Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/388
Timestamp: 2020-05-28 13:28:12+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 8/1985
SENTENCIA 8/1985, de 25 de enero
ECLI:ES:TC:1985:8
En el recurso de amparo promovido por don Juan Francisco Bonilla Encina y don Máximo Pastor Alonso, representados por el Procurador de los Tribunales don Juan Corujo y López-Villamil y bajo la dirección del Letrado don Luis Suárez Migoyo, respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, en 28 de junio de 1983, en recurso contencioso-electoral relativo a la proclamación de Alcaldesa electa de Aranda de Duero y en el que han comparecido el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de Alianza Popular, y el Procurador don José Luis Granizo y García Cuenca, en representación del Partido Socialista Obrero Español, así como el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Antonio Truyol Serra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 20 de julio de 1983, el Procurador don Juan Corujo López-Villamil, en nombre y representación de don Juan Francisco Bonilla Encina y de don Máximo Pastor Alonso, presentó demanda de amparo frente a la Sentencia dictada el 28 de junio de 1983, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, en el recurso contencioso-electoral núm. 256/1983, interpuesto por don José María Olmedo González, en su calidad de representante de Alianza Popular (AP), en coalición electoral con el Partido Demócrata Popular (PDP) y Unión Liberal (UL), contra el acuerdo de la Mesa de Edad del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), de fecha 23 de mayo del referido año, por el que se proclamaba Alcaldesa electa de dicho Ayuntamiento a doña Leonisa Ull Laita; recurso en el que, además de don Juan José Laborda Martín, representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Ministerio Fiscal, intervino el hoy demandante de amparo don Juan Francisco Bonilla Encina en su calidad de Presidente de dicha Mesa de Edad y representante del Partido Comunista de España (PCE). La demanda se basa en los siguientes hechos:
a) Tras las elecciones locales celebradas el 8 de mayo de 1983, el siguiente día 23 tuvo lugar la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Aranda de Duero, en la que los Concejales electos tomaron posesión de sus cargos, mediante la prestación de juramento o promesa según la fórmula establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (cuyo art. 1 exige que se conteste a la pregunta: ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo..., con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?), salvo los hoy demandantes de amparo, don Juan Francisco Bonilla Encina y don Máximo Pastor Alonso, candidatos presentados en la lista del Partido Comunista de España, el primero de los cuales prometió «ante el pueblo soberano cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Concejal», y el segundo prometió, asimismo, «ante el pueblo cumplir con las obligaciones de Concejal». Acto seguido se procedió a la elección del cargo de Alcalde, en la que participaron 16 de los 21 Concejales de la Corporación, por ausentarse los cinco Concejales electos por la lista del Partido Centro Democrático y Social (CDS), siendo elegida para dicho cargo la Concejala del PSOE doña Leonisa Ull Laita, quien obtuvo la mayoría absoluta -nueve- de los 16 votos emitidos.
b) Contra la proclamación de Alcaldesa interpuso recurso contencioso-electoral don José María Olmedo González, representante de la candidatura presentada en esas elecciones por Alianza Popular, en coalición con el Partido Demócrata Popular y la Unión Liberal, aduciendo la infracción del art. 28 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, sobre elecciones de Corporaciones Locales, ya que, a su juicio, la mayoría absoluta a que se refiere dicho precepto debiera establecerse sobre la totalidad de los Concejales componentes de la Corporación, y no solamente de los votos emitidos.
c) Con fecha 28 de junio de 1983, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos dictó Sentencia en el referido recurso contencioso-electoral, por la que lo estimó en parte, pues, aunque declaró que «la mayoría absoluta necesaria para la elección de Alcalde se integra por más de la mitad de los votos emitidos, cualquiera que sea el número legal de los componentes de la Corporación», anuló la toma de posesión de los dos Concejales hoy recurrentes «por ser defectuosa la pronesa prestada», así como la elección como Alcaldesa de doña Leonisa Ull Laita, declarando que debía procederse a requerir a los mencionados Concejales para que prestasen el juramento o la promesa en forma legal, actuando en consecuencia respecto a su toma de posesión y pasando seguidamente a la elección de Alcalde.
d) El siguiente 5 de julio, de acuerdo con lo ordenado por la Sentencia, el Ayuntamiento de Aranda de Duero procedió, en sesión convocada al efecto, a requerir a los hoy demandantes para que prestaran juramento o promesa conforme a lo establecido en el referido Real Decreto 707/1979, lo que ambos hicieron, manifestando, no obstante, su discrepancia con la resolución judicial y su intención de acudir en vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. Seguidamente, los 21 Concejales integrantes de la Corporación procedieron a la elección de Alcalde sin que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta, por lo que, conforme a lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/1978, resultó proclamado Alcalde el Concejal don Rafael de las Heras Niño, a quien la coalición Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal había colocado el primero de su lista, la cual había obtenido el mayor número de votos en el Municipio.
Tras estas consideraciones, en cierto modo previas con respecto a la denunciada infracción del art. 14 de la C.E., entienden los recurrentes que el efecto anulatorio dado por la Sentencia impugnada a su «promesa viciosa» a los efectos de su accesión al cargo implica una discriminación en un doble aspecto: De un lado, con respecto a lo ocurrido a raíz de anteriores tomas de posesión de Concejales en Aranda de Duero (vigente ya el Real Decreto de 1979), dándose el caso de que en 1979 hubo Concejales que ni juraron ni prometieron, figurando entre éstos el ahora recurrente en amparo, don Máximo Pastor Alonso, y que en 1980 el otro ahora recurrente don Juan Francisco Bonilla Encina, al sustituir a otro Concejal de su lista dimitido, empleó la misma fórmula que utilizaría en 1983; y de otro, con respecto a la situación imperante en el País Vasco, donde «en el 90 por 100 de los Ayuntamientos de esa Comunidad Autónoma ni han jurado ni han prometido, y, lo que es más curioso, ni siquiera se han planteado el hecho de jurar o prometer». Exigir a dos ciudadanos lo que no es exigido a otros muchos y lo que no fue exigido a los mismos en época anterior, cuando regían idénticas disposiciones al respecto, supone una discriminación y la infracción del artículo 14 de la C.E.
d) Los recurrentes solicitan de este Tribunal que declare la nulidad de la Sentencia dictada el 28 de junio de 1983 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, respecto a lo que es estimación en parte del mencionado recurso contencioso-electoral, y que extienda los efectos del tal declaración de nulidad a todas las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de dicha resolución judicial y, en particular, a las habidas en la sesión celebrada el 5 de julio de 1983, por el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se pide, asimismo, que se reconozca el derecho de los recurrentes a emplear la fórmula de promesa que uno y otro expresaron con motivo del acto de posesión de sus respectivos cargos de Concejal en la sesión celebrada por dicho Ayuntamiento el 25 de mayo del mismo año; y finalmente, que se les restablezca en la integridad de su derecho, para lo cual se entenderá válida la intervención de ambos, dentro de la expresada sesión, en el acto de toma de posesión de sus cargos de Concejal de ese Ayuntamiento y en la elección de la Alcaldesa doña Leonisa Ull Laita.
6. La Sección, por providencia de 30 de noviembre siguiente, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y recabar las actuaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, con emplazamiento de quienes hubieran sido parte en las mismas. Recibidas dichas actuaciones y personados el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y don José María Olmedo González en representación de la Coalición Alianza Popular con PDP y UL, por providencia de 25 de enero de 1984 se acordó acusar recibo de aquéllas y tener a los comparecidos por personados y parte, y de conformidad con el art. 52 de la LOTC dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes para que presentasen sus alegaciones.
9. Por escrito de fecha 18 de febrero el Procurador de los Tribunales don José Luis Granizo García-Cuenca presentó alegaciones en representación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que pueden resumirse como sigue:
10. Mediante escrito de fecha 20 de febrero el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, representando a don José María Olmedo González, en su calidad de representante de la Coalición Alianza Popular en coalición con el Partido Democrático Popular (PDP) y Unión Liberal (UL), presentó sus alegaciones, que pueden condensarse en los siguientes términos. Dan por reproducidos los hechos contenidos en el escrito de interposición del recurso en tanto en cuanto se ajusten a los recogidos en la Sentencia recurrida, destacando de todos ellos, por ser el punto fundamental de este litigio, el que los recurrentes se apartaron, en el acto constitutivo de la Corporación, de la fórmula del Real Decreto 707/1979. Se solicita la desestimación del recurso por entender que la Sentencia impugnada no infringe el art. 14 de la C.E. ni otros invoacados por los recurrentes. Lo único que la Audiencia ha entrado a considerar, porque es lo único para lo que estaba procesalmente legitimada, es si en el supuesto concreto del recurso contencioso electoral se han cumplido las exigencias legales en cuanto a la toma de posesión de los cargos electivos. No cabe alegar que al referirse los recurrentes, en el acto de su promesa, a la soberanía del pueblo, se realiza un acto implícito de acatamiento constitucional, puesto que si bien es cierto que el artículo 1.2 de la C.E. establece el principio de soberanía nacional como emanada del pueblo, no lo es menos que el resto del articulado ha de ser igualmente acatado por lo cargos públicos, sin que pueda resultar válida la exclusión de su contenido. 5 como ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 101/1983 (Sala Primera), de 18 de noviembre, la exigencia de acatamiento a la Constitución no vulnera el derecho fundamental del art. 23 que no comprende el de participar en los asuntos públicos por medio de representantes que no acaten formalmente la Constitución. En lo referente a la violación del art. 16 de ésta, el Tribunal Constitucional en la ya citada Sentencia nos dice que cuando la libertad ideológica se manifiesta en el ejercicio de un cargo público, ha de hacerse con observancia de deberes inherentes a tal titularidad, que atribuye una posición distinta a la correspondiente a cualquier ciudadano. Argumentaciones similares valen para la presunta violación del art. 20 de la C.E. En conclusión, la Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos está redactada en términos claramente constitucionales, en tanto en cuanto exige el acatamiento expreso a esta norma fundamental para la toma de posesión del cargo, no dando por tanto como válido un juramento en el que se excluye el obligado acatamiento a nuestra Ley fundamental.
1. Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Juan Francisco Bonilla Encina y don Máximo Pastor Alonso, reconociendo la validez de su toma de posesión como Concejales del Ayuntamiento de Aranda de Duero el día 23 de mayo de 1983.
2. Anular el pronunciamiento primero de la Sentencia impugnada en cuanto anula la toma de posesión de los referidos Concejales electos, don Juan Francisco Bonilla Encina y don Máximo Pastor Alonso.
Type and record number Recurso de amparo 507-1983
Date of the decision 25/01/1985
Contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos que anuló la toma de posesión como Concejales de los recurrentes, así como la elección de Alcalde de Aranda de Duero, enque ellos participaron.
La cuestión central de este recurso es la de saber si el juramento o promesa constitucional es condición de la eficacia de la elección para Concejal, constituyendo presupuesto de validez de la toma de posesión de dicho cargo; en otros términos, si su exigencia, según una u otra fórmula, es constitucional.
No cabe duda que tal exigencia de un juramento o promesa, y la fórmula para realizarlo, en la medida en que constituyen una condición de la plena adquisición del cargo de Concejal y de su ejercicio, y que por tanto la norma que le impone regula el ejercicio del derecho que a todos los ciudadanos corresponde a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos (art. 23.1 de la C.E.), es inseparable en este caso del derecho que a los mismos recurrentes otorga el apartado segundo del mismo artículo a acceder a los cargos y funciones públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes.
La posibilidad de establecer condiciones o límites para el ejercicio de los derechos reconocidos por el art. 23 de la C.E. no queda ciertamente excluida por el mandato constitucional. Ni la elección de representantes ni la asunción o ejercicio de su función por éstos pueden llevarse a cabo sin normas que disciplinen el ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados; mientras que, de otra parte, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos se produce en efecto de modo expreso «con los requisitos que señalen las leyes».
La constitución de las Corporaciones Locales se encuentra hoy regulada por el art. 28 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales, disposición en la que nada se establece sobre el juramento o promesa de los Concejales electos, el cual tiene, por tanto, su único posible fundamento normativo, limitado a la fórmula del mismo, en una disposición de carácter reglamentario como es el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La obligatoriedad del juramento que impuso el art. 84.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, con remisión a la fórmula del art. 10 del mismo Reglamento, bajo otro régimen bien distinto del actual de elección de los Concejales y de constitución de la Corporación, no puede entenderse vigente, por lo que se plantea en este caso el valor de las normas preconstitucionales carentes de rango. Es el Real Decreto la última norma que concreta la fórmula del juramento o promesa para los actos de toma de posesión de cargos o funciones públicas. Dejando a un lado la valoración de la fórmula desde otros mandatos constitucionales, se desprende del ya referido art. 23.2 que dicha concreción únicamente podría surtir efectos en relación con supuestos para los que el juramento o promesa viniera requerido por una norma de rango legal.
Constitución de corporaciones localesConstitución de corporaciones locales, f. 4
Derecho a acceder a los cargos públicosDerecho a acceder a los cargos públicos, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Elección de alcaldeElección de alcalde, f. 5
Teoría general de los derechos fundamentalesTeoría general de los derechos fundamentales, Régimen jurídico, ff. 3, 4

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto