Source: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10479
Timestamp: 2018-05-25 05:21:59+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2017-10479
Documento BOE-A-2017-10479
«BOE» núm. 221, de 13 de septiembre de 2017, páginas 90034 a 90042 (9 págs.)
BOE-A-2017-10479
Con fecha 25 de julio de 2017 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de Justicia y Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados.
Madrid, 30 de agosto de 2017.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
De una parte, don Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, en virtud del Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 61, apartado k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, doña Victoria Ortega Benito en nombre y representación del Consejo General de la Abogacía Española (en adelante, el Consejo), en su condición de Presidenta del mismo, cuya representación ostenta al amparo del artículo 75 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y, en consecuencia,
Primero. La nacionalidad.
La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con el Estado. En virtud de la misma, el individuo disfruta de unos derechos que puede exigir a la organización estatal a la que pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a una nacionalidad, y a no verse privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
La nacionalidad es un elemento fundamental en la vida del individuo, en tanto en cuanto le permite pertenecer a un grupo, identificarse con éste y, a la vez, le otorga la protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las normas jurídicas del mismo. Es en definitiva la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una comunidad estatal.
Nuestro ordenamiento jurídico otorga al derecho a la nacionalidad la máxima protección jurídica: la constitucional. En este ámbito el artículo 11 de la Constitución española dispone, entre otros, que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
Segundo. La reforma de la Administración: nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos, para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo. Entre estas normas se encuentra la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. En su disposición final séptima, y con objeto de agilizar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, se establece un nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia. En virtud de su punto 2.º, «la tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente».
En desarrollo de lo dispuesto en el texto legal se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» tanto el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. El procedimiento, como dispone la Exposición de Motivos, tiene un carácter «netamente administrativo, basado en la tramitación electrónica en todas sus fases».
Tercero. La Administración y los Consejos de Colegios Profesionales.
La Administración Pública, tal y como dispone el artículo 103 de la Constitución Española, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. En este mismo sentido, el artículo 3º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus relaciones, se rigen por los principios de cooperación y colaboración, y en su actuación, por los criterios de eficiencia y servicio efectivo a los ciudadanos.
Para prestar apoyo y colaboración a la Administración surgen los Colegios Profesionales que, a tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra, según su artículo 5, el ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración.
En este escenario, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, tiene la firme voluntad de llevar a cabo un proceso de modernización, simplificación y racionalización de los procedimientos de los que es competente y, en particular, del correspondiente a la adquisición de la nacionalidad por residencia. Para abordar este proceso la Exposición de Motivos del Real Decreto 1004/2015 señala que «se ha considerado esencial la colaboración de aquellos colectivos y entidades que, debidamente habilitados mediante un convenio de habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, apliquen los sistemas electrónicos de tramitación y sistemas de comunicación de los que ya disponen».
El presente Convenio se establece sobre la base de un compromiso efectivo entre los órganos correspondientes dependientes de la Subsecretaría de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española.
Se trata en definitiva de establecer, en desarrollo del artículo 7 del citado Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, y en beneficio de los ciudadanos, un marco de colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, así como con sus Colegios y sus servicios colegiales.
Para la consecución de este objetivo resulta de suma importancia que la colaboración social ofertada por el Consejo General de la Abogacía Española ante la Dirección General de Registros y del Notariado se desarrolle a través de cauces permanentes y estables y con unas pautas normalizadas y sistematizadas. Y ello no sólo por la indudable cercanía al ciudadano de dichos profesionales, sino también, por el carácter de los Consejos Generales y Colegios Oficiales como entidades de derecho público, especialmente aptas para dotar de cobertura institucional a la mencionada colaboración, mediante su labor de interlocución entre la Administración y los distintos profesionales colegiados para la eficaz puesta en funcionamiento de las actuaciones específicas en que se concreten en esta colaboración.
Este Convenio y los Protocolos y Documentos de adhesión tienen naturaleza administrativa y se encuentran entre los supuestos expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en virtud de lo establecido en su artículo 4.1. Tanto el Convenio como los Protocolos y Documentos de adhesión se enmarcan dentro de lo previsto en el artículo 7 del citado Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, así como en el artículo 68.a del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso- administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir y que no hubieran podido resolverse por la Comisión de Seguimiento, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con motivo del ejercicio de las funciones pactadas, el Consejo General, los Colegios Oficiales o sus colegiados puedan causar a la Administración.
Undécimo. Comisión de Seguimiento.
El presente Convenio obliga a las partes firmantes a prestarse la adecuada colaboración, en aras al mejor logro de los fines perseguidos. A tal efecto, tras la firma del Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento integrada por tres representantes nombrados por el Director General de los Registros y del Notariado, uno de los cuales actuará de Presidente, y otros tres representantes nombrados por el Presidente del Consejo. La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas y resolverá las cuestiones que puedan plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del convenio.
Cuando se considere necesario y, en calidad de asesores, con derecho sólo a voz, podrán incorporarse otros funcionarios públicos o representantes de la Administración u otros miembros representantes del Consejo.
Su funcionamiento, en lo no previsto en este Acuerdo, se regirá por lo dispuesto sobre órganos colegiados en la sección 3.ª, del capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la ejecución del Convenio, proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a realizar, siempre que no suponga alteración del objeto del mismo.
Proponer la ampliación del ámbito de aplicación del convenio a otros procedimientos.
Duodécimo. Financiación.
El presente Convenio no genera obligaciones económicas entre las partes firmantes. No obstante, los gastos e inversiones que origine su cumplimiento serán por cuenta del Consejo y, en su caso, de los Colegios y profesionales adheridos al Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse, por mutuo acuerdo, cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto.
Decimocuarto. Suspensión del Convenio.
Cuando el Director General de los Registros y del Notariado detecte indicios de que se ha producido un acceso o uso indebido de información protegida por parte de un Colegio o colegiado adherido, o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por los mismos en el Convenio, procederá, como medida cautelar, a acordar la suspensión de su adhesión al Convenio, e iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones tendentes a comprobar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que se trate. A la vista del resultado de las comprobaciones e investigaciones realizadas, el Ministerio de Justicia decidirá, en su caso, en los términos previstos en la cláusula siguiente.
El Consejo General habilitará los medios para el acceso por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Registro General de Profesionales donde el Ministerio de Justicia podrá consultar, a través de Internet, de manera automatizada y segura, las adhesiones en vigor tanto de colegiados como de Colegios. Una vez se encuentre operativo dicho servicio, la Dirección General de los Registros y del Notariado realizará los trabajos técnicos necesarios para hacer posible la presentación y recepción electrónica de la documentación, objeto de este convenio.
Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.
Denuncia del Convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier momento, surtiendo efectos, salvo acuerdo en otro sentido, a los tres meses de su notificación fehaciente.
Por voluntad de una de las partes, por incumplimiento grave por la otra parte de las cláusulas del Convenio. La resolución surtirá efectos a los quince días de la comunicación de la voluntad de llevarla a cabo, sin perjuicio de la continuidad de aquellas actuaciones que se estuvieran ejecutando en el momento de la resolución. Igualmente se procederá a la exclusión del Convenio en caso de incumplimiento grave por parte de alguno de los Colegios o colegiados adheridos.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes dará lugar a la resolución del convenio, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de acuerdo con la normativa aplicable.
Y, en prueba de conformidad, suscriben el siguiente Convenio de colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–La Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.
Protocolo adicional de adhesión al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española
El ilustre Colegio Oficial de ............................................................. de ............................. con NIF........................................ y domicilio en .................................................................., en su calidad de miembro del Consejo General de Abogados de España, y representado en este acto por d./d.ª .......................................................................................................... como Presidente del mismo, ..........................................................................................
Manifiesta conocer y estar conforme con el contenido y efectos del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española en fecha ...................................., al que, por este Protocolo, se adhiere, con el fin de que su contenido sea de aplicación a los profesionales colegiados de esta demarcación colegial, comprometiéndose a su conocimiento, extensión y aplicación, así como a comunicar tanto al Ministerio como al Consejo General la relación individualizada de colegiados y colegiadas que suscriban el correspondiente documento individualizado de adhesión al Convenio.
Asimismo, se compromete a poner a disposición del Ministerio de Justicia una aplicación electrónica de preparación de expedientes con los requerimientos recogidos en el anexo I de la Orden JUS/698/2015, de 4 de mayo.
En ..........................................., a ........ de................................ de ................
D./d.ª (o razón social) ..............................................................................., con domicilio en ..................................................................................... (dirección completa), como colegiado en el Colegio Oficial de ........................................................... de .........................., adherido según el Protocolo suscrito en fecha .....................................................................
Suscribe el presente documento individualizado de adhesión al Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española de fecha ................................. y al correspondiente Protocolo de Adhesión del Colegio territorial de ..............................................., y declara conocer y aceptar sus cláusulas y las condiciones de utilización que las partes firmantes adopten, así como a ajustar la presentación de documentos, comunicaciones, declaraciones y cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa vigente aplicable en cada caso, en los términos y condiciones establecidos en las normas y en el Convenio de colaboración referido.
El firmante de este documento ostentará la representación suficiente de los ciudadanos en cuyo nombre presente los documentos, envíe y reciba comunicaciones y declaraciones pertinentes, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Administración competente podrá instar del mismo, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.
En ..................................., a ......... de ......................... de ........................
Fdo.: El colegiado adherente.

References: Real Decreto 
 artículo 61
 artículo 75
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 103
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 68
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5