Source: http://zdenkoseligo.blogspot.com/2009_11_22_archive.html
Timestamp: 2019-12-14 20:58:56+00:00

Document:
Derecho Procesal Penal Venezolano: 22/11/09 - 29/11/09
España - Matar borracho o drogado podría reducir la pena entre 2,5 y 20 años
Según el articulado del Código Penal, un juez podría no tener en cuenta el estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas de un imputado, o considerar éste una atenuante del delito cometido. Incluso, puede llegar a eximirle de la imputación al cien por cien.
ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID Actualizado Miércoles , 11-11-09 a las 18 : 59
Llevan nueve meses estudiando qué hacer para lograr extirpar de la sociedad la sensación de que no cesa el drama de la violencia de hombre contra mujer, en la mayor parte de las ocasiones, por lo que se llama también violencia machista. Y las dos primeras grandes iniciativas que han propuesto los integrantes de la Subcomisión para el Estudio de la Ley Integral de la Violencia de Género ya han caído como una bomba en el seno jurídico. Las dos medidas suponen la consideración del alcohol y los estupefacientes como una agravante en los delitos por violencia de género y castigar al violento sexista con la retirada o pérdida de la custodia de los hijos menores y también del régimen de visitas para el agresor.
Resistiéndose a valorar una como «peor» que la otra -en el terreno sentimental, la segunda no puede pasar inadvertida-, ha sido la primera la que- ha convulsionado el mundo de la Justicia. Las fuentes consultadas por ABC.es no dudan en mostrar su disconformidad con este aspecto, tachando la propuesta de «aberración y disparate jurídico». Así se expresa, por ejemplo, el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Miguel Abel, quien señala que los expertos que hayan hecho esta propuestas parecen ignorar que el estado de embriaguez o drogadicción «nunca agrava la pena», tampoco en los delitos de tráfico como ayer compararon miembros de la Subcomisión del Congreso como la portavoz socialista, Carmen Montón. «No son factores agravantes en ningún caso, sino que sólo pueden servir para rebajar la pena, para hacer valorar al juez la condición de inimputable del sujeto» («o el grado en que el sujeto es capaz de conocer que su conducta es ilícita y de adecuar su actuación a dicho conocimiento»), así que estarían equivocados ya en la raíz quienes «venden» como una gran medida esta idea.
En esos delitos de tráfico, ir bebido o drogado es un «elemento esencial del tipo delictivo», o lo que es lo mismo, no sería delito atropellar a alguien -porque puede ser un accidente-, sino que atropellar borracho a otra persona sería el delito que se castigaría.
Pero, vayamos por partes de la mano de Abel y otros expertos en Derecho Penal para explicar cómo está la legislación actual en este ámbito.
Hoy, por un delito de homicidio, el juez puede condenar al imputado a entre 10 y 15 años de prisión. Por asesinato se eleva la pena a entre 15 y 20 años. Pues bien, atendiendo a los artículos 20 al 22 del Código Penal, se puede llegar a eximir de responsabilidad criminal al cien por cien (artículo 20.2) al que «al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión». El Código Penal estipula este estado de embriaguez o narcotización al mismo nivel del que al tiempo de cometer la infracción penal «a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica», por la que «no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión» (artículo 20 en su apartado primero). Si un sujeto se emborracha una noche y se levanta por la mañana en cama acusado de haber matado a otra persona, pueden suceder dos cosas, en función de si conocía o no el trastorno que le ocasiona una sustancia
En un caso concreto, si el sujeto se emborracha una noche y se levanta por la mañana en cama acusado de haber matado a otra persona sin que recuerde nada de nada, pero con unos testigos que lo señalan como el autor del crimen, podrían suceder dos cosas: si él sabía que beber le causa este tipo de enajenación, su pena podría ser la requerida por homicidio por imprudencia; si no lo sabía, podría llegar a eximirle de la pena completa de entre 10 y 15 años de prisión, ya que sus mecanismos inhibitorios no funcionaron y se encontraba enajenado por completo.
Otro caso: hay otra mención en el vigente Código Penal al alcohol y los estupefacientes. En el artículo 21.2 se añade que actúa como circunstancia atenuante y no eximente si el culpable actúa movido por su grave adicción.
¿Cuánta rebaja de pena supone una atenuante, o al revés?
Volviendo al articulado del Código Penal, en el artículo 66 viene especificado qué rebaja o incremento de pena entrañan las circunstancias agravantes o las atenuantes, lo que al decir de los expertos siempre se fundamenta en una consideración individualizada de cada caso. «Cuando concurra sólo una circunstancia, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito». Es decir, en casos comunes -y no de violencia machista-, a un homicida al que se aplique una atenuante le caerían entre 10 y 12,5 años. No más allá. Al contrario, con una circunstancia agravante como la consideración ficticia del alcohol, el juez podría condenarle a entre 12,5 y 15 años. No menos. Cuando el alcoholismo y su enajenación se considera una eximente incompleta se llega a rebajar en función del Código vigente la pena hasta en dos grados, esto es por un delito de homicidio, entre 5 y 10 años o incluso entre 2,5 y 5. «No tiene pies ni cabeza esta propuesta. Ningún penalista se plantearía que el alcohol o las drogas agravase la pena»
Pero, como rubrica el profesor de la USC, «ningún penalista se plantearía que el alcohol o las drogas agravase la pena», la «inimputabilidad y sus grados nunca aumentan la pena. No tiene ni pies ni cabeza».
Haciendo un ejercicio futurible, de aprobarse el próximo martes la propuesta que ha obtenido el refrendo no sólo del PSOE, sino también del PP, CiU y BNG, podría equipararse estar embriagado o drogado -sólo en crímenes sexistas- como la circunstancia agravante que explicita el artículo 22.4 del Código Penal de 1995, que aumenta la pena al que comete el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca. El caso más reciente de la aplicación de esta condena es la sentencia contra Josué Estebánez, que mató en el Metro de Madrid a Carlos Palomino hace hoy dos años por motivos ideológicos, ya que Palomino era un antifascista y Esteban, de ideología neonazi.
http://www.abc.es/20091111/nacional-tribunales/eximente-violencia-genero-200911111106.html
Audiencia Preliminar contra el Prefecto de Caracas, Richard Blanco, fue diferida
Caracas, noviembre 10 (REDACTA).- La audiencia preliminar contra el Prefecto de Caracas, Richard Blanco, fue diferida para el 24 de noviembre, por ausencia del defensor de Pablo Emilio Palacio, uno de los trabajadores de la Alcaldía Mayor incurso en la misma causa.
En la audiencia preliminar, que había sido fijada para este martes, se esperaba la libertad condicional del funcionario, con el fin de juzgarlo en libertad, luego de haber sido detenido el pasado 26 de agosto, una vez la juez 37 de control penal libró la medida judicial privativa de libertad a solicitud del Ministerio Público, y el 30 de agosto lo envió a la cárcel de Yare.
Blanco recibió imputación fiscal por los delitos de instigación a delinquir y lesiones graves en perjuicio del funcionario de la Policía Metropolitana, Jonathan Bermúdez Núñez, infiltrado de civil en la marcha del sábado 22 de agosto pasado, realizada en protesta por la imposición de la nueva Ley Orgánica de Educación.
Su abogado defensor, Ramón Lugo, dijo que debido a la ausencia de la defensora de Pablo Emilio Palacio, uno de los trabajadores de la Alcaldía Mayor procesado por la misma causa, la juez 3ª de control penal, Daysi Medina, se vio obligada a diferir la audiencia preliminar de Richard Blanco, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Negar Granados, otro de los abogados de la defensa, subrayó un cambio en la situación jurídica de Blanco, después de que el Ministerio Público acusó por una falta, no por un delito. Como ya no hay un delito tipificado, sino una falta, las circunstancias cambiaron, reiteró.
Andreína Blanco, la hija de Richard Blanco, inicialmente señaló que solicitaría al funcionario policial Jonathan Bermúdez Núñez cambiar su versión, decir la verdad, pues el Prefecto de Caracas no lo agredió, se limitó a protegerlo, como lo demuestran los videos recogidos sobre la marcha del 22 de agosto pasado.
Enterada del diferimiento de la audiencia, Andreína señaló: “Hoy vemos cómo utilizan la justicia y una serie de obstáculos para mantener tras las rejas a una persona inocente”.
Antonio Ledezma, alcalde metropolitano, quien asistió al Palacio de Justicia en solidaridad con el encausado, expresó su deseo por la aplicación de justicia, en un país donde hay una Constitución y unas leyes. Además “no espero otra cosa que la libertad de Richard Blanco, pues es absolutamente inocente”, añadió.
El dirigente juvenil, Julio Rivas, dijo que esta acción contra Blanco es una muestra de que en el país sí existen presos políticos y se utiliza la justicia para inventar obstaculos. Adelantó que continuarán recogiendo firmas a favor de la liberación de los presos políticos y para conseguir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a111109e05&id=t111109-e05
Condenan en Venezuela a implicados en homicidio de padre Orellana
Caracas, 10 nov (PL) La justicia venezolana condenó hoy a Gerardo Navarro y a Tulio Pulido a 14 y un año, respectivamente, tras admitir la muerte del padre Pedro Daniel Orellana, de 50 años de edad.
Orellana, ex director de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA),fue encontrado el 7 de enero de 2008 dentro de su apartamento, de la urbanización Manzanares en Baruta, estado Miranda.
Navarro y Pulido se acogieron al artículo 376 de la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual puede admitirse los hechos antes del inicio del debate formal de juicio.
El Tribunal 17 de Control de Caracas acogió las pruebas'presentadas por el Ministerio Público, y luego de escuchar a los acusados, procedió a sentenciar a Navarro y a Pulido.
Navarro permanece en la actualidad recluido en el caraqueño Internado Judicial de La Planta, en El Paraíso, mientras que Pulido fue puesto en libertad, pues llevaba dos años detenido.
De acuerdo con la investigación, Navarro y su primo Odissey Caraballo, sobre quien pesa orden de aprehensión, acompañaron al padre Orellana hasta su apartamento.
Luego de varias horas, Caraballo estranguló al padre y luego huyó en compañía de Navarro con algunas pertenencias que se encontraban en la casa de la víctima, así como el vehículo Hyundai modelo Accent, propiedad del sacerdote.
Orellana fue localizado por un hermano, en el cuarto principal de su apartamento, donde estaba semidesnudo y maniatado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=136407&Itemid=1
Abogado denuncia a funcionarios de Inepol y Polimariño por agresión
Fidel Lárez, abogado del estado Nueva Esparta, denunció que el sábado a eso de las seis de la tarde fue agredido física y verbalmente por funcionarios del Instituto Neoespartano de Policía y Polimariño, cuando se encontraba reunido con amigos y familiares en la calle Marcano de Porlamar.
Resaltó que los uniformados de Inepol que realizan operativos por la zona quisieron hacerle una revisión corporal, incumpliendo con lo establecido en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal. "Aunque me identifiqué como abogado los funcionarios me trataron mal, como si fuera un delincuente, infringiendo así lo establecido en el artículo 206 de la ley adjetiva penal".
Según Lárez, solicitó a los policías identificarse, pero éstos se negaron. "Me pasearon durante dos horas por los alrededores de la plaza Bolívar y otros lugares y así someterme al escarnio público causándome un perjuicio, por cuanto soy un abogado conocido por representar a muchas empresas domiciliadas en Porlamar, al exponerme al público".
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=976371
Ordenan nuevo juicio contra acusado por homicidio de un periodista en Monagas
Caracas, 10 Nov. ABN.- Tras la apelación interpuesta por el Ministerio Público (MP) fue anulada la decisión del Tribunal 5° de Juicio del estado Monagas, instancia que absolvió en el 2008 a José Ceferino García Fermín, acusado por el homicidio del periodista Mauro Marcano, hecho ocurrido el 1º de septiembre de 2004, en la ciudad de Maturín.
En ese sentido, la Corte de Apelaciones del estado Monagas, al declarar con lugar la apelación interpuesta por el MP, ordenó la realización de un nuevo juicio en un tribunal distinto al que dictó la sentencia.
Asimismo, la Corte ordenó que Ceferino García debe ser privado de libertad nuevamente, informó un boletín de prensa del MP.
Vale recordar que las fiscalías 7° y 61 nacionales, así como la 1° del estado Monagas apelaron en su oportunidad el dictamen del Tribunal, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
Como se recordará, el 30 de septiembre de 2008, el Tribunal 5° de Juicio de Monagas dictó la sentencia absolutoria a favor de García Fermín, decisión que contó con el voto favorable de los escabinos, mientras el juez Larry José Zuleta salvó su voto.
José Ceferino García Fermín fue acusado por el MP por homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles en grado de determinador y, durante el juicio, se presentaron suficientes pruebas que sustentaron dicha acusación.
García Fermín se encontraba privado de libertad en el Internado Judicial del estado Monagas, desde el 5 de marzo de 2007, luego que el Tribunal 5° de Control le dictó la medida. El referido ciudadano fue detenido en Trinidad y Tobago y deportado posteriormente a nuestro país.
El homicidio del periodista Mauro Marcano ocurrió cuando éste se encontraba en el estacionamiento del edificio Rosa Melania, ubicado en la avenida Raúl Leoni de Maturín, y recibió tres impactos de bala.
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=206658&lee=1
El Gobierno de Hugo Chávez lleva 11 años arrebatando sus derechos a los venezolanos. En estos largos años el Gobierno ha invocado a los derechos humanos para impedir su realización efectiva o excusar su conculcamiento. Peor aún, se ha usado la defensa espuria de unos derechos como comodín para abolir otros derechos fundamentales, donde el único que ha salido ganando es el “proceso revolucionario”.
La barbarie y el despojo constitucional han sido tan recurrentes y sistemáticos que los ciudadanos y la sociedad como un todo, ya parece que han perdido su capacidad de reacción.
Una contundente evidencia de este estado de sopor de la población es la inacción, pasividad y lasitud mostrada frente a los hechos con los que el Gobierno ha derogado la Constitución y ha proscrito derechos inalienables del ser humano, incluyendo el de la libertad y el de la propiedad privada, entre otros.
Un ejemplo viene con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, del 30 de octubre de este año, donde se echa por tierra el deber constitucional del Ministerio Público de imputar previamente al presunto autor o participe de un hecho punible antes de dictarle auto de aprehensión.
El caso es que la imputación está intrínsecamente ligada al principio acusatorio. La Constitución de 1999 y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establecen que toda persona tiene el derecho de conocer antes se ser aprehendida, que va a ser sujeto de investigación por un delito, cuál es el delito y por qué le es imputado el mismo. La única excepción a ese mandato es que la persona haya sido agarrada en flagrancia cometiendo el delito.
No obstante, de ahora en adelante, y gracias al magistrado Carrasquero, este legal derecho ha sido borrado de un tirón, y se pone a merced de cualquier fiscal decidir sobre el derecho de los ciudadanos a la libertad.
La Fundación para el Debido Proceso denuncia en su página web que esta Sentencia “viola el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la tutela judicial” así como también “la igualdad entre las partes”, pues como bien recuerda la Fundación, el Ministerio Público es sólo “una parte del proceso”, al igual que lo son el imputado y su defensa.
Otro ejemplo de gravedad extrema lo contiene la Ley de Tierras Urbanas, publicada en la Gaceta Oficial del 21 de octubre, donde con tres de sus artículos se extermina de raíz el derecho a la propiedad privada en Venezuela.
Con el artículo 2, que le otorga a las tierras urbanas una función social, se podrá despojar a una persona de un bien legítimo, y su propiedad se la reservará el Estado para sí. Aunque ese bien podrá ser asignado a otra persona, el Estado no le otorgará el derecho de propiedad, sino el de uso, lo que cercena el derecho a la propiedad privada.
Con el artículo sexto, que define lo que se entiende por tierra urbana sin uso, se establece que el Ejecutivo Nacional podrá decidir qué es o qué no es tierra urbana “sin uso”. Esto le da al Ejecutivo un poder extremadamente discrecional y arbitrario. Es decir, todo terreno edificado o no puede ser sujeto de la Ley, a placer de los gobernantes. Y el artículo 17, que establece que “la República” tiene el derecho de preferencia para adquirir las tierras urbanas, por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley, entre los que se cuenta la expropiación y la confiscación.
Estas dos “perlas” son la tapa del mismo frasco de la dictadura comunista donde se ha sumido a Venezuela, mientras sus ciudadanos hibernan cual lirones.
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=347112&CategoryId=13303
Etiquetas: indefensión

References: artículo 21
 artículo 66
 artículo 22
 artículo 376
 artículo 205
 artículo 206
 artículo 2
 artículo 17