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Timestamp: 2019-07-23 16:54:42+00:00

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Letra a) del número 1 del artículo 65 redactada por apartado uno del artículo 31 de Ley [CANTABRIA] 10/2013, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre). Número 7 del artículo 65 introducido por apartado dos del artículo 31 de Ley [CANTABRIA] 10/2013, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).
Número 4 del artículo 65 redactado por el artículo 26 de la Ley [CANTABRIA] 5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31 diciembre). Disposición Transitoria 2.ª introducida por el número 1 de la Disposición Adicional 6.ª de la Ley [CANTABRIA] 5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31 diciembre). Disposición Transitoria 1.ª renumerada por el número 2 de la Disposición Adicional 6.ª de la Ley [CANTABRIA] 5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con el de la anterior Disposición Transitoria Única.
Número 16º de la letra b) del artículo 1.2 redactado por el número 1 del artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 10/2002, 23 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Letra a) del artículo 7 redactada por el número 2 del artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 10/2002, 23 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 8 redactado por el número 3 del artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 10/2002, 23 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Número 4 del artículo 10 suprimido por el número 4 del artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 10/2002, 23 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Artículo 11 redactado por el número 5 del artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 10/2002, 23 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre).
L 2/2001 de 25 Jun. CA Cantabria (ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo)
Artículo 26 derogado por el número 2 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley [CANTABRIA] 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 4 julio). Artículo 27 derogado por el número 2 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley [CANTABRIA] 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 4 julio).
A) Talante institucional. Con esta nota la Ley hace suyo el papel de referente que ha tenido la legislación agraria en nuestro devenir histórico más reciente. Y lo hace suyo del modo más excelso, esto es, como configuración básica del interés general que haga recognoscible al ciudadano tanto los criterios organizativos de su administración autonómica, como los principios rectores de política social y económica en el ámbito de su respectiva aplicación.
Dicho pórtico institucional se haya regulado en el Título preliminar de la Ley, en donde se describe su objeto en atención a los distintos fines, funciones y principios, que informan el ámbito de actuación pública conforme a las directrices socio-económicas y culturales de la Comunidad de Cantabria. En este sentido, merece destacarse el alcance sistémico con el que se ha elaborado la correspondiente ordenación y correlación de los mismos, especialmente lograda a través de la novedosa fórmula que distingue entre los denominados «fines primarios» y los «conexos», sin detrimento de una visión global y unitaria del sistema competencial autonómico, como de los valores, intereses y actuaciones públicas que inciden en el sector agrario.
Al respecto, la Ley, con base en el artículo 148.1, regla 7ª de la Constitución española, y el artículo 24.9 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, todo ello con un absoluto respeto al ámbito competencial del Estado, particularmente con relación a los conceptos de ordenación general de la economía como límite negativo de la competencia autonómica (artículo 148.1.7ª de la Constitución Española) y al de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica como título habilitante de una potestad de dirección económica (artículo 149.1.13ª de la Constitución Española), así como a la legislación civil como título de intervención estatal (artículo 149.1.8ª de la Constitución Española), aborda el desarrollo de los fines primarios bajo el prisma de la sustantividad del principio de autonomía competencial en materia agraria, como principio nuclear e informador del orden competencial previsto. La concreción normativa del principio, al margen de su necesario correlato en el ámbito de la autonomía presupuestaria y financiera, queda dibujado tanto en su protección competencial, con el legítimo establecimiento de una política agraria propia de la Comunidad de Cantabria, como en la naturaleza programática de dicha política en torno a la consecuencia de objetivos ligados al dinamismo del sector, como son la creación y fomento de explotaciones agrarias rentables y la mejora de los parámetros de productividad, calidad y diversificación de la actividad agraria.
La defensa del espacio rural, de su función productiva y de su correspondiente adecuación a las nuevas demandas y necesidades sociales constituye el otra gran fin primario por el que se apuesta decididamente. En este caso, conforme al artículo 148.1.3ª de la Constitución Española, y a su homólogo en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, artículo 24, apartado 3, la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario reivindica, en línea de principio, el alcance estructural que debe tener el espacio rural en la ordenación integral del territorio de la Comunidad, a los efectos de proscribir cualquier configuración residual del mismo.
B) Modernización. Con esta nota se pretende señalar el loable esfuerzo de actualización llevado a cabo por la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario, tanto en la previsión y tratamiento de los factores implicados en los nuevos procesos de adaptación como en el planteamiento de las diferentes medidas de fomento e intervención pública del sector agrario.
Así, con relación a las medidas de fomento, centradas principalmente en la modernización de las explotaciones agrarias (Título I, Capítulo II, de la Ley), y con arreglo a los aspectos básicos y generales de la normativa estatal en la materia, particularmente de los conceptos de agricultor profesional y explotación agraria prioritaria de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, se ha procedido, en primer término, a mejorar el contenido expositivo diferenciando con claridad los presupuestos socioeconómicos de los requisitos técnicos y personales exigidos para las correspondientes ayudas, así como sus distintas clases y formas de constitución. En segundo término, la actualización ha comportado una suerte de innovaciones sustentadas en el principio de autonomía competencial en materia agraria, de las que pueden destacarse las siguientes:
C) Integración. Como se ha expuesto con anterioridad la presente tarea legislativa se ha realizado desde su inicio con una concepción global de la política agraria y sus fundamentos de modo que resultasen imbricadas todas las perspectivas que inciden en la ordenación del sector agrario y en su posible modernización. Pues bien, en aplicación de este presupuesto la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario dedica íntegramente su Título II a uno de los aspectos de mayor calado al respecto, ejemplificando bajo la rúbrica «De la actividad agraria y la conservación y defensa del medio ambiente y del entorno rural».
Su regulación, de acuerdo con la legislación básica del Estado, artículo 149.1, regla 23ª de la Constitución Española, y conforme a la competencia recogida en el artículo 148.1, regla 9ª, de la misma, y 25, apartado 7º, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aparte de establecer normas adicionales de protección, pretende el fomento de la actividad agraria a través de su integración en la defensa del medio ambiente. De esta forma, en la Disposición General se puntualiza un reconocimiento de capital trascendencia: La preservación de un medio ambiente adecuado no sólo constituye un derecho indispensable para el desarrollo integral de la persona sino que, estrechamente relacionado con el principio de solidaridad, queda configurado como un principio rector de la política agraria de la Comunidad. Este principio rector se concreta en la asunción de los principios de integración de los factores ambientales en dicha política agraria según se recoge en el V Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, con especial énfasis en la conservación y en la biodiversidad y desarrollo sostenible. A partir de esta manifestación, la Ley prevé todo un amplio abanico de ayudas económicas y técnicas que tienen como objetivos predominantes la adecuación de la actividad agraria al medio ambiente y el correspondiente aprovechamiento racional de los recursos naturales.

References: artículo 65
 artículo 31
 artículo 65
 artículo 31
 artículo 65
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 Artículo 11
 artículo 1

Artículo 26
 Artículo 27
 artículo 148
 artículo 24
 artículo 148
 artículo 24
 artículo 149
 artículo 148