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Timestamp: 2018-10-19 20:23:16+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-1721 DE DICIEMBRE 12 DE 2000 UNIFICACION
SENTENCIA SU-1721 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:PERIODISMO DE OPINIÓN. CONTRA LAS OPINIONES NO ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DERECHO DE OPINIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:350 DE FEBRERO DE 2001, PÁG.339
REVISTA TUTELA N°:15 DE MARZO DE 2001, PÁG.355
Sentencia SU-1721 de diciembre 12 de 2000
Ref.: Expediente T-311.932
Acción de tutela instaurada por Ernesto Huertas Escallón contra Roberto Posada García-Peña
En el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, D.C. de nueve (9) de febrero de 2000 y por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de veintidós (22) de marzo de 2000, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Ernesto Huertas Escallón contra el señor Roberto Posada García - Peña.
Conforme al relato que se hace en el escrito mediante el cual se interpone la acción de tutela el demandante señala como derechos fundamentales violados por el señor Posada García Peña en su columna habitual en el diario El Tiempo de esta ciudad, los derechos al buen nombre (C.P., art. 15) y a la honra (C.P., art. 21).
En alusión a lo dispuesto en el artículo 42, numeral 7º, del Decreto 2591 de 1991, expresa que “además de no acceder a la rectificación solicitada, desglosar argumento por argumento la réplica y ratificarse en sus acusaciones infundadas, la supuesta rectificación hecha por el demandado no se hizo en condiciones de equidad, pues no se le dio ni la posición ni el realce dado a la columna titulada “El Huertas Gate” que ha dado lugar a la presente acción de tutela”. Por ello, agrega, la opinión pública no tuvo la oportunidad de identificar la relación existente entre la rectificación y la columna a enmendar.
1.2. La intervención del diario El Tiempo.
A instancias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el representante del diario El Tiempo (comunicación de nov. 23/99, del jefe de la oficina jurídica) precisó la conducta del medio, en el sentido de señalar que sí se dio cumplimiento a las disposiciones legales y se atendió la solicitud de rectificación formulada: “El mencionado doctor Huertas Escallón solicitó la rectificación de las opiniones expresadas en la citada columna mediante carta cuyo texto fue publicado por El Tiempo el 24 de agosto de 1999, página 9-B bajo el título “Director de Aerocivil responde acusaciones”, con la correspondiente réplica del columnista. Basta comparar el espacio dedicado a la publicación de la carta de rectificación para concluir que tanto el despliegue de la misma, como su titular resultaron suficientemente significativos para que los lectores recibieran información veraz y oportuna en los términos de la Carta Fundamental”.
1.3. La respuesta del accionado.
En escrito dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el señor Roberto Posada García Peña (nov. 24/99) señala que en la columna de opinión habitualmente asignada a él , titulada Torre bajo el epígrafe de “El Huertas Gate”, se refirió de modo concreto a las actuaciones del doctor Ernesto Huertas Escallón como director de la Aeronáutica Civil. “En dicha columna —asevera— me limité a expresar mi opinión respecto de algunos hechos que a mi juicio no se compadecían con la dignidad del cargo público que ostenta el querellante”.
— El accionante reconoce haber sido copropietario de Aerorepública en su condición de accionista. “Cómo rectificar un hecho que se reconoce por cierto?”.
— En lo que tiene que ver con el asunto de los seguros, tanto del proceso licitatorio como de la contratación, bajo la figura de urgencia manifiesta que consagra la Ley 80 de 1993, es evidente que no existió la transparencia que las normas pertinentes exigen y prueba de ello es la investigación que por tales hechos aún adelanta la procuraduría. De hecho “mi escrito original se refirió claramente a dicha investigación”.
— En lo que se refiere al tema de categorización, “a la fecha de mi escrito era claro que Colombia estaba aplicando y tratando de demostrar que merecía recibir la misma para lo cual debía cumplirse con las exigencias de la OACI y en tal sentido no existía un resultado concreto, el cual solo se evidenció hasta hace menos de un mes cuando nuevamente fuimos categorizados”.
— El problema del ruido es un hecho notorio que no puede ser objeto de prueba bajo los preceptos adjetivos, pero no obstante lo anterior, se puede evidenciar en las múltiples protestas que la misma ciudadanía ha hecho y que son de público conocimiento. Frente a estos hechos, mi opinión se limitó a preguntar por qué razón la Aeronáutica no había tomado las medidas pertinentes, incluso acudiendo a quienes podían decidir sobre el asunto, con lo cual permanecía sin solución un problema de salubridad pública.
Posteriormente en comunicación dirigida y entregada al juez cuarto civil del circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C. reitera su petición.
1. Fotocopia simple de la columna “El Huertas Gate” publicada en la página 5A de la edición del diario “El Tiempo” de fecha 18 de agosto de 1999.
2. Fotocopia simple de la carta de fecha 19 de agosto de 1999, dirigida por el suscrito al señor Roberto Posada García-Peña.
6. Fotocopia simple de la carta de fecha 18 de agosto de 1999, suscrita por el doctor Juan Alberto Páez Moya, dirigida al señor Roberto Posada García-Peña.
7. Fotocopia de la Resolución 4468 del 1º de octubre de 1999 de la Contraloría General de la República.
— La existencia de situación de indefensión frente a los medios de comunicación sin que tal situación a juicio del juzgador varíe por el hecho de que la persona posiblemente afectada sea funcionario del alto gobierno. Al respecto afirma apoyarse en sentencias de esta corporación, particularmente en la T-611/92 y en la T-066/98.
— La prevalencia de la libertad de prensa no significa posibilidad de emitir informaciones que no se ajusten a la verdad. En este sentido, se expresa en la sentencia en referencia:
“A pesar de lo manifestado por el señor Roberto Posada García-Peña, en variadas oportunidades, en cuanto a que sus publicaciones siempre estuvieron basadas en hechos reales y probados, lo que se encuentra a lo largo del trámite de esta tutela es que los hechos manifestados por el señor Ernesto Huertas Escallón en su escrito de tutela y en la carta dirigida al periodista accionado, están soportados en hechos claros y verdaderos como lo son: la declaración de impedimento y el respectivo nombramiento del director ad hoc en cuanto tiene que ver con trámites relacionados con la sociedad Aerorepública (Dec. 1973 y 940 de 1998 fls. 7 y 9); la no influencia del demandante en las decisiones que tienen que ver con la sociedad de la que fue accionista, según escrito del director ad hoc (fls. 11 y 12); Resolución 4468 de la Contraloría General de la República, en donde se explica que el proceder de la dirección de la Aeronáutica Civil, estuvo enmarcada dentro de los límites que regulaban la operación de contratación de seguros según las normas existentes, y que acogía las interpretaciones conceptuales del señor Huertas Escallón en lo que se refería al proceso de contratación mencionado y explica que si bien se usó el mecanismo de urgencia manifiesta, entratándose de la contratación del intermediario de seguros, de forma incorrecta la norma aplicable al caso no le prohibía la contratación directa, que en efecto se hizo, y por lo tanto se ratifica lo manifestado por el director de la Aeronáutica Civil (fls. 13 y ss.); y certificación expedida por la Dirección Nacional de Fiscalías en cuanto no aparece investigación en contra de Ernesto Huertas Escallón con ocasión del ejercicio de sus funciones (fls. 22 y 23). En cambio no aparece el fundamento suficiente para respaldar las afirmaciones del accionado, ni se observa esfuerzo por ajustar la información divulgada a la verdad”.
Oportunamente el accionado presentó impugnación contra la sentencia anterior y al efecto señaló que en el caso en análisis no puede alegarse la existencia de una situación de indefensión por parte del accionante ya que a su juicio no es viable presumir la indefensión frente a los medios de comunicación “pues tratándose de conflictos entre derechos constitucionales, uno de ellos prevalente, las restricciones normativas o interpretativas deben ser explícitas. Esto es, o constan claramente en una norma constitucional o legal, o se prueba más allá de toda duda en un proceso. De lo contrario, no hay presunción y se debe declarar la improcedencia por ausencia de indefensión”. De otra parte, expresa que tratándose de empleados públicos que entran en el escrutinio de los periodistas de opinión, la posibilidad de enfrentar las opiniones con procesos judiciales es menor porque se exponen naturalmente a la vigilancia de los periodistas y a la severidad de los juicios éticos y políticos que ellos emitan.
Adicionalmente expresa que la sentencia de primera instancia no señala cuál fue el error informativo que se cometió en la columna que ha dado lugar a la presente tutela: “Yo sostuve que el señor Huertas se declaró impedido, cosa cierta y aceptada por él y admitida por el juzgado. Dije también que fue accionista de Aerorepública, situación también reconocida por todos. Ahora, probé que al señor Huertas se le pedía su visto bueno en trámites de Aerorepública después del impedimento y de eso hay un documento que no puede ser más elocuente. De esos hechos, no desconocidos por nadie, elaboro como periodista de opinión juicios éticos y políticos: digo que el impedimento es solo una formalidad que puede ser jurídicamente impecable, pero que política y éticamente son farsas. Esa es mi opinión, elaborada a partir de hechos ciertos, reconocidos por todos, incluido el señor Huertas. Todo lo demás que hay en el artículo sobre el director de la Aeronáutica Civil son opiniones: que no creo en su transparencia para manejar licitaciones, que desconfío de su idoneidad que sus intereses comerciales le impiden actuar como funcionario público independiente”.
3.3. La oposición a la impugnación.
El accionante solicitó al tribunal superior competente la confirmación de la sentencia de primera instancia por cuanto a su juicio esta se encuentra debidamente sustentada en hechos y fundamentos de derecho ciertos, válidos y acertados. No obstante alude a algunos hechos que no fueron tenidos en cuenta por el fallador como la rectificación sobre el proceso de categorización en materia de seguridad aérea o la ratificación hecha por el periodista accionado en cuanto al control del factor ruido , que según su parecer no fueron objeto de rectificación.
3.4. Sentencia de segunda instancia.
— Los derechos fundamentales cuya protección invoca el accionante tienen carácter de derechos fundamentales (derechos al buen nombre y a la honra a la dignidad y a la intimidad).
— La acción de tutela contra particulares circunscribe su procedencia dentro del marco señalado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991; en contra de lo considerado por el a quo, a juicio del tribunal tratándose de medios de comunicación la jurisprudencia no ha sentado de manera categórica la premisa de presumir frente a ellos el estado de indefensión del accionante.
— La situación de indefensión es una circunstancia derivada de diversos factores de hecho, que coloca a la persona afectada en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales, frente al poder o supremacía de otro particular; debe entenderse entonces como la ausencia de medios de defensa frente a los agravios, que contra los derechos fundamentales del peticionario de la tutela, realice el particular, contra quien se imputa la protección”. En ese orden de ideas tratándose de un alto funcionario del Estado, quien tiene a su disposición los mismos medios de comunicación para divulgar las rectificaciones que considere pertinentes, frente a las informaciones difundidas por los accionados, así como para argumentar contra las opiniones que de los mismos hechos se hayan divulgado; resultando evidente que no se encuentra inerme frente a los ataques de que sea objeto.
— El particular que se considere agraviado con una información, tiene derecho a solicitar la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, cuya omisión por el particular responsable del medio de comunicación hace procedente el amparo de tutela. Tal prerrogativa, sin embargo se basa en que se trate de informaciones, no de opiniones o de conceptos, como quiera que ello vulneraría la libertad de expresión del accionado que es uno de los pilares del ordenamiento jurídico. En el caso en análisis las informaciones que el accionante considera erróneas son en realidad opiniones expresadas por el columnista accionado sobre el desempeño actual del accionante como Director de Aeronáutica Nacional “circunstancia que impide al tribunal acoger los planteamientos del actor; en aras de la protección prevalente del derecho a la libertad de expresión; que como se señaló no tiene limitaciones en la normatividad vigente; incluida por supuesto la reglamentación del amparo de tutela”.
Esta Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591. Además, se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la corporación.
Como obra en el expediente, la acción de tutela fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 resolvió, luego de la diligencias iniciales, remitir el expediente al juzgado cuarto civil del circuito de esta ciudad, quien mediante sentencia de 16 de noviembre de 1999 decidió sobre el fondo de la acción concediendo el amparo invocado, no obstante por auto del 21 de enero de 2000 el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado ante el juzgado por lo cual este, luego de subsanada la causal profirió sentencia el 9 de febrero de 2000, la cual fue objeto de segunda instancia ante el mencionado tribunal quien por sentencia de 22 de marzo de 2000 decidió revocar parcialmente la sentencia del a quo y conceder la tutela únicamente en relación con la rectificación de la información relativa a la existencia de una investigación contra el demandante por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Seleccionado el proceso y repartido al magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, este planteó (en coincidencia con solicitud en el mismo sentido elevada por el accionado) ante los magistrados restantes de la Sala Octava de Revisión impedimento para conocer y participar en la decisión el cual le fue aceptado. Presentada ante la Sala Plena de la corporación, consulta por parte del magistrado sustanciador en turno acerca de si él y el otro magistrado de la Sala Octava de Revisión debían resolver sobre el proceso o si el asunto debería ser decidido por la Sala Novena de Revisión, la Sala Plena de la Corte en su sesión de 26 de septiembre de 2000 resolvió asumir el conocimiento y decisión del proceso.
3. La materia sometida a análisis.
De los antecedentes allegados al expediente aparece comprobación de la publicación en el diario El Tiempo de Bogotá, de una columna de opinión suscrita con el seudónimo de D’Artagnan, que como es de público conocimiento, corresponde al periodista Roberto Posada García-Peña; así mismo consta la solicitud de rectificación formulada al periódico mencionado por el señor Ernesto Huertas Escallón la cual fue publicada el día sábado 18 de diciembre de 1999, también obra una nueva publicación de la columna en el diario El Tiempo del 24 de agosto de 1999, donde se hace referencia al escrito del doctor Huertas Escallón.
Así mismo, se tiene que mediante la sentencia de primera instancia dictada por el juez cuarto civil del circuito de Bogotá, se concedió la protección solicitada aclarando en la providencia, que obraba en el expediente prueba de haberse efectuado la rectificación; en la segunda instancia previo escrutinio de la jurisprudencia de esta corporación y puntualizaciones sobre el derecho a la expresión, en su modalidad de opinión primordialmente, ejercido por el periodista, se decidió revocar de manera parcial la sentencia impugnada, concediendo tutela respecto de una información que resultó contrastada probatoriamente.
A lo anterior han de sumarse en el presente análisis dos consideraciones específicas, a saber; i) Más que ante el ejercicio del derecho a la información se está ante la manifestación de opiniones, juicios sobre hechos, en columna habitual por medio de la prensa y ii) Las opiniones versan sobre la gestión pública adelantada por un funcionario del Estado.
— La procedencia de la acción de tutela tratándose de la protección de derechos fundamentales por razón de publicaciones en los medios de comunicación, bajo la consideración de que aunque se trata de acción contra particulares se reconoce una condición de indefensión frente a los medios(1).
— Tratándose de los supuestos de conflicto de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, aún de la libertad de información con los derechos a la honra y al buen nombre, estos últimos deben ceder ante aquel, dada la función primigenia de control social que cumple la prensa(2).
— La solicitud de rectificación como requisito previo para la viabilidad de la tutela. Es decir que esta, por principio sólo es procedente cuando habiéndose solicitado la rectificación esta ha sido negada o ignorada por los accionados. T-066 de 1998, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
El diferente tratamiento según que la libertad de expresión a través de los medios de comunicación se plasma en informaciones o en opiniones o valoraciones sobre hechos. En ese orden de ideas la Corte ha proclamado la improcedencia de la tutela en los casos de periodismo de opinión, respecto de las opiniones en sí mismas, sin perjuicio de entender que
“... (e)l ejercicio responsable de la libertad de prensa exige que el medio diferencie claramente las opiniones que le merece cierta información de los datos que obtiene a través de sus investigaciones. La información que se publique ha de corresponder a la verdad, lo que significa, entre otras cosas, que se atenga a los datos otorgados por las fuentes consultadas; que rectifique la información equivocadamente suministrada o interpretada; y, por último, que se esté en capacidad de demostrar la veracidad de los datos que no se derivan de documentos o fuentes reservadas, en cuyo caso la revelación deberá efectuarse bajo la entera responsabilidad del medio” (destacado fuera de texto)(3).
Los anteriores lineamientos ponen en evidencia la orientación constitucional en cuanto a la libertad de expresión, y sus primordiales proyecciones. Entre estas no puede dejarse de lado la alta función que para la subsistencia y profundización de las sociedades democráticas cumple el cabal ejercicio de la libertad de expresión ya sea en su faceta de información (relación de hechos), ya sea en su faceta de opinión (interpretación de hechos). En efecto, a través de ellas se ha de realizar un efectivo control social sobre las actividades que desarrollan, quienes primordialmente tienen a su cargo los intereses sociales que gravitan sobre el conjunto de los ciudadanos. La primacía de la libertad de expresión cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales, se explica precisamente por el criterio finalista de protección social que ostenta la libertad de expresión, particularmente cuando ella se ejercita mediante los medios de comunicación establecidos. En ese orden de ideas se reconoce que tratándose de la libertad de expresión respecto de la gestión pública, los derechos al buen nombre tienen un ámbito de mayor restricción, que cuando se trata de ese derecho frente a los particulares. Empero en este caso, como también ha puntualizado la Corte:
“Esto no significa, sin embargo, que por razón de la posición pública que ostentan algunas personas, la Constitución haya otorgado carta blanca a los medios de información para mancillar injustificadamente su buen nombre y honra. Tal interpretación de la jurisprudencia constitucional sería discriminatoria para dichos personajes y, por ende, integralmente inconstitucional. Se precisa, pues, que la restricción de los derechos de las personas cuya situación social implica una posición de público interés, no puede llevarse al extremo de desconocer los derechos fundamentales que, por el simple hecho de serlo, le ha reconocido la Constitución a todas las personas. El real alcance de la jurisprudencia citada se limita, entonces, a reducir el ámbito de intimidad de tales personajes de tal manera que “sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad”(4). Por lo tanto, concluir que la injusta difamación de un personaje público está permitida por el solo hecho de su condición, es un contrasentido constitucional que no atiende al postulado de respeto por la dignidad humana consagrado en nuestra Carta como elemento esencial del Estado social de derecho”(5) (destacado fuera de texto).
Como surge de los antecedentes y pruebas que obran en el expediente, el accionante invoca la protección de sus derechos fundamentes a la honra y al buen nombre, vulnerados por la publicación en el diario El Tiempo del artículo titulado el “Huertas Gate”, suscrito por el periodista Roberto Posada García-Peña, aparece también que el diario mencionado dio cabida al escrito de “rectificación” enviado por el accionante; igualmente el accionado se refirió en su columna a las precisiones formuladas en la rectificación, reiterando sus opiniones y haciendo a su turno algunas precisiones.
No obstante como ha señalado esta Corte en reciente sentencia, si bien contra las opiniones no es procedente la acción de tutela, el columnista o quien ha expresado sus opiniones, cuando estas involucran el análisis de hechos, debe razonablemente cerciorarse de la veracidad de los hechos en los cuales basa su opinión o juicio de valor.
“La aplicación del principio de veracidad difiere según la situación de que se trate. Así, si bien en algunos casos se puede ser muy estricto en la exigencia de la verdad, puesto que se advierte que lo publicado difiere notoriamente de los hechos reales, en otros casos lo que se puede exigir es que el medio precise su información y en otros, en los que es imposible determinar la total veracidad de un suceso, que el medio demuestre que ha sido suficientemente diligente en la búsqueda de la verdad. Es fundamentalmente, en estos dos últimos eventos en los que el medio debe dar muestras de su imparcialidad. De acuerdo con este principio, el periodista debe guardar cierta distancia respecto de sus fuentes y no aceptar de plano, de manera irreflexiva, todas sus afirmaciones o incriminaciones. Por el contrario, las informaciones que le sean suministradas por ellas deberán ser contrastadas con versiones distintas sobre los mismos hechos, de parte de los implicados o de personas conocedoras de la materia que se debate. Así mismo, el comunicador deberá cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten su percepción de los hechos”(6).
También resulta de la confrontación del texto del artículo periodístico en cuestión con la rectificación del accionante publicada en el diario El Tiempo que a la fecha del escrito y no obstante las gestiones, de la Aeronáutica Civil, que luego fructificaron, no existía un resultado concreto que pudiera razonablemente ser conocido por el accionado. Por último la afirmación del accionado, en torno del problema del factor ruido, constituye más que relato de un hecho apreciación sobre la gestión en torno del mismo.
En este punto, la Corte encuentra pertinente hacer énfasis en que la rectificación prevista en el estatuto superior, referida en la jurisprudencia a la información, mas no a la opinión o a los juicios de valor que puedan expresar a través de los medios de comunicación, en desarrollo del derecho fundamental a la libre expresión, tiene como finalidad esencial precaver atentados contra los derechos fundamentales, pero primordialmente, garantizar a los destinatarios de la información el derecho a ser informado, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución. En ese orden de ideas, considera la Corte que la rectificación formulada por el accionante fue atendida en forma adecuada, pues se publicó en lugar destacado del periódico, y que el columnista accionado hizo referencia a los hechos concernidos y ratificó sus opiniones.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil y de Familia— el 22 de marzo de 2000, por las razones expresadas en la parte motiva.
Magistrados: Fabio Morón Díaz, Presidente—Alfredo Beltrán Sierra—Jairo Charry Rivas—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Cristina Pardo Schlesinger—Martha Victoria Sáchica Méndez (E)—Álvaro Tafur Galvis.
Ivan H. Escruceria Mayolo, Secretario (E).
(1) T-368 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, T-066 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(2) T-066 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(3) Sentencia T-472 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(4) Sentencia T-066 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(5) Sentencias T-472 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-1202 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

References: artículo 42
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 42
 artículo 37
 artículo 20