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Timestamp: 2018-07-21 07:34:05+00:00

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RESOLUCIÓN JUS/1696/2013, de 16 de julio, por la que se hace público el Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamiento en los partidos judiciales de Cataluña.
En fecha 5 de julio de 2013 se firmó el Protocolo entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Departamento de Justicia, la Diputación de Barcelona, la Diputación de Tarragona, la Diputación de Girona, la Diputación de Lleida, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 112.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
Dar publicidad al Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamiento en los partidos judiciales de Cataluña entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Departamento de Justicia, la Diputación de Barcelona, la Diputación de Tarragona, la Diputación de Girona, la Diputación de Lleida, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña, que se transcribe como anexo a esta Resolución.
Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamiento en los partidos judiciales de Cataluña
Por una parte, el Excelentísimo Señor Miguel Ángel Gimeno Jubero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nombrado en virtud del Real decreto 15/2010, de 3 de diciembre (BOE núm. 292, de 3.12.2010).
Por otra parte, el Honorable Señor Germà Gordó i Aubarell, consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, nombrado por el Decreto 166/2012, de 27 de diciembre, por el que se nombran la vicepresidenta del Gobierno, los consejeros y consejeras de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y el secretario del Gobierno (DOGC núm. 6281, Anexo, de 27.12.2012).
Por otra parte, el Excelentísimo Señor Salvador Esteve i Figueras, presidente de la Diputación de Barcelona, que actúa en representación de la Diputación de Barcelona, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 34.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y 90.3 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Por otra parte, el Ilustrísimo Señor Josep Poblet i Tous, presidente de la Diputación de Tarragona, que actúa en representación de la Diputación de Tarragona, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 34.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y 90.3 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Por otra parte, el Ilustrísimo Señor Joan Giraut i Cot, presidente de la Diputación de Girona, que actúa en representación de la Diputación de Girona, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 34.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y 90.3 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Por otra parte, el Ilustrísimo Señor Joan Reñé i Huguet, presidente de la Diputación de Lleida, que actúa en representación de la Diputación de Lleida, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 34.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y 90.3 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Por otra parte, la Ilustrísima Señora M. Antònia Amigo de Palau, secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nombrada por la Orden JUS/42/2010, de 18 de enero (BOE núm. 19, de 22.1.2010).
Por otra parte, el Excelentísimo Señor Miquel Sàmper i Rodríguez, presidente del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.
Por otra parte, el Excelentísimo Señor Ignacio López Chocarro, presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña.
Por otra parte, el Ilustrísimo Señor Miquel Buch i Moyà, presidente de la Asociación Catalana de Municipios, en representación de esta Asociación, en el uso de las atribuciones otorgadas en los artículos 18 y 34 de sus estatutos.
Y, por otra parte, el Ilustrísimo Señor Xavier Amor i Martín, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, en representación de esta Federación, según las atribuciones otorgadas en los artículos 19 y 35 de sus estatutos.
Los periodos de crisis económica provocan un aumento de los procedimientos que llevan aparejada en ejecución el lanzamiento de la vivienda (desahucios en sus diferentes modalidades, ejecuciones hipotecarias, ejecución de laudes arbitrales, etc.). Todos los partidos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sufrido este incremento de lanzamientos, a lo cual tiene que añadirse un elemento cualitativo como el aumento de la peligrosidad en la práctica de estas diligencias. Han sido distintas las situaciones en las que se han esgrimido armas a la comisión judicial, se ha recibido amenazas e, incluso, se ha producido un suicidio.
A pesar de las disposiciones del Real decreto 27/2012, de 15 de noviembre, relativas a aplazar el lanzamiento en los procedimientos hipotecarios en ciertos supuestos, los escasos márgenes legales a la discrecionalidad judicial en la materia determinan un flujo constante hacia los recursos sociales que las diferentes administraciones ponen en favor de las personas afectadas.
Esta situación ha dado lugar a un esfuerzo de los actores institucionales por paliarla en la medida de lo que sea posible dentro de sus competencias y posibilidades. Son ejemplo de ello los acuerdos del grupo de trabajo Ciudadanos y Administración de Justicia en el seno del Departamento de Justicia o el Protocolo de colaboración suscrito entre el Colegio de Procuradores de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona de 26.3.2012. En la línea de colaboración institucional establecida en los acuerdos mencionados, se inserta este Protocolo que tiene como finalidad poner en contacto con la mayor celeridad a los ciudadanos afectados con los servicios municipales con el objetivo de que estos últimos conozcan la situación y puedan facilitar el acceso al catálogo de servicios, contactos y posibilidades de acción que haya en cada momento, así como evitar riesgos y proporcionar garantías a las comisiones judiciales.
La plasmación jurídica de esta finalidad no resulta fácil, dado el gran número de municipios existentes en Cataluña -que impide suscribir un protocolo para cada caso-, la multiplicidad de situaciones y dimensiones que resultan de esta variedad municipal y la evidencia que en muchos de los municipios más pequeños ciertos servicios -en especial los sociales- los prestan entes supramunicipales, lo cual aconseja adherirlos a este Protocolo, tanto en términos formales, atendiendo al proceso de adhesión de los municipios, como materiales, en cuanto a la prestación concreta de los servicios sociales necesarios para las finalidades que se pretenden.
Por todo ello, las diferentes partes de este Protocolo
El objeto de este Protocolo es coordinar la acción de las instituciones firmantes en la ejecución de las diligencias de lanzamiento que disponen los juzgados de los diferentes partidos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y realizar todas las actuaciones que puedan ayudar y mejorar la situación de las familias o las personas en situación de vulnerabilidad social pendientes de una diligencia de lanzamiento de un procedimiento de desahucio, ejecución hipotecaria o similar.
El ámbito territorial de aplicación de este Protocolo son los partidos judiciales de Cataluña que comprendan los municipios que se adhieran a él -con exclusión en todo caso del partido judicial de Barcelona, que se tiene que regir por su protocolo particular- y el ámbito objetivo, los lanzamientos de los inmuebles que constituyen la vivienda habitual de la persona demandada en que se produzca una situación de vulnerabilidad social de las que se describen.
A los efectos de este Protocolo de actuación, se definen como situaciones de vulnerabilidad social derivadas de procedimientos judiciales que determinen directamente la pérdida de la vivienda habitual aquellas en que se produzca al menos una de las circunstancias siguientes:
a) Supuestos recogidos expresamente en la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales y en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia:
Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial con grado de discapacidad superior al 33%.
Personas con enfermedades mentales y trastornos del comportamiento (síndrome de Diògenes, personas con trastornos mentales, etc.) y/o enfermedades crónicas que provocan una incapacidad, cíclica o permanente, en la gestión de su autonomía y/o calidad de vida.
Personas con valoración de grado de dependencia.
Personas con riesgo de exclusión y/o aislamiento sociales.
Vulnerabilidad, riesgo o dificultad social para las personas mayores, la infancia y la adolescencia (persona/s de la tercera edad sola/s, menores de edad, especialmente en los casos de familias numerosas, familias monoparentales, etc.).
Violencia machista y las diversas manifestaciones de violencia familiar.
b) Otros supuestos que, aunque no suponen per se una condición de vulnerabilidad social, plantean problemas susceptibles de ser considerados factores de riesgo social:
Existencia de personas en situación irregular.
Supuestos de viviendas «ocupadas».
Existencia de animales domésticos en número significativo.
Suministro de gas natural y/o electricidad, ilegal y/o en mal estado u otros análogamente peligrosos.
Cualesquiera otras situaciones análogas y/o peligrosas.
Las diputaciones provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios -esta especialmente mediante el Foro Comarcal que, integrado en su estructura, incorpora todos los consejos comarcales de Cataluña- tienen que difundir este Protocolo entre los municipios agrupados y/o asociados respectivos, los cuales pueden, si así lo desean, entregar una comunicación de adhesión a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Esta comunicación tiene que incluir necesariamente el compromiso de cumplir lo que dispone este Protocolo -sin la posibilidad de reservas ni modificaciones particulares- y además:
Tiene que identificar los servicios municipales o supramunicipales designados para actuar en las situaciones descritas.
Tiene que identificar con nombre, apellidos y cargo una persona concreta responsable de la actuación de los servicios designados a este efecto.
Tiene que determinar unos datos concretos de contacto postal, telefónico y electrónico.
Tiene que determinar, especialmente, en caso de que los servicios los preste un ente supramunicipal, que este tiene conocimiento de la designación municipal y que ha dado su conformidad.
Asimismo, el consejo comarcal, si así lo acuerda el Consejo de Alcaldes, puede entregar la comunicación de adhesión, en la cual se tiene que especificar que los municipios adheridos han dado su conformidad y con los mismos requisitos mencionados en el párrafo anterior para cada uno de los municipios adheridos.
Recibidas unas u otras comunicaciones, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene que justificar su recepción y tiene que entregar una comunicación al/a la juez/a y al/a la secretario/a decanos del partido judicial correspondiente en el municipio -en este último caso mediante la secretaria de Gobierno-, al Departamento de Justicia y a los colegios de abogados y procuradores correspondientes, donde se tiene que notificar la fecha de entrada en vigor de este Protocolo con respecto a las diligencias de lanzamiento que hace falta practicar en el municipio concreto adherido.
El/la juez/a y el/la secretario/a decanos tienen que hacer al mismo tiempo la distribución de esta comunicación entre los jueces y los secretarios de los juzgados con competencia civil de su partido y, si los hay, a los servicios comunes.
Las diputaciones provinciales, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña, dentro de su disponibilidad y de la manera que estimen más conveniente, tienen que apoyar técnicamente, económicamente y de forma asociativa la adhesión al Protocolo de los municipios de su comarca, provincia o asociación, tomando los acuerdos o desarrollando las actuaciones adecuadas en este sentido.
En el ámbito de los partidos judiciales donde entre en vigor este Protocolo -totalmente o en alguno de los municipios-, los consejos de los colegios de abogados y de procuradores de Cataluña tienen que promover entre sus colegiados -a través de los colegios territoriales respectivos-, en cuanto a los procedimientos de desahucio, hipotecarios y cualesquiera otros que comporten o puedan comportar directamente la pérdida de la vivienda habitual de la persona demandada, la conveniencia de hacer constar por otrosí a la demanda las circunstancias de riesgo social que sus clientes les hayan hecho constar o el hecho de ignorarlas y, en caso de que comparezca un representante o defensor de la persona demandada, en el escrito de contestación o en un escrito dirigido específicamente al juzgado en este sentido.
Los ayuntamientos adheridos pueden poner a disposición del servicio de actos de comunicación o de los juzgados, para unirlas a la documentación judicial que se tiene que entregar a las personas demandadas en estos procedimientos, unas hojas informativas de los diferentes recursos sociales existentes en estos casos y a los que estos puedan acceder. La aportación concreta de los documentos -en papel o electrónicamente- se tiene que entender siempre con la persona que hayan designado como responsable en la comunicación de adhesión antes mencionada. En el caso de que sea el consejo comarcal u otro ente supramunicipal que tenga asumida la prestación de los servicios sociales en el municipio adherido, estas hojas tienen que ser aportadas por este. También pueden ser colectivos en caso de que presten servicio a más de un municipio, con el fin de facilitar su tratamiento en los órganos judiciales.
Los ayuntamientos adheridos o, si procede, los consejos u otros entes, pueden poner a disposición del colegio de procuradores de su partido judicial las mismas hojas informativas -incluso en versión electrónica imprimible-, para que en los supuestos de actos de comunicación realizados directamente por sus colegiados conforme a la normativa procesal vigente se pueda dar cumplimiento a la labor informativa descrita en el número anterior. Igual que antes, la aportación concreta de los documentos -en papel o electrónicamente- se tiene que entender por parte del colegio de procuradores respectivo con la persona que hayan designado como responsable en la comunicación de adhesión al Protocolo.
El/la secretario/a del servicio de actos de comunicación o del juzgado que conozca del procedimiento tiene que disponer unir estas hojas en las citaciones que se tienen que entender con las personas demandadas y tiene que indicar que su práctica y, en general, de los actos de comunicación en estos procedimientos incluya:
a) La consignación por parte de la comisión judicial de cualesquiera de las situaciones de riesgo social descritas antes, de las cuales tengan conocimiento en razón de la práctica del acto de comunicación.
b) De forma expresa, que se haga constar en la diligencia que la comisión judicial extienda el consentimiento de la persona demandada al hecho de que la existencia del procedimiento sea puesta en conocimiento de los servicios sociales del ayuntamiento adherido, a los que se tiene que entregar una comunicación informativa de la situación de riesgo social sobre este tema en caso de que se preste el consentimiento indicado.
Lo mismo se hará en el caso de actos de comunicación que lleve a cabo directamente el procurador en los casos establecidos legalmente, utilizando el/los mismo/s documentos que utilizaría la comisión judicial para indagar la vulnerabilidad social.
El Departamento de Justicia, con sujeción en todo caso a la disponibilidad presupuestaria y de conformidad con la secretaria de Gobierno, tiene que efectuar las modificaciones necesarias en los programas de gestión informática de los juzgados para que la documentación de los actos de comunicación que sea necesario realizar, la indagación de la vulnerabilidad social y la comunicación posterior a los servicios sociales permitan dar cumplimiento a lo que se dispone más arriba. Alternativamente, puede dar cumplimiento a este punto mediante impresos. Igualmente, en coordinación con el personal de los ayuntamientos adheridos o de los entes supramunicipales que presten los servicios sociales, tiene que realizar las acciones de formación necesarias -y posibles-para que el personal judicial que tenga que practicar las diligencias pueda completar verbalmente la información que hay que suministrar a la persona demandada.
El/la juez/a que conozca de una situación de riesgo en la fase inicial del procedimiento y haya recibido el consentimiento de la persona demandada y, en todo caso, el secretario del servicio de actos de comunicación o del juzgado, una vez se convierta en firme la resolución judicial que da lugar al lanzamiento y se haya solicitado -si no se ha hecho antes-, se tiene que dirigir a los servicios sociales designados para cada ayuntamiento adherido a fin de que estos evalúen la posible situación de riesgo social y las medidas para evitarlo, adoptadas y/o propuestas y en todo caso con un plazo concreto de ejecución, así como la seguridad de la comisión judicial en la realización de este acto. En todo caso, cuando se señale una fecha y hora concreta para el lanzamiento -en el decreto de admisión de la demanda o en la sentencia-, se tienen que tener en cuenta los plazos establecidos en este Protocolo con el fin de no vaciarlos de contenido.
En el plazo máximo de quince días, los servicios sociales actuantes del ayuntamiento adherido tienen que enviar el informe-evaluación a partir de cuya valoración el secretario del servicio de actos de comunicación o del juzgado dispondrá, si procede, previo el traslado a la parte ejecutante, lo que corresponda con vistas a la práctica del lanzamiento en la fecha señalada y el auxilio a esta que estime necesario de los servicios sociales indicados u otros servicios municipales (zoonosis o similar) y sin perjuicio de lo que aporte la parte ejecutante para hacer valer su derecho (cerrajeros, transportistas y/o otros). En ningún caso, la falta del informe o su retraso tiene que ser causa de suspensión del lanzamiento que en todo caso tiene que comunicarse a los servicios sociales y sin perjuicio que la comisión judicial pueda disponerla en el momento de su realización material por las razones que estime adecuadas.
En el supuesto de que del informe se desprenda la posibilidad de compromiso para la seguridad de la comisión judicial o de las personas implicadas, se tiene que solicitar, mediante una resolución del secretario del servicio de actos de comunicación o del juez, el auxilio de los Mossos d'Esquadra con la finalidad que acompañen a la comisión judicial a realizar la práctica de la diligencia de lanzamiento.
Todas las comunicaciones aludidas en este Protocolo -sean a las partes, a los profesionales o a los servicios públicos- lo tienen que ser mediante un correo electrónico, a las direcciones específicas que cada parte facilite sobre este tema y, específicamente, a la de los servicios sociales designados en la comunicación de adhesión, excepto las hechas por o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que requerirán forma escrita en soporte papel.
Respecto a los ficheros automatizados de datos que cada una de las partes de este Protocolo pueda crear a resultados de este, se establece:
Que tienen que ser comunicados debidamente a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Se tienen que adoptar las medidas para adecuarlos a la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y otras normas de aplicación y cuidando que el tratamiento de la información mencionada sea realizada únicamente por personal debidamente autorizado.
Que la información se tiene que utilizar exclusivamente para las necesidades estrictas derivadas de este Protocolo -facilitar alojamiento, almacén de mobiliario o la ayuda, la orientación y el asesoramiento que las familias o personas usuarias necesiten-, y no utilizarla con finalidades diferentes.
Que los ayuntamientos adheridos tienen que adoptar las medidas para adecuarse a la Ley orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y otras normas de aplicación. Tiene que tener la consideración de encargado del tratamiento a efectos de lo que dispone la normativa mencionada.
Se constituye una comisión mixta presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la persona en quien él delegue y de la cual formarán parte a los restantes firmantes de este Protocolo o el personal en quien estos deleguen. La Comisión se tiene que reunir ordinariamente con una periodicidad anual y con carácter extraordinario siempre que el presidente lo considere necesario, por si mismo o a propuesta de alguno de los representantes de las partes. Esta Comisión tiene que velar por el buen funcionamiento de la aplicación de este Protocolo, así como resolver las dudas que se puedan derivar de la ejecución práctica.
En el ámbito de cada partido judicial se puede constituir una comisión de seguimiento presidida por el/la juez/a decano/a e integrada por el/la secretario/a decano/a o del servicio de actos de comunicación, la persona responsable de los servicios sociales del mayor número de municipios del partido adheridos a este Protocolo y la del municipio con mayor número de habitantes, que se tiene que reunir a solicitud de cualquiera de sus integrantes y que tiene que velar por el buen funcionamiento de la aplicación de este Protocolo, así como resolver las dudas que se puedan derivar de la ejecución práctica.
Este Protocolo entrará en vigor a partir del día de la fecha de su firma y tendrá una duración de un año prorrogable, a su vencimiento, por idénticos y sucesivos periodos anuales si no ha sido denunciado por alguna de las partes con una antelación de 90 días.
Serán causas de resolución de este Protocolo:
El transcurso del plazo previsto.
El incumplimiento de cualesquiera de los compromisos que asumen las partes durante el transcurso de la vigencia.
Serán causas de resolución específicas hacia los municipios adheridos el incumplimiento de cualesquiera de los compromisos que estos asumen, constatada por la Comisión de Seguimiento a que se hace referencia a la cláusula 14.
En caso de resolución del Protocolo, las partes establecerán los mecanismos que permitan el seguimiento de las actividades de colaboración emprendidas o su finalización ordenada y adecuada preservando los derechos de los usuarios que puedan resultar afectados.
Las adhesiones hechas por parte de los municipios interesados entrarán en vigor a partir de la aceptación por el presidente de este Tribunal y tendrán una duración de un año prorrogable, a su vencimiento, por idénticos y sucesivos periodos anuales si no han sido denunciadas por alguna de las partes con una antelación de 90 días mediante una comunicación escrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, aceptada, lo comunicará al/a la juez/a y secretario/a decano/s.
En caso de cese de la adhesión, los ayuntamientos y los decanos establecerán los mecanismos que permitan el seguimiento de las actividades de colaboración emprendidas o su finalización ordenada y adecuada preservando los derechos de los usuarios que puedan resultar afectados.
Las referencias hechas a los servicios de actos de comunicación y a los juzgados y a su personal se entienden hechas, a los efectos exclusivos de este Protocolo, a los servicios comunes procesales correspondientes que, sea cuál sea su denominación, asuman la realización de los actos de comunicación y la ejecución de los lanzamientos, como consecuencia bien de la implantación en los partidos judiciales del nuevo modelo de oficina judicial diseñado por el Decreto 169/2010, de 16 de noviembre, sobre estructura y organización de la oficina judicial a Cataluña, bien de reformas legislativas.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman este Protocolo, en el lugar y la fecha señalados.
Barcelona, 5 de julio de 2013
Miguel Ángel Gimeno Jubero i M. Antònia Amigo de Palau
Miquel Sàmper i Rodríguez
Miquel Buch i Moyà

References: artículo 112
 Real decreto 
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