Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-39352-de-noviembre-14-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d5160bc9fb1a0270e0430a0101510270&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-11 16:40:50+00:00

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CONTENIDO:CONCURSO DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LOS DELITOS QUE AFECTEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ES VIABLE QUE CONCURSEN DE MANERA EFECTIVA EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON DELITOS QUE AFECTEN EL BIEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LA MEDIDA QUE DENTRO DE LA GLOBALIDAD QUE IMPLICA ESTE BIEN JURÍDICO SE ENCUENTRAN PLENAMENTE DIFERENCIADOS OTROS INTERESES JURÍDICOS QUE MERECEN TUTELA JUDICIAL Y NO QUEDAN DESPLAZADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Segunda instancia 39352
Harold Gamboa Velásquez
“Dentro del plenario se allegó prueba documental del proceso ordinario laboral en el que actuó como demandante Wilfrido Payan Angulo al cual se le reconoció la pensión de jubilación por medio de la Resolución 2459 del 20 de marzo de 1981 por valor de $ 37.598,28 mensuales, reajustada conforme la Ley 71 de 1988 asciende a $ 66.815,16 mensuales, más la suma de $ 2.219.321,20 por concepto de diferencia de pensión reajustada.
Lo anterior conduce a indicar que tal postura no es acertada, como quiera que de aceptarse, se llegaría a la conclusión de que la cuantía de lo apropiado a lo sumo ascendería apenas al valor de lo cancelado por el reajuste pensional ordenado en la sentencia y el retroactivo, sin que pudieran tenerse en cuenta los desembolsos futuros; por tal motivo, imperioso resulta para la Sala señalar, que con estricto apego al aspecto fáctico de la resolución de acusación, las sumas apropiadas no se limitaron a los dineros ordenados en cada una de las sentencias laborales, pues tal como lo indicó la fiscalía:
“El pago de la sentencia antes referida, se efectuó mediante la Resolución 706 (colectiva) de 12 de julio de 1994, la cual ordena la cancelación de (...) $ 2.851.817,54 (...) cancelados con nota débito 2978 de 15 de julio de 1994 del Banco Ganadero, por intermedio del Banco Popular sucursal Buenaventura a órdenes del correspondiente juzgado(22)(...) la Resolución 1102 de 1995 (...) ordena el pago del acta de conciliación (...) en consecuencia se ordenó pagar por diferencia de mesadas atrasadas la suma de $ 6.542.034.931 y reajustar las pensiones de sus beneficiarios, de lo cual correspondió al señor Payán Angulo, la suma de $ 4.756.509 y se le incrementó la pensión en una diferencia de $ 70.758,94(23)(...) el monto de la pensión del señor Payán Angulo, se modificó en septiembre de 1994 como consecuencia de la Resolución 1031 de 6 de septiembre de 1994 que dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, de 7 de abril de 1994(24)(...) El señor Payán Angulo falleció el 16 de noviembre de 2005 y estuvo incluido en nómina hasta el mes de diciembre (...) su pensión fue sustituida provisionalmente a la señora Emeteria Hermann de Payán (...) el valor a reintegrar por el señor Wilfrido Payán Angulo corresponde al pago de la sentencia en la suma de $ 2.851.817,74 cancelados mediante Resolución 706 de 6 de septiembre de 1994, mas $ 28.271.347,72 pagados por diferencia de mesadas para un valor de $ 31.123.165,46 y la señora Emeteria Hermann de Payán la suma de $ 6.265.658,06 por diferencias de mesadas pagadas, para un total de $ 37.388.823,52”(25).
Se insiste, al proferir cada una de las sentencias Harold Gamboa Velásquez dispuso el pago de incrementos pensionales a favor de los demandantes, en las cuantías que el mismo acusado señaló; y ordenó que esas cantidades se siguieran cancelando en adelante, lo cual permite determinar, de una vez, que la cuantía de lo apropiado no puede fijarse por las cantidades inicialmente entregadas, sino por todos los valores que alcanzaron a cobrar los extrabajadores amparados en los fallos, es decir, autorizados por una orden judicial. Y, se releva, no es posible escindir ninguno de los pagos periódicos, de la decisión —acto de disposición jurídica único atribuido al procesado— que conforma la conducta punible por la cual se acusó al funcionario judicial.
Corolario de las consideraciones expuestas, evidente es que al proferir el procesado el fallo del 7 de abril de 1994, no solo dispuso el pago de la diferencia por pensión reajustada por un valor de $ 2.219.321,20, sino, también, el reajuste de la mesada pensional que se había reconocido al extrabajador portuario Wilfrido Payán Angulo, generando una ostensible variación en la cantidad que se siguió cancelando en lo sucesivo de forma mensual, pues la suma de $ 37.598,28 estipulada en la resolución mediante la cual se le reconoció la pensión jubilación al demandante(30), se acrecentó a $ 66.815,16, mediante la “Resolución 1031 de 6 de septiembre de 1994 que dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura”.
En punto a definir la apelación propuesta, la Sala abordará el análisis de los siguientes tópicos planteados por el recurrente: (i) Si la condena por enriquecimiento ilícito enervaba la posibilidad de juzgar al exjuez por el punible de peculado por apropiación a favor de terceros. ii) el grado jurisdiccional de consulta y las facultades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; (iii) legalidad de la prueba con la que se acreditó la existencia de los delitos de peculado que forman parte del concurso imputado, y (iv) sobre la existencia de prueba del actuar doloso del procesado.
Como se advierte, se trata de una afrenta autónoma e independiente al interés tutelado por la conducta jurídica penalmente desaprobada de peculado por apropiación, razón por la que se desplaza el carácter subsidiario del delito de enriquecimiento ilícito.
En similar sentido al expuesto, la Corte Constitucional, al analizar los alcances de la prohibición de la doble incriminación —non bis in idem— señaló:
“El pago de la sentencia del 10 de julio de 1995 proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, se ordenó (...) con la Resolución 1225 de 3 de septiembre de 1997 (...) se le pagó al señor Jesús Alberto Romero Garcés la suma de $ 39.820.137,07 cancelados con nota débito 11609 del Banco de Occidente el 6 de septiembre de 1997 (...) dada la naturaleza de la condena, la mesada pensional del señor Jesús Alberto Romero Garcés no se modificó como consecuencia de la sentencia dictada el 10 de julio de 1995 (...) en virtud de la revocatoria del fallo de primera instancia, se debe reintegrar $ 39.820.137,07 por la Resolución 1225 de 3 de septiembre de 1997”(40).
“El pago de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura de fecha 1º de marzo de 1995, se hizo efectivo con la Resolución 1454 de 23 de junio de 1995, la cual ordenó el pago de $ 110.514.930,05 mediante títulos judiciales entregados al apoderado (...) Pagado según nota débito del Banco Ganadero 2430 de 30 de junio de 1995 (...) Como bien se aprecia (...) el monto pensional del señor Eduardo Sánchez Lozano no se modificó como consecuencia de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura de 1º de marzo de 1995 (...) En síntesis el valor a reintegrar (...) la suma de veintiocho millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincienta (sic) y un pesos con 03/100 m/cte. ($ 28.942.451,03)”(41).
d) A Napoleón Torres Mosquera, el aquí acusado en sentencia del 30 de enero de 1995 ordenó a su favor el pago de $ 819.055,36 por concepto de reajuste de pensión, viáticos por la suma de $ 335.000, más el valor de $ 20.454.822,12 por indemnización moratoria y $ 41.073,94 diarios hasta que se verificara el pago de las referidas sumas de dinero. En sentencia del 9 de noviembre de 1995, el inculpado condenó a Foncolpuertos al pago de $ 23.251.937,77 m/cte. por concepto de indemnización por despido injusto del extrabajador Torres Mosquera, sumado a $ 27.939.792,48 m/cte. por concepto de indemnización por falta de pago de la anterior prestación y el valor de $ 40.143,38 diarios, desde el día siguiente al fallo hasta que se verificar el pago total de las aludidas indemnizaciones(42). Posteriormente, mediante Oficio B.P. 018 de marzo 30 de 1995, ordenó al “gerente del Banco Popular pagar el título de depósito judicial 1497823 por valor de $ 29.342.242,94”(43). Decisión revocada por la Sala Laboral del Tribunal de Cundinamarca el 10 de junio de 2004.
(21) Folio 565 del c.o. 2.
(22) En el punto segundo del memorando GPSPC-ASNP 34 del 21 de enero de 2000, se expresa: “El pago de la sentencia antes referida, se efectuó mediante la Resolución 706 (colectiva) de 12 de julio de 1994, la cual ordena la cancelación de sentencias judiciales, entre las que se encuentra la proferida el 7 de abril de 1994 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura a favor de Payán Angulo por la suma de $ 2.851.817,54 (...) cancelados con nota débito 2978 de 15 de julio de 1994 del Banco Ganadero, por intermedio del Banco Popular sucursal Buenaventura a órdenes del correspondiente juzgado (...) con título judicial 0744956 del 1º de agosto de 1994”, folio 138 del c.o. 1.
(23) En el punto quinto del memorando GPSPC-ASNP 34 del 21 de enero de 2000, se expresa: “la Resolución 1102 de 1995, emitida por Foncolpuertos, la que reconoce y ordena el pago del acta de conciliación celebrada en la inspección veintiuno de trabajo y seguridad social del desaparecido Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Bogotá, D.C., entre la doctora Doladaly Pazmiño Paredes, en representación de extrabajadores del Terminal Marítimo de Buenaventura, entre los cuales el señor Payán Angulo (...) en consecuencia se ordenó pagar por diferencia de mesadas atrasadas la suma de $ 6.542.034.931 y reajustar las pensiones de sus beneficiarios, de lo cual correspondió al señor Payán Angulo, la suma de $ 4.756.509 y se le incrementó la pensión en una diferencia de $ 70.758,94”, folio 139 y 140 del c.o. 1.
(24) Folio 141, ibídem.
(25) Folio 144, ibídem.
(33) Cfr. entre otras las sentencias C-244/96, C-060/94, C-139/94, C-427/94 y C-526/2003.
(34) “Antecedentes (...) un escrito anónimo remitido a la dirección seccional de fiscalías de Buga informó que el doctor Harold Gamboa Velásquez, juez primero laboral del circuito de Buenaventura, había adquirido cuantiosos bienes con los dineros que exigía a los abogados que representaban a trabajadores de Colpuertos en los procesos que se tramitaban en su despacho (...). Consideraciones (...) Como la determinación del enriquecimiento, que por no provenir de fuentes lícitas se torna delictivo, se hizo como quedó visto mediante la confrontación del patrimonio con los ingresos demostrados de la pareja, su sola existencia permite concluir, contrario a lo afirmado por el defensor, que los bienes no fueron conseguidos ‘con el fruto de su trabajo y esfuerzo’, sino aprovechando la función pública que el Estado le había discernido al doctor Gamboa Velásquez, quien no acrecentó sus caudales a espaldas de su esposa sino, más bien, de consuno con ella, como que los inmuebles fueron adquiridos conjuntamente y, en general, el manejo del haber conyugal revela el concurso de los dos abogados en su consolidación e incremento” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de segunda instancia del 21 de enero de 2003, Radicación 19489.
(37) Folio 119 del c.o. 1.
(38) Folio 33, ibídem.
(39) Folio 34 del c.o. 1.
(40) Nota interna ASNP 032, folio 136 del c.o. 1.
(41) Memorando ASNP 038 del 21 de enero de 2008, folio 125 del c.o. 1.
(43) Folio 208, ibídem.
(44) Folio 129 del c.o. 1.
(48) Referente a la sentencia proferida por el juez primero laboral de Buenaventura en el proceso ordinario laboral instaurado por Mario Gamboa Gamboa, expresó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira al momento de revocar el fallo del 18 de julio de 1995: “... es el trabajador a quien le corresponde exigir el resultado de la revisión médica como contraprestación a su realización por la empresa, siguiendo la bilateralidad de las obligaciones, máxime si la entrega material del mismo como prestación en sí misma, es acto accesorio a su práctica que es lo principal y dependerá de la conducta reciproca positiva que el trabajador asuma, porque no podría tenerse como obligación de la empresa dar en sentido jurídico el certificado, cuando esa entrega en sentido material, está supeditada a la conducta positiva de quien irá a recibir el certificado que es el interesado en tenerlo es decir el trabajador...”, folio 174 del c.o. 1.
(49) Señaló la Sala Laboral del Tribunal de Cundinamarca al revocar la sentencia adoptada en el proceso adelantado a instancias de la demanda instaurada por Eduardo Sánchez Lozano: “... la empresa sí liquidó tanto la cesantía como la pensión de jubilación, no existiendo prueba en el proceso de que la empresa le haya pagado después de terminado el contrato prima de antigüedad como lo asevera el juez en su sentencia, pues con la demanda no se adjuntaron documentos que así lo acrediten como en forma equivocada lo considera el juez en la medida en que los adjuntados no tienen valor probatorio ya que son fotocopias simples sin firmas ni sellos ni fechas y un desprendible de un cheque que ni siquiera indican tal valor ni fueron exhibidos en la inspección judicial”. Folio 175 del c.o. 1.
(50) Folio 174 del c.o. 1.
Con el respeto que de siempre he profesado por los planteamientos ajenos, procedo a exponer las razones por las cuales salvé parcialmente el voto en este asunto (providencia nov. 14/2012), en cuanto no estoy de acuerdo con lo afirmado en la providencia al señalar que si bien “el monto de lo ilícitamente tomado de las arcas estatales no asciende únicamente a la suma escueta que se pagó inmediatamente después de emitido el fallo, como lo entendió el a quo”, sino que es muy superior, en virtud del principio de la non reformatio in pejus “no se modificará el cómputo del término prescriptivo elaborado por el primer nivel, ni el valor de la multa y condena en perjuicios”.
El reconocimiento universal del principio de legalidad no fue pacífico. Su consagración en materia punitiva se le debe en gran medida a Cesare Beccaria, quien inspirado en el pensamiento iluminista y en reacción a los desafueros de la monarquía, postuló el apotegma ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, cuyo fin estaba dirigido a propender porque se erigieran como delito solamente aquellas conductas que produjeran daño social, sin que pudiese existir persecución por los denominados vicios o pecados, según las definiciones de carácter meramente moral que los gobernantes asignaban ex novo a comportamientos de esa naturaleza(2).
Entonces, considero que se impone ponderar en caso de tensión entre el principio de legalidad y el de la no reformatio in pejus, sin que la aplicación de este último implique desconocer el primero, de manera que cuando la decisión adoptada quebrante la legalidad, como ocurre en este asunto, es deber del superior restablecer el ordenamiento jurídico, así el condenado sea el único apelante. Solo de esa manera puede afirmarse que la decisión judicial está sometida al imperio de la ley y, por consiguiente, a los dictados de la Constitución Política. Lo contrario sería concluir que la Carta, al paso que exige a los funcionarios judiciales someterse a la ley, al mismo tiempo fomenta su vulneración. Tal antinomia resulta constitucionalmente intolerable, pues comporta desconocer otros principios esenciales para la convivencia ciudadana, como la seguridad jurídica y la igualdad.
Se quebranta la seguridad jurídica, porque sin los límites que presupone el principio de legalidad, cada juez adoptaría sus decisiones sin otro control que sus consideraciones subjetivas. Y se vulnera el principio de igualdad, por cuanto los destinatarios de la ley penal recibirán un tratamiento distinto, sin importar que se encuentren en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas.
Conforme a lo expuesto, considero que en este asunto correspondía a la Sala en virtud del principio de legalidad revocar la cesación de procedimiento que derivada de un indebido cómputo del término de prescripción de la acción del delito de peculado por apropiación se profirió en primera instancia a favor de Harold Gamboa Velásquez, amén de efectuar los consecuentes correctivos en el ámbito de la pena de multa y la condena en perjuicios.
Nótese que en casos como el de la especie, la posición mayoritaria de la Corte termina por avalar una decisión contraria a la realidad y a la legalidad, y lo más grave, es que se sustenta en un error judicial del a quo reconocido sin ambages en la decisión de la cual me aparto parcialmente.
(1) Sentencia C-028/2006.
(2) Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Universidad Externado de Colombia, pág. 17 y 18. Beccaria rechazó firmemente la idea de la pena con fines expiatorios.
(7) Cfr. Sentencias C-710/2001 y C-530/2003.

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