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Timestamp: 2018-08-14 10:29:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-00285/2806-15 DE MARZO 16 DE 2017
SENTENCIA 2013-00285 DE 16 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA PARA LOS DOCENTES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. SE HA PRECISADO POR REITERADAS OCASIONES QUE LA PENSIÓN GRACIA ES CONSIDERADA COMO UNA PRESTACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL OTORGADA A LOS DOCENTES, COMO RECONOCIMIENTO A SUS ESFUERZOS, CAPACIDAD, DEDICACIÓN Y CONOCIMIENTOS AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA, POR UN LAPSO NO MENOR DE 20 AÑOS, ENTRE OTRAS EXIGENCIAS. SU REGULACIÓN SE ENCUENTRA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 114 DE 1913, BAJO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: LOS MAESTROS DE ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES QUE HAYAN SERVIDO EN EL MAGISTERIO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE VEINTE AÑOS, TIENEN DERECHO A UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN VITALICIA, EN CONFORMIDAD CON LAS PRESCRIPCIONES. DE IGUAL FORMA, PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN GRACIA ES INDISPENSABLE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA QUE LA REGULA, CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE. ADICIONALMENTE, QUE ESTUVIERE VINCULADO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980HABER CUMPLIDO LA EDAD DE CINCUENTA AÑOSY HABERSE DESEMPEÑADO CON HONRADEZ, CONSAGRACIÓN Y BUENA CONDUCTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCENTE, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL DOCENTE, DERECHOS DEL DOCENTE, PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA
Sentencia 2013-00285/2806-15 de marzo de 2017
Rad.: 81001-23-33-000-2013-00285-01(2806-15)
Actor: Nancy Esther Santamaría Sarmiento
Demandado: Caja nacional de previsión social - hoy unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP)
Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil diecisiete
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada contra la Caja Nacional de Previsión Social- hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Nancy Esther Santamaría Sarmiento, mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción en orden a que se declare la nulidad de las resoluciones UGM 033522 de 16 de febrero de 2012 y UGM 050614 de 25 de junio del mismo año, por medio las cuales la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), denegó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicita condenar a la entidad demandada a reconocerle la pensión gracia, tomando como ingreso base de liquidación, el salario promedio mensual devengado en el último año de servicios anterior a la fecha en que cumplió el estatus pensional; y, que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188, 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La señora Nancy Santamaría Sarmiento nació el 11 de noviembre de 1954 y prestó sus servicios como docente en el departamento del Cesar, entre el 26 de febrero de 1975 y el 25 de marzo de 1979, y en el distrito de Barranquilla entre el 15 de septiembre de 1992 y el 4 de enero de 1996 y del 11 de marzo de 1997 hasta la fecha en que presentó la demanda.
Como consecuencia de lo anterior, el 18 de agosto de 2011 solicitó de la entonces Cajanal El reconocimiento y pago de la pensión gracia; petición que le fue negada mediante las Resoluciones UGM 033522 de 16 de febrero de 2012 y 050614 de 25 de junio del mismo año.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
Como tales se señalaron los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 3 del Decreto 2285 de 1955; 43 de 1975; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 inciso 2º de la Ley 33 de 1985; 15 numeral 2º literal a) de la Ley 91 de 1989; y 9 de la Ley 715 de 2001.
Al desarrollar el concepto de violación, adujo, que cumple con los requisitos establecidos en la ley para hacerse beneficiaria de la pensión gracia, comoquiera que acreditó 50 años de edad y se desempeñó durante más de 20 años como docente oficial de carácter nacionalizado y distrital, en el departamento del Cesar y en el Distrito Especial de Barranquilla, de lo que dan cuenta las certificaciones aportadas en sede administrativa.
El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como argumentos de defensa, que la señora Santamaría Sarmiento no es beneficiaria de la pensión gracia, pues tal y como se expresó en el acto demandado, no se acreditaron los documentos que demostraran la vinculación municipal, distrital o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, tales como el decreto de nombramiento o el acta de posesión en la respectiva entidad.
Que tampoco se logró acreditar que cumpliera el tiempo de servicio requerido por la Ley, en razón a que en el expediente administrativo se encuentra que laboró como docente por espacio de 17 años, 2 meses y 25 días de servicio.
Propuso como excepciones inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 13 de enero de 2015, declaró la nulidad de las resoluciones UGM 033522 de 16 de febrero de 2012 y 050614 de 25 de junio de 2012 y en consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) reconocer la pensión gracia a la docente Nancy Esther Santamaría, con base en el 75% del promedio de la asignación básica y demás factores devengados durante el año anterior a la causación del derecho.
Adujo que de acuerdo al material probatorio que obra en el expediente se logró determinar que la actora reunió los requisitos consagrados en las leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, ya que se vinculó a la docencia territorial antes del 31 de diciembre de 1980 (26 de febrero de 1975); acreditó más de 20 años de servicios, es mayor de 50 años y desempeñó su labor con honradez, consagración y buena conducta.
1.4. La apelación.
El apoderado especial de la UGPP, interpuso recurso de apelación, argumentando, en síntesis, lo siguiente:
La demandante no acreditó la prestación del servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, porque no obra en el proceso copia auténtica del decreto de nombramiento por medio del cual fue designada como docente para esa fecha.
A pesar de que se allegaron diversas constancias de tiempos de servicios, ellas no señalan de manera detallada la fuente de financiación de los recursos con los cuales se cancelaron los salarios, por lo que no existe certeza de si estos fueron pagados con recursos propios o provenientes de la nación, caso en el que sería improcedente el reconocimiento pensional, pues se estaría ante el incumplimiento del requisito de acreditar que “no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
Adicional a lo anterior, advirtió que en el plenario solo consta que la actora acreditó 17 años, 2 meses y 5 días de servicio, tiempo insuficiente para acceder al beneficio prestacional.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del Ministerio Público.
1.5.1. De la parte demandante.
Guardó silencio en esta etapa procesal.
1.5.2. De la entidad demandada.
El apoderado especial de la UGPP reiteró que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, en la medida en que i) no se allegaron al expediente los actos administrativos de nombramiento y de posesión, que demuestran de manera fehaciente la naturaleza del vínculo distrital, nacionalizado o territorial con el Departamento del Cesar y la Alcaldía de Barranquilla; ii) la certificación que obra en el plenario da cuenta de que la actora tan solo acreditó 17 años, 2 meses y 5 días de servicio, tiempo insuficiente para acceder al beneficio prestacional; y ii) el periodo laborado en el Distrito de Barranquilla en el año 1996 no debe ser tenido en cuenta por tratarse de una vinculación temporal.
1.5.3. Concepto del procurador.
Corresponde a la Sala precisar si la señora Nancy Esther Santamaría Sarmiento tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia, en los términos de lo dispuesto en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Nancy Esther Santamaría Sarmiento, en la que consta que nació el 11 de noviembre de 1957 en Barranquilla (Atlántico), es decir, cumplió 50 años de edad el 11 de noviembre de 2007 (fl. 3).
— De acuerdo con el formato único para la expedición del certificado de historia laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la actora se vinculó como docente nacionalizada en el Departamento del Cesar por medio del Decreto 103 de 25 de febrero de 1975 y se trasladó a un plantel educativo en la ciudad de Valledupar, designación que se efectuó por medio del Decreto 306 de 6 de marzo de 1978. Se retiró el 25 de marzo de 1979 (fl. 4).
— El 16 de julio de 2010 la Alcaldía de Barranquilla - Secretaría de Educación Distrital certificó lo siguiente: (fl. 7)
Que revisada la tarjeta de servicio de Nancy Esther Santamaría Sarmiento, con Cédula de Ciudadanía Nº 22.427.093 expedida en Barranquilla (Atl) se constató que el tiempo de servicio prestado por la docente es el siguiente:
Mediante Decreto 0279 de septiembre 15 de 1992 emanado por la Alcaldía Mayor de Barranquilla, se hace un nombramiento en un cargo Docente Nacionalizado “vacante temporal” en la Escuela 46 mixta, mientras dure la ausencia de la titular del cargo mediante Decreto 0279 de 15 de septiembre de 1992.
Que mediante Decreto 00005 de enero 31 de 1996 emanado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, por medio del cual se desvincula a una educadora nombrada en un cargo docente vacante temporal.
Que mediante Resolución 168 de 19 de abril de 1996, se resuelve un recurso de reposición en el cual confirma en todas sus partes el Decreto 00005 de enero 31 de 1996.
Nombrada en propiedad para desempeñar el cargo Docente en el Centro de Educación Básica Nº 120 mediante Decreto 0743 de 25 de febrero de 1997 emanado de la Alcaldía Mayor de Barranquilla, posesionada el 11 de marzo de 1997.
Ascendida al Grado 6º del Escalafón Nacional Docente del Distrito de Barranquilla, mediante Resolución 0551 de 2 de abril de 2008.
Actualmente presta sus servicios en la Institución Educativa Distrital Ciudadela 20 de julio (Antes C.E.B Nº 120).
— El 7 de junio de 2012 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio certificó el tiempo laborado por la actora entre el 11 de marzo de 1997 y el 7 de junio de 2012 en los siguientes términos: (fls. 8 - 9).
Tipo de vinculación Distrital
Fuente de recursos Recursos propios
Tipo de nombramiento Propiedad
Establecimiento educativo actual Institución Educativa Distrital Ciudadela 20 de julio
Ciudad o municipio Barranquilla
Novedad Acto de nombramiento Desde Hasta Tiempo laborado
Propiedad Decreto 0743 de 25-02-1997 11-03-1997 07-06-2012 15 2 27
Total tiempo laborado: 15 2 27
— Acta de 11 de marzo de 1997 suscrita por el Alcalde de Barranquilla en la que la actora toma posesión del cargo de docente en la Institución Educativa Distrital Ciudadela 20 de julio (fl. 10).
“ART. 6º—Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección”.
[...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
‘[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación’, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera ‘[...]otra pensión o recompensa de carácter nacional’.
La entidad demandada señala en el recurso de apelación que es improcedente el reconocimiento de la pensión gracia, como quiera que no se allegaron al expediente copia de los actos administrativos de nombramiento y de posesión, que demuestran de manera fehaciente la naturaleza del vínculo docente de la señora Nancy Esther Santamaría Sarmiento con el Departamento del Cesar y la Alcaldía de Barranquilla.
Sobre el particular, es pertinente señalar que esta corporación en la sentencia del 10 de marzo de 2016, Expediente 2604-14 C.P. Gabriel Valbuena Hernández, abordó el tema relacionado con los medios de prueba a través de los cuales los docentes pretenden acreditar el tiempo de servicio exigido por la Ley 114 de 1913 para efectos del reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, en los siguientes términos:
Debe precisarse que para esta Sala no es de recibo el argumento trazado por el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de primera instancia, según el cual para el cómputo del tiempo de servicio docente solo se tendrían en cuenta los tiempos demostrados por medio de actos administrativos de nombramiento, actas de posesión e historial laboral, descartando de plano documentos como (i) las copias de las certificaciones del record de trabajo del demandante expedidos por los diferentes Alcaldes Municipales de El Tablón, Nariño; y (ii) la copia del Formato Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral de Fiduprevisora S.A.
Lo anterior, por cuanto en el caso sub judice no es aplicable lo consagrado en el artículo 7º de la Ley 50 de 1886(7), pues dicho precepto expedido en vigencia del antiguo sistema de tarifa legal para la valoración de la prueba, resulta contrario al principio in dubio pro operario.
Ahora bien, es por ello entonces que lo que resulta aplicable al caso concreto es lo establecido en el Código General del Proceso, sobre la eficacia probatoria de los documentos públicos, toda vez que resulta más favorable aplicar esta disposición que aquella, ya que lo consagrado en la Ley 50 de 1886, limita al trabajador a probar determinados hechos (empleos desempeñados) a través de una única prueba, los actos administrativos de nombramiento, a diferencia de los estatutos procesales posteriores que contienen regulación sobre pruebas y permiten la demostración de tales hechos con otros documentos. […].
Visto lo anterior, estima la Sala que la exigencia planteada por la parte recurrente, referida a la acreditación de los actos de nombramiento y posesión de la señora Santamaría Sarmiento, es propia del antiguo sistema de tarifa legal que, debe decirse, no sólo resulta contrario al principio de libertad probatoria que orienta en el ordenamiento jurídico colombiano, sino también al in dubio pro operario, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.(8)
Así las cosas, se define, para el caso en concreto, que los documentos aportados al plenario constituyen medios de prueba idóneos para acreditar que la demandante laboró como docente en el Departamento del Cesar, entre el 26 de febrero de 1975 y el 1º de marzo de 1979; y en la Alcaldía de Barranquilla, entre el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de enero de 1996; y del 11 de marzo de 1997 hasta el 7 de junio de 2012, para un total de 22 años, 7 meses y 18 días de servicio.
En efecto, las certificaciones fueron expedidas por autoridades competentes y contienen los datos trascendentales para el reconocimiento de la pensión gracia tales como el cargo desempeñado, clase de plantel y el nivel de educación del respectivo centro educativo.
Conforme lo anterior, en el presente caso, se encuentra que los certificados aportados al plenario visibles a folios 4 a 14 expedidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de Educación del Cesar y la Alcaldía de Barranquilla, demuestran que la señora Nancy Esther Santamaría Sarmiento reunió los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia en razón a que acreditó:
i) 20 años de servicio como docente en planteles nacionalizados y distritales. Se vinculó como docente en la Escuela Rural Mixta del Corregimiento de Pueblo Bello (Cesar) entre el 26 de febrero de 1975 y el 31 de julio de 1980; en la Escuela Nº 46 mixta de Barranquilla entre el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de enero de 1996; y en el Centro de Educación Básica 120 entre el 11 de marzo de 1997 y el 7 de junio de 2012.
ii) Cumplió 50 años de edad el 11 de noviembre de 2004.
iii) Desempeñó su labor docente con honradez, consagración y buena conducta, teniendo en cuenta que la entidad demandada no alegó que la docente hubiere incurrido en alguna causal de mala conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente ni que percibiera otra asignación incompatible con la pensión reclamada.
Por último, es preciso señalar que la vinculación temporal de la actora entre el 15 de septiembre de 1992 y el 31 de enero de 1996, es plenamente válida para efectos de acreditar parte de los 20 años de servicio requeridos por las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 para el reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, por las siguientes razones:
Las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso de la demandante.
Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un empleo docente, esto, con ocasión de cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones, la administración cuenta con la posibilidad de proveer dicho empleo en forma transitoria, a través de un nombramiento con tal naturaleza con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismo en la prestación normal del servicio educativo oficial.
Con base en los argumentos previamente expuestos, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, al encontrarse acreditado que la señora Nancy Esther Santamaría Sarmiento, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión gracia.
Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 13 de enero de 2015, dentro del proceso promovido por Nancy Santamaría Sarmiento contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP).
(1) “que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”.
(3) “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.
(4) “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados”.
(5) “por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.
(6) Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(7) ART. 7º—No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que debe constar por documentos o por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo, que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias auténticas. (Negrilla fuera de texto).
(8) ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (…)” (negrillas fuera del texto).

References: ARTÍCULO 1
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
in dubio
in dubio
 artículo 53