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Timestamp: 2020-03-29 21:40:49+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 21 Agosto 2002
CAMINOS PARALELOS PARA DEJAR A BATASUNA FUERA DE LA LEY
Editorial El Mundo 21 Agosto 2002
Batasuna se acerca a su fin
Editorial ABC 21 Agosto 2002
Garzón, hasta el final
Editorial El País 21 Agosto 2002
Atados al nogal
JOSE ANTONIO GOMEZ MARIN El Mundo 21 Agosto 2002
Ignacio Villa Libertad Digital 21 Agosto 2002
Borrón de Pujol, constancia de Garzón
Editorial La Razón 21 Agosto 2002
Las dudas nacionalistas
José María CARRASCAL La Razón 21 Agosto 2002
Nacionalistas antes que demócratas
Aleix Vidal-Quadras La Razón 21 Agosto 2002
Con Josu Ternera
CARLOS DÁVILA ABC 21 Agosto 2002
A la orden de Eta
Román CENDOYA La Razón 21 Agosto 2002
Error de Pujol
Luis María ANSON La Razón 21 Agosto 2002
Pujol y los hielos bálticos
VALENTÍ PUIG ABC 21 Agosto 2002
¡Al menos por educación!
Cartas al Director ABC 21 Agosto 2002
Garzón ordena la suspensión de las actividades de Batasuna por «integración aparente» en ETA
C. CALVAR/COLPISA. MADRID El Correo 21 Agosto 2002
Víctimas, la voz y la palabra
COVITE /COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO El Correo 21 Agosto 2002 CAMINOS PARALELOS PARA DEJAR A BATASUNA FUERA DE LA LEY
Una vez que la Diputación Permanente ha convocado el pleno del Congreso para instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de Batasuna, no faltará quien crea que con el auto dictado ayer lo que pretende Baltasar Garzón es cobrarse una pieza que él ha perseguido durante años con eficacia y tenacidad, antes de que lo hagan el Parlamento, el Gobierno y el Supremo. En efecto, puede causar sorpresa que en pleno mes de agosto el juez de la Audiencia Nacional se haya apresurado a iniciar los trámites para suspender provisionalmente las actividades de Batasuna, alegando su «integración aparente en el complejo terrorista» de ETA. A tal fin, Garzón ha dado tres días de plazo al fiscal para que informe sobre la oportunidad de esta medida.
Sin embargo, a los efectos del necesario combate del Estado de Derecho contra el entramado que sustenta la violencia resulta secundario el mayor o menor afán de protagonismo de éste o cualquier otro magistrado. Porque tanto el camino del Código Penal como el de la Ley de Partidos son complementarios y llevan al mismo sitio.
Garzón aplica a Batasuna el artículo 129 del Código Penal, que autoriza a los jueces a decretar la «suspensión de las actividades» de una «sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años». El mismo precepto legal que ya aplicó en el caso de la suspensión de actividades de Xaki y la declaración de ilicitud de Ekin, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras pro Amnistía, organizaciones todas ellas que, según se demuestra con suficiente fundamento en los sumarios abiertos, están integradas en el complejo terrorista de ETA.
Adelantándose a quien pueda alegar que para perseguir a Batasuna basta este artículo del Código Penal y no era necesaria la Ley de Partidos, hay que aclarar que la suspensión de actividades que podría decretar Garzón tiene un plazo acotado, no más de cinco años, mientras que la ilegalización en aplicación de la Ley aprobada por el Parlamento es irreversible. Eso por no hablar de que la trascendencia de una decisión del Tribunal Supremo, a petición del Gobierno y avalada por la mayoría aplastante del Congreso, es infinitamente mayor que la de una resolución de un juez. Cabría perfectamente que se suspendiera la actividad de Batasuna por orden judicial y meses más tarde se ilegalizara definitivamente.
Lo más relevante es que tanto el magistrado en la acción penal como los servicios jurídicos del Estado, en su amplio informe para solicitar la ilegalización de Batasuna de acuerdo con la Ley de Partidos han llegado a conclusiones idénticas. Es más, en la enmienda que PP y PSOE presentarán en el pleno del Congreso para solicitar la ilegalización figurarán los autos y resoluciones de Garzón en los que -con pruebas y fundamentos reunidos en varios años de investigación- ha ido dejando fuera de la ley sucesivamente a las organizaciones que, como Batasuna, forman parte de ETA.
Los resultados de las investigaciones practicadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por el juez Baltasar Garzón hacían inevitable la suspensión cautelar de actividades de Batasuna, iniciada ayer mediante un auto que también abre sumario contra los responsables de las Herriko Tabernas. Todos los autos dictados en los dos últimos años sobre las tramas de ETA (Ekin, Xaki, Jarrai, Gestoras Pro Amnistía o Herriko Tabernas) contenían pronunciamientos explícitos sobre la incardinación de Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna en la estructura creada y controlada por la banda terrorista. La situación de la actual Batasuna -sucesora de HB y EH- en la organización etarra quedó definitivamente perfilada en el auto de 3 de julio pasado, que la declaró responsable civil solidaria de los daños causados por la violencia callejera ejecutada por Segi, la trama juvenil de ETA. Dicho auto dio por acreditada la vinculación entre ETA y Batasuna, a la que calificaba como «empresa pantalla» de la organización terrorista, y por eso la hizo responsable de la «kale borroka» y de «todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado». Desde entonces, la legalidad formal de Batasuna tenía los días contados, ante las evidencias de su condición de asociación ilícita de carácter terrorista.
El auto de Garzón es el primer paso para la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna. No se trata, por tanto, de una ilegalización o disolución, consecuencias que sólo pueden ser acordadas en sentencia condenatoria, sino de una medida cautelar prevista por el artículo 129 del Código Penal. Garzón ha pedido a la Fiscalía un informe sobre la pertinencia de dicha medida y ha citado a los representantes de Batasuna para el próximo viernes, cumpliendo el trámite de audiencia previa que prevé el Código Penal. La próxima semana Batasuna puede estar suspendida, expectativa que todo demócrata debe recibir con alivio.
La iniciativa emprendida por Garzón no puede considerarse una sorpresa. El trabajo conjunto con la Fiscalía y los servicios de información de la Policía ha desvelado sistemáticamente la implicación de Batasuna en ETA como un instrumento creado por la organización terrorista para mejorar la eficacia de su estrategia criminal. A Batasuna se le está aplicando la ley en la medida en que lo está mereciendo, porque las personas jurídicas, aunque no delinquen, acaban pagando las consecuencias de los delitos que cometen sus dirigentes y responsables. Este argumento no deberían olvidarlo los jurisconsultos nacionalistas, siempre listos a recordar que la responsabilidad criminal sólo recae en las personas físicas, lo que es compatible con la disolución de empresas, de asociaciones o, como sucederá probablemente en este caso, de partidos cuya razón de ser consiste en servir de instrumento del delito. Además, es la vía judicial que siempre reclamaban como la adecuada para depurar las relaciones de Batasuna con ETA. Si ahora rechazan también esta acción judicial, al nacionalismo no le queda nada para diferenciar su posición política de la de Batasuna.
Este proceso penal concurre con las demandas de disolución judicial que en las próximas semanas presentarán el Gobierno y la Fiscalía General, con el importante matiz de que el sumario que instruye Garzón no está sometido a ninguna restricción temporal, como las que se deducen de la irretroactividad de la ley de Partidos, de forma que la trayectoria histórica de lo que hoy es Batasuna puede ser calificada penalmente en su integridad. La doble vía abierta contra Batasuna está culminando una decisión estratégica del Estado de apurar todos los resortes legales para poner fin al terrorismo, sin suprimir ninguna garantía ni incurrir en medidas excepcionales, de lo que sólo se lamentan Batasuna y el PNV.
Al margen de las iniciativas orientadas a la ilegalización de Batasuna por la vía de la Ley de Partidos, el juez Garzón prosigue su desmontaje por la vía penal del entramado organizado en torno a ETA. Tras actuaciones contra organismos sectoriales -juvenil, empresarial, de comunicación, presos-, con más de un centenar de detenidos, la mayoría de los cuales están procesados en espera de juicio, Garzón ha llegado a Batasuna, a la que considera pantalla electoral del tinglado terrorista y cuya suspensión cautelar plantea ahora. Lo hace sobre la base de nuevas diligencias, secretas hasta ayer, que probarían su 'integración aparente en el complejo terrorista'. El desenlace de la investigación judicial podría ser la disolución de Batasuna si una sentencia estableciera su carácter ilícito.
Se trata, por tanto, de una vía diferente a la de la Ley de Partidos, aunque ambas podrían acabar convergiendo: la investigación penal podría aportar antecedentes que prueben el tipo de vinculación entre ETA y su brazo político. La tesis de Garzón, desarrollada en numerosos autos y sumarios, es que esa relación no es sólo de identidad ideológica o de fines, sino de pertenencia a una estructura común, llamada KAS en un tiempo y luego Ekin, y siempre liderada por ETA. La división de tareas puede llegar, según escribía Garzón ya en mayo de 1997, a que ETA delegue en 'militantes legales o alegales de las organizaciones político-sociales de la izquierda aberzale' tareas como 'el cobro y distribución del impuesto revolucionario'.
Si las diligencias ahora transformadas en sumario ofrecen pruebas de ese tipo de vinculación, es evidente que no sólo habrá base para la condena penal de las personas individuales responsables de tales actividades ilícitas, sino, según el artículo 520 del Código Penal, para la disolución de la asociación implicada. Pero ello sólo podrá ser el resultado de una sentencia judicial. De momento, lo que hay es la puesta en marcha del procedimiento destinado a su suspensión temporal a fin de prevenir la continuidad de la actividad delictiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129. El juez instructor no podría decidir la disolución, pero sí la suspensión por un plazo no superior a cinco años y tras dar audiencia a los representantes legales de la asociación afectada. También es preceptivo el pronunciamiento favorable del ministerio fiscal.
Se trata por tanto de un eslabón más en la cadena pero de singular importancia, porque acarrea consecuencias inmediatas respecto a la actividad de Batasuna. El Gobierno vasco, que durante años ha desdeñado la vía penal seguida por Garzón, aunque a veces la ha invocado para argumentar el carácter superfluo de la Ley de Partidos, tendrá que ejecutar la medida cautelar. Ello plantea muy serios problemas, pues en principio supone, además de la clausura de las sedes de Batasuna, impedir la utilización de sus siglas u otras de conveniencia por los diputados y demás representantes electos. Garzón iba en serio: no puede haber impunidad para quienes se consideran con derecho a reforzar sus razones políticas con la coacción terrorista.
El 97% del Parlamento español que apoyará la ilegalización de Batasuna recibirá un apoyo masivo por parte del pueblo. Acierten o se equivoquen, pues, por una vez los diputados llevan el mismo paso que los ciudadanos y eso le presta a la ocasión un significado especial. Por eso precisamente están de más las palabras del presidente Bono pidiendo para la banda un trato «legal e inmisericorde que termine con la banda criminal, sin ningún tipo de complejos, como se ha acabado con el IRA, con las Brigadas Rojas o con la Baader-Meinhof». También Bono conecta, cabe suponer que conscientemente, con una parte importante de la opinión que clama por la venganza de la sociedad, pero con su deplorable ocurrencia demuestra que no estuvo en la puerta de la cárcel de Guadalajara porque creyera inocentes a sus compañeros condenados por secuestro sino porque respaldaba su crimen. Lo ocurrido con la banda alemana fue otro crimen abyecto. Escuchar a un presidente esa defensa del método produce la mayor repugnancia aunque arrime votos. Se quedarán fuera de esa casi unanimidad IU, definitivamente aislada en el contexto político y dispuesta, al parecer, a la autoliquidación, con un pie dentro y otro fuera CiU y, naturalmente, el PNV de Arzalluz, el mismo que dijo que en el huerto vasco regía una revolucionaria división del trabajo en virtud de la cual unos movían el árbol y otros recogían las nueces, cosa que, por lo demás, pocos españoles ignoraban. La iniciativa de ilegalizar a Batasuna ha tenido, de momento, esta virtud clarificadora y en adelante no cabrán racionalizaciones ni monsergas sino que todos sabremos dónde está cada cual en esta guerra infame. Al PNV lo parte por el eje una medida que lo fuerza a situarse donde siempre estuvo pero a la vista de todo el mundo, y que permitirá ver acaso que quienes han hecho su negocio político de recoger esas nueces sangrientas no andan libres bajo el nogal sino que viven atados a él. Arzalluz no puede hacer otra cosa que votar contra la ilegalización, diga lo que diga la inmensa mayoría, sencillamente porque su presencia política resultaría insignificante sin el respaldo del terror. Lo que ahora se le acaba, en todo caso, es el lucrativo juego del bueno y el malo, ese equívoco que ha mantenido atada a la democracia española a ese otro árbol en el que florece la inútil corrección política. Es una lástima que Bono invoque los fantasmas más negros del pasado con su tenebrosa propuesta. Lo de Arzalluz es normal. A ver qué quieren que haga frente a un ataque del Terror alguien que vive desde hace decenios en la cara oculta de esa luna.
La iniciativa anunciada por el juez Garzón para suspender toda actividad de Batasuna por su integración en el entramado terorista de ETA, unida a la iniciativa de ilegalizar a Batasuna, nos coloca ante una realidad: las cosas son bien diferentes para los terroristas. Estamos frente a la decadencia de la trama etarra. El presente y el futuro se presentan muy complicados para el terrorismo y sus cómplices. Ya no estamos ante unas acciones, más o menos coordinadas, llenas de buenas intenciones y que buscaban el final de la banda terrorista. Ahora ya está asentada un vía correctamente diseñada, sólida en los fundamentos y eficaz en los resultados, que está dando a la banda terrorista allí donde más les duele. Puesta en marcha hace ya mucho tiempo, esta estrategia recoge ahora sus frutos. Ya nadie se cree que el terrorismo es sólo una banda de pistoleros. Todo el mundo sabe que es mucho más: un negocio del miedo, una estructura amplia y organizada, una mafia con muchas y muy variadas ramificaciones. Llegar al fondo de ese organigrama es la única manera eficaz de luchar contra los que aprietan el gatillo, que son el último eslabón de esta cadena de muerte.
Para entender lo que está ocurriendo en toda su dimensión hay que remontarse a los atentados del 11 de septiembre. Aquellas terribles acciones contra los Estados Unidos sirvieron para que el latigazo terrorista internacional acabara sobre las mesas donde se toman las decisiones más importantes del mundo. En ese momento, el Gobierno español actuó con inteligencia y supo “internacionalizar” el terrorismo etarra. El presidente Aznar articuló un discurso con dos puntos de apoyo. Primero, repitió hasta la saciedad que todos los terrorismos son iguales en cualquier parte del mundo, para luego insistir en la unidad de criterios y de acción entre ETA y Batasuna. Estos dos conceptos, repetidos machaconamente, han calado considerablemente en la sociedad española, que ha recibido con buenos ojos la reforma de la Ley de Partidos Políticos y ahora la iniciativa de ilegalizar a Batasuna.
Más de uno se preguntará que razones existen para adoptar ahora estas iniciativas y no haberlo hecho hace unos años. Posiblemente el 11 de septiembre ha creado una conciencia social sobre la necesidad de luchar contra el terrorismo sin tapujos. Quizá hace unos años en España manteníamos todavía algunos “complejos históricos” que provocaban ciertas reticencias para ilegalizar a Batasuna, Ahora, en cambio, está aceptado de forma generalizada que la democracia tiene derecho a defenderse de aquellos que, desde dentro, buscan la liquidación del sistema. La democracia no puede permitir que el terrorismo se aproveche de las estructuras democráticas para destruir precisamente los mecanismos del Estado de Derecho. Este cambio de actitud es lo que ha facilitado también que, en estos momentos, tanto desde el poder Legislativo como desde el Ejecutivo y también desde el Judicial se arremeta con contundencia contra todo el entramado etarra.
Desde luego, este mes de agosto que acaba de cruzar su ecuador particular, se está convirtiendo en el más negro para los terroristas de ETA y en el más eficaz en la lucha contra el terrorismo. Ya no estamos hablando exclusivamente de comandos y de operaciones policiales. Se está buscando, acorralando y atajando al terrorismo en su entramado, en su propia raíz. Y eso es pura eficacia.
La limpia trayectoria de Jordi Pujol en su política de Estado frente al terrorismo puede sufrir un borrón irrecuperable si la formación nacionalista que preside no cambia su postura y apoya la iniciativa parlamentaria de instar a la deslegalización de Batasuna. CiU pudo, en efecto, rechazar la ley de Partidos que preveía la iniciativa parlamentaria en el proceso de deslegalización de Batasuna, pero no lo hizo. Ahora, sin embargo, cuando debe ponerse en práctica lo previsto en aquella ley, se echa sorprendentemente atrás. Y, además, aduce un motivo perfectamente insustancial para su abstención, que es que tal iniciativa debe ser gubernamental y no parlamentaria.
Razones políticas más pedestres (no dejar en evidencia a otro nacionalismo, el del PNV, el único que vota contra la deslegalización, como le mandó Eta) explican la posición de Pujol. Pero esto tiene sus costes: de credibilidad, de prestigio e, incluso, electorales.
Pujol y los suyos están perdiendo una oportunidad única de demostrar que no todo nacionalismo tiene que ser servil al terrorismo, y mucho menos usarlo. Porque Pujol sabe que es el terrorismo, la trama de Eta, el elemento justificador de la existencia de Batasuna, a la que Eta asigna el papel de cara «civil» que le sirva de portavoz ante la sociedad.
Pero esta hipocresía batasuna, y la pasividad ante ella, han de terminar. Batasuna está fuera de la ley porque solo existe para la ruptura de la legalidad constitucional instada por métodos violentos. Pujol y CiU lo saben, pero se abstienen. No se podrán quejar si les llaman pusilánimes o cobardes. Pero aún están a tiempo. Si rectifican, serán aplaudidos, pero si no lo hacen, no podrán quejarse al ser despreciados.
Mientras el Congreso de los Diputados toma la iniciativa política frente a los cómplices de Eta, enmascarados en unas siglas supuestamente políticas, el juez Baltasar Garzón continúa con su empeño de desactivar por vía judicial a Batasuna, ante las evidencias en su poder que demuestran que es parte inseparable del entramado terrorista etarra.
Las dos vías, la política y la penal, son complementarias. De hecho, ambas conducen al mismo sitio: toda acción contra Batasuna debe ser decidida por los superiores tribunales de Justicia. La confluencia de ambos caminos revela que el Estado, en sus diferentes poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han decidido terminar con una larga etapa de pasividad institucional ante los enemigos de la democracia que, por vía armada (Eta), han asesinado a casi mil personas; y por vía «civil» (Batasuna) han justificado y aprovechado esta ofensiva criminal y, además, se benefician de una legalidad que les reporta pingües beneficios, especialmente económicos y propagandísticos.
La maquinaria del Estado es lenta, pero cuando se activa es imparable. Por eso, el principal objetivo del terrorismo y del separatismo es escindir y debilitar el Estado. Y, por eso, Eta intenta desmoralizar a la sociedad con sus atentados y ha buscado siempre la rendición estatal, disfrazada de «diálogo» con reivindicaciones irreductibles sin final posible, más que la vitoria de los independentistas. Pero la única rendición que debe exigirse y que puede imaginarse es la de Eta. Que no se olvide.
Si viviéramos en un mundo de ideas puras y comportamientos lógicos, quienes más deberían desear la ilegalización de Batasuna serían los nacionalistas moderados. ¿No aseguran que están contra el terrorismo? ¿No nos juran su compromiso con la democracia? Pues ahora tienen la oportunidad de demostrarlo. Que Batasuna y Eta forman un entramado político-militar, en el que se han distribuido cuidadosamente los papeles, de forma que una reciba todos los beneficios legales para usar la otra todos los recursos ilegales, está fuera de dudas. Eso es un travestismo de la legalidad que no puede tolerarse, y los primeros que deberían reclamarlo deberían ser los propios interesados. Nadie ha hecho más daño al nacionalismo democrático como el nacionalismo criminal. Nadie ha manchado más su nombre ni su causa. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se buscan toda clase de subterfugios para escurrir el bulto?
En el PNV, ya lo sabemos. Pese a todos los lamentos, sollozos, quejas y reclamaciones que vienen haciendo al respecto, la realidad es que existe un hilo invisible entre el nacionalismo moderado vasco y el nacionalismo violento. Brotó a la superficie, como esos volcanes que surgen del océano echando lava, en el pacto de Lizarra, y se pone de manifiesto en cuantas ocasiones trata de acabarse con los que asesinan en nombre de la patria vasca. No sé si es miedo o cálculo («Unos sacuden el árbol, otros recogen las nueces») o algo más profundo que une a todos los nacionalistas vascos por debajo de la ley y de los principios. Es así y no creo que veamos nunca mover un dedo al PNV para que Eta desaparezca del todo. Y ojalá me equivoque.
Lo de CiU es distinto. Sin duda estamos ante un partido que abomina la violencia por activa y por pasiva. ¿Por qué, entonces, se ha abstenido a la hora de pedir la ilegalización de Batasuna, tras haber apoyado la ley que permitía ilegalizarla? Las explicaciones que nos dan, que debería haber sido el Gobierno no el parlamento quien lo pidiera a los tribunales, no son convincentes. Así que lo atribuyo a esa tendencia catalana a buscar el punto medio, a no mojarse nunca del todo, admirable casi siempre, pero que a la hora la verdad les ha jugado tan malas pasadas. Hay momentos en la vida de los hombres y de las naciones en los que no caben las ambigüedades, en los que hay que definirse, pues en otro caso se queda uno en tierra mientras el barco se va. Y podemos estar en uno de esos momentos respecto al terrorismo vasco. Ya no basta condenarlo. Hay que hacer algo contra él, pues en otro caso estaríamos legitimando con nuestra inacción el atropello de Derechos Humanos que está teniendo lugar en Euskadi. Ya sabemos que el PNV no está dispuesto a hacer nada. Esperemos que CiU, después de este no tras el sí, dé el sí definitivo, si los jueces confirman que Batasuna no merece la protección de la ley.
Si la democracia se redujese a la aplicación pura y dura del recuento de votos, ya advirtieron los padres del liberalismo en el siglo XVIII que podría degenerar fácilmente en la tiranía de los muchos sobre los pocos. Por tanto, una sociedad democrática requiere además otras condiciones necesarias, entre ellas la garantía de derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos. Los nacionalistas, que no se cansan de exigir plebiscitos en nombre del sagrado principio de la prevalencia de la mayoría, olvidan frecuentemente el resto de elementos que configuran una verdadera democracia y cuando los invocan, lo hacen de manera torticera.
Los miembros de Batasuna son en eso descaradamente claros y se mofan de la democracia en todas sus componentes. Su única norma es la violencia indiscriminada, cruel y salvaje. Los nacionalistas «moderados», en cambio, se abstienen del uso de la coacción física, pero no vacilan a la hora de establecer alianzas políticas con el terrorismo, de exculpar sus crímenes, de poner trabas a la lucha contra la banda mafiosa pretendidamente liberadora de su «nación» o de coincidir sin rubor en los objetivos finales con los asesinos. El colmo del cinismo en estas prácticas ha sido alcanzado, sin duda, con ocasión de la próxima votación en el Congreso sobre la ilegalización del brazo institucional de Eta. Las razones esgrimidas por Jordi Pujol para abstenerse en una cuestión tan decisiva provocan vergüenza ajena. La afirmación de que no conviene contaminar al Parlamento en un procedimiento de esta naturaleza revela hasta qué punto la defensa de un planteamiento perverso, el de la supremacía de la identidad cultural o étnica sobre cualquier otro valor, conduce sin remedio a argumentos absurdos. La puesta en fuera de juego de Batasuna se dirimirá en el Tribunal Supremo y sólo sus magistrados tendrán la única y definitiva palabra sobre este asunto. Lo que la Cámara llevará a cabo es instar al Gobierno a que lleve la ilegalización ante la justicia. ¿O es que CiU ha descubierto un método nuevo de activar a los magistrados que sustituya a la denuncia de una vulneración de la legalidad?
Además, cuando son las mismas bases de la convivencia en paz y libertad las que están seriamente amenazadas, todos los poderes del Estado, e incluso la totalidad de los integrantes del cuerpo social, tienen el deber de implicarse a fondo en su defensa, cada uno de acuerdo con sus atribuciones y competencias. La objeción de que una sentencia desfavorable dejaría en mal lugar al Parlamento es una apología de la pasividad ante el horror etarra. En cuanto a la posición del PNV, hace tiempo que sus actitudes y sentimientos respecto a Batasuna resultan lo suficientemente explícitos.
Populares y socialistas son primero demócratas y después lo demás que les define. Otros invierten el orden. Ésa es la gran e insalvable diferencia.
Por CARLOS DÁVILA ABC 21 Agosto 2002
Quien está con Batasuna está con ETA. Es inconcebible que el PNV y también la patética CiU no lo sepan. Sería demasiado pensar de uno y de otro, sobre todo del «otro», que sí lo saben. CiU ha presentado su hoja de resultados, su balance contra el terror, para justificar su abstención, pero ya se conoce que una «no decisión» es una decisión encubierta; una decisión a favor de lo que no se quiere hacer. CiU ha manchado definitivamente su plantilla de servicios y así se lo están haciendo ver sus propios, y más sensatos, correligionarios, por ejemplo Roca. Su esquizofrenia es tal que ahora mismo anuncian que quizá, tal vez, que a lo mejor, rectifica, pero eso ya llegará tarde, porque el PNV hasta que llegue ese momento, que está por ver, podrá ufanarse de no haberse quedado solo en su apoyo explícito, clamoroso, repugnante, miserable a Batasuna, o sea a ETA. Ni un tapujo más.
Ha dicho González, el portavoz nacionalista en Madrid -¿dónde estaba Anasagasti?-, que el PP y el PSOE han sido minoría social durante veinticinco años en el País Vasco, lo cual es una mentira tan nítida como casi todas las que construye el PNV. ¿O no se acuerda el suplente de cuándo el PSOE le ganó las elecciones en el 86 al PNV? De aquella cesión infame se tienen aún pocos datos, aunque se barrunta uno que quizá convendría refrescar a González. ¿No sería que fue Ardanza lendakari y no Benegas, gracias a un pacto grosero? ¿O es que se recuerda de entonces alguna condena clara del PNV a la actividad del GAL? ¿O es que Arzalluz vinculó en algún momento a aquella banda terrorista con el Ministerio del Interior, o sea, con Felipe González? Parece mentira que ahora tenga este otro González la desfachatez de insultar al PSOE a cuenta de aquel GAL.
Al margen de este recuerdo, hay que volver al principio: lo patético del comportamiento de CiU. La relación «CiU defiende al PNV, el PNV defiende a Batasuna, Batasuna defiende (por decir algo) a ETA» no favorece precisamente a Pujol y, sobre todo a Durán, que ha forzado la abstención en memoria de un PNV que ha dejado de existir hace muchísimo tiempo. Si no fuera por lo grave de este traspiés habría que hacerse cruces del ridículo de CiU. Del ridículo y de los efectos del aparente silogismo enunciado arriba. ¡Ah!, y lo escrito hace días: Convergencia y Unión no se ha atrevido a ilegalizar al jefe de los asesinos de Hipercor, Josu Ternera.
En su último comunicado, Eta dio la orden de votar no a aquellos partidos que quisieran seguir disfrutando de la alegría de vivir, sin preocuparse por el terrorismo. El PNV, usufructuario del terror, beneficiario directo y origen primigenio de la criatura, siguió las instrucciones sin titubeos ni matices y votó no a la orden de Eta. Quedará para la historia un González de Ch. maleducado, intolerante y faltón, como siempre, dando la cara para certificar el interés del PNV en la pervivencia de Eta. Cuando Bandrés podía hablar recordaba cómo Arzallus en Francia pedía a Eta que continuara con la lucha armada. Su problema es que ahora tienen que defender la supervivencia de Batasuna en el Parlamento y con luz y taquígrafos. Lo único cierto que dijo González de Ch. es que después de veinticinco años de muertes era el momento de actuar. Y eso es precisamente lo que está haciendo, demasiado tarde, el Parlamento. Lo que pasa es que el PNV quiere que, como hacen ellos, se actúe conforme a las instrucciones de Eta. Están muy nerviosos porque les están talando el árbol del que el PNV «recoge las nueces». Qué pena que CiU no se entere de que el Parlamento es la representación soberana del pueblo y de que los ciudadanos gritan ¿Eta no!
Tengo mis dudas sobre la justificación y también sobre la utilidad de la Ley de Partidos. He manifestado esas dudas antes de su aprobación. Las reitero ahora. Pero una vez sancionada la ley hay que aplicarla con todas sus consecuencias. Sería muy grave para el Estado de Derecho que la Ley de Partidos se quedara en papel mojado. La inmensa mayoría de la Nación española, representada democráticamente en el Parlamento, ha puesto en marcha un dispositivo jurídico para deslegalizar a Batasuna, cómplice del terrorismo etarra. Ahora, se trata de que se cumpla la voluntad general del pueblo español.
La actitud de un partido democrático como el PNV es injustificable pero se puede explicar por la cobardía física y moral. Arzallus lleva mucho tiempo sacudido por el miedo. Se ha sumado a los fines soberanistas de Eta en un intento de salvar la cara política. Pero él y una buena parte de los dirigentes del PNV lo que tienen es miedo y sólo miedo.
Del partido comunista, enmascarado tras Izquierda Unida, no se puede esperar otra cosa. Es un cadáver de cuerpo presente. La ideología del comunismo tiene raíces radicalmente totalitarias y los comunistas navegan como pueden en la frontera del sistema. Pujol en cambio, no. Pujol y el partido que encabeza, CiU, han sido siempre ejemplarmente democráticos. El lunes cometieron un considerable error al no sumarse al resto de los partidos democráticos, aún en el caso de que su voluntad sea votar junto a ellos en el pleno del 26. Ante Eta hay que presentar un bloque sin fisuras. El terrorismo ha golpeado en toda España, también en Cataluña, y si se aprueba una ley para deslegalizar al partido cómplice de los terroristas hay que aplicarla sin veladuras ni medias tintas. Grave, grave error del admirado Pujol.
Por VALENTÍ PUIG ABC 21 Agosto 2002
Los esquimales aprovechaban el invierno polar para arracimarse en sus iglús en estado de exaltación religiosa y darse a la práctica del sexo colectivo, hasta que llegaba el verano y volvían a la mansedumbre patriarcal. Para el pujolismo, la mutación del horizonte histórico-político -según dice su fundador, Jordi Pujol- se da cuando hiela el mar Báltico. En su representación simbólica, eso viene a coincidir con la existencia de mayorías absolutas en el Congreso de Diputados. Entonces Jordi Pujol advierte de la aparición de hielos bálticos y el nacionalismo convergente se retrae, entonces hipersensible al agravio, marcando distancias con quien tenga la mayoría absoluta, aunque sin dejar de cooperar. Elevarlo casi a norma del juego ha sido, para bien o para mal, uno de los rasgos del nacionalismo convergente, ahora algo agrietado por la falla retórica entre soberanismo y autonomismo. Por ahí sangra emblemáticamente el pujolismo y más aún cuando -como ahora- necesita de los votos del partido gobernante en España para sostenerse en la Generalitat.
La tesis báltica implica dar por supuesto que sumarse a la mayoría absoluta en Madrid licuaría las esencias del nacionalismo. Por eso las ofertas consecutivas de Aznar para la incorporación de ministros convergentes no han tenido éxito hasta ahora. Según el pujolismo, antes hay que completar un diseño ideal de Cataluña, dar cuerpo a un sueño, poder ser lo que hay que ser. Después de Pujol, ya se verá.
En realidad, uno casi ya olvida si las gentes de CiU navegan mejor con el Báltico helado o en aguas abiertas. Se vio en su comportamiento táctico ante el Pacto por las Libertades y se ha visto en el proceso de sedimentación de la ley de Partidos: CiU no rompe el molde pero tampoco se sale del iglú. Los pasillos del Congreso reflejan en horas veraniegas el discurrir flotante de esos hielos bálticos que a veces sirven de salvavidas al PNV, como se ha visto en el debate de la Diputación Permanente.
Por supuesto, no es que el pujolismo haya avalado nunca el terrorismo de ETA. Estos días, Jordi Pujol ha anunciado la abstención en el pleno parlamentario para solicitar la ilegalización de HB pero al tiempo que reiteraba no estar en contra de la ley de Partidos que CiU ya votó. Esos argumentos tan veteados son entendidos por la idiosincracia de los militantes de CiU pero quizás no alcancen la comprensión de todos sus electores. En el resto de España no es fácil captar la tesis báltica cuando en el País Vasco no hay libertad para ejercer como concejal del PSOE o del PP.
Incluso así, lo cierto es que Pujol fue expresamente crítico al no darse la ruptura del PNV con Lizarra cuando ETA mató de nuevo. Para la estrategia histórica del pujolismo, es una iniciativa que no resulta contradictoria con acusar a PP y PSOE de «chantaje» por su insistencia en que CiU engrose la ya gran mayoría que pedirá la ilegalización de HB en el pleno del lunes. Así resulta una reacción que participa de la naturaleza de tres fenómenos: de una parte, es episodio consuetudinario del pujolismo; a la vez tiene asomos de pánico ante las encuestas y las perspectivas de la candidatura de Artur Mas; en tercera intención, significa prolongar aquella línea de sombra que se hubiera dado por olvidada al repasar lo que va del retorno de Tarradellas, la Constitución de 1978 y el Estatuto de autonomía hasta la Cataluña de ahora mismo, una sociedad que supone estar a orillas del Mediterráneo y no en el invierno polar. vpuig@abc.es
Nunca pensé que cuando decidí irme de vacaciones con unos amigos y mi novia al final visitaría otro país más.
La verdad es que planeamos conocer Andorra y como mucho cruzar la frontera con Francia, pero lo que nunca podré terminar de agradecer es que cuando ya volvíamos a España, con intención de conocer algo de Cataluña, sentiría que aún no estaba en mi país.
Parece ser que si entras a España por el norte de Cataluña has de saber obligatoriamente catalán para tener la certeza de que cuando circulas por alguna carretera que está en obra lo que te señalizan puede o no ser peligroso (por poner un solo ejemplo). Pero bueno algunos dirán que existen los diccionarios español/catalán catalán/español, y que siempre es bueno conocer idiomas.
También parece ser que a no sé quién se le ha olvidado que Cataluña es rica y es la Comunidad que es gracias a muchos inmigrantes españoles y, por lo tanto, al menos por educación y respeto, deberían indicar todo en español y después, si así lo quisieran, también en catalán.
Lo malo de ser tan extremista en el idioma es que aquellos que solamente saben catalán, el día que quiera salir de esa Comunidad española no podrán comunicarse con el resto de españoles.
¡Al menos por educación! Francisco Javier Aranda. Sevilla.
La ejecución de la medida impediría al partido radical convocar actos políticos y le dejaría fuera de las elecciones municipales de 2003. El magistrado basa su decisión en los mismos informes policiales que utilizó para embargar cuentas corrientes y bienes de la formación.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón culminó ayer el cerco judicial a Batasuna al ordenar el inicio de los trámites legales que conducirán a la suspensión de sus actividades. En un auto de apenas tres folios, el juez explica que existen indicios de la «integración aparente» de la coalición -que ha cambiado de nombre dos veces desde que en 1998 empezó la investigación- en el complejo terrorista «liderado por ETA-KAS-Ekin». Un entramado en el que la formación radical cumpliría la función de brazo político como una más de sus estructuras organizadas, con las que compartiría «la misma finalidad terrorista».
Garzón da a la Fiscalía tres días de plazo para que emita su informe acerca de la conveniencia o no de despojar a HB-EH-Batasuna de su capacidad para actuar como partido político. Asimismo, cita a los representantes legales de estas formaciones en la Audiencia Nacional este viernes a las diez de la mañana, a fin de escuchar sus alegaciones antes de ejecutar su decisión. El juez reserva un párrafo de su auto para advertir a los abogados de Batasuna de que si no comparecen dará por evacuado el trámite y seguirá adelante con el proceso.
La suspensión de las actividades de Batasuna se fundamenta en el artículo 129.1 del Código Penal, que prevé la clausura cautelar de cualquier empresa, sociedad o fundación por un plazo de hasta cinco años. En la práctica, significará el cese de toda la actividad política de la coalición. No podrá presentarse bajo ninguna de sus siglas a los comicios locales de mayo de 2003 y, aunque puede recurrir a otro cambio de denominación, la nueva ley de Partidos Políticos permitiría abortar esta argucia.
La medida, que no afecta a los sueldos ni a la condición de representantes de sus parlamentarios y concejales, supone también el embargo preventivo y la administración por parte de la autoridad judicial de todas sus sedes, locales y de las subvenciones que perciben. La formación tampoco podrá convocar actos públicos, manifestaciones o ruedas de prensa, salvo que alguno de los líderes lo haga a título personal.
El magistrado basa su decisión en dos informes policiales fechados los días 12 y 15 de julio de 2002. En uno de ellos, las Fuerzas de Seguridad dan cuenta de la actividad de Batasuna durante los últimos meses y de su vinculación con delitos de kale borroka cometidos en el País Vasco. El segundo es una mera cuantificación económica de los daños provocados por éstos. Estos dossiers sirvieron ya a Garzón para decretar los pasados 12 y 18 de julio el embargo de más de 100 cuentas corrientes y locales de Batasuna.
Garzón pide también en su auto a la Unidad Central de Información de la Policía una copia del comunicado emitido por ETA días después del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que murieron una niña de 6 años y un hombre de 57. En aquel manifiesto, el último difundido hasta la fecha por la banda, además de justificar su crimen, los terroristas se erigieron como defensores de Batasuna y amenazaron a las formaciones políticas que promueven su ilegalización en el Parlamento con «tomar medidas» si no frenaban el proceso.
Garzón ha solicitado además que le remitan los sumarios de todas las actuaciones decretadas desde 1998 hasta la fecha contra el entorno de ETA. En concreto, pidió incluir como pruebas en esta causa los autos de clausura del diario Egin y la emisora Egin Irratia, así como los autos dictados para la disolución y procesamiento de los miembros del aparato político de ETA, Ekin, y su ministerio de asuntos exteriores , Xaki.
También pide la inclusión del auto de procesamiento del periodista Pepe Rei -ex redactor jefe de Egin y antiguo director de la revista Ardi Beltza , en estado de coma tras sufrir el pasado lunes un grave accidente de tráfico- y de los autos que declararon la ilicitud de las organizaciones juveniles radicales Jarrai, Haika y Segi y de las Gestoras pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de la banda terrorista.
COVITE /COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO El Correo 21 Agosto 2002
Covite nació a finales de 1998 con el objetivo de dignificar la memoria de las víctimas y defender los propios intereses de estos ciudadanos, no exclusivamente asistenciales, económicos o judiciales. Covite quiso alzar la voz y tomar la palabra en primera persona en representación de muchas víctimas. Más de treinta años de silencio acosadas por una sociedad antipática que las excluía, cuando no las humillaba o culpabilizaba, unas instituciones sin sensibilidad ni decisión democrática suficientes para defenderlas y una jerarquía eclesiástica vasca que les pedía que perdonasen en época de tregua cuando antes no exigía arrepentimiento a los asesinos, colmaron el vaso del anonimato, la resignación contemplativa y el silencio. Cientos de víctimas firmaron un manifiesto, que por cierto jamás ha contado con el apoyo ni público ni privado de Odón Elorza, para unir su rebeldía democrática al recordatorio de principios básicos sin los cuales no podrá haber auténtica paz: la memoria de todos los que ya no podrán defenderse y a los que también les aniquilaron la palabra y la voz, la verdad acallada de tantos años de mentiras y dobles verdades, de perversión entre la definición de la culpabilidad y la inocencia, la dimensión del horror cometido y en gran parte consentido y poco criticado por una sociedad enferma y embotada, envilecida por el miedo y el conformismo y, por último, la justicia. La justicia democrática que Covite reclamaba para reivindicar la necesidad de amparo por parte del Estado de Derecho. La necesidad de la actuación de los poderes del Estado que neutralizara cualquier atisbo de venganza, la justa reclamación de la retribución de la pena de prisión para los criminales y la reparación, siempre insuficiente, para las víctimas.
Dado el desierto de homenajes y reconocimientos públicos que en el ámbito vasco se habían organizado, Covite decidió entrevistarse con los tres alcaldes de las capitales vascas y también el de Ermua, dado el simbolismo en la lucha por la paz y la libertad de este municipio. Proponíamos que las instituciones locales se implicaran en la construcción de monumentos que honrasen, reconocieran y dignificaran a las víctimas del terrorismo, a todas sin exclusión, y que su permanencia y estela se convirtiera en un referente de reflexión pedagógica que transformara el silencio y el anonimato vergonzoso en los que tantos años habían permanecido las víctimas en la visualización de su existencia y su sufrimiento, ante los cuales los ciudadanos de bien se sintieran dispuestos a actuar en la lucha contra la ignominia. Monumentos que se erigiesen en espacios públicos, que alertaran las conciencias, interpelaran a los culpables y motivaran a la solidaridad.
El apoyo y la receptividad e incluso la anticipación de los alcaldes de Ermua, Carlos Totorica, y Vitoria, Alfonso Alonso, fue absoluto. El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ignoró la propuesta, y Odón Elorza lo circunscribió en la construcción de un megaparque , algo así como el Hyde Park donostiarra, en el que entre otras ocurrencias se incluiría el monumento en honor de las víctimas del terrorismo. Que el alcalde nos responsabilice de la no realización del parque es un absurdo.
En todas estas reuniones se destacó la necesidad de la organización de propuestas dignas, de profunda reflexión, abiertas a la sociedad, de reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo y que contaran con el consenso de las fuerzas políticas y sociales comprometidas en la lucha contra el terrorismo. El resultado a fecha de hoy es que Ermua cuenta con un monumento ya inaugurado gracias a la decisión de Carlos Totorica y la inmensa creatividad y generosidad de Agustín Ibarrola; Vitoria lo inaugurará en breve y ni Bilbao ni San Sebastián cuentan ni de lejos con una propuesta seria y mínimamente viable.
Desde Covite siempre hemos apoyado y trabajado en absoluta sintonía con aquellas iniciativas coherentes con nuestros principios. Covite reclama -parece increíble a estas alturas de la historia- su derecho a opinar, criticar y valorar cualquier acto o actividad que nos concierna directamente para mostrar su apoyo o su desacuerdo. Covite salió a la luz pública para denunciar la organización del acto anunciado por Odón Elorza, un acto que nos pareció insuficiente y mal definido en forma y fondo, como nos lo sigue pareciendo hoy a pesar de todas las componendas que Odón Elorza ha aplicado en maniobras varias: desorientación en la información inicial, puesto que no se dijo desde el principio que iba a ser una reunión de trabajo, falta de información a los partidos de la oposición invitados a última hora, manipulación cuando se dijo que, al invitar a miembros de Covite, se invitaba a Covite cuando esto no fue expresado así, etcétera. Además era un acto discriminatorio porque dejaba fuera a muchas víctimas, teniendo en cuenta que San Sebastián ostenta el triste título de ser la ciudad donde más víctimas han sido asesinadas de todo el País Vasco, 105 personas, además del inmenso número de ciudadanos que sufren la intimidación y el acoso de los terroristas.
Odón Elorza anunció públicamente la realización de un acto privado e íntimo, contradicción donde las haya y que quisimos denunciar por su oportunismo carente de significado. Que el alcalde confunda acto público y publicidad personal para las víctimas asistentes es algo que demuestra el total desconocimiento de éste sobre actos dignos y bien organizados, como el que se celebró el pasado día 13 de agosto en Portugalete, donde se recordaba que en esa fecha y en esa localidad dos ciudadanos habían sido asesinados y se daba la oportunidad a las familias de aparecer públicamente, cosa que con agradecimiento y mérito hicieron. Ridiculizar como show actos en los que aparecen públicamente víctimas del terrorismo desde su libre voluntad es otro insulto a compañeros políticos que sí tienen claras las ideas de lo que hay que hacer y cómo y una ofensa a las propias víctimas que, con mucho esfuerzo y una gran carga emotiva, han decidido dar la cara y compartir su experiencia con la sociedad.
Todo lo que vino después, cuando Odón Elorza se sintió herido en su soberbia -¡qué poca capacidad de autocrítica y qué poco talante de consenso tiene este personaje político!-, pasará a la historia de la infamia contra una asociación a la que Odón Elorza ha evitado desde su constitución. Por mucho que los principios que defiende Covite no coincidan con la visión resolutiva que él tiene de la paz y la libertad para el País Vasco, más cercana a la concesión, los matices y las equidistancias, por lo menos tendría que haber sido respetuoso. Que un alcalde se sienta víctima de una campaña de acoso ante una asociación de víctimas, en la situación en la que vivimos y con los reales hostigamientos terroristas a los que se ve sometida la sociedad vasca, resulta patético. Que acuse a Covite de estar manipulada por el Partido Popular se encuentra en la línea inaugurada por Iñaki Anasagasti cuando se lanzó a decir, entre otras calumnias, que había que desactivar a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Desgraciadamente, Covite está acostumbrada a las ofensas; ésta es la primera que procede de un destacado miembro del Partido Socialista, aliado en la lucha por la Libertad y víctima de la persecución política de ETA y su entorno y esperamos que sea la última, sin que por ello nos reste un ápice de firmeza en nuestras convicciones y compromiso con las víctimas que sigan necesitando la voz y la palabra.

References: artículo 129
 resolución 
 artículo 129
 artículo 520
 artículo 129
 artículo 129