Source: https://www.scribd.com/doc/114565685/Sierra-Camacho-Maria-Teresa
Timestamp: 2017-02-22 05:42:36+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinJusticia Indígena y Estado: Retos desde la Diversidad.María Teresa Sierra1
“Y quiero dejar señalado algo muy importante, no es un capricho del Poder Judicial la creación de este Juzgado Indígena, es un mandato de la Constitución General de la República y la Constitución General de la República dice, que serán los pueblos indígenas los que nombren a sus autoridades, no el Poder Judicial ni ninguna otra autoridad, entonces bajo ese, bajo esa tesitura constitucional, ellos nombraron a sus autoridades” 2
¿Qué retos plantea el reconocimiento legal de la justicia indígena para pensar la reforma del Estado? ¿Cuál es el impacto de dicho reconocimiento en el derecho indígena y en las prácticas mismas de justicia? ¿De qué manera se está planteando la relación entre el derecho del estado y el derecho indígena? ¿En qué sentido estamos ante prácticas de justicia tradicionales o se trata más bien de nuevas expresiones de una justicia intercultural? ¿En qué sentido dichas instancias significan el reconocimiento de jurisdicciones indígenas amplias o son solamente espacios limitados que actualizan la regulación del Estado?. Estas y otras preguntas surgen ante la emergencia de nuevas instancias de justicia comunitaria en distintas regiones del país, la mayor parte de ellas impulsadas por el estado, mientras se generan otras al margen de su reconocimiento. Si bien la justicia tradicional ha sido una práctica vigente en las comunidades indígenas, es apenas recientemente que se ha planteado su reconocimiento, como parte integrante del sistema judicial estatal. Llama la atención el interés del estado de priorizar el campo de la justicia indígena para
Profesora – Investigadora del CIESAS – México. Discurso de inauguración de las instalaciones del Juzgado Indígena en Cuetzalan, Puebla, pronunciadas por el Magistrado Guillermo Pacheco Pulido Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, ante el Gobernador de Puebla, Lic. Mario Marín, y ante las autoridades municipales de Cuetzalan, y las autoridades del nuevo Juzgado Indígenas (31 del marzo del 2005)
responder al nuevo marco constitucional establecido con la reforma al artículo segundo del año 2001, para reconocer derechos indígenas. A su vez, dichas reformas no pueden desligarse del proyecto de modernización del aparato
judicial a nivel nacional que fomenta procesos de mediación y de justicia alternativa para hacer más accesible la justicia y desburocratizar los procesos judiciales3. Las apuestas a reconocer espacios a la justicia indígena se sitúan en el marco de estos procesos, con el supuesto fin de promover un sistema de justicia plural, lo cual ha sido una de las demandas más importantes de las organizaciones indígenas. Los alcances de estos procesos son muy reducidos y más que reconocimiento del derecho indígena lo que se observa es el intento del estado de adecuar los sistemas normativos a la legalidad estatal. Se trata de un pluralismo jurídico aditivo y subordinado (Hoekema 1998) reducido a reconocer justicias acotadas y vigiladas que resultan limitadas para poner en práctica jurisdicciones indígenas. No obstante, a pesar de los reducidos espacios abiertos a la justicia indígena, resulta interesante destacar las respuestas locales de autoridades y organizaciones indígenas al apropiarse de los nuevos espacios e instituciones para fortalecer procesos identitarios y la legitimidad de la autoridad tradicional, lo que también ha abierto la posibilidad de redefinir su derecho. Al mismo tiempo, y fuera del control del estado, vemos emerger experiencias que están rebasando la institucionalidad oficial y se encuentran construyendo propuestas alternativas de justicia y gobierno propio que muestran los límites de las justicias indígenas oficializadas.
En este artículo me refiero a dos experiencias contrastantes que permiten reflexionar sobre los alcances y límites del reconocimiento para
pensar la justicia indígena, cuando ésta se da dentro de los marcos del estado, así como la fuerza que adquieren experiencias de justicia autonómica cuando rebasan el orden legal estatal. Me refiero en particular al caso del Juzgado
Estos procesos denotan la tendencias a desjudicializar y a informatizar la justicia creando mecanismos de resolución de conflictos fuera de los juzgados pero reconocidos por el estado. Se trata efectivamente de procesos que denotan la transnacionalización de la justicia que acompañan la descentralización del estado, tal como ocurre en distintos países de América Latina (ver Sieder 2006, Van Cott 2000).
Indígena en Cuetzalan, Puebla y en contraste a la Policía Comunitaria de Guerrero. A partir de dichas experiencias me interesa discutir las tensiones entre modelos de justicia diferentes, sus alcances y límites así como su impacto para repensar el papel de las justicias indígenas en el debate de las ciudadanías y los derechos, y los retos que conllevan para avanzar hacia formas plurales de justicia.
1. La justicia indígena en las políticas de reconocimiento y la globalización legal.
Mucho se ha discutido sobre los alcances limitados de la reforma constitucional del artículo segundo de agosto del 2001, para reconocer el carácter multicultural de la nación así como derechos políticos y culturales a los pueblos indígenas. Tal reforma es una continuación de cambios al artículo 4 constitucional reformado en 1992, por medio del cual por primera vez se reconoció la pluralidad cultural de la nación sustentada principalmente en los pueblos indígenas. De esta manera se cuestionó la visión integracionista y mestiza de la nación mexicana que prevaleció desde siglo XIX. La reforma del 2001, ha sido impugnada por su bajo alcance ya que no respondió a las expectativas del movimiento indígena ni de la sociedad civil organizada. Finalmente enuncia derechos de autonomía y autodeterminación que sin embargo no se pueden ejercer debido a una serie de candados jurídicos que minimizan los derechos y envía a las legislaturas estatales la decisión de definirlos e implementarlos (Gómez 2004, López Bárcenas 2004 ). La reforma desecha la demanda de reconocer a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, es decir como sujetos de derecho, y no rompe con la visión asistencialista de las anteriores políticas indigenistas, lo cual contradice cualquier reconocimiento autonómico. Los alcances de dicha reforma finalmente no pueden desligarse de los marcos globales y de política económica que han marcado los últimos años la relación del estado con los organismos financieros multinacionales, como el Banco Mundial, y con la
sociedad civil en América Latina. El neoliberalismo paradójicamente al mismo tiempo que ha impulsado el retiro del estado de sectores claves de la economía y de sus funciones sociales ha promovido políticas descentralizadoras y multiculturales, como una manera de fomentar la participación local y cuestionar las viejas prácticas corporativas del estado que impiden el libre mercado; a diferencia del liberalismo, el neoliberalismo no se contrapone al reconocimiento de derechos colectivos y márgenes acotados de autonomía si esto favorece la descentralización del estado y permite negociar directamente con los actores sociales (Speed y Sierra 2005, Speed 2005). De ahí que se hable de un
“multiculturalismo neoliberal”, en palabras de Charles Hale (2002), para dar cuenta de este proceso de reconocimiento limitado en sus alcances que termina oficializando la diferencia, vaciándola de su contenido crítico. Dicho proceso ha sido muy claro en el caso mexicano (cfr. Hernández, Paz y Sierra 2004).
Es en este marco que deben situarse las reformas realizadas en México sobre la modernización de la justicia y el reconocimiento de la justicia indígena en los últimos años. De hecho en los estados en donde se han reformado las legislaciones estatales para reconocer la diversidad cultural, el campo de la justicia ha sido uno de los principales referentes lo que suele acompañarse del reconocimiento a formas de mediación y de informalización de la justicia, tal es por ejemplo el caso de los estados de Quintana Roo (1997), Oaxaca (1995), Chiapas (1999) y Puebla (2004), San Luis Potosí (2004), Hidalgo (2006). (cfr. Assies 2003, Sierra 2005).4 Los alcances de dichas reformas son bastante limitados y suelen referirse al reconocimiento de sistemas normativos y a
espacios reducidos de jurisdicción, la justicia indígena es vista como una justicia auxiliar a la justicia estatal; generalmente se centran en reconocer a las autoridades indígenas en los ámbitos comunitarios y municipales, y a lo que se denomina como “usos y costumbres” o sistemas normativos internos siempre con la limitación que estos no violen los derechos humanos ni los derechos de
La mayor parte de las reformas se refieren a cambios legales en la constitución de los estados. Las que se realizaron después del 2001, responden a las exigencias de la nueva ley. Solamente en dos casos se han elaborado leyes específicas sobre justicia indígena: en Quintana Roo (1997) y en San Luis Potosí (2006)
las mujeres. La tensión entre el llamado derecho consuetudinario y el derecho del estado, se pretende resolver estableciendo mecanismos de convalidación y revisión de las decisiones que toman las autoridades indígenas, lo cual conlleva visiones reduccionistas del derecho indígena y los derechos autonómicos. A pesar de sus límites, dichas reformas han generado procesos diferentes: así como han propiciado la revitalización de discursos identitarios y disputas por los recursos e instancias que el estado ha abierto para instituir “la justicia indígena”, como sucede en algunas regiones del país, también han sido ampliamente cuestionadas por no responder a las demandas de jurisdicción indígena y en ese sentido están siendo rebasadas por lo que se ha denominado las “autonomías de hecho”. (Bárcenas op cit ).
Procesos similares observamos en otras regiones de América Latina, donde se han dado también reformas legales multiculturales que impactan el campo de la justicia indígena, reconociendo diversos niveles de jurisdicción y autonomía, como es el caso de Colombia, donde encontramos propuestas avanzadas para plantear la coordinación entre la jurisdicción del estado y la jurisdicción indígena.5 Otros casos que apuntan a reconocer el pluralismo jurídico y el derecho indígena es el de Ecuador, Bolivia, y Perú (Van Cott 2001, García 2005, Molina 2005) y en menor medida Guatemala (Sieder 2002). Todas estas experiencias dan cuenta de procesos de globalización legal a través del cual se trasladan instituciones y modelos jurídicos de un contexto a otro para responder a la exigencia de construir espacios plurales de justicia, en lo cual han jugado un papel central las agencias multilaterales financiadoras interesadas en la modernización del aparato judicial. (Sieder, 2006). El peso de dichas agencias es diferenciado de acuerdo a la mayor o menor fuerza de los
Las reformas colombianas para reconocer jurisdicciones indígenas constituyen un referente paradigmático para discutir alternativas de coordinación entre el derecho del estado y el derecho indígena partiendo de una visión amplia del pluralismo jurídico que permite el ejercicio pleno del derecho indígena, sujeto únicamente a mínimos jurídicos referidos al derecho a la vida, el respeto al debido proceso, y contra la tortura. (Sánchez 1998, 2001) La experiencia colombiana sin embargo genera también sus propias contradicciones ya que son los magistrados de la Corte Constitucional quienes de acuerdo a la jurisprudencia y sus razonamientos judiciales deciden sobre la procedencia o no de una acción de tutela (equivalente al amparo en México).
estados nacionales para controlar su regulación. Un claro ejemplo de estos procesos es justamente el establecimiento de juzgados indígenas y juzgados de paz, junto con nuevas instancias alternativas de resolución de conflicto en países como Guatemala, Ecuador, Colombia y también México. Al mismo tiempo, se observan también las respuestas locales a los procesos de globalización, que revelan las estrategias de las organizaciones y autoridades indígenas para legitimar y defender sus demandas apelando al discurso global de los derechos indígenas y los derechos humanos. (Santos, 1998). Es interesante constatar lo arraigado de este discurso para fortalecer la demanda indígena de autonomía y jurisdicción, pero también su alcance diferenciado según se consiga confrontar al estado o moverse dentro de los espacios instituidos.
En lo siguiente me refiero a dos experiencias de justicia indígena que nos permiten documentar estos procesos, las cuales se distinguen por el contexto en el que emergen, por la fuerza con la que consiguen construir ámbitos de jurisdicción así como por la manera en que procesan su relación con el Estado. Permiten asimismo destacar aspectos comunes respecto a revaloralización de las identidades y el derecho indígena.
2. El Juzgado Indígena de Cuetzalan. La renovación de la justicia tradicional. El Juzgado Indígena municipal de Cuetzalan6, es una nueva instancia creada en junio del 2002, por decisión del poder judicial del estado de Puebla
Adriana Terven (2005) ha desarrollado el primer estudio etnográfico del Juzgado Indígena, como parte de su tesis de Maestría en Antropología Social, en el CIESAS, y consigue mostrar las tensiones y contradicciones en las que se inserta el juzgado como parte de un doble proceso: por un lado, las políticas de reconocimiento multicultural y de reforma judicial , y por otro lado, el juzgado como espacio de disputa y resistencia por parte de las organizaciones indígenas. Según revela el estudio, el juzgado es una clara expresión de lo que se ha venido a llamar un multiculturalismo neoliberal (Hale op cit.), pero también un espacio de renovación identitaria. Remito a su trabajo para un análisis más detallado del Juzgado.
como parte de la reforma para reconocer derechos indígenas en el estado y del proceso de modernización del poder judicial. De cinco juzgados previstos en el estado, tres se instalan en cabeceras municipales de la Sierra Norte de Puebla: Cuetzalan, Pahuatlán y Huehuetla. Con estos juzgados los funcionarios judiciales poblanos pretenden responder a las demandas de reconocimiento de derechos indígenas y a los requerimientos constitucionales producto de la reforma del artículo segundo constitucional, confirmando las versiones reduccionistas de los derechos indígenas.
La instalación de juzgados indígenas por decisión estatal se ha realizado en otras regiones del país, como es el caso de Chiapas, con el fin de regular la justicia indígena. Tal es por ejemplo el hecho de exigir la presencia de
abogados en los juzgados; exigencia ampliamente cuestionada en dicho estado (cfr. Collier 2001), por su carácter discriminatorio al no considerar los estilos tradicionales de la justicia indígena ni a sus autoridades, y querer imponer a un funcionario judicial, como el garante de la legalidad.
Los juzgados indígenas constituyen ejemplos que contrastan radicalmente con otras experiencias de justicia que surgen fuera de la égida estatal, como veremos más adelante. Se trata efectivamente de modelos oficiales de una justicia tradicional a los cuales deben ajustarse las comunidades indígenas, reproduciendo lo que Sieder (2006) ha llamado “transplantes legales”, que están siendo copiados en distintas regiones del país. A pesar de tales constreñimientos que marcan el origen del juzgado indígena en Cuetzalan, las organizaciones indígenas de la región han conseguido moverse en los márgenes oficiales para apropiarse del juzgado, cambiando sus modalidades y formas de organización, y obligando incluso a que la autoridad judicial reconozca que las autoridades indígenas del juzgado deben ser electas localmente, y no definidas desde la presidencia municipal, como estaba en un principio estipulado por el poder judicial. Lo que no dice el Magistrado Pacheco Pulido en su discurso de inauguración del Juzgado Indígena (ver palabras
introductorias) es que el Consejo del Juzgado, vinculado al Juzgado Indígena, ha sido producto de una demanda defendida por los miembros del juzgado indígena. Los funcionarios judiciales tuvieron finalmente que reconocer dicha instancia antes no prevista en la ley.7
La instalación del juzgado indígena en una región con fuertes procesos organizativos de derechos humanos, derechos indígenas y derechos de las mujeres ha significado un terreno fértil para el fortalecimiento de procesos locales y por la disputa del juzgado como espacio para potenciar una justicia indígena con alcances municipales. Como pudimos constatar en las investigaciones realizadas en el municipio de Cuetzalan, la justicia indígena se ha encontrado reducida al espacio de las comunidades y se encuentra vinculada estrechamente a la justicia del estado (Sierra 2004a). A pesar de su reducido margen de acción para tratar asuntos de mayor importancia, ha logrado practicarse una justicia indígena, llamada por ellos “justicia tradicional”, cuya vigencia y renovación ha dependido en mucho de la legitimidad de sus autoridades. Las organizaciones de derechos humanos como la Comisión Takachihualis, en su mayoría integrada por indígenas, el Frente de Abogados Democráticos y la Maseualsiuamej Monseyolchicauanij, organización de mujeres indígenas, han jugado un papel central en la revitalización de la justicia comunitaria y en facilitar el acceso a la justicia del estado (cfr. Mejía, Villa y de Oyarzabal 2003, Morales 2005). Sin embargo como hemos mostrado en otros trabajos, se trata de una justicia reducida a asuntos menores, cada vez más acotada por el estado, los derechos humanos, y subordinada a las instancias judiciales superiores del estado (Sierra op cit). Los casos de impunidad, la dificultad para seguir trámites legales por falta de dinero, así como una justicia sesgada por ideologías de género y el racismo han sido la pauta de la justicia que se administra a los indígenas desde el estado.
Efectivamente, fue por la presión de miembros de organizaciones indígenas de Cuetzalan, que finalmente se acepta que la autoridad que ocupe el cargo de Juez Indígena sea electa por los miembros del juzgado en conjunto con autoridades indígenas, y no por el presidente municipal quien tenía la potestad de elegir al juez indígena a partir de una terna propuesta por las comunidades (cfr. Rivadeneira 2005)
Las nuevas instalaciones del Juzgado Indígena en Cuetzalan establecidas en el 2005, reflejan claramente el modelo de justicia indígena que el estado concibe y legitima: una justicia articulada y vigilada por otras instituciones estatales, y por lo mismo sin autonomía real para juzgar. La flamante oficina del Juzgado Indígena alberga también las oficinas del agente mediador (suplente del juez), las oficinas de la representación de la Comisión Poblana de los Derechos Humanos, del Instituto Poblano de la Mujer, y la del médico legista. Se espera así que las diferentes instancias coadyuven a la administración de justicia lo que revela los alcances que tiene una justicia indígena acotada y vigilada por el estado. Así lo que pretende presentare como un gran logro, según el punto de vista del Magistrado Pacheco Pulido, presidente del Tribunal Estatal de Justicia, desde el punto de vista de las comunidades indígenas representa un alcance limitado, ya que las autoridades indígenas se encuentran subordinadas a moldes impuestos por el estado y a espacios muy reducidos de jurisdicción. Si bien es cierto la capacidad que han tenido las organizaciones arraigadas en Cuetzalan, así como las propias autoridades indígenas, para negociar y apropiarse de los nuevos espacios, también es cierto que las nuevas autoridades viven la presión y la censura institucional para garantizar que “no abusen de su autoridad”, lo que en el Juzgado Indígena de Cuetzlan ha significado un fuerte control. Tal ha sido la práctica de representantes de la Comisión Poblana de Derechos Humanos al censurar las decisiones de autoridades indígenas cuando consideran que rebasan sus competencias y violan la constitución, lo que sin embargo suelen hacer sin considerar el sentido de las decisiones y el contexto en el que estas se dan. De esta manera, se desconocen las decisiones fundadas en acuerdos colectivos que finalmente son las que hacen valer los llamados usos y costumbres que el estado supuestamente ha reconocido. Tal es por ejemplo, una decisión comunitaria que significó que una familia de la comunidad no accediera a la toma de agua de su casa ante su negativa a cooperar con trabajo y cuotas de mantenimiento. El representante de los derechos humanos, cuestionó la decisión del juez
indígena de avalar esta decisión ya que esto significaba violar la garantía constitucional de las personas para acceder al agua y por tanto cometía abuso de autoridad. Lo que no entendió el abogado es que el acuerdo de asamblea no buscó quitarles el acceso al agua a los vecinos, sino a la toma que la llevaba a su casa obligando a la persona ir a la fuente de agua en la misma comunidad. Sólo si se comprende la importancia del colectivo para la sobrevivencia comunitaria se entiende la importancia de esta decisión.
El rasgo más importante de la región han sido los procesos organizativos que se han gestado en torno a la justicia, la violación a los derechos humanos, los derechos indígenas, la violencia y especialmente la violencia de género. Encontramos aquí un capital cultural y social que ha sido fundamental para que el proyecto del juzgado indígena siguiera otros cauces diferentes a los previstos por el estado, pero sin contradecir el orden legal. Son claros los límites de esta justicia y sus alcances así como su subordinación al poder judicial y a la
protección del estado. De esta manera las competencia del juez indígena se encuentran claramente establecidas en la ley, y si bien esto le garantiza cierta legitimidad, mantiene a esta figura como una instancia más de la procuración de justicia indígena, igualada formalmente a la figura de juez menor municipal. L a nueva figura está siendo conocida y respetada por las autoridades de las comunidades, ellos también reconocidos como jueces indígenas. El hecho de tratarse de una nueva figura no tradicional, está siendo aún digerida por los vecinos del municipio, por eso el interés de realizar encuentros y talleres con los jueces y autoridades de las comunidades. Pero sin duda el estilo pausado y respetuoso de don Alejandro, el actual juez indígena, con el apoyo del agente mediador, les ha valido un reconocimiento entre la gente de las comunidades quienes prefieren ir con ellos, que asistir a la oficinas del juez menor municipal, ante la certeza que para asuntos de menor gravedad ellos buscan llegar a acuerdos, se toman el tiempo para escuchar, y sobre todo hablan en náuat y no cobran por sus servicios. Tales referentes son sin duda atractivos para una
mayoría de la población, no sólo los indígenas, y ,aún en sus limitaciones, abren alternativas para una justicia diferente y plural.
Por presión de las organizaciones, el juzgado incorpora en su estructura un Concejo Consultivo integrado por hombres y mujeres distinguidos y antiguas autoridades de las comunidades que periódicamente se reúnen para discutir las problemáticas en torno al juzgado. El concejo consultivo, que ha pretendido retomar el modelo de un concejo de ancianos, se ha convertido en una especie de autoridad de segundo plano que al mismo tiempo que vigila las acciones del juzgado y reproduce rituales tradicionales, cumple la función de censor de las relaciones con el estado y ha debido luchar para ser reconocido por las autoridades judiciales estatales, lo que finalmente han conseguido. Pero tal vez un aspecto novedoso del juzgado es el papel de las mujeres y su decisión de que la justicia que se administre en el juzgado sea sensible a reconocer los derechos de las mujeres, lo que sin duda resulta único en las diferentes experiencias de justicia indígena vigentes en el país. En la defensa de dicha posición ha sido clave el trabajo de mujeres realizado por la maseualsiuamej mosenyolchicauanij y asesoras mestizas con una larga trayectoria de trabajo y compromiso en la región8. Junto al trabajo en el juzgado indígena, las mujeres de la maseual (como ellas se dicen) y de otras organizaciones de mujeres, dirigen también un centro de atención a mujeres indígenas (CAMI), surgido con apoyo del órgano indigenista del estado (la CDI) donde atienden a víctimas de violencia doméstica dándoles asesoría legal y psicológica además de buscar alternativas para ayudar a confrontar la violencia. A lo largo de varios años de trabajo las maseual han conseguido construir una visión propia de la equidad de género y contra la violencia lo que, como en muchos otros casos de mujeres indígenas, les ha llevado a cuestionar los usos y costumbres que las subordinan y excluyen en lo cual
ha impactado el discurso de mujeres indígenas
Las asesoras mestizas han integrado el Centro de Apoyo entre Mujeres (CADEM), y llevan años trabajando y acompañando a las mujeres indígenas en su proceso organizativo. Sin duda ellas han sido clave en la evolución que ha tenido la organización de las mujeres indígenas, pero también se han visto influidas por las dinámicas y planteamientos de las mujeres indígenas, obligándolas a redefinir sus visiones en torno a un feminismo urbano (cfr. Susana Mejía tesis de doctorado en curso)
organizadas, de otras regiones del país9. Pero el trabajo de las mujeres está tocando también la problemática de la masculinidad y hoy en día, las mujeres del CAMI están formando grupos de discusión para involucrar a los hombres insertos en relaciones de violencia doméstica. De esta manera los derechos de las mujeres son un referente central que ha venido a cuestionar los modelos sexo-genéricos reproducidos en la práctica de la justicia indígena y la justicia del estado, abriendo nuevas posibilidades para las mujeres. Tales acciones son partes de procesos a largo plazo, y no deben ser vistas como conquistas asentadas dado lo arraigado de las ideologías patriarcales que domina la vida de las comunidades.
El caso del juzgado indígena de Cuetzalan surge desde las redes hegemónicas del estado, con límites precisos y dependientes de los recursos estatales, y se ha convertido en un espacio disputado por las organizaciones con fuerte arraigo local; quienes están tratando de apropiarse del juzgado para que éste no sea solamente la vitrina con la cual las autoridades judiciales poblanas buscan lucir su nueva “relación con los pueblos indígenas”. No es fácil la tarea que tienen delante los miembros del juzgado para mantener cierta autonomía en el manejo del juzgado y en la elección de sus autoridades, y corren el riesgo de convertirse en una experiencia más generada desde el estado para justificar políticas neoindigenistas. A pesar de todo es indudable que el juzgado se ha convertido en un referente para reconstruir y fortalecer los sistemas normativos indígenas y lo que llaman “una justicia indígena”. En este proceso el derecho tradicional se reinventa y redefine para responder a las exigencias contemporáneas de los nahuas. Los derechos humanos son también lenguajes recogidos por autoridades y vecinos indígenas como lo es también el uso de la legalidad para enfrentar injusticias. Los derechos de las mujeres van ganando legitimidad y se van construyendo maneras alternativas para cuestionar poderes instituidos y la exclusión de las mujeres (Sierra 2004b). De
Una influencia central sin duda fue la de las mujeres zapatistas y su ley revolucionaria donde de manera clara y abierta plantearon sus reclamos ante sus compañeros.
esta manea la redefinición de la justicia indígena tradicional, tal como se expresa en Cuetzalan, significa la construcción y redefinición del derecho indígena en las instancias del estado.
En suma el juzgado indígena de Cuetzalan cristaliza las contradicciones inscritas en las políticas de reconocimiento multicultural en su versión limitada, y dan cuenta de los alcances reducidos de una justicia indígena que no puede reconocerse como autónoma pero que consigue potenciar alternativas locales de organización fortaleciendo al mismo tiempo las identidades y el derecho propio.
3. La reinvención de la justicia y el derecho indígena. La experiencia de la policía comunitaria
Ante lo limitado de las reformas legales del 2001, para reconocer derechos de autonomía y jurisdicción, algunas comunidades indígenas con fuertes procesos organizativos están construyendo sus autonomías de facto, yendo más allá de los límites legales reconocidos por el estado. Sin duda la experiencia más importante y fortalecida es la de los Zapatistas, que desde 2003 decidieron hacer visible sus propuestas de gobierno y su reorganización a través de lo que han llamado “Caracoles Zapatistas”10. Han construido así lo que llaman Juntas de Buen Gobierno en cada uno de los 5 Caracoles
agrupando a un conjunto de municipios y comunidades, lo cual les permite desarrollar políticas públicas respecto a la educación, la salud y la justicia (cfr. Cerda (2004). En los comunicados para celebrar el primer aniversario de los caracoles, el subcomandante
Marcos (2004) revela aspectos centrales del
Los Caracoles Zapatistas son las nuevas jurisdicciones regionales en las que se divide el territorio de los rebeldes chiapanecos, las cuales agrupan a distintos municipios autónomos. En cada uno de los 5 Caracoles se establecieron las Juntas de Buen Gobierno, las cuales son instancias del gobierno regional que se ocupan de coordinar los trabajos de educación, salud, justicia y comunicación de los municipios autónomos. La instalación de los Caracoles significó un cambió estratégico en la organización políticomilitar de los zapatistas. Con ellos el gobierno pasó a mano de autoridades civiles zapatistas, mientras la estructura militar se separa de estas funciones (Ver Comunicados de la Treceava Estela del Subcomandante Marcos donde anuncia la creación de los Caracoles, julio 2003, Periódico La Jornada, México.
gobierno civil zapatista y el funcionamiento de la justicia, que pretende ser incluyente para los pobladores de la región sean o no zapatistas y basarse en formas de justicia reparadora y negociadora. De esta manera los zapatistas están reinventando su derecho construyendo regulaciones comunitarias y su relación con el exterior, en lo cual sin duda han incidido las ONGs de derechos humanos y el apoyo de la sociedad civil, para conseguir construir una justicia en donde lo colectivo es la garantía para que los individuos ejerzan sus derechos (Speed y Reyes 2002). Un proceso similar aunque mucho menos conocido es el que ha vivido la policía comunitaria de Guerrero que con limitados recursos pero con gran fuerza organizativa han construido una experiencia exitosa y con grandes alcances.
La policía comunitaria de Guerrero surge hace más de 10 años (1995), producto de la organización de 40 comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas de tres municipios de la Costa-Montaña que se unieron para hacer frente a la violencia y la falta de estado de derecho en la región; situación que provocaba muertes, violaciones, robos, secuestros y la inseguridad de los pobladores sin que hubiera una respuesta del estado a dicha situación. De esta manera fueron principalmente estos motivos que llevaron a la gente de las comunidadesincentivados por sus autoridades y líderes de organizaciones productivas, y sectores de una iglesia comprometida a formar un sistema de vigilancia
comunitaria integrado por vecinos (Martínez Cifuentes 2001). El sistema de vigilancia y seguridad más adelante se transformó en una organización que promueve también la administración de justicia a través de un órgano separado, la CRAC (la Coordinadora de Autoridades Comunitarias) ante la incapacidad de las autoridades judiciales estatales de atender a los detenidos que la policía les llevaba. Emerge aquí un proceso sumamente innovador para ejercer una justicia que involucra actualmente a más de 50 000 personas de la región. La justicia se basa en la idea de la reeducación, la sanción moral, el trabajo comunitario y en la participación activa de las comunidades para la gestión de la justicia. Los prisioneros son juzgados por las autoridades de acuerdo a su
delito – ya sea en la comunidad si su delito es considerado de menor gravedad, o bien ante la Asamblea Regional de la CRAC sí el delito es más grave. En estos últimos casos son trasladados y rotados cada quince días en las comunidades para realizar trabajos comunitarios y recibir consejos de personas mayores o principales. La base de la propuesta es la reeducación con el fin de darle una oportunidad al infractor de integrarse de nuevo a la comunidad después de realizar un servicio social y de recapacitar sobre sus acciones. De esta manera se busca que la justicia llegue a la gente, que no se base en el uso del dinero ni de los contactos, respetando los usos y costumbres locales11.
Al igual que los zapatistas, la policía comunitaria no reproduce simplemente las prácticas de una justicia indígena tradicional, que estarían localizadas en el espacio de la comunidad, sino que parten de ella para renovarla y construir una propuesta innovadora de carácter regional en donde se definen claramente los compromisos, deberes y derechos de los miembros de la policía. Observamos así la fuerza de los sistemas normativos y la inventiva de los pueblos para defenderlos, entendidos estos como sistemas abiertos y dinámicos que se adecuan a diferentes circunstancias. Algunas instituciones comunitarias tradicionales son reincorporadas en la organización de la policía, tal como sucede con el consejo de ancianos, que funcionan como consejeros de los detenidos, o bien las prácticas de asamblea a través de las cuales se juzga a los detenidos/infractores, y aún más la vigencia del cargo como el referente que legitima la participación obligatoria de todos los miembros de la comunidad para servir de manera gratuita en algún momento en el circuito de vigilancia como policía o apoyando a la gestión de la justicia.
La eficacia del sistema de seguridad y justicia comunitario ha sido tal que los delitos han disminuido en un 95%, cifra reconocida por las autoridades del
Abigail Sandoval (2005) en su tesis de maestría en antropología social, desarrolla uno de los pocos estudios etnográficos sobre la práctica de la justicia en una de las comunidades integradas a la policía comunitaria. El seguimiento de casos y su resolución le permite documentar el sentido particular de la justicia que aplican las autoridades basadas en procedimientos de negociación y en la reparación del daño.
estado. El éxito de la policía comunitaria ha provocado sin embargo las reacciones del gobierno estatal que no ve con buenos ojos el que “los comunitarios”, como ellos se nombran, tenga cada vez legitimidad, por lo que continuamente buscan frenar el proceso e incluso negociar con sus dirigentes. La osadía de las autoridades comunitarias de construir sus formas de regulación y de justicia al margen del estado, rebasando las competencias establecidas en la constitución12, les ha significado una continua presión para ser incorporados al orden jurídico estatal, en el ámbito del municipio, lo cual ha sido rechazado por los comunitarios ante la certidumbre que de esa manera su organización será desarticulada13. Por ello sus principales dirigentes insisten en señalar que ellos no buscan el reconocimiento del estado sino el respeto de su proyecto. (CRAC ms). La idea de incorporarse a la estructura municipal, como policías comunitarios, significaría romper con su propuesta ante el hecho de que el control de los policías quedaría a manos de autoridades municipales no necesariamente vinculadas al proyecto regional, además de que al recibir un sueldo, según les proponen las autoridades estatales, se considera que se desvirtúa el compromiso de los policías con el proyecto14. Las autoridades comunitarias están convencidas de la legitimidad de su propuesta y para ello se valen incluso del Convenio 169 de la OIT, y de la misma legislación del país que en el artículo 39 señala que “la soberanía emana del pueblo”.
Los asuntos tratados van desde los pleitos de carácter menor como son las riñas entre vecinos, a asuntos graves como son los homicidios, las violaciones y todo tipo de delitos. 13 . En un evento realizado en junio del 2004 que conjuntó a diferentes organizaciones indígenas y de derechos humanos de la Montaña y la Costa de Guerrero, las autoridades comunitarias presentaron las Actas de Asamblea que muestran el rechazo de la mayor parte de los vecinos de las comunidades a la propuesta del gobierno de Guerrero para incorporarse como policías municipales dentro de la jurisdicción del estado. 14 El tema de los recursos es sin duda uno de los grandes problemas que enfrenta la policía comunitaria para su funcionamiento, ante la necesidad de contar con la infraestructura necesaria para movilizarse y para apoyar a quienes cumplen su servicio. Hasta ahora se ha resuelto consiguiendo el apoyo de algunos municipios y de algunas instituciones de gobierno, como ha sido la CDI. No obstante, hasta ahora la policía se niega a que se institucionalice un salario por el servicio a los policías, ante el temor que esto pueda generar conflictos y se desvirtúe el proceso. Se están discutiendo sin embargo varias propuestas para generar recursos autónomos, y para instituir un fondo común para que el dinero que se reciba sea controlado y redistribuido. NO se trata entonces de negarse a tener recursos, sino que estos se den de manera condicionada y escapen al control de las autoridades comunitarias.
La experiencia de la policía no se entiende fuera del contexto del estado de Guerrero donde ha prevalecido una violencia estructural, una fuerte marginación y la justicia a mano propia. También es zona de guerrilla y
narcotráfico lo que la hace ser una región particularmente difícil y en ocasiones inaccesible, en un estado caracterizado por sus fuertes contrastes económicos y sociales y gobernado tradicionalmente por elites caciquiles pertenecientes al PRI, famosas por la brutal represión ejercida en el estado contra las organizaciones sociales. Por ello llama más la atención la fuerza con la que la policía comunitaria construye y defiende su proyecto, confrontándose directamente al estado con una propuesta alternativa de organización y justicia que le apuesta a la paz y no a la violencia. Tal vez por eso los gobiernos estatales han terminado por no confrontar abiertamente dicha experiencia.
La policía se ha convertido en un referente central de organizaciones y autoridades vecinos de la Montaña, lo que ha significado mutuos acuerdos y declaraciones de apoyo, como me tocó observar en el foro organizado en Chilpancigo, Gro., en junio del 2004. Era de notar la atención con la que los ancianos -señores vestidos de limpias y blancos calzones de mantaprovenientes de diferentes organizaciones y comunidades indígenas de Guerrero, escuchaban las experiencias de organización de los comunitarios, al mismo tiempo que hablaban sobre sus propias experiencias tejiendo de esa manera relaciones y alianzas: así las autoridades provenientes de
Xochistlahuaca, del Consejo de Autoridades Amusgas, Representantes de la organización en contra de la Presa La Parota, entre otras, dan cuenta de la insatisfacción de las comunidades y organizaciones ante las continuas violaciones a sus derechos como pueblos y la falta de respuesta del estado.
La experiencia de los comunitarios, como es también el caso de los zapatistas, confronta efectivamente el estado de derecho al rebasar los marcos legales constitucionalmente definidos, yendo más allá de ellos recuperando y reinventando sus sistemas normativos en el espacio de sus comunidades, y
atendiendo todo tipo de asuntos y conflictos. Lo que podría verse como una afrenta al estado debe analizarse considerando el contexto en el que se dan estas experiencias y la incapacidad del estado y los gobiernos regionales para resolver los problemas de seguridad y justicia. A diferencia de la justicia
aplicada por el estado, los pueblos indígenas están dando muestras de que son capaces de tener en sus manos el control de sus procesos, y que están abiertos a reconocer sus limitaciones y contradicciones.
Una de las acusaciones recurrentes contra la policía comunitaria es justamente la violación a los derechos humanos de los detenidos, argumento utilizado por los funcionarios estatales para descalificar el proceso. Se les ha acusado efectivamente de abuso de autoridad por sobrepasar sus
competencias al atender casos de gravedad, por mantener detenidas a personas por más tiempo del legalmente establecido, obligarlas a realizar trabajos comunitarios y por las maneras en que se trata a los prisioneros al detenerlos. Es cierto que varios de los detenidos se han quejado por la comida e incluso por el trabajo que obligatoriamente deben realizar, y algunos de ellos incluso han escapado. Pero también es cierto que hay un gran esfuerzo por mantener el apoyo comunitario y por cambiar las prácticas que violenten a las personas. Preocupados ante tales quejas representantes de la organización han solicitado el apoyo de organizaciones de derechos humanos para capacitarlos en el tema y ayudar a vigilar que los policías y las autoridades comunitarias no violen los derechos humanos, especialmente cuando los policías los detienen, pero también en el proceso de la reeducación15. Si bien no se trata de idealizar procesos como el de la policía comunitaria, y efectivamente hay quienes se han quejado por el trabajo social obligatorio que deben cumplir como policías – ya que durante un año deben realizar rondas durante varios días al mes, abandonando por tanto su trabajo- , o por no estar de acuerdo con el proceso, lo cierto es que en los 10 años que lleva ya la policía han
El tema de los derechos humanos es uno de los temas recurrentes durantes los foros que se organizan para celebrar los aniversarios anuales de la policía comunitaria, como he podido constatar en dos ocasiones en que participé (oct. 2003 y oct. 2005).
conseguido lo que antes parecía impensable: el que los vecinos, hombres y mujeres, se sientan seguros y libres de moverse por los caminos sin ser asaltados, lo que especialmente en el contexto de la región resulta una hazaña de enormes dimensiones.16
También es cierto, revelan algunos estudios, los derechos humanos se han convertido efectivamente en el discurso principal utilizado por el estado para cuestionar los procesos autonómicos, de ahí que hayan sucedidos hechos similares a los referidos por Speed y Collier (2001) en Chiapas, sobre el desmantelamiento de las instalaciones de gobiernos autónomos en Chiapas, acusados de abuso de autoridad. Si bien en el caso de la comunitaria no se ha conseguido desarticular el proyecto, sí existen varios procesos judiciales abiertos contra las autoridades comunitarias, justamente acusadas de abuso de autoridad, como lo hacen ver las propias autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)17 Las autoridades comunitarias pretenden adelantarse a nuevas acusaciones y evitar que con ello se
deslegitime su proceso, especialmente ante las miradas exteriores. Para ello han buscado el apoyo de Tlachinollan, organización de derechos humanos de la Montaña de Guerrero, con una larga tradición de defensa en la región, con el fin de que los asesoren y capaciten en derechos humanos. En el proceso se está construyendo una visión más enriquecedora de los derechos humanos, más allá de su acepción como garantías individuales, según hemos documentado en otros espacios (Sierra 2004b). Sin duda para el estado tales actos no bastan si la justicia comunitaria esta rebasando con creces la
potestad del estado. El peso de la colectividad en las decisiones comunitarias y las prácticas de trabajo social para la penalización, cuestionan efectivamente las normas jurídicas del estado, pero no pueden solamente descalificarse sino
Recientemente durante el X Aniversario(noviembre del 2005), pude constatar la legitimidad de que gozan la policía comunitaria entre los vecinos de las comunidades, porque la gente tienen muy fresco en la memoria los recuerdos de violencia y violaciones que vivieron, lo que les hace apostar en su mayoría por el proyecto. 17 Uno de estos procesos llegó incluso hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ver Informe Tlachinollan 2003-2004). Varios de estros procesos han sido iniciados por personas mestizas que han sido detenidas por cometer delitos y juzgadas por las autoridades comunitarias.
se contempla su eficacia y legitimidad para dar respuesta a la conflictividad social. Esto no significa reificar el proceso ni evadir la crítica a las dinámicas y contradicciones internas, para lo que sin embargo se necesitaría un trabajo de profundidad etnográfica.
En suma la experiencia de la policía comunitaria de Guerrero, constituye un importante reto para analizar los alcances de una justicia indígena renovada al margen del estado, que si bien recoge los referentes de los sistemas normativos tradicionales, los llamados “usos y costumbres”, los reelabora
generando nuevos sentidos de legalidad, legitimada en el discurso de los derechos. En este proceso se renuevan las identidades étnicas y se fortalece el proyecto colectivo como el único referente para defender el sentido de
comunidad y mantener la paz social en la región.
5. Hacia una justicia de la diversidad.
En este texto me ha interesado mostrar en líneas generales las respuestas locales a los procesos de cambio legal dirigidos a reconocer espacios a la justicia indígena tal como se expresan a partir de dos experiencias contrastantes: el caso del Juzgado Indígena de Cuetzalan, y por otra parte, la experiencia de la policía comunitaria de Guerrero. Ambos casos constituyen referentes paradigmáticos para analizar las tensiones y los límites que marcan las políticas multiculturales del estado y sus reducidos alcances para reconocer jurisdicciones indígenas y autonomías locales. Mas allá de las justificaciones ideológicas legalistas, con las que los funcionarios judiciales suelen descalificar las demandas indígenas de reconocimiento, lo que se revela no es el interés de defender el estado de derecho, sino un profundo desconocimiento de los sistemas normativos indígenas y el temor racista sobre las costumbres indígenas consideradas salvajes. Pero también se hace evidente que el reconocimiento pleno de los derechos indígenas, es visto como una afrenta a
los poderes e intereses establecidos. De ahí que la descalificación de experiencias como la policía comunitaria de Guerrero, que han llevado a la práctica sus propias formas de gobierno y justicia, rebasando la institucionalidad estatal, se dirija a acusar a las autoridades indígenas de abuso de autoridad o de violación de los derechos humanos, sin poner en la balanza el papel que esta organización ha jugado para construir una nueva institucionalidad comunitaria, que garantiza la paz social y ha permitido enfrentar la terrible injusticia, violencia e impunidad que había caracterizado a la región, y que el estado ha sido incapaz de enfrentar. El estado sin embargo tampoco puede simplemente desconocer estas experiencias que finalmente “le hacen el trabajo” en una zona de muy difícil acceso y por ello es de notar las innumerables negociaciones y acuerdos no legales entre funcionarios judiciales del estado y las autoridades comunitarias, para atender la problemática regional
En contraste con esta experiencia, el caso del Juzgado Indígena de Cuetzlan es tal vez el mejor ejemplo para observar la nueva cara de las políticas indigenistas que buscan abrirse al reconocimiento de ciertos derechos culturales siempre que estos sean manejables dentro del modelo jurídico hegemónico. No obstante la intervención del estado y sus políticas de
legitimación multicultural, no se dan en el vacío sino en espacios ocupados por actores sociales con sus propias trayectorias organizativas y sus propios
proyectos, lo que en el caso de Cuetzalan, por el fuerte peso de las organizaciones indígenas, ha significado la construcción de un discurso identitario y de reivindicación de derechos que permiten negociar espacios de poder sin confrontarse directamente con el estado. Se ha construido de esta manera un estilo judicial y político negociador que marca en mucho la relación de las organizaciones con las autoridades del estado. En este caso la justicia indígena se encuentra reducida a espacios muy acotados, vigilados y censurados por los funcionarios estatales, lo que no ha impedido que también los indígenas se apropien de ellos para fortalecer la autoridad tradicional y formas de justicia oral más adecuadas a las necesidades de la gente.
A manera de conclusión me interesa reflexionar sobre dos aspectos que resultan centrales para discutir los alcances y los límites de la reforma del estado así como el impacto de dichos procesos en la justicia indígena: la
renovación de las identidades y su impacto en la justicia; y la contribución de la justicia indígena a una justicia plural.
1. La renovación de las identidades y la oficialización de las costumbres.
Según hemos visto en ambas experiencias, el juzgado indígena de Cuetzalan y la policía comunitaria, se desarrollan procesos de revitalización identitaria vinculados de manera estrecha con el reconocimiento de los sistemas normativos. Lo que antes era reconocido simplemente como costumbre, como formas locales de resolver conflictos y hacer justicia, ahora son legitimados por el estado, e incluso renovados por su institucionalización, según es el caso de Cuetzalan. Así la costumbre se oficializa pero en el proceso antiguas costumbres se reestablecen aunque con nuevas modalidades, como es el caso del Consejo de Autoridades Tradicionales, que ahora
incorpora en su seno a una mezcla heterogénea de hombres y mujeres, no necesariamente ancianos, pero que consiguen constituirse en un referente importante para negociar con las autoridades estatales, y apropiarse del espacio judicial local. Los procesos son sin duda contradictorios y así como revelan las maneras en que el estado reconstruye su legitimidad abriéndose a reconocer derechos culturales mínimos, dejan ver también la manera en que los actores construyen nuevos sentidos a partir de los nuevos espacios de justicia y los usan para sus propios fines de legitimación, dentro y fuera de las comunidades. Los alcances sin embargo son limitados y no permiten ir más allá de los marcos impuestos por la ley, y es en ese marco que cobran juego nuevas identidades y nuevos usos y costumbres.
En el caso de la policía comunitaria se dan procesos similares, en el sentido de revalorar los derechos indígenas, las identidades propias, y las costumbres, pero con la diferencia principal que estos procesos se dan al margen de la oficialización del estado. Vemos aquí la construcción de una nueva institucionalidad comunitaria, que revela una fuerte inventiva social que desde condiciones muy limitadas consigue confrontar la violencia y la impunidad del estado. Si bien en el caso de la CRAC y la policía comunitaria estos procesos se dan al margen de la ley, esto no significa que se encuentren fuera de la legalidad, ya que apelan al discurso constitucional vertido en el artículo 39 constitucional, para legitimar su derecho a darse su propio gobierno, como al discurso internacional de los derechos indígenas establecido entre otros en el Convenio 169 de la OIT, e incluso en el nuevo artículo segundo constitucional, que reconoce el derecho a la autodeterminación. Esta cobertura a la que apela continuamente la comunitaria, les ha permitido consolidar un nuevo sistema de justicia que tamiza usos y costumbres tradicionales con un discurso de derechos que les permite construir una nueva legitimidad que hacen valer ante los funcionarios estatales.
En ambos casos se conjugan dos campos discursivos: el discurso de los usos y costumbres y la tradición renovada, por un lado, con el discurso de los derechos humanos y los derechos indígenas, lo que permite observar la síntesis interlegal de un discurso de derechos para legitimar derechos y fortalecer identidades.
2. Hacia nuevas formas de justicia comunitarias:
Resulta importante considerar modelos diferenciados de justicia que finalmente cumplan con uno de sus principales objetivos desde una visión filosófica del derecho: la búsqueda del bien común y la paz social. Si este es el fin de la justicia y si los modelos que el estado ha impuesto han mostrado su incapacidad y su fracaso para atender las necesidades de los ciudadanos, y
especialmente de quienes portan una identidad cultural diferente, como es el caso de los pueblos indígenas, resulta fundamental que el estado reconozca otros modelos de justicia que pueden contribuir de manera más adecuada a esa finalidad. Para esto se necesita una reforma del estado que se abra a reconocer la pluralidad jurídica definiendo acuerdos mínimos que garanticen la soberanía del estado, la convivencia social y la dignidad humana. Otros países latinoamericanos como Colombia han formulado alternativas para reconocer jurisdicciones indígenas sin por ello fragmentar al estado (Sánchez 2001, Santos y Villegas 2001). Retomando las ideas del filósofo mexicano De la Torre Rangel, uno de los teóricos más importantes de la justicia comunitaria, se trata de recuperar la dimensión sapiencial del derecho, desde una hermenéutica jurídica que a través de la analogía permita comprender la justicia aplicada al caso concreto, es decir la justicia como equidad ( De la Torre Rangel 2002, 2005). Permitir una justicia más cercana a la gente, una justicia comunitaria, especialmente donde hay vínculos históricos e identitarios que legitimen y comprometan a los miembros de los grupos sociales con sus autoridades, sin duda puede ser una inversión a largo plazo para la sociedad en su conjunto, según apuesta Uprimni (2001), sociólogo del derecho colombiano. Tal situación constituye sin embargo un reto para pensar en un proyecto de país incluyente, con democracias abiertas al reconocimiento de la diversidad cultural y las autonomías.
De esta manera resulta necesario construir una nueva relación entre el estado y los pueblos indígenas basada en el respeto y en la definición de mecanismos de coordinación entre la jurisdicción del estado y las jurisdicciones indígenas, que así mismo propicien que la crítica interna se manifieste. No se trata de encerrar a las comunidades en el marco de sus tradiciones ni tampoco subordinarlas a las lógicas jurídicas impuestas de fuera, sino de permitirles un trato diferencial y la capacidad de construir sus proyectos de futuro con base en sus modelos culturales y sus formas de gobierno.
Los ejemplos analizados son una muestra de la inventiva de las comunidades y pueblos indígenas para gestar alternativas de justicia. El caso de la policía comunitaria revela la vigencia de autoridades instituidas que garantizan el seguimiento de un debido proceso, los cuales se distancian radicalmente de los linchamientos o de la justicia a mano propia vigentes en algunas regiones rurales y urbanas del país y de América Latina, generalmente a falta de autoridades y debido a una desconfianza absoluta en las instituciones del estado y de las propias comunidades (Nicasio 2004, Goldstein 2003). Tampoco se trata de justificar detenciones arbitrarias o castigos que violen la dignidad de las personas, pero sí abrirse a comprender desde otras lógicas culturales los sentidos de justicia que se gestan en las comunidades indígenas.
El caso del juzgado indígena de Cuetzalan revela más bien la subordinación de la justicia indígena a la justicia del estado, y las maniobras que realizan las organizaciones indígenas y de derechos humanos para negociar y, en la medida de lo posible, apropiarse de la justicia generada en el municipio. Especialmente interesante resulta ser la participación de las mujeres nahuas que están abogando por transformar desde adentro sus pautas culturales y las maneras mismas de hacer justicia, lo cual viene a cuestionar los discursos que orientalizan (retomando la metáfora de Said 1979) a las culturas indígenas como culturas armónicas y atemporales, victimizando a las mujeres como simples sujetos pasivos que sufren la opresión de sus costumbres. En la experiencia de las organizaciones de Cuetzalan y del juzgado indígena vemos la puesta en práctica de lo que podría llamarse el ensayo de un modelo de justicia indígena con equidad de género, definida desde los marcos culturales propios y atendiendo a las necesidades de hombres y principalmente de las mujeres en los espacios locales y regionales.
Según hemos visto las experiencias de justicia indígena expresan alcances diferenciados y proyectan horizontes distintos de acuerdo a las coyunturas y contextos en los que se desarrollan y de su relación con el estado. Estos dos
casos muestran que la reforma constitucional del 2001 para reconocer derechos indígenas en México, ha sido ya rebasada por las experiencias autonómicas que desde la práctica están generando modelos de sociedad y de ciudadanía alternativos, los cuales muestran a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho y no como sujetos de políticas asistencialistas. No sólo están administrando su justicia, están también construyendo formas de gobierno diferentes y en la medida de lo posible buscando otras formas de desarrollo.
En el momento actual cuando la sociedad se encuentra fracturada por un manejo político del estado de derecho y el aparato de justicia vive una crisis profunda, es necesario voltear los ojos a otros modelos y experiencias de justicia en donde lo colectivo es un bien a proteger y los derechos individuales no deben imponerse sobre los derechos de los demás, ni los intereses del mercado sobre los valores comunitarios. De esta manera el reconocimiento de la justicia indígena puede contribuir al debate sobre la pluralidad de derechos ya que obliga a mirar respuestas distintas a pregunta similares sobre la justicia y la paz social. Reconocer la pluralidad del estado obliga a repensar en modelos de nación más incluyentes y respetuosos de la diversidad pero también en la necesidad de discutir las visiones monolíticas del estado de derecho que no permiten avanzar en alternativas de convivencia social.
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