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Timestamp: 2019-08-24 09:56:28+00:00

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STS 802/2007, 16 de Octubre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 34438942
Número de Recurso: 1914/2006
Número de Resolución: 802/2007
Sentencia citada en: 700 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Carlos Ramón, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 1ª, que condenó al acusado, por un delito de estafa y apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Juan Francisco, Ángel y Antonieta, estando dicho recurrente representado por el Procurador Sra. de la Fuente Baonza, y la parte recurrida representados por el Procurador Sr. Ortega Fuentes.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, incoó Procedimiento Abreviado con el número 556 de 1991, contra Carlos Ramón, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección 1ª, con fecha 31 de julio de 2003, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
PROBADOS: Del conjunto de la prueba practicada, se establece como probado el acusado Carlos Ramón, mayor de edad y sin antecedentes penales, actuando en nombre y en representación de la entidad mercantil "Inmobiliaria Madrid S.L", de la que era socio mayoritario, con domicilio social en Málaga, C/Larios núm.10-3º-d y anteriormente en C/Zapateros 2, y en el periodo comprendido entre agosto del año 1990 y julio de 1992, efectuó los siguientes hechos:
El día 17 de agosto de 1990, el acusado actuando como mandatario de Agustín y Gloria, en documento privado vendía el piso propiedad de estos, sito en la CALLE000 núm. NUM000, núm. NUM001 - NUM002 en el Barrio de las Delicias de Málaga, a Ildefonso y Marí Trini, recibiendo el acusado de los compradores en el acto de la firma 900.000 pesetas y posteriormente otras 100.000 pesetas, posteriormente se rescindió el citado acuerdo de compraventa entre compradores y vendedores, con devolución de las cantidades recibidas; en concreto, estos últimos restituyeron las 500.000 pesetas que le habían sido entregadas por el acusado, sin que este último, y tras ser requerido por los compradores, devolviera las otras 500.000 pesetas que retuvo en su poder.
El día 18 de enero de 1991 el acusado recibió un cheque por importe de 975.000 pesetas, y otras
25.000 pesetas en efectivo, de Celestina y Sebastián para la compra de un piso, sito en CALLE001 núm. NUM001 - NUM002 de la Barriada de la Alegría de la Huerta de Málaga, propiedad de Marco Antonio, encargándose también de las gestiones necesarias para la obtención de un préstamo hipotecario. Tres días después, el acusado actuando en nombre de la Inmobiliaria Madrid S.L., en documento privado compraba a Marco Antonio el piso antedicho, por el precio de 5.000.000 de pesetas, reservándose la facultad de escriturar en favor de otra persona y entregando 200.000 pesetas del citado precio de compra. Cantidad la vendedora retuvo ante el posterior incumplimiento del contrato, ya que finalmente no se obtuvo el préstamo hipotecario para la compra de la vivienda. Sin que posteriormente el acusado devolviera a los compradores el resto del dinero recibido. El día 8 de julio de 1991 el acusado recibió el encargo de Diego y Alejandra, de gestionarles la compra de una vivienda sita en la avenida Isaac Peral, por importe de 6.000.000 de pesetas, recibiendo la cantidad de
1.000.000 de pesetas, compraventa que finalmente no llegó a efectuarse, sin que el acusado posteriormente reintegrara a los compradores el 1.000.000 de pesetas.
El día 23 de agosto de 1991 el acusado actuando como mandatario verbal del propietario del piso sito en CALLE002 núm. NUM003, NUM004 - NUM005 de Málaga, vendía en documento privado a Vicente, por un importe de 4.500.000 pesetas; entregando el comprador un cheque nominativo a favor del acusado por importe de 1.481.172 pesetas, y aplazando el resto del precio en mensualidades de 49.884 de pesetas durante nueve años, pagando el comprador un total de nueve mensualidades, el comprador nunca llegó a tomar posesión de la vivienda, ni tampoco les fueron devueltas por el acusado las cantidades entregadas.
El día 7 de octubre de 1991 el acusado recibió de Jesús Carlos el encargo de la búsqueda de un piso en la Barriada de San Andrés de Málaga y gestionar un préstamo hipotecario para su adquisición, haciendo entrega de 500.000 pesetas, el acusado no llego a realizar la gestión encomendada, ni tampoco devolvió el dinero recibido.
El día 16 de octubre de 1991, el acusado recibió el encargo profesional de Sonia, de gestionarles la compra de la vivienda, sita en la AVENIDA000 nº NUM002, NUM006 de Málaga, que el acusado ofertaba en su Inmobiliaria por el precio de 6.500.000 de pesetas, recibiendo la cantidad de 505.000 pesetas para dicho fin, el acusado únicamente hizo entrega de 100.000 pesetas al propietario de la vivienda, sin que posteriormente efectuara ningún otro trámite en dicha operación, ni restituyera el resto del dinero recibido.
El día 17 de octubre de 1991, el acusado recibió el encargo profesional de Guillermo y Leticia, de gestionarles la compra de la vivienda, sita en CALLE003 nº NUM007 - NUM002 de Málaga, que el acusado ofertaba en su Inmobiliaria por el precio de 6.000.000 de pesetas, recibiendo un cheque por importe de 1.200.000 de pesetas para dicho fin, y tras ofrecerles el acusado una segunda vivienda en las mismas condiciones de precio que la primera, y tras ser citados en dos ocasiones los compradores y vendedores en la Notaria para formalizar la escritura de compraventa, no pudo llevarse a efecto ante la incomparecencia del acusado, que debía entregar el dinero a los vendedores en dicho acto, ni tampoco posteriormente lo devolvió a los compradores.
El día 12 de noviembre de 1991, el acusado recibió el encargo de Carlos Antonio de gestionarles la compra del piso, sito en el Monte Pavero de Málaga, CALLE004, Blq. NUM008 - NUM002 - NUM006, por la cantidad de 3.700.000 pesetas, que ofertaba en su Inmobiliaria, haciendo entrega para tal fin de cuatro cheques al portador por importe total de 1900.000 pesetas, y otras 100.000 pesetas en efectivo, quedando pendiente una letra de cambio por el resto del precio, el día 20 de noviembre de 1991 el acusado actuando como mandatario del comprador, en documento privado acordaba con la vendedora del mencionado piso, Maribel la compra por un precio de 3.000.000 de pesetas, haciendo entrega de 100.000 pesetas en efectivo a vez que el comprador conoció la diferencia de precio desistió de la operación interesando del comprador la devolución del dinero mediante requerimiento notarial, que fue desatendido por el acusado, y se negó posteriormente a devolver el dinero únicamente devolvió la letra de cambio en sede instructora, y presento también en instrucción una minuta de honorarios sin justificar por importe de 358.000 pesetas.
El día 3 de julio de 1992 el acusado recibió de Mariano, el encargo profesional de la compra de la vivienda, sita en la Barriada Puerta Banca de Málaga, CALLE005 nº NUM004 - NUM009, por el precio de 4.500.000 pesetas, haciendo entrega para tal fin de 410.000 pesetas, sin que el acusado llegara a realizar la gestión encomendada, ni devolviera el dinero recibido.
En el mes de octubre de 1990 el acusado se comprometió a gestionar la venta del piso sito en Málaga, urbanización Vistafranca, nº NUM002, NUM010, propiedad de Inmaculada, persona analfabeta, por el precio de 2.500.000 pesetas, y con la obligación de subrogarse el comprador en el pago de 6.812 pesetas a la Junta de Andalucía durante un periodo de 24 años, el acusado con conocimiento de que la vivienda al ser de protección oficial, y no estar aun escriturada a nombre de la bebedora, y que existía una prohibición de enajenar la vivienda durante varios años, oferto dicha vivienda a los hermanos Carmela y Guadalupe
, deficientes mentales, los cuales les interesó la compra y entregaron a la vendedora 1.032000 pesetas, posteriormente suscribieron un contrato privado de compraventa, recibiendo el acusado de los compradores
1.460.000 pesetas, que nunca llegó entregar a la vendedora, ni tampoco devolvió a los compradores.
En el mes de enero de 1991, el acusado recibió el encargo profesional de Marcos y Andrea, de gestionarles la compra de un chalet, sito en la urbanización el Algarrobo en el término municipal de Chilches en concreto el núm. NUM011, que este ofertaba en su inmobiliaria, y que edificaba la Constructora "Astur Malagueña", que abonaba un 5% de comisión a la Inmobiliaria por cada chalet que vendiera, recibiendo de los compradores un cheque por importe de 2000.000 pesetas para dicho fin, el precio de la vivienda era de
8.500.000 pesetas. Así mismo, los compradores le encargaron al acusado la venta de un piso que estos tenían en Sevilla, al objeto de obtener liquidez para la compra del chalet. El acusado no vendió el citado piso, y respecto del dinero recibido, se limitó a concertar una reserva del chalet por dos meses, haciendo entrega únicamente de 1.000.000 pesetas, que perdió por incumplimiento del contrato, y el otro millón nunca lo devolvió a los compradores.
En el mes de enero de 1991, el acusado recibió el encargo profesional de Donato y Angelina, de gestionares la compra de la vivienda sita en el CAMINO000, portal núm. NUM012 - NUM013 -NUM002 de Málaga, propiedad de Luis Alberto, que el acusado ofertaba en su Inmobiliaria al haberle encargado ésta su venta el precio de 2000.000 de pesetas, más la cantidad que el acusado averiguara que se debía al Banco Hipotecario; vivienda que era ofertada por el acusado por el precio de 2000.000 pesetas y la subrogación de dos préstamos hipotecarios por importes de 617.000 y 1.156.290 de pesetas, haciendo entrega los compradores de 25.000 pesetas para tal fin; el día 29 de enero de 1991 se efectuaba la compraventa en escritura publica, entregando los compradores al acusado con anterioridad 2000.000 pesetas, y estipulándose en la escritura la subrogación de los compradores en los dos prestamos hipotecarios antedichos, ocultando el acusado la existencia de otra carga hipotecaria por importe de 2.413.375 pesetas, que tuvieron que asumir posteriormente los compradores para evitar la subasta del inmueble.
En el mes de febrero de 1991 el acusado recibió el encargo profesional de Bernardo y Carla, de gestionarles la venta de la vivienda de su propiedad, sita en la BARRIADA000 de Málaga Blq NUM014
- NUM001, el día 13 de febrero de 1991 en contrato privado el acusado en nombre de la Inmobiliaria compraba el piso antedicho, por el precio de 4.500.000 de pesetas, entregando a los compradores 1.100.000 pesetas y posteriormente otras 600.000 pesetas, dinero con el que estos cancelaron el préstamo hipotecario que habían constituido sobre la vivienda, reteniendo la Inmobiliaria el resto 2.800.000 pesetas, para invertirlo en la compra de otro piso, ubicado en la CALLE006 nº NUM015, NUM005 de Málaga, cuyo precio era de 5.100.000 pesetas, acordándose que la diferencia de 2300.000 pesetas, se cubriría con un préstamo hipotecario a cargo del comprador. El acusado, ante la dificultad de conseguir un préstamo hipotecario a nombre de los compradores, por carecer estos de trabajo fijo, consintieron que el préstamo se constituyera a nombre de Gregorio, hijo del acusado, y ya juzgado por estos hechos, a cuyo nombre se inscribiría también la vivienda, con la promesa de que la propiedad del inmueble se les reconociera mediante el otorgamiento de un contrato privado, al tiempo que se les dio la posesión del citado piso, otorgándose la referida escritura publica de compraventa a favor del hijo del acusado, con fecha 22 de marzo de 1991, quien constituyo una hipoteca por 3.000.000 de pesetas, lucrándose en 700.000 pesetas, y cuyas mensualidades de 50.000 pesetas eran pagadas por los compradores en la oficina de la meritada Inmobiliaria. Posteriormente ante la insistencia de los compradores de que les otorgara el contrato privado de compraventa prometido, el acusado y su hijo les mostraron su interés en adquirir para si la vivienda, reintegrándoles cuantas cantidades habían pagado por ello, y como no hacían ni una cosa ni otra, y para vencer los recelos de los compradores, con fecha 8 de mayo de 1992, el hijo les otorgo un poder notarial en su favor autorizándoles a disponer del piso, y en las condiciones que libremente estipularon, de que revocó el día 19, negando todos sus derechos a sus verdaderos dueños, a quienes instó para que la desalojaran de forma inmediata. Durante el tiempo que ellos compradores ocuparon el piso que habían adquirido tuvieron en su poder la escritura original de compraventa del mismo a nombre de Gregorio, el cual se la había entregado, pagando estos los recibidos de agua, luz, teléfono, etc, algunos de los cuales aparecían a su nombre.
El día 11 de mayo de 1991 el acusado recibió el encargo profesional de Juan Francisco y Ángel, de gestionarles la compra del chalet núm. NUM016 de la Urbanización " DIRECCION000 " del termino municipal de Alhaurín de la Torre, por el precio de 7.500.000 pesetas, pagando los compradores al acusado
3.000.000 pesetas para tal fin, y acordando que para el pago del resto del preció se vendería por la Inmobiliaria Madrid un piso propiedad de Ángel, sito en CALLE007, nº NUM017 - NUM005, por el precio de
6.250000 pesetas, otorgándole un poder notarial al efecto, mediante el cual el acusado se vendió el piso a si mismo, en escritura pública de fecha 3 de junio de 1991. Con anterioridad el acusado había acordado con los dueños del referido chalet, Carlos Miguel y Abelardo, que lo vendería en su nombre libre de cargas, y cuyo precio fijaron en 6.800.000 pesetas, entregando a los vendedores 300.000 pesetas, y posteriormente un cheque por importe de 1.018.484 pesetas, y reteniendo el resto del dinero entregado por los compradores, sin que posteriormente cumpliera la obligación de levantar las cargas del chalet. Con fecha 25 de junio de 1991, otorgó escritura de venta a favor de Antonieta, designada por su padre Juan Francisco, para la compra, manifestando que el chalet se encontraba libre de cargas a excepción de una hipoteca de 2.530.000 pesetas, en la que se subrogaba la compradora como parte del precio, ocultando la existencia de un embargo por importe de 1.105190 pesetas de principal y 950.000 pesetas de intereses y costa. Los compradores del chalet no han llegado tomar posesión, habiendo renunciado a cualquier derecho sobre el mismo, en comparecencia ante el Juzgado Instructor de fecha 6.6.92, al tiempo que el acusado les devolvía la legítima propiedad del piso objeto de auto-contratación, prometía devolver el dinero recibido anulando ante Notario los contratos de compraventa suscritos, lo que no ha cumplido.
El acusado el día 15 de octubre de 1991, actuando como apoderado de Begoña vendía en escritura pública, la vivienda de su propiedad sita en el Conjunto Residencial Los Guindos a Luis Francisco por el precio de 9.000.000 pesetas (aunque la escritura consignaba una suma inferior que el vendedor confesaba recibida, pagando el comprador al acusado un total de 4.000.000 pesetas, y aplazándose le resto mediante la aceptación de 240 letras de cambio, de vencimientos mensuales e importes de 72.432 pesetas a pagaderas al acusado, habiéndose descontado un total de 13 letras. La vivienda se encontraba gravada por una hipoteca en garantía de un préstamo del Banco Hipotecario y por una condición resolutoria a favor de la Constructora Cantabria S.A., comprometiéndose el acusado, en la escritura pública de compraventa a cancelar las cargas, haciendo uso del poder otorgado por la vendedora; cancelaciones que no efectuó teniendo la compradora que pagar 5.787.157 pesetas para evitar la ejecución hipotecaria de la vivienda, y 1.771.018 pesetas para cancelar la condición resolutoria.
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Carlos Ramón como autor criminalmente responsable de un delito de estafa y de un delito apropiación indebida, en continuidad delictiva, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas, a la pena de 2 años y 4 meses de prisión menor, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena privativa de libertad, al pago de las costas procesales incluidas las de las Acusaciones Particulares, e indemnización a los compradores que se relacionan en las siguientes cantidades:
- A Ildefonso y Marí Trini en 500.000 de ptas. (3.005 #).
- A Celestina y Sebastián en 800.000 de pts (4.808 #).
- A Diego y Alejandra en 1.000.000 de ptas.(6.010 #)
- A Vicente en 1930.128 de ptas. (11.600 #).
- A Jesús Carlos en 500.000 ptas. (3.005 #).
- A Sonia en 405.000 ptas. (2.434 #).
- A Guillermo y Leticia en 1.200.000 ptas. (7.212 #).
- A Carlos Antonio en 2000.000 ptas. (12.020 #).
- A Mariano en 410.000 ptas. (2.464 #).
- A los hermanos Carmela y Guadalupe en 3.032000 ptas.(18.2220687 #).
- A Marcos y Andrea en 2000.000 ptas. (12.020 #).
- A Donato y Angelina en 2.413.375 ptas. (14.504 #), de las que responderá subsidiariamente Luis Alberto .
- A Juan Francisco en 3.000.000 ptas. (18.030 #), debiendo decretarse la nulidad de la escritura otorgada por el acusado el 3.6.91 ante el Notario de Málaga D. Fernando Salmeron Escobar (núm.1.181).
- A Luis Francisco, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, al estar pendiente de liquidación las costas e intereses, conforme interesó la Acusación Particular, así como la devolución de las 227 letras de cambio libradas por el comprador y que el acusado tiene en su poder.
De dichas indemnizaciones responderá subsidiariamente la Inmobiliaria Madrid, S.L., cantidades que devengaran los intereses legales prevenidos en el artículo 576 de la L.E.Civil, siendo de abono para el cumplimiento de la expresada pena el tiempo que haya estado privado de libertad en la presente causa y reclámese del Juzgado instructor la pieza de responsabilidad civil concluida conforme a derecho.
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de Ley, por Carlos Ramón, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . se denuncia la infracción de una serie de preceptos constitucionales por vulneración de varios derechos fundamentales relacionados con la presunción de inocencia y proscripción de indefensión todos consagrados en el art. 24 CE .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se denuncia la indebida aplicación de los arts. 535 en relación con el art. 528 y 529.5º y 69 CP .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se denuncia la indebida aplicación del art. 528 y 531, así como 529, 5º y 7º en relación con el art. 69 bis CP. 1973 .
Al amparo del art. 849.1 LECrim ., se denuncia la indebida aplicación del art. 9.10ª CP . en relación con el art. 61 del CP. 1973 .
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día dos de octubre de dos mil siete.
El motivo primero conforme al art. 5.4 LOPJ . denuncia infracción de preceptos constitucionales, arts. 1, 9.3 y 24 CE . en cuanto la Constitución garantiza la seguridad jurídica y declara que todas las personan tienen derecho a la defensa, a un proceso con todas las garantías y a obtener la tutela judicial y efectiva, derecho a no ser condenado sin una mínima actividad probatoria que desvirtúe la presunción de inocencia, infracción del principio in dubio pro reo y motivación de la sentencia.
Así en primer lugar se alega la no notificación personal de la sentencia al acusado, en base al art. 160.2 LECrim., al no haber podido ser localizado por la Policía Local, sin que por la Sala se acordase la averiguación de su paradero por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y subsidiariamente su busca y captura, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Es cierto que la tutela judicial exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa, y así la indefensión, para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el párrafo 2 del art. 24 CE, se concibe con la negación de la expresada garantía SSTC 26/93 de 25.1 y 316/94 de 28.11 ).
En efecto consta en el rollo de Sala oficio Policía Local de Carcama (Málaga), informando que el Sr. Carlos Ramón se había ausentado del municipio, desconociéndose su actual domicilio o paradero, desconocimiento de domicilio del acusado incluso por su propio hijo, recayendo providencia de la Sala de
19.2.2004, ratificada posteriormente por auto de 25.7.2006, acordando notificar la sentencia al mismo a través de su Procurador, de acuerdo con lo establecido en el art. 160 LECrim .
Representación procesal que en tiempo y forma anunció y preparó el presente recurso de casación, teniéndose por preparado por la Audiencia por auto de 16.5.2004, dejado sin efecto en parte por autos de
25.7.2006, 26.7.2006 y 30.11.2006, y formalizado ante esta Sala Segunda por escrito de 16.5.2007 .
Consecuentemente ninguna merma de los derechos de defensa del acusado se produjo, sin que la falta de notificación personal de la sentencia -solo a él imputable- le haya generado indefensión ni privado de su derecho al recurso.
En segundo lugar se denuncia en el motivo la vulneración de los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial efectiva por falta de motivación necesaria, al no contener la sentencia dictada los razonamientos determinantes de la condena del acusado por ninguno de los delitos sino la simple afirmación de supuestamente concurrir los presupuestos del tipo penal.
Pues bien en el caso que analizamos la sentencia recurrida, Fundamento de Derecho primero, explica en relación a los hechos probados A, B, C, D, E, F, G, H, I, porqué los considera constitutivos de un delito de apropiación indebida, describiendo la forma de actuar del acusado ".... aprovechando la confianza latente en el acto negocial base de intermediación inmobiliaria, y conculcando las obligaciones emanantes de la relación jurídica generadora, pervierte y cambia la posesión originaria, ligada a fines predeterminados, en propiedad abiertamente antijurídica, hostilmente lesiva para quien aguardaba el cumplimiento del mandato, dando ala cosa un destino distinto del pactado e incorporando las cosas a su patrimonio, y disponiendo de ellas en provecho propio, consumándose el delito, porque la incorporación al patrimonio propio de las cantidades recibidas para la compra de la vivienda, las convirtió en propiedad ilegitima, quedando de manifiesto el lucro ilícito y el abuso de la situación de confianza que caracteriza la apropiación indebida...".
A continuación y con respecto a los hechos probados L, M, Ñ y O, porqué integran el delito de estafa, razonando que esta figura delictiva "exige un engaño precedente o concurrente, que ha de ser "bastante", es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, así en el presente caso el acusado en los apartados anteriormente señalados, cuando formalizó los contratos y percibió parte importante del precio, estaba en la convicción de que no iba o no podría cumplir las contraprestaciones que le incumbían, desatendido absolutamente todas sus obligaciones; y en otros apartados, con conocimiento previo de los gravámenes que pesaban sobre las viviendas, ocultaba su existencia con la intención de que la transmisión tuviera lugar, esto es, con la intención de obtener un lucro y, produciendo el consiguiente perjuicio o daño patrimonial al adquirente, todo lo cual constituye el engaño propio de esta clase especial de estafa del art. 531 CP ....".
Igualmente razona sobre la concurrencia de las circunstancias 5ª y 7ª del art. 529 CP. 1973, y la consideración de esta ultima como muy cualificada en relación a los hechos descritos en el apartado O, así como la apreciación de la continuidad delictiva, para en el Fundamento Jurídico segundo explicitar las pruebas que tienen en consideración y que permiten establecer los apartados del relato fáctico y en adecuada subsunción jurídica y finalmente en el Fundamento Jurídico cuarto establecer las indemnizaciones civiles e individualizar la pena.
Consecuentemente se han cumplido los tres aspectos que abarca la motivación (SSTS. 14.5.98,
18.9.2001, 15.3.2002, 20.4.2005, 22.3.2006 ): a) La motivación de los hechos y de la intervención que el imputado haya podido tener así como las circunstancias que puedan incidir en la resolución -motivación fáctica-.
La subsunción de los hechos en el tipo penal correspondiente con las circunstancias modificativas -motivación jurídicac) Las consecuencias tanto penales como civiles derivadas por tanto de la individualización de la pena, responsabilidades civiles, costas judiciales y de las consecuencias accesorias -motivación de la decisión(STS. 23.4.2002 ).
Y en tercer lugar se denuncia la no existencia de actividad probatoria que pudiera desvirtuar la presunción de inocencia tanto respecto al delito de estafa al encontrarnos ante un grave incumplimiento contractual reparable en el ámbito de las relaciones privadas, como al delito de apropiación indebida al no existir prueba ni indicio suficiente de que el acusado fuese socio junto con su esposa y su hijo y actuara en representación de la firma Inmobiliaria Madrid SL., siendo a lo sumo un empleado de dicha entidad que realizaba las correspondientes gestiones de mediación, no en nombre propio, sino por cuenta de la referida Entidad.
Esta argumentación no puede tener favorable acogida, pues el recurrente efectúa un planteamiento erróneo pues trata de conducir al campo de la presunción de inocencia, que constituye esencialmente una cuestión de hecho, problemas derivados de la aplicación del derecho a los hechos que se han declarado probados discutiendo la calificación penal de su conducta, olvidando que la presunción de inocencia sólo afecta a la existencia del hecho ilícito, con todos sus elementos objetivos e incluso subjetivos, si de ellos depende la existencia misma del injusto punible, y sus circunstancias, así como a la participación del acusado, es decir a la culpabilidad como sinónimo de intervención en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico- penal siendo ajenos a esta presunción los temas de tipificación (STC. 155/93 ).
Así pues, al tribunal de casación debe comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo (STS. 209/2004 de 4.3 ). Esta estructura racional del recurso valorativo si puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitrarias (art. 9.1 CE ), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio "nemo tenetur" (STS. 1030/2006 de 25.10 ). Doctrina esta que ha sido recogida en la reciente STC. 123/2006 de 24.4, que recuerda en cuanto al derecho de presunción de inocencia, art. 24.2 CE . "se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En cualquier caso es doctrina consolidada de este Tribunal que no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su intima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE . sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta. De modo que sólo podemos considerar insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. En tales casos, aún partiendo de las limitaciones ya señaladas al canon de enjuiciamiento de este Tribunal y de la posición privilegiada de que goza el órgano judicial para la valoración de las pruebas, no cabrá estimar como razonable, bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente, más allá de toda duda razonable, bien la convicción en sí (STC. 300/2005 de 2.1, FJ. 5 ).
Pues bien en el caso presente la sentencia de instancia, Fundamento de Derecho segundo, analiza y valora las pruebas practicadas: las distintas explicaciones dadas por el acusado, que considera desvirtuadas no sólo por las manifestaciones en el acto del plenario realizaron cada uno de los denunciantes, de cuya veracidad y objetividad considera no hay motivos razonables para dudar, sino por la propia prueba documental obrante en las actuaciones acreditativa de las señales entregadas y los encargos de compraventa que recibía el acusado, así como de la existencia de cargas que pesaban sobre algunas de las viviendas o prohibiciones de enajenar, sin que ninguno de los denunciantes haya recuperado las cantidades entregadas ni justificado el acusado pago o resarcimiento alguno.
El motivo segundo con amparo legal en el art. 849.1 LECrim . infracción de Ley, en concreto del art. 535 en relación con el art. 69 bis que tipifican el delito continuado de apropiación indebida y los arts. 528 y 529.5 CP. 1973 .
Argumenta el motivo, retomando lo ya alegado en el motivo anterior, que no existiendo prueba de la condición de socio o administrador del acusado de la Inmobiliaria Madrid SL. su gestión no rebasó la de un empleado, atendiendo al publico y percibiendo cantidades, no en su nombre propio sino por cuenta de esta entidad, sin que en dicha gestión pueda inferirse una intencionalidad delictiva, sino ante un dolo civil y una sucesión de ilícitos civiles.
19.9.2003, 2.11.2004, 8.6.2005 y 18.10.2005, que tanto el derogado art. 535 como el artículo 252 del vigente Código penal, sanciona dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance.
Esta consideración de la apropiación indebida de los arts. 535 CP. 1973 y 252 del Código Penal vigente, parte de la distinción establecida en los verbos nucleares del tipo penal, se apropiaren y distrajeren, y se conforma sobre un distinto bien jurídico, respectivamente, contra la propiedad y contra el patrimonio. La doble dimensión de la apropiación indebida permite una clarificación sobre las apropiaciones de dinero, que el tipo penal prevé como objeto de apropiación, toda vez que la extremada fungibilidad del dinero hace que su entrega suponga la de la propiedad, recibiendo el transmitente una expectativa, un crédito, de recuperar otro tanto, construcción difícil de explicar desde la clásica concepción de la apropiación indebida.
En el caso presente en los hechos narrados en los apartados A, B, C, D, E, F, G, H e I del relato fáctico se detalla como el acusado actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Inmobiliaria Madrid SL., recibió determinadas cantidades como señal o parte del precio de compra de viviendas concretas y determinadas, o para gestión de prestamos hipotecarios, y o bien no realizaba gestión alguna o al frustrarse las operaciones de compra, no devolvía dichas cantidades a las personas que las habían entregado, apropiándolas para sus particulares fines.
En todos los casos la recepción de las cantidades lo fue en virtud de encargo profesional para la gestión de la compra de una vivienda y ya hemos declarado, ver STS. 1364/2004 de 24.11, que la expresión típica relativa a cualquier otro titulo que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, permite incluir en el ámbito del tipo penal todas aquellas relaciones jurídicas que generen esa obligación de entregar o devolver, con observancia de los demás elementos del tipo penal de la apropiación, básicamente el abuso de confianza que caracteriza el tipo penal. La intermediación que realiza lo es sobre un objeto concreto, la vivienda identificada en el contrato y la gestión a la que se compromete supone la existencia de la confianza típica de la apropiación. La no realización de la compraventa encomendada supone la obligación de devolver el dinero recibido en el concepto de gestor para la compraventa con el que actúa.
No se trata de un mero incumplimiento contractual, sino de la no devolución de unas cantidades recibidas en virtud de un contrato de agencia, a que venia obligado al no llevarse a cabo las concretas operaciones de compra, disponiendo de las mismas para usos propios.
El motivo tercero con amparo legal en el art. 849.1 LECrim . denuncia infracción de Ley, concretamente de los arts. 528 y 531 en relación con el actual art. 69 bis, que tipifican el delito continuado de estafa, con la concurrencia de las agravantes del art. 529.5ºy 7º, preceptos, todos ellos del CP. de 1973
, al faltar los requisitos de dicho delito, encontrándonos ante un dolo subsequens (art. 102 Cc .) y supuestos que solo integran ilícitos civiles ya que el acusado no se fingía dueño de los bienes inmuebles, ni actuaba con propósito previo de engaño a los denunciantes, que ni siquiera actuaron con una mínima diligencia debida o exigible al no consultar la situación de las fincas en el Registro de la Propiedad.
Como decíamos en las recientes sentencias 700/2006 de 27.6, 182/2005 de 15.2 y 1491/2004 de 22.12, la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad (SSTS. 1479/2000 de 22.9, 577/2002 de 8.3 y 267/2003 de 24.2 ) y que puede consistir en cualquier acción del engañado que causa un perjuicio patrimonial propio o de tercero, entendiéndose por tal, tanto la entrega de una cosa como la prestación de un servicio por el que no se obtiene la contraprestación.
Pues bien como ha señalado esta Sala en reiteradas ocasiones (SSTS. 8.3.2006, 20.7.2005,
25.2.2003, 22.10.2002 ), el motivo por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim. es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, conforme lo previsto en el art. 884.3 LECrim .
Siendo así en el relato fáctico, en el apartado L, el acusado gestionó la compra por parte de Donato y Angelina de una vivienda, propiedad de Luis Alberto, por un importe de 2000.000 de pesetas, más la subrogación en dos prestamos hipotecarios por importes de 617.000 y 1.156.290 de pesetas. Efectuada la compraventa en escritura publica, entregando los compradores al acusado con anterioridad 2000.000 pesetas, y estipulándose en la escritura la subrogación de los compradores quienes se subrogaron en aquellos dos prestamos hipotecarios, el acusado les ocultó la existencia de otra carga hipotecaria por importe de 2.413.375 pesetas, cuy pago tuvieron que asumir posteriormente los compradores para evitar la subasta del inmueble.
Conducta ésta que se integra en el art. 531 CP. 1973, pues en virtud del engaño sobre las cargas de la vivienda, ocultando el acusado la existencia de otra hipoteca, los compradores adquirieron aquella, pagando un precio superior al tener que hacer frente al pago añadido de 2.413.375 ptas.
En el apartado M, el acusado que había retenido 2.800.000 de una venta anterior de la vivienda de Bernardo y Carla, para invertirlas en la compra de otro piso, cuyo precio total era de 5.100.000 pesetas, acordó con estos que la diferencia de 2300.000 pesetas, se cubriría con un préstamo hipotecario a cargo del comprador. Y con el pretexto de la dificultad de su obtención a nombre de éstos, el acusado les propuso que el préstamo se constituyera a nombre de su propio hijo, ya juzgado por estos hechos, a cuyo nombre se inscribiría también la vivienda, si bien con la promesa de que la propiedad del inmueble se les reconociera mediante un contrato privado..... La escritura publica de compraventa fue otorgada a favor del hijo del acusado, quien
constituyó una hipoteca por 3.000.000 de pesetas, lucrándose en 700.000 pesetas, y cuyas mensualidades de
50.000 pesetas eran pagadas por los compradores. No obstante y a pesar de su insistencia de estos para el otorgamiento del contrato privado de compraventa prometido, el acusado y su hijo no lo otorgaron, llegando a instar a los compradores al desalojo inmediato del piso, cuyos recibos de agua, luz, teléfono, habían pagado.
Como con acierto señala el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación " el grosero ardid cobra en este caso tintes de especial villanía que evidencian la imprescindible antecedencia del engaño para obtener la titularidad dominical de una vivienda fingiendo adquirirla en beneficio, y para otras personas que abonan su precio, y sin la menor intención ni el principio ni al final de la operación para reconocerles la titularidad o de ofrecerles el medio jurídico o documental de reclamarla, pues las largas que se les daba antes sus reclamaciones de cumplimiento de los pactos privados entre ellos y el desalojo inmediato a que se les instó, ponen de relieve el animo defraudatorio inicial inspirador de toda la negociación.
Respecto al apartado N, el acusado recibió el encargo profesional de Juan Francisco y Ángel, de gestionarles la compra de un chalet por el precio de 7.500.000 ptas. y acordando que el resto se abonaría con la venta por la Inmobiliaria del acusado de un piso propiedad de Ángel, otogándole poder notarial al efecto, mediante el cual el acusado se vendió el piso a si mismo.
Del dinero recibido por los compradores del chalet, el acusado solo entregó a los vendedores 300.000 ptas. y posteriormente 1.018.484 ptas., reteniendo el resto 1.681.516 ptas., sin cumplir su compromiso de levantar las cargas que pesaban sobre el chalet.
Finalmente al otorgarse la escritura publica se manifestó que solo existía una única hipoteca de
2.530.000 ptas. ocultando el acusado la existencia de un embargo por 1.105.190 ptas. mas 950.000 ptas. de intereses y costas. Los compradores del chalet ante esta situación no llegaron a tomar posesión del chalet y el acusado si bien les devolvió la legitima propiedad del piso objeto de auto-contratación, no devolvió el dinero recibido ni anuló los contratos suscritos.
Y con relación al apartado O, el acusado, como apoderado de la propietaria Begoña, vendió en escritura publica una vivienda a Luis Francisco por el precio total de 9.000.000 ptas. pagando el comprador al acusado 4.000.000 ptas. y el resto mediante 240 letras mensuales de 72.432 ptas.
El acusado al tiempo de la escritura asumió el compromiso de cancelar las cargas existentes, utilizando para ello el poder notarial otorgado por la vendedora, sabiendo de antemano que no iba a cumplir tal compromiso, lo que obligó al comprador al pago de 5.787.157 ptas. y 1.771.018 ptas. para evitar la ejecución de una hipoteca y obtener la cancelación de una condición resolutoria previamente pactada a favor de la Constructora de la casa.
De los anteriores antecedentes fácticos se evidencia la existencia de un dolo antecedente de obtener beneficios económicos aprovechando su actuación en una agencia inmobiliaria y la confianza que ello podía inspirar a sus clientes, haciendo suyas las cantidades recibidas o poniendo a su nombre las viviendas cuya compra decía gestionar e incluso ocultando la existencia de cargas y gravámenes a los que posteriormente tenían que hacer frente los compradores para evitar la perdida del inmueble.
En este extremo concreto se alega por el recurrente que la existencia del Registro de la Propiedad pudo llevar al comprador a conocer la existencia del gravamen y al no acudir al Registro para comprobarlo, el engaño no puede considerarse idóneo y no puede hablarse de estafa.
Esta alegación no puede merecer favorable acogida.
La inscripción en el Registro de la Propiedad de la hipoteca que tiene carácter constitutivo, no empece la comisión del delito, siempre que el vendedor lo ocultase, porque en el ámbito de la compraventa el Legislador ha querido constituir al vendedor en garante respecto del no surgimiento de una falsa representación en el comprador relativa a la ausencia de gravámenes sobre la cosa estando obligado el vendedor a informar al comprador sobre tales gravámenes en el momento mismo del acuerdo de voluntades generador de la obligación, porque lo expresamente reputado como constitutivo del engaño en el art. 531.2 CP, no se puede hacer depender de que el perjudicado no haya empleado toda la diligencia necesaria para describir la situación real de la finca, porque toda oferta de venta o aceptación de una oferta de compra, así como la conclusión de otros negocios jurídicos que impliquen disposición constituye una afirmación tácita de que el sobre el bien no pesan gravámenes.
Se trata de un problema de distribución de riegos y fundamentación de posiciones de garante: por ejemplo, una estrecha relación mercantil basada en la confianza puede fundamentar el deber de garante en el vendedor que tiene la obligación de evitar la lesión patrimonial de la otra parte.
En todo, existe un margen en que se está permitido a la víctima un relajamiento de sus deberes de protección, de lo contrario se impondría el principio general de desconfianza en el tráfico jurídico que no se acomoda con la agilidad del sistema de intercambio de bienes y servicios de la actual realidad socioeconómica. El ámbito del riesgo permitido defenderá de lo que sea adecuado en el sector en el que se opere, y entre otras circunstancias, de la importancia de las prestaciones a que se obliga. Cada parte, las relaciones que concurran entre las partes contratantes, las circunstancias personales del sujeto pasivo y a la capacidad para autoprotegerse y la facilidad del recurso a las medidas de autoprotección.
De acuerdo con este principio de autoresponsabilidad, la doctrina ha excluido la imputación objetiva en la estafa de los siguientes casos:
negocios de riesgo calculado o especulativos, por ejemplo, la concesión de créditos sin comprobar el estado patrimonial del solicitante.
relaciones jurídico-económicas entre comerciantes. Se entiende que existe corresponsabilidad, pues los móviles de diligencia exigidos en este caso son mayores.
utilización abusiva de tarjetas de crédito por su propio titular, pues siempre hay una actuación negligente del comerciante o de la entidad emisora y pueden ser fácilmente evitables con una mínima diligencia.
casos de excesiva comodidad de la víctima, en los que hubiera podido evitar el error con el despliegue de una mínima actividad.
Doctrina esta que no seria aplicable al caso que se examina. La inscripción en el Registro de la Propiedad que necesariamente acompaña a toda hipoteca (es un elemento formal constitutivo de la misma) no impide que este delito pueda cometerse. Es claro que cuando el comprador adquiere el inmueble en una Agencia API con establecimiento abierto al publico y oferta de venta del mencionado inmueble, no hay desconfianza en el adquirente que le incite a acudir al Registro Publico para comprobar si hay algún gravamen sobre el bien que adquiere. En todo caso, como dice la STS. 846/2000 de 22.5, incluso sin las circunstancias especificas del presente supuesto, es claro que la posibilidad de acudir al Registro de la propiedad para conocer la existencia del gravamen no impida la realización del delito (SS. 13.10.87, 12.11.87, 15.10.99,
23.1.92, 4.9.92, 25.9.92, 207/96 de 29.2, 115/97 de 29.1, 1158/97 de 22.9, 18.3.98, 26.5.98, 24.7.98, 1182/98 de 13.10, 5.11.98 y25.1.2000 ).
Como decíamos en la STS. 646/2005 de 19.5, de admitirse la tesis del recurrente estaríamos vaciando de contenido al art. 531 CP. 1973, actual art. 251.2 CP, es decir, este articulo seria inaplicable y, por decirlo de otro modo, sobraría. Por ello si el CP. prevé la estafa inmobiliaria es porque prevé la posibilidad de que se venda un inmueble gravado con hipoteca, sin poner de manifiesto el vendedor al comprador la existencia de tal gravamen y sin que el comprador haya consultado el Registro de la Propiedad, más aun en el caso que se examina en el que la venta se hizo a través de una agencia, confiando el comprador en la solvencia y honradez de una Agencia dedicada con titulación oficial a la intermediación inmobiliaria incumpliéndose por aquél su obligación legal de hacer constar en el contrato la existencia de cargas en el inmueble.
El motivo cuarto con amparo legal en el art. 849.2 LECrim . denuncia error en la apreciación de la precia por cuanto de la totalidad de los documentos obrantes en autos no existe ninguno en virtud del cual se hubiese acreditado la condición de socio o representante legal del acusado respecto de la entidad Inmobiliaria Madrid SL.
Por ello esta vía casacional -recuerda la STS. 1952/2002 de 26.11 - es la única que permite la revisión de los hechos por el Tribunal de casación. Por ello debemos fijar brevemente la doctrina jurisprudencial reiterada a propósito de su alcance. El error de hecho sólo puede prosperar cuando, a través de los documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros medios probatorios, teniendo en cuenta que en el proceso penal no existen pruebas preferentes o relevantes, siendo todas ellas aptas para propiciar la intima convicción a que se refiere el art. 741 LECrim . Como expone la STS. 14.10.99, lo propio del presente motivo es que suscita la oposición existente entre un dato objetivo incorporado, u omitido, en el relato fáctico de la sentencia y aquél que un verdadero documento casacional prueba por si mismo, es decir directamente y por su propia y "literosuficiente" capacidad demostrativa, de forma que si se hubiesen llevado a cabo otras pruebas, similares o distintas, con resultado diferente, se reconoce al Tribunal la facultad de llegar a una conjunta valoración que permite estimar que la verdad del hecho no es lo que aparece en el documento, sino la que ofrecen los otros medios probatorios. La razón de ello es que el Tribunal de casación debe tener la misma perspectiva que el de instancia para valorar dicho documento o dicho de otra forma, si la valoración es inseparable de la inmediación en la practica de la prueba que corresponde al Tribunal de instancia, el de Casación no podrá apreciar dicha prueba porque ha carecido de la necesaria inmediación.
En síntesis, como también señala la STS. 19.4.2002, la finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim ., consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la designación de verdaderas pruebas documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa que acrediten directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones el error que se denuncia, que debe afectar a extremos jurídicamente relevantes, siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contradictorio. Es decir el error denunciado ha de ser transcendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del tema, pues si afecta a los elementos fácticos carentes de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, ya que como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra la argumentación de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo. El documento designado, que acredita un hecho en los términos señalados, debe tener, por tanto, relevancia en la subsunción, esto es, virtualidad para modificar la calificación jurídica y, por ende, el fallo de la sentencia. (SSTS. 170/2000 de 14.2, 471/2001 de 22.3, 824/2003 de 5.6, 417/2004 de 29.3, 328/2005 de 14.3, 447/2006 de 11.4, 94/2006 de 14.2).
Por ultimo y como presupuesto de admisibildiad han de citarse con toda precisión los documentos con expresa designación de aquellos particulares de donde se deduzca el error padecido, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo, art. 855 LECrim ., esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de formalización del motivo (STS. 3.4.2002 ). Exigencia esta que no es caprichosa sino que responde a ideas muy firmes, pues solo señalando cuáles son los puntos concretos del documento de los que fluye claro el error, pueden las demás partes a la pretensión y se posibilita a la Sala que ha de decidir, resolver sin hacer conjeturas sobre las posibles zonas documentales que hubieran de tener incidencia en el error, lo que podrá situarla incluso en una posición de desequilibrio y de cierta parcialidad objetiva (Sentencia 1213/1999 de 20.7 ). Igualmente debe proponerse por el recurrente una nueva redacción del factum, derivada del error de hecho denunciado en el motivo, en la que queden subsanados los errores denunciados y acreditados con la prueba documental. Rectificación del "factum" que no es un fin en si mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna. De ahí que deba formalizarse un nuevo motivo por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. demostrativo de que en el nuevo factum no se contienen ni se describen todos los elementos del tipo por el que fue condenado el recurrente en la instancia.
Por ello no es admisible el designar toda la documental obrante en la causa para no denunciar propiamente un error en la valoración de la prueba, sino la ausencia de prueba sobre un hecho que la parte recurrente considera que constituye un elemento del tipo de los delitos por los que ha sido condenado, cual es su condición de socio o representante legal de la Entidad Inmobiliaria Madrid.
No obstante y en aras de huir de un exacerbado formalismo incompatible con el Derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva, si analizamos la cuestión planteada por el recurrente, dada su voluntad impugnativa, su desestimación devendría necesaria.
En efecto la prueba testifical de los diversos perjudicados acredita que el acusado actuaba en su condición de gestor o agente inmobiliario de la Entidad Madrid SL. aunque formalmente no se haya acreditado por prueba documental su condición de socio o representante legal que, en definitiva, resultaría irrelevante, pues en los hechos calificados como apropiación indebida, lo decisivo seria el concepto en que recibía las cantidades de los clientes perjudicados, que fue siempre el de gestión a través de su actividad en la inmobiliaria y generador, por tanto, de la obligación de darlos el destino convenido o, en su caso, devolverles, obligación que resultó incumplida. Y en los calificados como estafa, si realmente no era socio ni representara a la Inmobiliaria en la que desarrollaba su actuación profesional, ello supondría un engaño añadido a los ya desplegados para conseguir el error en los clientes y obtener el desplazamiento patrimonial en su propio beneficio.
El motivo quinto con amparo legal en el art. 849.1 LECrim . infracción de Ley en materia de circunstancias atenuantes y aplicación de las penas (arts- 9-10 y 61 CP. 1973 ) en relación con el art. 24.2 CE. y 5.1 Convenio de Roma de 4.11.50, y jurisprudencia en materia de dilaciones indebidas, por cuanto al haber concurrido esta atenuante la pena a imponer habría de ser inferior, dado el largo tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos hasta su enjuiciamiento o dictado de resolución judicial definitiva.
La adecuada resolución del motivo hace necesario partir de dos premisas previas:
1) Que en la sentencia de instancia, Fundamento Jurídico tercero, ha sido estimada la concurrencia atenuante analógica del art. 9-10 CP. 1073, de dilaciones indebidas, cuya aplicación no puede ser cuestionada en esta sede casacional al no haber sido impugnado, vía recurso, por las acusaciones.
Pues bien en cuanto a los efectos de dicha atenuante, nuestra sentencia 702/2006 de 3.7, con cita de las de 23.4.2004 y 1.7.2002, dice lo siguiente:
en la primera de ellas, del día 2-10-92, obtuvo mayoría de votos entre los Magistrados la postura de la no incidencia de tal vulneración en el correspondiente pronunciamiento condenatorio. Habría de tener eficacia en una posible solicitud de indulto o en una petición de indemnización al Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, conforme al art. 121 CE . y a los arts. 299 y ss. LOPJ . b) luego el tema volvió a tratarse en otra reunión de 29.4.97 en la que se acordó que, en caso de apreciarse que en el proceso penal hubiera habido la mencionada vulneración y hubiera de estimarse su motivo de casación al respecto, así habría de declararse por esta Sala en la correspondiente sentencia, sin condena en costas y con los pronunciamientos que se considerasen adecuados, en su caso, sobre proposición de indulto, suspensión de la ejecución de la pena mientras se tramitara la solicitud de esta medida de gracia, conforme a lo dispuesto en el art. 4.4 CP . y un pronunciamiento de segunda sentencia
2) Que tanto las acusaciones en sus escritos de conclusiones definitivas como la Sala de instancia en sentencia incurren en error al calificar los hechos como un delito de estafa y un delito de apropiación indebida en continuidad delictiva e imponer una sola pena de 2 años y 4 meses prisión menor, por cuanto si bien el art. 69 bis CP. 1973 permitía la continuidad entre acciones u omisiones que infringiesen "el mismo o semejantes preceptos penales" -el Código actual en el art. 74 se refiere- "al mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza"- ésta Sala ha sostenido que "los delitos de estafa y apropiación indebida tienen un carecer absolutamente heterogéneos en cuanto diferentes son los requisitos subjetivos que uno y otro requieren para su comisión; así en la estafa es imprescindible el requisito del engaño, mientras que en la apropiación indebida, se define más bien a través de lo que se podía llamar abuso de confianza, aspectos subjetivos de la acción perfectamente diferenciados y cuya acusación y subsiguiente defensa, han de tener en pura lógica un tratamiento totalmente distintos" (SSTS. 1280/99 de 17.9, 910/2002 de 15.2, 5/2003 de
14.1, 84/2005 de 1.2, 513/2007 de 19.6 ), que insiste que el delito de apropiación indebida no requiere el engaño como elemento relevante e impulsor de la conducta delictiva como no está presente en la estafa el componente de deslealtad propia de la apropiación indebida y ello supone, sin duda, una diferencia esencial entre ambas figuras delictivas en el modo concreto con que se produce el ataque al bien jurídico.
Consecuentemente la adecuada calificación de los hechos debió ser un delito continuado de apropiación indebida previsto y penado en los arts. 535 y 528, 529.5 CP. 1973, y otro delito continuado de estafa previsto y penado en los arts. 528, 531, 529.5 y 7 CP. 1973, penados ambos de forma independiente, lo que supondría que, además de la pena cuestionada, debió imponerse otra correspondiente al primer delito, que, al concurrir solo una de las circunstancias de agravación del art. 529, y en aplicación del ultimo párrafo del art. 528 estaría comprendido, en el grado máximo del arresto mayor (4 meses y 1 día a 6 meses).
Omisión que no puede ser subsanada en esta Sala dados los términos del Pleno de esta Sala de
20.12.2006, ("El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa), y la doctrina subsiguiente de las SSTS. 1319/2006 de 12.1.2007 y 609/2007 de 10.7 .
Partiendo de estas premisas, el principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas supone, dice la STS. 104/2005 de 31.1, la adecuación de la pena al hecho por el que se impuso, correspondiendo el principio de proporcionalidad en principio al Legislador y en el momento de la aplicación de la pena al caso concreto, al Juzgador. Por ello la legalidad marca la tipicidad del hecho delictivo y su pena, pero ésta racionalmente ha de venir fijada por el legislador dentro de unos limites, más o menos amplios dentro de los cuales el justo equilibrio de ponderación judicial actuará como fiel calificador de los hechos, jurídica y sociológicamente.
Ahora bien, la imposición de la pena respecto del caso concreto ha de responder a las exigencias que el principio de legalidad comporta. Pero a su vez la legalidad implica la directa relación del principio con la proporcionalidad y la tipicidad. Se trata del juicio de ponderación que al amparo de la Ley, a los Jueces corresponde para relacionar la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación penal, en atención a la importancia del delito, a la intensidad del mal causado y a la reprobabilidad que su autor pueda merecer (SSTS. 7.6.94, 17.1.97 ), esto es de forma ponderada acorde con la proporcionalidad que debe existir entre las características de la infracción y de su autor y el oportuno castigo correspondiente (SSTS. 28.6.95 y
10.2.97 ), bien entendido que no se infringirá la proporcionalidad en la individualización de las penas, si éstas se atemperan a las reglas dosimétricas del Código Penal.
Atemperación que se ha producido en el presente caso. La Sala aprecia -se insiste de forma errónea y con beneficio indudable para el recurrente- con la totalidad de los hechos tipificados individualmente como apropiaciones indebidas y estafas, un solo delito continuado del art. 69 bis CP. 1973, precepto que preveía la imposición de la pena señalada a la infracción más grave en cualquiera de sus grados con la posibilidad de aumentarla hasta el grado medio de la pena superior, y tratándose de infracciones contra el patrimonio la pena se impondrá teniendo en cuenta el perjuicio total causado y en la superior en grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiera notoria gravedad y hubiese perjudicado a una generalidad de personas.
La Sala de instancia, al individualizar la pena, no hace uso de esta facultad de agravación razonando la no concurrencia de estas circunstancias que determinan esa subida forzosa de la pena, y siendo la pena correspondiente conforme los arts. 528 y 529.5 y 7º, la de prisión menor en toda su extensión, la impuesta 2 años y 4 meses es la máxima del grado mínimo y no supone, por tanto, infracción del art. 66.1 CP. 1973, y resulta proporcionada en relación con la gravedad y pluralidad de los hechos imputados e incluso beneficiosa para el recurrente ante la omisión ya explicitada.
Desestimándose el recurso las costas se imponen a la parte recurrente (art. 901 LECrim .).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Carlos Ramón, contra sentencia de 31 de Julio de 2003, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Primera, que les condenó como autor de un delito de estafa y apropiación indebida; y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
STS 304/2014, 16 de Abril de 2014 (Estafa, Principio acusatorio, Dolo)
STS 1831/2001, 16 de Octubre de 2001
STS 1012/2003, 5 de Noviembre de 2003

References: artículo 576
in dubio
 resolución 
 artículo 252
 resolución 
 resolución