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Sala II - causa 13020 - Tenencia de estupefacientes para consumo personal de personas detenidas en establecimientos carcelarios
Inicio Jurisprudencia C.N.C.P. Sala II - causa 13020 - Tenencia de estupefacientes para consumo personal de personas detenidas en establecimientos carcelarios
Miércoles, 06 de Abril de 2011 15:44
//la Ciudad de Buenos Aires, a los días 29 del mes de marzo del año dos mil once, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Guillermo J. Yacobucci como Presidente y los doctores W. Gustavo Mitchell y Luis M. García como Vocales, asistidos por el Prosecretario Letrado C.S.J.N., doctor Gustavo J. Alterini, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 142/144 de la causa n_ 13.020 del registro de esta Sala, caratulada: AMuñoz, Dante Eduardo s/ recurso de casación@, representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Wechsler y la Defensa Pública Oficial Aad hoc@ por la doctora Graciela Liliana Galván.
Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Guillermo J. Yacobucci y en segundo y tercer lugar los doctores Luis M. García y W. Gustavo Mitchell, respectivamente.
1_) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 127/128 y vta. por el Sr. Fiscal Federal, confirmando en todos sus términos la resolución de fs. 125/126 vta..
Contra dicha decisión el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación a fs. 145/154 vta., el que concedido a fs. 155, fue mantenido en esta instancia a fs. 161.
Por último, manifestó que A...no se encuentran configuradas las condiciones necesarias para afirmar que el accionar reprochado a DANTE EDUARDO MUÑOZ deba quedar a resguardo de la injerencia estatal, en cuanto su conducta efectivamente ha trascendido el ámbito de privacidad que protege el art. 19 de la Constitución Nacional para poner concretamente en peligro tanto la salud como la seguridad e integridad física de terceras personas@.
3_) Que, durante el plazo del art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación y en la oportunidad del art. 466 ibídem, la Defensa Pública Oficial presentó el escrito glosado a fs. 164/166, solicitando el rechazo del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
El tribunal a quo tuvo por probado que AAl efectuarse la requisa de rigor en el Pabellón N1 2, del Servicio Penitenciario Provincial, en la celda N1 18 donde se aloja el interno Dante Eduardo Muñoz se le secuestró del bolsillo izquierdo de la bermuda que vestía, un envoltorio de nylon conteniendo marihuana, con un peso total de un gramo y un papel para armar cigarrillos marca Guarani@ (confr. fs. 143 vta.).
Desde esos presupuestos es necesario tomar en consideración que Muñoz se encuentra sometido a una medida cautelar privativa de la libertad dentro de un establecimiento penitenciario. Esa situación normativa concreta limita la extensión del ámbito de disponibilidad de la persona y la extensión misma de su privacidad. En ese marco y dentro de la específica comprobación atendida en el expediente, la prohibición bajo amenaza de pena de poseer determinadas sustancias no ocasiona la afectación de derechos fundamentales, pues opera en la línea de una injerencia estatal razonable y en consecuencia legítima.
Está claro que ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque se encuentra privado de su libertad preventivamente (Fallos 313:1262, voto del juez Fayt). Por lo demás, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos disponen que las personas en esa situación deben ser tratadas en congruencia con la dignidad inherente al ser humano (CADH, art.5, inc.2 y PIDCyP art.7) y continúan gozando de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (UN, Asamblea General, resolución 45-111 del 14.12.1990).
En la medida que no puede considerarse que la imputación penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal dentro del espacio penitenciario implique un allanamiento general o aniquilación plena de la privacidad resulta improcedente trasladar sin más las reflexiones del caso AArriola@ a esa situación. No se lesiona en esto el principio de igualdad por cuanto Muñoz está sometido a una regla de sujeción jurisdiccional cuya legalidad no ha sido atacada, que particulariza el caso respecto de situaciones donde rige la plena libertad normativa de la persona.
Al respecto entonces debe atenderse a que la trascendencia del comportamiento y el riesgo a los que remite la doctrina a la que se refiere el pronunciamiento del a quo deben ser evaluados en las especiales condiciones de la tenencia del estupefaciente. Y aquí vale recordar que la Corte Suprema ha señalado que las prescripciones constitucionales respecto a las personas privadas de su libertad Aimpone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos,...la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral@ (Fallos 318:2002).
Esto determina que el campo de injerencia estatal en estas circunstancias se vea ampliado, pues además de ejercer el control sobre quien está sujeto a esa medida cautelar -Muñoz-, aparece como garante y custodio de la propia integridad y del resto de la población penitenciaria ( Corte IDH, Sentencia antes citada, parágrafos 153/154). Por eso cabe recordar que los derechos constitucionales como el evaluado en la resolución del a quo no son absolutos y están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre si y con los que corresponde reconocer a la comunidad (Fallos 312:318, 320:196, entre muchos otros). Así, la intimidad, pueden ser restringida en su ejercicio por la autoridad estatal para la necesaria persecución del crimen (Voto de la juez Argibay, AG.1015. XXXVIII. Gualtieri Rugone de Prieto, Emma y otros s/sustracción de menores de 10 años -causa n_46/85 A@).
En consecuencia, la tenencia de droga que se imputa a Dante Eduardo Muñoz en uno de los bolsillos de su bermuda, mientras se encuentra sujeto a una medida cautelar dentro de un establecimiento penitenciario, no está amparada por un ámbito de privacidad constitucionalmente tutelado y en ese contexto constituye por sí mismo un riesgo para terceros que hace a la trascendencia de su comportamiento.
En tales condiciones, considero que en autos la resolución atacada resulta arbitraria pues no son de aplicación al caso las conclusiones de la Corte en el precedente citado por el a quo. Por ende cabe atender las críticas expuestas por el recurrente y hacer lugar a sus planteos.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal a fs. 145/154 vta. y anular la resolución obrante a fs. 142/144, debiendo la causa seguir con su tramitación ( arts. 470 y arts. 530 y ss. del C.P.P.N.).
Que adhiere al voto que lidera el acuerdo.
En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal a fs. 145/154 vta. y anular la resolución obrante a fs. 142/144 (arts. 470 y arts. 530 y ss. del C.P.P.N.) debiendo la causa seguir con su tramitación.
Firmado: Dres. Guillermo Yacobucci - Luis M. García- W. Gustavo Mitchell. Ante mí: Dr. Gustavo Alterini (Prosecretario Letrado de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación).

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