Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S59-05.html
Timestamp: 2014-07-29 12:41:53+00:00

Document:
Magdalena Mercedes Navarrete et al. v. Chile, Caso 381/04, Informe No. 59/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 59/05
8. El segundo caso se refiere al fallo del 16 Juzgado Civil de Santiago en el juicio “Vivanco Medina con Fisco de Chile” (rol 3245-2000). En dicho juicio, la señora Pamela Adriana Vivanco Medida solicitó una indemnización por el daño sufrido tras la muerte de su padre Ramón Luís Vivanco Díaz, militante comunista, quien fuera detenido por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, y posteriormente ejecutado el 6 de octubre de 1973 junto con otros diez trabajadores. El 4 de octubre de 2002, el tribunal de primera instancia negó la solicitud de reparación, la cual fue también apelada y declarada desierta. Finalmente el expediente fue devuelto al juzgado de origen, en donde se dictó resolución de “cúmplase” el 3 de junio de 2003.
20. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a Magdalena Mercedes Navarrete, Alberto Reyes Navarrete, Víctor Eduardo Reyes Navarrete, Patricio Hernán Reyes Navarrete, Pamela Adriana Vivanco, Katia Ximena del Carmen Espejo Gómez, Elena Alejandrina Vargas Gómez, Ilia María Pradenas Páez, Mario Melo Acuña, Carlos Gustavo Melo Pradenas, respecto a quienes Chile se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Chile es un Estado parte en la Convención Americana, desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
22. El principal argumento presentado en la respuesta del Estado del 18 de febrero de 2005, es que Chile no es responsable, en el marco de la Convención Americana, de violaciones supuestamente cometidas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990. La Comisión considera que el caso de autos las alegaciones sólo se refieren a las sentencias adoptadas por el poder judicial de Chile entre 1999 y 2003, cuando la Convención ya estaba en vigor para Chile. Con respecto al argumento del Estado chileno de que la Comisión debería declarar la petición inadmisible porque el principio de ejecución de la situación presentada data de una fecha anterior al 11 de marzo de 1990, la Comisión rechaza este argumento porque las “actuaciones judiciales“ constituyen hechos independientes de la ejecución extrajudicial. La Comisión fundamenta su conclusión en su sentencia del 23 de noviembre de 2004 en el caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, donde la Corte Interamericana señaló:
24. En el presente caso, la totalidad del proceso judicial que constituye el objeto de la denuncia, se desarrolló con posterioridad a la fecha de la ratificación de la Convención Americana. En adición, la Comisión posee competencia ratione temporis, porque las sentencias se dictaron el 26 de junio de 2003, 3 de junio de 2003, 9 de julio de 2003 y 23 de enero de 2003, fechas en que ya estaba en vigor para el Estado chileno la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en el Convención Americana. 25. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana. C. Otros requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
26. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. El peticionario alegó haber promovido y agotado los recursos internos disponibles en la legislación chilena. Al respecto, se señaló que a través de las sentencias dictadas el 26 de junio de 2003, el 3 de junio de 2003, el 9 de julio de 2003 y el 23 de enero de 2003 se agotaron los recursos internos. El Estado, por su parte, no negó o controvirtió lo expuesto por el peticionario. En consecuencia, la Comisión considera que se encuentra surtido el requisito que prevé el artículo 46(1) de la Convención Americana. Asimismo, el peticionario cita tres fallos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Chile emitidas durante 2002-2003 (supra parr. 11), la última emitida el 15 de abril de 2003, donde la Corte Suprema rechaza tres recursos de casación negando lugar a la reparación, para demostrar la practica constante de la Corte Suprema en la denegación de este recurso. 27. El Estado, en su respuesta a la petición, no presentó observaciones relacionadas con la falta de agotamiento de los recursos internos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas oportunidades que “la excepción de no-agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado.
32. En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, la Comisión concluye que el caso de que se trata cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana y, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
[1] Además el peticionario alegó violación de los artículos 4, 5, 7, 24 y 63(1), los cuales no fueron sustentados por la denuncia. La Comisión decidió durante su 119º periodo de sesiones de abrir este caso, entre otros, por la alegada violación del derecho a garantías judiciales. Como se explica en el párrafo 19 (infra) el meollo de la petición se refiere al rechazo de una reparación judicial y no a la ejecución extrajudicial de los señores Melo Pradenas, Vivanco, Espejo Gomez y Reyes Navarette.
[2] El artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión prevé: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prorrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información del Estado.”
[4] “Desierto” es un termino jurídico usado en Chile, como “vencido” o “caducado” en otros países, que significa “un recurso que no se sostiene luego en plazo o forma”.
[5] Asimismo, los peticionarios alegan que la denegación de justicia se consumó con la sentencia de la Corte Suprema del 17 de enero de 2003. Los peticionarios presentaron su denuncia ante la Comisión el 14 de julio de 2003, o sea dentro del plazo de seis meses requerido por la Convención Americana. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 30