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Timestamp: 2018-01-24 03:31:47+00:00

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Incapacidad civil - Diccionario de Ciencia Política y de la Administración
La Incapacidad Civil es la situación jurídica que supone la modificación -por Sentencia Judicial- de la capacidad de obrar de una persona, como consecuencia de una enfermedad o deficiencia física o psíquica de carácter permanente que suponga dificultades en su autogobierno en la esfera personal y/o patrimonial.
1 Tipos de capacidad
1.2 De obrar
3 Instituciones de guarda y protección
3.1 Patria Potestad
3.2.1 Procedimiento para el nombramiento de tutor/a
3.2.2 Personas que están sometidas a tutela
3.2.3 Personas que pueden ser designados tutores
3.2.4 Orden de asignación en el cargo de tutor
3.2.5 Aceptación y excusa del cargo de autor
3.2.6 Funciones del tutor
3.2.7 Obligaciones y derechos del tutor
3.2.8 Extinción de la tutela
3.2.9 Destitución del tutor
3.3 Curatela
3.4 Defensor Judicial
3.4.1 Situaciones en las que se hace necesario el nombramiento de un defensor judicial
3.4.2 Nombramiento y atribuciones del defensor judicial
3.4.3 Cuándo termina la defensa judicial
3.5 Guarda de hecho
4 Responsabilidad Civil y Penal
5 Autotutela
6.2 Modelo Italiano
6.3 Modelo Alemán
Es la capacidad que tienen todas las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, para ser titulares de derechos y obligaciones, así como ser sujetos de relaciones jurídicas.
Es la capacidad para ejercitar dichos derechos y obligaciones que tienen las personas desdela mayoría de edad, salvo aquellas que hayan sido privadas de ella parcial o totalmente mediante Sentencia Judicial.
Este procedimiento está regulado en el Código Civil español, si bien conviene destacar que, atendiendo al artículo 13. 2, por el que se rige el ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional, determinadas provincias o territorios cuentan con normas especiales propias, actuando el código civil como derecho supletorio.
Mientras una persona es menor de edad, su capacidad de obrar será ejercida por sus progenitores a través de la patria potestad. Si se prevé que al alcanzar la mayoría de edad existan condicionantes que supongan que continúe siendo incapaz, puede iniciarse el proceso mientras sea todavía menor, con el objetivo de prorrogar la patria potestad.
En el caso de mayores de edad, el proceso puede iniciarse de dos maneras:
- Poniendo la situación en conocimiento de la Fiscalía del domicilio del presunto incapaz. Cualquier persona que tuviera conocimiento de los hechos que dan lugar a una posible incapacidad pueden comunicarlo a Fiscalía, si bien las autoridades y funcionarios públicos tienen la obligación de hacerlo.Si de la documentación e informes aportados se observasen indicios suficientes, será Fiscalía quien interpondrá la demanda de incapacidad.
- Interponiendo directamente la demanda ante el Juzgado, asistido por abogado y procurador.
El escrito de demanda es el documento jurídico por medio del que se pone en conocimiento del Juez la supuesta falta de capacidad de una persona, pudiendo proponer que se nombre un representante legal. Esta demanda se comunicará en su domicilio al presunto incapaz, quien tiene un plazo de veinte días para recurrir. En caso contrario sele asignará un defensor judicial para asistirle en la vista, mediante abogado y procurador.
Para dictar Sentencia, se practicarán las siguientes pruebas:
- Prueba Documental: Toda aquella documentación presentada con la demanda que acredite las causas de la supuesta incapacidad.
- Audiencia de parientes más cercanos, en relación con situación del presunto incapaz y propuesta de figura de guarda.
- Prueba forense: exploración del presunto incapaz por parte del médico forense del Juzgado.
- Examen del presunto incapaz por parte del Juez, mediante la Vista de Incapacidad.
Una vez vistas las pruebas, el Juez dictará Sentencia. En esta se detallarán el alcance y límites de las medidas de protección, así como la persona o entidad que asuma la figura de guarda., y se comunicará al Registro Civil para que la modificación de la capacidad quede anotada en el certificado literal de nacimiento.
No obstante, en aquellos casos en los que exista un riesgo inmediato para el presunto incapaz o su patrimonio, se podrá solicitar al Juzgado o este podrá decretar de oficio la asunción de medidas cautelares de protección, que serán efectivas antes de que exista Sentencia Firme.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) define la patria potestad como el "conjunto de deberes y derechos que conforme a la ley tienen los padres sobre los hijos menores no emancipados".
Cuando hay hijos incapaces, son aplicables dos conceptos: patria potestad prorrogada y patria potestad rehabilitada.
Patria potestad prorrogada: De acuerdo al artículo 171 del Código civil, cuando el hijo menor ha sido incapacitado legalmente, la patria potestad quedará prorrogada al llegar éste a la mayoría de edad, previa solicitud por parte de los padres, siempre que no hayan sido privados de la patria potestad.
Patria potestad rehabilitada: Sucede cuando el hijo presuntamente incapaz alcanza la mayoría de edad sin haber sido legalmente incapacitado. En este caso, primero se debe instar el proceso de incapacitación del hijo mayor de edad soltero, que debe vivir en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos. Hecho esto, se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien debería ejercerla si el hijo fuera menor. Las funciones que ejercen los padres son las mismas que si el hijo fuera menor: lo representan legalmente, administran sus bienes y velan por él procurándole los cuidados y la atención que sean necesarios.
En cualquiera de los dos casos, la patria potestad prorrogada se ejercerá de acuerdo a lo dispuesto en la resolución de incapacitación.
- Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.
- Por la adopción del hijo menor.
- Por haberse modificado la sentencia de incapacitación declarando el cese de la incapacidad.
- Por haber contraído matrimonio el incapacitado.
Si al cesar la patria potestad el hijo continúa incapacitado, se constituirá la tutela o la curatela, según proceda.
Es una institución de guarda sentenciada por el/la juez/a cuando se declara la incapacidad total de una persona, que sustituye la patria potestad de los padres para regir su persona y sus bienes.
La tutela puede recaer sobre la persona y bienes, siendo aplicable esta medida para los casos más graves, afectando a la administración de los bienes y al gobierno de la persona. Asimismo, puede existir la tutela parcial sobre bienes, salud u otros de manera que la medida sólo tiene afectación a determinadas actividades, manteniendo para el resto plena capacidad de obrar.
Procedimiento para el nombramiento de tutor/a
La tutela es declarada por el/la juez/a a través de la sentencia judicial dentro del proceso de incapacitación señalando en la misma la extensión y límites de la incapacidad estableciendo el régimen de tutela, pudiendo ser ésta total o parcial. En el caso de esta última la sentencia tiene que señalar específicamente los actos que el incapaz puede realizar autónomamente y en cual va a necesitar asistencia. Dicha sentencia se deberá inscribir en el Registro Civil y, si procede en el Registro de la Propiedad. En dicha sentencia se determinará la persona o institución que va a ejercer la tutela.
Personas que están sometidas a tutela
Están sometidos a tutela los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad, los incapacitados cuando la sentencia lo haya establecido y las personas sujetas a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta salvo que se estime y proceda la curatela.
Personas que pueden ser designados tutores
Pueden ser designados judicialmente tutores tanto personas físicas que tengan capacidad de obrar y esté en pleno uso de sus derechos civiles, así como personas jurídicas. que no tengan finalidad. Dentro de estas personas jurídicas pueden ser privadas, como fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y entre cuyos fines figure la protección de personas incapaces y públicas, siendo éstas entes de derecho público que además de ejercicio de la tutela y la defensa judicial de los presuntos incapaces desarrollan acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas tuteladas, la gestión de sus rentas y patrimonios y el fomento de sus derechos.
La designación de un cargo tutelar a una persona jurídica es subsidiaria y tiene un carácter extraordinario, al no existir o no proceder la designación a una persona física por no cumplir los requisitos de idoneidad. El titular de la tutela es la entidad designada, no recayendo sobre ningún miembro u órgano de forma específica.
Están privados de la posibilidad de ser tutores las personas privadas o suspendidas de la patria potestad, las personas que hubiesen sido removidos legalmente de una tutela previa, las personas condenadas a penas privativas de libertad en cualquiera de sus formas mientras permanezcan cumpliendo condena, las personas condenadas por delitos en sus distintas manifestaciones que puedan suponer un ejercicio inadecuado de la tutela, personas con imposibilidad manifiesta y absoluta de facto, las personas que pudiesen demostrar enemistad con el incapacitado, las personas que por su trayectoria vital manifiesten una conducta negligente o no tuviesen manera de vivir conocida, las personas que tuviesen conflictos de intereses, juicios o adeuden al incapacitado cantidades de dinero significativas, las personas concursadas y quebradas no rehabilitadas salvo que la medida de tutela sea sólo de la personal y las personas excluidas expresamente en testamento por los padres y madres o en escritura pública, salvo que el juez estime otra cosa en beneficio de la persona incapacitada.
Orden de asignación en el cargo de tutor
El Código Civil en su artículo 234 establece un orden que preferirá:
• Al designado por el propio tutelado, antes de declararse su incapacidad, en escritura pública notarial.
• Al cónyuge que conviva con el tutelado.
• A la persona o personas designadas por los padres en su testamento.
• Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.
Aun existiendo ese orden, el/la juez/a puede alterar el mismo teniendo potestad para, inclusive, prescindir de todas las personas señaladas si con esta decisión se beneficia a la persona incapacitada.
La autoridad judicial designa con carácter general a un solo tutor, aunque existen algunos supuestos en los que se permite la tutela plural:
- Cuando se nombra a un tutor para los bienes y otro para la persona, aunque actúan de forma independiente en el ámbito de sus competencias las decisiones que correspondan a ambos tienen que tomarles conjuntamente.
- En supuestos de designación testamentaria por el tutelado o los padres de este o en documento notarial.
- Cuando la tutela recaiga en la madre y el padre igual que la patria potestad.
- En el caso de que se designe a una persona como tutor de los hijos de su hermano y se determine que el cónyuge del tutor también ejerza la tutela.
El criterio fundamental a la hora de designación del tutor es el máximo beneficio del incapaz y su interés.
Aceptación y excusa del cargo de tutor
El/la Juez nombra a un tutor a través de una sentencia judicial. A partir de ese momento el tutor contrae unas responsabilidades para ejercer dicho cargo una vez haya tomado posesión del mismo a través de la firma y la aceptación. Existen unas causas de excusas por razones de edad, enfermedad, intereses contrapuestos, para la aceptación o rechazo del cargo que se deben probar documentalmente, testificalmente o por otros medios admitidos a prueba. En el periodo transitorio se debe seguir realizando las funciones, en el caso de que no realizara el juez o la jueza designará un defensor o defensora que lo sustituya.
El tutor ostenta la representación legal del tutelado en sus diferentes dimensiones supervisando y velando por los intereses del mismo. Las acciones del tutor permiten al tutelado la suscripción de escrituras, la contratación, solicitud de prestaciones, acceso a recursos sociales y valoración de situaciones de dependencia, discapacidad para el tutelado siempre que las firme el tutor actuando en su nombre. La protección se extiende a la esfera personal y patrimonial, en ambas esferas el tutor vela por la situación global del tutelado y actúa siempre en beneficio de este procurando su bienestar y gestionando los recursos oportunos que le pudiesen corresponder para una satisfactoria calidad de vida.
Estas funciones están supervisadas por el Juez o la Jueza y el Ministerio Fiscal de forma permanente y anualmente se solicita al tutor una rendición de cuentas y una información general del tutelado. Para la realización de ciertas acciones hay que solicitar autorización judicial previa:
- Internamiento al tutelado en un centro de salud mental, o de educación o formación especial.
- Vender o gravar bienes inmuebles (fincas, casas), establecimientos mercantiles o industriales (tiendas, comercios, fábricas), objetos preciosos (joyas, obras de arte) y valores mobiliarios (acciones o participaciones en empresas), excepto el derecho de suscripción preferente de acciones.
- Celebrar contratos en nombre del tutelado, o actos que deban inscribirse en el Registro de la Propiedad.
- Renunciar derechos, transigir o someter a arbitraje cuestiones en las que el tutelado estuviese interesado.
- Aceptar sin beneficio de inventario o repudiar una herencia u otras liberalidades.
- Interponer una demanda en nombre del tutelado, salvo que el asunto sea urgente o de escasa cuantía.
- Ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a 6 años.
- Dar y pedir dinero a préstamo.
- Disponer a título gratuito, o lo que es lo mismo sin recibir nada a cambio, de bienes o derechos del tutelado.
- Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra el tutor, o adquirir a título oneroso, es decir, mediante pago, los créditos de terceros contra el tutelado.
Las particiones de herencia y la división de la cosa común realizadas por el tutor, deben presentarse al Juez para su aprobación.
Obligaciones y derechos del tutor
El tutor tiene unas obligaciones y derechos vinculados con su cargo. Entre las obligaciones se encuentran:
- Hacer inventario de los bienes del tutelado, en los 60 días siguientes a aquel en que aceptó la tutela. Este inventario debe ser aprobado por el Juez, y contendrá todos los bienes y derechos propiedad del tutelado, así como las deudas y cargas de las que deba responder.
- Informar anualmente al juzgado de la situación personal y patrimonial del tutelado, y rendir la cuenta anual de su administración. En cualquier momento el juzgado puede exigir del tutor, que informe sobre la situación del incapaz.
- Rendición final de cuentas que deberá presentarse ante el juzgado al cesar en las funciones de tutor, en el plazo de los 3 meses siguientes.
Respecto a los derechos del tutor, este debe ser respetado y tratado correctamente por el tutelado. El tutor puede pedir el auxilio de la autoridad en el ejercicio del cargo. Puede tener el tutor derecho a una retribución, si el patrimonio del tutelado lo permite, siendo el Juez el que, previa solicitud del interesado, determina el importe de la remuneración en relación a la dedicación que se requiera y el valor y rentabilidad económica de los bienes del tutelado. En caso de que el cargo le ocasionara al tutor unos gastos por daños y perjuicios podrá ser resarcido e indemnizado con cargo a los bienes del tutelado.
Las causas de la extinción de la tutela son las siguientes:
- Cuando el menor de edad cumple 18 años, salvo que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.
- Por la adopción del tutelado menor de edad.
- Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.
- Cuando se hubiera originado la tutela por la suspensión o privación de la patria potestad, y el titular de ésta la recupere.
- Por fallecimiento del tutor y/o de la persona sometida a tutela.
- Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de incapacitación sustituyendo la tutela por la curatela.
Destitución del tutor
Pueden ser destituidas los tutores posteriormente al nombramiento promoviéndose la remoción del cargo si se producen incumplimientos en los deberes intrínsecos al cargo, por ineptitud evidente del ejercicio, si existen dificultades graves y continuadas de convivencia, por la incurrencia de algunos de los supuestos en los que imposibilita el cargo de tutor o el mal desempeño de la tutela. El proceso finaliza con el nombramiento de un nuevo tutor.
Es una institución de guarda sentenciada por el/la juez/a cuando se declara la incapacidad parcial de una persona. La curatela supone un complemento para la persona curatelada en su limitación en su capacidad de obrar consistente en la asistencia para ciertos actos señalados en la sentencia, la persona conserva un grado de autogobierno pudiendo realizar citas acciones con total autonomía.
El defensor judicial es la persona nombrada por el juez, previa tramitación del procedimiento oportuno, para ejercer, de forma provisional y transitoria, las funciones de representación y amparo de la persona incapaz para la protección de dicha persona y/o sus bienes, en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el curador, o cuando estos no existen.
Situaciones en las que se hace necesario el nombramiento de un defensor judicial
- Cuando existe un conflicto de intereses entre la persona incapacitada y sus representantes legales (padres o tutor), o curador.
- Cuando el tutor o el curador no ejercen sus funciones por cualquier causa, se hace necesario un defensor judicial hasta que desaparezca dicha causa o hasta que se nombre a otra persona que lo sustituya.
- El Ministerio Fiscal actuará como defensor judicial de la persona presuntamente incapaz, asumiendo su representación y defensa, durante el proceso judicial de incapacitación. Si el Ministerio Fiscal inicia el pleito y la persona presuntamente incapaz no comparece a defenderse en el plazo establecido, se hará necesario el nombramiento de un defensor judicial que la represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado.
Nombramiento y atribuciones del defensor judicial
Cuando la tutela es ejercida de forma conjunta por ambos padres y el conflicto existe sólo con uno de ellos, corresponde al otro ser defensor judicial y asumir las funciones de representación y amparo de la persona incapacitada.
En los demás casos, las personas que pueden ser defensores judiciales, las causas que impiden ser defensor judicial, las excusas para el ejercicio de la defensa judicial, y las obligaciones y derechos que conlleva el cargo, son las mismas que para el tutor y el curador.
Será el juez quien, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del tutor, del curador o de cualquier otra persona capaz de comparecer en juicio, nombre a la persona que considere
más idónea para ejercer el cargo.
En cuanto a las atribuciones, el defensor judicial tendrá las funciones que le designe el juez, dependiendo de las necesidades que motivaron su nombramiento. Su actuación puede ser necesaria para un asunto concreto o para ejercer la administración provisional de los bienes de la persona incapacitada. Si el defensor judicial sustituye transitoriamente al tutor, asumirá la guarda de la persona incapacitada y de sus bienes.
El defensor judicial debe rendir cuentas de su gestión al juez una vez haya concluido sus funciones.
Cuándo termina la defensa judicial
La defensa judicial se extinguirá cuando el defensor judicial haya concluido el cometido para el que fue designado o cuando el tutor o el curador de la persona incapacitada nombrado por el juez haya aceptado el cargo.
Guarda de hecho hace referencia a la situación en la que una persona diferente a los progenitores y que no ha sido designada por el juez, asume la protección de la persona y de los bienes de un menor o de una persona que no habiendo sido incapacitada judicialmente (y no estando, por tanto, sometida a tutela ni a curatela), es presuntamente incapaz. Se trata de familiares, vecinos, amigos u otras figuras, como centros asistenciales, que ejercen en la práctica las funciones de tutor o curador. La guarda de hecho permite que el juez pueda fiscalizar la actuación de estas personas, que se denominan guardadores de hecho.
El guardador de hecho no es el representante legal de la persona presuntamente incapaz, ni puede sustituirla en negocios patrimoniales ni en actos personales. Sin embargo, en el ámbito personal debe cuidar de ella preocupándose de su alimentación, asistencia médica y formación. En el ámbito patrimonial, el guardador de hecho debe administrar los bienes del presunto incapaz, pero no puede venderlos ni arrendarlos ni disponer de ellos de ninguna manera, si bien sí puede efectuar pagos ordinarios como los suministros de agua, luz o gas.
El guardador de hecho no está obligado a elaborar un inventario de los bienes de la persona a la que cuida ni a rendir cuentas anuales, aunque el juez puede pedirle un informe sobre la situación de la persona a la que cuida y sus bienes, y de su actuación respecto a ellos.
El guardador de hecho termina su función cuando la persona presuntamente incapaz recupera la razón o muere, o cuando por orden del juez sea sustituido por un defensor judicial, un tutor o un curador.
El Código Penal establece en su artículo 31 que a efectos penales se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma. El juez tiene que determinar la comprensión de la ilegalidad de la infracción o la consciencia de la ilegalidad por parte del infractor, lo que podrá derivar a una inimputabilidad en el caso del sujeto sea incapaz de entender su actuación en contra de las leyes. En relación con la intensidad de los efectos psicológicos de la alteración el Código Penal puede aplicar diversas eximentes si existe una incapacidad total, o si ni aun no siendo total la limita sustancialmente o si hay una intensidad menor en la imputabilidad. Dependiendo de esta intensidad puede llevar a la imposición de pena y medida de seguridad o no. Dichas medidas de seguridad pueden ser privativas de libertad como el internamiento médico o en un establecimiento para la atención de dicha enfermedad o sin ser privativas de libertad como el sometimiento a un tratamiento médico externo, obligación de residir en un lugar designado, prohibición de acudir a ciertos lugares o la incorporación a programas de tipo socio educativo.
En el caso de la responsabilidad civil es el juez, quien en cada caso concreto en base los criterios de imputabilidad observados por él, aprecia la responsabilidad civil de los actos del incapaz en su adecuada medida.
Puede darse la circunstancia de que la responsabilidad penal por un delito pueda conllevar una responsabilidad civil y por tanto afectar a los guardadores de hecho como a los guardadores legales (padres o tutores). En el caso de patria potestad prorrogada o rehabilitada y tutela de mayor de edad se exige que el incapaz mayor de edad conviva con el padre o tutor para poder exigirle legalmente con carácter subsidiario una responsabilidad civil.
En el Código Civil en artículo 1903 se señala que los tutores son responsables de los daños causados por menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía por lo que para que se le pueda exigir al tutor que responda se va a exigir necesariamente la convivencia con el causante. Asimismo, ha de apreciarse falta de diligencia presunta u objetiva por parte del tutor de manera que pueda demostrarse su participación en el hecho lesivo. Existen tres posibilidades respecto a la responsabilidad civil: que el guardador legal no responda con la diligencia que se le atribuye y el autor sea inimputable civilmente en este caso la responsabilidad recae en el guardador legal. También puede ser que el guardador legal no tenga la diligencia presumible y que el autor sí sea imputable civilmente entonces existen responsabilidades que concurren. Y, por último, puede ser que el guardador legal observe la diligencia debida y que el autor se le pueda considerar incapacitado civilmente por lo que se liberará de la responsabilidad civil a ambos.
Se establece legalmente a través de la Ley de protección patrimonial 41 /2003 en su artículo 9, la creación de la institución de la Autotutela que permite el nombramiento de un representante por parte de la propia persona interesada, mientras se conservan las facultades mentales, de manera que a través de la formalización en un documento notarial se expresa la voluntad de designar a la persona libremente elegida para el cargo de tutor en el caso que, previsiblemente haya que realizar ese trámite. El notario tendrá que comunicar de oficio la existencia de los documentos si los hubiere en el Registro Civil. El juez asimismo si se inicia un proceso de incapacitación recabará certificación del Registro Civil por si existieses dichos documentos. También puede iniciar el presunto incapaz el proceso de incapacitación en caso de que lo considere.
En los últimos años, en la Unión Europea se ha venido trabajando en la modificación de instituciones de protección como consecuencia de la aplicación de los acuerdos alcanzados en materia del Derecho internacional privado. En este sentido hay dos acontecimientos que han impulsado modificaciones en el ordenamiento jurídico de algunos de los países miembros.
En primer lugar, el Convenio sobre protección internacional de adultos aprobado el 13 de enero de 2000por la Conferencia de la Haya, basado en la cooperación administrativa.Este Convenio abordaba tres áreas: competencia, determinación de la Ley aplicable y reconocimiento y se extendía a todo tipo de medidas de protección, si bien el elemento determinante es la residencia habitual del adulto.Fue ratificado por siete Estados miembros de la Unión Europea y firmados, como signo político, por otros siete, entre los que no estaba España. Desde entonces se ha venido solicitando un acuerdo sobre la ratificación por todos los estados miembros que diese lugar a la universalización de medidas administrativas comunitarias en esta materia, que no se ha hecho efectivo. A consecuencia de esto, a día de hoy se siguen dando discrepancias en la protección internacional de adultos en el ámbito comunitario, producto de los diferentes marcos normativos de los estados miembros: aplicación de la legislación del territorio en que la persona se encuentre, disociaciones foro - derecho, o dificultades para aquellas medidas estables y duraderas en el tiempo.
Más recientemente, en 2008, la ratificación por España de la Convención de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ha supuesto el impulso de la adaptación del ordenamiento civil, obligando a los estados a realizar mejoras en la valoración de la capacidad y pasando de un modelo de sustitución de esta a otro más dinámico y flexible, centrado en generar los apoyos necesarios para favorecer la autonomía de las personas.
Estas medidas se han concretado en modificaciones de los ordenamientos jurídicos de algunos de los estados miembros y sus autonomías con capacidad para legislar en esta materia. En España, un ejemplo de esto sería la modificación del Título II del libro segundo del Código civil de Cataluña relativo a la persona y la familia, 1 de enero de 2.011
En 2004 nace en el Codigo Civil italiano la figura de Amministrazione di Sostegno (administrador de apoyo), una medida de protección y apoyo amplia, flexible y adaptada a las necesidades de las personas vulnerables y su patrimonio. Esta medida surge como alternativa a las dos existentes hasta el momento: inhabilitación (incapacitación parcial) e interdicción (incapacitación total).
En Alemania existe la figura de Curatela legal (RechtlicheBetreuung). La diferencia con otros modelos es que el cargo de curador siempre es remunerado, siendo el curatelado quien corre con los gastos, salvo que no disponga de ingresos suficientes, en cuyo caso será el estado quien asumirá el gasto.
Este sistema incorpora conceptos como el Poder anticipado para el caso de incapacidad (Betreuungsverfügung), similar a la Autotutela, y la Disposición del paciente (Patientenverfügung), en la que la persona deja constancia de sus deseos y valores en relación con tratamientos e intervenciones médicas.
Código Civil – 1889
Pallarés Neila, J y Pereña Vicente, M. (2016). Código de buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección jurídica. Fundación Manantial y Universidad Rey Juan Carlos.
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Ignacio Gomez Mañero
revisión de página: 1, última edición: 08 Mar 2017 17:00

References: artículo 13
 artículo 171
 resolución 
 artículo 234
 resolución 
 artículo 31
 artículo 1903
 artículo 9