Source: http://www.alopezletrado.com/2016/
Timestamp: 2018-11-14 09:41:17+00:00

Document:
Angel López - Abogado - Madrid: 2016
No veo nada por lo que felicitar al reelegido Ministro de Justicia.
19:02Ángel López González
De verdad que me gustaría poder felicitar al Ministro por su reelección, pero es que por más que lo he pensado, no se me ha ocurrido nada bueno por lo que hacerlo.
Quizás, aparentemente, se le podría agradecer su reforma legal para eximir a las personas físicas de las tasas judiciales, pero es que la presión y el rechazo social a esa Ley era bestial, de modo que solo una bestia no habría atendido esa reivindicación y no creo que se deba felicitar a alguien por el mero hecho de no actuar como una bestia.
Además, lo cierto es que reformó la Ley para seguir dejándola inconstitucional, fallo que, en mi opinión, es imperdonable en un Ministro de Justicia. ¿No es garantizar el acceso a la Justicia la principal misión de un Ministro de Justicia? ¿Se imaginan un Ministro de Sanidad que inconstitucionalmente hubiera impedido a los enfermos acceder a la Sanidad? ¿A uno de Educación que hubiera dejado a niños sin escolarizar cuando tenían derecho a ello? Extrapolen a la Justicia, porque eso es lo que ha ocurrido.
Siendo generoso se podría decir que es, aparentemente, más dialogante que por ejemplo el anterior Ministro Gallardón. Es cierto, no hay sarao jurídico al que no asista. Ahora otra cosa es que escuche, o que si escucha, sirva para algo. Los hechos parecen decir, precisamente, lo contrario.
Pero no quisiera yo convencerles, solo les pido que reflexionen, así que, les dejo algunas preguntas. Mediten sobre ellas y respóndanlas –si quieren lo pueden hacer en los comentarios de la entrada– y saquen sus propias conclusiones.
1. ¿Ha realizado el Ministro Catalá alguna reforma legal tendente a dar marcha atrás en la politización del Consejo General del Poder Judicial?
2. ¿Ha reintegrado el Ministro Catalá a los miles de jueces y fiscales sustitutos que su predecesor saco de los Juzgados?
3. ¿Ha aumentado el Ministro Catalá o logrado que los presupuestos de Justicia sean más elevados?
4. ¿Han mejorado las penosas y tercermundistas instalaciones judiciales que tenemos en muchas sedes judiciales de España?
5. ¿Se han acortado los tiempos de tramitación de los procedimientos judiciales o siguen siendo por lo general los mismos?
6. ¿Ha creado nuevos Juzgados o aumentado la planta judicial?
7. ¿Modificó la Ley de Tasas para que fuera constitucional?
8. ¿Ha devuelto las tasas judiciales cobradas inconstitucionalmente o ha dicho que las vaya a devolver?
9. ¿Ha solucionado algo la reforma y fijación de plazos a la instrucción penal o es una medida que solo ha supuesto el caos en los Juzgados e inseguridad jurídica?
10. ¿Lexnet ha facilitado la vida de los Abogados y Procuradores y ha supuesto una mejora en tiempos de respuesta en los procedimientos judiciales?
11. ¿Atendió las solicitudes de la Abogacía para la paralización del uso obligatorio de Lexnet?
12. ¿Cobran más ahora los abogados y Procuradores que prestan el servicio de Justicia Gratuita a través del Turno de Oficio?
13. ¿Cobran puntualmente los abogados y procuradores del Turno de Oficio?
14. ¿Ha paralizado o reformado la conocida como Ley Mordaza?
15. ¿Ha tomado alguna medida contra la corrupción? ¿Quizás, la famosa Oficina Anticorrupción, que básicamente ha consistido en destruir vehículos, como explicaba en este otro post?
Llegados a este punto, caigo en la cuenta de que quizás, los que para mi sorpresa le han felicitado, es porque piensen que va a hacer todo esto en esta nueva Legislatura.
Yo le felicitaré cuando lo haga. De momento, no veo nada por lo que felicitarle.
No vives en un Estado de Derecho.
2:34Ángel López González
Esta columna de opinión tiene por objeto pedirte que reacciones. ¿O vas a seguirles el juego y vivir en un Estado que no es de derecho?
A día de hoy han pasado más de 30 días desde la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad parcial de las tasas judiciales. Con excepción de la abogada y profesora de derecho civil, Verónica del Carpio, no he visto a nadie escribir nada que alerte sobre el problema (consulte el completísimo análisis de Verónica del Carpio en este enlace).
Nos ha pillado a todos de vacaciones. No obstante, creo que no es tarde para reaccionar y es fundamental que el sector jurídico se movilice.
En octubre de 2012, el ministro de Justicia, en aquel entonces Alberto Ruiz Gallardón, aprueba unas tasas judiciales que son una auténtica barbaridad, dado lo elevado de las cuantías que se establecían, tanto para demandar, como en mayor medida, para recurrir cualquier sentencia judicial.
Dichas tasas judiciales no establecían ningún tipo de progresividad. Pagaba lo mismo una empresa que cualquier particular.
Creo que no resulta necesario explicar lo grave que resulta en un Estado de derecho que no se pueda acceder a la Justicia y sobre todo, que los que menos tienen sean los que no puedan demandar o recurrir y tengan que renunciar a la defensa de sus derechos.
Ningún ministro de Justicia es tan estúpido de poner unas tasas judiciales por capricho. Y menos cuando lo recaudado con ellas no se destina a su propio Ministerio, sino que se ingresa en la caja común de los Presupuestos del Estado.
Por otro lado, un ministro de Justicia no tiene capacidad para aprobar unas tasas judiciales, por lo que la orden de imponerlas tuvo que ser dada por el ministro de Economía, con el visto bueno, del presidente del Gobierno.
NO SON LAS TASAS JUDICIALES DE GALLARDÓN
Por favor, no volvamos a hablar de las tasas judiciales de Gallardón. Èl sólo fue una marioneta.
Son las tasas judiciales del Partido Popular y del presidente del Gobierno, ahora en funciones,Mariano Rajoy.
Y no solo pretendían recaudar.
El objetivo era impedir que se accediera a la Justicia, reducir un derecho fundamental en un Estado de derecho y además restringírselo a los que menos capacidad económica tienen.
Si el objetivo hubiera sido recaudar, se hubiera permitido aplazar o fraccionar el pago de la tasa judicial tal, y como resulta posible para cualquier tributo.
Tras las fuertes quejas del sector jurídico y las numerosas peticiones a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que recurriera la inconstitucionalidad de estas tasas judiciales, la defensora decide realizar unas recomendaciones al ministro, a modo de condición para no recurrir su inconstitucionalidad.
Tras el paripé y “el teatrito” de una negociación, el Gobierno accede a reducir las tasas para las personas físicas, si bien, el importe sigue siendo elevadísimo.
Hay que ser consciente de que las recomendaciones sugeridas por la defensora del Pueblo no se aceptaron totalmente. Porque de haberse aceptado íntegramente, hubieran dejado unas tasas inconstitucionales. Todo ello a la vista de la sentencia finalmente dictada por el Tribunal Constitucional y a la que posteriormente me referiré.
SOLEDAD BECERRIL NO ES DEFENSORA DEL PUEBLO
Por favor no volvamos a referirnos a Soledad Becerril como “defensora del Pueblo”, porque no defiende más que al Partido Popular.
Este hecho es extremadamente grave, dado que esta Institución tiene atribuida la función constitucional de recurrir las leyes inconstitucionales y que pueden causar graves estragos a la ciudadanía.
A pesar de que con fecha 29 de julio se hizo pública la sentencia que ha declarado inconstitucionales las tasas judiciales, a día de hoy no se conoce declaración o valoración alguna sobre la misma por parte de “la defensora del Pueblo”.
En definitiva, esta institución, que debe protegernos de leyes inconstitucionales, no cumple su papel.
Y no existe garantía alguna de que nuevas leyes inconstitucionales vuelvan a no ser recurridas.
En el caso de las tasas judiciales hubo suerte.
El PSOE recurrió la Ley de tasas judiciales, teniendo los 50 diputados preceptivos detrás.
Podría no haber sido así. La institución responsable de controlar las leyes inconstitucionales es el Defensor del Pueblo y este mecanismo ha fallado estrepitosamente.
Por cierto que si te quieres cabrear más todavía con la actuación de la “defensora”, sí, la nuestra, la “del Pueblo”, puedes consultar aquí el salario que le pagamos entre todos a una persona que no cumple con sus obligaciones.
No es la “defensora del Pueblo” sino la “defensora del Gobierno”. Por su actuación en este asunto de las tasas lo ha dejado muy claro “urbi et orbi”.
Por otra parte, el nuevo ministro de Justicia que sustituyó a Gallardón realizó lo siguiente: siendo consciente de que las tasas judiciales eran inconstitucionales, reformó la Ley para eximir a las personas físicas de su pago.
De ese modo, se evitaba que el Tribunal Constitucional tuviera que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las tasas judiciales para las personas físicas, reduciendo el daño para el Gobierno, una vez recibida la sentencia de inconstitucionalidad, que era evidente.
Así pues, lo que en principio se vende por el ministro como un acto de generosidad y de diálogo con los operadores jurídicos, es simplemente una maniobra para reducir el coste político de una declaración de inconstitucionalidad sobre unos cobros injustos e ilegales realizados a particulares.
COBRAR POR ACCEDER A LA JUSTICIA ES INFAME
¡Ojo!, cobrar por acceder a la Justicia es infame y ello es así, aunque fuera constitucional.
Cobrar inconstitucionalmente por acceder a la Justicia, cuando es público y notorio que lo era, y cuando todos los operadores jurídicos lo están denunciando, es incalificable.
El ministro Catalá ha tenido por lo tanto la posibilidad de ajustar las tasas a la Constitución, pero no lo hizo. Prefirió seguir cobrando tasas inconstitucionales.
Por lo tanto, la Ley actual que ha sido declarada parcialmente inconstitucional,m no es la de Gallardón, es la de del Partido Popular, la de Mariano Rajoy y la de su peón, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá Polo.
Tras la sentencia, las únicas declaraciones que se conocen de Catalá son que se reformará la Ley para establecer unas tasas acordes a la Constitución.
¡¡¡¡Venga, circulen!!!!, aquí no ha pasado nada.
¡Hemos cobrado a todos, personas físicas y jurídicas indebidamente, hemos impedido a muchos demandar o recurrir, pero a partir de mañana, ya no lo vamos a hacer!
Este ministro, al que algunos calificaban de “dialogante”, y al que se ha invitado a todo tipo de actos, porque otra cosa no, pero es el rey del “photocall”, tiene más cara que espalda y está inhabilitado para liderar ningún tipo de acuerdo o pacto por la Justicia.
Debe dimitir de inmediato y debe ser declarado persona no grata en todo acto institucional de la Abogacía.
Sinceramente creo que será sustituido pronto, con el objetivo de cerrar la responsabilidad política y precisamente por esta inhabilitación, pero ello no impide que hasta entonces se exija con toda rotundidad.
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LE VIENE MUY GRANDE EL NOMBRE
Vamos con el papelito del Tribunal Constitucional, al que, grande, muy grande le viene el nombre.
Casi 4 años ha tardado en resolver el recurso de inconstitucionalidad.
Y, mientras, la “defensora del Gobierno”, Soledad Becerril, callada.
No existe justificación alguna para este retraso en un tema tan importante y con tantas críticas por parte del sector legal.
En realidad no han dictado una sentencia. Le han dado al ministro las pautas para establecer unas tasas constitucionales, a todos (personas físicas y jurídicas), cuando políticamente, ya no podían mantener más esta infame farsa, pues a instancias de la ‘Brigada Tuitera’, en la mini legislatura fallida quedó aprobada por unanimidad en el Congreso la toma en consideración del Proyecto de Ley para eximir de tasas judiciales a las pymes y entidades sin ánimo de lucro.
Para que el tema suponga el menor desgaste político, la sentencia se hizo pública el 29 de julio.
¡¡¡¡Venga, circulen!!!!, estamos de vacaciones, en septiembre ya nuevo Parlamento, reformamos la Ley como ha dicho el ministro y la ajustamos a lo dicho por el Tribunal Constitucional.
Por supuesto el Tribunal Constitucional ha dicho que de devolver el dinero cobrado ilegalmente, nada de nada, pelillos a la mar.
¡¡¡Circulen!!!
Y, mientras, recuerden, la “defensora del Gobierno”, sigue callada.
Por cierto que a los miles de justiciables, ya sean ciudadanos o personas jurídicas que se han quedado sin Justicia, por no poder demandar o recurrir, nadie, absolutamente nadie va, no ya a darles una solución, ni siquiera les van a pedir perdón.
Ni lo ha hecho el Gobierno, ni el ministro, ni la “defensora del Pueblo”, ni el Tribunal Constitucional.
El verdadero problema salta a la vista, lo ocurrido con las tasas judiciales lo deja ver con toda su cruda y preocupante realidad.
Esto no es un Estado de derecho. Esto es un auténtico cachondeo. Una monarquía bananera en la que pueden aprobarse leyes inconstitucionales, y en la que los mecanismos para combatirlas y corregirlas están al servicio del Gobierno.
Esta vez han sido las tasas judiciales. Mañana, ¿quién sabe?.
Y quién sabe quién puede estar en el Gobierno y qué se le puede ocurrir aprobar.
No es una cuestión partidista, es un problema grave de orden constitucional.
Si este Gobierno lo ha hecho, lo pueden hacer otros. Esta vez se ha limitado el derecho a acceder a la Justicia. Mañana, quizás, a la educación, a la sanidad, a tu propia libertad…
Aquí ha fallado el Gobierno, el Parlamento, la defensora del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Se dice pronto. Y lo que es peor, no hay nadie que sea responsable y no parece que nadie vaya a dar la voz de alarma.
La Constitución Española, esa que se nos vende por los políticos y los medios de comunicación como una maravilla que permite la convivencia de los españoles y establece un marco de justicia, libertad, derechos y convivencia, puede y está siendo vejada por la vía de hecho.
En la práctica es papel mojado que de poco o nada sirve pues los controles y mecanismos que para su cumplimiento existen han sido sometidos por el Gobierno.
Seas jurista o seas ciudadano, convendrás conmigo qué algo habrá que hacer y que no podemos permanecer impasibles ante este problema.
¿O les vas a hacer el juego y vamos a seguir viviendo en un Estado que no es de Derecho?
Lo dicho, siento fastidiarte la vuelta de las vacaciones, pero algo #Tenemos que hacer…
NOTA: Columna de opinión, publicada en Confilegal, con el titulo original de "Siento fastidiarte la vuelta de vacaciones, pero no vives en un Estado de Derecho".
EL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO CONSISTE EN DESTRUIR VEHÍCULOS.
3:00Ángel López González
A finales de octubre de 2015, en el último Consejo de Ministros, días antes del inicio de las primeras elecciones de diciembre de 2015, el Ministro de Justicia, Rafal Catalá Polo, y el actual Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy Brey, sorprendían inaugurando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (“ORGA”) lo que se calificaba y vendía a la opinión pública como el “Compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción”, y en palabras del Ministro de Justicia como “un instrumento más en la lucha sin cuartel que está desarrollando el Gobierno contra la criminalidad organizada y la corrupción”.
Esta es la nota de prensa que se difundió por el Ministerio de Justicia a los medios de comunicación, y que recomiendo su lectura porque no tiene desperdicio, se decía además que la ORGA “Localizará y administrará los bienes procedentes de actividades delictivas”, “Los frutos del decomiso irán destinados a la indemnización de las víctimas, a proyectos sociales y a la lucha contra el crimen organizado” y “Contribuirá a descongestionar juzgados y tribunales”.
featured tasas judiciales
ALGUNAS REFLEXIONES TRAS LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES.
5:23Ángel López González
La verdad es que el tema es de gran transcendencia, por lo que lo que merecería un largo análisis, pero carezco del tiempo para hacerlo, así que me voy a limitar a perfilar una serie de ideas que creo relevante destacar (es más creo que no se nos deben pasar):
- - La Sentencia es una buena noticia, pero con matices. Evidentemente, peor hubiera sido que las Tasas se hubieran declarado constitucionales. No obstante, el fallo del TC supone la habilitación de que unas Tasas moderadas son validas a los ojos de la Constitución. Esto tampoco es tan relevante a efectos de afirmar su rechazo, siempre lo hemos dicho y así de hecho lo hemos puesto de manifiesto en las reuniones informativas de La Brigada Tuitera con políticos: la constitucionalidad no justifica que no sean infames y repugnen al sentido común. La Justicia debe ser lo más accesible posible, pues constituye un bien de primera necesidad, un derecho fundamental de primer nivel que no se debe limitar y frente al que todos nos debemos enfrentar -en la medida de lo posible-, en igualdad de condiciones. Las Tasas rompen con ese principio de igualdad, en beneficio de aquellos que más tienen. En cualquier caso, que sean legales, no quiere decir que no sean inadecuadas, perjudiciales e injustas. Quizás sea legal cobrar una tasa para que te operen de apendicitis, pero creo que todos compartimos de que no es lo deseable. Habrá que hacer un esfuerzo adicional para explicar esto, que no es baladí. Aquí creo que es bueno recordar, que en la España preconstitucional ya existían Tasas y con la Constitución siguieron vigentes, si bien, se eliminaron en 1986 en lo que se consideró un gran avance de todos en la consolidación hacia una democracia avanzada (sí, hace 30 años esto era lo que se pensaba).
- - El fallo del Tribunal Constitucional no ha supuesto la derogación de las Tasas, solo algunos de sus artículos han sido declarados nulos, en especial todas las Tasas por recurrir y las cuantías variables, pero se mantiene como válida la cuota fija de las Tasas en la instancia (por demandar), salvo en lo que respecta a los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativa, que también se han eliminado para el recurso ordinario y abreviado (por demandar). Las Tasas anuladas afectan por igual a todas las empresas, grandes y pequeñas, en realidad a todas las personas jurídicas, que ahora, al no haber cuota variable, las pagaran en igual importe –una cantidad fija–. Por otro lado, la Sentencia valida la posibilidad, hasta ahora negada, de solicitar aplazamientos y fraccionamiento del pago, como si de cualquier otro tributo se tratara.
- - Derivado de lo anterior hay que tener en cuenta que PYMES y ONGs van a tener que seguir pagando Tasas, cuando existía y existe el compromiso político de PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y otros partidos de su eliminación. La Sentencia del TC no varía esta situación y por lo tanto no invalida los compromisos de los grupos políticos a los que hay que exigir que los cumplan, y en la legislatura que entra, dado que cuentan con una mayoría suficiente, cuando menos, procedan a derogar las Tasas para PYMES y ONGs conforme se comprometieron. Dado lo reducida que al final se queda la Ley de Tasas tras la Sentencia del TC y la implementación del compromiso de eliminación de las Tasas para PYMES y ONGs, es quizás el momento, de trasladar a los grupos políticos la idea expuesta en la reflexión primera: la procedencia de la derogación total de la Tasas Judiciales.
- - La Sentencia del TC establece la no devolución de lo que el Estado ha cobrado indebidamente a los ciudadanos con Tasas inconstitucionales. Al margen de estudiar y ver la posibilidad de si jurídicamente es posible su reclamación –desde el punto de vista de técnica jurídica sí lo parece, por mucho que el TC diga lo contrario– lo cierto es que hay una responsabilidad y cobro ilegal por el Estado, por lo que debe exigirse al Gobierno que de mutuo propio devuelva lo que ha “chuleado” a los justiciables. Que el TC diga que no hay obligación legal de devolverlo, no quiere decir que por decencia no se deba devolver. Esta exigencia debe hacerse de manera contundente, para lo que habrá que hablar con los grupos políticos, y si el Gobierno no efectúa la devolución, la opinión pública debe saber que el Gobierno les ha engañado y “chuleado” su dinero.
- - Al hilo de lo anterior, si el actual Ministro o uno que le sustituya (dado que con el nuevo Gobierno es previsible que pudiera haber renovación de carteras), no asume el compromiso formal de devolver el dinero, se convierte en el cómplice y el responsable del cobro indebido de Tasas inconstitucionalmente, esto es, en el responsable de “chulear” el dinero de los ciudadanos, por lo que deberá exigirse su dimisión sin paliativos y con contundencia. Un Ministro que no devuelve el dinero ni asume su responsabilidad, queda totalmente deslegitimado para dirigir el Ministerio de Justicia de un Estado Democrático y de Derecho.
- - Sin perjuicio de lo anterior, y por lo que respecta al actual Ministro de Justicia, Sr. Catalá, debe exigirse su dimisión inmediata, pues por acción y omisión es responsable de haber mantenido una Ley inconstitucional, cuando todos los operadores jurídicos le estaban diciendo que así era y cuando además conocía los recursos de inconstitucionalidad formulados y por lo tanto las alegaciones que los justificaban. No debe olvidarse que reformó la actual Ley, por lo que la Ley en vigor no es ya la Ley de Gallardón, sino que es la Ley de Catalá. Por cierto, que es difícilmente creíble que el Sr. Catalá no estuviera al corriente y fuera consciente de la inconstitucionalidad de la Ley. De hecho, si repasamos las primeras declaraciones que realizó de la reforma que iba a acometer, estaban más próximas a lo fallado por el TC que a lo que finalmente hizo. Inicialmente declaró que se iba a hacer un ajuste de todas las partidas, sin embargo, seguramente porque mediáticamente le era más interesante, finalmente sorprendió con una exención general a las personas físicas. Sea como fuere, lo cierto es que la Ley actual es su Ley, y que no reformó correctamente la norma, siendo responsable de que haya existido una Ley inconstitucional que ha limitado el acceso a la interposición de demandas y a la formulación de recursos, asi como del cobro de Tasas de forma ilegal. En consecuencia, debe dimitir y está totalmente deslegitimado para dirigir el Ministerio de Justicia de un Estado que se dice Democrático y de Derecho.
- - Junto con el anterior, la Defensora “del Pueblo” debe dimitir pues no recurrió al Tribunal Constitucional, como era su función constitucional, una Ley que era manifiestamente contraria a la constitución, y ello cuando numerosos juristas de reconocido prestigio y el CGAE se lo solicitaron expresamente, tal y como está documentado. Debe recordarse que el recurso de inconstitucionalidad solo puede plantarse por unos pocos actores o instituciones, y es la Constitución la que le atribuye, en representación de la ciudadanía (del Pueblo) esa tarea. De no ser por el recurso del PSOE, en este país, habría una Ley inconstitucional limitando el acceso a la Justicia, y eso es un error imperdonable en una institución de ese nivel. Y espero, que simplemente sea un error, aunque, ya saben aquello de "piensa mal y acertarás".
- Finalmente, el Tribunal Constitucional nos debe hacer reflexionar y mucho sobre el Sistema Democrático que tenemos -o eso dicen-. Es injustificable la tardanza en resolver el recurso en un tema tan grave y de tanta trascendencia. Casi 4 años. Solo la fecha, 29 de julio en que se ha publicado la Sentencia, ya es más que sospechosa. A escasos días de la paralización del sector y de la ciudadanía por las vacaciones, y con un Gobierno, ya en clara minoría, siendo consciente el TC de que, en septiembre el Proyecto de Ley de la Brigada Tuitera para la derogación de las Tasas se iba a volver a presentar en el Congreso para su aprobación. De hecho ya quedó aprobado en la mini legislatura fallida que hemos tenido, con el voto a favor del PP para reestudiar las Tasas Judiciales. Vamos, que con la Sentencia, el TC le está haciendo un favor al Gobierno, al aclarar, por donde debe ir una nueva Ley de Tasas. El PP dice que está dispuesta a reestudiar, y el TC le aclara el camino. Mucho cuidado con este tema.
En conclusión, que muchas cosas han cambiado, pero queda mucho por hacer, y en las anteriores lineas, doy algunas ideas. Toca seguir peleando por una #JusticiaSinTasas y es fundamental seguir manifestando la oposición a las Tasas Judiciales de una manera contundente. No nos relajemos.
Gracias por haber llegado hasta aquí leyendo, si te gusta comparte en redes sociales y no dudes en dejarme tu comentario, que siempre es de agradecer y muy enriquecedor.
abogado abogados antitaurinos
5:49Ángel López González
El programa LA SEXTA NOCHE, de ayer sábado 16 de julio, Elisa Beni, ponía de manifiesto, en relación a los condenables y reprochables Tweets vertidos en Twitter en relación al torero fallecido Víctor Barrio, que no podían perseguirse por tratarse de delitos privados que requieren de la denuncia del ofendido, siendo, abruptamente interrumpida por Paco Marhuenda para afirmar que lo podían hacer sus herederos.
Voy a intentar esclarecer desde el punto de vista jurídico la cuestión, dejando al margen, el reproche que a mí personalmente me producen los mensajes que desde las redes sociales se mandaron contra el torero.
El Código Penal de 1995, eliminó la posibilidad de que los herederos pudieran iniciar un procedimiento penal por “injurias” realizadas a una persona fallecida. Pongo la palabra injurias entre comillas, porque ya no lo son.
Lo primero que hay que entender es que una persona fallecida ya no es persona como tal. De igual forma que clavar un puñal a un muerto ya no es asesinato, “injuriar” a un fallecido, tampoco es una injuria.
No obstante, abro un paréntesis, para aclarar y advertir, y antes de que todo el mundo se ponga a “injuriar” a los muertos, que ello no quiere decir que los herederos del fallecido no puedan exigir responsabilidad por la vía civil, cuyas cuantías indemnizatorias podrían ser muy importantes.
Y abro un segundo paréntesis, a sugerencia de un lector y dado que hay mucho loco, para dejar constancia que profanar cadáveres es un delito previsto en el artículo 526 del Código Penal. No es delito de asesinato, pero tal acción tiene una tipificación especial, no existiendo sin embargo, el delito de "injurias" a un fallecido.
Centrándonos en el tema penal, lo cierto es que el antiguo Código Penal de 1973, en su artículo 466, establecía que “Podrán ejecutar la acción de calumnia o injuria los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del agraviado difunto, siempre que la calumnia o injuria trascendiere a ellos, y en todo caso el heredero”.
Aunque el artículo, en mi opinión, parece querer habilitar la posibilidad de “iniciar la acción” a los herederos y no que pueda realizarse una injuria a un fallecido. Es decir, que sería para injurias anteriores al fallecimiento que se denuncian por sus herederos, sí que es cierto que con anterioridad al nuevo Código Penal, las injurias a fallecidos se castigaban, tal y como puede verse por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de abril de 1993, donde se desestima un amparo formulado por un periodista que publicó información sobre un asesinado dando sobre él datos que se consideraron calumniosos.
No obstante, el actual Código Penal no incluye nada parecido. Solo la reforma de la LECr. realizada por la Ley 4/2015 de 27 abril 2015, introduce un artículo bis, al 109, donde se establece que “En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; por la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y por los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; por sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar”. Pero adviértase que está hablando de muerte o desaparición de la víctima “a consecuencia del delito”, lo que implica que cuando se está cometiendo, el sujeto, la víctima, está viva, pues le causa su fallecimiento. Luego no es de aplicación a unas injurias sobre alguien que ya ha fallecido.
Así, la Sentencia de 15 de octubre de 2012, de la Audiencia Provincial de Alicante, se manifiesta sobre este tema de la siguiente manera:
“No compartimos dicho planteamiento. El artículo 466 del Código Penal de 1973 otorgaba legitimación para iniciar un procedimiento por este tipo de delitos a los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del agraviado, sí la injuria trascendía a ellos y, en todo caso, a los herederos. La inexistencia de un precepto similar en el texto vigente únicamente determina la imposibilidad de ejercer acciones penales en defensa del honor de personas fallecidas, sin perjuicio de la posibilidad de acudir al orden jurisdiccional civil ejercitando las facultades que otorga la LO 1/82, de 5 de mayo.
Este supuesto no es el planteado por el recurrente. No es lo mismo el inicio de acciones penales cuando la persona ofendida ha muerto, que la continuación del procedimiento iniciado en vida por personas especialmente vinculadas a ella, como puede ser el cónyuge. Esta posibilidad nada tiene que ver con el artículo 466 del CP de 1973 , suponiendo una estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 274 LECr, que expresamente prevé esta posibilidad de sucesión procesal”.
El Código Penal de 1973 facultaba a los herederos a ser sustituidos en una causa por injuria o calumnia iniciada por el fallecido y a ejercitar la acción penal por dichos delitos privados aun cuando no lo hubiere hecho en vida el agraviado. El Código Penal de 1995 no lo recoge, manifestando en su artículo 215 que ”nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal”, lo cual equivale a que la protección penal del bien personalísimo que integra el honor requiere el ejercicio de la acción penal, esto es la interposición de querella, por parte del ofendido, de manera que si la persona injuriada o calumniada fallece antes de formular la correspondiente querella, nadie puede ya formularla.
Es decir, que los herederos, en caso de injurias o calumnias podrán continuar las acciones del fallecido siempre que el mismo ya las hubiera iniciado, pero no pueden iniciarlas, por lo que mucho menos podrán considerarse punibles las injurias o calumnias a un fallecido.
Las Injurias a fallecido no son punibles. El caso ...
ALGUNAS REFLEXIONES TRAS LA DECLARACIÓN DE INCONST...
EL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO CONSISTE EN DE...
No veo nada por lo que felicitar al reelegido Mini...

References: artículo 526
 artículo 466
 artículo 466
 artículo 466
 artículo 274
 artículo 215