Source: http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00572/2011/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D%26ra%3D%26fd%3D%26fh%3D%26u%3D%26n%3D02%3A06%3A01%3A00%3A00%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D1%26tr%3D%26tp%3D%26tf%3D%26c%3D0%26pg%3D
Timestamp: 2019-03-19 23:17:23+00:00

Document:
Criterio 1 de 1 de la resolución: 00572/2011/00/00
Fecha de la resolución: 14/02/2013
ITP y AJD. Concesiones administrativas y negocios jurídicos asimilados. Autorización para la instalación de Parques Eólicos destinados a generación de energía eléctrica.
Tras la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (que abandona el concepto de "servicio público" en el sector), las autorizaciones para el establecimiento de parque eólicos, NO pueden entenderse incluídas en las autorizaciones sujetas a Transmisiones Patrimoniales como concesiones, al faltar el elemento del desplazamiento patrimonial de un derecho de naturaleza originariamente pública. ( Cambio de Criterio: Este criterio modifica el recogido en RG 5316/2010 de 9 de Julio de 2012 ).
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada (14/02/2013), en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuestas por X, S.A. con CIF número ... y con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra acuerdos, liquidatorio y sancionador derivado de aquél, dictados por el Servicio de Inspección Tributaria de la ... de ... de ... por importe de 319.881,82€ y de 233.794,28 euros respectivamente.
Con fecha de 25 de Junio de 2010 fue incoada por la Inspección de los Tributos de ... de ... Acta de Disconformidad para regularizar la situación tributaría de X, S.A. por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales devengado por la obtención de una autorización administrativa para la instalación de los equipamientos electromecánicos del parque eólico "ampliación del ...", en los Ayuntamientos de ...de ... y ... La autorización fue publicada en el Diario Oficial de ... número ... de fecha 9 de diciembre de 2009 en el que consta la Resolución de ... de 2009 de la Dirección General de Industria Energía y Minas por la que se autorizan las instalaciones electromecánicas, se aprueba el proyecto de ejecución, y se reconoce la condición de acogida al réquingimen especial de producción de energía eléctrica, a las instalaciones del proyecto del Parque Eólico Ampliación de ... y en virtud de la cual se autoriza a X, S.A. la instalación de los equipamientos electromecánicos en el citado parque eólico “ampliación de ...”.
En dicha Acta se hace constar a efectos de la determinación de la base imponible que dado que no existe obligación de pago de un canon ni de reversión de activos, y teniendo en cuenta que la autorización concedida no tiene plazo máximo de duración señalado y que el límite previsto por la primera regla del apartado cuarto es el valor de los activos fijos afectos a la explotación, debe tomarse en consideración el presupuesto presentado por la empresa para la elaboración del proyecto el cual asciende a 9.040.045,49€, siendo tomada dicha cantidad como base imponible.
Presentadas alegaciones con fecha de 26 de Julio de 2010 por la obligada tributaria oponiéndose a la misma por considerar que la autorización administrativa para la instalación de un parque eólico no incurre en el hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales así como la incorrecta determinación de la base imponible, se dicta acuerdo de liquidación el 25 de octubre de 2010 por el que se confirma la propuesta de regularización contenida en el Acta resultando una base imponible de 7.793.142,66 euros, tipo de gravamen del 4%, cuota de 311.725,71 euros e intereses de demora por importe de 8.156,11 euros dando lugar a una deuda tributaria de 319.881,82€. La liquidación fue notificada con fecha de 3 de noviembre.
Con fecha de 25 de Junio de 2010 se inicia expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria y en el artículo 25.1 del Real Decreto 2063/2004 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, una vez recibida la preceptiva autorización del Jefe del Servicio de Inspección, a efectos de determinar, y exigir en su caso, la responsabilidad por las posibles infracciones tributarias cometidas, proponiéndose una sanción sobre la base de la cantidad dejada de ingresar (311.725,71 euros) y aplicando el coeficiente del 75% como consecuencia de la sanción mínima más los criterios de graduación por comisión repetida de infracciones tributaria y de perjuicio económico para la Hacienda Pública dando lugar a una sanción por importe de 233.794,28 euros.
Con fecha de 25 de Octubre de 2010 se dicta acuerdo sancionador por el que se confirma la sanción propuesta por importe de 233.794,28 euros, lo que se notifica el 3 de noviembre de 2010.
Con fecha de 2 de diciembre es presentada reclamación económico administrativa contra la liquidación alegándose que el otorgamiento de la autorización administrativa para la instalación del parque eólico no incurre en el hecho imponible del impuesto al tratarse de una autorización administrativa, y por tanto, de una figura distinta del servicio público tal y como venía siendo regulado en la anterior normativa (Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional) por lo que de conformidad con la declaración contenida en el art 2 de la Ley 54/1997 no cabe incluir dichas autorizaciones dentro del hecho imponible definido en el art 13 del TRITP, no pudiéndose admitir la analogía para equiparar la concesión y la autorización a efectos fiscales.
Respecto a la determinación de la base imponible, tras criticar el sistema seguido por la Administración tributaria para determinar la base consistente en el valor de la inversión presupuestada considera que determinadas partidas deberían ser excluidas de dicha base como son las de Restauración Medioambiental, que comprende las cantidades destinadas a medidas correctoras y al plan de vigilancia, y de "Seguridad y Salud".
Asimismo es presentada reclamación económico administrativa contra el citado acuerdo sancionador alegándose que la sanción impuesta es contraria a derecho por inexistencia del requisito de culpabilidad tanto por la a su vez inexistencia de hecho imponible como por la concurrencia de interpretación razonable distinta de la que hace la Administración tributaria. Añade que corresponde a la Administración tributaria probar que la interpretación normativa a la que el obligado tributario se ha acogido no es razonable mencionado en apoyo de ello jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Concurren los requisitos de competencia, cuantía, interposición en plazo y legitimación que son presupuesto para la admisión a trámite de las presentes reclamaciones, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, Ley General Tributaria promovida contra acuerdos, liquidatorio y sancionador, dictados por el Servicio de Inspección Tributaria de la Delegación Territorial de Lugo de la ... de ... de la ... de en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La cuestión principal se refiere a la sujeción al Impuesto de la autorización administrativa concedida, en su momento, por ... a la entidad reclamante, como acto o negocio equiparable a las concesiones administrativas, en los términos del artículo 13.2 del RD Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad “transmisiones onerosas”. Dicho precepto recoge que “2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares”.
En el caso de referencia, la Administración Tributaria gallega ha estimado que la autorización administrativa concedida a la entidad X, S.A. para la instalación del Parque Eólico “ampliación del ..." cumple las condiciones señaladas y, por tanto, había de quedar sujeta al Impuesto, procediendo la regularización dictada. Por el contrario, la reclamante niega tal conclusión sobre la base de negar que la actividad de generación de electricidad sea un servicio público.
Centrada la cuestión en las características de la autorización, el debate se concreta en la consideración del objeto de la misma: permitir a la entidad autorizada la producción de energía eléctrica a través del Parque Eólico indicado. Y es que de la calificación de tal actividad como servicio público depende, en gran medida, la sujeción a gravamen del acto administrativo autorizatorio.
Conviene señalar que tras la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico, se produce un cambio en el análisis del sector eléctrico al renunciar a su consideración como servicio público. Dicha norma, en su Exposición de Motivos, alude a que su fin básico es “(...) establecer la regulación del sector eléctrico con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico. Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de mas intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva perdida de trascendencia en la práctica. sustituyéndola por Ia expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional. La explotación unificada del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el Estado mediante una sociedad de mayoría publica y sus funciones son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, responsables respectivamente, de la gestión económica y técnica del sistema. La gestión económica del sistema, por su parte, abandona las posibilidades de una optimización técnica para basarse en las decisiones de los agentes económicos en el marco de un mercado mayorista organizado de energía eléctrica (...)El propósito liberalizador de esta Ley no se limita a acotar de forma más estricta la actuación del Estado en el sector eléctrico. A través de la oportuna segmentación vertical de las distintas actividades necesarias para el suministro eléctrico, se introducen cambios importantes en su regulación. En la generación de energía eléctrica, se reconoce el derecho a la libre instalación y se organiza su funcionamiento bajo el principio de libre competencia(...)”.
El acuerdo liquidatorio fundamenta, acudiendo a la normativa comunitaria, que el sector eléctrico es un servicio de interés económico general, debiéndose imponer a sus prestadores obligaciones de servicio público en virtud de criterios de interés general, debiéndose tratar como un servicio esencial respecto del cual la Administración mantiene importantes potestades de dirección y control. En la fundamentación jurídica de la liquidación se parte de la “Comunicación de la Comisión 2001/C 17/04 sobre los servicios de interés general en Europa" la cual al referirse a los denominados ”servicios de interés económico general“ incluye entre ellos a los servicios de mercado a los que los Estados miembros imponen determinadas obligaciones de servicio público y en virtud de criterios de interés general. Se tiende así a abarcar ámbitos tales como las redes de transporte, la energía y las comunicaciones. Señala el acuerdo de liquidación que tanto la Directiva 96/92/CE como la 2003/54/CE que la sustituye, como la actual 2009/72/CE señalan el servicio eléctrico como servicio público o servicio de interés económico general. Así la última directiva, y en el mismo sentido las anteriores, señala en su artículo 3 que "los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como la protección del medio ambiente, incluidas la suficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables y la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales".
Destaca el acuerdo impugnado la referencia que dicha normativa comunitaria hace a que las autoridades públicas puedan imponer obligaciones concretas de servicio público al organismo que presta el servicio, por ejemplo en los sectores del transporte terrestre, aéreo o por ferrocarril o de la energía. Señala asimismo algún caso en que existe una identificación entre servicio de interés económico general y servicio público.
Por otro lado, la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, señala en su artículo 2 que el sector eléctrico tiene la consideración de "servicio esencial" y que en su exposición de motivos señala que "No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional."
La conclusión a que se llega es que lo determinante no es tanto la calificación expresa de “servicio público” sino la naturaleza de “esencial” que para la comunidad tiene el servicio de suministro eléctrico y que es dicha importancia la que justifica una intervención del poder público la cual se manifiesta tanto en el momento de la concesión de la autorización como durante toda la gestión de dicho servicio.
Sin negar la corrección de la argumentación realizada por la Inspección, no obstante hay una característica que es esencial para el concepto fiscal de concesión (o de autorización sujeta a tributación) que es la existencia de un desplazamiento patrimonial de la Administración al particular pues no hay que olvidar que se trata de un impuesto que grava las transmisiones de bienes y derechos, por lo que es esencial que pueda apreciarse la existencia de la transmisión de un derecho de la Administración al particular. Asimismo es muy indicativo que pueda apreciarse la existencia de una contraprestación del particular a la Administración, siendo dicha contraprestación precisamente el medio de cuantificar la cesión del derecho, circunstancia que no se advierte en la autorización objeto de estudio. Por ello, aún admitiendo que cada vez es menos trascendente el concepto de “servicio público” como señala la Exposición de Motivos de la Ley 54/97 y habida cuenta también de la dificultad de precisar y separar con nitidez los conceptos de “servicio público” y servicios o actividades de “interés público o de interés general”, este Tribunal Central considera que debe situarse la diferencia en la titularidad originaria en el ejercicio de dicha actividad de tal modo que en el primero caso le corresponde a la Administración mientras que no ocurre así en el segundo caso, no obstante la existencia de una intervención administrativa para asegurar a la comunidad la adecuada prestación de dicho servicio.
Por ello, este Tribunal, abandonando el criterio que se mantenía en la resolución de 14 de Junio de 2012, considera que la existencia de un bien o servicio de acusado e intenso interés general como es el suministro eléctrico no permite por sí mismo ver la existencia de un derecho originario de titularidad pública que es transmitido o cedido a un particular. Así pues, y admitiendo que el concepto fiscal de concesión no es coincidente con el administrativo al incluir aquél el de ciertas autorizaciones, es esencial para que el impuesto transmisorio sea aplicable sobre este tipo de figura jurídica la existencia de la transmisión de un derecho que pueda evaluarse económicamente, y dada a su vez la dificultad de detectar en sí mismo el valor económico de dicha autorización, (salvo que quiera identificarse el valor económico -como hace la Inspección- con la posibilidad de obtener un beneficio empresarial con la actividad autorizada, en cuyo caso habría que someter a tributación a toda actividad económica sometida a autorización), dicho valor económico transmitido debe apreciarse al menos por la existencia de algún tipo de contraprestación económica a favor de la Administración, que como se ha dicho representa en definitiva la medida económica y cuantificación fiscal del derecho trasmitido, circunstancias que este Tribunal no aprecia en este caso, debiéndose estimar por tanto la reclamación y anular la liquidación así como la sanción impuesta.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en las presentes reclamaciones económico-administrativas promovidas por X, S.A. ACUERDA: Estimarlas.

References: Resolución 
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 2
 resolución