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Timestamp: 2019-11-15 10:20:10+00:00

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Publicado en BOJA núm. 8 de 13 de Enero de 2012
Vigencia desde 14 de Enero de 2012.
Artículo 2 Naturaleza y conceptos
Artículo 4 Creación y ámbito territorial de las Sedes del SAVA
Artículo 6 Imagen corporativa de la Junta de Andalucía
CAPÍTULO II. Niveles de actuación y funciones
Artículo 7 Niveles de actuación
Artículo 8 Prevención
Artículo 11 Actuaciones y funciones
Artículo 12 Límites de actuaciones
Artículo 13 Evaluación de la calidad del SAVA
CAPÍTULO III. Derechos de las personas usuarias del SAVA
Artículo 14 Derechos de los usuarios y usuarias
CAPÍTULO IV. Estructura y funcionamiento
Artículo 15 Composición del Equipo Técnico del SAVA
Artículo 16 Documentación de las actuaciones
Artículo 17 Horario de atención en las Sedes del SAVA
Artículo 18 Información estadística y memorias anuales del SAVA
CAPÍTULO V. Coordinación
Artículo 19 Reuniones de coordinación
Artículo 20 Coordinación y colaboración con otros servicios públicos
CAPÍTULO VI. Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía
Artículo 21 Creación y composición
Artículo 23 Funcionamiento
Artículo 24 Indemnización
Disposición transitoria única Sedes en funcionamiento del SAVA
Desde los primeros años de la década de los ochenta se fue generalizando una preocupación social por la protección de las víctimas de los delitos, hasta entonces en un segundo plano, que se plasmó, dentro del ámbito doctrinal de la ciencia penal, en corrientes que ponían su atención en la persona sujeto pasivo de la acción delictiva, reclamando una intervención positiva del Estado, dirigida a restaurar la situación en que se encontraba la víctima antes de padecer el delito o al menos a paliar sus efectos.
La regulación de la protección de la víctima en España viene determinada en un principio por la situación de aquellas que son objeto de delitos concretos: en primer lugar, las víctimas del terrorismo, de tal suerte que la primera norma española específica relativa a la víctima es el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, por el que se regulan los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas. Tampoco debemos desdeñar la importancia que la sensibilización en lo relativo a la violencia de género ha tenido en el impulso de normas de protección general de las víctimas en España.
En este sentido, se incluye en el ámbito subjetivo al que se dirige la asistencia a cualquier víctima de una infracción penal, delito o falta, universalizando así la asistencia, conforme a la definición de víctima que proclama la Declaración de las Naciones Unidas de 1985: «se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Podrá considerarse víctima a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.»
El artículo 29 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la atención a las víctimas como deber público, así como, en el artículo 37.1.24.ª, lo eleva a la categoría de uno de los principios rectores de las políticas públicas; estableciendo en su artículo 40.2 el impulso legislativo como instrumento para garantizar la efectividad de dichos principios rectores. Por otra parte, el artículo 47.1.1.º reconoce a la Comunidad Autónoma andaluza la competencia exclusiva respecto al procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.
a) Víctimas:
c) Sede del SAVA: cada emplazamiento territorial encargado de forma directa de la prestación del servicio de asistencia a víctimas, bajo la coordinación y supervisión de los órganos territoriales de la Consejería competente en la materia.
d) Equipo Técnico del SAVA: el conjunto de personas con cualificación profesional multidisciplinar que ejercita las funciones y actividades propias del Servicio.
f) Actuar en el campo de la formación y sensibilización en materia de victimología con diferentes colectivos sociales y profesionales, asegurando la capacitación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género y planificando, igualmente, las acciones de formación y sensibilización desde la perspectiva de género.
La prestación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, cuando no se ejecute por la propia Administración, podrá llevarse a cabo mediante contrato público de servicios al amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, o mediante convenio de colaboración con entidad pública o privada.
Cuando las circunstancias del caso hagan necesario su abordaje y tratamiento específico desde otros recursos, se procederá a su derivación.
El SAVA realizará un seguimiento de los casos atendidos, manteniendo una coordinación con otras entidades relacionadas con la problemática de la víctima. Está actuación permitirá evaluar la eficacia de la intervención y mejorar la atención ofrecida a la persona usuaria.
3. Las actuaciones necesarias para el correcto desarrollo del procedimiento de asistencia en las diferentes áreas de actuación del SAVA, general, jurídica, psicológica y social, serán las que se determinan en el artículo 11.
b) Realizar entrevistas de seguimiento personal a fin de que exista un control específico de las actuaciones que se estén desarrollando en cada caso.
c) Realizar contactos de seguimiento telefónico o mediante tecnologías y herramientas de la Sociedad de la Información, en todos los casos que se considere necesario y conveniente por el Equipo Técnico.
d) Acompañar a interponer denuncias, actuaciones policiales, judiciales y sanitarias, informando y asesorando de la finalidad de las mismas, previa valoración del Equipo Técnico.
e) Recepcionar las órdenes de protección que les sean notificadas desde la Consejería competente en materia de violencia de género, así como contactar con la víctima, analizar la situación de ésta, y realizar las actuaciones pertinentes de acuerdo con el Protocolo de actuaciones en materia de órdenes de protección por violencia doméstica y de género, según lo previsto en la Disposición Adicional segunda de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
f) Facilitar información sobre las actuaciones realizadas por el Equipo Técnico del SAVA en los casos en que sea solicitada por otros organismos e instituciones que estén relacionados con el asunto, previa valoración del Equipo Técnico.
c) Informar a las víctimas de delitos y faltas, entre otros, sobre los siguientes derechos:
1.º Mostrarse parte en el proceso, mediante nombramiento de Abogado o Abogada y Procurador o Procuradora o, en su caso, que le sea nombrado de oficio, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan.
5.º Obtener medidas de protección al amparo de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
6.º Realizar declaraciones, con respeto a su situación personal, sus derechos y su dignidad.
h) Facilitar a las víctimas de la violencia doméstica o de género a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición, con esta finalidad, información, formularios y, en su caso, canales de comunicación con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, en los términos previstos en la Ley.
i) Asesorar y gestionar sobre la solicitud o petición de medidas de protección.
k) Realizar en el ámbito jurídico las actuaciones derivadas de la notificación de las órdenes de protección en materia de violencia doméstica y de género.
4. Dentro del ámbito de actuación psicológico corresponde realizar las funciones siguientes:
a) Intervenir psicológicamente en situaciones de crisis, a fin de cubrir las necesidades básicas de las víctimas: necesidad de sentirse segura, necesidad de expresar sus emociones y necesidad de conocer qué sucederá después del hecho traumático.
g) Asesorar a los órganos judiciales en los interrogatorios y exploraciones de las personas víctimas especialmente vulnerables.
h) Facilitar información sobre las actuaciones psicológicas realizadas por el Equipo Técnico del SAVA en los casos en que sea solicitada por otros organismos e instituciones que estén relacionados con el asunto.
i) Informar en el ámbito psicológico a las personas víctimas sobre los recursos existentes y cómo acceder a ellos.
k) Realizar en el ámbito psicológico las actuaciones derivadas de la notificación de las órdenes de protección en materia de violencia doméstica y de género.
5. Se incluyen dentro del ámbito de actuación social las siguientes funciones:
1. Realizar entrevistas de valoración social, a fin de:
6. Derivar, en el caso que sea necesario, a otros recursos sociales.
7. Realizar en el ámbito social las actuaciones derivadas de la notificación de las órdenes de protección en materia de violencia doméstica y de género.
8. Informar sobre las ayudas y prestaciones de carácter social que estén establecidas legalmente, a las que las personas víctimas puedan tener derecho, así como del procedimiento para su tramitación.
b) La realización de evaluaciones y diagnósticos psicológicos, así como la prescripción de tratamientos.
c) La realización de peritajes psicológicos que se soliciten por órganos judiciales, instituciones públicas, instituciones privadas o particulares.
2. La composición numérica o profesional del Equipo Técnico responderá a las necesidades que se deriven del ámbito territorial que abarque.
b) Tres vocalías en representación del Equipo Técnico de las Sedes del SAVA, cuyas personas titulares serán designadas por los participantes en las reuniones de coordinación establecidas en el artículo 19.
c) Podrán formar parte como vocales, un magistrado o magistrada designado por la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previo acuerdo de declaración de compatibilidad por el Consejo General del Poder Judicial; así como un representante del Cuerpo de Secretarios Judiciales, designado por el Secretario o Secretaria de Gobierno del mismo Tribunal.
d) En representación del Ministerio Fiscal, podrá designarse una vocalía por el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Una vocalía en representación de la Consejería competente en materia de violencia de género.
Las Sedes del SAVA, que a la entrada en vigor del presente Decreto, estén en funcionamiento, deberán adaptarse a lo establecido en este Decreto en cuanto a composición del Equipo Técnico, prestación del servicio, horarios y guardias, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor.

References: Artículo 2

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 37
 artículo 40
 artículo 47
 artículo 11
 artículo 19