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BOE.es - Documento BOE-T-2003-7865
Documento BOE-T-2003-7865
Pleno. Sentencia 64/2003, de 27 de marzo de 2003. Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4255/98. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza, respecto al art. 1.2 y varios apartados del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según la redacción de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad: Auto de planteamiento de la cuestión que formula un juicio de relevancia insuficiente.
«BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2003, páginas 116 a 122 (7 págs.)
BOE-T-2003-7865
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4255/98, promovida por el Juzgado de Primera Instancia núm.
13 de Zaragoza, por supuesta inconstitucionalidad del art. 1.2 y los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según la redacción que dio a dichos preceptos la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de este Tribunal.
1. El día 14 de octubre de 1998 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, Auto de 2 de octubre de 1998 en el que, según expresa su parte dispositiva, se acuerda lo siguiente: "Plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de posible inconstitucionalidad del apartado 2 del artículo 1 y de los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del ordinal 1.o del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, conforme a la redacción que dio a los mismos la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre".
En el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se pone de relieve, en primer lugar, que la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, introdujo en el texto refundido de la Ley de uso y circulación de vehículos a motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, aparte de la modificación de su nombre, el llamado sistema de "cuantificación legal del daño causado", cuando el mismo se produce con motivo de circulación de vehículos a motor.
Dicho sistema establece quiénes hayan de ser en cada accidente las personas con derecho a percibir la indemnización, cuáles sean los daños indemnizables y cuánto se pueda llegar a percibir por cada uno de ellos.
b) En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), por referencia al art. 117.3 CE, comprende la posibilidad de que el interesado en la resolución de su conflicto pueda acceder a la Administración de Justicia para obtener el adecuado enjuiciamiento. Este derecho, en el caso de las normas cuestionadas, se vacía de contenido "porque se priva al interesado de ver valorada su situación de hecho y de derecho por [el] órgano judicial, pues es el órgano legislativo el que determina a priori quiénes deban entenderse como perjudicados en cada caso, establece las lesiones físicas o perjuicios morales a resarcir y fija el importe que por ello podrá percibirse". La posibilidad de acceso a la jurisdicción por parte del perjudicado en los supuestos que recoge la Ley "queda, por tanto, limitada a que se determine si el hecho causante de los daños es de los que pueden incluirse en tal norma y cuál de las interpretaciones propuestas por las partes es la correcta conforme a los mandatos en ella recogidos".
Con ello "se priva al perjudicado del ejercicio de su derecho real al enjuiciamiento jurisdiccional en las cuestiones esenciales para fijar con la posible exactitud el resarcimiento que en cada caso corresponde: queda imposibilitado de interesar indemnización si es persona distinta de las que el legislador ha entendido como perjudicados, aunque realmente sí haya sido damnificado ; el posible daño moral o físico que haya sufrido sólo puede tenerse en cuenta, en su caso concreto, si el legislador lo ha previsto ; y no puede interesar la individualización del importe final a señalar como medio de resarcirle de su daño personal, sino sólo pretender la inclusión o no en una u otra partida o factor de corrección prefijados".
Señala el Auto que "la privación de pleno acceso a la jurisdicción y la infundada diferenciación, que perjudican al lesionado en accidente negligente de circulación, no se entiende justificada tampoco por la especial situación de generación de riesgo que, en términos generales, la explica, porque es ajena al dañado y, por tanto, no lo coloca en posición desigual respecto de otros perjudicados". Y añade que "tampoco cabe entenderla derivada de la coordinación con otros derechos y principios constitucionales ni, especialmente, con el de seguridad jurídica de los perjudicados o rapidez en el percibo de la indemnización, porque la pretendida seguridad jurídica y eficacia no cabe mantenerlas a costa de la pérdida casi total de su derecho a la jurisdicción, a la no discriminación y a reponer el daño ilegítimamente sufrido".
Razona asimismo el Auto que "si tal seguridad jurídica se observa como la de quienes deben responder del daño, se hace en menoscabo de la situación de la víctima que, previo al accidente en que involuntariamente se ve inmersa, precisamente pierde en seguridad en la respuesta jurídica ante el daño que se le pueda causar, pues su forma de ser indemnizado variará por cuestión tan irrelevante como la de que le perjudique o no un accidente de vehículo de motor, vea afectados sus bienes materiales o también su integridad física, y según intervenga dolo o no".
Finalmente dice el último de los razonamientos jurídicos del Auto lo siguiente: "Todas las normas citadas en el fundamento de derecho segundo de esta resolución establecen la imperativa, sin posibles excepciones, aplicación del sistema indemnizatorio, bien porque lo definen e instituyen bien porque son consecuencia de él y el automatismo que implica.- Por ello se entiende que todos ellos privan, en los términos expuestos, al perjudicado de su derecho al acceso a la jurisdicción y le discriminan injustificadamente respecto de otros también perjudicados, contrariando los artículos 14 y 24 de la Constitución.-En consecuencia, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como a la jurisprudencia relativa a la materia, recogida en sentencias del Tribunal Constitucional de fechas, por ejemplo, de 20 de julio de 1981, 28 de octubre de 1996 o 3 de julio de 1997, procede promover su declaración de inconstitucionalidad, mediante el planteamiento de la correspondiente cuestión".
Por otra parte, continúa aduciendo el Abogado del Estado, contra lo que sostiene el Juez promotor, no hay razón constitucional que justifique atender en exclusiva el punto de vista de la víctima, prescindiendo de las demás piezas que conforman el régimen especial de responsabilidad, pues no cabe sustituir la lógica empleada por el legislador por la del cuestionante o recurrente (STC 69/1994), y desde luego no cabe indicar meramente que el régimen especial se aparta del general en punto a la indemnización de unos mismos daños personales, pues tal puede ser el factor en que radique la especialidad. Debe razonarse que o bien la especia lidad carece de fundamento objetivo, o bien determinadas consecuencias jurídicas de la misma son desproporcionadas.
"Artículo 1. De la responsabilidad civil.
7. La cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas y la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado. Son elementos correctores de disminución en todas las indemnizaciones, incluso en los gastos de asistencia médica y hospitalaria y de entierro y funeral, la concurrencia de la propia víctima en la producción del accidente o en la agravación de sus consecuencias y, además, en las indemnizaciones por lesiones permanentes, la subsistencia de incapacidades preexistentes o ajenas al accidente que hayan influido en el resultado lesivo final ; y son elementos correctores de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes la producción de invalideces concurrentes y, en su caso, la subsistencia de incapacidades preexistentes.
Así, el Abogado del Estado sostiene que la cuestión se formula con carácter abstracto y sin relación con el caso. Fundamenta tal afirmación en el hecho de que las partes, que se han opuesto al planteamiento de la cuestión, están de acuerdo en la aplicación del baremo, de modo que una hipotética declaración de inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados en nada afectaría al proceso puesto que, en todo caso, el Juez habría de resolver dentro de los términos en que se ha planteado el debate ; debe, consecuentemente, según afirma el Abogado del Estado, aplicarse la doctrina de la STC 17/1981, de 1 de junio, y declararse la inadmisión de la cuestión. Considera además el Abogado del Estado que el juicio de relevancia no ha sido correctamente expresado puesto que, sin dudar de que las normas cuestionadas sean aplicables al caso, el órgano judicial no ha razonado suficientemente que el fallo dependa de su validez.
4. En relación con el óbice de procedibilidad aducido por el Abogado del Estado, hemos de comenzar señalando que ya desde la STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 2, hemos puesto de manifiesto que "la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 37.1) abre la posibilidad de rechazar en trámite de admisión ... la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o la cuestión misma fuere notoriamente infundada". Se señala, al efecto, que "esta posibilidad de decretar la inadmisibilidad en trámite previo no excluye, en modo alguno, la facultad del Tribunal para hacer mediante Sentencia un pronunciamiento de la misma naturaleza cuando las razones que impiden entrar a resolver sobre la validez de la norma impugnada no son aparentes prima facie o aparecen de tal modo que resulta aconsejable abrir todas las posibilidades del debate, dando intervención a todos los llamados por el art. 37.2 LOTC, y siguiendo el proceso constitucional hasta terminar por Sentencia, con la plenitud de efectos y de publicidad que a esta modalidad de decisión corresponde". Ello quiere decir, en definitiva, que "como ha rei terado la doctrina de este Tribunal (SSTC 17/1981, 103/1983, 106/1986, y 127/1987, entre otras), la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia, con efecto desestimatorio, la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión" (STC 6/1991, de 15 de enero, FJ 2).
5. Para dar respuesta al tema suscitado hemos de recordar también lo que dijimos en la ya citada STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1: "A diferencia del recurso [de inconstitucionalidad], que sólo puede ser iniciado por los órganos que enumeran los arts. 161.1 de la Constitución y 32 LOTC, y sólo dentro del plazo que fija el art. 33 de la misma, la cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada por cualquier órgano judicial (arts. 163, Constitución, y 35.1 LOTC), sea cual sea la fecha de entrada en vigor de la norma legal cuestionada. Esta mayor amplitud relativa de la cuestión de inconstitucionalidad no la convierte, sin embargo, ni en un instrumento procesal que quepa utilizar para transferir al Tribunal Constitucional la decisión de litigios concretos ...ni, menos aún, para buscar a través suyo una depuración abstracta del ordenamiento, que normalmente debe ser obra del legislador ordinario ... La cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución". Dicha Sentencia termina afirmando, en el expresado fundamento jurídico, que "la extraordinaria transcendencia de las cuestiones de inconstitucionalidad como principal mecanismo de conexión entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional obliga, sin embargo, a extremar las garantías destinadas a impedir que esta vía procesal resulte desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza, como sería, por ejemplo, el de utilizarla para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en el que la cuestión se suscita".
La aplicación de esta doctrina conduce, en el presente caso, a tomar como punto de partida el hecho de que los preceptos cuestionados son efectivamente aplicables al caso. Ahora bien, ello resulta absolutamente insuficiente, como a continuación se verá, para propiciar la resolución del control concreto de la constitucionalidad de la ley que se nos demanda y al que deben ceñirse
en sus planteamientos las cuestiones de inconstitucionalidad.
En efecto, como se desprende de lo que ya hemos adelantado, el órgano judicial no incluye en el objeto de la cuestión la tabla o tablas del anexo, ni los correspondientes epígrafes de las mismas, que determinan el monto indemnizatorio que debe aplicarse para la resolución del proceso a quo. Y es que la inclusión en el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad de las tablas y sus epígrafes implicados en la resolución del caso resulta necesaria para poder afirmar que estamos en presencia de un verdadero control concreto de inconstitucionalidad, pues así se deriva del contenido del propio anexo de la Ley cuestionada. En efecto, este anexo consta de dos ordinales, de los cuales el primero contiene los "criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización" ; pues bien, tales criterios deben ponerse en relación con el ordinal segundo, que incluye la "explicación del sistema". En este segundo ordinal se distinguen tres supuestos, según las indemnizaciones se deriven de casos de muerte, de lesiones permanentes o de incapacidades temporales, valorándose en cada uno de esos casos los daños y perjuicios producidos, incluidos los daños morales, según una casuística muy detallada que se concreta en seis tablas y que no es necesario reflejar ahora aquí.
Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza.
Dada en Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil tres.- Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Tomás S.
DICTADA en la CUESTIÓN 4255/1998 (Ref. BOE-A-1998-26727).
la INADMISIÓN de la misma, en relación con el art. 1.2 y núms 1, 4, 5, 7 y 10 del apartado 1 del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, en la redacción dada por la disposición adicional 8 de la LEY 30/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1968-454) y (Ref. BOE-A-1995-24262).

References: artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 resolución