Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400051.html
Timestamp: 2019-03-26 04:10:46+00:00

Document:
se201401051
SENTENCIA: 51/2014
EXPEDIENTE Nº: 196/2007
PARTES: Compañía Minera Tiwanacu S.A. contra el Jefe Departamental del Trabajo de la ciudad Oruro y Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo interpuesto por Compañía Minera Tiwanacu S.A. impugnando la Resolución Ministerial Nº 150/07 de 17 de abril de 2007, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 13 a17; las respuestas de fs. 107 a 110 y fs. 151 a 154; la réplica de fs.194 a 195 y fs. 202 a 204, no existiendo dúplica, y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: Que Weimar Alejandro Quiroz Villarroel en representación legal de la Compañía Minera Tiwanacu S.A, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, señalando que:
El 7 de noviembre de 2006 en la ciudad de Oruro fue notificado con la “ilegal” Resolución Administrativa Nº 288/2006, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo, en la que se condena a la Compañía Minera Tiwanacu S.A. al pago de Bs.- 44.270,40.- (cuarenta y cuatro mil doscientos setenta 40/100 bolivianos) de indemnización por muerte en accidente de trabajo de su ex trabajador Guillermo Mamani Quino, basando su determinación en el artículo 88 de la Ley General del Trabajo (LGT), decisión que fue impugnada el 11 de diciembre de 2006, argumentando que las disposiciones en las que se basaron fueron superadas en primera instancia con la puesta en vigencia del Código de Seguridad Social y sus posteriores modificaciones y en segunda instancia por la Ley de Pensiones vigente, que es la que regula los seguros a largo plazo como invalidez, vejez y muerte, cuya cobertura por imperio de la Ley está a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son las recaudadoras de las alícuotas obrero patronales que cubren los seguros a largo plazo incluido el de riesgo común por accidente de trabajo, hecho que no fue valorado, emitiéndose la Resolución Administrativa Nº 001/2007 de 10 de enero, por la que el Jefe Departamental de Trabajo niega la solicitud de revocatoria y confirma en su totalidad la Resolución impugnada a lo que se recurre jerárquicamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mereciendo la Resolución Ministerial Nº 150/2007 de 17 de abril, misma que realizaría análisis jurídico en franca violación a la Ley de Pensiones que decide confirmar la Resolución Administrativa Nº 001/2007.
Señala que dicha Resolución viola la primacía de la Constitución, en relación al artículo 7 inc. d) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPE abrg.), respecto a los derechos a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad lícita, que no perjudique al bien colectivo, y artículo 157 parágrafo I, respecto a que el trabajo y el capital gozan de protección del Estado; además vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, toda vez que se dedican a la industria como actividad lícita, sin perjudicar al bien colectivo, aspecto que no habría sido considerado conforme al principio de igualdad jurídica que gozan todos los componentes del Estado sin importar la calidad de empleador o trabajador.
Refiere también que las Resoluciones recurridas son nulas de pleno derecho conforme lo establece el artículo 31 de la Constitución Política del Estado abrogado, porque las autoridades eran incompetentes para emitir resoluciones determinando pagos ilegales y en doble partida que van contra la vigencia de la Ley de Pensiones, incumpliendo obligaciones conforme lo señalado en el artículo 8 inc. a) de la Constitución Política del Estado abrogada.
Respecto al argumento basado en el artículo 88 de la LGT, que es objeto de todas las impugnaciones, señala que la indemnización por accidente de trabajo con muerte es de 24 sueldos; se debe precisar que dicha disposición es anterior a la creación de las AFP; sin embargo, el art. 98 de la citada ley, ya previno la creación de las aseguradoras, en el capítulo denominado del “Seguro Social Obligatorio” el cual señala, que la aseguradora responderá el pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones, quedando el patrono fuera de sus obligaciones, de manera que la Ley de Seguridad Social en su artículo 48 establece claramente que “En caso de que un asegurado en actividad de trabajo o en goce de subsidios de incapacidad temporal o de incapacidad permanente, muera por causa directamente relacionada con accidente del trabajo o enfermedad profesional, se pagará renta a los derecho habientes, de acuerdo a los artículos 51 a 54 y de las prestaciones funerales de acuerdo al artículo 60”. Señala además, que la misma Ley en su artículo 296 deroga todas las disposiciones contrarias a ése Código, así que a partir de esa fecha el artículo 88 de la LGT quedaría derogado, siempre y cuando los patronos afilien a sus dependientes a los seguros respectivos, de no darse la afiliación, si se aplicaría ésa norma.
Manifiesta que, la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, Ley de Pensiones abrogada, modifica el Código de Seguridad Social, disponiendo que los seguros diferidos a largo plazo como los de invalidez, vejez y muerte, son administrados por las AFP’s, donde empresas y trabajadores afiliados cotizan alícuotas pertinentes; que el artículo 90 de la referida Ley, dispone que “La prestación por muerte consiste en pensiones que se pagarán a los derechohabientes, en caso de fallecimiento del afiliado”, prosigue manifestando que “cada derechohabiente, percibirá una pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al porcentaje que correspondiere a la totalidad del capital acumulado del afiliado, porcentaje que no podrá ser inferior al setenta por ciento del salario base…”, por lo que se concluiría que la muerte a consecuencia de accidente de trabajo no conllevaría una indemnización directa del patrono, sino que éste asegura a sus dependientes, paga la prima o aporte del seguro y los derechohabientes reciben una pensión mensual no menor al setenta por ciento del salario base, disposición legal reglamentada por el DS Nº 24469 de 7 de enero de 1997, que en su artículo 73 reglamenta la concesión vitalicia para la viuda e hijos.
Por los argumentos expresados y porque las Resoluciones impugnadas fueron dictadas sin fundamento, en franca violación del ordenamiento legal y sin competencia alguna, en el entendido que éstas lesionan derechos y garantías constitucionales de la Compañía Minera Tiwanacu S.A., por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 778 y ss. del Código de Procedimiento Civil (CPC), formula demanda contenciosa administrativa contra Juan Carlos Rodríguez Zapata, Jefe Departamental de Trabajo Oruro y Walter Delgadillo Terceros, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando declarar probada su demanda y consiguientemente la nulidad de las Resoluciones Administrativas Nº 288/2006 de 7 de diciembre y 1/2007 de 10 de enero y la Resoluciones Ministerial Nº 150/2007 de 17 de abril.
CONSIDERANDO II: Que corrida en traslado la demanda, se apersonan Juan Carlos Rodríguez Zapata, Jefe Departamental del Trabajo de Oruro y Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin embargo, al tratarse de los mismos hechos, solo se tomará en cuenta lo manifestado por la autoridad que pronunció la Resolución Ministerial que dio lugar a la presentación del recurso contencioso administrativo que se analiza, el cual señala:
Considerando los antecedentes de la emisión de la Resolución Ministerial Nº 150/2007 de 17 de abril, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, corresponde señalar que de acuerdo a la Ley de Pensiones, la pensión que vienen cobrando los derechohabientes por la muerte en accidente de trabajo de su causahabiente, es una renta que desde ningún punto de vista puede ser equiparable o equivalente a la indemnización por muerte en accidente de trabajo que proviene exclusivamente de la relación de trabajo conforme dispone el artículo 88 de la LGT, siendo esta interpretación violatoria del ordenamiento legal, porque sencillamente, para la cobertura del seguro a largo plazo por muerte de un trabajador en accidente de trabajo, el empleador realiza sus aportes en la AFP, por imperio de la ley.
Respecto al hecho de haber actuado sin competencia vulnerando los artículos 7 inc. d), 31 y 157 de la CPE abrogada, refiere que las Resoluciones emitidas por el Jefe Departamental de Trabajo de la ciudad de Oruro, en las que dispone el pago de indemnización por muerte en accidente de trabajo a la viuda del ex trabajador de la Compañía Minera Tiwanacu S.A., en la suma de Bs. 44.270,40 fueron emitidos en aplicación del artículo 88 de la LGT; decisión que fue confirmada por la Resolución Administrativa Nº 001/2007, que originó la impugnación mediante recurso jerárquico, por lo que se habría asumido el conocimiento del respectivo recurso, resolviendo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, confirmando la Resolución impugnada.
En relación a lo alegado, respecto al artículo 296 del Código de Seguridad Social que determina, que quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a ése Código y por ende quedaría derogado el artículo 88 de la LGT, señala que es una apreciación incorrecta, puesto que la disposición señalada en ningún momento refiere al pago de indemnización por muerte, por lo que pretender que el artículo 88 de la LGT, quede derogado es una apreciación e interpretación incorrecta del artículo 296 que sólo deroga las disposiciones que se opongan respecto a riesgos de invalidez, vejez y muerte.
Señala que la Ley de Pensiones Nº 1732, a la que hace alusión el demandante tiene 69 artículos y su Reglamento DS Nº 24469 tiene 335 artículos y que en ninguna disposición hacen referencia a la indemnización por muerte, de donde resulta que el argumento esgrimido por el demandante es infundado. Que la Sección IV, parte VII, del Reglamento de la Ley de Pensiones se refiere a la “Prestación por muerte por riesgo profesional” y en sus 10 artículos no hace referencia a la indemnización por accidente de trabajo, de donde resulta que el artículo 88 de la LGT está en plena vigencia, evidenciándose que la Resolución Administrativa Nº 001/2007 de 10 de enero y la Resolución Ministerial Nº 150/2007 de 17 de abril, se hallan plenamente respaldadas.
Refiere que los artículos 9 y 10 de la Ley de Pensiones abrogada, que determinan el pago de pensiones a los derechohabientes, en caso de fallecimiento del afiliado, según porcentajes asignados por reglamento al porcentaje que corresponda a la totalidad del capital acumulado del afiliado, el mismo que no podrá ser inferior al setenta por ciento del salario base, si éste no percibe pensiones al momento de su fallecimiento; y la prestación por riesgo profesional que provoque el fallecimiento o incapacite definitivamente al afiliado de continuar trabajando; consisten en pensiones a favor de los derechohabientes de primer y segundo grado, quienes percibirán una pensión resultante de aplicar porcentajes asignados por reglamento al salario base del afiliado. Disposiciones que no pueden equipararse a la indemnización por muerte en accidente de trabajo, que se halla regulada por la LGT, disposición que para su cumplimiento fue ampliada mediante Ley Nº 102 de 29 de diciembre de 1944, reconocida mediante Convenio de la OIT Nº 17, ratificado por el gobierno de Bolivia mediante DS Nº 7737 de 28 de julio de 1966.Para finalizar hace referencia a la jurisprudencia emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, en su Sala Social y Administrativa, Autos Supremos Nºs 559 de 10 de agosto de 2006 y 829 de 21 de septiembre de 2006, los que señalan, son suficientes para desvirtuar la pretensión de la demanda contenciosa administrativa por carecer de fundamento legal.
Corrida en traslado la respuesta, formulada la réplica que corre de fs. 194 a 195, señala:
Que este hecho ya se habría dilucidado en la vía jurisdiccional, por lo que adjunta como antecedentes la Sentencia Nº54/2007 de 9 de agosto, emitida dentro de la Demanda Social por Pago de Indemnización por Accidente de Trabajo con muerte, instaurada por Jheny Angélica Choque Nuñez Vda. de Mamani contra la Compañía Minera Tiwanacu S.A., misma que falla declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago opuesta por la referida Compañía Minera, Sentencia que fue apelada y conforme al Auto de Vista de 15 de octubre de 2007, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro confirma la Sentencia apelada; asimismo, señala que por certificación que adjunta se demuestra que no se interpuso recurso de casación, por lo que a este alto Tribunal corresponde declarar probada la demanda y la nulidad de las Resoluciones impugnadas.
Corrida en traslado la réplica para la dúplica, no habiéndose presentado; consiguientemente, se dispuso Autos para sentencia.
Conforme al formulario de denuncia Nº 051149, por muerte en accidente de trabajo interpuesta por Jenhy Angélica Choque Nuñez Vda. de Mamani, el Jefe Departamental del Trabajo de Oruro, el 7 de diciembre de 2006 emitió la Resolución Administrativa Nº 288/2006, en la que se condena a la Compañía Minera Tiwanacu S.A. al pago de Bs.- 44.270,40 de indemnización por muerte en accidente de trabajo de su ex trabajador Guillermo Mamani Quino, basando su determinación en el artículo 88 de la LGT(fs.3 y vlta. de antecedentes administrativos); decisión que fue impugnada, mereciendo la Resolución Administrativa Nº 001/2007 de 10 de enero, por la que el Jefe Departamental del Trabajo de Oruro niega la solicitud de revocatoria y confirma en su totalidad la Resolución impugnada (fs. 4 de antecedentes administrativos), la misma que es objetada por la viuda mediante recurso jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mereciendo la Resolución Ministerial Nº 150 de 17 de abril, misma que decide confirmar la Resolución Administrativa Nº 001/2007(fs. 6 y 7 de antecedentes administrativos).
De fs. 187 a 191. cursa la Sentencia Nº54/2007 de 9 de agosto, emitida por el Juzgado Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en la Demanda Social por Pago de Indemnización por Accidente de Trabajo con muerte, instaurada por Jheny Angélica Choque Nuñez Vda. de Mamani contra la Compañía Minera Tiwanacu S.A., la misma falla declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago opuesta por la Compañía Minera demandada, Sentencia que fue apelada y conforme al Auto de Vista de 15 de octubre de 2007, la Sala Social y Administrativa de la extinta Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro confirmó la Sentencia apelada(fs. 192 a 193).Por certificación de fs. 186 expedida por el Secretario del Juzgado de Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de dicha Corte, se verifica que ninguna de las partes intervinientes del proceso social señalado interpuso recurso de casación alguno.
CONSIDERANDO IV: Que en virtud a la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del artículo 10 paragrafo I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, según la veracidad o no del reclamo planteado, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en sede administrativa.
En ese entendido, de la compulsa de los datos procesales y la Resolución Ministerial impugnada, se concluye que:
El objeto de la presente controversia radica en establecer si el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, al confirmar en Resolución de Recurso Jerárquico la Resolución impugnada, empleó correctamente la normativa aplicable al caso.
Para resolver esta controversia debemos tomar en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), que señala: “El Estado, mediante Tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de seguridad industrial y los de seguridad social”; en ese contexto el artículo 122 de nuestra Ley Fundamental determina que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la Ley”; por su parte el artículo 179 parágrafo I del mencionado cuerpo legal, establece que: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los jueces…”.
En ese contexto, el artículo 43 inc. g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), respecto a la competencia de los Jueces de Trabajo y Seguridad Social, en la tramitación señala: “De las acciones de declaratoria de derechos en favor de la concubina del trabajador fallecido y sus hijos”; a su vez el artículo 243 del mismo cuerpo legal establece:“Los casos previstos en el artículo 88 de la Ley General del Trabajo y su ampliación mediante Ley Nº 102 de 29 de diciembre de 1944 y DS Nº 1260 de 5 de julio de 1948, relativa a la declaratoria de derechos para cobro de los beneficios sociales fincados al fallecimiento de un trabajador en favor de su concubina e hijos, se determina que se sustanciarán ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social la vía sumarísima que sigue”(negrillas añadidas).
Ahora bien, de antecedentes administrativos se tiene que de acuerdo al formulario de denuncia Nº 051149, por muerte en accidente de trabajo interpuesta por Jenhy Angélica Choque Nuñez Vda. de Mamani, el Jefe Departamental del Trabajo de Oruro, el 7 de diciembre de 2006 emitió la Resolución Administrativa Nº 288/2006, en la que se condena a la Compañía Minera Tiwanacu S.A. el pago de Bs. 44.270,40 de indemnización por muerte en accidente de trabajo de su ex trabajador Guillermo Mamani Quino, basando su determinación en el art. 88 de la LGT, decisión que fue impugnada, mereciendo la Resolución Administrativa Nº 001/2007 de 10 de enero, por la que el Jefe Departamental del Trabajo de Oruro niega la solicitud de revocatoria y confirma en su totalidad la Resolución impugnada, de la cual la viuda recurre jerárquicamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mereciendo la Resolución Ministerial Nº 150/07 de 17 de abril del mismo año, misma que decide confirmar la Resolución Administrativa Nº 001/2007 (fs. 3 a 7 de antecedentes administrativos).
De manera casi paralela la viuda del ex trabajador fallecido Guillermo Mamani Quino, Jheny Angélica Choque Nuñez Vda. de Mamani promueve el proceso social demandando el pago de indemnización por accidente de trabajo con muerte contra la Compañía Minera Tiwanacu S.A., solicitando el pago de Bs. 44.270.40.- por indemnización de acuerdo a los cálculos efectuados por la Jefatura Departamental del Trabajo, la misma que por Sentencia Nº 54/2007 de 9 de agosto pronunciada por el Juzgado Primero de Partido Laboral, falla declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago opuesta por la Compañía Minera demandada(fs. 187 a 191 de antecedentes administrativos), que en su fundamento más importante sostiene que: “d) En cuanto a la excepción perentoria de pago alternativamente opuesta por la empresa demandada, se tiene que esta fue probada mediante el comprobante d pago de fs. 21 y finiquito de fs. 22 de cuyo documentos se puede inferir que al fallecimiento por accidente del Sr. Guillermo Mamani Quino sus derechos fueron satisfechos por la parte empleadora y recibidos por la ahora demandante en su condición de heredera forzosa. e) que, en el caso corresponde hacer notar que la Dirección Departamental del Trabajo viene pronunciando resoluciones administrativas arrogándose atribuciones jurisdiccionales como ocurrió en el presente caso … realizando interpretaciones equivocadas y creando falsas expectativas en el mundo litigante y motivando acciones judiciales que a la postre no tiene mayor resultado”(negrillas son nuestros); sentencia que fue apelada y conforme al Auto de Vista de 15 de octubre de 2007 (fs. 192 a 193) la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, confirma la Sentencia apelada. Por certificación de fs. 186 expedida por el Secretario del Juzgado Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de dicha Corte, se verifica que ninguna de las partes intervinientes en el proceso social señalado ha interpuesto recurso de casación.
En ese contexto, bajo el ámbito normativo descrito y conforme a los antecedentes, se establece que de manera errónea la Jefatura Departamental del Trabajo de Oruro, emitió Resolución Administrativa condenando al pago de indemnización por accidente de trabajo con muerte, contra la Compañía Minera Tiwanacu S.A., la misma que continuó con un proceso administrativo errado, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal del Trabajo, los casos contemplados en el artículo 88 de la LGT de declaratoria de derechos para cobro de beneficios sociales al fallecimiento de un trabajador en favor de su viuda e hijos, se sustanciarán ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social, por cuanto el hecho de haber pronunciado una Resolución Administrativa arrogándose atribuciones jurisdiccionales y peor aún, haber dado continuidad a ese proceso administrativo, sin competencia para tomar decisiones, en cuestiones que por mandato de Ley deben necesariamente ser resueltas en la vía jurisdiccional en la materia especializada, como son los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social, vulnerando de esta manera, la normativa laboral existente que regula y norma este procedimiento. Tan evidente es esta afirmación, que dentro de la jurisprudencia de este alto Tribunal todas las cuestiones referentes al pago de indemnización por accidente de trabajo con muerte, han sido resueltas en recursos de casación ante la Sala Social y Administrativa, así se pueden nombrar los Autos Supremos 043 de 30 de marzo de 2006, 135 de 30 de marzo de 2011 y 331 de 28 de agosto de 2012, entre otros.
En ese entendido, cabe realizar las siguientes aclaraciones, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado, “El Estado, mediante Tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores…”, en este sentido, la misión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, así como de sus Jefaturas Departamentales del Trabajo, se circunscribe a contribuir a la preservación y promoción de empleo digno; garantizar, proteger y promover el cumplimiento de los derechos socio laborales de las trabajadoras y los trabajadores, así como de las servidoras y servidores públicos; promover el desarrollo de la economía social cooperativa y erradicar toda forma de explotación, exclusión y discriminación; en ese entendido, la labor que tiene el referido Ministerio como sus Jefaturas Departamentales, es de proteger y promover el cumplimiento de los derechos laborales.
Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional 918/2013 de 20 de junio, ha establecido que: “…el DS 495 de 1 de mayo de 2010, en su artículo único modifico el artículo 10.III del DS Nº 28699, referido al procedimiento para solicitar la reincorporación laboral ante las jefaturas Departamentales de Trabajo, incluyendo además los parágrafos IV y V estableciendo que la obligatoriedad de la conminatoria en su cumplimiento a partir de la notificación, determinando además que la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que corresponda. En tal sentido, la legislación nacional prevé esta posibilidad de acudir al Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social, refiriéndose únicamente cuando el trabajador opte por su reincorporación laboral. En aquellos casos en que el trabajador despedido por causas no contempladas por el artículo 16 de la LGT, en lugar de buscar su reincorporación busque el pago de sus beneficios sociales, deberá acudir a la jurisdicción laboral conforme lo establece el art. 73 de la ley del órgano judicial (LOJ) en su numeral 4 que establece entre las competencias de las juezas y jueces en materia de Trabajo y Seguridad Social, el conocer y decidir acciones individuales o colectivas, por derechos y beneficios sociales. Así la jurisprudencia constitucional, dentro un recurso en el cual dentro una demanda laboral en la que un inspector de trabajo dispuso que la empresa demandada pague beneficios sociales, imponiendo además una multa ante el incumplimiento del empleador, el Tribunal Constitucional resolvió dicha problemática reconociendo la competencia de la judicatura laboral en el pago de beneficios sociales, determinando que: “los inspectores de trabajo dependientes de dicha cartera, no pueden instruir u obligar al pago de beneficios sociales y menos aún, están facultados para imponer sanción alguna por incumplimiento de dicho pago, señalando además que no queda duda de quién es la autoridad competente para resolver el pago de beneficios sociales de un trabajador o empleado, sin que el Ministerio de Trabajo pueda atribuirse dicha función, bajo el argumento de que debe velar por la aplicación y cumplimiento de la legislación laboral, pues esta atribución, no implica que deba suplir las atribuciones de otras autoridades y menos jurisdiccionales” (negrillas son nuestras).
Por lo manifestado, queda claro que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de sus Jefaturas del Trabajo Departamentales, en primera instancia promoverán las acciones en base a su competencia y en especial cuando el trabajador opte por su reincorporación laboral; y en los casos sobre beneficios sociales, el trabajador debe promover el proceso laboral ante las instancias jurisdiccionales competentes. En el caso de autos, se debe tomar en cuenta que la norma es aún más clara, por cuanto la competencia está dada por los incs. b) y g) del artículo 43 del CPT, considerando además que el artículo 44 del CPT establece las características de la judicatura laboral en la siguiente forma: ”la jurisdicción y competencia de la Judicatura Laboral y de Seguridad Social son privativas y sus normas son de aplicación preferente a cualquier otra. La jurisdicción por razón de territorio puede ser prorrogada por acuerdo expreso o tácito de partes; en cambio la competencia es improrrogable”, por lo que al haber actuado sin competencia en casos que son por mandato legal, de atribución del ámbito jurisdiccional y no administrativo, se estaría incurriendo en la nulidad establecida en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado; consecuentemente, en el caso de autos se realizó una interpretación errónea de la normativa aplicada al caso, por cuanto la autoridad administrativa que resolvió el recurso jerárquico debió advertir el error y desestimar el mismo, por no estar la materia en el ámbito de su competencia.
Del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la autoridad demandada, ha incurrido en conculcación de normas legales, efectuando una incorrecta aplicación e interpretación en su fundamentación respecto a la normativa aplicable; en ese entendido, sin mayores consideraciones de orden legal corresponde declarar probada la demanda.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda, consecuentemente se DEJA SIN EFECTO la Resolución Ministerial Nº 150/07 de 17 de abril de 2007 y la Resolución Administrativa Nº 001/2007 de 10 de enero de 2007; asimismo, queda nula la Resolución Administrativa Nº 288/2006 emitida por la Jefatura del Trabajo del Departamento de Oruro, debiendo dichas instancias en estos casos, derivar a la autoridad jurisdiccional competente llamada por Ley.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 157
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 88
 artículo 48
 artículo 60
 artículo 296
 artículo 88
 artículo 90
 artículo 73
 artículo 778
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 296
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 296
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 122
 artículo 179
 artículo 43
 artículo 243
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 243
 artículo 88
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución