Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2019/05/propiedad-horizontal-y-derecho.html
Timestamp: 2019-05-26 12:26:09+00:00

Document:
Pedro de Miguel Asensio: Propiedad horizontal y Derecho internacional privado
En su sentencia de hoy en el asunto C-25/18, Kerr, EU:C:2019:376, el Tribunal de Justicia clarifica el tratamiento en materia de competencia judicial y ley aplicable de las reclamaciones relativas al pago de cuotas de comunidades de propietarios de bienes inmuebles en régimen de propiedad horizontal. Más allá de su interés respecto de esa concreta materia, la sentencia resulta también relevante, desde una perspectiva más general, en relación con la interpretación de ciertas normas del Reglamento 1215/2012 (RBIbis), en particular, su fuero en materia contractual. Asimismo, la resolución incluye precisiones de interés sobre el ámbito de aplicación material del Reglamento Roma I y la delimitación de la categoría “contrato de prestación de servicios” en el marco de su artículo 4, aspecto este último en el que el resultado alcanzado puede prestarse a un análisis más crítico.
A partir de su jurisprudencia previa relativa a la interpretación del fuero especial en materia contractual del artículo 7.1 RBIbis, en el sentido de que la aplicación de este criterio de competencia no supone la celebración de un contrato –a diferencia, por ejemplo, de los artículos 17 a 19 en materia de contratos de consumo- sino únicamente que la acción del demandante se base en una obligación libremente consentida por una persona respecto de otra, el Tribunal concluye que la obligación de un propietario de un bien inmueble en régimen de propiedad horizontal de pagar las cuotas anuales de la comunidad de propietarios es una obligación contractual a los efectos del artículo 7.1 RBIbis. El Tribunal pone de relieve que esta conclusión debe afirmarse con independencia de que la obligación de participar en la comunidad de propietarios venga impuesta por la ley, así como de que resulte únicamente de la adquisición del bien inmueble o dependa de un acuerdo aprobado después por la junta de propietarios, siendo irrelevante a estos efectos que el deudor no haya participado en la adopción del acuerdo o se haya opuesto al mismo (apdos. 27 a 29 de la sentencia). Es fácil apreciar la trascendencia práctica de este resultado con respecto a copropietarios domiciliados en un Estado miembro distinto al de situación del bien inmueble, en la medida en que eventualmente posibilita el ejercicio de acciones ante los tribunales de un Estado miembro distinto al del domicilio del demandado y, en su caso, en concreto, ante los tribunales del Estado miembro de situación del bien inmueble, si es ahí donde se localiza el lugar de cumplimiento de la obligación a los efectos del mencionado artículo 7.1.
En relación con el Reglamento Roma I, el Tribunal aborda la cuestión de si, a los efectos de su artículo 4, una obligación de pago de ese tipo debe considerarse un contrato de prestación de servicios (art. 4.1.b) o un contrato relativo a un derecho real sobre un bien inmueble (art. 4.1.c). Como aspecto preliminar, es interesante destacar que el Tribunal se aleja del planteamiento del Abogado General, quien había entendido que una reclamación de pago como la controvertida en el litigio principal se halla excluida del ámbito de aplicación material del Reglamento Roma I, en virtud de su artículo 1.2.f), relativo a las cuestiones pertenecientes al Derecho de sociedades (apdo. 60 de las conclusiones). El Tribunal pone de relieve que esa exclusión se limita a los aspectos orgánicos de las sociedades u otras personas jurídicas, sin abarcar la reclamación de cuotas anuales como las que son objeto del litigio principal, que se enmarcan “en la esfera del Derecho general en materia de obligaciones contractuales” y, por lo tanto, quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento Roma I (apdo. 33 de la sentencia). Tras esa conclusión el rechazo por parte del Tribunal a que esas obligaciones puedan considerarse como relativas a contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario (art. 4.1.c RRI) lo vincula con su jurisprudencia restrictiva sobre el alcance del fuero exclusivo del artículo 24.1 RBIbis en materia de derechos reales inmobiliarios, que no abarca las acciones relativas al pago de las cuotas de la comunidad de propietarios.
Más controvertido en el caso concreto puede resultar la respuesta del Tribunal en el sentido de que esas obligaciones sí derivan de un contrato de prestación de servicios a los efectos del artículo 4.1.b del Reglamento Roma I. El Tribunal alcanza esta conclusión a partir sencillamente de su jurisprudencia previa –relativa al art. 7.1 RBIbis- en el sentido de que el concepto de contrato de prestación de servicios “implica, como mínimo, que la parte que los presta lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración” (apdo. 39, con cita de su jurisprudencia previa). Sin ulterior argumentación, la conclusión alcanzada puede resultar cuestionable. Que la actividad de una empresa que presta servicios de administración a la finca o de las que prestan servicios de mantenimiento y limpieza se fundará típicamente en contratos de prestación de servicios (en los que los copropietarios no son parte), a los efectos del artículo 4.1.b, no resulta controvertido. Ahora bien, la reclamación objeto del litigio principal va referida al pago de cuotas de la comunidad, que incluyen gastos derivados de partidas muy diversas como tasas, impuestos, salarios y cotizaciones de posibles empleados… junto remuneraciones de múltiples servicios prestados por diversos prestadores a la comunidad de propietarios. De hecho, en tales circunstancias la identificación del prestador de servicios, cuyo lugar de residencia habitual determina la ley aplicable en el marco del artículo 4.2 RRI, puede resultar incierta. Por eso, tal vez el Tribunal debería haber valorado si en este caso en realidad la obligación no deriva de un contrato susceptible de ser incluido en ninguna de las categorías del apartado 1 del artículo 4 RRI e incluso en el que no es posible identificar la parte que realiza la prestación característica a los efectos de su apartado 2, de modo que procedería aplicar el apartado 4, según el cual el contrato debe regirse por la ley del país con el que presenta los vínculos más estrechos, que en este caso no debería resultar controvertido que es la del país de situación del bien inmueble.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en miércoles, mayo 08, 2019
Etiquetas: Competencia judicial, Contratación internacional, Derecho aplicable, Unión Europea

References: resolución 
 artículo 4
 artículo 7
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 artículo 24
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