Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-25-11-1998-112311
Timestamp: 2019-09-18 05:12:31+00:00

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La derivación de responsabilidad subsidiaria por la totalidad de la deuda tributaria a la administradora única de la sociedad es conforme a derecho porque se trata de infracciones graves y se han seguido todos los trámites necesarios para la notificación y ejecución de las deudas por parte de la entidad societaria. La aplicación de la estimación indirecta de bases imponibles está ampliamente justificada porque la contabilidad no reflejaba la totalidad de los ingresos y la interesada presentó resistencia y excusa a la actuación inspectora.
En Vitoria-Gasteiz, a veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.- Vistas ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 274/95, y sus acumuladas, las 275/95 y 303/95, interpuestas por Dª , contra resolución de 2 de junio de 1995 de la Agente Ejecutiva, que confirma el acuerdo de derivación de Responsabilidad subsidiaria de , S.A. a la interesada, y contra las liquidaciones por los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido de las cuales deriva la deuda, ejercicios 1989 a 1991; cuantía: 16.220.414,- ptas..
Primero.- , S.A., entidad de la cual la interesada es administradora única y viene actuando como representante, fue sometida a comprobación inspectora cuyo resultado se documentó en dos actas de Inspección, firmadas en disconformidad, donde se hizo constar: 1.- la contabilidad de la entidad no refleja los cobros y pagos de las cuentas bancarias inspeccionadas; 2.- las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades fueron presentadas tras iniciarse el periodo inspector; y 3.- las correspondientes al IVA sólo fueron presentadas hasta el primer trimestre de 1990. Como consecuencia y previas alegaciones, son giradas liquidaciones por los impuestos y ejercicios arriba mencionados, que arrojan cuotas positivas incluyendo sanciones por infracciones tributarias graves (art. 79 de la Norma Foral General Tributaria de Álava).
Segundo.- Ante el impago en periodo voluntario se inicia el procedimiento de apremio cuya notificación a la entidad intenta sin éxito la Agencia Ejecutiva el 21 de junio de 1994. El 20 de julio siguiente, y tras hacer constar el notificador en el expediente las anotaciones '20-7-94 se niega a recibir las notificaciones de , S.A., hasta hablar con su abogado' y 'Ahora están en c/ Recoge las notificaciones que van a su nombre', se envían las providencias de apremio a dicho domicilio dirigidas a Dª , quien se hace cargo de ellas. Finalmente, el 3 de agosto de 1994, se notifican a la entidad apremiada mediante anuncio en el Boletín de la Provincia.
Tercero.- Transcurrido el plazo preceptivo sin ser satisfecha la deuda, es dictada diligencia de embargo y, resultando éste infructuoso, se declaran las partidas fallidas. El 4 de abril siguiente se adopta el acuerdo que declara la responsabilidad subsidiaria de Dª , como administradora única de , S.A., por los débitos que ascienden a un total de 16.220.414,- ptas. correspondientes a las cuotas, sanciones e intereses, acuerdo que le es notificado personalmente el 27 de abril de 1995.
Cuarto.- La interesada interpone recurso de reposición contra éste último ante la Agencia Ejecutiva, siendo desestimado por la resolución de referencia. Contra la misma, y contra las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del IVA, interpone las presentes reclamaciones económico administrativas en las que solicita su anulación en base a los siguientes argumentos: respecto de la derivación de responsabilidad subsidiaria, 1º.- no procede porque la vía de apremio fue incorrectamente abierta al no haberse notificado a , S.A. las liquidaciones de que deriva la deuda; 2º.- no le consta que se hayan notificado a dicha entidad las providencias de apremio ni la declaración de fallido; y 3º.- no ha mediado negligencia ni mala fe en sus actuaciones como representante de la citada mercantil; y respecto de las liquidaciones, 1º.- la aplicación de la estimación indirecta de bases imponibles es improcedente por cuanto la Inspección contaba con todos los datos necesarios para determinar tales bases pues constan en los libros contables y auxiliares; y 2º.- las bases imponibles calculadas son abusivas pues en ellas se incluyen como ingresos, cobros por remesas que posteriormente son devueltas y otros que no son computables en Sociedades ni en IVA (suplidos, préstamos, etc.).
Primero.- Las cuestiones que deben ser resueltas en las presentes reclamaciones económico-administrativas son dos: primera, si procede o no la derivación de responsabilidad subsidiaria sobre la reclamante, administradora única de la sociedad deudora y, en caso afirmativo, si las liquidaciones por los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido de las que procede la deuda, y derivadas de la aplicación de la Estimación Indirecta de Bases Imponibles, son o no conformes a derecho.
Segundo.- La derivación de responsabilidad subsidiaria se configura como un instrumento en manos de la Administración cuyo objeto es reforzar y garantizar el pago de las deudas tributarias a la Hacienda, cuando el mismo no se produce por los sujetos pasivos o deudores principales, que según la Ley son quienes están inicialmente obligados a realizarlo. Viene regulada en la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, en los artículos 37 y siguientes. En concreto, el artículo 40.1. de dicha Norma, en la redacción dada por Decreto Foral 2431/1985, de 19 de junio, establece:
'Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.'
Por su parte, el Reglamento Foral de Recaudación, de 10 de mayo de 1994, en su artículo 14.1 dispone:
'En los supuestos previstos por la normas los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los deudores principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos, de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 193 y siguientes de este Reglamento.
b) Que se haya dictado un acto administrativo de derivación de responsabilidad.'
Y en su punto dos establece que el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria ha de ser notificado al interesado con expresión de:
'a) Los elementos esenciales de la liquidación y el texto íntegro del acuerdo declarando la responsabilidad subsidiaria y la cantidad a que alcance la misma.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos por el responsable subsidiario tanto contra la liquidación practicada como contra la extensión y fundamento de su responsabilidad, con indicación del plazo y órganos ante los que habrían de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la cantidad a que se extiende la responsabilidad subsidiaria, de acuerdo, en particular, con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20 de este Reglamento.'
Tercero.- En el caso que nos ocupa, el procedimiento de apremio fue correctamente incoado, seguido y finalizado porque, tal y como concluye este Tribunal en la resolución de la reclamación económico-administrativa seguida con el número 273/95, interpuesta asimismo por la interesada en nombre y representación de , S.A. y aprobada en la sesión de 12 de noviembre de 1998, las notificaciones de las liquidaciones fueron reiteradamente intentadas por las Oficinas Gestoras, y sistemáticamente rechazadas por la entidad, sirviendo a efectos del cómputo del plazo de ingreso voluntario la fecha de publicación de aquéllas en el BOTHA.
Constan, además, en el presente expediente, los intentos por parte de la Agencia Ejecutiva de notificar la deuda a la sujeto pasivo, la diligencia del notificador sobre el rehuse de las mismas y la, finalmente conseguida el 20 de julio de 1994, notificación personal de las providencias de apremio a la administradora única de la citada mercantil, así como el anuncio al respecto en el periódico oficial mencionado. Ante tales evidencias, no puede admitirse la manifestación de la reclamante de que no le constan las providencias de apremio ni los actos tendentes al cobro de la deuda.
El procedimiento finaliza con la declaración de partida fallida debida a la insolvencia de la entidad apremiada, quien, tal y como se hace constar en el expediente, carecía de bienes amillarados y de fondos en sus cuentas corrientes, por lo que el intento de embargo resultó infructuoso.
Cuarto.- En este punto cabe analizar si se da el presupuesto de hecho necesario para la derivación, y que no es otro que la existencia de infracción tributaria grave. Al respecto ha de acudirse a la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, que, en su artículo 79 establece que es infracción grave dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la deuda tributaria. Por tanto, ha de concluirse que la derivación de la responsabilidad sobre la reclamante es conforme a derecho, careciendo de virtualidad la alegación de ésta de que no existió por su parte actuación que propiciara el incumplimiento tributario; y ello por el simple hecho de ser la administradora única de la sociedad deudora, y por tanto, la responsable de la no presentación de las liquidaciones tributarias o de las imprecisiones de las presentadas, así como de las omisiones de la contabilidad -circunstancias determinantes de la controvertida deuda-, máxime cuando fue ella la interlocutora ante la Inspección durante la comprobación, lo cual implica su conocimiento desde el principio del resultado de la misma.
Quinto.- Queda pues por determinar si las liquidaciones origen de la misma son o no conformes a derecho, habida cuenta de que se liquidan bases calculadas por aplicación del régimen de estimación indirecta.
La Norma Foral General Tributaria de Álava de 31 de mayo de 1981, en su artículo 48, y el Reglamento General de Inspección de 9 de diciembre de 1986, en su artículo 64, establecen que cuando la Administración no pueda conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o rendimientos, por el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables por parte de los sujetos pasivos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora, se aplicará el régimen de estimación indirecta. Como constitutivas del citado incumplimiento sustancial se contemplan, entre otras circunstancias, la existencia de omisiones e inexactitudes en los registros y documentos contables que oculten o dificulten gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas, y la imposibilidad de verificar las declaraciones mediante la aplicación de los criterios y técnicas generalmente aceptados a la documentación facilitada por el interesado.
Sexto.- En el presente supuesto, y según se desprende de la documentación de los expedientes, , S.A. presentó las autoliquidaciones por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios controvertidos una vez notificado el inicio de las actuaciones inspectoras, y respecto del IVA, únicamente hasta el primer trimestre de 1990; rechazó sistemáticamente las citaciones de los actuarios para que su representación se personase en las dependencias de la Hacienda Foral durante la comprobación; su contabilidad no reflejaba la totalidad de ingresos y pagos que sí aparecían en los extractos de cuentas bancarias, los cuales, al contrario de lo manifestado por la interesada, llegaron a manos de los inspectores porque los requirieron a las entidades bancarias; y, finalmente, como consta en el informe ampliatorio del Acta de disconformidad, emitido tras formular la representante de la mercantil alegaciones sobre la incorrección de los incrementos de las bases imponibles, los extractos bancarios revelan que, atendiendo a las explicaciones de la interesada, las bases ocultadas son incluso superiores a las propuestas por la inspección.
Todo ello justifica sobradamente la estimación indirecta de bases imponibles, cuya aplicación resulta menos gravosa que la de los criterios que reiteradamente viene solicitando la reclamante, por todo lo cual ha de concluirse que las liquidaciones impugnadas son conformes a derecho.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 274/95, y de sus acumuladas, las 275/95 y 303/95, interpuestas por Dª , contra resolución de 2 de junio de 1995 de la Agente Ejecutiva, que confirma el acuerdo de derivación de Responsabilidad subsidiaria de S.A. a la interesada, y contra las liquidaciones por los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido de las cuales deriva la deuda, ejercicios 1989 a 1991,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a Derecho.
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 544/2017, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1196/2016, 11-07-2017
Orden: Administrativo Fecha: 11/07/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Galindo Gil, María Dolores Num. Sentencia: 544/2017 Num. Recurso: 1196/2016
Resolución de TEAC, 00/5201/1999, 07-09-2000
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 07/09/2000 Núm. Resolución: 00/5201/1999

References: resolución 
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 artículo 40
 artículo 14
 artículo 20
 resolución 
 artículo 79
 artículo 48
 artículo 64
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