Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A287-10.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:49:11+00:00

Document:
A287-10
Auto 287/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Recursos de reposición y súplica contra auto A241/10 que dispuso suspensión pago de acreencias laborales
ACCION DE TUTELA-Recursos que las partes pueden interponer
MEDIDAS PROVISIONALES-Regulación por Decreto 2591/91 artículo 7 sin consagrar ningún recurso contra providencia que las ordena
ACCION DE TUTELA-Aplicación principios generales del Código de Procedimiento Civil en todo aquello que no sean contrarios al Decreto 2591/91
JUEZ DE TUTELA-No siempre puede aplicar por remisión normas del procedimiento civil
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Rechazar por improcedente recursos de reposición y súplica contra auto A241/10 que tomó medida provisional y ordenó suspensión provisional de sentencias relacionadas con el pago de acreencias laborales
Referencia. expedientes T-2476359, …. T-2484301, T-2507052, T-2537078, T-2566146, T-2579968, y T-2597351.
Recursos de reposición y de súplica interpuestos contra el Auto 241 del 14 de julio de 2010, mediante el cual se toma una medida provisional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve los recursos de reposición y súplica interpuestos contra el Auto 241 del 14 de julio de 2010, mediante el cual se tomó una medida provisional en relación con los procesos T-2451880, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286 y T-2597351.
1. En la sesión del día 12 de mayo de 2010, la Sala Plena, con fundamento en el artículo 54A del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, dispuso avocar el conocimiento de los expedientes T-2587255, T-2587286, T-2597351, T-2471216, T-2471345, T-2471346, T-2475114, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2451880, T-2500881, T-2501214, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2531654, T-2537041, T-2531642, T-2546795 y T- 2492726, así como su acumulación, con el objeto de ser fallados por la Sala Plena en una misma sentencia, cuya sustentación y ponencia fue encomendada a este Despacho.
2. Los anteriores expedientes hacen referencia a las acciones de tutela instauradas por Libia del Carmen Trujillo Coronado (T-2451880), Luis Enrique Medera y otros (T-2471345), Ruth Milena Gómez Hernández y otros (T-2476358), Jorge Luís De Oro Mejía y otros (T-2476359), José Albeiro Cruz Agudelo y otros (T-2484301), Martha Luz Builes Zuluaga y otros (T-2507052), Jorge Ramón Soto Soto y otros (T-2537070), Mario Alberto López Agudelo y otros (T-2537078), Jairo Enrique Forero Carvajal y otros (T-2564079), José María Larrarte Sandoval y otros (T-2566146), Elizabeth Calvete Oviedo y otros (T-2579968), Miguel Antonio Giraldo (T-2581607), Ruth Virginia Montero Ayazo y otros (T-2587255), Ana María Calvo Gutiérrez y otros (T-2587286), Álvaro Ignacio Sánchez Vivas y otros (T-2597351), contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR) y de forma excepcional contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR) y Caprecom, al considerar que las entidades accionadas desconocieron sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la familia, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al trabajo, entre otros, dentro del proceso de supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom ordenado por el Decreto 1615 de 2003.
3. En tales expedientes, los jueces de tutela dieron las siguientes órdenes:
4. Mediante Auto 241 de 2010, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, que consagra la facultad que tienen los jueces de tutela de suspender provisionalmente los actos que amenacen o violen derechos fundamentales cuando sea pertinente para proteger dichos derechos o para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, la Sala Plena con el objeto de evitar la concreción de un perjuicio irremediable para las sociedades fiduciarias voceras del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR - Telecom, sus beneficiarios y el interés público, sin perjuicio de lo que se determine en la decisión definitiva, decidió suspender de inmediato y hasta nueva orden, el cumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias dictadas por:
5. La Sala sustentó la adopción de la medida provisional en la necesidad de “precaver que los pagos allí ordenados a favor de los peticionarios, llegaren a ocasionar un perjuicio irremediable al interés público. Dichas medidas cumplen los requisitos antes señalados por cuanto:
(iv) La medida provisional de suspensión de las órdenes de tutela se dicta con el único y exclusivo propósito de evitar que los peticionarios exijan de parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR - Telecom, unas acreencias laborales que podrían carecer de fundamento fáctico y legal."
6. Mediante escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 29 de julio de 2010, el apoderado de los accionantes presentó recursos de reposición y en subsidio de súplica contra el Auto 241 del 14 de julio de 2010, mediante el cual se dispuso la suspensión de las órdenes de tutela relacionadas en el numeral 4 del presente Auto, y específicamente respecto de las órdenes referentes a los expedientes T-2476359, T-2484301, T-2537078, T-2507052 y T-2579968.
7. Posteriormente, por medio de escrito recibido en la secretaría General de la Corte Constitucional, el 2 de agosto de 2010, el mismo apoderado presentó un nuevo memorial contentivo de los recursos de reposición y en subsidio de súplica contra el Auto 241 del 14 de julio de 2010, mediante el cual se dispuso la suspensión de las órdenes de tutela relacionadas en el numeral 3 del presente Auto, pero esta vez en relación con las órdenes referentes a los expedientes T-2566146, T-2579968 y T-2597351, e incluyó nuevamente el expediente T-2537078 que ya había sido objeto de recursos en la solicitud a que se hizo referencia en el punto anterior.
1. El Decreto 2591 de 1991 reglamenta los recursos que las partes pueden interponer en el trámite de la acción de tutela. Esta normativa solamente consagra en su artículo 31, la impugnación contra el fallo de primera instancia, y en el artículo 52 la consulta del auto que impone una sanción por desacato al fallo de tutela.
2. En lo atinente a las medidas provisionales, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 regula la materia sin consagrar ningún recurso contra la providencia que las ordena.
3. Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 306 de 1992, “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991” dispone:
“De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto.”
La Corte ha precisado respecto de éste artículo, que no siempre el juez de tutela puede aplicar por remisión las normas del procedimiento civil. Así lo sostuvo en sentencia T-162 de 1997[1], al indicar:
“El juez de tutela no puede remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee y para lo que quiera; al respecto la norma del Decreto 306 de 1992 invocada por el Tribunal es muy precisa:
Artículo 4° - (...)
En primer lugar, es claro que la norma no permite aplicar cualquier disposición del Código citado al trámite de la tutela; la remisión únicamente puede hacerse a los principios generales. Y en segundo lugar, la aplicación de dichos preceptos, sólo será posible en la medida en que no sean contrarios a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, no es plausible considerar que el artículo invocado por el Tribunal sea el sustento para que unas normas del Estatuto mencionado, que consagran un recurso procesal, sean aplicadas al trámite de la tutela.”
4. En la misma dirección, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, esta Corporación ha sostenido que el procedimiento de tutela es especial, preferente y sumario, pues tiene por finalidad la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; y que no es dable aplicar por analogía todas las normas del procedimiento civil en relación con los recursos no previstos expresamente en las normas que regulan la acción de tutela. En Auto 270 de 2002 expuso[2]:
“Habida consideración de que a la tutela sobre los derechos fundamentales concierne un trámite que por ministerio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política ha de ser preferente y sumario, es apenas obvio que la decisión definitiva sobre la protección de un derecho fundamental cuando se estima que él ha sido violado o se encuentra amenazado de inminente vulneración, ha de quedar en firme a la mayor brevedad posible.
Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analogía todas las normas del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción de tutela, pues de esa manera podría darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento ‘sumario’, esto es simplificado, breve, donde no es posible ni la admisión de todos los incidentes que si lo serían en un proceso civil o en un proceso contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991, ni en el Decreto 2067 del mismo año, el primero de los cuales establece el procedimiento a que ha de sujetarse la acción de tutela, en tanto que el segundo lo concerniente a los procesos de que conoce la Corte cuando ejerce las atribuciones que le asigna el artículo 241 de la Carta.”
5. En ese orden de ideas, atendiendo (i) a la naturaleza especial del procedimiento de tutela y (ii) a que el auto que resuelve sobre medidas provisionales, adoptado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, no admite recurso alguno de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la Sala rechazará por improcedentes los recursos interpuestos contra el Auto dictado por esta Sala el 29 de julio de 2010, mediante el cual se adoptó medida provisional y, por lo tanto, ordenó la suspensión provisional de las sentencias relacionadas en el numeral 4 del presente Auto.
RECHAZAR por improcedente los recursos de reposición y súplica interpuestos contra el Auto 241 del 14 de julio de 2010, mediante el cual se tomó una medida provisional en relación con los procesos T-2451880, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286 y T-2597351 y, por lo tanto, se ordenó la suspensión provisional de las sentencias relacionadas en el punto 4 del presente Auto.
[1] MP. Carlos Gaviria Díaz.
[2] Este criterio fue reiterado en Autos 014 de 2004 y 258 de 2007, entre muchos otros.

References: artículo 7
 artículo 54
 artículo 7
 artículo 31
 artículo 52
 artículo 7
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 241
 artículo 7