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Sentencia de Constitucionalidad nº 778/03 de Corte Constitucional, 11 de Septiembre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620384
Ley 678 de 2001. Arts. 1 (p.), 4, 5 (p.), 6 (p.), 7 y 17. Responsabilidad patrimonial de servidores y ex servidores publicos. Incumplimiento de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Aspectos sustantivos. Objeto de la ley. Obligatoriedad de ejercicio por entidades publicas. Daño antijuridico con dolo o culpa grave. Presuncion de inocencia y buena fe de los particulares. Carga de la prueba. Jurisdiccion y competencia. Potestad de configuracion legislativa. Unidad de materia. Principio democratico y de especialidad de leyes estatutarias. Exequibles.
Demandante: W.F.L.M.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano W.F.L.M. presentó demanda contra los Arts. 1º (parcial), 4º, 5º (parcial), 6º (parcial), 7º y 17 de la Ley 678 de 2001.
En virtud de auto dictado el 27 de Febrero de 2003, el Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda contra los Arts. 1º (parcial), 4º, 5º (parcial), 6º (parcial), estos dos últimos únicamente por el cargo por violación del Art. 90 superior, y 7º, de la ley citada, y rechazarla contra la expresión ''o el llamamiento en garantía'' contenida en el inciso primero del Art. 4o, la expresión ''manifiesta e inexcusablemente'' contenida en el Num. 4 del Art. 6º, los Arts. 5º y 6º por el cargo por violación de la presunción de inocencia comprendida en el principio del debido proceso, las expresiones ''Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura'' y ''conocerá privativamente y en única instancia'' contenidas en el inciso primero del parágrafo 1 del artículo 7o, el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 7o, y el artículo 17, de dicha ley.
Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error -inexcusable.
Mediante escrito presentado el 25 de Marzo de 2003, la ciudadana A.L.G.G., actuando en la calidad de apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia, solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las normas acusadas, con sustento en lo siguiente:
Por medio de escrito radicado el 25 de Marzo de 2003, el ciudadano A.M.R., actuando en la calidad de apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública, pide a la Corte que declare exequibles las normas impugnadas, con base en las siguientes razones:
Por medio de escrito recibido el 25 de Marzo de 2003, la ciudadana M.H.R.T., obrando como apoderada de la Auditoría General de la República, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de las normas acusadas, en relación con los cargos de la demanda, con las siguientes razones:
Intervención del ciudadano P.H.G.A.
Mediante escrito radicado el 25 de Marzo de 2003, el ciudadano P.H.G.A. pide a la Corte que declare la constitucionalidad de las normas acusadas, con los siguientes argumentos:
El ciudadano S.Y.S., obrando en nombre de la Universidad Santo Tomás, presentó escrito de intervención el 9 de Abril de 2003, en forma extemporánea, por lo cual no será tenido en cuenta.
Dado que las disposiciones acusadas pertenecen a una ley de la República, corresponde a esta corporación resolver sobre su constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del Estatuto Superior.
Corresponde a la Corte determinar:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución, ''El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
''De acuerdo con lo anterior, la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado.
''Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos (sic) causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.
''Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política.
''Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública''. Sentencia C-832 de 2001. M.P.R.E.G...
El Art. 90 de la Constitución trata de la acción o la omisión de las ''autoridades públicas'' y de la conducta dolosa o gravemente culposa de un ''agente'' del Estado.
En desarrollo de dicha disposición, el Art. 1º de la Ley 678 de 2001 establece que esta ley tiene por objeto ''regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y exservidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas''.
El demandante considera que la expresión ''y exservidores públicos'' es contraria al Art. 90 superior, pues en su opinión éste sólo comprende a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones y no abarca a los que han dejado de desempeñarlas.
Dicha potestad de configuración está prevista en forma específica en relación con la responsabilidad por el desempeño de funciones públicas en el Num. 23 del citado Art. 150, en virtud del cual corresponde al Congreso ''expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas'', en el Art. 124, conforme al cual ''la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva'' y en el Art. 123, que estatuye que ''la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio''.
Es oportuno anotar que el propio constituyente aplica el mismo criterio, al disponer, en el Art. 174 de la Constitución, que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el P. de la República y otros altos funcionarios, ''aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos''. También, al atribuir a la Corte Suprema de Justicia la función de juzgar al P. de la República y otros altos funcionarios por las conductas punibles que se les imputen y estatuir en el parágrafo que ''cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas''.
El Art. 4º de la Ley 678 de 2001 dispone que es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o hacer el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes.
El Art. 151 superior regula las leyes orgánicas, a las cuales está sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, entre las cuales se encuentran ''las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales''.
''El contenido material de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se deduce de un conjunto de disposiciones dispersas en la Constitución. En efecto, ésta hace referencia a ese tipo de ordenamiento en relación con los siguientes temas:
''a) Los requisitos y formalidades para que los gobernadores y alcaldes puedan realizar consultas populares para decidir asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio (art.105).
''b) La definición de la división general del territorio con arreglo a lo previsto en la Constitución, y la fijación de las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias (art. 150-4)
''c) La asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (art. 151).
''d) La distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (art. 288).
''e) La regulación de los requisitos para decretar la formación de nuevos departamentos (art. 297).
''f) El establecimiento de las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial, así como las atribuciones de los órganos de administración y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, y la definición de los principios para la adopción del estatuto de cada región (art. 307).
''g) La adopción para las áreas metropolitanas de un régimen administrativo y fiscal de carácter especial y el establecimiento de mecanismos para que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales. Así mismo, el procedimiento para convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios a dichas áreas (art. 319).
''h) La conformación de las entidades territoriales indígenas (art. 329).
''- A pesar de las numerosas referencias que en la Constitución se hace a la "ley orgánica de ordenamiento territorial", no se dispone de una formulación sistemática del contenido de dicho ordenamiento, y debe apelarse, para tal fin, a concordar y reunir numerosos preceptos con el fin de sistematizar el alcance de la noción.
''Sin embargo, en la sentencia C-600A/95 a la cual se hizo referencia antes se hace una síntesis afortunada de los temas que la legislación orgánica territorial regula, y que se refieren a las siguientes cuestiones:
"Esta legislación orgánica toca con la estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del territorio, por lo cual, en principio, deben formar parte de ella la definición de las condiciones y requisitos de existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del territorio, así como su régimen jurídico básico (C.P. arts. 1o.,150-4, 297, 306, 307, 319, 321 y 329). Igualmente deben hacer parte de esta legislación ciertos mecanismos de participación relacionados con el ordenamiento territorial, como por ejemplo aquellos que decidan la incorporación y pertenencia a una división o a una entidad territorial (C.P. art. 105, 297, 307, 319 y 321). Y, finalmente, corresponde a la legislación orgánica territorial asignar las competencias normativas y no normativas a las entidades territoriales, y establecer la distribución de competencias entre la Nación y estas entidades, lo cual supone el establecimiento de ciertos mecanismos para dirimir los conflictos de competencia que se puedan presentar (C.P. arts. 151 y 288)". Sentencia C-281 de 1997. M.P.A.B.C.. Salvamento de Voto de J.G.H.G..
Estima el demandante que al señalar el Art. 4º de la Ley 678 de 2001 como falta disciplinaria el incumplimiento del deber de ejercitar la acción de repetición o de efectuar el llamamiento en garantía viola el principio de unidad de materia establecido en el Art. 158 de la Constitución y quebranta también el principio de especialidad de las leyes estatutarias establecido en los Arts. 152 y 153 superiores.
''Como ya se señaló anteriormente, esta Corte siempre ha interpretado de manera amplia la noción de materia, con el fin de determinar si un artículo acusado desconoce o no la regla de unidad de materia, o si un proyecto respetó en su trámite el principio de identidad. Así, en forma reiterada, esta Corporación ha dicho que la ''interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano'', por lo cual únicamente ''aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley'' Sentencia C-025 de 1993, MP E.C.M.. Fundamento 43, criterio reiterado en numerosas sentencias posteriores. .'' Sentencia C-737 de 2001. M.P.E.M.L.. Salvamento de voto de M.G.M.C. y J.A.R.. Salvamento parcial de voto de A.T.G., C.I.V.H. y A.B.S..
''De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la Constitución no impone al legislador la adopción de un solo régimen disciplinario para todos los servidores públicos En la sentencia C-443/97, MP A.M.C., la Corte afirmó que ''en ningún momento la Carta obliga al Legislador a consagrar un sólo régimen, pues en esta materia el Congreso tiene una amplia libertad de configuración. Por ende, el Legislador puede consagrar regímenes disciplinarios especiales, si considera que existen razones de conveniencia que justifican su existencia, y siempre y cuando esa diferencia de trato encuentre un fundamento razonable''. En aquella ocasión la Corte declaró la exequibilidad del artículo 173 de la Ley 201 de 1995, que conservaba para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación el ''régimen disciplinario contemplado en el Decreto 250 de 1970 y en el Decreto 1660 de 1978 y en las demás leyes especiales sobre la materia''. Sobre el particular, la Corte concluyó que: ''En tales circunstancias, la Corte concluye que la consagración de un régimen especial para los funcionarios de la Procuraduría es admisible, pues encuentra un fundamento objetivo y razonable en las peculiaridades de ese órgano de control. En efecto, esta entidad tiene funciones particulares, entre las cuales se encuentra en especial la supervigilancia disciplinaria de quienes desempeñen funciones públicas (CP art. 277 ord 5º). Es pues admisible que, entre otras razones, el Legislador considere que no deben estar sometidos al régimen disciplinario ordinario sino a uno especial aquellos funcionarios que tienen a su cargo el control disciplinario preferente del resto de servidores públicos''. En el mismo sentido, en la Sentencia SU-637/96 MP: E.C.M., la Corte había señalado que, ''De hecho, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en los artículos 150 a 154, contiene importantes disposiciones aplicables a los funcionarios judiciales. En punto a inhabilidades, incompatibilidades, derechos, deberes y prohibiciones''. ni a consagrar en una sola ley todas las disposiciones que regulen esta materia. Es decir, la existencia de un Código Disciplinario Único constituye un marco general del régimen disciplinario, que no excluye la adopción de normas disciplinarias específicas en otras leyes, de acuerdo con las especificidades de cada rama del poder público o de los órganos autónomos e independientes, y siempre que en aquellas leyes se respete el principio de unidad de materia. La Corte estima comprensible esta opción dada la naturaleza del derecho disciplinario y la multiplicidad de eventos o circunstancias que pueden constituir falta disciplinaria y que ameritan la imposición de la sanción, lo cual impide la consagración integral, coherente y sistemática en una única ley.
''En la sentencia C-568/97 En esta sentencia la Corte declaró la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 201 de 2001, que había sido demandado por incluir normas sobre la competencia de los Procuradores Judiciales de Familia, las cuales, en el entendido del accionante, debían ser reguladas en el Código del Menor. Frente al caso específico, concluyó la Corte que ''Es natural, entonces, que el legislador al regular una función esencial al Ministerio Público, -como la tantas veces mencionada de intervención ante los jueces de familia y ante las autoridades administrativas encargadas de asuntos de familia-, dentro de la ley que establece la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación, tocara algunos de los aspectos procedimentales contenidos en el Código del Menor y en ello no encuentra esta Corporación motivos de inconstitucionalidad, ya que tratándose de normas legales de la misma jerarquía el legislador podía modificar el Código del Menor mediante una ley que formalmente no hace parte de él''. MP: F.M.D., la Corte señaló que ''la regulación sistemática, completa y coordinada de una materia, propia de los códigos, no implica que absolutamente todos los aspectos relacionados con esa materia deban estar incluidos en el Código ya que, en virtud de la compenetración de todas las partes que integran el ordenamiento jurídico es razonable que existan temas relacionados con un determinado Código, que, sin embargo, hacen parte de otras leyes que, a su turno, deben respetar el principio de unidad de materia''. Sentencia C-233 de 2003. M.P.J.C.T..
Arguye el demandante que los apartes demandados de los Arts. 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, que establecen unas presunciones de dolo y culpa grave de los agentes estatales, contravienen el Art. 90 de la Constitución, por no contemplar éste tales presunciones.
''En efecto, con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso.
''Estos propósitos quedaron consignados en la exposición de motivos al proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 678 de 2001, donde se justificó el régimen de presunciones contemplado en las normas impugnadas al reconocer que ''el legislador debe facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de repetición una misión imposible. Señalar causales de presunción de dolo y la culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de repetición sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la presunción, con el objeto de invertir la carga de la prueba para hacer de la acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente para la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para presumir que el funcionario actuó con dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte demandada demostrar que el supuesto de hecho que se alega no se configuró''. Ponencia para primer debate en el Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 14 del 10 de febrero de 2000. Página 16
''Por lo anterior, cree la Corte que de no haber apelado el legislador a la figura de las presunciones de dolo y culpa grave que consagran las normas acusadas, realmente muy difícil sería la tarea de adelantar con éxito un proceso de repetición contra el agente estatal que con su conducta dolosa o gravemente culposa ha dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado, y también se harían nugatorios los propósitos trazados por el legislador con la expedición de la Ley 678 de 2001, de promover la efectividad de los principios constitucionales de la moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función pública''. Sentencia C-374 de 2002. M.P.C.I.V.H..
En relación con las mismas presunciones es oportuno anotar que se advierten incongruencias en el señalamiento de las causales, teniendo en cuenta que:
''Para responder a este aspecto de la demanda se dirá simplemente que la diferencia de trato otorgada por la Ley 678 de 2001 al dolo y la culpa, desde la perspectiva de las diferentes hipótesis que permiten formular las presunciones respectivas, constituye apenas una distinción de tipo conceptual que no influye en la definición de la responsabilidad patrimonial del agente estatal.
''En efecto, si bien el constituyente dio un trato unívoco a dichos conceptos, al considerarlos como fuente exclusiva de la responsabilidad patrimonial del particular, el legislador de la Ley 678 no contradijo la Carta al establecer un régimen independiente de presunciones para el dolo y la culpa grave. La enumeración contenida en dichas disposiciones no disminuye ni altera los alcances indemnizatorios del artículo 90 de la Carta, al menos por las siguientes razones.
''En primer lugar, porque la categoría -dolosa o gravemente culposa- con la cual se califica la conducta del agente estatal, no incide de manera alguna en la definición de su responsabilidad patrimonial. En otras palabras, la responsabilidad patrimonial del servidor público contra el cual se intenta la acción de repetición es la misma, tanto si su conducta es catalogada como dolosa, como si lo es por gravemente culposa.
''Del contenido general de la Ley 678 de 2001 no se ve norma ninguna de la que pudiera inferirse que el dolo genera un tipo de responsabilidad patrimonial diferente a la culpa grave. Ambas tienen las mismas consecuencias en el marco de la acción de repetición y si, eventualmente, una norma tal existiera, sería respecto de ella que habría lugar a formular reproches de constitucionalidad''. Sentencia C-455 de 2002. M.P.M.G.M.C..
Así mismo, respecto del posible quebrantamiento del principio de especialidad de las leyes estatutarias establecido en los Arts. 152 y 153 superiores, por la consagración de la presunción de dolo contenida en el Art. 5º, Num. 5, de la Ley 678 de 2001, consistente en ''haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial'', en cuanto modificaría las normas sobre la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales contemplada en los Arts. 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte manifestó que no existe dicha violación, así:
''Vista la transcripción de la norma anterior (se refiere al Art. 71 de la Ley 270 de 1996), la duda que resalta es si una ley estatutaria puede ser adicionada por una ley ordinaria. Es claro que la Ley 678 de 2001, que no tiene jerarquía especial, adicionó una causal de presunción de dolo a las que ya incluía la Ley 270 de 1996, que es estatutaria. ¿Constituye una adición como ésta, violación a la estructura jerárquica de las normas jurídicas?
''Sobre el particular esta Corte considera que si la adición que realiza la ley ordinaria a la ley estatutaria modifica el régimen previsto por ésta, dicha circunstancia debe ser tenida por incompatible con el régimen constitucional. Contrario sensu, si la adición constituye apenas un complemento de la medida que tiene jerarquía estatutaria o un desarrollo de la misma, entonces deberá aplicarse el principio general establecido por la jurisprudencia constitucional según el cual, la normatividad estatutaria está encargada de desarrollar aspectos precisos de rango constitucional pero no está llamada a regular ''en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos'' Cfr. Sentencia C-425 de 1994.. Esto por cuanto que, ''el hecho de que una materia general sea o haya sido objeto de una ley estatutaria, no significa que todos los asuntos que guardan relación funcional con ella queden automáticamente excluidos del ámbito normativo propio de la ley ordinaria.'' Cfr. Sentencia C-670 de 2001
''Partiendo de esta premisa fundamental, habría que reconocer que la adición hecha a una ley estatutaria por parte de una ley ordinaria no quebranta, per se, el ordenamiento jurídico superior, y que por eso resulta indispensable -en cada caso particular- determinar si tal adición constituye un complemento legítimo de la legislación general o una verdadera modificación de disposiciones de mayor jerarquía.
''En el evento que se estudia, la adición hecha por la Ley 678 de 2001 al régimen de presunción de dolo y culpa grave de la Ley Estatuaria es legítima por las siguientes razones.
''En primer lugar, porque la enumeración de las causales de presunción de dolo y culpa hecha en la LEAJ no es taxativa. La razón fue expuesta por la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento, aunque precisamente no haya sido hecho en relación con la LEAJ sino con la propia Ley 678.
''Como las causales de presunción de dolo y culpa grave, previstas en la LEAJ para los funcionarios y empleados judiciales, no son taxativas y, por tanto, el juez puede deducir el dolo o la culpa de otras conductas, en nada afecta al régimen estatutario que dichas deducciones sean propuestas por una ley ordinaria. Si, por decirlo de otro modo, la Ley Estatutaria no agotó, por imposibilidad material, la totalidad de las conductas que dan lugar a presumir el dolo y la culpa grave en las actuaciones judiciales, nada obsta para que otras tantas presunciones puedan ser adicionadas por una ley ordinaria, teniendo en cuenta siempre que éstas constituyen, apenas, ''criterios mínimos a los que debe acudir el juez para determinar en cada caso particular si la conducta en que incurrió el agente o ex agente estatal constituye la culpa grave que exige la Constitución para que prospere la acción de repetición.'' Ibídem
''Bajo este entendido, el cargo del demandante no prospera, pues al no ser la determinación de estas causales, materia de reserva exclusiva estatutaria, bien podía la ley ordinaria incluir las adiciones pertinentes''. Sentencia C-455 de 2002. M.P.M.G.M.C..
Estas consideraciones son aplicables también lógicamente a la presunción de culpa grave contenida en el Art. 6º, Num. 4, de la Ley 678 de 2001, consistente en ''violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal'', Mediante la citada Sentencia C-455 de 2002 la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión ''manifiesta e inexcusablemente'' que formaba parte del texto de este numeral. más aún teniendo en cuenta que este texto coincide en lo fundamental con el del Art. 71 de la Ley 270 de 1996.
Se expone en la demanda que al atribuir el Art. 7º de la mencionada ley el conocimiento de la acción de repetición a la jurisdicción contencioso administrativa vulnera el título VIII de la Constitución, que regula la rama judicial, y quebranta el principio de especialidad de las leyes estatutarias contenido en los Arts. 152 y 153 ibídem.
El Título VIII de la Constitución contiene las normas básicas sobre la rama judicial, que comprenden las normas generales y las relativas a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción constitucional, las jurisdicciones especiales, la F.ía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.
Además, es razonable que el legislador haya hecho tal asignación a la jurisdicción contencioso administrativa, por encuadrar claramente en el objeto general de ésta, de conformidad con lo previsto en el Art. 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Art. 30 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual ''la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado (...)''.
''Así, no es posible afirmar -como lo hace el actor- que toda regulación de temas afines con el objeto de una ley estatutaria, obliga a seguir el procedimiento restrictivo y más exigente previsto por el Constituyente para su formación Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-114 de 1999 M.P.F.M.D.. En esta oportunidad al declarar la exequibilidad de varios artículos demandados de la Ley 446 de 1998 ''Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989 , se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia'', la Corte desestimó el argumento, según el cual, dichas disposiciones hacían referencia a una materia que debía regularse a través de una ley estatutaria y en su lugar afirmó la regla que ahora se reitera. , pues cuando el mismo Ordenamiento Superior defiere dicha reglamentación a la ley ordinaria, tal procedimiento se hace innecesario. Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en señalar que "el propósito de las Leyes Estatutarias no es el de regular en forma exhaustiva la materia que constituye su objeto" Ibíd. Esta regla fue reiterada, entre otras, en las sentencias C-145 de 1994 (M.P.A.M.C. y C-424 de 1994 (M.P.F.M.D.. , puesto que ''estas leyes están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, [o cualquiera otra materia sometida a dicho procedimiento], pero no fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos, pues, de algún modo, toda la legislación, de manera más o menos lejana, se ve precisada a tocar aspectos que con ese tema se relacionan. (Subraya no original). Corte Constitucional Sentencia C-425 de 1994 (M.P.J.G.H.G.. La Corte, al declarar la exequibilidad de los artículos 94, 96 y 97 de la Ley 104 de 1993 "Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones", no acogió el argumento de impugnación, según el cual, dichas materias hacían parte de una ley estatutaria que desarrollara el derecho fundamental de expresión, a pesar de la relación temática entre las normas acusadas y dicha garantía. Este pronunciamiento recoge la tesis que aboga por la interpretación restrictiva en materia de aplicación del artículo 152 de la Constitución, al que ya había hecho alusión la Corte en la Sentencia C-313 de 1994 M.P.C.G.D. (se declara exequible la "Ley 57 de 1993 ''Por la cual se adiciona parcialmente el Código Penal''). Allí se dijo: ''Si se prohijara la tesis extrema de que la totalidad de las implicaciones o facetas propias de los derechos constitucionales fundamentales deben ser objeto de regulación por medio de ley estatutaria, se llegaría a la situación absurda de configurar un ordenamiento integrado en su mayor parte por esta clase de leyes que, al expandir en forma inconveniente su ámbito, petrificarían una enorme proporción de la normatividad, y de paso vaciarían a la ley ordinaria de su contenido, dejándole un escaso margen de operatividad, a punto tal que lo excepcional devendría en lo corriente y a la inversa''. Cfr., además, la sentencia C-247 de 1995 M.P.J.G.H.G.. '' Sentencia C-523 de 2002. M.P.M.J.C.E..
''Es suficiente, para los efectos de este fallo, recordar las precisiones que, acerca del contenido propio de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corporación consignó en la sentencia M.P.D.V.N.M.. C-037 de febrero 5 de 1996 al referirse al campo propio de la Ley ordinaria.
''... Para la Corte, una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento.
''Y, más adelante se lee:
''Las consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de ley procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de normatividad reviste características especiales -aprobación en una sola legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa de la Corte Constitucional-, las cuales naturalmente no se compatibilizan con la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos a través de mecanismos eficaces -es decir, mediante el trámite ordinario-, en los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia seria, responsable, eficaz y diligente. (Subrayas fuera de texto)
''Es, pues, claro, que por el hecho de que una regulación normativa sea o haya sido materia de una ley estatutaria, en este caso, la de administración de justicia, no por ello queda automáticamente excluida del ámbito normativo propio de la ley ordinaria.
''Recuérdese que la misma Carta autoriza al Congreso a expedir, por la vía ordinaria, Códigos en todos los ramos de la legislación, por lo cual, mal puede sostenerse que toda regulación de los temas que han sido objeto de ley estatutaria, haga forzoso el procedimiento restrictivo y más exigente previsto por el Constituyente para su formación. Se reitera: el propósito de las Leyes Estatutarias no es el de regular en forma exhaustiva la materia que constituye su objeto.'' Sentencia C-114 de 1999. M.P.F.M.D..
Declarar EXEQUIBLES el aparte ''y exservidores públicos'' contenido en el Art. 1º, el Art. 4º, las expresiones acusadas contenidas en los Arts. 5º y 6º, y el Art. 7º, de la Ley 678 de 2001, por los cargos examinados en esta sentencia.

References: artículo 7
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 173
 artículo 107
 artículo 90
e contrario
 artículo 152
 artículo 152