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Timestamp: 2016-10-22 19:10:08+00:00

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LEY 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad	LEY 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad Mis Leyes
LEY 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	PREÁMBULOTÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 1. Comunidad de vida.Artículo 2. Domicilio familia.	1. El marido y la mujer determinan de común acuerdo el domicilio familiar.	2. Se presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia.Artículo 4. Dirección de la vida familia.Artículo 5. Satisfacción de las necesidades familiares.	1. Ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades familiares con la atención directa al hogar y a los hijos, la dedicación de sus bienes al uso familiar, la remuneración de su trabajo, los rendimientos de sus capitales y otros ingresos y, en último término, con su patrimonio.	2. En defecto de pacto, para determinar la contribución de cada cónyuge se tendrán en cuenta los medios económicos de cada uno, así como sus aptitudes para el trabajo y para la atención al hogar y los hijos.	3. Los hijos, cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus padres, deben contribuir equitativamente ala satisfacción de las necesidades familiares.Artículo 6. Deber de información recíproca.Artículo 7. Responsabilidad frente a terceros.Artículo 8. Vivienda familia.	1. Para realizar actos de disposición voluntaria de los derechos que a uno de los cónyuges correspondan sobre la vivienda habitual de la familia o el mobiliario ordinario de la misma, así como para sustraerlos al uso común, será necesario el consentimiento del otro o, en su defecto, autorización judicial. En ambos casos, con la enajenación se extingue el derecho expectante de viudedad.	2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para instar judicialmente la nulidad de los actos de disposición realizados por el otro sin el debido consentimiento o autorización en el plazo de cuatro años desde que los conoció o pudo razonablemente conocer, y, en todo caso, desde la disolución del matrimonio ola separación conyugal.	3. No procede la anulación contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe cuando el disponente manifestó que no constituía vivienda o mobiliario familiar.Artículo 9. Mandatos entre cónyuges.	A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de aplicación las reglas del mandato, pero el mandatariono tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo que se haya dispuesto otra cosa, y no podrá nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello.Artículo 10. Derecho de viudedad.Artículo 11. Régimen económico matrimonial.Artículo 12. Derechos de terceros.TÍTULO II De los capítulos matrimonialesArtículo 13. Contenido y forma de los capítulos.Artículo 14. Idioma de los capítulos.Artículo 15. Tiempo y eficacia.Artículo 16. Inoponibilidad a terceros.Artículo 17. Capacidad.Artículo 18. Modificación de estipulaciones capitulares.Artículo 19. Instituciones familiares consuetudinarias.Artículo 20. Otras situaciones de comunidad.TÍTULO III Del régimen de separación de bienesArtículo 21. Aplicación del régimen.Artículo 22. Régimen jurídico.Artículo 23. Contenido.Artículo 24. Titularidad de los bienes.Artículo 25. Gestión con mandato expreso.Artículo 26. Gestión sin mandato expreso.TÍTULO IV Del consorcio conyugalCAPÍTULO I Bienes comunes y privativosArtículo 28. Bienes comunes.Artículo 29. Bienes privativos.Artículo 31. Presunción de privatividad.Artículo 32. Reconocimiento de privatividad.Artículo 33. Ampliación o restricción de la comunidad.Artículo 34. Bienes de origen familia.Artículo 35. Presunción de comunidad.CAPÍTULO II Deudas comunes y privativasArtículo 36. Deudas comunes.Artículo 37. Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros.Artículo 38. Responsabilidad de los bienes privativos.Artículo 39. Contribución en defecto de bienes comunes.Artículo 40. Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comunes.Artículo 41. Deudas privativas.Artículo 42. Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes.Artículo 43. Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas.Artículo 44. Relaciones entre patrimonios.CAPÍTULO III Gestión del consorcio	SECCIÓN 1 .a DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Artículo 45. Reglas generales.	1. Las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges.	2. Los cónyuges gestionarán el patrimonio común y los suyos privativos con la debida diligencia y teniendo en cuenta el interés de la familia.	3. Los cónyuges deben informarse recíprocamente sobre la gestión del patrimonio común y de los suyos privativos, y sobre los resultados económicos de la profesión o negocio que ejerzan.Artículo 46. Desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar.Artículo 48. Actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges.Artículo 49. Ejercicio de profesión o negocio.Artículo 50. Actuación frente a terceros.Artículo 51. Actuación conjunta de ambos cónyuges.Artículo 52. Autorización judicial.Artículo 53. Falta de consentimiento en actos a título oneroso.Artículo 54. Rescisión por fraude.Artículo 55. Actos ínter vivos a título lucrativo.Artículo 57. Adquisiciones por uno solo de los cónyuges.Artículo 58. Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges.Artículo 59. Privación de la gestión.Artículo 60. Concreción automática de facultades.SECCIÓN 3.a GESTIÓN DE LOS BIENES PRIVATIVOSArtículo 61. Gestión de los bienes privativos.CAPÍTULO IV Disolución, liquidación y división del consorcioSECCIÓN 1.a DISOLUCIÓN DEL CONSORCIOArtículo 62. Causas de disolución de pleno derecho.Artículo 63. Causas de disolución por decisión judicial.Artículo 64. Medidas provisionales.Artículo 65. Momento de eficacia de la disolución.Artículo 66. Régimen subsiguiente.Artículo 67. Disolución por nulidad del matrimonio.SECCIÓN 2.a LA COMUNIDAD QUE CONTINÚA TRAS LA DISOLUCIÓNArtículo 68. Bienes comunes.Artículo 69. Deudas comunes.Artículo 70. Responsabilidad de los bienes comunes.Artículo 71. Disolución por muerte.Artículo 72. Disolución por otras causas.Artículo 73. Disposición por causa de muerte.Artículo 74. Preferencia del derecho de viudedad.Artículo 75. Régimen supletorio.SECCIÓN 3.a LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓNArtículo 76. Derecho ala división.Artículo 77. Modalidades de liquidación y división.Artículo 78. Capacidad.Artículo 79. Inventario.Artículo 80. Activo del inventario.Artículo 81. Pasivo del inventario.Artículo 82. Liquidación concursa/.Artículo 83. Liquidación ordinaria.Artículo 84. Aventajas.Artículo 85. División y adjudicación.Artículo 86. Las deudas comunes tras la división.Artículo 87. Liquidación de varias comunidades.Artículo 88. Régimen supletorio.TÍTULO V De la viudedadCAPÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 89. Origen.Artículo 90. Pactos.Artículo 91. Inalienabilidad.Artículo 92. Renuncia.Artículo 93. Privación.Artículo 94. Extinción.Artículo 95. Limitaciones.Artículo 96. Derecho de transmisión y consorcio foral.CAPÍTULO II El derecho de viudedad durante el matrimonioArtículo 97. Derecho expectante de viudedad.Artículo 98. Disposición de bienes inmuebles.Artículo 99. Enajenación judicial de bienes inmuebles.Artículo 100. Disposición de bienes muebles.CAPÍTULO III Usufructo vidualArtículo 101. Comienzo y extensión del usufructo vidual.Artículo 102. Explotaciones económicas.	1. El titular de empresas o explotaciones económicas privativas que se transmitan a hijos o descendientes podrá ordenar, en testamento o escritura pública, la sustitución del usufructo vidual del sobreviviente sobre las mismas por una renta mensual a cargo del adquirente.	2. La renta será equivalente al rendimiento medio que hubiera producido la explotación durante los cinco años anteriores al fallecimiento.	3. La renta se actualizará anualmente en función de las variaciones del índice general de precios al consumo y se extinguirá por las mismas causas que el usufructo vidual.	4. El cónyuge viudo y el titular de la explotación económica podrán, en cualquier momento, acordar la sustitución del régimen previsto en este precepto por el ordinario del usufructo vidual.	5. La transmisión por el titular de la explotación económica por actos entre vivos dará derecho a pedir el afianzamiento de las rentas futuras.Artículo 103. Inventario y fianza.Artículo 104. Formalización del inventario.Artículo 105. Otras medidas cautelares.Artículo 106. Sanción de la falta de inventario.Artículo 107. Derechos y obligaciones.Artículo 108. Inalienabilidad e inembargabilidad.Artículo 109. Transformación del usufructo.Artículo 110. Intervención de los nudo propietarios.Artículo 111. Liquidación de frutos.Artículo 112. Gastos y mejoras.Artículo 113. Reparaciones extraordinarias.	1. Serán a cargo del usufructuario las reparaciones extraordinarias cuando los nudo propietarios fueran descendientes suyos.	2. En otro caso, serán a cargo del nudo propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas.	3. Si el nudo propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo propietario se negase a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retenerla cosa hasta reintegrarse con sus productos.Artículo 114. Tributos.Artículo 115. Seguro de los bienes sujetos a usufructo vidual.Artículo 116. Alimentos.Artículo 117. Usufructo de dinero.Artículo 118. Usufructo de fondos de inversión.Artículo 119. Extinción del usufructo vidual.Artículo 120. Posesión de los propietarios.Disposición transitoria primera. Aplicación inmediata.Disposición transitoria segunda. Hechos, actos y negocios.Disposición transitoria tercera. Comunidad conyugal continuada.Disposición transitoria cuarta. Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes.Disposición derogatoria única. Artículos de la Compilación del Derecho Civil de Aragón que se derogan.Disposición final primera. Modificación de la Ley de sucesiones por causa de muerte.Disposición final segunda. Modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.Disposición final tercera. Entrada en vigor.
LEY [Comunidad Autónoma de Aragón] 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad.
Esta Ley de Derecho civil, que desarrolla y pone al día la regulación de las relaciones patrimoniales en la familia, incluida la institución de la viudedad, constituye un segundo paso, de gran importancia por su extensión y contenido, para la renovación del cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. Se avanza así en este "objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad" que señalaba el Preámbulo de la Ley de sucesiones por causa de muerte. Con aquella Ley, las Cortes de Aragón, en ejercicio de las competencias reconocidas por el artículo 149.1.8.8 de la Constitución y el artículo 35.1.4.8 del Estatuto de Autonomía, iniciaban la "tarea de largo aliento" de desarrollar sistemáticamente el Derecho aragonés. La presente Ley sigue el camino trazado por aquélla.
En adelante, los títulos IV, V y VI del Libro Primero de la Compilación del Derecho civil de Aragón quedarán
derogados y sustituidos por las normas que ahora se aprueban. No se produce con ello una ruptura sustancial con el pasado, que sería impensable tratándose de las normas que configuran el consorcio conyugal, la libertad para pactar sobre el régimen económico del matrimonio o el derecho de viudedad. La mayor parte de las normas compiladas, basadas en la experiencia histórica de siglos, quedan incorporadas a la presente Ley, que proporciona a las mismas un marco general que sirve de contexto sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando las dudas sobre la pertinencia de acudir al Código civil para darles respuesta. El Código civil, como Derecho general del Estado, sigue siendo supletorio del Derecho civil de Aragón, pero la Ley tiene buen cuidado de incluir normas propias en todos los casos en que el hipotético recurso al Código era más claramente perturbador, así como de construir un sistema cuyos principios sean siempre preferentes a los enunciados del Código, de acuerdo con el artículo 1 de la Compilación.
La Ley se abre con un título primero dedicado a disposiciones generales, que arranca de la comunidad de vida que el matrimonio constituye, enlazando así con las determinaciones legales sobre el matrimonio contenidas en el Código civil, dentro del ámbito de la competencia exclusiva que al Estado reserva el artículo 149.1.8.° de la Constitución en materia de "relaciones jurídico civiles relativas alas formas de matrimonio".
Es una novedad la colaboración requerida en el artículo 11 a quienes, por su cargo o profesión, intervienen en un expediente matrimonial. Como es sabido, el grave problema que para los derechos de los cónyuges y la seguridad jurídica de quienes con ellos se relacionan supone la indeterminación o ignorancia del régimen matrimonial aplicable a aquéllos en razón de su distinta vecindad civil o de otras vicisitudes, ha sido señalado reiteradamente desde hace decenios, sin que se vislumbre una solución legislativa próxima. El artículo 1 1 supone una aportación modesta que, si encuentra eco en la práctica, podrá servir para mitigar unos inconvenientes a los que sólo el legislador estatal puede hacer frente de manera directa y en su integridad.
Los capítulos matrimoniales son el instrumento en que, tradicionalmente, los particulares vierten sus pactos y determinaciones en orden a regular el régimen económico del matrimonio, hacer aportaciones en atención al mismo e incluso atender con efectos jurídicos alas más variadas incumbencias relativas a los derechos de los cónyuges y sus parientes, en vida o para después de la muerte de alguno de ellos que pacta sobre su sucesión.
La Ley acoge esta libertad de contenido sin otros límites que los genéricos del principio "standum est chartae", que la historia ha emparejado señaladamente con las capitulaciones matrimoniales. Los capitulantes pueden asimismo subordinar la eficacia de sus estipulaciones a condición o término, incluso con efecto retroactivo, en la forma más amplia.
Del mismo modo, las previsiones legales sobre el régimen de separación de bienes, contenido del título III, se bastan a sí mismas, cerrando el paso ala aplicación supletoria del Código civil. Si el régimen de separación de determinados cónyuges, acordado por ellos o consecuente a todo caso de disolución o exclusión del consorcio conyugal legal, no prevé determinadas consecuencias mediante pactos ni pueden deducirse de los mismos, no habrán de producirse otras que las señaladas en este título y, en último término, las que puedan derivar mediante la aplicación analógica, en lo que proceda, de las normas del consorcio conyugal.
El régimen matrimonial aragonés de comunidad carecía de nombre propio con que designarlo y diferenciarlo. Esta Ley opta por el de "consorcio conyugal", siguiendo una práctica bastante extendida, que denomina asimismo "consorciales" a los bienes comunes. De esta manera, se pone de relieve la especificidad de este régimen matrimonial, que tiene sus propias raíces en los fueros más antiguos y una configuración doctrinal, judicial y legislativa que le dota de un perfil propio entre los regímenes de comunidad limitada, como los de gananciales, que surgieron y se mantienen, puestos al día, en tantos países europeos.
Una manera de configurar libremente el régimen de comunidad encontró cauce tradicional en las fórmulas de "llevar muebles por sitios", o la inversa, que la Compilación recibió en su artículo 29. La Ley recoge, en su artículo 33, el contenido principal de aquél, pero se ocupa además de indicar con claridad muchas de las consecuencias del principio general que el precepto encierra en otros lugares, como en la letra b) del apartado 2 del artículo 28 y en las letras a) y d) del artículo 29.
Ahora bien, la vieja y entrañable fórmula de "muebles por sitios o viceversa" deja de ser útil en su tenor literal en razón de una de las decisiones de política legislativa más aparentes, aunque probablemente de escasas consecuencias prácticas, que ha adoptado el legislador. Los muebles ya no son llamados, por el mero hecho de ser muebles, a ingresar en el patrimonio común. Ya la exposición de motivos que acompañó en 1967 a la Compilación advertía que el sistema de comunidad de muebles y ganancias, asentado en los fueros y observancias y que llegó íntegramente al Apéndice de 1925, "justificado en una época en que la importancia económica de los primeros era exigua y en que la identificación de los bienes casi sólo era posible tratándose de inmuebles, tiene difícil defensa en nuestros días". La Compilación no dio el paso definitivo -que acababa de acometer el Derecho francés, muy cercano en esto al aragonés histórico-de suprimir la regla que hacía comunes los bienes muebles, pues cabía temer que, reducida la comunidad básicamente alas ganancias, se encontrara fuera de Aragón motivo para considerar el régimen aragonés como una variante de escasa importancia respecto del de gananciales del Código, con el peligro de supresión de las normas aragonesas. Siguió entonces un camino indirecto, apoyado hábilmente en la fórmula de "muebles por sitios", para considerar aportados o adquiridos como sitios los bienes muebles enumerados en el artículo 39, que son prácticamente todos los que pueden identificarse y tienen algún valor, incluido el dinero. "Con esta ficción (explicaba aquella exposición de motivos) se empalmará la nueva norma con la tradicional, sin menoscabo del propósito legislativo".
Correlativamente, puede decirse que los bienes adquiridos durante el matrimonio, distintos de los que tengan carácter personal, sólo son privativos -salvo voluntad distinta de los cónyuges-cuando se adquieren a título lucrativo y en determinados supuestos en que la adquisición está relacionada de algún modo con el patrimonio privativo. Entre estos supuestos, merece destacarse el de la compra celebrada antes del matrimonio por precio aplazado, caso en que el bien, cualquiera que sea su clase y destino, es siempre privativo, salvo que la totalidad del precio se pague durante el matrimonio con fondos comunes.
Al objeto de hacer posible en la práctica una verdadera subrogación de bienes en el patrimonio privativo mediante utilización de dinero de aquella procedencia, se ha introducido una "presunción de privatividad" que,
en los términos bastante estrictos en que está formulada, permite la subrogación sin necesidad de que intervenga el cónyuge del adquirente. Ahora bien, no se desconoce que esta intervención, bajo forma de reconocimiento de privatividad, seguirá utilizándose en muchos casos en que no pueda operar aquella presunción o se prefiera no acudir a ella, por lo que se regula asimismo este reconocimiento de privatividad tanto en la manera de producirse como en sus consecuencias.
Deudas privativas, en la relación interna, son todas las que no pueden encuadrarse en la enumeración de deudas comunes del artículo 36 y, en particular, las anteriores al consorcio, así como las deudas y cargas por razón de sucesiones y donaciones. Pero, para los terceros, sólo tienen el tratamiento de privativas las distintas de las enunciadas en el artículo 37. Es un ámbito notablemente reducido, en que no se aprecia razón alguna para favorecer los intereses de los acreedores en perjuicio de los del cónyuge no deudor. La Compilación, en las huellas de una tradición histórica que dejaba a salvo la parte correspondiente a la mujer cuando las deudas de su marido habían sido contraídas "en su propio provecho, con ocasión de vicios, afianzando a favor de otros o con propósito conocido de perjudicar a aquélla", previó en su artículo 46 un mecanismo por el que había de quedar siempre a salvo el valor que en el patrimonio común corresponde al cónyuge no deudor. Son conocidas las dificultades procesales que obstaculizaron la adecuada aplicación de este precepto, tanto antes como después de la reforma del Código civil de 1981. Es de creer que el cauce que la Ley de enjuiciamiento civil de 2000 ha previsto para la ejecución en bienes gananciales resulte suficiente y expedito. Por ello, esta Ley se remite al mismo en su artículo 43, con las necesarias adaptaciones sustantivas, entre las que destaca la posibilidad de dejar a salvo el valor que en el patrimonio común corresponda al cónyuge no deudor sin necesidad de disolución del consorcio, salvo que opte por ella, pero siempre mediante liquidación del mismo a los efectos de constatar el valor que ha de quedar a salvo.
La gestión del consorcio es abordada en el capítulo III del título IV en su sentido más amplio, como ya hiciera la Compilación, abarcando las decisiones sobre administración y disposición de todos los bienes de los cónyuges, así como las que llevan a su endeudamiento. Por ello, la sección primera se ocupa "de la economía familiar" en general, estableciendo el principio según el cual las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges y desarrollando algunas de sus consecuencias sobre atención al interés de la familia, diligencia debida y deber de información.
Con estas previsiones legales, se propicia la deseable libertad con que cada cónyuge ha de poder presentarse
ante los terceros, haciendo innecesarias y, por tanto, inoportunas las averiguaciones de éstos sobre el estado civil y régimen matrimonial de la persona con la que contratan. El límite es el fraude a los derechos del otro cónyuge, sancionado en el artículo 54.
Son conocidas las dudas sobre la aplicación al consorcio conyugal aragonés de las reglas que en el Código civil señalan la anulabilidad como forma de invalidez de los actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales realizados por un cónyuge sin el necesario consentimiento del otro. Son también numerosas y fundadas las críticas a los preceptos del Código por parte de sus propios comentaristas, preceptos, por otra parte, que responden a una tradición jurisprudencia¡ y doctrinal que no hay razones para adoptar en Aragón. En consecuencia, la Ley aborda el problema de la venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el consentimiento de ambos con criterios nuevos, inspirados en un análisis jurídico más depurado y que atienden mejor al complejo conflicto de intereses entre tres partes que estos casos suponen. En particular, trata de evitarse la fácil y frecuente presunción judicial de que el cónyuge cuyo consentimiento se omitió ha consentido, por el mero hecho de que no se ha opuesto a la venta antes de interponer su demanda. Partiendo de la validez del contrato -título- y de que la propiedad no se transmite al entregar la cosa uno solo de sus dueños, se señala la inoponibilidad del contrato al cónyuge que no consintió, así como las acciones que éste puede ejercitar, al tiempo que se muestra también el cauce para la defensa de los intereses del comprador a través de las acciones nacidas de la compraventa contra su vendedor incumplidor.
Las previsiones del artículo 56 sobre disposiciones por causa de muerte relativas ala participación en el patrimonio común, a bienes determinados del patrimonio común o a los derechos que sobre un bien determinado corresponden al disponente, suponen una novedad, al menos formal, en el Derecho aragonés. Inspiradas en opiniones doctrinales solventes y en sugerencias de los profesionales del Derecho, tienden a facilitar unas disposiciones bastante frecuentes que, en un régimen como el aragonés, no parecería razonable impedir solamente por razones derivadas del análisis de la naturaleza jurídica del consorcio, sin que aparezcan otras sustantivas suficientemente poderosas. Es de notar que las mismas reglas, de acuerdo con el artículo 73, se aplican a las disposiciones por causa de muerte ya disuelto el consorcio pero todavía no dividida la masa común.
Hay innovaciones o modificaciones respecto del Derecho anterior en buen número de artículos, como la posibilidad de que el Juez retrotraiga los efectos de la disolución hasta el inicio de los procedimientos de nulidad, separación o divorcio (65), o las consecuencias de la disolución por nulidad del matrimonio (67). En la liquidación ordinaria (83) se aclaran algunas operaciones de compensación, reembolsos y reintegros. Las aventajas que consisten en bienes de uso personal o profesional no quedan reducidas al caso de disolución por muerte (84), lo mismo que el derecho que un cónyuge haga incluir incluir en su lote determinados bienes comunes que guardan especial relación con su persona, que puede ejercitarse también en los demás supuestos de disolución, hoy más frecuentes que en 1967. La posibilidad de incluir en su lote la vivienda habitual, por evidentes razones, se reconoce sólo para el caso de muerte del otro cónyuge.
En general, se atiende con mayor cuidado al pasivo y ala situación de los acreedores, a la vez que se tiene en cuenta el usufructo universal del viudo, que pocas veces dejará de darse, y la figura del fiduciario, sea o no el viudo, de tan frecuente presencia, dando solución de forma que ha parecido a la vez sencilla y prudente a dudas surgidas en la práctica.
En los artículos 68 a 75 se regula "la comunidad que continúa tras la disolución". Allí se incluyen, con pequeñas modificaciones, las normas hasta ahora contenidas en el artículo 53 de la Compilación, que recogen en lo esencial la llamada comunidad conyugal continuada tal como se conoció en el Derecho de los Fueros y Observancias. No ha parecido conveniente, por el contrario, trasladar ala Ley los preceptos que en 1967 construyó la Compilación (artículos 60 a 67) con la intención de proporcionar a las pequeñas empresas familiares un cauce legal apto para continuar su actividad tras el fallecimiento del empresario sin más cambio estructural que la sustitución del difunto por sus herederos y la atribución de la dirección, en todo caso, al cónyuge viudo. Las grandes transformaciones operadas desde entonces en el entorno económico y legal de las actividades económicas, así como las exigencias administrativas que condicionan la vida de todas las empresas, incluidas las agrarias, han dejado fuera de uso, o acaso sólo para supuestos marginales que no es prudente propiciar, unas normas sin duda bienintencionadas y, entonces, innovadoras, pero que no han dado los frutos que cabía desear y, en todo caso, no resultan hoy de utilidad.
El título V, dedicado a la viudedad, comienza exactamente como lo hacía el título correspondiente de la Compilación: "La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca". En esta frase se expresa la esencia del derecho de viudedad aragonés y sus rasgos definitorios tal como lo conocemos desde su origen histórico en la época de los Fueros. El derecho de viudedad se adquiere con la celebración del matrimonio, de manera que durante el mismo se mantiene "expectante", según el tecnicismo consagrado hace más de un siglo para denotar una situación jurídica aludida y configurada por la doctrina de los foristas desde al menos el siglo XIV.
El derecho de viudedad durante el matrimonio, en su fase de derecho expectante, es coherente con una concepción igualitaria y participativa de la comunidad de vida conyugal, en la que ambos cónyuges comparten todas las decisiones económicas que tienen incidencia sobre la familia, en particular las más importantes y, por tanto, las relativas ala enajenación de bienes inmuebles de uno de ellos sobre los que el otro está llamado a tener usufructo. Esta forma de entender la comunidad de vida matrimonial corresponde verosímilmente alas ideas, creencias y vivencias de la mayor parte de los aragoneses y aragonesas de hoy, que entienden asimismo el usufructo vidual más como posición personal del viudo en cuanto continuador de la familia que como un beneficio puramente económico en su exclusivo interés. Mientras se mantengan arraigadas en la sociedad estas concepciones sobre el matrimonio y la familia, el legislador cumplirá óptimamente su función manteniendo la configuración secular del derecho de viudedad, de acuerdo con la cual ambos cónyuges concurren normalmente ala enajenación de los inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su derecho.
La Compilación extendió el usufructo de viudedad hasta hacerlo universal, interpretando correctamente los deseos de los aragoneses. Pero el cambio respecto de la situación anterior, en que la viudedad legal estaba limitada a los inmuebles, introducido cuando ya aquella Ley se encontraba en estado avanzado de elaboración, dejó algunas costuras mal asentadas en las relaciones entre la fase de derecho expectante y la de usufructo. En consecuencia, se han reformulado ahora con cuidado todos los preceptos con la finalidad de presentar con la mayor claridad y coherencia el armazón conceptual, a la vez que se atiende a aspectos concretos que habían presentado dudas o dificultades en la práctica. De estos problemas, los profesionales del Derecho se habían hecho eco especialmente de los relativos a las vicisitudes del derecho de viudedad en su fase expectante, por su presencia continuamente reiterada en el tráfico jurídico sobre inmuebles. Contribuir ala seguridad jurídica y limitar eventuales abusos es asimismo el objetivo de varios preceptos de este título.
Es totalmente nueva la regla del apartado 4 del artículo 98, pensada para supuestos extraordinarios en que resulta muy difícil la comunicación y trato entre los cónyuges, especialmente si uno de ellos rehúye cualquier respuesta. Podría ser, por ejemplo, el caso entre cónyuges que viven separados por sentencia judicial anterior a la entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Compilación operada en 1985 y que, por tanto, conservan el derecho de viudedad. Mediante la notificación de la enajenación en los términos que el precepto precisa se impone, ciertamente, al cónyuge la carga de pronunciarse expresamente y hacer llegar al Registro de la Propiedad su voluntad de conservar el derecho expectante, que de otro modo se extinguirá. Es de esperar que este mecanismo pueda aliviar, al menos, casos extremos que la práctica conoce, sin enturbiar el funcionamiento normal del derecho de viudedad durante el matrimonio en los casos más regulares y frecuentes.
Los artículos 117 y 118, sobre usufructo de dinero y usufructo de fondos de inversión, atienden a problemas que se plantean con gran frecuencia. Sobre el dinero se configura un cuasiusufructo, por lo que el viudo podrá, si quiere, disponer del capital, con obligación de restituir su valor actualizado. En cuanto alas participaciones en fondos de inversión acumulativos y otros productos financieros similares, parece que, de acuerdo con la
intención corriente de quienes practican estas formas de ahorro e inversión, la plusvalía ha de ser tratada como si constituyera beneficio o renta y, por tanto, quedar a favor del viudo usufructuario. Para ello, se dan reglas de suficiente amplitud con la intención de que puedan ser aplicables flexiblemente a unos productos que evolucionan con gran rapidez.
Artículo 1. Comunidad de vida.
Artículo 2. Domicilio familia.
Artículo 3. Principio de libertad de regulación.
1. Los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares en capitulaciones matrimoniales, tanto antes como después de contraer el matrimonio, así como celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin más límites que los del principio "standum est chartae".
Artículo 4. Dirección de la vida familia.
Artículo 5. Satisfacción de las necesidades familiares.
3. Los hijos, cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus padres, deben contribuir equitativamente ala satisfacción de las necesidades familiares.
Artículo 7. Responsabilidad frente a terceros.
Marido y mujer responden solidariamente, frente a terceros de buena fe, de las obligaciones contraídas por uno de ellos para atender ala satisfacción de las necesidades familiares.
Artículo 8. Vivienda familia.
2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para instar judicialmente la nulidad de los actos de disposición realizados por el otro sin el debido consentimiento o autorización en el plazo de cuatro años desde que los conoció o pudo razonablemente conocer, y, en todo caso, desde la disolución del matrimonio ola separación conyugal.
Artículo 9. Mandatos entre cónyuges.
A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de aplicación las reglas del mandato, pero el mandatario
no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo que se haya dispuesto otra cosa, y no podrá nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello.
Artículo 10. Derecho de viudedad.
Artículo 11. Régimen económico matrimonial.
Artículo 12. Derechos de terceros.
Artículo 13. Contenido y forma de los capítulos.
1. Los capítulos matrimoniales podrán contener cualesquiera estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y de quienes con ellos concurran al otorgamiento, sin más límites que los del principio "standum est chartae".
Artículo 14. Idioma de los capítulos.
Artículo 15. Tiempo y eficacia.
2. Sise otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la celebración de éste, salvo que prevean un momento posterior para su eficacia.
Artículo 16. Inoponibilidad a terceros.
Artículo 18. Modificación de estipulaciones capitulares.
Artículo 19. Instituciones familiares consuetudinarias.
Cuando las estipulaciones hagan referencia a instituciones familiares consuetudinarias, tales como "dote", "firma de dote", "hermandad llana", "agermanamiento" o "casamiento al más viviente", "casamiento en casa", "acogimiento o casamiento a sobre bienes", "consorcio universal o juntar dos casas" y "dación personal", se estará a lo pactado, y se interpretarán aquéllas con arreglo a la costumbre y a los usos locales.
Artículo 20. Otras situaciones de comunidad.
Al disolverse un consorcio entre matrimonios u otra situación permanente de comunidad familiar, como las derivadas de heredamiento o acogimiento, los beneficios obtenidos con el trabajo común se dividirán entre los asociados en proporción equitativa, conforme ala costumbre y atendidas las diversas aportaciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos, las causas de disolución y demás circunstancias.
Artículo 21. Aplicación del régimen.
Artículo 24. Titularidad de los bienes.
Artículo 25. Gestión con mandato expreso.
Artículo 26. Gestión sin mandato expreso.
Artículo 27. Responsabilidad por deudas.
TÍTULO IV Del consorcio conyugal
CAPÍTULO I Bienes comunes y privativos
2. Durante el consorcio, ingresan en el patrimonio común los bienes enumerados en los apanados siguientes:
f) Los recobrados en virtud de carta de gracia, así como los adquiridos por derecho de retracto, opción, suscripción preferente o cualquier otro de adquisición preferente o de acceso ala propiedad que pertenezca con carácter privativo a uno de los cónyuges.
b) El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados ala persona de cualquiera de los cónyuges, tanto si se cobra en forma de capital como de pensión.
Artículo 34. Bienes de origen familia.
CAPÍTULO III Gestión del consorcio
SECCIÓN 1 .a DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Artículo 45. Reglas generales.
SECCIÓN 2.a GESTIÓN DE LOS BIENES COMUNES Artículo 47. Pactos sobre gestión.
Artículo 55. Actos ínter vivos a título lucrativo.
b) Si fuera hecha por ambos cónyuges conjuntamente, al deferirse la herencia del que primero fallezca, el legatario tendrá derecho a que en la liquidación del consorcio la mitad indivisa de los indicados bienes se adjudique ala parte correspondiente al causante.
c) Cuando se realice por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro, sólo producirá sus efectos si al liquidarse el consorcio los bienes fueran adjudicados ala herencia del disponente; en caso contrario, se entenderá legado el valor que tuvieran al tiempo de la delación.
El cónyuge cuyo consorte se encuentre imposibilitado para la gestión del patrimonio común podrá solicitar del Juez que se la confiera a él solo. El Juez podrá acceder a lo solicitado y señalar límites o cautelas ala gestión concedida, según las circunstancias.
SECCIÓN 3.a GESTIÓN DE LOS BIENES PRIVATIVOS
CAPÍTULO IV Disolución, liquidación y división del consorcio
SECCIÓN 1.a DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
SECCIÓN 2.a LA COMUNIDAD QUE CONTINÚA TRAS LA DISOLUCIÓN
4. El cónyuge viudo responderá de sugestión como administrador y dará cuenta de ella a los partícipes en cuanto exceda de las facultades que le pudieran corresponder en virtud del usufructo de viudedad. Cualquiera de los partícipes podrá, entonces, solicitar la aplicación de las mismas cautelas previstas para el usufructo vidual.
SECCIÓN 3.a LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN
Artículo 76. Derecho ala división.
2. En caso de disolución por muerte, ala prohibición de división pactada en capítulos o dispuesta en testamento mancomunado por ambos cónyuges y al convenio de indivisión unánimemente acordado por los partícipes se aplicarán las previsiones contenidas en el artículo 50 de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
Artículo 82. Liquidación concursa/.
1.° Compensación de lo debido por la masa común a los patrimonios privativos con lo que éstos, por cualquier concepto, deban a aquélla.
2.° Imputación del saldo acreedor favorable a la comunidad en la respectiva participación en el consorcio del cónyuge deudor, hasta agotar su importe, salvo que opte por el reembolso en metálico o se acuerde su pago mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
3.° Reembolso a la comunidad del saldo acreedor que no haya podido ser objeto de imputación, que también podrá acordarse que se haga mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
4.° Pago a terceros de las deudas vencidas y aseguramiento de las pendientes.
5.° Reintegro a cada uno de los patrimonios privativos del saldo acreedor resultante de la compensación del número 1.°, que, a falta de metálico suficiente, podrá hacerse mediante dación en pago de bienes consorciales.
a) Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores ala suya.
TÍTULO V De la viudedad
Artículo 89. Origen.
Artículo 90. Pactos.
3. Las cláusulas contractuales y testamentarias relativas ala viudedad se entenderán siempre en sentido favorable a la misma.
Artículo 91. Inalienabilidad.
Artículo 92. Renuncia.
Artículo 93. Privación.
1. Cada cónyuge puede, en testamento, privar al otro de su derecho deviudedad, exclusivamente por alguna de las causas que dan lugar ala desheredación de acuerdo con el artículo 195 de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
Artículo 94. Extinción.
Artículo 95. Limitaciones.
Artículo 96. Derecho de transmisión y consorcio foral.
Artículo 97. Derecho expectante de viudedad.
Artículo 98. Disposición de bienes inmuebles.
Artículo 99. Enajenación judicial de bienes inmuebles.
Artículo 100. Disposición de bienes muebles.
Artículo 101. Comienzo y extensión del usufructo vidual.
Artículo 102. Explotaciones económicas.
Artículo 103. Inventario y fianza.
a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto
tales obligaciones en testamento u otro instrumento público.
Artículo 104. Formalización del inventario.
Artículo 105. Otras medidas cautelares.
Artículo 106. Sanción de la falta de inventario.
Cuando el viudo obligado a formalizar inventario no lo concluya dentro del plazo, podrá ser requerido por
los nudo propietarios para que lo termine. Los disfrutes de viudedad, desde el día del requerimiento y hasta la terminación del inventario, corresponderán definitivamente a los nudo propietarios.
Artículo 107. Derechos y obligaciones.
Artículo 108. Inalienabilidad e inembargabilidad.
2. Puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados, concurriendo el viudo usufructuario con el nudo propietario. Salvo pacto en contrario, quedarán subrogados el precio ola cosa adquirida en lugar de lo enajenado.
Artículo 109. Transformación del usufructo.
Artículo 110. Intervención de los nudo propietarios.
Artículo 111. Liquidación de frutos.
Artículo 112. Gastos y mejoras.
Artículo 113. Reparaciones extraordinarias.
3. Si el nudo propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo propietario se negase a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retenerla cosa hasta reintegrarse con sus productos.
Artículo 114. Tributos.
Artículo 115. Seguro de los bienes sujetos a usufructo vidual.
Artículo 116. Alimentos.
Artículo 117. Usufructo de dinero.
Artículo 118. Usufructo de fondos de inversión.
3. Obtenido el reembolso por el nudo propietario y a falta de acuerdo con el usufructuario para la reinversión, se aplicarán, desde ese momento, las reglas del usufructo de dinero ala parte del importe obtenido que no corresponda al viudo.
Artículo 119. Extinción del usufructo vidual.
a) Por muerte del usufructuario. b) Por renuncia explícita que conste en escritura pública. c) Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en contrario. d) Por corromper o abandonar a los hijos. e) Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia, las obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo dispuesto sobre negligencia en la formalización del inventario. f) Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la defunción del otro cónyuge.
a) Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien. b) Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma persona. c) Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.
Artículo 120. Posesión de los propietarios.
Disposición transitoria segunda. Hechos, actos y negocios.
Disposición transitoria tercera. Comunidad conyugal continuada.
Disposición transitoria cuarta. Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes.
Disposición derogatoria única. Artículos de la Compilación del Derecho Civil de Aragón que se derogan.
Disposición final primera. Modificación de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
1. El artículo 139 de la Ley [Comunidad Autónoma de Aragón] 1 /1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
"Artículo 139. Disposición habiendo legitimarlos.
Si existen legitimarios, para la eficacia de los actos de disposición de inmuebles por naturaleza, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos, será necesaria la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, siendo todos los legitimarlos menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente."
2. El artículo 202.2.2.° de la Ley [Comunidad Autónoma de Aragón] 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
"Artículo 202.2.2.°
Los bienes no recobrables ni troncales, y también éstos si no hay parientes con derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia."
3. El artículo 221 de la Ley [Comunidad Autónoma de Aragón] 1 /1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
"Artículo 221. Privilegio del Hospital de Nuestra
2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital."
Disposición final segunda. Modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
"1. Si en virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jurídico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, actuarán aquéllos reunidos en Junta, excepto si hay previsión distinta."
"3. Si concurren dos o más parientes, la preferencia se determinará por el orden establecido en los números 1.° y 3.° del artículo 211 de la Ley de sucesiones por causa de muerte, y en igualdad de derecho la tendrá el primero en ejercitarlo."
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 2009 de la Secretaría General Técnica de la Presidencia por la que se otorgan los Premios correspondientes a la IX edición de los Premios a Tesis Doctorales del Consejo Económico y Social de AragónRESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Barbastro, a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante convenio regulador de separación aprobado judicialmenteRESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Rodrigo Tena Arregui, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid nº 23, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de documento privado de compraventaRESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Rodrigo Tena Arregui, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid nº 23, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de documento privado de compraventaLEY 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padresLEY 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil PatrimonialLEY 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil PatrimonialDECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba, con el título de
«Código del Derecho Foral de Aragón», el
Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas	Cerrar PDF
LEY 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad	Trámites

References: Artículo 45
 artículo 149
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 11
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 artículo 29
 artículo 33
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Artículo 116

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Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120
 artículo 139
 artículo 202
 artículo 221
 artículo 211

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