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Timestamp: 2019-08-18 17:03:59+00:00

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Cosa Juzgada Garrote | Res Judicata | Procedural Law
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Habeas Corpus y Amparos Sala Constitucional 2009
Finalidad y Principios Del Recurso de Reposición
Estudios Constitucionales, Ao 10, N2, 2012, pp.391 - 428.
Cosa Juzgada Constitucional Sui Generis y su Efecto en las Sentencias del Tribunal
Constitucional en materia de Inaplicabilidad e Inconstitucionalidad
Cosa Juzgada Constitucional Sui Generis
y su Efecto en las Sentencias del Tribunal
Constitucional en materia de Inaplicabilidad
e Inconstitucionalidad
Anything deemed constitutional sui generis and its effect
on the rulings of the constitutional court in terms of nonapplicability and constitutionality
Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo.
emilio.garrote@uda.cl.
Resumen: En el presente trabajo se abordara la cosa juzgada constitucional y su efecto en las
sentencias del Tribunal Constitucional, en materia de inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Proponemos una cosa juzgada constitucional sui generis o cosa decidida, en atencin a las particularidades
que presenta esta institucin en el mbito del Derecho Constitucional, por ende no nos ceiremos al
concepto tradicional del Derecho Procesal Civil.
Abstract: In this paper we address the adjudication effect (res judicata) of the Constitutional
Court judgments, concerning the unconstitutionality of the law (when it is declared void or strikes
down). We propose a sui generis adjudication effect, in consideration of the peculiarities of this institution in the field of Constitutional Law. Therefore we do not restrict ourselves to the res judicata
traditional concept of the Civil Procedural Law.
Palabras clave: Cosa juzgada - Cosa juzgada constitucional sui generis - Efecto de cosa juzgada
en las sentencias de Inaplicabilidad e Inconstitucionalidad.
Keywords: Res judicata - Res judicata sui generis constitutional - Adjudication effect of unconstitutionality judgement.
Nuestro modelo de justicia constitucional en virtud de la Ley de Reforma
Constitucional de 2005, sufri modificaciones sustanciales. De un sistema
* Alumno regular del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Direccin
Postal: San Carlos de Apoquindo 2200. Las Condes, Santiago, Chile. Becario Conicyt para estudios de
Doctorado en Chile. Email: egarrote@uandes.cl - emilio.garrote@uda.cl. Un agradecimiento especial
al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes Dr. Luis Alejandro Silva Irarrazabal, por sus observaciones y comentarios. Artculo presentado el 30 de enero de 2012 y aprobado
el 20 de junio de 2012.
Estudios Constitucionales, Ao 10, N 2
2012, pp. 391 - 428
difuso entregado a la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, al decir de
algunos autores1, o doblemente concentrado segn otros 2; adoptamos un sistema concentrado de control normativo concreto 3 radicado ahora en el Tribunal
Constitucional4. Establecindose en virtud de la accin de inaplicabilidad un
control jurisdiccional concreto, represivo y facultativo de preceptos legales cuya
aplicacin sea contraria a la Constitucin (en adelante CPRCh), y un control
abstracto a travs de la accin de inconstitucionalidad 5. Estimo que si bien es
concentrado, lo calificara como impuro, por las razones que expondr ms
En el presente trabajo se analiza la institucin de la cosa juzgada constitucional en la CPRCh a partir de la Ley de Reforma Constitucional N20.050
y sus efectos en materia de control constitucional. Se tomar como base el
procedimiento vigente en materia de inaplicabilidad e inconstitucionalidad
de acuerdo al artculo 93 numerales 6 y 7, respectivamente. La intencin es
demostrar que en el mbito constitucional en general y en el proceso constitucional en particular no podemos aplicar analgicamente la institucin de la cosa
juzgada tradicional. Pienso que en nuestra disciplina no hay una cosa juzgada
constitucional. No al menos en el sentido tcnico procesal de la institucin.
Existe ms bien una cosa juzgada constitucional sui generis en atencin a las
particularidades que presenta, la cual no se corresponde con las caractersticas,
efectos y finalidades de la cosa juzgada en sentido clsico.
No se pretende en ningn caso agotar la discusin sino muy por el contrario,
abrir el debate sobre la materia con la finalidad de determinar los verdaderos
efectos y alcances de las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional
Chileno (en adelante TCCh) en el control constitucional de inaplicabilidad
e inconstitucionalidad, dando los primeros matices o ideas bases. El objeto
de anlisis cobra relevancia dado que se trata del estudio de una materia con
escaso tratamiento en nuestra doctrina y legislacin, cuya importancia se revela
Ros (2002), p.40; Martnez (2005), p.466.
Nogueira (2002), p.74.
Ros (2005), p.76.
Bajo el actual modelo de jurisdiccin constitucional, el Tribunal Constitucional tiene potestad para
pronunciarse sobre la aplicacin de las leyes respecto de gestiones radicadas en tribunales ordinarios o
especiales, a objeto de determinar su inaplicabilidad o inconstitucionalidad, pero no tiene facultades para
resolver el conflicto o interpretar la ley.
Zuiga (2005), p.490.
Cosa Juzgada Constitucional Sui Generis y su Efecto en las Sentencias del TC
a partir de las nuevas funciones en materia de control constitucional a cargo
del TCCh.
Para estos efectos, analizare primero la institucin de la cosa juzgada en
general. Abordar luego, la cosa juzgada constitucional sui generis y finalmente
tratare sus efectos en las sentencias emanadas del control de inaplicabilidad e
II. Cosa juzgada
Al hablar de la cosa juzgada podemos hacerlo al menos en dos sentidos.
O podemos decir que la expresin admite dos acepciones: cuando se dice que
ya hay cosa juzgada o eso es cosa juzgada hay referencia al estado jurdico
en que se encuentran algunas cuestiones o asuntos que han sido objeto de
enjuiciamiento de manera definitiva en un proceso. Es decir, el rgano jurisdiccional ha decidido el asunto litigioso de forma irrevocable y definitiva6. En
una segunda acepcin la cosa juzgada hace referencia a determinados efectos
de ciertas resoluciones judiciales. La sentencia definitiva se ha pronunciado
sobre el objeto del proceso o fondo de la litis. Es la autoridad y eficacia de
una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnacin
que permitan modificarla 7.
Para los fines de esta investigacin interesa este ltimo sentido. La cosa
juzgada es la calidad que adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces cuando se han agotado todos los recursos destinados a
impugnarlas y se tornan irrevocables. Se trata de una institucin jurdica
vinculada tradicionalmente a la idea de evitar un pronunciamiento sobre
un asunto decidido anteriormente. La sentencia contiene un mandato que
cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada se torna inmutable. El caso
examinado y decidido ya no podr replantearse con posterioridad conforme
al principio non bis in idem. Quien pretenda realizar un nuevo juicio fundado en el mismo contenido faculta a la contraria para oponer la excepcin
de cosa juzgada. Este principio es absoluto en el Derecho Penal puesto que
la declaracin de inocencia es un derecho subjetivo adquirido que no puede
ser cuestionado indefinidamente.
De la Oliva (1991), p.17
Couture (2010), p.326.
En cambio, en el proceso civil la sentencia reconoce un derecho patrimonial
del cual su titular no podra ser privado sin violarse el derecho constitucional
de propiedad. No obstante, en algunos casos se contempla la revisin o rescisin y se acepta la cosa juzgada formal. Esto es, el derecho a promover en un
procedimiento posterior la accin tendiente a modificar lo resuelto cuando
aparezcan nuevos elementos que no fueron considerados, no siendo posible
deducirlo en el mismo proceso. Al respecto, la Corte Suprema ha sealado
la institucin de la cosa juzgada, que es una normativa de carcter procesal referente al efecto que deben producir determinadas resoluciones judiciales cuando
alcanzan la condicin de ser inimpugnables e indiscutibles, tiene como finalidad
evitar que vuelva a debatirse entre los interesados el asunto que haya sido objeto
de una decisin ()8. En otra oportunidad sealo es nula la sentencia que
se pronuncia en contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada, cualquiera
sean los errores y defectos de que sta pueda adolecer9.
La Constitucin no tiene otro significado jurdico que aquel que le otorgan
los jueces en sus sentencias. El Supremo guardin debe interpretar tanto el texto
constitucional como el precepto legal sometido a su consideracin, pudiendo
extraer en su labor interpretativa diversas normas, debiendo decidir por aquella que ms se conforme con el Texto Constitucional 10. El juez constitucional
es el centinela de la supremaca y de la fuerza normativa efectiva de la Ley
Suprema. El instrumento ms eficaz para este cometido es la declaracin de
inconstitucionalidad. No obstante, no en todos los casos debe recurrir a ella.
Debe hacer un esfuerzo por mantener el producto normativo del rgano por
esencia democrtico, otorgando la mxima certeza del derecho que forma parte
del ordenamiento jurdico11.
As lo ha reconocido el propio TCCh al sealar Tal y como lo han reconocido uniformemente la doctrina y la jurisprudencia comparadas, el respeto
hacia la labor que desarrolla el legislador obliga al Tribunal Constitucional, en
su funcin de controlar la constitucionalidad de la ley, a buscar, al menos, alguna
Sentencia Corte Suprema, 05 de noviembre de 1970, RDJ, t.67, sec. 1, p.505.
Sentencia Corte Suprema, 06 de abril de 1939, RDJ, t.37, sec. 1, p.1.
Nogueira (2004), pp.112 y ss.
Nogueira (2004), p.113.
interpretacin del precepto cuestionado que permita armonizarlo con la Carta
Fundamental y slo en el evento de no ser ello posible, unido a la necesidad de
cautelar integralmente la plena vigencia de los principios de supremaca constitucional, igualdad ante la ley y certeza jurdica, resultar procedente y necesaria
la declaracin de inconstitucionalidad12.
La interpretacin conciliadora deriva de su fuerza normativa y de su vinculacin y cumplimiento inmediato. Es decir, de los principios de constitucionalidad
del artculo 6 de la Constitucin13. En el considerando decimosptimo seala
que si bien la sentencia previa de inaplicabilidad es condicin del ejercicio de la
accin de inconstitucionalidad, esta es examinada y resuelta en su propio mrito y,
adicionalmente, exige la calificacin de supuestos vinculados al inters pblico; de
manera que, como lo corrobora la historia del proyecto de reforma constitucional
reseada en lo pertinente anteriormente, el Tribunal Constitucional ejercita su
atribucin facultativamente y no se encuentra obligado a efectuar una declaracin
A mayor abundamiento, en su sentencia Rol N1.173, de 16 de abril de
2008, el TCCh sostuvo que, () Debe tenerse presente que la declaracin de
inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en sentencia previa
no constituye un deber para el Tribunal Constitucional, sino que nicamente una
facultad que se ejercer en la medida que ninguna interpretacin del precepto impugnado permita su ajuste con la carta Fundamental14 (considerando cuarto).
En otras palabras, la sentencia de inaplicabilidad es slo una condicin o presupuesto para entablar la accin de inconstitucionalidad, no para declararla. La
inconstitucionalidad deber ser examinada y resuelta en su propio mrito, ya
que se trata de juicios de legitimidad distintos. La posible inconstitucionalidad
del precepto legal se debe realizar sin consideracin a situaciones especficas,
dado que se trata de un control abstracto; exigiendo la calificacin de supuestos
vinculados al inters pblico.
La declaracin de inconstitucionalidad en cuanto a su contenido, importa
la anulacin de la norma legal con efecto general. El TCCh ha sealado que
la declaracin de inconstitucionalidad constituye el ltimo recurso, la ltima
ratio para asegurar la supremaca constitucional, dado que implica dejar sin
efecto, con carcter derogatorio, un acto emanado del rgano legislativo, expresin
Tribunal Constitucional, Rol N558 (590)-2006-INC, de 05 de junio de 2007. Rol N681-2006
Ziga (2009), p.16.
Tribunal Constitucional, Rol N1173-2008-INC, de 16 de abril de 2009.
de la soberana popular, lo que eventualmente puede generar un cierto grado de
inseguridad jurdica ante el vaco normativo que se produce por la desaparicin
de un determinado precepto legal que se expulsa del ordenamiento jurdico por ser
manifiestamente contrario a la Constitucin 15. Si bien comparto lo sealado por
el Mximo intrprete de la Norma Suprema, considero que es errneo el efecto
derogatorio que le atribuye a la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad.
En el mismo error incurre el constituyente derivado de 2005 en el artculo 94
inciso tercero, ello porque se trata ms bien de un efecto invalidatorio, por las
razones que expondremos ms adelante.
En esta materia encontramos diversas posiciones doctrinarias. Y as por
ejemplo en Espaa Toms Fernndez y Eduardo Garca, rechazan la aplicacin
de la cosa juzgada al control abstracto de normas tratndose de la sentencia
absolutoria, dado que la institucin de la cosa juzgada dice relacin con una
situacin concreta e individualizada. Se basan principalmente en el hecho de
que no hay verdaderas partes en el proceso constitucional. Los recurrentes
son simples rganos polticos sin personalidad. No hay un conflicto de hecho
entre stas. Adems sostienen que sera simplemente una interpretacin de
la ley. Luego, nunca una sentencia cierra el paso a otra ulterior ya que puede
interpretarse la ley de manera distinta16. En tanto, para Jordi Nieva la cosa
juzgada consiste simplemente en la prohibicin de que los juicios se repitan.
Existe para dar fijeza a los juicios ya emitidos y, como consecuencia, seguridad
jurdica al sistema jurdico social17.
En nuestro pas se han referido a esta temtica los profesores Nogueria,
Aldunate, Soto Kloss, Errzuriz y Otero. Humberto Nogueira18 y Eduardo Aldunate19, sostienen la existencia de una cosa juzgada constitucional, en tanto que
Eduardo Soto20, Juan Errzuriz y Jorge Otero21, aluden a la res judicata secundum
eventum litis, a propsito de las sentencias recadas en la accin de proteccin.
Por ltimo tenemos aquellos que sin entrar a cuestionar la presencia de la cosa
juzgada en materia constitucional derechamente sostienen que las sentencias
Tribunal Constitucional, Rol N1254-2009-INA, de 29 de julio de 2009.
Fernndez y Garca (1989), p.186.
Nieva (2010), p.33.
Nogueira (2005), pp.421 y ss.
Aldunate (1993), pp.355 y ss.
Soto (1982), pp.284-300.
Errzuriz y Otero (1989), pp.195-2009.
de los tribunales constitucionales producen el efecto de cosa juzgada. Respecto
de estos ltimos cabe la duda, si se refieren a la cosa juzgada en general o bien
es una cosa juzgada distinta, especial, particular. En esta posicin encontramos
entre otros, a los profesores Patricio Zapata, Lautaro Ros, Rodrigo Pica y Juan
El profesor Patricio Zapata opina que, por razones de seguridad jurdica y
contexto constitucional en el caso chileno, las sentencias del TCCh producen
el efecto de cosa juzgada. Sus argumentos son:
Permitir que un mismo asunto vuelva a ser discutido obstaculiza la labor
del TCCh en su rol de intrprete supremo de la CPRCh.
No orientara la interpretacin de los dems tribunales, dejando al resto
de los poderes del Estado en una situacin de constante incertidumbre 22. Reconoce la posibilidad de volver a debatir los temas polmicos ante el TCCh,
siempre y cuando los rganos interesados proporcionen nuevos argumentos
o elementos que justifiquen reabrir la discusin.
Por su parte Lautaro Ros opina que, tratndose de la sentencia denegatoria
de inconstitucionalidad sta produce cosa juzgada constitucional. Su argumento es, () no puede volver a plantearse eficazmente la inconstitucionalidad
del mismo precepto legal por un vicio idntico al rechazado por aqulla23.
Rodrigo Pica sostiene que, las sentencias de inaplicabilidad generan
como toda sentencia en general, el efecto de cosa juzgada24. En otro trabajo
el mismo autor al tratar los efectos de las sentencias de inaplicabilidad e
inconstitucionalidad seala que, () la cosa juzgada constitucional puede
ser, adems, absoluta o relativa, distincin que incidir con gran importancia
en el sistema de control de constitucionalidad25. Sin embargo, no profundiza
En tanto Juan Colombo sostiene que, es de la esencia de todo proceso que
los efectos de la sentencia que le pone trmino se traduzcan en una verdad jurdica
indiscutible e inamovible, o sea, que produzca cosa juzgada; que las sentencias
emanadas de los procesos que tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de
una ley o de un decreto, de competencia de los Tribunales Constitucionales, producen
Zapata (2008), p.365.
Ros (2010), p.61.
Pica (2010a), pp.254 y ss.
Pica (2010b), p.98.
cosa juzgada sustancial y absoluta, con efecto erga omnes; por lo tanto, lo resuelto
no puede volver a debatirse26.
Por mi parte estimo que no existe una cosa juzgada constitucional en
el sentido tcnico procesal de la institucin. Las sentencias emanadas del
Tribunal Constitucional no producen cosa juzgada material, sino que en el
mbito constitucional existe una cosa juzgada sui generis. sta no responde a
las caractersticas y principios que fundamentan la cosa juzgada en general.
Se aparta de las categoras tradicionales del Derecho en general y del procesal civil en especial, por las razones que pasamos a exponer en el siguiente
IV. Cosa juzgada Constitucional Sui Generis
En efecto, en materia constitucional no hay una cosa juzgada en el sentido
tcnico procesal de la institucin objeto de estudio. Estimo que lo que realmente existe es una cosa decidida, y como toda decisin puede ser modificada
existiendo fundamentos razonables para ello. Se trata de una cosa juzgada sui
generis de acuerdo a los siguientes fundamentos:
a) Vaco normativo
En relacin a la cosa juzgada en materia constitucional existe un vaco
normativo. En un primer anlisis no es muy difcil darse cuenta que en nuestra
CPRCh no hay norma alguna que de manera directa o indirecta, expresa o
implcita aluda a institucin de la cosa juzgada. As como tampoco respecto
al efecto de las sentencias del TCCh, en materia de inaplicabilidad. Lo mismo
puede predicarse respecto de la declaracin de inconstitucionalidad. Los efectos
de esta ltima, son consecuencia de la invalidacin del precepto legal declarado
previamente inaplicable, ahora inconstitucional. El nuevo modelo de justicia
constitucional implementado a partir de la Ley de Reforma Constitucional
N20.050 nada dice al efecto. Por su parte la Ley Orgnica Constitucional
del TCCh27 nada aporta en la materia.
Colombo (2005), p.285.
Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.F.L. N5 de fecha 10 de
agosto de 2010, del Ministerio Secretara General de la Presidencia.
b) Dinamismo y flexibilidad
Las sentencias emitidas en los procesos constitucionales no pueden poseer una rigidez ni producir un efecto que conspire contra la adaptabilidad
y dinamismo de la Constitucin. Esta ltima entendida como un orden
abierto de reglas y principios. Un marco de posibilidades. Un cauce por el
cual discurre el proceso poltico democrtico, que pretende encauzarlo de
manera duradera a pesar del carcter cambiante de la realidad subyacente y
El propio TCCh se abre a la posibilidad de modificar lo resuelto, siempre
y cuando la nueva accin se encuentre razonablemente fundada. La sentencia
con todo, ha generado cosa juzgada formal. En efecto, el TCCh ha sostenido
que no es suficiente que los requirentes mejoren o refuercen una lnea argumental para que se pueda volver a examinar un asunto ya discutido. En dicha
oportunidad seal que, () no puede considerarse como razonablemente
fundada la accin intentada en la especie, si resulta evidente que el conflicto de
constitucionalidad que se plantea por esta Magistratura al conocer del requerimiento de inaplicabilidad, Rol N468-2006, interpuesto por el mismo seor
Pineda Pea en contra de la aplicacin del artculo 299 N3, del Cdigo de
Justicia Militar, en el proceso judicial en que aquel fue condenado como autor del
delito que esa norma establece, por sentencia dictada por el tribunal competente.
() la circunstancia referida precedentemente no se altera por el hecho de que
ahora se intente por el actor ampliar y complementar el cuestionamiento de fondo
ya resuelto por este Tribunal Constitucional, ()28.
d) Naturaleza del objeto interpretado
En materia constitucional en razn de la naturaleza del objeto interpretado amerita la aplicacin de reglas singulares. En este sentido compartimos
la opinin de la profesora Mariela Rubano. No slo estn en juego intereses
patrimoniales, econmicos y sociales. Se trata de un cuadro organizado por las
Tribunal Constitucional, Rol N979-2007-INA, de 29 de noviembre de 2007.
normas constitucionales que traducen una determinada frmula poltica para
una estructura social29.
e) Finalidad de la jurisdiccin constitucional
Debemos tener presente los fines propios de la jurisdiccin constitucional.
En especial el control de constitucionalidad de las leyes 30. Este ltimo va dirigido fundamentalmente a preservar la Supremaca de la Constitucin y de
manera indirecta o consecuencial, tutelar derechos fundamentales, antes que
a cerrar o resolver de manera definitiva un conflicto intersubjetivo 31. La jurisdiccin constitucional es una jurisdiccin especialsima, particular. En razn
de la norma a operar (Constitucin), la finalidad de la operacin y el producto
de la misma32.
No hay un conflicto de fondo cuya solucin dependa de la aplicacin de las
normas, sino que, el conflicto mismo se subsume en la pretensin de aplicacin
de la norma constitucional (inaplicabilidad de un precepto cuyos efectos sean
contrarios a la Ley Fundamental o la invalidacin de una norma previamente
declarada inaplicable). Se trata de un derecho especfico, de carcter poltico,
justificada en el mismo como cspide de la jerarqua normativa, como defensora
de esa ubicacin. Dando como resultado, la exigencia de vigencia general, la
que viene a sustituir la inmutabilidad propia del producto de las dems jurisdicciones33.
f ) Legislacin extranjera y cosa juzgada
El control de constitucionalidad conserva una autonoma de fin frente al
que es inherente al proceso en que la sentencia es dictada. Aun en el mbito
del control difuso de la constitucionalidad, en aquellos sistemas difusos o
mixtos de jurisdiccin constitucional, o de la cuestin de inconstitucionalidad,
en los que la determinacin de la compatibilidad de una norma legal con la
Constitucin se produce a partir de un litigio concreto, como paso previo
Rubano (1997), p.110.
Vase Tribunal Constitucional, Rol N591-2006-RINC, de 11 de enero de 2007.
Casal (2004), p.306.
Aldunate (1993), p.355.
Aldunate (1993), pp.355-359.
En este tipo de control las exigencias de la seguridad jurdica ostentan
una intensidad menor a la que es caracterstica en los procesos ordinarios.
Ya que prevalece el inters en salvaguardar la Constitucin, con todo lo que
ello implica34. Sin embargo, en procesos constitucionales como en el caso del
Amparo, los requerimientos de la seguridad jurdica no son muy distintos de
los propios del proceso civil 35. En efecto, tratndose del amparo junto con
garantizar un derecho fundamental, se encuentran intereses subjetivos que
reclaman una solucin del conflicto jurdico constitucional. No obstante, la
cosa juzgada igualmente ofrece particularidades y en ningn caso implica una
petrificacin de la interpretacin constitucional que sirvi de fundamento a
la sentencia36.
En los sistemas de control concentrado de constitucionalidad en el
derecho comparado, los procesos de control normativo son por lo general
bsicamente dos. La accin directa de inconstitucionalidad de las leyes, que
permite impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley considerada contraria a la Constitucin y la cuestin de inconstitucionalidad, en virtud de
la cual los jueces deben someter a la consideracin de tal tribunal la posible
inconstitucionalidad de una norma legal relevante para la resolucin de un
caso concreto. La aceptacin rigurosa de una cosa juzgada material en tales
procesos impedira replantear ulteriormente el asunto decidido, en cuanto
concierne a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto impugnado37.
En algunos sistemas se permite incluso la interposicin de una nueva accin
directa basada en los mismos argumentos antes rechazados, o la elevacin por
otro juez, en la misma causa (juez de alzada, por ejemplo) o en una distinta, de
una cuestin de inconstitucionalidad en relacin con el precepto ya impugnado
o cuestionado y con base en razones semejantes.
As nos encontramos que en algunos sistemas de manera expresa se declara
que las sentencias estimatorias emanadas del control de constitucionalidad no
Casal (2004), p.307.
Por ejemplo en Espaa, donde adems de los procesos de amparo ante los tribunales ordinarios,
existe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el habeas corpus.
En Venezuela las sentencias de tutela o de amparo dictadas por los tribunales son objeto de revisin
extraordinaria por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, lo mismo sucede en Colombia, quedan
sujetas a la revisin por parte de la Corte Constitucional.
Casal (2004), p.308.
producen cosa juzgada, como en el caso de la Jurisdiccin Constitucional de
Costa Rica, el artculo 87 de la ley de la Jurisdiccin Constitucional dispone
que las sentencias desestimatorias de la inconstitucionalidad no producen cosa
juzgada38. En otros sistemas se morigera el efecto de cosa juzgada, como sucede
en Colombia en que las sentencias de la Corte Constitucional hacen trnsito a
cosa juzgada constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 243 inciso
primero de la Constitucin39.
Otros sistemas se hacen alusin al efecto de las sentencias constitucionales
ms no a la cosa juzgada, por ejemplo, la Constitucin en Per prescribe que la
sentencia estimativa de inconstitucionalidad se publica en el diario oficial y al
da siguiente dicha norma queda sin efecto, sin retroactividad, de acuerdo a lo
dispuesto en el artculo 20440. La Constitucin de Ecuador al efecto seala en su
artculo 278 La declaracin de inconstitucionalidad causar ejecutoria y ser promulgada en el Registro Oficial. Entrar en vigencia desde la fecha de su promulgacin
y dejar sin efecto la disposicin o el acto declarado inconstitucional. La declaratoria
no tendr efecto retroactivo, ni respecto de ella habr recurso alguno.
La Constitucin Federal alemana prescribe en su artculo 94.2 que Una
ley regular la composicin y el procedimiento del Tribunal y determinar en qu
casos sus decisiones tendrn fuerza de ley. Dicha ley podr disponer que para los
recursos constitucionales sea condicin necesaria el agotamiento previo de la va
judicial, as como prever un procedimiento especial de admisin de los asuntos.
La Constitucin italiana en su artculo 136 dispone que Cuando la Corte
Constitucional declare la inconstitucionalidad de una disposicin legislativa o de
algn acto con rango de ley, la norma dejar de surtir efecto desde el da siguiente
al de la publicacin de la sentencia. En cambio, la Constitucin espaola de
1978 constituye una excepcin en la materia. No slo se refiere expresamente
al carcter vinculante de las sentencias constitucionales, sino tambin, al efecto
de cosa juzgada, en su artculo 164 41.
Hernndez (2004), pp.45-60.
Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen trnsito a cosa juzgada
La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el Diario
Oficial. Al da siguiente de la publicacin dicha norma queda sin efecto.
No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucionalidad, en todo o parte
una norma legal.
Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicaran en el Boletn Oficial del Estado con los votos
particulares, si los hubiere. Tiene el valor de cosa juzgada a partir del da siguiente de su publicacin y
Las peculiaridades de la cosa juzgada constitucional van ms all de lo
permitido por dicho concepto. As ocurre con las sentencias desestimatorias
de la inconstitucionalidad, cuando se permite sin limitaciones un nuevo
examen de la validez constitucional de la ley, o cuando ello es posible si ha
ocurrido una variacin no en los hechos, sino en las ideas jurdicas o sociales
prevalecientes. Adems, aun en los supuestos en que el replanteamiento de una
accin o cuestin de inconstitucionalidad referida a la misma ley y a idnticos
preceptos constitucionales se supedita a la presentacin de otros argumentos.
Su admisin rompe con los moldes de la cosa juzgada. sta no resulta enervada
por un simple cambio en la argumentacin del accionante, si se mantiene la
identidad de sujetos, de objeto y de ttulo jurdico.
Por todo lo anterior, comparto la opinin de los profesores Toms Fernndez y Eduardo Garca quienes sobre la materia en estudio han sostenido
que tratndose del control abstracto de normas resulta an ms cuestionable
la existencia de la cosa juzgada. Donde no hay verdaderas partes, dado que
los recurrentes son simples rganos polticos sin personalidad. No hay un
conflicto de hecho entre stas. No puede aplicarse a la sentencia absolutoria la
institucin en anlisis, ya que sta dice relacin con una situacin concreta e
individualizada. Sera simplemente una interpretacin de la ley. Luego, nunca
una sentencia cierra el paso a otra ulterior, ya que puede interpretar la ley de
manera distinta42. Y es que, como seala el profesor Francisco () el Tribunal
Constitucional, como rgano de control de constitucionalidad, ejerce una jurisdiccin
de naturaleza jurdica y orgnica que, con competencias ajenas a decisiones sobre
conflictos de intereses particulares o a casos concretos con contradictorios propios de
la jurisdiccin ordinaria43.
g) Falta de coordinacin entre judicaturas
No existe una debida correspondencia entre la judicatura ordinaria y la
jurisdiccin constitucional. El tribunal a quo al resolver el juicio de fondo en
caso alguno hace alusin en los considerando de su fallo, a las consideraciones
adoptadas por el TCCh en sus sentencias. Incluso en aquellos casos en que
no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de una norma
con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimacin subjetiva de un derecho tienen plenos
Ziga (2010), p.267.
ha sido el propio tribunal de la gestin pendiente quien ha solicitado el pronunciamiento del TCCh, sea ste ordinario o especial. Comparto la opinin
del profesor Sergio Verdugo en el sentido de que nuestro modelo de control
constitucional separado del poder judicial carece de reglas de jerarqua claras,
no existiendo normativas que regulen de manera eficiente las relaciones entre
el TCCh y el Poder Judicial, especialmente con los tribunales superiores de
justicia44 y as por lo dems ha quedado de manifiesto en sentencias recientes
de la Corte Suprema en relacin a las Sentencia de la Corte de Apelaciones de
Valparaso y del Tribunal Constitucional 45.
h) Autonoma de la decisin constitucional
Los efectos de las sentencias del TCCh no se producen respecto de la
gestin pendiente, sino slo en el proceso constitucional propiamente tal.
En efecto, el TCCh no est facultado para sealarle al tribunal a quo que
norma debe aplicar, slo le puede indicar en virtud de la sentencia estimatoria
de inaplicabilidad, que norma no deber aplicar. En otras palabras y como
expresamente lo ha reconocido el TCCh, la declaracin de inaplicabilidad
genera un efecto negativo el efecto exclusivamente negativo de la declaracin
de inaplicabilidad traducido en que, declarado por esta Magistratura que un
precepto legal preciso es inaplicable en la gestin respectiva, queda prohibido al
tribunal que conoce de ella, aplicarlo46.
Ahora, desestimada una inaplicabilidad el juez de fondo recupera plenamente su competencia para pronunciarse sobre el objeto de la litis, sobre el
fondo. A l le corresponde determinar la norma que aplicar a la resolucin
del caso sometido a su conocimiento, la que no necesariamente ser la misma
cuya constitucionalidad fue cuestionada sin xito 47. En otras palabras, siempre la competencia para pronunciarse sobre el fondo de la litis la tiene el juez
Verdugo (2011), p.1.
Sentencia Corte Suprema, Rol N4518-2011, de 30 de noviembre de 2011. Sentencia Corte Apelaciones Valparaso Rol N300-2010, de fecha 06 de mayo de 2011, Tribunal Constitucional, Rol
N1801-2010-INA, de 12 de abril de 2011.
Tribunal Constitucional, Rol N608-2006- INA, de 02 de octubre de 2007 - Rol N623-2006- INA,
de 10 de septiembre de 2007.
Tribunal Constitucional, Rol N781-2007- INA, de 27 de septiembre de 2007 - Rol N535-2006INA, de 8 de mayo de 2007.
a quo, la que se suspende transitoriamente en el evento que se plantee una
inaplicabilidad si as lo determina la sala que conoce sobre la admisibilidad de
la accin. En tanto el TCCh no tendra competencia para pronunciarse sobre
la cuestin de fondo.
Sin embargo como se trata de la aplicacin de un precepto legal cuyos efectos sean contrarios a la Ley Suprema, este enjuiciamiento lo puede realizar el
TCCh no slo mientras est pendiente la dictacin de la sentencia definitiva,
sino tambin estando pendiente la revisin de sta, lo que sucede por ejemplo,
en sede de apelacin. En este ltimo caso ya hay un pronunciamiento por parte
de un tribunal y una de las partes ha recurrido en contra de la decisin y habindose iniciado el conocimiento del recurso, la parte recurrente o el tribunal
que conoce del recurso, plantea la cuestin de inaplicabilidad. As las cosas, la
inaplicabilidad se transforma en un mecanismo de control de la interpretacin
y aplicacin de preceptos legales a un caso concreto 48. En el mismo sentido se
pronuncia Gastn Gmez49.
i) Naturaleza incidental
Si se analiza la cuestin desde el punto de vista procedimental, el proceso
constitucional debiera constituir un incidente respecto de la gestin pendiente. En tanto es de la esencia de la cosa juzgada que la sentencia que adquiere
dicha calidad resuelva el asunto, el objeto del proceso. En definitiva que se
pronuncie sobre el fondo de la litis. Si bien la inaplicabilidad la podemos
calificar como accin, a diferencias de las acciones en general, sta tiene una
dependencia directa de la gestin pendiente. Da origen al proceso constitucional de inaplicabilidad, pero lo hace a propsito de una gestin pendiente.
Luego, la sentencia pareciera que no produce cosa juzgada al no pronunciarse
sobre el fondo como sucede en materia de acciones procesales. Entendida esta
ltima como derecho pblico subjetivo destinada a provocar el ejercicio de
la actividad jurisdiccional para la aplicacin del derecho a un caso concreto
con eficacia de cosa juzgada 50.
Martnez (2011), p.383.
Gmez (2005), p.669.
Romero (2002), p.23. Ha sostenido que: Para que las sentencias interlocutorias firmes produzcan cosa
juzgada, se debe exigir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto o sobre alguna situacin jurdica
equiparable al pronunciamiento sobre el fondo.
j. Cosa juzgada formal
Con todo, las sentencias emanadas del control constitucional de inaplicabilidad por parte del TCCh slo produciran cosa juzgada formal en el evento
que acoja la pretensin. La posibilidad de revisar a travs de recursos lo decidido mediante sentencia resulta por regla general descartada en atencin al
rango del rgano jurisdiccional que la emite, cuyo pronunciamiento no son
impugnables, pero es mutable mediante sentencia dictada en juicio diverso.
En los sistemas que autorizan a los jueces ordinarios para conocer de tales
procesos o para ejercer el control (difuso) de constitucionalidad de las leyes,
el agotamiento o la falta de interposicin de los recursos disponibles producen
el mismo efecto. Sin perjuicio de los poderes extraordinarios de revisin de
sentencias que ostenta la mxima instancia de la justicia constitucional 51.
Ahora si la accin de inaplicabilidad es desestimada sin duda no genera
cosa juzgada, de manera que puede volver a plantearse la inconstitucionalidad, mxime si consideramos que lo que se declara inaplicable no es la norma
misma, sino la interpretacin del precepto legal que provoca efectos contrarios
a la Constitucin. En definitiva en el caso de la inaplicabilidad son hiptesis
de inconstitucionalidad que plantean las partes o el juez al TCCh, perfectamente puede suceder que las partes plantean una inaplicabilidad respecto de
la aplicacin de un precepto legal que jams estuvo en la mente del juez del
fondo aplicarlo a la gestin pendiente, en cuyo caso la decisin del intrprete
Constitucional ser inoficiosa.
k. Efecto negativo y positivo de la cosa juzgada
La declaracin de inconstitucionalidad genera la invalidez del precepto
legal declarado previamente inaplicable. Es sabido que la cosa juzgada genera
accin y excepcin. Tratndose de la declaracin de inconstitucionalidad no
podra ser alegada ya que la norma no es parte del ordenamiento jurdico. Sin
duda alguna ya no podra discutir en juicio lo resuelto en la sentencia. Pero
ello no es producto del efecto de cosa juzgada, sino por el efecto del control
abstracto. Dicho en otras palabras y de acuerdo al planteamiento sostenido,
por el efecto sui generis de la cosa juzgada constitucional. Si efectivamente se
vuelve a plantear el asunto sera un problema de Iura novit curia.
Casal (2006), pp.243 y ss.
En consecuencia, como hemos podido apreciar la cosa juzgada en el mbito
constitucional posee caractersticas propias, distintas a las que tradicionalmente se le han atribuido en el derecho, en particular en materia procesal civil.
En este aspecto comparto la opinin del profesor Eduardo Aldunate 52. En el
mismo sentido, el profesor Juan Colombo ha sealado los efectos erga omnes
que se atribuyen a las sentencias recadas en los procesos de inconstitucionalidad,
ponen de manifiesto, prima facie, la imposibilidad de aplicar a este tipo de sentencia los principios procesales comunes respecto de los efectos de las sentencias53.
En la prctica, los efectos de las sentencias emanadas del control en materia de
inaplicabilidad e inconstitucionalidad quedan en gran medida determinados por
la forma en que los tribunales cumplen las sentencias. Es decir, si consideran o
no las decisiones del TCCh.
V. Efecto de cosa juzgada sui generis en las sentencias
de inaplicabilidad e Inconstitucionalidad
Para poder entender de mejor manera las particularidades de esta cosa juzgada sui generis, o cosa decidida, previamente realizar algunas observaciones al
nuevo modelo de justicia constitucional implementado a partir de la reforma
de 2005. Se dar cuenta en trminos generales del tratamiento a nivel de doctrina de los efectos de las sentencias emanadas del control constitucional. Se
analizan algunas instituciones muy cercanas a la cosa juzgada, destacando sus
diferencias, como por ejemplo, la preclusin, la inadmisibilidad y el precedente
constitucional. Finalmente me aboco a los efectos de cosa juzgada sui generis
en las sentencias emanada del control constitucional nacional a propsito de
la accin o cuestin de inaplicabilidad e inconstitucionalidad.
Para algunos autores es de la esencia de todo proceso que los efectos de la
sentencia que le pone trmino se traduzcan en una verdad jurdica indiscutible
e inamovible, o sea, que produzca cosa juzgada. Que las sentencias emanadas de
los procesos que tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de una ley o
de un decreto de competencia de los Tribunales Constitucionales producen cosa
juzgada sustancial y absoluta, con efecto erga omnes. Por lo tanto, lo resuelto
no puede volver a debatirse54. El propio TCCh sobre la materia no ha tenido
Aldunate (1993), p.356.
Colombo (2002), p.66.
un criterio uniforme. ste no alude a la cosa juzgada, sino que utiliza otros trminos para referirse a ella. Como por ejemplo, declaracin de inadmisibilidad,
preclusin. En otros casos atiende a la naturaleza del proceso constitucional
como tendremos la oportunidad de analizar ms adelante.
a) Control concentrado e impuro
Como adelantaba al comienzo de este trabajo, estimo que si bien el nuevo
modelo de justicia constitucional podra calificarse como concentrado, debe
ser considerado como impuro, bsicamente por dos razones:
1. El tribunal Constitucional no es el intrprete exclusivo y excluyente de
la Ley Fundamental. Nuestro control constitucional est radicado en distintos
rganos. En algunos casos de manera directa y en otros indirectamente. De manera indirecta en las Cortes de Apelaciones tratndose de la accin de proteccin
y recurso de amparo. En la Contralora General de la Repblica por va de la
Toma de Razn de actos administrativos. En la Corte Suprema como tribunal
de segunda instancia en el caso de la accin de proteccin y amparo. El Senado
cuando se pronuncia sobre la acusacin constitucional. Pero principalmente y
de manera directa en el Tribunal Constitucional cuando se trata de los controles
en materia de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las normas.
2. A diferencia de lo que sucede en el derecho comparado, nuestra accin
de inconstitucionalidad es dependiente de la cuestin o accin de inaplicabilidad. Slo se puede invalidar aquellos preceptos legales declarados previamente inaplicables. Sin embargo, ambos institutos son totalmente distintos
en su naturaleza y efectos. Lo nico que tienen en comn es el hecho que la
inaplicabilidad es un requisito procesal de la inconstitucionalidad.
Tambin contribuye a la impureza de este sistema concentrado, que tanto
el juez como las partes de la gestin pendiente estn habilitadas para requerir
directamente el pronunciamiento del TCCh a diferencia de lo que sucede en el
caso italiano o espaol donde no existe la inaplicabilidad. Las partes le plantean
la duda de inconstitucionalidad al juez a quo. Es ste quien en ltimo trmino
decide si requiere o no el pronunciamiento del Intrprete Supremo. Actuando
como una especie de filtro del sistema de control.
b. Efectos de las sentencias constitucionales
La determinacin de los efectos de las sentencias constitucionales no es
pacfica, tanto a nivel nacional como en la experiencia comparada. Ha dado
lugar a innumerables controversias que inclusive han cuestionado la aplicabilidad en este mbito de las categoras ordinarias del Derecho Procesal. El
tratamiento en el derecho comparado y en la doctrina no es en modo alguno
uniforme, lo que complica su anlisis y exposicin 55. En algunos sistemas la
jurisprudencia tiende a comprender los principales efectos de las sentencias
constitucionales bajo el concepto de la cosa juzgada. As se observa en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana, y en parte hasta
fecha reciente en Venezuela. Mientras que en otros se distingue el efecto vinculante, la cosa juzgada y la fuerza de ley o eficacia general 56.
Asimismo, juega un papel relevante la nocin de precedente constitucional
que ha sido utilizada en distintos ordenamientos. Incluso en pases con tradicin jurdica romano-cannica (civil law)57. Este trabajo nos permitir, sin
nimo de ser exhaustivos y de agotar la discusin, destacar las peculiaridades
de la cosa juzgada en la jurisdiccin constitucional. Sobre todo en los procesos
de control normativo. Cuestin no menor, ya que determinar los verdaderos
efectos de las sentencias del Intrprete Constitucional resulta relevante a la
hora de conjugar los imperativos de seguridad jurdica con la apertura de la
Constitucin a las cambiantes exigencias de la realidad poltica y social.
c) Preclusin y cosa juzgada
El trmino preclusin proviene del latn praeclusio, praeclusionis, que tiene
su explicacin en la propia naturaleza del juicio y que segn el Diccionario
de la Real Academia Espaola, haciendo eco de la citada naturaleza, alude a
aqul carcter del proceso, segn el cual el juicio se divide en etapas, cada una
de las cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en
ella58. Es un error pretender asimilar la cosa juzgada con la preclusin. Esta
ltima es una institucin procesal que permite ir cerrando las distintas etapas
del proceso. Una vez trascurrido el plazo previsto para realizar una actuacin
procesal ya no es posible realizarla. Entonces decimos que ha precluido la
posibilidad de realizar vlidamente dicha actuacin. As la preclusin tiene
Casal (2004), p.300
Lpez (2000), pp.14 y ss.
Vase Legarre y Rivera (2006), pp.109 y ss.
Vase Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola, vigsima segunda edicin 2001.
relevancia durante el proceso, en cambio la cosa juzgada se genera o produce
al trmino del proceso. Cuando se dicta una sentencia que adquiere el carcter
de firme y ejecutoriada.
Otros autores entienden por preclusin la extincin en un concreto
proceso de los poderes jurdico-procesales no ejercitados por los sujetos que
intervienen o pueden intervenir en el proceso 59. Para otros la preclusin es
ese efecto derivado del transcurso de los plazos y de la finalizacin de los
trminos previstos para la realizacin de los actos. Que consiste en impedir
aquellos que no se hubiesen realizado o en convertirlos en completamente
ineficaces si se llevasen a cabo fuera de plazo o transcurrido el trmino 60. La
Corte Suprema define la preclusin como la prdida, extincin o caducidad
de una facultad procesal ()61. Por lo antes sealado queda demostrado que
cosa juzgada y preclusin son dos instituciones totalmente distintas. Lo nico
que tienen en comn es su naturaleza procesal 62.
Como ya lo haba anticipado, la preclusin acta durante el proceso. En
tanto, la cosa juzgada opera al trmino del proceso. Emana de la sentencia
una vez que sta se encuentra firme y ejecutoriada. As, por lo dems lo ha
reconocido el TCCh al sealar Que, aun cuando la preclusin y la cosa juzgada son institutos procesales vinculados, son diferentes y autnomos ()63. El
TCCh conecta la institucin en anlisis con las garantas del debido proceso
y la seguridad jurdica en su considerando decimosegundo, para fundar su
decisin () Que, en consecuencia, debe concluirse que en el proceso que constituye la gestin pendiente este es el segundo requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad interpuesto por la misma materia y fundamento, por lo
cual debe ser desestimado, toda vez que al haber consumado en el requerimiento
anterior su derecho, ste precluy64.
Vallines (2004), p.33.
Muerza et al. (2001), p.605.
Sentencia Corte Suprema, Rol N12.684, de 4 de mayo de 1990.
La confusin emana de la mxima segn la cual la cosa juzgada cubre lo deducido y lo deducible, la
sola expresin cosa juzgada, demuestra que la mxima es errtica, en efecto, resulta un contrasentido
afirmar que hay cosa juzgada sobre lo no juzgado. Tcnicamente es ms correcto sostener que hay cosa
juzgada sobre lo deducido y juzgado, en tanto que, sobre lo no deducido y, por ende, no juzgado, pero
deducible, existe preclusin.
Tribunal Constitucional, Rol N1311-2009- INA, de 2 de abril de 2009.
La preclusin constituye una limitacin jurdica, el acto podra realizarse
fcticamente, pero la posibilidad jurdica se ve coartada. () Se trata de
una prdida o extincin, pues el ejercicio del poder de que se trate, mediante
la realizacin del acto o diligencia, es lo que acarreara lo que se pretende evitar: la contradiccin de actos, el retroceso, la repeticin o la ambigedad en la
discusin65.
d) Inadmisibilidad y cosa juzgada
En cuanto a la inadmisibilidad habr que atender a la naturaleza jurdica
de la resolucin que desestima una accin o cuestin de inaplicabilidad o de
inconstitucionalidad para ver si produce o no cosa juzgada, pero en ningn
caso son trminos sinnimos o asimilables. Lo que si resulta interesante en este
punto es la problemtica que se suscita al pretender plantear nuevamente el
asunto cuando hay declaracin de inadmisibilidad. Dado que el examen que
se efecta es ms bien de forma, sin entrar al fondo del asunto discutido. Sin
embargo nuestro Tribunal ha tenido criterios dispares, en algunos casos ha aceptado los nuevos requerimiento y en otros no, ms no se funda en la existencia
o inexistencia de cosa juzgada para su decisin.
En efecto, el TCCh para determinar si procede o no la accin de inaplicabilidad respecto de aquellos casos en que hubo un requerimiento de inaplicabilidad
que fue declarado inadmisible y versa sobre la misma materia, realiza un examen
distinto a la admisibilidad, recurriendo a la institucin de la preclusin. As ha
sealado Que para decidir la procedencia de esta segunda inaplicabilidad, esta
Magistratura debe resolver si es constitucionalmente lcito plantear en una gestin
pendiente ms de un requerimiento respecto de la misma materia. () Para ello
resulta determinante analizar la institucin procesal de la preclusin en el sistema
procesal nacional y cmo opera en este proceso constitucional66.
En la especie, siguiendo en la materia a Eduardo Gandulfo estamos frente
a uno de los supuestos operativos de la preclusin, esto es, preclusin por consumicin. () una vez que se ha ejercido una facultad procesal, presentado un
recurso especfico, un medio de prueba particular, un acto defensivo de su posicin,
sea que lo gane parcialmente o le sea rechazado () para que no vuelva a repetirse
lo ya promovido, y volver atrs en el proceso, o para que no se pueda modificar lo
Gandulfo (2009), p.131.
Tribunal Constitucional, Rol N1311-2009 INA, de 2 de abril de 2009.
promovido, volviendo a plantear ms temas o variar los ya presentados, sorprendiendo
a la contraria que ya ventil su defensa, la parte que ya present el medio, pierde
la facultad para volver hacerlo o modificarlo, porque desde el punto de vista de la
preclusin ya consumi su facultad al presentar previamente dicho medio67.
e) Precedente constitucional y cosa juzgada
En los pases anglosajones impera un sistema jurdico denominado Stare
Decisis, lo que implica un respeto por las decisiones precedentes. Esto es, por
las decisiones tomadas previamente por otros tribunales que resolvieron un
problema semejante. Debe estarse a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que est quieto Stare decisis et quieta non movere68. Sin embargo, no
todo el contenido de los casos anteriores es vinculante, no todo lo incluido en
la sentencia constituye un precedente. As se alude a la ratio decidendi del caso,
esto es, la razn para decidir. En otras palabras la razn o razones que tuvo un
tribunal para decidir un caso de determinada manera. Humberto Nogueira
opina que, es la parte del fallo que fundamenta directa e inmediatamente el
precedente. Estableciendo la regla o principio que define el tribunal al resolver
el problema o caso sometido a su consideracin69. Aqu estara la fuerza o valor
de precedente.
En los Estados Unidos de Norteamrica se utiliza la expresin holding. En
ambos casos, ratio decidendi y holding, se utilizan en contraposicin de la expresin obiter dictum. Es decir lo expresado por un tribunal incidentalmente
dicho sea de paso. Lo manifestado en una sentencia pero que resulta innecesario para la decisin del caso. Ya sea por referirse a hechos hipotticos o a una
situacin de hecho distinta. O argumentos jurdicos no obstante pertinentes
resultan superfluos para la decisin70. Lo que no genera precedente, no tiene
valor obligatorio para los casos futuros. Actualmente el sistema judicial de
Estados Unidos se desenvuelve bajo una doctrina del precedente jerarquizado,
pero flexible. Pudiendo los tribunales superiores vincular con sus decisiones a
los inferiores. Pero deben ser igualmente receptivos a los cambios sociales y al
dinamismo de los casos que se presenten en las instancias inferiores.
Gandulfo (2009), p.179.
Legarre y Rivera (2006), p.109.
Nogueira (2006), p.169.
Nogueira (2006), pp.119-121.
La Corte Suprema y los jueces pueden interpretar la Constitucin. Originando argumentos constitucionales que no pueden ser contradecidos por
un legislador. Luego, las decisiones de los jueces norteamericanos alcanzan
valor de precedente constitucional vinculante, constituyendo de esta forma
una Fuente del Derecho. En pases como el nuestro, de tradicin jurdica
continental no existe la doctrina del precedente. Con todo la jurisprudencia
adquiere importancia cuando una determinada solucin se repite en el tiempo
y genera una costumbre. Sin embargo, en el ltimo tiempo se ha observado
una tendencia a la convergencia entre el sistema del common law y civil law.
Cuestin que tambin puede predicarse respecto del rol que ha adquirido la
jurisprudencia como fuente del derecho. En el caso nuestro esta tendencia
se puede observar en materia procesal penal, laboral y en el mensaje del proyecto de Cdigo Procesal Civil, en tramitacin en el congreso desde el ao
200971.
Independiente del sistema jurdico los casos similares tienden a ser resueltos
similarmente. Sin embargo, el sistema ingls del precedente se caracteriza por
su fuerte naturaleza coercitiva. Un solo precedente obliga, en cambio en el civil
law, la jurisprudencia tiene fuerza persuasiva. No siendo en general reconocida
como fuente del derecho. Luego, no genera obligacin jurdica. Existe una
preeminencia de la ley opacando a la jurisprudencia. Lo que en parte se puede
explicar por la distincin entre fuentes formales donde sobresale la ley y fuentes
materiales en las que se incluye la jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser
utilizada para resolver un nuevo caso. En cambio, en los pases del common law
los jueces estn obligados a resolver conforme al precedente aplicable al caso
Se denomina Precedente Constitucional a la fuerza vinculante que tienen
las sentencias de los Tribunales Constitucionales, cuyos fallos no se limitan a la
mera declaracin de inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma
concreta. Sus efectos deben ir ms all. Modelando el comportamiento de todos
los rganos del Estado. En especial sobre los poderes colegisladores. Sobre las
decisiones que adopta la justicia ordinaria en el contexto de un Estado Constitucional y democrtico de Derecho72. En opinin del profesor Miguel ngel
Fernndez el precedente es la decisin contenida en una sentencia y la interpretacin
de la o las normas que le sirven de base directa, la cual debe ser repetida cuando se
Romero (2011), pp.932-933.
Carreo y Jaraquemada (2010), p.408.
aplica a un caso anlogo o donde se deben considerar las mismas normas, salvo que
el Tribunal que lo dict lo enmiende fundadamente73.
En un orden poltico y social el precedente permite dar consistencia y
previsibilidad a la interpretacin del ordenamiento jurdico constitucional y
cumplir con los estndares de razonabilidad y universalidad en la aplicacin del
Texto Constitucional. Contribuyendo a la certeza jurdica, as conjuntamente
con la cosa juzgada tendramos tambin una cosa interpretada 74. El profesor
Humberto Nogueira, comentando el Proyecto de Reforma Constitucional materializado en la Ley N20.050, participa de la idea de establecer que la ratio
decidendi debera ser al menos criterio auxiliar para la aplicacin del derecho
por todos los rganos del Estado. Mientras dichos criterios no sean modificados
por el TCCh. Distinguindose de los obiter dicta, los que no tienen el mismo
carcter. Por lo que no constituyen precedentes. Ni deben ser seguidos por los
tribunales inferiores75.
Sin embargo, no debemos confundir este efecto con el de cosa juzgada. El
efecto de cosa juzgada implica que la certeza declarada en la sentencia impide
una decisin de fondo sobre el mismo juicio. Tampoco debemos confundirlo
con los efectos emanados de la parte resolutiva de la decisin adoptada. O con
el efecto erga omnes de la declaracin de inconstitucionalidad que provoca la
invalidacin de la norma viciada y que obliga a toda persona, grupo y rgano
del Estado. No obstante, el precedente participa de la cosa juzgada de la que
goza la parte resolutiva de la sentencia y se beneficia del efecto erga omnes del
fallo de inconstitucionalidad.
Discrepo de la doctrina nacional que al hablar del sentido y alcance de la
interpretacin constitucional o efecto de los fallos del TCCh lo hacen utilizando la expresin precedente constitucional, especialmente en el caso de la
inaplicabilidad. Dado que en el caso de la inconstitucionalidad, los efectos se
producen por la invalidacin de la norma del sistema jurdico. El precedente
constitucional implica que las decisiones del rgano de justicia constitucional son
de observancia obligatoria para los distintos poderes pblicos y los ciudadanos.
En el Sistema Anglosajn o del Common Law los tribunales y jueces inferiores en
el caso ingls, se encuentran sometidos rgidamente a los precedentes judiciales.
Constituyndose as en una verdadera Fuente del Derecho.
Fernndez (2006), p.137.
Carreo y Jaraquemada (2010), p.409.
Nogueira (2005), p.28.
La Ley tambin es Fuente, pudiendo derogar el precedente judicial. Pero este
ltimo no puede derogar la ley. De esta manera se genera un equilibrio entre
ambas fuentes. Por su parte, en el Sistema Norteamericano la Corte Suprema
y los jueces pueden interpretar la Constitucin. Originando argumentos que
no pueden ser contradichos por un legislador. Luego, las decisiones de los jueces norteamericanos alcanzan valor de precedente vinculante constitucional.
Constituyendo una fuente del Derecho. Nosotros, en cambio, somos herederos
o tributarios del Sistema Continental o del Civil Law. El precedente constitucional no es obligatorio o ms bien, la jurisprudencia constitucional no es una
Lo anterior no implica necesariamente desconocer el valor que pudieran
tener en nuestro derecho. Eventualmente, estaramos frente a una jurisprudencia constitucional vinculante y no frente a un precedente constitucional. La
diferencia es una cuestin de grado o intensidad. Esto implica que la repeticin de criterios normativos contenidos en las sentencias del TCCh, en virtud
de las cuales se manifiesta el claro parecer del rgano interpretativo del Texto
Fundamental, pueden ser observadas por los jueces y los tribunales del poder
judicial, en tanto el precedente debe ser observado. No obstante lo anterior, debe
tenerse presente que el control de constitucionalidad implica necesariamente
un juicio de razonabilidad, y lo razonable es aquello que se ajusta a la Constitucin, no tanto a su letra como a su espritu, en tanto que lo irrazonable es
lo que vulnera la Constitucin, es lo inconstitucional 76. Si bien el principio de
razonabilidad no encuentra consagracin normativa en nuestra Ley Suprema,
estara implcito en el artculo 7, con relacin al artculo 5, y 19, numerales
2, 3, 7, 20, 22 y 2677.
En el caso norteamericano la declaracin de inconstitucionalidad que
efecta la Corte Suprema no provoca la invalidacin de la norma como sucede en nuestro sistema con la declaracin de inconstitucionalidad por parte
del TCCh. La norma se mantiene en un status quo, simplemente no se aplica
mientras no existan argumentos en contrarios que modifiquen el precedente
establecido. En cambio bajo nuestro modelo eventualmente podran generarse
vacos normativos mientras el legislador no dicte una nueva norma que venga
a regular la materia que antes estaba bajo el amparo de la norma declarada
inconstitucional. A nivel normativo no encontramos disposicin alguna que
Harol (2001), p.180.
Martnez y Ziga (2011), p.209.
seale expresamente que las sentencias del TCCh tienen el valor de precedente
La norma creada por esta magistratura no tiene la virtud de incorporarse
al derecho objetivo, con alcance general y vinculante para todos los poderes
pblicos. La inobservancia de sus decisiones no se considera como una vulneracin al Derecho vigente. Con todo, estimo que se trata en definitiva de
una jurisprudencia con escaso valor persuasivo conforme al modelo actual de
justicia constitucional, mientras no se realizan las modificaciones normativas
en el sentido arriba sealado.
f ) Accin o cuestin de Inaplicabilidad
Se trata de un control jurisdiccional represivo y concreto. Cuyo conflicto
gira en torno a la Constitucin, el precepto legal impugnado y la aplicacin
de este ltimo a la gestin pendiente de que se trata. Con efectos relativos
que conciernen a las partes del juicio o gestin en que inciden 78. La decisin
jurisdiccional debe recaer en la contrariedad o conformidad con la Constitucin que la aplicacin del precepto legal impugnado puede tener en el caso
concreto y no necesariamente, en su contradiccin abstracta y universal con la
preceptiva constitucional. De ah que no todos los preceptos legales declarados
inaplicables van a provocar o desembocar necesaria y obligatoriamente en una
inconstitucionalidad. En definitiva, se trata de un mecanismo de control de la
interpretacin de preceptos legales79.
El juez a la hora de determinar lo justo para el caso concreto mediante la
aplicacin de la ley, no slo la aplica sino que adems la debe interpretar. Independiente del tiempo y talento invertido en la produccin de normas claras
y unvocas, muchas normas jurdicas admiten ms de una lectura80. Como
bien seala Hernn Hormazbal Cuando un juez aplica un precepto legal a
un caso concreto, previamente lo ha de interpretar. No puede haber aplicacin
En la Comisin de estudios de la Nueva Constitucin, Sesin 251, el Ministro de la Corte Suprema Jos Mara Eyzaguiirre propuso que existiendo tres declaraciones de inaplicabilidad en el mismo
sentido, lo decidido tuviera efectos generales, propuesta que no prosper, la misma idea fue objeto de
debate en el Senado durante la tramitacin de la Reforma Constitucional de 2005, ante la Comisin
de Constitucin, Legislacin, Justicia y Reglamento, propuesta por los Ministros del Tribunal Constitucional seores Colombo y Valenzuela, la que tambin fue rechazada.
Martnez (2011), p.381.
Zapata (2008), p.145.
sin una previa interpretacin81. La inaplicabilidad implica un juicio de constitucionalidad respecto de la aplicacin de un precepto legal al caso particular,
lo que se traduce necesariamente en un enjuiciamiento de la interpretacin de
la norma82.
El propio TCCh lo ha sealado reiteradamente () Que en resoluciones
anteriores, como las contenidas en los roles Ns.478, 546, Captulo I, 473, 517 y
535, de este Tribunal ha precisado en sus considerandos la naturaleza de la actual
accin de inaplicabilidad y sus diferencias con la similar prevista en la Carta Fundamental con anterioridad a la reforma del ao 2005, destacando especialmente
la constatacin de que de la simple comparacin del texto de la norma actual
con el antiguo texto del artculo 80 de la Carta Fundamental, que entregaba
esta facultad a la Corte Suprema, se desprende que mientras antes se trataba de
una confrontacin directa entre la norma legal y la disposicin constitucional,
ahora se est en presencia de una situacin diferente, por cuanto lo que podr
ser declarado inconstitucional, por motivos de forma o fondo, es la aplicacin del
precepto legal impugnado a un caso concreto, como se dijo, lo que relativiza el
examen abstracto de constitucionalidad, marcando as una clara diferencia con
la regulacin prevista por el texto constitucional anterior83.
En el mismo sentido en el ao 2006 el TCCh seal () las caractersticas y
circunstancias especficas y particulares del caso concreto adquieren especial relevancia
al momento de resolver esta accin (), habida consideracin de que la decisin
judicial recae respecto de la conformidad o contrariedad con la Constitucin que
la aplicacin del precepto legal impugnado pueda tener en cada caso concreto, de
modo que no se trata de una declaracin abstracta y universal, desvinculada de la
gestin judicial que la motiva84.
As un precepto legal impugnado declarado inaplicable puede ser constitucional en abstracto y resultar inaplicable en otros casos. Constituyendo slo
un indicio de inconstitucionalidad. La sentencia estimatoria de inaplicabilidad
constituye un presupuesto procesal de la activacin, ya sea accin pblica o del
actuar de oficio del TCCh. Ahora, si ninguna interpretacin posible respecto
Hormazbal (2006), p.36.
Vase voto concurrente Ministro Correa Sutil. Tribunal Constitucional, Rol N810-2007-INA, de
Tribunal Constitucional, Rol N976-2007- INA, de 26 junio de 2008.
Tribunal Constitucional, Rol N480-2006- INA, de 27 de junio de 2006 - Rol N546-2006 INA,
de 17 de noviembre de 2006.
de su aplicacin resulta compatible con la Ley Suprema, slo en ese caso ser
g) Accin de inconstitucionalidad
A diferencia del anterior, estamos frente a un control jurisdiccional represivo
y abstracto de normas legales. El conflicto gira en torno a la Ley Suprema y el
precepto legal declarado previamente inaplicable y cuya sentencia estimatoria,
produce efectos temporales ex nuc; efectos personales generales o erga omnes y
anulatorios. Invalidado el precepto legal, ste dejar de formar parte del ordenamiento jurdico. En efecto, el TCCh ha sealado el juicio de inconstitucionalidad
expresa una comparacin abstracta de dos normas de distinto rango, para constatar
su manifiesta incompatibilidad. La ilegitimidad constitucional del precepto legal
emana de su propio enunciado, sin referencia a una situacin singular85.
Conforme al artculo 93 numeral sptimo de la CPRCh el Tribunal slo puede
declarar inconstitucional un precepto legal ya declarado inaplicable. Posteriormente, no puede extender su declaracin de inconstitucionalidad ms all de lo
resuelto previamente en las sentencias de inaplicabilidad. Slo puede considerar
las causales en que se sustent la declaracin previa de inaplicabilidad. Es decir,
considerar los vicios de inconstitucionalidad que motivaron especficamente la
declaracin de inaplicabilidad. Lo que se desprende de la expresin declarado
inaplicable de conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior.
Sin pretender ahondar sobre el punto, ya que no forma parte de nuestro
estudio, se hace difcil pensar en la prctica cmo se puede efectuar un control
abstracto, sin tener en consideracin los argumentos de la inaplicabilidad
ya declarada, sin entrar a consideraciones sobre el fondo de la gestin pendiente. Tericamente, es abstracto, pero todo parece indicar que es mucho
ms concreto de lo que pareciera ser. Ambos controles deben proyectarse a la
argumentacin y hermenutica constitucional que se desenvuelve en el proceso y se expresa en definitiva en la sentencia de trmino. Sin embargo, como
muy bien anota entre otros Francisco Ziga, en general la jurisprudencia del
TCCh en sede de inaplicabilidad y de la cuestin de inconstitucionalidad no
se aprecia argumentos y uso de reglas que distingan el juicio de legitimidad.
No obstante se trata de acciones de distinto alcances 86. El TCCh en virtud
Tribunal Constitucional, Rol N1254-2009-INC, de 29 de julio de 2009.
Ziga (2009), p.36.
de la accin de inconstitucionalidad no opera, como se sostiene por algunos,
como legislador negativo.
Al efecto ha sealado que dentro del criterio de interpretacin conforme a
la Constitucin, el respeto hacia las labores que desarrollan tanto el legislador al
elaborar las normas de rango legislativo como la judicatura al aplicarlas, obliga
al Tribunal Constitucional, en su funcin de controlar la constitucionalidad de la
ley, a buscar, al menos, alguna interpretacin del precepto cuestionado que permita
armonizarlo con la Carta Fundamental, y slo en el evento de no ser ello posible,
declarar su inconstitucionalidad, criterio que ha seguido en las sentencias roles
Ns.29, 38, 304, 368, 420, 460 y 681, entre otras87.
En definitiva la accin de inconstitucionalidad es de ltima ratio, cuando
se han agotado todos los medios tendientes a buscar una interpretacin armnica con la Ley Suprema. Si ello no es posible, entonces el TCCh declarar la
inconstitucionalidad del precepto legal tenido previamente, como inaplicable.
Generando su decisin, la invalidacin de la norma cuestionada.
1. Efecto invalidatorio de la sentencia de inconstitucionalidad
Si bien nuestra Constitucin al efecto habla de derogacin, pienso que
el lenguaje utilizado es poco feliz e impropio. La sentencia estimatoria de
inconstitucionalidad tiene efectos personales generales o erga omnes y efectos
temporales ex nunc. Opera como una sancin depuradora del ordenamiento
jurdico. Dado que, la norma declarada inconstitucional es invalidada. sta
dejar de formar parte del ordenamiento jurdico nacional. Lo que no es ms
que una consecuencia de lo dispuesto en el inciso final del artculo 7 de la
CPRC, el TCCh lo que hace en virtud de la declaracin, es constatar lo que la
propia Norma Fundamental declaro nulo (ipso iure) al omitirse alguno de los
requisitos de validez exigidos para la actuacin de los rganos del Estado de
acuerdo al artculo 7 inciso primero.
No posee efecto retroactivo, lo que contribuye a reforzar la seguridad jurdica, y se aminoran los problemas que surgen con la inaplicabilidad frente a
principio de igualdad ante la ley. De esta manera se protege la buena fe, por lo
mismo tal vez ni siquiera habra sido necesario consagrar este efecto a posteriori.
As, el constituyente derivado seala en el artculo 94 inciso tercero el precepto
legal declarado inconstitucional se entender derogado desde la publicacin en el
Tribunal Constitucional, Rol N993-2007-INA, de 13 de mayo de 2010.
Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producir efecto
La publicacin deber efectuarse dentro de los tres das siguientes a su
dictacin. Por lo tanto, las situaciones jurdicas, derechos y actos en general
consolidados al amparo del precepto legal con anterioridad a la publicacin
de la sentencia estimatoria no pueden ser atacados como inconstitucionales.
Operando respecto de ellos la garanta constitucional del artculo 19 numeral
24. Sin embargo, la invalidacin de la norma, genera un vaco o vacancia en
tanto no se dicte una nueva disposicin que venga a regular la materia de que
2. Naturaleza jurdica de la declaracin de inconstitucionalidad
La declaracin de inconstitucionalidad constituye una sancin de derecho
pblico por infraccin al derecho subjetivo u objetivo de la Ley Fundamental,
ya sea de que se trate de vicios de inconstitucionalidad, formal o material o
de competencia, de contenido especfico de anulabilidad modulada temporalmente con efectos declarativos, invalidando normas del ordenamiento jurdico.
Perdiendo la norma declarada inconstitucional la presuncin de legitimidad
de que gozaba antes de la sentencia estimatoria. Luego no es derogacin, ya
que la norma declarada inconstitucional pierde validez. Es invalidada, no es
admisible la ultra actividad de la misma. No la realiza el legislador y no opera
entre normas de igual jerarqua.
Pienso que se tratara ms bien de una nulidad de derecho pblico con efecto
particular, sui generis, cuya sentencia declarativa por parte del TCCh no hace
ms que constatar lo que el constituyente derivado declara nulo ipso iure por
haber infringido alguno de los requisitos de validez exigidos para las actuaciones
de los rganos del Estado, esto es, investidura regular previa, competencia o
procedimiento de conformidad al artculo 7 inciso primero. Sobre el punto,
Sergio Verdugo seala que, la naturaleza de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad es una especie de nulidad de Derecho Pblico atenuada en
sus efectos88. Discrepo de la opinin del profesor antes citado, la declaracin
de inconstitucionalidad no es una especie de nulidad de derecho pblico, es
una nulidad de derecho pblico, una institucin no puede ser calificada por
Verdugo (2008), p.253.
La declaracin de inconstitucionalidad tiene como lmite las posiciones,
situaciones jurdicas y derechos consolidados ex ante bajo la vigencia del precepto legal ahora inconstitucional. Pero que hasta la publicacin de la sentencia
estimatoria de inconstitucionalidad gozaba de una presuncin de legitimidad
y pleno imperio. Lo que est acorde con la exigencia de seguridad jurdica,
igualdad ante la ley y del Estado de Derecho vigente.
De un primer anlisis general de aproximacin a la institucin de la cosa
juzgada constitucional y sus efectos en las sentencias de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1.- En el mbito del Derecho Constitucional no existe una cosa juzgada en
el sentido tcnico procesal de la institucin. La cosa juzgada constitucional es
sui generis en atencin a las peculiaridades que presenta y que se han destacado en el presente trabajo. Por ende, tratndose del control constitucional de
inaplicabilidad e inconstitucionalidad las sentencias del TCCh no producen
el efecto de cosa juzgada en el sentido tcnico procesal de la institucin. Hay
una cosa decidida, sui generis, la que no responde a los mismos objetivos,
caractersticas y finalidades de la cosa juzgada en el sentido procesal civil,
apartndose de las categoras tradicionales del Derecho.
2.- Los efectos de la cosa juzgada constitucional sui generis, difieren sustancialmente de los efectos de la cosa juzgada en materia procesal civil. Con todo,
las sentencias del TCCh emanadas del control de inaplicabilidad e inconstitucionalidad producen el efecto de una cosa juzgada formal, no material. Tratndose de la inconstitucionalidad, si bien lo decido en virtud de la sentencia no
puede volver a discutirse no se genera a consecuencia de la cosa juzgada material
sino ms bien, al efecto que se produce por la invalidacin de la norma del
ordenamiento jurdico. No es posible jurdicamente hablando alegar la accin
o excepcin de cosa juzgada respecto de una norma que no existe. Ahora si se
plantea nuevamente el asunto ya decidido por sentencia firme y ejecutoriada,
sera ms bien un problema de Iura novit curia.
3.- La funcin del Tribunal no es la de reemplazar al legislador, el que goza
de libertad poltica. Luego, no es la de fijar la mejor interpretacin de cada
precepto constitucional. Sino slo eliminar aquellas incompatibles con el Texto
Fundamental. Por lo tanto la validez de la ley ha de mantenerse cuando su texto
no impida una interpretacin acorde a la Constitucin. Tampoco le corresponde
la revisin de la aplicacin del derecho realizada por los jueces, sino slo si esa
aplicacin se adecua a la Ley Fundamental.
4.- La sentencia estimatoria de inaplicabilidad no produce efecto alguno en
la gestin pendiente que se sigue ante un tribunal ordinario o especial. Dado
que el precepto legal impugnado en el evento que se acoja, no es aplicable. El
efecto lo produce en el juicio de inaplicabilidad seguido ante el TCCh. Situacin que queda an ms patente cuando se trata de la sentencia estimatoria de
inconstitucionalidad. Ya que la norma cuestionada es invalidada, dejando de
formar parte del ordenamiento jurdico.
5.- La declaracin de inconstitucionalidad provoca la invalidez del precepto
legal declarado previamente inaplicable por haberse omitido alguno de los requisitos para la validez de las actuaciones de los rganos del Estado, no la derogacin
del precepto legal. La facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley
con efectos generales y obligatorios para todas las autoridades constituye una
interferencia al poder legislativo. La facultad legislativa, creadora de Derecho,
es exclusiva del pueblo o sus representantes debidamente electos. Ellos son los
llamados a hacer las normas con sustancia legislativa y efectos erga omnes. Son
la mxima institucin representativa del pueblo dentro de un Estado y tienen
la calidad o estatus de constituyente derivado.
6.- Nuestro modelo de justicia constitucional separado del Poder Judicial
carece de reglas claras que regulen la jerarqua y relaciones entre la judicatura constitucional y la ordinaria, lo que genera criterios muy dispares entre
sus fallos. En efecto, de la simple lectura de las sentencias que resuelven la
gestin pendiente, habindose pronunciado el TCCh, ya sea acogiendo o
desestimando la inaplicabilidad, en ninguno de los considerando se hace la
ms mnima alusin a los fundamentos y razonamientos tenido en cuenta
por el Intrprete Constitucional. Incluso fallndose en sentido contrario a
la determinacin del Intrprete Supremo. Cuestin que se produce no slo
a propsito de requerimientos de inaplicabilidad a peticin de parte sino
tambin de oficio por el juez que conoce del asunto. Sea que se trate de un
tribunal ordinario o especial, dejando en entredicho la fuerza vinculante y el
efecto de sus sentencias.
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