Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1303-05.htm
Timestamp: 2019-06-26 14:31:14+00:00

Document:
T-1303-05
Sentencia T-1303/05
PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Integrador del debido proceso/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Dimensión material y formal
AUTORIDAD PENITENCIARIA-Competencias y procedimientos para ejercer su potestad disciplinaria
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Implica limitación de algunos derechos/DERECHOS DEL INTERNO-Límites razonables proporcionales
TRABAJO CARCELARIO-Dimensiones fundamentales/TRABAJO CARCELARIO-Finalidades para la resocialización del recluso/TRABAJO CARCELARIO-Vinculación con la libertad personal
AUTORIDAD PENITENCIARIA-Deberes de acción y de omisión.
En virtud del papel relevante que cumple el trabajo penitenciario en orden al logro de los fines de la pena, en particular la resocialización, y la materialización del derecho a la libertad, el sistema penitenciario radica en las autoridades penitenciarias unos deberes de acción y otros de omisión respecto de éste derecho. En cuanto a lo primero, las mencionadas autoridades están obligadas a crear espacios que garanticen, promuevan y hagan posible el acceso a fuentes de trabajo de manera que se materialice el carácter imperativo del trabajo penitenciario (art.79 de la Ley 95 de 1993). En cuanto a lo segundo, se trata de un derecho frente al cual las autoridades penitenciarias se deben abstener de realizar actos vulneratorios. La protección que el propio régimen penitenciario prodiga a este derecho de los reclusos, inhibe a las autoridades penitenciarias para aplicar a su arbitrio y de manera discrecional mecanismos como la cancelación de órdenes de trabajo como respuesta retaliativa a comportamientos de los reclusos que consideren impropios. Conforme a este régimen, se trata de un derecho que sólo puede ser restringido mediante el agotamiento previo de un proceso disciplinario en el que se preserven todas las garantías que les son propias.
DEBIDO PROCESO DE INTERNO-Vulneración por privación de su derecho a la redención de la pena por más de tres meses /PROCESO DISCIPLINARIO A INTERNO-Sanción de separarlo de sus labores de ranchero no respetó el debido proceso/DEBIDO PROCESO DE INTERNO-Vulneración por cuanto la sanción fue impuesta por quien no tenía competencia para ello/DEBIDO PROCESO-Omisión en el trámite de proceso disciplinario
(i) El sentenciado fue privado durante más de tres meses de su derecho a la redención de pena. Esta restricción está contemplada como sanción para “faltas graves”, según el artículo 123 numeral 1° del Código Penitenciario, con un límite de, hasta 60 días. (ii) La sanción que se impuso al interno no fue la consecuencia de un proceso disciplinario en el que se respetaran las garantías del debido proceso. Fue impuesta, de plano, por la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza.(iii) Conforme al régimen penitenciario la autoridad competente para imponer una sanción es el Director, si se tratare de falta leve, o el Consejo de Disciplina cuando la falta reviste el carácter de grave (art. 134 del Código Penitenciario). La sanción fue impuesta por la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza. (iv) La omisión en el trámite de un proceso disciplinario a partir del informe que rindieran los Comandantes de patio y la ingeniera de alimentos, no permitió que se cumplieran aspectos elementales del debido proceso como la determinación de la existencia de la falta; la preservación de un espacio para que el acusado rindiera sus descargos; la calificación de la falta; el derecho a probar, y en general la garantía de los derechos de contradicción y defensa inherentes a cualquier imputación de índole penal o administrativa. En ese mismo orden de ideas las competencias que la propia Ley establece para el ejercicio de la potestad sancionadora fueron desconocidas. (Art. 134 Ley 65 de 1993).
MEDIO DE DEFENSA PARA EXCLUIR LA ACCION DE TUTELA-Debe tener el carácter de judicial
Una de las causales de improcedencia de la acción de tutela es la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial (se destaca). La jurisprudencia constitucional ha desarrollado prolijamente esta disposición en el sentido de enfatizar la necesidad de que el otro medio de defensa subsistente, con potencialidad para excluir la procedencia de la acción de tutela al tenor de la disposición mencionada, deba tener el carácter de judicial. No es válidamente oponible para negar una tutela el argumento de la existencia de otro medio de defensa de naturaleza distinta a la judicial.
JUEZ DE TUTELA-Exhortación de la Corte Constitucional para que en el futuro ajuste sus decisiones al orden jurídico y a la jurisprudencia constitucional
Referencia: expediente T-1180721
Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil cinco (2005).
.1. El demandante se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de alta y mediana seguridad (EPCAMS) de Cómbita (Boyacá).
1.4. Frente a tal situación, informa el recluso, acudió ante el señor Vargas Moreno, manifestándole su inconformidad por la apropiación de dichos elementos. Refiere que dicho funcionario, de manera grotesca lo mandó a callar y lo inquirió para que hiciera de cuenta que no había visto nada: “aquí estamos en Cómbita donde manda la guardia, y, si sigue jodiendo le hago quitar su descuento”. (Folio 2 de la demanda) .
1.6. El día 28 de junio de 2005, la Junta de trabajo, estudio y enseñanza le notificó por escrito, la suspensión de su trabajo como ranchero, aduciendo la existencia de un informe presentado por el Dragoneante Vargas Moreno. Ese mismo día fue retirado de su trabajo como ranchero y trasladado al área de “calabozos” (patio No. 8), aislándolo e impidiéndole todo tipo de comunicación. Luego de dos días fue trasladado a uno de los pabellones del penal.
1. En atención a que ni la Dirección del EPCAMS de Cómbita, ni la Junta de trabajo, estudio y enseñanza de la misma institución, dieron respuesta alguna a la acción impetrada, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que establece la presunción de veracidad sobre los hechos, si solicitado un informe al ente demandado, éste no fuere rendido dentro del plazo correspondiente.
2. Que aunque las dependencias demandadas no dieron respuesta alguna a la acción de tutela, “actitud desde todo punto de vista desafortunada”, de la lectura de los hechos expuestos por el accionante no puede deducirse que éste haya presentado alguna clase de denuncia formal, o alguna solicitud a la que se le diera trámite, ni se conocen las razones que originaron el relevo del demandante de la actividad laboral que venía desempeñando. En consecuencia, deduce el juez, el derecho al debido proceso no ha sido vulnerado.
4. Que no puede el juzgado “entrar a polemizar” por la actuación desarrollada por la Junta de trabajo, estudio y enseñanza del ente demandado, por que “estaríamos adentrándonos en la reglamentación y disposición que el código penitenciario cobija a estas instituciones”(sic).
5. Que de haberse efectuado algún procedimiento que fuera en contra del interno Luis Quiroga Rojas, éste cuenta con otros mecanismos para hacer prevalecer sus derechos. En este sentido, el accionante debe elevar su inconformidad respecto de la suspensión de la actividad laboral que venía desempeñando “no ante el juez constitucional de tutela, sino ante el competente, que para el caso lo son las autoridades penitenciarias accionadas y éstas a su vez evaluarán la situación fáctica y jurídica para su procedencia, lo anterior en virtud del respeto al principio del juez natural”.
4. La posición procesal de la demandada:
Mediante oficio 150- EPCAMSCO, radicado el 27 de Julio de 2005 en el Juzgado (luego de proferido el fallo), la Directora de la EPCAMSCO, manifestó en su defensa:
2. En cuanto a los hechos, refiere que el interno Luis Quiroga Rojas ingresó a descontar pena mediante orden No.1277 de octubre 7 de 2004 en la actividad de rancho, “orden que le fue cancelada por informe de su mal comportamiento y no acatar las órdenes impartidas”. Se anexa el informe a que hace referencia.
5. Pruebas en sede de revisión:
.1. Ordenación:
a). Informe si al interno Luis Quiroga Rojas, T.D. 183, le ha sido reasignada orden para el desarrollo de la actividad de rancho, u otra actividad, por parte de la Junta de trabajo o estudio, luego de que aquella le fuera cancelada el 28 de junio de 2005.
b). Informe si el mencionado interno ha sido sometido en alguna oportunidad a la medida de aislamiento; en caso positivo, remitir copia de la actuación que dio lugar a dicha medida.
c). Copia de las órdenes de trabajo emitidas por la Junta de trabajo, estudio y enseñanza en relación con el interno Luis Quiroga Rojas.
d). Copia del acta de la Junta de trabajo, estudio y enseñanza en la cual se ordenó suspender la actividad laboral, como ranchero, al interno Luis Quiroga Rojas, el 28 de junio de 2005, y del trámite que dio origen a esa decisión.
e). Copia de los certificados de conducta observada por el detenido Luis Quiroga Rojas, durante el tiempo de reclusión en esa Penitenciaría.
f). Copia del registro de consignaciones bancarias realizadas por la pagaduría del Establecimiento Penitenciario por concepto de bonificaciones por trabajo a favor de la familia del interno Luis Quiroga Rojas (Alex Myriam Aguilar Marín y/o Luis Evelio Quiroga Aguilar, Wilmer Quiroga Aguilar, Omaira Quiroga Aguilar)”
.2. Respuesta de la demandada:
Mediante Oficio EPCAMS- 150 –TUT- 3456 del 11 de octubre de 2005, la Directora del EPCAMS de Cómbita, reiteró su postura manifestada ante el Juez de instancia, en el sentido que la administración de ese centro penitenciario no ha vulnerado derecho fundamental alguno al demandante.
5.2.2.Copia de las órdenes de trabajo o estudio expedidas en relación con el interno Luis Quiroga Rojas durante su permanencia en el EPCAMS de Cómbita. Se destaca, para efectos del caso bajo examen, la orden de trabajo No. 1277 de 10 de Julio de 2004, mediante la cual se le autoriza para trabajar en la actividad de “rancho” en los días comprendidos de lunes a domingo. Igualmente la orden No. 1798 de 4 de octubre de 2005, que autoriza al demandante para trabajar en “tarjetería”, en los días comprendidos de lunes a viernes.
5.2.3.Certificados trimestrales (8) de conducta del interno Luis Quiroga Rojas, correspondientes a los períodos que van entre el 10 de julio de 2003 y el 3 de septiembre de 2005. En todos ellos la conducta del recluso ha sido calificada en el grado de EJEMPLAR. Se observa, de manera particular, el certificado No.134 de septiembre de 2005 que cobija el período comprendido entre el 3 de junio de 2005 y el 3 de septiembre de 2005.
5.2.4.Copia del “informe a interno” de junio 15 de 2005 para la “Directora Imelda López Solórzano” , de “Comandantes de Rancho e Ingenieras”, en el que se señala que cumpliendo el conducto regular informan la “situación que se nos ha venido presentando en las dos últimas semanas con el interno QUIROGA ROJAS LUIS T.D. 183 que elabora (sic) actualmente en el rancho debido a que no acata las órdenes impartidas por los comandantes e ingenieras pertenecientes al mismo, también cabe indicar que es una persona conflictiva con los demás internos que elaboran (sic) en el rancho ya que su sentido de pertenencia laboral no favorece en el área mencionada.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes”
El informe es suscrito por el DGTE. Valencia Correa (Cte. de rancho), el DGTE. Urrea Romero (Cte. de rancho), el DGTE. Nuñez Largo, (Cte. de rancho), el DGTE. Vargas Moreno (Cte. de rancho), y la Ingeniera de alimentos de alta seguridad Astrid Salazar Ceballos.
5.2.5.Copia del acta No. 005 del 21 de junio de 2005 de la Junta de trabajo, estudio y enseñanza, reunida “con el propósito de conceptuar sobre el ingreso de internos a actividades laborales según aptitud y vocación observando la disponibilidad de cupos en el establecimiento”.
En el aparte relacionado con la redención de los internos del pabellón 8 (Fol.52 de libro de actas), se lee lo siguiente:
“(…) Se discute lo relacionado con la redención de los internos del pabellón 8, se concluye que no es viable continuar con dichas actividades tantos (sic) grupales como individuales, ya que ha habido internos que han sido actores de actos de indisciplina y por motivos de convivencia con los internos de esta torre. Lo anterior teniendo en cuenta que se hizo un análisis para la actividad de proyecto compromiso autorizado para dicha torre desde el mes de febrero x 5. (…).
6. Nueva acción de tutela:
En la respuesta al requerimiento probatorio formulado por el magistrado sustanciador a la Directora del penal, ésta manifiesta que “se hace saber al Honorable Despacho que el señor interno Luis Quiroga Rojas ha interpuesto acción de tutela por los mismos hechos, acción que fue admitida por el H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja Sala Penal dentro del radicado No.05-0743”. Anexa copia de la demanda, y manifiesta que el interno ha incurrido en actuación temeraria.
- Que el fallo de tutela (que revisa la Corte) le fue notificado mediante oficio 1797 del 27 de julio de 2005, al que se anexaba sólo una página del fallo.
- Que mediante un derecho de petición solicitó al juzgado para que se notificara el fallo en su integridad, lo cual efectivamente ocurrió por oficio 2036 de agosto 23 de 2005, comunicado el 30 de agosto, constatando que se trataba de un fallo de 6 folios.
- En cuanto al sentido y contenido del fallo, cuestiona que se haya fallado en su contra con el argumento de que la autoridad demandada no hubiese respondido al requerimiento de informes realizado por el juez, lo que, según la ley, hubiese conducido a una solución distinta. Critica que se le remita a otros mecanismos de defensa señalándole como tales, el trámite directo de su queja ante las mismas autoridades penitenciarias. Pone de presente la ineficacia de tal alternativa, la cual se prueba palmariamente con el simple hecho de que la demandada no le hubiese respondido oportunamente al juez de tutela, aptitud indicativa de lo que podría esperar él como recluso y demandante.
- Señala que el fallador violó su derecho de defensa en razón a que el fallo le fue notificado integralmente en agosto 30, con base en ello impugnó en agosto 31, pero el juzgado le negó el recurso aduciendo su extemporaneidad.
Por su parte las autoridades penitenciarias manifiestan que efectivamente, al actor le fue “cancelada” la orden de trabajo en el rancho, por informe acerca de su mal comportamiento y por no acatar las ordenes impartidas.
- El debido proceso y el principio de legalidad, en materia disciplinaria, en los establecimientos carcelarios.
- Las personas privadas de la libertad son titulares de todos los derechos constitucionales, sujetos a las restricciones legítimas derivadas de la medida privativa de la libertad correspondiente.
- Las finalidades del trabajo carcelario
Tercero, que la reiterada invocación de la tutela se realice sin motivo expresamente justificado[1].
Tales constataciones excluyen la actuación temeraria conforme a los presupuestos normativos previstos en el artículo 38 del Decreto 2591, y a los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Corte en la materia[2], sin que pueda predicarse en consecuencia, un uso indebido de la acción de tutela que se traduzca en una actuación temeraria.
El debido proceso y el principio de legalidad en materia disciplinaria, en los establecimientos carcelarios
3. En el Estado constitucional, el derecho al debido proceso se estructura como una herramienta fundamental para garantizar la sujeción de las autoridades al sistema de reglas que lo caracteriza. El carácter fundamental de éste derecho, consagrado en el artículo 29 de la Constitución ha sido destacado por la jurisprudencia de esta Corte desde sus primeros desarrollos. Ha sostenido que se trata de una garantía fundamental constitucional instituida para proteger a los gobernados de posibles abusos y desviaciones de poder en que pudieren incurrir las autoridades, originados no sólo en actuaciones procesales, sino en las decisiones que adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellos[3].
El debido proceso involucra además una serie de garantías “con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculada a esas actuaciones”[4]. No se limita en consecuencia a la protección de un derecho en estricto sentido, sino que se extiende al conjunto de principios que le proveen de fundamento, toda vez que salvaguarda la primacía de los principios de legalidad, libertad e igualdad, y se orienta a realizar efectivamente el derecho de acceso a la administración de justicia, sustento básico y esencial de una sociedad democrática.[5]
4. El artículo 29 de la Constitución Política, explícitamente extiende el conjunto de garantías que integran el debido proceso, a toda clase de actuaciones administrativas. La imposición de sanciones o medidas correctivas por parte de las autoridades penitenciarias, debe sujetarse en consecuencia, a garantías tales como el derecho de defensa, de contradicción y, particularmente, el principio constitucional de la presunción de inocencia
En materia sancionatoria la presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades que ejercen tal potestad. Se profana este principio si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad de ser oída y ejercer plenamente su derecho de defensa.
“Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. (…) La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (C.C. art. 5°) desplaza la antigua situación de privilegio de la administración y la obliga a ejercer las funciones públicas en conformidad con los fines esenciales del Estado, uno de los cuales es precisamente la garantía de eficacia de los derechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (C.N. art. 2°). En consecuencia, las sanciones administrativas impuestas de plano por ser contrarias al debido proceso (C.N. art. 29), están proscritas del ordenamiento constitucional”[6]
1. En el ámbito penitenciario se proyecta de manera significativa el papel regulador, de control y de contención del ejercicio del poder, que cumple el derecho, aspecto que cobra particular relevancia en el campo sancionatorio en el cual el debido proceso se perfila como la herramienta por excelencia para garantizar tal pretensión.
Principios elementales de justicia y equidad exigen que la ley defina con claridad los actos que violan los derechos de otros y de la sociedad, o vulneran la finalidad de ciertas instituciones que se crean con el propósito de contribuir al bienestar general. A esta misma ley se le pide que además de las faltas especifique las sanciones o consecuencias de su realización; se logra así, conocer con certeza los efectos del obrar y se puede decidir si se asumen los riesgos de cada acción. Pero además se espera de la ley que con ese mismo detalle y precisión, defina los criterios de apreciación de la conducta para poder realizar el juicio de valor y aplicar la sanción adecuada”[7].
“Las garantías procesales imprimen transparencia a las actuaciones y en general a todas las actividades públicas, por lo tanto, el señalamiento de las diversas etapas procedimentales han sido previamente determinadas por la ley, cuyo propósito esencial es el de equilibrar las cargas procesales entre los sujetos que concurren a diligencia judicial. Por ello, los ciudadanos[8], sin distinción alguna, debe gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones tanto administrativas como judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso (…). En este orden de ideas, la función de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico; es decir sólo puede ser ejercida dentro de los precisos términos establecidos con antelación por la normas generales y abstractas que vinculan positiva o negativamente a los servidores públicos; en consecuencia, estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista y únicamente pueden actuar apoyándose en una previa atribución de competencia (…)[9]”.
En cuanto al aspecto material del principio de legalidad plasmado en el Código Penitenciario y Carcelario, se observa que el artículo 117 de la Ley 65 de 1993 señala que “Las sanciones disciplinarias y los estímulos estarán contenidos en la presente Ley y en los reglamentos general e interno”[10].
Sobre esta dimensión material del principio de legalidad, cabe destacar para el caso que nos ocupa, que el artículo 121 contempla en la categoría de “Faltas leves”las siguientes:
14. Irrespetar o desobedecer las órdenes de las autoridades penitenciarias y carcelarias”
“1. Pérdida del derecho de redención de la pena hasta por sesenta días”
a. Competencia. Corresponde al Director del establecimiento recibir el informe de la presunta falta cometida por el interno. El Director lo pasará al subdirector, si lo hubiere o en caso contrario, lo asumirá directamente.
b. Verificación de la falta. El primer acto de instrucción debe ser la verificación de la falta.
c. Audiencia del implicado. El interno acusado debe ser oído en audiencia de descargos, lo que implica que debe ser notificado de la queja a fin de que se pueda adelantar la diligencia de descargos.
d. Pruebas. Se practicaran las pruebas pertinentes ya sea que las solicite el presunto infractor, o las ordene el instructor.
e. Concepto de calificación de la falta. En el término de dos días si se trata de falta leve y de cuatro si es grave, el instructor deberá emitir concepto de calificación de la falta cometida.
f. Decisión. Una vez recibido el concepto de calificación por el Director éste decidirá, el mismo día, si es de su competencia aplicar la sanción por tratarse de falta leve, o convocará al Consejo de Disciplina si la falta reviste el carácter de grave. Asignada la competencia el Director o el Consejo de Disciplina, cuentan con un término de 3 días para proferir la decisión sancionatoria o de archivo, la cual deberá ser notificada al recluso investigado.
g. Recursos. La decisión sancionatoria admite el recurso de reposición, el cual deberá interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, y se resolverá dentro de los dos siguientes a su instauración.
h. Ejecutoria. La sanción sólo podrá hacerse efectiva una vez el acto administrativo que la impone se encuentre debidamente ejecutoriado.
10. La Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia consistente[11] en el sentido que la privación de la libertad implica la limitación de algunos derechos, pero no comporta de manera automática la restricción de los demás.
Si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos se encuentran sometidos a severas restricciones desde el momento en que se pone en ejecución una medida de detención preventiva o una sentencia condenatoria, muchos otros derechos conservan su intangibilidad y deben ser preservados íntegramente por las autoridades penitencias. En este sentido es evidente que los derechos a la libertad física, a la libre locomoción y en algunos casos los derechos políticos, se encuentran restringidos, como consecuencia de la pena o medida impuesta. Así mismo, derechos como el de la intimidad personal y familiar, reunión, libertad de expresión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, entre otros, soportan las restricciones inherentes al estado de privación de la libertad. Sin embargo, ha reiterada la jurisprudencia de esta Corporación, “otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular.[12] Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho a la presunción de inocencia, el cual, aun cuando no imposibilita la expedición de medidas de aseguramiento, sí obliga a los jueces a justificar en cada caso la orden de detención precautelativa, y a la administración a mantener separados a los sindicados y a los condenados.”[13] (Resaltó la Sala).
El debido proceso, constituye en consecuencia, uno de esos derechos de que son titulares las personas privadas de la libertad, que no se encuentra sujeto a limitaciones que pudieren considerarse legítimas, derivadas de la ejecución de la medida o decisión restrictiva de la libertad, conservando en cambio su plenitud tanto en el ámbito judicial como administrativo – disciplinario.
11. La Corte Constitucional también se ha pronunciado en el sentido que la discrecionalidad que la ley confiere a las autoridades penitenciarias para el manejo de determinados asuntos, no puede convertirse en pretexto para la comisión de actos arbitrarios, desproporcionados o irracionales que lesionen los derechos de la población reclusa[14]. En materia disciplinaria el primer parámetro de racionalidad que debe ser observado para excluir la arbitrariedad es el debido proceso, y el principio de legalidad sustancial y formal, que concurre a integrarlo.
Adicionalmente, en virtud del principio constitucional de prohibición de la arbitrariedad (CP artículos 1°, 2°, 123, y 209) las autoridades penitenciarias en desarrollo de su función de administración y dirección de las cárceles y penitenciarías, están sujetas a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en la restricción de derechos:
“(…) Para que una determinada restricción resulte legítima, será necesario que persiga, bien la resocialización del interno, ora la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento de reclusión. Adicionalmente, la restricción debe ser necesaria, adecuada y estrictamente proporcionada a la finalidad que pretende cumplir. En consecuencia, a pesar de la discrecionalidad con que cuentan las autoridades encargadas de administrar y dirigir las cárceles, sus atribuciones encuentran un límite en la prohibición constitucional de la arbitrariedad (C.P., artículos 1°, 2°, 123 y 209) y, por lo tanto, deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad mencionados. En este sentido, la Corte ha sido enfática al indicar que la necesaria discrecionalidad para el manejo de ciertos asuntos no puede servir de pretexto para la comisión de actos arbitrarios, desproporcionados o irracionales que lesionen los derechos de la población reclusa”.[15]
(…) “La reclusión de una persona en un establecimiento carcelario o penitenciario, le impone al Estado una serie de deberes especiales directamente encaminados a hacer efectivos los derechos de que goza el sujeto recluido. De otra manera, tales derechos no pasarían de ser declaraciones retóricas sin ninguna eficacia. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que ‘el Estado tiene deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido restringidos.[16]. Y estos deberes no implican simplemente que el Estado no debe interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos - como ocurriría en el caso de la libertad religiosa -, sino también - y de manera especial - que el Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los internos el pleno goce de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo, etc. Esta conclusión se deriva de la misma relación especial de sujeción de los penados frente al Estado, y del hecho de que las condiciones que se imponen a los reclusos les impide que puedan satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades mínimas, cuya atención garantiza la posibilidad de llevar una vida digna[17]. En suma, la reclusión de una persona apareja el surgimiento de una serie de deberes especiales a cargo del Estado - a los que corresponden derechos a favor de la persona recluida -, a fin de que el interno pueda realizar efectivamente los derechos que no le han sido formalmente suspendidos ni limitados, pero cuyo ejercicio resulta imposible sin la colaboración activa del Estado.”[18]
Las finalidades del trabajo carcelario
13. La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado también en diversas oportunidades[19] sobre dos dimensiones fundamentales que presenta el trabajo penitenciario: de una parte, (i) las importantes finalidades que cumple en orden a la resocialización del recluso, y de otra, (ii) la evidente vinculación de este derecho específico con la libertad personal en la medida que dada su potencialidad redentora, promueve, propicia y acerca la esperanza de libertad.
“La pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente.
Entre los derechos garantizados a los reclusos, y que son objeto de reglamentación especial, se encuentra el fundamental al trabajo[20]”.
"...(E)l trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable - junto con el estudio y la enseñanza - para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad (CP art. 28), pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención (C.P.P. arts. 530 a 532). Consecuencia de lo anterior es la obligación del Estado de proveer a los reclusos puestos de trabajo que contribuyan a su readaptación social progresiva, a la vez que permitan, en caso de existir familia, el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias"[21]
"5. El trabajo, en su triple naturaleza constitucional, es un valor fundante de nuestro régimen democrático y del Estado Social de Derecho (CP art. 1), un derecho fundamental (CP art. 25) de desarrollo legal estatutario (CP art. 53) y una obligación social. En materia punitiva, además, es uno de los medios principales para alcanzar la finalidad resocializadora de la pena, ya que ofrece al infractor la posibilidad de rehabilitarse mediante el aprendizaje y la práctica de labores económicamente productivas, las cuales pueden abrirle nuevas oportunidades en el futuro y conservar así la esperanza de libertad”[22].
14. En concordancia con lo señalado, el artículo 10 del Código Penitenciario y Carcelario - Ley 65 del 19 de agosto de 1993 -, establece como uno de los principios rectores aquél consistente en que el tratamiento penitenciario debe propender a la resocialización, la cual se logra, entre otros factores, con el trabajo.
"Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario" (se subraya).
"Artículo 79.- Obligatoriedad del trabajo. El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos serán comercializados".
Toda esta normatividad va dirigida a poner en vigencia los postulados contenidos en el Preámbulo y en el artículo 1° de la Carta, según los cuales el trabajo es uno de los valores que debe asegurarse a los integrantes del pueblo, y uno de los principios en los que se funda el Estado Social de Derecho.
15. En virtud del papel relevante que cumple el trabajo penitenciario en orden al logro de los fines de la pena, en particular la resocialización, y la materialización del derecho a la libertad, el sistema penitenciario radica en las autoridades penitenciarias unos deberes de acción y otros de omisión respecto de éste derecho.
En cuanto a lo primero, las mencionadas autoridades están obligadas a crear espacios que garanticen, promuevan y hagan posible el acceso a fuentes de trabajo de manera que se materialice el carácter imperativo del trabajo penitenciario (art.79 de la Ley 95 de 1993).
En cuanto a lo segundo, se trata de un derecho frente al cual las autoridades penitenciarias se deben abstener de realizar actos vulneratorios. La protección que el propio régimen penitenciario prodiga a este derecho de los reclusos, inhibe a las autoridades penitenciarias para aplicar a su arbitrio y de manera discrecional mecanismos como la cancelación de órdenes de trabajo como respuesta retaliativa a comportamientos de los reclusos que consideren impropios. Conforme a este régimen, se trata de un derecho que sólo puede ser restringido mediante el agotamiento previo de un proceso disciplinario en el que se preserven todas las garantías que les son propias. En efecto, “La pérdida del derecho de redención de la pena hasta por sesenta (60) días” constituye una de las sanciones aplicables a las faltas graves que ocurran dentro del penal (Art. 123, Ley 65 de 1993). En su condición de sanción, su aplicación debe estar rodeada de todas las garantías que comporta el debido proceso disciplinario.
El caso concreto. La vulneración del derecho fundamental al debido proceso
(i) Según acta de junio 21 de 2005, la Junta de trabajo, estudio y enseñanza del EPCAMS de Cómbita, decidió cancelar[23] la orden laboral que se le había autorizado a Quiroga Rojas para que desempeñara labores de rancho. Se aduce para tal decisión la circunstancia de que “reposa informe de fecha 15 de junio de 2005”.
(ii) El informe de junio 15 de 2005, también remitido por la demandada (Fol.22 C. Corte), dirigido a la Directora Imelda López Solórzano y suscrito por los Comandantes de Rancho y la Ingeniera de Alimentos, refiere que el aquí demandante “no acata las órdenes impartidas por los comandantes e ingenieras” “es una persona conflictiva con los demás internos que elaboran (sic) en el rancho ya que su sentido de pertenencia laboral no favorece en el área mencionada”.
(iii) Sobre las observaciones al comportamiento del interno que contiene el informe advierte la Corte que, en el evento de que ellas materialmente fuesen acreditadas por los medios regulares de prueba, el desacato a las órdenes impartidas correspondería a una falta leve al tenor de los numerales 1° y 15 del artículo 123 de la Ley 65 de 1993. En cuanto a la condición “conflictiva” de la persona, o la falta de sentido de pertenencia a la labor que desarrolla en la penitenciaría, se trata de una condición de la persona que jamás podría estar tipificada como falta disciplinaria en el correspondiente reglamento
(iv) Un hecho relevante para la Sala es la acreditación de la conducta del interno en grado de “EJEMPLAR” mediante certificados expedidos por la propia autoridad demandada (Folios 57 a 66). Incluso se observa que en el certificado correspondiente al período en que, según el informe, se presentaron los actos de indisciplina,[24]la conducta es calificada en el grado de ejemplar.
(v) Conforme a la documentación allegada por la Directora de la penitenciaría se observa que al recluso Luis Quiroga Rojas le fue suspendido el derecho de redención de la pena entre el 21 de junio de 2005, fecha del acta de la Junta evaluadora en la que se decide la “cancelación de la orden laboral” (Fol. 68), y el 4 de octubre de 2005, fecha en la que se expide la orden de trabajo No. 1798 que lo autoriza para trabajar en “Tarjetería” en los días comprendidos de lunes a viernes. Se aplicaron así tres (3) meses y 14 días de privación del derecho a redimir pena, en virtud de decisión de la Junta de evaluación de trabajo estudio y enseñanza, y con base en un informe de los Comandantes de Guardia del rancho y la ingeniera de alimentos.
(i) El sentenciado Luis Quiroga Rojas fue privado durante más de tres meses de su derecho a la redención de pena. Esta restricción está contemplada como sanción para “faltas graves”, según el artículo 123 numeral 1° del Código Penitenciario, con un límite de, hasta 60 días.
(iii) Conforme al régimen penitenciario la autoridad competente para imponer una sanción es el Director, si se tratare de falta leve, o el Consejo de Disciplina cuando la falta reviste el carácter de grave (art. 134 del Código Penitenciario). La sanción fue impuesta por la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza.
(iv) La omisión en el trámite de un proceso disciplinario a partir del informe que rindieran los Comandantes de patio y la ingeniera de alimentos, no permitió que se cumplieran aspectos elementales del debido proceso como la determinación de la existencia de la falta; la preservación de un espacio para que el acusado rindiera sus descargos; la calificación de la falta; el derecho a probar, y en general la garantía de los derechos de contradicción y defensa inherentes a cualquier imputación de índole penal o administrativa. En ese mismo orden de ideas las competencias que la propia Ley establece para el ejercicio de la potestad sancionadora fueron desconocidas. (Art. 134 Ley 65 de 1993).
18. Así las cosas, encuentra la Sala que en efecto, la Directora del EPCMAS de Cómbita y la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza, violaron el derecho fundamental al debido proceso del recluso Luis Quiroga Rojas, en los términos establecidos en esta providencia.
(ii) Impartir el trámite correspondiente al informe rendido el 15 de junio de 2005, por los Comandantes DGTE. Valencia Correa, DGTE. Urrea Romero; DGTE. Nuñez Largo; DGTE: Vargas Moreno; y la Ingeniera de Alimentos Astrid Salazar Ceballos, respecto del interno Luis Quiroga Rojas, conforme a lo previsto en el Código Penitenciario y Carcelario, particularmente en el artículo 134 del mismo. El trámite se deberá desarrollar con la audiencia del implicado y la preservación de todas las garantías del debido proceso.
Algunas observaciones al fallo de tutela que se revisa
19. En desarrollo de la atribución que la Constitución confiere a esta Corporación en el numeral 9° del artículo 241, y con el propósito de enfatizar en la necesidad de profundizar en una cultura jurídica que propenda por una adecuada aplicación del mecanismo constitucional que por excelencia se encamina a la protección de derechos constitucionales fundamentales, considera la Sala necesaria, una referencia a un aspecto del fallo de tutela que es tratado con evidente desconocimiento tanto de la normatividad como de la jurisprudencia constitucional.
20. Establece el artículo 6°, num.1° del Decreto 2591 de 1991 como una de las causales de improcedencia de la acción de tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial (se destaca). Esta exigencia es compatible con el carácter residual de la acción de tutela y su pretensión de colmar los vacíos que presenta el orden jurídico en materia de protección de derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado prolijamente esta disposición[25] en el sentido de enfatizar la necesidad de que el otro medio de defensa subsistente, con potencialidad para excluir la procedencia de la acción de tutela al tenor de la disposición mencionada, deba tener el carácter de judicial. No es válidamente oponible para negar una tutela el argumento de la existencia de otro medio de defensa de naturaleza distinta a la judicial. Compete asimismo al juez de tutela, cobijado por la presunción de ser experto en derecho, señalar de manera específica cuál es ese otro medio de defensa que, en el caso concreto, tiene vocación para excluir la procedencia de la acción de tutela[26]. El principio de efectividad de los derechos fundamentales, por el que debe propugnar la judicatura impone así mismo al sentenciador el deber de analizar, en concreto, la eficacia de ese otro medio de defensa a fin de establecer si reúne, al menos, la misma eficacia que la acción de tutela.
(…)”(L)o primero que ha de tenerse en cuenta en es que el accionante eleve su inconformidad respecto a la suspensión de la actividad laboral que venía desarrollando no ante el juez constitucional de tutela, si no ante el competente, que para el caso lo son las autoridades penitenciarias accionadas y éstas a su vez evaluarán la situación fáctica y jurídica para su procedencia, lo anterior en razón al principio del juez natural (…)” (Fol. 5 del fallo, se destaca).
“No puede igualmente el juzgado entrar a polemizar la actuación realizada por la Junta de trabajo y Estudio de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Cómbita, por que estaríamos adentrándonos en la reglamentación y disposición que el Código Penitenciario cobija (sic) a esta instituciones y de haberse efectuado algún procedimiento que fuera en contra del interno LUIS QUIROGA ROJAS, pues este cuenta con otros mecanismos para hacer prevalecer sus derechos”(Fol.5 fallo).
Primero. REVOCAR la sentencia de julio 15 de 2005, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja que negó la tutela impetrada por Luis Quiroga Rojas, y en su lugar tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por el demandante.
Segundo. Ordenar a la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de alta y mediana seguridad de Cómbita, y a la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza que, en el marco de sus respectivas competencias, y en el término de 48 horas, procedan a:
a. Restablecer la orden de trabajo para laborar en el rancho, que le fue “cancelada” al interno Luis Quiroga Rojas mediante decisión de la Junta de trabajo, estudio y enseñanza, plasmada en acta de junio 21 de 2005.
b. Impartir el trámite correspondiente al informe rendido el 15 de junio de 2005, por los Comandantes DGTE. Valencia Correa, DGTE. Urrea Romero; DGTE. Nuñez Largo; DGTE: Vargas Moreno; y la Ingeniera de Alimentos Astrid Salazar Ceballos, respecto del interno Luis Quiroga Rojas, conforme a lo previsto en el Código Penitenciario y Carcelario, particularmente en el artículo 134 del mismo. El trámite se deberá desarrollar con la audiencia del implicado y la preservación de todas las garantías del debido proceso.
c. Proceder a investigar la denuncia que formuló el demandante en su escrito de demanda, respecto de actos atribuidos al Dragoneante de apellidos Vargas Moreno, presumiblemente acaecidos el día seis (6) de mayo de 2005. En esa investigación se tendrán como testigos a los internos Ramón Santiago Agudelo y Luis Ángel Fandiño Lancheros, así como al Teniente Libardo Acosta Bejarano y al señor Gabriel González Mayorga.
[1] Cfr. sentencias T-707 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T- 330 de 2004, MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[2] Sobre los presupuestos que deben concurrir para la estructuración de una actuación temeraria que viole el principio constitucional de la buena fe, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T- 080 de 1998, MP, Hernando Herrera Vergara y T- 883 de 2001 MP, Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Cfr., entre otras, las Sentencias T- 521 de 1992, T- 751A de 1999, MP, Fabio Morón Díaz.
[4] Sentencia C-383 de 2000.
[5] Cfr. Sentencia C- 383 de 2000.
[6] Sentencia T-490 de 1992, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8] Tal como se expone con amplitud en capítulo posterior, el debido proceso conserva su intangibilidad respecto de las personas privadas de la libertad, por cuanto es uno de aquellos derechos que no pueden estar sometidos a restricciones legítimas derivadas de la ejecución de la privación de la libertad.
[9] Sentencia T-751A de 1999, MP, Fabio Morón Díaz.
[10] El contenido de esta disposición fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-394 de 1995, algunos de cuyos apartes son citados en esta sentencia.
[11] Sobre el tema específico de la titularidad de derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad, resultan relevantes las sentencias T-153 de 1998 y T- 966 de 2000, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz; T- 851 de 2004, MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sobre el tema general de los derechos de los reclusos se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-424 de 1992, M.P Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13] Sentencia T- 851 de 2004, MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Sobre la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad puede consultarse, entre otras, la sentencia C-318/95, MP Alejandro Martínez Caballero.
[15] Sentencia T-966 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] Acerca de los deberes especiales del Estado para con los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-522 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-374 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-741 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17] Sentencia T-153 de 1998 MP, Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18] Sentencia T-966 de 2000 MP, Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19] Sentencias T-718 de 1999 y C-1510 de 2000, MP, José Gregorio Hernández Galindo; sentencia C- 394 de 1995 MP, Vladimiro Naranjo Mesa; y T-1077 de 2005.
[20] Sentencia T-718 de 1999, MP, José Gregorio Hernández.
[21] Sentencia T- 601 de 1992, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Sentencia C- 09 de 1993, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23] Ver folio 68 del cuaderno de la Corte.
[24] A folio 21 aparece el certificado No. 134 que cobija el lapso comprendido entre 03/06/2005 y 03/09/2005, en el cual se consigna que “Durante este período su conducta ha sido calificada en el grado de ejemplar”.
[25] Sobre el carácter judicial del otro medio de defensa con potencialidad para desplazar el mecanismo constitucional de la tutela se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-048 de 2002, T-066 de 2002, T-822 de 2002, T- 1088 de 2003, T- 1191 de 2003, T- 1220 de 2003, T-1133 de 2003, T-420 de 2004, T-701 de 2004.
[26] Cfr. Sentencia T- 122 de 2002

References: artículo 123
 artículo 20
 artículo 38
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 117
 artículo 121
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 134
 artículo 241
 artículo 6
 artículo 134