Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00650-42028-de-marzo-8-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_41fce4d90b204b7eb660f96142a4fd40&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-03 14:49:21+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2001-00650/42028 DE MARZO 8 DE 2018
SENTENCIA 2001-00650 DE 08 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:LA PRETENSIÓN DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL SI PUEDE SER ESTUDIADA Y DECIDIDA POR UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES QUE ESTÁN EXCLUIDOS DEL CONJUNTO DE LAS FACULTADES QUE DE MANERA EXPRESA DISPONE EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 80 DE 1993, ESTO ES, LOS PODERES EXCEPCIONALES, SÍ PUEDEN SER SOMETIDOS AL CONOCIMIENTO Y A LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS. ASÍ, LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN EL MENCIONADO ARTÍCULO 14, POR LO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL PUEDE PRONUNCIARSE PERFECTAMENTE SOBRE ESTE PUNTO DE LA CONTROVERSIA. EN ESTE SENTIDO, EN EL CASO CONCRETO, NO TIENE JUSTIFICACIÓN ALGUNA LA NEGATIVA DEL TRIBUNAL ARBITRAL A LIQUIDAR EL DAÑO OCASIONADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL BAJO EXAMEN, LO QUE, LE OCASIONA UN GRAVE DETRIMENTO AL ERARIO PÚBLICO, YA QUE EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN VA INCREMENTÁNDOSE PAULATINAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Sentencia 2001-00650/42028 de marzo 8 de 2018
Rad.: 05001-23-31-000-2001-0650-01 (42028)
Actor: Sociedad Agrícola San Lucas S.A.
Demandado: Departamento de Antioquia; Ingenio Vegachí Ltda. y otro.
Referencia: Acción contractual (D. 01/84).
3.1. Sobre la prueba de los hechos.
Las pretensiones y cargos formulados en el recurso de apelación por la parte demandante buscan que, como consecuencia de la declaratoria arbitral de incumplimiento: (i) se condene solidariamente al departamento de Antioquia y al Instituto IDEA, por el daño causado como efecto las prestaciones contractuales incumplidas; y (ii) se produzca condena en concreto, de acuerdo con la cuantía definida en el peritaje practicado en el proceso. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria y, por tanto, el estudio de los hechos probados se hará en dos grandes apartes, a saber: (i) Hechos relativos a la responsabilidad solidaria del departamento de Antioquia y el Instituto IDEA; y (ii) la cuantificación del daño.
3.1.1. Sobre la prueba de los hechos relativos a la aducida responsabilidad solidaria del departamento de Antioquia y el Instituto IDEA.
• Ordenanza 1E del veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1988), por medio de la cual, la Asamblea Departamental de Antioquia autorizó al gobernador de Antioquia para participar en la constitución de una empresa industrial y comercial denominada Ingenio Vegachí Ltda., que “tiene como objeto social prioritario continuar con los propósitos básicos del Programa Agro-Industrial del Nordeste Antioqueño ‘PANA’ creado mediante Ordenanza 36 del 3 de febrero de 1986”(32).
• Certificado de existencia y representación del Ingenio Vegachí Ltda. en liquidación obligatoria que obra en el expediente, mediante escritura pública número dos mil novecientos noventa y seis (2996) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), adicionada por la escritura pública número tres mil seiscientos treinta y seis (3636) del mismo año. Según este, el Ingenio Vegachí Ltda., se constituyó entidad de orden departamental, vinculada a la Secretaría de Hacienda, cuyo objeto social consistía en “crear en el Nordeste Antioqueño (Vegachí) un núcleo de desarrollo agroindustrial con base en el cultivo y procesamiento de caña de azúcar”. Los socios son el departamento de Antioquia, con veintiocho mil ochocientas noventa (28.890) cuotas, y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA(33), con tres mil cincuenta y cuatro (3.054) cuotas(34).
• Resolución número cincuenta y dos (52) del catorce (14) de mayo de 1992(35) que adjudicó un contrato de compraventa de caña a Juan Guillermo Arbeláez.
• Contrato “de compraventa de caña de azúcar” número sesenta y cinco (065), de veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), suscrito entre Juan Guillermo Arbeláez Puerta y el Ingenio Vegachí por medio del cual Álvarez Puerta se obligó a suministrar al Ingenio Vegachí la totalidad de caña cultivada durante nueve cortes sucesivos y continuos por el término de diez (10) años, en una extensión de ciento cincuenta hectáreas (150 ha)(36).
• Cesión que hiciera Juan Guillermo Arbeláez Puerta a Agrícola San Lucas S.A. de todos los derechos y obligaciones emanados del anterior contrato, con la aquiescencia del Ingenio Vegachí, conforme al acta número dos (2) de dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993)(37).
• Modificación al contrato número sesenta y cinco (065), de catorce (14) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), mediante la que el cañicultor se obligó a suministrar exclusivamente al Ingenio Vegachí la totalidad de los frutos de la caña cultivada durante el lapso de diez (10) años; se establecieron unos parámetros de corte, análisis del cultivo y pesaje; y se definieron unas indemnizaciones, en caso de incumplimiento de los anteriores parámetros. Adicionalmente, se incluyó cláusula compromisoria, de acuerdo con la cual “[…] las partes podrán someter las controversias o diferencias relativas a la presente modificación del contrato de compraventa de caña de azúcar ya celebrado por las partes, para que sean resueltas por un Tribunal de Arbitramento el cual será designado por la Cámara de Comercio de Medellín”(38):
• Segunda modificación al contrato, suscrita el veintinueve (29) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), relativa a las indemnizaciones, edades de corte de la caña y procedimiento en caso de incendio de la caña, valor y formas de pago(39).
• Escrito de nueve (9) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997), en el cual Agrícola San Lucas y el Ingenio Vegachí presentaron solicitud conjunta de conciliación(40). En ésta, manifestaron que el Ingenio le debía doscientos ochenta y cuatro millones setenta y nueve mil doscientos un pesos ($ 284.079.201) a Agrícola San Lucas, “por concepto de indemnizaciones”, y ésta última, a su vez, le adeudaba noventa y dos millones trecientos trece mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($ 92.313.834) al Ingenio Vegachí, “por concepto de anticipo, adecuación de vías o intereses a finagro (sic)”. En la solicitud se dejó constancia expresa de que:
“Agrícola San Lucas S.A. renuncia expresamente a cualquie (sic) reclamación judicial legal o extralegal que pudiera presentarse con motivo u ocasión de cortes efectuados tardíamente hasta el 31 de diciembre de 1.997 y de pesajes tardíos, daño en soca y caña en vías hasta el mes de noviembre de 1.996, contra el Ingenio Vegachí Ltda.”.
De conformidad con lo manifestado en la anterior solicitud elevada de común acuerdo por Agrícola San Lucas y el Ingenio Vegachí, el cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa siete (1997), se celebró audiencia, en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, por las deudas mutuas mencionadas(41). Dicha conciliación fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Antioquia(42).
• El diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), Agrícola San Lucas S.A. presentó demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, con el propósito de que se declarara que el Ingenio Vegachí incumplió el contrato de suministro número sesenta y cinco (065) y que ese incumplimiento era también imputable al departamento de Antioquia y al Instituto IDEA, ya que estos no realizaron unos estudios serios de factibilidad, ni entregaron oportunamente los aportes requeridos, ni vigilaron adecuadamente el manejo financiero, ni eligieron adecuadamente a los administradores de la sociedad. Con base en lo anterior, Agrícola San Lucas solicitó que se diera por terminado el contrato y se condenara al Ingenio Vegachí a pagar los perjuicios ocasionados(43).
• Copia auténtica de la Ordenanza catorce (14) de veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998)(44), por la cual la Asamblea Departamental de Antioquia autorizó al gobernador del departamento y al gerente del Instituto IDEA, para enajenar la cuota de capital que poseía cada entidad en el Ingenio Vegachí y convenir el valor de la transacción, así como los demás términos inherentes a la negociación (art. 1º). Aparte, autorizó al gobernador para que, en nombre del departamento, asumiera los pasivos financieros, comerciales y laborales que poseía el Ingenio Vegachí a la fecha de llevar a cabo la transacción o negociación del Ingenio (art. 2º). Además, el gobernador quedó “facultado para convenir las formas de pago, tasas de interés, garantías y demás condiciones financieras a que deba sujetarse la operación crediticia autorizada, y para realizar los movimientos presupuestales que demande el cumplimiento de la presente ordenanza” (art. 4º).
• El quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se celebró la primera audiencia de trámite del procedimiento arbitral. En ésta, el tribunal se declaró incompetente para decidir sobre la imputación de responsabilidad al departamento de Antioquia y al Instituto IDEA, en atención a que dichas entidades no fueron ligadas mediante la cláusula compromisoria en la que se basa el procedimiento arbitral, ni fueron vinculadas por las partes en las etapas precedentes. En todo caso —advirtió el tribunal— “tratándose de pretensiones que tiene como marco y fundamento jurídico la responsabilidad contractual, la relación procesal queda debidamente integrada con quienes son partes en el contrato […] y que le es posible, por lo que a este aspecto se refiere, resolver de fondo sobre el tema de decisión que se plantea, sin menester de llamar al proceso, con carácter necesario, a otras personas”(45).
• Ordenanza 02E del primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999)(46), por la que la Asamblea Departamental de Antioquia autorizó al gobernador del departamento y a la gerente del Instituto IDEA, “para realizar aportes de capital al Ingenio Vegachí, con el fin de atender los compromisos económicos posconcordatarios dando prioridad a los salarios y prestaciones sociales hasta un monto igual a su liquidación definitiva y la exoneración total de las cargas laborales, obligaciones parafiscales y de seguridad social. Igualmente los facultó para determinar el monto del capital necesario para dar cumplimiento a la ordenanza” (art. 1º). En el expediente obra copia auténtica de la ordenanza.
• El diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), el tribunal de arbitramento profirió laudo en el que decretó la terminación de la relación contractual que vinculó a Agrícola San Lucas S. A. y al Ingenio Vegachí Ltda., a causa del incumplimiento de las obligaciones convencionales imputable a Ingenio Vegachí. Como consecuencia de lo anterior, condenó al Ingenio Vegachí a pagar “los perjuicios causados exclusivamente por la terminación judicial del contrato”, es decir “el valor de la utilidad calculada para la cosecha futura”.
Por otra parte, el tribunal arbitral consideró que los perjuicios que hubieran podido ocasionarse durante la vigencia del contrato, “no tienen relación de causalidad con su decreto de terminación y son entonces materia de la liquidación del mismo”. Dicha liquidación, en su parecer, debía producirse mediante el acuerdo de las partes o un acto administrativo indelegable, que “[…] es un acto necesario para que proceda la acción contencioso administrativo en relación con sus términos o con lo que es materia de liquidación. Y equivale al agotamiento de la vía gubernativa en relación con otros actos de la administración pública”. En definitiva, para el tribunal arbitral, el acto de liquidación no era susceptible de transacción, ni consecuentemente de arbitraje; pero si lo era el contenido del acto(47).
• Escritura pública ochocientos diecinueve (0819) de diez (10) de noviembre de dos mil (2000), de la cual se aportó copia auténtica(48), que evidencia que el dieciocho (18) de enero de dos mil (2000) se celebró acuerdo concordatario entre el Ingenio Vegachí y sus acreedores, aprobado por la Superintendencia de Sociedades. En dicho acuerdo, se pactó que:
“[…] el departamento de Antioquia se hará cargo de las acreencias reconocidas, graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades y que el Ingenio Vegachí entregará todos sus activos al departamento de Antioquia como compensación al pago de los pasivos en Dación (sic) en Pago (sic). Igualmente la Honorable Asamblea Departamental a través de la Ordenanza 02 E de febrero 1º de 1999, autorizó al departamento de Antioquia y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia ‘IDEA’, realizar el aporte (sic) de capital con destino a los pagos post-concordatarios” (cl. 1ª).
• Resolución 125-1149 del veintiséis (26) de junio de dos mil uno (2001)(49), por la que la Superintendencia de Sociedades declaró la situación de control, conformada por el departamento de Antioquia como matriz y por el Ingenio Vegachí en liquidación obligatoria, como subordinada, durante el tiempo comprendido entre la vigencia de la Ley 222 de 1995 y la apertura del proceso de liquidación, que tuvo lugar el treinta (30) de abril de dos mil uno (2001).
• Balance general del Ingenio Vegachí Ltda., en liquidación obligatoria(50) del cuarto (4) de abril de dos mil cinco (2005).
• Auto de 610-001875 de treinta (30) de noviembre de dos mil cinco (2005), por medio del cual la Superintendencia de Sociedades resolvió: “Declarar terminado el proceso concursal de liquidación obligatoria de la SOCIEDAD INGENIO VEGACHI [sic] LTDA. “EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA”, domiciliada en la ciudad de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”(51).
• El proceso de liquidación fue reabierto el quince (15) de julio de dos mil once (2011), con el propósito de cancelar el usufructo parcial constituido sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 003-00080017(52).
• Una vez cancelado el anterior usufructo, la Superintendencia de Sociedades decretó la terminación del proceso concursal adelantado por el Ingenio Vegachí, mediante Auto 610-001481 de veinticuatro (24) de agosto de dos mil once (2011)(53).
Las anteriores pruebas documentales (y las que se han mencionado en algunos de los hechos entreverados en la relación de pruebas), son documentos públicos o documentos auténticos, en los términos del artículo 251 inc. 3º y 252 del C. de P.C., en concordancia con el artículo 264 ejusdem. Por tanto, la Sala entrará a valorar dichos medios de prueba, si a ello hay lugar.
3.1.2. Sobre la prueba del quantum del daño.
• Dictamen pericial(54) elaborado por ingenieros agrónomos con el propósito de determinar: el valor de las indemnizaciones por cosechas perdidas; cortantes faltantes hasta la terminación del contrato e indemnización de perjuicios; el estado actual de la finca; el tiempo de abandono de la finca y de sobre-maduración de la caña de azúcar; y el tiempo aproximado en el cual no se realizó ningún tipo de abonamiento de cañas y siembra de estas(55).
El dictamen pericial determinó la “cantidad de producciones no logradas” en la finca El Porvenir entre mil novecientos noventa y tres (1993) y dos mil tres (2003). Tras ello, para determinar el valor de la producción no cosechada, el dictamen calculó los costos directos e indirectos de producción por hectárea y por año. De acuerdo con ello, definió el valor neto de producción de cada año y, finalmente, indexó dichos valores para la fecha en que se elaboró el dictamen (diciembre de 2003). Teniendo en cuenta las cantidades dejadas de producir entre mil novecientos noventa y tres (1993) y dos mil tres (2003), el dictamen concluyó que el valor total de la caña no cosechada ascendía a dos mil novecientos ochenta y cuatro mil setecientos tres mil quinientos treinta y siete pesos ($ 2.984.703.537)(56).
El departamento de Antioquia solicitó aclaración del dictamen(57), a lo que los peritos respondieron, de forma detallada, mediante escrito de diecinueve (19) de julio de dos mil cuatro (2004)(58), en el que, en síntesis, manifestaron que:
1. Habían tenido en cuenta que el Ingenio Vegachí había pagado el corte, bajada alza y transporte, conforme a lo estipulado en la cláusula décima del contrato y las resoluciones 198 y 056, aportadas por el Ingenio.
2. Los promedios de producción fueron tomados de un certificado expedido por el mismo Ingenio, sobre rendimientos por hectárea en otras fincas, el cual fue anexado al escrito de aclaración.
3. No es correcta la apreciación del departamento, de acuerdo con la cual las variedades sembradas son tardías, lo que es producto de una mala apreciación de lo consignado en la tabla 1 del dictamen; que los periodos de corte fueron tomados del contrato y que el demandante sembró variedades expresamente permitidas por el Ingenio. Por ende, afirmaron, “los peritos trabajamos sobre datos reales”.
4. El promedio de nueve (9) cortes fue tomado de lo acordado por las partes y sí se tuvo cuenta una disminución entre cada soca, lo que se refleja en la tabla 3 del dictamen, que es la base del cálculo promedio aplicado a la tabla 4, en la que, según el departamento, no había sido tenida en cuenta dicha variación. Además, indicaron los peritos que la disminución se calculó con base en una muestra, mediante técnicas de estadística inferencial, extraídas de los datos reales de corte suministrados por el Ingenio.
5. La tabla 7, en la que se encuentra el valor de la producción no cosechada, no se encontraba en el dictamen por un error de trascripción final, por lo que se incluyó en la aclaración.
6. Los cargos contractuales por la no ocurrencia del corte o corte tardío (cl. 6ª) no fueron tenidos en cuenta, porque las partes no solicitaron que así fuera.
7. Los peritos —afirman— tenían dos versiones sobre el área del cultivo. De acuerdo con plano ordenado por el Ingenio Vegachí, de 1998, el área correspondía a 152,8 hectáreas. Mientras que la información consignada en los informes del Ingenio, más actual, habla de un área sembrada de 142 hectáreas. Atendiendo a ello, los peritos tomaron el segundo dato. En todo caso, los peritos ofrecen un nuevo cálculo, que tiene en cuenta un área cultivada de 152,8 hectáreas, de acuerdo con el plano ordenado por el Ingenio Vegachí, lo cual arroja un valor total de tres mil seiscientos sesenta y dos millones novecientos dos mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 3.662.902.148).
El departamento de Antioquia no presentó refutaciones adicionales al dictamen en los actos procesales subsiguientes.
En atención a los alcances del recurso interpuesto por el Ingenio Vegachí Ltda., como apelante único, a la Sala compete dar respuesta a los siguientes interrogantes que atañen a la definición preliminar de algunos problemas procesales que deben ser resueltos para determinar la acción que venía pertinente para la resolución del asunto de fondo en razón a la naturaleza de la relación sustancial de base que vinculó a las partes. Son ellas, en su orden:
¿Las razones que subyacen en el relato fáctico que presta apoyo a las pretensiones del actor, son todas de estirpe contractual?
De resultar negativa la respuesta a esta inquietud, la Subsección deberá dar respuesta a esta otra: ¿la mixtura de motivos propios de la responsabilidad aquiliana con otros de origen contractual que ofrece la parte activa, para apoyar una misma pretensión, revela una verdadera acumulación de pretensiones?
Y si ello es así, responderá la siguiente cuestión: ¿cumplía esa pretendida acumulación, los requisitos que establecía la legislación procesal vigente al momento de trabarse la litis?
Solo si se encuentra superados estos problemas, y procedente la acumulación de pretensiones, la Sala atenderá la siguiente cuestión:
¿Existen elementos de convicción suficientes para proferir una condena en concreto?
En caso de que así sea ¿el departamento de Antioquia y el Instituto IDEA deben ser condenados solidariamente?
3.3. La Acumulación de pretensiones, como cuestión previa.
La parte actora sostiene que debe condenarse solidariamente al departamento de Antioquia y al Instituto IDEA, argumentando que: (i) pese a tener autonomía para designar a los administradores, el departamento de Antioquia y el Instituto IDEA actuaron negligentemente al nombrar al gerente y los miembros de la junta directiva del Ingenio Vegachí; (ii) la Superintendencia de Sociedades declaró la situación de control del departamento de Antioquia, como matriz, sobre el Ingenio Vegachí Ltda., como subordinada, y, según el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se presume la responsabilidad solidaria de la matriz, por lo que el departamento es solidariamente responsable; y, (iii) el departamento de Antioquia está obligado solidariamente, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza 02E y 14 de 1999, la ordenanza 14, y la escritura pública 0819.
Los primeros dos argumentos parten del supuesto de que el departamento de Antioquia y el Instituto IDEA, en su calidad de socios del Ingenio Vegachí, actuaron negligentemente, lo que llevó a dicha sociedad al concordato y a su posterior liquidación. Como puede apreciarse, los dos primeros argumentos no entrañan una controversia sobre la existencia, validez o el cumplimiento de contrato alguno suscrito entre el departamento de Antioquia, el Instituto IDEA y la sociedad demandante, que es el primer elemento de la responsabilidad contractual, sino que aluden a un daño originado en una omisión de las entidades estatales que conformaron el Ingenio Vegachí, en el cumplimiento de los deberes de diligencia que el Derecho societario impone a dichas entidades. El daño que dicha omisión ocasionara a un tercero que, como el demandante, no esté vinculado mediante el contrato de sociedad; tendría así un tenor netamente extracontractual. Por tanto, las pretensiones encaminadas a exigir la responsabilidad del departamento de Antioquia y el Instituto IDEA como consecuencia de esa supuesta omisión deben encausarse a través de la acción de reparación directa (art. 86, C.C.A.).
El tercer argumento con base en el cual la demandante busca que el departamento de Antioquia sea condenado en el sub judice se basa en la obligación que asumió el departamento de Antioquia de hacerse cargo “de las acreencias reconocidas, graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades y que (correlativamente) el Ingenio Vegachí (le) entregara todos sus activos al departamento de Antioquia como compensación al pago de los pasivos en dación en pago”, conforme al acuerdo concordatario elevado a escritura pública ochocientos diecinueve (0819) de diez (10) de noviembre de dos mil (2000). Este argumento parte así de un acuerdo de voluntades, con base en el cual la demandante exige una condena, por lo que las pretensiones apoyadas en este argumento deben ventilarse mediante acción de controversias contractuales (art. 87, C.C.A.).
Vemos pues que la pretensión dirigida a solicitar que se condene al departamento de Antioquia y al Instituto IDEA ha sido fundamentada por la demandante, por un lado, en un reproche por causa de negligencia en la observancia de los deberes que —según la actora— estas tenían en relación con el nombramiento del administrador y de los miembros de la junta del Ingenio Vegachí (una especie de culpa in eligendo, interpreta esta Sala), y por otro, en las consecuencias que tendría la situación de control en que se hallaba el departamento de Antioquia respecto del ingenio, según declaración que hizo la Superintendencia de sociedades.
A tales razones, que ciertamente encuentran su origen en circunstancias ajenas al contrato, y remiten, por tanto, al ámbito de la responsabilidad aquiliana, agrega la demandante el compromiso que habría asumido el departamento de Antioquia, de pagar las obligaciones del Ingenio con sus acreedores, reconocidas, graduadas y calificadas, conforme al acuerdo elevado a escritura pública número 819 de diez (10) de mayo del dos mil (2000).
Esta amalgama de motivos resulta, para esta Sala, bastante particular, puesto que el empleo de una buena técnica en la elaboración de la demanda supone la observancia de una armónica secuencia entre la causa petendi, las pretensiones y el medio de control seleccionado para acudir a la jurisdicción.
Sin embargo, la Sala comparte el punto de vista del a quo para entender que la parte activa ha pretendido una acumulación de pretensiones de estirpe contractual a otras de origen extracontractual.
La institución procesal de la acumulación de pretensiones estaba regulada, en materia contencioso-administrativa, para el momento en que se trabó la litis procesal entre los extremos de este proceso, por el decreto 01 de 1984. Esa codificación, en su artículo 145 (modificado por el artículo 7º de la ley 446 de 1998), disponía sobre este particular: “En todos los procesos contencioso administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil […]”. Pues bien, bajo la preceptiva del artículo 82 del C.P.C., para que resultara procedente la acumulación de pretensiones inconexas contra el demandado, era preciso que todas fueran materia de la competencia del mismo juez, pudieran tramitarse por el mismo procedimiento, y no resultaran excluyentes unas con otras, a menos que se hubieran presentado como principales y subsidiarias.
Ningún reparo encuentra esta Subsección frente al cumplimiento de los dos primeros requisitos en el presente caso, pues el Tribunal Administrativo era competente para conocer de todas ellas en primera instancia según lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del artículo 132 del C.C.A., y todas ellas debían tramitarse por la cuerda del proceso ordinario de primera instancia.
En relación con el tercero de los enunciados, resulta necesario hacer las siguientes reflexiones: la demandante ha venido a este proceso a solicitar que como resultado de una declaración arbitral de incumplimiento del contrato número sesenta y cinco (65) celebrado entre el Ingenio Vegachí Ltda. y la Sociedad Agrícola San Lucas S.A., se ordenara la liquidación del referido contrato, y que como consecuencia de ello, se profirieran unas condenas patrimoniales y solidarias a cargo del mencionado Ingenio, del Instituto de Desarrollo de Antioquia y del departamento de Antioquia. De esta manera, en principio, no parece consecuente que con ocasión de la liquidación de un contrato celebrado entre dos partes, se pretendan decisiones de condena contra personas ajenas a los suscriptores de dicho instrumento que no funjan como sucesores del deudor, condición que en modo alguno se puede predicar del instituto y del departamento demandados por causa del incumplimiento de obligaciones ajenas al contrato, como lo son la de elegir con diligencia a los administradores de la entidad contratante, y las que se derivan de la predicada condición de matriz que tendría el departamento frente al Ingenio Vegachí, obligación esta última con causa en la ley, y exigible por la cuerda extracontractual.
Tales pretensiones resultan excluyentes entre sí, salvo que las pretensiones fundadas en la culpa aquiliana se propusieran como subsidiarias de las que se formularon en razón y como consecuencia de la liquidación del contrato, técnica esta que no fue la que observó la sociedad actora en la preparación de su demanda.
Ahora, la actora sí planteó en su demanda una pretensión subsidiaria a aquellas que tenían origen en la liquidación del contrato, para que las demandadas fueran condenadas por concepto de enriquecimiento sin causa, en razón a que éstas “violaron la ley y el trabajo lícito de la sociedad demandante”. Empero, desestimada como fue esta pretensión subsidiaria por el a quo, ninguna glosa a la sentencia se observa en el recurso de apelación respecto de la decisión desestimatoria de esta pretensión, razón por la que su estudio está al margen del ámbito de competencia de esta segunda instancia.
Hay por tanto suficientes motivos para que esta superioridad funcional, siguiendo la línea argumental observada por el a quo, decida que ha habido una indebida acumulación en la demanda, de las pretensiones típicamente contractuales derivadas de la liquidación del contrato, con aquellas que tienen causa en la culpa aquiliana y en la ley, lo que impide un pronunciamiento de fondo sobre estas últimas.
3.4. Presupuestos de la sentencia de mérito.
Quedan por resolver, sin embargo, las glosas formuladas a la sentencia por el recurrente respecto de las pretensiones puramente contractuales de su demanda, que fueron desestimadas en primera instancia.
3.4.1. Competencia.
La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para el efecto(59).
El ámbito competencial de la Sala se limita a aquello que no ha sido resuelto previamente, mediante acuerdo conciliatorio(60) o laudo arbitral(61) con efectos de cosa juzgada y respecto de lo que es posible su pronunciamiento según las resultas del estudio de los asuntos procesales que se adelantó en el acápite inmediatamente precedente.
Con respecto a los efectos de la cosa juzgada en el plano contencioso-administrativo, la Subsección ha manifestado recientemente que:
“[…] la cosa juzgada en materia contencioso administrativo comporta una regulación específica y diferencial atendiendo al tipo de acción que le dio origen a la sentencia (artículo 175 del Código Contencioso Administrativo) y opera cuando se ha adoptado, en proceso anterior, una decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, sobre una causa petendi específica, en salvaguarda de la seguridad jurídica”(62).
En este orden de ideas, el ámbito en el que opera la cosa juzgada se contrae a los puntos sobre los cuales se ha producido una decisión de fondo, de acuerdo con la causa petendi de la litis.
Ahora bien, en este asunto se produjeron siguientes pronunciamientos relativos a la ejecución del contrato de suministro de caña azúcar número 65 que se muestran en el siguiente cuadro.
Acto Peticiones Decisión
Acta de Conciliación Prejudicial suscrita en la Procuraduría 32 en lo judicial en Medellín, el 4 de noviembre de 1997. “Que se nos cite, a los solicitantes a una audiencia de conciliación prejudicial, en donde, con el aval del Procurador en lo Judicial, podamos transigir, el pago de las indemnizaciones adeudadas por concepto de corte tardío de la caña, pesaje tardío por encima de las 72 horas, caña tirada en vía y daño en socas, en que ha incurrido el Ingenio a favor de la Sociedad Agrícola San Lucas S.A., las cuales procedimos a liquidar de común acuerdo, y acogiendo estrictamente lo estipulado en la última modificación al contrato de suministro de caña No. 65, suscrita el 29 de agosto de 1999 así: […] TOTAL ADEUDADO POR INDEMNIZACIONES: TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L. (305.895.735)”(63). “[…] en relación con la solicitud de conciliación prejudicial a celebrarse con Agrícola San Lucas S.A. de acuerdo a lo estipulado en la última modificación del contrato de suministro de caña de azúcar Nº 65 el saldo a pagar es de $ 284.079.201, adicionalmente la Sociedad Agrícola San Lucas S.A., adeuda al Ingenio Vegachí la suma de $ 92.313.834 de acuerdo al estado de cuentas que se anexa al expediente, las partes hemos acordado realizar el cruce de cuentas mencionadas, por lo tanto el saldo a pagar a favor de la Sociedad Agrícola San Lucas S.A. es de $ 191.765.367 que serán pagaderos en acciones de la [sic] sociedad anónima de economía mixta resultante del actual proceso de transformación del Ingenio Vegachí Ltda. […] En uso de la palabra el doctor Iván Alberto Vásquez Correa, en su calidad de gerente de la Sociedad Anónima San Lucas S.A. y en relación con la propuesta que presenta el doctor Juan Luis Toro Isaza manifiesta: En la presente liquidación se tuvieron en cuenta cortes tardías efectuados hasta el 31 de diciembre de 1997 y los conceptos de pesaje tardío, daño en soca y caña envías se liquidaron hasta el mes de noviembre de 1996, por lo tanto renunció expresamente a cualquier reclamación judicial hasta esta fecha y acepto cruce de cuentas y forma de pago propuesta por el ingenio Vegachí en la forma prenotada […] igualmente la sociedad agrícola San Lucas S.A. renuncia a los conceptos de intereses comerciales y moratorios y como ya se dijo se le pagará indexado desde el momento de causación de la obligación […]”(64).
“Que se acepte la liquidación anteriormente mencionada, y en la cual nos encontramos de acuerdo las partes”.
“Que se acepte descontar de la cifra anteriormente liquidada y adeudada por el Ingenio Vegachí, la suma de $ 21.816.534, correspondiente al cruce de cuentas que realizamos las partes durante el año 1996. Lo anterior quiere decir que el saldo a pagar por concepto de indemnizaciones es de $ 284.079.201”.
“Que el pago de las indemnizaciones anteriormente mencionadas, lo realizará el Ingenio Vegachí, con un número acciones de la sociedad de economía mixta resultante del actual proceso de transformación que sufre la sociedad equivalentes en dinero a la suma determinada en la petición 2.1. a la que se aplicará la indexación correspondiente. Dichas acciones serán entregadas máximo el día 30 de diciembre de 1997”.
“Que se suscriba un acta entre las partes, que contenga todos los puntos aquí solicitados, a fin de que refrendada por el Sr. PROCURADOR EN LO JUDICIAL, se […] al honorable TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para los fines de ley”(65).
“La sociedad AGRÍCOLA SAN LUCAS S.A. renuncia expresamente a [sic] cualquier reclamación judicial legal o extralegal que pudiera presentarse con motivo u ocasión de cortes efectuados tardíamente hasta el 31 de diciembre de 1997; y de pesajes tardíos, daño en soca y caña en vías hasta el mes de noviembre de 1996, contra el INGENIO VEGACHÍ LTDA.”.
“La sociedad AGRÍCOLA SAN LUCAS S.A., adeuda al INGENIO VEGACHÍ LTDA. la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L., por conceptos de anticipo, adecuación de vías e intereses Finagro, de acuerdo al estado de cuentas que se acompaña a la presente solicitud. Las partes acuerdan, que de lo adeudado por el INGENIO VEGACHÍ LTDA. por concepto de indemnizaciones, que asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M.L. ($ 284.079.201), se descuente lo que la SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN LUCAS [sic] la suma adeudada al INGENIO VEGACHÍ LTDA., y en consecuencia el saldo a pagar por el Ingenio Vegachí Ltda. es de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L. (191.765.367), que serán pagaderos como se estipula en la petición Nº 2.4 de la solicitud de conciliación prejudicial”(66).
Laudo Arbitral de 17 de agosto de 1999. 1. “Se declare que el INGENIO VEGACHÍ LTDA. ha incumplido contractualmente el contrato de suministro de caña de azúcar #65, celebrado con AGRÍCOLA SAN LUCAS S.A.”. “Por lo expuesto en los numerales octavo y noveno de la parte motiva del laudo, decretar la terminación del contrato que vinculó a agrícola San Lucas S.A. e Ingenio Vegachí Ltda., a causa del incumplimiento de sus obligaciones convencionales. Se acogen así las pretensiones primera y cuarta”(67).
4. “Con base en las anteriores declaraciones, se proceda a dar por terminado el contrato de suministro de caña de azúcar #065, celebrado entre las partes, con base en el incumplimiento contractual”.
3. “Se declare, que ese incumplimiento contractual le es imputable también a sus socios el departamento de Antioquia y el Idea, por cuanto en su calidad de tales, no realizaron los estudios iniciales de factibilidad del proyecto en una forma seria, no realizaron los aportes económicos en los momentos oportunos, no vigilaron adecuadamente el manejo financiero y al delegar el control administrativo, hubo MALA ELECCIÓN de los ADMINISTRADORES (GERENTES y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA) quienes llevaron [sic] la entidad a la situación actual, sin responder por ella; se permitió desde sus inicios, que se presentara el incumplimiento contractual con los consiguientes perjuicios para la DEMANDANTE y no se adoptaron los correctivo necesarios”. “Por no haber sido ligados en la cláusula compromisoria que sirve de base al proceso ni vinculados a éste en la convocación de partes del escrito de provocación y en las etapas precedentes, el tribunal se declaró no competente para decidir sobre la petición contenida en el numeral tercero del mencionado escrito, que tiene como sujetos pasivos al departamento de Antioquia y a los socios de la sociedad provocada”(68).
8. “Que se condene al ingenio, a reconocer y pagar la Cláusula penal pactada”. “La pretensión octava se niega por improcedente, según se analizó en el ordinal décimo de la parte motiva”(69).
5. “Que, se condene a EL INGENIO a pagar a título de indemnización sobre las cosechas perdidas y con base en el rendimiento que estas podían generar, una suma correspondiente al valor de las toneladas de caña con un contenido promedio de 170 Kilogramos de miel por tonelada de caña, a razón de treinta y un mil sesenta y dos pesos ($ 31.062) cada tonelada de caña, valor actual con que se liquida y pagan las cañas; esta indemnización al pagarse al valor presente, cubre los costos del dinero en el tiempo, de acuerdo al contrato celebrado y a las indemnizaciones pactadas y se señala en cuantía de trescientos cincuenta y siete millones ochocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos ($ 357.834.240)”. “Por carecer de competencia, se abstiene de pronunciamiento sobre la existencia y reconocimiento de perjuicios derivados de la ejecución del contrato que vinculó a las partes, por las razones mencionadas en el numeral octavo de esta providencia. Consecuencialmente, se abstiene de decidir sobre las pretensiones segunda (en parte), quinta, sexta, séptima, novena, décima y undécima” (subrayado añadido)(70).
6. “Que, se condene al ingenio al reembolso de los dineros retenidos en violación del contrato por concepto de ‘Trash’ (basura), que a la fecha ascienden a la suma de nueve millones treinta y siete mil treinta y siete pesos ($ 9.037.037); con los respectivos rendimientos comerciales”.
7. “Que, se condene al ingenio al pago de los intereses generados sobre la facturación pagada en mora, con el consiguiente reconocimiento de intereses sobre intereses, para las sumas causadas con más de un año de vencidas, de acuerdo a la suma de catorce millones trescientos veintiocho mil setecientos setenta y un pesos ($ 14.328.771), para lo cual se procederá a realizar la respectiva liquidación”.
9. “Que dado que el CONTRATO celebrado por las partes es de SUMINISTRO y se ha incumplido; lo que ha llevado a su terminación, se proceda a su liquidación legal y condena al pago de la suma total señalada en la liquidación, para lo cual se podrá tomar alguno de los mecanismo propuestos y descritos en el hecho DÉCIMO SÉPTIMO de este escrito”.
10. “Que se condene al INGENIO a pagar el lucro cesante, producto de la pérdida de las cosechas, al descuento por trash y el no reconocimiento oportuno de los intereses generados”.
11. “Que, habida cuenta de que los perjuicios son de carácter económico y el dinero es susceptible de sufrir el proceso devolutivo, además de generar rendimiento, se reconozca por la entidad, a maniera de indemnización, el daño emergente y el lucro cesante indexados en favor de la demandante, y el reconocimiento de los intereses comerciales y de mora a que haya lugar, los cuales deberán liquidarse”.
2. “Se declare igualmente, que con el incumplimiento del contrato se ocasionaron perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, por parte [sic] del INGENIO VEGACHÍ LTDA. a la demandante, [sic] porque las situaciones de hecho y de derecho demuestran que no solo se incumplió el contrato, sino que éste produjo, continúa produciendo y producirá en el futuro, perjuicios económicos, que deben ser asumidos por la ENTIDAD”. “A título de indemnización de perjuicios causados exclusivamente por la terminación judicial del contrato que vinculó a las partes en esta controversia, se condena a Ingenio Vegachí Ltda. a la suma de trescientos veintinueve millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos catorce pesos ($ 329.984.714) por lucro cesante, en concordancia con el dictamen pericial que obra en el expediente y con la aplicación que hace el tribunal del artículo 16 de la ley 446 buscando dar efectividad a los principios de reparación integral y de equidad, sumas que pagará Ingenio Vegachí Ltda. a Agrícola San Lucas S.A. en los términos del artículo 177 del Código Contenciosos Administrativo. Se acoge parcialmente la pretensión segunda del documento de provocación.
Atendiendo a las consideraciones sobre culpa concurrente o de la víctima, se reconoce una disminución del 30% en el monto de la condena, tal como se definió en el ordinal anterior. Por lo tanto, el valor neto a cargo de Ingenio Vegachí Ltda. asciende a doscientos treinta millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos ($ 230.989.299)” (énfasis fuera del texto)(71).
12. “Que se condene al demandado al pago de costas del proceso”. “Por no haber prosperado las pretensiones más cuantiosas consignadas en el libelo de provocación, y por darse la situación contemplada en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, no hay lugar a condena en costas”(72).
Vemos así que, el Ingenio Vegachí y Agrícola San Lucas llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre las indemnizaciones que la primera le adeudaba a la segunda, así como sobre las deudas que Agrícola San Lucas tenía con el Ingenio, por concepto de anticipo y adecuación de vías o intereses a Finagro, en audiencia de cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa siete (1997)(73).
La Sala advierte, además, que, en la solicitud de conciliación elevada de común acuerdo por las partes, se dejó constancia de que Agrícola San Lucas renunciaba a cualquier reclamación relacionada con los cortes o pesajes tardíos de la caña, que se hubieran presentado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), así como a las que pudieran ocasionarse por el daño en soca y caña en vías hasta el mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996). En este orden de ideas, tales reclamaciones quedan fuera del ámbito competencial de la Sala, ya que sobre esos puntos se produjo un acuerdo conciliatorio que hizo tránsito a cosa juzgada.
Por otra parte, en el proceso arbitral que concluyó con el Laudo de diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) se decretó la terminación del contrato número sesenta y cinco (065), en razón al incumplimiento del Ingenio Vegachí. Al respecto, el Tribunal Arbitral manifestó que:
“No cabe duda […] que el contrato fue incumplido. La parte provocada [sic] no lo ha negado, sino que ha aducido razones y explicaciones para mitigar las consecuencias. El incumplimiento contractual de Ingenio Vegachí Ltda. se evidencia en la prueba testimonial, y en los términos mismos (en este aspecto intencionalmente evasivos) del interrogatorio de parte rendido por el representante legal del Ingenio Vegachí Ltda. La posible concausa alegada por el hecho de que la demandante conocía la situación que daría lugar al incumplimiento, no distrae ni desdibuja el hecho del incumplimiento.
Dos situaciones se evidencia del comportamiento contractual de las partes, de los sendos interrogatorios de parte rendidos por los representantes legales, y de la prueba testimonial: que Agrícola San Lucas S.A. fue siempre un contratista cumplido, cuidadoso, ordenado atento a las indicaciones e instrucciones de ingenio Vegachí Ltda. y, que de otra parte, Ingenio Vegachí Ltda. fue incumplido en los pagos del precio convenido, tardío en sus instrucciones y autorizaciones sobre corte, alce y transporte de la caña, y en general, sobre la atención que correspondía a sus compromisos frente a Agrícola San Lucas S.A. Esta convicción fundada en la prueba que tiene el tribunal, le lleva a concluir que es procedente atender la demanda en el sentido de decretar la terminación del contrato por incumplimiento”(74).
De acuerdo con lo anterior, la discusión sobre el incumplimiento del contrato número sesenta y cinco (065) queda excluida del ámbito competencial de la Sala, ya que sobre este aspecto se produjo una decisión de fondo, con efectos de cosa juzgada.
Por otro lado, el tribunal arbitral reconoció y liquidó los perjuicios generados como consecuencia de la terminación del contrato, es decir,
“[…] la ganancia que hubiera podido percibir Agrícola San Lucas S.A. si el contrato se hubiere desarrollado y ejecutado en los términos convenidos, para lo cual, obviamente, habrá de tenerse en cuenta el tiempo que, para el momento en que se decrete la terminación del contrato, faltare para la terminación normal del contrato, pues esa es la ganancia o utilidad frustrada y no otra”(75).
El contrato, de haber sido cumplido, se hubiera terminado el catorce (14) de agosto de dos mil dos (2002). El laudo arbitral fue proferido el diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). En consecuencia, la liquidación de los perjuicios que hubieran tenido lugar entre esas fechas queda excluida del ámbito competencial de la Sala.
Ahora bien, el mencionado laudo definió el daño que sufrió Agrícola San Lucas S.A. durante el período de ejecución del contrato, el cual es entendido como las cosechas perdidas durante la ejecución del contrato, entendiendo por “cosecha perdida”, como “el cultivo en pie que ha de ser cosechado sin que esa cosecha resulte factible”(76). Asimismo, definió y liquidó los perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento del contrato, esto es, las ganancias que dejó de recibir Agrícola San Lucas S.A. entre agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) y agosto de dos mil dos (2002).
Teniendo claridad sobre los anteriores elementos, causa sorpresa que, bajo el argumento esotérico, conforme al cual el juzgador no podía pronunciarse sobre el acto de liquidación, pero sí sobre el contenido del acto(77), el tribunal de arbitramento se hubiera negado a liquidar el daño causado durante la ejecución del contrato. Un acto liquidatorio sin la liquidación del contrato, es un acto liquidatorio sin contenido y, por tanto, no tiene virtualidad alguna. En consecuencia, no existe diferencia entre un pronunciamiento sobre el acto o un pronunciamiento sobre el contenido del acto, por lo que esta Sala advierte que el argumento del tribunal arbitral lleva consigo una contradicción lógica insalvable.
Quizá haya querido manifestar el tribunal arbitral, de forma críptica, que le estaba vedado pronunciarse sobre el acto unilateral de liquidación, ya que —de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional— el examen del “ejercicio de las cláusulas exorbitantes por parte de la administración, no puede quedar librado a los particulares”, pero sí puede someterse a la justicia arbitral “las consecuencias patrimoniales que se pueden derivar de aplicación de estas cláusulas”(78).
En cualquier caso, este argumento no tiene cabida, ya que, como lo ha establecido la jurisprudencia reiterada de esta corporación:
“[…] los demás actos administrativos contractuales —es decir aquellos que están excluidos del conjunto de las facultades que de manera expresa recoge el hoy vigente artículo 14 de la Ley 80 de 1993, conjunto [sic] al cual la Corte Constitucional circunscribió en esa ocasión la noción de ‘poderes excepcionales’—, los demás actos administrativos contractuales —se repite— si pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de los árbitros, en la medida en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la ley establecen restricción alguna al respecto […]”(79).
Pues bien, la liquidación unilateral no se encuentra comprendida en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, por lo que el tribunal arbitral podría haberse pronunciado perfectamente sobre este punto de la controversia, abriendo proferido así un laudo con el alcance que le corresponde, el cual consiste en “[…] resolver efectivamente la disputa que se somete a consideración del tribunal de arbitramento, ya que la finalidad misma de la habilitación de los árbitros por las partes es la de obtener una solución para el conflicto que las enfrenta y dicha resolución, al ponerle fin a una disputa mediante un acto de naturaleza jurisdiccional, hace tránsito a cosa juzgada”(80).
No tiene así justificación alguna la negativa del tribunal arbitral a liquidar el daño ocasionado durante la ejecución del contrato bajo examen, lo que, cabe resaltar, le ocasiona un grave detrimento al erario público, ya que el monto de la indemnización va incrementándose paulatinamente.
Pero aún más infundada resulta la negativa del Tribunal Administrativo de Antioquia a liquidar el daño demostrado en el proceso arbitral, habiendo declarado previamente que la liquidación judicial del contrato es procedente, por considerar que en el dictamen no se había tenido en cuenta las indemnizaciones que hubieran podido producirse como consecuencia de los cumplimientos tardíos durante la ejecución del contrato, sin que esos supuestos incumplimientos —advierte la Sala— hubieran sido puestos a consideración del perito, ni del plenario, ni del tribunal arbitral precedente.
3.4.2. Vigencia de la acción.
El dos (2) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) fue negada la petición de aclaración, corrección y complementación del laudo, elevada por la demandante ante el tribunal arbitral, y la demanda contencioso-administrativa fue presentada el (28) de febrero de dos mil uno (2001)(81), cuando aún no se había cumplido el término de caducidad de dos (2) años, fijado para la acción de controversias contractuales. En consecuencia, se encuentra vigente la acción.
3.4.3. Legitimación en la causa.
Es sólida la jurisprudencia de esta Sala al afirmar que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(82), así como al precisar la diferencia que existe entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(83), en cuanto que aquella alude a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, al tanto que esta última se refiere a la efectiva vinculación de los sujetos con los hechos que prestan fundamento a las pretensiones de la demanda, sin consideración a su vinculación al proceso, razón por la que esta modalidad de legitimación no enerva la pretensión procesal en su contenido, efecto que sólo es posible si se encuentra verificada una relación sustancial preexistente, cuyas consecuencias se frustran por un hecho nuevo y probado que debilita o frustra el contenido material de las pretensiones.
De allí que se haya dicho que, si falta legitimación en la causa en el demandado, “al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder”. En este sentido, la decisión comporta, de suyo, la absolución del demandado.
Pues bien, en el caso sub lite la Sala encuentra que la Sociedad Agrícola San Lucas S.A. formó parte del contrato sesenta y cinco (065) cuya terminación se decretó en con el Laudo de diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), en razón al incumplimiento demostrado de dicho contrato por la Sociedad Vegachí Ltda. En consecuencia, Agrícola San Lucas S.A. es la persona que se encuentra legitimada para esta causa en la que se pide la liquidación del referido contrato.
Contrario sensu, en relación con el departamento de Antioquia, obliga decir que esta entidad territorial no suscribió el multicitado contrato sesenta y cinco (065), cuya existencia, incumplimiento y terminación ya declarados por la justicia arbitral, sirven de sustento para deprecar su liquidación por esta vía judicial. Sin embargo, se encuentra debidamente probado que este ente sí participó como suscriptora de un acuerdo concordatario, y adquirió en virtud de dicho acuerdo el compromiso de hacerse cargo de las obligaciones del Ingenio Vegachí Ltda., reconocidas, graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades.
Debido a esta circunstancia, la demandante considera que el departamento de Antioquia se encuentra inmerso en una relación sustancial que le vincula con ella y que legitima, por tanto, su participación en el extremo pasivo de esta causa.
Pues bien, la Subsección no comparte la anterior consideración pues ha podido verificar que la acreencia de la que es titular Agrícola San Lucas, como efecto del incumplimiento del contrato sesenta y cinco (065) por parte del Ingenio Vegachí, no forma parte de aquellas que fueron reconocidas, graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades, y no se entiende por tanto, que esta obligación integre el objeto del acuerdo concordatario elevado a escritura pública número 819 de diez (10) de mayo del dos mil (2000). Esto no implica –como sostuvo el a quo– que dicho acuerdo tuviera por objeto único una dación en pago, ya que, como consta en su cláusula primera, con este acto se aprobó un acuerdo concordatario celebrado entre el Ingenio Vegachí y sus acreedores el dieciocho (18) de enero de la misma anualidad, en el que se determinó que el departamento se haría cargo de las acreencias reconocidas, graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, no probó en el proceso de autos que la acreencia cuya liquidación y pago pretende el demandante, hubiera sido reconocida, graduada y calificada por la Superintendencia de Sociedades.
La Sala advierte que la sociedad demandante solicitó al tribunal que exhortara a la Superintendencia de Sociedades, para que remitiera copia de la carpeta completa del proceso concordatario del Ingenio Vegachí Ltda.(84), a lo que el tribunal accedió, advirtiendo que la demandante debería estar “presta a suministrar el valor para la expedición de las copias que se requieran”. En respuesta a dicho exhorto, la Superintendencia de Sociedades respondió, solicitando que:
“[…] precise las actuaciones que se requieren dentro del proceso que ante el TRIBUNAL le adelanta la sociedad demandante a la compañía mencionada, por cuanto el proceso concordatario de INGENIO VEGACHÍ LTDA. “EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIO” está contenido en un voluminoso expediente que consta de seis (6) cuadernos y el liquidatorio consta de un cuaderno, razón por la cual desde el punto de vista práctico resulta conveniente determinar en forma concreta los documentos a que alude el Exhorto (sic) del citado despacho”.
Sin embargo, la demandante no estuvo presta a responder el anterior oficio remitido por la Superintendencia de Sociedades y decidió guardar silencio. Por ello, no fue posible determinar si las acreencias reclamadas habían sido reconocidas, graduadas y calificadas por la Superintendencia de Sociedades.
En consecuencia, debido a la inactividad procesal de Agrícola San Lucas, no se demostró en el sub lite que la acreencia de la cual es titular Agrícola San Lucas, como efecto del incumplimiento del contrato sesenta y cinco (065) por parte del Ingenio Vegachí, hubiera sido reconocida, graduada y calificada por la Superintendencia de Sociedades. Por tanto, el acuerdo concordatario suscrito no es extensivo a dicha acreencia.
Por lo anterior, esta colegiatura no encuentra probado que el departamento de Antioquia se encuentre inmerso en la relación predicada por el actor para legitimar su intervención como extremo pasivo para esta causa.
3.5. Análisis del cargo por falta de concreción de la condena.
3.5.1. Sobre la liquidación de los perjuicios ocasionados durante el período de ejecución del contrato número sesenta y cinco (065) como consecuencia del incumplimiento del Ingenio Vegachí Ltda.
Como factores determinantes para la liquidación deprecada por el recurrente, se tienen los siguientes:
• En la audiencia de conciliación de cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa siete (1997) el Ingenio Vegachí y Agrícola San Lucas llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre las indemnizaciones que aquel debía pagarle a esta, así como sobre las obligaciones que Agrícola San Lucas tenía con el Ingenio por concepto de anticipo y adecuación de vías o intereses a Finagro, en la audiencia de conciliación de cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa siete (1997)(85). En el acta de conciliación, se ratificó la renuncia de Agrícola San Lucas a cualquier reclamación relacionada con los cortes o pesajes tardíos de la caña, que se hubieran presentado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), así como a las que pudieran ocasionarse por el daño en soca y caña en vías hasta el mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
• En el procedimiento arbitral que culminó con la declaración de terminación del contrato número sesenta y cinco (065) quedó demostrado que:
“[…] Agrícola San Lucas S.A. fue siempre un contratista cumplido, cuidadoso, ordenado atento a las indicaciones e instrucciones de ingenio Vegachí Ltda. y, que de otra parte, Ingenio Vegachí Ltda. fue incumplido en los pagos del precio convenido, tardío en sus instrucciones y autorizaciones sobre corte, alce y transporte de la caña, y en general, sobre la atención que correspondía a sus compromisos frene a Agrícola San Lucas S.A.”(86).
• El laudo de diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) definió y liquidó las ganancias que dejó de recibir Agrícola San Lucas S.A. entre agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) y agosto de dos mil dos (2002), esto es, entre el momento en el que se dictó el laudo y el momento en el que hubiera terminado el contrato, en virtud del plazo pactado.
• Así mismo, el Laudo definió el daño que sufrió Agrícola San Lucas S.A. por las cosechas pérdidas durante la ejecución del contrato, entendiendo por “cosecha perdida”, como “el cultivo en pie que ha de ser cosechado sin que esa cosecha resulte factible”(87).
• Sin embargo, el tribunal arbitral no liquidó perjuicios que Agrícola San Lucas S.A. soportó antes de la terminación del contrato que se produjo con el laudo, porque - en su entender esto así parte de la liquidación y sobre ello no podía pronunicarse(sic). Al respecto, manifestó:
“Si se refiere al lucro cesante, es viable la condena. Si a cosechas perdidas hasta el momento de la terminación del contrato, no es perjuicio por ruptura sino por incumplimiento precedente. En cuyo caso, sería materia de la liquidación del contrato”.
• Faltó así liquidar los perjuicios que sufrió Agrícola San Lucas S.A. por la pérdida de cosechas que tuvo lugar entre el 31 de diciembre de 1997 y agosto de 1999, es decir, entre la suscripción el acuerdo conciliatorio y el momento en el que se profirió el laudo.
Vemos pues que el laudo reconoció y liquidó el lucro cesante, mas no el daño emergente, pese a haber aceptado que el Ingenio Vegachí Ltda. incumplió el contrato número sesenta y cinco (065), ocasionando la pérdida de cosechas durante su ejecución. Corresponde así a la Sala, con base en las pruebas practicadas en el sub judice, liquidar el daño emergente que el Ingenio le ocasionó a Agrícola San Lucas con el incumplimiento de dicho contrato, y que no fue reconocido y pagado con el acuerdo conciliatorio precedente.
Sobre los daños causados al Ingenio con ocasión de la siembra de variedades tardías, cuya estimación echó de menos el tribunal Administrativo, ha de tomarse en consideración la informada apreciación de los peritos, rendida en respuesta a la solicitud de aclaración de su dictamen:
“Adicionalmente, debemos aclarar que no es correcta la apreciación de que las variedades sembradas son tardías. Al respecto, se pide revisar la tabla 1 donde se muestran las variedades realmente sembradas y su clasificación en tardías[,] medianas y precoces.
Los peritos tomamos como base las variedades realmente sembradas, y nos ajustamos a los períodos de corte de cada una de ellas, de conformidad con los términos del contrato.
Teóricamente, utilizando las técnicas estadísticas, los peritos debimos haber tomado como valor representativo del rango del periodo de corte, la mediana de los mismos. Pero decidimos tomar los extremos superiores porque:
a) Se deja un margen de seguridad para el complimiento en el corte y en la madurez.
b) Tomar como punto de corte aquel en el cual se inician las sanciones para el Ingenio, según el contrato.
Lo anterior es técnicamente correcto.
Los períodos de corte, entonces, no son invención de los peritos sino que están en el contrato. Sobra advertir que el demandante sembró variedades de las expresamente aceptadas por el Ingenio en el contrato y que se sembró variedades precoces, medianas y tardías, tal como detalla en la tabla 1 del peritaje. En ese sentido trabajamos sobre datos reales”(88).
La Sala aprecia que, en concordancia con lo anterior, el dictamen pericial había puesto de presente que la obligación de cultivar las cañas en estado de madurez variaba de acuerdo con el tipo de caña, de la siguiente forma(89):
Variedades Planilla (entre) Socas (entre) Variedades
Precoces 10-12 meses 9-11 meses Venezuela 7151 y similares
Medianas 12-14 meses 11-13 meses Coimbatore 421 y similares
Tardías 14-46 meses 12-14 meses POJ 2878, PR 61632, PR 671070 y similares
Esto además concuerda con lo convenido en el contrato número sesenta y cinco (65) de compra venta de caña de azúcar, en cuya cláusula séptima (7ª) se acordó lo siguiente:
“Edades para efectuar el corte de la caña: El cultivador vendedor permitirá el corte de las cañas en estado de madurez, la cual se estima puede alcanzarse entre los doce (12) y diez y seis [sic] (16) meses, para caña de primer corte o de plantilla y entre los diez (10) y catorce (14) meses de edad para caña de socas”(90).
En consideración a lo expuesto, esta Subsección encuentra razón suficiente para desestimar la pretensión indemnizatoria por siembras tardías, pretensión que, dicho sea de paso, se formuló sin respaldo probatorio alguno.
Pero, ante todo, recuerda la Sala que el laudo arbitral que hizo tránsito a cosa juzgada, estableció con claridad y sin ambages “[…] que Agrícola San Lucas S.A. fue siempre un contratista cumplido, cuidadoso, ordenado atento a las indicaciones e instrucciones de ingenio Vegachí Ltda.”.
Así las cosas, y considerando que el laudo arbitral concluyó que el daño causado a la demandante durante la ejecución del contrato comprendía las “cosechas perdidas”, forzoso es concluir que los perjuicios que sufrió Agrícola San Lucas y que concierne liquidar en esta sede, son los derivados de la pérdida de frutos perdidas acaecidas entre enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), y agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). Sobre este aspecto versó justamente el dictamen pericial practicado en el asunto de autos.
El dictamen fue elaborado a partir de la documentación aportada al expediente, así como los datos y demás documentos recolectados por los peritos en la visita que se realizó el cinco (5) de agosto de dos mil tres (2003) al predio El Porvenir, ubicado en los municipios Yalí y Amalfi (Antioquia). En esta visita, los peritos pudieron constatar las características climatológicas y agrológicas del predio; así como, la infraestructura existente y los equipos necesarios para el cultivo de caña, entre otros aspectos.
A partir de informes oficiales del Ingenio, así como de la información administrativa contable de Agrícola San Lucas, en el dictamen se estableció que habían sido sembradas diferentes variedades de caña en diferentes momentos, y que todas ellas estaban dentro de las variedades aceptadas en el contrato suscrito. De dichos documentos fueron extraídas también las producciones históricas de cada lote, con base en las cuales se calculó la producción media de caña de azúcar por hectárea y corte (139,5 toneladas por hectárea). Con dicha documentación, los peritos concluyeron además, que no se cosecharon las cañas en los tiempos pactados, ni fueron cosechadas todas las clases de caña, y que no se efectuó ninguna cosecha a partir de mil novecientos noventa y ocho (1998). La producción proyectada, por otro lado, se definió a partir de lo establecido en los contratos, es decir, lo que se hubiera obtenido en caso de que se hubieran cosechado todas las variedades y cantidades de caña en los tiempos pactados. Las cosechas perdidas, en las cuales se centró el dictamen, corresponden a la diferencia entre la producción proyectada y la que efectivamente se obtuvo.
El valor de las cosechas perdidas fue calculado teniendo en cuenta los valores reales históricos, los costos de producción directos e indirectos, y las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Antioquia y de Asocaña. De esta forma, fue definido el quantum de la indemnización, que se expresa en el siguiente cuadro:
Año Valor acumulado que viene Valor del año Índice Valor indexado
1998 0,00 316.790.560 9,23 346.030.328
08/1999 346.030.328 256.757.308 8,75 655.531.554
A este valor ha de deducirse el treinta por ciento (30%) en consideración a que en el Laudo se estableció que Agrícola San Lucas coadyuvó a la agravación del daño que sufrió, ya que no acudió oportunamente a la jurisdicción arbitral, para solicitar la terminación de la gravosa relación contractual en la que se encontraba. Con base en ello, el tribunal arbitral estableció que el monto de la indemnización a favor de la sociedad demandante debía reducirse en un treinta por ciento (30%), lineamiento que ha de ser atendido en sede de liquidación.
En este orden de ideas, la cifra base de liquidación ($ 655.531.554), indexada como fue a diciembre de dos mil tres (2003), fecha en la que se presentó el dictamen, una vez realizada la deducción del treinta por ciento (30%), asciende a cuatrocientos cincuenta y ocho millones ochocientos setenta y dos mil ochenta y ocho pesos ($ 458.872.088), suma ésta que debe ser traída a valor presente (a la fecha de esta providencia), de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia de la Sala, que se expone a continuación:
1. REVOCAR la sentencia de veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2. En consecuencia, se dispone CONDENAR al Ingenio Vegachí Ltda., “en liquidación obligatoria”, a pagar a la Sociedad Agrícola San Lucas S.A. la suma de ochocientos treinta y tres millones trescientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y dos pesos ($ 833.329.642) como indemnización por los perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento del contrato de venta de caña de azúcar suscrito entre éstas, durante el tiempo de ejecución comprendido entre el enero de mil novecientos noventa y ocho (1998) y agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).
3. Para los efectos pertinentes, téngase la anterior condena como liquidación judicial del contrato.
5. Cúmplase esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
6. En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
32 Folios 152 y 153 del cuaderno 2.
33 De acuerdo con la copia de la certificación de la directora de personal de la Gobernación de Antioquia aportada al proceso “[…] el Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA—, fue creado como ‘Entidad de carácter departamental, con patrimonio propio y con personería jurídica’, por la Ordenanza 13 del 31 de agosto de 164, expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia, en sus sesiones extraordinarias. || B. Que dicha entidad existe actualmente con el mismo carácter de establecimiento público de Orden Departamental [sic] y goza por tanto de autonomía jurídica, patrimonial y administrativa, con arreglo al Acto Ordenanzal [sic]” (folio 198 del cuaderno 1).
34 Folios 350 y 351 del cuaderno 1.
35 Folio 198 del cuaderno 2.
36 Folios 59 a 68 del cuaderno 1.
37 Folio 72 del cuaderno 1.
38 Folios 41 a 58 del cuaderno 1.
39 Folio 74 del cuaderno 1.
40 Folio 47 (reverso) a 53 del cuaderno 2.
41 Folio 54 del cuaderno 2.
42 Folios 55 a 57 del cuaderno 2.
43 Folios 2 a 13 del cuaderno 2.
44 Folio 190 del cuaderno 1.
45 Folios 79 a 84 del cuaderno 3.
46 Folio 188 del cuaderno 1.
47 Folios 130 a 142 del cuaderno 2.
48 Folios 8 a 14 del cuaderno 1.
49 Folios 120 a 133 del cuaderno 1.
50 Folios 534 a 539 del cuaderno 3.
51 Folios 532 a 533 del cuaderno 3.
52 Folios 530 y 531 del cuaderno 3.
53 Folios 528 y 529 del cuaderno 3.
54 Folios 211 a 249 del cuaderno 3.
55 Folios 40, 89, 177 y 178 del cuaderno 1.
56 Folios 525 a 529 del cuaderno 1.
57 Folios 265 a 267 del cuaderno 1.
58 Folios 281 a 327 del cuaderno 1.
59 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios morales, asciende a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que supera la cuantía requerida por el artículo 132 del C.C.A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta corporación. La pretensión mayor de la demanda asciende a $ 2.716.830.379,94 y la suma de 800 salarios mínimos a la fecha de la pretensión de la demanda equivalía a $ 143.000.000.
60 Artículo 66, Ley 116 de 1998. “Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”.
61 “El elemento jurisdiccional del arbitramento tiene dos aspectos centrales: (a) la decisión de los árbitros, plasmada en un laudo, debe resolver efectivamente la disputa, tiene fuerza vinculante para las partes, y hace tránsito a cosa juzgada; y (b) el arbitraje tiene naturaleza procesal, y como tal está sujeto a un marco legal, así como a lo dispuesto por las partes sobre el procedimiento a seguir”. Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2017.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 15 de mayo de 2017, Exp. 36476.
63 Folios 50 a 52 (reverso) del cuaderno 2.
64 Folio 54 el cuaderno 2.
65 Folio 52 (reverso) del cuaderno 2.
66 Folio 47 (reverso) del cuaderno 2.
67 Folio 130 del cuaderno 2.
68 Folio 81 (reverso) del cuaderno 2.
69 Folio 130 del cuaderno 2.
70 Folio 130 del cuaderno 2.
71 Folio 130 del cuaderno 2.
72 Folio 130 del cuaderno 2.
73 Folio 47 (reverso) a 53 del cuaderno 1.
74 Folios 134 a 135 del cuaderno 2.
75 Folios 278 y 279 del cuaderno 2.
76 Folio 272 del cuaderno 2.
77 Folios 130 a 142 del cuaderno 2.
78 Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 200.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto de 10 de junio de 2009, Exp. 36252; y, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de noviembre de 2012, Exp. 36709.
80 Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007.
81 Folios 15 a 35 del cuaderno 1.
82 Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13356; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010), Exp. 70001-23-31-000-1995-05072-01 (17720).
83 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000, Exp. 10.17 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Exp. 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005). C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).1; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178); y más recientemente, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Rad. 52001233100020030056502 (33861).
84 Folio 34 del cuaderno 1.
85 Folio 47 (reverso) a 53 del cuaderno 1.
86 Folio 276 del cuaderno 2.
87 Folio 272 del cuaderno 2.
88 Folio 284 del cuaderno 1.
89 Folio 214 del cuaderno 1.
90 Folio 62 del cuaderno 1.
Me aparto de la decisión que se adoptó en la sentencia del 8 de marzo de 2018, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. En cuanto a la jurisdicción de la Sala para resolver sobre las pretensiones de la demanda, surgen los siguientes interrogantes.
¿Si el Tribunal Arbitral definió que no era competente para la liquidación del contrato, el mecanismo para impugnar esa decisión no era el recurso extraordinario de anulación por haberse concedido menos de lo pedido y no un proceso ordinario para suplir la omisión en la decisión que debió proferirse en el trámite arbitral, dada la existencia de un pacto arbitral?
2. Frente a la indemnización que se ordena en el fallo, en virtud de la liquidación del contrato, también se plantean las siguientes inquietudes:
¿Podía la Sala, so pretexto de liquidar el contrato, conceder una indemnización de perjuicios adicional a la decidida en el laudo proferido, cuando la pretensión de la demanda arbitral fue que se declarara el incumplimiento y se indemnizaran los perjuicios que con esa conducta sufrió la convocante en ese proceso? ¿Ello no implica desconocer la jurisdicción arbitral dada la existencia del pacto arbitral y la fuerza de la cosa juzgada del laudo arbitral?
¿La liquidación no debió limitarse al balance de cuentas entre las partes dada las condiciones de ejecución del contrato, sin incluir una indemnización de perjuicios, que era materia del Tribunal Arbitral?

References: ARTÍCULO 14
 ARTÍCULO 14
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 251
 artículo 264
 resolución 
 artículo 148
 artículo 145
 artículo 7
 artículo 82
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 16
 artículo 177
 artículo 392
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 115
 artículo 132
 Artículo 66