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Timestamp: 2018-08-18 10:57:58+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2017-5901
Documento BOE-A-2017-5901
«BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 2017, páginas 43084 a 43105 (22 págs.)
BOE-A-2017-5901
En el artículo 13.6 LBRL, la adopción del acuerdo aprobatorio de los respectivos ayuntamientos fusionados sin intervención de la Administración autonómica, en contradicción con el apartado 4, vacía de contenido sustantivo la competencia autonómica sobre «alteración de términos municipales», reconocida en la STC 103/2013, de 25 de abril, FJ 3 b). Es inconstitucional tanto desde una perspectiva formal, al extender las bases al procedimiento de aprobación del convenio de fusión, como material, al eliminar la intervención autonómica en la decisión sobre la fusión de municipios.
En el artículo 13.4 LBRL, aunque son varios los contenidos discutibles por su grado de detalle, lo que resulta claramente contrario a la Constitución es el trato preferencial respecto a los municipios que no se encuentren en un proceso de fusión [letra g)]. Con ello, los municipios no fusionados serán preteridos respecto a los fusionados, sufriendo, con ello, un trato discriminatorio que vulnera el principio de «interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» (art. 9.3 CE), en cuanto podría justificarse un mejor trato de los municipios fusionados pero en ningún caso un peor trato de un municipio simplemente por no fusionarse.
En suma, el legislador básico estatal parece pretender que los municipios no tengan más competencias propias que las derivadas del listado del artículo 25.2 LBRL, sin perjuicio de las delegadas (art. 27 LBRL), y las «distintas a las propias y delegadas» (artículo 7.4 LBRL), con los condicionantes que allí se establecen. Esta limitación, más allá de contradecir la propia concepción de lo básico, supone contradecir también la propia doctrina establecida en la STC 214/1989. Por ello, para adecuarse a la doctrina, el artículo 25.2 LBRL debería ser interpretado como no limitativo de la posible ampliación de competencias propias de los municipios por parte de la legislación autonómica o de los propios Estatutos de Autonomía. En otro caso, incurre en inconstitucionalidad porque implica que el legislador básico no delimita en negativo la competencia autonómica cuando fija las bases, sino que lo hace en positivo, obligando al correspondiente legislador sectorial a un determinado ejercicio de una competencia de su exclusiva titularidad. Esta pretensión sería, en puridad, materialmente armonizadora.
La delegación es una técnica instrumental de colaboración entre los municipios, el Estado y las Comunidades Autónomas (SSTC 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 4, y 214/1989, FJ 11), sustentada en la relación bilateral entre el titular de la competencia delegada y quien recibe la delegación. El legislador básico estatal puede establecer un mínimo normativo común (el tiempo mínimo de duración, el cumplimiento de las exigencias de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, e incluso las medidas de control), pero no puede condicionar esa relación bilateral de colaboración imponiendo a la Comunidad Autónoma las condiciones específicas en que debe realizarse esta delegación o las materias a las que puede referirse, aun cuando se acompañe de la expresión «entre otras». Incurren en tal extralimitación el apartado segundo, inciso «dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos», y el apartado tercero, al recoger el listado de competencias delegables, aun cuando no sea un listado cerrado, porque no deja de interferir en la decisión autonómica.
Por las mismas razones, debería declararse la inconstitucionalidad de la disposición adicional octava de la Ley 27/2013, para el caso de las deudas correspondientes a tributos locales, en el inciso «a los efectos de que se proceda a la retención de los recursos al sujeto obligado para hacer frente a dichos pagos en los términos en que se establezca legalmente»; de la disposición adicional undécima de la Ley 27/2013, en cuanto pudiera ser el Estado el que practicara retenciones en el sistema de financiación para abonar a los municipios los créditos que éstos tuvieran contra las Comunidades Autónomas; y de los apartados quinto de la disposición transitoria primera de la Ley 27/2013 y quinto de la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013 que prevén una cláusula de garantía de pago de los servicios vinculados a las facultades competenciales en materia de salud y servicios sociales, respectivamente.
El apartado 2 no enumera las medidas a incluir en el plan económico-financiero de modo complementario sino incompatible con el artículo 21 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El contenido «adicional», que incorpora medidas concretas de corrección, vulnera el artículo 135.5 CE.
También lesiona la garantía constitucional de la autonomía local la previsión de un informe vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Condicionar el ejercicio de competencias municipales «impropias» al cumplimiento de los requisitos de estabilidad y sostenibilidad, condena al gobierno local a observar estos requisitos para la prestación de cada servicio o el ejercicio de cada competencia, desconociendo que la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera configura a la sostenibilidad no en función de actuaciones particulares sino del conjunto de la hacienda municipal.
(ii) El artículo 1.9 de la Ley 27/2013, que da nueva redacción al artículo 26.2 LBRL sobre la prestación de servicios por los municipios, es inconstitucional en cuanto desapodera competencialmente a los municipios menores de 20.000 habitantes, y especialmente a los menores de 5.000, hace depender de otra administración la propuesta y la decisión sobre la forma de prestar los servicios de competencia municipal, y exige que otra administración «lo considere acreditado» para que el municipio pueda prestar un servicio de su competencia.
Se impone un control de oportunidad, en el que participan la Administración General del Estado, que decide, y la provincial, que propone. La «conformidad de los municipios afectados» a la que alude el precepto no se erige como un veto obstativo para que la Diputación proponga la forma de coordinar la prestación de servicios. La Diputación está obligada a contar con la voluntad municipal, pero le corresponde la decisión final. Bajo este prisma, la nueva regulación vendría a establecer como regla general la pérdida del libre ejercicio competencial por parte del ente titular de la competencia, basada en la única circunstancia de reducir los costes efectivos de los servicios.
(iii) El artículo 1.16 de la Ley 27/2013 da nueva redacción al artículo 57.3 LBRL, estableciendo condicionantes a la constitución de consorcios que limitan, sin justificación o «razón suficiente» (STC 214/1989), la potestad de autoorganización de los entes locales. Incluso traslada a los municipios la carga de la prueba en cuanto, para constituir esta figura, deberá demostrar que permite una asignación más eficiente de los recursos económicos y no pone en riesgo la sostenibilidad financiera. Lesiona con ello la autonomía de los municipios para decidir sobre la «gestión de sus respectivos intereses» (art. 137 CE), y choca con el derecho de los municipios a asociarse en aras al cumplimiento adecuado de sus competencias, reconocido en el marco de la autonomía local por la Carta europea de la autonomía local (art. 10.1).
(iv) El artículo 1.21 de la Ley 27/2013 da nueva redacción al art. 85.2 LBRL, sobre la formas de gestión de los servicios públicos locales, priorizando determinadas formas de gestión, sin aducir justificación o «razón suficiente» (STC 214/1989), lo que limita la potestad de autoorganización de los entes locales. Por las mismas razones expuestas en relación al artículo 57.3 LBRL, este precepto debería declararse inconstitucional.
El coste efectivo de la prestación de un servicio debe ser expresión de la autonomía municipal. Sin embargo, la Ley 27/2013 altera la relación entre medios (el coste) y fin (el ejercicio de la competencia para la prestación del servicio), erigiendo el coste, específicamente su rebaja, en el fin. En definitiva, prima la prestación de servicios a coste efectivo bajo frente al ejercicio de las competencias por parte de su titular, con la consecuente lesión de la autonomía local. El presupuesto sobre el que se construye este nuevo sistema de ejercicio de las competencias propias municipales choca frontalmente con la dimensión financiera de la autonomía local (SSTC 32/1981, de 28 de julio; 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7; 68/1996, de 4 de abril, FJ 10; 109/1998, de 21 de mayo, FJ 10, y 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10). El criterio del «coste efectivo» puede, obviamente, ser un criterio a utilizar por el nivel de gobierno responsable de garantizar la suficiencia financiera municipal, al objeto de dotar un montante de recursos mínimo que asegure un nivel estándar de prestación de los servicios. Pero siempre en el bien entendido de que ese mínimo puede ser mejorado por el municipio recurriendo a la reasignación de los recursos entre los diversos servicios o a las fuentes de financiación propias. Determinar qué coste va a asignarse a cada uno de los servicios constituye, inequívocamente, una decisión política consustancial a un ente dotado de autonomía.
2. Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de 15 días. Asimismo se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
En el trasfondo del debate competencial, subyace el papel que ha de desempeñar el legislador básico de régimen local, cuestión que fue particularmente analizada en la STC 31/2010, que insiste en la doctrina del «carácter bifronte del régimen local» (FJ 36), reiterada en las SSTC 103/2013 y 143/2013. Ello no quiere decir que las previsiones estatutarias queden desprovistas de contenido por la legislación básica: interiorizan el régimen local para cada Comunidad Autónoma y proporcionan guías de actuación al legislador autonómico, pero siempre en el marco de la normativa básica estatal. Ahora bien, en caso de contraposición entre las normas autonómicas y la legislación básica estatal, debe prevalecer esta última (STC 103/2013, que se remite a la STC 31/2010, FJ 36). La jurisprudencia constitucional ha delimitado el alcance de la competencia estatal ex art 149.1.18 CE [SSTC 4/1981, FFJJ 1 B) y 3; 32/1981, FJ 5; 213/1988, FJ 2; 259/1988, FJ 2; 214/1989, de 21 de febrero, FJ 15; 11/1999 de 11 de febrero, FJ 2; 240/2006, de 20 de julio, FJ 8, y 103/2013, de 25 de abril, FFJJ 4 y 5 b), cuya incidencia se concretará en el examen de los preceptos impugnados].
En cuanto a la vulneración del artículo 135.5 CE en la que incurriría el artículo 116 bis, 2 y 3, LBRL, el Tribunal ha precisado que la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE no es incompatible con la colaboración internormativa; no existe, de principio, imposibilidad constitucional para que la ley orgánica llame a la ordinaria a integrar en algunos extremos sus disposiciones «de desarrollo», dando así lugar, y con las mismas garantías constitucionalmente exigibles, a una colaboración entre normas (SSTC 83/1984, de 24 de julio, y 254/1994, de 15 de septiembre). El art. 21 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria ya realiza una remisión a la legislación de desarrollo en cuanto al contenido del plan económico y financiero, que podría hacerse incluso por vía reglamentaria conforme a la habilitación contenida en su disposición final primera. El artículo 116 bis.2 LBRL es un desarrollo singularizado respecto de las entidades locales, que no supone una lesión para la autonomía local. La supresión de competencias que debe contemplarse en el plan afecta únicamente a las distintas de las propias y delegadas; es decir, a las que no forman parte del núcleo irreductible de la autonomía local. Asimismo, la gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios es una elemental medida de reducción de costes en situaciones de incumplimiento de los parámetros de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera, que se enuncia con amplitud suficiente para que las entidades locales puedan decidir las formas de gestión más apropiadas en cada caso. Las medidas que constituyen el contenido mínimo de los planes económico-financieros se explican, sin perjuicio para la garantía institucional de la autonomía local, en el concreto contexto de una situación de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o deuda pública o de la regla de gasto que prescribe el artículo 135 CE.
a) El presente recurso impugna algunas previsiones que han sido declaradas ya inconstitucionales y nulas por las citadas resoluciones de este Tribunal. De acuerdo con la consolidada doctrina constitucional [por todas, STC 139/2011, de 14 de septiembre, FJ 3 b)], la expulsión del ordenamiento jurídico de estas previsiones determina la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad. Tal afecta a las impugnaciones dirigidas contra los siguientes preceptos: el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), en la redacción dada por el artículo1.9 de la Ley 27/2013, en los incisos: «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera» [STC 111/2016, FJ 12 d)]; el artículo 57 bis LBRL, en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013 [STC 41/2016, FJ 16 c)]; la disposición adicional décima sexta LBRL, introducida por el artículo 1.38 de la Ley 27/2013 [STC 111/2016, FJ 8 f)]; la disposición adicional undécima, párrafo tercero de la Ley 27/2013 [STC 41/2016, FJ 13 c)]; las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013 [STC 41/2016, FJ 13 c)] y los incisos «Decreto del órgano de gobierno de» y «el Órgano de Gobierno de», incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias cuarta.3 y undécima, párrafo tercero, de la Ley 27/2013 [STC 41/2016, FFJJ 7 c) y 8 b)].
c) La STC 168/2016, FJ 3 b), declaró, en consonancia con la STC 31/2010, FFJJ 36 y 37, que «una norma estatutaria de régimen local no puede funcionar como límite al ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida al Estado en esta materia (art. 149.1.18 CE)»; «no puede imposibilitar que éste reforme las bases» «ni suponer que las nuevas bases dejen de operar como mínimo común normativo, esto es, que sean inaplicables en una Comunidad Autónoma por virtud del Derecho local incluido en su Estatuto». Consecuentemente, el Derecho local estatutario no puede funcionar como parámetro de control de la legislación básica estatal en los procesos constitucionales.
(iii) El recurso impugna dos disposiciones relativas a las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio: el artículo 24 bis.2 LBRL (introducido por el art. 1.7 de la Ley 27/2013) y la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013. Ya se ha precisado que la impugnación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 ha perdido objeto en lo relativo al inciso «Decreto del órgano de gobierno de» incluido en su apartado 3. En lo demás, hay que tener en cuenta que la STC 41/2016, FJ 7 b) y c), ha declarado que los preceptos controvertidos hallan cobertura en el artículo 149.1.18 CE, rechazando la invasión competencial que ahora también se denuncia, por lo que corresponde desestimar este motivo de inconstitucionalidad por remisión a lo razonado en aquella Sentencia.
(iv) Se recurre el artículo 26.2 LBRL (en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013), sobre la «coordinación» (voluntaria) de determinados servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes. Según hemos precisado ya, la impugnación ha perdido objeto en lo relativo a los incisos «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.».
(ix) Respecto del artículo 116 ter LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.31 LBRL, se impugna por el mismo motivo de inconstitucionalidad –vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada– que fue desestimado en la STC 111/2016, FJ 12 b). Por tanto, corresponde volver a desestimar la impugnación por remisión a esta Sentencia.
(xii) La disposición adicional décima quinta de la Ley 27/2013, relativa a la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de competencias en materia educativa (previstas «como propias del Municipio»), también ha sido impugnada en este proceso por motivos ya examinados en la STC 41/2016, FJ 13 e). Esta Sentencia llevó a cabo una interpretación de conformidad que puede tenerse aquí por reproducida.
(xiii) En cuanto a la disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, ya hemos declarado que la impugnación ha perdido objeto respecto del inciso «el Órgano de Gobierno de» incluido en su párrafo tercero [STC 41/2016, FJ 8 b)]. En lo demás, el presente recurso plantea un motivo de impugnación (extralimitación del artículo 149.1.18 CE con invasión correlativa de las competencias estatutarias en materia de régimen local) que ha desestimado la STC 41/2016, FJ 8 b), a la que nos remitimos.
La disposición controvertida incluye una regulación que puede reducirse a dos órdenes de previsiones, tal como hemos apreciado ya al descartar la vulneración de la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 135.5 CE (STC 111/2016, FJ 4). Hay, por un lado, normas «generales» destinadas a racionalizar la Administración instrumental de las corporaciones locales. Se trata, en particular, de una doble prohibición. Conforme a la primera, los entes instrumentales («organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes») adscritos o vinculados a (o dependientes de) las corporaciones locales no pueden adquirir, constituir ni participar en la constitución de nuevos entes instrumentales. En consonancia con esta prohibición, las corporaciones locales tienen la obligación de alterar el régimen de adscripción de las entidades instrumentales que estén efectivamente vinculadas a otras entidades instrumentales; todas las entidades de ese tipo han de depender directamente de la corporación local (apartados 3 y 4, primer párrafo). La otra prohibición consiste en que las corporaciones locales no pueden adquirir, constituir ni participar con carácter general en la constitución de nuevos entes instrumentales durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste (apartado 1). Hay, por otro lado, una serie de medidas «coyunturales» asociada a este régimen general. Tales medidas, en resumen, obligan a que, a determinada fecha, estén disueltas las entidades instrumentales que no se hallen adscritas o directamente vinculadas a las corporaciones locales, así como las que hayan sido incapaces de corregir su situación de desequilibrio financiero; de otro modo, la supresión se produce automáticamente por ministerio de la ley (apartados 2 y 4).
En cuanto a las medidas «coyunturales» (disposición adicional novena LBRL, apartados 2 y 4), la STC 41/2016, FFJJ 7 c), 8 b) y 11 c), examinó ya otros preceptos que prevén también la extinción de estructuras de diverso tipo (entes locales menores, mancomunidades, instrumentos de cooperación) ante el incumplimiento de determinadas obligaciones (presentación de cuentas, adaptación de sus estatutos a la LBRL, obligaciones de estabilidad presupuestaria: disposiciones transitorias cuarta y undécima y adicional novena de la Ley 27/2013). A través de ellos y del precepto ahora examinado (en relación con «organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes»), el Estado no impone por sí, directamente, la supresión de entidades de diverso signo. Configura la desaparición como una consecuencia jurídica ope legis asociada al incumplimiento o como una potestad que pueden ejercer las Comunidades Autónomas o los propios entes locales, según los casos, una vez apreciado el señalado incumplimiento.
4. Se impugna el artículo 218 del texto refundido de la Ley de haciendas locales, en la redacción dada por el art. 2.3 de la Ley 27/2013, por vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada. Conforme a este artículo, el órgano interventor informará al Tribunal de Cuentas (apartado 3) y al pleno –en «un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria»– de las resoluciones del presidente de la corporación local «contrarias a los reparos efectuados», así como de las «principales anomalías detectadas en materia de ingresos», ciñendo su informe a «aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice» (apartado 1, párrafos primero y segundo). Por su parte, el presidente de la corporación, si lo estima conveniente, puede justificar su actuación ante el pleno (apartado 1, párrafo tercero) y elevar la resolución de las discrepancias al «órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera» (apartado 2).
Según lo ya razonado, las funciones de control interno, en sus distintas modalidades (intervención, control financiero, incluida la auditoría de cuentas, y control de eficacia), son perfectamente compatibles con la garantía constitucional de la autonomía local (STC 111/2016, FJ 5). La STC 143/2013, de 11 de julio, FJ 10, al abordar el control de eficacia que el artículo 136 LBRL atribuye al interventor municipal, declaró que ni el control interno «ni la circunstancia de que ello implicaría una valoración de la gestión económico-financiera llevada a cabo por los órganos de gobierno del Ayuntamiento suscitan reparos de índole constitucional, sino todo lo contrario, pues todo ello se ajusta plenamente a los principios generales de buena gestión financiera parcialmente constitucionalizados en el art. 31.2 CE». Por lo demás, la STC 41/2016, FJ 14, se ha apoyado en este argumento para descartar, igualmente, que la nueva redacción del artículo 85.2 LBRL vulnere el artículo 137 CE por prever un informe del interventor local sobre sostenibilidad financiera.
El impugnado artículo 218.1, párrafo primero, del texto refundido de la Ley de haciendas locales se refiere a la función interventora, precisando que no alcanza a las «cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice». Queda expresamente prohibido, por tanto, que el órgano interventor ponga reparos a las opciones políticas o discrecionales de los órganos de gobierno de la corporación, que son quienes cuentan con legitimidad democrática inmediata. En todo caso, los diversos apartados del art. 218 del citado texto refundido no amplían estrictamente las funciones fiscalizadoras del órgano interventor. Se limitan a facilitar el desarrollo de los controles ya previstos en otras normas del ordenamiento jurídico mediante técnicas de trasparencia y comunicación del órgano interventor con el pleno de la corporación y el Tribunal de Cuentas, por un lado, y del presidente con el pleno y la Comunidad Autónoma o el Estado, por otro. Se trata de relaciones de colaboración (interorgánicas e interadministrativas) y, más precisamente, de mecanismos informativos –no decisorios– destinados a permitir el control –y la eventual exigencia de responsabilidades políticas– por parte del órgano representativo de la corporación y, en general, la fiscalización en términos de legalidad, eficacia y eficiencia de las cuentas locales. A este respecto, hemos señalado, al referirnos al art. 213 del texto refundido de la Ley de haciendas locales, en la redacción dada por el art. 2.2 de la Ley 27/2013, que «la simple obligación de remitir un informe no puede vulnerar la garantía constitucional de la autonomía local (art. 137, 140 y 141 CE), como tampoco la previsión de aquellos controles internos» (STC 111/2016, FJ 5).
El art. 218.2 del texto refundido, en particular, regula una relación de colaboración voluntaria entre dos Administraciones de distinto nivel territorial, más que una relación interadministrativa de control. La Comunidad Autónoma o el Estado –según quien tenga atribuida la tutela financiera– intervienen, no estrictamente para controlar a la entidad local, sino para cooperar con ella precisamente porque ésta, a través de su presidente, ha solicitado su colaboración. Se trata de que la Administración autonómica o estatal coadyuve a la superación de las divergencias suscitadas entre dos órganos de un ente local, uno de intervención y otro de gobierno –el presidente–, que es quien recaba el auxilio o colaboración. No se está, pues, estrictamente, ante un control externo de legalidad que, en cuanto tal, deba estar regulado con precisión y tener por objeto actos que involucren intereses supralocales [STC 154/2015, FJ 6 b), que sistematiza la doctrina de las SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3, y 14/1981, de 29 de abril, FJ 6]. Se trata de un desarrollo del principio constitucional de colaboración «consubstancial al Estado autonómico» (por todas, STC 200/2009, de 28 de septiembre, FJ 5).
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación de los siguientes preceptos: el artículo 26.2 LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013, en los incisos: «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.»; el artículo 57 bis LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.17 de la Ley 27/2013; la disposición adicional décima sexta LBRL, introducida por el artículo 1.38 de la Ley 27/2013; la disposición adicional undécima, párrafo tercero de la Ley 27/2013; las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013; y los incisos «Decreto del órgano de gobierno de» y «el Órgano de Gobierno de», incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias cuarta.3 y undécima, párrafo tercero, de la Ley 27/2013.
2.º Declarar que el artículo 36.2 a), segundo párrafo, LBRL, en la redacción dada por el artículo 1.13 de la Ley 27/2013, y la disposición adicional décima quinta de la Ley 27/2013, no son inconstitucionales interpretados en los términos del fundamento jurídico 2, que respectivamente se remite a las SSTC 111/2016, FJ 12 c), y 41/2016, FJ 13 e).
DICTADA en el Recurso 2002/2014 (Ref. BOE-A-2014-5727).
la desestimación en relación con los arts. 213 y 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-4214).
la extinción, por pérdida de su objeto, de lo indicado; y la constitucionalidad, en los términos del fj 2, del art. 36.2.a) párrafo 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-5392).

References: artículo 13
 artículo 13
e contrario
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 21
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 34
 artículo 135
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 135
 artículo 26
 artículo1
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 149
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 135
 artículo 218
 resolución 
 artículo 136
 artículo 85
 artículo 137
 artículo 218
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 1
 Real Decreto