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Timestamp: 2019-01-18 17:44:45+00:00

Document:
JUICIO CASO 9-NEl tribunal condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia
por RAFAEL el Lun Feb 06, 2017 3:38 pm
[size=32]Artur Mas alega que el Constitucional no advirtió de las consecuencias de celebrar el 9-N[/size]
El expresidente dice que el Alto Tribunal y la fiscalía tenían que haber actuado si “tan claro era el delito
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha enfrentado este lunes a un equilibrio delicado: el que debe mantener para evitar una condena por desobediencia y, al mismo tiempo, reivindicarse como líder político de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Constitucional había prohibido, cuatro días antes, la votación. Pero el Gobierno catalán la impulsó de todos modos, según la Fiscalía, que acusa a Mas de desobediencia y prevaricación. “No había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie”, ha explicado el expresident, que en una breve intervención (45 minutos) ha evitado el interrogatorio del fiscal y se ha limitado a contestar a su abogado. Mas ha recordado que el Constitucional no advirtió de las consecuencias que podía tener seguir con la consulta. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, se preguntó. La vicepresidenta del gobierno de Artur Mas, Joana Ortega, y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, avalaron al presidente y afirmaron que no recibieron ningún requerimiento del Alto Tribunal.
FOTOGALERÍA Juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N
Mas se ha presentado como un político en la encrucijada, enfrentado a “dos deberes”. Por un lado, “el deber de atender” la resolución del Constitucional. Por el otro, “un deber mayor”, en su opinión: obedecer el “mandato parlamentario” y el “clamor de la calle” para votar sobre la independencia. “El Gobierno y su presidente tenían que estar a la altura de las circunstancias”, ha reivindicado Mas, que se ha centrado en el trasfondo político del 9-N. “No fue un capricho individual ni una salida de tono, ni una ocurrencia”.
Pese a no responder al fiscal, Mas ha aludido al asunto que, al fin y al cabo, le ha llevado a juicio: determinar si, pese al veto del TC, el Gobierno catalán siguió impulsando el 9-N y con ello cometió un delito. Mas ha intentado mantener el equilibrio. Ha explicado que el Ejecutivo organizó una primera consulta, que fue suspendida por el Constitucional, y que tras ese veto decidió “cambiar el formato” e idear una “jornada de participación”, lo que fue el 9-N: 2,3 millones de personas votaron ese día. Mas ha asumido que fue “el máximo responsable de la idea” y de “dar las instrucciones” a su Gobierno para organizarla. Pero con un matiz. El 9-N, ha dicho, no fue “directamente organizado” por la administración, que se limitó a prestar su “apoyo” a los 42.000 voluntarios, verdaderos ejecutores de la jornada.
La Fiscalía rechaza la tesis de que el proceso quedase en manos de voluntarios y tiene en su poder documentos y testimonios que demuestran que el Gobierno catalán “impulsó” la jornada al no suspender los trabajos que los contratistas privados ejecutaron para llevarla a cabo (web, programas informáticos, apertura de institutos públicos como centros de votación, etcétera). Consciente de ese escenario, Mas ha intentado abordar también algo que será clave en la sentencia: si su conducta cumple todos los requisitos del delito de desobediencia. Será un debate técnico y jurídico, en el que la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (que es variable) desempeñará un papel determinante.
Guiado por las preguntas claras y concisas de su abogado, Javier Melero, Mas ha insistido en que la resolución del Constitucional contenía un mandato “impreciso y no reiterado” que no se había cumplimentado “en todas sus formalidades”. El expresidente catalán ha admitido que recibió la notificación del TC el 4 de noviembre, pero ha matizado que esa resolución “no avisó de las consecuencias legales de no suspender el 9-N”. También se ha valido de argumentos políticos para defender su inocencia. El Gobierno de Mariano Rajoy, ha incidido, hizo “ridiculización” y “mofa” del proceso y no presentó un recurso hasta 15 días después de que se anunciara la consulta. “Esos 15 días sirvieron para producir la base logística y organizativa del proceso y para formar a los voluntarios”.
Mas ha citado a su favor la actuación de los organismos judiciales esa jornada. Ha lamentado que el Constitucional no se reuniera “con carácter de urgencia para contestar el requerimiento” del Gobierno catalán, que había pedido una aclaración de la resolución. Y ha agregado que, el mismo día 9 de noviembre de 2014, y pese a las denuncias interpuesta en los juzgados de guardia, “nadie” intentó detener la consulta. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”
Los disparos dialécticos también han ido contra la fiscalía. Mas ha recordado que uno de los fiscales que lleva el caso, Emilio Sánchez Ulled, “estaba de guardia” el 9-N y “no actuó para parar” la votación. Y ha señalado que los fiscales catalanes “dijeron por unanimidad” que no había indicios de delito. Más tarde, la Fiscalía General del Estado obligó a interponer la querella contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
Ortega ha abundado en la tesis de Mas de que ni ella ni "ningún miembro" de su departamento recibieron "ningún requerimiento" por parte del Constitucional durante el proceso participativo. La vicepresidenta del Gobierno catalán durante el mandato de Artur Mas ha declarado que "no hubo ningún funcionario implicado en la ejecución del 9-N", sino un "colectivo de voluntarios muy bien organizado". Según Ortega, el Ejecutivo de Artur Mas no tuvo nada que ver con las tareas de constitución de mesas ni organización de las colas y ha añadido que su comparecencia al final de la jornada solo fue de carácter informativo. La exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, también ha negado haber recibido ningún requirimiento del Alto Tribunal y ha afirmado que no hubo ningún tipo de "coacción" hacia responsables de centros educativos que se hubieran podido negar a abrir escuelas o institutos para celebrar el proceso participativo del 9-N.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/06/catalunya/1486376724_905877.html
Última edición por RAFAEL el Lun Mar 13, 2017 3:09 pm, editado 1 vez
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Re: JUICIO CASO 9-NEl tribunal condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia
por RAFAEL el Lun Feb 06, 2017 3:40 pm
[size=32]Los nueve indicios de que la Generalitat impulsó la consulta[/size]
Mas insiste en que la consulta del 9-N quedó “en manos de voluntarios” tras el veto del Tribunal Constitucional
Artur Mas insiste en que la consulta del 9-N quedó “en manos de voluntarios” tras el veto del Tribunal Constitucional y que el Gobierno catalán quedó en un segundo plano. Nada más lejos de la realidad, responde la Fiscalía, que en su escrito de acusación cita nueve indicios para acreditar que el Gobierno catalán “siguió con renovado impulso” la organización de la consulta. Mas, abunda el fiscal, “articuló una estrategia de desafío completo” a la suspensión del TC. “Amparado solamente en su voluntad”, se “concertó” con Ortega y Rigau para que se celebrara la jornada de participación.
Estos son los indicios por los que la Fiscalía cree que el Gobierno catalán no solo no hizo nada para detener la consulta, sino que la impulsó después del 4-N.
1. La empresa Unipost fue contratada para enviar a los ciudadanos una carta de Mas a los ciudadanos sobre la votación. El “reparto masivo” siguió después del día 4.
2. La aseguradora Axa expidió la póliza de seguro de accidentes para los 1.317 voluntarios apuntados para organizar la jornada. Esa póliza se mantuvo vigente.
3. El Gobierno contrató la creación de una página web institucional (participa2014.cat) para dar información y recabar la participación de los voluntarios. Esa web “se mantuvo activa” con los “logos de la Generalitat” hasta el 9-N y después, e incluso se publicaron allí los resultados.
4. La campaña de publicidad institucional (encargada por Presidència a la empresa Media Planning en octubre) siguió vigente hasta el día de la votación.
5. La infraestructura informática necesaria para las votaciones se activó tras el veto. Los días 7 y 8, T-Systems entregó las aplicaciones y formó a voluntarios en el programa para tratar datos. Se instaló un call center en el CTTI, un organismo de tecnologías dependiente de la Generalitat. El Gobierno catalán había comprado antes 7.000 ordenadores por necesidades de Enseñanza. El fiscal subraya que había 6.695 lugares de votación y, aunque los ordenadores se entregaron luego a escuelas, sugiere que el fin inicial era ya que sirvieran para el proceso participativo.
6. Gobernación (Ortega) firmó un convenio con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) por el que los presos de la cárcel de Lleida fabricaron el material (sobres, listas de participantes) necesarios para la votación. Durante los días 7 y 8 de noviembre, ese material fue distribuido en los puntos de votación.
7. Fira de Barcelona acondicionó, los días 7 y 8, el pabellón italiano de Montjuïc para ofrecer públicamente los resultados.
8. Los institutos de enseñanza secundaria públicos abrieron sus puertas el día 9-N para que los ciudadanos votaran. Estuvieron activos los servicios de apoyo de los contratistas para solventar problemas técnicos. Antes, la consejera de Enseñanza (Irene Rigau) había mantenido reuniones para que los servicios territoriales conminaran a los directores de centros a colaborar y entregar las llaves a los voluntarios. También abrieron dependencias de la Generalitat en el extranjero.
9. La votación siguió, en días posteriores al 9-N, en otras dependencias públicas de la Generalitat.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/05/catalunya/1486316234_759043.html?rel=mas
por RAFAEL el Lun Feb 06, 2017 3:44 pm
Pese al evidente trasfondo político de la causa, lo que va a dirimirse en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Barcelona es, sobre todo, una cuestión jurídica: comprobar si Mas y su Gobierno siguieron adelante con la jornada de participación del 9-N pese al veto del TC y, sobre esa premisa, si tal conducta cumple los requisitos del delito de desobediencia. Pocas sorpresas se esperan de las declaraciones de Mas, Ortega y Rigau, y fuentes judiciales coinciden en que no será esa la base para dictar sentencia. Esta se fundamentará, sobre todo, en el análisis de la jurisprudencia (no unívoca) del Tribunal Supremo en relación con los dos delitos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/05/catalunya/1486317027_843507.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
por RAFAEL el Lun Feb 06, 2017 4:08 pm
Lo siento mucho,no volgvera a acugirr..
por candela el Lun Feb 06, 2017 4:08 pm
Bueno,lo de este cantamañana no tiene desperdicio,pero es normal que esto pase aquí,ya que no hay gobierno ni hay nada,este gobierno de chichinabo no vale un carajo.
Mira,hace un momento acabo de oír una noticia que la verdad no tiene nada que ver con esta milonga del Más.
El sinvergüenza de Montoro está ahora investigando como subir,otro impuesto,el de matriculación de los automóviles,
Y resulta que ese impuesto,no existe en ningún país europeo, exceptuando a España,como no podría ser de otra manera,
Pues este tío no es que lo quite,no,es que lo quiere subir,
Cosa que no existe en ningún país.
Que se puede esperar de todo este ganao,y que el ganao no se sienta ofendido.XD.
por candela el Lun Feb 06, 2017 4:11 pm
Dedicado a .... Artúrico???
por RAFAEL el Lun Feb 06, 2017 4:17 pm
@candela escribió: Bueno,lo de este cantamañana no tiene desperdicio,pero es normal que esto pase aquí,ya que no hay gobierno ni hay nada,este gobierno de chichinabo no vale un carajo.
YA hablan de que como siga así stos Cabezas huecas aplican el artículo 155, la Suspensión de la Autonomía...
entonces me iba a reir de verdad...
por RAFAEL el Lun Feb 06, 2017 4:19 pm
[size=41]Catalá asegura que el Gobierno tiene estudiada la aplicación del 155[/size]
El ministro de Justicia considera que no será necesario aplicarlo porque “no habrá referéndum”
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que el Gobierno tiene “estudiadas” todas las opciones para impedir el refréndum, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, aunque considera que no será necesario porque “no habrá referéndum”. El dirigente ha hecho estas manifestaciones coincidiendo con el trayecto de Mas, Ortega y Rigau en la sede del tribunal. Según Catalá, a pesar del mensaje que este es un juicio político, en el Estado hay una justicia “independiente” servida por jueces “expertos” que “dictarán la sentencia que corresponda”.
El ministro ha insistido en que su ejecutivo velará para que no se celebre un referéndum en Catalunya y que “se cumplan las leyes” sin dejar a nadie “al margen de la legalidad”. “Si alguien se empeña en hablar de lo que no es posible y actuar en contra de lo que es posible la ley funcionará y garantizaremos que se cumple en toda España”, dijo.
”Cada actuación que se toma por parte de un gobierno serio tiene estudios y reflexión, y por supuesto, la aplicación del 155 está estudiada, incluso hay tesis doctorales sobre esto”
[size=15]Ministro de Justicia[/size]
Preguntado por la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite intervenir competencias de la Generalidad, Catalá ha mostrado convencido de que no será necesario llegar porque “no habrá referéndum”. “Somos un país democrático donde las leyes se cumplen”, dijo.
En todo caso ha admitido que su gobierno ha estudiado “todas las alternativas”. “El gobierno tiene estudios de aplicación de todos los artículos de la Constitución, los mecanismos de coordinación, de resolución de conflictos”, porque “somos un gobierno responsable y no improvisamos ninguna de las actuaciones que hacemos”. ”Cada actuación que se toma por parte de un gobierno serio tiene estudios y reflexión, y por supuesto que la aplicación del 155 está estudiada, incluso hay tesis doctorales sobre esto, así que por supuesto que sí”, dijo.
El Gobierno se muestrado convencido de que si hubiera que llegar a aplicarlo, el PSOE le apoyaría
Según el ministro, el 155 se podría aplicar incluso sin hacer ningún desarrollo jurídico de la norma. “El propio 155 ya prevé un sistema por el que hay que requerir a una Comunidad Autónoma que incumple su obligación y luego hay una votación en el Senado”, y “creo que no hay un desarrollo normativo singular para aplicarlo”.
También se ha mostrado convencido de que si hubiera que llegar a este punto el PSOE apoyaría al Ejecutivo español. “No me puedo imaginar ante una situación de conflicto en España que el PSOE no esté también para cumplir la constitución y para avanzar en un camino de democracia, dijo, porque” es un partido constitucional que nos ha llevado donde estamos hoy “, y “no me imagino que ante un desafío territorial el PSOE no esté donde debe estar”.
http://www.lavanguardia.com/politica/20170206/414049714683/gobierno-articulo-155-constitucion-juicio-9n-referendum.html
por candela el Lun Feb 06, 2017 4:23 pm
El atraso más grande que se hizo fue lo de las 47 taifas,a que coño tantas autonomías??Jamás saldremos de la deuda que tenemos,ni nosotros,ni nuestros hijos,ni los hijos de sus hijos,
Si España no tuviera 47 taifas jamás estaríamos con esa deuda.
por RAFAEL el Lun Mar 13, 2017 3:11 pm
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. El tribunal ha condenado, además, a los otros dos acusados en el juicio del 9-N: la exvicepresidenta Joana Ortega (un año y nueve meses) y la exconsejera de Enseñanza (un año y medio) como cooperadoras necesarias del delito de desobediencia. Los tres han sido absueltos, en cambio, del delito de prevaricación, que era el que implicaba una mayor pena de inhabilitación.
La sentencia no es firme y las defensas de Mas Ortega y Rigau ya han anunciado que piensan recurrirla ante el Tribunal Supremo. Eso significa que, por ahora, no se ejecutará. Y que el único de los tres acusados que en la actualidad ejerce un cargo público –Irene Rigau es diputada de Junts pel Sí en el Parlamento catalán- podrá seguir desempeñando esas funciones.
Cosa distinta es que alguno de ellos quiera presentarse como candidato en unas elecciones. Mas, por ejemplo, sopesa presentarse a las próximas autonómicas como líder del PDECat. Un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sin embargo, se lo impide. El artículo en cuestión señala que no son elegibles “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado” a penas de inhabilitación. El delito de desobediencia se enmarca en los delitos contra la administración pública.
Además de las penas de inhabilitación, el tribunal –compuesto por los magistrados Jesús Barrientos, Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez- ha impuesto a los excargos el pago de una multa: 36.500 euros para Mas, 30.000 para Ortega y 24.000 para Rigau. La sentencia, de 98 páginas, asigna un papel relevante a Mas como “autor material del delito de desobediencia”. Él fue, recuerda el tribunal, el “convocante del proceso de participación” que fue suspendido el día 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional. Como president, era “el destinatario directo” de la resolución del Constitucional. Pese a “tener un perfecto conocimiento del contenido y efectos” de esa resolución, Mas “nada hizo”. El expresidente catalán “omitió toda decisión o actividad encaminada a suspender o paralizar las actuaciones que conocía ya emprendidas” para celebrar la consulta.
Mas no solo omitió el veto del TC, sino que “dispuso lo necesario para que prosiguieran las mismas actuaciones” y “logró que se mantuvieran vigentes los contratos de aprovisionamiento de los materiales y equipamiento necesario” para la jornada del 9-N. En el juicio, celebrado hace apenas un mes, quedó probado –por los documentos y la declaración de los testigos- que algunos trabajos, como la instalación de los ordenadores para la votación, se desarrollaron después de la prohibición.
El tribunal rechaza los dos argumentos que Mas esgrimió en el juicio: que la resolución del Constitucional era poco clara y que no se he había notificado personalmente ni se le había advertido, expresamente, de las consecuencias de desobedecer. La sentencia recuerda que la resolución fue analizada por los servicios jurídicos de la Generalitat, por lo que Mas tuvo un “conocimiento profundo” del alcance del veto. La falta de advertencia “tampoco puede servir de coartada” porque se trata de una resolución judicial “ejecutiva por antonomasia (…), sin necesidad de aditamentos o amenazas".
En el juicio, Mas se presentó como un político enfrentado a un complejo dilema. Por un lado, el "deber de atender" la resolución del Constitucional. por el otro, un "deber mayor": atender el "mandato parlamentario" y el "clamor de la calle" para votar sobre la independencia. “El Gobierno y su presidente tenían que estar a la altura de las circunstancias", concluyó. El tribunal ha tenido en cuenta esa consideración en su sentencia y señala que el supuesto conflicto de Mas "no es real, al menos en el plano de la legalidad constitucional".
Al "arrogarse la supuesta prevalencia o supeditación de deberes", concluye el tribunal, Mas "pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio de poderes, e hizo quebrar una regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales".
Los cinco días de noviembre de 2014
Los hechos sentenciados se centran en cinco días: los que van desde la suspensión acordada de forma unánime por el Tribunal Constitucional (4 de noviembre de 2014) hasta la celebración de la jornada de participación (9 de noviembre) en la que votaron 2,3 millones de personas, un 37,02% de los llamados a las urnas; la inmensa mayoría (80,7%) a favor de la creación de un Estado independiente para Cataluña.
Durante el juicio, Artur Mas negó que quisiera desobedecer. “No había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie”, explicó el expresident, quien evitó el interrogatorio del fiscal y se limitó a contestar a su abogado. Mas recordó que el Constitucional no advirtió de las consecuencias que podía tener seguir con la consulta. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, se preguntó. La vicepresidenta del Gobierno de Artur Mas, Joana Ortega, y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, avalaron al presidente y afirmaron que no recibieron ningún requerimiento del Alto Tribunal.
El TSJC ha redactado la sentencia apenas un mes después de la celebración del juicio. Tras el juicio a Mas, precisamente, el Supremo juzgó por los mismos hechos al diputado del PDECat —antigua Convergència— Francesc Homs, sobre el que aún no hay una decisión judicial.
Mas, Ortega y Rigau trataron de convencer a los jueces de que, después del veto del 4-N, el Gobierno catalán se desentendió del proceso de participación y que éste quedó en manos de voluntarios. Una tesis que, por cierto, no defendió Homs en su juicio, en el que insistió en que la consulta era "legal" y que la resolución del Constitucional era "inconcreta". Durante la vista quedó de manifiesto, en cualquier caso, que algunos trabajos encargados para el 9-N se ejecutaron con posterioridad al veto del día 4. Además, la "ejecutividad automática" de la resolución "le había sido ya anticipada" a Mas por un informe emitido por el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional.
QUÉ SIGNIFICA LA INHABILITACIÓN
El artículo 410 del código penal por el que ha sido condenado Mas señala: “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. La pena de inhabilitación conlleva la prohibición de ejercer como cargo público local, autonómico o estatal durante el período de condena impuesto, es decir, dos años en el caso de Artur Mas que no podrá presentarse como candidato.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/13/catalunya/1489398015_945194.html
por RAFAEL el Lun Mar 13, 2017 3:13 pm
El 9-N en nueve preguntas9-N: de la consulta independentista a la condena de Artur Mas
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condeando al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, a dos años de inhabilitación para ocupar un cargo público por un delito de desobediencia al convocar la consulta del 9-N pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Además, se le impone una multa de 36.500 euros. La sentencia también condena a la ex vicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la ex consejera Irene Rigau a un año y seis meses de inhabilitación por el mismo delito de desobediencia. El tribunal considera que los tres no cumplieron la suspensión del Tribunal Constitucional y permitieron la celebración de la consulta del 9-N. El TSJC ha absuelto a los tres condenados del delito de prevaricación.El tribunal, que ha sido unánime en su decisión, también condena a Ortega al pago de 30.000 euros de multa mientras que Rigau habrá de abonar 24.000 euros. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo que en pocos días hará pública su fallo sobre el ex consejero y actual diputado de Convergència en el Congreso, Francesc Homs, que fue juzgado por los mismos delitos presuntamente cometidos con su actuación en la organización del 9-N.Con esta decisión, el TSJC cree que Mas cometió desobediencia al no acatar la resolución del 4 de noviembre de 2014 del Tribunal Constitucional y no parar el proceso participativo, mientras que Ortega y Rigau actuaron como cooperadoras para hacerlo. El tribunal destaca que "no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el president de la Generalitat el día 14 de octubre, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014".Además, recuerda que la providencia del Constitucional "reunía todas las condiciones formales y encerraba un mandato claro, expreso, concreto y terminante de suspender toda actividad administrativa orientada a la realización del proceso participativo convocado para el 9 de noviembre, que imponía a sus destinatarios un deber inexcusable de acatamiento a tal mandato, en ningún caso necesitado de requerimiento o advertencia personal de tipo alguno". Por eso, los magistrados reprochan a los condenados que "lejos de hacer efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, no solo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia del Tribunal Constitucional"."Entre esas conductas se relacionan particularmente las relativas al mantenimiento de la página web "participa2014.cat"; el mantenimiento de la campaña de publicidad institucional; el mantenimiento del reparto de correspondencia oficial; la aportación y suministro del material de la votación (urnas, sobres y papeletas); la elaboración e instalación de programas informáticos y suministro del material tecnológico y apoyo técnico; la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cobertura para los voluntarios; la utilización de centros públicos como sedes de votación y la instalación de un centro de prensa", señala la sentencia como indicios de la desobediencia.Los voluntarios no organizaron la votaciónPor eso, los jueces creen que queda demostrado que el proceso participativo no quedó en manos de los voluntarios, tal y como declararon los tres procesados. Para el tribunal, este argumento "no se sostiene a partir de la verificación de la ingente, por no decir frenética, actividad preparativa desplegada en ejecución de otros tantos contratos públicos, generadores todos de compromisos de pago que fueron cargados y atendidos contra la Generalitat de Catalunya". El TSJC también considera que Mas fue "autor directo y material del delito cometido" y que "sobre su persona, como President de la Generalitat (al que corresponde estatutariamente la dirección y coordinación de la acción de gobierno) recaía con la mayor intensidad el deber de suspensión de actividades impuesto por la providencia del Tribunal Constitucional desobedecida, en la medida que había sido el artífice de convocatoria inicial". Respecto a las otras condenadas el tribunal considera que hicieron aportaciones de "distinta relevancia" ya que mientras la ex vicepresidenta Ortega tuvo "el control superior que ejerció en todo momento de los mecanismos organizativos y arquitectónicos del proceso participativo" Rigau tuvo participación respecto a los institutos que abrieron el 9-N.Sobre la absolución del delito de prevaricación el tribunal considera que "no puede afirmar la presencia de elementos de ilegalidad que excedan o desborden la inherente al hecho desobediente ya calificado y sancionado" como delito y recuerdan que la ley "prohíbe castigar doblemente una misma conducta". La Fiscalía pedía la condena de 10 y 9 años de inhabilitación para Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación.
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/13/58c66d5a46163f1c5d8b4595.html
Última edición por RAFAEL el Lun Mar 13, 2017 3:37 pm, editado 2 veces
por RAFAEL el Lun Mar 13, 2017 3:34 pm
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a dos años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por un delito de desobediencia, al mantener la consulta independentista del 9N, tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).
En su sentencia, el alto tribunal catalán condena también a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación para cargo público y a un año y medio de inhabilitación a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
En una decisión unánime, el tribunal ha acordado absolver a Artur Mas del delito de prevaricación en la consulta independentista del 9N, por el que la Fiscalía le pedía ocho años de inhabilitación.
A continuación ofrecemos el texto íntegro del fallo judicial:
FA L L A M O S:
3º.- Que debemos de condenar y CONDENAMOS a la acusada Da. IRENE RIGAU I OLIVER como cooperadora necesaria penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de MULTA DE OCHO ( MESES con una cuota diaria de CIEN (100) EUROS y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado, por tiempo de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES.
PDF Texto íntegro de la sentencia por la consulta del 9-N
http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/1/9/1489408540791.pdf?_ga=1.28228412.1038421252.1488808711

References: resolución 
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 artículo 155
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