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Timestamp: 2020-08-04 12:06:40+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2010-13313
Documento BOE-A-2010-13313
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 203, de 21 de agosto de 2010, páginas 73526 a 73569 (44 págs.)
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2010/08/03/26
7. Si el encargo de gestión tiene un objeto propio de un contrato incluido en el ámbito de aplicación de la legislación de contratos del sector público, sólo puede hacerse a organismos o entidades públicas que tengan la condición de medio propio de la administración, organismo o entidad pública que realiza el encargo, de conformidad con lo dispuesto por dicha legislación.
3. Las administraciones públicas de Cataluña deben impulsar la aplicación de cartas de servicios y otros instrumentos de calidad, en los términos establecidos por la correspondiente normativa.
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder, por cualquier medio, a los registros y a los documentos que formen parte de un expediente y obren en los archivos de las administraciones públicas catalanas, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas está reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, pueden exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
3. La autorización y la denegación de acceso a los registros y a los archivos de las administraciones públicas catalanas debe hacerse, en los términos que establece la legislación básica, por resolución motivada del órgano competente y ponderando siempre los derechos e intereses de privacidad, confidencialidad, protección de datos y otros que podrían resultar afectados.
4. El personal responsable de los registros y los archivos de las administraciones públicas catalanas debe velar por que no se produzca ninguna demora injustificada en el ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros.
1. Los ciudadanos tienen derecho a obtener información veraz y de calidad, cualquiera que sea el soporte o medio de distribución o difusión de la información.
2. Las administraciones públicas de Cataluña, para hacer efectivo el derecho a una información veraz y de calidad, deben informar sobre:
a) La propia organización y los principales servicios y prestaciones públicas.
b) Los planes y programas que permiten concretar las políticas públicas que llevan a cabo.
c) La existencia de bases de datos y archivos que contienen la información directamente relacionada con el interés de los ciudadanos, siempre y cuando la legislación vigente lo permita.
d) Los derechos de los ciudadanos en las relaciones con la administración.
e) Los procedimientos administrativos de su competencia y las convocatorias públicas en materia de contratación, subvenciones y selección de personal.
f) Los medios de impugnación y de reclamación y los órganos competentes para la resolución de dichos procedimientos.
3. Pueden establecerse por reglamento los plazos y condiciones en que los ciudadanos pueden hacer efectivo el derecho a la información.
4. En los procedimientos iniciados de oficio, la administración pública sólo puede utilizar y requerir las comunicaciones electrónicas en las relaciones con las personas interesadas si estas lo aceptan.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 1, las personas físicas pueden utilizar también alguno de los sistemas de firma electrónica, avanzada o reconocida, admitidos por las administraciones públicas.
1. El procedimiento de elaboración de un proyecto de disposición reglamentaria se inicia por resolución del consejero o consejera del departamento competente en la materia del proyecto. Si se trata de materias de competencia de más de un departamento, la resolución debe ser conjunta o del titular o la titular del Departamento de la Presidencia.
1. Si la aprobación de la disposición reglamentaria corresponde al Gobierno, la iniciativa debe ponerse en conocimiento de los distintos departamentos con el fin de que formulen las observaciones que estimen convenientes, durante un plazo no inferior a quince días y previamente, si procede, a los trámites de audiencia y de información pública.
a) Las infracciones graves son sancionadas con multas de 100.001 euros hasta 1.000.000 de euros y pueden comportar la retirada de la habilitación de la entidad colaboradora o del personal técnico infractor establecida por el artículo 97, con la imposibilidad de volver a solicitarla en un plazo de dos años.
3. Los convenios que comportan el otorgamiento de una subvención por parte de las administraciones públicas deben ajustarse, además, a las normas que regulan dicho otorgamiento.
Artículo 110. Forma y contenido.
1. Los convenios y los protocolos se formalizan por escrito.
2. Los convenios, si procede, deben contener los siguientes aspectos:
a) Las administraciones y los órganos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada parte.
d) El objeto del convenio y las actuaciones que se acuerda realizar para su cumplimiento.
g) El plazo de vigencia del convenio y, si procede, el régimen de prórroga. Si el convenio comporta compromisos de gasto económico, las prórrogas han de ser expresas.
h) Las causas y las formas de extinción distintas de la expiración del plazo de vigencia, así como la forma de finalizar las actuaciones en curso en caso de extinción anticipada.
j) El establecimiento de las responsabilidades de seguimiento y control de las actuaciones que se acuerde desarrollar, incluida la posibilidad de establecer un órgano específico para cumplir dichas funciones.
k) Las medidas que pueden adoptarse en caso de incumplimiento de los compromisos establecidos por el convenio.
l) Los órganos y procedimientos a los que se someten las diferencias que puedan surgir sobre la interpretación y el cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. Los protocolos deben contener, si procede, los aspectos establecidos por las letras a), b), c), d), e), g), h), j) y l) del apartado 2.
Las disposiciones del capítulo II del título II de la presente ley no son de aplicación al Gobierno de la Generalidad ni al pleno ni, en su caso, a la comisión de gobierno de las entidades que integran la Administración local.
1. El Gobierno debe promover que la entidad pública prestadora de servicios de certificación suministre y administre la firma electrónica reconocida, si es necesaria, a los órganos administrativos y al personal de las administraciones, debiendo determinar sus correspondientes condiciones de uso.
2. La expedición, la renovación, la modificación y la actualización de los certificados reconocidos deben realizarse previa comprobación de la identidad y de los datos personales con los correspondientes registros administrativos o de personal, sin necesidad de comparecer personalmente.
3. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 2, la entrega de los dispositivos seguros de firma electrónica debe efectuarse siempre presencialmente a los órganos administrativos y al personal de la administración que solicita los certificados.
Disposición adicional séptima. Firma electrónica para los ciudadanos.
1. La entidad pública prestadora de servicios de certificación puede suministrar y administrar la firma electrónica avanzada y el certificado reconocido en el que ésta se basa, en régimen de libre concurrencia, a las personas que lo soliciten, previa comprobación específica de su identidad por parte de una entidad pública de la Administración de la Generalidad o de otras entidades de registro colaboradoras, públicas o privadas.
2. La renovación, la modificación o la actualización del certificado reconocido no requiere la comparecencia del ciudadano o ciudadana, con independencia del plazo que haya transcurrido desde la emisión del primer certificado reconocido, excepto cuando éste haya sido revocado o haya expirado.
1. La Agencia Catalana de Certificación es la entidad pública prestadora de servicios de certificación en el ámbito de la Administración de la Generalidad.
2. La Agencia Catalana de Certificación puede prestar sus servicios a todas las administraciones públicas de Cataluña, así como a las entidades dependientes, públicas o privadas.
Disposición adicional disposición transitoria. Régimen transitorio de actuaciones y procedimientos anteriores.
4. Los organismos supramunicipales pueden prestar los servicios necesarios para garantizar la efectividad de los derechos en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para su prestación. A estos mismos efectos, las entidades de la Administración local de Cataluña también pueden establecer convenios de colaboración con los departamentos de la Administración de la Generalidad.
b) Los apartados 1, 2 y 4 de la disposición final tercera, que entran en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley.»
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5686, de 5 de agosto de 2010.)
Fecha de entrada en vigor: 05/11/2010
Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 5 de noviembre de 2010.
Publicada en el DOGC núm. 5686, de 5 de agosto.
SE CORRIGEN erratas, en la Ley 5/2020,de 27 de abril, en DOGC núm. 8135, de 18 de mayo de 2020 (Ref. DOGC-f-2020-90174).
SE CORRIGEN errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, en BOE num. 163, de 10 de junio de 2020 (Ref. BOE-A-2020-5901).
SE AÑADE el art. 66 bis, por Ley 5/2020, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2020-5569).
SE MODIFICA Arts. 23, 110 y SE AÑADE el art. 50 bis y las disposiciones adicionales 16 y 17, por Ley 16/2015, de 24 de julio (Ref. BOE-A-2015-9208).
SE DEROGA los arts. 27 y 28, por Ley 19/2014, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-470).
SE MODIFICA el art. 100, por Ley 2/2014, de 27 de enero (Ref. BOE-A-2014-2999).
SE DEROGA la disposición adicional 9 y SE MODIFICAN los arts. 10, 43, 45, 61, 66, 67, 109, 110 y las disposiciones adicionales 6, 7 y final 2, por Ley 10/2011, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-547).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 9, de 11 de enero de 2011 (Ref. BOE-A-2011-553).
con la excepción indicada Ley 23/2002, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-2002-25139).
parcialmente Ley 13/1989, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-645).
MODIFICA los arts. 10.b), 26.k), 36.3 y la disposición adicional 2 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-2008-19526).
arts. 65 y 159.1 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (Ref. BOE-A-2006-13087).
CITA Directiva 2006/123/CE, de 12 de diceimbre (Ref. DOUE-L-2006-82665).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97

Artículo 110