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Timestamp: 2018-01-19 22:07:01+00:00

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FIRMA Dic- ENERO 2018 by Revista FIRMA - issuu
Diciembre 2017 Portada: Juan Luis León Blanco, el nuevo presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Entrevista en la página 24. Fotografías: Etzia Granera
Resumen Lo más destacado del país y la región.
APPS Herramientas para canalizar el estrés y aumentar la productividad.
LAWxury Todo el lujo para iniciar el año.
Tecnología La especialidad en la materia despierta el interés de los nuevos profesionales.
Planes de Gobierno ¿Son jurídicamente viables las propuestas de los partidos políticos?
Protección de datos en América Latina Análisis de la situación en otras naciones.
Educación Legal Una radiografía del estado de la enseñanza de Derecho en Costa Rica.
Nuevas caras Abogados jóvenes luchan por una curul en el Congreso.
Derecho al olvido La restricción de acceder a la consulta de infracciones en Cosevi supone un avance en el manejo de datos personales.
Salario escolar en régimen municipal Análisis de la naturaleza jurídica y su aplicación.
Firmas destacadas Ranking de Chambers & Partners 2018.
Viajes Descubra un paraíso de montaña al sur de ‘Tiquicia’.
Gastronomía Deléitese con sabores inspirados en nuestras raíces.
Social Celebramos los 90 años de Furla. FIRMA 5
Estamos a las puertas de las elecciones nacionales que se han visto marcada por un descontento de la población en general con la política y con los candidatos. El panorama no es alentador si la población no tiene la motivación para informarse y participar de este proceso del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. En esta edición destacamos a algunos profesionales en Derecho que están luchando por una curul en la próxima Asamblea Legislativa, ya que consideramos importante darlos a conocer junto a sus iniciativas. También, hacemos un repaso por puntos destacados de los planes de gobierno de
los principales partidos políticos, acompañados por comentarios de un profesional que analizó la información y nos la interpreta de manera que sea fácil y práctica de entender para saber elegir mejor a nuestros próximos líderes. En esta época, en la que el discurso populista parece ser la batuta de los mensajes, debemos informarnos adecuadamente e informar a quienes están a nuestro alrededor de una manera veraz. No se puede permitir que los resentimientos y las falsas realidades que pintan algunos de los candidatos, estén cerca de ocupar un puesto de decisión tan importante para el país.
MSc. Margarita Guzmán Gerente General Natalia Chavarría Cindy Regidor Mariana Sáenz Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Carlos Cisneros Asistente editorial Mirna Tellini Gerente Comercial Randall Rodríguez Fotógrafos Juliana Barquero Diseño Juliana Barquero Ilustradora ISSN: 2215-4809
FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: diciembre 2017. Edición 22, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Las opiniones expresadas por terceros, no representan, necesariamente, la posición de Firma o Pitch Media S.A.
Por los objetivos del milenio FIRMA 8
• La titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la costarricense Gabriela Grynspan, compartió un discurso durante la reunión de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación en Antigua Guatemala. En la actividad,
Grynspan pidió a la región contribuir con su experiencia a los objetivos de la Agenda 2030. La costarricense también insistió en la importancia de generar ‘alianzas necesarias’, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Apoyan a Panamá
• El presidente saliente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y República Dominicana (Fedepricap), José GonzálezCampo alzó la voz ante la incorporación de Panamá a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE). Según González, la UE debió tomar en cuenta las medidas que ha tomado Panamá para evitar la evasión
fiscal nacional e internacional. El mensaje lo dio durante la Asamblea Ordinaria de la organización que se llevó a cabo en Panamá, donde empresarios socios, manifestaron que en esa reunión también recibieron un reporte del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep) de dichas medidas para fortalecer temas de transparencia financiera.
Nueva criptomoneda • El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó la nueva criptomoneda creada en ese país sudamericano. “Petro” es el nombre de esta nueva denominación que pretende combatir el “bloqueo” económico que tiene ese país para poder realizar transacciones financieras en el exterior, e inclusive en el interior. Esta moneda trabajará bajo una modalidad similar a la pionera en ese campo, el Bitcoin, y está respaldado por las reservas de oro, diamantes y gas del país sudamericano.
Más servicios • El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica inauguró su nuevo consultorio médico en la sede central de San José. Este centro ofrecer atención médica primaria para los colegiados y núcleos
familiares inmediatos a precios muy competitivos. Los servicios se realizan por medio de un convenio realizado con una aseguradora como proveedor externo. “Cada sede regional va a tener una clínica
afiliada donde los agremiados podrán asistir y ser atendidos”, manifestó el presidente del Colegio, Para más información, puede consultar en el Colegio o a través del sitio: www.abogados.or.cr
Fortalece relaciones bilaterales
• El canciller de la República, Manuel González, ofreció una conferencia de prensa donde destacó la expansión del país en el área bilateral con la apuesta en otros destinos y la apertura de
embajadas más allá de sus socios estratégicos, lo que le permitirá al país promover la atracción de inversiones. Las declaraciones se dieron en el marco de una jornada de trabajo que sentó
las bases para la I Reunión de Consultas Políticas entre Costa Rica y Brunéi Darussalam realizada en nuestro país entre el jerarca y una delegación de ese territorio asiático.
Para muchos, la concentración es todo un reto, aun cuando se trata de cuestiones de trabajo. Para ellos, esta app viene a tratar de ordenar la realización de las
tareas, logrando aprovechar más el tiempo y generando mayor eficiencia. Tras enlistar las tareas pendientes, el reloj irá indicando el momento
para realizar cada asunto de la lista con intervalos para descanso, lo que supone mayor efectividad y más concentración y motivación.
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de un modo fácil y rápido. Asimismo, consiente establecer fechas límite para la realización de las tareas, ofrece recordatorios, agrega comentarios para que los demás puedan tener notas adicionales y guarda sitios web para que estén a mano más tarde.
Usted ya no pasará por alto los contenidos que encuentra en Internet que desea guardar para luego solo porque está impedido de hacerlo útilmente. Esta herramienta le permitirá guardar sitios web o textos para leerlos en otro momento a través de un ícono de fácil
¿Le ha pasado que termina guardando la misma fotografía más de una vez? Esto puede limitar la capacidad de memoria de su computadora, pero con esta arma, el algoritmo diseñado buscará fotografías iguales
acceso en su computadora. Bowerbird le facilita salvar los más importantes de primero, buscar entre las carpetas y editar los textos guardados. Sin duda alguna, es un instrumento ideal para los ejecutivos que necesitan tener la información a la mano.
y eliminará las duplicadas, generando solo un archivo por imagen. Igualmente, le dará la opción de guardar las imágenes repetidas en un disco externo o simplemente eliminarlas para rendir mejor la memoria de su ordenador.
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El derecho y tecnología
Abogado e ingeniero informático Premio al Mérito Informático Categoría Pionero 2017 Ilustración: Juliana Barquero
El derecho es un instrumento y reflejo del cambio social, indicaba María Isabel Lorca Martín de Villodres en el escrito ‘Interpretación jurídica e interpretación constitucional: la interpretación evolutiva o progresiva de la norma jurídica (el derecho como instrumento del cambio social)’, que, en la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 1987, teniendo de ponente magistrado al señor Latour Brotons, en su fundamento jurídico 3o.), se señala: “(…) hay que tener en cuenta que las leyes positivas pueden subsistir intactas en el tiempo; pero hay que convenir también en que, bajo la presión de los hechos y de las necesidades prácticas, se presentan la mayoría de las veces, situaciones nuevas imprevistas por el legislador que demandan una solución”. Uno de los aspectos en que nuestro marco jurídico costarricense ha tenido que evolucionar (y continua haciéndolo) es en brindar respuesta a los retos en los que impacta la tecnología. En este contexto, escuchamos sobre derecho informático, comercio electrónico, derechos de autor en materia de software, derecho en protección de datos, derecho en materia
de dominios y hosting, etc., siendo necesaria una nueva generación de abogados que evolucione de la concepción de las ramas del derecho tradicional al derecho de las tecnologías. Este cambio en nuevas materias debe promover una nueva forma de pensar y de resolver situaciones legales que simplemente no tienen, en muchas ocasiones, una referencia jurisprudencial que pueda aplicarse, lo que provoca que se deban crear formas novedosas, pero jurídicastecnológicas, de resolver en estas nuevas materias, y brindar soluciones a los conflictos sociales que buscan respuesta en los profesionales del derecho. Ya se señalaba en ‘Constitución y teoría general de la interpretación jurídica’ (J. Wróblewski, Cuadernos Cívitas, Madrid, 2001, p. 76), citado por María Isabel Lorca Martín de Villodres, que “el significado de la regla legal no es, por tanto, ningún hecho del pasado conectado por vínculos ficticios con la voluntad del legislador histórico. De ser así, el derecho resultaría un gobierno de los muertos sobre los vivos. El significado de las reglas legales cambia en la medida en que cambian los
contextos en los que opera”. De modo que el derecho evoluciona y las reglas legales también, pero para lograr este objetivo, resulta fundamental la interdisciplinariedad. Si no entendemos la parte tecnológica y técnica, va a haber un vacío a la hora de analizar este tipo de casos. Es por esto que más que nunca es necesario unir disciplinas. Un papel importante en este campo lo tienen las universidades, el modernizar sus planes de estudio, el especializar en materias relacionadas con derecho y tecnologías, el lograr que ciertas materias se brinden de modo interdisciplinario… Ellas deben ser un norte que comience a permear una evolución del derecho que también debe darse desde y en la academia. Es indiscutible que la innovación tecnológica será la principal vía para lograr eficiencia en el sector legal durante los próximos años y, de igual forma, se abre un nuevo nicho de mercado para los abogados tecnólogos para que comiencen a trabajar en estas áreas, áreas que requerirán nuevos perfiles de abogados del siglo XXI inmersos en esta cibersociedad.
literatura La prescripción y la caducidad en la Reforma Procesal Laboral Roberto Corea Esta obra presenta la nueva forma en que se establece la prescripción y la caducidad con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral (2016), que inició el 25 de julio de 2017. Uno de los principales cambios que se introducen es el concepto de caducidad, el cual se amplía mucho más que la interpretación que se venía haciendo al artículo 32 del Código de Trabajo, como lo es el tema de las sanciones en el sector público, entre otros. En cuanto a la prescripción, se establecen de forma clara y expresa las distintas causales de conteo de plazo, suspensión del mismo, así como la interrupción y sus dos principales efectos, el continuado y el puro y simple.
El principio de Proporcionalidad Esteban Alfaro El libro versa sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica que aplica -o al menos, manifiesta aplicar- el denominado principio de proporcionalidad. El análisis consiste, en primer término, en un estudio del contenido dogmático del principio de proporcionalidad según se ha desarrollado en ordenamientos con mayor tradición como el español y, en segundo lugar, en una evaluación detallada de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, realizando una clasificación y categorización de las sentencias desde el año de creación de la sala en 1989 hasta el año 2017.
La Isla del Coco Ojalá Ediciones lanzó La Isla del Coco, que rinde homenaje a este tesoro natural declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A través de sus páginas, el libro lo llevará por un recorrido terrestre y submarino para conocer las especies que habitan en este espacio natural. No en vano, más de 50 profesionales participaron en la elaboración de esta obra para recoger información validada. Se puede adquirir en librerías y en el sitio elcajoncito.com. Las utilidades se destinarán a proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica en la isla.
De ahora en adelante, verá su jornada de trabajo incrementarse considerablemente: le toca asumir una nueva responsabilidad como profesional (y esta no es pequeña): Juan Luis León Blanco será presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para el período 20182020. Dicho colegio, durante su asamblea general ordinaria del 2 de diciembre de 2017, eligió a sus nuevas autoridades administrativas. Tres mil 708 personas colegiadas votaron en las diferentes sedes del colegio. Es la cuarta vez consecutiva que el grupo Innovación triunfa en elecciones. En la recién pasada votación, Innovación logró un margen de alrededor de 500 votos de diferencia respecto
al grupo del segundo lugar, llamado Consenso, y consiguió todos los puestos de la junta. Se trató de unas elecciones en las que, quienes se oponían a la continuidad de Innovación, hicieron fuertes críticas a nivel personal y hacia la agrupación. El controversial tema de la pensión para los agremiados fue también un tema central. Finalmente, Innovación salió victorioso y su presidente prometió dejar atrás ese capítulo y construir sinergia con todos los abogados. Para León, será la segunda vez en dicha junta, pues en el período anterior ejerció como fiscal. Sin embargo, el cargo que asumirá es más demandante: “Tengo que dividirme entre mi oficina y las tareas del colegio que, le confieso, son más de
las que pensaba que hay que hacer, porque si se quiere hacer una buena gestión, hay que comprometerse. Yo asumí el reto y la responsabilidad de cumplir, así que tendré que trabajar el doble para cumplir con todos mis compromisos”, aseguró. De esto y mucho más platicamos en esta entrevista. ¿Cuál va a ser el sello de Innovación y de Juan Luis León Blanco como presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica? “Todo el esfuerzo y la experiencia acumulada que tenemos en el campo de la educación jurídica continua vamos a irlos mejorando hasta donde los abogados y abogadas
tengan la oportunidad de capacitarse como lo han venido haciendo, pero con una titulación especial. Es decir, que tengan la posibilidad de acreditar sus conocimientos mediante algún tipo de titulación que les permita desempeñarse adecuadamente, tanto en el nivel privado como en el nivel público, y que todos tengan la posibilidad de tener una capacitación a través del colegio. También tenemos la convicción de que las sedes, por la cantidad de abogados y abogadas que existe, deben ir caminando cada vez más a la cercanía a los servicios que brinda el colegio. En otras palabras, queremos acercar a los abogados y las abogadas a las sedes y que ellos, en coordinación con la junta directiva, puedan desarrollar programas que beneficien a la población en general de esos lugares. Existen puntos importantes donde el país ha avanzado en esos servicios y, en tal sentido, esto se ha desarrollado y eso requiere que el colegio les dé el impulso necesario para que puedan trabajar, tanto en lo privado como en lo público. Desde el punto de vista tecnológico, para ir a la par de las exigencias de la sociedad, vamos a desarrollar una aplicación donde los servicios que brinda el colegio y otros (como el Centro de Información Jurídica en Línea, CIJUL, que maneja toda una lista de información de
jurisprudencia, de normativa y de doctrina) puedan ser integrados para que estén al servicio de abogados y abogadas y ello facilite su trabajo”. ¿Qué lo llevó a postularse? “La conciencia y la vocación de servicio que siempre he tenido a lo largo de mi vida. Siempre me llamaron la atención las actividades que se realizaban en el colegio y tuve la oportunidad de conocerlo un poco más a través de la fiscalía (en la junta directiva) en los últimos años y eso me abrió todavía más el panorama sobre por qué las cosas buenas que viene haciendo el colegio hay que mantenerlas y, de ser posible, agregar algunas adicionales para mejorar. Creo que esa visión que me dio mi posición en la fiscalía me permitió asumir el reto, que es bastante grande, para apoyar al gremio”. ¿A qué cree que se debe que ganaran por un considerable margen como grupo Innovación y, además, que ganaran todas las posiciones de la junta? “Creo que se debe al trabajo del grupo Innovación en el colegio. Cuando se inició, los miembros tomaron la decisión de revisar el tema de las finanzas, ponerlas en orden, desarrollar todo el programa de la educación jurídica continua, promover la participación de abogadas y abogados en diferentes partes
del país... Toda esa suma de factores es reconocida a través de las elecciones con esa amplia mayoría que cree que cuando las cosas se hacen bien deben de seguirse haciendo de la misma forma. Asimismo, la junta directiva que me va a acompañar en el próximo gobierno tiene abogados y abogadas bastante destacados que dan mucha confianza a los agremiados”. Una de las críticas de los opositores fue que “eran los mismos”… “Más allá de ser ‘los mismos’, debería de cuestionarse qué se ha hecho. La respuesta de los electores, una amplia mayoría, reconoció que lo que ha hecho Innovación es bueno, es importante, respetado. Se ha especulado de que la junta siempre está conformada solo por abogados del Poder Judicial o del sector público y que los litigantes no tienen participación. En esta nueva junta, desde el presidente y dos o tres miembros más son litigantes y, de los 10 que hay en total, hay únicamente dos que son del Poder Judicial. Las críticas de que son ‘las mismas personas’ se podrían justificar si fueran las mismas personas, pero, no. Los que repiten de la junta anterior son dos nada más. Sí, es importante decir que el reconocimiento a través de la votación es que el trabajo de Innovación permitirá que el colegio siga en buenas manos”.
¿Cómo pretende limar asperezas o superar diferencias que hubo con los otros candidatos en contienda? Hubo campañas cuyos enfoques fueron críticos a nivel de ustedes como grupo y también a nivel personal… “Le confieso que eso nos ha dolido bastante, porque el nombre de abogados respetables ha sido tratado injustamente de alguna forma en situaciones que no son completamente ciertas. Yo tengo la responsabilidad, y se los he comentado a mis compañeros de junta, de hacer un esfuerzo y tratar de acercar a los miembros de otros partidos. Es normal tener diferencias, que tengamos puntos de vista distintos, pero tenemos que entender que debemos buscar el bien de los agremiados y que sentándose a hablar y negociar podemos encontrar puntos que nos unan. Quiero dejar pasar los ataques del calor de la campaña. Creo que eso no construye. Voy a ser optimista y voy a trabajar para acercarlos, para que entendamos que, en el colegio, las ideas vienen de diferentes lugares y, cuando una idea es buena, por supuesto que la adoptaremos para que el colegio salga beneficiado”. Ya existe una salida en el tema de las pensiones para los abogados, un tema complejo y central en las elecciones. ¿Está satisfecho con esta solución para los 25 mil agremiados?
“En el año 1962, cuando la ley del colegio se reformó, se estableció en un artículo que, producto de los timbres del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el dinero que de ahí se obtenga se tiene que utilizar para los gastos operativos del colegio. E igualmente, dice que se cree un fondo de pensiones. No dice ni cómo, ni cuándo ni a quiénes. Esa norma estuvo ahí. Como el colegio era incipiente, nadie se preocupó por estructurar un modelo que atendiera ese mandato. En el año 1992, una asamblea del colegio determinó que, para atender ese mandato establecido en ese artículo, se estableciera un fondo de retiro para que se fuera acumulando año con año y para que los abogados que cumplieran 65 años pudieran utilizar ese fondo de retiro. Fue así por muchos años. Hace tres años aproximadamente, se presentó un juicio contencioso donde un agremiado dijo que ese fondo de retiro no era lo que decía la ley. Eso fue analizado por un juez y revisado por un juez superior y ellos determinaron en una sentencia que el colegio tenía la obligación de estructurar un reglamento que estableciera las normas de cómo implementar un fondo de pensiones. Cualquier fondo de pensiones se nutre, a lo largo del tiempo, de diferentes partes; pero el caso del colegio es atípico, porque se tiene que construir un reglamento sobre un
ingreso de una parte de timbres que todos los años cambia, que está sujeto a que exista en mayor o menor cantidad, lo cual ya representa una limitación. Por otro lado, el 50% del fondo generado del timbre, por ley, debe destinarse a la Dirección Nacional de Notariado. Es decir que la cantidad de dinero que se tendría que dedicar a esta estructuración de un fondo de pensión es todavía menor, porque hay que tomar en cuenta la actividad propia del colegio que requiere de esos fondos para operar y desarrollar todos los programas que realiza. Ahí, se reduce más. Esos detalles no los conoce quizá la mayoría de agremiados y ha sido polémico porque (los agremiados) se dejan llevar por lo que dicen de que hay tres mil, cuatro mil, cinco mil millones de colones dedicados a eso y que eso nos garantiza una pensión para todos. La junta directiva anterior se asesoró con la operadora de pensiones del Banco Popular y estructuraron una propuesta de reglamento donde, a través de cuentas individuales, el colegio podría colocar, inicialmente, un monto y que, conforme pasara el tiempo, iría incrementándose de acuerdo a la fluctuación de los fondos del timbre y de las necesidades propias del colegio para que el fondo se fuera formando a mediano y largo plazo. Se destinó también que a los abogados que ya pasaran la edad de retiro se les diera una
indemnización adicional, para resarcir ese mandato. Esa es la propuesta que está planteada en el Contencioso y que, en este momento, está en revisión para que sea aprobado el reglamento y, una vez aprobado, se ponga a funcionar. Conjuntamente, es un tema polémico, porque algunos dicen que los que generan los timbres son los abogados litigantes, o sea, que no son todos los agremiados. La ley no hace distinción. No existe ninguna disposición que limite a los abogados del Poder Judicial y los del sector público en su participación porque la disposición es general, aunque estos no contribuyan. Pero tampoco todos los abogados litigantes contribuyen, porque algunos se dedican a especialidades que no necesariamente están asociadas, en el día a día, con el pago de timbres. Es un tema controversial, porque no se puede decir ‘solo para estos o solo para aquellos’. Lo que tiene que hacerse es lo que cubra al universo de abogados, que son 25 mil, y eso dificulta que sea una suma que cubra un monto que muchos esperan”.
Y una vez se apruebe, si se aprueba, ¿cree que ese reglamento dé por zanjadas todas esas inquietudes? “Esperemos que sí. Por lo menos, estamos cumpliendo de la forma correcta, tal y como lo establece la sentencia judicial. Creemos que es la forma adecuada de atender ese mandato del fondo de pensiones para los abogados”.
¿Cuándo se aprobaría ese reglamento? “Se esperaba que fuera este año. Una vez que entremos en funciones el otro año, empezaremos a consultar al juzgado para ver cómo avanza el tema”.
¿Qué espera el agremiado Juan Luis León del presidente Juan Luis León? “Que se ejecuten rápidamente los acuerdos que la junta adopte, que veamos que lo que hemos planteado en el tema de educación, de infraestructura, de
¿Por qué cree que el colegio es importante para el gremio? “Creo que es un referente obligatorio en la sociedad costarricense en todos los ámbitos que permite legitimar a la profesión en el campo nacional con sus actuaciones. En la medida que el colegio mejore, la población en general va a tener la certeza de que los profesionales en derecho van a estar al servicio de los ciudadanos. Al mismo tiempo, en este juego democrático que tiene nuestro país, la voz del colegio, por la consciencia que impera del derecho y la justicia, es importante que se coloque en la palestra pública, para que las decisiones nacionales también tengan un insumo más para mejorar la sociedad”.
acercamiento de las sedes y de la parte tecnológica lo tengamos al alcance de la mano lo más pronto posible. Ese es mi compromiso. La junta va en esa misma línea, de que los acuerdos y la ejecución de los mismos sea ágil y concreta para los agremiados”. MÁS SOBRE JUAN LUIS LEÓN BLANCO Nació en Escazú, donde reside actualmente. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Centro América (UACA). Cursó estudios en diferentes ramas después. Tiene una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Banca y Finanzas. Ha pasado por distintos momentos en su carrera profesional: inició como abogado litigante en el Bufete Díaz y Asociados. Luego, trabajo en el sector público como asesor legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También fue director nacional del Consejo de Salud Ocupacional. Posteriormente, ejerció a nivel privado como consultor externo de la Fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue abogado externo del Banco Popular y del Banco Nacional y consultor externo de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Ha continuado litigando en la parte privada en su despacho y es miembro de la junta directiva del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero del Banco Central (Conassif).
Un total de 28 universidades privadas y una pública imparten Derecho en el país. De ellas, únicamente la pública, la Universidad de Costa Rica (UCR), se mostró anuente a revelar cifras exactas de estudiantes empadronados en la carrera. Acerca de estos datos (o la falta de ellos), sobre las mallas curriculares de los centros de enseñanza, las especialidades más buscadas por los alumnos, así como de los retos en el horizonte, Firma indagó y echó un vistazo a la educación en las ciencias jurídicas Por Cindy Regidor /Ilustración: Shutterstock Tehany Zárate tiene 20 años y estudia el primer año de Derecho en la Universidad de Costa Rica. “El derecho es mi pasión”, aseguró. “Entré a estudiar Administración y tuve una crisis porque sí quería
estudiar Derecho. Quería saber Derecho, que mi mente pensara como abogada, que mi mente siempre tuviera el panorama legal”, relató con entusiasmo. Maggie Rodríguez, de 25, también estudia Derecho y,
aunque comenzó estudiando Economía, terminó cambiando de carrera y decantándose por el énfasis en Derecho Ambiental. Actualmente, estudia y también trabaja en temas marinos. Ambas son parte de los cerca de
mil 300 estudiantes de Derecho registrados en la Universidad de Costa Rica (UCR), la universidad pública que ofrece dicha carrera en el país. Junto a la UCR, otras 28 instituciones privadas de enseñanza superior universitaria conforman la oferta académica existente en el campo de las ciencias jurídicas. Esta última cifra fue la única que nos proporcionó Mario Sanabria, director del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). No se sabe a ciencia cierta cuántos estudiantes de Derecho existen actualmente. “Las universidades (privadas) son muy reacias a dar información. La hemos solicitado para proyectos de interés nacional, pero a veces, son reacias a remitir esa información. Algunas la consideran como información confidencial que les puede afectar en sus intereses económicos”, dijo Sanabria. Precisamente, Firma contactó a dos universidades privadas para este artículo, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Escuela Libre de Derecho, y ambas adujeron que el número exacto de estudiantes en sus respectivos centros de enseñanza era un dato confidencial. Jorge León, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, posteriormente, se animó a revelar un aproximado de mil
300 estudiantes de Derecho matriculados en sus diferentes sedes en todo el país. Mujeres son mayoría Un dato interesante sobre el estudiantado de Derecho, al menos en la UCR y en la Universidad Latina de Costa Rica, es que está conformado en su mayoría por mujeres. “La Justicia ahora sí va a tener ojos de mujer, porque estamos hablando de que la mayoría de estudiantes ahora son mujeres. Estamos en un 60% mujeres y 40% hombres, aproximadamente”, compartió León, de la Universidad Latina. El decano de la Facultad de Derecho de la UCR, Alfredo Chirino, por su parte, expresó que, en 2017, en el primer ciclo lectivo, la carrera tuvo 556 hombres y 739 mujeres, para un total de mil 295 estudiantes matriculados; mientras en el segundo ciclo, hubo 527 hombres y 705 mujeres, para un total de mil 232 estudiantes matriculados. “Hay más mujeres matriculadas, más mujeres presentes en las aulas, que en décadas pasadas. Es un fenómeno interesante, lo que refleja que la mujer encuentra en el Derecho una carrera que la empodera, que le da un futuro profesional interesante”, agregó. Las mujeres son también las que más se gradúan, destacó. Las especialidades más buscadas Existe un amplio abanico
de especialidades jurídicas ofrecidas por las universidades del país, declaró Sanabria. Según el sitio web del Conesup, las universidades privadas brindan, además del bachillerato y la licenciatura en Derecho, la especialidad en Derecho Notarial y Registral, maestría en Derecho Público con énfasis en Derecho Ecológico, maestría en Derecho Público con énfasis en Derecho Público Interno, maestría en Derecho Público con énfasis en Derecho Urbanístico y Municipal, maestría en Derecho Público con énfasis en Derechos Humanos, maestría profesional en Propiedad Intelectual, maestría académica en Derecho, maestría profesional en Derecho, doctorado en Derecho, maestría en Derecho Tributario, maestría en Derecho con mención en Derecho Penal, maestría profesional en Derecho con énfasis en Derecho Comercial Internacional, maestría profesional en Derecho con énfasis en Derecho Penal, maestría profesional en Derecho Notarial y Registral, especialidad en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, maestría profesional en Derecho con mención en Derecho Comercial, maestría profesional en Derecho con mención en Derecho Internacional, maestría profesional en Derecho con mención en Derecho Laboral, maestría profesional en Derecho de Familia, maestría profesional en Derecho Penal, licenciatura
en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial, maestría profesional en Asesoría Fiscal de Empresas y maestría en Legislación Ambiental. Cuáles de estas especialidades son las que cuentan con mayor número de estudiantes en las universidades privadas tampoco fue posible saberlo. En el caso particular de la Universidad Latina de Costa Rica, León sostuvo que dicha universidad ofrece especializaciones en Resolución Alterna de Conflictos y Derecho Notarial y Registral. A nivel de maestría, cuentan con una en Derecho Laboral, una en Derecho de Familia, en Derecho Penal y en Derecho Comercial. Las predilectas de los estudiantes son Derecho Penal, al ser un campo con amplia y estable oferta laboral. La maestría en Derecho Laboral, en especial este año en que entró en vigor la Reforma Procesal Laboral, y la maestría en Familia también tienen bastante demanda. Por otro lado, la UCR posee una oferta académica en postgrado que comprende un doctorado en Derecho, maestría en Ciencias Penales, maestría en Derecho Ambiental, maestría en Derecho Público, maestría en Justicia Constitucional, maestría en Administración y Derecho Municipal, maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos, maestría y especialidad en Derecho Notarial y Registral,
especialidad en Derecho Comercial y especialidad en Derecho Agrario. En pregrado, Chirino aclaró que se imparten siete énfasis en el ciclo lectivo que se da entre los niveles de cuarto y quinto año, en donde los estudiantes escogen un énfasis específico de su carrera. “Los que tenemos vigentes a la fecha son Ciencias Forenses, Formación de Jueces, Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones, Derechos Humanos, Derecho Tributario, Derecho Ambiental y Derecho de Bolsa. De esos, yo diría que los más buscados por los estudiantes son Ciencias Forenses, casi que en un primer lugar y, en segundo lugar, pondría Derechos Humanos. En un tercero, Derecho Tributario. Curiosamente, el énfasis de Formación de Jueces, que es un énfasis muy interesante porque prepara al estudiante ya en sus últimos años de carrera para una eventual carrera judicial, no es tan apetecido por los estudiantes”. Chirino aprovechó también para compartir su apreciación sobre las preferencias laborales de los egresados. “Desde que soy decano (año 2013), observo la tendencia muy fuerte en los estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica que privilegian su ubicación laboral en bufetes de derecho corporativo y muchos menos en el área del sector público”. Zárate, quien lleva el primer
año de la carrera, por ejemplo, aseveró considerar el derecho privado, aunque sí le gustaría también fungir como servidora pública por un momento: “Ejercer en algún puesto en que pueda ejercer Derecho y que tenga un impacto en la comunidad”, comentó. De mallas curriculares y actualizaciones Las universidades privadas, el Conesup y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se encuentran trabajando en un proyecto para concretar un pénsum mínimo o básico. Así lo dio a conocer Sanabria. “En 2014, hicimos una solicitud explícita a los colegios profesionales, de los cuales algunos respondieron. Uno de ellos fue el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. “En vista de que el Conesup no tiene instrumentos jurídicos y que la ley actual vigente tiene muchas lagunas jurídicas que no le permiten al Conesup hacer algunas cosas o exigir algunas otras, nosotros solicitamos expresamente comenzar a trabajar en un pénsum mínimo o básico que tengan las carreras a nivel de bachillerato y licenciatura y que, a partir de ese pensum, las universidades tuvieran la potestad de implementar otras clases”, expresó. Actualmente, se encuentran en la fase del estudio curricular. “Es un trabajo que no vendría de ninguna
forma a ponerle obstáculos a las universidades ni a los estudiantes, por el contrario, lo que se pretende es definir un pénsum y estandarizar, porque le puedo decir que hay carreras que tienen 20 o más materias de diferencia y que no empatan con la nomenclatura de grados y títulos aprobada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), y que fue asumida por el Conesup, entonces, nosotros tenemos que valorar la conformación de las mallas curriculares, de los contenidos curriculares de las carreras, con esa valoración de ese documento que es oficial”, añadió. En el caso de la Universidad Latina de Costa Rica, León alegó que son parte de esta comisión mixta. “Se le ha propuesto al colegio que avancemos más rápido en esto y no es difícil, porque a nivel de bachillerato, las materias son muy parecidas, las bases son muy parecidas”. Sobre la malla curricular de Derecho de este centro, la cual consta de 224 créditos, León adujo que es muy clásica y que se trata de un pénsum muy orientado al Derecho Penal. Actualmente, se trabaja en su actualización. “Uno de los aspectos que estamos tomando en cuenta es el cambio de paradigma en el ejercicio del derecho, que ahora, sin olvidar el ejercicio por escrito del derecho, todas las ramas procesales del derecho vienen a ser ejercidas de manera
oral”, lo cual implicaría agregar materias de argumentación, debate, oralidad, teoría del caso, etc. En ese mismo sentido, trabaja la UCR. “Precisamente, en consonancia con esa cuestión que estamos viendo en el contexto global de las profesiones legales, estamos introduciendo esta mejora curricular que estamos haciendo y que entrará en vigencia, espero, el año entrante. Es un énfasis muy fuerte en destrezas de litigación oral, tomando en cuenta la reforma que viene en Procesal Civil y la que estamos esperando en Familia y en Agrario, y hasta la que ya tenemos en Laboral, que, sin duda alguna, se orientan hacia un proceso predominantemente acusatorio de enfrentamiento de tesis orales. Creo que eso es algo muy importante que va a transformar de manera muy fuerte el quehacer del abogado”, exclamó Chirino. Para Rodríguez, la UCR “es muy buena en muchos aspectos, pero actualmente, Derecho es una carrera que está muy desactualizada… No sé de Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Seguros, de Delitos Informáticos, que son cosas que, hoy día, es importante saber y no lo llevamos dentro de la malla curricular”, especificó. La facultad se encuentra en una revisión del plan curricular, el cual toca aproximadamente el 30% de los créditos de la malla
curricular. “Presumo o hago un pronóstico de lo que puede pasar, y es que, efectivamente, estos énfasis que tiene nuestra carrera desaparecerán y lo espacios vacíos que queden en la malla serán sustituidos por cursos que fortalezcan el perfil más generalista de nuestros estudiantes”, detalló Chirino. Además, tomó en cuenta otro cambio relevante que se vive en la profesión: “Por ejemplo, si usted ve mi caso, yo fui formado hace casi tres décadas como abogado y tuve una formación principalmente litigiosa, o sea, yo fui capacitado u orientado a desarrollar un ejercicio profesional principalmente de litigante. Hoy día, el mercado de trabajo más bien exige un perfil más flexible de un abogado que también tenga, aparte de destrezas de litigio -que eso va a ser siempre necesario-, destrezas de amigable componedor, de árbitro, de conciliador, que le abra a los clientes la posibilidad de entablar diversas opciones de solución del conflicto que no signifiquen necesariamente la vía litigiosa y, para eso, se requiere de una formación especial, una orientación del currículum que enfoque a habilidades, aptitudes y competencias necesarias para esa capacidad conciliadora”. Acerca del cuerpo docente de las universidades, Sanabria explicó que, en el caso de las universidades privadas, se presentan los profesores de conformidad con la ley y
reglamento del Conesup. “En el reglamento, hay algunos artículos, desde el 19 al 22, en los que especifica claramente cuáles son las características que debe tener un profesor para que pueda hacer docencia universitaria. Es muy exigente el reglamento en ese sentido, precisamente, en busca de la calidad de la educación… A todas las sesiones del consejo llega una enorme cantidad de profesores y autoridades universitarias para ser aprobados, de acuerdo con el estudio técnico que se hace aquí, en el Departamento de Análisis Técnico Curricular”, explicó. En los casos de la Universidad Latina de Costa Rica como de la UCR, ambas se precian de contar con docentes de gran trayectoria y experiencia. Ambas instituciones cuentan con más de 200 profesores cada una. “Los profesores a los que uno tiene acceso, la mayoría
son abogados muy reconocidos a nivel nacional. La posibilidad que una tiene de aprender de ellos es una oportunidad que no se puede desperdiciar”, dijo Zárate, estudiante de la UCR. Mientras que Rodríguez, también estudiante de esta universidad y quien recién concluyó su último año de carrera, aunque sí reconoció la calidad técnica de los mismos, también mencionó como un problema los casos de denuncias de acoso sexual por parte de algunos profesores hacia alumnas de la universidad y que han sido dadas a conocer en los medios locales este año. La prueba de fuego Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que el examen de incorporación que aplica el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es importante y necesario.
Diversos artículos señalan los resultados y los porcentajes de aprobación como una forma de medir la calidad de los egresados de Derecho de las universidades del país. En enero de este año, se reportó que 70% de aspirantes reprobó dicho examen. “En 2014, hicimos una solicitud explícita a los colegios profesionales, de los cuales algunos respondieron. Uno de ellos fue el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Dentro de las solicitudes que hacíamos en aquel momento y los planteamientos que hacíamos para mejorar la calidad, hablábamos de los exámenes de incorporación, que ellos lo interpusieron, y eso les está dando cifras de la importancia de tener ese examen”, recordó Sanabria. “Cuando hay una prueba, pues se pone en análisis el conocimiento que se ha adquirido”, expresó y agregó, optimista, que, “cada vez más, las universidades privadas se están preocupando, sobre todo las universidades que han alcanzado algún prestigio, para ir mejorando y actualizando sus mallas curriculares. Y desde ese punto de vista, la competencia se equilibra mucho”. Por su parte, en el caso de la Universidad Latina de Costa Rica, de la cual proviene una gran cantidad de estudiantes que se presentan al examen, León dijo que “sí, es necesario un examen. Son muchos estudiantes y pretendemos
seguir mejorando, trabajar sobre todo con los egresados que no han logrado pasar el examen”. Chirino coincidió y comentó que el examen es una herramienta muy útil de medición de la población que se está formando en derecho, “máxime que hoy, pues, tenemos muy disímiles programas de estudio, muy disímiles duraciones de la carrera y muy disímiles los perfiles de cierre de esos diversos programas, por eso es necesario un examen que mida en algún momento esa idoneidad profesional”. Rodríguez se presentará el otro año a este examen. “No es un examen regalado, pero si uno le pone, sale bien”, apuntó y añadió que, según le comentan amigos y compañeros, la clave es que los estudiantes se tomen en serio la preparación para el mismo. Sello de calidad Al día de hoy, solo cuatro universidades cuentan con carreras de Derecho acreditada ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes): bachillerato y licenciatura en Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), bachillerato y licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), bachillerato y licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA)
y dos maestrías de la Universidad para la Paz. “La acreditación es el sello de la calidad que viene a complementar el proceso educativo de la enseñanza superior universitaria”, aseguró Sanabria, a la vez que dijo que se pretende que dicha acreditación sea obligatoria. La Universidad Latina de Costa Rica está en proceso, anunció León. “Tenemos la meta de tener el informe de autoevaluación para finales de este año y revisarlo a inicios de enero para presentarlo al Sinaes. Esperamos que, para el próximo año que celebramos los 25 años de la carrera de Derecho, ya vengan los pares académicos a hacer su trabajo”, manifestó. Chirino, por su lado, se mostró satisfecho con la acreditación y con la pertinente búsqueda de la reacreditación. También, reveló que el Sinaes tiene un nuevo instructivo de evaluación de calidad para las carreras de Derecho, diferente al aplicado a carreras de carácter técnico o científico, ya que “Derecho tiene su peculiaridad y tiene aspectos que son muy específicos de su quehacer académico”. Para el decano de la Facultad de Derecho de la UCR, la acreditación “es un proceso constante de revisión, discusión y autoexamen que es sumamente rico y favorece no solo los procesos internos de la universidad, sino también la
mejora de los servicios que los futuros profesionales le den a la sociedad”. Finalmente, el servicio a la sociedad es la motivación de la mejora en la enseñanza del Derecho, coincidieron los entrevistados. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Latina de Costa Rica, León dogmatizó que su reto próximo es fomentar la investigación y el acercamiento a la comunidad: “El país lo necesita, sobre todo en derecho, en ciencias sociales, y no solo en las ciencias duras”, concluyó. “No podría imaginar una universidad pública que no esté involucrada muy directamente en la discusión y análisis de los problemas de justicia que en este momento tiene el país, tanto de acceso a la justicia, como de corrupción de la justicia o de los procesos de selección de magistrados y magistradas que inciden directamente en la calidad de la justicia que Costa Rica tiene”, afirmó por su cuenta Chirino. “El derecho puede ser un instrumento de cambio importante. Tener acceso a la perspectiva del derecho y ver los alcances que puede tener me parece fascinante”, finalizó Zárate, quien anhela culminar su carrera para aportar como profesional, tal vez como funcionaria pública o, quizá, como jurista de derecho privado, al cambio social del país.
propuesta a la realidad legal
Nos dimos a la tarea de recopilar, de los planes de Gobierno disponibles, algunas de las tareas que plantean los candidatos con mayor proyección de cara a las elecciones de 2018 Por Mariana Sáenz Mora Ilustración: Juliana Barquero Entramos en la recta final de la campaña política, la época en que las promesas y visiones cobran más fuerza en los discursos. De la mano del señor Benjamín Gutiérrez, socio director de BG&A Abogados Corporativos, analizaremos el alcance legal de algunas de las posiciones de cada uno de los partidos políticos que van a la cabeza.
Se ha hecho un hincapié importante en un proyecto de reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano fundamental y de dominio público para evitar posibilidades de privatización.
Empero, Gutiérrez puntualizó: “La Ley de Aguas ha tenido escasas cuatro reformas desde su promulgación en 1942, siendo muy clara en su redacción y aplicación. En ella, se regula todo lo relacionado con las aguas de dominio público y privado, su aprovechamiento, explotación, consumo y abastecimiento”. Para el experto, no hay motivo inmediato que haga pensar que exista algún riesgo o circunstancia para reformar la Constitución Política por este tema. Por otro lado, dentro de sus lineamientos económicos, el Frente Amplio propone, en
el punto 1.8 de su plan de Gobierno, consolidar procesos de simplificación de trámites para el desarrollo de iniciativas productivas sin debilitar la legislación ambiental y de protección social. Asimismo, velar por el estricto cumplimiento de la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Y plantea que los programas de simplificación de trámites y eliminación de requisitos innecesarios, duplicados y engorrosos serán coordinados desde el más alto nivel de la Presidencia de la república, a fin de garantizar la coordinación entre instituciones autónomas y ministerios -que hoy funcionan como ‘islas’ y ‘feudos de poder’, en su criterio-. Para Gutiérrez, dicha ley tiene mecanismos de control y sanción en caso de incumplimientos, teniendo como órgano rector al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por lo que el Presidente de la República sí podría participar de alguna forma desde el Consejo de Gobierno. “Considerando que la aplicación normativa de esta ley es el Poder Ejecutivo, solamente sería necesario determinar qué tipo de lineamientos pretenderían ser implementados en caso de que no puedan aplicarse con la redacción vigente de la Ley 8220, en cuyo caso, cualquier reforma conllevaría un trámite
legislativo”, detalló Gutiérrez. En cuanto a comercio exterior, el plan de Gobierno dice: “2.7.-Suspenderemos las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) del Tratado Transpacífico y otros tratados de libre comercio (TLC) orientados a profundizar el modelo de apertura desigual, la pérdida abrupta de resguardas comerciales y la pérdida de soberanía como en el caso del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, así como de tratados bilaterales de inversiones que pretendan obligar a Costa Rica a someterse a arbitrajes internacionales de carácter privado”. Al respecto, señaló Gutiérrez: “Debido al trasfondo del impacto comercial y la división de opiniones en el país, desde la perspectiva legal, la realidad que se desglosa es que el Poder Ejecutivo no puede revocar unilateralmente un tratado internacional vigente. En el caso puntual del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, su aprobación se produjo mediante referéndum, por lo que para revocarlo, renegociarlo o darlo por terminado, será necesario hacerlo por medio de otro referéndum”.
Los temas de actualidad y realidad nacional han cobrado un peso importante en sus ponencias en entrevistas y debates. Bajo los últimos hechos referentes al ‘cementazo’, el candidato Juan Diego Castro indicó que investigará a cada uno de los que están involucrados del Banco de Costa Rica y que hará lo necesario para que vayan a la cárcel. Si evaluamos con detalle esto, sí corresponde a todo un proceso judicial, sin embargo, por orden, al Poder Ejecutivo no es a quien corresponde hacer o llevar la batuta del caso, aportó Gutiérrez. Una de las declaraciones más fuertes que ha dado el candidato ha sido su evaluación de la situación entre los taxis rojos y Uber, aduciendo en medios nacionales que en algunas ocasiones ha sido contactado para que les brinde apoyo en materia de derecho penal. El candidato ha declarado que esto es un caso de materia jurídica y sus explicaciones han acompañado recomendaciones de accionar poco ortodoxas. Al consultarle a Gutiérrez por este panorama, advirtió que los taxistas formales podrían considerar reclamar al Estado
el pago de sus concesiones y las pérdidas provocadas por no mantener la estabilidad económica de sus derechos concedidos, amparados a los documentos legales que conforman este derecho y al artículo 190 de la Ley General de Administración Pública. Declaró, igualmente, que la empresa prestadora del servicio o cualquiera de sus conductores podría interponer una acción de inconstitucionalidad contra la redacción actual del artículo 323 del Código de Comercio o contra la Ley 8955 que la reformó en 2011, con lo cual el contrato de transporte de personas sería legal, debiendo ser regularizado para que pague impuestos como cualquier otra actividad, lo que beneficiaría a todas las partes que no tengan inconveniente con ajustarse a la ley.
El candidato Otto Guevara habló en varias ocasiones de la necesidad de modificar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), y la solicitud de requerimientos, como por ejemplo, el estudio ambiental de carreteras que ya están construidas y solo requieren una ampliación o modificación. “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental debe velar por la
protección equilibrada del ambiente y, para ello, cuenta con reglamentaciones y normas que validan su accionar”, expuso Gutiérrez. “Para poder modificar esta institución y gran parte de su estructura legal, es necesario que lo autorice el Congreso, lo que requiere un proyecto de ley que pueda ser impulsado por cualquier bancada sin necesidad de llegar a la Presidencia. Pero sí existen aspectos que podrían ser mejorados por medio de decretos ejecutivos, como podría ser el prescindir de trámites o facilitarlos cuando se trate de una ampliación o modificación de carreteras que previamente obtuvieron la autorización de Setena”. Conjuntamente, en las principales propuestas de este partido se lee que se dará “primero, un servicio de policía eficaz, responsable e inteligente, en vez de escaso, lento y abusivo, y demás leyes que no se aplican”. Luego, se pondrán a disposición “tribunales y medios alternativos de resolución de conflictos rápidos, eficaces y respetuosos de las libertades individuales, pero dotados de los medios para hacer cumplir sus sentencias -el poder judicial debe ser reformado para mantenerlo independiente, imparcial y honesto-”. De acuerdo con Gutiérrez, actualmente, existen mecanismos de control sobre la actividad judicial que permiten
inspecciones y auditorías regulares que buscan prevenir irregularidades y corrupción y sancionarlos cuando se detecten y ya existen instancias de resolución alternativa de conflictos amparados por nuestro ordenamiento jurídico, y se espera que la entrada en vigencia de la oralidad en la mayoría de los procesos judiciales haga más expeditas sus resoluciones protegiendo el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. “Sin embargo, la propuesta de permitir que las instancias alternativas (cámaras, centros arbitrales, etc.) puedan ejecutar sus laudos y resoluciones sin intervención de los tribunales de justicia conllevaría una reforma de grandes dimensiones que exigirá de organismos de control y regularización que protejan los derechos de las partes y el orden público”, agregó el profesional.
de precarios en sitio y para el traslado a fincas en verde de acuerdo con criterios de oportunidad y costo. Finalmente, promueve una reforma de dicha ley para dar la posibilidad de intervenir asentamientos en precario consolidados que no pueden cumplir con la normativa urbanística. Para Gutiérrez, el artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda lo que regula es la entrega de bonos de vivienda para poblaciones de alto riesgo social. Con un espectro tan amplio, una de las posibilidades que observa el experto puede ser tan simple como ordenar a los bancos públicos que bajen las tasas de interés para vivienda a un máximo del 6% anual, lo que significa una tasa del 0,5% mensual, tasa que es más elevada que en un país desarrollado y que, sin duda, puede soportar una institución bancaria pública que debería existir para promover el desarrollo de los ciudadanos y sus empresas.
Partido Liberación Nacional Propone la intervención en los asentamientos en precario mediante el bono comunal, recuperando el fin para el que este fue creado, y utilizará el artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para la erradicación
Partido Unidad Social Cristiana Dentro de sus propuestas, el PUSC habla de la familia y el matrimonio entre hombre y mujer: “Apoyamos una ley de
unión civil y garantía de igualdad de derechos patrimoniales y personales para parejas del mismo sexo. Para garantizar eso, no es necesario modificar el Código de Familia ni alterar el concepto de ‘matrimonio’ entre hombre y mujer, de acuerdo con los valores culturales de nuestra sociedad”. A lo que Gutiérrez indicó: “Lo que plantea este partido no es aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino promover una ley de unión civil que les reconozca ‘derechos patrimoniales y personales’, lo que también deberá ser aprobado por el Congreso por tratarse de una ley, lo que implica que no existe garantía alguna de su aprobación porque no dependerá del Poder Ejecutivo”.
Partido Acción Ciudadana Dentro de los rubros de su propuesta se contempla la implementación de una reforma del empleo público basada en la eficiencia y la equidad. Para esto, una de las medidas iniciales es crear una única ley que regule este tópico, con posibilidad de crear subregímenes de empleo público, vía acto administrativo
motivado, que permita atender aquellas tareas particulares de la Administración pública. A su vez, se debería efectuar un sistema de remuneraciones para compensar de forma justa la relaciones entre cargas de trabajo-remuneraciones que existen en la Administración. Para ello, se deberá crear un clasificador presupuestario de las administraciones, de forma similar a como opera para las contrataciones administrativas, según el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. Al consultarle al experto, puntualizó que para la puesta en marcha de esta propuesta sería necesario un cambio radical en el sector público en términos laborales, lo que requeriría de una importante serie de acciones legales. “Inicialmente, requeriría un proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso, porque conllevaría reformas a diferentes leyes, como son la Ley General de Administración Pública, el Estatuto del Servicio Civil y posiblemente el Código de Trabajo recién reformado”. A su vez, al decir de Gutiérrez, la primera parte de la propuesta involucra a una serie de convenciones y obligaría a la negociación de múltiples convenciones colectivas porque difícilmente los gremios sindicales admitirán esas condiciones; y de tratarse de la segunda
alternativa, conllevaría un aumento presupuestario que el Estado no está en condiciones de asumir y una reacción casi instantánea del sector privado y las cámaras empresariales por razones evidentes. Otro de los puntos importantes a resaltar es la Actualización de la Ley de Eficiencia Energética de 1994 con el fin de enfrentar las trasformaciones del sector para que cumpla con los objetivos y las necesidades que el presente demanda. En su plan de Gobierno se refiere a que ya existe en la corriente legislativa el Expediente N.° 20.315, que puede servir de base para esta revisión. A lo que Gutiérrez reveló: “Claramente, se trata de una promesa que no depende del Poder Ejecutivo por la independencia de poderes constitucionalmente operante, por lo que serían los diputados de este partido quienes tendrían que seguir adelante con el expediente mencionado para potenciar su aprobación definitiva. La actualización de leyes será necesaria en el tanto haya lagunas, inaplicabilidad de algunas normas, contradicciones u otros factores, pero lo más recomendable es que su redacción sea previamente analizada por expertos técnicos y legales para que tenga menos riesgo de ser modificada indebidamente”, finalizó.
Jóvenes abogados aspiran a una curul legislativa La juventud está tomando un papel más protagónico en la política nacional. Para las elecciones de febrero, varios profesionales con este perfil humano están detrás de un puesto en la Asamblea Legislativa para los próximos cuatro años. Conozca sus principales propuestas Por: Natalia Chavarría /Fotos: Cortesía y Etzia Granera A pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, los partidos políticos están preparados con sus diferentes aspirantes. Hasta el momento, hay mil 48 candidatos a diputados inscritos de 25 partidos políticos distintos, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La juventud nuevamente se hace presente en estos comicios. Datos del TSE indican que más de 138 mil ciudadanos votarán por primera vez, mientras que de los aspirantes, 446 tienen entre 21 y 40 años. Muchos de estos jóvenes candidatos, además de luchar por un espacio en la Asamblea Legislativa, tienen algo más en común: son abogados o lo serán pronto. Conozca a algunos de ellos y sus impresiones personales. ···
34 años Partido Político: Movimiento Libertario Posición: 4to lugar por San José ¿Quién es? Es una ciudadana preocupada por el curso que está tomando el país. Desde pequeña, ha tenido interés por la política gracias a que su madre ha estado involucrada con partidos tradicionales. En 2014, se unió al Movimiento Libertario por los principios del partido y por tomar en cuenta las ideas de los jóvenes y mujeres. Actualmente, es asociada de la firma Pacheco Coto, donde se desempeña en el área de derecho administrativo, contratación administrativa, energía y telecomunicaciones. Pasatiempos: Correr y escribir. Propuesta: El trabajo en equipo de todos los diputados es su
principal propuesta. Mejorar al país, sin que medien los intereses particulares, sino los de Costa Rica en beneficio de todos los ciudadanos. En cuanto a proyectos, Traña propone una reforma fiscal, la cual no encarezca el costo de la vida de los costarricenses, sino que permita que los impuestos existentes se recauden de manera adecuada y que se regule a quienes lo están evadiendo. Además, la candidata plantea la creación de beneficios a los emprendedores y pymes para evitar la informalidad laboral y la legalización de Uber.
FIRMA 40 Natiuska Traña P.
27 años Partido Político: Partido Restauración Nacional Posición: 4to lugar por Puntarenas ¿Quién es? Él es un abogado defensor de la vida, el matrimonio, la familia y la libertad de culto. Es un hombre de fe con fuertes valores y principios cristianos, los cuales, a su parecer, han configurado lo mejor del ser costarricense a lo largo de su historia. Al día de hoy, cursa una especialidad en Derecho Notarial y Registral en la Universidad Internacional San Isidro Labrador, y trabaja en el Bufete Segura & Asociados, con oficina abierta tanto en Quepos como en Parrita. Pasatiempos: Crear y componer obras musicales. Propuesta: Promover modificaciones al Código Penal, al tenor del proyecto propuesto por Restauración Nacional ante la Asamblea Legislativa para tipificar el delito de tortura infantil y evitar la impunidad ante las graves situaciones que se han visto en el país en los últimos años. Adicionalmente, procura darle seguimiento a proyectos de presentados por su partido, asociados a la penalización del abandono de las personas adultas mayores.
David Segura G.
28 años Partido Político: Frente Amplio Posición: 2do lugar por Cartago ¿Quién es? Vega es oriundo de Oreamuno de Cartago y ejerce como abogado independiente desde 2013 en su despacho Uvelegal. Cuenta con un postgrado en Derecho Registral y Notarial y ha participado en movimientos estudiantiles, sociales y ecológicos desde sus tiempos colegiales. Actualmente, trabaja como asesor legal en el Concejo de la Municipalidad de San José, además de su ejercicio privado. Se describe como una persona con gran capacidad conciliadora y un apasionado de temas de derecho público,
como el municipalismo y la contratación administrativa. Pasatiempos: Coleccionar discos de vinilo, cómics y asistir al estadio a apoyar al Club Sport Cartaginés. Propuesta: Debido a su experiencia profesional, muchas de sus propuestas serán de corte legalista en pro de tener un sistema más progresista y solidario, alejado de la corriente del populismo punitivo, que faciliten el funcionamiento y ahorren los recursos de la cosa pública. Igualmente, se compromete a defender y fortalecer el Estado de derecho y de justicia social. De forma puntual, el abogado y candidato propone la Reforma a las Normas de Contratación Administrativa para fomentar el uso de subasta a la inversa o a la baja, limitar la solicitud del reajuste de precios, apoyar la propuesta de Ley para la Creación de la Defensa Pública a Víctimas de Violencia o Delitos Sexuales, así como impulsar el Estado laico. Luis Vega C.
Eduardo Solano S.
Evelyn González Chaves
31 años Partido Político: Partido Unidad Social Cristiana Posición: 5to lugar por Heredia
27 años Partido Político: Partido Acción Ciudadana Posición: 3er lugar por Cartago ¿Quién es? Es un abogado graduado de la Universidad de Costa Rica, centro educativo donde inició en la política al involucrarse activamente en el Movimiento Estudiantil, formando parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y la Federación de Estudiantes (FEUCR). Sus siguientes pasos en la política estuvieron ligados al PAC, partido en el cual fue secretario general de 2015 a 2017. Al día de hoy, se desempeña como asesor del diputado Marco Vinicio Redondo y está a cargo de los temas de la Comisión de Seguridad
y Narcotráfico y otros relacionados con aspectos jurídicos. Pasatiempos: Disfrutar el cine, el teatro y la comida fusión; asistir al estadio a apoyar al Club Sport Cartaginés; y leer sobre política e historia. Propuesta: De llegar a la Asamblea Legislativa, Solano tiene el interés de impulsar la focalización de propuestas de seguridad ciudadana entre las cuales está presentar proyectos para variar la política de drogas en el país, pensando en un enfoque de salud pública y no de criminalización. También, plantea la lucha contra la corrupción, modernizando la legislación de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Y apoyará la reforma fiscal, para la cual buscará aprobar una reforma fiscal progresiva y justa que brinde una solución integral al peligroso déficit fiscal.
¿Quién es? La candidata legislativa es una mujer altamente competitiva y proactiva, siempre dispuesta a asumir retos, al decir de sí misma. Además, se define como un ser sensible hacia las necesidades de las personas más vulnerables y hacia la importancia del fortalecimiento de la familia como elemento catalizador del desarrollo de la sociedad. Como abogada, cree en la necesidad del fortalecimiento de leyes en seguridad informática y ve al sector empresarial privado como aliado nacional en el crecimiento de la economía, por lo que le apasiona el derecho corporativo y comercial. Actualmente, está cursando el último cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho y trabaja para la empresa Grupo Babel como ejecutiva de cuentas corporativas y como encargada de la relación comercial entre los clientes del área corporativa y la empresa. Pasatiempos: Leer, realizar actividad física y disfrutar de la cocina alternativa saludable. Propuesta: Para González, hay
que priorizar leyes en seguridad informática y ciberdelitos. En el ámbito de seguridad, propone penas más fuertes para los delitos sexuales. En cuanto a la atracción de la inversión, pretende impulsar al productor nacional para la generación de empleo para adultos y jóvenes. Adicionalmente, trabajará por la promoción de los derechos de tercera generación.
Katherine Obregón Barrantes
Ley de la Creación del Concejo de Cuenta del Tempisque (Concutem). Ante esto, de llegar a la Asamblea Legislativa, la candidata trabajará por consolidar el control socialcomunitario sobre el manejo de la cuenca del río Tempisque por medio del carácter vinculante de las decisiones de los concejos de cuenca que se
instaurarán. Conjuntamente, establecer las medidas que permitan recuperar el caudal ecológico del río Tempisque y establecer como política nacional la declaratoria total del río Tempisque, sus afluentes y humedales conectados como sitio Ramsar (que son criterios para la identificación de humedales de importancia internacional).
Evelyn González C.
24 años Partido Político: Frente Amplio Posición: 2do lugar por Guanacaste
¿Quién es? Ella se define como feminista. Estudia Derecho en la Universidad de Costa Rica y es una apasionada de la fotografía. Es militante del Partido Frente Amplio y de su juventud desde hace 4 años. Pasatiempos: Practicar fotografía, yoga y el arte corporal de la acrobacia con tela. Propuesta: Para la aspirante legislativa, las comunidades han venido perdiendo el control y el acceso al patrimonio natural y cultural. Un ejemplo de esto es el caso de la cuenca del río Tempisque que está siendo acaparada por megaproyectos como las centrales azucareras y por lo cual la diputada Suray Carrillo presentó el proyecto de
Katherine Obregón B.
Según la Asociación Nacional de Mujeres Abogadas de Estados Unidos (NAWL), solo un 19% de los socios en las grandes firmas de ese país son mujeres. Para lograr su avance, nació Women in the Profession, ahora con presencia en Costa Rica, como un espacio donde las profesionales del derecho se empoderan e inspiran a sí mismas, a la vez que ponen sus conocimientos al servicio de otras comunidades Por Cindy Regidor /Ilustración: Shutterstock La sinergia y el entusiasmo eran perceptibles en el salón en que se dieron cita decenas de mujeres abogadas. No era para menos, celebraban la constitución oficial de la Asociación Women in the Profession Costa Rica, como parte del programa internacional de The Cyrus R. Vance Center for International Justice de Nueva York (EE.UU.). El acto se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre y se trató de una actividad en la que se firmó la constitución de dicha asociación como una muestra de la materialización de esfuerzos en busca de objetivos en común, los cuales consisten en la búsqueda del avance de la mujer en la profesión legal, así como el uso de la práctica de la ley para mejorar la situación
de las mujeres en general. El evento contó con la presencia de Antonia Stolper, miembro del International Steering Committee de Women in the Profession y socia de la firma Shearman & Sterling LLP, quien además recibió un reconocimiento de la asociación Women in the Profession Costa Rica. Además, Joyce Winnubst, consejera general de TMF Group Holding B.V., compartió desde Ámsterdam a través de un audio en el que respondió a varias inquietudes relacionadas al desarrollo de las mujeres en el campo profesional del derecho. Stolper ofreció un discurso entusiasta y, a la vez, realista. Por un lado, destacó los logros alcanzados por la organización a nivel internacional en 10 años
de trabajo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, México y Panamá, pero también, hizo mención a la situación actual en que todavía hace falta que las mujeres alcancen la igualdad en diferentes ámbitos y facetas, pero sobre todo, en el mundo de las leyes. Stolper dijo que, a pesar de que hay muchas mujeres estudiando Derecho e ingresando al mundo laboral, muy pocas logran el puesto de socia en las grandes firmas del mundo. “Mi impresión de ser abogada por 30 años es que es una combinación de lo que yo le llamo el empuje de las horas de trabajo, la necesidad de estar viajando, la necesidad de generar nuevos negocios… Todo pasa al mismo tiempo en que las personas están comenzando sus familias, los niños son pequeños… Y es una profesión, especialmente en la práctica privada, que no es muy flexible. Y aunque ahora es más flexible porque hoy día tienes tu computadora, puedes hacer tu trabajo en casa, etcétera, los clientes no esperan. Entonces, hasta ahora, esa falta de flexibilidad ha sido un problema enorme. El otro problema es que el mundo está manejado por hombres y sigue siendo manejado por hombres. Los hombres son los miembros de las juntas directivas, son los CEO (presidentes ejecutivos, del inglés chief executive officer) y CFO (directores de finanzas, del inglés chief financial officer), siguen yendo a la cancha de golf para
jugar donde las mujeres están excluidas…”, ilustró. Y añadió: “También, hay el ʻpull factorʼ… El hecho es que, al fin y al cabo, las mujeres dicen: ʻ¿Por qué me estoy matando para ser socia? Hay otras cosas por hacer, puedo trabajar para una empresa, para una ONG, comenzar mi propio negocio, etc.’. El hecho no es que las mujeres no están trabajando, están trabajando y haciendo cosas muy importantes”, destacó. Por su parte, Winnubst mencionó la importancia de que las mujeres se reconozcan, se atribuyan y celebren el trabajo que realizan, puesto que hace una gran diferencia el visibilizar sus éxitos y logros profesionales. Deben tomar el crédito que les corresponde. En ese sentido, Vivian Liberman, representante de Costa Rica ante el Steering Committe del programa Women in the Profession, comentó que la promoción del empoderamiento y liderazgo ha sido y seguirá siendo uno de los bastiones de la asociación costarricense de abogadas. “Decidimos darles herramientas a todas esas mujeres que trabajan con nosotras. Para eso, diseñamos un calendario anual para desarrollar esas habilidades con conferencistas que pudieran ayudarnos en temas específicos y reunir a todas las personas que trabajan con nosotras para que participaran de esos talleres y charlas en temas de desarrollo de negocios, negociación, temas de empoderamiento. La idea es que
sea una amplia gama de temas dirigida a todas las abogadas que trabajan en nuestras firmas”, puntualizó. La asociación ya lleva un año en funciones y está conformada por más de 10 firmas. Igualmente, se han sumado compañías en que las directoras jurídicas son mujeres y que cuentan con mujeres abogadas en sus departamentos legales. “Queremos que las mujeres que trabajan con nosotras entiendan la importancia de las mujeres en la profesión. Cuando llegamos a posiciones de liderazgo, logramos grandes cambios que los hombres… No es que no los hacen porque no quieren, sino que muchas veces tenemos una visión diferente de vida, sobre todo por el tema de construcción de género. Hemos sido educados pensando que tenemos que hacer cosas diferentes, un ejemplo de eso es que cuando Laura Chinchilla llegó a ser presidenta de Costa Rica se cambió todo el sistema de cómo se atendía a la niñez en los centros educativos para niños pequeños para que las madres pudieran dejarlos. Eso no existía antes de que una mujer llegara al poder. Se trata de concientizar y sensibilizar a las mujeres de la importancia que tenemos y por qué debemos buscar y no darnos por vencidas sino continuar con nuestras carreras”, detalló Liberman. Actualmente, la Asociación Women in the Profession Costa Rica ya trabaja en un proyecto ‘probono’ junto al Instituto
Nacional de la Mujer (INAMU). Se trata del desarrollo de un manual de temas legales para las personas encargadas de facilitar los cursos que se ofrecen a mujeres emprendedoras de escasos recursos. “Lo que hemos hecho es trabajar en ese manual de temas legales básicos sobre cómo echar a andar una empresa, los requisitos, permisos. Es un manual bastante completo y ahora viene la etapa de la capacitación a las personas que facilitan los cursos. Puede llegar el momento en que nosotras también ayudemos a dar esas capacitaciones, pues con esta cantidad de recurso legal sería ideal. Estamos buscando en qué otros proyectos podemos trabajar junto al INAMU donde podamos tener un impacto real”, manifestó la abogada. A la actividad asistieron también algunos hombres, hecho que Stolper destacó y calificó como positivo. Liberman también se refirió a la importancia de que los hombres jueguen el papel de aliados en esta iniciativa. “Cuando se empieza a hablar de temas de mujer la gente tiene una reacción un tanto negativa. Lo que intentamos es incorporar a hombres para que escuchen sobre los temas que para nosotras son importantes para que haya un cambio real. Es importante que los hombres que trabajan con nosotras entiendan la problemática y la necesidad de tener mujeres en posiciones de liderazgo”, finalizó.
El derecho al olvido en las infracciones de tránsito.
Socio Expertis Legal Costa Rica Ilustración: Juliana Barquero
El derecho al olvido puede conceptualizarse como un derivado del derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el derecho de todo ciudadano de controlar el uso de su información personal. Está consagrado en el Art. 11 del Reglamento a la Ley de Protección de Datos Personales, que establece que “la conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular no deberá exceder el plazo diez años, desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que establezca otro plazo o porque el acuerdo de las partes haya
establecido un plazo menor. En caso de que sea necesaria su conservación más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados los datos personales de su titular”. Desde hace muchos años, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) mantenía en su sitio web una plataforma de consulta pública sobre infracciones a la Ley de Tránsito cometidas por conductores. Con solo ingresar el número de licencia, se detallaban todas las infracciones cometidas desde que la plataforma se encontró disponible (hace más de 15 años). Además, la consulta era considerablemente detallada, ya
que no solo indicaba el nombre del conductor, la fecha de la infracción y la matrícula del vehículo que conducía, sino que incluso señalaba la infracción cometida con el artículo infringido y una descripción (por ejemplo: “conducción bajo los efectos del alcohol”, “exceso de velocidad”, “licencia vencida”, “infracción a la señalización”, “irrespeto a la autoridad”, etc.). La información permanecía en la base de datos aun si la infracción era pagada, revocada o, incluso, si estaba prescrita. Esa información contenida en dicha base de datos se conformaba mayoritariamente por datos calificados como
restringidos de conformidad con el artículo 3 inciso d) de la Ley de Protección de Datos, que al respecto indica: “Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración pública”. Se trataba en consecuencia de una base de datos de carácter sancionatorio, similar a la denominada hoja de delincuencia, con la única diferencia que las sanciones son de tipo administrativo y no judicial, aunque inclusive cierto tipo de infracciones de tránsito constituyan al mismo tiempo delitos. Sin duda, el efecto ‘estigmatizante’ que podía tener este tipo de información lesionaba no solo el derecho de autodeterminación informativa consagrado en la Ley de Protección de Datos, sino que adicionalmente podía lesionar el derecho a la intimidad, el derecho al olvido y, en general, ocasionar daños de difícil o imposible reparación a una persona. De hecho, en no pocas ocasiones la información contenida en esta base de datos era utilizada por medios de prensa para consultar la conducta al volante de personas que se ven involucradas en accidentes de tránsito o por empleadores a la hora de seleccionar personal para labores relacionadas con la conducción de vehículos.
Mediante resolución de fecha del 2 de septiembre de 2016, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) resolvió una denuncia interpuesta por un ciudadano que reclamó la existencia de información personal en la consulta de infracciones del Cosevi. En dicha resolución, Prodhab ordenó la eliminación de toda la información del denunciante de dicha base datos, tanto la que tuviera más de 10 años como la actual, esto por tanto determinó que no solo se debía proteger el derecho al olvido, sino que la base de datos en cuestión “no puede considerarse una fuente pública de acceso general”. Pese a lo anterior, aun cuando en el pasado ya la Sala Constitucional -previo a la creación de Prodhab- había condenado al Cosevi a eliminar la información de otro conductor (Voto 2009-012973), y pese a tener la Prodhab facultades de actuación oficiosa, en aquella ocasión, Prodhab no ordenó al Cosevi eliminar la consulta pública de infracciones de todos los ciudadanos, sino únicamente las del denunciante, alegando que el mismo no representaba derechos difusos. No obstante, se indicaba en la resolución que Prodhab “urge de manera fehaciente que el Consejo de Seguridad Vial tome en cuenta lo aquí resuelto y establezca las medidas necesarias a efecto de eliminar la consulta pública toda
vez que la misma no procede en los términos ya indicados”. A pesar de ello, ante una nueva denuncia de un ciudadano, Prodhab volvió a revisar este tema mediante resolución del 1 de septiembre de 2017, justo un año después de la resolución anterior. En el caso en cuestión, Prodhab también ordenó eliminar los datos personales del denunciante, pero además, al haber trascurrido un año sin que el Cosevi implementara medida alguna en cumplimiento de la resolución anterior, Prodhab ordenó al Cosevi deshabilitar la consulta pública de las infracciones en los términos que se venía prestando. De la resolución se desprende que la consulta electrónica podrá seguirse prestando en el tanto se garantice la privacidad de la información y los datos puedan ser consultados únicamente por su titular, como sucede por ejemplo con el sistema de orden patronal de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se encuentran datos personales de acceso restringido como el salario, disponible únicamente para su titular previa autenticación mediante credenciales electrónicas adecuadas. Sin duda, las actuaciones de Prodhab, en este caso, marcan un antes y un después en materia de protección de datos personales en el sector público en beneficio de la privacidad de toda la población.
Juan Ignacio Zamora Montes de Oca Máster en Derecho Informático Ilustración: Shutterstock
Recientemente, se llevó a cabo el I Congreso Nacional sobre Protección de Datos Personales, organizado por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). Esta iniciativa tan necesaria y loable vino a reforzar los esfuerzos que en los últimos años ha buscado la Prodhab para educar y crear una cultura que permita conocer y ejercer los derechos que como titulares de datos personales ostentamos.
Si bien contamos con una legislación que ya se acerca a sus siete años de vigencia, existen todavía retos que como país debemos conocer y enfrentar, pues en la región latinoamericana la tendencia ha sido crear o mejorar las normas que regulan el tratamiento de datos personales. Costa Rica modificó su reglamento a finales de 2016, procurando mejorar el ámbito de aplicación de la norma y
proteger los derechos de los titulares. De esta forma, algunos de los cambios indican que se permite que el consentimiento informado pueda ser otorgado no solo por escrito, sino también por un medio digital Igualmente, se modificó el inicio del plazo que indica el artículo 11 sobre el derecho al olvido, aclarando que este comienza “desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato”. Asimismo, se suprimió el ‘superusuario’, se creó la figura del ‘Grupo de Interés Económico’ y se realizaron otras modificaciones que buscan permitir a los responsables de bases de datos cumplir con la normativa, coadyuvando en la campaña de educación y protección de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Fuera de nuestras fronteras, existen algunas acciones que debemos conocer y valorar, ya que podrían cambiar nuestro panorama en los próximos meses, dada la rapidez con la que actualmente se desarrollan los procesos tecnológicos. Por ejemplo, Panamá se encuentra en proceso de aprobación de una ley específica que regule el tratamiento de los datos personales, pudiendo convertirse en un corto plazo en el cuarto país (junto a Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana) de Centroamérica y el Caribe en contar con una norma específica en la materia.
En el caso de Brasil, este país discute la adopción de una Ley de Protección de Datos Personales, aplicable a organizaciones públicas y privadas, las cuales deberán dar tratamiento a datos personales a la hora de brindar bienes o servicios. El proyecto de Ley N.° 5276-2016 ha sido muy influenciado por la Regulación General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE), y se espera que para finales de este año o inicios de 2018 sea aprobado y que entre en vigencia antes del próximo julio. Todo esto tendrá un impacto a nivel de inversiones, ya que deberán mejorar procesos y realizar cambios quienes queden sometidos a la ley. Aunque posiblemente exista un período de transición, aquellos que den tratamiento a datos personales deberán incurrir en inversiones para asegurar un correcto manejo de la información personal que tratan, lo cual, a su vez, generará oportunidades para mejorar y adaptar sus protocolos de seguridad y el marco legal sobre el que operan los responsables de las bases de datos. Por otro lado, en junio de este año, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, en el marco del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, aprobó oficialmente los llamados ‘Estándares de Protección de Datos de los Estados Iberoamericanos’, los cuales promueven directrices
que sirven de referencia a futuras regulaciones o para la revisión de las ya vigentes, todo con el fin de tener un grupo de normas homogéneas en la región. Estas normas están basadas en instrumentos internacionales aprobados, tales como los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Convención 108 del Convenio de Europa para la Protección en el Tratamiento de Datos Personales. Estos establecen parámetros generales en donde se indica, a manera de ejemplo, que el tratamiento de datos debe ser legítimo, lícito, transparente, proporcionado y sujeto a las limitaciones que el individuo le imponga y basado siempre en un consentimiento informado. También, comprometen al responsable de la base de datos para que cuente con la seguridad necesaria mientras brinda los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a los titulares. Y, finalmente, obligan a contar con medidas de seguridad estrictas para transferencias internacionales de datos y a notificar cualquier acceso no autorizado de la información a la autoridad y al titular de los datos. Estos estándares permiten armonizar las regulaciones en aspectos tan importantes como lo es la transferencia internacional de datos personales, incluso, esperando alcanzar el
reconocimiento del estándar europeo en temas de tratamiento de datos personales. En relación con la Convención 108 antes mencionada, Argentina fue invitada a formar parte de la misma a finales de septiembre de este año; México ha solicitado formar parte de este instrumento internacional; y Chile ha solicitado formar parte como miembro observador. Todo ello indica que, poco a poco, en nuestra región, se va buscando un acercamiento más a la línea europea en cuanto a protección de datos personales se refiere. Al día de hoy, Uruguay y Argentina son las únicas dos naciones en Latinoamérica reconocidas por la Comisión Europea que proveen una adecuada protección a la transferencia internacional de datos. Es posible que la GDPR se convierta, en un futuro (como ya lo fue la anterior regulación 95/46/EC), en un estándar internacional para la protección en el tratamiento de los datos personales, no solo para Europa, sino de manera global, teniendo un impacto extraterritorial grande en nuestra región, tomando en consideración que ahora existen empresas que se someten a estas normas, ya sea porque su casa matriz se encuentra en Europa o porque buscan brindar una mayor seguridad a los datos que manejan y, de esta forma, cumplen con las regulaciones nacionales y con los nuevos estándares internacionales.
Y si roban mis datos, ¿quién responde?
El reciente robo masivo de datos de alrededor de 143 millones de personas a través de una vulneración a las bases de la empresa norteamericana de información crediticia Equifax ha puesto en la palestra la discusión sobre responsabilidad de estas compañías, así como las posibilidades legales reales que tienen las víctimas para reclamar una eventual reparación del daño. Lo cierto es que las revelaciones posteriores sobre el accionar de Equifax, como el reconocimiento público tardío del incidente, la venta de acciones de sus ejecutivos posterior al robo y la evidente negligencia en cuanto a su política de seguridad cibernética, atizaron la hoguera. Es incuestionable que el creciente aumento de este tipo de ciberataques ocasiona alarma y preocupación. Los Estados y las empresas se han resignado a que ningún sistema es infalible y que todos en algún momento pueden caer en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, esto no desmerita la obligación inherente de todo administrador de bases de datos de implementar, mantener y actualizar sus políticas y sistemas de seguridad informática. Los datos están siendo declarados como el ‘petróleo de la era digital’. La irrupción de nuevas tecnologías (‘big data’, inteligencia artificial), que permiten hacer un uso
intensivo y comercialmente valioso de millones de datos, así como el incremento y sofisticación de los ataques, han supuesto la necesidad de replantearse las consecuencias y responsabilidades de todas las partes involucradas. Actualmente, en la mayoría de legislaciones sobre protección de datos, las sanciones por descuidar los datos del usuario son exiguas y los mecanismos de reparación del daño a las víctimas son inexistentes o harto complejos. Nuestro sistema jurídico, lamentablemente, no se escapa de esta tendencia. Si bien es cierto que a nivel penal (Sección de Delitos Informáticos y la reciente adhesión al Convenio Europeo de Ciberdelincuencia) contamos con las herramientas jurídicas para sancionar y castigar a todo aquel que vulnere y utilice en forma ilegítima datos personales, nuestra normativa sobre protección de datos carece de un instrumento específico a favor de los titulares de los datos para los supuestos en que la actuación de los responsables de bases de datos (públicas y privadas) respondan en caso de causar un daño a sus titulares. El Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia que analiza un caso de suplantación de identidad electrónica y una vulneración de la base de datos de una entidad pública, determinó que “la carga de la prueba le corresponde
a quien afirma, lo que haría pensar que es la actora quien debe demostrar claramente que su identidad fue suplantada, mas tal requerimiento llevaría implícita una denegatoria de justicia en contradicción del artículo 41 de la Carta Magna, en tanto que como se viene analizando llegar a acreditar esa situación resulta prácticamente imposible”. En este sentido, es claro que las actuaciones de responsables y encargados de tratar los datos pueden causar daños y perjuicios a sus titulares, que de algún modo deben ser reparados. Piense usted, dentro del marco de la reciente reforma procesal laboral en nuestro país, que un centro médico perdiera una historia clínica donde figura que una persona está infectada por el VIH y esa información cayera en manos de un tercero que tomaría decisiones perjudiciales para dicho sujeto. ¿Qué sucedería? Ello acarrearía hasta un despido laboral. Partiendo del clásico principio que quien causa un daño tiene que repararlo, nuestro ordenamiento admite expresamente que, en estos casos, es posible acudir a las vías ordinarias para exigir responsabilidad al encargado del tratamiento y obtener una indemnización sin necesidad de acudir previamente a la Agencia de Protección de Datos, pero como ya vimos, el éxito de tal acción pasa por un camino tortuoso y sombrío.
En una democracia madura como la costarricense, se espera contar con un sistema judicial que garantice a todas las personas una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todos. Esto es así porque los jueces desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos, el mantenimiento del orden, la paz, la seguridad jurídica y el resguardo del Estado de derecho y, en consecuencia, de la democracia. No obstante lo anterior, los recientes escándalos generados alrededor de las autoridades superiores del Poder Judicial han evidenciado, ante toda la población, problemas acumulados desde hace muchos años y que se comentan todos los días en el foro: la diaria violación del derecho humano a la justicia pronta y cumplida y el atropello al principio de la independencia de los jueces y al deber de probidad. Del mismo modo, se crítica severamente el procedimiento mediante el cual se eligen los magistrados y la centralizada, vertical y autoritaria forma en la que se gobierna dicho poder. Dada esta crisis tan aguda que sufre el sistema judicial, se requieren profundas reformas constitucionales para que el Poder Judicial vuelva a hacer el “trapito de ‘dominguear’ de nuestra democracia”. No podemos continuar
posponiendo las soluciones que con tanta urgencia requiere el país. ¡Para mejorar hay que cambiar y para mejorar mucho hay que cambiar mucho! Para lograrlo, lo primero que se tiene que hacer es despolitizar el sistema de elección de los magistrados que, con el paso del tiempo, lamentablemente, se fue convirtiendo en un botín político, con lo cual se amenaza la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. En tal sentido, se sugiere que cada vez que se produzca una vacante de cualquiera de las salas, que la Asamblea Legislativa designe al sustituto, respetando la paridad de género, a partir de ternas técnicamente prepararas por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, con el propósito de garantizar madurez, experiencia y sabiduría en la cúpula de la corte, pero por sobre todo independencia del poder político, se debe modificar la edad que hoy se establece para ser magistrado de 35 a 50 años. La magistratura ha de ser la culminación de una exitosa carrera profesional, que permita a los aspirantes hacerlo sin ataduras ni compromisos de ninguna naturaleza, ni la necesidad de demostrarle lealtad política a nadie. Sumado a lo anterior, también se sugiere que la designación se haga por un solo período de
12 años. Inclusive, se podría pensar que sea vitalicia. El sistema actual, condicionado a períodos de elección y reelección de ocho años, provoca peligrosos coqueteos de los magistrados con las autoridades políticas superiores y los poderes invisibles del sistema con tal de garantizarse su reelección. ¡Ese cáncer que carcome la integridad del Poder Judicial hay que extirparlo de raíz! Por otra parte, con el fin de profundizar la calidad de los servicios y la responsabilidad de los magistrados y, en general, de los jueces, es necesario establecer, de forma expresa en la Constitución, que corresponde al Poder Judicial garantizar el principio de la tutela judicial efectiva, para lo cual se requiere establecer que la administración de justicia se hará de manera pronta y cumplida y con estricto apego a los términos procesales que establezca la ley. Igualmente, que los jueces responderán por el perjuicio que causen a las partes por el retardo, negligencia y denegación de justicia o por errores judiciales y el quebrantamiento de la ley. Por último, con el mismo carácter de urgencia, se requiere modificar el centralista y autoritario gobierno de la corte. No es posible que los magistrados con tan buenos salarios se desgaten, en detrimento de
la calidad de justicia, en aspectos administrativos. Ese sistema de gobierno, que se complementa con 14 comisiones administrativas integradas con magistrados, además de generar ineficiencia e ineficacia, mantiene en un estado permanente de terror a los funcionarios judiciales, todo lo cual termina afectando la independencia de los jueces. De ahí la conveniencia de eliminar todas las funciones administrativas a los magistrados y otorgárselas, por ejemplo, a un renovado Consejo Superior de la Judicatura. La Constitución Política es un producto de la cultura, una especie de técnica que tiene por fin la organización del Estado y la sociedad mediante normas jurídicas. Desde este punto de vista, cuando la estructura jurídica del Estado no responde o satisface adecuadamente las necesidades, así como los principios y valores de la gente, la reforma de la Constitución puede operar como un instrumento de cambio o para superar los obstáculos que la misma normativa constitucional puede estar provocando. Entonces, entendiendo que la Constitución no es una ley eterna, sino un proyecto de vida, dispongámonos a reformarla, para que el Poder Judicial vuelva a ser un faro de luz y de orgullo de la democracia costarricense.
El caso especial del salario escolar en el régimen municipal
Abogado especialista en derecho municipal Ilustración: Shutterstock
Uno de los bemoles que tiene un Estado unitario como es el costarricense (que, a su vez, tiene una descentralización por competencias y territorio y una desconcentración en cada uno de esos órganos) es que necesariamente está obligado a trabajar de forma ordenada, coordinada e integrada. Como una orquesta sinfónica, cada uno de los entes, instituciones y órganos que componen el aparato estatal están obligados a dar la nota musical necesaria en el momento preciso para que la melodía que se viene tocando no rompa los vidrios de la casa de cristal (símil utilizado para definir a la Administración pública con el fin de permitirle al ciudadano examinar y escrutar
el desempeño de quienes administramos la cosa pública). Sin embargo, son muchas las veces en que la orquesta no toca muy bien. Confusión de las competencias, duplicidad de actos administrativos, despilfarro de los fondos públicos, abuso de la discrecionalidad técnica que termina siendo arbitrariedad en sentido lato y, por supuesto, contradicción entre lo que dice un órgano y otro, producen un enorme malestar en la ciudadanía materializada en frustración e inseguridad jurídica. El título de la presente opinión es fiel reflejo de lo comentado anteriormente. Dos posiciones antagónicas que tienen a las 82 municipalidades que conforman el régimen local en un estado de alerta y confusión. El detonante: la naturaleza jurídica del salario escolar y su aplicación. Hagamos primeramente una ruta en el tiempo. Recordemos que el salario escolar nació en el sector público por Decreto Ejecutivo N.° 23907-H del 21 de diciembre de 1994 como un incentivo para que las familias pudieran hacer frente a los gastos de entrada a clases de los menores que componen sus hogares: es decir, el salario escolar reduciría los porcentajes de deserción estudiantil. Surgió a partir del acuerdo de política salarial para el sector público, recomendado por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, como “un ajuste adicional para los servidores activos al aumento de salarios por
costo de vida otorgado a partir del 1° de julio de 1994, y será un porcentaje del salario nominal de dichos servidores para que sea pagado en forma acumulativa en el mes de enero de cada año”. Resultado de ello, las municipalidades (es decir, el sector descentralizado territorial) empezaron a interiorizar el rubro de salario escolar dentro de sus presupuestos: unas, a partir de sus bonanzas financieras, lo asumieron en su totalidad como un decimocuarto salario; otras, no lo asumieron del todo -y es una lucha que existe al día de hoy entre las fuerzas sindicales y los patronos locales-; y otros se inclinaron por la retención de un porcentaje a los aumentos por costo de vida y un pago diferido de los mismos en enero de cada año. Y esta fue la realidad que se fue dando en las demás instituciones descentralizadas del Estado, donde lejos de homogeneizarse la forma de aplicarse el salario escolar en el sector público, creció con mucha fuerza la diferencia discriminatoria entre algunos funcionarios a los que se les retiene parte de su salario para que el mismo sea pagado de forma diferida en enero de cada año, mientras que a otros se les reconoce como un componente salarial, pagadero igualmente en el primer mes de cada año. Ante esta fotografía injusta para unos, no tanto para otros, nuestra jurisprudencia nacional -que en materia de derechos y garantías de empleo público es de resorte
de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia- despeja cualquier duda sobre la naturaleza jurídica del salario escolar y generaliza su aplicación a todo el sector público, al indicar que “(…) el salario escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año…” (ver los votos 833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011; 952, de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2012; y 2017000437, de las 10:55 horas del 17 de marzo de 2017; todos de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia). Inclusive, para despejar todo tipo de dudas de quienes podrían indicar que dichos votos son para funcionarios de la Administración central y que, por tanto, dicha jurisprudencia debe interpretarse en favor de esta porción del funcionariado público, en voto 001178-2016, de las 9:45 horas del 10 de junio de 2016, la Sala Segunda, aparte de subrayar que el salario escolar es un componente salarial en beneficio de la Administración pública,
hace hincapié en que incluso para el sector descentralizado que está fuera de la Administración central, así como el del ámbito de la Autoridad Presupuestaria (por la autonomía financiera de las cuales estas gozan) debe aplicarse el salario escolar como un componente salarial resultado de garantías constitucionales radicadas en los artículos 56 y 57, así como de los Convenios Número 94 y 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “El denominado salario escolar, al ser una clase de salario y, por ende, derivar su naturaleza de normativa de rango constitucional (artículos 56 y 57) y de los Convenios Número 94 y 95 de la Organización Internacional del Trabajo, no puede ser obviada su implementación como componente salarial por una norma de menor jerarquía como lo es el numeral 28, inciso m, de la Ley Orgánica del Banco Central, ya que, de ser así, se infringiría la jerarquía de las fuentes normativas derivada del artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública”. Como derivación de la línea jurisprudencial que la Sala Segunda ha venido hilando, la Procuraduría General de la República, en dictamen C-1362017 del 16 de junio de 2017, reconsideró su jurisprudencia administrativa C-127-2008 del 21 de abril de 2008, C-163-2011 del 11 de julio, C-121-2012 del 18 de mayo de 2012 y C-146-2016 del 24 de junio de 2016, y la ajusta
al indicarle a la Municipalidad de Turrialba que el salario escolar para el régimen municipal debe tratarse y aplicarse como un componente salarial y no como una retención con pago diferido, esto a la luz de los votos ya citados. No obstante lo anterior -aquí, es donde empieza la melodía a desafinarse-, en dictámenes DJ-0145-2017 del 9 de febrero de 2017 y el reciente DJ- 13122017 del 3 de noviembre de 2017, la Contraloría General de la República, apartándose de los votos de un alto y especializado tribunal de la república y desconociendo lo que indica ‘el Abogado del Estado’, aseguró que el salario escolar no aplica para los funcionarios municipales como componente salarial, sino como una retención con pago diferido, por la coyuntura de que los gobiernos locales no pertenecen al andamiaje de la Administración central ni están cubiertas por ámbito de la autoridad presupuestaria. Corolario. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República indica que sus dictámenes y pronunciamientos constituyen jurisprudencia y son de acatamiento obligatorio para la Administración pública. Por otra parte, la Contraloría General de la República -paladín de la hacienda pública’- son quienes aprueban o imprueban los presupuestos municipales. ¿Entendemos la melodía que se está tocando?
Dr. Christian Campos Monge Consultor Ilustración: Shutterstock
La modificación de los contratos públicos es posible, ello conforme al principio de mutación constitucional, arts. 12 y 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa, arts. 208 y 209 del Reglamento de tal ley, entre otros. Sin embargo, su uso debe ser restrictivo y previo acto motivado del funcionario u órgano competente institucional que garantice su necesidad, amén de que debe ser sustentado legal y técnicamente, con el fin de que quede evidencia de que su uso no es arbitrario. Pero además, debe quedar evidencia de que no se aplica por una suerte de conducta de la Administración en la que, pese a que se conocía el objetivo de contratación desde antes de sacar el concurso, este se promueve
dejando de considerar adrede algunos alcances (es el caso de pliegos que dejan de considerar algunos alcances, con lo cual se da la imagen de un negocio poco atractivo que desincentiva la participación de oferentes, pero luego, ya en ejecución, el contratista ve incrementados sus ingresos por un cambio abusivo en los términos iniciales, beneficiándose de manera irregular). Ahora, para el principio de competencia, el uso irrestricto de la facultad de modificar contratos puede ser un síntoma de contratos que finalmente son “a dedo”, por tanto, ilegales, y que afectan los beneficios de la competencia sana y efectiva, a saber: innovación, calidad y mejores precios. Para la competencia, los objetos contractuales públicos que se dan sin concurso colocan en riesgo el cumplimiento de los principios rectores de las compras públicas, las cuales son eficiencia y eficacia. Gimeno Feliú, catedrático de la Universidad de Zaragoza (España), en su ensayo, ‘Presente y futuro de la regulación de la modificación de los contratos del sector público’, nos da la alerta sobre el abuso a la modificación de los contratos: “Esto explica que una de las principales ‘puertas’ de la corrupción en España haya sido la generosa interpretación del derecho a modificar los contratos, no solo por imprevisibilidad, sino por nuevas necesidades o conveniencias
políticas, alterando el precio final hasta en porcentajes de más de 200 por cien”. En un tono más grave, precisa lo que realmente sucede. Así, “(…) en la práctica, ha sido en esta fase donde han proliferado los problemas de corrupción y redes clientelares, poniendo en entredicho el principio de integridad”. Como principio procede y deriva del 182 constitucional, ergo, es uno de los corolarios pensados por el constituyente. En efecto, el principio de la mutabilidad de los contratos se reconoce como una prerrogativa de imperio, que tiene por principal sustento el interés público. Sin embargo, este puede ser un término bandera, que esconda conductas arbitrarias a partir de las cuales se da tonalidad legal a algo que no lo es. El asunto se nos complicó cuando con la última reforma sustantiva al Reglamento de la LCA se flexibiliza para permitir modificaciones que derivan de falta de planificación, así como que superen el 50%. Se suma, además, una Contraloría General que, por conveniencia, opta por un discurso de que oportunidad y conveniencia no son temas a revisar cuando autoriza modificaciones de contratos que superan dicho porcentaje o acreditan una administración burócrata, que pese a su deber de planificar bien los objetos de compra, los establece mal al inicio de los procesos de contratación (adrede o no). Valga acá un juicio crítico en ello al órgano contralor,
porque en la misma nota de los refrendos, pide, analiza y estudia todo el expediente, pero concluye dando su venia, y “advirtiendo” que ese órgano no asume responsabilidades en los alcances y certezas técnicas, de presupuesto, de razones de interés público, entre otros. No hemos de pasar por alto un asunto evidente: ahí donde hay millones de colones (y muchos millones), la tentación para obrar en contra del recto proceder aumenta. De nuevo cito a Gimeno Feliú, quien en este extracto cita a Mario Garcés Sanagustín, quien nos previene: “(…) las malas prácticas y abusos de esta potestad han tenido, además (…) un efecto perverso sobre las reglas de la licitación”. Y agrega: “Y no era una cuestión no advertida: el Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos (…) señaló que las modificaciones en el contrato pueden desvirtuar el carácter competitivo de la adjudicación inicial en la medida en que el contrato que efectivamente se ejecuta y sus precios no son aquellos por los que se compitió. Además, afirmaba que la posibilidad de introducir modificaciones genera problemas de riesgo moral, dado que, en ocasiones, mediante estas modificaciones, puede buscarse el objetivo de reequilibrar o rentabilizar un contrato para el que, inicialmente, se había pujado excesivamente a la baja”. Así las cosas, dichos los riesgos,
no cabe más que asentar la imperiosa necesidad de ser rigurosos y estrictos en la aplicación de la modificación de los contratos. No olvidemos, por lo demás, que la regla en compras públicas es realizar concursos abiertos para favorecer la competencia. Henos de optar por la competencia, que es un valor constitucional del que los oferentes esperan conocer a tiempo las reglas de previo, el objeto del negocio, y así, poder postularse con total transparencia. Si una cosa es el llamado a ofertar y otra lo que finalmente se ejecuta, el principio de competencia se ve afectado sin duda por un abusivo entendimiento del interés público al buscar cambiarse sustancialmente los alcances de un cartel. La modificación precisa que antes y durante la etapa de ejecución se puede modificar el contrato. Pero cierra eso a que esa decisión no cambie la naturaleza del objeto, no incida en la funcionalidad o fin inicialmente propuesto; que se trate de aumentos similares al objetivo previsto; que no exceda el 50% del monto original; que sea por causas imprevisibles; que sea la mejor forma de satisfacer el interés público; y que la suma de inicio más la del cambio no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento hecho. Esa misma norma, al final, reza que modificaciones que no se ajusten a los parámetros mencionados
solo podrán ser autorizadas por la Contraloría General de la República. De esta forma, y en consonancia con lo que nos decía Gimeno Feliú, esa institución puede o no convertirse en la que dé una “generosa interpretación del derecho a modificar los contratos, no solo por imprevisibilidad, sino por nuevas necesidades o conveniencias políticas, alterando el precio final hasta en porcentajes de más de 200 por cien”. Ello, entre otra serie de posibles “justificaciones” basadas en un abuso del ya referido “interés público”. Pese a eso, uno espera que haya mesura, legalidad y probidad en cada caso en que se busque modificar un contrato. Que, asimismo, se recuerde el corolario de la competencia, que exige que si hubo unas determinadas reglas y objeto licitado, este se mantenga para evitar esa tentación de ganar a toda costa un acto de adjudicación, pero sabiéndose que aun sin empezar a ejecutar, se invoca el “interés público” para buscar el tipo de contrato que se deseó realmente desde un inicio, pero que por decisiones y cálculos impropios que se deben desterrar del ejercicio público no se dijeron transparentemente de previo a concursar. Cabe modificar contrato, en efecto, pero resguardando entonces la necesidad de inicio, con precios razonables, y sin dar cabida a intereses particulares.
Abogados de Pacheco Coto se incorporan a EY-Law
Tras 78 años de operación, la firma toma decisiones y realiza cambios para ajustarse a las demandas actuales del mercado Por: Andrés Corrales /Fotografías: Etzia Granera Las tendencias en el mercado de los servicios legales están marcadas por los movimientos que realizan ‘las cuatro grandes’ con el fin de fortalecer sus departamentos y ofrecer servicios globales para las compañías multinacionales. Así, como si se tratara de la temporada de fichajes en el fútbol, estas grandes han buscado abogados clave que
se unan a sus operaciones para mantenerse en el liderato mundial. Movimientos como estos los hemos visto en nuestro país a través de cambios importantes que han tenido algunas de las firmas de mayor renombre en la región. El caso más reciente es el de Muñoz Global (antes Arias & Muñoz), que pasó a Dentons Muñoz.
Esta vez, el turno es de Pacheco Coto, uno de los despachos de más prestigio y trayectoria de este lado del orbe, que toma decisiones importantes para mantenerse a la vanguardia y aumentar su portafolio de servicios de la mano de EY-Law, una de esas cuatro grandes que están marcando la línea a seguir de las empresas consultoras. Tras varios años de trabajar en diferentes asuntos de forma conjunta, los socios de Pacheco Coto, con excepción de Humberto Pacheco, quien se retira tras 56 años de función, toman la decisión de incorporarse al departamento legal de EY al lado de sus equipos de trabajo para fortalecer el músculo que ambas firmas tienen. Con esta incorporación, EY-Law se convierte en una de las oficinas jurídicas más grande del mundo. Alejandro Antillón, managing partner de Pacheco Coto, habló con Firma sobre los retos que supone la asociación de sus colaboradores a una de los despachos más magnánimos del mundo, así como de las tendencias que, desde su perspectiva, están moviendo la industria legal a nivel mundial. ¿Qué necesidad detectaron en el mercado legal que les hizo tomar esta decisión? “Creo que lo más importante es hacia dónde vemos que se está moviendo el mercado de los servicios legales y eso implica que vamos hacia un
medio mucho más basado en la tecnología, dependiente de la tecnología. Y vamos a un medio donde la oferta de valor adquiere mucha más fuerza debido a que muchos de los servicios legales se están convirtiendo en commodities (servicios básicos), entonces, la oferta de valor adquiere más importancia. Para nosotros, el enfoque de una firma como EY, donde usted puede ofrecer a los clientes, en un solo lugar, varias de sus necesidades desde el punto de vista de consultoría, de banca de inversión, de administración de riesgo, de análisis financiero, de impuestos, y la perspectiva legal es el futuro de la industria. Creemos fielmente que el mercado se va a desarrollar en ese sentido”. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso? “Este proceso lo han liderado Hernán Pacheco, socio nuestro, y quien va a ser el líder de la línea de negocios de EY, y Rafael Sayagués, managing partner de EY en Centroamérica. Es un proceso en el cual los dos equipos han venido trabajando en más o menos tres meses y es un proceso que tiene su nivel de volumen y de trabajo. Hacer transición de toda una firma a un nuevo modelo, con nuevos procesos, es todo un reto, pero estamos en el proceso y lo vamos a lograr”. Ustedes ya tenían una relación con EY. ¿En qué se basaba el trabajo previo?
“A través de la práctica de impuestos, hemos trabajado con ellos, que son los asesores de impuestos de muchos de nuestros clientes, y nos ha tocado estar en procesos donde ellos son los asesores fiscales de nuestros clientes o los asesores de la contraparte y, en esa dinámica, nos hemos relacionado con ellos por muchos años”. ¿Qué aporte llegan a hacer a EY-Law? “Nosotros le agregamos a EY una profundidad en el mercado legal, un expertise en la región que le permite a EY levantar su práctica legal y convertirse en un jugador de peso. Cuando se combina nombre, trayectoria, capacidad, tecnología y el poder de organización que tiene EY y a eso se le suma a nuestra experiencia, nuestra trayectoria y nuestro nombre en la parte legal, se genera una oferta de valor muy interesante y es una realidad con la que tienen que vivir nuestros competidores”. ¿Cómo va a quedar conformado EY-Law? “Vamos a crecer porque EY ya tiene más de 20 abogados y nosotros somos más de 40 abogados. Juntos, vamos a crecer. Vamos a ser una firma más fuerte en términos de headcount. Además de que ya existe la práctica de impuestos de EY, que es enorme. Creceremos y seremos una de las firmas más grandes de la región en términos de número de personas”.
¿Cómo se ven ante los cambios que hacen las demás firmas para conseguir la globalización? “Todo es parte del mismo fenómeno. No es aislado de Centroamérica o de Costa Rica. Es un fenómeno a nivel global y se ve con fusiones de firmas europeas y estadounidenses, donde el mercado se está volviendo más competitivo y la necesidad de convertirse en más rentable y la posibilidad de dar una oferta de valor más profunda y completa está moviendo el mercado hacia esos movimientos. La diferencia es que estamos dando el paso con más visión y considero que los despachos locales que quieran competir a ese nivel serán firmas grandes y fuertes”. ¿Cuál ha sido el sentimiento del personal de ver el cambio de marca que va a sufrir Pacheco Coto? “Es un cambio para todos. Es desprenderse de algo a lo que se le ha dado fuerza y corazón y, no te puedo mentir, es un cambio que genera algún nivel de tristeza, pero por el otro lado, estamos emocionados. Creemos que con este brand de EY y siendo parte de una organización como EY, vamos a poder llevar a la gente y su equipo a otro nivel completamente, y el equipo lo sabe y está motivado. Los cambios siempre generan un poco de temor de anticipación, pero en este caso, la gente está motivada y energizada”.
reconocimiento a firmas legales Revista FIRMA ofreció un reconocimiento a los bufetes destacados en los ránkings de Chambers & Partners 2018. El evento contó con la asistencia de abogados de las principales firmas del país así como de lectores de la revista, quienes disfrutaron de los vinos de Bottega Privé y cócteles así como también disfrutaron de cortesías de Rose Joyeros, bolígrafos Cross, Lexus y más.
1. Andrés Corrales, director de FIRMA, compartió unas palabras con los asistentes. 2. José Joaquín Acuña, de BDS Asesores. 3. José Luis Campos y Paula Vargas, de Batalla. 4. Sergio Solera, managing partner de Facio y Cañas, recibió el reconocimiento para su firma. 5. Fernando Chacón, Laura Salazar, Marco Pochet y Pamela Castro.
Colegas y lectores compartieron durante la celebraciรณn.
En la página izquierda: 6. Gabriela Garita y Pedro Beirute. 7. Wendy Rivera, de PRODHAB y Alex Montoya, de IFAM. 8. Mauricio Vargas, Marielos Bogarín, Henry Rodríguez, Daniel Befeler, de Nassar Abogados. 9. Yamileth Fernández y Rafael Rodríguez, de La Firma de Abogados. En esta página: 10. Miguel Rodrígez, de Central Law y Melania Dittel, de Arias. 11. Claudia de Solís, Alex Solís, Aldana Montero, Juan Alberto Corrales. 12. Rebecca Rivera, Johanna Gutiérrez, Álvaro Jiménez, Carlos Roberto Pérez, Amanda Grosser y Joaquín Acuña, de BDS Asesores. 13. Juan Carlos Pizarro, de AG Legal y Silvia Chaves, de Banco Nacional. 14. Lilliana Carranza y Jeff Facero. 14
El equipo de Batalla Abogados.
Los abogados de Arias destacaron en el evento.
Facio y CaĂąas fue una de las firmas con la mayor cantidad de menciones.
15. Mary Anne Drake, Andrea Sáenz y Tatiana Rojas, de Aguilar Castillo Love. 16. Luciana Pineda y Carolina Redondo, de Facio y Cañas. 17. José Abarca y Carmen Picado, de Next Level Investors. 18. Alejandra Peña y Kendall Ruiz, de ASELECOM. 19. Vivián Solís, Zentis Uhrig, de Globalex. 18
La política de género del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Licda. Andrea Muñoz Argüello Abogada y politóloga Ilustración: Shutterstock
Las mujeres han desempeñado un papel protagónico como contribuyentes activas al desarrollo, pero durante muchos años, han permanecido invisibles en la planificación y ejecución de esas políticas o, si han participado, ha sido habitual que se les asigne un rol testimonial. En el marco de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas y celebrada en Pekín en 1995, se señaló que “es esencial diseñar, aplicar y hacer un seguimiento de políticas y programas eficaces y eficientes y que se refuercen entre sí desde una perspectiva de género”. La igualdad y la prohibición de la discriminación son principios fundamentales de los derechos humanos, piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece que los Estados deben de adoptar, por los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, por lo que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica también asume estas responsabilidades y las traduce en acciones concretas al acoger lo que ha denominado ‘Política para la Equidad y la Igualdad
de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su plan de acción’, que se convierte en el instrumento para impulsar medidas eficaces para construir una cultura de respeto a los derechos humanos de los hombres y las mujeres, sin discriminación. Esta es una herramienta de planificación, de acciones concretas y de metas para lograr objetivos de igualdad, pero principalmente, busca que la construcción de acciones afirmativas desde este colegio profesional tenga perspectiva de género como parte de las obligaciones que el país ha asumido con la ratificación de diferentes instrumentos internacionales donde la realidad femenina indica que las mujeres somos arquitectas de conocimiento tanto como el hombre. La Sala Constitucional ha expresado en este sentido: “En relación con la acción afirmativa, entendida como el uso necesario de regulaciones específicas para abolir la discriminación en contra de la mujer, la sala ha dicho que es una forma legítima de reacción del Estado que no infringe el principio de igualdad, a pesar de que imperativamente intente abolir una situación de discriminación que considera se superará únicamente si se le otorga a la mujer una protección o participación reforzada mediante regulaciones especiales” (SCV
3441-04 y SCV 3419-2001). Para garantizar el equilibrio de los derechos fundamentales, que es el fin del derecho en un sistema republicano y, por lo mismo, democrático, y en procura de respetar el principio de igualdad de los hombres y de las mujeres para su conciliación dentro de nuestra sociedad, es necesario procurar acciones concretas. Por ello, desde la Comisión de Género del Colegio, que es la instancia institucional de nivel político encargada de vigilar la ejecución y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y resultados de la puesta en marcha de esta política de equidad e igualdad entre los géneros, nos encontramos revisando el plan de acción a fin de actualizar las metas que procuran la contribución del cambio cultural de los hombres y mujeres que ejercen esta profesión legal. Es de interés de las profesionales que participamos en esto la construcción de una sociedad inclusiva, porque las desigualdades que no se identifican convierten la igualdad en una fuente de inequidad y asimetría. En este sentido, dicha política pretende el avance en el proceso de adaptación del quehacer institucional a los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo, con el fin de que toda acción tenga un análisis-género sensitivo y lenguaje inclusivo.
belleza desde lo alto Bajo la consigna de promover la zona de Pérez Zeledón como destino turístico, en 2011, comenzó la construcción del hotel que hace honor a su nombre en todos sus extremos. De la mano de la firma Auberge Resort, se ha convertido en uno de los mejores de la región. Por: Andrés Corrales /Fotografías: Cortesía FIRMA 68
En las magníficas montañas que rodean el Valle de El General, se encuentra un pequeño paraíso rodeado de naturaleza y una belleza escénica sin comparación. Ya sea que llegue en carro, en vuelo comercial o, inclusive, en vuelo privado, aterrizando en las instalaciones del hotel, el visitante tendrá garantizada una gran experiencia. Antes de llegar a este complejo, ya se puede entender el porqué de su nombre. A pocos minutos de San Isidro de El General, en el pueblo de Santa Teresa, se muestra imponente, en la montaña, esta gran hacienda diseñada para satisfacer los gustos más exigentes de los turistas de alta gama a nivel mundial. No en vano, en tan solo dos años de operación, han logrado obtener el primer lugar como el mejor hotel de Centroamérica según la publicación de viajes de Condé Nast, y ocupa la posición número uno como mejor resort en la región de acuerdo con la revista Travel + Leisure, algo nada fácil de lograr cuando su principal competidor ofrece una vista a pocos pasos del volcán Arenal, detalla ese medio. Desde el arribo a esta hacienda rústica, se puede notar el lujo, la delicadeza y el buen gusto con el que fue diseñada. Su personal se convierte en la cereza del pastel gracias
a su trato personalizado dedicado a brindar la mejor experiencia a los huéspedes. El terreno cuenta con 350 hectáreas, de las cuales solo 45 están construidas con piscinas hacia los majestuosos escenarios naturales, además de contar con tres restaurantes, un establo y 50 habitaciones exquisitamente decoradas y pensadas para brindar el máximo confort. Las opciones van desde casitas hasta suites completamente equipadas con minibar, sala, Apple TV, iPads y más. Fiesta para el paladar En cualquiera de los tres restaurantes de AltaGracia By Auberge Resort, usted podrá degustar alimentos dignos de la realeza, preparados bajo la dirección del mexicano Ramces Castillo, el chef ejecutivo, quien se da gusto creando maravillosos platos especiales que cambia todos los días para variar las opciones del menú. Y es que tiene a su disposición 22 hectáreas de huerta para obtener las mejores frutas y vegetales para resaltar aún más el sabor de sus propuestas. En el restaurante Ámbar, los huéspedes comenzarán el día con desayunos a la carta que mezclan variedades costarricenses y cucharas internacionales con el fin de que el día comience
de la mejor manera. En el Bistro, se puede compartir un trago o almorzar; en el tanto que en La Cantina, el disfrute de maravillosos cocteles al pie de mesas de billar y otras opciones de juegos de mesa es lo más habitual. Actividades a la medida Una de las inquietudes más grandes a la hora de pensar en escoger un hotel de montaña son las alternativas de actividades para
entretenerse durante el día, y ese fue uno de los principales retos en el que trabajaron. “El reto no fue solo abrir un hotel, sino abrir y dar a conocer un destino turístico”, nos dijo Patricia Blanco, gerente financiera. Por ello, en AltaGracia, los viajeros tienen la oportunidad de conocer un verdadero trapiche de la mano de una familia local y visitar una panadería artesanal siendo partícipes de todo el proceso de elaboración del pan casero, lo que sin duda
alguna despierta el interés de los paseantes. Pero la gran estrella son los paseos en un ultraligero, que despega desde bien temprano en la misma propiedad. El paisaje desde la altura es realmente impresionante y mezcla la belleza de las montañas y la vista de la costa, pues el aparato vuela hasta la famosa ‘cola de la ballena’ de Bahía Ballena. Ya en tierra, los amantes de los deportes se satisfarán con paseos en mountain bike por los terrenos de la propiedad
o con recorridos a caballo sobre alguno de los 67 que residen en los establos. De más está decir que estos equinos pasan por un proceso de entrenamiento para que resulten dóciles y seguros para los turistas. Después de un largo día, el spa se convierte en la mejor elección para relajarse y deleitarse con los distintos tratamientos con lo último en tecnología. Y es que este es el spa más grande por metro cuadrado en la región y posee seis salas de masajes y más
de 21 tratamientos diferentes. Faciales, masajes y hasta sesiones en la ducha Vichy (que implica una exfoliación corporal con ingredientes naturales y orgánicos que da paso a un hidromasaje por diferentes partes del cuerpo) le ayudarán a abandonar todo estrés y preocupación. Tras haber sido complacido con estos tratamientos magníficos, nada mejor que dirigirse a las piscinas del spa o a la sala de relajación, que consiste en una chimenea artificial con luces tenues
para pasar un rato a solas y meditar: un oasis para mente y cuerpo. Asimismo, para quienes busquen actividades más tranquilas, podrán hacer un fruit tasting o recibir una clase de exfoliación natural para aprender a hacer en casa. Quienquiera regocijarse de esta espectacular hacienda, tendrá que sacar bastante tiempo para vivir la experiencia que ofrece este hotel, que logra cumplir con su objetivo principal: procurar experiencias para el alma.
Luna Roja basa la elaboración y el concepto de su oferta gastronómica en platillos que se relacionen de alguna manera con las fases de la luna y la riqueza del sabor tradicional Por Mariana Sáenz Mora /Fotografías: Cortesía
En Luna Roja, el concepto se cimienta en la comida costarricense tradicional con un giro gourmet. Precisamente, sus sabores hacen un recorrido por lo popular, lo mestizo, lo étnico, lo indígena y las creaciones propias del chef Pablo Vásquez. Comunes conquistadores del paladar en sus entradas está el chifrijo y la sopa negra, así como bocas como los enyucados y los patacones. Pero muestras de gastronomía popular como los famosos casados tienen un matiz distinto debido a la preparación. Ejemplo de la creatividad exquisita del chef es el hígado encebollado servido como paté.
Favoritos de sus comensales son muchos… El estofado de pato, el arroz guacho, la presencia de la mantequilla de oro irresistible en textura y composición. Y si nos enfocamos en los postres y las bebidas, las posibilidades son sabrosamente amplias. La cocina étnica se presenta por sí sola con el atractivo propio de cada región y su riqueza cultural, de modo que, en un solo menú, es posible recorrer muchas zonas del país y disfrutar de elementos como el achiote o el plátano de una manera distinta. Un punto a favor enorme que complementa de maravilla el todo es el estilo bohemio y culto del lugar, ya sea en Barrio
Escalante o en Escazú. Los locales propician un espacio para reconectarse con las esencia a través de los sabores y renovar tanto energías como perspectivas. Luna Roja, además, cuenta con una agenda cultural tan amplia que hasta contempla noches poéticas, donde reconocidos poetas del país asisten para compartir sus vivencias mediante la lectura de sus obras. Asimismo, poseen talleres literarios. En su cocina habita el deseo de recuperar la identidad costarricense, revitalizando su encanto en cada preparación. Definitivamente, una seductora invitación para regresar a nuestras raíces.
FURLA Costa Rica se unió a la celebración de los 90 años de la marca con un evento en el cual contaron con un bolso intervenido por la artista Rosalina Con que fue subastado a favor de la Fundación Proyecto Daniel. Al evento asistieron clientas de la marca quienes disfrutaron además, de las propuestas para la temporada. /Fotografías: Cortesía 1. Gary Hior, Ligia Bobadilla y Juan Rojas. 2. Rosalina Con Matarrita junto a Ximena Odizzio. 3. Thais Malave junto a Daniella Morelli. 4. Ilien Kuo junto a Ximena Odizzio, Brand Manager de Furla en Costa Rica.
FIRMA Dic- ENERO 2018

References: artículo 32
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 190
 artículo 323
 resolución 
 resolución 
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 27
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 41
 resolución 
 artículo 6