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Timestamp: 2018-09-20 13:10:22+00:00

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Conflictos políticos entre poderes - Cambio de Michoacán
Al maestro Édgar Caballero González
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el instrumento que regula prácticamente todos los actos jurídicos de los individuos de este país, así como de los poderes del Estado mexicano, y es un documento que además de hablar de justicia y democracia también se refiere a los posibles problemas políticos que pudieran presentarse, lo anterior como se desprende de la fracción VI del artículo 76 de la también llamada Carta Magna, numeral que señala como una de las facultades exclusivas del Senado conocer y resolver los conflictos políticos que surjan entre los poderes de los estados.
El procedimiento constitucional a que me refiero se encuentra regulado en la Ley Reglamentaria del artículo en cita, la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto del año 2007.
La ley secundaria en comento señala que tiene por objeto establecer los casos en los cuales la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión asumirá el conocimiento de las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, así como prever las bases según las cuales conocerá de ellas y regular el proceso a través del cual las resolverá, estableciendo que se estará ante una cuestión política cuando los actos o hechos constituyan un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento, surgiendo dichas cuestiones políticas en aquellos casos en que se impida el ejercicio de las atribuciones de alguno de los poderes, o cuando entre poderes deje de haber colaboración, coordinación o complementación a que están obligados de acuerdo con la división de poderes, o cuando alguno de ellos realice declaraciones en medios que pongan en duda el ejercicio de otro poder o poderes, también habrá una cuestión política a resolver cuando los titulares o integrantes de los poderes pasen de las declaraciones al enfrentamiento físico entre ellos, provocando que se interrumpa el orden constitucional, y en general será motivo de este procedimiento constitucional todos aquellos actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer en perjuicio de otro u otros.
La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión asumirá el conocimiento de las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, así como prever las bases según las cuales conocerá de ellas y regular el proceso
En este procedimiento constitucional las palabra clave son “conflictos políticos”, y lo destaco porque esa es la esencia del trámite, es decir que sólo se transitará por él cuando haya una diferencia política entre poderes de los estados, lo anterior considerando que la misma Constitución, para asuntos jurídicos, tiene a las controversias constitucionales como una forma de solución. Ahora bien, el término de cuestiones políticas que utiliza la ley analizada es ambiguo; sin embargo, más adelante pondré un ejemplo con el propósito de establecer que los supuestos regulados en ella pueden ser reales.
Tramitación en sede parlamentaria. El procedimiento se tramita ante el Senado, se puede iniciar de oficio ante un riesgo de violencia o a petición de parte interesada, lo que se hará por escrito acreditando la representación legal o la titularidad del poder en cuanto quejoso, realizando una narración de hechos y dentro de estos identificar al poder o poderes a los que se les reclama el conflicto, así como los argumentos en el que se configuré la cuestión política a dilucidar, acompañando las pruebas que acrediten el conflicto político, así como los fundamentos de derecho en que se sustente la acción intentada y los puntos petitorios sobre los que se ha de pronunciar el pleno del Senado.
Una vez recibida la solicitud de intervención en la Cámara de Senadores, se turnará a la Junta de Coordinación Política, que analizará la procedencia del trámite a partir de revisar los requisitos de fondo y forma a que me he referido, y una vez hecho lo anterior la enviará a la Mesa Directiva, la que turnará el asunto a la Comisión de Gobernación, misma que podrá requerir a la parte solicitante documentos o pruebas adicionales. También le requerirá un informe al o a los poderes señalados como contraparte, en relación con los actos o los hechos que hace valer el poder quejoso concediéndole un plazo de quince días para que rinda el informe a manera de contestación de demanda, controvirtiendo los hechos y haciendo valer defensas y excepciones si tuviere a su favor los mismos, debiendo acompañar las pruebas que las sustenten, teniendo dicho órgano colegiado la más amplia facultad de consulta y entrevistas para elaborar su proyecto de resolución; otra facultad con que cuenta la Comisión de Gobernación es que puede convocar a la Comisión Permanente para que ordene la integración del pleno de la Cámara de Senadores sobre el punto específico de pronunciarse sobre la pertinencia o no de medidas cautelares que le propondrá la multirreferida comisión, esto durante la tramitación de la investigación a efecto de que no se agrave la cuestión política surgida entre los poderes de un Estado o para suspender temporalmente los actos o hechos motivo de conflicto.
El proyecto de resolución será elaborado por la Comisión Instructora tomando en cuenta la solicitud, el informe los hechos y las pruebas de ambos y aquellos ordenados por la misma instrucción, así como las entrevistas, sus consultas y alguna opinión Amicus curiae con fundamento en el segundo párrafo del artículo 14 de la ley de referencia, tomando en cuenta lo que señala la Constitución General y la particular del estado al que pertenecen las partes, el documento con el que se resuelve el conflicto político siempre contendrá la materia o materias objeto del conflicto, si en efecto se configuró la cuestión política y si ésta afectó a uno de los poderes, las acciones u omisiones que las partes deben asumir para dar por concluido el conflicto y las prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la resolución por alguna de las partes.
Para su aprobación o desechamiento, el proyecto se someterá al pleno y en caso de que transite, es decir, sea declarado procedente será aprobado por las dos tercera partes de los miembros presentes, es decir se requiere mayoría calificada, la resolución es definitiva e inatacable; sin embargo, en contra de las actuaciones irregulares de la Comisión de Gobernación o de alguno de sus miembros podrá interponerse el recurso de revisión, el que será resuelto por la Junta de Coordinación Política y contra la inobservancia de las medidas cautelares o alguna carga procesal durante la instrucción, procederá el recurso de queja la que resolverá la misma comisión; finalmente, en contra del desacato de la resolución se podrá interponer el recurso de reclamación ante la Junta de Coordinación, la que pedirá al poder incumplido un informe dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido éste, propondrá al pleno de la Cámara de Senadores las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución en diez días hábiles siguientes y en caso de persistir en rebeldía al cumplimiento de la resolución, será considera una violación grave a la Constitución y el pleno de la Cámara de Senadores declarará su desacato pudiendo proceder en contra del poder remiso el juicio político.
Supuesto de hecho. En junio del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo en el estado declaro en la XVII Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de todo el país reunidos en esta ciudad de Morelia, que el Poder Judicial libera criminales que ellos detienen con los mismos indicios de prueba que obsequian las órdenes de aprehensión para que una vez ante los jueces, repitió, con los mismos medios de convicción, el Poder Judicial los libera; a lo anterior, el pleno del Poder Judicial fijó una posición declarando que ellos rigen sus actuaciones de acuerdo con los principios del Nuevo Sistema de Justicia, si alguno de los dos representantes hubiera roto relaciones por la declaración y el ejercicio del derecho de réplica hubiera dado lugar al supuesto de hecho a que se refiere la fracción III del artículo 3 de la ley, el que señala: “Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad…” lo anterior porque al calor del discurso y ante lo representativo de los asistentes a la mencionada Conferencia, aparecían las declaraciones del ingeniero Silvano Aureoles Conejo como desproporcionadas al haber sido muy enfático y por lo desencajado de su rostro, situación que obligó al Poder Judicial a reunirse igualmente en la capital del estado y con la presencia de todos los jueces y magistrados en derecho de réplica el magistrado Marco Antonio Flores Negrete controvirtió la manifestación pública en el mismo orden, es decir, en forma pública, defendiendo el actuar de los jueces; por fortuna para el estado, el gobernador aceptó la intervención del presidente del Poder Judicial y todo quedó en declaraciones al más alto nivel nunca antes visto al menos por este comentarista jurídico en 40 años de ejercicio profesional. Pero vea usted, amable lector, cómo el procedimiento constitucional motivo de esta entrega no es letra muerta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Expediente de varios. Esta semana la nota internacional sobre corrupción proviene de Honduras, donde detuvieron a la ex primera dama de aquel país por haber transferido doce millones de su moneda (lempiras) de un programa social a una cuenta personal, en aquel país al delito cometido por la señora Bonilla le llaman “delito de malversación de caudales públicos por apropiación”.

References: artículo 76
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3