Source: http://resistechihuahua.blogspot.com/
Timestamp: 2016-12-06 21:43:36+00:00

Document:
Auditorías practicadas a las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Marina revelan que México es incapaz de cumplir los compromisos internacionales que firma. La cancillería, reprobada por carecer de instrumentos que aseguren la observancia de 62 tratados, convenios y acuerdos en materia ambiental. Secretarías de Estado, institutos y comisiones nacionales ni siquiera tienen claro de qué acciones son responsables Ruth Roque/Zósimo Camacho Las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina Armada de México y Medio Ambiente y Recursos Naturales incumplen con la aplicación de 62 tratados internacionales en materia ambiental, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las dependencias federales ni siquiera saben en cuántos y cuáles tratados tienen competencia, a pesar de que la cancillería cuenta con un presupuesto de más de 700 millones de pesos para dar cumplimiento a los acuerdos. Por ello, la ASF emitió dictamen negativo en la revisión del desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia encargada de coordinar y verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales que adquiere el Estado no ha contado, durante los gobiernos panistas, ni con sistemas de información y evaluación ni con mecanismos que le permitan acreditar el cumplimiento de los compromisos en materia ambiental que el país ha contraído. La descoordinación ha sido tal, que las dependencias obligadas a hacer cumplir las disposiciones de los tratados, convenios y acuerdos internacionales ni siquiera estaban enteradas de cuáles instrumentos internacionales eran responsables. En revisiones por separado, la Secretaría de Marina (Semar) también recibió dictamen negativo (Contralínea, 3 de julio de 2011) y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obtuvo una aprobación “con reservas”. En efecto, en entrevistas con este semanario, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Semarnat y la Semar coinciden en que no sabían ni qué papel debía jugar cada dependencia para hacer cumplir los compromisos internacionales que el Estado ha signado. Por separado, señalan que sólo después de los resultados de la auditoría iniciaron las reuniones para delimitar responsabilidades. Hasta después de la publicación del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, representantes de las tres entidades del gobierno federal sostuvieron encuentros para acordar de qué manera podían cumplir los 62 acuerdos internacionales en materia ambiental que México ha suscrito. A dichas reuniones también se incorporaron representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía (Sener). La Secretaría de Relaciones Exteriores, en voz del ministro Rodrigo Labardini, consultor jurídico adjunto B, rechaza que México haya faltado a sus compromisos internacionales. En entrevista con Contralínea y ante los señalamientos de la Auditoría Superior, dice: “Ni la Secretaría ni ninguna otra dependencia están incumpliendo. Los tratados se efectúan a cabalidad y no ha habido ningún comentario negativo de los organismos internacionales; por el contrario, éstos han indicado que vamos bastante bien”. Para Labardini, las observaciones de la Auditoría Superior se deben a que “ellos [los auditores] estiman que dentro de nuestros procesos hay algunas fallas, las cuales nosotros hemos ido corrigiendo igualmente junto con la Auditoría”. —¿Cómo decir que se está cumpliendo con un tratado si las acciones no se realizan? —Ha sido algo de lo que nos alertó la Auditoría Superior de la Federación con este proceso. En otros tratados habíamos visto esta necesidad de coordinación y es cuestión de ir atendiendo. No ha sido sencillo simplemente ubicar los 1 mil 337 tratados que tenemos en vigor y defender cada uno de los actores mexicanos federales que deben aplicar. Y esto representa problemas porque el tratado no sólo obliga a la Federación: también a los estados y a los municipios. Y entonces se debe hacer un gran esfuerzo por definir todo ello. El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que “en el caso de algunas dependencias quizá no habían tenido plena cabalidad de la responsabilidad que tenían en el cumplimiento de un tratado”. Por ello, a decir de Labardini, se han celebrado “por lo menos dos” reuniones posteriores a la publicación de los resultados de la auditoría para determinar “quién es el responsable federal que puede participar en esto”. En las reuniones, encabezadas por esta Secretaría –y en las que también participaron las de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Energía y las comisiones Reguladora de Energía, Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, entre otras dependencias–, “detectamos que había unidades que quizá desconocían su participación real [en el cumplimiento de los compromisos internacionales de medio ambiente] y detectamos otros que sí participan pero que no estaban mencionados por la propia Auditoría”, reconoce Labardini. Agrega: “Para esto sirven estas reuniones intersecretariales; reconozco aquí la labor de la Auditoría [Superior de la Federación] para lograr este ejercicio; nos alentó y nos ha llevado a avanzar más para lograr esa coordinación entre dependencias identificadas y otras que nosotros reconocemos, porque ésa es la cabalidad de la obligación”. Y es que el dictamen de la auditoría de desempeño 09-0-05100-07-0161 establece: “La Secretaría de Relaciones Exteriores no dispuso de mecanismos para acreditar las acciones de coordinación y seguimiento, y asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 62 tratados en materia de medio ambiente suscritos por el gobierno de México”. Además, señala que tampoco “dispuso de sistemas de información que garanticen que las dependencias responsables de su ejecución practiquen las medidas y competencias que le otorgan los instrumentos internacionales suscritos por México, ya que se presentaron diferencias en cuanto al reconocimiento de la participación de las dependencias ejecutoras”. Así, mientras que Relaciones Exteriores señala que la Secretaría de Marina debe participar en el cumplimiento de 25 tratados, ésta argumenta que sólo está facultada para intervenir en tres. Algo similar ocurre con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales: mientras que Relaciones Exteriores informa que es obligación de la Semarnat colaborar en 26 tratados, ésta explica que sólo concurre en tres. Hasta 2009, la Secretaría de Relaciones Exteriores no dispuso de ningún mecanismo que le permitiera “evaluar el seguimiento y la coordinación para el desempeño de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente”, señala la Auditoría Superior en el resultado 3 de la auditoría de desempeño 09-0-05100-07-0161. El monto de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales durante 2009 fue de 748 millones 278 mil 200 pesos, instrumentados a través de seis direcciones generales y la Consultoría Jurídica. Según la ASF, las siete entidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores son las “responsables de las labores de coordinación y seguimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente”. Relaciones Exteriores cuenta con dos documentos en los que supuestamente se especifica cuáles secretarías de Estado son responsables del desempeño de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente: Tratados bilaterales Medio ambiente y Tratados multilaterales Medio ambiente (sic). Sin embargo, hasta la fecha en que se realizó la revisión, no contó con un sistema de información que garantizara que las dependencias cumplieran y ejercieran las competencias correspondientes. Semarnat y Semar, rebasadas Gracias a esta descoordinación, la Auditoría Superior encontró en 2009 que la Semanat participaba apenas en la ejecución de tres instrumentos, cuando su obligación –según lo reportado por Relaciones Exteriores– era colaborar en 26. Sólo concurría en el multilateral Convenio para la Protección y el Desarrollo para el Medio Marino de la Región del Gran Caribe, y en los bilaterales: Acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos, y el acuerdo que lo modifica. Asimismo, Relaciones Exteriores indicaba que la Secretaría de Marina estaba obligada a participar en 25 de los instrumentos internacionales. Pero la Armada de México sólo participaba en tres, y se reconocía como responsable de uno: el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias. Así, 21 instrumentos internacionales de cooperación en materia de medio ambiente marítimo firmados por México no se cumplieron o, al menos, ninguna dependencia del gobierno federal pudo dar cuenta de ello. La Auditoría Superior señala que las direcciones generales para América del Norte, para Temas Globales, y de Organismos Económicos, Regionales y Multilaterales (todas de la Secretaría de Relaciones Exteriores) “no dispusieron de evidencia documental sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en 21 tratados suscritos en el marco de la Organización Marítima Internacional”. Además, las unidades señaladas olvidaron incluir en sus registros internos un instrumento internacional con el que México se comprometió: el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales. Tampoco elaboraron ningún programa de trabajo “que incluyera metas cuantitativas en relación con la coordinación y seguimiento de los tratados internacionales en materia de contaminación marina”. En la auditoría de desempeño 09-0-16100-07-1092, Tratados Internacionales en Materia de Medio Ambiente, practicada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ASF advierte que “las debilidades” detectadas “limitan” el “cumplimiento oportuno de los compromisos internacionales asumidos por México en el cuidado del medio ambiente”. En el mismo documento se establece que la dependencia no dio seguimiento a las nueve actas de inspección que le remitió la Secretaría de Marina durante 2009. Para la Auditoría Superior, la Semarnat “no dispone de evidencia sobre la coordinación establecida con la Secretaría de Marina, a fin de que dentro de sus respectivas atribuciones interviniera en la prevención y control de la contaminación del medio marino”. El jefe de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, Enrique Lendo Fuentes, acepta que “no están muy bien definidas las responsabilidades de la Secretaría y de las otras secretarías”. El funcionario reconoce que las observaciones de la Auditoría Superior “están muy bien” y, gracias a éstas “áreas de oportunidades” detectadas por el máximo órgano de fiscalización en México, se han iniciado trabajos de coordinación con Relaciones Exteriores. “Vemos como positivas las recomendaciones que nos hace la Auditoría; las estamos atendiendo todas a cabalidad; en algunos casos, ya lo estábamos haciendo: simplemente hay que mejorar el proceso”. Acerca de la ausencia de seguimiento a las actas de inspección, Lendo Fuentes acepta que la Semarnat no cuenta con toda la información al respecto. “Como la Secretaría de Marina reportó directamente a la delegación regional [de la Semarnat], no sabemos si se le dio seguimiento o no; como esas actas no se compilaron a nivel central, no fueron sistematizadas”. Señala que, de ahora en adelante, “lo que vamos a hacer es compilarlo a nivel central para que se vea con mucha claridad cómo se resuelven esos asuntos”. Respecto de la falta de evidencia de que la Semarnat participe en 23 de los 26 tratados que le fueron asignados por Relaciones Exteriores, Enrique Lendo, jefe de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría, dice: “Platicamos con la Auditoría [Superior de la Federación] y le dijimos que hay un gran número de tratados en los que la atribución principal recae en otras dependencias”. Agrega que la coordinación “es compleja” y los tratados internacionales “no pueden ser dirigidos por una sola secretaría y tenemos que hacer la repartición de responsabilidades”. Ejemplifica con la responsabilidad de conservación ambiental en los mares: “Nosotros hacemos la parte científica; sabemos cómo están los ecosistemas y qué especies están en éstos, en fin; pero nosotros no tenemos la capacidad total para la vigilancia; ahí ya entra [la Secretaría de] Marina”. Señala que después de las reuniones celebradas entre las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marina y Comunicaciones y Transportes ya se ha delimitado la responsabilidad de cada dependencia “para saber exactamente a quién corresponde la responsabilidad central y quién sólo es coadyuvante”. Enrique Lendo señala: “A nosotros [Semarnat] nos tocó nada más un tratado como responsabilidad central; y seremos coadyuvantes en el resto que señaló la Auditoría Superior de la Federación”. El biólogo Hesiquio Benítez, director de Enlace y Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, explica que el éxito o fracaso en la instrumentación de un tratado no puede atribuírsele a una dependencia en particular. El investigador señala que el éxito o fracaso en el cumplimiento de cada acuerdo internacional es del Estado en su conjunto: varias dependencias federales están involucradas, así como instituciones del orden estatal y municipal, comunidades agrarias, pesqueras y la sociedad en general. Ejemplifica: “Tenemos la meta de promover el uso sustentable de las pesquerías. Entre el 80 y el 90 por ciento de éstas a nivel mundial está sobreexplotado. Aunque trabajemos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que regule las autorizaciones de aprovechamiento, no se puede evitar que muchas pangas de comunidades de pescadores decidan continuar con la sobreexplotación: pescan tallas inadecuadas. Y por muchos esfuerzos que realice la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o las corporaciones policiacas no se podrá cumplir con el tratado.” México, “exhibido como nación débil” La legisladora federal María Araceli Vázquez Camacho, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, advierte que cada tratado incumplido significa violaciones a normas que se encuentran en el mismo rango de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Se están lanzando a firmar tratados a diestra y siniestra, de manera muy irresponsable e improvisada, cuando el artículo 133 constitucional señala que los tratados firmados se convierten en una norma obligatoria para los mexicanos”. Para la diputada, la “maraña” administrativa que impide que México cumpla con los tratados que firma exhibe al país como “incapaz” e “institucionalmente débil”. Señala que la “acción desorganizada” de las secretarías del gobierno federal no sólo impide que México cumpla con sus compromisos internacionales, sino que promueve “jugosos negocios” con el patrimonio ecológico de México. Ante “la descoordinación”, la diputada impulsa un punto de acuerdo “para exhortar al Poder Ejecutivo a que enfoque su atención” en el cumplimiento de los instrumentos internacionales. También dice que en los próximos días presentará una iniciativa que modifique la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que “se establezcan con claridad” las responsabilidades de las secretarías ante los tratados internacionales que México signa. El ministro Labardini, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechaza que México firme instrumentos internacionales sin evaluar sus capacidades de cumplimiento. “Tengo la certeza de que siempre ha habido plena conciencia de qué se está firmando. Tanto en el pasado como ahora, seguimos un proceso para firmar un tratado.” A este respecto, el doctor en derecho ambiental, José Juan González Márquez, señala que “no se puede decir que México incumpla con tratados internacionales”. El profesor e investigador del área de derecho ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana puntualiza que un acuerdo internacional no se puede medir “por resultados”. A decir del exdirector general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, “muchas veces el éxito de un tratado es haber logrado que se firme”. Para González Márquez, los acuerdos internacionales no necesariamente se traducen en acciones de los gobiernos que lo signan. —En realidad, casi ningún tratado en materia ambiental tiene obligaciones concretas. La mayoría son tratados marco, como el que regula la caza de ballenas: regula la caza, no las protege. —¿Pero ha de haber una situación distinta para las ballenas antes y después de que se signe el tratado? —Realmente no. Japón cazaba ballenas antes del tratado y sigue cazando ballenas después de firmarlo. —¿Entonces, sirven para algo? —Sus efectos son otros. Depende de los temas. Cuando un tratado se firma quiere decir que el tema del que trata es importante para la nación que lo suscribe. México ha signado 1 mil 320 instrumentos de cooperación internacional, entre tratados, convenios y protocolos, según el documento México: relación de tratados en vigor 1836-2008, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el informe, 62 de éstos se refieren al tema del medio ambiente. Se trata de 49 compromisos multilaterales y 13 bilaterales clasificados en cuatro grandes rubros: contaminación atmosférica (nueve), contaminación marina (27), biodiversidad (23) y residuos peligrosos (tres). Enrique Lendo, jefe de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Semarnat, considera que cada compromiso internacional que México asume “es resultado de un análisis muy profundo de las necesidades y capacidades para su cumplimiento”. Sin embargo, reconoce que con firmar un tratado en materia ambiental no se mejora inmediatamente el cuidado del entorno ecológico: “Se está enviando una señal de que el país está interesado en cuidar el medio ambiente”. El biólogo Hesiquio Benítez lamenta que los países “en desarrollo”, como México, “generalmente firman tratados internacionales sin tener la capacidad de cumplirlos”. Lo hacen para declarar su preocupación en el tema; y hasta que han signado comienzan a desarrollar los instrumentos jurídicos, políticos, sociales y culturales para llevarlos a cabo. Lo contrario sucede con naciones desarrolladas. “Generalmente países desarrollados, como Nueva Zelanda, primeroinstrumentan el cuerpo jurídico, reúnen los recursos materiales y humanos que necesitarán y sólo entonces firman un tratado; primero aseguran su capacidad de cumplirlo”. Vertimiento de desechos al mar: autoridades incapacitadas Las autoridades mexicanas no pueden asegurar que los vertimientos de desechos al mar se realicen como indican las leyes nacionales e internacionales. Raúl Mejía, subgerente de Dictaminación y Titulación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) , sin embargo, rechaza que las leyes deban adecuarse a la nueva realidad: “Se necesita simplificar los trámites más que decir nueva normatividad”. Refiere que la Conagua cuenta con 150 inspectores a nivel nacional para vigilar el cumplimiento de la ley, lo cual les impide tener la capacidad de vigilancia en el mar; sin embargo, en vertimientos a éste, Petróleos Mexicanos es al único que controlan. “La vigilancia [de cientos de embarcaciones], ¿pues a qué hora? Hay que cumplir pero hay que agilizar la forma de hacerlo. Simplificar los trámites resolvería mucho.” En el caso de fuentes móviles de extranjeros, no observa que exista falta de compromiso para cumplir las leyes nacionales, sino que “muchas veces el trámite te puede llevar más tiempo que el que están en aguas nacionales”. También señala que la coordinación con la Secretaría de Marina se dificulta, “ya que de por sí el trámite solito nos puede implicar un tiempo”. Asegura desconocer las estadísticas de las solicitudes para verter desechos al mar del tráfico marítimo que ingresa a México cada año, ya que “los únicos estados donde sí me han consultado mucho son Baja California Sur y Campeche, porque sí les llegan [las] solicitudes” y, agrega, “a lo mejor somos nosotros, la autoridad, los que no hemos hecho una simplificación. Ya hay una Ley de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico, existen muchos instrumentos que te ayudan a realizar este trámite. Lo que nos falta es darle celeridad”. Ante la observación de la Auditoría Superior de la Federación por la falta de control, coordinación y vigilancia de los vertimientos de desechos al mar por parte de la Secretaría de Marina sentencia: “Al ser fijas [las fuentes de desechos] podemos vigilarlas; si fueran móviles habríamos que pensarle un poquito; coordinarse: ellos [los marinos] son los que andan en el mar, no nosotros”. Materiales peligrosos En el artículo 3, fracción XXII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se define como material peligroso a los “elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de éstos que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, o biológico infecciosas”. Semarnat y Semar ignoran de qué tratados son responsables La Secretaría de Relaciones Exteriores señala a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como la dependencia ejecutora de los compromisos establecidos en el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines y en el Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Sin embargo, ambas entidades del gobierno federal nunca se pusieron de acuerdo para establecer de qué manera se tendría que cumplir con los instrumentos internacionales. Según la Auditoría Superior, no se determinaron “las acciones de coordinación entre ambas dependencias para definir el alcance de su participación en el cumplimiento de los acuerdos establecidos”. Las secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales tampoco conocieron cuál era el alcance de su participación en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. No fue sino hasta hace unas semanas que se reunieron representantes de las tres dependencias para delimitar funciones. Según la Convención, “cada parte [país] asegurará dentro de su territorio y en zonas marítimas sometidas a su soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, el cumplimiento efectivo de las medidas para la protección y conservación de la tortuga marina y de sus hábitats previstas en la Convención”. A la Secretaría de Marina, Relaciones Exteriores no le había informado que era la autoridad competente “para aplicar y cumplir las disposiciones del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias”. Ni siquiera se ha expedido ninguna ley o reglamento que garantice el cumplimiento de las disposiciones del protocolo. De acuerdo con la auditoría 09-0-16100-07-1092, practicada a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia “no acreditó acciones de coordinación con la Secretaría de Marina para definir el alcance de su participación en el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas”. Tampoco existe evidencia de que la Semarnat haya realizado alguna acción en cumplimiento de siete tratados bilaterales (de un total de 10) en materia de biodiversidad. México, país megadiverso México es uno de los cinco países del mundo con mayor variedad de ecosistemas. Casi todos los ambientes terrestres se encuentran en el territorio continental de la república mexicana, integrado por 1 millón 972 mil 546 kilómetros cuadrados. Según el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México se encuentra entre los países considerados “megadiversos”: aquellos que albergan entre el 60 y el 70 por ciento de toda la diversidad biológica del planeta. Hasta 2008, en el territorio mexicano habían sido identificadas 108 mil 519 especies distintas. De éstas, 36 mil 192 de flora y 72 mil 327 de fauna. [TEXTO PARA TWITTER: México, incapaz de cumplir tratados que firma. 62 acuerdos de protección al ambiente, en el limbo] Fuente: Revista Contralínea 257 / 31 de octubre de 2011 Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Debido a preguntas en Mexicanos al Grito sobre familiares desaparecidos, hemos decidido recolectar de distintas fuentes una guía sobre qué hacer y a quién dirigirse. Un familiar desaparecido no es fácil. El sentimiento de impotencia, frustración y miedo es fuerte. Sin embargo, no debemos dejar que nos invada el pánico. Es necesario cobrar la compostura porque existen ciertas medidas que podemos tomar para buscar a esta persona. Paso Número 1. Acude a las autoridades de seguridad, llámese policía, ejército o juzgados (en algunas ciudades de México ya no hay policía, solamente se encuentra el ejército), y haz una denuncia sobre la desaparición. El tiempo es un factor importante, entre más pronto hagas la denuncia, será posible tener testimonios frescos, se pueden asegurar pruebas y tal vez la persona desaparecida todavía se encuentre cerca de su hogar. En teoría, las acciones de las autoridades deberían de concentrarse en una intensiva investigación que girará en torno a tres ejes principales: Esclarecer si la desaparición ha sido voluntaria, accidental o forzada.Entrevista a familiares, amigos y conocidos del desparecido.Buscar a la persona mediante la inspección de los lugares que frecuentaba o donde fué visto por última vez. Desgraciadamente, no podemos asegurarte que las autoridades vayan a realizar esta investigación. Tal vez solamente archiven el papel entre el resto de las denuncias que no se han esclarecido en México. Por lo que, si tienes la oportunidad, te recomendamos, si es posible, investigar por tí mismo. Si tienes los recursos, contrata un detective. Si no, comunícate con familiares y amigos e inicien la búsqueda lo antes posible (es importante que en la búsqueda se encuentren familiares y amigos, ya que éstos son capaces de reconocer a la persona desaparecida). Trata de averiguar en qué circunstancias ocurrió la desaparición y habla con los amigos ya que te pueden aportar datos que sirvan para descubrir donde esta. Paso Número 2. Acude a otras instituciones que te puedan ayudar: servicios sociales (CNDH, atención ciudadana, el presidente municipal, regidores, etc.), bomberos y/o organizaciones civiles locales (por ejemplo Clubs Rotarios, la asociación de tu colonia). Otra posibilidad que necesitas considerar es llamar a hospitales (Cruz Roja por ejemplo), por si la persona desaparecida tuvo un accidente y por eso no ha podido comunicarse. Paso Número 3. Acude a los medios. Si tienes la oportunidad difunde la noticia en la televisión, la radio y la prensa. Lleva una fotografía del desaparecido. La fotografía más reciente que tengas y resalta las señas particulares de la persona desaparecida (lunar, cicatriz, defecto físico, cualquier cosa que pueda ayudar a identificar a la persona). Menciona que cambios puede tener a varios días de extraviado, barba por ejemplo. Datos como edad, estatura, complexión son importantes. Debido a la inseguridad en México, no te recomendamos dar como contacto tu teléfono o dirección exacta. Un contacto por correo electrónico puede ser la mejor opción. En estos tiempos de extorsiones y fraudes, dar tu teléfono y/o dirección se puede prestar para que te llamen ofreciendo información sobre el desaparecido y te pidan dinero por ello. No lo aceptes. Es muy alta la probabilidad de que no sea cierto y sea solamente una extorsión. Otra opción muy efectiva es difundir la noticia por Internet. Las redes sociales como Facebook, Twitter y MySpace son utilizadas por muchísimas personas y la comunicación es muy fácil y rápida. También puedes mandar un correo cadena. Es importante que pongas una foto de la persona desaparecida e información sobre éste. Te recomendamos solamente dar un correo electrónico como contacto. Pídele a las personas que pasen la voz, que contacten a más personas para saber si alguien le ha visto. Otro medio que debes considerar es poner carteles con la foto del desaparecido en avenidas, estaciones de autobús, plazas, etc. No te recomendamos dar tu dirección exacta ni tu teléfono. Toma en cuenta que la televisión y radio solamente publicarán la noticia por unos segundos y será dificíl para la audiencia recordar las características de la persona desaparecida. Los medios impresos y el internet son básicos para la búsqueda. Paso Número 4. Busca una asociación de desaparecidos, tanto en tu ciudad como en tu estado. No solamente te darán consejos para ayudarte a encontrar a la persona desaparecida, sino que conocerás a personas que han pasado por la misma situación y que están dispuestas a escucharte y brindarte apoyo sicológico. Esto es muy importante en estas situaciones. En México existen organizaciones civiles que dan apoyo durante esta guerra contra las drogas. Uno de ellos es el Movimiento por la Paz, el cual realiza muchas actividades por defender los derechos de las víctimas y desaparecidos en esta guerra. También puedes contactar a Derechos.Org en la que cuentan con una lista de desaparecidos, además de informes sobre desapariciones en México. Existen también actores sociales que luchan por los derechos humanos, entre ellos se cuenta Consuelo Morales en Monterrey, monja y activista social. Otro personaje sonado en el país es Rosario Ibarra de la Piedra, senadora y activista social. Paso Número 5. En caso de que no exista una organización cercana a tí que se ocupe de la búsqueda de desaparecidos. Considera crear una organización civil que involucre a familiares de desaparecidos. Como sociedad/organización pueden involucrar a un abogado y un detective que pueda ayudarles a esclarecer los casos. Además, como organización pueden crear presión en el gobierno local para que busquen a sus familiares. Esperamos la información les pueda ser útil. Coraje Civil
McDonald´s intentó adaptarse a los gustos locales pero no tuvo éxito. Su gran "M" amarilla sobre fondo rojo es reconocible practicamente en cualquier parte del mundo y es uno de los símbolos de la globalización, pero hay un lugar de América Latina en el que la cadena de hamburguesas McDonald´s no tuvo el éxito esperado. Fue en Bolivia donde, pese a que el restaurante intentó adaptarse a los gustos locales (incluyó la llajwa, la salsa con la que los bolivianos aliñan sus platos, y música folclórica), no logró triunfar. Contenido relacionado La cajita feliz de McDonald's incluirá manzanas y menos papas fritasIr al McDonald's y subir al tren a caballo Fiel cliente de McDonald's alcanza récord de 25.000 hamburguesas consumidas Por eso, en 2002 y después de cinco años en el país, la cadena de hamburguesas decidió cerrar sus ocho sucursales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahora el documental "¿Por qué quebró McDonald´s en Bolivia?" explora el motivo por el que los habitantes de esas ciudades le dieron la espalda a las hamburguesas más populares del mundo. "La cultura le ganó a una transnacional, al mundo globalizado", afirma en conversación con BBC Mundo Fernando Martínez, director del documental. Para Martínez, una de las claves de ese fracaso fue el precio, ya que, según explica, el menú más barato costaba entonces 25 pesos bolivianos (algo más de 3 dólares), mientras que, por ejemplo, en La Paz, en la actualidad se puede conseguir un almuerzo completo en un mercado popular por 7 bolivianos (menos de un dólar). "Es fácil atribuirlo a la economía, pero detrás de ella están las personas, la sociología y los aspectos culturales", matiza Martínez al explicar que esos precios tan asequibles se deben a la relación de los bolivianos "cercana a la tierra" que les lleva a comer platos con los productos tradicionales "de sabores intensos y fuertes y de muchas horas en la cocina". Viaje a través de la comida boliviana El documental muestra cómo se prepara la khala purka, una sopa que se calienta con piedra volcánica. El documental, que se acaba de estrenar en Bolivia después de pasar por varios festivales internacionales, hace un recorrido por el país sudamericano a través de su comida. El viaje cinematográfico comienza en Potosí, con la preparación de la khala purka (una sopa de maíz espeso con ají y charque que se calienta con una piedra volcánica) y también lleva a Cochabamba a conocer los famosos "trancapechos de doña Betty", un generoso sándwich cochabambino que lleva arroz, carne y huevo frito. McDonald´s en Sudamérica Argentina: 192Brasil: 480Chile: 55Colombia: 97Ecuador: 19Paraguay: 7Perú: 20Uruguay: 19Venezuela: 180 Datos del documental "¿Por qué quebró McDonald´s en Bolivia? Además de visitar mercados tradicionales, en el documental también entrevistan a chefs de la comida nueva boliviana, a historiadores, nutricionistas, sociólogos y al que fue dueño de la franquicia de McDonald´s en Bolivia, Roberto Udler. "Yo había crecido haciendo varios viajes al exterior y la verdad que miraba con envidia que otros países tenían Mc Donald´s y nosotros no", confiesa el empresario en el documental, donde explica que la multinacional decidió cerrar todas las franquicias que estaban en zonas conflictivas después de los atentados 11 de septiembre. Sin embargo, los bolivianos en cuanto a gustos, lo tienen claro. Y, como dice la canción que pone la banda sonora al documental "a mi paladar no se le impone ni cómo ni cuándo". Por eso, en Bolivia siguen triunfando los platos tradicionales como las empanadas salteñas, el pan con queso, el fricasé, el majadito o el silpancho. Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
POR FAVOR, AYÚDENOS A ENCONTRARLA
Por favor, ayudemos. una vez más trnemos padres desesperados, manda esta foto para que ella regresara a su casa, de todo corazón deseo que así .nombre Lorena Berenice Cuautle Ortega,la joven tiene 16 años, está desaparecida desde hace 3 días. Puede ocurrir que si todos pasan este mensaje, alguna persona la reconocerá. Se han encontrado personas con este método. Internet circula por todo el mundo... Por favor, pasa este mensaje a todos tus contactos. Gracias a todos ustedes podré encontrar a mi niña. Les pido a todos, les suplico a todos, por favor pasa esta imagen a todas las personas posibles. Todavía no es tarde POR FAVOR, AYÚDAME. Sí tienes información, contacta con: angelica_cuautle19@hotmail.com Angélica Cuautle Ortega (MADRE) o al 04455-1919-1895/ 04455-2565-1125 5880-66-87 /5817-43-69 Solo hacen falta 2 minutos para hacer circular el mensaje. Si se tratase de tu hijo (a) harías lo imposible por obtener ayuda.
Publicado el octubre 28, 2011 por juareznoescuartelCiudad Universitaria, a 27 de Octubre de 2011A los medios de comunicaciónA la opinión públicaEl pasado miércoles 26 de octubre fue cobardemente asesinado el estudiante de la carrera de Filosofía, tesista de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, Carlos Sinuhé Cuevas Mejía de 33 años, cuando se dirigía, saliendo de la Universidad, hacia su domicilio; su cuerpo fue hallado sin vida a las 23:40 horas habiendo recibido 16 impactos de bala. Carlos, además de buen estudiante, era un mexicano comprometido con las luchas de su pueblo, activista en defensa de la educación pública y gratuita por lo que había recibido diversas difamaciones y amenazas que atentaban contra su integridad y su vida.La comunidad estudiantil de la FFyL queremos expresar nuestro profundo dolor e indignación por este crimen y decidimos sumarnos al grito de coraje del pueblo mexicano, ¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!, por ello, reunidos en Asamblea decidimos realizar un paro de actividades durante 24 horas, a partir de las 19 horas del día de hoy, con un mensaje claro al gobierno de Felipe Calderón: Es urgente detener la guerra.Hemos decidido iniciar un proceso intenso de movilización en contra de la guerra, por lo que el próximo jueves 3 de noviembre realizaremos una marcha que llegará a la Secretaría de Gobernación, partiendo del Hemiciclo a Juárez a las 4:30 horas.Además, los invitamos a acompañarnos a velar su cuerpo en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, mañana viernes 28 de octubre, a partir de las 10:30 horas.¡POR CARLOS NO UN MINUTO DE SILENCIO, SINO TODA UNA VIDA DE LUCHA!¡ALTO A LOS ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE LUCHADORES SOCIALES!¡CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES!ASAMBLEA ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAMContacto:Samuel González 55 1795 3516Frida Espejel 55 2728 8265Atzelbi Hernández 55 3926 3853
Harper crímenes de guerra Petición
Nosotros, los ciudadanos de Canadá, el deseo de defender la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional, Las Convenciones de La Haya y de Ginebra y el imperio de la ley internacional, especialmente con respecto a:1: 1949 Cuarto Convenio de Ginebra: el artículo 146Las Altas Partes Contratantes se comprometen a adoptar la legislación necesaria para establecer sanciones penales efectivas para las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves de la presente Convención.2: 1907 Convención de La Haya IV: el artículo 3La parte beligerante que viole las disposiciones de dichas normas, si las exigencias caso, estará obligado a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por personas que formen parte de sus fuerzas armadas.3: Carta de la ONU: el artículo 2, párrafo 4Todos los miembros deberán abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.4: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad(F) Tortura;(H) Persecución de un grupo o colectividad con identidad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, tal como se define en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen dentro de la jurisdicción de la Corte;(I) Desaparición forzada de personas;(K) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.5: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Artículo 8: Los crímenes de guerra(Ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;(Iii) causar deliberadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud;(Iv) La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a escala ilícita y arbitrariamente;(Vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra oa otra persona protegida de los derechos a un juicio justo e imparcial;(Vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;(B) (i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;(Ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, bienes que no sean objetivos militares;Nos solicitar a los tribunales para acusar el primer ministro canadiense Stephen Harper y el ministro de Defensa, Peter MacKay, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la invasión ilegal y ocupación de Afganistán. Fiscalía debe incluir los siguientes delitos, cometidos por el acusado en su capacidad oficial:1) la planificación, la preparación y participación en los ataques armados contra la población civil de Afganistán;2) La complicidad en la comisión de la tortura de detenidos afganos.3) Apoyo a un aliado que aprueba y da empleo a 'waterboarding' y otras técnicas de tortura ilegal.4) Uso de restricciones inhumanas a los prisioneros, incluyendo las campanas, y las ataduras de cables.5) El uso agresivo patrullas armadas y ataca indiscriminadamente, traumatizando y matando a mujeres y niños y la destrucción de viviendas y bienes civiles.6) Prestar apoyo militares armados y la protección para el comercio de opio ilícito de drogas, señores de la guerra de las drogas, crecer ops y los narcotraficantes.7) El engaño y la conspiración para la guerra, y proporcionar información falsa para incitar las pasiones de la guerra, causando la muerte de miles de civiles afganos, lo que obligó a millones de civiles afganos a abandonar sus hogares y del país, y causando mutilaciones innumerables y trauma.8) La conspiración y complicidad en los ataques armados contra civiles y bienes civiles como medio de deportación forzosa y traslado forzoso de población, con el propósito de apropiarse ilegalmente de tierras para la construcción del gasoducto trans-afgano Natural.
De grupos de contrainsurgencia en tiempos de Zedillo a escuadrones del narcotráfico con Felipe Calderón, los paramilitares operan en México desde hace décadas. La negativa oficial de la administración calderonista a su existencia fomenta la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, intencionados a expandir el terror en la población, advierten expertos Como estrategia de la “guerra” calderonista se identifica hoy la operación de comandos de corte paramilitar que aparecen realizando acciones de alto impacto, como el confinamiento de cadáveres en la zona vip de Veracruz, a medida que crece la desaprobación pública ante la ineficacia de la estrategia oficial de los cinco años en que la administración de Felipe Calderón ha librado su cruzada contra el narcotráfico. “El objetivo principal del paramilitarismo es enfrentar a [la] población civil, controlarla mediante la táctica de terror, por eso ahora es tan conveniente ante la falta de credibilidad que hay en la ‘guerra’ de Calderón”, explica el escritor Carlos Fazio, autor de El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización, donde analiza el proceso de militarización y paramilitarización en México y el uso de mercenarios en la narcoguerra. El senador Ricardo Monreal Ávila cuenta que, en una comparecencia privada con el gabinete federal de seguridad, le preguntó a un alto funcionario los criterios oficiales con los que clasifican a los civiles ejecutados, específicamente cómo determinaron que el 90 por ciento de los muertos que se contabilizaban como saldo de la “guerra” calderonista eran delincuentes y el resto víctimas colaterales, y cómo identificaban a qué organización pertenecían. Que si acaso era el resultado de las averiguaciones previas. El funcionario le respondió que sólo se habían iniciado las averiguaciones previas del 10 por ciento de casos, en el resto deslindó la responsabilidad del gobierno federal y argumentó que quizá las procuradurías estatales tendrían la información correspondiente. En consecuencia, en septiembre de 2010, el Senado de la República le solicitó al gobierno de Calderón, por conducto de la Secretaría de Gobernación, un informe oficial sobre la existencia y actuación en México de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o “grupos de limpieza”. La Secretaría respondió que el gobierno federal “no tiene registro alguno de la existencia y operación de grupos de este tipo”. Sin embargo, el senador Monreal relaciona la operación de grupos paramilitares en ejecuciones, secuestros, levantones y extorsiones que ocurren a lo largo y ancho del país. El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos identificó la operación en México de grupos paramilitares vinculados con los cárteles del narcotráfico, como “parte de la tercera generación del crimen”. Una “transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo, a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”. El término paramilitar se relaciona con civiles entrenados por fuerzas militares o algún órgano de seguridad del Estado, con el objetivo de amenazar, atacar o asesinar a grupos u organizaciones que se oponen al gobierno. “El paramilitarismo también es una cara civil que utiliza el gobierno para llevar a cabo acciones de alto impacto para generar el terror, porque si éstas las cometen las fuerzas de seguridad del Estado, éste puede ser enjuiciado por dicha acción extralegal”, explica Fazio, experto en temas de la guerrilla y militarización. Quien encuentra en el paramilitarismo en Guatemala, en la década de 1960, similitudes con lo que ocurre en México hoy, bajo la fórmula de “demagogia más terror”. Guatemala es identificado como el primer laboratorio de guerra sucia o paramilitarismo en América Latina. Allí, los escuadrones de la muerte fueron parte esencial y planificada de la contrainsurgencia operada por militares estadunidenses y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos; estrategias que antes los franceses habían ensayado en Argelia. “Parte de los elementos de lo que ocurría en la década de 1960 en Guatemala están presentes en el México de 2011, la diferencia es que acá no hay guerrilla, pero la ?guerra’ de Calderón ha sido instrumentada bajo la pantalla de ?guerra’ contra las drogas, y como ocurrió en Argentina o Uruguay, el Ejército creaba una estructura paralela, que se conoció como La teoría de los 12 monos extremos, y en medio aparecía el Estado como salvador, al poner orden. “Eso mismo se experimentó en México, en Chiapas con el levantamiento zapatista. A través de la VII Región Militar, con el general Renán Castillo, se crearon grupos paramilitares que enfrentaban al zapatismo para que el Ejército apareciera luego, o el Estado a través del Ejército, mediando en esa guerra entre los dos extremos. Es lo que se puede ver ahora en el caso de Los Matazetas: una estructura ligada a una corporación estatal que se enfrenta a Los Zetas, a los que desde el gobierno se les atribuyen los crímenes más violentos. Y aparece luego la Marina deteniendo a los primeros. “Hay que considerar que como esto es una ‘guerra’ y forma parte de una guerra sucia, hay que partir de otro elemento clave; los medios de comunicación masivos, a través de los cuales se desarrolla una guerra sicológica, ésta incluye también propaganda negra. Como parte de su estrategia, durante su ?guerra’ Calderón, como principal protagonista, ha logrado posesionar ésta en los medios y construir una historia en torno a la fuerza de los cárteles. La estrategia del gobierno ha sido tan efectiva que éstos se matan entre ellos, que son pleitos de pandillas –como los jóvenes de Villas de Salvárcar–, o que son disputas de cárteles contra cárteles y de sicarios contra sicarios. “Ése era el gran montaje que había mantenido durante cuatro años y medio hasta que apareció un Sicilia y comienza, a partir de su dolor, a visibilizar a esas víctimas, a revisar quiénes eran y por qué el gobierno los metió a todos en la categoría de sicarios, pandilleros y gente de cárteles. Y hoy aparecen sus familiares, y con elementos denuncian que antes de aparecer muertos, fueron capturados en la vía pública por elementos del Ejército o de la Marina o de la Policía Federal”. Como en Irak En septiembre pasado, la vocera del gobierno federal Alejandra Sota rechazó la existencia de paramilitares en México, cerrando, por lo menos en el discurso oficial, la posibilidad de investigar ejecuciones y masacres que se atribuyen a grupos de esta clase. “Las mentiras de Calderón en su ?guerra’ son como las de [George] Bush en Irak”, así compara Fazio el rechazo oficial del gobierno de la operación de grupos de corte paramilitar en el país. “El gobierno dijo que había armas de destrucción masiva y al final reconocieron que había sido una mentira. Si aplicamos este mecanismo en el marco de la ?guerra’ de Calderón, parte de la información que generan las oficinas de gobierno para que la difunda la prensa, están montadas en mentiras, como el caso de Los Matazetas, justo cuando la prensa afín a su gobierno dijo que la operación de ese tipo de comandos no son la solución al problema, apareció la Marina capturando a los presuntos Matazetas.” “En su discurso, Los Matazetas hablan de ‘mugrosos’, pero no es una terminología que se utilize entre cárteles. Normalmente los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social están dirigidos a acabar con la escoria social. Lo hicieron en las favelas de Brasil, Guatemala, Colombia, y todo eso se opera en los sótanos de los servicios de seguridad. Aunque lo hacen contra una parte de la criminalidad, también pueden ser un gran ensayo para generar terror para quienes por la vía política se oponen al gobierno. “En este escenario de la ?guerra’ de Calderón, justamente el gobierno por vía paralela plantea la Ley de Seguridad Nacional o le adiciona elementos nuevos que constituye una contrarreforma en el sentido de que quiere legalizar el estado de excepción impuesto desde comienzos de 2007, en el marco de la ?guerra’ calderonista. Me recuerda lo que se hizo durante las dictaduras en Argentina o Uruguay, donde la fase previa o posterior al golpe de Estado se plantearon circunstancias como se observan hoy en México”. La operación paramilitar o de escuadrones de la muerte ha sido advertida en Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León. En esta última entidad fue el propio alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, el que ventiló la operación de grupos a los que identificó como “Los Rudos”, contratados para frenar a los grupos criminales vinculados a los cárteles. En Juárez, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, refiere la posibilidad de que ese tipo de grupos puedan ser responsables de masacres cuyo fin se advierte como de limpieza social. Es importante referir que muchos de esos ataques a jóvenes de zonas marginadas principalmente, ocurrieron en una ciudad prácticamente militarizada, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. En varias regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua empresarios e industriales han hecho suya la idea del alcalde de San Pedro, de contratar grupos armados, que no son precisamente empresas de seguridad privada, para cuidarse las espaldas, sus negocios y eventualmente cobrarse por cuenta propia agravios como secuestros o extorsiones. Algunos de estos grupos les ofrecen hasta supuestos maras entrenados con estrategias kaibiles. Los paramilitares de Fox La administración de Vicente Fox no estuvo exenta de la operación de organizaciones de corte paramilitar en acciones para minar movimientos como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que a raíz del conflicto magisterial en 2006 aglutinó a 350 organizaciones no gubernamentales y miles de ciudadanos de la sociedad civil que, entre otras demandas, exigían la salida del exgobernador Ulises Ruiz. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentó cómo, paralelamente a la ocupación de tropas de la Policía Federal Preventiva, surgieron grupos de corte paramilitar, que por las noches tiroteaban las barricadas, con rifles de asalto, escuadras y revólvers, sin importarles que las guardias nocturnas las hacían por igual mujeres y niños. A estos grupos se les atribuyen homicidios como el de Bradley Roland Will, reportero y camarógrafo neoyorquino de Indymedia. En los pueblos más pobres de la mixteca oaxaqueña también fueron asesinados indígenas y activistas identificados como integrantes de la APPO. La Limeddh documentó cómo la acción de los grupos paramilitares no sólo era contra integrantes de la Asamblea, sino contra la población oaxaqueña, como secuestros y agresiones armadas, enfocada a crear un clima de terror y el rechazo de la sociedad a la Asamblea. Al cabo del tiempo, diversas auditorías realizadas a la administración de Ruiz darían la razón a los integrantes de la APPO: había malversación de recursos públicos, sólo que a la Asamblea le costó la muerte de varios de sus integrantes a manos de los grupos paramilitares, entre quienes figuraban policías vestidos de civil y otros que recibieron, allí mismo en Oaxaca, entrenamiento de las fuerzas federales. Los paras de Zedillo Una acusación por su supuesta responsabilidad en el asesinato de los 45 indígenas tzotziles de Acteal en diciembre de 1997 a manos de paramilitares, tiene al expresidente Ernesto Zedillo en el banquillo de los acusados. Durante los próximos meses, en una corte de Connecticut, se le enjuiciara por el “soporte y ayuda de las Fuerzas Armadas de México a grupos paramilitares”, que derivaron en la ejecución masiva, aquel 22 de diciembre, en el poblado del municipio de Chenalhó, Chiapas, según el caso 3:11−CV−01433−AWT, abierto el pasado 16 de septiembre. Se trata de la primera ocasión en que un jefe de Estado mexicano es llevado a tribunales por acciones atribuidas a grupos paramilitares. Los 45 asesinados eran desplazados de otras comunidades de Chenalhó, que se refugiaron en Acteal por el acoso, agresiones y ataques de los paramilitares, debido a su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La masacre fue calificada por organizaciones como Amnistía Internacional como uno de los hechos más atroces en la historia de México. Entonces, como ahora, el gobierno federal negó la existencia de grupos paramilitares, alertada desde 1995, es decir, dos años antes de la matanza, por observadores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. A partir de febrero de 1995, a la par de la ocupación militar del Estado, en las zonas Norte y Altos de Chiapas comenzó un proceso de paramilitarización, que incluyó la organización, entrenamiento, armamento y manutención de grupos civiles y políticos, particularmente de militancia priísta e incluso, como en el caso de la organización Paz y Justicia, liderados por un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Sánchez Sánchez, legislador con fusil R-15 al hombro. La paramilitarización fue identificada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internaciones, la Iglesia Católica y por observadores expertos en temas de guerrilla, como un instrumento para hacer “el trabajo sucio” a las Fuerzas Armadas en la zona de conflicto. El municipio de Tila fue considerado como un “laboratorio” de la paramilitarización, sin embargo, a medida que avanzó la presencia del Ejército Mexicano, surgieron también grupos de esta clase en Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. La razón fue por los adeptos –simpatizantes y bases de apoyo– que el EZLN había logrado en la zona, “por lo que el gobierno inicia con la paramilitarización en Tila”, documentó el Centro de Información Económica y Política de Acción Comunitaria. Entre 1995 y 2001 operaron en Chiapas 19 organizaciones de corte paramilitar, con la consigna de minar la actuación del EZLN. Grupos como Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Mira, Los Degolladores y Tomás Munzer, protagonizaron cruentos homicidios, lesiones, emboscadas, desapariciones y el desplazamiento de miles de personas, particularmente simpatizantes del EZLN. El ataque más sanguinario fue, precisamente la masacre de Acteal. Organizaciones internacionales como Global Exchange determinaron que la presencia de paramilitares en Chiapas estaba plenamente comprobada desde 1995, sin embargo, entonces, como ocurre ahora, la respuesta del Ejecutivo fue la negación oficial, con la que prácticamente le dio carta blanca a esas organizaciones, cuyo nivel de ataques fue en incremento. Basta leer la relatoría de hechos que precedieron a la matanza de Acteal, integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 1/98, para deducir que aquella fue un exterminio sobradamente advertido. Aunque oficialmente nunca se reconoció la existencia y operación de paramilitares, pocos meses antes de concluir su gobierno, la administración de Zedillo, creó, en abril de 2000, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que operó hasta diciembre de 2002, con el eufemismo de investigar y consignar a “probables grupos civiles armados”. Poco resultados tuvo, algunas consignaciones de integrantes de distintos grupos “civiles armados”. Las víctimas y deudos consideraron que la justicia no se aplicó, por ello, representados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, los sobrevivientes y deudos llevaron el caso Acteal a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desahoga actualmente la queja, con la posibilidad de que la Corte pueda atraer el caso. Además, la demanda que abogados estadunidenses promovieron en la corte de Connecticut en contra de Zedillo, un litigio del que por cierto, se deslindaron los deudos y sobrevivientes de la masacre de Acteal, pero al que las autoridades estadunidenses ya dieron curso. De manera que el expresidente pasará, por lo menos un par de años, respondiendo a las acusaciones judiciales en su contra, precisamente ahora que en México se respiran nuevos aires de actuaciones de corte paramilitar. En los últimos años del régimen priísta en el gobierno federal, Amnistía Internacional le exigía al jefe de Estado investigar la actuación paramilitar en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de grupos vinculados de ese perfil a ataques no sólo contra la guerrilla, sino contra activistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil. En aquellos tiempos priístas, el paramilitarismo fue aplicado como parte de una estrategia de guerra irregular contrainsurgente “dirigida incluso contra la población civil”, como documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: “En un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron clave en la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano. La población civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente afectada por esa guerra de baja intensidad caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos”. [RECUADRO 1] Consecuencias colombianizadas El rechazo oficial de la existencia de grupos de corte paramilitar –pese a la aparición masiva de cuerpos ejecutados–, y con ello la negativa a esclarecer su origen y operación, coloca en una situación de inminente riesgo a la población civil, consideran organizaciones de derechos humanos. La falta de investigación, planteó el senador Ricardo Monreal, podrá generar más ataques hacia la población civil. Algunos legisladores de la Comisión de Justicia han llevado al Senado información que refiere que los grupos paramilitares que operan en tiempos de Felipe Calderón son de un perfil similar a los que comenzaron a maniobrar en Colombia desde la década de 1970, creados por el gobierno para minar a la guerrilla, pero que al cabo de los años se enrolaron en la mafia particularmente en actividades de narcotráfico y secuestros. Casos como los recientes hechos de Veracruz, en los que hay señalamientos de la supuesta participación de elementos del Estado de realizar detenciones de personas a las que después entregan a grupos de la delincuencia organizada o que directamente participan en actividades de bandas criminales, es razón suficiente para que el gobierno investigue la posible existencia de paramilitares, pues de lo contrario sólo se alienta sus acciones. Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explica: “Evidentemente en otros contextos la presencia de grupos paramilitares ha tenido un altísimo impacto y un agravamiento de violaciones a los derechos humanos de la población por dos aspectos: primero, porque se difumina la responsabilidad del Estado en tanto son particulares que actúan con la colaboración de agentes del Estado, pero generalmente se tiende a difuminar el vínculo entre lo particular y lo institucional como sucedió históricamente en Colombia. Y segundo, porque se intenta justificar el hecho mediante un discurso, de ‘necesariedad’, frente al hartazgo de la sociedad respecto de la violencia generada por la delincuencia organizada o delincuencia común”. A partir de que el gobierno colombiano negó reiteradamente su existencia, los paramilitares se fortalecieron y ganaron tal poderío con operaciones y ataques contra la población civil, que Colombia prácticamente se convirtió en un paraíso para los paras (como coloquialmente los identifican los colombianos). Y al amparo de esa impunidad detonó también el sicariato; bajo la lógica de que auspiciados por el gobierno, los paras mataban, cualquiera lo hacía. Precisamente, con el caso colombiano como referencia, Gutiérrez ejemplifica los riesgos de que la autoridad se niegue a reconocer oficialmente la existencia de esos grupos: “En países como Colombia, donde se consolidó y configuró la presencia de paramilitares, el discurso institucional fue de negación del fenómeno y tolerancia a sus acciones, lo cual generó gravísimas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Porque cuando hay esa negativa pero sin investigar, la sociedad está sometida a una situación gravísima de inseguridad y de inestabilidad jurídica”. [RECUADRO 2] Responsabilidad oficial La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deja fuera la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera ser acusado ante tribunales internacionales por las masacres ocurridas en su administración, algunas de éstas atribuidas a grupos de corte paramilitar o escuadrones de la muerte. El Movimiento No Más Sangre, cuyos integrantes promueven, junto con académicos, juristas, periodistas y organizaciones no gubernamentales, una demanda en contra de Calderón, ante la Corte Penal Internacional, que será presentada el próximo 25 de noviembre, estiman que en la “guerra” de Calderón han sido asesinadas 50 mil personas, hay más de 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados. Gutiérrez destaca algunos elementos por los que el gobierno de Calderón allana su camino ante instancias internacionales como la CIDH: “Evidentemente, la inacción o la omisión del Estado de investigar la posible creación de estructuras criminales de perfil paramilitar, genera una responsabilidad nacional y especialmente internacional. En este sentido es que la Corte Interamericana ha venido condenando a gobiernos en [los] casos donde se establece que su responsabilidad no solamente se configura por la acción ilegal de agentes del Estado, sino también por la omisión, en la ausencia de investigación cuando particulares realizan afectaciones graves y violan los derechos humanos; y en la negligencia de combatir la existencia de esos grupos criminales. “De manera que, si se llegase a realizar una omisión, esto configuraría un problema de responsabilidad internacional muy fuerte para el Estado mexicano. Evidentemente implicaría un estándar de prueba en el que se demuestre que claramente la complicidad tanto en la estructuración de los grupos como en la existencia de una política institucional.” Jurisprudencia contra paras Colombia y Guatemala son dos de los Estados condenados por la Corte Interamericana en masacres atribuidas a grupos de corte paramilitar, escuadrones de la muerte y los llamados “grupos de exterminio”. La CIDH encontró responsabilidad ya fuera por acción o por omisión. Un caso que de acuerdo con los criterios internacionales sería de jurisprudencia para México, es La Masacre de la Rochela, en la que en 1989 una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y militares asesinaron a 12 personas, la mayoría funcionarios judiciales, que habían llegado al municipio de Simacota a investigar la masacre de 19 comerciantes, ocurrida dos años antes. La CIDH condenó al Estado colombiano bajo el siguiente criterio: “El Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje de zonas de orden público, al utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o en el desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante. En consecuencia, éste es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones. “Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, éstos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron contra los funcionarios judiciales.” En el caso de Guatemala se le condenó por las masacres atribuidas a escuadrones de la muerte que comenzaron a operar en el gobierno del general Efraín Ríos Montt. La CIDH identificó que “el mayor problema que confronta Guatemala en materia de derechos humanos es el que se refiere a las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas previamente víctimas de secuestros, y de detenciones ilegales, atribuidas tanto a las fuerzas de seguridad como a los escuadrones de la muerte”.
esta es la razon de que la supuesta informacion parcial que no es otra cosa mas que una opinion unilateral teledirigida a los espectadores de maquillar una noticia o manficiar un hecho, ¿Quién dirige los medios de información occidentales? 10 de marzo de 2011.-Un interesante informe realizado por la Alianza Nacional de EE.UU. mostró que la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, incluyendo revistas, periódicos, canales de televisión, estaciones de radio y sitios web son dirigidos por sionistas extremistas que son muy cercanos a la Casablanca. El conglomerado más grande de medios en el mundo actualmente es Time Warner, Entre sus subsidiarios están New Line Cinema, Time Inc., HBO, Turner Broadcasting System, CW Television Network, The WB.com., Warner Brothers, Kids WB, Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, CNN, DC Comics, Hanna-Barbera, Cartoon Network Studios y Castle Rock Entertainment. Cada uno de estos subordinados posee cientos de revistas, redes de noticias y estaciones de televisión que ha hecho de la compañía un gigante que parece ser totalmente invencible e indisoluble. “Warner, fundada por los hermanos judíos Warner a principios del siglo pasado, rápidamente se convirtió en parte del poder judío con base en Hollywood, un hecho tan bien conocido que es abiertamente admitido por los creadores judíos, como es el hecho de que cada adquisición de nuevos medios de comunicación a su vez se convierte en un medio dominado por judíos”, indica el informe del Instituto de Alianza Nacional. El segundo conglomerado más grande, con ingresos de 27.1 mil millones de dólares en 2003, es Walt Disney Company. Su presidente Michael Eisner, que asumió el cargo desde 1984 hasta el 2005, es judío. “Otro magnate judío de los medios es Edgar Bronfman Jr. El dirigió Seagram Company Ltd., el gigante de licores, hasta su reciente fusión con Vivendi. Su padre, Edgar Bronfman Sr., es el presidente del Congreso Mundial Judío”, añade el informe. Se conoce que los sionistas controlan más del 95% de los medios de comunicación del mundo. Robert Chernin, quien fue presidente y director de operaciones de News Corporation hasta el 2009 y presidente de Fox Entertainment Group es un apasionado judío. Él jugó un papel importante para sentar las bases para la invasión de Irak en 2003 ﻿organizando una propaganda mediática rigurosa y severa a través de Fox News. Él defendió la invasión a Irak y lavó el cerebro del público estadounidense para convencerlos que una intervención militar era necesaria en Irak. Mortimer Zuckerman, el 148 hombre más rico de EE.UU. en 2008, es el dueño de NY Daily News, US News & World Report y preside la ﻿Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de EE.UU., uno de los más grandes grupos de lobby pro-Israel en EE.UU. El periodista estadounidense Jefferey Blankfort, escribió un artículo publicado por Rense.com sobre que Leslie Moonves, presidente de CBS Television, es sobrino nieto de David Ben-Gurion, quien fue el primer Primer Ministro del régimen israelí y co-presidente con Norman Ornstein del Comité Asesor sobre la Obligación de Interés Público de Productores de TV digital. Lo mismo sucede con Fox News. Este canal de televisión es controlado por el conglomerado de medios News Corporation, y el dueño es el magnate judío australiano estadounidense, Rupert Murdoch. Su conglomerado News Corporation, es el tercero más grande del mundo luego de Walt Disney Company y Time Warner. Sin embargo, el financiamiento de Fox News y News Corporation viene del Departamento de Defensa de EE.UU.. Fox News siempre ha afirmado que es un “medio independiente que da espacio tanto a republicanos como a demócratas para expresarse, niega cualquier acusación de parcialidad a favor de Israel y rechaza admitir que es controlada por el Pentágono. Pero la realidad es diferente. Un pequeño número de prósperos y influyentes judíos que tienen vínculos con oficiales de alto rango estadounidenses, controlan los medios de comunicación en EE.UU. En el Reino Unido, la BBC World Service es financiada por el ministerio de Asuntos Exteriores, que es el departamento del gobierno responsable de promover los intereses del Reino Unido en el exterior. Según el Reporte Anual 2008-09 de la BBC, el canal recibió 294.6 millones de libras esterlinas de subvenciones gubernamentales que constituye una pequeña porción del presupuesto total que esta asignado a BBC World Service por el gobierno del Reino Unido. Canales de televisión como la BBC, France 24, CNN y Fox News son dirigidos por el estado. Aparte del hecho de que las figuras claves en todos estos canales son pudientes e influyentes judíos que hacen publicidad a los intereses del régimen israelí, estos medios son ineludiblemente responsables por defender y propagar la mentalidad de los estadistas y sus respectivos gobiernos para sobrevivir y permanecer sobre el escenario. En general, la afirmación de que los medios de comunicación estadounidenses y británicos son libres, independientes y confiables es una afirmación vacía y ho hay pruebas para demostrarlo. Los medios estadounidenses y británicos son financiados por sus respectivos gobiernos y controlados por un número de fervientes sionistas que buscan nada más que la promoción de los intereses de Israel en el Medio Oriente.
WikiLeaks revela el compló
Gracias a cables clasificados del gobierno de EU redactados en diferentes partes del mundo obtenidos por WikiLeaks y a su fundador Julian Assange, se comprueba que el complot que denunció AMLO en 2006 sí existio.Pero, para muchos, la confabulación contra quien fuera candidato de la Alianza por el Bien de Todos a la Presidencia de la República en 2006 era sólo producto de su imaginación.Hoy, gracias a WikiLeaks y a su fundador Julian Assange, quien obtuvo cables clasificados del gobierno de Estados Unidos (EU) redactados en diferentes partes del mundo, se puede afirmar que el complot sí existió.Sus protagonistas fueron funcionarios públicos, políticos y hasta jerarcas de la Iglesia Católica.Todos ellos desfilaron ante diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien en ese momento encabezaba las preferencias electorales para ganar la Presidencia.Luego de una minuciosa exploración que hizo Reporte Indigo en los miles de cables de WikiLeaks correspondientes a México que no han sido revelados ni editados, encontramos los nombres de tres personajes clave del complot contra AMLO.El primero es Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero federal del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2010, quien estaba obligado a guardar imparcialidad como miembro del órgano supuestamente independiente encargado de organizar la elección.De acuerdo al cable 06MEXICO3309, clasificado como “confidencial”, Sánchez Gutiérrez, a quien la embajada califica como un consejero “con poco amor hacia López Obrador”, se presentó días antes de la elección presidencial en las oficinas de la representación del gobierno EU en México.Ahí informó que los resultados de los comicios que se realizarían el 2 de julio de 2006 no se darían a conocer ese día y que AMLO perdería la elección por pocos votos. También abogó por la causa del candidato del PAN Felipe Calderón.El segundo es José Sidaoui, subgobernador del Banco de México de 2006 a la fecha, quien por ser servidor público tenía prohibido hacer proselitismo usando su cargo.Según el cable 06MEXICO820 sin clasificar y “sólo para uso oficial”, cuatro meses antes de la elección, Sidaoui hizo una advertencia a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México.Dijo que si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones, “gobernaría como Hugo Chávez en Venezuela” y que no sólo representaba una “amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica”.El tercero, y quizá el más inesperado, es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral del PRD y ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien el próximo 27 de octubre recibirá en el Senado de la República la medalla Belisario Domínguez.En el cable 06MEXICO6867, clasificado como “confidencial”, se afirma que a pocos días de que Felipe Calderón tomara posesión como presidente de México en medio del descrédito, Cárdenas Solórzano estuvo en la Embajada de Estados Unidos en México y cabildeó ante los funcionarios norteamericanos contra su compañero de partido Andrés Manuel López Obrador y a favor de Calderón.La trama se complementa con las acciones del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.El cable 06VATICAN60, dado a conocer por el periódico La Jornada en julio de 2011, revela que el “influyente cardenal de América Latina” asistió en marzo de 2006 a la Embajada de EU en el Vaticano.Ahí manifestó su preocupación “por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina”, enumerando desde Fidel Castro hasta López Obrador. Dijo que era “una tendencia peligrosa” y pidió directamente la “ayuda” de George Bush para evitar que un gobierno izquierdista asumiera la Presidencia de México.Reporte Indigo presenta las pruebas documentales del complot y sus protagonistas.EL CONSEJERO PARCIAL DEL IFEArturo Sánchez Gutiérrez fue consejero del IFE durante siete años.Con su voz y voto participó en la organización de dos comicios federales en 2006 y 2009. Antes fue director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto.Durante el tiempo que fue consejero, presidió comisiones del IFE cuyas acciones definen la credibilidad y equidad de los comicios: Organización Electoral, Administración e Informática, Prerrogativas y Partidos Políticos; y el Comité de Radio y Televisión.Arturo Sánchez Gutiérrez, quien actualmente trabaja en el ITAM y es investigador asociado del Colegio de México, no fue imparcial en las elecciones presidenciales de 2006, según la información interna del gobierno de Estados Unidos.El cable número 06MEXICO3309 de la Embajada de EU en México, redactado el 15 de junio de 2006 por la jefa adjunta de Misión Leslie A. Bassett, lo deja en evidencia.“El Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Arturo Sánchez compartió con nosotros el 14 de junio algunas ideas sobre las próximas elecciones. Él insistió en que a pesar de los problemas técnicos habituales el día de las elecciones sería relativamente suave”, dice el cable en su resumen.En el desglose del contenido del encuentro con Sánchez Gutiérrez, la Embajada de EU no señala cuál fue la razón de la visita del consejero del IFE.Durante la reunión, Sánchez Gutiérrez dijo que la competencia entre AMLO y Calderón estaba muy cerrada, y que el PRI terminaría en un distante tercer lugar. Sin embargo, oficialmente, el IFE decía que no avalaba ninguna encuesta.“Dijo (Sánchez Gutiérrez) que las partes tratan de mantener sus opciones abiertas en caso de una pérdida y ser rápidos para sugerir un sesgo u otros problemas, pero con observadores de los partidos en las casillas viendo la votación y el escrutinio y recibir una copia de los resultados sería extremadamente difícil para cualquier persona manipular el resultado”, redactó Bassett.En su encuentro con funcionarios diplomáticos del gobierno de EU, el consejero defendió los contratos que hizo el IFE con empresas ligadas a Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón.“En cuanto a los últimos anuncios de ataque en los cuales López Obrador sugiere que el cuñado de Calderón, Diego Zavala, había estado recibiendo contratos gubernamentales leoninos e incentivos fiscales para su empresa Hildebrando, Sánchez insistió en que las acusaciones de una siniestra conexión con el IFE eran tonterías.“Dijo que el IFE ha hecho uso de una marca común de software vendido por Hildebrando, pero que ellos se lo compraron a un vendedor diferente. El IFE también tuvo contrato con una compañía procesadora de datos que termina en 2000, tres años antes de que la empresa fuera adquirida por Hildebrando”, señala el cable.Pero Sánchez Gutiérrez no informó que sí existía una empresa ligada a negocios con Hildebrando que tenía un contrato con el IFE.Dos días después de la visita de Arturo Sánchez a la embajada, el periódico La Jornada publicó que el IFE había otorgado un contrato millonario a la empresa Sagem Défense Sécurité para desarrollar un sistema multibiométrico para el Instituto Federal Electoral con el propósito de ''detectar registros múltiples y fraudes de identidad en el registro nacional de votantes''.El artículo también señalaba que Identix Incorporated, socia de la empresa del cuñado de Calderón, había sido subcontratada para hacer el trabajo.Será por eso que la jefa adjunta de Misión hizo una anotación en su cable: “El IFE rechazó los intentos para asegurar una revisión de las listas electorales y el sistema para la compilación de los resultados preliminares o PREP, con el argumento de que ambos habían sido revisados por las partes…”.En otra parte del cable, se señala que Sánchez Gutiérrez vaticinó que AMLO perdería la elección por un margen muy estrecho.“Obrador, a quien Sánchez define que (perderá) como por el tres por ciento o menos, puede dar lugar a manifestaciones, pero que dudaba que serían de larga duración o violentas.“Sánchez apostó su optimismo”, señala el cable, “en el hecho de que tanto el IFE y el TRIFE gozan de una mayor confianza pública que cualquier otro partido político.“Sánchez dijo que aunque López Obrador, quien mostró su capacidad para movilizar a sus partidarios durante la crisis del desafuero el año pasado, no pudo mantener a las multitudes semanas tras semana.“Sánchez, que claramente tiene poco amor por López Obrador, también insistió en que el candidato del PRD no era un tonto, él no desea crear una situación que podría causar un colapso financiero y político en México, sobre todo si se tenía la esperanza de dar la vuelta al resultado inicial de las elecciones”, escribió Bassett.Respecto al conteo rápido y al anuncio del IFE de un ganador, el consejero comentó que eso no iba a ocurrir.“Sánchez dijo que el IFE pudiera negarse a hacer un anuncio de conteo rápido si López Obrador fuera perdiendo, pero el margen fuera de aproximadamente tres por ciento o menos, sin embargo reiteró que la precisión del sistema de conteo rápido apoyaría un pronunciamiento preciso, incluso si el margen se estrecha mucho.“Sánchez reconoció que no dar a conocer los resultados del conteo rápido la misma noche podría ser controvertido, pero los resultados del PREP estarían allí para que todos los vieran en Internet antes de salir el sol, y el recuento oficial llegaría el 5 de julio”, revela el cable.En la anotación que hizo en este cable, Bassett señaló: “Estamos de acuerdo con Sánchez en que el TRIFE y su largo periodo de deliberaciones actuará como amortiguador para el descontento público. La renuencia del IFE para liberar un conteo rápido en una competencia muy reñida es comprensible, pero si el IFE no da el anuncio podría ser controversial, aumentaría los recuerdos tristes de la infame caída del sistema de cómputo en 1988, y puede ser usado por los perdedores, no importa quiénes sean”.A cinco años de la elección presidencial de 2006, las revelaciones hechas por el consejero del IFE a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México demuestran que lo que ocurrió el 2 de julio y los días posteriores no fue producto del azar.LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE FOXJosé Sidaoui trabaja en el Banco de México desde hace casi tres décadas. Se ha ocupado de las operaciones nacionales, el manejo de las reservas internacionales y los sistemas de pago.Entre diciembre de 1994 y diciembre de 1996, se desempeñó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En enero de 1997 fue nombrado Subgobernador del Banco de México y era uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, órgano que define las políticas monetaria y cambiaria y la regulación financiera.Aunque la ley le prohibía hacer proselitismo aprovechando su posición como funcionario público del gobierno de Vicente Fox, el 9 de febrero de 2006, cuando más alto estaba AMLO en las encuestas, con 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón, acudió a la Embajada de EU en México.Usando su experiencia y su privilegiada posición en el Banco de México, habló de los supuestos riesgos económicos que correría el país si AMLO ganaba la Presidencia.El título del cable “no clasificado” y “sólo para uso oficial”, redactado el 14 de febrero de 2006 por un funcionario de la embajada identificado como “Kelly”, lo dice todo: “Preocupaciones de un funcionario del Banco de México sobre AMLO”.El cable llegó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio en Washington.“Le preocupaba que el peor de los escenarios políticos parecía estar cerca de la realidad con el liderazgo sostenido del candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador en las encuestas.“(…) claramente cree que AMLO no sólo plantea una amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica, en repetidas ocasiones lo comparó con Hugo Chávez de Venezuela”, señala el cable de la embajada.“En respuesta a un consenso emergente de que AMLO no puede afectar a la estabilidad macroeconómica de México en la forma en que Chávez lo ha hecho en Venezuela, Sidaoui se limitó a responder: ‘¿Por qué no?’”.Así mismo, el subgobernador del Banco de México quiso contaminar la imagen del candidato de la Alianza por el Bien de Todos tergiversando los casos de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, y de René Bejarano.“También hizo referencia en repetidas ocasiones a un gran escándalo de corrupción pública en la ciudad de México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y señaló que el consejero más cercano de AMLO, quien fue capturado en video rellenando sus bolsillos de dinero ilícito, quedó libre”, indica el cable.“Sidaoui también expresó su consternación de que los mexicanos, en general, parecen más cómodos con la idea de un gobierno como el de origen y distribución de los beneficios económicos, más que el de mercado”.Pese a que Sidaoui debe su carrera en el Banco de México al régimen priista, incluyendo su puesto de subgobernador, habló muy mal del PRI.“Culpó a los 70 años del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno caracterizado por su hábil uso de la generosidad, favores y puestos de trabajo para permanecer en el poder, por la actitud”, señala el cable.Las descalificaciones hechas por el funcionario del gobierno de Vicente Fox se fueron extralimitando.“Sugirió que AMLO no esta más que explotando la dependencia en el gobierno, ofreciendo utilizar los poderes del gobierno para reorientar los recursos públicos lejos de los intereses industriales y comerciales a los pobres. Él no ve eso como un progreso, sino como una mera continuación de los viejos sistemas que no han cumplido con el crecimiento económico necesario”.En sus comentarios, “Kelly”, quien redactó el cable, señala que Sidaoui es un pensador del libre mercado de poca utilidad para quienes buscan soluciones a los problemas económicos del gobierno de México.“Su preocupación por una posible futura presidencia de AMLO no son únicos, pero no están en la línea de las expectativas de corrientes que piensan que la economía mexicana podrá sobrevivir relativamente a salvo a una presidencia de AMLO, aunque sin mejorar”, señaló el funcionario de la embajada.Con el cambio de gobierno y de gobernador del Banco de México, Sidaoui se quedó. De hecho, ahí sigue. ¿Seguirá orquestando complots?LA CAMPAÑA NEGRA DE CUAUHTÉMOC CÁRDENASCuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato de izquierda a la elección presidencial de 1988, siempre ha asegurado que se cometió un fraude para no reconocer su triunfo. En su lugar, el priista Carlos Salinas de Gortari fue ungido como presidente de México.Desde aquel histórico momento, Cárdenas Solórzano ha sido considerado líder moral del PRD y fue electo jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997.Esta semana, en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, afirmó que podría contender por la Presidencia el próximo año si lo eligieran por unanimidad.El cable 06MEXICO6867, clasificado como “confidencial” y redactado por la jefa adjunta de Misión Leslie A. Bassett, fue fechado el 11 de diciembre de 2006, apenas 10 días después de que Calderón tomara posesión pese al reclamo de que se había cometido otro fraude electoral.Lo que quedó escrito en el documento de la embajada sobre la visita hecha por Cuauhtémoc Cárdenas el 7 de diciembre de 2006, lo dibuja como nunca antes se le había visto, al menos públicamente.Sus señalamientos fueron enviados a la CIA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia, al Departamento del Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional, entre otros.En las primeras líneas del cable se señala que funcionarios de la embajada se reunieron con Cárdenas para conocer su perspectiva de los acontecimientos que condujeron a la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente.El líder moral del PRD criticó las medidas de protesta emprendidas por AMLO y defendió a Felipe Calderón diciendo que le daba el beneficio de la duda y que podía ser mejor presidente que Vicente Fox.“Cárdenas dijo que las tácticas de protesta de AMLO, específicamente el campamento de dos meses largos en el Zócalo y en la principal avenida de la Ciudad de México, así como el esfuerzo de legisladores del PRD para bloquear el informe a la nación de Vicente Fox el 1 de septiembre y su infructuoso intento de bloquear en diciembre la toma de posesión de Calderón, han afectado la imagen del partido”, dice el cable.Después de leer esto, resulta imposible no recordar que, durante años, el reproche de muchos de los simpatizantes de Cárdenas fue que, a pesar de haber clamado un fraude electoral y que le habían robado la Presidencia en 1988, no hizo nada por defender su triunfo.“Temía que la insatisfacción pública con el PRD se reflejara en las elecciones municipales y estatales del próximo año, así como en las elecciones para gobernador en Yucatán y Baja California.“A pesar de que las tensiones en el partido siguen siendo altas, Cárdenas es optimista respecto a que el polvo se asiente en pocas semanas, y espera que el PRD comience a actuar menos como un movimiento de protesta y más como un partido de oposición normal”, escribió Bassett.Cuauhtémoc Cárdenas confió a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que el jefe de Gobierno del DF recién electo, Marcelo Ebrard, terminaría reconociendo al gobierno de Calderón. Y así sucedió.“Con respecto a la recién inaugurada administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, Cárdenas cree que el GDF nuevo al final tendrá que reconocer y trabajar con Calderón. Hablando desde su propia experiencia como alcalde de la ciudad, dijo que era imposible gobernar la ciudad con eficacia sin tener una buena relación con el gobierno federal”, señala el cable.Y mientras atacaba las decisiones de AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas respaldaba a Calderón.“Cárdenas ofreció a Calderón el beneficio de la duda, expresó su respeto personal al presidente e hizo una moderadamente optimista prognosis de su administración. Dijo que se había reunido en varias ocasiones con Calderón, pero que no lo conocía bien.“En conclusión, Cárdenas cree que el nuevo presidente tiene buenas intenciones y la capacidad política para impulsar nuevas reformas que Fox no hizo. Con respecto a Calderón, dijo que la selección de su gabinete representa al nuevo presidente de ‘molde’ o ‘ideología’, y que no hubo sorpresas”.Los señalamientos de Cárdenas sonaban peculiares proviniendo del “líder moral” de un partido que calificaba al gobierno de Calderón como “espurio”. Y esto mereció un comentario de la propia Bassett.“Nunca ha habido mucho amor entre Cárdenas y AMLO, y ambos, Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, decididamente no apoyaron la campaña presidencial de AMLO ni en la crisis postelectoral. Ambos se negaron a reunirse con López Obrador en sus mítines del Zócalo y otras protestas, y también han reconocido públicamente el triunfo de Felipe Calderón.“De hecho, la crítica pública de Cárdenas a las tácticas de resistencia civil de AMLO fue la primera evidencia pública de una profunda fisura en las filas del PRD. Ildefonso Aguilar, un asesor de confianza de Cárdenas, dijo antes que Cárdenas estaba en stand by, a la espera de que el motor de AMLO perdiera fuerza”.Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, y Cárdenas, quien dio el beneficio de la duda a Felipe Calderón ante el gobierno de Estados Unidos en un momento crítico, hoy dice públicamente que el gobierno calderonista es un desastre y que desea la candidatura presidencial no para su hijo Lázaro, sino para él.CARDENAL PIDIÓ AYUDA A BUSH CONTRA AMLOEn el desfile de personajes que acudieron a la Embajada de EU para complotar contra López Obrador es imposible no incluir los señalamientos que hizo el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, en la Embajada de EU en el Vaticano, los cuales fueron revelados a través de un cable de WikiLeaks que publicó La Jornada en julio pasado.Según el cable 06VATICAN60, redactado por el embajador Francis Rooney el 3 de abril de 2006, Sandoval Íñiguez “hizo eco a algunos de nuestros interlocutores del Vaticano sobre la preocupación por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina”, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y, tal vez, López Obrador.“(…) y lo llamó una tendencia peligrosa. Preguntó si el presidente Bush podría ayudar. Sandoval dijo que bajo el gobierno de López Obrador, el crimen y la violencia han aumentado en la Ciudad de México”.En el cable quedó asentado que además de hablar mal de AMLO, Sandoval Íñiguez aseguró al embajador Rooney que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en mayo de 1993 supuestamente en medio de una balacera entre los Arellano Félix y Joaquín Guzmán Loera, en realidad había sido ejecutado por el gobierno de México, entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari.“El embajador, consciente de la importancia del mensaje, señaló que A/S Shannon había discutido estos temas en su reciente visita a la Santa Sede, y también observó que el presidente George W. Bush había planteado este tema rápidamente con el nuevo nuncio papal en Washington.

References: artículo 133
 artículo 3
 artículo 146
 artículo 3
 artículo 2
 Artículo 7
 Artículo 8