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Timestamp: 2017-05-27 00:43:45+00:00

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1_9788490046159 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
CONSUMOMª INMACULADA SÁNCHEZ BARRIOS
DIRECTORAUNIVERSIDAD DE
SALAMANCAValencia, 2012Copyright ® 2012
pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).© Mª INMACULADA SÁNCHEZ BARRIOS© TIRANT LO BLANCH
I.S.B.N.: 978-84-9004- 615-9
PRÓLOGOS ...........................................................................................................11EXCMO. SR. D. ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO ..................................................................
Consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León
D. RAFAEL DE AGAPITO SERRANO .......................................................................................
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca11“EL CONSUMIDOR Y LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE ACCESO A
INTERNET” ..........................................................................................................
Profesor Contratado Doctor de Derecho Civil
Universidad de Salamanca“EL MERCADO DE BIENES TANGIBLES Y LAS CONSECUENCIAS DEL
CASO FORUM FILATÉLICO/AFINSA: ¿PROTECCIÓN DE LOS ADQUIRENTES DE BIENES TANGIBLES O TUTELA DE LOS INVERSORES EN
BIENES TANGIBLES?” ......................................................................................
Universidad de Salamanca“SISTEMA NORMATIVO, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSUMO: UNIÓN EUROPEA, ESTADO Y
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN” ............................................................
Universidad de Salamanca“UN ESQUEMA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS NORMATIVOS
DE COMERCIO INTERIOR Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS” ...........................................................................................................
Universidad de Salamanca“LA ORDENACIÓN PÚBLICA DE LAS RELACIONES DE MERCADO” ......
Universidad de Salamanca“LA PROTECCIÓN DEL ADQUIRENTE DE VIVIENDA” ..............................
Universidad de Salamanca1317611171651992318ÍNDICE“TUTELA JUDICIAL DE LOS CONSUMIDORES EN LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS”..............................................................................................................269MAESTRE CASAS, PILAR
Universidad de Salamanca“CONTRATOS CON CONSUMIDORES: MECANISMOS DE DEFENSA
FRENTE A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN” .....................................................................................................................311MARTÍN PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
Universidad de Salamanca“EL DEBER DE INFORMAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES” ......................................................................................................345MARTÍNEZ GALLEGO, EVA Mª
Universidad de Salamanca“ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DEL DELITO DE ESTAFA EN EL
ÁMBITO DEL CONSUMO” .................................................................................379MATELLANES RODRÍGUEZ, NURIA
Universidad de Salamanca“CONSUMIDORES Y FIRMA. EL DNI ELECTRÓNICO”...............................
ORTEGA DÍAZ, JUAN FRANCISCO
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca“EL ARBITRAJE DE CONSUMO EN EQUIDAD. UNA REFLEXION” .........
RIVERO YSERN, ENRIQUE
Universidad de Salamanca“ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO DEL CONSUMO” ......................
RODRÍGUEZ LÓPEZ, FERNANDO y SÁNCHEZ MACÍAS, JOSÉ IGNACIO
Profesores Titulares de Economía Aplicada
Universidad de Salamanca“LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS
DEFECTUOSOS EN EL RDLEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE.
CONSIDERACIONES CRÍTICAS GENERALES Y SOBRE LOS ÁMBITOS
OBJETIVO Y SUBJETIVO ..................................................................................
SÁNCHEZ BARRIOS, JOSÉ LUIS
Profesor Titular de Derecho Mercantil EU
Universidad de Salamanca395423433455ÍNDICEEL EJERCICIO DE LA “ACCIÓN DE CESACIÓN EN DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS .......................................................................9519SÁNCHEZ BARRIOS, Mª INMACULADA
Universidad de Salamanca“LAS GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS EN EL TR-LGDCU: EL ÁMBITO
DE APLICACIÓN Y EL CRITERIO DE LA FALTA DE CONFORMIDAD” ...551TORRELLES TORREA, ESTHER
Universidad de Salamanca“RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS DEFECTUOSOS” ..........................
Universidad de Salamanca583Prólogo
EXCMO. SR. D. ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
Consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y LeónLa Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y la Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León han colaborado para poner
a disposición de los juristas y de los ciudadanos en general un conjunto de
estudios sobre consumo de gran interés y actualidad.
Este ambicioso proyecto, dirigido por Dª. Mª Inmaculada Sánchez Barrios,
brinda a los consumidores y usuarios una preciosa fuente de información
para el conocimiento de sus derechos, y profundiza en los instrumentos para
su efectiva tutela.
Prestigiosos profesores abordan un amplio abanico de cuestiones, que
abarca tanto aspectos más generales, como el sistema normativo, competencial y administrativo en materia de consumo, la ordenación pública de las
relaciones de mercado y la articulación de los grupos de defensa de los consumidores y usuarios, como otros mucho más concretos, tal es el caso de la
protección del consumidor en los servicios telefónicos y de acceso a Internet y
en la adquisición de vivienda. Se plantean asimismo cuestiones relacionadas
muy directamente con el ejercicio profesional, como el deber de informar en
la prestación de servicios profesionales, la tutela judicial en litigios transfronterizos o los mecanismos de defensa frente a cláusulas abusivas. Finalmente,
también encuentran acomodo en este libro la solución extrajudicial de conflictos, a través del arbitraje de consumo, y el estudio de un caso que provocó
gran alarma social, el de Forum Filatélico/Afinsa.
La defensa de los consumidores y usuarios es una de las prioridades de
la Consejería de Interior y Justicia. La información a los consumidores, la
educación y sensibilización social en materia de consumo, el apoyo a las asociaciones de consumidores y las oficinas municipales, y la inspección de consumo son pilares sobre los que se asientan las políticas de la Junta de Castilla
y León para garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Pese a los avances conseguidos, las relaciones de mercado actuales están
presididas por los vertiginosos cambios y, fundamentalmente, por la presencia de la sociedad de la información (telecomunicaciones), que abre posibi-12Alfonso Fernández Mañuecolidades casi ilimitadas al consumidor, con nuevas fórmulas comerciales a su
alcance en un espacio casi ilimitado y que, como contrapartida, exige rápidas
y precisas respuestas en su defensa.
El avance del comercio electrónico a nivel mundial se presenta ya como
algo imparable y las técnicas publicitarias para presentar en el mercado y los
productos y servicios son cada vez más avanzados y agresivos.
En fin, son cuestiones que por su transcendencia para los ciudadanos requieren la atención de los poderes públicos y merecen un detenido estudio,
que los profesores que firman estos trabajos han acometido con acierto, y a
los que quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento, porque no hay
interés más noble que el que se dirige a promover el bienestar y prosperidad
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓNPrólogo
RAFAEL DE AGAPITO SERRANO
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de SalamancaLa obra que tengo la satisfacción de prologar, junto con el Consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, D. Alfonso Fernández Mañueco,
recoge las aportaciones de Profesores de la Facultad de Derecho al tema de
la protección del consumidor. Se trata de una obra que pone de manifiesto la
complejidad de los aspectos tratados, la diversidad de situaciones y supuestos
que se plantean en este campo, y, en general, la necesidad social existente de
un desarrollo normativo y una implementación de los medios necesarios para
su aplicación efectiva. La normativa existente sobre este tema, y en particular
la elaborada por nuestra Comunidad Autónoma, ha respondido ampliamente
y con criterios actualizados a esa necesidad, pero sin duda la problemática
que se plantea en este terreno, que arroja siempre nuevas exigencias, requiere
una continua atención y mejora. De hecho la protección jurídica del consumidor, del consumo en general, es algo que no limita su alcance a la estricta
protección del consumidor, sino que tiene consecuencias más amplias. Desde
luego tiene también efectos, aunque sea indirectamente, sobre la solidez y el
crédito de nuestra economía, de nuestros sistemas productivo y de comercialización.
Es una obra de estudios, ciertamente, pero no por ello ajena a la dimensión
práctica de este tema. En ella se pueden encontrar intentos de aclaración y de
interpretación de las dudas o insuficiencias que plantean los diversos supuestos implicados en el consumo, así como propuestas de revisión tanto en la
interpretación y aplicación de la normativa existente, como para un desarrollo
y sistematización de los instrumentos existentes. Es también, al mismo tiempo, una obra, como se dice hoy, de transferencia de conocimiento, que puede
ser de utilidad tanto para la información del público en general, como para
la actuación en el terreno de la Legislación como de aquellos que actúan el
sector de la Administración competente en esta materia. Su objetivo, pues, no
es otro, en definitiva, que el de contribuir a esa necesidad, siempre presente,
de mantener viva la reflexión y la información actualizada en el ámbito del
derecho de consumo, y de ofrecer propuestas orientadas a su mejora.14Rafael de Agapito SerranoPero el significado de esta obra no se comprendería en todo su alcance si
no se conoce la historia que está detrás de ella. La atención a las cuestiones
que plantea el Derecho de consumo en nuestra Facultad tiene ya una larga
tradición, pues desde hace casi dos décadas se viene impartiendo anualmente
un Curso sobre el Derecho de Consumo, orientado a la formación de especialistas en este campo. Pero, de hecho ha sido una actividad académica estimulada en sus comienzos, y propiciada de forma continuada por la Junta de
Castilla y León, quien desde el comienzo asumió la importancia de este tema,
y quien no ha dejado de apoyar, tanto material como con todo tipo de colaboración, la realización de estos cursos en las Universidades de la Comunidad.
En nuestro caso, aparte del apoyo económico, hemos contado con una activa
y comprometida colaboración de los funcionarios competentes de la Delegación de la Junta en Salamanca, que han enriquecido los cursos aportando sus
conocimientos y su información sobre la situación y la práctica concreta en
la solución de los casos que se plantean. El apoyo de la Junta se ha reflejado
también en la impartición de conferencias y participación en seminarios, que
han contribuido de forma decisiva al nivel y la calidad de los cursos que se han
realizado. Sin su ayuda no hubiera tenido lugar esta actividad y esta contribución a la efectividad de este campo del Derecho.
Esta obra ha de entenderse, pues, como el resultado, y un ejemplo, de una
colaboración fructífera entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León. Una colaboración que no sólo representa el trabajo realizado hasta ahora, sino que apunta a su proyección en un
desarrollo más amplio para el futuro. Fruto de esa proyección de futuro es el
hecho de que, también por iniciativa de la Junta, y por la receptiva respuesta
de la Facultad, se está llevando a cabo la transformación de estos Cursos de
Derecho de Consumo en un Título Propio de la Universidad de Salamanca. Esta
transformación implica una reelaboración de las materias que se ofertan y una
redefinición de los métodos de docencia empleados. Todo ello representa un
paso más en la colaboración que se ha llevado a cabo durante este dilatado período de tiempo, y que va a permitir, desde la masa crítica alcanzada, expandir
las actividades de formación en este Título hacia otras formas, como foros o
seminarios avanzados, que potenciarán la realización de los objetivos de esta
actividad académica y de esta colaboración entre nuestras instituciones.
Es quizá la tarea más grata de esta presentación el expresar la satisfacción
y el agradecimiento a todos los que han hecho posible esta actividad. A la Junta de Castilla y León, por su decidido y continuado apoyo e interés; a la Profª
Dra. Inmaculada Sánchez Barrios, Vicedecana de Docencia de la Facultad,
de quien ha surgido la iniciativa y el empeño para que estos “Estudios sobre
Consumo” salgan adelante; a todos los Profesores de la Facultad que han cola-Pr贸logo15borado en las distintas ediciones de estos cursos; y a los autores de esta obra,
que esperamos sea s贸lo un primer paso que tenga la continuidad que merece
la calidad de los trabajos incluidos en ella.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCAEl consumidor y los servicios
telefónicos y de acceso a Internet
JUAN PABLO APARICIO VAQUERO1
Universidad de SalamancaRESUMEN
La nueva Carta de derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas mejora la protección del consumidor: quedan clarificados los
extremos a incluir en el contrato, se reducen los plazos para las bajas y la portabilidad, y se otorgan más derechos a los abonados de tarjetas prepago, entre1Trabajo realizado al amparo de los Proyectos de Investigación “Distribución comercial:
contratación nacional e internacional”, subvencionados por el MEC (Plan Nacional I+D+i,
nº SEJ2007-65207/JURI) y la Junta de Castilla y León (Ref. SA018A07).
La dilación tradicionalmente inherente a la publicación de toda obra colectiva ha hecho
que alguna cuestión haya cambiado sustancialmente desde que dse escribió este trabajo
hasta la fecha en que son corregidas las pruebas de imprenta, sin margen para su cabal
actualización. En especial, téngase en cuenta, al leer las páginas dedicadas a la consideración de la banda ancha como integrante del “servicio universal”, que se escribieron bajo
una normativa diferente a la vigente en el momento de la publicación. Dicha normativa ha
cambiado, precisamente, para obviar de forma expresa algunas de las limitaciones técnico
-jurídicas de la derogada que se apuntan en el trabajo, aun cuando pueden seguir siendo
criticables las formas e incluso las razones de política legislativa que han llevado a la reforma. Actualmente, merced al marco normativo propiciado por la Directiva 2009/136/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, por la que se modifican, entre
otras, la Directiva 2002/22/CE y plasmado en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible y el REal Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril,
el Gobierno ha decidido que sí forme parte del servicio universal (modificando los arts. 27
y ss. RD 424/2005) el acceso a comunicaciones de datos de 1 Mb por segundo de bajada,
con mención expresa de la tecnología ADSL. La citada norma prevé que a lo largod e 2011
se pueda adjudicar el servicio. Cabe decir, no obstante, que habrá que ver si hay operadoras interesadas en el concurso pues, a fecha de hoy, la banda ancha llega prácticamente a
todos los territorios ... donde es rentable. Quizá la extensión universal obligue igualmente
a la designación forzada de un operador, al igual que sucede con la telefonía fija, para
que pueda ser extendida esta tecnología a lugares remotos cuya escasa población no haga
atractiva la inversión18Juan Pablo Aparicio Vaquerootras novedades. Existen todavía, no obstante, diversas prácticas comerciales
que suponen un riesgo para los derechos de los usuarios finales de comunicaciones electrónicas y que, por ello, pueden resultar abusivas.ABSTRACT
The new Chart of users’ rights relating to electronic communication services improves consumer protection: it’s set clear the items to be part of the
contract, delays in terminating services and number portability are reduced,
prepaid mobile phones users are given several more rights, and so on. Nevertheless, there are still many commercial practices which can be abusive and
supose a high risk for the electronic communications end-users’ rights.
SUMARIO: I. Introducción. II. Telefonía, Internet y el “servicio universal”. III. Celebración del contrato e información previa. IV. Las promociones con compromiso de permanencia y
entrega de terminal subvencionado. V. Contenido y ejecución del contrato: 1. Contenido
del contrato; 2. La calidad en la prestación del servicio; 3. Tarificación y facturación; 4.
Atención al cliente y reclamaciones; 5. El fin del servicio y la portabilidad. VI. El usuario
de servicios de tarificación adicional. VII. Los servicios a través de mensajes cortos y la
contratación por el móvil. VIII. El usuario de telecomunicaciones y sus datos personalesI. INTRODUCCIÓN
En marzo de 2009 existían en España casi 20 millones de líneas de telefonía fija, más de 51 millones de líneas móviles y unos 9,2 millones de líneas de
banda ancha para acceso a Internet2. En todos los casos, la mayoría de líneas
operativas corresponde a usuarios calificados como “consumidores”, según la
normativa aplicable, de cuya protección se benefician. Precisamente, el último hito en la tutela de los consumidores como usuarios de las telecomunicaciones lo constituye la reciente promulgación del Real Decreto 899/2009, de 22
de mayo, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios
de comunicaciones electrónicas3. Con este RD, dictado en desarrollo del art. 3823Datos obtenidos de la Nota Mensual (marzo 2009) emitida por la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT), que muestra una penetración de 42,8 líneas fijas por cada
100 habitantes, 111,5 de móviles y 20 de conexiones a Internet por banda ancha.
BOE nº 131, de 30 de mayo. Recoge también ciertas obligaciones del usuario: al lógico
cumplimiento de su parte en el contrato de servicios de comunicaciones electrónicas (pago
del precio y cumplimiento del resto de condiciones contractuales) añade el uso del servicioEl consumidor y los servicios telefónicos y de acceso a Internet19de la Ley General de Telecomunicaciones4 y como trasposición de la Directiva
2002/22 (Directiva del servicio universal)5, se actualizan y amplían los derechos
del usuario según los había establecido en 2005 el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios6 (cuyo Título VI, sobre “Derechos de
los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales”, es derogado por el nuevo Decreto).
El marco de protección del consumidor incluye también otras normas de
gran relevancia, como, obviamente, el propio Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU)7, la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI)8,
la Ley Orgánica de la Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP)9 y la456789para los fines previstos en el contrato (que no actúen como revendedores, principalmente),
utilización de aparatos autorizados (conformes con la normativa vigente), configuración
de sus equipos y mantenimiento más allá del punto de terminación de red (salvo que se
haya pactado otra cosa) y el suministro de los datos personales exigidos por la legislación
vigente (art. 32 RD 899/2009).
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE nº 264, de 4 de noviembre).
Directiva 2002/22 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación a las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del servicio universal), DOCE L/108, de 24 de abril. Vid. nota 1.
Aprobado por RD 424/2005, de 15 de abril (BOE nº 102, de 29 de abril), y con algunas
modificaciones posteriores. El nuevo Real Decreto deja vigente el resto del Reglamento,
entre otros aspectos, las referencias normativas genéricas al “servicio universal” (art. 22
RD 424/2005) interpretadas ahora a la luz de su desarrollo por el art. 4 RD 899/2009. Vid.
RD-Leg. 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº
287, de 30 de noviembre).
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE nº 166, de 12 de julio), que sirve a la trasposición de la Directiva 2000/31/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los
servicios de la sociedad de la información, en particular, del comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), DOCE L/178, de 17 de julio. La LSSI
incorpora también al Derecho nacional, de forma parcial, la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de
protección de los intereses de los consumidores (DOCE L/166, de 11 de junio). La LSSI fue
modificada, como algunas otras normas, por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información, LISI (BOE nº 312, de 29 de diciembre).
BOE nº 298, de 14 de diciembre. Su normativa básica de desarrollo la constituye el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE
nº 17, de 19 de enero de 2008).20Juan Pablo Aparicio VaqueroLey 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones10.
Vemos a continuación algunos aspectos de los contratos de prestación de
servicios de telecomunicaciones y acceso a Internet, deteniéndonos, en particular, en los derechos de los usuarios consumidores y en ciertas posibles prácticas abusivas por parte de los prestadores de servicios de telefonía y acceso
a Internet.II. TELEFONÍA, INTERNET Y EL “SERVICIO UNIVERSAL”
El “servicio universal” supone, al decir de la Directiva 2002/22, la garantía
de prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a todos los ciudadanos (usuarios finales) a un precio asequible y a una calidad determinada,
con independencia de su ubicación geográfica (art. 3). Las consideraciones
que existen tras la calificación de determinados servicios como “universales”
derivan de la liberalización de las telecomunicaciones (al igual que sucede en
otros sectores), de manera que la competencia en el sector no excluya, por
poco rentables, determinadas áreas (p. ej., rurales, de montaña…) de la cobertura de sus servicios y deje a los habitantes de tales zonas sin acceso a los
mismos; se pretende, en definitiva, garantizar que el conjunto de la población
tiene acceso a unos servicios considerados básicos (“universales”), al tiempo
que se evita la aparición de desigualdades sociales basadas en la posibilidad
(o no) de disfrute real de los servicios de comunicaciones y de la Sociedad de
la Información11.
Por lo que ahora nos interesa, la atribución a algún sector del mercado
de la condición de “servicio universal” supone o bien la asunción directa del
mismo por parte de la Administración o bien la designación de un operador
encargado, de manera que cualquier persona, con independencia de su ubicación geográfica, pueda dirigirse a dicho operador para reclamar la prestación
del servicio, que le resulta obligatoria (en las condiciones legalmente estable-10
11BOE nº 251, de 19 de octubre.
Sobre el significado, alcance y garantías del servicio universal de telecomunicaciones y
su exigencia por parte de los usuarios consumidores, vid. PÉREZ REVUELTA, I., “El servicio
universal y sus garantías: paradigma de la desprotección del consumidor de telecomunicaciones”, en AA. VV. (coord. COTINO HUESO, L.), Consumidores y usuarios ante las nuevas
tecnologías, col. Derecho y TIC’s, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 369-398.El consumidor y los servicios telefónicos y de acceso a Internet21cidas12). En España, la empresa encargada del servicio en exclusiva es Telefónica de España S.A.U., hasta el 31 de diciembre de 201013.
Las prestaciones que forman parte de este “servicio universal” son enumeradas en los arts. 22 LGT, 27 RD 424/2005 y 4 RD 899/2009, destacando, en
concreto, las dos siguientes14:
1. Conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, y acceder
a la prestación del servicio telefónico disponible al público.
2. Que dicha conexión “permita” (terminología de la LGT) u “ofrezca la
posibilidad de establecer” (en términos de los Decretos de 2005 y 2009) “comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional
a Internet”.
En los términos recogidos, es claro que la telefonía fija es parte del “servicio universal” al que todos los ciudadanos tienen derecho. No está incluida,
por el contrario, la telefonía móvil, pues no es necesario que así sea, como
señala la Comunicación de la Comisión relativa al alcance del servicio universal,
de mayo de 2005: la propia estructura del mercado ha asegurado un acceso
amplio y asequible (con precios reducidos, al alcance, mediante diferentes
ofertas y servicios prepago, de los usuarios con niveles bajos de ingresos), a121314Las peticiones de conexión han de ser “razonables”, según los términos fijados en el art. 29
RD 424/2005: conexión para inmuebles en suelo urbano, para ciertas edificaciones previstas en la Legislación del Suelo o que, aunque no esté en suelo urbanizable, sea residencia
habitual excepcionalmente autorizada.
Conforme al RD 424/2005 (DT 2ª), Telefónica de España S.A.U. venía obligada a prestar el
servicio universal hasta el 31 de diciembre de 2007. El plazo fue ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2008 por RD 1768/2007, de 28 de diciembre, que modificó el RD de 2005. El
31 de diciembre de 2008 se publicó en el BOE la Orden ITC/3808/2008, de 23 de diciembre,
por la que se designa a Telefónica de España, S.A.U., como operador obligado a la prestación del servicio universal de telecomunicaciones por el período comprendido entre el 1 de
enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.
Por Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 31 de noviembre de 2007 se constituyó el Fondo Nacional del Servicio Universal, con el fin de ayudar
a sufragar el coste de la prestación de tal servicio, que viene asumiendo exclusivamente
Telefónica, repartiéndolo entre las diversas operadoras.
Junto a ellos, aparecen otros complementarios: Que exista una guía general de abonados,
suficiente oferta de teléfonos públicos de pago, condiciones equiparables de acceso para
los usuarios discapacitados y condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias
aplicables, cuando proceda, en condiciones normales de explotación comercial. Sobre los
derechos de los usuarios discapacitados, vid. arts. 28 y 29 RD 899/2009.
Vid. nota 1.22Juan Pablo Aparicio Vaquerolas comunicaciones móviles por parte de los consumidores15. De hecho, señala
dicha Comunicación, en algunos países el mercado ha llegado a saturarse.
¿Y qué sucede con Internet? Según la dicción literal de la LGT y sus desarrollos reglamentarios, resulta claro que el acceso “funcional” y con “velocidad suficiente” a las redes de datos es parte también del servicio universal16.
Tales requisitos de acceso, interpretados en los términos del art. 28.1. in fine
RD 424/2005, suponen que los abonados al servicio de telefonía fija puedan
conectarse a la red “mediante pares de cobre y módem para banda vocal”. De
esta manera, el disponer de una línea telefónica que permita la conexión a
Internet es parte del servicio universal sin ninguna duda. Los cables y módems en estas líneas (conexiones de banda estrecha) permiten velocidades de
56 Kb/s, las cuales (al menos en España, en su inmensa mayoría) se entiende
cumplen los requisitos de dicho servicio universal17.
Pero, ¿qué sucede con el acceso a Internet mediante la denominada “banda
ancha”? Las conexiones de banda ancha permiten velocidades de transmisión de datos mucho mayores que las tradicionales, aunque utilicen en ocasiones las mismas infraestructuras. Actualmente, la forma más extendida de
conexión desde el hogar por banda ancha es la tecnología ADSL18 y, en menor
medida, el cable y las tecnologías inalámbricas. No obstante, existen todavía
ciertas zonas geográficas (poblaciones pequeñas, algunos barrios de grandes
ciudades…) excluidas del acceso a la banda ancha por ADSL, debido a la antigüedad de sus instalaciones de telecomunicaciones (cableados, centralitas…),
y a las que habría que llegar vía inalámbrica o satélite, mucho más costosa y
menos rentable para los operadores.
A la luz de las expresiones legales utilizadas y ya referidas (“comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet”
y “mediante pares de cobre y módem para banda vocal”), parece claro que el151617
18Comunicación de la Comisión relativa al alcance del servicio universal de conformidad con el
artículo 15 de la Directiva 2002/22/CE [COM(2005) 203 final], pág. 8
La Directiva 2002/22 habla (art. 4) de que la conexión “deberá permitir (…) transmisiones
de datos a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet, teniendo en
cuenta las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados y la viabilidad
tecnológica”.
Vid. nota 1.
Siglas de Assimetric Digital Suscriber Line o Línea (Bucle) de Abonado Digital Asimétrica,
esto es, con diferentes velocidades de subida (usuario-red) y bajada (red-usuario) de datos.
No existe un estándar de velocidad que corresponda con la llamada “banda ancha”, aunque
con tal expresión suele hacerse referencia a las conexiones que permiten velocidades mínimas superiores a los 128 Kbps (para la OCDE la velocidad mínima habría de ser de 256
Kbps en sentido red-usuario).El consumidor y los servicios telefónicos y de acceso a Internet23acceso a Internet mediante banda ancha no forma parte del servicio universal.
Ahora bien, quizá (he ahí el problema) pudiera entenderse que sí, por cuanto
la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), posterior
al citado RD de 2005, modificó (con técnica muy deficiente) el art. 22 LGT
para añadir, como inciso final: “No obstante, la conexión deberá permitir comunicaciones en banda ancha, en los términos que se definan por la normativa
vigente”. A ello se unía la propia DA 2ª LISI, que señalaba que “El Gobierno,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de
la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una
cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su
ubicación geográfica”.
Así pues, parece que el Gobierno quisiera vincular el servicio universal y la
banda ancha, pareciendo ésta parte de aquél y, por lo tanto, exigible por todo
ciudadano al operador designado. No obstante, en el actual estado normativo,
tal interpretación ha de seguir siendo rechazada19.
Como decía arriba, la técnica empleada por el legislador es muy deficiente,
pues si quiso hacer de la banda ancha parte del servicio universal debiera haber eliminado la referencia al acceso funcional a Internet (obligado a lo más,
no tendría sentido lo menos). Además, es confusa la referencia a la normativa
vigente, dado que ésta es, precisamente, la LGT, con su desarrollo reglamentario y, a lo sumo, la DA 2ª LISI, con el transcrito mandato al Gobierno.
Cabe decir al respecto que resulta dudoso que un Estado miembro de la UE
pueda definir por sí mismo qué es o no parte del “servicio universal”, dadas
las implicaciones directas que tiene sobre la competencia. La respuesta más
probable (que el propio legislador español acepta en el art. 22.420) es que no:
la determinación del contenido del servicio universal corresponde a la Unión
Europa, la cual lo ha realizado en la citada Directiva 2002/22. En ésta, de forma expresa (Considerando 8) se rechaza la posibilidad de incluir la banda ancha entre las obligaciones del servicio universal. La razón queda claramente
explicitada en la mencionada Comunicación de la Comisión relativa al alcance
del servicio universal, para la cual la banda ancha “todavía no es necesaria
para la participación normal en la sociedad, ni puede decirse que la falta de19
20Vid. nota 1.
“El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar el alcance de las
obligaciones del servicio universal”.All pages:345689101114151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788490046159 Published on Jun 28, 2013 tirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: REal Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
in fine

artículo 15