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Timestamp: 2017-07-24 18:33:00+00:00

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El Peruano - Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos - DECRETO LEGISLATIVO - N° 1297 - PODER EJECUTIVO - DECRETOS LEGISLATIVOS
Que, el Comité de los Derechos del Niño, ha realizado varias recomendaciones al Estado Peruano, entre ellas, las referidas al entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado, a fin que la legislación nacional esté en consonancia con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, orientadas a apoyar los esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan bajo el cuidado y protección de su familia y buscar alternativas de solución permanentes en función a su Interés Superior, con procedimientos que ofrezcan un mínimo de garantías procesales. Que, ello nos dirige a mejorar la actuación protectora del Estado para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a través de un marco legal que brinde apoyos a la familia a fin que cumpla su rol protector y no los exponga o vulnere sus derechos, eliminando o disminuyendo así los factores de riesgo que los hagan víctimas de violencia o los conviertan en posibles adolescentes en conflicto con la ley penal y más adelante delicuentes.
Artículo 1.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Artículo 2.- Ámbito de aplicación Esta Ley se aplica a todas las niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos y a sus respectivas familias.
Artículo 3.- Definiciones A efectos de la presente ley se entiende por
Es la conformada por la madre, el padre o uno de ellos, hermanos, hermanas, tutora o tutor. Y además las personas con las que teniendo o no vínculo de parentesco, conviven o hacen vida en común. b) Familia extensa
A efectos de la presente ley, la familia extensa comprende a los familiares de la niña, niño o adolescente con los que no conviven o hace vida en común. c) Comunidad como familia
Es la atención que se brinda a la niña, niño o adolescente, con la finalidad de cubrir sus necesidades y protegerlos en el ejercicio de sus derechos, para lograr su desarrollo integral en función a su interés superior. e) Competencias parentales o de crianza y cuidado.
f) Situación de riesgo de desprotección familiar Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen.
Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente. La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas establecidas en esta ley, promoviendo la reintegración familiar. En el caso de hermana o hermano cabeza de familia no implica la separación temporal de su familia.
Son actuaciones o decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Las medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente. Estas últimas no tienen carácter definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base a su interés superior y el principio de idoneidad.
En las medidas de protección que impliquen la separación de la familia, la actuación del Estado se orienta a la reintegración familiar que implica la implementación de medidas y programas de apoyo dirigidos a facilitar el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen. El momento del retorno con la familia de origen supone la evaluación positiva previa y la consecuente preparación de la niña, niño o adolescente con la participación de los miembros de la familia de origen y de aquellos que asumieron su acogimiento provisional. Asimismo, implica el acompañamiento para continuar brindando orientación y apoyo correspondiente, de acuerdo al plan de trabajo individual.
Es una medida de protección que se aplica de acuerdo con el principio de idoneidad, que se desarrolla en una familia acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección familiar. Puede ser una medida temporal o permanente. k) Acogimiento Residencial
Es una medida de protección temporal aplicada de acuerdo al principio de idoneidad que se desarrolla en un centro de acogida, en un ambiente similar al familiar. l) Adoptabilidad
Es la condición que adquiere la niña, niño o adolescente declarado en desprotección familiar, al haberse determinado, mediante una evaluación psicosocial, que la adopción es la medida de protección más idónea para garantizar el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente. m) Adopción
n) Plan de trabajo individual Es un instrumento técnico que comprende los objetivos y metodología de la actuación estatal orientada a intervenir sobre los factores de riesgo y desprotección, en base a la evaluación socio familiar del niño, niña o adolescente. Incluye las medidas de protección adoptadas, el seguimiento de las mismas, las estrategias, metas y plazos. Se elabora con la participación del niño, niña y adolescente y su familia.
a) Diligencia excepcional La actuación del Estado frente a situaciones de riesgo o desprotección familiar exige la mayor celeridad, cuidado, eficacia y responsabilidad por parte de los órganos y funcionarios competentes en todas las acciones y decisiones que adopten en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este principio es especialmente relevante en el análisis de las circunstancias que rodean y afectan a la niña, niño o adolescente, la valoración objetiva del impacto de las mismas en sus derechos, la justificación de las decisiones y su revisión oportuna.
b) Especialidad y profesionalización La actuación estatal es planificada y se realiza a través de profesionales y técnicos debidamente especializados. La capacitación es periódica.
c) Excepcionalidad y temporalidad La adopción de una medida de protección que implique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen es excepcional y por el más breve plazo, que debe sustentarse en la existencia de circunstancias objetivas y en función al Interés Superior del Niño. d) Igualdad y no discriminación
e) Informalismo Las normas que regulan los procedimientos por riesgo o desprotección familiar, deben ser interpretadas, de modo que los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes, de su madre, padre, familia extensa o de origen, tutora o tutor, no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros. f) Integración familiar
La actuación del Estado debe promover de manera prioritaria la integración de la niña, niño o adolescente en su familia de origen, realizando las acciones necesarias para este fin. g) Interés Superior del Niño
Este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, asegura la protección y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Cuando exista conflicto entre el interés superior de un niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña, niño y adolescente a que su interés superior es una consideración primordial. h) Flexibilidad y gradualidad
Las medidas de protección dictadas a favor de una niña, niño o adolescente deben adecuarse a la variación de sus circunstancias personales y familiares, por lo que deben ser periódicamente revisadas. i) Necesidad e idoneidad
El principio de necesidad implica que la separación de la niña, niño o adolescente de su familia, sea dispuesta únicamente cuando todos los medios posibles para mantenerlo en su familia, no han surtido efecto o han sido descartados. El principio de idoneidad implica la selección de la medida de protección más adecuada y que mejor satisfaga las necesidades de cada niña, niño o adolescente.
Artículo 5.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo o en desprotección familiar La actuación estatal debe garantizar el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la legislación nacional a las niñas, niños y adolescentes, especialmente el derecho a:
h) Ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual o psicológica i) A la reserva de las actuaciones, la protección de su identidad y confidencialidad del procedimiento. j) Solicitar la variación o remoción de la medida de protección adoptada. k) Formular quejas o peticiones a la autoridad competente directamente o a través del equipo responsable del seguimiento de la medida de protección.
l) Acceder a un servicio educativo que atienda a la niña, niño o adolescente estudiante de acuerdo a sus necesidades y al apoyo educativo que requiera para favorecer la continuidad en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Artículo 6.- Derechos de la familia de origen Durante el procedimiento por riesgo o desprotección familiar, el Estado debe garantizar el derecho de la familia de origen a:
b) Ser notificados de todas las decisiones que se tomen en el procedimiento, excepto aquellas de mero trámite o las dictadas para impulsar el procedimiento. c) A mantener contacto con la niña, niño o adolescente.
Artículo 8.- Apoyo integral a las niñas, niños o adolescentes con discapacidad Las niñas, niños o adolescentes con discapacidad, en situación de riesgo o desprotección, acceden a un apoyo integral de servicios de salud, educación, protección social y vivienda con la finalidad de satisfacer sus necesidades y las de sus familias.
Todas las resoluciones administrativas o judiciales que se emitan en los procedimientos por riesgo o desprotección familiar deben estar expresamente motivadas, bajo responsabilidad. La motivación comprende las razones que justifican una determinada decisión, incluyendo la fundamentación de cómo se ha tenido en consideración la opinión e interés superior de la niña, niño o adolescente. De igual forma, cuando las decisiones no coincidan con la opinión de la niña, niño o adolescente, se debe justificar los motivos que en su interés superior sustentaron tal decisión. Artículo 10.- Notificaciones
Las resoluciones que se emitan en el procedimiento por riesgo o desprotección familiar, se comunican verbalmente y en lenguaje sencillo a la niña, niño o adolescente y a la familia de origen, previa citación. Las demás partes son notificadas por vía regular. TÍTULO II
a) Actuar en los procedimentos por riesgo y colaborar en la actuación para la protección de niñas, niños o adolescentes en situación de desprotección familiar, a través de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), registradas, acreditadas, capacitadas y supervisadas por el órgano competente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. b) Implementar servicios para aplicar las medidas de protección en los procedimientos por riesgo.
11.2 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a) Normar, registrar, acreditar, capacitar, supervisar y sancionar a los gobiernos locales que actúan en los procedimientos por riesgo, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente.
d) Registrar, acreditar, supervisa, sancionar, capacitar y brindar asistencia técnica a los centros de acogida. e) Actuar en el procedimiento de adopción, acreditar y sancionar a los organismos colaboradores de adopción internacional y sus representantes.
11.3 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a) Designar defensores públicos especializados que asuman la defensa legal de las niñas, niños o adolescentes en los procedimientos por desprotección familiar y adopción.
b) Designar una defensora o defensor público, distinto al que representa los intereses de la niña, niño o adolescente, cuando la familia de origen solicite la defensa legal gratuita. 11.4 Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas de Familia o Mixtas:
c) Impugnar las decisiones que considere que afectan los derechos de la niña, niño o adolescente. d) Solicitar se adopten, varíen, suspendan o cesen las medidas de protección dictadas en favor de las niñas, niñas o adolescentes.
b) Declarar judicialmente la desprotección familiar y disponer la aplicación de la medida de protección. c) En el caso que así lo recomiende la autoridad competente, en la misma resolución debe pronunciarse sobre la adoptabilidad.
En sede judicial la tramitación de los procedimientos por riesgo y desprotección familiar tienen carácter preferencial. 11.6 Policía Nacional del Perú Colaborar con la autoridad competente que actúa en los procedimientos por riesgo y desprotección familiar, para lograr la finalidad de los mismos.
Artículo 13.- Tercero con interés legítimo Son aquellas personas naturales y jurídicas que acrediten su interés legítimo en proteger los derechos de una niña, niño o adolescente en los procedimientos por riesgo o desprotección familiar. El tercero con legítimo interés que no haya sido incorporado al procedimiento, no es considerado parte. Artículo 14.- Participación de las partes en el procedimiento
La niña, niño o adolescente, la familia de origen, el representante del Ministerio Público y los terceros con legítimo interés, pueden solicitar la actuación de diligencias, evaluaciones o presentar los documentos que consideren pertinentes. La autoridad competente puede rechazar el pedido, mediante resolución debidamente motivada, si la considera manifiestamente impertinente o improcedente.
Las partes tienen derecho a acceder al expediente durante la tramitación del procedimiento. Asimismo, en el curso del procedimiento, se debe dar audiencia de oficio o a solicitud de las partes. Artículo 15.- Deber de colaboración
Tratándose de niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de riesgo o desprotección familiar, la autoridad competente debe coordinar en lo que corresponda, con las autoridades competentes que velan por la protección en su país de origen para lograr su retorno. Asimismo, los Consulados de los países de procedencia de las niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar, intervienen en el marco de sus funciones establecidas en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. TÍTULO III
Toda persona natural o jurídica, deben comunicar inmediatamente a la autoridad competente, la presunta situación de riesgo o desprotección familiar en que se pudiera encontrar una niña, niño o adolescente. La propia niña, niño o adolescente también puede comunicar la situación de riesgo o desprotección familiar en la que se encuentre, sin que se le exija requisito alguno.
La autoridad competente al tomar conocimiento de una posible situación de incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de cuidado, valora preliminarmente la situación socio-familiar de la niña, niño o adolescente, con la información disponible para determinar si se encuentra en una presunta situación de riesgo o desprotección familiar. Cuando de la valoración preliminar surjan elementos suficientes que configuren situaciones de riesgo o desprotección familiar, se inicia el procedimiento que corresponda. Si de la valoración preliminar se concluye no abrir procedimiento, se dispone el archivamiento del expediente, mediante resolución debidamente motivada. El plazo para emitir la resolución que corresponda es de un día (1) hábil. En caso de ser necesario se aplica la medida de protección de urgencia prevista en el artículo 45 de la presente ley. Artículo 19.- Actuaciones preliminares
El contenido y sentido del desarrollo del procedimiento relativas a la situación socio-familiar de la niña, niño y adolescente son comunicadas verbalmente en lenguaje comprensible a la niña, niño o adolescente y su familia. Artículo 21.- Elaboración, aprobación y supervisión del plan de trabajo individual Declarada la situación de riesgo o desprotección familiar provisional de la niña, niño o adolescente, el equipo interdisciplinario elabora y propone un plan de trabajo individual. La autoridad competente aprueba y supervisa la implementación del plan. El equipo interdisciplinario elabora e implementa el plan de trabajo con participación de la familia y la niña, niño o adolescente. Artículo 22.- Seguimiento del plan de trabajo individual El plan de trabajo es objeto de seguimiento a fin de evaluar y adecuar la actuación psicosocial a las circunstancias socio familiares y necesidades de la niña, niño y adolescente. Los avances y dificultades que se presenten durante su ejecución y la aplicación de la medida de protección son informados de manera presencial y comprensible a la niña, niño y adolescente y su familia. Asimismo, se comunica al Ministerio Público en su rol de garante de derechos. Artículo 23.- Evidencias de comisión de delitos
Si durante la evaluación surgen indicios de que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de algún delito, se debe comunicar de inmediato al Ministerio Publico. Para efectos de los procedimientos que se establecen en la presente ley, en ningún supuesto, se les somete a reconocimientos médicos legales, ni evaluaciones o diligencias orientadas a determinar si se cometió el delito. CAPÍTULO II
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO POR RIESGO Artículo 24.- Finalidad de la actuación estatal por riesgo
La actuación estatal se orienta a incrementar los factores de protección y disminuir o eliminar los factores de riesgo que incidan en la situación personal, familiar y social en la que se encuentra la niña, niño o adolescente, a través de medidas de protección con la finalidad de evitar situaciones de desprotección familiar. Artículo 25.- Definición del procedimiento por riesgo Es un procedimiento que se desarrolla a través de actuaciones y medidas de protección conducentes a disminuir o eliminar los factores de riesgo e incrementar los factores de protección para prevenir la desprotección familiar de una niña, niño o adolescente.
Artículo 26.- Resolución de inicio del procedimiento por riesgo La resolución administrativa que da inicio al procedimiento por riesgo, debe contener:
d) De ser necesario, se puede aplicar las medidas de urgencia para la atención de las necesidades inmediatas de la niña, niño o adolescente. Artículo 27.- Etapas del procedimiento por riesgo
Artículo 28.- Etapa de evaluación Iniciado el procedimiento, el equipo interdisciplinario a cargo, procede a realizar las actuaciones que permitan identificar y evaluar los factores de riesgo y de protección de la niña, niño o adolescente, su familia y entorno, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, procediendo a emitir un informe.
Artículo 29.- Resolución que declara la existencia o no de la situación de riesgo Concluida la evaluación de la situación socio-familiar de la niña, niño o adolescente, dentro del día hábil siguiente, la autoridad competente, mediante resolución debidamente motivada en el interés superior de la niña, niño o adolescente y precisando cómo ha sido considerada la opinión de ella o él, declara la situación de riesgo provisional o su inexistencia. La resolución administrativa que declara la situación de riesgo provisional, además ordena la elaboración del plan de trabajo individual. En caso se declare que no existe situación de riesgo se archiva el expediente. Si como resultado de la evaluación, se encuentran indicadores de desprotección familiar se debe iniciar el procedimiento por desprotección familiar.
El plan de trabajo individual, las acciones de protección a aplicar y el plazo de las mismas, se aprueban mediante resolución administrativa emitida por la autoridad competente dentro del día hábil siguiente a su presentación y es notificada a las partes, al Ministerio Público y al tercero con legítimo interés incorporado al procedimiento. Artículo 31.- Impugnación de la resolución que se pronuncia por la declaración de riesgo La resolución que se pronuncia por la declaración de riesgo provisional puede ser apelada por las partes, el Ministerio Público y el tercero con legítimo interés incorporado al procedimiento, ante el superior jerárquico, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución.
MEDIDAS DE PROTECCION EN SITUACIONES DE RIESGO
Artículo 32.- Tipos de medidas de protección frente a situaciones de riesgo Declarada la situación de riesgo, la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo individual puede disponer la aplicación acumulativa o no, de cualquiera de las siguientes medidas de protección en favor de la niña, niño o adolescente:
h) Inclusión a programas sociales i) Otras que fueran necesarias. Artículo 33.- Apoyo para fortalecer competencias de cuidado y crianza.
Permite brindar a la familia, estrategias, a través de la intervención directa de personal especializado, que le permita contar con pautas de crianza positiva a la niña, niño o adolescente. Artículo 34.- Acceso a servicios de educación y salud para niñas, niños y adolescentes.
Tiene por finalidad garantizar el acceso a los servicios de educación que brindan las instituciones educativas, así como a programas alternativos, asegurando la asistencia regular, para reducir riesgos de deserción escolar y garantizar los logros de aprendizaje que incluya la nivelación escolar de las niñas, niños y adolescentes que presentan rezago escolar o extra edad. En la ejecución de esta medida participan las autoridades educativas, la comunidad y los servicios locales y regionales. Las medidas que garantizan el acceso y la atención en salud de la niña, niño o adolescente, son ejecutadas de manera prioritaria por las entidades públicas que brindan servicios de salud.
Artículo 35.- Acceso a servicios de atención especializada.
Tiene por finalidad abordar aspectos emocionales, cognitivos, de comportamiento y relacionales, tanto de la niña, niño o adolescente como de su familia, que permitan el desarrollo integral del menor de edad en su entorno familiar. Artículo 37.- Acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia.
Tiene por finalidad garantizar que las y los adolescentes, así como sus familias accedan a servicios de formación, estrategias y herramientas, que les permitan adquirir y fortalecer habilidades para su desenvolvimiento en el ámbito laboral. Artículo 40.- Inclusión a programas sociales Tienen como objeto garantizar a las familias las condiciones necesarias para lograr el bienestar de sus hijas o hijos a través de su incorporación a programas sociales. Artículo 41.- Plazo de duración de las medidas de protección provisional por riesgo.-
Las medidas de protección provisionales por riesgo, tienen un plazo máximo de doce (12) meses, excepcionalmente en aquellas situaciones en los que se mantenga los factores de riesgo y por causas debidamente fundamentadas puede extenderse hasta cumplir los objetivos del plan de trabajo individual. SUB CAPÍTULO II
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y ACTUACIONES POR RIESGO Artículo 42.- Fin del procedimiento por riesgo
El procedimiento por riesgo finaliza en los siguientes casos: a) Cuando se han logrado los objetivos planteados en el plan de trabajo individual. b) Cuando la amenaza o afectación del ejercicio de los derechos de la niña, niño o adolescente se han incrementado convirtiéndose en una situación de desprotección familiar.
La actuación estatal se orienta a incrementar los factores de protección y disminuir o eliminar los factores de riesgo que incidan en la situación personal, familiar y social en la que se encuentra la niña, niño o adolescente, a través de medidas de protección con la finalidad de lograr el retorno a su familia, siempre que ello responda a su Interés Superior. Articulo 44.- Inicio del procedimiento y contenido de la resolución de inicio
El procedimiento por desprotección familiar empieza con la emisión de la resolución de inicio. La resolución debe contener:
a) Nombres, apellidos, edad, número de documento nacional de identidad y demás datos que permitan su identificación; si ello no fuera posible, debe consignarse las características físicas de la niña, niño o adolescente. De pertenecer a un pueblo indígena u originario, comunidad campesina o comunidad nativa, debe dejarse constancia de ello, así como de la familia lingüística a la que pertenece. Si ello no fuera posible, deben consignarse las características físicas que permitan la identificación de la niña, niño o adolescente. b) Resumen de las circunstancias y valoración de la situación socio familiar de las niñas, niños y adolescentes y los criterios de valoración utilizados.
a) Evaluación de la situación socio familiar de la niña, niño o adolescente. b) Implementación del plan de trabajo individual y seguimiento a las medidas de protección.
Artículo 47.- Etapa de evaluación de la situación socio familiar de la niña, niño o adolescente Luego de emitida la resolución de inicio se realizan las actuaciones o diligencias dirigidas a conocer la situación socio familiar de la niña, niño o adolescente a fin de evaluar los factores de riesgo y protección, en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las actuaciones comprenden las entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones médicas, psicológicas, y todo tipo de actos dirigidos a determinar la situación socio familiar. La evaluación de la situación socio familiar de la niña, niño o adolescente debe comprender a los miembros de su familia, incluida la familia extensa, o personas que puedan brindar información relevante sobre su situación personal y familiar.
Si durante la evaluación surgen indicios que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de algún delito, la autoridad competente procede de manera inmediata a poner esta situación en conocimiento del Ministerio Publico. En ningún supuesto, se les somete dentro de este procedimiento a reconocimientos medico legales, ni evaluaciones o diligencias orientadas a determinar si se cometió el delito. Artículo 48.- Edicto De no ser ubicada familia de la niña, niño o adolescente, se procede a su búsqueda y ubicación a través de la Comisaria en el último domicilio consignado, en caso que no cuenten con domicilio conocido, se procede a notificarlos mediante edictos en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como en un diario de mayor circulación y el diario oficial, dos veces en forma interdiaria.
Dicha resolución debe disponer la aplicación de la medida de acogimiento familiar o residencial, según corresponda en aplicación del principio de idoneidad. Asimismo, la resolución ordena la elaboración del plan de trabajo individual orientado al retorno de la niña, niña o adolecente a su familia o la búsqueda de una solución permanente en caso de inexistencia de familia. En caso de no constatarse la situación de desprotección familiar provisional, pero sí una situación de riesgo, se remite lo actuado a la autoridad competente. En caso de no presentarse ningún tipo de incumplimiento de obligaciones parentales debe disponerse su archivamiento y ordenar, si fuera el caso, el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen.
Artículo 52. Pronunciamiento judicial sobre la declaración de desprotección familiar provisional. Cuando se declare la desprotección familiar provisional de una niña, niño o adolescente, dentro del día hábil siguiente, se remite copias del expediente al Juzgado Especializado de Familia o Mixto, para que emita pronunciamiento ratificando o no dicha declaración. La vista de la causa debe ser programada por el órgano jurisdiccional dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de remitida la solicitud por la autoridad competente y emite pronunciamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la vista de la causa.
La autoridad competente delega el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente, a la familia acogedora o a los directores de los centros de acogida residencial; manteniendo la condición de titular de los deberes y facultades inherentes a la tutela estatal. Cuando la niña, niño o adolescente que se encuentre bajo la tutela estatal cuente con bienes, la administración de estos es materia de pronunciamiento por el Poder Judicial en el proceso que inicie el Defensor Público asignado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Artículo 54.- Elaboración del plan de trabajo individual En la elaboración del plan de trabajo individual, la autoridad competente cuenta con la participación de la niña, niño o adolescentes y su familia. Dicho plan se orienta a lograr el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia, y es aprobado mediante resolución, que debe ser puesta en conocimiento a las partes, familia acogedora o a la directora o el director del centro de acogida residencial, como al órgano jurisdiccional competente. Las medidas de protección son revisadas periódicamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la presente Ley. De ser necesario, se ajusta a las nuevas características y necesidades de la niña, niño o adolescente y su familia. La autoridad competente puede variar la medida de protección aplicada.
Artículo 55.- Duración del plan de trabajo individual El plan de trabajo individual debe durar el tiempo necesario que permita remover o eliminar las circunstancias que determinaron la desprotección provisional y garantizar el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente una vez producido el retorno a su familia o la adopción de una medida de carácter permanente. Artículo 56.- Resolución judicial que se pronuncia sobre la declaración de desprotección familiar provisional
c) Desaprobar la declaración de desprotección familiar provisional y ordenar el archivamiento del procedimiento por desprotección familiar o el inicio del procedimiento por riesgo. El proceso de retorno de la niña, niño o adolescente se ejecuta en un plazo que no debe exceder de cinco (05) días y dispone acciones de acompañamiento para asegurar su adecuada reinserción familiar.
Artículo 57.- Notificación y apelación de la resolución judicial que se pronuncia sobre la desprotección familiar provisional La resolución que se pronuncia sobre la desprotección familiar provisional es notificada a las partes del procedimiento, al Ministerio Público y al tercero con legítimo interés incorporado al procedimiento dentro de tres (3) días; la que puede ser apelada, sin efecto suspensivo, en el mismo plazo.
Interpuesta la apelación de la resolución judicial el expediente es remitido dentro del día hábil siguiente al órgano jurisdiccional jerárquico competente, que programa vista de la causa dentro de los cinco (5) días, luego de lo cual debe emitir pronunciamiento en el mismo plazo. SUB CAPÍTULO II
b) Principio de normalización e integración social: todas las niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar y residencial deben tener condiciones de vida cotidiana similares a los de la vida familiar, y acceso al uso de los recursos comunitarios en igualdad de condiciones bajo un enfoque intercultural, sobre todo para aquellos niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas o comunidades nativas. c) Enfoque de desarrollo y preparación para la vida adulta: considera a la niña, niño o adolescente como un sujeto en desarrollo, guía y protección orientada a lograr la madurez y socialización para alcanzar la vida adulta.
d) Principio de aplicación preferente de las medidas de protección: Se prefiere la aplicación del acogimiento familiar respecto del acogimiento residencial. Artículo 59.- Clases de Medidas de Protección Provisionales
a) Acogimiento familiar. b) Acogimiento Residencial.
Las medidas de protección son revisadas trimestralmente, prestando especial atención a las circunstancias, al desarrollo del plan de trabajo individual, a las necesidades y a la opinión de la niña, niño o adolescente. Si las circunstancias lo ameritan y teniendo en cuenta el Interés Superior de la niña, niño o adolescente, se dispone la variación o remoción de las medidas de protección, según lo dispuesto en el artículo 61.
Artículo 61.- Remoción o variación de las medidas de protección La autoridad competente puede remover o variar la medida de protección de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del procedimiento, mediante resolución debidamente motivada cuando las circunstancias objetivas que la motivaron se hubieran modificado. La decisión puede ser impugnada por las partes.
Artículo 62.- Criterio para aplicar la medida de protección provisional para niñas o niños menores de tres (3) años de edad.
Artículo 63.- Plazo máximo de duración de las medidas de protección provisional que impliquen separación familiar.-
En los supuestos en los que se produzca una situación que impida o interfiera con la aplicación de la medida de protección dispuesta, la autoridad competente puede solicitar el apoyo del Ministerio Público para que se constituya, en compañía de la autoridad policial, en el lugar donde se encuentra la niña, niño o adolescente, a fin de garantizar la ejecución de la medida. Durante el desarrollo de la diligencia se debe garantizar la integridad personal de la niña, niño o adolescente.
Esta medida de protección se aplica con aquella familia extensa que ha sido evaluada favorablemente para asumir el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera permanente. b) Acogimiento Familiar con Tercero
c) Acogimiento Familiar Profesionalizado.
El acogimiento familiar profesionalizado es el que se brinda a niñas, niños o adolescentes con características especiales, por una persona o familia especialmente calificada, a condición de una subvención económica para los gastos de manutención de la niña, niño o adolescente, que incorpora su atención profesionalizada, bajo supervisión de la autoridad competente. Artículo 66.- Requisitos para constituirse en familia acogedora
a) Registren denuncias, antecedentes penales o judiciales por la comisión de delitos en agravio de las niñas, niños o adolescentes o delitos que conlleven a la suspensión o pérdida de la patria potestad. b) Hayan sido sancionados con suspensión o pérdida de la patria potestad o hayan sido removidos de la tutela o acogimiento de hecho por mal desempeño. c) Se haya revocado su calidad de familia acogedora por las causales señaladas en los incisos a, b, d y e del artículo 66.
d) Hayan sido sentenciados por actos de violencia familiar. e) Registren incumplimiento en sus obligaciones en materia alimentaria.
Artículo 69.- Desistimiento del Acogimiento Familiar La familia que solicitó el acogimiento familiar de una niña, niño o adolescente puede desistirse hasta antes de asumir el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. La autoridad competente acepta y declara concluido el trámite de la solicitud, adoptando las acciones necesarias para encontrar una nueva familia acogedora.
Artículo 70.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar En el acogimiento familiar, las niñas, niños y adolescentes, además de los derechos previstos en el artículo 5 de la presente Ley, tienen los siguientes derechos a:
Articulo 71.- Derechos de las familias acogedoras Las familias acogedoras tienen derecho a:
a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como a la preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado desde el inicio hasta su conclusión. Tratándose de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, tienen derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad que presenta el menor de edad. b) Ser escuchados por la autoridad competente antes que adopte cualquier decisión que involucre a la niña, niño o adolescente y que la decisión tome en consideración su interés superior.
f) Acceder a un servicio educativo que atienda sus necesidades y brinde el apoyo educativo que requiera para favorecer la continuidad en su proceso de desarrollo y aprendizaje. g) Acceder a los servicios de salud y psicología de forma periódica y especializada, de acuerdo a sus condiciones individuales.
g) Implementar una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas y de protección de las niñas, niños y adolescentes, y que establezca un procedimiento de formulación de quejas y reclamaciones. Esta normativa debe adecuarse al ordenamiento jurídico vigente. h) Administrar los medicamentos que bajo prescripción médica deban suministrarse a las niñas, niños o adolescentes. i) Revisar periódicamente el plan de trabajo individual.
m) Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia n) Promover el reconocimiento positivo de las diferencias culturales y eliminar cualquier tipo de discriminación étnico-racial entre las niñas, niños y adolescentes que acogen.
Artículo 76.- Capacitación especializada de los equipos técnicos de los centros de acogida residencial Las y los profesionales que integran los equipos técnicos de los centros de acogida residencial, deben recibir capacitación especializada y continua para la atención de las necesidades y garantías de derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. SUB CAPÍTULO V
Los centros de acogida residencial pueden ser de carácter público, privado o mixto, sujetos a acreditación, supervisión y sanción por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los tipos de centros de acogida residencial se definen en el reglamento de la presente ley.
Artículo 78.- Prohibición de evaluaciones médicos legales En ningún supuesto, los centros de acogida residencial pueden solicitar exámenes de medicina legal, integridad sexual o similar, para las niñas, niños y adolescentes, como requisito para su ingreso. Tampoco pueden, una vez acogidos, someter a las niñas, niños o adolescentes a estos exámenes. Si una vez acogidos, surgen indicios que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de algún delito, se procede a poner esta situación en conocimiento del Ministerio Publico.
El Ministerio Público como garante del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes vela para que se cumpla esta disposición en respeto de la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 79.- Acreditación y supervisión de los centros de acogida residencial El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acredita el funcionamiento de los centros de acogida residencial públicos, privados y mixtos con la finalidad de asegurar los estándares de la prestación del servicio y su correcto funcionamiento. Esta acreditación tiene una vigencia de dos (2) años, debiendo renovarse periódicamente.
Los criterios técnicos y estándares a evaluarse previamente a la autorización son establecidos en el reglamento de la presente Ley. Artículo 80.- Facultad sancionadora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aplicar, con criterio de gradualidad, las sanciones administrativas a los centros de acogida residencial, por las infracciones que se tipifiquen en el Reglamento de la presente Ley. Artículo 81.- Gradualidad de las sanciones administrativas Las sanciones que se pueden imponer a los centros de acogida son: a) Amonestación escrita.
b) Suspensión temporal. c) Cierre del Centro de acogida residencial y, en caso cuente con acreditación, disponer la cancelación de la misma. Artículo 82.- Publicidad de las sanciones.
La niña, niño o adolescente en acogimiento familiar o residencial tienen derecho a mantener relaciones personales y a ser visitados por su padre, madre, otros miembros de la familia de origen o extensa y otras personas. El régimen de visitas para la familia de origen, la familia extensa y amigos, se establece de manera formal y se realiza de común acuerdo con la Dirección del centro de acogida residencial o la familia acogedora, tomando en cuenta siempre la opinión de la niña, niño o adolescente. En caso de discrepancia de cualquiera de ellos, resuelve la autoridad competente. En determinadas situaciones, el plan de trabajo individual puede establecer que el régimen de visitas sea acompañado o asistido por un terapeuta especializado.
Artículo 84.- Derecho de salida con su familia de origen La niña, niño o adolescente tiene derecho a salir con su familia de origen, si así se determina en función al Interés Superior del Niño, de acuerdo al plan de trabajo individual.
El derecho de visitas y el permiso de salida solo pueden ser restringidos o suspendidos por la autoridad competente, como parte de un procedimiento en el que se debe tomar en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, cuando así lo aconseje el Interés Superior del Niño, de manera motivada y conforme a los términos señalados en la resolución u oficio de ingreso al centro. El derecho de visitas no puede ser restringido en la aplicación de medidas disciplinarias.
Las restricciones al derecho de visitas son notificadas a los miembros de la familia de origen y a la niña, niño o adolescente. Artículo 86.- Impugnación de las medidas limitativas al régimen de visitas y salidas.
En cualquiera de estas situaciones, la dirección del centro de acogida residencial donde se ejecuta la medida de protección, la persona o familia acogedora, comunica de inmediato a la autoridad policial y la autoridad competente para las acciones que correspondan de acuerdo a sus competencias. CAPÍTULO V
Las medidas de protección provisionales pueden variar o cesar en cualquier estado del procedimiento por desprotección familiar, cuando las circunstancias que motivaron su aplicación hayan desaparecido o modificado; siempre y cuando resulte compatible con el interés superior de la niña, niño o adolescente. La resolución que aprueba la variación de la medida de protección debe disponer además, el plazo de duración de la misma y la obligación de revisión trimestral. La variación o cese puede disponerse de oficio o a pedido de la niña, niño o adolescente o las demás partes. En cualquier caso, la decisión puede ser impugnada.
La resolución que ordena el retorno, cesa la medida de protección provisional, la tutela estatal y restituye la patria potestad o tutela. Esta resolución es notificada al Ministerio Público y las demás partes. Todo proceso de retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen implica el seguimiento de la situación del menor de edad, luego de lo cual concluye la actuación estatal.
Artículo 96.- Informe técnico que propone la declaración de desprotección familiar El informe técnico que propone al Juzgado competente la declaración de desprotección familiar, solicita además el pronunciamiento por la pérdida de la patria potestad o la extinción de la tutela y la aprobación de la medida de protección, idónea para la niña, niño o adolescente y de ser el caso, la adoptabilidad.
Asimismo, puede recomendar excepcionalmente la medida definitiva de la adopción con la familia acogedora con la cual se encuentra la niña, niño o adolescente. El plazo máximo para remitir el Informe técnico al Juez competente es dos (02) días hábiles. TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE DECLARACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR Artículo 97.- Dictamen fiscal Recibido el expediente, el juzgado competente lo remite dentro del día hábil siguiente, al Ministerio Público para que en el término de tres (3) días hábiles emita opinión sobre la solicitud del estado de desprotección familiar de la niña, niño o adolescente.
Artículo 98.- Audiencia y alegatos El juzgado competente, vencido el plazo de puesta a disposición del expediente, fija fecha de audiencia, la que se realiza en el quinto día hábil a fin que las partes puedan alegar lo que estimen conveniente. Es obligación del defensor público de la niña, niño o adolescente, presentar alegatos cuando durante el procedimiento de desprotección familiar, se afecte el interés superior del menor de edad. Artículo 99.- Audiencia especial de la niña, niño o adolescente Culminada la audiencia, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, se recoge la opinión de la niña, niño o adolescente en una audiencia especial de carácter reservado. Para esta audiencia, la autoridad judicial debe asegurarse que la niña, niño o adolescente cuente con la información necesaria y con las condiciones adecuadas para expresar su opinión, de acuerdo con sus características individuales como edad, discapacidad, lengua de origen, entre otras. Artículo 100.- Resolución que declara la desprotección familiar
c) La inexistencia de desprotección familiar, ordenando el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen, y de ser el caso ordena el inicio del procedimiento por riesgo. Esta declaración restituye los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad o tutela. El plazo para emitir la resolución judicial es de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la realización de la audiencia especial. Artículo 101.- Principios para la determinación de las medidas de protección Al declarar la desprotección familiar, la elección de las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, se rige, además de los principios que regulan la actuación estatal, por los siguientes principios:
d) Interculturalidad: Especial atención deben recibir las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas o comunidad nativas, a quienes debe fortalecerse en su identidad étnico-lingüística. Artículo 102.- Notificación La resolución judicial que se pronuncia sobre el estado de desprotección familiar de una niña, niño o adolescente, es notificada a las partes, al Ministerio Público, así como a la autoridad que solicitó el pronunciamiento judicial, dentro del tercer (3) día hábil.
Artículo 104.- Resolución de consentida Transcurrido el plazo previsto para apelar la resolución judicial que se pronuncia por la desprotección familiar, sin que se haya interpuesto recurso de apelación, de inmediato el Juzgado de oficio la declara consentida y, devuelve el expediente a la autoridad competente en el plazo máximo de tres (03) días hábiles. De haberse declarado la adoptabilidad, la autoridad competente remite copia autenticada del expediente a la Dirección General de Adopciones o a las Unidades de Adopción a nivel regional, según corresponda, para promoverlo en adopción.
Artículo 105.- Elaboración del plan de trabajo individual declarada la desprotección familiar El juzgado que declara la desprotección familiar, establece en dicha resolución la medida de protección más idónea para la niña, niño o adolescente y ordena la adecuación del plan de trabajo individual.
El plan de trabajo individual se adecua con participación de la niña, niño o adolescente orientado a garantizar el desarrollo integral y autonomía personal El seguimiento de su implementación está a cargo del equipo interdisciplinario de la autoridad competente.
CUESTIONES DE COMPETENCIA Artículo 106.- Declinación de competencia La autoridad que tramita el procedimiento por riesgo o desprotección familiar que se estime incompetente, remite los actuados a la autoridad que considere competente, con conocimiento de las partes, el Ministerio Público y el tercero con legítimo interés incorporado al procedimiento. Si la urgencia del caso lo amerita, debe disponer la aplicación de medidas de protección o preventivas con calidad de urgencia para proteger derechos fundamentales de la niña, niño o adolescente, las que son comunicadas a la autoridad a la que remite los actuados.
Artículo 107.- Conflicto de competencia Los conflictos de competencia en la vía administrativa se resuelven de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los conflictos positivos o negativos de competencia en el Poder Judicial se resuelven de acuerdo a su Ley orgánica.
Artículo 108.- Continuación del procedimiento Luego de resuelto el conflicto de competencia, la autoridad competente continúa la tramitación del procedimiento, conservando el expediente con lo actuado con anterioridad. TÍTULO VI
b) Apelación La interposición de estos recursos no suspenden las decisiones adoptadas en el procedimiento por riesgo o por desprotección familiar.
El recurso de reconsideración en la actuación por riesgo o desprotección familiar es resuelto por la misma autoridad que emitió la decisión. Artículo 112.- Competencia para resolver el recurso de apelación
Artículo 114.- Apelación del pronunciamiento judicial sobre desprotección familiar provisional. La resolución judicial que se pronuncia sobre la declaración de desprotección familiar provisional puede ser apelada ante la Sala de Familia o mixta en el plazo de (5) días hábiles de notificada.
Artículo 115.-Impugnación de resolución que pone fin al procedimiento de riesgo o desprotección familiar La resolución que pone fin al procedimiento por riesgo o por desprotección familiar es susceptible de ser apelada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada
MEDIDAS DE PROTECCION DECLARADA LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR Artículo 117.- Medidas de Protección declarada judicialmente la desprotección familiar Las medidas de protección que se aplica cuando se declara judicialmente la desprotección familiar, tienen carácter permanente pero no definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base al interés superior y el principio de idoneidad.
Artículo 118.- Tipos de medidas de protección Los tipos de medidas de medidas de protección son:
c) Adopción CAPÍTULO I
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y RESIDENCIAL PERMANENTE Artículo 119.- Acogimiento familiar y residencial
Es el acogimiento que se brinda en una familia o en un centro de acogida, con la finalidad de cubrir las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en un entorno familiar, hasta que alcancen independencia y autonomía. El acogimiento residencial como medida de protección, es excepcional. Se aplica sólo en aquellos casos en los que se acredite que es la única medida posible que responde a su Interés Superior. Durante su ejecución debe respetarse las relaciones con los demás familiares, incluidos los hermanos, siempre y cuando ello responda al interés superior de la niña, niño o adolescente.
Artículo 120.- Criterio para la aplicación del acogimiento familiar El acogimiento familiar se aplica de manera preferente en la misma familia que asumió su cuidado provisional antes de declarada la desprotección familiar.
El acogimiento familiar no crea vínculos de filiación entre la familia acogedora y la niña, niño o adolescente. En tales casos, la actuación estatal debe garantizar en el plan de atención individual un equilibrio entre el mantenimiento de esos vínculos y la protección de la niña, niño o adolescente. Artículo 121.- Preparación para la vida independiente y autónoma La o el adolescente en acogimiento familiar o residencial, debe recibir formación en la gestión de proyectos de emprendimiento económico y social, y en competencias laborales, así como apoyo psicológico, para su desarrollo en la vida independiente y autónoma, dos (02) años antes de alcanzar la mayoría de edad. La familia acogedora o centros de acogida, cuentan con el apoyo de los servicios que se implementen para dicho fin.
Una vez alcanzada la mayoría de edad se produce el egreso de la o el joven, mediante acciones previamente planificadas, de la familia acogedora o del centro de acogida. Excepcionalmente, la o el joven que haya alcanzado la mayoría de edad, puede permanecer en acogimiento familiar o residencial, para optimizar el tránsito a lograr su vida autónoma e independiente, según la evaluación del plan de trabajo individual. Tratándose de personas con discapacidad severa que alcancen la mayoría de edad y, no puedan asumir su vida independiente o autónoma, se les brinda apoyo a través de servicios especializados.
ADOPCIÓN Artículo 123.- Principios del procedimiento de adopción
La decisión de promover en adopción a una niña, niño o adolescente debe garantizar que la familia elegida sea la más apropiada para satisfacer sus necesidades específicas, circunstancias e interés superior. b) Preservación de los vínculos fraternos
Cuando se trata de grupos de hermanos en situación de adoptabilidad, se prefiere su adopción conjunta por una misma familia adoptiva. c) Carácter subsidiario de la adopción internacional
Son derechos de las niñas, niños y adolescentes en el procedimiento de adopción:
f) Derecho a conservar el nombre aun cuando variaran sus apellidos, excepto cuando esto sea contrario a su interés superior. g) Derecho a conservar su nacionalidad y los derechos inherentes a la misma.
Artículo 129.- Tipos de Adopción La adopción puede ser:
Se considera adopción internacional cuando: a) La o el adoptante peruano o extranjero que reside habitualmente fuera del país solicita la adopción de una niña, niño o adolescente con residencia en Perú que va a ser trasladada/o al país de residencia del o la adoptante.
Las adopciones internacionales requieren de la existencia de convenios internacionales en materia de adopción, de los cuales el Estado peruano sea parte. Artículo 132.- Preservación de identidad cultural y orígenes en la adopción
Artículo 134.- Autoridad central La autoridad competente en adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la autoridad central en materia de adopción internacional de las niñas, niños y adolescentes que cuentan con declaración del estado de desprotección familiar y situación de adoptabilidad judicialmente declarada. Artículo 135.- Gratuidad y confidencialidad del procedimiento El procedimiento de adopción es gratuito y de carácter confidencial.
a) 03 representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de sus autoridades competentes en materia de niñez y adolescencia, promoción y fortalecimiento de las familias, y adopción, quien lo preside. b) 01 representante del Ministerio de Salud.
e) 01 representante del Colegio de Abogados de Lima. f) 01 representante del Poder Judicial.
El procedimiento administrativo de adopción de niñas, niños y adolescentes que cuentan con declaración del estado de desprotección familiar y situación de adoptabilidad, comprende cuatro etapas: a) Evaluación
d) Post adopción. Artículo 138.- Opinión de la niña, niño y adolescente en las etapas del procedimiento de adopción
El seguimiento post adoptivo se realiza con el fin de verificar el desarrollo de la niña, niño o adolescente adoptado y su adaptación a la nueva familia y al entorno social. Asimismo, esta etapa comprende el brindar apoyo profesional a la niña, niño o adolescente y a su familia adoptiva. En todo procedimiento de adopción nacional, en caso de una presunta desprotección familiar o vulneración de los derechos de la/el adoptada/o, se desarrolla el procedimiento de riesgo o desprotección familiar que corresponda.
En todo procedimiento de adopción internacional, en caso que la niña, niño o adolescente adoptado sea víctima de desprotección familiar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus órganos del servicio exterior, coordina con las autoridades competentes del país de residencia de la niña, niño o adolescente, para resolver la mejor medida de protección integral a su favor. Artículo 141.- Representación legal de los intereses de la niña, niño o adolescente
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, inscribe en el Registro Nacional de Adopciones los actos y personas relacionadas al procedimiento de adopción. La información del registro mencionado es de carácter confidencial, teniendo acceso al mismo únicamente las o los adoptantes o la o el adoptado.
La o el adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes, en particular la información referida a la identidad de sus padres biológicos, así como su historia médica. En el caso de niñas, niños y adolescentes la denegatoria sólo puede fundamentarse en el perjuicio de su interés superior. La solicitud debe ser presentada y tramitada ante la autoridad competente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el caso de la adopción administrativa. La o el adoptado menor de edad, puede solicitar la información referida a su identidad, sin necesidad de representación legal.
ACOGIMIENTO DE HECHO Artículo 148.- Definición del acogimiento de hecho
Luego de la verificación de la situación, la autoridad competente puede: a). Si se comprueba que el acogedor otorga al niño, niña y adolescentes los cuidados que necesita y no procede abrir procedimiento por desprotección familiar, se comunican los hechos al juzgado de familia o mixto para que constituya la tutela y ejerza las medidas de control y vigilancia.
b) Si se comprueba que puede existir una situación de desprotección familiar, la autoridad competente abre el procedimiento respectivo según lo dispuesto en el artículo 18. Artículo 153.- Valor de los actos realizados por la persona acogedora de hecho
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reglamenta la presente Ley en un plazo de ciento veinte (120) días y dicta las disposiciones legales que sean necesarias para la aplicación de la presente norma. TERCERA.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 27444
SÉPTIMA.- Capacitación para resolver la acción contenciosa administrativa El Poder Judicial garantiza que los miembros de los órganos jurisdiccionales que resuelven las acciones contenciosas administrativas cuenten con capacitación para resolver las cuestiones planteadas en los procedimientos por desprotección familiar o adopciones. OCTAVA.- Nueva situación de desprotección familiar
Tratándose de una niña, niño o adolescente, que luego de haber sido reintegrado a su familia o haber sido adoptado a través del sistema administrativo, se encuentre nuevamente en situación de desprotección familiar, la autoridad competente inicia investigación por desprotección familiar partiendo de la elaboración del plan de trabajo individual y aplicación de la medida de protección provisional. NOVENA.- Regularización de situaciones de Acogimiento de hecho
UNDÉCIMA.- Subvención económica del Acogimiento Familiar La persona o familia acogedora de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y a las necesidades de la niña, niño o adolescente puede recibir una subvención económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el monto y padrón de beneficiarios se aprobarán por resolución ministerial dentro de las metas presupuestales del sector.
A partir de la vigencia de la presente Ley y en tanto las Defensorías del Niño y del Adolescente no inicien competencia respecto al procedimiento por riesgo o no exista en el lugar una acreditada para desarrollar este procedimiento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asume dicha competencia. El Poder Judicial asume la competencia de los procedimientos por desprotección familiar, en aquellos lugares donde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no haya asumido competencia, correspondiendo al mismo juzgado pronunciarse por la declaración de estado de desprotección familiar. SEGUNDA.- Adecuación del procedimiento de abandono de niñas, niños y adolescentes en el Poder Judicial
e) Lleva los registros de los organismos privados y comunales dedicados a la niñez y la adolescencia; f) Regula el funcionamiento de los organismos públicos, privados y comunales que ejecutan programas y acciones dirigidos al niño y adolescente, así como supervisa y evalúa el cumplimiento de sus fines;
Artículo 119.- Titular del proceso.-
k) Intervenir en los procedimientos por riesgo o desprotección familiar para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes. SEGUNDA.- Modificación de los artículos 379° y 510º del Código Civil
CUARTA.- Derogatoria Parcial de la Ley N°28190

References: Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5
 Artículo 6

Artículo 8
 Artículo 10
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Artículo 13
 Artículo 14
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 Artículo 15
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 artículo 45
 Artículo 19
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25

Artículo 26
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 Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
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 Artículo 31
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Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34

Artículo 35
 Artículo 37
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
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Artículo 47
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 Artículo 48
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Artículo 52
 Artículo 54
 artículo 60

Artículo 55
 Artículo 56
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Artículo 57
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 Artículo 59
 artículo 61

Artículo 61
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Artículo 62

Artículo 63
 Artículo 66
 artículo 66

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 5

Artículo 76

Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 80
 Artículo 81
 Artículo 82

Artículo 84
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 Artículo 86
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Artículo 96
 Artículo 97

Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
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 Artículo 101
 Artículo 102
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Artículo 104
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Artículo 105
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 Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108
 Artículo 112

Artículo 114
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Artículo 115
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 Artículo 117

Artículo 118
 Artículo 119

Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 123

Artículo 129
 Artículo 132

Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 138
 Artículo 141
 Artículo 148
 artículo 18
 Artículo 153
 resolución 

Artículo 119