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Timestamp: 2018-07-18 10:08:51+00:00

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TIERRA DE HISTORIA: PROCESO CONTRA ITURBIDE
Las diferencias con el artículo 4o. del Plan consisten en que mientras éste llamaba en última instancia al archiduque Carlos, de la dinastía austríaca, los Tratados llamaban al infante Carlos Luis Borbón; y mientras el Plan condicionaba al Congreso mexicano a elegir a algún individuo de“casa reinante”, en caso de la no aceptación de ninguno de los candidatos previstos, los Tratados eliminaron esta condición, con lo cual cualquiera persona que estimara conveniente dicho Congreso podría ser coronado emperador, incluyendo a O’Donojú o a Iturbide.
Por otra parte, se estableció que eran incompatibles el mando militar y ser miembro del Poder Ejecutivo. Esto ocasionó un choque inmediato entre el emperador y el Congreso, choque que seguramente se hubiera dado con cualquiera que hubiese asumido el trono. Estas diferencias fueron surgiendo pocos meses después de que Iturbide subiera al trono, y se fueron agravando a medida que pasaban las semanas. En este tiempo se integrarían a la vida política mexicana promotores de conspiraciones republicanas, como el colombiano Miguel Santa María, y los antiguos diputados a las Cortes españolas Miguel Ramos Arizpe y Mariano Michelena -organizador de las logias masónicas del rito escocés en donde surgieron los principales centros de oposición de Iturbide-. Un agente especial de Estados Unidos -el célebre y nefasto Joel R. Poinsett- trabajó duramente para proponer el modelo republicano y oponerse a la monarquía de Iturbide, sembrando la semilla de las logias del rito yorkino. Liberado de la prisión de San Juan de Ulúa, el padre Servando Teresa de Mier -con claras ideas republicanas y de enorme influencia política- le informó a Iturbide que lo desconocía como emperador. Durante los últimos meses de 1822 y los primeros de 1823 hubo un crecimiento de las logias antiiturbidistas, formadas por antiguos borbonistas y por republicanos. El Congreso estaba lleno de enemigos al proyecto de Iguala, e incluso hubo algunos que se opusieron a la garantía de la unión. Muchos de los altos funcionarios del ejército imperial como los insurgentes Bravo, Guerrero, y Victoria, así como Felipe de la Garza, poco a poco se volvieron en contra de Iturbide y apoyaron a la oposición, aunque poco antes habían sido leales a éste. Comenzaron a fraguarse conspiraciones entre mayo y julio de 1822. Incluso se llegó a la conclusión de que el Congreso Constituyente, que había sido creado para dictar leyes fundamentales, podía ignorar las vigentes. Como el Congreso era soberano, todos los poderes le pertenecían y había subdelegado el Poder Ejecutivo en el monarca, por lo que éste no representaba a la nación, sino únicamente el Congreso: “…había problemas básicos en la visión que el Congreso tenía de sí mismo… y de hecho el Congreso Constituyente nunca llegó a producir ni siquiera un borrador de la Constitución, antes de que Iturbide lo cerrara en octubre”.53
Se puso a discusión el primer artículo. Carlos María Bustamente como fundamento para la propuesta planteó el argumento de que Iturbide hubiese cambiado de residencia y con ello planeara regresar a México. Esto les permitió sospechar que aquél había decidido regresar para recuperar el trono. Iturbide pensaba regresar, era cierto, pero no era ningún secreto ya que él mismo le había mandado una carta al Congreso el 13 de febrero de 1824, informando de su traslado a Londres y de su regreso a México dando como razón la posible amenaza de invasión de la Santa Alianza a México.94 Bustamante argumentó que “se trata de adormecernos y de inspirarnos una vana confianza para darnos después el golpe, cuando menos lo pensemos…”, afirmando que “Para que venga D. Agustín de Iturbide á restablecer su trono, pasará por muchas cabezas, y primero por la mía”. Según él, los que apoyaban el restablecimiento del trono procedían de mala fe, y su conducta debía examinarse ya que hacían prosélitos y no perdían ocasión de manifestar sus ideas (conforme, por otro lado, con la libertad de expresión consagrada en el artículo 31 del “Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824″, promulgada por este mismo Congreso. Bustamante continuó: “no lo debemos de perder de vista ni un solo momento. Por lo mismo sr., yo soy de opinión que V. Sob declare traidores, malvados, proscriptos y reprobados, á todos los que directa o indirectamente procuren trasladarlo á nuestras costas; y á los que escriben en su elogio”.95 El señor Lombardo, por su parte, dijo que “era escusado detenerse á manifestar los males que causaría la venida de un hombre como D. Agustín de Iturbide; pero siendo igualmente perjudicial cualquier otro que aspirase al trono ó protegiese las miras de un invasor estrangero, pedía que el artículo se estendiese á los reos de tales crímenes”.96 El padre Mier “hizo presente que al artículo se debía añadir que cualquiera que sea el título con que se presente en nuestras costas para quitar todo pretesto”.97
Esta adición se adoptó por la comisión, y votándose el primer artículo se aprobó con sólo dos votos en contra: los de los diputados Alcocer y Martínez de Vea. Los señores Barbabosa y Paz propusieron que después de la palabra traidor se añadiese “fuera de la ley”. El diputado Morales“propuso que en lugar de la espresión fuera de la ley se usase de la palabra proscrito, pues tenía entendido que el objeto con que se proponía aquella, eran los efectos de la proscripción”, pero esta vez no accedió el Congreso a tal proposición.98
Y aunque se pretendió agregar la frase “y cualquiera puede darle muerte”, la iniciativa no prosperó. En esta sesión volvió a debatirse el significado de las palabras “fuera de la ley” y“proscripción”, aclarando el diputado Vargas
Artículo. 244 Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso…
Por su parte, el “Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824″ dispuso:
El artículo 18 del Acta Constitutiva de la Federación, es importantísimo para la comprensión de la evidente injusticia y de la falta de legalidad en la aplicación del decreto de proscripción:“Todo hombre que habite en el territorio de la Federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia; y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada Estado…”. Aunque para el caso de Iturbide no estaba establecido todavía el tribunal federal que hubiera podido conocer de su caso y aplicar la justicia que finalmente se le negó, no es posible pensar que esta ausencia implicaba la negación de los derechos establecidos en el artículo citado. El artículo 19 dispuso que: “ningún hombre será juzgado, en los Estados o territorios de la Federación, sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por el cual se juzgue”; por lo tanto, el Congreso tamaulipeco, como tal, tampoco estará facultado para aplicar leyes o decretos “federales”, ni para llevar a efecto juicios, ni mucho menos para aplicar sentencias. Es claro, entonces, que la división de poderes establecida en los artículos 9 y 20 del Acta: “El poder supremo de la Federación [de cada Estado] se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo”, no era aplicable todavía en la incipiente nación independiente. El país no pudo saltar de un régimen a otro de forma violenta. El cambio tenía que ser resultado de un proceso paulatino donde los nuevos conceptos debían ser asimilados por la sociedad. Había que institucionalizar al nuevo Estado con nuevos principios políticos y nuevas instituciones, pero entre tanto, la víctima de esta transición sería “el Libertador” de México.
1 Arenal Fenochio, Jaime del, “Una nueva lectura del Plan de Iguala”, Revista de Investigaciones Jurídicas, año, 18, núm. 18, 1994, p. 50.>@AUT = Ciudad Universitaria, invierno de 2002 2 Iturbide, Agustín de, Su testamento desde Liorna, México, Jus, 1973, p. 9. Véase Iturbide, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia, México, Fideicomiso Teixidor-Libros del Umbral, 2001.
6 Arenal del, “El significado de la Constitución en el programa político de Agustín de Iturbide. 1821-1824″, Historia mexicana, núm. 1, julio-septiembre, 1998, pp. 37-70.
7 “Acta de 1o. de marzo de 1821″, Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 109.
13 Arenal Fenochio, Jaime del, Una nueva lectura… cit. p. 48.
14 “Proclama en la cual va inserto el Plan de Independencia de que se ha hecho mención”, Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 114.
15 Artículo 3o. del Plan de Iguala, véase Arenal Fenochio, Jaime del, Una nueva lectura… cit., pp. 68-73, y en Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 114.
21 Veáse el texto del “Acta de Independencia”, Tena Ramírez, Felipe, op. cit., pp. 122 y 123.
22 Arenal Fenochio, Jaime del, El significado… cit., passim.
29 Valle, Rafael Heliodoro, “Iturbide, varón de Dios. 150 Aniversario de la consumación de la Independencia”, Artes de México, núm. 146, año XVIII, 1971, p. 60.
34 Arenal Fenochio, Jaime del, “La Unión, valor proclamado en el Plan de Iguala”, 1er. Encuentro valores y educación. Memorias, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1998, pp. 65-67.
47 Arenal Fenochio, Jaime del, El significado… cit. passim.
55 Iturbide, Agustín de, op. cit., p. 27: el artículo 17 de la Constitución dice: “la potestad de aplicar las leyes reside en el Rey”.
99 Ibidem, p. 41. Una típica “Ley del caso”, como se repetirá en años posteriores.
142 Arenal Fenochio, Jaime del, “Ley y verdad histórica: el caso de Agustín de Iturbide”, Revista de Investigaciones Jurídicas, año 20, núm. 20, 1996, pp. 14 y 15.
148 Suárez de la Torre, Laura B., “Prólogo” al libro de Iturbide, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia.
151 Rojas, Rafael, “Iturbide: La primera traición”, Nexos, núm. 285, septiembre de 2001, pp. 74 y 75.
152 “A nadie… no se le podrá quitar la vida… sin el debido procedimiento legal”, “en todas las causas criminales, el acusado tendrá derecho a ser juzgado pronta y públicamente por un jurado imparcial…; también se le informará de la naturaleza y causa de la acusación; y tener (derecho a) un abogado que lo defienda”: artículos V y VI de las primeras diez enmiendas de dicha Constitución, sancionadas a partir del 25 de septiembre de 1789, véase en Gamboa, José M., Leyes Constitucionales durante el siglo XIX, México, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1901, pp. 131 y 132.
153 Arenal Fenochio, Jaime del, “Ley y verdad histórica”, op. cit., p. 24.

References: artículo 4
 artículo 31
 artículo 18
 artículo 19
 Artículo 3
 artículo 17