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Carlos Herrera - Monografia - La Retroactividad de Las Sentencias de Inexequibilidad en Materia Tributaria
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Retroactividad de las sentencias de inexequibilidad en materia tributaria
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LA RETROACTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE INEXEQUIBILIDAD EN
CARLOS JULIO HERRERA
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1. LA LEY TRIBUTARIA EN COLOMBIA 8
1.1 CONCEPTO 8
1.2 CONTENIDO 9
1.2.1 Sujeto activo 9
1.2.2 Sujeto pasivo 10
1.2.3 Hecho generador 11
1.2.4 Base gravable 12
1.2.5 Tarifa 13
1.3 TIPOS DE TRIBUTOS EN LA LEY 13
1.3.1 Impuestos 13
1.3.2 Tasas 14
1.3.3 Contribuciones 15
1.4 UBICACIÓN EN LAS NORMAS COLOMBIANAS 17
1.4.1 En la ley 17
1.4.1.1 Ley orgánica 17
1.4.1.2 Ley estatutaria 17
1.4.1.3 Ley marco o ley cuadro 18
1.4.1.4 Ley ordinaria 19
1.4.2 Decretos con contenido material de ley 19
1.4.2.1 Decreto ley 19
1.4.2.2 Decretos legislativos 20
1.4.2.2.1 En estado de guerra exterior 20
1.4.2.2.2 En estado de conmoción interior 21
1.4.2.2.3 En estado de emergencia económica, social y ecológica 22
1.4.3 Decretos reglamentarios 22
1.4.4 Ordenanzas departamentales y acuerdos municipales 24
2. CREACION DE LA LEY TRIBUTARIA 25
2.1 INICIATIVA 25
2.2 PRESENTACIÓN, PUBLICACIÓN Y REPARTO 26
2.3 DISCUSION 28
2.4 SANCION, OBJECIÓN Y PUBLICACIÓN 30
3. CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE LEGALIDAD EN LA LEY
TRIBUTARIA 31
3.1 POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO 31
3.2 POR PARTE DEL PODER JUDICIAL 33
3.2.1 Previo 33
3.2.2 Posterior 33
3.2.2.1 En la Corte Constitucional 33
3.2.2.2 En el Consejo de Estado 35
1.3.2 Argumentos de la demanda 48 5.1. LA INCIDENCIA DE LA RETROACTIVIDAD EN LOS FALLOS EN MATERIA DE TRIBUTOS 39 4.4 Decisión de la Corte 50 5.1.1.2 SENTENCIA DEL 21 DE MAYO DE 2009 DEL CONSEJO DE ESTADO 51 .1.1 Norma demandada 48 5.4 LA CONSECUENCIA ECONÓMICA DE LA RETROACTIVAD DE LOS FALLOS DE INEXEQUIBILIDAD 47 5.3 Erga omnes 38 4.1.3.1 SENTENCIA C 796 DE 2000 48 5.2 Teoría de las situaciones abstractas y concretas 42 4.3 IRRETROACTIVIDAD 45 4.5 Análisis 50 5.3 Consideraciones de la Corte 49 5.1 CONFLICTO DE LAS LEYES EN EL TIEMPO 40 4.3.1.2 Ex tunc 37 3.2 LA SEGURIDAD JURÍDICA 43 4. ANÁLISIS DE SENTENCIAS 48 5.3.3 Teoría de Roubier 43 4.1.3 PRINCIPALES EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA 36 3.1 Teoría de los derechos adquiridos 41 4.1 Ex nunc 37 3.
3.1 Norma demandada 55 5.4 Decisión de la Corte 58 5. EXPEDIENTE 8348 59 5.1 Hechos 51 5.2.5 Decisión de la Sala 60 5.2.3.5.2 Argumentos de la demanda 62 5.5 Análisis 58 5.3 Contestación de la demanda 52 5.2.5 Decisión de la Sala 53 5.5.1 Hechos 62 5.2 Argumentos de la demanda 59 5.1 Hechos 59 5. SENTENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 1997.2.2 Argumentos de la demanda 56 5.5.6 Análisis 60 5.3 Consideraciones de la Corte 57 5.2.4.5.4.2.3.2 Argumentos de la demanda 51 5.4.5 SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2012 – EXPEDIENTE 24655 61 5.3 Contestación de la demanda 62 .4.4.3.4.3 Contestación de la demanda 59 5.4 Consideraciones de la Sala 52 5.6 Análisis 53 5.4 Consideraciones de la Sala 60 5.3.4.3 SENTENCIA C 149 DE 1993 55 5.
5.4 Consideraciones de la Sala 63 5.5.6 Análisis 64 6.5.5 Decisión de la Sala 64 5.5. CONCLUSIONES 65 BIBLIOGRAFIA 68 .
que desembocan en discusiones. el control constitucional y de legalidad. se procederá a desarrollar el trabajo en dos bloques: el primero corresponde a la parte general e introductoria de los tributos. las cuales atañen a todos los obligados a contribuir con los tributos. lo que ha conllevado a la aparición de dinámicas entre los actores de esta relación. ¿Puede el Estado apropiarse de tributos recaudados bajo el amparo de la legalidad de una norma que posteriormente fue declarada inexequible?. INTRODUCCIÓN Los tributos a lo largo de la historia de la humanidad han estado presentes. la ubicación de los tributos en la normatividad. sobre todo cuando el contribuyente ha cumplido con la obligación de trasladar parte de su patrimonio al Estado y posteriormente la norma es declarada inexequible. Dentro de esas discusiones de carácter general. su creación. En este estudio se pretenden analizar algunas situaciones jurídicas que se han presentado en torno a la retroactividad de las sentencias de inexequibilidad. hasta en guerras como en la antigüedad. . sus principios rectores. que se concretan por lo general en fallos judiciales. Es la pregunta que se responderá luego de estudiar la ley tributaria en Colombia. los elementos de los tributos. han generando y generan hoy en día diferentes sentimientos entre las personas obligadas a cumplir con el pago de los mismos. con argumentos de parte y parte ante los estrados judiciales con el fin de dirimir la legalidad o no de la transferencia de dicho patrimonio. al desarrollo y análisis del tema objeto de estudio. el segundo. y es la retroactividad en las sentencias de inexequibilidad de normas tributarias. la jurisprudencia y algunos casos en donde se evidencia la importancia de la aplicación o no de la retroactividad en las sentencias de inexequibilidad. y para ello. aparece un tema de importante relevancia. y.
El imperio de la ley. 2007. 1 LAPORTA.1 CONCEPTO De acuerdo al artículo 4 del Código Civil Colombiano la Ley es: “una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. . 1. permitir o castigar”. Madrid: Trotta. partiendo de la ocurrencia de hechos económicos en la sociedad y por lo cual el Estado reclama una participación pecuniaria en ellos. El Estado. La ley no es exclusiva de las democracias. Por ello la definición en nuestro ordenamiento jurídico guarda una concordancia perfecta con estos dos elementos. 219. y considerando tributo como uno de los recursos que se entregan al Estado para lograr los medios económicos necesarios para el desarrollo de sus actividades en virtud de un mandato. Uniendo los conceptos de tributo y ley para llegar al concepto de ley tributaria. se habla del procedimiento que debe cumplir esta declaración de voluntad soberana. pero es en ellas en donde tiene su máxima expresión ya que está fundada en elementos de soberanía popular y distribución de poderes. situación que nos permite concluir que como fuente primaria de todo tributo tenemos a la ley. prohibir. para el desarrollo de sus actividades se aprovisiona de recursos que consigue de diferentes formas. procedimiento previsto en la Constitución Nacional y llevado a cabo por las diferentes ramas del poder público en su creación. LA LEY TRIBUTARIA EN COLOMBIA 1. entendida esta voluntad como la facultad de decidir y ordenar la conducta de los asociados mediante la autodeterminación de las normas a través de los representantes designados por el pueblo. El carácter general de la ley es mandar. Por otro lado. Como bien lo anota Laporta1. por un lado se dice que es una declaración de la voluntad soberana. una de ellas es mediante el ejercicio del poder de imperio. ejecución y administración que permita el desarrollo y aplicación de dicha ley. Francisco J. que a través de la creación de la ley ordena el recaudo de dichos recursos denominados tributos. las leyes tienen que ser el alma del funcionamiento de la máquina jurídica en nuestras sociedades. que es en donde reside la soberanía. se puede concluir que la ley tributaria es la declaración de voluntad soberana que ordena el pago de gravámenes por la ocurrencia de hechos económicos con el fin de atender las necesidades pecuniarias del Estado. p.
El sujeto activo es el acreedor del tributo. Mediante el poder legislativo. 1987.2. establece en uno de sus apartes que: “… La ley. iii) Impuesto de registro y anotación.2 CONTENIDO La ley tributaria por mandato constitucional debe fijar directamente los cinco elementos propios del tributo:2  Sujeto activo  Sujeto pasivo  Hecho generador  Base gravable  Tarifa. indudablemente el sujeto activo por excelencia es el Estado. las ordenanzas y los acuerdos deben fijar. 362. Como lo explica Giullani 3 . el Estado crea los tributos y a la vez faculta al poder ejecutivo para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. los sujetos activos y pasivos. v) Impuesto a las importaciones. que es inherente al poder de imperio. y las tarifas de los impuestos. 3GIULLANI FONROUGE. siendo la obligación tributaria una consecuencia del ejercicio del poder tributario. p. necesidades e inversiones. otorgándole las facultades de administración y recaudo de todos los tributos para poder satisfacer sus gastos.1. directamente. 5 Los principales impuestos departamentales son: i) Impuesto al consumo de bebidas alcohólicas. 4 Los principales impuestos nacionales son: i) Impuesto sobre la renta y complementarios. Elementos universalmente aceptados. iii) Impuesto de vehículos . los impuestos departamentales 5 son recaudados y administrados por las Secretaria de Hacienda de cada Gobernación.1 Sujeto activo. 1. Volumen 1. es decir el Estado. Cuarta edición. que a continuación se explicará cada uno. en Colombia los principales sujetos activos en principio se determinan de acuerdo al tipo de tributos. los impuestos nacionales4 son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y luego trasladados al Tesoro Nacional para su administración y distribución. iv) Impuesto al turismo. los impuestos 2El artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. El Estado al ser el sujeto activo del tributo. ii) Impuesto al consumo de cigarrillos.”. delega en entes públicos adscritos al poder ejecutivo la administración y recaudo de dichos tributos. ii) Impuesto al valor agregado – IVA. Carlos. Buenos Aires: Depalma. Derecho Financiero. los hechos y las bases gravables.
MUNERA CABAS. mixtas o privadas) que cumplen ciertas tareas del Estado en determinado sector. 2001. también denominado ICA. En: Derecho Tributario. el concepto de sujeto pasivo debe analizarse desde dos ópticas. Curso de derecho tributario. disminuyendo su patrimonio. iii) Impuesto de espectáculos públicos. se está obligado a liquidar. 1. mientras que en otros son dos los sujetos pasivos. . cualquiera que sea su relación con el fundamento y fin del tributo. 6 Los principales impuestos municipales son: i) Impuesto de industria y comercio. iv) Impuesto al sacrificio de ganado. por un lado. es el responsable ante el Estado de trasladarlo a sus arcas convirtiéndose en el sujeto pasivo jurídico. porque asume el costo del bien incluido el impuesto. en este caso. p. 7 LEYVA ZAMBRANO. declarar y pagar el impuesto sobre la renta al Estado. En algunos impuestos el sujeto pasivo económico y jurídico es el mismo. Alfonso. avisos y tableros. Elementos de la obligación tributaria. 332. por otro lado. En conclusión: “el sujeto activo de la obligación tributaria. Álvaro. y la segunda corresponde a quien jurídicamente esta obligado a recaudarlo y trasladarlo al Estado. 8 VALDÉS COSTA. pero ya no en desarrollo de su poder legislativo de producir normas impositivas estableciendo tributos o modificándolos. Mientras que en el impuesto sobre la renta.2. debe asumir el desembolso del mismo. p. y el vendedor al recaudar el impuesto. Bogotá: Temis. Alberto. 1999. será siempre el Estado. Ramón. Bogotá: ICDT. las asociaciones gremiales. ii) Impuesto predial unificado. En una operación venta gravada con el impuesto sobre las ventas. tanto el sujeto pasivo económico como el jurídico es la misma persona. el comprador se convierte en el sujeto pasivo económico. Como se desprende de la anterior definición. cuando se obtiene una utilidad de un negocio durante un periodo anual.2 Sujeto pasivo. debe pagar al Estado dicho importe. DE LA TORRE. es el obligado al pago. la primera corresponde a quien desde el punto de vista económico asume la carga impositiva y ve disminuido su patrimonio por el pago de dicho impuesto. las concesiones. entre otras. Al final ambos están obligados al pago. sino como el acreedor de la prestación pecuniaria en que se concentra normalmente la obligación tributaria”7. 417 – 446.municipales6 son recaudados y administrados por las Secretaria de Hacienda de cada Alcaldía Municipal. dentro de estas entidades encontramos las Cámaras de Comercio. Según Valdés8 el sujeto pasivo es el reverso del sujeto activo. por último están las tasas y contribuciones fiscales que son recaudadas por entidades (publicas.
el elemento temporal y el elemento espacial. un delito civil o penal”10. Para Jarach9 es el presupuesto de hecho al cual la ley vincula el nacimiento de la relación tributaria. Buenos Aires: Abeledo Perrot. labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica. que el elemento material es la prestación de servicios que se puntualiza en una obligación de hacer remunerada.2. p. por un lado. el elemento material. se tomara uno de los hechos generadores del impuesto sobre las ventas en Colombia y se determinara cada uno de sus elementos. simplemente no se da el hecho generador del impuesto y. y que genera una contraprestación en dinero o en especie. es decir. por ende. que se concreta en una obligación de hacer. el autor nos recuerda que la obligación tributaria “se parece a todas las otras obligaciones legales. sea este un hecho lícito o ilícito. El hecho generador del impuesto se compone de cuatro elementos básicos. es aquel hecho definido expresamente en la ley que al realizarse produce el nacimiento de la obligación tributaria. Para explicar estos elementos. o por una sociedad de hecho. definiendo servicio de acuerdo al artículo 1 del decreto 1372 de 1992. 3ª Edición. no se derive de una relación laboral. El Hecho imponible. en la misma obra. p 65. está el deudor quien es el beneficiario del servicio y está obligado a pagar el tributo. . 73. como toda actividad. El elemento personal son los intervinientes en dicho presupuesto de hecho. está el acreedor del tributo. 1971. También conocido como hecho gravable o hecho imponible. Si en el presupuesto de hecho llega a faltar uno de estos elementos.. Dino. 9 JARACH. cuyo nacimiento siempre es subordinado a la verificación de un hecho jurídico. el elemento material es la prestación de servicios. El literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario establece que el impuesto sobre las ventas se aplicará sobre la prestación de servicios en el territorio nacional.1. quien presta el servicio porque es él quien está obligado a cobrar el impuesto. Es decir. el elemento personal. por otro lado. De acuerdo al ejemplo.3 Hecho generador. siempre y cuando. independientemente de su denominación o forma de remuneración. sin relación laboral con quien contrata la ejecución. no hay obligación tributaria alguna. 10 Ibíd. sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual.
como su nombre lo indica se basa en cuantificar una presunción con datos reales. la base será el valor de esa renta. Y por último se tiene el elemento espacial. La base gravable del tributo es la cuantificación del hecho gravable. es decir. segundo.2. el tiempo para cancelar el impuesto. Por ejemplo. Si el hecho ocurrió en el cuarto bimestre del año. . cubriendo así seis bimestres por cada año. 12Se entiende por renta ordinaria. 13Se entiende por renta presunta aquella renta mínima que la ley asume debe producir un determinado patrimonio. el valor resultante de la suma de todos los ingresos gravables obtenidos por un año menos los costos y deducciones (gastos deducibles) a que tenga derecho. Retomando el ejemplo del IVA. marzo – abril. que para el caso es el territorio nacional. el primero y más utilizado es el método directo que se basa en tasar la base de acuerdo con el valor de la operación. septiembre – octubre y noviembre – diciembre. o que suceda estando vigente la norma. la asignación de un valor al hecho gravable sobre el cual se establecerá una tarifa.4 Base gravable.El elemento temporal se refiere al tiempo en que sucede el presupuesto de hecho. puede que el hecho se de antes que existiera la norma. que es el lugar en donde ocurre el hecho generador. lo cual permite establecer el periodo en el cual se configura el hecho y. En el caso del impuesto de renta. mayo – junio. salvo algunas excepciones. En la ley tributaria se aplican dos tipos de métodos para obtener el valor de la base gravable. julio – agosto. y no causa el impuesto la prestación de servicios que se haga en el exterior. por ende. 1. En el caso de la venta de un bien mueble para efectos de IVA. si un contribuyente al efectuar su cálculo de renta ordinaria (método directo) obtiene un valor inferior al 11En Colombia la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) se debe presentar por periodos de dos meses. enero – febrero. la base de la prestación del servicio es el valor en dinero del servicio. que causa el impuesto sobre las ventas la prestación de servicios que ocurra en el territorio nacional. para el impuesto de renta la base gravable del impuesto será la renta mayor entre la renta ordinaria 12 y la renta presuntiva 13 . la base será el valor de venta de ese bien. como el hecho generador es la obtención de una renta. es decir. Para efectos del impuesto sobre la renta este será el 3% del patrimonio neto (activo menos pasivo) depurado del año inmediatamente anterior al periodo en que se esta determinando la renta. el sujeto pasivo del impuesto deberá declarar y pagar dicho impuesto una vez finalice el cuarto bimestre dentro de los plazos establecidos para tal fin11. que. caso en el cual no habría hecho generador. está el método indiciario o presuntivo.
15 inciso 4°). 2002. mientras que en otras ocasiones la Constitución parece reservarla a las contribuciones parafiscales (C.5 Tarifa. 358). 12). art. si su renta presunta es menor a su renta ordinaria. 131 – 157.P. si bien una interpretación sistemática de la Constitución permite diferenciar los conceptos de tasa. la Carta no utiliza siempre términos específicos para tales categorías. p. su base gravable será esta última. la palabra contribuciones a veces engloba a los impuestos y a los recursos parafiscales (C. en Colombia la tarifa de la mayoría de los impuestos es en porcentaje.cálculo de su renta presunta (método indiciario). 285. la tarifa general del Impuesto sobre las ventas es del 16%. aplicada a la base gravable. Nociones fundamentales de derecho tributario. 15 La Corte Constitucional en sentencia C-546 de 1994. p.2. art. deberá tomar como base gravable del impuesto de renta el valor de su renta presunta. precisó que: “Aun cuando la Constitución de 1991 es más clara que la Constitución derogada en materia de Hacienda Pública. Por lo general la tarifa se establece en porcentaje sobre una determinada base o en una cantidad fija de dinero. respecto de quienes se suceda el hecho jurídico que la ley considera imponible. ord. En: Derecho Tributario. Bogotá: ICDT. 1. 154 inc. 2°)”. pero.1 Impuestos. Bogotá: Legis. mientras que en otras ocasiones la Carta la utiliza para diferenciar los ingresos tributarios de los no tributarios (C. Según el tratadista Arango 16 se puede definir el impuesto como el ingreso que obtiene el Estado. 16 ARANGO MEJIA. en virtud de su poder. lo cierto es que la nomenclatura empleada por la Carta Fundamental en este tema no es siempre precisa y rigurosa. art. en ocasiones la palabra tributo es usada como un género que se refiere a la totalidad de los ingresos corrientes del Estado (C. Así. art. impuesto y contribución. 14BRAVO ARTEAGA. La tarifa como la define el tratadista Bravo 14 es una magnitud establecida en la ley que.3 TIPOS DE TRIBUTOS EN LA LEY La clasificación de los tributos ha tenido una aceptación generalizada tanto en la jurisprudencia15 como en la doctrina colombiana. Los tributos. . 1. Los tributos que están en nuestra la ley tributaria se clasifican en:  Impuestos  Tasas  Contribuciones 1.P.P. Álvaro.P.3. 1999. 150. Juan Rafael. 3ª edición. así se tiene que la tarifa general del impuesto sobre la renta es del 25%. En efecto. Igualmente. sirve para determinar la cuantía del tributo.
quien es el que debe declarar y trasladar al Estado el importe del impuesto. gastos e inversiones propias del Estado y así llegar a cumplir sus fines. se clasifican en directos e indirectos. que haya incurrido en el hecho generador y no a un determinado grupo económico o social.Dentro de las características de los impuestos tenemos que no hay contraprestación directa por parte del Estado. La cuarta característica de los impuestos es que el pago del impuesto no es opcional sino obligatorio. el impuesto de renta y el impuesto predial. Por su parte la Corte Constitucional define tasa de la siguiente manera: “constituyen el precio que el Estado cobra por un bien o servicio y. entre otros. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Los impuestos desde el punto de vista de la persona en que recaen.2 Tasas. Dino. éste sólo acoge los beneficios generales como consecuencia del actuar del Estado y por ser parte del mismo.3. Álvaro. El impuesto indirecto es aquel en donde el sujeto pasivo económico es diferente al sujeto pasivo jurídico. y el sujeto pasivo jurídico. como es el caso del impuesto sobre las ventas. ya sea jurídica o natural. El impuesto directo es aquel en donde convergen en un sólo contribuyente el sujeto pasivo económico. Op. . el sujeto pasivo del impuesto no recibe una prestación específica y proporcional por el pago del impuesto. En Colombia son impuestos directos. La segunda característica de los impuestos es que no tienen un destino especifico. es decir. citado por ARANGO MEJIA. anteriormente referido. p 143. por lo tanto el Estado goza de facultades para exigir su pago de manera coactiva. quien asume la carga económica del impuesto. cit. Para Jarach 17 la tasa es un tributo que se caracteriza por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. 1. no 17 JARACH. todo el dinero recaudado por el Estado a título de impuestos va a las arcas del tesoro y ahí son distribuidos para cumplir con las necesidades. La tercera característica de los impuestos es que se cobra indistintamente a toda persona. no es a discreción del contribuyente. en principio.
1996) Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989. Por la cual se define la constitucionalidad del artículo 65 del Decreto Ley 2241 de 1986. . 1996. Bogotá. la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 creando así el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Decreto 111 de 1996 (15. cit. que el Estado percibe de un grupo de personas destinado a un fin especifico. pero lo cierto es que una vez se ha tomado la decisión de acceder al mismo.  Por principio no es obligatorio.  Con el precio se desea recuperar el costo del bien o servicio. toda vez que el particular tiene la opción de adquirir o no dicho bien o servicio.son obligatorias. siempre y cuando el contribuyente no haya adquirido el bien o el servicio. Es de aclarar que en determinados servicios prima el interés general y se convierten en obligatorios (ejemplo: recolección de basuras. de carácter obligatorio y tasado proporcionalmente. p. no 42692. 20COLOMBIA. Diario Oficial.3 Contribuciones. alcantarillado). enero. Sentencia de constitucionalidad C-1171 de 2005. Álvaro. del cual además del beneficio colectivo resulta una ventaja particular para los contribuyentes”19. Por su parte el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional20 define las contribuciones en los siguientes términos: 18 COLOMBIA. 1. MP Álvaro Tafur Galvis 19 ARANGO MEJIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.  El precio tiene relación directa con el beneficio obtenido. Op. En ciertos casos se establecen tarifas diferenciales y subsidiadas de acuerdo a la capacidad de pago de los usuarios. alumbrado público. Ejemplos típicos de las tasas son los servicios públicos y los peajes en las carreteras. Su finalidad es la de recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda una relación directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio”18. Se entiende por contribuciones “un ingreso público ordinario. como en el caso de los servicios públicos en los estratos 1 y 2.3. De las anteriores definiciones se extraen las principales características de las tasas:  Es un precio por la venta de un bien o la prestación de un servicio a cargo del Estado. 148. se genera la obligación de pagarla. CORTE CONSTITUCIONAL.
Dentro de estas contribuciones están las que se aportan a las Cámaras de Comercio. como al propietario del inmueble que se valoriza por dicha obra. los aportes que se efectúan por el beneficio económico que se obtiene de la realización de una obra. cit. en Colombia tienen como fin. la cual beneficia tanto a la comunidad en general. Existen tres clases de contribuciones. que busca recuperar parte de los costos en que incurrió el Estado por la construcción de una obra. Las contribuciones son tributos que atañen a un determinado grupo de personas que guardan algo en común y se benefician de los dineros recaudados. . administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable". Son contribuciones económicas. ellas son: las contribuciones sociales. fortalecer la familia y procurar el bienestar familiar. las contribuciones corporativas y las contribuciones económicas. Con ocasión de la expedición de la ley 1607 de 2012. fomentar la enseñanza de las clases trabajadoras. entre otras. Son contribuciones corporativas las que efectúan las personas naturales o jurídicas a los gremios que las agrupan y/o vigilan. que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El más claro ejemplo es la contribución por valorización22. según el tratadista Arango 21 proveer la seguridad social. 22Es el gravamen fiscal sobre las propiedades raíces que se beneficien con la construcción de una obra de interés general por parte del Estado. p 151. Álvaro. Superintendencias. El manejo."Gravámenes establecidos con carácter obligatorio por ley. las contribuciones sociales a cargo de los empleadores y con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se eliminaron. Op. este beneficio consiste en un mayor valor del inmueble. 21 ARANGO MEJIA. Federaciones de productores agrícolas y ganaderos. por eso se afirma que las contribuciones son de destinación específica. Son contribuciones sociales aquellas que tienen como fin aportar al desarrollo y bienestar de la comunidad en general.
un estatuto sobre determinada materia respecto de la cual el legislador ha resuelto disponer es. Por otro lado. integrado por normas constitucionales. legales o de otro nivel. pues mientras el primer concepto es genérico y aplicable al conjunto normativo referente a una materia cualquiera. a regular determinadas materias cuya enunciación en el artículo 152.P. ley ordinaria y tan sólo de manera excepcional podría adquirir el carácter de estatutaria: si en sustancia corresponde a uno de los objetos enunciados en el artículo 152 C.1. estableciendo en ellas: i) los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras. como ya ha tenido ocasión de destacarlo esta Corte. 1. las leyes estatutarias se caracterizan precisamente por estar destinadas.1.4. aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. en principio. ii) las normas sobre preparación. El artículo 151 de la Constitución Política de Colombia establece que las leyes orgánicas son aquellas a las cuales está sujeto el ejercicio de la actividad legislativa.1.4. mediante el cual se define el concepto de menor cuantía para la contratación pública. Por la cual se define la constitucionalidad del artículo 38 del Decreto No 2150 de diciembre 5 de 1995. por la propia Constitución. al paso que el nivel jerárquico de las leyes estatutarias es superior al de las demás leyes en el ámbito del asunto que regulan.1 Ley orgánica. y del plan general de desarrollo. MP José Gregorio Hernández Galindo. En Colombia las leyes estatutarias obedecen a unos temas específicos consagrados por la Carta Política.4. se describirá cada una de ellas.4 UBICACIÓN EN LAS NORMAS COLOMBIANAS 1. 23 El artículo 152 de la Constitución Política de Colombia establece que las leyes estatutarias son aquellas por las cuales el Congreso de la República regula las 23COLOMBIA. las leyes orgánicas no están contempladas para la creación de impuestos.1 En la ley. como se pronunció la Corte Constitucional: Para la Corte es claro que de la Constitución no resulta la identidad entre todo estatuto y las leyes estatutarias. CORTE CONSTITUCIONAL. Dentro del mandato constitucional. y iii) las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. 1. es taxativa. Sentencia de constitucionalidad C-633 de 1996.2 Ley estatutaria. agrupadas o dispersas. . y no corresponden propiamente dicho al significado de su nombre. Existen cuatro tipos de leyes. al final se determinará en cuál de ellas se ubica la norma tributaria.
1 de 1968.3 Ley marco o ley cuadro. la regulación del cambio internacional y el comercio exterior y la modificación de los aranceles. como quiera que la ley deberá limitarse a los aspectos generales ya señalados que son precisamente los que configuran 24COLOMBIA. v) instituciones y mecanismos de participación ciudadana. Sentencia de constitucionalidad C-510 de 1992. Por la cual se define la constitucionalidad del Decreto Ley 2183 de 1991. La aprobación. iii) organización y régimen de los partidos y movimientos políticos. vii) la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la Ley. En la misma sentencia la Corte aclara el fin de distribución de competencias de la ley marco: Con base en el mencionado tipo de instrumento legal la Constitución opera respecto de una específica materia una especial distribución de competencias normativas entre la ley y el reglamento. vi) estados de excepción. estrictamente ligado a la filosofía que debe animar a la actuación del Estado en la materia y que lo suministra la ley. la organización del crédito público. el reconocimiento de la deuda nacional y su servicio. tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. La regulación de estos fenómenos corre el riesgo de desactualizarse y no acomodarse a su errático curso. Se trae en mención lo establecido en sentencia C. mediante el cual se declaran facultades extraordinarias para el saneamiento aduanero. técnica normativa de origen francés. De esta manera se garantiza en favor del reglamento un ámbito de regulación. La técnica en comento combina el momento de necesaria estabilidad y generalidad. con el momento dinámico de ajuste coyuntural. que el trámite legislativo se lleve a cabo dentro de una sola legislatura y que la ley aprobada tenga una revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. modificación o derogación de leyes estatutarias exige la aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Congreso. La Corte Constitucional ha definido en múltiples ocasiones el concepto de ley marco. 1. circunstancial y de desarrollo detallado de la política general que se satisface con el decreto24. conforme a los cuales el segundo deberá ocuparse del resto de la regulación.siguientes materias: i) derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. si carece de cierto grado de flexibilidad. fue incorporada al ordenamiento constitucional colombiano por el Acto Legislativo No.1. CORTE CONSTITUCIONAL. ii) administración de justicia. entre otras materias. La ley marco. Es fácil advertir que los asuntos objeto de las leyes marco corresponden a una realidad susceptible de permanente cambio. .4.510 de 1992. Al primero se confía la determinación de los objetivos y criterios generales. iv) estatuto de la oposición y funciones electorales. y a ella se sujetaron.
Los decretos con contenido material de ley son actos administrativos expedidos por el Presidente de la Republica de manera excepcional que tienen la misma categoría y fuerza vinculante que una ley. y por consiguiente se tratan mediante leyes ordinarias. son temas que no son objeto de leyes especiales. por residuo. cuando .2 Decretos con contenido material de ley. cuando este lo solicite expresamente. vii) regulación de la educación. En cuanto a los tributos. Su trámite es el mismo que le corresponde a una ley ordinaria. y viii) regulación del régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. 1. su creación. es decir. v) regulación de las actividades financieras. dichos temas son: i) organización del crédito público. que no tiene una denominación propia en la Constitución y por consiguiente los temas de que trata la ley ordinaria son todos aquellos que no están expresamente consagrados en la Constitución para ser tratados en leyes especiales.1. modificación. En virtud de lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. 1. aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. es función del Congreso revestir hasta por seis (6) meses al Presidente de la República.4. eliminación y el procedimiento que tanto la administración como el contribuyente deben cumplir en todo lo que esté relacionado con los impuestos.1 Decreto ley. 1. Bajo un concepto general. el "marco" dentro del cual se dictarán los reglamentos llamados a desarrollar los objetivos y criterios trazados por el legislador. bursátiles. aseguradoras y cualquier actividad relacionada con el manejo. vi) fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública. y en ellos se consagran las normas generales y los objetivos y principios a los cuales debe sujetarse el gobierno. iv) modificación del régimen de aduanas por razones de política comercial. son los definidos por el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política. Dentro de los decretos con contenido material de ley encontramos los decretos ley y los decretos legislativos.4. ni marco o cuadro. ni estatutaria. ii) regulación del comercio exterior.4 Ley ordinaria.2. se deduce que una ley ordinaria es aquella ley que no es orgánica. tasas y contribuciones.4. iii) regulación de cambio internacional. de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley. Los temas de los cuales trata la ley marco.
social y ecológica.2 Decretos legislativos.4. CORTE CONSTITUCIONAL. Dichos decretos deberán ser enviados por el Gobierno al día siguiente de su expedición a la Corte Constitucional para que aquella decida sobre su constitucionalidad. normas de carácter tributario bajo esta figura no se pueden crear por expresa disposición constitucional. y bajo el amparo de dicha situación. . mediante el cual se declara el Estado de Conmoción Interior. Por la cual se efectúa revisión constitucional del Decreto Legislativo No 1155 de julio 10 de 1992. En razón del elemento de la precisión de la materia se concluye que los decretos ley no son fuente del derecho tributario y. defender la soberanía. El presidente.2. como lo son el estado de guerra exterior y el estado de conmoción interior y de emergencia económica. 1.1 En estado de guerra exterior. con la firma de todos los ministros. leyes orgánicas. la Constitución estableció los tres (3) tipos de crisis en donde se pueden decretar dicha situación. el Presidente podrá declarar el estado de 25COLOMBIA. atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. social y ecológico del país. leyes estatutarias. el primero reflejado en el tiempo máximo de duración de las facultades extraordinarias de seis (6) meses y el segundo contemplado en la prohibición constitucional de conferir estas facultades extraordinarias para expedir códigos. no son crisis menores o crisis gubernamentales por las cuales se declaran los Estados de Excepción.2. Son aquellos decretos con fuerza de ley que se dictan bajo el amparo de Estados de Excepción en periodos de crisis de orden público material. no significa otra cosa que un abuso del derecho constitucional que pone en tela de juicio el Estado de derecho”25. Como lo anota la Corte Constitucional: “recurrir al Estado de Excepción con el propósito de solucionar problemas de crisis menores o de crisis meramente gubernamentales. ni para decretar impuestos.2.4. 1. Sentencia de constitucionalidad C-556 de 1992. Los decretos ley tiene dos elementos básicos. ni las previstas en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución. Sala Plena. Con la intención de repeler la agresión externa. Estas normas con fuerza de ley reciben el nombre de Decreto Ley.la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. expedirá los respectivos decretos con fuerza de ley con el fin de conjurar la crisis. por ende. posteriormente. lo cual genera una restricción que debe ser cumplida a cabalidad tanto por el Congreso como por el Presidente. que son la temporalidad y la precisión de la materia. podrá decretar cualquiera de los estados de excepción a través de un decreto legislativo. por hechos que amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico.
motivación de incompatibilidad y proporcionalidad. mas no puede crear impuestos. necesidad. y bajo el amparo de dicha actuación podrá emitir los decretos legislativos en donde únicamente podrán referirse a las materias que tengan relación directa y especifica con los fines antes mencionados. no puede crear impuestos. Al igual que en el estado de guerra exterior. pero si puede percibir impuestos que están creados con anterioridad al estado de guerra exterior pero que no figuran en el presupuesto de rentas. que atente de manera inminente la estabilidad institucional. el cual no es mayor a noventa (90) días. ya que la . el Presidente podrá declarar el estado de conmoción interior. Por consiguiente. prorrogable por otros dos (2) periodos iguales. y a la vez podrá percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas. motivación de incompatibilidad y proporcionalidad.2. las contribuciones fiscales o parafiscales sólo podrían crearse por una sola vez y con una vigencia no mayor a los noventa (90) días.2 En estado de conmoción interior. Por consiguiente y en caso de estado de guerra exterior.2.4. Teniendo en cuenta el tiempo de duración de los estados de conmoción interior. De acuerdo a los artículos 33 y 38 literal i) de la ley estatutaria 137 de 1994.guerra exterior. y en caso de estado de conmoción interior. cumpliendo los principios de finalidad. la seguridad del Estado. por la cual se reglamentan los estados de excepción. 1. necesidad. cumpliendo los principios de finalidad. puede crear contribuciones por una sola vigencia. y bajo el amparo de dicha actuación podrá emitir los decretos legislativos en donde únicamente podrá referirse a las materias que tengan relación directa y especifica con los fines antes mencionados. y a la vez podrá percibir tributos que no figuren en el presupuesto de rentas. pero si puede percibir impuestos que están creados con anterioridad al estado de conmoción interior pero que no figuran en el presupuesto de rentas. En caso de grave de perturbación del orden público. el Presidente podrá imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal. puede crear contribuciones por una sola vigencia. el presidente con la firma de todos sus ministros y siempre y cuando sea necesario. el presidente con la firma de todos sus ministros y siempre y cuando sea necesario. y siempre y cuando no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. el Presidente podrá imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal. El estado de guerra exterior dura hasta que la guerra haya concluido. la convivencia ciudadana.
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. ii) para el impuesto sobre las ventas (IVA) el periodo es bimensual. Por tal motivo la vigencia fiscal varía y debe consultarse del impuesto correspondiente. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia. el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Si bien es cierto que el Congreso puede. El Estado de Emergencia. social y ecológico del país. prorrogables por dos periodos más.4. es decir que los Estados de Emergencia sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. durante el año siguiente. al Presidente para decretar nuevos impuestos. su vigencia fiscal va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un determinado año. Social y Ecológica. 1. es decir que tiene seis (6) vigencias fiscales durante un año y corresponde a los 6 bimestres respectivos. durante el año siguiente al estado de emergencia económica. no puede ser superior a treinta días (30).Constitución sólo permite que dichas contribuciones sean por una sola vigencia fiscal.3 En estado de emergencia económica. el periodo de tiempo de causación del tributo. decretar el impuesto permanente. crear y administrar impuestos. propio del Congreso. les otorgue carácter permanente. el Gobierno dictará decretos con fuerza de ley.3 Decretos reglamentarios. 1. refiriéndose a materias que tengan relación directa y específica con dicho Estado.2.2. devolviéndole el poder original de creación de tributos al Congreso. que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico. o que constituyen grave calamidad pública. salvo que el Congreso. Cuando en el Estado Colombiano sobrevengan hechos distintos al estado de guerra exterior y estado de conmoción interior. social y ecológica. el 26 Se conoce como vigencia fiscal en materia tributaria. con la firma de todos los Ministros. ejemplo: i) para el impuesto de renta que es anual. declarar el Estado de Emergencia Económica. Durante el Estado de Emergencia. podrá el Presidente. . En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal. dependiendo de la naturaleza del tributo la vigencia fiscal varia.4. Es aquí en donde se marca una pauta importante en la creación de nuevos impuestos por vía ejecutiva. la Constitución le da un poder excepcional. sí se genera una función especial a cargo del Presidente. a diferencia de los estados de guerra exterior y conmoción interior. si bien es cierto los impuestos creados bajo el estado de emergencia económica son validos en la vigencia fiscal26 en que se expiden y en la siguiente vigencia fiscal. En ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral once (11) del artículo 189 de la Constitución Política. por ende.
el poder reglamentario es el primer acto de ejecución de la ley”28.presidente de la República. MP Alejandro Martínez Caballero. como lo señala Kelsen. expediente 23583. 27COLOMBIA. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley. plazos y procedimientos que deben cumplir los contribuyentes. sólo está limitada por la necesidad y por la competencia. es irrenunciable. Sentencia de constitucionalidad C-028 de 1997. CORTE CONSTITUCIONAL. Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. puede y debe expedir las normas de carácter general necesarias para la correcta aplicación de la ley. deberá ser declarado nulo por inconstitucional por la autoridad judicial competente27. CONSEJO DE ESTADO. Dentro de estas normas generales encontramos los decretos. esta facultad no es absoluta pues encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la Ley. como autoridad administrativa. por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley. por la segunda. Por la cual se revisan las objeciones presidenciales al proyecto de ley 129 de 1994 del Senado de la Republica y 139 de 1995 de la Cámara de Representantes. Como nos lo recuerda la Corte Constitucional: La potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable. Los decretos reglamentarios tienen dos presupuestos concurrentes y fundamentales dentro de los cuales se expiden: la competencia y la necesidad. como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado: “La potestad reglamentaria. Sentencia de noviembre 5 de 1998. los requisitos. inagotable. pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y. Por lo tanto. intransferible. 28COLOMBIA. Actor: Sylvia Fajardo Glauser. ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración. el Gobierno únicamente podrá reglamentar los textos legales que exijan el cabal desarrollo para su cabal realización como norma de derecho. Por la primera. en materia tributaria los decretos reglamentarios buscan que se ejecute la ley tributaria. así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador. Teniendo en cuenta lo antes mencionado. ha de tenerse presente que la función esencial del órgano administrativo es la de ejecutar la ley y. para el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales. si un Reglamento rebosa su campo de aplicación y desconoce sus presupuestos de existencia. solicitud de derechos y ejercicio de los deberes con el fisco nacional. y. Sin embargo. sentencia recogida en sentencia de octubre 27 de 2005. expediente 5011. formulando las definiciones legales. las resoluciones y las ordenes administrativas. .
De igual manera en el artículo 338 de la Constitución Política.4.4 Ordenanzas departamentales y acuerdos municipales. bajo el principio de legalidad. es un poder derivado de lo establecido en la Constitución Política y la Ley. Las asambleas departamentales a través de la expedición de las ordenanzas departamentales y los consejos distritales y municipales a través de la expedición de los acuerdos distritales y/o municipales. pero solo si existe una ley que les otorgue la facultad de instaurar el tributo. En dicha ley.1. los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales pueden imponer tributos y deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos. pueden fijar los elementos del tributo. las bases gravables y las tarifas de los impuestos. se establece que en tiempos de paz solamente el congreso. le corresponde al Congreso de la República la creación de los tributos de orden territorial y el señalamiento de los aspectos básicos de cada uno de ellos. dentro de los parámetros generales o restringidos que establece dicha ley. de acuerdo al numeral 4º del artículo 300 de la Constitución Política. le corresponde a las Asambleas Departamentales decretar conforme a la ley. La potestad impositiva de los Departamentos es limitada y está sujeta a las condiciones y límites que impone la ley. . De lo anterior se concluye que el poder tributario de las asambleas departamentales y concejos municipales y/o distritales. los hechos generadores. para que ya sea la Asamblea o el Concejo puedan concretar los demás factores del tributo.
los de forma y los de fondo o sustanciales. en materia tributaria el inciso segundo del artículo 154 de la Constitución Política de Colombia consagró una limitación a esta facultad. 2. Si bien es cierto. De acuerdo con los artículos 154 y 155 de la Constitución Política de Colombia. se concretan en dos causas o tipos de vicios. Los motivos por los cuales una ley tributaria es declarada inexequible. ii) el Gobierno Nacional. el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. el Consejo Nacional Electoral. sólo tienen iniciativa para presentar proyectos de ley: i) los senadores y representantes a la cámara en ejercicio. por tal motivo a continuación se describe el proceso legislativo de la creación de la ley tributaria. iii) el pueblo mediante los procedimientos establecidos en la Carta Política y iv) las siguientes entidades respecto de sus funciones. principios tributarios y de la ley como tal. es necesario el siguiente capítulo toda vez que los vicios de trámite en la creación de la ley tributaria son una de las causas por las cuales se declara la inexequibilidad de una ley tributaria. Por la cual se define la constitucionalidad de la Ley 119 de 1994.1 INICIATIVA En el proceso de creación de la ley tributaria. MP Hernando Herrera Vergara. la cual fue definida por la Corte Constitucional como la “facultad de presentar proyectos de ley ante las Cámaras. el Consejo Superior de la Judicatura. el primer paso es la iniciativa. contribuciones o tasas nacionales. . En cuanto a los vicios de fondo o sustanciales nos referimos a la violación de principios constitucionales. CREACION DE LA LEY TRIBUTARIA Como el objetivo de este trabajo es el análisis de la retroactividad en las sentencias de inexequibilidad en materia de impuestos. el Consejo de Estado. permitiendo sólo al Gobierno Nacional tener iniciativa para presentar proyectos de ley relacionados con las rentas nacionales. 2. dentro de las cuales están los tributos como uno de los principales ingresos del Estado. la Corte Constitucional. la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de constitucionalidad C-226 de 1995. 29COLOMBIA. sólo las anteriores personas y entidades pueden presentar proyectos de ley. con el efecto de que éstas deben darles curso”29. en dicho inciso se le permite sólo al Gobierno Nacional tener iniciativa exclusiva en cuanto a la creación de exenciones de dichos impuestos. CORTE CONSTITUCIONAL. en cuanto a los vicios de forma nos referimos a los ocurridos en el trámite de creación de la ley tributaria.
El proyecto de ley que se presente en materia tributaria. que luego se convierte en el encabezamiento de la Ley. iii) parte dispositiva. por consiguiente y en principio es al ministro de Hacienda y Crédito Público. PUBLICACIÓN Y REPARTO Todo proyecto de ley en materia tributaria debe iniciar su trámite por norma constitucional en la Cámara de Representantes. debe contener los siguientes apartes: i) título. que corresponde a la descripción general del proyecto. Se puede decir que todo el pueblo colombiano tiene representación. En síntesis.. los colombianos residentes en el exterior y las minorías políticas. como lo ha establecido la Corte Constitucional. que es la argumentación del Gobierno Nacional explicando las razones por las cuales se solicita crear un impuesto. más circunscripciones especiales como el Distrito Capital. se deben incluir expresamente en la exposición de . cumpliendo la máxima “no hay tributación sin representación”. el cual puede presentar los proyectos de ley de creación y eliminación de tributos. Adicionalmente. la iniciativa en materia tributaria es única y exclusiva del Gobierno Nacional.La facultad que le asiste al Gobierno Nacional en materia de iniciativa legislativa. y sus exenciones. toda vez que la elección de sus miembros es por circunscripción nacional y no todos los departamentos alcanzan a obtener una curul en el Senado.”. los indígenas. entendido como él incentivo que se le otorga a los contribuyentes para un menor pago de impuestos. por regla general siempre se rotula con el nombre “Proyecto de Ley” seguido del número consecutivo que le asigne la Secretaría de la Cámara de Representantes. en la medida en que la elección de los miembros de la Cámara es por medio de circunscripción departamental. cosa que no necesariamente pasa con el Senado de la República. al igual que los demás proyectos de ley en otra materia.2 PRESENTACIÓN. ii) encabezamiento.. y iv) exposición de motivos. es decir que tienen asiento en mayor o menor número cada uno de los departamentos del territorio nacional. es desarrollada por los ministros del despacho respecto a los asuntos que le correspondan en su cartera siempre y cuando no sea desautorizado por el Presidente de la Republica. 2. las comunidades negras. por regla general dice: “Por el cual se . si en el proyecto de Ley se contempla la creación de un beneficio tributario. que contiene el texto de la Ley. a quien le corresponde presentar los proyectos de ley en materia tributaria. entendidas como beneficios o exclusiones de dichos tributos.
que para el caso de tributos. la Secretaría radicará dicho documento clasificándolo por materia. 30Obligación creada en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. que trata los temas de hacienda y crédito público. por la cual se dictaron normas de carácter orgánico en materia de presupuesto. las consideraciones y modificaciones propuestas al proyecto. Su estructura y contenido esta definido por la ley 819 de 2003. El proyecto de ley se debe presentar en la Secretaría de la Cámara de Representantes en original y dos copias. racionalización del gasto y responsabilidad fiscal. clase de proyecto y comisión que debe tramitarlo. autor y clase de iniciativa presentada. cumpliendo las normas de endeudamiento. en caso de incumplimiento se procederá al reemplazo del ponente y se publicará en la Gaceta del Congreso el nombre de los Representantes que no han dado cumplimento a la presentación oportuna de la ponencia. autor. clasificándolo por materia. ayudará al Presidente en el trámite del respectivo proyecto. responsabilidad y transparencia fiscal. ya sea para debatirlo en primer debate (proposición positiva). se radica en la Secretaría de dicha Comisión. . la conveniencia del proyecto y la proposición del ponente ya sea positiva o negativa. posteriormente la Mesa Directiva de la Comisión designa uno o varios ponentes. o para decidir el archivo. con el lleno de los requisitos anteriormente descritos. si llegase a faltar alguno en el orden establecido. los antecedentes del proyecto de ley. el objeto y contenido de la iniciativa. sin olvidar que dicha propuesta no puede ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo31. En el informe de ponencia se incluye entre otros aspectos. o para negar el proyecto (proposición negativa). el presidente de la corporación lo devolverá para su corrección. 31 Herramienta de programación y gestión financiera pública. Surtido el anterior trámite el presidente de la corporación entregará dicho proyecto a la Comisión Permanente. Llegado el proyecto de ley a la Comisión Tercera. es la Comisión Tercera. es decir el consejo del ponente sobre la suerte del proyecto. con el cual se pretende proyectar en un periodo determinado de tiempo (10 años) el comportamiento de los ingresos y de los gastos del Estado. El ponente designado deberá presentar un informe de ponencia a la respectiva Comisión dentro del plazo inicial o en su prorroga que le hubiere establecido el Presidente.motivos los costos fiscales de la iniciativa30. para posteriormente enviar uno de los ejemplares a la Gaceta del Congreso para su publicación. Recibido el proyecto de ley. el marco jurídico del proyecto. existiendo un ponente coordinador que además de organizar el trabajo de la ponencia.
en original y dos copias al secretario de la Comisión. principios o espíritu del proyecto. El primer debate del proyecto de ley tributaria en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. si las enmiendas son al articulado estas pueden ser de modificación. 2. dichas enmiendas pueden contener una modificación. quienes. o las que propongan un texto completo alternativo. pasará de nuevo al ponente o miembro de la Comisión que el Presidente de la misma defina. Si el proyecto es archivado. iniciara una vez se haya efectuado la publicación del informe de ponencia en la Gaceta del Congreso. Cerrado el debate y aprobado el proyecto de ley tributaria. tanto en la Cámara como en el Senado. tienen el derecho a intervenir con el uso de la palabra si así lo solicitaren. de lo contrario el ponente absolverá las preguntas y dudas que tengan los miembros de la Comisión. e inciso por inciso. pero si el ponente propone archivar o negar el proyecto. si las enmiendas son a la totalidad del proyecto estas serán sobre la oportunidad. se deberá debatir la propuesta y votar en consecuencia para cerrar así el debate. para la revisión. Si el ponente decide debatir el proyecto. no habrá lugar a la votación del informe. para que sea publicada en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación. adición o supresión de algunos artículos o disposiciones del proyecto. se leerá y discutirá el proyecto artículo por artículo.El informe de ponencia debe ser presentado por escrito. Resueltas las cuestiones fundamentales. el primer debate se debe efectuar en la Comisión respectiva y el segundo debate se debe efectuar en la plenaria de cada Corporación. dos en Cámara de Representantes y dos en el Senado de la Republica. Los miembros de la Cámara de Representantes puede presentar enmiendas al proyecto de ley por escrito hasta antes del cierre de la discusión ante la Comisión Tercera. si así lo solicitare algún miembro de la Comisión. a la vez. el Gobierno Nacional podrá apelar la decisión ante la Plenaria de la Cámara. para posteriormente dar inicio al debate.3 DISCUSIÓN El proyecto de ley tributaria. adición o supresión al proyecto de ley. si la Comisión lo requiere se dará lectura a la ponencia. ordenación de las modificaciones y redacción del informe para el . como ley ordinaria que es. debe ser objeto de cuatro debates. en la medida que se presenta y discute cada artículo se considerarán las modificaciones propuestas por el ponente y las que presenten los Ministros del Despacho o los miembros de la respectiva Cámara.
Elaborado el informe este será firmado por su autor o autores. Las enmiendas que se generen estarán sometidas a las mismas condiciones establecidas para el primer debate. El ponente deberá consignar en el informe para la plenaria de la Cámara la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo. éste deberá presentar informe entre cinco (5) a quince (15) días de acuerdo con la significación y volumen normativo del proyecto de ley. y autorizado por el Presidente y Secretario de la Comisión Tercera con la inclusión de las firmas de estos en el documento del informe. las modificaciones. el Presidente de la Cámara de Representantes lo remitirá con los antecedentes del mismo y con los documentos producidos en su trámite. de igual manera se admitirán a trámite de la Plenaria enmiendas que busquen subsanar errores o incorrecciones técnicas. se continua con el trámite normal. el proyecto se puede discutir globalmente. En la discusión del segundo debate. a no ser que un Ministro o miembro de la Plenaria pida la discusión separada de uno o varios artículos. El segundo debate deberá empezar. o no aprobados o negados en la Comisión. se dará traslado del mismo a la Comisión Tercera para que sea acogido en primer debate. el procedimiento para elegir el ponente o ponentes para el segundo debate es el mismo utilizado para el primer debate. terminológicas o gramaticales.segundo debate frente a la plenaria de la Cámara de Representantes. deberá transcurrir por lo mínimo quince (15) días. Una vez terminado el segundo debate y aprobado el proyecto de ley. adiciones o supresiones que se hagan en el debate de Plenaria podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la Comisión Tercera. pero si existiesen diferencias sobre asuntos nuevos. este plazo es establecido por la Mesa Directiva de la plenaria de la Cámara de Representantes. al Presidente del Senado de la Republica para que dé inicio a los dos debates correspondientes. los cuales tienen el mismo procedimiento de los debates de la Cámara de Representantes. Entre la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes y la iniciación del debate en la Comisión Tercera del Senado de la República. salvo que si el pleno aprobare una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto alternativo. pero si la enmienda fuese sólo al articulado y no implicara cambio sustancial. como mínimo. una vez elegido el ponente. se devolverá a la Comisión para que reconsidere la novedad y decida sobre ella para posteriormente enviarla nuevamente a la Plenaria. . después de ocho (8) días de finalizado el primer debate. si este lo rechazare se archivara el proyecto.
Si el proyecto de ley es aprobado en el Senado de la República. 2. éste pasará al gobierno para su sanción. y si lo objetare lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen. y las disposiciones en cuanto a los impuestos empieza a regir en el periodo siguiente al que se publica. en razón a que los impuestos tienen un periodo de causación. lo promulgara como ley. se entenderá rechazado y se archivará. si este no lo objetare. el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella decida sobre su exequibilidad.4 SANCIÓN. La sanción de la ley implica publicar la ley en el diario oficial. la Cámara rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el pronunciamiento de la Corte. se devolverá a la Cámara para que una vez oído el ministro de hacienda. pero si es parcialmente inexequible. salvo si el proyecto fuera objetado por inconstitucional. El proyecto de ley tributaria objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a cada Cámara a segundo debate. El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que reconsiderado.Es importante tener presente que si el proyecto de ley es votado negativamente en Plenaria ya sea de la Cámara de Representantes o del Senado de la República. de lo contrario el proyecto se archivara. . por ello es que las reformas tributarias se publican antes del 31 de diciembre con el fin que el período siguiente tenga aplicación dicha reforma. fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara. éste pasará a sanción por parte del Presidente de la República. cumplido este trámite se remitirá a la Corte para fallo definitivo. si el fallo es de exequibilidad el Presidente debe sancionar la ley. en tal evento si las Cámaras insistieren. OBJECIÓN Y PUBLICIDAD Cumplido el trámite y aprobado un proyecto de ley tributaria.
1 POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO De acuerdo al artículo 165 de la Constitución Política. CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE LEGALIDAD EN LA LEY TRIBUTARIA Bajo el esquema de división de poderes en un Estado. ya sea por razones de inconveniencia o por inconstitucional. 3. CORTE CONSTITUCIONAL. pero a quien compete decidir si acoge o no tales propuestas es a las Cámaras Legislativas. por ende. Sentencia de constitucionalidad C-084 de 1996. sino sólo plantear los argumentos que lo llevan a disentir del contenido normativo aprobado”. de acuerdo a un procedimiento reglado. 33 Ibíd. la objeción como tal es una herramienta de control que permite ejercer la función de contrapeso válido en un Estado democrático. que el Presidente de la República puede formular objeciones a los proyectos de ley aprobados por el Congreso. es decir que el poder ejecutivo tiene un control previo en el proceso de formación de la ley. previo estudio. el poder ejecutivo administra las leyes y el poder judicial ejecuta las leyes. de oficio o a petición de parte en ejercicio de acciones públicas definidas en la Constitución para tal fin. . el cual puede tener una incidencia en un control de constitucionalidad. el presidente de la República puede objetar por inconstitucional o inconveniente un proyecto de ley ya aprobado por el Congreso de la República. en la medida que se puede oponer al contenido de una disposición o formular observaciones sobre la misma. como lo recuerda la Corte Constitucional en sentencia del 29 de Febrero de 1996: “Queda claro entonces. Por la cual se define la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 192 de 1995. MP Carlos Gaviria Díaz. el poder legislativo crea las leyes. con el fin de que el Congreso de la República. los poderes ejecutivo y judicial pueden ejercer controles de legalidad y/o de constitucionalidad ya sea por mandato de la Constitución. 3. 32COLOMBIA. acepte o niegue tales objeciones. una vez creada una ley por parte del poder legislativo y en función de la dinámica de pesos y contrapesos. corresponde a la Corte Constitucional resolver sobre su constitucionalidad” 32. Siguiendo con la misma sentencia33 la Corte Constitucional afirma: “… es evidente que la finalidad de las objeciones no es la de permitir al Presidente tomar decisiones respecto del contenido del proyecto de ley. Si bien es cierto que el Congreso se puede mantener en su posición y no acatar las objeciones del Presidente de la República. y únicamente cuando éstas se basen en razones de inconstitucionalidad y el Congreso insista en mantener las normas respectivas.
El Presidente de la Republica objetó el mencionado artículo en los siguientes términos: “Este artículo. decidió la controversia declarando exequible el artículo 42 del proyecto y estableciendo infundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas contra dicha norma. tiene que entrar a terciar la situación la Corte Constitucional y determinar la constitucionalidad del proyecto de ley. las modificaciones que este último haga serán parte de la negociación entre el ejecutivo y el legislativo en representación de los afectados por las cargas impositivas. pero es importante resaltar que en materia tributaria las objeciones presidenciales no son comunes en la medida en que la iniciativa legislativa de crear. en la medida que éste se ejerce dentro del proceso de formación de la ley. en su sabiduría. es decir. modificar y eliminar tributos recae en el poder ejecutivo. La Corte. gravar la propiedad inmueble”. en lo concerniente al impuesto Predial vulnera el artículo 317 de la Constitución Política. Las unidades Inmobiliarias Cerradas pagarán el impuesto predial y las contribuciones de valorización correspondientes a las zonas comunes y al espacio público interno conforme a tarifas diferenciales menores a las tarifas de las áreas privadas”. El mencionado artículo establecía: “Artículo 42. ya que corresponde a los Municipios exclusivamente. es casi improbable que se presenten las objeciones. cuando aún es proyecto de ley. lo cual permite deducir que el ejecutivo siempre estará vigilante del proyecto y. por ende.Control que es previo. que él tiene el manejo del proyecto en cuanto a su contenido porque fue quien lo elaboró acorde a una política fiscal y argumentará en el Congreso con el fin de conseguir su aprobación. En materia tributaria podemos citar la objeción por inconstitucionalidad que presentó el Presidente de la Republica al artículo 42 del proyecto de ley 258 de 1996 del Senado y 031 de 1995 de la Cámara por el cual se modifica el régimen de las unidades inmobiliarias cerradas. en estudio de las dos Cámaras decidió no acatar las objeciones del Presidente de la Republica y envió el proyecto de ley a la Corte Constitucional para su estudio de constitucionalidad de la norma. . Aunque la objeción del Presidente no prosperó. si obligó al sistema a una revisión previa de constitucionalidad de la norma. y que tiene una consecuencia indirecta de fondo. El Congreso de la Republica. toda vez que si el Congreso no acata las objeciones de constitucionalidad que argumenta el Presidente. Impuesto predial y contribuciones de valorización.
2 Posterior El control posterior como su nombre lo indica obedece al control que se realiza después de terminado el proceso legislativo y que culmina con la promulgación del proyecto en ley de la Republica. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 6. Si bien es cierto que los decretos legislativos dictados por el gobierno nacional en uso de las facultades otorgadas por la declaración de los estados de excepción consagrados en los artículos 212. Con tal fin. El control previo es el que se ejerce antes de la promulgación de una ley.Derechos del ciudadano. tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. el control aunque no es previo a la promulgación de los mismos. 3. 213 y 215 de la Constitución Política. cumplirá las siguientes funciones: (…) .2. siempre y cuando el Gobierno no los hubiera enviado al día siguiente de la expedición a la Corte Constitucional para su respectivo control. en los estrictos y precisos términos de este artículo.2.1 En la Corte Constitucional.2.2 POR PARTE DEL PODER JUDICIAL 3. De acuerdo a lo establecido en el numeral 6º del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia: Artículo 40 . ejercicio y control del poder político. es posterior y de oficio por parte de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. la Corte Constitucional tiene la obligación de decidir previamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de leyes estatutarias. El control posterior en la Corte Constitucional de las leyes se efectúa mediante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad.1 Previo. Artículo 241 .2.3.Competencia de la Corte Constitucional. 3. Y el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación.
busca proteger intereses públicos que se pretendan desconocer ante la luz de la Constitución Política. y iii) las leyes. Se deduce que los ciudadanos en su derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley. es una herramienta con la que cuentan los ciudadanos para proteger y salvaguardar la supremacía de la Constitución. . tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. pero sólo por vicios de procedimiento en su formación. ya sean públicas o privadas. teniendo en cuenta que el contenido de la misma es el estipulado por el artículo 2º del decreto 2067 de 1991 y en ella se debe señalar:  Las normas acusadas como inconstitucionales. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. La demanda debe ser presentada por escrito y en duplicado. dentro del proceso no se habla de partes toda vez que es un examen de constitucionalidad que se le pide a la Corte Constitucional y en la que cualquier ciudadano puede presentar sus argumentos ya sea en contra o a favor. se tiene que si la demanda es por el contenido material de la norma no existe un plazo para interponerla. y a la vez transcribirlas literalmente por cualquier medio o adjuntar un ejemplar de la publicación oficial de las mismas. ii) los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno Nacional bajo el amparo del numeral 10 del artículo 150 y el artículo 341. Los titulares de la acción son exclusivamente los ciudadanos. pero si la demanda es por vicios de forma. ni tampoco la puede ejercer los ciudadanos condenados a los cuales se les hubiese suspendido sus derechos. es decir las personas naturales y en ningún caso la pueden ejercer las personas jurídicas. 4. En cuanto a los términos para interponer esta acción. Al ser una acción de carácter público y al no defenderse intereses particulares. Esta acción se conoce como acción de inconstitucionalidad y tiene ciertas características que son importantes de analizar. Aunque son objeto de esta acción: i) los actos reformatorios de la Constitución consagrados en los artículos 374 a 379 de la misma. por consiguiente. por ende. Su naturaleza es de carácter público. en la medida en que ninguna ley puede estar por encima de esta. la acción caduca en el término de un año contado desde la publicación del respectivo acto. en materia tributaria sólo son objeto de esta acción las leyes ordinarias con contenido tributario que se dicten. según el numeral 3º del artículo 242 de la Constitución. y. pueden interponer demandas de inconstitucionalidad contra las leyes.
para asegurar dicha supremacía. (…) .2. proveniente de cualquiera de las ramas del poder público. El control posterior en el Consejo de Estado de carácter general se efectúa mediante el ejercicio de la acción de nulidad. por estimarse contrario a la norma superior de derecho a la cual debe estar sujeto.la acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad . de larga tradición legislativa (ley 130 de 1913) y jurisprudencial en nuestro medio. 4o. que en los diferentes grados u órdenes de competencia son expedidos por los órganos que cumplen las funciones estatales.2. u otra norma jurídica. funcional o materialmente. 3. (arts. en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de que han sido investidos formal.  Cuando la demanda sea por vicios de forma. Dicha jerarquía. (…) El reconocimiento de la supremacía de la Constitución. tiene como finalidad específica la de servir de instrumento para pretender o buscar la invalidez de un acto administrativo. y 40-6).  La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. se debe indicar el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado. es decir. A través de dicha acción se garantiza el principio de legalidad que es consustancial al Estado Social de Derecho que nuestra Constitución institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia de la jerarquía normativa. cuya base es la Constitución. Por lo tanto. se pronunció en los siguientes términos: La acción de nulidad. de un acto administrativo normativo se apliquen las disposiciones constitucionales. La acción de nulidad regulada por el artículo 137 de la ley 1437 de 2011.2 En el Consejo de Estado.  Las normas constitucionales que se consideren infringidas.  Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. la Constitución ha dispuesto de mecanismos . se integra además con la variedad de actos regla. implica que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley. e igualmente ha deferido a la ley la creación de las acciones para que las personas puedan proteger la integridad del orden jurídico (art. La Corte Constitucional en relación con la misma. es una acción que permite solicitar la nulidad de los actos administrativos de carácter general. 89).
La acción de nulidad procederá cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse (violación a la ley). junto con todos los soportes que se encuentren en poder del demandante. se presenta hoy en día un fenómeno aceptado por los tribunales 34COLOMBIA. principalmente. Sentencia de constitucionalidad C-513 de 1994. iv) copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público. ii) los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer. CORTE CONSTITUCIONAL. v) la petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. 6. o mediante falsa motivación. iii) los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones. del conjunto normativo contenido en los arts.. iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones. o en forma irregular (vicio en la forma y/o en el procedimiento del acto). Por la cual se define la constitucionalidad del artículo 14 del Decreto Ley 2304 de 1989 referente a la acción de nulidad. 2. vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. El contenido de la demanda es el consagrado en el artículo 162 de la ley 1437. 3. 237-1-5-6 y 238)34. iii) el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso cuando tenga la representación de otra persona. La acción de nulidad tiene un sólido soporte en el principio de legalidad que surge. ii) lo que se pretenda.3 PRINCIPALES EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA Aunque los principales efectos de las sentencias judiciales están definidos por la ley. expresado con precisión y claridad. clasificados y numerados. consagrado en el artículo 168 y siguientes de la ley 1437 de 2011. pero así mismo tiene su raíz en las normas que a nivel constitucional han institucionalizado y regulado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (arts. con las constancias de su publicación. 121.. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. 236. o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. MP Antonio Barrera Carbonell . debidamente determinados. 124 de la C. o sin competencia (incompetencia o abuso de poder). inciso 2o. 1. adicionalmente como anexos a la demanda se deben adjuntar: i) copia del acto acusado. en ella se debe incluir: i) la designación de las partes y de sus representantes. La demanda se puede presentar en cualquier momento y su trámite es el establecido para el proceso contencioso administrativo. 123.P.
sanción que se materializa con el retiro del ordenamiento legal de la disposición acusada. se establece la tal retroactividad en grado 35COLOMBIA. se dispone el efecto retroactivo de todas las sentencias.1 Ex nunc. siguen existiendo y generando consecuencias jurídicas. no puede interponerse ni una hoja de papel35. es decir que. 3. de conformidad con la Constitución. porque para cumplirla. MP Jorge Arango Mejía .constitucionales de diferentes Estados. Bajo este principio de pensamiento. policiva y disciplinaria. las cuales retrotraen la decisión a situaciones ya ocurridas y consolidadas bajo la vigencia de la norma declarada inexequible. Dentro de los numerosos efectos de las sentencias de constitucionalidad. denominado modulación de la sentencia. los fallos de la Corte Constitucional sólo tendrán efecto hacia el futuro. cuando ésta interpreta aquélla. nombraremos los que son aplicados en el campo tributario. En síntesis. CORTE CONSTITUCIONAL. la norma declarada inexequible sale del ordenamiento jurídico y los efectos son hacia el futuro. salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal. el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. tal cual como lo señala la Corte Constitucional: La facultad de señalar los efectos de sus propios fallos. de guardar la 'integridad y supremacía de la Constitución'.3. lo que implica que las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma inexequible no son alteradas y. Las sentencias con efectos ex nunc. permitiendo darle a las sentencias un alcance flexible y no rígido y ceñido al tenor literal de la Constitución. como el profesor tributarista Plazas. por ende. pero. una vez sea notificada la sentencia. generando para algunos autores inseguridad jurídica. Sentencia de constitucionalidad C-113 de 1993. 3. nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241. como lo sustenta en el Anteproyecto del Modelo de Código Tributario de Colombia para América Latina: El Código parte de la idea de que la inexequibilidad y nulidad de las normas tributarias son una especie de sanción en contra del emisor de la ley. las sentencias de inexequibilidad de impuestos siempre tienen que ser retroactivas.3. armónicamente con las disposiciones anteriores. mientras que para otros autores. Por la cual se define la constitucionalidad del inciso 2º parcial del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991. son las sentencias con efectos retroactivos.2 Ex tunc. entre la Constitución y la Corte Constitucional. De acuerdo con el artículo 21 del decreto 2067 de 1991. Las sentencias con efectos ex tunc. son las sentencias con efectos a futuro.
3. Artículo publicado en internet: www. por lo tanto. cualquier obligación que se asume frente a todos es una obligación erga omnes. Los conceptos de obligación erga omnes. Ateniéndonos a la traducción en latín de erga omnes. medio. “frente a todos” ó “respecto de todos”. Alicia. las normas al ser de carácter general. por lo que no se revivirán situaciones juzgadas al amparo de la norma que se retira del ordenamiento36. 37 CEBADA ROMERO.3 Erga omnes.php/revista/num4/agora/conceptos- obligacion-erga-omnes-ius-cogens-violacion-grave-luz-nuevo-proyecto-cdi-sobre-responsabilidad- estados-hechos-ilicitos Página consultada el 17 de enero de 2013. Tomando la definición de la autora Cebada:37 con un criterio literal o. Bogotá: Universidad del Rosario. es decir que. . 163. Mauricio. p. La codificación tributaria. 36PLAZAS VEGA. etimológico y prescindiendo de cualquier intento de contextualización. si se prefiere. ha de ser cumplida por todos los miembros de dicho Estado. ius cogens y violación grave a la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre responsabilidad de los estados por hechos ilícitos. tenemos que los fallos de constitucionalidad son de aplicación general y no está delimitado a las partes sino a todos los miembros del Estado.org/index. 2012. implica que su aplicación también es de carácter general y.3.reei.
39COLOMBIA. en desarrollo del control judicial de constitucionalidad. el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos”39. tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. MP Jorge Arango Mejia. En la medida. para así poder comprender la importancia de los fallos de la Corte en materia tributaria. ella puede decidir lo contrario. ya que aunque estos tienen efectos hacia el futuro. Por la cual se define la constitucionalidad del inciso 2º (parcial) del artículo 21 del decreto 2067 de 1991. . cuando ésta interpreta aquélla. de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. no puede interponerse ni una hoja de papel”40. en la que no se interpone absolutamente nada y que permite a los asociados tener la plena certeza que el fallo y su modulación se realizó de acuerdo a derecho objetivo. de conformidad con la Constitución. en la medida que se afecta valores económicos de los asociados y del Estado mismo. su control de legalidad y constitucionalidad. es decir. Ley 270 de 1996. cuando ocurre. 38 COLOMBIA. 4. mediante la modulación de los mismos. sus principales elementos. que es la Corte quien tiene la facultad absoluta de modular los fallos y que dicha modulación. nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241. porque para cumplirla. LA INCIDENCIA DE LA RETROACTIVIDAD EN LOS FALLOS EN MATERIA DE TRIBUTOS Para entrar en el estudio del problema planteado se ha dado un breve repaso por temas importantes que permiten ubicar la ley tributaria en el marco jurídico colombiano. sobre los actos sujetos a su examen en los términos del artículo 241 de la Constitución Política. Argumentación que concluyó la Corte con un principio rector para ésta interpretación: “entre la Constitución y la Corte Constitucional. las sentencias que profiera la Corte Constitucional. tal como lo ratificó la Corte Constitucional: “La facultad de señalar los efectos de sus propios fallos. Sentencia de constitucionalidad C-113 de 1993. se da por la conclusión producto del análisis e interpretación exhaustiva que hace la Corte de la Constitución Política. 40 Ibíd. su creación. que es la Corte la que a su entendimiento y poder constitucional define la retroactividad o no de los fallos. CORTE CONSTITUCIONAL. mediante el cual se reglamentaba el efecto de los fallos. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Estatutaria de Justicia38.
1 CONFLICTO DE LAS LEYES EN EL TIEMPO De acuerdo con el tratadista Noguera41 los conflictos de leyes en el tiempo son los que nacen a raíz de la expedición de leyes sucesivas con capacidad o competencia para regir situaciones jurídicas determinadas provenientes de actos o hechos jurídicos. la anterior o la nueva dependiendo del año en se estuviera ejecutando el hecho generador. Para argumentar y respaldar este principio se han planteado diferentes teorías. p. de seguridad jurídica y de irretroactividad salen a flote. la teoría de las 41NOGUERA LABORDE.5%. 119. Rodrigo. 2003. como la teoría de los derechos adquiridos o teoría clásica. en donde se trata de saber si las situaciones jurídicas que nacieron bajo el imperio de una ley posteriormente derogada y sustituída por otra. 2002. luego al 0. el concepto de derechos adquiridos. 8ª edición. hasta que llego al 0% y el impuesto de timbre para este tipo de contratos quedo eliminado. ¿se aplica la ley nueva con efectos retroactivos?. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. Volumen 1. sufriendo una disminución del 0. y posteriormente se modificaban y/o renovaban parcial o totalmente año tras año. Conflicto que de manera general se sintetiza en los interrogantes: ¿se aplica la ley antigua?. p. pasando del 1. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. Introducción al derecho. se sigue. sobre todo en los contratos que inicialmente se habían suscrito con la tarifa general del 1. surgiendo el interrogante que tarifa se aplicaba.5% por año. 4.5%. Introducción general al derecho. a manera de ejemplo en el campo tributario. 4ª edición. podemos citar la derogación paulatina y descendiente de la tarifa del impuesto de timbre en la celebración de contratos comerciales. que las teorías de los conflictos de leyes en el tiempo.5% al 1. 273 . Observemos que el conflicto nace por la aplicación de la ley en un determinado período de tiempo.Y es en la modulación de los fallos. . surgía entonces conflictos en la aplicación de la tarifa dependiendo del año.0%.307. Augusto. en donde confluyen dos o más leyes a lo largo de dicho período. mediante el cual toda norma legal rige en lo futuro y que no afecta a los hechos o situaciones jurídicas producidas y definidas con anterioridad a su entrada en vigencia. deben continuar rigiéndose por la primera o someterse a la segunda. ¿se aplica la ley nueva?. 42GONZÁLEZ RAMÍREZ. en general. el Principio de la no retroactividad de la ley. como bien lo describe el profesor González 42 por razones de seguridad y necesidad de mantener la confianza en las relaciones sociales.
15ª edición.1 Teoría de los derechos adquiridos. generando un beneficio a su titular. Cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social. Y posteriormente el primer inciso del artículo 58 de la actual Constitución establece prácticamente lo mismo: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. es decir. El derecho adquirido cuando se tiene. resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad reconocida por la misma ley. hace parte del patrimonio del titular. . Marco Gerardo. el cual tiene jerarquía constitucional. La Constitución de 1886. También conocida como teoría clásica. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social. en la medida que los últimos son derechos que pueden ser revocados por quien los otorgó. partiendo de una definición propia de clase. establece que la ley nueva no puede vulnerar los derechos adquiridos legalmente. beneficio que ha de ser respetado en el tiempo salvo algunas excepciones legales en donde prima el interés general sobre el interés particular.1. en consecuencia. en el primer inciso del artículo 30 establecía: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título. forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquel de quien los tenemos. Para Merlin43 los derechos adquiridos son aquellos que han entrado en nuestro dominio y. resultaren en conflicto los 43MERLIN. Philippe Antoine. los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. con arreglo a las leyes civiles. Bogotá: Editorial Temis. p 496. los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. cuando la ley derogada aún estaba vigente. Citado por MONROY CABRA. el interés privado deberá ceder al interés público o social. Introducción al derecho. independientemente de que sea viable o no tasar económicamente. 2010.situaciones legales abstractas y concretas pregonada por Bonnecase y la teoría de Roubier. 4. Los derechos adquiridos se diferencian de las expectativas o simples expectativas. es como su nombre lo dice un “derecho” a favor de su titular. por las personas naturales o jurídicas. el derecho adquirido es aquella situación que se ha creado bajo el imperio de la ley.
que pone en juego. con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes44. Por la cual se define la constitucionalidad del artículo 27 (parcial) de la ley 56 de 1985. 4. CORTE CONSTITUCIONAL. salvo las excepciones consagradas. y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla. De lo anterior se colige y confirma la definición para el caso que nos ocupa. . citado por CARCÍA MAYNES. 45BONNECASE. Un ejemplo es el requisito de cumplir dieciocho años para ser mayor de edad. Eduardo. y no es retroactiva cuando afecta situaciones legales abstractas o respeta situaciones legales concretas. el interés privado deberá ceder al interés público o social. las reglas de una situación jurídica. que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas. mediante el cual se define la normatividad jurídica del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Supplément. que la ley no puede quebrantar los derechos adquiridos conforme a la misma ley. la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley. p 396.1. es decir. Introducción al estudio del derecho.2 Teoría de las situaciones legales abstractas y concretas. e ipso facto le confiere las ventajas y obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución. 2008. También conocida como la teoría de Bonnecase. Planteamiento que comparte la Corte Constitucional: Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social. Es necesario tener en cuenta que los derechos adquiridos deben obedecer a situaciones jurídicas totalmente consolidadas. Julien. derivada para cierta persona de un acto o de un hecho jurídico. y una situación jurídica concreta es la manera de ser. MP Antonio Barrera Carbonell. 60ª edición reimpresión. la cual establece que una ley es retroactiva cuando modifica o extingue una situación legal concreta. derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida. el individuo que aún no los ha cumplido se encuentra en una situación jurídica 44COLOMBIA. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley. perfeccionadas conforme a la establecido en la ley que les da origen. México: Editorial Porrua. Para Bonnecase45 una situación jurídica abstracta es la manera de ser eventual o teórica de cada uno en relación con una ley determinada. en su provecho o a su cargo. Sentencia de constitucionalidad C-147 de 1997.
por regla la ley debe tener efecto inmediato. interdicción de la arbitrariedad. la ley antigua se debe seguir aplicando porque las consecuencias jurídicas generadas bajo el amparo de dicha ley. el autor establece un principio general por el cual la ley antigua debe aplicarse a los efectos ocurridos hasta el inicio de la vigencia de la ley nueva.2 LA SEGURIDAD JURÍDICA La seguridad jurídica implica un grado de certidumbre por parte de los asociados de un Estado. . entre ellos la observancia estricta de los principios de legalidad e igualdad que irradian todo el sistema e implica el respeto por la cosa juzgada.1. 1. Yesid. Esta regla se deja de utilizar en la medida que en algunos casos. 4. de las normas que le son aplicables a favor y en contra. de modo que permite en el ciudadano el nacimiento de una expectativa razonablemente fundada en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. sus derechos y sus obligaciones. ya que el asociado al tener el conocimiento previo de las reglas de juego. que también es un derecho fundamental46. Esta teoría diferencia entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato. 46RAMÍREZ BASTIDAS. y bajo ese orden de ideas.abstracta. Revista 21 (Junio. supone una estrecha relación con la justicia porque la ley como sistema conforma un campo de garantías tanto en su aplicación como en su misma interpretación. p. En: Corte Suprema. sometida a determinados cánones que impiden la arbitrariedad de los operadores del mismo. De la anterior definición. momento en el cual empieza a regir esta última. por ende. le permite determinar su actuar.3 Teoría de Roubier. aún están vigentes al entrar la nueva ley. y es la limitación de la arbitrariedad por parte de quienes apliquen las normas. puede exigir el cumplimiento de las mismas en defensa de sus intereses. sobresale un elemento importante que permite identificar un fin primordial de la aplicación de la seguridad jurídica. Seguridad Jurídica. en la medida que conoce de antemano las reglas de juego. Para el magistrado Ramírez la seguridad jurídica se entiende como: La certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados. mientras el individuo que ya cumplió dicha edad se encuentra en una situación jurídica concreta. sobre la normatividad existente y aplicable durante determinado tiempo a las situaciones jurídicas que se le presenten y. 2007). 4. Año 9.
con esta determinación se logra que el contribuyente tenga plena seguridad jurídica de que sus tributos serán los mismos en un determinado período. así como ausencia de cambios inopinados que impidan calcular con antelación la carga tributaria que va a recaer sobre el mismo. independientemente que el hecho generador del tributo ocurra en determinado momento dentro de ese período. la retención en la fuente aunque sea un anticipo del impuesto a la renta es de período mensual. 60. Definición que tiene su aplicación plena en el artículo 338 de Constitución Política. Por ello en Colombia cada vez que hay una reforma tributaria por la cual se modifican diferentes tributos 49. Hector Belisario. p 3 – 11 49 En Colombia todos los tributos tienen un período en el cual se causan. En: Revista de Impuestos No.dejusticia. el impuesto de renta es de período anual. Noviembre – Diciembre de 1993. certidumbre de que no se realizarán alteraciones que vayan para atrás cambiando las expectativas precisas sobre derechos y deberes. También significa que quede interdicta toda arbitrariedad en su tratamiento administrativo y jurisdiccional48. Mayo 23 de 2006. Implica también. se aprueba y publica en el diario oficial antes de terminar el año para que así al año siguiente entre a regir los cambios. página consultada en abril 11 de 2013.php?modo=interna&tema=cultura_juridica_y _educación&publicacion=382. cuando establece que cuando un tributo tenga como base un hecho ocurrido en determinado periodo. Artículo citado en internet: www. ¿Qué es la seguridad jurídica?. 48VILLEGAS. . en cuanto a la aplicación de las normas. ya que la norma que apruebe ese cambio se le deberá notificar en el periodo previo al del cambio. Enfocando el principio de seguridad jurídica en materia tributaria. De lo anterior se colige en principio que la seguridad jurídica implica una previsibilidad de la actuación estatal y de los miembros de dicho Estado.org/index. tenemos en palabras del profesor Villegas: La seguridad jurídica implica certeza pronta y definitiva acerca de la cuantía de la deuda tributaria.Para el jurista López 47 el principio de la seguridad jurídica en derecho exige únicamente que las normas actualmente vigentes sean estables en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones más o menos firmes de cómo los tribunales resolverán sus disputas en caso de conflicto. El contenido de la seguridad jurídica. Bogotá: Legis. la ley solo aplicará a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley. 47LOPEZ MEDINA. Diego. En: Ámbito Jurídico. y sabrá de antemano si en el siguiente período cambiará el tributo. así tenemos que el IVA es de período bimestral. De esta manera el contribuyente ya sabe de antemano cuales serán las normas que le aplicarán y cuales serán los impactos tanto económicos como operativos que se le acarrearan en su actividad generadora de ingresos.
Respecto a su fundamento. por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica50. a lo cual cabe preguntarse si en la relación de una sola vía establecida en el ámbito tributario. MP Vladimiro Naranjo Mesa. dada la naturaleza perfectible de la legalidad51. mediante el cual se define la actualización del valor de las obligaciones tributarias pendientes de pago. La estabilidad al ordenamiento jurídico. en aras de establecer un concepto sobre la naturaleza jurídica del principio de irretroactividad estableció tres interrogantes: ¿Cuál es su fundamento?. la Corte responde: Cuando se pregunta cuál es la base que funda la realidad jurídica del principio de irretroactividad. en donde el sujeto pasivo de la obligación tributaria siempre deberá trasladar parte de su patrimonio al sujeto activo de la 50 COLOMBIA. se observa que es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico. . salvo que se prescriba un efecto más perfecto tanto para el sujeto de derecho. procedimiento o sanción tributaria es preexistente a la ocurrencia del hecho generador. 51 Ibíd. Porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación. Pues lo imperfecto siempre se sujeta a lo más perfecto. de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada. cuyas respuestas permiten entender la irretroactividad en materia tributaria. ¿Cuál es su esencia? y ¿Cuál es su finalidad?. Aclara la Corte que la esencia de la retroactividad no opera para hechos cumplidos. CORTE CONSTITUCIONAL. bajo el supuesto que toda norma que establece un tributo. se basa en la seguridad y tranquilidad de los miembros del Estado respecto a sus deberes y obligaciones de orden tributario. Respecto a la esencia del principio de irretroactividad. salvo si se llegaré a modificar la norma por su imperfección beneficiando a las partes. caso en el cual la retroactividad tiene un principio de razón suficiente para operar. Por la cual se define la constitucionalidad del artículo 75 de la ley 6ª de 1992. que resultaba exorbitante al sentido de la justicia. la Corte estableció: Es la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos. de manera concurrente. en materia tributaria. Sentencia de constitucionalidad C-549 de 1993. como para el bien común.4. hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente.3 IRRETROACTIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA La Corte Constitucional en sentencia C 549 de 1993.
que en materia tributaria solo operé por espacios temporales debido a la periodicidad de los tributos.obligación sin recibir contraprestación directa por dicho traslado. de esta manera las leyes. Continua la Corte con el tercer interrogante. para que sin equivoco. habrá una norma de carácter sustancial. de manera concurrente53. para ello el último párrafo del artículo 338 establece el procedimiento. . La respuesta es no. en razón a que una de las partes tiene siempre la obligación de dar y la otra parte la obligación de recibir. Finalidad que coadyuva a la seguridad jurídica. 53 Ibíd. tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común. con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas. así sea. valiéndose de la periodicidad que tiene todo tributo. solo se aplicarán a partir del período siguiente al inicio de la vigencia de la norma. salvo circunstancias especiales que favorezcan. las normas tributarias expedidas no sean retroactivas. La Constitución Política de Colombia. estableciendo que la finalidad del principio de irretroactividad: “es para dar seguridad al ordenamiento jurídico”52. que beneficie a ambas partes. ordenanzas y acuerdos que establezcan tributos y cuyo hecho generador ocurra en determinado período. en la generalidad de las circunstancias se prohíbe. Concluye la Corte que la naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es: La premisa según la cual. 52 Ibíd. establece el principio de irretroactividad en el inciso final del artículo 363: “Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad” Tácitamente por mandato constitucional en Colombia las leyes tributarias no son retroactivas. y que permite establecer que el principio de irretroactividad es el garante para que la seguridad jurídica se dé. que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia. mas no procedimental. ya que si se beneficia a una de las partes la otra saldrá perjudicada.
pero una vez es inexequible se demuestra que la norma era ilegal y por tanto era ilegal el impuesto que se recaudó. Buenos Aires: La Ley. que mediante el pago de las sumas de dinero que correspondan restituya al contribuyente los montos indebidamente exigidos o los perjuicios que le ocasionó54. ya en la práctica no la tiene y. tomando el supuesto que nos interesa para nuestro tema. seguramente le causará un perjuicio. 216 . por ello. como es el sometimiento a una carga impositiva establecida por una norma inconstitucional. En el siguiente capítulo se abordaran algunos casos. La responsabilidad del Estado en materia impositiva. 2010. pero amparados bajo el principio de legalidad el actuar de la administración y el dinero recaudado fue acorde con las normas existentes. Jorge Héctor. p.4. Para el autor los supuestos que menciona generan responsabilidad extracontractual del Estado y éste debe responder por el daño producido.4 LA CONSECUENCIA ECONÓMICA DE LA RETROACTIVIDAD DE LOS FALLOS DE INEXEQUIBILIDAD Retomando el presupuesto de la responsabilidad estatal en materia tributaria del tratadista Damargo: Si el Estado por su acción u omisión permite que el contribuyente quede sometido a una carga impositiva establecida por una norma inconstitucional o a una obligación mayor que la fijada por la ley y le exige el cumplimiento de obligaciones impositivas en exceso de los que jurídicamente corresponde o lo priva ilegítimamente de una exención o un beneficio impositivo. y hasta tanto el fallo de inexequibilidad no sea retroactivo no dejarán de serlo. en tales casos. sufrirá perjuicio cuando en relación a la materia tributaria ha sido condenado penalmente. es claro que mientras la norma está en el ordenamiento jurídico existe y se presume legal hasta tanto no sea declarada inexequible. En otras palabras. Si bien el tema denota una claridad en la teoría. Del mismo modo. tenemos varios casos en donde se ha fallado de manera retroactiva y no retroactiva generando consecuencias económicas para los contribuyentes. no está obligado a soportar el daño causado y tiene derecho a que el Estado limite sus exigencias a lo que la ley determina y responda por los perjuicios que le ocasionó. El contribuyente. 54DAMARCO.
Para efectos del impuesto sobre las ventas se entiende por camperos. 5. una de carácter retroactivo y la otra no. 5.1. El actor argumenta que la norma acusada es de carácter interpretativo. ANÁLISIS DE SENTENCIAS En el presente capítulo se analizara cinco sentencias.1 SENTENCIA C 796 DE 2000 Sentencia C 796 de 2000 de la Corte Constitucional en la cual se decide la inconstitucionalidad contra el aparte final del parágrafo 1º del art. 5. los vehículos con tracción en las cuatro ruedas.1. Para el demandante la norma al prohibir la devolución de impuestos pagados en exceso. 47 de la ley 488 de 1998. sin importar si el chasis es independiente o no de la carrocería. Mediante la Ley 488 de 1998 se expidieron normas en materia tributaria y se dictaron disposiciones de tipo fiscal para las entidades territoriales. Cuando los responsables hayan liquidado y cobrado una tarifa superior a la vigente del veinte por ciento (20%). en la medida en que define el termino “campero”. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell. dos de la Corte Constitucional. establece la tarifa aplicable. PARAGRAFO. El parágrafo demandado es: ARTICULO 47. “establece un castigo a los responsables o contribuyentes que siguieron en su momento las directrices impartidas por las autoridades de impuestos y un premio a los responsables o contribuyentes que interpretaron de una manera . funciones de bajo manual automático y altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm. en dos de ellos se exponen razones para la no devolución a los contribuyentes de dineros recaudados a pesar de que las normas en que se fundó su recaudo fueron declaradas inexequibles y un tercer fallo que devuelve el dinero recaudado no bajo el título de impuestos sino de indemnización. Tarifa para vehículos automóviles.1 Norma demandada. no habrá lugar a devolución de impuestos. 5. y tres fallos del Consejo de Estado. 1º. pero a la vez aduce que la norma tiene un efecto retroactivo toda vez que establece una prohibición gravosa a los hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley y por consiguiente todo contribuyente que canceló una tarifa superior al 20% de IVA no tiene derecho a devolución de impuestos.2 Argumentos de la demanda.
distinta las disposiciones vigentes, lo cual implica un tratamiento inequitativo de los
contribuyentes, pues al estar unos y otros en situación igual, deben recibir un
tratamiento igual".
5.1.3 Consideraciones de la Corte. Para la Corte el problema es determinar si la
norma acusada quebranta los principios de legalidad e irretroactividad del sistema
tributario que consagra la Constitución, y si puede válidamente el legislador
prohibir el derecho al reintegro de lo que el contribuyente pagó en exceso por el
IVA en la adquisición o importación de vehículos camperos.
La Corte deduce que los responsables del IVA en las operaciones de comercio de
camperos, por error pueden calcular y liquidar una tarifa superior a la prevista por
la ley vigente, y por ello tienen el derecho a que se les reintegre el mayor valor
asumido sin estar obligados a hacerlo, y para ello acude al análisis del principio de
legalidad del tributo, recordando que en tiempo de paz sólo la ley puede
establecer los impuestos, y para ello, la norma debe definir todos los elementos
del impuesto, incluida la tarifa. Para la Corte es claro que se reconoce un tributo
distinto al legalmente previsto, en la medida que se autoriza el error como fuente
de la obligación y “a pesar de ello no se permite evitar el enriquecimiento sin
Una vez que la Corte acepta que la norma viola el principio de legalidad, acepta
que el Estado tiene un enriquecimiento sin causa en los siguientes términos:
“Y ese enriquecimiento vulnera igualmente el derecho de propiedad del
contribuyente, que salvaguarda desde luego la Constitución, porque afecta su
patrimonio al menos en la misma proporción en que el Estado se enriquece,
enriquecimiento que resulta ilícito aun, como ocurre aquí, con motivo de un error
del sujeto pasivo. Tal como está concebido el texto acusado el Estado se estaría
aprovechando, sin causa válida, de esa equivocación.”
Considera la Corte que la norma demandada también viola el principio de
irretroactividad de la ley tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución
Política, toda vez que la Ley 488 de 1998 regula hechos tributarios ocurridos y
consolidados anteriormente.
Para la Corte el texto demandado va en contra del principio de igualdad
consagrados en los artículos 13 y 363 de la Constitución política, “en la medida en
que le otorga al contribuyente que se encuentre en los términos que allí se
contemplan, un tratamiento que indudablemente no se le aplica a otro
contribuyente que dentro de la misma situación tributaria, no incurre en el referido
Concluye la Corte aduciendo que el Estado no puede “cobrarle a los
contribuyentes tributos por encima de los previstos en la ley vigente, ni siquiera a
pretexto de que en el supuesto que ello ocurra resulta ser el producto de un error
que no quiso ni buscó, y mucho menos cuando el Estado, como sucede en el caso
sub-lite, persigue ese enriquecimiento adoptando una ley que prohíbe la
devolución del pago indebido por error.”
5.1.4 Decisión de la Corte. Declarar inexequible el aparte final del parágrafo del
artículo 47 de la ley 488 de 1988, cuyo texto dice: "Cuando los responsables
hayan liquidado y cobrado una tarifa superior a la vigente del veinte por ciento
(20%), no habrá lugar a la devolución de impuestos".
5.1.5 Análisis. Es contradictorio el fallo de la Corte, toda vez, que reconoce la
ilegalidad de la norma acusada por que viola los principios constitucionales de
legalidad, irretroactividad de la ley tributaria, igualdad y propiedad privada.
Por un lado, se establece que el Estado no puede apropiarse indebidamente de
dineros que no le corresponden, es decir, no puede tener un enriquecimiento
producto del error inducido del contribuyente, pero por otro lado, solo declara
inexequible la norma y no modula la sentencia para ordenar la devolución de los
dineros pagados en exceso por los contribuyentes mientras existía la norma
El examen de la situación que rodea la norma no se compadece con la realidad
conceptual de su texto, porque su contenido no permite inferir que la negativa a
devolverse lo tributado en exceso se refiera sólo a los casos en que existía una
tarifa legal superior aplicable en ese momento, sino en cualquier caso, lo cual
envuelve una generalización que conduce a justificar y mantener siempre un pago
Con ello se contrarían los principios constitucionales en materia tributaria, pues el
legislador no sólo pretende imponer una tarifa mayor, sin ley que la establezca,
sino darle retroactividad a la norma al volver sobre situaciones ya ocurridas. Se
presenta, sin duda, un tratamiento tributario inequitativo, que premia al
contribuyente que no cumplió con la norma y castiga al que cumplió con el pago
del tributo, aun cuando sabía que dicho desembolso era injusto.
5.2 SENTENCIA DEL 21 DE MAYO DE 2009
Sentencia del 21 de mayo de 2009 de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado55, en la cual se apelan los fallos
proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se decide si
en virtud de la inexequibilidad del artículo 56 de la Ley 633 de 2000 mediante
sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001 la Corte Constitucional, era
imperativo o no que la DIAN devolviera a las actoras el monto que pagaron por la
sobretasa especial aduanera debido a las importaciones que hicieron antes de la
expedición de esa sentencia.
5.2.1 Hechos. El Consejo de Estado decidió el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra cuatro sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el año 2004, mediante las cuales no accedió a
las pretensiones de la demanda interpuesta por cada una de las sociedades en
En dichas demandas se pedía: la nulidad de la resolución por medio de la cual la
DIAN negó la solicitud de devolución de la tasa aduanera a cada uno de los
demandantes, y a título de restablecimiento del derecho la devolución de los
dineros entregados al Estado por concepto de tasa aduanera.
La sentencia resume perfectamente los hechos en los siguientes términos:
Las demandantes coinciden en referir que pagaron la tasa especial por
servicios aduaneros creada por la Ley 633 de 2000, en la cuantía cuya
devolución solicitan en las pretensiones de sus respectivas demandas;
que los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-992 de
19 de septiembre de 2001 por contrariar el artículo 338 de la
Constitución Política, en la cual guardó silencio sobre los efectos de esa
sentencia. Que por ello presentaron solicitud de devolución de las
sumas respectivas, junto con los intereses moratorios, la cual le fue
negada por improcedente mediante los actos acusados en sus
correspondientes demandas.
5.2.2 Argumentos de la demanda. Para los demandantes se viola el numeral 9
del artículo 95 de la Constitución Política, en la medida que los dineros
recaudados por el Estado al no tener respaldo constitucional no atienden los
55COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del proceso número: 25000-23-27-000-2003-
00119-01. 21 de mayo de 2009. CP RAFAEL E OSTAU DE LAFONT PIANETA
exclusivamente.2. porque esta tesis carece de sentido cuando lo recaudado ha sido soportado en normas que se han declarado contrarias a la Constitución Política. 5.2. En palabras de la Corte: “La tarifa no se establece en función de la utilización del servicio sino. no se generó enriquecimiento sin causa ni afectación del derecho a la propiedad privada. cuyo fundamento desapareció del sistema jurídico por la sentencia en comento.principios de justicia y equidad señalados en esa norma. De igual manera arguyen que hay enriquecimiento sin causa y pago de lo no debido por la clara ilegitimidad de la causa del recaudo en cuestión. La entidad demandada manifiesta que los actos administrativos demandados estaban conforme con la normatividad pertinente. fijaba un porcentaje del uno punto dos por ciento (1. se debe considerar que los efectos son . así como por serle negada la devolución de dichos recursos bajo argumentos proscritos debido a dichos fundamentos de justicia y equidad. 5. caso en el cual su destinación especial resultaría contraria a la Constitución. consecuencia de lo actuado era el cumplimiento del principio de representación popular que exige la fijación de contribuciones y.3 Contestación de la demanda. Tal indeterminación conduce a borrar la frontera entre tasa e impuesto y a que la tasa por los servicios aduaneros se asimile a un impuesto sobre las importaciones. en relación con el valor del bien importado.2%) del valor FOB de los bienes importados. estaba vigente el artículo 56 de la Ley 633 de 2000 y toda vez que la sentencia C 992 de 2001 de la Corte Constitucional no fijó un efecto retroactivo de la misma y hasta tanto no fuese notificada esa sentencia era obligación de los importadores pagar la mencionada tasa. La tasa fue creada mediante el artículo 56 de la Ley 633 de 2000. La Sala se centra en determinar si era imperativo o no que la DIAN devolviera a las actoras el monto que pagaron por la sobretasa especial aduanera debido a las importaciones que hicieron antes de la expedición de la sentencia. de la que no es viable predicar respeto a los hechos cumplidos por seguridad jurídica. y que al momento de presentadas las declaraciones de importación objeto de la solicitud de devolución. como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales a los usuarios por la importación de mercancías.” Para la Sala debido a que la Corte Constitucional no le señaló efecto retroactivo o ex tunc a la sentencia de inexequibilidad. fue declarada inconstitucional porque el legislador no señaló el contenido de los servicios aduaneros ni determinó la manera como el gravamen se vinculaba a ellos. por ende. independientemente de que la Corte Constitucional no hubiera fijado el efecto retroactivo de la sentencia.4 Consideraciones de la Sala.
ejecutable o aplicable a los hechos ocurridos durante su vigencia”. 5. es decir. ella deduce una diferencia entre la inexequibilidad de la ley con la nulidad de los actos administrativos que vale la pena rescatar de las consideraciones: Allí radica la diferencia de la inexequibilidad de la ley con la nulidad de los actos administrativos. pero dejando a salvo de ese efecto retroactivo las situaciones consolidadas. retrotrae la situación jurídica a la anterior a la expedición del acto anulado.hacia el futuro y. La Sala hace una aclaración distinguiendo dos momentos de la norma cuando los efectos jurídicos son ex nunc. atendiendo la noción gramatical de la palabra inexequible. éste no sería tal. de estos dos momentos señalados por la Sala. sino que resultaría siendo ex tunc. por ende. y desaparecería toda diferencia entre la inexequibilidad y la nulidad. Por eso el efecto retroactivo de la inexequibilidad es excepcional y. requiere pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional que así lo señale. esto es. “independientemente de que se trate de situaciones jurídicas consolidadas o no. momento en que deja de ser aplicable. “en el cual no se puede seguir ejecutando o aplicando a los nuevos hechos que eran subsumibles en ella. “durante el cual se le debe tener como vigente y. por ende. debiéndose tener como si éste no hubiera existido. que sigue produciendo efectos en el tiempo respecto de las hechos ocurridos bajo su vigencia. es decir. y por consiguiente las situaciones jurídicas ocurridas antes de la sentencia y que se enmarquen en dicha norma son objeto de su aplicación.6 Análisis. Si se hace el mismo predicamento del efecto ex nunc propio de la inexequibilidad. en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN.2.5 Decisión de la Sala. por consiguiente queda excluida del mundo jurídico”. pues ésta. el primero es el anterior a la sentencia ejecutoriada. 5. con excepción de las materias o asuntos que por mandato constitucional están cobijados por el principio de favorabilidad. sí tiene efectos ex tunc. generando los efectos jurídicos correspondientes. que como lo señala la Sala. de la aplicación de la norma más favorable”. y el segundo que es después de la sentencia ejecutoriada. La Sala confirma las sentencias apeladas proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mediante las cuales negó las pretensiones de cada una las demandas interpuestas por las sociedades actoras de los procesos referenciados. puesto que cuando los efectos de la desaparición de una norma son ex nunc. la vigencia de la norma se da hasta la ejecutoriedad de la sentencia. por lo mismo.2. El Consejo de Estado centra su fallo en la incidencia de la no retroactividad de la sentencia de inexequibilidad de la Corte Constitucional y en la . se presenta el fenómeno de la prospectividad de la misma. por regla general.
el cual establece “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del articulo 241 de la Constitución Política. contraprestación que nunca se dio y que tiene como consecuencia el enriquecimiento injustificado del Estado. El Consejo de Estado reitera su posición en cuanto al no señalamiento por parte de la Corte Constitucional el efecto retroactivo o ex tunc a la sentencia de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000. aparece el concepto de la prospectividad de la misma. sin embargo. Aunque para el Consejo de Estado. a diferencia de los impuestos. por lo demás legítima o legalmente señalada. lo que excluye el enriquecimiento sin causa y perjuicio antijurídico alguno en cabeza de las demandantes que lesione su derecho a la propiedad privada”. En la medida en que la Corte no resolvió lo contrario. Si bien es cierto los efectos de esta sentencia de inexequibilidad no son retroactivos. en consecuencia. puesto que cuando los efectos de la desaparición de una norma son ex nunc. ya que el contribuyente bajo el amparo de una norma declara y paga una tasa. la vigencia de la norma se preserva hasta la ejecutoriedad de la sentencia que la declara inexequible y las situaciones jurídicas ocurridas antes de la sentencia y que están bajo el amparo de la norma demandada les es aplicable dicha norma y generan consecuencias jurídicas. pero al no recibir la 56 COLOMBIA. su pago tuvo causa. Ley Estatutaria de Administración de Justicia . mas. por ende. de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 270 de 199656. en la medida en que se aduce la no consolidación de la situación jurídica. y en consecuencia reitera que los efectos son hacia el futuro. sigue produciendo efectos en el tiempo respecto de las hechos ocurridos bajo su vigencia. es claro que el cumplimiento del hecho generador de la tasa se dio. vale la pena rescatar el salvamento de voto. tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. es decir en términos del Consejo de Estado. estén o no consolidadas estas situaciones jurídicas. el nacimiento de la obligación tributaria. y es ahí. no se cumplé con el precepto de tasa. si olvida el Consejo de Estado que si bien la tasa tuvo la ocurrencia del hecho generador y. con excepción de los asuntos cobijados constitucionalmente por el principio de favorabilidad. se basa en el tecnicismo jurídico y bajo la premisa que la sentencia de la Corte “no afecta la causación de la tasa en cuanto a sus presupuestos fácticos y a su base para liquidarla y. no se surtió la contraprestación propia de las tasas por parte del Estado.consolidación del hecho generador de la tasa. es decir la contraprestación del servicio. la cual se dio antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de la tasa. en ese punto que se genera el enriquecimiento del Estado.
una inversión forzosa en Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). Para el único efecto de determinar el monto de la inversión forzosa. Las personas jurídicas. Para la emisión de los "BDSI" que por la presente ley se autoriza sólo se requerirá: A. con ponencia del magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. y las personas naturales que en el año de 1991 hubieren obtenido ingresos superiores a $7'000. Concepto de la Junta Directiva del Banco de la República. 16. porque no existe en el ordenamiento legal la misma. ART.3. Los artículos demandados son: ART. Facultad para emitir los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). que debieron determinarse en la declaración de renta y complementarios que estaban obligados a presentar durante el año 1992. sufre un detrimento patrimonial propiciado por el Estado de manera ilegal.000. Decreto que autorice la emisión y fije sus características financieras y de colocación. Inversión forzosa en Bonos durante 1992. mediante esta ley se expidieron normas en materia tributaria. . 5. los programas de reinserción para la paz. denominados "Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). 17.000'000. Autorízase al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna hasta por una cuantía de doscientos setenta mil millones de pesos ($270. deberán efectuar durante el segundo semestre de 1992. 17 y 18 de la ley 6 de 1992. Se demandó los artículos 16. y otros objetivos que se enmarquen dentro de la política económica del país. se destinarán a financiar gastos generales y de inversión de la Nación. cuyo objetivo sea la seguridad nacional. B.000).1 Norma demandada.3 SENTENCIA C 149 DE 1993 Sentencia C 149 de 1993 de la Corte Constitucional en la cual se decide la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16.000 o su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a $30'000. 5. Los recursos de la emisión de los Bonos de que trata la presente autorización. 17 y 18 de la Ley 6 de 1992.contraprestación directa. los obligados a efectuarla aplicarán el 25% al impuesto de renta. se otorgaron facultades para emitir títulos de deuda pública interna y se dictaron disposiciones. sobre las características de la emisión y sus condiciones financieras.
Parágrafo 1º. 5.3. no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República. estatuyó que las leyes tributarias no se aplican con retroactividad. Normas de control. sanciones y anticipos durante el año 1998. respectivamente. Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año no hubiere sido superior a $30'000. La suscripción de dichos Bonos se realizará en la forma y dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional. Los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI) se redimirán por su valor con el pago de impuestos. que se emitirán y colocarán en las mismas condiciones que los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). por ello.Dirección de Impuestos Nacionales. les son aplicables en lo pertinente. de que hablan los artículos 4º y 6º de la ley 51 de 1990. retenciones. o en honorarios. Los demandantes expresan que mediante los artículos demandados. A las contribuciones especiales y a la inversión forzosa. ART. discusión. y 2. ésta podrá cumplirse en Títulos de Tesorería. establecidas en este capítulo. que no sean responsables del impuesto sobre las ventas y que cumplan las siguientes condiciones adicionales: 1. Parágrafo 3º. TES. Que el total de sus ingresos brutos en 1991 hubieren sido iguales o inferiores a $21'000. comisiones o servicios. 18. Sostienen los demandantes que el artículo 17 tiene un indudable efecto retroactivo respecto de la obligación de realizar la "inversión forzosa" y que ésta es un . cuyos ingresos brutos obtenidos en 1991 provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria. No estarán obligados a efectuar la inversión forzosa establecida en este artículo. Si la autorización de que trata el artículo 16 no fuere suficiente para cubrir la inversión forzosa establecida en este artículo. Los Títulos de Tesorería. podrán ser administrados directamente por la Nación y su emisión sólo requerirá las condiciones señaladas en el artículo anterior.000. TES. Parágrafo 2º.000. los asalariados y los trabajadores independientes. cobro y sanciones contempladas en el Estatuto Tributario y su control estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial .2 Argumentos de la demanda. sus intereses se atenderán con cargo al presupuesto nacional. el Constituyente de 1991 buscó introducir una limitante a la facultad que tiene el Legislativo de crear nuevas disposiciones fiscales o parafiscales tomando como base hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la correspondiente norma y. las normas que regulan los procesos de determinación.
en especial el de la irretroactividad. se produce para él un deterioro patrimonial. cuando se surtió su trámite en las cámaras. según una de las demandas porque una inversión que no genere rentabilidad y en la que el contribuyente no consiga beneficio distinto de poder redimirla a su valor nominal al vencimiento del plazo establecido es. de una carga económica exigida a los administrados para atender necesidades del servicio público sin que tenga correspondencia en beneficios o compensaciones particulares y específicas a favor de ellos y eso es un impuesto. al determinar que está frente a un impuesto procede a comprobar si se ajusta a los principios constitucionales que rigen los tributos. además.verdadero impuesto. Lo es. porque el traslado de tales recursos al tesoro público es definitivo. La demanda en mención señala que al recibir el contribuyente únicamente el valor nominal de su inversión al vencimiento del plazo. pues. a lo que concluye que estamos frente a un impuesto: Así. ya que. (…) El supuesto inversionista no resulta favorecido con ninguna clase de interés lo cual excluye absolutamente que los fondos se entreguen a título de inversión y ni siquiera percibe un elemental reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda durante los seis años en que tales recursos permanecen en manos del Estado. un impuesto. La pérdida se incrementa en el evento en que el contribuyente se retrase en la adquisición de los bonos. si bien se estipula un término de redención de los bonos. es decir. pues. sanciones y anticipos durante el año 1998. La Corte entra a analizar si estamos frente a una inversión. las normas atacadas crean en realidad un impuesto por cuanto. por esencia. la ley tomó como situaciones a las cuales se aplicaba el . dado que lo afectaría el interés adicional con el que se sanciona la mora. préstamo o impuesto. 5. concluyendo: Cuando la ley principió a regir. retenciones. En otros términos. éstos se redimirán por su valor con el pago de impuestos. ya se habían consolidado los hechos respecto de los cuales se creó la contribución. La naturaleza fiscal de la denominada "inversión forzosa" resulta indiscutible.3.establecen a cargo de ellos la obligación de trasladar a favor del Estado una suma de dinero calculada sobre las mismas bases y por el mismo periodo de un tributo. La Corte. cuando se hizo vinculante para los contribuyentes y aún antes. prescindiendo totalmente de la voluntad de los sujetos pasivos -que sería natural en el caso de celebrarse un contrato de empréstito.3 Consideraciones de la Corte. Se trata.
toda vez que no hace claridad sobre la forma de devolución del dinero. ya que de lo contrario se tendría “un enriquecimiento sin causa para el Estado y un perjuicio injustificado para los contribuyentes.4 Decisión de la Corte. por ende. que luego se comprobó que la norma iba en contra de la Constitución. 17 y 18 de la Ley 6a de 1992 y a la par ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público reintegrar la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de la aplicación del artículo 17 de la Ley 6a. quienes no están obligados a transferir recursos al erario sino en los casos y por los motivos que disponga la ley”. al ser un impuesto que pretendía tener el disfraz de una inversión. al recordar que cuando profiere el fallo ya gran parte del impuesto fue recaudado. no es lo mismo una cantidad hoy que la misma cantidad dentro de dos años. el dinero pierde valor en el tiempo y el contribuyente.3.3. interesante posición que a su vez se queda corta. de 1992. la cantidad de dinero dentro de dos años es menor a hoy. 5. ya que debe asumir cargas no previstas que corresponden a hechos pasados y que va en contra de la regla de predeterminación de los tributos que busca por un lado evitar el abuso de poder por parte del gobernante y por otro la lado darle a los contribuyentes la posibilidad de presupuestar la carga impositiva generada por el desarrollo de sus actividades. Lo creado por los artículos 16. en la medida que una economía inflacionaria como la nuestra. ya que su dinero devuelto aunque es el mismo en denominación. 17 y 18 de la ley 6ª de 1992. se ve perjudicado. . ha perdido poder adquisitivo. ordena la devolución de las sumas pagadas por los contribuyentes. nos interesa para nuestro estudio ya que estamos frente al típico caso de apropiación de dineros de manera ilegal por parte del Estado dentro de un marco legal.5 Análisis. Es importante recalcar lo dicho por la Corte en esta sentencia. reconociendo que el contribuyente es objeto de un perjuicio. 5. La Corte decidió declarar inexequible los artículo 16. creó un impuesto con carácter retroactivo. por ende. La conclusión de la Corte es clara al afirmar que el reintegro resulta apenas natural. por ende. pero no por ello impide al Estado impartir la “justicia querida por el Contribuyente volviendo las cosas al estado anterior al quebranto de los preceptos superiores y en busca de la prevalencia del derecho sustancial” y. Y deduce la consecuencia de la irretroactividad en la norma demandada. impuesto y como bases para la liquidación del mismo hecho anteriores a su vigencia y.
la entidad no puede ir mas allá de los mandatos judiciales. 5.5.4.4. mediante la cual no accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. desestimatorio de la petición de compensación de la corrección monetaria generada en la suscripción de Bonos de Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). debe responder por él. 17 y 18 de la ley 6ª de 1992 y la orden de devolver el dinero recaudado por parte del Estado.1 Hechos. El Consejo de Estado decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de febrero de 1997.2 Argumentos de la demanda.3 Contestación de la demanda. El demandante teniendo como referencia la sentencia C 149 de 1993 en donde se declaró la inexequibilidad de los articulo 16. mas no se ordena su devolución a valores presentes y. representado en el reconocimiento de los intereses y/o corrección monetaria que se causaron. con ponencia del consejero ponente Julio Correa Restrepo en la que se decide el recurso de apelación interpuesto contra fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de febrero de l997. el actor interpreta que reintegrar implica que las sumas devueltas deben equivaler real y económicamente a aquéllas que fueron entregadas injustamente al erario y para ello debe tenerse en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del dinero entre la fecha de la entrega y la de la devolución. En dicha demanda se pedía: la nulidad de la resolución por medio de la cual la DIAN negó la compensación y reconocimiento de la perdida de poder adquisitivo del dinero que el contribuyente entregó a título de inversión forzosa en bonos BDSI en virtud del artículo 17 de la ley 6ª de 1992. La entidad demandada basa su defensa en los mandatos de la sentencia de la Corte Constitucional en donde solo se ordena reintegrar los valores recaudados. . magistrado ponente 5. 5. en su argumentación recalca que el Estado al violar la Constitución y producto de ello causa un grave perjuicio económico. tal y como lo reconoció la sentencia cuando ordena reintegrar la totalidad de las sumas recaudadas. por ende.4. es decir la suma recaudad.4. aduce que los dineros recibidos no equivalen al valor inicialmente entregado. SENTENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 1997 – EXPEDIENTE 8348 Sentencia del 15 de agosto de 1997 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. toda vez que fueron objeto de la perdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación.
por ende. Decisión de la Sala.. sujeta a la libre ponderación. por ende. su actuación estuvo enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente.6.4. el cual establece la liquidación y actualización de las condenas. La Sala confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y.149 de l993. independientemente de que con posterioridad hubiesen desaparecido del mundo jurídico. la demandada reitera que no es responsable en la medida que actuó en cumplimiento de una obligación legal y.4. no puede darse aplicación al artículo 178 del C. niega el reconocimiento del ajuste monetario originado en la suscripción de los bonos BDSI. y precisando a su vez: “que la sentencia de que se trata no puede tenerse como una simple jurisprudencia. por ende.” Como vemos el Consejo de Estado descarta de tajo el análisis sobre la posibilidad de reconocer o no el reajuste monetario y solo se refirió a la sentencia de la Corte .C. El fallo no ataca de fondo la parte sustancial de la situación jurídica. 5.4.A. 5. sino como el pilar que crea un derecho. sino un fallo declarativo constitutivo de un derecho y.4 Consideraciones de la Sala. por ende. no se configuró el daño antijurídico como presupuesto esencial de la responsabilidad. 5. que es la discusión sobre la viabilidad o no del reconocimiento del ajuste monetario por la perdida del poder adquisitivo del dinero y se limita a establecer los efectos del derecho que se crea con la expedición de la sentencia C . porque en estos casos los administrados tienen el deber de soportarlo. Siendo así.Con relación a la reparación del daño perseguido por la actora. fijo un parámetro basado en una terminología clara y expresa que no permite hacer interpretaciones adicionales al tenor literal de la sentencia: “es evidente que al considerarse el fundamento del reintegro no es posible salirse de sus precisos marcos y producir “declaraciones” diferentes o “complementarias” a las allí expresadas”. aún cuando con ella pueda causar un perjuicio. Para la Sala es de vital importancia establecer que la sentencia de la Corte Constitucional al reconocer el derecho de devolución del dinero que los contribuyentes entregaron por la suscripción de Bonos. en la medida que se establece la obligación de reintegrar y. no se permite la aplicación del artículo 178 CCA. aclarando que no es una sentencia condenatoria. concluye que se está frente un fallo constitutivo de un derecho.5. Para la Sala al ser un fallo declarativo la decisión de la Corte y no una sentencia condenatoria. Paso subsiguiente era su acatamiento y cumplimiento. interpretación y aplicación de los interesados o del juez. el citado fallo es el soporte y parámetro de los derechos reconocidos a los contribuyentes y en el mismo se halla su propio alcance. Análisis.
lo habría dicho expresamente. estuvo circunscrita a la observancia estricta de las previsiones contenidas en el Decreto. con ponencia del consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.” El consejo de Estado toca tangencialmente el reajuste económico arguyendo su coincidencia con el Tribunal. pues el tema fue abordado en el fallo al analizar el carácter tributario de las disposiciones acusadas y advertir que a pesar de que en ellas se consagraba un empréstito interno. Por tanto. el proceder administrativo debía fundarse tanto en la sentencia como en el Decreto.y del decreto 841 del 6 de mayo de l993. no existiendo nexo de causalidad entre los actos demandados y el “daño antijurídico” producido por la “retención ilegal de los dineros”. y por ello.EXPEDIENTE 24655 Sentencia del 23 de febrero de 2. el Estado en cabeza del Poder Ejecutivo era o no responsable patrimonialmente por los perjuicios causados por la expedición de un decreto que excedía la capacidad reglamentaria de éste y . no se puede declarar la nulidad del acto y restablecer el derecho. por constituir el marco legal de sus consiguientes actuaciones en cada caso particular y concreto. por ende. en la cual se resuelve en consulta el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Consejo de Estado argumenta. el cual fue expedido para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional y concluye que: “Para mantener el orden jurídico. en los siguientes términos: La Sala concuerda con el criterio del Tribunal en el sentido de que si la Corte hubiese tenido la intención de ordenar la devolución con indexación o actualización alguna. pero no son ellos los que originaron el daño y.5 SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2012 . para la Sala la actuación del ente oficial. no se encuadra en el terreno aludido por la actora. que “el objeto de la acción es la reparación del daño causado por la retención arbitraria durante varios meses de unos dineros”. En efecto.012 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. realmente creaban un impuesto y no una inversión observándose que la motivación de la sentencia. no cree la Sala que el silencio del fallo sobre el particular corresponda a olvido o inadvertencia de esa Corporación. en donde se decide si en virtud de la nulidad del literal b) del artículo 8º del Decreto Reglamentario 650 de abril 3 de 1996 mediante sentencia del 4 de septiembre de 1998 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 5. ya que los actos demandados solo decidieron una petición de ajuste monetario. tal cual como lo establece la actora. los actos administrativos acusados se encuentran ajustadas a derecho. expediente 8705. que como se dijo atrás fue dictado especialmente para dar cumplimiento al fallo.
El demandante no alega la legalidad del acto. la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de febrero de 2003. ni solicita la devolución de los valores cancelados por el impuesto de registro. el cual establecía que era hecho generador del impuesto al patrimonio la inscripción del documento sobre aumento de capital suscrito o de aumento de capital social. la nulidad de dicha norma. el demandante mediante la acción de reparación directa solicita que se declaré la responsabilidad patrimonial del Estado y se indemnice al demandante por los perjuicios ocasionados por la expedición de un acto ilegal.000. La entidad demandada interpuso recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda al considerar que la acción . 5.1 Hechos. lo que busca es el reconocimiento e indemnización de los perjuicios ocasionados por la expedición de un acto administrativo ilegal que le obligó a soportar un detrimento patrimonial.creaba un nuevo hecho generador del impuesto. canceló durante los años 1996 y 1998 un impuesto por un valor aproximado de quinientos cuatro millones ($504.3 Contestación de la demanda. Y a juicio del demandante el detrimento patrimonial al que se ve avocado obedece al error en que incurrió el Presidente de la República al expedir una norma reglamentaria contraria a la ley.5. generándole perjuicios a quienes estuvieran obligados a cancelarlo.2 Argumentos de la demanda. 5. toda vez que él fallo no fue impugnado. situación que encuadra en lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política. Ante la nulidad de esta norma. Con ocasión de la demanda de nulidad interpuesta en contra de esta norma. en sentencia de septiembre 4 de 1998.000). en la medida que durante la vigencia de la norma el demandante trasladó dineros de su patrimonio al patrimonio del Estado. pero una vez mediante sentencia con efecto erga omnes se declaró la nulidad de la norma. el demandante se siente afectado porque pagó un dinero que no estaba obligado a hacerlo. ya que estos obedecieron al cumplimiento de lo normatividad vigente en su momento.5. 5. El demandante con ocasión de la vigencia del literal b) del artículo 8º del decreto 650 de 1996. el Consejo de Estado declaró. en donde mediante el ejercicio de la acción de reparación directa se condenó a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público a pagar el valor actualizado de los impuestos pagados por el demandante con los respectivos intereses. Para el demandante el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de la rama ejecutiva le causó un perjuicio antijurídico.5. El Consejo de Estado decidió en grado jurisdiccional de consulta.
omisión o una operación administrativa. Recurso que no prosperó. La Sala se centra en determinar si procede declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por los perjuicios causados a los administrados como consecuencia de los efectos producidos durante la vigencia de un acto administrativo de alcance general. La Sala empieza su análisis recordando la postura actual de la jurisprudencia de la Sección Tercera. pero no presentó reclamación alguna antes de la declaratoria de nulidad. contrario a la Constitución y la ley. la cual ha encontrado suficiente fundamento jurídico para condenar al Estado por falla en el servicio consistente en el ejercicio. teniendo en cuenta que solo procede la devolución de lo pagado por los contribuyentes cuando estos a parte de haber cumplido con el pago. la devolución de los dineros recaudados. ya que el Tribunal estimó que los alegatos de la demandada debían ser resueltas en la sentencia. sino los departamentos y. el contribuyente al sentirse afectado tuvo la oportunidad de entablar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.5. de la potestad normativa. habría ordenado en la misma sentencia de anulación del acto administrativo. ya que él procedió al pago de los respectivos impuestos. Adicionalmente señala la parte demandada que si el Consejo de Estado hubiese considerado ajustado a Derecho.4 Consideraciones de la Sala. Para la Sala independientemente de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma que se declaré nula y del posible quebranto para la Hacienda . este fue expedido en ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de la República y dicho acto se encontraba cobijado por la presunción de legalidad hasta su desaparición del ordenamiento jurídico y. le correspondería al Departamento de Cundinamarca efectuar la devolución pertinente. por ende. en el caso que se tuviese que devolver los dineros. alega la demandada que el titular del impuesto no era la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.de reparación directa no procede ya que los daños a que hace referencia el demandante no se originan en un hecho. 5. Antecedente que va en contravía de la situación del demandante. Por otro lado. Ya en juicio la demandada reitera que la acción de reparación directa no procede y que si bien es cierto la nulidad recayó sobre un acto administrativo. hubiesen impugnado por considerarlo indebido y el fallo de dicha impugnación aún estuviera pendiente al momento de la declaratoria de nulidad de la norma. por ende. sino de la expedición y ejecución de un acto administrativo. que creaba una obligación tributaria y que posteriormente es anulado.
5 Decisión de la Sala.5. en el sentido de que le puede resultar más rentable y conveniente evadir o no cumplir las obligaciones tributarias –o cuestionar su conformidad a Derecho. los elementos constitucionales exigidos para que se declare patrimonialmente responsable al Estado. por otro lado. además de suponer una evidente transgresión de los mencionados principios de igualdad. .Pública. por un lado. 5. con o sin fundamento. de buena fe y de tutela de la confianza legítima en detrimento de las personas que han cumplido con sus obligaciones tributarias con antelación a que se produjese el fallo de nulidad que dejó sin piso jurídico la carga impositiva de la cual se tratare.5. que atenderlas cabalmente. La Sala confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se condenó a la Nación a indemnizar al contribuyente por el daño antijurídico causado. ya que esperan que las actuaciones del Estado estén acordes a la legalidad. el contribuyente opta por alguno de los dos caminos a seguir. la persona que haya sufrido daño antijurídico como consecuencia de la aplicación de la norma declarada nula tiene derecho como consecuencia del ejercicio de la acción de reparación directa se analice si concurren. están los contribuyentes que no cumplen el mandato legal y esperan a que la norma se objeto de debate judicial. toda vez que ante la duda de la constitucionalidad de una norma. 5. comportaría enviar un mensaje completamente equivocado a la ciudadanía. pues los efectos de las posturas asumidas por la jurisprudencia acabarían por perjudicar al contribuyente probo y por premiar injusta e injustificadamente al que no obra de dicha manera. En uno de los apartes de la sentencia se realiza un análisis contundente que resume la esencia de este fallo: Estimar improcedente la declaratoria judicial de la responsabilidad patrimonial del Estado en eventos como el sub examine a efectos de posibilitar que a quienes acuden a la Jurisdicción en ejercicio de la acción de reparación directa les sea resarcido el daño antijurídico que les ha sido irrogado. o no. a fin de evitar que la situación jurídica individual se consolide-. pero es lo que sucede en muchas ocasiones. están los contribuyentes que cumplen a cabalidad sus obligaciones tributarias. Es claro que no se puede premiar al contribuyente que no cumple con sus obligaciones tributarias. devolviéndole el valor del impuesto pagado indexado y reconociendo un lucro cesante. administrativa o judicialmente.6 Análisis.
Esta sentencia muestra el camino para aquellos contribuyentes que se quedaron atrapados con el pago de lo no debido por una obligación creada en una norma que fue declarada inconstitucional y/o nula. no es procedente la devolución del impuesto. que gozaba del principio de legalidad y. solicitan ante la administración de impuestos la devolución por el pago de lo no debido y a su vez la administración les niega dicha solicitud aduciendo que el pago fue hecho bajo el amparo de una norma que existía. Por lo general los contribuyentes. en este punto el contribuyente acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para pedir la nulidad del acto que les negó la devolución del impuesto y el restablecimiento del derecho. una vez la norma es sacada del ordenamiento jurídico. la posibilidad que prosperé dicha actuación es poca. . pero como ya hemos visto. por ende.
. a manera de sanción para el Estado. No obstante mediante el ejercicio de la acción de reparación directa en debida forma. depende de los aspectos tratados en la modulación de la sentencia como tributos.No existe una norma tributaria. ésta se basa en el análisis de los principios generales de derecho y principios tributarios y. por parte del contribuyente ante la autoridad administrativa que recaudo el tributo bajo el amparo de la legalidad de la norma. no es de fácil aplicación por las siguientes razones: . 6. . por ende. . Si bien la idea expuesta por un doctrinante tributarista. ésta última queda supeditada a los aspectos tratados por la Corte Constitucional y sólo procederá a devolver lo ordenado en la sentencia. no prosperan cuando la sentencia de inexequibilidad no fue retroactiva. CONCLUSIONES Ante la pregunta planteada al inicio de este trabajo: ¿puede el Estado apropiarse de tributos recaudados bajo el amparo de la legalidad de una norma que posteriormente fue declarada inexequible?. por ende. salvo en aquellas situaciones ya juzgadas con la norma retirada. de tal suerte que el Estado devuelva los dineros recaudados bajo el amparo de dicha norma y así no generar un perjuicio económico al contribuyente por una norma mal creada. aunque el contribuyente espere más dentro de la cuerda de lo justo. quedándose el Estado con el dinero recaudado.El perjuicio económico no es uno de los parámetros en los que se basa la Corte Constitucional para emitir los fallos tributarios. muy poco usada en el ámbito tributario. aunque los fallos sean en derecho no quiere decir que la consecuencia en el ámbito económico del contribuyente sea siempre satisfactoria. para determinar situaciones específicas ha tener en cuenta en la devolución de los dineros recaudados y.Aunque el fallo sea retroactivo. salvo que la Corte Constitucional module el fallo y establezca lo contrario. La respuesta es no. pretende que las normas tributarias declaradas inexequibles y/o nulas tengan un efecto retroactivo.El ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la devolución del dinero. . cuyo planteamiento originó en parte este trabajo.Los fallos de inconstitucionalidad por norma solo tienen efecto hacia el futuro. cuando el contribuyente acude a la autoridad competente para ejercer su derecho. intereses y sanciones. se puede solicitar y obtener el reembolso de los dineros trasladados al Estado con su correspondiente . para que las leyes tributarias declaradas inexequibles tengan un efecto retroactivo en su fallo.
toda vez que esta acción busca reparar el daño antijurídico causado a los particulares por culpa del Estado. todos aquellos contribuyentes que cumplieron con los mandatos de la norma inexequible. ya sea bajo el título de reparación e indemnización. .actualización. o bajo el título de devolución de tributos Por lo anterior se llega a la conclusión que el Estado no puede apropiarse de tributos recaudados bajo el amparo de la legalidad de una norma que posteriormente fue declarada inexequible. implica que el Estado actuó mal y. cuando la norma es declarada inexequible. por ende. Una norma tributaria declarada inexequible. sufrieron un daño antijurídico y tienen derecho a la devolución de los dineros trasladados al Estado. pero esta en cabeza de los contribuyentes ejercer sus derechos y solicitar la devolución del pago mediante las acciones estipuladas en la ley para ello.
2005.php/revista/num4/agora/conceptos-obligacion-erga-omnes-ius- cogens-violacion-grave-luz-nuevo-proyecto-cdi-sobre-responsabilidad-estados- hechos-ilicitos COLOMBIA. Derecho Tributario. et al. Instituciones del derecho administrativo en el nuevo Código. Los conceptos de obligación erga omnes. 457 p. Bogotá. Banco de la Republica. Bogotá. 2012. 2002. 469 p.reei. Legis. Albero. Sentencia de octubre 27 de 2005. p. 1999. Víctor Hernando. ICDT. Alicia. CONSEJO DE ESTADO. 447 p. Primera edición. ABELLA ZÁRATE.. COLOMBIA. Primera edición. Álvaro. CP Julio Correa Restrepo. 995 p. 2004. Primera edición. Bogotá. Bogotá. 1999.. ICDT. Ley 270 de 1996. 442 p. Segunda edición. Legis. 2013 COLOMBIA. Procedimientos constitucional y contencioso administrativo en materia tributaria. Ley 819 de 2003. Artículo publicado en internet: www. Jaime. Procedimiento administrativo tributario colombiano. ICDT.. CEBADA ROMERO. Juan Rafael. ANGEL DE LA TORRE. CP María Elena Giraldo Gómez. et al. Tercera edición. Bogotá. BIBLIOGRAFÍA ABELLA MANCERA. Código Civil Colombiano. COLOMBIA. Bogotá. María del Pilar. ALVARADO ARDILA.org/index. COLOMBIA. Alfonso. CONGRESO DE LA REPUBLICA. La jurisprudencia tributaria del Consejo de Estado Estudios. Legis. BRAVO ARTEAGA. 285. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Primera edición. ARANGO MEJIA. Bogotá. Bogotá. 2013 COLOMBIA. 15 de agosto de 1997. CONSEJO DE ESTADO. MÚNERA CABAS. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. . Nociones fundamentales de derecho tributario. et al. expediente 23583. Legis. ius cogens y violación grave a la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre responsabilidad de los estados por hechos ilícitos. Sentencia del expediente 8348.
Sentencia de constitucionalidad C-510 de 1992. COLOMBIA. Sentencia de constitucionalidad C-556 de 1992. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. CONSEJO DE ESTADO. Bogotá.012. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia de constitucionalidad C-149 de 1993. Sentencia del expediente 24655. MP Antonio Barrera Carbonell COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 2013. Sentencia de constitucionalidad C-226 de 1995. COLOMBIA. 21 de mayo de 2009. MP Jorge Arango Mejía COLOMBIA. . Sentencia de constitucionalidad C-513 de 1994. COLOMBIA. Sentencia del proceso número: 25000-23- 27-000-2003-00119-01. COLOMBIA. MP José Gregorio Hernández Galindo. MP Hernando Herrera Vergara. 23 de febrero de 2. MP José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia de constitucionalidad C-549 de 1993. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C-147 de 1997. CORTE CONSTITUCIONAL. CORTE CONSTITUCIONAL. MP Alejandro Martínez Caballero. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. COLOMBIA. Sentencia de constitucionalidad C-113 de 1993. Sentencia de constitucionalidad C-546 de 1994. MP Vladimiro Naranjo Mesa. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C-028 de 1997. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. CONSEJO DE ESTADO. MP Alejandro Martínez Caballero. COLOMBIA.COLOMBIA. Sentencia de constitucionalidad C-084 de 1996. Sentencia de constitucionalidad C-633 de 1996. CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia. Legis. MP Antonio Barrera Carbonell. CP Rafael E Ostau de Lafont Pianeta. CP Mauricio Fajardo Goméz. COLOMBIA. MP Carlos Gaviria Díaz. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.
DE BARROS CARVALHO. 2010. 710 p. 2008. 1971.php?m odo=interna&tema=cultura_juridica_y_educación&publicacion=382 . GARCÍA MÁYNEZ. Sentencia de constitucionalidad C-1171 de 2001. Editorial Porrua. Nova Tesis. COLOMBIA. Diario Oficial. COLOMBIA. Rosario. El Hecho imponible. Responsabilidad extracontractual del estado. JARACH. ¿Qué es la seguridad jurídica?. MP Álvaro Tafur Galvis. Bogotá. 2010. LEWIN FIGUEROA. 2002. Octava edición. 1266 p. Primera edición. Alfredo. Buenos Aires. El imperio de la ley una visión actual. Cuarta edición. Grupo Editorial Ibáñez. Volumen 1. GIULLANI FONROUGE. 444 p. 288 p. Derecho tributario. Bogotá. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Depalma.dejusticia. CORTE CONSTITUCIONAL. Bogotá. Paulo. Decreto 111 de 1996. Enrique. Trotta. 1987. 237 p. HENSEL. MP Antonio Barrera Carbonell. Jorge Héctor. Carlos. Legis. 501 p. 1996. Diego. Buenos Aires. Dino. Abeledo Perrot. Augusto. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Buenos Aires. Bogotá. 284 p. LOPEZ MEDINA. Derecho Financiero. Derecho tributario. 385 p.COLOMBIA. La responsabilidad del Estado en materia impositiva. Introducción al derecho. GONZÁLEZ RAMÍREZ. La Ley. Estatuto Tributario Nacional. DAMARCO. Universidad de los Andes – ICDT. GIL BOTERO. 2007. Madrid.org/index. 446 p. 334 p. En: Ámbito Jurídico. Principios constitucionales del derecho tributario. Primera edición. 2002. Tercera edición. Francisco J. México. Artículo citado en internet: www. Sentencia C 796 de 2000. Buenos Aires. LAPORTA. Sesentava edición. 2004. 2013 COLOMBIA. Cuarta edición. Eduardo. Primera edición. No 42692. Albert. Bogotá. Introducción al estudio del derecho. 2003. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Mayo 23 de 2006. Primera edición. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
Marco Gerardo. Curso de derecho tributario. 2002. VILLEGAS. p 1. Universidad Sergio Arboleda. PLAZAS VEGA. 2001. La codificación tributaria. NOGUERA LABORDE. Victor. 2007. Primera edición. Francisco. Editorial Temis. Editorial Temis. Bogotá. RAMÍREZ BASTIDAS. Bogotá. UCKMAR. Introducción general al derecho. El contenido de la seguridad jurídica. Año 9. En: Revista de Impuestos No. Tercera edición. VALDÉS COSTA. Introducción al derecho.MONROY CABRA. Decimoquinta edición. 2012. 271 p.213 p. Quinta edición. Primera edición. 414 p. 60. Mauricio. Universidad del Rosario. Bogotá. p 3 – 11 . PONCE GOMÉZ. Noviembre – Diciembre de 1993. Editorial Temis. Volumen 1. Principios comunes del derecho constitucional tributario. Fundamentos de derecho. México. 356 p. Número 21 (Junio. Limusa. Yesid. 2002. 744 p. Cuarta edición. Ramón. 2007). Bogotá. Hector Belisario. Legis. En: Corte Suprema. Bogotá. Rodrigo. Seguridad Jurídica. 2010. Bogotá. 278 p.
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