Source: https://lpderecho.pe/casacion-337-2016-cajamarca-lineamientos-aplicacion-error-comprension-culturalmente-condicionado/
Timestamp: 2020-02-17 14:07:11+00:00

Document:
Lineamientos para la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado [Casación 337-2016, Cajamarca] | LP
Inicio Jurisprudencia Casación Lineamientos para la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado
1.1. Conforme la acusación fiscal -fojas une del cuaderno de debate-, Se atribuye al encausado Dilberto Javier Pirgo Pizán, que el 28 de mayo de 2010, a horas 10:00 de la mañana aproximadamente, en circunstancia que la menor agraviada de iniciales M.l.P.V. [12 años y 10 meses] estaba sola en su domicilio ubicado en el caserío de Salagual – Cospón, distrito de Cajamarca, llegó a su casa el procesado Dilberto Javier Pirgo Pizán acompañado de Fredy Wiliam Vera Ramírez, donde el primero llama a la agraviada diciéndole «te encargo la mochila», recibiéndola; acto seguido, ambas retirándose del domicilio de la agraviada, retornaron a las 13:00 horas aproximadamente, escuchando la agraviada a Vera Ramírez decirle al encausado «Javier más allá te espero», circunstancia que el encausado ubicó a la agraviada, la tomó de las manos y la condujo al dormitorio del hermano de ésta, para ultrajarla sexualmente, instantes en que llegó el hermano de la menor agraviada y vio al encausado Salir de la casa y huir del lugar, pero ésta no le contó nada de lo sucedido, pero sí a su madre, procediendo a formular su denuncia el 15 de junio de 2010; empero, el encausado posteriormente convence a la menor agraviada para que viva con él, en el centro poblado Sunchubamba – Cospán departamento de Cajamarca.
2.1. Concluida la etapa preparatoria, y formulado el requerimiento de acusación por parte del representante del Ministerio Público -fojas uno del cuaderno de debates-, se expidió el auto de enjuiciamiento del treinta y uno de marzo de dos mil once -fojas treinta y uno-, que declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra Pirgo Pizán, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de la libertad sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173°, inciso 2, del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales M.l.P.V. Luego, mediante resolución del dieciocho de abril de dos mil once, se citó a juicio oral para el nueve de junio de dos mil once.
5.1. Este Tribunal Supremo se remite a la sentencia de Casación N° 389-2014, San Martín[1], a fin de tener en cuenta los fundamentos jurídicos del recurso de casación de oficio que está previsto en el inciso 1 del artículo 432° del Código Procesal Penal, el cual señala: «(…) sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio en cualquier estado y grado del proceso«. [Subrayado nuestro]. Así, la casación de oficio debe ser entendida como una segunda casación excepcional, toda vez que uno de sus fundamentos radica en el inciso 4, del artículo 427° del Código Adjetivo[2].
7.4. Advirtiéndose que la Sala Penal de Apelaciones efectuó una valoración aparente e inaplicó el artículo 15° del Código Sustantivo, que precisa; «El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena” [El resaltado es nuestro]. Así, no es verdad que durante el debate oral no se haya introducido como punto controvertido lo dictaminado por el perito antropólogo Gustavo Adolfo Mosquera a efectos de su valoración, toda vez que en esta etapa procesal -fojas doscientos ocho- se desarrolló con presencia de las partes procesales, y se llevó a cabo el interrogatorio, respecto al Informe Antropológico social N° 07-2010 -Pericia elaborada por el perito del Ministerio Publico, a fojas sesenta y cinco de la carpeta fiscal- ratificándose en contenido y firma; además, precisó que las costumbres de uniones entre menores y mayores de edad es algo normal en los caseríos de Salagual y la Quinua pertenecientes al distrito de Cospán, Cajamarca, configurándose dos procedimientos establecidos para formar familia: el primero mediante la pedida de mano y la segunda mediante el rapto o robo de las mujeres; las uniones en su mayoría se da donde el hombre siempre es mayor en edad; según las encuestas, la actividad sexual comienza desde los 12 a 14 años de edad en promedio.
8.1. Previo a emitirse juicio respecto a la determinación de la pena, es necesario tener en cuenta que «Nadie castiga a los que actúan injustamente solo porque (…) han cometido un injusto, a no ser que se trate de quien, como una bestia feroz, pretende vengarse ¡rradonalmenie, el que en sentido contrarío castiga de forma racional, castiga, no por lo injusto ya cometido, porque ya no es posible que lo que ya ha sucedido deje de suceder, sino por las faltas que puedan sobrevenir, para que no reincida el propio autor ni los otros que observan cómo es castigado«[10]. Tal invocación de autoridad contempla que “no se debe castigaren forma pasional, tino de forma reflexiva, bien para la mejora o aseguramiento del autor -en una línea/preventivo especial- o para la mejora o aseguramiento de los otros -en una línea preventivo general-”[11]. La referida reflexión Platoniana cobró fuerza en la evolución del Derecho penal, concretamente en su vertiente de las teorías que fundamentan la pena, incluso en la actualidad, aun cuando han pasado más de dos milenios, la referida reflexión se encuentra plasmada en los pilares que sirven de fundamento de la pena a los ordenamientos jurídicos con raigambre romano germánica.
8.2. En ese orden se encuentra nuestro ordenamiento jurídico penal, el cual prevé, en el artículo IX del Título Preliminar, que la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, en concordancia con el inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado y conforme el Tribunal Constitucional, donde precisa que: «las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrática»[12].
Derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad: propuestas, deficiencias y desafíos en los...

References: artículo 173
 resolución 
 artículo 432
 artículo 427
 artículo 15
 artículo 139