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Timestamp: 2017-03-29 17:42:23+00:00

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Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. TÍTULO II. Estatuto de la propiedad del suelo (Vigente hasta el 30 de Junio de 2008).
TÍTULO IIEstatuto de la propiedad del suelo
Conceptos fundamentales del régimen urbanístico del suelo (en referencia al artículo 34 de la Ley Urbanística Valenciana) En los conceptos fundamentales del régimen urbanístico del suelo establecidos en el artículo 34 de la Ley Urbanística Valenciana no se tendrán en cuenta los elementos constructivos que el planeamiento excluya del cómputo de edificabilidad, tales como semisótanos, voladizos, marquesinas o similares.
Concepto de Áreas Semiconsolidadas (en referencia al artículo 27, apartados 1 y 2, de la Ley Urbanística Valenciana) 1. Tienen la consideración de Áreas Semiconsolidadas aquellas superficies de terreno integradas en un Sector, Unidad de Ejecución o Área Reparcelable, que estén parcialmente ocupadas por edificaciones compatibles con la ordenación propuesta.
2. Se entiende por edificaciones compatibles con la ordenación propuesta aquellas que cumplan todos los siguientes requisitos:
a) Que respeten todos los parámetros edificatorios y de uso previstos por el planeamiento cuya ejecución se pretenda, salvo en lo referente al Aprovechamiento Objetivo para la Parcela Vinculada. En el supuesto en que la edificación preexistente represente un exceso respecto al Aprovechamiento Objetivo de la Parcela Vinculada, el inmueble quedará sujeto al régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 30 de la Ley Urbanística Valenciana y a las previsiones del planeamiento general que lo desarrollen.
b) Que cuenten con todas las licencias urbanísticas y autorizaciones sectoriales exigibles o, en su defecto, que haya prescrito la acción para la restauración de la legalidad urbanística o para imponer sanciones. A los efectos de determinar si una concreta Área Semiconsolidada debe sujetarse al régimen de Actuaciones Integradas o al de Actuaciones Aisladas se aplicarán los criterios establecidos en este Reglamento.
c) Que no ocupen, ni siquiera parcialmente, parcelas destinadas a viales, espacios libres u otras dotaciones públicas y se encuentren alineadas de acuerdo con el trazado de alineaciones previsto en el plan.
Concepto de Edificaciones Consolidadas (en referencia al artículo 28.1 de la Ley Urbanística Valenciana) Se entiende por Edificaciones Consolidadas las que estén patrimonializadas por sus propietarios, por haber obtenido las licencias urbanísticas no provisionales y demás autorizaciones sectoriales exigibles o, en su defecto, por haber prescrito las acciones para la restauración de la legalidad urbanística o para la imposición de sanciones.
Parcela Vinculada urbanísticamente a una Edificación Consolidada (en referencia al artículo 29 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. Se entenderá por Parcela Vinculada urbanísticamente a una Edificación Consolidada, la superficie de terreno que resulte de dividir la edificabilidad total construida de la Edificación Consolidada, por el índice de edificabilidad neta que el plan le asigne, que podrá ser diferente del aplicable al resto del Sector. El concepto índice de edificabilidad neta debe entenderse como el cociente de dividir la edificabilidad bruta total asignada por el Plan al ámbito en que se ubique la Parcela Vinculada, por la superficie lucrativa total resultante en ese ámbito.
2. En todo caso, la superficie de Parcela Vinculada será igual o mayor al área ocupada por la edificación y comprenderá la planta de ésta.
Reclasificación a suelo no urbanizable de Áreas Semiconsolidadas (en referencia al artículo 27.3 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. Mediante Plan Especial modificativo del planeamiento general se podrán reclasificar como suelo no urbanizable aquellos terrenos en los que concurran, acumulativamente, los siguientes requisitos:
a) Que en ellos existan edificaciones patrimonializadas por sus propietarios, por contar con las correspondientes licencias urbanísticas no provisionales o autorizaciones sectoriales exigibles o, en su defecto, por haber prescrito las acciones para la restauración de la legalidad urbanística o para imponer sanciones.
b) Que esos terrenos se encuentren integrados en Unidades Geográficas Homogéneas. A estos efectos, se entenderá por Unidades Geográficas Homogéneas las Unidades Paisajísticas que se identifiquen en el Estudio de Paisaje que, necesariamente, deberá formar parte del Plan Especial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Letra b) del número 1 del artículo 238 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
c) Que no reúnan la condición de solar, de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento y en el artículo 11 de la Ley Urbanística Valenciana.
d) Que su densidad residencial, calculada tomando como base el perímetro de la Unidad Geográfica Homogénea, no supere las dos viviendas por hectárea. En defecto de estudios específicos actualizados en el momento de elaborar el Plan, se calculará el número de viviendas a razón de una por cada 100 m² de techo residencial existente.
2. El Plan Especial que reclasifique estos terrenos como suelo no urbanizable deberá establecer el régimen urbanístico de protección, conservación y mantenimiento, así como las obras y usos permitidos, sin que en ningún caso pueda aumentarse el aprovechamiento urbanístico preexistente, todo ello de conformidad con la legislación reguladora de esa clase de suelo.
Informes justificativos del valor de las Edificaciones Consolidadas (en referencia al artículo 28.2 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. El informe por el que un propietario trate de justificar que el valor de su Edificación Consolidada supera el de los derechos que le atribuya un Programa, deberá ser emitido por un técnico con titulación universitaria de rango superior.
2. Ese informe será objeto de análisis contradictorio. A tal efecto se emitirán informes por el técnico competente del Ayuntamiento actuante y por el técnico redactor del programa, que deberá ser emitido en el plazo de un mes.
Número 2 del artículo 239 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
3. A la vista de todos los informes, el Ayuntamiento decidirá si se concurren los requisitos exigidos para indemnizar, y fijará el importe de la indemnización conforme a lo dispuesto en la legislación estatal sobre el régimen del suelo y valoraciones.
Primera implantación de servicios para edificios o instalaciones preexistentes (en referencia al artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. En las actuaciones Urbanizadoras que no supongan primera implantación de servicios para edificios o instalaciones preexistentes, sino mera renovación, ampliación o reestructuración de esos servicios, no cabrá imponer a la propiedad el pago de cuotas por los costes de urbanización, salvo que su devengo se difiera hasta el momento de su reedificación. En tal caso, la Parcela Vinculada a las edificaciones o instalaciones quedará afecta registralmente al pago del canon de urbanización.
2. El Programa contendrá una propuesta de Ordenanza reguladora del canon de urbanización, que será aprobada junto con aquél. Los propietarios de las edificaciones o instalaciones preexistentes abonarán, en todo caso, los costes de urbanización correspondientes a la primera implantación de servicios.
3. Se entiende por primera implantación de servicios la ejecución de las siguientes obras de infraestructura:
a) El acceso rodado por vía pública pavimentada. No justifican la dotación de este servicio ni las rondas perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de esos núcleos entre sí, salvo en sus tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con calle propia del núcleo urbano, hacia su interior.
b) El acondicionamiento del resto de vías que den frente a la parcela, en la medida necesaria para convertirlas en accesibles al público.
c) El suministro de agua potable y energía eléctrica, cuando éstos no preexistieran.
d) La evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. No justifica la dotación de este servicio la evacuación a acequias o fosas sépticas, salvo que para el caso concreto el planeamiento las autorice de forma excepcional y debidamente justificada, y en condiciones adecuadas para zonas de densidad inferior a una vivienda por hectárea.
e) El acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías a que dé frente la parcela.
f) Las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la Actuación en que se ubique la parcela con su entorno territorial, aprobadas al programar la Actuación.
g) En todo caso, los elementos pertenecientes a la red primaria pública.
4. Sólo procederá la exoneración del pago al que se refiere el artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana, cuando los propietarios de Edificaciones Consolidadas acrediten fehacientemente la previa contribución a las cargas que hubieran dado lugar a la implantación de los servicios urbanísticos preexistentes, mediante la aportación de los documentos de pago u otros medios de prueba que resulten pertinentes y suficientes al efecto. En otro caso, resultará siempre aplicable la regla de aplazamiento del pago establecida en ese mismo precepto.
5. En las actuaciones Urbanizadoras desarrolladas por gestión directa sin Programa de Actuación Integrada, la Administración actuante podrá repercutir el coste de las obras de urbanización mediante la imposición de un canon de urbanización, sin que proceda aplazamiento alguno en el pago.
Imposición de los costes de urbanización a propietarios de Edificaciones Consolidadas (en referencia al artículo 28.4.ª de la Ley Urbanística Valenciana) 1. Se exceptúa la regla del artículo anterior y, en consecuencia, se impondrán los costes de urbanización, sin aplazamiento o exoneración, en las siguientes circunstancias:
a) Cuando en el edificio o instalación preexistente se desarrollen actividades económicas que precisen de los servicios de la nueva urbanización para legitimar su permanencia en normal funcionamiento, de conformidad con el planeamiento y con la legislación sectorial aplicables en cada momento. Se entiende por servicios de la nueva urbanización los que establezca el Plan o la normativa sectorial.
b) Cuando el nuevo Plan beneficie al inmueble con un cambio de uso o un aumento de aprovechamiento. Se entenderá que concurre esta circunstancia incluso cuando sólo se varíe el régimen de usos compatibles o permitidos.
c) Cuando el edificio o instalación preexistente haya sido provisionalmente autorizado, se encuentre en estado ruinoso, o proceda adoptar respecto a ellos medidas de restauración de la legalidad. A efectos de acreditar estas circunstancias, será necesaria la declaración administrativa de ruina, o la notificación al interesado de la incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística.
2. Cuando la permanencia del edificio o instalación sea radicalmente incompatible con la nueva urbanización, sin perjuicio de la indemnización que corresponda en cada caso por el derribo o erradicación del edificio o instalación, y del derecho del dueño a solicitar la indemnización prevista en el artículo 28.2 de la Ley Urbanística Valenciana. Se entenderá que la permanencia del edificio o instalación es radicalmente incompatible con la nueva urbanización cuando:
a) El planeamiento así lo indique y justifique expresamente.
b) El uso del edificio o instalación esté prohibido, expresa o implícitamente, por el nuevo planeamiento.
c) El edificio o instalación se encuentren situados sobre terrenos que el nuevo planeamiento califique como red primaria o secundaria de dotaciones públicas, o su existencia dificulte o impida la correcta ejecución y funcionamiento de tales dotaciones, y así se justifique por el Plan. En el caso de que sólo una parte de los terrenos esté destinada a albergar una dotación pública, el resto de los terrenos libres de la dotación podrán sujetarse al régimen de aplazamiento del pago previsto en el artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana, siempre y cuando ello no dificulte o impida la correcta ejecución y funcionamiento de la dotación.
Aplazamiento o exoneración del pago de las obras de urbanización (en referencia al artículo 28.5 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. La Administración podrá imponer al Urbanizador la obligación de soportar los costes de urbanización que sean objeto de aplazamiento o exoneración, conforme a lo dispuesto en los artículos 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. En tal caso, compensará al Urbanizador con la parte del Excedente de Aprovechamiento equivalente a esa obligación.
2. En el acuerdo de adjudicación del Programa, el Ayuntamiento podrá acordar la anticipación a cuenta del Urbanizador de todos los costes exonerados o diferidos que procedan en la Actuación, o asumirlos directamente:
a) Para el caso en que se imponga al Urbanizador la anticipación de esos costes, el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación compensará al Urbanizador con el porcentaje de Excedente de Aprovechamiento municipal que, valorado conforme a la legislación estatal del suelo y valoraciones, equivalga al importe de los costes así financiados. Si la totalidad del Excedente de Aprovechamiento municipal no fuera suficiente para compensar los anticipos, se procederá a liquidar en dinero la diferencia, con cargo a la Actuación. A tal efecto, los propietarios de Edificaciones Consolidadas participarán en el levantamiento de esta carga, en el porcentaje que no resulte beneficiado por la exoneración o aplazamiento de los costes.
b) Para el supuesto en que proceda el aplazamiento de los costes, el Ayuntamiento aprobará una Ordenanza municipal que regule un canon de urbanización, en virtud del cual los propietarios beneficiados por el aplazamiento vendrán obligados a satisfacer los costes de urbanización diferidos en el momento en que se les conceda la licencia por la que se autorice bien la reedificación del inmueble que se benefició del aplazamiento, o bien un aumento de edificabilidad respecto de la inicialmente consolidada.
Aprobación de canon para el pago diferido de obras de urbanización (en referencia al artículo 28.5 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. El canon que se apruebe para el pago diferido de las obras de urbanización:
a) Tendrá como beneficiario al propio Ayuntamiento hasta el límite en que se hubiera valorado el excedente con cargo al cual se hubiesen financiado inicialmente los costes de urbanización que sean objeto del canon, correspondiendo el resto del importe recaudado al conjunto de la Actuación en compensación de la parte que ésta hubiera costeado.
b) Tendrá un plazo máximo de carencia de tres años. Transcurrido ese plazo sin haberse concedido la licencia que origine la exigibilidad del canon, procederá su liquidación y pago.
2. El proyecto de reparcelación gravará las parcelas adjudicadas a los propietarios de inmuebles consolidados que se beneficien del diferimiento del pago de los costes de urbanización con una afección real, específica e independiente del resto de afecciones legal o reglamentariamente procedentes. Esta afección se cancelará cuando se produzca el reintegro por los propietarios beneficiados de los costes diferidos y, en todo caso, transcurridos siete años desde su práctica. No obstante, a instancia del propietario beneficiado, se podrá sustituir esa afección por otro tipo de garantía suficiente en la forma regulada en los artículos 383 y 384 de este Reglamento.
Número 2 del artículo 243 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Viviendas en uso o en condiciones de ser habitadas (en referencia al artículo 29.1 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. Cuando en un sector existan Edificaciones Consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que las desarrollen podrán prever, para las Parcelas Vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de Actuaciones Aisladas y su clasificación como suelo urbano.
2. Será obligatorio este tratamiento cuando se trate de viviendas unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas. A tal efecto:
a) Se consideran viviendas unifamiliares en uso aquéllas en las que se pueda acreditar que están habitadas, y además sus residentes se hallen empadronados en ellas al menos durante un año.
b) Se entiende por viviendas en condiciones de ser habitadas aquellas que cumplen los requisitos normativos exigidos para obtener cédula de habitabilidad o autorización administrativa equivalente.
3. La Administración podrá girar visita de inspección a efectos de comprobar la efectiva concurrencia de todas las circunstancias exigidas en el apartado anterior.
Obras en edificaciones con exceso de aprovechamiento consolidado (en referencia al artículo 30.2 de la Ley Urbanística Valenciana) 1. En las Edificaciones Consolidadas que presenten un aprovechamiento consolidado superior al Aprovechamiento Objetivo previsto por el Plan, pero transitoriamente compatible con éste, se admitirán obras de reforma y mejora y cambios objetivos de actividad, siempre que éstos no acentúen la inadecuación al planeamiento vigente, no supongan la completa reconstrucción de elementos disconformes con él, ni incrementen el valor de la edificación a los efectos indemnizatorios.
2. Las obras de reforma y mejora, así como los cambios objetivos de actividad, permitidos en las Edificaciones Consolidadas que presenten excesos de aprovechamiento sólo podrán tener como finalidad el mantenimiento, conservación o incremento de la seguridad de las instalaciones. Por el contrario, en ningún caso podrán suponer:
a) El aumento del aprovechamiento respecto del ya patrimonializado.
b) La implantación de actividades o usos más lucrativos en términos de rentabilidad o valor, ni siquiera cuando éstos estuvieran previstos por el planeamiento.
3. La valoración de la concurrencia de todas las circunstancias previstas en este artículo corresponderá a los Ayuntamientos, y se realizará en el momento de otorgar o denegar la licencia. A tal efecto la solicitud de licencia deberá expresar el fundamento que justifica su otorgamiento. La resolución municipal deberá ser motivada.

References: artículo 34
 artículo 34
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 238
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 28
 artículo 239
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 243
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 30
 resolución