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Timestamp: 2018-11-14 15:33:41+00:00

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El pasado 30 de diciembre de 2004, el Parlamento Vasco aprobó, por mayoría absoluta, el dictamen formulado por la Comisión de Instituciones e Interior, en relación con la propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi. Jon Salaberia, Joseba Permach y Arnaldo Otegi, se sumaban a los escaños de EAJ-PNV, EA y EB, haciendo prosperar el proyecto por el voto favorable de 39 parlamentarios, frente al voto en contra de 35 escaños, los de PSE, PP y UA más otros 3 de SA. Culminaba así, de manera sorpresiva, una iniciativa que, en lo sustancial, comenzaba en el pleno de política general celebrado el 27 de septiembre de 2002, en el que el Lehendakari anunciaba la puesta en marcha de la reforma del Estatuto de Gernika, ajustándose al procedimiento previsto en el artículo 46 de nuestra norma paccionada, que otorga al Gobierno legitimación activa para la iniciativa en el proceso de reforma, y exige la aprobación de la propuesta por mayoría absoluta de nuestro Parlamento.
Salía adelante de esta manera, parcialmente, un proceso que entre los innumerables obstáculos que ha tenido que pasar, estaban la impugnación, por el anterior gobierno del PP, al acuerdo del Gobierno de 25 de octubre de 2003, por el que se aprobaba la Propuesta de Estatuto y se daba traslado de la misma al Presidente del Parlamento Vasco y, al acuerdo de la mesa del Parlamento de 4 de noviembre del mismo año, por el que se admitía a trámite la propuesta conforme al procedimiento legislativo ordinario.
El Tribunal Constitucional, poco sospechoso de connivencias nacionalistas, en auto de 20 de abril de 2004, con el voto particular, entre otros magistrados, de su ex presidente Jiménez de Parga, sostenía que el acuerdo del Gobierno Vasco "es expresión de una atribución inherente a todo Gobierno en un sistema democrático parlamentario, cual es la de someter a la Cámara legislativa iniciativas normativas o de pura discusión política, que pueden dar lugar, o no, a la asunción de un texto normativo y, en todo caso, al debate público sobre cuestiones de interés general, de cuyo acierto en punto a la oportunidad y a las posiciones defendidas por los grupos parlamentarios sólo puede legítimamente pronunciarse el cuerpo electoral", dando expresión jurídico-formal a un elemental principio democrático ignorado por los antiguos rectores del gobierno español, que olvidaron, malintencionadamente, que el examen de constitucionalidad, únicamente alcanza a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, no a las propuestas, anteproyectos, proyectos o proposiciones. Por ello no deja de sorprender que, con semejante resolución judicial, se anuncien iniciativas como la del Gobierno de UPN, dirigidas a la interposición de los correspondientes recursos ante el máximo intérprete de la Carta Magna española, como no sea por conseguir una proyección forzada en la opinión pública.
La escenificación de la aprobación parlamentaria, con el apoyo de parte de los representantes de SA, no ha sido, la deseable. A los efectos de ser intelectualmente honestos, la argumentación empleada de que la misma legitimación tienen los votos del MLNV para la aprobación del texto que para su oposición, es fácilmente rebatible, no solo por las anteriores manifestaciones vertidas en cuanto a la no aceptación de su respaldo parlamentario, sino por el simple hecho de que, hecha abstracción de los seis representantes de Batasuna, el proyecto no hubiera prosperado, al carecer el gobierno de apoyos suficientes para obtener la mayoría absoluta en la Cámara. Es lo que hay y no queda otro remedio que mirar hacia el futuro.
Los siguientes pasos de la proposición serían: los de su aprobación por las Cortes Generales del Estado, mediante ley orgánica, y, su posterior aprobación, en referéndum, por la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
En relación con la primera cuestión, la vía que finalmente parece que va a utilizarse, en detrimento de los antecedentes utilizados para las CCAA que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, es la de los artículos 126 y 127 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Esta parece ser que es la opción adoptada por el PSOE, para evitar la escenificación de una negociación política.
El artículo 127 del Reglamento del Congreso establece que las proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas serán examinadas por la Mesa del Congreso, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Este examen tiene una naturaleza estrictamente formal y procedimental, de manera que verificado el cumplimiento del mismo, su tramitación debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 126:
Publicación de la proposición de ley.
Remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma de consideración. Si el ejecutivo central no manifiesta nada en el plazo de 30 días, se procede a su inclusión en el orden del día del Pleno. Si hiciere algún tipo de consideración debe procederse a su lectura antes de iniciarse el debate.
La Cámara deberá decidir si toma en consideración o no la proposición. Si lo hace debe remitirse a la Comisión correspondiente, para iniciar su tramitación como si se tratara de un proyecto de ley, y seguirá el mismo trámite que para los proyectos de ley. Si no lo hace, la proposición se devolvería al Parlamento Vasco.
Dada la posición anunciada por el PSOE y el PP, lo más previsible es que, en torno al próximo mes de marzo, el proyecto de reforma vuelva, tal y como ha ido, a nuestro Parlamento, con lo que, no superado el escollo previsto en el artículo 46 del texto de Gernika, el conflicto político y previsiblemente social, las "tortas", de las que hablaba, gráficamente, el Lehendakari, parecen un hecho inevitable.
De esta manera, las elecciones de mayo se van a convertir en un auténtico referéndum de los ciudadanos, de tres de nuestros territorios históricos, hacia las posiciones sostenidas por las fuerzas vascas. Se trata, por tanto, de ganar la centralidad, en el escenario político, para lo cual están en marcha diversas estrategias.
Ha de reconocerse al MLNV, una auténtica capacidad para el ejercicio maquiavélico de la acción política. Otegi explicaba el sentido del voto de SA en la Cámara de Gasteiz, sosteniendo que había tres motivos para votar sí y tres para votar no: sí a la autodeterminación, si a Euskal Herría y sí a la consulta, y no a los errores del pasado, no a los proyectos partidistas y a la reforma estatutaria. No deja de ser un ejercicio dialéctico inexplicable, si no es en clave de estrategia revolucionaria y de acentuación de las contradicciones: una decisión, tomada en secreto, en la que la militancia no ha participado en su debate y que "habrá que medirla dentro de la dimensión general de la apuesta política y a medio-largo plazo". El MLNV dice materialmente que no a la reforma del Estatuto, a pesar de que, formalmente, apoya el proyecto de reforma por los cauces estatutarios previstos. Lo que Batasuna define como el "sí a la resolución democrática del conflicto y el No a la reforma del Estatuto". La distinción entre lo formal y el material, la cáscara y el huevo: el uno que se divide en dos maoísta. SA explicaba la orientación de su voto también por razones de índole táctica, como un mecanismo para romper el esquema que, ciertamente, parecía ser el que estaba presente en la estrategia de nuestro gobierno, construido a partir de la convicción de que el proyecto no iba a prosperar, por el alineamiento de los parlamentarios batasunos junto con las fuerzas constitucionalistas: "...la coartada perfecta para buscar la mayoría absoluta, pivotada sobre nuestra ilegalización, en las próximas elecciones autonómicas para, acto seguido, negociar con Madrid la reforma estatutaria", en términos de la declaración que SA leyó a la prensa. Estamos así en la fase de la ofensiva ideológica en la que Batasuna no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Puede ganar estratégicamente al agudizar el conflicto vasco y, puede ganar electoralmente, al conseguir desplazar a parte del electorado vasco nacionalista, que pudiera ver frustradas sus expectativas de un mayor autogobierno, dados los mensajes que han venido siendo transmitidos.
Otegi, decía que sí a la autodeterminación y a la consulta. La primera contemplada en el preámbulo de la propuesta de reforma del estatuto político, es un importante error estratégico, como reiteradamente he expuesto en anteriores artículos, al ser compartido su contenido, únicamente, por los que pertenecemos a la familia nacionalista. La segunda, la consulta, anunciada por el Lehendakari, cualquiera que sea la posición mantenida por las Cortes españolas. Es este referendum el que va a ser el eje central de la acción del MLNV, como instrumento para agudizar la contradicción entre las diferentes percepciones de identidad nacional. De ahí que defienda la necesidad de acordar la consulta popular y sostenga el que la misma no se puede utilizar "para imponer una reforma estatutaria que no resuelve el conflicto, para atacar al contrario o para ganar unas elecciones". El no que las Cortes de Madrid van a decir al Parlamento Vasco, se va a convertir así, en la coartada perfecta para escenificar "la opresión del Pueblo Vasco por el yugo español", y animar a la insurrección popular. ETA se constituye en la vanguardia, en la punta de lanza de este proceso revolucionario.
El PP sigue anclado en una concepción totalitaria de la unidad de España y planteando su acción política en términos de radicalidad reaccionaria, que le llevan, incluso, a declaraciones institucionales, como la realizada por quien fue ministro franquista, apelando al artículo 155 de la Constitución, en definitiva a la quiebra del principio democrático, solicitud previsible, por otra parte, por quienes sostuvieron una posición contraria al actual autogobierno vasco. Esta tesis que ignora el carácter paccionado del Estatuto, -que implica, entre otras consideraciones, la imposibilidad jurídica de modificar unilateralmente el Estatuto de Gernika por las Cortes españolas-, su obsesión enfermiza por judicializar el proyecto, puede tener sus réditos electorales en un importante sector de la población española, pero es escasamente relevante en los ciudadanos vascos, singularmente, entre vizcaínos y guipuzcoanos, sin que quepa despreciar su incidencia en Araba. Como afirmaba Rajoy: "los españoles deben saber que sin el PP o contra el PP no podrá triunfar ningún atentado a la Constitución española o a la unidad de España". Sin duda, entra en el juego de ETA, que pretende radicalizar el conflicto y generar una situación de opresión política, que lleve a la natural reacción de los demócratas vascos. Sin embargo, no debe despreciarse su influencia en eventuales posicionamientos tácticos del PSOE, que, en innumerables ocasiones ha demostrado su dependencia de las posiciones populares, en lo que a la defensa de la sacrosanta unidad española se refiere, por los costes que pudieran derivarse de una aparente tibieza frente a su electorado en el resto del estado. A este respecto, es de destacar, que el aumento en la preocupación de los españoles por la cuestión nacional, suele llevar aparejado un incremento en la intención de voto al PP.
La posición de EB es la que aparece más incongruente, por las claras divergencias con IU. Madrazo ha tratado de solventar estas diferencias sosteniendo que el voto favorable de EB en la Cámara vasca no fue al plan Ibarretxe sino a su tramitación. Llamazares mantenía que EB está indisolublemente unida a la organización federal y que los compañeros vascos son leales al proyecto. Todo un embrollo. Al día de hoy no se aprecia una estrategia coherente.
Herrero de Miñón en un artículo publicado en El País, el pasado día 5 de enero, concluye en que el apoyo parlamentario de HB al plan Ibarretxe supone una invitación a que el voto a HB se desplace al nacionalismo vasco, de manera que éste alcance la mayoría absoluta en el próximo Parlamento Vasco, sin que el PSE haya sido capaz de construir una alternativa suficiente, con el proyecto alternativo que propone y, obviando un hecho que afirma como objetivo, cuál es el de que cada vez que se radicaliza la confrontación con el PNV éste incrementa su ventaja. No me parecen acertadas sus conclusiones. Es más, en la línea de coger la centralidad, en estos momentos el discurso que aparece más cohesionado es el de PSOE, liderado por Zapatero, que pretende situarse entre la radicalidad de la propuesta de ruptura e independentista del Plan Ibarretxe, utilizando su propia terminología, y el tremendismo del PP, que pretende saltarse la legalidad vigente al pedir recurso de inconstitucionalidad o que el plan Ibarretxe no se debata en el Congreso de los Diputados. La quiebra de la política de bloques, en la que ha abierto un gran hueco el extremismo de Ibarretxe, en palabras de Patxi López. Sin el patrioterismo español, no cabe apelación alguna el abertzalismo, nos dice López Agudín
Los criterios en los que fija su línea política, con actores que se van a repartir sus papeles según su incidencia en la CAV o en el estado, son los siguientes:
A) La descalificación del proyecto de reforma estatutaria en base a que:
1º) Es una propuesta de ruptura de la convivencia política plural en Euskadi
2º) Es una propuesta independentista, no consensuada por el pueblo vasco ni el pueblo español, que no ha sido capaz de aglutinar en torno a su proyecto a ninguna fuerza política o social relevante en el País Vasco
3º) Es una iniciativa que nace contra el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Constitución española, aprobadas democráticamente por el Pueblo Vasco
4º) Es una propuesta excluyente que se impone a los ciudadanos que no se sienten nacionalistas.
5º) Nace con la ayuda de los enemigos frontales del autogobierno y de las libertades de los vascos, ETA y Batasuna, una formación política ilegalizada
B) La apelación a un nuevo proyecto de reforma de Estatuto, como un punto de encuentro entre las diferentes sensibilidades identitarias existentes en el país. Una propuesta pensada para el consenso y no la imposición, en la que tengan cabida todos los vascos; una propuesta basada en el pacto, cuyos principios genéricos, -de naturaleza exclusivamente demagógica y con una carga electoral dirigida a atraer a parte de los votos nacionalistas-, ha terminado, finalmente, de parir Guevara
Habrá que estar al debate que se abra en el Congreso de los Diputados, pero es de prever que la cámara no se limite, simplemente, a negar la tramitación parlamentaria de la propuesta, sino que, tras el consiguiente debate parlamentario, finalice con una moción en la que se apele a las fuerzas políticas democráticas vascas a formalizar una propuesta, previamente consensuada, que tenga cabida en el marco constitucional.
Toda esta estrategia socialista está animada por un solo objetivo, la asunción del gobierno vasco en las próximas elecciones de mayo: "en conclusión solo un gobierno de cambio que dialogue con la sociedad vasca será capaz de sacar a los vascos de la situación sin salida a que le ha conducido Ibarretxe con su Plan secesionista y radical"
El voto de Batasuna va a obligar a modificar la estrategia del nacionalismo vasco, que pretendía utilizar como bandera electoral un proyecto que se preveía no iba a prosperar en el Parlamento, presentándose como el cauce vertebrador a la aspiración de un mayor autogobierno entre aquellos que lo niegan: ETA y los partidos constitucionalistas. El socialismo vasco que, últimamente, ha demostrado cintura y ha sabido liberarse, de momento, de su seguidismo respecto al PP, que le había caracterizado durante la época de Redondo, pretendía quebrar esa formulación mediante la propuesta Guevara. En esas claves iba a situarse el debate electoral.
Estamos, por tanto, en un momento de una especial complejidad política del que pudiera derivarse no sólo la pérdida del gobierno, sino, lo que es mucho más grave, la desestabilización del país. Tanto el Lehendakari, como el nacionalismo vasco, son conscientes de que la propuesta, con independencia de los aspectos inconstitucionales que tiene en su seno, -muchos menos de los que se anuncian-, está condenada al fracaso en el Congreso. La cuestión reside en qué hacer, cómo recuperar la centralidad, que agrupe a la mayor parte de nuestra ciudadanía, en torno a valores democráticos y a un proyecto nacional. En anteriores artículos ya se ha puesto de manifiesto que forma parte consustancial de nuestra tradición política, de base foral, el afirmar nuestra realidad desde la negación a aquellos que pretenden imponerse a la misma. En este momento, los sujetos que quieren violentar la voluntad de los vascos serían las Cortes de Madrid, al impedir que podamos dar expresión material a la misma, y ETA que se da a sí misma el papel de principal valedora de dicha voluntad. Se trata de negar ambas posiciones por antidemocráticas.
Patxi López ha sostenido que sólo los dictadores imponen legitimidad sobre legalidad e Ibarretxe lo hace constantemente. Se equivoca. Basta con acudir a cualquier estado autoritario, donde el poder político ampara sus decisiones políticas bajo el manto del derecho, para desmontar su afirmación. El socialismo vasco no puede presentarse como adalid del autogobierno vasco y máximo valedor de nuestra voluntad, cuando durante todos los años en los que ha estado gobernando, ha liderado el cercenamiento del Estatuto de Gernika y fue el máximo impulsor de proyectos unitaristas como la LOAPA. Es cierto que, como principio, la contraposición entre legitimidad y legalidad en un estado de derecho no está exenta de serios peligros, pero esta afirmación requiere ser muy medida y matizada en un estado plurinacional. Cuando un proyecto político encuentra un refrendo democrático parlamentario, -y la legitimidad democrática del Parlamento vasco no es inferior a la de las Cortes españolas-, ese proyecto, que tiene una mayoría cualificada, deja pertenecer a las fuerza políticas que lo han presentado, para convertirse en el de la colectividad que tiene residenciada su voluntad en el poder legislativo que lo representa. En este sentido, la afirmación de Imaz de que la propuesta de nuevo estatuto político no es ya nuestro proyecto, sino que, desde el mismo momento en que ha sido aprobada por el Parlamento vasco, es el proyecto de la propia cámara y del conjunto de la ciudadanía, tiene un contenido democrático innegable. El problema surge en la confrontación entre dos legitimidades de signo diverso y una legalidad que nace de una de ellas. La solución a este dilema es compleja desde una perspectiva jurídico-política. Cualquier posición que se adopte será discutible, y merece un tiempo y un espacio que no disponemos.
Volviendo a lo sustancial de la pretensión que fundamenta estas líneas, a mi juicio, la clave de la centralidad, del cauce del río, se encuentra en la consulta pretendida, en la que el MLNV asienta su estrategia. El nacionalismo vasco, desde el momento en que defiende la voluntad popular de los ciudadanos que vivimos en la CAV, asentada en la decisión parlamentaria, lo que está haciendo es negar que dicha voluntad pueda ser suplantada, esté subordinada o se diluya en otras voluntades, sean las del Congreso español o cualesquiera otras. Su contenido y proyección democráticas no parece que puedan ser sometidas a discusión. En una situación de normalidad, el preguntar a los ciudadanos que están representados en ese Parlamento, que han visto desautorizada su propuesta, resulta una opción que, al menos, se reconocerá que responde a una lógica democrática. La estrategia de ETA distorsiona este planteamiento, dados los parámetros de confrontación sobre los que está construida. A partir de ahí, es donde vivimos asentados en la confusión porque parece que la consulta se va a llevar a cabo, cualquiera que sea el escenario en el que nos encontremos. Sin embargo, el Lehendakari había anunciado que esa consulta se operaría en un escenario de ausencia de violencia y, como de soslayo, ha aclarado, recientemente, que también está condicionada a una situación de tregua, que sea valorada como definitiva por parte de todos los partidos políticos. Por otro lado Imaz ha recordado, lo que en su día ya dijo el máximo responsable del ejecutivo vasco: que el Plan debe ser aprobado por todos y cada uno de los territorios del País Vasco, eliminando cualquier tipo de riesgo de fractura territorial.
El condicionar la celebración de la consulta, a que ETA abandone definitivamente las armas es un buen planteamiento en orden a recuperar la centralidad política que momentáneamente se ha perdido. Se proyectaría públicamente lo que obedece a la realidad: que ETA es la causa de que ciudadanos vascos no puedan desarrollar su vida en condiciones de normalidad, que ETA, al atentar contra la libertad de estos ciudadanos, vulnera la del conjunto de Euskal Herria. Se negaría así, tanto la imposición de Madrid, como la imposición de una organización que no duda en hacer de la amenaza, la extorsión y el asesinato los ejes de su acción política.
Estamos así en el filo de una navaja, en el que, habrá que medir, cuidadosamente, los contenidos, los mensajes, los tiempos y las formas porque, según como se gestionen las tres estrategias con posibilidades de éxito en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; la de ETA, la del PSOE o la del nacionalismo vasco, va a resultar un liderazgo, que va a condicionar el devenir de nuestro pueblo en los próximos años. Por consiguiente, es de reclamar prudencia, sentido común, moderación y sensatez a algunos que ya están pensando en acordar los términos de la consulta popular con el MLNV, porque lo que nos introduce en la estrategia de la confrontación abanderada por ETA es, justamente, su propia celebración, que el MLNV va a presentarla como la expresión del fracaso del Estatuto de Gernika y defenderla en términos de conflicto entre Euskal Herria y el Estado español. Sería un error de consecuencias políticas y sociales difícilmente predecibles, porque, cualquiera que fuese el resultado obtenido, después ¿qué?.
Deustu 2005-01-10
Comunicado de la Mesa Nacional de Batasuna de 31 de diciembre de 2004
2 Batasuna. Barne buletin berezia. Abenduaren 30an
3 Declaración del PSOE de 30 de diciembre de 2004, tras la aprobación del Plan Ibarretxe por el Parlamento Vasco
4 López Agudin, Fernando, Desafío nacionalista, El Mundo, 11 de enero de 2005
5 López Patxi, declaraciones a Europa Press de 7 de enero de 2005
6 El PAIS, 9 de enero de 2005

References: artículo 46
 resolución 
 artículo 151
 artículo 127
 artículo 126
 artículo 46
 resolución 
 artículo 155