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Timestamp: 2017-06-27 19:00:12+00:00

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MANAGEMENT EN LAS PYMES: LAVADO DE DINERO - Cuestiones clave de la Resolución 3-04 UIF, y de las Resolución 311/05 y 325/05 (FACPCE).
LAVADO DE DINERO - Cuestiones clave de la Resolución 3-04 UIF, y de las Resolución 311/05 y 325/05 (FACPCE).
Dado un reciente artículo periodístico respecto, a la próxima emisión por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de un informe que centralizará sus críticas sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. Me pareció oportuno mencionar algunas cuestiones claves (indicadas por la Federación) sobre la Resolución 03-04 de la UIF y de las Resoluciones 311 y 325.
Definición de lavado de dinero Se puede definir el “lavado de dinero” como el proceso mediante el cual los activos de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Cómo se lava el dinero Para identificar las actividades que pueden ser indicativas de lavado de dinero, es importante entender cómo ocurre el lavado. El dinero es lavado a través de una serie de complejas transacciones y, por lo general, incluye tres etapas o fases: 1) colocación, 2) decantación o estratificación, y 3) integración. Estas etapas, desarrolladas en detalle en las resoluciones citadas, constituyen elementos básicos para ayudar a los profesionales en la identificación de operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos, y un punto de partida necesario para luego fijar los procedimientos y/o controles que deberán aplicar Profesionales en ciencias económicas alcanzados.
De acuerdo con la Resolución 3/04 de la UIF, los profesionales alcanzados por las obligaciones establecidas por el artículo 21 de la Ley de Lavado de Dinero son los que prestan servicios de auditoría de estados contables o se desempeñan como síndicos societarios, cuando estos servicios profesionales se brindan a las personas físicas o jurídicas: a) enunciadas en el artículo 20 de la Ley de Lavado de Dinero (sujetos obligados), o b) que, no estando enunciadas en dicho artículo, según los estados contables auditados: i) tengan un activo superior a $3.000.000, o ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año. Por lo tanto, no están alcanzados los servicios profesionales consistentes en revisiones limitadas de estados contables, certificaciones e investigaciones especiales. Tampoco se encuentran alcanzados fuera de los mencionados inicialmente, los servicios de asesoramiento impositivo o para la preparación de declaraciones juradas de impuestos, ni ninguno de los otros servicios profesionales regulados en la Ley N° 20.488.
Deber de informar cualquier hecho u operación sospechosa El artículo 21, inciso b), de la Ley de Lavado de Dinero estableció que las personas señaladas en su artículo 20 (entre quienes se encuentran los auditores y síndicos) deben informar cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente de su monto. Cabe destacar que la inexistencia de un monto mínimo para informar las operaciones inusuales o sospechosas no se relaciona con la configuración del delito, para lo cual la ley establece que las operaciones en cuestión deben superar el monto de $50.000. Sin embargo, en la fijación de una muestra de auditoría el importe que se puede fijar puede ser distinto. El límite de la significación y los criterios para la selección de muestras con el objeto de efectuar las pruebas de auditoría, lo fijará el auditor o síndico en el marco de la auditoria de los estados contables sobre los cuales deberá emitir una opinión. Detectada una operación sospechosa y una vez que el profesional haya concluido las tareas pertinentes para confirmar dicho carácter, deberá reportarla a la UIF dentro de las 48 horas mediante la confección del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) (Anexo III de la Resolución UIF N° 3/04) juntamente con un informe conteniendo opinión fundada respecto de la inusualidad o sospecha de la o las transacciones informadas y acompañando toda la documentación respaldatoria correspondiente.
Deber de abstenerse de informar El artículo 21 de la Ley de Lavado de Dinero impone el deber de no informar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de ella. Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Lavado de Dinero establece que no serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por dicha ley, las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ley o por contrato.
Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Lavado de Dinero establece que el cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie. Esta dispensa abarca también las sanciones que le pueden corresponder a un contador público por revelar información que obtiene en el ejercicio de su actividad, penado por el Código de Ética y por el artículo 156 del Código Penal. Responsabilidades del profesional frente al incumplimiento del deber de informar. El lavado de dinero pasa a estar tipificado como una especie del género de encubrimiento y la Ley de Lavado de Dinero impone penas de prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación “...al que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de $50.000 pesos, sea en un sólo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. La Ley de Lavado de Dinero fija un régimen penal administrativo que cubre distintas situaciones. El incumplimiento del deber de informar será penalizado con multas de:
a) una a diez veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave; o b) $10.000 a $100.000, cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes.
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