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Timestamp: 2020-08-06 15:37:59+00:00

Document:
Registro Oficial. 20 de NOVIEMBRE del 2002
Miércoles, 20 de noviembre del 2002 - R. O. No. 708
0424\n Publíquese\n en el Registro Oficial el "Convenio de Cooperación\n Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores\n y el Instituto Nacional del Niño y la Familia"
SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y
\n SEGUROS:
Califícanse a\n varias personas y compañías para que puedan ejercer\n el cargo de peritos avaluadores en las instituciones del sistema\n financiero, bajo control:
SBS-DN-2002-0839 Compañía Valuartec\n Avalúos Técnicos S.A
SBS-DN-2002-0852 Señor Walter Hugo Balladares\n Vargas
SBS-DN-2002-0853\n Señor\n Rubén Darío Martínez Andrade
SBS-DN-2002-0855\n Señor\n Hugo Efraín Oñate Cárdenas
SBS-DN-2002-0856\n Amplíase\n la calificación otorgada al señor Gerald Leuschner\n Cevallos
SBS-DN-2002-0858\n Señor\n Marco Antonio Flores Bermeo
-\n Dispónese que el día uno de noviembre del dos mil dos, se suspendan\n las actividades en la Función Judicial, excepto en los\n juzgados de lo Penal y de Tránsito que se hallaren de\n turno
TERCERA\n SALA DE LO CIVIL
217-2002 Luis Ignacio Rodríguez\n Tobar en contra de Lidia Inés Jinez Cruz.
218-2002 Manuel Antonio Mizhirumbay Lema en contra\n de Edgar Efraín González Chimbo
220-2002 Manuel Guanolique en contra de Patricio\n Sarmiento Ulloa y otros.
221-2002\n Segundo\n Gregorio Cauja Aulla en contra de Roberto Antonio Mucarsel Obregón
222-2002\n Marco Tulio\n Proaño en contra de Segundo Santiago Guamán y otro
223-2002 I. Municipio del Cantón Quito en\n contra de José Luis Salazar Villagómez.
224-2002 Blanca Esthela Herrera Ruiz en contra\n de Digna Ordóñez Villarreal vda. de Pozo y otros
225-2002 Angel Custodio Escobar Rosales en contra\n de Manuel Noboa Daza y otra
226-2002\n Abogado\n Juan Paredes Fernández y otros en contra de Eloisa Coello\n Izquierdo
532\n Modificación\n de la Decisión 487: Garantías Marítimas\n (Hipoteca Naval y Privilegios Marítimos) y Embargo Preventivo\n de Buques
533 Autorización para el diferimiento\n del Arancel Externo Común de productos de la cadena siderúrgica\n Política del Estado, a las Leyes y al Derecho Internacional.\n El Servicio Exterior, bajo la inmediata dirección del\n Ministro de Relaciones Exteriores, ejecuta la política\n internacional..."
020-2002-TC Acéptase parcialmente\n la demanda y declárase la inconstitucionalidad por vicios\n de fondo de la segunda disposición general y de la frase\n contenida en la tercera disposición general del Reglamento\n de Tasas Judiciales, publicado en el Registro Oficial Nº\n 490 de 9 de enero del 2002, y las referencias al "recurso\n de amparo" y al "recurso de hábeas data"\n señaladas en el Anexo 1, publicado en el Registro Oficial\n Nº 527 de 5 de marzo del 2002, dejándolas sin efecto\n de conformidad con el artículo 278 de la Constitución
032-2002-HD Confirmase la resolución\n del Juez Tercero de lo Civil de Pichincha y niégase el\n hábeas data planteado por el señor Antonio Acosta\n Espinosa
Cantón\n Puerto López: Que\n regula el uso del espacio de la vía pública\n \n
Nº\n 0424
Que en la ciudad de Quito el 16 de octubre del 2002 se suscribió\n el "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre\n el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional\n del Niño y la Familia", restando únicamente\n su promulgación en el Registro Oficial a efectos de cumplir\n con todas las formalidades y requisitos determinados en la ley\n para su entrada en vigor;
Artículo Unico.- Publíquese en el Registro Oficial\n el "Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre\n el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional\n del Niño y la Familia", suscrito en la ciudad de\n Quito el 16 de octubre del 2002.
Para efectos del cumplimiento del presente acuerdo se anexan\n copia certificada del convenio y su versión magnética\n en diskette.
Comuníquese.- En Quito, 29 de octubre del 2002.
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL\n ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL INSTITUTO NACIONAL\n DEL NIÑO Y LA FAMILIA
El Ministerio de Relaciones Exteriores, legalmente representado\n por el doctor Heinz Moeller Freile en su calidad de Ministro\n de Relaciones Exteriores, por una parte, y por otra el Instituto\n del Niño y la Familia -INNFA-, debidamente representada\n por su Directora Ejecutiva doctora Gladys Romo Leroux, a quienes\n en adelante se les denominará respectivamente "Ministerio"\n e "INNFA", y en conjunto "las partes", en\n uso de las facultades otorgadas por las leyes que les rigen,\n han decidido aunar los esfuerzos de los sectores público\n y privado, dentro de un marco de mutua cooperación, en\n la promoción y protección de los Derechos de la\n Niñez, la Mujer y la Familia, el cumplimiento de los compromisos\n internacionales de promoción y protección de los\n derechos humanos y fomento de la cooperación internacional\n destinada al desarrollo social.
Por todo ello, el Ministerio y el INNFA convienen en celebrar\n el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional,\n al tenor de las siguientes cláusulas:
1.1. Los antecedentes jurídicos del presente convenio\n están basados en los estatutos del INNFA, (Acuerdo No.\n 00560 de 8 de junio de 1998) y la Ley Orgánica del Servicio\n Exterior, (publicada en el Registro Oficial No. 353 de 15 de\n octubre de 1964).
1.2. De acuerdo con el Art. 5 de los estatutos del INNFA,\n literales c) y d) el INNFA tiene como finalidad estimular en\n el sector público y no gubernamental la formulación\n concertada de políticas públicas para la niñez\n ecuatoriana, con especial énfasis en las políticas\n de protección especial, para lo cual fomentará\n el establecimiento de amplias relaciones de cooperación\n con el sector público, la sociedad civil, los gobiernos\n locales, así como: "Apoyar permanentemente la revisión\n y actualización de las normas jurídicas .específicas\n de protección y bienestar de la niñez ecuatoriana;\n y, de todas aquellas normas conexas a fin de establecer un marco\n jurídico de protección integral para la niñez\n ecuatoriana, fundamentada en sus derechos".
1.3. El Art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior\n señala que "el Servicio Exterior tiene a su cargo\n cumplir la gestión internacional de la República,\n conforme a la Constitución Política el Estado,\n a las Leyes y al Derecho Internacional. El Servicio Exterior,\n bajo la inmediata dirección del ministro de Relaciones\n Exteriores, ejecuta la política internacional"
1.4. El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior\n señala que le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores\n especialmente: "8): Los tratados y demás instrumentos\n internacionales, para lo cual consultará, en casos necesarios,\n con otros organismos que también sean competentes en esta\n materia".
1.5. El Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior\n señala que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores,\n en consulta con otros ministerios y organismos competentes según\n el caso: "4: La presentación y trámite de\n solicitudes de asistencia técnica extranjera e internacional\n y las medidas para coordinar su mejor aprovechamiento".
Con estos antecedentes, el Ministerio y el INNFA deciden celebrar\n el presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional.
SEGUNDO:	OBJETO DEL CONVENIO
2.1.	El presente convenio tiene los siguientes objetivos:
2.1 .1.	Establecer un marco global de cooperación entre\n el Ministerio y el INNFA con el fin de lograr de manera efectiva\n una mejor coordinación en cuanto a la participación\n del Ecuador en foros internacionales que traten temas de competencia\n del INNFA, elaboración de la posición nacional\n en la negociación de tratados y demás instrumentos\n internacionales y captación de la asistencia técnica\n extranjera e internacional y las medidas para coordinar su mejor\n aprovechamiento.
2.1.2.	Ayudar por medio de este instrumento a que el INNFA\n cumpla plenamente con sus funciones de proponer, apoyar y ejecutar\n soluciones innovadoras a los problemas de la infancia y la familia\n ecuatorianas.
2.1.3.	Optimizar los recursos humanos y económicos\n del país, con la valiosa y directa colaboración\n del Ministerio en un doble aspecto: colaboración en elementos\n materiales y colaboración en elementos humanos.
2.1.4.	Establecer un marco de cooperación entre el\n INNFA y el Ministerio en los trámites relacionados con\n la repatriación de menores.
2.2.	Para el cumplimiento de los objetivos señalados,\n el Ministerio y el INNFA elaborarán un instructivo de\n procedimientos de consulta, evaluación y seguimiento de\n los proyectos de cooperación técnica y en caso\n de ser necesario acordarán comisiones de servicios de\n los funcionarios de las dos instituciones.
TERCERO:	COLABORACION CON ELEMENTOS MATERIALES
3.1.	Se establecerá un mecanismo de intercambio de\n información entre el INNFA, a través de la Dirección\n de Relaciones Externas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores,\n por intermedio de las direcciones generales de Derechos Humanos,\n Asuntos Sociales y Ambientales, de Tratados y el Instituto Ecuatoriano\n de Cooperación Internacional INECI.
3.2.	El Ministerio de Relaciones Exteriores invitará\n al INNFA a integrar los comités interinstitucionales que\n se conformen en el área social, tanto para la elaboración\n de los informes nacionales sobre la aplicación de las\n convenciones internacionales de promoción y protección\n de Derechos Humanos de los Niños, Niñas, Adolescentes\n y Mujeres, cuanto para la definición de la posición\n del Ecuador en la negociación de instrumentos internacionales\n y la participación nacional en las diferentes Conferencias\n Internacionales de Naciones Unidas, de la Organización\n de Estados Americanos y sus órganos subsidiarios.
3.3.	El INNFA ofrecerá capacitación a los funcionarios\n diplomáticos designados en el exterior, entre otros, en\n los siguientes campos:
3.3.1.	Gestión del INNFA.
3.3.2.	Búsqueda de financiamiento para proyectos que\n cuenten con prioridad previa del INECI y, en los casos de cooperación\n reembolsable, con la autorización previa del Ministerio\n de Economía y Finanzas, MEF.
3.3.3.	Identificación de posibles proyectos y fuentes\n de financiamiento en el campo social.
3.3.4.	Bases de la cooperación internacional en el\n campo social, que cuenten con la prioridad de Gobierno.
CUARTO:	COLABORACION EN ELEMENTOS PERSONALES
4.1.	El Ministerio de Relaciones Exteriores, con la asesoría\n del INNFA, elaborará folletos informativos para la promoción\n del INNFA e identificación de posibles fuentes de financiamiento\n de proyectos de interés nacional en el campo social de\n competencia del INNFA. Dichos informativos serán entregados\n a los funcionarios de las embajadas y consulados del Ecuador\n encargados del tema y su seguimiento.
4.2.	Los funcionarios de la Dirección General de Derechos\n Humanos, Asuntos Sociales y Ambientales mantendrán contacto\n directo y permanente con los funcionarios de institucionalidad\n del INNFA o aquellos que fueren designados para atender temas\n específicos.
4.3.	Se formará un comité de seguimiento y evaluación\n de este convenio integrado por funcionarios de las dos instituciones,\n el mismo que se reunirá periódicamente, según\n lo contempla el instructivo señalado en la cláusula\n segunda, 2.2. del presente convenio.
4.4.	De considerarse necesario y por pedido de la Presidenta\n del INNFA, el Ministerio de Relaciones Exteriores colaborará\n con un funcionario declarado en comisión de servicios\n en la conformación del Despacho de la Primera Dama.
El funcionario del Ministerio continuará sometido al\n régimen orgánico de la Cancillería en todo\n lo relacionado con su carrera. Las actividades de dicho funcionario\n serán evaluadas por la Presidencia del INNFA, y el informe\n será un elemento adicional de su calificación,\n si fuere del caso.
QUINTO:	PLAZO
Las partes acuerdan fijar el plazo de vigencia de este convenio\n en cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción\n del mismo, pudiendo renovarse, por acuerdo mutuo de las Partes,\n de forma escrita, manera indefinida.
SEXTO:	MODIFICACIONES
El presente convenio podrá ser modificado por mutuo\n acuerdo entre las Partes, a petición de cualquiera de\n ellas, y las modificaciones entrarán en vigencia en la\n fecha en que se suscriba el correspondiente Adéndum o\n Convenio Modificatorio.
SEPTIMO:	SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Si surgiere cualquier inconveniente entre las Partes por la\n aplicación, interpretación o ejecución del\n presente Convenio, el Ministerio e INNFA se comprometen a resolverlo\n de mutuo acuerdo.
Para constancia de que las Partes aceptan lo estipulado en\n el presente Convenio, lo suscriben en la ciudad de Quito 16 de\n octubre del 2002
f.) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.\n
f.) Gladys Romo Leroux, Directora Ejecutiva del INNFA.
f.) Maria Isabel Baquerizo de Noboa, Presidenta del INNFA,\n Primera Dama de la Nación.
Certifico que es fiel copia del documento original que se\n encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados\n del Ministerio de Relaciones Exteriores.- f.) Rodrigo Yepes Enríquez,\n Director General de Tratados.- Quito, a 21 de octubre del 2002.
No. SBS-DN-2002-0839
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que la Compañía "VALUARTEC AVALUOS TECNICOS\n S.A.", a través de su representante legal, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución,\n la Compañía "VALUARTEC AVALUOS TECNICOS SA."\n no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar a la Compañía "VALUARTEC\n AVALUOS TECNICOS S.A.", con registro único de contribuyentes\n No. 1791281969001, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador en las instituciones del sistema financiero, que se\n encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y\n Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-3 13 y se comunique del particular a\n la Superintendencia de Compañías.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en\n la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano,\n el veintinueve de octubre del dos mil dos.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintinueve\n de octubre del dos mil dos.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia.- Lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 11 de noviembre\n del 2002.
No. SBS-DN-2002-0852
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que el señor Walter Hugo Balladares Vargas, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que con memorando No. DGGI-DCR-2002-457 de 18 de julio del\n 2002, la Dirección de Central de Riesgos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, el señor\n Walter Hugo Balladares Vargas no ha sido reportado con hechos\n negativos por las instituciones del sistema financiero; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5 984 de\n 6 de agosto del 2002,
ARTICULO 1.- Calificar al señor Walter Hugo Balladares\n Vargas, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 090008753-7, para que pueda desempeñarse como perito avaluador\n en las instituciones del sistema financiero que se encuentran\n bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-3 17 y se comunique del particular a\n la Superintendencia de Compañías.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en\n la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano,\n el siete de noviembre del dos mil dos.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el siete de\n noviembre del dos mil dos.
No. SBS-DN-2002-0853
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección 1 'Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que el señor Rubén Darío Martínez\n Andrade, ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el señor Rubén Darío Martínez Andrade\n no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor Rubén Darío\n Martínez Andrade, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 010194290-2, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador en las instituciones del sistema financiero, que se\n encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y\n Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-3 16 y se comunique del particular a\n la Superintendencia de Compañías.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en\n la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano,\n al siete de noviembre del dos mil dos.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, a siete de noviembre\n del dos mil dos.
No. SBS-DN-2002-0855
Que el señor Hugo Efraín Oñate Cárdenas,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el señor Hugo Efraín Oñate Cárdenas\n no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor Hugo Efraín\n Oñate Cárdenas, portador de la cédula de\n ciudadanía No. 180107927-6, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador en los bancos privados y sociedades financieras,\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-3 18 y se comunique del particular a\n la Superintendencia de Compañías.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en\n la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito. Distrito Metropolitano,\n el siete de noviembre del dos mil dos.
No. SBS-DN-2002-0856
Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que mediante Resolución No. SBS-DN-2002-0244 de 9 de\n abril del 2002, el señor Gerald Leuschner Cevallos, fue\n calificado para ejercer el cargo de perito avaluador en los bancos\n privados e instituciones financieras públicas, que se\n encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y\n Seguros;
Que mediante comunicación de 4 de noviembre del 2002,\n el señor Gerald Leuschner Cevallos, ha solicitado ampliación\n para ejercer el cargo de perito avaluador en las instituciones\n del sistema financiero; y,
ARTICULO 1.- Ampliar la calificación otorgada mediante\n Resolución No. SBS-DN-2002-0244 de 9 de abril del 2002,\n al señor Gerald Leuschner Cevallos, portador de la cédula\n de ciudadanía No. 090351302-6, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador en las instituciones del sistema financiero,\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.
ARTICULO 2.- Comunicar del particular a la Superintendencia\n de Compañías.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en\n la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano,\n el ocho de noviembre del dos mil dos.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de noviembre\n del dos mil dos.
No. SBS-DN-2002-0858
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que el señor Marco Antonio Flores Bermeo, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el señor Marco Antonio Flores Bermeo no registra hechos\n negativos relacionados con central de riesgos, cuentas corrientes\n cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor Marco Antonio Flores\n Bermeo, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 170526 134-3, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador en las instituciones del sistema financiero, que se\n encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y\n Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-3 19 y se comunique del particular a\n la Superintendencia de Compañías.
LA CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
Que el Presidente de la República en uso de la facultad\n que le concede el artículo 23 de la Ley de Regulación\n Económica y Control del Gasto Público, ha decretado\n la suspensión de actividades de los funcionarios y empleados\n sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y\n al Código del Trabajo, por el día 1 de noviembre\n del 2002, conforme consta en el Decreto Ejecutivo No. 3250;
Que el artículo 183, último inciso de la Ley\n Orgánica de la Función Judicial faculta a la Corte\n Suprema de Justicia para hacer las variaciones que convenga en\n lo concerniente a las horas hábiles para el despacho en\n los tribunales y juzgados;
Que así mismo, el artículo 23, último\n inciso de la Ley de Regulación Económica y Control\n de Gasto Público faculta a la Corte Suprema de Justicia\n suspender las actividades de las dependencias de la Función\n Judicial y determinar la forma en que debe recuperarse el tiempo\n perdido fuera de los días y horas de trabajo obligatorio;\n y,
En ejercicio de las facultades antedichas,
Que el día uno de noviembre del dos mil dos se suspendan\n las actividades en la Función Judicial, excepto en los\n juzgados de lo Penal y de Tránsito que se hallaren de\n turno, los que laborarán en ese día de conformidad\n con la regulación respectiva;
Que para compensar el tiempo no laborado, se trabaje una hora\n diaria adicional sin recargo alguno, por ocho días, de\n 12h00 a 13h00, a partir del día lunes cuatro de noviembre\n de dos mil dos; y,
Que de oficio, o a petición de parte, los secretarios\n de juzgados y tribunales sienten las razones del caso en los\n correspondientes procesos, para los efectos señalados\n por el Art. 314 del Código de Procedimiento Civil, en\n armonía con el Art. 315 del mismo código.
Esta resolución entrará en vigencia a partir\n de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en el salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia,\n a los treinta días del mes de octubre del dos mil dos.
f.) Dr. José Julio Benítez Astudillo, Magistrado.\n
f.) Dr. Olmedo Bermeo Idrovo, Magistrado.
f.) Dr. Angel Lescano Fiallo, Magistrado.
Dr., Milton Moreno Aguirre, Magistrado.
f.) Dr. Marcelo Icaza Ponce, Conjuez Permanente.
f.) Dr. Manuel Rosales Cárdenas, Conjuez Permanente.\n
RAZON:	Las dos fotocopias que anteceden son iguales a sus\n originales, que reposan en la Secretaría General de la\n Corte Suprema de Justicia.- Certifico.- San Francisco de Quito.\n Distrito Metropolitano, noviembre 12 del 2002.
f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General de la Corte\n Suprema de Justicia.
N°\n 217-2002
ACTOR:	Luis Ignacio Rodríguez\n Tobar.
DEMANDADA:\n Lidia Inés Jinez Cruz.
Quito, 4 de octubre del 2002; a las\n 11h00.
VISTOS (323-2001): Lidia Inés Jinez Cruz, inconforme\n con la sentencia de la Corte Superior de Ambato que desecha el\n recurso de apelación por ella interpuesto en el juicio\n ordinario de reivindicación seguido en su contra por Luis\n Ignacio Rodríguez Tobar, y confirma en todas sus partes\n la sentencia subida en grado, interpone recurso de casación\n para ante una de las salas especializadas de la Corte Suprema\n de Justicia. Concedido el recurso y radicada la competencia en\n esta Sala mediante el sorteo de ley, para resolver, se considera:\n PRIMERO.- La recurrente, en su escrito de interposición;\n después de relatar los antecedentes del caso, pasa a referirse\n a lo que denomina "Demostración de la Tercera Causal\n de Casación" en la que basa su recurso y sostiene\n que se ha violado los artículos 119 y 211 del Código\n de Procedimiento Civil porque no han sido aplicados en la sentencia,\n omisión que ha permitido el rechazo de la reconvención.\n Añade que la citada infracción ha dado lugar también\n a la violación de los artículos 2434 y 2435 del\n Código Civil.". SEGUNDO.- La causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, textualmente dice: "3. Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto;..". De lo anterior se concluye que son "los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba" los que, producida su aplicación indebida\n o su falta de aplicación o su interpretación errónea,\n -una de ellas, no todas simultáneamente por incompatibles\n y contradictorias-conducen a uno de estos dos resultados: ya\n a la equivocada aplicación (1) ya a la no aplicación\n de determinada norma de derecho en la sentencia (2). Ahora bien,\n la recurrente presenta como infringidos en este caso, los artículos\n 119 y 211 del Código de Procedimiento Civil. El primero\n dice: "Art. 119.-Valoración de la Prueba.- La prueba\n deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas\n de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades\n prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez\n de ciertos actos.! El Juez no tendrá obligación\n de expresar en su resolución la valoración de todas\n las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren\n decisivas para el fallo de la causa."; y el segundo, expresa:\n "Art. 211.- Apreciación de la declaración\n testimonial.- Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza\n probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las\n reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón\n que éstos hayan dado de sus dichos y las circunstancias\n que en ellos concurran.". Sobre la sana crítica,\n el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo\n Cabanellas, Editorial Eliasta. Bs. As. Argentina, dice: "...opina\n Ossorio y Florit que, frente a la absoluta libertad del juzgador\n para apreciar y valorar las pruebas, y también frente\n a la restricción valorativa de la prueba legal (y.). surge\n el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica,\n que deja al Juez formar libremente su convicción, pero\n obligándole a establecer los fundamentos de la misma,\n en la libre convicción (v.) entra en juego la conciencia\n en la apreciación de los hechos; en la sana crítica,\n el juicio razonado. A este respecto expresa Couture que el juicio\n de valor en la sana crítica ha de apoyarse en proposiciones\n lógicas correctas y fundarse en observaciones de experiencia\n confirmadas por la realidad."; y sobre la "valoración\n de la prueba", la jurisprudencia española dice lo\n siguiente: "AP Cáceres, SS 25-04-2001 (2001/15023)...\n El Tribunal declara que la alegación de error en la valoración\n de la prueba, ha de tener por objeto el denunciar que a un determinado\n medio de prueba no se le ha reconocido el valor probatorio que\n la ley le reconoce, o bien que se le ha atribuido una eficacia\n probatoria que la ley no le da, debiendo en ambos casos citarse\n las normas de valoración de prueba aplicables a aquella\n de que se trata, pero sin que ello permita proceder a un nuevo\n examen y valoración de la prueba en su conjunto contraponiendo\n a la del Tribunal de instancia la valoración subjetiva\n del recurrente, circunstancias estas las cuales no concurren\n en el caso de autos, no pudiéndose hablar por tanto de\n un error en la valoración de la prueba aportada.".\n En el caso que se estudia, la Sala considera que el principio\n de carácter general sobre la forma de valoración\n de la prueba. contenido en el citado artículo 119, ha\n sido correctamente aplicado en la sentencia, puesto que del análisis\n de la prueba en su conjunto, el Juez de instancia, concede valor\n probatorio a los que determina en la sentencia precisamente en\n aplicación de la sana crítica, al referirse a las\n declaraciones de los testigos en las cuales basa su decisión,\n teniendo en cuenta la razón "de sus dichos y las\n circunstancias que en ellos concurran", de modo que no aparece\n la infracción alegada de los artículos transcritos\n y, como consecuencia de esto, tampoco existe en la sentencia\n cuestionada lo que debe ser resultado de lo primero, la violación\n de los artículos 2434 y 2435 alegados por el recurrente\n que se refieren al dominio de las cosas comerciales que no ha\n sido adquirido por prescripción y al tiempo necesario\n de quince (15) años para adquirirlo, respectivamente.\n Por las consideraciones que anteceden la Tercera Sala de lo Civil\n y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso de casación interpuesto por Lidia Inés\n Jinez Cruz. Sin costas ni multas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Galo Pico Mantilla, Rodrigo Varea Avilés\n y Jorge Dousdebes Carvajal, Ministros y Conjuez Permanente de\n la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil.
Quito, 4 de octubre del 2002.
N°\n 218-2002
ACTOR:	Manuel Antonio Mizhirumbay Lema.
DEMANDADO:\n Edgar Efraín González Chimbo.
Quito, 4 de octubre del 2002; a las\n 09h00.
VISTOS (334-2001): En el juicio ordinario que por nulidad\n de sentencia ejecutoriada sigue Manuel Antonio Mizhirumbay Lema\n contra Edgar Efraín González Chimbo, el actor deduce\n recurso de hecho ante la negativa al recurso de casación\n interpuesto contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de\n la H. Corte Superior de Justicia de Cuenca, mediante la cual\n confirma el fallo pronunciado por la señora Jueza Séptima\n de lo Civil del Azuay quien declara sin lugar la demanda ordinaria\n de nulidad de sentencia ejecutoriada. Aceptado a trámite\n el recurso y radicada la competencia en esta Sala, luego del\n procedimiento previo, para resolver se considera: PRIMERO.- El\n recurrente dice que: "..., fundado en las causales 1ra.,\n 2da. y 3ra. del Art. 3 de la mentada Ley de Casación..".\n Presenta el recurso y, al hacerlo, aduce los tres modos de infracción\n que contiene cada una de estas causales, sin individualizar el\n yerro, por tanto, erradamente manifiesta que se ha dado una\n Aplicación indebida, una falta de aplicación o\n errónea interpretación de normas de derecho en\n el presente fallo incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios con respecto a que establecida en una letra el lugar\n de pago, en ese lugar debe el girado cancelar el crédito,\n en la sentencia en mención, lo que ha determinado la errada\n resolución dada en la parte dispositiva de la misma;..";\n luego, así mismo equivocadamente alega en conjunto los\n tres modos de infracción al decir que "se ha dado\n en ese fallo una aplicación indebida y falta de aplicación\n y errónea interpretación de normas procesales que\n antes se citan, lo cual ha nulitado el proceso de manera insalvable,\n con la sentencia que se ha dado en esta causa;.."; persiste\n en la forma errada de interposición del recurso y añade:\n "y' en cuanto hay una aplicación indebida, una falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, que no ha sido aprobada en su conjunto de acuerdo\n a las leyes de la sana crítica y habiéndose soslayado\n pruebas aportadas por mi en autos, lo que ha dado una equivocada\n aplicación e incluso no aplicación de preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,\n lo que ha conducido, como se manifiesta antes, a una equivocada\n aplicación y no aplicación de normas de derecho,...".\n SEGUNDO.- El auto recurrido ¿n lo pertinente dice: "En\n la especie, se alega la nulidad de la sentencia por dos causales,\n esto es, por incompetencia del Juez que lo dicto (sic) y por\n no haberse citado la demanda al demandado, si el juicio se ha\n seguido y terminado en rebeldía. Examinadas estas dos\n circunstancias en el proceso, tenemos que, de las fotocopias\n del juicio ejecutivo le la sentencia impugnada (sic), aparece\n que la demanda se apoya en una letra de cambio por dos mil cien\n dólares girada a la orden de Egar (sic) González\n Chimbo, con el interés del 60% anual desde la emisión\n que es el 12 de enero de 1995, a un año plazo, aceptada\n por Manuel Antonio Mizhirumbay Lema con domicilio en General\n Morales-Cañar (lugar designado junto al nombre del girado),\n constando en la nota de aceptación que el girado-aceptante,\n se sujeta expresamente a los jueces de Cuenca, lugar en que se\n acepta la letra el 12 de enero de 1995. Esta renuncia del domicilio\n general del deudor y la sujeción a otro convencional,\n es perfectamente aceptable en esta clase de títulos -letra\n de cambio- como señala la disposición del Art.\n 411 del C. de Comercio, pues solo a falta de indicación\n especial a este respecto, se entiende que el domicilio del girado\n es el del lugar de pago y obviamente de la demanda. Esta disposición\n es concordante con la señala (sic) en el Art. 30 del C.\n de P. Civil, que dispone: 'Además del Juez del domicilio,\n son también competentes .3) El Juez al cual el demandado\n se haya sometido expresamente en el contrato;'. El fuero de las\n personas en razón del domicilio, es renunciable. Por lo\n mismo, si el deudor se sujetó a los jueces de Cuenca,\n el Juez de lo Civil, y en el caso que se juzga, el Juez o la\n Jueza Séptima de lo Civil, fue el competente para conocer\n de la acción ejecutiva, sin que por lo mismo tenga cabida\n la acción de nulidad que se juzga respecto a la competencia\n del Juez en razón del territorio. La segunda alegación,\n es la de no haberse citado al ejecutado en el lugar de su domicilio\n que lo tiene en General Morales del cantón Cañar,\n siguiéndose y terminándose el juicio en su rebeldía:\n a este respecto, el propio accionante, en su demanda, expresa\n que actualmente se encuentra, en forma transitoria dice en los\n Estados Unidos de Norte América, y que por lo mismo se\n debió estarse a lo dispuesto en el Art. 49 del C. Civil,\n (...). La disposición de la cita del actor Art. 49 del\n C. Civil, señala la habitación por algún\n tiempo en otra parte del lugar en que tiene su hogar; tiempo\n relativo explicando en la última parte de la cita, al\n señalar que la residencia accidental se asemeja (como\n dice la ley) a la del viajero, o la del que ejerce una comisión\n temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico\n ambulante, características de que carece, en lo absoluto,\n la situación del actor que, en el mejor de los casos,\n vive en los Estados Unidos de Norte América, sin saberse\n en que lugar de tan extenso País, por seis años\n que, por lo mismo, escapa de que su residencia tenga la temporalidad\n o precariedad que la ley prevé. Para casos como estos,\n la disposición del Art. 86 del C. de P. Civil, es la aplicable...".\n Basada en este razonamiento, la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Cuenca "confirma el fallo recurrido que declara\n sin lugar la acción que se Juzga.". TERCERO.- Como\n se observó en el considerando primero, el escrito de interposición\n del recurso, no cumple debidamente con el requisito exigido por\n la Ley de Casación, en razón de la forma contradictoria\n de invocar las infracciones al presentarlas sin la determinación\n de una de ellas cuando usa la conjunción disyuntiva "o"\n y al hacerlo conjuntamente con la conjunción copulativa\n "y", puesto que, la aplicación indebida (1),\n la falta de aplicación (2), la errónea interpretación\n (3), en cada una de las tres primeras causales, debe ser alegada\n individualmente más no en forma conjunta o indeterminada\n para una misma norma, como lo hace el recurrente en el texto\n del escrito transcrito anteriormente. Al respecto, la doctrina\n confirma lo anterior cuando considera que: 'La falta de aplicación\n debe ocurrir a pesar de que los hechos regulados por la norma\n estén probados, el tribunal así lo reconozca y\n el recurrente no lo discuta. La Aplicación Indebida tiene\n lugar cuando la norma legal es clara, como en el caso anterior,\n pero ocurre por uno de estos motivos: 1) Porque se aplica a un\n hecho debidamente probado, cuestión que el Tribunal reconoce\n y el recurrente no discute en ese cargo, pero no regulado por\n esa norma; 2)

References: artículo 278
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 183
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 119
 resolución