Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-590-98.htm
Timestamp: 2018-12-19 02:58:37+00:00

Document:
T-590-98
1. El señor Esteban Cancelado Gómez está privado de la libertad por el presunto delito de rebelión de que trata el artículo 1° del decreto 1857/89, con la circunstancia de agravación del artículo 128 del Código Penal, por eso no tiene derecho al beneficio de excarcelación. Se le ha ordenado continuar en la cárcel donde actualmente se encuentra, es decir en la Cárcel Modelo en Santafé de Bogotá. Obra en el expediente el auto de 4 de diciembre de 1997 de la Dirección Regional de Fiscalía que contiene la resolución de acusación.
2. Antes de ser detenido, Cancelado Gómez había sido persona muy activa en la defensa de los derechos humanos, ocupando inclusive la Presidencia de CONADHES (Comisión Nacional de Derechos Humanos). En desarrollo de sus labores participó en investigaciones y denuncias por crímenes y genocidios como el de Los Uvos (en el departamento del Cauca), hasta el punto de que “La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos asumió la investigación el 9 de mayo de 1991, en virtud de la denuncia presentada por CONADHES”[1]. Y en el libro De espaldas al cielo de cara a la muerte se dice: “ El ingeniero Esteban Cancelado fue capturado por miembros del ejército nacional el dia 17 de abril de 1997 en la ciudad de Barranquilla y fue puesto a la disposición de la justicia sin rostro, aportándose como evidencias las denuncias que éste hizo contra los militares en la masacre de los Uvos. Nos preguntamos si no se trata de una retaliación de miembros del ejército nacional contra Esteban Cancelado por su coraje para denunciar a los verdaderos culpables”.[2] También se indica que, como defensor de derechos humanos, Cancelado y la organización no gubernamental por él dirigida, denunció la masacre de Trujillo (Valle). Dentro de las personas denunciadas por Cancelado están los señores Henry Loayza, Jesús Sarria, Leonidas Vargas, actualmente recluidos en el pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo.
a- En declaración juramentada ante el Juez de tutela, el abogado que apodera a Cancelado afirma: “El señor Esteban Cancelado Gómez, es un reconocido defensor de derechos humanos en nuestro país, labor que ha desempeñado por más de 20 años”.
1. Que el ingeniero Esteban Cancelado Gómez sí es funcionario de la entidad y a la fecha se desempeña como jefe del departamento de administración y operación de la EDT, cumpliendo las funciones pertinentes a los montajes de internet y transmisión de datos.
2. La vinculación del ingeniero Esteban Cancelado Gómez se dió de acuerdo a los cánones establecidos en la entidad para ingresar, se seleccionó su hoja de vida por la experiencia que tenía en el manejo de servicios telemáticos, tales como internet, transmisión de datos y servicios de valor agregado.
3. Debido a que el mayor número de profesionales del área de telemática se encuentran en el interior del país y teniendo en cuenta que la empresa Distrital de Telecomunicaciones entra a competir en otros mercados con los anteriores servicios, el ingeniero Cancelado fue escogido para que coordinara entre la multinacional IMPSAT y la EDT, la prestación de los servicios telemáticos , estando limitadas sus funciones solo y exclusivamente a este trabajo.
c- El Jefe de la oficina jurídica del INPEC, el 3 de marzo del presente año resume las posiciones de la Institución así:
d- Y, se adujo:
Y se adjuntó numerosa documentación que relata la difícil situación en que se hallan los defensores de Derechos Humanos en Colombia y la cantidad de ellos que han sido asesinados: Se mencionan por ejemplo los nombres de Héctor Abad Gómez, Eduardo Umaña Mendoza, Leonardo Betancur Taborda, Luis Vélez, Alirio de Jesús Pedraza, Jesús María Valle Jaramillo, Mario Calderón, Elsa Alvarado, [3] la mayor parte de ellos asesinados después de 1994, y se lanza una terrible acusación contra la sociedad colombiana: Hasta cuándo el signo de los defensores de los derechos humanos es la muerte o el sufrimiento?
A nivel constitucional la vida es el primero de los derechos de la persona humana; además es un valor constitucional de carácter superior y su respeto y garantía aparece consagrado como un principio del ordenamiento jurídico político.
“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga”.
En la sentencia 232 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo lo siguiente:
“Asegurar la vida, no es solo el derecho subjetivo que se tiene sobre la vida, sino la obligación de los otros a respetar el derecho a seguir viviendo o a que no se anticipe la muerte; en este sentido amplio está el Preámbulo de la Constitución Política.
Por su parte el artículo 2º consagra los fines esenciales de la Constitución entre ellos la protección a la vida de las personas residentes en Colombia, protección que ya estaba consagrada en la Constitución de 1886 y en la de Rionegro (1863) pero que cobra gran importancia en la Nueva Constitución por la consagración expresa que se hace a la inviolabilidad de la vida[4].
“.(..) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”(art. 2 C.P.)
"El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a la salud. No se puede establecer una clara línea divisoria entre los tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial y, por ende, necesaria. El derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral, se fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos. Sería absurdo reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos consecuenciales a la integridad física y a la salud. Desde luego es factible establecer entre los tres derechos una diferencia de razón con fundamento en el objeto jurídico protegido de manera inmediata; así, el derecho a la vida protege de manera próxima el acto de vivir. La integridad física y moral, la plenitud y totalidad de la armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las facultades intelectuales"[5].
“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, con ello se está indicando que si un particular viola o amenaza el derecho a la vida, es responsable no solo en la esfera de lo penal, policivo o civil, sino también en el ámbito Constitucional. Este derecho fundamental adquiere dentro del Estado Social de Derecho una dimensión objetiva, como bien lo ha expresado esta Corte. La fuerza vinculante de este derecho, como la de los demás derechos fundamentales, se hace extensiva a las relaciones privadas, aunque es el Estado el principal responsable de su protección, garantías, respeto y desarrollo. Al respecto la Corte estableció:
“Si mientras la Constitución protege el derecho a la vida, el legislador no hace punible el delito de homicidio, y el juez no cumple eficazmente con su función judicial, un homicidio impune es, no solamente la vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular, sino, en última instancia, un hecho cuya responsabilidad compete directamente al Estado”.[6]
3. El derecho a la vida en la normatividad internacional
-Declaración universal de derechos humanos, artículo 3º, Derecho a la vida: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
-Pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Ley 74 de 1968, artículo 6º; “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente...”
-Convenio americano sobre derechos humanos. Ley 16 de 1992 artículo 4º: Derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción...”
En conclusión: el derecho a la vida está protegido en la normatividad positiva y en el terreno constitucional la vida se debe amparar frente a cualquier circunstancia que se pueda convertir en causa de la no vida.
4. Derechos a la vida y a la dignidad
En la sentencia T-645/96, M. P. Alejandro Martínez Caballero, se indicó:
“La consagración constitucional del principio de la dignidad humana como fundante en nuestro ordenamiento (art. 1º), exige un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, este principio impone una carga de acción positiva frente a los derechos, más aún en relación con la vida, como desarrollo esencial de los valores, derechos y libertades individuales.
En este orden de ideas, en razón a que el derecho a la integridad física es una prolongación del derecho a la vida, que además es una manifestación directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por el derecho a la no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu. Así pues, el Estado debe proteger al individuo y, cuando se trata de preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles la salud, integridad y vida de personas, el Estado debe colocar todos los medios económicos posibles para obtener la mejoría de los administrados”.
5. La responsabilidad del Estado respecto al derecho a la vida de las personas detenidas
Ya se ha señalado como premisa que existe para las autoridades la obligación de proteger la vida de todas las personas que se encuentren en el territorio colombiano. “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida…”, dice el artículo 2 de la Constitución Política. Pero, hasta dónde llega esta responsabilidad?
Es evidente que si no hay protección aparece una falla del servicio. Pero como la llamada falla del servicio es relativa, se debe analizar en cada caso concreto si cuando se atenta contra el derecho a la vida de una persona en Colombia, el Estado estaba en posibilidad de proteger tal derecho. El Consejo de Estado, en su Sección Tercera, ha dicho que, en principio, la obligación de las autoridades para proteger la vida es de medio no de resultado porque lo único que hace el Estado es utilizar todos los medios que posea para proteger la vida de las personas residentes en Colombia, pero solo eso, por encima de ese límite el Estado no responde. Sin embargo, en circunstancias excepcionales donde la persona no puede protegerse por sus propios medios, por encontrarse bajo la custodia de una autoridad pública o en los casos en que la persona está seriamente amenazada en su vida y pone este hecho en conocimiento de las autoridades respectivas, la obligación del Estado se convierte en obligación de resultado.
Cuáles son los casos típicos en que la persona no puede protegerse porque está bajo la dependencia de una autoridad pública? Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, son estos: los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, las personas detenidas por las autoridades públicas, las personas recluidas en hospitales públicos y los niños que se encuentran estudiando en escuelas públicas. Y, no se debe olvidar, que a los detenidos sólo se les restringe parcialmente el derecho a la libertad, pero todos los demás derechos siguen plenamente en cabeza del recluso.
Tratándose concretamente de las personas privadas de la libertad , el Consejo de Estado ha expresado que cuando se detiene a una persona , y luego ésta es recluida en una cárcel, las autoridades deben devolverla al seno de su familia en las mismas condiciones físicas y síquicas en que fue detenida, obligación que surge desde el mismo momento de la detención. Esta obligación se vuelve objetiva y por consiguiente no importa el concepto de culpa. A la Administración sólo se la exonera si se demuestra que el daño ocurrió por la culpa exclusiva de la víctima.
Es así como en sentencia de agosto 14 de 1997, expediente 12.333, actor Mercedes Maria Parra y otros contra la Nación y el INPEC, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:
“4. En casos como el presente, en los que el particular se encuentra detenido a órdenes de las autoridades públicas, la obligación que sobre ellas recae (artículo 2 de la Constitución) se torna en una obligación de resultado, presumiéndose la responsabilidad de la administración con la sola demostración de que la víctima no ha sido reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresó a su detención”.
En sentencia de 5 de septiembre de 1994, actor Miguel Angel Garcia, expediente 9520, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo, también se dijo al respecto:
“La Sala desea reiterar la jurisprudencia sostenida en los fallos de diciembre 6 de 1988, octubre 25 de 1991 y marzo 27 de 1992, en el sentido de que cuando la autoridad detiene a una persona que ha sido sindicada de algún delito contrae una obligación para con ella de mantenerla a buén recaudo respetando su integidad física y moral, y devolverla, una vez cumpla la condena, o antes (si es declarado inocente) , en similares condiciones a las que tenía cuando entró. Esta es una obligación de resultado, como en los fallos referidos se sostuvo, que conserva toda su vigencia ahora. Se trata de un deber legal que debe cumplir la autoridad so pena de ser declarado responsable por violación de las garantías constitucionales”.
6. La responsabilidad del Estado frente al derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos
6.1. Los derechos humanos y su protección
Los derechos humanos ocupan un lugar preferente en el plano jurídico por el menosprecio que en muchos paises existe respecto de la vida humana. Surgió el tema con mucha fuerza como una “exigencia prioritaria”, ante el holocausto y la violación de los derechos fundamentales de miles de personas en la segunda guerra mundial. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Teherán, en 1968, fue la del reconocimiento de los derechos humanos correspondiente a la fase “legislativa”[7], y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, en 1993, fue la de la “implementación”[8] de estos instrumentos.
Un aspecto muy importante es la protección de los derechos humanos por parte del Estado, el cual está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones que ocurran. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 29 de julio de 1988[9] dijo sobre este tema:
“172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.
177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.
6.2. Los defensores de los derechos humanos
Si el Estado cumpliera a cabalidad su deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, no surgiría la necesidad de que los particulares se convirtieran en defensores de aquellos derechos. Sin embargo, eso no ocurre, y, además, el artìculo 95 de la Constitución Política establece, entre las obligaciones de todas las personas en Colombia, “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. Obligación que se desprende del propio Preámbulo de la Carta en cuanto la finalidad de la Nueva Constitución es la de “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”. En conclusión, el respeto y defensa de los derechos humanos legitima un Estado Social de Derecho.
Desafortunadamente, es el clima de intolerancia y de violencia el que impera en nuestra Patria y son pocas las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Algunas autoridades lo hacen porque la misma Constitución específicamente los obliga a ello, (Ministerio Público, artículos 118, 277, 278, 282 C.P.). Los particulares, generalmente integrantes de Organizaciones no Gubernamentales, directamente se oponen a la violación de los derechos humanos y luchan para poner fin a la impunidad.
Las ONG’s colombianas que desarrollan tal actividad se han ganado el reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional por su valor y tenacidad frente a las terribles y atroces violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país. Pero, internamente han pagado un alto costo de sus esfuerzos. En el informe de su visita a Colombia en octubre de 1994, los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales al referirse al peligro que corren en Colombia los defensores de los derechos humanos dijeron que “La amenaza es muy real si se considera el número alarmante de activistas muertos a lo largo de los años en el pasado reciente”. No se puede pasar por alto que en el aludido informe el Relator Especial de las Naciones Unidas expresó que en los últimos años se “han hecho numerosos llamamientos al gobierno de Colombia, con arreglo al procedimiento de urgencia, instando a las autoridades a que aseguren protección a los activistas de derechos humanos”.
Amnistía Internacional , al referirse a los Defensores de los derechos humanos: La brecha en el muro de silencio, en el debate en torno a la Declaración de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, pone de presente la gran dificultad de defender a los defensores de derechos humanos y dice al respecto:
“En 1985 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de Trabajo para redactar un “proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. El título planteó dificultades al sugerir la posibilidad de imponer deberes especiales a los defensores y limitar los derechos y libertades “defendibles” únicamente a aquéllos que fueran “universalmente reconocidos”. El Grupo de Trabajo se reúne anualmente en Ginebra, Suiza, antes del periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y es conocido como el “Grupo sobre Defensores”. Una vez que el Grupo haya finalizado la redacción del proyecto de declaración deberá transmitirlo a la Comisión de Derechos Humanos y ésta a su vez a los órganos superiores de las Naciones Unidas, para su adopción.
Desde el comienzo, el proceso de redacción demostró ser lento y complicado. Los 10 años de debate han sido caracterizados por la constante tensión entre aquéllos que intentan fortalecer los derechos necesarios para el trabajo en derechos humanos , y aquéllos que se esfuerzan por imponer a los defensores un conjunto de restricciones y obligaciones que de ser puestas en práctica vaciarían de contenido su labor.
Como el Grupo de Trabajo sólo adopta un artículo del proyecto de declaración cuando los gobiernos encuentran consenso sobre su contenido, basta con que un gobierno exprese su oposición terminante para que se haya interpuesto un virtual veto en contra de esa disposición. Algunos Estados[10] se han opuesto sistemáticamente a reconocer los derechos que son imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos. También han tomado iniciativas tendientes a imponer severas limitaciones a la labor de los defensores”.
En la conferencia sobre defensores de derechos humanos convocada por Amnistía Internacional[11] en mayo de 1996, en Bogotá, se dijo:
“Durante estas últimas dos décadas, de 1975 a 1995, los defensores civiles de derechos humanos comprendieron qué son los derechos humanos, cuales son los más prioritarios, e interelacionando teoría y práctica desde “la realidad más real” de América Latina y el Caribe, les dieron valor y consistencia, al defenderlos, promoverlos y difundirles en todos los ámbitos sociales y políticos. Así lo hicieron, porque defendieron, antes que su vida, la vida de aquellos que no tenían libertad; y porque promovieron la vida frente a la persecución y la conculcación pavorosa de los derechos humanos. Y así lo hicieron, frente al poder arbitrario, frente al autoritarismo y ante el totalitarismo.”
Sin embargo, y a pesar de que la historia de los defensores de derechos humanos está llena de hechos sangrientos y violaciones contra su integridad y su libertad, la historia de estos veinte años de lucha por los derechos humanos en América Latina y el Caribe es de tal riqueza y magnitud que sin duda, los procesos de democratización tienen una deuda con la causa de los que defendieron los derechos humanos.[12] Los defensores de los derechos humanos son pieza clave en las sociedades intolerantes”.
6.3. La Directiva Presidencial 11
La respuesta institucional en Colombia ante la inhumana e injusta realidad que viven los defensores de derechos humanos, se ha limitado a varias Circulares, entre ellas la No. 7432 de agosto de 1994, en la cual se dijo que “El gobierno nacional…tiene la responsabilidad a todos los niveles de garantizar espacios de trabajo y la integridad personal de los miembros de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en el área de los derechos humanos”. La No. 07 de 10 de junio de 1997 en la cual se dijo, entre otros puntos, que “ A fin de introducir claridad y coherencia en los pronunciamientos gubernamentales en materia de derechos humanos, en lo sucesivo las declaraciones públicas -habladas y escritas- sobre el tema en mención, sólo podrán ser emitidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho y por el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos”. Y, a raiz del asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, el 22 de julio de 1997 se produjo la Directiva Presidencial No. 11 que en algunos de sus apartes, a la letra dice:
Reitera la voluntad política del Gobierno de otorgar al tema de Derechos Humanos una consideración prioritaria, encaminada a propiciar las condiciones necesarias para su plena vigencia en el territorio nacional,
Reconoce la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de los programas, proyectos y actividades relacionadas con la divulgación, la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que adelantan las organizaciones privadas o de la sociedad civil, políticas académicas, sociales, cívicas y comunitarias, conformadas con arreglo a la Constitución y a la ley, así como de las actividades que en materia adelantan cualesquiera personas o grupos, aunque formalmente no estén constituídas como personas jurídicas; a todas las “organizaciones de derechos humanos” para los efectos de esta Directiva, y queda entendido que las prescripciones de la misma comprenden a las organizaciones que agrupan a víctimas de la acción de la guerrilla;
Reitera que la actividad de las organizaciones de derechos humanos deben ajustarse a la Constitución y a las leyes.
… ORDENA: atender y despachar favorablemente, a la mayor brevedad, las solicitudes de entrevistas y reuniones, al igual que las peticiones de información y el suministro de copias de documentos, que les presenten o formulen las organizaciones de derechos humanos a menos que se trate de información o documentos sometidos a reserva de acuerdo con la ley, circunstancia ésta que deberá explicarse con comedimiento a los solicitantes;
Pero la verdad es que, pese a las circulares presidenciales, el ataque a los defensores de derechos humanos ha continuado ( el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza lo demuestra) y hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección, máxime cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser indiferente. En reiteradas jurisprudencias, y en especial en la SU-559/97, la Corte Constitucional ha dicho:
Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constitución Política, tiene relación directa con la violación de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional, a la notificación de la regularidad existente podrá acompañarse un requerimiento específico o genérico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acción o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificación y el requerimiento conforman el repertorio de órdenes que puede librar la Corte, en sede de revisión, con el objeto de restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule.[13].
7. Traslado de recluso cuando peligra la vida de éste
7.1. La discrecionalidad para el traslado no es absoluta
La facultad de trasladar a los internos, es “un ejercicio razonable de la misión administrativa del Director del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado”, lo señaló la sentencia C-394/95 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa).
Es decir, la discrecionalidad es relativa. Desde octubre de 1975 la doctrina colombiana mediante concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado había recogido la tesis que un Estado de Derecho no hay facultades puramente discrecionales al decir:
“De manera general, se observa que las actuaciones administrativas, cualquiera que sea su materia, están reguladas más o menos detalladas en la ley. En algunos casos, la ley o el reglamento determinan la jurisdicción, el órgano competente, la facultad de que se trata, la oportunidad de ejercerla, la forma externa en que debe vertirse la decisión con que se ejerce, el sentido y finalidad en que debe ejercerse, los hechos cuya ocurrencia condiciona ese ejercicio. En síntesis: todo los pasos, forma, contenido, oportunidad, objetivo y efectos de la facultad administrativa cuya aplicación se está regulando. Todo está reglado en la norma y el órgano simplemente pone en acto la facultad atribuida. Esta forma detallada y completa de regulación es la ideal en el Estado de derecho, si la preocupación central de éste es la contención del poder y su subordinación al derecho en salvaguardia de los intereses de los administrados. Pero un tal tipo de reglamentación es de una rigidez impracticable ya que es imposible que la norma lo prevea todo y predetermine y calcule todas las formas de relaciones y consecuencias jurídicas de las mismas. Hay casos en que es forzoso dejar a la apreciación del órgano o funcionario algunos de aquellos aspectos. Unas veces será la oportunidad para decidir, facultándolo para obrar o abstenerse, según las circunstancias; otras, la norma le dará opción para escoger alternativamente en varias formas de decisión; en algunas ocasiones, la ley fijará únicamente los presupuestos de hecho que autorizan para poner en ejercicio la atribución de que se trata, dando al órgano potestad para adoptar la decisión conveniente. Esto es, que hay facultades administrativas que se ejercen dentro de un cierto margen de discrecionalidad del funcionario u órgano, dejándole la posibilidad de apreciar, de juzgar, circunstancias de hecho y de oportunidad y conveniencia, ya para actuar o no hacerlo, o para escoger el contenido de su decisión, dentro de esos mismos criterios.
Pero, en consecuencia, no hay en el Estado de derecho facultades puramente discrecionales, porque ello eliminaría la justiciabilidad de los actos en que se desarrollan, y acabarían con la consiguiente responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. En el ejercicio de la facultad reglada hay mera aplicación obligada de la norma: en el de la relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser completa por el juicio y la voluntad del órgano que añaden una dimensión no prevista en la disposición que se esta”[14].
Y la Corte Constitucional, en la T-605/97 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al estudiar la facultad discrecional del INPEC para trasladar a los infractores de la ley a las distintas penitenciarías del territorio colombiano, dijo:
“De conformidad con el artículo 73 de la ley 65 de 1993, por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario , “Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”.
“Artículo 75.-Causales de traslado. Son causales del traslado, además de la consagradas en el Código de Procedimiento Penal:
2.Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.
Así, la discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre otros.”
7.2. La discrecionalidad para el traslado, está ligada a la justiciabilidad y responsabilidad del Estado
El planteamiento de que la discrecionalidad no se puede confundir con la arbitrariedad está magníficamente expresado en el libro “Estudios sobre la Constitución Española”, en la exposición de Tomás-Ramón Fernández :
Discrecionalidad no es arbitrariedad, como insisten en afirmar de un modo sistemático ya las Salas de los Tribunales cualquiera que sea el rumbo ulterior de su argumentación, con cita expresa en todo caso subraya la S. de 21 de noviembre de 1985, “conceptos antagónicos”, que, en palabras de la Sentencia de 13 de julio de 1984, “nunca es permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo arbitrario), o no tiene motivación respetable, sino -pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad.”
Francisco Chamorro Bernal, en su libro “La tutela judicial efectiva”, páginas 207 y siguientes, al explicar la necesidad de la razonabilidad, dice :
En la sentencia SU-250/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo:
“Estas apreciaciones son de recibo no solo en la motivación de los fallos judiciales sino también en la motivación de los actos administrativos porque, en primer lugar, tanto en unos como en otros la motivación se orienta al convencimiento de las partes , eliminando cualquier arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual permite la viabilidad de los recursos . En segundo lugar, porque pone de manifiesto la vinculación de la Administración al ordenamiento jurídico y por consiguiente, la motivación se puede caracterizar como la explicación, dada por la Administración, mediante fundamentación jurídica, de la solución que se da al caso concreto. Y, en tercer lugar, porque también permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión del principio de publicidad del artículo 209 de la C. P. en la parte que consagra : “La función administrativa está al servicio de los intereses generales” y del artículo 123 en la parte que indica : Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”.
Concretamente, en lo que tiene que ver con el traslado de reclusos, en sentencia T-596/92 (M.P. Ciro Angarita) se estableció:
"En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Ese es el caso del interno en un centro penitenciario. Frente a la administración, el preso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento".
En sentencia T-214/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se dijo:
En reciente caso, SU-707/96, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, la Corte ordenó que un juez valorara una prueba presentada por un procesado y para tomar tal determinación que incidía en la libertad, analizó cómo tiene que ver con una decisión de tal categoría el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad.”
Y, en la T-247/96 (M.P. José Gregorio Hernandez) se hizo, precisamente, referencia a los sitios especiales de reclusión en defensa de la vida e integridad de ciertos reclusos.
“Esta Corte, al verificar la constitucionalidad de las pertinentes normas (artículo 29) del Estatuto Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), hizo, en torno al establecimiento de sitios especiales de reclusión con destino a ciertas personas para enfrentar los riesgos que corren por diversas razones, la advertencia de que ello no constituye un privilegio "sino una prudente medida de seguridad". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-394 del 7 de septiembre de 1995. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
"ARTICULO 403. Lugar de detención para determinados servidores públicos. Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público, personal de prisiones y cuerpo de policía judicial, serán detenidos en establecimientos especiales, distintos a los ordinarios de reclusión.
Este derecho se extiende a los exfuncionarios de los organismos mencionados y a los funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal".
"Artículo 29. RECLUSION EN CASOS ESPECIALES.- Cuando el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a los ex servidores públicos respectivos.
Las aludidas normas tienen por objeto el desarrollo de una de las funciones primordiales de las autoridades en el Estado de Derecho: proteger la vida y la integridad de todas las personas, aun las privadas de su libertad por razón de condena judicial o de modo preventivo, según resulta de claros mandatos constitucionales (artículos 1, 2, 5, 11, 12 y 13 C.P., entre otros).
A juicio de la Corte, el recluso tiene restringido de manera específica y directa su derecho a la libertad y eso, sobre todo, en el plano puramente físico, de lo cual resulta que el Estado es responsable, inclusive patrimonialmente, por los daños que cause al detenido o condenado en relación con derechos suyos no cobijados por la providencia judicial que ordena la privación de la libertad ni necesariamente afectados por la naturaleza misma de tal estado, y que también lo es por las omisiones que dé lugar a la vulneración o amenaza de tales derechos por parte de las mismas autoridades carcelarias, de los guardianes o de los demás reclusos, pues tales daños y violaciones de derechos son por definición antijurídicos (artículo 90 C.P.).
"...los propios reclusos tienen derecho a reclamar la protección de su vida, su integridad física y moral y su salud, para lo cual se hace menester que las dependencias carcelarias se hallen no sólo bien dotadas desde el punto de vista material sino atendidas con solvencia por personal idóneo, conducido y controlado por el Estado". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-016 del 30 de enero de 1995).
La Corte considera que, a partir de la privación de la libertad y posteriormente durante el transporte y el ingreso y permanencia del arrestado, detenido o condenado a las instalaciones en donde habrá de cumplirse la pena o concretarse la medida de aseguramiento -bien que se trate de cárceles, penales, cuarteles u otros establecimientos, o de la residencia del propio detenido en los casos en que se autorice la detención domiciliaria-, asume de manera íntegra las responsabilidades inherentes no sólo a la prevención y represión de eventuales fugas y motines sino las relativas a la seguridad, la vida y la integridad física de aquéllas personas.
Entonces, los peligros que puedan correr los individuos sobre quienes recaen las resoluciones judiciales correspondientes deben ser siempre conocidos, evaluados y controlados por las autoridades carcelarias, aun sin necesidad de especial solicitud o requerimiento de aquellos o de sus allegados o familiares, lo cual se entiende sin perjuicio de que, ante advertencias específicas o en presencia de especiales motivos que lleven a concluir en la existencia de mayores riesgos para determinados internos, la responsabilidad estatal aumente, ya que entonces deben adoptarse aun con mayor agilidad y diligencia las medidas pertinentes.”
En conclusión, según las jurisprudencias citadas, las situaciones especiales (p. ej. reclusión en una casa fiscal) no son privilegio, sino son soluciones para enfrentar los riesgos que corra un detenido, son la ejecución de una prudente medida de seguridad. Si hay riesgo para determinado interno, la responsabilidad estatal aumenta. Y, precisamente en el inciso 2° del artículo 29 del Estatuto Penitenciario se permite la reclusión en lugares especiales por condiciones de seguridad y de personalidad del detenido, es decir que no se puede perder la perspectiva de su condición humana. Esto está ratificado en la sentencia T-153/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) que al analizar el artículo 27 sobre reclusión especial de miembros de la fuerza pública también la justifica en el riesgo permanente para la vida y la seguridad y, mas adelante indica: “El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas”.
Esto plantea el tema de si puede haber una cláusula de individuo más favorecido, dentro del esquema de la igualdad como diferenciación.[15] Favorecimiento que se derivaría de su condición de defensor de derechos humanos, de la existencia de riesgo para su vida y de la solicitud de autoridades nacionales e internacionales para que esa mayor protección se traduzca en un traslado de lugar en el sitio de reclusión.
En verdad, los defensores de derechos humanos son un sector vulnerable de la sociedad. Luego por este aspecto el Estado debe acudir en su protección. “ su pasividad (la del Estado) ante la marginación y la discriminación que sufren algunos miembros de la sociedad no se compagina con el orden justo efectivo que procura legitimidad al Estado social de derecho y, menos todavía, con el cumplimiento de la cláusula que proscribe la marginación y la discriminación, la función del juez será no la de reemplazar a los órganos del poder público incursos en la abstención, sino la de ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado, desde luego siempre que se verifique que la inhibición viola un derecho constitucional fundamental” ( Su-225/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Si, adicionalmente el propio Estado por intermedio de oficinas para los derechos humanos piden una especial protección para un recluso, surge, empleándose palabras de la Corte Constitucional un sustento objetivo y razonable para los casos de diferenciación. No puede pasarse por alto que la voluntad del Estado expresada a través de la Oficina para Derechos Humanos de la Presidencia de la República y de la Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria tenía que influir en la discrecionalidad del INPEC . Si además, mediante Acuerdo suscrito en Ginebra, el 29 de noviembre de 1996, por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se estableció una Oficina en el país y el 25 de abril de 1997 la Presidencia de la República emitió la Directiva Presidencial # 5 por la cual se informó a todos los organismos del Estado sobre el establecimiento y funciones de la mencionada Oficina, recomendando la colaboración, no es razonable que esto se soslaye, máxime cuando en la propia Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , en el 53 período de sesiones, se hubiera dicho “También está sumamente preocupada (la ONU) porque algunos miembros de organismos de inteligencia del Estado conciban a los defensores de derechos humanos como aliados de los grupos guerrilleros y, en ocasiones, busquen que éstos sean investigados por las autoridades judiciales mediante el uso de testigos vinculados a tales organismos; pide al gobierno de Colombia que dé especial importancia a la seguridad de los trabajadores de derechos humanos”, y, en cuanto al señor Cancelado, expresamente la Embajadora Mazarrasa pidió a el traslado penitenciario de quien instaura la presente acción de tutela.
El objetivo de la presente tutela es proteger la vida del señor Esteban Cancelado, quien considera que corre peligro en el sitio de reclusión en el cual se encuentra actualmente porque debido a su trabajo concreto como defensor de derechos humanos corre mayor peligro su vida. En su criterio, el patio de la cárcel Modelo, en el cual está recluido, aunque se llame de máxima seguridad, no ofrece las garantías suficientes para protegerse de ataques propiciados por grupos de personas a las cuales él acusó como defensor de los derechos humanos y que se hallan también en patios vecinos de La Modelo. En reiteradas oportunidades Cancelado ha puesto en conocimiento del INPEC, mediante comunicaciones escritas, el peligro que corre, sin resultado concreto. Siempre se le ha negado el traslado por diversas razones: hacinamiento, no tener el perfil para estar en una casa fiscal de la cárcel como ha ocurrido con otros reclusos, e inclusive, se dice que precisamente en el patio de máxima seguridad es donde está más seguro.
Ya se dijo que las autoridades carcelarias están obligadas a devolver al señor Cancelado al seno de su familia, cuando una decisión de autoridad competente ordene su libertad, en las mismas condiciones físicas y síquicas en que se encontraba en el momento de la captura. Con mayor razón, si como recluso y como persona ha puesto en conocimiento de las autoridades el peligro que corre, ya que ello significa que el Estado le debe proteger la vida, no con la obligaciòn de medio que se le debe a todos los habitantes de la República, sino como una obligación de resultado como lo ha dicho el Consejo de Estado.
Si adicionalmente el señor Esteban Cancelado ha sido reconocido defensor de derechos humanos, las pruebas plenamente lo demuestran, y, además, Esteban Cancelado, mientras estuvo libre tuvo participación en denuncias rodeadas de peligro como por ejemplo, las referentes a masacres que han impactado a la sociedad colombiana y mundial: la de los Uvos (Cauca) y la de Trujillo (Valle) y algunos de los señalados por esta última están detenidos precisamente en La Modelo, entonces, es mayor la protección que se le debe proporcionar por las autoridades a ese defensor de derechos humanos.
Si, inclusive, ya en reclusión, continuó esas labores de defensor de los derechos humanos e impulsó junto con el inmolado Eduardo Umaña Mendoza un foro dentro de la propia penitenciería, esta circunstancia no podía ser desconocida por las autoridades carcelarias y, siendo también un hecho que la actividad de los defensores de los derechos humanos en Colombia está rodeada de innumerables peligros, hay un factor mas para privilegiar la protección.
La pregunta es si por estas razones, y sin que se entienda que se trata de un fuero especial, podría quedar Esteban Cancelado dentro de la “cláusula de individuo mas favorecido” en cuanto pudiera ser trasladado del patio donde actualmente se halla a la casa fiscal, bien sea la que se encuentra frente a la cárcel Modelo o a otra de las que bajo custodia del INPEC se hallan en la ciudad.
Hay también demostración de que en el llamado patio de máxima seguridad de la cárcel La Modelo se han producido hechos delictuosos por personas ajenas al patio, como que entraron armadas con armas de fuego y atentaron contra uno de los reclusos; está también demostrado que cuando Cancelado fue trasladado al patio llamado de alta seguridad, personas que aparecen como presuntos narcotraficantes y que allí están recluidas lograron en pocos días que Cancelado regresara nuevamente al patio de máxima seguridad, causando perplejidad la rapidez por parte del INPEC para atender las insinuaciones de tales reclusos lo cual contrasta con la negativa a la petición de la Embajadora de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, a similar petición de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y de la Delegación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Por otro aspecto, cuando Cancelado instauró la tutela era tal el peligro que su vida corría que hubo necesidad de intervención inmediata para evitar que hubiera un atentado y, en los últimos días, al practicarse la diligencia de inspección judicial en la cárcel por parte de la Corte Constitucional, se constató que en la noche anterior un recluso de los patios comunes que se hallan sobre el llamado patio de máxima seguridad perfectamente pasó a este último patio porque no solamente hay la forma física de hacerlo por hueco en el techo sino porque solo hay dos vigilantes desarmados para cuidar el patio. Además, en la diligencia se adjuntó, por parte del señor Cancelado, un escrito (sin firma responsable, pero dirigido a la Dirección del INPEC) que señala provocaciones tendientes a enturbiar el proceso de paz, en cuanto se atentaría contra presos acusados de rebelión y obviamente ello repercutiría en el patio donde Cancelado actualmente se halla. Y, como lo dice Almudena Masarraza, “no hay que dejar que el hecho se produzca” como prueba única. Además, la protección es no solamente física sino de toda la integridad de la persona, dentro de lo cual lo sicológico es fundamental, lo cual indica que debe haber respeto para el temor fundado que el recluso tiene.
En conclusión: si hay el riesgo, si hay las condiciones para que quede favorecido con el traslado, si existe el sitio hacia donde podría ser trasladado, luego la discrecionalidad del INPEC no puede ser absoluta en este caso muy excepcional y su negativa implica una violación a derechos fundamentales de igualdad y de la vida. Luego, debe prosperar la tutela, con la advertencia, claro esta, de que el INPEC tomará todas las medidas necesarios para la vigilancia del recluso, no sólo para protegerle la vida sino para que se cumpla con la reclusión ordenada por los jueces..
Por último, no puede esta Sala de Revisión pasar por alto la grave situación en que se hallan los defensores de los derechos humanos. Por eso, se hará un llamado a prevención a las autoridades que constitucionalmente tienen la función de establecer políticas de guarda, promoción y protección de los derechos humanos, estas normas no son de simple carácter programático sino que deben cristalizarse en realizaciones. Pero, la obligación no solo es para las autoridades de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, sino para todas las personas que habitan en Colombia.
Primero. REVOCAR la sentencia materia de revisión proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y en su lugar TUTELAR los derechos a la vida y a la igualdad de ESTEBAN CANCELADO GOMEZ.
Segundo. ORDENAR al INPEC que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a trasladar a ESTEBAN CANCELADO GOMEZ a una de las casas fiscales de la Institución carcelaria, en donde continuará recluido mientras la justicia decide y empleándose el máximo de vigilancia para ser efectiva la reclusión y la protección en el nuevo sitio de detención.
Tercero. DECLARAR que hay un estado de cosas inconstitucional en la falta de protección a los defensores de derechos humanos y, en consecuencia, HACER UN LLAMADO A PREVENCION a todas las autoridades de la República para que cese tal situación, y, solicitar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que dentro de la obligación constitucional de guardar, proteger y promover los derechos humanos se le de un especial favorecimiento a la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos. Y HACER UN LLAMADO a todas las personas que habitan en Colombia para que cumplan con el mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.
Cuarto. Comunicar esta sentencia a la Presidencia de la República, a la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior.
Quinto. Líbrese por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos del caso. La notificación al INPEC se hará de inmediato por Secretaría de la Corte Constitucional.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
[1] Libro DE ESPALDAS AL CIELO, DE CARA A LA MUERTE, MASACRE DE LOS UVOS, página 78, publicación del colectivo de abogados José Alvear Restrepo
[2] ibidem, página 40
[3] En los últimos meses han sido asesinados los siguientes activistas de los derechos humanos: Josué Giraldo, Jafeth Morales, Luis Angel Guerra, Hernando Restrepo, John Morales, José Luis Loaiza, Helí Gómez, Luz Marina Higuita, Vìctor Julio Garzòn, Nazareno Rivero, Jaime Ortiz, Margarita Guzmán, Guillermo Montero, Luisa Altamirano, Luis Alberto Lopera, Gustavo Núñez, Teódulo Sibaja, entre otros.
[4] En las constituciones de la República de Tunja y del Estado de Antioquia en 1811 se estableció lo siguiente: “Dios ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se reducen a cuatro principios a saber: la libertad, la igualdad legal, la seguridad y la propiedad.”
[5]Sentencia T-123 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[6] Sentencia C-587/92, Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.
[7] Según la expresión de CANCADO TRINDADE, A.A., “Balance de los resultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993)”, Estudios Básicos III, san José, IIDH, 1996, pp. 17-46, p.23.
[9] Caso Velásquez Rodríguez, (Ser. C) No. 4
[10] Durante los primeros años de trabajo fueron la Unión Soviética y otros países del bloque oriental los que pusieron mayores dificultades a la obtención de acuerdos que permitieran avanzar en la redacción del texto. Desde principios de los años noventa, han sido China , Siria y, en particular, Cuba los que hayan puesto los mayores obstáculos aunque frecuentemente encuentran el apoyo de otros gobiernos como los de México o Irán.
[11] Ponencia de Roberto Cuellar
[12] La defensa de los defensores de los derechos humanos forma parte de la campaña del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
[13] Sobre el contenido de esa expresión puede verse la sentencia SU-559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[14] Consejo de Estado, Sala consulta, Concepto. Oct. 22 de 1975.
[15] Ver sentencia 530/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: artículo 1
 artículo 128
 resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 73
 artículo 209
 artículo 123
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 95
 artículo 36