Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201714231490118.HTML
Timestamp: 2019-06-20 01:30:09+00:00

Document:
CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1423/2017
(Son las 15:02).
–Buenas tardes a todas y a todos.
Tenemos el agrado de recibir en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor subsecretario y demás autoridades que lo acompañan, para analizar el inciso 06 «Ministerio de Relaciones Exteriores».
Muy buenas tardes a todas y a todos; es un gusto estar nuevamente aquí, junto a ustedes.
Permítaseme, ante todo, excusar la presencia del señor ministro de Relaciones Exteriores, quien no pudo concurrir hoy debido a compromisos de naturaleza impostergable, pidiéndome que lo representara en esta instancia.
Como se sabe, desde la última vez que comparecimos ante esta Cámara por temas de índole presupuestal, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha continuado trabajando en la ejecución del plan estratégico 2015 – 2020, de acuerdo a lo establecido en el documento Bases para la política exterior del Uruguay.
La labor que hemos venido desarrollando en la Cancillería se encuentra articulada a partir de los objetivos estratégicos que oportunamente definió el Poder Ejecutivo. Como es de conocimiento de los señores senadores estos objetivos tienen, por un lado, un carácter político, que tiene que ver con labores destinadas a aumentar el prestigio, la consideración y la visibilidad internacional del Uruguay, fundamentalmente en estos últimos dos años, vinculadas con nuestra presencia y tarea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A su vez, de conformidad con las labores más tradicionales de la Cancillería, hemos priorizado la promoción del Uruguay, la búsqueda y el desarrollo de oportunidades comerciales, el fomento y aumento de las exportaciones nacionales y la atracción de inversiones extranjeras. A todo esto se agrega un componente nada menor en la labor de la Cancillería: la tarea de defensa y apoyo a nuestros compatriotas en el exterior.
A efectos de ilustrar la importancia y la magnitud de esta última tarea, la actividad consular, desarrollada tanto en Montevideo como en los consulados de la república en el exterior, permítaseme señalar que durante el año 2016 se registraron 201.427 actuaciones y gestiones consulares efectivas.
Más allá de la intensidad de la agenda internacional a la que tenemos que hacer frente y los crecientes compromisos que supone para el país, en la Cancillería hemos tenido cuidado en desempeñarnos con especial responsabilidad y consideración a las restricciones presupuestales, limitando al máximo posible los gastos de funcionamiento del organismo y de nuestras misiones en el exterior. Hemos reducido significativamente el número de misiones oficiales en el exterior y ajustado la composición de las delegaciones.
Pese a que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores representa únicamente el 0,8 % del presupuesto nacional y el 0,2 % del Producto Bruto Interno, con el fin de aplicar la política de la manera que señalaba anteriormente, hemos postergado necesidades y aspiraciones legítimas, tanto de la secretaría de Estado como de sus funcionarios; justo es decirlo.
En lo que refiere a las economías realizadas desde marzo de 2015, es dable destacar que Cancillería ha reducido, por el artículo 5.º de la Ley n.º 19355 –Ley de Presupuesto Nacional– en $ 40:000.000 su presupuesto inicialmente proyectado. Asimismo, en dicha ley este se redujo en $ 20:000.000 adicionales. Por lo tanto, desde la Cancillería hacia otras áreas prioritarias del Estado se han transferido $ 60:000.000.
Igualmente debo mencionar aquí el artículo 235 del proyecto de ley a consideración de esta respetable cámara, por el que se ha establecido el cese de un monto de $ 25:000.000 correspondientes al inciso 24, «Diversos créditos» , de la unidad ejecutora 006, Ministerio de Relaciones Exteriores, programa 363, Infraestructura Fluvial y Marítima, respecto al proyecto 962, Dragado del Río Uruguay. Del mismo modo debe tenerse en cuenta que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores presenta una característica particular, consistente en que la mayor parte del gasto tiene lugar en el exterior y está sujeto a variables que son ajenas a nuestro control como, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio. Son magnitudes que, obviamente, nosotros no controlamos.
También quiero llamar la atención sobre el hecho de que la estructura de los recursos humanos de la Cancillería ha tenido muy poco cambio a lo largo del tiempo. Básicamente, hoy tenemos la misma estructura de personal que en el año 1974, cuando fue aprobado el Estatuto del Servicio Exterior del Uruguay. Por tanto, ha habido pocos incrementos del personal diplomático encargado de llevar a cabo la tarea, cuando la agenda internacional de hoy en día –año 2017– es incomparablemente más compleja e intensa de lo que resultaba hace más de cuarenta años.
En el día de hoy el ministerio cuenta con 605 funcionarios para atender sus necesidades, tanto en Montevideo como en los 54 países donde tenemos representación.
De este total, 342 funcionarios pertenecen al escalafón M del servicio exterior. Podemos discriminar estos números de la siguiente manera. Hay 102 oficinas ubicadas en 92 sedes de 54 países, 54 embajadas, 30 consulados generales a cargo de funcionarios de carrera, 8 a cargo de cónsules honorarios, 43 secciones consulares de embajada, 38 consulares de distrito a cargo de funcionarios de carrera, 100 consulados de distrito a cargo de cónsules honorarios y 12 delegaciones ante organismos internacionales.
Los artículos presentados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta oportunidad constituyen, como podrá verse de inmediato, una propuesta muy modesta, en atención a las restricciones de índole presupuestal que enfrentamos. Consta solamente de tres artículos, más otros dos que fueron agregados en oportunidad de la consideración del proyecto en la Cámara de Representantes.
Salvo que la señora presidenta disponga otra cosa, voy a proceder a dar lectura a los artículos y luego, con su venia, cederé el uso de la palabra a los directores correspondientes a los efectos de su fundamentación.
Permítaseme decir que en la tarde de hoy nos acompañan el secretario general de la Cancillería, embajador Bernardo Greiver; el director general para Asuntos Técnico- Administrativos, embajador Hugo Caussade; el director general para Asuntos Consulares y Vinculación, embajador Jorge Muiño; el director de Asuntos Jurídicos, doctor Augusto Montesdeoca y Diego Pelufo, ya conocido por ustedes, que es nuestro enlace con el Parlamento nacional.
Como decía, procederé a dar lectura al articulado del proyecto de ley.
Los artículos 78 y 79 del proyecto los leeré en forma conjunta, ya que refieren a una misma temática.
El primero de ellos expresa lo siguiente: «Sustitúyese el artículo 73 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 73.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de vinculación y retorno con la emigración. Planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través del Servicio Exterior de la República, el que considerará, en cuanto fuera pertinente, las sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos y asociaciones sin fines de lucro de carácter social, cultural o deportivo de compatriotas residentes en el exterior"».
El artículo 79, por su parte, establece lo siguiente: «Sustitúyese el artículo 74 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 74.- Los Consejos Consultivos son organizaciones representativas de los uruguayos residentes en el exterior cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones.
A los efectos de esta ley se considerarán asociaciones de compatriotas residentes en el exterior de carácter social, cultural o deportivo, aquellas sin fines de lucro organizadas sobre bases y principios democráticos, representativas de uruguayos residentes en el exterior y cuyo cometido central sea la vinculación con el Uruguay en sus más diversas manifestaciones"».
Estas dos propuestas recogen una larga aspiración de nuestros compatriotas residentes en el exterior en cuanto al reconocimiento de las asociaciones sin fines de lucro. Si se me autoriza, pediré a nuestro director general de Asuntos Consulares que haga la fundamentación correspondiente.
SEÑOR MUIÑO.- Estos artículos, como bien lo dijo el señor subsecretario, vendrían a constituir una equiparación en cuanto a los derechos de los compatriotas organizados en el exterior. Se recordará que los Consejos Consultivos fueron creados a través del artículo 74 de la Ley n.º 18.250; y a lo largo de los años transcurridos se ha fortalecido el vínculo con los uruguayos en el exterior. Nos encontramos con más de 100 asociaciones de uruguayos que están en el exterior promocionando el país, la cultura, el turismo y las donaciones que todos conocemos. Y creemos que también con la anuencia del Encuentro Mundial de Consejos Consultivos último, les estamos dando a esas asociaciones la equiparación en cuanto a derechos y el reconocimiento.
En la declaración final del Encuentro Mundial de Consejos Consultivos del año 2013 se resolvió invitar a las asociaciones de uruguayos en el exterior. Dos años después tuvo lugar, en el Cabildo de Montevideo, el Sexto Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y Primero de Asociaciones de Uruguayos en el Exterior, con la participación de más de 37 organizaciones de asociaciones y 28 de consejos consultivos. En la declaración se nos pidió que reglamentáramos la equiparación con las asociaciones, lo que estamos haciendo en este momento. Es el trabajo mancomunado con la sociedad civil que todos conocemos y creemos que esto es el fortalecimiento de la vinculación con nuestros compatriotas que están en el exterior.
SEÑOR BORDABERRY.- Agradecemos mucho la comparecencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las normas a las que han hecho referencia son claras y se explican por sí mismas, de modo que no tenemos preguntas sobre ellas.
Sí queremos preguntar acerca de otro artículo, el 265 –que ustedes han manejado y sobre el que han emitido opinión, no del todo favorable–, por el que se disponen recursos que se destinarán a la implementación del acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Obviamente, es algo que hace al Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que nos gustaría conocer su opinión.
El artículo establece varios cosas: el aumento de la tasa consular, para los países de la extrazona, del 3 % al 5 % y para los países de la zona, del 1 % al 3 %; así como también algunas exoneraciones: «Exceptúase de la tasa a la introducción de bienes al territorio nacional en régimen de Admisión Temporaria, al petróleo crudo, a la importación de bienes de capital de uso exclusivo en los sectores industrial, agropecuario y pesquero cuya Tasa Global Arancelaria extra zona es de 2% (dos por ciento) o 0% (cero por ciento) y también se aplicará lo previsto en la Ley Nº 18.166, de 10 de agosto de 2007». Todos sabemos que la Ley n.º 18166 –de la que estábamos hablando antes de ingresar– es la que aprobó el acuerdo con México. Y también en este artículo se dice: «La Tasa tendrá como destino Rentas Generales. Con lo recaudado el Poder Ejecutivo asegurará que se cubran los costos de implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (Ley Nº 19.414, de 17 de octubre de 2013)».
Entonces, la pregunta es si ustedes saben cuáles son esos compromisos asumidos a los que vamos a destinar algo así como USD 100:000.000 –o, por lo menos, tenemos la posibilidad de hacerlo– y si han estimado el monto que va a tener. Estamos votando una tasa que se dice va a permitir al Poder Ejecutivo asegurarse de poder cubrir los costos de implementación.
Por otro lado, también quisiera saber si les parece que esto viola tratados suscritos y vigentes por parte de nuestro país. En concreto, planteo si el hecho de cobrar tasa cero o no cobrar tasa consular a México y sí hacerlo a Brasil y Argentina por un 3%, no viola el tratado del Mercosur que establece la obligación de dar a los países que lo integran las mismas facilidades que a cualquier otro. También pregunto si no se viola el acuerdo de la OMC, concretamente el artículo VIII del GATT 47, al aumentar esta tasa.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Agradezco al señor senador el planteo de sus inquietudes.
Hasta donde conoce quien habla, la inclusión de este artículo en el proyecto de ley de presupuesto es el resultado de una iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de política tributaria, asunto que, como tal, es ajeno a las competencias de este ministerio. Esto fue discutido en su oportunidad en el seno del Poder Ejecutivo; el ministro de Relaciones Exteriores brindó su opinión al respecto, desde el punto de vista de esta cartera, lo que es de conocimiento de los señores senadores. Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió la remisión de este artículo en el correspondiente proyecto de ley que hoy está a consideración de esta cámara.
Debo decir que el producido de esta denominada tasa no está adjudicado a ninguna repartición ni función del Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta donde tenemos entendido, su destino es rentas generales. En todo caso, también el destino de esta tasa está fuera del ámbito de competencias de este ministerio.
Con respecto a la segunda pregunta, quiero decir que no corresponde a esta secretaría de Estado realizar el control de legalidad de esta norma ni de ninguna otra. Ello no está dentro de nuestras atribuciones. Sí lo está el defender el interés nacional de la mejor manera posible, ante cualquier tipo de reclamo que por esta u otra materia se pueda plantear al Uruguay en los distintos escenarios internacionales.
SEÑOR BORDABERRY.- No tengo conocimiento de qué fue lo que dijo el señor ministro en la reunión, cuando se planteó esto. El señor subsecretario dijo que es de nuestro conocimiento, pero como no tuve acceso a esa información, le pediría que nos la trasmitiera.
Por otro lado, es cierto que va a rentas generales, pero el artículo dice que con eso se va a asegurar la implementación de los acuerdos con la OMC. Esa es una función del Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso me gustaría saber si han estimado el costo.
En lo que respecta a la segunda pregunte que formulé, el señor Cancela nos ha dado una respuesta muy diplomática, lo cual habla bien de su carrera y de su profesión, pero supongo que se tiene una opinión para defender esto el día de mañana y que podrá decirme si entiende que esto es violatorio de las normas que he citado. Lo digo porque, obviamente, deberán evaluarlo. Se trata de la Decisión 41/03 del Tratado de Asunción, que establece la obligación de los países del Mercosur de darse entre sí, los mismos beneficios que les den a terceros, en cuestiones comerciales. Entonces, si México tendrá una tasa del 0 %, no se entiende cómo los países del Mercosur van a tener un 3 %.
Realmente, me gustaría conocer la opinión técnica del ministerio.
Por otra parte, el año próximo vamos a tener que ir, como país, a la OMC, y el señor Cancela –cuya venia para que vaya a Ginebra acabamos de votar– deberá defender la posición de Uruguay y comparecer en la revisión que se hace cada seis años. Hubo una en el año 2006, otra en el año 2012 y habrá una en el 2018. En el 2006, nuestro país –no recuerdo quién estaba al frente de la embajada en ese momento– aseguró que iba a eliminar la tasa consular. Cuando volvimos en el 2012 se nos preguntó si la habíamos eliminado o no, y nuestro país respondió que no habíamos podido, pero que perseveraríamos y la eliminaríamos. No me gustaría ser el embajador el año que viene cuando vaya a la revisión y tenga que explicar cómo no la eliminamos ni perseveramos en la eliminación.
Digo esto anticipándome al problema que se viene.
SEÑOR OTHEGUY.- Deseo complementar la pregunta formulada por el señor senador Bordaberry –si me lo permite– y hacer algún comentario que, sin dudas, va por mi cuenta.
Soy legislador del Uruguay ante todo y, como tal, entiendo que nos pueda preocupar cómo otros países reclamen medidas que toma el Estado uruguayo –en este caso el Parlamento– pero, en todo caso, es preocupación de los Estados que eventualmente vean que se lesiona algún tipo de situación de hecho o algún acuerdo. Aclaro que me estoy parando frente al gran problema que plantea el señor senador Bordaberry desde una perspectiva de legislador del Uruguay.
Concretamente, me interesaría saber si formalmente ha habido –ante la Cancillería– algún tipo de reclamo de los países a los que podría perjudicar esta medida. De haberlo, adelanto que no necesito que se me explicite cuál será la estrategia del Uruguay si se entiende que es algo que debe mantenerse en reserva para que sea exitosa.
SEÑOR BORDABERRY.- No tengo inconveniente en que se suspenda la toma de la versión taquigráfica de la respuesta a brindarse, si eso puede afectar la defensa.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se agradece el planteo, señor senador. En todo caso, estaremos a lo que el señor subsecretario sugiera.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Si bien no es esta la ocasión pertinente, dado que el señor senador Bordaberry ha hecho referencia al tema, aprovecho para agradecer a los señores senadores por haberme concedido la venia para ocupar la representación permanente del Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio en los próximos días.
Con respecto a la primera pregunta sobre la opinión del canciller, en su oportunidad este asunto fue materia de comentarios en los medios de comunicación. Hasta donde quien habla conoce, el señor canciller expuso los puntos de vista, la perspectiva y la preocupación que tiene la cancillería, no solo sobre este tema sino sobre cualquiera que vaya a conocimiento del Consejo de Ministros respecto a la conformidad de las normas que se adopten en el Uruguay con los compromisos internacionales que se asuman en los distintos ámbitos. Obviamente, esto fue objeto de deliberación en el Consejo de Ministros, que tomó la decisión política que entendió pertinente, pero no corresponde a quien habla opinar sobre su mérito.
En relación con el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC que –según creo– es la norma a la que se refería el señor senador Bordaberry, efectivamente es uno de los últimos acuerdos que ha sido aprobado por dicha organización. Como los señores senadores saben, con posterioridad al lanzamiento a la Ronda de Doha, la OMC ingresó en una fase de ciertas complicaciones para avanzar en el proceso de liberalización comercial a nivel internacional y, en los últimos tiempos, solamente ha podido aprobar algunos elementos concretos que han concitado el consenso, por lo menos, de la mayoría de los Estados representados allí. Entre ellos se encuentra el acuerdo de facilitación de comercio que, como su nombre lo indica, apunta a facilitar las transacciones comerciales entre los distintos Estados, básicamente con medidas que tienen que ver con la labor que realizan las aduanas para facilitar el tránsito de mercadería.
Es evidente que este tipo de tareas requieren erogaciones presupuestales especiales para ajustar tanto la estructura administrativa como los trámites que deben realizar las distintas reparticiones, pero todo esto es ámbito de consideración del Ministerio de Economía y Finanzas, no del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros señalamos la existencia de los acuerdos y la necesidad de darles cumplimiento. Luego, cada ministerio, en el ámbito de su competencia respectiva, dispondrá los medios necesarios para dar cumplimiento a las normas y a los compromisos contraídos.
Creo que no es relevante la opinión del suscripto sobre el punto en concreto; lo que sí importa es la opinión institucional de la Cancillería. Evidentemente es un elemento sobre el que hemos estado trabajando, pero creo que se relaciona muy bien con la pregunta formulada por el señor senador Otheguy. Tal vez no sería muy fructífero que hiciéramos el ejercicio de responder preguntas que no han sido formuladas; efectivamente, hasta el momento no se ha hecho ninguna reclamación formal al Uruguay por esta tasa consular. Por otra parte, les recuerdo que seguimos hablando de un proyecto de ley. Esto significa que aún no es una norma con vigencia legal. Reitero que no hemos recibido ninguna reclamación de tipo formal al respecto.
De todas formas, me permito agregar que en la reciente cumbre de presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad de Mendoza hace pocos días, ninguno de los representantes de nuestros socios, ni los mandatarios allí presentes, ni sus ministros de Relaciones Exteriores o de Economía y Finanzas hicieron referencia a este tema que estuvo directamente ausente de todas las deliberaciones.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido disculpas por mi insistencia, pero se trata de evitar un daño al país porque, al igual que en la medicina, en la abogacía y en las relaciones internacionales, en la diplomacia, siempre es mejor prevenir que reclamar. Antes de que se cause el daño hay que evitar que suceda. De esa forma, por ejemplo, un abogado advierte que no se haga determinada cosa porque, si se hace eso, va a tener determinadas consecuencias que no son buenas; de la misma forma, un médico advierte que es bueno salir a caminar, no fumar –cigarrillos porque otras cosas parece que no son tan malas–, etcétera para tener una mejor salud. En esto pasa lo mismo: nosotros advertimos antes de que se apruebe el proyecto y por eso planteamos la pregunta. Estamos defendiendo a Uruguay, no esperamos a que se haga el daño para después ver cómo se soluciona. Sería muy fácil para nosotros dejar que se apruebe esta norma, que viola esos tratados y después, cuando vengan los reclamos, criticar a los que las aprobaron. Pero no, queremos ver si con nuestros argumentos y sabiendo que, sin lugar a dudas, viola esos tratados, podemos evitar que se haga de esta forma. Nuestra intención es ayudar, no ponernos del lado del reclamante, sino todo lo contrario.
Entendemos que el tratado con México, más allá de los acuerdos de implementación, al quedar fuera y establecer que sea cero, sería violatorio de las normas del Mercosur. Adelanto que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas nos dijeron que hay un tratado que establece a texto expreso que la tasa debe ser cero. Si el tratado con México establece a texto expreso que la tasa tiene que ser cero y en el tratado del Mercosur se indica que hay que dar los mismos beneficios –si la tasa es cero tiene que ser cero–, no entendemos por qué se elige violar un tratado y no otro.
De todos modos, nos alcanza con que el señor embajador cuando llegue a su nuevo destino –que supongo que será pronto– empiece a conversar con quienes nos hagan la revisión para explicarles el año que viene por qué no perseveramos en lo que dijimos en 2006 y 2012. Espero que tenga las mayores habilidades para ello y nos deje bien. Entiendo que no quiera darnos su opinión, pero creo que la conozco o, por lo menos, la infiero por su negativa a darla.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Continuando con el articulado del Inciso voy a leer el artículo 80 del proyecto. Dice así: «Artículo 80.- Transfórmase en la unidad ejecutora 006 "Ministerio de Relaciones Exteriores" del Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", una función contratada de carácter permanente Denominación Administrativo I, Serie Administrativo, del escalafón C, grado 09 en un cargo presupuestado Denominación Administrativo IX, Serie Administrativo, escalafón C, grado 01. La diferencia retributiva entre la función contratada y el cargo presupuestal, si la hubiera, se mantendrá como compensación personal transitoria, que se absorberá en futuros ascensos o regularizaciones». Esta norma refiere a una transformación de cargo de un funcionario procedente de un servicio descentralizado. Para justificar esta norma quisiera que haga uso de la palabra el Director General para Asuntos Técnico- Administrativos de la Cancillería, embajador Caussade.
SEÑOR CAUSSADE.- Buenas tardes.
Efectivamente, como dijo el señor subsecretario, el objetivo principal es regularizar la situación transitoria de una función contratada para convertirla en una función presupuestada y estamos siguiendo el procedimiento legal y la vía administrativa correspondiente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 81.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Como decía, hasta aquí llegaban las disposiciones presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo al que procederé a dar lectura a continuación fue incorporado en la discusión en la Cámara de Representantes.
El artículo 81dice así: «Créase en la órbita de la Dirección General de Asuntos Consultares y de Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores un "Consejo Asesor Honorario de la Emigración Uruguaya", que estará integrado por personas designadas por los partidos políticos con representación parlamentaria. Las funciones del Consejo que se crea serán de asesoramiento, teniendo la más amplia posibilidad de acceder a la información que se produce en el ámbito de la Dirección de Vinculación y sus actuaciones en relación a la comunidad de uruguayos residentes en el exterior.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentará las condiciones de funcionamiento y actuación del Consejo que se crea».
Respecto a este artículo y a la propuesta de creación de un Consejo Asesor Honorario de la Emigración Uruguaya, debo decir que no fueron iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores pero, como lo hicimos en oportunidad de la discusión del proyecto de ley presupuestal en la Cámara de Representantes, quiero destacar, obviamente, la total apertura de esta Administración en todas las ocasiones en que los miembros del Poder Legislativo han manifestado su deseo de reunirse con la Cancillería o sus autoridades. En muchas oportunidades hemos convocado a los representantes de los partidos políticos a la propia Cancillería para discutir asuntos de interés nacional y el ministro de Relaciones Exteriores ha comparecido en todas las oportunidades en que lo requirieron las respectivas Comisiones de Asuntos Internacionales. Creo que esto demuestra la afirmación hecha precedentemente.
También quiero señalar que el embajador Muiño –director general para Asuntos Consultares y Vinculación– ha tenido una disposición más que permanente para evacuar todas las solicitudes de información y las consultas que se le han hecho respecto a la situación de los uruguayos en el exterior.
Efectivamente, el tema del órgano que se propone en este artículo estaba en las deliberaciones de Cancillería, es decir que la Dirección General para Asuntos Consultares y Vinculación tenía entre sus previsiones una instancia de este tipo. Nosotros no presentamos iniciativa en este sentido porque nos parecía –y nos parece– que aún no estaban maduras las condiciones para una norma de este tipo porque, justamente, pensamos que el carácter de política de Estado que tiene la vinculación con los uruguayos en el exterior y la necesidad de un acuerdo fidedigno entre todos los partidos políticos al respecto hace preciso un ámbito de discusión en el que puedan abordarse asuntos como el voto de los uruguayos en el exterior, ya que, como sabemos, se priva a un conjunto importante de la ciudadanía de este país del derecho al voto. Nos parecía que era bueno tener un ámbito en el que estos asuntos pudieran discutirse y resolverse por acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas.
Consideramos que si teníamos en mente un propósito de este tipo para un órgano –o una comisión, en fin, la denominación es lo de menos en este caso– a crearse, el trabajo de preparación con los propios partidos políticos debía ser anterior a la aprobación de la norma y no a la inversa.
Esta, como decía, es una norma que no venía en el proyecto inicial del ministerio.
Luego, como mencionaba al principio, tenemos el artículo 235 en el que se cede el monto de $ 25:000.000 correspondientes al inciso 24 «Diversos créditos» de la unidad ejecutora 006, Ministerio de Relaciones Exteriores, programa 363, Infraestructura fluvial y marítima, respecto al proyecto 962, Dragado del río Uruguay. Este artículo no está entre los del ministerio, sino en el inciso 24. Retira una partida de $ 25:000.000 que previamente estaba incluida y destinada al dragado del río Uruguay.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: en primer lugar, me sumo a dar la bienvenida a tan ilustre delegación. Creemos que es de los ministerios que hacen el esfuerzo que naturalmente todos estamos pidiendo. Sin embargo, queríamos hacer algunas consideraciones y plantear algunas preguntas.
Empiezo por el final. El último artículo a que hacía mención el señor subsecretario refiere al recorte de la partida del dragado. Me gustaría recibir un comentario en cuanto a cómo impacta esto, si puede ser solventado con otros dineros, con ahorros, o si simplemente se va a dejar de hacer el dragado. A su vez, quisiera saber si hay compromisos binacionales y si esto afecta la contrapartida uruguaya. Sería bueno que nos contaran algo sobre esto porque la verdad es que lo desconocemos y todavía no llegamos a hacer un análisis profundo de este artículo. Verdaderamente nos gustaría recibir un comentario al respecto.
Asimismo, quisiera que nos hicieran algún comentario sobre el artículo 81, relativo al Consejo Asesor Honorario de la Emigración Uruguaya. Yo no iría, como dice el señor subsecretario, a la posibilidad de la votación de los uruguayos en el exterior, tema que todavía sigue siendo discutido, no solamente entre partidos. Por lo menos dentro de mi partido es un tema que todavía no está resuelto y hay distintas posiciones al respecto. No es con ese sentido que lo expreso.
A nuestro juicio, el Consejo Asesor Honorario de la Emigración Uruguaya es muy importante para tener una dimensión de cuántos uruguayos están potencialmente organizados y cuántos están ubicados. Hay uruguayos que se han desvinculado del país, pero siguen siendo uruguayos y queremos seguir teniendo una conexión con lo que nosotros llamábamos «la patria peregrina» que tenemos en el departamento número 20 de nuestra Cancillería. Celebramos la aprobación de esto. No iría más allá del Consejo Asesor Honorario de la Emigración Uruguaya porque, de lo contrario, tendríamos problemas desde el punto de vista de las diversas opiniones que hay dentro de cada uno de los partidos. Hay quienes tenemos alguna aproximación al respecto, pero dentro de nuestro país hay mucho para avanzar antes en materia electoral como para pensar en la posibilidad de un voto consular. Esa es toda una discusión que ni siquiera la hemos dado con profundidad dentro del sistema político en la actualidad. Todos conocemos el pronunciamiento de la ciudadanía con respecto al voto epistolar. No nos negamos a analizar esta posibilidad, pero consideramos imprescindible discutir con un consejo honorario donde tengamos representación, a efectos de saber cuáles son las políticas en ese sentido. Muchas de estas políticas ya fueron presentadas, como las que mencionó el señor director encargado de esta área y figuran en los artículos 78 y 79. Creemos que estas son cosas positivas, porque permiten una mayor organización, vinculación y acercamiento a los uruguayos que están en el exterior.
Entiendo que ese es un primer paso y luego tendremos que discutir hacia adentro del país la posibilidad de que exista otro tipo de vinculación mucho más formal. Este era el comentario que quería hacer con respecto al artículo 81 y celebramos que haya sido bien recibido por la Cancillería aunque entiendan que aún puede demorar. El consejo asesor va a tener un vínculo permanente con la Cancillería, y sobre todo con el señor director, para conocer cuántos somos, cuántos están organizados, cuántos clubes de uruguayos hay, si están funcionando orgánicamente y una cantidad de temas relacionados con la organización de los uruguayos en el exterior.
Con respecto al otro tema, seguramente la discusión será más áspera, pero bienvenido este artículo presentado en la Cámara de Representantes y me alegra que haya sido bien recibido por la Cancillería.
Por último, es notorio que esta Cancillería –con el señor ministro, el subsecretario y el resto del elenco– ha hecho un esfuerzo para profesionalizar aún más la carrera de nuestro servicio exterior y lo celebramos. Quizás los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales conozcan los números mejor que los que no la integramos en este período, pero quisiera saber cuántos embajadores ocupan cargos de confianza política en la actualidad. Me gustaría tener esta medición para saber cuánto se ha avanzado en el compromiso presupuestal de la Cancillería de ir reduciendo, primero los embajadores itinerantes y luego los cargos de confianza política en el exterior. Hemos tenido el placer de votar muchas venias de gente muy calificada como, por ejemplo, la del embajador en Japón en la mañana de hoy, la del embajador en Brasil, etcétera, y naturalmente me sumo a la votación del señor subsecretario como embajador en Ginebra; es un placer hacerlo ya que lo conocemos desde hace muchos años y conocemos su trayectoria y capacidad. Realmente tenemos un elenco que está cada vez más preparado, lo que nos hace sentir orgullosos de sus misiones y su capacidad y eso nos da satisfacción como uruguayos. En síntesis, simplemente me gustaría conocer el número de embajadores de particular confianza política –no quién ni dónde– que están representando al país para tener una idea de cómo venimos en ese tema.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Agradezco los comentarios del senador Heber.
Con respecto al artículo 235 debo decir que también nos tomó por sorpresa, porque no estaba en el proyecto de ley del ministerio. Al día de hoy no tendría consecuencias negativas, pero es nuestro deber señalar que nos preocupan sus eventuales consecuencias a futuro porque, como ustedes saben, el dragado del río se hace con aportes de la parte argentina y de la parte uruguaya, y hasta donde sé se hizo el llamado a licitación para el dragado, pero todavía no fue adjudicado.
Al día de hoy no tenemos estimaciones financieras de cuánto implicará el dragado. Además, como los señores senadores saben, se hace periódicamente. Depende también de fenómenos de tipo climático; según haya mayor o menor sedimentación, es cuánto hay que dragar. En fin, hay una serie de aspectos técnicos que, en última instancia, determinan el monto del gasto. Esto no lo sabemos hoy, pero sí señalamos nuestra preocupación por el hecho de que se retiren estos fondos frente a la eventualidad de que sean necesarios para cubrir gastos de dragado que, además, son compartidos con la República Argentina.
Con respecto al artículo 81, si el señor senador me permite, voy a hacer una distinción entre el artículo y la idea. En primer lugar, reitero lo que decía anteriormente con relación a la apertura del ministerio a conversar sobre estos temas con los distintos partidos políticos y a facilitar toda la información y canalizar todas las opiniones que hacen a los temas de los uruguayos en el exterior. Creo que estamos de acuerdo en la idea y en el espíritu.
La discrepancia radica en la propuesta del artículo en sí mismo. ¿Por qué? En primer lugar, se debe a un tema de técnica. No voy a cometer la osadía de emitir una opinión jurídica sobre un asunto que no he analizado a fondo, y mucho menos teniendo a un distinguidísimo jurista aquí con nosotros, como es el doctor Augusto Montes de Oca, quien, sin duda, después podrá ilustrarme sobre este particular.
Debo decir que me preocupa el hecho de que desde el Poder Legislativo estemos creando un órgano o una repartición en la estructura del Poder Ejecutivo que, de alguna manera –permítanme el uso de esta expresión; tal vez no sea la más adecuada, pero considero que es la más gráfica–, se incrusta en la estructura de la administración.
Normalmente, cuando nosotros hacemos nuestros proyectos de reestructura o de estructura organizativa, hay una coherencia interna en toda la definición de la estructura del ministerio. Aquí nos encontramos frente a un órgano que viene a insertarse o a incrustarse en una estructura que está armada y, realmente, nos habría gustado tener el tiempo para discutir y pensar más a fondo –como ya lo veníamos haciendo– cuál es la posición institucional de este consejo dentro de la estructura organizativa-administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Poder Ejecutivo.
El hecho de que venga esta iniciativa desde el Poder Legislativo a incrustarse en una estructura del Poder Ejecutivo nos plantea algunos inconvenientes y dudas desde el punto de vista jurídico. En esta oportunidad no me voy a aventurar a formular comentarios al respecto, pero evidentemente requieren un análisis en mayor profundidad por parte de esta secretaría de Estado.
Antes de abordar el último punto, quiero agradecer los comentarios efectuados por el señor senador respecto a la profesionalización del servicio exterior. Efectivamente, esta ha sido una preocupación y una tarea que nos hemos planteado como prioritaria desde que esta administración asumió funciones y así lo hemos discutido con los legisladores de los diferentes partidos políticos en las distintas instancias que hemos tenido para hablar sobre política exterior. Puedo decir con orgullo que creo que hasta el presente hemos llevado a cabo una política consistente en el sentido de una mayor profesionalización de la Cancillería. A esta larga tarea, que comenzó con el restablecimiento de la democracia en 1985 y ha continuado hasta el presente, esta administración le ha otorgado una prioridad sustancial.
A los efectos de dar respuesta a la pregunta concreta planteada por el señor senador, pediría se le cediera el uso de la palabra al secretario general del ministerio para que pueda ilustrarnos con las cifras correspondientes.
SEÑOR GREIVER.- En cargos de confianza asignados con la función de embajador ante otros países en este momento hay ocho personas. Ahora bien, si tomamos en cuenta los cargos que están por fuera del ministerio, estaremos hablando solo de cinco porque, de esos ocho, dos son funcionarios del ministerio –que asumen cargos de confianza para poder ocupar el puesto de embajador– y el otro corresponde a un exembajador. O sea que son solamente ocho los cargos de confianza que cumplen la función de embajador fuera del país y, de ese número, tres son funcionarios del ministerio o lo fueron antes.
SEÑOR BORDABERRY.- Me gustaría saber si hay cargos de confianza de cónsul que no sean funcionarios de carrera.
SEÑOR GREIVER.- Son dos los cargos.
SEÑOR DELGADO.- Sé que está terminando la comparecencia del ministerio pero no quería ser menos que el señor senador Heber, que hoy está desconocido porque habitualmente no regala elogios; así que siéntanse doblemente privilegiados.
Simplemente quiero saludar a la delegación y desearle éxito al señor subsecretario en la futura gestión como embajador.
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos que abordar del inciso 06, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia en este ámbito del señor subsecretario y del equipo que lo acompaña.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Agradecemos al Cuerpo el habernos recibido y permitido tener esta discusión y, en particular, los comentarios del querido senador y amigo.
(Se retiran de sala los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores).
(Ingresan los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda les da la bienvenida y les cede la palabra para que realicen una exposición general.
SEÑOR MINISTRO.- Les damos las gracias por recibirnos y saludamos a los señores senadores, a sus asesores y al personal del Palacio Legislativo.
En esta instancia, cuando está en consideración el articulado correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos acompañan el señor subsecretario, doctor Nelson Loustaunou; la directora general de secretaría, doctora Ana Santestevan; el inspector general de trabajo y seguridad social, señor Gerardo Rey; al director de la Unidad Estadística creada en 2015, economista Juan Pablo Martínez y la subdirectora del Área de Dirección General, doctora Laura Bajac.
Como los señores senadores saben, el presupuesto proyectado para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una serie de artículos especiales que apuntan a su fortalecimiento, tarea en la que venimos trabajando para lograr la mejora de su gestión. Se trata de artículos sencillos, prácticos, que casi no tienen costo, que buscan seguir mejorando la gestión, tema en el que estamos embarcados, más allá de las otras tareas que son competencia del ministerio en relación con el trabajo y la seguridad social.
Para este período de Gobierno tenemos una serie de proyectos importantes. Uno de ellos se pondrá en práctica dentro de 40 días, y tiene que ver con la unificación de la planilla de trabajo del ministerio con los registros del Banco de Previsión Social: los registros de los contribuyentes, la recaudación nominada y la gestión de afiliados.
Este proyecto empieza el 2 de octubre, pero ya viene recibiendo un muy amplio apoyo a través de las actividades que venimos realizando en el sector empresarial, que demandaba esto desde hace muchos años. Hoy las empresas deben, por un lado, enviar al ministerio las planillas de trabajo en papel y, por otro, remitir la información al BPS. A partir del 2 de octubre esto se unifica y toda la información ingresará al BPS, el que brindará cada 24 horas la información correspondiente al ministerio. Se trata de un cambio sustancial en la gestión, demandado por las empresas del país, que muchas veces debían hacer trámites dobles y, en algunos casos, con los mismos datos. Esos tres registros del Banco de Previsión Social, que son la recaudación nominada, la gestión de afiliados –con sus altas, bajas y modificaciones– y el registro de contribuyentes, se seguirán llevando como hasta ahora –a través del BPS–, pero se agregará la información de la planilla de trabajo, que incluye los salarios, los horarios y los descansos. Todo eso se hará informáticamente una vez a través del sistema del BPS y significará para las empresas una gran simplificación, facilitación y abaratamiento de los gastos que hoy enfrentan al hacer dos trámites.
Este cambio se suma a otros que estamos implementando en la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cabe recordar los alcanzados en las anteriores rendiciones de cuentas como, por ejemplo, en la exclusividad del cuerpo inspectivo votada anteriormente por el Parlamento –es decir, de los abogados que actúan en la inspección–, que a partir de este proyecto de ley de rendición de cuentas se sigue mejorando.
La unificación de la planilla de trabajo y de los registros del BPS –como saben los señores senadores, es algo que ha venido siendo reclamado desde hace muchos años por las empresas del país, las gestorías y los estudios contables– ha sido muy bien recibida, desde la primera presentación realizada el pasado 31 de julio, en ocasión del congreso de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. En estos veinte y pico de días tuvimos un muy amplio apoyo de muy diferentes cámaras empresariales y asociaciones.
En particular, se ha aprobado un convenio entre Inefop –Instituto de Formación Profesional, órgano multipartito donde participan empresarios, trabajadores, economía social y Gobierno– y el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, a través del cual este colegio, junto a funcionarios del ministerio y del BPS, capacitarán a empresas, gestorías, estudios contables y jurídicos desde el 1.º de setiembre y en todo el país para que, partir del 2 de octubre, se implemente este cambio sustantivo que estaremos haciendo en la gestión. En ese proceso, junto a lo que significará la notificación electrónica para las empresas, el trámite vía papel –cuando se envía un funcionario a cada empresa para notificar de una audiencia, una citación, una inspección o una denuncia– también se hará electrónicamente. Se trata de cambios que estamos procesando junto a los que vienen planteados en el proyecto de ley de rendición de cuentas.
Por lo tanto, en nuestra opinión lo que estamos planteando en el proyecto de rendición de cuentas para mejorar la gestión no es un paso aislado sino parte de un proceso que debemos continuar desarrollando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hemos profundizado en la capacitación de nuestros funcionarios; hemos profundizado en la especialización de nuestros funcionarios y en la exclusividad de una parte de ellos; hemos profundizado en los concursos que se vienen realizando fuertemente en el ministerio y que son parte de este proceso que llevamos adelante con escasos recursos. El nuestro es uno de los ministerios con menor presupuesto y, a pesar de la escasez de personal que tenemos, de todas maneras venimos tratando de mejorar la gestión para los trabajadores y para los empresarios del país, que son nuestro principal público interesado.
Queríamos ubicar los pocos artículos que estamos proponiendo y que prácticamente no tienen costo en el marco de lo que significa el proceso de mejora de gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al servicio del país, de los empresarios y de los trabajadores.
Ahora, si me lo permiten, cedería la palabra a la directora general del ministerio para que explique cada uno de los artículos que están proyectados.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Muchas gracias, señora presidenta. Es un gusto volver a estar en esta casa.
Son exclusivamente siete los artículos que sometemos a consideración de la comisión.
Vamos a comenzar con el artículo 150 del proyecto que está a consideración de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que está relacionado, como bien señalaba el señor ministro, con lo que implica la mejora de gestión. Se vincula con la compensación por cumplir funciones de consultas y audiencias de conciliación en el interior del país. El antecedente de este artículo tiene relación directa con el artículo 469 de la Ley n.º 19.355, de presupuesto nacional, de 3 de diciembre de 2015, aprobada por este Parlamento, y que preveía la posibilidad de otorgar compensaciones a los funcionarios de la Dirección Nacional del Trabajo por cumplir esas funciones. En esta oportunidad extendemos ese beneficio a los funcionarios de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior y a los que están distribuidos en las cuarenta y dos oficinas que tiene el Ministerio de Trabajo en el interior del país, donde se cumplen tareas de consultas y audiencias de conciliación. Lo que prevé esta disposición del proyecto es una reasignación de rubros del objeto del gasto 092.000, «Partidas globales a distribuir», al objeto del gasto 042.520 a los efectos de pagarles una compensación especial a los funcionarios que efectivamente presten funciones en consultas y audiencias de conciliación de conflictos y que, además, tengan –y esta es una condición establecida de la misma forma para los funcionarios de Dinatra– incompatibilidad entre el ejercicio de su profesión y la especialidad laboral. La partida no está prevista específicamente sin ninguna condición sino que, atendiendo a la peculiaridad de las oficinas de trabajo en el interior del país –no todas tienen la misma carga de actividad en materia de audiencias y consultas vinculadas con el mundo del trabajo–, el artículo prevé que el derecho a percibir la compensación prevista en el inciso anterior se generará por el cumplimiento de metas y objetivos que fije la dirección de la unidad ejecutora 004, Dirección Nacional de Coordinación en el Interior.
El tercer inciso dice lo siguiente: «Cuando se compruebe mediante el procedimiento administrativo correspondiente, que funcionarios sujetos a la incompatibilidad en el ejercicio de su profesión con la especialidad laboral, realizan actividades incompatibles con dicho régimen, perderán automáticamente la presente compensación sin perjuicio de las investigaciones y sanciones que correspondiere aplicar». Por tanto, en términos generales no estamos innovando. Es un artículo que no implica costo alguno porque simplemente se trata de una reasignación dentro de los rubros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son escasos como señalaba el señor ministro. Precisamente, lo que se pretende es apostar a la mejora de la gestión y a la calidad de la prestación de los servicios en todo el territorio nacional.
SEÑOR DELGADO.- En primer lugar, quisiera saludar al señor ministro y a la delegación que lo acompaña.
El señor ministro me va a perdonar, pero tengo la obligación de gritar un tanto. Hoy es un día de suerte: gané la primera votación en la Cámara de Senadores en dos años y medio, al solicitar el pasaje a comisión de un proyecto de ley, cosa que se aprobó por unanimidad; ahora tenemos este artículo que, en realidad, surgió a raíz de la propuesta que se hizo cuando se estaba considerando el proyecto de ley de presupuesto. En esa ocasión se asignó una partida a los funcionarios de la Dinatra que iban a realizar audiencias al interior. En ese momento nosotros presentamos un aditivo para hacerlo extensivo a los funcionarios de Dinacoin, la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, pero se votó negativamente, y ahora se incorpora en la rendición de cuentas, lo que valoramos especialmente.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Agradezco la intervención del señor senador Delgado. En efecto, oportunamente se planteó extender el beneficio que se había previsto para la Dinatra, pero en aquella oportunidad no contábamos con la disponibilidad que ahora se presenta para hacer esta reasignación de recursos.
El artículo 151 refiere a la autorización de vender inmuebles de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior. Siguiendo la línea de la mejora de gestión e intentando optimizar los recursos de que dispone esta secretaría de Estado, se previó la posibilidad de vender o colocar en el mercado inmobiliario dos inmuebles que en este momento no están siendo utilizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En un caso se debe al excesivo costo que implica su mantenimiento. En particular, me refiero al inmueble ubicado en el departamento de Florida, que ocupa una extensión importante. Dicho inmueble estaba ofrecido en comodato y ahora estamos procurando recuperarlo a los efectos de que esos recursos le sirvan al ministerio para readecuar las instalaciones de varias oficinas en el interior, lo que es un desafío importante para esta secretaría de Estado que apunta a mejorar la calidad del servicio desde el punto de vista no solo del enriquecimiento de los funcionarios, sino también locativo.
Como se podrá observar por parte de quien hace el seguimiento de las instalaciones del ministerio, estamos intentando mejorar profundamente la infraestructura en todo el territorio nacional mediante acuerdos con otras instituciones. Es un artículo sencillo, y aunque no se prevé una venta rápida, garantiza que el producido se vuelque al propio ministerio para mejorar las condiciones de otras oficinas.
El artículo 152 tampoco tiene costo presupuestal ya que solamente propone la transformación de un cargo en la Dirección Nacional de Seguridad Social. Eso responde a la necesidad de flexibilizar el perfil del cargo de asesor X, escalafón A, grado 4, serie economista, para transformarlo en serie profesional, con la finalidad de abrir las posibilidades de poder contratar a alguien que tenga un perfil de otra profesión.
Los artículos 153 y siguientes están vinculados con la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. En el 153 se propone una mera corrección dentro de lo que es la estructura y la denominación de determinados cargos. En este caso se trata de la transformación de la denominación de cuatro cargos de la serie «Condiciones generales de trabajo» –CGT– a punto de partida de una reestructura que, como los señores senadores recordarán, se inició con una profunda reorganización dentro de la unidad ejecutora 007, Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Esa reestructura propone cambios en la organización interna, en el área de inspectores, precisamente a través de los llamados, los ascensos y el equipo de trabajo; si lo creen conveniente, puede explicarlo con más detalle el propio inspector general. En este artículo se propone solamente cambiar la denominación de cuatro series que pasarían a «Condiciones ambientales de trabajo» –CAT–, con la finalidad de equilibrar el número de inspectores de CAT y de CGT.
SEÑOR DELGADO.- Ya que estamos considerando los artículos vinculados con la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social –sobre todo considerando la reestructura que se inició–, queremos aprovechar la presencia del inspector general del trabajo para preguntarle cuántos inspectores tienen al día de hoy, tanto en Condiciones generales de trabajo como en Condiciones ambientales de trabajo, distribuidos en todo el país.
SEÑOR REY.- Voy a aprovechar para dar dos datos bien precisos. La reestructura que mencionó la directora general fue elaborada en base a un acuerdo y cuando termine de implementarse habrá 137 inspectores, a espejo, es decir, la misma cantidad para CGT que para CAT. Como sé que hay dos senadores que fueron inspectores generales de trabajo, me permito explicarle al resto que hay un grupo de inspectores que generalmente se dedican a las tareas que tienen que ver con salario, categoría, seguridad social, protección social, es decir, los aspectos más documentales; el otro grupo de inspectores desempeña las tareas que tienen que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. Lo que hemos acordado con el sindicato, con el gremio de los inspectores, es que la reestructura tenga la misma cantidad de cargos de un lado que del otro. Entonces, cuando terminemos de implementarla, van a quedar –como ya señalé– 137 inspectores, compuestos de la siguiente manera: 120 inspectores de calle, 10 coordinadores –o sea, 5 de CGT y 5 de CAT–, 2 direcciones –todos estos cargos ya están ocupados– y 5 inspectores que se dedican a la recepción de las denuncias y el asesoramiento.
Actualmente tenemos 16 vacantes seguras. Hablo de «seguras», porque estamos en un proceso en el que algunas personas ya se presentaron al beneficio jubilatorio, por lo que luego de unos meses de trámite seguramente van a quedar algunas vacantes más. Es decir que si me hacen la pregunta, por ejemplo, a fin de año, tal vez tengamos alguna vacante más.
Entonces, estamos intentando cubrir las vacantes que hay al día de hoy: 9 en el caso de CAT y 7 en el de CGT. Como la normativa nos permite hacer concursos con listas de espera con un máximo de 18 meses, pensamos que una vez que se vayan generando más vacantes por jubilación, se irán ocupando los cargos.
Este artículo en particular refiere a un concurso ya hecho. Cometimos el error de anotar mal la serie, pero como las personas participan de buena fe y no hacen un problema por un detalle, ya están ocupando formalmente el cargo que corresponde. Simplemente, se trata de un cambio de serie que no tienen ninguna consecuencia salarial, como los señores senadores saben.
SEÑORA SANTESTEVAN.- El artículo 154 también se vincula con las funciones que se cumplen a nivel de la Inspección General del Trabajo. No tiene costo y está relacionado directamente con el artículo 32 de la Ley n.º 15851, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley n.º 19149, de 24 de octubre de 2013. Concretamente, prevé que la compensación por dedicación exclusiva prevista en el artículo 468 de la Ley n.º 19355 –o sea la Ley de Presupuesto, aprobada por este cuerpo– que se abona a todos los funcionarios abogados de la Inspección General del Trabajo deja de ser percibida cuando la persona pasa a cumplir funciones al amparo de cualquier norma que habilite el pase en comisión.
En realidad, esto estaba sobreentendido en la Ley de Presupuesto, de la que todos participaron y que se aprobó a punto de partida de la presentación del articulado del ministerio. Sin embargo, como se podía generar alguna duda sobre la conservación de esa partida, nos pareció pertinente aclararlo en esta oportunidad.
O sea que la partida por dedicación exclusiva que perciben los abogados de la Inspección General del Trabajo que desempeñan funciones en jurídica se pierde cuando pasan a cumplir funciones en otro lugar, aun cuando fuera en ejercicio de un pase en comisión.
SEÑOR BORDABERRY.- El artículo 67 de la Ley n.º 17556 autoriza a tener hasta diez pases en comisión a los ministros y hasta cinco a los subsecretarios y legisladores. Aclaro que yo no tengo ningún funcionario del ministerio de trabajo en comisión –y menos de la División Jurídica–; es más, creo que no tengo ni cinco, pero esa es otra historia.
Esa misma ley, que es una norma específica para los ministros, subsecretarios y legisladores, establece que los que estén en pase en comisión, entre otras cosas, recibirán la misma remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas.
Es decir que con esta norma se estaría afectando a posibles funcionarios que estén prestando tareas en comisión con ministros, subsecretarios o legisladores. Hago esta aclaración, porque a veces se complica conseguir un buen asesor dado que pierde dinero. Entiendo que todo jerarca quiera tener sus mejores funcionarios, pero de esta manera estaríamos pasando por arriba de una norma específica relacionada con los legisladores, subsecretarios y ministros. No sé si han considerado algún tipo de excepción a este caso de los ministros, subsecretarios y legisladores. Sé que después hay pases en comisión entre organismos. Me gustaría que me explicaran. Me parecería razonable que si hay una norma específica que en este caso, reitero, es el artículo 67 de la Ley n.º 17556, quedara fuera de esta norma.
SEÑOR ITURRALDE.- Mi pregunta va en el mismo sentido que la del señor senador Bordaberry. Me gustaría saber cuál sería la situación de aquellos funcionarios que han salido en comisión por el plazo de cinco años con determinados derechos adquiridos. Descuento que al tener los derechos adquiridos no se verán afectados y será una norma que regirá para los futuros pases en comisión. Quería preguntar específicamente esto.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Agradezco a los señores senadores Bordaberry e Iturralde por haber realizado estas preguntas.
Con respecto al planteo que realizó el señor senador Bordaberry está claro que se está planteando una limitación nítida a lo que establece el artículo 32 de la Ley n.º 15851 que es el que dispone la norma general sobre pases en comisión. No es una novedad este artículo, ya que no es la primera vez que el Parlamento tiene a consideración este tipo de disposiciones. De hecho, en la propia Inspección General del Trabajo y un poco sobre la base de lo que comentaba hace un rato el inspector general el número de inspectores de trabajo que supera los 130 funcionarios en este momento tiene exactamente la misma norma. Con esta disposición estamos tratando de aplicar a los abogados de la Inspección General del Trabajo el mismo régimen que poseen los inspectores de trabajo. Tenemos un número muy importante de inspectores y creemos que no puede desconocer este Cuerpo –y sobre todo los legisladores que tanta vinculación tienen con la Inspección General del Trabajo como, por ejemplo los senadores Delgado e Iturralde– que en la División Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hay apenas 14 abogados para actuaciones inspectivas que desarrollan en una relación de una a diez. No solamente rigen este tipo de disposiciones para el caso planteado, sino también para otros como, por ejemplo, el de la Dirección General Impositiva. Hay casos y normas especiales que contemplan precisamente este tipo de situaciones y por supuesto que esto implica una limitación para ministros, subsecretarios y legisladores porque, realmente, si mantuviéramos la posibilidad de conservar la compensación implicaría una pérdida muy importante en la gestión interna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en particular. Como saben los señores senadores, cualquier funcionario que pasa en comisión a otra institución no solamente deja un lugar desprovisto, sino que no se genera ninguna vacante ni nada que se le parezca y la administración debe seguir respondiendo con las mismas exigencias en ese sentido. Es una norma que ya fue aprobada en idéntico sentido con respecto a los inspectores de trabajo y apunta, precisamente, a garantizar el beneficio de la exclusividad. Tanto beneficia exclusivamente a los abogados de la Inspección General del Trabajo que los propios abogados que prestaban funciones en la División Jurídica de dicha inspección tuvieron que optar y los que no optaron por la exclusividad fueron distribuidos en otras áreas del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es una disposición que apunta a garantizar la prestación efectiva de las funciones dentro de la Inspección General del Trabajo con los beneficios que implica.
Si la señora presidenta lo autoriza quisiera que hiciera uso de la palabra el señor ministro.
SEÑOR MINISTRO.- Quisiera complementar el correcto planteamiento que ha hecho la directora general, agradeciendo desde ya las preguntas de los señores senadores. Esto es parte de la mejora de gestión que queremos hacer. O sea, hemos promovido la exclusividad para garantizar la profesionalidad y la independencia de los funcionarios, en particular, del área de la inspección y los abogados. Y esa partida se aprobó con ese criterio, es decir, se les dio la opción de seguir trabajando en régimen común o en exclusividad y en esta última se les daba ese dinero. Podían haber elegido seguir trabajando en régimen común. Entonces, este personal, muy importante para el trabajo del ministerio, optó por la exclusividad y por eso se les paga la partida. Por tal motivo es que queremos preservar este criterio pero, reitero, luego del proceso que hemos tratado de llevar adelante –más allá de los errores que debemos seguir corrigiendo y mejorando–, en cuanto a la profesionalización y la exclusividad de estos funcionarios, que cumplen una tarea tan especializada en el país. Ese es el objeto de esto.
SEÑOR ITURRALDE.- Creo que no me expresé correctamente. ¿Cuál es la situación de los casos que hoy están en comisión y cobran la partida? ¿Hay algunos casos? Si los hay, ¿se verán afectados? ¿La norma apunta a afectar esos casos o es para el futuro?
SEÑORA SANTESTEVAN.- Como toda norma jurídica siempre es de aplicación para el futuro. El principio general de que la norma no es retroactiva es absolutamente básico del derecho nacional. De todas maneras, creo que hay un argumento muy contundente. En realidad, nosotros entendíamos que posiblemente ni siquiera sería necesaria la norma porque el artículo 32 de la Ley n.º 15851, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley n.º 19149, le había aplicado una modificación a este artículo de los pases en comisión. Se parte de la base, así está establecido, que cuando los funcionarios pasan en comisión se rigen en materia de prohibiciones e incompatibilidades, así lo dice textualmente el artículo, por las normas vigentes en el organismo de destino. Esto es que si un funcionario pasa en comisión al Parlamento, la incompatibilidad no lo alcanzaría y la persona queda exonerada de la limitación, por ejemplo, del ejercicio profesional. Recordemos que esta compensación paga la exclusividad. Incluso, el propio artículo en la redacción dada por la ley del 24 de octubre de 2013, establece que el organismo de origen podrá, mediante resolución fundada, extender total o parcialmente el régimen de prohibiciones e incompatibilidades a los funcionarios en comisión salientes. Cuando el sentido de la ley es claro no precisamos desatender su tenor literal. Por tanto, lo que se está indicando es que el funcionario, si pasa en comisión a otro lado, pierde la exclusividad, y justamente esta compensación paga la exclusividad. Creo que simplemente lo que se pretende con el artículo 154 es darle mayor contundencia o seguridad jurídica a la situación. Es más, cuando se discutió la temática en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes hubo un aporte por parte de los señores legisladores para que quedara absolutamente clara la redacción del artículo, mejorando incluso el texto original.
SEÑOR ITURRALDE.- Seguramente sigo sin explicarme. ¿Existe algún caso de pase en comisión que hoy esté cobrando la compensación? Y si existe, ¿esta norma lo va a afectar? Ya sé que rige hacia futuros pases, pero estoy hablando de los actuales. Hago estas preguntas porque no conozco bien el tema. Si fue concedido un pase por el período de cinco años, en determinadas condiciones donde no regía esta norma, ¿esta se va a aplicar a partir del 1º de enero o al finalizar el período?
SEÑORA SANTESTEVAN.- Esta norma se va a aplicar a partir del 1.º de enero. Existe un caso de una funcionaria de la inspección general que salió en comisión del ministerio y no percibe la partida por entender que la propia aplicación del artículo que acabo de leer claramente dispone que si la persona sale en comisión pierde la exclusividad y esta partida lo que retribuye es la exclusividad. Entonces, reitero que esta norma va a regir a partir del 1.º de enero de 2018, existe un caso en el que una funcionaria salió en comisión y no percibe la compensación, y simplemente se incorpora esta norma para no generar ninguna duda jurídica en el futuro.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Simplemente quiero aclarar que la posición del ministerio es que el sistema jurídico que estaba vigente impedía que cuando el trabajador que percibía esta partida salía en comisión, la perdiera. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica de esta partida es compensatoria de la exclusividad. Es decir, yo te pago la partida de exclusividad a cambio de que tú no ejerzas en derecho del trabajo. Al salir en comisión, como yo pierdo el estatuto que tengo del ministerio, una vez más me abro a poder participar en el derecho del trabajo, es decir a poder participar como abogado en el campo del derecho del trabajo. Así sucede con algunos funcionarios que están en comisión, abogados nuestros vienen a solicitar y patrocinar audiencias en el ámbito del ministerio. Bajo todo un sistema lógico, es claro que si estoy pagando una partida diciendo que compenso la incompatibilidad, pero le permito volver y si está en comisión vuelve a tomar audiencias o a ejercer litigando en materia de trabajo, cae la naturaleza jurídica de la partida; es decir, es clarísimo que estoy compensando por algo que el individuo no está haciendo. Esa es la situación hasta el día de hoy. Como esa salida en comisión –tal como planteaba la directora general de secretaría– ha generado algunas dudas de interpretación –no por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil–, entendimos prudente presentar un artículo aclaratorio en esta rendición de cuentas. Esa es la finalidad de este artículo, es decir reforzar el argumento de la administración.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Continuando con el análisis del articulado, el artículo 155 se refiere también al proceso de reestructura dentro de la Inspección General del Trabajo e implica la transformación de cargos vacantes de la inspección de trabajo y seguridad social, a medida que se vayan generando, en función de los ascensos que se harán producto de esta reestructura que estamos implementando. Por medio de este artículo se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a transformar los cargos vacantes que se vayan generando en la parte inferior, es decir en el escalafón D, grado 7, en escalafón D, grado 8, a los efectos de optimizar el proceso de reestructura de la inspección general.
El artículo 156 es el último que proponemos en este proyecto de rendición de cuentas, tampoco tiene costo e implica un paso muy trascendente e importante en el proceso de mejora de gestión y de cambios en la Inspección General del Trabajo. Este artículo establece que en cumplimiento de lo que dicen tanto las normas internacionales como nacionales –me refiero al Convenio Internacional del Trabajo n.º 81 de la OIT, a la legislación interna de nuestro país e, incluso, al convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay–, tenemos la obligación de solventar o cubrir los gastos de locomoción que se derivan del cumplimiento específico de la función como inspectores de trabajo. En ese sentido, veníamos asumiendo esa inversión con rubros de gastos de funcionamiento. Para no generar ninguna distorsión e incorporarlo en forma permanente en la retribución de los funcionarios inspectores, estamos previendo reasignar –esto a los efectos de financiar la habilitación dispuesta en el inciso primero–, los créditos presupuestales existentes en el objeto de gasto 299, es decir, del rubro «Otros servicios no personales», a los asociados a cinco vacantes que pasarían a Rubro 0. Esto significa que los gastos de locomoción que hoy se están cubriendo con determinados rubros que tienen que ver con gastos de funcionamiento, pasarían a integrar la retribución de los inspectores, con el financiamiento propio del ministerio. Por lo tanto, este artículo tampoco implica gasto presupuestal.
SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero advertir que el señor ministro me comunicó que tiene un compromiso previamente adquirido y que en breve tendrá que retirarse.
SEÑOR HEBER.- Antes que nada, quiero dar la bienvenida al señor ministro a esta comisión del Senado de la República.
En oportunidad de la comparecencia del señor ministro de Economía y Finanzas, se analizaron los números globales y se nos advirtió que había habido un aumento del gasto. El ministro habló de un gasto endógeno, que eran gastos no personales –tuvimos una discusión con él en ese sentido– y que atribuye al Banco de Previsión Social. Básicamente, me dijeron que el tema estaba mucho más en su Cartera y en su responsabilidad porque muchos de los desvíos que se produjeron, sucedieron en momentos en que el señor ministro estaba al frente del Banco de Previsión Social. Por lo tanto, me gustaría aprovechar esta instancia para que haga al menos un comentario.
También tenemos que hacer un pedido porque supongo que habrá leído el informe escrito del señor ministro de Economía y Finanzas, en el que es muy duro con el Banco de Previsión Social. Allí dice que este organismo había hecho una proyección sobre cuál sería el número de altas incrementales por el efecto de la nueva Ley n.º 18395 de flexibilización de requisitos para jubilarse. Según el Banco de Previsión Social, éstas rondaban las 37.000, acumuladas desde el 2009 al 2015. Sin embargo, en base a la información actualmente disponible, las mismas ascenderían a 103.000. Uno puede entender las proyecciones porque estamos hablando de gente muy calificada dentro del Banco de Previsión Social; no sé si continúa allí, pero en lo personal conocí al contador Camacho, por quien tengo gran respeto y admiración por su capacidad. Se dice que este número de altas implicaría un costo adicional no proyectado de USD 330:000.000. En particular, habla de las altas jubilatorias por incapacidad que, según consta en el informe, son las que más han crecido en los últimos años. También dice que las altas por invalidez se multiplicaron por cuatro desde 2008 y cita una frase que me chocó un poco, habla de: «el stock de jubilados». No creo que sea muy humano que el Ministerio de Economía y Finanzas se refiera a los jubilados de esa manera, pero eso no es responsabilidad de usted señor ministro. La cifra de altas por esta causal se elevó a sesenta mil personas en el año 2015. Actualmente, una de cada cinco personas que se jubila lo hace por invalidez. Y luego habla de las pensiones por invalidez que, de hecho, pasaron de ser cuarenta y siete mil en 2004 a sesenta y cinco mil en el 2016. Quiero ser claro: si hay invalidez, hay invalidez. Eso no está en discusión. Pero resulta por lo menos extraño que de golpe tengamos este salto.
Por otra parte, se me ha informado verbalmente –no tengo ningún documento que lo atestigüe porque el Partido Nacional no tiene un director en el Banco de Previsión Social al cual podamos consultar, se lo dije al señor ministro y lo reitero ahora; siempre lo hubo, lamentablemente en esta administración no ha sido así– que las jubilaciones por invalidez han sido mayoritariamente de empleados públicos. Y me extraña porque uno diría que las jubilaciones por invalidez son producto de aquel que hace un esfuerzo grande –como ocurriría en el sector de la construcción–, pero no es así, se da en el caso de los empleados públicos. No quiero ser despectivo con ellos porque acá hay muchos, pero me llama la atención que las jubilaciones por invalidez sean mayoritariamente de empleados públicos, principalmente funcionarios del BPS. Esto sí nos deja preocupados porque todos sabemos que la jubilación por invalidez tiene una tasa de retorno mayor que la jubilación normal. Me pregunto si este conocimiento no ha llevado –me gustaría tener algún número– a un abuso indebido cuando se bajaron los niveles del Baremo, que son las normas para la valoración del grado de invalidez. Además, esta situación no solo se ha dado por la Ley n.º 18395, sino por distintas medidas que se han tomado, que han llevado a que los números crezcan a cifras que no estaban previstas por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien a su vez no se hace responsable y traslada la responsabilidad a las autoridades del Banco de Previsión Social y a su cartera. Queremos contar con más información para poder hablar con propiedad. Como no la tenemos, pido que se me proporcione.
Repito: quisiera saber si es verdad que en general son empleados públicos los que más se han jubilado por invalidez y, en esa categoría, si son mayoritariamente funcionarios del Banco de Previsión Social. En ese caso me queda la sospecha de si esa invalidez es tal, o el trabajo en el Banco de Previsión Social es tan pesado como para generar algún tipo de enfermedad que lleve a que mucha gente se tenga que jubilar por invalidez. Quiero aclarar, nuevamente, que si efectivamente hay invalidez, nosotros no la cuestionamos e incluso creemos que está bien que el Estado proteja a quien en definitiva la padece y no tiene posibilidad de trabajar.
SEÑORA AVIAGA.- Buenas tardes al señor ministro y a sus asesores.
Nos queremos referir al Programa 500 porque tenemos algunas inquietudes que nos gustaría que nos despejaran. Nos llama la atención que en tiempos tan álgidos para el tema laboral haya habido un ahorro de más de once millones de pesos en la parte de gastos de funcionamiento e inversiones del Programa 500, en lo que tiene que ver con la ejecución de las políticas de empleo. Por lo menos así lo dice el registro que tenemos en nuestro poder.
Asimismo, la Dirección Nacional de Empleo dice que en materia de comités departamentales que trabajan en temas de empleo y formación profesional –insisto en que son departamentales– se ha cumplido solamente con un 17 % de la meta. En cuanto al grado de integración entre los servicios de la Dirección Nacional de Empleo e Inefop con respecto al tema trabajo, la meta cumplida es cero o no se dispone de información y dicen que la coyuntura no fue adecuada para lograr metas en conjunto. Me gustaría que el señor ministro nos explicara a qué se debe este informe que se hace acerca de las políticas de empleo con respecto a la interacción entre la Dirección Nacional de Empleo e Inefop.
Las políticas de empleo nos preocupan especialmente porque la idea es que ayuden a la gente a superarse, a prepararse y a adaptarse a los nuevos desafíos del mundo del trabajo. Las tecnologías disruptivas y la robótica, entre otros, son ejemplos que nos alertan acerca de la transformación del empleo, que ya está aquí. Un importante ejemplo que podríamos mencionar con respecto a la adaptación al mundo del trabajo que se viene tiene que ver con la situación de la industria de las TIC, que tiene un desempleo negativo. Para ser competitiva y seguir creciendo, esta industria, que es tan importante para nuestro país, necesita más gente capacitada que trabaje allí. A pesar de todo lo que está pasando en el país esta industria necesita más gente para trabajar cuando hay tantas otras que están cerrando.
Por lo tanto, queremos preguntar especialmente qué está haciendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para generar capacidades que reinserten, adapten y formen a los trabajadores en la materia.
De acuerdo con información proveniente de una auditoría externa sobre estos temas, desde 2014 a la fecha se han perdido alrededor de cuarenta mil puestos de trabajo. La paradoja es que desde 2011 a 2015 rentas generales no ha aportado a Inefop alrededor de 68 millones de dólares del Fondo de Reconversión Laboral, fondo que pagan todos los trabajadores y empresarios del sector privado. ¿Para qué? Para que cuando haya situaciones como las que vivimos, se pueda prever cuáles son las capacidades que debe tener nuestra gente para poder acceder a un trabajo digno. Creo que tanto el Estado como el Gobierno tienen un gran desafío en este sentido y deberíamos estar un paso adelante en cuanto a las políticas que debe haber en materia de empleo.
Mientras sucede todo esto tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que no está volcando los aportes de ese Fondo de Reconversión Laboral a Inefop en la forma debida –como dije, le debe alrededor de 68 millones de dólares correspondientes a los años 2011 a 2015– y no nos pueden decir –como a veces escuchamos tras bambalinas– que esa plata sobra. ¡No! Lo que falta son políticas en materia de empleo.
Por un lado, tenemos gente que está desocupada y hay personas que ven peligrar su trabajo porque las nuevas tecnologías están irrumpiendo en todas las áreas, desde lo agrario a todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con el trabajo se está transformando. Por otro lado, el Fondo de Reconversión Laboral tiene dinero que no está utilizando y quién sabe para qué se está usando. Pregunto al señor ministro qué opinión le merece esta situación del Fondo de Reconversión Laboral ya que, en verdad, el Ministerio de Economía y Finanzas no está volcando el dinero que corresponde. En ese sentido, me gustaría saber qué acción está tomando o piensa tomar para fortalecer el fin que debe tener este fondo y derivarlo adonde corresponda.
También me gustaría saber cuál es el aporte presupuestal según el artículo 17 de la Ley n.º 18046 que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace a Inefop. Quisiera saber si lo hace y cuál es.
Inefop ayuda en distintos programas a la Dirección Nacional de Empleo y esta los administra. En este sentido, quisiéramos saber a cuánto ascendió el monto que Inefop aportó al programa Objetivo Empleo y qué resultados ha obtenido.
Con respecto al aporte que Inefop hace al Plan Ceibal también quisiéramos saber cuál es el monto, a través de qué programa y para qué cursos lo ayuda.
Por último, quisiéramos saber quién controla en el ministerio los resultados de estos cursos que se imparten a través de Inefop y con sus fondos y también si se verifica que esos cursos sean dictados en tiempo y forma de acuerdo a lo que se firma en los convenios y tratados con Inefop por parte de privados.
SEÑOR ITURRALDE.- En primer lugar, quiero felicitar al ministerio por la continuidad con que ha venido realizando la mejora de la gestión, particularmente en la Inspección General del Trabajo a lo largo de muchísimos años. Con relación a ese tema también quiero felicitar al ministerio por el buen diálogo que está teniendo con los gremios del ministerio, básicamente con los dos fundamentales, que son Afmit y AITU. No pasó lo mismo en el período pasado en que una sindicalista fue trasladada y se perdió el juicio ante la Justicia. En fin, fue una cuestión bastante compleja. Se ha mejorado muchísimo el rumbo en ese sentido.
En particular, quería preguntar si en esa mejora permanente que se ha ido realizando dentro de la inspección está previsto dar cumplimiento a la norma 33 de 2006 del Mercosur –recurro a mi memoria– que prevé el cambio de los funcionarios del escalafón D al B. Sé que esto ha estado en la negociación. Quisiera que me dijeran si va a haber algún cambio en ese sentido, sobre todo porque la función inspectiva ha tenido una profesionalización cada vez mayor y creo que quienes están en eso merecerían tener cargos profesionales.
SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, quiero agradecer las palabras del señor senador Iturralde y también las preguntas y los planteamientos de los otros señores senadores. Yo había adelantado a la señora presidenta que a las 17:15 horas debía retirarme porque ya había asumido un compromiso antes de recibir esta citación de los señores senadores. La recibimos con gusto y sabemos que tenemos que venir, pero a veces tenemos otros compromisos que atender. De todas maneras, está presente todo el equipo del ministerio y, por respeto a los señores senadores, tampoco quisiera eludir –más o menos me conocen– los importantes planteamientos que han hecho.
En primer lugar y sobre lo último que planteaba el señor senador Iturralde, debo decir que efectivamente estamos en ese proceso y lo estamos haciendo mediante la negociación con ambos gremios, es decir, el gremio general de los funcionarios y el gremio particular de los inspectores. Estamos negociando con ambos y seguimos en ese proceso. Como muy bien señalaba el señor senador Iturralde, estamos en ese camino, que es parte de lo otro que hablábamos hoy acerca de la profesionalización, la especialización, la exclusividad y avanzar gradualmente en ese proceso. Además, lo venimos haciendo con la dirección que se debe tener como organización –ya sea pública o privada–, pero con el diálogo y la negociación con las partes que corresponda.
En relación con el planteo realizado por el señor senador Heber sobre el BPS y la señora senadora Aviaga con respecto a la Dirección Nacional de Empleo y a Inefop, señalo que desde el año 2005 toda la información es pública. Para nosotros este es un tema trascendente. Algunos de los señores senadores deben conocer un librito color naranja que publica el BPS cada tres o cuatro meses, que se llama Comentarios de seguridad social. Cuando yo era director por los trabajadores del BPS se editaban solo diez de esos libritos, uno para cada director, uno para el gerente general y la mayoría de la información era secreta y reservada. Recuerdo que una vez me quisieron sancionar como director porque había publicado el dato de cuántos trabajadores había en el seguro de paro en Uruguay –es decir, la cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo– y me hicieron un cuestionamiento en el directorio. Todo esto salió publicado en la tapa de Búsqueda; tengo el recorte como recuerdo.
Desde el año 2005 se declaró, por resolución del directorio del BPS que tuve el honor de comenzar a presidir, que la información era sustancialmente pública, salvo aquella que fuera necesario no divulgar para preservar el secreto de las personas o el secreto tributario. Esto lo aplicamos en el ministerio.
En el año 2015 creamos la Unidad Estadística del Trabajo y de la Seguridad Social –su director, el economista Juan Pablo Martínez, está aquí– y estamos publicando toda la información. Ya hemos publicado dos libros que se llaman Estudios sobre trabajo y seguridad social y en la propia página web del ministerio se publica toda la información.
Por lo tanto, la primera respuesta ante la pregunta del señor senador Heber y las de la señora senadora Aviaga es que todo lo que quieren saber está publicado y lo que no lo esté con mucho gusto –si nos envían un informe– se lo haremos llegar. Hay algunas cosas que no puedo contestar ahora porque no tengo aquí ni en la memoria los datos correspondientes, ya que vinimos a discutir los artículos de la rendición de cuentas. Con mucho gusto lo haremos porque, además, esto nos encanta. Si hay que dialogar sobre seguridad social, lo haremos con muchísimo gusto; si hay que conversar sobre empleo y formación profesional también lo haremos con muchísimo gusto. Estamos a disposición de los señores senadores, del Poder Legislativo, de los partidos políticos y de las instituciones sociales con muchísimo gusto.
Lo que no quisiera dejar pasar por alto es alguna cuestión que quizás entendí mal o quiero haber entendido mal. No podemos aceptar que exista alguna sospecha sobre la gestión del BPS. El Directorio del BPS es plural, cuenta con cuatro miembros del Poder Ejecutivo y tres representantes sociales electos, y nosotros respaldamos íntegramente la gestión de ese directorio. Bienvenidas las diferencias de opinión que pueda haber entre los distintos directores. También aclaro, por las dudas, que no siempre hubo representantes de todos los partidos en el BPS. Hago esta aclaración y creo que el senador entiende lo que estoy diciendo.
En cuanto a las cuestiones del BPS, queda descartado lo de la sospecha. Con respecto a los temas de Inefop y las políticas de empleo, me interesaría aclarar, por las dudas –quizás entendí mal; no quisiera haber entendido bien–, que con relación a los dichos que manifestaban que quién sabe para que se está usando la plata, sí se sabe, todo está informado. No hay usos indebidos del dinero ni en Inefop ni en el ministerio. Además, en Inefop el Gobierno es minoría; está conformado por ocho miembros, siete con voto, de los cuales dos corresponden a los trabajadores, dos a los empresarios y tres al Gobierno. El Gobierno ha perdido votaciones en Inefop. Por lo tanto, Inefop no lo dirigimos quienes tenemos el honor de integrar el Poder Ejecutivo del país, sino que está dirigido colectivamente; yo respaldo a esa dirección aunque seamos minoría. Creo que se está produciendo una gran transformación en Inefop. Por ejemplo, hasta el año 2013 o 2014 se capacitaba a unas 17.000 o 18.000 personas por año, particularmente trabajadores en situación de vulnerabilidad y desempleo. Este año vamos a cerrar con 100.000 capacitaciones. Quiere decir que sextuplicamos en tres años la cantidad de personas capacitadas por Inefop.
¿Esto es obra del Gobierno? Esto es obra de la dirección de Inefop integrada por representantes de las cámaras empresariales, del PIT‑CNT, de la economía social y del Gobierno. La nueva dirección de Inefop que respaldamos –como respaldamos a todo el directorio del BPS– ha sido capaz de sextuplicar la cantidad de personas capacitadas mediante procesos de licitaciones públicos, abiertos y transparentes y dando prioridad no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios.
Un cambio importantísimo que se produjo en Inefop, fruto de la dirección colectiva que tiene –reitero que allí el Gobierno o el Poder Ejecutivo es minoría–, fue la creación de una dirección de empresas, cosa que antes no había. Reitero, antes no había una dirección de empresas en Inefop; la creamos en este período de Gobierno. En estos treinta meses de Gobierno se ha triplicado la atención a las empresas en Inefop a través de la asistencia técnica y la capacitación. Estamos capacitando a empresarios en actividad en todo el país. Estamos haciendo culminación de estudios secundarios para trabajadores y empresarios en todo el país. Hay miles de personas que están culminando la primaria y la secundaria. Estamos haciendo cursos de gestión empresarial, de inglés y de portugués. Estas cosas las está haciendo Inefop.
Ante la interesante pregunta de la senadora Aviaga respecto a las nuevas tecnologías, quiero señalar que es una de las prioridades que estamos llevando adelante con la CUTI y la CEDU, las dos cámaras de las nuevas tecnologías del Uruguay. Por otra parte, adelanto que en los próximos días se aprobará un convenio con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay sobre capacitación en informática.
Quiere decir que Inefop tiene convenios con CUTI y CEDU –que son las dos principales cámaras de empresas tecnológicas y de informática del país– y en los próximos días lo tendrá con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, para la formación tecnológica del país, aprovechando los avances del Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá y el cable submarino que nos exporta al mundo a partir de lo que se ha inaugurado esta semana. En síntesis, con la inversión de fondos de la sociedad estamos haciendo una capacitación permanente para la adecuación a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, coincidimos totalmente con la preocupación de la señora senadora, pero estamos haciendo cosas.
Por su parte, hace pocas semanas inauguramos, desde la Cámara de Industrias del Uruguay, cuatro aulas informáticas móviles con tecnología de primer nivel mundial para la capitación específica en el área tecnológica; dos fueron para Juan Lacaze y dos para Treinta y Tres, y van a seguir recorriendo el país. Cada aula móvil tiene capacidad para doce alumnos con instrumental pronto y específico para cada uno de ellos. Esto ya está funcionando y queremos seguir trabajando en ese camino.
Reitero que el Gobierno es minoría en Inefop, pero apoyamos totalmente lo que todo su directorio –formado por delegados empresariales, de los trabajadores, de la economía social y del Gobierno– está haciendo en la transformación de esta institución.
Con respecto a lo que señalaba el senador Heber, quiero decir que he podido acceder a la versión taquigráfica de la última comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y el economista Andrés Masoller hizo una precisión con respecto a esa pregunta que considero importante y la ratifico. En segundo lugar, toda la información que solicita el senador Heber está disponible porque, reitero, se hizo pública desde 2005 por resolución.
En tercer lugar, hubo proyecciones previas a la aprobación de la Ley n.º 18395, que fue aprobada casi por la unanimidad de todos los partidos políticos y es lo que está aplicando el Banco de Previsión Social. Hago esta acotación por las dudas, porque no es que el BPS haya decidido otorgar más jubilaciones por antojo; la Ley nº 18395 fue aprobada casi por unanimidad en la Cámara de Representantes y casi por unanimidad en la Cámara de Senadores.
SEÑOR BORDABERRY.- El Partido Colorado no la votó.
SEÑOR MINISTRO.- Entonces vale el «casi».
SEÑOR BORDABERRY.- En realidad, de casi no murió nadie. Tengo aquí la versión taquigráfica de esa sesión donde figuran las palabras del entonces senador Alfie.
SEÑOR MINISTRO.- Hubo una proyección previa a la aprobación de la ley, pero luego se hicieron dos proyecciones más –y aquí voy a coincidir nuevamente con el señor senador Heber– por parte de la muy prestigiosa Asesoría General en Seguridad Social del BPS, liderada por el contador Luis Camacho hasta hace un poco más de un año y ahora liderada por la contadora Adriana Scardino, del mismo colectivo. Lo único que sucedió fue que el contador Camacho se jubiló.
–Creo que ya contesté lo de descartar la sospecha, señor senador, y no quisiera repetirlo.
La muy prestigiosa Asesoría General en Seguridad Social del BPS, luego de la aprobación de la ley, con los primeros resultados hizo dos nuevas proyecciones. En este aspecto nosotros ratificamos totalmente esas proyecciones y las expresiones del directorio del BPS en sus comparecencias ante este Parlamento. Repito, las ratificamos plenamente y creo que ese tema está suficientemente contestado.
Sin perjuicio de eso, el 10 de junio el presidente de la república, junto a la propuesta de resolver un tema que ojalá este Parlamento solucione lo antes posible –me refiero al tema de los cincuentones–, anunció la creación de un gabinete interministerial que luego realizaría los diálogos sociales y políticos correspondientes para recibir insumos a los efectos de eventuales modificaciones o reformas al sistema de seguridad social. Ese día el presidente de la república hizo los dos anuncios.
Es de hacer notar que nosotros somos partidarios de las reformas periódicas a los sistemas de seguridad social porque todos los cambios hoy son más universales y más rápidos, y eso hace que las políticas públicas, en particular las políticas sociales, deban tener cambios.
Para no ir más lejos, hace solo nueve años que se aprobó en nuestro país la ley de concubinato. Anteriormente solo valía la libreta de matrimonio. Sin embargo, la realidad llevó a que legislativamente se buscara esta política de igualdad y de equidad que mayoritariamente –para no usar la expresión casi unánime– se aplicó en el país.
Por lo tanto, descartando lo relativo a las sospechas y a la mala gestión que podría derivarse de ella, nosotros ratificamos las proyecciones que el Banco de Previsión Social ha hecho y las expresiones de los miembros del directorio del BPS respecto de los temas planteados.
Reiteramos que estamos a disposición de los senadores para responder, lo más rápido posible, aquellos temas que no hayamos podido contestar en este momento. Seguramente sabrán que el ministerio –hablando en mis viejos términos de maestro, profesión que poco pude ejercer, pero algo hice– está de bueno para arriba en la respuesta a los pedidos de informes, así que quedamos a las órdenes.
Además, quedamos a las órdenes para dialogar con los senadores de los distintos sectores sobre los temas planteados, como la seguridad social, el empleo y la formación profesional, que son tan trascendentes para el país.
Muchas gracias, señora presidenta. Ahora sí pido permiso para retirarme.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le permito, señor ministro, pero hay dos señores senadores anotados para hacer uso de la palabra: la señora senadora Aviaga y el señor senador Iturralde.
SEÑOR MINISTRO.- Queda liderando el equipo del ministerio el señor subsecretario, doctor Nelson Loustaunau. Reitero que tengo un compromiso tan importante como este y ya lo he retrasado media hora. Se nos había preavisado que la sesión iba a ser breve y, además, tengo ese compromiso.
Agradezco y pido disculpas por tener que retirarme. Quedo a las órdenes de los señores senadores Aviaga e Iturralde para continuar el diálogo, con mucho gusto, cuando lo deseen.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, señor ministro. Muy buenas tardes.
(Se retira de sala el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social).
SEÑORA AVIAGA.- Solamente queremos expresar que nosotros no cuestionamos a Inefop; por el contrario, creemos que es una gran herramienta que sirve para atender toda la problemática en materia de empleo existente en el país.
Ahora bien, el señor ministro no nos contestó qué opinión tiene acerca de que el Ministerio de Economía y Finanzas esté reteniendo el Fondo de Reconversión Laboral y no haya volcado a Inefop lo generado desde 2011 a 2015 para hacer frente a las políticas de empleo que está llevando adelante. Nos parece fantástico todo lo que se está haciendo pero ¡cuánto más se podría hacer en este país si se contara con esos fondos en tiempo y forma, tal como lo habilita la ley!
Simplemente quería hacer esta reflexión y lamento que el señor ministro se haya tenido que retirar sin dar respuesta a este tema que consideramos muy importante.
SEÑOR ITURRALDE.- Quiero hacer la siguiente aclaración.
Soy uno de los sobrevivientes de aquel acto en el que el ministro Murro asumió como director del Banco de Previsión Social en cumplimiento del artículo 92 de la Constitución de 1967, que preveía –y prevé– la presencia de los trabajadores, pero nunca se había cumplido. Creemos que podrá haber una amplitud social, pero no política, por una decisión del Gobierno de no compartir la información o, por lo menos, de no permitir participar en la administración de la Seguridad Social.
Por otra parte, me gustaría reiterar algo que manifesté y sobre lo que no recibí comentario alguno. Felicito a este ministerio porque ha sabido manejar las relaciones laborales internamente en forma correcta, a diferencia de la gestión de la anterior administración durante la cual se produjo una importante persecución sindical que llevó a preguntarnos quién nos guardaba de los guardianes, cuando quienes estaban destinados a controlar el cumplimiento de las normas laborales hacían persecución sindical, cosa que quedó constatada judicialmente. Este es un tema que quiero remarcar expresamente a la actual administración.
SEÑOR HEBER.- Frente al señor subsecretario, doctor Nelson Loustaunau, nos gustaría hacer dos comentarios en los que quizá nos pueda ayudar, pero de no ser así, podrá trasmitir nuestra inquietud al señor ministro.
Por vía de Internet estamos viendo la publicación a la que hizo referencia el señor ministro sobre Unidad Estadística del Trabajo y de la Seguridad Social y no encontramos el nivel de jubilaciones por invalidez; tal vez el señor subsecretario nos pueda decir en qué libro está. Nosotros no podemos poner en cuestión la gestión del Banco de Previsión Social sin antes analizar este tema. Nos resulta extraño que las jubilaciones por invalidez sean mayoritariamente de empleados públicos y, dentro de estos, en su mayoría del Banco de Previsión Social. Quizá esto no sea así y se trate solo de una versión. Reitero que no sabemos dónde encontrar esta información. De repente nos pueden hacer llegar el tomo con la información o decirnos dónde encontrarla. O sea que tan publicado no está todo porque, si no, sería más fácil llegar a la información y hasta ahora no lo hemos logrado.
Insisto: quizá nos puedan ayudar para encontrarla, si es que está contemplada en algún lugar, o hacérnosla llegar desde el Banco de Previsión Social. Quisiera saber, de 2008 a la fecha, cuánta gente se amparó al beneficio de la jubilación por invalidez y si eran empleados públicos o privados porque, como dije, la invalidez se ve más que nada en el área de la construcción.
Aclaro que hago estas preguntas para tener más información y hablar con propiedad; de lo contrario, estaría afirmando conceptos y no preguntando.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Tengo tres respuestas para dar, aunque de forma desordenada, sin perjuicio de que parto de una consideración del señor ministro que voy a reiterar: nuestra comparecencia era exclusivamente por el tema presupuestal. Pudimos haber traído más información sobre estos aspectos, pero vinimos preparados para otras cosas y no para estos temas.
En cuanto a la última pregunta realizada por el señor senador Heber, la información puede ser encontrada en publicaciones estadísticas que reiteradamente hace el Banco de Previsión Social, donde aparecen segmentadas las prestaciones que la institución cubre. Sin perjuicio de eso, quiero hacer una mención especial a lo que decía el señor senador Heber, quien observaba que había muchas jubilaciones por invalidez dentro del Banco de Previsión Social y preguntaba si ello no podría considerarse un abuso. Yo fui funcionario del Banco de Previsión Social y conozco bastante la interna. En general, todos tenemos la impresión de que simplemente es un organismo que presta jubilaciones, seguros de desempleo, seguros de enfermedad, etcétera, pero omitimos que tiene trabajadores que administran y trabajan en las entidades de salud propias del banco. Si se analizan los guarismos, contrariamente a lo que pueda parecer, no es en la industria de la construcción donde se encuentran las mayores trazas de incapacidad por desempeño laboral. La señora senadora Topolansky señala el sector de los trabajadores rurales, pero es el área de la salud donde pueden advertirse los problemas que sufren, por ejemplo, los enfermeros debido a la movilización de pacientes, lo que suele constituir una enfermedad profesional cubierta no solo por el Banco de Previsión Social, sino también por el Banco de Seguros del Estado. Esto no quiere decir que todos los funcionarios del banco estén afectados a los servicios de salud, pero puede ser una suerte de explicación.
Por otra parte, insisto en que los anuarios publicados por el banco con información estadística sobre la que construye una cantidad de indicadores se encuentran absolutamente disponibles en internet y en papel. De todos modos, le reitero que podemos hacer llegar esa información, pero creo que el BPS –tenemos una tutela administrativa sobre el ente– le podrá hacer, tal vez, un detallado más amplio de a qué atribuye esta variación que al señor senador tanto le preocupa.
La siguiente respuesta tiene que ver con el tema planteado por la señora senadora, relativo al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Como se ha dicho, este instituto está en fase de expansión y hay que recordar que este es un fondo contracíclico. Cuando a la economía le va muy bien, este fondo acumula para cuando a la economía le va muy mal y recalifica personas. Hoy nosotros no tenemos rastros y evidencias de que a nuestra economía le esté yendo espantosamente mal. Por el contrario, seguimos siendo uno de los pocos países en América Latina que continúa teniendo tasas de crecimiento importantes. Por lo tanto, la utilización del fondo está prácticamente optimizada e, insisto, tiene un capital importante de resguardo que le ha permitido, desde 2015 hasta el momento, sufrir una especie de explosión exponencial en la formación de cursos.
En cuanto a la preocupación especial sobre tecnologías de la información y la comunicación, puedo asegurar que se ha trabajo mucho, muchísimo –por decirlo de alguna manera–, y creo que la respuesta va un poco en ese sentido: el fondo aún aparece como suficiente en este momento. Por supuesto que se hacen reclamaciones ante el resto del Poder Ejecutivo, pero a veces está el problema de atender antes cuestiones más importantes; es cierto que existe la deuda que se mencionaba.
Por último, en relación al tema de la inspección de trabajo planteado por el señor senador Iturralde, entiendo que el señor ministro agradeció el reconocimiento realizado hacia el ministerio. Quizás el inspector general de trabajo –si lo permite la señora presidenta– pueda hacer algún comentario adicional sobre este tema.
SEÑOR REY.- La situación es la siguiente. Nosotros estamos en un proceso de llenado de los cargos de una reestructura acordada, como ya hemos compartido acá con los señores senadores.
Específicamente, en cuanto al planteo del cambio de escalafón que mencionaba el señor senador Iturralde, tenemos algunas dudas jurídicas que necesitamos aclarar. Sucede lo siguiente. Todos compartimos y estamos de acuerdo –esto es muy importante– en tender a una creciente profesionalización de los inspectores de trabajo. Ahora bien, hay un acuerdo del Mercosur de tender a que los puestos de trabajo futuros de los inspectores se ocupen con personal terciario. No es menor que sea terciario –perdonen este detalle de los escalafones, pero errar en esto posibilita errar fuertemente en los objetivos–; tiene que serlo para incluir algunas profesiones que para nosotros son relevantes. Si solo incluimos profesionales dejamos afuera a una de las profesiones relevantes que queremos captar: los técnicos prevencionistas. Esa es un poco la idea.
¿Qué sucede? La ley que aprobó la exclusividad estableció remuneraciones acordes al escalafón D, como señalaba correctamente el señor senador. Planteamos entonces un par de alternativas. Una opción es hacer el llamado dentro del escalafón D, puntuando muy particularmente la formación terciaria, y la segunda es encontrar una forma de transformación de cargos que nos permita hacer ese llamado en el escalafón B, como planteaba el señor senador, que sería la situación ideal. Si no pudiéramos implementar eso con la normativa actual, cubriríamos la mayor cantidad de cargos posibles de acuerdo a ella y enviaríamos al Parlamento una propuesta de corrección para que a futuro se establezcan con ese escalafón. Justamente, estamos en el propio período de estar bien seguros de la normativa aplicable en estos casos y, como señalaba el señor senador, en conversaciones con los dos gremios. Esta es la otra complejidad que tenemos: hay dos gremios dentro del ministerio y los dos están afiliados al PIT-CNT, uno de carácter general en el ministerio –Afmit– y el otro de carácter particular, el de los inspectores de trabajo, que se llama AITU. Estamos en esa situación.
Espero haber sido bastante claro en cuál es el punto preciso de ese señalamiento que hacía el señor senador Iturralde.
SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aclarar que dado lo avanzado de la hora, lamentablemente en la comisión solo queda un representante del Partido Nacional y ninguno del Partido Colorado.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero dejar una constancia para la versión taquigráfica; me gustaría que el señor senador Heber hubiera escuchado lo que voy a decir, pero quizá lo podrá leer.
En la Comisión de Asuntos Administrativos estudiamos las solicitudes de venias de destitución de los funcionarios de la Administración Central por distintas causales, y una de ellas es por ineptitud física. La destitución por ineptitud física se plantea para que esa persona se pueda jubilar. No tengo del todo claro el porqué de ese mecanismo, pero si nosotros no lo aplicamos, ese funcionario público no se jubila. La mayoría de las destituciones por ineptitud física son del Ministerio de Salud Pública.
Quería dejar esa constancia porque la función tiene que ver con la invalidez o con la incapacidad.
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión no sin antes agradecerles mucho su presencia.
(Son las 18:02).

References: artículo 5
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 artículo 73
in fine
 artículo 79
 artículo 74
in fine
in fine
 artículo 74
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 235
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 235
 artículo 81
 artículo 150
 artículo 469
 artículo 151
 artículo 152
 artículo 154
 artículo 32
 artículo 15
 artículo 468
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 15
 resolución 
 artículo 154
 artículo 155
 artículo 156
 artículo 17
 resolución 
 artículo 92