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Timestamp: 2018-07-19 11:52:35+00:00

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Resultados de Evaluación de Expediente y Entrevista
SUMARIO. I. Planteamiento. II. Referencias al Derecho
comparado. III. ¿En qué consiste el Síndrome de Alienación
Parental? IV. Las conductas desplegadas por el manipulador y
los síntomas de la patología. V. Consecuencias del síndrome.
VI. Las decisiones judiciales en materia familiar. VII. Los remedios contra el síndrome (y de reflejo: contra el incumplimiento
infundado del régimen de comunicaciones y visitas por parte
del custodio). VIII. Conclusiones.
Es por demás ostensible que el quiebre de la comunidad convivencial de la familia,
provoca transformaciones y tergiversaciones profundas en la vida de los mayores, pero
en lo fundamental también alcanza a los sujetos infantiles y adolescentes que convivían
con aquéllos. Ante tales vicisitudes, es prácticamente inevitable que los adultos –en tanto forjadores de la comunidad familiar, así como responsables de su destrucción- padezcan los efectos negativos que la ruptura produce. Sin embargo, es deseable que los
menores de edad, en tanto víctimas inculpables de aquellos conflictos, se vean afectados
en la manera más exigua que sea posible con las derivaciones perniciosas que esas diferencias entre los mayores suelen acarrear. En función de ello, la mira de los operadores
jurídicos debe estar puesta en la adopción de medidas que procuren que los hijos sufran
de la manera más minúscula o imperceptible que sea dable, el quiebre de la familia con
la que convivían. Claro está que el propósito indicado en no pocas ocasiones fracasa, en
lo primordial, por la situación de hostilidad que impera cuando se rompe la pareja que
conformaban los padres. Y esa razón conlleva a que se produzcan duros litigios a fin
de decidir a quién se le confía la tenencia de los menores o a la hora de implementar un
régimen de comunicaciones y visitas para aquel ascendiente próximo que no disfrute de
la custodia cotidiana.
Los factores a tomar en consideración para atribuir la tenencia o para fijar un régimen
de comunicaciones y visitas son prácticamente infinitos1; empero, existe un parámetro
que si no es el más trascendente, ocupa un lugar muy destacado para decidir a cuál de
los padres (o incluso a un tercero) se le confiere la guarda diaria de los hijos. Dicho criterio es atender a la conducta asumida por cada uno los padres en el período posterior a la
ruptura en aras a reconocer y respetar los derechos del otro ascendiente (y de la familia
ampliada) para comunicar y mantener vinculaciones con sus hijos. Ello con base en que
la conservación de los vínculos afectivos del menor con el resto de su familia integral es
el escenario más adecuado para promover su desarrollo personal; entretanto, la conduc1 Vid. HOWARD, El interés del menor en las crisis familiares: guarda, comunicaciones y visitas, Mdeo., U.M., 2012, págs. 441
a 566 y 687 a 801.
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ta contraria vulnera el interés primordial a proteger, que es el de los propios menores2.
La realidad nos muestra demasiados ejemplos en los que la ruptura de la pareja no es
amistosa y los hijos menores son utilizados como moneda de cambio o arma arrojadiza
entre ambos padres, sin pararse a pensar en las graves consecuencias que ello tendrá
para su futuro desarrollo personal, psicológico y afectivo, y a menudo con menoscabo
del derecho del otro padre a continuar relacionándose y manteniendo una relación afectiva, lo más estable y normalizada posible, con sus hijos3.
Así las cosas, la predisposición de cada padre para acceder (y no entorpecer) la persistencia y el mantenimiento periódico de los vínculos de los hijos con el otro componente
de la pareja ahora quebrada, asume un carácter fundamental cuando se adoptan medidas en la vía judicial para la atribución de la tenencia. Y es evidente que ello también asume trascendencia en las hipótesis en que es menester pronunciarse respecto al beneficio
para los hijos de variar un régimen de custodia determinado con anterioridad.
Ahora bien, a pesar de lo que vengo refiriendo, no deja de llamar la atención que el
defectuoso art. 35 del C.N.A. no sugiera el parámetro antedicho entre las «recomendaciones» que el precepto realiza a los jueces para atribuir la tenencia. Empero, el cuerpo
legal mencionado recoge el criterio en modo indirecto, cuando instituye sanciones para
el custodio que no permite que los niños o adolescentes comuniquen con aquellas personas para las que se implantaron visitas. En este sentido, el art. 43 con la denominación
«Sanción por incumplimiento», preceptúa que «el incumplimiento grave o reiterado del
régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la
tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será
en beneficio de aquél». Y en un segundo inciso dispone que «el Juez deberá hacer saber
a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede
dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del
Código Penal». A su vez, esta última prescripción, rotulada «Omisión de los deberes
inherentes a la patria potestad», establece que «el que omitiere el cumplimiento de los
deberes de asistencia inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la salud moral
o intelectual del hijo menor, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de
penitenciaría».
La finalidad perseguida con la disposición del C.N.A. transcrita es patente: se trata
de evitar el proceder dañino de aquel a quien se le asignó la tenencia de un menor,
2 Los quiebres matrimoniales y de las parejas de hecho aparejan «una serie de cambios de enorme impacto en la biografía personal de los adultos, con repercusiones en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas (emocional, familiar,
social, laboral y económico), que no tienen que ser necesariamente negativas, pero que, generalmente, van precedidas y
acompañadas de importantes conflictos en la pareja. Pero sin la menor duda, las consecuencias más severas de las rupturas matrimoniales son las que pueden llegar a afectar a los hijos menores que, en una época de mayores necesidades
y vulnerabilidad evolutiva se ven expuestos a la hostilidad entre sus padres y, casi siempre, a la privación del ejercicio
conjunto de las funciones parentales, debiendo reestructurar las relaciones con las personas que seguirán siendo las referencias más importantes en sus vidas» (TOVAR ESCUDERO, «Manifestaciones y expresiones de los niños afectados por
alienación parental en estudios españoles. Una aproximación cualitativa al síndrome de alienación parental (SAP)», en
AA.VV., Aspectos actuales de la protección jurídica del menor. Una aproximación interdisciplinar [Dir.: García Garnica], Navarra,
Thomson Aranzadi, 2008, págs. 115-116).
3 GARCÍA GARNICA, «El síndrome de alienación parental a la luz del interés superior del menor», Rev. Derecho Privado
y Constitución n.º 23, enero-diciembre 2009, págs. 204-205.
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mediante la interdicción de conductas que supongan una actitud obstaculizadora de la
vinculación de éste con aquellas personas a las cuales consensuada o judicialmente se
les confirió la posibilidad de comunicarse. De todas maneras, los dos apartados tienen
una diferente amplitud, puesto que si bien el primer inciso se refiere no sólo a los padres, sino a cualquiera que ejerza la custodia de un menor, el segundo está destinado
únicamente a los supuestos en que la tenencia la ejercen los ascendientes más próximos,
y agrega a las sanciones que se explicitan en el primer párrafo otras dos penalidades: la
pérdida de la patria potestad y una punición penal. De todas formas, a pesar de que el
precepto sanciona los incumplimientos de las visitas, no castiga otras inobservancias de
los deberes del tenedor que pueden afectar el normal desarrollo de las comunicaciones
entre los menores y los visitantes, como generar en aquellos un sentimiento de hostilidad o rivalidad con éstos.
Con sustento en lo que acabo de exponer, es poco menos que axiomático que cuando
de las resultancias de un proceso judicial surge que uno de los padres está más dispuesto
a admitir que se mantengan los lazos afectivos de los hijos con el otro, debe confiarse la
custodia a dicho ascendiente, con plataforma en que el mantenimiento regular por parte
de los menores de vínculos con todos los integrantes de su familia, de ordinario, conduce a que sea más provechoso para su integridad y desarrollo personal. El interés de
los sujetos menores de edad aparece más hondamente protegido cuando conviven con
aquel de sus padres que reconoce y facilita las vinculaciones con los demás miembros de
la familia, evitando que se corten esas relaciones que necesita para su mejor crecimiento.
De forma que, si las específicas circunstancias fácticas lo aconsejan, el parámetro a
estudio puede primar en el caso concreto por sobre otros que suelen justificar la adopción de las medidas de guarda, esto es, el mantenimiento de la situación imperante, la
voluntad que exprese el propio menor, o las dificultades económicas de cada uno de los
padres, entre muchísimos otros. Junto con ello, una vez acordado un régimen de comunicaciones y visitas, su inobservancia o cumplimiento indebido por parte del tenedor, en
tanto supuesto que afecta los intereses de los hijos, constituye un parámetro fundamental para variar las medidas prohijadas, en virtud de la condición rebus sic stantibus de que
gozan los veredictos dictados en esta materia.
Y lo dicho asume mayor importancia si se considera que los hijos de padres divorciados presentan menores problemas de adaptación a la nueva situación familiar, en la
medida en que sus padres continúen ejerciendo como tales y no les presionen para que
se pongan de parte de uno y otro ascendiente4.
II. Referencias al Derecho comparado
Las cuestiones aquí consideradas por lo general han sido previstas por los ordenamientos comparados conceptualmente más cercanos, sea de modo expreso o implícito.
En este sentido, es paradigmático el ordenamiento francés, que a partir de la ley n.º 2002305, de 4 de marzo, y en el art. 373-2 del C.C. dispone que cada padre debe respetar las
relaciones de sus hijos con el otro padre; entretanto en el ord. 3º del art. 373-2-11 expresa
4 TOVAR ESCUDERO, op. cit., pág. 116.
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que cuando el Juez de Asuntos Familiares deba pronunciarse sobre las modalidades de
ejercicio de la autoridad parental tomará en cuenta, entre otros aspectos, «la actitud de
cada uno de los padres para asumir sus deberes y respetar los derechos del otro».
Similar al ordenamiento uruguayo, es el sistema italiano, en el que el art. 6.2 de la ley
de 1 de diciembre de 1970, n.º 898, en la redacción dada por el art. 11 de la ley de 6 de
marzo de 1987, n.º 74, que disciplina los casos de disolución de matrimonio, establece la
posibilidad de un cambio de custodia cuando el padre a quien se han confiado los hijos
incumple los deberes impuestos judicialmente.
Entretanto, en el ordenamiento español no hay disposiciones de las que directamente
mane una imposición a los jueces de atender a este parámetro. No obstante, al menos
de dos de los párrafos de la redacción actual del art. 92 del C.C., emerge implícitamente,
aun cuando con transparencia, la necesidad de que los jueces lo contemplen. Así, en el
ord. 5º, con expresa referencia a la custodia compartida, se preceptúa que el juez al acordarla y tras fundamentar su decisión, «adoptará las cautelas procedentes para el eficaz
cumplimiento del régimen de guarda establecido,…» y en el apdo. 6º, aplicable a toda
especie de guarda, se dispone que antes de acordarla, debe valorar entre otros elementos
«la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda».
Como se ha señalado en la doctrina, «en el Derecho occidental, tanto dentro del sistema del Common law, como de aquel que tiene un origen romano-germánico, se viene
acentuando una tendencia consistente en asignar la tenencia a aquel de los padres que
ofrezca mayor garantía de respetar la natural vinculación que debe existir con el otro, o a
remover de la tenencia a quien perturbe tal relación. Por otro lado, en muchas ocasiones,
la mera amenaza de un cambio de tenencia adquiere, de por sí, “poder de convicción”
suficiente para hacer entrar en razones a quien obstruye los derechos de los demás protagonistas»5.
De todas maneras, debe señalarse que la alteración en la guarda no tiene lugar de
forma automática, sino que se trata de una pauta que se debe tomar en consideración
junto a todas las demás circunstancias que rodean el litigio planteado, puesto que es esa
la única fórmula posible de determinar si el cambio previsto no vulnera el interés de los
niños y adolescentes afectados con la medida a instrumentar. En efecto, la adopción de
una medida de cambio de custodia (y ello se puede ampliar asimismo al supuesto en que
se procura variar un régimen de comunicaciones y visitas) sólo puede tener cabida en
aquellas hipótesis en que del análisis del plexo de condicionantes concretas que rodean
cada caso puntual resulta que no se perjudica el bonus filii. Por ese motivo, aun cuando
del análisis de las circunstancias específicas emerja que existe un incumplimiento del
régimen impuesto o una inobservancia de las obligaciones con que carga el tenedor, ese
mero hecho no es suficiente para determinar una variación en la tenencia o en las visitas, en tanto es imprescindible indagar si las demás incidencias concurrentes en el caso
concreto no perjudican a los sujetos infantiles sobre los cuales ha de influir la medida.
5 MAKIANICH DE BASSET, Derecho de visitas. Régimen jurídico del derecho y deber de adecuada comunicación entre padres e
hijos, Bs. As., Ed. Hammurabi, 1997, pág. 28.
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A vía de ejemplo, aun cuando de los hechos probados en un litigio resulte que el
custodio lleva a cabo su función de forma de impedir caprichosa e inmotivadamente los
contactos entre los hijos y aquel padre (o su familia ampliada) no custodio, ello no suele
ser suficiente para variar la tenencia conferida, si se comprobase que el incumplidor del
régimen es quien se ha ocupado desde largo tiempo atrás de la crianza de los menores,
y como derivación no es lo más conveniente al interés de éstos que se le confíe al otro
padre, o incluso a un tercero. Antes bien, previamente a la adopción de la medida de
cambio de custodia estilan recomendarse instrumentos menos agresivos para los hijos
destinados a tratar de dar solución a la situación conflictiva. Adviértase que, aunque la
variación de la tenencia es posible dada la condición rebus sic stantibus que adorna a los
convenios o sentencias dictadas, supondría para los menores una alteración profunda en
el contexto en que vienen desarrollando sus vidas (v. gr. cambios de residencia y colegio,
alejamiento de sus círculos de amistades y clubes deportivos). Por esa razón, deben ser
conductas en extremo graves las que encaminen a una variación en la guarda material,
aun cuando se reconozca la afectación del régimen en que el hijo venía desarrollando su
En función de lo asentado, es que los tribunales –con independencia de cuál sea el
ordenamiento analizado- atribuyen fundamental trascendencia al parámetro en análisis,
de forma que se trata en los casos de conflicto familiar de confiar la tenencia de los hijos
a aquel de los padres que esté dispuesto a respetar los derechos del otro a que se contacte
y relacione con aquéllos. Y lo indicado no puede ser de otra manera, dado que el ponderado ámbito referencial es el que en mejor grado protege el interés de adultos, pero por
sobre todas las cosas salvaguarda el de los niños y adolescentes, al facilitar las relaciones
ampliadas de familia y parentesco. Cabe subrayar, a este respecto, que la conservación
de las relaciones afectivas de los hijos con ambas estirpes familiares ha sido consagrada
como un derecho de éstos.
En este sentido, el apdo. 1º del art. 8 de la Convención Universal de los Derechos
del Niño, incorporada al ordenamiento vernáculo a través de la ley n.º 16.137, de 28 de
setiembre de 1990, señala que «los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho
del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas». Y el art. 9.3 de la convención antedicha preceptúa que «los Estados Partes respetarán el derecho del niño que
esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior
del niño».
Más claramente, acaso, el art. 38 del C.N.A. sienta el principio general en materia de
visitas, al disponer que «todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en
orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a
un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el
interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya
mantenido vínculos afectivos estables».
A sabiendas de ello, el incumplimiento del régimen de visitas constituye una contravención de la obligación que el citado cuerpo legal impone a los padres y responsables
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de niños y adolescentes en el art. 16, lit. D), de «colaborar para que sus derechos sean
efectivamente gozados».
El cumplimiento del derecho de comunicaciones y visitas se presenta bajo un doble
perfil: está el deber del padre no custodio de ejercitarlo por el prioritario interés del hijo;
y a la vez, el deber del otro padre –aquel a quien se le confió la guarda- de no obstaculizar, sino favorecer, la efectividad y el desarrollo de tales relaciones. Ello por cuanto,
la frecuentación entre los padres y sus hijos es universalmente admitida como parte
sustancial del preeminente interés de los menores a un correcto crecimiento afectivo, y
a una completa formación social, instructiva y educativa, así como a un adecuado desarrollo de su personalidad6. Con la mira puesta en el propósito de contribuir a la más
adecuada formación de los hijos a través del fomento de las vinculaciones afectivas con
sus dos ramas familiares, los tribunales, con sustento en las amplias facultades de que
están dotados en estas materias, deben rechazar o censurar todas aquellas conductas de
quien ejerce la custodia que contraríen o desconozcan el antedicho derecho de los hijos7.
III. ¿En qué consiste el Síndrome de Alienación Parental?
Se trata de una serie de comportamientos, artilugios o estratagemas que adopta aquella persona a la cual se le confió la custodia de sus hijos destinados a obstaculizar o entorpecer infundadamente que se genere o conserve una relación afectiva estrecha con el
otro padre (o su familia ampliada), de forma que en modo egoísta obran sobre la psiquis
de aquéllos, provocando un apartamiento radical de la rama familiar que sólo tiene atribuido un régimen de comunicaciones y visitas.
En un contexto conflictivo derivado de la ruptura de la pareja que conformaban los
padres, se encuentra un terreno potencialmente fértil para que se produzca el síndrome
mencionado, dado que «el hijo es percibido por el padre custodio como un instrumento
de poder destinado a satisfacer sus propias necesidades en daño del otro padre, que sufre, injustificadamente, el desprecio y el alejamiento del hijo»8.
El desarrollo de esta patología, sobre cuya real existencia no existe acuerdo en la
comunidad médico-científica, fue iniciada por el psiquiatra forense estadounidense Richard Gardner, a partir de 1985, para la que adoptó la denominación de «Síndrome de
Alienación Parental», habiéndola definido como «un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar
6 SOARDI, en AA.VV. (dir.: Cendon), La prova e il quantum nel risarcimento del danno, T. I, Torino, Utet, 2014, pág. 700.
7 Los principales problemas, desde el punto de vista personal en las rupturas de pareja, se plantean en el marco de las
relaciones entre padres e hijos. A este respecto, no es posible perder de vista que la separación de los padres supondrá un
trascendental cambio del entorno afectivo y material de los hijos menores, al que éstos serán particularmente vulnerables,
ya que dejarán de convivir de forma simultánea y permanente con ambos padres. Pero, además, en muchas ocasiones,
la quiebra de la relación sentimental de los progenitores lleva aparejados problemas de muy diversa índole, a menudo
larvados durante años de malas relaciones, y en otras ocasiones generados por la propia ruptura, que inciden de forma
directa sobre los hijos: malos tratos, desacuerdos en cuanto a la guarda y custodia de los hijos, manipulación de los hijos
al objeto de ganarse su afecto o posicionarlos a favor o en contra de uno de los progenitores, adaptación de los hijos a las
nuevas relaciones afectivas de los padres, etc. (GARCÍA GARNICA, op. cit., pág. 205).
8 CICERO y RINALDO, «Principio di bigenitorialità, conflitto di coppia e sindrome da alienazione parentale», Rev. Il
Diritto de Famiglia e delle Persone [en adelante: D.F.P.] 2013.3. sec. Giurisprudenza di legittimità, pág. 874
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o destruir sus vínculos con el otro progenitor»9. Se trata de inculcaciones maliciosas que
el custodio ejecuta sobre sus hijos, de modo que los mantiene secuestrados psicológicamente, por lo que éstos están impedidos de comprender racionalmente la verdadera
situación que subyace en la relación entre los mayores.
En las cuestiones antagónicas que aquí se indagan, aparece como una precaución
fundamental a tomar por los tribunales que lo que provean en materia de guarda y visitas no constituya un ambiente contextual propicio a fin de que se logren coaliciones
patológicas entre los hijos y uno de sus padres, con base en que ese escenario constituye
el humus ideal para el surgimiento del síndrome.
La patología de referencia consiste en un conjunto de conductas por las cuales uno
de los padres intenta deliberadamente alienar (apartar) a su hijo o hija del otro, mediante un “lavado de cerebro” o adoctrinamiento progresivo, a fuerza de descalificaciones,
creando un miedo infundado o aversión, con lo cual el menor acaba odiando de forma
patológica e injustificada al padre afectado, sin querer volver a verlo, llegando a destruir
todo tipo de relación o vínculo con él, e incluso generando graves cuadros de ansiedad
ante la presencia de éste10.
Incluso es de notar que en algunas oportunidades el alienador actúa formalmente y
frente al otro padre en apariencia en modo correcto, pero en los hechos, en la intimidad
del hogar, desarrolla sus conductas denigratorias llevando al hijo común a padecer el
síndrome, de suerte que éste no quiere comunicar con aquél. De todas maneras, es evidente que aun cuando imperceptible para los terceros, se trata de comportamientos que
llevan a que el sujeto infantil caiga en la patología que nos ocupa, por lo que quien los
ejecuta merece la condena de los tribunales.
Como también es regla en estos casos, las principales víctimas de los comportamientos asumidos por parte de los adultos son los propios hijos, que deben vivir en un contexto en extremo conflictivo, donde uno de sus padres, o en su caso la familia de éste,
asume una posición de permanente descalificación o denigración hacia el otro ascendiente e imputándole la responsabilidad de la descomposición familiar, de manera de
desvalorizarlo frente a sus propios hijos.
El análisis de los fallos judiciales puede conducir a la conclusión de que se trata, de
ordinario, de conductas que asumen las madres encargadas del cuidado cotidiano de
sus hijos, para enfrentarlos con su ascendiente masculino; sin embargo, esa derivación
es errónea. En efecto, si bien son sustancialmente mayores los supuestos en que se comprueban conductas maternas tendientes a alejar a sus hijos de su padre, ello se debe tan
solo a que existe una clara predilección de los tribunales a conferir la guarda a la figura
materna, lo cual conduce a que estén situadas en el extremo más proclive para asumir las
conductas denigratorias. Aunque en los primeros estudios se interpretó que el síndrome
afectaba en mayor medida a las madres (hasta el punto de proponerse la inquietante denominación «Malicious Mother Syndrome» o «Síndrome de la Madre Malvada»),
9 GÓMEZ MAGÁN, «Síndrome de alienación parental (SAP)», Revista de familia, n.º 38, Valladolid, Ed. Lex Nova S.A.,
2008, pág. 65.
10 GÓMEZ MAGÁN, op. cit., pág. 66.
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los datos estadísticos más recientes no permiten establecer con certidumbre científica la
prevalencia de un sexo sobre otro. El extrañamiento del menor resultante de una acción
unilateral de un padre está siendo tratado cada vez más, en Derecho comparado, como
un caso de «abuso», de «maltrato psicológico infantil», del que es responsable el «programador»11; más específicamente se trataría de un supuesto de «violenza emotiva»12.
En los supuestos de aparición de este síndrome (también llamado de Alejamiento o
Extrañamiento parental), uno de los miembros de la pareja quebrada suele tomar como
enemigo, causante de gran parte de sus males (sino de todos), a quien componía con él la
familia ahora destruida, de forma que la agresividad que manifiesta supone descalificar
a éste, tanto en sus roles de pareja como de padre o madre.
Su origen se puede encontrar en «el afán de venganza de uno de los progenitores hacia
el otro, bien por el miedo a perder a los hijos o celos por la relación existente entre el otro
progenitor y los menores, bien por no estar preparado para afrontar una situación de fracaso matrimonial, y máxime si uno de ellos ha encontrado pareja y ha rehecho su vida»13.
Lo habitual en el síndrome en análisis «es que el niño manifieste repetidamente su
odio o rechazo hacia uno de sus progenitores, del que hablará con desprecio o vocabulario soez, sin que se revelen signos de vergüenza al hacerlo. Ofrecerá razones triviales
para justificar el rechazo, que muy a menudo se extiende a familiares o amigos de la esfera del progenitor devaluado. El niño desprecia sus regalos, sus felicitaciones, le cuelga
el teléfono, admite ciegamente los argumentos del padre amado en contra del odiado,
mostrando una falta de ambivalencia que se traduce en la valoración de uno y otro progenitor en una maniquea perspectiva de blanco y negro»14.
Una buena descripción de la manera cómo opera la patología en análisis, venida de
sectores ajenos al jurídico, es la que brinda el médico psiquiatra y licenciado en Filosofía
y Teología argentino CASTEX, quien recurre a la mención de una práctica de tiempos
lejanos para reflejar lo que acontece con el síndrome estudiado y señala que «en la antigüedad, cuando se trataba de borrar la historia de algún monarca, sus sucesores picaban
hasta borrar los rostros de aquellos en estelas y frontispicios, en registros pictóricos y
hasta en diversas formas de artesanía. El hecho llega hasta nosotros a través de la cicatriz
dejada en el objeto de odio o persecución. De la misma manera, solamente en nuestro
país, hay centenas de padres o madres separados de sus hijos y en donde el cónyuge “ganador” –tras su ataque filicida- procura erradicar todo vestigio de su ex pareja, coartífice
del niño. Sin embargo, como en los tiempos pretéritos, la lesión cicatrizal que la extirpación ha dejado perdura y hablará a lo largo de toda la historia de vida del hijo víctima. A
la vez, el parentectomizado cargará consigo el daño psíquico ocasionado por la violencia
del cónyuge extirpador y la pérdida de su vástago»15.
11 TEJEDOR, El síndrome de alienación parental, Madrid, Ed. Eos, 2ª impresión, 2007, pág. 20.
12 CICERO y RINALDO, op. cit., pág. 872.
13 GOMEZ MAGAN, op. cit., pág. 76.
14 VILALTA SUÁREZ, «Descripción del Síndrome de Alienación Parental en una muestra forense», Rev. Psicothema
2011, Vol. 23, n.º 4, págs. 636-641, obtenida en www.psicothema.com, el 28/10/2013; la cita corresponde a las págs. 636-637.
15 CASTEX, en el prólogo de la obra de PEDROSA y BOUZA, Síndrome de alienación parental, Bs. As., Ed. García Alonso,
2008, pág. XII.
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Como se advierte desde el ámbito médico-psicológico, «los niños interiorizan un distanciamiento emocional o “cosificación” hacia el progenitor al que rechazan»16. El padre
alienante determina la ruptura de un ligamen psicológico que podría, en la mayoría de
los casos, revelarse de gran importancia para los hijos, a pesar de la separación o divorcio de los padres17.
Es ostensible que no todo apartamiento del régimen de comunicaciones y visitas acordado o decidido judicialmente supone la inclusión de la conducta del guardador en la
patología que venimos estudiando; sin embargo, también lo es que muchas veces esas
inobservancias derivadas del quiebre familiar acontecido, cuando aparecen acompañadas de una habitual y metódica degradación de la persona del no tenedor, caen dentro
del síndrome. Por cierto, pueden existir valederos argumentos que justifiquen que un
menor de edad no quiera comunicar con aquel de los padres que no disfruta de su custodia cotidiana, sin que ello se deba a una conducta denigratoria del custodio, sino de
un proceder asumido en modo exclusivo por el propio hijo, para el cual inexistan manipulaciones externas. Las razones que pueden llevar a esos rechazos pueden ser de la
más variada índole; a guisa de ejemplo: indeseadas experiencias vividas, falta de contactos previos, conductas agresivas llevadas a cabo durante las comunicaciones en que se
arremete psicológicamente al menor y se intenta predisponerlo contra el custodio o su
rama familiar, rechazo a las nuevas parejas de los padres18 o incluso la presencia de los
denominados «conflictos de lealtades».
En efecto, al hilo de lo afirmado, es necesario situar las cosas en sus justos términos,
dado que no toda negativa de los hijos a convivir o comunicarse con uno de sus padres
o con su familia extendida supone la presencia del síndrome aludido. Evidentemente,
en atención a lo dicho, en muchos casos existen conductas asumidas por parte de uno
de sus ascendientes próximos que conducen a que los hijos sean renuentes a mantener
vinculaciones afectivas con él; v. gr. precedentes conductas violentas, falta de comunicaciones en los tiempos previos o desafección paterna o materna. En estas coyunturas,
difícilmente pueda obtenerse un cumplimiento forzado del régimen de guarda o de visitas implantado y la mejor solución suele situarse en la recomendación o imposición
judicial de que los involucrados se sometan a tratamientos terapéuticos que los auxilien
a superar el contexto de conflicto reinante.
Dentro de la figura del síndrome estudiado albergan diferentes hipótesis, que se caracterizan –todas ellas- por suponer el peligro de que los hijos padezcan un elevado riesgo de sufrir un trastorno de personalidad, si no se reestructura su entorno familiar íntegro, ajustándose los vínculos paterno-materno-filiales y de parentesco que resguardan
de mejor modo su interés. Lo anterior porque la conducta obstaculizadora e inculcadora
mantenida por el custodio, por lo general provoca déficits conductuales en los menores,
que se exteriorizan en la negativa injustificada a mantener vínculos de cualquier especie
con aquel padre con el que no residen diariamente19. Se trata de supuestos en los cuales
16 TOVAR ESCUDERO, op. cit., págs. 128-129.
17 CICERO y RINALDO, op. cit., pág. 875, con cita de Gardner.
18 Cfr. PEDROSA y BOUZA, op. cit., pág. 134.
19 Como se ha indicado por parte de los tribunales españoles, «su manifestación primordial es la campaña de denigración del niño en contra de un progenitor, una campaña que no tiene justificación. Resulta de la combinación de una
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los hijos son manipulados indebidamente en lo psíquico por parte de aquel padre que
ejerce la custodia cotidiana, quien se aprovecha de esta periódica vinculación para provocar una disposición adversa hacia el otro, de forma que los menores nieguen su deseo
de comunicarse con él.
Desde el ámbito psicológico, se ha dicho que «el Síndrome de Alienación Parental
es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso
por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas
estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro
progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. Esta situación está directamente relacionada con los procesos de separación
contenciosa o aquellos que, iniciándose de mutuo acuerdo, han derivado en una
situación conflictiva»20.
Naturalmente que esa conducta asumida por sus mayores conduce a los hijos a graves «conflictos de lealtades» que generan en ellos daños psicológicos y afectivos serios.
Son casos en los cuales es posible visualizar indicios de programación o manipulación
mental de los menores, llevada a cabo por medio de la denigración constante hacia el
otro padre, en aras a predisponerlos frente a éste. Con el panorama expuesto, es fácil
percibir que provoca derivaciones profundamente negativas en la personalidad de los
hijos por los deterioros psicológicos que suscita en éstos. Y esos daños –cuando existe
el síndrome- tienen como causa fundante un inadecuado ejercicio de las funciones de
tenencia por parte del inculcador o manipulador.
Por lo demás, es de toda evidencia que puede existir un sinfín de factores que acarreen
que la conducta llevada a cabo por el manipulador tenga una mayor o menor influencia
en la persona de los hijos. Indudablemente, la existencia de un mayor o menor vínculo
afectivo del padre no custodio con éstos o la edad de los hijos, de seguro van a influir
para que el alejamiento parental que se propone quien ejecuta las conductas maliciosas
tenga superiores o reducidas posibilidades de éxito. En este sentido, es poco menos que
axiomático que de ordinario la escasez de experiencia o el fragmentario discernimiento
de los niños –y en menor medida de los adolescentes- constituye un contorno prolífico
para que las tergiversaciones y argucias llevadas a cabo por parte del manipulador tengan grandes posibilidades de ser exitosas. Es incontestable que los menores de edad,
sobre todo en las primeras fases de su vida, son propensos a admitir las tergiversaciones
de las que son objeto por parte de aquél, y como consecuencia de ello, muchas veces
están desinformados o, lo que es prácticamente lo mismo, no están en condiciones de
percibir la verdad objetiva acerca de cuál es la situación del padre no custodio, que es
obstaculizado en sus intentos de mantener contactos con ellos. Y de esa forma emerge
uno de los síntomas del síndrome del que me vengo ocupando, consistente en la «falta
de ambivalencia» respecto a los padres, de conformidad al cual el conviviente es percibido como «bueno y perfecto», mientras que el otro, además de «malo», adolece de todos
programación del progenitor (lavado del cerebro) y contribuciones del propio niño en la demonización (vilification) que
hace del progenitor denigrado su diana» (auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de junio de 2006, Id Cendoj:
28079370172006200275, ROJ: AAP M 6751/2006).
20 AGUILAR CUENCA, «El uso de los hijos en los procesos de separación: el síndrome de alienación parental», Revista
de Familia, n.º 29, sec. Estudios doctrinales, Valladolid, Ed. Lex Nova, 2005, pág. 72.
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los defectos que le endosa aquél21.
Con todo, si bien la patología que aquí se considera puede aparecer tanto en niños
como en adolescentes, con prescindencia de la edad, suele ser en la preadolescencia, entre los 10 y los 12 años en que se presenta con mayor frecuencia y severidad22.
IV. Las conductas desplegadas por el manipulador y los síntomas de
Para la existencia del síndrome, son comportamientos frecuentemente asumidos por
parte de aquel de los padres que ejerce la custodia cotidiana: a) el transformar en adversario al padre no custodio, provocando una polarización de sentimientos entre éste y sus
hijos; b) procurar que éstos formen un frente conjunto con el manipulador para enfrentar
o desafiar al otro, o en otros términos, se intenta obtener una enfermiza alianza estratégica
de los menores con el padre custodio y la rama familiar de éste23; c) las conductas asumidas
pueden ser desarrolladas de forma ostensible o subrepticia, pero en ambos casos tienen
un propósito común que es descalificar al otro padre a los ojos de sus hijos a efectos de
alejarlos de él, ahogando todo intento de contacto entre ellos; d) se trasmite a los hijos,
mediante conductas y dichos reiterados, un perfil distorsionado, retorcido y dañino del
padre no custodio a fin de ocasionar un distanciamiento de éste con aquéllos; e) se brinda
a los menores un testimonio tergiversado (y generalmente falso y lejano a la realidad) con
respecto a la personalidad del padre no custodio y se lo acusa de incumplimiento de los
deberes que apareja la filiación; o en su caso, se amplifican sus carencias o defectos.
Como se señala en la jurisprudencia nativa, «en el síndrome de alienación parental a lo
que tiende es a que tanto el progenitor con la custodia como el menor comparten unas mismas creencias y conductas en contra del otro (se alinean, forman alianza, de allí el nombre
del síndrome) lo que conlleva a una interferencia crónica de las visitas al haber sido aleccionado el hijo para que se oponga totalmente a mantener contactos con el otro progenitor»24.
Entretanto, con apoyo en la doctrina basada en las enseñanzas de Gardner, los síntomas que se han asociado al síndrome son los siguientes25:
21 Cfr. PEDROSA y BOUZA, op. cit., págs. 101 y 118.
22 TOVAR ESCUDERO, op. cit., pág. 122.
23 Incluso en estos supuestos no es extraño que aflore una figura que incide y fortalece la situación en que se encuentra
el manipulador, que es la nueva pareja de éste y que va a desarrollar el rol de aliado o cómplice, obsecuente, en todo caso,
con la inculcación (cfr. PEDROSA y BOUZA, op. cit., pág. 59). Y es evidente que esa presencia se agrava cuando la nueva
pareja del custodio procura obtener, mediante la manipulación, el lugar o la condición de padre que le corresponde a la
víctima de la conducta tergiversada.
24 Sent. n.º 263/2009, de 29 de julio de 2009, dictada por el T.A.F. de 1er. Turno (DIAZ SIERRA –Red.-, BACCELLI, BENDAHAN). Por esa razón en el caso fallado, se estimó que si bien los hijos no han llegado al extremo de conllevar la citada
interferencia crónica respecto a las visitas con su padre, es dable apreciar que la opinión de los mismos no es libre, puesto
que carecen de la habilidad de reflexionar y elegir con un cierto grado de independencia.
25 Cfr. VILALTA SUÁREZ, op. cit., pág. 637; TEJEDOR, op. cit., págs. 41-43; TOVAR ESCUDERO, op. cit., págs. 121 y
126-130; GARCÍA GARNICA, op. cit., págs. 214-215; PEDROZA y BOUZA, op. cit., en especial págs. 100-133; ALASCIO
CARRASCO, «El síndrome de alienación parental», Rev. InDret 2008.1, obtenida en www. indret.com, el 31 de julio de
2008, pág. 6. Los síntomas que se mencionan también son recogidos por los tribunales patrios: vid. sents. n.os 16/2009, de
4 de febrero de 2009, 87/2009, de 15 de abril de 2009, 263/2009, de 29 de julio de 2009, 71/2010, de 17 de marzo de 2010,
320/2010, de 22 de setiembre de 2010, todas del T.A.F. de 1er. Turno.
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1º) Existencia de una campaña de denigración que lleva a que el niño o adolescente adopte una
conducta de odio hacia uno de sus padres: se trata de supuestos en los que se combinan el
“lavado de cerebro” que lleva a cabo el progenitor alienante con la propia contribución
del hijo a la denigración o descrédito del progenitor alienado; a falta de este último elemento no existe el síndrome de referencia. El desprecio o aborrecimiento que los hijos
sienten respecto al alienado «alcanzan un grado de dureza inusitado, es decir, no solamente impropio de la relación paterno-filial sino, muy probablemente, jamás empleado
en ninguna de las relaciones personales que estos niños mantengan»26.
2º) Racionalizaciones frívolas, baladíes o absurdas para el rechazo al padre alienado; para que
esté presente el síndrome es indispensable que los hijos no hayan sufrido ningún tipo de
abuso físico, sexual o emocional, ya que de lo contrario podría justificarse la conducta
denigrante del menor hacia el ascendiente que odia. La base del síndrome es la inexistencia de motivos serios y verdaderos que expliquen en modo convincente el alejamiento
del hijo de su padre; por eso, cuando la patología está presente, las razones alegadas
para ese odio, normalmente, son superficiales, falsas o irracionales.
3º) Falta de ambivalencia afectiva hacia las figuras parentales: la presencia del síndrome
lleva a que los hijos sean incapaces de reconocer los aspectos positivos de su relación con
el padre alienado y sólo se centran en los negativos, mientras que proceden de manera
inversa con el padre alienante. Así las cosas, lo malo está siempre del lado de aquél, y lo
bueno del lado de éste27.
4º) Aparición del «fenómeno del pensador independiente»: el argumento empleado para
justificar la conducta de los hijos es que se trata de una decisión pura y exclusivamente
adoptada por éstos, sin que se reconozca la manipulación llevada a cabo por el alienante.
Al respecto, el hijo afirma que el odio que siente hacia su padre es una actitud propia, sin
interferencias, ni maniobras de terceros.
5º) Apoyo automático al padre «amado» o alienante en cualquier tesitura: el síndrome lleva
a que el hijo afectado sea un rehén emocional de aquel de sus ascendientes que realiza
la manipulación, razón –junto a otras que dependen de cada caso puntual- por la cual
está impedido de discernir acerca de la realidad subyacente. Por ende, sin reflexiones o
consideraciones previas, siempre apoya a quien lo aliena. A raíz de ello, «surge un fenómeno denominado “parentificación”, definido como la inversión de los papeles propios
entre ambos, de modo que los hijos asumen el rol protector de carácter emocional, viéndose obligados a defender los sentimientos del adulto»28.
6º) Ausencia de culpa en el niño por la expresión de rechazo: existe una falta de remordimientos respecto a la crueldad u odio que el hijo manifiesta hacia su ascendiente alienado. El niño está alineado con el alienador en una campaña de denigración contra el otro
26 TOVAR ESCUDERO, op. cit., págs. 126-127.
27 Como consecuencia de lo dicho, «el niño carece de la posibilidad de evaluar a cada uno (de sus padres) en forma
realista, con sus partes buenas y malas. La admisión de aspectos buenos y valorados en el padre no conviviente es para
el niño fuente de angustia y de culpa, ya que se siente un traidor a la causa del padre con el que convive» (PEDROZA y
BOUZA, op. cit., pág. 118).
28 TOVAR ESCUDERO, op. cit., pág. 129.
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padre, de modo que lo odia sin turbación, ni culpa. Se produce en el menor un «embotamiento afectivo» dirigido a alejar a uno de sus padres de su vidas, sin ser consciente del
daño y sufrimiento que ocasiona a éste, que desea continuar la relación con él29.
7º) Aparición en el relato del hijo de «escenarios prestados», que el niño no ha vivido o no
puede recordar: el hijo describe situaciones que, por su naturaleza, son impropias de su
edad y se intuye que son obra del padre que lo aliena; las aseveraciones de los menores
suelen traducir un discurso aprendido del alienador y la profundidad con que emite sus
opiniones distan de la madurez con que cuenta.
8º) La extensión del rechazo u odio es frecuente que se extienda a la familia o entorno del padre
rechazado: ello apareja, como no puede ser de otra manera un agravamiento de la condición de los hijos, dado que el corte de los vínculos afectivos que se obtiene a través de las
comunicaciones y visitas con el padre no custodio se amplía a la rama familiar de éste.
Con todo, no es necesario que todos estos síntomas se verifiquen íntegramente para
detectar su presencia, pero es evidente que la mayor o menor concurrencia de ellos va a
incidir en la entidad de la patología.
No son pocas las ocasiones en que el custodio de los hijos arma un programa –dado
que ineludiblemente se trata de una pluralidad de conductas- destinado a obstaculizar
las vinculaciones entre éstos y el padre que no tiene la guarda y su familia ampliada; a
vía de ejemplo, los cambios injustificados de la localidad en que residen, sin comunicarlo
al visitante, las acusaciones carentes de todo fundamento y el adoctrinamiento del custodio suelen ser utilizados como medios para influir en los niños y adolescentes y llegar
al fin de imposibilitar aquellos relacionamientos30. Incluso es posible afirmar que cuanto
más tiempo el alienador limite y corte el contacto de los hijos con el no custodio, mayor
seguramente ha de ser el éxito de la manipulación; ello por cuanto aquél se asegurará
que el hijo sólo escuche comentarios negativos sobre el otro padre31.
V. Consecuencias del síndrome
Las principales secuelas que se derivan de la presencia de esta patología tienen que ver
con la negativa de los hijos menores de edad a vincularse con el padre no custodio en las
oportunidades en que deben hacerlo en cumplimiento del régimen de visitas acordado.
En orden a lo que acaba de decirse, no es extraño que en estos supuestos se presente
en los hijos un «conflicto de lealtades», en los que rechacen la relación con el padre ausente del hogar y a la vez, un proceso de «identificación defensiva», en el que protegen
29 TOVAR ESCUDERO, ibíd.
30 En la literatura psicológica argentina se llegó a comparar las reacciones que padecen los niños como consecuencia de
las conductas asumidas por parte del inculcador con las que sufren quienes se ven afectados por el denominado «Síndrome de Estocolmo». Ello con sustento en que en ambos casos se crea un vínculo paradójico con el secuestrador-impedidor,
las víctimas quedan aisladas del mundo exterior y sin la posibilidad de percibir perspectivas diferentes a aquellas que
proporciona el captor, sin estímulos ambientales y sociales, y con pérdida de las redes sociales, de amistades y espaciales
que hasta ese entonces las habían acompañado y que conducen a la destrucción de lo que era el mundo cotidiano en que
desarrollaban sus vidas (PEDROSA y BOUZA, op. cit., págs. 105-106).
31 TEJEDOR, op. cit., pág. 24.
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al otro, participando de una «relación simbiótica» con éste32.
Es evidente que, dado que el síndrome que indago está incluido dentro de las alteraciones psicológicas que sufren las personas, no siempre los magistrados se encuentran
en las condiciones más propicias para determinar su existencia. Ello conduce llanamente
a que, para estas ocasiones, los dictámenes periciales psicológicos asuman particular
Lo previo especialmente si se considera que no es nada sencillo diagnosticar la presencia del síndrome, dado que ello acontece cuando «esta manipulación ya se ha producido
(no es suficiente que el progenitor alienador lleve a cabo una conducta de manipulación,
sino que es necesario que esta conducta realmente tenga efecto), lo que, lamentablemente, hace que tengamos que acudir a la intervención psicológica, y que ésta se produzca
tarde y cuando ya se ha causado un grave daño al menor, por lo que reparar ese perjuicio
es una tarea ardua y complicada ya que nos encontramos con menores convencidos de
que su odio hacia el progenitor alienado está totalmente justificado, y que es fruto de
su propia experiencia con él, sin que nadie le haya inducido a pensar de ésta u otra manera. Este síndrome no tiene un tiempo preestablecido para que se pueda detectar en el
comportamiento del menor, sino que puede variar en el tiempo según los casos, cuánto
más tiempo pase o mayor sea la capacidad alienativa del progenitor manipulador con
su hijo, más tiempo tendrá para desarrollar su campaña de injurias y desacreditación…
el menor suele considerar al progenitor alienador como una persona sin ninguna tacha,
una víctima vulnerable a la que tiene que defender. En numerosas ocasiones este odio
que siente el menor, y que carece de todo sentimiento de culpa, se extiende a todo el entorno del progenitor víctima de esta situación, como pueden ser los abuelos, los primos,
amigos o la nueva pareja»33.
Como no puede ser de otra manera, corolario de la presencia del síndrome lo configura el hecho de que la voluntad de los menores va a carecer de la independencia y plenitud necesarias para influir en las decisiones que los afectan34; existe de parte de ellos un
rechazo injustificado, que no se compadece con una respuesta razonable o proporcional
al comportamiento del padre rechazado35. Se trata de una «voluntad viciada», como atinadamente han proveído los tribunales españoles36.
Las consecuencias de la captación de voluntad que padecen los hijos por el obrar
denigratorio de uno de sus padres no son escasas para su más adecuado crecimiento y
desarrollo, dado que el éxito de las maquinaciones empleadas lleva a que aquellos rompan o minimicen sus relaciones afectivas al cortar sus contactos con una de sus ramas
32 TOVAR ESCUDERO, op. cit., pág. 120.
33 GÓMEZ MAGÁN, op. cit., pág. 66.
34 Como se señaló en la doctrina uruguaya, una de las razones por las cuales se permite que el niño y/o adolescente
permanezca con el tenedor alienador u obstructor es la voluntad expresada en ese sentido por parte del menor. Sin embargo, cabe considerar que en el caso no está presente la autonomía progresiva de la voluntad del hijo, porque carece de
la habilidad de reflexionar y elegir con un cierto grado de independencia (DÍAZ SIERRA, «Responsabilidad en el Derecho
de familia», R.U.D.F. n.º 21, sec. Doct., Mdeo., F.C.U., 2009, pág. 126).
35 TOVAR ESCUDERO, op. cit., pág. 121, con cita de WARSHAR.
36 Sent. de la Audiencia Provincial de Castellón, de 22 de abril de 2009, Id Cendoj: 12040370022009100101, ROJ: SAP CS
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familiares. Todo lo dicho conduce a que se altere con gravedad el desarrollo psicológico de los niños y adolescentes que lo sufren, lo cual acarrea que en un sinnúmero de
oportunidades deban ser sometidos a tratamientos psicológicos que ayuden a superar o
compensar el mal.
Se trata de una especie de abuso emocional que tiene amplias y profundas consecuencias para los menores y su entorno, dado que la ruptura con ciertos miembros de
su familia «provoca un empobrecimiento innecesario, así como su exposición a escenarios en los que la probabilidad de desarrollar diversos problemas está aumentada…
(Asimismo) debemos recordar que estamos hablando de la introducción en el sujeto de
ideas, creencias y valores altamente perniciosos para su desarrollo personal y visión del
mundo, ideas que organizarán su conducta futura y el modo en que afronte su vida»37.
La intensidad del síndrome analizado puede alcanzar tres niveles38: a) un «rechazo
leve», caracterizado por la expresión de algunos signos de desagrado en los vínculos
con el padre o la madre, pero sin que haya evitación, ni se interrumpa la relación. Las
dificultades en este nivel se suelen presentar cuando uno de los padres concurre a buscar
a su hijo para las comunicaciones o visitas; pero una vez transcurrido ese momento, los
rechazos desaparecen. Se trata de hipótesis en las cuales, si bien puede existir alguna especie de programación, el menor no resulta seriamente afectado y el régimen de visitas
implantado se cumple sin grandes dificultades; b) un «rechazo moderado»: señalado
por la expresión de un deseo de no ver al padre o la madre, acompañado de la búsqueda de aspectos negativos del ascendiente rechazado que justifique su deseo y de la
negativa de todo afecto hacia él, evitando e incluso rechazando, su presencia; de modo
que la relación se interrumpe o se mantiene por obligación. Sin embargo, una vez que
el hijo es alejado del alienador su comportamiento es más cooperativo, aun cuando no
deja de considerar despreciable al alienado; y c) un «rechazo intenso, severo o agudo»,
que se traduce en una profunda perturbación del hijo ante la comunicación con el padre
alienado y que se exterioriza en gritos y actos de violencia ante la necesidad de irse con
éste. Por lo general, en este nivel inexiste la posibilidad de que padre e hijo alienados
puedan mantener un régimen de comunicaciones más o menos normalizado; ello por
cuanto este último «es un fanático en su odio» contra el padre que rechaza, de forma que
se rehúsa a las visitas, formula falsas acusaciones de abuso sexual39 o amenaza con huir,
37 AGUILAR CUENCA, op. cit., pág. 77.
38 GARCÍA GARNICA, op. cit., págs. 215-216; TEJEDOR, op. cit., págs. 37-40; TOVAR ESCUDERO, op. cit., pág. 122.
39 Vid. sent. n.º 71/2010, de 17 de marzo de 2010, del T.A.F. de 1er. Turno (BACCELLI, BENDAHAN, DIAZ SIERRA).
En el caso resuelto los abuelos y tía paternos solicitaron un régimen de visitas respecto de un menor, al cual la madre
que desarrollaba la custodia, si bien no se opone, afirma que son nocivas para el interés superior de su hijo, porque éste
se desestabiliza con las mismas, en especial por un supuesto abuso del padre del niño, que no se probó. Ante la opinión
vertida por el menor involucrado, el tribunal estima que «la obligación de recibir su opinión no quiere decir que el juez
deba homologarla sin analizar si esa opinión es madura y libre, ya que tales características son exigidas para tomar en
consideración en los instrumentos internacionales que se refieren a los derechos del niño y que sirven de base para la
interpretación de las normas del C.N.A. (art. 4º)». Asimismo, en el fallo se agrega que «si analizamos la declaración de
Bruno, éste sostiene en forma firme que no quiere ver a sus abuelos “porque le hicieron cosas feas”, pero a continuación
expresa “no me acuerdo lo que me hicieron mis abuelos”, reiterando en una forma monótona que sus abuelos le hicieron
cosas feas; igual situación se planteó en el dialogo mantenido con la asistente social ante la insistencia de esta profesional
de cómo sabe que sus abuelos le hicieron cosas feas, manifiesta que lo sintió de su madre quien se lo refería a un adulto.
Más adelante el niño relata que sus abuelos lo vestían de niña, cuando los actores le dicen que eso no es cierto, el niño
manifiesta: ellos están mintiendo (los abuelos) mi mamá nunca me mintió, de lo que se desprende sin esfuerzo alguno
que el discurso de Bruno se lo ha trasmitido su madre, es decir en autos se encuentra presente el síndrome de alienación
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con el suicidio o con el homicidio40.
Así las cosas, es ostensible que el síndrome crea un modelo familiar patógeno, que no
genera las garantías necesarias para un desarrollo saludable de los niños y adolescentes.
Lo antedicho en razón de que los efectos que el síndrome ocasiona en los menores pueden ser de extrema gravedad, y no sólo a corto, sino también a mediano y largo plazo,
cuando han alcanzado la edad adulta. Entre las consecuencias que subrayan los estudios
psicológicos es dable encontrar: «depresión crónica, problemas para relacionarse en un
ambiente psicosocial normal, trastornos de identidad y de imagen, desesperación, sentimientos de culpabilidad (sobre todo cuando el hijo se da cuenta, una vez adulto, que ha
sido cómplice, a pesar suyo, de una gran injusticia contra el progenitor alienado), sentimientos de aislamiento, comportamientos de hostilidad, falta de organización, personalidad esquizofrénica y a veces el suicidio. Hay estudios que concluyen que cuando las
víctimas de la alienación se hacen adultas, tienen una inclinación al alcohol y a la droga,
presentando otros síntomas de un profundo malestar. Además el hijo alienado arriesga
reproducir la misma patología psicológica que el progenitor alienador»41.
VI. Las decisiones judiciales en materia familiar
Como es conocido, ante el marco contextual de conflicto que suelen aparejar las crisis
familiares en las que existen descendientes, los tribunales deben adoptar un conjunto
de medidas –de vigencia futura- a fin de dar solución a las divergencias que envuelven
a los padres, pero en lo fundamental para reducir los costos emocionales que padecen
los sujetos infantiles y adolescentes. Los quiebres convivenciales suelen ser fuente de
perjuicios para aquellos a quienes los adultos que conformaban la pareja han procreado
o adoptado; de modo que si bien esa ruptura va a conmover a todos los afectados, es evidente que no pueden tener la potencialidad suficiente para borrar los vínculos creados
entre los padres y sus hijos. Al respecto, debe darse la debida relevancia al hecho de que
la presencia de rispideces y contrastes entre los mayores no debe conducir a un incumplimiento de los deberes paterno-filiales, aun cuando la praxis demuestra que en variadas ocasiones se verifican obstáculos o tropiezos, derivados de las lesiones quedadas a la
ruptura familiar y de las pasiones y tensiones personales que suelen escoltarlas. A vía de
ejemplo, en un fallo uruguayo el tribunal interviniente observó como comportamientos
perjudiciales para el hijo menor involucrado en un litigio sobre tenencia: a) la actitud
del padre, que según manifestaciones del niño de incuestionable valor, lo ha hecho partícipe de las resultancias de autos (lectura de actas, por ejemplo), conducta reprochable
y jurídicamente contraria a las responsabilidades que implica la patria potestad, puesto
que ello propicia un trauma mayor al menor, una intensificación de la tensión y de la
inseguridad del niño, una valla a expresarse sincera y espontáneamente, creando un
riesgo psíquico; b) la actitud de la madre que no propicia un clima de distensión durante
las visitas, al permitir la injerencia de su actual cónyuge, el que había sido expresamente
parental». En virtud de ello, se juzga que «las visitas deben ser supervisadas y coordinadas interdisciplinariamente, tal
vez, la única posibilidad para la reconstrucción de un vínculo que ha sido dañado por los adultos, orientando a las partes
en el proceso, que en definitiva redundará en la salud de Bruno y efectivizar sus derechos fundamentales».
40 TEJEDOR, op. cit., pág. 39.
41 TEJEDOR, op. cit., pág. 81.
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excluido de las mismas, lo cual provoca un aumento del distanciamiento con su hijo y
genera a éste mayor zozobra y angustia42.
Ante la disgregación de la familia, es verdad que se produce la culminación del proyecto de vida que habían creado con fines de permanencia los adultos, pero ese epílogo
de la convivencia no puede traducirse en el quiebre de los lazos de aquellos con sus
hijos. Antes bien, por lo que refiere este último aspecto, la preocupación de los operadores debe girar más que en resolver las cuestiones pasadas, en armar un nuevo orden
que permita el mantenimiento de las vinculaciones afectivas, en un contexto que difiere
sustancialmente del existente antes de la ruptura. Nuevo orden que, como consecuencia
de la cesación de una residencia común, se va a caracterizar por la redefinición de los
roles que los padres desempeñan frente a sus hijos, pero siempre en el entendido de la
conveniencia del mantenimiento de las relaciones afectivas entre ellos, en aras a que los
menores sientan de la mínima manera posible las secuelas de la disgregación.
Es fácil de percibir que el acomodamiento a la nueva situación planteada por la crisis no siempre es sencillo, puesto que en no pocas ocasiones existen heridas debidas a
la conducta de los adultos, que no han cicatrizado y que también son susceptibles de
afectar a los hijos. Todo lo dicho anteriormente por la presencia de muchísimos factores,
imposibles de delimitar taxativamente, pero en lo fundamental porque las relaciones
familiares entre los sujetos están fundadas en cualidades personales dinámicas, que sufren altibajos, lo que conduce a que existan frecuentes deterioros, así como sucesivos
acomodamientos. De modo que, la resolución convencional o judicial de las cuestiones
litigadas no significa, ni por asomo, una salida definitiva de los problemas sobre las cuales acostumbran confrontar los adultos respecto a la situación de sus hijos; a la inversa,
la necesidad de la continuidad de las relaciones aquí estudiadas conduce a que el estado
de confrontación permanezca latente.
Tanto los convenios de los padres, como las decisiones judiciales, atinentes a la situación de los hijos respecto a su tenencia y a las visitas en un conflicto familiar, resuelven
las cuestiones atendiendo a la situación imperante en un momento concreto. Pero se
trata de medidas que van a perdurar en el tiempo, de suerte que el transcurso de éste y
la condición dinámica que tienen las relaciones de familia pueden conducir a que a poco
de empezar a regir lo acordado, se vislumbre que aquellas no fueron ajustadas al marco
contextual atendido. Por esa razón, se trata de mecanismos de solución de conflictos –
tanto los convenios como las sentencias- supeditados al principio rebus sic stantibus. En
atención a ello, cuando se ha modificado el escenario existente al momento de acordarlos
o dictarlas, si se comprueba que los datos familiares no fueron correctamente contrastados, ha sido probada la imposibilidad de que las partes se sujeten a ellos o cuando
vulneran el interés de los hijos, puede variarse la medida adoptada43.
A la altura actual de la evolución de los estudios jurídicos resulta indudable que, en
42 Sent. del T.A.F. de 2º Turno, de 1 de marzo de 2004, L.J.U., T. 136, 2007, caso 15.486.
43 Cabe recordar que las decisiones en la materia son “rebus sic stantibus”, por lo que pueden siempre modificarse, ante
el acaecimiento de hechos supervinientes suficientemente relevantes (sent. del T.A.F. de 2º Turno, n.º 291/2012, de 26 de
setiembre de 2012 –CANTERO (Red.), SILBERMANN, CAVALLI-, pub. en Revista Doctrina y Jurisprudencia de Derecho
Civil, T. I, año I, 2013, sección Jurisprudencia sistematizada, n.º 97, pág. 348.
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caso alguno, la actividad judicial se destina a la aplicación automática de los preceptos
que disciplinan determinada institución. A la inversa, cuando los tribunales son llamados a fallar, es frecuente que en su interpretación alcancen diferentes conclusiones
sobre la regulación contenida en la ley, dado los diferentes criterios valorativos empleados por cada juez. Coadyuva con ello, que en el Derecho de familia –sobre todo en
guarda, visitas y alimentos- la ley emplea nociones abiertas en sus preceptos, que sólo
pueden ser aplicados atendiendo a las peculiaridades que presenta cada litigio concreto44, lo cual acrecienta las posibilidades de que la intervención judicial asuma una discrecionalidad desconocida en otras ramas jurídicas45. Las variables que se encuentran
presentes en cada crisis familiar, las diferentes actitudes que asumen los interesados
en los litigios, el juego de sentimientos encontrados, las posturas egoístas, interesadas
o indiferentes, los cambios en los arquetipos sociales, entre muchos otros factores, impiden que la solución que proporciona el legislador supere ciertas directivas generales
dadas a los órganos judiciales, principalmente vinculadas a los intereses que se reputan necesitados de más protección.
Atento a lo antes expuesto, no puede perderse de vista que las decisiones judiciales en
materia de guarda y visitas son predictivas; por lo que uno de los supuestos en los que
se permite modificar lo adoptado, radica en que se erró en la predicción46. En general los
jueces resuelven, con la orientación de los cánones legales, hechos ocurridos en el pasado, imponiendo la razón o determinando la sinrazón de una petición de conformidad a
los logros probatorios que hayan aportado los implicados en un litigio; pero en los casos
de guarda de menores y otras cuestiones que los afectan, si bien se falla de ordinario
atendiendo al proceder de las partes en el pasado y al contexto existente cuando se emite
el veredicto, lo trascendente es prefijar un estatuto que rija a los padres y al hijo en sus
relaciones futuras. Así las cosas, es evidente la presencia de diferencias entre la actividad
judicial en el Derecho de familia –en especial en lo atinente a la situación de los hijos en
las crisis familiares- y otras ramas del ordenamiento. Efectivamente, aunque lo importante en cualquier fallo judicial es concluir un litigio por hechos acaecidos en el pasado,
cerrar esa historia particular entre las partes; en los procesos en que se involucran menores, la función del juez no es concluir una relación nacida en el pasado, sino por el contrario, mantenerla, pero adoptando un nuevo estatuto que la regle como consecuencia
del nuevo cariz que se articuló entre las partes como secuela de una crisis familiar. Con
el panorama señalado, y a fin de lograr una mayor compenetración de los padres en la
función que tienen asignada de la salvaguarda de los intereses de los hijos, es perceptible que los tribunales toman en consideración innumerables factores, y ni siquiera en un
orden jerárquico, cuando deben resolver cuestiones sobre tenencia y visitas.
44 Es que cada caso es un unicum, igual sólo a sí mismo (IMPRUDENTE, «Spunti sull’affidamento della prole nella crisi
della coppia», Rev. D.F.P. 2001.4, sec. Note, pág. 1783).
45 No por otra cosa en la doctrina italiana se afirmó que en el Derecho de familia se asiste a un fenómeno muy singular, sino único, representado por una verdadera y propia supraposición sobre las fuentes técnico-legales de las fuentes
«doctrinales» y «jurisdiccionales», a través de un proceso que es más cercano al que se verifica en los ordenamientos del
common law (CASSANO, «Evoluzione sociale e regime normativo della famiglia. Brevi cenni per le riforme del terzo millennio», Rev. D.F.P. 2001.3, sec. Studi, pág. 1182).
46 Al respecto se expresa en la doctrina argentina, que «el juez, cuando interpreta cuál es el interés del niño en el caso concreto, emite un juicio de predicción, un pronóstico que se construye sobre un entramado de creencias y prácticas sociales.
Su certeza es relativa porque sólo el devenir podrá decir si el vaticinio ha sido acertado» (GROSMAN, «El interés superior
del niño», Los derechos del niño en la familia. Discurso y realidad, AA.VV. -Dir.: GROSMAN-, Bs. As., Editorial Universidad,
1998, pág. 37).
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Pero a la par de ello, no puede dejar de visualizarse que al analizar los incumplimientos de los padres de los derechos-deberes que su función les impone, las posibles soluciones a prohijar, deben atender a la protección del interés de los hijos. Por esa razón,
aun cuando la ley admite que los incumplimientos del padre custodio del régimen de
visitas implementado a favor del no tenedor pueden llevar a una variación de la tenencia
o a la privación de la patria potestad, esas medidas sólo podrán ser adoptadas en tanto
no afecten el interés de los hijos. Por lo dicho, si bien la ley o la imaginación de los operadores jurídicos puede prever la imposición de variadas sanciones para quien quebrante
un régimen de comunicaciones y visitas (u obstaculice su concreción como en definitiva
acontece con el Síndrome de Alienación Parental), esas penalidades no siempre podrán
ser aplicadas, por contradecir la protección del interés de los hijos en atención al caso
litigado. Como muestra, la imposición de un pena pecuniaria al incumplidor admitida
por el art. 43 del C.N.A., además de quedar supeditada a las condiciones económicas
de éste, tiene naturaleza aflictiva para el demandado y en alguna medida conforta a
quien se beneficia con ella, pero es ineludible concluir que no satisface en modo alguno
la finalidad que tuvieron en mente el legislador cuando regló el derecho de visitas y el
juez al determinar el régimen47. Y algo similar puede decirse de las sanciones penales,
con el agravante de que, si se transforman en una privación de libertad, el menor sería
posiblemente el mayor afectado, al estar desprovisto de la presencia permanente de su
custodio habitual.
VII. Los remedios contra el síndrome (y de reflejo: contra el incumplimiento infundado del régimen de comunicaciones y visitas por parte
del custodio)
Dada la trascendencia negativa que la presencia del síndrome que nos ocupa tiene
en la formación de los sujetos infantiles y adolescentes, la actividad de los operadores
jurídicos debe pasar necesariamente por la búsqueda de instrumentos o medidas que
limiten o excluyan sus efectos. En particular, los jueces –dada la amplitud de poderes
con que están dotados en materia familiar- tienen en sus manos infinitas posibilidades –escoltados con la opinión profesional de psicólogos, asistentes sociales, etc.- para
adoptar las providencias apropiadas para rehacer las relaciones entre el padre alienado
y aquellos hijos que procreó o adoptó en el marco de la pareja ahora rota.
En este rumbo, desde la psicología se recomienda como uno de los medios para el
fin expuesto la «revinculación afectiva», acordada en vía extrajudicial o impuesta por
los magistrados, o sea la participación en terapias de los hijos con el padre que ha sido
alejado de ellos, y sin la participación de quien llevó a cabo la inculcación, dado que se
deben buscar puntos de coincidencia y entendimiento, lejos de la presencia controladora
de este último48.
47 Como expresa RIVERO HERNÁNDEZ, «los medios e instrumentos habituales y consecuencias alternativas al cumplimiento específico de la obligación de hacer, como es la indemnización de perjuicios, son desmedrados remedios que si
pueden dar una satisfacción subsidiaria a uno de los perjudicados, dejan insatisfecho el interés primordial y el fin esencial
a que mira el derecho de visita y su cumplimiento» (RIVERO HERNÁNDEZ, El derecho de visita, Barcelona, José María
Bosch Editor, 1997, pág. 286).
48 PEDROSA y BOUZA, op. cit., pág. 78.
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La apreciación por parte de los tribunales del «Síndrome de alienación parental» dificulta las decisiones sobre la atribución de la tenencia de los hijos, puesto que en varios
supuestos es necesario dejar de lado ciertos factores que se suelen considerar decisivos
para ello, como el mantenimiento del statu quo o la voluntad manifestada por los propios
menores. La tensión en estos casos se funda en que si bien los tribunales deben entender
como más provechoso al interés de éstos que convivan diariamente con aquel de los
padres que auspicie o no obstaculice las relaciones con los demás componentes de la familia extendida, no puede dejarse de lado que en el presente es menester al adoptar esas
decisiones que se tome en consideración la voluntad de los hijos49 o el mantenimiento de
las condiciones en que vienen desarrollando sus vidas.
Pero las secuelas que apareja la presencia del síndrome en los menores no son fáciles
de resolver50. Por cierto, en todos estos supuestos, caracterizados por un odio adquirido por aquéllos e inducido por parte de uno de los padres respecto al otro, acordar la
modificación de la custodia para atribuirla aquel de los ascendientes que no manipula
mentalmente a sus hijos, de ordinario, no va a ser la solución más ajustada a la realidad,
al menos hasta que éstos no superen las aversiones adquiridas respecto al ascendiente
denigrado. Naturalmente que esa derivación sólo podrá alcanzarse una vez que los hijos alienados desarrollen una vinculación normalizada con el padre perjudicado por la
conducta del otro51.
Como se ha dicho, el art. 43 del C.N.A. prevé entre las sanciones destinadas a castigar
a aquel que no respete el régimen de visitas estatuido la posibilidad de que se determine un cambio de tenencia. El fundamento de la aludida disposición es palmario: los
tribunales al decidir la implementación de un régimen de comunicaciones, estancias y
visitas programan un sistema al que procuran conferirle una estructura lógica (a vía de
ejemplo: es frecuente la previsión de que aquellas se lleven a cabo en fines de semana
alternos, de forma que los menores puedan disfrutar de sus períodos de ocio con ambos
padres). Con base en esa programación, cuando se verifica un apartamiento de lo acordado por parte de cualquiera de los padres, se produce una ruptura de aquella combinación lógica, por lo que es procedente rearmarla.
Ahora bien, cuando tiene lugar el incumplimiento de las comunicaciones por parte
del custodio, la coherencia del sistema armado por los magistrados se desfasa, puesto
que no se cumple con el propósito de que ambos padres mantengan una relación profunda con sus hijos. Ante esa contingencia, acaso la única medida admisible consista en
49 Desde que el síndrome en análisis supone una relación patológica, por la que un progenitor trata de inducir en sus hijos menores el rechazo hacia el otro progenitor, el corolario lógico es entender que la voluntad de los menores está viciada
y, por tanto, no puede ser determinante de las medidas a adoptar (GARCÍA GARNICA, op. cit., pág. 243-244).
50 «Lavado de cerebro, programación mental, manipulación, cualquiera de estos términos con el cual se llamase a este
proceso, es destructivo para el niño y para el padre alienado. Ninguno de los dos podrá ser capaz de llevar una vida normal y saludable a menos que el maltrato sea interrumpido» (GÓMEZ MAGÁN, op. cit., pág. 78 y TEJEDOR, op. cit., pág.
51 Dado el tenor de lo dispuesto por el art. 43 del C.N.A., la modificación en el régimen de guarda instituido es viable;
sin embargo, es normal que ello se dificulte en tanto el menor se muestra reacio a dicho cambio y el mismo puede ser
valorado como perjudicial para su interés, dado el aborrecimiento y animosidad que siente hacia el padre no conviviente.
Por esa razón, un paso intermedio para controlar al padre obstructor, es confiar la tenencia a un familiar de confianza
del niño o adolescente, que permita desprogramar a éste. Claro está que este familiar, que debe ser neutral respecto a la
posición de ambos padres, en muchos casos no existe (DÍAZ SIERRA, op. cit., págs. 125-126).
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la reprogramación del régimen implantado, variando la atribución de la custodia. Como
se ha señalado por parte de la doctrina, «la única medida eficaz en última instancia
puede ser una revisión y reorganización de las relaciones todas entre los tres implicados
en el derecho de visita (cuando ello sea posible, claro) llegando en su caso a entregar la
guarda y custodia del menor al “visitador”, si razones graves no lo impiden o desaconsejan, con o sin derecho de visita a favor del anterior guardador. Tal posibilidad queda
prácticamente circunscrita a la hipótesis de relaciones entre padres con sus hijos comunes, y quizá sólo es aconsejable cuando la actitud negativa del guardador habitual del
menor suponga un atentado grave y repetido, con visos de definitivo, al derecho de visita, una oposición irreductible sin esperanza razonable de cambio de actitud, y cuando
hayan fracasado otras medidas para hacer efectivas las relaciones personales. Por otro
lado –casi innecesario es recordarlo- únicamente será posible esa reorganización de las
relaciones de guarda y de visita cuando el antiguo visitador esté en condiciones materiales y morales de asumir la guarda y custodia y el cambio no perjudique al menor»52. A
pesar de que la primera impresión que surge ante la posibilidad de cambiar la tenencia
atribuida es la de que se trata de una medida destinada a sancionar a quien incumple su
obligación de permitir que los menores a su cargo comuniquen con el otro padre o con
otras personas, y ello aparece corroborado por el rótulo «Sanción por incumplimiento»
del art. 43 del C.N.A., en realidad no es así. En efecto, a través de la citada medida se
procura una protección más adecuada del interés del menor, dado que éste aparece más
convenientemente salvaguardado cuando se encuentra al cuidado cotidiano de aquel
que le permite conservar las vinculaciones afectivas con el resto de su familia.
Junto con lo antes señalado, cabe decir que la privación a uno de los padres de la posibilidad de comunicar con sus hijos, cualquiera sea la causa que la provoque, comporta
una afectación del correcto y equilibrado desarrollo psicológico de la persona de los menores; pero, además, en casos en los cuales la privación sea consecuencia del accionar del
padre encargado de la custodia, esa conducta se resuelve en un maltrato y en una forma
de violencia psicológica en daño de los hijos. Para esos casos es factible determinar un
cambio de guarda, en virtud de que el sujeto a quien se le confió ésta, no se atiene a las
condiciones dispuestas53.
Empero, es preciso afirmar que una sentencia en la cual se decida coaccionar al custodio mediante la amenaza de una variación en el régimen de guarda es una medida
que en ocasiones puede ser tildada de ilusoria, en especial, cuando es notorio que al otro
padre le es inconveniente o no le interesa que se le confíe aquélla.
Pero sobre todas las cosas es evidente que la adopción de una medida como la que
vengo analizando, ante los incumplimientos del custodio del régimen de visitas instaurado, queda supeditada enteramente a la conveniencia del interés del menor involucrado. El síndrome indagado supone una disfunción psicopatológica en el menor que padece las interferencias, instigaciones o denigraciones por parte de uno de sus ascendientes
más próximos. Sin embargo, la cuestión dista de ser de sencilla resolución, en tanto, de
un lado, por lo general el hijo sufre una dependencia afectiva de quien lo aliena y de
52 RIVERO HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 302-303.
53 Cfr. SALZANO, «L’ingerenza dello Stato nella vita familiare secondo il giudizio della Commisione europea dei diritto
dell’Uomo», Rev. D.F.P. 1999.4, sec. Giurisprudenza di legittimità, págs. 1017-1018.
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otro, el aborrecimiento o rechazo que siente y exterioriza ante el padre atacado impide
que se le confíe a éste su custodia cotidiana. Por lo expuesto, las específicas circunstancias fácticas que rodean cada caso serán las que indicarán cuál es el mejor camino a
fin de obtener una normalización en las relaciones paterno-filiales quebrantadas por la
presencia de la patología. De todas maneras, es ineluctable que esa normalización en
las relaciones afectivas va a insumir un lapso de cierta extensión, que requiere no sólo
la presencia de profesionales en psicología, sino también la comprobación de la firme
regeneración afectiva por parte de los órganos judiciales.
Por esa razón los jueces tienen amplias facultades para adoptar dicha medida, de
conformidad a las vicisitudes que rodean cada caso particular. No otro fundamento es
posible extraer de la redacción textual del art. 43 del C.N.A. en cuanto expresamente
dispone que el incumplimiento «podrá originar la variación de la tenencia». Efectivamente, es palmario que no se trata de una sanción que obre en modo automático ante los
incumplimientos de los padres, sino que habrá de valorarse en cada caso su procedencia
y conveniencia, con particular detenimiento en el criterio rector del interés o beneficio
del menor, que es el que en definitiva va a determinar si es pertinente la aplicación de la
medida. Por ello, aun cuando existan inobservancias persistentes al régimen acordado,
si del cambio instado por el afectado por ellas se deriva un perjuicio para los hijos, esta
circunstancia actúa como obstaculizadora o inhibidora de la modificación de la guarda
que viene desarrollando el custodio.
En función de lo dicho, la modificación de la tenencia que admite la legislación uruguaya sólo es una medida susceptible de adoptar cuando se ha obtenido una «desprogramación» de la condición en que se encuentran los hijos respecto al padre alienado. Es
más que evidente al respecto que es irreal la resolución por la cual se pretenda proceder
a un cambio repentino de la situación imperante, para que el menor alienado pueda residir conjuntamente con aquel de sus padres respecto al cual –aun cuando sea inmotivado
e infundado- manifiesta odio, animadversión o encono.
Con sustento en lo dicho, en atención a que no siempre es procedente la variación
de la custodia confiada al manipulador, uno de los expedientes a que han recurrido los
tribunales a fin de reducir las consecuencias que se derivan de la posible presencia del
síndrome a que refiero ha consistido en implantar un amplio régimen de comunicaciones (o aumentar sustancialmente el régimen ya acordado) a favor de aquel de los padres
a quien no se le ha atribuido la guarda.
Y otro de los medios a que se ha apelado es a la imposición de tratamientos psicoterapéuticos a efectos de apaciguar las consecuencias negativas de la inculcación que sufren
los menores por parte de sus custodios.
Dado el escenario fáctico existente cuando el síndrome se encuentra presente, no
suele ser una opción válida la de preceptuar un régimen de comunicaciones y visitas
normalizado, sino que deben tomarse determinadas precauciones que conduzcan a que
el mismo se desarrolle de forma de evitar perjuicios y temores a los hijos. Por eso, aun
cuando conspire contra la espontaneidad de las comunicaciones es admisible la implementación de medidas que logren esa finalidad; v. gr. la presencia de terceros o que las
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visitas se desenvuelvan en un lugar público. Como se ha sustentado por los tribunales
patrios, «las visitas supervisadas por la asistente social de la Sede, a las que no se opone
el padre, posibilitará la reconstrucción de un vínculo que ha sido dañado por los adultos, orientando al padre en este tránsito, en el cual también tendrá que rever alguna de
sus conductas. Por su parte, la terapia resulta insustituible, pues ella apunta a tratar de
“sanar” el daño que están sufriendo estos niños, a los cuales se les está vulnerando sus
derechos fundamentales»54.
En otro orden, la especial naturaleza de las disposiciones que componen el Derecho
de familia, sobre todo cuando se trata de medidas que se adoptan para regular la situación de los menores de edad, al tener un carácter indiscutiblemente personal y ser
de condición infungible, lleva a que no siempre sea posible proceder a una ejecución
forzosa de ellas. Como muestra de lo señalado, en una decisión del T.A.C. de 6º Turno,
de 26 de mayo de 1988, «el derecho de visita debe ser atendido, defendido e impuesto
en el marco del examen de la realidad sociológica y familiar del caso y deviene casi un
imperativo ético que la visita se encauce de la forma más natural posible, tratando que
ella se cumpla por convicción de las partes y no por imposición; se debe procurar evitar
la intervención de la policía y aun de otros organismos que hacen que el menor sobredimensione la problemática que vive, que, en el caso, es de evidencia, tal problemática está
generada y marcada por la patología de los mayores que en ella están involucrados»55.
Los modos de actuación represivos, de ordinario, no configuran la mejor vía para el
cumplimiento de las comunicaciones, dado que en vez de promoverlas, las malogran y
crean un ámbito de conflictividad tal que difícilmente pueda ser normalizado. De ahí
que, como se ha referido en la doctrina argentina, las situaciones de violencia que supone la ejecución forzada de las visitas podrían llegar a engendrar perjuicios de mayor
entidad a los que se pretenden evitar, y además de seguro reforzarían todavía más la
postura de oposición a las visitas que se pretenden efectivizar56. Los arts. 40 y 41 del
C.N.A. organizan un procedimiento de urgencia para procurar solucionar los casos en
que quien debe permitir las visitas se niega inmotivadamente, en el cual pueden llegar
a intervenir los agentes policiales con la finalidad de que el incumplidor comparezca
ante los juzgados. En estos casos, el Juez de Familia de Urgencia o quien desarrolle estas
funciones, luego de escuchar a ambas partes, si considera que es infundada la negativa a
permitir las visitas, va a disponer la entrega inmediata de los menores a quien los reclama, a efectos de que se desarrollen las comunicaciones acordadas.
Algunos autores han estimado que es dable la suspensión del pago de la pensión
alimenticia que se estuviera sirviendo, dado que en más de una ocasión constituiría un
medio jurídico disuasorio frente a conductas ilícitas como el incumplimiento del régimen de visitas57. Sin embargo, no juzgo que esa medida pueda ser admisible, dado que
el destinatario de la pensión de alimentos es el propio menor, y a éste se le agregaría al
perjuicio de no mantener contactos con el visitante, la privación de medios de subsis54 Sent. n.º 263/2009, de 29 de julio de 2009, dictada por el T.A.F. de 6º Turno (DIAZ SIERRA –Red.-, BACCELLI, BENDAHAN).
55 L.J.U., caso 11.165.
56 Cfr. MIZRAHI, Familia, matrimonio y divorcio, 2ª ed., Bs. As., Ed. Astrea, 2006, pág. 676.
57 Cfr. RIVERO HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 301-302.
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tencia que pueden ser fundamentales para su adecuado desenvolvimiento psico-físico.
Muchas veces la actividad que deben desarrollar los tribunales no se destina tanto
a la resolución de una cuestión sobre la cual existe un marcado antagonismo entre las
partes involucradas, sino que la intervención está dirigida a «reconducir conductas»;
por ejemplo, es lo que acontece cuando trata de que el padre o la madre dejen de lado
la actitud obstruccionista que le impide al otro cumplir con las visitas que se han implementado58. Se trata de supuestos en los cuales ya se han acordado en vía consensual
o judicial las medidas que regirán el nuevo orden familiar surgido como derivación de
la crisis operada, pero con la connotación de que las partes no se han acomodado al
contexto planteado, por lo que, más que volver a resolver el caso, se trata de determinar
mecanismos para que aquellas se adapten a lo antes pactado o decidido. La participación
judicial, entonces, pasa por la búsqueda de nuevas alternativas que puedan solucionar
estos conflictos, como la terapia vincular coactiva o no, o una mediación a cargo de un
profesional idóneo para trabajar en familias disruptivas59. Mediante los tratamientos llevados a cabo a través de las terapias ordenadas por mandato judicial se procura que «se
remuevan las resistencias que traban la efectividad de las visitas». Es ostensible que su
éxito va a depender en buena medida de la voluntad y predisposición de los pacientes
para arribar a una solución; empero, la orden judicial de concurrir a la terapia ya de
por sí es susceptible de generar consecuencias jurídicas, puesto que los propios jueces
pueden apercibir a las partes contendientes en el sentido de que la concurrencia a las
sesiones pertinentes se habrá de tomar en consideración para la atribución, o en su caso,
la modificación del régimen de custodia o de visitas60. La lógica que impera en estos tratamientos es innegable y se encuentra en que las crisis relacionales entre los miembros
de la pareja rota no sólo están rodeadas de elementos jurídicos, sino que otros factores,
como los psicológicos, asumen especial trascendencia para su enmienda o reparación.
Como es de toda evidencia, lo que los tribunales pueden disponer en estos supuestos es
la comparecencia de los antagonistas ante los profesionales que se considere del caso;
pero también es perceptible que ello no asegura la solución de las diferencias que mantienen. En efecto, la puesta en práctica de estos tratamientos psicoterapéuticos no afianza
el éxito en la conclusión de los conflictos que envuelven a los contendientes, dado que
en buena medida ello va a depender de la propia postura que éstos asuman en el procedimiento y de la habilidad de los profesionales que intervengan en él. Sin embargo, no
puede dejarse de lado que configuran un intento más, con las manifiestas ventajas de
que carecen de carácter contencioso y están guiados por profesionales especialistas en
técnicas relacionales, tendiente a zanjar las diferencias que enfrentan a las partes.
El inc. 1º del varias veces mencionado art. 43 del C.N.A. está redactado con una generalidad tal que lo hace aplicable tanto a los incumplimientos del custodio gravado con las
visitas como del beneficiario de éstas, y junto con la variación de la custodia atribuida,
58 Cfr. GONZÁLEZ GARCÍA-MIER, «La suspensión del derecho de visita en las resoluciones judiciales», AA.VV., La
situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial, (Coordinación: Cervilla Garzón), Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Cádiz, Departamento de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 1997, pág. 242.
59 LÓPEZ FAURA, «El derecho del niño cuyos padres están separados a mantener contacto con ambos progenitores:
limitaciones y obstrucciones, en especial, motivadas por creencias, ideologías o comportamientos sexuales», Los derechos
del niño en la familia. Discurso y realidad, AA.VV. (Dir.: Grosman), Bs. As., Editorial Universidad, 1998, pág. 198.
60 Cfr. MIZRAHI, op. cit., pág. 680.
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permite la imposición de sanciones pecuniarias, las que no sólo son procedentes cuando
son reclamadas por el perjudicado por la infracción del otro, sino que el tribunal también
las puede imponer de oficio. Asimismo, la amplitud normativa posee como innegable
ventaja la posibilidad de aplicar la sanción tanto a los incumplimientos totales como a
los parciales del régimen implantado, siempre que, en cualquiera de los casos, se trate
de infracciones graves y reiteradas. La imposición de multas conminatorias (astreintes)
destinadas a sancionar la inobservancia de las visitas por parte de quien debe permitirlas
es una herramienta, venida del Derecho patrimonial, que puede coadyuvar y movilizar
a los sujetos implicados en el conflicto familiar al cumplimiento regular de las decisiones
judiciales. Su función es patente: ante la fuerte aflicción que de regla causa a las personas
la imposición de una pena de contenido económico, éstas suelen ser cuidadosas de no
llevar a cabo conductas que puedan implicar una sanción de esa naturaleza. Junto con
lo dicho, es normal que el monto económico que suponen dichas multas supere ampliamente la evaluación de los daños y perjuicios que se causan, lo cual opera como otro
medio dirigido a compenetrar en modo superior a aquel que debe cumplir con determinadas obligaciones. Se trata de un instrumento de presión psicológica para quien debe
acatar lo pactado y que (si bien lejos se halla de intervenir por el convencimiento) obra
por la amenaza cierta de que se le imponga la sanción acordada.
Otro mecanismo con el que cuenta el padre que se ha visto separado de sus hijos por
el proceder denigratorio del otro es el de recurrir a los órganos judiciales a efectos de obtener una indemnización de los daños materiales y morales que se le ocasionaron. Como
es natural, la posibilidad de incorporar el esquema de la responsabilidad civil resarcitoria en el ámbito interno del Derecho de familia está fuera de toda duda cuando alguno
de los componentes del grupo familiar comete hechos ilícitos que causan un daño (art.
1319 del C.C.U.)61. Asimismo, es ostensible que atendiendo a la protección preeminente
de los interés de los hijos, el comportamiento, aun por omisión, del padre que obstaculiza o dificulta, o simplemente no favorece la participación del otro padre en el crecimiento y la vida afectiva de aquéllos, debe considerarse como un proceder antijurídico, que es
idóneo para provocar graves perjuicios a la plena realización de la relación entre éstos62.
En el caso es ostensible que la responsabilidad del padre custodio nace cuando impide injustificadamente los acercamientos de su hijo con aquellas personas a las cuales se
les ha reconocido en vía convencional o judicial la posibilidad de mantener esos contactos, lo cual provoca daños que son resarcibles.
Se trata en todo caso de una responsabilidad subjetiva, que es más propensa a permitir una reclamación por daño moral que por daños materiales, aun cuando no es de
desconocer que es dable que éstos también concurran. Sin embargo, con respecto a estos
últimos, no puede dejar de contemplarse que la pretensión no es en general asequible,
en virtud de que los reclamantes cuentan con diversas acciones tendientes a que se le
indemnicen los daños causados.
Ahora bien, aun cuando la reclamación indemnizatoria normalmente va a ser llevada
61 Cfr. DOGLIOTTI, «La responsabilità civil entra nel Diritto di famiglia», Rev. D.F.P. 2002.1, sec. Giurisprudenza di
merito, págs. 61-69.
62 SOARDI, op. cit., pág. 703.
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a cabo por iniciativa del padre que se ve privado de los contactos adecuados con sus
hijos, es palmario que –en tanto la conducta obstaculizadora del custodio del mismo
modo perjudica a éstos-, también están legitimados para incoarla. Claro está que ello,
en variadas hipótesis, aparece como una posibilidad más ilusoria que real, dado que el
custodio, además de sus comportamientos obstaculizadores, suele intervenir en la psiquis de los menores para convencerlos de que su actitud se destina a la mejor protección
de los intereses de éstos, por lo que conforman una suerte de alianza que hace difícil los
reclamos en el sentido que vengo analizando.
Como he dejado escrito, el terreno más propicio para que emerja la responsabilidad
civil es en lo concerniente al daño moral, en donde es del todo procedente una reclamación. Ello por cuanto la privación para uno de los padres de los contactos con sus
descendientes configura una conducta censurable, que jurídicamente no es indiferente
para el ordenamiento, en razón de que causa innumerables perjuicios tanto a los adultos
implicados en el conflicto familiar, como a los menores que –normalmente de modo involuntario- forman parte de él. El agravio extrapatrimonial consiste en la imposibilidad
que padece aquel integrante de la familia, ahora distorsionada, que se ve impedido de
mantener contactos con los menores que conformaban aquélla, de forma que, para el
caso de los padres, ese proceder obstaculizador lleva no sólo a que se vean obstruidos de
mantener los vínculos afectivos con su prole, sino también de participar en la formación
y desarrollo de ésta.
El incumplimiento de los deberes que legal y judicialmente se le imponen al custodio
origina una hipótesis de hecho ilícito que genera responsabilidad, por lo que –como
corolario- su autor debe responder mediante la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que su proceder acarrea. La responsabilidad en estos casos
surge cuando el padre a quien se le confía la tenencia asume una conducta obstaculizadora de la relación del niño con su otro ascendiente más próximo, de forma de cortar los
vínculos por lapsos extensos, impidiéndole participar en el crecimiento y desarrollo de
sus hijos63.
La posibilidad de que se imponga una condena penal para el incumplidor puede ser
otra de las vías para asegurar el cumplimiento de las visitas. Empero, la naturaleza de las
sanciones de esta especie no conduce a que desarrollen el fin para el que el ordenamiento
las establece, dado que la condena penal tiene como misión sancionar al infractor y no
compensar a la víctima del ilícito. Además, es claro que una sanción de esta naturaleza
en infinidad de casos perjudica notablemente el interés del menor implicado en el conflicto familiar.
63 Si bien desconozco que en la jurisprudencia vernácula se hayan incoado demandas en este sentido, en el sistema
jurídico italiano son variados los pronunciamientos de los tribunales en los cuales se admite la procedencia de las reclamaciones llevadas a cabo con base en los daños morales que padece aquel de los padres que no disfruta de la custodia
cotidiana de su hijo, frente al incumplimiento del guardador de sus deberes y que conducen a que no pueda mantenerse
entre aquellos una relación intensa, extensa y estable. Así, en la sent. del Trib. de Roma, de 13 de junio de 2000, se estimó
que de los comportamientos no lícitos e injustificados de la madre de un menor a la cual se le confió su custodia, respecto
al padre no guardador, al que no permitía comunicarse con su hijo, derivan en objetivos daños a la salud psico-física
(bien absoluto tutelado por el art. 32 de la Const. italiana), además de morales, dado que el padre no pudo satisfacer su
derecho a conocer a su hijo, de frecuentarlo y educarlo; se trata de un daño que se prueba in re ipsa, y que se deriva de las
turbaciones neuropsíquicas, del dolor, de las ansías y de la prolongada angustia que le produjo al demandante no poder
satisfacer sus legítimos derechos de padre (sent. pub. en Rev. D.F.P. 2001.1, sec. Giurisprudenza di merito, págs. 209-220).
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El ordenamiento uruguayo carece de disposiciones que directamente tipifiquen como
delito el incumplimiento de las visitas acordadas o decididas judicialmente. Sin embargo, ese proceder puede traer aparejada una sanción penal, dado que el inc. 2º del art.
43 del C.N.A., dispone que «el Juez deberá hacer saber a la parte incumplidora que el
desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria
potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal». De todas maneras
parece oportuno alertar acerca de que la cuestión en examen debe ser implementada a
través de la adopción de medidas con una gravedad progresiva; por eso la condena penal no puede ser impuesta sin que con anterioridad hayan existido medidas previas conminatorias u otro tipo de decisiones con menor agresividad para el menor involucrado.
Primera. Los parámetros a tomar en consideración para decidir a cuál de los padres se
le confía la tenencia de los hijos ante la falta de convivencia no han sido previstos por la
ley, más allá del algunas recomendaciones –por cierto desafortunadas64- que se realizan
en el art. 35 del C.N.A. De todas formas, la atribución de la custodia a aquel padre más
propenso a reconocer los derechos del otro de comunicar e intervenir en la formación y
desarrollo de sus hijos, constituye una prevención fundamental para darle continuidad
a las relaciones familiares, de modo de cumplir más acabadamente con el principio favor
minoris en la instrumentación del nuevo orden familiar que surge como derivación de
la ruptura. Al corolario aludido se llega fácilmente, si se considera que la conservación
de los vínculos de afecto de los hijos con el resto de su familia es el mejor escenario para
promover el desarrollo personal de aquéllos; a la vez que, aparece como axiomático que
los procederes contrarios a ese propósito infringen el interés de los propios menores. Al
respecto, no puede perderse de vista que éstos están sujetos a la patria potestad, la cual
consiste en una institución encarnadora de una función tuitiva que debe ser ejercida en
su beneficio o interés o bienestar.
Segunda. El Síndrome de Alienación, Extrañamiento o Alejamiento Parental consiste en una programación o manipulación mental que el custodio realiza sobre sus
hijos destinada inculcarles un odio o resentimiento respecto al otro padre (y su familia
extendida) a través de la denigración, descalificación o descrédito de éste, sin una
causa real que lo justifique, con el fin de inducir a los menores para que rompan las
relaciones afectivas con el no custodio. Prosperada la acción del alienante, el resultado
es el aborrecimiento injustificado o inmotivado de los hijos a contactar con el padre
víctima de aquel proceder.
Tercera. La actuación de los órganos judiciales en aras de evitar la presencia y desarrollo del síndrome es cardinal, puesto que la resolución incorrecta de las cuestiones de
tenencia y visitas en los antagonismos familiares es el escenario propicio para la aparición de la patología. Por ende, la mala resolución de un contexto familiar conflictivo
constituirá la base que fomentará las relaciones enfermizas que generan el síndrome. A
la par de lo dicho, no puede perderse de vista que la inadecuada decisión al respecto
de seguro provocará una «judicialización» de la situación de vida de los hijos, lo que
64 Vid. las críticas al precepto en: HOWARD, «La tenencia de los hijos», R.U.D.F. n.º 21, Mdeo., F.C.U., 2009, págs. 152-153.
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evidentemente conspira contra el bienestar de éstos. De todas formas, es imprescindible
para la localización y corrección del padecimiento en examen la ayuda de profesionales
en psicología que puedan detectar la posible existencia del síndrome o los escenarios
más propensos para que se presente.
Cuarta. Es sabido que en el momento presente la voluntad de los sujetos infantiles
y adolescentes es tomada en consideración para la resolución de las cuestiones que les
conciernen. Ahora bien, para que los deseos y pareceres que exteriorizan sean de trascendencia, tanto en la órbita familiar como judicial, es imprescindible que se trate de
una voluntad racional, libre de presiones, responsable y con las habilidades suficientes
para conocer las repercusiones de las cuestiones en juego. Cuando el síndrome está presente lo habitual es que la volición de los hijos esté privada de espontaneidad, por estar
contaminada por los comportamientos denigratorios respecto al otro padre asumidos
por parte del alienador. Consecuencia de ello: no se trata de expresiones confiables a
efectos de determinar el marco en que se habrán de desarrollar en más las relaciones
paterno-materno-filiales; antes al contrario, deberán ser las demás circunstancias concurrentes en el contexto conflictivo concreto las que llevarán a que se adopte la solución
más beneficiosa para los hijos.
Quinta. Como quedó indicado, los tribunales gozan de las más amplias facultades
para adoptar las medidas o disponer los instrumentos adecuados para evitar el surgimiento y la propagación del síndrome. Sin embargo, desde ya es preciso subrayar que,
cualquiera que sea la decisión que se acoja, difícilmente enmiende en forma inmediata
aquellos contextos en que la patología ya ha infectado a los involucrados; antes bien, en
tales ocasiones lo necesario de seguro será la adopción de medidas que vayan mitigando
la presencia del síndrome en los hijos, hasta –de ser posible- hacerlo desaparecer. A raíz
de lo dicho, si bien la ley prevé la posibilidad de que se varíe la tenencia atribuida al
padre alienador-manipulador, esa medida no es ajustada a la realidad si se pretende que
los hijos queden al cuidado de la persona a la que, aunque injustificadamente, aborrecen,
y con la cual –es de presumir- han tenido escasos contactos. Es que, de regla, alcanzar
ese resultado de inversión de la custodia, para confiársela al padre alienado, requerirá la
instrumentación de una serie de dispositivos menos agresivos para los hijos, como tratamientos psicológicos, aumento paulatino de los contactos y comunicaciones, y acaso la
custodia intermedia y temporal a cargo de un tercero, siempre que no se afecte el interés
de los propios menores. Por lo demás, es evidente que la conducta del padre alienado no
debe haber estado caracterizada por la pasividad, dado que el ordenamiento le reconoce variadas posibilidades para disuadir al alienante, de forma que revea sus conductas
infractoras, y que ya fueron mencionadas a lo largo de este trabajo: denuncia penal por
omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, solicitud de imposición de medidas conminatorias de tipo patrimonial, recurrir a tribunales especializados a efectos de
desarrollar las visitas y comunicaciones cuando le son desconocidas, etc.
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