Source: https://tc.vlex.es/vid/1-aatc-2-3-20-c-as-stc-4-15356820
Timestamp: 2019-08-20 07:22:40+00:00

Document:
STC 206/1990, 17 de Diciembre de 1990 - Jurisprudencia - VLEX 15356820
STC 206/1990, 17 de Diciembre de 1990
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 434/1988, 761/1988, 1942/1988, 1947/1988, 122/1989 y 890/1989 (acumulados)
1. Se reitera doctrina de este Tribunal según la cual la decisión de plantear una cuestión de inconstitucionalidad corresponde en exclusiva al órgano judicial (AATC 10/1983, 79/1984, 767/1986, entre otros), precisándose ahora que el órgano no queda vinculado por previas dudas anteriores. 2. Se reitera que la vía del recurso de amparo no es la adecuada para la impugnación directa de las leyes, y que de la posible inconstitucionalidad de una Ley sólo podrá conocer este Tribunal a través del recurso de amparo cuando ello resulte imprescindible para corregir la lesión del derecho fundamental que sea achacable directamente a la aplicación del precepto legal que resulte contrario a la Constitución. 3. El art. 20 C.E., además de los derechos subjetivos de expresión de información, garantiza el derecho de todos a recibir información y tiene una dimensión de garantía de una institución fundamental cual es la opinión pública libre, que trasciende a lo que es común y propio de otros derechos fundamentales (STC 104/1986). La comunicación publica libre no solo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la información, sino también la preservación de un determinado modo de producirse de los medios de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder, como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión (STC 12/1982). Por lo que respecta a la televisión, el legislador ha querido que su modo de producción sea la forma de un servicio público, y así se dice en la exposición de motivos de la Ley 4/1980, porque la televisión es un vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. 4. La calificación de servicio público es constitucionalmente legítima desde el momento en que le legislador la considere necesaria para garantizar -en términos de igualdad y efectividad- determinados derechos fundamentales de la colectividad, pero no es, en absoluto, una etiqueta que, una vez colocada sobre el medio, permita cualquier regulación de la misma, ya que hay en juego derechos subjetivos -los de comunicar libremente el pensamiento y la información- que la «publicatio» limita y sacrifica en favor de otros derechos, pero que no puede en modo alguno eliminar.
Sentencia citada en: 253 sentencias, 17 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
En los recursos de amparo acumulados núms. 434/88, interpuesto por don Javier M. T. 761/88, interpuesto por don José Luis D. H. 1.942/88, interpuesto por don José M. M. T. 1.947/88 y 122/89, interpuestos por don José M. M. N. y 890/89, interpuesto por don Luis M. T. debidamente representados por Procurador y asistidos de Letrado, salvo don José M. M. T. Letrado, que actúa por sí mismo, contra diferentes Resoluciones del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, que denegaron la atribución de frecuencias y potencias de televisión y radio, y contra las Sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que las confirmaron. Han sido partes el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Fue Ponente el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El día 10 de marzo de 1988 se registró en este Tribunal, con el núm. 434/88, un escrito, mediante el cual don Juan A. G. S. M. y O. Procurador de los Tribunales, interpuso recurso de amparo constitucional, en nombre y representación de don Javier maldonado Trinchant, impugnando la Resolución del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 13 de noviembre de 1986, así como las Sentencias de la Audiencia Nacional de 11 de julio de 1987 y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1988, que la confirmaron.
2. Don Francisco G. y G. en nombre y representación de don José Luis D. H. por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 27 de abril de 1988 y que fue registrado con el núm. 761/88, interpuesto recurso de amparo contra la Resolución del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno de 27 de noviembre de 1986, denegando la atribución de frecuencias y potencias de emisión en VHF o UHF, así como contra las Sentencias de la Audiencia Nacional de 11 de junio de 1987 y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1988.
3. Con fecha 1 de diciembre de 1988, don José M. M. T. actuando por sí en su condición de Licenciado en Derecho, presentó demanda de amparo constitucional contra la Resolución de 13 de noviembre de 1986, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, así como contra las Sentencias de 19 de junio de 1987, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de 23 de septiembre de 1988, de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. El recurso se registró en el núm. 1.942/88.
4. Con fecha 1 de diciembre de 1988 se registró en este Tribunal, con el núm. 1.947/88, un escrito mediante el cual don Juan A. G. S. M. y O. Procurador de los Tribunales, interpuesto recurso de amparo constitucional en nombre y representación de don José M. M. N. diciendo impugnar la Resolución de 13 de noviembre de 1986, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, así como las Sentencias de 12 de junio de 1987, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y 12 de julio de 1988, de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
El 13 de noviembre de 1986 se adoptó Resolución por el Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno rechazando la petición del actor. Frente a la anterior Resolución interpuso el solicitante recurso contencioso-administrativo especial (Ley 62/1987) ante la Audiencia Nacional, que fue resuelto y desestimado por Sentencia de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo de dicho órgano jurisdiccional, de 12 de junio de 1987. Frente a la Sentencia anterior se interpuso por la representación del señor M. N. recurso de apelación, que fue resuelto y desestimado por Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 12 de julio de 1988.
5. El 18 de enero de 1989 se registró en el Tribunal Constitucional con el núm. 122/89 un escrito de don Francisco G. y G. Procurador de los Tribunales, quien en nombre y representación de don José M. M. N. interpuso recurso de amparo contra la Resolución del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 5 de febrero de 1987, que desestimó la atribución de frecuencias y potencias de emisión para emisoras de radiodifusión de onda media de alcance local y contra las Sentencias de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 1988 y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1988 que la confirmaron.
6. Mediante escrito registrado el 12 de mayo de 1989 con el número 890/89, don Juan A. G. M. y O. Procurador de los Tribunales, interpuso, en nombre y representación de don Luis M. T. recurso de amparo contra Resolución del Ministerio de Relaciones con las Cortes de 11 de febrero de 1987, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de enero de 1988 y contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1989.
El recurso se contrae, por tanto, a la supuesta vulneración del artículo 20.1 a) y d) C.E. Señala el Letrado del Estado que, si bien los derechos reconocidos en el citado precepto incluyen, en principio, el de creación de los soportes o instrumentos de comunicación, ello no significa que este derecho goce de la misma intensidad de protección que el derecho primario a la libre expresión o difusión. Por el contrario, respecto al mismo, el legislador dispone de mucha mayor libertad de configuración. Tras resumir la jurisprudencia constitucional sobre la cuestión, el Abogado del Estado señala que la pretensión deducida por el actor ante la Administración es abstracta y contradictoria. Abstracta, no ya porque se soliciten de forma indeterminada frecuencias y potencias para gran cantidad de capitales y provincias españolas, sino porque lo que en realidad se pretende es la proclamación general y abstracta por la Administración de que todos los que posean transmisores de alcance local o provincial son titulares del derecho, incluido en la esfera de protección del art. 20.1 C.E., a que la Administración les asigne frecuencias y potencias. Por otra parte la petición es contradictoria, puesto que si fuera cierto que no existe en absoluto escasez de frecuencias y que resulta inverosímil la existencia de interferencias perjudiciales, no sería preciso solicitar tal atribución de frecuencias y potencias;debió el actor, en tal caso, poner en operación de manera efectiva sus estaciones y reaccionar frente a los eventuales impedimentos de la Administración.
16. Por providencia de 23 de abril de 1990, la Sección acordó solicitar del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones informe técnico sobre si existen o no limitaciones técnicas y en qué consisten en cuanto al número de emisoras de Radiotelevisión por ondas hertzianas en una determinada localidad, y si la eventual conexión entre diferentes emisoras locales podría suponer una red de alcance nacional. Presentado frente a dicha providencia recurso de súplica por el señor M. T., en el que solicita dicho informe se haga por una Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, o se permita a la parte aportar un informe similar propio. Admitido a trámite el recurso de súplica por providencia de 25 de mayo de 1990, se concedió un plazo común de tres días a las partes y al Ministerio Fiscal para la formulación de alegaciones, que fueron debidamente formuladas.
Por Auto de 18 de junio de 1990 la Sección estimó parcialmente el recurso de súplica acordando admitir la presentación por el señor M. T. de un informe técnico por profesional capacitado de su elección que verse sobre el mismo contenido que precisó la providencia de 23 de abril anterior.
17. El 24 de mayo de 1990 se ha recibido el informe técnico emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones en relación con la situación actual de la asignación de frecuencias de las bandas de televisión y de radiodifusión sonora. El 3 de julio de 1990 la representación del señor M. T. presenta dictamen del Profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, señor F.Baillo Rodríguez de Liébana en que dice estar de acuerdo con informe emitido por el Director técnico del Ente Público Radiotelevisión Madrid.
18. La representación de don José M. M. N. alega a la vista de los informes que el único válido y convincente es el redactado por la Dirección Técnica del Ente Público Televisión Madrid, insistiendo en las afirmaciones contenidas en el informe que acompañaba a la demanda, de lo que deduce que no existen obstáculos técnicos para el otorgamiento de la demanda.
La representación de don Javier M. T. señala que el informe presentado por el Ministerio omite referirse al art. 3 del Acuerdo de Estocolmo que excluye de su ámbito a las emisoras de televisión de baja potencia, siendo técnicamente otra cuestión que las de media y gran potencia. El factor mas importante a tener en cuenta en la planificación de un servicio de telecomunicación es la potencia emitida. La distinción entre cobertura territorial poblacional es relevante, ya que la densidad de población es un factor que no interviene en absoluto para la planificación de frecuencia. Aunque existan limitaciones, en España podrían coexistir más de 12.000 estaciones de televisión de baja potencia, teniendo en cuenta que en las grandes ciudades del mundo hoy hay más canales de televisión local que periódicos. Se afirma finalmente que no sería posible la eventual conexión de las emisoras de baja potencia, existiendo diferencias significativas entre la simple conexión de emisoras locales de baja potencia y las redes públicas o privadas de alcance nacional.
El Abogado del Estado afirma que los datos técnicos ofrecidos demuestran la escasez de frecuencias disponibles, así que la eventual conexión de diferentes emisores locales supondría de hecho una red de alcance nacional. En relación con el informe aportado por la parte, destaca que el informe técnico del señor F. B., profesional capacitado de su elección, se limita a manifestar la absoluta y total coincidencia con un informe emitido por una corporación de Derecho público, al que no se refería el Auto que autorizó ese informe. Se destaca además que el informe habla de 12.000 estaciones de baja potencia, cifra referida a todo el territorio español, cuando lo pretendido por el actor era emitir con instalaciones de cobertura provincial. Las afirmaciones carecen de todo rigor técnico, son imprecisas, utilizan analogías y nada demuestran, careciendo de los elementos imprescindibles para ser consideradas como un informe técnico.
4. Por lo que respecta a las resoluciones administrativas, los actores consideran que han vulnerado los arts. 14;16, y 20.1 a) y d) C.E.
Por consiguiente, la denegación de lo solicitado habría conculcado los derechos reconocidos en el art. 20 C.E., y ello en aplicación del art. 1.2 de la Ley 4/1980, precepto que vulneraría la libertad de expresión y de información de los recurrentes, tanto por falta de rango orgánico de la Ley, como por el contenido mismo de la limitación establecida, que rebasa el margen de lo constitucionalmene legítimo al obligar que los particulares ejerciten tales derechos a través de la gestión indirecta mediante concesión administrativa, y que impide la atribución directa sin más de frecuencias y potencias, que pretendían los recurrentes, para el supuesto de televisión y radio de alcance local o por cable.
SAN, 26 de Septiembre de 2011
STSJ País Vasco 83/2008, 18 de Febrero de 2008

References: e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 20