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Timestamp: 2019-09-22 20:16:20+00:00

Document:
Rad. 28870 casacióN. República de Colombia
Rad. 28870 CASACIÓN
Proceso No 28870
Aprobado acta Nº 033
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008).
Sería del caso que la Corte procediera a calificar las demandas de casación presentadas si no advirtiera que la acción penal se ha extinguido por razón de la prescripción.
El juzgador de primera instancia los reseñó, así:
“La génesis del presente investigativo se remonta a la acción de tutela Nº 120630 –Radicación Corte Constitucional- impetrada en contra de Foncolpuertos por el Doctor MARCOS JOSÉ MOLINA SALAS, profesional del derecho que en representación de los procesados, solicitó a su favor el pago de la llamada ‘prima sobre prima’ y la consecuente cancelación de la indemnización moratoria generada, requerimiento que tuvo como sustento la presunta aflicción de los derechos a la igualdad y al pago oportuno. Igualmente refieren los autos que con antelación a la aludida acción de amparo, algunos de los acá procesados habían interpuesto otras tutelas demandando el pago de los mismo rubros, siendo este el caso de VALLEJO OCHOA y OCHOA RÚA quienes mediante la tutela 106557 demandaron el pago de la prima sobre prima y la indemnización moratoria, DÍAZ LOAIZA quien con la interposición de la tutela 105453 demandó el pago de prima sobre prima y la moratoria; MERCADO CHARRIS, VIVES DE HERNÁNDEZ y LEGUÍA TÉLLEZ quienes con la tutela 107809 demandaron el pago de la indemnización moratoria y BUENAVENTURA LOAIZA quien con la tutela 10543 demandó el pago de moratoria”.
1. Por los anteriores hechos, la Unidad Investigativa Especial de Foncolpuertos de la Fiscalía General de la Nación, el 13 de junio de 2002, calificó el mérito del sumario, así:
a) Acusó a Manuel Esteban Aguilar Elles, Buenaventura Loaiza, Carlos Emilio Daza Zapata, Alexis Esther Barros de Silva, Lorenzo Rafael Medina Hernández, Gladys Beatriz Suárez de Berardinelli, Mary Luz Suárez Duran, Francisco Antonio Rangel López, José Antonio Rivas Camaño, Zoila Rosa del Socorro Vives Lacouture, Carlos Alfonso Molina Vengoechea, Julio Eduardo Macías Pérez, Joaquín Aníbal Urbina Estrada, Manuel Antonio Guerra Vega, Marcos José Molina Salas, José Vicente Díaz Loaiza, Eduardo Arturo Leguía Téllez y Martha Gilda Mercado de Charris, por la conducta punible de fraude procesal.
b) Acusó a Luis Ochoa Rúa, Santander de Jesús Vallejo Ochoa y Ana María Vives de Henríquez por la conducta punible de fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo.
Interpuesto el recurso de apelación contra la anterior decisión, la Unidad De Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 27 de noviembre de 2002, lo confirmó en su integridad.
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Foncolpuertos, el 17 de noviembre de 2005 profirió sentencia de primera instancia de la siguiente manera:
a) Condenó a Manuel Esteban Aguilar Elles, Buenaventura Loaiza, Carlos Emilio Daza Zapata, Alexis Esther Barros de Silva, Lorenzo Rafael Medina Hernández, Gladys Beatriz Suárez de Berardinelli, Mary Luz Suárez Duran, Francisco Antonio Rangel López, José Antonio Rivas Camaño, Zoila Rosa del Socorro Vives Lacouture, Carlos Alfonso Molina Vengoechea, Julio Eduardo Macías Pérez, Joaquín Aníbal Urbina Estrada, Manuel Antonio Guerra Vega, Marcos José Molina Salas y Eduardo Arturo Leguía Téllez, a la pena principal de 24 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, como coautores de la conducta punible de fraude procesal.
b) Condenó a Luis Ochoa Rúa y a Santander de Jesús Vallejo Ochoa a la pena principal de 36 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad, como autor de la conducta punible de fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo
c) Absolvió a Ana María Vives de Henríquez, Martha Gilda Mercado y Vicente Díaz Loaiza del cargo de fraude procesal.
Apelado el fallo por la defensa, el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 13 de junio de 2006, lo confirmó en su integridad.
Contra la anterior decisión, los defensores de Gladys Beatriz Suárez de Berardinelli, Mary Luz Suárez Durán y Manuel Antonio Guerra Vega interpusieron el recurso de casación y una vez presentada las demandas, el 29 de noviembre de 2007, las mismas ingresaron al despacho para la calificación formal.
1, De acuerdo con el anterior recuento procesal, surge claro que la acción penal en este asunto se extinguió por razón de la prescripción, razón por la cual se ordenará cesar todo procedimiento a favor de los acusados
En efecto, con estricto apego en lo consagrado por el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, se sabe que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, “si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)…”, salvo lo atinente las conductas de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, que será de treinta (30) años.
Ahora bien, cuando en el presente asunto se ha proferido resolución de acusación, como en este evento, el término prescriptivo de la acción se interrumpe y “comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)”, según así lo contempla el artículo 86 de la misma Ley 599 de 2000.
Así, como quiera que a los acusados citados en precedencia, el 13 de junio de 2002, se les profirió resolución de acusación por la conducta punible de fraude procesal, providencia que cobró ejecutoria el 27 de noviembre de 2002, resulta nítido que ya trascurrió el termino de los 5 años a que hace alusión el citado artículo 86 de la Ley 599 de 2000.
Recuérdese que a los acusados se les acusó por la conducta punible de fraude procesal, conducta punible que, de acuerdo con lo que preceptuaba el artículo 182 del Decreto 100 de 1980, vigente para la época de los hechos, contempla como pena de prisión la de uno (1) a cinco (5) años.
Por manera que la acción penal se extinguió el 27 de noviembre del año pasado, fecha en la cual el diligenciamiento no había sido asignado al despacho del Magistrado Ponente en virtud del reparto. De ahí que la Sala declarará extinguida la acción penal y, consecuentemente, cesará todo procedimiento a favor de los acusados por el delito señalado en precedencia.
Por último, la Sala no expedirá copias del proceso para que se investiguen disciplinariamente a los distintos funcionarios judiciales que conocieron de la actuación, en tanto que revisado el mismo se avizora que el trámite se hizo complejo en virtud al número de acusados.
1. Declarar que la acción penal a que se contrae este trámite por el delito de fraude procesal se encuentra prescrita por razón de la prescripción y, por lo mismo se ordena cesar todo procedimiento a favor de Manuel Esteban Aguilar Elles, Buenaventura Loaiza, Carlos Emilio Daza Zapata, Alexis Esther Barros de Silva, Lorenzo Rafael Medina Hernández, Gladys Beatriz Suárez de Berardinelli, Mary Luz Suárez Duran, Francisco Antonio Rangel López, José Antonio Rivas Camaño, Zoila Rosa del Socorro Vives Lacouture, Carlos Alfonso Molina Vengoechea, Julio Eduardo Macías Pérez, Joaquín Aníbal Urbina Estrada, Manuel Antonio Guerra Vega, Marcos José Molina Salas, José Vicente Díaz Loaiza, Eduardo Arturo Leguia Téllez, Martha Gilda Mercado de Charris, Ana María Vives de Henríquez, Luis Ochoa Rúa y Santander de Jesús Vallejo Ochoa.

References: artículo 83
 resolución 
 artículo 83
 artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 artículo 182