Source: https://darioabilleira.com/2013/05/25/el-libro-diario-hay-que-registrarlo-ante-la-dgr-en-pesos-por-ley-18381-cualquier-persona-puede-solicitar-informacion-y-tiene-derecho-a-recibirla-de-forma-veraz-completa-adecuada-y-en-tiem/?like_comment=2296&_wpnonce=9a77213bba
Timestamp: 2020-06-06 09:55:45+00:00

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¿El libro diario hay que registrarlo ante la DGR en pesos?. Por Ley 18381, cualquier persona puede solicitar información, y tiene derecho a recibirla de forma: veraz, completa, adecuada y en tiempo. | Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY
RESPUESTA de la DGR:
Le sugiero realice su consulta en la Auditorìa Interna de la Nación. El Registro sólo interviene las fichas microfilmadas, no es competencia del Registro examinar el contenido de lo presentado en este caso.
Saluda a Ud atentamente (firma una escribana)
LAS RESPUESTAS SUELEN SER DE MALA CALIDAD, LLEGADA LENTA O NULAS
Carlos Cipriani López – El País 25/05/2013
A casi un lustro de promulgada la Ley 18.381, que estableció el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas, uno de los grandes problemas es la mala calidad de los datos ofrecidos por las distintas dependencias estatales.
Otro inconveniente mayor se genera por los vacíos absolutos de información. Eso dijo a El País la investigadora Tania da Rosa, integrante de la ONG Cainfo, que vela por el cumplimiento del habeas data.
La principal traba que ha tenido esta organización, que cumplió cinco años de fundada, se dio en el trato con la ANEP, cuando se le pidió por ejemplo cuánto se destina a la educación de niños con discapacidad y cuántos recursos se vuelcan a la infraestructura en estos centros educativos.
La razón esgrimida por la administración fue que la manera de llevar sus asientos contables no lo permitía.
Más preocupante resultó enterarse de que la ANEP tampoco presentó información acerca de la cantidad de niños con discapacidad que concurren a las escuelas públicas comunes.
Las solicitudes se efectuaron desde diciembre de 2012 hasta abril de 2013 y al no mediar respuesta oficial se llevó el caso a los tribunales, en donde se obtuvo una intimación a la ANEP para que entregara información en una semana.
Al cumplir con tal mandato del juez y brindar lo disponible, en Cainfo advirtieron múltiples omisiones y entonces se realizó un acuerdo con ANEP para colaborar de algún modo en la producción de la información desglosada que debe tener el organismo.
Conflictos. La “zona gris” que promueve la ley 18.381, se debe al texto de su Artículo 14. Según éste, la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de producirla si no se cuenta “al momento de efectuarse el pedido”.
En esto se amparan -por ejemplo- los entes autónomos que están en situación de competencia, como Antel.
En cambio sí es obligatoria “la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo”.
La falta de ésta es un obstáculo serio para el control social y el monitoreo de las tareas que los gobiernos deben cumplir para mejorar la realidad en cada ámbito.
“Se notan carencias cuanto más detallada es nuestra demanda de datos estadísticos. Cuando hicimos el relevamiento del Poder Judicial sobre el tema de violencia doméstica, vimos que tenía ciertas categorías de información medianamente sistematizadas pero sólo para Montevideo, cuando la mayor parte de las denuncias se registran en el resto del país. En el interior no pudimos conocer qué tipo de medidas cautelares adoptaban los jueces en casos de violencia doméstica”, afirmó Da Rosa.
La información en materia presupuestal es otra área que revela grandes vacíos en general. No se llega a saber, por ejemplo, cuánto se invierte en los migrantes, uno de los temas que se estudia actualmente en Cainfo.
“Hace unos días, una organización colega mexicana (Fundar), hizo un trabajo en materia de migración y se pudo llegar a identificar cuánto se gastaba en transferencias directas a la población migrante y cuánto en uniformes de los funcionarios de la dirección de Migraciones de aquel país. Ese nivel de desglose no se da en Uruguay; acabamos de preguntar cuánto ha invertido el Estado en adecuar los centros educativos para que sean accesibles a niños con discapacidad motriz. Y nos dijeron que ese dato no estaba disponible porque se llevan grandes rubros: sueldos, por ejemplo”, contó Tania da Rosa a El País.
Entre las respuestas buenas que se recibieron hasta hoy por Cainfo, se resalta la oficina especial del Mides, el Banco Central y la Contaduría de la Nación, entre pocos más.
Cainfo presentará investigación de los “archivos secretos” del Estado
A fines de julio, Cainfo presentará los resultados de un estudio que está realizando desde hace más de tres meses en torno a declaraciones de información reservada y confidencial que ha establecido el Estado uruguayo.
La solicitud fue efectuada a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que depende de la Presidencia de la República.
Cada organismo del Estado tuvo la obligación de comunicar qué información no se hizo pública ante la demanda de ONG o particulares, en tanto se la consideró de alto secreto.
Para terminar con la cultura del silencio y la de la comodidad, y favorecer la transparencia, en varios países se han creado institutos federales con varios comisionados y poder absoluto para obligar al Estado a conceder la información que es pública.
La independencia respecto de todos los poderes del Estado es en esos casos lo que acrecienta el “poder de fuego” al momento de acceder a la información oficial, como ocurre en México y Chile.
En Uruguay, la UAIP no sólo es una unidad de Presidencia, sino que funciona con directores honorarios.
Derecho a conocer los datos
Cualquier persona puede hoy solicitar información de cualquier organismo público. Y tiene derecho a recibir la información completa, veraz, adecuada y en el tiempo que corresponde.
Es posible acceder a toda la información, excepto a la considerada secreta y a aquella clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con la ley 18.381.
La ley solo prevé que se deberá cubrir los gastos de reproducción de la información que se solicita. Por ejemplo: gastos de fotocopias.
Los organismos disponen de 20 días hábiles de prórroga por circunstancias excepcionales. En caso de que una persona no obtenga respuesta o existan dudas sobre la misma, es posible acudir ante la justicia, o la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Esta última fue creada por el artículo 19 de la ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública, como un órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic, creada en setiembre de 2007 y dependiente de la Presidencia de la República).
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) es la ONG que se dedica al monitoreo del cumplimiento de la legislación sobre el tema. Es la continuadora del Grupo de Acceso a la Información Pública (GAIP) que trabajó en la aprobación de la ley 18.381.
El principal donante de Cainfo es Open Society Foundations. Pero también la ONG ha trabajado con la Unesco, el Banco Mundial, la embajada británica y algunos fondos de la embajada de Nueva Zelanda.
Otra ONG reciente, denominada DATA, se dedica a promover el derecho a la información a través de nuevas tecnologías. Junto a Cainfo tienen un proyecto conjunto en Internet: quesabes.org (blog y tweets). Por esa vía todas las personas pueden solicitar datos a organismos del Estado y lo único que se exige es mantener las respuestas en un archivo global.
Otro proyecto de DATA es llegar a conseguir que las bases de datos de las instituciones estatales no sólo contengan la información que exige la normativa sino que además se establezcan en formatos abiertos, para poder procesarlos y hacer nuevos productos.
http://www.elpais.com.uy/informacion/informacion-acceso-a-informacion-pocos.html
Publicada D.O. 7 nov/008 – Nº 27607
información que está en la página web de la Intendencia de Montevideo
La Ley Nº 18.381 del 17 de octubre de 2008 reconoce el derecho de todas las personas, sin discriminación, de acceder a la información pública. Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público (en este caso, la Intendencia de Montevideo y los ocho Municipios del Departamento).
Los solicitantes de información al amparo de ésta Ley no tienen necesidad de justificar las razones de su solicitud. El objeto de esta ley es promover la transparencia en el ejercicio de la función administrativa, y garantizar el derecho fundamental de todas las personas al acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República.
El artículo 4º de la Ley Nº 18.381, presume pública toda la información producida, obtenida, en poder o bajo el control de la Intendencia de Montevideo y de los Municipios, con independencia del soporte (papel, digital, etc.) en el que están contenidas. El suministro de las informaciones requeridas forma parte del deber de probidad que tienen los funcionarios públicos.
Para que el acceso a este derecho se pueda ejercer en su plenitud, la ley impone que las administraciones públicas tiene la responsabilidad de crear y mantener registros, pero la solicitud de acceso a la información no implica que tengan la obligación de crear o producir información (o su análisis) que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido.
La ley preceptúa excepciones (de interpretación estricta) al derecho de acceso a la información pública para aquellas definidas como secretas, reservadas o confidenciales. La información secreta es la que ha sido calificada así por normas legales. Los artículos 9º y 10º de la Ley Nº 18.381 establecen qué clases de informaciones son reservadas o confidenciales.
También es confidencial la información referente a los datos personales de terceros (que requieren el previo consentimiento informado de éstos), que están regulados por la Ley 18.331 (protección de datos personales y acción de habeas data) del 11 de agosto de 2008, donde también se define este derecho como inherente a la persona humana (Art. 72 de la Constitución de la República).
A efectos de agilizar la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública y proporcionar la información a los solicitantes en el plazo de 20 días previsto en la norma, la Intendencia de Montevideo estableció, mediante Resolución Nº 3028/10 de 5 de julio de 2010, un protocolo de actuación, en donde se señala el procedimiento interno a seguir.
El protocolo prevé la presentación de un Formulario de Solicitud de Información Pública (disponible en este sitio web) en el que se debe explicitar cada pregunta o tema requerido para crear un expediente que, en forma gratuita, se tramita ante la Unidad de Acceso a la Información, ubicada en el Palacio Municipal, 2º Piso, Sector Ejido, Puerta Nº 2084. Teléfonos: 1950-2217/3396.
Por Resolución 520/13 del 4 de febrero de 2013 también se dispuso la aceptación de solicitudes de información a través del correo electrónicoderechoalainformación@imm.gub.uy. A los efectos, los solicitantes deben identificarse como personas físicas o jurídicas y constituir domicilio para que por esa vía se inicie el trámite previsto en el protocolo anteriormente establecido.
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/derecho-a-la-informacion
Publicado en: 1 - LEYES, Acceso Información
Etiquetado: Agesic, Cainfo, DATA ong, Derecho a la Información, Ley 18381, Registro del Libro Diario, Registro Nacional de Comercio, UAIP
mayo 26, 2013	 Reply
Hola, adjunto link de resolucion de la Ain de 2005 http://www.ain.gub.uy/sector_privado/resol_ain_19052005.html
En las conclusiones dice ” Los registros contables deberían ser escriturados siempre en moneda nacional, sin embargo la sociedad podría optar por llevar la contabilidad, además en otra moneda. De esta forma el capital se expresaría en moneda nacional….”
Es cierto, esa resolución, también la pueden leer en este link cuando hago mi primer análisis del tema:
https://abilleira.wordpress.com/2013/05/18/la-atencion-al-contribuyente-que-se-convierte-en-costo-pais-porque-siempre-fue-asi-y-ta-cual-es-la-moneda-en-que-se-debe-emitir-un-libro-diario-para-registrarlo-cual-es-la-moneda-para/
Pero no responde a la pregunta de si el libro diario debe ser llevado en pesos, ¿Porqué?, por varias razones, en primer lugar la AIN no pide – que yo sepa – que se muestre el libro diario esté registrado en la DGR.
En segundo lugar, esa decisión de la AIN es una resolución interna, y no da en ningún momento la norma que indique porqué debe ser así, si bien hace referencias a normas particulares de la ley de sociedades anónimas; por ejemplo la que uno podría decir que tiene más fuerza es la que pide que el Capital sea expresado en Moneda Nacional, uno bien podría presentar un Balance en moneda funcional dólares y por nota mostrar el capítulo patrimonial que se solicite en pesos; pero no todo en pesos como luego hace completar los formularios.
Igualmente me voy del tema, porque lo importante es saber en qué se basa la DGR o todos nosotros que luego llevamos a la realidad los hechos, ¿Porqué imprimimos el libro diario en pesos?, ¿Porque siempre fue así?; eso es lo que me cuestiono y lo que trato en ese link que muestro en esta respuesta.
Gracias por tomarte tu tiempo y aportar tus conocimientos. Saludos, Darío
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References: Artículo 14
 artículo 19
 artículo 72
 artículo 4
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