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Timestamp: 2019-10-21 01:07:36+00:00

Document:
Administrativa del Estado de Sinaloa
Organización y Competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto regular la impartición de la justicia administrativa en El Estado de Sinaloa y sus disposiciones son de orden público e interés social.
ARTÍCULO 2o. La jurisdicción administrativa la ejercerá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano autónomo dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir; así como de independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su actuación.
Para el ejercicio de sus atribuciones, ejercerá su presupuesto con total autonomía. Los Magistrados tendrán una retribución atendiendo el mandato contenido en el artículo 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correspondiente de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
(Adición según decreto No. 264, publicado en el P.O. “El Estado de Sinaloa” No.110, de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 3o.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.
ARTÍCULO 3º BIS: Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
II.	Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.
III. Boletín Procesal o Electrónico: Medio de comunicación oficial impreso o electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos locales que se tramitan ante el mismo.
IV. Clave de Acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las partes, como medio de identificación de las personas facultadas en el juicio en el que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electrónica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencioso administrativo.
VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo local.
VIII. Documento Electrónico o Digital. Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del Expediente Electrónico.
IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo local, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.
XII. Juicio en la Vía Tradicional: el juicio contencioso administrativo local que se substancie recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales.
XIII. Juicio en Línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo local en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea.
XIV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se substancie ante el Tribunal.
ARTÍCULO 4o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará integrado por lo menos, por seis Magistrados Propietarios y ejercerá sus funciones con una Sala Superior y mínimamente con tres Salas Regionales Unitarias.
(Ref. según Decreto No. 264, publicado en el P.O.”El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 5o. Los Magistrados de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado serán electos por el Congreso o la Diputación Permanente según corresponda, de una terna de candidatos propuesta por la Sala Superior del mismo Tribunal. La elección será por cédula.
La Sala Superior, tres meses antes de que concluya el período de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, comunicará esta circunstancia al Congreso del Estado y emitirá convocatoria pública abierta, a fin de invitar a participar en el proceso de designación de Magistrado, al abogado que aún y cuando no forme parte de la estructura orgánica del propio Tribunal, reúna el perfil requerido por el artículo 16 de la Ley de la materia, procedimiento que se desarrollará en tres fases ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Primera fase: Se recibirán las propuestas de los aspirantes, un ensayo de contenido jurídico, y se integrarán los expedientes respectivos.
Segunda fase: Los aspirantes comparecerán personalmente ante los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal, en las fechas que para tal efecto se señale en la convocatoria respectiva, quienes les formularán diversas preguntas sobre su ensayo, el ejercicio profesional o, respecto de las constancias que obren en el expediente, y se procederá de inmediato, a la calificación del ensayo jurídico presentado por quienes reúnan los requisitos exigidos por la Ley
Tercera fase: Dentro de los tres días siguientes a la calificación del ensayo jurídico, se analizarán y calificarán los elementos que contengan los expedientes de los aspirantes que hayan acreditado las dos primeras fases; inmediatamente después, por consenso o en su caso, por mayoría mediante el sistema del voto de sus integrantes, la Sala Superior del Tribunal, seleccionará a los aspirantes que considere los más idóneos para ser designados Magistrados del Tribunal, dentro de los cuales, deberá existir cuando menos, un abogado que no forme parte de la estructura orgánica del Tribunal, pero que reúna el perfil requerido por la Ley de la materia, por lo que, Sala Superior, dentro del término de tres días siguientes al análisis y evaluación de los expedientes que llegaron a esta fase, formulará el dictamen correspondiente con la terna de aspirantes a Magistrado, y la propondrá a más tardar al día siguiente para su aprobación, al H. Congreso del Estado.
El dictamen para proponer la terna, deberá contener los nombres de los candidatos que se estimaron idóneos a ocupar el cargo, y se le anexarán los documentos que acrediten que los aspirantes, tienen la capacidad para el desempeño de la función y que se cumple con los requisitos de Ley, así como las consideraciones que sustenten las propuestas presentadas por los postulantes, debiendo recaer preferentemente la propuesta de nombramiento, en aquellos profesionistas en derecho con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, lo cual deberá quedar plenamente acreditado.
Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase, no pasarán a la siguiente.
(Adición según Decreto No. 264, publicado en el P.O.”El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 5º BIS. La convocatoria deberá contener los siguientes requisitos:
a)	El plazo límite para la inscripción;
b)	Los requisitos que deberán cubrir los aspirantes;
c)	Las fases del procedimiento de designación de Magistrado del Tribunal;
d)	El lugar, día y hora para la entrega y recepción de las solicitudes de registro y documentación para participar en el procedimiento;
e)	La forma en que se calificarán los trabajos;
f)	Las causas de desechamiento de los trabajos;
g)	La forma de notificación, tanto a los aspirantes que acrediten las fases del procedimiento, como a los que no pasen las etapas;
h)	La forma en que se llevarán a cabo las comparecencias ante la Sala Superior del Tribunal, de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado;
i)	La manera en que el Órgano Supremo del Tribunal, analizará y calificará todos los elementos que integran los expedientes de los aspirantes que acrediten las fases del procedimiento; y,
j)	Las causas de descalificación de los aspirantes.
ARTÍCULO 6o. Para ser Magistrado se requiere:
I.	Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;
II.	Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, con una experiencia mínima de cinco años, en materia administrativa y fiscal;
III.	Tener más de 30 años de edad y menos de 70 el día de su nombramiento;
IV.	Ser de notoria buena conducta;
V.	Haber residido efectivamente en la entidad durante los últimos cinco años; y,
VI.	No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena corporal.
ARTÍCULO 7o. Los Magistrados durarán en su encargo seis años, pudiendo ser designados nuevamente por un período igual, y deberán permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta su nueva designación o hasta que se designe a quien deba sustituirlos; y solo podrán separase de su cargo por razón fundada y motivada a juicio de la Sala Superior.
ARTÍCULO 8º. Las faltas temporales de los Magistrados, serán suplidas en el orden siguiente:
a)	Las del Presidente por el Magistrado que designe la Sala Superior; y,
b)	Las de los Magistrados, por el Secretario General de Acuerdos o el Primer Secretario, según corresponda.
Las faltas definitivas, serán suplidas mediante el mecanismo de designación contemplado en el artículo 5º de esta Ley.
ARTÍCULO 9. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá un Presidente quien residirá en la Capital del Estado.
ARTÍCULO 10. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará integrado por:
I.	Una Sala Superior que actuará en Pleno;
II.	Tres Salas Regionales Unitarias, cuando menos;
III.	Un Secretario General de Acuerdos, que será también el Secretario de la Sala Superior;
IV.	Una Secretaría de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística;
V.	Los Secretarios de Acuerdos de cada Sala;
VI.	Los Actuarios de Sala Superior y de Salas Regionales necesarios para el ejercicio de sus funciones;
VII.	Un Jefe de la Unidad de apoyo Administrativo; y,
VIII.	El personal Jurídico y Administrativo necesario para el desahogo de las funciones.
ARTÍCULO 11. Para ser Secretario, o Actuario del Tribunal, se requiere:
II.	Poseer título profesional de Licenciado en Derecho expedido por institución legalmente facultada para ello;
III.	Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena corporal; y
IV.	Experiencia de un año mínimo en materia administrativa y fiscal para el caso del Secretario.
ARTÍCULO 11 BIS. El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, deberá cumplir los mismos requisitos de las fracciones I y III del artículo 11 de esta Ley, además deberá contar con título profesional en materia administrativa o contable y con experiencia mínima de dos años.
ARTÍCULO 12. Los Magistrados, Secretarios y Actuarios del Tribunal estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o actividad profesional salvo las de tipo académico, y de beneficencia o cuando actúen en defensa legal de causa propia, entendiéndose por ésta, la del cónyuge y los parientes en línea recta sin limitación de grado, y en línea transversal hasta el segundo grado. El incumplimiento de este precepto se sancionará en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado.
ARTÍCULO 13. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, será competente para conocer y resolver de los juicios:
I.	Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades señaladas por el ARTÍCULO 3o. de esta Ley, y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares;
II.	Que se presenten contra actos en materia administrativa o fiscal, que configuren negativa ficta de las autoridades del Estado, de los Municipios o de los organismos descentralizados estatales o municipales;
Se configura la resolución negativa ficta, cuando la autoridad no dé respuesta a la petición o instancia de un particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de 100 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la petición;
III.	De lesividad, que son aquellos promovidos por la autoridad, para que sean nulificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a los particulares, que causen una lesión a la Administración Pública Estatal o Municipal o a sus organismos descentralizados por contravenir alguna disposición de los ordenamientos locales vigentes;
IV.	En los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y directa al Estado, a los Municipios o a sus organismos descentralizados;
V.	En los que se impugne el establecimiento de responsabilidad administrativa a servidores públicos Estatales o Municipales o de sus organismos descentralizados, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa;
VI.	Que se refieran a controversias derivadas de contratos de naturaleza administrativa en que sean parte el Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados;
VII.	Que se promuevan con el objeto de que se declare la configuración de la positiva ficta en que incurran las autoridades del Estado, del Municipio o de sus organismos descentralizados; cuando esta figura legal se prevea en las leyes aplicables.
Se configura la resolución positiva ficta, cuando la autoridad omite dar respuesta a la petición o instancia de un particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de 100 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la petición, siempre y cuando la ley que rige el acto sobre el que versa la petición o instancia, contemple esta figura jurídica;
VIII.	Derogada.
IX.	En los que se demande la afectación que derive de reglamentos, circulares, oficios o cualesquier disposición de observancia general expedida por autoridades del Estado, de los Municipios o de sus organismos descentralizados;
X.	Que se presenten por las controversias derivadas de resoluciones dictadas en materia de Acceso a la Información;
XI.	En los que se impugnen las resoluciones de la Auditoria Superior del Estado; y,
XII.	Las demás que le señalen otras leyes y reglamentos.
(Ref. y adición según Decreto No. 264, publicado en el P.O.”El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 14. La Sala Superior es el Órgano Supremo del Tribunal y se integrará por lo menos con tres Magistrados, específicamente nombrados para ello de entre los cuales se elegirá al Presidente del Tribunal. Para sesionar válidamente será indispensable la presencia de todos sus integrantes.
Contará con un Secretario General de Acuerdos, que será también el Secretario de la Sala Superior, Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal necesario para el ejercicio de sus funciones.
La Sala Superior tendrá su residencia en la capital del Estado.
ARTÍCULO 15. Las sesiones de la Sala Superior serán públicas, con excepción de los casos en que la moral, el interés público o la Ley exijan que sean reservadas. Se llevarán a cabo en forma ordinaria una vez a la semana y en forma extraordinaria cuando el Presidente lo considere necesario.
ARTÍCULO 16. La Sala Superior resolverá los asuntos de su competencia por unanimidad o, en su caso, por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, quienes no podrán abstenerse de votar a menos que tengan impedimento legal, en los términos del artículo 51 de la presente Ley.
ARTÍCULO 17. A la Sala Superior le corresponde:
I.	Elegir, de entre los Magistrados de la Sala Superior, al Presidente del Tribunal, quien será también el Presidente de la Sala Superior, durará en funciones dos años y no podrá ser reelecto para el siguiente período;
II.	Fijar la adscripción de los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Asesores Jurídicos de las Salas Regionales;
III.	Resolver los recursos de revisión que se presenten en contra de las resoluciones que dicten las Salas Regionales, conforme lo dispone el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley;
IV.	Resolver las solicitudes de destitución de servidor público y las solicitudes de vista al Ministerio Público que se presenten;
V.	Conocer y resolver las excitativas de justicia que promuevan las partes;
VI.	Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas;
VII.	Calificar las excusas, recusaciones e impedimentos de los Magistrados y, en su caso, designar a los Secretarios que deban sustituirlos;
VIII.	Ejercer la facultad de atracción al cierre de la instrucción, en los casos que sea de excepcional interés y trascendencia la materia del juicio;
IX.	Ordenar aún de oficio, que se reabra la instrucción cuando amerite;
X.	Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia y tesis del Tribunal y en el mismo acuerdo ordenar su publicación;
XI.	Expedir y modificar el Reglamento Interior del Tribunal;
XII.	Nombrar y remover al Secretario General de Acuerdos, al Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística, al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, a los Secretarios de Acuerdos, a los Actuarios y demás personal técnico y administrativo con la opinión del Magistrado de su Sala de adscripción;
XIII.	Discutir y aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal y remitirlo a más tardar, el día 30 de agosto de cada año, al Poder Ejecutivo del Estado, para su presentación al Poder Legislativo;
XIV.	Conceder licencias a los Magistrados hasta por quince días con goce de sueldo y hasta por dos meses, sin goce de sueldo;
XV.	Dictar las medidas que exijan la disciplina y buen funcionamiento del Tribunal imponiendo, en su caso, las sanciones administrativas que procedan, a los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal en los términos del Reglamento Interior;
XVI.	Dictar los acuerdos necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos que sean competencia del Tribunal; y,
XVII.	Las demás atribuciones que le confieren ésta y otras leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 18. El Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes atribuciones:
I.	Presidir la Sala Superior y las sesiones de dicho Órgano Supremo;
II.	Representar al Tribunal y a la Sala Superior;
III.	Rendir al Pleno en el mes de mayo de cada año, informe de actividades, mismo que deberá remitirse al Congreso del Estado;
IV.	Comunicar al Congreso del Estado las faltas definitivas de los Magistrados para que emita el nombramiento correspondiente, en los términos del artículo 5 de la presente Ley. Aviso que deberá efectuar, dentro del término de cinco días hábiles, a partir del momento en que las mismas, se conviertan en definitivas.
Adquieren el carácter de definitivas, las ausencias consecutivas de los Magistrados por más de cinco días hábiles, una vez concluidos los permisos o licencias concedidas conforme a la presente Ley, siempre que no exista causa justificada para ello.
V.	Conceder licencias hasta por quince días a los servidores del Tribunal, con o sin goce de sueldo;
VI.	Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Sala Superior, así como autorizar conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos las actas y despachos del Tribunal;
VII.	Realizar los actos y dictar los acuerdos para los que no se requiere la intervención de la Sala Superior;
VIII.	Nombrar y remover al Secretario de Presidencia, quien desarrollará las funciones que le encomiende la misma;
IX.	Proponer al Pleno el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal, y ejercer el presupuesto aprobado, rindiéndole informe trimestral relativo a su ejercicio; y,
X.	Las demás que le señalen la Sala Superior, esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables.
(Ref. según Decreto No. 264, publicado en el P.O. “El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 19. Las Salas Regionales serán unitarias y contarán con el siguiente personal: un Magistrado Instructor de Sala, un Primer Secretario de Acuerdos, los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal jurídico y administrativo, que requieran para su funcionamiento.
ARTÍCULO 20. Cuando por las necesidades del servicio se requiera y exista suficiencia presupuestaria, la Sala Superior dispondrá la creación de nuevas Salas Regionales previa publicación en el Periódico Oficial “ El Estado de Sinaloa”, en la que deberá precisarse su competencia territorial.
ARTÍCULO 21. Las Salas Regionales para el desempeño de sus funciones, tendrán la residencia y jurisdicción que determine el Reglamento Interior del Tribunal.
ARTÍCULO 22. Las Salas serán competentes para conocer y resolver los juicios que establece el artículo 13 de esta Ley y los previstos en otros ordenamientos legales aplicables.
La competencia territorial de las Salas se determina en razón del domicilio del actor y si radica fuera del Estado podrá elegir la Sala Regional más cercana a su domicilio.
ARTÍCULO 23. Son atribuciones de los Magistrados de Sala Regional:
I.	Dictar las resoluciones de los asuntos de su competencia;
II.	Despachar la correspondencia de la Sala de su adscripción;
III.	Hacer uso de los medios de apremio y aplicar las medidas disciplinarias que se establecen en esta Ley, para que se cumplan sus determinaciones y para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias, exigiendo el respeto y consideración debidos;
IV.	Rendir mensualmente un informe a la Sala Superior del Tribunal respecto de las labores de las Salas y de las principales resoluciones dictadas por ellas;
V.	Elegir, de entre los Secretarios de Acuerdos, al Secretario Primero de cada Sala Regional del Tribunal;
VI.	Imponer las correcciones disciplinarias al personal adscrito a la misma, en los términos del Reglamento Interior; y,
VII.	Las demás que le señale la Sala Superior, ésta Ley y otros ordenamientos legales aplicables.
(Ref. y adición según Decreto No. 264, publicado en el P.O. “El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 24. Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos:
I.	Fungir como Secretario de Acuerdos de la Sala Superior y dar fe pública en los asuntos de su competencia, firmando en unión del Presidente, las actas y despachos del Tribunal y de la Sala Superior;
II.	Suplir las faltas temporales de los Magistrados de Sala Superior, o en su caso las definitivas hasta en tanto el Congreso del Estado emita el nombramiento del Magistrado respectivo.
III.	Acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones de la Sala Superior, dando cuenta con los asuntos a tratar en las mismas; tomar la votación de los Magistrados y formular el acta respectiva;
IV.	Levantar las actas correspondientes recabando las firmas de los participantes y autorizarlas con su rúbrica;
V.	Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes del Tribunal;
VI.	Engrosar los fallos del Tribunal, autorizándolos con su firma, conjuntamente con el Presidente;
VII.	Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y de personas que puedan ser peritos ante el Tribunal;
VIII.	Proyectar los autos y resoluciones que le indique el Presidente del Tribunal; y,
IX.	Las demás que le encomienden la Sala Superior y el Presidente, las que le señale esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 25. Son atribuciones del Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística las siguientes:
I.	Compilar la jurisprudencia, las tesis que constituyan precedente, las sentencias del Tribunal y de otros Tribunales relacionados con la materia administrativa y fiscal; así como, la de observancia obligatoria para el Tribunal;
II.	Diseñar los programas de capacitación para el personal del Tribunal, así como la elaboración de los manuales operativos y de funciones;
III.	Compilar y sistematizar las reglamentaciones estatales y municipales que corresponden a la competencia del Tribunal;
IV.	Organizar, coordinar y controlar la prestación de servicio social;
V.	Compilar la estadística mensual y anual de la Sala Superior y de las Salas Regionales;
VI.	Apoyar la difusión de las actividades del Tribunal;
VII.	Las que encomiende la Sala Superior y el Presidente del Tribunal; y,
VIII.	Las demás que señale esta Ley, el Reglamento Interior del Tribunal y otros ordenamientos legales aplicables.
(Ref. según Decreto No. 264, publicado en el P:O. “El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 26. Son atribuciones de los Secretarios de Acuerdos del Tribunal:
I.	Dar fe pública en los asuntos de su competencia;
II.	Acordar con el Magistrado de la Sala de su adscripción, lo relativo a las audiencias;
III.	Redactar y autorizar las actas y acuerdos que recaigan en relación a las promociones presentadas en los expedientes cuyo trámite se les encomiende;
IV.	Acordar con el Magistrado de la Sala de su adscripción, y desahogar lo relativo a las audiencias;
V.	Proyectar las resoluciones y engrosar los fallos de la Sala a la que estén adscritos, autorizándolos con su firma en unión del Magistrado;
VI.	Cuidar que los expedientes sean exactamente foliados al agregarse cada una de las hojas, rubricar todas éstas y poner el sello del Tribunal en el fondo del expediente, de manera que queden selladas las dos caras;
VII.	Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;
VIII.	Llevar los libros de Gobierno, de registro de documentos y de las personas que puedan ser peritos ante la Sala
IX.	Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado de la Sala, cuando éstas deban practicarse fuera del local del Tribunal.
X.	Rendir informe mensual de labores al Magistrado de Sala de su adscripción; y,
XI.	Las demás que le encomiende la Sala Superior, el Magistrado Presidente, el Magistrado de la Sala de su adscripción, las que señale esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables.
El Secretario Primero de las Salas Regionales además de las anteriores atribuciones, tendrá la responsabilidad de suplir al Magistrado en sus faltas.
ARTÍCULO 27. Son atribuciones de los Actuarios:
II.	Notificar, en tiempo y forma prescritos por esta Ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que les sean turnados para tal efecto, formulando los oficios de notificación de los acuerdos que se dicten enviándolos a su destino, asentando en el expediente la razón de haber hecho la notificación y de haber entregado los oficios respectivos;
III.	Practicar las diligencias que les encomiende el Magistrado;
IV.	Rendir un informe mensual de las actividades realizadas al Magistrado de la Sala a la que esté asignado; y,
V.	Las demás que le señalen la Sala Superior, el Magistrado Presidente, el Magistrado de la Sala de su adscripción, los Secretarios de la misma, esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 28. Las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos, y las de los Secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales serán suplidas por el servidor público del Tribunal que designe la Sala Superior.
ARTÍCULO 29. Corresponde al jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo:
I.	Formular el anteproyecto del presupuesto del Tribunal;
II.	Llevar un control sobre el ejercicio del presupuesto y ejecutar las órdenes relacionadas con dicho ejercicio;
III.	Supervisar el funcionamiento del archivo del Tribunal e integrar los expedientes del personal jurídico y administrativo del Tribunal;
IV.	Tramitar los movimientos de personal y vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleados administrativos;
V.	Controlar los bienes del Tribunal, mantener actualizado su inventario y vigilar su conservación;
VI.	Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal; y,
VII.	Las demás que le señalen la Presidencia y el Reglamento Interior del Tribunal.
ARTÍCULO 30. El personal del Tribunal tendrá cada año dos períodos de vacaciones de diez días hábiles cada uno, en las fechas señaladas en el calendario que apruebe la Sala Superior, el cual podrá ser o no coincidente con el calendario oficial para el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 31. El particular contará, para la defensa de sus derechos, con asesores jurídicos gratuitos que serán designados por la Sala Superior.
Su funcionamiento será independiente de la función jurisdiccional del Tribunal y se regirán en los términos de este ordenamiento.
Para ser asesor jurídico se requiere cumplir con los requisitos que establece el artículo 11 de la presente Ley.
En el ámbito territorial de cada Sala Regional, habrá mínimamente un asesor jurídico gratuito adscrito a la misma.
ARTÍCULO 32. Corresponde a los Asesores Jurídicos en forma gratuita:
I.	Auxiliar a los particulares en la formulación de la demanda y otras promociones que se presenten ante el Tribunal;
II.	Asesorar a los particulares, especialmente a las clases menos favorecidas económica y culturalmente, en la tramitación de los juicios y recursos ante el Tribunal;
III.	Resolver las consultas que formulen los particulares en materia administrativa o fiscal;
IV.	Proponer en cualquier tiempo, la conciliación de intereses ante las autoridades o funcionarios responsables, en los asuntos que presten asesoría; y,
V.	Las demás que les señalen las Leyes.
TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 33. Los asuntos competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa se promoverán, substanciarán y resolverán en los términos que dispone la presente Ley. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, siempre que se refiera a instituciones previstas en esta Ley y que la disposición supletoria se avenga al procedimiento contencioso administrativo que la misma establece.
ARTÍCULO 34. Cuando otras leyes y reglamentos contengan recursos administrativos para combatir los actos impugnados, podrá optarse por agotarlos o recurrir directamente ante el Tribunal. Para acudir al Tribunal, el interesado deberá previamente desistirse del recurso intentado.
Cuando la resolución recaída a un recurso Administrativo, no satisfaga el interés del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo, se entenderá que también impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.
Asimismo, cuando la resolución declare por no interpuesto o deseche por improcedente un recurso administrativo, siempre que jurisdiccionalmente se determine su procedencia, será válida la instancia, en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso, hacer valer conceptos de impugnación no planteados en sede administrativa.
ARTÍCULO 35. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda firmar, estampará en el documento su huella digital, ratificándola ante la Secretaría del Tribunal dentro de los tres días siguientes de su presentación, de no hacerlo se tendrá por no presentada la promoción.
Cuando de la presentación de un escrito, resulte evidente la diferencia de rasgos entre dos firmas de un mismo promovente, que motiven la duda en su autenticidad, se le citará para que en el plazo de tres días comparezca ante la Secretaría de Acuerdos a ratificarla, en el caso de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por no interpuesto el mismo.
ARTÍCULO 36. No procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro, deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de presentación de la demanda o de la contestación, según sea el caso.
La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos, ante Notario Público o ante los Secretarios del Tribunal.
La representación de las autoridades sólo podrá recaer en la dependencia o unidad administrativa encargada de su defensa jurídica por ministerio de Ley.
Cuando dos o más particulares ejerciten una misma acción u opongan una misma excepción y litiguen unidos, deberán designar un representante común entre ellos. Si no se hace el nombramiento, el Magistrado tendrá como representante común a la persona mencionada en primer término. Los interesados, podrán revocar en cualquier momento tal designación nombrando a otro, lo que se hará saber de inmediato al Tribunal. El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a un mandatario judicial.
ARTÍCULO 37. Sólo podrán intervenir en juicio quienes tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico, los titulares de un derecho subjetivo público; e interés legítimo, quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado, como de los integrantes de un grupo de individuos diferenciados del conjunto general de la sociedad.
Las partes interesadas, podrán consultar los expedientes en que se documenta el juicio contencioso administrativo y obtener, a su costa, copias certificadas de las constancias que los integren.
Igualmente, las partes podrán obtener la devolución de documentos originales que hayan exhibido en el juicio, previa copia certificada de los mismos que, a su costa, se agreguen a los autos.
Las partes podrán promover en juicio, ya sea directamente ante la Sala Regional del conocimiento o la Sala Superior; o, por correo certificado con acuse de recibo cuando radiquen fuera de la residencia de éstos.
ARTÍCULO 38. Las partes interesadas, podrán consultar los expedientes en que se documenta el juicio contencioso administrativo y obtener, a su costa, copias certificadas de las constancias que los integren, previa solicitud por escrito que realicen.
Igualmente, las partes podrán obtener la devolución de documentos originales que hayan exhibido en el Juicio, previa copia certificada de los mismos que, a su costa, se agregue a los autos.
Las partes podrán promover en Juicio, ya sea directamente ante la Sala Regional del conocimiento o la Sala Superior o, por correo certificado con acuse de recibo cuando radiquen fuera de la residencia de éstas. Cuando se trate de la demanda, también podrán presentarla válidamente ante la Secretaría del Ayuntamiento de su Municipio, quien de manera inmediata la remitirá ante la Sala que corresponda.
Toda promoción deberá presentarse en la instancia que corresponda, el error en su presentación no interrumpe plazos y términos fijados por el Tribunal.
En materia de justicia administrativa no habrá condenación en costas. Las partes cubrirán sus gastos. En caso de desahogo de pruebas para mejor proveer y de perito tercero en discordia, los gastos serán erogados proporcionalmente por las partes.
ARTÍCULO 39. Para las diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal, podrá comisionarse a los Secretarios o a los Actuarios. Las que deban desahogarse fuera de la residencia de la Sala del conocimiento del juicio, por su naturaleza o porque así lo solicite alguna de las partes, podrán encomendarse a la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien en todo caso, estará facultada para aplicar los medios de apremio que establece esta ley con la finalidad de que se cumpla con la resolución materia del exhorto.
En el supuesto anterior, la parte oferente deberá señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad exhortada, desde su escrito de ofrecimiento. Si el actor es el oferente, las demandadas y los terceros deberán señalar dicho domicilio en sus escritos de contestación; si el ofrecimiento proviene de las demandadas, la Sala concederá tres días a las partes contrarias para que cumplan con el mismo requisito, si no obrara en autos un domicilio para tales efectos. En caso de incumplimiento del requisito anterior, las notificaciones se harán por lista de estrados de la autoridad exhortada.
Las Salas diligenciarán en un término no mayor de cinco días los exhortos que reciban, salvo que por la naturaleza del caso se requiera un término mayor.
ARTÍCULO 40. El Magistrado podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que se observen en la tramitación del juicio, para efecto de regularizarlo, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.
ARTÍCULO 41. En caso necesario, el Magistrado Presidente o el Magistrado de Sala, podrán aplicar, los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones y las medidas disciplinarias para imponer el orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias; de acuerdo a lo siguiente:
I.-	Son medios de apremio:
a).	La multa, por una cantidad equivalente de diez a sesenta días de salario mínimo general vigente;
b).	La presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y;
c). Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento de un mandato del Tribunal.
II.- Son medidas disciplinarias:
a). La amonestación;
b). La multa, por una cantidad equivalente de diez a sesenta días de salario mínimo general vigente; y
c). La expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia, cuando para su continuación ello sea conveniente, a juicio del Magistrado.
ARTÍCULO 42. Son partes en el Juicio Contencioso Administrativo, las siguientes:
I.	El Actor. Tendrán ese carácter:
a). Quien tenga un interés, en los términos del artículo 37 de esta Ley; y,
b).	La autoridad, cuando proceda en los términos del artículo 13 de esta Ley.
II.	El demandado. Tendrán ese carácter:
a). La autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado o a la que se le atribuya el silencio administrativo;
b).	El particular a quien favorezca el acto cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa o fiscal;
c).	Las personas o instituciones que funjan como autoridad en el ámbito Estatal, Municipal o en los Organismos Públicos Descentralizados; y,
III.	El tercero que tenga un interés jurídico o legítimo que pueda afectarse con las resoluciones del Tribunal, o que comparezca a juicio como coadyuvante del actor o del demandado, pretendiendo la anulación o confirmación del acto impugnado.
ARTÍCULO 43. Los particulares o sus representantes con facultades para ello, podrán nombrar como autorizados jurídicos, a cualquier persona en el ejercicio de la abogacía, previo registro de su cédula profesional o carta de pasante vigente, quien estará autorizada para oír y recibir notificaciones a su nombre, ampliar la demanda, hacer promociones de trámite, ofrecer y rendir pruebas y formular alegatos, así como, interponer los recursos que procedan. Los autorizados no podrán desistirse del juicio o recursos correspondientes ni suscribir el convenio a que se refiere el artículo 67 BIS-A de esta Ley.
La autorización de personas que no satisfagan los requisitos que establece el párrafo que antecede, será sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos.
Asimismo, las partes podrán registrar los instrumentos notariales con que concurran a juicio, ante la Secretaria de Acuerdos de la la Sala respectiva.
ARTÍCULO 44. Las autoridades que figuren como partes en el juicio Contencioso Administrativo, podrán señalar autorizados para recibir los oficios de notificación y acreditar delegados que concurran a las audiencias con facultades para rendir pruebas, formular alegatos, presentar el recurso que establece esta Ley y ratificar el convenio que en los términos del artículo 67 BIS-A de esta Ley, haya suscrito la autoridad demandada.
DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS
ARTÍCULO 45. Todo acuerdo o resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso en la dirección de correo electrónico señalada, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al Actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.
Las partes que así lo deseen, podrán señalar su clave o dirección de correo electrónico a la Sala Regional en que se lleve el Juicio, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y demás resoluciones que en él se dicten, acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de que se trata se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado; el Actuario, a su vez, deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la dirección de correo electrónico señalado hasta por tres ocasiones consecutivas y la fecha y la hora en que las realizó. En estos casos, durante el plazo de cinco días siguientes a aquél en que el aviso se llevó a cabo, la parte interesada podrá apersonarse al local de la Sala a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su vencimiento, si esto último no hubiere ocurrido, se procederá a su notificación por lista de estrados.
ARTÍCULO 46. Las notificaciones se harán:
I.	Por medio de oficio a las autoridades y personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones:
a).	La que admita o deseche la demanda, su ampliación y la contestación de ambas;
b).	La que admita o deseche un recurso;
c)	La que señale día y hora para el desahogo de una audiencia;
d).	La que mande emplazar a un tercero o citar a los testigos;
e).	El requerimiento de un acto, a la parte que deba cumplirlo;
f).	La de sobreseimiento y sentencia;
g).	La que admita o deseche la petición de ejercicio de facultad de atracción; y,
h) Aquellas que el Magistrado estime necesario.
Las notificaciones por oficio a las autoridades, se realizarán a través de los recibos correspondientes, que contengan: nombre del actor, número de expediente, fecha y síntesis del contenido de los acuerdos o resoluciones de que se trate, fecha y número de oficio, nombre de la autoridad notificada, fecha de la notificación, firma del Actuario y sello oficial de la dependencia y firma de quien recibe la notificación. Al oficio de notificación, se adjuntará copia certificada del acuerdo o resolución de que se trate y copias de traslado, cuando proceda. El Actuario dejará constancia de lo anterior en el expediente respectivo y deberá asentar razón de las notificaciones que realice por boletín electrónico.
Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades, también podrán efectuarse, opcionalmente, en la forma prevista en el artículo 45 de esta Ley, por medio del aviso en la dirección de correo electrónico Institucional.
Las notificaciones personales se harán directamente al interesado, su representante legal o al autorizado en los términos de esta ley, por el actuario correspondiente, en el domicilio señalado para tal efecto. Si no se encontrare y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad que es el domicilio correcto, le dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si se negare a recibirlo o en los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. El citatorio deberá contener: nombre y domicilio del citado, el del Tribunal que manda practicar la diligencia, número de expediente, fecha y hora a la que se cita, fecha del citatorio, nombre y firma del actuario.
Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará mediante instructivo por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en el que se realice la diligencia; de negarse a recibirla o en el caso de que el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se realizará en los términos previstos para el citatorio, según lo señalado en el párrafo que antecede. En ambos casos, si la persona que recibe el citatorio o el instructivo es distinta al interesado, deberá tener 18 años o más, según su propio dicho o a juicio del notificador.
El Instructivo deberá contener: nombre del Tribunal que manda practicar la diligencia, número de expediente, nombre de las partes, fecha y hora de entrega, nombre y firma de la persona que recibe, así como nombre y firma del actuario. Al Instructivo deberá adjuntarse copia certificada del acuerdo o resolución de que se trate y cuando proceda, copias de traslado debidamente selladas y cotejadas por el Secretario.
De todo lo anterior, el Actuario deberá levantar acta circunstanciada que agregará al expediente junto con las constancias que acrediten que la diligencia se realizó en los términos del presente artículo.
Si el domicilio señalado para recibir notificaciones por las partes no existe, está desocupado o permanece cerrado después de dos búsquedas en días sucesivos y en horas laborables, se hará constar en actas dicha circunstancia y las notificaciones personales a realizar surtirán sus efectos por medio de lista de estrados.
II.	Por medio de edictos, cuando el particular que deba ser emplazado haya desaparecido; se ignore su domicilio; se encuentre fuera del territorio estatal sin haber dejado representante legal en el mismo; o, hubiere fallecido y no se conozca al albacea de la sucesión. Los edictos deberán publicarse por dos veces de cinco en cinco días, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en algún otro periódico de mayor circulación, a juicio del Magistrado, sin perjuicio de entregar una copia de la notificación en la Secretaría del Honorable Ayuntamiento del lugar en que el destinatario haya tenido su última residencia, si se tuviere conocimiento de ello, de lo contrario, se entregará a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa.
De todo lo anterior, se dejará constancia en el expediente respectivo.
III.	Por lista de estrados, cuando así lo solicite la parte interesada o cuando sea diversa a las resoluciones que se señalan en la fracción I del presente artículo.
Las partes deberán señalar domicilio en el lugar de residencia de la Sala Superior o de las Salas Regionales, desde su primera comparecencia o después de emplazados según sea el caso, con el fin de que en él se realicen las notificaciones personales indicadas en esta Ley. En caso de no hacerlo, aún las personales, se realizarán por lista de estrados, hasta en tanto cumpla con tal requisito. Entendiéndose que se les dio oportunidad de señalar domicilio sin que lo hubieren hecho.
Cuando los terceros o el demandado en el juicio de lesividad, después de emplazados no se apersonaren a juicio a deducir sus derechos, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se realizarán por lista de estrados, entendiéndose que se les dio oportunidad de señalar domicilio sin que lo hubieren hecho.
La lista de estrados deberá contener el nombre de la persona a quien se notifica, número de expediente, la fecha y síntesis del contenido de los acuerdos o resoluciones de que se trate. El Actuario autorizará con su firma la lista de estrados ubicándola en lugar abierto de las oficinas del Tribunal, asentando en autos la constancia correspondiente.
IV.	Por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de la notificación por oficio a las autoridades que radiquen fuera de la residencia de la Sala Regional que tenga conocimiento del juicio o de la Sala Superior en asuntos de su competencia y cuando el Tribunal lo estime necesario. Los acuses de recibo y las piezas postales devueltas se agregarán a las actuaciones;
IV.	Por telegrama, en forma adicional, cuando se trate de resoluciones que exijan cumplimiento inmediato a la parte que deba cumplirlo.
VI.	En las oficinas del Tribunal, si se presentan las partes a quien deba notificarse, incluyendo las que han de practicarse personalmente o por oficio, sin perjuicio de cumplir con las formalidades prescritas en este artículo en cuanto a las constancias que deban agregarse a los autos.
En los demás casos, las notificaciones a las partes se ordenarán hacer por boletín electrónico.
En las notificaciones, el Actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación y de los avisos en la dirección de correo electrónico, así como de las notificaciones personales y por lista de estrados. Los acuses de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones.
ARTÍCULO 46 BIS. La lista de acuerdos y resoluciones dictados por los Magistrados de las Salas Regionales, se publicarán por boletín electrónico al día hábil siguiente de su emisión para conocimiento de las partes.
La publicación señalará la denominación de la Sala del Magistrado que corresponda, el nombre del particular y la identificación de las autoridades a notificar, el número de expediente, así como el contenido del acuerdo o resolución.
Se tendrá como fecha de notificación, la del día en que se publique en el boletín electrónico y el Actuario lo hará constar en el auto o resolución de que se trate.
El Tribunal, llevará en archivo especial; las publicaciones atrasadas del boletín electrónico y hará la certificación que corresponda, a través de los servidores públicos competentes.
La lista también podrá darse a conocer mediante documento impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique en el boletín electrónico.
ARTÍCULO 47. Las notificaciones surtirán sus efectos:
I.	Las personales y las que se realicen por oficio o por lista de estrados, al día hábil siguiente en que se efectúen;
II.	Las que se lleven a cabo por edictos, a los 10 días hábiles posteriores a su última publicación;
III.	Las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo o telegrama, al día hábil siguiente de la fecha en que conste que fueron recibidas; y,
IV.	El día hábil siguiente en que el interesado o su representante legal, se haga sabedor de la notificación irregular o del contenido del acuerdo o resolución a que se refiere dicha notificación.
ARTÍCULO 48. Las notificaciones y diligencias deberán hacerse en días y horas hábiles.
Son días hábiles todos los días del año, exceptuando sábados, domingos, períodos de vacaciones y los que señale como inhábiles la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado o los que acuerde la Sala Superior.
Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:30 y las 15:00 horas, exceptuándose los casos de presentación de promociones en la fecha de vencimiento de su término, que podrán recibirse hasta las 19:00 horas indistintamente por los Secretarios del Tribunal en el local de éste, o en el domicilio particular de aquéllos. Si se recibieran después de la hora señalada, no se tendrán como presentadas dentro del término legal.
Los Magistrados podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando a los interesados. Si una diligencia se inició en días y horas hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa.
No producirá efecto alguno la habilitación que tenga como consecuencia otorgar un nuevo plazo o que se amplíe éste, para interponer medios de impugnación. La existencia de personal de guardia no habilita los días.
ARTÍCULO 49. Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido. Cuando la Ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días.
ARTÍCULO 50. El cómputo de los términos se sujetará a las siguientes reglas:
I.	Empezarán a correr el día hábil siguiente al en que surtan efectos las notificaciones y serán improrrogables; y,
II.	Se contarán por días hábiles, entendiéndose por éstos, aquéllos en que se encuentren abiertas al público las oficinas del Tribunal.
ARTÍCULO 51. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estarán impedidos para conocer en los siguientes casos:
I.	Si tienen interés personal en el asunto;
II.	Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus representantes, en línea recta sin limitación de grado; dentro del cuarto grado en línea colateral por consanguinidad, o dentro del segundo por afinidad;
III.	Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto;
IV.	Si han actuado como asesores o intervenido con cualquier carácter en la emisión o ejecución del acto impugnado;
V.	Si figuran como parte en juicio similar, pendiente de resolución por el Tribunal; y,
VI.	Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus representantes.
ARTÍCULO 52. Los Magistrados tienen el deber de excusarse del conocimiento de los asuntos en que ocurra alguna de las causas de impedimento señaladas en el artículo anterior, expresando concretamente la causal, pero no serán admisibles las excusas voluntarias.
Manifestada la causa de impedimento, pasará el expediente al conocimiento del Magistrado que corresponda.
ARTÍCULO 53. El Magistrado que estando impedido, no se excuse para conocer de un juicio, en los términos del artículo 52 de esta Ley podrá ser recusado por las partes, incurriendo en responsabilidad de acuerdo a lo previsto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO 54. La parte demandante podrá presentar su demanda, mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala Regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter, igualmente la demanda podrá ser presentada mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala Regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, debiendo la autoridad manifestar su opción al momento de presentar la demanda.
I.	Dentro de los quince días siguientes a aquél en que se dé alguno de los siguientes supuestos:
a)	Que surta efectos la notificación del acto impugnado;
b)	Se haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución; y,
c)	Haya iniciado su vigencia el reglamento, circular, oficio o la disposición de observancia general que se impugna.
II.	Cuarenta y cinco días cuando el particular radique en el extranjero y no tenga representante en la república;
III.	Seis meses tratándose del juicio de responsabilidad patrimonial objetiva y directa reclamada al Estado, a los Municipios ó a sus Organismos Descentralizados, contados a partir de que se originó la causa de responsabilidad;
IV.	Cinco años en el juicio de lesividad, a partir de la fecha en que sea emitida la resolución que pretendan nulificar las autoridades, salvo que el acto haya producido efectos de tracto sucesivo, en cuyo caso se podrá demandar la nulidad en cualquier época, sin exceder de los cinco años del último efecto; y,
V.	En cualquier tiempo, cuando se impugne la Negativa Ficta o se demande la declarativa de configuración de la Positiva Ficta.
Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a que se refiere este artículo, se suspenderá el término, hasta que haya sido designado albacea o representante de la sucesión
ARTÍCULO 55. El actor tendrá derecho a ampliar su demanda dentro, de los cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la contestación de la misma, en los siguientes casos:
I.	Cuando se demande una Negativa Ficta o la declarativa de configuración de la Positiva Ficta; y
II.	Cuando los fundamentos y motivos del acto impugnado sean conocidos por el actor hasta que se conteste la demanda.
III.	Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 66 de esta Ley, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda; y,
IV.	Cuando el acto principal del que derive el impugnado en la demanda o su notificación, se den a conocer en la contestación.
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se requieran, aplicándose en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 56, 57, 58 y 59 de la presente Ley.
En estos casos, solo será materia de la ampliación los hechos y las pruebas que se relacionen estrictamente con las cuestiones señaladas.
Si el actor no amplía su demanda, se entenderá que consiente los actos, resoluciones y procedimientos que pudiere haber impugnado en vía de ampliación.
ARTÍCULO 56. La demanda deberá presentarse por escrito con los siguientes requisitos formales:
I.	El nombre y domicilio del actor o de quien promueve en su representación, así como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del sistema de justicia en línea. En los casos en que sean dos o más demandantes, éstos ejercerán su opción a través de un representante común;
II.	Expresar cuales son las autoridades demandadas, así como el acto impugnado a cada una de ellas;
III.	El nombre y domicilio del particular demandado y la resolución cuya modificación o nulidad se pida, cuando se trate del juicio de lesividad;
IV.	El nombre y domicilio de los terceros interesados, debiendo si no lo hubiere, señalar tal circunstancia. Si la Sala advierte de las constancias del expediente respectivo, que existen terceros, requerirá a las partes para que en un término de tres días los señalen o en su defecto el Tribunal podrá hacerlo de oficio;
V.	La manifestación bajo protesta de decir verdad, de los hechos que constituyen los antecedentes del acto impugnado y la fecha en que fue notificado o se tuvo conocimiento de ellos;
VI.	La expresión de los conceptos de nulidad e invalidez en que se funde su pretensión;
VII.	Derogada.
VIII.	El ofrecimiento de las pruebas, relacionándolas con los hechos o con los conceptos de nulidad e invalidez invocados.
IX.	Cuando se trate de juicio en que se reclame responsabilidad patrimonial, objetiva y directa deberá expresarse el importe a que ascienden los daños y perjuicios causados por la autoridad demandada, o en su caso, las bases para calcularlos; y,
X.	Tratándose de Negativa o Positiva Ficta, la expresión de la fecha en que se presentó ante la autoridad la petición no resuelta y la fecha en que se surtieron dichas figuras jurídicas.
ARTÍCULO 57. El actor deberá acompañar a la demanda, lo siguiente:
I.	Los documentos que acrediten su personalidad, o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no litigue a nombre propio;
II.	Los documentos en que conste el acto impugnado; copia de la petición no resuelta en los casos de negativa o positiva ficta, en la que conste fehacientemente la fecha en que fue presentada a la autoridad demandada dicha petición;
III.	El pliego de posiciones en sobre cerrado a que se sujetará la prueba confesional; el nombre y domicilio de los peritos, testigos y ratificantes; así como el cuestionario para el desahogo de la prueba pericial. El interrogatorio para el examen de los testigos debidamente firmado por el demandante, sólo cuando éstos radiquen fuera de la residencia de la Sala correspondiente. Así como también, los elementos informativos y materiales necesarios para la preparación y desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas; IV.	Las pruebas documentales que ofrezca; y,
V.	Las copias de la demanda y anexos para correr traslado a cada una de las partes a excepción de aquellos que excedan de veinticinco fojas útiles, los que quedarán en la Secretaría de la Sala para que se instruyan las partes.
ARTÍCULO 57 BIS. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnaciones en el juicio administrativo, se estará a las siguientes reglas:
I.	Si el actor afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció; y,
II.	Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien se le atribuye. En este caso al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación en caso de existir, mismas que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda.
El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios formulados en contra de la resolución administrativa.
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de los conceptos de impugnación que se hubiesen formulado contra resolución.
ARTÍCULO 58. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del actor o no haya podido obtenerlas, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren, para que se mande expedir a su costa, copia de ellas o requerirse su remisión. Entendiéndose que se encuentran a su disposición, al estar en posibilidad de obtener copia autorizada, bastando en tal caso, que demuestre al Tribunal que realizó la solicitud oportunamente y que le fue negada o regresada dicha solicitud, para que proceda su requerimiento.
ARTÍCULO 59. Si la demanda del particular fuere obscura, irregular o no llena alguno de los requisitos del artículo 56 de esta Ley, el Magistrado de Sala prevendrá al actor señalándole expresamente en que consiste su omisión, para que la aclare, corrija o complete dentro de los cinco días siguientes; si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesta la demanda.
Si no acompaña los documentos y demás elementos informativos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley; se le prevendrá por el mismo término para su exhibición; si no los presenta y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I, II y V, se desechará la demanda, salvo que tratándose de la fracción II, se refiera a actos ya ejecutados, respecto de los cuales el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, desconocer la resolución de la que emana la ejecución reclamada, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 57 BIS del presente ordenamiento; si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones III y IV, las mismas le serán desechadas.
ARTÍCULO 60. En el auto en que se admita la demanda, se dictarán las providencias necesarias para el desahogo de las pruebas.
Cuando en las pruebas ofrecidas exista alguna que por su naturaleza requiera ser desahogada en audiencia, ésta deberá celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su admisión.
ARTÍCULO 61. El Magistrado de Sala desechará la demanda, cuando:
I.	Contenga huella digital del promovente y, ésta no sea ratificada en el término concedido al efecto;
II.	Encontrare motivo indudable y manifiesto de improcedencia; y,
III.	Prevenido el actor para que aclare, corrija o complete la demanda, en los términos del artículo 59 de esta ley, no lo hiciere.
ARTÍCULO 62. Admitida la demanda, se correrá traslado a las partes para que la contesten en el término de quince días, pudiendo hacerlo personalmente o por correo certificado con acuse de recibo ante la Sala del conocimiento cuando radiquen fuera de su residencia. Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente. El término para contestar la ampliación de la demanda, será de cinco días.
ARTÍCULO 63. La parte demandada deberá expresar en su contestación:
I.	La referencia correcta a cada uno de los hechos que el actor le impute expresamente, afirmándolos o negándolos, expresando los que ignora por no ser propios o exponiendo como ocurrieron;
II.	Los incidentes de previo y especial pronunciamiento;
III. Las causas de sobreseimiento que a su juicio existan en la acción intentada;
IV.	Los fundamentos de derecho que considere aplicables al caso y los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los conceptos de nulidad o invalidez;
V.	Las pruebas que ofrezca, acompañándolas y aportando los elementos informativos y materiales necesarios para su preparación y desahogo; y,
VI.	Acompañará copia de la contestación y de los documentos anexos a ella para cada una de las partes, a excepción de aquellos casos en que excedan de veinticinco fojas útiles, los que quedarán en la Secretaría de la Sala para que se instruyan las partes.
Cuando las demandadas omitan acompañar los documentos a que se refieren las fracciones V y VI que anteceden, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de esta Ley.
ARTÍCULO 64. El tercero interesado podrá concurrir a defender el acto o a excepcionarse en su contra, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, acompañando las copias de traslado necesarias; transcurrido el plazo y hasta antes de dictarse la sentencia, su intervención tendrá el valor de alegato.
El tercero interesado deberá expresar en su escrito de comparecencia las pruebas que ofrezca, acompañándolas y aportando los elementos informativos y materiales necesarios para su preparación y desahogo. En caso de que omita acompañar los documentos antes señalados, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de esta Ley.
ARTÍCULO 65. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, cuando:
I.	No se produzca contestación dentro del plazo a que se refiere el artículo 62 de esta Ley;
II.	La contestación no se refiera concretamente a los hechos que son propios del demandado y que se le imputen en el escrito de demanda; y,
III.	Tratándose de la autoridad, no exhiba las pruebas, los informes o el expediente administrativo, que le han sido requeridos, sin causa justificada.
ARTÍCULO 66. En la contestación de la demanda no podrán variarse los fundamentos de derecho de la resolución o acto impugnado.
En el caso de negativa ficta, la autoridad únicamente podrá expresar los hechos y el derecho en que apoye la misma. Tratándose de positiva ficta, sólo podrá excepcionarse cuando pueda demostrar que la misma no se ha configurado, o bien, en caso contrario, la Sala correspondiente considerará allanada a la autoridad, procediendo sin mayor trámite a dictar sentencia favorable al actor, emitiendo la declarativa solicitada.
ARTÍCULO 67. En los juicios en los que no exista tercero interesado o en el que manifieste su conformidad, las autoridades u organismos demandados podrán allanarse a las pretensiones del actor, en cuyo caso, se dictará resolución favorable en el mismo proveído en que se acuerde el allanamiento.
ARTÍCULO 67 BIS-A. Las partes podrán celebrar convenios para conciliar sus intereses en cualquier etapa del juicio hasta antes de que se dicte sentencia. En tal caso, dichos convenios deberán presentarse para su ratificación y aprobación ante la Sala respectiva para que sean elevados a la categoría de cosa juzgada.
ARTÍCULO 67 BIS-B. En los casos en que exista tercero interesado, la Sala aprobará el convenio únicamente cuando dicho tercero manifiesta su conformidad, suscribiendo el convenio conjuntamente con las partes.
Cuando sean varias las autoridades demandadas, será suficiente con que el convenio esté suscrito por la autoridad que generó el acto impugnado, entendiéndose que queda sin materia el juicio.
ARTÍCULO 67 BIS-C. Derogado.
ARTÍCULO 68. Los actos impugnados y su ejecución podrán ser objeto de suspensión en los casos, bajo las condiciones y modalidades que prevé esta Ley. La suspensión se concederá por el Magistrado de la Sala que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, desde el mismo acuerdo que admita la demanda y hasta que se dicte sentencia y ésta quede ejecutoriada. La cual surtirá efectos desde luego, en el auto en que se conceda. Tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria, salvo en aquellos casos en que a juicio del Magistrado deba otorgársele efectos restitutorios.
Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de la libertad por faltas administrativas o actos que de llegar a consumarse, harían materialmente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. En todos los demás casos, solo se otorgará la suspensión cuando lo solicite la parte interesada.
En todo caso, el auto que decrete la suspensión deberá notificarse el mismo día en que fue pronunciado, a las autoridades demandadas, surtiendo efectos dicha notificación desde la hora en que fue realizada, para su cumplimiento, apercibiéndolas que en caso de desacato, se les aplicarán las sanciones previstas en el título tercero de esta Ley.
Las actuaciones realizadas con posterioridad al auto que conceda la suspensión, que tenga por objeto la ejecución del acto impugnado, deberán declararse inexistentes con independencia de que las autoridades demandadas no hayan sido notificadas de dicho proveído sin que en este caso incurran en responsabilidad.
El Magistrado de Sala podrá revocar o modificar en cualquier momento del juicio, el auto a través del cual concedió la suspensión de la ejecución del acto impugnado, si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días.
ARTÍCULO 69. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio.
ARTÍCULO 70.- Cuando proceda el otorgamiento de la suspensión, ésta medida cautelar genérica tendrá efectos restitutorios tratándose de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia; actos privativos de libertad decretados al particular por faltas administrativas; o bien, cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, siempre que no se lesionen derechos de terceros.
ARTÍCULO 71. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado instructor discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe.
Cuando a juicio del Magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que establece esta ley, a menos que la garantía se hubiere constituido de antemano ante la autoridad demandada.
En todo caso, el auto que exija o dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible.
ARTÍCULO 72. La garantía del interés fiscal, deberá comprender el monto de las contribuciones adeudadas, los recargos, las multas y los gastos de ejecución causados. Dicha garantía deberá presentarse ante la autoridad exactora, una vez que se hubiere concedido la suspensión por la Sala, la que surtirá efectos desde luego, concediéndole al interesado el término de cinco días para que cumpla con las condiciones bajo las cuales fue otorgada, debiendo informar y acreditar a la Sala dicha circunstancia en el mismo término. La Suspensión dejará de surtir efectos, si transcurrido el término que establece este artículo no se cumplen las condiciones impuestas para su otorgamiento.
Si la autoridad se niega a recibir la garantía en el término concedido para tal efecto al interesado, éste deberá presentarla precautoriamente ante la Sala de conocimiento del juicio, remitiéndola el Magistrado a la autoridad correspondiente si la garantía se otorgó en los términos que prevean las leyes aplicables.
ARTÍCULO 73. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.
Cuando con la suspensión se afecten derechos de terceros no estimables en dinero, el Magistrado fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
La suspensión otorgada conforme a este artículo, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y se obliga a pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable y comprenderá el costo de la que hubiere otorgado el actor.
La garantía y contragarantía a que se refiere este artículo, se presentarán ante la Sala de conocimiento del juicio. La suspensión surtirá efectos una vez que el interesado cumpla con el otorgamiento de la garantía, en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 74 de esta ley, a excepción de la prevista por la fracción II de dicho dispositivo legal.
ARTÍCULO 74. Las garantías a que se refieren los artículos 72 y 73 de esta Ley, podrán ofrecerse en alguna de las formas siguiente:
I.	Depósito de dinero en la institución de crédito que legalmente corresponda o ante la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del Estado o las Tesorerías Municipales, según sea el caso;
II.	Pago bajo protesta;
III.	Fianza otorgada por una institución legalmente autorizada;
IV.	Embargo en la vía administrativa;
V.	Prenda o hipoteca; y
VI.	Obligación solidaria asumida por terceros que comprueben su idoneidad y solvencia.
ARTÍCULO 75.- Tratándose de garantías de interés fiscal, si el acto reclamado se confirma, una vez que la sentencia cause ejecutoria, la autoridad ante quien se otorgó, procederá a hacerla efectiva en los términos y conforme a los procedimientos de la legislación aplicable.
En los demás casos, una vez que se declare ejecutoriada la sentencia, los particulares interesados, podrán promover, en vía incidental, dentro de los treinta días siguientes, solicitud ante el Magistrado del conocimiento, a fin de que resuelva sobre la disposición de la garantía, o en su caso, sobre la cancelación de la misma.
ARTÍCULO 75 BIS. Con el objeto de mantenerse la situación de hecho existente e impedir que el juicio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor, se dictarán todas las medidas cautelares necesarias, incluso las de carácter positivo. Podrán presentarse previo a la interposición de la demanda, y una vez iniciado el juicio contencioso administrativo en cualquier momento hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia, salvo en los casos en que pudiera causarse perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, sujetándose a lo siguiente:
El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá señalar y acompañar lo siguiente:
a)	Nombre y domicilio para oír notificaciones, así como su dirección de correo electrónico cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del sistema de Justicia en Línea;
b)	Resolución que se pretenda impugnar y fecha de notificación de la misma;
c)	Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar;
d)	Los motivos por los cuales solicita la mediad cautelar; y,
e)	Una copia del escrito mencionado para cada una de las partes del juicio, para correrles traslado
La solicitud previa de la medida cautelar, no interrumpirá el término para la interposición de la demanda, su otorgamiento surtirá efectos hasta por quince días, los que se prorrogarán una vez presentada esta: De no cumplir con los citados requisitos, se tendrá por no solicitada.
Iniciado el juicio, el Magistrado instructor podrá de oficio ordenar una medida cautelar, cuando considere que los daños que puedan causarse sean inminentes o graves.
En los casos en que el otorgamiento de la medida pueda causar una afectación patrimonial, el Magistrado instructor exigirá garantía que deberá presentarse dentro de un plazo de tres días, para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con ella. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, la Sala Regional con los elementos a su alcance fijará el importe de la garantía.
Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.
Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si el tercero da caución bastante para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse por subsistir las medidas cautelares decretadas.
Por su parte, la autoridad puede obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el Tribunal considerando las circunstancias del caso, puede no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, la Sala Regional, debe condenarla a pagar la indemnización administrativa correspondiente.
(Adición según decreto No. 264, publicado en el P.O. “El Estado de Sinaloa” No.110, de fecha 14 de de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 75 BIS-A. En el acuerdo que admita la petición de medidas cautelares, el Magistrado instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia cautelar, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Si no rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le imputen, se tendrán por ciertos. Dentro del plazo de tres días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución en la que decrete o niegue las medidas solicitadas y en su caso, decidirá sobre la admisión de la garantía ofrecida.
En casos de extrema urgencia, siempre y cuando el promovente aporte suficientes elementos para concederla, se podrán otorgar de manera provisional medidas cautelares en el auto admisorio.
En lo no previsto, serán aplicables todas las disposiciones conducentes en materia de suspensión que se regula en éste capítulo.
ARTÍCULO 76. En las cuestiones incidentales que tengan lugar en los asuntos que se tramiten en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sólo serán de previo y especial pronunciamiento las siguientes:
I.	La acumulación de autos;
II.	La nulidad de notificaciones;
III.	La recusación por causa de impedimento; y,
IV.	La incompetencia en razón del territorio
La tramitación de estos incidentes iniciará a petición de parte, excepto el de acumulación de autos, que podrá hacerse de oficio.
Se promoverán por escrito ante el Magistrado que esté conociendo del asunto y en él se expresarán los agravios y se ofrecerán las pruebas pertinentes. Se dará vista a las partes por un término de cinco días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, transcurrido el mismo se resolverá el incidente en un plazo no mayor a cinco días.
Tratándose de los casos previstos en las fracciones I y II de este artículo, el Magistrado citará a una audiencia que se celebrará diez días después, en la que se oirán los alegatos y se desahogarán las pruebas si las hubiere, resolviendo en la audiencia incidental.
Tratándose de los casos previstos en las fracciones III y IV de este artículo, el Magistrado formulará dentro del plazo de cinco días, un informe sobre la materia del incidente, que junto al escrito mediante el cual se promovió y las expresiones de las partes, si las hubiere, deberá enviar al Presidente del Tribunal, a fin de que someta el incidente al conocimiento de la Sala Superior, la que resolverá sin mayor trámite.
ARTÍCULO 77. Procede la acumulación de dos o más juicios, cuando:
I.	Las partes sean las mismas; y se invoquen idénticas violaciones;
II.	Siendo diferentes los contendientes sea el mismo acto o parte de él, lo que se impugne; y,
III. Se impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de los reclamados en otro juicio, independientemente de si las partes son las mismas o no.
El incidente de acumulación podrá promoverse o iniciarse de oficio por el Magistrado del conocimiento, hasta antes de que se dicte sentencia. De resultar procedente éste, se ordenará que los autos se acumulen al juicio más antiguo.
Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el Magistrado instructor requerirá a las partes relativas al juicio en la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza su opción se tramitará el juicio en la vía tradicional.
ARTÍCULO 78. Procederá el incidente de nulidad de notificaciones, cuando éstas no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en esta Ley. En este caso, la parte agraviada podrá pedir que se declare su nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho que lo motive. Si se declara la nulidad la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores que sean consecuencia de ella.
ARTÍCULO 79. Las partes podrán recusar a los Magistrados de las Salas Regionales cuando estén en alguno de los casos de impedimento previstos en el artículo 51 de esta Ley. De la recusación conocerá la Sala Superior, y podrá promoverse hasta antes del cierre de la instrucción.
A falta del informe a que se refiere el último párrafo del artículo 76 de esta Ley, se presumirá cierto el impedimento. Si la Sala Superior declara fundada la recusación, en la resolución respectiva decidirá que Magistrado deba conocer del asunto.
ARTÍCULO 80. Cuando ante una de las Salas Regionales se promueva juicio del que otra deba conocer por razón de territorio, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución a la que en su concepto corresponda ventilar el negocio, enviándole los autos. Recibido el expediente por la Sala requerida, decidirá de plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si la Sala Regional requerida acepta, comunicará su resolución a la requirente, a las partes y a la Sala Superior; en caso contrario informará de la misma manera, a fin de que la Sala Superior proceda a la resolución del conflicto, en los términos de la fracción X del artículo 17 de esta Ley.
En caso de que la Sala no decline su competencia de plano, cualquiera de las partes podrá iniciar el incidente respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conoció el hecho que lo motive. Deberá presentarse ante el Magistrado del conocimiento, quien procederá en los términos del último párrafo del artículo 76 de esta Ley.
ARTÍCULO 81. Las cuestiones incidentales, no previstas en el artículo 76 de esta Ley, se interpondrán dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se conoció el hecho que las motivó, dándoles vista a las partes por el mismo término, resolviéndose sin mayor trámite.
De ser necesario atendiendo a la naturaleza de las pruebas ofrecidas en los incidentes previstos en el presente capítulo, se citará a una audiencia, en la que se desahogarán las pruebas y se oirán los alegatos, si los hubiere.
CAPÍTULO IX DE LAS PRUEBAS
ARTÍCULO 82. Las partes deberán ofrecer las pruebas en los escritos de demanda y contestación. Cuando proceda ampliar la demanda y al contestar la misma, las partes únicamente podrán ofrecer pruebas respecto a los hechos y actos relacionados con la ampliación. Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta antes del cierre de la instrucción, deberán referirse a los hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda, su ampliación o la contestación de ambas; o bien, a hechos ocurridos antes, siempre y cuando el oferente, bajo protesta de decir verdad, manifieste que le eran desconocidas. De su presentación se dará vista a la contraparte por el término de cinco días, para que exprese lo que a su derecho convenga, debiendo resolver sobre su admisibilidad transcurrido dicho término, recepcionándose, en su caso, junto con las diversas pruebas ofrecidas.
Las pruebas podrán ser objetadas en el término de cinco días a partir de la notificación del auto que las admitió, o en su caso, al contestar la demanda.
ARTÍCULO 83. En el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán admisibles toda clase de pruebas que tengan relación con la litis, excepto la confesional a cargo de las autoridades, las que fueren contrarias a la moral y al derecho. En particular, esta ley reconoce como medios de prueba:
I.	La confesional a cargo de los particulares:
El que haya de absolver posiciones será citado y apercibido para tal efecto, pudiendo ser articuladas al absolvente o al apoderado con cláusula especial;
II.	Los documentos públicos y privados:
Son documentos públicos, aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones. La calidad de los mismos se demuestra por contener sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan los ordenamientos legales, salvo prueba en contrario.
Son documentos privados aquellos que no reúnen las condiciones antes señaladas.
Los documentos deberán ser aportados en original; y cuando se hiciere en fotocopia o sean documentos privados provenientes de un tercero, podrán ser perfeccionados, a través del cotejo, la ratificación o cualquier otro medio idóneo.
III.	Testimonial:
Las partes podrán ofrecer hasta tres testigos para acreditar cada hecho, debiendo presentarlos personalmente en la fecha de la audiencia, salvo que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso, el Magistrado los mandará citar, para que comparezcan el día y hora que al efecto señale, apercibiéndolos con la aplicación de los medios de apremio que señala el artículo 41 fracción I de esta Ley, al deponente que sin causa justa dejare de comparecer o se niegue a declarar;
IV.	Inspección y Cotejo:
El oferente deberá indicar con precisión el objeto de la misma, el lugar o archivo donde deba practicarse, el período que ha de abarcar la inspección, en su caso, y el objeto o los documentos que deben ser examinados. En caso de que no se encuentren, se dará cuenta al Magistrado, quien proveerá lo conducente.
V.	Pericial:
Procede tal probanza, cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte. Se ofrecerá expresando los puntos sobre los que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo.
Los peritos nombrados deberán tener título en la especialidad a que pertenezca la cuestión en análisis y si esto no fuera posible, podrán ser nombradas personas con conocimiento de la materia, a juicio del Magistrado. En caso de diferencia en los dictámenes rendidos, la Sala nombrará un tercero en discordia;
Cuando la parte actora ofrezca prueba pericial, la demandada y el tercero, si lo hubiere, en su escrito de contestación deberán nombrar perito de su parte. Si el ofrecimiento proviene de la parte demandada, los terceros o es ordenada por el Tribunal, se concederá el término de tres días a las contrapartes para los mismos efectos; a no ser que se pusieran de acuerdo en el nombramiento de uno sólo.
Una vez admitida la prueba, las partes deben presentar a sus peritos, dentro de los cinco días posteriores a la notificación del acuerdo respectivo, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen, o la persona propuesta no acepta el cargo, no reúne los requisitos de Ley o no presenta su dictamen, sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplido el requerimiento.
Por una sola vez y por causa justificada, comunicada a la Sala antes de la fecha de la audiencia de Ley, las partes podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la sustitución de sus peritos, concediéndosele en este último caso el término de tres días para la presentación y protesta del cargo del nuevo perito propuesto.
VI.	Documental en Vía de Informe:
Toda autoridad que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder, que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, están obligadas a rendir informe y a exhibir los documentos al ser requeridos por el Tribunal o cuando dicha documental sea ofrecida por las partes;
VII.	Las fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general los demás elementos aportados por la ciencia:
La parte que ofrezca estos medios probatorios, deberá ministrar al Tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras al momento del desahogo de la prueba;
VIII.	Presuncional Legal y Humana:
Es presunción legal la que se establece y cuya consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. Es presunción humana la que deriva de un hecho probado como su consecuencia ordinaria.
IX.	Instrumental de Actuaciones:
Es aquella que deriva de la propia pieza de autos; y,
X.	Los demás medios probatorios que produzcan convicción en el juzgador.
Las pruebas rendidas ante las autoridades demandadas deberán remitirse con el original del expediente relativo, aún cuando no sean solicitadas por las partes.
(Ref. y adición según Decreto No. 264, publicado en el P. O. “El Estado de Sinaloa” No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 84. Los Magistrados podrán ordenar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que, a su juicio, sean adecuados para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos.
En la práctica de estas diligencias, los Magistrados obrarán como estimen pertinente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad.
ARTÍCULO 86. La recepción y desahogo de las pruebas, se hará de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas y se sujetará a las siguientes reglas:
I.	Las Salas recibirán todas las pruebas que en su oportunidad le presenten las partes, teniendo por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permita al momento de su admisión o recepción según corresponda;
II.	El hecho de que alguna de las pruebas ofrecidas por las partes no haya sido debidamente preparada el día que tenga verificativo la audiencia del juicio, no será causa suficiente para suspenderla. Se desahogarán las pruebas que estén en condiciones, prorrogando la continuación de la audiencia y ordenando la preparación de las pendientes, desahogándose en la fecha que el Magistrado señale para la continuación y culminación de la misma, siguiendo el orden establecido por el artículo 90 de esta Ley.
III.	Todos los declarantes, producirán su testimonio bajo protesta de decir verdad, apercibiéndolos de la responsabilidad en que incurren quienes presten declaraciones falsas. Al igual que los peritos, firmarán al margen y al calce de la última hoja las actuaciones que se levanten, en el entendido de que una vez suscritas no podrán variarse ni en la sustancia ni redacción. En dichas actas, siempre se harán constar las generales de los comparecientes, previa identificación de los mismos. Cuando sean varios los declarantes o peritos que deban sujetarse a la misma probanza, se tomarán las medidas necesarias para separarlos convenientemente evitando que unos puedan presenciar la declaración de otros.
IV.	Se declarará confeso de las posiciones que se califiquen de legales, a todo aquel que sin causa justificada a juicio del Magistrado, no concurra, si el citado comparece ante él, abrirá el pliego de posiciones y una vez impuesto de ellas, las calificará y aprobará solo las que se ajusten a lo dispuesto en esta Ley. Enseguida el absolvente firmará el pliego, antes de procederse al interrogatorio. Si el desahogo de la confesional se encomienda a la autoridad jurisdiccional del lugar en que radica el absolvente, el Magistrado calificará de legal el pliego de posiciones remitiéndolo en sobre cerrado. El juez exhortado está facultado para declarar confeso al absolvente, cuando incurra en alguna de las causas que para ello prevé esta Ley. La parte que ha de absolver posiciones, en ningún caso estará asistida por su abogado, procurador o persona alguna.
V.	Las posiciones deben articularse en términos precisos; deben referirse a hechos controvertidos y propios del absolvente; no han de ser insidiosas ni contener cada una más de un solo hecho. El incumplimiento de estos requisitos, produce el desechamiento de las posiciones respectivas.
VI.	Las posiciones deberán contestarse categóricamente en sentido afirmativo o negativo, pudiendo agregar las explicaciones que el absolvente juzgue conveniente o las que pida el Tribunal.
VII.	En caso de que el absolvente se negare a contestar o lo haga en forma imprecisa el Magistrado de Sala lo apercibirá en el acto, de tenerlo por confeso de los hechos respecto de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o terminantes.
VIII.	Los peritos rendirán su dictamen por escrito; los testigos y ratificantes, expondrán verbalmente su declaración, sujetándose a los interrogatorios que por escrito formule el oferente. Las partes podrán repreguntar a los peritos, testigos y ratificantes en relación a las tachas, así como a la idoneidad y contenido de sus declaraciones.
Las preguntas y repreguntas deben relacionarse directamente con los puntos cuestionados, concebirse en términos claros, no ser contrarios al derecho o a la moral y comprender en ellas un sólo hecho. Los testigos están obligados a expresar la razón de su dicho y el Magistrado a exigirla.
IX.	En toda diligencia que se levante fuera del local de las Salas del Tribunal, el personal comisionado deberá ceñirse estrictamente a lo ordenado, pudiendo concurrir en su compañía las partes, debiéndose levantar acta circunstanciada del desarrollo de la misma, la cual firmarán los que en ella intervengan y quisieran hacerlo. En caso necesario, se levantarán planos o se tomaran fotografías del lugar u objeto inspeccionado.
X.	Cuando el oferente se comprometa a presentar el día de la audiencia a sus testigos y ratificantes, o tratándose de la prueba a cargo de perito, si no presenta a unos o al otro, se declarará desierta la probanza.
XI.	Cuando la prueba testimonial deba desahogarse fuera del lugar de residencia de las Salas, y habiendo cumplido el oferente con el requisito de presentar el interrogatorio respectivo, se concederá a las otras partes un término de tres días para que formulen su interrogatorio de repreguntas por escrito y en sobre cerrado, las que serán calificadas de legales por la Sala; o, en su caso, manifiesten si se reservan el derecho de repreguntar verbal y directamente a los testigos cuando se desahogue esta probanza, en el entendido que de no cumplir con la prevención, se les tendrá por perdido el derecho de repreguntar a los deponentes. Transcurrido el término anterior, el Magistrado de oficio acordará lo conducente, debiendo en todo caso, enviar el exhorto correspondiente para lo que remitirá a la autoridad exhortada las constancias necesarias, indicándole a ésta quienes pueden participar en la audiencia y facultándola para que califique las repreguntas que se le formulen a los testigos cuando las partes se hubieren reservado el derecho de hacerlo verbal y directamente.
XII.	La documental en vía de informe se rendirá por escrito y contendrá la declaración bajo protesta de decir verdad de la cuestión planteada acompañando, en su caso, los documentos que se requieran.
ARTÍCULO 88. Los actos impugnados a las autoridades se presumirán legales, sin embargo, deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Igualmente se presumirán válidos los actos no impugnados de manera expresa en la demanda o aquellos que aunque impugnados no se allegaren elementos de prueba suficientes para acreditar su ilegalidad.
ARTÍCULO 89. La valorización de las pruebas se hará de acuerdo a las siguientes reglas:
I.	La prueba confesional, la de inspección judicial y la documental pública, tendrán valor probatorio pleno. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba;
II.	La valoración de las pruebas testimonial, pericial, de las copias, fotostáticas, fotográficas, y, en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, serán calificados según las circunstancias, relacionándolas con los demás medios probatorios existentes, al prudente arbitrio del Tribunal;
III.	Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Tribunal adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia de la controversia, podrá valorar las pruebas aplicando los principios generales del Derecho, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia; y,
IV.	El Tribunal podrá invocar los hechos notorios.
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCION
ARTÍCULO 90. Sólo habrá lugar a la celebración de audiencia, cuando la naturaleza de las pruebas lo amerite y en ella se desahogarán las mismas y se oirán los alegatos, observándose las prevenciones siguientes:
I.	Se celebrará aún sin asistencia de las partes;
II.	Las peticiones y oposiciones que se realicen por las partes que asistan, se resolverán de plano en el transcurso de ésta;
III.	Los Magistrados podrán formular toda clase de preguntas a las partes, sus representantes, peritos y testigos, respecto de las cuestiones debatidas;
IV.	La audiencia deberá suspenderse cuando no se hayan resuelto los incidentes de previo y especial pronunciamiento. También podrá suspenderse, o prorrogarse de oficio o a solicitud de alguna de las partes, cuando exista motivo fundado, a juicio del Magistrado de la Sala que conoce del asunto;
V.	Los alegatos podrán presentarse por escrito. Cuando se formulen verbalmente, no podrán exceder de quince minutos para cada una de las partes; y
VI.	Una vez desahogadas las pruebas y formulados o no los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y se citará el juicio para oír resolución.
ARTÍCULO 92.- Cuando la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, se han desahogado por su propia naturaleza al momento de su admisión o recepción y no exista impedimento para la resolución, el Magistrado mediante acuerdo dará cuenta de ello, otorgando a las partes el término de tres días para formular alegatos y transcurrido el mismo, con alegatos o sin ellos, se declarará cerrada la instrucción.
ARTÍCULO 93. Será improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando se promueva en contra de actos:
I.	Que no sean competencia del Tribunal
II.	Que sean propios del Tribunal;
III.	Que sean o hayan sido materia de otro Juicio Contencioso Administrativo, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades, y por el propio acto impugnado, aun cuando se aleguen distintas violaciones;
IV.	Que hayan sido resueltos en un procedimiento jurisdiccional;
V.	Que no afecten los intereses del demandante;
VI.	Consumados de manera irreparable;
VII.	En los que se encuentran en trámite algún recurso o medio ordinario de defensa;
VIII.	Que se hayan consentido expresa o tácitamente y, contra actos que deriven o sean consecuencia de otro consentido, entendiéndose por estos, los actos contra los que no se promovió el juicio dentro de los términos de esta Ley.
IX.	Derogada;
X.	En los que hayan cesado los efectos legales o materiales o éstos no puedan surtirse, por haber dejado de existir el objeto o materia de los mismos; y,
XI.	En los que la improcedencia resulte de alguna otra disposición legal.
Estas causales de improcedencia serán examinadas de oficio.
ARTÍCULO 94. Procede el sobreseimiento del juicio cuando:
I.	El demandante se desista expresamente de la acción intentada;
II.	El actor fallezca durante el juicio, siempre que no se trate de derechos transmisibles;
III. Sobrevenga o se advierta durante el juicio o al dictar sentencia, alguno de los casos de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
IV.	De las constancias de autos aparece claramente que no existe el acto impugnado;
V.	Derogada.
VI.	La parte demandada haya satisfecho las necesidades del actor.
El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido demandada.
DE LA SENTENCIA Y SU EJECUCION
ARTÍCULO 95. La sentencia deberá dictarse dentro de los quince días siguientes al en que se cierre la instrucción del Juicio. Esta podrá:
I.	Reconocer la validez del acto impugnado;
II.	Declarar la nulidad del acto impugnado;
III.	Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos;
IV.	Decretar la modificación del acto impugnado;
V.	Declarar la configuración de la Negativa Ficta o en su caso, de la Positiva Ficta; y,
VI.	Absolver o condenar a la autoridad al cumplimiento de la obligación reclamada.
ARTÍCULO 96.- Las Sentencias deberán contener:
I.	La fijación del acto o los actos impugnados y la pretensión procesal de la parte actora;
II.	El análisis, aún de oficio, de las causales de improcedencia o sobreseimiento, en su caso;
IV.	El examen y valoración de las pruebas;
V.	Los fundamentos legales en que se apoye; y,
VI.	Los puntos resolutivos en los que se decrete el sobreseimiento del juicio, se reconozca la validez, se declare la nulidad o se ordene la modificación o reposición del acto impugnado y en su caso, la condena que se imponga.
ARTÍCULO 97. Se declarará que un acto administrativo es ilegal cuando se demuestre algunas de las siguientes causales:
I.	Incompetencia de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado;
II.	Omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir el acto impugnado siempre y cuando afecte las defensas del particular y trascienda al sentido del mismo;
III.	Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido del acto impugnado;
IV.	Violación de las disposiciones legales aplicables o no haberse aplicado las debidas, en cuanto al fondo del asunto; y,
V.	Desvío de poder tratándose de sanciones o actos discrecionales.
ARTÍCULO 98. Las sentencias que declaren fundada la acción del demandante, dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad demandada para ejecutarla.
ARTÍCULO 99. Las partes podrán formular excitativa de justicia ante la Sala Superior, si la sentencia no es dictada dentro del plazo al que se refiere el artículo 95 de la presente Ley. Si después de oír al Magistrado instructor, la Sala Superior considera que la excitativa es fundada, le otorgará el plazo de diez días para que dicte la sentencia.
ARTÍCULO 100. La aclaración de sentencia tendrá lugar cuando se requiera esclarecer algún concepto o suplir cualquier omisión que contenga, sin que esto implique variar o modificar el sentido en que fue pronunciada la misma. Podrá solicitarla cualquiera de las partes y su trámite será incidental.
ARTÍCULO 101. Las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo causarán ejecutoria cuando no sean impugnadas en los términos de Ley, o que habiéndolo sido, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación, o se haya desistido de él quien promueva, así como las consentidas en forma expresa por las partes o sus representantes legítimos.
En igual forma, causarán ejecutoria los convenios que suscriben las partes para conciliar sus intereses poniendo fin al juicio, siempre que hayan sido elevados a la categoría de cosa juzgada por la Sala de conocimiento.
ARTÍCULO 102. La declaración de sentencia ejecutoria, se hará de oficio o a petición de parte. La que favorezca a un particular y contenga una obligación de hacer o de condena, deberá comunicarse a la autoridad correspondiente dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se declaró ejecutoriada la sentencia, previniéndola y conminándola a rendir un informe sobre su cumplimento dentro de los quince días siguientes.
ARTÍCULO 103. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la autoridad no cumple con la sentencia o su cumplimiento es excesivo o defectuoso; o, habiéndola cumplido, en cualquier tiempo repite el acto declarado inválido o nulo; o bien, no rinde el informe que corresponda, se le aplicará una multa de diez a sesenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado. Independientemente de esta sanción, la Sala del conocimiento comunicará al superior jerárquico de la autoridad de que se trate, la actitud de desobediencia, a fin de que lo conmine al cumplimiento de la resolución.
La Sala del conocimiento podrá requerir el debido cumplimiento de sus resoluciones las veces que sea necesario, hasta la consecución del mismo. Si la autoridad no cumple debidamente los requerimientos en más de tres ocasiones, de oficio o a petición de parte, remitirá los autos a la Sala Superior quien resolverá sobre la sanción a imponer al servidor público, la cual atendiendo a la gravedad de la misma, podrá ser desde una sanción económica hasta la destitución o ambas.
Para la imposición de las sanciones que prevé esta Ley, deberá considerarse la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias que el no acatamiento de la resolución respectiva hubiere ocasionado.
ARTÍCULO 104. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante el Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la solicitud de declaración de procedencia correspondiente.
ARTÍCULO 105. Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán aplicables cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión y medidas cautelares, que se hubieren decretado respecto del acto reclamado. En este caso, cuando la violación no esté debidamente acreditada en autos, la Sala de conocimiento requerirá a la autoridad correspondiente para que rinda un informe al respecto dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si no lo rindiere se tendrá por acreditada la violación, procediendo a la aplicación de las sanciones correspondientes y ordenando nuevamente su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes. Los actos o procedimientos que hubieren motivado la violación a la suspensión, se declararán sin efectos jurídicos por la Sala.
ARTÍCULO 105 BIS. Las partes, para la eficacia material de las sentencias, podrán acordar los términos de su cumplimiento. En tal caso, dichos acuerdos se presentarán para su ratificación y aprobación ante la Sala respectiva quien en todo momento deberá vigilar la salvaguarda del interés público y el sentido del fallo.
El incumplimiento del convenio por parte de la autoridad, lo dejará sin efecto, prevaleciendo las obligaciones derivadas de la sentencia de condena.
En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, en términos de la legislación supletoria.
La falta de previsión presupuestaria de recursos para el cumplimiento de obligaciones derivadas del juicio contencioso administrativo, no será impedimento para cumplirlas.
ARTÍCULO 106. El recurso de queja se presentará ante la Sala Regional y procederá en contra de los siguientes actos:
I.	El que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto de ejecución de la sentencia;
II.	Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia;
III.	Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado; y,
IV.	Incumplimiento total o defectuoso de las medidas cautelares decretadas.
ARTÍCULO 107. La queja se interpondrá por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. Se deberá acompañar, copia de la resolución motivo de la queja, así como un tanto para la autoridad responsable. En el supuesto previsto en la fracción II del artículo 106 de esta Ley, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo.
En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso, defecto, repetición del acto impugnado, o del efecto de éste.
ARTÍCULO 108. El Magistrado de la Sala ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de tres día hábiles sobre el acto u omisión que provocó la queja, apercibidos que de no rendirlo se presumirán ciertos los hechos que se le imputen. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes.
Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere.
La resolución que recaiga a la queja interpuesta tendrá los efectos siguientes:
I.	En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala hará la declaratoria correspondiente, dejando sin efectos la nueva resolución, la cual notificará a la autoridad responsable, previniéndole se abstenga de reiterarla. Además, al resolver la queja, la Sala impondrá la multa a la autoridad y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico.
II.	Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada hasta cinco días hábiles para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir;
III.	En el supuesto de omisión, se estará a lo dispuesto por el artículo 41 de esta Ley, pero en caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento a la sentencia, habiendo sido requerida por tres ocasiones, el Magistrado enviará a petición de parte o de oficio a la Sala Superior, las constancias conducentes para que resuelva acerca de la destitución del servidor público responsable del incumplimiento, excepto en aquellos casos que goce de protección constitucional.
IV.	Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante el H Congreso del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en la parte conducente, la solicitud de declaración de procedencia correspondiente;
V.	En el supuesto de incumplimiento a la medida cautelar o a la orden de suspensión de la ejecución del acto impugnado, el Magistrado instructor desde la presentación del recurso, podrá dictar las medidas necesarias a efecto de mantener la materia del juicio y evitar daños de imposible o difícil reparación;
VI.	Si el Magistrado instructor resuelve que hubo incumplimiento de la medida cautelar o de la suspensión otorgada, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del funcionario responsable, para que provea su cumplimiento. Además, impondrá al funcionario responsable o autoridad renuente, una multa en monto equivalente a entre quince y treinta días de su salario; y,
VII.	En caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento a la resolución, se estará a lo dispuesto en las fracciones III y IV, del presente artículo.
Para la imposición de la sanción a la autoridad correspondiente, se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias del no acatamiento.
ARTÍCULO 109. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no lesionen sus intereses, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre treinta y sesenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Sinaloa.
Existiendo resolución administrativa, si la Sala considera que la queja es improcedente, por tratarse de un acto distinto, prevendrá al actor para que dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, encause su instancia como demanda, cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley.
ARTÍCULO 110. Derogado.
ARTÍCULO 112. Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión:
I.	Las resoluciones que admitan o desechen la demanda o su ampliación;
II.	Los acuerdos que decreten, nieguen o revoquen las medidas cautelares y .la suspensión, a excepción del caso contenido en el último párrafo del artículo 71 de esta Ley;
III.	Las resoluciones que decidan incidentes;
IV.	Las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento;
V.	Las sentencias que decidan la cuestión planteada por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y transciendan al sentido de la sentencia; y
VI.	Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia.
ARTÍCULO 113. El recurso se presentará por escrito con expresión de agravios, dentro de los términos siguientes:
I.	En los casos de las fracciones I, II, III y VI del artículo que antecede, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución recurrida; y,
II.	En los casos de las fracciones IV y V del artículo anterior, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución recurrida.
De dicho recurso conocerá la Sala Superior del Tribunal, ante quien debe dirigirse presentándose por conducto de la Sala Regional que haya dictado la resolución recurrida, quien mandará correr traslado a las partes contrarias con el escrito respectivo, concediéndoles el plazo de cinco días para que contesten los agravios. Transcurrido dicho plazo, la Sala Regional lo turnará de inmediato acompañando los documentos necesarios para su resolución y una constancia de la fecha de notificación al recurrente de la resolución impugnada y de los días hábiles que hubo entre ella y la de presentación del recurso. En caso de que se envíe el expediente original completo, la Sala Regional dejará copia certificada de un duplicado debidamente sellado y cotejado.
El Magistrado de Sala Regional que conozca del asunto deberá suspender la tramitación del procedimiento o la ejecución de las sentencias en el expediente de origen, cuando la resolución impugnada sea alguna de las señaladas en las fracciones I, III y V del artículo 112 de esta Ley, o cuando a su juicio sea necesario.
ARTÍCULO 113 BIS. El recurso de revisión deberá presentarse con los siguientes requisitos:
I.	Nombre del recurrente;
II.	Domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de la Sala Superior;
III.	Número de expediente en que se originó el proveído o resolución recurrida y la Sala Regional que lo dictó;
IV.	Fecha del proveído o resolución que se recurre;
V.	Escrito de expresión de agravios; y,
VI.	Copias de traslado para las partes.
Si se omite alguno de los requisitos señalados en este artículo, salvo la fracción II, se prevendrá al promovente señalándole expresamente en qué consiste su omisión, para que lo cumpla dentro de los cinco días siguientes; si no lo hiciera, se tendrá por no interpuesto el recurso.
De dicho recurso conocerá la Sala Superior del Tribunal, a quien debe dirigirse presentándose por conducto de la Sala Regional que haya dictado la resolución recurrida, la Sala Regional lo turnará de inmediato acompañando los documentos necesarios para su resolución. En caso de que se envíe el expediente, la Sala Regional dejará copia certificada.
El Magistrado de la Sala Regional que conozca del asunto, en el acuerdo de recepción del recurso, deberá suspender la tramitación del procedimiento o la ejecución de las sentencias en el expediente de origen, cuando la resolución impugnada sea alguna de las señaladas en las fracciones I, III y V del artículo 112 de esta Ley o cuando a su juicio sea necesario. Se exceptúa de lo anterior el trámite y otorgamiento de suspensión y medidas cautelares.
ARTÍCULO 114. La Sala Superior se pronunciará sobre la interposición del recurso, admitiéndolo o desechándolo de plano según proceda.
En cualquier etapa del recurso de revisión, podrán invocarse de oficio las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas para el juicio contencioso administrativo, aplicando en lo conducente lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la presente Ley.
En el auto admisorio se designará al Magistrado Ponente. De lo anterior, se dará vista a las partes, corriéndoles traslado del escrito de expresión de agravios a quienes corresponda, para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.
Transcurrido este plazo, el Magistrado formulará su proyecto de resolución, sometiéndolo a la votación de la Sala Superior en la siguiente sesión, dictándose la resolución que corresponda por mayoría o unanimidad de votos.
Siempre que en contra de una misma resolución se promueva más de un recurso, advertida la procedencia de los mismos, se ordenará su acumulación al recurso más antiguo y se asignará su proyección al mismo ponente.
Para la sustanciación de los asuntos de la competencia de la Sala Superior, serán aplicables en lo conducente, las normas de procedimiento de la primera instancia del juicio contencioso administrativo.
ARTÍCULO 114 BIS. La resolución del recurso de revisión podrá:
I.	Confirmar el auto o resolución recurrida;
II.	Revocar el auto o resolución recurrida;
III.	Modificar el auto o resolución recurrida; y,
IV.	Sobreseer el recurso interpuesto.
Atendiendo a la prontitud en la impartición de justicia, cuando no existan cuestiones procedimentales por resolver en primera instancia que lo impidan, la Sala Superior en ejercicio de plena jurisdicción, resolverá lo que en derecho corresponda, evitándose con ello el reenvío innecesario del expediente.
ARTÍCULO 115. El Magistrado de Sala Regional, dará vista a la Sala Superior con la solicitud presentada por las partes, cuando ésta tenga por objeto hacer del conocimiento de la autoridad penal competente que durante el procedimiento, o en la ejecución de las resoluciones de los juicios tramitados en las Salas Regionales, se haya realizado por las partes, alguna conducta tipificada como delito en el Código Penal, o en los casos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. La Sala Superior resolverá sobre la procedencia de la solicitud, a más tardar en la sesión siguiente a la que ésta fue presentada.
ARTÍCULO 116. Independientemente de la responsabilidad penal o administrativa que pudiera constituirse, el Magistrado de Sala impondrá multa de diez a sesenta veces el importe del salario mínimo general vigente en el Estado a las partes que:
I.	Afirmen dolosamente hechos falsos u omitan los que les consta en relación con sus pretensiones; y,
II.	Presenten documentos o testigos falsos.
ARTÍCULO 117. Las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituirán jurisprudencia que establecerá la Sala Superior, siempre que lo resuelto se sustente en cinco ejecutorias en un mismo sentido sin interrupción de otra en contrario.
ARTÍCULO 118. Será obligatoria para el Tribunal y sólo perderá ese carácter cuando se pronuncie ejecutoria en contrario que deberá ser razonada y referirse a los motivos que se tuvieron para establecerla y los que se tengan para variar el criterio. Podrá haber modificaciones a la jurisprudencia que no impliquen contradicción y para establecerlas se observarán las mismas reglas que para su formación.
ARTÍCULO 119. La jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como las tesis que constituyan precedente o se considere de importancia su difusión, serán publicadas por la Sala Superior, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 119 BIS -A. El juicio contencioso administrativo en el Estado, también se promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en términos de lo dispuesto por el presente capítulo y las demás disposiciones específicas de esta Ley, que resulten aplicables.
En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.
ARTÍCULO 119 BIS-B. Cuando la parte actora ejerza su derecho a presentar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.
Si el demandante no señala expresamente su dirección de correo electrónico, se tramitará el juicio por la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará por lista de estrados de la Sala Regional que corresponda.
ARTÍCULO 119 BIS-C. Cuando la parte demandante sea una autoridad, elegirá la vía para presentar su demanda, si elige el juicio en línea, deberá señalar su domicilio y dirección de correo electrónico, y el particular demandado, deberá contestar la demanda en la vía determinada por el accionante, debiendo señalar su domicilio y dirección de correo electrónico.
Cuando la autoridad no opte por tramitar el Juicio en Línea, el particular contestará la demanda del juicio en la vía tradicional.
Para emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.
ARTÍCULO 119 BIS -D. En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, se integrará el expediente electrónico, en el cual, se incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del Juicio en Línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Tribunal.
En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible, cuya grabación deberá quedar bajo el resguardo del Secretario de Acuerdos responsable del trámite y resolución del juicio respectivo, quien las conservará tomando la mayor medida de seguridad posible, para el debido análisis y valoración al proyectar la resolución correspondiente. (Adición según decreto No. 264, publicado en el P.O. “El Estado de Sinaloa” No.110, de fecha 14 de septiembre de 2011.)
ARTÍCULO 119 BIS-E. La firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes.
El registro de la firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y la hora en la que se abran los archivos electrónicos, que contengan las constancias que integran el expediente electrónico, para los efectos legales establecidos en este ordenamiento.
ARTÍCULO 119 BIS-F. La firma electrónica avanzada producirá los mismo efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.
ARTÍCULO 119 BIS-G. Solamente, las partes, las personas autorizadas y delegados en el juicio tendrán acceso al expediente electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan registrada su clave de acceso y contraseña.
ARTÍCULO 119 BIS-H. Los titulares de una firma electrónica avanzada, clave de acceso y contraseña, serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al expediente electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sistema de Justicia en Línea.
ARTÍCULO 119 BIS-I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal emitirá el acuse de recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido.
ARTÍCULO 119 BIS -J. Cualquier actuación en el Juicio en Línea, se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en los términos del presente capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales del Magistrado de la Sala Instructora del Juicio y del Secretario de Acuerdos que den fe según corresponda.
ARTÍCULO 119 BIS-K. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo, deberán exhibirlos en forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.
Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y, tratándose de ésta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.
Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan las Salas del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como su transmisión, recepción, validación y notificación.
ARTÍCULO 119 BIS-L. Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al expediente electrónico. El Secretario de Acuerdos a quien corresponda el asunto, deberá digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba.
Estas pruebas deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción correspondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía electrónica.
ARTÍCULO 119 BIS-M. Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo, no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.
En el escrito mediante el cual, el tercero interesado se apersone al juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su dirección de correo electrónico.
En caso de que manifieste su oposición, la Sala que instruye el juicio dispondrá lo conducente para que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del Juicio en Línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un juicio de la vía tradicional.
ARTÍCULO 119 BIS-N. Las notificaciones que se practiquen dentro del Juicio en Línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:
I.	Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;
II.	El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la firma electrónica avanzada del Actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos;
III.	El Actuario enviará a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el expediente electrónico, la cual está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;
IV.	El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción III de éste artículo;
V.	Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones I, II, III y IV de éste artículo, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al expediente electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar; y,
VI.	En caso de que el plazo señalado en la fracción V de éste artículo, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará mediante lista de estrados al cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del correo electrónico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.
ARTÍCULO 119 BIS-O. Para los efectos del Juicio en Línea, son hábiles las 24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas Regionales del Tribunal.
Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el acuse de recibo electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer el juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.
ARTÍCULO 119 BIS-P. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, deberán registrar en la Secretaría General de Acuerdos o ante el Magistrado de la Sala Regional, según corresponda, la dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de que sean emplazadas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.
En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación, todas las notificaciones que deba practicárseles, incluyendo el emplazamiento, se harán a través de lista de estrados, hasta que se cumpla con dicha formalidad.
ARTÍCULO 119 BIS-Q. Lo dispuesto en el presente capítulo, no será aplicable en la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea.
El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, y los Secretarios de Acuerdos de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del expediente electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes que les sean asignados.
Sin perjuicio de lo anterior, y cuando así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, según se trate, podrá remitirse la información a través de medios electrónicos.
ARTÍCULO 119 BIS-R. En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un juicio en la vía tradicional.
Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de cien a ciento cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Sinaloa al momento de cometer la infracción.
ARTÍCULO 119 BIS-S. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley, las partes deberán dar aviso a la Sala Regional correspondiente en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.
El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del sistema. Para tal efecto, la Sala que corresponda., para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales, hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizará el cómputo correspondiente, a partir de la fecha en que las partes dieron aviso a la Sala Regional correspondiente de la interrupción del funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea, en los términos del párrafo que antecede.
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a través del cual se substanciará el Juicio en Línea.
ARTÍCULO TERCERO. El Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación dentro de un plazo de 36 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, a través del Sistema de justicia en Línea, deberán tramitar su firma electrónica avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos o ante las Salas Regionales, según corresponda, y registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, sin exceder para ello del plazo de 36 meses a que se refiere el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del presente Decreto.
ARTÍCULO QUINTO. En el mismo plazo señalado en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO del presente Decreto, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyo actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal en los Juicios contenciosos administrativos, deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.
ARTÍCULO SEXTO. En caso de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incumplió con lo señalado en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO del presente Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya cumplió.
En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento a juicio, se harán a través de la lista de estrados, hasta que se cumpla con dicha formalidad.
Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la fecha en que se inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
ARTÍCULO OCTAVO. El Tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica, a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.
El Tribunal diseñará un Sistema de Justicia en Línea que garantice seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad de los “Expedientes Electrónicos”, por lo que tomará las medidas de protección necesarias, para evitar se modifique, altere, destruya o provoque la pérdida de información contenida en el sistema, por lo que, deberá implementar la nueva tecnología con la correspondiente infraestructura de seguridad que garantice el resguardo de toda la información que integren los Expedientes Electrónicos.
ARTÍCULO NOVENO. Para la promoción, substanciación y resolución del Juicio de lo Contencioso Administrativo del Estado a través del Sistema de Justicia en Línea, prevalecerán las disposiciones contenidas en EL CAPÍTULO ÚNICO, DEL TÍTULO SÉPTIMO de esta Ley respecto de otras que se contrapongan a lo establecido en dicho capítulo.
ARTÍCULO DÉCIMO. Los recursos necesarios para la implementación y cumplimento de lo dispuesto en el presente Decreto provendrán de recursos autorizados en el presupuesto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa para el presente ejercicio y los subsecuentes.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de Julio del año dos mil once.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 127

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