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Timestamp: 2018-01-24 11:08:42+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 4) de 4 de marzo de 1997. Conciliación. Prejudicial. Despido improcedente - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 4 de marzo de 1997
Despido. Acto de conciliación pre-judicial. Depósito en el Juzgado: indemnización más salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de la conciliación previa. Voto particular.
Primero.-La actora viene trabajando para la Hermandad de Trabajo demandada con la categoría profesional de limpiadora y carácter de trabajadora fija de carácter discontinuo habiendo realizado diferentes campañas que en total ascienden a veinte meses. Recibió, en fecha 10 de mayo de 1995, carta del empleador por la que se le invitaba a incorporarse a su puesto de trabajo en la segunda quincena del mes de junio, sin que, con posterioridad a la misma se procediera a su llamamiento e iniciándose la actividad de la empresa el 26 de junio de 1995.
En el acto de conciliación administrativa, celebrado el 26 de julio de 1995, el empresario reconoció la improcedencia del despido, ofreciendo una indemnización de 250.833 pesetas, suma que rechazó la actora y fue consignada, al día siguiente, a disposición del Juzgado Decano. La demandante interpuso demanda ante la jurisdicción social y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictó sentencia en fecha 7 de junio de 1996, condenando al empresario al pago de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia, por importe de 378.510 pesetas, -en lugar de las 105.710 pesetas, fijadas en la sentencia de instancia por el período comprendido entre el despido y el acto de conciliación- confirmando el resto de ésta, que condenó al empleador, además, al pago de una indemnización de 255.750 pesetas
Segundo.-Se alegan como sentencias contrarias las pronunciadas por las Salas de lo Social de Extremadura y del País Vasco, de 5 de abril de 1995 y 31 de enero de 1996, respectivamente, y, efectivamente, ello es así porque la cuestión matriz y esencial en la sentencia recurrida y las dos contrarias aportadas -esta Sala no requirió a la parte recurrente a que eligiera una sola de ellas, en virtud del principio de economía procesal y no retardo en la resolución del debate litigioso, dado que ambas reunían el carácter de "contrarias"- hace relación a despidos reconocidos como improcedentes por los empresarios en el acto de conciliación extrajudicial y el diferente pronunciamiento jurisdiccional es si la cantidad a consignar por aquéllos, con el fin de limitar los salarios de tramitación hasta la fecha de celebración de dicho acto conciliatorio, es la correspondiente a la indemnización legal de 45 días por año de antigüedad, más los salarios de tramitación hasta dicho acto, o bien se cumple con la prescripción legal consignando solamente el importe de la indemnización de 45 días y no el de los salarios de tramitación. Disyuntiva que ha provocado diferentes pronunciamientos, pues en tanto la sentencia impugnada entiende que la consignación ante el Juzgado de lo Social ha de ser omnicomprensiva de ambos conceptos resarcitorios, las resoluciones con las que se establece la comparación, afirman que la repetida consignación es únicamente la relativa a la indemnización de 45 días.
Tercero.-Verificada la existencia de la contradicción, es preceptivo entrar a conocer del motivo de infracción legal aducido, cual es el artículo 56, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores, introducido en nuestro derecho por el artículo 5, apartado 16, de la Ley 11/1994, de 10 de mayo.
Prescribe, literalmente, la norma cuya infracción se denuncia, que:"En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del artículo anterior quedará limitado a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la de conciliación previa, si en dicho acto el empresario reconociera el carácter improcedente del despido y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándolo en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración del acto de conciliación".
La Sala no estima que la interpretación realizada por la sentencia recurrida infrinja el citado precepto, conforme a una interpretación sistemática y finalista del mismo. El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) preceptúa en su ordinal 1, que caso de despido improcedente en que el empleador opte por la indemnización, ésta comprenderá, párrafo a), una indemnización de cuarenta y cinco días por año de servicio, y, párrafo b), una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia del despido. Si el contenido, pues, de la sentencia condenatoria debe abarcar ambos conceptos, que tienen, igualmente, el carácter de indemnizatorios, no se comprende bien, la razón por la que el acto de conciliación administrativa, cuya finalidad es precisamente evitar el proceso, elimina uno de los conceptos que con carácter indemnizatorio deben integrar el contenido de la sentencia declarativa de la improcedencia del despido.
Es cierto que el texto literal del precepto examinado, considerado aisladamente, remite, en cuanto al depósito a realizar, en el Juzgado de lo Social, a la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, -que se refiere exclusivamente a la indemnización de 45 días de salario por año de servicio-, pero de ello no cabe concluir que la consignación no deba abarcar, también, los salarios de tramitación a los que se refiere el párrafo b), si bien limitados, como establece este ordinal 2.º, a la fecha del acto de conciliación -quizá esta limitación ha sido la determinante de la no remisión al párrafo b), en cuanto éste extiende los salarios de tramitación a fecha más lejana, que es la notificación de la sentencia declarativa de la improcedencia del despido-.
La interpretación contraria conduciría al absurdo de eliminar, "a priori", en un acto de conciliación, concebido como instrumento de evitación de proceso y de una sentencia que ponga fin al mismo, el aseguramiento de uno de los elementos indemnizatorios -salarios de tramitación- que integra junto con el de la indemnización -cuarenta y cinco días por año de antigüedad- el contenido obligatorio de la sentencia declarativa de la improcedencia del despido. Ello, conduciría, además, a una inadecuación entre la oferta del empresario y la aceptación del despedido, con la consecuencia lógica, no querida por el legislador, de vaciar de contenido aquella finalidad de evitar el proceso judicial mediante el acto de conciliación administrativo, en cuanto muy difícilmente el trabajador prestaría el consentimiento a una oferta, que no comprenda el contenido íntegro de la obligación impuesta "ex lege" al despido improcedente.
A la misma conclusión de comprender implícitamente los salarios de tramitación en la consignación de referencia, se llega aplicando preceptos del Código Civil (en adelante C.C.) El artículo 1176 de este código situado bajo la rúbrica "del ofrecimiento de pago y de la consignación", establece que "si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida"; consignación que será ineficaz -artículo 1177 del C.C.- "si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago" produciendo la cancelación de la obligación "la consignación hecha debidamente". La consignación hecha debidamente ha de conectarse, pues, con la "cosa debida", y con las reglas que rigen el pago, que ha de ser íntegro, de modo -artículo 1157 del C.C.- que "no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamen se hubiere entregado la cosa", sin que pueda compelerse al acreedor -artículo 1169 del C.C.- "a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación".
Finalmente, es de añadir, que la inclusión de salarios de tramitación en la consignación, obedece de una parte, a la finalidad del precepto de asegurar el cumplimiento de la obligación, a la que la consignación se refiere, de modo que el trabajador, exento de todo riesgo de incumplimiento, pueda aceptar la oferta de la empresa; concurso de oferta y aceptación que -en posición equilibrada- también beneficia al empleador, respecto a la limitación de salarios de tramitación. Esta interpretación guarda, además simetría, con el requisito de recurribilidad en suplicación, de la sentencia de despido, en cuanto -conforme constante jurisprudencia- el cumplimiento del mismo exige la consignación de la indemnización y de los salarios de tramitación, y ello, aunque el empleador haya optado por la reincorporación del despedido -entre otras sentencias, las de esta Sala de 23 de octubre de 1985 y auto de 31 de octubre de 1996 y sentencias del Tribunal Constitucional 90/1983, de 7 de noviembre, y 6/1986, de 3 de febrero-.
Cuarto.-En virtud de lo expuesto procede desestimar el presente recurso de casación para la unificación de doctrina condenando a la parte recurrente al pago de las costas procesales y a la pérdida del depósito realizado para recurrir, manteniéndose la cantidad consignada a efectos del cumplimiento de la sentencia impugnada.
Voto particular que formula el magistrado don José María Marín Correa, a la sentencia de esta Sala 4.ª del Tribunal Supremo, de fecha 4 de marzo de 1997, dictada en el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina núm. 3200/96.
Disiento con todo respeto del parecer mayoritario de la Sala que confirma el criterio establecido por la sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, radicada en Málaga.
La decisión del legislador plasmada en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores y referida a la interrupción del devengo de los salarios de tramitación por despido improcedente contempla dos momentos sucesivos, a saber el del ofrecimiento por parte del empresario, en aras de la avenencia; y el de la consignación, que tienen muy diferentes significado y efecto.
El ofrecimiento en conciliación tiene el doble contenido de reconocer el carácter improcedente del despido y el ofrecimiento de la indemnización prevista en el apartado a) del núm. 1 del precepto.
Sobre el contenido de este ofrecimiento resultarían aplicables "de lege ferenda" todos los razonamientos de la sentencia de la que disiento. Es ahí donde puede entenderse que el legislador fuerza a admitir una avenencia, en términos inferiores a los derechos de los trabajadores, sujeto pasivo del despido improcedente.
Este criterio no es nuevo en nuestro Ordenamiento que también silencia toda referencia a los salarios de tramitación cuando establece la configuración de la situación legal de desempleo por la conciliación del despido improcedente, con sólo 35 días de indemnización para el trabajador, y sin referencia alguna a los salarios de tramitación, según se lee en el artículo 1.º 1.c) del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
El segundo momento es el del depósito, obviamente necesario porque no se ha llegado a avenencia pues de haber habido conciliación, serían los términos de ésta los que sustituirían a las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del despido improcedente. Pues bien, el requisito legal para que se produzca el efecto de detención de los salarios de tramitación ha quedado limitado el depósito oportuno del importe de la indemnización ofrecida en el fracasado intento de avenencia, y no es razonable ampliar este requisito mas allá de los límites legales, en base a criterios sobre la bondad o insuficiencia de una norma legal, criterios que no son suficientes para excusar el sometimiento de los jueces a la Ley, imperado desde los artículos 9.º y 117.4 de la Constitución.
En definitiva, el fallo de instancia, debió ser confirmado previa desestimación del recurso de suplicación interpuesto por los trabajadores.

References: resolución 
 artículo 56
 artículo 5
 artículo 56
 artículo 1176
 artículo 56
de lege ferenda
 artículo 1
 Real Decreto