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Timestamp: 2018-01-21 08:12:21+00:00

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Proyectos – Senador Antonio Guerra
LEER EN SENTIDO DESCENDENTE TODA LA INFORMACION SOBRE TRAMITE DE LOS
PROYECTOS Y SU TRANSITO
PROYECTO DE LEY ESTAMPILLA UNIVERSIDAD
APROBADO EN PRIMER DEBATE EN CAMARA DE REPRESENTANTES
por medio de la cual se establece un marco general para la contribución parafiscal de la estampilla y se dictan otras disposiciones.
El proyecto de ley pretende establecer un marco general para el mal denominado impuesto de estampilla que en realidad corresponde a una clase de contribución parafiscal del orden territorial, pero que se ha venido adoptando mediante leyes del Congreso en diversos departamentos del Territorio Nacional, sin que hasta la fecha se haya expedido una norma general que reglamente los elementos o parámetros mínimos que la deben constituir, tal y como lo permite la Constitución Nacional y como en consecuencia lo a dispuesto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en diversas sentencias sobre el particular.
2.1. CONSTITUCION POLITICA
¿Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general¿.
¿Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley¿.
¿Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo¿.
2.2. LEY 225 DE 1995, por la cual se modifica la ley orgánica de presupuesto.
¿Artículo 2°. El artículo 12 de la Ley 179 de 1994, quedará así:
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por lo s órganos encargados de su administración¿.
2.3 JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
¿ESTAMPILLAS – Naturaleza: tasa parafiscal / TASA PARAFISCAL – Definición; diferencia con impuesto indirecto / IMPUESTO INDIRECTO – Diferencia con tasa parafiscal / CONTRIBUCION PARAFISCAL – Definición legal; elementos distintivos
Ahora bien, debe precisarse que las estampillas a que se viene haciendo referencia, pertenecen a lo que se conoce como tasas parafiscales, pues son un gravamen que surge de la realización de un acto jurídico, cual es la suscripción de un contrato con el Departamento, que se causan sobre un hecho concreto y que por disposición legal tienen una destinación específica, cuyas características difieren de las que permiten identificar al impuesto indirecto. Es así como las tasas participan del concepto de parafiscalidad, definido en el artículo 2° de la Ley 225 de 1995, en los siguientes términos: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración. A partir de tal definición, tres son los elementos que distinguen la parafiscalidad, a saber: la obligatoriedad que surge de la soberanía fiscal del Estado; la singularidad en cuanto se cobran de manera obligatoria a un grupo específico; y la destinación sectorial por estar destinadas a sufragar gastos de entidades que desarrollan funciones administrativas de regulación o fiscalización. Las tasas participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, en la medida que constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos; son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo; los recursos se revierten en beneficio de un sector específico; y están destinados a sufragar los gastos en que incurran las entidades que desarrollan funciones de regulación y control y en el cumplimiento de funciones propias del Estado.
TASA – Prestación directa de un servicio público o beneficio potencial en servicios de aprovechamiento común / TASAS ADMINISTRATIVAS – Remuneración pagada por un servicio administrativo / TASA PARAFISCAL – Tienen beneficio potencial en servicios comunes / IMPUESTO – Diferencia con tasa; clases de impuesto: directo e indirecto.
La ¿tasa¿ si bien puede corresponder a la prestación directa de un servicio público, del cual es usuario el contribuyente que se beneficia efectivamente, también puede corresponder al beneficio potencial por la utilización de servicios de aprovechamiento común, como la educación, la salud, el deporte, la cultura, es decir, que el gravamen se revierte en beneficio social. Las primeras se definen como tasas administrativas en cuanto equivalen a la remuneración pagada por los servicios administrativos, y las segundas como tasas parafiscales y son las percibidas en beneficio de organismos públicos o privados, pero no por servicios públicos administrativos propiamente dichos, pues se trata de organismos de carácter social. Entonces, las ¿estampillas¿, dependiendo de si se imponen como medio de comprobación para acreditar el pago del servicio público recibido, tendrán el carácter de administrativas; o de parafiscales, si corresponden al cumplimento de una prestación que se causa a favor del la entidad nacional o territorial como sujeto impositivo fiscal. Los ¿impuestos¿ difieren de las ¿tasas¿, en cuanto son universales y recaen sobre los ingresos y bienes de una persona directamente (directos). Es decir tienen relación directa con la capacidad económica del sujeto, son de carácter permanente y el responsable del pago es el contribuyente; o de consumo (indirectos), dirigidos a gravar el consumo en general y se predican en relación con los bienes y servicios, que debe soportar el consumidor final, que no tienen carácter personal, porque no gravan a los sujetos, sino que se aplican directamente a los bienes y servicios consumidos.
ESTAMPILLAS – No es impuesto indirecto sobre contratos sino un gravamen con naturaleza de tasa parafiscal; implican recuperar el gasto originado en la contratación / TASA PARAFISCAL – Lo son las estampillas departamentales
Hechas las anteriores precisiones, se concluye que asiste razón a los apelantes cuando consideran que es errada la interpretación que hace el a quo al artículo 203 del Código de Régimen Departamental, para concluir que e l cobro de las estampillas sobre los contratos, constituyen un ¿impuesto indirecto¿, en cuanto gravan ¿por repercusión la fuente de donde procede la materia imponible¿, y que en consecuencia su imposición en el caso concreto del contrato de concesión para la explotación de los juegos permanentes, estaría desconociendo la prohibición legal prevista en el mencionado artículo; pues tal como lo advierte el Ministerio Público, no es acertado llegar a tal conclusión, habida consideración que las estampillas son un gravamen que tiene la naturaleza de ¿tasa parafiscal¿¿[1][1][1].
¿IMPUESTO – Características / TASAS – Características / CONTRIBUCION – Características
Son impuestos, aquellos tributos que cumplen las siguientes características:
Son generales, lo cual significa que se cobran indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del hecho generador y no a un grupo social, profesional o económico determinado.
No conllevan contraprestación directa e inmediata.
El Estado dispone de estos recursos de acuerdo con lo previsto en los planes y presupuestos, por lo tanto van a las arcas generales, para atender los servicios y necesidades pú blicas.
La capacidad económica del contribuyente es un principio de justicia y equidad que debe ir implícito en la ley que lo crea, sin que pierda el carácter general. Se consideran tasas aquellos gravámenes que cumplan las siguientes características: El Estado cobra un valor por un bien o servicio ofrecido. Este guarda relación directa con los servicios derivados. El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. El precio cubre los costos en que incurre la entidad para prestar el servicio, incluyendo los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y crecimiento de la inversión. Pueden involucrarse criterios distributivos (ejemplo: tarifas diferenciales). Las contribuciones tienen las siguientes características: Surgen de la realización de obras públicas o actividades estatales, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos. La contribución se paga proporcionalmente al beneficio obtenido y su producto está destinado a la financiación de las obras o actividades¿[2][2][2].
2.4 Jurisprudencia Corte Constitucional
¿CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
Las contribuciones parafiscales se encuentran a medio camino entre las tasas y los impuestos, dado que de una parte son fruto de la soberanía fiscal del Estado, son obligatorias, no guardan relación directa ni inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente. Pero, de otro lado, se cobran solo a un gremio o colectividad específica y se destinan a cubrir las necesidades o intereses de dicho gremio o comunidad. Las contribuciones parafiscales no pueden identificarse con las tasas. En primer lugar, porque el pago de las tasas queda a discreción del virtual beneficiario de la contrapartida directa, mientras que la contribución es de obligatorio cumplimiento. De otra parte, las contribuciones parafiscales no generan una contraprestación directa y equivalente por parte del Estado. Este no otorga un bien ni un servicio que corresponda al pago efectuado. Las contribuciones parafiscales se diferencian de los impuestos en la medida en q ue implican una contrapartida directa al grupo de personas gravadas; no entran a engrosar el erario público; carecen de la generalidad que caracteriza a los impuestos respecto del sujeto obligado a pagar el tributo y especialmente, porque tienen una determinada afectación. El término ¿contribución parafiscal¿ hace relación a un gravámen especial, distinto a los impuestos y tasas. En segundo lugar, que dicho gravámen es fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos intereses o necesidades se satisfacen con los recursos recaudados. En tercer lugar, que se puede imponer a favor de entes públicos, semipúblicos o privados que ejerzan actividades de interés general. En cuarto lugar que los recursos parafiscales no entran a engrosar las arcas del presupuesto nacional. Y por ultimo, que los recursos recaudados pueden ser verificados y administrados tanto por entes públicos como por personas de derecho privado¿[3][3][3].
¿TRIBUTO EN ENTIDADES TERRITORIALES-Competencias del Congreso y asambleas y concejos
Corresponderá al Congreso de la República la creación de los tributos del orden territorial y el señalamiento de los aspectos básicos de cada uno de ellos, los cuales serán apreciados en cada caso concreto en atención a la especificidad del impuesto, tasa o contribución de que se trate. Por su parte, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales establecerán los demás componentes del tributo, dentro de los parámetros generales o restringidos que fije la correspondiente ley de autorización¿[4][4][4].
¿ESTAMPILLA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Establecimiento legislativo de destinación del recurso recaudado< i>
El artículo 338 de la Constitución no concede a las respectivas asambleas o concejos, de manera exclusiva, la facultad de determinar la destinación del recaudo, pudiendo hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin que por ello se restrinja el alcance del principio de autonomía territorial plasmado en la Constitución, ya que existe una conjunción entre este último y los principios de unidad económica nacional y soberanía impositiva en cabeza del Congreso, que permite hallar razonable una interpretación en ese sentido, siempre y cuando se entienda que la intervención del legislador sobre los recursos propios o fuentes endógenas de financiación es justificada en cada caso¿[5][5][5].
¿RECURSOS PARAFISCALES/PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA
La parafiscalidad se basa en la pretensión básica de que los sujetos gravados, en últimas, terminan siendo los sujetos beneficiados con el gravamen. Violaría la equidad del sistema tributario, que la parafiscalidad se construyera a partir del sacrificio de personas o grupos que no se conciben en la ley que la instituye como sujetos beneficiarios de la misma. En el presente caso, desde el punto de vista jurídico, el deudor de la obligación tributaria por concepto de la cuota de fomento ganadero y lechero, es el productor. Si bien no se descarta la posibilidad de que se produzca materialmente un traslado total o parcial del importe de la contribución, los contribuyentes ¿de facto¿, se localizan dentro del mismo sector ganadero, que como se ha visto es globalmente el beneficiario del gravamen parafiscal establecido. Luego, no se presenta una manifiesta ni aparente violación al principio de equidad tributaria. Finalmente, en lo que tiene que ver con la incidencia de la contribución respecto del mercado, no existen evidencias de que exista por parte de los productores un grado de control de la oferta que les permita controlar unilateralmente el precio.
PROYECTO DE LEY 129 DE 2016 SENADO
por la cual se establecen normas para la protección, prevención y control de los efectos nocivos que para la salud tiene la exposición prolongada y sin la debida protección a la radiación solar.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene el objeto de establecer medidas de protección y prevención para reducir los efectos nocivos en la salud de la población por causa de la exposición a la radiación solar.
Artículo 2°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, elaborará una política pública integral de protección y prevención para reducir los efectos nocivos que en la salud de la población puedan causarse con la exposición a la radiación solar.
Parágrafo. Para el establecimiento de la política pública integral de que trata la presente ley, el Gobierno nacional tendrá (6) meses, contados a partir de su promulgación.
Artículo 3°. Con el fin de generar conciencia en la población y reducir los efectos nocivos ocasionados por la exposición a la radiación solar, las entidades públicas y privadas a nivel nacional en las cuales sus trabajadores o personal vinculado tenga que permanecer expuesto a la radiación solar por largos períodos, seguirán estos lineamientos para la protección a las personas:
a) Por lo menos una vez al año desarrollarán actividades destinadas a informar y sensibilizar a las personas acerca de los riesgos por la exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que esta pueda causar.
b) En lo posible evitarán la realización de actividades al aire libre durante los horarios de mayor radiación solar, en las cuales se exponga a las personas a altos índices de radiación solar.
c) En caso de existir espacios con altos niveles de radiación solar, colocarán carteles o anuncios donde se incluya lo siguiente:
¿La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud¿.
d) En lugares donde se presenten altos niveles de radiación solar, se deben promover acciones efectivas que permitan la generación de espacios con sombra que puedan ser usados por los ciudadanos si estos deben permanecer en esos espacios por largos períodos.
Artículo 4°. Obligaciones de las instituciones educativas. Los directores de las institucion es educativas públicas y privadas, al inicio del período de clases o del período académico, informaran a los estudiantes sobre los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, recomendándoles hacer uso de los elementos de protección idóneos.
Los centros educativos deben contar con zonas protegidas de radiación solar en los espacios donde se lleven a cabo actividades al aire libre. La existencia de estas zonas libres de radiación solar será supervisada por el Ministerio de Educación.
Los Directores de instituciones educativas evitarán la realización de actividades con exposición prolongada a la radiación solar, debiendo tomarse las medidas de protección complementarias en los casos en que se consideren necesarias.
Artículo 5°. Obligaciones de los empleadores. Los empleadores, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan sus trabajadores y demás personas vinculadas, tienen la obligación de adoptar medidas de protección cuando, debido a la naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores y demás personas vinculadas, estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar.
En caso tal que los trabajadores estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar, desde el inicio de la relación laboral y a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador debe informarlos sobre los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, haciéndoles entrega de los elementos de protección idóneos con la debida capacitación para su adecuado uso.
Parágrafo. El Gobierno nacional mediante decreto establecerá los elementos mínimos que tendrá que recibir cada trabajador cuando se encuentre expuesto a radiación solar por largos períodos. Del mismo modo, establecerá las sanciones o multas por imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, para lo cual tendrá un plazo máximo de (6) meses, contados a partir de su promulgación.
Artículo 6°. Control y seguimiento. El Gobierno nacional, por medio de los ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo, serán los responsables de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 7°. Difusión de los niveles de radiación solar. El Gobierno nacional, dentro de sus políticas públicas, incluirá campañas de difusión de los niveles de la radiación ultravioleta en todo el país, así como de sus efectos nocivos para la salud, la cual debe incluir folletos informativos de distribución gratuita en los establecimientos públicos.
Artículo 8°. El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Salud e Invima, actualizará la reglamentación sobre los requisitos de la información que deben contener las etiquetas de los protectores solares y productos cosméticos que incluyan estos productos y sean comercializados en nuestro país, de tal forma que se garantice la adecuada información a los ciudadanos sobre los reales niveles de protección de cada producto y la necesidad de su uso cuando se presente exposición a la radiación solar.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.
En atención al articulado puesto a consideración de los honorable Senadores, me permito a continuación exponer los siguientes argumentos:
El objeto principal que persigue la presente iniciativa es el establecimiento de lineamientos para la creación de políticas públicas encaminadas a la protección, prevención y control de los efectos nocivos que para la salud tiene la exposición prolongada a la radiación solar.
La luz solar es necesaria para la vida y tiene efectos beneficios en el cuerpo humano, entre los cuales se reconoce la formación de las vitaminas A y D, las cuales contribuyen a la formación de huesos y dientes. Sin embargo, si las personas se exponen de manera prolongada a este tipo de radiaciones sin la adecuada protección, pueden sufrir graves consecuencias en su salud, que van desde quemaduras, afectación del sistema inmunológico y cáncer de piel, entre otros.
Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud ha llevado a cabo investigaciones en las cuales concluye que la exposición a los rayos solares sin la protección adecuada causa efectos negativos para la salud, principalmente enfermedades como el cáncer de piel, envejecimiento prematuro de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares.
En la actualidad y con los graves daños que se le están causando a la capa de ozono del planeta Tierra, las organizaciones científicas han alertado a los ciudadanos sobre los peligros existentes por el aumento de la radiación ante la afectación de esta capa de protección de nuestro planeta.
LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN SOLAR, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Nuestro país no ha sido ajeno a lo que está sucediendo en el mundo respecto a los efectos negativos en la salud de las personas, ocasionados por la radiación solar; por ejemplo, un estudio publicado en 2012 por el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional titulado Incidencia de cáncer de piel en Colombia, años 2003-2007 indicó en su momento que la tasa estimada de cáncer de piel en Colombia pasó de 23 casos por cada 100.000 habitantes a 41 casos por igual número de habitantes en el 2007, siendo la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá los que presentaron la mayor incidencia.
Recientemente, el subdirector de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, por medio del doctor Fernando Ramírez Campos, manifestó que la proyección esperada para el 2020 es de 102 casos por 100.000 colombianos y un costo estimado de 300 millones de dólares anuales para el Sistema de Salud.
Sin duda, las condiciones geográficas y climáticas de nuestro país mantienen a sus habitantes de manera permanente expuestos a altos niveles de radiación ultravioleta por efecto directo a la exposición solar, mucho más si tenemos en cuenta que se estima que más del 80% de la población colombiana habita en zonas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar.
En Bogotá, por ejemplo, según lo informa la Secretaría Distrital de Salud, se han reportado entre los años 2009 y 2013 37.342 casos nuevos de cáncer, de los cuales en un 17,5 por ciento (alrededor de 6.534) predominaba el de piel. Esto indicaría que en la ciudad a un promedio de tres personas diarias les diagnostican este tipo de patología[1][1][1].
De acuerdo con mediciones del Instituto de Meteorología y Asuntos Ambientales (Ideam), en la estación del aeropuerto El Dorado el Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) tiene valores promedio por encima de 7.
Este es un rango alto, dado que este índice se mide en una escala de 0 a 11, donde a mayor número, más altas son la intensidad y peligrosidad. El rango entre 6 y 7 señala que es ya una radiación elevada, dañina para la piel, tal y como lo informan los medios de comunicación locales.
Si bien se reconoce el cáncer de piel como uno de los efectos más severos de la radiación solar en la población, es necesario recordar que existen otras manifestaciones negativas en la salud de las personas, tales como quemaduras en la piel, pigmentación inmediata o diferida, alteraciones en el sistema inmunológico, insolaciones, envejecimiento prematuro de la piel, aparición de tumores cutáneos, alteraciones oculares.
La OMS ha estimado que en la actualidad 16 millones de personas en todo el mundo están siendo afectadas de ceguera por cataratas; del número total de estos casos, a más del 20% se le atribuye a la exposición a los rayos solares.
Ante la existencia cierta de los efectos de la radiación solar en nuestra población, de parte del Gobierno nacional se identifica la existencia de unos lineamientos, contenidos en el Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia 2012-2021.
Sin embargo en nuestro criterio brilla por su ausencia en nuestro país el establecimiento de una política pública integral en materia de prevención y protección de los efectos nocivos que para la salud tiene la exposición prolongada a la radiación solar.
A partir de esta cierta necesidad nace esta iniciativa legislativa que busca otorgarle herramientas al Gobierno nacional en la prevención y el manejo de las enfermedades relacionadas con los efectos de la radiación en los humanos.
ANÁLISIS DE PROCEDIBILIDAD JURÍDICA
Desde el punto de vista constitucional y legal, partiremos del artículo 49 de la Constitución, el cual consagra la atención de la salud y el saneamiento ambiental con servicios públicos a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud[2][2][2].
Esta misma norma determina el deber en cabeza de los ciudadanos de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
De igual forma, en lo que tiene que ver con los niños, quienes resultan directamente afectados por esta problemática y directos beneficiarios en caso de que llegare a aprobarse la presente iniciativa, el artículo 44 de la Carta Política establece como derechos fundamentales ¿la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, la recreación¿, entre otros.
Desde el punto de vista legal debemos tener como referente obligatorio la Ley 1384 de 2010, norma denominada ley Sandra Ceballos, mediante la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. Si bien su artículo 6° determina que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas deben garantizar acciones de promoción v prevención de los factores de riesgo para cáncer, en nuestro criterio, el cáncer de piel y demás enfermedades relacionas ameritan de parte del Gobierno nacional el establecimiento de una política pública amplia, integral y específica en consideración a la importancia de la prevención de los efectos nocivos de la radiación solar en humanos y debido a la evidencia científica, que los constituye como factor de riesgo para el cáncer de piel en la ciudadanía.
Tal como ya se anotó anteriormente, damos cuenta de la existencia del Plan Nacional para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2020, en el cual se consagran lineamientos generales sobre el manejo del cáncer de manera general. Finalmente, debemos referirnos a la existencia del Acuerdo del Concejo de Bogotá número 200 del 2012, mediante el cual se establece una estrategia local de comunicación para prevenir los efectos de rayos ultravioleta en el ser humano.
En lo que respecta a las competencias del Congreso de la República para la expedición de normas, como las que se ponen en consideración de los honorables Senadores en esta oportunidad, recurrimos a lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución nacional, el cual determina la competencia general de este organismo de la rama legislativa del poder público para la aprobación de iniciativas de esta naturaleza.
Al dar una mirada a la normatividad internacional, encontramos en el ámbito latinoamericano que países como Brasil, Chile, México y el bloque económico Mercosur cuentan con normatividad específica respecto a las condiciones de etiquetado de los bloqueadores solares en su condición de productores.
De manera reciente países como Perú y Chile[3][3][3] han incluido en sus legislaciones normatividad específica en materia de prevención y control de los efectos de la radiación solar en las personas, estableciendo obligaciones claras a cargo de empleadores y organizaciones públicas y privadas, así como actividades de prevención de los efectos negativos que causan la exposición prolongada a la radiación solar. Con algunas modificaciones adicionales, la iniciativa en estudio toma como referencia estas dos normatividades.
En la Comunidad Europea se pueden encontrar reglamentos sobre los requisitos mínimos de etiquetado e información adicional que deben tener los productos que contengan bloqueadores solares y pretendan ser comercializados en cualquiera de los países que la integran.
De otra parte, vemos cómo durante los últimos cinco años han sido expedidas directivas comunitarias orientadas a informar a las personas sobre los efectos negativos de la radiación solar y en las cuales se invita a los países miembros a la creación de políticas públicas locales de prevención y tratamiento de las enfermedades producidas por esta causa.
Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con el aumento de la cifras de cáncer de piel y demás efectos nocivos que la radiación solar produce en los seres humanos, sumado también a la ubicación de nuestro país en la zona ecuatorial, y ante la ausencia de una política pública integral de prevención, se gesta esta iniciativa, que pretende la consolidación de una política pública integral de prevención y manejo de las enfermedades atribuidas a la exposición a la radiación solar.
El establecimiento de una conciencia informada en las personas sobre la importancia de tomar medidas de protección evitarán a la postre los efectos ya mencionados en la salud y de paso se ahorrarían importantes recursos para el sistema de atención pública, que tantas deficiencias presupuestales tiene en la actualidad.
La iniciativa que se somete a consideración del Congreso de la República se compone de nueve artículos. Su contenido particular me pe rmito describir de manera sintética a continuación.
El artículo 1° establece el objeto de la ley en estudio. El artículo 2° establece en cabeza del Gobierno nacional la obligación de estructurar una política pública integral de protección y prevención orientada a reducir los efectos nocivos que en la salud de las personas causa la exposición a la radiación solar. El artículo 3° determina las obligaciones de prevención para las entidades públicas y privadas en las cuales las personas deban estar expuestas a la radiación solar.
El artículo 4° consagra normas especiales para los establecimientos educativos. El artículo 5° establece normas especiales para los empleadores. El artículo 6° asigna a los ministerios de Salud y de Trabajo las competencias de control y seguimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.
El artículo 7°. Asigna al Gobierno nacional competencia para la realización de campañas de difusión y promoción de los nieves de radiación ultravioleta en todo el territorio, así como de los efectos nocivos para la salud de los personas.
El artículo 8° se ocupa de las vigencias y derogatorias.
Esperamos que los argumentos aquí planteados sean de buen recibo para los honorables Parlamentarios y logren motivar su apoyo para que esta iniciativa se convierta en ley de la República. Con su aprobación y acompañamiento daremos herramientas al Gobierno nacional en la creación de políticas públicas que nos permitan la prevención de un grupo de enfermedades que pueden evitarse con la adecuada información y prevención por parte de la ciudadanía.
La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate un Proyecto de Ley que le exige al Ministerio de Salud crear una política pública de prevención del cáncer de piel por la radiación solar. El articulado prohíbe las actividades educativas al aire libre con una prolongada exposición al sol.
Bogotá. D.C. marzo 21 de 2017 (Prensa Senado). La iniciativa del senador Antonio Guerra de la Espriella contempla que las empresas estarían en la obligación de dotar a sus trabajadores con los elementos idóneos para prevenir el cáncer de piel como consecuencia de la exposición a la radiación solar.

References: artículo 12
 artículo 2
 artículo 203
 artículo 338

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 49
 artículo 44
 artículo 6
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8