Source: http://mjlg.es/category/opinion/page/11/
Timestamp: 2018-04-22 23:29:56+00:00

Document:
Opinión | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ - Page 11 Opinión | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ - Page 11
¿Estatuto o capítulo del deportista?
El infame decreto del seguro del deportista y su falta de actualización
Un nuevo marco jurídico del deporte
El seguro del deportista: ¿su no publicidad incumple la Ley de Transparencia?
Sindicatos, financiación y deporte femenino
El dopaje: revertir una mala praxis
La lucha contra el dopaje tiene en nuestro país un nuevo marco jurídico con el que se pretende proteger la salud del deportista, la limpieza de la competición y combatir el lastre de una imagen de país dopante, entre otras causas, por las denominadas Operación Puerto y Operación Galgo. Una legislación que enmienda a la no muy lejana Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviembre, de protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, impelidos por la candidatura de Madrid 2020.
Una legislación, la del 2006, que viene a penalizar a todos aquellos que se lucran del negocio del dopaje, entendiendo que se trata de una conducta que debe ser reprobada más allá del ámbito del deporte, para hacerse visible como reproche social para el resto de la sociedad española. Lo que conllevó la introducción de un tipo penal nuevo, el famoso artículo 361 bis del código penal, con el claro espíritu del slogan DOPAJE CERO.
Lo cierto que esta carrera normativa, casi a contrarreloj, tiene el objeto de implementar el Código Mundial Antidopaje en nuestra legislación. Estando de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con la lucha contra el dopaje, en todas las direcciones. Sería interesante, como jurista analizar algunos temas, que ya han puesto de manifiesto algunas instancias, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Me gustaría apuntar un tema que entiendo no ha quedado resuelto, y que tiene mucho que ver con la polémica, aún existente, en relación a las famosas bolsas de sangre en el reciente procesamiento de la Operación Puerto. En el aire sigue estando el hecho del traspaso de las pruebas desde jurisdicción penal y administrativa, y que, quizás, se podría haber explicitado en el artículo 33, que habla de la colaboración de las autoridades judiciales, pero no se ha hecho, y este asunto podría avivarse en otros procedimientos similares.
Otra cuestión a señalar y que tiene enjundia está referida al tema de la ejecución de las sanciones impuestas por las organizaciones antidopaje no nacionales en base al Código Mundial Antidopaje, que puede chocar con la falta de reconocimiento por parte de nuestro país, por ser incompatible con nuestra legislación. Fundamental y en esta ley hay vericuetos que no lo resuelven es el tema de la presunción de inocencia pues un positivo, sin un contraanálisis implica de forma inmediata la suspensión de la licencia automática y puede tener efectos irreparables en el plano competitivo, si no se confirma el resultado positivo. En sentido crítico también se han expresado el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal en los informes preceptivos previos a la tramitación parlamentaria de la norma, alertando de la posible inconstitucionalidad de estos preceptos.
Un tema en el que se ha mostrado contundente el Consejo Fiscal está referido al hecho de la prescripción, que según la nueva norma establece un plazo de prescripción de ocho años para las infracciones cometidas en esta materia. Este plazo viene determinado por el Código Mundial Antidopaje, que además se configura como norma “intocable”, y, por tanto, no puede ser objeto de cambio sustancial por los Estados. Y esto choca diametralmente con la legislación española por resultar contradictorio lo que puede suponer respecto del plazo de prescripción previsto para conductas que se suponen más graves, como las previstas en el art. 361bis del Código Penal, que prescriben a los cinco años. Este tema no es baladí por cuanto que cualquier trasposición de normativa internacional no puede implicar la alteración de reglas básicas de nuestro status jurídico, como es la de valorar la mayor gravedad de la infracción penal sobre la administrativa.
A pesar de todo, se trata de una norma importante, que, sin duda alguna, se ajusta a los requerimientos de la Organización Mundial Antidopaje; pero esto no significa que haya elementos que choquen con el derecho español, y que tiene mucho que ver, por lo expuesto, con derechos individuales de los propios deportistas, que no dejan de ser ciudadanos, además de deportistas.
Lo que creo que hay que señalar como un dato importante es el hecho, – y esto se ha equiparado a todo el derecho comparado-, del esfuerzo de centralizar los controles en la Autoridad Antidopaje, en este caso la Agencia Española de Protección de Salud en el Deporte, entendiendo que es la que puede ofrecer mayor garantía de credibilidad, independencia, confidencialidad, como impulsadora de todas aquellas medidas que promuevan la erradicación de conductas que perjudiquen la limpieza de la competición y salvaguarden la salud del deportista.
Las mujeres están discriminadas en el deporte
En nuestro país queda, aún, un ámbito laboral en el que existe una discriminación de hecho y de derecho, es el caso del deporte. Las reglas de juego para las chicas y los chicos son diferentes, no sólo en el terreno de juego, sino muy especialmente por una legislación anacrónica y discriminatoria. Un ejemplo de ello el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas, que dice en su artículo 24:”…… No podrá existir más que una liga profesional por cada modalidad deportiva y sexo en el ámbito estatal”.
Significa esto que al existir la masculina no puede existir la femenina, con lo que supone detraer derechos en relación a cuestiones tan importantes como las negociación colectiva, convenios colectivos, retribuciones, régimen jurídico ( civil en lugar de laboral), incapacidades laborales, embarazo etc. Como abogada con casuística amplia en este tema puedo confirmar el hecho de que muchos clubes de diferentes disciplinas deportivas tienen contratos con jugadoras no como deportistas, sino como empleadas de hogar, dependientas, trabajadoras en pizzerías, etc. Esta amalgama de irregularidades conlleva, por ejemplo, a casos tan extraños como demostrar la existencia de una relación laboral, que no se presupone en la mayoría de los casos. Y que, en ocasiones, por ejemplo, se llega a la paradoja de una reclamación en el FOGASA, con el número de la seguridad social del padre de la supuesta trabajadora deportista.
En lo que va de legislatura en el Congreso de los Diputados se han aprobado diferentes Proposiciones No de Ley con el objeto de fortalecer y consolidar la presencia de la mujer deportista en, por un lado, las distintas instituciones del deporte español; y, por otro lado, tratando de incentivar desde las administraciones públicas la profesionalización de la mujer en el deporte.
La presencia de la mujer en la mayoría de las federaciones está circunscrita a los denominados comités de deporte femenino, significa esto que las probabilidades de que una mujer sea presidenta de la Federación de Fútbol o de Baloncesto, por señalar las más importantes es mínima, ya que están por designación y no por elección. Su presencia sigue siendo testimonial, y aunque están, lo están de forma segregada. De hecho, se puede afirmar a fecha de hoy la existencia de un amateurismo casi generalizado del deporte femenino. Tomando como referencia esta reflexión soy consciente del hecho de que son muchas las mujeres que practican deporte, como actividad profesional, pero permanecen invisibles para sus estructuras deportivas, asociativas y la propia Administración Pública.
Creo que es un buen momento para, aprovechando una modificación legal, proponer una mirada expresa y clara hacia una normativa que regule el deporte profesional femenino. En relación a temas como la retribución, modificación RD 287/2003 – cotización seguridad social-, o suspensión de la relación laboral de una deportista por embarazo o maternidad. Son significativos los ejemplos de jugadoras que han sido despedidas por el hecho de quedarse embarazada. Sin duda, inadmisible este tipo de cláusulas en el derecho laboral común, y que se dan en el ámbito del deporte. Otro hecho, con consecuencias, tiene que ver con la no cotización por la actividad que ejercen de hecho, y que está suponiendo que jugadoras con más de vente años de trabajo no hayan cotizado como tales en la seguridad social. Aún más, otro tema grave se produce cuando tienen lugar las lesiones, algunas de las cuales llegan a producir incapacidad laboral futura.
Sirvan estas reflexiones para señalar por qué sigue habiendo tanta diferencia por sexo en el deporte. Valga una prueba más de lo afirmado en el simbólico y vigente artículo 97 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol: De Honores y Recompensas:…..”Al futbolista que actúe por vez primera en la selección Española Absoluta, o en diez en la de la misma categoría de fútbol sala o femenino, se le concederá el emblema de oro de la RFEF”. Lamentable, si tenemos en cuenta que, en este caso, se está representando al país, y tengo que decir que como ciudadana del mismo me representa por igual una mujer futbolista que un hombre futbolista. Como conclusión, no se si lo expuesto es puro anacronismo, o existe la intencionalidad de seguir relegando el papel de la mujer en el deporte como profesional.
Fdo. María José López González
Un marco legal para dar seguridad a las familias
Otras Dispciplinas
Durante años el ladrillo ha constituido el sector productivo que más ha acelerado la economía de este país. Esto ha cambiado radicalmente. Y, además, de llevarse por delante muchos puestos de trabajo, han dejado a la intemperie a muchas familias. Una situación que ha conllevado la vulneración del derecho a la vivienda. Y mientras se buscan fórmulas jurídicas para salvaguardar ese derecho, la calle, los ciudadanos, los grupos políticos, y este país se divide entre posiciones tan radicales, que obvian lo fundamental: que nadie se vea privado de ese derecho. Se han planteado marcos normativos nuevos, reforma de la ley hipotecaria y concursal, la dación en pago, etc. No obstante, ninguna de estas soluciones marca un cambio radical respecto a lo que hay.
En mi opinión habría que situar la nueva legislación en torno al sobreendeudamiento de las familias. Ni la ley concursal, ni la ley hipotecaria, ni la dación en pago – privarse de la deuda y del hogar- lo solucionan. Porque al final estas fórmulas son procedimientos liquidatorios. Y de lo que se trata es de rehabilitar al deudor como persona física. Y lo que es más importante, salvaguardar la vivienda en la que viven, especialmente, si hay niños.
Nos encontramos en este país con un hecho insoslayable el excesivo crédito sobrevenido. Con un dato que no quiero dejar de apuntar, la mayoría de las tasadoras de las viviendas son propiedad de los bancos, que han valorado por encima, y ahora, con un mercado inmobiliario decreciente se encuentran con un descuadre en los balances de las entidades bancarias. A pesar de todo, no pretendo apuntar para saldar cuentas, aunque el dato lo conozco y es real.
De lo que trato es de señalar la existencia de un sistema ex novo, instrumentalizado a través de Estado, de carácter administrativo, que regularizará unos expedientes, y que tendrá unos efectos: fase de reconocimiento de deuda, convenio y conciliación. Abierta a una vía judicial, incluso, si se produjera una situación de abuso. Que comenzaría con la petición por parte de la familia solicitando el expediente de sobreendeudamiento, siempre de buena fe, para posteriormente la comisión conceder la admisión o no del expediente y, por tanto, de la petición. Un pronunciamiento que no debiera prolongarse más de tres días. Si la operación fuera apta se procedería a una negociación, en la que se protege el hogar familiar, por encima de todo, protocolizando un acuerdo, para garantizar una respuesta económica, a través de un plan de pagos, que puede suponer una quita y un plazo determinado para ir efectuando los pagos de la deuda, salvaguardando una renta mínima y siempre y en todo caso la vivienda familiar.
Hay que insistir que en la legislación actual el patrimonio de una persona física no es suficiente para hacer frente a los acreedores, y permanece a la expectativa de la reclamación siempre abierta, – a diferencia del concurso de las empresas-, de acuerdo al artículo 1911 del Código Civil, de responder con sus bienes presentes y futuros. En este sentido, y sin ánimo de prejuzgar queda constatado que, según la legislación española, si debes como persona jurídica lo tienes más fácil, y si debes como persona física francamente lo tienes mucho más complicado.
La legislación actual, por tanto, en España es proclive al hecho de que todo es susceptible de salvarse menos el ciudadano. De ahí que algunos lo rechacemos y como jurista, aboguemos por modelos de derecho comparado, que están dando buen resultado en países de nuestro entorno. Un marco específico sobre el que pivotar el centro de protección que debe ser el entorno familiar, y los bienes que le permiten vivir de forma digna. Teniendo en cuenta, además, una casuística real de este país, y que lo constituye el hecho de que muchos ciudadanos han puesto su vivienda particular como aval de su negocio.
Tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones a futuro, y esta ley pudiera constituir un buen instrumento, por cuanto no parte de un concepto de impunidad del acreedor, sino que busca la implicación de todos los sectores afectados que actúan cuando se produce esa situación de quiebra económica de las familias. Tratando especialmente de rehabilitar al deudor y evitar, como ya está pasando en nuestro país, marginalizar situaciones, que pueden conllevar una clara exclusión social, que si son ciertas las cifras de las que se hablan, empiezan a ser inaceptables.
Fdo. María José López González. Abogada
Ex Directora General Gabinete Ministerio de Vivienda
Derecho a conocer, derecho a saber
Mucho se está publicando en los medios de comunicación acerca de la denominada Ley de Transparencia, con la que se quiere poner blanco sobre negro el funcionamiento de las administraciones públicas en nuestro país, con especial incidencia en todas aquellas instituciones que están soportadas por los cuentas públicas, sostenidas, pues, por los impuestos de los ciudadanos.
Metidos ya en el debate parlamentario la discusión se centra en dónde poner el límite, respecto a determinadas instituciones, una de ellas, la propia Monarquía, que no entiendo por qué hay duda de someterla a esta Ley de Transparencia, si efectivamente, como se sabe, tiene una consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado. Como ciudadana entiendo que todas aquellas instituciones públicas y privadas que reciban fondos públicos deben estar sometidas al conocimiento y explicación de la ciudadanía. Aunque, no debemos engañarnos, siempre quedará algo destinado al denominado capítulo de los fondos reservados. Y ahí parece caber todo. Me imagino que hasta ahí no se llegará.
Esta nueva legislación con la que se pretende fortalecer el nivel de información de los ciudadanos llega ya tarde a nuestro país, si nos atenemos al derecho comparado, de realidades como Francia, Alemania, Finlandia, etc. No obstante, este llegar después debiera servir para no cometer errores de países precedentes, y hacer una legislación moderna, capaz de ofrecer a todos los españoles la mejor radiografía de cómo y en qué se gasta el dinero público. Además de ofrecernos un buen termómetro de cómo han de responder todas las administraciones públicas ante los requerimientos de los ciudadanos que las soportan, y a los que representan. Dejando el concepto de administración oscurantista como una rémora del pasado.
El derecho a conocer y el derecho a saber de los españoles debe ser la máxima de esta nueva normativa; especialmente, en una realidad en la que la presencia de las nuevas tecnologías juega a favor de esta estrategia de transparencia. No debiera valer, por tanto, con este nuevo marco normativo el responder cuando un ciudadano interpela a la administración es lo que hay. No, aquí hay que explicar el cómo y el por qué esa administración pública está actuando. Y aún más hay que exigirles responsabilidades en esa dirección.
Pero para que sea eficaz ese ejercicio de transparencia de lo público no debe haber nada reservado a ninguna materia; aquí no caben atajo. Si somos transparentes hemos de serlo en el amplio sentido del término. Y, especialmente, si lo que subyace de este hecho es ofrecer al ciudadano todas las garantías de una información certera y veraz, reforzando el concepto de responsabilidad de los Poderes Públicos hacia los ciudadanos. Entiendo, pues, que esta Ley de Transparencia conllevará nuevos cambios normativos de situaciones de privilegios que aún se mantienen en la sociedad española. Rompiendo inercias discriminatorias del pasado que han provocado desconfianza y recelos hacia esa especie de casta, que, a veces, se ha predicado de los que representan las más altas instancias de los poderes del Estado.
Sería recomendable, pues, aún en discusión esta Ley que concitara el mayor de los apoyos de todos los grupos políticos y organizaciones sociales que han intervenido en el debate, para consensuar la mejor manera de una forma de hacer y de actuar de las administraciones públicas. Para que esa especie de auditoría funcional a la que se pretende someter a las distintas administraciones e instituciones públicas no sea un papel en blanco, sino el reflejo más real de cómo funcionan todas estas instancias que mejor o peor están liderando el desarrollo democrático de nuestro país.
Convendría, por tanto, aprovechar esta coyuntura para hacer una verdadera ley de transparencia, que no se quede nada por ser revisable y publicable; y que tenga como finalidad servir de la mejor forma a los ciudadanos españoles.
La ley de transparencia y el fútbol
Hablar de fútbol en nuestro país es hablar de actividad económica, de Marca España y de aficiones. Epítetos definitorios del hecho futbolístico, y que pueden ser perfectamente conjugables de forma simultánea.
De hecho, el deporte, en su conjunto, es una de las actividades mercantiles que mayor capacidad de trazabilidad tiene por ser un hecho de espectáculo público, cultural y de negocio económico.
A esta realidad, tratándose de un sector privado puro y duro no ha sido ajeno al interés en legislar e intervenir desde las Administraciones públicas, y desde las distintas cámaras parlamentarias. Un ejemplo significativo lo ha evidenciado la Eurocámara, que en multitud de ocasiones se ha pronunciado sobre el hecho futbolístico dentro del contexto del denominado Estado de la Unión.
Cuestiones como los traspasos de jugadores, la minoría de edad, la transparencia en el control financiero, los fondos de inversión han sido debatidos en el seno de la Eurocámara, en un intento por regular, lo que consideran que debe hacer la Unión Europea, todo aquello que tenga una clara vertiente económica, sin obviar, eso sí, lo de fenómeno mediático de esta disciplina deportiva, con claras repercusiones sociales y culturales. Desde algunos grupos del Parlamento Europeo- alineados a la izquierda – se ha pretendido crear un órgano supervisor que controlara las actividades financieras y comerciales de los clubes. Con el objeto de imponerles el cumplimiento de criterios de transparencia financiera y de buena gestión.
Al hilo de esto, no queda por menos que reflexionar sobre la necesidad de instrumentalizar mecanismos de transparencias en las estructuras asociativas del fútbol, y entroncarlo dentro del marco de una estrategia empresarial, bajo la denominada responsabilidad social corporativa o empresarial. Instrumento desde el que se podría propiciar criterios de autoevaluación de, especialmente, estas entidades para, bajo una marca se les pudiera considerar como entidades socialmente responsables. Diseñando mecanismos de auditorías y de autocontrol, bajo la configuración de un sistema de gestión propio, liderado por una entidad centralizadora, que pudiera ser la Liga de Fútbol Profesional, pues como entidades privadas, que son y sometidas a la legislación vigente, sería bueno seguir residenciando su autonomía por una instancia que los convoca a todos, como es la LFP. Y en este sentido, adelantarse a la inminencia de la denominada Ley de Transparencia en nuestro país, que va a incidir en ese control sobre todas aquellas entidades, de todo tipo que reciben algún tipo de financiación pública. Aunque no se han especificado los porcentajes para esa supervisión pública, se indican que han de ser relevantes.
En este sentido, el mundo del fútbol debiera trabajar, aún más allá de las medidas establecidas, en mecanismos de relevancia que hagan decir si es trasparente y lo es. Y en esto, se podría tomar nota en relación a, por ejemplo, establecer un mecanismo de adhesión a procederes auditables por terceros capaces de describir con veracidad si esas deudas obedecen a una buena o mala gestión; pues el problema de los impagos y de las situaciones concursales sigue siendo el lastre del espectáculo futbolístico. A pesar de que no se entiende bien, que conjugar a inicio de temporada las entradas posibles, el sponsor y la taquilla, no se sea capaz de hacer un planteamiento económico aproximado, para evitar los descalabros económicos y sanciones de la propia UEFA, capaz de contrarrestar el aprovechamiento deportivo, ante el desaprovechamiento económico.
¿Es posible y beneficioso, por otro lado, aplicar esto al fútbol, y, más concretamente, a los equipos de fútbol? Sin duda que sí, y hacerlo, según algunos conocemos y hemos realizado, bajo la puesta en marcha de un sistema de gestión, capaz de adaptarse a la realidad de este tipo de entidades, y que esa “buena praxis” como estrategia empresarial, pueda ser enarbolada por las mismas, frente a las Administraciones Públicas, tanto a la hora de situaciones de riesgos económicos, como, a la hora de poder ser beneficiados con ayudas, y programas públicos, o de entidades privadas, que bajo, el sello de RSE puedan hacerles merecedores de esa financiación por parte de otras instituciones con intereses en invertir en proyectos empresariales.
En este sentido, esta iniciativa que pudiera ser pionera en el mundo podría ir de la mano de la LFP, por cuanto que puede constituirse en aglutinador de estrategias coordinadas y orientadas en torno al concepto de la Responsabilidad Social Empresarial. El marco legal ya existe, y las referencias las encontramos desde la actual Ley de Economía Sostenible, pasando por futura Ley Transparencia; asumiendo los postulados de laCumbre de Lisboa 2000, Libro Verde, así como la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. Con un apunte sustancial contenido en la denominada Comunicación de la Unión Europa de Octubre de 2010, en relación con la RSE.
La marca fútbol español sostenible
La apuesta, por tanto, sería establecer una certificación por tercera parte a través de una institución, que sea capaz de responder a la demanda de RSE a través de requisitos exigentes que otorguen valor, prestigio y reconocimiento por parte de usuarios, administración y sociedad. La concesión de la misma estaría supeditada a cumplir con unos requisitos mínimos en relación a Sistemas de Gestión en relación a la calidad, medio ambiente, sostenibilidad, etc. Pero lo que lo haría diferente a otros tipos de certificaciones consistiría en la instrumentalización de un sistema de gestión propio que midiera el proceso evolutivo de cada club consigo mismo.
Se trataría de crear su propio sistema de gestión adaptado, como herramienta para desarrollar e implementar supolítica de sostenibilidad, facilitando la consecución de los objetivos de RSE, en su cuádruple dimensión.
Y un tema importante, no se trata de contextualizar sólo un sistema de gestión unitario, sino este hacerle compatible con otros Sistemas de Gestión, que tendrían que ver con la famosa ISO, pero con una medición propia que tuviera en cuenta toma de decisión ejecutiva, documentación del Sistema, Compromiso de la Dirección, Objetivos, Evaluación, Revisión del Sistema, etc.
Lo interesante, pues, de este sistema estriba en el hecho de poder ir modificando esos parámetros a medida que la marca va desarrollándose. De ahí la importancia de la instauración de un comité, liderado por un tercero quiénes marcarían la estrategia a medio y largo plazo.
http://iusport.com/col/91/maria_jose_lopez_gonzalez/
Pag. 11 de 11

References: artículo 361
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 97
 artículo 1911