Source: http://revcienciapolitica.com.ar/num18art2.php
Timestamp: 2019-03-23 11:14:00+00:00

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La vuelta a la democracia planteó grandes desafíos en Argentina y en toda Latinoamérica. La ilusión de vivir en democracia se hacia cada vez mas factible entorno a la figura de Raúl Alfonsín, que se mostró durante las elecciones de 1983, como el mejor candidato para llevar a cabo esta gran tarea democratizadora. Su gran capacidad y liderazgo político, logró vencer los primeros conflictos del proceso de transición democrática, sin embargo, un conjunto de factores determinantes como las crisis económicas terminales, los alzamientos militares, la crisis de un tipo de Estado y la misma tensión generada por la apertura democrática, erosionaron aquel liderazgo poniendo en crisis de gobernabilidad al Gobierno radical que debió entregar el poder antes de tiempo.
The return of democracy was a major challenge for Argentina and throughout Latin America. The illusion of living in democracy was increasingly feasible around the political figure of Raúl Alfonsín, who showed himself as the best candidate during the elections in 1983, for the great task which was the reestablishment of democracy in the country. His capability and political leadership, managed to solve the firsts conflicts of the processes, however, a set of different events such as the economic crisis, military uprisings, the terminal crisis over a type of State and the pressure over itself generated by the democratic opening, eroded Alfonsín’s political leadership and consequently created a governance crisis and led the president to finish his constitutional mandate earlier.
“Crisis de liderazgo político y Gobernabilidad en Raúl Alfonsín (1983 -1989): Crisis institucional y caída”
Por: Luis Rosas[1]
A tres años de la muerte del ex-presidente Raúl Alfonsín, resulta necesaria una revisión del legado político que comprende un periodo que inicia el 10 de diciembre de 1983 y finaliza el 8 de julio de 1989, momento en el cual el presidente Alfonsín debe entregar de forma abrupta y sin cumplir con su mandato constitucional, al ya electo presidente Carlos Menem. Cabe mencionar las dificultades del mismo entorno al proceso de redemocratización pos-dictadura militar y resaltar la elección de una sociedad que busca introducirse al juego democrático con la apuesta de un modelo socialdemócrata, en un contexto neoliberal en ascenso.
La llegada de la democracia trajo consigo numerosas esperanzas y expectativas en la población. La implementación de medidas concretas para satisfacerlas tuvieron éxito, en principio, por el fervor y la aceptación de un gobierno democrático electo de forma constitucional. Sin embargo, al transcurrir los meses durante el primer año de mandato, estas políticas sociales y económicas demostraron ser insuficientes para la realidad que atravesaba el país para aquel entonces sumado a los continuos fracasos en materia económica. A pesar de aciertos y desaciertos en el ámbito político, las crisis económicas minaron la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas crecientes de una sociedad que luego de siete años de gobierno militar y con antecedentes golpistas, se encontraban devuelta en el juego democrático pero ahora sin rumbo, ni dirección política, la cual experimentaba una crisis de liderazgo y gobernabilidad, que finaliza cuando el espiral inflacionario desemboco en hiperinflación, obligando al presidente Alfonsín a entregar la presidencia antes de cumplirse los tiempos constitucionales. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es analizar y determinar las variables que llevaron a una crisis de liderazgo político y de gobernabilidad del ex-presidente Raúl Alfonsín durante la vuelta a la democracia que comprende el periodo 1983-1989 y la finalización abrupta de su mandato. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario tener en cuenta los problemas estructurales que tuvieron que hacer frente los dirigentes políticos: la crisis hegemónica del estado como actor principal en la economía deja sin herramientas necesarias para llevar a cabo la reconstrucción económica del país durante el periodo, atravesado por una crisis de liderazgo que no dio lugar a la consolidación de una experiencia socialdemócrata en Argentina.
Si bien Raúl Alfonsín es considerado un líder carismático, caracterizado por su liderazgo político respecto de los asuntos frente a los juicios de las Juntas Militares y el proceso de redemocratización, parece ser necesario evaluar como el capital político inicial luego de la elección presidencial de 1983, se transforma en crisis de liderazgo y gobernabilidad, en donde se hace presente un decisionismo político comprometido y condicionado con el juego democrático conforme la Constitución Nacional y la cooperación entre partidos políticos. En este mismo contexto se suma el fracaso económico que caracterizó al periodo y que constantemente ponía a prueba la capacidad del gobierno frente a la crisis que, a pesar de los intentos de estabilidad y la implementación de un modelo económico heterodoxo, desembocó en hiperinflación. Sin embargo, para una explicación mas acabada sobre el periodo, que compete trabajar aquí, deben tenerse en cuenta además de las variables económicas, las variables políticas que llevaron a la perdida de poder, las variables culturales y sociales del sistema político argentino que implica el análisis de determinadas características, en particular, el sistema presidencialista argentino, en tanto que influyó en las relaciones entre el Poder Ejecutivo, a cargo del partido radical, y su relación con el Congreso Nacional donde la UCR que no poseía la mayoría de bancas. De esta manera se nos plantean los siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las variables determinantes del fracaso del gobierno de Raúl Alfonsín? ¿Que ocasionó la crisis de liderazgo y gobernabilidad? ¿Se debió a características propias del sistema de gobierno o se debió al cambiante contexto económico? Esta cuestión nos llevará a la siguiente hipótesis de trabajo: “La Crisis de liderazgo político de Raúl Alfonsín y la incapacidad de reconstruir apoyo político y económico, habría sido determinante para el final abrupto del gobierno radical y de la experiencia socialdemócrata dentro de un marco internacional neoliberal en ascenso.”
En el siguiente apartado se dotara al trabajo con un marco teórico y la definición de términos clave como el liderazgo político y Gobernabilidad democrática.
En el presente trabajo se tendrán en consideración dos conceptos claves que estarán presentes durante todo el desarrollo del mismo. En primer lugar, resulta necesario definir el concepto de liderazgo político. Para tal fin no se tendrán en cuenta aquellas perspectivas que enfatizan los aspectos psicológicos que podrían gestarse al interior de un líder político, ni la relación psicológica entre líder y masa, con el fin de poder limitar la extensión del significado del concepto pero sin descartar características personales como la capacidad de oratoria, poder de seducción o persuasión, ingenio e inteligencia que han caracterizado a ciertos lideres políticos. Por lo tanto, entendemos que son líderes aquellos individuos que dentro de un grupo de personas, se encuentran en una posición de poder, que se ejerce de forma activa e influyen de forma determinante en las decisiones del mismo. A su vez este ejercicio del poder está legitimado en tanto que existe una correspondencia con las expectativas del grupo, con lo cual, se entiende que el liderazgo político se construye como una relación social, expresada en términos de líder-seguidores, y que el comportamiento político se explica por medio del conjunto de las características de la sociedad, de las relaciones que emanan de ésta y no sencillamente como cualidad de un individuo. Además, el ejercicio del liderazgo está también relacionado con la coyuntura histórica social, como por ejemplo situaciones de crisis socio-políticas y económicas, dictaduras o transiciones, que puede dar lugar a diferentes tipos de liderazgos.
En los análisis tradicionales, el liderazgo era visto como una relación unilateral (se guía o se es guiado), pero luego, Max Weber mediante, quedó claro que el líder y sus seguidores se encuentran dentro de una relación de influjo recíproco, pues el liderazgo también es una relación de transacción ya que el líder debe distribuir algún tipo de recursos para poder influir y dirigir los actos de sus seguidores, sean estos fieles (aquellos que se comprometen por razones de carácter moral) o mercenarios (que únicamente se comprometen por interés). Independientemente de cual fuere el caso, la relación entre líder y seguidores es indispensable en la relación de liderazgo (D’alessandro, 2006: 320).
Por otro lado, resulta necesario mencionar para la importancia del concepto, la relación del líder con su entorno, en el cual el marco institucional dentro de una sociedad, condiciona las características del liderazgo político, en las democracias contemporáneas, en este contexto, el liderazgo político se canaliza por medio de los partidos políticos, puede hacer referencia a un individuo o un grupo.
Es bien posible que los líderes tengan una visión de cómo transformar el ambiente en el que están insertos, e incluso que puedan llevar adelante importantes reformas de las estructuras institucionales de su medio, pero esas estructuras los preceden y condicionan, estructurando su propia conducta y limitando su capacidad de acción. En este sentido, el marco institucional se constituye como un factor que conforma verdaderamente las características del liderazgo, porque brinda determinadas oportunidades de ejercer el poder. En las democracias contemporáneas, la forma de ejercer el liderazgo político desde el poder ejecutivo depende de las siguientes estructuras institucionales (Elige, 1995:13 y ss.):
la cantidad y calidad de los recursos a disposición del poder ejecutivo (los poderes que le brinda la constitución, se es proclamado por elección o es nombrado por el parlamento, el tamaño y los recursos de la burocracia a su cargo, y la posición internacional del país);
la relación del poder ejecutivo con los otros poderes ( si lo pueden destituir o no, si la corte suprema puede suprimir su legislación o no, la relación entre los poderes subnacionales), y
la relación del poder ejecutivo con su partido político (si el titular del poder ejecutivo es líder del partido o no, la estructura organizacional del partido, el grado de disciplina del partido).
A partir de esta definición, consideramos a Raúl Alfonsín como un líder político teniendo en cuenta su capacidad de oratoria y conducción política que demostró durante toda su carrera dentro del partido radical, en especial por su formación política a lo largo del periodo histórico del cual formó parte y la inmensa tarea de llevar a cabo lo que se denomino la “vuelta a la democracia”. Esta implicó reestablecer las normas e instituciones democráticas luego de 7 años de gobiernos militares. Además, debe destacarse que la construcción de su liderazgo se baso entorno a las cuestiones de derechos humanos y el enjuiciamiento de las juntas militares, que recibió fuerte apoyo en especial durante su campaña de 1983, ésta cuestión será tratada en mayor detalle en otros apartados.
La elaboración sobre el concepto de liderazgo político hasta aquí esbozada nos permite avanzar sobre el segundo concepto clave para nuestro trabajo, la gobernabilidad. Al igual que el concepto anterior, existen varios enfoques y variadas definiciones que buscan describir y explicar múltiples situaciones. Sin embargo, la formulación, aquí elaborada de su alcance, resulta suficiente para nuestros fines.
Por lo tanto, se entiende por gobernabilidad desde su visión convencional, donde ésta se plantea como ejercicio del poder desde el Estado, lugar desde el cual, las resoluciones de los problemas y la toma de decisiones tienen a la gente como objeto de sus políticas.
En las sociedades contemporáneas el vínculo entre gobernabilidad y democracia radica en el principio de la soberanía popular y en sus manifestaciones concretas, como son las elecciones periódicas y la participación ciudadana. En una democracia consolidada se cuenta con un buen número de recursos institucionales para prevenir y, en su caso, enfrentar los problemas de gobernabilidad (Camou: 2006:?)
. En otras palabras, la gobernabilidad en sociedades democráticas contemporáneas, implica un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental. Ésta definición permite por un lado, tener en cuenta aquellas características sobre eficacia y eficiencia de la gobernabilidad y por otro lado el aspecto legitimador del proceso de toma de decisiones y políticas publicas. Ambos elementos, eficiencia gubernamental y legitimidad social, hacen a la estabilidad del sistema político junto con la capacidad de adaptación a su entorno. Los grados de gobernabilidad, por su parte estarán delimitados por la coyuntura social, es decir, que dentro de un determinado contexto histórico las percepciones sobre mayor o menor grado de gobernabilidad varia acorde a la coyuntura que atraviese una sociedad. Esto implica que no hay un nivel absoluto entre gobernabilidad-ingobernabilidad, sino que las discrepancias o equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental no son fijadas o validas de una vez y para siempre.
Ambos conceptos son considerados como elementos no solo necesarios, sino indispensables para la consolidación de la gobernabilidad democrática en Argentina y en Latinoamérica en donde un liderazgo renovador, transformador y dotado de legitimidad sea capas de llevar a cabo el reestablecimiento del orden democrático y sostenerlo en el tiempo, dotar de legitimidad sus instituciones y responder a las nuevas demandas sociales tras varias décadas de gobiernos militares con breves periodos democráticos limitados, el traspaso del poder hacia las autoridades civiles en un contexto de crisis económica y de conmoción social, por la derrota en la guerra de Malvinas y el terrorismo de Estado.
En los próximos apartados se trabajarán las variables que determinaron la crisis de liderazgo y como fue gestándose, a la vez, una crisis de gobernabilidad que dio lugar a la entrega anticipada del mandato presidencial en 1989.
2. Transición de la dictadura a la democracia
En julio de 1983, Reynaldo Bignone, quien sería el último presidente de facto, da a conocer la ley que convocaba a elecciones generales de autoridades nacionales, provinciales y municipales a realizarse el día 30 de octubre y al mismo tiempo se dio lugar a la competencia electoral. Tras la contundente derrota en la guerra de Malvinas de 1982, el gobierno militar agotó su último recurso para mantenerse en el poder, en medio de una crisis social y económica que fue conformándose dentro de un proceso de revalorización financiera y un nuevo patrón de acumulación de capital a nivel internacional. A su vez esta transformación económica fue agotando la capacidad de respuesta gubernamental del Estado interventor o Estado benefactor, frente a las nuevas exigencias económicas en el contexto de crisis que sacudió a toda América Latina, conocida como la crisis de la deuda externa.
2.1. Antecedentes económicos, políticos y socio-culturales:
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 instaura un nuevo patrón de acumulación de capital, en la medida que interrumpe la industrialización sustitutiva, que fue sustento de la lucha social, lo cual implicó un modelo aperturista en desmedro del modelo industrial e impone un nuevo comportamiento basado en la valorización financiera, el predominio de la misma comienza a partir de la reforma financiera de 1977, que estableció la apertura del mercado de bienes y de capitales para el desaliento de la producción nacional y a la vez irrumpe otro fenómeno particular del periodo, el endeudamiento externo ya no solo del sector publico sino también del sector privado. En este proceso, el Estado en manos de los militares jugo un rol fundamental ya que éste era quien, por medio del endeudamiento interno, mantenía una tasa de interés elevada en el sistema financiero local comparado al que ofrecía el mercado internacional. El estado, mediante la deuda externa es quien provee a los grupos económicos dominantes del país de divisas que luego eran depositadas en el exterior, la cual inicio la fuga de capitales. Las consecuencias de esta apertura y cambio de modelo, mas allá de lo que se dijo hasta ahora, evidenciaron que muchas industrias típicas hasta entonces dejaron de existir y se diversificaron algunas actividades convirtiéndose en oligopólicas.
Posteriormente, esta transformación en la economía mundial encontrará sus bases explicativas y normativas en lo que se dio a conocer como el consenso de Washington en la década de los noventa.
En el ámbito político y social, la dictadura militar, estableció que las fuerzas armadas debían reprimir a las organizaciones políticas que intentaran alterar el proceso de acumulación vigente y por otro lado, debían disciplinar y controlar a los sectores populares mediante la desindustrialización y la represión. En lo que respecta al contexto internacional, el auge de los grupos armados en América Latina, el triunfo de Fidel Castro en Cuba y la difusión del pensamiento marxista en el continente, llevó a las fuerzas armadas a redefinir su hipótesis de guerra, donde la represión ocupo un lugar central y el secuestro, la tortura y el asesinato en su conjunto definieron la figura del “desaparecido”. Estos elementos fueron aplicados frente a la presencia de un enemigo interno actuando dentro de las propias fronteras del país.
Lo expuesto en esta sección, resalta la importancia de ésta etapa fundacional tanto del sistema económico financiero mundial, como el proceso que fue desarrollándose en Argentina. Estos sucesos marcarán en el futuro las capacidades de acción gubernamental, frente a los asuntos económicos y su relación con los agentes económicos de mayor relevancia, tanto nacionales como extranjeros. Es más, estos sucesos impondrán sobre la posterior apertura democrática, una gran presión por parte de la población que tras varios años de penurias, ellos tendrán altas expectativas sobre el proceso democrático. La sociedad se encontró con una enorme necesidad de participar, movilizarse y reclamar una gran cantidad de derechos anteriormente reprimidos y/o censurados que debían canalizarse de alguna manera.
2.2. Creación del liderazgo político: Elecciones 1983.
Los países de América Latina, como la Argentina, iniciaron en la década de los ochenta procesos de transición. En el caso de Argentina, la estabilidad del régimen democrático dependía en lo político de la eliminación de aquellos vestigios del autoritarismo debilitados, pero vigentes. Además, implicaba la recuperación del espacio político y sus instituciones para la participación ciudadana y la canalización de las nuevas demandas que surgiesen de la sociedad. En el ámbito económico, implicaba hallar una vía para el crecimiento económico que le permitiese salir con éxito de la crisis, en un marco internacional cambiante y con un fuerte condicionamiento como fue la voluminosa deuda externa.
En las elecciones que se disputarían en octubre de 1983, una vez reestablecida la dirigencia política, a través de las elecciones internas de cada partido, comenzó la normalización del proceso institucional. El resultado de este proceso dio lugar a las formulas presidenciales constituidas en los partidos mayoritarios por, Italo Luder y Deolindo Bittel por el justicialismo y Raúl Alfonsín y Víctor Martínez por el Radicalismo, ante la declinación del otro precandidato presidencial, Fernando de la Rúa.
La construcción del liderazgo político de Raúl Alfonsín, entendiéndolo como una construcción social, en la cual sus seguidores observan en el líder capacidades oratorias excepcionales, capacidad de seducción y persuasión, entre otros atributos personales, podemos dar cuenta de tal construcción revisando brevemente los inicios de su carrera política donde uno de sus palmares fue la creación en la década de los años setenta del Movimiento de Renovación y Cambio, una división opuesta a la de Balbín dentro del radicalismo, y con cercanía a la socialdemocracia europea y fuertemente antiperonista. Sin embargo es tras la muerte de Ricardo Balbín en 1981, importante dirigente del partido radical, que se convierte en el principal referente del partido. En los próximos años, Alfonsín fue adquiriendo mayor peso en la escena pública, con respecto a la guerra de Malvinas en 1982 fue uno de los pocos dirigentes políticos que no se adhirió a la ola de fervor nacionalista al considerar la ocupación de las islas históricamente reclamadas por Argentina como una maniobra demagógica y pseudopatriótica de la dictadura militar. Además, fue uno de los que fundaron la Asamblea Permanente por los derechos Humanos en 1975, desempeñando durante todo el periodo un vigoroso papel en defensa de los derechos humanos. Es a partir de ésta cuestión socialmente problematizada donde Alfonsín construye su liderazgo político, durante la campaña electoral del ’83, es el candidato que mejor interpretó las expectativas del electorado, fue el candidato que habló mas claramente sobre el rol de las fuerzas armadas en democracia como institución subordinada al poder civil en manos del presidente como comandante en jefe de las fuerzas amadas en tanto jefe de estado. De esta manera, propuso recortar un tercio el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedaría en manos de la policía dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos. El discurso ético-político durante la campaña de Alfonsín se basó en dos ejes principales: La constitución nacional, en un claro compromiso por el respeto a las normas institucionales hacia la transición democrática, y los derechos humanos, en otros términos la campaña electoral se baso en los postulados de la democracia, estado de derecho, justicia y derechos humanos. Sin embargo, la promesa de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos, condicionó mas tarde al gobierno radical.
En el proceso de traspaso del poder en manos de los militares a manos civiles, Alfonsín denunció la existencia de un pacto militar – sindical, entre un sector del Ejército y un sector del peronismo, que conmovió la estructura del Ejército y repercutió fuertemente en el Partido Justicialista. Para citar algunos nombres, entre los generales que estuvieron involucrados figuraban Cristino Nicolaides, Jorge Suárez Nelson, Juan Carlos Trimarco. Entre los sindicalistas podemos citar a Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, Herminio Iglesias y Rogelio Papagno. La denuncia hecha por el dirigente radical, le sirvió de estrategia electoral posteriormente, en tanto que, la sociedad no vio con agrado la aproximación militar con los sindicalistas teniendo en cuenta un serio compromiso para una transición democrática. Si bien los militares se mostraban dispuestos a ceder el ejercicio del poder, intentaron sin éxito concertar con las fuerzas civiles los aspectos antes mencionados, por un lado, la no revisión de lo sucedido en la lucha contra la subversión y por otro lado, el papel o la inserción de las Fuerzas Armadas en el futuro gobierno democrático-constitucional. El fracaso de la concertación impulsó a la dictadura a sancionar el 23 de septiembre de 1983 la Ley de Autoamnistía, por la que se declaraban extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos en la lucha antisubversiva.
El régimen electoral adoptado para la elecciones fue el sistema de representación proporcional de D’Hont, con un umbral del 3% del padrón electoral para la obtención de cargos. El 30 de octubre de 1983, Alfonsín gana las elecciones presidenciales con el 52% de los votos, seguido por su adversario del partido justicialista Italo Luder con el 40 % de los votos, era la primera vez que el peronismo perdía una elección presidencial. El nuevo presidente contará con gobernadores del mismo partido en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Rió Negro, Chubut y Capital Federal. Por esta razón Alfonsín no contara con la mayoría en la cámara de Senadores, superado por el partido justicialista. Sin embargo, la Unión Cívica Radical estableció un precedente histórico al obtener 128 de los 254 escaños de los que contaba la cámara de Diputados, 16 actas mas que el PJ y exactamente la mayoría absoluta. El radicalismo se presentó frente al electorado como el partido más coherente y el más competente para encontrar soluciones comunes satisfactorias a una de las crisis mas aguda de la Argentina. Entre la necesidad de consolidar las instituciones políticas y la de afrontar reformas económicas se fueron descubriendo los desafíos de la nueva democracia.
El presidente Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y convocó a la población a una concentración en la plaza de mayo, con la particularidad que el presidente no recitó su discurso en los balcones de la Casa Rosada sino en los balcones del histórico Cabildo del 25 de Mayo de 1810. Desde los balcones del Cabildo decía Alfonsín:
Una feliz circunstancia ha querido que este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y democracia sea el Día de los Derechos Humanos. Y queremos, en consecuencia, comprometernos una vez más: vamos a trabajar categórica y decisivamente por la dignidad del hombre, al que sabemos hay que darle libertad, pero también justicia, porque la defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida, sino que además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza de nuestra sociedad […] (Quiroga; 2005: 22).
Una de las primeras medidas que adoptó Alfonsín fue la derogación de la Ley de Autoamnisitia militar y procedió el 15 de diciembre de 1983 mediante los decretos 157/83 y 158/83, ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y a los miembros de las tres juntas militares. Por otra parte, crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Por estas iniciativas, el gobierno radical estuvo permanentemente jaqueado por sectores de las Fuerzas Armadas.
3. Gobierno de Alfonsín: La reconstrucción del orden político.
El inicio del mandato presidencial dependió, en sus comienzos, del gran apoyo de la ciudadanía para la construcción de un orden democrático estable. Los sucesos como la creación de la CONADEP, el tratado de paz firmado entre Argentina y Chile en 1984, que fue concensuado por la sociedad argentina mediante un plebiscito y finalmente firmado en la ciudad del Vaticano poniéndole fin al conflicto entre ambos países.
Al asegurar los derechos civiles y garantizar la liberad política a través de las instituciones publicas, se abrió un periodo de en la cual…La política participativa permanece en lo fundamental, resumida entre 1984 y 1987, en aquellas formas y espacio que, como vías de deliberación convencional o no convencional, despertaron esperanzas, pero que, entre otras cosas por falta de continuidad y consistencia, resultaron finalmente insuficientes a la hora de querer reconstruir un modelo diferente de sociedad (Quiroga; 2005; 24).
La profunda crisis económica que amenazaba el país cuestionaba la fortaleza y la capacidad del Estado frente a otros actores importantes de la sociedad como por ejemplo, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y los sindicatos. Sin embargo en estos primeros años la resolución de los conflictos sociales, económicos y políticos, fueron acertados bajo el liderazgo presidencial, que se encontró con un panorama social en el cual, el partido opositor estaba en crisis tras su primer fracaso electoral en las elecciones presidenciales y atravesaba una metamorfosis interna que fue consolidándose para el año 1985, en tanto que, el Partido Justicialista se reorganizó bajo la Renovación Peronista conformada por Antonio Cafiero, Carlos Grosso, Juan Manuel de la Sota, Jose Luis Manzano, Eduardo Duhalde y Carlos Menem.
Si bien apenas comenzó el gobierno de Alfonsín, los sectores de poder de la sociedad se encontraban en crisis, en principio, se podría establecer que el presidente podía llevar a cabo dos estrategias de gobierno. Al comienzo optó por llevar a cabo sus propios proyectos políticos, tensando las relaciones entre dos polos opuestos entre Radicalismo y Peronismo, es más, en estos primeros años Alfonsín se enfrentó contra intereses establecidos que se habían beneficiado en los siete años de dictadura militar. Y por otro lado debió confrontar las fisuras que podrían surgir dentro del apoyo de su propio partido. Sin embargo, la segunda estrategia consistía en llevar a cabo relaciones coordinadas con el Partido Justicialista en el Congreso. Claramente el presidente frente al gran apoyo inicial, optó por la primera estrategia, sin embargo luego del las elecciones legislativas de 1987, la segunda estrategia es impuesta por la oposición incluso generando el bloqueo de proyectos presidenciales y del partido radical.
De esta forma, la fortaleza del Partido Justicialista quedó plasmada en la victoria de las elecciones legislativas en 1987 y es a partir de este momento que el gobierno radical entraría en un periodo de rigidez política e institucional, a lo que Bernard Thibaut denomina “gobierno dividido”, esta situación de parálisis institucional es una posibilidad que puede darse dentro de los sistemas de gobierno presidencialistas.
En los siguientes apartados se analizaran en profundidad aquellas variables que produjeron, a lo largo del periodo que comprende al trabajo, la crisis de liderazgo y gobernabilidad. En primer lugar, retomaré la relación entre el Gobierno Radical y los militares, y se analizarán las tensiones que pueden generarse entre la gobernabilidad y el régimen democrático de gobierno. En segundo lugar se analizan las relaciones hacia el interior del sistema presidencialista Argentino, esto comprende la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y por ultimo se analizará la crisis económica y la elaboración del Plan Austral.
3.1. Reconstrucción del Orden Político.
La nueva vida política fue desarrollándose normalmente, por medio de los canales institucionales, es decir, las nuevas demandas sociales, tanto como las que ya se encontraban presentes, eran resueltas por medio del congreso y además, con la creación de los nuevos espacios políticos que demostraron un alto índice de participación ciudadana. Una vez reestablecida la democracia había que pensar a su vez en como preservarla. Por un lado, se crea a fines de 1985 el Consejo para la Consolidación de la Democracia a través de un decreto presidencial. La misión del organismo era contribuir a la elaboración de un proyecto transformador fundado en la ética de la solidaridad y en la democracia participativa, la modernización de las estructuras culturales, científicas, educativas, productivas y estatales de la sociedad argentina. Luego en 1986, el presidente Alfonsín encargo al consejo, el estudio de dos temas relevantes para la organización del Estado y la sociedad. El primero consistió en un proyecto de reforma constitucional y el segundo en el diseño del traslado de la Capital Federal a Viedma-Carmen de Patagones. Finalmente las dos propuestas no pudieron ser concretadas por falta de apoyo político y parlamentario, aunque despertó en la sociedad el interés de un proyecto democrático modernizador. Este proyecto seria un antecedente a la reforma constitucional del ’94. En el mismo año que se crea tal organismo, el presidente dicta, en su discurso en parque norte, los principales ejes de gobierno, establecidos por medio de la participación activa de intelectuales convocados para afianzar la legitimidad democrática de las instituciones, a través de propuestas como una democracia participativa, modernización de la sociedad y una ética de la solidaridad. A su vez, había que eliminar el rol político de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la vida democrática, subordinándolas al poder civil, sin que esto llevara a un nuevo golpe militar y la perdida nuevamente de todas las instituciones democráticas.
La relación con las Fuerzas Armadas y Alfonsín fueron desde un principio conflictivas, a diferencia de otros países de América Latina las transiciones democráticas implicaron un pacto cívico – militar, que en el caso argentino no tuvo lugar.
La política de Alfonsín buscaba un equilibrio entre el legitimo reclamo entre justicia y la necesaria preservación del sistema democrático, un equilibrio entre la ética de la convicción y ética de la responsabilidad (Quiroga; 2005; 29). En su discurso del 13 de diciembre, Alfonsín establece las pautas en que se basaran los juicios a los militares y consistían en tres puntos: 1) Se establecieron tres niveles de responsabilidades a los crímenes de lesa humanidad, esto implicaba la diferenciación entre la culpabilidad de los máximos representantes del orden autoritario y al resto de los miembros según jerarquía y los niveles de responsabilidad para evitar la acusación generalizada. El proceso estuvo en principio a cargo del propio Consejo supremo de las Fuerzas Armadas que para fines del ’84 se negaban a llevar a cabo los juicios contra sus pares. 2) A fin de no inculpar a toda la institución militar, los tres niveles de responsabilidades se definieron a través de la reforma del Código de Justicia Militar: a) los que planificaron y ejercieron la supervisión; b) los que actuaron sin capacidad decisoria cumpliendo órdenes; c) los que cometieron excesos en el cumplimiento de directivas superiores. Se busco amparar a la mayor cantidad de imputados por el principio de obediencia debida. 3) la creación de la CONADEP con la finalidad de recibir las denuncias y pruebas para ser enviadas a la justicia. El “Informe Sábato” daba cuenta de forma cronológica todos los hechos sucedidos respecto a la lucha antisubversiva, daba cuenta de los centros de detención de los desaparecidos secuestrados y asesinados. El organismo determino que la cantidad de desaparecidos fue alrededor de 8960 personas. Sin embargo, las madres de plaza de mayo establecieron que fue un total aproximado en los 30.000 desaparecidos.
A pesar de las trabas del Consejo Supremo militar, la cámara federal decide retomar los juicios a los militares debido a una demora injustificada e incumplimiento de los plazos fijados. Posteriormente los juicios son llevados hasta la Corte suprema, sin embargo, el tratamiento de los mismos por medio del poder judicial, no surtieron efecto para resolver los crímenes de lesa humanidad. Agotadas estas vías para llevar a cabo los juicios, Alfonsín recurre a la vía legislativa, por lo tanto en diciembre de 1986, el congresos sanciona la Ley de Punto Final en medio de una fuerte crisis que atravesaba a la institución militar. La ley establecía un plazo de 30 y 60 días para procesar nuevas denuncias y a la vez buscaba la aceleración de las causas. Ésta ley pretendía evitar la proliferación de causas hacia los militares para evitar una acusación general a toda la institución militar.
Sin embargo, la resolución legislativa impartida por el congreso no bastó para evitar nuevos conflictos con las Fuerzas Armadas, 4 meses después de la sanción de la ley, en abril del ’87 se generan los levantamientos de semana santa. Un sector del ejército, los “carapintadas”, bajo el comando del Teniente Coronel Aldo Rico, se levanto en armas y paralizó a la sociedad argentina durante 4 días. El conflicto terminó con las negociaciones entre los amotinados y el presidente en Campo de mayo. Horas mas tarde, desde los balcones de Casa Rosada Raúl Alfonsín anunciaba ante una multitud que “la casa esta en orden”, frase célebre que en la percepción colectiva sonó mas a una claudicación que a una entrega incondicional de los insurrectos. La decepción de la ciudadanía fue inevitable y el estado democrático mostró sus límites en la resolución del tema de los derechos humanos (Romero; 1994; 57).
Dos meses después se aprobó la Ley de Obediencia Debida, que delimitó las responsabilidades, sin dejar conforme ni a los militares ni a la sociedad. Las rebeliones a pesar de la nueva legislación siguieron su curso, en enero de 1988 en Monte Caseros y en el mes de diciembre del mismo año en Villa Martelli.
La transición democrática a partir de estos sucesos sufrió una grave derrota en su proceso de consolidación, la ciudadanía comenzó a demostrar su frustración, la participación ciudadana en los espacios públicos fue decreciendo y los asuntos económicos fueron tornándose cada vez más trágicos, erosionando de esta manera el capital político inicial y cuestionando el liderazgo político del presidente y su capacidad para hacer frente a los problemas de la nación.
Por otra parte, abría que analizar incluso aquellas tensiones que ejerce la democracia como forma de gobierno, en especial, para aquellas sociedades en transición hacia la consolidación democrática. Mas allá de la relación entre el gobierno y los militares, este no fue el único factor que fue generando la crisis de liderazgo y gobernabilidad. Aquella base social que sostenía el liderazgo político de Alfonsín, se vio cuestionado entorno al tema de los Derecho Humanos pilar de la construcción política del presidente. Al transcurrir los años en gobierno y la falta de resolución sobre un tema tan sensible y complejo, genero descontento en la sociedad. Se puede establecer que el poder que detenta el presidente esta siendo erosionado en tanto que no hay plena correspondencia entre las expectativas del grupo y los resultados entorno a las cuestiones nacionales. La gran cantidad de demandas reprimidas durante la dictadura militar generaron altas expectativas por parte de la sociedad ya que la vuelta a la democracia, se creyó condición suficiente para la resolución de todos los problemas. Sin embargo estas plantearon al poder político numerosos frentes de acción que desbordaron los canales instituciones y su capacidad de respuesta se vio altamente condicionada a partir del momento en el cual el gobierno radical encontró una fuerte oposición en el congreso y la reorganización sindical fue tornándose cada vez mas fuerte.
3.2. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo:
En este apartado analizaremos la influencia del sistema presidencialista de gobierno como factor condicionante para el ejercicio de la gobernabilidad. Retomando el concepto antes mencionado de “gobierno dividido” utilizado por Bernard Thibaut. Establece que el argumento mas importante contra el presidencialismo se refiere a la posibilidad de que se produzcan constelaciones de “gobierno dividido” con sus eventuales consecuencias negativas sobre la gobernabilidad y la estabilidad del sistema político (Thibaut; 2007; 128). Nos encontramos frente a una situación como esta, cuando el Presidente no posee la mayoría parlamentaria de su propio partido.
En el caso argentino en el periodo 1983 - 1989 cabe resaltar ciertas características del congreso nacional; es bicameral, sus representantes son electos de forma directa por los ciudadanos y es importante señalar que las elecciones legislativas no se realizan al mismo tiempo que las elecciones presidenciales, este factor resulta de alta importancia para Thibaut en tanto que contribuye a la posibilidad de rigidez entre ambos poderes. También el sistema de partidos influye en las relaciones entre ambos en la medida que un bipartidismo polarizado ideológicamente, como lo eran el radicalismo y el peronismo, por un lado, Alfonsín poseía un discurso perfilado hacia la social democracia diferenciado, por otro lado, del discurso populista progresista del Partido Justicialista en aquel entonces. Además de la diferencia ideológica, hay que tener en cuenta la particularidad del resentimiento histórico que dividió por muchos años a la sociedad Argentina. Delimitó una conducta más bien de bloqueo institucional que de cooperación entre ambos partidos en el congreso y rechazando todo proyecto presidencial en cuanto a la reforma de políticas publicas que implicaban un traspaso a políticas neoliberales.
3.2.1. La oposición:
Al principio de su mandato Alfonsín tuvo mayoría en la cámara de diputados pero no así en la cámara de senadores donde el Partido Justicialista en principio estuvo comprometido con el apoyo al sistema democrático, actuando en cooperación junto al partido radical, resulta necesario mencionar que su rol de opositor estuvo limitado al comienzo del periodo por la crisis que experimento hacia su interior. Sin embargo hacia 1985 el PJ se consolida en la denominada Renovación Peronista y a partir de esta fecha el peronismo fue reconstruyendo su base electoral y para el año 1987 gana las elecciones legislativas quitándole la mayoría en la Cámara de Diputados al radicalismo. Con la perdida del apoyo legislativo por parte de la UCR, el presidente se vio en una situación de parálisis institucional, esto implica que tanto el partido opositor en el Congreso como el mismo presidente hacen uso de su capacidad de veto para influir en el proceso de elaboración de políticas públicas. Eventualmente, el Partido Justicialista se opuso a varios proyectos ....un tercio de las leyes sancionadas incluye temas de menor importancia y que en áreas cruciales para cualquier gobierno, como Legislación Penal Impuestos y Política Fiscal, Presupuesto General de la Nación, se registró menor grado de acuerdo (Maurich y Liendo; 1998; 377). A pesar de un acuerdo tácito al cual hacen referencia los autores este acuerdo implicó la concordancia entre los partidos sobre asuntos menores como fue señalado. Para citar un ejemplo, el Plan Austral fue implementado a partir del decreto presidencial 1096/85 en tanto que el Poder Ejecutivo cree necesario este medio, ya que para una eficaz implementación, por trabas que puedan surgir dentro del proceso legislativo o como ultimo recurso tras varios intentos de sancionar un ley, se opta por una estrategia decretista, este mecanismo evita el debate en el congreso y la posibilidad de modificación de una ley. En el caso del Plan Austral el gobierno creyó que para una eficaz implementación del plan era necesario evitar que pasara por el congreso.
El Partido Justicialista por medio del bloqueo institucional a su vez logra reconfigurarse y fortalecerse mediante el rechazo de las políticas publicas de los radicales diferenciándose de ellos y estableciendo un enemigo en común, papel que formó parte de un proceso de construcción de identidades, reafirmando una crisis de liderazgo político del presidente, del partido y una situación de crisis de gobernabilidad.
Por otro lado, el sector sindical represento otro gran poder opositor. Tras la vuelta a la democracia los sindicatos estaban en crisis tanto por la derrota del peronismo en las elecciones presidenciales como por el accionar de la dictadura sobre la estructura sindical. Por lo tanto el gobierno radical vio la oportunidad para democratizar los sindicatos y de esta forma dar lugar a otras corrientes del sindicalismo. A tal propósito, se promovió la ley de normalización que incluyo el voto directo, secreto y obligatorio, que diera lugar a las minorías y que la fiscalización de los comicios esté en manos del Estado. Sin embargo el proyecto no tuvo lugar luego de ser rechazada en la Cámara de Senadores. Posteriormente los sindicatos recobran su cohesión interna y emprenden una política de confrontación en contra del gobierno radical, podemos observar que en los años 1984 y 1988, la CGT organizó trece paros generales, en repudio a la crisis económica y la precarización del salario de los trabajadores.
A pesar de las reiteradas reuniones entre los sindicatos y el gobierno, la táctica implementada por la organización consistió en asistir para dialogar, luego levantarse y dar el “portazo”. Si bien se lograron acuerdos entre las partes, en las negociaciones el gobierno cedió más de lo que recibió en contraprestación de los sindicatos, las treguas y el apoyo político pactado en realidad nunca se concretaron.
3.2.2 El partido Radical:
La relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se encuentra determinada por el lazo partidario esto implica la creación de un vínculo estrecho entre el poder ejecutivo y el legislativo, es decir, el presidente se encuentra vinculado con los legisladores por medio del partido de pertenencia común, el presidente para lograr que los procesos legislativos sean en favor de los proyectos que él cree necesarios para lograr un gobierno eficaz, debe sostenerse a partir de una disciplina partidaria estricta.
Entre las principales variables que inciden sobre las relaciones Ejecutivo – Legislativo, tenemos en cuenta, los poderes legislativos del presidente y los poderes partidarios. A partir de la primera de ellas, S. Mainwaring y M. Shugart proponen una clasificación de los regimenes presidenciales según el modo en que las constituciones nacionales asignan al ejecutivo poder de veto, veto parcial decreto y temas exclusivos de legislación. Los Autores identifican cuatro tipos de autoridad legislativa presidencial. Empezando por los ejecutivos que concentran mayor numero de atribuciones, distinguen entre los ejecutivos potencialmente dominantes, los preactivos, los reactivos y los potencialmente marginales (Maurich y Liendo; 1998; 573). El escenario político que se manifieste dependerá de la interacción que se establezca entre ambos poderes, por lo tanto, cobra relevancia la segunda variable, referida al apoyo parlamentario y el nivel de disciplina partidaria y debe tenerse en cuenta que la misma no esta dada sino que es precisa producirla. En el caso argentino es necesario mencionar que la formación de competencia interna de los partidos argentinos, basado principalmente en un bipartidismo, generan una organización descentralizada, lo que establece un sistema de lealtades múltiples pasando por varios niveles, el local, provincial y nacional. Sin embargo lo que determina la cohesión interna del partido alrededor de un líder político, es su posibilidad de triunfo en las urnas. Posteriormente influyen a su vez, factores como la distribución de incentivos selectivos y colectivos. Si bien el partido es quien posee el control de las listas, esta herramienta queda determinada por el poder que poseen aquellos candidatos con posibilidades de ganar elecciones. Además, en caso de una discrepancia entre ambos poderes, encontramos recursos como los decretos de necesidad y urgencia los vetos presidenciales y por otro lado, los legisladores pueden hacer uso de las insistencias e incluso no dar cabida a determinados proyectos en las sesiones parlamentarias.
En el caso argentino, Alfonsín pierde tanto el apoyo y la disciplina partidaria a partir de las elecciones de 1987 pero además, se ve enfrentado contra distintas facciones del radicalismo que no coinciden con algunos proyectos tales como la reforma del sistema político presidencialista a uno parlamentarista, característico del pensamiento socialdemócrata de Alfonsín, frente a los sectores mas conservadores del radicalismo. Posteriormente, recibe gran oposición tanto del PJ como de la UCR frente a los proyectos de reformas del Estado y políticas de ajuste. Lo cual ha llevado al presidente a hacer uso de los decretos de necesidad de urgencia por cuestiones que el Ejecutivo consideraba indispensables para la resolución de los problemas del país.
Respecto a la rigidez del sistema presidencialista, un sector del gobierno radical era consciente de este problema. Alfonsín creía necesarias estas reformas para consolidar el proceso democrático, por lo tanto promovía la elaboración de una reforma constitucional por medio del Consejo para la Consolidación de la Democracia, de carácter semipresidencial que iría a reemplazar el clásico régimen presidencialista argentino. Había una clara intención de modificar de forma sustancial el régimen político y así atenuar la rigidez del presidencialismo. Aunque el consejo descarto la idea de proponer la sustitución del régimen presidencialista por uno parlamentario, para no violentar las tradiciones argentinas, recomendó la adopción de un sistema mixto de gobierno, que permitiera la incorporación de elementos del parlamentarismo para atenuar la inflexibilidad de nuestro sistema presidencialista. Proyecto que fue rechazado por falta de apoyo político y parlamentario.
4. Crisis económica y Plan Austral:
La economía estaba estancada en una recesión que había iniciado años antes de la vuelta a la democracia, los pagos de la deuda externa licuaban la mitad de los ingresos de las exportaciones y el país presentaba una economía cerrada, ineficiente y deficitaria. El ministro de economía Bernardo Grinspun, llevó a cabo medidas para contrarrestar la creciente inflación y a la vez aumentar la recaudación por medio del control fiscal y la fijación de impuestos a la riqueza e ingresos. Por otro lado, pretendía el aumento del producto bruto interno del 5% y un aumento salaria del 8% y de esta forma evitar medidas impopulares. La reactivación económica pretendía llevarse a cabo por medio de políticas keynesianas fundada en los principios cepalinos de la teoría de la dependencia, algo común para la época, pero que sin embargo tuvo que confrontarse con la modificación del tipo de acumulación, este abandonaba el consumo de los sectores populares o un consumo basado en el mercado interno como modelo económico con un alto grado de intervención estatal para el estimulo de la economía. En cambio, el nuevo proceso de acumulación que fue desarrollándose para aquel entonces, se basaba en la valorización financiera, donde los grandes capitales internacionales buscan países que cumplan con sus expectativas de ganancias, dentro de un marco jurídico estable y para este fin el FMI, junto al resto de los organismos de crédito mundiales, fueron quienes impusieron las nuevas reglas de juego como condición para solicitar nuevos prestamos o simplemente para categorizar a un país como estable para invertir. Por lo tanto, las medidas adoptadas por el gobierno argentino parecían desactualizadas y poco eficientes para confrontar los problemas económicos de la nación en un contexto internacional cambiante. Con respecto a los pagos de la deuda externa, el gobierno determino que los pagos no se llevarían a cabo hasta junio del ’84 con el objetivo de arreglar con el FMI una renegociación de la deuda externa Argentina en tanto que los pagos no superaran el 15% de las exportaciones.
A pesar de la implementación de éstas medidas, los problemas económicos persistieron y quince meses después de haber asumido, la inflación alcanzó una tasa del 626%, lo que llevo al reemplazo de Grinspun por Juan Vital Sourrouille. Las negociaciones con el FMI dieron la pauta al presidente Alfonsín que debía llevar a cabo reformas económicas estructurales acorde al nuevo ciclo de acumulación de capital. El cambio de rumbo en política económica fue notable ya que designa para el cargo de ministro de economía a un técnico en lugar de un político.
La profundización de la crisis económica obligó al presidente a someterse a las condiciones dictadas por el FMI que consistían en una política deflacionaria, a través de la reducción del gasto público y en consecuencia el gobierno para 1985 lanza el Plan Austral. Mientras que el FMI recomendaba planes gradualistas de ajuste ortodoxos (control del gasto público, congelamiento de salarios, con sustento teórico en la teoría cuantitativa del dinero) la parte monetaria del nuevo plan fue marcadamente heterodoxa, basada en la teoría de las expectativas y buscando un "efecto shock". El gobierno prometió que el banco Central no emitiría mas moneda y se fijó un crecimiento anual del 4%, basándose en las exportaciones y la inversión, ya que se estimaba una creciente demanda de nuestros productos y una tasa de interés internacional favorable, cuestiones que en el corto plazo chocaron con una realidad totalmente diferente. Por otra parte se buscó un fuerte control de precios, se fijaron las tarifas de los servicio públicos, se congelaron salarios y se establecieron listas de precios máximas para los bienes de la canasta básica.
El plan en sus comienzos logro el objetivo de reducir la inflación, sin frenar la actividad económica y sin aumentar la desocupación. La gran victoria frente a la inflación que se registró alrededor del 1% mensual le devolvió al gobierno gran parte de la popularidad que había perdido. También al no reducirse el crecimiento económico, típico de los planes del FMI, la tasa que se registró fue del 5% anual al mejorar los precios de las materias primas hacia 1986. El control de la inflación y la estabilidad monetaria implicaban presupuestos indispensables para el crecimiento económico y un elemento mas para la consolidación democrática.
El éxito inicial del Plan Austral le dio la victoria electoral al partido radical en las elecciones de 1985 a pesar de que perdiera 8 puntos respecto de las elecciones de 1983. No obstante, el Partido Justicialista también fue alcanzado por el descontento social del momento perdiendo 6 puntos con respecto a las elecciones anteriores.
Un año después de ser implementado el plan económico, quedo al descubierto sus limitaciones en cuanto a la estabilización al corto plazo y resurgieron los problemas fiscales, al descongelarse gradualmente los precios, la inflación tuvo un pequeño crecimiento que no pudo sostenerse al aumentar el tipo de interés internacional y reducirse nuevamente el precio de las materias primas, que llevó a una nueva crisis económica. En consecuencia, Sourrouille anuncia la segunda etapa del Plan Austral que intentaba solucionar los problemas económicos estructurales sobre la base de las privatizaciones, entre ellas podemos citar la venta de SOMISA y de Fabricaciones Militares, la liberalización de los mercados y el crecimiento económico. De esta manera el Plan Austral cambia rotundamente su contenido, dado que en un principio la implementación del plan trató de evitar medidas económicas que generen descontento social aún así, el contexto mundial lo exigía y la crisis económica interna lo demandaba. Por lo tanto, el debate sobre la necesidad de la reforma del Estado en Argentina fue instalada por el Gobierno de Alfonsín que se encontrará en el Congreso con una fuerte oposición tanto de los partidos opositores como por parte de sectores del radicalismo y especialmente por parte de los sindicatos. La reforma del Estado, es un discurso que no encontrara legitimidad social sino hasta los años noventa luego de las grandes crisis hiperinflacionarias que castigaron al país.
Para el año 1987, la economía se encontraba nuevamente en crisis que le costó al partido radical la derrota en las elecciones legislativas y de esta manera perdería la mayoría en cámara de Diputados. En consecuencia, el 3 de agosto de 1988 Sourrouille, anuncia el paquete de medidas en un contexto de alta inflación que entre enero y julio del ’88 había crecido a una tasa del 178% y los organismos internacionales presionaban por ajustes. El gran déficit de las empresas públicas era inmanejable, al igual que la financiación vía Banco Central, que dio lugar al festival de bonos como activos financieros. La aceleración de la espiral precios-salarios, la suba de las tasas de interés y la creciente dolarización de los ahorros internos, impulsó al gobierno a anunciar el Plan Primavera, un acuerdo con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio para controlar precios y un nuevo régimen cambiario que fracasa por el incumplimiento de las partes. No obstante, el golpe llegaría desde los sectores financieros que comienzan a desestabilizar el mercado para obligar al gobierno a obedecer las pautas del Fondo Monetario Internacional. Corridas bancarias y campañas de rumores inician una crisis que pronto llevará a la moratoria de pagos de la deuda externa y a la hiperinflación. El 6 febrero de 1989 se anuncia la devaluación del peso y se desata la hiperinflación. En mayo, graves saqueos a negocios en el conurbano y en Rosario precipitan la crisis. El 12 junio, ante el agravamiento de la crisis económica y social, Alfonsín anuncia que renunciará a la presidencia el 30 de junio.
5. Crisis institucional y Caída:
A finales de 1988, el presidente Alfonsín había perdido el control del país tanto en materia económica, plasmado en la hiperinflación como en lo político, había perdido tanto el apoyo del sector empresarial como gran parte del apoyo de su partido y de la sociedad en general. Los sucesos de enero de 1989 sacudieron al país por la acción terrorista del grupo “Movimiento Todos por la Patria”, que las autoridades calificaron de “ultraizquierdista”. Ocuparon la sede del tercer Regimiento de Infantería Mecanizada, en La Tablada, en el conurbano bonaerense. Cuatro días después, el Ejército asalto el recinto y los tiroteos ocasionaron 39 muertos. La matanza dejó muchas dudas sobre los móviles y las conexiones de la acción terrorista. Sumado al espiral inflacionario generó un profundo descontento en la sociedad y el desprestigio del oficialismo auguraba un castigo en las urnas. En febrero, un colapso económico calificado como “golpe de mercado” puso fin al Plan Primavera y a los intentos de privatización acortando los tiempos del gobierno de Alfonsín. Lo que siguió fue el descontrol financiero y monetario. La sociedad había perdido confianza en la moneda nacional por lo que aumentó incesantemente la demanda de divisas extranjeras. A fines de marzo Sourrouille es depuesto y en su lugar asume Juan Carlos Puliese que duraría menos de dos meses en el cargo. Para cuando se realizaron las elecciones generales del 14 de mayo, el peronista Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, derroto ampliamente al aspirante radical, Eduardo Cesar Angeloz, gobernador de Córdoba.
Menem había derrotado a Cafiero en las elecciones internas movilizando a los sectores marginales, con un liderazgo paternalista que recuperaba las viejas tradiciones peronistas. En el radicalismo, en cambio, fue Alfonsín quien designa al gobernador del último bastión electoral del radicalismo, que no había perdido en las elecciones de 1987. El candidato justicialista ganó las elecciones con el 47,3% de los sufragios y el partido radical consiguió únicamente el 32%. Lo cual implicó la primera alternancia política en elecciones presidenciales en democracia. Con el presidente electo, Alfonsín disponía todavía de siete meses de mandato constitucional, con lo cual se inició el proceso de traspaso de la presidencia pero que finalizaría abruptamente el 8 de julio de 1989. El gobierno radical propuso al presidente Menem, acortar el periodo constitucional para asegurar la gobernabilidad del país.
En el último periodo del gobierno radical que comprende 1987 al 1989, es cuando se hace más visible se hace la crisis del liderazgo político y de gobernabilidad. El gobierno ya no supo como enfrentar el empate político que se dio en el periodo post elecciones legislativas. La base social de apoyo a la figura del líder radical estaba altamente cuestionada para aquel entonces luego de mostrar la incapacidad del gobierno para con los asuntos de la nación, lo cual, genero un quiebre entre el líder y sus seguidores en tanto que, frente a las demandas de los mismo, el líder no es capas de canalizarlas o al menos dar una respuesta satisfactoria para con sus seguidores y de esta forma la construcción del liderazgo político fue perdiendo legitimidad. Para demostrar la transformación social del periodo, el discurso que dio el presidente cuando anunció el plan primavera fue recibido con silbidos y a medida que transcurría el público fue retirándose en un gesto de repudio a las reformas económicas.
La imposibilidad de reforma constitucional e incluso del Estado dejó sin herramientas de respuestas gubernamentales, generando una profunda crisis de gobernabilidad, la falta de compromiso por parte de los actores para sostener al primer gobierno democrático, fue el factor determinante para la caída y colapso del gobierno radical que puso fin a una era, a un tipo de Estado y forma de relacionarse en la sociedad que da lugar a una nueva matriz ideológica bajo que surge durante la presidencia de Menem.
A partir de lo expuesto en el trabajo podemos determinar que no fue una sola variable por si sola, la que determina el trágico final del gobierno radical sino la acumulación de varios factores que fueron debilitando al gobierno, que formaron parte de un proceso en gestación que alcanzarían su máxima expresión en la década de los noventa. La presidencia de Alfonsín, se llevo a cabo en un contexto social y mundial donde las reglas de juego eran cambiantes respecto a su percepción y la viabilidad de su discurso socialdemócrata, sin embargo la alternativa que ofreció el ex presidente encontró al interior de los sectores de poder, una alta resistencia y falta de compromiso con la estabilidad democrática que fue reduciendo las acciones del gobierno, no obstante, resulta necesario señalar, a la vez, la rigidez del mismo liderazgo de Alfonsín para adaptarse al cambio de político – económico. Aun así, el presidente estuvo siempre comprometido a dialogar con todos los sectores de la sociedad, comprometido sobre todo, con el respeto a la constitución y a la integridad de las instituciones democráticas, como herramientas necesarias para instalar por medio del consenso y no la coerción aquella gran ilusión que parecía desvanecerse llamada democracia. A pesar de que Alfonsín tenia un proyecto de país, las herramientas para llevarlas a cabo fueron reduciéndose, dadas ciertas características particulares de la sociedad argentina entorno a la gran polarización ideología entre lo que significaba ser radical y lo que era ser peronista. Incluso los factores sistémicos como el presidencialismo hicieron estragos al momento de llevar una política pública en común para otorgar cierta estabilidad y continuidad al gobierno que llevaba bajo sus hombros la tarea de redemocratizar las relaciones sociales. En lo que respecta a la gobernabilidad, podemos concluir que los requisitos para la estabilidad de un gobierno no se cumplen, en tanto que, hacia el final de su mandato, el gobierno radical pierde su apoyo social que en última instancia es el factor legitimante del proceso de transición democrático. Por otro lado, la crisis de gobernabilidad surge a raíz de la ineficacia de las políticas públicas para resolver los asuntos económicos y los juicios a los militares. En consonancia, a la crisis de gobernabilidad, fue gestionándose la crisis de liderazgo político en la medida que la relación entre lo actores que componen la relación entre líder y sus seguidores fue deslegitimándose en la medida que las demandas de aquellos no logran ser satisfechas. Por último, todo el periodo estuvo atravesado por una crisis estructural del Estado y económica que dilapidaron toda experiencia socialdemócrata en el país.
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