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Timestamp: 2018-11-15 05:12:12+00:00

Document:
DÁVILA Y ASOCIADOS, Abogados: 2015
Ayudas y Asistencia a Victimas de Delitos Violentos
Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
Esta ley nace con vocación de acercar la pretensión y solución punitiva del Estado a la realidad social de las víctimas de delitos; que en ocasiones han padecido cierto abandono. En la aplicación de esta ley ha de tenerse en cuenta el Real Decreto 738/1997, de 23 de Mayo por el cual se desarrolla la misma.
Su objeto es el reconocimiento de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de delitos violentos y dolosos, cometidos en España, con resultado de muerte o lesiones corporales graves, o daños en la salud física o mental. Igualmente se beneficiaran de tales ayudas las víctimas de delitos contra la libertad sexual, incluso los perpetrados sin violencia.
Las ayudas públicas reguladas por esta ley no son indemnizaciones; el Estado no asume, de forma sustitutoria, las indemnizaciones debidas por el culpable. Debe destacarse que las mismas resultan incompatibles, entre otras percepciones, con las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por el delito que se establezcan en sentencia; con la salvedad de los supuestos de insolvencia parcial, siempre y cuando no supere la percepción por ambos conceptos un importe mayor al fijado en la resolución judicial.
No solo se prevé por esta ley la concesión de ayudas definitivas, una vez que hubiese recaído sentencia firme que finaliza el proceso penal; sino que además se prevé la posibilidad de obtención de ayudas de carácter provisional durante la tramitación del mismo proceso penal.
En cuanto a la fijación de la cuantía de tales ayudas ha de atenderse a los diversos criterios y parámetros previstos en la Ley y el reglamento que la desarrolla; y ello sin perjuicio, que a efectos de determinar la gravedad de las lesiones o daños en la salud de las víctimas, la propia ley se remite para su valoración a la legislación de la Seguridad Social.
En el procedimiento de reconocimiento de Ayudas Públicas a Víctimas de Delitos violentos se diferencia perfectamente tres fases distintas: iniciación, instrucción y resolución.
El procedimiento se inicia a instancia del interesado, por el mismo o por su representante legal. Siendo el órgano competente para conocer y resolver tal solicitud la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, integrado dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin embargo, la solicitud puede presentarse tanto en el Registro de la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas, como en las delegaciones de Economía y Hacienda, así como ante cualquiera de los órganos contemplados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Debe destacarse que la solicitud de tales ayudas está sujeta a un plazo de prescripción de un año desde la fecha en la que se produjo el hecho delictivo; plazo de prescripción que se interrumpe con el inicio del proceso penal y que empieza a correr de nuevo desde que recaiga resolución judicial firme.
Además el plazo de resolución varía de 6 a 4 meses, e incluso 2 meses dependiendo del tipo de ayuda; a título de ejemplo las solicitudes de ayudas por delitos violentos con resultados de fallecimiento tardan seis meses; en cambio tardaría en recaer la resolución dos meses en aquellos casos de solicitudes de ayudas para sufragar gastos funerarios o de tratamiento terapéuticos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual.
La resolución de tales solicitudes por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no tiene carácter definitivo; se puede interponer recurso en el plazo de un mes desde la notificación de tal resolución ante la Comisión Nacional de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Pero además cabe interponer recurso extraordinario de revisión tanto contra las resoluciones de la Dirección General como contra los Acuerdos de la Comisión, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
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Etiquetas: Ayudas y asistencia a victimas de delitos violentos, indemnización, insolvencia de los delincuentes, subvenciones
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REQUISITOS DE MOTIVACION DE LAS VALORACIONES POR PARTE DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012, CONFIRMANDO SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 17 DE FEBRERO DE 2011 POR LA QUE SE ANULA LA VALORACIÓN DE UN INMUEBLE A EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE SUCESIONES POR FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA VALORACIÓN LLEVADA A CABO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
Señala la sentencia del T.S. La necesidad de analizar si realmente, como sentó la Sala de instancia, el dictamen pericial realizado por la Administración tributaria de la Comunidad de Madrid en la valoración de los inmuebles que integraban el caudal relicto carecía de la necesaria motivación.
El Tribunal Superior de Justicia se muestra tajante al apreciar esa, en su opinión, insuficiente motivación, subrayando que el informe elaborado por el técnico de la Administración se ha limitado a asignar un determinado valor a partir de la aplicación de una serie de parámetros y coeficientes respecto de los cuales no se exponen cuáles son las fuentes de las que se extraen, salvo unas alusiones genéricas a estudios de mercado. La valoración se recoge en un impreso-formulario sin mención ninguna de las características específicas y singulares de los bienes inmuebles sobre los cuales se proyecta la comprobación de valores, tales como su estado de conservación, estructura, fachada y calidad de la edificación; no se tiene en cuenta el estado y las características del edificio, que desconoce porque ni siquiera consta que haya visitado el inmueble; sólo aparece su antigüedad. Hace hincapié en que si la Administración tributaria autonómica se remite a los registros fiscales existentes o a los estudios de mercado efectuados por ella misma para con apoyo en los mismos dictar una determinada resolución, en este caso una valoración tributaria, tal proceder es válido, pero necesariamente debe aportar al expediente administrativo un certificado o testimonio documental de los datos tributarios contenidos en aquellos. En definitiva, a juicio de la Sala de instancia, la motivación carecía en el caso debatido de la suficiente individualización.
Literalmente la sentencia del TSJ de Madrid establecía con rotundidad «Mientras no se exprese por la Administración en sus valoraciones los criterios seguidos, los datos fácticos tenidos en cuenta, los procedimientos concretos de aplicación, ponderación, actualización, extrapolación o individualización, todo ello glosado de un modo sucinto, pero suficiente, completo y adecuado para poder tomar cabal conocimiento de las operaciones realizadas por el Sr. Perito y poder verificar su corrección, esta Sala no puede admitir la validez de esas comprobación periciales. Asimismo, no es óbice para la aportación al expediente administrativo del Estudio de Mercado su volumen o su complejidad física pues no es necesario que se realice de un modo total sino sólo de aquellos valores, circunstancias a aplicar a la valoración de que se trata. Es necesario que cuando se acude a la designación del valor unitario tomado del estudio de mercado se haga de un modo concreto, es decir, de un modo tan directo, preciso e inequívoco que el contribuyente pueda acudir sin dudas al oportuno estudio de mercado y averiguar el apartado exacto de donde ha sido tomado ese valor unitario que se le ha aplicado,
Pues, de otro modo, el administrado ni siquiera puede verificar no solo la corrección de la valoración sino ni tan siquiera si existe algún error aritmético o de trascripción. No es admisible, en consecuencia, que se remita al interesado a aquellos registros o estudios para la comprobación de un dato fáctico absolutamente esencial para analizar si la valoración que se discute se halla suficientemente y correctamente motivada y si ha sido realizada válidamente.
Señala también la sentencia que por ejemplo en el caso examinado el Sr. Perito diga simplemente que el Coeficiente corrector del estado de conservación es acorde con su antigüedad y fija un coeficiente corrector de 1,00 sin más datos sobre el indicado estado de conservación implica la imposibilidad de verificar si lo procedente es ese coeficiente de 1,00 o el de 0,95, el de 0,90 o el de 0,85».
En cualquier caso continúa señalando la sentencia, aun cuando no se entendiera así, basta la lectura del informe de valoración del inmueble sito en la CALLE000 , número NUM004 , de Madrid, realizado por el perito de la Administración tributaria para advertir que, como sostiene la Sala de instancia, se limita a incluir a modo de motivación un texto estereotipado en el que trata de justificar los valores obtenidos, sin expresión de las razones concretas, los criterios especiales y los elementos de juicio tenidos en cuenta para llegar al valor comprobado, por lo que de ningún modo cabría entenderlo motivado, tal y como hemos dejado sentado para un caso semejante en la sentencia de 12 de diciembre de 2011 (casación 5967/09 , FJ 3º)].
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Etiquetas: impuestos., inmuebles, motivación, servicios, técnicos, Valoración
El TSJA confirma que el patrón del 'Nueva Pepita Aurora' debe...
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El PSOE pide dimisiones en el caso del 'Nuevo Pepita Aurora'
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El patron y propietario del Nuevo Pepita Aurora condenado al pago del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.
DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DEL BUFETE
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CONDENA AL PATRÓN DEL BUQUE NUEVO PEPITA AURORA AL PAGO DE FORMA SOLIDARIA A ABONAR A LAS VIUDAS DE CUATRO DE LOS MARINEROS FALLECIDOS EN EL NAUFRAGIO DEL BUQUE.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado el pasado día 11 de diciembre de 2014 sentencia por la que ha estimado el recurso interpuesto por las viudas de cuatro de los marineros fallecidos en el naufragio del buque ocurrido el día 5 de septiembre de 2007, ampliando la condena que había establecido el Juzgado de lo Social número 3 al patrón y propietario de la embarcación Jose Vega.
Hay que recordar que el Juzgado de lo Social número 3 de Cadiz había dictado sentencia estimando la demanda deducida por cuatro de las 8 viudas de los marineros fallecidos en el naufragio del Nuevo Pepita Aurora , condenando al pago de un recargo sobre las prestaciones del cincuenta por ciento por grave falta de medidas de seguridad en el accidente si bien esa condena se aplicó exclusivamente a la sociedad que aparecía formalmente como empresa, Nuevo Pepita Aurora S.L. ( que por cierto ha sido liquidada por los socios sin hacer frente a sus responsabilidades legales).
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala en la citada sentencia que en el presente caso se puede decir que estamos en presencia de una sociedad familiar ya que se trata de una embarcación de pesca propiedad de D. Jose Vega Camacho, el cual la arrienda a la sociedad Nuevo Pepita Aurora S.L., formada por los padres del propietario y de la Administradora Única Dª Teresa Vega Camacho y a su vez el propietario de la embarcación es el patrón del barco.
Aplicando la doctrina del velo resulta que existe una interrelación de bienes, derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas entre todos los familiares, padres , que constituyen la sociedad con el único bien, el barco, propiedad del hijo, que a su vez es el patrón del mismo e hija que es administradora única, beneficiándose tanto la sociedad como el propietario de la actividad de los trabajadores fallecidos, lo que hace extensiva la responsabilidad puesto que la sociedad constituye una apariencia jurídica en fraude de ley ( artículo 6.4 del Código Civil), con el fin de eludir la responsabilidad empresarial, el propietario, y patrón del barco, auténtico titular de la explotación del buque, que debe asumir los riesgos inherentes al ejercicio de la navegación.
La sentencia concluye revocando parcialmente la sentencia de instancia, manteniendo el recargo del cincuenta por ciento sobre las prestaciones y extendiendo la responsabilidad de su pago tanto a la sociedad Nuevo Pepita Aurora S.L. como al patrón y propietario del buque.
Publicado por davila asociados en 11:13
Etiquetas: accidente, aurora, barbate, barco, buque, hundimiento, Juzgado, medidas, naufragio, nuevo, patrón, pepita, pesquero, seguridad, tribunal
Ramon Dávila Invitdo de honor en la XVIII edición de CIMET 2015. Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo. Madrid 27 de enero 2015.
Violeta Dávila, 1 de enero de 2015
Ramon Dávila Invitado de honor en la XVIII edicion de Cimet 2015 Madrid. Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo
RAMON DAVILA, como Presidente de PROMOTUR invitado de honor a la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo.
Los Co-Presidentes de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo han dirigido invitación a Ramón Dávila Guerrero para su participación como invitado de honor a la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo que tendrá lugar en Madrid el martes 27 de enero de 2015, de 9 a a11.30 horas.
La sede de la Conferencia será el Centro de Convenciones de la Feria de Madrid y la Conferencia tiene lugar de forma paralela a la celebración de FITUR 2015.
CIMET 2015 contará con la activa participación de un panel de representantes de organizaciones empresariales, hoteleros y operadores turísticos en interlocución directa con los Ministros y como es habitual contará con la asistencia de Ministros de Turismo de las Naciones Iberoamericanas así como de un centenar de los principales Empresarios de Turismo de España en calidad de Invitados de Honor.
CIMET es una conferencia organizada por el grupo NEXO en colaboración con la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) y FITUR que abre el Programa Oficial de la Feria Internacional de Turismo.
Etiquetas: CEOE, cimet, conferencia, empresarios, fitur, iberoamericana., Madrid, ministros, turismo
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References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 6