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Timestamp: 2020-05-31 01:06:05+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 109-1, de 24/03/2017
cve: BOCG-12-B-109-1
Núm. 109-1
Presentada por el Parlamento Vasco.
Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco-Parlamento.
En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943.
Se ha probado científicamente que existe una relación directa ente el consumo de amianto y el mesotelioma. En estudios recientes (ChériéCharline en 2012) se señala que en Francia actualmente se diagnostican unos 1.000 mesoteliomas de promedio al año. Por ello, se estima que, si el consumo ha sido un 30 % inferior, podríamos afirmar que estaríamos en torno a los 700 mesoteliomas de promedio por año.
Esta situación es similar a la existente en otros países de la Unión Europea, y, no obstante, a pesar de ello, España no cuenta aún con un fondo de compensación.
De estos datos se puede deducir que hasta 2023 seguiremos con un número ascendente de casos, lo que pone más en evidencia la necesidad de poner en marcha en nuestro país un fondo de compensación como los existentes en Francia, Holanda o Bélgica. A partir del 2023 se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia descendente. Estas son las previsiones.
Los daños sufridos están derivando en una gran cantidad de litigios. Ello hace necesaria la creación de un fondo de compensación sin culpa.
La litigiosidad fundamental se refiere o afecta a trabajadores que hayan podido estar en relación con el amianto. Y además hay que tener en cuenta los contactos fuera del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar (por lavado de ropa en casa) o ambiental, que no regula ahora el sistema.
A diferencia de los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales los daños no son instantáneos, aparecen años más tarde, y en el caso del amianto décadas más tarde, cuando muchas empresas han desaparecido. No obstante, todos los datos anteriormente señalados ponen de manifiesto que afecta a un número de trabajadores suficientemente significativo como para poder justificar el establecimiento de un fondo de compensación.
Así, el principal problema es que muchas empresas donde se produjo la exposición ya han desaparecido cuando la enfermedad se manifiesta, dado que podemos estar hablando de exposiciones que se produjeron de 20 a 50 años antes. O que los trabajadores han podido prestar servicios en diferentes empresas a lo largo de su vida laboral, lo que dificulta la identificación de la exposición concreta que generó la enfermedad. Ello supone una dificultad añadida en la identificación de las empresas responsables del pago de las indemnizaciones que pueden corresponder a los afectados.
Muchas de esas empresas han podido sufrir con el paso del tiempo reconversiones, escisiones, absorciones, cambios de denominación o traslado de actividades, que además pueden dificultar sobremanera la identificación del que puede ser el actual responsable de la que fuera, en su día, empleadora del trabajador, y de la actual sucesora. Ello conlleva por parte de los afectados o sus familiares una labor detectivesca, un enorme y dificultoso esfuerzo para identificar a la empresa responsable, que impide muchas veces reclamar, quedando al afectado sin compensación a pesar del daño sufrido en su salud.
Otro problema añadido es la judicialización de los procesos. Las víctimas han de luchar en los juzgados, para reclamar sus derechos, con los organismos de la Seguridad Social y con las mutuas. Los trabajadores afectados y sus familiares se ven abocados a un proceso judicial que conlleva un coste económico importante por parte de las familias, o por parte de las viudas, que, percibiendo pensiones mínimas, además han de asumir ese coste económico.
2. El Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto es un organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al ministerio que tenga asumidas las competencias en materia de seguridad social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines.
1. La dirección y gobierno del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto corresponde al consejo rector y a la secretaría general.
2. Para la instrucción de los correspondientes expedientes y para la realización de las oportunas actuaciones subrogatorias se constituirán unidades administrativas periféricas integradas en las direcciones provinciales de la Seguridad Social.
1. El consejo rector, órgano superior colegiado de dirección, estará integrado por su presidente, cuatro representantes de la Administración pública, cinco representantes de las organizaciones sindicales, cinco representantes de las organizaciones empresariales más representativas con arreglo a la ley, dos representantes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, designados de acuerdo con sus estatutos, y un secretario.
2. La presidencia del consejo rector corresponderá al Secretario de Estado con competencias en materia de seguridad social, siendo designados los restantes vocales representantes de la Administración pública libremente por el ministro que tenga asumidas las competencias en materia de seguridad social,
de entre los directores y subdirectores generales del departamento con competencias relacionadas con los fines del organismo.
3. Como secretario del consejo rector actuará, con voz y sin voto, el secretario general del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.
b) Conocer la evolución económica del organismo y proponer al Gobierno, a través del ministro con competencias en materia de seguridad social, las medidas oportunas para el cumplimiento de sus fines.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos y su liquidación anual.
1. La secretaría general es el órgano permanente de dirección y gestión del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto. Su titular, con nivel orgánico de subdirector general, será nombrado por el ministro con competencias en materia de seguridad social de entre funcionarios del Estado con titulación superior.
2. El secretario general ostentará la representación del fondo y la jefatura de todos sus servicios y del personal.
b) Ejercer y desarrollar las funciones directivas, administrativas y de gestión y cualesquiera otras no reservadas al consejo rector.
c) Elaborar y elevar al consejo rector, para su aprobación, el anteproyecto de presupuestos y su liquidación anual y la memoria anual de actividades.
La comisión, presidida por el director provincial de la Seguridad Social, estará integrada por tres representantes de la Administración del Estado, tres de las organizaciones sindicales, tres de las organizaciones empresariales más representativas con arreglo a la ley, y uno de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
a) Instruir los expedientes administrativos de solicitud de indemnización y elevar, a través de los respectivos directores provinciales de la Seguridad Social, a la secretaría general la correspondiente propuesta de resolución.
c) Los letrados adscritos a las unidades administrativas periféricas del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto ejercerán la representación de este en cuantas actuaciones judiciales y extrajudiciales resulten necesarias para una eficaz personación en los trámites de audiencia a que sea llamado el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto por imperativo legal o acuerdo judicial.
d) Los letrados representantes del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto ejercitarán, en el ámbito territorial correspondiente a la unidad administrativa periférica a que estuvieran adscritos, los derechos y acciones en que haya quedado subrogado el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto, realizando las actuaciones conducentes al más eficaz reembolso de las cantidades satisfechas.
Artículo 11. Obligación de cotización y aportación.
a) Todos los empresarios a que se refiere el número 2 del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, tanto públicos como privados, por los trabajadores por cuenta ajena que tengan a su servicio, vinculados por relación laboral ordinaria.
3. Las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales serán establecidas reglamentariamente.
1. El procedimiento de solicitud de indemnización al Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto se iniciará con la solicitud de indemnización acompañada de los documentos justificativos que se precisen, y en particular de un certificado médico que demuestre la enfermedad y de todos los documentos necesarios para probar la realidad de la exposición al amianto.
2. No obstante, cuando el origen profesional de la enfermedad haya sido reconocido, el solicitante adjuntará a la petición solamente la resolución de la Seguridad Social.
3. El solicitante informará al fondo de todas las acciones judiciales y extrajudiciales de indemnización que estén en curso en el momento de la petición.
Artículo 15. Ordenación.
2. En el caso de que falten documentos, el fondo invitará, en un plazo de quince días, al solicitante a completar su petición.
La instrucción del procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. Las resoluciones del secretario general del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto podrán ser objeto de recurso de alzada ante el ministro que tenga asumidas las competencias en materia de seguridad social, que deberá interponerse en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de recibo de la notificación.
2. Las resoluciones dictadas en alzada por el ministro competente en materia de seguridad social agotarán la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 19. Acciones por subrogación.
Dictada la resolución de indemnización y aceptada por el solicitante, el Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto se subrogará en todos los derechos y acciones que correspondiesen a los titulares del derecho contra la persona responsable del perjuicio y contra las personas u organismos que debieran reparar el daño total o parcialmente.
Disposición adicional primera. Delegación de funciones en los directores provinciales de la Seguridad Social.
El secretario general del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto podrá delegar en los directores provinciales de la Seguridad Social las facultades que le corresponden para dictar resolución de reconocimiento de indemnización.
Disposición adicional segunda. Decreto de estructura del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.
El Gobierno, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, aprobará el decreto de estructura y organización del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.
Disposición adicional tercera. Inicio de actividades del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto.
2. El Consejo de Ministros aprobará el presupuesto del organismo autónomo correspondiente al ejercicio económico en que inicie sus actividades, y dará cuenta de ello a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en el plazo de quince días. A tales efectos, se autoriza al ministerio competente en materia de presupuestos a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la formación de dicho presupuesto, sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas de los presupuestos generales vigentes al inicio de las actividades del organismo autónomo.
Se faculta al Ministro que tenga asumidas las competencias en materia de seguridad social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente ley, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
La puesta en marcha e inicio de actividades del Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto se hará con cargo a los Presupuestos Generales que se aprueben en el año siguiente a la aprobación de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

References: Artículo 11
 artículo 1
 resolución 

Artículo 15

Artículo 19
 resolución 
 resolución