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Timestamp: 2020-04-02 22:07:25+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 980332, 15-10-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980332 de 15 de Octubre de 1999
Núm. Resolución: 980332
Solicita la recurrente la exención o no sujeción de las rentas que, percibidas por pensión extraordinaria de viudedad por fallecimiento de su marido en acto de servicio, excedan de la pensión ordinaria. Dentro de la pensión hay que distinguir dos partes, una la parte que sería igual a la pensión ordinaria, y que estaría sometida al impuesto, la otra parte, la extraordinaria en sí, que al ser una modalidad de indemnización debe suponer la exención de la misma, siendo este el motivo por el que se estima el recurso.
Tratamiento en el Impuesto de las pensiones extraordinarias de viudedad por fallecimiento del causante en acto de servicio.
En examen de recurso interpuesto por Doña (?) (en calidad de heredera de Doña (?)) y a propósito de tributación, correspondiente a su causante, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1984.
Por resolución de la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio fue desestimada solicitud de la interesada de que fuesen declaradas como rentas no sometidas a gravamen en el Impuesto y año de referencia las cantidades que, procedentes de pensión extraordinaria de viudedad por fallecimiento de su marido en acto de servicio, excediesen de la pensión ordinaria que hubiese percibido en caso de que el fallecimiento de ese causante no hubiese acontecido por tal motivo. Y al respecto viene la interesada a interponer, ante este Organo, el presente recurso insistiendo en la ya dicha pretensión de que sea calificada como renta no sujeta o exenta en el Impuesto y año señalado la parte de la pensión extraordinaria de viudedad que exceda de la ordinaria que se hubiese percibido, en su caso, si el fallecimiento del esposo no hubiese acontecido en acto de servicio.
2.- Dado el tiempo transcurrido desde el periodo impositivo a que se contrae el presente recurso, parece adecuado el examen de si en el caso llegó a operar el instituto de la prescripción extintiva. Pues bien: ocurre que se produjo en 1996 el cobro de cantidad global por atrasos (en cuanto a pensión de viudedad) correspondientes a los años que van de 1984 a 1995; y junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de ese año 1996 se presentó escrito ejerciendo la opción de imputar a cada uno de aquellos periodos impositivos la porción correspondiente de esos atrasos, lo cual se efectuó por respectivas declaraciones complementarias presentadas también en la ocasión. Si en supuestos como el presente hubiesen resultado de esas complementarias declaraciones (hubiesen surgido de las autoliquidaciones) unas deudas tributarias, ha de pensarse que no habríamos estado aquí en supuesto de prescripción extintiva. Y ello en virtud del principio de la ?actio nata?, es decir, por el hecho de que la Administración no puede actuar al respecto hasta que unos discutidos rendimientos hayan quedado reconocidos, con lo que, vencido todo obstáculo, su teórico devengo dará paso a su actual y real exigibilidad. O, dicho de otra manera, si la prescripción empieza a correr desde la finalización del plazo para declarar, en estos casos el plazo para declarar no puede ser otro que el plazo para hacer la declaración del año en que se cobró, pues ese cobro, inmediatamente precedido de un reconocimiento del derecho por parte del pagador (allanamiento o bien transacción) o por parte de correspondiente autoridad administrativa o judicial, hace real la exigibilidad hasta entonces discutida. Y lo dicho para esos casos en que se haga figurar deuda tributaria ha de valer también, en sentido contrario pero por similar razón, para los casos en que de las declaraciones complementarias resulten saldos a favor del interesado. Siendo eso lo que se producía en esas autoliquidaciones, la presentación de éstas (en 20 de junio de 1997) fue admitida, naturalmente, por la Sección gestora, que en (?) de ese año produjo liquidación rectificativa de la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo de que aquí se trata. Contra ello se formuló reclamación ante la Sección gestora del Impuesto, que dictó en (?) de 1998 resolución desestimatoria, la cual viene a ser impugnada mediante el presente recurso. En fin, que ha de llegarse a la ineludible conclusión de que aquí no se produjo prescripción extintiva, con lo que ha de entrarse, a continuación, al examen del recurso interpuesto.
3.- La cuestión suscitada en el presente caso consiste, pues, en determinar el tratamiento que deben tener en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las pensiones extraordinarias de viudedad por fallecimiento del causante en acto de servicio.
4.- La regulación de las pensiones extraordinarias causadas por fallecimiento en acto de servicio viene dada fundamentalmente por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, norma que, sin carácter innovador, recoge y ordena la diversidad de disposiciones vigentes en la materia. Además, existen determinadas pensiones excepcionales, no previstas en el Texto Refundido y que se rigen por la Ley propia que lo establezca y, en su defecto, por lo dispuesto en el Texto Refundido: en concreto y por lo que aquí interesa, Leyes 35/1980, 6/1982 y 5/1979, y Decreto 670/1976, donde se regulan las pensiones especiales de la guerra civil 1936-1939, aplicándose supletoriamente la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984 o el Texto Refundido de 1987 según las mismas hayan sido o no reconocidas antes o después de la entrada en vigor de este último. Del contenido de dicho Texto Refundido se deduce que las pensiones se clasifican en pensiones ordinarias y extraordinarias, siendo las primeras aquellas reconocidas a favor del causante como de jubilación o retiro, ya sea forzoso, voluntario o por incapacidad permanente o inutilidad física y las reconocidas a favor de los cónyuges viudos, hijos o padres del causante por fallecimiento o declaración de fallecimiento del mismo, mientras que las extraordinarias, en ambos casos, se originan cuando el acontecimiento está directamente relacionado o motivado por un acto de servicio. Así, causan pensión extraordinaria de jubilación o retiro quienes sufran accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del mismo; y las pensiones extraordinarias de viudedad, orfandad o en favor de los padres se originan por fallecimiento o declaración de fallecimiento del causante en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Las normas para calcular el importe de las pensiones ordinarias se encuentran en los artículos 30, 31, 38 y 39, y en el artículo 49 para las extraordinarias que sean de jubilación o en favor de los familiares, caracterizándose dichas pensiones extraordinarias porque para su cálculo se tomará el 200 por 100 de la base reguladora debidamente determinada. Por lo tanto, se trata de pensiones extraordinarias cuya cuantía resulta ser de doble importe que la pensión que, en otras circunstancias de fallecimiento, habrían correspondido como ordinarias. Y por su parte, la citada normativa reguladora de las pensiones especiales de la guerra civil establece también, a favor de familiares de profesionales de las fuerzas armadas y de orden público fallecidos como consecuencia de aquélla, y con carácter general, pensiones equivalentes al 200 por 100 de la base reguladora. Pues bien: a la vista de cuanto antecede, resulta que dentro del derecho estatutario de los funcionarios existe una diversidad de pensiones extraordinarias derivadas del fallecimiento del causante en acto de servicio o como consecuencia directa del mismo, con una finalidad común claramente indemnizatoria, pues su importe resulta en todos los casos superior al de la pensión que, en otras circunstancias de fallecimiento, habría correspondido, en su caso, como ordinaria a su beneficiario, pretendiendo paliar, en cierto modo, económicamente e indemnizar del daño sufrido en determinadas condiciones apreciadas por el legislador como excepcionales y particularmente extraordinarias en atención a la peligrosidad del servicio. Y si bien las pensiones ordinarias y las extraordinarias a favor de familiares tienen identidad de fundamento al originarse con el fallecimiento del causante de la pensión, las extraordinarias amplían su cuantía en el importe de la indemnización establecida por la concurrencia de las ya referidas circunstancias extraordinarias. Por tanto, en dichas pensiones extraordinarias cabe distinguir, por un lado, el montante económico equivalente al que procedería fijar, en su caso, en circunstancias ordinarias y, por otro lado, el importe correspondiente a indemnización por daños. El primer importe, coincidente con la pensión ordinaria, constituye el pago de una parte del salario o sueldo diferido al tiempo en que ya no se presta el trabajo, es decir, deriva del hecho, continuado a lo largo de tiempo anterior, de prestación, por parte del fallecido, de sus servicios de trabajo personal. El segundo, en cambio, no constituye el pago diferido de nada, sino una modalidad de indemnización por el Estado por los daños sufridos por el causante y por sus familiares como consecuencia del fallecimiento de aquél en acto de servicio.
5.- Una vez analizada la naturaleza de la pensión extraordinaria percibida por la interesada, procede examinar el tratamiento que debe dársele en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en función de la normativa vigente en el momento a que se contrae el expediente. Así, con respecto a ese año de 1984, dicho tratamiento, de conformidad con el criterio marcado por este Organo años atrás en algún Acuerdo y mantenido reiteradamente en régimen común por el Tribunal Económico Administrativo Central, es el de considerar la no sujeción de la parte que exceda de la pensión ordinaria y ello en virtud de lo dispuesto en la normativa del Impuesto vigente en tal ejercicio (art. 3.4, último inciso, del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978 y art. 6.e) del Reglamento del Impuesto, aprobado por Acuerdo de 18 de febrero de 1982.
Y en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Doña (?) (en calidad de heredera de Doña (?)), contra Resolución de la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio por la que se rechazaba la solicitud de que se dejase exonerada de gravamen parte de correspondiente pensión extraordinaria percibida por esta última; y se ordena la práctica de nueva liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1984, en la que se tomará como renta no sujeta la parte de la pensión extraordinaria de viudedad que exceda de la ordinaria que hubiese percibido, en su caso, la causante de la recurrente si el fallecimiento de quien fue su esposo no hubiese acontecido en acto de servicio.
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Orden: Civil Fecha: 26/09/2011 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Sande Garcia, Pablo Angel Num. Sentencia: 29/2011 Num. Recurso: 7/2011
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Orden: Constitucional Fecha: 24/07/1985 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 552/1985 Num. Recurso: Recurso de amparo 470/1985
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Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 29/03/1996 Núm. Resolución: 930556

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 49
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 67

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