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Timestamp: 2016-12-10 22:30:35+00:00

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⭐HACIA UNA INTERPRETACIÓN SATISFACTORIA DE LA TABLA I DEL BAREMO DE LA LEY 30/1995 (COMENTARIO A LA STS, SALA 2 a, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001)
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Nieves Lucero Sáez
1 HACIA UNA INTERPRETACIÓN SATISFACTORIA DE LA TABLA I DEL BAREMO DE LA LEY 30/1995 (COMENTARIO A LA STS, SALA 2 a, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001) Maita M a Naveira Zarra La sentencia que va a ser objeto de comentario en este trabajo [STS, Sala 2 a, de 17 de septiembre de 2üül(R.J.A. 8349)], que versa sobre un supuesto de responsabilidad civil ex delicto, contiene en su Fundamento Jurídico Quinto y a los efectos que aquí interesan, las siguientes consideraciones, que reproduzco a modo de resumen: "Lo cierto es que la sentencia declara como hecho probado que «la víctima en el momento del accidente, vivía en compañía de su madre María Soledad de la T. R., del compañero sentimental de ésta, José María S. G.. guien convivía con la joven fallecida desde hacía nueve años...» (el subrayado es nuestro), es decir desde que la víctima tenía cinco años hasta su fallecimiento a la edad de catorce. De este dato probado, los jueces de instancia rechazan la pretensión de que el Sr. S. G. no devengue indemnización al no ser padre biológico de la fallecida y, por tanto, no incluido en el Grupo IV de la Tabla I del Baremo. Al respecto, razona la sentencia que esta pretensión «... debe ser desatendida, tanto porque va en contra de los más elementales sentidos de justicia material, cuanto porque supondría una discriminación de las parejas de hecho, cuando uno de ellos no fuera padre biológico del hijo del otro con quien convive more uxorio, lo que supondría una perversa interpretación restrictiva que, además, entraría en contradicción con el criterio dominante en el CP (arts. 23 y 153), tendente a equiparar el matrimonio y las uniones de hecho». A los efectos indemnizatorios que nos ocupan, esta Sala de casación avala y confirma el razonamiento del Tribunal de instancia y considera que, atendida la relación familiar efectiva que se describe en el factum de la sentencia, ninguna razón impide que se equipare la relación afectiva more paternofilis entre el Sr. S. G. y la niña fallecida con la relación paternofilialformalmente constituida, del mismo modo que a los mismos efectos indemnizatorios -y otros que no son del caso- ningún reparo se plantea en la actualidad al equiparar la relación matrimonial con las uniones estables de dos personas vinculadas por análoga relación de afectividad". A la vista del fragmento seleccionado, es posible apreciar, siquiera de forma intuitiva, la problemática abordada por nuestro Alto Tribunal con ocasión de la sentencia enjuiciada. Se trataba de determinar la posible inclusión en el Grupo IV de la Tabla I del «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación» y, más concretamente, en el concepto de «Padres», junto a la madre de la víctima mortal del accidente de circulación, de quien, no siendo padre biológico de ésta, venía desempeñando para con ella las funciones propias del progeni- 8852 Maita M a Naveira Zarra toro Pues bien, con el objeto de que este conocimiento intuitivo de la problemática planteada adquiera un cariz fundado y racional, resulta procedente acotar ciertos aspectos relevantes de la regulación que resulta aplicable al caso. l. REGULACIÓN APLICABLE: NUMERUS CLAUSUS O NUMERUS APERTUS? El «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación» fue introducido a través del Anexo contenido en la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (en adelante, LOSSPY. Se trata de un Sistema que tiene carácter vinculante para los jueces y tribunales 2 y que se estructura en una serie de Tablas -también conocidas como Baremos- que contienen la cuantificación legal de los diversos daños susceptibles de ser sufridos por las personas con motivo de los accidentes derivados de la circulación de vehículos de motor. De estas seis Tablas que lo conforman, la Tabla 1, aplicable al supuesto planteado en la sentencia citada, hace referencia a las Indemnizaciones básicas por muerte, comprendiendo, tanto el catálogo de quienes resultan perjudicados por la muerte de la víctima -a lo largo del cual aparecen mencionados el cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos y los hermanos-, como las cuantías indemnizatorias correspondientes a los sujetos que, en cada caso, ostentan esa condición. La conjunción de ambas circunstancias da como resultado el establecimiento de cinco grupos, que tienen carácter excluyente y que se organizan en función de cinco posibles situaciones familiares predicables de la víctima en el momento de su fallecimiento, esto es, según que se trate de víctima con cónyuge (Grupo 1), víctima sin cónyuge y con hijos menores (Grupo 11), víctima sin cónyuge y con todos sus hijos mayores (Grupo 111), víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes (Grupo IV) o, por último, víctima con hermanos solamente (Grupo V). De la regulación esbozada es posible extraer dos conclusiones elementales: 1a) que la Tabla I contiene una determinación legal de los perjudicados o beneficiarios de las indemnizaciones en caso de muerte de la víctima; y 2 a ) que la circunstancia que determina la inclusión de los sujetos enumerados en el concepto legal de perjudicados diseñado por la Ley 30/1995 es el vínculo parental, la pertenencia a la familia, cercana, de la víctima. Ante este panorama normativo, la cuestión capital que se plantea es la de determinar si la enumeración de perjudicados por la muerte de la víctima del accidente de circulación que se contiene en la Tabla I del Anexo de la Ley 30/1995 constituye un numerus clausus o, por el contrario, se trata de un catálogo meramente ejemplificativo o abierto. Teniendo en cuenta las declaraciones vertidas por el legislador, tanto en el apartado 4 del artículo Primero del Anexo ("Tienen la condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, las personas enumeradas en la Tabla 1 y, en los restan- 1 Esta Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995 modifica la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, la cual pasa a denominarse Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. 2 Este carácter vinculante del Sistema se pone de manifiesto a través del tenor literal del apartado 1 del artículo Primero del Anexo, según el cual: HEI presente sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso ". Esta imposición obligatoria del Sistema suscitó una importante polémica doctrinal y jurisprudencial -de la que no es posible dar cuenta en esta sede, por evidentes razones de espacio-, que llegó a cuestionar, incluso, la propia constitucionalidad de la Ley 30/1995 y que tuvo que ser zanjada, por lo que a las dudas de inconstitucionalidad se refiere, por el TC en sentencia 181/2000, de 29 de junio. 8863 Anuario da Facultade de Dereito tes supuestos, la víctima del accidente), como en el apartado utabla I" de la letra a) del artículo Segundo, relativo a la explicación del Sistema (UComprende (..) y la determinación legal de los perjudicados, fijando los criterios de exclusión y concurrencia entre los mismos "), parece que el designio de la norma es impedir que gocen de la condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, todas aquellas personas que no se encuentren comprendidas expresamente en dicha Tabla, de modo que el catálogo o elenco de sujetos perjudicados estaría configurado como un numerus clausus. Sin embargo, bajo el argumento de que esta solución podría dejar sin indemnización a personas que, resultando efectivamente perjudicadas por la muerte de la víctima, no estuviesen comprendidas en la Tabla 1, los autores y los tribunales han buscado interpretaciones o lecturas menos literales y, por tanto, más flexibles de la determinación legal de la condición de perjudicado a que procede la Ley 30/1995. Veamos, pues, de forma separada las objeciones vertidas en contra del carácter cerrado de la relación de perjudicados contenida en la Tabla 1 y las soluciones que ofrecen los distintos autores como alternativa a dicha enumeración exhaustiva. 11. OBJECIONES FRENTE AL CARÁCTER EXHAUSTIVO O CERRADO DE LA RELACIÓN DE SUJETOS PERJUDICADOS POR LA MUERTE DE LA VíCTIMA Los autores han mostrado recelos frente a la consideración de la enumeración apuntada como numerus clausus, puesto que, así concebida, esa determinación legal de la condición de perjudicado conlleva dos consecuencias dificilmente admisibles: por una parte, impide considerar como tales perjudicados a los sujetos no comprendidos en la Tabla 1, cuando es perfectamente posible, y así lo entendió nuestra jurisprudencia con anterioridad a la promulgación de la Ley 30/1995, que el perjuicio derivado del fallecimiento de la víctima principal recaiga sobre miembros de la familia de ésta no enumerados en la Ley3, así como sobre personas unidas a la víctima, no por un vínculo parental, sino pseudoparental o, incluso, de simple, aunque especial, amistad; y, por otra parte, la defensa a ultranza de la literalidad de la Ley llevaría a conceder indemnización, en todo caso, a determinadas personas incluidas en la Tabla que, sin embargo, no han sufrido perjuicio alguno, ni moral ni económico, por el fallecimiento de la víctima y que, por ello, conforme a la buena lógica no deberían llamarse perjudicados 4 3 Piénsese en el caso del menor huérfano que vive con sus abuelos y que en caso de muerte de éstos en accidente de circulación no tendría, según la Tabla enjuiciada, derecho a indemnización, pese a ser indudable la situación de desamparo afectivo y económico en la que quedaría. 4 Por 1,0 qu~ se refiere a la doctrina, comparten la inadmisibilidad de las dos consecuencias mencionadas: MARIN LOPEZ, 1.1., "Los perjudicados por la muerte en accidentes de circulación (Sobre la tabla I del «Sistema para la valoración de los daños y, perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación»)", Ar. Civ., , págs ; FERNANDEZ I;NTRALGO, 1., "Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma de 1998", en FERNANDEZ ENTRALGO, 1. (dir.), Valoraciónjudicial de daños y perjuicios, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999; MEDINA CRESPO, M., La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo IV (El fallecimiento), Edit. Dykinson, Madrid, 2000, pág. 136 e YZQUIERDO TO~SADA, M., "I;;a responsabilidad civil ante el nuevo milenio: algunas preguntas para el debate", en DE ANGEL YAGUEZ, R. e YZQUIERDO TOLSADA, M., (Coords.), Estudios de responsabilidad civil en homenaje al Profesor Roberto López Cabana, Edit. Ciudad Argentina Dykinson, Madrid, 2001, págs , así como en Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, Edit. Dykinson, Madrid, 2001, págs A la primera de esas consecuencias se refieren también GUILARTE GUTIÉRREZ, V., "Terciando en la inconstitucionalidad del sistema de valoración de los daños personales", ActualidadJurídica Aranzadi, n 306, 28 de agosto de 1997, pág. 4; TASENDE CALVO, J.1., "Sistema legal de valoración de los daños 8874 Maita M a Naveira Zarra Esas críticas o reparos han sido expresados desde diversas perspectivas: Así, algún autor ha afirmado que con el sistema de determinación de los perjudicados instaurado por la Tabla 1 de la Ley 30/1995 se acogen criterios más cercanos a la legitimación ex iure hereditatis que al principio ex iure proprio, dado que la consideración de perjudicado se atribuye al sujeto en virtud de la relación familiar que le une con la víctima, en lugar de en atención a las concretas circunstancias afectivas, económicas, de convivencia o ayuda mutua que le ligaban con aquélla. Y ello, en un momento en que, para bien o para mal, se encuentra plenamente consolidado en la jurisprudencia el argumento de que la indemnización que deriva de la muerte de una persona, cuando ésta acontece con motivo de la realización de un ilícito, ya sea civil o penal, corresponde por derecho propio a aquél que demuestre haber sufrido un daño, moral o económico, a causa del óbito, independientemente de que esos perjudicados ostenten o no la condición de herederos de la víctima 5 La aproximación entre esa determinación legal de los perjudicados y los llamamientos propios de la legitimación ex iure hereditario es ciertamente innegable, aunque no constituye una novedad introducida por la LOSSP, puesto que ya la jurisprudencia había recurrido anteriormente al criterio familiar propio de la sucesión ah intestato para determinar quiénes eran perjudicados por la muerte de la víctima. En tal sentido, no hay que olvidar que la jurisprudencia francesa, precursora en el tratamiento de los denominados, en el país vecino, «dommages par ricochet», esto es, de los daños indirectos o mediatos -que son aquéllos que sufren personas distintas del directamente perjudicado por el hecho dañoso y que encuentran su causa próxima en el daño a éste provocado y, por lo tanto, los que aquí nos ocupan-, consideró, en un primer momento, que la conpersonales. Aspectos constitucionales. Baremo y seguro obligatorio", Revista de responsabilidad civil, cir-: culación y seguro, septiembre 1997, pág. 470; SABATER BAYLE, E." El bare;mo para la valoración de los daños personales, Edil. Aranzadi, Navarra, 1998, pág. 83; BARCELO DOMENECH, J., "Sobre la supuesta exclusión de la unión homosexual en el sistema para la valoracjón de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación", en MORENO MARTINEZ, J.A., (Coon;L), Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, Edil. Dykinson, Madrid, 2000, pág. 648 Y GAZQUEZ SERRANO, L., La indemnización por causa de muerte, Edil. Dykinson, Madrid, 2000, pág. 73. En cuanto a la jurisprudencia, ejemplifican la afirmación relativa a la atribución de la condición de perjudicadas por la muerte de la víctima a personas ajenas a su familia las siguientes sentencias: STS (Sala 2 a ) de 10 de febrero de 1972 (R.J.A. 584), que reconoció la condición de perjudicada a una señora que convivía con la anciana fallecida desde hacía muchos años y a la que prestaba los cuidados necesarios, por vínculos de amistad y cariño; STS (Sala 2 a ) de 2 de febrero de 1973 (R.J.A. 593), que concede la indemnización a los hijastros de la víctima, habidos por el marido de ésta en un matrimonio anterior; STS (Sala 2 a ) de 17 de mayo de 1973 (R.J.A. 2087), que otorga la indemnización a la «tata de toda la vida» del fallecido o la STS (Sala 4 a ) de 12 de marzo de 1975 (R.J.A. 1798), que reconoce indemnización a la prometida del fallecido, con el que iba a casarse pocos días después del accidente. Del mismo modo, existen otras sentencias en las que se negó la condición de perjudicados a parientes próximos de la víctima en quienes, sin embargo, no se apreciaba la existencia de perjuicio alguno derivado de la muerte de ella. Es el caso, entre otras, de la STS (Sala 2 a ) de 12 de noviembre de 1981 (R.J.A. 4317), que concedió la indemnización a la madre del fallecido y se la negó a la mujer de éste, que había abandonado el hogar conyugal hacía años desatendiendo sus obligaciones familiares o la STS (Sala 2 a ) de 25 de junio de 1983 (R.J.A. 3587), que la reconoció solamente a uno de los seis hijos de la víctima que convivía con ella, pues los otros habían sido desatendidos y abandonados porla víctima en instituciones benéficas, por lo que entendió el Alto Tribunal que no habían sufrido perjuicio moral ni económico alguno. 5 Formula esta crítica SOTOMAYOR ANDUIZA, E., "Los perjudicados por muerte en accidente de tráfico. Art. 1.2 a) del proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor. Cuestiones de legitimación activa", Documentación Jurídica, 1995, pág No en vano este autor considera como uno de los fallos más graves del baremo la tasación de la condición de perjudicado por muerte. Así lo afirma en "Algunas consideraciones sobre el nuevo baremo publicado como Anexo a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a,motor", Revista Española de Seguros, n 85, enero-marzo, 1996, pág. 60. Su opinión es compartida por GAZQUEZ SERRANO, L., La indemnización por causa de muerte, Op. cit., pág5 Anuario da Facultade de Dereito dición de perjudicado indirecto venía supeditada a la existencia de un vínculo de derecho o «lien de droit» entre el perjudicado mediato y la víctima principal o directa, vínculo que los propios tribunales franceses concretaron en la titularidad de un derecho de alimentos frente a la víctima, para el caso de los daños patrimoniales «par ricochet», y en la existencia de un vínculo de parentesco o de matrimonio, en relación con los daños morales de igual clase 6 Se exigía, en cualquier caso, la relación familiar, entendida del modo que lo hace la Tabla 1 del Sistema, esto es, incluyendo en dicha relación al cónyuge. No obstante, no fue éste el criterio que prevaleció en la jurisprudencia francesa ni, consiguientemente, en la española, puesto que en nuestro país, siendo más tardía la recepción de la categoría de los daños indirectos o mediatos, apenas se planteó el debate suscitado en los tribunales del país vecino en tomo a la exigencia o no de un vínculo de derecho entre perjudicado principal y perjudicado indirecto. Por el contrario, los tribunales españoles recibieron, al amparo de la generosa interpretación a que da lugar el tenor literal del arto 1902 CC (que se limita a exigir la reparación del daño causado sin establecer limitaciones de ningún tipo), la solución amplia adoptada definitivamente por los órganos judiciales franceses en una sentencia de que, basándose en los amplios términos en que se pronuncia el arto 1382 de su Code Civil, consideró que la condición de perjudicado indirecto venía dada, no por la concurrencia de un derecho de alimentos ni de un vínculo de matrimonio o de parentesco, sino por la efectiva causación de un perjuicio derivado de las lesiones o de la muerte de la víctima inmediata, con independencia, por tanto, de toda relación familiar y alejándose así de los criterios legales determinantes de la condición de heredero. Desde esta perspectiva, no cabe duda del retroceso que supone un sistema que, al considerar como perjudicados únicamente a quienes sean familiares de la víctima -y, además, sólo a los de grado próximo-, se desmarca de la opinión consolidada en la doctrina jurisprudencial precedente, partidaria de la legitimación ex iure proprio y, por tanto, del empleo de criterios de determinación de los perjudicados alejados de la relación familiar y basados en la efectiva causación de un perjuicio. Sin embargo, la crítica más importante, por las repercusiones que de ella se derivan, es la que alude a la posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el arto CE 8 Se dice que a través de una interpretación literal de la Tabla 1 y normas concordantes del Anexo contenido en la LOSSP se impide a las personas no contempladas en dicha Tabla el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, porque, concretándose este derecho fundamental en la posibilidad de acudir ante los órganos judiciales en procura de la protección debida frente a la viola- 6 El «lien de droit» exigido para la apreciación de los daños patrimoniales indirectos fue ~oncretado en el derecho de alimentos a partir de la sentencia Rucheton de 11 de mayo de 1928 del Conseil d'etat, mientras que para los daños morales mediatos se exigió el vínculo de parentesco o de matrimonio a raíz de la sentencia de la Chambre des requetes de 2 de febrero de Sentencia de la Cour de cassation, constituida en sala mixta, de 27 de febrero de El primero en,apres:iar los problemas de ajuste de la delimitación legal de los perjudicados con el arto 24.1 CE fue MARIN LOPEZ, 1.1., en "Algunos aspectos del Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación", Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, julio-agosto 1996, pág. 428 y, nuevamente, en "Los perjudicados por la muerte en accidentes de circulación...", Op. et loe. pits., pág. 50. No obstante, comparten igualmente la apreciación realizada por este autor, GUILARTE GUTIERREZ, V., "Terciando en la inconstitucionalidad del sistema de valoración de los daños personales", Op. et loe. cits., pág. 4 y TASENDE CALVO, 1.1., "Sistema legal de valoración de los daños personales. Aspectos constitucionales. Baremo y seguro obligatorio", Op. et loe. cits., pág Incluso, este argumento fue esgrimido por la Sala 2 a del TS en sentencia de 5 de julio de 1999 (R.lA. 5818) a modo de obiter dicta al tratar la cuestión del carácter vinculante del Sistema de la Ley 30/1995. En concreto, señaló el Alto Tribunal que "puede vulnerarse el principio constitucional de la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en que existan perjudicados que, pese a serlo, no se encuentran inclusos en el Anexo (por ejemplo, parejas de homosexuales) ". 8896 Maita M a Naveira Zarra ción de cualquier derecho o interés legítimo de que sea titular la persona agraviada, resulta que, habiendo sufrido un sujeto no mencionado en la Ley un daño o perjuicio en alguno de sus legítimos intereses, no podrá obtener la reparación del mismo. Y, si bien es cierto que el derecho a la tutela judicial efectiva no se traduce en la necesaria obtención de un fallo favorable para el actor, no lo es menos que tampoco se agota en la posibilidad de acceso a los tribunales sin más, esto es, en la posibilidad de formular sus pretensiones. Por el contrario, tal derecho exige algo más: así, en el caso que nos ocupa, no basta con que el sujeto no mencionado tabularmente pueda ejercitar su pretensión para que la misma le sea en todo caso denegada con base en un argumento legal, su no inclusión en la Tabla 1 del «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación», sino que es preciso, además, que siempre que resulte probado el daño sufrido, el mismo obtenga una reparación adecuada. Y esto último es lo que impide la tasación legal de perjudicados que realiza la Ley 30/1995 si se interpreta como una relación cerrada. Por todo ello, con el ánimo de salvar las objeciones precedentemente formuladas y, sobre todo, la relativa a la inconstitucionalidad de la Tabla 1por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, los autores han propuesto soluciones interpretativas más flexibles y adaptadas a las circunstancias del caso concreto SOLUCIONES PROPUESTAS PARA PALIAR LAS DESAFORTUNADAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN LITERAL DE LA DETERMINACIÓN LEGAL DE LOS PERJUDICADOS Los autores proponen interpretar la Tabla 1del «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación» tomando esencialmente como punto de partida dos diversas concepciones de la determinación de los perjudicados que en ella se recoge. 1. Principio de la doble presunción Por un lado, se hace referencia a la idea o principio de la doble presunción. Este argumento, desarrollado fundamentalmente por MEDINA CRESPO, aunque acogido igualmente por otros autores 9, concibe el sistema de determinación legal de los perjudicados como un sistema basado en el juego de las presunciones. De acuerdo con esta concepción, la Tabla 1 de la Ley 30/1995 contiene una doble presunción: por un lado, la presunción de que los sujetos enumerados en ella son realmente perjudicados por la muerte de la víctima y, por otro lado, la presunción de que los no mencionados en el sistema tabular no resultan perjudicados por ese fallecimiento. Sin embargo, a juicio de los defensores de esta tesis, nos encontramos ante presunciones iuris tantum, enervables, por tanto, mediante prueba en contrario. De esta forma, aquél que aparece incluido como perjudicado en el sistema tabular queda exonerado, a la hora de exigir su derecho 9 MEDINA CRESPO desarrolla este principio de la doble presunción, al que considera como uno de los principios que inspiran la regulación contenida en la Tabla 1, relativa a las indemnizaciones básicas por muerte, en MEDINA CRESPO, M., La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo IV, Op. cit., págs y Igualmente acoge este principio, entre otros, YZQUIERDO TOLSADA, M., "La responsabilidad civil ante el nuevo milenio: algunas preguntas para el debate", Op. et loco cits., pág. 249 Y Sistema de responsabilidad civil..., Op. cit., pág7 Anuario da Facultade de Dereito a la percepción de la indemnización, de acreditar la efectiva existencia de un daño derivado de la muerte de la víctima del accidente, siendo suficiente la prueba de su relación de parentesco con la misma. Pero ello no impide que la contraparte pueda desvirtuar esa presunción mediante la justificación de la inexistencia de daño o perjuicio en base a la ausencia de un real vínculo afectivo entre el sujeto mencionado en la Tabla y la víctima mortal. Y, de igual modo, presumiéndose no perjudicada la persona no incluida en la Tabla, es perfectamente posible que la misma sea considerada como tal si aporta la prueba del daño que la muerte de aquélla le ha causado. Se trataría, en definitiva y a juicio de los autores citados, de una consagración legal de los criterios doctrinales y jurisprudenciales preexistentes, los cuales, basándose para la atribución de la indemnización por muerte de la víctima en la doctrina de la legitimación ex iure proprio y, consiguientemente, en la necesaria prueba del daño sufrido, suelen considerar, no obstante, el vínculo de parentesco -al menos, el cercano- y el de matrimonio como una presunción iuris tantum del perjuicio padecido por el familiar y por el cónyuge de la víctima mortal lo Sin embargo, esta solución, aun cuando permitiría sortear con facilidad las consecuencias desfavorables derivadas de la tasación legal de los perjudicados, incluyendo en esa categoría a personas no mencionadas en la Tabla y excluyendo de la misma a sujetos tabulares mediante la simple enervación de la presunción, no parece del todo correcta, pues entender que la Tabla 1 se limita a consagrar legalmente una doble presunción asulnida ya por la jurisprudencia y cuya fuerza, por ser iuris tantum, se destruye mediante prueba en contrario, resulta incompatible con las declaraciones vertidas por el legislador tanto en el apartado 4 del artículo Primero del Anexo, como en la explicación que sobre la Tabla 1 se contiene e!1 el apartado a) ~e su ~rtículo Segundo. loa favor de considerar el vínculo de parentesco como una presunción de hecho del daño moral sufrido a consecuencia de la muerte del familiar se expresó, ya antes de la promulgación de la Ley 30/1995 y de su «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación», VICENTE DOMINGO, E., en Los daños corporales: tipología y valoración, José -María Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1994, págs Y, de igual modo, en una obra más reciente, aunque reduci~ndo expresamente la eficacia de la presunción a las relaciones conyugal, paternofilial y fraternal, GAZQUEZ SERRANO, L., La indemnización por causa de muerte, Op. cit., pág. 69. En cuanto a la jurisprudencia, cabe destacar, entre muchas otras, como ejemplos de la presunción señalada, la temprana STS (Sala la) de 24 de noviembre de 1970 (R.lA. 4889) en la que se afirma que "la indemnización por causa de muerte ha de corresponder a quienes resultan lesionados en sus afecciones más íntimas, siendo el título de parentesco el que normalmentepresupone ese interés, aprecio y recíproca asistencia o amparo, al así presumirse entre las personas por tal vínculo ligadas". Por su parte, la STS (Sala 2 a ) de 15 de junio de 1989 (R.lA. 5123), relativa a la muerte en accidente de circulación de tres jóvenes solteras de 17, 18 Y 27 años de edad, a la hora de conceder la indemnización a los padres de las víctimas, señaló que "en esta situación y tratándose de daños morales, el dolor que a los padres ha de producir la muerte de los hijos, sobre todo, si es que cabe hacer graduaciones en este sentido, en plena juventud, no necesita ningún tipo de probanza. De esta relación parental fluye, de manera normal y lógica, el daño", así como que "en estos supuestos no rige tampoco la norma según la cual los perjuicios no se presumen y han de demostrarse, regla que cede cuando se produce una situación tan ciertamente dramática y lacerante como a la que se refiere esta causa, están probadas la muerte y la relación paterno-materno-filial, salvo cualificadas excepciones que no son de aplicación a este supuesto porque no han sido traídas al debate judicial sin duda porque no concurren, como son por ejemplo, los supuestos de abandono". Por último, cabe mencionar la más reciente STS (Sala 3 a ) de 4 de octubre de 1999 (R.lA. 8539), en la que se declara la responsabilidad de la Administración por el suicidio en un centro hospitalario de un paciente con problemas psiquiátricos, afirmándose, para justificar la indemnización que se concede a la madre del fallecido en concepto de los daños morales sufridos a causa de la muerte de aquél, que "los vínculos de afecto y económicos propios de la unidadfamiliar existen en tanto no se produzca prueba en contrario, la cual corresponde a la Administración". Finalmente, por lo que se refiere a la ruptura de la presunción en la jurisprudencia del TS, vid. ejemplos en nota n8 Maita M a Naveira Zarra Al contrario, a mi modo de ver y como se desprende de las reglas explicativas del Sistema contenidas en al propio Anexo de la Ley 30/1995, si el legislador incluyó en la Tabla I una enumeración de las personas que en cada caso considera perjudicadas por la muerte de la víctima no lo hizo con la sola intención de liberarlas de la carga de probar el perjuicio por ellas sufrido, sino con el propósito de limitar esa indemnización a aquellos sujetos que reúnen unas ciertas condiciones, condiciones que el propio legislador concreta en la existencia de un vínculo parental con el difunto. No obstante, en la medida en que esta limitación basada exclusivamente en las relaciones familiares vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el arto 24.1 CE, considero que una correcta interpretación de la Tabla 1, respetuosa con la Constitución, pasa por extender el derecho indemnizatorio a todas aquellas personas que de modo fehaciente mantenían con el difunto relaciones de afecto o estima consideradas suficientes por la Ley para_dar lugar a un daño o perjuicio moral. Esta afirmación se concreta, al proyectarla sobre la Tabla 1, en que resultará posible abrir el catálogo de perjudicados a aquéllos que mantenían con el fallecido relaciones análogas o equiparables a las previstas en la Tabla, esto es, básicamente a quienes desempeñaban frente a él alguna función, papel o rol familiar semejante a los contemplados legalmente, porque si se entiende que a través del catálogo de perjudicados se define un grado de afecto mínimo que es necesario para que se aprecie el daño moral y que dicho grado o nivel de afectividad viene ejemplificado a través de las relaciones familiares enumeradas, habrá que concluir que dicho grado de afecto o estima concurrirá igualmente en aquellas otras personas que, aun no estando comprendidas en la Tabla 1, se encontraban unidas a la víctima por relaciones análogas a las definidas legalmente. Por el contrario, no será posible incluir en la categoría de perjudicados a quienes mantenían con el difunto una relación afectiva de menor intensidad que la contemplada tabularmente 11 Lo que, en definitiva, debe buscarse es la integración tabular de aquellas situaciones cuya exclusión, a la vista del caso concreto, no aparezca fundada en un motivo serio, sino en criterios irrazonables o arbitrarios. Esta conclusión exige, por ello, la toma en consideración de los criterios de interpretación y aplicación de las normas previstos en el ordenamiento. 2. El recurso a los criterios de interpretación de las normas jurídicas. Especial referencia a la analogía Frente a esta situación, la otra solución propuesta por la doctrina para salvar los inconvenientes que derivan del carácter cerrado de la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla I del Anexo de la Ley 30/1995, especialmente, el que alude a su inconstitucionalidad por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art CE), es la consistente en contemplar el «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación» introducido por aquélla, como lo que realmente es: un conjunto de normas jurídicas que, como tales, han de ser interpretadas y aplicadas de acuerdo con los criterios proporcionados por el Código Civil en el Capítulo II de su Título Preliminar y, en concreto, por su artículo 3.1, que enumera los. criterios de interpretación de las normas jurídicas y por su artículo 4, rela- 11 Este obstáculo lo salva MEDINA acudiendo a la norma que se contempla en la regla 7 a del artículo Primero del Anexo, que ordena atender para la determinación de la responsabilidad y de la indemnización, entre otros factores, a "la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado" (MEDINA CRESPO, M., La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo IV, Op. cit., pág. 759). Sin embargo, aun sin entrar en un examen detallado de este criterio legal, no parece, al menos, a primera vista, que el mismo pueda ser utilizado para integrar supuestos no contemplados en el Sistema, sino que, más bien, parece dirigirse a la búsqueda de la reparación integral del daño y, por tanto, a la correcta valoración o cuantificación del mismo una vez que su existencia ha sido apreciada conforme a los criterios previstos en la Ley. 8929 Anuario da Facultade de Dereito tivo a la aplicación analógica de las mismas. Los partidarios de esta tesis 12 consideran así que la interpretación adecuada del Sistema, esto es, una interpretación flexible y acorde con las circunstancias concurrentes en cada caso y, sobre todo, con el arto 24.1 CE, puede alcanzarse por medio del recurso a los criterios hermenéuticos comunes. De estos mecanismos, el más importante para eludir los problemas derivados de un supuesto carácter cerrado de la Tabla 1 es la analogía, que puede hacer posible la inclusión en la categoría de perjudicados de sujetos no mencionados tabularmente, siempre que se cumplan una serie de requisitos o presupuestos que hagan posible su aplicación. Por ello, es preciso determinar si efectivamente dicho mecanismo tiene cabida a la hora de proceder a la aplicación de las normas que nos ocupan. Es cierto que a lo largo del «Sistema» no hallamos norma expresa que permita, con carácter general, el recurso a la analogía, como no hallamos tampoco norma alguna que lo prohiba. Por el contrario, sí parece recurrirse a este mecanismo cuando el legislador asimila en la nota 2 de la Tabla 1 las uniones conyugales de hecho consolidadas a las situaciones de derecho. A la vista de este panorama, algún autor ha considerado que la mención expresa por parte de la Tabla de un supuesto concreto de aplicación analógica de la norma en ella contenida excluye la posibilidad de una aplicación de este tipo al resto de hipótesis no contempladas en la misma, en el entendimiento de que cuando el legislador ha sentido la necesidad de recurrir al procedimiento analógico así lo ha hecho constar de modo explícito 1J Sin embargo, esta opinión carece, a mi juicio, de toda justificación, desde el momento en que parece bastante dudoso que la asimilación entre matrimonio y unión de hecho que el legislador introduce en la nota 2 de la Tabla 1 encuentre su fundamento en la analogía, porque de ser así, resultaría totalmente innecesario proceder de modo explícito a la equiparación señalada. Por el contrario, la introducción expresa de tal equiparación halla su razón de ser en la jurisprudencia constitucional que, al considerar las uniones de hecho como "situaciones no equivalentes al matrimonio ", rechaza la posibilidad de que las normas reguladoras de la institución matrimonial puedan ser aplicadas analógicamente a las hipótesis de convivencia extramatrimonial o de hecho l4 12 De forma expresa se muestran partidarios de la posibilidad de interpretar conforme al arto 3.1 CC y de aplicar analógicamente las normas que componen el Sistema, MEDINA CRESPO, M;, La va(oración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo IV, Op. cit., pág o BARCELO DOMENECH, 1., "Sobre la supuesta exclusión de la unión homosexual en el sistema...", Op. et loe. cits., pág De manera menos explícita, aunque igualmente significativa, lo hacen otros autores que consideran necesario realizar una interp~etaci9n flexible de la Tabla I del Sistema contenido en el Anexo de la Ley Es el caso de MARIN LOPEZ, que afirma la necesidad de "una interpretación flexible y acomodada a la realidad del caso concreto de la tabla 1, a fin de no dejar s(n resp,rcimiento a personas que se encuentren en situaciones análogas a las descritas en la misma" (MARIN LOPEZ, J.J., "Algunos aspectos del Sistema para la valoración...", Op. et loe. cits., pág. 428) o de YZQUIERDO TOLSADA, que se muestra igualmente a favor del recurso a la analogía para considerar como perjudicados a sujetos no incluidos en la enumeración tabular (YZQUIERDO TOLSADA, M., "La responsabilidad civil ante el nuevo milenio: algunas preguntas para el debate", Op. et loe. cits., pág ). 13 Se trata de la opinión expresada por FERNÁNDEZ ENTRALGO, 1. en "Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma de 1998", Op. et loe. cits., pág Así lo pone de rpanifiesto ÁLVAREZ LATA a través del análisis jurisprudencial que sobre las parejas de hecho realiza en ALVAREZ LATA, N., "Las parejas de hecho: perspectivajurisprudencial", Derecho Privado y Constitución, n 12, 1998, pág. 17. En lo que a la jurisprudencia constitucional se refiere, son numerosas las sentencias que aluden a la falta de equivalencia entre matrimonio y uniones de hecho. La primera en realizar esta afirmación fue, como pone de manifiesto la autora citada, la STC , de 15 de noviembre, que citaba el ATC , a la que siguieron muchas otras que recogieron básicamente la doctrina sentada en ella. Esta doctrina jurisprudencial establece la ausencia de equivalencia entre uniones de hecho y uniones matrimoniales, lo cual determina, a juicio del TC, que no sea inconstitucional la diversidad de efectos jurídicos que se atribuyen a unas y a otras y, por tanto, la diversidad de su tratamiento legislativo, del mismo modo que tampoco sería 89310 Maita M a Naveira Zarra Contrariamente, desde una perspectiva diversa, considero que la posibilidad de recurrir a la analogía para salvar los inconvenientes que derivan de una literal interpretación de la Tabla 1de la Ley 30/1995 está plenamente justificada si se interpreta la enumeración de perjudicados en ella recogida como en este trabajo se ha hecho, esto es, como una enumeración que responde a la fijación de un cierto nivel de afectividad por debajo del cual queda excluido todo derecho a indemnización, nivel de afectividad que normalmente sólo concurre en las situaciones recogidas tabularmente, como así lo demuestra, por otra parte, el análisis estadístico 15 Y no se opone a esta conclusión el hecho de que a lo largo del Anexo de la Ley 30/1995 no se encuentre norma alguna que permita expresamepte la integración analógica de las lagunas que puedan existir, ya que tales declaraciones resultan totalmente innecesarias, en la medida en que la posibilidad de recurrir a la analogía se encuentra consagrada con carácter general en el arto 4 CC, precepto que sólo excluye la viabilidad de la aplicación analógica en las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal 16, sin que la Ley que nos ocupa se incluya en ninguna de estas categorías. Evidentemente, no se trata de una ley excepcional ni temporal, ya que la misma no está en discrepancia con los principios generales ni posee una vigencia definida en el tiempo. Más atención debe prestarse a la exclusión de la Ley 30/1995 del ámbito de las leyes penales. Esta expresión, «leyes penales», recogida en inconstitucional la equiparación de los efectos de ambas situaciones. Así se afirma, entre otras, en las SSTC 222/1992, de 11 de diciembre; 47/1993, de 8 de febrero; 155/1995, de 24 de octubre; 155/ 1998, de 13 de julio; 268/1998, de 12 de diciembre; o en la más reciente STC 180/2001, de 17 de septiembre. E,sta doctrina es seguida igualmente por el TS, del que se recogen sentencias al respecto, de nuevo, en ALVAREZ LATA, N., "Las parejas de hecho: perspectivajurisprudencial", Op. et loco cits., págs Acude al análisis estadístico MEDINA CRESPO, quien señala que a través del mismo se llega a la conclusión de que en la casuística jurisprudencial son muy pocos los casos en que se ha reconocido condición de perjudicados por la muerte de la víctima a no parientes, frente a los miles de supuestos que se resuelven tomando como base el vínculo parental. Entiende así el autor que la Tabla I del Sistema responde a esa realidad, reproduciendo en otro lugar de su obra una afirmación que resulta altamente útil para enjuiciar el fallo emitido por la Sala 2 a del TS en la sentencia de 17 de septiembre,de 2001, que d~ origen al presente comentario. Dice MEDINA, tomando las palabras del sociólogo HERNANDEZ RODRIGUEZ, que "el sistema legal ha partidofundamentalmente de la normalidad estadística constituida por la familia biparental, sin tener en cuenta la repercusión que en la dinámica familiar ha tenido, de un lado, la pérdida de estabilidad de la institución matrimonial y, de otro, la creciente existencia de familias que, en términos sociológicos, se denominan «reconstruidas», «recompuestas» o de «tejido secundario», para hacer referencia a aquéllas en las que, al menos, uno de los miembros de la pareja conyugal aporta algún hijo fruto de una unión antecedente" (MEDINA CRESPO, M., La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo IV, Op. cit., págs. 77 y 117, respectivamente). Una opinión similar mantiene YZQUIERDO cuando afirma que "todo sistema tabular debería tomarse como plasmación de aquello que es regularmente lo común, sin que por ello quede precluida la posible confluencia, en cada caso, de perjudicados no tabulares, de posible concurrencia de parientes no tabulados pero sí damnificados, de personas perjudicadas que no tienen vínculo alguno de parentesco, así como la posible presencia en las tablas de quienes, figurando en ellas, no han sufrido perjuicio alguno en el caso concreto" (YZQUIERDO TOLSADA, M., "La responsabilidad civil ante el nuevo milenio: algunas preguntas para el debate", Op. et loco cits., pág. 252). Estas manifestaciones, aunque no son del todo correctas, desde el momento en que ignoran la verdadera intención del legislador y consideran que el propósito de la Leyes recoger esa normalidad estadística, sí sirven de apoyo al argumento aquí expuesto a favor del empleo de la analogía, porque ponen de manifiesto que en la vida real el nivel de afectividad exigido en la Ley para apreciar la condición de perjudicado suele concurrir efectivamente en los supuestos en ella recogidos. Más correcta me parece la opinión de BARCELÓ DOMÉNECH, quien señala, siendo más coherente con la intención del legislador de ofrecer un elenco exhaustivo de perjudicados, que "la realidad social es variadísima y muy dificil de abarcar en una norma que establece un elenco de perjudicados. Un sistema puede presentarse con pretensión de exhaustividad, pero, como toda normajurídica, puede tener lagunas, que necesa,riamentf! hay que intentar llenar acudiendo a los criterios generales de interpretación" (BARCELO DOMENECH, J., "Sobre la supuesta exclusión de la unión homosexual en el sistema...", Op. et loco cits., pág. 648). 16 Sobre estos límites del procedimiento analógico, vid. PENA LÓPEZ, J.M., "Comentario al arto 4", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (Coord.), Comentarios al Código Civil, Edit. Aranzadi, Navarra, 2001, págs. 35 y11 Anuario da Facultade de Dereito el arto 4.1 CC, no equivale simplemente a normas de Derecho Penal, sino que, por el contrario y a juicio del Profesor PENA, se extiende a "todos los supuestos de Derecho sancionador que constituyan un elenco tipificado o cerrado "17. Así las cosas, habiendo afirmado que la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla 1 nace con la pretensión de constituir un catálogo cerrado, la cuestión que se plantea es la relativa a si las cuantías que a través de dicha Tabla se ponen a cargo del responsable son o no constitutivas de sanciones (ya sean penales o civiles). A este respecto, hay que decir, en primer lugar, que las normas que regulan la responsabilidad civil, incluso, las comprendidas en el Código Penal, tienen la consideración de normas civiles, en cuanto que regulan una institución de Derecho privado, y así lo ha entendido nuestro TS I8 Y, en segundo término, descartada su inclusión en la categoría de las normas penales, no pueden considerarse tampoco comprendidas en el ámbito de las sanciones civiles, dado que la reacción que el ordenamiento jurídico impone al responsable de un perjuicio persigue un fin estrictamente reparador, pues se dirige a la reparación del daño sufrido por el perjudicado y no al castigo del culpable, careciendo, por tanto, de contenidopunitivo l9 Consiguientemente, no encajando la Ley 30/1995 en ninguna de estas categorías, lo fundamental es que la misma no se encuentra cerrada a la aplicación analógica, por lo que habrá que concluir que ésta será posible siempre que, a la hora de proyectarla sobre el supuesto concreto, se cumplan los demás requisitos propios de este mecanismo de integración de lagunas legales, requisitos que se infieren del propio tenor literal del arto 4CC. Establecidas las conclusiones precedentes, habrá que comprobar si la solución acordada por la sentencia que nos ocupa responde, como parece, a la aplicación práctica de las mismas. IV. EXAMEN CONCRETO DE LA STS (SALA 2 3 ) SEPTIEMBRE DE 2001 DE 17 DE Como se ha indicado al comienzo de esta exposición, la sentencia que es objeto de análisis consideró como perjudicado, a los efectos de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor y, en concreto, a los efectos de percibir indemnización por la muerte de la víctima del accidente, constitutivo de un delito de homicidio por imprudencia grave, a quien no aparece mencionado como tal perjudicado en la Tabla 1 de la Ley 30/1995. En concreto, la sentencia atribuye dicha condición 17 Y, por lo tanto, "allí donde encontremos sanciones civiles informadas por el mismo principio de tipicidad, ~e producirán todas sus consecuencias y, entre ellas, la imposibilidad de aplicación analógica" (PENA LOPEZ, lm., "Comentario al arto 4", Op. et loe. cits., pág. 35). 18 Entre otras, en las sentencias de la Sala 2 a de 20 de febrero de 1997 (RJ.A. 1564),26 de septiembre de 1997 (R.lA. 6366), 14 de febrero de 1998 (RJ.A. 1050) o 22 de enero de 1999 (R.lA. 403). Entre ellas, merece ser destacada la citada STS de 26 de septiembre de 1997, en cuanto hace referencia expresa a la posible aplicación analógica de las normas sobre responsabilidad civil contenidas en el CP. Dice así esta sentencia que "hay que tener en cuenta (..) que aunque las cuestiones sobre responsabilidad civil nacida de delito, tanto las directas, como las indirectas, estén reguladas o ubicadas por tradición legislativa (técnica no exenta de reproches) en el Código Penal, su naturaleza jurídica es puramente civil, de ahí que no debe extrañar que las normas que las regulan puedan (y deban) interpretarse, bien extensivamente, bien por analogía, no ciñéndose al estrecho margen interpretativo que necesariamente se impone cuando se trata de normas puramente penales ". 19 Es cierto que en los últimos tiempos se han alzado en la doctrina voces que atribuyen a la responsabilidad civil una finalidad punitiva o sancionadora, junto a su función reparadora tradicional. Sin embargo, son todavía mayoría los autores que continúan separando las finalidades o funciones atribuidas tradicionalmente a la responsabilidad civil y a la penal. No es éste el momento adecuado para entrar en el fondo del debate, si bien puedo afirmar que mi opinión al respecto se encuadra en esta segunda corriente doctrinal. 89512 Maita M a Naveira Zarra al conviviente de hecho de la madre biológica de la víctima, una niña de catorce años que fallece sin cónyuge ni hijos. Así, siendo de aplicación al caso el Grupo IV de la Tabla en cuestión y, concretamente, el título «Padres» en él contenido, el órgano judicial, tanto el de instancia, como el de casación, decide incluir juntamente en dicho título a la madre y a la persona que, sin ser padre biológico de la fallecida, venía desempeñando para con ella las funciones propias de éste. Así las cosas, cuál es la razón que lleva al Tribunal a equiparar la posición de este sujeto con la que correspondería al padre biológico de la víctima? Aun cuando en la sentencia no se haga explícita alusión a la analogía, parece que debe concluirse que es éste el mecanismo empleado para proceder a dicha equiparación, pues, además de que se trata del procedimiento previsto por la ley para extender una determinada regulación a los supuestos no contemplados en ella, se hace referencia en el texto de la sentencia a la asimilación entre las uniones estables de hecho y las relaciones matrimoniales como argumento para justificar la equiparación entre el padre de Jacto y el padre biológico. Por lo tanto, el TS parece aplicar analógicamente al supuesto de hecho de la sentencia la norma contenida en la nota 2 de la Tabla 1, que alude a esa equiparación entre matrimonio y unión de hecho, para derivar de ella la equiparación entre padre de hecho y padre biológico. A pesar de que la opción empleada por el TS es válida para lograr una interpretación adecuada de la enumeración de perjudicados que se contiene en la LOSSP, considero que no se trata de la única ni la más perfecta de las soluciones posibles. Al contrario, entiendo que la equiparación entre el padre de Jacto y el padre de iure podría alcanzarse igualmente acudiendo a una solución más general, aplicable no sólo a los supuestos en que existe una unión o pareja de hecho. Me refiero a la solución consistente en aplicar analógicamente la norma creadora de la propia Tabla 1. Esta solución es posible, como ya he anticipado, siempre y cuando se interprete que la ratio que preside dicha norma es atribuir la condición de perjudicados por la muerte de la víctima a todos aquellos sujetos que mantenían frente a ella un cierto grado o nivel de afectividad, el cual viene delimitado a través de los supuestos enumerados en el catálogo tabular. Así las cosas y sin perjuicio de que se acoja una u otra solución, no hay que olvidar que ambas están basadas en el procedimiento analógico, por lo que su eficacia se encuentra sometida a la concurrencia de los requisitos exigidos por el arto 4 CC. Analicemos, por tanto, separadamente la concurrencia de esos requisitos, tanto en la aplicación analógica de la nota 2 de la Tabla 1, como en la aplicación analógica de la propia norma delimitadora de los sujetos perjudicados: a) En primer lugar, como exige el arto 4.1 CC, existe una "anomia o vacío normativo "20, una laguna legal, ya que la Tabla I no regula el supuesto fáctico que en la sentencia se plantea, esto es, no regula la posibilidad de que el padre de hecho sea considerado como perjudicado por la muerte de la víctima. b) En segundo lugar, concurre una notable relación de semejanza 2I entre el supuesto no regulado y aquél cuya regulación quiere extenderse, semejanza que es más evidente cuando se acude a la segunda de las soluciones propuestas. Así, es verdad que 20 PENA LÓPEZ, J.M., "Comentario al arto 4", Op. et loe. cits., pág Relación de semejanza que, en palabras de PENA, queda excluida, tanto por la identidad como por la disimilitud, dada la no necesidad de la analogía, en el primer caso, y la imposibilidad de extensión de la norma, en el segundo. Además, esa relación de semejanza ha de "asentarse sobre característicps jurídicamente relevantes y deberá referirse (..) a los supuestos" y no a la identidad de razón (PENA LOPEZ, J.M., "Comentario al arto 4", Op. et loe. cits., pág13 Anuario da Facultade de Dereito el supuesto que se pretende integrar se asemeja a la equiparación entre el matrimonio y la unión de hecho a que procede la nota 2 de la Tabla 1, en cuanto que tanto ésta como la equiparación entre padre de hecho y padre de derecho derivan de una misma causa: la similitud entre las cargas que se asumen y el afecto que se crea frente a la pareja o frente al hijo. Pero esa semejanza es todavía mayor cuando se trata de aplicar por analogía la propia norma creadora de la Tabla I y, más concretamente, su Grupo IV, pues la relación que existía entre el Sr. S.G. y la joven víctima mortal presenta un gran parecido con la que de ordinario se establece entre padre e hijo. No en vano, la experiencia nos demuestra en múltiples ocasiones que el afecto no deriva automáticamente de la filiación natural, sino que el mismo se construye por medio de la convivencia, entendida no solamente en el sentido literal del término, sino sobre todo como aquella situación que se basa en el hecho de compartir, de prestar asistencia o ayuda mutua, etc. Por eso, esa semejanza entre lo que el TS denomina "relación afectiva «more paternojilis» " y la "relación paternojilial formalmente constituida" encuentra su prueba más determinante, a juicio del Tribunal, en la convivencia que ambos sujetos habían mantenido, junto a la madre de la víctima y una hija natural de la pareja, durante los últimos nueve años, por lo tanto, desde que la fallecida contaba con la edad de cinc0 22 Ello genera, según el parecer del órgano jurisdiccional, una "relación familiar efectiva" claramente asimilable a la regulada por la norma. c) El tercero de los requisitos exigidos por el arto 4.1 ce es el relativo a la identidad de razón que debe subsistir entre el supuesto previsto por la norma aplicable y el no previsto por ésta 23 Alude esta condición a la necesidad de que la ratio o finalidad que preside la norma sea la misma en ambas hipótesis, de modo tal que a través de la aplicación analógica de aquélla no resulte desvirtuado el fin para cuya consecución fue promulgada la norma. Pues bien, la ratio de la asimilación recogida en la nota 2 es, en mi opinión, reparar el perjuicio moral y económico que sufre la persona que convive de forma estable con otra al verse privada de ésta, evitando el desamparo que para el superviviente perjudicado derivaría del mero hecho de no haber constituido formalmente, jurídicamente, esa convivencia. Una ratio similar puede hallarse en la equiparación entre padre defacto y padre de iure que realiza la sentencia con base en el precepto citado, pues con ella se trata de impedir igualmente que quede sin reparación un daño, en este caso, moral, cuya existencia se deriva de forma indiscutible de los hechos probados y cuyo único obstáculo para ser reparado deriva de no ser el perjudicado padre biológico o adoptivo de la víctima. En ambos casos, por lo tanto, se pretende eludir la ausencia de reconocimiento jurídico de una relación familiar que, aunque fáctica, es efectiva, asimilándola para ello a la correspondiente relación familiar jurídicamente reconocida. Por otro lado, desde el punto de vista de la solución alternativa que he propuesto en estas páginas, la finalidad que preside la Tabla I debe ser interpretada como la de reparar los perjuicios que, con motivo del óbito de otra persona, se causan a sus allegados, entendiendo por tales a las personas enumeradas en aquélla y a quienes, sin estar comprendidos en la misma mantienen con la víctima una relación análoga de afectivi- 22 Pese a que en el fallo recaído en casación solamente se hace mención de esta circunstancia sin precisar lo que por ella se entiende, ya que no constituye objeto del recurso de casación la valoración de los hechos, seguramente el tribunal de instancia no habrá entendido la convivencia en su sentido literal, esto es, como simple acción de vivir con otro, sino que habrá tenido en cuenta igualmente a la hora de integrar el significado de dicho término otras circunstancias que a menudo complementan o se añaden a la convivencia, tales como la asistencia, los cuidados y las atenciones proporcionadas a la fallecida, el afecto que se crea entre los convivientes, etc., derivando de todo ello, manifestado probablemente a través de las declaraciones realizadas por la madre de la víctima y por el compañero sentimental de ésta, la equiparación entre la condición de padre de Jacto y la de padre natural. Y ello porque la mera convivencia, aun siendo significativa, no puede considerarse, si se entiende en su sentido más literal, como suficiente para llevar a cabo la equiparación realizada. 23 Vid., de nuevo, PENA LÓPEZ, J.M., "Comentario al arto 4", Op. et loe. cits., pág14 Maita M a Naveira Zarra dad. Parece, en tal sentido, que se protegen, no sólo relaciones familiares, sino también roles o funciones de esa naturaleza 24 Teniendo en cuenta, así, que en el caso concreto del Grupo IV la ratio de la norma es reparar el daño, fundamentalmente el moral, que la muerte de un hijo causa a los padres, no ofrece duda el hecho de que esta misma finalidad es la que preside el supuesto a integrar, pues de los hechos probados se deriva que el cariño que el Sr. S.G. debía de sentir por la niña fallecida apenas diferirá del que sentiría un padre biológico o adoptivo que cumpliese sus obligaciones como tal. Por lo tanto, el daño que a esa persona se le causa es indudable y debe ser reparado. d) Por último, la norma cuya aplicación analógica se pretende no encaja, como hemos visto, en la categoría de ley penal, excepcional o temporal, por lo que no tiene vetado, a tenor del apartado 2 del arto 4, el recurso a la analogía. Así las cosas, no debe plantear dudas la corrección de la conclusión extraída por la sentencia al incluir al padre de hecho de la víctima en el Grupo IV de la Tabla 1, atribuyéndole, en consecuencia, la condición de perjudicado. Y si bien es cierto que la ampliación analógica del catálogo tabular de sujetos perjudicados por el fallecimiento de la víctima ya había tenido lugar en otras sentencias dictadas por órganos inferiores Se trata de lo que MEDINA CRESPO denomina «parentesco funcional». Considera este autor que el parentesco debe ser entendido como una realidad funcional, lo que significa que Hun determinado pariente, tabulado o no, puede ser incluido en un grupo preferente, al asimilarse su función a la que desempeña otro (..), predicándose lo mismo de los parientes que no lo son estrictamente (hijastro que funcionalmente sea hijo; padrastro quefuncionalmente sea padre) " (la negrita es mía). En otra parte de su obra insiste el autor en esta idea al señalar, con referencia a los supuestos relativos a personas excluidas de la Tabla I que "de ellos, hay algunos de fácil solución: son aquéllos en los que la existencia de un parentesco funcional supone la prueba de la existencia del perjuicio (..) " (MEDINA CRESPO, M., La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, Tomo IV, Op. cit., págs y 139, respectivamente). Creo que debe compartirse la opinión expuesta, si bien MARÍN LÓPEZ no lo tiene tan claro, ni siquiera cuando la relación que media entre el padre biológico y su pareja es matrimonial, y se pronuncia así en los siguientes términos: HEs muy dudoso si, fallecido el hijo de una persona casada, que no sea además hijo de su consorte, el cónyuge no progenitor reúne la condición de perjudicado y puede reclamar un trato igual que el proporcionado por la tabla al cónyuge progenitor". Es cierto que añade, a continuación, que "seguramente lo más ponderado es atender otra vez a la st/uación concreta, aunque sin olvidar que son varios los preceptos del Código Civil que presuponen la integración del hijo de uno solo de los cónyuges en la unidadfamiliar, por lo menos si viven en el hogar conyugal; pero siempre podrá argumentarse, en contra de un trato igual de ambos cónyuges, que los preceptos citados están establecidos en beneficio del hijo no, común, a quien se pretende equiparar con los comunes, y no del cónyuge no progenitor" (MARIN LOPEZ, J.1., "Los perjudicados por la muerte en accidentes de circulación...", Op. et loco cits., pág. 70). Bastante más sorprendente todavía resulta la opinión de FERNÁNDEZ ENTRALGO, que formula como uno de los argumentos en contra de la aplicación analógica de la Tabla I de la Ley 30/1995 el siguiente: H(..) si la Tabla 1 enumera no sólo relaciones familiares en sentido estricto, sino «posiciones» o roles familiares, habría que examinar, en cada caso, si se corresponden «posición» familiar y «relación» familiar, para llevar a cabo, en ca~o de discordancia, un reajuste que acomodase la indemnización a la primera y no a la segunda" (FERNANDEZ ENTRALGO, 1., "Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma de 1998", Op. et loco cits., pág. 71). Y nos resulta sorprendente esta afirmación porque la atención a las circunstancias de cada caso es precisamente lo determinante a la hora de alcanzar una reparación adecuada y respetuosa con el principio de la restitutio in integrum en cualquiera de los ámbitos de la responsabilidad civil, además de que parece lo más coherente con la finalidad que debe atribuirse a la norma en cuestión para alcanzar una interpretación que esté en consonancia con la CE. 25 Es importante, en este sentido, por señalar sólo la más significativa, la SAP de Sevilla de 23 de diciembre de 1997, que en el caso de fallecimiento de una víctima que sólo deja una hermana y una sobrina (hija de la anterior) atribuye la indemnización correspondiente a esta última, que convivía con el fallecido, pese a no estar comprendida como perjudicada en la Tabla I de la Ley 30/1995, sobre la base de que "la relación que ambos mantenían tenía componentes muy similares a la relación paterno-filial". La importancia de esta sentencia no deriva solamente de la ampliación de la condición de perjudicado a sujetos no comprendidos en la Tabla, sino especialmente del modo explícito y correctísimo en que aplica la analogía al supuesto contemplado. 89815 Anuario da Facultade de Dereito y había sido, incluso, enjuiciada incidentalmente por el TC 26, no lo es menos que la importancia de la sentencia de 17 de septiembre de 2001 deriva del hecho de representar la confinnación de dicho criterio por parte del TS 27, único llamado, en última instancia, a annonizar criterios judiciales. Por otra parte, el TS concluye la respuesta dada al recurso interpuesto por el acusado con una afinnación velada en la que anticipa, pese a no ser ése su deseo, la solución que habría de recaer en caso de que el padre biológico de la víctima ejerciese en el futuro su derecho a reclamar la indemnización. Según el demandado recurrente, en tal supuesto debería serie concedida la suma establecida en el Grupo IV para los «Padres sin convivencia», por lo que resultarían indemnizados dos padres y una madre. Ante esta alegación, el TS declara que la misma "no puede ser acogida, no sólo porque en ella se suscita una mera conjetura sobre la que este Tribunal de casación no debe pronunciarse so pena de prejuzgar una futura resolución tan improbable, sino porque lo que la sentencia combatida enjuició y falló se ciñe a unas concretas pretensiones formuladas por las partes procesales y éstas fueron resueltas con arreglo a derecho". A la vista de esta declaración puede adivinarse que, pese a la literalidad de la misma, el TS anticipa la solución del supuesto planteado. Así, cuando el ponente afinna que sería una resolución improbable y, sobre todo, cuando manifiesta su temor a prejuzgarla, parece que tiene en mente la solución que le correspondería que, a la vista de los antecedentes fácticos proporcionados por la sentencia de instancia, no parece ser otra que el rechazo de esa improbable pretensión y ello, con base en la inexistencia de daño o perjuicio causado al padre biológico que, además de no convivir con su hija, probablemente no cumplía ninguna de las obligaciones inherentes a dicha condición -obligaciones que sí asumía, en cambio, como se deriva del relato fáctico, el compañero sentimental de la madre-, por lo que no mantenía frente a ella el gradó de afecto o estima' que nonnalmente deriva de la relación patemofilial y que la Tabla I configura como 26 En la STC 244/2000, de 16 de octubre, se pronunció el intérprete de la Constitución sobre el supuesto siguiente: en accidente de circulación había fallecido una mujer que circulaba como peatón, por lo que las sobrinas de la mujer solicitaron una indemnización que les fue concedida por el JPI, si bien en cuantía inferior a la s.olicitada. Dicha sentencia fue apelada por las actoras, que pretendían una indemnización mayor, y por la Compañía Aseguradora, que alegaba que en el Anexo de la Ley 30/1995 no se comprendía a los sobrinos en la categoría de perjudicados. Esta última pretensión fue estimada por la AP, que revocó la indemnización concedida por el lpi, por lo que las demandantes promovieron recurso de amparo por vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art CE), con ocasión del cual declara el TC que "no cabiendo legalmente esa indemnización automática basada en la presunción legal del perjuicio por la pérdida del familiar, hubiera sido posible indemnizar a los sobrinos si se hubiera acreditado en elproceso que elfallecimiento de su tía les había ocasionado un daño o perjuicio cuantificable. " Añade el TC, en otro lugar y con relación al derecho a la tutela judicial efectiva, lo siguiente: "En efecto, si bien es cierto que, como dijimos en la src 181/2000, de 29 de junio (F 20), es posible apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que la aplicación automática de los baremos contenidos en la Ley 30/1995 haya impedido efectivamente la sustanciación procesal de la total reparación del daño causado, no es esto lo verdaderamente sucedido en el caso analizado. Como ya ha quedado afirmado, elfundamento de la decisión de la Audiencia de restringir la indemnización concedida en primera instancia no reside en la automática aplicación de la Ley 30/1995, ni en la exclusión de los sobrinos del elenco de perjudicados, pues, si ello hubiera sido así, podría habérseles negado la legitimación como partes en elproceso. Sin embargo, lejos de efectuarse tal exclusión, se analizó la pretensión indemnizatoria de las sobrinas, concluyéndose en la falta de acreditación de daños o perjuicios efectivamente ocasionados por el fallecimiento de su tía cuantificables económicamente, al margen de los que derivaran del pago de los gastos del sepelio. Deformd que, al operarse así, no se impidió laformalizac!ón y tramitación procesal de su pretensión indemnizatoria (..)". Por lo tanto, el TC basa la exclusión de la indemnización de las sobrinas, no en su ausencia de la enumeración contenida en la Tabla 1, sino en la falta de prueba de su perjuicio, dando a entender la posible reparación del mismo en el supuesto que se hubiese demostrado la existencia efectiva de daño. 27 Que, sin embargo, ya había hecho algo parecido en la STS (Sala 2 a ) de 15 de febrero de 2001 (R.l.A. 2501), relativa a la integración en el concepto de «Padres de la víctima» de la madre soltera, al desconocerse quién es el padre. 89916 Maita M a Naveira Zarra legalmente exigible. Es más, si hubiera sido así, el fallo del TS en el supuesto enjuiciado en la sentencia de 17 de septiembre de 2001, esto es, la atribución al Sr. S.G. de la condición de perjudicado incluido en el Título «Padres» del Grupo IV de la Tabla 1, no habría tenido lugar, ya que la condición de perjudicado incluido en dicho grupo correspondería claramente al padre biológico de la fallecida, al cumplir éste los requisitos exigidos por la Ley 30/1995, esto es, mantener con la víctima una relación patemofilial dotada de reconocimiento jurídico y sentir por su hija el afecto o estima que habitualmente deriva de dicha relación. Finalmente y a modo de conclusión, debe hacerse notar que la sentencia comentada, pese a ser menos explícita de lo deseable en lo que al recurso a la analogía se refiere, constituye un gran paso adelante en el correcto entendimiento del Sistema introducido por la Ley 30/1995, pues constituye el reflejo de la paulatina superación doctrinal y jurisprudencial de los iniciales reparos de que fue objeto, sustituyendo la formulación de críticas puramente destructivas contra el Sistema de Tablas o baremos por la búsqueda de interpretaciones acordes con el sentido y finalidad de la institución de la responsabilidad civil extaconfacture. 900 Mostrar más
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