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BOE.es - Documento BOE-A-2012-404
Documento BOE-A-2012-404
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2012, páginas 1499 a 1516 (18 págs.)
BOE-A-2012-404
El Reino de España y la República de Singapur, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, han acordado lo siguiente:
(a) en Singapur:
– el Impuesto sobre la Renta (denominado en lo sucesivo «impuesto singapurense»);
(iv) los impuestos locales sobre la renta (denominados en lo sucesivo «impuesto español»).
(a) el término «Singapur» significa la República de Singapur y, utilizado en sentido geográfico, incluye su territorio, sus aguas internas y su mar territorial, así como las áreas marítimas exteriores al mar territorial que se hayan designado o puedan designarse en el futuro en virtud de su Derecho interno, conforme con el Derecho internacional, como área sobre la que Singapur pueda ejercer derechos de soberanía y jurisdicción respecto del mar, el fondo marino, su subsuelo y sus recursos naturales;
(c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Singapur, según el contexto;
(i) en Singapur: el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
(ii) en España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
(j) el término «nacional», en relación con un Estado contratante, significa:
(i) una persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de ese Estado contratante;
(ii) una persona jurídica, sociedad de personas (partnership) o asociación constituida conforme a la legislación vigente en ese Estado contratante;
(k) a expresión «actividad económica» incluye la prestación de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas, entidades locales o entidades públicas.
(d) en cualquier otro caso, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.
3. Una obra, un proyecto de construcción, instalación o montaje, o unas actividades de inspección in situ relacionadas con ellos, constituyen un establecimiento permanente únicamente cuando la duración de dicha obra, proyecto o actividades exceda de doce meses.
(d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recabar información, para la empresa;
(f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados (a) a (e), con la condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
4. A los efectos de este artículo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional comprenden:
(a) los beneficios del alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves; y
(b) los beneficios de la utilización, mantenimiento o alquiler de contenedores (comprendidos los tráileres y equipos relacionados con el transporte de los contenedores), utilizados para el transporte de bienes o mercancías;
cuando dicho alquiler, o utilización, mantenimiento o alquiler, según corresponda, sean una actividad auxiliar de una empresa que explota los buques o aeronaves en tráfico internacional.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales se ha sometido a imposición a una empresa del otro Estado contratante en ese otro Estado, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante, o las distribuciones efectuadas con cargo a entidades cotizadas de inversión inmobiliaria constituidas en virtud de la legislación de un Estado contratante, a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos o distribuciones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos, y según la legislación de ese Estado, o en el Estado cuya legislación haya regido la constitución de la entidad cotizada de inversión inmobiliaria que hace la distribución, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos o de la distribución es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder:
(a) en el caso de los dividendos:
(i) del 0 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
(ii) del 5 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos;
(b) en el caso de distribuciones efectuadas con cargo a entidades cotizadas de inversión inmobiliaria:
del 5 por ciento del importe bruto de la distribución si el beneficiario efectivo posee, directa o indirectamente, menos del 10 por ciento del valor del capital aportado a dicha entidad.
Este apartado no afecta a la imposición de los beneficios de la sociedad o de la entidad cotizada de inversión inmobiliaria con cargo a los que se pagan los dividendos o se realiza la distribución.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los intereses.
(a) es ese Estado, una subdivisión política o una entidad local del mismo, el Banco Central, u otra entidad pública;
(b) los intereses los paga el Estado del que proceden o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o una entidad pública;
(c) los intereses los paga una institución financiera de un Estado contratante a una institución financiera del otro Estado contratante;
(d) es un fondo de pensiones aprobado a efectos fiscales por ese Estado y la renta de dicho fondo está, en términos generales, exenta de imposición en ese Estado;
(e) los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito
(i) debido a un organismo de crédito a la exportación de ese Estado, subdivisión política, entidad local o entidad pública; o concedido, otorgado, garantizado o asegurado por cualquiera de los anteriores.
(ii) garantizado o asegurado por ese Estado, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública;
(f) es una institución que el Estado contratante posee total o mayoritariamente, según acuerden las autoridades competentes de los Estados contratantes, cuando corresponda, y
(g) es el Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd.
4. El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.
6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o las películas o cintas utilizadas para su emisión por radio o televisión, de programas informáticos, patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento permanente.
4. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
5. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, cuyo valor proceda en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, este apartado no será aplicable a:
(a) las ganancias derivadas de la enajenación de acciones en una sociedad cotizada en un mercado de valores reconocido de uno o de ambos Estados contratantes;
(b) las ganancias derivadas de la enajenación de participaciones en una entidad de inversión inmobiliaria cotizada en un mercado de valores reconocido de uno o de ambos Estados contratantes, cuando el enajenante no haya poseído más del 25 por ciento de las participaciones en dicha entidad en ningún momento durante el período de 24 meses inmediatamente precedente a la enajenación de dichas participaciones; y
(c) las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones en una sociedad u otros intereses en una sociedad de personas cuando el valor de los bienes inmuebles en los que desarrolla una actividad industrial constituye más del 50 por ciento del valor de su activo.
(b) las remuneraciones se pagan por un empleador que no sea residente del otro Estado, o en su nombre, y
(c) las remuneraciones no las soporta un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista o deportista estarán exentas en el Estado contratante en que se realicen dichas actividades cuando estas se financien íntegra o básicamente con fondos públicos de uno o de ambos Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, o de una entidad pública, y se realicen al amparo de un convenio de colaboración entre los dos Estados contratantes.
1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. (a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, todo importe retirado por un residente de un Estado contratante de un plan de ahorro complementario constituido en el otro Estado contratante puede someterse a imposición en el segundo Estado contratante, siempre que:
(a) dicho segundo Estado contratante haya otorgado una deducción sobre las aportaciones realizadas al plan de ahorro complementario; y
(b) el importe retirado no esté comprendido en el ámbito del artículo 17 (Pensiones).
(a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Singapur, España permitirá:
(i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Singapur;
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en Singapur.
2. En Singapur, la doble imposición se evitará como sigue:
(a) Cuando un residente de Singapur obtenga rentas procedentes de España que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en España, Singapur, con arreglo a sus disposiciones relativas a la imputación contra el impuesto singapurense del impuesto pagado en cualquier país distinto de Singapur, admitirá la deducción del impuesto español pagado, bien directamente o como deducción, contra el impuesto singapurense debido en relación con las rentas de ese residente.
(b) Cuando dichas rentas consistan en dividendos pagados por una sociedad residente de España a una sociedad residente de Singapur que posea directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad mencionada en primer lugar, la deducción se calculará teniendo en cuenta el impuesto español pagado por esa sociedad respecto de la parte de sus beneficios con cargo a la que se pagan los dividendos.
(c) Cuando un residente de Singapur obtenga rentas procedentes de España, Singapur, previa satisfacción de las condiciones determinadas para la exención de rentas procedentes de fuente extranjera en los artículos 13(7A), 13(8) y 13(12) de la Ley del Impuesto sobre la Renta singapurense, Capítulo 134, edición revisada de 2008, exonerará dicha renta de imposición en Singapur.
1. Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder:
(a) a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes; o
(b) a los nacionales del otro Estado contratante, aquellas deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios nacionales que no sean residentes de ese Estado, o a aquellas otras personas que determine la legislación fiscal de ese Estado.
5. Cuando un Estado contratante conceda incentivos fiscales a sus nacionales, orientados a promover el desarrollo económico o social de acuerdo con su política y criterios nacionales, estos no se considerarán discriminatorios en virtud de este artículo.
6. Las disposiciones de este artículo se aplican a los impuestos objeto del presente Convenio.
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
(i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o debidas a no residentes, desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
(ii) en relación con otros impuestos, a los ejercicios fiscales que comiencen desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor; y
(iii) en todos los restantes casos, desde el 1 de enero de año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
(b) en el caso de Singapur:
(i) en relación con los impuestos exigibles en cualquier ejercicio de liquidación que comience desde el 1 de enero del segundo año civil siguiente al año en el que el Convenio entre en vigor;
(ii) en todos los restantes casos, desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá proceder a su denuncia mediante notificación dirigida al otro Estado contratante, por conducto diplomático, al menos con seis meses de antelación al final de cualquier año civil que comience una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
(ii) en relación con otros impuestos, sobre los ejercicios fiscales que comiencen a partir de la conclusión de ese año civil; y
(iii) en todos los restantes casos, a partir del final de ese año civil;
(i) en relación con los impuestos exigibles en cualquier ejercicio de liquidación que comience desde el 1 de enero del segundo año civil siguiente al año en el que el que se notifique la denuncia;
(ii) en todos los restantes casos, desde la conclusión de ese año civil.
Hecho por duplicado en Singapur el 13 de abril 2011 en las lenguas española e inglesa, siendo ambos los textos igualmente auténticos.
Ministro de Estado, Ministerio de Trabajo
y Ministerio de Comercio e Industria
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:
(a) El presente Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la prevención de la evasión y elusión fiscales.
(b) Los Estados contratantes entienden que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables al tratamiento de tales abusos.
(c) El presente Convenio no impedirá a los Estados contratantes aplicar sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company rules» (CFC).
(d) Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplican cuando el fin primordial de cualquier persona relacionada con la creación o cesión de las acciones u otros derechos que generen la participación en los dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o cesión del derecho que genera los cánones, sea el de conseguir los beneficios contenidos en estos artículos mediante dicha creación o cesión.
2. En relación con el presente Convenio:
La expresión «entidad pública» significa una entidad constituida por precepto legal en un Estado contratante, en una subdivisión política o entidad local, y que desarrolla funciones que de otro modo hubieran sido competencia de la Administración de ese Estado contratante.
3. En relación con el apartado 2 del artículo 10 (Dividendos) y el apartado 5 (b) del artículo 13 (Ganancias de capital), se entenderá que la expresión «entidad cotizada de inversión inmobiliaria» significa:
(a) en Singapur: un fideicomiso constituido como instrumento de inversión colectiva, aprobado en virtud del artículo 286 de la Securities and Futures Act (Ley de Valores y Futuros), capítulo 289, que cotiza en el Mercado de Singapur (Singapur Exchange), y que invierte o tiene como objetivo invertir en bienes inmuebles y en activos relacionados con bienes inmuebles;
(b) en España, las Sociedades Anónimas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), reguladas mediante Ley 11/2009.
4. En relación con el presente Convenio:
(a) cuando este Convenio establezca (con la concurrencia o no de otras condiciones) que la renta de fuente española estará exenta de imposición en España, o se gravará a un tipo reducido, y de acuerdo con la legislación vigente en Singapur dicha renta esté sujeta a imposición por razón de aquella parte de la misma que se remita a Singapur, o que se perciba en Singapur, y no sobre el total de la misma, la exención o reducción impositiva concedida en virtud del presente Convenio en España se aplicará únicamente a aquella parte de la renta remitida a Singapur o que allí se perciba.
(b) No podrá interpretarse que el subapartado (a) anterior se aplica:
(i) cuando Singapur considere exentas las rentas a las que se hace referencia en el apartado 2(c) del artículo 21; en ese caso la exención o reducción impositiva concedida en virtud del presente Convenio en España se aplicará al importe de la renta procedente de fuente española exenta en Singapur; y
(ii) a la renta obtenida por el Estado de Singapur, sus entidades públicas, el Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd, el Banco Central de Singapur, o por aquellas personas que determinen mediante acuerdo las autoridades competentes de los Estados contratantes.
5. En relación con el artículo 24 (Intercambio de información):
(a) Cada Estado contratante garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 24 (Intercambio de información), sus autoridades competentes están facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento, información relativa a la propiedad legal y efectiva de cualquier persona.
(b) La autoridad competente de un Estado contratante remitirá al otro Estado contratante la información solicitada tan pronto como sea posible.
(c) El tiempo que transcurra desde la petición de la información hasta su recepción por el Estado contratante que la solicitó no será considerado a los efectos del cálculo de los límites temporales previstos en la legislación fiscal española respecto de los procedimientos fiscales de la Administración Tributaria.
6. En relación con el artículo 26 (Entrada en vigor), se entenderá que lo dispuesto en el artículo 24 (Intercambio de información) del Convenio, permite el intercambio de información respecto de cualquier ejercicio fiscal determinado conforme a la legislación del Estado contratante que la solicite.
Madrid, 22 de diciembre de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 22 de diciembre de 2011.

References: artículo 17
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 286
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 24
 Resolución