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Timestamp: 2019-01-17 21:58:28+00:00

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STS 154/2016, 29 de Febrero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 599579023
STS 154/2016, 29 de Febrero de 2016
Número de Recurso: 10011/2015
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Se condena a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, concretamente, por tráfico de drogas. Se fijan los requisitos de la responsabilidad de las empresas, que a grandes rasgos son que la persona física que comete el delito sea integrante de la persona jurídica, y que se incumpla el deber de supervisión y control por parte de ésta. No procede la disolución de las mercantiles.
Sentencia citada en: 32 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 2 noticias
Fecha Sentencia : 29/02/2016
RECURSO CASACION (P) Nº :10011/2015 P Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria Parcial Señalamiento: 01/10/2015
Procedencia: Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero Escrito por : IAG
Salud pública. Intervenciones telefónicas: principio de Juez legalmente predeterminado para otorgar la autorización. Registros domiciliarios. Valor de diligencias probatorias realizadas en Venezuela. Requisitos de la organización. Falsedad en documento de identidad venezolano. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Requisitos y fundamentos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Improcedencia de la pena de disolución. Concepto del "provecho" como requisito necesario para la responsabilidad penal de la persona jurídica. Derecho de defensa de la persona jurídica y su representación por persona física, también acusada, en el mismo procedimiento. VOTO PARTICULAR.
Nº: 10011/2015P
Esta sala ha visto el recurso de casación nº 10011/2015-P, interpuesto por Avelino Javier , Remigio Gumersindo , Landelino Valeriano , Ignacio Valentin , TRANSPINELO SL, INVESTISSMENT TRANS SPAIN AFRICA y GEORMADRID MACHINERY SL, recurrentes representados por los Procuradores Sr. Checa Delgado, Sr. González Sánchez, Sr. Sanz Arroyo, Sra. Blanco Martinez y Sr. Sanz Arroyo, respectivamente , contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal (Sección 1ª), de fecha 17 de noviembre de 2014 , que les condenó por delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar y falsificación en documento oficial.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 instruyó Sumario con el número 19/2011 y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª que, con fecha 17 de noviembre de 2014 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
«1.- Durante los años 2.007 a 2.010, el procesado Avelino Javier había sido objeto de diversas investigaciones judicializadas relativas a la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes de sustancia que causaba grave perjuicio para la salud (cocaína).
La actividad aquí denunciada, estaba dirigida por el procesado Avelino Javier , persona que a través de terceros, personas físicas y personas jurídicas llevaba a cabo la misma bajo su supervisión y toma de decisiones.
El procesado Remigio Gumersindo , alias Zurdo , estaba relacionado con el anterior por razones de parentesco (sobrino) y de dependencia, realizando labores en las empresas TRANSPINELO S.L. e ITSA utilizadas por Avelino Javier para su ilícito trafico, supliendo como persona de confianza a su tío cuando este se ausentaba de España, disponiendo de efectivo y dando las órdenes oportunas para el trabajo.
Una de las personas jurídicas que ha sido objeto de enjuiciamiento, la entidad TRANSPINELO era dirigida por Avelino Javier , si bien al frente de la misma formalmente aparecía Remigio Gumersindo .
Otra empresa denominada ITSA asimismo era dirigida y financiada por Avelino Javier , si bien aparecía bajo la administración única de Eulalio Gumersindo , sobrino del procesado Ignacio Valentin y representada por Rodolfo Faustino .
El procesado Landelino Valeriano , también estaba relacionado con la actividad ilícita de tráfico de estupefacientes desarrollada por Avelino Javier , a quien acompañaba en sus viajes al extranjero, auxiliándole en la logística de los viajes, desplazamientos y preparación de los envíos.
Por su parte el procesado Ignacio Valentin , alias Tirantes , participaba en la actividad ilícita de Avelino Javier , además de la relación antes citada, a través de su intervención en la entidad INVESTISSEMENT TRANS SPAIN AFRICA S.A. (ITSA).
Esta entidad estaba administrada formalmente por una persona no procesada Rodolfo Faustino , persona del entorno de amistad y relación del procesado Ignacio Valentin . Fue constituida en Mali, con la finalidad de propiciar formalmente la actividad de venta de maquinaria de obras publicas. No obstante lo anterior, dicha empresa estaba dirigido de hecho por Avelino Javier , persona que era quien tomaba las decisiones y aportaba el capital preciso para ello.
Los procesados Gines Artemio Y Candida Belinda componían el núcleo familiar directo del procesado Avelino Javier , siendo su hijo y su actual compañera sentimental, sin que tuvieran participación directa en las actividades de Avelino Javier .
En los primeros meses del año 2.011, Avelino Javier y las personas que formaban su organización, Remigio Gumersindo , Landelino Valeriano y Ignacio Valentin , comenzaron los trámites para el envío de máquinas a Venezuela, las que serían posteriormente reimportadas a España conteniendo droga en su interior.
Con la finalidad de llevar a cabo tal operación, Avelino Javier viajó a Venezuela los días 7 y 8 de Febrero de 2.011 via Frankfurt- Caracas, país al que posteriormente acude Landelino Valeriano , en 21.03.2011 para reunirse con él y proceder a la formalización de la llegada de la maquinaria y preparar la introducción de la droga en su interior para ser reimportada a España.
Tanto Landelino Valeriano como Avelino Javier tenían prohibida la salida del territorio nacional, sin otra autorización en elcaso de Landelino Valeriano , que la de realizar viajes concretos a Bélgica, pero nunca a Venezuela.
El procesado Landelino Valeriano tenía prohibida la salida del territorio nacional, únicamente se le otorgó permisos de salida en marzo y mayo de 2011, para que pudiera acudir por motivos laborales a Holanda y Alemania y sin embargo se desplazo a Venezuela. .
A tal fin con fecha 17 de Febrero de 2.011 se emiten las facturas NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 en las que figura como exportadora la entidad ITSA, apoderada por Ignacio Valentin , simulando la venta de las máquinas citadas a la entidad MULTISERVICIOS Y MAQUINARÍA OP, con dirección Avda. Guayana Galpón núm. 49 de Guaiparo en San Félix 8051, Venezuela, y cuya presidenta era Francisca Reyes . Ahora bien, las máquinas aparecerían después como propiedad de la empresa EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS CA (EQUIPE CA) al emitir dicha empresa una factura de venta ficticia a la mercantil JOYMACA.
Como quiera que la entidad ITSA, tenía la sede en la República de Malí, no era factible que pudiera aparecer como exportadora desdeEspaña, siendo necesaria la intervención como tal de una entidad con CIF y sede en EspañaPara poder llevar a cabo la operación el procesado Remigio Gumersindo aportó los datos correspondientes a la entidad TRANSPINELO, y procedió al cambio de las facturas antes citadas en las que figuraba como exportadora la entidad ITSA por otras cuatro facturas NUM004 , NUM005 , NUM006 y NUM007 , en las que aparecía como exportadora TRANSPINELO. No obstante los documentos "bill of lading" siguen apareciendo extendidos a nombre de ITSA
Otro problema que surge con la exportación, consistió en que la exportación temporal que se pretendía de las máquinas no pudo llevarse a cabo, por lo que se modificó la forma de destino, por el de exportación normal o definitiva, lo que finalmente llevo a la conclusión de la operación exportadora ante Aduanas de España en 3 de Marzo de 2.011. .
Una vez llegadas las máquinas a Venezuela, recogidas por su destinataria MULTISERVICIOS Y MAQUINARIA.OP, de la que eraresponsable la súbdita venezolana Francisca Reyes fueron bajadas del barco citado y salieron de la zona primaria del puerto el día27.04.2011, una vez en tierra, se transportaron a una nave-almacén denominado galpón señalado con el num. 49 sito en la Avenida Guayana Urbanización Gualparo de San Félix estado de Bolivar, en el que había una vivienda en la que habitaba la citada Francisca Reyes , y del que eran arrendatarios la citada Francisca Reyes y de Valentin Patricio también de nacionalidad venezolana, procediendo a su manipulación consistente en abrir huecos en el interior de los brazos y otras partes de las maquinas realizando las oportunas aperturas y orificios y creando dobles fondos y caletas que después soldaron y volvieron a pintar tras llevar a cabo la introducción de la sustancia estupefaciente en los huecos resultantes.
La mercantil que exportaba las máquinas era J y M C.A "JOYMACA (RIF J-31565140-8) de la que era administrador Valentin Patricio y en cuya plantilla figuraba Francisca Reyes (presidenta a su vez de MULTISERV1CIOS Y MAQUINARIAS OP). Empresa que figuraba como importadora a Venezuela de las maquinas enviadas desde España.
A su vez, la empresa que figuraba como importadora de las máquinas que se traían desde Venezuela a España con la sustancia estupefaciente era GEORMADRID MACHINERY SL, en la que figura formalmente como administrador único Ignacio Valentin , tal y como figura en la factura NUM008 de la empresa JOYMACA, proporcionando así cobertura legal a la entrada de la droga en España.
El dia 26 de Junio siguiente se produce el registro del citado galpón, donde es hallada entre otros documentos una copia auténtica de la escritura de la entidad Geormadrid Machinery S.L. así como resguardos de emails cruzados entre Landelino Valeriano y la entidad Viajes Barceló comentando el cambio de fechas en el viaje de vuelta a España tanto del citado Landelino Valeriano como de Avelino Javier .
En relación con este operativo la Guardia Nacional Bolivariana procedió a la detención de los súbditos venezolanos Valentin Patricio y Francisca Reyes , así como Daniel Benjamin , Landelino Santiago , Genaro Jenaro , Benigno Genaro , Ramon Dionisio y Romulo Teodosio los que trabajaban allí a las órdenes de Avelino Javier . Valentin Patricio reconoció en sede judicial los hechos.
El día 28 de junio de 2011, Avelino Javier y Candida Belinda intentaron huir, siendo interceptados en compañía de sus dos hijas menores sobre las 15.30 horas en el Área de Servicio de "Abades Puerta de Andalucía", en La Carolina, Jaén, portando, además de ropa y documentación, 95.290 euros.
En el registro de la CALLE000 NUM000 de Arganda del Rey, domicilio de Avelino Javier , se ocupó, entre otras cosas, un permiso de conducir búlgaro a su nombre, con número NUM009 , y una tarjeta de transportista del Reino de España, vinculada a aquel y al documento "International Drive Document", constando en la base de datos de la Dirección General de Tráfico que Avelino Javier carece de permiso de conducción que le habilite para conducir vehículos en España, pese a lo cualse le ha visto conduciendo en el transcurso de numerosas vigilancias policiales.
Practicada entrada y registro el día 28/6/2011 en la CALLE001 NUM000 , de Mejorada del Campo (folios 2379 y ss), domicilio de Landelino Valeriano , se interviene;Un móvil Nokia, un móvil LG, una Blackberry negra, otro móvilLG blanco y una tarjeta de visita ITSA de Ignacio Valentin .
Vuelta a registrar la 2ª habitación se encuentra un escrito del Fiscal sobre solicitud de salida del territorio nacional de Landelino Valeriano .
En otro dormitorio, en el baño, encuentran pasaporte español a nombre de Avelino Javier .
Practicada entrada y registro el 28/6/2011 en la vivienda de la CALLE002 NUM010 (folios 2369 y ss)t de Velilla de San Antonio, domicilio de Gines Artemio , se encontraron:
2 tarjetas de visita de Bienvenido David , Otra trituradora.
Disco duro Seagate con número de serie NUM014 . Las sustancias encontradas resultaron ser;
Tarjeta de Lufthansa a nombre de Avelino Javier .
Documentación correspondiente a Área de Proyectos de Galería del Mueble. Aparecen 2 nombres: Miguel Lorenzo y Segismundo Mario , con sus respectivos números de móvil.
Tarjeta de visita de Justino Ezequiel , otra de Casimiro Olegario de la empresa Airland Logistics y otra de Modesto Artemio de la empresa Ritchie Bros. Nota manuscrita con el texto de Alejandra Yolanda magistrado de la audiencia Provincial de DIRECCION000 y un número de teléfono con el nombre de Triqui . Pendrive.
Caja de Blackberry con 2 tarjetas y anotaciones manuscritas y un folleto en el que consta anotado el teléfono " NUM011 TRANSPINELO Enrique Bienvenido ". Ipad.
Folletos, presupuesto de decoración a la atención de Gines Artemio y otra documentación y entre ella unos papeles compulsados, es decir, 4 folios de timbre del estado. Sobre blanco con nota manuscrita que dice máquinas Gines Artemio baja. Autorización firmada por Enma Micaela , 2 tarjetas de MOVISTAR.
Folio con la inscripción verificación vehículos a nombre de cada propietario. Contrato de compra-venta entre Iñigo Tomas y Avelino Javier , firmado únicamente por el primero.
10 cajas de tarjetas de visita de la empresa ITSA, a nombre de Avelino Javier como director general, Teofilo Hugo y Ignacio Valentin , director técnico.
Documentos 5 a 6, autorización de Primitivo Millan a Remigio Gumersindo .
Documento 7 y 8, solicitud de Remigio Gumersindo . Documentos 9 y 10, solicitud de Enma Micaela . Documentos 11 y 12, solicitud de Soledad Jacinta , Documento 13 camiones para Malí.
Se encuentran 5 sobres con las anotaciones manuscritas Avelino Javier padre, Nicolas Enrique ,
Pelosblancos , TRANSPÍNELO falta aprox 50, y Primitivo Millan , y todos ellos contienen información sobre vehículos extraída de la base de datos de la Guardia Civil.
Correo electrónico enviado por Casimiro Olegario a DIRECCION001 .
Sobre con anotación manuscrita a la atención de Simon Rogelio "Recursos realizados noviembre2010 Eugenio Humberto ", conteniendo 5 documentos. En el reverso del sobre consta nota manuscrita SHIPPING SENEGAL SPAIN, Almendralejo NUM012 .
Un sobre blanco con anotación "entregar: Avelino Javier . Copia simple escritura segregacional Mario Sebastian y Aida Alejandra .
3 monedas de 2 € ,6 €.
Monitor, C.P. un, ratón y teclado marca Asus e impresora canon. Disco duro marca Seagate con número de serie NUM013 .
Contrato de alquiler de nave entre la sociedad MICHARET y Primitivo Millan .
Contrato de compra-venta de fecha 26 marzo 2008 entre Ruperto Luciano y Remigio Gumersindo .
Contrato de alquiler de nave entre Micharet y Primitivo Millan . Contrato de compra-venta con una anotación de fecha 25noviembre 2008.
Teléfono móvil Nokia que lleva adherido la inscripción manuscrita TRANSPINELO Quico NUM014 .
Sobre de color blanco con la serigrafía TRANSPINELO con anotaciones manuscritas Zurdo , conteniendo 4 billetes de 50 €.
Leonardo Urbano .
En una riñonera de color negro se encuentran 2 llaves con el anagrama de Chevrolet, una llave con el anagrama de Volkswagen, una llave con el anagrama de Mercedes, una llave con el anagrama de Porsche, una llave del vehículo con la anotación chino, una llave con la inscripción Volvo, una llave con la inscripción seat, un llavero con la inscripción Chispas , una llave con el anagrama Honda, 2 llaves de plástico negro con espadín metálico y un llavero metálico con llave de empuñadura de plástico negro y espadín metálico.
En la oficina del taller, en la mesa que ocupa Secundino Edmundo , se incautan 2 teléfonos Nokia y una tarjeta de Orange. Una agenda marrón de 2010 con el anagrama de TRANSPiNELO, con anotaciones manuscritas. Otro ordenador portátil.
Ordenador portátil en la mesa de Manuel Urbano . Memoria USB.
Tarjetas 1TV del Volkswagen NUM015 .
Practicada entrada y registro el 28/6/2011 en la CALLE000 NUM000 . casa NUM001 , de Arganda del Rey (folios 803 y ss). domicilio de los procesados Avelino Javier y Candida Belinda , se encontraron los siguientes efectos;
Permiso de conducir internacional de Bulgaria a nombre de Avelino Javier .
Pasaporte español de Gines Artemio , hijo del detenido. Dos teléfonos móviles marca Nokia y un teléfono Samsung. Documento consistente en relación de máquinas de fecha 25enero 2011.
Fotocopia de DNI a nombre de Romeo Urbano . Tarjeta de una asesoría llamada tránsito de aduanas.
Prohibición de la Audiencia Nacional, sección 3ª, de salida del territorio nacional al detenido Avelino Javier .
Certificado médico de Gines Artemio . Certificado médico de Avelino Javier .
Postit blanco con la siguiente leyenda: Simon Rogelio - 35.000; Zurdo COCHE 2.600; TALLER 400; Blas Tomas 3.000; Imanol Humberto 500; la fecha 29 enero 2009, jueves total 50.000 € sobre 3500 €.
Documento de asistencia en carretera del Race de 22 junio 2010 del vehículo Land Rover NUM016 .
Envío de dinero de correos por cuantía de 2000 € a nombre de Moises Obdulio .
Copias de recibo de canje de permiso de conducir a nombre de Avelino Javier y Gines Artemio .
Un disco con el título Juan Feliciano . Ordenador portátil Toshiba.
Practicada entrada y registro el 28/6/2011 en la CALLE003 NUM017 . piso NUM018 ", letra NUM019 . de Parla, domicilio de Landelino Valeriano (folios 919 y ss), se encontraron los siguientes efectos:
2 tarjetas de "2011 fórmula uno Grand Prix of Europe Valencia24-25-26 June Sunday".
Practicada entrada y registro el día 29/6/2011 en la nave industrial de la calle Canteras sin número del Polígono Industrial de la Raya Vclilla (folios 2386 y ss), a presencia de Remigio Gumersindo , se encontraron diversos vehículos y documentación.
Practicada entrada y registro el día 29/6/2011 (folios 2389 y ss) en la calle Raya de Velilla n" 25. polígono industrial la Raya Velilla, a presencia de Remigio Gumersindo , se encontraron varios caballos, vehículos y utillaje.
- Archivador con la inscripción GEORMADR1D, del que. se extrae documentación consistente en autorización a Ivan Andres por parte de Ignacio Valentin , sin firmar y de fecha uno de abril de 2009 y copia de escritura de constitución con número de protocolo 295 de 2009 de fecha 18 de febrero de2009.
- Archivador con la inscripción " Primitivo Millan laboral" donde se recoge autorización dirigida a la agencia tributaria de Primitivo Millan a favor de Ivan Andres de fecha 4 de mayo de 2011.
- Del mismo archivador anterior folio con fotocopia del DNI de Avelino Javier .
- Del mismo archivador, folio con fotocopia del DNI de Gines Artemio y Soledad Jacinta .
Practicada entrada y registro el día 29/6/2011 en el domicilio de la AVENIDA000 NUM020 , de Mejorada del Campo (folios 2341 y ss), domicilio de Remigio Gumersindo . fueron intervenidos diversos efectos, alianzas de matrimonio, documentación y vehículos, así como 1.400 euros en billetes de50 dentro de uno de los coches. »[sic]
- a) Avelino Javier , en su calidad de autor responsable de un delito ya definido contra la salud pública, de sustancia estupefaciente que causa grave perjuicio para la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia, en organización, ostentando la jefatura, mediante el uso de buque y simulación de operaciones comerciales internacionales, a la pena de TRECE AÑOS, SEIS MESES de prisión y multa de 775.633.440 €.
En su cualidad de autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar ya definido del artículo 468.1 del Código Penal al pago de multa de VEINTICUATRO MESES a razón de 10 € dia .
b) En su cualidad de autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar ya definido del artículo 468.1 del Código Penal al pago de multa de DOCE MESES a razón de 10 € dia .
4.- Ignacio Valentin , en su calidad de autor responsable de un delito ya definido contra la salud pública, de sustancia estupefaciente que causa grave perjuicio para la salud (cocaína) en cantidad de notoria importancia, en organización, mediante el uso de buque y simulación de operaciones comerciales internacionales, a la pena de NUEVE AÑOS DE PRISION y multa de 775.633.440 €.
5.- la entidad TRANSPINELO S.L. por su participación como instrumento jurídico en los términos ya definido respecto del delito contra la salud pública asimismo concretado a su DISOLUCIÓN con perdida definitiva de su personalidad jurídica y su capacidad de realizar actividad comercial alguna , y al pago de la MULTA de 775.633.440 €.
6.- la entidad GEORMADRID MACHINERYS.L. por su participación como instrumento jurídico en los términos ya definido respecto del delito contra la salud pública asimismo concretado a su DISOLUCION con perdida definitiva de su personalidad jurídica y su capacidad de realizar actividad comercial alguna , y al pago de la MULTA de 775.633.440 €.
7.- la entidad INVESTISSIMETN TRANS SPAIN AFRICA S.A. (ITSA), por su participación como instrumento jurídico en los términos ya definido respecto del delito contra la salud pública asimismo concretado la prohibición de realizar actividades comerciales en España por tiempo máximo de 5 años , y al pago de la MULTA DE 775.633.440 €.
1.- El procesado Gines Artemio , al no haber quedado suficientemente acreditados los hechos que se le imputaban para contradecir el principio de presunción de inocencia.
2.- La procesada Candida Belinda , al no haber quedado suficientemente acreditados los hechos que se le imputaban para contradecirel principio de presunción de inocencia.
III.- A los procesados condenados les serán de aplicación lassiguientes:
A Avelino Javier , Remigio Gumersindo Y Landelino Valeriano , la pena accesoria de inhabilitación absoluta.
IV.- Que asimismo procede acordar el comiso de los efectos intervenidos, dinero, vehículos, maquinaria y demás bienes, que figuran incluidos en la trascripción de las actas de entrada y registro y que fueron intervenidos a los procesados en sus detenciones, a excepción de los correspondientes a los procesados absueltos, asi como los que figuran detallados en la relación de bienes contenida en los hechos probados.
V.- Los procesados condenados y las entidades asimismo objeto de condena deben satisfacer las costas del proceso, que se imponen proporcionalmente declarándose de oficio las correspondientes a los dos procesados absueltos. »[sic]
El recurso interpuesto por Avelino Javier se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Al amparo del artº. 5.4º de la L.O.P.J ., por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia ( art. 24. 2º CE ), al secreto de las comunicaciones ( artº. 18.3 CE ), a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), y, a Juez predeterminado por la Ley ( art. 24. 2º CE ).
Segundo.- Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artº. 24 de la Constitución española .
Tercero.- Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artº. 24 de la Constitución española .
Cuarto.- Al amparo del artº. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción de ley, por indebida aplicación del artº. 392, en relación con el artº. 390.1.1º, ambos del Código Penal , en relación con el delito de falsificación en documento oficial.
El recurso interpuesto por Remigio Gumersindo se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Al amparo del artº. 5.4º de la L.O.P.J ., por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia ( art. 24. 2º CE ), al secreto de las comunicaciones ( artº. 18.3 CE ), a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), y, a Juez predeterminado por la Ley ( art. 24. 2 CE ).
Cuarto.- Al amparo del artº. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del subtipo agravado de organización delictiva, del artº. 369 bis del Código Penal .
Quinto.- Al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción de ley, por falta de aplicación del artº. 16 del Código Penal , participación en grado de tentativa.
El recurso interpuesto por Landelino Valeriano se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del artº. 18. 3º de la Constitución española , derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas.
Segundo.- Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia el artº. 24. 2º de la Constitución española .
Tercero.- Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J . por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del art.º 24. 2º de la Constitución española .
Cuarto.- Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del artº. 24. 1º de la Constitución española .
Quinto.- Al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por aplicación indebida de los arts. 368 , 369. 5 º, 369 bis y 370 del Código Penal .
El recurso interpuesto por Ignacio Valentin se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J . y del artº. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artº. 24.1º de la Constitución española .
Segundo.- Al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J . y del artº. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artº. 24. 2º de la Constitución española .
Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por aplicación indebida de los artículos 368 , 369. 5 º, 369 bis y 370, todos ellos, del Código Penal .
Cuarto.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por aplicación indebida de los artículos 16 y 62 del Código Penal .
Quinto.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por inaplicación de los arts. 29 y 63 del Código Penal .
El recurso interpuesto por "TRANSPINELO, SL" se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Al amparo del artº. 5.4º de la L.O.P.J ., por infracción del derecho a la presunción de inocencia, del artº. 24. 2º de la Constitución española .
Segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del artº. 24. 2º de la Constitución española .
Tercero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al Juez predeterminado por la ley de los artsº. 120 y 23 de la Constitución española .
Cuarto.- Por infracción de preceptos constitucionales, al amparo del artº. 5. 4º de la L.O.P.J . y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción del derecho a la presunción de inocencia ( artº. 24. 2º), del derecho al secreto de las comunicaciones ( artº. 18.3) y del derecho a la inviolabilidad del domicilio ( artº 18.2), todos ellos de la Constitución española .
Quinto.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del subtipo agravado de organización delictiva del art. 369 bis del Código Penal , y de extrema gravedad por uso de buque ( art. 370 CP ) y de la aplicación de los arts. 570 bis , 570 ter y 570 quater CP , en relación con la organización criminal.
Sexto.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por falta de aplicación del artº 16 del Código Penal , participación en grado de tentativa.
Séptimo.- Por error en la apreciación de la prueba, al amparo del artº. 849. 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Octavo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho de defensa del artº. 24. 2º del Código Penal .
El recurso interpuesto por "GEORMADRID MACHINERY SL" se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artº. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la defensa del artº 24. 2º de la Constitución española .
Segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artº. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artº. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artº 24. 2º de la Constitución española .
El recurso interpuesto por "INVESTISSIMENT TRANS SPAIN AFRICA, SA (ITSA)" se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Por infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho de defensa, del artº 24. 2º de la Constitución española .
Segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 5. 4º de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artº. 24. 2º del texto constitucional.
Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por aplicación indebida de los arts. 368 , 369. 5 º, 369 bis , 370 y 31 bis, todos ellos del Código Penal .
Instruidas las partes de los recursos interpuestos, el Ministerio Fiscal, en informe de fecha 10 de marzo de 2015, solicitó la inadmisión de todos los motivos de los recursos interpuestos y, subsidiariamente, su desestimación; la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera.
Por Providencia, de 20 de mayo de 2015, se declaró el recurso admitido y concluso, señalándose para la deliberación, el pasado día 2 de junio de 2015. Por resolución, de fecha 3 de junio siguiente, se decretó la suspensión del término para dictar sentencia, interesando a las partes personadas que manifestaran, en el plazo de ocho días, lo que estimasen oportuno a la vista de las modificaciones legales en el Código Penal establecidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, habiendo presentado escrito la Procuradora Sra. Blanco Martínez, en representación de "TRANSPINELO SL" y el Ministerio Fiscal.
Por resolución, de 7 de septiembre de 2015, se declaró de nuevo el recurso admitido y concluso, señalándose el 1 de octubre de 2015 para la deliberación y decisión del mismo. Teniendo en cuenta la complejidad y novedad del tema objeto de estudio, así como el volumen de las actuaciones, la Sala acordó suspender el plazo para dictar sentencia por Auto de fecha 2 de octubre de 2015 y, someter las cuestiones, a un Pleno Jurisdiccional de la Sala, el cual tuvo lugar el 17 de diciembre de 2015, habiéndose prolongado la deliberación hasta el día de hoy.
RECURSO DE Avelino Javier :
El recurrente, condenado por la Sentencia de instancia como autor de un delito contra la salud pública, otro de falsificación de documento oficial y un tercero de quebrantamiento de medida cautelar a las penas respectivas de trece años y seis meses de prisión y multa, seis meses de prisión y multa y otra multa más, apoya su Recurso en cuatro diferentes motivos, de los que los tres primeros denuncian, con base en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la vulneración de los siguientes derechos fundamentales:
1) El derecho al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE ), por haberse obtenido, según quien recurre, las correspondientes autorizaciones de las intervenciones telefónicas que encabezan las presentes actuaciones mediante el procedimiento fraudulento, seguido por los funcionarios policiales, de ocultar que las mismas ya habían sido rechazadas por otros órganos judiciales a los que se les habían dirigido similares solicitudes con anterioridad.
A su vez, en segundo lugar, las solicitudes de apertura de diligencias previas y, en su seno, de intervenciones telefónicas, dirigidas al Juzgado Central de Instrucción número 2, se correspondían con la comisión de un supuesto delito de tráfico de drogas, con introducción en nuestro país de grandes cantidades de cocaína procedente de Argentina, que se atribuía a Avelino Javier .
Se vinculó con tales hechos a Felix Maximino , del que ya se tenían informaciones previas que le relacionaban con una organización dedicada al narcotráfico y radicada en la provincia de Madrid quien, además, había sido detectado, en varias ocasiones, en compañía del aquí recurrente, concretamente en controles efectuados en Marsella, en el aeropuerto de Málaga procedentes de un vuelo con origen en Venezuela así como en la aduana de la localidad francesa de San Martin de Creu portando gran cantidad de dinero en efectivo.
Concluyendo los investigadores en que Avelino Javier , que había sido previamente no sólo con el ya citado Felix Maximino sino también con otra persona llamada Inocencio Basilio , formaba parte, con Heraclio Fermin , de una organización que introducía en España, utilizando el helicóptero mencionado y varias avionetas, cantidades de hachís y que estaban preparando, según informaciones recibidas, una gran operación de introducción de un alijo de cocaína en nuestro país.
2) El derecho a la intimidad, en su versión de la inviolabilidad domiciliaria ( art. 18.2 CE ), habida cuenta de que la realización de la diligencia de entrada y registro en la vivienda del recurrente, aunque llevada a cabo mediando la oportuna autorización judicial, no habría cumplido con los requisitos necesarios para otorgarle la necesaria validez probatoria ya que el recurrente, en ese momento privado de libertad y presente en el registro de su morada, no fue asistido en dicha práctica por si Abogado defensor.
A tal respecto sólo se precisa recordar la reiterada doctrina de esta Sala, contenida en numerosas Resoluciones, entre otras las SSTS 773/2013, de 22 de Octubre , o 187/2014, de 10 de Marzo , que insisten en la inexistencia de la obligación legal de dicho requisito para otorgar el valor probatorio a los resultados de una diligencia semejante, bastando con la necesaria presencia del propio detenido en esta ocasión debidamente cumplida al igual que aconteció con el resto de los registros realizados en las viviendas de los otros condenados, para concluir en el nuevo rechazo de la argumentación del Recurso en este extremo.
3) El derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), por la inexistencia de pruebas suficientes para sustentar la condena de Avelino Javier .
En consecuencia, si la prueba de cargo existe, no puede ser tachada de ilícita y se muestra suficiente para alcanzar la conclusión condenatoria, en la valoración que, de la misma, lleva a cabo el Tribunal "aquo" de manera absolutamente lógica y razonable, no le es posible a esta Sala entrar en censura del criterio de dicho Tribunal, sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles.
Junto a lo anterior, también se cuestiona en el Recurso la acreditación de la naturaleza de la sustancia ocupada y demás características resultantes de su análisis en la República de Venezuela, ya que se afirma que ni se respetaron las exigencias de conservación de muestras, etc., que rigen para esta clase de actividades probatorias, de acuerdo con la legislación de aquel país, ni existen garantías en cuanto al rigor en la "cadena de custodia" .
En definitiva, la Sala dispuso, en este caso, de pruebas plenamente conformes, practicadas con todos los requisitos legales. Pruebas, por consiguiente y en definitiva, todas ellas válidas en su producción, razonablemente valoradas y plenamente capaces para sustentar el Fallo condenatorio respecto del recurrente, que frente a todo ello se extiende, en su Recurso, en alegaciones que pretenden combatir esa valoración de prueba llevada a cabo en la Sentencia recurrida, con lo que, en definitiva, se aleja del contenido que le es propio a un Recurso de Casación como éste en el que, como ya dijimos, la razonabilidad de la valoración realizada por la Audiencia nos veda la posibilidad de alterar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal "a quo" .
Por su parte, en el motivo Cuarto se alega la presencia de una infracción de ley ( art. 849.1º LECr ) por incorrecta aplicación del artículo 390.1 1º del Código Penal , toda vez que el documento que se dice falsificado no era propiamente un documento oficial de identidad, la alteración de las fecha de expedición y caducidad no es sustancial y que su origen era venezolano por lo que para el enjuiciamiento del posible delito no serían competentes los Tribunales españoles.
Y en este sentido, es clara la improcedencia también del motivo, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria, toda vez que integra los elementos propios de la infracción objeto de condena, tanto en lo que atañe al evidente carácter de documento oficial de un permiso internacional para la conducción de vehículos a motor ( SSTS de 6 y 11 de Julio de 1990 , 13 de Mayo de 1992 o 29 de Marzo y 30 de Abril de 1993 , por citar sólo algunas), expedido por la Autoridad competente venezolana, como acerca del carácter esencial de su fecha de caducidad puesto que con ella se marca, ni más ni menos, que la dimensión temporal de la efectividad en cuanto a la autorización que el documento representa ( SSTS de 27 de Abril de 1992 o 22 de Enero de 1996 , entre otras).
Mientras que, por lo que se refiere a la ausencia de jurisdicción y competencia de los Tribunales españoles para enjuiciar una conducta que, en todo caso, habría sido cometida fuera de nuestras fronteras, lo cierto es que no existe razón que sustente tal afirmación, por lo que la sanción por los Tribunales españoles de semejante conducta falsaria por parte de Avelino Javier que, por otro lado, no podía permanecer ignorante ni ajeno a una alteración sustancial de un documento personal como el permiso de conducción que llevaba incorporada su propia fotografía, incluso en el caso de que el no fuera el autor material de la mendacidad pues, como con reiteración tenemos dicho (vid. por ej. SSTS de 28 de Mayo de 2006 y 31 de Octubre de 2007 ), no nos hallamos ante un tipo delictivo "de propia mano" , resulta también de todo punto correcta.
RECURSO DE Remigio Gumersindo :
El segundo Recurso, interpuesto por quien también fue condenado por la Audiencia como autor de un delito contra la salud pública a las penas de diez años, seis meses y un día de prisión, incluye cinco motivos, los tres iniciales relativos a la vulneración de derechos fundamentales ( arts. 5.4 LOPJ y 852 LECr, en relación con el 18.3 y el 24.2 CE ), en todo semejantes en su argumentación a los mismos ordinales del Recurso anterior, por lo que la respuesta dada a los mismos en nuestro primer Fundamento Jurídico debe tenerse por reiterada para la desestimación de éstos.
1) Una primera consistente en la indebida aplicación del artículo 369 bis del Código Penal , habida cuenta de que no se dan los requisitos necesarios para integrar el contenido de la organización dedicada a la comisión de delitos contra la salud pública ni tampoco para afirmar la condición de jefe de la misma del recurrente (motivo Cuarto).
Así, por un lado, el relato de hechos recoge la existencia de un grupo de personas, dirigidas por Avelino Javier , que planificaba operaciones de tráfico de drogas, valiéndose para ello de empresas mercantiles, con una estructura jerarquizada en la que venían atribuidos cometidos concretos a cada uno de los miembros, que mantenía contactos sólidos con organizaciones delictivas, radicadas en otros países y que les proveían de la substancia de comercio prohibido, encubriendo su actividad mediante la realización de operaciones de exportación y posterior importación de maquinaria, con el empleo de los medios necesarios para ello. Lo que sin duda cumple los requisitos necesarios para la existencia de la organización delictiva a la que alude el precepto cuya aplicación se cuestiona y que la Jurisprudencia desarrolla en Resoluciones como la STS 906/2014, de 23 de Diciembre .
En tanto que la presencia de Remigio Gumersindo en dicha organización se caracteriza, según la narración, por tratarse de quien sustituía a Avelino Javier , ejerciendo funciones de mando cuando aquel se ausentaba de nuestro país, interviniendo directamente en los trámites para el envío de las máquinas que regresarían con la droga oculta en su interior y, en definitiva, impartiendo instrucciones junto con el manejo de importantes cantidades de efectivo.
Evidentemente no es sólo ya que resulta extraordinariamente difícil encontrar un espacio, dentro de la tipicidad del delito contra la salud pública y dada su naturaleza como infracción de mera actividad, para supuestos de ejecución imperfecta, sino que el Recurso, en este momento, lo que en realidad pretende, como se aprecia con la lectura de sus alegaciones, es cuestionar la valoración probatoria llevada a cabo por los Jueces "a quibus" , que atribuyeron a Remigio Gumersindo el pleno conocimiento de la operación ilícita y la contribución a su ejecución de forma protagonista, ignorando para ello la literalidad del relato de hechos, en este momento de obligado respeto, y sin que pueda tampoco alegarse la circunstancia de la incautación de la droga en Venezuela, puesto que lo cierto es que él, como el resto de la organización, ya había ostentado, antes de ello, la disposición, siquiera mediata, de la sustancia lo que, como sabemos, supone la consumación del delito.
RECURSO DE Landelino Valeriano :
Este Recurso, interpuesto por quien fue condenado como autor de un delito contra la salud pública y otro de quebrantamiento de medida cautelar a las penas de nueve años de prisión y multa y otra multa, formula cinco distintos motivos, los cuatro primeros, con cita del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , referentes a otras tantas infracciones de derechos fundamentales, en concreto:
1) La del derecho al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE ), por ausencia de datos suficientes para la autorización de las intervenciones telefónicas practicadas en su día y el hecho de que se dirigiera la solicitud de la misma a un órgano jurisdiccional diferente de aquel a quien correspondía la competencia para otorgarla (motivo Primero).
2) La del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), en vinculación con el motivo anterior, pues la nulidad de las intervenciones supondría la carencia de pruebas bastantes para sustentar el pronunciamiento condenatorio (motivo Segundo).
3) La del derecho a un proceso con garantías ( art. 24.2 CE ), dadas las irregularidades del análisis químico de la substancia ocupada realizado en Venezuela (motivo Tercero).
Una vez más el contenido del motivo coincide con alegaciones planteadas anteriormente en los Recursos ya examinados (Terceros de Avelino Javier y de Remigio Gumersindo ), por lo que éste habrá de seguir el mismo destino desestimatorio de aquellos.
4) La del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), por ser la motivación de la recurrida para sostener el pronunciamiento condenatorio insuficiente, ilógica e irracional (motivo Cuarto).
Lejos de tales afirmaciones, con la sola lectura de la motivación que es objeto de crítica se comprueba la solidez de la misma que acerca de Landelino Valeriano basa su condena por ser el acompañante del máximo responsable de la organización, Avelino Javier , en sus viajes al extranjero, el apoyo que le prestaba en la logística de los mismos, en la preparación y desplazamiento de los envíos de la maquinaria exportada, de su prolongada estancia en Venezuela con el único objetivo plausible de la intervención en la operación de tráfico ilícito y, en concreto, por haber recibido una llamada telefónica de Remigio Gumersindo , tras ser incautada la cocaína en Venezuela, indicándole que retirase la batería de su teléfono para evitar la localización.
A su vez, el Quinto y último motivo de este Recurso alude a la infracción de Ley ( art. 849.1º LECr ) consistente en la indebida aplicación de los artículos 368 , 369. 5 º y 370 del Código Penal , que describen el tipo delictivo objeto de condena.
Parte para ello el recurrente de la afirmación de que su participación en los hechos fue tan insignificante que, aunque no se cuestione la existencia de organización ni el carácter de la "extrema gravedad" del ilícito ( art. 370 CP ), por la utilización de un buque y la simulación de una operación de comercio internacional, además de la gran cantidad de la droga objeto del tráfico (varias toneladas de sustancia), no le resultaría aplicable, máxime dada su condición de simple subalterno, dicha forma agravada.
Ateniéndonos, una vez más, a la literalidad de la narración de hechos probados, constatamos no sólo que dicho carácter subalterno no es cierto, ni tampoco que su participación pudiera considerarse insignificante, sino que además, aunque lo fuera, basta con llevar a cabo los actos que se le atribuyen, con pleno conocimiento de la concurrencia de la referida gravedad, para que, independientemente de su concreta contribución, pueda aplicársele el referido subtipo que se combate (vid. STS 503/2012, de 5 de Junio ).
RECURSO DE Ignacio Valentin :
SEXTO.- Este recurrente, también condenado como autor de un delito contra la salud pública a las penas de nueve años de prisión y multa, hace referencia a otros cinco motivos, de los que los dos primeros se refieren, una vez más, a vulneraciones de derechos fundamentales ( arts. 5.4 LOPJ y 852 LECr ) tales como el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), girando en ambos casos la argumentación en torno a la falta de razonabilidad de la valoración llevada a cabo por la Audiencia sobre el material probatorio disponible.
Cuestión que ya se ha abordado al analizar diversos motivos de los Recursos precedentes, de modo que no es necesario reiterarnos en ellos, pues resultan igualmente predicables de los aspectos conducentes a la condena de Ignacio Valentin , para concluir en idéntico destino desestimatorio.
Por último, los motivos restantes, Tercero a Quinto, de este Recurso versan sobre tres infracciones de Ley ( art. 849.1º LECr ) por la incorrecta aplicación de los artículos 368, 369. 5ª, 369 bis y 370, relativos al delito agravado contra la salud pública (motivo Tercero), 16 y 62, acerca de la tentativa (motivo Cuarto), y 29 y 63, que contemplan la complicidad (motivo Quinto).
RECURSO DE "TRANSPINELO S.L.":
La recurrente, persona jurídica declarada responsable por haber sido considerada instrumento para la comisión de un delito contra la salud pública y condenada por ello a las penas de disolución y multa de 775.633.440 euros, formula en su Recurso ocho diferentes motivos de los que los cuatro primeros y el Octavo hacen referencia a otras tantas vulneraciones de derechos fundamentales ( art. 5.4 LOPJ ), en concreto a:
1) La presunción de inocencia ( art. 4.2 CE ), dado que los registros domiciliarios llevados a cabo en su día en las viviendas de las personas físicas también condenadas en estas actuaciones como autoras del delito contra la salud pública originario son nulos por falta de asistencia letrada y no estar acreditado que Avelino Javier fuera administrador de hecho de la recurrente ni que Remigio Gumersindo haya suministrado datos de la entidad para la exportación de las máquinas en las que se ocultó la cocaína al regreso a nuestro país (motivo Primero).
2) A un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), porque la prueba practicada en Venezuela no respetó los requisitos necesarios y exigibles de acuerdo con la normativa existente en aquel país ni los principios procesales propios de nuestro ordenamiento patrio (motivo Segundo).
3) A la tutela judicial efectiva y al Juez legalmente predeterminado ( art. 24.1 y 2 CE ), ya que la policía solicitó la autorización de las intervenciones telefónicas al órgano que no le correspondía conocer de su concesión, dando con ello lugar a unas nuevas actuaciones, ante la denegación de aquellas por los Instructores a los que inicialmente se habían dirigido unas solicitudes anteriores (motivo Tercero).
4) A los derechos a la intimidad domiciliaria ( art. 18.2 CE ), al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE ) y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), reiterando los argumentos ya expuestos en anteriores motivos de este Recurso y los formulados por las personas físicas condenadas (motivo Cuarto).
Mientras que, por lo que se refiere a la condición de administrador de hecho de la recurrente y de representante como administrador de derecho de la misma de las personas físicas autoras del delito contra la salud pública objeto de condena, la prueba ha de ser tenida como bastante, a la vista de las diligencias practicadas en el propio Juicio oral (declaraciones de los acusados, testificales, documental, etc.), debidamente valoradas por la Audiencia, pues en todas ellas se constata que la gestión de la aquí recurrente era llevada en la práctica por los autores del ilícito que da lugar posteriormente a la responsabilidad de TRANSPINELO S.L., cumpliéndose así los dos primeros requisitos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal , tanto en su redacción originaria de la LO 5/2010 como en la actualmente vigente tras la reforma operada por la LO 1/2015, a saber:
- La comisión de uno de los delitos integrantes del catálogo de aquellas infracciones susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica en cuyo seno se comete, en este caso el delito contra la salud pública inventariado a tal efecto en el artículo 369 bis del Código Penal .
Como ya se dijera en la STS núm. 514/15, de 2 de Septiembre de 2015 , ha de reiterarse que "Esta Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del fundamento de la responsabilidad de los entes colectivos, declarable al amparo del art. 31 bis del CP . Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal."
Que, de acuerdo con todo ello y aunque en el presente procedimiento no haya sido materia de debate, ante la carencia absoluta y no cuestionada de instrumentos para la prevención de la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica recurrente, es conveniente señalar, intentando eludir en lo posible categorías doctrinales que, sin ser necesarias para la decisión sobre las pretensiones aquí deducidas, podrían dar origen a eventuales confusiones interpretativas, que lo que no admite duda, visto el texto legal ( art. 31 bis CP , especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.
Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis.1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a ) y 2 CP , tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica.
Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, partiendo de un planteamiento diferente acerca de esa tipicidad, la eximente habría de situarse más bien en las proximidades de una "excusa absolutoria" , vinculada a la punibilidad, pág. 56, afirmación discutible si tenemos en cuenta que una "excusa absolutoria" ha de partir, por su propia esencia, de la previa afirmación de la existencia de la responsabilidad, cuya punición se excluye, mientras que a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción.
5) Al derecho de defensa ( art. 24.2 CE ), por no haberse respetado el derecho de la recurrente a la última palabra, previsto en el art. 739 LECr , ya que tan sólo se dio audiencia en el correspondiente momento procesal a la persona física representante legal de la recurrente, también acusada, que hizo uso de ese trámite en su exclusivo interés y no en el de su representada (motivo Octavo).
Más en concreto aún, cuando aquel a quien se encomiende tal tarea fuere, a su vez, posible responsable de la infracción que da origen a la condena de la representada, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que su actuación se extiende también a las decisiones relativas a la estrategia de defensa a seguir, que incluirán la posibilidad de optar por un camino de colaboración con las autoridades encargadas de la persecución y castigo del delito cometido por la persona física en el seno de la colectiva, aportando datos y pruebas sobre la identidad de su autor y los hechos por él cometidos, con el fin de obtener para la persona jurídica los beneficios punitivos derivados de esa opción como consecuencia de la aplicación de la correspondiente atenuante (vid. art. 31 quáter b) CP ).
Cuando además, de acuerdo con lo previsto en el art. 31 ter CP (anterior art. 31 bis. 2 CP ), la persona jurídica responderá "...aún cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella" y, según apartado 3 del mismo precepto, incluso ante el "...hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia..." .
Semejante cuestión, de tanta trascendencia procesal como puede advertirse y que es resuelta en otros ordenamientos con distintas fórmulas, como la designación a estos efectos por el órgano jurisdiccional correspondiente de una especie de "defensor judicial" de la persona jurídica, la asignación de tales responsabilidades a un órgano colegiado compuesto por personas independientes junto con otras en representación de los intereses de terceros afectados por las posibles consecuencias sancionadoras derivadas del ilícito de la persona jurídica, etc. o como lo era también en nuestro propio país en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (art. 51.1 ) mediante la atribución de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al "director del sistema de control interno de la entidad" (el denominado también como "oficial de cumplimiento" ), evidentemente no puede ser resuelta, con carácter general, por esta Sala.
Y todo ello incluso siempre que, a esas alturas, resultase ya ineficaz la decisión óptima de retrotraer las actuaciones no al acto del Juicio oral sino a su momento inicial, a fin de que la presencia plena del derecho de defensa de la persona jurídica a lo largo de todo el procedimiento se cumpliera, en aras a seguir la estrategia más favorable para ella en todas sus posibilidades, incluida la de la importante colaboración con las autoridades desde su inicio, para el completo esclarecimiento de los hechos o la reparación de los perjuicios ocasionados por el delito (vid. atenuantes del art. 31 quáter, antes 31 bis.4, CP ), finalidad determinante, dentro de criterios de política criminal, para la existencia del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Por su parte, en el motivo Séptimo del Recurso se plantea la existencia de un error de hecho ( art. 849.2º LECr ) en el que habría incurrido la Audiencia a la hora de valorar la prueba documental obrante en las actuaciones.
Finalmente, los restantes motivos, Quinto y Sexto, del Recurso aluden a sendas infracciones de Ley ( art. 849.1º LECr ), consistentes en:
1) La indebida aplicación de los arts. 369 bis , 370 , 570 bis , 570 ter y 570 quáter CP , que describen los delitos objeto de condena pues la recurrente es una persona jurídica, al tiempo de acaecimiento de los hechos enjuiciados con más de cien trabajadores, dedicada a actividades lícitas y en la que su administrador, y aquí condenado como autor del delito contra la salud pública, se limitó a gestionar la exportación de las máquinas a Venezuela, sin intervención en el posterior intento de su importación a nuestro país conteniendo la droga (motivo Quinto).
2) La indebida inaplicación del art. 16 CP , referente a la tentativa, pues no consta que la recurrente tuviera conocimiento del uso ilícito que fuera a darse a las máquinas en Venezuela (motivo Sexto), por lo que menos aún pudo llegar a tener disponibilidad alguna sobre la sustancia que las mismas portaban.
En tal sentido, desestimados los Recursos de esas personas físicas y, en definitiva, declaradas aquellas autoras de la infracción y, por otro lado, ausentes por completo cualesquiera medidas de control preventivo respecto de la comisión de tal ilícito, la responsabilidad de la recurrente es en este caso obvia, toda vez que si, como ya se dijo, el núcleo del enjuiciamiento acerca de la responsabilidad propia de la entidad, vinculada a la comisión del delito por la persona física, no es otro que el de la determinación acerca de la existencia de las medidas preventivas oportunas tendentes a la evitación de la comisión de ilícitos por parte de quienes la integran, en supuestos como éste en el que la inexistencia de cualquier clase de tales herramientas de control, vigente ya el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, es total, la aplicación a la entidad recurrente del artículo 31 bis como autora de infracción, en relación con el artículo 368 y siguientes del Código Penal , resulta del todo acertada.
En efecto, según el contenido del art. 66 bis CP a propósito de las reglas de determinación de las penas aplicables a las personas jurídicas, cuando de sanciones interdictivas, o privativas de derechos, se trate como en el presente supuesto, éstas habrán de aplicarse, con carácter general y entre otros aspectos, atendiendo a "Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores" ( art. 66 bis 1ª b) CP ).
Pero es que además, para la imposición de la pena de disolución, al margen de los casos de "multirreincidencia" de la regla 5ª del art. 66 CP , que no es la que nos ocupa, se requiere "Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales" , añadiendo el precepto que "Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal" ( art. 66 bis b) "in fine" CP ).
De lo que cabe concluir que el hecho de que la estructura y cometido lícito de la persona jurídica fueren utilizados por la persona física integrante de la misma para cometer la infracción de la que es autora no significa obligadamente, así como tampoco la carencia absoluta de medidas de prevención del delito, que la misma deba de disolverse en los términos del art. 33.7 b) CP , sino que se requerirá, cuando menos, motivar adecuadamente el criterio de ponderación entre la relevancia diferente de su actividad legal y el delito cometido en su seno, en busca de una respuesta proporcionada tanto a la gravedad de su actuar culpable como a los intereses de terceros afectados y ajenos a cualquier clase de responsabilidad.
Motivación de la que carece el criterio de la Audiencia en orden a la procedencia de esta sanción, a la vista del contenido del Fundamento Jurídico Sexto ( "De la individualización de las penas" ), párrafo quince, folio 84 de la recurrida, en el que no se hace alusión alguna a este aspecto.
Por lo que debe procederse a la exclusión de dicha pena de disolución de la persona jurídica, dejando subsistente tan sólo la pena de multa correctamente impuesta en el mínimo legalmente posible, cumpliendo con ello las previsiones del art. 31 ter.1, último inciso, cuando hace referencia a la modulación del importe de la sanción pecuniaria para evitar una respuesta desproporcionada entre la suma total de las multas y la gravedad de los hechos, que no permite por otra parte una reducción de dichas cuantías por debajo del límite mínimo legal. Si bien abierta la posibilidad de un futuro fraccionamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el art. 53.5 CP , "...cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquella (la persona jurídica) o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general" , lo que se inscribirá en la adopción de decisiones propia de la fase de ejecución de la condena.
En otras ocasiones semejantes, no en ésta en la que no se formuló por la acusación pretensión alguna al respecto, se podría considerar también la oportunidad de aplicar la pena de intervención judicial de la persona jurídica que, según el propio art. 33.7 g) CP , tiene como principal finalidad "...salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años" .
RECURSO DE "GEORMADRID MACHINERY S.L.":
Esta recurrente, también declarada, a semejanza de la anterior, responsable como instrumento para la comisión de un delito contra la salud pública y condenada a las penas de disolución y multa de 775.633.440 euros, incluye en su Recurso tan sólo dos únicos motivos, ambos relativos a la infracción de derechos fundamentales ( art. 5.4 LOPJ ) como:
1) El derecho de defensa ( art. 24.2 CE ), con base en las mismas razones expuestas en el motivo Octavo del Recurso anterior (motivo Primero).
El motivo en esta ocasión ha de desestimarse con mayor claridad incluso que en el Recurso que precede pues, aún cuando pudieran resultar de aplicación los mismos argumentos ya expuestos en relación con la inicial posibilidad de indefensión que supondría el que la representación en juicio de la persona jurídica la hubiera ostentado una persona física también acusada y posteriormente condenada como autora del delito originario, a lo que se añadiría igualmente, en el caso de GEORMADRID, la irregularidad consistente en la simultánea asunción de la defensa de la persona física y la jurídica por el mismo Abogado, de acuerdo con lo consignado en los Antecedentes de la recurrida, lo cierto es que ahora nos hallamos, efectivamente y según el relato de hechos de la recurrida, ante una persona jurídica estrictamente instrumental o "pantalla" , carente por tanto de cualquier actividad lícita y creada, exclusivamente, para la comisión de hechos delictivos.
Interpretación del artículo 66 bis del Código Penal que, por otra parte, debiera considerarse en el futuro rechazable pues la sociedad meramente instrumental, o "pantalla" , creada exclusivamente para servir de instrumento en la comisión del delito por la persona física, ha de ser considerada al margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis, por resultar insólito pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de ella, dada la imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control y, por ende, de cultura de respeto o desafección hacia la norma, respecto de quien nace exclusivamente con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia y que, por consiguiente, quizás hubiera merecido en su día directamente la disolución por la vía del art. 129 CP , que contemplaba la aplicación de semejante "consecuencia accesoria" a aquellos entes que carecen de una verdadera personalidad jurídica en términos de licitud para desempeñarse en el tráfico jurídico o, en su caso, la mera declaración de su inexistencia como verdadera persona jurídica, con la ulterior comunicación al registro correspondiente para la anulación, o cancelación, de su asiento.
"Junto a las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico mercantil y en cuyo seno se pueden producir comportamientos delictivos, existen otras estructuras societarias cuya finalidad exclusiva o principal es precisamente la comisión de delitos. El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no está realmente diseñado para ellas (supervisión de los subordinados, programas de cumplimiento normativo, régimen de atenuantes...) de tal modo que la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen frecuentemente colmará todo el reproche punitivo de la conducta, que podrá en su caso completarse con otros instrumentos como el decomiso o las medidas cautelares reales. Se entiendeasí que las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo.
1. Aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que propia y exclusivamente se dirigen las disposiciones sobre los modelos de organización y gestión de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis. Mejor o peor organizadas, son penalmente imputables .
3. Finalmente solo tendrán la consideración de personas jurídicas inimputables aquellas sociedades cuyo "carácter instrumental exceda del referido, es decir que lo sean totalmente, sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sea solo meramente residual y aparente para lospropios propósitos delictivos" ( auto de 19 de mayo de 2014 , cit.). Frecuentemente, este tipo de sociedades suele emplearse para un uso único. Por ejemplo, como instrumento para la obtención de una plusvalía simulada mediante la compra y posterior venta de un mismo activo, normalmente un bien inmueble (por su elevado valor) o activos financieros (por su dificultad para conocer su valor real). En esta categoría se incluyen también aquellas sociedades utilizadas para un uso finalista, como mero instrumento para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre de la entidad, a modo de velo que oculta a la persona física que realmente posee los fondos o disfruta del activo."
2) El derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ) por la falta de prueba de que su representante tuviera conocimiento de la comisión del delito ni de que actuara en nombre de la recurrente.
RECURSO DE "INVESTISSMENT TRANS SPAINAFRICA":
Esta persona jurídica, que fue condenada en la instancia a las penas de prohibición de realizar actividades comerciales en España por cinco años y multa de 775.633.440 euros, como instrumento utilizado para la comisión de un delito contra la salud pública, plantea tres motivos, los dos primeros en denuncia de vulneraciones de derechos fundamentales ( art. 5.4 LOPJ ), en concreto:
1) del derecho de defensa ( art. 24.2 CE ), en los mismos términos de iguales motivos de los Recursos precedentes (motivo Primero).
2) del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), también con alegaciones similares a las de los anteriores Recursos (motivo Segundo).
Finalmente el motivo Tercero, y último, se refiere a la infracción de Ley ( art. 849.1º LECr ) consistente en la indebida aplicación de los arts. 368 , 369 bis , 370 y 31 bis CP , que sirven de fundamento para la condena de la recurrente.
De nuevo se declara probado en el "factum" de la recurrida que estamos ante una "sociedad pantalla" , o meramente instrumental, lo que bastaría para la declaración de su responsabilidad penal, de acuerdo con las previsiones al respecto de nuestro Legislador, y la correcta aplicación de tales penas o, en su caso, con mayor corrección, su tratamiento como "inimputable" y ajena por ello al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al que alude la ya citada Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, con la consecuencia por supuesto de su disolución.
Se nos dice que está ausente, en esta ocasión uno de los elementos o requisitos que configuran la base para la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica que no es otro que el de que el delito cometido por la persona física, aquí la infracción contra la salud pública, reporte alguna clase de "provecho" (el art. 31 bis en su redacción actual se refiere en este punto a "beneficio directo o indirecto" ) para la entidad.
Por ello convendría dejar claro desde ahora que ese término de "provecho" (o "beneficio" ) hace alusión a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo seno el delito de su representante, administrador o subordinado jerárquico, se comete.
La Circular 1/2011 estudiaba esta cuestión y optaba por interpretar la expresión legal conforme a parámetros objetivos, sin exigir la efectiva constatación del beneficio, como una objetiva tendencia de la acción a conseguir el provecho, valorando esta como provechosa desde una perspectiva objetiva e hipotéticamente razonable, con independencia de factores externos que pudieran determinar que finalmente la utilidad no llegara a producirse."
Dada la conclusión parcialmente estimatoria de uno de los Recursos interpuestos por los condenados en la instancia, procede, a tenor de lo dispuesto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la declaración de oficio de las costas procesales causadas por el mismo y la condena por las correspondientes al resto de Recursos que se desestiman.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar a la estimación parcial del Recurso de Casación interpuesto por la Representación de TRANSPINELO S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 17 de Noviembre de 2014 , por delito contra la Salud pública, que en este sentido casamos y anulamos en parte, debiéndose dictar a continuación la correspondiente Segunda Sentencia, a la vez que desestimamos el resto de Recursos interpuestos contra dicha Resolución por las Representaciones de los otros condenados, Avelino Javier , Remigio Gumersindo , Landelino Valeriano , Ignacio Valentin , INVESTISSMENT TRANS SPAIN AFRICA (ITSA) y GEORMADRID MACHINERY S.L.
En la causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 con el número 19/2011 y seguida ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, por delitos contra la salud pública, contra Avelino Javier con DNI número NUM021 , nacido el NUM022 de 1966, Remigio Gumersindo con DNI número NUM023 , nacido el NUM024 de 1983, Landelino Valeriano , alias " Tirantes " con DNI número NUM025 , nacido el NUM026 de 1977, Ignacio Valentin con DNI número NUM027 , nacido el NUM028 de 1973, Gines Artemio con DNI número NUM029 , nacido el NUM030 de 1985, Candida Belinda , conocida también como " Amatista " con NIE número NUM031 , nacida el NUM032 de 1983, TRANSPINELO, SL con CIF número B45479276, GEORMADRID MACHINERY con CIF número B85619781, y, ITSA (INVESTISSIMENT TRANS SPAIN AFIRC
SA con CIF número 083319509-W, en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 17 de noviembre de 2014 , que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, hace constar lo siguiente:
ÚNICO.- Se aceptan y reproducen los antecedentes de Hecho y los fundamentos fácticos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, en el Rollo de Sala núm. 81/2011 .
Como ya se ha dicho en el apartado 2) del Fundamento Jurídico Décimo de los de la Resolución que precede y con base en los razonamientos que en el mismo se exponen, en cuanto a la condena de la empresa TRANSPINELO S.L. a la pena de disolución que le impuso la Audiencia debe procederse a la exclusión de dicha pena, dejando subsistente tan sólo la de multa correctamente impuesta, si bien con la posibilidad de un futuro fraccionamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el art. 53.5 CP , lo que se inscribirá en la adopción de decisiones propia de la fase de ejecución de la condena.
Voto concurrente que formula el Excmo. Sr. D. Cándido Conde Pumpido Tourón, y al que se adhieren los Excmos. Sres. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, D. Luciano Varela Castro, D. Alberto Jorge Barreiro, D. Antonio del Moral García, D. Andrés Palomo Del Arco y D. Joaquín Giménez García en la Sentencia del Pleno de esta Sala sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, recaída en el Recurso de Casación Núm. 10.011/2015, interpuesto contra la sentencia de instancia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 17 de noviembre de 2014 .
- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.
Reconocemos la conveniencia de que en una materia tan compleja y novedosa como la responsabilidad penal de las personas jurídicas esta Sala vaya expresando criterios de interpretación orientados a los órganos de instrucción y de enjuiciamiento, como se señala en el fundamento jurídico octavo de la sentencia mayoritaria. Pero no creemos necesario resolver todos los problemas a la vez, considerando preferible que nos pronunciemos expresamente en cada caso sobre aquellas cuestiones que de manera efectiva se han planteado y debatido de forma contradictoria en los motivos del recurso interpuesto, para garantizar la debida audiencia de las partes (" audiatur et altera pars ").
En este sentido consideramos que el recurso planteado nos ha permitido resolver relevantes cuestiones de índole procesal que se han planteado de forma efectiva en los motivos de casación formulados; motivos que han podido ser razonadamente impugnados por el Ministerio Público. Pero la específica naturaleza del caso (un supuesto en el que las personas jurídicas condenadas han sido utilizadas como instrumento del tráfico internacional de drogas), ha excluido del debate casacional alguna cuestión problemática, como por ejemplo la consideración de la ausencia de una cultura de control en la empresa como elemento del tipo objetivo que debe ser probado en cada caso por la acusación. Una cuestión muy relevante desde el punto de vista jurisdiccional, sobre la cual el Ministerio Público no ha podido argumentar expresamente su posición porque, como se reconoce expresamente en la sentencia (fundamento jurídico octavo, apartado b), " no ha sido materiade debate en este procedimiento" , y sobre la que, sin embargo, la sentencia se pronuncia de forma expresa y cuestionable.
Es cierto que este pronunciamiento tiene la naturaleza de " obiter dicta " pues, como analizaremos más adelante, no constituye la " ratio decidendi " del fallo, e incluso puede apreciarse que el propio fallo resulta, a nuestro entender, incongruente con el criterio doctrinal previamente expresado en la fundamentación de la sentencia sobre esta cuestión específica. Pero esta ausencia de contradicción en la tramitación y ausencia de unanimidad en la respuesta, dota lamentablemente a la resolución en esta materia de un tinte de provisionalidad, que habrá que ir matizando, o confirmando, en función de los supuestos específicos que en adelante vayan siendo sometidos a nuestra consideración.
- LA AUSENCIA DE UNA CULTURA DE CONTROL COMO ELEMENTO DEL TIPO OBJETIVO.
Sin abundar ahora en planteamientos doctrinales, y desde una perspectiva exclusivamente jurisdiccional, no cuestionamos que el fundamento último de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentre en la ausencia de medidas eficaces de prevención y control de su funcionamiento interno, como el fundamento último de la sanción penal del homicidio se encuentra en el respeto a la vida. Pero no compartimos que esta ausencia se pueda calificar, en la específica regulación vigente, como " el núcleo de la tipicidad " o como un elemento autónomo del tipo objetivo definido en el art 31 bis 1º CP 2015, según se considera en la sentencia mayoritaria al analizar la naturaleza de la eximente prevenida en el párrafo segundo del citado precepto.
Los presupuestos específicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o elementos del tipo objetivo a que se refiere la sentencia mayoritaria, vienen expresamente definidos por el Legislador en los párrafos a ) y b) del párrafo 1º del art 31 bis CP , y estos son los que deben ser probados por la acusación, y expresamente reflejados en el relato fáctico de la sentencia, para permitir la subsunción jurídica adecuada. No pretendemos, con esta afirmación, otorgar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas una naturaleza objetiva. La persona jurídica es responsable penalmente de los delitos cometidos por sus representantes o dependientes en el contexto empresarial, societario o asociativo ( art 31 bis 1º CP ), porque es culpable (en la escasa medida en que este concepto puede ser aplicado a una persona jurídica, que no deja de constituir una ficción). Pero esta culpabilidad la infiere el Legislador, en el apartado a) del art 31 bis CP que es el aquí aplicado, del hecho de permitir que sus representantes cometan un acto delictivo, en nombre y por cuenta de la sociedad y en su beneficio. Y se fundamenta en los principios generales de la " culpa in eligendo " y la " culpa in vigilando ", o incluso, si se quiere profundizar más, de la culpa " in constituendo " y la culpa " in instruendo ". S in constituir un elemento adicional del tipo objetivo que exija a la acusación acreditar en cada supuesto enjuiciado un presupuesto de tipicidad tan evanescente y negativo como es demostrar que el delito ha sido facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho en el seno de la persona jurídica afectada, " como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran ", que es lo que, con cierta confusión, constituye el elemento típico que exige acreditar en cada caso la sentencia mayoritaria (fundamento jurídico octavo).
- LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL Y SU PRUEBA: ¿PROCEDE CONFIGURAR UN MODELO PROBATORIO EXCEPCIONAL Y PRIVILEGIADO PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS?
Constituye una regla general probatoria, consolidada en nuestra doctrina jurisprudencial, que las circunstancias eximentes, y concretamente aquellas que excluyen la culpabilidad, han de estar tan acreditadas como el hecho delictivo. En cuanto pretensiones obstativas de la responsabilidad, y una vez acreditada la concurrencia de los elementos integradores del tipo delictivo objeto de acusación, corresponde a quien las alega aportar una base racional suficiente para su apreciación, y en el caso de que no se constate su concurrencia, la consecuencia no es la exención de responsabilidad penal sino la plena asunción de la misma ( STS 1068/2012, de 13 de noviembre , entre otras muchas).
Prueba de que el propio Legislador sigue este criterio probatorio de carácter general es que en el párrafo segundo del número 2º del art 31 bis se establece expresamente que cuando las circunstancias que dan lugar a la exención " solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena ".
Por ello nos causa preocupación, en la medida en que puede determinar un vaciamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e incluso su impunidad, la propuesta de inversión del sistema ordinario de prueba en esta materia, que puede constatarse, por ejemplo, en diversos párrafos del fundamento jurídico octavo de la sentencia mayoritaria, que establecen la doctrina de que no se puede dispensar a la acusación de su obligación de acreditar la " inexistencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito " en el seno de la persona jurídica, en lugar de considerar que el objeto de la prueba no es la inexistencia, sino la disposición de estos instrumentos.
- INCONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN.
La resolución mayoritaria establece de modo reiterado que en los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas corresponde a la acusación acreditar el " núcleo de la tipicidad " consistente en " la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal, como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica" (fundamento jurídico octavo).
O, en su caso, el "núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica, que como venimos diciendo no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos más concretados legalmente en forma de las denominadas compliances o "modelos de cumplimiento " (fundamento jurídico octavo, tres párrafos después).
O bien " el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces para la prevención del delito, es esencial para concluir la condena y, por ende, si la acusación se ha de ver lógicamente obligada, para sentar los requisitos fácticos en orden a calificar a la persona jurídica como responsable, a afirmar la inexistencia de tales controles, no tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión (fundamento jurídico octavo, más adelante).
Como hemos señalado, y sin desconocer la relevancia de los mecanismos de prevención a los que el Legislador ha atribuido expresamente la función de exención o, en su caso, atenuación de la responsabilidad penal, estimamos que incorporar al núcleo del tipo un elemento tan evanescente como la " ausencia de una cultura de respeto al derecho " no cumple con el principio de certeza, ínsito en el de tipicidad, que exige que los supuestos a los que la ley atribuya una responsabilidad penal aparezcan descritos en el texto legal con la mayor precisión posible, en todos los elementos que los definen. Criterio que, a nuestro entender, no respeta este presupuesto metalegal incorporado en la sentencia mayoritaria al art 31 bis 1º CP , por su carácter abierto e indeterminado.
En realidad " la carencia absoluta y no cuestionada de instrumentos para la prevención de la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica recurrente" , referida en concreto, y en exclusiva, a la empresa Traspinelo SL, es un dato fáctico que se incorpora en la fundamentación jurídica de nuestra sentencia casacional (fundamento jurídico octavo, apartado b), y que carece de sustento alguno en los hechos probados. Constituye una doctrina consolidada de esta Sala que la fundamentación jurídica no puede complementar el relato fáctico en perjuicio del reo, por lo que si realmente se considerase imprescindible que la acusación acreditase este núcleo típico, y que efectivamente constase acreditado en el relato fáctico para fundamentar la condena, no se habría podido desestimar el recurso y mantener la condena impuesta en la instancia.
En definitiva, la doctrina a la que estamos haciendo referencia, muy respetable, constituye en realidad un " obiter dicta " de la sentencia mayoritaria, que se pronuncia sobre una materia que no ha sido objeto de debate durante el procedimiento, y que no se utiliza como " ratio decidendi " del fallo confirmatorio de la condena impuesta a las personas jurídicas recurrentes. En el caso de que se hubiese exigido de modo efectivo en el caso actual la prueba por la acusación de la ausencia de una cultura de control y de elementos específicos de prevención en las empresas enjuiciadas, como elemento autónomo del tipo objetivo que tendría que constar en los hechos probados, la resolución determinada por el relato fáctico habría tenido que ser absolutoria.
Los elementos que configuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que deben ser acreditados por la acusación son los que de manera expresa se relacionan por el Legislador en el art 31 bis 1º CP , apartados a) y b).
La aplicación de estas causas de exención o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe realizarse conforme a las reglas probatorias ordinarias consolidadas en nuestra doctrina jurisprudencial para la apreciación con carácter general de las circunstancias eximentes o atenuantes.
PUBLICACIÓN .- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.
ATS, 6 de Marzo de 2008

References: artículo 468
 artículo 468
 artículo 5
 artículo 390
 artículo 369
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 369
 artículo 31
 artículo 368
in fine
 artículo 66
 artículo 31
 artículo 901
 Resolución 
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