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Timestamp: 2019-10-21 18:55:47+00:00

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Sentencias - Núm. LIX-2, Abril 2006 - Anuario de Derecho Civil - Libros y Revistas - VLEX 385379
Colaboran: Eva CANO VILÁ, María del Carmen CRESPO MORA, Susana ESPADA MALLORQUÍN, Beatriz FERNÁNDEZ GREGORACI, Gabriel GARCÍA CANTERO, Regina GAYA SICILIA, Luis Miguel LÓPEZ FERNÁNDEZ, Andrea MACÍA MORILLO, Sara MARTÍN SALAMANCA, Máximo Juan PÉREZ GARCÍA, Lis SAN MIGUEL PRADERA, Alfons SURROCA COSTA, Montserrat VERGÉS VALL-LLOVERA.
1. Determinación de la ley aplicable.-La Ley material aplicable en el caso que nos ocupa es la relativa a la nacionalidad que ostentan las partes en el proceso; en este sentido, el artículo 9.1 CC llama a la Ley personal de las personas físicas para regir entre otras materias, las concernientes al estado civil, que, igualmente, es aplicable al ´carácter y contenido de la filiaciónª. En atención a que, como resulta de la propia sentencia, el hijo cuya filiación se reclama tiene la nacionalidad de la madre según se deduce del artículo 17 CC, habrá de concluirse que la cuestión de fondo habría de ser resuelta conforme a la Ley norteamericana que correspondiere. Sin embargo, al no haberse aportado por ninguna de las partes, como era necesario, la prueba de la existencia, contenido y vigencia de la referida Ley extranjera, procede resolver la cuestión debatida conforme a las normas de nuestro propio ordenamiento jurídico, con seguimiento de la reiterada línea jurisprudencial que se contiene, entre otras, en las SSTS de 11 de mayo de 1989, 13 de diciembre de 2000 y 5 de marzo de 2002. (STS de 2 de julio de 2004; no ha lugar.) Page 892
2. Conflicto de leyes. Ley aplicable a los derechos que se constituyen sobre buques: el Convenio de Bruselas de 10 de abril de 1926 para la unificación de reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas sólo es aplicable en aquellos supuestos en que el buque ´gravadoª pertenezca a uno de los Estados contratantes.-Se reprocha que la Audiencia Provincial, amparándose erróneamente en el artículo 14 del citado Convenio y en la sentencia de esta sala de 18 de junio de 1990, haya entendido que no existe el privilegio marítimo de afección real del buque al pago de la cantidad reclamada, pese a que condena a la propietaria del mismo al abono de dicha suma.
Para decidir acerca del posible acogimiento de la tesis de CIGNA es suficiente tener en cuenta que las sentencias de esta Sala de 22 de mayo de 1989 y 18 de junio de 1990 coinciden en la afirmación de que el Convenio de Bruselas de 1926 solamente tiene aplicación cuando el buque ´gravadoª pertenezca a un Estado contratante, según se desprende del artículo 14 del referido Convenio.
HECHOS.-Cigna Insurance, que en virtud de seguro de transporte marítimo había tenido que abonar más de veinte millones de pesetas a SIMSA por los daños que esta sociedad había sufrido en unas partidas de habas de soja trasportadas por el buque ´Eve Traderª desde Argentina y Brasil hasta Santander formuló demanda contra Oceanalpha Shipping, porteadora y Stamina Shipping, propietaria del buque al objeto de que le reintegrasen la suma indicada. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la pretensión deducida. La Audiencia Provincial acogió parcialmente el recurso de Cigna y condenó a las demandadas al pago de la cantidad reclamada pero denegó la petición relativa a que fuese declarada la afección real del buque en garantía de aquella deuda. Contra esta sentencia recurrieron en casación Cigna y Oceanalpha declarando el Tribunal Supremo en ambos casos no haber lugar. (R. G. S.)
2) Porque, ante esas vicisitudes cronológicas, la aplicación de los vigentes artículos citados en el recurso, en especial el artículo 9.1 CC, deri- Page 894 van en la terminante sanción de que, la aplicación de su ley personal de esa persona física es la correspondiente a su nacionalidad, la cual habilitará su capacidad y estado civil y los derechos y deberes de familia en la sucesión por causa de muerte; y hasta rigen tanto el apartado 2.º de ese precepto en cuanto al régimen de la ley nacional y, sobre todo, el apartado 3.º, respecto a su proyección de esa ley a sus relaciones patrimoniales en el matrimonio.
3) Que, frente a ello no es posible, como entiende la Sala asignar a la resolución de un expediente registral de fecha Auto de 13 de julio de 1970, que ese causante tenía la nacionalidad española y no con carácter constitutivo, cuyos efectos fueran ex nunc, ya que, esa cualidad la poseía ya por ser hijo de padres españoles, lo que, desde luego, desborda la referida normativa antes analizada, pues ope legis, nació de padres que no eran ya españoles, siendo además, inconsistente que esa atribución registral, al tener que apoyarse en su normativa específica -art. 95 de su Ley a la sazón y 335 y ss. de su Reglamento- fuera significativa, al subrayarse que, esa declaración de nacionalidad, opera como una presunción y, por lo tanto, sometida a su desvirtuación probatoria- así lo admite la propia Sala a quo en su F J 2.º -que, curiosamente, trastoca la aniquilación de su verdad formal, al tener en cuenta hechos o sucesos que, en puridad son irrelevantes, porque, por su entidad, nunca pueden alterar una atribución originaria de nacionalidad, pues, -bien evidente es que, hablar de adquisiciones inmobiliarias o, signos de un voluntarismo del interesado- en nada empecen a aquella nacionalidad cubana del afectado y, cuando menos, cabría admitir que sería, tras ese Auto de 13 de julio...
Disposición final octava [Dos]

References: artículo 9
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 9
 resolución