Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831054.html
Timestamp: 2019-09-15 20:15:16+00:00

Document:
se201831054
Expediente : 253/2016-CA
Demandante : Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Pronunciado dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 26, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, representada por Juana Maribel Sea Paz en su condición de Gerente Distrital contra la AGIT; impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2016 de 12 de julio; el decreto de admisión (fs. 29); la contestación a la demanda, de fs. 38 a 45; la réplica (fs. 88 a 93); la dúplica (fs. 115 a 123); el decreto de Autos para Sentencia (fs. 129); los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:
El 25 de abril de 2014, la Administración Tributaria (AT) emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida (RADI) Nº 21-0007-2014, que estableció como importe indebidamente devuelto, el monto de UFVs.408.574.-, equivalente a Bs.791.510.-, por los conceptos señalados en dicha determinación, por los periodos abril a mayo de 2010, al contribuyente Compañía Minera COLQUIRI S.A.; que fue notificado con este acto administrativo, el 2 de junio de 2014, interponiendo recurso de alzada, fue resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0636/2015 de 3 de agosto, confirmando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida impugnada; en merito a ello, el contribuyente formuló recurso jerárquico, emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre, confirmando la determinación asumida en alzada, por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, manteniéndose firme y subsistente la RADI Nº 21-0007-2014.
En cumplimiento de la RADI Nº 21-0007-2014 de 25 de abril, que en su cláusula resolutiva cuarta, instruyó tramitar por cuerda separada el procedimiento sancionador contra el contribuyente Compañía Minera COLQUIRI S.A., al encontrarse su conducta prevista en el art. 165 del Código Tributario Boliviano (CTB), como contravención de omisión de pago; se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0624-2015 de 30 de octubre, resolviendo el iniciar el proceso sumario contra el contribuyente Compañía Minera COLQUIRI S.A., al existir indicios de la contravención de omisión de pago, otorgando 20 días, a partir de la notificación para presentar descargos.
Posterior a ello, la AT emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0460-2015 de 24 de diciembre, que resolvió calificar la conducta del contribuyente Compañía Minera COLQUIRI S.A., como omisión de pago, previsto por el art. 165 del CTB, sancionada con una multa de UFVs.358.179.- correspondiente al 100% del monto calculado para la deuda tributaria.
Notificado el contribuyente el 29 de diciembre de 2015, con la determinación asumida por AT, interpuso recurso de alzada, resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0360/2016 de 25 de abril, que anuló obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0624-2015 de 30 de octubre, debiendo aguardar previo a continuar el procedimiento sancionatorio, los resultados de la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre.
En conocimiento de esta decisión la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, interpuso recurso jerárquico; resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2016 de 12 de julio, confirmando la Resolución de Alzada recurrida; ante tal determinación la entidad ahora demandante interpone la presente demanda Contenciosa Administrativa.
De la revisión de la menciona demanda, se extrae como agravios del mismo los siguientes:
Alega que, la AGIT realiza una incorrecta interpretación de los antecedentes, e incurre en errónea aplicación del art. Art. 36-II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que estable que solo se determinara la nulidad cuanto el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, así como del art. 55 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), que señala que un acto es anulable cuando el vicio ocasione indefensión o lesión el interés público; y el hecho de que el contribuyente haya interpuesto una demanda contenciosa administrativa con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre, que confirmó la resolución administrativa de devolución impositiva, no significaría que el inicio del proceso sancionador instruido en ese acto, dependa de una resolución final de la demanda contenciosa, al ser un proceso que se tramita de forma paralela y por cuerda separada al de la deuda principal.
Conforme a las normas citadas sobre la anulabilidad y nulidad de los actos, debe existir un vicio que genere indefensión, no proceden por sí mismas, así lo dispuso la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el AS Nº 23 de 29 de febrero de 2012, que señalan los principios que deben regir para la nulidad; asimismo, menciona la Sentencia Nº 196 de 23 de julio de 2012, como la Sentencia Nº 12 de 7 de marzo de 2016, emitidas por el indicado Tribunal colegiado, que afirma, la primera que toda nulidad de procedimiento recae ante la falta de ejercicio a la defensa o vulneración al debido proceso, por lo que, debe demostrarse que se provocó indefensión del administrado, y la segunda considera que la nulidad de la resolución jerárquica no se encuentra sustentada, si no existe vicio que involucre la indefensión y lesione los intereses del sujeto pasivo.
Respecto a la firmeza de la resolución jerárquica, el art. 131 del CTB, señala que la interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la AT por el contribuyente, por lo que, al no solicitarse la respectiva suspensión de la ejecución tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015, tendrían potestad para iniciar el cobro del monto indebidamente devuelto, así como iniciar paralelamente el proceso sancionador por omisión de pago; además, en la impugnación de la RADI Nº 21-0007-2014 de 25 de abril, el contribuyente no reclamó la cláusula tercera de la parte resolutiva, sumándose el hecho que al solicitar facilidades de pago el 23 de diciembre de 2015, asumió y reconoció la comisión de la contravención.
Considera que debe tenerse presente, que la fase de impugnación culminó en sede administrativa, y la interposición de una demanda contenciosa administrativa contra la resolución jerárquica que confirma la RADI Nº 21-0007-2014, no suspende las facultades de la AT para iniciar el procedimiento sancionador de la contravención tributaria, en ese sentido, el argumento de que este acto administrativo no gozaría de firmeza, es errado.
Al respecto el art. 108 del CTB, que establece cuales son los títulos de ejecución tributaria, en su parágrafo I numeral 4, señala a la resolución que se dicte para resolver el recurso jerárquico; disposición que guarda relación con el art. 131 de la misma norma sustantiva tributaria, así como con el art. 25 del D.S. 27350 de 2 de febrero de 2004; debiendo tenerse presente que los términos jurídicos firmeza y cosa juzgada, si bien guardan relación poseen particularidades diferentes, la firmeza de la resolución jerárquica es otorgada al ser una determinación que concluye un proceso administrativo, no existiendo recurso posterior en la misma vía, y la cosa juzgada se obtiene a través de la impugnación judicial e inclusive constitucional, conforme señala la SCP 1892/2013 de 29 de octubre.
Arguye también, que la AGIT al emitir la resolución jerárquica impugnada, no cumple con lo establecido en el art. 211-III del CTB, respecto al derecho aplicable que justifique su dictado, al tomar como base de anulación los arts. 36-II de la LPA y 55 del RLPA, que constituyen una excepción y debe necesariamente demostrarse el estado de indefensión ocasionado al procesado; omitiendo aplicar el principio de trascendencia al confirmar la anulación determinada en la resolución de alzada, conforme se establece en la SC 1262/2004-R de 10 de agosto de 2004 y la SCP 0876/2012 de 20 de agosto.
Concluye solicitando se declare probada la demanda, disponiendo se “revoque totalmente” la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2016 de 12 de julio; y, en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00460-2015 de 24 de diciembre.
Mediante Decreto de 17 de octubre de 2016, cursante a fs. 29, se admitió por esta Sala la presente demanda contenciosa administrativa, de conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del CPC y 2-2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y se corrió traslado al demandado, a efectos de su citación se ordenó se libre la provisión citatoria correspondiente, encomendando su ejecución al Presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; también se ordenó la notificación de la Compañía Minera COLQUIRI S.A., en su calidad de tercer interesado.
La AGIT representada legalmente por Daney David Valdivia Coria, mediante memorial cursante de fs. 38 a 45, responde negativamente a la demanda contenciosa administrativa presentada por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, indicando que: no se puede tomar en cuenta el fundamento de la demanda, que se reduce a una simple e infundada expresión de inconformidades, intentando que se pase por alto el derecho a la defensa del sujeto pasivo, como el debido proceso y principio de legalidad; no se expone razonamientos de carácter jurídico, por los cuales creé que su pretensión no fue valorada correctamente por la AGIT, carga argumentativa que no puede suplir el Tribunal.
Sin perjuicio de lo señalado, indica que, si bien la AT está facultado para ejecutar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre, al tenor de lo dispuesto en el art. 108-I-4) del CTB, pero se debe considerar que mediante la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el contribuyente, se cuestionó los alcances de la indica determinación jerárquica, y la sentencia que se emita definirá si existe o no un monto indebidamente devuelto al contribuyente y su cuantía, y no hay duda de que los resultados de esa demanda tendrán directa incidencia en la sanción por omisión de pago.
La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013, en su art. 11 parágrafo II numeral 3, determina que el procedimiento sancionador se iniciará una vez que la resolución administrativa adquiera firmeza, considerando la suspensión del término de la prescripción, de acuerdo al art. 62 del CTB, y si bien la fase de impugnación administrativa concluyó con la resolución jerárquica AGIT-RJ 1784/2015, que declaró firme y subsistente la RADI Nº 21-0007-2014 de 25 de abril, y la ley reconoce a este acto administrativo la ejecutividad, no es menos cierto que esta decisión final, se encuentra cuestionada judicialmente debido a la presentación de la demanda contenciosa interpuesta por el sujeto pasivo, por lo que, la instauración del proceso sancionatorio por omisión de pago, está condicionado a los resultados de la demanda contenciosa administrativa, sin embargo la AT en desconocimiento de su propia normativa, inició el proceso sancionador sin haber considerado la suspensión a la prescripción prevista en la RND 10-0005-13. Así también el sujeto pasivo, en el término de descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional, mediante nota hizo constar que aún se encontraba en plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa, conforme prevé el art. 2 de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005.
Las nulidades procesales tienen como misión esencial, enmendar perjuicios efectivos, que surgidos de la desviación de las reglas pueden generar indefensión, como la inobservancia del debido proceso, el art. Art. 36-I de la LPA, estable que serán anulados los actos cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, así como el art. 55 del RLPA, señala que un acto es anulable cuando el vicio ocasione indefensión o lesión el interés público, en el caso se evidencia que al iniciar el proceso sancionador por omisión de pago, sin que la RADI Nº 21-0007-2014 cuente con la calidad de firmeza, al haber sido objeto de una demanda contenciosa administrativa, la resolución jerárquica que la confirma, por lo que, el acto inicial carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin dando lugar a la indefensión del interesado.
Señala también que, la resolución jerárquica impugnada se pronunció sobre todos los aspectos y cada uno los motivos observados por las partes, identificando los puntos de controversia, desarrollando en los fundamentos técnico jurídicos los aspectos cuestionados de la resolución de alzada recurrida, en el marco de las atribuciones conferidas par el art. 139-b) y 144 del CTB, cumpliendo con el art. 211 de esa norma sustantiva tributaria.
Solicita declarar improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN; en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2016 de 12 de julio.
La Gerencia Distrital de La Paz II del SIN, por memorial de fs. 88 a 93, presento réplica, reiterando los argumentos de la demanda como de su petitorio; la AGIT, por memorial cursante de fs. 115 a 123, presentó dúplica, ratificando su posición de declarar improbada la demanda contenciosa administrativa.
Reconocida la competencia de esta Sala para la resolución de este tipo de controversias, de conformidad al art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014; en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439; y, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo como juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Luego de los trámites correspondientes conforme se desprende de los antecedentes; se pasa a resolver el fondo de la causa de conformidad a los puntos traídos en la demanda, en los siguientes términos:
La controversia radica en que, la AGIT en la resolución jerárquica impugnada (AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre), confirmó la determinación asumida por la ARIT-La Paz, de anular el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0624-2015 de 30 de octubre, al estar previsto el inicio de este proceso sancionador, por contravención tributaria de omisión de pago, en la cláusula cuarta de la parte resolutiva de la RADI Nº 21-0007-2014 de 25 de abril, acto administrativo que a consideración de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), tanto de la regional de La Paz, como la general, no estaría en calidad de cosa juzgada ni adquirió firmeza, al estar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre, que la confirmó, sometida a una demanda contenciosa administrativa, debiendo esperar el resultado de la misma, para proceder al inicio del proceso sancionador determinado en la RADI indicada; y, a consideración de la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, la resolución de recurso jerárquico, es un título ejecutable, y no se suspende su aplicación con la interposición de la demanda contenciosa administrativa, además, el proceso que se inicia se lo hace de manera separada y paralelamente.
Para determinar si se efectuó una correcta o incorrecta aplicación de la normativa aludida, por parte de la AGIT, debemos señalar que: el art. 108 del CTB, cuyo nomen juris es “Títulos de Ejecución Tributaria”, establece que: “La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico”, determinando de manera expresa en su numeral 4, que la resolución que se pronuncia como resultado de un recurso jerárquico, constituye un título de ejecución tributaria y la suspensión de la ejecución tributaria esta reglada en el art. 109 del CTB, que se refiere a la autorización de un plan de facilidades de pago, o bien cuando el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Así también, el art. 55-I de la LPA, señala: “Las resoluciones definitivas de la Administración Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso”, estipulando que las resoluciones en las cuales no proceda un mecanismo de impugnación, dentro del mismo ámbito administrativo, al ser actos definitivos, una ves notificados tienen fuerza ejecutiva, exceptuándose los casos de suspensión de dicha cualidad ejecutiva, conforme a lo previsto en el parágrafo II de este mismo artículo, que prevé: “Se exceptúan de lo dispuesto en el numeral anterior los casos en los que se suspenda la ejecución de acuerdo con el numeral II del Artículo 59º de esta Ley, y aquellos otros en los que se necesite aprobación o autorización superior”.
Ahora el art. 59 de la LPA, establece: “(Criterios de Suspensión): I. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano administrativo competente para resolver el Recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, por razones de interés público o para evitar grave perjuicio al solicitante”, lo cual señala que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, asimismo estipula que el órgano administrativo competente para resolver el recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, excepto en dos casos claramente determinados: por razones de interés público y para evitar grave perjuicio al solicitante.
La normativa señalada establece, que la resolución emitida producto de un recurso jerárquico, una vez notificado adquiere la calidad de título ejecutivo, y las normas que señalan las excepciones o suspensión de la fuerza ejecutiva referidas, son de carácter facultativo y no imperativo, y no establecen como criterio de suspensión o excepción, la impugnación de la resolución jerárquica, en la vía jurisdiccional a través de la demanda contenciosa administrativa, por lo que, la resolución definitiva pronunciada en sede administrativa (la resolución jerárquica), adquiere fuerza ejecutiva una vez que ha sido notificada.
En ese mismo orden, el art. 131 del CTB, dispone, que: “(…) La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes. Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la ejecución tributaria de la deuda impaga” (el subrayado es añadido), de donde se concluye que la presentación del proceso contencioso administrativo contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1784/2015 de 19 de octubre, no suspende la ejecución de la misma, en consecuencia la RADI Nº 21-0007-2014 de 25 de abril, que fue confirmada por este último acto administrativo, es plenamente ejecutable, al haber culminado y haberse agotado la vía administrativa con la determinación jerárquica que la confirma, conforme dispone el art. 199 del CTB, en su última parte: “La Resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico agota la vía administrativa”, por lo tanto, adquiere firmeza administrativa, si bien puede ser objeto de impugnación, a través de la demanda contenciosa administrativa, para un control jurisdiccional de ese acto, no pierde la calidad de firmeza que tiene, y de título ejecutivo conforme a la normativa señalada precedentemente, llegando a adquirir con la determinación que resulte de la demanda, calidad de cosa juzgada material.
En ese sentido, se concluye que la interposición del proceso contencioso administrativo no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico, conforme determina el art. 131 del CTB, y solo podrá ser suspendida a solicitud expresa del sujeto pasivo interesado, en un plazo de 5 días de su notificación, que deberá ofrecer garantías suficientes y compromiso de constituirlas dentro de los 90 días, conforme prevé el indicado precepto, aspecto que no se evidencia en el presente caso, aplicando erróneamente la AGIT esta normativa, que tiene relación con el art. 25 del D.S. 27350 de 2 de febrero de 2004, que señala: “Las resoluciones dictadas resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria conforme al Artículo 108 del Código Tributario Boliviano, serán ejecutadas, en todos los casos, por la Administración Tributaria”.
En cuanto a la RND 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013, titulado “Reglamento a la aplicación operativa del procedimiento de determinación”, su art. 11 parágrafo II numeral 3), señala: “El procedimiento sancionador se iniciará una vez que la Resolución Administrativa adquiera firmeza, considerando la suspensión del término de la prescripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley Nº 2492”, como se consideró precedentemente, la resolución emitida en instancia jerárquica, adquiere firmeza al agotarse la vía administrativa con dicho acto.
Conforme a estas consideraciones, la AT está facultada para iniciar el sumario contravencional establecido en la cláusula resolutiva cuarta de la RADI Nº 21-0007-2014 de 25 de abril, al considerarse la resolución jerárquica un título ejecutivo que adquirió firmeza conforme a la normativa desarrollada.
Ahora, el art. 36-II de la LPA, establece: “No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”, aspecto que no se cumplió en el presente caso, en razón a que, a consideración de la AGIT el requisito formal indispensable seria, que la RADI Nº 21-0007-2014 que dispone se inicie un proceso sumario contravencional por omisión de pago, no tiene calidad de firmeza, y conforme se desarrolló en el presente fallo, la resolución jerárquica que confirma la RADI indicada, adquirió esa calidad y es considerada título ejecutivo, y además, el requisito formal del cual debe carecer un acto administrativo, para ser susceptible de anulabilidad, debe ser uno indispensable para alcanzar su finalidad o que dé lugar a la indefensión del interesado, aspecto que no se acredito por la AIT, ya que el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0624-2015 de 30 de octubre, cursante de fs. 55 a 56 del anexo 1, cumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, dando a conocer al sujeto pasivo del inicio del proceso y las razones por las cuales se le esta iniciando el mismo, para que asuma defensa, dando el plazo correspondiente y establecido por ley, para presentar descargos, dando la oportunidad de asumir defensa sobre la sindicación efectuada en su contra, no generando indefensión en el contribuyente.
Asimismo, el art. 55 de la RLPA, señala: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”, aspectos que no se mostraron en el caso presente; en consecuencia, se concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2016 de 12 de julio, interpretó erróneamente los alcances de los arts. 108, 131 del CTB, 36-II de la LPA, art. 11 parágrafo II numeral 3) de la la RND 10-0005-13.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 26, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz II del SIN; en consecuencia se DEJA SIN EFECTO la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0766/2016 de 12 de julio, y la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0360/2016 de 25 de abril; manteniendo firme y subsistente el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0624-2015 de 30 de octubre, y la Resolución Sancionatoria Nº 18-0460-2015 de 24 de diciembre.
Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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 Artículo 59
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 Artículo 108
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 Artículo 62
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 artículo 2
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