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Timestamp: 2018-12-11 04:36:01+00:00

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Boletín 04/2011
Secretaria (E): ANA TORRES SARRIA
Relator: CARLOS ALFREDO VALVERDE MOSQUERA
En el 2011 han sucedido dos eventos de máxima importancia para la Jurisdicción y para la sociedad en general. Por un lado, el Encuentro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y, por otro, el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Lejos de los propósitos específicos de ambos certámenes, una circunstancia es bastante diáfana, el transcurrir del conocimiento científico respecto de lo jurídico hace que, cada vez más, las dos jurisdicciones se acerquen alrededor de una realidad inatajable: la prioridad de la aplicación de los principios, valores y reglas constitucionales en favor de los asociados. No de otra manera se explica cómo gran parte del contenido del Nuevo Código Administrativo que entrará a regir el próximo año, incorpore en su haber avances jurisprudenciales constitucionales y, de igual manera, el hecho de observar a nuestra Corte Constitucional en sintonía con el saber jurídico mundial, donde lo que podemos detallar es que el desarrollo constitucional del derecho responde a una evolución de naturaleza científica, y no a caprichos del juzgador.
De allí la importancia de que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa continúe realizando un detenido seguimiento e interiorización de estos importantes progresos jurídicos lo que le permitirá seguir situándose a tono con los avances del derecho.
Sin lugar a dudas, la entrega a la sociedad del Boletín 004 correspondiente a Octubre de 2011, refleja un contenido jurisprudencial valioso donde el Tribunal Administrativo del Cauca demuestra nuevamente su vocación, acorde con la renovación del derecho. Hemos venido incrementando en cada boletín el número de sentencias en razón de la alta producción que el Tribunal ha tenido, lo que acompañado a la multiplicidad de temas, amerita que el ciudadano conozca de primera mano, el trabajo de la Corporación. Esperamos que esta entrega les sea de especial utilidad.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
1. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/Decreto Municipal 00331 de 2008 /Puente deprimido del Barrio La Esmeralda/ Improcedente la acción por haber cosa juzgada mediante sentencia de acción popular. 20110042001. TOMAS MIGUEL BASTIDAS vs MUNICIPIO DE POPAYAN. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
2. ACCIÓN POPULAR/ Principio de Inmediación de la prueba /El juez de la acción popular es juez constitucional por lo que se le impone impulsar de oficio el procedimiento/El Personero municipal no tiene competencia para practicar inspecciones judiciales.
no tiene competencia para practicar inspecciones judiciales. 20100023301. SEBASTIÁN OROZCO MONTENEGRO VS MUNICIPIO DE MERCADERES. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
3. ACCIÓN POPULAR/Espacio público/Desastres previsibles/ Graderías en mal estado. 20100038201. MARINO SÁNCHEZ VS MUNICIPIO DE POPAYÁN. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
4. ACCIÓN POPULAR/ El ruido como agente contaminante/Tensión entre el derecho al credo, el derecho al medio ambiente sano y la intimidad familiar. 2010000101. WALTER ALBEIRO IPIA RENGIFO vs MUNICIPIO DE POPAYÁN, CORPORACION C.RC. y OTRO. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso Notarial/ Debido Proceso/ Se vulnera el debido proceso al modificarse unilateralmente el puntaje asignado al actor. 20110043300. GERSON AUGUSTO GUERRERO OTOYA vs SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y, CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la Tutela/ Para tratar asunto de inhabilidades de miembros de corporaciones públicas. 20110044000. EDGAR ISMAEL AGREDO ALEGRÍA vs Registraduría Nacional del Estado Civil, Concejo Municipal del Tambo - Cauca, y Procuraduría Provincial del Cauca/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
7. ACCIÓN DE TUTELA/Traslado de docentes/ Deben hacerse sin que implique privilegios frente a los demás docentes del Departamento. 20110038401. MAGALI MARGARITA BRAVO GÓMEZ vs DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. MP/ Hilda Calvache Rojas.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Internos/El INPEC es el primer obligado a garantizar el derecho a la salud de los internos. 20110037401. GEOVANNY COLLAZOS PLAZA vs INPEC. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Solicitud de traslado por enfermedad mental/ Derecho a la Salud/ No se vulnera por negativa de traslados ya que los mismos son competencia del INPEC. 20110030701. LUIS HERNÁN VIVEROS LARA vs INPEC/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/Derecho de petición/Cuando el interno se niega a ser notificado se debe dejar constancia. 20110046101/ CARLOS ALBERTO LONDOÑO GIRALDO Vs INPEC/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Fondo Ganadero del Cauca/ No hay vulneración de derechos de los accionistas individualmente considerados ya que los hechos guardan relación es con el régimen de insolvencia del Fondo, como persona jurídica. 2011-00315-01 JUAN MARTÍN ROSERO BALCÁZAR Y OTROS vs SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTROS/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Tratamientos para preservar la salud y la vida de la madre y del nasciturus/Dilaciones basadas en argumentos de trámites ante el Comité Técnico Científico/La carga administrativa le corresponde al médico tratante, no al usuario del servicio. 20110044400. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
13. ACCIÓN DE TUTELA/Concurso de méritos/ Nivel directivo Ministerio de Transporte/Las acusaciones por falta de transparencia en el concurso requieren de un análisis profundo del material probatorio que no es de la órbita de la tutela. 20110043100. CESAR ERNESTO SARZOSA PINO Vs MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Procedencia de la acción/ El actor no cuenta con otro mecanismo judicial para lograr que se le programe la Junta Médico Laboral. 20110044900. EISENHOWER RODRÍGUEZ VALENCIA vs DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Empresa de servicios públicos domiciliarios/ La tutela no puede utilizarse para determinar quién dañó un medidor de agua ni para buscar indemnización de orden patrimonial. 20110044601. MARÍA OMAIRA FERNÁNDEZ LÓPEZ vs MUNICIPIO DE POPAYÁN – SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/Derechos ciudadanos/Exclusiones de listados de partidos políticos/Las decisiones del Consejo Nacional Electoral son recurribles por vía administrativa, no por tutela. 20110043600. LUIS FELIPE CORTÁZAR DÍAZ vs REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
17. ACCIÓN DE TUTELA / Entes Universitarios Autónomos/la sanción impuesta por el Consejo de Facultad y la impuesta por el Grupo de Control Interno Disciplinario son de naturaleza diferente /No existe violación del debido proceso/La legalidad del fallo disciplinario debe controvertirse por vía ordinaria. 20110038901. GUSTAVO ZORRILLA VELÁSQUEZ vs UNIVERSIDAD DEL CAUCA. / MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
18. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la Acción/Pensiones/Fondo Pasivo Nacional de Ferrocarriles Nacionales/Deben aplicarse los precedentes de la Corte Constitucional expedidos en el 2011. 20110040001. JOSÉ ENRIQUE PAZ VALENCIA vs FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
19. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/Divergencias surgidas por las partes en un contrato de mutuo/Se debe acudir a las vías ordinarias. 20110048200. EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ SOLANO vs FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y OTROS/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
20. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la seguridad social en salud/ Nadie puede tener la doble calidad de cotizante y beneficiario. 20110042000. ELOISA DÍAZ CHAVES vs ISS y otro/ MP Hilda Calvache Rojas.
21. ACCIÓN DE TUTELA/ Aval de partido político/Improcedencia de la tutela/Existencia de otro mecanismo para proteger el derecho. 20110043200. JOSÉ JULIÁN MUÑOZ MOSQUERA vs REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. / MP Moisés Rodríguez Pérez.
22. ACCIÓN DE TUTELA/ Derechos de los Internos/ Redención de pena por trabajo/ No hay hecho superado por cuanto la Entidad no demostró que el interno estuviera vinculado a una actividad. Walter Guillermo Idrobo vs INPEC / MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
23. ACCIÓN DE TUTELA/ Subsidio de Vivienda para desplazados/ No puede exigírseles cargas que no le corresponden por ser sujetos de especial protección. 20110047100. Marby Córdoba vs Registraduría Nacional del Estado Civil - Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda” – Caja de Compensación Familiar del Cauca “Comfacauca” – Instituto Geográfico Agustín Codazzi. / MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
24. ACCIÓN DE TUTELA / Concurso de Méritos/ Inaplicabilidad del Acto Legislativo 04 de 2011 por no cumplir el actor sus requisitos. 20110043000. James Quiñones Hoyos vs Comisión Nacional del Servicio Civil/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
25. ACCIÓN DE TUTELA / Derecho de Petición/ Procedencia de la tutela/ para proteger el derecho de petición dentro de solicitudes encaminadas a obtener el pago de prestaciones sociales. 20110048500. Anibal Fidel Muñoz López vs Ejército Nacional – Dirección de Prestaciones Sociales / MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
26. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ No hay violación del Debido Proceso, ni vía de hecho por cuanto se interpuso un recurso judicial en vía ordinaria sin el acompañamiento del debido poder. 20110048800. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL vs JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN. / MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
27. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho de petición/ Dirección de Sanidad del Ejército/Renuencia para expedir órdenes de apoyo. 20110044200. EDUAR ALEXANDER CRUZ MONTENEGRO vs DIRECCION DE SANIDAD - EJERCITO NACIONAL/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
28. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Selección Objetiva/Carencia de pruebas/ El juez no puede suplir la carga procesal que le corresponde al actor. 20000378400. PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA vs Cauca. /MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
29. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Ocurrencia de siniestro/ debe acaecer dentro del término de vigencia de la póliza para que pueda ser exigido de manera unilateral por la Administración. 20060105000. SEGUROS DEL ESTADO S.A. vs INVÍAS/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
30. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Liquidación bilateral/ El contratista no especificó en qué consistió el incumplimiento de la Entidad contratante. 200402411801. HERNAN VARONA vs MUNICIPIO DE POPAYÁN/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
31. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Convenio entre la CRC y el Municipio de Popayán/ No existe obligación dineraria a cargo de ninguna de las entidades públicas, por cuanto no hubo ejecución tal como se había pactado. 200402551 00. CRC vs MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
32. EJECUTIVO/ Findeter – Ente territorial municipal/ Falta de competencia de la administración para producir el título que sirve de base al presente proceso ejecutivo. 20060001802. FINDETER S.A. vs MUNICIPIO DE PAÉZ/ MP. Hilda Calvache Rojas.
33. EJECUTIVO/ Fallo judicial que ordenó el reajuste de la asignación de retiro/Prima de actualización/Carácter temporal/ No es procedente continuar con la ejecución. 20080036101. AGUSTIN SALAZAR CUASTUMAL vs CAJA DE SUELDOS DE LA POLICÍA NACIONAL/ MP. Hilda Calvache Rojas.
34. EJECUTIVO/Excepción de ilegalidad/Falta de competencia de la administración para producir el título que sirve de base al proceso ejecutivo. 20060000801. FINDETER S.A. vs MUNICIPIO DE PADILLA/ MP. Hilda Calvache Rojas.
35. REPARACIÓN DIRECTA/ Conscriptos/ Régimen objetivo de responsabilidad/ Riesgo excepcional por enviarlo a prestar servicio obligatorio militar a una población que se encuentra en situación constante de riesgo. 20070010200 Edwin Adrian Palechor Cruz y Otros vs Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
36. REPARACIÓN DIRECTA / Responsabilidad por incumplimiento de fallo judicial/Término de caducidad/ Se cuenta una vez vencido el término con que contaba la Administración para cumplir la sentencia. 2008009400. Nelsi Nemesia Hinestroza Caicedo vs La Nación – Ministerio de Educación Nacional, Departamento del Cauca y Municipio de Guapi/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
37. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/ Expediente aportado parcialmente y en copia simple no puede ser valorado. 20080017400. NICOMEDES TORRES CANDELO vs. NACIÓN/FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. /MP. Moisés Rodríguez Pérez.
38. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/Al no demostrase la existencia del daño antijurídico, no se requiere analizar más elementos de responsabilidad. 20070012500. CIRO ARTURO CALAMBAS PAJA Y OTROS vs NACIÓN/ /FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN/ RAMA JUDICIAL/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
39. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/ Nadie puede permanecer privado de la libertad bajo premisas no claras dentro de la investigación penal. 20050150800. LUIS CARLOS DAZA PERAFAN Y OTROS vs NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN/MP. Hilda Calvache Rojas.
40. REPARACIÓN DIRECTA/Caducidad de la acción/ La actualidad del hecho dañoso no altera el inicio del término de caducidad de la acción. 20050059401. JOSEFINA VIDAL DE RIVERA y OTROS vs MUNICIPIO DE POPAYÁN – EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
41. REPARACIÓN DIRECTA/ Perjuicios morales y materiales/Debe reconocerse el 100% cuando se trata del interés superior del menor. 20040005901. / MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
42. REPARACIÓN DIRECTA/Accidente de tránsito/Vehículo de la Policía Nacional/ Responsabilidad/ Contexto fáctico ligado a la actividad de la Administración/ Culpa exclusiva de la víctima no demostrada/ Debilidad probatoria/testimonios no confiables, sin que otra prueba los corrobore. 20070048600. Carmen Reyes de Collazos y Otros. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
43. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación Injusta de la libertad/ Carácter fundamental del derecho a la libertad/ La presunción de inocencia es un principio universal que milita a favor del sindicado desde el inicio de la investigación penal. 20070014500. Jesús Samir Burbano Collazos vs La Nación – Fiscalía General de la Nación/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
44. REPARACIÓN DIRECTA/Privación Injusta de Libertad/La falta de identificación e individualización del presunto autor impide la vinculación de personas a un proceso penal. 20070013400. AFRANIO QUIÑONES CHITO Y OTROS Vs NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL/ MP. Hilda Calvache Rojas.
45. REPARACIÓN DIRECTA/ Negocios realizados respecto de bienes embargados/La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos obró correctamente ya que al cancelar el contrato de compraventa lo hizo con base en orden expedida por la Fiscalía General de la Nación/No se demostró daño antijurídico. 20050127801 JENNY MERCEDES ORDOÑES Y OTROS vs NACION MININTERIOR Y JUSTICIA – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO/MP. Moisés Rodríguez Pérez.
46. REPARACIÓN DIRECTA/ Apertura ilegal de programas académicos/ Es responsabilidad del ICFES y del Ministerio de Educación. 20030113300. JOSÉ RODRIGO OROZCO NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES Y LA UNIVERSIDAD LIBRE/ MP. Hilda Calvache Rojas.
47. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/los registros no verificados de la SIAN, no sirven para retener a la persona. 20080026700. BLAS FRANCISCO FERNANDEZ vs NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
48. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/ Diferencias entre la alteración grave de las condiciones de existencia y el daño moral. 20070030400. ALBEIRO GUAMANGA JIMENEZ y otros vs NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL. / MP. Hilda Calvache Rojas.
49. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Concurso de Méritos/Sena/En los cargos de libre nombramiento y remoción sujetos por el legislador al sistema de concurso, su elección debe regirse por el mérito. 20040221501. CÉSAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE vs SENA / MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
50. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Procesos de Responsabilidad Fiscal/ Contraloría Municipal/El actor no probó violación al debido proceso. 20010133900 / MP. Hilda Calvache Rojas.
51. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Prestaciones sociales/Aplicación del Decreto 3572 de 2003 a empleado de la Registraduría Nacional. 20050096501. OMAR JAIRO NARVÁEZ LEDEZMA vs REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
52. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Prima técnica/No aplica para empleados de la rama judicial. 20050136601. BERNARDO JORDAN MANZANO vs NACIÓN – RAMA JUDICIAL / MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
53. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Renuncia del cargo/ No se demostró que la renuncia del cargo de personero tuviese vicio de consentimiento alguno. 20050183001. HÉCTOR ARMANDO TORRES ORDÓÑEZ vs MUNICIPIO DE ARGELIA/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
54. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pensiones/Régimen Especial del DAS/ La prima de riesgo no constituye factor salarial/Los viáticos constituyen factor salarial siempre y cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio. 20080041101. INOCENCIO MELLIZO COLLAZOS vs CAJANAL. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
55. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pensión Gracia/Se deben incluir todos los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a la consolidación del derecho/La reliquidación solo es posible respecto de los factores devengados al momento de la consolidación del status y no en la época del retiro del servicio. 20100010701. NOHORA TERESA AGUIRRE MUÑOZ vs CAJANAL. / MP. Hilda Calvache Rojas.
56. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Actos de sanción municipal en materia de licencias de construcción/ Al declararse la ilegalidad del acto administrativo, la Administración debe devolver lo pagado/Debe demostrarse la totalidad de los perjuicios. 20050133101. ELBA CRISTINA SANCHEZ DE GONZÁLEZ vs MUNICIPIO DE POPAYÁN. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
57. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación de pensión/ Empleado INPEC/Los factores salariales son los del Decreto 1045 de 1978. 20050152501. OSCAR HERNANDO RIVERA vs CAJANAL/ MP. Hilda Calvache Rojas.
58. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Presunta sustracción ilegal del pago de valores adeudados al Hospital Universitario por parte de la Dirección Departamental de Salud del Cauca/Carencia de elementos probatorios. 20080017600. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA E.S.E. vs DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA hoy liquidada Y OTROS. / MP. Moisés Rodríguez Pérez.
59. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Reliquidación de Pensiones/ Funcionario de la Rama judicial/ Se debe reliquidar en un monto equivalente al 75 % con la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios y con inclusión de todos los factores salariales devengados. 20090042801. OSCAR ARMANDO BURBANO PEREZ vs CAJANAL/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
60. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Prima de actualización/ Carácter temporal/No puede ser tomada como factor de reajuste después de 1995. 2004024680001. GENIS DARIS LÓPEZ LEDEZMA vs CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL/ MP. Hilda Calvache Rojas.
61. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Asignación de retiro/Se trata de una prestación periódica. 20060063301. JULIO ARCENIO TORRES RODRIGUEZ vs CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
62. SALVAMENTO DE VOTO/ Asignación de retiro/ Se requería hacer un análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste y no limitarse a comparar porcentajes de ajuste anual. 20060063301. JULIO ARCENIO TORRES RODRIGUEZ vs CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL. Magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado.
Sentencia: 22 de septiembre de 2011
Expediente: 20110042001
Tema Tratado: Decreto Municipal 00331 de 2008 /Puente deprimido de la Esmeralda/ Improcedente la acción por haber cosa juzgada mediante sentencia de acción popular.
“Esta corporación, tiene como hecho notorio que la entidad territorial dio cumplimiento al Decreto 00331 del 7 de octubre de 2008, de hecho que hoy día existe en pleno funcionamiento el puente deprimido, para lo cual se debió haber recuperado el espacio público de la esmeralda, censando a los comerciantes quienes demostraron estar cubiertos del principio de la confianza legitima, y a quienes les fue resuelto en forma definitiva la reubicación o la compensación económica. Por lo tanto, no hay lugar a ordenar el cumplimiento de un acto administrativo del cual fue expedido por la entidad municipal, para lograr el último fin que fue la construcción del puente deprimido de la carrera 17 de la ciudad de Popayán, cuando hoy, tres años después de iniciada la obra, ésta se encuentra totalmente construida. Es de anotar, que por Secretaria de esta Corporación, la Jurisdicción conoció de una acción popular propuesta por ciudadanos, quienes solicitaron detener la construcción de la obra pública (…) Por lo expuesto, y al tenor del artículo 7 de la ley 393, esta Corporación encuentra que la acción de cumplimiento propuesta resulta improcedente, en lo tratante a la recuperación del espacio público, por cuanto este asunto fue resuelto por esta Corporación mediante Sentencia del 12 de octubre de 2000, que a la fecha se encuentra ejecutoriada y, por lo tanto, con tránsito a cosa juzgada”.
Sentencia: 19 de septiembre de 2011
Expediente: 20100023301
Tema Tratado: Principio de Inmediación de la prueba /El juez de la acción popular es juez constitucional por lo que se le impone impulsar de oficio el procedimiento/El Personero municipal no tiene competencia para practicar inspecciones judiciales.
“Observado el expediente, se encuentra que la parte demandante no aportó ninguna prueba, y sólo se limitó a solicitar la práctica de la inspección judicial en el municipio en cuestión. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante auto interlocutorio 1028 (fl. 1 del cuaderno de pruebas), ordenó oficiar al Personero municipal de Mercaderes – Cauca, para que a través de una inspección certificara si existía continuidad en los andenes para la libre locomoción de los peatones y si están adecuados para el tránsito de discapacitados en sillas de ruedas. Para la Sala, el A quo desconoció los deberes que su papel de Juez constitucional le impone para impulsar de oficio este tipo de acciones fundamentales para defender los derechos colectivos de los ciudadanos; en este caso no solo negó la única prueba eficiente para verificar la vulneración, cual era la constatación directa del juez, sino que además ordenó practicarla al personero municipal, que es un funcionario que no tiene competencia, ni para obrar como perito ni como funcionario judicial. Sin embargo el error del A quo, quedó subsanado, al guardar las partes silencio frente al auto que así lo decretó, y en consecuencia el proceso quedó huérfano de prueba válida para demostrar lo alegado por el actor. De esta manera, y dada la nula actividad probatoria de la parte demandante, la Sala no cuenta con elementos de juicio de los cuales se infiera que, la falta de continuidad de los andenes del municipio de Mercaderes – Cauca, esté conculcando los derechos colectivos al goce del espacio público a las personas con discapacidad y a las personas de la tercera edad. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas”.
Expediente: 20100038201
Tema Tratado: Espacio público/Desastres previsibles/ Graderías en mal estado.
“En tal virtud el ser humano individualizado y la comunidad de una región en general, tienen derecho a vivir libre de peligros y riesgos públicos, razón por la cual no deben ser expuestos, a sabiendas, a daños contingentes capaces de afectar su integridad personal o patrimonial, máxime cuando ellos pueden ser previsibles y prevenibles. Dicha gradería es parte del espacio público y por lo tanto un bien de uso público, las cuales al estar en malas condiciones estarían atentando contra la seguridad de los ciudadanos que transitan a diario por dicha zona, siendo el municipio de Popayán quienes deben por velar por la seguridad, por un goce del espacio público y su utilización, por un mínimo de condiciones básicas en cuanto a la prestación de los servicios públicos es por tal saber que se puede corroborar lo que dice el actor que al no tener la debida señalización, ni las barandas o soportes, ni el debido mantenimiento que se debe tener ya que se encuentran al intemperie lo cual se hace aun más riesgoso, razón por la cual encontramos que si se han vulnerado los derechos colectivos”.
Expediente: 2010000101
Tema Tratado: El ruido como agente contaminante/Tensión entre el derecho al credo, el derecho al medio ambiente sano y la intimidad familiar.
“En consecuencia, la Sala estima que en nuestra legislación, el ruido es considerado un agente contaminante del medio ambiente, como se desarrolla el tema en el Decreto 2811 de 1974, Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud y Decreto 948 de 1995, que establece la contaminación atmosférica por emisión de ruido y a su vez recientemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió la Resolución No 0627 de 2006 (7 de abril) “por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”, en que se establecieron estándares para las emisiones sonoras, dependiendo del sector y para el sector residencial mantuvo los máximos permitidos por la Resolución 8321 de 1983. Si bien es cierto conforme a la estructura del estado, cada rama del poder público actúa de manera independiente, pero no bajo una independencia absoluta, sino una independencia coordinada bajo los postulados constitucionales “de los fines esenciales del Estado”, como es la de ..”asegurar la convivencia pacífica”. No es posible acceder a las pretensiones de la apoderada del Municipio quien solicita se desvincule al MUNICIPIO DE POPAYAN, frente al caso en estudio, por cuanto como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde entre otras obligaciones Constitucionales las de “ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”, razón por la cual, debe tomar las medidas que sean necesarias para evitar que los habitantes del barrio de Santa Inés sigan siendo contaminados con el ruido que produce la Iglesia Iglesia Cuadrangular Cristiana. Resulta atinada la aseveración del juez de primera instancia, cuando manifiesta que la Administración Municipal fue negligente al no tomar medidas extremas ante las quejas reiteradas de la comunidad, por la contaminación por ruido generada en los cultos de la Iglesia Cuadrangular Cristiana, razón por la cual se ha de confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”.
Sentencia: 05 de septiembre de 2011
Expediente: 20110043300
Tema tratado: Concurso Notarial/ Debido Proceso/ Se vulnera el debido proceso al modificarse unilateralmente el puntaje asignado al actor.
“Encuentra la Sala que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, realizó la publicación de la lista de admitidos para el concurso para el ingreso a la carrera notarial (convocado mediante el Acuerdo 011 de 2010). La publicación se hizo mediante el Acuerdo 003 de 2011, en el cual le fueron asignados al actor, por análisis de antecedentes, un total de 50 puntos para notarías de primera y segunda categoría, y de 41 puntos para notarias de tercera categoría. Posteriormente, ese puntaje fue confirmado mediante Resolución 0143 de junio 8 de 2011 (fl. 22), proferida por el Superintendente de Notariado y Registro, en donde se le indica al actor que efectivamente fue admitido al concurso público y abierto, para el nombramiento de notarios e ingreso a la carrera notarial, y que no hay lugar a modificar los 50 puntos que obtuvo para notarias de primera y segunda categoría, y los 41 puntos para notarias de tercera categoría. Luego, el Consejo Superior de la Judicatura, en el mismo acuerdo que publicó los resultados de las pruebas de conocimientos (Acuerdo 008 de 2011), decidió modificar unilateralmente el puntaje asignado al actor inicialmente, bajo argumento de la existencia de un error aritmético. Sin embargo, en el referido Acuerdo, no indica cuáles fueron las circunstancias o las razones para que se haya incurrido en el error en la cuantificación de los puntos, sino que se limita a afirmar que hubo un error y que deben modificarse los puntajes. Encuentra la Sala que antes de la publicación del Acuerdo 008 de 2011, ya se habían revisado los puntajes del señor GUERRERO OTOYA; y en la Resolución 0143 del presente año se le indicó que no existía razón para modificar los resultados obtenidos en el análisis de antecedentes (50 puntos para notarias de primera y segunda categoría, y 41 puntos para las de tercera), ratificándosele que se iba a mantener su puntaje. En vista de lo anterior, el actor tenía la convicción de que el puntaje asignado a él, en el Acuerdo 03 de 2011, era el que efectivamente había obtenido para efectos del concurso en el cual se encuentra participando, y por tanto ya tenía unos derechos adquiridos respecto de los mismos. No obstante lo anterior, el Consejo Superior de la Carrera Notarial a través de Acuerdo 08 de 2011, bajo la simple afirmación de la existencia de un error aritmético, redujo el puntaje de 50 a 45 en el ítem de análisis de antecedentes del actor; ello se configura en una violación al debido proceso, en tanto no existe la motivación suficiente para fundar la modificación de los resultados. Aunado a ello, se tiene que, en la Resolución 4376, que resolvió el recurso instaurado por el actor contra el Acuerdo 08 de 2011, tampoco se indican las causas de la modificación de los resultados. Así las cosas, se observa que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, desconoce un acto propio, que había generado una situación de carácter concreta y particular en el señor GERSON GUERRERO OTOYA, afirmando que existió un error aritmético, sin exponer las razones o las causas de la existencia del mismo; situación que se hace evidente cuando la calificación inicial ya había sido revisada sin haber sido objeto de modificaciones. Por tanto, se atenta de forma flagrante en contra del derecho fundamental al debido proceso del actor, pues el puntaje asignado a él durante el trámite del concurso, incide directamente en su lugar de ubicación dentro de la lista de elegibles que finalmente se produzca”.
Sentencia: 12 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110044000
Tema Tratado: Improcedencia de la Tutela / Para tratar asunto de inhabilidades de miembros de corporaciones públicas.
“Tal como antes se expresó, para situaciones en que un miembro de corporación pública incurrió en una aparente causal de inhabilidad sobreviniente, están las acciones pertinentes enunciadas. En este caso, se informó que se ha presentado la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, y según el informe de la Procuradora Provincial de Popayán (fl. 76), dicho proceso se encuentra en trámite; de donde se concluye que no existe decisión administrativa o judicial que haya declarado la inhabilidad sobreviniente del señor PEDRO NOEL SÁNCHEZ OROZCO para ejercer el cargo de concejal del municipio del Tambo – Cauca, y que por tanto, haya consolidado el derecho del accionante a ser llamado a suplir la vacante. Por tanto, ante la existencia de acciones principales disciplinarias en curso, y la de pérdida de investidura, que puede ser ejercida en cualquier tiempo, para la declaratoria de la inhabilidad sobreviniente, y el consecuente retiro del cargo, de quien se pretende reemplazar, la tutela se torna improcedente. En este caso, no se ha demostrado que el proceso disciplinario, no sea el mecanismo adecuado para obtener los objetivos pretendidos por el actor, como tampoco que exista un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional en reemplazo del funcionario disciplinario o del juez de pérdida de investidura. La simple expectativa de ser llamado a reemplazar a un elegido que posiblemente sea sancionado con el retiro de su curul o una causal de inhabilidad, que está en discusión, tampoco puede considerarse como una amenaza a un derecho fundamental, que amerite la procedencia de la tutela. Con fundamento en lo expuesto, la Sala procederá rechazar por improcedente la acción incoada por el señor EDGAR ISMAEL AGREDO ALEGRÍA”.
Sentencia: 02 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110038401
Tema Tratado: Traslado de docentes/ Deben hacerse sin que implique privilegios frente a los demás docentes del Departamento.
“En efecto, en la Resolución 04763-05 de 2011 se observa que el Gobernador del Cauca delegó en la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento la facultad de trasladar discrecionalmente a los docentes del Departamento cuando la necesidad del servicio educativo lo requiera. Así mismo, se lee que por recomendación del Comité de Salud Ocupacional del Departamento del Cauca es necesario trasladar a la docente a un lugar con fácil acceso al transporte y sobre la vía pavimentada, dado que su ubicación actual en la Institución Educativa EL TUNEL en el municipio de Cajibío no cuenta con dicha característica (…) Habiéndose estudiado el instrumento anterior, la Sala observa que no hay vicios o capricho en el traslado, en la medida en que era la única vacante que podía ajustarse a las necesidades de la demandante pues no se puede desarticular todo el sistema de docentes en el sector educativo solo por el hecho que la accionante prefiera estar cerca de la ciudad de Popayán, ya que ello sería otorgarle un privilegio violatorio del derecho a la igualdad frente a los demás docentes del Departamento del Cauca”.
Sentencia: 16 de septiembre de 2011
Expediente: 20110037401
Tema Tratado: Derecho a la salud/ Internos/El INPEC es el primer obligado a garantizar el derecho a la salud de los internos.
“A folio 17 del expediente el 30 de junio de 2011 se consigna el concepto de turno para cirugía de mano del interno GEOVANNY COLLAZOS PLAZA dadas sus condiciones de salud y a folio 15 en los exámenes solicitados se refiere una interconsulta médica especializada ambulatoria o intrahospitalaria traumatología. A folio 24 el día 1º de julio se encuentra que al interno tutelante se le da salida del HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA por motivos de seguridad que aduce el personal del INPEC, con la advertencia de que en la siguiente semana sea trasladado nuevamente al centro hospitalario para una valoración por cirugía de mano, sin que hasta la fecha se acredite tal valoración ordenada por el médico tratante, lo que ocasiona que se agrave el estado de salud del recluso accionante. Por su parte, el Médico Coordinador de Sanidad del INPEC traslada la responsabilidad a CAPRECOM EPS, indicando que esta entidad es la encargada de prestar exclusivamente el servicio de salud (fl. 29), lo cual desconoce que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC es el primer obligado a garantizar el derecho a la salud de los internos, adelantando las gestiones que sean necesarias ya que evidentemente los reclusos se encuentran en imposibilidad física de acudir a la respectiva EPS para reclamar la prestación del servicio de salud. Lo anterior, lleva a la Sala a la convicción de que en el presente caso no se le ha garantizado al actor la prestación del servicio de salud por parte del INPEC que pretende sustraerse de su responsabilidad trasladándola a CAPRECOM EPS, sin que se observe una real preocupación por el interno, menoscabando su derecho a la salud; por su parte CAPRECOM E.P.S. no acredita que haya expedido las respectivas órdenes de apoyo o autorizaciones para la valoración médica requerida”.
Sentencia: 21 de septiembre de 2011
Expediente: 20110030701
Tema tratado: Internos/ Solicitud de traslado por enfermedad mental/ Derecho a la Salud/ No se vulnera por negativa de traslados ya que los mismos son competencia del INPEC.
“De lo anterior concluye la Sala que el INPEC ha venido suministrando la atención médica necesaria para atender la patología sufrida por el demandante, y que además, cumplió con lo ordenado en el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, el cual establece que una vez identificado un caso de enajenación mental en un interno, la dirección debe solicitar concepto médico para establecer si existe la necesidad del traslado; el cual, resultó con concepto no favorable para la reubicación en otro centro penitenciario o en un establecimiento psiquiátrico. En tal sentido, la Sala no puede ordenar la realización de un traslado como lo sugiere el actor, por cuanto, existen unos procedimientos y requisitos, tanto legales como jurisprudenciales, para que se pueda proceder de tal manera; y en virtud de ello, no se pueden invadir la funciones que son de competencia del INPEC, máxime cuando ya se ha emitido un concepto de parte de un especialista en psiquiatría que denegó la solicitud de traslado. Aún así, la Sala considera viable que al actor se le realice una nueva valoración, a fin de determinar si las condiciones de su salud mental ameritan el traslado a un sitio distinto de reclusión”.
Sentencia: 27 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110046101
Tema tratado Internos/Derecho de petición/Cuando el interno se niega a ser notificado se debe dejar constancia.
“Resulta entonces oportuno insistirle al señor Director del INPEC-EPCAMS Popayán, que en el futuro se sirva dar respuesta de fondo a las peticiones de los internos y estas sean notificadas dentro de los plazos previstos de la normatividad Vigente. Y dado el caso que el interno se niegue a recibir la respuesta, tal y como lo planteó en el caso en estudio, con la presencia de dos testigos, deberá dejar la respectiva constancia sobre la negativa misma, surtiéndose así la notificación y no por edicto como lo refiere la Juez de Primera Instancia. Para el caso del señor CARLOS ALBERTO LONDOÑO GIRALDO; igualmente resulta pertinente conminarlo, para que se “abstenga de negarse” a recibir las decisiones del INPEC, máxime cuando es él mismo interno quien propone la petición”.
Sentencia: 30 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110031501
Tema tratado: Debido proceso/ Fondo Ganadero del Cauca/ No hay vulneración de derechos de los accionistas individualmente considerados ya que los hechos guardan relación es con el régimen de insolvencia del Fondo, como persona jurídica.
“Así conforme a lo expuesto no se observa una vulneración del debido proceso de los accionistas individualmente considerados y que interponen esta tutela a nombre propio, puesto que los hechos que fundamentan un desconocimiento del derecho referido, guardan una relación es con el régimen de insolvencia aplicado al deudor, que es la persona jurídica FONDO GANADERO DEL CAUCA S.A. EN LIQUIDACIÓN. Sin embargo, no es procedente en este proceso analizar una vulneración de derechos fundamentales de la persona jurídica, FONDO GANADERO, que si se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales pudo impetrar la acción de tutela pero a través de su representante legal, que es el único autorizado para intentar la acción directamente o conferir poder a nombre de ella. Adicionalmente, se debe precisar que si se pretende controvertir una de las decisiones adoptadas por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en relación con la reorganización empresarial y la liquidación judicial, se debe tener en cuenta que la naturaleza de sus decisiones es jurisdiccional y por ende para estudiarlas en una acción de tutela se deben cumplir los requisitos generales y específicos señalados por la jurisprudencia constitucional”.
Sentencia: 5 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110044400
Tema tratado 1: Derecho a la salud/ Tratamientos para preservar la salud y la vida de la madre y del nasciturus/Dilaciones basadas en argumentos de trámites ante el Comité Técnico Científico/La carga administrativa le corresponde al médico tratante, no al usuario del servicio.
“De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se puede determinar que efectivamente la accionante requiere la práctica de una “ecografía genética” y conforme a lo indicado por el médico tratante se amerita tal examen, teniendo en cuenta que se está ante un embarazo de alto riesgo, pues la demandante sufre de convulsiones y debe tomar un medicamento con un alto riesgo de teratogénesis (malformaciones ocasionadas al feto por los fármacos), como se corrobora en la solicitud de autorización de servicios médicos y prestaciones de salud NO POS y la historia clínica (fls. 5 y 6). De lo anterior la Sala establece que si bien se trata de un examen que no hace parte del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial (Acuerdo No. 002 del 27 de abril de 2001), es un examen que se requiere de manera prioritaria pues permite seguir un plan de tratamiento para preservar la salud y la vida de la madre y del nasciturs, atendiendo las complicaciones de la mujer gestante que impetra esta tutela, que por su condición conforme al art. 43 Constitucional goza de especial protección y asistencia del Estado”.
Tema tratado 2: Derecho a la salud/ Dilaciones basadas en argumentos de trámites ante el Comité Técnico Científico/La carga administrativa le corresponde al médico tratante, no al usuario del servicio.
“Frente al argumento de defensa de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, relacionado con que a la accionante no se le ha negado el servicio sino que se le ha indicado que se va a adelantar el trámite del Comité Técnico Científico y que se requiere que este Tribunal le informe a la usuaria que debe acudir al Dispensario para llevarlo a cabo, se establece que tal argumento es sólo una muestra del trato dilatorio y renuente a cumplir con la autorización de la ecografía ordenada, por cuanto el médico tratante es quien debe solicitar ante el Comité Técnico Científico, los medicamentos, exámenes o procedimientos que no están en el Plan de Servicios sin que se pueda imponer a la usuaria una carga administrativa que le corresponde al médico tratante”.
Sentencia: 01 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110043100
Tema Tratado: Concurso de méritos/ Nivel directivo Ministerio de Transporte/Las acusaciones por falta de transparencia en el concurso requieren de un análisis profundo del material probatorio que no es de la órbita de la tutela.
“A la fecha de interposición de la presente acción de tutela, la Sala observa que ya se nombró a la señora MARÍA LOURDES salazar bolaños en el cargo de Directora Territorial Cauca del Ministerio de Transporte, como consecuencia del concurso de méritos desarrollado para su selección. Por ende aplicando la jurisprudencia constitucional se determina que excepcionalmente procederá esta acción de tutela si se observa una violación de bulto de los derechos fundamentales, como sería el caso de que el actor haya ocupado el primer lugar y se le haya dejado de nombrar. No obstante, en este asunto como lo refiere el señor CESAR ERNESTO SARZOSA PINO, tuvo uno de los mejores puntajes, pero no ocupó el primer lugar; ahora las presuntas irregularidades que señala en el escrito de tutela, requieren un análisis profundo del material probatorio y de la legalidad de las actuaciones adelantadas para proveer el cargo de Director Territorial Cauca del Ministerio de Transporte, porque las acusaciones del accionante pretenden plantear una falta de transparencia en el desarrollo del concurso, juicio que no se puede establecer de manera evidente en esta acción, siendo algo propio de un proceso ordinario”.
Sentencia: 13 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110044900
Tema Tratado: Derecho a la salud/Procedencia de la acción/ El actor no cuenta con otro mecanismo judicial para lograr que se le programe la Junta Médico Laboral.
“De esta forma, el actor expone unos hechos sobrevinientes que presuntamente demuestran el agravamiento de su estado de salud, lo que implica que con el derecho de petición presentó una solicitud de nueva Junta Médico Laboral que se puede elevar en cualquier tiempo si hay hechos que la justifiquen como se expone en el presente caso, lo que demuestra que se está omitiendo la obligación de la institución militar de practicar la unta Médico Laboral por solicitud del afectado conforme al numeral 5º del artículo 19 del Decreto No. 1796 de 2000. Ante esta situación es procedente la acción de tutela debido a que el actor no cuenta con otro mecanismo judicial para lograr que se le programe la Junta Médico Laboral y como su no realización constituye una violación del debido proceso y del derecho de petición, con el fin de que se establezca la posible deficiencia física del accionante que presuntamente esté presentando, se le ordenará al DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia programe fecha y hora para llevar a cabo la Junta Médico Laboral, la cual deberá realizarse dentro de un término máximo de un mes contado a partir de la notificación del fallo teniendo en cuenta todos los conceptos médicos y documentos allegados mediante escrito recibido en la entidad accionada el 1 de agosto de 2011. En caso de que la práctica de la Junta Médica se programe en la ciudad de Bogotá, se deberá suministrar con anterioridad al accionante lo necesario para su desplazamiento”.
Expediente: 20110044601
Tema Tratado: Improcedencia de la acción/ Empresa de servicios públicos domiciliarios/ La tutela no puede utilizarse para determinar quién dañó un medidor de agua ni para buscar indemnización de orden patrimonial.
“(…) se observa que la usuaria se encuentra inconforme frente a esta obligación por considerar que los daños del medidor fueron causados por terceros y no por ella, pero la acción de tutela no es el ámbito de discusión para determinar quién es el responsable de los daños del medidor, pues con este mecanismo constitucional únicamente se verifica la amenaza o vulneración de derechos fundamentales lo que no se evidencia; adicionalmente, la Sala destaca que en principio la EMPRESA en aplicación de la norma le cobra el costo del medidor al usuario o suscriptor, como lo autoriza la norma transcrita. También se debe precisar que esta acción constitucional tampoco es el ámbito para ordenar una indemnización por presuntos daños de orden patrimonial, pues conforme al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 en la acción de tutela sólo es factible ordenar una indemnización por daño emergente cuando ello sea necesario para asegurar el goce efectivo de un derecho fundamental, lo que no se presenta en este caso, pues ni siquiera hay violación actual de algún derecho de este tipo”.
Sentencia: 06 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110043600
Tema Tratado: Improcedencia de la acción/ Derechos ciudadanos/Exclusiones de listados de partidos políticos/Las decisiones del Consejo Nacional Electoral son recurribles por vía administrativa, no por tutela.
“Por tanto como el actor pretende que se le amparen los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, la igualdad y el debido proceso, que estima vulnerados cuando al modificar la lista de candidatos al Concejo Municipal por el Partido Conservador, se le excluye de la misma, se estima que la acción de tutela se torna improcedente por cuanto al amparo del artículo 6, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, existen otros recursos para controvertir la decisión del Partido Conservador Colombiano adoptada conforme al Acta de reunión del Directorio Municipal Conservador de fecha 6 de agosto de 2011.(…) A su vez las decisiones del Consejo Nacional Electoral de contenido electoral se plasman en actos administrativos generales o particulares que son demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De esta forma, se observa que el actor no ha hecho uso del respectivo recurso ante el Consejo Nacional Electoral sino que directamente entabla la acción de tutela, mecanismo que no está diseñado para resolver este tipo de asuntos, ya que la acción constitucional por su naturaleza es excepcional y residual y no puede sustituir los recursos ordinarios, que no se observa se hayan dejado de ejercer por alguna justificación razonable”.
Sentencia: 14 de Septiembre de 2011
Expediente: 20110038901
Tema Tratado: Sanciones Disciplinarias /Entes Universitarios Autónomos/la sanción impuesta por el Consejo de Facultad y la impuesta por el Grupo de Control Interno Disciplinario son de naturaleza diferente /No existe violación del debido proceso/La legalidad del fallo disciplinario debe controvertirse por vía ordinaria.
“El actor, ostentando su calidad de docente de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA fue sancionado disciplinariamente con suspensión en el ejercicio de funciones por dos meses, en razón del proceso adelantado por no presentar de manera oportuna el informe final del trabajo realizado durante el año sabático. (…) no se puede confundir como lo hace el actor, la naturaleza de las sanciones y medidas adoptadas por el Consejo de Facultad y el Grupo de Control Interno Disciplinario, puesto que la adopción de medidas por parte de uno de esos órganos no implica la exclusión de la competencia del otro órgano para adoptar sus propios correctivos. Tampoco se observa que en el trámite del proceso disciplinario se hayan desconocido las garantías del debido proceso, pues el investigado pudo ejercer su derecho de defensa ya que fue oído en versión libre (fls. 129 y 130), rindió sus descargos (fls. 17 y 18), presentó los recursos procedentes al interior del proceso (fls. 41 y 52) y fue notificado de las decisiones (fls. 13 y 53). De otra parte no se establece una evidente violación del derecho a la igualdad porque no se acredita cuál es el caso idéntico que al compararlo con el del actor permite establecer que el trato dado al tutelante fue diferente o discriminatorio (…) En consecuencia, no se observa la violación de derechos fundamentales de donde se advierte que no se cumple el primer requisito para la configuración del perjuicio irremediable, por lo que el amparo transitorio deviene improcedente y el demandante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controvertir la legalidad de los fallos disciplinarios sancionatorios acusados, trámite dentro del cual existe la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los actos desde la admisión de la demanda, conforme al artículo 152 del Código Contencioso Administrativo”.
Expediente: 20110040001
Tema Tratado: Improcedencia de la Acción/Pensiones/Fondo Pasivo Nacional de Ferrocarriles Nacionales/Deben aplicarse los precedentes de la Corte Constitucional expedidos en el 2011.
“La Sala concluye, que estudiados los supuestos fácticos del caso, no se reúnen los requisitos trazados por la jurisprudencia reiterada sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento del la reliquidación de la pensión que reclama el accionante, dada la naturaleza litigiosa del asunto de controversia, que no es debatible en instancia de tutela. Por último la sala aclara que si bien en ocasiones anteriores se ha protegido el derecho tal como lo alega la parte impugnante, es necesario decir que a partir de febrero del presente año la H. Corte Constitucional vario de manera tajante la no procedencia del mecanismo subsidiario de tutela para el reconocimiento de pensiones, con la Sentencia T- 234 de 2011, en la que dispuso que primero había que examinar la procedencia de la acción y luego la vía de hecho, y aun existiendo ésta no es suficiente como se había dicho, para que prospere; por esa razón el Tribunal acogiendo esta nueva posición jurisprudencial cambió la posición que venía sosteniendo y sólo de manera excepcional, será procedente esta vía para el reconocimiento de pensiones, si cumple con todos los requisitos mencionados”.
Expediente: 20110048200
Tema Tratado: Improcedencia de la acción/Divergencias surgidas por las partes en un contrato de mutuo/Se debe acudir a las vías ordinarias.
“Así las cosas, el actor pretende que por vía de tutela se solucione una controversia contractual surgida por la supuesta e indebida aplicación del beneficio de cobertura por la adquisición de vivienda nueva, es decir se está debatiendo un asunto de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria especializada en asuntos civiles y comerciales. De acuerdo con lo anterior, un conflicto de esta naturaleza, donde existen divergencias dentro de un contrato de muto celebrado entre el accionante y el FNA, escapa a la competencia del juez constitucional, toda vez que para solucionarlo existen las acciones pertinentes de la jurisdicción civil y comercial, así las cosas la acción de amparo es improcedente, pues de conformidad con el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la misma no procede cuando el peticionario disponga de otro medio judicial de los derechos que alega como vulnerados, excepto cuando la interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual en el sub examine no se encuentra demostrado”.
Expediente: 20110042000
Tema Tratado: Derecho a la seguridad social en salud/ Nadie puede tener la doble calidad de cotizante y beneficiario.
“Encuentra la Sala que la tutelante busca que su cotización se realice al Fosyga a efectos de poder mantenerse como beneficiaria del régimen de excepción contemplado para los agentes de la Policía Nacional. De entrada, es importante resaltar que nadie podrá tener la doble calidad de cotizante y beneficiario del Sistema de Salud, pues la Ley 100 de 1993 claramente muestra que es un contrasentido jurídico que una persona deba estar beneficiada por su cónyuge cuando se encuentra cotizando al Régimen General de Seguridad Social, en la medida en que el beneficiario adquiere la calidad de tal por la imposibilidad de contribuir al sistema, esto, en la medida en que la regla general es que toda persona que desarrolle una actividad laboral deba vincularse al régimen contributivo, pues a partir de ahí se subsidia el servicio que se presta a los demás grupos que no cuentan con la posibilidad de solventarse las asistencias, así por ejemplo, está el sector subsidiado conformado por los estratos bajos, el sector rural, población indígena, desplazada y toda persona en estado de vulnerabilidad. (…) Así mismo, se encuentra que la peticionaria no puede pretender pertenecer como contribuyente y beneficiaria del Sistema de Salud, pues como ya se advirtió, es un contrasentido jurídico que no puede admitirse. Tanto así, que las dos normas aplicables prohíben la asunción de las dos calidades en una misma persona, pues la figura del beneficiario encuentra sustento en la solidaridad y ayuda que se presta el núcleo familiar cuando alguno de sus miembros se encuentra en imposibilidad de procurarse tales servicios, tal es el caso de los hijos menores, los padres, el cónyuge o compañero, incluso, los hermanos. Así las cosas, encuentra esta Judicatura que la respuesta entregada por la encartada visible a folio 9 es correcta, en la medida en que no se pueden trasladarse los aportes a Fosyga mientras ella se encuentre cotizando a una EPS y tampoco se la puede desafiliar de la NUEVA EPS en razón a que la Policía Nacional no está obligada a prestar los servicios médicos asistenciales a la señora Díaz Chaves, dado que sus cotizaciones al sistema de salud la excluyen como beneficiaria del agente en retiro, pues en virtud de su derecho pensional, no se puede exonerarla del pago correspondiente a este rubro para mantenerla como beneficiaria, ya que es una obligación de las personas pensionadas continuar cotizando sus aportes en salud en aras de procurar su derecho a la salud y en consecuencia a la vida en condiciones de dignidad”.
Expediente: 20110043200
Tema Tratado: Aval de partido político/Improcedencia de la tutela/Existencia de otro mecanismo para proteger el derecho.
“Entre las pruebas obrantes dentro del expediente, se tiene que efectivamente, el Directorio Conservador Colombiano, previa a la presentación del Formulario E-6 AS del 5 de julio de 2011, había dado su aval al señor JOSE JULIAN MUÑOZ MOSQUERA, ubicando en el renglón 60, es igualmente cierto que dada la discrecionalidad del aval del partido conservador, este le fue retirado tal y como se observa con el registro del Formulario E-8AS del 18 de agosto de 2011; al considerar que con esta actuación se está vulnerado el artículo 88 de los estatutos del partido conservador; el accionante tiene que instaurar el procedimiento establecido en el artículo 7 de la ley 130 de 1994, el cual le vence los 20 días hábiles el 15 de septiembre de la presente anualidad, luego al existir otro mecanismo, la tutela se torna en improcedente por el carácter subsidiario de la misma”.
Expediente: 20110033101
Tema Tratado: Derechos de los Internos/ Redención de pena por trabajo/ No hay hecho superado por cuanto la Entidad no demostró que el interno estuviera vinculado a una actividad.
“La Dirección del EPCAMS, afirma que el actor se encuentra vinculado al área de ebanistería desde el 2 de marzo de 2011 hasta la actualidad, sin embargo el actor afirma que él sólo estuvo vinculado en el área de ebanistería hasta el 9 de junio de 2011, pues en esa fecha fue trasladado del pabellón de alta seguridad al de mediana. El Director del EPCAMS allega al expediente una constancia de que el actor se encuentra trabajando en maderas (fl. 26), sin embargo se encuentra que la misma es de fecha 7 de marzo de 2011, y por tanto no desvirtúa que el actor no esté vinculado a una actividad de redención de pena en la actualidad. Ahora bien, según la certificación de los trabajos remunerados al interior del EPCAMS (fl. 24), se encuentra que existen 143 cupos, que ya están ocupados; razón por la cual no es posible asignarle uno al actor, ya que ello implicaría necesariamente desvincular a un interno de su trabajo. Con fundamento en lo anterior, la Sala no comparte la decisión del A quo en el sentido de declarar la existencia de un hecho superado, ya que la Dirección del EPCAMS no probó que el señor IDROBO RAMÍREZ se encuentra vinculado actualmente a una actividad que le permita redimir su pena, derecho que según la jurisprudencia citada, no puede ser desconocido al actor. Así entonces, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar tutelará el derecho al trabajo del actor, ordenando le sea vinculado a una actividad, remunerada o no, que le permita obtener redención de pena”.
Expediente: 20110047100
Tema Tratado: Subsidio de Vivienda para desplazados/ No puede exigírseles cargas que no le corresponden por ser sujetos de especial protección.
“…no es de recibo para la Sala que FONVIVIENDA haya negado el acceso al subsidio de vivienda bajo la consideración de la existencia de un bien inmueble ubicado en el municipio de Sibundoy-Putumayo, que por un error de digitación se registró con el número de cédula de la actora, pero a nombre de otra persona; lo cual ya fue aclarado por el Instituto Geográfico. Ello permite afirmar que la entidad demandada no puede imputarle a la demandante que asuma la carga de la prueba de la inexistencia de bienes inmuebles de su propiedad, más aún cuando ésta ha acreditado que es una persona desplazada. De la misma manera, es reprochable la actuación adelantada por COMFACAUCA, por cuanto a pesar de haberse enterado que la accionante no era la propietaria del bien inmueble ubicado en Sibundoy-Putumayo, no elevó informe ante FONVIVIENDA para que éste corrigiera el yerro en el que se había incurrido. Debido a ello, no es admisible que COMFACAUCA sugiera a la demandante que inicie un nuevo proceso para la obtención de un subsidio de vivienda, por cuanto el error de digitación en el Registro de instrumentos Públicos de Mocoa-Putumayo, no le es atribuible a ésta. Así las cosas, la Sala encuentra que FONVIVIENDA y COMFACAUCA han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y la dignidad de la señora MARBY CÓRDOBA, pues ésta se encuentra en situación de desplazamiento, y por tanto es una persona a la que el Estado suministra una especial protección. En vista de ello, la Sala procederá a conceder el amparo solicitado por la accionante, ordenando se le incluya nuevamente en la Convocatoria para el subsidio de vivienda al cual se inscribió, manteniéndose en lo posible el turno que le fue signado inicialmente”.
Expediente: 20110043000
Tema Tratado: Concurso de Méritos/ Inaplicabilidad del Acto Legislativo 04 de 2011 por no cumplir el actor sus requisitos.
“Tiene la Sala entonces que, el señor JAMES QUIÑONES HOYOS, interpuso acción de tutela con el fin de que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Educación del Municipio de Popayán, lo declaren beneficiario del Acto Legislativo 04 de 2011, y además se le reintegre sin solución de continuidad, al cargo de Auxiliar Administrativo 407 grado 5, el cual ocupaba antes del nombramiento de la persona que actualmente lo ostenta en propiedad. (…) Respecto del actor, se halla que a pesar de que se vinculó a la Secretaría de Educación Municipal desde el 20 de mayo de 2005, sólo hasta el día 4 de noviembre de 2008 fue nombrado en el cargo denominado Auxiliar Administrativo código 407-grado 05, y se mantuvo en posesión del mismo hasta el día 18 de abril de 2011. Dado lo anterior, se encuentra que el señor JAMES QUIÑONES HOYOS, para el 7 de julio de 2011 (día de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 04 de 2011) no estaba ocupando el cargo de carrera administrativa en provisionalidad, puesto que fue desvinculado desde el 18 de abril del mismo año. Asimismo, se tiene que sólo cumple con poco más de dos años y cinco meses de experiencia en el cargo, de los cinco años exigidos por el acto legislativo. Luego entonces, el actor, únicamente acredita haber ostentado el cargo para el 31 de diciembre de 2010. En tal sentido, se encuentra que el actor no cumple con las exigencias establecidas y por tanto no puede ser objeto de aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011. Dentro de este contexto, no puede incluírsele en la convocatoria 01 de 2005, y mucho menos reintegrársele sin solución de continuidad al cargo que ejerció previamente; máxime cuando el mismo ya se encuentra ocupado por la señora YADY ALEXANDRA CÓRDOBA GALLEGO, quien fue nombrada en virtud del agotamiento de todas las etapas del concurso de méritos, y de la cual se predica una clara situación de derechos adquiridos, que de manera alguna puede ser desconocida por esta Sala”.
Expediente: 20110048500
Tema Tratado: Derecho de Petición/ Procedencia de la tutela/ para proteger el derecho de petición dentro de solicitudes encaminadas a obtener el pago de prestaciones sociales.
“La Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional afirma no haber recibido oficio alguno de parte del actor, sin embargo indicó que mediante oficio 20115320799871 del 20 de septiembre de 2011, le respondía al actor que la petición elevada por él y le informa que el valor reconocido será cancelado una vez se incluya en la nómina. Observado el derecho de petición elevado por el actor (fl. 39), se encuentra que el mismo cuenta con nota de recibo del 01 de agosto de 2011, razón por la cual se desvirtúa la afirmación hecha por la entidad demandada de no haber recibido la solicitud. Ahora bien, en cuanto al término para la resolución del mismo, debe tenerse en cuenta primero cuál es el contenido de la solicitud elevada por el accionante, observada la misma, la Sala evidencia que se trata de una solicitud de pago de una indemnización, razón por la cual se debe advertir que en principio, la acción de tutela no es procedente para la obtención de pago de dinero originados en prestaciones sociales, puesto que de manera alguna esta acción tiene como fin pretermitir la vía ordinaria, cual es el proceso ejecutivo. No obstante, la misma puede ser procedente para que se ampare el derecho de petición respecto de las solicitudes en tal sentido. En el sub judice se halla que a pesar de que la entidad demandada tiene un término mayor para tramitar el pago de la prestación reconocida al actor, no informó al actor dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, sobre el trámite de la respuesta”.
Sentencia: 29 de Septiembre de 2011.
Expediente: 20110048800
Tema Tratado: Improcedencia de la acción/ No hay violación del Debido Proceso, ni vía de hecho por cuanto se interpuso un recurso judicial en vía ordinaria sin el acompañamiento del debido poder.
“Por tanto se establece que la parte actora aduce que el poder sí fue presentado con los alegatos de conclusión, pero aparte de no demostrar su dicho, espera más de 5 meses para exponer tales argumentos en la vía constitucional, por lo que la Sala determina que no se interpuso el correspondiente recurso que la norma procesal permite impetrar en la vía ordinaria ante el auto de trámite que se abstiene de considerar la apelación. Ahora, no se vislumbra una vía de hecho evidente y violatoria de derechos fundamentales por parte del JUZGADO accionado, pues si el apoderado no presentó el poder que lo facultaba para actuar en nombre de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, no se le podía dar trámite al recurso interpuesto pues como lo ha señalado la H. Corte Constitucional, el acto que perfecciona el apoderamiento es la escritura pública o el escrito privado presentado en debida forma, (…) conforme a la documentación presentada se puede apreciar que en el proceso de reparación directa inicialmente actúa como apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, el abogado Rubén Darío Hernández Saldarriaga como consta en el folio 21, sin que se haya dado una sustitución del poder, por lo que a folios 54 a 57 se leen los alegatos de conclusión presentados por el doctor HOOVER HUGO PAREDES MOSQUERA donde ni siquiera se refiere que se anexa el poder debidamente conferido. En consecuencia la Sala establece que la acción de tutela se torna en improcedente toda vez que el interesado debió obrar con diligencia en la vía ordinaria, atacando oportunamente la providencia que se abstenía de dar trámite al recurso de apelación, sin que se configure una vía de hecho en los términos referidos por la jurisprudencia constitucional”.
Expediente: 20110044200
Tema Tratado: Derecho de petición/ Dirección de Sanidad del Ejército/Renuencia para expedir órdenes de apoyo.
“Resulta evidente para la Corporación, que la DIRECCION DE SANIDAD - EJERCITO NACIONAL, ha sido sistemática la renuencia en expedir la orden de apoyo para que el señor EDUAR ALEXANDER CRUZ MONTENEGRO, inicie cuanto ante el tratamiento por especialista psicólogo, ordenado por el médico tratante desde el 1 de febrero de 2011. Así las cosas la Sala procederá a tutelar el derecho fundamental de petición a favor del señor EDUAR ALEXANDER CRUZ MONTENEGRO, por cuanto la DIRECCION DE SANIDAD – EJERCITO NACIONAL, no ha dado respuesta de fondo, y en tiempo oportuno a la petición del 1 de agosto de 2011. por lo que esta Corporación estima que se debe especificar por parte de la DIRECCION DE SANIDAD Y EJERCITO NACIONAL dentro de la contestación, en que fecha, hora y lugar se ha de expedir a favor del señor EDUAR ALEXANDER CRUZ MONTENEGRO la orden de apoyo para que este reciba el tratamiento por parte del especialista psicólogo”.
Sentencia: 20 de septiembre de 2011
Expediente: 20000378400
Tema Tratado: Selección Objetiva/Carencia de pruebas/ El juez no puede suplir la carga procesal que le corresponde al actor.
“Dado que los cargos formulados por la parte demandante, se fundamentan en la falta de selección objetiva, se hace necesario entrar a analizar si el Comité Evaluador tuvo en cuenta factores diferentes a los establecidos en el pliego de condiciones, al momento de evaluar las propuestas como lo reitera el actor, y determinar si la propuesta presentada por el firma PAULO EMILIO BRAVO, era más favorable para los fines de la entidad. Para lo anterior, resulta forzoso verificar el pliego de condiciones, el adendo No. 001 y las propuestas presentadas por los oferentes al concurso público, documentos sin los cuales no es posible establecer si se vulneró o no alguna norma del estatuto contractual, en desarrollo del proceso de selección que adelantó el Departamento del Cauca para la interventoría y asesoría para las obras de mejoramiento, pavimentación y apertura de la vía La Lupa – Santo Domingo, variante Boquerón – Bolívar. En este sentido, ante la ausencia de documentos en mención, no puede la Sala entrar a estudiar los cargos formulados por el demandante, siendo preciso recordar, que probar los hechos que interesen al demandante es una carga que no puede suplir la Sala, debido que es al interesado en demostrar los hechos que le beneficien, en quien radica la obligación de demostrarlos y es a quien corresponde convencer al juez en este caso, que en el proceso contractual no se cumplió con el deber de selección objetiva; lo contrario equivaldría a trasladar la carga de la prueba al fallador, quien si bien tiene el deber de interpretar la demanda y de decretar pruebas de oficio, no puede remediar la inactividad del accionante, ni actuar como si fuera tal. Sobre todo cuando la ley le impone esa obligación en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que prevé: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Dado que los cargos formulados por la parte actora únicamente van dirigidos atacar la legalidad de los actos precontractuales, como lo es la Resolución de adjudicación, bajo el argumento que se vulneró el deber legal de selección objetiva, no puede la Sala entrar analizar la legalidad del contrato No. 0175-28-08-00 celebrado el día 28 de agosto de 2000, entre el Departamento del Cauca y la firma MURGUEITIO RUIZ INGENIEROS LTDA, en tanto frente a este documento, el actor no presentó argumento alguno en su contra. En tales condiciones al no contar con los elementos necesarios que lleven a demostrar que la Administración no cumplió con el deber legal de la selección objetiva, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 20060105000
Tema Tratado: Ocurrencia de siniestro/ debe acaecer dentro del término de vigencia de la póliza para que pueda ser exigido de manera unilateral por la Administración.
“La ocurrencia del siniestro debe acaecer dentro del término de vigencia de la póliza para que pueda ser exigido de manera unilateral por la administración; en este caso concreto, se discute la ocurrencia del siniestro y el término a partir del cual debe contarse el término de prescripción establecido en el Código de Comercio (…) En consecuencia, como quiera que el siniestro se le comunicó a Seguros del Estado S.A. el 19 de septiembre de 2001 y la declaración de ocurrencia del siniestro quedó en firme con la Resolución No. 3880 de 19 de agosto de 2005, la cual quedó en firme después de surtida su notificación el 3 de noviembre de 2005, tiempo para el cual ya habían pasado los dos años de la prescripción establecida en el art. 1081 del C.Co., el cual se contó conforme al art. 1131 del C.Co., desde el momento en que el INVIAS tuvo conocimiento de la ocurrencia de ese hecho que para nuestro caso, se empezó a contar el 01 de septiembre de 2001. Por lo antes expuesto, le asiste razón a la parte demandante en tanto que la declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra se realizó cuando ya había ocurrido el fenómeno de la prescripción y agrega la Sala, por fuera del término de la vigencia de la póliza, por lo que se accederá a las pretensiones de nulidad del demandante más no a las de restablecimiento del derecho en tanto no obra prueba que demuestre que la suma efectivamente fue desembolsada”.
Expediente: 200402411801
Tema Tratado: Liquidación bilateral/ El contratista no especificó en qué consistió el incumplimiento de la Entidad contratante.
“Para la Sala el contrato de obra N° 194 del 25 de noviembre de 2002 y adicionales 1 de 2002, 02 y 03 de 2003 fueron liquidados de manera bilateral por las partes contratantes, mediante acta del 30 de noviembre de 2003, en la cual si bien se dejaron observaciones frente a la ejecución, ninguna se refiere de manera clara al incumplimiento que alega el actor, quien se limitó a manifestar que las obligaciones por parte del Municipio habían sido cumplidas de manera parcial, sin especificar en qué consistió tal irregularidad, por lo que no tienen la contundencia necesaria para ser debatidas mediante la acción contractual. Además, el hecho que el señor Varona Silva recibiera el pago del valor del acta final el 30 de noviembre de 2003, reafirma su conformidad con el ajuste de cuentas plasmado en la misma. Es así como el contratista no puede reclamar por esta vía el presunto incumplimiento del contratante, porque en el momento en cual suscribió el acta aceptó como cierto lo que en ella estaba consignado y por consiguiente cerró el debate que sobre la ejecución del contrato en mención pueda darse, máxime cuando las anotaciones hechas no se refieren al pago del reajuste en los precios de los materiales y mano obra solicitada en la demanda, más aún cuando no cuestionó la validez del acta de liquidación”.
Expediente: 20040255100
Tema Tratado: Convenio entre la CRC y el Municipio de Popayán/ No existe obligación dineraria a cargo de ninguna de las entidades públicas, por cuanto no hubo ejecución tal como se había pactado
“La CRC y el Municipio suscribieron el convenio interadministrativo 0330, cuyo objeto fue la construcción del alcantarillado sanitario de la calle 17 entre cámaras 105 a 235 y los tramos entre calle 17 y 20 con carrera 15 (tramos 191 a 195) de la cabecera urbana del ente territorial (folio 119 Cuaderno ppal. 1). Obra para la cual la CRC aportaría el valor de $198’924.736.oo, pagando el cincuenta por ciento como anticipo, una vez el Municipio suscribiera los contratos respectivos para la realización de la construcción, contratación en la cual debía cumplir la normatividad vigente, obligación que no fue efectuada, por lo que al no cumplirse la condición pactada en el convenio este valor no puede ser pagado por la CRC. Igual ocurre con el otro cincuenta por ciento del valor de la obra a cargo de la entidad demandante, puesto que también se encontraba supeditado al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio, y como estas no se dieron, no puede ordenarse el pago a la CRC. Ahora bien, se demostró que se realizó una obra que corresponde a la del objeto del convenio 0330, sin embargo ésta se llevó a cabo sin el previo cumplimiento de las obligaciones a cargo del ente territorial emanadas de dicho convenio, ello por cuanto éste no acreditó haber allegado los contratos suscritos para llevar a cabo los trabajos requeridos para la construcción del alcantarillado, tampoco el haber presentado los informes de que trata el numeral 6 de la cláusula sexta, ni la apertura de la cuenta corriente para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. De manera que a pesar de haberse realizado una obra, que corresponde al objeto del convenio que se pretende liquidar, tal como lo verificó la CRC en la visita realizada el 03 de diciembre de 2003, dicha obra se llevó a cabo por fuera de los términos pactados entre dicha entidad y el Municipio, por lo que se deduce que no hubo ejecución del mismo. Así las cosas, al no haberse cumplido las condiciones a las cuales se encontraban supeditadas las obligaciones derivadas del convenio 0330 del 21 de julio de 2003, éste no pudo ejecutarse, en virtud de lo cual debe liquidarse dicho convenio, declarando que no existe obligación dineraria a cargo de ninguna de las entidades públicas, por cuanto no fue ejecutado tal como se había pactado”.
Expediente: 20060001802
Tema Tratado: Findeter – Ente territorial municipal/ Falta de competencia de la administración para producir el título que sirve de base al presente proceso ejecutivo.
“Así las cosas, en el Convenio No. 1271 de 1997, suscrito entre las partes el 30 de septiembre de 1997, se estipuló el plazo de liquidación bilateral en concordancia con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en el texto vigente para dicha fecha, es decir, dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la ejecución del Convenio finalizó el 31 de diciembre de 1998, por lo que el término para realizar la liquidación bilateral feneció el 30 de abril de 1999, sin que las partes la efectuaran de tal forma. Así, el plazo para la liquidación unilateral venció el 30 de junio de 1999, mientras que la Entidad procedió a materializar la liquidación unilateral sólo hasta el 15 de noviembre de 2001, a través de la mencionada Resolución No.2177, lo que evidencia la falta de competencia de la administración para producir el título que sirve de base al presente proceso ejecutivo”.
Expediente: 20080036101
Tema Tratado: Fallo judicial que ordenó el reajuste de la asignación de retiro/Prima de actualización/Carácter temporal/ No es procedente continuar con la ejecución.
“Del marco jurisprudencial fijado por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, se concluye sin duda que el reajuste de la asignación de retiro, por concepto de prima de actualización, a partir del 1° de enero de 1996, no es exigible. Debe anotar la Sala que, si bien en providencia de 10 de febrero de 2004, esta Corporación ordenó el reajuste de la asignación de retiro del actor “a partir del año 1996”, dicha obligación perdió sustento legal y no es actualmente exigible, toda vez que, como se expone con la jurisprudencia transcrita, la prima de actualización tuvo un carácter temporal, comprendido en los años 1992 a 1995, por lo cual no podía ser tomada como factor de reajuste de la asignación de retiro en los años posteriores, aunado a que el decreto 107 de 1996, mediante el cual se logró la escala salarial porcentual única para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, no contempló porcentaje alguno por concepto de prima de actualización. En vista de que la acción ejecutiva se fundó precisamente en ese aspecto, no es procedente continuar con la ejecución, por lo que se impone confirmar el fallo apelado”.
Expediente: 20060000801
Tema Tratado: Excepción de ilegalidad/Falta de competencia de la administración para producir el título que sirve de base al proceso ejecutivo.
“Estudiado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera que la excepción declarada por el A quo encuentra suficiente respaldo, toda vez que la Resolución N° 3170 del 29 de junio de 2001, (Fl.45 del cuaderno principal) se profirió por fuera de los términos previstos en la Ley para ello, tal como se explica a continuación: El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en el texto que se encontraba vigente para la fecha en que se llevó a cabo el Convenio de Apoyo Financiero No. 555 del 1° de agosto de 1995, y para el momento en que se expidió la Resolución N° 3170 del 29 de junio de 2001, por medio de la cual se liquidó unilateralmente, esto es, sin la reforma hecha por la Ley 1150 de 2007. (…) Así las cosas, en el Convenio No. 555 de 1995, suscrito entre las partes el 1° de agosto de 1995, con un plazo de un año a partir de su perfeccionamiento, hasta el 1º de agosto de 1996, fecha de su ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la ejecución del Convenio finalizó el 1° de agosto de 1996, por lo que el término para realizar la liquidación bilateral feneció el 1° de diciembre de 1996, sin que las partes la efectuaran de tal forma. Así, el plazo para la liquidación unilateral venció el 1° de febrero de 1997, mientras que la Entidad procedió a materializar la liquidación unilateral sólo hasta el 29 de junio de 2001, a través de la mencionada Resolución No.3170, lo que evidencia la falta de competencia de la administración para producir el título que sirve de base al presente proceso ejecutivo. En este orden de ideas, la argumentación del apoderado de la entidad ejecutante no está llamada a prosperar. En atención al análisis realizado en precedencia, conlleva la confirmación de la sentencia apelada en todas sus partes”.
Magistrado Ponente: CAMEN AMPARO PONCE DELGADO
Expediente: 20070010200
Tema Tratado: Conscriptos/ Régimen objetivo de responsabilidad/ Riesgo excepcional por enviarlo a prestar servicio obligatorio militar a una población que se encuentra en situación constante de riesgo.
“Ahora bien, como arriba se anotó la jurisprudencia contencioso administrativa señala que, dependiendo de las circunstancias del caso, en materia de responsabilidad extra-contractual del Estado por los daños que sufre un conscripto, aplica el régimen objetivo de responsabilidad bien por la desigualdad en las cargas públicas, bien por el riesgo excepcional. Precisamente, la Sala considera que este caso, se presenta la responsabilidad del Estado bajo el régimen del riesgo excepcional, cuando se envía a un conscripto a prestar su servicio obligatorio militar a una población que se encuentra en situación constante de riesgo, como se encuentra consignado en el Informe No. 037-04 emitido el 13 de mayo de 2004, emitido por el Sistema Tempranas de la Defensoría del Pueblo Regional- Cauca, donde se realiza la contextualización, caracterización y valoración del riesgo para las cabeceras y veredas de los municipios de Jambaló, Toribío, Silvia y Caldono, según prueba que obra a folio 62 a 68 del C.Pbas, precisamente no resulta valedero exponer a una persona a un riesgo superior al que le corresponde cuando se encuentra compelido a cumplir un obligación legal, como es el servicio militar obligatorio, como en este caso. Precisamente, el conscripto solamente está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de dicha obligación. Para la Sala, la responsabilidad de la entidad demandada se encuentra comprometida, en tanto los conscriptos deben recibir instrucción para realizar actividades de bienestar social en beneficio de la comunidad y tareas para la preservación del medio ambiente y la conservación ecológica, de suerte que a éstas actividades deben ser destinados los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio en cualquiera de sus modalidades, motivo por el cual, llevarlo a prestar su servicio militar a lugares de orden público en constante alteración- como el municipio de Toribío- Cauca – constituye un riesgo superior al que debe soportar – cuando el Estado tiene la obligación de protegerlo y devolverlo en las misma condiciones que se incorporó a la Policía. Resulta claro que las lesiones ocasionadas al actor y el perjuicio causado escapa del denominado riesgo propio del servicio, situación que excede el riesgo natural del oficio militar y con mayor motivo cuando se trataba de un conscripto; es decir, cuando se encontraba en cumplimiento de un deber legal y no bajo su propia voluntad, como si ocurre con otra clase de militares; y por tanto, es procedente la indemnización reclamada en la demanda. Por lo anterior, considera la Sala que el daño ocasionado al auxiliar de policía ahora demandante, quien recibió graves lesiones, en un ataque guerrillero, se constituye en un daño antijurídico, ocurrido en actos del servicio, por causa y razón del mismo, que deberá ser indemnizado”.
Expediente: 2008009400
Tema Tratado: Responsabilidad por incumplimiento de fallo judicial/Término de caducidad/ Se cuenta una vez vencido el término con que contaba la Administración para cumplir la sentencia.
“La demandante interpone la presente acción de reparación directa con el propósito que se declare a las entidades demandadas, civil y administrativamente responsables de la omisión en el cumplimiento de la “Sentencia No. 136 del 15 de marzo de 2001”, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo – Sala de Descongestión- Sede Cali; y en consecuencia, se condene a la cancelación de los daños y perjuicios morales y materiales que se le han causado con dicha omisión, por lo cual resulta procedente la presente acción. Efectivamente, el artículo 136, numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, es lo suficientemente claro en consagrar el término de caducidad de dos (02) años en el ejercicio de la acción de reparación directa; sin embargo, resulta necesario establecer en el sub judice desde qué momento dicho término empieza a correr, pues el asunto no ofrece inconveniente alguno cuando el hecho que origina el eventual perjuicio es de aquellos de ocurrencia o integración instantánea, pues la dificultad surge cuando el supuesto evento dañoso se proyecta indefinidamente en el tiempo, tal como se alega en este caso.En el presente caso, en vista de que el motivo de la acción interpuesta es atribuir una responsabilidad a las entidades demandadas por el incumplimiento del reintegro de la accionante, es decir, una omisión frente a una obligación de hacer, se tiene que el término de caducidad de dos (02) años comenzaba a contar una vez vencidos los 30 días con que contaba la administración para dar cumplimiento a la sentencia; esto es, 30 días siguientes a ejecutoria de la misma. Por tanto, como la sentencia antes aludida se expidió en el año 2001, el término de caducidad estaría más que superado pues la demanda se presentó el 28 de Febrero de 2008 (fl. 50 C.Ppal). Igualmente cuando se realizó la audiencia de conciliación en el año 2006, la acción ya se encontraba caducada de manera que dicha diligencia no tenía la virtualidad de suspender el término de caducidad. Del anterior análisis, la Sala encuentra probada la excepción de caducidad de la acción, interpuesta por las entidades demandadas en el presente asunto”.
Expediente: 20080017400
Tema Tratado: Privación injusta de libertad/ Expediente aportado parcialmente y en copia simple no puede ser valorado.
“Conforme a lo obrante en el expediente se pudo establecer que la Fiscalía Delegada ante el Juez Promiscuo del Circuito de Guapi Cauca, adelantó investigación penal en contra del señor NICOMEDES TORRES CANDELO, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado, por denuncia instaurada por el señor SIMEÓN RIASCOS RIASCOS –Folios 1 a 4-, investigación que terminó con la declaratoria de prescripción de la acción penal de los delitos mencionados. Sin embargo, el apoderado de la parte demandante aporta algunos apartes del expediente penal en copia simple y éste no es solicitado como prueba por ninguna de las partes, por lo que al ser copias informales no pueden ser valoradas. (…) Así las cosas, esta Sala no tendrá en cuenta los apartes del expediente penal aportado con la demanda habida cuenta de que no cumplen con el requisito de ser copia auténtica, es decir, que al aportarse en copia simple no llenan los presupuestos para determinarse como pruebas dentro del caso bajo estudio y en consecuencia no le es posible al despacho establecer si en realidad el procedimiento realizado por la Fiscalía Delegada ante el Juez Promiscuo del Circuito de Guapi erró en la medida que su procedimiento generó la prescripción del proceso penal que allí se adelantara, ya que lo aportado no solo fue en copias simples, sino parciales del proceso penal y al no tenerse como pruebas, este proceso queda acéfalo de las mismas y en consecuencia no hay lugar a tener como existentes los elementos de la responsabilidad”.
Expediente: 20070012500
Tema Tratado: REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/Al no demostrase la existencia del daño antijurídico, no se requiere analizar más elementos de responsabilidad.
“La Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que por lo tanto en principio estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad; esto del subjetivo (falla en el servicio) u objetivo (riesgo excepcional y daño especial). Sin embargo, en el caso concreto, y teniendo en cuenta que la parte actora no demostró la existencia del daño antijurídico necesario para derivar responsabilidad en cabeza de la Entidad accionada, se considera que no es necesario entrar a analizar el segundo elemento de la responsabilidad; así las cosas, y sin entrar a hacer mayores razonamientos, la Sala procederá a negar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 20050150800
Tema Tratado: REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/ Nadie puede permanecer privado de la libertad bajo premisas no claras dentro de la investigación penal.
“Siguiendo la posición del H. Consejo de Estado, esta Corporación entiende que es cierto que las personas eventualmente pueden ser sometidas al rigor de una investigación penal cuando los hechos lo permitan, en este caso en contra del señor DAZA PERAFAN se libró orden de captura que se hizo efectiva siendo vinculado a la investigación mediante diligencia de indagatoria. Así las cosas, lo evidente es, que si bien no se responsabiliza al Estado por la vinculación de personas a un proceso penal, pues ello equivaldría a aceptar que antes de vincular a un particular se debe tener plena certeza de su responsabilidad, lo que haría inocuo el proceso y la investigación; no es admisible desde cualquier punto de vista que para ese juicio de responsabilidad una persona deba permanecer privada de su libertad bajo premisas que no aparecen claras dentro de una investigación penal, de forma que cese la investigación por falta de pruebas, máxime cuando el Estado ha dotado al aparato jurisdiccional de todos los medios y del talento humano idóneos para que cada juicio se haga de manera transparente y llegue a decisiones cuyo fin sea la consecución de la justicia material y no a deducciones que finalmente lesionan a los particulares quienes siendo inocentes dentro de un proceso deben soportar un menoscabo que resulta totalmente inadmisible”.
Expediente: 20050059401
Tema Tratado: Caducidad de la acción/ La actualidad del hecho dañoso no altera el inicio del término de caducidad de la acción.
“Cabe anotar que la demanda fue presentada el 14 de abril de 2005 -Fl. 35 C. ppal-, esto es, luego de transcurridos más de dos años desde cuando la parte demandante identificó el hecho dañoso. El anterior marco jurisprudencial y probatorio del asunto, conlleva a confirmar la declaratoria de caducidad de la acción hecha en la sentencia de instancia y a desechar los argumentos de la apelación. Esto, por cuanto la alegada actualidad y permanencia del daño por parte de la apoderada demandante, no altera el inicio del término de caducidad de la acción, debido a que, como la ha sostenido de vieja data la jurisprudencia contenciosa administrativa, la permanencia de los efectos nocivos de un daño no evita que el término de caducidad empiece a correr, so pena de mal entenderse que la acción no caducaría jamás”.
Expediente: 20040005901
Tema Tratado: Perjuicios morales y materiales/Debe reconocerse el 100% cuando se trata del interés superior del menor.
“….resulta procedente y ajustado a las reglas jurisprudenciales, el reconocimiento de 100 SMLM, por concepto de perjuicios morales, a favor de la menor (….), de quien se presume la embargan sentimientos de tristeza por la muerte de su padre. A la vez, comparte la Sala el reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la antedicha (menor), hija póstuma de JHIMMY ALBERTO GUAUÑA. Al respecto, cabe anotar que la decisión del A quo se enmarca en el concepto de interés superior del niño -, internacionalmente reconocido y desarrollado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, así: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. (El subrayado no es del texto original). Bajo ese principio, se avala la inferencia hecha por el Juez de Instancia, en el sentido que el señor JHIMMY ALBERTO GUAUÑA asistiría económicamente a su hija Stefania Guauña Quira. Lo que se desencadena de la prescripción legal, consistente en que se deben alimentos a los descendientes –artículos 411 y siguientes del Código Civil-, concepto que en el caso de los menores de edad abarca todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para su desarrollo integral –artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia. De igual forma, la Sala comparte la afirmación del A quo, atinente a que el señor JHIMMY ALBERTO GUAUÑA era una persona económicamente productiva. Por último, el Juez aclaró que la demanda pidió el reconocimiento del lucro cesante, a favor de (la menor), en cuantía del 50% de los ingresos que el señor JHIMMY ALBERTO GUAUÑA obtendría. Mientras que él decidió reconocer por dicho concepto, y a favor de (la menor), el 100% de los ingresos que obtendría JHIMMY ALBERTO GUAUÑA, con fundamento en la ausencia de otros beneficiarios de éste. Cabe explicar, al respecto, que se destruye, a favor de la menor, la lógica que se aplica en la distribución de los montos del lucro cesante que se reconoce por la muerte de una persona.
Expediente: 20070048600
Tema Tratado 1: Accidente de tránsito/Vehículo de la Policía Nacional/ Responsabilidad/ Contexto fáctico ligado a la actividad de la Administración.
“Ahora bien, de conformidad con lo probado en el presente proceso, se encuentra que el 05 de julio de 2006, el vehículo automotor de placa BEU- 765, Marca: Toyota, Línea: Hilux, Color: Verde, que se encontraba al servicio del Departamento de Policía- Cauca, Seccional Policía Judicial, conducido por el señor Eyber Calderón Rubiche, miembro de la Policía Nacional, se vio implicado en un accidente de tránsito ocurrido entre la calle 3 y la carrera 17 de la ciudad de Popayán- Cauca, donde resultó muerto el señor Gilberto Collazos López. De lo expuesto se concluye, que el contexto fáctico en el cual tuvieron ocurrencia los hechos objeto de la demanda que aquí se examina, se encontraba inequívocamente ligado a la actividad de la Administración, como quiera que el señor Eyber Calderón Rubiche estaba cumpliendo labores atinentes al servicio oficial como lo asegura el señor Edwar Augusto Guetoto, copiloto en el momento del accidente, quien asegura: “Para esa fecha estábamos adelantando una investigación durante el día la cual se alargó en horas” (fl. 63 C.Pbas), y el vehículo utilizado para tal efecto, así como la conducción del mismo, se encontraban bajo la guarda de la entidad demandada”.
Tema Tratado 2: Culpa exclusiva de la víctima no demostrada/ Debilidad probatoria/testimonios no confiables, sin que otra prueba los corrobore.
“En lo atinente con la afirmación realizada en la contestación de la demanda encaminada a sostener que el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, según se encuentra consignado en el informe policial de accidentes de tránsito (fl. 75 C.Pbas) - aparte de la afirmación del compañero de conducción que produjo el accidente, testimonio que por demás no ofrece la imparcialidad requerida debido a que no aparece corroborada por ninguna otra prueba - del análisis probatorio realizado, lleva a la Sala a concluir que la causa del accidente se debió al exceso de velocidad – 61 k/h aproximadamente- con que conducía el señor Eyber Calderón Rubiche, cuando se desplazaba sobre un sector cuya velocidad permitida es de 40 k/h, situación que se evidencia cuando el vehículo automotor aparece detenido a una distancia de 32,40 metros del occiso y 4,70 metros a la mancha de sangre, sin que exista huella de frenado anterior, ni posterior al punto de impacto, lo cual indica que en ningún momento el conductor pudo observar al peatón para proceder a frenar y evitar el impacto; por el contrario, iba a alta velocidad que no le permitió percatarse de la presencia del peatón y generó que fuera lanzado a la distancia mencionada, tal como lo manifiesta la señora María Eugenia Narváez González y se corrobora con el dictamen pericial referido anteriormente. Por tanto, en el caso en concreto debe descartarse la configuración de la culpa exclusiva de la víctima y partiendo de los hechos demostrados dentro del proceso, en el caso sub examine, se configuró una falla en el servicio y en consecuencia, generan para la entidad demandada la consiguiente obligación de repararlo”.
Expediente: 20070014500
Tema Tratado: Privación Injusta de la libertad/Carácter fundamental del derecho a la libertad/ la presunción de inocencia es un principio universal que milita a favor del sindicado desde el inicio de la investigación penal.
“El precedente jurisprudencial que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. En este caso, es evidente que la parte demandante ha sufrido un perjuicio por la privación de su libertad y su vinculación en un proceso penal que concluyó con sentencia absolutoria a favor del procesado. El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico, atribuye al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía al proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En el asunto objeto de estudio, la absolución a favor del señor Burbano Collazos se produjo, al concluir que de los medios probatorios ilícitamente recaudados, entre otros (interceptación telefónica- reconocimiento fotográfico), no se logró establecer la identidad ente alias Walter Torres y el procesado, concluyendo que no fue el autor del ilícito mencionado, lo cual configura, sin lugar a dudas, la existencia de un daño antijurídico, pues la privación de la libertad realmente ocurrió, sin que el demandante tuviera que soportarlo jurídicamente. Es preciso aclarar a las entidades demandadas que si bien actuaron en cumplimiento de las funciones de investigación y acusación que la Ley y la Constitución les confieren, también lo es que, el Consejo de Estado ha considerado que la presunción de inocencia, principio universal contenido en la Constitución Política de Colombia y en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, milita a favor del sindicado desde el inicio de la investigación. Pues a juicio de la alta Corporación “es un contrasentido pensar que la presunción de inocencia sólo tiene vigencia una vez que el Estado ha despejado las “dudas” o se ha enredado en ellas, pues el artículo 29 constitucional enseña que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. (Sentencia del 27 de octubre de 2005, radicado 15.367 M.P. María Elena Giraldo Gómez). En este orden, con el fin de establecer la responsabilidad en que pudieron incurrir las entidades demandadas, observa la Sala que el hecho dañoso es exclusivamente atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues fue ésta la que profirió una decisión en contra del señor Burbano Collazos, bajo la cual lo privó injustamente de su libertad, pues en la sentencia que dio fin al proceso se determinó que no cometió el ilícito”.
Expediente: 20070013400
Tema Tratado: Privación Injusta de Libertad/La falta de identificación e individualización del presunto autor impide la vinculación de personas a un proceso penal.
“Encuentra la Sala que la falta de identificación e individualización del presunto autor de un delito, es una circunstancia que sin vacilación impide la vinculación de personas a un proceso penal, pues resulta absurdo que se inicie una investigación cuando ni siquiera se tiene una deducción convincente sobre la persona que comete la conducta punible. En ese sentido, la Carta Política en su artículo 250 impone como obligación al ente acusador a perseguir el delito y hacer comparecer a quienes sean autores, empero, no puede vincularse a cualquier ciudadano so pretexto de cumplir con dicha obligación constitucional. Si bien es una imposición superior, la autoridad encargada de cumplirla deberá tener el más diligente cuidado en la investigación de las conductas criminales, más aún, si en dicho tránsito se ve involucrada la libertad de los administrados, quienes no están obligados a pagar con la retención, por los errores cometidos por la autoridad competente, sobre todo, cuando el Estado ha puesto a su disposición gran cantidad de recursos humanos, económicos y tecnológicos para desplegar la función para la cual ha tenido fundamento su existencia”.
Expediente: 20050127801
Tema Tratado: Negocios realizados respecto de bienes embargados/La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos obró correctamente ya que al cancelar el contrato de compraventa lo hizo con base en orden expedida por la Fiscalía General de la Nación/No se demostró daño antijurídico.
(…) se colige claramente que cuando se realizó la compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 120-26057, siendo vendedor el señor Chávez Martínez José René a la señora Ordoñez Guevara Jenny Mercedes, actual demandante, se encontraba todavía vigente el embargo decretado por la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, ya que la cancelación del registro sólo puede llevarse a cabo cuando se presente ante el Registrador, la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido, como lo estipula el artículo 40 del Decreto 1250 de 1970, se debe concluir que la actuación de la entidad demandada se ajustó a derecho, toda vez que para realizar cancelación de contrato de compraventa contenido en la escritura número 1446 de 2.003, medió el oficio 766 del 04-09-2003 fiscalía 01 de Popayán. De otra parte, la Sala aclara que el embargo de acción real correspondiente a la anotación número 8 y el embargo de derechos hipotecarios de la anotación 9, sí podían coexistir, toda vez que cada uno de ellos versa sobre un derecho real diferente, esto es, el primero de ellos sobre el derecho real de propiedad y el segundo sobre el derecho real hipotecario, en consecuencia no le asiste razón a la apelante. En este orden de ideas, para la prosperidad de las pretensiones en el sub examine le correspondía a la actora, demostrar que pese a haber verificado el estado jurídico del bien objeto de compraventa antes de realizar el negocio jurídico, y debido a la información equivoca consignada en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, se produjo un daño antijurídico”.
Expediente: 20030113300
Tema Tratado: Apertura ilegal de programas académicos/ Es responsabilidad del ICFES y del Ministerio de Educación.
“Conforme a lo expresado, no cabe duda a la Sala que la responsabilidad del ICFES y el Ministerio de Educación se encuentra plenamente demostrada, puesto que fue precisamente en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que les tiene asignada la ley, se procedió a dar apertura irregularmente al programa de derecho –por extensión- en la ciudad de Popayán. Resulta inadmisible que los funcionarios responsables del control y vigilancia de las Instituciones de Educación Superior, sean los causantes directos de la infracción de las normas cuyo control les está encomendado, tal como se evidencia en el presente caso. Nótese como el flagrante incumplimiento de las encartadas en sus obligaciones de vigilancia y control, propició el irregular funcionamiento de la institución educativa, de cara a la normatividad que rige lo relacionado con el servicio educativo que prestan las universidades en el país, lesión que se materializa en la ausencia del registro inexorable en el Sistema Nacional de Información del programa de derecho ofrecido por la Universidad Libre, jornada nocturna sede Popayán”.
Expediente: 20080026700
Tema Tratado: Privación injusta de libertad/los registros no verificados de la SIAN, no sirven para retener a la persona.
“En la demanda se señaló que existió una privación injusta de la libertad del demandante, por haber sido retenido por la Policía Nacional, en cumplimento de órdenes de captura en su contra, que aparecían en la SIAN. Es así como en el presente caso no se estructuró la privación injusta de la libertad del actor, sino la falla del servicio, imputable a la actuación de la Policía Nacional al obrar de manera ligera y apresurada y sin previa verificación con las autoridades judiciales al retener al actor en el mes de diciembre del 2007, e incluirlo en el “listado de los veinte más buscados”, teniendo como fundamento para ello unas presuntas órdenes de captura que se encontraban vigentes, cuestión que ya fue analizada por la Sala, al no encontrar ninguna justificación del actuar policial, porque los reportes de la SIAN le dicen que debía verificar la información con la autoridad judicial de una parte, y de otra, que si las supuestas órdenes de captura estaban vigentes, la Policía no cumplió con su deber, que le imponía capturar al actor y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requería. Luego al dejarlo en libertad, implicaría la desconfianza en este tipo de registros y lo que aún es más grave, si las tales órdenes de captura estaban vigentes, como se dice, ello contradecía la decisión judicial que da plena certeza, en el sentido que el juez que investigó el delito de hurto calificado y agravado le otorgó la libertad condicional a partir del 9 de agosto del 2007, previa verificación que en su contra no pesaba requerimiento judicial alguno. Todo lo anterior implica entonces que los registros no verificados de la SIAN, por parte de la autoridad policial con los despachos judiciales como se indica en la parte final de tales documento, no podían servir para retener al actor y menos para incluir su foto, nombre y antecedentes en una campaña de lucha contra el delito, presentándolo como un peligroso delincuente, pues hasta ese momento histórico en diciembre del 2008, ello no se podía hacer pues el único antecedente probado era la sentencia en la cual fue condenado y donde la autoridad judicial dispuso de su libertad, previa verificación que en su contra no pesaba medida de aseguramiento alguno, librada por otra autoridad judicial”.
Expediente: 20070030400
Tema Tratado: Privación injusta de libertad/ Diferencias entre la alteración grave de las condiciones de existencia y el daño moral.
“Es necesario precisar, que la privación de la libertad causa zozobra a quien la padece y que el deterioro moral sufrido por los demandantes ha querido repararse con la indemnización de perjuicio moral. La alteración grave a las condiciones de existencia debe diferenciarse del daño moral, porque el primero es una condición especialísima que se presenta en el individuo y que deja de manifiesto el deterioro que le impide desenvolverse en el ámbito personal, familiar y social de la manera en que lo estaba haciendo antes de la ocurrencia de la lesión, se debe distinguir de la afección moral inherente a la lesión causada de las consecuencias proyectadas al futuro que impidan al sujeto desarrollar su proyecto de vida con plena tranquilidad y libertad y, que de todas formas, haga ostensible una condición de deterioro insanable producto del impacto causado por el daño del cual fue objeto y se pide su reparación”.
Expediente: 20040221501
Tema Tratado: Concurso de Méritos/Sena/En los cargos de libre nombramiento y remoción sujetos por el legislador al sistema de concurso, su elección debe regirse por el mérito.
“De esta forma, se encuentra demostrado que el actor participó en el concurso público convocado por el SENA en el año 2004 para proveer el cargo de subdirector de centro industrial regional del Cauca, en el cual, obtuvo el primer lugar al obtener el mayor puntaje en cada una de los componentes evaluados: prueba, entrevista, logros académicos y laborales. Sin embargo la entidad, nombró a quien quedó en el segundo puesto, frente a lo cual argumentó que para ello tenía discrecionalidad al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción. Actuación que el a quo encontró contraria a derecho, por cuanto desconoce los principios de acceso a los cargos públicos y los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del actor. Decisión que comparte la Sala, toda vez que, de acuerdo a la pauta jurisprudencial de la Corte Constitucional, si bien el cargo al cual se postuló el demandante es de libre nombramiento y remoción, al sujetar el legislador la elección de quien lo ejerce al sistema de concurso, el nominador, en este caso, el Director General del SENA debió respetar los resultados del mismo, nombrando a quien ocupó el primer lugar que en este caso es el actor, ya que lo contrario riñe con la finalidad del sistema de mérito para la provisión de cargos públicos, adoptado como regla general por la Constitución y extendido para el nombramiento objeto de debate por el legislador. Ahora bien, frente a negar el restablecimiento del derecho, consistente en ordenar el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir por el demandante por no haber sido nombrado, la Sala no comparte los argumentos del Ministerio Público, ya que como consecuencia de la decisión ilegal de no producir el nombramiento varias veces mencionado, el actor dejó de percibir los salarios y prestaciones correspondientes a los que tenía derecho y si bien es cierto, la decisión judicial reconoce la existencia de tales derechos, ello no significa que nazcan con el mismo y menos aún que el perjuicio causado por la Administración con la expedición del acto impugnado, solo deba restablecerse parcialmente con la orden de nombramiento, pues el transcurso del tiempo no generó pérdida de derecho alguno del señor Trujillo Solarte a favor de la Administración”.
Expediente: 20010133900
Tema Tratado: Procesos de Responsabilidad Fiscal/ Contraloría Municipal/El actor no probó violación al debido proceso.
“El artículo 177 del C.P.C establece que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, (…) en este caso el demandante era quien tenía la carga de probar si el proceso de Responsabilidad Fiscal se vio afectado por violación a la norma constitucional que consagra el debido proceso, aportando copia íntegra del mismo, para su correspondiente valoración probatoria. En conclusión, durante el trámite del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado ante esta Corporación, el demandante tenía que probar el supuesto que fundamentaba su pretensión. Pese a lo anterior, el accionante incumplió con su carga probatoria, que si bien es dispositiva, le correspondía a él realizarla, por lo que su omisión trae consecuencias desfavorables; en este caso la consecuencia para el actor consiste en no poder establecer si existió o no la violación al debido proceso, respecto al cargo tercero y cuarto, en el proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado por la Contraloría Municipal de Popayán en contra del señor Cesar Muriel Rodríguez, razón por la cual el Tribunal denegará los cargos propuestos”.
TÍTULO 51
Expediente: 20050096501
Tema Tratado: Prestaciones sociales/Aplicación del Decreto 3572 de 2003 a empleado de la Registraduría Nacional.
“En este orden de ideas el actor era empleado de la Registraduría Nacional y se le aplica el Decreto 3572 de 2003, régimen especial de prestaciones sociales de la Registraduría, no se aplica el Decreto 4179 de 2004 porque cuando dejó de prestar el servicio el 31 de agosto de ese año, ésta normatividad no había sido expedida ya que sólo lo fue hasta el 10 de diciembre de esa anualidad, por lo tanto, su aplicación no puede ser retroactiva (…) Significa esto que en época pre y pos electoral reciben horas extras los de los niveles asistencial, técnico y profesional, como quiera que en el año 2004, como lo dijo el Juez de Primera Instancia, fue un año electoral, tienen derecho a éste tipo de trabajo suplementario, a las horas extras, todas las personas que como el actor, hubiesen trabajado en esta época. En el caso del señor OMAR NARVAEZ LEDEZMA, se le reconocieron por los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil del Cauca, horas extras y trabajo ordinario en días dominicales y festivos, no otra finalidad tiene el certificado que obra en el reverso del folio 4, de lo contrario, no le hubiesen certificado tal situación, sino que se lo hubiesen negado por parte de los Delegados del Registrador en esta ciudad y no otro hubiese sido el oficio No. 1554 enviado el 14 de julio de 2004. Luego, lo realizado por el Juez al momento de aplicar la liquidación conforme al art. 39 del Decreto 1042 de 1978 es ajustado a la Ley porque como bien lo cita él y lo resaltamos en esta providencia, los tiempos extras laborados que excedan en el presente artículo se reconocerán en tiempo compensatorio, una vez hecha la liquidación, de acuerdo con los recargos que para caso establezca la ley y es ella, la que determina como se tenían que liquidar y así lo efectuó el Juez de Primera Instancia”.
Expediente: 20050136601.
Tema Tratado: Prima técnica/No aplica para empleados de la rama judicial.
“El demandante pretende el pago de la Prima Técnica, centrando su argumento en que el artículo 3º del Decreto 1661 de 1991, dispone que “...La Prima Técnica con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles.” Empero, advierte la Sala, que el mismo Decreto 1661 de 1991, estableció en su artículo 1º, que la Prima Técnica será un reconocimiento a los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público, por lo que el demandante no tiene ningún derecho adquirido en vigencia de esta norma por pertenecer a la Rama Judicial del poder público. De igual manera, el artículo 1 del Decreto 1724 de 1997, solo hizo extensivo dicho beneficio para los cargos de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Público, concluyéndose que bajo el amparo de esta norma, sería ilegal su reconocimiento para el cargo de Citador grado 3 del Juzgado Promiscuo Municipal de Caloto. Tampoco podría reconocerse tal beneficio, en virtud de lo estipulado en el artículo 1º del Decreto 1336 de 2003, ya que su cargo no se encuentra dentro de los indicados en esta norma. El desarrollo normativo que ha tenido la Prima Técnica, indica que el Legislador la contempló para el nivel Directivo y Asesor perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público, siendo extensiva posteriormente para los cargos equivalentes en los demás Órganos y Ramas del Poder. Respecto de la Rama Judicial se tiene que la prima técnica se consagró para quienes desempeñan cargos específicos, como son Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado y de los Magistrados del Tribunal Disciplinario. Actualmente, conforme a la normatividad en cita, observa la Sala que no gozan del derecho al reconocimiento de la Prima Técnica, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, por no existir norma que así lo establezca”.
TÍTULO 53
Expediente: 20050183001
Tema Tratado: Vicios del consentimiento en renuncia del cargo/Personero Municipal/No se demostró que la renuncia del cargo de personero tuviese vicio de consentimiento alguno.
“Sostiene la demanda que la firma del escrito de renuncia al cargo de Personero Municipal, por parte del señor Héctor Armando Torres Ordóñez, se llevó a cabo bajo coacción y antes del nombramiento y posesión en el cargo. La Sala, como bien lo anotó el Juez, no encuentra demostradas dichas circunstancias, esto es, no hay certeza de que la firma del documento contentivo de la renuncia al cargo de Personero Municipal, por parte del señor Torres Ordóñez, haya ocurrido antes de su nombramiento y posesión como Personero –incluso se desconocen estas fechas-, ni mucho menos que haya ocurrido con coacción –cualquier tipo de fuerza moral o física que enervara el libre consentimiento-, más aún, cuando en la apelación expresamente la apoderada demandante indica que el documento no es falso, que la firma allí plasmada corresponde a la del actor, que éste fue quien lo redactó, y cuando, como bien lo apuntó el A quo, el señor Torres Ordóñez aparece como plenamente capaz para el ejercicio de sus derechos (…) Además, no es de recibo para la Sala el argumento de que la renuncia es inexistente, por lo que su aceptación es una falsa motivación en la decisión de la administración. Esto, porque la renuncia obra en el plenario, contiene la voluntad del funcionario de separarse del cargo y no se demostró vicio alguno en el consentimiento”.
TÍTULO 54
Expediente: 20080041101.
Tema Tratado: /Pensiones/Régimen Especial del DAS/ La prima de riesgo no constituye factor salarial/Los viáticos constituyen factor salarial siempre y cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio.
“Debiéndose aclarar, que conforme antes se determinó, la prima de riesgo no constituye factor salarial y por ende no puede ser tenida en cuenta para liquidar la pensión del actor, a pesar que la juez de primera instancia señaló que era del caso incluirla, por cuanto la entidad demandada así lo había hecho, sin embargo al revisar los actos administrativos demandados en ninguno de ellos se constata que CAJANAL lo haya aplicado, por ende, aunque en la parte resolutiva de la sentencia no se menciona este factor de manera expresa, es necesario advertir que la prima de riesgo no debe ser tenida en cuenta para la revisión de la liquidación pensional. Ahora bien en cuanto a los viáticos, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, estos son factor salarial, siempre y cuando, se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio, lo cual no ocurre en el presente evento, de acuerdo con el certificado que obra a folio 6 del expediente, por lo que habrá que modificarse el numeral dos de la sentencia apelada, en el sentido de no incluirse como factor salarial los viáticos devengados por el actor, en tanto que no cumplen con el presupuesto de la norma que los consagra. De esta forma, al confrontar los factores percibidos por el demandante con los tenidos en cuenta por la entidad demandada al momento de la reliquidación pensional, se observa que esta sólo incluyó la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, omitiendo incluir las primas de vacaciones, servicios, navidad y el subsidio de alimentación (fl.184 C. ppal.) En consecuencia, el actor tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación en un monto equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio y con inclusión como factores salariales las primas de servicios, vacaciones, productividad, navidad y el subsidio de alimentación”.
Expediente: 20100010701
Tema Tratado: Pensión Gracia/Se deben incluir todos los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a la consolidación del derecho/La reliquidación solo es posible respecto de los factores devengados al momento de la consolidación del status y no en la época del retiro del servicio.
“(…) es claro precisar que en la liquidación de la pensión gracia se deben incluir todos los factores salariales percibidos por la actora, durante el año inmediatamente anterior a aquél en que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, vale decir los que regían para el momento en que consolidó su derecho. En síntesis, las normas especiales que rigen el reconocimiento de la pensión gracia (artículo 4º de la Ley 4ª de 1966 y el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966), se aplican bajo el entendido de que el setenta y cinco (75%) del promedio obtenido en el último año de servicios, es el año inmediatamente anterior a aquél a la consolidación del status de pensionada. Posteriormente, la reliquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados al momento de la consolidación del status pensional y no en la época del retiro del servicio, como ocurre en las pensiones ordinarias, en cuyo caso existe afiliación y, por ende, aportes que llevan a la mejora en el monto de la pensión al momento de la desvinculación”.
TÍTULO 56
Expediente: 20050133101
Tema Tratado: Actos de sanción municipal en materia de licencias de construcción/ Al declararse la ilegalidad del acto administrativo, la Administración debe devolver lo pagado/Debe demostrarse la totalidad de los perjuicios.
“(…) la Sala encuentra demostrado que efectivamente la administración municipal de Popayán expidió los actos administrativos que impusieron la sanción pecuniaria a la demandante, hecho que implicaba el pago de una suma de dinero, conllevando al detrimento de su patrimonio, constituyéndose éste en el perjuicio directo de los mismos, por lo cual al ser declarados nulos, surge para la administración la imposibilidad de hacer efectiva la sanción, o en el evento de haberse pagado el valor de la multa, estaría obligada a devolver dicha suma, siendo éste el restablecimiento del derecho que resulta de tal declaratoria, para lo cual bastaba con demostrar la ilegalidad de las resoluciones demandadas, como sucedió en el caso bajo estudio. Sin embargo, la actora solicitó de manera adicional que a título de restablecimiento del derecho se condenara a la entidad demandada al pago del valor cancelado al contratista e interventor de la obra y el valor de la renta dejada de percibir por la suspensión, efecto de la decisión ilegal contenida en los actos demandados; perjuicios que para ser acreditados, además de la declaratoria de nulidad, necesitaban de medios probatorios que llevaran a la certeza de su existencia, es decir, se requería haber probado que en el local donde se ejecutaba la remodelación para la cual se pidió licencia se desarrollaba una actividad comercial, empresarial o se prestaba un servicio del cual la demandante recibía un ingreso, así como que durante el tiempo en que estuvieron suspendidas las labores de remodelación ésta contrató con los profesionales que manifiesta haberlo hecho, circunstancias de las cuales no existe prueba en el expediente”.
Expediente: 20050152501
Tema Tratado: Reliquidación de pensión/ Empleado INPEC/Aplican los factores salariales del Decreto 1045 de 1978.
“Ha quedado claro que el actor tiene derecho a que se le reliquide su derecho pensional, para lo cual la Sala procederá a ratificar el análisis desplegado en primera instancia, toda vez, que la liquidación efectuada con la inclusión de los factores que fueron mencionados en el fallo recurrido son los correctos, con excepción de las vacaciones y la bonificación por recreación, ya que estas no constituyen factor salarial, de conformidad con el Decreto 1045 de 1978 y la pauta jurisprudencial claramente analizada en esta providencia. Con todo, la base de liquidación estará conformada por los siguientes factores salariales: ASIGNACION BÁSICA, HORAS EXTRAS, AUXILIO DE ALIMENTACION, AUXILIO DE TRANSPORTE, BONIFICACION POR SEVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE ANTIGUEDAD Y PRIMA DE VACACIONES (Fls 17, 18, 44 y 45 del Cdno de Pbas). El reconocimiento del derecho pensional se hará con el 75% del promedio de los factores antes citados, devengados en el último año de servicio. (1 de marzo de 1998 a 28 de febrero de 1999)”.
Expediente: 20080017600
Tema Tratado: Presunta sustracción ilegal del pago de valores adeudados al Hospital Universitario por parte de la Dirección Departamental de Salud del Cauca/Carencia de elementos probatorios.
“En las pretensiones de la actora, solicita que se declare que la Dirección Departamental de Salud del Cauca se sustrajo de forma ilegal al pago de los valores adeudados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva por concepto de prestación de servicios de salud de urgencias a la población pobre y vulnerable del Departamento del Cauca; para establecer dicha pretensión, debía demostrar en este plenario era por la prestación del servicio de urgencias en un período determinado, situación que ni siquiera mencionó en los hechos de la demanda, sabido es que le incumbe al actor probar estos supuestos de hecho, lo que no ocurrió en este asunto, por lo que serán negadas las pretensiones. Concluye la Sala que respecto a la Resolución No. 1397 de 10 de diciembre de 2007, no se presentaron cargos, por lo que no se puede estudiar su legalidad. En relación con las Resoluciones Nos 533 y 1391 de 2007 no prueba la parte demandante que la D.D.S. se haya sustraído de forma ilegal al pago de los valores adeudados, tal como lo alega la parte demandante, ya que no aportó la Resolución motivada que exige el art. 67 de la Ley 715 de 2001 ni demostró que el servicio que le prestó la demandante a la demanda fue por urgencias, si bien afirmó que no se requería contrato para el pago de urgencias, ello no es suficiente para desvirtuar la ilegalidad de las resoluciones mencionadas puesto que aquí tenía que demostrar que era por urgencias y no por otra causa diferente la prestación de servicios”.
TÍTULO 59
Expediente: 20090042801
Tema Tratado: Reliquidación de Pensiones/ Funcionario de la Rama judicial/ Se debe reliquidar en un monto equivalente al 75 % con la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios y con inclusión de todos los factores salariales devengados.
“En el sub judice observa la Sala que el demandante devengó durante el último año de servicios, los siguientes factores: sueldo básico, subsidio de alimentación, primas de navidad, servicios, vacaciones, productividad, incremento por antigüedad (fls 299 a 304 C. Ppal. 2). Al confrontar los factores percibidos por el demandante con los tenidos en cuenta por la entidad demandada al momento de la reliquidación pensional por retiro, se observa que esta sólo incluyó la asignación básica, bonificación por servicios prestados, incrementos por antigüedad y la adición del 2.5, omitiendo incluir las primas de productividad, vacaciones, servicios, navidad y el subsidio de alimentación (fl.10 C. ppal. 1). En consecuencia, el actor tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación en un monto equivalente al 75 % con la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios y con inclusión como factores salariales las primas de servicios, vacaciones, productividad, navidad y el subsidio de alimentación”.
TÍTULO 60
Expediente: 2004024680001
Tema Tratado: Prima de actualización/ Carácter temporal/No puede ser tomada como factor de reajuste después de 1995.
“ (…) el beneficio de la prima de actualización, solo fue exigible hasta el 31 de diciembre de 1995, por lo que a partir del 1º de enero de 1996, dicha obligación perdió sustento legal y no es actualmente exigible, toda vez que, como se expone con la jurisprudencia transcrita, la prima de actualización tuvo un carácter temporal, comprendido en los años 1992 a 1995, hasta tanto se nivelara la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, hasta cuando se consolidará la escala porcentual para dicho personal, por lo cual no podía ser tomada como factor de reajuste de la asignación de retiro en los años posteriores, aunado a que el decreto 107 de 1996, mediante el cual se logró la escala salarial porcentual única para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, no contempló porcentaje alguno por concepto de prima de actualización. El Consejo de Estado ha dicho de manera enfática, que en ningún caso es viable continuar pagando suma alguna por concepto de prima de actualización después del 31 de diciembre de 1995, pues ésta tuvo un carácter transitorio que duraría estrictamente hasta cuando se lograra la nivelación salarial de ciertos servidores. En efecto, uno de los propósitos del legislador de 1992 al expedir la ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento de una escala gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros activos y retirados de la fuerza pública, razón por la cual se creó de manera temporal la prima de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo. Como ello se logró en vigencia de los decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, no es procedente ahora ordenar que se incluya para efectos de la reliquidación de la asignación de retiro desde el 1° de enero de 1996, cuando ya se dio cumplimiento cabalmente a la ley”.
TÍTULO 61
Sentencia: 25 de Agosto 2011
Tema Tratado: Asignación de retiro/Se trata de una prestación periódica.
“En el asunto que ahora ocupa la atención de esta Sala, procede, bajo esas mismas consideraciones, a modificar el punto apelado en el fallo, esto por cuanto la asignación de retiro al ser una prestación semejante a la pensión de vejez, y por tanto periódica, ya que en el fallo recurrido se accede a la reliquidación de la prestación con fundamento en el IPC, se genera claramente un incremento periódico y futuro de forma ininterrumpida, por tanto como lo sostiene el H. Consejo de Estado, las diferencias reconocidas a la prestación se deben utilizar al momento de realizar la liquidación de las mesadas ulteriores. Entonces para el sub examine tenemos que la base pensional ha sufrido modificaciones desde el año 1.997, debido a la aplicación del IPC y por tanto este incremento tiene incidencia en los pagos futuros, lo que conlleva a que no se deba establecer ninguna limitación ya que el incremento no se agota en un lapso determinado”.
TÍTULO 62
Salvamento de voto: Restablecimiento del derecho
Sentencia: 28 de septiembre de 2011
Expediente: 20060063301 sv
Tema Tratado: Asignación de retiro/ Se requería hacer un análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste y no limitarse a comparar porcentajes de ajuste anual.
“En efecto, el fallo si bien acoge la jurisprudencia vigente sobre la materia, en especial la sentencia del Consejo de Estado, de mayo 17 de 2007, con ponencia del magistrado Jaime Moreno García, en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad en aquellos casos en que se verifique, que el reajuste por el sistema de oscilación resulte menos beneficioso que el sistema de reajuste por IPC, desnaturaliza su contenido al aplicarlo en forma inadecuada. Tal hecho es fácilmente comprobable, puesto que el juez se limitó a comparar los porcentajes de cada sistema por cada uno de los años y deducir que por el hecho de que en algunos años, el porcentaje de IPC era mayor al porcentaje aplicado por la Caja, se vulneró el principio de favorabilidad al demandante. El estudio detenido de la sentencia en mención, de ninguna forma lleva a la conclusión a la que llegó el juez. El Consejo de Estado, en dicha providencia, se dio el trabajo de hacer un análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste para cada uno de los años en cuestión, que es cosa muy distinta a limitarse a comparar porcentajes de ajuste anuales, puesto que la favorabilidad o desfavorabilidad se cuestiona en relación al sistema y no al porcentaje, y en consecuencia lo que determina que se acceda o no a las pretensiones de reajuste, es la comparación anual sobre los valores absolutos resultantes de aplicar cada sistema en forma continua a partir del año 1997 hasta el año 2004”.
Sentencia: Agosto 31 de 2011
Expediente: 19970893801 (19.195).
Tema tratado: La causal exonerativa de responsabilidad, hecho de un tercero (ataque grupo armado insurgente), no exime a la entidad demandada de responder administrativa y patrimonialmente. Precedente jurisprudencial
“Y si bien, el a quo entendió que operó la causal exonerativa del hecho de un tercero, la Sala debe consolidar el precedente en los siguientes aspectos: i) es cierto que en la producción del daño hubo tanto participación de un tercero, un grupo armado insurgente respecto del cual no puede negarse su existencia y su realidad dentro del conflicto armado interno que vive nuestro país, como al mismo contribuyó la omisión e incumplimiento de las entidades demandadas al no adoptar las medidas de seguridad, de protección y de prevención, tal como se advertía en el informe realizado por la propia autoridad policial, donde se indicó la amenaza inminente y seria de un ataque por alguno de los grupos armados insurgentes que operaban en la zona; ii) en este tipo de eventos se produce la concurrencia de acciones y omisiones distintas a la propia de la víctima, que deriva en la generación de una obligación solidaria [solidaridad que se expresa en cuanto al grupo armado insurgente en su responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario, artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, al afectar con sus acciones indiscriminadas a la población civil, y al uso de material bélico no convencional y lesivo de los derechos no sólo de la víctima, sino también de los propios uniformados que son objeto de este tipo de ataques], que permite a la víctima del daño exigir la indemnización a cualquiera de los sujetos que contribuyeron a la producción del mismo [en aplicación de los expresos mandatos de los artículos 2344 y 1568 del Código Civil); iii) luego, el hecho del tercero [grupo armado insurgente] no es única, exclusiva y determinante, sino que contribuye a la producción del daño, por lo que persiste la obligación solidaria de indemnizar el daño [en aplicación del artículo 1571 del CC]; iv) desde el ámbito fáctico, no se produce una ruptura, porque el incumplimiento de las medidas de seguridad, y la omisión de permitir la presencia de la víctima como personal civil durante el ataque del grupo armado insurgente no deja de enervar la responsabilidad de las entidades demandadas, y de permitir su atribución jurídica.”
* Con aclaración de voto y salvamento parcial de voto del doctor Enrique Gil Botero
Sentencia: 11 de Febrero de 2011
Expediente: 20030819602 (1420-09)
Tema tratado: Acto de Insubsistencia / Funcionario DAS en carrera/ Debe ser motivado en desarrollo de principios constitucionales.
“Lo anterior significa, entonces, que a partir de ese pronunciamiento la declaratoria de insubsistencia de un funcionario inscrito en el régimen especial de carrera, por razones del servicio y a juicio del nominador, deberá ser siempre motivada, pues la autorización legal para expedir la providencia sin explicar la razón o el motivo considerado para tomar dicha determinación ha sido invalidada por otra disposición legal. En tal caso, la insubsistencia de este personal se someterá al principio general de publicidad de los actos administrativos, el cual obliga a exponer, sin excusa siquiera alguna, la causa eficiente que llevó a la autoridad nominadora a tomar esa decisión. De no hacerlo, se vería seriamente comprometido el debido proceso y por consecuencia el derecho de defensa (art. 29 C.P.). Lo anterior, por cuanto la excepción - no motivación - es de carácter restrictivo, en tanto opera única y exclusivamente para los casos regulados de manera expresa por el legislador. Si no ha sido prevista tal autorización en el ordenamiento positivo, no es posible sustraerse de la regla general “motivación”. (…) Además, no puede olvidarse que la previsión constitucional contenida en el artículo 29 es un claro desarrollo del principio de legalidad, en donde resulta forzoso otorgarle a la persona a la que se le aplica una medida administrativa que lo afecta, las garantías procesales necesarias para su real y efectiva defensa. Para tal efecto, no sólo conocerá de los motivos de la decisión sino que tendrá oportunidad de referirse en concreto sobre los mismos, si no se está de acuerdo con ellos, impugnando tal decisión sobre la base de la absoluta comprensión de antecedentes expuestos para su consideración y resolución. No se trata simplemente de una exigencia formal - motivación - sino de obedecer un principio funcional de orden constitucional que obliga a poner en conocimiento de los administrados las decisiones que los afectan (art. 209), con el fin de que puedan ejercer los respectivos controles o mecanismos que aseguren la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 y 40); y de paso soslayar, como se ha dicho, el oscurantismo administrativo, permitiendo así que se garantice el derecho sustancial (art. 228 ib.).

References: artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 107
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 152
 artículo 6
 artículo 88
 artículo 7
 resolución 
 artículo 177
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 60
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 60
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 136
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 40
 artículo 177
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 1571
 artículo 29