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Timestamp: 2018-12-14 01:21:42+00:00

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EnActualidad - Honduras , Regulación
Avanza en el Congreso de Honduras Ley sobre discurso de odio con fuertes incumplimientos a los estándares internacionales de libertad de expresión
El Proyecto de “Ley Nacional de Ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales” a estudio del Congreso de Honduras exige a los administradores de sitios web que producen y transmiten contenidos por Internet que bloqueen o supriman “contenido ilegal” o que tengan “connotaciones discriminatorias” dentro de las 24 horas después de recibir un reclamo de un ciudadano que se manifieste afectado, pero sin que medie orden judicial ni debido proceso y dejando librado a la decisión de la empresa de Internet si el reclamo es correcto.
El proyecto hondureño fue aprobado en segundo debate la semana pasada y debe pasar por un tercer y último debate para su sanción definitiva.
Con una tipificación vaga e imprecisa de las posibles infracciones y la falta de mecanismos democráticos adecuados para resolver un posible conflicto de derechos en línea, el proyecto plantea serios riesgos a la libertad de expresión y no respeta los estándares elaborados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Tampoco los consensos alcanzados a través de los “Principios de Manila” respecto a la responsabilidad de los intermediarios. Allí se afirma, que no se pueden remover contenidos sin una orden emitida por una autoridad judicial, entre otras cuestiones.
La normativa define como “contenido ilegal” a la “incitación o discurso de odio, discriminación o las figuras delictivas de injuria; calumnia; ciberterrorismo o terrorismo electrónico; incitación a la discriminación; producción y utilización de pornografía infantil; suplantación de identidad; y, amenazas, conforme a las definiciones que para ellos establezca el Código Penal, así como Bullying Cibernético”.
Cabe aclarar que, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado la despenalización de las figuras de injurias y calumnias por considerar que pueden conllevar a silenciar ideas y opiniones y, por ende, afectar a la libertad de expresión.
El proyecto prevé sanciones económicas que van de US$ 2.100 a US$ 42.000, y pueden llegar a la suspensión y bloqueo del sitio web donde se publicó el contenido demandado. En el caso de remoción, el documento prevé que “el contenido debe ser asegurado para propósito de prueba en caso de que la persona agraviada decida proceder penalmente”. Además se establece que los proveedores de servicio de Internet deben mantener el registro de las direcciones IP de los usuarios por 30 días.
La propuesta normativa crea el Comité de Ciberseguridad, integrado por distintas dependencias gubernamentales, encargado del diseño, implementación y supervisión de la estrategia nacional de Ciberseguridad. A su vez se crea un Consejo de Veeduría Social, “como un mecanismo de participación social”, para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Comité, con capacidad de emitir informes y participar de reuniones pero solo cuando es requerido por el Comité.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) repudió el proyecto y amenazó con denunciarlo en instancias nacionales e internacionales. “Nosotros esperamos que la Comisión de Dictamen haya pedido la opinión consultiva a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente al Relator Especial y que elimine aquellos aspectos que violenten la libertad de expresión”, aseguró Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH.
Presidencia de Nicaragua prepara proyecto para regular redes sociales, preocupación desde la Sociedad Civil
EnClipping - Honduras
La norma propuesta censuraría a críticos del gobierno
(Nueva York) – Un proyecto de ley pendiente ante el Congreso Nacional hondureño afectaría gravemente el ejercicio de la libertad de expresión al obligar a compañías prestadoras de servicios de internet a censurar contenidos, señaló hoy Human Rights Watch. El Congreso debería rechazar el proyecto, que se aprobó en primera discusión el 8 de febrero de 2018 y aún debe superar otras dos discusiones antes de convertirse en ley.
El proyecto exige a dichas compañías bloquear o suprimir “contenido ilegal” que pueda haber sido publicado en las plataformas de Internet por usuarios dentro de las 24 horas siguientes a haber recibido un reclamo, plazo que podría extenderse a siete días en casos “debidamente justificados”. Si la compañía de Internet no actúa, su sitio Web podría ser bloqueado o suspendido, lo que implicaría que todos los hondureños se verían afectados por la presunta conducta ilegal de unos pocos. La brevedad de los plazos, la gravedad de las sanciones y las nuevas categorías imprecisas de ‘contenido ilegal’ generan incentivos para que las compañías tiendan a optar por la censura. Dichas nuevas categorías de “contenido ilegal” incluyen la “incitación a la discriminación” orientada a “lesionar la dignidad” y la “incitación o discurso de odio” con el objetivo de “promover y alimentar un discurso cargado de connotaciones discriminatorias”. La ley no contempla ninguna norma sobre la intervención judicial antes que el contenido sea removido, o sobre el control judicial de las decisiones de las compañías que censuren contenidos.
“El proyecto permitiría que el gobierno utilice a las compañías prestadoras de servicios de Internet para imponer restricciones inadmisibles a la libertad de expresión que excederían ampliamente lo que podría considerarse legítimo conforme al derecho internacional de los derechos humanos”, apuntó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch.
La versión original del proyecto fue presentada el 1 de febrero por un legislador del partido del Presidente Juan Orlando Hernández, con el título “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet”. El mismo era prácticamente idéntico al proyecto propuesto en marzo de 2017 por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa a la Asamblea Nacional de Ecuador. El referido proyecto fue duramente criticado por organizaciones no gubernamentales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, así como por el Relator Especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza, entre otros.
Con el propósito de justificar el régimen de censura previsto en el texto, la comisión del Congreso que revisa el proyecto le incorporó varias disposiciones relativas al tema de ciberseguridad, pretendiendo argumentar que la ley busca proteger la seguridad nacional de Honduras. Sin embargo, la esencia del proyecto original se mantiene, explicó Human Rights Watch. Además de contener nuevas definiciones imprecisas de categorías de “contenido ilegal”, el proyecto no especifica de qué modo será conformado el órgano responsable de aplicar sanciones y qué criterios se usarán para aplicarlas.
La Ley contempla la creación de un comité integrado por representantes de 19 instituciones estatales, que en su mayoría forman parte del poder ejecutivo. El mismo tendrá la misión de crear una dirección encargada de determinar si las compañías de Internet acatan la ley y de aplicarles sanciones cuando estas incurran en infracciones, incluidas multas significativas y la suspensión o el bloqueo de sus sitios.
“Conceder estas facultades para aplicar la ley y sancionar a compañías de Internet a un órgano controlado por el poder ejecutivo es una fórmula ideal para la censura política”, opinó Vivanco. “Esto le quita la careta a cualquier esfuerzo hecho por presentar la ley como un mecanismo de protección de la seguridad nacional, cuando en realidad se trata de un burdo mecanismo que el poder ejecutivo puede utilizar para controlar la libre expresión del pensamiento.”
En junio de 2011, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas emitieron una “Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet”, donde se establecen pautas sobre cómo regular Internet de un modo que resulte compatible, entre otras normas, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte Honduras.
En la declaración se indica que “[n]inguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché, deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios […]”. No obstante, el proyecto parece establecer para los proveedores de servicios de Internet la obligación de retirar contenidos, incluso cuando no haya una orden judicial, ni hayan ellos intervenido en el contenido ilegal publicado por sus usuarios.
EnActualidad - Nicaragua
Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente Daniel Ortega, anunció en su cadena nacional diaria que están evaluando opciones para regular las redes sociales en el país, informó El País.
Murillo aclaró que la idea no es una normativa sobre redes sociales sino revisar la legislación en sobre niñez, adolescencia y familia para adaptarla a los tiempos actuales. “La discusión no es sobre la información o las tecnologías de la comunicación (…) Nadie ha dicho eso. Hemos hablado de un debate sobre las leyes y hemos ejemplificado sobre esos temas que cuando se redactaron o aprobaron esas leyes, a lo mejor no eran parte de la vida cotidiana de nuestra sociedad”, señaló la vicepresidenta según France 24.
Además de Murillo, otros funcionarios públicos como la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, han hecho un llamado para impulsar reformas al Código de la Niñez, al Código de la Familia y al Código Penal, entre otras normativas, con el objetivo de tipificar delitos como “ciberacoso” y “noticias falsas”.
El anuncio de Murillo fue calificado por opositores, periodistas y organizaciones sociales como un intento de imponer una “ley mordaza”, para acallar voces críticas al gobierno.
El Frente Sandinista, partido que controla la Asamblea Nacional aseguró que abrirá un “debate” para estudiar las reformas. Por su parte, desde el Frente Amplio por la Democracia (FAD) plantearon que “el régimen de Ortega hostiga y denigra a los adversarios políticos, a través de equipos gubernamentales que laboran en la sombra”. Con esto hacía referencia a sus denuncias sobre la contratación por parte del gobierno de personas para generar “noticias falsas” y atacar a los críticos del oficialismo.
Desde organizaciones de la sociedad civil como la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, se planteó una fuerte preocupación por esta iniciativa gubernamental “ya que este tipo de consideraciones de que existen ciertos contenidos influenciando negativamente es un elemento subjetivo que en realidad creemos que tiene que ver con un proceso de querer controlar, de querer censurar lo que se publica en internet y las redes sociales”. “Nosotros advertimos el riesgo que puede existir de que eso se convierta en un instrumento de censura o de persecución de periodistas. Nos resulta muy ambiguo, muy vago ¿qué es esto de las noticias falsas? o ¿qué esto de la información no objetiva? Entendemos que todas esas iniciativas (de control de internet) pueden ser totalmente incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, señaló a La Prensa Vladimir Cortés, oficial adjunto del Programa de Derechos Digitales de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Desde la perspectiva de OBSERVACOM, aún cuando hay dificultades para encontrar una forma de regulación adecuada para las plataformas de Internet y existen riesgos de intervenciones estatales abusivas en entornos problemáticos como el caso de Nicaragua donde hay múltiples antecedentes de intervenciones estatales contrarias a la libertad de expresión, no es aceptable claudicar en la búsqueda de regulación –inclusive de las plataformas en Internet- a través de reglas de juego democráticas para el funcionamiento de nuestras sociedades y la protección de los derechos de los usuarios de Internet.
“Ante el temor de intervenciones estatales abusivas y toda forma de censura, el mejor antídoto es el mismo que los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas han elaborado para guiar la protección de los derechos: las regulaciones deben cumplir con los estándares internacionales de libertad de expresión para ser legítimas. No debería ser distinto para abordar los debates regulatorios sobre Internet y los servicios OTT”, planteamos en el documento Claves de una regulación democrática de los servicios de internet (“over-the-top”) para garantizar una Internet libre y abierta y el pleno ejercicio de los derechos digitales y la libertad de expresión.
OBSERVACOM sostiene que los intermediarios deben estar sujetos a obligaciones públicas. En nuestra reciente contribución enviada al Relator Especial de Naciones Unidas, David Kaye, sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, con motivo de la consulta regional sobre regulación privada de contenidos en Internet, planteamos que “su participación de mercado [de los intermediarios] y su impacto en servicios esenciales como búsquedas, redes sociales y plataformas audiovisuales los dotan de un innegable dimensión pública y requiere, al menos, regulaciones que garanticen diversidad y pluralismo”.
Unas pocas plataformas en Internet tienen el control sobre el acceso a las ideas y opiniones que se podrán ver y compartir, dice fundador de Internet
02th Abr
EnActualidad - Ecuador
Twitter bloqueó y suspendió la cuenta de activistas políticos que publicaron información de interés público sobre el ex presidente Rafael Correa, según informó Fundamedios, porque la empresa considera que se violaron las reglas de privacidad al divulgar información privada de terceros.
Sin embargo, para OBSERVACOM se trata de un caso de censura privada que afecta a voces críticas sin cumplir con los estándares internacionales sobre las responsabilidades de los intermediarios.
Hace dos meses, Twitter dio de baja la cuenta de Fernando Villavicencio y, más recientemente, suspendió su segunda cuenta tras publicar que el ex presidente Rafael Correa, el ex secretario de inteligencia, Rommy Vallejo, y el funcionario Pablo Romero realizaban espionaje y persecución en su contra.
También fue bloqueada la cuenta de Martha Roldós (@martharoldos) por citar una carta de la esposa del ex presidente Rafael Correa en la que pedía a una empresa mexicana remover su información personal a cambio de un pago. A pesar de que Roldós borró el twitt a pedido de la red social, al día siguiente su cuenta fue suspendida de manera definitiva y se le advirtió que todas sus nuevas cuentas también serían suspendidas.
Los Relatores para la Libertad de Expresión de ONU, África, Europa y América han advertido sobre los riesgos la intervención de los intermediarios al limitar el acceso y difusión de contenidos en la red.
En su Declaración Conjunta de 2017 sobre libertad de expresión y “noticias falseas” recomiendan a las empresas intermediarias en Internet adoptar “políticas claras” basadas en “criterios objetivamente justificados” y no en metas ideológicas o políticas y, de ser posible, “adoptadas luego de una consulta con los usuarios”. También recuerda que los intermediarios, en tanto facilitan el ejercicio del derecho de libertad de expresión a través de las tecnologías digitales, tienen la responsabilidad de “respetar los derechos humanos” y advierte que “deberían observar las garantías mínimas de debido proceso, lo que incluye la notificación oportuna a los usuarios cuando los contenidos que hayan creado, cargado o alojado puedan ser objeto de una acción por contenidos” y dar al usuario la oportunidad de cuestionar la medida.
EnActualidad - Europa , Regulación
22th Dic
EnActualidad - Regional , Regulación
Se puede acceder al contenido completo de la carta aquí, así como es posible sumar su adhesión haciendo click al final del documento.
21th Dic
EnActualidad - Global , Mercado
Disney compra 21st Century Fox y apuesta a distribución de contenido OTT
Walt Disney Company anunció la adquisición de 21st Century Fox, que incluye la división de Cine y TV así como los negocios de TV por cable y señales internacionales por unos US$ 52.400 millones, de acuerdo con el comunicado de la compañía. Para completar la adquisición debe ser aprobada por las autoridades antimonopolio.
Así, Disney prepara el terreno para el lanzamiento de sus plataformas de streaming de video para competir con Netflix y los gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Amazon. Por un lado, a través del lanzamiento de la plataforma de deportes ESPN+ en 2018 y, por el otro, con un servicio aún sin nombre que tiene fecha para 2019 y contaría con los contenidos de Disney, Marvel, LucasFilm y Pixar.
Con la adquisición de 21st Century Fox, Disney -dueña también de la cadena de TV ABC, ESPN y Disney Channel- se quedará con los canales FX y National Geographic; con los programas de TV Los Simpsons, Modern Family, Padre de Familia, The Americans, Los expedientes X, Masterchef, entre otros; se convertirá en accionista mayoritaria de Hulu (60%), se quedará con el proveedor de TV paga Sky de Europa, Star de India y Endemol Shine Group. También obtendrá el estudio cinematográfico 20th Century Fox, con la franquicia de películas como El Planeta de los Simios, Avatar, El Día de la Independencia, La Era del Hielo, entre otras.
Para iniciar el proceso de adquisición creará una nueva compañía que escindirá a sus accionistas e incluirá las estaciones y redes de Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network, que no están incluidas en el acuerdo de adquisición de Disney.
“Nos sentimos honrados y agradecidos de que Rupert Murdoch nos haya confiado el futuro de los negocios que el construyó a lo largo de su vida y estamos emocionados con esta extraordinaria oportunidad de incrementar nuestro portafolio de tan amadas franquicias y contenido de marcas para mejorar nuestras ofertas directas a los consumidores. El trato permitirá también expandir nuestro alcance internacional, al permitirnos ofrecer historias de primera clase y plataformas de distribución innovadoras a más consumidores en mercados claves alrededor del mundo”, aseguró Robert A. Iger, Presidente y CEO de Disney.
EnActualidad - EEUU , Regulación
EnActualidad - Global , Regulación
EnActualidad - México , Regulación
Suprema Corte confirma competencia de jueces mexicanos para juzgar a Google aunque tenga sede en Estados Unidos
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que los jueces mexicanos tienen competencia para juzgar a cualquier empresa extranjera -incluidas las tecnológicas como Google- cuyos actos produzcan efectos en México, así como confirmó el principio “pro persona”, para priorizar la protección de las personas sobre las empresas, informó El Economista. De este modo, la Primera Sala habilita a los jueces del país para expedirse en la demanda por daño moral presentada por Richter Morales contra Google.
Richter Morales, abogado reconocido por representar a TV Azteca, entre otros, inició una demanda ante el Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México por daño moral contra Google, Google México y Lino Cattaruzzi [entonces director de Google México] tras haber solicitado la remoción de un blog difamatorio alojado en la plataforma Blogger.
Google presentó un recurso de amparo de revisión en el que sostuvo la falta de competencia de jueces mexicanos debido a que la compañía tiene sede en Estados Unidos, por lo tanto estaba fuera de su jurisdicción.
En octubre de este año, la compañía desistió de la medida y si bien el recurso quedó sin materia, la Suprema Corte igual debía expedirse sobre la competencia de jueces mexicanos en relación a compañías extranjeras.
EnActualidad - Argentina , Regulación
El proyecto sobre la “responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet” (ISP, por sus siglas inglés) iba a ser considerado hoy en la cámara de Diputados tras haber obtenido dictamen la semana pasada por parte de las Comisiones de Comunicaciones e Informática; de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Justicia, avalando lo aprobado en el Senado a fines de 2016. Según fuentes locales, la sesión se habría suspendido por presión de las entidades de derechos de autor y la Motion Pictures.
El proyecto, que alcanza a los proveedores de acceso, de almacenamiento, de publicación y alojamiento de contenidos, de comercio electrónico, y de búsqueda, retoma en términos generales los principios internacionales en la materia plasmados en los Principios de Manila y los estándares interamericanos en la materia, de forma de proteger a los intermediarios de presiones de autoridades estatales y otros actores privados. Reconoce que los ISP no son responsables por contenidos generados por terceros, estableciendo la obligación de cumplir con la remoción o bloqueo de contenidos siempre que medie una orden judicial, así como también determina que los ISP no están obligados a monitorear o supervisar los contenidos generados por terceros.
Sin embargo, plantea un controvertido artículo sobre “autorregulación” que se aleja no solo de los Principios de Manila sino además de los estándares internacionales sobre libertad de expresión al habilitar la censura privada. El artículo 7 reconoce expresamente, y sin restricción alguna, que cualquier empresa intermediaria podrá realizar el bloqueo y la remoción de contenidos así como la eliminación de perfiles y cuentas de usuarios, sin exigir el debido proceso, sin orden judicial, y por cualquier razón que libremente adopten las empresas, sólo por el hecho que un usuario haya incumplido sus términos de referencia o condiciones de servicio.
“Ninguno de los artículos de la presente ley podrá entenderse como una limitación a la capacidad de los Proveedores de Servicios de Internet de acordar libremente sistemas de autorregulación que: a) Establezcan mecanismos alternativos para la notificación, el retiro, bloqueo, suspensión y/o inhabilitación de acceso a contenidos que violen sus términos y condiciones de uso, en la medida en que dichos mecanismos hubieran sido informados a sus usuarios. b) Habiliten la suspensión o cancelación de los servicios brindados ante la violación de términos y condiciones de uso, en la medida en que las condiciones de dicha suspensión o cancelación hubieran sido informadas a los usuarios”, expresa el artículo 7 del proyecto.
De acuerdo con el Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, el proyecto de ley tiene aspectos ampliamente positivos para la libertad de expresión en Internet (que explican la férrea oposición de las empresas de defensa de los derechos de propiedad intelectual, entre otros) pero entiende que el artículo mencionado va en contra de esos principios que la ley pretende proteger, y debería ser quitado de la norma.
“Esto no es “autorregulación” como titula el artículo, es un “cheque en blanco” que permitirá cualquier forma de censura privada, incumpliendo todos los estándares que defendemos y los Principios de Manila sobre Intermediarios, entre otros”, sentencia Gómez. “Que esto ya funcione así, no convierte en aceptable que se avalen y legalicen estas prácticas, y mucho menos en los términos que lo está en esta ley”. “De la simple lectura del proyecto surge claramente que se le otorgará un poder ilimitado a los gigantes de Internet, en condiciones que jamás aceptaríamos de un gobierno, ni siquiera elegido democráticamente”, afirma.
A propósito de la gran capacidad de los intermediarios para afectar el libre flujo informativo, para ilustrar las posibles consecuencias para la Argentina y la región de la aprobación en el Congreso del artículo 7 del proyecto de ley, el Director Ejecutivo de OBSERVACOM destacó las recientes declaraciones del Presidente Ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt, quien señaló que penalizará a los medios oficialistas rusos Russia Today y Sputnik por la difusión de noticias falsas dándolos de baja o haciendo que sean menos relevantes en los resultados de búsqueda. “Si siguen desinformando va a ser peor. No queremos llegar a prohibir estos sitios… Estoy en contra de la censura y claramente a favor de modificar su peso. Entiendo que es legítimo preguntarnos cómo damos más importancia a A por encima de B, lo asumo”, afirmó Schmidt según El País.
Gómez manifestó su asombro con estas declaraciones porque “se trata de un anuncio, expreso y público, de la capacidad que tienen algunos intermediarios para afectar el libre flujo de contenidos informativos en Internet, con un alcance global nunca antes visto”.
El artículo 7 del proyecto de ley también fue analizado por la organización argentina, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que, si bien considera el proyecto como “un paso adelante”, advierte que “las disposiciones sobre autorregulación merecen un examen más cuidadoso, puesto que otorgan un ejercicio discrecional a las plataformas para que a través de sus términos y condiciones, puedan decidir sobre el contenido que circula en Internet, sin tener que dar cuenta de sus decisiones ante los poderes públicos. Esto puede resultar un grave problema en caso de que una mala aplicación de las mismas de lugar a afectaciones a la libertad de expresión de las personas que habitualmente se comunican a través de Internet”.
En cambio, otras organizaciones sociales, entre las que se encuentran Access Now, Public Knowledge, Fundación Vía Libre y el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad, firmaron una carta en la que ratificaron los principios establecidos y recomendaron la aprobación de la ley, más allá de algunas prevenciones expresadas en ámbitos privados con la disposición mencionada.
“Los intermediarios juegan un rol crucial en el ejercicio de derechos fundamentales en Internet y por lo tanto, se debe amparar a la ciudadanía de cualquier regulación que desnaturalice su función y les otorgue potestades de remoción de contenidos que son exclusivas del Poder Judicial. Nunca debe ser el Sector Privado el encargado de dirimir la legalidad o no de la información publicada por un usuario de Internet”, señala la carta. OBSERVACOM ha señalado que el artículo 7 anula estos principios, avalando una actuación de los gigantes de Internet contraria a estos principios.
Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) celebró la aprobación del proyecto en forma integral. “De aprobarse, esta Ley otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y permitirá fomentar la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet”, señala el comunicado.
Contrariamente, la iniciativa fue resistida por la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Cámara Argentina de Publicaciones, quienes consideraron que se vulnerarían los derechos de autor por no poder contar con un sistema adecuado para evitar la piratería en Internet, según informó Revista Fibra.
EnActualidad - Venezuela , Regulación
Relatoría de OEA y organizaciones sociales expresan “grave preocupación” por Ley contra el Odio en Venezuela
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” por la aprobación de la “Ley contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La normativa “establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, señala el comunicado.
La Relatoría “considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada y desarrollen una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia por razones discriminatorias o aquellas expresiones que inciten a la violencia, a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos y rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.
A partir del análisis del texto, la Relatoría pone especial énfasis en los artículos 20, 22 y 23. El primero prevé sanciones de 10 a 20 años de prisión para quien, por cualquier medio, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupos y establece que se trata de delitos imprescriptibles. En el artículo 22 se prevé la revocación de concesiones a prestadores de radio o TV que difundan mensajes de apología al odio de cualquier tipo, así como multas de 50 mil a 100 mil unidades tributarias a la persona jurídica responsable de redes sociales y medios electrónicos que no retiren los mensajes de este tipo en las seis horas siguientes a la publicación. Por su parte, el artículo 23 determina sanciones para prestadores de radio y TV de entre 3 y 4% de sus ingresos brutos si incumplen con la obligación de ceder espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes “que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia”.
La Relatoría señala que “en un primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”.
El 8 de noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Una semana más tarde, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó una acuerdo en el que rechaza la normativa ya que considera que el texto penaliza la disidencia política y viola el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Además consideran que la ANC no tiene funciones legislativas, por lo tanto, la normativa sería nula.
Distintas organizaciones sociales -entre las que se encuentran IPYS y Espacio Público de Venezuela, ADC de Argentina y Derechos Digitales- también rechazaron la Ley que, desde su perspectiva “constituye un grave antecedente para iniciativas similares que vulneran la libertad de expresión en otros países de América Latina”.
“Manifestamos nuestra preocupación ante el creciente deterioro de la libertad de expresión en línea en Venezuela… Exigimos la no aplicación y anulación de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” en Venezuela, por ser contraria a los parámetros establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos en relación con las garantías a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso”, concluye el comunicado de las organizaciones.
CIDH cuestiona cierre de 50 medios de comunicación en Venezuela
Tribunal Supremo anuló reformas de la Ley de Telecomunicaciones

References: Artículo 19
 Artículo 19
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
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 artículo 7
 artículo 22
 artículo 23