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BOE.es - Documento BOE-A-2006-15183
Documento BOE-A-2006-15183
«BOE» núm. 206, de 29 de agosto de 2006, páginas 31295 a 31300 (6 págs.)
BOE-A-2006-15183
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2006/08/28/8
A pesar de la extraordinaria sequía que España padece por segundo año consecutivo, y de las altas temperaturas registradas desde el inicio del verano, durante los primeros siete meses del 2006, la evolución de los incendios había sido significativamente menos negativa que la registrada en 2005, e incluso respecto a los valores medios de la última década. Cabe suponer que dicho comportamiento ha sido el resultado de la creciente concienciación ciudadana en esta materia, así como de los mayores esfuerzos, tanto normativos como inversores, realizados por todas las Administraciones. Sin embargo, dicha evolución se quebró en Galicia el pasado 4 de agosto, con una oleada de incendios que durante doce días ha afectado a esta Comunidad Autónoma y cuyos efectos han resultado especialmente devastadores a causa de las condiciones meteorológicas reinantes. En gran parte estos incendios han revestido unas especiales características entre las que no se excluye la intencionalidad. Por ello han tenido graves repercusiones, al afectar a la seguridad de las personas y sus bienes, ya que los fuegos se han producido en zonas muy próximas a núcleos urbanos y viviendas en el ámbito rural, que, en ocasiones, han obligado a su desalojo, y han llegado a afectar a importantes vías de comunicación. Las trágicas consecuencias de tales incendios forestales, han supuesto la pérdida de cuatro vidas humanas, en la provincia de Pontevedra, además de las miles de hectáreas quemadas. La gravedad de los mismos, ha requerido movilizar, para su extinción, además de los efectivos humanos y técnicos empleados por la Xunta, medios extraordinarios, tanto de la Administración General del Estado, como de las otras Administraciones Autonómicas y Locales; así como la ayuda internacional, especialmente de medios aéreos. La magnitud de estos hechos, y de sus consecuencias, obliga a los poderes públicos a adoptar medidas extraordinarias, en el marco del principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes. Se prevé, así, en esta norma, un régimen de ayudas específicas en favor de las víctimas y de sus familias, así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos y a la recuperación de las zonas afectadas. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria Turismo y Comercio, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Administraciones Públicas, de Medio Ambiente y de Vivienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de agosto de 2006, d i s p o n g o :
2. Los términos municipales y núcleos de población afectados a los que concretamente sean de aplicación las medidas aludidas se determinarán por Orden del Ministerio del Interior. 3. El Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas previstas en este Real Decreto-ley a otros incendios de características similares que hayan acaecido o puedan acaecer, en la misma u otras comunidades autónomas, desde el 1 de abril hasta el 1 de noviembre de 2006.
Para las restantes producciones, la indemnización a percibir se determinará teniendo en cuenta, en la medida en que resulten aplicables, las condiciones y procedimientos establecidos en el sistema de seguros agrarios. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con la Comunidad Autónoma, establecerá el procedimiento para la determinación de dichas indemnizaciones y la cuantía máxima de las mismas.
2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2006 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de los incendios, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2005. 3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los apartados anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre ellos. 4. Los contribuyentes que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas. 5. Estarán exentas de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos por los incendios. 6. La disminución de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artículo produzcan en los ayuntamientos y diputaciones provinciales será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 7. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas excepcionales por daños personales a que se refiere el artículo 7.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en los incendios, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas. 2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del siniestro. 3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquella en la forma que legalmente proceda. 4. Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las Administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del servicio público de empleo competente la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
b) Los hijos menores de edad de los fallecidos o de las otras personas a que se refiere el párrafo anterior. c) Los hijos mayores de edad si hubieran sufrido un perjuicio económico-patrimonial relevante, debidamente acreditado, en relación a su situación económica anterior al fallecimiento. d) En defecto de las personas mencionadas anteriormente, serán beneficiarios los padres de la persona fallecida. e) En defecto de las personas mencionadas en los párrafos a, b, c y d serán beneficiarios los hermanos de la persona fallecida, si acreditan dependencia económica de aquélla.
De resultar beneficiarios los padres del fallecido, la cantidad a que asciende la ayuda se repartirá entre ellos por partes iguales. De resultar beneficiarios los hermanos del fallecido, la cantidad a que asciende la ayuda se repartirá entre ellos por partes iguales.
6. Para las ayudas previstas en este artículo, no será de aplicación el régimen de ayudas contemplado en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión. 7. No obstante, el procedimiento para la concesión de las ayudas personales será el previsto en el referido Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, salvo los plazos de presentación de solicitudes y de resolución que serán, respectivamente, los dispuestos en párrafo 5 de este artículo.
2. Las pérdidas de enseres serán, igualmente, objeto de ayudas según lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. 3. Las ayudas a Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, sin que sea aplicable la limitación de la cuantía prevista en sus artículos 22 y 23. 4. Las solicitudes para la concesión de las ayudas establecidas en este artículo se presentarán en el término de dos meses, contado a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 5. Las ayudas que se concedan, en aplicación de lo previsto en este artículo, y a las concedidas en aplicación de lo previsto en el artículo 7, se financiarán con cargo a los créditos de los conceptos 461, 471, 482, 761 y 782 de la aplicación presupuestaria 16.01.134M. «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados, con carácter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
2.º Los que ocuparan como residencia habitual, en régimen de alquiler, viviendas que hubieran resultado totalmente destruidas o hubieran sido demolidas, podrán acceder a ayudas por alquiler consistentes en el abono de la diferencia entre las rentas de alquiler de la anterior y de la nueva vivienda, por un período de tiempo igual al reflejado en el párrafo primero. 3.º En el supuesto de que la rehabilitación o reparación de la vivienda exija su desalojo, se podrá acceder igualmente a una vivienda en régimen de alquiler, durante un período máximo de 12 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la disposición de la vivienda. 4.º La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 70,87 euros/m²/alquiler año, por vivienda.
2.º Si la vivienda no hubiera resultado destruida, sino dañada, la cuantía máxima de la ayuda económica para su rehabilitación o reparación, bajo los mismos supuestos que los del párrafo anterior, será de 12.000 euros. 3.º Podrán también ser beneficiarios de estas ayudas previstas para la reconstrucción, rehabilitación o reparación de una vivienda siniestrada los que la ocuparan como residencia habitual, en calidad de usufructuarios o arrendatarios con contrato sometido a prórroga forzosa. En tal caso, a los efectos de su reconstrucción, rehabilitación o reparación, resultará perceptor de la ayuda correspondiente quien acredite ser propietario del inmueble. No obstante lo anterior, en el caso de comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes, el perceptor de la ayuda será el representante legal de la comunidad de propietarios. 3. Los particulares que soliciten las ayudas previstas en el número anterior deberán acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que reúnen los siguientes requisitos:
b) Plazo: cinco años, con uno de carencia, en su caso. c) Interés: el tipo de cesión por el ICO a las entidades financieras será del 1,50 % TAE, con un margen máximo de intermediación para estas del 0,50 %. En consecuencia, el tipo final máximo para el prestatario será del dos por ciento TAE. d) Tramitación: las solicitudes serán presentadas en la entidad financiera mediadora, la cual decidirá sobre la concesión del préstamo, y será a su cargo el riesgo de la operación. e) Vigencia de la línea: el plazo para la disposición de fondos terminará el 31 de diciembre de 2006.
1. Se faculta a la Ministra de Medio Ambiente para establecer Convenios con la Comunidad Autónoma de Galicia con el fin de realizar actuaciones urgentes en las zonas afectadas por los incendios en las siguientes materias: a) Lucha contra la erosión, ampliando el Convenio de Colaboración existente entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Xunta de Galicia en materia de «Restauración Hidrológico-Forestal», a espacios forestales incendiados con mayor riesgo de erosión.
b) Apoyo urgente y colaboración en la adopción de medidas encaminadas a evitar la incidencia de las consecuencias de los incendios forestales en la calidad de las aguas de abastecimiento de la población. c) Colaboración para la recuperación y regeneración ambiental de los efectos producidos por los incendios forestales en los espacios de la Red Natura 2000. d) Cooperación para la ordenación y restauración de la superficie forestal de los terrenos públicos y montes vecinales en mano común, no incluidos en el apartado a). e) Apoyo directo a la retirada y almacenamiento de la biomasa forestal quemada y su puesta a disposición de los operadores económicos para su valorización energética. f) Colaboración en el tratamiento para control de plagas en las masas forestales. g) Actuaciones extraordinarias para mitigar los efectos de los incendios y posteriores lluvias en el dominio público marítimo-terrestre de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Fecha de disposición: 28/08/2006
Fecha de entrada en vigor: 29/08/2006
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 9, sobre la concesión de subvenciones en materia de vivienda: Orden VIV/361/2007, de 14 de febrero (Ref. BOE-A-2007-3698).
SE AMPLIA el ámbito de aplicación, por Real Decreto 86/2007, de 26 de enero (Ref. BOE-A-2007-2204).
con el art. 2, sobre daños indemnizables: Orden APA/3372/2006, de 27 de octubre (Ref. BOE-A-2006-19093).
con el art. 5, sobre exención y moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social: Orden TAS/3083/2006, de 6 de octubre (Ref. BOE-A-2006-17636).
sobre procedimiento de concesión de subvenciones: Orden APU/3007/2006, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17227).
con el art. 1.2, determinando los municipios: Orden INT/2967/2006, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17008).
SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 14 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-16489).

References: artículo 86
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 213
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Resolución