Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sbrasil9-00.html
Timestamp: 2015-04-27 22:17:01+00:00

Document:
Eugenio da Silva v. Brasil, Caso 11.598, Informe Nº 9/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 399 (1999). I. RESUMEN
1. El 7 de diciembre de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión") recibió una petición del Centro de Defensa y Garantía de los Derechos Humanos/proyecto legal del Instituto Brasileño de Innovaciones en Salud Social (I.B.I.S.S.) contra la República Federativa del Brasil (en adelante "el Estado, "el Brasil" o "Estado brasileño o de Brasil"), en la que se denuncia el homicidio del menor Alonso Eugenio da Silva, de 16 años, por un policía militar del Estado
de Río de Janeiro, en un restaurante de Madureira, Río de Janeiro, el día 8
de marzo de 1992. Según la petición el agente policial le habría disparado
pretender detenerlo por un presunto asalto. Transcurridos más de tres años
y medio, aún no se había concluido la indagatoria policial respecto a los hechos.
2. Se denuncian los hechos como violaciones graves por parte del Estado brasileño de los derechos protegidos en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, "la Declaración"), en su artículo IV (derecho a la vida), artículo XVIII (derecho a la justicia), artículo XXV (derecho de protección contra la detención arbitraria) y artículo XXVI (derecho a un proceso normal), así como de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención") en sus artículos 8 y 25 (derecho a las garantías judiciales y a la protección
judicial). La Comisión tramitó reglamentariamente la petición, y el Estado
ha ofrecido comentarios a la misma. Como surge de este informe, la Comisión
encuentra que el caso es admisible y que los hechos configuran violación a
artículos IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración y 1(1), 8 y 25 de la Convención,
y recomienda completar la investigación, procesar y condenar a los responsables,
e indemnizar a los familiares de la víctima.
6. De acuerdo con la denuncia, el menor Alonso Eugenio da Silva, nacido el 21 de febrero de 1976, entonces de 16 años, fue muerto por un disparo
efectuado por un policía militar del Estado de Río de Janeiro, Nivaldo Vieira
Pinto o por un agente de seguridad que lo acompañaba, en una pizzeria/churrasquería
de esa ciudad, el 8 de marzo de 1992, a las 3:20 de la tarde, cuando el policía
junto a un guardia de seguridad entró al restaurante después de haber sido
sobre un supuesto asalto. La víctima había sido hasta días antes empleado de
un hotel, y era integrante de un proyecto juvenil llamado Flor de Mañana.
peticionarios califican a la muerte de "exterminio".
7. Informan los peticionarios que la versión oficial de los hechos surge de los documentos de la investigación abierta en la Comisaría
de Policía Nº 28 con fecha 9 de marzo de 1992. Según esos documentos, el
afirmó que se vio obligado a disparar contra el menor porque éste resistió
su orden de detención cuando intentaba asaltar el restaurante. En el Auto
48/92 (Folios 13 y 14) según un policía y un testigo, el hecho se describe
así: "Alertados [los dos policías] por un transeúnte que una persona en actitud sospechosa había entrado en la pizzeria, dejaron la cabina de policía al frente en que estaban de servicio, y penetraron hasta la cocina, en la que encontraron a Alonso a quien preguntaron qué hacía allí. Este, al responder dirigió la mano a su cintura, a lo que el policía sacó su pistola y disparó concomitantemente a que Alonso también disparaba. (fs.14). Alonso fue alcanzado por el disparo y el policía sostuvo que le brindó asistencia médica trasladando a la víctima al hospital". La requisa del arma consta en la denuncia de los hechos.
9. En cambio, sostienen los peticionarios, que las circunstancias fueron distintas. Afirman que el hecho ocurrió a pleno día y cuando el restaurante
estaba colmado de clientes. Miembros de la familia de Alonso sostienen que
mozos de la churrasquería donde ocurrió la muerte les contaron que Alonso había
ido a comprar un sándwich caliente y que al salir no pudo mostrar el ticket
de pago. Un mozo le creyó y lo liberó, mientras que otro no le creyó y entraron
a discutir. Sostienen que alguien llamó a la policía y que ésta entró y tiró
a quemarropa. La persona que escuchó esto de los mozos de la churrasquería
que fue alguien de seguridad del restaurante que fue llamado y que mató a Alonso.
Dice ella que "allí esta lleno de empleados de seguridad y si hay un problema no necesitan llamar a la policía". Dice también que el propio dueño del local dijo "esto es una cobardía, matar así a una persona, sin necesidad".
10. La petición sostiene que en el entierro varias personas amigas y parientes, escucharon que cuando el cuerpo de Alonso llegó al hospital,
el médico dijo: "Tiren el arma [que lleva] el muchacho, él era un Juan Nadie, no se dan cuenta que el arma es del policía?" Señala que el Comisario no instruyó pericia en el lugar donde se produjeron los disparos
(la cocina del restaurante), sosteniendo que los detectives investigadores
encontrado impactos de proyectiles de armas de fuego en el referido local.
19. La Comisión tiene competencia ratione materiae y ratione temporis, por tratarse de derechos protegidos por la Declaración y la Convención Americanas, durante la vigencia respectiva de las mismas respecto a la República
Federativa de Brasil. Recuerda la Comisión que aunque los hechos hayan ocurrido
el 8 de marzo de 1992, meses antes que Brasil ratificara la Convención el 25
de septiembre de 1992, dicho Estado no queda eximido de responsabilidad por
los actos violatorios de los derechos humanos ocurridos antes de la ratificación
de la Convención, pues los derechos garantizados por la Declaración tienen
vinculante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció explícitamente
la fuerza obligatoria de la Declaración al señalar que "los artículos 1(2)(b) y 20 del Estatuto de la Comisión definen la competencia de la misma respecto de los derechos humanos enunciados en la Declaración. O sea que, para los Estados que ratificaron el Protocolo de Buenos Aires, la Declaración Americana constituye, en lo que es pertinente a la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales".1 20. La Comisión tiene también competencia en este caso para analizar el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso reconocidas por los artículos 8 y 25 de la Convención desde dicha ratificación, ya que los hechos denunciados pueden configurar desde entonces la denegación continuada2 de dichos derechos. El Brasil, al depositar su instrumento de adhesión a la
Convención, asumió la responsabilidad de "respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción" (artículo 1(1)).3
25. Los peticionarios informaron que pese a que la indagatoria policial se iniciara el 9 de marzo de 1992, y transcurridos más de tres años
y medio desde entonces hasta la fecha de la petición, la investigación aún
encontraba inconclusa. La legislación penal brasileña fija un plazo de 30 días
para la conclusión de la indagatoria policial, que puede prorrogarse este
por autorización del juez, lo que no ocurrió en el presente caso. La Comisión,
a los efectos de la admisibilidad, considera que el procedimiento de investigación
referente a la indagatoria policial se ha prolongado excesivamente, sin indicio
alguno de que el Gobierno se proponga profundizar o acelerar la investigación
de los hechos. Así, la Comisión acepta la hipótesis de excepción al agotamiento
de los recursos internos establecido en el artículo 46(1)(a), sobre la base
del atraso injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos, prevista
en el artículo 46(2)(c) de la Convención y 37(2)(c) de su Reglamento.
27. Al existir un atraso injustificado en la prestación de justicia, según el artículo 38 del Reglamento se aplica la excepción contemplada
en los artículos 46(2)(c) de la Convención y 37(2)(c) del Reglamento de la
sobre el requisito referente al plazo de seis meses para la presentación de
la petición ante la Comisión a partir de la fecha en que el lesionado en
derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Puesto que la denuncia
fue presentada tres años después de la alegada violación de los derechos,
Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable
de acuerdo con dicho artículo 38(2).
y teniendo en cuenta el artículo 42 del Reglamento de la Comisión, haciendo
notar que en el plazo máximo fijado de acuerdo al artículo 34(5) de ese Reglamento,
el Estado no ha proporcionado la información respectiva solicitada. A juicio
de la Comisión, del análisis de todos los elementos de convicción disponibles
no surgen elementos que permitan haber llegado a conclusiones distintas respecto
de los temas analizados, a las que se presentan a continuación.
30. En el caso presente, existen evidencias reiteradas en los informes policiales que el propio policía militar Nivaldo Vieira Pinto declaró
haber disparado y herido de muerte al menor Alonso Eugenio da Silva, aunque
sostiene que lo hizo en legítima defensa. En el expediente obran copias de
declaraciones del policía militar Nivaldo y de otro testigo, instruidas en
la comisaría de policía civil 28, (fs.13 a 18). El peticionario indica que
disparos podían ser del policía o del agente privado de seguridad. En el expediente
de la Comisión no hay sustento de que el agente de seguridad haya sido quien
disparó, y de haber sido así se complicaría aún más la responsabilidad del
quien no sólo acompañó la acción, sino después tomó responsabilidad, presumiblemente
para encubrir el delito y hacerlo aparecer como legítima intervención policial.
El policía Nivaldo sostiene que disparó contra Alonso porque, según consta
su declaración (fs.14), en su acto de resistencia, el menor dirigió sus manos a la cintura después de que el policía le preguntara qué estaba haciendo en
el restaurante. Más adelante, en sus declaraciones, este policía afirma que
hubo un intercambio de disparos entre él y el menor y que este último fue alcanzado
por uno de sus disparos. La inspección del lugar según informe policial no
huellas de disparos fuera del que recibió la víctima.
31. La Constancia de la Resistencia, acta labrada en la comisaría, señala la requisa del arma de fuego perteneciente al menor Alonso. Sin embargo,
los peticionarios alegan que Alonso no poseía arma de fuego. El médico que
el cadáver habría sostenido que el arma que traía Alonso al llegar al hospital
no era de él, sino del policía. Dicha caracterización es plausible. Un dato
adicional que contradice la versión policial de la legítima defensa es que
se encontró huella alguna de los disparos que supuestamente habría hecho la
víctima, según el reporte del policía. Así consta en el propio expediente
(fs. 13 y 14), según el cual el segundo revólver tendría un cartucho deflagrado.
Todo ello lleva a la Comisión a concluir que la segunda arma había sido deflagrada
por el policía y colocada junto a la víctima para responsabilizarla. Es más,
la inexistencia de huellas del otro disparo fue usada como justificación
para no realizar la ineludible pericia del lugar que corresponde en un caso de este tipo.
32. Con respecto al motivo, existen varios testimonios que sostienen que la víctima había tenido una reyerta con un policía por no atender
a sus invitaciones, y que vivía en estado de temor. Por otra parte, tal como
surge de numerosas investigaciones, la Comisión ha comprobado en general
existe un repetido desprecio de la Policía Militar de varios estados brasileños,
incluyendo la Policía Militar de Río de Janeiro, por la vida de los menores
humildes, y que no es extraño que disparen contra ellos por cualquier motivo
para "exterminarlos". Si bien esa tendencia no puede por sí sola dar base a una conclusión, es un elemento importante de plausibilidad en tanto
refuerza datos concretos del caso.
33. La Comisión ha comprobado además que en esos años la persecución y exterminio de niños y jóvenes de la calle fue una forma utilizada frecuentemente
los derechos de los niños y menores.6 La Comisión al analizar el caso considera como elementos centrales de convicción los testimonios y evidencias que surgen del expediente. Sin embargo, entiende que debe mencionar esta situación general para dejar claro que este no era un caso aislado y anómalo, sino un ejemplo de una actitud sistemática de algunos agentes policiales en esa época.
34. La Comisión debe considerar si el disparo del agente de seguridad que costó la vida de la víctima respondía a la necesidad de evitar
al respecto los "Principios Básicos sobre el uso de Fuerza y de Armas de Fuego por Oficiales de Aplicación de la Ley" que definen claramente los casos en que es legítimo su uso.7 Si bien el Estado no ha planteado esa defensa, la Comisión entiende que debe referirse a este punto. No existe evidencia convincente en el caso que sostenga ninguna de estas situaciones, ni de que el joven estuviera armado o amenazando de muerte ni al policía ni a otras personas. Quitar la vida a una persona que supuestamente está cometiendo un robo no es la forma de reaccionar por parte de las fuerzas de seguridad, excepto en circunstancias extremas de peligrosidad o en legítima defensa. Más aún, existen testimonios que este policía había tenido enfrentamientos previos con este joven. No existe información que se hayan efectuado las tareas reglamentarias investigativas en cuanto a evidencias y toma de testimonios que deben realizarse en forma inmediata después de un homicidio y que hubieran permitido aclarar responsabilidades.
40. Ha señalado anteriormente la Comisión que cuando como en este caso la víctima no está en condiciones de buscar una reparación judicial,
42. En este caso, la investigación aparece como parcializada para legitimar la conducta del policía por la muerte de Alonso Eugenio da Silva,
y no incluyó procedimientos reglamentarios esenciales. No hubo una investigación
seria sobre la supuesta resistencia del menor, pese a que el propio propietario
del restaurante había protestado diciendo que no había habido necesidad de
No surge del expediente que se haya tomado declaración al propietario, camareros
y otros presentes en el restaurante, teniendo en cuenta que el hecho aconteció
a media tarde en un lugar muy concurrido. No se realizó una pericia en el
de los hechos, ni se cerró el lugar hasta tanto se efectuara la misma. Tampoco
surgieron evidencias convincentes respecto a que la víctima estuviera armada,
excepto la aparición de un arma con un cartucho deflagrado junto al cadáver
que llegó al hospital. No se investigó seriamente porqué si hubo intercambio
de disparos (tal como dijo el policía) ninguna huella de disparo (salvo el fatal) apareció en la primera revisión del local. Tampoco se investigó seriamente
la opinión del médico que lo recibió, quien sostuvo que el arma no podía
al menor. No se investigó si el menor había tenido confrontaciones anteriores
con el policía en cuestión, y particularmente el episodio referido a la supuesta
ofensa al menor y su reacción agrediendo al policía. No se investigaron los
antecedentes del policía con relación a otros menores, que podrían arrojar
sobre los motivos de su acción. En consecuencia la falta de una investigación
seria e imparcial impidió que se promoviera la causa penal correspondiente.
Estos elementos llevan a la Comisión a concluir que la investigación no se
con las garantías de seriedad que requiere el artículo 25 de la Convención.
45. Tanto la Comisión y Corte Europea de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana han establecido una serie de criterios o consideraciones
retardo injustificado en la administración de justicia, "lo cual no impedirá que llegado el caso, uno solo de ellos pese decisivamente".11 Los criterios establecidos por la doctrina para determinar la razonabilidad del plazo son los siguientes: 1. La complejidad del caso. 2. La conducta de la parte lesionada con relación a su cooperación con el curso del proceso. 3. La forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso. 4. La actuación de las autoridades judiciales.
47. En otro caso ante la Comisión, un Estado alega la complejidad del litigio, y que el hecho que la investigación no haya concluido obedecía
indicios de que eso vaya a suceder, demostraba claramente que las investigaciones
no se habían practicado con seriedad y eficacia (Informe 48/97 Caso 11.411 "Ejido Morelia", Párrafos 46 a 48)12
1 Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 45, 14 de
julio de 1989, sobre la "Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
3 "La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo". (Corte Interamericana de Derechos Humanos , caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 26 de julio de 1987, excepciones preliminares,
párrafo 91).
Tratándose de un derecho al que se puede renunciar inclusive tácitamente, debe suponerse que existe
oportunidad de ejercerlo y esa oportunidad no es otra sino aquella que
durante la fase de la admisibilidad de la petición ante la Comisión. En
consecuencia, si, por negligencia, descuido o ignorancia de sus abogados,
el Estado denunciado no alega la falta de agotamiento de los recursos
en esta etapa del proceso, estaría impedido de hacerlo posteriormente,
tanto ante la Comisión como ante la Corte". (Faúndez L. Hector, El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos, aspectos institucionales
y procesales, página 198, IIDH, 1998).
7 Naciones Unidas. "Principios Básicos" adoptados por el 8º Congreso sobre la Prevención del Crimen y el tratamiento de ofensores, Habana, Cuba, 27 de agosto al 7 de
11 Véase por ejemplo: CIDH, Resolución Nº 17/89 Informe Caso Nº 10.037 (Mario Eduardo Firmenich),
página, 38; Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso "Konig", Sentencia de 28 de junio de 1978, Series A Nº 27, páginas 34 a 40 párrafos 99, 102-105
de 1981, Serie A Nº 42, página 16, párrafo 51, páginas 20-22, párrafos 61 y
63; Caso Kemmache, Sentencia de 27 de noviembre de 1991, Serie A Nº 218,
27, párrafo 60. 12 CIDH. Informe Anual 1997. Pág.655 y ss.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 34
 artículo 25
 artículo 64
 Resolución