Source: https://delajusticia.com/2017/04/19/novedosos-criterios-jurisprudenciales-sobre-la-potestad-sancionadora/
Timestamp: 2018-05-27 23:44:36+00:00

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Novedosos criterios jurisprudenciales sobre la potestad sancionadora | | delaJusticia.com
2. En segundo lugar, el problema de la vigencia de tal Procedimiento y Principios, pues no olvidemos las diferencias sustanciales, que ya comentamos en anterior post, entre la Disposición Final Quinta de la Ley 39/15 (aplaza la vigencia por un año solamente de los “procedimientos normativos” pero no de los “procedimientos sancionadores”) y la Disposición Final decimoséptima de la Ley 40/15 (aplaza la vigencia por un año de “las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley”, o sea de las normas incompatibles con los “Principios”).
⇒♣ Admite que encaja en la agravante de “intencionalidad”, la actitud de persistencia en la infracción ( notemos que a bote pronto, la “intención” es un prius, y la persistencia un posterius, de manera que aun siendo reprochable, la “resistencia” o “persistencia” no encaja en la “intencionalidad” que la ley alza como agravante y como tal debiera ser objeto de consideración estricta)
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Por si hubiera sido poco complicado el tema con la Ley 30/92 y el reglamento de desarrollo de la potestad sancionadora, ahora que la jurisprudencia, muy poco a poco iba arrojando algo de luz a las numerosas cuestiones oscuras de la vieja normativa; ahora todo el asunto no solo pasa a regularse en dos leyes distintas -ya llegarán sus respectivos reglamentos- sobre las que tardará en dictarse jurisprudencia y, además, llega el TS y se “pone creativo y ocurrente”.
La Ley 40/2015 -art. 29.3- HA SUSTITUIDO el término «reiteración» (que usaba la normativa precedente y la -hoy- comentada STS 03-04-2017- por el -mucho más preciso- de «continuidad o persistencia en la conducta infractora» -art. 29.3 b)-. Con lo que clarifica la diferencia entre este supuesto y el -muy distinto- de reincidencia, aclarando que, para que exista reincidencia, es necesario la comisión de más de una infracción anterior de igual naturaleza en el año anterior que «haya sido declarada por sanción “firme” en -ojo- “vía administrativa”» -art. 29.3 d)-.
Establece, con el carácter de legislación básica, el criterio para resolver “EL CONCURSO MEDIAL” de infracciones administrativas, cuando antes sólo se recogía en el -art. 4.4.- Reglamento derogado: «cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida» -art. 29.5-.
E incluye, igualmente, con el carácter de legislación básica, cuando antes sólo se incluía en el –art. 4.6- Reglamento derogado, la definición de INFRACCIÓN CONTINUADA «será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión» -art. 29.6-. Debiendo precisarse que, a diferencia de los supuestos de “continuidad o persistencia en la conducta infractora”, no estamos ante un criterio graduador de la sanción sino de un tipo específico de infracción que, en aras de evitar la desmesura punitiva, se regula y sanciona de forma especial.
Sin embargo, este teórico panorama de mejoras y avances en la regulación de la potestad sancionadora viene lastrado y frenado, entre otros, por los siguientes factores: la dualidad, dispersión y descoordinación normativa existente; la posibilidad de imponer la sanción inferior, en los casos de desproporción manifiesta entre infracción y sanción, es meramente facultativa de la Administración actuante (“podrá”), lo que hace que se convierta bien en papel mojado (en función de la mayor o menor sensibilidad de quién resuelva), ora en arma para conseguir conformidades forzadas, ya en excusa para recurrir; la diferencia entre lo que es “continuidad o persistencia en la conducta infractora” -art. 29.3-, “concurso medial” –art. 29.5- e “infracción continuada” -art. 29.6- en la práctica no es nada clara, cuando sus consecuencias son muy dispares y su correcta utilización condiciona, nada más y nada menos, que el legítimo ejercicio de la potestad sancionadora y el derecho de defensa del afectado; la supervivencia o compatibilidad de la legislación autonómica con la legislación básica, como bien destaca Sevach, lejos de ser nítida, es un tema un polémico y abierto; etc.
PD. En relación a la normal demora de la jurisprudencia, en aclarar y resolver la correcta interpretación y aplicación de las normas sancionadoras y los efectos perversos que ello provoca, me permito recordar el siguiente ejemplo proveniente del ámbito procesal penal. En el año 1980 se aprobó la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes. Básicamente, permitía que el mismo Juez de Instrucción que instruía una causa pudiera ser el Juez que la enjuiciara. Disparate más que notorio que infringía, entre otros, el art. 24.2 C.E. que consagra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso público con todas las garantías. Pues bien, ¡hasta siete años después! no se planteó por un Juez de Instrucción cuestión de inconstitucionalidad. Y hasta ocho años después no se declaró su inconstitucionalidad. Por el camino quedaron miles de cadáveres jurídicos –en forma de sentencias condenatorias- dictadas por Jueces en los que no concurría la exigible imparcialidad judicial. Como abogado fue testigo directo de dicho “genocidio” jurídico. Y, lo reconozco, he quedado marcado por el mismo.
Si es interesante pero me temo que al tiempo de dictarse la resolución expresa no había prescrito, pues no habia entrado en vigor la Ley, y por tanto ese acto administrativo se dictó en coordenadas de validez, a diferencia de si la resolucion expresa se dicta o notifica tras la entrada en vigor, pues ya operó la prescripción, y la resolución tardía no podría “resucitarlo”. Pero bueno, habrá que ver la jurisprudencia.. gracias
“Resulta obligado examinar la cuestión desde la perspectiva de análisis que suministra este nuevo marco legal porque como hemos apuntado en nuestra sentencia de 24 de enero de 2006 (rec. núm. 419/2002), el principio de retroactividad de las normas administrativas sancionadoras obliga a aplicar retroactivamente esas normas sancionadoras en todo aquello que pudiera ser más beneficioso para el presunto infractor, y dicha aplicación debe llevarse a cabo en cualquier instancia administrativa o judicial donde se encuentre pendiente de enjuiciamiento o ejecución una resolución sancionadora, ya que no tendría sentido confirmar judicialmente la legalidad de una resolución administrativa, según la normativa vigente cuando fue dictada, para que la Administración proceda a dictar seguidamente otra que aplique retroactivamente la nueva norma sancionadora más favorable, resolución esta última que podría ser objeto de un nuevo recurso judicial”.
Pudiendo añadir que de recurrirse en vía judicial la resolución condenatoria y alegarse prescripción (ex art. 26.2 y 30.3 párrafo 3 de la Ley 40/2015) esta cuestión “ha de ser examinada preferentemente a los restantes motivos, incluso los procesales” (STS 23 noviembre de 1990).
Buenas al hilo del interesante debate que proponéis me gustaría aportar mi pequeño grano de arena que tiene que ver con la mención que en el art. 26.2 se hace a “incluso a las pendiente de cumplimiento…”. En este sentido, considero que se trata de una norma dirigida directamente a la Administración. La interpretación que propugna la prescripción de sanciones respecto de resoluciones de recursos de alzada anteriores a la entrada en vigor de la Ley 40/2015 no tiene en cuenta la tremenda injusticia que provoca a una Adminsitración el verse obligada en su caso a devolver la cantidad que en su caso fue ingresada con intereses de demora al respecto. Considero que una solución más justa sería distinguir entre sanciones pendientes o no de cumplimiento; aplicando en todo caso la prescripción retroactivamente a sanciones no cumplldas como dice el precepto. Respecto de la opcion que poropone JR Chaves en el último comentario es muy interesante aunque yo entiendo que el ppio de retractividad en este caso no se toma de la Ley 40/201 sino de la anterior Ley 30/1992 que ya estaba vigente cuando se dictaron dichas resoluciones. Saludos.

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