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Timestamp: 2019-03-19 04:16:53+00:00

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Sentencia nº 202/2015 de AP León, Sección 1ª, 20 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 583716282
Sentencia nº 202/2015 de AP León, Sección 1ª, 20 de Julio de 2015
Número de Recurso: 245/2015
Número de Resolución: 202/2015
Fecha de Resolución: 20 de Julio de 2015
CONTRATO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. CLÁUSULA SUELO. NULIDAD. La explotación del patrimonio inmobiliario solo se enmarca en el ámbito comercial, profesional o empresarial cuando quien la lleva a cabo se dedica con habitualidad a desarrollar tales actividades y organiza su capital para asegurar una continuidad productiva-comercial. El concepto de habitualidad en el ejercicio de la actividad y el... (ver resumen completo)
SENTENCIA : 00202/2015
ROLLO 245/2015
ORDINARIO 462/2014
JUZGADO LEON 8 Y MERCANTIL
SENTENCIA Nº 202/2015
Dª. Ana del Ser López.- Presidenta
Manuel García Prada.- Magistrado
Ricardo Rodríguez López.- Magistrado
En León a 20 de Julio de 2015.
VISTO ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta ciudad, el recurso de apelación civil num. 245/2015, en el que han sido partes D. Pedro Antonio y D. Cesareo, representados por el procurador D. Luis-María Baile Moreno y asistidos por el letrado D. Juan Rodríguez-Ovejero SánchezArévalo, como APELANTES, y BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representado por la procuradora Dª María-Beatriz Sánchez Muñoz y asistido por el letrado D. Enrique Sanz Fernández-Lomana, como APELADO. Interviene como Ponente del Tribunal para este trámite el ILTMO. SR. DON Ricardo Rodríguez López.
En los autos nº 462/2014 del Juzgado de 1ª Instancia número 8 y Mercantil de LEÓN
se dictó sentencia de fecha 9 de marzo de 2015, cuyo fallo, literalmente copiado dice: " DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por el Procurador Luis María Baile Moreno en nombre y representación de Pedro Antonio y Cesareo contra BANCO POPULAR ESPAÑOL SA en solicitud de declaración de nulidad por abusiva de la cláusula suelo del contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes el día 19 de diciembre de 2006, sin que proceda la emisión de pronunciamiento de condena al pago de las costas procesales ".
Contra la precitada Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte apelante. Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio traslado al apelado que lo impugnó en tiempo y forma. Sustanciado el recurso por sus trámites se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial ante la que se personaron en legal forma las partes en el plazo concedido al efecto. Por el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento se designó Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Ricardo Rodríguez López, y se remitieron las actuaciones a la Unidad Procesal de Ayuda Directa de este tribunal, en la que tuvieron entrada el día 22 de junio de 2015. Por auto de fecha 22 de junio de 2015 se denegó la prueba propuesta por la parte apelante. Tuvieron nuevamente entrada en la UPAD de este tribunal las actuaciones el día 9 de julio de 2015. Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 15 de julio de 2015.
La sentencia recurrida desestima la demanda presentada al negar la condición de consumidores a los demandantes y al afirmar que
la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés (cláusula suelo) supera el doble control de transparencia exigido para superar las exigencias previstas para la validez de su contratación en la normativa especial de protección de consumidores y usuarios (en concreto, en los artículos 10.1 a/ de la Ley 26/1984, de 19 de julio, y 80.1 a / y b/ del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ).
Los demandantes interponen recurso de apelación para pedir la revocación de la sentencia recurrida: el contrato suscrito entra en el ámbito de los actos de consumo amparados por la normativa especial de protección de consumidores y usuarios, y la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés no supera el doble control de transparencia exigido por la Jurisprudencia.
Para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto hemos de tener en cuenta los siguientes hechos que no han sido controvertidos:
- El día 19 de diciembre de 2006 se suscribieron dos contratos: subrogación del banco demandado en la condición de acreedor hipotecario que hasta ese momento ostentaba Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (sucritos por los representantes por la entidad que era acreedora hipotecaria, por la entidad que asumió la posición de acreedora hipotecaria y por D. Cesareo ) y novación del préstamo por ampliación del capital del préstamo (suscrita por Banco de Castilla, S.A., al que sucedió Banco Popular Español, S.A., y por D. Cesareo y D. Pedro Antonio ) que obran unidos a los autos como documentos 1 y 2 de la demanda.
- Para la suscripción de la escritura de subrogación se suscribió una oferta vinculante por parte de
Cesareo (folio 73 de los autos).
Resulta controvertido determinar si es de aplicación la normativa especial de protección de consumidores y usuarios y, en su caso, si la cláusula cuya nulidad se solicita supera el doble control de transparencia exigido por la Jurisprudencia ( STS, Sala 1ª, 9 de mayo de 2013, 8 de septiembre de 2014, 25 de marzo de 2015 y 29 de abril de 2015 ).
Sobre la condición de consumidores de de los demandantes.
Los contratos se suscribieron el día 19 de diciembre de 2006 y, por lo tanto, antes de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Estaba vigente, por lo tanto, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La definición de consumidor contenida en el artículo 1.2 de la Ley 26/1984 tiene un carácter restrictivo al establecer un límite objetivo: la condición de consumidor solo se adquiere cuando el adquirente de los bienes o servicios se convierte en destinatario final. Si los que utilizan o disfrutan los bienes o servicios son "destinatarios finales" ( artículo 1.2 de la citada Ley ) tienen la condición de consumidores. Esta delimitación era restrictiva porque no tenía en cuenta posibles actos de consumo cuando la utilización o disfrute de bienes o servicios no eran aprovechados por el adquirente como destinatario final, aunque fueran totalmente ajenos a actividades empresariales, como ocurría, por ejemplo, con los inversionistas. Quien adquiría un inmueble de manera para reforzar su patrimonio, sin finalidad alguna de desarrollar una actividad empresarial, profesional o comercial de promoción inmobiliaria en su más amplio sentido (venta y aprovechamiento, en general) no resultaba amparado por la normativa especial de protección de consumidores.
Por el contrario, el vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, contiene una descripción del consumidor más amplia por referencia a la actividad comercial, profesional o empresarial y no por del concreto destino que se pueda dar a los bienes y servicios adquiridos o utilizados. Con ello se da cabida al inversionista, y no solo en el ámbito de la compra o aprovechamiento de bienes inmuebles, sino también en otros ámbitos como el que pueda corresponder al inversor financiero (que puede ostentar la condición de consumidor financiero).
La cuestión a resolver es qué normativa aplicar en relación con los demandantes. La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, define al consumidor como " toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional " (artículo 2.b). En el caso que nos ocupa estamos tratando, precisamente, acerca de la nulidad de una cláusula por abusividad, conforme a la interpretación ofrecida por la Jurisprudencia que, a partir de la sentencia de 9 de mayo de 2013 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, se apoya en lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva citada y en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, y sin distinguir sobre régimen transitorio, declara la nulidad de las cláusulas que limitación la variación del tipo de interés.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha incorporado como propios los criterios sustentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la aplicación de las Directivas, incluso aunque no estén incorporadas al Derecho interno por vía de integración: " Por otra parte, la progresión en la protección del inversor que supone la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), ha de ser tomada también en consideración en la interpretación de las obligaciones de la empresa que prestaba los servicios de inversión aunque cuando las partes concertaron el contrato no hubiera transcurrido el plazo de transposición pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado expresamente que la obligación de interpretación del Derecho interno a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva vincula a los jueces con independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición ( Sentencia de 8 de octubre de 1987, caso "Kolpinghuis Nijmegen", asunto 80/86 ). En tal sentido, esta Sala ha utilizado...
STS 1063/2017, 16 de Junio de 2017
STSJ País Vasco , 18 de Julio de 2006

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 80
 Real Decreto