Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/sentencia-tribunal-supremo-num-19792011-18-04-2013
Timestamp: 2017-12-12 10:21:46+00:00

Document:
El Tribunal Supremo ha condenado al BBVA a devolver 291.488,84 euros a un matrimonio al entender que la entidad gestionó "negligentemente" unas carteras de inversión, dado que compró participaciones preferentes de la entidad Lehman Brothers Holding, "valores complejos y de alto riesgo", para clientes con un perfil de riesgo "muy bajo".
CONTRATO DE GESTION DISCRECIONAL DE CARTERA DE INVERSION: obligaciones impuestas al profesional por la normativa reguladora; incumplimiento culposo de la entidad bancaria: incoherencia entre el perfil del riesgo conservador que ha elegido el cliente y la naturaleza compleja y de alto riesgo de los valores sobre los que autoriza contratar: exigencia de un alto estándar de buena fe e información completa, clara y precisa de la empresa de gestión de carteras al cliente: los términos empleados en el contrato para advertir al inversor del riesgo de determinados productos no cumplen las exigencias de claridad y precisión en la información: responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas.
PRIMERO .- La procuradora D.ª Isabel Caudet Valero, en nombre y representación de D. Adrian y de D.ª Aurelia , interpuso demanda de juicio ordinario, mediante escrito de 15 de enero de 2010, contra la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.", en la que suplicaba lo siguiente: «[...] dicte Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:
SEGUNDO La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Valencia y fue registrada como procedimiento ordinario núm. 132/2010. Una vez admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada para su contestación.
TERCERO El procurador de la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.", D. Jesús Rivaya Carol, contestó a la demanda, mediante escrito de 6 de abril de 2010, cuyo suplico decía: «[...] dicte Sentencia desestimando la demanda con expresa imposición de costas a los demandantes».
CUARTO Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado- Juez de Primera Instancia núm. 27 de Valencia dictó la sentencia 342/2010, de 30 de diciembre , con la siguiente parte dispositiva: «FALLO: Que estimando íntegramente la demanda presentada por la procuradora Dña. Isabel Caudet Valero, en nombre de D. Adrian y Aurelia , contra la entidad BBVA:
» b) Condeno a la entidad BBVA a pagar a los actores el interés legal de dicha cantidad desde el momento en que se requiere de pago al defensor del cliente de BBVA por correo electrónico (24 de abril de 2009) hasta la fecha de sentencia y desde ésta hasta el pago, los intereses del artículo 576RCL 2000\34 de la LEC ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) .
QUINTO El representante procesal de la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." interpuso recurso de apelación contra la sentencia 342/2010, de 30 de diciembre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Valencia , suplicando la absolución de su representada y la imposición de las costas de la primera instancia a la parte actora.
SEXTO D.ª Isabel Caudet Valero, en representación de D. Adrian y de D.ª Aurelia , se opuso al recurso de apelación interpuesto por la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." y solicitó que por la Audiencia Provincial se confirmara la referida Sentencia en todos sus extremos, con la expresa imposición a los apelantes de las costas causadas. Asimismo, impugnó el fallo de dicha Sentencia, en lo relativo a los pronunciamientos sobre costas, solicitando que se condenara a la demandada a pagar las costas generadas en la primera instancia, con expresa imposición a los apelantes de las costas causadas en la segunda instancia y demás que en derecho procedieran.
SÉPTIMO Del escrito de oposición al recurso de apelación y de impugnación de la misma resolución apelada se dio traslado a la apelante principal, quien presentó escrito de oposición a la impugnación formalizada de contrario y suplicó a la Audiencia Provincial la estimación del recurso de apelación y la imposición de las costas de la instancia a la contraria, así como la desestimación de la impugnación con imposición de las causadas por la misma en la apelación a la parte impugnante.
OCTAVO La resolución del recurso de apelación correspondió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo tramitó con el núm. 289/2011 y tras seguir los correspondientes trámites dictó la Sentencia núm. 283/2011, de 28 de junio , cuya parte dispositiva disponía: «FALLO: Estimando el recurso de apelación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 27 de Valencia, en proceso ordinario 132/10, revocamos dicha resolución y desestimando la demanda presentada por Adrian y Aurelia , absolvemos de sus pretensiones a BBVA SA, sin efectuar pronunciamiento de las costas en primera y segunda instancia.»
NOVENO La representación procesal de D. Adrian y de D.ª Aurelia interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y contra la Sentencia núm. 283/2011, de 28 de junio .
a) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal se basó en la falta de aplicación del artículo 217.7RCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) .
1.- Del artículo 1726LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) en relación con la infracción de los artículos 255 y 264LEG 1885\21 del Código de Comercio ( LEG 1885\21 ) .
2.- La infracción del artículo 79RCL 1988\1644 de la Ley 24/1988 ( RCL 1988\1644 ; RCL 1989, 1149 y 1781) del Mercado de Valores , en relación con la inaplicación de su artículo 16.
DÉCIMO Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala y las partes fueron emplazadas para comparecer ante la misma. Recibidas dichas actuaciones y personados D. Adrian y D.ª Aurelia , por medio de la procuradora D.ª Nuria Munar Serrano, y la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.", a través de la procuradora D.ª Ana Llorens Pardo, se dictó Auto de 16 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva decía: «LA SALA ACUERDA:
UNDÉCIMO Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición a la admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.
DUODÉCIMO Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado ambas partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.
DECIMOTERCERO Se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 6 de marzo del mismo año.
DECIMOCUARTO Teniendo en cuenta la materia sobre la que debe resolverse en los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos, se dejó sin efecto el señalamiento para votación y fallo fijado y se acordó someter al conocimiento del Pleno de la Sala del día 20 de marzo de 2013.
PRIMERO Resumen de antecedentes
D. Adrian y Dª Aurelia , casados entre sí en régimen de gananciales, interpusieron demanda contra la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." (en lo sucesivo, BBVA o "el banco") en la que reclamaban la indemnización de 291.488,84 € porque el banco había cumplido negligentemente el contrato de gestión discrecional de carteras de inversión concertado con los demandantes, al adquirir para los actores valores complejos y de alto riesgo como eran las participaciones preferentes de la entidad "LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC" (en lo sucesivo, Lehman Brothers), cuyo valor se ha visto reducido en la cantidad reclamada como indemnización como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, cuando los demandantes habían optado por un perfil de riesgo muy bajo al suscribir el contrato.
SEGUNDO Recurso extraordinario por infracción procesal.
La parte demandante interpone en primer lugar recurso extraordinario por infracción procesal en el que alega la infracción, por falta de aplicación, del art. 217.7ºRCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) . La infracción consistiría en que la Audiencia Provincial no habría desplazado la carga de la prueba al profesional experto como debería haber hecho por razones de disponibilidad y facilidad probatoria al ser objeto de enjuiciamiento una relación contractual entre un consumidor de perfil de riesgo muy bajo y un profesional experto. Al existir dudas de hecho en la existencia de extralimitación del mandato conferido por los actores a la entidad demandada en relación a la adecuación del producto al perfil de los demandantes, alega la parte recurrente que las consecuencias negativas de la falta de prueba han sido atribuidas a los actores, incurriendo en la infracción procesal denunciada. Para justificar la existencia de tal infracción cita fragmentariamente el fundamento cuarto y el fundamento quinto de la sentencia de la Audiencia Provincial.
TERCERO Valoración de la Sala. La carga de la prueba
La carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia de "non liquet" (literalmente, "no está claro") que se establece en los arts. 11.3ºRCL 1985\1578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985\1578 y 2635) y 1.7º del Código Civil ( LEG 1889\27 ) , al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.
Esa es la razón por la que el precepto que la regula, art. 217RCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba (arts. 281 a 298) sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso. De ahí que haya de alegarse su infracción a través del art. 469.1.2ºRCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tratarse de una norma reguladora de la sentencia.
Solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas aplicables para su atribución a una y otra de las partes, establecidas en el art. 217RCL 2000\34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y desarrolladas por la jurisprudencia.
Si los recurrentes discrepan de la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida en la valoración jurídica de tales hechos por considerar que los mismos han de ser considerados como un incumplimiento de los deberes que para la entidad bancaria resultaban del contrato concertado con los demandantes conforme a la normativa legal aplicable (Código Civil, Código de Comercio ( LEG 1885\21 ) , Ley del Mercado de Valores ( RCL 1988\1644 ; RCL 1989, 1149 y 1781) y normativa que la desarrolla), tal cuestión no afecta a los hechos, ni por tanto a la carga de la prueba, sino a cuestiones de naturaleza jurídica propias del recurso de casación. Es ahí donde deben ser analizadas.
CUARTO Recurso de casación. Infracción de los preceptos del Código Civil ( LEG 1889\27 ) y del Código de Comercio ( LEG 1885\21 ) relativos al mandato. Infracción del derecho de información del inversionista establecido en la Ley del Mercado de Valores ( RCL 1988\1644 ; RCL 1989, 1149 y 1781) .
El primer motivo del recurso de casación interpuesto por los demandantes se enuncia del siguiente modo: «Infracción de los artículos 1.726LEG 1889\27 del Código Civil relativo al contrato de mandato, en relación a la infracción de los artículos 255 y 264LEG 1885\21 del Código de Comercio , relativos al contrato de comisión mercantil y artículo 79RCL 1988\1644 de la Ley del Mercado de Valores ».
El segundo y último motivo del recurso de casación de encabeza con el siguiente enunciado: «Infracción del artículo 79RCL 1988\1644 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores en relación con la inaplicación del artículo 16RCL 1988\1644 de la Ley del Mercado de Valores de 1988 , aplicable al supuesto que tratamos, ya que dispone que las entidades de gestión deben facilitar a sus clientes información de todos los asuntos concernientes a sus operaciones, refiriéndose a estos deberes de información la Orden de 25 de octubre de 1995 y la norma 13ªRCL 1996\1239 de la Circular 1/1996 de 27 de marzo ( RCL 1996\1239 ) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores».
QUINTO Las alegaciones de la recurrida respecto de la inadmisibilidad del recurso.
SEXTO Valoración de la Sala. El contrato de gestión de carteras de inversión: obligaciones impuestas al profesional por la normativa reguladora.
Los litigantes concertaron un contrato de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, que es aquel por el que una empresa autorizada a actuar profesionalmente en el mercado de valores (como es el caso de la entidad de crédito demandada, art. 37.1.bRCL 1988\1644 de la Ley del Mercado de Valores ( RCL 1988\1644 ; RCL 1989, 1149 y 1781) ) se obliga a prestar al inversor servicios de gestión personalizada, profesional y remunerada sobre los valores integrantes de la cartera del inversor, cumpliendo determinadas exigencias reforzadas de profesionalidad, información, buena fe, imparcialidad y diligencia, con arreglo al mandato conferido por el cliente, para que éste obtenga una mayor rentabilidad en sus actuaciones en el mercado de valores.
«a) Comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado [...].
e) Asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados [...].»
»1. Los Estados miembros establecerán normas de conducta que las empresas de inversión deberán observar en todo momento. Dichas normas deberán imponer la ejecución, como mínimo, de los principios que se enuncian en los guiones que figuran a continuación y, en su aplicación, deberá tenerse en cuenta el carácter profesional de la persona a la que se preste el servicio. [...] Estas normas obligarán a la empresa de inversión:
»- a esforzarse por evitar los conflictos de intereses y, cuando éstos no puedan evitarse, a velar por que sus clientes reciban un trato equitativo;
»- a ajustarse a todas las normativas aplicables al ejercicio de sus actividades de forma que se fomenten al máximo los intereses de sus clientes y la integridad del mercado. [...]
»La empresa deberá indicar a los inversores, antes de entablar con ellos relaciones de negocios, qué fondo de garantía o qué protección equivalente será aplicable, en lo que se refiere a la operación o las operaciones que se contemplen, la cobertura garantizada por uno u otro sistema, o bien que no existe fondo ni indemnización de ningún tipo. [...]»
2) Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo ( RCL 1993\1560 ) , que establece las normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, y desarrollaba la previsión de normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. Especial rigor se preveía en lo relativo a la información que las empresas debían facilitar a sus clientes (art. 5 del anexo): «1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos [...]. 3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos.»
« Segundo. Principios y deberes generales de actuación
Las entidades que, con arreglo a lo »1. previsto en la presente Orden, realicen el servicio de inversión de gestión de carteras desempeñarán dicha actividad con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, defendiendo los intereses de sus clientes.
»Las relaciones entre el cliente y el gestor de cartera deberán estar formalizadas mediante un contrato-tipo de gestión de cartera, conforme a lo previsto en el número octavo de la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1995 Dichos contratos serán redactados de forma clara y fácilmente comprensible, y cuyo contenido abarcará, al menos, los siguientes aspectos:
La empresa que gestiona la cartera del inversor ha de seguir las instrucciones del cliente en la realización de operaciones de gestión de los valores de la cartera ("con arreglo al mandato del cliente" o "a los mandatos del cliente", se dice en la Ley del Mercado de Valores y en la STJUE antes mencionados). Las indicaciones del cliente sobre su perfil de riesgo y sus preferencias de inversión desempeñan una función integradora del contenido del contrato, fundamental en el caso del mandato ( arts. 1719LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) y 254 y 255 del Código de Comercio ( LEG 1885\21 ) ), haciendo la función de instrucciones al gestor para el desarrollo de su obligación básica. Por eso es fundamental que al concertar el contrato las preguntas formuladas al cliente para que defina su perfil de riesgo y los valores de inversión que pueden ser adquiridos sean claras, y que el profesional informe al cliente sobre la exacta significación de los términos de las condiciones generales referidas a dicho extremo y le advierta sobre la existencia de posibles contradicciones que pongan de manifiesto que la información facilitada al cliente no ha sido debidamente comprendida.
SÉPTIMO El estándar de información exigible a la empresa que opera en el mercado de valores. La responsabilidad de ésta por el incumplimiento de las obligaciones de información y actuación de buena fe.
Los recurrentes reprochan a la sentencia de la Audiencia Provincial que no aplica debidamente el art. 79RCL 1988\1644 de la Ley del Mercado de Valores ( RCL 1988\1644 ; RCL 1989, 1149 y 1781) . Alegan que la empresa que presta servicios de inversión no puede eludir su responsabilidad cuando las inversiones aconsejadas al cliente son incompatibles con su perfil de inversor.
Los valores negociables son activos financieros que, por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, son susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en un mercado de índole financiera (cfr. art. 3RCL 2005\2211 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre ( RCL 2005\2211 ) ). Son bienes potencialmente fructíferos cuyo valor reside en los derechos económicos y de otra naturaleza que incorporan. Dada su complejidad, solo son evaluables en aspectos tales como la rentabilidad, la liquidez y el riesgo por medio de un proceso informativo claro, preciso y completo. La información es muy importante en este ámbito de la contratación. De ahí el estándar elevado impuesto al profesional en la normativa que ha sido examinada. El suministro de una deficiente información por parte de la empresa que presta servicios de inversión al cliente puede suponer una negligencia determinante de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Las normas reguladoras del mercado de valores exigen un especial deber de información a las empresas autorizadas para actuar en ese ámbito, como resulta del art. 79.1.eRCL 1988\1644 de la Ley del Mercado de Valores en la redacción vigente cuando se concertó el contrato (actualmente, de modo más detallado, en el art. 79.bis de dicha ley, que incorpora la Directiva MIFID ) así como en la normativa reglamentaria que lo desarrolla (en el momento en que se concertó el contrato entre las partes y se propuso la compra de las participaciones preferentes de Lehman Brothers, art. 16 y anexo sobre código general de conducta del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo ( RCL 1993\1560 ) , art. 9 de la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1995, y arts. 2 a 4 de la Orden Ministerial de 7 de octubre de 1999).
OCTAVO .- La casación de la sentencia de la Audiencia Provincial supone que anulemos y dejemos sin efecto dicha sentencia y asumamos la instancia.
NOVENO Costas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\34 , 962 y RCL 2001, 1892) , las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, que se desestima, deben ser impuestas a los recurrentes y no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación, que se estima.
1 Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por D. Adrian y D.ª Aurelia contra la sentencia núm. 283/2011, de 28 de junio de 2011, de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, dictada en el recurso de apelación núm. 289/2011 .
2 Imponemos a los expresados recurrentes las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que desestimamos.
3 Estimamos recurso de casación interpuesto por D. Adrian y D.ª Aurelia contra la sentencia núm. 283/2011, de 28 de junio de 2011, de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, dictada en el recurso de apelación núm. 289/2011 .
4 Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno, y en su lugar acordamos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." y la impugnación de D. Adrian y D.ª Aurelia contra la sentencia núm. 342/2010, de 30 de diciembre de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Valencia en el procedimiento de juicio ordinario núm. 132/2010, que confirmamos, cuyo fallo es del siguiente tenor:
«Que estimando íntegramente la demanda presentada por la procuradora Dña. Isabel Caudet Valero, en nombre de D. Adrian y Aurelia , contra la entidad BBVA:
5 Condenamos a la entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." a las costas del recurso de apelación y a D. Adrian y D.ª Aurelia a las costas de la impugnación.
6 No procede imposición de las costas del recurso de casación.

References: artículo 576
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 217
 artículo 1726
 artículo 79
 artículo 16
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 398