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Timestamp: 2019-12-11 17:20:07+00:00

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Registro Oficial. 25 de MAYO del 2006 Suplemento
0001-2005-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad planteada por el señor Jaime Aníbal Álava Ricaurte, por improcedente.
0003-2003-RS Acéptase parcialmente la apelación presentada por el abogado Luis Alvarado Macías, en calidad de Procurador Común de los miembros de la comunidad del cantón Salitre.
0003-2004-QE Niégase la queja presentada por la señora Margarita Carranco, por improcedente.
0002-2005-AI Confírmase la resolución venida en grado y niégase el acceso a la información requerido por el doctor Clemente José Vivanco Salvador..
0009-2005-HC Confírmase la resolución emitida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Jaime Geovanny Mogro Amagua.
0033-2005-HD Declárase sin lugar el recurso de hábeas data interpuesto por el señor Gabriel Cervantes León.
0038-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor del señor Héctor Manuel Vargas Olalla.
0043-2005-HD Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el hábeas data propuesto por el señor Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa y otra.
0047-2005-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto a favor de Galo Líder Marmolejo Zambrano..
0050-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor César Enrique Moscoso Salazar.
0057-2005-HC Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el hábeas corpus planteado por la señora Lehmann Margarete.
0062-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Manuel Herrera Puertas y otros.
0065-2005-HC Confírmase la resolución emitida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de Oscar Horlando Córdova Rojas.
0074-2005-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto a favor de Teresa de Jesús Rosado.
0075-05-HC Confírmase la resolución pronunciada por el Vicealcalde de Manta que niega el recurso de hábeas corpus solicitado a favor de Oswaldo Antonio Corcino Rondón.
0078-2005-HC Confírmase la resolución dictada por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto por Martha Alicia Cachimuel Bautista.
0082-2005-RA Inadmítese la acción de amparo constitucional deducida por el doctor Galo Ortega Criollo.
0085-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora Irma Borja Preciado.
0093-2005-HC Confírmase lo resuelto por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, encargada de la Alcaldía y niégase el recurso de hábeas corpus presentado por el doctor Iván Durazno C., en representación de la señora Viviana de los Angeles Pacalla Aymacaña..
0094-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Segundo Valle Guarnido.
0095-2005-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto a favor de Rosa Piedad López Herrera..
0096-05-HC Confírmase la resolución pronunciada por la Alcaldesa Metropolitana de Quito, encargada, que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por Saltos Wilter Vásquez, por improcedente.
0106-2005-HC Confírmasela resolución dictada por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto por el Cbo. Luis Alfonso Pincha Soria.
0159-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de primer nivel y niégase el amparo solicitado por Wilfrido Milton Molina Calle.
0185-2005-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto por Eliberto Miguel Meneses Puetate.
0019-2006-HC Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el hábeas corpus interpuesto por el señor César Saldaña Rangel.
0024-2006-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto a favor de Ángel Daniel Saavedra Villamar.
0056-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado e inadmítese la acción de amparo constitucionalidad propuesta por Elke Mariajosé Espinel Vélez.
0236-2005-RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor Luis Fernando García Monsalve.
0285-2005-RA Confírmase la resolución de primer nivel y concédese el amparo interpuesto por Fabio Bajaña Constante.
0399-2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Lisandro Dioset Vargas Aviles..
- Cantón Sucúa: Sustitutiva que regula la gestión integral de los residuos sólidos.
- Gobierno Municipal de Piñas: Que reforma a la Ordenanza que regula y controla la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de establecimientos nocturnos.
Nro. 0001-2005-TC
En el caso No. 0001-2005-TC
ANTECEDENTES.- Jaime Aníbal Álava Ricaurte,\n acorde con el Art. 277.5 de la Constitución Política\n de la República, demanda la inconstitucionalidad de los\n artículos 105 al 108 y 112 de la Ley de Propiedad Intelectual\n y de la Resolución Nº CD-IEPI-03-133 emitida por\n el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,\n IEPI, publicada en el Registro Oficial No. 193 de 20 de octubre\n de 2003, en la que se fijan valores de remuneración compensatoria\n para los sistemas de grabación y soportes análogos\n de grabación fonográficos.
Señala que a pretexto de precautelar los derechos de\n los artistas ecuatorianos, en sus diferentes áreas de\n especialización y materia, en los artículos 105\n al 108 de la Ley de Propiedad Intelectual se pretende imponer\n a importadores y fabricantes una responsabilidad solidaria de\n pago a favor de aquellos, denominada remuneración compensatoria.
Indica que en caso de no pagarse la remuneración compensatoria\n podrían ser multados con el 300% del monto que debía\n cancelarse, sin perjuicio de que el IEPI o un Juez pueda retener\n la mercadería hasta que se la pague, lo cual viola el\n derecho de toda persona a no ser distraída de los jueces\n competentes, ni juzgada por tribunales de excepción o\n por comisiones especiales que se creen para el efecto. Añade\n que el no pago se considerará como violación de\n los derechos de autor, delito regulado en el artículo\n 325 de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, que se pretende\n imputar al importador como al fabricante una acción de\n no pago, como dolosa, privativa de libertad de un mes a dos años,\n lo cual es inconstitucional porque no hay prisión por\n deuda.
Manifiesta que para efectuar dicho cobro se han creado dos\n instituciones de derecho privado, denominadas en la ley como\n de gestión colectiva sin fines de lucro, que son la Entidad\n Recaudadora Única por Copia Privada de Fonogramas y Videogramas,\n ENRUCOPI, y la Sociedad de Gestión Colectiva, EGEDA-ECUADOR,\n controladas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor\n del IEPI, por lo que se viola la Constitución al pretender\n que una institución pública controle los recaudos\n de las remuneraciones compensatorias privadas, función\n que es privativa de la Superintendencia de Compañías.
Indica que la ley define a la copia privada como la copia\n doméstica de fonogramas y videogramas destinada exclusivamente\n para uso no lucrativo de la persona natural que la realiza; y,\n que al grabar una remuneración o tarifa a los distribuidores\n por un producto que no es para uso personal, sino para la venta\n al por mayor o menor, viola la Constitución, más\n aún cuando no se trata de una tasa, impuesto, ni contribución\n especial, sino de un honorario anticipado a los artistas ecuatorianos\n sin dar el servicio al usuario.
Concluye que la normativa impugnada viola las siguientes normas\n constitucionales: Art. 23 numeral 4 que prohíbe la prisión\n por deudas; Art. 24 numeral 11 que garantiza que todas las personas\n deben ser juzgadas por la autoridad competente; Arts. 34 y 35\n numeral 14 que garantizan la igualdad de género y el pago\n de honorarios, respectivamente; Art. 222 que se refiere a las\n Superintendencias y sus funciones; Art. 244 numerales 1, 2, 3,\n 4 y 8 que tratan sobre el sistema nacional de economía\n social y defensa de los consumidores; y, los Arts. 256 y 257\n que tratan sobre el régimen tributario en el Ecuador.
Mediante providencia de 24 de enero de 2005, la Tercera Comisión\n avoca conocimiento de la causa y dispone correr traslado al órgano\n demandado.
El doctor Wilfrido López Domínguez, Director\n Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado,\n en su contestación señala que la Ley de Propiedad\n Intelectual constituye un paso decisivo ya que contribuye a evitar\n que se cometan infracciones y a convertir las ideas en activos\n comerciales con un verdadero valor de mercado. Que los artículos\n impugnados, y la resolución Nº CD IEPI-03-133, se\n enmarcan en los principios generales de los derechos del autor\n y, en esa medida, están comprendidos en el Art. 30 tercer\n inciso de la Constitución que reconoce y garantiza la\n propiedad intelectual.
El doctor Carlos Helou Cevallos, en su calidad de Presidente\n del IEPI, recalca la improcedencia formal de esta demanda por\n el inválido informe favorable del Defensor del Pueblo\n que viola flagrantemente el Reglamento de Trámites de\n Presentación de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas\n de Inconstitucionalidad de Competencia de la Defensoría\n del Pueblo, en la que no permite que dentro de una misma demanda\n se pretenda, de manera conjunta resolver los asuntos señalados\n de modo independiente en los numerales 1 y 2 del Art. 276 de\n la Constitución. Alega la nulidad de la demanda por falta\n de citación y competencia, ya que esta se encuentra dirigida\n en contra del Presidente del IEPI, autoridad que no expidió\n la Ley de Propiedad Intelectual, y por tanto no es competente\n para responder tal acción, por lo que solicita se rechace\n la demanda. A continuación realiza un análisis\n sobre la importancia de la propiedad intelectual y su vigencia\n en el ordenamiento jurídico internacional; se refiere\n a la particular importancia de la remuneración compensatoria,\n su razón de ser, y expone comparativamente a esta institución\n con los puntos de la demanda para que se declare su inconstitucionalidad,\n concluyendo sobre su vigencia en el ordenamiento jurídico\n constitucional y en los convenios y acuerdos internacionales\n de los que el Ecuador es parte.
El señor H. Omar A. Quintana Baquerizo, en su condición\n de Presidente del Congreso Nacional, alega improcedencia adjetiva\n de la demanda, en razón de que el accionante no pidió\n que su acción se traslade a los órganos emisores\n de los actos normativos que impugna. Alega improcedencia sustantiva\n de la demanda, al precisar que la Ley de Propiedad Intelectual\n en su integridad es una adecuación de normas sobre la\n materia contenidas en instrumentos internacionales suscritos\n y ratificados por el País, y que por sí solos forman\n parte del ordenamiento jurídico. Que el demandante en\n ninguna parte enuncia, peor demuestra, cuales son las normas\n constitucionales en las que se halla en contradicción\n el Art. 106 de la Ley de Propiedad Intelectual que impugna, por\n lo que al carecer de apoyo jurídico y de sustento legal,\n solicita se deseche la demanda planteada.
El doctor Carlos Larrea Estrada, Subsecretario General Jurídico\n de la Presidencia de la República, como delegado del señor\n Presidente Constitucional de la República, responde la\n demanda repitiendo textualmente lo manifestado por el Presidente\n del IEPI en su contestación, por lo que no merece realizarse\n ninguna síntesis de ello.
PRIMERO.- Que, el Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver el presente caso de conformidad con los\n artículos 276, número 1 de la Constitución,\n 12, número 1 y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 1 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional.
SEGUNDO.- Que, el peticionario se encuentra legitimado para\n interponer esta acción constitucional, de conformidad\n con los artículos 277, número 5, de la Constitución\n y 18, letra e), de la Ley del Control Constitucional, toda vez\n que cuenta con el informe de procedencia emitido por el Defensor\n del Pueblo que corre a fojas 97 a 100 del proceso.
TERCERO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez.
CUARTO.- Que, mediante esta acción constitucional se\n impugnan los siguientes actos normativos: a) De los artículos\n 105 al 108 y 112 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, b) De\n la Resolución Nº CD-IEPI-03-133 emitida por el Consejo\n Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,\n IEPI, publicada en el Registro Oficial No. 193 de 20 de octubre\n de 2003; precisando que ambos son actos normativos por ser sus\n efectos de carácter general y no particular.
QUINTO.- Que, la Ley de Propiedad Intelectual contempla en\n el Libro I lo concerniente a los derechos de autor y derechos\n conexos. Respecto a los derechos de los autores, se identifica\n a los derechos morales, enumerados en el artículo 18 de\n la Ley ibídem, y que a manera de ejemplo hacemos mención\n a aquel que permite al autor reivindicar la paternidad de su\n obra; y, también se identifica a los patrimoniales, que\n consisten en el derecho exclusivo del autor a explotar su obra\n en cualquier forma y obtener por ello beneficios. Dentro del\n derecho exclusivo de explotación de la obra se comprende\n a la facultad de realizar, autorizar o prohibir la reproducción\n de ella por cualquier procedimiento. En consecuencia, el autor\n tiene sobre su obra el derecho exclusivo de reproducción.
SEXTO.-Que, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual\n señala que la reproducción consiste en la fijación\n o réplica de la obra en cualquier medio o por cualquier\n procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento\n digital, temporal o definitivo, de modo que permita su percepción,\n comunicación o la obtención de copias de toda o\n parte de ella. Cabe mencionar que, de conformidad con el Art.\n 27 de la misma ley, el derecho de reproducción, como una\n modalidad de derecho exclusivo de explotación, puede transferirse,\n en cuyo caso el adquirente gozará de la titularidad para\n reproducir la obra, pero no del derecho a comunicación\n pública, a menos que el contrato así lo contemple\n expresamente.
De esta forma, existe el contrato de inclusión fonográfica,\n definido en el Art. 65 de la Ley de Propiedad Intelectual como\n aquel en el que el autor de una obra musical o su representante,\n el editor o la sociedad de gestión colectiva correspondiente,\n autoriza a un productor de fonogramas, a cambio de una remuneración,\n a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre el disco fonográfico,\n una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro\n dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción\n y venta de ejemplares. De manera concordante, el Art. 92 de la\n Ley indica que los productores de fonogramas son titulares del\n derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción\n directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier medio o\n forma.
SÉPTIMO.- Que, respecto a los derechos conexos, a diferencia\n de aquellos derechos que abarca exclusivamente al autor, se aplican\n otras categorías de titulares de derechos tales como los\n artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas\n y organismos de radiodifusión. Estos derechos conexos\n han evolucionado en torno a las obras protegidas por el derecho\n de autor y proporcionan derechos similares, aunque, como se dijo,\n a diferencia de los derechos de autor, se otorga a los titulares\n que entran en la categoría de intermediarios en la producción,\n grabación o difusión de las obras. Su conexión\n con el derecho de autor se justifica habida cuenta que las tres\n categorías de titulares de derechos conexos intervienen\n en el proceso de creación intelectual por cuanto prestan\n asistencia a los autores en la divulgación de sus obras\n al público. Los derechos conexos también se encuentran\n normados en instrumentos internacionales de propiedad intelectual.
OCTAVO.- Que, la Ley de Propiedad Intelectual, desde sus artículos\n 105 al 108, desarrolla lo que se conoce como remuneración\n por copia privada, parágrafo comprendido dentro del capítulo\n sobre los derechos conexos, es decir que se aplican a todos los\n beneficiarios de éstos, detallados en el considerando\n anterior. Son los mencionados artículos los que han sido\n demandados como inconstitucionales mediante esta acción.
NOVENO.- Que, el artículo 105 Inciso Primero de la\n Ley de Propiedad Intelectual manda a que se reconozca una remuneración\n compensatoria de la copia privada de obras fijadas en fonogramas\n o videogramas, así como la reproducción reprográfica\n de obras literarias impresas. El artículo 108 de la Ley\n invocada define lo que se debe entender por copia privada y,\n dice: "Se entenderá por copia privada la copia doméstica\n de fonogramas o videogramas, o la reproducción reprográfica\n en un solo ejemplar realizada por el adquirente original de un\n fonograma o videograma u obra literaria de circulación\n lícita, destinada exclusivamente para el uso no lucrativo\n de la persona natural que la realiza. Dicha copia no podrá\n ser empleada en modo alguno contrario a los usos honrados".
DÉCIMO.- Que, la remuneración compensatoria\n está legislada en el artículo 106 de la Ley de\n Propiedad Intelectual y, busca subsanar a los autores y demás\n beneficiarios de los derechos conexos por los ingresos que dejan\n de percibir por su obra, debido a la reproducción de la\n misma sin autorización y sin pago alguno. El problema\n reside precisamente en las posibilidades de demostración\n del uso final que se va a dar a un soporte en el momento de su\n compra. La circunstancia descrita es de difícil comprobación,\n por lo que, el legislador optó por someter a la remuneración\n a todos los equipos y soportes que distribuyan al mercado nacional\n luego de ser fabricados en el Ecuador o importados. Cabe aclarar\n que la remuneración compensatoria no la deben pagar los\n usuarios en ningún caso, sino que tiene que ser liquidada,\n tal como establece la ley, por los fabricantes e importadores.
DÉCIMO PRIMERO.- Que, el Art. 9. 2 del Convenio de\n Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,\n firmado y ratificado por el Ecuador, publicado en el Registro\n Oficial No. 844 de 2 de enero de 1992, indica que se reserva\n a las legislaciones de los países la facultad de permitir\n la reproducción de las obras en determinados casos especiales,\n con tal que esa reproducción no atente a la explotación\n normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses\n legítimos del autor.
El legislador ecuatoriano al establecer la remuneración\n compensatoria por copia privada pretende prohibir que el individuo\n con su reproducción atente contra la explotación\n normal de la obra por su autor, y que no se le cause perjuicio\n injustificado a los intereses legítimos de éste.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, el Art. 30 inciso tercero de\n la Constitución Política del Estado, reconoce y\n garantiza el derecho a la propiedad intelectual en los términos\n que se prevé en la ley y de conformidad con los convenios\n y tratados internacionales y sometido a estas normativas se permite\n las copias para uso privado y se establece el derecho de cada\n perjudicado a una remuneración.
DÉCIMO TERCERO.- Que, el accionante considera que se\n viola el artículo 222 de la Constitución Política\n del Estado, pues considera que el Art. 112 de la Ley de Propiedad\n Intelectual, delega, autoriza, el control de las sociedades de\n gestión colectiva de derecho privado a la Dirección\n Nacional de Derechos de Autor del IEPI.
El artículo y Ley ibídem, constituyó\n la Entidad Recaudadora Única por Copia Privada de Fonogramas\n y Videogramas del Ecuador, ENRUCOPI, persona jurídica\n de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo social\n es la recaudación de la remuneración compensatoria\n por la copia privada de las obras musicales y audiovisuales fijadas\n en fonogramas y videogramas, según se desprende de los\n estatutos y resolución de conformación que se encuentran\n de folios 55 a 69 del expediente. En realidad, ENRUCOPI es una\n entidad que agrupa a varias sociedades de gestión colectiva,\n dando cumplimiento al contenido del Art. 111 de la Ley de Propiedad\n Intelectual que ordena: "Si existieren dos o más\n sociedades de gestión colectiva por género de obra,\n deberá constituirse una entidad recaudadora única,\n cuyo objeto social sea exclusivamente la recaudación de\n derechos patrimoniales por cuenta de las constituyentes. Si las\n entidades de gestión no acordaren la formación,\n organización y representación de una entidad recaudadora,\n su designación y conformación corresponderá\n a la Dirección Nacional de Derechos de Autor".
El argumento del accionante radica en considerar que debe\n ser la Superintendencia de Compañías la institución\n pública encargada de controlar a ENRUCOPI, y no la Dirección\n Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. El accionante\n plantea el problema indicando que se trata de una sociedad colectiva\n en los términos comprendidos en el Art.1992 del Código\n Civil, (Art. 1965 Código Civil Codificado) y por tanto,\n según su composición, sujeta a la Superintendencia\n de Compañías, confundiéndola con las asociaciones\n o entidades de gestión colectiva. Lo que existe como compañías\n sujetas al control de la Superintendencia de Compañías\n son las denominadas "compañías en nombre colectivo",\n normadas en el Artículo 36 y siguientes de la Ley de Compañías\n y, por mandato del artículo 431 de la ley de Compañías,\n las somete al control y vigilancia de la Superintendencia de\n Compañías.
DÉCIMO CUARTO.- ENRUCOPI, es una persona jurídica\n de derecho privado, sin fines de lucro, cuya actividad no es\n comercial, y por tanto no se encuentra comprendida en ninguna\n de las cinco especies de compañías, detalladas\n en el Art. 2 de la ley de Compañías, sobre las\n que ejerce control la Superintendencia de Compañías.\n Si bien es cierto que su actividad principal es la recaudación\n compensatoria por la copia privada de las obras musicales y audivisuales\n fijadas en fonogramas y videogramas, esto no la hace comercial,\n ni el hecho que maneje fondos de varias sociedades de gestión\n colectiva la obliga al control de la Superintendencia de Compañías;\n sujetándose, más bien, al mandato del Art. 222\n del Código Político que manda a que sea la Ley\n la que determine las áreas de competencia en materia de\n control y vigilancia de las superintendencias y el ámbito\n de cada una de ellas, no siendo éste el caso puesto que\n la ley no lo ha previsto así.
DÉCIMO QUINTO.- Que, lo desarrollado en el acápite\n anterior, sería argumento suficiente para desechar la\n violación al Art. 222 de la Constitución Ecuatoriana,\n no obstante, es necesario precisar lo siguiente:
El artículo 51 de la decisión 351 del Acuerdo\n de Cartagena sobre Régimen Común sobre Derechos\n de Autor y Derechos Conexos, publicada en el Registro Oficial\n No. 366 de 25 de enero de 1994, manda: "Las oficinas nacionales\n de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para:\n a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de\n Autor y Derechos Conexos; b) Ejercer la función de autorización,\n inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades\n de gestión colectiva";
La disposición transcrita tiene mayor jerarquía\n jurídica que las leyes infraconstitucionales del Ecuador,\n pues así lo manda el Art. 163 de la Carta Suprema que\n dice: "Las normas contenidas en los tratados y convenios\n internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial,\n formarán parte del ordenamiento jurídico de la\n República y prevalecerán sobre las leyes y otras\n normas de menor jerarquía"; además, al tratarse\n de normas de derecho comunitario, tiene las siguientes características:\n 1. Las decisiones obligatorias que adopta el órgano comunitario\n no requiere de la aprobación previa del legislativo o\n ejecutivo nacional, puesto que el derecho de la integración\n prima sobre el derecho nacional; 2. Existe prevalencia de las\n decisiones comunitarias sobre las normas del Estado; 3. La promulgación\n es el único requisito para la vigencia legal, debiendo\n cumplirse de manera obligatoria; 4. No es posible que el derecho\n comunitario sea susceptible de control constitucional a posteriori,\n y el Tribunal Constitucional, por expreso mandato del Art. 276.1,\n carece de competencia para conocer y resolver demandas de inconstitucionalidad\n sobre tratados y acuerdos internacionales.
Lo precisado viene dado en virtud de la supranacionalidad\n que prima en el derecho comunitario, entendida como la capacidad\n de los órganos internacionales para tomar medidas legislativas,\n administrativas o judiciales, que obliguen directamente a los\n Estados, es decir, que una de las características de la\n supranacionalidad es que las decisiones comunitarias gozan de\n aplicación directa en el ámbito interno de los\n Estados partes de la comunidad.
DÉCIMO SEXTO.- Que el accionante también considera\n violado el Art. 244 numerales 1,2,3,4 y 8 de la Constitución\n Ecuatoriana, que tiene relación con el sistema nacional\n de economía social; no obstante, el Tribunal no encuentra\n que la remuneración compensatoria prevista en la Ley de\n Propiedad Intelectual ocasione que la inversión nacional\n y extranjera no se garantice en iguales condiciones; ni que implique\n atentar contra planes y programas para la inversión pública\n y privada; tampoco que con ello se atente a la libre competencia\n ni que se incentive prácticas monopólicas; y mucho\n menos que ocasione anatocismo en el sistema crediticio; siendo\n además que el actor, en esta parte, no ha fundamentado\n su posición jurídica para poderla considerar.
Respecto a que la remuneración compensatoria atenta\n los derechos de los consumidores ocurre todo lo contrario, puesto\n que ellos son parte del grupo beneficiado en virtud que las copias\n privadas que se reproduzca, siempre que sean para uso particular\n y sin ánimo de lucro, se encuentran ya legalizadas desde\n que el producto sale al mercado, situación que no podría\n ser de otra manera puesto que no hay forma que los usuarios paguen\n a los autores directamente los derechos de reproducción\n de copias privadas.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, el accionante considera\n que se han violado los Arts. 256 y 257 de la Constitución\n Ecuatoriana, que establece los principios del régimen\n tributario. El Art. 1 del Código Tributario dice: Los\n preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas\n provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los\n contribuyentes o responsables de aquellos" y el segundo\n inciso complementa: "Para estos efectos, entiéndase\n por tributos los impuestos, las tasas y contribuciones especiales\n de mejora".
El accionante confunde la materia tributaria que en esencia\n regula las relaciones provenientes de los tributos, con la propiedad\n intelectual, que en la especie, la remuneración compensatoria\n cuya inconstitucionalidad se demanda, constituye con toda claridad,\n una figura jurídica diferente, que no es impuesto, ni\n tasa o contribución especial de mejora. La remuneración\n por copia privada que deben pagar los distribuidores se justifica\n como compensación a los titulares de los derechos de propiedad\n intelectual al ser los equipos y los soportes materiales, sobre\n los que recae la remuneración, los dispositivos idóneos\n para almacenar o copiar música, cine u otras obras protegidas.
DÉCIMO OCTAVO.- Que, el accionante también considera\n que se viola el Art. 24 numeral 11, y el Art. 23 numeral 4 de\n la Constitución Política del Estado, que se refiere\n al derecho de las personas a ser juzgados por su juez competente,\n y a la prohibición de prisión por deudas, respectivamente.
El sujeto activo realiza tal consideración fundamentado\n en el contenido de los Arts. 107 y 108 de la Ley de Propiedad\n Intelectual.
En cuanto al Art. 107 de la Ley ibídem, la potestad\n que la ley confiere al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual\n es la de ejercer el control administrativo sobre una falta de\n la misma naturaleza, lo cual es absolutamente legítimo\n por tratarse de un organismo competente para propiciar, promover,\n fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano,\n los derechos de propiedad intelectual, según mandato del\n Art. 3 de la Ley de propiedad Intelectual; y, por lo tanto, los\n procedimientos administrativos que realice no implica que la\n persona sea distraída de su juez competente conforme manda\n la Constitución.
En relación al Art. 108, el accionante interpreta erróneamente\n la norma que impugna, puesto que considera que quien no pague\n la multa será sancionado con prisión, cuando en\n realidad el precepto sanciona a las personas que realicen copias\n privadas sobre soportes o equipos reproductores que no han pagado\n la remuneración compensatoria, lo cual es en esencia diferente\n y además consecuente porque efectivamente la ley determina\n que las copias privadas ilegales son delitos contra los derechos\n de autor.
DÉCIMO NOVENO.- Que, el accionante considera que los\n artículos 105 y 107 de la Ley de Propiedad Intelectual\n violan los Artículos 34 y 35 Numeral 14 de la Constitución\n ecuatoriana.
El artículo 34 de la Carta Fundamental se refiere a\n la igualdad de género, y el accionante no explica de manera\n suficiente el supuesto de la violación; este Tribunal\n no observa cómo la remuneración compensatoria deja\n de garantizar la igualdad de género.
El accionante, confunde la disposición establecida\n para el derecho laboral -Art. 35.14-, que tiene sus principios\n y valores, con la legislación de propiedad intelectual\n que resulta ser diferente fundamentalmente por normar situaciones\n que nacen de otro tipo de relaciones sociales y económicas.
VIGÉSIMO.- En relación a la supuesta inconstitucionalidad\n de la Resolución No. CD-IEPI-03-133 emitida por el Consejo\n Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,\n publicada en el Registro Oficial No. 193 de 20 de octubre de\n 2003 (folios 3 a 23 vuelta), solamente es una consecuencia del\n mandato de la Ley, específicamente del último inciso\n del Art. 106 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice: "La\n cuantía porcentual de la remuneración compensatoria\n por copia privada deberá ser calculada sobre el precio\n de los soportes o equipos reproductores, la misma que será\n fijada y establecida por el Consejo Directivo del IEPI";\n por lo que, efectivamente, dando cumplimiento a la ley, el Consejo\n Directivo del IEPI ha emitido la resolución impugnada,\n fijando los respectivos valores de remuneración compensatoria\n para los sistemas de grabación y soportes análogos\n de grabación fonográficos; sin que tampoco en el\n mencionado acto de carácter normativo el Tribunal encuentra\n inconstitucionalidad alguna.
Que, en conclusión, los puntos jurídicos expresados\n por el accionante en su demanda no concuerdan con los de este\n Tribunal, lo que hace que desde la óptica del juzgador\n no aparezca de manera clara, como es condición sine qua\n non que suceda, la inconstitucionalidad de las normas y Resolución\n impugnadas.
1. Desechar, por improcedente, la demanda de inconstitucionalidad\n planteada por el señor Jaime Aníbal Álava\n Ricaurte contra los artículos 105 al 108 y 112 de la Ley\n de Propiedad Intelectual y de la Resolución No. CD-IEPI-03-133\n emitida por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de\n Propiedad Intelectual, IEPI, publicada en el Registro Oficial\n No. 193 de 20 de octubre de 2003;
2. Notificar a las partes y publicar en el Registro Oficial.
f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Presidente (E).
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con siete\n votos a favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Lenin\n Arroyo Baltán, Jorge Alvear Macías, José\n García Falconí, Juan Montalvo Malo, Enrique Tamariz\n Baquerizo, Carlos Soria Zeas y Tarquino Orellana Serrano; sin\n contar con la presencia de los doctores Jacinto Loaiza Mateus\n y Manuel Viteri Olvera, en sesión del día martes\n dos de mayo de dos mil seis.- Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado\n por f.) Ilegible.- Quito, a 10 de mayo del 2006.- f.) El Secretario\n General.
No. 0003-2003-RS
En el caso signado con el No. 0003-2003-RS:
El abogado Luis Alvarado Macías, en su calidad de Procurador\n Común de los Miembros de la Comunidad del cantón\n Salitre, interpone, dentro de término, recurso de apelación\n para ante el Tribunal Constitucional, de la resolución\n del H. Consejo Provincial del Guayas, adoptada en sesión\n de 06 de diciembre de 2002. En lo principal el accionante manifiesta:
Que a través del oficio 0000018 de fecha 6 de enero\n de 2003, ha sido notificado con la Resolución expedida\n el 6 de diciembre de 2002, por el Consejo Provincial del Guayas,\n con la cual se le hace saber que declaran sin lugar el recurso\n de apelación interpuesto por sus representados y ratifican\n la resolución acordada por el Concejo Cantonal de Salitre\n en sesiones ordinarias verificadas los días 6 y 28 de\n diciembre del 2001, por la cual se dictó la Ordenanza\n de creación del nombre de "SALITRE CAPITAL MONTUBIA\n DEL ECUADOR".
Que sorpresivo ha sido para los miembros de la comunidad del\n Cantón Saliltre, que se les haya dado este tremendo golpe\n en lo más íntimo de su espíritu, que lesionan\n los sentimientos de salitreñidad y que impactan los intereses\n de la justicia al haberse pronunciado esta resolución\n plagada de violaciones de preceptos constitucionales y legales,\n que esperan que el Tribunal Constitucional ante el que recurren,\n logre reparar el daño causado, REVOCÁNDOLA EN TODAS\n SUS PARTES.
Que el Concejo Cantonal de Salitre, por capricho, con precipitación\n y con falta de sensatez promulgó la Ordenanza Municipal\n que impugnan, mediante la cual atentaron en forma difamante,\n tratándolos con el calificativo "PEYORATIVO DE MONTUBIO",\n QUE TIENE COMO DERIVADOS LOS VOCABLOS OFENSIVOS E INJURIOSOS\n DE MONTARAZ, AGRESTE, RUSTICO Y GROSERO, que lesionan sus dignidades\n de hombres de bien.
Que a fojas 104 consta la resolución adoptada por el\n H. Consejo Provincial del Guayas de fecha 6 de diciembre de 2002,\n mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación\n interpuesto por el Abg. Luis Alvarado M, en su calidad de procurador\n común de los Miembros de la Comunidad del Cantón\n Salitre y ratificar la resolución acordada por el Concejo\n Cantonal de Salitre; y posteriormente concede el recurso de apelación\n para ante el Tribunal Constitucional
Encontrándose la causa en estado de resolver la Sala\n hace los siguientes,
PRIMERO.- Que, el Tribunal Constitucional es competente para\n conocer y resolver la presente causa, en virtud de lo dispuesto\n en el numeral 7 del artículo 276 de la Constitución\n Política de la República;
SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que influya en la decisión de la causa, por lo que el\n proceso es válido y así se lo declara;
TERCERO.- Que, de conformidad con el artículo 138 (hoy\n 134) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal reformado,\n establece en el segundo inciso que: "Cuando la apelación\n se origine en la violación de preceptos constitucionales,\n el que por ordenanzas o resoluciones de la municipalidad se creyere\n perjudicado, podrá acudir ante el Tribunal Constitucional,\n el que resolverá la reclamación dentro del término\n de treinta días de haberlo recibido". El expediente\n ingresa al Tribunal Constitucional el 14 de mayo de 2003.- Mediante\n oficio Nro. 161-2003-TC-III-S, suscrito por el Dr. Jaime Nogales\n Izurieta de fecha 5 de junio de 2003, le solicita al Presidente\n de la Tercera Sala se lo excuse de la presente causa, por cuanto\n su hijo el señor abogado Jaime Nogales Torres, es vicepresidente\n de la Comisión de Municipalidades, Excusas y Calificaciones\n del H. Consejo Provincial del Guayas.
CUARTO.- Mediante oficio Nro. 163-2003-III-SALA de fecha 6\n de junio de 2003, el Presidente de la Tercera Sala, se dirige\n al Secretario General del Organismo y le adjunta copia de la\n excusa presentada por el Dr. Jaime Nogales Izurieta, a fin de\n que se convoque al Dr. Bolívar Andrade Ormaza, para que\n sustancie la presente causa.- El Dr. Víctor Hugo López\n Vallejo, Secretario General del Tribunal Constitucional, con\n oficio Nro. 427-TC-SG, de fecha 30 de abril de 2004 y ante los\n pedidos del Presidente de la Tercera Sala, en el punto dos del\n mencionado oficio dice: "Respecto del caso No. 003-03-RS,\n hasta la presente fecha el Dr. Jaime Nogales, Vocal de esa Sala,\n no tiene Vocal alterno, el Congreso Nacional", particular,\n entre otros, que ha retrasado el trámite de la causa.
QUINTO.- Con fecha 13 de marzo de 2006, los actuales Vocales\n de la Primera Sala del Tribunal Constitucional avocan conocimiento\n de la presente causa, y mediante providencia de 30 de marzo de\n 2006, atendiendo un escrito del apelante, señala para\n el 12 de abril de 2006 la audiencia solicitada la que tiene lugar\n en la fecha señalada.
SEXTO.- Que, el acto que se impugna es la promulgación\n de la ordenanza que crea el nombre "Salitre Capital Montubia\n del Ecuador" para el cantón Salitre de la provincia\n del Guayas, ordenanza publicada en el Registro Oficial No. 520\n del día viernes 22 de febrero del 2002.
SEPTIMO.- Que, la dicha Ordenanza, según su expresión,\n crea el nombre, en realidad, el eslogan: "Salitre Capital\n Montubia del Ecuador", motivando dicha denominación\n y fundamentando tal decisión en el hecho de que en dicha\n localidad se realizan afamados rodeos montubios, señalándose\n asimismo que el montubio tiene su propia idiosincrasia y cultura,\n afirmándose que es en el cantón Salitre donde se\n encuentra la génesis de la verdadera expresión\n montubia en el Ecuador. Es entonces necesario valorar esta decisión\n normativa, la denominación, eslogan o lema, y el uso que\n se decide para dicha nominación con el contenido que se\n atribuye, esto es: analizar la facultad municipal, el instrumento\n jurídico del que se ha valido para resolver esta denominación,\n el alcance y obligatoriedad de uso, según se establece\n en la indicada norma.
OCTAVA.- Que la cultura siendo un conjunto de manifestaciones\n en que se expresa la vida de una comunidad, constituye siempre\n y necesariamente en un proceso colectivo, necesariamente intersubjetivo,\n dialogal, donde los individuos, las personas nos reconocemos,\n identificamos, descubrimos y hacemos en relación de alteridad\n con otros individuos pertenecientes a nuestra cosmovisión\n o ajenos a ella. La cultura, como proceso colectivo que se construye\n intersubjetivamente condensando una identidad compartida que\n se reconoce objetivamente, no elimina ni puede eliminar o limitar\n las decisiones particulares, las elecciones libres de las personas,\n las que con su propia participación, comprensión,\n creación y elección particular, alimentan y desarrollan\n el proceso cultural. La cultura no es pues un solo recurso a\n la tradición ni al pasado, es siempre una lectura de la\n historia y una propuesta, una actualidad de comprensión\n y valoración de la realidad y la vida.
NOVENA.- La cultura, comprendida en el ámbito del Estado\n Social de Derecho es ella misma un derecho colectivo de patrimonio\n común del pueblo, elemento de su identidad, derecho fundamental\n difuso, no perteneciente a ninguna persona de modo exclusivo\n y sobre el que se garantizan derechos a todas las personas. Tratándose\n de un derecho de patrimonio colectivo, el propio Estado, sin\n ser su titular, a través de sus instituciones, es responsable\n de la promoción, estimulo y generación de políticas\n de protección y respeto de dicho patrimonio, en lo tangible\n e intangible, según dispone el Art. 62 de nuestra Carta\n Política. La cultura como derecho de patrimonio del pueblo\n para la que el Estado a través de sus instituciones se\n responsabiliza de su promoción y protección, no\n puede en ningún caso contrariar los derechos fundamentales\n de las personas, pues los derechos comunes no se superponen a\n los individuales y particulares, garantizados en nuestra Constitución,\n sino que son ellos mismos constituyentes de esos derechos individuales;\n por lo tanto, la cultura no promueve ni impone una visión\n y comprensión de la realidad lo que es igual al gregarismo\n o la masificación, pues ello implicaría su misma\n negación como realidad dinámica producto de la\n interacción de las personas, siempre diálogo que\n para que se produzca precisa el respeto a tales los derechos\n particulares: libertad de conciencia, opinión y libre\n credo.
DÉCIMA.- El constitucionalismo ecuatoriano ha ido reconociendo\n la incidencia de la vivencias espirituales del pueblo y ha reconocido\n que el Ecuador es un estado pluricultural y multiétnico\n (artículo 1 de la Constitución). De igual manera,\n la Constitución Política del Estado ha reconocido\n como derecho civil, el derecho constitucional a participar en\n la vida cultural de la comunidad lo cual equivale a reconocer\n y garantizar los derechos particulares a disentir, contribuir\n con la propia opinión y criterio libre en la vida de la\n colectividad de la que se forma parte y a la que se valora y\n reconoce de diversos modos legítimos.
DÉCIMA PRIMERA.- Que, el apelante, por el derecho fundamental\n difuso cuya protección reclama, considera que la expresión\n montubio tiene una connotación peyorativa, sinónima\n de montaraz, agreste, rústico y grosero, por lo cual,\n no se puede ni debe identificarse de manera obligatoria a una\n comunidad con ese vocablo, aunque muchas personas de ese colectivo\n social hayan recuperado y otorgado a este sustantivo diferente\n y positiva connotación con la que se identifican, promoviendo\n y buscando que esa identificación y nueva valoración\n sea compartida colectivamente.
DÉCIMA SEGUNDA.- Que las municipalidades son autónomas,\n salvo lo prescrito en la Constitución y la Ley, según\n se reconoce y establece en el Art. 228 de la Constitución\n y el Art. 16 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,\n sin que la potestad normativa suponga, en ningún caso,\n que las Municipalidades o los organismos del régimen seccional\n autónomo, puedan por Ordenanza crear su nombre propio\n o autonominarse, pues ello equivale a la disponibilidad no prevista\n en la Constitución ni la Ley, para que dichos órganos\n se autoimpongan personalidad e identidad, esto es, darse nacimiento,\n existir.
DÉCIMA TERCERA.- En un Estado Social de Derecho de\n administración descentralizada, la división política\n administrativa es materia de reserva legal, conforme lo establece\n el artículo 141 numeral 5 de la Constitución, por\n tanto, un Cantón no puede mediante Ordenanza cambiar el\n nombre propio con el que ha nacido y existe por virtud de la\n Ley sin que tal nombre e identidad pueda derivarse de un instrumento\n jurídico de inferior jerarquía a la Ley y que regula\n en una materia para la que no tiene competencia.
DÉCIMA CUARTA.- Ahora bien, conforme lo establecía\n el numeral 10 del artículo 15, ahora numeral 9 del artículo\n 14 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, es\n función primordial de las Municipalidades el fomento del\n turismo, por lo cual, la creación de un lema, un slogan\n de identificación y difusión, bien puede contribuir\n a promocionar la imagen del Cantón al tiempo que coadyuva\n a rescatar, conformar y afirmar una valoración e identificación\n colectiva, su cultura (Art. 14, numeral 15 de la misma ley),\n por lo que, es legítimo que una municipalidad pueda crear\n una denominación especial para reconocer y promover su\n imagen e imaginario colectivo, tal como se ha decidido según\n se expresa y manifiesta en la ordenanza impugnada. En este sentido,\n como lema de convocatoria, promoción y valoración\n colectiva, sin que ello implique cambio alguno en la denominación\n del Cantón Salitre, el eslogan emblemático, lema\n promocional ideado por la Municipalidad de Salitre, efectivamente,\n contribuye a conformar un espíritu positivo hacia la cultura\n local y por lo tanto a una nueva y positiva valoración\n del montubio habitante de ese Cantón, cuyas cualidades\n se rescatan a través de la indicada Ordenanza y las celebraciones\n que se determinan y que son el medio para que se cumpla tal propósito.
DÉCIMA QUINTA.- Es de importancia también dejar\n constancia que si bien una Ordenanza puede establecer unos propósitos\n de política institucional para la promoción turística\n y cultural de competencia municipal, el uso de un lema distintivo,\n la marca de un servicio, para su registro, siempre que se respeten\n los derechos de las comunidades de conformidad a la Convención\n que previene la exportación, importación, transferencia\n de la propiedad cultural y los instrumentos acordados bajo los\n auspicios de la OMPI, se encuentran regulados en la Ley de Propiedad\n Intelectual, disposiciones que la Municipalidad de Salitre a\n de tener en cuenta y a las que habrá de sujetarse de modo\n obligatorio. Al respecto, nuestra Constitución enseña\n y manda: "Se reconocerá y garantizará la propiedad\n intelectual, en los términos previstos en la Ley y de\n conformidad con los convenios y tratados vigentes" (Art.\n 30, inciso tercero), por lo que el Art. 4 de la indicada Ordenanza,\n carece de los efectos jurídicos que se atribuye.
DÉCIMA SEXTA.- Que, el artículo 2 de la Ordenanza\n impugnada, en tanto manda: "Exigir a todas las instituciones\n del cantón que en la papelería en la parte inferior\n esté insertada la frase "Salitre Capital Montubia\n del Ecuador", confronta, restringe, limita y contraría,\n conforme se ha argumentado, el derecho de los particulares a\n expresar su conciencia, comprensión y valoración\n de sí mismos y por lo tanto su derecho a participar de\n la vida colectiva de la que forman parte, imponiendo una obligación\n a un derecho sobre el que ni el Estado ni los particulares pueden\n reivindicar para sí titularidad exclusiva, es contrario\n al ordenamiento Constitucional no sólo por cuanto afecta\n el contenido mismo de los derechos referidos sino porque, según\n manda el Art. 141 de la Constitución de la República:\n "Se requerirá de la expedición de una ley\n para las materias siguientes: 1. Normar el ejercicio de libertades\n y derechos fundamentales, garantizados en la Constitución".\n Tal imposición, p

References: resolución 
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in fine
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 artículo 18
 artículo 21
 artículo 105
 artículo 108
 artículo 106
 artículo 222
in fine
 resolución 
 Artículo 36
 artículo 431
in fine
 artículo 51
 artículo 34
 Resolución 
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 artículo 276
 artículo 138
 artículo 141
 artículo 15
 artículo 2