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Legislación en materia de comunicación · 29 marzo 2014 | Q MEDIOS ITESO
Legislación en materia de comunicación · 29 marzo 2014
Sin alma y sin sentido la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Primera Parte)
Al carecer intencionalmente de una definición expresa de “servicio público”, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (presentada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República el 24 de marzo) carece del elemento jurídico más importante sin el cual se compromete el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el andamiaje institucional y regulatorio del sector, los derechos de las audiencias y de los usuarios, la autonomía del órgano regulador, las obligaciones y compromisos de las empresas, la independencia de los medios públicos y los objetivos de competencia, cobertura e inversión que busca alcanzar la reglamentación secundaria.
Al no estar definido el servicio público aplicado a las telecomunicaciones y la radiodifusión, el Gobierno Federal (y se corre el riesgo de que también el Congreso de la Unión) incumple y transgrede lo expresado en la reforma constitucional. No es casualidad el rechazo que ya despertó la iniciativa de ley en amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos partidos políticos, pues claramente contraviene lo plasmado en la Constitución.
El artículo sexto constitucional establece que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet”.
Para lograr el pleno ejercicio de este derecho, entre otras cosas, el Congreso decidió definir con acierto que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, “por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.
Ese –y no otro– es el objetivo central de la reforma constitucional. Ese es su mérito histórico y ese es su reto. Sin noción de servicio público la legislación secundaria carece de doctrina jurídica y de razón de ser.
Los neófitos dirán que ya está mencionada la palabra “servicio público” en la reforma constitucional, pero no es lo mismo mencionar que definir. Están aludidos muchos otros términos que sí son deliberadamente definidos, como interconexión, multiprogramación o banda ancha.
El doceavo párrafo del artículo 28 de la Carta Magna señala sin ambages que “la sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley”. Esto último no ocurre con la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y con ello se transgrede la Constitución y la esencia de la reforma al sector.
Y es que el objetivo del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión busca satisfacer una necesidad colectiva de interés general y aplica por igual para todos los operadores (grandes y chicos), para todos los servicios (voz, datos, video y radiodifusión) y para todas las plataformas tecnológicas disponibles. Gracias a él se justifica la neutralidad de la red y la prohibición de restringir contenidos tanto en línea como radiodifundidos.
Pero el servicio público también aplica para regir la actuación de la autoridad y para que pueda ejercer sus facultades de “regular la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión”, como señala el artículo primero de la iniciativa de ley.
La demostración más patente de lo anterior es que, para emitir los Lineamientos generales en materia de must carry y must offer, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tuvo que analizar los elementos esenciales que componen los servicios públicos, citar jurisprudencia y emitir una interpretación (precisamente porque no existe una definición de servicio público). El IFT reconoce en dichos lineamientos que “la propia Constitución impone características especiales que deben regir los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión”. El IFT también admite que “resulta claro que la actuación del IFT debe regirse por el deber de preservar las condiciones generales y especiales que la ley fundamental impone a la prestación de estos servicios públicos”.
Coincidimos en que la autoridad debe regirse por ese deber de salvaguardar el servicio público, pero dicho deber no puede ser discrecional sino obligatorio, y no puede apelar a él por conveniencia regulatoria o política sino como parte del régimen jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Si queda claro que la autoridad debe regirse bajo ese principio, también deben hacerlo los agentes regulados (sin importar su tamaño).
Sin una definición expresa de “servicio público” la autoridad ve disminuidas sus atribuciones y no puede exigir compromisos a las empresas; los operadores no están obligados a prestar el servicio universal, a invertir fuera de mercados rentables y a incrementar la cobertura de los servicios; y las audiencias y los usuarios se ven impedidos de exigir a la autoridad y a las empresas la salvaguarda de sus derechos y la prestación de servicios de calidad y a precios asequibles.
El servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión tiene las siguientes características: generalidad, es decir, para todos los habitantes; uniformidad o igualdad, o sea, en las mismas condiciones y sin discriminación; continuidad y regularidad, por lo tanto, sin interrupción y en las condiciones previstas por la ley; obligatoriedad, porque los operadores están obligados a prestar el servicio por el cual recibieron una concesión.
América Móvil (AMX), la operadora de telecomunicaciones de Carlos Slim, que concentra a Telmex y Telcel, fijó su postura contra lainiciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso.
AMX considera que “en diversos aspectos la iniciativa se aparta de los principios rectores de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en 2013″. Subraya que: “La iniciativa sugiere una aplicación retroactiva de la ley para modificar resoluciones de carácter técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
“La Constitución establece de manera expresa que el Estado Mexicano debe garantizar la convergencia. La Iniciativa incluye disposiciones que exceden los requisitos establecidos en la Constitución para que Telmex pueda acceder a la concesión única de servicios convergentes. Además dichas disposiciones crean barreras de entrada a mercados altamente concentrados, como lo son el de la radiodifusión y la televisión restringida, protegiendo así al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida, en detrimento de la competencia y de los consumidores”, lamentó.
En un comunicado, la empresa enfatiza “sorprende que se pretenda por ley obligar a una empresa a invertir, para después obligarla a vender a sus competidores sus servicios a $00.00. Además, esa propuesta confiscatoria premia la falta de inversión crónica de nuestros competidores en perjuicio de los consumidores”.
Subraya que al proponer un plazo de al menos 24 meses de “cumplimiento de diversas medidas establecidas por el Ifetel para solicitar la autorización para prestar servicios de televisión, se prolonga la falta de competencia en ese mercado.
Los aspectos mencionados, añade, afectan la certeza jurídica y económica requerida en una industria de capital intensivo como en la que operamos, y que afectarán el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, las inversiones en infraestructura, la innovación en servicios y la competitividad.
“Vemos con preocupación otras propuestas contenidas en la iniciativa que impedirán o retrasarán la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de libre competencia, calidad, cobertura universal y convergencia, entre otros, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto de la Constitución”, manifiesta.
Telmex enviará propuesta en leyes de telecom
La empresa Teléfonos de México (Telmex), anunció que enviará al Senado un conjunto de propuestas para mejorar las leyes secundarias de la reforma constitucional en telecomunicaciones, que el lunes pasado el presidente Enrique Peña Nieto, remitió a esta cámara para su análisis y dictaminación.
Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso, al que pertenece Telmex, destacó que estas propuestas estarán encaminadas a que el mercado de las telecomunicaciones siga desarrollándose.
El empresario declaró que Teléfonos de México fijará una posición definitiva sobre estos ordenamientos del Ejecutivo, una vez que haya concluido el análisis que está haciendo de los mismos. Sin embargo, Slim Domit, adelantó que Grupo Carso enviará al Senado de la República, un conjunto de propuestas, con el propósito de contribuir a la perfectibilidad de estas leyes.
“Nosotros estamos terminando de revisar los temas que vienen en la ley, ya expresaremos nuestro punto en concreto. Estamos analizándolo, una vez que tengamos el análisis completo, junto con propuestas que consideremos que pueden contribuir a que el mercado continúe desarrollándose, lo vamos a hacer con mucho gusto”, señaló.
10 CLAVES | Las leyes secundarias de Telecom enfrentan a EPN con la oposición, las televisoras y con todos
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– La presentación esta semana de las leyes secundarias, derivadas de la Reforma en Telecomunicaciones, enfrentó nuevamente a distintos sectores del país. La legislación enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto no sólo provocó críticas de la oposición política, sino también de los actores más importantes en esa industria. Con un ambiente muy distinto a las palmas que generó la aprobación de esta reforma que, en teoría, permitirá acabar con los monopolios y abrirá el sector a la competencia para impulsar un mayor crecimiento económico, las leyes secundarias enfrentaron todo tipo de reclamos. La propuesta presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 11 de marzo de 2013, y que fuera promulgada el 10 de junio de ese año, creaba también una nueva instancia reguladora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) mismo, que, ahora, con las leyes secundarias ve mermada su autoridad ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De acuerdo con las leyes secundarias, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá a su cargo la vigilancia de contenidos y publicidad en televisión abierta y restringida, tal y como lo hace actualmente, pero también, aumentaría sus controles a través de mayores multas a las empresas y nuevos conceptos que establece la iniciativa. Mientras que en el caso de la SCT pretende devolverle a esta instancia la intromisión en procedimientos, trámites y recomendaciones. Los primeros en reaccionar fueron los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Cecilia Romero Cervantes, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quienes anunciaron, de manera conjunta, que la iniciativa es contraria a los principios de la Constitución, principalmente al Artículo 28 que hace referencia a los monopolios, a las exenciones de impuestos y a los precios de los servicios. “El PAN y PRD consideran inadmisible que en estos proyectos de leyes se desconozcan avances alcanzados y expresados en la Constitución del país (…) En el proyecto del Ejecutivo se alcanzan a ver interpretaciones de la Constitución que carecen de validez y que hasta ahora no se habían insinuado siquiera por parte del gobierno federal”, señalaron en un comunicado conjunto. Televisa, que junto con América Móvil de Carlos Slim fue declarada como agente dominante en el marco de esta reforma, también emitió un comunicado para acusar que de aprobarse las leyes secundarias sus operaciones podrían verse afectadas al incluir sanciones “desproporcionadas” para quienes violen la normatividad. “En cuanto a la regulación de contenidos, Grupo Televisa revisará a profundidad la iniciativa de ley, pero en una primera lectura se observa que algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas”, señaló la compañía. La reforma prevé que Televisa, como actor preponderante en el sector de radiodifusión, publique en Internet la información relativa a los servicios de publicidad en televisión; además de que extiende a todos los demás participantes de este mercado la obligación para inscribir sus tarifas mínimas, y no dar tratos discriminatorios. Además de regresar al Ejecutivo facultades que dentro del Pacto por México se había acordado que pasaran a formar parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), también prohíbe la publicidad y propaganda electoral engañosa. “Con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda electoral presentada como noticia”, expresa el artículo 239 de la propuesta. Por su parte, el artículo 257 establece los derechos de las audiencias en los que se prevén las características de la programación como diferenciar con claridad la información noticiosa de la de opinión, y entre la publicidad y el contenido de un programa. También establece el derecho de réplica. En el caso de las sanciones, la actual Ley Federal de Radio y Televisión establece multas de hasta 50 mil pesos, mientras que con la iniciativa se elevan desde el 1.01 por ciento de los ingresos del concesionario hasta el 5 por ciento. En el caso del uso del tiempo al aire, el artículo 230 contempla que los canales de televisión abierta pueden destinar hasta 18 por ciento del tiempo de sus programas para publicidad comercial, mientras que en la de paga será de seis minutos por cada hora y en radio hasta del 40 por ciento de su tiempo al aire. Televisa y TV Azteca acaparan cerca del 70% y 30% de los ingresos por publicidad en televisión abierta, un mercado valuado en cerca de 35,500 millones de pesos al año, mercado que en el 2015 se planea tenga dos nuevos jugadores, por lo que los ingresos de ambas empresas se pueden ver mermamos por la competencia y la limitación del uso de tiempos comerciales.
#LeyPeñaTelevisa, Big Brother en Internet
Entre los múltiples aspectos que hablan de una ley retrógrada, violatoria a la reforma constitucional aprobada en 2013 y sesgada a favor de Televisa, la iniciativa del Ejecutivo federal en telecomunicaciones y radiodifusión trae una serie de artículos donde claramente se revive el espíritu del control orwelliano. No se trata de especular sino de documentar.
A continuación presento los artículos más claramente inspirados en una distopía del Big Brother orwelliano. En el apartado sobre “Colaboración con la Justicia”, la iniciativa del gobierno de Peña Nieto plantea lo siguiente: “Artículo 190.-Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir que las autoridades facultadas por ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas le soliciten, de conformidad con las leyes correspondientes. “Artículo 191.-El Instituto (IFT) en coordinación con las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad (léase Gobernación-CISEN y equivalentes), respectivamente, establecerán los procedimientos, mecanismos, requerimientos técnicos, incluyendo puntos de conexión, así como medidas de seguridad que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán aportar la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación, así como el control y ejecución de la intervención de comunicaciones privadas a cargo de la autoridad de conformidad con las disposiciones aplicables”.
La orden de guardar los datos de geolocalización de usuarios de dispositivos móviles telefónicos, iPads, computadoras, etcétera, es hasta por 24 meses (2 años) mínimo. En el artículo 194 se establece: “Los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conformen a sus atribuciones de conformidad con las leyes aplicables.
“Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionados por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten. “Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contando a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente”.
La verdadera joya del mundo orwelliano que nos quieren imponer en esta ley que expide un espíritu de Díaz Ordaz es el artículo 197 en su fracción VII. “Artículo 197.-Además de las anteriores obligaciones los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán… “VII.-Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades correspondientes. “El bloqueo de señales a que se refiere el presente artículo se hará sobre todas las frecuencias que indique el Instituto de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes.
La censura en internet se abre en el capítulo VI sobre “De la Neutralidad de las Redes”. Todo lo contrario a la noción de “neutralidad”, la iniciativa permite abusos de manera discrecional. En el apartado III el mismo artículo establece que los concesionarios que presten servicios de acceso a internet deberán sujetarse a lineamientos en materia de: “Privacidad.-Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
Ahora ya sabemos que mediante una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el gobierno de Peña Nieto pretende darle facultades al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (el INPI) para poder ordenar la cancelación o el bloqueo de todo un sitio de Internet como “medida cautelar”, ante una demanda de violación por derechos de autor. En otras palabras, le otorgan a una entidad administrativa un poder censor y persecutor como no existía antes.
28de marzo de 2014
Ernesto Cordero se pronunció un día después; “no, qué barbaridad, ¡Dios me libre!, ¡Dios me libre! Tocamos madera, ¡Dios nos libre!”, dijo. En sus redes sociales al respecto no publicó nada. El tema fue comentado en más de 10 mil tuits.
Las declaraciones encontradas entre legisladores del PAN y Romero, se desataron. Al final los panistas dieron una conferencia en la que aseguraron que no estaban divididos por el tema.
Un tema más que se desprendió también de la campaña por la dirigencia de Acción Nacional fue el video que fue distribuido vía mail a militantes panistas en el que se denosta a Gustavo Madero, el equipo de campaña de éste presentó una queja en la que atribuyen la distribución de dicha grabación “a los asesores y empresas asociadas a Ernesto Cordero”, quien se deslindó del hecho.
La iniciativa de leyes secundarias en telecomunicación presentada por el Ejecutivo no es equilibrada, pues pone especial énfasis en telecomunicaciones. Para especialistas en el sector y directivos de empresas, se descuidan aspectos importantes de radiodifusión. “Sentimos que hay una carga más significativa y fuerte para telecomunicaciones que para radiodifusión”, consideró Ermilo Vázquez, director de regulación e interconexión de Axtel.
Respecto a la producción nacional independiente, a pesar de que la Sección III enumera una serie de medidas para fomentar el uso de este tipo de contenidos, la iniciativa persiste en la redacción hecha durante la reforma. “La redacción es mañosa desde la reforma constitucional, porque lo pone como opción. Promover no es lo mismo que asegurar”, comentó Sosa Plata.
“Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión para uso comercial que cubran con producción nacional independiente cuando menos un veinte por ciento de su programación, podrán incrementar el porcentaje del tiempo de publicidad al que se refiere esta ley (18 por ciento del tiempo total de transmisión)”, señala la iniciativa en el artículo 249.
El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de la publicación en el DOF. Dicho lapso podrá ser ampliado hasta cuatro ocasiones por el IFT. Si bien, el IFT empezó la investigación, algunos analistas establecen que está encaminada hacia las mismas empresas que ya fueron evaluadas.
Indagan prácticas monopólicas en servicios de internet y tv
En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones refiere que la indagatoria inició por una denuncia
El regulador de telecomunicaciones de México dijo el viernes que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en los mercados de servicios de internet en el país y los de adquisición, distribución y comercialización de contenidos trasmitidos por internet y TV restringida. En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que la indagatoria se inició por una denuncia.
La gigante América Móvil, del magnate Carlos Slim, es la líder del sector telecomunicaciones y el mayor proveedor de servicios de internet del país a través de su empresa de telefonía fija Telmex y la de telefonía móvil, Telcel. La gigante de medios Televisa es la mayor proveedora del mercado de TV de paga, y un jugador importante en el mercado de internet.
En términos de la Ley Federal de Competencia Económica, el periodo de la investigación no será inferior a treinta días hábiles ni excederá de ciento veinte días hábiles contados a partir de la publicación,mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones por el Instituto, de acuerdo con el reporte.
La gigante de medios Televisa es la mayor proveedora del mercado de TV de paga y un jugador importante en el mercado de internet. El IFT no nombró a alguna empresa como blanco de la investigación. A principios de marzo, el regulador declaró a América Móvil como el operador preponderante en el mercado de telecomunicaciones y a Televisa como el preponderante en el mercado de radiodifusión.
IFT investiga prácticas monopólicas en Internet y TV de paga
Crónica D. F.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) inició una investigación por prácticas monopólicas en la comercialización de servicios de telecomunicaciones en el país, provisión del servicio de Internet, así como los de adquisición, distribución y venta de contenidos que se transmiten por la red de redes y televisión restringida.
De acuerdo con el documento emitido por el organismo el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de la publicación del presente extracto. Dicho lapso, agrega, podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones por el Instituto.
El Gobierno Federal mandó el lunes pasado al Senado, un proyecto de leyessecundarias para regular el sector de las telecomunicaciones que fue aprobada el año pasado. Con lo que busca la reducción de poder de los grandes consorcios y poder generar competitividad.
IFT investiga prácticas monopólicas en Internet y TV
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo este viernes que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en los mercados de comercialización de servicios de Internet y los de adquisición, distribución y comercialización de contenidos trasmitidos por Internet y TV restringida.
En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que la indagatoria inició por una denuncia. La gigante América Móvil, del magnate Carlos Slim, es la líder del sector telecomunicaciones y el mayor proveedor de servicios de Internet del país a través de su empresa de telefonía fija Telmex y la de telefonía móvil, Telcel. La gigante de medios Televisa es la mayor proveedora del mercado de TV de paga.
-Reforma en telecomunicaciones: medidas a actores preponderantes
La iniciativa de reforma a las leyes secundarias de telecomunicaciones es un paso adelante, “permitirá incrementar la competencia y bajar los precios…pero nos preocupa que se insista en el registro de usuarios de telefonía móvil.
El REANUT ya fracasó y viene de regreso. Más que el registro se necesita cumplir la Ley, no debe haber celulares en las cárceles. Eso le toca al Gobierno”, dijeron Cristina Ruiz de Velasco y Gustavo Cantú, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y director de Operaciones de Nextel.
Los ejecutivos de la operadora de telecomunicaciones destacaron que es muy positivo que la tarifa de interconexión baje a Cero, “nuestra posición es que cada quien debe asumir los costos de interconectar con su propia red. Así ocurre en el resto del mundo.
Eso permitirá en México mejores condiciones para todos los operadores no dominantes y llevará a bajar los precios…lo más importante es que las leyes beneficien a millones de consumidores, no se trata de que deje contentas a las compañías”, dijo Gustavo Cantú: “el reto es incrementar sustancialmente el número de gente que tiene acceso al servicio de datos.
En México hay más de 80 millones de personas que acceden a la telefonía, pero los servicios de datos son sólo para 25 o 30 millones”.
Bajas los precios es la única forma de integrar a una parte de la población mexicana a la sociedad del siglo XXI que se define por la movilidad, aseguró Cantú: “La competencia no debe definir en la influencia en las leyes o en tribunales, sino en el servicio a los clientes. Los puntos principales ahora son la trasmisión de datos y el servicio a clientes”.
Cantú y Ruiz de Velasco reconocieron que una de las tareas pendientes de la compañía es la mejora en la atención en los centros de servicio y puntos de venta. Nextel tiene 3.5 millones de clientes, que se encuentran en el rango más alto de consumo por ticket: “El que sea un problema de todos en el sector no es pretexto”, dijeron.
Nextel presentó un nuevo plan de comercialización, donde ofrece 600 minutos y 6 megas por 600 pesos. Por primera vez trabaja en alianza con Apple, para incluir los iPhone en su catálogo.
“Estamos operando totalmente en nuestra red de 1,700 MHz, en ella invertimos 1,700 millones de dólares. Cubrimos casi todo el territorio nacional, a excepción de Chiapas y Oaxaca. Ahí estaremos a partir de julio, en un servicio que tendremos en alianza con Telefónica”.
México, 29 Mar. (Notimex).- En la ley general de transparencia será fundamental la homologación de criterios en las legislaciones locales, la facultad de atracción de casos y la relación con el Consejo Consultivo, opinó Alfonso Oñate Laborde. El secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), dijo que un equipo de expertos revisará la propuesta de Ley General en materia de transparencia, que en los próximos días entregarán al Congreso de la Unión.
En entrevista, señaló que tras la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual se publicó el pasado 7 de febrero, el IFAI entró en un proceso de transición que va desde la renovación del pleno, hasta el contar con un Consejo Consultivo. Al haberse facultado para ser un órgano de segunda instancia que revise las decisiones de los institutos o consejos estatales, es necesario dejar claro bajo qué términos es que podrá ejercer esas atribuciones. “La reforma, como es lógico, es muy general y señala que podrá el IFAI revisar lo que sucede a nivel estatal y municipal pero no establece la forma, puede ser a nivel de atracción o cómo, y eso es lo que se debe establecer”, señaló.
Oñate Laborde mencionó que otro tema que se debe tomar en cuenta en la ley, es la relación entre el IFAI y su nuevo Consejo Consultivo, ya que esta figura no existía en el instituto. “Esta es una relación crucial para la manera en la cual deberá funcionar el nuevo IFAI, entre otras cosas porque el Consejo podrá ser el órgano ante el cual rinda cuentas el pleno del IFAI, porque es un órgano que debe rendir cuentas”, subrayó. De igual forma, consideró importante establecer una regulación nacional en el tema de videovigilancia, pues cada vez son más los municipios que utilizan esta herramienta.
El funcionario consideró necesario establecer el uso que se le dará a ese material, debiendo ser sólo para fines de seguridad; quiénes tendrán acceso a él y cuánto tiempo se van a conservar los videos. Agregó que el proceso de transición es delicado no sólo por las modificaciones legales, sino también porque ninguno de los cuatro actuales comisionados fue ratificado. “Esto nos lleva a ser doblemente prudentes en las adecuaciones del marco normativo para que sea el nuevo pleno quien tome estas decisiones”.
La idea, subrayó, es que los legisladores cuenten con documentos de soporte para que elaboren su propio anteproyecto de ley, tomando en cuenta la experiencia y puntos de vista de los distintos organismos que presenten sus propuestas. En tanto, la secretaria de Acceso a la Información del IFAI, Cecilia Azuara Arai, mencionó que la reforma constitucional incorporó a nuevos sujetos obligados, para lo cual es necesario adecuar la plataforma del Sistema Infomex que es como un tablero de control de las solicitudes de información. Añadió que algunos futuros sujetos obligados, como el Consejo de la Judicatura, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Federal de Competencia, ya se han acercado al IFAI para asesorarse sobre las obligaciones que tendrán a partir de que se cumpla un año de que se publiquen las leyes secundarias.
IFAI busca aportar al Congreso
“La reforma, como es lógico, es muy general y señala que podrá el IFAI revisar lo que sucede a nivel estatal y municipal pero no establece la forma, puede ser a nivel de atracción o cómo, y eso es lo que se debe establecer”, señaló. Oñate Laborde mencionó que otro tema que se debe tomar en cuenta en la ley, es la relación entre el IFAI y su nuevo Consejo Consultivo, ya que esta figura no existía en el instituto.
“Esta es una relación crucial para la manera en la cual deberá funcionar el nuevo IFAI, entre otras cosas porque el Consejo podrá ser el órgano ante el cual rinda cuentas el pleno del IFAI, porque es un órgano que debe rendir cuentas”, subrayó. De igual forma, consideró importante establecer una regulación nacional en el tema de videovigilancia, pues cada vez son más los municipios que utilizan esta herramienta.

References: artículo 28
 Artículo 28
 artículo 239
 artículo 257
 artículo 230
 artículo 194
 artículo 197
 artículo 249