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Timestamp: 2019-05-21 05:40:09+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 43
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE GOBIERNOS REGIONALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
ENMIENDA DE CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE ANTECEDENTES Y MEDIOS DE PRUEBA PARA JUICIOS DE FILIACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
OBLIGATORIEDAD PARA SEGUNDO NIVEL TRANSICIONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX MINISTRO DE ESTADO DON ENRIQUE ORTÚZAR ESCOBAR
HOMENAJE : Julio Canessa Robert
HOMENAJE : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
PETICIÓN DE OFICIO : Jose Ruiz De Giorgio
PETICIÓN DE OFICIO : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
NACIMIENTO EN CHILE DE EJE CENTRAL EN CUANTO A GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REALIDAD DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES. OFICIOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR RÍOS, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN REGISTRO ELECTORAL COMÚN PARA HOMBRES Y MUJERES(3834- 06)
LEGISLATURA 352ª,EXTRAORDINARIA
Sesión 43ª, en martes 12 de abril de 2005
(De 16:22 a 19:44)
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erección de monumento en memoria de Cardenal Raúl Silva Henríquez (2457-04) (se aprueba en particular)..........................................................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a estructura y funciones de gobiernos regionales (3203-06) (se aprueba su informe)...........................................................................................................
Sesión secreta: se adopta resolución sobre concesión, por especial gracia, de nacionalidad chilena a señor Horacio de la Peña (3771-17)....................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el Código Civil en lo relativo a exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a valoración de medios de prueba sobre el particular (3043-07) (se aprueba su informe)....................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que confiere carácter obligatorio a segundo nivel transicional de educación parvularia (3785-04) (pasa a Comisión de Constitución)..................................................................................................
Homenaje en memoria de ex Ministro de Estado don Enrique Ortúzar Escobar (se rinde)..................................................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)...............................................................
Nacimiento en Chile de eje central en cuanto a gobierno y administración del Estado (intervención del señor Ríos).............................................................................
Realidad de Policía de Investigaciones y prioridades institucionales. Oficios (observaciones del señor Cantero)............................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia ; Secretario General de Gobierno; de Economía , Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía; de Educación; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , y la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 26 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 40ª, especial, y 41ª, ordinaria, en 5 de abril, y 42ª, ordinaria, en 6 de abril, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero da inicio a un proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España sobre Reconocimiento Recíproco y Canje de los Permisos de Conducir Nacionales y su Anexo", adoptado en Madrid por Intercambio de Notas de 24 de mayo y 14 de octubre de 2004 y corregido por Notas fechadas en Madrid el 31 de enero y el 7 de febrero de 2005 (Boletín Nº 3.838-10).
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley que establece un impuesto específico a la actividad minera (Boletín Nº 3.772-08).
Con el primero informa que desechó algunas de las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que moderniza el servicio militar obligatorio, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.844-02), a la vez que entrega la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Defensa Nacional para que integren la referida Comisión Mixta.
Con los seis siguientes comunica que dio su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales", suscrito en Hanoi el 22 de octubre de 2003 (Boletín Nº 3.747-10).
2) El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de las Islas Marshall referente a la exención del requisito de visa para portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales", suscrito en Santiago el 14 de octubre de 2002 (Boletín Nº 3.749-10).
3) El que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Mongolia sobre supresión de visa para los portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales de la República de Chile y portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales de Mongolia", suscrito en Santiago el 25 de septiembre de 2003 (Boletín Nº 3.754-10).
4) El que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la República Dominicana sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares", suscrito en Santiago el 26 de abril de 2004 (Boletín Nº 3.755-10).
5) El que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, adoptado por intercambio de Notas de fechas 22 de octubre y 12 de noviembre de 2002, por el cual se autoriza a los familiares dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Consulares de ambos países para desempeñar actividades remuneradas en el Estado receptor" (Boletín Nº 3.756-10).
6) El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Estonia referente a la exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales", suscrito en Santiago el 2 de noviembre de 2000 (Boletín Nº 3.758-10).
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la resolución dictada en el requerimiento autos Rol Nº 437, formulado en contra del proyecto que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativo a la calidad de la construcción. (Boletín Nº 3.418-14)
--Se toma conocimiento y queda a disposición de los señores Senadores.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ávila, sobre inclusión de una moción de la que es autor en la actual convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional .
Del señor Ministro de Salud , por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Naranjo, relativo a la aplicación de las sugerencias contenidas en el informe denominado "Denuncias por Responsabilidad Médica año 2002-Sistema Nacional de Servicios de Salud".
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, acerca del Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, denominado "Programa Orígenes".
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas (Boletín Nº 2.726-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.692, Orgánica Constitucional de Enseñanza , a fin de restablecer la exclusividad universitaria del trabajo social (Boletín Nº 2.792-04).
Cuatro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por la señora Claudia Rossana Grondona Opazo y por los señores Armando Abraham Medina Fernández, Fernando Enrique Moreno Vega y Patricio Marcos Cerda Ibacache (Boletines Nºs. S 774-04, S 493-04, S 704-04 y S 773-04, respectivamente).
Nuevo informe de la Comisión de Régimen Interior recaído en el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Honorables señores Larraín y Gazmuri, que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado (Boletín Nº S 759-12).
Del Senador señor Ríos, mediante la cual inicia un proyecto de ley que establece un registro electoral común para hombres y mujeres (Boletín Nº 3.834-06).
(Esta iniciativa no podrá ser tratada mientras Su Excelencia el Presidente de la República no la incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional).
Moción de los Senadores señores Sabag y Zaldívar, don Andrés, con la cual inician un proyecto de ley que faculta a los servicios de vivienda y urbanización para subvencionar, repactar o extinguir deudas, intereses, multas y costas de sus deudores hipotecarios, en los casos y condiciones que indica.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 3º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Moción del Senador señor Ruiz-Esquide, mediante la cual inicia un proyecto de ley que permite a los mayores de 75 años titulares de pensiones asistenciales mantener este beneficio cuando realicen un trabajo remunerado.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el número 6º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Si le parece a la Sala, se hará llegar al Presidente de la República copia de las dos iniciativas declaradas inadmisibles.
El señor Secretario entregará una información relativa al proyecto, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión de Educación, que autoriza la erección de un monumento en memoria del Cardenal Raúl Silva Henríquez.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2457-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 16 de abril de 2003.
Educación, sesión 41ª, en 5 de abril de 2005.
Sesión 42ª, en 6 de abril de 2005 (se aprueba en general).
Señores Senadores, esta iniciativa no ha sido objeto de indicaciones y el plazo para presentarlas se encuentra vencido. En consecuencia, debe darse por aprobada.
--El proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Los Comités, en reunión de esta tarde, acordaron por unanimidad:
1.- Retirar de la tabla de hoy la iniciativa que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura e incluirla en la de la sesión ordinaria del próximo martes,19 de abril, y
2.- En cuanto al proyecto que introduce enmiendas a diversos cuerpos legales relativos a rentas municipales, denominado comúnmente "Proyecto de Rentas Municipales II", se acordó que la Comisión de Gobierno, luego de que lo haya informado la de Hacienda, se pronuncie sobre las indicaciones que recientemente presentó el Ejecutivo .
Señor Presidente , no entendí bien el segundo acuerdo.
Lo que sucede es que el Ejecutivo presentó en la Comisión de Hacienda una indicación de competencia de la de Gobierno. Entonces, nos parece que esta materia debe ser conocida también por este último órgano.
O sea, el proyecto no vendría a la Sala, sino que iría ahora...
A la Comisión de Gobierno, para que emita un informe complementario.
Ya conversé el punto con su Presidente, Senador señor Larraín.
Ahora corresponde autorizar a la Comisión de Gobierno para que sesione paralelamente con la Sala.
Solicito el asentimiento de Sus Señorías a ese respecto.
--Se otorga la autorización.
Señor Presidente , pido la palabra sobre la misma materia.
¿Es factible recabar el acuerdo para que se puedan presentar indicaciones en la Comisión de Gobierno?
Si le parece a la Sala, se abrirá un nuevo plazo para presentar indicaciones en la Comisión de Gobierno.
Que sea muy breve.
¿Hasta mañana al mediodía y en la propia Comisión?
Señor Presidente , entiendo que el acuerdo es que nuestra Comisión vea el proyecto una vez que la de Hacienda evacúe su informe. Hasta ahora, éste no ha llegado.
Cuando llegue, se informará a Su Señoría para que proceda en consecuencia.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales, con urgencia calificada de "simple".(Boletín Nº 3.203-06)
--Los antecedentes sobre el proyecto (3203-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 53ª, en 4 de mayo de 2004.
En trámite de Comisión Mixta ,sesión 35ª, en 9 de marzo de 2005.
Gobierno, sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.
Gobierno (segundo), sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
Hacienda, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
Mixta, sesión 43ª, en 12 de abril de 2005.
Sesiones 8ª, en 6 de julio de 2004 (se aprueba en general); 24ª y 25ª, en 5 y 6 de enero de 2005 (queda pendiente su discusión particular); 26ª, en 11 de enero de 2005 (se aprueba en particular).
La controversia se originó en el rechazo por la Cámara de Diputados de los números 18) y 19) del artículo 1º, que el Senado agregó en el segundo trámite constitucional. Dichos numerales modifican los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
La proposición de la Comisión Mixta para resolver las divergencias que se produjeron entre ambas Corporaciones consiste en aprobar con algunas enmiendas los numerales 18) y 19) introducidos por el Senado. Así, se establece que para la distribución del 90 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre Regiones se tendrán en cuenta la población en condiciones de vulnerabilidad social y las características territoriales de cada una de ellas, suprimiéndose en el inciso primero del artículo 75 de la ley vigente la expresión "en relación con el contexto nacional", con el objetivo de radicar en las Regiones las referencias a la distribución del ya citado porcentaje.
Asimismo, se dispone que cada dos años se actualizarán los coeficientes de distribución del Fondo.
Por otro lado, la distribución del 5 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como estímulo a la eficiencia de cada Región se efectuará considerando indicadores que midan el mejoramiento de la educación y de la salud regionales, y los montos de las carteras de proyectos elegibles.
La Comisión Mixta adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Frei y señores Bombal, Cantero, Fernández y Núñez, y Diputados señores Becker, Egaña y Quintana.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas, donde se consignan, entre otros, los numerales 18) y 19), que motivaron la controversia entre ambas ramas del Congreso Nacional.
Cabe señalar que la Cámara de Diputados, en sesión del pasado martes 5 de abril, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano .
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Cantero.
Señor Presidente, quiero ilustrar acerca de lo que fue el debate sobre la materia motivo de controversia entre la Cámara de Diputados y el Senado.
El concepto de fondo, la idea fundamental tiene que ver con la intención del Parlamento de precisar que al momento de distribuir el Fondo Nacional de Desarrollo Regional primen criterios que favorezcan la entrega de recursos a las Regiones.
Se estableció el criterio de población, con una óptica relativa a la dimensión o peso demográfico en el contexto nacional. Y atendido esto es que fue incorporada la expresión "la población en condiciones de vulnerabilidad social y las características territoriales de cada Región". Es decir, se trata de la característica interna de una Región y no del peso demográfico respecto del resto del país, porque ello induce a una concentración de los recursos, considerando el peso demográfico existente en la zona central.
Después se hizo un estudio muy exhaustivo sobre cuáles son las variables que se utilizan para definir los indicadores, con el objeto de lograr una distribución que permita un desarrollo equilibrado y armónico, y favorecer con los recursos a las Regiones.
En tal sentido, se hizo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo una observación -yo diría que más bien fue una crítica bastante precisa- para requerirle hacia el futuro...
Señor Presidente, el ruido que hay en la Sala me impide hablar.
Ruego respetar al señor Senador que está haciendo uso de la palabra.
Decía que se hizo una crítica bastante enérgica a la referida Subsecretaría en el sentido de que los indicadores tienen características geográficas, o geométricas en algunos casos (distancias, etcétera), y lo que se debe medir, para efectos de la distribución de los recursos y de alcanzar la mayor equidad social posible, es el acceso de los ciudadanos a los beneficios que se busca cautelar.
No resulta importante cuánta distancia existe entre un poblado y el hospital cabecera regional, por ejemplo; eso es marginal. Lo relevante es si, tras recorrerla, la persona tiene acceso a la salud que va a buscar.
Entonces, no se trata de un problema de distancia, sino de acceso a los servicios básicos que el Estado debe entregar a los ciudadanos. Y, en este sentido, el Parlamento ha indicado al Ejecutivo que debiera avanzar hacia el uso de los conceptos que en el ámbito de las Naciones Unidas se caracterizan como "indicadores de desarrollo humano", de manera que se mida la satisfacción de la necesidad del individuo y no la distancia que lo separa de un centro de atención.
Otro elemento que me parece significativo mencionar es que, para efectos de la distribución, a lo menos el 50 por ciento de la ponderación deberá considerar la población en condiciones de pobreza e indigencia, medida en términos absolutos y relativos; y el porcentaje restante, en función de indicadores concernientes a las características territoriales de cada Región.
También es digno de destacar que la actualización de los coeficientes de distribución se hará cada dos años.
Además, se estableció el criterio de que un 5 por ciento de los recursos debe orientarse a estimular la eficiencia, considerando al menos indicadores que midan el mejoramiento de la educación y salud regionales.
Estas disposiciones se ajustan a la lógica de incorporar indicadores de desarrollo humano que impulsan las Naciones Unidas, en cuanto a si el individuo está viendo satisfechas sus necesidades básicas.
La señora DELPIANO (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo).-
Señor Presidente , como bien señaló el Honorable señor Cantero , este proyecto fue a Comisión Mixta debido a una observación de algunos señores Diputados respecto a cómo se iba a distribuir el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y en un amplio debate se llegó a la conclusión de que efectivamente el mecanismo existente es complejo, con un conjunto de indicadores bastante antiguo que no da cuenta de los avances experimentados en materia de información -por ejemplo, acerca del porcentaje de población pobre e indigente- y de cómo se cruzan dos variables que parecen muy importantes para hacer justicia a las diferencias territoriales y regionales, vinculadas a la población en condiciones de pobreza e indigencia respecto del total del país y de cada una de las Regiones. Podría darse el caso de que una de ellas fuera pequeña y con alto nivel de pobreza interna y, a lo mejor, y el de otra, más grande y con pobreza menor en términos relativos, pero significativa en términos absolutos.
En materia territorial -lo conversamos con el Senador señor Cantero y lo discutimos técnicamente-, era muy importante encontrar algún mecanismo para determinar cómo calcular el tamaño de una población de forma que constituya un elemento que sirva realmente para discriminar o no entre Regiones.
Lo finalmente aprobado por la Comisión Mixta es exactamente igual a lo que el Senado propuso con anterioridad. Si Sus Señorías se fijan en los textos comparados, notarán que son las mismas palabras. No se ha cambiado una coma respecto de lo acogido por esta Corporación: es decir, la Cámara de Diputados se allanó al criterio que aquélla propuso.
Estamos convencidos de que la normativa garantiza una mejor distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de que ninguna Región sufrirá menoscabo. Se trata del establecimiento de un piso destinado a focalizar mejor los recursos, lo que nos parece un elemento importante.
Por cierto, recogemos lo manifestado por el Senador señor Cantero . Estamos llanos a considerar la incorporación de mejores indicadores el día de mañana. Uno de ellos puede ser el de desarrollo humano. Si para todo el país dispusiéramos de la información correspondiente, lo incorporaríamos apenas la tuviéramos, porque con este Fondo se busca dar más donde hay menos, y producir desarrollo en las Regiones y no sólo compensaciones territoriales.
Señor Presidente, desde luego, aprobamos el informe de la Comisión Mixta, que -como se ha mencionado- viene a ratificar el criterio del Senado.
Además, deseo expresar mi satisfacción porque esta normativa significará mayor modernización para los gobiernos regionales, más equidad en la distribución de los recursos y dietas más dignas para los consejeros regionales. Últimamente, éstos han asumido una gran responsabilidad: deciden la asignación de muchos miles de millones de pesos en cada una de las Regiones, y realmente sus remuneraciones son muy exiguas.
En síntesis, el proyecto contempla un ajuste de la dieta de los consejeros y, sobre todo, una distribución más equitativa de los recursos en las comunas y Regiones.
Como se ha expuesto, el informe de la Comisión Mixta recoge integralmente nuestros planteamientos.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, procederemos a votarlo.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (32 votos favorables).
Votaron los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Martínez, Naranjo, Novoa, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:48 y adoptó resolución sobre el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Horacio de la Peña.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:32.
Señor Presidente , lamento que Su Señoría haya reiniciado la sesión pública, porque me quería referir a...
La sesión secreta se prolongó demasiado, señor Senador.
Señor Presidente , enhorabuena que la sesión fuese secreta, porque, en mi opinión, es de pésimo gusto lo que se dijo durante ella. Posiblemente tal experiencia sirva para que, en lo sucesivo, materias tan delicadas que afecten el honor de las personas o que pudieren comprometer su honra sean tratadas con la debida prudencia y el necesario sigilo en la Comisión respectiva, antes de llegar a la Sala, y no en las condiciones en que el Senado conoció el proyecto.
La decisión que adoptó la Corporación fue muy adecuada; pero el procedimiento, lamentable.
Sólo quería dejar constancia de mi malestar.
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que otorgó su aprobación al proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín 3806-08)
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad y a la valoración de los medios de pruebas sobre el particular.
3043-07
--Los antecedentes sobre el proyecto (3043-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Naranjo, Espina, Moreno, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.
En tercer trámite, sesión 11ª, en 9 de noviembre de 2004.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
Constitución, sesión 24ª, en 12 de agosto de 2003.
Constitución (segundo), sesión 6ª, en 22 de octubre de 2003.
Constitución (tercer trámite), sesión 22ª, en 15 de diciembre de 2004.
Mixta, sesión 42ª, en 6 de abril de 2005.
Sesiones 29ª, en 27 de agosto de 2003 (se aprueba en general); 7ª, en 4 de noviembre de 2003 (se aprueba en particular); 23ª, en 4 de enero de 2005 (se aprueba informe de Comisión de Constitución y pasa a Comisión Mixta).
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo del Senado a algunas modificaciones de la Cámara de Diputados durante el segundo trámite constitucional.
La proposición de la Comisión para resolver las divergencias entre ambas ramas legislativas consiste en derogar la citación a confesar maternidad o paternidad consignada en el artículo 188 del Código Civil y establecer en el procedimiento contencioso de reclamación de paternidad o maternidad la práctica de la prueba pericial biológica, en caso de no comparecencia del demandado o si éste manifestare dudas acerca de su paternidad o maternidad.
Asimismo, la Comisión Mixta propone un artículo transitorio que regula la normativa aplicable al ejercicio de las acciones de filiación hasta el 1º de octubre de 2005, fecha en que entrará en vigencia la normativa que crea los tribunales de familias.
La Comisión adoptó sus acuerdos por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar, y Diputados señoras Cristi y Saa, y señor Letelier.
Cabe hacer presente que los artículos 2º y 3º del proyecto revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 26 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en seis columnas que transcribe, en las dos últimas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto final que resultaría de aprobarse ésta.
En la discusión del informe, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
Señor Presidente , daré a conocer los antecedentes que tuvieron a la vista los integrantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara y del Senado, que conformaron la Comisión Mixta respecto de esta iniciativa legal, la que, a nuestro juicio, soluciona adecuadamente un problema de enorme trascendencia social, pues se trata de casos de reconocimiento de paternidad y reclamación de maternidad.
En primer término, debemos destacar que en la actualidad existen dos vías para el reconocimiento de la paternidad o la maternidad. Una voluntaria, dispuesta en el artículo 188 del Código Civil; y otra contenciosa, regulada por las normas del juicio ordinario, en tanto no entre en vigencia la ley que crea los tribunales de familia.
La primera se fundamenta en la comparecencia voluntaria de la persona citada a presencia judicial. Sin embargo, si ésta se niega a tal reconocimiento, obliga al interesado a iniciar el procedimiento contencioso correspondiente regulado por las normas del juicio ordinario, mientras no entre en vigor la ley que crea los tribunales de familia, con todos los inconvenientes que ello conlleva.
La Comisión Mixta, con el objeto de obviar tales dificultades, estableció un procedimiento único de reclamación de paternidad o maternidad que unifica las vías voluntaria y contenciosa, y adecua las normas procesales previstas por los tribunales de familia.
Para ello, se propone derogar los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 188 del Código Civil, que regula la gestión voluntaria de citación a confesar paternidad o maternidad, y agregar un nuevo artículo 199 bis al citado cuerpo legal, el que dispone un procedimiento único para la acción de reclamar la filiación.
Si el demandado reconoce su paternidad en la audiencia preparatoria -mecanismo consagrado por los tribunales de familia-, el procedimiento termina con la subinscripción del acta de reconocimiento al margen de la inscripción del hijo o hija, para lo cual el tribunal remitirá copia auténtica al Registro Civil .
No obstante, si el demandado no comparece, se niega a hacerlo o manifiesta dudas acerca de su paternidad, el juez ordenará la práctica de la prueba de ADN, la que se notificará personalmente al demandado por cualquier medio que garantice la debida información de ella, dando así plena garantía de conocimiento de dicha orden.
Cabe destacar que la iniciativa faculta al juez para otorgar a los exámenes de ADN valor suficiente para establecer la paternidad o maternidad o para excluirla, en su caso.
Asimismo, se dispone que la negativa injustificada de una de las partes a la práctica de dicho examen constituirá una presunción legal del mismo parentesco, que obviamente admite prueba en contrario por ser simplemente legal.
Por otra parte, como consecuencia de la derogación de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 188 del Código Civil, que regula la citación a confesar paternidad o maternidad, la Comisión Mixta incorporó al proyecto un nuevo artículo 3º, que modifica, a su vez, el número 9 del artículo 8º de la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, con el objeto de sustraer de su competencia la gestión voluntaria señalada.
Otro aspecto notable del proyecto es la ampliación de los tribunales competentes para conocer de las causas de reclamación de filiación, permitiendo que éstas se entablen en el juzgado que corresponda al domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último.
La Comisión Mixta, por otra parte, rechazó la inclusión del artículo 3º propuesto por la Cámara de Diputados, que sanciona a quienes alteren intencionalmente las muestras biológicas que deben ser objeto del examen de ADN; falsearen el resultado de estos análisis o faltaren a la verdad en el informe pericial de examen o cotejo, o adulteren su contenido, ya que esa misma figura penal está sancionada y regulada en el artículo 20 de la ley Nº 19.970, que crea el Registro de ADN . Se evita así que se produzca una superposición de normas.
Por último, señor Presidente , la Comisión Mixta propone un artículo transitorio que regula con exactitud la normativa aplicable al ejercicio de las acciones de filiación, desde la entrada en vigencia de la iniciativa en debate hasta el 1º de octubre de 2005, fecha en que comenzará a regir la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia.
Por tales razones, solicitamos en forma unánime la aprobación del informe en debate.
Señor Presidente , deseo resaltar lo manifestado por el Senador señor Espina , porque, no obstante tratarse de un proyecto que en su minuto fue bastante conflictivo -me refiero a la autorización para investigar la paternidad y la maternidad mediante métodos biológicos-, hoy día se ha logrado un acuerdo unánime respecto de uno de los temas que componen la agenda valórica, los cuales muchas veces se esgrimen diferenciando a distintos grupos, conglomerados o corrientes culturales.
Sobre ese punto, que justamente busca establecer la paternidad efectiva de una persona -o sea, transparentar los lazos de familia y asumir las responsabilidades derivadas de ello-, se ha producido un acuerdo en la Comisión Mixta en orden a facilitar a la mujer demandante, o que cita a una persona a confesar espontáneamente su posible paternidad, que siga la investigación sin necesidad de iniciar un nuevo juicio.
Lo anterior es muy beneficioso para las mujeres de escasos recursos, porque acudir a la Corporación de Asistencia Judicial, obtener la asesoría de un abogado, iniciar una demanda de confesión voluntaria de paternidad para después -si tal reconocimiento no se produce- comenzar un nuevo juicio, constituye un procedimiento que entraba la acción de la demandante.
Por eso, celebro que en la Comisión Mixta se haya llegado a una convergencia unánime de opiniones sobre un tema bastante delicado e importante.
Señor Presidente , difiero del planteamiento del Senador señor Viera-Gallo . A mi juicio, la circunstancia de que el juez decrete practicar las pruebas en forma inmediata cuando aparezcan dudas acerca de la paternidad de un niño no es un aspecto valórico.
Me parece que hay una confusión sobre el particular, porque los valores se hallan vinculados a la responsabilidad de la persona, pero no respecto del hecho físico de que el magistrado ordene realizar las pruebas correspondientes, sean biológicas o de otro tipo, a fin de determinar la paternidad de aquélla.
Señor Presidente , no quiero distraer la atención de la Sala. Sólo deseo recordar al Honorable señor Martínez que no resultó fácil establecer este proyecto en sus inicios, porque hubo señores Senadores que preferían sustentar la apariencia de la familia en lo concerniente a lazos reales de paternidad. Algunos consideraban que era mejor mantener -sin ser peyorativo- una cierta hipocresía social en tal sentido.
En todo caso, la iniciativa en análisis contempla una doble instancia en el juicio, precisamente porque en el Senado hubo determinada resistencia sobre el particular.
Según entiendo, el Honorable señor Martínez era miembro de la Cámara Alta cuando nos tocó discutir en su momento dicho asunto.
Sin embargo, hoy día las cosas han cambiado, y me alegro mucho de que Su Señoría considere que éste no es un tema valórico. Eso significa que hemos coincidido en un aspecto importante.
Recuerdo al Honorable señor Viera-Gallo que, conforme al Reglamento, están prohibidas las alusiones personales.
La señora PÉREZ ( Ministra Directora del SERNAM ).-
Deseo destacar que el proyecto en debate, originado en moción de los Senadores señores Naranjo, Moreno, Chadwick, Espina, Silva y Aburto, constituyó una prioridad central para el Gobierno.
El Ejecutivo estuvo presente durante la discusión de la iniciativa y apoyó las modificaciones que se le introdujeron.
Sin embargo, quiero resaltar fundamentalmente el texto aprobado por la Comisión Mixta, el cual se vincula con lo expresado por el Senador señor Viera-Gallo . En efecto, las enmiendas introducidas permiten, en verdad, acceder a la justicia con mayor celeridad y más dignidad, y ejercer de manera efectiva el derecho a la identidad de muchos niños y niñas. Según el último registro, que data del año pasado, son más de 28 mil los infantes nacidos en Chile que sólo son reconocidos por sus madres.
Además, mediante estas modificaciones, se resuelve un asunto que significaba mucha indignidad para una gran cantidad de familias y, sobre todo, para las madres de esos niños, quienes han de peregrinar de un tribunal a otro, dado que es preciso iniciar dos juicios diferentes, que se llevan a cabo en dos sedes distintas. Se da el absurdo de que si la mujer vive en Arica y el padre o el imputado en Puerto Montt, ella debe interponer la demanda en esta última ciudad para proceder al reconocimiento de la paternidad de su hijo, que es un derecho fundamental vigente en nuestro país desde hace mucho tiempo.
Por otro lado, destaco el esfuerzo hecho por el Senado y también por la Cámara de Diputados, particularmente del primero, en orden a mejorar la moción. Ésta no sólo se ajusta a la nueva legislación relacionada con los tribunales de familia, sino que, además, soluciona -insisto- una situación permanente de indignidad y de injusticia que sufrían muchas familias, en especial un elevado número de mujeres, cuando debían reclamar el derecho de identidad de sus hijos.
Finalmente, deseo agradecer a los señores Senadores por la prioridad que dieron a esta iniciativa y por la rapidez con que se legisló. Ojalá, en breve plazo, luego de que pase por la Cámara de Diputados, pueda ser promulgada como ley. Ello será una muy buena noticia para las familias y, sobre todo, para las mujeres más pobres de Chile.
--Se aprueba por unanimidad, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 27 señores Senadores.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que confiere carácter obligatorio al segundo nivel transicional de la educación parvularia, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Ver informativo Nº 84 (12.4.2005)
--Los antecedentes sobre el proyecto (3785-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 27ª, en 12 de enero de 2005.
El proyecto tuvo su origen en moción del Honorable señor Ruiz-Esquide.
El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza con la finalidad de hacer obligatorio el segundo nivel transicional de la educación parvularia.
La Comisión discutió en general y particular el proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, por ser de artículo único, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra, Parra y Vega.
El texto que el referido órgano técnico propone a la Sala se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
Por último, corresponde señalar que la iniciativa tiene el carácter de ley orgánica constitucional, por lo que para su aprobación requiere el voto conforme de 26 señores Senadores.
Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación , deseo informar que esta iniciativa fue aprobada en forma unánime, como lo acaba de relatar el señor Secretario .
Su objetivo es muy concreto: establecer en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza el derecho a la educación preescolar para todas las niñas y niños de nuestro país.
El Parlamento ya había aprobado con anterioridad una reforma constitucional tendiente a incorporar la educación parvularia al texto de la Carta Fundamental. La moción del Senador señor Ruiz-Esquide busca ampliar en forma específica el mecanismo que la ley Nº 18.962 establece para garantizar el derecho a que las niñas y los niños menores de cuatro o cinco años puedan tener acceso a este tipo de educación.
Está claramente demostrado, por todos los informes que hemos conocido, tanto en el Parlamento como en foros técnicos, que toda niña y todo niño que en la edad preescolar pasa por un jardín infantil o, incluso, por una sala cuna adquiere una ventaja comparativa sobre su propia hermana o hermano que no tiene ese privilegio y esa oportunidad. El esfuerzo que se está haciendo es muy grande, y por eso la Comisión aprobó unánimemente el proyecto.
Sé que con posterioridad han surgido inquietudes respecto de la conveniencia de introducir algunas precisiones a lo que podría significar esto como prerrequisito. Por ello, pese a tratarse de un proyecto de artículo único, que podría ser acogido en general y en particular a la vez, los integrantes de la Comisión recomendamos que se apruebe sólo en general, a fin de que vuelva a la Comisión y se abra un plazo para la presentación de indicaciones que recojan las observaciones formuladas.
Están inscritos para intervenir a continuación los Honorables señores Muñoz Barra, Espina y Viera-Gallo.
Señor Presidente , deseo reafirmar lo planteado por el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra. La unanimidad de la Comisión tuvo en vista una aspiración que lamentablemente no hemos podido concretar: que la educación preescolar sea una obligación del Estado. Semejante iniciativa, evidentemente, enmarcará el sistema educacional chileno en su integridad en una modernización que, en un plazo prudente, va a tener los resultados que todos esperamos.
Hoy en día vemos cómo en las pruebas de mediciones los diferentes niveles educacionales no alcanzan los resultados que querríamos en un siglo tan moderno, tan tecnológico y tan del conocimiento como el que estamos enfrentando y viviendo. Y eso se debe a que hay sectores de nuestra población, en especial los económicamente más débiles, que llegan en condiciones más desmedradas al inicio del ciclo de la enseñanza básica.
Como muy bien se ha planteado, es un hecho concreto y sin discusión entre los especialistas que quienes poseen una educación preescolar integral cuentan con mejores posibilidades de alcanzar rendimientos más altos. Sin duda, el que el Estado se obligue -en buena hora- a entregar recursos en forma, diría, "privilegiada" hará factible la existencia de jardines infantiles y de salas cunas necesarios para atender, aproximadamente, a 600 ó 700 mil niños. En la actualidad, ellos carecen de toda posibilidad de ingresar a este sistema, lo cual crea situaciones no recomendables, como es el caso de señoras que, especialmente en las poblaciones, se dedican en forma algo caricaturesca, pero con buena intención, y a veces como una manera de sostener sus vidas, a cuidar niños, sin tener ninguna preparación ni capacidad para ello. Esto, en un mundo en donde la mujer no solamente participa con esa maravillosa responsabilidad de ser el motor fundamental del hogar, sino que también está entregada a las funciones laborales, en todos los niveles de nuestra sociedad.
Por eso, no me extraña la unanimidad alcanzada en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología respecto del proyecto que nos ocupa. Sin perjuicio de ello, concuerdo también con lo señalado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quien hizo ver la conveniencia de introducirle algunas modificaciones o precisiones, a fin de que no se vaya a incurrir en algún lapsus de tipo constitucional que pueda echarlo por tierra.
Señor Presidente , aplaudo esta iniciativa, respecto de la cual todos han señalado sus beneficios, pero, en mi opinión, ella es inconstitucional. Y quiero decirlo derechamente como Presidente de la Comisión de Constitución , fundado en los siguientes antecedentes.
La Constitución Política, en su artículo 19, número 10º (el derecho a la educación), nos dice que "La educación básica y la educación media son obligatorias,...". Por tanto, no se puede impedir a una persona que no haya cursado el segundo nivel transicional de la educación parvularia acceder a la básica y a la media, porque éstas son obligatorias.
La modificación propuesta al inciso primero del artículo 6º bis apunta a que dicho segundo nivel transicional sea un antecedente obligatorio para cursar la educación básica. O sea, tenemos una norma objetivamente distinta en la Constitución, que es de rango superior, la cual no establece esa exigencia que sí consigna la ley. En tal caso, tratándose de disposiciones de rangos jurídico y legal distintos, prima lo que señala el Texto Fundamental.
En consecuencia, señor Presidente , sugiero que el proyecto sea remitido a la Comisión de Constitución, a fin de que evacue un informe que explique el camino que debe seguir o, en su defecto, la Mesa deberá declararlo inconstitucional. Sin perjuicio de ello, debo señalar que me parece una estupenda iniciativa y que, por supuesto, en su momento la apoyaremos.
Disculpe, Su Señoría, pero hay varios inscritos para hacer uso de la palabra.
Respecto del proyecto en análisis se ha pedido declararlo inconstitucional, o bien, enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Y por qué no a la de Educación, señor Presidente .
Me gustaría muchísimo que el Honorable señor Viera-Gallo , que está inscrito a continuación, se refiriera a ese punto.
Señor Presidente , a mi juicio, la intención del autor de la iniciativa es buena, pero también tiene fundamentos la objeción hecha por el Senador señor Espina .
Me he enterado de que los Honorables señores Ominami y Naranjo han presentado un proyecto de reforma constitucional relacionado con la materia en análisis.
Para evitar la objeción planteada, podríamos devolver la iniciativa a la Comisión de Educación en espera de que la de Constitución despache rápidamente la de los Senadores ya nombrados, lo cual permitiría que la impugnación fuera desapareciendo, porque ahora ella es real, en el sentido de que no se puede establecer un requisito legal cuando la Constitución no lo señala, por muy buena intención que exista.
A mi juicio, la fórmula correcta es devolver el proyecto a la Comisión de Educación y poner el acelerador al otro que he mencionado para que las dos ideas caminen en forma paralela.
Señor Presidente , me han pedido sendas interrupciones los Honorables señores Muñoz Barra y Naranjo .
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , quería sugerir lo mismo que ha planteado el Honorable colega que me ha concedido la interrupción, en el sentido de que la iniciativa vuelva a la Comisión de Educación para reflexionar acerca de un tema que, evidentemente, existe.
Entonces, la proposición apunta a que el proyecto no vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sino a la de Educación, en espera de poder refundir las dos ideas, tal cual se ha manifestado en la Sala.
¿Habría acuerdo para enviar nuevamente la iniciativa a la Comisión de Educación?
Que vaya a la de Constitución.
Sí, a la de Constitución.
Hay dos propuestas: una, remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, y otra, devolverlo a la de Educación.
Me gustaría conocer la opinión del Senador señor Larraín .
Señor Presidente , el Honorable señor Viera-Gallo me concedió una interrupción con cargo a su tiempo.
Si Su Señoría pide hacer uso de ella, la Mesa no tiene inconvenientes. Pero al parecer habría un problema.
Hay un problema de comunicación, señor Presidente .
Señor Presidente , junto con el Honorable señor Ominami el 15 de septiembre del año pasado presentamos un proyecto sobre esta materia. Se trata de una reforma constitucional, pues siempre consideramos que era el primer paso que había que dar.
En esa oportunidad pedimos al Ejecutivo que respaldara la iniciativa y ésta pasó a la Comisión de Constitución.
Entonces, solicitamos ahora al Gobierno que apoye esa iniciativa con el objeto de que pueda ser tratada durante la legislatura extraordinaria.
Según el Ministro señor Dockendorff, se otorgó respaldo a ese respecto. Sin embargo, por los antecedentes de que disponemos, ello no ha ocurrido.
Por eso, consideramos que el camino correcto es que este asunto sea analizado primero por la Comisión de Constitución y después por la de Educación, en la parte que le corresponde.
Señor Presidente , deseo agregar otra inquietud al planteamiento que formuló el Senador señor Espina .
Ciertamente, este proyecto tiene una enorme prioridad social y política, que hace del todo recomendable que de alguna manera el Estado se encargue del problema. Es precisamente en los niveles educativos de que se trata donde se produce la mayor diferenciación social en lo que concierne a las aspiraciones educacionales posteriores.
Por eso, resulta conveniente que nos hagamos cargo de esta situación. Empero, para que sea eficaz la norma, debe existir el compromiso del Estado de financiarla. Y si existe ese compromiso, ello supone que el Gobierno así lo diga. De lo contrario, aquélla se convertirá en una disposición programática.
Como tal, puede ser planteada a nivel de la Constitución. Eso se discutió en 1999, cuando se aprobó una reforma constitucional que incorporó en el Nº 10º del artículo 19 de la Carta un inciso cuarto que dice: "El Estado promoverá la educación parvularia.". En ese minuto no se estimó adecuado disponer que la educación parvularia fuese obligatoria. Y ello, por múltiples consideraciones (no quiero reproducir un debate que todos deben de recordar).
Si hoy se quiere hacer obligatoria una parte del nivel transicional de la educación parvularia, ello no es posible por la vía de modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, no sólo porque contradice el inciso quinto del referido Nº 10º (ya lo mencionó el Senador señor Espina ), sino también porque una iniciativa de tal naturaleza, para que sea eficaz, tiene que involucrar gasto, y toda norma que irrogue gasto es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Por lo tanto, creo que esta disposición es inadmisible, no sólo por lo que se ha dicho acerca del ya referido inciso quinto, sino además por lo que preceptúa el artículo 62 de la Carta en lo concerniente a los proyectos con incidencia en el presupuesto fiscal.
Distinto es el caso de una reforma constitucional, mediante la cual, ciertamente, puede hacerse tal planteamiento en cuanto a la totalidad de la educación parvularia o a parte de ella. Por lo demás, como señalé, el debate sobre el punto ya se hizo. Puede volver a producirse cuantas veces sea necesario. Y si hoy existen madurez, conciencia y recursos para concretar lo que se pretende, conviene seguir ese camino. Pero el de modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, atendidas las normas fundamentales vigentes, independiente de la bondad del proyecto, me parece equivocado. Y si estamos en un 96 por ciento -según afirma el Gobierno- de cumplimiento del precepto, no es tan urgente la modificación; más vale que el Estado se comprometa con el 4 por ciento restante y resolvamos el problema de hecho, porque al final lo que importa es que los niños tengan acceso a la educación.
Si no existe ese compromiso, no serán muchos los niños que van a quedar afuera, de ser verdaderas las cifras del Gobierno. No tengo antecedentes para refutarlas. Empero, quiero decir que los niveles de que se trata se hallarán concentrados en los sectores rurales, donde la posibilidad de hacerlos accesibles a la gente es prácticamente nula, salvo que medie una asignación económica. Porque, señor Presidente , los niveles educacionales rurales se encuentran muy desprotegidos desde el punto de vista financiero.
En consecuencia, estimo que esta norma debe ir a la Comisión de Constitución, para que se analicen los antecedentes constitucionales mientras se tramita una reforma que ya fue presentada y, por ende, puede seguir caminando por esa vía.
Entonces podrá haber confluencia. Y si existe voluntad política en el Congreso Nacional, será factible aprobar la reforma constitucional y a partir de ahí el Ejecutivo tendrá en sus manos el instrumento idóneo para promover la medida mediante una ley que, en mi opinión, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Porque -insisto-, de no mediar un compromiso económico, sólo estaremos haciendo un saludo a la bandera.
Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente en conceder una interrupción al Senador señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , para que no quede flotando la idea de que el 96 por ciento de la educación prebásica está abastecido, debo precisar que el 4 por ciento faltante se refiere sólo a la educación de kinder. En toda la educación prebásica, el rango es mucho más grande.
Lo señalo para que no se produzca una confusión en tal sentido. Porque si restara únicamente el 4 por ciento, el problema no tendría ni el dramatismo ni el interés que le estamos dando.
Desde el principio he entendido que el segundo nivel transicional se refiere al kinder; es decir, el curso anterior al primero básico.
Es efectivo lo que señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Tal es el contenido del proyecto. Y muchos establecimientos no tienen dicho nivel educacional porque carecen de recursos para solventar el gasto en profesores, en alimentación, etcétera, pues normalmente se trata de sectores vulnerables, deprivados.
Por lo tanto, si se desea hacer algo que no sea un saludo a la bandera, el proyecto debe consignar los dineros necesarios. Y, al tenor de la Constitución, ello sólo puede garantizarlo una iniciativa originada en el Ejecutivo .
Eso es lo que he querido señalar.
Pido la palabra para formular una moción de orden.
Puede hacerlo, Su Señoría.
Señor Presidente , solicito por su intermedio que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación y que ella, tras discutirlo y analizarlo, lo remita a la de Constitución. Es lo que corresponde, pues los elementos están dados como para que lo debata aquélla.
Se han presentado dos propuestas, que debo someter a consideración de la Sala:...
El señor ROMERO ( Presidente )
...una para enviar el proyecto a la Comisión de Constitución y la otra para remitirlo a la de Educación y luego a aquélla.
Hay tres señores Senadores inscritos. Así que, si el Honorable señor Naranjo me permite ordenar el debate...
¡Hay un proyecto de reforma constitucional en la Comisión!
Señor Senador, la Sala lo ha escuchado atentamente. Le ruego respetar el orden de inscripción.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, a quien pido referirse a las dos propuestas formuladas.
Señor Presidente , el proyecto en debate fue acogido por la unanimidad de la Comisión de Educación y, sin duda, merece nuestra aprobación.
Existe información en el sentido de que los niños que no asisten a prekinder o a kinder quedan irremediablemente atrás. Los seguimientos hechos demuestran que quienes reciben educación prebásica tienen mucho más éxito en la vida y mejor comportamiento.
En consecuencia, todos querríamos apoyar la idea planteada.
Ahora bien, cuando se aprobó la reforma constitucional relativa a la educación parvularia, el Gobierno no dio carácter obligatorio a este nivel justamente por el enorme gasto involucrado. Sin embargo, expresó que en cuanto el país estuviera en condiciones iba a asumir la responsabilidad derivada de la obligatoriedad del kinder y del prekinder.
Por lo tanto, no obstante coincidir bastante con este proyecto, considero que requiere informe de la Comisión de Constitución. Su implementación, sin duda, significa gasto. Los niños de prebásica necesitan la atención de parvularias, alimentación, en fin. El costo de ese nivel es mucho más alto que el de primero básico.
Entonces, pese a estar muy de acuerdo con la idea de legislar -ojalá se apruebe-, creo que no podemos ratificar algo inconstitucional. La iniciativa debe ir a la Comisión de Educación y, sin duda alguna, a la de Constitución.
Tenemos cinco inscritos.
La Senadora señora Matthei retiró su inscripción.
Señor Presidente , en la Comisión de Educación hay una iniciativa que fue presentada en enero del año en curso -si no me equivoco-, y en la de Constitución, un proyecto de reforma constitucional que formulamos en septiembre de 2004...
Señor Presidente , nosotros presentamos los proyectos donde corresponde: en la Oficina de Partes del Senado. Ésta visó dicha iniciativa.
Evitemos los diálogos, Sus Señorías.
Quizá habrá que ver qué ocurrió en la Comisión de Constitución, pues, por desgracia, su Presidente no estaba informado de la llegada de la moción respectiva.
Ahora bien, estando todos de acuerdo en que éste es un asunto importante, de significación -es lo que dicen el señor Ministro de Educación y el Gobierno-, y teniendo claro que se requiere primero modificar la Carta Fundamental, me parece carente de sentido que el proyecto radicado en la Comisión de Educación vaya en consulta a la de Constitución habiéndose presentado ya en ésta una moción.
Nosotros no vemos ningún problema para que en algún momento se refundan ambas iniciativas, que apuntan a lo mismo. Sin embargo, nos parece razonable que la Comisión de Constitución ponga en tabla el proyecto de reforma a la Carta Fundamental allí presentado, porque es la condición previa para discutir la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Lo tenemos muy claro, Su Señoría.
Están inscritos los Senadores señora Frei y señores Vega, Boeninger y Ruiz-Esquide.
No sé si Su Señoría aún quiere intervenir.
No puedo rechazar la oportunidad de hablar, señor Presidente , porque soy educadora de párvulos y, por tanto, puedo opinar sobre el tema con toda propiedad.
Además, ejercí durante muchos años esa profesión, y siempre fue prioridad máxima para nosotras lograr que el Estado asumiera la obligatoriedad de la educación preescolar, porque -se ha dicho varias veces aquí- quienes reciben aquélla salen mejor preparados y adquieren buenos hábitos. En sus primeros años -todos conocemos la importancia de esa etapa-, los niños son como una página en blanco: lo que se va escribiendo ahí es la base para toda la vida. O sea, no se trata sólo de ir a aprender números y letras, sino también de desarrollar la convivencia, recibir una serie de normas sobre higiene, etcétera.
Por eso, la educación prebásica es fundamental.
Desgraciadamente, en nuestro país siempre se ha argumentado que no se tienen los recursos necesarios para concretar aquella aspiración.
Logramos cambiar la Constitución para que el Estado promoviera la educación parvularia. Es verdad. ¿Pero por qué no pudimos conseguir más? Porque en ese momento se señaló que no existían los fondos requeridos; que el nivel preescolar era caro, muy oneroso, y que había que reforzar la educación primaria, la secundaria, etcétera.
Creo que la reforma educacional implementada ha permitido superar muchos problemas. Pero queda bastante por hacer. En las Regiones, por ejemplo, no todos los alumnos llegan a la prueba SIMCE en las mismas condiciones, pues sacan ventaja quienes están en colegios mejores. En general, no se han visto demasiados avances. Sin embargo, se debe considerar que dicha reforma es larga; no es sólo cuestión de ponerla en un papel o de que nosotros dictemos las leyes correspondientes. En ella hay envuelto todo un proceso de preparación; de asunción de responsabilidades por parte de profesores y demás personal de colegios, liceos y escuelas, como asimismo de los municipios, etcétera. Se trata de un asunto bastante complejo.
Pero, en mi concepto, tenemos que caminar en ese sentido, para lograr que se haga realidad el cambio introducido en la Constitución.
A mí, señor Presidente , me da lo mismo que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución o a la de Educación; ese aspecto se puede obviar. Lo que necesitamos es que el Ejecutivo diga si va a haber o no recursos. ¡De eso de trata! Mandar el proyecto a una u otra Comisión es, sencillamente, tramitarlo más.
Por ello, pido a la Mesa que recabe el acuerdo unánime de la Sala para consultar al señor Ministro de Educación o a la autoridad de Gobierno que corresponda si se destinarán los fondos requeridos para concretar aquel propósito. Porque si ellos no son asignados, ¿qué sacamos con seguir discutiendo acerca de la conveniencia de enviar el proyecto a tal o cual Comisión? Sabemos que, en esta materia, hay y siempre habrá argumentos a favor y en contra.
Aquí existe consenso en cuanto a que la modificación propuesta es necesaria. Pero si no tenemos la plata, nada se saca.
Por lo tanto, me parece que la mejor fórmula es, lisa y llanamente, preguntar al Gobierno -a la autoridad pertinente- si va a haber o no recursos. Si no los hay, buscaremos otra solución.
Las educadoras de párvulos, señor Presidente , tenemos harta paciencia. Desde hace muchos años estamos en esta pelea, y la seguiremos dando. Pero dígannos si hay o no plata.
Recuerdo a la Sala que para las 18:30 está programado un homenaje. Por ello, pido a los oradores inscritos -Senadores señores Vega, Boeninger, Ruiz-Esquide y Andrés Zaldívar- y al señor Ministro de Educación que ocupen un tiempo razonable en sus intervenciones.
Señor Presidente , por la razón que acaba de señalar, tenemos que ser muy breves.
La cuestión radica en que éste es un problema económico.
Ahora bien, cuando aprobamos la iniciativa en la Comisión de Educación, estuvimos muy conscientes de que la enseñanza preescolar o prebásica obligatoria es esencial, porque el ser humano se educa desde que nace hasta que muere. Y quienes se hallan en ese nivel tienen la mejor capacidad para absorber conocimientos. Por tanto, se pierde un importante segmento de la vida al no educar en ciento por ciento a los niños, sobre todo a los que están en los quintiles de menores ingresos. Y de ahí se originan las dificultades registradas en la educación básica, primero, y en los niveles medio y superior, con posterioridad.
Entonces, siendo éste un problema económico, pienso que la iniciativa debe volver a la Comisión de Educación. En ella estamos trabajando permanentemente con el Ministro señor Bitar en el proyecto sobre acreditación de la educación superior. Hemos discutido estos problemas, y creo que bien podríamos estudiar la forma de obtener los recursos indispensables para lograr la obligatoriedad de la educación preescolar.
Por eso, propongo que el proyecto regrese a la Comisión de Educación.
Están divididas las opiniones.
Señor Presidente , acá se necesita una reforma constitucional y, al respecto, hay un proyecto presentado por los Senadores señores Naranjo y Ominami .
En mi opinión, lo primero que ha de hacerse hoy, cuando existe un amplio consenso acerca de la prioridad del asunto -no voy a argumentar acerca del fondo, pues sobre él hay pleno acuerdo-, es agilizar el despacho de la iniciativa que enmienda la Carta Fundamental.
Dentro de esa línea, y como según el Reglamento la Sala debe hacer algo en esta oportunidad, creo que procede enviar el asunto a la Comisión de Constitución justamente para que defina si va a dar prioridad a la reforma sugerida, que parece ser lo adecuado, o si determinará una vía diferente para avanzar en el estudio de la iniciativa que ahora nos ocupa.
Yo me pronuncio en forma categórica por el trámite a la Comisión de Constitución, entendiendo también -y con esto termino- que lo concerniente a los recursos, reformada la Carta, adquiere el carácter de obligación del Estado a los efectos de implementar el nivel educacional de que se trata en un plazo razonable. Porque tampoco las parvularias y los demás recursos humanos -el problema no es sólo financiero- estarán listos para operar en doce meses.
Recuerdo a Sus Señorías que faltan pocos minutos para el término del Orden del Día.
Señor Presidente , quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Educación para consultar su opinión respecto de esta materia y de otras vinculadas con ella.
Por un lado está el tema de la obligatoriedad, y por otro, el de los medios para cumplirla.
La obligatoriedad no es una garantía clara de que el sistema va a mejorar. Tenemos el caso de las educaciones básica y media, donde los resultados de las evaluaciones efectuadas al sistema no guardan relación con el esfuerzo financiero hecho en esos ámbitos por el Estado y, en definitiva, por todos los chilenos.
Al respecto, las cifras demuestran que prácticamente se han duplicado el gasto y la financiación del sistema por la vía de las subvenciones y por el aumento de la infraestructura educacional. Sin embargo, las pruebas TIMS y SIMCE , por ejemplo, no evidencian para nada un resultado halagüeño y proporcional al esfuerzo económico desplegado en el país.
Por otro lado, hay colegios del sistema municipalizado que en lo concerniente al SIMCE han tenido muy buenos puntajes. Si se consulta cuál ha sido la fórmula para lograrlos, las respuestas son bastante simples. Los directores y los profesores de esos establecimientos dicen que pasan los programas que deben pasar y ponen las notas que deben poner. Ése es uno de los caminos más sencillos. No obstante, en la educación chilena vemos que si un profesor trata de seguirlo se encuentra con una respuesta muy adversa de los padres y apoderados y con una suerte de reacción social opuesta a ello porque se considera que se está forzando más de la cuenta al alumno.
En particular, concordando en que lo planteado debe ser materia de una reforma a la Carta, quiero preguntar al señor Ministro qué se está haciendo en este momento para asegurar la obligatoriedad -vinculada a la enmienda constitucional de que él también fue parte- de la educación media.
Nosotros recorremos comunas pequeñas, y la verdad es que vemos con aprensión que los padres carecen de medios para mandar a sus hijos a estudiar a lugares distintos porque en el ámbito local no se imparte ese nivel de enseñanza.
Creo que, junto con establecerse la obligatoriedad, el programa señalado acá debe concretarse en un plazo razonable y breve para ser efectivo.
Señor Presidente, entiendo que contamos con unos minutos para resolver el asunto.
Una manera de considerar la cuestión es en su mérito: si estamos de acuerdo con que en el sistema educacional se efectúe la modificación en análisis. A mi juicio, pareciera que nos encontramos en una situación distinta de la que se presentó hace varios años cuando el punto fue planteado en esta misma Corporación por los mismos Senadores que firmamos ahora una reforma.
Si ello es así, me parece, en cuanto al procedimiento legislativo, que se deben realizar dos cosas: una reforma constitucional y, en seguida, una enmienda de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Y un tercer elemento es la existencia de medios. El dinero, con ser lo más importante, es lo último que debe tratarse, porque si no se dictan normas como las recién mencionadas, es evidente que no habrá forma de obligar al Gobierno. En efecto, hecha la ley, hecha la obligación, deben entregarse los recursos, porque para eso se aprueba la exigencia.
Por tal motivo, cuando presenté el primer proyecto de modificación de la Ley Orgánica Constitucional aludida, hace alrededor de seis años, lo hice simultáneamente con una reforma constitucional. En esa oportunidad -he pedido a la Mesa que se busquen los antecedentes de ambas iniciativas-, el texto, igual al de ahora, no fue aprobado por el Senado de entonces, porque se estimó -y ésa fue la argumentación- que el contenido tenía que ver con los derechos de la familia y no con los del Estado.
Con el correr del tiempo se ha comprobado que ni la familia ni el Estado han resuelto plena y absolutamente el tema. Hoy, el señor Ministro ha manifestado, entre los antecedentes que entregó en la Comisión, que existe más de 90 por ciento de cobertura, proporcionada voluntaria y soberanamente por el Estado, sin necesidad de ley.
La argumentación del señor Presidente del órgano técnico en aquella oportunidad fue que justamente por ser poco lo que faltaba valía la pena determinar la obligatoriedad, para no estar siempre dependiendo de la voluntad del Gobierno de turno.
En esas condiciones, juzgo razonable materializar las dos medidas referidas. Evidentemente, lo primero debe ser la reforma constitucional. Y como en ese caso se hallan dos iniciativas en la Comisión de Educación -la presentada hace aproximadamente seis años por el Senador que habla y la nueva que formularon ahora los Honorables señores Ominami y Naranjo -, y sobre la base de que lo importante no es quien plantea los proyectos y pone el dedo, sino, fundamentalmente, quien logra que sea ley lo que es bueno, pienso, como autor del texto que nos ocupa -y permítaseme la sugerencia-, que cabe recoger las opiniones de la Sala en dos sentidos. Que vaya a la Comisión de Legislación la reforma constitucional necesaria...
Es donde se encuentra.
Insisto, señor Presidente, en que dos...
Debe concurrir también la voluntad del Ejecutivo.
Ruego respetar el derecho del Senador señor Ruiz-Esquide a usar de la palabra.
Solicito que no se discuta más sobre el punto, señor Presidente . ¡Si la cuestión es clarísima! Existen dos proyectos: uno que tuve el honor de presentar hace unos seis años y otro que acaban de formular los Honorables colegas que mencioné, iniciativa esta última que respeto encantado.
Y que vuelva a la Comisión la redacción en análisis, porque con el señor Ministro también hemos discutido algunos elementos con el objeto de tenerlos presentes cuando se considere lo otro.
Le pido al señor Presidente del órgano técnico, quien no se encuentra en la Sala en este momento, que el asunto sea despachado pronto, ya que reviste urgencia, a mi juicio, aunque parezca extraño y un oxímoron, dentro del largo plazo educacional.
Y la reforma de la Ley Orgánica Constitucional, que también es necesario efectuar, se tratará en la discusión en la Comisión de Educación.
El Honorable señor Andrés Zaldívar intervendrá en forma breve y luego usará de la palabra el señor Ministro .
Las decisiones que procedan se tomarán antes del homenaje.
Señor Presidente , sólo deseo felicitar por el hecho de que se abra en el Senado la presente discusión. A mi juicio, todos estaremos de acuerdo en que se trata de un tema que es preciso resolver. La educación preescolar o parvularia se requiere para poder lograr equidad en la enseñanza.
He planteado tanto al señor Ministro como en varias partes la necesidad de incorporar esa área a la educación subvencionada, porque creo que la participación del sector privado y la del sector público perfectamente permitirían avanzar con mucha más rapidez en la búsqueda del propósito de una cobertura total para ese segmento educacional. La respuesta que recibí de dicha autoridad es que dentro de los planes en elaboración se contempla la idea de que tal nivel -y aprovechando la discusión del proyecto- sea objeto de la inclusión.
Tiene la palabra, finalmente, el señor Ministro.
Seré breve, señor Presidente , para que se tome una decisión antes de las 18:30. Son las 18:26.
Consignaré, para empezar, que hemos respaldado todas las iniciativas presentadas en cuanto a avance preescolar. Deseo recordar, en mi caso personal, que en 1999, como Senador, voté a favor de la propuesta del Honorable señor Ruiz-Esquide , quien generó en ese momento un gran debate acerca de si se usaba la palabra "promover" -como ocurrió, en definitiva, en el artículo 19, Nº 10º, de la Carta- o se disponía la obligatoriedad.
Más tarde, con el Honorable señor Muñoz Barra y el actual Senador señor Naranjo -entonces en la Cámara de Diputados-, junto con Maximiano Errázuriz y otros Parlamentarios, planteamos, en su momento, los doce años de escolaridad.
Una reforma constitucional que presentamos en el Senado fue asumida luego por el Ejecutivo y se votó y aprobó en 2003. En ese momento expresamos que se trataba de una misión del Estado, aun cuando no se encontrara cubierta ni fuese posible contar con el dinero de inmediato. Pero se "enrumbaba" al Estado hacia el cumplimiento respectivo.
Y con ello, entonces, doy respuesta al Honorable señor Horvath en el sentido de que, como Senador, formulé el planteamiento correspondiente y de que esta Corporación lo votó y aprobó en 2003.
Pero el proceso se encuentra en marcha: hemos materializado becas "Liceo para todos", transporte escolar en el año en curso, subvención pro retención a partir del año pasado, expansión de los internados, extensión de la jornada escolar completa. Y debemos terminar lo antes posible. Hoy se registra una cobertura de 94 por ciento en educación media. De manera que nos encontramos a punto de alcanzar la meta en tres o cuatro años más. Y, con ello, nos hallamos en perfectas condiciones de exponerla para el bicentenario.
Respecto del proyecto en estudio, entiendo, por lo que he escuchado a los Senadores señores Ominami, Naranjo y ahora Ruiz-Esquide, que existe convergencia en el sentido de aprobar una reforma constitucional y que todos ellos han presentado los proyectos respectivos. Es algo que abre el camino.
¿Dónde nos situamos hoy? El Gobierno del Presidente Lagos prometió 120 mil nuevos cupos de educación preescolar. Hemos cumplido, en 2005, con 102 mil, y en marzo de 2006 se enterará el total.
¿Qué significa lo anterior? Que hemos superado el 90 por ciento de cobertura en kinder. Y esperamos dejar, en marzo de 2006, una cifra que exceda el 95 por ciento. O sea, se trata de unos 250 mil niños. Y en prekinder hemos sobrepasado 50 por ciento.
En un plan sobre etapa preescolar que se entregará al país en los próximos quince días incluimos una proyección para 2010, con los recursos necesarios. Pero puedo adelantar acá que ese año son perfectamente alcanzables el kinder y el prekinder con cobertura total, más doce años de escolaridad. O sea, todos los niños de Chile contarían con catorce años de escolaridad, como mínimo.
Ello es posible. Se dispone de los recursos para completar el kinder, que es la propuesta planteada ahora, y el esfuerzo deberá concentrarse en el prekinder y en el nivel de cero a tres años, que es donde se presentan las dificultades más importantes.
Dicho lo anterior, deseo recordar, por último, que otros proyectos que se votaron en el Senado, cuyos reglamentos están resolviéndose, apuntan a cómo se materializa el reconocimiento oficial.
El Senador señor Andrés Zaldívar hacía presente recién lo relativo a avanzar a partir de los recursos disponibles. Deseo puntualizar que se requerirán reformas institucionales para la cobertura de kinder y prekinder con el sistema educacional y del nivel de cero a tres años con la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Integra. Pero debemos expandirnos al sector privado. Es algo que significará una subvención, como en educación básica, pero también un sistema de reconocimiento oficial, de fiscalización, de supervisión, que hoy no existe.
En la actualidad no es obligatorio empadronarse ni inscribirse para operar un jardín infantil. Al respecto, y como información útil para los señores Senadores , debo expresar que hemos pedido a Impuestos Internos el registro de todas aquellas personas que poseen alguna instalación de jardín infantil. Porque de los 3 mil recintos de este tipo, no se encuentran empadronados más de 900, precisamente porque ello no es obligatorio. Entonces, también tendremos que hacer cambios legales para dar ese paso.
En síntesis, se cuenta con los recursos; alcanzaremos una alta cobertura en kinder -sobre 95 por ciento- el próximo año, y la reforma constitucional, que es posible, está en la línea de lo queremos realizar.
Por lo tanto, la opción de enviar la iniciativa en debate a la Comisión de Constitución parece la más razonable, con el propósito de concentrar allí esta tarea. Y la de Educación puede continuar con los detalles específicos de la LOCE que pudieran derivar de eso.
Ha llegado la hora de término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo para volver el proyecto a Comisión?
Si le pareciera a la Sala, se remitiría a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente , ¿por qué enviarlo a ese órgano técnico, que ya tiene para su estudio la moción sobre reforma constitucional a que se hizo referencia?
Efectivamente, esa iniciativa de reforma se encuentra en la Comisión de Constitución. Pero, en lo tocante al texto en análisis, incluso el señor Ministro de Educación ha planteado la necesidad de enviarlo a aquélla. Además, al comienzo de este debate su Presidente expresó que la normativa era inconstitucional y sugirió que se remitiera a la referida Comisión para examinarla.
Pido a la Sala que nos allanemos a buscar una solución. Entiendo que hay un problema de paternidad, de ADN en cuanto a este proyecto. Pero debemos tomar una decisión y percibo que hay mayoría para enviarlo a ese órgano técnico.
¿Habría acuerdo para remitirlo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento?
Corresponde rendir homenaje a don Enrique Ortúzar Escobar, recientemente fallecido.
Este homenaje fue anunciado por quien habla como Comité de Renovación Nacional. Hoy lo concreto en mi calidad de Presidente del Senado.
Señores familiares, hijos - don Enrique, don Álvaro, don Jorge, doña Luz, doña Margarita -, nietos -Enrique, Álvaro , Santiago - y, probablemente, bisnietos; señoras y señores Senadores:
A la edad de 90 años y después de sobrellevar con entereza una larga enfermedad nos ha dejado un hombre de excepción.
Don Enrique Ortúzar Escobar , a quien tuve la oportunidad de conocer muy de cerca, mostró desde sus primeros años las características más notorias de su personalidad, las que a poco andar se desplegarían en sus actividades académicas, políticas y profesionales.
En su brillante paso como estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, recibió el Premio Tocornal -distinción máxima a los alumnos de excelencia- como el mejor egresado de su promoción, desarrollando posteriormente en dicha casa de estudios una destacada carrera académica como profesor de Derecho Civil, la cual hasta ahora se recuerda por la profundidad y conocimiento en esa importante rama del saber jurídico.
Al mismo tiempo, se desempeñó, con profesionalismo y entrega ejemplares, en la Secretaría, primero de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, luego, de la de Relaciones Exteriores de este Honorable Senado, hasta el año 1958.
Don Enrique Ortúzar Escobar fue un distinguido colaborador de esta Alta Corporación. Desde aquí comenzó a gestar su acervo y experiencia en materias constitucionales, que tanto influirían en el estudio, elaboración y promulgación de la Carta Fundamental vigente.
Más tarde, y siguiendo su marcada vocación de hombre de Estado y de servicio público, ejerció con gran abnegación e idoneidad diversos cargos durante el Gobierno de don Jorge Alessandri, a saber: Secretario General de Gobierno , Ministro del Interior , Ministro de Relaciones Exteriores subrogante y Ministro de Justicia . Además, integró el Tribunal Constitucional.
Fue un estadista de primer nivel, un servidor por excelencia que conoció de primera fuente la realidad de las altas responsabilidades de gobierno y de la democracia en el país, en la cual supo detectar, como ninguno, aquellas "disonancias" constitucionales que afectaban nuestro más pleno desenvolvimiento republicano.
Por lo anterior, el aporte insigne que más perdura en la memoria colectiva de la nación es su participación como Presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales que redactó la actual Carta Política, a lo que se suma su trascendente y decisiva intervención en el Consejo de Estado, que tuvo a su cargo la revisión de dicho texto.
Ésa indudablemente fue una labor titánica. Basta recordar que la Comisión presidida por don Enrique Ortúzar celebró 417 sesiones y el Consejo de Estado otras 57 antes de entregar el proyecto definitivo, lo cual representa el esfuerzo constituyente más extenso y profundo que se conoce en Chile.
Nunca en nuestra historia un Texto Fundamental ha requerido más tiempo, trabajo y capacidad profesional que la Constitución de 1980.
Entre los aportes de don Enrique Ortúzar a la redacción de la Carta vigente destacan sus ideas expuestas durante la primera sesión de la Comisión, celebrada el 24 de septiembre de 1973, las que, según señaló, ayudarían a consolidar nuestro sistema de gobierno democrático sobre la base de las libertades políticas y económicas. Entre otras, puedo mencionar las siguientes:
-La inclusión del sistema de segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
-La necesidad de afianzar el régimen de propiedad, señalando que constituye el fundamento de todas las libertades públicas, al tiempo que subrayaba la función social que le correspondía.
-Su visión de que la nueva Constitución debía estimular y asegurar la iniciativa creadora de los particulares como el gran motor que impulsa el desarrollo económico.
-La independencia del Poder Judicial , otorgándole en toda su extensión el imperio con que debe hacer cumplir sus resoluciones.
-El reforzamiento de las facultades y del rol de la Contraloría General de la República, y
-El establecimiento de una efectiva y eficaz descentralización administrativa.
Ésas fueron algunas de las directrices planteadas por don Enrique Ortúzar en los inicios del trabajo de la Comisión de Estudios Constitucionales.
En lo esencial, la nueva Carta consagró un régimen político presidencialista; la participación del Estado en la economía mediante un rol subsidiario; una protección de las garantías individuales inédita en la historia de nuestro país al encontrarse amparadas por recursos especiales de rango constitucional.
Todos esos aspectos conforman hoy en día principios que han pasado a ser parte de nuestra cultura democrática.
Por lo anterior, podemos decir con justicia que el trabajo de la Comisión presidida por don Enrique Ortúzar entregó al país un marco institucional de excelencia, donde se aprecia la continuidad de las organizaciones republicanas más características de nuestra vida independiente, al tiempo que se recoge la experiencia institucional de Chile para delimitar órganos y preceptos constitucionales acordes con la realidad política nacional, los cuales después han sido perfeccionados.
Pese a que en un primer momento el Texto Fundamental generado por la Comisión Ortúzar tuvo el rechazo de importantes sectores políticos de la época, fundado más bien en consideraciones político-partidistas que en un riguroso análisis de sus disposiciones, con el tiempo el supremo esfuerzo de dicho organismo comenzó a imponerse, como una institucionalidad capaz y efectiva, en la canalización del sistema político que empezaba a reformularse después del quiebre institucional de 1973.
Fue la propia calidad técnica de los preceptos de la nueva Constitución lo que permitió reflejar una institucionalidad moderna y eficiente en la gestión de la cosa pública, la cual, en definitiva, terminó dando sus frutos en la práctica y, por tanto, generando un consenso indiscutido de su vigencia; consenso que se ha consolidado definitivamente con las últimas reformas constitucionales aprobadas por esta Corporación. Éstas nos permiten afirmar que hoy día no existen temas constitucionales relevantes por debatir, por lo que la actual Carta Fundamental constituye la expresión más clara de los acuerdos básicos establecidos en nuestra sociedad sobre la conducción del país.
Por último, consideramos justo recordar también a las instituciones contempladas en la Carta de 1980 que permitieron y facilitaron nuestra ejemplar transición a la democracia, y que en parte importante son obra de una visión de Estado y de un realismo político pocas veces visto en nuestra historia.
Entre dichas instituciones, no puedo dejar de mencionar la autonomía e independencia del Banco Central y la existencia de Senadores institucionales, quienes, sin importar tendencia política o ideológica, han prestado un servicio de alto valor a la transición política del país, lo cual hoy reconocemos desde esta tribuna.
Es por todo lo ya expuesto que, como Senado de la República, hemos considerado justo rendir este homenaje a quien fuera un destacado miembro de esta Corporación y se convertiría en uno de los forjadores de nuestra actual institucionalidad democrática.
Hacemos llegar a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia hoy presente, nuestros sentimientos de pesar ante su partida.
Señor Presidente , la vida pública chilena tuvo en Enrique Ortúzar Escobar una figura sobresaliente. Su larga trayectoria confirmó ampliamente lo augurado ya en 1939 por el Premio Tocornal, mediante el cual se lo reconoció como el mejor alumno de su promoción, y por la distinción igualmente máxima que se asignó a su tesis de grado.
En ésta, eligió un tema complejo respecto de la inobservancia de la ley en relación con los actos jurídicos: la forma o naturaleza de la ley es norma determinante de la sanción a su inobservancia.
Para llevar a cabo con éxito ese análisis, que aún hoy constituye una referencia en la materia, se requería honda versación, junto con sutileza y originalidad del pensamiento propio, precisamente las cualidades que caracterizaron por más de medio siglo el aporte de Enrique Ortúzar al acervo jurídico nacional en muy diversas áreas. Desde luego, en su destacado ejercicio profesional como abogado y en la docencia universitaria. Y aún más en múltiples instancias de gestación del derecho chileno.
Así, desde su juventud se desempeñó con brillo durante casi dos décadas en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la cual llegó a encabezar. Sus conocimientos y su personalidad dieron un especial valor a su contribución, asesoría y consejo en la labor legislativa.
Dejó esa tarea para incorporarse a los gabinetes del Presidente Jorge Alessandri , de quien fue Ministro del Interior , Secretario General de Gobierno , Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia .
En esta última Cartera, entre muchas otras iniciativas, impulsó un proyecto de reforma constitucional que, si bien no pudo cristalizarse entonces, contenía numerosos elementos que más tarde serían recogidos en la Carta de 1980.
Su aporte a la elaboración de ésta fue determinante. Presidió con energía, brillo y autoridad intelectual la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, que entre 1973 y 1978 redactó el anteproyecto que luego serviría de base a la Carta Fundamental que hoy nos rige, y que llegó a conocerse como "Comisión Ortúzar". Sus actas, por la riqueza y sustancia jurídica de los debates en ella sostenidos, son hoy una fuente de primera importancia para la interpretación del derecho chileno.
Consciente de la relevancia jurídica de esos documentos y de la labor de Enrique Ortúzar, el Gobierno dispuso la publicación íntegra, para difusión nacional, de los debates, que tanta trascendencia han tenido.
Hoy, académicos, jueces, legisladores y hombres de derecho acuden constantemente a esas actas para ilustrarse con los planteamientos de un grupo de juristas connotados, cuyo pensamiento es, a muchos respectos, iluminador para todo el marco legal chileno.
Fue también miembro del Consejo de Estado, instancia en la que prosiguió su trabajo de elaboración y complementación de la nueva normativa fundamental del país. En dicho Consejo, como antes en la Comisión que presidió, fue sin duda una figura decisiva en el proceso de elaboración constitucional, como lo he consignado expresamente en ocasiones anteriores.
Al entrar en vigencia la nueva Carta Fundamental, en 1981, Enrique Ortúzar fue uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, donde se desempeñó, con el talento que se le reconocía, durante ocho años. Inspirador o redactor de numerosas sentencias de vasto alcance institucional, tuvo la satisfacción de contemplar cómo echaba raíces y se asentaba con éxito el nuevo ordenamiento constitucional al que tanto había contribuido.
Prominente en la abogacía y en la cátedra, en la asesoría legislativa y en la creación constitucional, en el Ejecutivo y en la justicia constitucional, sus muchos merecimientos ocupan hoy un muy alto lugar en nuestra historia republicana.
Tanto para la Unión Demócrata Independiente como para quien habla, que tuvo el privilegio de trabajar con Enrique Ortúzar en la tarea de dotar a Chile de un nuevo marco institucional, es muy grato dar hoy testimonio de nuestra admiración.
Quiero hacer llegar a su distinguida familia estas palabras de sincero homenaje a la notable figura patria que fue don Enrique Ortúzar Escobar .
Señor Presidente , señoras y señores Senadores , distinguida familia Ortúzar:
En representación del Comité Institucional 1, tengo el alto honor de intervenir para sumarme al merecido homenaje que se rinde al gran jurista y servidor público que fuera don Enrique Ortúzar Escobar , cuyo lamentable deceso se produjo el 26 de febrero del año en curso.
Al hablar de don Enrique Ortúzar Escobar , debemos considerar que en él confluyen dos aspectos relevantes y que, sin duda, lo hacen distinguirse merecidamente como un chileno de excepción: el del abogado con sólidos conocimientos jurídicos, los cuales se vieron reflejados no sólo en su actividad privada, sino también en las obras constitucionales y legales en las que le tocó participar, y el del servidor público, como Ministro de Estado en la Administración de don Jorge Alessandri Rodríguez y como Consejero de Estado y miembro del Tribunal Constitucional durante el Gobierno militar.
Don Enrique Ortúzar Escobar nació en Santiago el 7 de noviembre de 1914. Ingresó a estudiar Derecho, jurando como abogado en 1939 y recibiendo el "Premio Tocornal", como el mejor alumno de su promoción. Ya en 1940 se desempeñaba como profesor extraordinario de la Universidad Católica de Chile, volcando en sus alumnos los profundos conocimientos legales de que era depositario y que lo distinguirían durante toda su vida, haciéndolo merecedor de diversos reconocimientos, como la "Orden de Bocayá de Colombia".
Sin embargo, no sólo en la docencia y en el ejercicio privado de la profesión fue donde se distinguió este insigne abogado. Es así como en 1958, durante el Gobierno del Presidente don Jorge Alessandri , es nombrado Secretario General de Gobierno , cargo que deja para ocupar, en esa misma Administración, el Ministerio del Interior, primero, y luego, en 1959, 1960 y 1964, las Carteras de Relaciones Exteriores y de Justicia, respectivamente.
Durante ese mismo período y bajo el impulso del Presidente Alessandri , patrocinó una reforma a la Constitución de 1925, cuyo objetivo era incorporar al Senado a los ex Presidentes de la República , del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, como también a representantes empresariales y de los trabajadores. Esta reforma no prosperó, pero sin duda demuestra la visión política y jurídica de don Enrique, ya que sus ideas constituyeron un antecedente que sirvió de base para determinar la forma de integración de la Cámara Alta en la Carta de 1980.
Al dejar el Gobierno como Ministro de Estado, dirigió el Movimiento Alessandrista Independiente, con el objetivo de repostular a don Jorge Alessandri para las elecciones presidenciales de 1970.
Pero, indudablemente, uno de los hitos más importantes en su ya dilatada carrera profesional y de servicio público lo constituye su participación como Presidente de la Comisión redactora del nuevo Texto Fundamental, que ya desde septiembre de 1973 fue quizás una de las principales preocupaciones del Gobierno militar.
De tal manera, este destacado hombre de Derecho pudo aportar ideas decisivas para la redacción de una nueva Carta Fundamental, al ser designado por dicha Administración como Presidente de la inicialmente llamada "Comisión Constituyente", que en 1976 pasó a denominarse "Comisión para el Estudio de una Nueva Constitución", ampliándose su integración de ocho a once miembros.
Su participación en ella y su agudeza jurídica fueron decisivas para que en el conjunto de las normas de la nueva Carta se evidenciaran condiciones tales que permitieran un adecuado equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y la capacidad del cuerpo social para resistir los embates de ideas que pudieran afectar el tranquilo tránsito de la vida democrática de la nación. Con ello se pretendía evitar las crisis que antaño periódicamente habían sacudido a la vida nacional, perjudicando la estabilidad que es indispensable para el adecuado desarrollo y progreso del país.
Su abnegado esfuerzo abarcó el análisis de cada aspecto que debía contemplar una Constitución moderna y la redacción de disposiciones armónicas entre sí.
Junto con lo anterior, la Comisión presidida por don Enrique Ortúzar se abocó al estudio y proposición de las Actas Constitucionales que, a modo de adelanto, fueron prefigurando importantes materias de índole constitucional que pavimentaron el camino que permitió superar la grave crisis culminada en 1973.
La antedicha Comisión funcionó entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978, lo cual evidencia la profundidad del estudio de las diversas materias que abarcó.
Sin duda, siempre será difícil describir en el escaso tiempo de que disponemos las sobresalientes características y cualidades de un hombre como don Enrique Ortúzar : insigne jurista, abogado, abnegado servidor público y chileno ejemplar. A su trayectoria antes reseñada se suman sus virtudes como ser humano, dentro de las cuales su caballerosidad y trato amable fueron respetados por sus pares y por quienes alternaron con él, tanto en los estrados -donde fue considerado un formidable adversario- como en la docencia y en la Administración Pública.
Su familia atesora en sus corazones el recuerdo de un esposo y padre ejemplar, y nos sumamos al dolor de su lamentable partida.
Nuestro país debe sentirse orgulloso por haber tenido entre sus hijos a don Enrique, quien, en complejos y difíciles momentos de nuestra historia reciente y cuando la nación así lo exigió, supo hacer entrega de sus conocimientos y dotes de eximio jurista y constitucionalista, de manera desinteresada y modesta, y ponerlos a disposición de la patria para hacerla más libre, más estable y más justa.
Señor Presidente , Honorables colegas y estimada familia de Enrique Ortúzar que nos acompaña:
Los Senadores democratacristianos también queremos sumarnos al justo homenaje que hoy día se rinde a nuestro querido y recordado abogado, colega, Enrique Ortúzar .
En primer lugar, creo que hay que destacar su participación en el propio Senado, como miembro destacado de la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde se le recuerda como una persona que siempre aportó su conocimiento jurídico a la formación de la ley. Tampoco podemos dejar de reconocer su meritoria participación en la cátedra universitaria, donde indiscutiblemente dejó huellas en un sinnúmero de generaciones de estudiantes que pasaron por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fue un hombre que se distinguió en el foro, en los tribunales y en las cortes, como un abogado -ya se señaló anteriormente- de fuste y de capacidad para convencer.
Tal cual se recordó, fue un hombre público que se entregó al servicio de la gente durante el Gobierno de don Jorge Alessandri, como Ministro Secretario General de Gobierno , del Interior, de Relaciones Exteriores y de Justicia. Fue una persona múltiple por sus conocimientos jurídicos. En tiempos del Régimen militar, llevó a cabo la tarea que éste le encomendó en la Comisión Constituyente.
Discrepamos de muchas de sus posiciones jurídicas, fuimos adversarios; pero, indiscutiblemente, debemos reconocer que era un hombre que mantenía sus convicciones y las defendía con mucho valor e inteligencia. Era brillante, no obstante lo cual, en numerosas ocasiones, no nos llegó a convencer.
Su vocación pública y de servicio lo ha hecho trascender más allá de las diferencias que podamos haber tenido. Y en una democracia es justo y necesario que quien haya sembrado en bien de su patria siempre sea recordado, cualesquiera que hayan sido sus posiciones.
Por eso, pienso que fue justa la iniciativa del señor Presidente de convocarnos hoy día para rendir un homenaje a Enrique Ortúzar Escobar.
Asimismo, quienes conocemos a su familia sabemos que, además de su destacada labor pública, fue un hombre que, proviniendo de una familia de distinguidos profesionales, formó la suya propia, también ejemplar. Hoy nos acompañan muchos de sus integrantes, que igualmente han sobresalido en el ejercicio de la profesión de abogado. Deben estar orgullosos de su progenitor.
Por eso, la Democracia Cristiana ha querido sumarse a este homenaje y expresar a la familia de Enrique Ortúzar su pésame y solidaridad por su partida.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
Hago presente que Su Señoría y quien habla fuimos quienes patrocinamos la iniciativa de este reconocimiento.
Señor Presidente , con profundo cariño y emoción, concurro a rendir homenaje a quien fuera un extraordinario hombre público: don Enrique Ortúzar Escobar .
A don Enrique le tocó vivir en plenitud el dramático, apasionante y difícil siglo XX chileno, pero hizo todo lo posible -y qué importante es decirlo aquí- por que el siglo XXI fuera mejor.
Nacido en 1914, este abogado brillante, acucioso, profundo, pero también simpático, amable, deportista, por completo ajeno a las ambiciones del poder, pudo ser un simple testigo de las vacilaciones y conflictos propios de una época donde la libertad, los derechos de las personas y los valores se debilitaban y ahogaban bajo las variadas doctrinas totalitarias y estatistas. Como hombre de Derecho y profundamente humanista, don Enrique Ortúzar optó, en cambio, por el áspero camino de tomar posición sobre las ambigüedades y, desde el servicio público, promover nuevas instituciones que colocaran al Estado bajo la primacía del ser humano, a la libertad como eje de las personas, y al bien común como fin de la sociedad, en el entendido de que justamente ahí se encuentran las claves para perfilar una mejor convivencia entre los chilenos.
Como Ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de Jorge Alessandri , pero, sobre todo, como impulsor de la Constitución de 1980, presidiendo la justamente llamada "Comisión Ortúzar", don Enrique simbolizó, con especial acierto, el verdadero sentido del amor permanente por el país, con la finalidad de que en el mundo del Derecho y del futuro no tuviéramos las mismas inseguridades, carencias y dramas que a él y a millones de chilenos les correspondió enfrentar.
Digo esto con convicción, porque durante el estudio de la Carta Fundamental vigente, lo escuché con frecuencia cuando, con pasión y conocimiento, explicaba cómo construir una nación más estable para los chilenos.
Aprendí de él que al país se lo quiere más allá de las edades y circunstancias: se lo quiere siempre. ¡Cómo olvidar cuando con pasión me convenció de los efectos que la reforma que él impulsaba tendría en cien años más en Chile! ¡Cómo olvidar cuando, no hace mucho tiempo, estando ya enfermo, me llamaba aquí, al Congreso, para explicarme las bondades de alguna institución que se pretendía cambiar, insistiendo en que el mantenerla le haría bien a los hijos de nuestros hijos!
"Tres ideas básicas", me dijo varias veces.
Primero, entender de la historia y de la naturaleza de las cosas y, por tanto, asumir al máximo que los derechos esenciales y superiores del hombre sobre el Estado tienen como fundamento los atributos de la persona humana y no nacen de un simple reconocimiento pasajero que les brinda el Estado, por lo cual su sólida garantía resulta el mejor aval para una sana convivencia.
Segundo, establecer un nuevo recurso, el de protección -que aquí ha sido mil veces más valorado-, como herramienta eficaz para que los ciudadanos puedan protegerse rápidamente cada vez que una autoridad sobrepase sus facultades y afecte arbitrariamente sus derechos fundamentales.
Tercero, consagrar en el plano económico-social el principio de subsidiariedad y, de este modo, desandar décadas de estatismo, entregando a la persona el protagonismo del desarrollo, al confiar en sus capacidades, creatividad y emprendimiento, y al Estado, las tareas esenciales donde otro no pudiere llegar.
Un Estado al servicio de las personas, un mecanismo para hacer efectiva la defensa de las garantías fundamentales y el principio de subsidiariedad se fueron perfilando así hasta pasar a constituirse, a no dudarlo, en elementos revolucionarios de la historia constitucional chilena, logros que en su conjunto encontraron en don Enrique a un pilar fundamental.
Estoy consciente de que otras instituciones de la Constitución pueden legítimamente discutirse, pero, con esa misma convicción, me parece justo reconocer que si hay hoy en día en Chile consensos básicos y claros entre las fuerzas políticas acerca de las tareas del Estado y de las personas, con sus derechos y recursos, y que tanta división, discusión y dolor generaron entre los chilenos, aquéllos no fueron obra del azar o de la evolución de otras naciones, sino que germinaron gracias a esfuerzos como el realizado por Enrique Ortúzar y muchos otros que buscaban nuevos horizontes para nuestros compatriotas.
Ya no está Enrique Ortúzar entre nosotros; pero, honestamente, creo que sus ideas viven a diario en este Parlamento y, sobre todo, pienso que nos ayudó a lograr un país que debiera ser mejor para cada chileno en el siglo XXI.
Por eso, a su familia, aquí presente, le enviamos nuestros sinceros saludos y, en especial, le decimos que como chilenos deben sentirse orgullosos de tener a Enrique Ortúzar entre sus raíces.
Terminado el homenaje.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Prokurica presida la sesión mientras voy a saludar a la familia de don Enrique Ortúzar.
--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Prokurica en calidad de Presidente accidental .
El señor PROKURICA (Presidente accidental).-
Al señor Ministro de Justicia , haciéndole ver la NECESIDAD DE CREACIÓN DE NOTARÍA EN PICHIDEGUA (Sexta Región).
A los señores Subsecretario del Interior y Director del Servicio de Salud Araucanía Norte , dándoles a conocer la solicitud de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN COMUNA DE CURACAUTÍN A TRAVÉS DE FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (Novena Región).
A los señores Ministros del Interior y de Economía , Subsecretario de Pesca e Intendente de la Región de Aisén , haciéndoles presente la INCONVENIENCIA DE DECLARAR ZONAS CONTIGUAS DE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES.
A los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Secretario Regional Ministerial de Transportes de la Región de Aisén , solicitándoles antecedentes sobre ADJUDICACIÓN DE PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA EN COIHAIQUE (Undécima Región).
A la señora Directora de CONAMA , haciendo referencia a IMPACTO EN PASCUA LAMA POR CAMBIO DE GLACIALES.
Al señor Intendente de la Región del Maule , requiriéndole información en cuanto a PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE TOLDOS PARA FERIA LIBRE DE COMUNA DE CAUQUENES" (Séptima Región) (reiteración de oficio).
Del señor RUIZ (don José):
Al señor Presidente de la República dándole a conocer lo concerniente a PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD A TRAVÉS DE SUBSIDIO PARA SALAS CUNAS.
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
A la señora Jefa de la Oficina de Exonerados Políticos, relativo a REVISIÓN DE ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EVENTUALES BENEFICIOS A TRABAJADORES EXONERADOS DE EMPRESAS ACEROS ANDES.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Socialista, Institucionales 2, Institucionales 1, Mixto y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador interviene.
El señor PROKURICA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
Señor Presidente , seguramente nuestro estadista Diego Portales no conoció en plenitud las diversas institucionalidades que se estaban estructurando en los diversos Estados latinoamericanos al alcanzar éstos su soberanía en las primeras décadas del siglo XIX. En América Latina crecía un conjunto de Estados federales -o remedos de federalización-, que con el correr de los primeros años adquirirían una rara mezcla de Estado federal y administración centralizada.
Diego Portales logra que Chile asuma la condición de Estado unitario, articulando un sólido Poder Ejecutivo centralizado y disponiendo una estrecha dependencia de todo el territorio a este único gobierno. En estricta verdad, tal hecho no fue en extremo difícil, pues la sociedad criolla, impregnada del germen monárquico que se extiende hasta nuestros días, siempre había reconocido una sola autoridad en las cosas del César y una sola en las de Dios.
América Latina en general y Chile en particular recibieron una poderosa influencia militar y religiosa en todo el proceso de conquista, primero, y en el fundacional, después. Este hecho acentuaría en los chilenos una mentalidad centralizada que se manifiesta hasta nuestros días.
En efecto, otros componentes como la familia, por ejemplo, estarían ausentes de hechos relevantes que marcaron la historia nacional, al revés de otros países que alcanzaron un mayor desarrollo armónico que el nuestro. Un referente interesante en esta materia, sin duda, es el de Estados Unidos. En cuanto a su conquista territorial, si bien no estuvo ausente el componente militar, fue el núcleo social familiar el que verdaderamente estructuró la instalación de un conjunto de asentamientos humanos, la mayoría ajenos a un Poder Central , organizando cientos de pequeños centros urbanos dotados de lo esencial. California es la excepción en un breve período de su historia con el descubrimiento de yacimientos de oro. Pero el resto de las comunidades nacidas del esfuerzo familiar llegaban a aquellos lugares para quedarse y no enriquecerse y volver con sus fortunas a las tierras originarias, como ocurrió, en lo esencial, en prácticamente toda América Latina.
Eso era evidente si el servicio estaba destinado a un rey que vivía, con todas sus potestades, en España, y a una autoridad espiritual universal radicada en Roma. Por cierto, las tierras latinoamericanas nunca dejarían de ser parte de ellos: simples y ricas colonias. Pero sólo eso, un enorme territorio para explotar.
Es meritorio reconocer que España y Portugal, a lo menos, intentan una estructura de Gobierno, al revés del resto de las naciones europeas que en otros territorios de colonias -África, concretamente- se encargan de destruirlos hasta sus cimientos, llegando dichas sociedades hasta nuestros días envueltas en caos permanente, hambrunas y desolación.
Estos breves pasajes que recordamos sirven para comprender el inicio de lo que en Chile configuraría un carácter sociológico de tal profundidad que, entre otros aspectos relevantes, nos transformaría en una república extremadamente presidencialista, alcanzando tales niveles que desde nuestra particular visión -un tanto irónica, por cierto- la bautizaríamos como la primera y única "democracia monárquica" de occidente, y sin viso alguno de cambio. Claro, respecto de cuanta reforma constitucional se discute, siempre se tiene a buen resguardo mantener tal estatuto ejecutivo.
Tenemos, entonces, al gobernante o a sus representantes más directos -los ministros- recorriendo el país envueltos en un boato impresionante, rodeados de motos policiales, calles completas con el tránsito suspendido para que aquéllos pasen libremente y, en algunos casos, se exige embanderamiento general de la ciudad. Eso ocurre con el gobernante o con algunos de sus ministros. Éstos últimos, autoridades designadas que adquieren, lejos, más poder que las elegidas, por el solo hecho de provenir del monarca.
Tal estado social se acrecentó hasta la década de los setenta, en el siglo pasado, con la designación de intendentes provinciales, gobernadores de departamentos y subdelegados comunales. Todos representantes de la autoridad central.
El Régimen militar, a poco andar, creaba una nueva forma de estructura geográfica política, estableciendo las Regiones -13 en total-, con un intendente como autoridad superior;y provincias -51-, bajo la conducción de un gobernador. Desaparecían los subdelegados. En realidad, el número de autoridades nombradas por la autoridad nacional disminuía. Sin embargo, durante su permanencia, la totalidad de los alcaldes fueron de designación centralizada. Al respeto, es interesante observar, y en esto existe un reconocimiento muy generalizado, que tales autoridades municipales -los alcaldes- llevaron a cabo tareas, salvo excepciones -siempre las hay- muy encomiables, desarrollando activamente sus comunidades y cumpliendo funciones singulares de envergadura, como las que dieron origen a planes laborales especiales en las sucesivas crisis económicas que a ese Gobierno le correspondió enfrentar.
Los alcaldes, reitero, fueron autoridades designadas, muy controladas por la autoridad provincial y regional, con remuneraciones modestas y vehículos de trabajo de la misma característica, muy distintos a esa suerte de "Feria del Automóvil de Chicago" que hoy se observa en los estacionamientos en eventos a que los ediles actuales arriban en modelos de última generación.
Me impresiona observar, de pronto, modestas comunas que han adquirido automóviles, a todas luces muy lujosos, para las necesidades comunales. Algunos sostienen que es parte de la democracia. Son los mismos que se ven obligados a guardar silencio cuando aquéllos son volcados o chocados durante la noche, a veces por desconocidos, o cuando la autoridad correspondiente regresa a su hogar con algunos grados de alcohol.
El centralismo agobiante dio paso al trabajo tesonero de algunos grupos de personas que estuvieron dispuestas a iniciar una larga jornada de concientización pública, primero, y luego, participar en la redacción de nuevos cuerpos legales que dieron origen a una descentralización más acelerada.
Nunca imaginaron que los pasos iniciales se darían varios años después -más de una década-, desde que se comenzara el largo camino descentralizador. Destaco en el campo de la sociedad civil a CORChile, con su Presidente , Claudio Lapostol , y a toda su directiva. Resalto muy especialmente a la Universidad de Concepción, entidad que desde el primer día puso a disposición de los regionalistas chilenos todo su haber académico, su estructura, sus investigaciones. Tal hecho fue reconocido por el Gobierno de Chile al firmarse en su Campus de Concepción la promulgación de la ley que creaba, con las autonomías correspondientes, el gobierno regional.
Agradecemos al ex Presidente Patricio Aylwin ese gesto de reconocimiento a una región y a una universidad.
Sin embargo, la centralización continuaba.
Quienes trabajamos activamente en este proceso legislativo, por una parte, y también en variadas acciones proselitistas con ese mismo fin, por otra, no habíamos enfrentado con la fuerza que se requería este elemento sociológico, genético del chileno, cuya visión siempre estuvo dirigido al centro político, económico y cultural de Chile: Santiago .
Habíamos creado un cuerpo legal adecuado para iniciar la regionalización del país, dotando de facultades necesarias a los gobiernos regionales y comunales, algunas de ellas privativas de tales organismos. Sin embargo, no se avanzaba.
Un análisis realizado años después del inicio de tal proceso nos permitió concluir que, al margen de este sentimiento monárquico, estaba también presente el sistema político imperante, el que, en una buena parte, se expresaba en los partidos políticos. Estos organismos, acogiendo normas legales existentes, concentraban de tal forma el poder electoral, y de ese modo la constitución de esas instituciones, que terminaron, en sus respectivas sedes partidarias -todas ubicadas en Santiago-, estructurando los nombres que dirigirían los destinos de los consejos regionales y, aun peor, de los concejos comunales. Poco o nada podrían hacer las comunidades locales para ser ellas las que eligieran -y no otras- a quienes dirigiesen el destino de sus vidas. Esto se mantiene hasta hoy.
Sin embargo -éste es el motivo de mi intervención-, con el correr de los siguientes pocos años, se produciría un hecho admirable, conocido por medio del censo poblacional de 2002.
En efecto, dicho censo da cuenta del nacimiento de un poderoso eje central, situado prácticamente en todas las antiguas capitales provinciales a través de lo largo del norte y sur del país. Éstas manifiestan un crecimiento poblacional muy consolidado. Se observa con mucha nitidez el surgimiento de nuevos destinos migratorios internos -antes todos se dirigían a Santiago-, y a su vez, un problema aún sin solución, una decadencia abismante de las comunas pequeñas, especialmente las agrarias y mineras.
En verdad, está naciendo una nueva geografía política de Chile, en donde los asentamientos humanos se han transformado en los nuevos conductores de un proceso de readecuación institucional que lleva, indudablemente, al fortalecimiento de centros urbanos muy definidos y, al mismo tiempo, a la desaparición de otros por la falta de capacidad que sustentan en sus visiones de futuro.
Ese hecho surge, desde nuestra perspectiva, fundamentalmente por la instalación de servicios, ausentes hasta ahora en sus respectivas comunidades, pero que dan cuenta de diversas inquietudes existentes en las familias chilenas. La educación superior, la actividad comercial y centros de salud y de otro tipo reemplazan a la autoridad elegida para constituirse en un freno de la sobrepoblación en la Capital. Tanto es así que la emigración de pequeñas localidades, antes sólo proyectada a Santiago, termina teniendo como referente a su capital provincial. A ella comienzan a llegar universidades; ofertas profesionales y comerciales múltiples, del mismo nivel que las que se pueden encontrar en Santiago; nuevos establecimientos de salud privados, modernos y eficientes, además de hospitales públicos renovados, con una extensión de las especialidades médicas que cubren prácticamente todos los requerimientos del sector. ¿Para qué, entonces, viajar a Santiago?
El eje central, constituido en el norte por Arica, Iquique , Antofagasta, Copiapó y La Serena, y en el sur por Rancagua , Curicó , Talca, Linares , Chillán , Los Ángeles , Temuco, Osorno y Puerto Montt, da cuenta de lo que estamos señalando. Todas esas ciudades han alcanzado un importante crecimiento poblacional, algunas, incluso, superior a la Región Metropolitana. En verdad, este eje central llega en nuestros días para quedarse definitivamente en la opción de vida de millones de chilenos. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ha comenzado la descentralización de Chile.
En este nuevo panorama urbano-demográfico, surgen sí enormes dudas. Por un lado, las capitales provinciales que no lograron situarse en esta perspectiva, y por otro, la desaparición evidente de unas 40 comunas en los próximos cercanos años.
Veamos las primeras afectadas: las capitales provinciales marginadas del citado eje central. Éstas son variadas. Algunas corresponden a las que efectivamente no tuvieron las fortalezas económicas ni el desarrollo alcanzado por las ya mencionadas. Un buen ejemplo de ellas son Lebu, capital de Arauco, y Cauquenes , capital de Maule. A lo anterior se suma el hecho de que éstas quedaron al margen de las vías centrales de comunicación. En efecto, en todo este proceso, las comunicaciones han tenido un papel preponderante. Las nuevas rutas viales; la esperanza del ferrocarril (especialmente hacia el sur), concretada en algunas de ellas; las nuevas industrias -turismo, por ejemplo- instaladas con mucha fuerza en sus territorios, y determinadas actividades exitosas, no estuvieron presentes en su desarrollo y crecimiento.
El censo da cuenta de años venideros poco auspiciosos para dichas capitales provinciales si la comunidad local no analiza con inteligencia los pasos adecuados a seguir.
Otras capitales provinciales, algunas nacidas de la nueva organización geográfica-política de los años setenta, no fueron capaces de asumir el compromiso de tal atributo, es decir, de ser conductoras de un territorio determinado, con sus comunas interactuando y con objetivos definidos. Los servicios trascendentes ya enunciados, no llegaron a sus comunidades con la fuerza que se requería, y de esta forma sus habitantes continuaron su tránsito hacia la Capital.
En verdad, el censo llama la atención a estas capitales provinciales. Les advierte la necesidad de modificar su accionar hacia el futuro. Les dice a través de los gráficos que su vida no será atractiva para los jóvenes que vienen tras las generaciones actuales, y que pueden caer en una suerte de proceso de inanición institucional de tal envergadura que es posible que lleguen a tener un futuro tan oscuro como aquellas comunas en que definitivamente no se observa un desarrollo efectivo. Para conocer estas últimas, basta con averiguar qué porcentaje del presupuesto está destinado al pago del concejo. Y comprobaremos con preocupación que algunas ya superan el 5 por ciento, es decir, siete personas recogen ese porcentaje o uno mayor, sin que exista ninguna razón para ello.
Es evidente que el nuevo mapa que nos muestran los asentamientos humanos en Chile obliga a una profunda meditación. En efecto, el desarrollo nacional alcanza en algunas áreas tales niveles que el proceso se hace cada vez más irreversible. Muchos concejos comunales siguen aún "haciendo gestiones para la instalación de alguna industria". Y en su máxima ingenuidad piden a los Senadores y Diputados que se preocupen de "traer luego alguna industria a la comuna".
Algunos Parlamentarios, en su lógica demagógica, se comprometen activamente en ello, sembrando esperanzas en una población aún ignorante del verdadero rumbo que ha tomado el país. Los cuerpos de concejales y alcaldes -no todos por cierto, pero sí la gran mayoría, y lo digo teniendo en cuenta los muchos que me echaré encima- carecen de la capacidad para entender esta nueva realidad. Sienten verdadero pavor en transformarse, por ejemplo, en "comuna dormitorio"; tienen a su vez enormes déficit en la educación, y en algunas comunas como Tirúa, con once mil habitantes, sólo un estudiante -¡sólo uno!- del liceo de dicha localidad logró ingresar a la universidad el año 2004. Pero el alcalde sigue muy tranquilo, no comprende que está -seguramente sin quererlo- dando vuelta la espalda a los sueños futuros de los niños de su comuna.
Hay ciertas comunas de interés, que por sus características históricas adquieren otra dimensión a las ya mencionadas. Nos referimos a las que sin estar en el referido eje central tienen su propia vida institucional. Entre éstas destacan Valparaíso , Viña del Mar y Valdivia . Hoy, las tres son referentes muy importantes del significativo crecimiento que han experimentado estos años, y se prevé que exhibirán igual vigor en el futuro. En ellas la educación se halla radicada con mucha fortaleza, especialmente la profesional.
Sin duda, ello constituye el soporte permanente de su desarrollo, incluso mayor que las actividades históricas que tienen o han tenido, como la portuaria o turística. Esas tres comunas mantendrán con algunas dificultades un progreso más sostenido en la medida en que este fenómeno persista en el tiempo.
Otra área, como la intercomuna de Concepción, exhibe las mayores autonomías nacionales en su desarrollo y crecimiento. Talcahuano, la propia ciudad de Concepción y sus comunas aledañas, y Coronel alcanzarán niveles estables en el futuro.
Por último, quiero dar a conocer algunas conclusiones.
Es admirable observar que ha sido la estructura espontánea que se han dado hombres y mujeres inteligentes de Chile, administradores de capitales importantes o directivos de actividades trascendentes lo que en definitiva ha creado las condiciones para ir deteniendo el crecimiento de Santiago. Asimismo, es preciso reconocer que no fue el aparato del Estado o su Administración, el que avanzó sustantivamente en este hecho; menos, la acción política radicada en los partidos de Izquierda, Centro o Derecha, que jamás han demostrado algún interés en estas materias. Y tampoco los institutos de estudios, representativos de todo el ámbito doctrinario. Insisto, sólo en los servicios de Salud se evidenció alguna importancia estatal, en el resto nada.
Ahora queda pendiente el destino de las comunas que desaparecerán. Estimo que son unas cuarenta a lo largo de todo Chile. Por de pronto, espero que los reajustes de dietas de concejales que se anuncian no sobrepasen el uno por ciento de los respectivos presupuestos, lo cual ya es mucho. Abrigo la esperanza también de que el Senado esté consciente de esta situación y promueva jornadas de reflexión acerca de la nueva realidad que he descrito, y de que los organismos de estudio, públicos y privados, inicien -o iniciemos- los análisis correspondientes sobre el destino administrativo de estos territorios, que en poco tiempo más no soportarán estructuras administrativas que sólo sirvan para cancelar sueldos y dietas sin lograr desarrollo alguno.
Igualmente -y con esto termino- esperamos, como una medida de urgencia, que se permita transformar los procesos electorales comunales, a fin de que las comunidades no sigan lavándose las manos al igual que Poncio Pilatos, al señalar que ellas no son responsables de quienes los dirigen, porque tampoco siquiera propusieron sus nombres.
Es decir, señor Presidente, hay que hacer casi todo de nuevo.
En el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Cantero.
Señor Presidente , a raíz de casos policiales de alto impacto en la opinión pública se han escuchado comentarios impropios respecto de la situación de la Policía de Investigaciones de Chile.
Me ha parecido necesario aprovechar esta oportunidad para llamar la atención sobre la deplorable realidad que embarga a dicha Institución. En los últimos meses todos hemos sido testigos de sucesos en los cuales se ha visto envuelta la policía civil. Desde la detención de importantes figuras, su participación en el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, la desarticulación de importantes redes criminales y el decomiso de drogas, hasta los innegables esfuerzos de transparencia investigativa constituyen demostraciones de su tesón y esfuerzo. Todo esto viene a ratificar su calidad y eficacia.
He tenido especial preocupación por reunir antecedentes que me han permitido formarme una opinión contundente sobre el proceso que actualmente vive esa entidad policial. No existe mejor apelativo que el calificar su situación como una crisis de medios, que restringe significativamente su capacidad operativa, situación que hoy se ve acrecentada por el incendio que dañó el Laboratorio de Criminalística Central (LACRIM). Éste funcionaba en el Cuartel Central desde 1976 con carácter transitorio, pero -como ocurre en Chile- a lo largo de los años fue adquiriendo un grado de hacinamiento importante, razón por la cual la Institución ha insistido en contar con los recursos para su ubicación definitiva en un espacio más apropiado.
Parece curioso que la Policía de Investigaciones, que tiene 71 años de existencia, deba enfrentar tantas limitaciones para ejercer su labor. Aquí hay responsabilidades compartidas. Como Sus Señorías saben, ella cumple diversas funciones: el mantenimiento de la tranquilidad pública, la prevención de hechos delictuales y actos contra la estabilidad del Estado, el cumplimiento de órdenes de autoridades judiciales y administrativas, la cooperación a los tribunales del crimen, el control del ingreso y salida de personas del territorio nacional, la fiscalización de la permanencia de extranjeros en el país, la representación de Chile en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Dicha Institución tiene como función principal investigar y aclarar los delitos cometidos, a fin de establecer quiénes fueron sus participantes y las condiciones y circunstancias en que se originaron. Asimismo, debe recolectar las evidencias y pruebas para finalmente detener a las personas involucradas y entregarlas a la justicia.
Señores Senadores, una policía que no posee los medios necesarios y que no cuenta con el suficiente apoyo de la sociedad y de sus autoridades es una organización humana que sufre y cuya contribución, aun a pesar de las carencias, debe ser motivo de reconocimiento y preocupación.
Permítanme ejemplificar algunos hechos y reflexionar sobre sus consecuencias.
De acuerdo con la envergadura de las misiones que le asignan la ley y las autoridades judiciales y administrativas, la dotación de Investigaciones es significativamente inferior a lo óptimo esperado. En efecto, en 2004 contaba con alrededor de 7 mil funcionarios, lo que representa 15 por ciento del total del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad de nuestro país (Carabineros tiene 37 mil efectivos).
Sin embargo, de la totalidad de sus miembros sólo 3 mil 500 integran la Planta de Oficiales Policiales, es decir, son detectives con una formación de cinco años. Un 81.2 por ciento de ellos cumple labores operativas y un 18.8 por ciento se desempeña en Extranjería y Policía Internacional, Laboratorio de Criminalística y labores administrativas.
En la actualidad, existe en promedio un detective operativo por cada 4 mil 968 habitantes. De acuerdo con estimaciones de la propia autoridad policial, la dotación óptima sería de un detective por cada mil 800 habitantes, lo que refleja un déficit de al menos 4 mil 970 nuevas plazas.
En el 2004, en la Región Metropolitana (que concentra más del 50 por ciento de los delitos de mayor connotación social denunciados y el 40 por ciento del total de la población nacional) había un detective por cada 7 mil habitantes, mientras que en la Sexta Región, por ejemplo, esa cifra se elevaba a un detective por cada 13 mil habitantes.
Conforme a la Cuenta Pública entregada por el señor Director General de Investigaciones en junio de 2004, ello significa que cada detective debe realizar en promedio más de 110 diligencias, entre órdenes de investigar, aprehensiones, etcétera. Evidentemente, el cumplimiento de la labor esencial de la Policía de Investigaciones está en serio riesgo. Mientras más órdenes deba atender una reducida y sobredemandada dotación de detectives, más fácil es comprender que la calidad de las investigaciones sufre detrimento. Ello pone en serio riesgo la eficiencia del nuevo sistema procesal penal, particularmente en la Región Metropolitana. La seguridad ciudadana no avanzará si la justicia al mismo tiempo no dota a ese Servicio de los medios necesarios para desempeñar su labor.
Sin embargo, a pesar de que la Institución presentó un proyecto que abre la posibilidad de que profesionales titulados o egresados de centros de educación superior, ingresen a ella y se incorporen a la dotación de investigadores policiales, luego de un proceso de formación de un año en materias criminalísticas, ha faltado el respaldo necesario para cubrir en cinco años cerca de 40 por ciento del déficit estimado como producto del nuevo sistema procesal penal. Esta iniciativa es menos costosa para el país.
Lineamientos estratégicos institucionales
Con el nombramiento del señor Arturo Herrera como Director General de la Policía de Investigaciones , la Institución ha consolidado la necesaria transición hacia la policía moderna que todos queremos. Ninguna duda cabe de que ella está trabajando para llegar a ser una policía de clase mundial de aquí al Bicentenario (2010). Para ello, su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional ha centrado esfuerzos en los últimos 18 meses en ámbitos claves para la gestión operativa y administrativa en pos de la consecución de tres grandes objetivos estratégicos:
1.- Fortalecer la investigación criminal a través de más policías en labores operativas, mejorando la calidad y tiempo de respuesta de la investigación, así como la coordinación con sus clientes principales (tribunales, Ministerio Público y comunidad).
2.- Realizar prevención estratégica, entendida como la capacidad de anticipación sobre la base de análisis, inteligencia policial y gestión de la información, para anticipar y controlar hechos delictuales complejos y especializados, que afectan actividades sensibles para el desarrollo del país y el disfrute del derecho a la seguridad de las personas, como son los derivados del narcotráfico, de los delitos medioambientales y económicos, y de otros causados por el crimen organizado.
3.- Concentrar esfuerzos en la seguridad internacional y control migratorio, anticipándose a posibles acciones criminales que eleven el nivel de riesgo de nuestro país (como el bioterrorismo contra las exportaciones, el cibercrimen, etcétera) provenientes de organizaciones delictuales que pretenden actuar por vía del tránsito de individuos o de la instalación y operación desde el territorio nacional.
Proceso de modernización y transición.
Del análisis de la página web de la Institución (www.policial.cl), que contiene diversas intervenciones del señor Director General , se infiere que su proceso modernizador se estructura sobre la base de cinco áreas. A saber:
-Desarrollo organizacional. Recientemente se han efectuado cambios en la estructura orgánica dirigidos a mejorar la gestión de los recursos y de la información, con el objeto de ofrecer a sus usuarios y a la sociedad chilena en general un servicio investigativo de calidad, eficiente y efectivo a través de la creación de jefaturas nacionales definidas como unidades estratégicas de negocios en áreas investigativas especializadas, destinadas a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el cibercrimen, los delitos económicos y sexuales, e ilícitos contra la familia, entre otros.
-Reingeniería y procesos de trabajo. Ello ha involucrado cambios en los procesos de trabajo efectivos y eficientes en coordinación con el Ministerio Público, con el objeto de dar respuesta a las nuevas exigencias planteadas por la entrada en vigencia de la reforma procesal penal.
-Gestión estratégica de recursos humanos. Ésta se lleva a cabo, por una parte, con la presentación del proyecto "Creación de Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales" que busca incluir especialistas titulados en las carreras de nivel terciario para fortalecer una estructura profesional y complementar el soporte científico-técnico de las investigaciones criminales. Y, por otra, con la reubicación de detectives en labores operativas, liberándolos de funciones administrativas.
-Gestión estratégica de la información. Se han incorporado nuevas biotecnologías tales como el recientemente destruido Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), el Sistema Automático de Identificación de Huellas (AFIS) y el Sistema de Seguridad Biométrico en el principal terminal aéreo del país (Aeropuerto Arturo Merino Benítez) . Además, se han implementado bases de datos como el Sistema de Información Geográfica Delictual (SIG) y se amplió el Sistema de Gestión Policial (GEPOL), los que permiten realizar análisis de información y contar con antecedentes confiables para el quehacer de las distintas unidades, planificación de tareas operativas, focalización de esfuerzos y mejora en la dirección de los equipos.
-Gestión estratégica de recursos logísticos. Se están haciendo esfuerzos para reunir los recursos necesarios y aumentar la capacidad de acción con una infraestructura suficiente y óptima. En este contexto, llama la atención que el aporte fiscal del año 2005, del cual tomamos conocimiento durante la discusión presupuestaria en octubre del año pasado, es 3.9 por ciento inferior al otorgado en 2004. La disminución de tales fondos corresponde a una reducción de 24.5 por ciento de los recursos para la labor investigativa y la actividad operativa, limitando significativamente la capacidad de actuación de la Institución.
Estos temas deben ser observados al interior del trabajo parlamentario, particularmente en la discusión presupuestaria que se realiza cada año en el Senado.
Resulta preocupante que el área más afectada por la menor asignación de recursos sea precisamente el de la reforma procesal penal. En efecto, la Institución pidió en su oportunidad 10 mil 990 millones de pesos. Sin embargo, se le asignaron mil 239 millones, o sea, el 11 por ciento de esa cifra. En lo que respecta al control migratorio, se solicitaron 928 millones de pesos, y sólo se entregaron 298 millones, lo que equivale al 32 por ciento.
Principales urgencias dentro de la Institución.
1.- Más allá de entregar todo el respaldo necesario al proyecto que crea un nuevo "Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales" -al que ya hice referencia- el cual para su primer año de funcionamiento requiere cerca de mil 200 millones de pesos, indudablemente el problema fundamental y urgente es recuperar la capacidad de la Policía para que siga prestando apoyo a la justicia.
No debemos olvidar que, según la Cuenta Pública, durante el 2003 la Policía de Investigaciones, a pesar de su tamaño, realizó el 53 por ciento de todas las órdenes y diligencias decretadas por el Ministerio Público en las Regiones donde funciona el nuevo sistema procesal penal.
2.- La evaluación de los daños provocados por el siniestro que afectó a las Secciones de Química y Física, Balística , Mecánica , Investigaciones Documentales, Contabilidad, Dibujo y Planimetría, Fotografía, entre otras -como Huellografía y Dactilografía-, e impidió el adecuado funcionamiento de sus peritos se traduce en más de 2 mil 500 millones de pesos. Destaca la pérdida del recién inaugurado sistema IBIS, para peritajes balísticos, con un valor cercano a los 750 mil dólares.
La pérdida de más del 80 por ciento de esos equipos de alta tecnología y de otros necesarios para la realización de peritajes y diligencias para el esclarecimiento y determinación de responsabilidades en ilícitos constituye un daño invaluable. Esos equipos deben ser repuestos con la mayor urgencia.
Honorables Senadores, es mi intención que, ante el desastre tecnológico ocurrido al interior de aquella Institución, de manera rápida y sin mayores reparos seamos capaces de emprender un compromiso de apoyo explícito a fin de recuperar lo que la sociedad ha perdido y contribuir a contar con una policía de la cual todos nos sintamos orgullosos.
Además, me parece de la máxima urgencia que la sociedad chilena, el Gobierno, sus autoridades, el Parlamento, tomen debida nota y conciencia de la necesidad de dotar de elementos tecnológicos de punta a la referida Institución. Ella está compitiendo con organizaciones criminales internacionales provistas de los más altos elementos tecnológicos disponibles hoy día en el mercado mundial. Sin embargo, la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con recursos francamente deplorables desde el punto de vista de su calidad tecnológica, y también, con elementos de infraestructura e implementación del todo insuficientes para el cumplimiento de su labor.
Plantearé sólo algunas interrogantes, para la reflexión.
¿Cómo cumplir la obligación de cubrir una larga frontera, particularmente en zonas donde existen límites tripartitos, como la Primera y Segunda Regiones? ¿De qué manera enfrentar el problema del narcotráfico cuando se tiene conocimiento de que quienes transitan por diversos sectores del desierto lo hacen utilizando los más altos elementos tecnológicos, como GPS y visores nocturnos, o sea, en una situación de tremenda ventaja con respecto a aquellos que tienen la obligación de controlar?
En general, Investigaciones no dispone de conexión en línea eficiente a lo largo de todo el país. En consecuencia, tampoco es posible usar las bases de datos de mejor calidad existentes en el nivel central.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie en mi nombre, adjuntando el contenido de esta intervención, a los señores Ministros del Interior , de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia , y al señor Director General de la Policía de Investigaciones , para que informen acerca de los temas que he planteado y de las prioridades que tienen sobre la materia. En especial, pido que el señor Director de Investigaciones informe en cuanto a la efectividad del contenido de mi exposición y a las prioridades que la Institución que dirige tiene frente a la necesidades existentes.
Además, solicito que esta intervención y las respuestas a ella sean remitidas a las Comisiones de Hacienda y de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y para los fines pertinentes al momento de estudiar el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación.
Señor Senador, se oficiará sólo a las Comisiones de Defensa y de Hacienda de ambas Cámaras, en los términos señalados por usted, pues ya fueron remitidos el 7 de abril, a solicitud suya, los oficios a los señores Ministros del Interior , de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia , y al señor Director General de la Policía de Investigaciones .
Sería conveniente oficiar también a la Subsecretaría de Investigaciones.
Se procederá en esa forma.
Terminó el tiempo del Comité Renovación Nacional.
--Se levantó a las 19:44.
El sistema de inscripción en los registros electorales, por tradición, estableció registros separados para mujeres y hombres.
En efecto, una vez publicada la ley que permitió el acceso electoral de las mujeres, el legislador de aquel entonces, dispuso la creación de una inscripción de ellas, separada de los registros masculinos. Mas adelante, en sucesivas normas legales que fueron perfeccionando
nuestro sistema electoral, la separación de registros, mujeres y hombres, se fue manteniendo sin razón alguna.
En el año 1995, 22 de Agosto, el suscrito presentó un proyecto de ley que terminaba con esta absurda división, sin embargo el Senado, por votación dividida, no aprobó dicha moción.
Hoy, transcurrido el tiempo necesario para una nueva reflexión de este problema, he estimado oportuno reiterar este proyecto que viene, desde mi punto de vista, a crear las condiciones necesarias para que, entre otros aspectos, el acto electoral propiamente tal, sea un hecho familiar, participativo y no motivo de separaciones momentáneas de la familia.
La norma propuesta, no revisa los actuales registro, sino que establece de hecho el nuevo procedimiento a partir de la publicación de esta ley , por lo tanto, todo lo obrado en esta materia, se mantiene en la forma como en la actualidad se encuentra, es sólo para los nuevos inscritos.
Por lo tanto, presento a consideración del Senado el siguiente
Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al
artículo 25 de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema Electoral de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:
a) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “separados” por
“comunes”, y
b) Suprímese en su inciso tercero la oración “y la mención
“Varones” o “Mujeres”, según corresponda.”.
Artículo 2º.- Suprímese el inciso segundo del artículo 37 de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
(Fdo.): Mario Ríos Santander

References: resolución 
 artículo 68
 resolución 
 artículo 12
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 1
 artículo 75
 resolución 
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 199
 artículo 188
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 127
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 62
 artículo 19

Artículo 1

artículo 25

Artículo 2
 artículo 37