Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-160-10.htm
Timestamp: 2017-10-21 06:36:56+00:00

Document:
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Relación contractual
CONSTITUCION POLITICA-Irradiación sobre interpretación de leyes y de contratos por particulares
JUEZ DE TUTELA Y RELACIONES CONTRACTUALES
Se concluye por lo tanto que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que las relaciones contractuales pueden dar origen a controversias constitucionalmente relevantes, las cuales pueden ser dirimidas por el juez de tutela cuando no existan medios idóneos de defensa judicial o cuando se acuda a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
ACCION DE TUTELA-Procedencia por prórroga unilateral de contrato de modelaje que afectó derechos fundamentales al mínimo vital y al ejercicio de una profesión
Bogotá D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diez (2010).
Alejandra Castillo Múnera impetra acción de tutela contra BOOKING PRODUCCIONES LTDA por la supuesta vulneración de sus derechos al trabajo en conexidad con el derecho a un salario mínimo, vital y móvil y a la subsistencia en condiciones dignas y justas. Fundamenta la acción impetrada en los siguientes:
1.2. De conformidad con lo señalado en la cláusula primera del Contrato “…el/la Modelo designa a la agencia como su asesor, representante y promotor exclusivo en el Territorio, para el ejercicio de el/la Modelo de actividades de: (i) modelaje; (ii) de promoción, publicidad y mercadeo para terceros; (iii) relacionadas con la explotación de su imagen; (iv) de actuación en, participación en y presentación de concursos, programas, eventos y obras en general; y (v) relacionadas con el entretenimiento”.
1.4. Considera por lo tanto que la Agencia incumplió la cláusula del Contrato según la cual está obligada a “[e]ntregar a el/la modelo las sumas adeudadas por la realización de actividades de entretenimiento, dentro de los 20 días siguientes a que el tercero contratista haya pagado a la agencia las sumas que adeude”.
1.6. En virtud del mencionado incumplimiento la actora decidió dar por terminado el mismo, pues de conformidad con el literal e de la cláusula séptima del Contrato “[c]ualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la parte contraria, daño en el buen nombre de la otra y comportamiento indebido de acuerdo con los estándares de la industria. En todo caso el/la modelo deberá informar a la Agencia de cualquier incumplimiento del Contrato por parte de ésta y le otorgará treinta (30) días para la corrección del incumplimiento…”. Para tales efectos radicó ante la Agencia una comunicación en tal sentido el día siete (7) de noviembre de 2008.
1.9. Indica que le envió una nueva comunicación a la Agencia el diecisiete (17) de diciembre de 2008 en la cual consignaba textualmente lo siguiente: “si bien es cierto que, como lo mencionáramos anteriormente, la Agencia sólo está obligada a cancelar dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el cliente cancele la factura correspondiente, también es cierto que no es verosímil que empresas como (…) demoren sus pagos por períodos tan extensos como nueve (9) o diez (10) meses; igualmente inverosímil (y claramente inaceptable) es que, ante un incumplimiento de tal magnitud, la Agencia no haya iniciado las acciones legales pertinentes. Usted asegura en su comunicación «…como lo consagra el Código del Comercio LA AGENCIA es una empresa comisionista...». Pues bien, el referido Código establece en su artículo 1300 que «El Comisionista que no verifique oportunamente la cobranza de créditos o no use los medios legales para conseguir el pago, será responsable de los perjuicios que cause su omisión o tardanza» con lo cual queda entones clara la obligación de la Agencia de pagara mi poderdante los perjuicios causados por la negligencia en el cobro de la cartera antes referida (si es que en realidad está morosa)”. Acota que esta comunicación no ha recibido respuesta por parte de la Agencia.
1.11. Afirma que una vez terminado de manera unilateral el Contrato empezó a trabajar con otra agencias de modelaje, entre ellas MTM (Model and Talent Management) a la cual la Agencia BOOKING PRODUCCIONES LTDA envió una comunicación el diecisiete (17) de marzo de 2009 con el siguiente tenor: “Por medio de la presente nos permitimos comunicarles que la modelo ALEJANDRA CASTILLO MUNERA (…) suscribió y tiene vigente hasta la fecha, contrato de representación artística con cláusula de exclusividad. Lo anterior con el fin de solicitar a quien corresponda, abstenerse de suscribir directa o indirectamente ningún tipo de contrato, acuerdo sea verbal o escrito, con exclusividad o free lance con nuestra modelo, debido a que no ha sido posible llegar a un acuerdo bilateral que permita finiquitar el contrato suscrito, por ende dicho acuerdo permanece vigente hasta la fecha”.
1.12. La actora relata que el treinta (30) de marzo del mismo año envió una nueva comunicación a la Agencia mediante la cual solicitaba que se abstuviera de “dar o remitir a cualquier persona o entidad comunicaciones que contuvieran falsas aseveraciones respecto de cualquier asunto relacionado con mi persona y, en especial, con la supuesta vigencia del contrato…”. El dos (2) de abril de 2009 la Agencia le respondió que el Contrato seguía vigente “por no haberse podido llegar a un acuerdo bilateral para su terminación”.
1.14. Destaca que la Agencia continúa ejerciendo su objeto social y “dando trabajo a sus modelos (…) Sin embargo, no obstante asegurar que el Contrato está vigente desde hace un año no me llama para ningún evento. Incluso a la empresa de publicidad denominada E-Motion Studio Ltda., solicitó por correo electrónico la cotización de mis servicios, y a la fecha la Agencia no le ha respondido nada en absoluto, de donde se evidencia su clara intención de no darme trabajo y vulnerarme de esa manera el derecho al trabajo y a percibir un mínimo, vital y móvil”.
Solicita, en consecuencia, que se ordene a la Sociedad BOOKING PRODUCCIONES LTDA que, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, expida una carta de aceptación de la comunicación fechada el seis (6) de noviembre de 2008 mediante la cual la actora dio por terminado el contrato de representación suscrito con la mencionada Agencia. Pide igualmente que la entidad demandada dé cumplimiento a las exigencias legales contenidas en dicha comunicación. Igualmente requiere que se ordene a la Agencia “abstenerse de inmediato de proseguir con las continuas amenazas y comunicaciones con otras agencias de modelaje para impedir mi contratación como modelo con base en el argumento de ser titular de la supuesta exclusividad de mis derechos como modelo”.
Ø Copia del Contrato de representación suscrito entre Alejandra Castillo Múnera y BOOKING PRODUCCIONES LTDA, fechado el veintinueve (29) de enero de 2007 (Cuaderno 1 folios 13-22).
Ø Copia de la comunicación dirigida por la apoderada de Alejandra Castillo Munera a BOOKING PRODUCCIONES LTDA, fechada el seis de noviembre de 2008 (Cuaderno 1 folios 23-26).
Ø Escrito suscrito por la Gerente de BOOKING PRODUCCIONES LTDA dirigido a la apoderada de la Alejandra Castillo Múnera, fechado el veintiuno de noviembre de 2008 (Cuaderno 1 folios 28-30).
Ø Copia de la comunicación dirigida por la apoderada de Alejandra Castillo Múnera a BOOKING PRODUCCIONES LTDA, fechada el diecisiete (17) de diciembre de 2008 (Cuaderno 1 folios 31-34).
Ø Copia de escrito suscrito por la Gerente de BOOKING PRODUCCIONES LTDA dirigido a Alejandra Castillo Múnera, fechado el dos (2) de abril de 2009 (Cuaderno 1 folios 37-38).
Ø Informe de los pagos realizados por BOOKING PRODUCCIONES LTDA a Alejandra Castillo Múnera en el año 2007 (Cuaderno 1 folio 39).
Ø Copias de comprobantes de egresos del año 2007 de BOOKING PRODUCCIONES LTDA en favor de Alejandra Castillo Múnera (Cuaderno 1 folios 40-56).
Ø Informe de los pagos realizados por BOOKING PRODUCCIONES LTDA a Alejandra Castillo Múnera en el año 2008 (Cuaderno 1 folio 57).
Ø Copias de comprobantes de egresos del año 2008 de BOOKING PRODUCCIONES LTDA en favor de Alejandra Castillo Múnera (Cuaderno 1 folios 58-63).
La entidad accionada intervino por medio de apoderada judicial en el trámite de la primera instancia. Expuso que BOOKING PRODUCIONES LTDA es una intermediaria que ofrece los servicios de los y las modelos a diferentes marcas y empresas interesadas. En cuanto a las vicisitudes del contrato celebrado con Alejandra Castillo Múnera sostuvo era ésta quien había incumplido las obligaciones a su cargo pues a pesar de haber pactado exclusividad con la Agencia había ofrecido sus servicios por intermedio de otros representantes de modelo. Afirmó así mismo que el acuerdo suscrito no podía darse por terminado de manera unilateral pues contiene una cláusula compromisoria en la cual se consigna que cualquier controversia no susceptible de ser solucionada mediante conciliación será conocida por un árbitro. Alega, adicionalmente que no han sido vulnerados los derechos fundamentales de Alejandra Castillo Múnera y que tampoco se cumplen los presupuestos procesales de la acción de tutela contra particulares pues la actora no se encuentra en situación de indefensión o subordinación frente a la entidad demandada, pues entre ambas existe una relación contractual que las sitúa en un plano de igualdad y cita en apoyo de su tesis las sentencias T-338 de 1993 y T-605 de 1995.
Remitido el fallo a esta Corporación, la Sala de Selección Numero Once, mediante auto de cinco (5) de noviembre de dos mil nueve (2009), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
La Sra. Alejandra Castillo Múnera impetra acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo en conexidad con el derecho a un salario mínimo, vital y móvil y a la subsistencia en condiciones dignas y justas. Alega que la Agencia BOOKING PRODUCCIONES LTDA ha incumplido las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de representación suscrito el veintinueve (29) de enero de 2007, especialmente las relacionadas con el pago oportuno de su participación como modelo en eventos realizados en los años 2007 y 2008 , razón por la cual decidió dar por terminado el contrato de manera unilateral, sin embargo afirma que la Agencia no ha aceptado la comunicación enviada en este sentido y que le ha impedido ofrecer sus servicios de modelo a terceros. Alega adicionalmente que las sumas percibidas por los eventos realizados con la Agencia son insuficientes para garantizar su derecho al mínimo vital y que desde el año de 2008 la Agencia dejó de promocionar sus servicios como modelo. Por su parte la apoderada judicial de BOOKING PRODUCCIONES LTDA. sostuvo que Alejandra Castillo Múnera había incumplido las obligaciones contractuales a su cargo pues a pesar de haber pactado exclusividad con la Agencia había ofrecido sus servicios por intermedio de otros representantes de modelo. Afirmó así mismo que el acuerdo suscrito no podía darse por terminado de manera unilateral pues contiene una cláusula compromisoria en la cual se consigna que cualquier controversia no susceptible de ser solucionada mediante conciliación será conocida por un árbitro. Alegó, adicionalmente, que no han sido vulnerados los derechos fundamentales de la demandante y que tampoco se cumplen los presupuestos procesales de la acción de tutela contra particulares pues la actora no se encuentra en situación de indefensión o subordinación frente a la entidad demandada, pues entre ambas existe una relación contractual que las sitúa en un plano de igualdad. Los jueces de instancia denegaron el amparo impetrado por considerar que la actora contaba con otros medios de defensa judicial para resolver las controversias surgidas con la Agencia y conseguir la protección de sus derechos fundamentales, pues en el contrato se había pactado una cláusula compromisoria.
Corresponde por tanto a esta Sala de Revisión establecer si han resultado vulnerados los derechos fundamentales de Alejandra Castillo Múnera debido a la negativa de BOOKING PRODUCCIONES LTDA a aceptar la terminación unilateral del contrato de representación suscrito el veintinueve (29) de enero de 2007. Para resolver esta cuestión habrá de examinarse si en este caso se reúnen los presupuestos de procedencia de la acción de tutela en las relaciones contractuales entre particulares y si la demandante contaba con otro medio de defensa judicial para procurarla protección de sus derechos fundamentales. En este orden de ideas antes de resolver el caso concreto se hará una breve referencia a (i) la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, (ii) la acción de tutela frente a controversias contractuales y la (iii) idoneidad de los otros medios de defensa judicial.
Antes de abordar el examen de los anteriores temas debe dilucidarse una cuestión previa, cual es si se ha configurado carencia actual de objeto en el asunto sometido al examen de esta Sala de revisión. En efecto, el contrato suscrito entre la Sra. Alejandra Castillo Múnera y la Agencia BOOKING PRODUCCIONES LTDA tiene una vigencia inicial de tres (3) años y por lo tanto el plazo inicialmente pactado finalizó el veintinueve (29) de enero de 2010. Por esta razón podría pensarse que no hay lugar a pronunciarse sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales de la demandante debido a que ésta actualmente ya no esta ligada por el vinculo contractual y puede contratar con otras agencias de modelaje. No obstante, la Gerente de BOOKING PRODUCCIONES LTDA informó al Despacho del Magistrado Sustanciador, en conversación telefónica que tuvo lugar el día veintidós (22) de febrero de 2010, que debido a los controversias que se habían suscitado con la modelo la Agencia había decidido prorrogar el contrato inicialmente suscrito, de manera tal que la supuesta vulneración de los derechos de la actora no ha cesado y no se configura carencia actual de objeto.
Una de las consecuencias del papel que ocupan los derechos fundamentales dentro del constitucionalismo contemporáneo, concebidos como un “orden objetivo valorativo”[1], es el denominado efecto de irradiación en todo el ordenamiento jurídico, de manera tal que “al derecho privado que hasta entonces determinaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y la decisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico; éste tiene incluso primacía sobre él, si bien conste sólo en principios jurídicos, además de escasos, muy amplios y frecuentemente indeterminados”[2].
En Colombia, la Constitución Política de 1991 zanja de una vez la cuestión al establecer en el inciso final del artículo 86 la procedencia de la acción de tutela contra particulares, de este modo el Constituyente al definir una cuestión procesal –la legitimidad pasiva del mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales- resolvió un asunto sustancial cual es la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones inter privados.
No obstante, cabe distinguir entre las dos dimensiones de la cuestión bajo estudio porque sería errado concluir que la dimensión procesal configura totalmente la dimensión material, en otras palabras, sería errado sostener que como el artículo 86 constitucional señala que la acción de tutela procede contra los particulares que prestan un servicio público, aquellos que con su conducta afecten de manera grave y directa el interés colectivo o en los supuestos de subordinación o de indefensión, la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares queda limitada a esos eventos. Por el contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar al “orden objetivo de valores” establecido por la Carta política de 1991. Cosa distinta es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en los supuestos contemplados por el artículo 86 constitucional.
La subordinación supone una relación jurídica de dependencia, en virtud de la cual hay lugar al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[7], sin la pretensión de ser exhaustivos se puede extraer de la jurisprudencia constitucional los siguientes ejemplos de subordinación:
1. Las relaciones laborales, en virtud que precisamente uno de los elementos de la relación laboral es la subordinación según el Código Sustantivo del Trabajo[8].
2. Las relaciones de patria potestad entre los hijos menores o incapaces y sus padres[9].
3. Las relaciones entre los residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los mismos[10].
Los supuestos de indefensión son mucho más amplios pues no implican la existencia de un vínculo de carácter jurídico entre la persona que alega la vulneración de sus derechos fundamentales y el particular demandado. Inicialmente la idea de indefensión remite a la ausencia de un medio de defensa eficaz e idóneo para repeler los ataques de un tercero contra la esfera iusfundamentalmente protegida, pero esta Corporación ha hecho énfasis en el carácter relacional de este concepto y por lo tanto es la situación de una de las partes en conflicto –la parte más débil por supuesto- la que configura el estado de indefensión, independientemente de la disposición de medios judiciales para su defensa. Así, por ejemplo, se ha sostenido que se configura la indefensión respecto de personas que se encuentran en situación de marginación social y económica[11], de personas de la tercera edad[12], de discapacitados[13], de menores[14].
Este extremo fue abordado detenidamente en la sentencia T-222 de 2004, decisión en la cual se arribaron a interesantes conclusiones sobre la materia. En primer lugar se sostuvo la autonomía contractual está fundada en una consideración de igualdad formal de las partes en los negocios privados, sin embargo, en la misma decisión se acepta que “[e]sta postura resulta discutible en términos constitucionales, pues la Carta demanda reconocer la existencia de algunas situaciones de desigualdad en las condiciones de negociación; situaciones que han de ser consideradas debidamente por el sistema jurídico a fin de garantizar que la igualdad sea real y efectiva”.
En la misma decisión se reconoce que las condiciones de negociación no son la misma en todos los ámbitos contractuales y que el ordenamiento jurídico ha previsto distintos mecanismos para superar las situaciones de desigualdad inicial entre las partes que intervienen en el negocio jurídico[29]. Lo cual implica que cuando se ha reconocido una situación de desigualdad entre las partes –como por ejemplo en materia laboral- es susceptible que las controversias que se susciten tengan relevancia constitucional, mientras que en otros ámbitos –como sería por ejemplo las relaciones entre comerciantes- “la posibilidad de que las condiciones de igualdad negocial se tornen en asuntos de relevancia constitucional es reducida”.
Pero aun en aquellos ámbitos contractuales en los cuales prima facie se presume la igualdad formal entre los contratantes y por lo tanto se protege con mayor intensidad la autonomía de la voluntad, es posible identificar situaciones en las cuales las controversias entre las partes adquieren relevancia constitucional, tales serían por ejemplo los procesos de negociación basados en procedimientos discriminatorios[30] o de contratos que contienen cláusulas violatorias de derechos fundamentales[31], los cuales pueden ser objeto de intervención del juez constitucional, con el objeto de controlar, precisamente, tales actuaciones privadas en contravía de la Constitución. Pero igualmente puede suceder que inicialmente la relación contractual o jurídica no presenta problemas constitucionales pero su ejecución conduce a consecuencias incompatibles con el orden constitucional. En todos eventos cuando “el medio de defensa judicial no resulta eficaz o idóneo para proteger los derechos constitucionales afectados o violados por la ejecución (sea cumplimiento o interpretación) del contrato, es posible demandar la intervención directa del juez constitucional, por vía de tutela”[32].
“La efectiva protección de la libertad de contratación demanda que las personas tengan claros los límites a su ejercicio. Sólo de esta manera es posible que el ejercicio de esta libertad se despliegue con todo el vigor que le es propio. De ahí que la intervención del juez constitucional se admita con mayor intensidad para controlar las condiciones de contratación, pues con ello se logran mayores niveles de certeza sobre los mencionados límites. Por el contrario, el control sobre las consecuencias de los contratos o sobre dificultades que se originan en su cumplimiento, la efectividad de la libertad contractual depende de la seguridad jurídica que el sistema otorga al cumplimiento de los contratos. Así, el balance, en este punto, supone que en principio ha de privilegiarse la estabilidad jurídica del contrato. De otra manera, si el contrato o la relación jurídica en sí mismas no suponen problemas constitucionales, su cumplimiento generalmente tampoco genera problemas de tal índole. Por lo tanto, sólo claros y patentes casos de amenaza o violación de derechos fundamentales derivados de la ejecución de un contrato pueden justificar la intervención del juez constitucional”.
5. La idoneidad de los otros medios de defensa judicial
Desde muy temprana jurisprudencia la Corte Constitucional ha intentado precisar cuales son los requisitos que ha de reunir el otro medio de defensa judicial para que se le considere eficaz para la protección de los derechos fundamentales. Así, en la sentencia T-003 de 1992 sostuvo esta Corporación que el enunciado normativo del inciso tercero del artículo 86 constitucional debía interpretarse en el sentido que el otro medio de defensa judicial “(…) tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho”. Por otra parte, en la sentencia T-006 de 1992, se aseveró que correspondía al juez de tutela indagar si la “acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados”. En esa oportunidad la Corte acudió al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos[33] para precisar las características que debía reunir el otro medio de defensa judicial para desplazar a la acción de tutela, y concluyó que éste debía ser sencillo, rápido y efectivo[34], de conformidad a lo previsto en dicho instrumento internacional.
Una primera aproximación al caso objeto de estudio permite establecer que si bien los hechos relatados por la actora se enmarcan dentro de una controversia contractual involucran derechos fundamentales. En efecto, la actora sostiene –circunstancia que no fue desvirtuada por la entidad demandada- que deriva su sustento del modelaje y que la conducta desplegada por la Agencia ha impedido que siga desarrollando esta labor, de esta breve descripción del asunto planteado resultan al menos comprometidos tres derechos de carácter iusfundamental: el derecho al mínimo vital[38], el derecho a ejercer una profesión u oficio[39] y el derecho al trabajo[40], los cuales han sido ampliamente reconocidos por la jurisprudencia de esta Corporación. Carece por lo tanto de asidero la postura defendida por la entidad demandada en el sentido que la controversia suscitada por la actora involucraba derechos de rango legal y no involucraba derechos fundamentales.
Cosa distinta es si la acción de tutela es procedente para la protección de los derechos supuestamente vulnerados a la Sra. Castillo Múnera, asunto que debe abordarse debido a que los jueces de instancia entendieron que en el caso concreto existían otros medios de defensa a su disposición, específicamente la cláusula compromisoria pactada en el contrato que le permitía convocar a un árbitro para dirimir las controversias surgidas entre las partes en relación directa o indirecta con la celebración, interpretación, ejecución y terminación del mismo (Cláusula 13 literal b del Contrato).
Ahora bien, en el caso concreto, tanto la Agencia como la Sra. Castillo Múnera se acusan mutuamente de haber incumplido sus obligaciones contractuales, asunto que no le corresponde dilucidar al juez de tutela porque se trata de controversias que deben ser resueltas mediante los mecanismos idóneos para este tipo de conflictos. Sin embargo, de los hechos planteados y de la lectura de alguna de las cláusulas contractuales si puede establecerse que la situación de igualdad formal entre las partes, alegada por la Agencia para descartar que la demandante esté en una situación de indefensión fáctica, en este caso es solamente aparente y no real, pues uno de los contratantes -la Agencia- ocupa un evidente plano de preeminencia respecto de la modelo que justifica la intervención del juez de tutela de conformidad con lo señalado en acápites precedentes de esta decisión.
En efecto, mediante el contrato celebrado Alejandra Castillo Múnera designó a BOOKING PRODUCCIONES LTDA su representante exclusivo para el ejercicio de las actividades de modelaje; de promoción, publicidad y mercadeo para terceros; relacionadas con la explotación de su imagen; de actuación en, participación en y presentación de concursos, programas, eventos y obras en general; y relacionadas con el entretenimiento, actividades que según el contrato se denominan “actividades de entretenimiento”[41]. La exclusividad aparece reiterada en la cláusula 4 titulada “Exclusividad y territorio”, la cual textualmente consigna que “El nombramiento de la Agencia contenido en el presente contrato es de carácter exclusivo y por tanto el/la Modelo se abstendrá de nombrar, en el territorio, a otros representantes, asesores, o promotores para la realización de Actividades del Entretenimiento o para cualquier otra explotación de su imagen sin el consentimiento previo y escrito de la Agencia. Para efectos de este contrato se entiende como territorio cualquier lugar del mismo”.
A lo anterior se suma la existencia de otras estipulaciones que penalizan la terminación unilateral del contrato por parte de la modelo (más no cuando lo hace la Agencia) salvo cuando exista una justa causa avalada por la Agencia o cuando la relación contractual no tenga éxito, evento que según define el mismo contrato ocurre cuando “el/la modelo no recibe de la Agencia, por sus labores de promotor, asesor o representante, en cada período de doce meses contados desde la suscripción del contrato , un mínimo de un salario mínimo legal mensual vigente colombiano”[44].
Ahora bien, alegar que esta situación no vulnera el derecho al mínimo vital de la actora porque esta en todo caso puede desarrollar otro tipo de actividades económicas –como hace la Agencia en su escrito de intervención- significa desconocer precisamente la libertad de escoger y ejercer una profesión u oficio, pues la Sra. Castillo Múnera para ganarse su sustento tendría que desarrollar otras labores que no corresponden a su libre elección.
Adicionalmente, esta Sala considera que la prórroga del contrato fue empleada como un instrumento dirigido a constreñir la voluntad de la modelo y a obligarla a negociar con la Agencia, situación que revela una vez más el estado de indefensión en el cual una de las partes contratantes se encuentra frente a al otra. Precisamente para solucionar estas divergencias se pacto la cláusula compromisoria de la cual puede igualmente hacer uso BOOKING PRODUCCIONES LTDA para dirimir las controversias existentes con la Sra. Castillo Múnera.
Se concluye por lo tanto que del contenido de ciertas estipulaciones contractuales, al igual que de las circunstancias que tuvieron lugar durante la ejecución del contrato celebrado entre Alejandra Castillo Múnera y BBBOKING PRODUCCIONES LTDA. y sobre todo de la decisión de a Agencia de prorrogar unilateralmente la vigencia del mismo resulta una clara vulneración de los derechos fundamentales de la Sra. Alejandra Castillo Múnera al mínimo vital y al ejercicio de una profesión u oficio.
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogotá el cinco (5) de agosto de 2009 y por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá el día veintiuno (21) de septiembre de 2009, dentro de la acción de tutela impetrada por ALEJANDRA CASTILLO MÚNERA contra BOOKING PRODUCCIONES LTDA. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la escogencia de profesión u oficio de la Sra. Alejandra Castillo Múnera.
Segundo. Ordenar al representante legal de BOOKING PRODUCCIONES LTDA. a que dé por terminado el contrato suscrito con Alejandra Castillo Múnera y a que cancele la renovación del mismo por un término adicional.
[1] Según la formulación acuñada por el Tribunal Constitucional alemán en el famoso fallo Lüth.
[2] Konrad Hesse. Derecho constitucional y derecho privado, Madrid, Cívitas, 1995, p. 59.
[3] En Alemania donde surge la cuestión en los años cincuenta se plantea inicialmente la discusión entre la eficacia mediata o indirecta de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares -mittelbare Drittwirkung- defendida por Dürig –según el cual tales derechos harían irrupción en el tráfico jurídico privado por medio de las cláusulas generales y los conceptos jurídicos indeterminados, y la tesis de la eficacia directa de los derechos fundamentales –unmittelbare Drittwirkung- defendida por Nipperdey según la cual estos harían irrupción directa en las relaciones jurídicas privadas. A estas posturas originales se agregarían en tiempos recientes las construcciones relacionadas con el deber de protección estatal de los derechos fundamentales frente a agresiones provenientes de terceros.
[4] En Europa las principales dificultades para la implementación de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares ha consistido en que los mecanismos de protección han sido diseñados específicamente contra los poderes públicos de manera tal que sólo mediante el amparo contra providencias judiciales ha podido desarrollarse jurisprudencialmente la materia. En los Estados Unidos mediante la figura de la state action –que consiste en atribuir la vulneración iusfundamental proveniente de un particular a un poder público- se sorteó con éxito el problema procesal de la exclusiva vinculatoriedad estatal.
1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación
2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud
[21] En esa oportunidad sostuvo la Corte Constitucional: “las diferencias surgidas entre las partes con ocasión o por causa de un contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por vía de tutela ya que, por definición, ella está excluida en tales casos, toda vez que quien se considere vulnerado o amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia establecidas por la ley”.
[32] Sentencia T-2020 de 2000. En esta oportunidad se sostuvo: “Esta Corporación reitera nuevamente en esta oportunidad, que conforme a su jurisprudencia, la Carta Política tiene una capacidad de irradiación sobre la interpretación de las leyes y de los contratos celebrados por los particulares, pues la educación y los derechos fundamentales de los ciudadanos constituye un marco valorativo que impregna y condiciona todos los actos jurídicos celebrados por los coasociados. En consecuencia, la celebración, interpretación, ejecución y terminación de los contratos no puede conducir a una arbitrariedad por parte de uno de los signatarios del negocio jurídico, máxime cuando con el incumplimiento del mismo se afecta un derecho fundamental como ocurre en este evento con la educación de uno de los contratantes.”
[33] Cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
[34] Términos cuyo alcance fue precisado de la siguiente manera: “La "sencillez" del medio judicial se determina según la mayor o menor complejidad del procedimiento y las limitaciones de orden práctico que ello suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socio-económicas, culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre. Las peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P. art. 13). La "rapidez" del medio judicial está relacionada con la mayor o menor duración del proceso y el efecto que el tiempo pueda tener sobre la actualización de la amenaza de violación del derecho o las consecuencias y perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual deberán examinarse las circunstancias del caso. La "efectividad" del medio judicial es una combinación de las dos notas anteriores, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se relaciona con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos alternativos, cuál puede satisfacer en mayor grado el interés concreto del afectado, lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o de amenaza, la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la eficaz protección de los derechos lesionados” (negrillas originales).
[38] A partir de la sentencia T-426 de 1992 la jurisprudencia constitucional introdujo un derecho fundamental innominado, el derecho al mínimo vital, el cual ha jugado un papel relevante para la constitucionalización de ciertas discusiones que en principio eran de índole legal. En efecto, los problemas relacionados con mesadas pensionales y otras facetas prestacionales del derecho a la seguridad social se convierten en un problema de derechos fundamentales porque se vulnera el derecho al mínimo vital. En las sentencias SU-995 de 1999 y T-156 de 2000 se trató de hacer la distinción necesaria entre las categorías de “mínimo vital” y de “remuneración mínima, vital y móvil”. En ambas decisiones se señaló que mínimo vital no es igual a salario mínimo. El derecho al mínimo vital tiene un contenido variable: generalmente implica el reconocimiento de prestaciones económicas (salarios, pensiones, indemnizaciones etc.) requeridas a su vez para acceder a otros bienes y prestaciones de carácter material (vivienda, alimentación, vestido). Por lo tanto se afecta el mínimo vital cuando se niega o retarda de manera injustificada el pago de estas prestaciones (por ejemplo en el caso en que una entidad no reconoce la pensión de jubilación o cuando se deja de pagar) y también en los casos en los cuales la prestación económica ha sido reconocida por un monto inferior al que se tiene derecho (reliquidación o reajuste de las mesadas pensionales), pero igualmente en aquellos eventos en los cuales a un sujeto se le impide desarrollar la actividad económica de la cual deriva sus medios de subsistencia.
[40] En la sentencia T-167 de 2007 se sostuvo al respecto:“La relación entre el derecho a escoger profesión u oficio y el derecho al trabajo, permite reconocer, que del ejercicio de actividades profesionales elegidas conforme a la Constitución y la ley, la persona puede también de ellas devengar su sustento. De allí que una violación del derecho constitucional a la libertad de escoger profesión y oficio pueda implicar eventualmente la vulneración también del derecho al trabajo de una persona, si se le impide a un profesional realizar las competencias para las que está capacitado, cuando su propósito es el de recabar su sustento personal del ejercicio de una profesión específica, en “cualquiera de las modalidades laborales”, protegidas conforme al artículo 25 de la Carta”.
[42] Así, por ejemplo, en la sentencia T-338 de 1993 sostuvo la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al resolver sobre la tutela impetrada por un cantante contra una casa disquera por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, debido a la negativa de SONOLUX a expedirle la carta de libertad por haber incumplido la cláusula de exclusividad: “ De conformidad con lo anterior, observa la Sala que en el caso particular las estipulaciones contenidas en el contrato fueron realizadas de común acuerdo -como así lo consagra la cláusula primera-, entre ellas el "pacto de exclusividad", y como constancia fue firmado por las partes contratantes. La obligación laboral puede ser por un determinado tiempo -como ocurre en el contrato de exclusividad-, que implica renuncia de otras actividades -grabar con otras casas disqueras del país o del exterior-, y a cambio recibir una contraprestación económica. Es decir, los particulares acuerdos entre el artista y la casa disquera obligan a la ejecución del contrato con absoluta buena fe, que implica el respeto a lo pactado. Todo incumplimiento de los mismos por alguna de las partes, debe ser resuelto por los jueces competentes quienes se encargarán de dirimir la controversia. Así pues, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el artista Marco Tulio Aicardi accedió a unas condiciones de trabajo en virtud de su decisión libre y consciente. Las disposiciones contenidas en el contrato en ningún momento vulneraron los tratados internacionales, la libertad, la dignidad ni el ordenamiento jurídico laboral. Igual sucede con las cláusulas estipuladas frente al eventual incumplimiento, que no deben entenderse como obligatoriedad, pues ellas también fueron aceptadas por las partes contratantes. Por lo tanto no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio”. En la sentencia T-605 de 1995 en la cual se examinaba un conflicto de similar naturaleza al resuelto en el caso anterior, entre un cantante y una compañía disquera sostuvo la sala Segunda de Revisión: “Por otra parte, no observa la Sala que exista la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección impetra el demandante, pues éste libre y conscientemente, en un plano de igualdad y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, convino en la celebración del aludido contrato; por lo tanto, las sujeciones a que está sometido frente a "CODISCOS" son, en principio, válidas, por virtud de que el contrato es ley para las partes y "no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales" (art. 1602 C.C.) y, además, debe ejecutarse de buena fe”.

References: artículo 1300
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 25
 artículo 25