Source: https://es.scribd.com/document/289604933/Boletin-de-Jurisprudencia-Mayo-2015
Timestamp: 2019-10-21 17:50:14+00:00

Document:
Boletin de Jurisprudencia Mayo 2015 | Veredicto (Derecho) | Derecho penal
Boletin de Jurisprudencia Mayo 2015
guardarGuardar Boletin de Jurisprudencia Mayo 2015 para más tarde
Capacidad Para Ser Juzgado
concurso psico estatal
Copia de PROCESAL
Reglamento sobre información al consumidor de créditos hipotecarios, Decreto 42, Min. Economía, 13 julio 2012 - Sernac Financiero
Es un Quick Préstamo Tu Mejor Elecciónh
1-1_Francia[1]
DEMANDA HIPOTECA (VARIOS)
Economia y Finanzas Para La Ingenieria
(Procesal penal) CONCEPTO DE AUDIENCIA - Francisco Celis Mendoza Ayma .docx
Se Convoca El Premio INAP 2014 Para Tesis Doctorales
Reclamación SAC Con Novacion
BOLETN DE JURISPRUDENCIA
Pe n a l
Tr i b u n a l E u ro p e o d e D e r e c h o s H u m a n o s
nmero 29
SECCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia n 63/2015, de 13 de abril
Recurso de Amparo n 4.416/2012
Ponente: Excma. Sr. D Encarnacin Roca Tras
TEMA: Prescripcin de la pena. Cmputo y suspensin del plazo.
ASPECTOS EXAMINADOS
- El Juzgado de lo Penal conden al demandante como autor responsable de un delito de hurto, procedindose por este en la misma fecha de declaracin de la firmeza de la sentencia (26 de enero de 2007) a solicitar la
suspensin de la pena de prisin, comprometindose a abonar en plazos mensuales la responsabilidad civil
fijada. Concedido el beneficio de la condena condicional, por parte del actor se abon nicamente el primero
de los plazos mensuales, no resolvindose nada en la ejecucin si no hasta la fecha de 1 de marzo de 2010
en la que mediante providencia, se dejaba constancia del nico ingreso efectuado y se proceda seguidamente
a dictar sendos autos de 16 de marzo de 2010 en los que se declaraba respectivamente, la insolvencia del
actor y la revocacin de la suspensin de condena. Siendo requerido el demandante el 4 de mayo siguiente
para su ingreso voluntario en prisin en el plazo de diez das, mediante escrito presentado el 20 de mayo de
2010, aquel solicit la sustitucin de la pena de prisin por la de trabajos en beneficio de la comunidad. Dicha
solicitud fue desestimada por Auto de 11 de junio de 2010, decisin confirmada en reforma por auto de 5 de
octubre de 2010 y posteriormente en apelacin por Auto dictado el 21 de marzo de 2011. Tras ello, el 7 de
abril de 2011 el Juzgado de lo Penal dict providencia requiriendo nuevamente al penado para que, en el plazo
de cinco das, ingresara voluntariamente en prisin para el cumplimiento de la pena; requerimiento que fue
recurrido en reforma por el penado y desestimado por auto de 23 de mayo de 2011. El 20 de abril de 2011 el
demandante de amparo haba presentado un nuevo escrito, solicitando en esta ocasin la sustitucin de la
pena de prisin por la de multa, conforme a la previsin del artculo 88.1 del Cdigo penal, peticin que le fue
rechazada por providencia de 13 de mayo de 2011, en la que asimismo se ordenaba, por tercera vez, su ingreso voluntario en prisin dndole el plazo de una audiencia y bajo el expreso apercibimiento de que, en caso de
no hacerlo, sera conducido por la fuerza pblica. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2011, la representacin del demandante de amparo solicit nuevamente la suspensin de la ejecucin de la pena privativa de libertad, en esta ocasin ante la circunstancia de haber solicitado ante el Ministerio de Justicia la gracia
de indulto. Su pretensin suspensiva fue desestimada por auto de 9 de junio de 2011, acordndose el siguiente da su detencin e ingreso en prisin, llamndose al penado por requisitoria y oficindose a tal fin a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Consejo de Ministros de 19 de agosto de 2011 deneg al demandante el indulto solicitado.
- La representacin procesal del demandante, a travs de un nuevo escrito registrado el 23 de enero de 2012,
solicit que, conforme a lo dispuesto en los artculos 130.1.7, 33.3 a), 133.1 y 134 del Cdigo penal, fuera declarada extinguida su responsabilidad penal por prescripcin de la pena al haber transcurrido ms de cinco
aos tanto desde el momento en que finaliz el plazo para recurrir la Sentencia, como desde la declaracin de
su firmeza. La peticin fue desestimada por auto de 17 de febrero de 2012, al considerar el Juzgado de lo Penal competente que el plazo de prescripcin del artculo 134 del Cdigo penal puede resultar interrumpido en
los casos en los que la ejecucin se ve paralizada, suspendida o dilatada por una resolucin o incidente iniciado a instancia o en inters del penado. El citado auto fue posteriormente confirmado en apelacin.
- El TC en la sentencia ahora reseada, otorga finalmente el amparo pretendido, pues considera que el principio de seguridad jurdica impide una interpretacin de la norma como la que realizan los rganos judiciales. Se
afirma, que el criterio interpretativo sostenido por aquellos en las resoluciones recurridas, no puede entenderse
amparado en la estricta literalidad de la norma aplicable (El tiempo de la prescripcin de la pena se computar
desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si sta hubiese comenzado a
cumplirse) lo que incide en el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y repercute en los derechos del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE), impidiendo estimar debidamente satisfecho el canon de motivacin reforzada exigible en estos casos.
Sentencia n 54/2015, de 16 de marzo
Recurso de Amparo n 2.603/2013
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Jos Gonzlez Rivas
TEMA: Inspecciones tributarias. Inviolabilidad de domicilio de persona jurdica. Valor de la confesin del contribuyente a efectos de regularizacin de su situacin fiscal.
- La entidad demandante de amparo fue objeto de inspeccin por parte de la Hacienda Tributaria de Navarra
que concluy con la prctica de diligencia consistente en la entrada de los inspectores en las dependencias de
la sociedad hacindose acompaar por un sargento de la Polica Foral de Navarra y por un colaborador experto en informtica, permitiendo los socios administradores el registro de sus ordenadores, sin que fueran previamente informados de su derecho a oponerse a tal entrada y registro. En la tramitacin de los expedientes, una
parte de las liquidaciones correspondientes a IVA e Impuesto de Sociedades se documentaron en actas en las
que los representantes de la recurrente hicieron mencin en la firma a su desacuerdo con la forma en que se
efectu la entrada y registro, siendo objeto las resoluciones dictadas, primero, de procedimiento administrativo,
luego de reclamacin econmico-administrativa y posteriormente de recurso contencioso-administrativo origen
a su vez del recurso de amparo que se resuelve en esta sentencia. Otra parte de las mentadas liquidaciones
se firm en conformidad, incondose diligencias penales que en razn de la inmediata regularizacin de las
cantidades inicialmente defraudadas fueron sobresedas.
- La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Navarra dict sentencia por la que estim se haba vulnerado el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio del artculo 18.2 CE, aunque consider que las
pruebas as obtenidas podan valorarse autnomamente y sin afectar a la conexin de antijuridicidad, por el
hecho de la conformidad y regularizacin prestadas en relacin con aquella otra serie de liquidaciones que al
ser abonadas haban resultado sobresedas en va administrativa y archivadas en va penal en razn de la
aplicacin de la ya citada excusa absolutoria.
- El TC otorga el amparo y seala a tal efecto lo siguiente: En primer lugar que el derecho fundamental a la
inviolabilidad del domicilio es extensivo a las personas jurdicas aunque no existe una plena correlacin entre
el concepto legal de domicilio de las personas jurdicas establecido por la legislacin mercantil, con el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que ste es un concepto de mayor amplitud que el concepto jurdico
privado o jurdico administrativo; en segundo trmino, que el consentimiento eficaz tiene como presupuesto el
de la garanta formal de la informacin expresa y previa, que debe incluir los trminos y alcance de la actuacin para la que se recaba la autorizacin injerente, de modo que si aquel resulta viciado, no habr consentimiento eficaz para justificar la intromisin domiciliaria; y en tercer y ltimo lugar, que la conclusin alcanzada
por el rgano judicial sobre la ruptura del nexo causal entre la prueba ilcita y el reconocimiento de los hechos
se asienta en una extensin de la conformidad prestada en otro expediente con la finalidad de evitar la tramitacin de un proceso penal. Tal actuar vulnera la garanta del expedientado a no declarar contra s mismo, puesto que se otorga valor de confesin a un reconocimiento de hechos realizado en otro expediente, con la finalidad de regularizar la situacin en relacin a unas liquidaciones y sanciones concretas, sin consideracin a que
las actas a que se refiere el recurso contencioso-administrativo fueron firmadas en disconformidad precisamente por su conexin con los datos obtenidos de las diligencias practicadas con vulneracin del art. 18.2 CE.
Sentencia n 60/2015, de 18 de marzo
Cuestin de Inconstitucionalidad n 3.337/2013
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Narvez Rodrguez
TEMA: Impuesto de sucesiones y donaciones. Bonificacin en determinadas Comunidades Autnomas. Derecho a la igualdad entre los descendientes del mismo causante. Artculo 12 bis de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre.
- Como consecuencia de la apertura de la sucesin de causante con residencia fiscal en la Comunidad Valenciana, se efectuaron las correspondientes liquidaciones tributarias por el impuesto de sucesiones y donaciones
en relacin con el cnyuge sobreviviente y los tres hijos comunes, siendo as que tanto el cnyuge como dos
de los hijos resultaron favorecidos con la bonificacin del 99% de la respectiva cuota tributaria, no aplicndose
la misma al tercero de los descendientes, al prever la norma ahora cuestionada como condicin para el disfrute
de aquella bonificacin, el hecho de la residencia habitual en la Comunidad Valenciana.
- Tras impugnarse en va contenciosa la resolucin de la Administracin Tributaria, la misma fue confirmada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad de Valencia. Interpuesto recurso de
casacin, la Seccin Sptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acord plantear cuestin de inconstitucionalidad en relacin con el art. 12 bis de la Ley autonmica 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonmico del impuesto sobre la renta de las personas fsicas y restantes tributos cedidos, estimando que la exigencia a los herederos en primer grado de su residencia habitual en
la Comunidad Autnoma, supondra una quiebra del derecho a la igualdad ante la Ley del artculo 14 CE.
- El TC estima la cuestin de inconstitucionalidad suscitada, sealando al efecto como punto de partida, que es
evidente que la situacin de un heredero (descendiente) que reside en la Comunidad Valenciana respecto de
la de otro heredero (tambin descendiente) que no reside en la Comunidad Valenciana, con relacin a una
misma herencia y causante, en orden al pago del impuesto sobre sucesiones que para uno y otro se devenga,
es objetivamente comparable. Tras dicha afirmacin, el TC analiza si existe una finalidad objetiva y razonable
que legitime la diferencia, llegando a la conclusin de que, si la razn de la medida es la realizacin de una
poltica social de apoyo a la familia directa del causante, en principio, el mismo apoyo merece recibir cualquier
miembro integrante de esa familia directa a la que se dirige la norma legal, tanto ms si lo que se pretende es
salvar la neutralidad del impuesto en las herencias directas de padres a hijos, entre cnyuges, o de hijos a
padres, evitando la tributacin del patrimonio familiar. En consecuencia con todo ello, el TC considera que carece de cualquier justificacin legitimadora el recurso a la residencia como elemento de diferenciacin, vulnerando la norma cuestionada el principio de igualdad previsto en el artculo 14 CE.
http://www.tribunalconstitucional.es/ES/JURISPRUDENCIA/Paginas/Sentencias.aspx
SECCION TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Caso ARRATIBEL GARCIANDIA c/ ESPAA
Sentencia de fecha 5 de mayo de 2015, Seccin Tercera.
Caso n. 58488/2013
TEMA: Tortura. Obligacin de investigacin efectiva
- En este caso se condena a Espaa por violacin del art. 3 del Convenio (prohibicin de la tortura) en su vertiente procesal, por no investigar malos tratos denunciados. El demandante tras ser detenido el 18 de enero
de 2011 por su presunta pertenencia a la organizacin EKIN, fue conducido a la Audiencia Provincial de Pamplona, donde le tomaron huellas y con su consentimiento tambin muestras de ADN. Indic que no haba
habido violencia en la detencin, pero si denunci que en el traslado a Madrid haba estado esposado, con
mscara en los ojos y con amenazas, que se repitieron en los varios interrogatorios policiales que le hicieron.
Que le golpearon, y asfixiaron varias veces con una bolsa de plstico amenazndole con electrodos. Ante el
forense (19 de enero) afirm que tena dolor de cabeza y que le dola la cabeza y el cuello pero que no quera
hablar de ello ni contest a las preguntas que le hizo en tal sentido el forense. Sigui manifestando dolores en
los das siguientes, pero no respondi a las preguntas del mdico sobre malos tratos. Dijo que le obligaron a
firmar una declaracin forzada y que firm con la palabra "aztnugal", es decir "laguntza", que significa "ayuda"
en euskera. Declar ante el Juez de la AN el 22 de enero (sostiene que inform al Juez de los malos tratos
sufridos) y fue ingresado en prisin. Denunci los malos tratos ante el Juzgado de Guardia de Pamplona el
da 11 de marzo solicitando varias diligencias de prueba. A la vista de los informes del Forense de la Audiencia Nacional, el Juez de Pamplona archiv las actuaciones y el archivo fue ratificado en la Audiencia de Navarra inadmitindose el amparo ante el TC.
- El TEDH destaca las recomendaciones al Gobierno espaol en 2013 en una visita del Comit Europeo para
la prevencin de la Tortura y observa que en el presente caso no se aplicaron. El demandante fue detenido en
incomunicacin durante cinco das y que la denuncia no ha sido suficientemente investigada, ni tampoco con
efectividad indicando que al menos habra de haberse odo por el Juez a los agentes a cargo de su vigilancia
durante la incomunicacin. Hay condena para Espaa.
Caso IDENTOBA Y OTROS c/ GEORGIA
Sentencia de fecha 12 de mayo de 2015, Seccin Cuarta.
Caso n. 73235/2012
TEMA: Tortura. Agresiones homofbicas. Obligacin de investigacin efectiva
- La condena en este caso es al estado de Georgia. El caso afectaba a unos demandantes que das antes del
17 de mayo de 2012 (da Internacional contra la homofbia) haban solicitado proteccin policial al Ministerio
del Interior para una marcha pacfica en apoyo de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales
en Georgia. Las autoridades confirmaron un despliegue policial para asegurar la marcha pacfica. Pero el da
de la marcha (eran unas 30 personas) unos grupos religiosos bloquearon la marcha, insultaron a los manifestantes al tiempo que la Polica se retiraba del lugar. Poco despus los manifestantes fueron agredidos, golpeados y pateados. La prensa presente en el lugar se hizo eco de los enfrentamientos entre manifestantes y
contramanifestantes. Las investigaciones abiertas por estos hechos continan en el momento actual.
- Tras analizar la gravedad de los hechos el TEDH considera que estos alcanzan el umbral mnimo necesario
establecido en el art. 3 (prohibicin de la tortura y tratos degradantes), ya que al margen de la gravedad de las
lesiones sufridas por algunos manifestantes hubo amenazas, insultos, con claro prejuicio homofbico que caus sentimientos en los demandantes de miedo angustia e inseguridad. Adems se seala que en contraste
con la obligacin positiva de proteccin del Estado a manifestantes pacficos, el Tribunal aprecia como la polica se retir del lugar al comenzar los ataques verbales permitiendo la degeneracin en violencia fsica de la
situacin. Se seala que en lugar de iniciar una investigacin exhaustiva y significativa sobre el incidente nicamente se abrieron dos investigaciones por lesiones fsicas causadas a dos manifestantes de manera individual. Por otra parte, se seala que son principios generales de una sociedad democrtica el pluralismo, la
tolerancia y la mentalidad abierta y que un equilibrio debe proporcionar un trato justo a las minoras para evitar
el abuso de las mayoras.
- Adems el Estado es garante del cumplimiento de esos principios, no bastando simplemente la omisin de la
intervencin. Por ello se entiende que hubo violacin del art. 3 en su vertiente procesal en relacin con el art.
14 (prohibicin de discriminacin), as como vulneracin del art. 11, en relacin con los derechos a la libertad
de reunin y de asociacin.
Caso LHERMITTE c/ BLGICA
Sentencia de fecha 26 de mayo de 2015, Seccin Segunda.
Caso n. 34238/09
TEMA: Derecho a un juicio justo. Motivacin del veredicto del jurado.
- La demandante cumple actualmente condena. El 28 de febrero de 2007 avis por telfono al nmero de
emergencias, indicando que haba matado a sus cinco hijos y que haba fracasado en su intento de suicidio.
Al ser ingresada el mdico de la prisin diagnostic ideas depresivas en contexto de tratamiento de drogas
psicotrpicas, ansiolticas y antidepresivas. Segn un informe psiquitrico su capacidad de juicio estaba disminuida pero no eliminada. El Tribunal del Jurado contest afirmativamente a las diversas cuestiones que le
plante el Presidente del Tribunal relativas a la culpabilidad de la acusada y negativamente a su situacin de
inimputabilidad. Fue condenada a cadena perpetua. Sus recursos fueron desestimados.
- La demandante acude al TEDH reclamando la violacin de un juicio justo por falta de motivacin del veredicto del jurado y de la corte de casacin. Indica que el Jurado no motiv la no estimacin de la lnea de defensa de la recurrente, con siete informes de expertos que sostenan la total falta de imputabilidad de la demandante.
- El TEDH recuerda que en casos anteriores (Saric C/ Dinamarca) se haba establecido que no se vulneraba
el derecho a un juicio justo (art. 6) por falta de motivacin del Jurado popular, en si misma considerada. La
cuestin radica en que el acusado pueda entender las razones del veredicto como salvaguardia contra la arbitrariedad. En aquel caso (Saric) el Tribunal examin la acusacin y las preguntas al Jurado. En el presente
caso, aunque las preguntas en si mismas no permiten al acusado conocer las razones del jurado para establecer su condena (en este caso de la no estimacin de su falta de imputabilidad), en su conjunto si puede considerarse que el juicio proporcion a la demandante esas razones, y esas razones se detallan tanto en la sentencia del Jurado en la que adems del Jurado haba tres jueces profesionales que motivan la resolucin, y
adems en la sentencia de Casacin. Se asume la dificultad de integrar en la motivacin de la sentencia de
condena las razones dadas por jueces que no asistieron a la deliberacin pero considera que en conjunto esta
cuestin no afecta al derecho a un juicio justo ya que los jueces que motivaron la sentencia compartieron obviamente las mismas razones subyacentes en la declaracin de culpabilidad.
- Por mayora (4 a 3) se considera que no ha habido violacin del art. 6.1 del Convenio.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx
SECCION CIVIL
Sentencia N 138/15
RECURSO DE CASACION N 1765/2013
Fecha Sentencia: 24/03/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Saraz Jimena
TEMA: Proteccin de los consumidores
ASPECTOS EXAMINADOS:
- Accin colectiva de cesacin de uso de condicin general que establece una clusula suelo por falta de
transparencia: La denominada clusula suelo debe ser objeto de un control de transparencia que vaya ms
all del control de incorporacin, que verifique que la informacin suministrada permite al consumidor saber
que se trata de una clusula que define el objeto principal del contrato y puede incidir de forma importante en
el contenido de su obligacin de pago, y que el adherente puede tener un conocimiento real y razonablemente
completo de cmo juega en la economa del contrato, segn la doctrina sentada en la sentencia de esta Sala
nm. 241/2013, para verificar si se ha cumplido esa exigencia de transparencia.
- Control abstracto de dichas clusulas: La posibilidad de tal control abstracto se justifica por la existencia de
condiciones generales de la contratacin empleadas en una pluralidad de contratos y en la utilizacin por la
predisponente de pautas estandarizadas en la contratacin de estos prstamos, propias de la contratacin en
Sentencia N 185/15
RECURSO DE CASACION N 952/2013
Fecha Sentencia: 10/04/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Sebastin Sastre Papiol
TEMA: Concurso de Acreedores.
- Concurso culpable. Interpretacin del art. 164.2.5 LC: La jurisprudencia, al interpretar este precepto legal, ha
evolucionado hasta considerar que para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un
animus nocendi [propsito de daar o perjudicar] y s nicamente la scientia fraudis, esto es, la conciencia o
conocimiento de que se origina un perjuicio. Por tanto, aunque puede concurrir una actividad intencionada y
directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causarlo, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o ste hubiera debido conocerlo (sentencias de
esta sala nm. 191/2009, de 25 de marzo, y nm. 406/2010, de 25 de junio, y las que en ellas se citan). Tanto
el animus nocendi, en cuanto intencin o propsito, como la scientia fraudis, en tanto estado de conciencia
o conocimiento, al ser situaciones referidas al fuero interno del deudor, pueden resultar de hechos concluyentes que determinan necesariamente la existencia de ese elemento subjetivo, salvo que se prueben circunstancias excepcionales que lo excluyan.
Sentencia N 148/15
RECURSO DE CASACION N 112/2013
Fecha Sentencia: 27/03/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Jos Antonio Seijas Quintana
TEMA: Accin de responsabilidad civil. Ex Delicto
- Criterios para aplicar la accin ex delicto: La doctrina ms reciente de esta Sala establece que para aplicar
la accin "ex delicto", se requiere la existencia de condena y no en los supuestos tanto de absolucin, sobreseimiento, como archivo, al resultar precisa declaracin penal al efecto y mal puede surgir la accin civil derivada, en relacin a la ausencia de ilicitud penal de los hechos denunciados (Sentencias de 26-10-1993, 10-51994, 19-5-1997, 14-4-1998 y 20-11-2001).
Sentencia N: 118/15
RECURSO DE CASACION N 2427/13
Fecha Sentencia: 06/03/2015
TEMA: Vivienda familiar. Atribucin uso e hipoteca previa al matrimonio
- Atribucin del uso de la vivienda familiar hipotecada: No se puede oponer dicho derecho al adjudicatario del
bien en subasta pblica a consecuencia del ejercicio de una ejecucin hipotecaria cuando la hipoteca se constituy sobre el bien antes del matrimonio por el otro cnyuge, siendo, pues, soltero y el bien privativo. El negocio fue, pues, vlido, y la conclusin debe ser que, ejecutado el inmueble que garantizaba con hipoteca la deuda contrada por el marido para su adquisicin, no puede oponerse la posesin derivada del derecho de uso
del inmueble atribuido a la recurrida y su hija, sin que sea de aplicacin el artculo 669.2 LEC ya que la pretendida carga, esto es, el derecho de uso, es en todo caso posterior al crdito por el que se ejecutaba la hipoteca
cuya existencia era previa a la celebracin del matrimonio, aceptando la esposa que dicho bien, que garantizaba con hipoteca el precio de su adquisicin por el marido en estado de soltero, constituyese la vivienda familiar
cuando contrajeron matrimonio.
Sentencia N: 166/15
RECURSO DE CASACION E INFRACCION PROCESAL N 2552/12
Fecha Sentencia: 17/03/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marn Castn
TEMA: Derecho a la intimidad. Indemnizacin daos y perjuicios. Carga de la prueba
- Indemnizacin daos y perjuicios. Interpretacin art. 9.3 de la LO 1/1982: Esta Sala ha declarado en STS 5
de junio de 2014, rec. n 3303/2012, que dada la presuncin iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba
en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoracin del dao moral no pueda
obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificacin, a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso
(sentencias de esta sala nm. 964/2000, de 19 de octubre, y nm. 12/2014, de 22 de enero). Se trata por
tanto de una valoracin estimativa, que en el caso de daos morales derivados de la vulneracin de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitucin, ha de atender a los parmetros previstos en el art. 9.3 de la
Ley Orgnica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes
para la aplicacin de tales parmetros, utilizando criterios de prudente arbitrio.
- Carga de la prueba: En materia de derechos fundamentales, cuando existen indicios de la vulneracin de un
derecho fundamental, la carga de la prueba se desplaza hacia la parte demandada. La interpretacin del art.
217 LEC debe acomodarse, conforme al art. 10.2 de la Constitucin, al Convenio de Roma de 1950 para la
Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales segn viene siendo interpretado por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) [...] y que si conforme al apdo. 7 del art.
217 LEC no puede exigirse a ningn litigante una prueba que vaya ms all de cualquier posibilidad razonable,
menos an podr exigrsele cuando con ello se menoscabe o dificulte la tutela de un derecho fundamental
hasta el punto de dejarle indefenso
Tribunal de Justicia de la unin europea. Sala Novena
Asunto acumulados: C- 279/13
Fecha sentencia: 26/03/ 2015.
- Sociedad de la informacin. Transmisin en directo de un encuentro deportivo en una pgina de Internet: El
artculo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2001, relativa a la armonizacin de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la informacin, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una
normativa nacional que extiende el derecho exclusivo de los organismos de radiodifusin a que se refiere dicho artculo 3, apartado 2, letra d), respecto a los actos de comunicacin al pblico que podran constituir las
transmisiones de encuentros deportivos realizadas directamente en Internet, como los controvertidos en el
asunto principal, siempre que tal extensin no afecte a la proteccin de los derechos de autor.
Tribunal de Justicia de la unin europea. Sala cuarta
Asunto acumulados: C-446/12, 447/12, 448/12 y 449/12
Fecha sentencia: 16/04/ 2015.
TEMA: Derecho a la intimidad
- Derecho al respeto de la vida privada. Derecho a la proteccin de los datos de carcter personal. Aplicacin a
los documentos de identidad: El artculo 4, apartado 3, del Reglamento n 2252/2004, en su versin modificada por el Reglamento n 444/2009, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a los Estados miembros a
garantizar, en su legislacin, que los datos biomtricos recogidos y almacenados de conformidad con el referido Reglamento no sern recogidos, tratados ni utilizados con fines distintos de la expedicin del pasaporte o
del documento de viaje, pues este aspecto no est comprendido en el mbito de aplicacin del citado Reglamento.
SECCIN PENAL
DATOS SENTENCIA:
Sentencia N: 242/2015
RECURSO CASACION N:16/2015
Fecha Sentencia: 16/04/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Jos Ramn Soriano Soriano
TEMA: Competencia. Resolucin anticipada por la Audiencia. Perpetuatio jurisdictionis
- Resolucin anticipada de la cuestin de fondo interesando la aplicacin de un subtipo agravado que dara
lugar a la competencia de la Audiencia Provincial (art. 250.1.6 C.P.)
- Dicho lo anterior hemos de dejar sentado, como apunta el Fiscal, que el examen por parte del Tribunal de la
concurrencia de los elementos propios del supuesto enjuiciado, con anterioridad a la celebracin del juicio oral
y, por ende, sin posibilidad de apreciar las pruebas que pudieran aportarse por las partes en acreditacin o no
de determinadas circunstancias agravatorias, resulta totalmente extemporneo, ya que esa decisin slo puede adoptarse en sentencia tras la valoracin de las pruebas contradictoriamente practicadas en el plenario; no
se puede vaciar el debate de algn extremo por la exclusiva voluntad del Tribunal llamado a enjuiciar.
- Cuando el procedimiento ha superado la fase de instruccin y se ha procedido a la apertura del Juicio Oral no
puede modificarse la competencia y hay que aplicar la doctrina de la perpetuatio iurisdiccionis en cuanto ella
supone el mantenimiento de una competencia declarada una vez abierto el Juicio Oral, incluso en los casos en
los que la acusacin desistiera de la calificacin ms grave que dio lugar a la atribucin de la competencia
(STS. 964/2011, 27 de septiembre; 697/2013, 25 de septiembre).
Sentencia N: 251/2014
RECURSO CASACION (P) N:10598/2014 P
Fecha Sentencia: 13/04/2015
Ponente Excma. Sra. D.: Ana Mara Ferrer Garca
TEMA: Intervenciones telefnicas. Informaciones procedentes de autoridades policiales extranjeras. Grupo
- Intervenciones telefnicas. Informaciones procedentes de autoridades policiales extranjeras. En este caso
Polica Judiciaria portuguesa. Respecto a las objeciones que se pueden oponer a las investigaciones policiales
realizadas por agentes extranjeros hemos de insistir en lo afirmado en distintos precedentes: no es preciso
acreditar la forma de conseguir el nmero de telfono de un sospechoso cuando no hay indicios de ilegitimidad
en el proceso de obtencin de la informacin. No puede admitirse una presuncin de ilegitimidad en la actuacin policial cuando no aparecen vestigios serios o rigurosos en tal sentido.
En relacin a los delitos de trfico de drogas, el principio de reciprocidad y cooperacin internacional entre
instituciones, tambin las policiales, necesariamente lleva a que el funcionamiento de esta colaboracin se
desenvuelva inspirada por el principio de confianza, tanto en los medios y en las formas utilizadas en la investigacin como en los resultados obtenidos y en la fiabilidad de las informaciones facilitadas.
Cuando servicios de informacin extranjeros proporcionan datos a las fuerzas y cuerpos de seguridad espaoles, la exigencia de que la fuente de conocimiento precise tambin sus propias fuentes de conocimiento, no se
integra en el contenido del derecho a un proceso con todas las garantas. Lo decisivo, adems de la constancia oficial, no necesariamente documentada, de que esa comunicacin se produjo, es que el intercambio de
datos sirva para lo que puede servir, esto es, para desencadenar una investigacin llamada a proporcionar a
los Tribunales espaoles los medios de prueba precisos para el enjuiciamiento de los hechos.
- Grupo Criminal Se trata de hacer frente al reforzado peligro que para determinados bienes jurdicos se deriva
de la actuacin concertada de varias personas cuya pluralidad, por s sola, intensifica los efectos asociados a
cualquier infraccin criminal. Una actuacin que, en no pocos casos, estar muy ligada a la profesionalidad
que, con uno u otro formato, con mayor o menor estabilidad, puede convertir el delito en una verdadera fuente
de recursos, con el consiguiente menoscabo de las reglas de convivencia. La realidad, en cada caso concreto,
exigir la definicin de un criterio que, con tributo a los principios que legitiman cualquier sistema punitivo, distinga entre aquellos supuestos de simple concertacin ajena a cualquier idea de lesividad y aquellos otros en
La diferencia de la organizacin criminal, que exige para su afirmacin la existencia de un grupo estable o por
tiempo indefinido, el grupo criminal debilita ese elemento sustituyndolo por la exigencia de una relativa permanencia formacin no fortuita- y una estructura mucho ms elemental para hacer realidad la actuacin concertada de sus integrantes, sin necesidad de una asignacin formal de funciones.
En este caso existi coordinacin y reparto de funciones con la finalidad de distribuir importantes cantidades
de cocana y herona. Fue una unin que surgi con la vocacin de desarrollar una pluralidad de acciones de
trfico. Slo as puede considerarse a partir de la cantidad de droga y sustancias de corte incautadas, y las
circunstancias de su ocupacin. En definitiva, hubo una mnima estabilidad que permite afirmar que nos encontramos en una formacin no fortuita algo ms que el mero concierto para la comisin inmediata de un
delito que nos reconducira a coautora.
Sentencia N: 227/2015
RECURSO CASACION N:1385/2014
Fecha Sentencia: 06/04/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Joaqun Gimnez Garca
TEMA: Delimitacin de los conceptos y extensin de las figuras del art. 122 Cpenal relativa al tercero a ttulo
lucrativo y de los arts. 120 y 121 Cpenal relativos al responsable civil subsidiario. Elementos y notas que vertebran uno y otro
-Hay que deslindar conceptos jurdicos de partcipe a ttulo lucrativo y responsable civil subsidiario:
- El art. 122 del C. penal define al tercero a ttulo lucrativo como aquel que se ha beneficiado en los efectos del
delito o falta sin haber participado en el mismo ni como autor ni como cmplice. Por tanto el tercero a ttulo
lucrativo se define por las siguientes notas: a) Nota positiva el haberse beneficiado de los efectos de un delito
o falta. b) Nota negativa no haber tenido ninguna intervencin en tal hecho delictivo, ni como autor o cmplice,
pues en caso contrario sera de aplicacin el art. 116 y no el 122 del Cpenal. c) Que tal participacin o aprovechamiento de los efectos del delito lo sea a ttulo gratuito, es decir, sin contraprestacin alguna. d) Por tanto no
se trata de una responsabilidad ex delicto, sino que tiene su fundamento en el principio de que nadie puede
enriquecerse de un contrato con causa ilcita --art. 1305 CCivil--. En definitiva, se trata de una manifestacin
aplicable al orden penal segn el cual no cabe un enriquecimiento con causa ilcita --STS 324/2009 de 27 de
Marzo--. e) Tal responsabilidad es solidaria junto con el autor material --o cmplice-- del delito pero con el
lmite del importe de lo que se ha aprovechado. Por decirlo de otra forma, su responsabilidad es solidaria con
el responsable penal hasta el lmite del aprovechamiento / enriquecimiento lucrativo que haya tenido. f) La
accin civil contra el partcipe por ttulo lucrativo del delito de apropiacin --como es el caso de autos-- al tratarse de una accin personal est sujeta a los plazos de prescripcin de tales acciones y el da inicial para el
cmputo coincide con el inicio de la causa penal --STS 600/2007--. En definitiva la gran ventaja que tiene el
art. 122 Cpenal equivalente al art. 108 del anterior Cpenal, es la de permitir que dentro del propio proceso penal el perjudicado pueda obtener el resarcimiento de aquella parte en que se haya beneficiado a ttulo lucrativo
el que no haya participado en el delito, lo que dada la naturaleza civil y no penal de la causa, la restitucin de
no existir tal precepto le hubiera obligado a un proceso civil, con las consecuencias de tiempo y coste procesal
- Por contra, la responsabilidad civil subsidiaria: a) Tiene su origen en el propio delito. b) Se trata de una responsabilidad ex delicto. c) La obligacin de hacer frente a las consecuencias econmicas del delito se ampla a
personas que no participaron en el a consecuencia de la especial relacin que une al responsable penal con el
responsable civil en los trminos y forma declarados en los arts. 120 y 121 del Cpenal, que se refiere a casos
de culpa in vigilando, una situacin de dependencia, una culpa in eligendo, un beneficio para el responsable
civil de lo efectuado por el responsable de la infraccin o un mal funcionamiento defectuoso de los servicios
pblicos. d) Su extensin es coincidente con la declarada para el responsable penal. e) Su naturaleza es subsidiaria, es decir, en caso de impago por parte del responsable penal.
Sentencia N: 217/2015
REVISION N:20040/2014
Fecha Sentencia: 15/04/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Antonio del Moral Garca
TEMA: Recurso de Revisin. Legitimacin Ministerio Fiscal
- El Fiscal goza de legitimacin para interponerlo directamente, sin necesidad de previa autorizacin. No es
precisa una intervencin directa del Fiscal General del Estado
Sentencia N: 211/2015
RECURSO CASACION (P) N:10859/2014 P
Fecha Sentencia: 14/04/2015
TEMA: Drogas: dosis mnima psicoativa. Prueba pericial droga. Margen analtico de error. Multas proporcionales: degradacin. Reincidencia: cancelabilidad antecedentes penales
- Dosis mnima psicoactiva de la sustancia estupefaciente: atipicidad cuando no se alcanza ese umbral.
- El margen de error del anlisis de la riqueza de la sustancia opera sobre el resultado final obtenido y no sobre el propio ndice del porcentaje.
- Las multas proporcionales son degradables por aplicacin analgica del art. 70 CP (Acuerdo Plenario TS de
22 de julio de 2008).
- Cancelabilidad antecedente penal: la falta de expresin en la sentencia de los datos que excluyen toda posibilidad de cancelacin del antecedente determina la no apreciacin de la reincidencia.
Sentencia N: 252/2015
RECURSO CASACION (P) N:10852/2014 P
Fecha Sentencia: 29/04/2015
TEMA: Tutela judicial efectiva y presuncin de inocencia: motivacin insuficiente. Nulidad de sentencia.
- La sentencia de instancia construye el relato sobre la actividad probatoria en el fundamento jurdico tercero
en dos apartados. En el primero describe los enunciados fcticos suministrados por los diversos medios probatorios sin vincularlos an a cada acusado. A continuacin en otro reitera la descripcin de los enunciados fcticos, agrupando, ya diferenciadamente, los que conciernen a cada uno de los acusados.
- Existe, pues un dficit de trabazn entre lo que los medios probatorios reportaron en el juicio y las inferencias, que se traducen en la declaracin de hechos probados fundamento de la condena, dficit al que no se le
pone remedio satisfactorio cuando la sentencia de instancia examina el fundamento de sendas imputaciones
de los plurales acusados
- El esfuerzo narrativo de la sentencia es encomiable. Prcticamente veinte hojas de apretada escritura transcriben mltiples conversaciones grabadas en cumplimiento de la intervencin ordenada. Ese cmulo de dilogos as incorporado a la sentencia nos releva de su examen en las actuaciones sumariales. Lamentablemente
tan abigarrado contenido da cuenta de frases y expresiones de muy diversa ndole. Unas podran ser tenidas
por ms sugerentes que otras. Pero sin duda no de todas ellas deriva el Tribunal de instancia su conviccin. Y
ah surge la cuestin. Porque el control sobre la lgica del razonamiento atenido por el Tribunal de instancia
no puede ser efectuado si su decisin no especifica precisamente cuales de entre esas expresiones implican
la justificacin de lo que se declara probado. Y, tampoco, es posible aquel control si a esas precisas y concretas bases no se aaden las razones por las que el mismo Tribunal ha llegado a la conclusin de que tales premisas autorizan la inferencia incriminadora que proclama probada.
- Problema ste que viene a aadirse al ya detectado cuando hicimos referencia a la consideracin global de
este medio probatorio: cuales sean las razones por las que entiende que las precisas frases, que sobresalgan
frente a las tenidas como neutrales o intiles, son atribuidas a los autores de las mismas.
- En conclusin, si los hechos imputados consisten en sendos comportamientos de cada uno de los acusados
respecto de cada una las dos menores, la sentencia, en sus actuales trminos, pese al denodado esfuerzo que
supone la abundante dacin de cuenta de medios probatorios, no permite conocer, para su adecuado control,
cuales fueron las concretas afirmaciones de los medios de prueba, extradas de entre esa prolija enumeracin,
que llevaron a la afirmacin de lo probado por el Tribunal. Por lo dems bien concreto y muy acotado.
- Por ello procede declarar la nulidad de la sentencia y emplazar al Tribunal de instancia a suplir tales deficiencias argumentales de justificacin.
Sentencia N: 221/2015
RECURSO CASACION (P) N:10739/2014 P
Ponente Excmo. Sr. D.: Carlos Granados Prez
TEMA: Acumulacin de condenas. Localizacin permanente.
- Doctrina sobre la acumulacin. Se incluye en la acumulacin la pena de localizacin permanente en cuanto es
una pena privativa de libertad, prevista como tal en el artculo 35 del Cdigo Penal, junto a la prisin y a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
Sentencia N: 213/2015
RECURSO CASACION (P) N:10805/2014 P
TEMA: Acumulacin de condenas: acumulaciones anteriores.
- Si tras el dictado de un auto de acumulacin aparecen otras sentencias condenatorias contra la misma persona, lo que permitir o impedir la acumulacin entre todas las penas contempladas ser el cumplimiento de las
exigencias legales, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia, pero en ningn modo ser bice a la
nueva acumulacin la preexistencia de una anterior. Los autos de acumulacin estn siempre abiertos a posibles
variaciones determinadas por la aparicin de una nueva condena referida a hechos que, por su cronologa, sean
- En los criterios ya plasmados y en lo referido a las condenas contempladas para incluirlas o excluirlas, la decisin no podr variarse. Pero en lo atinente a esa nueva condena y la posibilidad de agrupamiento, siempre ser
factible una nueva decisin para integrarla o no, que vare en lo que proceda el auto anterior, y ello aunque
haya sido confirmado o alterado en casacin.
- No es admisible que las dilaciones en el enjuiciamiento de unos hechos alteren en perjuicio del reo, perjuicio
que en ocasiones puede ser muy notable, una norma de derecho penal material como es el artculo 76 CP.
Sentencia N: 203/2015
RECURSO CASACION N:71/2014
Fecha Sentencia: 23/03/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Julin Snchez Melgar
TEMA: Intervenciones telefnicas. Elementos indiciarios justificativos de la injerencia judicial.
- Indebida declaracin de nulidad de las intervenciones telefnicas practicadas en este procedimiento con autorizacin judicial.
- Organizacin que se dedica a introducir en Mallorca grandes cantidades de cocana y herona procedentes
de Barcelona. Elementos indiciarios suficientes para fundamentar la injerencia judicial. Existencia de una previa investigacin policial que aportaba datos suficientes para justificar la adopcin de la medida. Se investigan
tambin los datos patrimoniales que constan de los sospechosos y sus encuentros, as como se ponen de
manifiesto las medidas de seguridad que adoptan. Se pone de manifiesto que llegar un camin trailer con
droga a Mallorca, lo que se verifica, y se solicita la intervencin telefnica para conseguir averiguar sus destinatarios.
- Fuentes confidenciales y comprobaciones posteriores. Naturaleza de los indicios que han de tomarse en consideracin. En el caso enjuiciado, el rgano judicial trat de forma especfica los indicios suministrados por la
polica. El rgano judicial ha de valorar no slo la gravedad y naturaleza de los delitos que se pretende indagar; y la necesidad de la invasin de un derecho fundamental para esa investigacin. Es imprescindible que
efecte un juicio ponderativo sobre el nivel cualificativo de los indicios que avalan las sospechas. La suficiencia
de los indicios para llegar a afirmar la probabilidad de esas conclusiones justificativas de las escuchas es una
valoracin que no puede hurtarse al Juez de Instruccin: no puede descansar exclusivamente en los agentes
policiales. No basta con que stos afirmen que tienen sospechas fundadas. Es necesario que aporten al instructor los elementos objetivos que apoyan ese juicio de probabilidad. La constatacin de la solidez de esos
indicios es parte esencial del proceso discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la
- La veracidad y solidez del indicio no puede confundirse con su comprobacin judicial; no hay razones para
desconfiar por sistema de los datos policiales. Reenvo a la Audiencia Provincial para que valore las aludidas
intervenciones telefnicas y dicte de nuevo Sentencia conforme a las conclusiones fcticas que obtenga.
Sentencia N: 42/2015
RECURSO CASACION N:886/2014
Fecha Sentencia: 28/01/2015
TEMA: Estafa. Error por omisin. Engao Bastante. Penalidad
- Cobro indebido de pensin de jubilacin tras el fallecimiento de su titular. Estafa. Error por omisin: el acusado no comunic el fallecimiento de su madre, titular de la pensin, lo que le permiti seguir cobrando la misma.
Incumpli el deber jurdico que le incumba y gener de esta manera un riesgo jurdicamente desaprobado,
que se concret en el desplazamiento patrimonial que la Seguridad Social continu efectuando.
- Hubo un engao bastante y relevante por parte del recurrente, que fue el determinante del desplazamiento
patrimonial, con independencia de que los controles por parte del INSS hubieran fallado, especialmente por el
comportamiento negligente de la entidad bancaria a travs de la que se efectuaron los pagos. Precisamente, la
negligencia de sta en el cumplimiento de la obligacin de control de la pervivencia de la titular de la pensin
que le incumbe en atencin a lo dispuesto en el 17.5 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de febrero
de 1996 para la aplicacin y desarrollo del Reglamento General de la gestin financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, es la que ha determinado su condena como
responsable civil subsidiaria.
- Nuevo artculo 307 ter es Ley especial para este tipo de comportamientos. Objetivo de la reforma que lo introdujo: Segn la exposicin de motivos de la mencionada Ley, la inclusin del artculo 307 ter proporciona un
tratamiento penal diferenciado de la obtencin fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. Y la
doctrina ha destacado que la reforma operada por la citada Ley responde al objetivo de extraer las conductas
fraudulentas en relacin a las prestaciones de la Seguridad Social del mbito del artculo 308 CP, que tipifica
el fraude de subvenciones. A este tipo las recondujo la jurisprudencia de esta Sala a partir de su pleno de 15
de febrero de 2002, especialmente cuando las defraudaciones afectaban al subsidio de desempleo. Tipicidad
que, entre otras consecuencias, determinaba su sujecin a una condicin objetiva de perseguibilidad vinculada a la cuanta.
- El artculo 307 ter castiga su modalidad bsica con la pena de seis meses a tres aos de prisin. Tambin
contempla un tipo atenuado, para el que prev multa, cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de
los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad. Y otro agravado, para cuando, entre otros casos, el valor de las prestaciones defraudadas fuera superior a cincuenta mil
- Tratndose, como se trata en este caso, de una defraudacin articulada a travs de pagos mensuales, que
se mantuvieron durante aos, no existe motivo alguno para sustraer este supuesto, de inequvoco carcter
patrimonial, del rgimen general que la jurisprudencia de esta Sala ha marcado, a partir del Acuerdo del Pleno
jurisdiccional de 30 de octubre de 2007, para la determinacin penolgica cuando de delitos patrimoniales se
trata. As, en este caso sera aplicable la modalidad agravada, ya que la defraudacin que se ha conformado a
partir del cobro de las sucesivas mensualidades de la pensin, ha alcanzado la suma total de 51.569,10 euros, que lleva aparejada una pena de prisin de dos a seis aos y multa del tanto al sxtuplo, penalidad mas
gravosa para el recurrente que la correspondiente a la estafa agravada por la que viene condenado, por lo que
la aplicacin retroactiva queda descartada.
Sentencia N: 232/2015
RECURSO CASACION N:1634/2014
Fecha Sentencia: 20/04/2015
TEMA: Maltrato habitual en mbito familiar. Naturaleza
- Maltrato habitual en el mbito familiar: El delito de maltrato habitual en el mbito familiar previsto el artculo
173.2 CP castiga la ejecucin de actos de violencia fsica o psquica perpetrados de forma asidua sobre sujetos
comprendidos en el mbito familiar o cuasifamiliar, con los que se convive o concurre una vinculacin personal
persistente. Actos que, desde una perspectiva de conjunto, generan una situacin de dominio o de poder sobre
la vctima que menoscaba su dignidad, lo que da lugar a un injusto especfico que rebasa el correspondiente a
cada una de las acciones individuales que integran el comportamiento habitual.
Se trata de un tipo con sustantividad propia que sanciona la consolidacin por parte de sujeto activo de un
clima de violencia y dominacin; de una atmsfera psicolgica y moralmente irrespirable, capaz de anular a la
vctima e impedir su libre desarrollo como persona, precisamente por el temor, la humillacin y la angustia
inducidos. Un estado con autonoma propia y diferenciada, que se vertebra sobre la habitualidad, pero en la que
los distintos actos que lo
conforman slo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor.
No hay inconveniente para tomar en consideracin como integrante de la habitualidad un suceso de violencia y
humillacin que la sentencia declara probado, aunque no condena de manera individual por imperativo del principio acusatorio.
Sentencia N: 199/2015
RECURSO CASACION N:1087/2014
Fecha Sentencia: 30/03/2015
TEMA: Grabaciones videogrficas. Cadena de custodia. Lesiones: botella como instrumento peligroso. mbito
del recurso de casacin: doctrina jurisprudencial.
- La validez de las grabaciones videogrficas legtimamente obtenidas est admitida por una consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala Casacional, que tambin afirma que, mientras no se demuestre lo contrario,
las actuaciones en el curso de una investigacin policial o judicial deben reputarse legalmente efectuadas
(STS 10 octubre 2013), lo que es predicable igualmente de la "cadena de custodia", proceso consistente en
aplicar las "formas" que deben respetarse en las tareas de ocupacin, conservacin, transporte y entrega al
Juzgado del material videogrfico, por lo que no tiene sino un carcter meramente instrumental, es decir, que
tan slo sirve para garantizar que se ha entregado el mismo material videogrfico que el ocupado, por lo que la
existencia de algn defecto en l cumplimiento de tales formalidades no supone, por s solo, sustento racional
y suficiente para sospechar siquiera que el material videogrfico entregado no fuera el obtenido, ni para negar
valor al informe debidamente ratificado en el juicio (STS 13 febrero 2013).
- La razn de la agravacin del tipo penal aplicado por la Sala sentenciadora reside en la mayor peligrosidad
que produce el empleo de tales instrumentos, con agotamiento a cualquier medio posible o mtodo concretamente peligroso, que pongan en peligro la vida o salud del lesionado, dotando as a la accin de una mayor
antijuridicidad, y evidenciando en el actuar del agente una notoria perversin criminal. La ley penal pone el
acento en el aspecto objetivo de la utilizacin de tales medios, comprendiendo en su texto todos aquellos potencialmente lesivos con intensidad material suficiente para producir peligro para la vida o la salud, fsica o
psquica, del lesionado, sin perjuicio del imprescindible conocimiento que el culpable tenga de la misma peligrosidad de tales medios, precisamente porque se vale o utiliza los mismos para la comisin de la accin. La
definicin legal del tipo penal es tan amplia que puede acoger en su seno a cualquier arma o instrumento peligroso que pueda producir grave riesgo para la vida o la salud del lesionado, de ah que el legislador haya sido
especialmente cuidadoso en comprender en la misma todos aquellos mtodos, medios o formas, junto a los
instrumentos, sean o no armas, capaces de producir el riesgo prevenido, que es el bien jurdico protegido: la
vida o la salud, fsica o psquica del lesionado. Dentro de esta interpretacin, estarn incluidos todos los instrumentos cortantes o punzantes con capacidad lesiva, si bien de intensidad suficiente para poner en peligro el
bien jurdico protegido, como el que es objeto de este caso, que es una botella de champn o cava, con el
conocido grueso de cristal de que estn provistas.
- Los pronunciamientos que, con uno u otro matiz, definen el actual estado de cosas en el mbito del recurso
de casacin, permiten algunas conclusiones que cuentan con un alto grado de aceptacin y que inspiran buena parte de las resoluciones ms recientes de esta misma Sala y del Tribunal Constitucional.
La primera, que el carcter extraordinario del recurso de casacin descarta arbitrar un trmite de audiencia del
acusado absuelto, que carece de cobertura legal y que se concilia mal con el significado procesal de la impugnacin ante el Tribunal Supremo (cfr. STC 201/2012, 12 de noviembre; 21/2009, 20 de abril y 29/2008, de 20
de febrero, entre otras). As lo hemos proclamado en el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de fecha 10 de enero de 2013.
En segundo lugar, que la revocacin de un pronunciamiento absolutorio sin haber presenciado las pruebas
personales practicadas durante el plenario, contraviene elementales exigencias asociadas al principio de inmediacin y puede menoscabar, en determinados casos, el contenido material de los derechos de defensa, a la
presuncin de inocencia y a un proceso con todas las garantas.
- A partir de esas dos premisas, las consecuencias en el mbito de la casacin penal se proyectan de manera
obligada sobre los motivos por infraccin de ley que contempla el art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En efecto, en aquellas ocasiones en las que por la va que ofrece el apartado 1 de ese precepto se postule la rectificacin de un errneo juicio de subsuncin, estrictamente jurdico, que haya llevado en la instancia
a la absolucin del imputado, ningn obstculo existir para que, sin alterar la resultancia fctica, los hechos
encajables en un tipo penal indebidamente inaplicado, den pie a una sentencia condenatoria, casando y anulando aquella que errneamente absuelva en la instancia al acusado. El debate jurdico sobre el que convergen lneas argumentales que se construyen a partir de la observancia del factum permiten un desenlace condenatorio en casacin sin que se resienta ninguno de los principios que presiden la valoracin probatoria.
Cuando se trate de un elemento subjetivo, y ms aun, cuando tal elemento subjetivo se aloje en el factum, no
podr modificarse tal aserto en esta instancia casacional.
Cuando la infraccin de ley hecha valer por el recurrente invoque como cobertura el apartado 2 del art. 849 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, cuando se atribuya a la sentencia de instancia que ha absuelto al
acusado, un error en la valoracin de la prueba, la cuestin ofrece otros matices. En efecto, la posibilidad de
rectificar el hecho probado con adiciones o supresiones que tengan por fundamento algunos de los documentos que obren en la causa y que demuestren la equivocacin del juzgador, ha sido consustancial al significado del recurso de casacin. Sin embargo, conviene tener presente que la valoracin de documentos por esa
va impugnativa no puede entenderse sin el inciso final del mencionado art. 849.2 de la LECrim. En l se exige que esos documentos no resulten contradichos por otros elementos probatorios. Quiere ello decir que la
aproximacin del Tribunal de casacin a la valoracin del documento en el que se pretende fundar el error
sufrido en la instancia, no puede realizarse sin el contraste con otros elementos probatorios, entre los que se
incluye, como no poda ser de otro modo, el resultado arrojado por las pruebas personales practicadas en el
plenario. Se entra as de lleno en el terreno de la prohibicin ya consolidada en la jurisprudencia constitucional
y del TEDH de valorar pruebas personales aunque sean de simple contraste para concluir acerca de la suficiencia probatoria del documento invocado que no han sido presenciadas por el rgano jurisdiccional que va
a dejar sin efecto un pronunciamiento absolutorio.
Todo indica, por tanto, que slo en aquellos casos en los que la valoracin probatoria asumida en la instancia
resulte absolutamente arbitraria, ajena a las mximas de experiencia, las reglas de la lgica y, en fin, alejada
del canon constitucional de valoracin racional de la prueba, el pronunciamiento absolutorio podr ser impugnado con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, logrando as el reconocimiento de la vulneracin de un derecho constitucional y la reparacin adecuada mediante la anulacin del pronunciamiento absolutorio y el reenvo de la causa al Tribunal de procedencia.
Sentencia N: 210/2015
RECURSO CASACION N:1548/2014
TEMA: Delito de malversacin de caudales pblicos.
- Titular de una Administracin de Loteras que deja de ingresar en la cuenta especial abierta por la Sociedad
Estatal de Loteras y Apuestas del Estado las cantidades correspondientes a las liquidaciones de las tres semanas descritas en los hechos probados, cantidad que ascendi a 86.391'66
- No existi violacin del non bis in idem por el hecho de que, adems de la sancin penal, el titular de la Administracin de Loteras concernida fuese sancionado en va administrativa por la D.G. de Ordenacin de Juego
porque 1- Entre la sancin administrativa y penal no existi la triple identidad subjetiva, objetiva y fundamento
-eadem persona, eadem res y eadem causa pretendi- en concreto la causa de la sancin administrativa y de la
condena penal fueron diferentes; 2- Porque el recurrente est ligado como titular de una Administracin de
Loteras con una relacin especial con la Administracin Pblica, en la medida que la Sociedad Estatal de Loteras y Apuestas del Estado creada por la Ley 13/2011 es una Sociedad dependiente del Ministerio de Economa y Hacienda, cuyo nico socio es la Administracin General del Estado, por lo que el proceso de privatizacin de la gestin de las loteras y apuestas del Estado no afect a la naturaleza pblica de los caudales como
as ha venido mantenindose por la jurisprudencia de la Sala sin que tal proceso de privatizacin haya modificado tal naturaleza. Por ello los hechos enjuiciados en cuanto el titular de la Administracin de Loteras concernida, adems de faltar a sus obligaciones en relacin al manejo de los caudales y a la propia fidelidad en el
servicio por parte de los gestores del mismo, lo que justific la sancin administrativa fundada en el deber de la
Administracin de velar por la correccin en la gestin de las loteras, se apropi de los capitales hacindolos
suyos, cometiendo el delito de malversacin de fondos pblicos por el que ha sido condenado.
- Los caudales de la Administracin de Loteras tienen la condicin de caudales pblicos de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala, sin que la Ley 13/2011 de Regulacin del Juego haya efectuado modificacin alguna
Sentencia N: 296/2015
RECURSO CASACION N:1682/2014
Fecha Sentencia: 06/05/2015
Ponente Excmo. Sr. D.: Cndido Conde-Pumpido Tourn
TEMA: Justicia Universal. Modelos. Crimenes de Guerra. Criterios
- La Jurisdiccin Universal consiste en el ejercicio de jurisdiccin penal por los Tribunales de un determinado
pas en crmenes internacionales de especial gravedad, sobre la base de la naturaleza del delito sin tomar en
consideracin ni el lugar donde fue cometido, ni la nacionalidad de su autor.
- La Jurisdiccin Universal supone que los Tribunales de un Estado deben ejercer jurisdiccin extraterritorial
sobre ciertos delitos en funcin de su naturaleza, para evitar que los responsables puedan encontrar un lugar
de refugio donde alcanzar la impunidad. No significa que estn obligados a extender dicha jurisdiccin a personas que se encuentren fuera de su territorio, investigando in absentia los delitos internacionales cometidos
en cualquier parte del mundo. Pueden hacerlo facultativamente si as lo establecen en su legislacin interna.
- El fundamento de la facultad de todos los Estados para el enjuiciamiento de estos delitos se encuentra en su
carcter especialmente lesivo para los intereses esenciales de la Comunidad Internacional. Su respaldo en el
Derecho Internacional se encuentra en los Tratados que especialmente facultan a todos los Estados a extender su jurisdiccin.
- Modelos de jurisdiccin universal: absoluto y limitado. El compromiso derivado de los Tratados de ejercitar la
Jurisdiccin Universal frente a determinados delitos debe hacerse efectivo por los Estados firmantes incorporndolo a su legislacin interna, dado que la asuncin de responsabilidades por un Estado en el mbito internacional no determina por si sola la responsabilidad penal de sus ciudadanos en el mbito nacional. Es preciso
que la normativa procesal interna establezca especficamente la jurisdiccin y que la normativa penal nacional
defina y sancione los distintos tipos delictivos, y seale las penas correspondientes, para que pueda considerarse respetado el principio constitucional de legalidad. El establecimiento de Jurisdiccin Universal por la
normativa interna puede realizarse de un modo genrico, o absoluto, en relacin con cualquier responsable de
los delitos a que se refieren los Tratados Internacionales en esta materia, o bien de un modo limitado, exigiendo criterios de conexin que justifiquen especficamente la Jurisdiccin del Estado en cuestin o limitando el
ejercicio de la Jurisdiccin Universal al enjuiciamiento de los responsables que se encuentren en su territorio.
Este sistema de asuncin limitada de la Jurisdiccin Universal es el que est generalizado en el Derecho Comparado.
- De los Tratados, que configuran el Derecho Penal Internacional convencional no se deriva con carcter imperativo la necesidad de establecer en cada Estado firmante un modelo de Jurisdiccin Universal absoluta. Una
cosa es sostener que la gravedad y universalidad de los delitos perseguidos, faculta a los Estados para acoger
en su ordenamiento interno un modelo de Jurisdiccin Universal pura o absoluta, que incluya la investigacin,
instruccin formal, orden de detencin internacional y solicitud de extradicin, en supuestos de ejercicio de
jurisdiccin extraterritorial in absentia, y otra sostener que los Tratados impongan necesariamente esta modalidad de Jurisdiccin Universal absoluta, que es muy
minoritaria en la prctica
- Crmenes de guerra.- Debe establecerse con claridad y firmeza, para ste y para otros supuestos similares,
que el apartado p) del art 23 4 de la LOPJ, no es aplicable a los supuestos que ya aparecen especficamente
regulados en los apartados anteriores del precepto, y concretamente a los delitos contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado. La jurisdiccin universal para los crmenes de guerra es imperativa, y
no facultativa, para los Estados firmantes de la Convencin. Pero esta obligacin no se extiende al hecho de
que todos y cada uno de los pases firmantes deban investigar in absentia todas y cada una de las infracciones graves de la Convencin de Ginebra, cualquiera que sea el lugar del mundo y el conflicto armado donde
se hayan producido, compitiendo para reclamar y extraditar a los responsables, sino que se concreta para cada Estado firmante en buscar y enjuiciar ante sus propios Tribunales a los responsables que se hayan refugiado u ocultado en sus respectivos pases.
- Conforme a la vigente Ley Orgnica 1/2014, los Tribunales espaoles solo tienen jurisdiccin para investigar
y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, en los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espaol, contra un ciudadano extranjero que
resida habitualmente en Espaa, o contra un extranjero que se encontrara en Espaa y cuya extradicin
hubiera sido denegada por las autoridades espaolas, sin que pueda extenderse dicha jurisdiccin in absentia en funcin de la nacionalidad de la vctima o de cualquier otra circunstancia.
- En resumen, la respuesta a las cuestiones suscitadas en el presente recurso es la siguiente:
1) Ni el Derecho Internacional Convencional ni el Consuetudinario imponen un modelo de Jurisdiccin Universal absoluto o in absentia, como el acogido en la primera versin del art. 23 4 de la LOPJ.
2) La doctrina constitucional referida al establecimiento en nuestro ordenamiento de un modelo de Jurisdiccin Universal absoluto se basa en la amplitud de la normativa legal establecida por la LOPJ, en su versin
inicial. Pero no constituye el nico modelo admisible constitucionalmente de Jurisdiccin Universal, pues cabe
establecer criterios reguladores que vengan a restringir el mbito de su aplicacin, siempre que se respete su
3) La Ley Orgnica 1/2014, aun cuando ha acogido una modalidad muy restrictiva de Jurisdiccin Universal
que contrasta con la regulacin anterior que haba convertido a nuestro pas en un polo de atraccin en esta
materia, no vulnera lo dispuesto en los Tratados ni en la prctica judicial internacional, y se acoge a la exclusin de la Jurisdiccin Universal in absentia que constituye el modelo ms generalizado en los pases de
4) El apartado p) del art. 23 4 de la LOPJ, no es aplicable a las Infracciones Graves de la Convencin de
Ginebra, cualquiera que sea su denominacin como crmenes de guerra, delitos contra las personas protegidas en caso de conflicto armado o delitos de Derecho Internacional Humanitario. Solo es aplicable el apartado
5) La Convencin de Ginebra, a diferencia de otros Tratados, establece un sistema obligatorio de Jurisdiccin
Universal, en el sentido de imponer a los Estados firmantes la carga de localizar a los criminales de guerra que
se oculten en ellos y llevarlos ante sus Tribunales, asumiendo jurisdiccin extraterritorial para juzgarlos con
independencia del lugar donde ocurrieron los hechos y de su nacionalidad. Pero esta Jurisdiccin imperativa
no se extiende a la obligacin iniciar investigaciones in absentia, ni de buscar a los responsables fuera de su
territorio y reclamarlos en cualquier caso.
- El principio general del que debemos partir es que la lucha contra la impunidad en el Derecho Internacional
Penal no puede hacerse a costa de las garantas esenciales del Estado de Derecho. La reforma de 2014 no es
inconstitucional, pues no vulnera el principio de igualdad, ni la interdiccin de la arbitrariedad, ni el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. La doctrina constitucional no se ha opuesto a la posibilidad de incorporar por va legislativa criterios limitadores para el ejercicio de la Jurisdiccin Universal. Las limitaciones incorporadas por la L.O. 1/2014 acogen un criterio restrictivo, pero no se consideran arbitrarias por esta Sala porque
encuentran su fundamentacin tanto en la prctica de los pases de nuestro entorno como en la escasa efectividad que la experiencia ha demostrado que alcanzan los procedimientos de jurisdiccin universal in absentia, dirigidos contra personas que ni son espaoles ni se encuentran de forma permanente, u ocasional, en
S E C C I O N C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T R AT I VO
DATOS AUTO
Conflicto de Competencia 38/14
Fecha Auto: 20/04/15
Ponente Excma. Sra. D.: Rosa Mara Virols Piol
TEMA: Jurisdiccin. Ley de dependencia. Competencia del orden social dejada en suspenso.
- La jurisdiccin social es competente sobre valoracin, reconocimiento, calificacin y las prestaciones derivadas de la ley de dependencia; esta competencia est suspendida hasta la entrada en vigor de un desarrollo
legislativo. No es competente sobre los actos en materia de seguridad social relativos a la asistencia y proteccin social pblica. Las cuestiones sobre prestaciones derivadas de esta legislacin sern competencia del
orden social cuando se disponga por la entrada en vigor de una futura ley. En el momento presente las cuestiones litigiosas referentes a la ley de dependencia se substanciarn en la jurisdiccin contencioso administrativa en base a lo dispuesto en el artculo 1.1 de la LCA.
RECURSO DE CASACIN 3970/13
Fecha Auto: 13/03/15
Ponente Excmo. Sr. D.: Nicols Maurandi Guilln
TEMA: Cuestin de inconstitucionalidad. Igualdad. Personal: proceso selectivo.
- Ley catalana de Proteccin de la Salud. Proceso selectivo. Valoracin especial de un determinado colectivo
de concurrentes.
- El Tribunal Constitucional exige la estricta observancia del principio de igualdad en los procedimientos selectivos de acceso a la funcin pblica.
- La especial valoracin que se otorga a un colectivo no se justifica en la consolidacin del empleo de quienes
accedieron y han permanecido como interinos, ya que ello se extiende a quienes despus dejaron de desempear el puesto.
- Es legtimo valorar la experiencia profesional como mrito en un proceso selectivo, pero en la forma en que
se obra puede suponer una valoracin distinta en razn de las circunstancias subjetivas de los aspirantes.
- Considera la Sala que ciertamente es constitucional y legtimo valorar la experiencia profesional como mrito
del proceso selectivo, pero no se acierta a ver la justificacin de que, una vez se adopta ese sistema selectivo,
la misma experiencia reciba una distinta valoracin en razn a las circunstancias subjetivas de los aspirantes.
Sala Especial de Conflictos 2/2015
Fecha Auto: 24/04/15
Ponente Excma. Sra. D.: Ins Huerta Garicano
TEMA: Conflicto de Competencia. Reclamacin de daos y perjuicios. Accidente ferroviario. Civil y Contencioso.
- Se reclama por va civil a RENFE y su aseguradora y luego por responsabilidad patrimonial de la Administracin a RENFE.
- RENFE-Operadora es una Entidad Pblica Empresarial considerada como Administracin y, adems, una sociedad, sometida al ordenamiento jurdico privado, para los casos en que no hay ejercicio de potestades administrativas. Se rige por el derecho pblico en lo relativo a la formacin de voluntad de sus rganos y en el ejercicio
de las potestades administrativas que tenga atribuidas. En el resto de su actividad se somete a lo que dispongan
sus normas de creacin.
- La actividad en la que se produce el eventual suceso daoso est sometida al derecho privado y corresponde
al Juzgado de Primera Instancia e Instruccin.
Sala Especial de Conflictos 4/2015
Fecha Auto: 21/04/15
TEMA: Conflicto de Competencia. Reclamacin de daos y perjuicios. Lesiones en va pblica. Civil y contencioso.
- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas est resuelta en el art. 9.4 de la LOPJ y en
el art. 2.e de la LJCA.
- Corresponde al orden contencioso conocer las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que se dirijan
contra las Administraciones, bien individualmente, bien conjuntamente contra la aseguradora y los particulares
que hayan causado o contribuido a la produccin del dao.
- Corresponde al orden civil cuando solo se ejercita contra personas jurdicas privadas (concesionaria y/o aseguradora).
- Esto ltimo es lo que sucede en el caso de autos, donde la accin se dirige contra la UTE encargada del
mantenimiento del pavimento y la aseguradora.
Recurso Casacin 4209/11
Fecha Sentencia: 30/04/15
Ponente Excmo. Sr. D.: Jorge Rodrguez-Zapata Prez
TEMA Tributario: impuesto de sucesiones. Igualdad: discriminacin entre hermanos por residencia habitual en
- Invoca la STC 60/2015, de 18 marzo. A falta de fundamento justificativo en la norma autonmica, no se vislumbra razn de poltica social o de proteccin de la familia que legitime una bonificacin dispar entre hermanos,
herederos del mismo padre y causahabientes de una misma herencia. Se declara inconstitucional y nulo el artculo 12 bis a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 diciembre, se regula el tramo autonmico
del IRPF y restantes tributos cedidos.
Recurso Casacin 4004/2009
Fecha Sentencia: 02/03/15
TEMA Libertad sindical e igualdad. Subvenciones destinadas a la financiacin de planes de formacin: discriminacin por concesin exclusiva a sindicatos ms representativos.
- No es conforme al principio de igualdad ni al derecho fundamental a la libertad sindical limitar la percepcin
de subvenciones o ayudas pblicas destinadas a la financiacin de planes de formacin a los sindicatos ms
representativos. Ello coarta el ejercicio del derecho individual de afiliacin e incluye un factor de discriminacin
entre sindicatos.
Recurso Casacin 1368/14
Fecha Auto: 09/04/15
TEMA: Recurso de casacin. Preparacin: doctrina general.
- Doctrina general del escrito de preparacin: debe hacerse constar el carcter recurrible de la resolucin, la legitimacin del recurrente, el cumplimiento del plazo y la intencin de interponer recurso. Han de anticiparse los motivos en que se fundamentar la interposicin, con indicacin de los preceptos o jurisprudencia que se reputan infringidos, aunque sea de forma sucinta. Ello sirve para que el Tribunal pueda apreciar un primario requisito de procedibilidad y permita a la otra parte adoptar posicin procesal. En la impugnacin de las sentencias de los TSJ, la infraccin de normas de derecho estatal o comunitario ha de ser relevante y determinante del fallo, las mismas deben haber sido invocadas oportunamente por el recurrente o consideradas por la sentencia y ha de justificarse que
su infraccin ha sido relevante y determinante del fallo.
- En el caso la parte se limita a citar normas y explicar su contenido sin la mnima justificacin sobre lo antedicho, lo
que hace carecer al recurso del juicio de relevancia que supone su inadmisin. No es suficiente citar como infringido un precepto constitucional. No es un defecto formal que pueda subsanarse con posterioridad.
SECCION SOCIAL
Sentencia de 16/09/14
Recurso de casacin n 189/13
Ponente Excma. Sra. D. Mara Luisa Segoviano Astaburuaga
TEMA: Conflicto Colectivo (supresin paga extraordinaria)
- Tiene por objeto el recurso el examen ya reiterado en otras sentencias relativo a la supresin de la paga extraordinaria de los empleados pblicos efectuada por el Real Decreto-Ley 20/12, supresin que en este caso afect
al personal de los Paradores de Turismo de Espaa. Pero esta sentencia plantea ciertas cuestiones novedosas
que pasamos a comentar:
1) Se plantea por el recurrente, CCOO, el planteamiento de una Cuestin Prejudicial ante el TJUE por violacin
de los artculos 28 y 37 de la Constitucin, en relacin con el artculo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unin Europea, donde se establece el derecho de negociacin y de accin colectiva, en relacin con el
artculo 6.1 del Tratado de la Unin Europea, como documento aprobado por el Tratado de Lisboa y el artculo 2
de la Ley Orgnica 1/2008, de 30 de julio, por el que se ratific el Tratado de Lisboa en el Estado Espaol. Para
resolver esta cuestin la Sala acude a su Sentencia de 6/02/14, rec. 261/11, en el que se plante idntica solicitud pero respecto al RD Ley 8/10 y, reproduciendo los argumentos la Sala pone de manifiesto: En el presente
caso, si partimos de la base de que la parte que lo pide lo ha hecho a destiempo y por ello formalmente no es
una peticin vinculante para el Tribunal, tambin es cierto que ste -esta Sala- podra y debera plantearla si tuviera la ms mnima duda de que la norma nacional viola el derecho comunitario; pero nada de esto puede apreciarse en el presente caso. En efecto, el argumento utilizado por la parte se concreta en sealar que, formando
parte del derecho originario de la Unin a partir del Tratado de Lisboa y de su ratificacin por Espaa en 2008 la
Carta de Derechos Fundamentales, el Real Decreto Ley 8/2010 cuestionado debe interpretarse y aplicarse a luz
de lo dispuesto en el art. 28 de dicha Carta. Ahora bien, sin negar que ello es as y que este Tribunal conoce
perfectamente que ello debe ser as en virtud del principio de primaca del derecho comunitario, lo que no cabe
deducir del texto del art. 28 es que a partir de su redaccin pueda llegarse a la conclusin de que el real decreto
de referencia sea contrario a lo que en el texto de la Carta se dispone. El citado precepto comunitario lo que dice
es lo siguiente: "art. 28. Derecho de negociacin y accin colectiva. Los trabajadores y los empresarios, o sus
organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unin y con las legislaciones y prcticas nacionales tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos en los niveles adecuados y a emprender, en
caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses incluida la huelga". Lo que
dicho precepto contiene es el reconocimiento de un derecho de negociacin colectiva condicionado a lo que respecto del mismo se regule en las normas de la Unin y en la legislacin nacional, y a tal respecto lo primero que
hay que sealar es que no se conoce norma alguna de la Unin Europea que d preferencia a una negociacin
de ese tipo sobre una norma nacional emanada del poder soberano, en tanto en cuanto de conformidad con lo
dispuesto en el art. 3 de la Ley de Funcionamiento la materia social - y entre ella el rgimen y alcance del derecho a la negociacin colectiva -no es de la exclusiva competencia de la Unin sino materia compartida (con un
desarrollo ulterior sobre acuerdos tripartitos conforme se dispone en el Titulo X de dicha Ley fundacional) y nuestro derecho nacional ya sabemos cmo se interpreta y aplica sobre tal particular. Se da por otra parte la circunstancia aadida de que como se seala en el Prembulo de aquel Real Decreto Ley cuestionado el mismo se
dicta en cumplimiento de obligaciones comunitarias contradas por Espaa y ms en concreto dentro de las previsiones y facultades que en relacin con la situacin econmica de los Estados integrantes se contemplan en el
art. 126 del Tratado de Funcionamiento precitado
2) la representacin letrada de CHTJ-UGT denuncia vulneracin de lo dispuesto en el artculo 14 de la Constitucin y aduce que el artculo 2.5 del RD Ley 20/2012 prev, para los supuestos en que se perciban ms de dos
pagas extraordinarias al ao, que la medida de recorte se aplique en la catorceava parte de las retribuciones
totales anuales, excluidos los incentivos al rendimiento, siendo la regla general la supresin de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, lo que supone que tal medida es peyorativa para los trabajadores que perciben ms
de dos pagas extras al ao -caso de los trabajadores de Paradores de Turismo de Espaa SA- por lo que se
vulnera el principio de igualdad consagrado en el artculo 14 de la Constitucin.
- La Sala, para resolver este punto hace referencia a la doctrina constitucional (STC 119/2002, de 20 de mayo,
63/11, de 16 de mayo), concluyendo: Se requiere, para poder enjuiciar si se ha producido una vulneracin del
principio de igualdad, en este caso en la regulacin contenida en una norma con rango de ley, que los supuestos
comparados sean iguales, que exista un trmino de comparacin respecto al que se predica la vulneracin del
principio de igualdad. La parte se ha limitado a alegar, de forma genrica, que sufren un trato peyorativo los trabajadores que perciben ms de dos pagas extraordinarias al ao, a los que se descuenta la catorceava parte del
salario del ao 2012, respecto a los que perciben dos pagas a los que nicamente se ha suprimido la paga extraordinaria de Navidad de 2012, exponiendo un hipottico supuesto de dos trabajadores que tienen el mismo
salario, uno con dos pagas extraordinarias y otro con tres, y el diferente resultado que se obtiene de descontar
una sola paga extraordinaria y de descontar la doceava parte del salario anual. Sin embargo la recurrente no ha
aportado un trmino idneo de comparacin, ya que no ha presentado datos reales de un determinado colectivo
de trabajadores con dos pagas extraordinarias al ao, a los que resulte ms favorable la supresin de la paga
extra de Navidad de 2012 que a los trabajadores de Paradores a los que se ha descontado la catorceava parte
de sus retribuciones del ao 2012
Sentencia de 27/01/15 (Pleno de la Sala)
Recurso de casacin n 28/14
TEMA: Despido Colectivo (nulidad por inadecuacin de procedimiento)
- La Coordinadora Estatal del Sector Handling Areo y el Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Lneas
Areas presentaron sendas demandas en impugnacin del Acuerdo de Mediacin adoptado en el perodo de
consultas del procedimiento de despido colectivo planteado por IBERIA LAE SAU OPERADORA. El procedimiento se promovi como impugnacin de acuerdo de mediacin al amparo del art. 67.1 LRJS ante la presunta ilegalidad del punto 4 de los acuerdos adoptados. Sin embargo, el FJ Tercero de la sentencia de la Audiencia
Nacional recurrida en casacin explica que el procedimiento se ha tramitado como de impugnacin de convenio, aplicndose las reglas procesales propias de la modalidad de conflicto colectivo.
- La Sala del TS examina, por tratarse de una cuestin de orden pblico, la modalidad procesal a seguir, modalidad de la que depende la aplicacin de normas diversas sobre legitimacin (activa y pasiva), los plazos para
accionar y su naturaleza (prescripcin o caducidad), el contenido mnimo de la demanda, las singularidades en
materia probatoria, el papel de la Fiscala, la recurribilidad o el alcance y contenido de la sentencia. En tal sentido el artculo 102.2 LRJS contiene un mandato de obligado cumplimiento, que conviene ahora recordar: Se
dar al procedimiento la tramitacin que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda.
No obstante, si en cualquier momento desde la presentacin de la demanda se advirtiere la inadecuacin del
procedimiento seguido, se proceder a dar al asunto la tramitacin que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculacin necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los trmites que fueren procedentes segn la modalidad procesal adecuada, con aplicacin del rgimen de
recursos que corresponda a la misma. No proceder el sobreseimiento del proceso o la absolucin en la instancia por inadecuacin de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitacin seguida
hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada
- En este caso se impugnaba el acuerdo de mediacin al amparo de lo dispuesto en el art. 67.1 LRJS: el
acuerdo de conciliacin o de mediacin podr ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aqul, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de la
conciliacin o de la mediacin, mediante el ejercicio por las partes de la accin de nulidad por las causas que
invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad . La norma
en cuestin no apunta a una determinada modalidad procesal, por lo que doctrina mayoritaria entiende que ha
de seguirse el procedimiento ordinario. Pero, entiende la Sala que este artculo 67.1 LRJS, en realidad, no es
aplicable al caso, pues se refiere a la impugnacin del acuerdo de conciliacin o de mediacin al que se accede
con carcter previo al proceso. No est diseado para impugnar los posibles acuerdos alcanzados en un perodo de consultas sobre despido colectivo (o sobre cualquier otra medida de reestructuracin), aunque el pacto
logrado en esos supuestos sea el resultado de una mediacin. La previsin normativa que la demanda invoca a
efectos procedimentales solo permite cuestionar el resultado transaccional de la mediacin o conciliacin previas al proceso, preprocesales. En el presente caso, tal acuerdo en periodo de consultas de un despido colectivo, espontneo o como resultado de la mediacin, no constituye la mediacin o conciliacin contemplada en el
art. 67 LRJS y sus preceptos relacionados. Se trata de impugnar un acuerdo alcanzado en el perodo de consultas (art. 51.2 ET), no de otra cosa.
- Se plantea la Sala cul es la va procesal adecuada teniendo en cuenta que los sindicatos demandantes terminaron aclarando que no impugnaban la totalidad del acuerdo de 13 de marzo de 2013 sino solamente uno de
sus apartados. A este respecto entiende la Sala que las posibilidades son dos bsicamente;
> Considerar que el mbito de la impugnacin colectiva de un despido colectivo comprende no solo la
calificacin de las extinciones contractuales, sino tambin la validez de las medidas y decisiones complementarias pero relevantes.
> Remitir el anlisis de la legalidad o ilegalidad de esas otras medidas a posibles procedimientos separados, incluido el proceso de conflicto colectivo, como ha entendido la sentencia recurrida.
- Los criterios para resolver el problema mantiene la Sala que son los siguientes:
A) Se ha seguido una modalidad procesal inadecuada, lo que ha supuesto parcelar un objeto litigioso
inescindible y ha existido un conocimiento paralelo de la misma materia. En sede casacional, y dadas
las expuestas circunstancias, no cabe la reconduccin querida por el segundo tramo del artculo 104.2
LRJS (se proceder a dar al asunto la tramitacin que corresponda) ni la acumulacin de recursos
(art. 234.1 LRJS).
B) Han de seguirse las reglas del art. 124 LRJS que son sumamente especficas (legitimacin activa y
pasiva, contenido de la demanda, prueba, etc.).
C) Recordando la STS de 11 noviembre 2014 (rec. 3102/2013) el art. 104.2 LRJS prev el sobreseimiento del proceso o la absolucin en la instancia cuando no sea posible completar la tramitacin seguida hasta ese momento, sin que tampoco se establezca la declaracin de nulidad de lo actuado y reposicin de las actuaciones al momento de interposicin de la demanda. Esa sera la consecuencia pertinente al presente asunto, con el archivo de las actuaciones, de no ser porque inicialmente las demandas s
impugnaban el contenido todo del acuerdo con el que finaliz el periodo de consultas en el despido colectivo.
- Por tanto, para evitar cualquier atisbo de indefensin, descarta la Sala esa extrema solucin y retrotrae las actuaciones al momento previo al de dictarse sentencia a fin de posibilitar el restablecimiento del derecho a la tutela
judicial efectiva al amparo de la modalidad procesal adecuada.
Sentencia de 19/02/15
Recurso de casacin en unificacin de doctrina n 3001/13
Ponente Excma. Sra. D. Rosa Mara Virols Piol
TEMA: Lesiones Permanente no Invalidantes (cmputo prescripcin)
- La sentencia tiene por objeto el examen de la infraccin por vulneracin de lo dispuesto en el art. 43,1 de la Ley
General de la Seguridad Social (RD-L. 1/1994 de 20 de junio), en relacin con lo dispuesto en el art. 150 del mismo texto legal sobre indemnizaciones por Lesiones Permanentes No Invalidantes. Conforme al art. 150 de la
LGSS (Indemnizaciones por baremo): Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carcter definitivo, causadas
por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente
conforme a lo establecido en la seccin 2 del presente captulo, supongan una disminucin o alteracin de la integridad fsica del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta
Ley, sern indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la
entidad que estuviera obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del
derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.. Por otro lado, el art. 43,1 de la LGSS relativo a la
prescripcin seala: 1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribir a los cinco aos, contados
desde el da siguiente a aqul en que tenga lugar el hecho causante de la prestacin de que se trate, sin perjuicio
de las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan
a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud
- La cuestin litigiosa se centra en determinar cual sea el dies a quo para el inicio del cmputo del plazo de cinco
aos a que se refiere el art. 43.1 de la LGSS respecto a la prescripcin, y entiende la Sala que ha de estimarse
que no se ha producido, por cuanto el dies a quo para el cmputo de la misma se inicia en la fecha del hecho causante que en el caso estaba indeterminado, y si bien pudiere pensarse que estaba situado alrededor de 2006, lo
cierto es que las dolencias no fueron valoradas; y siendo determinante la fijacin de que tales dolencias padecidas
por el actor tienen origen en enfermedad profesional, el cmputo del plazo de cinco aos que no se inicia hasta el
momento en que calificadas las dolencias se determina su origen profesional que determina la contingencia y ello
se produce en el ao 2012 con la resolucin del INSS.
Sentencia de 24/02/15 (Sentencia de Pleno)
Recurso de casacin n 165/14
Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Fernando Salinas Molina
TEMA: Despido Colectivo (legitimacin del Comit de Empresa para negociar, Competencias del Alcalde y
Pleno en los despidos, Vulneracin Derechos Fundamentales, Insuficiencia Presupuestaria sobrevenida)
- Se trata de un procedimiento de despido colectivo instado por el empleador (Ayuntamiento de Aljaraque) en
el que se alcanz un Acuerdo con el Comit de Empresa que fue impugnado, por la va procesal del art. 124
LRJS, por la Seccin sindical del Sindicato Unitario de Huelva en dicho Ayuntamiento.
- Se denuncian como infringidos los arts. 26 y 46 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensin de contratos y reduccin
de jornada, en relacin con los arts. 51.2 y 51.7 ET y 124.2 y 124.11 LRJS, solicitando la nulidad del despido
debido a que la negociacin y el Acuerdo alcanzado se realiza por el Comit de Empresa y no por las Secciones sindicales por lo que se afirma que la negociacin del acuerdo se llev a cabo por quien no estaba legitimado para ello en nombre de los trabajadores afectados.
- Pone de manifiesto la Sala que la regla es que el Comit de Empresa, dentro de los limites de su representacin y si la afectacin del despido colectivo no excede de dicho mbito, es el organismo que, como representante legal de los trabajadores de naturaleza unitaria, ostenta el carcter de interlocutor por imperativo legal
dada su condicin de rgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses (art. 63.1 ET). El Estatuto de los Trabajadores en su nueva
regulacin del despido colectivo ha establecido, no obstante, a pesar de la posible existencia de Comit de
Empresa, una regla de preferencia a favor de las Secciones sindicales con determinados presupuestos y otra
regla subsidiaria para cuando no exista representacin legal de los trabajadores, ni sindical ni unitaria. Estas
reglas se desarrollaron reglamentariamente por el citado Real Decreto 1483/2012, en el que se dispone, quiz
incluso con mayor claridad, sobre la Interlocucin en el periodo de consultas, que 1. Estarn legitimados
para intervenir como interlocutores ante la direccin de la empresa en el procedimiento de consultas a que se
refiere este Reglamento los representantes legales de los trabajadores. Dicha intervencin corresponder a las
secciones sindicales cuando estas as lo acuerden, siempre que tengan la representacin mayoritaria en los
comits de empresa o entre los delegados de personal, que 2. Cuando la empresa tuviera varios centros de
trabajo afectados por el procedimiento intervendr, de manera preferente, el Comit Intercentros o el rgano
de naturaleza similar creado mediante la negociacin colectiva, si por esta va tuvieran atribuida esta funcin y
que 3. En los casos de ausencia de representacin legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores
podrn atribuir su representacin durante la tramitacin del procedimiento a una comisin designada conforme
a lo dispuesto en el artculo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores ... (art. 26.1 a 3). Anlogas reglas se articulan cuando se trata del Procedimiento de despido colectivo aplicable en las Administraciones Pblicas a que
se refiere el prrafo segundo de la disposicin adicional vigsima del Estatuto de los Trabajadores. No se alega en la demanda que existiera un acuerdo de las Secciones sindicales para actuar como representantes de
los trabajadores frente al empresario en el periodo de consultas del despido colectivo con prioridad al existente
Comit de Empresa ni que dichas secciones ostenten los presupuestos exigibles legalmente para poder hacer
uso de tal facultad. Adems, la representacin de los trabajadores se ostent por el Comit de Empresa en su
conjunto. No siendo exigible legal ni, en consecuencia, reglamentariamente, ningn acuerdo especfico para
atribuir o asumirse la representacin por el Comit de Empresa, ya que el mismo como representante legal
unitario de los trabajadores tiene dicho carcter de interlocutor por imperativo legal (art. 63.1 ET), salvo que
exista acuerdo de las secciones sindicales para asumirla preferentemente en los trminos, antes referidos,
contenidos en el art. 51.2.VI ET, hay que entender que el Comit de Empresa estaba legitimado para negociar.
- Tambin se examina la infraccin del art. 22.2 Ley 7/1985 de Bases del Rgimen Local en sus apartados e) f)
e i) en relacin con el art. 124.11 LRJS, instando la nulidad del despido colectivo por haberse efectuado por el
Alcalde sin contar con el Pleno del Ayuntamiento, motivo que entiende la Sala que debe ser desestimado, aplicando al respecto lo que ya se expuso en la Sentencia de 1-julio-2014 (rcud 1486/2013) que ya ha declarado
que, examinados el art. 50.10 del RD 2568/1986 y de la Disposicin derogatoria nica de la Ley 11/1999, en
relacin con los arts. 21 y 22 de la Ley 7/1985 de Bases del Rgimen Local, de la conjuncin de dichas normas se observa un cambio sustancial, pues sin lugar a dudas, se exige al Alcalde la dacin de cuenta al Pleno
de los despidos del personal laboral, pero no la ratificacin ante el Pleno, que ha desaparecido por derogacin
expresa operada por la Ley 57/2003, aunque modificando de nuevo los arts. 21 y 22 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril se exprese tal atribucin en los mismos trminos establecidos por la Ley 11/1999 que ya los haba modificado- y en consecuencia, la falta de ratificacin ante el Pleno no puede dar lugar a la improcedencia del despido por defecto de forma como postula el recurrente.
- Se invoca tambin por la parte recurrente que en la sentencia impugnada se ha cometido infraccin del art.
68 ET, sobre el derecho a la permanencia de los representantes de los trabajadores, en relacin con el art. 28
CE, relativo a la libertad sindical y con la causa de nulidad establecida en el art. 124.11 LRJS, pero estima la
Sala que en ningn caso podrn ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicacin de las
reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el perodo de consultas. Tales pretensiones se plantearn a travs del procedimiento individual al que se
refiere el apartado 11 del artculo 124.2.II LRJS. Adems entiende la Sala que ya es doctrina reflejada, entre
otras, en la STS/IV 23-septiembre-2014 (rco 231/2013), concluyendo que <<a la vista de que el fundamento de
la alegada vulneracin de la libertad sindical es la inaplicacin de las reglas de prioridad de permanencia, no
cabe su reclamacin a travs del cauce de la impugnacin del despido colectivo, tal y como dispone el ltimo
inciso del apartado 2 del artculo 124 de la LRJS, pudiendo impugnar el despido, en su caso, en el correspondiente procedimiento individual, regulado en el artculo 124.13 LRJS>>.
- En otro motivo se denuncia infraccin de los arts. 24, 28 y 14 CE, art. 1.1 Directiva 1998/59/CE, art. 5.c)
Convenio 158 OIT, arts. 2 y 8 LOLS y art. 4.2. g) ET, en relacin con el art. 124.11 LRJS. Se alega que la decisin extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales, subdividiendo el motivo en dos apartados:
a) vulneracin del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la garanta de indemnidad;
y b) vulneracin del derecho a la libertad sindical, a no ser discriminado y el derecho de huelga; recordando
que en la demanda se pretenda la nulidad por vulneracin derechos fundamentales (libertad sindical), pues de
los 27 despidos practicados 15 eran afiliados al Sindicato Unitario, que algunos de los despedidos haban interpuesto demanda contra la empresa (vulneracin de la garanta de indemnidad) y/o haban sido miembros
del Comit de Huelga (vulneracin del derecho de huelga). La Sala del TS desestima este motivo, al igual que
la de instancia, sobre la base de los hechos probados y no atacados de los que se desprende la inexistencia
de la vulneracin del derecho de garanta de indemnidad invocado, puesto que, cabe concluir que los despidos
individuales derivados del Acuerdo alcanzado en el procedimiento de despido colectivo se realizan por la empleadora conforme a los criterios acordados, y estos criterios otorgan la prioridad de preferencia a los fijos sobre los interinos e indefinidos sin distincin, y dentro de este grupo, se anteponen los indefinidos fijosdiscontinuos sobre cualesquiera otros aunque fueran ms antiguos pero solo en aquellos departamentos en
que los servicios se puedan concentrar en determinados meses. Respondiendo esta forma de seleccin a
unos criterios objetivos y razonables sin que de ellos pueda inferirse que el Ayuntamiento y los miembros del
Comit de empresa que firmaron el Acuerdo buscaran justificar el despido de diez de los doce trabajadores
indefinidos que presentaron la demanda de modificacin sustancial.
- Se estudia igualmente en esta resolucin la infraccin del art. 124.2.a) LRJS en relacin con el art. 35.3 del
Real Decreto 1483/2012 y el art. 3.2 Ley de Contratos del Sector Pblico en relacin con el art. 124.11 LRJS,
alegando la parte recurrente que cuando la empresa es una Administracin Pblica se entiende que existe
causa econmica justificadora de los despidos cuando se produzca una situacin de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiacin de los servicios pblicos correspondientes, y no hay un solo
dato sobre la situacin actual del Ayuntamiento, por lo que dicha insuficiencia presupuestaria no es
sobrevenida sino que viene de lejos y es consecuencia de una incorrecta planificacin presupuestaria. En
contestacin a este argumento la Sala hace referencia a su doctrina sobre el valor reforzado de la existencia
de un Acuerdo entre la empresa y la representacin de los trabajadores cuando judicialmente se cuestiona la
concurrencia de las causas del despido colectivo (STS/IV 25-junio-2014, rco 165/2013), as como recuerda lo
expuesto ya anteriormente sobre la exigencia de la insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente
(STS/IV 2-diciembre-2014, rco 29/2014), en la que se establece, entre otros extremos, que: <<Ciertamente los
no precisos trminos en que aparecen descritas las causas econmicas en la DA 20.II ET suscitan importantes problemas interpretativos A la circunstancia exigida de que la insuficiencia presupuestaria deba tambin ser sobrevenida, sin matizaciones normativas, pero que no parece que dada su referencia directa a los
presupuestos deba tener una interpretacin ajena a la propia normativa presupuestaria, no entendindolo simple o exclusivamente como un hecho o suceso repentino e imprevisto o como se ha reflejado en cierta doctrina jurisprudencial aludiendo a circunstancias que no fueron tomadas en cuenta cuando se aprob el presupuesto, -- aunque tales circunstancias extraordinarias estn previstas nicamente para el Estado y para las
CC.AA., en el, aun inaplicable en cuanto a los lmites de dficit estructural, art. 11.2, 3 y 4 de la Ley Orgnica
2/2012, en el que se precepta que 2. Ninguna Administracin Pblica podr incurrir en dficit estructural,
que 3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autnomas podrn incurrir en dficit estructural en
caso de catstrofes naturales, recesin econmica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Pblicas y perjudiquen considerablemente su situacin financiera o su
sostenibilidad econmica o social, apreciadas por la mayora absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados. Esta desviacin temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo En
estos casos deber aprobarse un plan de reequilibrio que permita la correccin del dficit estructural teniendo
en cuenta la circunstancia excepcional que origin el incumplimiento y que 4. Las Corporaciones Locales
debern mantener una posicin de equilibrio o supervit presupuestario --. Pudiendo el cuestionado trmino
(sobrevenida) referirse igualmente a circunstancias legales que obliguen a la Corporacin local empleadora,
en nuestro caso, a no poder seguir utilizando financiacin externa dentro de ciertos lmites e impongan de futuro en los presupuestos municipales el ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, debiendo efectuar con tal fin las medidas preventivas oportunas para intentar evitar la aplicacin de las consecuentes medidas correctivas; con la matizacin de que tal presupuesto de insuficiencia presupuestaria en su aspecto de sobrevenida debera juzgarse con mayor rigor cuando tal insuficiencia
presupuestaria ya existiese en anlogas condiciones en el momento de la contratacin de los trabajadores que
se pretende posteriormente despedir, para evitar dejar el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de
los contratantes (arg. ex art. 1256 Cdigo Civil), recordemos que el posible cambio sustancial de circunstancias respecto a las existentes en una toma de decisiones empresariales anteriores ha sido considerado jurisprudencialmente en un supuesto como causa sobrevenida (STS/IV 16-abril-2014, -rco 57/2013, Pleno); y, finalmente
d) Al requisito de que la insuficiencia presupuestaria, con los calificativos antes referidos (sobrevenida y persistente), para poder justificar un despido colectivo econmico en una Administracin pblica deba afectar
concretamente a la financiacin de los servicios pblicos correspondientes, de difcil aplicabilidad tratndose
de servicios que legalmente deba suministrar la Corporacin local y los que, como regla, en trminos estrictamente econmicos suelen ser deficitarios>>.
-En el caso examinado, para determinar si existen causas econmicas que justifiquen el despido colectivo
efectuado por la Corporacin local empleadora, parte la Sala de los datos econmicos que se contienen en los
hechos declarados probados de la sentencia de impugnada, y de los que se deduce la existencia de causa
econmica suficiente para justificar el despido colectivo, ya que comportan: a) una verdadera insuficiencia
presupuestaria para hacerles frente; b) la que al arrastrarse, en trminos cuantitativos y cualitativos trascendentes indudablemente desde ejercicios presupuestarios anuales anteriores que no lograron enjugar el dficit
real a pesar de posibles equilibrios presupuestarios aparentes, denotan un carcter de persistencia hacia el
pasado; c) insuficiencia presupuestaria que en el momento de los hechos que por imperativo de la expuesta
normativa presupuestaria vigente esencialmente a partir del propio ao 2.012 obligan a adoptar las medidas
preventivas oportunas para intentar evitar la aplicacin de las consecuentes medidas correctivas, de lo que
cabe configurarla en dicho momento como sobrevenida; d) afectante, en este caso, no nicamente a la financiacin de los servicios pblicos correspondientes en los que prestaban su actividad los trabajadores afectados por el despido colectivo, sino a la totalidad de la actividad municipal, y e) sin que quepa, en este caso,
entender que ha existido inadecuacin o desproporcin de las medidas adoptadas, pues ante la grave situacin descrita el despido colectivo impugnado se inserta en el marco de otras medidas tendentes a paliar en lo
posible la referida situacin.
- Se niega por la Sala la ausencia de buena fe en la negociacin al sostener el Ayuntamiento la imposibilidad
de mantener las suspensiones y reducciones planteadas al inicio de la misma, lo que supuso alterar el nmero
definitivo de afectados con las contrapartidas negociadas, ya que la DA 3 Ley 3/2012, aplicable al caso, aade una DA 21 al ET que establece que lo previsto en el art. 47 ET (suspensin del contrato o reduccin de
jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin o derivadas de fuerza mayor) no ser
de aplicacin a las Administraciones Pblicas.
- Finalmente se deniega tambin por la Sala la existencia de fraude y abuso de derecho en el Acuerdo suscrito
en el perodo de consultas en las materias relativas a la jubilacin parcial y al contrato de relevo, a las diferencias abonar sobre las prestaciones por desempleo para los trabajadores que hubieran modificado voluntariamente su relacin contractual de indefinido a indefinido fijo-discontinuo y al abono en plazos de la indemnizacin por despido aun siendo superior a la legal, al no apreciarse indicios de tal fraude cuya carga de la prueba
incumbe a la parte que lo alega.
Sentencia de 25/02/15 (Sentencia de Pleno)
Recurso de casacin en unificacin de doctrina 432/14
Ponente Excma. Sra. D. Mara Lourdes Arastey Sahn
TEMA: Prstamos a empleados de Banca (plazo de prescripcin. Rectifica doctrina anterior)
- El recurso tiene por objeto la reclamacin de las cuantas vencidas de los prstamos concedidos por la empresa al trabajador, habida cuenta de que la relacin laboral entre ambos se haba extinguido el 11 de junio de
2008 y que en los dos contratos de prstamos suscritos se contena una clusula con arreglo a la cual los mismos se consideraran vencidos al extinguirse la relacin laboral. Tanto la sentencia de instancia como la de
suplicacin aplican el plazo de prescripcin del art. 59 ET por entender que los prstamos estaban vinculados
a la relacin laboral y, habindose presentado la papeleta de conciliacin el 3 de diciembre de 2010, declaran
prescrita la accin.
- Pone de manifiesto la Sala que la solucin a la cuestin del plazo de prescripcin que debe regir la accin de
reclamacin de la empresa pasa por determinar la naturaleza de las obligaciones cuya exigibilidad se hace
valer con la demanda y defiende la empresa que el contrato de prstamo debe regirse por lo dispuesto en el
art. 1964 del Cdigo Civil, sin que el hecho de que el orden jurisdiccional social sea el competente para el conocimiento de su reclamacin desdibuje la naturaleza civil de aquel contrato.
- Argumenta la Sala que hay que partir de que las partes litigantes estaban unidas por un contrato de trabajo,
cuyo concreto rgimen convencional sectorial, el art. 39 del XVIII del Convenio colectivo de Banca y art. 40 de
los convenios sucesivos, bajo la rbrica de Beneficios sociales, y su complemento mediante acuerdos y pactos colectivos en el seno de la propia empresa, prev y regula un sistema de prstamos al personal. La concesin de tales prstamos estaba estrecha e incondicionalmente vinculada a la relacin laboral de modo que se
extrae el derecho del empleado a su concesin del prstamo con el solo requisito de que se justifique la circunstancia objetiva que lo motiva. Por consiguiente, para la entidad prestamista la concesin del crdito no se
acomoda de forma absoluta a la autonoma de la voluntad que rige en sus operaciones en el mercado, sino
que viene limitada por los trminos de las clusulas colectivas y, por tanto, completamente conformada por su
posicin de empleadora respecto de los prestatarios. Se aade por la Sala que tambin la ejecucin del contrato de prstamo se halla unida a la vida del propio contrato de trabajo. La interconexin entre ambos se evidencia, no slo en las mejores condiciones econmicas de los prstamos, sino en otros aspectos peculiares
como la frmula de pago de las amortizaciones e intereses que se funda en la retencin que la prestamistaempleadora lleva a cabo sobre el salario del prestatario-trabajador. Y lo mismo cabe decir de la garanta del
pago a travs de un seguro de vida del prestatario, que asume ntegramente la propia empresa, siendo la
muestra ms clara y evidente del ligamen indisoluble entre contrato de trabajo y contrato de prstamo la propia
clusula cuya exigencia de cumplimiento provoca el ejercicio de la accin en el pleito: Al suscribir el prstamo,
se vinculaba la vigencia del mismo a la del propio contrato de trabajo. La cuestin fue abordada en la STS/4
de 4 diciembre 2007 sosteniendo que poda implicar un desequilibro de derechos y obligaciones y un perjuicio
desproporcionado y no equitativo para el trabajador prestatario al poner en manos de la empresa, no slo la
extincin unilateral del contrato de trabajo en caso de despido, sino tambin el contrato de prstamo.
- Por ello estima la Sala que la accin por la que se pretende dar por vencida anticipadamente la obligacin de
devolucin del contrato de prstamo, objeto nuclear de la pretensin de la demanda, debe regirse por la norma
contenida en el art. 59 ET. Si el prstamo estaba ntimamente ligado al contrato de trabajo, la declaracin de
vencimiento anticipado que ahora se pretende debi solicitarse dentro del plazo de prescripcin que se inicia
con la extincin del contrato de trabajo. La Sala rectifica de este modo el criterio sostenido en la STS/4 de 12
noviembre 2014 (rcud. 3051/2013), en la que defendi que la naturaleza civil del contrato de prstamo no quedaba desvirtuada por la circunstancia de que se concediera en condiciones especiales a quien es trabajador
de la propia entidad prestamista.
SECCIN DE LO MILITAR
RECURSO DE CASACIN 101/60/2014
Fecha Sentencia: 24/04/2015
Ponente Excmo. Sr. D. ngel Caldern Cerezo.
TEMA: Delito contra del eficacia en el servicio con resultado de muerte del artculo 159.2 del Cdigo Penal
Militar. Calificacin de la imprudencia. Principio de confianza y autopuesta en peligro. Configuracin jurisprudencial de esta figura delictiva, conceptuacin de la negligencia profesional y anlisis del nexo causal entre
sta y el resultado mortal.
- La Sala V del Tribunal Supremo desestima en esta Sentencia el recurso de casacin interpuesto por el condenado por este delito militar, analizndose los aspectos referidos, resultando de especial inters la reproduccin de los siguientes fragmentos de su fundamentacin:
<<A propsito del tipo imprudente contra la eficacia del servicio, se ha pronunciado con frecuencia esta Sala
habiendo generado el cuerpo de doctrina que se recoge en nuestras Sentencias 08.05.2002; 21.03.2003; 03.1
0.2005; 31.03.2010; 25.01.2011; 09.07.2013; 30.01.2014 y 18.07.2014, entre otras, segn la cual el tipo imprudente en cuestin consiste en la creacin o incremento de un riesgo jurdicamente desaprobado, es decir,
prohibido, que produce un resultado tpico por infraccin del deber de cuidado exigible con carcter general en
el desarrollo de cualquier actividad de carcter comn, o del especfico que debe observarse en la realizacin
de una actividad concreta. El desvalor de la accin radica en la infraccin del deber de cuidado exigible en la
previsin del peligro creado y para el control de sus consecuencias, y el desvalor del resultado se sita en la
produccin del evento tpico previsible, evitable y objetivamente imputable a aquella infraccin del deber de
cuidado...>>
<<En aplicacin al caso, ha de compartirse la conclusin a que llega el Tribunal sentenciador sobre que medi negligencia profesional por parte del acusado, quien con su conducta omisiva ya narrada elev hasta lo
prohibido el riesgo hasta entonces tolerado que de por s representaba el ejercicio de inmersin, no previendo
las consecuencias que de ello pudieran derivarse ni adoptando el deber de cuidado que le era exigible en el
desempeo de su funciones como Sargento especialista en actividades subacuticas y, en consecuencia, como Jefe del Equipo de Buceadores que le converta en garante de la indemnidad fsica de stos durante la
prctica del ejercicio bajo el agua, con la especial obligacin de mantener controlada la actividad dentro de lo
jurdicamente tolerado>>
<<La imprudencia cometida no se valora como temeraria, equivalente a la extrema desprovista del deber de
cuidado mnimo o elemental exigible a cualquier persona, que ocupara la misma posicin del acusado, y asimismo en funcin de la importancia de los bienes jurdicos puestos en peligro (vid. nuestra reciente Sentencia
05.12.2014, y las tambin recientes Sentencias de la Sala 2, 28.06.2013 y 09.02.2015). Por el contrario, confirmamos que debe conceptuarse como simple negligencia profesional delictiva, en s misma considerada, sin
necesidad de traer a colacin alguna suerte de concurrencia de comportamiento culposo procedente de la
vctima, como se hace en la instancia razonando sobre el incremento del riesgo aportado por sta como contribucin a la produccin del resultado. Creemos que su anuencia a tomar parte en el ejercicio no puede conceptuarse como un caso de lo que doctrina y jurisprudencia conocen como "autopuesta en peligro". A ello se opone el principio de confianza en la secuencia correcta de las decisiones previamente adoptadas por sus mandos
y, asimismo, porque la aceptacin del peligro no consta que estuviera precedida de la completa informacin
del riesgo que se asumi, de manera que su decisin pudiera considerarse consciente y libremente adoptada,
no considerando bastante a este efecto la explicacin an en detalle que sobre las caractersticas del ejercicio
dio a los buceadores el Brigada coordinador del mismo (ordinal 6 del relato probatorio)>>.
<<La reiterada queja casacional sobre la ausencia de nexo causal entre la conducta del acusado y el resultado mortal (tambin enunciado en el motivo sobre vulneracin del derecho a la presuncin de inocencia), tendra ms fundamento si el comportamiento imprudente fuera activo y no omisivo como hemos establecido,
porque en el primer supuesto habra que verificar el vnculo naturalstico u ontolgico ente la accin negligente
y la imputacin objetiva del resultado a dicha conducta (vnculo naturalstico); pero tratndose de omisin se
opera sobre lo que en la Sentencia 28.06.2013 (Sala 2) se denomina el "criterio hipottico de imputacin centrado en dilucidar si la conducta omitida habra evitado, con probabilidad rayana en la certeza, la lesin del
bien jurdico que tutela la norma penal".
En el caso que se examina, la Sala considera que al no oponerse el Sargento acusado a que el Soldado realizara una inmersin que exceda de sus posibilidades, ni poner fin al ejercicio tras advertir la existencia de complicaciones imprevistas por sobrevenidas a su planteamiento terico, ello fue determinante de que el buzo perdiera la vida en el fondo del embalse, dentro de un juicio de probabilidades compatible con la prueba de los
hechos sobre su alejamiento y prdida de contacto con los dems componentes del equipo sin que pudiera
llegar a ascender a la superficie...>>. (Fundamento Jurdico 5).
SECCION MENORES
1.DATOS SENTENCIA
Sentencia n 86/2015, de 6-3-2015.
AP de lava, Seccin 2
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jos Jaime Tapia Parreo
TEMA: Modificacin de medida inicial por una ms gravosa en la audiencia. No genera indefensin. Aplicacin
supletoria de la LECrim..
- La modificacin de la medida inicialmente solicitada por el Fiscal por otra ms gravosa en la audiencia, no
produce indefensin a la parte que no solicit en el acto un aplazamiento de la vista, por aplicacin supletoria
del art. 788.4 de la LECrim. La nueva medida tampoco resulta sorpresiva a la vista de las circunstancias del
menor expresadas en el informe del ET.
se afirma que se produjo indefensin, cuando "de manera sorpresiva se sube la medida por el Ministerio
Fiscal en el mismo acto de la vista de 9 meses de Libertad Vigilada a 7,5 meses de Asistencia a Centro de da,
modificndose la naturaleza de la pena (sic)", ms bien medida.
- El propio recurrente admite que la Ley permite dicha modificacin, pero alega que fue sorpresiva. El art. 37.1
y 2 LORPM no contempla expresamente tal modificacin del escrito de alegaciones (art. 30 LORPM ), pero
distintos preceptos de la propia Ley, desde la perspectiva del inters superior de menor, en particular el art. 39
LORPM , que obliga a tener en cuenta las circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del menor en el momento de dictar sentencia, justifican esa posibilidad legal. La aplicacin supletoria del art. 788.3
LECr es el fundamento legal para establecer que es posible tal cambio.
- Precisamente, por aplicacin supletoria de las normas del Procedimiento Abreviado, ha de tener plena virtualidad el art. 788.4 LECr . de tal manera que si la acusacin cambia "la tipificacin penal de los hechos?." o en
trminos generales, segn se ha interpretado tal precepto y se puede razonablemente interpretar en este mbito penal juvenil, si se modifica la propia medida (pena en el orden jurisdiccional penal de adultos), " a peticin
de la defensa", el Juez puede considerar un aplazamiento de diez das " a fin de que pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y en su caso aportar elementos probatorios y de descargo que estime convenientes".
- En definitiva, para que pudiramos asumir en esta segunda instancia alguna vulneracin de derechos fundamentales y en particular esa indefensin, si estimaba sorpresiva y generadora de indefensin tal solicitud de
una medida, que efectivamente era ms gravosa o restrictiva de derechos (art. 7.1 LORPM ) y de mayor duracin, para garantizar el derecho de defensa del menor, el letrado debera haber interesado un aplazamiento de
la "audiencia" (juicio oral o plenario en terminologa de derecho penal de adultos) para poder formular ms
adecuadamente sus alegaciones o incluso proponer alguna prueba, que, contraviniendo el parecer o criterio
del Equipo Tcnico, en el que se bas la modificacin de medida, apoyara la inicialmente solicitada u otra medida menos restrictiva de derechos. Como no se hizo as, no se puede estimar este motivo del recurso.
- En cuanto al fondo de la propia alegacin, si se examina el informe del Equipo Psicosocial, aunque desde la
perspectiva del principio acusatorio (art. 8 LORPM ) haba un bice absoluto para poder imponer esa medida
finalmente establecida de asistencia a centro de da, en realidad, tanto los datos proporcionados en aquel informe sobre las circunstancias personales, familiares, educativas y sociales como la valoracin de stas que
se haca en el mismo permitan la imposicin de esa medida, por lo que no era sorpresivo un eventual cambio
de medida".
Sentencia n 59/2015, de 13-3-2015.
AP de Guipzcoa, Seccin 1
Ponente: Ilmo. Sr. D. Augusto Maeso Ventureira
TEMA: Reglas de determinacin de medidas. Permanencia de fin de semana en centro. No cabe aplicar al
menor una medida privativa de libertad ms gravosa que la prevista, en el mismo caso, para un adulto en el
- No procede imponer a un menor una medida de permanencia de fin de semana en centro de reforma por una
falta de hurto, conforme al art. 8.2 de la LORPM, pues el CP slo prev expresamente que la pena de localizacin permanente se cumpla en centro penitenciario en los casos de faltas reiteradas de hurto (art. 623.1 en
relacin al art. 37.1 CP).
- El recurrente ha sido condenado como autor de una falta de hurto a medida de cuatro fines de semana de
permanencia en centro educativo.
- El art. 623 CP seala para dicha infraccin penas de localizacin permanente de cuatro a 12 das o multa de
uno a dos meses.
- La localizacin permanente es una pena privativa de libertad, cuyo cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez, lugar que slo podr consistir en un centro
penitenciario en aquellos supuestos en los que as lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable
( art. 37 CP ). Tratndose de faltas de hurto, el art. 623 CP prev tal cumplimiento en centro penitenciario solamente en el supuesto -aqu no concurrente- de perpetracin reiterada de dicha falta.
- La medida de permanencia de fin de semana obliga a permanecer en su domicilio o en un centro hasta un
mximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, tal como lo dispone
la letra g) del apartado 1 del art. 7 de la Ley Orgnica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores
(LORPM ).
-La sentencia de instancia razona la medida que impone al aqu recurrente, y su duracin, en que el mismo es
un joven ya mayor de edad, que presenta numerosos indicadores de riesgo, tanto a nivel familiar, como social
y formativo, que cometi los hechos en un momento prximo a su mayora de edad y que ya cumpli otras
medidas judicialmente impuestas. Dicha motivacin es suficiente para justificar tanto la medida impuesta, como su duracin. Cumple tambin con la prevencin establecida en el art. 8-2 de la LORPM , que dispone que
"Tampoco podr exceder la duracin de las medidas privativas de libertad...en ningn caso, del tiempo que
hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de
haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Cdigo Penal". Tal precepto
es consecuencia de la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias n 61/1998, de 17-3 y
36/1991, de 14-2 , en las que establece la imposibilidad de establecer medidas ms graves o de una duracin
superior a la que correspondera por los mismos hechos si de un adulto se tratare.
- Dado que a un adulto que hubiere cometido una falta de hurto como la cometida por el menor recurrente slo
cabra imponerle pena de localizacin permanente, de hasta 12 das, a cumplir en su domicilio, debe plantearse si la imposicin a dicho menor de la medida de cuatro fines de semana de permanencia en centro educativo
es una medida ms grave que la que le correspondera por el mismo hecho, si de un adulto se tratare. Ambas
son sanciones privativas de libertad. Pero no cabe duda de que el cumplimiento de una sancin privativa de
libertad en el propio domicilio o en un centro educativo no revisten igual gravedad. Es claramente ms gravosa
sta ltima, que lgicamente obliga al sancionado a cumplir las normas de convivencia del centro educativo y
priva de la intimidad propia del domicilio. Es similar la diferencia existente entre una pena de localizacin permanente a cumplir en el propio domicilio que una pena de localizacin permanente a cumplir en centro penitenciario, que es legalmente posible solo en supuestos de mayor gravedad (reiteracin en la comisin de faltas
de hurto).
- En consecuencia, entendemos que la medida impuesta al menor es de mayor gravedad que la que cabra
imponerle si hubiera sido adulto al cometer el hecho ilcito. Por tanto, mantendremos la medida de permanencia de fin de semana impuesta, pero -a fin de respetar lo dispuesto por el TC en las referidas sentencias- acordaremos que la cumpla en el propio domicilio del menor. De este modo la medida ser de igual gravedad que
la que cabra imponer a un adulto que hubiera cometido el mismo hecho y su duracin no superar la que cabra imponer a tal adulto.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito.
Ley Orgnica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la
Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de
20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales
y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informacin en los procesos penales.
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiacin empresarial.
LEGISLACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
Ley 9/2015, de 20 de marzo, del Principado de Asturias de primera modificacin de la Ley
del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de
autonoma personal de menores que han sido sometidos a una medida de proteccin o
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificacin de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacin Territorial de Extremadura.
Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgnero e intersexuales y de polticas pblicas contra la discriminacin por orientacin
sexual e identidad de gnero en la Comunidad Autnoma de Extremadura.
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Funcin Pblica de Extremadura.
Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccin ambiental de la Comunidad Autnoma de Extremadura.
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo pblico de Galicia.
Ley Foral 19/2015, de 10 de abril, de derogacin de la Ley Foral 3/2014, de 14 de marzo, de
modificacin de la Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de modificacin de la Ley Foral
15/2005, de 5 de diciembre, de promocin, atencin y proteccin a la infancia y a la adolescencia
Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policas de Navarra. Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparacin de las vctimas por actos de motivacin poltica provocados por grupos de extrema
derecha o funcionarios pblicos.
Resea de artculos doctrinales de especial inters
1. La agilizacin del proceso penal, el procedimiento de decomiso autnomo y la ampliacin de la
apelacin en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por Miguel RODRGUEZPIERO BRAVO-FERRER. Diario La Ley, 27 de abril de 2015
2.- El delito societario de administracin desleal (Supresin del artculo 295 del Cdigo Penal), por
Juan CARDONA TORRES. Diario La Ley, 7 de mayo de 2015
3.- Imputabilitas y teora de la imputacin, por Carlos PREZ DEL VALLE. Indret, abril de 2015
4.- El tratamiento meditico de la violencia de gnero en Espaa (2000- 2012): agenda setting y
agenda building, por Daniel VARONA / Norman GABARRN. Indret, abril de 2015
5.-Retribucionismo consecuencialista como programa de ideologa punitiva Una defensa de la teora
de la retribucin de Ernst Beling por Juan Pablo MAALICH RAFFO. Indret, abril de 2015
6.- Responsabilidad penal internacional en el ciberespacio, por Kai AMBOS. Indret, abril de 2015
7.- Sobre la responsabilidad penal de un cerebro adolescente Aproximacin a las aportaciones de la
neurociencia acerca del tratamiento penal de los menores de edad, por Laura POZUELO PREZ. Indret, abril de 2015
Los artculos de la Revista de Jurisprudencia pueden descargarse a texto completo en la base de datos de El Derecho (pestaa bibliografa-publicaciones).
Los artculos de la Revista para el anlisis del Derecho InDret pueden consultarse a texto completo en
http://www.indret.com
Indice referencial por materias
I N D I C E P O R M AT E R I A S
ACCION CIVIL EX DELITO
- Exige sentencia condenatoria
Sec. Civil
STS 148/15 27/03/15
ACUMULACION DE CONDENAS
- Acumulaciones anteriores
- Inclusin pena localizacin permanente
Sec. Penal
STS 213/15 13/04/15
STS 221/15 15/04/15
Sec. Cont.
ATS 38/15 20/04/15
ATS 4/15 21/04/15
ATS 2/15 24/04/15
STS 242/15 16/04/15
- Elementos. Animus nocendi. Scientia fraudis
STS 185/15 10/04/15
- Supresin paga extraordinaria. Derecho a la igualdad
Sec. Social
STS 189/13 16/09/14
CONFLICTOS DE COMPETENCIA Y JURISDICCION
- Ley de dependencia. Competencia Jur. social en suspenso
- Reclamacin daos y perjuicios. Lesiones va pblica
- Reclamacin daos y perjuicios. RENFE. Jur. Civil
- Consumidores y Usuarios
> Proteccin. Clusula Suelo. Control Abstracto
STS 138/15 24/03/15
CUESTIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
- Personal: proceso selectivo. Derecho a la igualdad
ATS 3970/13 13/03/15
- Confesin del contribuyente. Valor. Regularizacin Fiscal
Sec. Constitucional
STC 54/15 16/03/15
- Imprudencia. Principio confianza y autopuesta en peligro
Sec. Militar
STS 60/15 24/04/15
- Cuestin inconstitucionalidad. Personal: proceso selectivo.
- Impuesto de sucesiones. Descendientes mismo causante
- Impuesto sucesiones. Residencia CCAA distintas
- Subvenciones formacin sindicatos ms representativos
- Supresin paga extraordinaria.
STC 60/15 18/03/15
STS 4209/11 30/04/15
STS 4004/09 02/03/15
- Indemnizacin daos y perjuicios LO 1/1982
STS 166/15 17/03/15
- Conflicto de Competencia y Jurisdiccin
> Ley de dependencia. Competencia Jur. social en suspenso
> Reclamacin daos y perjuicios. Lesiones va pblica
> Reclamacin daos y perjuicios. RENFE. Jur. Civil
> Audiencia Provincial. Perpetuatio jurisdictionis
- Documentos Identidad. Datos biomtricos. Rgto. 444/09
STJUE 446/12 16/04/15
- Documentos de Identidad. Datos biomtricos
DERECHO AL SECRETO COMUNICACIONES
- Elementos indiciarios justificativos injerencia judicial
- Informacin procedente autoridades policiales extranjeras
STS 203/15 23/03/15
STS 251/14 13/04/15
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTAS
- Motivacin del Veredicto del Jurado
Sec. TEDH
STEDH 73235/12 12/05/15
- Modificacin solicitud medidas en Audiencia
Sec. Menores
SAP 86/15 06/03/15
- Carga de la Prueba. Inversin
> Causa: Insuficiencia presupuestaria sobrevenida
> Competencia Alcaldes y Pleno en Despidos
> Legitimacin Comit Empresa en negociacin
> Libertad sindical: reglas prioridad de permanencia
> Impugnacin acuerdo mediacin. Inadecuacin Prdto.
STS 164/14 24/02/15
STS 165/14 24/02/15
STS 28/14 27/01/15
- Cobro indebido pensin tras fallecimiento titular
STS 42/15 20/01/15
GRABACIONES VIDEOGRAFICAS
- Legitimidad. Cadena de custodia
STS 199/15 30/03/15
- Concepto y diferencia con Organizacin criminal
- Ejecucin. Atribucin uso vivienda familiar.
STS 118/15 06/03/15
- Sucesiones. Igualdad descendientes mismo causante.
INTERVENCIONES TELEFNICAS
- Personas jurdicas. Garantas
- Crmenes de Guerra. Jurisdiccin universal imperativa
- Modelos de Jurisdiccin Universal. Doctrina T. Supremo
STS 296/15 06/05/15
- Instrumento peligroso: botella de cristal
- Reglas prioridad de permanencia. Inadecuacin Pdto.
- Maltrato habitual en mbito familiar. Naturaleza
STS 232/15 20/04/15
MALVERSACIN
- Concepto de caudales pblicos
- Non bis idem: sancin administrativa y condena penal
STS 210/15 15/04/15
- Derecho de defensa. Modificacin solicitud medidas
- Modificacin de solicitud medidas en Audiencia
- Reglas determinacin de las medidas
- Permanencia fin semana en Centro. Naturaleza
SAP 59/15 13/03/15
PARTICIPACION A TITULO LUCRATIVO
- Delimitacin concepto frente Responsabilidad civil
STS 227/15 06/04/15
> Proporcional: degradabilidad
STS 211/15 14/04/15
> Accin reclamacin prstamos empleados Banca
> De la Pena. Computo del plazo y suspensin
> Lesiones permanentes no invalidantes
STS 432/14 25/02/15
STC 63/15 13/04/15
STS 3001/13 19/02/15
- Transmisin encuentro deportivo pagina Internet
STJUE 279/13 26/03/15
- Derechos fundamentales. Inversin carga de la prueba
> Anlisis droga: margen de error
- Cancelabilidad de los antecedentes penales
RECURSO DE CASACIN
- Doctrina Jurisprudencial: elemento subjetivo
- Doctrina Jurisprudencial: sentencias absolutoria.
- Preparacin: doctrina general.
STS 199/15 -30/03/15
ATS 13684 09/04/15
- Interposicin: Legitimacin directa del Ministerio Fiscal
STS 217/15 15/04/15
- Delimitacin concepto frente participacin titulo lucrativo
- Propiedad intelectual. Trasmisin deportiva pagina Internet
- Agresiones homofbicas. Obligacin investigacin efectiva
- Obligacin de investigacin efectiva
STEDH 58488/13 05/05/15
TRFICO DE DROGAS
- Dosis mnima psicoactiva
- Presuncin de inocencia. Nulidad de la sentencia
STS 252/15 29/04/15
- Atribucin uso. Hipoteca previa al matrimonio
BOLETN DE JURSPRUDENCIA
Javier Huete Nogueras
Fiscal de Sala Coordinador de Menores
Coordinador del Boletin y autor de la Seccin Penal
Francisco Moreno Carrasco
autor de la Seccion Contencioso Administrativo
Begoa Polo Catalan
autora de la Seccion Civil
Salvador Viada Bardaj
autor de la Seccin del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Mara Asuncin Gmez Martn
autora de la Seccin de lo Social
Jos Maria Caballero Snchez-Izquierdo
Teniente Fiscal de la Fiscala ante el Tribunal Constitucional
autor de la Seccin Constitucional
Jos Miguel de la Rosa Cortina
Fiscal de Sala Jefe de la Secretara Tcnica
autor de la Seccion Secretaria Tcnica
Francisco Manuel Garca Ingelmo
Fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Menores
autor de la Seccion Menores
Adolfo Luque Regueiro
Comandante Auditor, Fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo
autor de la Seccin de lo Militar
Documentos similares a Boletin de Jurisprudencia Mayo 2015
Gilberto Caberos
nadeliro
Alex Robles Perez
Melyant Claudio
Patricia Picasso
AMPARO DIRECTO.doc
yuridelacruz
Ejecución de Garantias
Entrevista a German j Bidart Campos
Aplazamiento Completo
Exploradores de Cabernas. Resumen
Ain Gregori
Lab 1 Caso 12 Hombres_Analisis 1
Cuadro Modelo Para Rendicion de Gastos Realizados
Más de Alex Jiménez Coronel
La delimitación del Derecho penal del enemigo en un Estado de Derecho
Eiser Alexander Jiménez Coronel - Proporcionalidad de Las Penas en El Delito de Violación Sexual de Menor de Edad. a Propósito de La Casación N.º 335-2015-Del Santa
Proceso de Terminación Anticipada - Mg. Eiser Alexander Jiménez Coronel
EISER ALEXANDER JIMÉNEZ CORONEL - Una Defensa Utilitarista Al Derecho Penal Del Enemigo en Casos de Criminalidad Organizada
RES N° 333-2013-MP-F-SUPR.CI
C. P. Esp-Alonso Peña -I
Eiser Alexander Jiménez Coronel - La Delimitación Jurídica Del Derecho Penal Del Enemigo
El Surgimiento Del Programa de Protección a Victimas -Eiser Alexander Jiménez Coronel
Protección de Testigos y Colaboradores eficaces como fuentes de prueba en los delitos de alta peligrosidad - EISER ALEXANDER JIMÉNEZ CORONEL
Protección de testigos y colaboradores como fuente de prueba en los delitos de alta peligrosidad.docx
RS_333-2013-MP-F-SUPR.CI (2)
Ca Lvarez
RECURSOS_HUMANOS_I._Evaluacion_1
Informe Bienal de La Enseñanza en La Region de Murcia 2005-07
El Derecho t1
Pedro Durillo Sánchez
CENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
BOCYL-CURRICULO ASCYT
8 Organización Territorial Del Estado (I) Las Comunidades Autónomas [Constitución, Distribución de Competencias Entre El Estado y Las Comunidades Autónomas y Estatutos de Autonomía]
Tema 3, Temario Ses Celador 2017
Fenomeno Incubacion
BOE-S-2018-289
Leccion 5. Ordenacion Territorial
LAGACETA10JNLP
1. El Texto Refundido de La Ley Del Estatuto Básico Del Empleado Público
Puentes para un diálogo democrático. Proyectos de Constitucion y Estatutos, compatibilidades y diferencias.
Composición Histórica 11. La Transición

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto