Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2014/10/
Timestamp: 2019-09-20 12:19:29+00:00

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DR. GUSTAVO ARAMBURU: octubre 2014
INUNDACIONES - DAÑOS - SEGURO
Calles inundadas, techos destrozados, árboles derrumbados sobre casas y automóviles, fueron algunas de las escenas que se vieron durante la jornada del miércoles en distintos lugares de la Argentina.
En poco menos de un día cayó toda la cantidad de lluvia prevista para el mes de octubre. Esto provocó un colapso en los desagües y produjo innumerables daños materiales. Los dueños de las propiedades y vehículos deberán desembolsar una gran cantidad de dinero si quieren que sus bienes vuelvan a la situación anterior a la tormenta.
En caso de que alguna persona haya perdido la vida y haya contratado un seguro, sus beneficiarios no tendrán problemas para percibir el resarcimiento. Tampoco lo tendrán aquellos trabajadores que sufrieron un accidente y se encuentren al amparo de la Ley de Riesgos de Trabajo (que los protege en caso de daño sobre su persona mientras prestan tareas o estén en camino a cumplir con sus funciones).
No obstante, si de bienes materiales se trata, algunos estarán más tranquilos que el resto si es que los cubre un seguro, pero otros perderán la tranquilidad cuando descubran que, tras su reclamo, el daño no será resarcido.
Salvo que se hubieran incluido cláusulas especiales al respecto, no está prevista la cobertura por inundación y, consecuentemente, no habrá indemnización en el marco de esos contratos.
En estos casos, no debe confundirse esta ausencia de seguro respecto de los daños ocurridos por inundación con la cláusula del llamado "daño por aguas", que se prevé en esos seguros integrales. Esta no se refiere a los causados por una inundación, sino que ampara los perjuicios causados por filtraciones ocurridas en inmuebles, como consecuencia de desperfectos en las cañerías.
"En cambio, sí está prevista la cobertura de daños por inundación en los llamados 'seguros técnicos', que amparan los daños sufridos por computadoras y demás equipos electrónicos, ya sean de uso hogareño, profesional o comercial", destacó Alberto Alvarellos, abogado especialista en la materia y colaborador de microjuris.com.ar.
Dichos equipos habrán quedado inutilizados luego del desastre meteorológico ocurrido y, en el marco de los seguros señalados, sus propietarios podrán reclamar a sus respectivos aseguradores la indemnización correspondiente.
En este punto, las asegurados se defienden. "No existen coberturas en caso de inundaciones porque las aseguradoras no podemos hacernos cargo del déficit de infraestructura", explicó Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, quien agregó que es necesario generar nuevas coberturas debido a los recientes y profundos cambios climáticos.
En el contexto actual, las aseguradoras cubren los daños en automóviles, pero no en las viviendas. Sólo hay muy pocas compañías que la ofrecen, ya que el riesgo es grande. En los últimos años, por citar un ejemplo, esta situación se volvió frecuente en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.
"Es un tema muy complicado que los podamos cubrir porque nosotros no podemos hacernos cargo de las deficiencias en infraestructura, como los casos de desagote pluviales y de obras no realizadas", remarcó Astelarra.
Para la asociación de consumidores ADECUA, en hogares y comercios, “la regla es que los daños derivados de inundación no están cubiertos, salvo que haya sido contratado expresamente en la póliza con el adicional de huracán, vendaval, ciclón y tornado (HVCT)”.
Y dentro de esta cláusula, a su vez, pueden establecerse "sub-condiciones" (por ejemplo, violencia de los vientos para ser considerado huracán, que tipo de daños se cubren y a que bienes).
Para el colaborador de microjuris, es el mismo Estado -deberá determinarse en cuál de sus niveles, nacional, provincial o municipal- quien debe responder por los daños sufridos por los damnificados. "Es que la frecuencia con la que se vienen dando éstos ya no permite sostener el caso fortuito establecido en el actual Código Civil (que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse)", destacó Arvarellos.
Desde este punto de vista, se impone al Gobierno la realización de obras en protección de la vida y los bienes de los habitantes.
Qué pasa con los vehículos
Los propietarios de los automóviles sólo estarán cubiertos si contrataron una cobertura todo riesgo. De esta manera, la reparación de su rodado será integral, ya sea por destrucción total o parcial.
“En cada caso concreto se evaluará, además, el punto de la suma asegurada (límite máximo de la responsabilidad del asegurador) y, si la hubiera, la franquicia (o descubierto obligatorio) que quedará a cargo del asegurado”, explica Alvarellos.
En este punto, agregó que "cierta situación de conflictividad puede darse cuando no se ha contratado una cobertura contra todo riesgo, sino la llamada terceros completo, quecomprende la responsabilidad civil, robo, incendio y destrucción total", ya que no está prevista la cobertura por daños parciales.
Anteriormente, la forma primigenia de determinar la destrucción total se basaba en el costo de las reparaciones y se decía que la destrucción total se configuraba cuando dicho costo era igual o superior al 80% del valor de venta al público, al contado, de un vehículo de la misma marca y características del asegurado.
"Pero hace un tiempo, ese procedimiento fue dejado de lado por los aseguradores y reemplazado por el hoy mayoritariamente incluido en las pólizas de automóviles: la destrucción total se configura cuando el valor de los restos de la unidad supera el 20% del precio de venta al público de un vehículo de la misma marca y características del asegurado", remarcó Alvarellos.
"Se ha establecido un procedimiento que es, verdaderamente, absurdo por cuanto para determinar si corresponde o no la indemnización no se acude al valor de lo dañado (es decir, de las partes del rodado respecto de las cuales se deben pagar las reparaciones) sino de lo 'no dañado' o sea los restos que algún valor conservan todavía", remarca el especialista.
Esta última cláusula ha sido declarada nula en numerosos casos jurisprudenciales y, por tal motivo, el mercado asegurador está regresando a la aplicación de la primera.
Pero en este tema, hay otro inconveniente para los damnificados ya que se estima que para los casos de inundación, menos del 10% de los vehículos asegurados está cubierto totalmente en cuanto a los daños. Es la porción del parque automotor que tiene cobertura de todo riesgo, con y sin franquicia.
Por este motivo, en anteriores ocasiones, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño se hizo cargo de los daños, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Los dueños de automóviles afectados se acercaron a la oficina de la Dirección de Arbolado y presentaron una foto del siniestro, tres presupuestos del arreglo, fotocopias del DNI, la cédula verde y la denuncia policial.
El problema es que tardaron varios meses en percibirlo. Habrá que esperar a ver cómo actúa tras la tormenta de hoy, no tan feroz en cuanto a la pérdida de vidas y producción de daños, pero traumática para los damnificados por el temporal.
Desde ADECUA, explicaron que "en las coberturas de daño total y parcial, las 'Condiciones Generales Uniformes' aprobadas por la Superintendencia de Seguros (SSN) en septiembre de 2011, incluyen expresamente los daños al vehículo por inundación (quedan comprendidos además los daños sufridos como consecuencia de meteorito, terremoto, maremoto o erupción volcánica; tornado, huracán o ciclón; granizo; inundación)".
En cualquier caso, la denuncia ante las compañías de seguros debe hacerse dentro de las 72 horas de ocurrido el siniestro. Aunque, algunas aseguradoras flexibilizaron hace un tiempo el horario de atención para recibir los reclamos.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 10:01 No hay comentarios:
Si bien el despido de la trabajadora se produjo dentro del plazo de siete meses y medio posteriores a la fecha de parto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó aplicar la presunción del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, tras ponderar que el despido de la actora fue decidido en un contexto que abarcó a la generalidad del personal del establecimiento, por lo que es razonable presumir que no obedeció a la maternidad de la trabajadora.
En los autos caratulados "Gatti Mirna Lorena c/ Remediar S.A. y otros s/ despido", la parte demandada apeló la sentencia de primera instancia que la condenó a abonar la indemnización prevista por el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de la presunción establecida por el artículo 178 de la misma norma.
La recurrente alegó que se encontraba acreditado en la causa que la desvinculación de la actora se debió a la obligación de cierre de la actividad y consecuente desvinculación de todo el personal, por lo que nada tuvo que ver con su anterior maternidad.
A pesar de que en el presente caso “se darían los presupuestos de aplicación de la presunción establecida en el art. 178 de la LCT –despido dentro del plazo de siete meses y medio posteriores a la fecha de parto-“, los jueces que integran la Sala IX decidieron admitir el recurso planteado, tras ponderar que el juez de grado omitió tener en cuenta que la citada presunción es "iuris tantum" y, como tal, admite prueba en contrario.
En tal sentido, los camaristas determinaron que en el caso bajo análisis se encuentra acreditado que “el despido de la actora fue decidido como consecuencia del cierre del establecimiento de la demandada, y que se produjo en forma contemporánea con el de todo el personal que trabajaba para Remediar S.A. y, por ende, que no obedeció a razones de maternidad en los términos del artículo citado”.
Los Dres. Álvaro E. Balestrini y Roberto C. Pompa concluyeron que “el despido de la actora fue decidido en un contexto que abarcó a la generalidad del personal del establecimiento, por lo que es razonable presumir que no obedeció a la maternidad de la trabajadora”.
En base a ello, la mencionada Sala resolvió en la sentencia dictada el pasado 26 de septiembre, dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia, debido a que la presunción establecida por el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo resultó desvirtuada en la causa.
EMPLEADO - FACTURA - FRAUDE LABORAL
En la causa "Sanchez Juan Pablo le pide la quiebra Czernizer Dario", el peticionario de la quiebra apeló la decisión del juez de primera instancia que desestimó el presente pedido de quiebra.
La Sala B señaló en primer lugar que recurrente no había negado ni controvertido las afirmaciones del magistrado de primera instancia, referidas a que en las actuaciones caratuladas "Czernizer Dario Adrian c/Sanchez Juan Pablo s/ ejecutivo" no ha sido agotada la vía.
En tal sentido, el tribunal expuso que “no ha negado el hecho de que sólo se intentó embargar ciertas acciones del deudor, sin efectuar diligencias para averiguar la existencia de otros bienes”.
En base a ello, las camaristas consideraron que “ese proceso no puede entenderse terminado, ni puede pretenderse formar convicción actual, respecto de la presunta cesación de pagos del presunto falente”.
Tras destacar que “el magistrado debe formar juicio de verosimilitud en cuanto a la legitimación del accionante y al estado de cesación de pagos, en los términos previstos por el art. 83 de la ley 24522”, las Dras. Matilde Ballerini, Ana Piaggi y María Gómez Alonso de Díaz Cordero recordaron que dicha prueba sumaria no se produjo en el presente caso.
Al confirmar lo resuelto en la instancia de grado, la mencionada Sala juzgó que “si bien la sentencia de condena, pasada en autoridad de cosa juzgada, es título que habilita el requerimiento de la quiebra del deudor por constituir una típica -aunque no excluyente- forma de exteriorización del estado de insuficiencia patrimonial”, en el caso bajo análisis “la actividad del acreedor en el juicio ejecutivo no autoriza a presumir razonablemente -en los términos de la norma antes citada- que el demandado no se halle in bonis”.
En la resolución del 5 de septiembre pasado, las magistradas concluyeron que “no fue negado que el ahora acreedor peticionante pidió embargo de acciones, empero ante la frustración de la diligencia no realizó ningún intento de conocer la situación patrimonial del deudor”, por lo que “se encuentra vedada la vía de la ejecución colectiva, en tanto no se acreditó evidencia bastante de insuficiencia patrimonial en la individual”.
los tiempos en los que acceder legalmente a la cantidad de dólares que uno quisiera comprar era posible, era común encontrarse con que una persona hubiera prestado a sus familiares o amigos un cierto monto en esa divisa -por ejemplo, para comprar un auto o una vivienda- y que esperara que le devuelvan el dinero en esa misma moneda.
El "cepo" impuesto por el Gobierno nacional a fines de octubre de 2011 cambió la situación. En ese momento, el dólar rondaba los 4,20 pesos.
Tal como confirmaron distintos abogados consultados, los particulares buscan incluirlas para establecer un marco de cumplimiento ante un futuro que se presenta incierto.
El texto aprobado por el Poder Legislativo -tomando una modificación realizada por el Ejecutivo- dispone que las deudas contraídas en moneda extranjera se "pueden" cancelar en su equivalente en pesos. Sobre este punto, consideró que es necesaria una norma adicional o las sentencias de los jueces serán las que deban aclarar la cuestión.
"Nosotros habíamos reproducido el régimen de la convertibilidad (se debe dar la misma moneda que se pactó). Luego se hicieron modificaciones que dan lugar a interpretaciones distintas. O se aclarará por una ley específica o deberá ser aclarado por la jurisprudencia", declaró Lorenzetti.
En ese sentido, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) está cerca de decidir sobre la procedencia o no del amparo de una persona que solicitó oportunamente comprar dólares pese al "cepo". Pero de todas maneras no resolverá la cuestión de fondo (sobre la validez de la decisión gubernamental de restringir el acceso a esa divisa).
El anteproyecto original ratificaba que las deudas y los contratos debían ser cancelados en los signos monetarios ya acordados, pero el artículo 765 aprobado establece que cuando la obligación contraída se hubiere pactado en moneda extranjera, el deudor "podrá" liberarse de la misma por medio de la entrega del equivalente en billetes de curso legal.
Es decir, se contradice con el artículo 766, que señala que el deudor está obligado a pagar "la cantidad correspondiente de la especie designada", en igual criterio a lo que actualmente está previsto en el artículo 619 del Código aún vigente.
Para Lorenzetti esta situación "puede dar lugar a dos alternativas: que la doctrina haga un esfuerzo interpretativo y se vaya aplicando o bien que exista alguna ley modificatoria".
Por su parte, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que tal como fue aprobada la iniciativa "desalienta los contratos en dólares”.
"No protege a los acreedores. Si va a regir por muchos años, el Congreso debería establecer reglas más claras. De otro modo, se van a generar muchos juicios alrededor de esos convenios y todo quedará librado a la interpretación de los jueces", indicó.
"Existe una contradicción entre el artículo 765, que permite al deudor cancelar su deuda pagando pesos, y el artículo 766, que dice que éste debe restituir lo designado en el contrato (por ejemplo, dólares)", concluyó Fonrouge.
En tanto, Maximiliano Juan Yaryura Tobías, abogado del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt indicó que "en materia de obligaciones de dar dinero en moneda extranjera, la comisión redactora dijo que si se había estipulado dar moneda que no fuera de curso legal en la Argentina, la obligación debía considerarse como de dar sumas de dinero".
Pero, agregó, ello fue "modificado por el Poder Ejecutivo Nacional, que determinó volver al sistema previo al que fuera instaurado por la Ley 23.928 (Ley de Convertibilidad), en cuanto quepermitiría al deudor liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal".
Y allí empiezan los problemas, consideró Yaryura Tobías, ya que el deudor seguramente intentará cancelar el compromiso entregando el equivalente al valor oficial de dicha divisa (hoy ronda los $8,55), mientras que el acreedor pretenderá recibir a los dólares estadounidenses en mano ("físicos"), ya que percibe que su cotización real es mayor a la del Banco Central.
Por otro lado, los especialistas indicaron que el actual Código Civil prevé que "si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato".
"Habrá que distinguir aquellas relaciones que se agotaron (o consumieron) con anterioridad al dictado de la nueva norma, las que estén en curso de ejecución al momento de la sanción de la nueva ley y las que nazcan con posterioridad", añalizó.
"Si no se considera que el nuevo artículo 765 es de orden público y al momento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial existe un contrato en el que se haya pactado el precio y modo de cancelación en dólares estadounidenses, el mismo debería continuar siendo válido para las partes y el deudor no tendría la posibilidad de liberarse pagando elequivalente en pesos", explicó Brindici.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 7:58 No hay comentarios:
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:51 No hay comentarios:
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó la pretensión tendiente a que se aplique una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días a una obligación en dólares, al considerar que se trataba de una deuda en moneda extranjera de valor constante, por lo que lleva ínsita una cláusula de estabilización que obliga a corregir aquél componente de la tasa de interés que tiende a contemplar la desvalorización monetaria.
La parte actora apeló la sentencia de primera instancia dictada en la causa "Misturini Julio Norberto c/ Delisio Mariano Jose s/ejecutivo", en cuanto ordenó llevar adelante la ejecución promovida hasta hacerse íntegro pago al acreedor del capital reclamado de u$s 25.000, con más los réditos morigerados a un ocho por ciento anual desde la mora y hasta su efectivo pago, con expresa imposición de costas al ejecutado.
El recurrente consideró que tal morigeración le irrogaba un grave perjuicio patrimonial al no admitirse su posición de que se adecuara en concepto de moratorios y punitorios, solicitando una vez y media la tasa activa del Banco Nación para sus operaciones de descuento a treinta días.
Los magistrados de la Sala A explicaron que “las obligaciones constituidas en moneda extranjera continúan siendo consideradas deudas de dinero como lo fueron durante todo el período de la llamada "convertibilidad"”, dejando en claro que “la obligación por la que se ha constituido una obligación de dar moneda que no sea de curso legal en la República, debe considerarse como de dar sumas de dinero”.
Tras especificar que “las deudas en moneda extranjera hoy en día y desde la sanción de la ley 23.929 en 1.991, fueron y son, en nuestro país deudas de dinero, a las que se atribuye la función de unidad de medida de todos los bienes”, el tribunal señaló que “visto que en el caso está en juego una deuda en moneda extranjera de valor constante, ella lleva ínsita una cláusula de estabilización que obliga a corregir aquél componente de la tasa de interés que tiende a contemplar la desvalorización monetaria”.
En este marco, los Dres. Alfredo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal entendieron que “la tasa de interés aplicable a operaciones de este tipo no debe sino contemplar un interés "puro", sólo retributivo del valor del dinero y compensatorio de su privación”.
En la sentencia del 28 de agosto pasado, la mencionada Sala juzgó que “la pretensión de la recurrente de recurrir a la tasa activa del BNA para operaciones a treinta (30) días en dólares no resulta atendible”, dejando en claro que”la imposición de un interés puro como es la fijada por la sentenciante satisface adecuadamente la privación del uso del capital y contiene una justa composición de la mora del deudor”.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:50 No hay comentarios:
JUICIOS LABORALES - INTERESES
DEsde el 2004, los juicios laborales vienen aumentando de manera exponencial.
No sólo por los fallos de la Corte Suprema en materia de accidentes de trabajo, sino también por despidos y reclamos indemnizatorios de personas que trabajan en negro.
Y aquí surge un gran problema del que vienen dando cuenta los especialistas en derecho laboral:entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal se da una gran disparidad en la tasa de interés que aplican los magistrados, incluso ante idénticos o similares casos.
Por ejemplo, mientras que en territorio bonaerense es de un 7% anual, en los juzgados porteños viene a ser de un 20%.
El tema cobra mayor relevancia y urgencia si se tiene presente la gran cantidad de casos enlitigio y las sumas millonarias en juego.
En efecto, se estima que cada juzgado viene recibiendo alrededor de 120.000 expedientes por mes.
A esta problemática se suma otra no menor: las vacantes por falta de jueces, que llevó a los tribunales a una situación caótica, que se traduce en mayores demoras en los procesos.
Por cierto situación tiende a agravarse debido a que dicha brecha se acrecentó luego del dictado del Acta 2601 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aplicable desde fines de mayo de este año.
La misma estableció que en el fuero laboral porteño rige en materia de interés la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para préstamos personales (libre destino con plazo de 49 a 60 meses) que ronda el 36% anual.
Según María Paula Nuñez, integrante del departamento de Derecho Laboral Estudio Grispo & Asociados, esta discrepancia, que da lugar a diferencias de un 100%, impone la necesidad del dictado de una ley nacional.
Para Nuñez el principal problema es la tasa de interés aplicable.
"Resulta ventajoso iniciar un juicio laboral en Capital Federal a una tasa del 25% anual que iniciar la acción legal en otro lugar", sostuvo la letrada.
Como contrapartida, en provincia de Buenos Aires rige la tasa de interés pasiva del Banco de la Nación Argentina, que lleva tan sólo un 11% anual.
"Es decir, que los empleados, ante reclamo similares, incluso de igual monto nominal,resultan acreedores de diversos montos según la jurisdicción", señaló.
Si bien esto afecta o perjudica a los dependientes, afecta también a los empleadoresdemandados, ya que serán condenados al pago de distintas sumas, ante idénticos reclamos nominales, por la discrecionalidad de jurisdicción que optó el reclamante.
En los últimos meses, esta discusión comenzó a cobrar mayor relevancia entre los expertos en Derecho del Trabajo, ya que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la causa "Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos", declaró inconstitucional dicha norma, por lo que varios juzgados volvieron a utilizar la tasa pasiva (la más baja).
De esta manera, la tasa pasó del 25% al 36% anual. Este cambio buscó reflejar mejor larealidad inflacionaria del país, en el que se estima que el aumento de precios superará el 40% en 2014.
Es decir, que mientras en Capital Federal el crédito laboral se incrementó casi un 20% anual, en Provincia lo hizo a un promedio de 7%.
Si se considera que un juicio dura alrededor de 3 años, se estaría haciendo referencia casi a un 60% de incremento del crédito laboral en sede porteña y de un 20% en una bonaerense.
De modo tal que un dependiente de este segundo grupo termina cobrando en la práctica unmonto mucho menor.
De esta forma, según Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, "se produce un estímulo para atraer los litigios a la Capital Federal que, junto con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro aplican la tasa activa, sin contar con otros casos peculiares y distintivos como es el de Córdoba donde se usa la pasiva promedio mensual que publica el Banco Central, con más un parámetro constante del 2% nominal mensual, lo cual ubica el interés en un valor superior al 30%".
"Esta desigualdad que se da para los trabajadores, según la jurisdicción en la que habiten, no resiste el menor análisis y contribuye a distorsionar el funcionamiento de la administración de justicia en distritos donde se presenta cierta facilidad para elegir donde litigar", destacó el especialista.
El juez de primera instancia en la Justicia Nacional del Trabajo y docente universitario Julio Grisolía consideró que frente una brecha que va desde un 10% hasta un 30% anual, debería adoptarse una ley nacional que estableciera la tasa activa (más alta) como piso mínimofrente al cual los magistrados pudieran disponer conforme la normativa vigente.
Bajo su óptica, la fijada por el Banco Nación parece "muy razonable", ya que "considerando los montos de condena y los incrementos que tienen lugar por la aplicación de intereses" no se advierte, a su entender, que "se pueda afirmar que existe licuación alguna de los créditos de los trabajadores".
En este contexto, existe una propuesta del diputado oficialista Héctor Recalde, quien impulsa un proyecto de ley para fijar las tasas aplicables a estos litigios.
En concreto, la iniciativa establece que todos los generados como consecuencia de las relaciones laborales que no se abonaren en tiempo y forma, desde el nacimiento de la obligación y hasta su cancelación total, devenguen intereses equivalentes a una vez y media la tasa activa (54%).
De aprobarse, se aplicaría en todas las jurisdicciones del país, y si bien va en dirección contraria a la decisión del máximo tribunal bonaerense, tendría beneficios para la empresa porque podría saber de antemano el valor exacto del interés en un caso judicial y efectuar una previsión con mayor consistencia e, incluso, para los jueces que tendrán como respaldo de su sentencia una ley que les determina los intereses que deben aplicar en todos los casos.
De sancionarse la norma impulsada por Recalde, entrará en vigencia el siguiente día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará, por ejemplo, a los juicios en trámite y en proceso de ejecución.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 11:00 No hay comentarios:
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la sentencia que ordenó computar intereses desde la fecha de deceso del causante y hasta la fecha del efectivo pago de la indemnización por fallecimiento del trabajador, debido a que la empresa obligada no tenía certeza respecto de la identidad del acreedor que fue resuelta posteriormente mediante proceso de conocimiento.
En la causa "C., G. H. c. CEAMSE s. indemnización por fallecimiento", la sentencia de grado hizo lugar a la pretensión articulada por L. N. S., acumulada a estos actuados, fundada en las previsiones del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, desestimando la reclamación efectuada por la aquí actora G. H. C., quien también denunció una situación de concubinato mantenida con el causante J. L., ex trabajador de la accionada y fallecido en mayo de 2011.
Ante la apelación presentada por la empresa demandada y la actora G. H. C., los jueces de la Sala IX aclararon que no se discute en la presente litis la procedencia de aquella reparación tarifada, ni la de las restantes partidas integrantes de la liquidación final, sino la legitimación de la acreedora al pago del crédito resultante.
Cabe señalar que el juez de primera instancia resolvió la cuestión con sustento en las pruebas testimonial y documental que individualizó, de las cuales surge demostrado, a su criterio, que durante sus últimos años de vida (más precisamente, desde el 2005 y hasta el 2011) el señor L. convivió en aparente matrimonio con la señora S.; lo cual lo persuadió para otorgar preeminencia a la situación denunciada por esta última, en detrimento de la versión ofrecida por C., a quien si bien ubicó en una vinculación de tipo afectiva con el causante, sostuvo que la misma se remontaba a una época sensiblemente anterior.
En el mismo orden de ideas, el magistrado de grado sostuvo que tal parecer fue corroborado en función de la demanda por alimentos, iniciada por C. contra L. ante la Justicia Nacional en lo Civil, en el sentido que allí la apelante afirmó haber convivido con el de cujus hasta el 1.7.1986, esto es, veinticinco años antes de producirse la muerte del dependiente, lo cual ubica su situación a una época de antaño ciertamente distante del período de convivencia que informaron los testigos respecto de la nueva relación que tuviera como concubina a S.
Los jueces que integran la Sala IX señalaron que “el artículo 248 de la LCT alude -para el supuesto de autos- a un período de convivencia mínima de dos años anteriores al fallecimiento, que se encontraría cumplido de todos modos al margen de la discusión agitada en la pieza recursiva”.
Sentado ello, y luego de destacar que no se discute que el causante no contrajo nupcias con ninguna de las accionantes, los magistrados explicaron que rige en tal supuesto la segunda parte de norma que expresamente dispone que “a los efectos indicados, queda equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento”.
Por otro lado, los Dres. Alvaro Edmundo Balestrini y Roberto Pompa ponderaron que “la apelante no dice cómo habría probado que ella era quien se encontraba conviviendo con el trabajador al momento de su defunción, lo cual pone en evidencia la inconsistencia global del emprendimiento”, rechazando de este modo el agravio expuesto por la parte actora.
En cuanto a la apelación de la demandada, el tribunal destacó en la sentencia dictada el 18 de julio pasado, que “la apelante no puso en tela de juicio el derecho reclamado, como así tampoco su carácter de obligada, sino que su defensa estuvo circunscripta a la falta de certeza que tenía respecto de la identidad del acreedor”, siendo dicha cuestión “zanjada luego de tramitar un proceso de conocimiento, en el que fue consignada judicialmente la suma de dinero resultante de la obligación por la que en definitiva fue traída a juicio”.
Dentro de este contexto, la mencionada Sala juzgó que “la sentencia debe ser revisada en cuanto ordenó computar intereses -desde la fecha de deceso del causante y hasta la fecha del efectivo pago-, puesto que la obligada ajustó su conducta a la observancia de la ley y no es posible hacerla cargar con las consecuencias derivadas del transcurso del aquél tiempo”, sobre todo cuando “las interesadas bien pudieron articular oportunamente medidas del tipo de la finalmente solicitada por una de ellas (afectación de lo consignado a un depósito a plazo fijo con renovación automática), evitando de ese modo la desvalorización de las sumas de dinero dadas en pago”.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 11:11 No hay comentarios:
NUEVO CODIGO CIVIL - PADRES
El nuevo Código Civil y Comercial es una realidad. Entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016 e impactará en la vida cotidiana de todos los argentinos. Desde que nace hasta que muere. No hay términos medios. De allí la importancia de su sanción.
Uno de los cambios más trascendentes de este cuerpo legal se da en la responsabilidad de los padres sobre sus hijos menores. En la actualidad, se habla de patria potestad, que es elconjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre sus hijos mientras sean menores o no se hayan emancipado.
Este régimen -en el cual si los progenitores se separan y el chico queda a cargo del padre o madre con quien viva, mientras que el otro ocupa un rol secundario- quedará derogado.
Dentro de unos meses, será compartido, aún cuando los padres no vivan juntos o no se hayan casado. Además, siguiendo el fenómeno creciente de las "familias ensambladas" se incorporael deber de cuidado personal del hijo de uno de los integrantes de la pareja por parte del otro, así como la posibilidad de otorgar la guarda del menor de edad a un tercero (abuelo o tío, por citar algunos ejemplos).
De acuerdo a la normativa, estos deberes y derechos buscarán la protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
Se regirá teniendo en cuenta el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo de acuerdo a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. Además estipula el derecho del menor a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Dicha responsabilidad parental irá disminuyendo con el crecimiento de los chicos.
Puntos destacadosEn cuanto a los padres convivientes, el actual Código Civil dispone que el ejercicio de la patria potestad en el caso de los hijos matrimoniales corresponde a los cónyuges conjuntamente, presumiendo que los actos realizados por uno de ellos cuenta con el consentimiento del otro, salvo algunos supuestos.
También establece el otorgamiento conjunto del ejercicio de la responsabilidad parental cuando los progenitores convivan.
"Si bien es el mismo principio que el actual, resulta más acertada la terminología usada ya que habla de padres convivientes en cambio de hijos matrimoniales, porque el otorgamiento conjunto lo da la convivencia de los padres, ya que se presume que las decisiones se toman en conjunto, que son producto de conversaciones que se dieron en la familia", explicó Karina Bigliardi, especialista en Derecho de Familia y colaboradora de Microjuris.
En cuanto a los padres que no vivan bajo el mismo techo, antes de la reforma debía elegirse a uno de ellos, para que ejerza unilateralmente la autoridad parental de los hijos menores de edad, es decir, que se va a designar a uno o ambos padres para que tome las decisiones diarias sobre los hijos.
Acá llega uno de los cambios más importantes. El nuevo cuerpo legal determina que el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde en caso de separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro.
"Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades", explica Bigliardi.
"En principio, el régimen de los no convivientes es igual que el de los padres convivientes: ambos ejercen la responsabilidad parental y las decisiones que tome uno se presume que son tomadas con la conformidad del otro progenitor. Se otorga unilateralmente por voluntad de los progenitores o decisión judicial, teniendo en cuenta el interés del hijo”, remarcó la especialista.
En caso de desacuerdo entre los progenitores, agregó que "cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio Público".
La gran novedad sobre este punto se da en que cuando los desacuerdos de los progenitores son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la responsabilidad parental, el magistrado podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los progenitores, o distribuir entre ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder de dos años. Asimismo, puede someter las discrepancias a mediación.
Luego, el juez -una vez cumplido dicho plazo- debe verificar si subsisten las causas que dieron lugar a su decisión. "Siempre con la intención de que el ejercicio de la responsabilidad parental sea compartido por ambos progenitores", destacó la colaboradora de Microjuris.
Por otro lado, el nuevo Código permitirá que -en virtud del interés del menor y por razones justificadas-, los progenitores puedan convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente o tercero idóneo.
Dicho acuerdo -que tendrá un plazo máximo de un año con posibilidades de prorrogarse- deberá contar con el aval de un magistrado, quien debe oír al menor antes de tomar una decisión.
En otro de sus artículos, el Código prohíbe a los progenitores el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. En caso de necesitarlo, pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado.
Sobre el deber de cuidado personal del menor, el nuevo marco establece que si es compartido, puede tener dos modalidades: alternado o indistinto.
Es alternado cuando el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia e indistinto, cuando reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.
"La regla general es que se otorgue la modalidad indistinta, salvo que esto no sea posible o resulte perjudicial para el hijo", destacó Bigliardi.
En caso de que se otorgue a uno sólo de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el niño. La regla que establece el Código para esta situación es que debe elegirse al progenitor que facilite el derecho a mantener un trato regular con el otro progenitor. Además, deberá tenerse en cuenta la edad del hijo y su opinión.
Otros ítems destacados
Asimismo, el proyecto recientemente aprobado y promulgado regula:
* Los derechos y deberes del "Progenitor Adolescente" en virtud del principio de la capacidad progresiva: reconoce que los padres adolescentes pueden llevar adelante los actos de la vida cotidiana de sus hijos, siendo ellos los protagonistas principales de la crianza con ciertas limitaciones referidas a los actos de gravedad o envergadura, para los cuales necesitarán la aprobación de los abuelos del niño, sin la necesidad de que uno de ellos deba dar designado previamente como tutor de su nieto.
* Progenitor afín: son los nuevos cónyuges o parejas de los padres del niño, quienes deberán cooperar en su crianza y educación y podrán realizar actos de la vida cotidiana de estos, como por ejemplo firmarles el boletín o una autorización para ir de excursión con sus compañeros de escuela. El nuevo texto legal aclara que dicha colaboración no debe afectar los derechos de los titulares de la responsabilidad parental pero se les podrá delegar el ejercicio de la responsabilidad parental, cuando el o los progenitores no se encuentren en condiciones de cumplir con los cuidados del menor.

References: artículo 178
 artículo 182
 artículo 178
 artículo 178
 resolución 
 artículo 765
 artículo 766
 artículo 619
 artículo 765
 artículo 766
 resolución 
 artículo 765
 artículo 248
 artículo 248