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Timestamp: 2018-03-24 09:57:24+00:00

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HABLA UBRIQUE HABLA: LAS 103 PAGINAS PETICIÓN DE LIBERTA DE IVÁN RAMÍREZ AGUILAR "CASO TALIO" PRESENTADA EL VIERNES 22/02/2013 ANTE EL JUZGADO DE TELDE
TRIBUNAL DE JURADO 1/2011
SUMARIO 1/2010
(ANTIGUO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NUMERO SIETE DE TELDE)
Por medio del presente escrito vengo a solicitar la LIBERTAD PROVISIONAL de mi defendido DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, en base a las siguientes,
PRIMERA.- Esta parte se afirma y se ratifica en todas y cada uno de las alegaciones de nuestros escritos que constan en la pieza de situación personal de mi defendido.
Tal como sostienen diversas resoluciones, fundamentalmente del T.C., y ello al amparo de la doctrina que emana del TEDH, que integran nuestro ordenamiento jurídico[1], debe recordarse que el art. 17 de la Constitución Española, reconoce el derecho de toda persona a la libertad, de manera que nadie podrá ser privado de ella sino en los supuestos establecidos en dicho precepto y en los casos y formas previstos en la ley.
Los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reguladores de la prisión provisional fueron reformados[2] con el fin de recoger los criterios que había establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[3] en el sentido de que la medida cautelar de prisión provisional debe atender a un fin constitucionalmente legítimo, bajo los principios de necesariedad, proporcionalidad y subsidiariedad; no olvidemos, subsidiariedad.
El art. 505.2 de la LECRIM., tras la citada reforma, establece que la prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existían otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.
Sigue estableciendo la LECRIM.[4], establece que la prisión provisional solo podrá ser decretada cuando concurran una serie de requisitos que se concretan en la existencia de hechos con apariencia de delito que lleve aparejada pena de prisión de dos o más años; que aparezcan motivos suficientes para entender al sujeto responsable de dicho delito, y que se persiga fin legítimamente previsto: riesgo de fuga, evitar la ocultación de pruebas, y en casos determinados, soslayar riesgo de reiteración delictiva y protección de bienes de la víctima.
Todos ellos han de mantenerse mientras dure la medida cautelar de prisión provisional y, al resolver sobre cada una de sus prórrogas, el juez viene obligado a motivar la permanencia de los presupuestos que legitiman la misma.
Y la existencia de requisitos legales vienen a plasmar positivamente la doctrina asentada del Tribunal Constitucional en materia de prisión provisional, basada en los principios de excepcionalidad, necesariedad y proporcionalidad, y no olvidemos proporcionalidad.
De manera que el juez de instrucción está obligado a efectuar una ponderación en cada caso concreto de los intereses concurrentes, a fin de que la resolución refleje los presupuestos de la medida cautelar, no solo en cuanto a la proporcionalidad en función de la gravedad del hecho cometido, sino en cuanto a la necesariedad genérica y concreta de la adopción de la medida.
Es decir, no bastan con que concurran indicios de la comisión de un delito grave, en los términos de los apartados 1º y 2º del art. 503.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que la medida ha de aparecer como necesaria para alcanzar alguno de los fines legalmente previstos en el apartado tercero.
Y, aun concurriendo un fin constitucional y legalmente legítimo, que la medida de prisión resulte adecuada en atención a las circunstancias personales del imputado y que no exista otro medio menos gravoso para el derecho fundamental a la libertad; sobre ello han de versar los razonamientos jurídicos de toda resolución que acuerde la medida provisional de prisión. Y, desde este punto de vista, en el caso que nos ocupa, no se dan las exigencias en relación a las circunstancias personales de mi patrocinado y del transcurso del tiempo, que deben llevar al dictado de otras medidas cautelares menos gravosas para el imputado, como se ha hecho para la mayoría de los coprocesados de esta causa, a excepción de mi defendido y cuatro más.
SEGUNDA.- Mi patrocinado, como mas adelante ampliaré es un ciudadano español, con arraigo socio-familiar y capacidad laboral, en la localidad de TELDE (GRAN CANARIA) y UBRIQUE (CADIZ).
En este sentido, la prohibición del art. 17 del CEDH[6], de realizar actos tendentes a la destrucción de derechos y libertades reconocidos en el Convenio, ha realizado por el TEDH, en numerosas Sentencias, a partir de la exigencia del respeto a la naturaliza o esencia de derechos concretos.
En este sentido, cabe citar el caso Lawless c. Irlanda, el TEDH, establece que no puede ser entendida sensu contrario en el sentido de desposeer a las personas físicas, incluso a aquellas que hayan realizados actos contrarios al Convenio, de los derechos fundamentales reconocidos en esta norma europea.
Por ello, y en su consecuencia, en el presente caso a mi cliente, se le está vulnerando como “standard” o nivel mínimo, la doctrina que emana del TEDH, que reitero, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por su contexto constitucional y el tratamiento, de esta cuestión debe ser siempre moderada proporcionada y subsidiaria.
El requisito “periculum in mora”, y para apreciar el “riesgo de fuga”, que mantiene el Fiscal habrán de tomarse en consideración, no sólo las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, sino, además, las circunstancias concretas del caso y de las personales del imputado, como el arraigo familiar, profesional y social, los medios económicos de que dispongan, entre otros, según se expresa en la sentencia del Tribunal Constitucional 128/1995 [7] .
Al efecto no podemos obviar que la libertad provisional también tiene como finalidad evitar la fuga del imputado, y así se deduce del art. 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las comparecencias periódicas ante el órgano jurisdiccional operan como medio de control de que aquél permanezca constantemente a disposición judicial, y del art. 531 de la propia Ley Procesal, en cuanto que la cantidad y calidad de la fianza se han de fijar en atención a las circunstancias reveladoras del imputado en “ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial”.
Dicho lo que antecede, es significativo en primer lugar el tiempo que ha transcurrido el imputado en prisión a tiempo de este escrito MAS DE DOS AÑOS Y SIETE MESES, y ante todo el importante arraigo del mismo tanto a nivel familiar, social y laboral, es ciudadano español, tiene familia, padres, hermanos, y un hijo, menor de edad al que no ve desde hace dos años y siete meses, domicilio en UBRIQUE (CADIZ), y trabajo estable y por tiempo indefinido en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , ello al tiempo en que ya el acusado se ha mantenido en prisión que diluye los fines constitucionalmente exigibles, lleva a considerar que dicho riesgo ha quedado atenuado respecto del inicio de la instrucción y en relación al cálculo, probalístico que un eventual reproche penal pudiera dar a la conducta por la que se le imputa y que incluso se puede ponderar ello con la medida de libertad con prohibición de salir del país y retirada de pasaporte junto con obligación de presentaciones apud acta, en este momento procesal son suficientes a efecto de evitar que el imputado se sustraiga del proceso.
Todo lo cual determina no solo la oportunidad y legalidad de la adopción de libertad provisional, por cumplir todas y cada una de las exigencias legales y jurisprudenciales, sino también la proporcionalidad de la misma.
TERCERA.- Es por tanto, doctrina pacífica y unánime, tanto del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tal como constata la Comisión Europea de los Derechos del Hombre en la demanda núm. 14.437/90, Nicolau Morell Talamans y otros contra el Reino de España ante el T.E.D.H., por violación del artículo 5.3 del Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 y, en el que resultó condenado el Reino de España por violación de dicho precepto, es decir, por vulneración del Derecho a la Libertad.[8]
Hacemos nuestras las palabras reflejadas en el Auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz, el día 23 de diciembre de dos mil ocho en el que se pone en libertad a dos imputados. EN DICHO AUTO SE MANIFIESTA LITERALMENTE LO SIGUIENTE:
“LA EXPERIENCIA VIENE DEMOSTRANDO ULTIMAMENTE QUE IMPUTADOS CONTRA LOS QUE EL FISCAL SOLICITA PENAS ELEVADAS, COMO LAS DEL CASO QUE NOS OCUPA, COMPARECEN AL JUICIO ORAL.
CUARTA.- Hemos de reiterar también que el tiempo ya transcurrido, parece suficiente desde la perspectiva antes apuntada. El rigor exigible en la apreciación del fundamento de la prisión se incrementa con el paso del tiempo, sin que tan siquiera sea previsible la próxima celebración del juicio, como circunstancia que permitiría el mantenimiento de la medida. Como ya hemos adelantado en el presente escrito, es criterio de nuestro Tribunal Constitucional el considerar que el mero transcurso del tiempo en prisión provisional, supone una disminución del peligro de fuga, y dicho transcurso del tiempo determina la necesidad de ponderar, junto a la gravedad de la pena la naturaleza del delito, las circunstancias personales del caso, puede operar de forma distinta en el momento inicial de la adopción de la medida, que cuando se trata de decidir el mantenimiento de la misma al cabo de unos meses (SSTC 128/1995, de 26 de julio; 66/1997, de 7 de abril; 47/2000, de 17 de febrero; 35/2007l, de 12 de febrero).
No existe tampoco posibilidad de que mi representado pueda interferir en la investigación, máxime cuando ésta está absolutamente concluida, sólo a expensas de que resuelvan recursos por denegaciones de pruebas interesadas por esta defensa, cuya dilación por parte del Juzgado, es absolutamente incomprensible ya que ahora se nos está proveyendo un recurso de apelación interpuesto por esta defensa, el pasado mes de julio de dos mil doce, y proveído con una grave dilación después de siete meses, Y AL DIA DE HOY NI SIQUIERA SE HA REMITIDO A LA AUDIENCIA.
Al amparo de los artículos 504 y 529 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se pude condicionar la puesta en libertad de mi representado mediante la fijación de comparecencias los días que para tal fin se establezcan para garantizar aquellos fines de una forma menos gravosa para los derechos fundamentales que le asiste a mi representado.
Por el contrario, los que en ningún caso puede perseguirse con la prisión son fines punitivos o de anticipación de la pena (STC 41/1982). Su naturaleza cautelar es obvia, y por tanto, excepcional no pudiendo confundirse con una pena anticipada por mas que exista una insoslayable analogía como viene a afirmar la STS 128/95, de 26 de junio.
QUINTA.- No queremos dejar de lado la aseveración inmotivada del peligro de fuga de mi representado, puesto que el mismo no es en absoluto real, téngase en cuenta la distancia, en tiempo, que el hecho nos separa de este momento, tiempo que por demás ha pasado en prisión preventiva mi representado y que alejan ese peligro de fuga y lo hacen inexistente teniendo en cuenta, además, el arraigo que dicha persona tiene en TELDE (GRAN CANARIA) y UBRIQUE (CADIZ), con familia, trabajo y demás.
SEXTA.- Reitero, una vez más, que a pesar de la amplia instrucción, fundamentalmente llevada a cabo por VSI, más de cien testigos, e innumerables pruebas periciales, hasta el momento presente, hay una AUSENCIA ABSOLUTA DE INDICIOS DE CRIMINALIDAD, en cuanto a que mi defendido, IVAN RAMIREZ AGUILAR haya participado, por acción o por omisión en la muerte de su esposa LAURA AROSTEGUI GONZALEZ.
En el Acta de la celebración de la Audiencia Preliminar que regula los arts. 30 y 31 de la L.O.T.J., llevada a cabo en ese Juzgado, el pasado día 5 de octubre de dos mil doce, O SEA, HACE MÁS DE CUATRO MESES:
- En dicha audiencia preliminar, se han ordenado diligencias complementarias, interesadas por la acusación particular y popular y la defensa, que no el Fiscal, ”para el esclarecimiento del fallecimiento de LAURA AROSTEGUI”, y se inadmite alguna diligencia propuesta por la defensa, “ya que no esclarecerán si el fallecimiento de LAURA fue natural o provocado por un tercera persona”.
- A continuación se acuerda por la acusación particular, popular el no dictado del Auto de apertura del juicio oral, la defensa interesa el sobreseimiento, y VSI acuerda “suspender el trámite previsto en el art. 32.1 de la L.O.T.J, a dictar Auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento, hasta que se practiquen las diligencias complementarias acordadas en este acto, al amparo de lo dispuesto en el art. 32.3 de la misma ley, tras de lo que se dará traslado a los médicos del IML, para modificar, rectificar o ratificar sus conclusiones, y a la vista de acuerdo de todas las partes se dará traslado por escrito, para que puedan modificar sus respectivos escritos de acusación y defensa que será de diez días por consenso entre las partes” .
1.- SI DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011, VIENE PROPONIENDO ESTA DEFENSA LA PERICIAL DE LOS PROFESORES, FRONTELA Y PEREZ-AGUA, ¿POR QUÉ NO SE NOS HA DADO LA OPORTUNIDAD DE HABER PARTICIPADO EN LA INSTRUCCIÓN DE ESTA CAUSA A PESAR DE NUESTROS MULTIPLES Y REITERADOS PEDIMENTOS?
2.- ¿POR QUE, PESE A LA BUENA FE DE ESTA DEFENSA DE ANUNCIAR CON TIEMPO SUFICIENTE CON OBJETO DE NO CAUSAR INDEFENSION A LAS ACUSACIONES, DE ADELANTAR QUE ACUDIRIA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR CON LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA, ÉSTOS EN FORMA LEGAL Y OPORTUNA Y ANTE LAS PARTES NO RATIFICARON Y/O AMPLIARON SU INFORME EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR COMO ES PRECEPTIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, PARA SER SOMETIDOS A CONTRADICCION, Y POR SER UNA PRUEBA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA POR ESTA DEFENSA Y NO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO POR PURO TRAMITE Y “A HURTADILLAS”?
5.- ¿POR QUÉ AHORA CON LA GRAVE DILACION QUE SUPONE PARA LA CAUSA, SE EFECTUA LO QUE YA ESTA DEFENSA APORTÓ, CUANDO PUDO, EL 17 DE AGOSTO DE 2012, EL INFORME Y LAS CONCLUSIONES, QUE NADIE DISCUTE, DE LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA? DIGO QUE NADIE DISCUTE, PORQUE, NADIE HA QUERIDO NI ESCUCHARLOS NI CONTRADECIRLOS “NI DUDAN DE QUE EL INFORME ESTA ELABORADO POR ELLOS Y QUE LO HAN REALIZADO SIGUIENDO ESCRUPOLOSAMENTE CON LO DISPUESTO EN LA LEY”, Y ENCIMA SE ADHIEREN AL MISMO EN EL SENTIDO DE PRACTICAR DILIGENCIAS QUE ORDENABAN PRACTICAR SENDOS DOCTORES, EN SUS CONCLUSIONES, LO QUE ASIMISMO ASUME VSI.
6.- ¿POR QUÉ DESDE EL 17 DE AGOSTO DE 2012, Y A LA VISTA DEL INFORME APORTADO NO SE LE HA DADO TRASLADO DE OFICIO A LOS FORENSES PARA QUE ELLOS PUEDAN RECTIFICAR, MODIFICAR O RATIFICAR SUS CONCLUSIONES?
7.- ¿POR QUÉ HAY QUE ESPERAR A QUE SE REALICEN LAS DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS PARA QUE LOS FORENSES PUEDAN RECTIFICAR, RATIFICAR O MODIFICAR SUS CONCLUSIONES? ¿ES QUE ACASO YA CON EL INFORME DE LOS DOCTORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA, NO PUEDEN LO FORENSES EMPEZAR A PENSAR SI RECTIFICAN, ESTE GRAVE ASUNTO?
14.- ¿ACASO LOS FORENSES IGNORAN QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA EN EL ESTUDIO DE LAS LINEAS MES, APUNTABAN A UN DOBLE MOTIVO, PROBABLE INTOXICACION O PATOLOGICOS? ¿POR QUE SE QUEDAN CON EL PRIMER ARGUMENTO Y NO CON EL SEGUNDO?
15.- ¿CONOCEN LOS FORENSES LAS ALOPECIAS PRODUCIDAS POR UNA INTOXICACION DE TALIO? ¿EL HIRSUTISMO ES COMPATIBLE CON LA INGESTA DE TALIO?
17.- ¿PARTICIPO LA DRA. CARMEN ROSARIO PEREZ ORTIZ EN LA AUTOPSIA UNICA PRACTICADA A LAURA?
18.- ¿CONOCEN LOS FORENSES LO QUE LA DOCTORA CARMEN ROSARIO PEREZ ORTIZ HA DECLARADO EN AUTOS?, ¿CONOCEN LOS FORENSES QUE LA FISCAL A PESAR DE QUE DIGA QUE NO HA DICHO NUNCA NI VSI TAMPOCO QUE LA MUERTE DE LAURA FUE PROVOCADA POR LO QUE HAN DICHO LOS FORENSES HASTA AHORA, MANTIENEN EN SU ESCRITO DE ACUSACION LA TESIS DE LOS FORENSES, DESDE MI PUNTO DE VISTA Y CON LOS MAXIMOS DE LOS RESPETOS, LAMENTABLEMENTE ERRONEA?
Cuando lo cierto es que la utilidad de la prueba propuesta no ha sido puesta en duda por e INT delegación de Canarias, más al contrario podemos leer en el oficio de 5 de noviembre de 2012 que “En contestación a su oficio, recibido el pasado 17 de octubre, por el que se solicita se practique estudio genético para determinar si familiares de Laura Aróstegui González padece alguna enfermedad hereditaria relacionada con el almacenamiento del glucógeno, le informo que EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES NO SE REALIZAN ESTOS ESTUDIOS”, predicándose por tanto la imposibilidad de llevarla a cabo en la sede de tal organismo por carencia de medios técnicos, no su inutilidad para el fin propuesto.
No entendemos cómo se puede calificar de inútil la prueba ordenada por el solo hecho de sacar unas conclusiones de la negatividad del estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología que según manifiesta el Profesor Frontela Carreras, en el Informe que obra en poder de VSI, se manifiesta que tal conclusión, con los debidos respetos, es absurda, y no entiende esta defensa que se haya calificado de inútil continuar con el estudio genético interesado y acordado en su día, cuando el órgano al que tengo el honor de dirigirme ni siquiera se ha asesorado para calificar de inútil el estudio genético, por peritos técnicos en la materia. El primer paso dado, en cuanto a la negatividad del almacenamiento de glucógeno es un protocolo a seguir previo al estudio genético. Sigue manifestando esta defensa por voz del Profesor Frontela, que no se confiaba en que la tinción PAS diera resultados positivos, sino que es una prueba preceptiva a realizar, y ello no descarta que la fallecida hubiera padecido una enfermedad de almacenamiento de glucógeno.
Hacemos nuestros el contenido íntegro y las conclusiones del primer informe y de la ampliación del mismo que obra en el Juzgado.
Y vaya por delante que no es esta defensa la que tiene que demostrar de qué falleció Laura Aróstegui González, no tenemos que demostrar de qué enfermedad natural falleció Laura Aróstegui González, nuestra exclusiva misión es acreditar que no falleció de una muerte homicida, y eso se ha efectuado, es más, nos atrevemos a decir que son las acusaciones las que tienen que probar que Laura falleció por muerte homicida, y eso no está probado.
Es más, se aportó una información suplementaria, por la que se nos dice “Para conocer más sobre el diagnóstico genético de la glucogénesis, nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis, que nos ha remitido para obtener más información al siguiente enlace:
http://www.glucogenosis.net/laboratorios.htm.
Reafirmándose la inicial afirmación acerca de que la práctica de la prueba genética interesada no puede practicarse en el organismo por carecer de medios técnicos para su realización, en modo alguno se alude por los técnicos del INT a una supuesta inutilidad del estudio genético en orden al esclarecimiento de la causa del fallecimiento de Laura Aróstegui González.
La prueba se consideró necesaria en su momento, de ahí su admisión, por lo que debe practicarse, al concurrir las mismas circunstancias que confluían ya en la comparecencia del art. 30 LOTJ, y sí en ese momento se consideró pertinente, y ninguna circunstancia sobrevenida ha surgido desde entonces, es evidente que no debe quebrantarse el derecho de esta defensa, y del resto de las partes personadas en el procedimiento, de que se proceda según lo acordado; la congruencia de la decisión adoptada por S.S el 5 de octubre de 2012, exige que la prueba se practique.
Para ello además contamos con la información que nos traslada el INT delegación de Canarias, en relación a los laboratorios que llevan a cabo este tipo de estudios en nuestro país, Y ASÍ INTERESAMOS EXPRESAMENTE SE ORDENE QUE EL ESTUDIO GENETICO DE DETERMINACION DE PADECIMIENTO DE FAMILIARES DE LAURA AROSTEGUI GONZALEZ DE LA ENFERMEDAD HEREDITARIA RELACIONADA CON EL ALMACENAMIENTO DE GLUCOGENO SE LLEVE A CABO EN ALGUNO DE LOS CENTROS SIGUIENTES, LOS QUE SE CITAN EN EL INFORME DE LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA, QUE YA ADELANTABAN QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, NO REALIZARÍA DICHOS ESTUDIOS, POR TENERSE QUE REALIZAR EN CENTROS MUY ESPECIALIZADOS DE TIPO GENETICOS, A SABER:
- EL DEL PROFESOR CARRACEDO, DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
- O EN CELLMARK, INGLATERRA.
EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA CITA LOS SIGUIENTES:
CENTRO DE GENETICA MOLECULAR-GENETAQ, calle Frailes nº 28 de Málaga, LABORATORI DE METABOLOPATIES DEL HOSPITAL UNIVERSITARI VALL DE HEBRON, AREA MATERNO INFANTIL, Polígono Vall d´Hebrón 119-129, LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR-DIVISION DE BIOMEDICINA, SISTEMAS GENOMICOS S.L, Ronda G. Marconi, nº6 de Paterna, INSTITUTO DE MEDICINA GENOMICA, calle Catedrático Agustín Escardino, nº9 parque Científico de la Universidad de Valencia, Paterna y CENTO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES MOLECULARES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, FACULTAD DE CIENCIAS, calle Francisco Tomás y Valiente nº7, Cantoblanco.
Primera.- Como manifestamos en nuestro informe de fecha 24 de julio de 2012 nuestra referencia D 214/11, el fallecimiento de Laura Aróstegui González, no fue de etiología homicida, sino de muerte natural, por enfermedad.
Segunda.- No tiene ningún valor el que haya sido negativa la detección del glucógeno en las muestras estudiadas por el Instituto Nacional de Toxicología porque las investigaciones se han realizado en vísceras del cadáver y siempre, al fallecer una persona, por mor de la agonía, sea corta o prolongada, el organismo consume el glucógeno que tuviese almacenado en vida y ya no es detectable, aunque se hubiese depositado elevada cantidad en el curso de la enfermedad.
Tercera.- Para detectar el glucógeno que tenía depositado Laura, se tenían que haber dispuesto de muestras, por ejemplo de hígado, tomadas en vida, mediante punción biopsia.
Cuarta.- Como hemos indicado en anteriores informes, el profundizar en la enfermedad que padeció Laura Aróstegui González requeriría, probablemente especializados estudios genéticos, no al alcance de cualquier laboratorio.
En cualquier caso se pone de manifiesto la pertinencia de la prueba propuesta, dirigida al esclarecimiento de la causa del fallecimiento de Laura Aróstegui González.
Se nos dice que en cualquier caso la prueba se deniega, sin perjuicio de que la parte la practique a su costa y la aporte antes del juicio, lo que nos sorprende habida cuenta que esta defensa ha impugnado en el procedimiento de forma reiterada la decisión de S.S de denegar la entrega de muestras biológicas, incluso pende la resolución del Recurso de Apelación interpuesto por esta parte en fecha 23 de julio de 2012, frente al Auto de 13 de julio de 2012, por el que en definitiva se interesa la entrega de muestras a los peritos de esta parte en la forma y manera que éstos han solicitado para que el análisis se haga observando el método empírico habitual de la doctrina médico-forense.
Si el criterio de S.S es la facilitación de los medios necesarios para la práctica de la prueba, lo conveniente sería que de oficio se acordase la entrega de las muestras, de la forma y manera solicitada, en reiteradas ocasiones, y que se pormenoriza en el mencionado Recurso de Apelación frente al Auto de 13 de julio de 2012, pendiente de resolución.
SEPTIMA.- Desde el 13 de julio de 2010, fecha en la que se acordó la detención de mi defendido hasta el día de hoy, el devenir instructor de la causa, permite a esta defensa sostener, LA TOTAL AUSENCIA DE INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD PARA PODERLE IMPUTAR AL SR. RAMIREZ AGUILAR UNA CONDUCTA HOMICIDA.
Dice el artículo 503 de la LECRIM que para acordar la prisión provisional o prorrogarla deben concurrir motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien haya de dictarse el auto de prisión.
Una vez más afirma esta defensa que la presente causa está llena de opiniones contradictorias, sospechas, conjeturas, y dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa, los acusadores públicos y privados, obvian, para mantener la prisión provisional, que la Juez a quod, ha decretado.
Esta defensa solo puede concluir que a mi defendido se le mantiene en prisión por la muerte de Doña Laura González Aróstegui, por ser la persona más cercana a la misma, al ser su esposo, y por ser de profesión enfermero y por tanto atribuirle un conocimiento de los efectos perjudiciales que para el organismo ocasionan la ingesta de fármacos , que él nunca administró, que se afirma por los forenses no pautados, lo que no obedece a la realidad, Y POR UN PRIMER ANALISIS DEL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA. SERVICIO DE TOXICOLOGIA, CUYO RESULTADO INICIAL DE POSITIVO AL TALIO, HA SIDO DESMENTIDO, POR EL MISMO CENTRO QUE LO EMITIO Y POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA DE MADRID, LOS NIVELES DE TALIO, SE SITUAN EN VALORES CONSIDERADOS COMO NORMALES.
En esta fase del proceso, cuando ya la acusación particular, popular y el Ministerio Fiscal han emitido el escrito de acusación, se ve obligado esta defensa A EVACUAR SU ESCRITO DE CONCLUSIONES PROVISIONALES, CUANTO NI TAN SIQUIERA NUESTROS PERITOS HAN PODIDO EVACUAR SU INFORME, POR CASUSAS AJENAS A ESTA DEFENSA.
Y a además queremos manifestar que se ha emitido por las acusaciones unas conclusiones incompletas de lo que obra en autos en cuanto al fallecimiento de la esposa de mi cliente; y aun siendo esto muy grave, y no hay una sola prueba que determine la posible culpabilidad de mi patrocinado. Es más, dichas afirmaciones han sido ya resueltas a favor de mi defendido y no obstante de una manera segada se sigue manteniendo, la acusación del mismo; cuando la realidad jurídica de hecho es otra bien distinta, eso no se debe obviar, porque la Ley dice, que los funcionarios públicos han de consignar y apreciar tanto las circunstancias adversas, como las favorables; las primeras, son inexistentes y las segundas, se han obviado en esta causa desde el principio de la instrucción.
No existen en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente a mi defendido IVAN RAMIREZ AGUILAR. Este punto, es reconducible al presupuesto “fumus boni iuris”, que opera como presupuesto en el proceso civil y que la jurisprudencia y la doctrina han extrapolado al proceso penal.
Para el análisis de la cuestión, se hará un resumen de los informes periciales practicados en la causa, partiendo del informe provisional de autopsia, del que se inicia la investigación.
EL PRIMER INFORME RELEVANTE ABRE EL SUMARIO, ES EL DE AUTOPSIA PROVISIONAL de fecha 13 de julio de 2010 que consta en los folios 1 al 10 ó 2 al 11, según se lea, cuyo Testimonio interesamos, donde en la conclusión cuarta, se dice “que de la historia clínica aportada por el hospital se desprenden igualmente indicios claros por intoxicación por talio de tipo crónico, (el subrayado es nuestro), así como por otros medicamentos no administrados por otros facultativos médicos ni respondiendo a ninguna necesidad terapéutica”.
Es decir se nos dice que el origen de las sospechas de una muerte por intoxicación parten de un juicio clínico que advierte la ingesta tóxico de un metal pesado: el talio.
Sucede que tal conclusión, la de la autopsia, las conclusiones médicas legales allí insertas, han quedado absolutamente desvirtuadas por el devenir de la causa:
Porque el siguiente informe, de las actuaciones judiciales, es el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, Servicio de Toxicología, 8 de julio de 2010, antes de la muerte de la esposa de mi defendido, con positivo a talio en orina, y con positivo a talio en el pelo, tal informe, obra en los folios 404 a 406,. En dicho informe existe un positivo a Talio en orina, dentro de la normalidad, 0,5 (0-1) y 8.80 superior al valor de referencia, en pelo (0-2), que “por si misma no indica toxicidad al talio” sic, folio. 4820.
Informe que obra en la causa emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias , de fecha 24 de junio de 2010, antes de la muerte de la esposa de mi defendido que examina suero de la fallecida, positivo a nordiacepam, midazolam, morfina y codeína. Folios 502 a 505. Se afirma por los forenses que tales fármacos no estaban pautados. LA REALIDAD ES OTRA, EN LA HISTORIA CLINICA, TOMO 3, APARECE DE FORMA Y MANERA CLARA Y PRECISA, Y ASI LO HAN MANIFESTADO DISTINTOS MEDICOS QUE ATENDIERON A LA FALLECIDA, QUE LA PRESENCIA DE TALES FARMACOS FUERON PAUTADOS A LA FALLECIDA. LA CODEINA, QUE ES UN ALCALOIDE NATURAL DEL OPIO, MORFINA; CON PROPIEDADES ANTITUSIVAS, SE LO ADMINISTRABA LA FALLECIDA EN SU CASA EN FORMA DE JARABE, DE FORMA INICUA ABSOLUTAMENTE PARA LA SALUD, APARECE EN LA LISTA DE FARMACOS. VER ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO, FOLIOS 20 A 27.
El siguiente informe es examen pediátrico realizado al menor IVAN RAMIREZ AROSTEGUI, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010. folio 2.411. CUYO TESTIMONIO INTERESAMOS. ESTE INFORME MERECE ATENCION. RESULTA QUE EN LAS ACTUACIONES EXISTE UN AUTO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2010 FOLIO 394-397, EN EL QUE VSI, EN PRESENCIA DEL FORENSE SR. TAPIA, RECIBE UNA LLAMADA TELEFONICA DE LA DR. CARMEN ROSARIO PEREZ ORTIZ, Y LE INFORMA QUE HA TENIDO CONOCIMIENTO DEL ESTADO DEL MENOR HIJO DE LA FALLECIDA Y MI DEFENDIDO, VISTO CON UN ASPECTO DESMEJORADO, TEZ BLANQUECINA Y ADORMEDIDO. LA POLICIA INFORMA QUE UNA VECINA INFORMA QUE EL NIÑO TIENE MALA CARA, PALIDO Y CASI SIEMPRE DORMIDO ETC…(LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HICIERON ECO DEL CASO DEL TALIO, A MI CLIENTE, CON RESPETO, “LE CRECIAN LOS ENANOS”) PUES BIEN, ESTE INFORME UNA SEMANA DESPUES DESCRIBE AL MENOR CON PIEL MORENA, PELO EN BUENA CALIDAD , COLABORADOR ALEGRE ETC… Y LE TOMAN TODO TIPO DE MUESTRAS POR ORDEN DE VSI. EL RESULTADO, DESPUES SE VERA, NEGATIVO A TODO TIPO DE TOXICOS.
INFORME DEL CENTRO MILITAR DE LA FARMACIA DE LA DEFENSA, SERVICIO DE TOXICOLOGÍA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, que aclara, que la primera analítica en sí misma no indica toxicidad, en la segunda analítica no se detectan concentraciones anormales de talio. Folios 4.818 a 4.820 CUYO TESTIMONIO INTERESAMOS. Dicho informe, determina: que en la primera analítica, se detecta una concentración de talio en pelo, de 8.8 ng/kg, QUE POR SI MISMA NO INDICA TOXICIDAD AL TALIO. Aunque superior al valor de referencia. El que apareciera en vello púbico y no en orina, indicaba que la exposición, no era reciente. El vello público tenía una concentración por encima de lo considerado habitual. (Ojo, anteriormente, se afirma lo mismo, y se manifiesta QUE POR SI MISMA NO INDICA TOXICIDAD AL TALIO). En las muestras de agosto, no se detectan concentraciones anormales. TENIENDO EN CUENTA, LA RELATIVAMENTE BAJA CONCENTRACIÓN, ENCONTRADA ORIGINALMENTE EN VELLO PÚBICO, PODRÍA JUSTIFICAR LAS CONCENTRACIONES DE TALIO NORMALES EN RIÑÓN E HÍGADO, pero no se encuentra ninguna explicación, a no encontrar una concentración de talio por encima de lo normal en ninguna de las secciones longitudinales del cabello recibido. La presencia de mechas no debería tener ninguna influencia en la detección o no del talio.
El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA DE 25 DE MARZO DE DOS MIL ONCE, por error en la primera página se indica, 2010. que examina plasma, orina y lavado gástrico, positivo a tiopental, a pentobarbital en orina, a midazolan, a morfina y a dos metabolitos del metamizol (nolotil), folios 5.365 a 5.368.
Mención aparte merece cuando se describen los informes por los forenses, hirsutismo, que justo lo contrario de lo que responde a una intoxicación por talio.
El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA 25 DE MARZO DE DOS MIL ONCE, que examina suero y orina, tiopental, midazolan, morfina, y metabolitos del nolotil y paracetamol, folios 5.369 a 5.372. Huelga decir, QUE EL PARACETAMOL, ESPECIALMENTE PROHIBIDO, LE FUE ADMINISTRADO, siempre pautado, CON EL FÁRMACO PERFALGAN, EN REITERADAS OCASIONES, E INCLUSO PROHIBIDO, LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE JULIO. VER HISTORIA CLÍNICA DE ESTOS DÍAS, FOLIOS 484, 485, 486.
El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA 8 DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, QUE EXAMINA ORINA, HECES, AGUA Y SANGRE, DIVERSAS VÍSCERAS, UÑAS Y PELO, POSITIVO A MORFINA, A MIDAZOLAN, AL METABOLITO, METABIZOL, NOLOTIL, PENTOBARBITAL Y TETRAZEPAN, folios 5.373 a 5.377. Los mismos comentarios anteriores. La presencia de pentobarbital es residual, y no alcanza a entender en esta maraña, cómo un medicamento de uso hospitalario, nunca administrado por mi defendido a su esposa, no aparezca en principio en la historia clínica, con ese u otro componente, insistiendo que la dosis residual, que describió el Jefe de UMI, en modo alguno, es tóxico, ni produce la muerte de nadie, y menos de la esposa de mi defendido, después de haberle administrado otros potentes hipnóticos como el propofol, mórficos, benzodiacepinas, paracetamol prohibido etc.
El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, de fecha 8 de abril de dos mil once, que examina agua sin interés toxicológico, folios 5.378 a 5.379. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
INFORME DE AUTOPSIA DEFINITIVA, folios 5.733 a 5.767. LAS APRECIACIONES A LA AUTOPSIA DEFINITIVA, SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL PRESENTE RECURSO, QUERIENDO SIGNIFICAR ADEMÁS, A SABER:
QUE NO ES CIERTO QUE EL MIDAZOLAM NO ESTUVIERA PAUTADO.
QUE NO ES CIERTO QUE EL ORIGEN TOXICO MULTIPLE SE DEBA, A LA POLIINTOXICACION, DE INSULINA, DE LA QUE YA HABLAREMOS, BENZODIAZEPINAS Y BARBITURICOS.
QUE NO ES CIERTO QUE NO SE LE HUBIERA PAUTADO, PARACETAMOL, ESTRICTAMENTE PROHIBIDA POR ORDENES FACULTATIVAS, PUES A PESAR DE ELLO, SE LE ADMINISTRO Y PAUTO.
QUE NO ES CIERTO QUE NO SE LE HUBIERA PAUTADO BENZODIACEPINICOS, MORFINA, TETRAZEPAM, MYOLASTAM, ETC. POR LO QUE POSTERIORMENTE Y CON DETENIMIENTO SE ANALIZARA.
QUE NO PUEDE AFIRMARSE QUE EL OJAL CUTANEO DE FLANCO LUMBAR IZQUIERDO, REVELA TRAYECTO PUNZANTE, MUY FINO, “COMPATIBLE” CON PUNCION POR MEDIO DE AGUJA DE INYECCION, PORQUE DE LO INSTRUIDO NO QUEDA ACREDITADO. NI QUEDA TAMPOCO ACREDITADO, QUE MI DEFENDIDO, PRODUJERA EL HIPOTETICO PUNZAMIENTO. RESULTA INCREIBLE, QUE LA DOCTORA BEATRIZ DEL AMO NOLASCO, MANIFIESTE, QUE UN ENFERMERO LE ADVIRTIO EL HEMATOMA EN EL FLANCO IZQUIERDO, COMPROBO LA ZONA ENROJECIDA Y UN PEQUEÑO HEMATOMA, PERO NO HABIA APARIENCIA DE PUNCION, FOLIOS 3.184, 3.184 BIS y 3.185.
QUE NO ES CIERTO, POR LO QUE OBRA EN LA CAUSA, QUE EL ESTUDIO DE LAS LINEAS MESS, POST MORTEM, (AHORA NO IMPORTA EL POST O EL PRE MORTEM), (AFIRMANDOSE POR ARSENICO O FLUORURO, QUIMIOTERAPIA, PROCESOS PATOLOGICOS, DE TIPO DE INSUFICIENCIA RENAL O CARDIACA QUE SI DESGRACIAMENTE TENIA LA FALLECIDA, SE DEBA O, “APUNTE A INTOXICACION DEL TALIO”, CON INDEPENDENCIA DE LOS MILIMETROS, QUE SE ANALIZAN.
QUE NO ES CIERTO QUE EL RESTO DE LOS ASPECTOS, EXTERNOS DEL CADAVER DE LA FINADA FUNDAMENTALMENTE EL EXAMEN DEL CABELLO, VELLO PUBICO, SE CORRESPONDA CON UNA MUERTE PRODUCIDA POR UNA INTOXICACION POR TALIO, CUANDO SE DESCRIBE HIRSUTISMO, QUE ES TODO LO CONTRARIO, Y REITERO, DEMUESTRA Y LO MANIFESTAMOS CON EL MAXIMO DE LOS RESPETOS UNA INFRAVALORACION O DESCONOCIMIENTO DE ASPECTO DE TOXICOCINETICA.
QUE NO ES CIERTO, QUE NO SE LE HAYA PAUTADO TODO LO QUE SE MANIFIESTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE AUTOPSIA, INCLUIDO EL PARACETAMOL, Y EL AMINOGLUCIDO ANTIBIOTICO AMIKACINA, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO.
Y QUE NO ES CIERTO EN MODO ALGUNO QUE TAMPOCO TUVIERA PAUTADO TETRAZEPAM, DIAZEPAM, POR LO MANIFESTADO.
EN LAS MUESTRAS DE UÑAS, PELO, SANGRE ORINA Y AGUA,LOS NIVELES DE TALIO ENCONTRADOS EN LAS MUESTRAS SE SITUAN EN EL RANGO DE VALORES CONSIDERADOS COMO NORMALES; SE HAN ENCONTRADO NIVELES DE MERCURIO LIGERAMENTE SUPERIORES A LOS NORMALES, Y CORRESPONDE A UNA SOBREEXPOSICION O CONTAMINACION DE LAS MUESTRAS QUE NO SE RELACIONAN CON CUADROS TOXICOS; LA POSIBILIDAD DE QUE EL MERCURIO ENCONTRADO FUESE EL RESULTADO DE LA TRANSFORMACION DEL ISOTOPO RADIOACTIVO TALIO 21 QUEDA DESCARATADA; LOS RESULTADOS DEL RESTO DE ELEMENTOS ANALIZADOS: ARSENICO, BARIO, BISMUTO, CADMIO, COBALTO, CROMO, ESTRONCIO, MANGANESO, MOLIBDENO, PLOMO, SELENIO Y ZINC, NO SON SIGNIFICATIVOS.
IGUALMENTE LOS ANALISIS DE HIGADO Y RIÑON.
Todos y cada uno de los médicos bajo cuya supervisión se encontró el tratamiento médico y hospitalario de la fallecida, Ángel Villanueva Ortiz, Guillermo Pérez Acosta, Cristina Rodríguez Escot, José Luciano Santana Cabrera, César Francisco Díaz Mendoza, Cristina Rodríguez Guedes, y Carmen Rosario Pérez Ortiz, HAN CONFIRMADO QUE A LA FALLECIDA SE LE PRESCRIBIO Codeína (que es un derivado de la morfina, INICUO, QUE APARECE EN CUALQUIER JARABE QUE SE TOME COMO ANTITUSIVO Y QUE ESTABA EN CASA DE LA FALLECIDA), Benzodiacepinas (midazolam o nordiazepam), y Diazepam (valium) y morfina, incluso, un enfermero de la U.M.I., manifiesta que en los análisis aparecen benzodiacepinas y opiáceos que son falsos positivos porque se le administraron para la intubación de la paciente.
NO ALCANZA HA ENTENDER ESTA DEFENSA COMO EN EL INFORME A AUTOPSIA DEFINITIVA SE AFIRMA, ENTRE OTRAS CUESTIONES, QUE ESOS MEDICAMENTOS, NO HAN SIDO PAUTADOS, PORQUE PAUTADOS SI LO HAN SIDO, UNA LEGIÓN DE MEDICOS MANIFIESTAN QUE LE FUERON ADMINISTRADOS A LA ESPOSA DE MI DEFENDIDO POR ELLOS EN SU TRATAMIENTO HOSPITALARIO, COMO NO PODIA SER DE OTRA MANERA, Y POR LO QUE OBRA EN LA HISTORIA CLINICA.
Y SE INSISTE ADEMAS EN LA PRESENCIA DE ESOS MEDICAMENTOS QUE USARON EN LA TERAPIA DE LA DESGRACIDAMENTE FALLECIDA ESPOSA DE MI DEFENDIDO, APARECE EN LOS INFORMES TECNICOS EN UNAS DOSIS RESIDUALES Y NO TOXICAS. Y SI FUERAN TOXICAS, EL RESPONSABLE O RESPONSABLES, SERA CUALQUIERA MENOS MI DEFENDIDO IVAN RAMIREZ AGUILAR,
ANTE TAL CUMULO DE DATOS OBJETIVOS, NOS PREGUNTAMOS, SI A DIA DE HOY SE PUEDE SOSTENER QUE LAURA AROSTEGUI GONZALEZ FALLECIERA POR UNA INTOXICACION MEDICAMENTOSA POR FARMACOS ADMINISTRADOS SIN PRESCRIPCION FACULTATIVA, ASI COMO POR METALES PESADOS, TALIO.
A mayor abundamiento, el informe de autopsia judicial definitivo, folios 6.788 a 6819 (Tomo XVI) DICTAMINA LA SIGUIENTE CAUSA EFICIENTE del fallecimiento: POLIINTOXICACION DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS: BARBITÚRICOS (TIOPENTAL), ANSIOLÍTICOS BENZODIACEPÍNICOS (MIDAZOLAM Y TETRAZEPAM), NO PAUTADOS SEGÚN LOS FORENSES POR NINGÚN FACULTATIVO DURANTE EL INGRESO DE LAURA, INSULINA Y TALIO.
En relación a los fármacos, pautados, LO DIGAN LOS FORENSES O NO, QUE FALTAN A LA REALIDAD DE LO REALMENTE ACONTECIDO, POR ACCIÓN O POR OMISIÓN, en un asunto tan grave como el que nos ocupa, seguiremos el orden cronológico marcado por la estancia hospitalaria de la finada, desgraciadamente, así:
16 de mayo: dolantina ½ ampolla + dolantina ½ ampolla (folio 588 gráficas).
20 de mayo: dolantina ½ ampolla + valium (10 mg); vía intravenosa y Midazolan (FOLIO 602 DE LAS GRAFICAS).
Medicamentos administrados:
5 de julio: midazolam (7+5 mg)+ mimbex (8+4 mg)+cloruro mórfico (3 mg)+ midazolam + mimbex + cloruro mórfico+ midazolam + bolos de cloruro mórfico +midazolam +bolos de cloruro mórfico+ midalozam + nimbex; intravenoso en parada cardiorespiratoria. (FOLIO 510 y 514 DE LAS GRAFICAS).
En conclusión, si lo afirmado por los forenses, en sus conclusiones definitivas es cierto, es mas que obvio, que mi cliente y defendido IVAN RAMIREZ AGUILAR, no participó en el fallecimiento de su querida esposa LAURA RAMIREZ AROSTEQUI. Y si por el contrario, lo que afirman los forenses no fuera cierto, o no obedeciera a la realidad por acción o por omisión, es evidente que mi cliente es absolutamente inocente del gravísimo delito que se le imputa. Y que tanto daño y dolor se le esta causando y ahora se puede remediar, que no se alargue ese sufrimiento que le ha arruinado moral y físicamente, profesional y patrimonialmente, y lo que es más grave, desde el punto familiar, por un empecinamiento en que mi cliente sea señalado, a lo peor para el resto de su vida como el presunto asesino del talio, y esto que afirmo parece que nadie lo quiere ver, a excepción de esta defensa.
NOVENA.- AUSENCIA DE INDICIOS CIERTOS QUE PERMITA SOSTENER LA INTOXICACION POR SUMINISTRO DE INSULINA EXOGENA A LA FALLECIDA.
Y es que habida cuenta de que los informes científicos han descartado la existencia de una intoxicación por metales pesados, particularmente talio, o medicamentosa, se inició otra línea distinta de investigación, dado que la primera ya apuntada no tiene visos de sostenerse, que parecía apuntar la existencia de hipoglucemias, que pudieran haberse provocado mediante un suministro exógeno de insulina; y a pesar de que en la historia clínica, y así lo argumentan muchos facultativos; no se descartó; y lo que aún es peor, no se estudió la existencia de una enfermedad rara, síndrome de la beta oxidación de los ácidos grasos de debut tardío. Y decimos no se estudió, porque era necesario haber efectuado un estudio previo, jamás realizado y NUNCA SE HA DETECTADO INSULINA EXOGENA EN LA FALLECIDA.
Se aludía al resultado de una analítica realizada el día 20 de mayo que detecta la presencia de cifras elevadas de insulina, y distintos médicos, han objetivado:
Con independencia de que farmacológicamente es conocido por el mundo no médico que la insulina produce hipoglucemia, hay también muchas enfermedades orgánicas, que pueden cursar hipoglucemia, a saber, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la anorexia nerviosa.
Y dentro del campo de la endocrinología, no sólo desde la vertiente de las alteraciones del metabolito, por déficits Hormonales se llega a situaciones de hipoglucemia, así también la producen la hormona del crecimiento por la carencia de HGH, conduce a hipoglucemia. El cortisol, produce hipoglucemia, y a la fallecida se le administra corticoides, por una posible insuficiencia suprarrenal.
Con las catecolaminas, sucede algo parecido.
El glucagón, es una hormona que eleva la glucosa en sangre, se le administró, obviamente si falta habrá una hipoglucemia.
Nada de esto se ha descartado en el presente asunto.
Hay hipoglucemias por déficits enzimáticos hereditarios, que los técnicos endocrinos que declararon respecto a este asunto, manifestaron que no se le efectuó a LAURA GONZALEZ AROSTEGUI, un estudio a este respecto, que puede determinar intolerancia a la fructosa o a la beta oxidación de los ácidos grasos de debut tardío. Esa beta oxidación de los ácidos grasos de debut tardío, después de una serie de alteraciones orgánicas, acaban con problemas cardíacos y muerte.
Por tanto, por lo que obra en las actuaciones, y por el deficiente estudio respecto de datos no concluyentes, en cuanto a la administración de insulina exógena, descartado por los endocrinos que han declarado, no se puede afirmar de manera rotunda, clara y determinante, como se necesita en un proceso penal para acusar a una persona de un delito tan grave como un asesinato que esa no determinada insulina exógena tuviera influencia, en la muerte de LAURA. Y si la tuvo, ninguna participación, puede imputársele a mi defendido.
DECIMA.- AUSENCIA DE DATOS O ELEMENTOS OBJETIVOS Y CIERTOS QUE PERMITAN DEDUCIR LA EXISTENCIA DE UN MOVIL QUE JUSTIFIQUE LA EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA HOMICIDA.
Por último se alude a la existencia de problemas económicos en el matrimonio, a la existencia de diversas deudas, cuando lo cierto es que SE UNIO A LA CAUSA Oficio policial 18 julio 2011, nº 21.367/11 de remisión informe patrimonial y documentación, Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad, U.D.E.F,.
EN LA CAUSA, FINALIZA EL INFORME PATRIMONIAL DICIENDO: “LOS DATOS ESTUDIADOS Y ANALIZADOS HASTA EL MOMENTO NO ARROJAN POR SI MISMO UN RESULTADO CONCLUYENDO EN ARAS A LA SOSTENIBILIDAD DE UN POSIBLE MOVIL ECONOMICO QUE PUDIERA SUBYACER EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS INCOADAS POR VI”.
Se ha investigado la posible existencia de motivos derivados de una relación sentimental mantenida por nuestro representado en el pasado, TESIS INCRIMINATORIA QUE SE ABANDONO HABIDA CUENTA QUE LA DECLARACION DE Doña María Mercedes Gil González, enfermera del Hospital de Urgencias del Hospital Insular, que afirma QUE CON IVÁN TUVO UN ROMANCE, QUE SOLO SE VIERON TRES O CUATRO VECES EN EL HOSPITAL Y ALGÚN OTRO DÍA LO LLEVÓ A SU CASA EN COCHE. QUE LA RELACIÓN DURÓ UN MES Y MEDIO Y FUE A FINALES DEL AÑO 2005.
Es evidente que tratar de relacionar la muerte de la esposa de mí defendido con la existencia de esta relación mantenida hace cinco años y que duro un mes y medio; resulta inane y carente de fundamento, por no usar otros epítetos dado el asunto que se instruye.
Y además lo dicen los múltiples testigos que trataron a la fallecida durante su estancia hospitalaria. Si esta persona se ha convenido y acreditado que guardó sus facultades plenas e intactas, si era consciente de su situación clínica, si había sido advertida de las sospechas que circundaban sobre su esposo, como es posible que no advirtiese algún tipo de conducta por parte de Iván Ramírez Aguilar, que le hiciese al menos recelar de su comportamiento.
Nada de eso sucedió, más al contrario, lo que sucedió FUE LA PLENA CONFIANZA DE LA FALLECIDA HACIA NUESTRO CLIENTE.
En este sentido debemos manifestar que el propio padre de la fallecida, Don Antonio González Gómez, en la declaración prestada en sede policial, el día 14 de julio de 2010, ya decía que NO HABIA OBSERVADO NINGUN TIPO DE CONFLICTO O DISPUTA ENTRE IVAN Y SU HIJA, MANTENIENDO AMBOS UNA RELACION BASTANTE CORDIAL.
Resulta que el testigo Raúl Falcón Moreno, de las actuaciones, al igual que el imputado, enfermero de profesión, afirma que NO ES PRACTICA HABITUAL PERO QUE EL PERSONAL SABE QUE TANTO LA VITAMINA C COMO LA DOPAMINA SIRVEN PARA ELIMINAR MANCHAS DE SANGRE.
En lo que respecta a la presencia de mi defendido en el hospital junto a su esposa el día de los hechos, pues a esta circunstancia se alude en el auto de prisión provisional, mi defendido declaró que ES INCIERTO QUE LA NOCHE ANTES DEL FALLECIMIENTO FUERA AL HOSPITAL, QUE ESA NOCHE NO TENIA RESTRICCION DE ACCESO, QUE NO SALIO DE CASA, QUE NO ES CIERTO QUE LA NOCHE DEL FALLECIMIENTO ESTUVIERA EN LA UMI QUE SALIO DE SU CASA A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA, PARA IR AL HOSPITAL, LE DEJO ROPA, LE DIO UN BESO Y SE VOLVIO A CASA.
Es decir, también el día 19 de mayo, está acreditado que FUE IVAN RAMIREZ AGUILAR QUIEN DESDE LA HABITACION DE PLANTA DONDE ESTABA SU ESPOSA, EN UN ESTADO COMATOSO GRAVE, LLAMO URGENTEMENTE A LOS MEDICOS DE LA UMI PARA QUE ESTOS LA ATENDIESEN, ES DECIR INTERVINIENDO DECISIVAMENTE PARA VOLVER A EVITAR LA MUERTE DE SU ESPOSA. Nuevamente volvemos a insistir, esta conducta no se compadece con la de un homicida, en esta ocasión reiteramos si no es por la intervención de mi defendido saltándose todos los protocolos habidos y por haber, vuelve IVAN a salvar la vida de LAURA.
Lo que se pretende hilar con la restricción del horario de visitas a mi defendido, cuando lo cierto es que los propios médicos responsables de la paciente han manifestado que tal prohibición no fue determinante, por lo que no puede asegurarse que desobedeciera tal mandato, además de no olvidar que precisamente el día del fallecimiento de la esposa de mi defendido, estuvo algo más de 5 minutos en el hospital, según ratificó el testigo Ariadne Méndez Santana, el pasado 25 de noviembre en esa sede judicial, para llevarle un pijama y darle un beso, lo que éste presenció sin advertir alguna conducta sospechosa de mi representado, y eso ocurre alrededor de las 9:00 ó 9:30 de la mañana.
Pero, sobre todos ellos, se destaca en la actualidad que la prisión provisional ha de tener como finalidad, exclusivamente, el prevenir ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, como expone la STC 40/1987, a saber, el peligro de huida del imputado o la obstrucción de la instrucción pena y, en un plano distinto, la reiteración delictiva, sin que puedan perseguirse con aquéllas fines de anticipación de la pena – STC 41/1982- o de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales.
La jurisprudencia del T.C. exige, además, que la prisión provisional cumpla una finalidad constitucionalmente legítima[9]. Una de esas finalidades, la primordial, es asegurar la continuidad del procedimiento penal, del que la medida cautelar es adjetiva. Y para valorar si se da o no esa finalidad, es esencial considerar la existencia de peligro de fuga del imputado.
Y para apreciar dicho peligro de fuga, habrán de tomarse en consideración las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado, como el arraigo familiar, y social, las conexiones con otros países, los medios económicos de que disponga, entre otros, según se expresa en la STC 128/1995, siguiendo la doctrina del TEDH en SS de 26 de junio de 1991.
Sobre el riesgo de fuga, como presupuesto habilitante de la prisión provisional, la citada Sentencia del T.C. nº 47/2000 tiene en cuenta dos factores: uno, de carácter eminentemente objetivo, constituido por la gravedad del delito imputado y de la consiguiente pena posible, que justifica la inicial adopción de la medida atendiendo a tales datos; y el segundo, subjetivo, que ha de tener en cuenta el trascurso del tiempo como factor mitigador del criterio anterior y que obliga, transcurrido un cierto tiempo de prisión preventiva, a tomar en cuanta las circunstancias personales del inculpado para valorar la necesidad de mantenimiento de dicha medida.
Aplicando al presente caso la doctrina expuesta con anterioridad, podemos afirmar que el SR. RAMIREZ AGUILAR no va a tratar de obstruir la instrucción penal del presente procedimiento, y teniendo en cuenta que es de nacionalidad española, con domicilio en TELDE (GRAN CANARIA) y UBRIQUE (CADIZ), donde reside toda su familia, por lo que se puede afirmar que mi defendido tiene suficiente arraigo personal, familiar y social, por lo que nada hace pensar que con su inasistencia va a tratar de impedir la celebración del juicio oral, ni que vaya a tratar de eludir la acción de la justicia, por lo que solicitamos la libertad de mi representado, ya que el mantenimiento de su prisión provisional sería abiertamente contrario a los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, y sobre todo provisionalidad, que deben presidir dicha institución.
DECIMOCUARTA.- Según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de Mayo de 1989: "La libertad provisional es una medida cautelar intermedia entre la prisión provisional y la completa libertad, que trata de evitar la ausencia del imputado, que quedará así a disposición de la autoridad judicial y a las resultas del proceso, obligándose a comparecer periódicamente. Dicha medida está expresamente prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y viene determinada por la falta de presupuestos necesarios para la prisión provisional, que puede acordarse con o sin fianza (art.529), debiendo el inculpado prestar obligación apud acta de comparecer en los días que le fueren señalados por la resolución correspondiente y, además, cuantas veces fuere llamado ante el Juez o Tribunal que conozca de la causa".
En lo relativo a la subsidiariedad de la libertad provisional respecto de la prisión provisional, que se recoge abiertamente en el propio artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabe citar el Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 4 de febrero de 2000.
En este Auto se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto que acordaba la libertad provisional sin fianza, por el cual solicitaba la medida cautelar de prisión preventiva.
El interés de este auto respecto al punto señalado, estriba en que la Sala defiende la aplicabilidad de la libertad provisional en el caso concreto, negando la concurrencia de los presupuestos necesarios para la adopción de la prisión preventiva.
DE LO QUE SE CONCLUYE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, QUEDA ESTRECHAMENTE RELACIONADA A LA PRISIÓN PREVENTIVA, HASTA TAL PUNTO, QUE CARECE DE PRESUPUESTOS PROPIOS Y DIFERENCIADOS DE AQUELLA, CONSTITUYENDO AMBAS MEDIDAS LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA.
Unas y otras se diferencian por el objeto al que afectan, mientras las primeras se ciernen sobre la esfera patrimonial del imputado, las segundas van más allá afectando derechos fundamentales.
LA LIBERTAD PROVISIONAL, SE CONCEPTÚA COMO UNA MEDIDA CAUTELAR PERSONAL, Y COMO TAL INCIDE DIRECTAMENTE EN LA ESFERA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO, EN CONCRETO, DESPLIEGA SUS EFECTOS SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE CONSAGRA EL DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN POR EL TERRITORIO NACIONAL.
No podemos obviar la repercusión que la medida cautelar de libertad provisional tiene sobre el derecho a la libertad, que en términos generales se proclama en el artículo 17 de la C.E., aunque sea indirectamente.
COMO YA SE HA EXPUESTO AL HABLAR DEL CONCEPTO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, ÉSTA ES UNA MEDIDA CAUTELAR INTERMEDIA ENTRE LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA COMPLETA LIBERTAD, Y EL PROPIO ARTÍCULO 528 DISPONE QUE LA PRISIÓN PROVISIONAL SÓLO DURARÁ LO QUE SUBSISTAN LOS MOTIVOS QUE LA HAYAN OCASIONADO, Y SI NO SE RESPETA LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO, SE CONCULCA EL DERECHO A LA LIBERTAD PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA C.E.
EN ESTRECHA RELACIÓN CON ESTE PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD SE HALLA LA NOTA DE VARIABILIDAD O PROVISIONALIDAD, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 528 DE LA LECRIM.[10]
EN IGUAL SENTIDO EL ARTÍCULO 539 DEL MISMO CUERPO LEGAL DISPONE EN SUS PRIMEROS APARTADOS.[11] En este punto resulta de interés el Auto de la Audiencia Provincial de Huesca de 14 de julio de 1997 por el que se confirma la decisión del Juzgado de Instrucción de modificar la prisión provisional del acusado y decretar la libertad provisional del mismo.
La sugerencia final del Fiscal sobre los malos tiempos que corren para poner en libertad a todo preso, no puede tenerse como baza –ciertamente insólita– ni tan siquiera acusarse como presión exógena, ya que, no siendo motivo conectado a la causa, no pueden los componentes de la Sala ni de ningún Tribunal regirse por patrones semejantes –como pueden suponer las partes– cuando han de decidir responsablemente, con el cuidadoso examen del caso particular, sobre la privación de libertad de quien no haya perdido la condición constitucional de inocente (art. 24 CE).(…)" EL SUBRAYADO ES NUESTRO.
"(…)Como ya se ha dicho, el paso del tiempo es un factor tenido en cuenta para cuestionarse la oportunidad de la prisión, así como el avance de la instrucción sin posibilidad de ser entorpecida por el imputado.
4- La Ley Orgánica 10/1984 de 26 de Diciembre introdujo un nuevo criterio a tener en cuenta: la alarma social generada.
5- Motivos bastantes para creer responsable criminalmente a la persona a la que se somete a la libertad provisional. Este punto sería reconducible al presupuesto del "fumus boni iuris" que opera como presupuesto en el proceso civil y que la jurisprudencia y la doctrina han extrapolado al proceso penal en los términos que ahora pasaremos a analizar. Se hace necesario subrayar en este punto, que así como en el proceso civil el fumus boni uris viene necesitado de un indicio de prueba, preferiblemente documental que lo acredite,; en el proceso penal, la procedencia de su acuerdo se sustenta en el Auto de procesamiento, que según el artículo 384 LECrim: "Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley".
Por otra parte, debe tenerse muy en cuenta, que de conformidad con la doctrina del T.E.D.H.[12] y de este Tribunal (STC 128/1995), que, la intensidad del juicio de ponderación, entre estos requisitos de la prisión provisional, de un lado, y el derecho a la libertad del imputado, de otro, que ha de efectuar el Juez de Instrucción es diferente según el momento procesal en que deba disponer o ratificar la prisión provisional, ya que la ponderación de los elementos determinantes de la constatación del riesgo de fuga «puede operar de forma distinta en el momento inicial de la adopción de la medida, que cuando se trata de decidir el mantenimiento de la misma al cabo de unos meses>> (STC 128/1995,fundamento jurídico 4., último párrafo.
Así, en aquella Sentencia se distinguían con nitidez dos momentos procesales distintos, determinantes del juicio de ponderación: el momento inicial de la instrucción y el de una instrucción ya avanzada. En relación con el inicio de la instrucción, afirmaba dicha Sentencia que «la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional -por ejemplo, evitar la desaparición de pruebas-, así como los datos de los que en ese instante cuenta el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena» (párrafo último del fundamento jurídico 4. de la STC 128/1995); no obstante, el transcurso del tiempo modifica estas circunstancias y ello determina que en los momentos ya no iniciales de la instrucción deban ponderarse también otros datos relevantes. Así, en estas actuaciones posteriores al inicio de la investigación judicial, y en la medida que la instrucción avanza, «al constatar la existencia de este peligro (de fuga), debería, en todo caso, tomarse en consideración,
EN APOYO A NUESTRA PETICION, SE ADJUNTA AL PRESENTE ESCRITO, 4.246 FIRMAS, SALVO ERROR U OMISION.
Por lo expuesto es procedente y,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, se digne admitirlo, ordene su unión a los autos de su razón, tenga por hechas las anteriores manifestaciones, lo admita, y de contrario imperio acuerde, en el sentido de decretar la libertad y la excarcelación de mi defendido DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, CON O SIN FIANZA, y en el caso acordarse ésta que sea adecuada a los escasos medios económicos que en el concurre, con la obligación apud acta de comparecer ante el Juzgado cuando así lo determine, y por las veces que considere necesarias, y si estas no se considerasen lo suficientemente garantizadas, adopte la retirada del pasaporte, o presentación con la periodicidad que determine VSI, en la Comisaría de Policía, u otras dependencias de Fuerzas o Cuerpos de la Seguridad del Estado, de su respectiva residencia. Por ser de Justicia que respetuosamente pido en Telde a 21 de febrero de dos mil trece.
Ldo.: JOSE ALVAREZ DOMÍNGUEZ
Asimismo, el art. 46 del CEDH, establece que cada Estado puede declarar como obligatoria y de pleno Derecho, la jurisdicción del Tribunal, para todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio de Roma.
[2] Por la L.O. 13/2003
[8] En la página 12 de su decisión afirma:
“50.- La Comisión recuerda que, si bien la existencia y persistencia de indicios graves de culpabilidad respecto a un inculpado, constituyen sin duda elementos pertinentes, no legitiman ellos solos el mantenimiento en prisión. En efecto, hasta su condena un acusado se presume inocente, y la finalidad o el objeto del artículo 5.03 es imponer la puesta en Libertad Provisional en el momento en que el mantenimiento de la prisión deja de ser razonado (TEDH, caso Nenmister, 27 de junio de 1968). A estos efectos, pertenece a la autoridad Judicial vigilar, sobre todo, que no se debilite tal presunción, prolongado la prisión de forma que aparezca como una pena anticipada, mas que como una necesidad dictada por la preocupación de garantizar a la vez el normal desarrollo de la instrucción y la competencia del acusado ante los jueces”.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 503
e contrario
 resolución 
 artículo 529
 ARTÍCULO 19
 artículo 17
 ARTÍCULO 528
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 528
 ARTÍCULO 539
 artículo 384
e contrario
 artículo 5