dólares por barril a cerca de los 50 dólares actuales. Pese a ello, la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) decidió en su reunión de noviembre mantener sin cambios su techo de producción de 30 millones de barriles por día. El bloque de 12 países es responsable de un tercio de la producción mundial de oro negro. Correa insistió en que un alza “razonable” de los precios, mediante un recorte de la producción, puede también ser aceptada por los países consumidores. “Esa es la propuesta que se quiere llevar a la OPEP y enhorabuena que Nigeria haya pedido esa reunión, coincidiendo con lo que ha hecho Ecuador y Venezuela. Ojalá se realice”, afirmó el presidente. Ecuador produce unos 556 000 barriles diarios de crudo, su principal producto de exportación.
El Estado dice sí a la inversión privada
Un decreto permite también las “alianzas” estratégicas Se pueden presentar iniciativas para todos los sectores públicos
Las iniciativas privadas tienen una vía expedita para financiar proyectos del sector público, estratégicos o no. El decreto 582, firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, se lo permite.
El documento, al que tuvo acceso EXPRESO, deroga el reglamento para las concesiones viales (de 2003), porque extiende la cobertura que pueden tener otros proyectos en momentos en que el régimen necesita inversiones para mantener el crecimiento de la economía.
Tras la baja del precio del petróleo el régimen redujo las inversiones y el gasto, que tienen una incidencia inmediata en la economía del Ecuador.
De ahora en adelante cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica, o cuando la demanda de servicios no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas podrá delegarlos a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria. El decreto hace referencia a la Constitución y al Código Orgánico de la Producción e Inversiones que permite delegar al sector privado la gestión de sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos o cualquier otro de interés general, tanto los nuevos como los existentes.
Eso implica que, por ejemplo, los proponentes privados podrían invertir y operar tales servicios, pero con las condiciones previstas en el decreto.
Antes de la vigencia de este decreto, firmado el 18 de febrero de este año, según conoció Diario EXPRESO, una empresa privada había propuesto, por ejemplo, dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil a 11 metros en marea baja, lo que ahora podría ser analizado por el Estado. Esto implicaría el cobro de una tasa por un tiempo determinado hasta que el operador recupere la inversión.
Lo mismo podría darse, previo el análisis de las entidades estatales de cada área, para la construcción de carreteras, hospitales, centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles.
En las especificaciones financieras de los proyectos propuestos deberán incluir la retribución del colaborador privado, fuentes de ingreso, niveles tarifarios, plazos y, de ser el caso, los aportes públicos requeridos. Son 18 los requisitos que se deben cumplir.
En caso de que los proyectos sean viables, las entidades gubernamentales o promotores públicos tienen un plazo de seis meses para realizar los estudios complementarios y las validaciones necesarias.
La aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos no afectará el proceso de firma y aprobación del acuerdo comercial de Ecuador con la Unión Europea (UE). Así lo aseguró el ministro de Industrias, Ramiro González. El Presidente de la República anunció hace un mes que aplicará, a fines de febrero, una medida general para enfrentar el impacto en la economía por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. La medida, dijo González, es de carácter general y no tiene excepciones. Por lo tanto, la tarifa adicional aplicará para todos los países, incluida la Unión Europea, con la cual Ecuador cerró la negociación de un tratado comercial en julio pasado. Genaro Baldeón, viceministro de Comercio Exterior, señaló hace dos semanas, en un evento en Ambato, que “el propio acuerdo comercial prevé expresamente que los países se reservan el derecho de aplicar las normas multilaterales de comercio”. La nueva medida,
además, no se contrapone con la Resolución 42 del Comité de Comercio Exterior (Comex), vigente desde el 29 de diciembre del 2014. En ella se estableció que desde esa fecha en adelante no se introducirán nuevos derechos arancelarios, restricciones cuantitativas o regulaciones que afecten a las importaciones de la UE. El artículo 1 de la Resolución excluye de esta flexibilización a cualquier medida adoptada en el marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio. La salvaguardia por balanza de pagos es un mecanismo sustentado en esas regulaciones, por lo que pudiera aplicarse en el caso actual. Este instrumento implica una tarifa adicional a los aranceles ya vigentes, como ya sucedió en el 2009, cuando se puso en marcha una medida similar. Producto de aquello, por ejemplo, los confites, que un año antes pagaban el 20% de aranceles, pasaron a cancelar el 50% . Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores
(Fedexpor), indicó que en el caso de los productos de la UE se cobrará una tarifa extra, como al resto de países. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la resolución 42. Las modificaciones arancelarias, fijación de cupos, entre otras medidas similares que se establezcan posterior a la emisión de la Resolución 42 del Comex, dijo Legarda, no aplican para las compras a la UE. Desde Alemania, por ejemplo, se importan máquinas contadoras de dinero que, hasta el año pasado, no pagaban arancel. A partir del pasado 12 de enero se estableció un arancel general del 5%, que no se aplica, según el directivo, a los miembros de la UE. Todos los países, excepto los de Europa, pagarán el arancel más la salvaguardia. Cuando los aranceles de ciertos productos hayan sido modificados, posterior al 29 de diciembre, se cancelará la tarifa adicional más este nuevo valor. Sin embargo, los productos de los países de la UE no serán impactados por la
modificación y al aplicarse la medida general se pagará el porcentaje de la salvaguardia más el arancel vigente hasta el 2014. Es así que en el ejemplo citado, las máquinas de contar dinero, si la salvaguardia se fijará en 10%, tendrían que pagar 15% de aranceles, mientras que las naciones de la UE pagarán solo 10% porque se cancela la tarifa extra más el arancel del año pasado, que en este caso era cero. En otro caso, digamos que un producto tenía hasta el año pasado un arancel del 5% y con la reforma pasó a tener 10%. Cuando se aplique la salvaguardia todos los países pagarán ese último valor más la tarifa extra que, por ejemplo, podría fijarse en 10%. En ese caso el valor a pagar para la importación será de 20%. Sin embargo, los países de la UE pagarían solo el 15%, ya que no aplicaría la modificación arancelaria hecha este año, sino que regirían los valores del 2014. Comercio Unión EuropeaAmpliar Europa, dijo Legarda,
pidió que no se aumenten los aranceles regulares y que se queden en un solo nivel. “Sí se ha cumplido porque ahora, incluso, hay un certificado de origen que se pide a los bienes europeos con el fin que no se apliquen las reformas”. El Comex publicó ayer en su página web una Resolución adoptada el pasado 3 de febrero. Ahí se establece que para determinar que los productos vienen de ese bloque los importadores deberán presentar dicho certificado. Esto se aplicará hasta que termine la vigencia de la Resolución 42, es decir, hasta que rija el protocolo de adhesión al acuerdo con la UE o hasta el 31 de diciembre del 2016, lo que ocurra primero. El proceso de legalización del acuerdo sigue su curso. Actualmente, el documento se está traduciendo a los idiomas de la UE y para mediados de año se espera que se dé la rúbrica. Tras ese paso el texto deberá ser ratificado en los legislativos del país y del bloque regional. Este Diario intentó
ayer comunicarse por teléfono con el delegado de la UE en Ecuador, Peter Schwaiger, para conocer su posición con relación al proceso y la aplicación de la salvaguardia, pero no obtuvo un respuesta. Durante la aplicación de otras medidas de control de importación sí se han presentado quejas desde la UE. Mientras, los empresarios del país comprenden que puede haber observaciones, pero que en materia legal la medida no afecta al acuerdo.
Las medidas comerciales moverán los estimados de recaudación
Las restricciones y estímulos que ofrece el Gobierno para el comercio exterior provocan cálculos y recálculos en el Servicio de Rentas Internas. La entidad realiza ajustes para no variar sus metas de recaudación para este año.
En diciembre del 2014, Rentas elevó a 15.300 millones de dólares su aspiración de 2015. Es decir, 300 millones más de lo previsto en noviembre del mismo año. Esa cifra, según la directora de la entidad, Ximena Amoroso, volvió a cambiar.
Durante su rendición de cuentas en Quito, Amoroso dijo a EXPRESO que los 300 millones no entrarán a las arcas fiscales. Los incentivos que el presidente Rafael Correa ofreció a los exportadores (exoneración del anticipo del Impuesto a la Renta y devolución automática de tributos) costarán cerca de $ 280 millones.
El cálculo de la funcionaria no toma en cuenta la disminución de ingresos fiscales que traerá la aplicación de aranceles para las importaciones. El ministro de Industrias, Ramiro González, ratificó que en los próximos días se conocerán las medidas restrictivas que buscan reducir las compras, principalmente, de bienes de consumo. Si se importa menos, entrarán menos recursos por impuestos a esos artículos.
En 2014, el país recaudó 2.035 millones de dólares por IVA a las importaciones.
El Impuesto a los Consumos Especiales para las importaciones (ICE) también sufrirá modificaciones que todavía no son cuantificadas. El año pasado se obtuvieron 187,8 millones de dólares, 7 % más que lo pagado en 2013. Entre operaciones internas y externas, el ICE generó $ 803,1 millones.
Los tributos de Rentas Internas no son los únicos que tendrán variaciones. En el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) también hay recaudaciones que disminuyen si las importaciones caen. En Aduana se cancelan los Derechos Arancelarios Ad-Valorem, Derechos específicos y el fondo para la niñez (Fodinfa).
Según la entidad, estas cargas, más los impuestos mencionados, generaron ingresos por cerca de $ 3.661 millones en 2014 (ver cuadro)
Ajuste en el pago del impuesto por contaminación vehicular
El Impuesto Ambiental por Contaminación Vehicular, que entró en vigencia en el 2012, tiene su primer ajuste. Los propietarios de vehículos con más de cinco años de antigüedad y una cilindrada superior a los 2 500 centímetros cúbicos (cm3) empezaron a cancelar un monto mayor con el pago de la matrícula. Washington Loor tiene un vehículo Toyota Fortuner del 2008 con una cilindrada de 4 000 cm3. Al pagar su matrícula para este año se percató del incremento en el Impuesto Ambiental por Contaminación Vehicular (IACV). Loor canceló USD 183 el año pasado y ayer pagó 243. Este aumento del 33% le pareció excesivo, pero es producto de las reglas que ya se fijaron cuando se aprobó la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado, la cual se publicó en noviembre del 2011 y empezó a aplicarse desde enero del 2012. La ley abrió un período de transición para que los vehículos de mayor cilindrada tengan un descuento y no
paguen el valor real del impuesto, lo cual resultaba oneroso. La segunda transitoria de la ley otorgó un descuento del 80% en el pago del impuesto, pero ese beneficio terminó el año pasado. Desde este año se redujo al 50%, y se mantendrá así hasta el próximo año. Es decir, durante los años 2015 y 2016 los vehículos motorizados cuya cilindrada sea mayor a 2 500 cm3 y tengan más de cinco años de antigüedad, contados desde el año de fabricación, tendrán una rebaja del 50% del valor del IACV. Hasta el año pasado ese descuento era del 80%. El cálculo del impuesto se realiza tomando en consideración dos tablas: una de tarifa por cilindraje y otra por número de años. Tomando en consideración los valores de esos cuadros, un vehículo con cilindrada de 4 000 cm3 y modelo 2003 deberá cancelar USD 630 al año. Sobre este monto se aplica el descuento del 50% por la disposición transitoria, por lo que cancelará USD 315 este año. En el 2014
este mismo automóvil cancelaba solo USD 126. Del otro lado, la ley establece incentivos para el uso de vehículos híbridos, los cuales tienen un descuento del 20% en el pago del impuesto. Por ejemplo, un vehículo híbrido de 4 000 cm3, modelo 2003, debiera pagar USD 480. Con el descuento del 50% cancelará USD 240 este año, mientras el año pasado pagaba 96. Loor considera que a pesar de que cuenta con recursos para pagar este impuesto, otros contribuyentes no podrán cubrir este gasto adicional. “El salario básico no alcanzaría para pagar este impuesto y las personas que tienen vehículos viejos son aquellos de escasos recursos”, indica. La mañana de ayer, en el centro de revisión vehicular de la autopista al valle de Los Chillos, en Quito, los contribuyentes se mostraron sorprendidos al observar el aumento en el pago del ‘Impuesto Verde’, mientras otros lo desconocían. Mauro Herrera es propietario de una camioneta Chevrolet Dimax del
2003 con 3 400 cm3 y le resultó nuevo el ‘Impuesto Verde’. “No sé si este es el primer año que me toca cancelar este impuesto, aunque creo que me lo cobraron el año pasado porque no tuve problemas con mi matrícula del 2014”. Carlos Latorre, quien tiene una Ford F150 del 2008 con una cilindrada de 4 500 cm3, comentó que ante el incremento del Impuesto Ambiental por Contaminación Vehicular considerará cambiar su modelo de vehículo para así reducir sus gastos mensuales. “Pago cerca de USD 40 por llenar el tanque de gasolina. A eso hay que añadir los gastos por la compra de llantas, repuestos, parqueaderos, etc. Con este impuesto será poco viable tener este auto, aunque lo haya comprado con mucho esfuerzo”. Los contribuyentes como Latorre deben tener en cuenta que a partir del 2017 ya no existirá ningún descuento y el pago del impuesto aumentará. Este impuesto generó USD 115 millones el 2014, un millón más que en el año
previo, y ha presentado un crecimiento del 18% desde que empezó a cobrarse en el 2012. Un auto híbrido que llegará al país no pagará 3 impuestos Motos de hasta 1 500 cm3, exentas Planes ambientales han crecido La inversión en proyectos medioambientales en el país ha tenido altos y bajos en los últimos siete años. Los montos han variado en función de la asignación del presupuesto del Estado para la Cartera de Ambiente, el ingreso por apoyo internacional y el dinero que se obtiene de multas y licencias ambientales. El 2012 fue el año que más se invirtió, cuando se alcanzaron los USD 145 millones. Los recursos han servido para impulsar proyectos como Socio Bosque que busca frenar la deforestación en el país. A las comunidades que se comprometen a cuidar los árboles se les ofrece un incentivo económico. Hasta ahora, 171 560 personas han recibido dinero para proteger 1 434 061,95 hectáreas de bosque nativo. Según la ministra del Ambiente,
Lorena Tapia, más del 40% de ese aporte es reinvertido por las comunidades indígenas en iniciativas productivas. La idea fue ampliada también para la conservación del ecosistema manglar. Desde el año pasado opera Socio Manglar, que busca que se garantice la protección hasta el 2017 de al menos 100 000 de las 160 000 hectáreas de mangle que existen en el país. A estos se suman proyectos de protección de fauna, cuyo presupuesto es millonario. La inversión fue de USD 2 millones hasta el 2006. Ahora se destina USD 20 millones más.
Las empresas nacionales fabricaron 83.000 cocinas de inducción
De acuerdo a ciudadanos consultados hay demora en la instalación de medidores, además de que los técnicos de las empresas eléctricas tardan en visitarlos para constatar que usan los artefactos.
El cambio de cocinas de gas de uso doméstico por las de inducción creció en el primer mes del año, llegando a comercializarse 25.000 a nivel nacional, informó el ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González.
Desde la aplicación del programa de eficiencia energética en agosto del año anterior, en el mercado nacional hay más de 100.000 artefactos. “En el país, según el último reporte, hemos producido 83.000 cocinas y se han importado 21.000, es decir, en el mercado ya están más de 100.000 cocinas en los hogares o almacenes distribuidores”, afirmó el funcionario.
La aplicación del programa tiene algunos inconvenientes, según ciudadanos consultados por este diario. Uno de los problemas es la instalación de las nuevas redes de 220 voltios.
Es el caso de Zoila C., quien dijo que se acercó hasta la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para reclamar que se hiciera una inspección a las instalaciones eléctricas de su hogar, porque a decir de la ciudadana su refrigerador se quemó por la sobrecarga recibida.
Para el ingeniero eléctrico Marco Subía las fallas se pueden dar porque hay gente que ‘por ahorrarse dinero’ instala las conexiones sin ayuda profesional, luego de que la empresa eléctrica les pone el medidor. “Tengo la certeza de que las instalaciones que hacen los trabajadores de las empresas eléctricas son técnicas, no es gente improvisada, y creo que lo que está sucediendo en ciertos hogares es que la gente hace las conexiones y si no lo sabe hacer es posible que dañe los otros artefactos, que son para 110V”, explicó.
En tanto que Betty Rivera, quien se acercó a preguntar por una cocina de inducción en un almacén de Quito, indicó que demoró unos 10 días desde que se inscribió en el programa en el cambio de medidor y la instalación eléctrica. La ciudadana no adquirió la estufa, ya que no había muchos modelos y esperará hasta el próximo mes.
Mientras que para el matrimonio Arguello-Peña, lo que sería un trámite de una semana se ha convertido en una espera de 2 meses.
Los esposos Luis y Andrea compraron su cocina de inducción días antes de casarse en noviembre de 2014 y de inmediato inscribieron el equipo en la página web Ecuador Cambia para participar del programa de descuento de kilovatios en la factura de electricidad.
Tras 2 intentos fallidos de inscripción en el programa, una solicitud pendiente en la Empresa Eléctrica y varias llamadas telefónicas, la pareja aún no está inscrita en el proyecto que favorece con 80 kWh gratuitos a quienes compren una cocina de inducción. “La última vez llamó mi tía y le dijeron que se inscribiera en la página del Ministerio, lo cual ya hemos hecho en 2 ocasiones”, dice Andrea.
El mes pasado, la factura de electricidad ascendió a $ 70 y en el documento se registra cómo el consumo se disparó luego de usar la cocina nueva. Luego de la factura, Luis llamó a la Empresa Eléctrica y le comunicaron desde el servicio al cliente que deberían visitar el hogar para cerciorarse de que tenían el equipo de inducción, lo cual hasta ahora no ha pasado. La última opción, según comentaron los esposos, será acudir personalmente a la Empresa Eléctrica en Guayaquil para insistir en que los técnicos de la institución visiten la vivienda y así acceder al descuento anunciado.
Requisitos para la cocina: En un recorrido realizado por este diario por locales comerciales se constató que los dependientes ayudan a los compradores con la información respecto a cuáles son los requisitos que se necesitan para adquirir las estufas de inducción.
El dependiente de Orve Hogar, local ubicado en el Centro Comercial Iñaquito (CCI), al norte de Quito, explicó que para adquirir el electrodoméstico solo se necesita del recibo de luz cancelado y la copia de la cédula, si es el dueño de la casa. Si es inquilino requiere de la carta de la luz cancelada, la copia de la cédula a color y una autorización del dueño del inmueble.
Si el cliente requiere la instalación para la estufa, el almacén notificará a la empresa eléctrica para que proceda al cambio de medidor, y una vez que lo tenga procede a entregar el artefacto. Mientras que si ya tiene la instalación ellos notifican a la empresa eléctrica para que otorguen el subsidio del Gobierno.
Enrique Arosemena, gerente del proyecto de cocinas de inducción, ratificó que los ciudadanos están en la posibilidad de entregar el artefacto viejo a gas. El Gobierno implementó el programa de chatarrización, de modo que pagará $ 50 por cada artefacto.
El consumo de 100 kilovatios (kW) (80 para cocción y 20 para calentamiento de agua) será gratis hasta 2018, año a partir del cual serán cobrados los 100 kW, pero solo a $ 0,4 el kilovatio/hora (kW/h), con lo cual los 100 kilovatios costarán $ 4.
Febrero 24, 2015 David	El Expreso
Apoyo a recorte de sueldos
La disminución de los salarios de los altos directivos del sector público tiene consenso Esta medida no afectará a los demás funcionarios estatales
Financiar un programa social del Gobierno con la reducción del salario de sus principales cuadros es una idea que tiene consenso, dijeron los funcionarios y expertos consultados por EXPRESO.
El primer mandatario señaló en un tuit que se requieren 21 millones de dólares para contratar a 1.100 profesionales de la salud. Así, se afrontará el problema de la mortalidad materna en Ecuador, un objetivo del Milenio de la ONU que el país debe cumplir.
Según el Ministerio de Finanzas, hay 580.000 funcionarios en el sector público. La Federación de Servidores Públicos de Ecuador asegura que de estos el 30 % conformaría el nivel jerárquico superior: desde asesores, gerentes, ministros, hasta el jefe de Estado. Sus salarios van entre los 2.226 hasta los 6.957 dólares al mes. Eso se estableció en 2012.
Aunque los funcionarios gubernamentales apoyan esta medida, se quejan de que la ‘masa’ no ha recibido un aumento salarial hace ocho años. “Estamos con el presidente en esto. El nivel jerárquico tiene sueldos altos, mientras los trabajadores ganamos 354 dólares. Hay una diferencia de 150 %”, se lamentó el presidente de la Federación de Servidores Públicos, Wilson Álvarez.
El docente de la Universidad Central y experto en Código Laboral, Hernán Rivadeneira, comparte esa opinión. “Los trabajadores tienen derecho a mejores sueldos y deberían ser compensados, según el índice inflacionario”, subrayó.
Del lado del nivel jerárquico está el director ejecutivo del Instituto Nacional de la Meritocracia, Boris Valencia. Él dijo a EXPRESO que los funcionarios respaldan la idea. “Si hay reducción habrá alguna afectación, pero no inconvenientes. Estamos para servir a los ecuatorianos”, comentó.
En la Asamblea Nacional, donde existen alrededor de 298 asesores, el oficialismo analiza una propuesta similar hace un mes. “La medida será para legisladores, asesores, prosecretarios y secretarios”, explicó la legisladora de Alianza PAIS, Blanca Argüello.
La deuda interna subió $ 2.631 millones en un año
La venta de bonos en el país creció en el último mes de 2014
La necesidad de recursos que tiene el Estado no se manifiesta solo en la búsqueda en el exterior. Desde 2007, la deuda interna pasó de 3.239 millones de dólares a $ 12.558,3 millones, en 2014. Es decir, $ 9.319 millones más.
Solo en el último año, los compromisos dentro del país crecieron en 2.631 millones de dólares. La mayoría de los fondos surgieron de la venta de bonos del Estado.
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) es, históricamente, el principal comprador. Sus autoridades encuentran rentables los papeles que emite el Estado.
En 2014, la emisión llegó a los $ 11.778 millones. En 2006 (antes del Gobierno de Rafael Correa) el rubro era de $ 3.173 millones.
¿Cuánto cuesta pagar esa cantidad de bonos? Según el Observatorio de Política Fiscal, el pago de intereses y amortizaciones de la deuda generada llegó a 2.676 millones de dólares en 2014, 1.100 millones más que lo gastado por compromisos del 2013.
La creciente entrega de papeles no es vista como un buen negocio para el sector privado. La banca, por ejemplo, ha rechazado el uso de esos títulos.
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, considera que los bonos ecuatorianos no son beneficiosos para las instituciones financieras porque no se pueden hacer efectivos de forma inmediata. En el extranjero, explica, el procedimiento es casi instantáneo.
Ecuador emite, además, otra clase de bonos. Desde junio, 2.000 millones de dólares en papeles denominados ‘Soberanos’ fueron negociados en el extranjero. Hasta diciembre, el pago a los propietarios llegó a 79,5 millones de dólares.
Se pone “cuidado” en salvaguardias
El nombramiento de Diego Aulestia como nuevo ministro de Comercio podría retrasar el anuncio de los aranceles globales que reemplazaría a los aplicados, desde enero pasado, a Colombia y Perú.
Ramiro González, ministro de Industrias, dijo ayer: “Ojalá sea en esta semana mismo (…), hay que esperar que él se entere y se incorpore plenamente…”.
Hace 10 días, Richard Espinosa, titular de la Producción, dijo que se va a pasar de medidas bilaterales a multilaterales y que serán tomadas a fin de este mes, aunque no descartó que pudiera ser antes.
González agregó ayer que están analizando partida por partida, para no tener que volver a hacer reformas en el futuro. “Ese es un trabajo muy delicado”, dijo, tras recibir el Certificado de Calidad ISO 9001 de la Agencia Española de Normalización (Adenor), por mejora en atención ciudadana.
Según González, se está poniendo “mucho cuidado” en materias primas, bienes de capital, combustibles, que son los principales rubros de importación, pues no se quiere que el sector productivo se paralice, sino que se dinamice.
Ensambladores de motos suben el componente nacional
Desde el año pasado, las empresas ensambladoras de motocicletas iniciaron una carrera dentro de la incorporación de componente nacional en estos vehículos. Hasta finales de 2014 llegaron a la primera meta del 10% y se preparan para alcanzar el 15% hasta marzo de 2015.
Actualmente, algunos de los componentes nacionales en las motos son basculantes, parrillas, patas de apoyo, asientos, sistemas eléctricos, alarmas, baterías, sistemas de escape y sobre todo el diseño, que se vuelve primordial por su adaptabilidad a la topografía nacional y a los gustos del usuario.
El 18 de julio de 2014, las autoridades del Ministerio de Industrias y los representantes de 22 empresas ensambladoras de motos se reunieron para definir el porcentaje de componente local en la producción de motos y se puso como meta de 2015 llegar al 20% en junio.
Mantener las reglas: Oswaldo Landázuri, presidente de la Asociación de Empresas Ensambladoras de Motocicletas y Afines del Ecuador (Aeemae), aseguró que aunque la meta es “agresiva y complicada”, también le “traza un camino al sector”, recordando que otros países con mayor desarrollo industrial tienen porcentajes menores a los planteados en Ecuador.
En este sentido, las ensambladoras tienen la intención de cumplir con la meta propuesta, pero esperan que las reglas del juego se mantengan. “La peor norma para un empresario en cualquier país es aquella que cambia”, aseguró Landázuri, insistiendo en que lo importante es mantener el esquema arancelario actual.
Dinamismo del negocio: Este incremento gradual significó que otros sectores incursionen en la fabricación de piezas y partes para motocicletas, un área que antes carecía de una mayor oferta.
Landázuri comentó que se desarrolló un grupo de proveedores que deben enfrentarse a las particularidades de un nuevo negocio, por ejemplo, al tratar de cumplir con el volumen que se requiere. “Hay que entender que los proveedores que tienen potencial”, dijo al asegurar que esto determinará quienes se mantengan en el mercado.
Pese a la aparición de nuevos actores, Landázuri señaló que la industria automotriz se convirtió en un gran soporte para la de motocicletas, ya que por su naturaleza no atravesó por una conversión muy complicada. (ABT)
El dato:Thunder Motos es la primera empresa del sector en llegar al 12% en la inclusión de partes completamente ecuatorianas.
70% de las motos que hay en el mercado nacional son ensambladas localmente con componente nacional.
Febrero 23, 2015 David	El Comercio
Con la creación del Ministerio de Minería en las últimas semanas, el Régimen espera dar un definitivo impulso a los proyectos mineros de mediana y gran escala, considerados como estratégicos para el país. Los cinco principales están en carpeta desde el 2010, pero ninguno ha entrado aún en fase de producción. Para este año se espera una inversión de al menos USD 400 millones en cuatro de estas áreas que están a cargo de Ecuacorriente y Junefield de China y Lundin e INV Metals de Suecia y Canadá. El flamante ministro de Minería, Javier Córdova, indicó que el 2015 será un año de quiebre para la industria. Un hito será el arranque de la construcción de la mina a cielo abierto del proyecto de cobre Mirador. Para ello Ecuacorriente deberá invertir este año USD 300 millones, que conllevará a una importante contratación de mano de obra. La construcción de esta mina a cielo abierto demorará alrededor de dos años, indicó Córdova. El contrato para la explotación del área se firmó en marzo del 2012. Un segundo proyecto de alta importancia es Fruta del Norte por ser un yacimiento de oro de clase mundial. En el área, la empresa canadiense Kinross llegó a la etapa de exploración avanzada pero no pudo concretar un acuerdo con el Estado para hacerla producir. Por ello, en diciembre pasado, el proyecto pasó a manos de la sueco-canadiense Lundin Gold. En su página web, esta compañía hace una fuerte promoción de Fruta del Norte con coloridas fotos panorámicas, mapas y datos del proyecto compuesto por 32 concesiones mineras en 86 000 hectáreas. Por los derechos del área, Lundin pagó un total de USD 240 millones. En su web, la empresa indica que tiene un plazo de 18 meses para actualizar el estudio de factibilidad del proyecto. Pero durante este período, además, buscará “negociar el contrato de explotación y el acuerdo de protección de inversiones (con el Gobierno ecuatoriano, NDLR) a fin de obtener el permiso de explotación”. Según Córdova, Lundin invertirá este año USD 40 millones en sus actividades. Un tercer proyecto estratégico es Río Blanco a cargo de la minera china Junefield. La firma recibió este mes del Gobierno una extensión de seis meses de plazo para actualizar el estudio de factibilidad y evaluación económica del área ubicada en la parroquia Molleturo, en Azuay. En este se determinará si el proyecto es considerado de mediana o de gran minería. Se considera gran minería cuando el volumen de roca al día procesada supera las 1 000 toneladas. De ser menor, se determina como mediana minería y en este caso la empresa no tiene que firmar un contrato con el Estado, además de quedar exenta del Impuesto a las Ganancias Extraordinarias. Para avanzar en Río Blanco, Junefield prevé invertir al menos USD 60 millones en este año, indicó Córdova. Pero fuentes cercanas a la empresa china señalaron a este Diario que en este 2015 también se prepara el Estudio de Impacto Ambiental para la obtención de la licencia ambiental de la etapa de explotación. Se prevé que una vez entregada la factibilidad, comience este año la construcción de la mina subterránea que tiene reservas de oro y plata. Esta infraestructura demandará entre 300 y 400 trabajadores con una inversión que podría llegar a USD 108 millones en el periodo de construcción de la mina, según las fuentes . El proyecto comenzaría a producir en el 2017. Un cuarto proyecto que también prevé avanzar este año es Loma Larga en Azuay (antes conocido como Quimsacocha), a cargo de la firma INV Metals. Esta compañía presentó el 4 de febrero pasado un amplio comunicado de prensa en su página web sobre los resultados positivos obtenidos en el estudio de prefactibilidad del proyecto. El estudio determinó reservas probables por 1,1 millones de onzas de oro, 5,7 millones de onzas de plata y 46,4 millones de libras de cobre. Según el reporte, se procesarán 948 toneladas por día de roca y se obtendrán unas 80 000 onzas anuales de oro durante 13 años de vida de la mina subterránea. Córdova no detalló cual será la inversión para este año, pero explicó que la firma tiene 18 meses más para avanzar hacia un estudio de factibilidad. Luego se podrá construir la mina. Fuentes cercanas a INV Metals indicaron que el proyecto podría producir en tres años. Finalmente, Córdova señaló que el proyecto Panantza-San Carlos fue invadido por moradores de la zona y se trabajará en resolver este problema.
Febrero 23, 215
¿Cuál es su experiencia en el sector minero? Entre agosto del 2007 y agosto del 2009 me desempeñé como asesor del entonces subsecretario de Minería, José Serrano. En ese período se aprobó el mandato minero y se generó la nueva Ley de Minería. Pero hacia finales del mismo 2007, le propusimos al presidente (Rafael) Correa la creación de un Ministerio de Minería, porque veíamos que el tema petrolero se llevaba gran parte de la agenda de los ministros de Energía y luego de Petróleos. El Presidente dispuso que se fortaleciera la Subsecretaría y se creara el Viceministerio de Minería. ¿Por qué ahora sí es importante la creación de un Ministerio de Minería? ​ Esta decisión permite separar el sector del área petrolera, porque son industrias muy distintas en cuanto a la forma de operar y los requerimientos de inversión. Por ello, valía la pena que tenga una autoridad propia. Y sin el fantasma de crear más instituciones y burocracia. Recordemos que el Ministerio de Minería nace con una estructura existente. El anterior Ministerio de Recursos No Renovables (hoy Ministerio de Hidrocarburos), ya tenía el Viceministerio de Minería. ¿Qué parte de esa estructura pasa al nuevo Ministerio? ​ Actualmente tenemos dos subsecretarías nacionales, cinco subsecretarías regionales; además, de las instituciones adscritas: la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico (Inigemm) y la Empresa Nacional Minera (Enami). ¿Con cuántas personas arranca el nuevo Ministerio? ​ Tenemos alrededor de 120 personas a escala nacional. La gran mayoría, cerca de 100 personas, está en territorio, en las subsecretarías regionales que están en Zamora, Azuay, El Oro, Chimborazo y Esmeraldas. Aquí en Quito estamos buscando un espacio propio. Un punto de quiebre en el sector fue la expedición del Mandato Minero en el 2008 porque detuvo la actividad. Usted participó en su elaboración y en la nueva Ley, ¿cómo evalúa este tema ahora? ​ En ese momento había que generar un cambio en torno a cómo se desarrolló la actividad minera. Antes del Mandato había una Ley demasiado abierta. Las concesiones se daban a cualquier persona jurídica o natural que pudiera pagar anualmente la patente de conservación. No se tenía una Ley que exigiera cumplir con planes de inversión o estudios de impacto ambiental. El Mandato minero paralizó la actividad hasta tener un marco normativo que permitiera avanzar, que se consiguió cuando se promulgó la nueva Ley. Pero demoró más de un año la expedición del Reglamento y el reinicio de la actividad… ​ Sí. Como Gobierno no tuvimos la capacidad en su momento de lograr que la industria y los proyectos avanzaran. Por ejemplo, el catastro minero está cerrado hasta hoy. Es decir, las nuevas concesiones mineras para exploración. Ese es un factor por el que la industria no logra avanzar. Lo estamos por reabrir en las próximas semanas. Cuando abramos el catastro minero en el marco de la nueva Ley de Minería, que necesita reformas, vamos a otorgar concesiones a empresas que tengan un plan de trabajo y de inversión. ¿Qué otras reformas se harán a la Ley de Minería? Recuerde que ya hubo una reforma en el 2013 ​ La Ley de Minería establece muchas causales de caducidad de la concesión como mal uso del agua, o temas ambientales. Pero ahora cada uno de estos aspectos ya están regulados por su propia Ley. Como autoridad minera tenemos la responsabilidad administrativa de archivar una concesión si la autoridad ambiental o del agua lo pide. Hay que simplificar las cosas. ¿Qué otros cambios caben? ​ Quizás existe mucha rigidez en las fases de la actividad minera. La Ley actual de Minería da cuatro años para la exploración inicial, cuatro más para exploración avanzada, otros dos años de evaluación económica y, después, la explotación. Hay que simplificar. Funcionaría mejor el disponer de una etapa de exploración y otra de explotación con evaluación económica. La tramitología hacía que los procesos se volvieran largos y entorpecieran la actividad. ¿Cuándo se van a plantear estas reformas? ​ Espero que en los próximos 60 días podamos tener un proyecto de reforma que se pueda discutir con las diferentes entidades y presentarlo al Presidente. Esta será una reforma definitiva. Ecuador será auspiciante de la feria mundial de minería PDAC en Canadá. ¿Por qué ? ​ El evento será del 1 al 4 de marzo. Es la feria minera más grande del mundo que reúne a 30 000 personas en Toronto, Canadá, donde está la principal bolsa de valores que financia a las empresas júnior. La participación del Ecuador en la PDAC ha sido discreta en años pasados… ​ Ha sido bastante discreta. Eran participaciones casi nulas. Ahora tendremos por primera vez una participación muy activa con una delegación de más de 20 personas y un estand grande con la información del país. Estaremos el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, mi persona, el Director de la Arcom, el Gerente de la Enami, cada uno con su equipo. ¿Qué se presentará? ​ El 2 de marzo se hará el Ecuadorian Day (Día del Ecuador), donde se presentará el nuevo Ministerio de Minería a los inversionistas del potencial geológico, la normativa minera, los incentivos tributarios y las ventajas de invertir en el Ecuador a nivel del costo de la energía y la disponibilidad del agua, sin dejar de lado el control del buen uso del recurso. ¿Con esto se espera que ya despegue la gran minería? ​ Esa es la idea. Buscamos que el 2015 sea un año de quiebre para la industria. Si bien ya se han hecho muchas cosas, tenemos que generar un despegue de la industria. Por ejemplo, este año ya tiene que comenzar la construcción de la mina en el proyecto Mirador, que generará una inversión de más USD 300 millones.
El 2014 fue un año con cifras récord para el mercado bursátil ecuatoriano. Los montos negociados llegaron a USD 7 547 millones, según los datos que maneja el departamento técnico de la Bolsa de Valores de Quito. El monto mencionado prácticamente duplica las cifras del 2011, 2012 y 2013. El año que mayores montos registró el mercado bursátil había sido el 2009, cuando se negociaron USD 6 426 millones, según registros de la entidad. La presidenta de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), Mónica Villagómez, reconoce que desde el 2009 se registró un declive en la actividad del mercado de valores. La ejecutiva añade que el salto que se dio el año pasado; estuvo marcado por tres grandes movimientos: la venta de Produbanco al Grupo Promerica por USD 130 millones; la venta de Lafarge Ecuador a la cementera peruana Unacem, por USD 517 millones; y la venta del Holding Tonicorp al grupo Arca Continental, por USD 335,8 millones. Las tres negociaciones se dieron de manera inédita a través de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, y fueron un detonante que dinamizó al sector. Villagómez indica que el año pasado fue muy activo para el sector, a pesar de circunstancias complicadas. La ejecutiva indica que la aprobación de la Ley del Mercado de Valores mandó un mensaje de confianza con reglas claras, dejando de lado la especulación. “Luego, el Código Monetario también causó nervios en el inversionista, pero aún así se mantuvieron las emisiones con pagos puntuales”. Para el analista económico Andrés Vergara, el sector goza en la actualidad de buena salud, con contados ‘default’ y emisiones que se siguen pagando. El especialista añade que en el desarrollo del mercado de valores pesa la cultura organizacional. En Ecuador más del 90% de las empresas son familiares y cuando participan del mercado de valores deben cumplir dos condiciones: desarrollar un plan de gobierno corporativo -que implica una absoluta transparencia de la firma- y ofrecer información financiera completa. “Pero aquí aún no está desarrollada esa cultura y solo las grandes empresas lo hacen”. Villagómez y Vergara coinciden en que la actividad es menor en comparación con otros países. La presidenta de la Bolsa de Valores de Quito afirma que en Ecuador el mercado es incipiente: “se prefiere invertir en papeles de alta calificación, cuando en otros países hay una mezcla de seguridad, diversificación y rentabilidad, tres aspectos claves en una inversión”. Vergara añade que el mercado ecuatoriano es limitado, lo que permite que los valores de las emisiones, por ejemplo, se mantengan estables en el tiempo. No existe la volatilidad o la especulación de otros mercados, lo cual también es una ventaja, según Vergara. “El punto en contra está en que muchos papeles que pueden ser más atractivos para el inversionista, no los son”. Otra característica del sector es que el inversionista prefiere los papeles que considera más seguros. Por eso, del total negociado el año pasado, el 84% fue papeles en renta fija (titularizaciones, obligaciones, bonos del Estado, etc.). El 16% restante se movió en renta variable (acciones, fondos de inversiones…). Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, también califica al mercado de valores como un sector sano: “las obligaciones incobrables en la banca llegan al 5%, en el mercado bursátil no llegan ni al 1%”. El ejecutivo mira con optimismo este año, pero admite una inquietud ante las medidas que tome el Gobierno para afrontar la crisis por la caída del precio de petróleo. “Habrá que esperar”. Un dato adicional del sector es la diversificación de emisores. El 32% está en la actividad comercial, el 2%, en la industria; el 10% en el sector financiero. También participan los sectores de servicios, agrícola, inmobiliario… El papel con renta fija es el más apetecido en el mercado Los papeles que más apetito generan en el mercado bursátil ecuatoriano siguen siendo aquellos que ofrecen una rentabilidad fija como titularizaciones, certificados de depósito, bonos estatales, obligaciones y otros que tienen como elemento común una tasa de interés predeterminada. Del total negociado el año pasado en el mercado bursátil, esto es, USD 7 547 millones, 84% fue en estos papeles, según datos de la Bolsa de Valores de Quito. El resto de lo negociado se centró en obligaciones de renta variable; esto es, acciones, fondos de inversión y otras donde el rendimiento depende del desempeño de la empresa. Si bien el total negociado, de papeles ya emitidos, llegaron a cifras récord el año pasado, las emisiones de nuevas obligaciones han caído desde el 2012. Ese año se realizaron 122 emisiones en renta fija. Para el 2014, cayó a 109. Ulises Alvear, presidente Metrovalores, considera que afectó al mercado los cambios legales como la discusión y aprobación de la nueva Ley de Valores y el Código Monetario Financiero. Otra característica del mercado de valores ecuatoriano es que en el país el inversionista, las autoridades y las bolsas no ven bien las emisiones con bajas calificaciones. Esto obliga a que los emisores pongan más garantías, que mejoren su situación financiera y cuando salen a la bolsa lo hacen con mejor calificación. Así lo explica Mónica Villagómez, presidenta de la Bolsa de Valores de Quito. La ejecutiva señala que en otros mercados de la región las bajas calificaciones “no espantan como aquí”. “En esos mercados hay más segmentación entre inversionistas. Aquí el mercado es incipiente y principiante y la gente va por lo seguro. En otros países más desarrollados hay una mezcla de seguridad, diversificación y rentabilidad, aspectos claves en inversión”. Por ello, los papeles que más atraen a los inversionistas son los de renta fija, en especial titularizaciones. Del total de papeles de renta fija negociados el 2014, 27% fue titularizaciones. La particularidad de estos papeles es que son una opción de inversión de largo plazo, en promedio tres años y siete meses. Además de esto, estas operaciones son atractivas por ser más seguras. Esto porque tiene como garantía una parte de los activos de una empresa (que generan flujos-ingresos) que se aísla o blinda del resto de activos en un fideicomiso. Las obligaciones, en cambio, son un papel con la garantía general del emisor, es decir, con todos los activos de la empresa. Si el emisor es una empresa sólida, los papeles pagarán una menor tasa de interés, por el menor riesgo. Si una empresa, en el peor escenario, se liquida, el inversionista en ese caso debe esperar la prelación de pago, es decir, cobrará luego de trabajadores, etc. Alvear señala que el liquidador de la empresa debe cuidar que los activos no se deterioren para no afectar el pago del inversionista. Esto no sucede con las titulizaciones, pues el activo que garantiza al inversionista está blindado del resto. No hay problema de cobro siempre que esté bien estructurada la emisión, dice. “El fideicomiso es irrevocable e inembargable”, comenta Villagómez . La ejecutiva explica que para emisiones con una calificación menor de A hay compradores en el mercado ecuatoriano, pero con dificultad. De ahí que la gran mayoría de emisiones en el país supera esa calificación. Alvear puntualiza que la clave no está en invertir en papales A o más, sino en diversificar el riesgo, y considerar, para la inversión, diversas empresas y de distintos segmentos. En una década se registraron 11 casos de ‘default’ en el mercado El incumplimiento en el pago de compromisos en el mercado bursátil, también conocido como ‘default’, es mínimo en el país. En los últimos 10 años, de 800 emisiones registradas, 11 cayeron en ‘default’, según voceros de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. En cifras duras y frías esto significa que de USD 8 095 millones en emisiones, unos USD 11,9 millones han sido impagos en la última década. Mónica Villagómez, presidenta de la Bolsa de Valores de Quito, señala que el ‘default’ es atípico en el mercado ecuatoriano, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados donde es más frecuente. “Aquí el inversionista, las autoridades y las bolsas no ven bien las emisiones con bajas calificaciones, se ponen nerviosos y no compran”. La ejecutiva explica que normalmente en los casos de impagos registrados en el país se han llegado a acuerdos y se han ejecutado las garantías. “Se ha demorado el pago al inversionista, pero se ha pagado”. Para el titular de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Rodolfo Kronfle, caer en ‘default’ no significa que la compañía no pagará a los inversionistas o que el emisor no tenga activos para cubrir sus obligaciones. Cuando se llega al incumplimiento, agrega Kronfle, es fundamental que el mercado conozca los eventos que motivaron el incumplimiento y la forma en que el emisor asumió sus obligaciones impagas”. Además, un buen historial de pagos posterior podría ser la base para futuros endeudamientos en el sistema financiero o bursátil. El ejecutivo explica que un default puede afectar al emisor y todas sus emisiones, ya que la autoridad de control inicialmente resolverá la suspensión de las ofertas, demandas y cierres de todos los valores emitidos por el emisor incumplido, como una medida de protección al mercado. “Con respecto al pago de valores, habrá que analizar las garantías con las que se estructuró cada emisión”. Para el analista Andrés Vergara, en Ecuador se registran menos incumplimientos que en otros países porque la ley es bastante rigurosa y para entrar en la bolsa se deben cumplir estándares muy elevados. “Esto hace que la actividad sea más segura”. Siete calificadoras son parte del mercado de valores En el Ecuador existen siete empresas calificadoras de riesgo, según la Superintendencia de Compañías. Tres fueron inscritas entre 1994 y 1995 y cuatro entre el 2001 y el 2012. La más antigua, Calificadora Bankwatch Ratings del Ecuador, comenzó a operar en marzo de 1994. Las calificadoras analizan la probabilidad de pago que tiene una empresa con respecto a la emisión de valores a ofertar en el mercado. Lo hacen mediante un sistema de nomenclatura alfabética: la calificación más alta es AAA y la más baja E. Terrabienes, una de las firmas intervenidas por la Superintendencia de Compañías, que de acuerdo con esta entidad tiene USD 246 044,93 por obligaciones en mora, fue calificada el pasado 30 de enero en categoría de riesgo E . Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana (Scrla), en sesión de comité de calificación otorgó esa nomenclatura. La E significa que no está una situación favorable para participar en el mercado bursátil y que parte de sus emisiones están en ‘default’. El informe que prepara la calificadora constituye un requisito exigido por la Ley de Mercado de Valores para las ofertas públicas de valores, pero no es garantía que una emisión no caerá en ‘default’, explica Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Scrla tiene unos 200 clientes y alrededor de 100 procesos de calificación activos. Ha calificado las emisiones de Anglo y Terrabienes (del grupo Ortega Trujillo) desde hace seis años. “No ha existido ningún problemas ni en los procesos, ni en las empresas. Los problemas surgidos no obedecen a la capacidad de generación de recursos de las empresas, sino a un manejo administrativo”, dijo Pilar Panchana, gerente de la firma. Añade que este problema no es fácil de detectar y “tiene que ver con la voluntad de los ejecutivos y no obedece a una situación de mercado que se evidencia en un paulatino deterioro de sus indicadores”. La calificación dada a las emisiones de obligaciones cayeron de AA a E para el caso de Inmobiliaria Terrabienes y de A a E en el caso de Anglo Automotriz. Esto ocurrió en enero del 2015 por el retraso en el pago de los cupones. La calificación de E corresponde a valores que se encuentran en suspensión de pago. Luis Jaramillo, gerente de Class International Rating, calificadora de Ecuafontes (del grupo Ortega Trujillo) explica que no es común que una empresa caiga en default. Para que esto ocurra, influyen factores internos y externos. “Significa que ha caído en un deterioro importante en su capacidad de flujos o ha existido un cambio importante en el entorno donde desarrolla sus actividades”. Jaramillo dice que es importante que las calificaciones de riesgos sean prospectivas; es decir, no solo analizar el pasado y presente de la firma, sino que debe proyectar cuál será la situación del emisor en los próximos cuatro o seis meses. Además, debe evaluar la sensibilidad del entorno, cumplimiento de proyecciones de la firma, etc. Con base en todo eso, se otorga la calificación, que sirve de referencia para el inversionista. En el país las calificaciones son semestrales, pero eso no impide que la calificadora actúe antes, aclara Jaramillo. En el caso de Ecuafontes, explica que no cayó en ‘default’, pero sí está intervenida por la Súper de Compañías. La nota de la emisión de esta pasó de AA- a B+CW. “El 5% de sus clientes provenía de Seguros Bolívar. Con la liquidación de la aseguradora, perdió esos clientes y se afectó”. Esto y otros indicadores internos de la firma llevaron a la calificadora a reducir la nota del emisor incluso antes de cumplirse el plazo de seis meses de evaluación, dijo Jaramillo. Boris Lascano, gerente de la Casa de Valores de Guayaquil, una de las 32 que existen en Ecuador, destaca la importancia, además, de los filtros de evaluación y control previos a las negociaciones. Esto permite que el mercado se desarrolle y crezca, con una mínima cantidad de obligaciones en mora. Según la Bolsa de Valores de Guayaquil, la emisión de obligaciones pasó de USD 260,7 millones en el 2008 a 396,4 millones en el 2014.​
Correa insiste en justificar salvaguardias
El mundo, en especial los países en transición al desarrollo, son vulnerables a lo que se conoce como choques externos.
“Es así que las medidas económicas que se toman no son porque el país tenga un problema fiscal”, sino porque en el mercado internacional han bajado los precios de productos como petróleo, carbón, oro, plata, cobre y estaño; una situación que las naciones de la región no pueden controlar y por eso son choques externos.
Así lo indicó el presidente Rafael Correa en el último Enlace Ciudadano, para explicar por qué Ecuador debe aplicar salvaguardias multilaterales y por qué 2015 será un año difícil. Correa recordó que el 2009 fue un año más difícil que este y sin embargo el país creció 0,6 %, pese a que la región decreció un 2 %. “De tal manera que el país está preparado para salir adelante”, añadió. Pero, resaltó, hay que tomar en cuenta que lo que es bueno para pocos (microeconomía) no beneficia al todo (macroeconomía). Por ello no es posible cumplir con los deseos de cada uno.
Explicó que para enfrentar los choques externos el instrumento que se usa es el tipo de cambio. Es así que Colombia devaluó su moneda un 20 % y Perú 7 %. Así abaratan exportaciones y encarecen importaciones. Sin embargo, “Ecuador, que no tiene moneda propia, no puede hacer eso”.
A esto se debe sumar que hay menos divisas como consecuencia del desplome del precio del petróleo. Y es que el ingreso de dinero a la economía corresponde más a esta fuente y no al sector privado (ver cuadro).
Sobre esto, el ministro de Economía, Patricio Rivera, dijo que hay que asegurar la liquidez, la cual ha aumentado más que el Producto Interno Bruto (PIB) porque hay más circulante dentro de la economía.
Pero para que esto avance se requieren dólares. Entonces se desincentivan las importaciones con el fin de impulsar la producción nacional, las exportaciones y los empleos que hay detrás de todas estas actividades económicas.
Correa enfatizó que para que un país se blinde de los choques externos necesita un cambio de cultura, trabajo de décadas, talento humano y educación; pilares que están en proceso de edificación. Durante la participación no se dieron detalles de la aplicación de las salvaguardias. LZA
Ecuador y Perú buscan afianzar el comercio bilateral
Una misión de autoridades de Ecuador llegará a Lima este jueves 26 para ver los reglamentos técnicos que permitan el ingreso de los productos peruanos a nuestro país. La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Magali Silva, dijo que se trabaja por sacar adelante el comercio bilateral.
Consultada sobre la salida del ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Francisco Rivadeneira, manifestó que desconocía las razones de su salida, que le deseaba éxito y que el Gobierno peruano seguiría laborando por estrechar los lazos comerciales con Ecuador.
Agregó que ambos Gobiernos tienen la mayor intención de seguir trabajando para reducir las diferencias y encontrar puntos de solución. “En eso estamos empeñados todos” aseveró.
La balanza comercial entre estos países se inclina a favor de Ecuador. En 2014 exportamos a Perú productos por una suma de 1.576,8 millones de dólares. Y le compramos 995 millones de dólares.
Algunos de los bienes que las empresas ecuatorianas venden a Perú son conservas de pescado, madera y cocinas. A su vez Ecuador adquiere alimento para animales y alambre de cobre, entre otros productos. LZA
Cocinas de inducción irán a los beneficiarios del bono
Quienes reciban el Bono de Desarrollo Humano también podrán acceder de forma gratuita a las cocinas de inducción y a su instalación eléctrica. Esto como parte del programa de socialización de las cocinas a inducción, para cambiar la matriz energética en nuestro país.
Durante este mes, el gobierno emprendió ferias de socialización coordinadas por el Ministerio de Energía, la Empresa Eléctrica y el Ministerio del Interior en todas las provincias del país. El fin de semana pasado las ferias tuvieron lugar en Carapungo, Tumbaco y Amaguaña, en Quito; en ellas, los ciudadanos se acercaron a los puestos para inscribirse en el proceso de conversión de la energía y adquisición de las cocinas. También lo han hecho beneficiarios del bono.
José Navarrete, jefe de la unidad de la Empresa Eléctrica de Tumbaco, señaló que localizar a todos quienes cobran el bono no es una tarea fácil. Detalló que de los 540 aspirantes al proceso de instalación y compra de cocinas, que cobran el bono en esa zona, 140 están identificados y localizados. Navarrete explicó que quienes reciben el bono son arrendatarios y cambian constantemente de lugar de residencia.
Sin embargo, el proceso continúa. José P., morador de Carapungo, dijo que ingresó su solicitud de cambio del voltaje a 220 V en agosto, pero que recién en noviembre le cambiaron el medidor, y que el resto de la instalación aún no se ha hecho. María T., en cambio, señaló que el mes pasado le instalaron rápidamente el medidor, pero que aún no compra una cocina porque no ha recibido una correcta información de las casas comerciales.
Entre el 23 de febrero del 2014 y hoy, muchos de aquellos alcaldes que ganaron al estar en una lista opositora han debido acercarse a la calle García Moreno y por lo menos compartir un almuerzo en Carondelet. Hace 365 días, por primera vez desde la segunda vuelta del 2006, Alianza País conoció lo que es una derrota en las urnas. El Gobierno ha preferido usar el término “revés”, porque no perdió –en rigor-, pues fue la mayor fuerza al obtener 69 de las 221 alcaldías en disputa. Pero si se mira el mapa de las capitales provinciales, solamente ganó en cuatro de 24. Desde esa fecha, el oficialismo instaló el término “restauración conservadora”. La oposición, en cambio, se regodeaba con las victorias en Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero el panorama ha cambiado y los gobiernos locales se han visto en la necesidad de tener ciertos acercamientos. Las relaciones con el presidente Rafael Correa se caracterizan según el presupuesto, las dimensiones y la filiación política de sus alcaldes. Y son Guayaquil, Quito y Cuenca la expresión más visible de las diversidad de relaciones que se pueden tener con el Régimen: Nebot, totalmente confrontado; Mauricio Rodas, con diálogos pero defiende su posición de independiente, y Marcelo Cabrera, que al poco de asumir se acercó al correísmo. Estas aproximaciones y distancias entre autoridad local y Gobierno central se constatan en la obra pública. Guayaquil es el referente de cómo dos administraciones realizan un trabajo paralelo y sin que medie diálogo alguno. El parque Samanes, el mayor espacio recreativo en el puerto, y los puentes que conectan el sur de Guayaquil con la isla Santay, y esta a su vez con el malecón de Durán, en la otra orilla del río Guayas, se inauguraron en junio con una inversión del Gobierno de USD 14,2 millones. El Municipio respondió esa incursión estatal con la ampliación de los actuales espacios verdes y la construcción de otros, como el parque acuático Coviem. El miércoles, Nebot criticó lo que considera una injerencia gubernamental: “Les molesta que esta sea una ciudad donde los impuestos no se suban y más bien se bajen. Les molesta que aquí no existan obras paradas porque no tenemos problemas de liquidez ni decimos que por el (alza del) precio del petróleo tenemos que paralizar las obras”. En Quito, el Metro marcó una aproximación con tensiones entre Presidencia y Municipio. “Más que un acercamiento fue un trabajo coordinado”, insiste Rodas. Pero las cosas quedaron claras: el Gobierno financiará los USD 750 millones que comprometió durante la administración de Augusto Barrera y otorgará las garantías para obtener los créditos para el resto del financiamiento. Sin embargo, hay propuestas nacidas en el Ejecutivo, como la inversión de USD 5 000 millones de Qatar para la intervención en el parque Bicentenario y potenciar el turismo en el Casco Colonial, con un hotel de lujo en el antiguo Hospital Militar. Pero para el Municipio es prioridad ampliar el Centro de Arte Contemporáneo: “Ese inmueble es del Municipio y es potestad nuestra decidir qué ocurre con ese inmueble”, dice Rodas, quien defiende su autonomía en iniciativas como la modificación de cobro de impuesto predial. Pero existen otras obras como la plaza-huerto de San Agustín, que es impulsada por el Gobierno. Rafael Correa dará la garantía financiera para refinanciar el Metro El espaldarazo al Metro genera críticas positivas. La reducción de costos del Metro es viable en tres rubros de la obra Las ciudades más pequeñas ​ El triunfo desde listas opositoras no significó necesariamente que se instalará una confrontación política. Financiamiento y respaldo de créditos son prioridades para que los alcaldes satisfagan las necesidades de sus electores. En Portoviejo y Manta, sus alcaldes, Agustín Casanova y Jorge Zambrano, respecitvamente, ganaron por SUMA y aseguran que trabajan sin dependencia del oficialismo, aunque luego de sus triunfos dijeron quitarse la camiseta de su partido para ponerse la de sus cantones. “Hay que trabajar de la mano del Gobierno; se ha establecido una agenda de temas urgentes”, señaló Casanova, quien tiene el apoyo desde Carondelet para la continuidad de la reconstrucción de la red vial interna. Y en Manta, uno de los proyectos bandera de la revolución ciudadana es la Refinería del Pacífico, para lo cual se ha trabajado en el movimiento de tierras, cimentación, vías de acceso y tendidos de tubería. Napoleón Cadena llegó a la Alcaldía de Riobamba por la alianza Creo-Renovación. Desde su posesión, el Gobierno central ha tenido una presencia fuerte en la ciudad a través de sus ministerios. La construcción del primer paso elevado para vehículos en el norte de la ciudad y la rehabilitación de la vía circunvalación son dos de las más importantes. “Llegamos al poder comprometidos solo con la ciudad y con sus habitantes. No somos opositores y tenemos en mente proyectos que beneficiarán a todos”, dice. En Tungurahua, los nueve alcaldes respaldan al Régimen aunque mayormente ganaron desde organizaciones confrontadas. Manuel Caizabanda, alcalde de Pelileo, es de Pachakutik, pero apoya la gestión del Gobierno. “Respetamos los lineamientos de Pachakutik, pero como autoridad debo resolver las necesidades de la población”, explicó. El acercamiento al Régimen le sirvió para recibir un crédito con el Banco del Estado para financiar la construcción del mercado República de Argentina. A esto se sumó la construcción del nuevo hospital y la autovía Totoras-Pelileo. Las siete alcaldías de Esmeraldas son aliadas del oficialismo y sus discursos continuamente destacan los aportes del Gobierno. El Gobierno ha asumido a través de Ecuador Estratégico el asfaltado, alcantarillado, agua potable y rehabilitación de balnearios. El escenario cambia un poco en Imbabura. Jomar Cevallos, de Cotacachi, mantiene un distanciamiento con el Régimen por el proyecto minero en Llurimagua, en el Valle de Íntag.
Un país que no ahorra
El 80% de los afiliados al IESS cayó en la tentación de consumir sus ahorros de jubilación, siguiendo el ejemplo que viene dando el Gobierno, el cual se ha gastado todos los fondos acumulados hasta antes del 2007. La idea de entregar a los afiliados sus fondos de reserva a través del rol de pagos -para quienes así lo deseen- nació con la crisis económica internacional del 2009. Las autoridades vieron que los fondos de los afiliados eran una gran fuente de recursos para hacer política contracíclica, recomendada en épocas de vacas flacas. La receta es inyectar más dinero en la economía durante la época de crisis para mantener el ritmo de crecimiento. Con este tipo de medidas se evitan abruptas caídas en la actividad económica, que generan desempleo y profundizan la pobreza. Pero la receta también dice que el ahorro debe generarse dentro del Gobierno, lo cual supone que al final de cada año debe existir un superávit fiscal, es decir, que haya más ingresos que gastos. Eso no ha ocurrido durante los últimos ocho años. Al contrario, las cuentas fiscales registran un déficit cada vez mayor, pese a la bonanza que dejó el ‘boom’ petrolero. El presente año, al igual que el 2009, se presenta complicado por la caída de los precios del petróleo, lo cual amenaza el crecimiento de la economía. La receta debiera ser aplicar nuevamente la política contracíclica, pero eso ya no es posible porque el Gobierno se gastó los ahorros. Y los fondos de reserva ya están circulando en la economía. Ante la falta de ahorro interno, la política contracíclica se hará con mayor deuda pública y orientando los recursos de fondos del sector privado. El flamante Código Monetario serviría para ese propósito. El síndrome de gastador compulsivo que se observa en el Gobierno estaría replicándose en los afiliados al IESS, en aquellos que suman sus fondos de reserva al sueldo mensual, generando una bonanza ficticia, sin saber que cuando se jubilen no podrán hacer política contracíclica.
El retiro de la CAN
Por Roberto Aspiazu
El presidente Correa ha anunciado que Ecuador está reconsiderando su permanencia en la CAN. Un gesto de rechazo a la decisión de la Secretaría General del organismo de invalidar la medida de salvaguardia cambiaria aplicada a Colombia y Perú, que igual se levantará unilateralmente. Está siendo reemplazada por una salvaguardia general por balanza de pagos, aplicable a terceros países sin excepción.
En tiempo reciente ha habido varios pronunciamientos en tal sentido, a consecuencia de las recurrentes medidas de defensa comercial ecuatorianas que han sido observadas por la CAN. El mandatario alega que desde que los socios andinos suscribieron sus TLC con los Estados Unidos, el proyecto comunitario ha sido “golpeado de muerte”.
Una vez más prevalece el paradigma ideológico ante la necesidad de una visión más pragmática del sector externo.
¿Salir de la CAN para qué? Igual denunciando el acuerdo tendríamos que mantener las preferencias arancelarias durante cinco años, para después negociar bilateralmente los mismos beneficios; no hace sentido.
Hay que tener presente que los mercados colombiano y peruano representan el 27 por ciento de las exportaciones industriales ecuatorianas; al tiempo el 83 por ciento de nuestras ventas corresponde a manufacturas, esto es, a productos con valor agregado.
Además, para atraer inversiones nacionales y extranjeras el tamaño de mercado es el factor número principal, y solo con los fronterizos vecinos este se amplía de 16 a más de 80 millones de consumidores.
Respecto del renovado repudio al TLC, luego de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, no cabe seguir rasgándose las vestiduras. En el 2014, Estados Unidos se constituyó en el principal mercado para las exportaciones no petroleras, desplazando a la Unión Europea, de modo que se torna imperativo procurar un acuerdo semejante.
Recordar que desde mediados del 2013, a raíz de la renuncia voluntaria del régimen de las preferencias arancelarias ATPDEA, resultó necesario implementar una compensación a los productos afectados (atún, flores, brócoli, textiles, etcétera) vía Certificado de Abono Tributario (CAT), que de ningún modo puede ser un sustituto eficaz. La consecuencia es que en un mercado que se recupera económicamente, el crecimiento de nuestras exportaciones tiende a estancarse.
El sector de izquierda dura del régimen siempre ha alentado la posibilidad de retiro de la CAN, inconformes con la pertenencia a un bloque subregional donde prevalecen las economías liberales de nuestros vecinos. Como sucedáneo ha propiciado la plena adhesión al Mercosur, bajo la influencia del gobierno venezolano, en especial cuando vivía el presidente Chávez, y también por la presión de Brasil que busca consolidar por esa vía su proyecto de hegemonía sudamericana.
Para su mala suerte, todos los estudios realizados por el Gobierno han concluido del mismo modo: el Ecuador no tiene nada que ganar con la adhesión al Mercosur, bloque con el cual mantenemos un Acuerdo de Complementación Económica, precisamente negociado en el marco de la CAN.
Con las dificultades que atraviesa el sector externo de la economía es necesario activar una Agenda Comercial, que comprenda como prioridades Estados Unidos, Canadá, los países europeos no comunitarios (EFTA) y el Mercado Común Centroamericano. Estar pensando seriamente en el retiro de la CAN es perder el tiempo.
Febrero 20, 2015 David	El Universo
El nombramiento de Diego Aulestia como ministro de Comercio Exterior, en reemplazo de Francisco Rivadeneira, quien se desempeñaba en esa cartera desde que fue creada en junio del 2013, se da en medio del análisis de los aranceles globales que el Gobierno espera aplicar en los próximos días.
Estos se preparan para reemplazar a las salvaguardias cambiarias (aranceles) que se establecieron a los productos importados de Colombia y Perú el 5 de enero y que se empezarían a desmontar desde la próxima semana, según lo anunciado por las autoridades.
El tema de las medidas arancelarias preocupa a representantes de gremios empresariales. Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación de Exportadores, dijo que esperan que no se las tome muy rápido, sobre todo por el “costo de transición” que pueda generarse entre la salida de un ministro y la incorporación de otro.
La Cámara de Industrias y Producción de Pichincha informó ayer que pidió al Gobierno que no haya efectos nocivos en las cadenas productivas.
Según Richard Martínez, titular de ese gremio, se deberían identificar las importaciones hechas por el Gobierno para que la medida no solo recaiga en el sector privado. “Materias primas, insumos y bienes de capital deben excluirse, porque se generaría un incremento en los costos de producción y por lo tanto una pérdida de competitividad en el mercado local e internacional”, mencionó.
Eduardo Cadena, director de la Cámara de Comercio de Quito, sostuvo que sus asociados han hecho llamados de preocupación sobre las salvaguardias desde inicios de año, cuando también se aplicaron aumento de arancel a diversos bienes, entre ellos, de consumo, tecnológicos y materia prima.
A juicio de Cadena, serían un tipo de medidas “restrictivas” a la economía local, que lo único que hacen es “castigar directamente, no solo a las empresas o a los comercios, sino directamente a los consumidores ecuatorianos”.
Representantes del sector empresarial han dicho también que esperan que se mantenga el diálogo y se continúen los proyectos de esa cartera de Estado, que se trazaron bajo la dirección de Rivadeneira.
Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que espera que con Aulestia haya la misma apertura que –aseguró– hubo con Rivadeneira para impulsar proyectos.
En un boletín, la Dirección de Comunicación del Ministerio de Comercio Exterior indicó que Rivadeneira dejó abierto el camino para nuevas negociaciones comerciales, tal como la finalizada con la Unión Europea (UE), de la cual se espera su entrada en vigencia.
Kronfle cree que con Rivadeneira “era muy importante este diálogo público privado antes de tomar ciertas acciones por parte del Ministerio…”.
La expectativa de Carola Ríos, presidenta de la Cámara de Industrias de Cuenca, es que se retomen y finalicen negociaciones con países de Centroamérica y se hagan tratativas con Estados Unidos para concretar convenios comerciales con esos mercados. (I)
Cargos: Según la web del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia fue gerente general del Banco del Estado (BEDE) y representante regional para Asuntos Económicos con rango de embajador.
Académico: Es economista de la Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Economía por la Universidad de Oregón, Estados Unidos.
Como resultado del plan de constitución electrónica de empresas que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SC) implementó a través de su portal web: www.supercias.gob.ec desde el 20 de noviembre de 2014 hasta las 11:00 de ayer, se han creado 714 compañías vía online.
El pasado noviembre la institución inició formalmente este servicio en 11 provincias y se ampliará progresivamente a las demás ciudades del país.
Esto se hará con la finalidad de que los usuarios ya no tengan que trasladarse físicamente a realizar el trámite de constitución, y, a la vez, obtengan facilidades para realizar la gestión ante el notario designado.
El 20 de septiembre de 2014 se puso en marcha el plan piloto del nuevo sistema en las ciudades de Quito y Guayaquil.
Con esta nueva modalidad de constitución en línea, el trámite de creación de compañías se redujo a 2 días y el costo es de $ 190. Anteriormente el proceso tradicional duraba 1 o 2 meses y el valor era de $ 700 a $ 1.500.
Las instituciones involucradas, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas (SRI), Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Consejo de la Judicatura y Banco del Pacífico, han colaborado para superar cualquier inconveniente en el trámite, en procura de mejorar el proceso y disminuir el tiempo de la gestión que el usuario empleará al utilizar el sistema.
En base a ese principio, desde ahora las personas naturales con nacionalidad ecuatoriana ya no adjuntarán la cédula de identidad y el certificado de votación cuando realicen el proceso de constitución de compañías en línea.
Los documentos mencionados aparecerán automáticamente en el sistema de la institución por la información del Registro de datos Públicos.
Hasta el momento la SC cuenta con 18 trámites que pueden ser realizados a través del portal web.
La evolución de la región se da en un entorno internacional desfavorable. Tres organismos internacionales lo indican en un informe
El Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevén que en 2015 la región experimente una disminución de velocidad en su ritmo de expansión económica.
Así lo exponen en el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2015” divulgado ayer en Santo Domingo.
El pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) se ubica en un rango del 1,0 % al 1,5 % para el período 2014, frente al 2,5 % y al 2,9 % registrados en 2013 y 2012, respectivamente, apunta el informe.
El documento apunta que, en 2014, el crecimiento de las economías de América Latina estará encabezado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, con expansiones de entre el 4 % y el 7 %.
Al abordar los desafíos importantes de América Latina, el documento afirma que “todos los países tienen que reconstruir su capacidad de respuesta monetaria y fiscal ante la posibilidad de un escenario económico más adverso” y para ello, deberán ampliar su espacio fiscal y acometer cambios en el gasto público.
Las reglas del SOAT, en vigencia hasta junio
Un decreto presidencial determinó las normas que regirán durante la etapa de transición entre un esquema y otro
Las reformas a la Ley de Tránsito, en aplicación desde enero, establecen un plazo de 6 meses para que el nuevo sistema de seguro de accidentes de tránsito esté armado y listo para su ejecución.
Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), según las estadísticas oficiales. Foto: Archivo/ El Telégrafo
Las normas con las que operaba hasta diciembre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) seguirán vigentes mientras se definen los detalles de funcionamiento del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT).
Así lo determinó el presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo firmado el 18 de febrero, con el que reglamenta la etapa de transición entre el anterior esquema de protección a víctimas de siniestros viales y el nuevo.
Las normas seguirían aplicándose sin cambios hasta junio, ya que la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, publicada en el Registro Oficial el 31 de diciembre pasado, establece un plazo de 180 días (6 meses) para la depuración de datos e implementación de la tecnología para el funcionamiento del nuevo sistema.
El decreto presidencial plantea, entre otras cosas, que el ‘antiguo’ Fondo de Accidentes de Tránsito (Fonsat) cubrirá a los centros de salud del país los montos originados por percances en las vías “hasta que se implemente en su totalidad el SPPAT”.
En caso de que el automotor involucrado tenga vigente el SOAT será la aseguradora correspondiente la encargada de cubrir los valores. Y si el vehículo tiene caducado el seguro, en el momento de su matriculación se aplicarán las multas y recargos correspondientes.
La vigencia de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT) contratados el año pasado se mantendrá hasta la fecha determinada en el contrato establecido entre el propietario del vehículo y la compañía aseguradora.
También se continuará reconociendo hasta $ 2.500 por concepto de prestaciones médicas; los gastos por traslado de heridos en ambulancia se cubrirán hasta $ 50; se seguirá pagando hasta $ 3.000 en caso de incapacidad total y permanente derivada de un accidente de tránsito; se cancelarán $ 5.000 en caso de muerte como indemnización y se reembolsará hasta $ 400 por concepto de gastos funerarios.
De la misma manera, el artículo 2 de la disposición ejecutiva establece que, mientras dure el período de transición, los propietarios de vehículos pagarán por concepto de seguro de accidentes de tránsito “el valor de las primas por seguros vigente antes de la expedición de la ley reformatoria”. Este va desde los $ 29,78 para motocicletas pequeñas hasta $ 123 para vehículos especiales.
El inciso añade que los montos de las prestaciones médicas que recibirán las casas de salud serán los mismos que cancelaban las compañías aseguradoras el año pasado, mientras el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fonsat no determinen alguna otra cosa.
Además, los centros de salud del país deberán atender a los afectados en accidentes de tránsito con la sola presentación de la matrícula del automotor hasta que se expidan las normas correspondientes por parte del Fonsat.
Mientras que l contar con el seguro obligatorio de accidentes continuará como un requisito indispensable para la matriculación, para que un vehículo pueda circular en cualquier parte de Ecuador.
Febrero 19, 2015 David	El Universo
Se reduce el subsidio al gas por baja en precios
El peso del subsidio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Ecuador ha bajado en los últimos meses. Mientras solo en febrero representó $ 61,6 millones, en diciembre cayó a $ 37,2 millones. Así lo reporta el Banco Central del Ecuador en su último boletín estadístico.
La situación se produce en medio de una campaña del Gobierno por reemplazar cocinas de gas por las de inducción, para así cambiar la matriz productiva y poder desmontar el subsidio al gas. El ministro de Industrias, Ramiro González, dijo la semana pasada que el uso de un millón de cocinas de inducción podría bajar el subsidio al gas en más de $ 230 millones.
Sin embargo, por ahora, la baja de los precios internacionales de los derivados sería la razón para la caída del subsidio, indicaron los expertos Fernando Santos Alvite y Luis Calero.
Para Ecuador, el gasto en importación del 2014 subió apenas el 6,13% en comparación con el 2013, esto aunque el volumen (cantidad) de importación fue mayor en 12,2% en el mismo periodo, en total fueron 10,7 millones de barriles. En cambio, en el 2013 solo se compraron 9,5 millones.
Si se convierten las cifras a kilos se constata que cada vez el gas es más barato. Mientras en noviembre 15 kilos (contenido del cilindro de uso doméstico) equivalían a $ 9,19, en diciembre costaban $ 7,81. En cambio, en febrero del 2014 cuando los precios de derivados eran altos, se importaba a $ 15.
Tanto Santos Alvite como Calero coinciden en que la razón para la mayor importación de gas en el 2014 fue la paralización programada de la refinería de Esmeraldas.
Para Santos, algo positivo se saca del tema de la caída de los precios de derivados. Por un lado se acorta el subsidio, pero también puede ser el momento oportuno para colocar los precios de este y otros derivados a valores internacionales.
Adicionalmente, en Ecuador existe una política de precios equivocada, ya que al mantener los precios muy bajos, se presentan el derroche y el contrabando. En el país hay 16 millones de habitantes y se consumen 275.000 barriles de derivados; en cambio, en Colombia, donde existe una política de precios internacionales y tiene tres veces más habitantes, se consumen 290.000, dijo.
Por su parte, Calero mencionó que anualmente se genera un crecimiento progresivo de 6% y 7% en todos los derivados. Lamentó que existan desvíos en la comercialización.
Calero indicó que no se puede asegurar hasta cuándo durará la baja de precios, por lo que la mejor política será una focalización rigurosa del subsidio a derivados. “Ahora se está ensayando la sustitución de cocinas de gas por las de inducción, pero se está atacando al subsidio que menos monto tiene”.
SRI aclarará las dudas de la Ley de Incentivos a través del reglamento 664
Varias reformas al reglamento de aplicación de la Ley de Incentivos a la Producción se realizarán en los próximos días. El anuncio lo hizo ayer la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ximena Amoroso, durante la conferencia Impacto de la política fiscal y tributaria en la economía ecuatoriana que dictó a los miembros de las cámaras binacionales Española, Americana, Británica, Canadiense y Alemana de Guayaquil, en la Universidad Espíritu Santo (UEES), en Guayaquil. Las reformas “son de carácter aclaratorio más que nada, porque había dudas planteadas por empresarios. Esperemos que en estos días se dé a conocer los detalles”, dijo Amoroso. Al ser una reforma al reglamento, el titular del SRI indicó que el documento no necesita pasar por la Asamblea, sino que directamente lo aprobaría el Ejecutivo, lo que ayudaría a acortar tiempos. Uno de los temas que se tomó en cuenta fue el de la publicidad. En el reglamento se especifica que los contribuyentes que se dediquen a la producción y comercialización de alimentos preparados con contenido hiperprocesado no podrán deducir ningún rubro por concepto de promoción y publicidad. Sin embargo, la reforma permitirá que los gastos en publicidad que realicen estas empresas, para promover temas de salud y actividad deportiva, sí pueden ser deducidos del cálculo del Impuesto a la Renta. Amoroso enfatizó que la decisión de que la publicidad de este tipo de alimentos no sea deducible se complementaría con la promoción de actividades deportivas que decidan hacer las empresas. “Lo importante es tener una responsabilidad compartida, cambiar los hábitos de los ecuatorianos”. Otra modificación apunta a la venta de acciones. La ley aprobada en diciembre pasado elimina la exoneración del Impuesto a la Renta a la venta de acciones o participaciones. “Había una preocupación fuerte por parte de los empresarios, quienes decían que hay grupos de acciones muy pequeñas que se están valorando en bolsa y que obviamente no se puede dar el seguimiento del porcentaje de las acciones sobre cuánto se tendría que declarar”, manifestó Amoroso. De ahí que se está analizando el porcentaje de las acciones sobre el cual se va a tener que declarar el impuesto. “Un porcentaje va a quedar exento, aunque aún no podría decir de cuánto”, mencionó. En cocinas de inducción, en cambio, “se hará la aclaración de que las piezas y partes de cocinas de inducción no pagarán ni IVA ni ICE”, señaló. La noticia de la reforma fue recibida con agrado entre los representantes de las cámaras bilaterales que organizaron el evento. Aunque señalaron que no conocieron el documento completo de la reforma. Jaime Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio Canadiense, comentó que la revisión del reglamento “traería consecuencias favorables para el desarrollo industrial que tanto se necesita”. “Nos interesa de sobremanera conocer claramente las reglas de juego para el comercio entre los países”, dijo Ramírez, añadiendo que todavía les preocupa el tema de salvaguardias por balanza de pagos que el Gobierno ha propuesto, “sobre todo los aranceles a las materias primas”. Además del anuncio de reformas a la Ley de Incentivos, Amoroso también expuso los resultados de la gestión del SRI y analizó las perspectivas en materia tributaria para este año. La institución espera alcanzar USD 14 100 millones en recaudaciones, alrededor de un 8% más respecto al 2014. “Las recaudaciones fueron de USD 13 617 millones el 2014, hubo un crecimiento de un 7% más que el año anterior. Este año sabemos que el crecimiento será menos acelerado, estamos conscientes de la realidad económica del Ecuador con el precio del barril de petróleo”.
Entra en vigencia la Ley de Telecomunicaciones en Ecuador
Desde ayer entró en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones tras su publicación en el Registro Oficial.
Esta norma fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 12 de febrero luego de que se allanara a 23 de las 24 observaciones parciales impuestas por el Ejecutivo.
El cuerpo establece el pago de la empresas por concentración de mercado con el fin de promover la competencia, por lo que las empresas que posean entre el 30% y 34,99% del mercado deberán pagar el 0,5% de sus ingresos totales anuales al Estado; las que tengan desde el 35% al 44,99%, el 1% de sus ingresos; entre el 45% y 54,99%, el 3%; desde el 55% hasta el 64, 99%, el 5%; del 65% al 74,99%, el 7%; y del 75% en adelante el pago será del 9% de sus ingresos totales.
La norma instituye también que la creación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ( Arcotel) que asumirá las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría de Telecomunicaciones (Senatel) y Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Claro y Movistar pagaron el 50% de concesión 4G
Las operadoras aseguran que el usuario solo deberá cambiar el chip móvil y que los planes costarían lo mismo que 3G.
Con la suscripción de los contratos entre el Gobierno Nacional y las operadoras de telefonía móvil Otecel (Movistar) y Conecel (Claro) se concretó la asignación adicional de 110 megahercios (Mhz) de espectro radioeléctrico para la red 4G y la ampliación de la banda para el sistema 3G.
Las 2 telefónicas pagarán $ 330 millones en conjunto, de los cuales $ 150 millones cancelará Movistar y $ 180 millones Claro, por el otorgamiento de 50 Mhz y 60 Mhz, respectivamente, en las bandas de 1.700 y 1.900 para cada una.
La firma se dio entre el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, y los presidentes de las empresas, Juan Manuel Casas (Movistar) y Alfredo Escobar San Lucas (Claro), en presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glas, y del ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.
Espín, tras sostener que este es “un día histórico para las telecomunicaciones en el país”, indicó que las 2 operadoras han cumplido ya con la cancelación del 50% de los $ 330 millones que debe recibir el Estado por la entrega de más espectro radioeléctrico.
El ministro aseveró que la ampliación del espectro es un anexo al contrato firmado en 2008 entre el Estado y las 2 operadoras, y cuyo tiempo de concesión es hasta 2023.
“Con esta firma se beneficiarán todos los ecuatorianos con servicios de última tecnología, con nuevas funcionalidades en sus equipos móviles, como el acceso a información multimedia en tiempo real (video y música, entre otros)”, aseveró el titular de Telecomunicaciones.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, agradeció la confianza de las empresas en el país. Anunció que esta confianza se refleja en que otra operadora de telefonía móvil está interesada en invertir en Ecuador, cuyos diálogos se mantienen, aunque no reveló cuál es esa nueva empresa.
Funcionamiento del 4G
Los presidentes ejecutivos de Movistar y de Claro recordaron que las empresas ya iniciaron pruebas sobre el funcionamiento de la tecnología de cuarta generación, pero que la comercialización se hará en unas 5 o 6 semanas y será de manera paulatina, primero en las ciudades de Quito y Guayaquil.
El presidente de Movistar explicó que para los clientes que tienen la tecnología 3G y su teléfono móvil está en la capacidad de recibir la red 4G, solamente se cambiará el chip, transacción que, a decir del empresario, no tendrá costo para el usuario.
Además, adelantó que, para el usuario de Movistar, los precios por la utilización de la tecnología 4G serán los mismos que los planes actuales 3G.
Mientras que Alfredo Escobar, de la empresa Conecel, dijo que la operadora está preparándose para la aplicación de este sistema y que las pruebas que se han hecho dieron buenos resultados. En el caso de Claro dijo que los planes de 4G tendrán un valor inferior a los actuales, a fin de que sus clientes se sumen de manera inmediata a la nueva tecnología.
Inversiones en 5 años
Los representantes de las operadoras móviles reconocieron que para la aplicación de la tecnología 4G se requieren inversiones, por lo que cada una tiene establecida una estrategia para ofrecer una mejor cobertura en favor de sus usuarios.
Escobar indicó que Claro tiene previsto hacer una inversión de $ 1.200 millones para los siguientes 5 años, que estarán destinados para la instalación de antenas y de nueva tecnología.
En tanto que Juan Manuel Casas manifestó que Movistar hará una inversión de $ 800 millones, “que tendrá que ver en cómo va el comportamiento de la gente con el nuevo sistema”. Esto va a rondar entre el 20% y 25% de sus ingresos.
El ministro de Telecomunicaciones,AugustoEspín, informó que la restricción que al momento tienen Claro y Movistar para la importación de la teléfonos de última generación terminará en marzo, por lo en los próximos días se reunirá el Comité de Comercio Exterior para decidir sobre el asunto. Además de cómo se manejaría a futuro el tema de cupos para la importación de smartphones, que son las unidades de última tecnología.
El ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, reiteró que la ampliación del espectro también está destinado a mejorar los sistemas 2G y 3G que están vigentes.
Los equipos móviles que se requieren para utilizar el 4G son: iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, Samsung galaxy S5. Para que un móvil soporte la tecnología 4G también debe ser de última generación, es decir solo con un hardware o equipo rápido se podrán conseguir las velocidades prometidas.
Quienes tienen estos teléfonos deberán esperar a que el sistema se comercialice para solicitar el cambio del plan a 4G y el chip.
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) utiliza desde enero de este año el 4G y tiene 7.942 teléfonos activados con la nueva tecnología.
Los importadores detienen sus pedidos
Los empresarios nacionales temen una guerra comercial – Los compradores de materias primas laboran con normalidad
Hasta que el Gobierno informe en detalle cómo aplicará las salvaguardias multilaterales, los importadores tienen reacciones encontradas. Mientras unos detuvieron sus pedidos, otros (principalmente los que traen materia prima) trabajan normalmente.
Dalila Gómez, presidenta de la Asociación Importadores de Cerámica Plana de Ecuador (Asicep), dijo a Diario EXPRESO que en su sector la mayoría ha detenido sus pedidos.
Una situación que también se vive en otras áreas, como las empresas que traen productos para bazares y útiles escolares. Gabriela Uquillas, asesora de aduana y comercio exterior de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), explicó que, aunque las salvaguardias aplican desde la fecha de declaración a la Aduana de la mercadería importada, el no saber el valor de los nuevos aranceles genera incertidumbre de si resultará rentable, por eso prefieren tener las reglas claras. “La espera incluye a los compradores por las fiestas que vienen, como el Día de la Madre”, dijo Uquillas.
Para los compradores de materias primas la situación es diferente. El importador Jorge Luzuriaga manifestó que están laborando con normalidad porque están seguros de que los insumos no pagarán salvaguardias, ya que el fin del Gobierno es estimular la industria nacional. Él confía en que si se gravan impuestos será solo para los productos terminados que también se fabrican en el país. “Al menos eso es a lo que aspiramos”, puntualizó Luzuriaga.
Aunque se desconoce cuánto sería el porcentaje de las salvaguardias multilaterales y si serán generales, por productos o si se fijarán cupos, “se escucha que estarían entre un 20 y un 40 por ciento”, comentó Gómez.
Sin embargo, el sector de la cerámica espera que la decisión del Gobierno esté acorde con el plan de estimular la construcción de casas económicas.
Gómez resaltó que ya pagan impuestos por los productos que vienen de China y Europa: 5 % ad valorem (de acuerdo con el valor) más 1,4 % por kilogramo). “Y si a esto se le suma una salvaguardia, entonces se provocaría la quiebra de muchos”.
Como antecedente de esto recordó las dificultades que tuvieron parta importar el año pasado por otras medidas, “lo cual generó el cierre de 53 pequeñas y medianas empresas (pymes)”, según Gómez.
También hay gremios que prefieren esperar la decisión de las autoridades para definir su postura. Es el caso de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos (Asadelec).
Febrero 13, 2015 David	El Universo
Rusia, Venezuela y Ecuador discuten precio del petróleo
Rusia, Venezuela y Ecuador discutieron ayer en Moscú la forma de estabilizar el precio del petróleo, cuya caída está afectando a sus economías, indicó el ministro ruso de la Energía, Alexandre Novak.
De acuerdo con información internacional, la reunión incluyó a los ministros venezolanos de Exteriores y del Petróleo, Delcy Rodríguez y Asdrúbal Chávez, así como a los ecuatorianos de Exteriores y Recursos Naturales no renovables, Ricardo Patiño y Pedro Merizalde.
Los responsables “discutieron sobre los medios para estabilizar su precio”, precisó el ministerio ruso en un comunicado. Estos países cuyos ingresos dependen en gran parte del petróleo vieron la cotización reducida al 50% en el 2014.
Rusia, que se prepara para una dura recesión, solicitó el estatuto de observador en la OPEP, pero le fue denegado, según el influyente presidente de la petrolera Rosneft, Igor Setchin. Sin embargo, es un país cuyo nivel de producción compite al momento por el puesto de primer productor mundial de crudo con Arabia Saudí.
Las ventas de petróleo ecuatoriano cayeron según los últimos datos del Banco Central del Ecuador (BCE), al pasar de $ 14.107,73 millones en el 2013 a un total de $ 13.302,48 millones en el 2014.
Ayer el precio teórico del crudo ecuatoriano se encontraba en $ 40,50 con corte al 30 de enero. El Gobierno ha anunciado recortes por $ 1.420 millones al presupuesto del 2015. (I)
805 millones de dólares cayeron las exportaciones de petróleo ecuatorianas entre el 2013 y el 2014, según datos del BCE.
Ecuador tuvo 8 bancos offshore en 2002
A partir de 2,5 millones de registros, se descubrió un sistema de envío de dinero a paraísos fiscales en el mundo.
El servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador en 2008 publicó un listado de 90 territorios considerados paraísos fiscales en el mundo. Mónaco, Isla de Cocos, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Polinesia Francesa, Catar, entre otros, serían los destinos precisos para las fortunas de los millonarios ávidos de un mundo paralelamente al control fiscal, de acuerdo con la lista oficial.
Entonces, el SRI detalló que los dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes fiscales preferenciales considerados, son aquellos donde la tasa del Impuesto sobre la Renta -o impuestos de naturaleza idéntica-, es inferior al 60% de lo que corresponde en Ecuador, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno.
El tema de los paraísos fiscales, así como las entidades financieras que sirven de enlace entre ciudadanos acaudalados, sus fortunas y estos paraísos (off shore), se puso en relieve esta semana luego de la revelación hecha por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), acerca de que la filial suiza HSBC posibilitaba la creación de cuentas en estos territorios y asesoraba a sus cuentaahorristas sobre cómo evadir tributos europeos.
Dependiendo de la legislación de los países, las entidades off shore no son ilegales, pero posibilitan el envío de dinero hacia estos territorios.
Roberto Palacios, analista económico y profesor de la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), señaló que las instituciones off shore tuvieron en Ecuador una época de auge antes de la dolarización, como una forma de “refugio” ante las pérdidas resultantes de la depreciación del sucre.
Según información de la agencia de noticias Andes, durante la crisis económica ecuatoriana el sistema bancario privado contaba con $681,1 millones depositados en la banca off shore.
Hasta 2002, en Ecuador 8 subsidiarias en el exterior de bancos nacionales (off shore) estuvieron autorizadas por la Superintendencia de Bancos para operar y captar depósitos: Amazonas Int Bank, Continental Overseas, Guayaquil Bank Trust, Produbank, Pichincha Miami y Pacific National Bank. Este último fue vendido el año pasado.
La revelación hecha pública a inicios de semana por la ICIJ incluye como clientes del banco suizo a 29 ciudadanos relacionados con Ecuador, entre ellos el magnate Álvaro Noboa quien asegura no tener cuenta en la filial suiza.
Precisamente Suiza sigue siendo uno de los principales refugios de capitales no declarados.
El mapa global de ICIJ, hecho en 2 años, sobre las finanzas ocultas de millonarios, supera los $ 180 mil millones en cuentas bancarias.
Después de la investigación, HSBC reconoció que era ‘responsable de los fallos de cumplimiento y control, aunque en sucesos pasados’. Pese al revuelo ocasionado, la ICIJ aclara que no todos los que figuran en esa lista pueden ser considerados evasores fiscales. La organización indica que la información debe servir para más investigaciones de las autoridades en cada país.
¿La CAN es un bloque para integración plena? El ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, señaló esta semana que la salida de la Comunidad Andina de Naciones se analiza como se haría con cualquier otro bloque.
Luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, se refiriera a una posible salida del Ecuador de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se pone en relieve la influencia del organismo subregional en la vida del país.
Una de las aristas que sobresale en el escenario comunitario, y que ha generado mayor polémica, es la comercial, frente a temas como el de las salvaguardias cambiarias impuestas por Ecuador, a inicios de año, a 2 países.
Haciendo historia fue el Acuerdo de Cartagena, conocido también como Pacto Andino, el instrumento jurídico que en 1969 dio vida a lo que se conoce hoy como la CAN y que, a la postre, llevó a la creación de la Zona de Libre Comercio y a un programa de liberación que eliminó los derechos arancelarios a los bienes de exportación de los países miembros. El mercado se abrió en 1993.
Según una reseña publicada en la página web de la CAN, esto permitió que el comercio intracomunitario aumentara vertiginosamente y que se generaran miles de empleos.
Sin embargo, el intercambio comercial entre Ecuador y los demás miembros tuvo tendencia a decrecer en los 2 últimos años. En 2013, según cifras de la CAN, Ecuador exportó dentro de la comunidad un total de $ 2.820 millones. En 2012, el valor llegó a más de $ 3.000.
De acuerdo con un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Defexpor), hasta junio de 2014 el mercado cayó en exportaciones un 8% y en importaciones un 2%.
Parte de la disminución es debido al menor envío de aceites y extractos vegetales (42%), conservas de atún (35%) y productos químicos (60%).
En este contexto, el Gobierno habla de una salida del bloque. El ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, relativizó el tema y dijo el miércoles que la posibilidad de la salida del organismo es algo que “siempre está ahí” como con cualquier otro bloque. “Siempre se analiza la conveniencia o no de continuar”, expresó, sin dar mayores detalles.
Por ahora, luego de que Ecuador llegara a un acuerdo para levantar las salvaguardias, el “siguiente paso” será aplicar medidas multilaterales que sirvan para enfrentar la apreciación del dólar y las bajas rentas petroleras.
Pero durante la historia de la Comunidad Andina de Naciones, 2 países abandonaron el barco: Venezuela y Chile.
El acuerdo de libre comercio, firmado por Perú y Colombia con Estados Unidos, marcó la salida del país caribeño de la CAN. En 2006, Caracas solicitó su deslinde del organismo y el entonces presidente, Hugo Chávez, suscribió acuerdos comerciales con Bolivia y Ecuador para potenciar “las inversiones conjuntas” y “el comercio justo”, según un reporte de Telesur.
El caso de Chile es distinto, pues es miembro asociado y mantiene su actividad en programas de salud, comunicación, educación, empleo y políticas anticorrupción.
El objetivo primario de la CAN fue profundizar la integración, promover su proyección externa y robustecer el proceso de integración.
La declaración del IR vence en marzo
Las personas naturales deberán hacer la declaración del Impuesto a la Renta (IR) hasta el próximo mes, de acuerdo al último dígito de su cédula o el noveno del RUC. El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que quienes hayan superado la fracción básica gravada del ejercicio 2014 que fue de 10.410 dólares deberán cumplir con la declaración.
Las personas de la tercera edad tienen derecho a la deducción de dos fracciones básicas, es decir 20.820 dólares, mientras que para las personas con discapacidad se aplica en porcentajes diferentes dependiendo de la gradualidad de la discapacidad, yendo desde el 40% hasta el 100%.
Para ello se deberá tomar en cuenta los ingresos gravados y los gastos deducibles del primero de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año, considerando lo percibido por el trabajo en relación de dependencia, los ingresos provenientes de la actividad empresarial, arriendos, entre otros.
En el caso del libre ejercicio profesional y que no esté obligado a llevar contabilidad, el contribuyente puede deducir los gastos relativos a su actividad como la impresión de hojas, logística, movilización, etc., además de los gastos personales.
El contribuyente podrá deducir los gastos personales de vivienda, alimentación, salud, educación y vestimenta. Ximena Amoroso, titular del SRI, recordó que los gastos que se registren a nombre del cónyuge o de sus hijos que no tengan ingresos también se pueden aplicar para la deducción. El valor no puede ser mayor al 50% de los ingresos gravados, ni puede exceder de 1,3 veces la fracción básica, es decir 13.533 dólares.
Febrero 11, 2015 David	El Telégrafo
El precio del barril de petróleo subirá rápido, según la AIE
Los precios del barril de petróleo subirán rápidamente, pero sin recuperar el nivel anterior a la reciente caída de las cotizaciones, a causa de una demanda que seguirá siendo moderada, estimó ayer la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
“El proceso de reequilibrio del mercado empezará de manera relativamente rápida, pero su alcance será relativamente limitado, con precios inferiores a los picos de los tres últimos años”, escribe la AIE en un informe sobre el mercado petrolero a medio plazo.
Esta afirmación se basa en la evolución de los precios de futuros en el mercado petrolero, que se sitúan en $ 55 el barril en 2015 y en $ 73 en 2020.
Desde junio, el barril de petróleo cayó de unos $ 110 a menos de $ 50. En los últimos días se superó el umbral de los $ 50. El barril de WTI bajó ayer 3% y cerró en $ 50,93.
Ecuador analizará si continúa en la CAN
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo ayer que se debe “analizar seriamente” la continuidad del país en la Comunidad Andina (CAN), bloque que la pasada semana emitió una resolución contraria a las medidas de protección comercial aplicadas por el país a sus vecinos Colombia y Perú.
El Gobierno ecuatoriano impugnó el domingo anterior una resolución de la CAN, que le exigió eliminar una salvaguardia aduanera impuesta a importaciones de Colombia y Perú por las devaluaciones monetarias en esos países, que afectan la competitividad de las exportaciones nacionales.
Ecuador rechazó la resolución al considerar que “excede las competencias que le confiere el Acuerdo de Cartagena”. Correa, en una cita con periodistas en Guayaquil, estimó conveniente analizar la continuidad en el ente que, agregó, “sirve para muy poco”, aunque precisó que su posición no obedece a “esta coyuntura”.
El crédito educativo sube a $80 millones
Diez millones de dólares más que en el 2014, en total $ 80 millones, destinará para créditos educativos este año el Banco del Pacífico, informó ayer Efraín Vieira, presidente del directorio de la entidad.
El banco maneja las operaciones crediticias del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas (IECE) desde noviembre del 2013, tiempo en el cual, según Vieira, ha atendido a 6 millones de clientes.
El directivo hizo estas precisiones ayer durante el anuncio de la compra de la cartera total del IECE por parte del Banco del Pacífico en $ 353 millones. Añadió que con el aumento de activos el banco espera crecer este año 15%.
María Isabel Cruz, directora del IECE, agregó que la cartera comprende cerca de 75.000 operaciones por un valor aproximado de $ 350 millones y que el instituto quedará como administrador de los programas de becas y del seguimiento académico de los créditos.
Febrero 10, 2015 David	El Universo
Castigo de crudo fue de $14,1 en diciembre
Ecuador cerró diciembre del 2014 con un castigo al precio de su crudo de $ 14,1 el barril frente al petróleo WTI (de Texas), que es marcador de la región. Es que el barril ecuatoriano en el último mes del año pasado fue de
$45,4, según datos recién publicados por el Banco Central del Ecuador, mientras que el WTI terminó en $ 59,5.
El nivel del castigo (diferencial negativo) es comparable solo al registrado hace seis años, en el 2009.
El petróleo ecuatoriano perdió entre enero y diciembre del 2014 $ 43,05, en tanto que el WTI, $ 36,7.
De acuerdo con Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, a más del castigo, los últimos datos del Banco Central del Ecuador reflejan un deterioro de los términos de intercambio de la exportación de petróleo crudo, frente a la importación de productos refinados.
Mientras en diciembre del 2013 se podía comprar un barril de derivados con 1,28 barriles de crudo, en diciembre del 2014 se adquirió un barril de derivados con 1,79 barriles de crudo.
Según Santos, cada vez recibimos menos por el crudo y pagamos altos precios por derivados. “Esta situación no refleja la realidad del mercado internacional en donde crudo y productos han bajado en similares proporciones, sino una defectuosa política de comercialización”, aseguró. (I)
52,86 dólares: Ese fue el precio con el que cerró ayer el barril de crudo WTI (de Texas), 1,17 dólares más que el viernes pasado.
El déficit comercial no se revirtió el 2014
El banano y camarón tuvieron un buen desempeño y evitaron un mayor desbalance La pesca, las flores y el café bajaron
Al igual que el 2013, Ecuador terminó el año pasado con déficit en la balanza comercial, solo que más pequeño: $ 727 millones.
Las estadísticas del Banco Central reflejan un crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Para el primer caso fue de 3,56 % y para el segundo del 2,2 %.
En 2014 el país trajo desde el exterior productos por un valor de $ 26.459 millones y vendió $ 25.732 millones. Durante los últimos años el Gobierno impuso cupos y salvaguardias para equilibrar la balanza.
En comparación al 2013 el déficit se redujo en 313 millones de dólares, pero aumentó en $ 287 millones respecto al 2012. Desde el 2010 el equilibrio de la balanza ha sido un desafío, a pesar de que en los últimos 4 años las ventas mostraron un ritmo ascendente.
En el último año esa bonanza se dio solo por el buen momento del camarón y del banano que, juntos, compensaron ampliamente la caída del petróleo y otros. Según el Central, el banano creció en 253 millones y el camarón en 787 millones. El café, los elaborados del mar, las flores, los químicos y fármacos y las manufacturas textiles tuvieron un mal año.
El 2015 inició bien para el sector bananero, pero no es posible que se mantenga así el resto del año. Richard Salazar, analista, señala que para fines de marzo o mediados de abril es posible que los precios bajen a causa de la salida de fruta de Centroamérica, donde está la mayoría de las plantaciones de las transnacionales.
En promedio el productor recibe alrededor de 7,50 y 8 dólares frente a 6,55 del valor de sustentación, debido a que el spot (o fuera de contrato) tiene buenas cotizaciones luego de que el Gobierno de Rusia, nuestro principal mercado, estabilice su moneda, el rublo. Los rusos han bajado en un 30 % la compra de fruta bajo contrato, para irse al mercado spot.
El camarón, en cambio, tiende a estabilizarse, pero en precios más bajos a los recibidos hasta octubre de 2014, según la Cámara de Acuacultura.
El café sí espera mejores días, aunque no en el corto plazo. En los próximos años se sentirá en el aumento de la producción debido a las inversiones que están haciendo los productores y la industria.
Jorge Salcedo, de Solubles Instantáneos, manifiesta que la industria está apoyando la sustitución del grano importado por el nacional, financiando también las nuevas plantaciones con material de mayor productividad. Con eso se espera revertir la caída en el sector, de 41 millones de dólares, entre grano y soluble en 2014. GLC
Ecuador prepara respuesta para CAN
Ecuador está preparando la demanda de rechazo a la resolución 1762 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) que niega al país la autorización de aplicar la salvaguardia cambiaria y recomienda buscar mecanismos de devolución de los dineros que fueron cobrados. Así lo dijo ayer el viceministro de Negociaciones, Integración y Defensa Comercial del ministerio de Comercio, Genaro Baldeón, quien indicó que la demanda se presentará ante el Tribunal Andino de Justicia.
Ecuador tendría que devolver al menos $ 14,1 millones a las empresas afectadas por las salvaguardias cambiarias de hasta 21% y 7% que se aplicaron a Colombia y Perú, en ese orden, del 5 al 31 de enero del 2015.
Este monto fue recaudado según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) por concepto de la salvaguardia.
El Senae indicó ayer que Ecuador impugnará dicha resolución y ratifica el acuerdo de los gobiernos de los países miembros en privilegiar mecanismos diplomáticos y de diálogo para solucionar diferencias.
Sobre el tema, Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que Ecuador puede apelar la decisión, pero cree que sería difícil que la CAN revea su decisión.
Además, sobre una nueva medida de protección de carácter universal, dijo Peñaherrera que la única razón por la cual la Organización Mundial de Comercio (OMC) podría aprobar que un país tome una medida de este tipo “es por riesgo de colapso económico”.
Explicó que de acuerdo al Gobierno, esa no es una situación que esté sufriendo Ecuador. (I)
El Gobierno devolverá impuestos a exportadores
A través de decreto ejecutivo se oficializará el mecanismo de ‘draw back’ para los exportadores de productos afectados por la apreciación del dólar y las devaluaciones en el mundo. El anuncio lo hizo ayer, 9 de febrero, el ministro de Industrias, Ramiro González, previo a un encuentro de negocios con empresarios italianos. Con esto ratificó lo expuesto por el presidente Rafael Correa, en su enlace del pasado sábado. El ‘draw back’ ‘es la devolución de impuestos al comercio exterior, es decir, a aranceles y cargas tributarias para los exportadores. Según el Mandatario, se va a tomar como base de cálculo para el pago el 5% del valor de la exportación realizada. Esta medida se aplicará para todos los productos no tradicionales. Para los tradicionales se aplicará solo en determinados casos y el porcentaje será menor. En cuanto al banano, según un cuadro presentado en el enlace, se entregará el 2% para las ventas a la Unión Europea, el 3% si es a Rusia y el 4% a China. Para el atún se devolverá el 3% . Para las flores, al ser no tradicionales, será del 5%. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, señaló que esto es positivo porque permitirá a los empresarios mantener la liquidez. Lo propio se logrará con la exoneración del anticipo al Impuesto a la Renta (IR), que también será para los productores de palma y los exportadores de atún en conserva. Entre estos últimos se encuentra Agustín Jiménez, de Galapesca. Él espera que el proceso de devolución sea rápido porque en ciertos trámites el exceso de documentos y pasos a seguir toma tiempo. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, que en el 2012 ya solicitó al Gobierno aplicar el mecanismo, estas demoras se producen en la devolución de impuestos condicionada, vigente en el Código de la Producción, y pueden tomar hasta seis meses. El ministro González, sin embargo, indicó que en el caso del ‘draw back’ la entrega será rápida. Esta semana se reunirá el Comité de Comercio Exterior (Comex) para definir el mecanismo de entrega. “A medida que se entregue la factura de exportación, en ese momento se entregará”. En total, según Correa, se espera devolver USD 253 millones a través del mecanismo. Y reconoció que los trámites deberán ser ágiles porque la idea es seguir exportando ya que eso permite mantener, además, la liquidez del país. Según el Banco Central del Ecuador, con datos publicados ayer, Ecuador registró un déficit de USD 727 millones, lo que muestra una mejoría del 30,2% con relación al año pasado. Las exportaciones, tanto en monto como en volumen, crecieron. Sin embargo, cayeron las de rosas, enlatados de pescado, atún, vehículos, químicos y fármacos, otros productos elaborados del mar, etc. Impugnación a la CAN La Aduana del Ecuador, a través de un comunicado, indicó que Ecuador impugnará la resolución de la Comunidad Andina (CAN), a través de la cual no se autoriza a Ecuador la aplicación de la salvaguardia cambiaria. La entidad aclaró que se respetarán los acuerdos previos, sobre el tema, que se llegó con Perú y Colombia. Esto significa que están liberados del pago materias primas, insumos y bienes de capital, mientras que para los demás productos continúan vigentes. Al momento, Ecuador evaluará hasta la semana del 23 de febrero el desmonte del total del mecanismo. Se prevé fijar medidas multilaterales. En contexto Los datos anuales de comercio exterior revelan que las exportaciones del año pasado crecieron 2,2% frente al 2013. Las compras de bienes de consumo incrementaron tanto en dólares como en volumen, lo mismo sucedió en cuanto a materias primas. La importación de bienes de capital cayó el año pasado.
Provincias amazónicas obtuvieron créditos del BdE por $ 624,8 millones en 8 años
El nuevo paquete de ayudas tendrá una subvención estatal del 35% para obras de saneamiento. Esos ingresos son superiores a los que las administraciones recibirían con la reforma a la Ley 010.
El Banco del Estado (BdE) financiará los proyectos de saneamiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de la Amazonía, con una subvención estatal del 35%.
El anuncio se produjo la semana anterior durante el evento ‘Somos Amazonía’, donde 137 presidentes de juntas parroquiales, 38 alcaldes y 2 prefectos de la región ratificaron su respaldo al Gobierno.
De esta manera el presidente Rafael Correa beneficiará a los gobiernos locales que apoyen la explotación responsable de los recursos naturales de la región amazónica.
Los créditos con un 35% de subsidio serán para obras de agua potable, alcantarillado y, en el caso de prefecturas, el BdE entregará recursos para los caminos vecinales.
Los gobiernos locales de la Amazonía querían reformar la Ley 010 que les otorga 1 dólar por cada barril de petróleo extraído. Ellos deseaban que la cifra se elevara a $ 5. El Gobierno aceptó siempre y cuando todos apoyaran la explotación de recursos naturales de manera responsable. Como no hubo unanimidad, se optó por los préstamos.
De acuerdo con Saúl Cárdenas, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos (Comaga), el apoyo a las políticas gubernamentales fue expresado por entre el 75% y 80% de las autoridades locales.
La aspiración de los gobiernos locales era discutida desde el año pasado. Es un asunto importante si se toma en cuenta que el 90% de los recursos de estas entidades proviene del Estado central.
El BdE aprobó créditos por $ 624,8 millones para infraestructura y dotación de servicios básicos en las provincias amazónicas en los últimos 8 años.
Verónica Gallardo, gerenta general de la entidad financiera, dijo que los nuevos créditos forman parte del compromiso gubernamental para potenciar la competitividad regional, la equidad social y el desarrollo sostenible.
El 56% de los recursos se concedió bajo un esquema de subvención para consolidar el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). “La región amazónica es una de las zonas prioritarias para la revolución ciudadana y el objetivo es convertirla en una región libre de pobreza extrema”, insistió Gallardo.
Este mecanismo de asistencia financiera superaría los ingresos que los GAD recibirían a través de la reforma a la denominada Ley 010.
Gallardo explicó que los subsidios se entregarán por hasta 35% del valor de los proyectos de agua potable y alcantarillado, siendo prioritarios los sectores que son vitales para la disminución de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI).
El presidente del Comaga explicó que los proyectos de saneamiento tomarán cierto tiempo más, ya que deberán tener viabilidad técnica y la aprobación de entidades como la Secretaría delAgua (Senagua).
Esto tendrá que ir de la mano con estudios de impacto ambiental que determinen si son factibles licencias u otros permisos, teniendo en cuenta el delicado ecosistema de la Amazonía.
El Comaga realizará en unas 3 semanas un estudio que defina los gobiernos locales que tengan listos los estudios técnicos para acceder a un crédito en el BdE.
Cárdenas dijo que es criticable el ‘doble discurso’ sobre la explotación de los recursos naturales y la reforma a la Ley 010. Dijo que si se está exigiendo mayores recursos, habría que revisar las posiciones de las autoridades.
Carlos Lara, vicepresidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), insistió en que con la explotación petrolera esta zona tiene vías de calidad y la troncal amazónica asfaltada. Las unidades educativas son de primera, el sistema de salud ‘envidiable’ y se desarrollan hidroeléctricas, destacó el dirigente.
En tanto, Blanca Grefa, presidenta de la Federación Interprovincial de Comunas y Comunidades de la Amazonía, dijo que Orellana es la primera provincia en liderar la industria petrolera y por ello apoyan que el ITT sea explotado con el mínimo impacto ambiental. Ese yacimiento está en esa provincia.
La gerenta del Banco del Estado afirmó que los créditos sientan las bases para un desarrollo integral y la erradicación de la pobreza.
Para Orellana y Sucumbíos, que albergan los principales campos petroleros del país, los créditos ascendieron del BdE a $ 132,8 millones y $ 104,4 millones en estos 8 años, respectivamente. En tanto que Napo receptó $ 113,4 millones, Morona Santiago $ 102,9 millones, Zamora Chinchipe $ 84,4 millones y Pastaza $ 69,5 millones.
Entre las iniciativas emblemáticas financiadas por el BdE está el proyecto eléctrico Taisha.
El Alcalde de ese cantón y miembro de la nacionalidad Shuar, Sergio Ayuy, se niega a firmar el acuerdo de respaldo.
El mayor fraude fiscal del mundo suma $ 180 mil millones
La revelación del ICIJ indica cómo el banco ocultó las cuentas de sus usuarios de las autoridades tributarias. Uno de ellos sería Álvaro Noboa, con depósitos por $ 92,1 millones.
El actor de Hollywood, John Malkovich, el fallecido Frantz Merceron (ministro del gobierno del haitiano Jean Claude Duvalier), Vladimir Antonov, el exdueño de un equipo de fútbol inglés, el billonario mexicano Carlos Hank y el hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa.
Todos tienen algo en común: son parte de los 106.498 clientes del banco HSBC (Hong Kong Shanghai Bank) e integran una lista filtrada de cuentas bancarias acusadas de evadir impuestos entre 2005 y 2007. Una nómina que sumaría $ 180 mil millones en evasiones. La filtración más grande de la historia bancaria revela cómo operaba el HSBC, cuya sede está en Londres, y tiene oficinas en 74 naciones en 6 continentes.
Los documentos filtrados fueron obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a través del diario francés Le Monde. Muestran las ‘transacciones’ bancarias en un amplio espectro de ilegalidades, especialmente al momento de ‘recomendar’ a sus clientes cómo evadir o esconder sus dineros para no pagar impuestos al fisco. Ayer lunes, el Parlamento británico fue convocado para un debate de emergencia, puesto que 8.000 de los clientes estaban en Reino Unido.
El HSBC dijo este lunes que ha cambiado “de forma fundamental” sus actividades, y enfrenta ahora investigaciones criminales en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina. A pesar de ello, en el Reino Unido, donde la entidad tiene su sede central, no se emprendió ninguna demanda contra la compañía.
Las cuentas offshore no son ilegales en sí, pero muchos las utilizan para esconder dinero de las autoridades fiscales. Y lo más preocupante, según cita el ICIJ, es que los clientes millonarios volaban a una filial del banco en Suiza para extraer enormes cantidades de dólares. ¿Por qué viajar a Suiza y no solicitar una transferencia de alguna filial del HSBC?
El especialista en impuestos Jolyon Maugham, consultado por el diario británico The Guardian (que también tuvo acceso a las filtraciones), explica que esto solo se explica porque el cliente estaba envuelto en algo obscuro, y “no quería que las autoridades de Londres o de cualquier otro país se enterasen de que estaba sacando dinero de un banco suizo”. Desde la India, el ministro de Finanzas, Arun Jaitley, confirmó que se investigarán todos los ciudadanos indios implicados en la lista de clientes del HSBC, aunque advirtió que algunas cuentas podrían ser legítimas. Esto también lo deja claro el ICIJ, pues algunos clientes quizás ni siquiera sabían que tenían depositado su dinero en el HSBC.
Además de permitir el retiro de dinero sin más preguntas de sus clientes en Suiza, el HSBC conspiró con los clientes para ocultar cuentas no declaradas de las autoridades tributarias en sus respectivos países. Otra práctica fue proveer cuentas bancarias a personas acusadas de crímenes, empresarios con juicios pendientes y otros individuos calificados de alto riesgo. Un ejemplo es Aziza Kulsum, que en 2001 fue acusado de contrabando de armas en República Democrática del Congo. Entre 2006 y 2007 depositaron $ 1,6 millones en el HSBC. Otro cliente cuestionable es Emanuel Shallop, condenado por comerciar con los llamados diamantes de sangre, provenientes de territorios africanos en conflicto.
El cliente ecuatoriano:
Los documentos obtenidos por el ICIJ se basan en información original que filtró un exempleado del HSBC y hoy convertido en el nuevo informante mundial.
Su nombre es Hervé Falciani y entregó la información a las autoridades francesas en 2008; la mayoría de los documentos los tiene el diario Le Monde y a partir de ello empezaron a cruzar información con periodistas de 45 países.
En el capítulo ecuatoriano, la información del ICIJ revela que el país está ubicado en el puesto 80 entre los países con mayores sumas de dinero dentro del banco. En el ranking total, Ecuador se ubica 160 entre 406 naciones.
La mayor suma de dinero asociada con un cliente ecuatoriano es de $ 92,1 millones y pertenece al excandidato presidencial Álvaro Noboa, a quien la organización cita como el hombre más rico del país.
En total hay 51 cuentas registradas en el HSBC con un total de activos por $ 198,4 millones. Se registran 29 clientes de Ecuador y 23 de ellos abrieron sus cuentas entre 1984 y 2006.
Las cuentas ‘activas’ son las que se abrieron después de 1988 y representan cerca de 14. Un 28% de los 29 clientes tiene pasaporte o nacionalidad ecuatoriana, además cerca de un 20% de las cuentas fueron abiertas o tramitadas a través de una compañía offshore.
Estas empresas se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal, en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo se les llama también sociedades no residentes.
Sobre Noboa, la filtración recuerda que participó 5 veces para presidente entre 1998 y 2013. Bajo el conglomerado Grupo y Corporación Noboa, el empresario guayaquileño maneja 110 compañías en el mundo.
Además de la exportación de banana, Noboa posee propiedades mediáticas, de bienes raíces, banco y otras empresas. El ICIJ destaca las batallas legales de Noboa, quien ha sido acusado antes de evasión al fisco y de contratar niños en las plantaciones bananeras.
En 2013 el SRI embargó 8 lotes, el predio La Clementina y otras propiedades de Noboa, para ser rematados con la finalidad de cubrir la deuda tributaria de más de $ 102 millones que tiene la Exportadora Bananera Noboa correspondiente al ejercicio fiscal de 2005.
En 2014 el Impuesto a la Renta por pagar de Noboa es de $ 677.242,44, según datos del SRI. Mientras que en 2009 la exportadora del guayaquileño no presentó una declaración y solo pagó $ 313 por impuestos de salida de divisas.
El empresario y expolítico abrió su cuenta en el banco HSBC en 2006, bajo la empresa Fruit Shippers Limited, que está domiciliada en Bermuda y Estados Unidos. La máxima suma registrada en la cuenta fue de $ 92,1 millones entre 2006 y 2007. En esta fecha la entidad acumula los mayores depósitos. Un tercio de los clientes mantuvo conversaciones con el banco durante 2005 e iniciaron transacciones un año después.
Desde Guayaquil, Noboa dijo que la multinacional, de la cual es dueño, “tiene negocios en distintas partes del mundo y a su vez estos negocios tienen cuentas en diferentes bancos del mundo entero”. Asegura que éstos responden por sus impuestos y obligaciones ante las autoridades tributarias del país donde ocurren, y que “Álvaro Noboa a título personal no tiene, ni ha tenido cuenta en el HSBC”.
Por el número de clientes, Suiza ocupa el primer lugar del ranking, con 11.235, le sigue Francia (9.187), y luego Reino Unido (8.844). Mientras que por el dinero acumulado también en primer lugar está Suiza, con $ 31,2 billones

References: artículo 100
 artículo 124
 Resolución 
 artículo 1
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 artículo 2
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