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Timestamp: 2015-12-02 06:53:02+00:00

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Sinopsis art�culo 45 - Constituci�n Espa�ola
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Índice sistemático Sinopsis artículo 45
La preocupaci�n por la protecci�n del medio ambiente es uno de los aspectos m�s innovadores y caracter�sticos de la parte dogm�tica de la Constituci�n de 1978. Nuestro texto constitucional pasa a ser as� uno de los pioneros en esta materia, siendo adem�s uno de los s�ntomas del creciente inter�s por la conservaci�n de los recursos naturales que se va consolidando en nuestra sociedad. Este surgimiento de una fuerte sensibilidad en torno a la ecolog�a ha sido paralelo al deterioro ocasionado sobre nuestro entorno y los desaf�os que �ste conlleva. De ah� que en la actualidad problemas como el cambio clim�tico o la desaparici�n de numerosas especies sean algunos de los m�s serios desaf�os que afronta nuestra civilizaci�n. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona es adem�s una de las m�s ambiciosas aspiraciones del constituyente. Pocos principios rectores de la pol�tica social y econ�mica requerir�n un mayor esfuerzo para su realizaci�n y ser�n tan relevantes para el bienestar de las generaciones futuras. Y es que bajo el art�culo 45 subyace el derecho de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida que sea coherente con la dignidad de la persona reconocida en el art�culo 10 de la Constituci�n. Ambos valores, la dignidad de la persona y calidad de vida, han sido vinculados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, pues "cada cual tiene el derecho inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus caracter�sticas culturales". S�lo en ese contexto puede entenderse la importancia del art�culo 45 de la Constituci�n.
A. PRECEDENTES
La preocupaci�n por el cuidado del medio ambiente no es un hecho desconocido en la historia. Encontramos precedentes del Derecho medioambiental que se remontan a la Antigua Roma. Ya entonces aparece la prohibici�n de algunas actividades que pod�an producir da�os para la salud p�blica, tales como la contaminaci�n de las aguas destinadas al consumo de las ciudades. Se crean en ese momento zonas de protecci�n, sistemas de vigilancia y un r�gimen de sanciones por da�os ocasionados por actos il�citos.
En la Edad Moderna la preocupaci�n por la creciente deforestaci�n lleva a la Nov�ssima Recopilacion a desarrollar numerosos preceptos orientados a la preservaci�n de los bosques y pastos. El Derecho de aguas sufre tambi�n paulatinas transformaciones. A pesar de que en Castilla se mantiene el r�gimen de libre explotaci�n en el Reino de Arag�n aparecen progresivamente limitaciones de uso derivadas de la mayor necesidad de racionalizar el consumo en las regiones m�s secas.
En el siglo XIX surgen numerosas disposiciones que pretenden armonizar la creciente explotaci�n de los recursos naturales. Si bien la ideolog�a liberal y abstencionista impide hablar todav�a de una regulaci�n omnicomprensiva, se aprecia un creciente intervencionismo en todos los campos. En materia de montes las Ordenanzas de Javier de Burgos de 1833 rompen por vez primera con la libertad absoluta de utilizaci�n por los propietarios al imponer ciertos l�mites dirigidos a la conservaci�n de los montes. La legislaci�n hidr�ulica encuentra su punto de inflexi�n en la Ley de Aguas de 1866, que demanializa todas las aguas corrientes del pa�s. Sin embargo no es hasta finales del siglo XIX e inicios del XX cuando aparece por vez primera el que hoy conocemos como Derecho medioambiental. Se trata de un Derecho marcadamente internacionalista, basado en gran parte en convenios entre diferentes Estados destinados a proteger algunos recursos concretos como el Convenio de Par�s de 1902 de protecci�n de las aves �tiles para la agricultura. Otro hito relevante lo encontramos en el laudo arbitral internacional del conocido como Caso Fundici�n de Trail, de 11 de marzo de 1941, que concluye que "ning�n Estado tiene derecho a usar o permitir el uso de su territorio de tal manera que se causen da�os por emisiones en o al territorio de otro Estado". En Espa�a un Real Decreto de 16 de noviembre de 1900 castiga "el enturbiamiento e infecci�n de aguas y el aterramiento y ocupaci�n de los cauces con los l�quidos procedentes del lavado de minerales o los residuos de las f�bricas". En 1917 se aprueba la Ley de Parques Nacionales, que por vez primera introduce la figura de los espacios naturales protegidos. En el a�o 1931 la Constituci�n espa�ola de la II Rep�blica incluye lo que podemos considerar como un antecedente lejano del art�culo 45 de nuestra Carta Fundamental: "El Estado proteger� tambi�n los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor art�stico o hist�rico" (art�culo 45.2 de la Constituci�n espa�ola de 1931). Se observa aqu� la existencia de una preocupaci�n del legislador constituyente por la preservaci�n del entorno natural acorde con la tendencia internacional. El punto de inflexi�n lo encontramos en la aprobaci�n de la Carta de Naciones Unidas en 1945. Si bien �sta no incluye preceptos destinados a la cuesti�n medioambiental s� que servir� como marco para el planteamiento de los incipientes problemas que generaba la sobreexplotaci�n de los recursos naturales. As�, en 1949 tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la conservaci�n y utilizaci�n de los recursos. En las dos d�cadas siguientes se elaborar�n numerosos Tratados de car�cter medioambiental, tales como el conocido como "Convenio de Ramsar", que introduce ya muchas de las t�cnicas de protecci�n de los recursos naturales que se emplean en la actualidad.
Como antecedente de nuestra Constituci�n es preciso destacar la Conferencia de Estocolmo de 1972, que marca un antes y un despu�s en la protecci�n del entorno natural. Por vez primera un foro internacional reconoce la protecci�n del medio ambiente como una pol�tica transversal. La conocida como "Declaraci�n de Estocolmo" proclama que "El hombre tiene el derecho fundamental (...) al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligaci�n de proteger y mejorar el medio para las obligaciones futuras". En los meses y a�os siguientes se crear�n el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la Convenci�n de la UNESCO de 1972 para la protecci�n del Patrimonio Cultural y Natural o la Convenci�n sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. Todos ellos aparecen mencionados en distintos momentos del debate de elaboraci�n del art�culo 45 de la Constituci�n. B. ELABORACI�N DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL
El Anteproyecto Constitucional establec�a en su art�culo 38.1 que "Todos tienen el derecho a disfrutar y el deber de preservar el medio ambiente. La ley regula los procedimientos para el ejercicio de este derecho". Ser�a la Comisi�n Constitucional del Senado la que realizar�a los cambios en el texto que llevaron a la redacci�n actual. El segundo apartado del Anteproyecto obligaba ya a los poderes p�blicos a velar "por la utilizaci�n racional de los recursos naturales, la conservaci�n del paisaje y por la protecci�n y mejora del medio ambiente". El Informe de la Ponencia introduc�a una enumeraci�n de los recursos a proteger al mencionar los espacios naturales, los montes, el paisaje, la fauna y los recursos naturales renovables. La redacci�n se reitera en el Dictamen de la Comisi�n Constitucional del Congreso y es reformada definitivamente en la fase de Comisi�n en el Senado. El art. 38.3 del Anteproyecto indicaba que "Para los atentados m�s graves contra el paisaje protegido y el medio ambiente se establecer�n por ley sanciones penales y la obligaci�n de reparar el da�o producido". De nuevo es la Comisi�n Constitucional del Senado la que introduce los cambios m�s relevantes al hacer referencia a la existencia de sanciones administrativas que completan el texto original. C. DERECHO COMPARADO
A pesar de su creciente importancia, en 1978 exist�an muy pocos precedentes de Constituciones que hicieran una referencia a la materia. El m�s cercano lo encontramos en la Constituci�n portuguesa de 1976 cuyo art�culo 66 es titulado "Del ambiente y la calidad de vida". Su primer apartado establece que "Todos tendr�n derecho a un ambiente humano de vida, salubre y ecol�gicamente equilibrado y el deber de defenderlo". A continuaci�n se enumeran una serie de deberes del Estado entre los que aparecen prevenir y controlar la contaminaci�n y sus efectos y las formas perjudiciales de erosi�n; ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biol�gicamente equilibrados; crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo o promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Algunas de estas f�rmulas servir�n de inspiraci�n directa a nuestro art�culo 45. Progresivamente se van sucediendo reformas en las Constituciones de nuestro entorno que reflejan la creciente preocupaci�n por el medio ambiente. As�, el art�culo 9 de la Constituci�n de la Rep�blica Italiana de 1947 fija que "La Rep�blica (...) salvaguardar� el paisaje y el patrimonio hist�rico y art�stico de la Naci�n". En la vigente Ley Fundamental de Bonn el art. 21 indica que "El Estado proteger�, teniendo en cuenta su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida a trav�s de la legislaci�n y, de acuerdo con la ley y el derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial". El art�culo 15 establece que "Con fines de socializaci�n, el suelo, los recursos naturales y los medios de producci�n pueden ser situados bajo un r�gimen de propiedad colectiva o de otras formas de gesti�n colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnizaci�n".
Por �ltimo debemos referirnos a la importancia que en estos momentos tiene la protecci�n del entorno natural en los Tratados constitutivos de la Uni�n Europea. �stos no conten�an en su redacci�n original ninguna menci�n al medio ambiente, por lo que tuvo que ser la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la que reconociera que �ste era un objetivo impl�cito de la Comunidad (STJCE sobre Directiva para la eliminaci�n de residuos; STJCE sobre Directiva de industria de �xido de titanio).
Actualmente el Tratado de la Uni�n Europea (TUE) incluye entre sus objetivos en el art. 3 el establecimiento de "un nivel elevado de protecci�n y mejora de la calidad del medio ambiente". En un sentido similar, el art. 11 Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) se�ala que "las exigencias de la protecci�n del medio ambiente deber�n integrarse en la definici�n y en la realizaci�n de las pol�ticas y acciones de la Uni�n, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible". El TFUE reconoce el medio ambiente como competencia compartida de la Uni�n en el art�culo 4, y posteriormente regula las pol�ticas medioambientales en sus art�culos 191 a 193. Entre los objetivos que se enumeran encontramos la conservaci�n, la protecci�n y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protecci�n de la salud de las personas; la utilizaci�n prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y en particular a luchar contra el cambio clim�tico. Adem�s incluye algunos principios que deben inspirar el conjunto de las t�cnicas que se deben desarrollar, como el de cautela y de acci�n preventiva; de correcci�n de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma y el principio de quien contamina paga. Debemos recordar la importante STJCE -Gran Sala- de 13 de septiembre de 2005, Comisi�n de las Comunidades Europeas contra el Consejo de la Uni�n Europea, que afirma que la armonizaci�n penal puede incluirse en el marco de la pol�tica ambiental comunitaria. La consecuencia m�s importante, no obstante, es que en la pr�ctica el Alto Tribunal est� estableciendo que las competencias que la UE tiene en relaci�n con el medio ambiente deben de ser interpretadas de forma amplia con el fin precisamente de incrementar su �mbito de protecci�n. D. EX�GESIS DEL PRECEPTO
1. CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Es necesario comenzar precisando c�mo debe interpretarse la expresi�n "medio ambiente" en el art�culo 45. Se trata de un concepto jur�dico parcialmente indeterminado para cuyo an�lisis podemos apoyarnos en la STC 102/1995. �sta comienza se�alando que el constituyente parte de una concepci�n amplia del medio ambiente, que incluye no s�lo los recursos naturales sino tambi�n los elementos artificiales que rodean a la vida humana (FJ 4�). El Tribunal se�ala que el t�rmino "medio ambiente" que se contiene en el art�culo 45 debe ser interpretado de forma mucho m�s amplia que el contenido en el art�culo 149.1.23 de la Constituci�n. �ste, al encontrarse en un precepto que distribuye competencias no puede contar con la misma "vis expansiva", pues ello podr�a contribuir a vaciar las competencias de las Comunidades Aut�nomas. La STC 306/2000 ha confirmado que el t�rmino "medio ambiente" debe ser interpretado de forma m�s amplia en el art�culo 45 que en el 149. 2. AN�LISIS DE SU NATURALEZA
Una cuesti�n fundamental que ha ocupado a la doctrina y jurisprudencia en Espa�a ha sido la naturaleza del reconocimiento al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado contenido en el art�culo 45.1. Por un lado, la ubicaci�n sistem�tica del art�culo no deja dudas de que nos encontramos ante uno de los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica. Ello significa que la conservaci�n del medio ambiente se convierte en un verdadero fin transversal que inspira la actuaci�n de todas las autoridades. Su reconocimiento, respeto y protecci�n deber�n, pues, informar la legislaci�n positiva, la pr�ctica judicial y la actuaci�n de los poderes p�blicos de acuerdo con el art�culo 54 de la Constituci�n. La STC 126/2002 se�ala en este sentido que no cabe escudarse en la falta de competencia para no actuar, pues todas las Administraciones deben adecuar sus pol�ticas a este objetivo. De acuerdo con esta Sentencia la protecci�n del medio ambiente es un deber finalista que se proyecta sobre cualquier decisi�n de �ndole p�blica. Algunos autores no han dudado en afirmar que todo ello se traduce en que la jurisprudencia ha adoptado un principio de "in dubio pro naturaleza"
Pero el verdadero debate es el de si el medio ambiente puede o no ser considerado como un aut�ntico derecho subjetivo. A pesar de que la primera doctrina fue reticente en este sentido se aprecia en los �ltimos a�os una tendencia a reconocer que bajo el art�culo 45 subyace el derecho de todos los individuos a desarrollarse en un medio ambiente adecuado susceptible de ser protegido por las v�as que establezca el legislador. Se tratar�a de un derecho de tercera generaci�n que requerir�a para su realizaci�n plena una actuaci�n espec�fica de los poderes p�blicos. Como referente internacional podemos acudir a la Constituci�n de Baviera, que configura su protecci�n del entorno natural como un derecho fundamental al esparcimiento en la naturaleza. Dentro de la jurisprudencia la STC 32/1983, de 28 de abril, parece acercarse a la tesis de que el derecho contenido en el art�culo 45 es un derecho subjetivo perfecto de que son titulares todos los espa�oles y cuyo contenido viene determinado en gran parte por el desarrollo legislativo que exista en cada momento. Para perfeccionar este derecho se crean diversos cauces de defensa que pueden ejercitar todos los individuos. Adem�s de los cauces de informaci�n p�blica y de la acci�n popular que se reconocen gen�ricamente, la legislaci�n medioambiental ha desarrollado enormemente las t�cnicas de participaci�n p�blica. Ha sido esencial en este sentido la aprobaci�n de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Si bien la trataremos con posterioridad podemos adelantar que su aparici�n ha contribuido enormemente a la tesis de que el art�culo 45 reconoce un derecho subjetivo real y perfecto.
Otro elemento que debe ser tenido en cuenta al analizar la naturaleza del art�culo 45 ha sido la tendencia de la jurisprudencia a vincular el derecho al medio ambiente con el derecho a la intimidad. De esta forma se dota a los derechos medioambientales de las m�s en�rgicas v�as de protecci�n que reconoce nuestro ordenamiento. La STEDH L�pez Ostra c. Espa�a, de 9 de diciembre de 1994, resuelve que la inmisi�n de malos olores es contraria al derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el art�culo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta Sentencia abre el camino a una larga serie de resoluciones espa�olas e internacionales que concluir�n que el disfrute de un medio ambiente adecuado tiene innegables repercusiones en el derecho a la intimidad y a la integridad f�sica y moral. Podemos en ese sentido destacar las SSTEDH Guerra c. Italia o Hatton c. Reino Unido. La STC 119/2001 da la raz�n al demandante de amparo al indicar que unos niveles de ruido excesivos pueden conculcar el art�culo 15 de la Constituci�n.
E. R�GIMEN COMPETENCIAL
El art. 149.1.23� establece que el Estado tendr� competencia exclusiva sobre "legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut�nomas de establecer normas adicionales de protecci�n".
a. Reparto de competencias entre Estado y Comunidades Aut�nomas
Existen distintas etapas en la jurisprudencia constitucional al respecto. En un primer momento (STC 227/88) reconoci� al Estado la posibilidad de dictar una legislaci�n sumamente minuciosa en aras de garantizar el debido respeto al medio ambiente en todas las Comunidades Aut�nomas. La STC 149/1991, en relaci�n con la Ley de Costas, llegar� a afirmar que en materia medioambiental la interpretaci�n de la Constituci�n obliga al Estado a dejar menor margen de desarrollo a la normativa auton�mica. Sin embargo esta doctrina fue superada a mediados de los 90, en particular con la STC 156/1995, en la que se afirmaba el car�cter de la legislaci�n b�sica como patr�n m�nimo indispensable para la protecci�n del medio ambiente. La materia ambiental se estratifica por niveles, debiendo el estatal ser suficientemente homog�neo pero mejorable como para su adaptaci�n a las circunstancias de cada Comunidad en su normativa auton�mica. En cuanto a las competencias ejecutivas la doctrina constitucional ha seguido una tendencia similar, ya que recientemente se ha restringido la posibilidad del Estado de asumir funciones como las potestades autorizatorias, sancionadoras o inspectoras que son asumidas por las Comunidades Aut�nomas. Es de destacar en este sentido la STC 194/2004, que permite a las autonom�as asumir en exclusiva la gesti�n de los Parques Naturales ubicados en su territorio. El Estado por su parte mantiene competencias en materia de gesti�n de bienes de dominio p�blico en funci�n de la legislaci�n sectorial, la coordinaci�n de las pol�ticas ambientales de las dem�s Administraciones (STC 329/1993) y determinadas funciones en el �rea de la evaluaci�n de impacto ambiental relacionadas con la supervisi�n de las actividades. b. Competencias de las Corporaciones Locales
El art�culo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del R�gimen Local, consagra numerosos preceptos ambientales, si bien destaca el del apartado f ("protecci�n del medio ambiente"). En la pr�ctica esto se plasma en numerosos servicios obligatorios de los incluidos en el art�culo 26 (recogida de residuos, limpieza viaria, alcantarillado, etc.). Adem�s, los municipios mayores de 50.000 habitantes realizan con car�cter obligatorio la protecci�n del medio ambiente.
En la pr�ctica, y en la medida en que son la Administraci�n territorial m�s cercana al ciudadano y al territorio, observamos c�mo las entidades locales realizan una ingente cantidad de tareas relacionadas con el medio ambiente, como la ordenaci�n del tr�fico viario, la gesti�n del transporte p�blico, la prevenci�n de incendios, disciplina urban�stica, etc. F. DESARROLLO LEGISLATIVO
Resulta imposible enumerar todas las normas que se han dictado en desarrollo del art�culo 45 de la Constituci�n. En la medida en que la protecci�n del medio ambiente se ha convertido en un principio transversal de la actuaci�n de los poderes p�blicos se encuentra presente en todo tipo de disposiciones. Nos centraremos en las m�s relevantes. 1. T�CNICAS DE PROTECCI�N
a. La demanializaci�n de recursos naturales como t�cnica de protecci�n
Es reiterada la doctrina y la jurisprudencia que entiende que la inclusi�n de ciertos bienes en el dominio p�blico debe ser entendida como una t�cnica de protecci�n de los mismos. El mismo constituyente parece ser part�cipe de esa opini�n cuando en el art. 132.2 de la Constituci�n establece que "Son bienes de dominio p�blico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona mar�timo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econ�mica y la plataforma continental". La STC 227/1988, que resuelve varios recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas de 1985, afirma que la afectaci�n de los bienes al demanio es "una t�cnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tr�fico jur�dico privado, protegi�ndolo de esta exclusi�n mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tr�fico privado. El bien de dominio p�blico es as� ante todo una res extra commercium, y su afectaci�n (...) puede perseguir diversos fines: (...), como garantizar la gesti�n y utilizaci�n controlada o equilibrada de un recurso esencial".
La creaci�n de un dominio p�blico natural es por tanto una de las m�s efectivas t�cnicas de protecci�n de ciertos tipos de bienes y entornos. De ah� que nuestra legislaci�n no haya dudado en emplear este sistema para proteger ciertos recursos naturales. El caso m�s relevante es el de las aguas continentales. Ya las Leyes de Aguas de 1866 y 1879 incluyen las aguas superficiales entre el demanio p�blico, y la Ley de Aguas de 1985 concluye el proceso con una demanializaci�n casi completa de las aguas continentales que se confirma en el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). �ste impone la necesidad de obtener una concesi�n para cualquier uso privativo de aguas continentales a excepci�n del aprovechamiento de acu�feros subterr�neos cuando su volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros c�bicos (art�culo 54 TRLA). Tambi�n la Ley 22/1988, de Costas, en aplicaci�n del art�culo 132 de la Constituci�n, declara la zona mar�timo-terrestre como parte del dominio p�blico, lo que tiene por objeto detener el deterioro de los parajes costeros. Los art�culos 20 y siguientes se dedican a imponer limitaciones en el derecho de propiedad sobre terrenos colindantes del dominio mar�timo-terrestre que entre otras cuestiones restringen la posibilidad de edificar. Otro caso de demanializaci�n que busca proteger ciertos parajes naturales es la Ley 43/2003, de Montes, cuyo art�culo 12 integra en el demanio forestal los montes incluidos en el Cat�logo de Montes de Utilidad P�blica, los montes comunales y otros que hubieren sido afectados a un uso o servicio p�blico. b. Prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n
Debemos hacer referencia a la Ley 16/2002, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n. De acuerdo con su art�culo 1, �sta tiene por objeto "evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminaci�n de la atm�sfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n". De acuerdo con su art�culo 2, ser� aplicable a "las instalaciones de titularidad p�blica o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categor�as enumeradas en el anejo 1", que se caracterizan por abarcar actividades con amplias consecuencias medioambientales. El n�cleo de la norma se basa en la necesidad de que estas actividades relatadas en el art. 1 requieran para su funcionamiento una "autorizaci�n ambiental integrada". El otorgamiento de este t�tulo se somete a unos principios definidos en la Ley, como la optimizaci�n del consumo energ�tico, la prevenci�n de accidentes o el reciclado de materiales. c. Evaluaci�n de impacto ambiental
Se trata de una de las m�s importantes consecuencias de la normativa comunitaria. Se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluaci�n de Impacto Ambiental de proyectos. Por evaluaci�n de impacto ambiental (EIA) se entiende, de acuerdo con el art. 2, "el conjunto de estudios y an�lisis t�cnicos que permiten estimar los efectos que la ejecuci�n de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente". La Ley, por tanto, se basa en relatar una serie de proyectos para cuya prosecuci�n es preciso realizar una EIA, as� como las caracter�sticas y par�metros de dicho estudio. Dichos proyectos se incluyen en los dos primeros anexos de la norma, y se caracterizan por la incidencia que tienen sobre el entorno en el que se desarrollan (construcci�n de explotaciones agr�colas de m�s de 50 ha, refiner�as de petr�leo, etc.
La Ley, particularmente en su redacci�n dada en 2008, persigue que la declaraci�n de IA no se quede en una simple autorizaci�n. Lo que se pretende es que determinados proyectos, generalmente de gran envergadura, se lleven a cabo (y se gestionen) con arreglo a criterios ambientales. Por ello, los �rganos competentes disponen de potestades de vigilancia y control, que recientemente se han visto acompa�adas de un r�gimen sancionador para aquellos proyectos que incumplan la legislaci�n de impacto ambiental.
d. Participaci�n, informaci�n y acceso a la justicia en materia de medio ambiente
La existencia de una creciente preocupaci�n p�blica por el medio ambiente trae como consecuencia que una de las formas m�s efectivas de proteger los recursos naturales sea la de reforzar los mecanismos de participaci�n de la sociedad civil en la toma de decisiones que tengan un impacto medioambiental. Esta idea nace en Estados Unidos y se extiende al resto del mundo a trav�s del conocido como "Convenio de Aarhus", suscrito en la ciudad danesa del mismo nombre en 1998 y ratificado ya por m�s de cuarenta Estados. La publicaci�n de la ratificaci�n espa�ola consta en el BOE de 16 de febrero de 2005. En el mismo se reconoce el derecho de todos a obtener informaci�n medioambiental, intervenir en la toma de decisiones y acceder a la justicia en defensa del patrimonio natural. Estos principios aparecen en las Directiva 2003/4 y 2003/35 del Parlamento Europeo y del Consejo que imponen a los Estados miembros de la UE la existencia de cauces de participaci�n reforzados en materia medioambiental. En Espa�a es la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la que actualmente desarrolla esta t�cnica en nuestro ordenamiento jur�dico. La Ley establece tres medidas fundamentales. El T�tulo II se dedica a imponer un r�gimen especialmente abierto de difusi�n de la informaci�n medioambiental, en consonancia con la tendencia dominante de la jurisprudencia comunitaria (STJCE Comisi�n c. Rep�blica Francesa, de 26 de junio de 2003). El T�tulo III obliga a que cualquier decisi�n de una autoridad p�blica relativa al medio ambiente cuente con un acentuado mecanismo de participaci�n p�blica y el T�tulo IV crea v�as espec�ficas de acceso a la justicia y a la tutela administrativa en materia medioambiental. e. La regulaci�n de los residuos. La Ley 10/1998, que trae causa de las reglamentaciones comunitarias en materia de residuos, fija una serie de obligaciones a las personas y entidades que pongan en el mercado productos generadores de residuos y tambi�n a las autoridades competentes sobre estos sujetos. Entre estas obligaciones destacan la de preferencia por la generaci�n de residuos reutilizables, la autogesti�n de los residuos generados y, en todo caso, la informaci�n a las autoridades auton�micas competentes de la producci�n de residuos y de las medidas adoptadas en su tratamiento. La Ley entra espec�ficamente en aspectos relacionados con la gesti�n y el tratamiento de los residuos, haciendo especial hincapi� en el traslado. Finalmente, debe destacarse el exhaustivo r�gimen sancionador que contiene la norma, cuya aplicaci�n se asigna a los �rganos correspondientes de las Comunidades Aut�nomas. f. La intervenci�n administrativa ambiental relacionada con la energ�a nuclear
Es de destacar la Ley 15/80, de Creaci�n del Consejo de Seguridad Nuclear, que se configura como un ente de derecho p�blico independiente de la Administraci�n que ejerce muchas de las m�s importantes competencias relacionadas con la materia. Esta Ley ha sido recientemente reformada por la Ley 33/2007. Para reforzar esa independencia el art�culo 5 de la Ley establece el mecanismo de designaci�n de sus miembros, que requerir� una mayor�a de tres quintos en el Congreso de los Diputados. g. La protecci�n contra el ruido
La vinculaci�n del derecho al medio ambiente con el derecho a la intimidad y a la integridad f�sica y moral ha tenido especial impacto en la legislaci�n sobre el ruido. La Ley 37/2003, del Ruido, que transpone diversas normas comunitarias sobre evaluaci�n y gesti�n del ruido ambiental, contiene medidas preventivas, correctoras y de delimitaci�n territorial de las fuentes de ruido. A esta norma se unen diversas reglamentaciones auton�micas en la materia. 2. RECURSOS
De nuevo resulta imposible glosar todas las medidas legislativas adoptadas en Espa�a orientadas a proteger los recursos naturales, por lo que nos centraremos en las m�s importantes. Como punto de partida podemos acudir a la temprana STC 64/1982, que establece que en virtud del art�culo 45 no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotaci�n al m�ximo de los recursos naturales o el aumento de producci�n a toda costa sino que se ha de armonizar la "utilizaci�n racional" de esos recursos con la protecci�n de la naturaleza.
La regulaci�n relativa a la protecci�n de los recursos h�dricos se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Desde el punto de vista medioambiental podemos destacar una serie de principios que entre los que cabe destacar los de unidad de gesti�n, tratamiento integral, econom�a del agua, respeto a la unidad de la cuenca hidrogr�fica... La Ley hace especial hincapi� en el principio de planificaci�n que deben ser realizada teniendo en cuenta aspectos como la armon�a medioambiental, la sostenibilidad o la calidad de las aguas. La Ley establece otros instrumentos de protecci�n del dominio p�blico hidr�ulico como las prohibiciones de determinados vertidos; la limitaci�n de explotaciones de aguas subterr�neas; la autorizaci�n de ciertas actividades o la obligaci�n de saneamiento de las aguas residuales. b. Aire
Es el recurso en torno al cual han aparecido un mayor n�mero de instrumentos normativos nacionales e internacionales en los �ltimos a�os. Ello responde en gran parte al fen�meno del cambio clim�tico. De acuerdo con el Cuarto Informe de Evaluaci�n Global publicado en 2007 por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Clim�tico creado en el seno de Naciones Unidas, el calentamiento de la tierra es un fen�meno que en la actualidad se encuentra constatado. De acuerdo con las estimaciones que se citan en el documento, a lo largo de este siglo se generar� un aumento en las temperaturas de entre 1,6 y 4 grados cent�grados, dependiendo de las medidas que se adopten para evitarlo. Espa�a es un pa�s especialmente vulnerable a este grave problema, pues de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Nacional de Meteorolog�a las temperaturas podr�an incrementarse en la pen�nsula entre 5 y 8 grados dada nuestra situaci�n geogr�fica, con un descenso de la nubosidad y la humedad de hasta un 40%. La creciente gravedad de la situaci�n ha provocado la aparici�n de una pl�yade de Convenios Internacionales, como la Convenci�n de Viena de 1985 para la protecci�n de la capa de ozono, el Protocolo de Gotemburgo de 1999 sobre contaminaci�n transfronteriza y el Protocolo de Kyoto de 1997 que entr� en vigor en 2005, que persigue la limitaci�n de gases que producen el cambio clim�tico, especialmente de los pa�ses m�s desarrollados. En cumplimiento del citado Protocolo se emiti� la Directiva 2003/87/CE que establece un r�gimen para el comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero en la Uni�n.
En Espa�a el texto normativo de referencia es la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero. �sta responde a la idea de crear impuestos pigouvianos para combatir la externalidad negativa que es la contaminaci�n. La Ley establece que la realizaci�n de actividades que se enumeran en la Ley y que implican la emisi�n de di�xido de carbono requerir� una autorizaci�n del �rgano correspondiente de la Comunidad Aut�noma. Estos derechos de emisi�n son a su vez susceptibles de reventa con lo que se genera un incentivo para su explotaci�n s�lo en actividades rentables que compensan el da�o ecol�gico que generan. Actualmente el Real Decreto del Consejo de Ministros 1030/2007 distribuye los derechos de emisi�n hasta 2012. Tambi�n debemos hacer referencia a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecci�n de la atm�sfera. �sta tiene por objeto establecer las bases en materia de prevenci�n, vigilancia y reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica (art�culo 1). Tras distribuir las competencias en la materia entre el Estado, las Comunidades Aut�nomas y las entidades locales se emplean diversas t�cnicas con el fin de reducir la emisi�n de gases a la atm�sfera. La Ley impone la realizaci�n continuada de evaluaciones sobre la calidad del aire, permite que el Gobierno establezca l�mites absolutos para la generaci�n de determinadas sustancias, obliga a los titulares de instalaciones contaminantes a que cumplan ciertos requisitos y contiene adem�s un detallado r�gimen sancionador. c. Flora y fauna silvestres
Se protege por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De acuerdo con su art�culo 1, la Ley tiene como objeto "establecer el r�gimen jur�dico b�sico de la conservaci�n, uso sostenible, mejora y restauraci�n del patrimonio natural y de la biodiversidad". La Ley recoge una serie de principios en su art�culo 2 tales como el mantenimiento de los procesos ecol�gicos y ecosistemas; la utilizaci�n ordenada de los recursos; la conservaci�n y preservaci�n de la variedad y la biodiversidad; la integraci�n de la biodiversidad en las regulaciones sectoriales; la precauci�n en las intervenciones y la garant�a de informaci�n y participaci�n de los ciudadanos en la elaboraci�n de las pol�ticas p�blicas. La Ley incorpora adem�s diversas t�cnicas de protecci�n, como la creaci�n del Consejo Estatal para la protecci�n del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, �rgano consultivo que informar� las normas de car�cter general vinculadas con la materia; la introducci�n del Plan Estrat�gico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que contendr� un diagn�stico de situaci�n con la evoluci�n hist�rica del patrimonio natural o la regulaci�n de la red de espacios naturales protegidos, que son definidos en el art�culo 27 de la Ley. �stos quedan clasificados en cinco categor�as: parques, reservas naturales, �reas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos.
Finalmente tenemos que hacer referencia a la Red Natura 2000, creada a partir de la Directiva Comunitaria H�bitat (92/43/CE). Se trata de una red ecol�gica de �mbito europeo que abarca diversos espacios naturales europeos con el fin de la protecci�n de la biodiversidad. En Espa�a actualmente contamos con m�s de 1300 lugares de importancia comunitaria y m�s de 500 zonas de especial protecci�n para las aves. 3. DERECHO PENAL
El apartado 3 del art�culo 45 impone la existencia de normas punitivas de naturaleza administrativa y penal destinadas a castigar las conductas que da�an el medio ambiente. Ya hemos tenido ocasi�n de comprobar que pr�cticamente todas las normas que hemos tratado conten�an reg�menes sancionadores que pod�an ser aplicados por la Administraci�n competente, por lo que nos centraremos en las disposiciones penales. Actualmente es la Ley Org�nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C�digo Penal, recoge un buen n�mero de delitos medioambientales. El T�tulo XVI del Libro II se titula "De los delitos relativos a la ordenaci�n del territorio y la protecci�n del patrimonio hist�rico y del medio ambiente", y en el mismo se incluyen m�s de una docena de tipos que persiguen las acciones contra el entorno natural. �stos incluyen la provocaci�n de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones; la liberaci�n de radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire, tierra o aguas; la alteraci�n del h�bitat de flora amenazada; la introducci�n de especies de flora o fauna no aut�ctonas perjudiciales; el establecimiento de dep�sitos o vertederos de desechos o residuos que sean t�xicos o peligrosos o el maltrato de animales dom�sticos, entre otros. Adem�s se debe recordar que otros preceptos fuera de este T�tulo tambi�n castigan conductas que puede considerarse que atentan contra el medio ambiente. Como ejemplo encontramos los delitos contra la seguridad colectiva enumerados en el T�tulo siguiente, que castigan entre otros los incendios forestales, y que tienen un indudable impacto ecol�gico. El elemento com�n de estos preceptos es que el bien jur�dico protegido es el "equilibrio en los sistemas naturales" (art�culos 325 y 328) o el "equilibrio biol�gico" (art�culo 333), si bien en algunos tipos se ampl�a al m�s gen�rico "la salud de las personas" (art�culo 325). Otro aspecto b�sico de su configuraci�n es que se definen como delitos de peligro, lo que permite su comisi�n a�n en el caso de que todav�a no se hubiera producido la realizaci�n efectiva del da�o. Entre la jurisprudencia podemos destacar la STC 127/1990, de 5 de julio, dictada en relaci�n con el art�culo 347 bis del C�digo Penal de 1973. En �sta se afirma que el delito ambiental "requiere tan s�lo que, contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente, se produzca un peligro grave para las condiciones de la vida animal, sin requerir dicho precepto la relaci�n causal entre el vertido y la muerte concreta de las especies pisc�colas". Por su parte, la STS de la Sala Segunda de 30 de junio de 2004 reconoce que el presupuesto de aplicaci�n de estos tipos es la nota de gravedad, si bien afirma que este elemento del tipo es "valorativo y excesivamente ambiguo", por lo que ofrece un amplio margen para la interpretaci�n. Las penas que se fijan en estos preceptos pueden llegar hasta los 4 a�os de prisi�n (art�culo 325.2), y se desarrollan adem�s varias circunstancias agravantes (art�culos 326 y 338) que permiten su imposici�n en grado superior. En cumplimiento del mandato constitucional el art�culo 339 CP fija que "Los Jueces o Tribunales, motivadamente, podr�n ordenar la adopci�n, a cargo del autor del hecho, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecol�gico perturbado, as� como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protecci�n de los bienes tutelados en este T�tulo"
Por �ltimo, dentro del Derecho Penal podemos resaltar la Directiva 2008/99/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, que impone a los Estados miembros la punici�n por la v�a penal de las conductas m�s graves contra el medio ambiente. Su incidencia sin embargo ser� escasa en nuestro ordenamiento pues su contenido se encuentra casi en su totalidad previsto ya en el T�tulo XVI del Libro II del C�digo Penal. Dentro de la bibliograf�a podemos destacar las obras de G�lvez Montes, Lozano Cutanda, Parejo Alfonso y P�rez Lu�o entre muchas otras. Sinopsis realizada por: Fernando Galindo Elola-Olaso, Letrado de las Cortes Generales. Noviembre, 2010.

References: artículo 45
 artículo 45
 Real Decreto 
in dubio
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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