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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA POLITICA PÚBLICA
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Rosa María Hernández Cárdenas
1 DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA POLITICA PÚBLICA Organismo ejecutante: DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS - DCI Unidad Ejecutora del Proyecto - BIRF 4580 AR Eje TIERRA Y TERRITORIO: reconocimiento de propiedad comunitaria de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan, sistema para regular la entrega de más tierras para su desarrollo, mecanismo para asegurar la participación indígena en la gestión de los recursos naturales de sus territorios. Documento base Redacción: Dra. Teodora Zamudio Introducción... 2 Planteo normativo. Análisis comparativo... 3 Tierras y territorio... 6 Titularidad Espacio físico-geográfico Justificación y alcance... 9 Apéndice de normas Normativa Nacional Normativa Provincial de Marzo de 2004
2 2 Introducción. Reconocer y regular la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan [1]; y la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; [1] ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos La Constitución de la Nación Argentina asumió en su reforma de el reconocimiento hecho en 1985 por la ley al asignarle al Congreso de la Nación la facultad/deber de Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos... con el claro objetivo de promover el desarrollo cultural y económico de una franja postergada de la sociedad nacional. Sin embargo la Carta Magna modificó sustancialmente la norma legal anterior, dándole a sus derechos un titular institucional: los Pueblos indígenas, a quienes otorga una presencia pública diversa a la de otros sujetos de derecho y formas jurídicas establecidas, y un derecho de propiedad sin par: el comunitario, así caracterizado por el carácter colectivo del titular del patrimonio y de la percepción de sus beneficios. Se supera así a la ley que por ser de rango inferior (y anterior) no resulta de aplicación pertinente. Todo ello sin negarle a esta norma (y a sus legisladores) el gran valor que su sanción significó para la sociedad republicana y democrática de nuestro país, su importancia única y ejemplar, que sin duda jalonó y posibilitó la madurez alcanzada en la sanción constituyente de Sin embargo, a pesar de los emprendimientos exitosos de tipo local y familiar, que en algunos casos comprendieron a un grupo más o menos extenso de familias, el bien jurídico al que la norma constitucional se refiere no tiene el titular legal -que manda el inciso 17- para su anotación registral debido a la mora en el reconocimiento de los Pueblos no se ha operado efectivamente con los alcances fijados. Ello puede ser explicado por la deficiencia y limitación con la que fue interpretado jurídicamente el término comunidad (ajeno a la tradición indígena, aunque de uso extendido en la literatura antropológica y política), término al que fue subsumi-
3 3 do incorrectamente el de Pueblos, que es en realidad el destinatario de la norma y excede con mucho la estrechez del concepto de comunidad. En la aplicación práctica, la comunidad no comprendió legalmente a todo un Pueblo Indígena sino a la agrupación de algunos de sus miembros emparetados (familias primarias y secundarias) o vecinos, que debieron adoptar la estructura de asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, y someterse a la inscripción previa como tales ante los organismos generales pertinentes. Nada de esto configuraría una innovación jurídica, ni necesitaría de las citadas normas legal (ley nacional 23302) y constitucional (Artículo 75, inciso 17), pues todo habitante de la República gozaba ya del derecho...de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto;..., de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución de la Nación. Esta distorsión en la recepción legal del reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus comunidades operada durante la vigencia plena de la ley nacional y perpetuada hasta el presente- influyó en la asignación declarativa de tierras y heredades ocasionando un reconocimiento de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, fragmentario y jurídicamente insatisfactorio. Planteo normativo. Análisis comparativo. CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA 22 de agosto de 1994 Artículo 75. Corresponde al Congreso Inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar o el respeto a su identidad y o el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer o la personería jurídica de sus comunidades, y o la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (*); y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; (*) Asegurar su participación en la gestión referida LEY de septiembre de 1985 IV- DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS ARTICULO 7- Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios. ARTICULO 9- La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas
4 4 o o a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. (*) ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación ARTICULO 10- Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos. ARTICULO 11- Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento. ARTICULO 12- Los adjudicatarios están obligados a: a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar; b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización de las autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos. c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación, relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas. ARTICULO 13- En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a la Nación o a la Provincia o al Municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no
5 5 podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía. Constitución Nacional (1994) Ley (1985) sujeto -Pueblos Indígenas -Comunidades indígenas -Individuos indígenas objeto criterio de atribución tipo de atribución -Identidad (cultural) -Tierras -Recursos naturales -Otros intereses (p.e. Conocimientos tradicionales) -Preexistencia -Tradición -Comunitaria art. 7 Tierras (otros: salud educación - economía) -Habitación -Carencia -Cooperativa -Individual Observaciones La comprensión del término comunidad ley ha sido intuitiva y no reconoce una definición jurídica propia: se ha apoyado en la figura de la asociación sin fines de lucro y ha sido caracterizada en algunos casos- por relaciones de familia entre sus miembros, en estos casos la comunidad (o agrupación) no incluye a miembros no familiares en la toma de decisiones y en la participación en los beneficios. La alusión a pueblo indica una institución de carácter político social, organizado y público. La base de la atribución de tierras es la identidad (para la CN) y la inscripción registral como persona jurídica de carácter privado (para la ley ). Mientras la identidad no se perdería nunca, la personería podría desaparecer con la cancelación de la inscripción de la figura asociativa. La CN recoge un criterio reivindicatorio histórico; mientras la ley lo hace de uno asistencial. La propiedad comunitaria CN- es de carácter público (no estatal) de provecho colectivo y otorga a todo individuo indígena el derecho a habitar las tierras tradicionales (bien que de acuerdo a las reglas de sus usos y costumbres esto por el reconocimiento a la cultura y a su injerencia en las decisiones que hagan a sus intereses-) o compartir los beneficios que de ella se deriven. La propiedad cooperativa o individual ley depende de una inclusión o participación registral (pública o privada).
6 6 Tierras y territorio. Titularidad. A pesar de las exigencias de las autoridades administrativas y el acatamiento de muchas de las comunidades indígenas radicadas en la Argentina, la adopción de una figura asociativa regular y específica no es ni ha sido- requisito legal excluyente para la adjudicación de tierras: 1. el artículo 7 de la ley nacional determina que la adjudicación de tierras se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. Con la obligación de los adjudicatarios (comunitario o individual) de radicarse y trabajar personalmente dichas tierras [ver los artículos 7 y 12 de la Ley nacional 23302]. De ello se colige que (a) los titulares pueden ser (en orden de preferencia legal): i. Comunidades (inscriptas como tales en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas) (con adecuación a una figura asociativa) ii. Familia Indígena a nombre de la cabeza de familia (sin adecuación a una figura asociativa) iii. Indígena individual (sin adecuación a una figura asociativa) (b) el criterio de asignación es asistencial: las que carezcan o tengan insuficientes 2. Por su parte el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina suma al reconocimiento de los Pueblos, el de sus comunidades y el de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero no condiciona un reconocimiento a otro y por supuesto no son reiterativos; es decir, el reconocimiento de las comunidades no supone el de los pueblos a las que ellas pertenecen o el de sus tierras, aunque cada reconocimiento es indicador importante para los demás. Sin embargo, (a) El reconocimiento tanto de las comunidades como de los derechos sobre las tierras tradicionales (y las necesarias para el desarrollo) como así mismo sobre los recursos naturales, dependen del reconocimiento de los PUEBLOS. Esto por haber usado el constituyente una redacción referenciada a éstos mediante el empleo de adjetivos posesivos (sus comunidades sus recursos naturales ) y signos de puntuación de subordinación
7 7 (b) La posesión y la propiedad tienen carácter comunitario, como cualidad de ejercicio de esos derechos. No debe ser interpretado erróneamente que el reconocimiento lo es a una comunidad (unidad menor englobada en el concepto político-jurídico de PUEBLO), tal como sí lo determina la ley nacional y otras leyes provinciales que siguiendo su espíritu, utilizaron su terminología e instituciones 3. Formando parte del ordenamiento positivo cabe hacer mención de la ley que ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica que también alude al pluralismo socio-político al tratar sobre los derechos de las comunidades indígenas y locales asociadas a los recursos genéticos y biológicos. Sin embargo la puntualidad de la temática la biodiversidad- y la incumbencia a otras expresiones sociales como la referencia a comunidades locales, hace de esta normativa un elemento menos completo y apropiado en este reporte general. Espacio físico-geográfico. Las tierras efectivamente ocupadas por cada núcleo familiar o comunidad deberían estar enmarcadas dentro de un TERRITORIO (concepto más general y abierto). Lo cual no significa área de exclusión legal sino que alude a una condición histórica y política que la Constitución de la Nación denomina tradicional. Ningún pueblo indígena fijó antaño límites a la propiedad de tierras sobre demarcaciones de lotes con las características que hoy impone el derecho común positivo.
8 8 La ocupación tradicional (característica, habitual, ancestral) estaba determinada por un más o menos vasto territorio y es con este sentido y significación que se invoca. La ocupación tradicional efectiva se desarrollaba por el tratamiento específico de acuerdo con el logro de las finalidades específicas de cada pueblo; por cierto, adaptadas a las características propias del terreno. Así, la no-habitación de predios para el repoblamiento de su fauna de caza, o el reflorecimiento de su flora, o la recuperación de los nutrientes para el cultivo; no suponían la pérdida de la posesión antes bien constituía el ejercicio de la misma ya que el agotamiento de los recursos que supone una explotación intensiva no es un problema que les fuera desconocido, tampoco el crecimiento demográfico y la correlativa presión sobre aquéllos. Los pueblos indígenas practicaban tradicionalmente una utilización racional de sus riquezas y posesiones; bien que en la mayoría de los casos, muy diferente a la que hoy se lleva a cabo. Compatibilizar y armonizar esa ocupación territorial tradicional en la actual situación jurisdiccional, en la que cohabitan pueblos indígenas nativos y otros grupos socioculturales, es un desafío pero no es imposible y ha de ser alcanzado. Es decir, el reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan ha de ser entendido como el reconocimiento de la zona geográfica de ocupación tradicional y delimitada, de modo consensuado, por consideraciones de: - presencia actual y crecimiento demográfico futuro, - costumbres productivas, - incidencia porcentual en la composición poblacional, - incidencia y consideración de cuestiones estratégicas (aduanas, explotaciones básicas, suministros esenciales, etc.) Luego, dentro de cada TERRITORIO y dadas las específicas costumbres de los pueblos indígenas afectados, la asignación concreta a cada familia debería ser delegado a las autoridades generales de cada Pueblo Indígena (asamblea o parlamento). Esta opción dado lo adelantado de las acciones de entrega de tierras a comunidades debería someter las ya acordadas previamente, a la homologación de dichas autoridades generales. Por otra parte la significación del concepto de territorio permite resolver el alcance de los recursos naturales comprendidos en la norma constitucional. Así, los que se desarrollen dentro del marco territorial indígena pueden ser reconocidos bajo su gestión.
9 9 Justificación y alcance. El reconocimiento de tierras a las comunidades indígenas se podría llevar a cabo de acuerdo con distintos criterios según la legislación que se invoque y las implicaciones que dicha asignación pueda traer aparejada, así según: a) Según el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación se deben entregar las tierras que tradicionalmente ocupan; no debiéndose interpretar que tradicionalmente quiera decir ancestralmente sino donde viene desarrollándose su cultura en sentido dinámico histórico-actual y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, con criterio económico-demográfico. Repárese en que la frase constitucional plantea una adición o suma ( y ) b) Si se considerara aún vigente el artículo 7 de la ley nacional (y su reglamentación) se deberían entregar las situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario (aquí la ley no indica quién o qué o con qué criterio se determinaría la imposibilidad) en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. Repárese en que la frase legal plantea una opción ( o ) c) De acuerdo con las leyes provinciales que adoptan un criterio reivindicatorio similar al constitucional nacional [ver entre otros, el artículo 9º Ley provincial del Chaco 3258 que reza La adjudicación en propiedad de las tierras tendrá el carácter de reparación histórica; el artículo 28 Ley provincial de Neuquén 2342 que puntualiza que los territorios indígenas protegidos son
10 10 áreas comprendidas por tierras de las comunidades indígenas actuales o restituidas en el marco de un plan de reparación histórica]. Finalmente, adviértase que en algunos ámbitos se admitirían la asignación de tierras a las comunidades indígenas actuales como opción a las históricas o ancestrales [por ejemplo, artículo 28 de la ley provincial 2342]. Este criterio pretende sanear la relocalización involuntaria que en el pasado tanto del período colonial como patrio- han padecido los miembros y familias indígenas a raíz del traslado masivo por causa de guerras, tratados internacionales y desarrollos de explotación agropecuaria, forestal y minera; así como desplazamientos puntuales y casi individuales, incitados por la pobreza y las condiciones políticas y socioeconómicas locales. Sin embargo, debe diferenciarse las mencionadas evoluciones geográficas de algunos pueblos indígenas de las formaciones de nucleamientos indígenas emergentes alejados del territorio tradicional del pueblo al que pertenecen, las que no estarían directamente contempladas en el mandato constitucional. Éstos, sin perjuicio de la atención asistencial de los casos sin posibilidades de restauración cultural, quedan fuera del presente análisis no sin antes puntualizar que deberían ser considerados como potenciales retornantes a sus espacios originarios, debiéndose prever la determinación interna del pueblo indígena al que en cada caso pertenecen tales núcleos o individuos, respecto de su reacogimiento, cobijo y desenvolvimiento en el territorio tradicional; en este punto la cuestión se torna íntima y propia de cada pueblo. En todo caso las autoridades indígenas deberían ser alertadas y asesoradas, si así lo requirieran.
11 11 Apéndice de normas Normativa Nacional CONSTITUCION DE LA NACIÓN ARGENTINA 1994 Dada en la sala de sesiones de la Convención Constituyente, en Santa Fe, a los 22 días del mes de agosto de 1994 Preámbulo Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. PRIMERA PARTE CAPÍTULO PRIMERO. DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS. Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. SEGUNDA PARTE TÍTULO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA CAPÍTULO CUARTO. ATRIBUCIONES DEL CONGRESO Artículo 75- Corresponde al Congreso: 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. TÍTULO SEGUNDO - Gobiernos de Provincia Artículo Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Artículo Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal. Artículo Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Artículo Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico - social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Artículo Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la intro-
12 12 ducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con recursos propios. Artículo Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. Ley de septiembre de 1985 IV- DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS ARTICULO 7- Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios. ARTICULO 8- La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso el municipal. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias. ARTICULO 9- La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libre de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación ARTICULO 10- Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos. ARTICULO 11- Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento. ARTICULO 12- Los adjudicatarios están obligados a: a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar; b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización de las autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos. c) Observar la disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas. ARTICULO 13- En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a la Nación o a la Provincia o al Municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía. Normativa Provincial Buenos Aires Reforma constitucional de 1994 Art. 36 inc.9 "De los indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas, y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan".
13 13 Chaco Reforma constitucional de 1994 Art. 37 "La provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones; promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones; la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita, exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. El Estado les asegurará: a. la educación bilingüe e intercultural. b. La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable. c. Su elevación socio-económica con planes adecuados. d. La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas". Ley 3258 DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CAPITULO II De la adjudicación de las tierras Artículo 8º) Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en la Provincia que hayan cumplimentado con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prioritando a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedades individuales, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes forman parte de grupos familiares. Se atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios. La escritura traslativa de dominio se hará en forma gratuita a través del organismo competente. Artículo 9º) La adjudicación en propiedad de las tierras tendrá el carácter de reparación histórica y será en forma gratuita, individual o comunitaria, según el interés de cada grupo. Los beneficiarios estarán exentos del pago de impuestos provinciales. El IDACH gestionará las exenciones impositivas de orden nacional y municipal. Artículo 10º) Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. Artículo 11º) Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley no podrán ser embargadas, enajenadas, arrendadas a terceros, constituirse sobre ella garantía alguna, ya sea por acto entre vivos o disposición de última voluntad, por el término de veinte (20) años a contar de la fecha del otorgamiento del respectivo título, bajo pena de nulidad absoluta. Artículo 12º) En el caso de entrega comunitaria, la comunidad aborigen otorgará a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En caso de abandono de las mismas, la comunidad dejará dicha concesión sin efecto y determinará su nuevo destino. Las tierras adjudicadas en propiedad a las familias y comunidades indígenas no podrán ser usadas o explotadas directa o indirectamente por personas ajenas a la comunidad, físicas o jurídicas no indígenas. En la reglamentación se instrumentará la transferencia de la tierra teniendo en cuenta el plazo estipulado por el artículo 44 de la presente ley. Chubut Reforma constitucional de 1994 Art. 34 "La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia: 1. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos.
14 14 2. La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos provenientes de sus tradiciones cuando sean utilizados con fines de lucro. 3. Su personería jurídica. 4. Conforme a la Ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentren dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan". Art. 95 Tierras Fiscales "El Estado brega por la racional administración de las tierras fiscales tendiendo a promover la producción, la mejor ocupación del territorio provincial y la generación de genuinas fuentes de trabajo. Establece los mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en propiedad reconociendo a los indígenas la posesión y propiedad de las tierras que legítima y tradicionalmente ocupan". Ley 3657 CREACIÓN DEL INSTITUTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS. TITULO 2 Del Asentamiento de las Comunidades Indígenas ARTICULO 5.- El asentamiento de las comunidades indígenas se realizará en tierras fiscales, atendiendo en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad aborigen será esencial para su asentamiento en sitio distinto al de sus territorios habituales. ARTICULO 6.- La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades indígenas será gratuita y en forma individual o comunitaria, según el interés de cada grupo. La fracción no podrá ser embargada, arrendada a terceros, no comprometida en gerantía real de crédito alguno, en todo o en parte, bajo pena de nulidad absoluta. ARTICULO 7.- En caso de querer proceder a la venta de su propiedad, el titular del dominio estará obligado a notificar al Gobierno de la Provincia del Chubut, por intermedio del organismo competente, a fin de que el Estado pueda hacer uso de la facultad de preferencia. ARTICULO 8.- La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En caso de abandono de las mismas, la comunidad dejará sin efecto dicha concesión y determinará su nuevo destino. Formosa Reforma constitucional de 1991 Art. 79: "La Provincia reconoce al aborigen su identidad étnica y cultural, siempre que con ello no se violen otros derechos reconocidos por esta Constitución; y asegura el respeto y desarrollo social, cultural y económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo en la toma de decisiones que se vinculen con su realidad en la vid provincial y nacional. Asegura la propiedad de tierras aptas y suficientes; las de carácter comunitario no podrán ser enajenadas ni embargadas. La utilización racional de los bosques existentes en las comunidades aborígenes requerirá el consentimiento de éstos para su explotación por terceros y podrán ser aprovechados según sus usos y costumbres, conforme con las leyes vigentes". Ley 426 LEY INTEGRAL DEL ABORIGEN - CREACION DEL INSTITUTO DE COMUNIDADES ABORIGENES - Decreto Reglamentario Nº 574/86 y modificatorios Nº 10/1986, 138/1987 y 57/1987. Capítulo II DEL ASENTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES ABORÍGENES Artículo 11º.- El asentamiento de las comunidades aborígenes atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad aborigen será esencial para su asentamiento en sitio distinto al de sus territorios habituales. Las comunidades que tienen título o Decretos históricos, nacionales o provinciales que estén vigentes sobre tierras que les fueron desposeídas, tendrán derecho a intentar la recuperación de las mismas y el Instituto de Comunidades Aborígenes se ocupará en realizar los trámites legales que corresponda. Artículo 12º.- La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades aborígenes será gratuita y en forma individual o comunitaria, según el interés de cada grupo, la fracción no podrá ser embargada, arrendada a terceros ni comprometidos en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte bajo pena de nulidad absoluta. La tierra que se les otorgue no podrá ser enajenada (artículo 57, in fine, Constitución Provincial). Artículo 13º.- Exceptúase de las prohibiciones a que se refieren el artículo anterior, las transferencias necesarias a entes nacionales, y provinciales o municipales, para la ejecución de planes de servicios de infraestructura para las comunidades aborígenes respectivas que podrán disponerse por simple mayoría del Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes. Artículo 14º.- La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En caso de abandono de las mismas la comunidad dejará dicha concesión sin efecto y determinará su nuevo destino.
15 15 Artículo 15º.- Cuando una comunidad aborigen tuviera reconocida su personería jurídica, se le transferirá la tierra en forma gratuita, libre de todo gravamen. La escritura traslativa de dominio se hará conforme a instrucción del artículo 12 de esta Ley por Escribanía Mayor de Gobierno también en forma gratuita. Artículo 16º.- El asentamiento de las comunidades aborígenes se realizará en tierras fiscales conforme a las siguientes indicaciones: a) Facúltese al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales a transferir en favor de las comunidades que indique el Instituto de Comunidades Aborígenes las reservas aborígenes, cuya ubicación, superficie y mensura se detallan en planilla anexa Nº 1. b) Las mismas condiciones del apartado anterior, se faculta al Instituto Provincial de Colonización de Tierras Fiscales a transferir a comunidades que identifique el Instituto de Comunidades Aborígenes las reservas aborígenes y ocupaciones existentes a la fecha halladas en planillas anexas Nº 2 ; y cuyas superficies estarán sujetas a lo que en definitiva resulte de la ejecución y aprobación de los bajos de mensura y amojonamiento a realizarse. c) Cuando la existencia de limitados recursos naturales para la subsistencia de la comunidad del lugar lo justifique, queda autorizado el Instituto de Comunidades Aborígenes a efectuar estudios y proponer al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales las aplicaciones necesarias de los inmuebles que figuran en planilla antes indicada. A tal fin se afectarán tierras fiscales aledañas libres de ocupantes y se arreglará con terceros la cesión o compra de derechos y mejoras de su propiedad. En caso de no llegar a un acuerdo, el Instituto de Comunidades Aborígenes efectuará los trámites pertinentes para promover a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo las acciones que correspondiere. d) Para el real justiprecio de las cesiones de derechos a efectuarse con terceros, conforme con la parte in fine del apartado anterior deberá, expedirse el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales a través de su departamento técnico y el Colegio de Martilleros por intermedio de su Presidente, como carga pública. Los montos obtenidos servirán de cifras indicativas al Instituto de Comunidades Aborígenes para el acuerdo con el tercero ocupante respecto de las mejoras mencionadas en le artículo anterior. e) A pedido de las comunidades interesadas de oficio, el Instituto de Comunidades Aborígenes comunicará al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia, a los efectos de su encuadramiento y posterior mensura, la existencia de una comunidad aborigen con indicación de la superficie de tierras fiscales ocupadas pacíficamente y la reclamada adicionalmente para atender a sus necesidades económicas y de expansión. f) El Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales deberá destinar mensualmente como mínimo el 5% (cinco por ciento) de la totalidad de las sumas destinadas a gastos de traslados, viáticos, combustibles, etc., para encuadramientos y mensuras en el terreno, al estudio de los trabajos solicitados por el Instituto de Comunidades Aborígenes para esos fines mientras existan pedidos pendientes. Deberá elevar a sí mismo un informe mensual al Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes, sobre ambos montos bajo responsabilidad solidaria del Director de Administración y Presidente del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales o sus cargos equivalentes. Artículo 17º.- Para el asentamiento de comunidades aborígenes en las tierras fiscales se seguirá el siguiente procedimiento: a) Comunicación del Instituto de Comunidades Aborígenes al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia, sobre la existencia de una Comunidad Aborigen con expresión del número de sus integrantes, lugar donde se encuentra, tiempo de permanencia en el mismo, extensión ocupada de acuerdo a sus tradiciones, costumbres, forma de vida y modo de uso de los recursos de la naturaleza. b) Inspección relevamiento de ocupación en el terreno de la fracción de tierras solicitadas para su registro en el Catastro del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales deberá iniciarse en un plazo no mayor a los veinte (20) días de su presentación y se ejecutará en forma coordinada entre el personal técnico del Instituto de Comunidades Aborígenes y el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales. c) Elevación del informe al Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes en un plazo de v0einte (20) días de concluidos los trabajos especificados en el inciso anterior en forma solidaria por parte del personal técnico del Instituto de Comunidades Aborígenes y el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales afectados a esas tareas. d) Aprobado el informe de los trabajos de campaña especificados en el inciso b) por el Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes y luego de su representación al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, este deberá autorizar legalmente su ocupación en un plazo de treinta (30) días a la Comunidad Aborigen que las solicitó. e) La mensura, deslinde y amojonamiento definitivo se ejecutará en forma coordinada entre los equipos técnicos del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales y del Instituto de Comunidades Aborígenes, debiendo aprobarse esta en un plazo de sesenta (60) días a partir de su presentación a la Dirección Provincial de Catastro. f) Los trabajos de inspección, relevamiento y definitivos de mensuras en las tierras solicitadas para su asentamiento por parte de las comunidades aborígenes se ejecutarán en el plazo factible de acuerdo a las disponibilidades de los recursos económicos en el artículo anterior de la presente ley u otros fondos que el Poder Eje-
16 16 cutivo deberá destinar a ese fin. En ningún caso dicho plazo podrá exceder seis (6) meses salvo que por circunstancias especiales que imposibiliten su cumplimiento en término, el Poder Ejecutivo autorice su prórroga por única vez y por un nuevo plazo que no exceda el anterior. g) Resolución del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, previo dictamen favorable el Instituto de Comunidades Aborígenes, por la que habilita el asentamiento de la comunidad aborigen en el término de sesenta (60) días. Jujuy Reforma constitucional de 1986 Art. 50: "La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social". La Pampa Reforma constitucional de 1994 Art. 6 2 parr. "La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas". Mendoza Ley 5754 ADHESIÓN DE LA PROVINCIA AL RÉGIMEN DE LA LEY NACIONAL Misiones Ley 2727 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASUNTOS GUARANÍES DEROGA LEY Título IV - De los Beneficios Capítulo I - Adjudicación de Tierras Artículo 8: Se otorgarán en propiedad tierras fiscales a las comunidades indígenas que se inscriban conforme lo establecido en esta Ley, y en forma totalmente gratuita y en las condiciones que se determinarán en este Capítulo. Artículo 9: En el supuesto que el acto de transmisión genere pagos de tributos o gastos de orden nacional o municipal se gestionará la pertinente excepción ante quien corresponda o en su defecto la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes se hará cargo de esos eventuales conceptos. Artículo 10: Con intervención de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes previa consulta a las comunidades o asentamientos existentes de la población guaraní se procederá a elegir los lugares donde existan tierras fiscales para proceder a la mensura y adjudicación de tierras. Artículo 11: La Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes conjuntamente con la Dirección General de Tierras y Colonización, escuchadas las peticiones de las comunidades indígenas procederán a realizar el pertinente plan de adjudicación de tierras determinando superficie, lugares y condiciones de su colonización. Artículo 12: Sin perjuicio del plan especial de adjudicación de tierras y colonización establecido en el artículo anterior, la población indígena mediante las comunidades inscriptas tendrá prioridad para ser beneficiaria de los planes generales de colonización aprobados y/o a aprobarse. Artículo 13: Se respetarán los lugares de asentamientos actuales de las comunidades guaraníes, una vez ratificada por éstas la decisión de seguir ocupando esas tierras. En caso de que las mismas sean de propiedad privada se harán las gestiones necesarias ante los propietarios para la transferencia del dominio, mediante venta, a la comunidad guaraní correspondiente. En caso de que el propietario de una fracción de tierra ocupada por un asentamiento indígena done directamente y sin cargo alguno a la comunidad guaraní, la Provincia tomará a su cargo los eventuales gastos y gravámenes que afecten la propiedad a donarse. Todo sin perjuicio de la utilización excepcional y debidamente fundada de la vía de expropiación, en su caso, para el debido cumplimiento de este artículo. Artículo 14: Las adjudicaciones de tierras se efectuarán a las comunidades indígenas debidamente inscriptas ante el Organismo pertinente. Artículo 15: Las tierras fiscales o particulares adquiridas por compra, donación o expropiación adjudicadas a las comunidades indígenas constituidas conforme la presente Ley, serán inembargables y no podrán ser ejecutadas. Como asimismo queda prohibido por parte de las comunidades su venta; donación; enajenación y constitución de gravámenes de las tierras referidas. Artículo 16: Las tierras adjudicadas a las comunidades indígenas no tributarán ningún impuesto o tasa de orden provincial. Se solicitará a las Municipalidades se dicten ordenanzas adhiriéndose al régimen del presente artículo.
17 17 Neuquén Reforma constitucional de 1994 Art.23 inc. d "Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho". Ley 2342 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a un día de diciembre de dos mil. CAPITULO XIII Territorio indígena protegido Artículo 28. Los territorios indígenas protegidos son áreas comprendidas por tierras de las comunidades indígenas actuales o restituidas en el marco de un plan de reparación histórica, a partir de la cual la autoridad de aplicación y dichas comunidades de la Provincia establecerán Áreas Naturales Protegidas, con el fin de: a) Conservar el entorno paisajístico y cultural, sitios religiosos y ceremoniales. b) Recrear ámbitos para el desarrollo sustentable en el marco de sus pautas culturales de gestión y aprovechamiento de los recursos naturales. c) Promover el respeto por la diversidad cultural, las distintas formas de organización social y las prácticas tradicionales o rústicas del uso de la naturaleza. d) Promover el desarrollo de tecnologías alternativas a partir del conocimiento y los saberes ambientales de las culturas originarias. Artículo 29. Los planes de manejo, como las directrices para el manejo de los ecosistemas, serán elaborados por las comunidades indígenas con la asistencia técnica de la autoridad de aplicación. CAPITULO XVIII Creación y desafectación de las áreas naturales protegidas Artículo 40. La creación de Areas Naturales Protegidas provinciales se efectuará por ley, con precisa delimitación de su perímetro. Artículo 41. La desafectación total o parcial de tierras de las Áreas Naturales Protegidas provinciales o la reducción de las condiciones de conservación o preservación de las mismas, sólo podrá efectuarse por ley. CAPITULO XIX Afectación de tierras Artículo 42. La autoridad de aplicación podrá solicitar la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras que estime necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente Ley. Artículo 43. Si un Área Natural Protegida establecida conforme a los criterios y preceptos de la presente Ley incluyera tierras fiscales, las mismas deberán ser declaradas no enajenables y, en su caso, sólo procederá el reconocimiento de derechos respecto de las mejoras y derechos de uso que hubiere adquirido el ocupante tenedor o poseedor legítimo de ellas. El presente artículo será de aplicación cuando por el plan de manejo así se requiera, debiendo fundarse su necesidad. Río Negro Reforma constitucional de 1988 Art. 42: "El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de las tierras que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual de su comunidad, y respeta el derecho que les asiste a organizarse". Ley 2553 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS. ADHESIÓN LEY N Art. 1 - Adhiérase a la Ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades indígenas.
18 18 Salta Reforma constitucional de 1998 Artículo 15: Pueblos Indígenas I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relativo con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros. Ley 4086 RESERVAS INDÍGENAS. B.O. 12 de Enero de 1966 ABORIGENES-RESERVAS-INDIGENAS-TIERRAS-FISCALES-COLONIZACION-COOPERATIVAS. Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que por intermedio de sus organismos técnicos realicen los trabajos correspondientes para la reserva de tierras fiscales destinadas a las poblaciones indígenas. Art. 2.- Las tierras de reserva se destinarán a la colonización ejidal indígenas, siendo por lo tanto intransferibles e inenajenables. Art. 3.- La Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario organizará conjuntamente con representantes indígenas, misioneros u otros representantes que estime necesarios, cooperativas de producción como así también los planes de trabajo para el aprovechamiento de las tierrras previstas en el artículo anterior. Art. 4.- La Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario solicitará de otros organismos provinciales la colaboración que estime necesario a los fines previstos en la presente. Ley 6373 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL ABORIGEN. CAPITULO III DE LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ARTICULO 13. EL INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN DEBERÁ REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS ASENTA- MIENTOS ABORÍGENES ACTUALES PRECISANDO SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON LA INDICACIÓN DE SUS INTE- GRANTES. ARTICULO 14. El instituto provincial del aborigen realizará todos los trámites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras públicas y/o privadas, que se expropien para tal fin. Para su cometido, todas las reparticiones del área gubernamental deberán prestar el más amplio apoyo y asistencia. ARTICULO 15. La entrega en propiedad de los inmuebles se efectuará forma individual o comunitaria de acuerdo a la libre determinación de sus integrantes y en las dimensiones que económica y socialmente sean convenientes; para ambos casos la entrega se realizará a título gratuito. ARTICULO 16. La propiedad comunitaria se establecerá en algunas de las distintas formas societarias que admite la ley, pudiendo los interesados elegir la más conveniente a sus objetivos. ARTICULO 17. Para la adjudicación en propiedad definitiva de las tierras, ya sean en su asentamiento actual o los casos que impliquen un traslado, deberá hacerse con el consentimiento libre y expreso de la población aborigen involucrada. ARTICULO 18. A los fines del cumplimiento del artículo precedente, el instituto provincial del aborígen deberá implementar el mecanismo de consulta adecuado de común acuerdo con el consejo consultivo. ARTICULO 19. La escribanía de gobierno formalizará los instrumentos traslativos de dominio con la condición de que los inmuebles transferidos deben ser instranferibles a cualquier título, por el término de diez (10) años, desde la escrituración, la que debe realizarse en un plazo no mayor a seis meses de su adjudicación. ARTICULO 20. Los inmuebles adjudicados en propiedad comunitaria sólo podrán gravarse con consentimiento expreso del consejo consultivo y del instituto provincial del aborigen.
19 19 Santa Fe Ley COMUNIDADES ABORÍGENES. III. DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. ARTICULO 15. La adjudicación de tierras en propiedad se realizará cuando existan tierras fiscales, de manera gratuita, en forma comunitaria o individual según el interés de cada grupo o comunidad. Se propenderá a que dichas tierras sean aptas y suficientes para el digno desarrollo de los mismos, así como que estén ubicadas en el lugar donde habita la comunidad o zonas cercanas, siempre, con el consentimiento libre y expreso de la comunidad. ARTICULO 16. En caso de no existir tierras fiscales en la provincia se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad del Estado Nacional y/o Municipal. ARTICULO 17. El órgano de Aplicación procederá a establecer, previo dictamen de las comunidades organizadas, las zonas más aptas para la adjudicación de tierras, como así también las dimensiones adecuadas para el desarrollo de la organización comunitaria, su rescate cultural y el aprovechamiento de sus recursos. ARTICULO 18. El traspaso de la propiedad de la tierra deberá hacerse en todos los casos, respetando las costumbres de las comunidades y la legislación vigente, brindándose los medios económicos necesarios para su efectiva ocupación. ARTICULO 19. Para hacer efectivas las adjudicaciones, se preve la entrega de tierras fiscales provinciales y/o la expropiación de tierras aptas de propiedad privada cuando así se requiera. ARTICULO 20. Las comunidades que tienen otorgados títulos individuales y/o comunitarios por decretos nacionales o provinciales sobre tierras desposeídas, ocupadas actualmente por terceros en forma comprobada, serán devueltas a sus antigüos poseedores, utilizando el Poder Ejecutivo el derecho de expropiación cuando fuere necesario. La Autoridad de Aplicación realizará los trámites legales correspondientes. ARTICULO 21. La adjudicación de tierras en forma comunitaria tenderá al desarrollo de trabajos en común, sin condicionar las iniciativas particulares de cada familia. La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. Si se llegara a abandonar el lugar, la comunidad dejará sin efecto su concesión y de terminará su nuevo destino. ARTICULO 22. El órgano de Aplicación gestionará la aplicación de programas agropecuarios, forestales u otros con la debida prestación de asesoramiento técnico y capacitación. Tal asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas aborígenes. ARTICULO 23. La Autoridad de Aplicación gestionará ante quien corrresponda, la exención del pago de impuestos en el orden provincial. ARTICULO 24. Las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas embargadas ni dadas en garantía. Tampoco podrán ser divididas y no podrá existir sobre ellas ningún tipo de gravamen. Las escrituraciones y mensuras serán gratuitas, y realizadas por la Escribanía Mayor de Gobierno y Catastro respectivamente. ARTICULO 25. No podrán ser usadas, explotadas, o alquiladas por personas ajenas a la comunidad o que no sean aborígenes. Tierra del Fuego Ley 405 ADJUDICACIÓN DE TIERRAS A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO ONA DE LA PROVINCIA. ARTICULO 1º.- Adjudícanse a las Comunidades del Pueblo Ona de Tierra del Fuego, las tierras comprendidas en los artículos 3º y 4º de la presente Ley, correspondientes a la Reservación Aborigen, dentro de las que se encuentran las pertenecientes a la señora Rafaela Ishton, heredera del señor Santiago Rupatini; de este último existe una mensura y ocupación permanente por sus herederos. Conforme a los términos del artículo 8º y concordantes de la Ley Nacional Nº Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes-, la parte pertinente del Decreto Nacional Nº 155/89 y los Convenios Nº 107 y 169, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), aprobados por las Leyes Nacionales Nº y Nº ; artículo 75, incisos 17) y 22) de la Constitución Nacional, Convenios Internacionales, Ley Provincial Nº 235 y Personería Jurídica, con Resolución Nº 4070/95 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial requerirá la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) para transferir la propiedad de las tierras adjudicadas conforme a la Ley Nacional Nº en forma comunitaria con la debida parte indivisa a las Comunidades del Pueblo Ona y sus descendientes en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ARTICULO 3º.- Las tierras adjudicadas son parte del ex-departamento Thetys, lago Khami, según plano catastral del año 1925, hoy Departamento Río Grande, Zona Rural de la localidad de Tolhuin. ARTICULO 4º.- La extensión de tierras específicamente a adjudicar ocupan la superficie de los antiguos Lotes Nº 89, 90, 91 y 92, cuyo plano demostrativo del estado de la tierra del año 1925 (Dirección General de Catastro del ex- Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) así lo acredita, como también el Expediente Nº T.1925 del día 29 de julio, en su artículo 3º, y con la excepción de lo reservado por el artículo 3º de la Ley
20 Territorial Nº 72 del día 24 de mayo de 1973, para el ejido urbano de la comuna de Tolhuin, más quince (15) hectáreas que serán utilizadas para obras públicas por el Poder Ejecutivo Provincial en el Lote

References: artículo 14
 Artículo 75
in fine
 artículo 7
 artículo 75
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 artículo 9
 artículo 28
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 Artículo 14
 Artículo 16
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 Artículo 8
 artículo 6
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 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 artículo 44
 Artículo 11
 Artículo 12
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 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 artículo 12
 Artículo 16
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 Artículo 17
 Resolución 
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 15
 Artículo 1
 artículo 8
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3