Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00158-2013.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:44:04+00:00

Document:
SUP-REC-0158-2013
EXPEDIENTE: SUP-REC-158/2013
RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTROS
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
SECRETARIOS: JUAN MANUEL ARREOLA ZAVALA Y MARTÍN JUÁREZ MORA.
México, Distrito Federal, a dieciocho de diciembre de dos mil trece.
VISTOS, para resolver, los autos del recurso de reconsideración identificado con la clave de expediente SUP-REC-158/2013, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática y otros, en contra de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de controvertir la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil trece, en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SX-JRC-327/2013 y su acumulado SX-JRC-328/2013, y
PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado por la recurrente, en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
I. Jornada electoral. El siete de julio de dos mil trece, se llevó a cabo la jornada comicial en el Estado de Oaxaca, para elegir a los integrantes de los Ayuntamientos, entre ellos, el de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.
II. Resultados del cómputo municipal. El once de julio siguiente, el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con sede en Zimatlán de Álvarez, realizó el cómputo de la elección de integrantes a ese Ayuntamiento.
De dicho cómputo se obtuvieron los resultados siguientes:
Mil ochocientos trece
Mil cuatrocientos cincuenta y siete
Mil ciento doce
Mil cuatrocientos once
Siete mil ochocientos dos
Acto seguido, el representante del Partido Revolucionario Institucional solicitó expresamente el recuento de la votación, por existir una diferencia menor a un punto porcentual entre el candidato que obtuvo el primer lugar en la elección y el ubicado en segundo lugar. Por tanto, el Consejo Municipal procedió al recuento de la votación en la totalidad de las casillas electorales, con fundamento en los artículos 244 y 237 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, diligencia en que se obtuvieron los siguientes resultados:
Mil cuatrocientos cuarenta y uno
Mil ciento nueve
Mil cuatrocientos siete
Siete mil setecientos ochenta y nueve
Finalizado el cómputo, el propio Consejo Municipal declaró válida la elección y entregó la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la Coalición "Compromiso por Oaxaca".
III. Recurso de inconformidad. Disconformes con lo anterior, el dieciséis de julio del año en curso, los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional, promovieron recurso de inconformidad, el cual se radicó en el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, con la clave RIN/EA/22/2013.
IV. Sentencia del recurso de inconformidad. El quince de octubre de dos mil trece, el Tribunal local resolvió el recurso de inconformidad, en el que estimó infundados los agravios hechos valer por los partidos recurrentes y confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, así como la expedición de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos postulada por la Coalición "Compromiso por Oaxaca".
SEGUNDO. Juicios de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional Xalapa.
I. Presentación. El dieciocho y diecinueve de octubre del año en curso, los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, por conducto de sus representantes propietarios ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Oaxaca, con sede en Zimatlán de Álvarez, promovieron juicios de revisión constitucional electoral.
Dichos juicios constitucionales se radicaron en la Sala Regional Xalapa con las claves SX-JRC-327/2013 (promovido por el Partido Revolucionario Institucional) y SX-JRC-328/2013 (promovido por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional).
II. Tercero interesado. Mediante escrito presentado el día veintidós de octubre de dos mil trece, el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Oaxaca, con sede en Zimatlán de Álvarez, compareció en el expediente SX-JRC-328/2013 como tercero interesado.
III. Resolución impugnada. El cuatro de diciembre de dos mil trece, la Sala Regional Xalapa resolvió los referidos medios de impugnación, cuyos considerandos y puntos resolutivos fueron del tenor siguiente:
2. Solicitud de inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana (SX-JRC-328/2013).
Los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional solicitan la inaplicación del precepto citado, porque consideran que lo regulado respecto a la prueba pericial, viola las garantías que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente las de acceso a la justicia y el debido proceso.
En su concepto, la no admisión de la prueba pericial los deja en estado de indefensión, en virtud de que ese medio probatorio es el idóneo para demostrar la alteración de boletas en la elección controvertida.
Por tanto solicitan que se ordene el desahogo de la prueba referida.
El agravio es infundado en atención de las razones que se exponen a continuación.
En primer lugar, debe señalarse que este órgano jurisdiccional, está facultado para inaplicar normas de carácter electoral que sean contrarias a la Constitución federal, tal y como se desprende de los artículos 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 195, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 6, párrafo 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por otra parte, para hacer un análisis de constitucionalidad y, en su caso, inaplicar una norma, es menester la existencia previa de un acto concreto de aplicación en perjuicio de quien lo hace valer y que los planteamientos tiendan a evidenciar por qué se considera que la norma aplicada es contraria a la Constitución. Por tanto, no resulta suficiente afirmarlo, sino que debe sustentarse en argumentos sólidos, al especificar e identificar el o los dispositivos constitucionales que se estimen vulnerados y las razones que así lo justifiquen.
En ese orden de ideas, es necesario explicar que el concepto "acto de aplicación" ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, derivado del ejercicio de la facultad de los gobernados para impugnar leyes, por ello resulta pertinente precisar que el estado de derecho constitucional otorga garantías de seguridad jurídica, entre ellas el acceso a la tutela judicial efectiva, y que tal acceso conlleva el alcance de otorgar, a través de vía acción, el derecho de controvertir leyes que se consideren contrarias a la Constitución.
De lo anterior se desprende que la facultad para impugnar leyes electorales debe ejercitarse para casos concretos, es decir, cuando la norma afecta una situación particular del gobernado. De ahí la importancia del concepto "acto de aplicación".
En ese sentido, para identificar los casos en que la ley produce una afectación, la doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en los siguientes conceptos:
a. Ley autoaplicativa o de individualización incondicionada, entendida como la que con su sola entrada en vigor afecta la esfera de derechos del gobernado, debido a que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas determinadas; y,
b. Ley heteroaplicativa o de individualización condicionada, que es la que no genera esa afectación con su sola entrada en vigor, sino que requiere ser particularizada a un caso concreto, que produzca un menoscabo en la esfera jurídica del sujeto al que, precisamente, le está siendo aplicable la disposición.
Dicha afirmación, es conforme con la jurisprudencia número 328, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."33
33 Consultable en la página 383, del Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, Materia Constitucional.
Es así, que los conceptos "autoaplicativas", "heteroaplicativas", "individualización incondicionada" e "individualización condicionada", han ido conformando criterios útiles para poner de manifiesto el elemento común, y a la vez requisito esencial, para que una ley admita ser impugnada por ser contraria a la Constitución; dicho requisito es: que la ley produzca una afectación en la esfera jurídica del gobernado.
La importancia de puntualizar los anteriores conceptos, estriba en que, de acuerdo con la Constitución y la ley, las normas electorales susceptibles de ser impugnadas se encuentran vinculadas con lo que el criterio jurisprudencial invocado refiere como leyes "heteroaplicativas", o de "individualización condicionada".
Es decir, los anteriores conceptos admiten ser identificados y relacionados forzosamente con el concepto de "acto de aplicación", ya que se trata del acto necesario para que la ley adquiera individualización que actualice un perjuicio en el gobernado.
De ahí la importancia de establecer lo que debe entenderse como acto de aplicación de la norma electoral, para efectos de su impugnación.
Al respecto, se han identificado ciertos elementos para configurar un concepto, en sentido estricto, de "acto de aplicación", al establecer que es el acto de autoridad en contra de un gobernado, positivo o negativo, de hecho o de derecho, que de forma particular, específica y concreta actualiza una hipótesis normativa y produce una afectación en sus derechos.
Y como elemento del acto de aplicación de la ley, se encuentra el hecho de que éste haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, y que basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico del individuo, para que se estime aplicada.
En ese sentido, la Sala Superior en el expediente SUP-REC-15/2011, ha precisado que los elementos enunciados en los párrafos precedentes no persiguen la finalidad de circunscribir y limitar el concepto de "acto de aplicación" de manera restrictiva a esas hipótesis, en virtud de que se señalan de manera enunciativa, no limitativa; sino que se inclinan a poner de manifiesto, de manera clara y evidente, que una ley está siendo aplicada, afecta de manera particular y concreta a un gobernado.
De ese modo se justifica plenamente, que la intervención del órgano constitucional es necesaria para el análisis de una ley que pudiendo ser contraria a la Constitución, sea aplicada en perjuicio de un gobernado. Por el contrario, la ausencia de tales elementos constituye la evidencia de que la ley impugnada en realidad no está desplegando efecto alguno sobre los derechos del ciudadano, de tal suerte que su impugnación ante el órgano jurisdiccional constitucional no se encuentra justificada.
Es por ello que el concepto "acto de aplicación" no está restringido al acto de autoridad que, por sí mismo y de manera directa determine la aplicación de una ley a un gobernado y que produzca la afectación inmediata de sus derechos.
Ello es así, porque los actos con las características y los elementos mencionados no son los únicos que ponen de manifiesto, que una ley o dispositivo normativo está siendo aplicada en perjuicio de un sujeto, dado que el concepto de "acto de aplicación" se encuentra asociado al de "individualización condicionada" de la norma, como referente de las leyes heteroaplicativas.
En tal sentido, la condición (o concreción del acto de aplicación), para que se surta la procedencia de la impugnación de una ley que se estime contraria a la Constitución federal, heteroaplicativa o de individualización condicionada, puede consistir en:
a. La realización de un hecho jurídico necesario para que la ley adquiera individualización, el cual puede ser, a su vez: i) administrativo; o, ii) jurisdiccional;
b. La realización de un hecho jurídico emanado de la voluntad del propio gobernado; y,
c. La realización de un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana.
Hipótesis todas estas, que sitúan al particular dentro del supuesto legal controvertido.
Como se puede apreciar, existen diversos actos o hechos, jurídicos, que admiten ser considerados como la condición necesaria para la aplicación de una ley en el ámbito de derechos de un gobernado, y constituyen un requisito indispensable para su impugnación, los cuales le otorgan el carácter de ley heteroaplicativa o de "individualización condicionada" y no solamente el acto de autoridad, positivo o negativo, de hecho o de derecho, que de manera directa, particular, específica y concreta determine la aplicación de una ley a un gobernado, y como consecuencia de ello produzca la afectación inmediata de sus derechos.
Por tanto, el concepto de acto de aplicación debe entenderse en sentido extensivo, en la medida de que puede provenir de una autoridad, del propio gobernado, o incluso emane de un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad humana, siempre y cuando ponga de evidencia que la ley impugnada está siendo aplicada al justiciable, con influencia y efectos en el cúmulo de derechos de éste. Es decir, el concepto de "acto de aplicación" admite ser extensivo a casos respecto de los cuales pueda deducirse lógicamente del contexto, como razonablemente incluidos en dicha concepción, por virtud de que se surte el rasgo esencial indicado.
Lo anterior se justifica en el método de interpretación pro persona, contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el tema incide en la protección de derechos humanos y la optimización de las garantías de los gobernados.
En resumen, para que proceda el estudio sobre la inaplicación de una norma, por inconstitucional es necesario que se cumplan dos requisitos:
a. Debe existir un acto de aplicación de la norma cuya inaplicación se solicita.
b. Quien solicite la inaplicación de la norma debe señalar los preceptos constitucionales que contraviene y las razones que sustentan su petición.
Ahora bien, en el caso particular los partidos actores solicitan la inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, el cual establece:
En particular, los partidos políticos actores señalan que es inconstitucional que la prueba pericial no se admita en los medios de impugnación vinculados al proceso electoral y sus resultados, porque esa prohibición viola las garantías que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente las de acceso a la justicia y el debido proceso.
Ahora bien, del análisis del expediente, se advierte que el primero de los requisitos para la procedencia de la inaplicación sí está acreditado, en virtud de que los partidos políticos actores ofrecieron como prueba en el recurso de inconformidad la prueba pericial y consta que por acuerdo de catorce de octubre del año en curso, el Magistrado Instructor determinó no admitir la prueba, con fundamento en el artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.
Por tanto, está acreditado que existió un acto de aplicación de la porción normativa que los partidos políticos tildan de inconstitucional.
Por otra parte, también se cumple con el segundo de los requisitos, ya que la parte actora sostiene que la disposición normativa viola los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso, previstos en los artículos los artículos 14 y 17 Constitucionales, ello porque considera que la inadmisión de la prueba pericial lo dejó en estado de indefensión.
Una vez satisfechos los requisitos inherentes al ejercicio de control constitucionalidad propuesto, se estima infundada la pretensión de inaplicación el dispositivo tildado de contrario a la norma fundamental, de conformidad con las razones que se exponen a continuación.
En primer término, se estima conveniente precisar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
El precepto citado, contiene, entre otras, la garantía de audiencia que se refiere al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los ciudadanos, en este sentido, todas las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a respetar las formalidades esenciales del proceso, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos:
a). La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
b). La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas.
c). La oportunidad de alegar.
d). El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Por su parte, el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, además que su servicio será gratuito y prohíbe las costas judiciales.
Esta disposición contiene, entre otras, la garantía de tutela jurisdiccional que permite a toda persona acceder de manera expedita a los tribunales, en los plazos, términos y reglas procesales que fijen las leyes.
Dichos derechos fundamentales también están previstos en el artículo 8, apartado 1, y 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen:
Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en el artículo 14, apartado 1, lo siguiente:
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (…)
Por otra parte, el arbitrio convencional de la Corte Interamericana de derechos humanos ha sostenido que la obligación del estado a proporcionar un recurso judicial no se reduce a la existencia de los tribunales o procedimientos formales o a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso.
En ese orden, esos derechos fundamentales se refieren a la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante establezca si ha habido o no una violación a algún derecho reclamado, y en caso de ser encontrada una violación, el recurso debe ser útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo.
En ese sentido, ha determinado que un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el cual ha sido concebido, es decir éste debe conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efecto de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y en caso proporcionar una reparación.
Conforme con lo expuesto, dicha corte ha establecido que, entre los requisitos mínimos para la protección del derecho de acceso a la justicia, son:
1. La existencia de recursos.
2. Deben ser útiles y efectivos, es decir que puedan restituir al inconforme en sus derechos.
3. La posibilidad real de interponer los recursos ante la autoridad competente para resolverlos.
Ahora bien, una vez expuesto el marco normativo de los derechos fundamentales reconocidos en los artículo 17 y 14 Constitucionales se tiene que en materia electoral se implementó un sistema de medios de impugnación cuya finalidad es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, de conformidad con los artículos 41, base VI, y 99 constitucionales.
Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso l), señala que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
En Oaxaca, el sistema de medios de impugnación que rige en la materia, se encuentra previsto en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dentro de los cuales se encuentra el recurso de inconformidad, para impugnar los resultados de una elección.
Así, el artículo 14 de la Ley referida establece las reglas para el ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del recurso de inconformidad, entre otros.
Específicamente, el apartado 7 del artículo citado establece que la prueba pericial sólo puede ser ofrecida y admitida en los medios de impugnación que no estén relacionados con el proceso electoral y sus resultados, además, siempre que su desahogo sea posible dentro de los plazos legalmente establecidos.
En el caso, se estima conveniente establecer la finalidad de la porción normativa cuestionada, a efecto de verificar su armonía con el marco normativo aplicable y su coherencia con el sentido, contenido y directriz de los dispositivos de la Constitución federal, acorde con el principio de conservación de las normas y en la coherencia del sistema jurídico, y para el caso de no ser posible rechazar un enunciado que resulte incompatible con otras normas del sistema.
De la disposición legal en análisis se advierte que el legislador estableció dos premisas en dicha hipótesis normativa.
a. La prueba pericial puede ofrecerse en asuntos no relacionados con procesos electorales, y se admitirá siempre y cuando los plazos sí lo permitan.
b. La prueba pericial no puede ser ofrecida en medios de impugnación vinculados con procesos electorales o sus resultados.
Como se ve, la admisión o inadmisión de la prueba pericial en ambas premisas, atiende a los plazos electorales, los cuales, por regla general son breves.
Así, aun cuando se trate de asuntos en los que se planten cuestiones no relacionadas con el proceso electoral, el juzgador tiene la facultad de determinar si es procedente su admisión, en virtud de que su consecuente desahogo no afecte los plazos legales.
Además, cabe destacar que existen facultades extraordinarias para el juzgador para ordenar como diligencia para mejor proveer la prueba pericial, si la considera conveniente y oportuna.
Por otro lado, debe tomarse en cuenta, que tratándose de asuntos relacionados con procesos electorales, la resolución de los medios de impugnación se deben sujetar a los plazos que la ley establece para cada una de las etapas electorales, ya que en atención al principio de definitividad, no se puede retrotraer a una etapa anterior para reponer los actos viciados por irregularidades, de ahí que se tengan que resolver los litigios con la mayor prontitud posible.
En ese orden de ideas, las pruebas aportadas en los medios de impugnación relacionados con procesos electorales no deben retrasar la impartición de justicia. Así por ejemplo, en materia electoral, a diferencia de otras, tanto la prueba confesional, como la testimonial deben ser aportadas por las partes en actas levantadas ante fedatario público, ya que debido al breve plazo para resolver los conflictos electorales, no es posible que las declaraciones se rindan directamente ante el juzgador.
La misma razón aplica a la prueba pericial, la cual no está permitida ofrecerla y admitirla en medios de impugnación que tengan que ver con el proceso electoral o sus resultados, porque para su desahogo se requiere de un tiempo considerable, ello debido a que al ofrecerla una de las partes, genera una dilación en la sustanciación de los mismos, dada su especial naturaleza de carácter técnico ajeno a la determinación jurisdiccional, es decir, que requiere la intervención de un tercero en apoyo del juzgador, lo cual ocasionaría una demora en la resolución de juicios, y en consecuencia contravendría la finalidad normativa regulada y el deber del juzgador de expedir resoluciones de forma pronta y expedita, de conformidad con el propio artículo 17 Constitucional.
Cabe precisar que en la especie, la prueba fue ofrecida dentro del recurso de inconformidad RIN/EA/22/2013, el cual está relacionado con el proceso electoral de los integrantes del Ayuntamiento en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mismo que debía de resolverse con la celeridad posible, tanto que el propio legislador previó en artículo 70 de la Ley adjetiva local, que los recursos de inconformidad relacionados con elecciones de concejales deben resolverse a más tardar el quince de octubre del año correspondiente.
Igualmente, la celeridad en la resolución de los medios de impugnación, tienen como finalidad garantizar que, en su caso, las partes interesadas pudan agotar toda la cadena impugnativa, antes de la instalación de dicho Ayuntamiento, esto es el primero de enero del año en curso, tal y como lo establecen los artículos 247 y 267, apartado 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.
En atención a lo señalado, es que el ofrecimiento y admisión de prueba pericial sólo es procedente en asuntos no vinculados con el proceso electoral y ello siempre que, a consideración del juzgador, los plazos legalmente establecidos lo permitan.
Como se ve, si bien la porción normativa tildada de inconstitucional establece una limitación al ofrecimiento y admisión de la prueba pericial en asuntos relacionados con procesos electorales, ésta tiene una justificación de orden público, la cual consiste en resolver los medios de impugnación dentro de los plazos legalmente establecidos.
Ahora bien, en el caso lo procedente es analizar si la restricción es razonable, para ello, se hará uso de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que implican esencialmente que se adopte o privilegie la medida más adecuada para lograr el fin perseguido, que dentro de la gama de opciones se seleccione aquella que afecte en menor grado al justiciable y que se considere el orden público, en armonía con el interés individual.
Ello es así, en razón de que tanto la facultad legislativa para establecer las limitaciones como las que se reconocen en favor de los operadores jurídicos para aplicarlas deben encontrarse respaldadas por justificaciones que atiendan al principio de prohibición de excesos al tenor de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. A través de la verificación de dichos criterios, se debe demostrar que las limitaciones son imprescindibles para proteger otros principios, valores o bienes jurídicos de una mayor entidad, o en su caso poner en relieve lo contrario, es decir que la norma es contraria a la Constitución.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos34 ha sostenido que las restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales, desde la perspectiva del bien común y el orden público no pueden derivar en la supresión de un derecho fundamental. En ese sentido, cualquier limitación o restricción a un derecho fundamental, debe estar encaminada a protegerlo e incluso potenciarlo, de tal suerte que se favorezca su ejercicio en la expresión más plena por parte de quien lo detente.
34 Véase la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el caso Yatama, de 23 de junio de 2005, párrafos. 194 y 206
En consecuencia, los derechos fundamentales no son derechos absolutos o ilimitados que no puedan ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que se encuentren previstas en la legislación, y no sean irracionales, injustificadas y desproporcionadas respecto al fin para el cual se establecen, o que se traduzcan en la privación del contenido esencial del derecho fundamental o de un principio constitucional.
En la misma lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos35 ha sostenido que toda restricción a un derecho fundamental, debe cumplir con criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, deben existir razones suficientes que justifiquen la restricción o limitación, a efecto de que sean asequibles y no arbitrarias o caprichosas.
35 Idém.
Así, cualquier restricción debe ser interpretada de forma tal que garantice el ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la Constitución.
De manera que, la limitación o restricción debida de los derechos fundamentales tendrá tal cualidad, al cumplir los requisitos siguientes:
a. La restricción debe ser adecuada para alcanzar el fin propuesto;
b. La restricción debe ser necesaria, y
c. La restricción debe ser proporcional en sentido estricto, sin posibilidad de implicar un sacrificio excesivo del derecho o interés sobre el que se produce la intervención pública.
Lo anterior es así, en razón de que si bien, los derechos fundamentales no son absolutos y es dable que se encuentren sujetos a límites razonables; también lo es que, toda intervención estatal en los derechos fundamentales debe observar para poder ser considerada constitucionalmente legítima, la satisfacción de los criterios de idoneidad (o adecuación), necesidad y proporcionalidad.
Dichos criterios o subprincipios consisten en:36
36 Cfr. Bernal Pulido Carlos, El derecho de los Derechos. Escritos sobre la Aplicación de los Derechos Fundamentales, Universidad Externado de Colombia, 2006, pág.67.
1. Idoneidad: toda intervención en los derechos fundamentales debe ser idónea o eficaz para contribuir o alcanzar un fin constitucionalmente legítimo.
2. Necesidad: toda intervención en los derechos fundamentales debe realizarse con la medida más favorable para el derecho intervenido entre todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar el objetivo perseguido.
3. Proporcionalidad: la importancia del objetivo que persigue la intervención en el derecho fundamental debe estar en una relación adecuada con el significado del derecho intervenido. En otras palabras, las ventajas que se obtengan mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que ello implica para su titular y para la sociedad en general.
En la especie, se considera que la limitación de no poder ofrecer la prueba pericial en los medios de impugnación relacionados con el proceso electoral no es desproporcionada, ni se confronta de forma directa con algún dispositivo o principio constitucional, porque, contrario a lo sostenido por los partidos actores, no afecta las garantías de tutela judicial, ni el debido proceso, así como tampoco deja en estado de indefensión al justiciable, por las siguientes razones.
Como ya se apuntó, se trata de una norma en materia electoral correspondiente al Estado de Oaxaca, en la que se establece que la prueba pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos.
De igual forma, se destacó que no toda restricción a un derecho fundamental por ese hecho resulta contraría a la constitución federal, sino que para ello debe demostrarse la razonabilidad de la misma.
En el caso, la referida disposición normativa se considera compatible con el modelo general de constitucionalidad y convencionalidad, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente con la obligación de proteger y garantizar a los derechos humanos, lo que implica, en una de sus vertientes, que las acciones y medidas legislativas posibiliten la realización plena de ese tipo de derechos, sin cláusulas o fórmulas normativas genéricas, abiertas o que resulten desproporcionadas para el fin que se establecen.
En efecto, la porción normativa de referencia establece una limitante acotada a un supuesto concreto, toda vez que la prueba pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral, además resulta determinada en el tiempo, dado que establece que no procederá ni su ofrecimiento ni su admisión en los asuntos vinculados al proceso electoral como el que nos ocupa, en el cual se controvierten resultados derivados de procesos electorales, inclusive en aquellos casos en que es procedente, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos.
Lo anterior, resulta acorde con la finalidad constitucional, esto es, con la resolución pronta de toda controversia electoral, al tenor de las formalidades esenciales del procedimiento, en armonía con principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
En ese orden, la norma tildada de contraria a la norma fundamental es coherente y no colisiona con lo dispuesto en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y criterios internacionales, puesto que contempla una restricción concreta y acotada a una temporalidad concreta, esto es, al proceso electoral y sus resultados, que la hace compatible con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, exigidos para la limitación o restricción del ejercicio de derechos humanos.
Al respecto, es necesario hacer énfasis en lo siguiente.
-Elemento material
Conforme con las consideraciones jurídicas expuestas, la normativa electoral puede contemplar restricciones, con la finalidad de asegurar la resolución pronta de las contiendas electorales al resulta de interés público, en el marco de la organización, funcionamiento y protección del sistema democrático, y de la armonización de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.
Al respecto, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda restricción que tenga como fundamento el "orden público y el "bien común", debe ser interpretada de forma estricta y acorde con las "justas exigencias" de una "sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin constitucional y convencional correspondiente.
En el caso, es posible identificar el elemento material, esto es, la referencia clara a los supuestos que justifican la medida en función a la protección de determinados intereses o fines públicos, así como la necesidad imperiosa de su protección, en razón de que existe un marcado interés público en que las controversias electorales se resuelvan con agilidad, por lo que su sustanciación debe ser breve y cuidada de circunstancias procesales que puedan entorpecerla o retardarla, ya que, tanto a nivel federal como local, esa categoría de probanza se encuentra sujeta a la misma condición de ofrecimiento y admisión, dado que constituye una hipótesis que tutela diversos bienes jurídicos y sancionan una gran variedad de conductas relacionadas con la afectación de intereses y valores individuales o particulares, pero también grupales o del interés público o nacional.
En otras palabras, el bien jurídico tutelado, pudiera afectar o poner en riesgo o trastocar bienes jurídicos superiores o preponderantes, en el marco de la organización, funcionamiento y protección del sistema democrático.
- Elemento temporal
Según se explicó, la restricción aludida puede estar justificada y atender a un fin legítimo, siempre que la norma contemple un plazo razonable y proporcional para limitar el ofrecimiento de la prueba pericial, dado que, fuera de dicho tiempo, de ser el caso, el gobernado esté en condición de ejercer el derecho a ofrecer la prueba pericial de estimarlo conveniente; sin que pase inadvertido que aún en tal extremo se condiciona su procedencia siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos.
En tal sentido, la restricción en examen si bien es justificable cuando se afecten a las instituciones, desarrollo o procedimientos democráticos, o valores y principios básicos del Estado o afecten gravemente a la sociedad en su conjunto, también lo es que no puede ser indefinida o permanente, porque ello sería, en principio, una medida desproporcionada. Por ello es necesario el establecimiento claro y preciso de las circunstancias temporales en los que dicha restricción se aplica y surte efectos.
En la especie, la porción normativa prevé plazo, tiempo o duración de la medida restrictiva, lo que supone una restricción que está justificada en función de una finalidad legítima, lo cual resulta proporcionado y razonable frente a la importancia del hecho y del ejercicio del derecho limitado, y en beneficio de la seguridad jurídica y de la certeza de los destinatarios de la norma.
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, cuando una disposición contiene una restricción a un derecho fundamental no es dable utilizar conceptos o términos amplios que impidan tener certeza de su significado, destinatarios o alcances, habida cuenta que las medidas de restricción a derechos fundamentales deben circunscribirse en términos concretos, precisos y limitados a efecto de dar progresividad al derecho fundamental a tutelar.
De conformidad con lo expuesto, es que se estima que la solicitud de inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana resulta infundada.
PRIMERO. Se acumula el juicio de revisión constitucional electoral SX-JRC-328/2013, al expediente identificado con la clave SX-JRC-327/2013, por ser éste el más antiguo; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de la presente resolución al expediente del juicio acumulado.
SEGUNDO. Se confirma la sentencia de quince de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el expediente RIN/EA/22/2013, que confirmó la declaración de validez y otorgamiento de la constancia de mayoría en la elección del Ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, a favor de la Coalición "Compromiso por Oaxaca".
TERCERO. Recurso de Reconsideración.
I. Interposición del recurso. A fin de controvertir la sentencia de la Sala Regional, señalada en el punto III del resultando anterior, el siete de diciembre del año en curso, Ernesto Eleazar Espejel López, Edmundo Ruiz Hinojosa y Antony Geudiel Sánchez Castellanos, en su carácter de representantes propietarios de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con sede en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, interpusieron recurso de reconsideración ante la Sala Regional con sede en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
II. Recepción en Sala Superior. El nueve de diciembre del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el referido recurso de reconsideración, así como la documentación atinente.
III. Turno a ponencia. El nueve de diciembre de dos mil trece, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente del recurso de reconsideración referido, registrarlo con la clave SUP-REC-158/2013 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dicho acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-4145/13, de la misma fecha, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.
IV. Tercero interesado. Durante la tramitación del recurso de reconsideración al rubro indicado, no compareció tercero interesado alguno.
V.- Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió y declaró cerrada la instrucción y sometió a la consideración del Pleno de esta Sala Superior el proyecto de resolución respectivo.
PRIMERO.- Competencia.- Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser un recurso de reconsideración promovido por diversos partidos políticos para controvertir una sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, de este Tribunal Electoral, en un juicio de revisión constitucional electoral y su acumulado.
SEGUNDO.- Presupuestos especiales de procedibilidad.- A juicio de este órgano jurisdiccional en el medio de impugnación que se analiza están satisfechos los mencionados presupuestos de procedibilidad, en atención a las consideraciones siguientes.
En términos del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen competencia para resolver sobre la no aplicación de leyes en materia electoral, por ser contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las previsiones y salvedades que el propio numeral indica; esto es, limitarse al caso concreto y dar aviso, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este contexto, el artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución federal, prevé lo siguiente:
Al respecto, cabe recordar que el artículo 3, párrafos 1 y 2, de la citada ley adjetiva electoral federal, prevén lo siguiente:
a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y
d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos,
De los artículos trasuntos, se advierte la posibilidad de controvertir las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, en cualquier medio de impugnación, cuando se haya determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.
Cabe señalar que para garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial, esta Sala Superior ha ampliado la procedibilidad del recurso de reconsideración, en particular, cuando se hayan declarado infundados los planteamientos de inconstitucionalidad, en atención al criterio aprobado por unanimidad de votos de los magistrados que integran esta la Sala Superior, en sesión pública del veintisiete de junio de dos mil doce, al emitir sentencia en el recurso de reconsideración SUP-REC-57/2012 y acumulado.
Precisado lo anterior, es pertinente señalar que del análisis integral de la demanda del juicio de revisión constitucional electoral que motivó la integración del expediente SX-JRC-327/2013 y su acumulado SX-JRC-328/2013 ante la Sala Regional con sede en Xalapa, Veracruz, se advierte que la pretensión de los recurrentes fue que esa Sala Regional revocara la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, y como consecuencia decretara la inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de la citada entidad federativa, por considerarlo contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que la Sala Regional responsable calificó el concepto de agravio como infundado, pues adujo que en el caso dicha disposición normativa consistente en la limitación de poder ofrecer la prueba pericial en los medios de impugnación relacionado o vinculado con algún proceso electoral no es desproporcionada, ni se confronta de forma directa con algún dispositivo o principio constitucional, en razón de que, contrario a lo aducido por los impetrantes, no afecta las garantías de tutela judicial efectiva, ni el debido proceso, así como tampoco deja en estado de indefensión a los justiciables.
En este orden de ideas, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige que mediante el recurso de reconsideración la Sala Superior tiene la facultad de revisar el control concreto de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales, por lo que este medio de impugnación es una segunda instancia constitucional electoral, en este sentido, si en la primera instancia se declararon infundados los conceptos de agravio en los que se adujo la inconstitucionalidad de determinados preceptos jurídicos, es claro que se actualiza la procedibilidad del recurso de reconsideración, a fin de revisar el estudio de constitucionalidad hecho por las Salas Regionales.
En este orden de ideas, si la Sala Regional con sede en Xalapa. Veracruz calificó como infundados los conceptos de agravio vinculados con la inconstitucionalidad del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Oaxaca, a juicio de este órgano jurisdiccional, están colmados los requisitos especiales, para la procedibilidad del recurso de reconsideración al rubro identificado, por lo que es conforme a Derecho realizar el estudio y resolución del fondo de la litis planteada.
TERCERO.- Solicitud de suplencia de la queja. En su escrito inicial, los partidos recurrentes solicitan que conforme con el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al resolver el presente medio de impugnación, se supla la deficiencia u omisiones en los agravios que puedan ser deducidos de los hechos expuestos.
Dicha solicitud resulta inatendible por las siguientes razones.
El recurso de reconsideración es un medio de impugnación de estricto derecho, en el cual se deben cumplir indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por ende, esta Sala Superior no puede suplir las deficiencias u omisiones en que hubiere incurrido el partido político actor, al expresar los conceptos de agravio correspondientes. Lo anterior ha sido sostenido en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REC-187/2012, SUP-REC-147/2012, SUP-REC-69/2013, SUP-REC-81/2013 y acumulados, entre otros.
En este contexto, cabe destacar lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que en dichos recursos, contrario a lo que aducen los partidos políticos impetrantes, no procede la suplencia de la queja deficiente por ser de estricto derecho, salvo que se trate de comunidades indígenas o de ciudadanos, tal y como ha determinado este órgano jurisdiccional en la Jurisprudencia 13/2008 con rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.
Esto es, en los medios de impugnación de estricto derecho como es el recurso de reconsideración, los conceptos de agravio deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tuvo al resolver, por lo que en la presente resolución se atiende exclusivamente a los motivos de disenso que ha expresado en su escrito inicial los partidos políticos recurrentes, salvo las excepciones que al efecto ha establecido a nivel jurisprudencial respecto de comunidades indígenas y ciudadanos.
No es óbice a lo anterior, lo alegado por los recurrentes en su demanda en el sentido de que los integrantes de la planilla registrada para contender en la elección de concejales del Ayuntamiento del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, pertenecen a una comunidad indígena, y que por esa situación sea procedente la suplencia de la queja, ya que dicha conclusión de los impetrantes es inexacta, toda vez que el sistema de elección en dicho Ayuntamiento está regido por el sistema de partidos políticos y no por el derecho consuetudinario, por lo que las reglas aplicables al proceso electoral se rigen preponderadamente por la legislación electoral aplicada al referido sistema de los partidos políticos de conformidad con los artículos 25, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y 137 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de dicha entidad federativa.
Lo anterior tomando en cuenta diversas constancias en autos, los cuales obran en el cuaderno accesorio 2, y se valoran en términos del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral como son: copias de las actas de jornada electoral, de la lista de funcionarios de casilla, de la lista nominal de electores, en las cuales se puede advertir que la elección de los concejales del Ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se rigió por el régimen de partidos políticos y no por el derecho consuetudinario.
De ahí que no resulten aplicables al caso las excepciones que al efecto ha establecido a nivel jurisprudencial la Sala Superior respecto de comunidades indígenas y ciudadanos en relación a la figura de la suplencia de la queja.
CUARTO. Conceptos de agravio.- Los recurrentes expresan en su escrito de demanda los siguientes conceptos de agravio:
AG RAVIOS
PRIMERO. LO CONSTITUYE EL CONSIDERANDO SÉPTIMO APARTADO 2 DE LA RESOLUCION QUE SE COMBATE, DICTADA POR EL PLENO DE LA SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CAUSANDO AGRAVIOS A LA COALICIÓN QUE REPRESENTAMOS EN VIRTUD DE QUE DECLARA INFUNDADOS LOS AGRAVIOS RESPECTO A LA SOLICITUD DE INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14, APARTADO 7, DE LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, TODA VEZ QUE EL ESTUDIO Y ANALISIS QUE HACE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY CARECE DE EXHAUSTIVIDAD.
Le causa agravios a la coalición que representamos, lo establecido en el considerando séptimo apartado 2 de la sentencia que se combate, que entre otras cosas precisa:
- Las pruebas aportadas en los medios de impugnación relacionados con procesos electorales no deben retrasar la impartición de justicia. Así por ejemplo, en materia electoral, a diferencia de otras, tanto la prueba confesional, como la prueba testimonial deben ser aportadas por las partes en actas levantadas ante fedatario público, ya que debido al breve plazo para resolver los conflictos electorales, no es posible que las declaraciones se rindan directamente ante el juzgador.
La misma razón aplica a la prueba pericial, la cual no está permitida ofrecerla y admitirla en medios de impugnación que tengan que el con el proceso electoral o sus resultados, porque para su desahogo se requiere de un tiempo considerable, ello debido que al ofrecerla una de las partes, genera una dilación en la sustanciación de los mismos, dada su especial naturaleza de carácter técnico ajeno a la determinación jurisdiccional, es decir que requiere la intervención de un tercero en apoyo del juzgador, lo cual ocasionaría una demora en la resolución de los juicios, y en consecuencia contravendría la finalidad normativa regulada y el deber del juzgador de expedir resoluciones de forma pronta y expedita de conformidad con el propio artículo 17 constitucional.
- La limitación al ofrecimiento y admisión de la prueba pericial en asuntos relacionados con procesos electorales, está tiene una justificación de orden público, la cual consiste en resolver los medios de impugnación dentro de los plazos legalmente establecidos.
Consideramos que no le asiste la razón a la responsable al considerar que la finalidad del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al limitar el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial en medios de impugnación vinculados al proceso electoral, consiste en no retrasar la impartición de justicia, ya que para su desahogo se requiere de un tiempo considerable debido que al ofrecerla una de las partes, genera una dilación en la sustanciación de los procedimientos, dada su especial naturaleza de carácter técnico.
Lo anterior se aparta de toda lógica, en virtud de que la garantía constitucional del debido proceso impone a la autoridad normar procedimientos o medios de defensa que garanticen bridar una oportunidad real de probar los hechos, es decir debe permitir la admisión y desahogo de todos los medios probatorios adecuados posibles.
Se entiende por debido proceso legal el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legamente los derechos de los gobernados.
Lo anterior implica la exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
Así, los derechos fundamentales particulares relacionados con el debido proceso legal, son los siguientes:
2. Acción judicial y acceso a los tribunales.
3. Acción contra la administración pública.
4. Tutela jurisdiccional efectiva.
5. Derecho a un juicio justo y público.
6. Derecho a la prueba.
Todos tienen garantizado el derecho de valerse, en el juicio, de los medios aún atípicos, de prueba directa o contraprueba que sean adecuados.
7. Asistencia jurídica gratuita.
8. Independencia e imparcialidad de los jueces.
9. Iniciativa procesal y principio dispositivo.
10. Impulso procesal.
11. Carga de las alegaciones y de la prueba.
12. No contestación de los hechos.
13. Buena fe y lealtad procesal.
14. Dirección del proceso.
15. Oralidad.
16. Publicidad de audiencias.
17. Libre convencimiento.
18. Ilicitud de las pruebas.
19. Doble instancia.
20. Medios de impugnación.
21. Recurso extraordinario ante las cortes supremas.
22. Control de constitucionalidad de leyes.
23. Recurso constitucional directo.
En ese orden de ideas, la autoridad responsable no hace un estudio exhaustivo sobre la constitucionalidad de la citada porción normativa, se limita a argumentar las razones por las cuales el legislador restringe el derecho de ofrecer la prueba pericial en aquellos medios de impugnación vinculados al proceso electoral, es decir, se limita a un pronunciamiento de mera legalidad lo que viola el principio de exhaustividad que toda sentencia debe cumplir.
Por otra parte, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver fue omisa al entrar al estudio y análisis de la inconstitucional del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a la luz del artículo 41, apartado D, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios rectores de la función electoral.
En efecto, la determinación de la Sala Regional Xalapa a la negativa de la solicitud de inaplicabilidad del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, restringe el alcance de los principios constitucionales de certeza y autenticidad del sufragio, porque la forma de dotar de certeza a la elección era ordenar la práctica de la prueba pericial para tener certeza de los votos que alegamos fueron alterados en las casillas referidas.
Así las cosas, el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución señala que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de la función electoral, entre otros, el de certeza.
Por tanto, en aras de garantizar la certeza de la contienda electoral, así como la autenticidad y libertad del voto de los ciudadanos, era necesario que la autoridad jurisdiccional realizará una interpretación amplia del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de manera que se pudieran tomar las medidas idóneas y necesarias que permitieran garantizar la certeza de la elección.
La autoridad responsable debió estudiar las irregularidades presentadas en la elección a la luz de los principios constitucionales que rigen a la elección, haciendo efectivo el principio constitucional de certeza y garantizando plenamente la autenticidad del resultado de las elecciones.
Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales:
Jurisprudencia 43/2002
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral manifestamos:
Jurisprudencia 12/2001
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- [Se transcribe].
QUINTO. Planteamiento previo al estudio del fondo de la litis. Esta Sala Superior considera pertinente hacer las siguientes precisiones.
El sistema de medios de impugnación en materia electoral, en términos del artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como finalidad, garantizar el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, en este sentido, es claro que los medios de impugnación en materia electoral son verdaderos medios de control constitucional.
Asimismo el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Salas de este Tribunal electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la misma; y que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esa facultad se limitarán al caso concreto.
Así, este Tribunal Electoral, tiene la facultad de determinar la inaplicación de leyes al caso concreto, por considerarlas contrarias a la Constitución federal, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 105 de la propia Constitución, relativo a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas para plantear la posible contradicción entre una ley electoral y la Constitución.
En este sentido, el legislador ordinario estableció en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que corresponde a la Sala Superior, conocer de las impugnaciones dirigidas a controvertir las sentencias dictadas por las Salas Regionales, en los diversos medios de impugnación electorales, cuando determinen la no aplicación de una ley por ser contraria a la Constitución, lo anterior con la finalidad de que el análisis de constitucionalidad o inconstitucionalidad que hagan las Salas Regionales, sea revisado por la Sala Superior como última instancia.
De lo anterior se concluye, que el recurso de reconsideración, es la vía impugnativa procedente para controvertir las sentencias dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral, el cual constituye una segunda instancia constitucional electoral, que tiene como objetivo que esta Sala Superior revise el control de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales.
Por otro parte, el recurso de reconsideración, además, es un medio de impugnación de estricto Derecho, en el cual se deben cumplir indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución federal, en la ley adjetiva electoral federal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En este contexto, cabe destacar lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que en los recursos de reconsideración, no procede la suplencia de la queja deficiente, de ahí que esos recursos sean de estricto Derecho, y por ende, esta Sala Superior no pueda suplir las deficiencias u omisiones en los conceptos de agravio.
Al respecto, si bien para la expresión de conceptos de agravio, este órgano jurisdiccional ha admitido que, se pueden tener por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también es cierto que, como requisito indispensable, se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado y, los motivos que lo originaron.
Así, se tiene que los conceptos de agravio deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la Sala Regional responsable tomó en cuenta al resolver la litis planteada ante ese órgano jurisdiccional.
Por ende, al expresar cada concepto de agravio, el actor en el recurso de reconsideración, debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad la sentencia reclamada, ya que los conceptos de agravio, hechos valer por los recurrentes, que versen sobre cuestiones de legalidad de la resolución impugnada serán inoperantes, sin que sea conforme a Derecho que este órgano jurisdiccional supla las deficiencias u omisiones en los mencionados argumentos; por lo que la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la Sala Regional responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los conceptos de agravio no tendrían eficacia alguna para anular, revocar o modificar la sentencia impugnada.
En efecto, como se explicó la finalidad del recurso de reconsideración es la de revisar el control de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales, de este Tribunal Electoral.
SEXTO. Estudio del fondo de la litis. Expuesto lo anterior, esta Sala Superior procede al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por los recurrentes.
Los recurrentes exponen en esencia que el estudio y análisis que efectúo la Sala Regional responsable en relación a la solicitud de inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, carece de exhaustividad en razón de que la consideración de la responsable en su sentencia consistente en que la finalidad de dicha disposición normativa, al limitar el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial en medios de impugnación vinculados al proceso electoral, consiste en no retrasar la impartición de justicia en todas sus etapas jurisdiccionales ante la celeridad de la resolución de dichos medios impugnativos al no permitir mediante disposición constitucional efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, ya que para su preparación y desahogo se requiere de un tiempo considerable en su ofrecimiento dada su especial naturaleza de carácter técnico, existiendo la posibilidad de dilación en la sustanciación y resolución de los referidos medios de impugnación, se aparta de toda lógica en razón de que la garantía constitucional del debido proceso impone a la autoridad normar procedimientos o medios de defensa que garanticen brindar una oportunidad real de probar los hechos denunciados.
Esto es, señalan que la Sala responsable no realiza un estudio exhaustivo sobre la constitucionalidad de la citada porción normativa y se limita a efectuar un pronunciamiento de mera legalidad.
Ahora bien, a juicio de esta Sala Superior es infundado el concepto de agravio hecho valer por los partidos políticos recurrentes, pues a juicio de este órgano jurisdiccional, es correcta la conclusión a la que arribó la Sala Regional responsable sobre el análisis de constitucionalidad del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, en la que se regula lo relativo a la limitación del ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial en medios de impugnación vinculados al proceso electoral local.
En efecto, del análisis de la sentencia impugnada, específicamente de las fojas cincuenta y dos a setenta y ocho, se advierte que la Sala Regional responsable, al analizar el argumento hecho valer por los impetrantes, en el que solicitaba la inaplicación del referido precepto normativo, consideró lo siguiente:
- Que si bien la porción normativa tildada de inconstitucional establece una limitación al ofrecimiento y admisión de la prueba pericial en asuntos relacionados con procesos electorales, ésta tiene una justificación de orden público, la cual consiste en resolver los medios de impugnación dentro de los plazos legalmente establecidos.
- Esto es, para su desahogo se requiere de un tiempo considerable, ello debido a que al ofrecerla una de las partes, genera una dilación en la sustanciación de los mismos, dada su especial naturaleza de carácter técnico ajeno a la determinación jurisdiccional, es decir, que requiere la intervención de un tercero en apoyo del juzgador, lo cual ocasionaría una demora en la resolución de juicios, y en consecuencia contravendría la finalidad normativa regulada y el deber del juzgador de expedir resoluciones de forma pronta y expedita, de conformidad con el propio artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Que el proceso electoral de los integrantes del Ayuntamiento en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se debía de resolver con la celeridad posible, en razón de que el propio legislador local previó en el artículo 70 de la Ley adjetiva local, que los recursos de inconformidad relacionados con elecciones de concejales debían resolverse a más tardar el quince de octubre del presente año. Por tanto, la celeridad en la resolución del medio de impugnación, tiene como finalidad garantizar que, en su caso, las partes interesadas puedan agotar toda la cadena impugnativa, antes de la instalación de dicho Ayuntamiento.
En ese tenor, la Sala Regional responsable para analizar si la disposición normativa tildada de inconstitucional era razonable, realizó un ejercicio tomando en cuenta los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
Derivado de lo anterior, señaló que:
-Que la limitación de no poder ofrecer la prueba pericial en los medios de impugnación relacionados con el proceso electoral no era desproporcionada, ni se confrontaba de forma directa con algún dispositivo o principio constitucional, porque, contrario a lo sostenido por los partidos actores, no afectaba las garantías de tutela judicial, ni el debido proceso, así como tampoco dejaba en estado de indefensión a los justiciables.
-Se dijo que la referida disposición normativa se consideraba compatible con el modelo general de constitucionalidad y convencionalidad, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente con la obligación de proteger y garantizar a los derechos humanos, lo que implica, en una de sus vertientes, que las acciones y medidas legislativas posibiliten la realización plena de ese tipo de derechos, sin cláusulas o fórmulas normativas genéricas, abiertas o que resulten desproporcionadas para el fin que se establecen.
-Que dicha restricción resultaba acorde con la finalidad constitucional, esto es, con la resolución pronta de toda controversia electoral, al tenor de las formalidades esenciales del procedimiento, en armonía con principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
-Por tanto, se dijo que la norma tildada de inconstitucional era coherente y no colisionaba con lo dispuesto en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y criterios internacionales, puesto que contemplaba una restricción concreta y acotada a una temporalidad concreta, esto es, al proceso electoral y sus resultados, que la hace compatible con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, exigidos para la limitación o restricción del ejercicio de derechos humanos.
-Se dijo que la normativa electoral puede contemplar restricciones, con la finalidad de asegurar la resolución pronta de las contiendas electorales al resulta de interés público, en el marco de la organización, funcionamiento y protección del sistema democrático, y de la armonización de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.
-Que de acuerdo a lo considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda restricción que tenga como fundamento el "orden público y el "bien común", debe ser interpretada de forma estricta y acorde con las "justas exigencias" de una "sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin constitucional y convencional correspondiente.
-Por otra parte, se consideró que dicha restricción contempla el elemento material, esto es, la referencia clara a los supuestos que justifican la medida en función a la protección de determinados intereses o fines públicos, así como la necesidad imperiosa de su protección, en razón de que existe un marcado interés público en que las controversias electorales se resuelvan con agilidad, por lo que su sustanciación debe ser breve y cuidada de circunstancias procesales que pudieran entorpecerla o retardarla, ya que, tanto a nivel federal como local, esa categoría de probanza se encuentra sujeta a la misma condición de ofrecimiento y admisión, dado que constituye una hipótesis que tutela diversos bienes jurídicos y sancionan una gran variedad de conductas relacionadas con la afectación de intereses y valores individuales o particulares, pero también grupales o del interés público o nacional.
-Que la restricción aludida puede estar justificada y atender a un fin legítimo, siempre que la norma contemple un plazo razonable y proporcional para limitar el ofrecimiento de la prueba pericial, dado que, fuera de dicho tiempo, de ser el caso, el gobernado esté en condición de ejercer el derecho a ofrecer la prueba pericial de estimarlo conveniente; sin que pase inadvertido que aún en tal extremo se condiciona su procedencia siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos.
-En tal sentido, se estableció que la restricción, si bien es justificable cuando se afecten a las instituciones, desarrollo o procedimientos democráticos, o valores y principios básicos del Estado o afecten gravemente a la sociedad en su conjunto, también lo es que no puede ser indefinida o permanente, porque ello sería, en principio, una medida desproporcionada.
-Se dijo que en el caso concreto, la porción normativa cumple con el elemento temporal ya que prevé plazo, tiempo o duración de la medida restrictiva, lo que supone una restricción que está justificada en función de una finalidad legítima, lo cual resulta proporcionado y razonable frente a la importancia del hecho y del ejercicio del derecho limitado, y en beneficio de la seguridad jurídica y de la certeza de los destinatarios de la norma.
Por lo anterior, es que la Sala Regional responsable llegó a la conclusión de que la solicitud de inaplicación del aludido precepto normativo resultaba infundada.
En ese contexto, a juicio de esta Sala Superior es correcto que la Sala Regional responsable haya determinado que la porción normativa tildada de inconstitucional era coherente con el sistema constitucional y no colisionaba con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Norma Fundamental y con los tratados y criterios internacionales en la materia.
Lo anterior es así, porque, tal y como lo sostiene la Sala Regional en comento, la restricción prevista en el artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, consistente en que la prueba pericial sólo puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, persigue un fin legítimo sustentado constitucionalmente en evitar la paralización de los actos sujetos a estudio, dado el estricto cumplimiento de los plazos para decidir los medios de impugnación interpuestos para controvertir la validez y resultados de una elección.
Esto es, en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca se proponen reglas comunes para el trámite y resolución de los medios de impugnación, pero en modo alguno se prevé la paralización de los actos sujetos a estudio, tal y como sucede, por ejemplo, con el juicio de amparo, en el que, por disposición legal, se establece la suspensión de los efectos de los actos impugnados.
La restricción prevista en el artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, consistente en que la prueba pericial sólo puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados tiene su lógica atendiendo al principio de celeridad procesal derivado de los artículos 17, párrafo segundo, y 41, Base Sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25, apartado D, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial, considerando que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
Cabe mencionar que la garantía de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. Ello no implica que el legislador esté obligado a establecer en los ordenamientos procesales la facultad ilimitada de ofrecer pruebas y el consiguiente deber jurídico del órgano jurisdiccional de desahogarlas y valorarlas, ya que es lógico que el propio legislador, en aras de un adecuado equilibrio procesal y por respeto a la garantía de administración de justicia expedita y a los principios procesales de economía y celeridad, establezca límites a la actividad probatoria como sucede en la materia electoral.
En ese tenor, la restricción prevista en el aludido artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Oaxaca es acorde con el fin que se persigue en la propia norma constitucional, es acorde al principio de celeridad procesal que rige a los medios de impugnación en materia electoral, el cual no deja al arbitrio de las partes la continuidad del procedimiento, en cuanto a que no puede citarse al desahogo de una prueba pericial, tomando en cuenta su naturaleza, a las partes, hasta que ellos decidan que se verifique la prueba, pues ello prolongaría indefinidamente el juicio electoral e iría en contra del párrafo segundo del artículo 17, así como 41, Base Sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al tomar en cuenta que los procesos electorales son actos de interés público que implican la renovación oportuna y pacífica de los órganos del poder público y su afectación exige tramitar los juicios y recursos con la mayor premura y el deber de satisfacer por los promoventes requisitos y condiciones de forma, considerando que tanto en la Ley adjetiva en la materia local como en la federal se prevén distintos plazos para la resolución de las controversias, por lo que se debe evitar la realización de actos que entorpezcan el trámite adecuado y expedito para la resolución de dichos medios de impugnación que pueda tornar irreparable el acto impugnado en caso de que se le dé a la razón al justiciable en su motivo de inconformidad, como puede ser precisamente el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial que por su naturaleza permite la intervención transitoria, en el proceso, de personas ajenas a las partes que deben realizar ciertos actos para rendir posteriormente un dictamen para presentarlo al juzgador, lo cual implica un mayor tiempo en su preparación en relación con otras pruebas que son admitidas en la interposición de los medios de impugnación como son las documentales y técnicas.
En efecto, la propia naturaleza del derecho procesal electoral impide que exista rezago o suspensión de los plazos en la resolución de los medios de impugnación vinculados a un proceso electoral, debido a la necesaria renovación oportuna de las órganos constitucionalmente electos y las tendencias actuales a reducir los tiempos en cada una de las etapas del referido proceso electoral, para lo cual sería un evidente obstáculo que dichos plazos no tuvieran una fatalidad de que efectivamente gozan y su aplicación resultare fácilmente eludible en aras de diversos principios constitucionales ajenos al interés público o social sobre el que versa el derecho electoral en nuestro país.
Por tanto, como se ha dicho, la restricción es acorde con lo previsto en los artículos 17, párrafo segundo, y 41, Base Sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25, apartado D, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, toda vez que los órganos jurisdiccionales tanto local como federal, independientemente del medio de impugnación de que se trate que esté vinculado a un proceso electoral, deben sustanciarlos y resolverlos dentro de los términos fatales que de forma general dispone la Norma Fundamental y legal, los cuales son muy breves, de tal manera que la actividad procesal se concentra en la menor cantidad de actos, evitando así la dispersión de actuaciones a fin de conservar la mayor celeridad y economía posible en el proceso y en concreta observancia de la garantía de defensa y del derecho de impugnación tomando en cuenta las bases descritas en el artículo 17 de la Constitución Federal por el legislador ordinario, al autorizársele que fije los plazos y términos para su goce.
Esto es, ante la necesidad de resolver con prontitud y celeridad los medios de impugnación en materia electoral a fin de evitar la consumación de los tiempos prestablecidos para la renovación de los órganos públicos electos constitucionalmente, así como de las etapas del proceso electoral, al estar vinculados dichos actos con el desarrollo de las elecciones y de sus resultados, es posible que el legislador establezca con base en los principios organizativos de la garantía de acceso a la tutela judicial efectiva y por la naturaleza de la materia electoral, como lo son el de prontitud y celeridad en la resolución de los medios de impugnación, que la prueba pericial no es admitida y desahogada en dichos medios cuando están vinculados al referido proceso electoral, considerando que dicha situación pudiera implicar y producir, inclusive, mayores perjuicios para las partes que los que pretenden alcanzarse de ser acogida dicha prueba.
Por lo que la finalidad de la disposición normativa impugnada, consiste en buscar la celeridad, evitar trabas innecesarias en el trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a efecto de que, de concederse la razón a alguna de las partes, los efectos restitutorios de la sentencia puedan ejecutarse dentro de los plazos previstos en las legislaciones estatales y federal antes de la instalación del Ayuntamiento y la toma de protesta de sus integrantes, redundando con ello en una administración de justicia más pronta y expedita en debido acatamiento a la garantía contemplada en los artículos 14 y 17 constitucional, máxime cuando el propio texto constitucionales, en el multicitado artículo 41, Base VI, señala expresamente la prohibición de que la interposición de los medios de impugnación en modo alguno producen efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
Esto es, es una exigencia de la materia electoral la celeridad en todos los trámites, y lo que la norma pretende es que la autoridad no se demore o retrase en la sustanciación y resolución de los medios de impugnación a efecto de que emita la declaración definitiva acerca de a quién asiste el derecho.
Sostener lo contrario implicaría desconocer tanto la naturaleza sumaria de los medios de impugnación como el principio de celeridad procesal derivado de los artículos 17, párrafo segundo, y 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25, apartado D, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que implica que se deben agotar las etapas de dicho proceso y resolverse las controversias en el plazo previsto en la legislación hasta antes de la instalación de los órganos constitucionalmente electos y toma de protesta de sus integrantes.
De ahí, que esta Sala Superior, coincida con la conclusión a la que arribó la Sala Regional responsable, pues dicha limitación es acorde con lo previsto en los artículos 17, párrafo segundo, y 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25, apartado D, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en consecuencia resulta inconcuso que no les asista la razón a los recurrentes cuando argumentan que tal disposición, de la legislación electoral local, debe ser inaplicada por contravenir disposiciones constitucionales.
Asimismo, contrario a lo aducido por los recurrentes, la restricción consistente en que la prueba pericial no puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación vinculados al proceso electoral y a sus resultados, no vulneró en modo alguno los aludidos artículos 14 y 17 constitucionales en relación al debido proceso y la garantía de acceso a la justicia, en razón de que la Sala Regional responsable conoció de su impugnación y valoró diversas pruebas que fueron aportadas por los impetrantes en el juicio de revisión constitucional electoral para tratar de acreditar la irregularidad, tales como un instrumento notarial, el acta de cómputo de la sesión especial de recuento y diversas fotografías consideradas pruebas técnicas, tal y como se advierte a fojas ochenta y tres a ciento tres de la sentencia controvertida.
Esto es, en dicha sentencia la Sala Regional responsable adujo:
En el acta referida, se hizo constar que los paquetes estaban debidamente resguardados, sin que en dicha acta exista manifestación alguna por parte de los representantes de los partidos políticos, respecto a que hubiera sido falso lo asentado.
Tampoco existe manifestación relativa a que solicitaron el uso de la voz en la sesión de cómputo para hacer constar la alteración de los paquetes electorales, y se la hubieran negado el Secretario o Consejeros Electorales.
Se desprende, por tanto, se puede concluir que, los partidos políticos actores no acreditan que los paquetes hubieran sido vulnerados antes de la sesión de cómputo, por la relación de parentesco entre el Presidente del Consejo Municipal de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y la candidata a Presidenta Municipal del propio Municipio.
Por otro lado, si bien el acta notarial asienta que en tres de las casillas se alteraron las boletas electorales (casillas 2436 C1, 2439 B y 2444 B), también es cierto que el Notario refiere, en una parte que las alteraciones se las "expresan" y en otros que "desde mi vista se aprecia", que las boletas fueron alteradas; sin embargo, si estaba certificando desde la puerta del Consejo Municipal, resulta palmario que no pudo ver el contenido de las boletas electorales.
En ese orden de ideas, no se puede considerar que lo asentado en el referido instrumento notarial pruebe que las boletas hubieran sido alteradas, con el patrón de marcar, además de los recuadros de los partidos políticos que integran la Coalición "Unidos por el Desarrollo", y el de Movimiento Ciudadano.
Asimismo, las fotografías que forman parte del instrumento notarial, tampoco prueban la alteración aducida, porque si bien en ellas se aprecian formatos de boletas, en las que se encuentran marcados los recuadros del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, lo cierto es que no se conoce a qué casillas pertenecen, es decir si a las impugnadas, o incluso a otras; quién las tomó porque el Notario no asienta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en fueron tomadas.
Lo anterior, porque lo asentado y referido en el contenido de las fotografías, no fue percibido por los sentidos del Notario, sino por lo que le "expresaron", por tanto su contenido, en la parte concerniente a la alteración de las boletas, sólo son testimonios, los cuales constituyen un indicio de la irregularidad aducida, mismo que al no estar adminiculado con otra prueba, es ineficaz para probar la alteración de boletas.
Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 11/2002 de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS".37
37 Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 551-552.
En razón de lo anterior, es que se considera que los partidos políticos actores, tal y como lo determinó el Tribunal responsable no acreditaron que las boletas hubieran sido alteradas para anularle votos a la Coalición "Unidos por el Desarrollo".
Además, debe señalarse que los enjuiciantes no ofrecieron otro tipo de pruebas, como podría haber sido las las actas de las mesas de trabajo de recuento en las cuáles hubieran manifestado que los paquetes estaban vulnerados, o que los votos se habían alterado.
Dichas documentales pudieron haberlas ofrecido, ya que en el acta de cómputo municipal se asentó que los representantes de cada partido político estarían presentes en las dos mesas de trabajo que se integrarían, de conformidad con los artículos 237, párrafo 3, y 244, párrafo 3, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.
Como se puede observar, la Sala Regional sí estudió el agravio de los recurrentes respecto a la supuesta alteración de las boletas electorales ahí señaladas y valoró las pruebas que había aportado para acreditar su manifestación, por lo que los impetrantes sí tuvieron acceso a la justicia, así como al debido proceso a través de un órgano jurisdiccional como la Sala Regional responsable que revisó su inconformidad y valoró diversas pruebas en relación a la litis planteada.
Aunado a lo anterior, esta Sala Superior concluye que las consideraciones bajo las cuales la Sala Regional Xalapa desvirtuó lo alegado en el juicio de revisión constitucional electoral respecto a la solicitud de inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Oaxaca, son deficientemente controvertidas en el presente recurso de reconsideración, ya que del análisis del escrito de demanda por el que se integra el expediente al rubro indicado, los impetrantes simplemente se limitan a sostener que la sentencia emitida por la Sala Regional carece de exhaustividad respecto al estudio de constitucionalidad del referido artículo, sin que al respecto se cuestionen directamente las argumentaciones que sirvieron a la Sala responsable para desestimar los conceptos de agravio expuestos en el juicio de revisión constitucional electoral, sobre la base del análisis de la solicitud de inaplicación del citado precepto legal.
Por otra parte, resulta inoperante el argumento de los partidos políticos recurrentes, relativo a que la Sala Regional responsable fue omisa en analizar la constitucionalidad de dicho precepto normativo a la luz del artículo 41, apartado D, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios rectores de la función electoral, para con ello garantizar el principio de certeza en la autenticidad de los votos sufragados en la elección del Ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.
Lo inoperante del agravio radica esencialmente a que la Sala Regional responsable no estaba obligada a pronunciarse al respecto en atención a lo que tal cuestión no fue objeto de mención alguna en la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, de manera que al ser un planteamiento novedoso, no es admisible atenderlo.
En efecto, del análisis de la demanda promovida por los recurrentes ante la Sala Regional en comento en el citado juicio de revisión constitucional electoral, se puede advertir que los impetrantes sostuvieron lo siguiente:
Como se pude(sic) advertir el numeral 7, en la porción normativa que dispone que la prueba pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral es a todas luces inconstitucional, ya que viola las garantías que otorgan los artículos 17 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consistentes en el acceso a la justicia y el debido proceso, dejándonos en estado de indefensión ya que la prueba pericial en el presente asunto constituye la prueba idónea para acreditar que las boletas correspondientes a los votos nulos de las casillas en que se solicita su nulidad fueron alteradas.
Por las razones antes señaladas lo procedente es que esta sala regional privilegiando el principio rector de certeza inaplique la referida porción normativa del citado artículo y por economía procesal en virtud de los tiempos que establece la ley para resolver el presente medio de impugnación ordene practicar la prueba pericial nombrando perito autorizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el desahogo de dicha probanza en los términos planteados en nuestra demanda primigenia.
De la lectura de esta parte de la demanda presentada ante la Sala responsable no se observa que las recurrentes hayan planteado un estudio de constitucionalidad respeto a la violación al artículo 41, apartado D, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en esa tesitura la Sala Regional responsable haya analizado dichas cuestiones planteadas por lo que no estaba obligada ni en posibilidad de emitir pronunciamiento alguno respecto de la omisión alegada y únicamente se ciñó al estudio de los aspectos que le fueron formulados.
En ese tenor, la Sala Regional responsable realizó el estudio de constitucionalidad respecto de la porción normativa impugnada a la luz de los artículos 14 y 17 constitucional, para concluir que no violaban dichas disposiciones al estimar que la restricción era coherente y no colisionaba con lo dispuesto en dichos preceptos y los tratados y criterios internacionales, puesto que contemplaba una restricción concreta y acotada a una temporalidad concreta, esto es, al proceso electoral y sus resultados, que la hacía compatible con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, exigidos para la limitación o restricción del ejercicio de derechos humanos.
Por lo que ante el análisis solicitado por los actores en el juicio de revisión constitucional electoral respecto a que dicha restricción violaba los referidos artículos constitucionales, es que la Sala Regional se avocó a realizar el análisis de la constitucionalidad de dicha disposición para establecer si se transgredía o no el acceso a la justicia y la garantía del debido proceso.
Esto es, en ningún momento, los impetrantes hicieron valer la solicitud de inaplicación del artículo 14, apartado 7, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Oaxaca, por ser violatorio del artículo 41, apartado D, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta lógico que la Sala Regional no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, de ahí que no existe la aludida omisión.
Esto es, resultaba necesario que en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral se mencionara, en forma específica y concreta, que el precepto legal tildado de constitucionalidad contravenía el artículo 41, apartado D, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no existir expresamente dicha causa de pedir en la demanda respectiva, la Sala Regional no estaba obligada a realizar tal estudio de constitucionalidad solicitado.
En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los agravios expuestos en el recurso de reconsideración, procede confirmar la sentencia recurrida.
ÚNICO. Se confirma la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil trece, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el juicio de revisión constitucional electoral y su acumulado identificados con las claves SX-JRC-327/2013 y SX-JRC-328/2013.
NOTIFÍQUESE, personalmente a los recurrentes, en el domicilio señalado en autos; por correo electrónico, a la Sala Regional señalada como responsable; y, por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 28 y 70, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 102, 103 y 110, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En su oportunidad devuélvanse las constancias atinentes y archívese el expediente como concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos, autoriza y da fe. Rúbricas.

References: Resolución 
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 14
e contrario
 artículo 14
 resolución 
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 116
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 70
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 99
 artículo 41
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 16
 ARTÍCULO 14
 resolución 
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 116
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 41
 artículo 99
 artículo 105
 artículo 61
 artículo 23
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 artículo 14
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 artículo 14
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 artículo 17
 artículo 70
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 artículo 1
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 artículo 14
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 artículo 14
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 artículo 14
 artículo 17
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 artículo 17
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 artículo 41
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 artículo 14
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 41
 artículo 41