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El deber de información precontractual en los contratos con consumidores en el ordenamiento jurídico español.d | Protección al Consumidor | Los consumidores
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Análisis de la ley 26
(Publicado en Revista de Derecho Internacional y del Mercosur/La Ley, ao 9, n 3, junio 2005, pgs.
23-50)
EL DEBER DE INFORMACIN PRECONTRACTUAL EN LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES EN EL ORDENAMIENTO JURDICO ESPAOL
Por: Marcela Wasserman()
Sumario: I.- INTRODUCCIN. II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. III.- CONCEPTO Y REQUISITOS. IV.- EL DEBER DE INFORMACIN Y SU DOBLE VERTIENTE. V.INFORMACIN, PUBLICIDAD Y ETIQUETADO: DIFERENTES FORMAS DE SUMINISTRAR CONOCIMIENTOS. V.1.- INFORMACIN Y PUBLICIDAD. V.2.PUBLICIDAD Y ETIQUETADO.
I.- INTRODUCCIN La razn de la existencia del derecho a la informacin tiene su origen en el desequilibrio y desigualdad de conocimientos que posee el consumidor sobre la gran variedad de productos (bienes y servicios) que en la actualidad se ofrecen en el mercado, a travs de una inmensa y constante fabricacin en masa y de una gran complejidad tcnica, en relacin con los que fabrican y los distribuyen, a tal punto que es realmente difcil tener una visin de conjunto del sector de mercado que interesa, as como poder juzgar, valorar y elegir adecuadamente la utilidad y conveniencia de unos bienes respecto de otros por parte del consumidor. Considerando tal situacin, la informacin que se le brinda al consumidor y, a su vez, la publicidad que aqul recibe sobre determinados productos son decisivas -y porque no aleatorias- a la hora de escoger un bien o servicio. Normalmente, pueden llevar o no a la celebracin del contrato, en este ltimo caso, los tratos preliminares, entre el vendedor y el consumidor, se veran interrumpidos abortndose as las deliberaciones y negociaciones precontractuales. En dicha lnea, tales decisiones influenciadas en gran medida por la informacin suministrada en el momento de la adquisicin de un producto pueden llegar a ser perjudiciales, afectando directamente la situacin econmica del consumidor y, en consecuencia, distorsionando la competencia del mercado ya sea obstaculizando o entorpeciendo la libre circulacin de mercancas y la prestacin de los servicios.
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora Ayudante Ordinaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becaria e investigadora en Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, Espaa.
En ese contexto, las disparidades entre las diversas legislaciones de los Estados miembros de la Unin Europea conducan en numerosos casos a una proteccin insuficiente de los consumidores. Por ello, el legislador comunitario1 y, a su vez, el legislador espaol se han visto obligados a incorporar a la ya existente normativa un conjunto de textos legales al respecto2. Entre estos, cabe destacar los artculos 2 y 51 de la Constitucin Espaola; artculos 8 y 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio de 1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios3; artculo 3 Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantas en la Venta de Bienes de Consumo4; artculos 2;
Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engaosa; Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990 sobre viajes combinados; Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 1994 relativa a la proteccin de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisicin de un derecho de utilizacin de inmuebles en rgimen de tiempo compartido; Directiva 85/577/CEE de 20 de diciembre, referente a la proteccin de los consumidores en el caso de contratos negociado fuera de los establecimientos comerciales; Directiva 97/7/CEE del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la proteccin de los consumidores en materia de contratos a distancia; Directiva 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximacin de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crdito al consumo, y su posterior modificacin por la Directiva 90/88/CEE, de 22 de febrero de 1990 y por la Directiva 98/7/CE, de 16 de febrero de 1998; Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantas de los bienes de consumo. 2 Ley de transposicin 26/1991, de 21 de noviembre, de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles modificada por Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios; Real Decreto 515/1989, de 21 de abril sobre proteccin de los consumidores en cuanto a la informacin a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas; Ley orgnica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de ordenacin del comercio minorista y Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista y su reciente modificacin por Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, para la transposicin al ordenamiento jurdico espaol de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptacin de la Ley a diversas Directivas comunitarias. 3 (BOE nms. 175 y 176, de 24 de julio de 1984 [RCL 1984, 1906]). Los artculos 8.3, inciso segundo, y 40 estn redactados conforme a la STC de 26 de enero de 1989, nm. 15/1989 (Suplemento del BOE nm. 43, de 20 de febrero de 1989). La misma Sentencia establece que el artculo 24 de esta Ley debe interpretarse en los trminos de su fundamento jurdico 8 letra b). La Ley incorpora las modificaciones introducidas por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratacin, (BOE nm. 89, de 14 de abril de 1998). Tambin incorpora las modificaciones introducidas por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE nm. 259, de 29 de octubre de 2002, pp. 37922-37933). Se aaden un artculo 10 ter., un artculo 10 quter y una disposicin adicional tercera. Incorpora las modificaciones introducidas por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantas en la Venta de Bienes de Consumo (BOE nm. 165, de 11 de julio de 2003, pp. 27160-27164). Se modifica la redaccin del apartado 1 del artculo 8. Incorpora las modificaciones introducidas por la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (BOE nm. 164, de 10 de julio de 2003, pp. 26905-26965). Se aade un cuarto apartado al artculo 31. 4 (BOE nm. 165, de 11 de julio de 2003, pp. 27160-27164).
3; 4 y 5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de Publicidad5; artculo 3 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados6; artculo 8 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turstico y normas tributarias7; artculos 16; 17 y 19 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crdito al Consumo8; Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Etiquetado, Presentacin y Publicidad de los Productos Industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios9.
II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS El deber de suministrar informacin a los consumidores y usuarios que impone la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios10 (y, a su vez, dispuesto en otros textos legales) tiene antecedentes que se remontan al derecho romano11. Desde antiguo, se ha considerado que quien adquiere un bien tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra, pues seguramente lo quiere para darle un destino determinado, que puede frustrarse si no est en las condiciones que crey el adquirente. Es por esta razn que, ya en el derecho romano, se haba establecido que el vendedor tiene el deber de informar al adquirente el estado en que se encuentra el
(BOE nm. 274, de 15 de noviembre de 1988 [RCL 1988, 2279]). Modificada por Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios. 6 (BOE nm. 161, de 07 de julio de 1995). Modificada por Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios. 7 (BOE nm. 300, de 16 de diciembre de 1998). Modificada por Ley 14/2000, de 29 de diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre y por Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios. 8 (BOE nm. 72, de 25 de marzo de 1995; correccin de errores en BOE nm. 113, de 12 de mayo). 9 (BOE nm. 294, de 08 de diciembre de 1988). 10 Vid. PEREZ GARCA, P. A., La informacin en la contratacin privada. En torno al deber de informar en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ministerio de Sanidad y Consumo de Espaa, Instituto Nacional del Consumo, Coleccin Estudios, Madrid, 1990, pgs. 26 y ss; SANTOS MORN, M. J., Informacin precontractual, forma y prueba del contrato, en Curso sobre proteccin jurdica de los consumidores, Coordinacin: BOTANA GARCA, G. y RUIZ MUOZ, M., Mc Graw-Hill, Madrid, 1999, pgs. 135-161 y ACOSTA MRIDA, M. del P., Proteccin del consumidor en la fase precontractual, en Manuales Bsicos de Derecho de Consumo, Direccin: IZQUIERDO TOLSADA, M.; NAVARRO MENDIZBAL, I. A. y ACOSTA MRIDA, M. del P., Colaboracin: ARIAS MIZ, V., Clamo, Matar-Espaa, 2005, pgs. 65-79. 11 La responsabilidad por vicios ocultos en la compraventa se consideraba desde el punto de vista de la infraccin de deberes de informacin. Vid. IGLESIAS, Derecho Romano, Ariel, Barcelona, 1985, pgs. 438-439.
bien objeto de enajenacin12. Adems, aunque al parecer, con una virtualidad bastante restringida se admita que el fundamento del deber de informacin se hallaba en la buena fe13. El Digesto XXI, 1, 1, 1 (Ulp. 1 ed. aedil.curul) referido a la venta de esclavos. Aiunt aediles: qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto. quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicetur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntianto: ex his enim causis iudicium dabimus. hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dabimus". En castellano, 1. Escribe Laben que el edicto de los ediles curules respecto a la compraventa se refiere tanto a las cosas inmuebles como a las muebles o semovientes. (1) Dicen los ediles: Los vendedores de esclavos hagan saber a los compradores de enfermedad o vicio de cada esclavo, cul de ellos tiene hbito de fuga, es vagabundo o se halla bajo la responsabilidad noxal <por un delito de cometi>. Todas estas cosas sern declaradas clara y verazmente al vender los esclavos, y si se hubiese vendido un esclavo sin observar esto, o en contradiccin con lo declarado o prometido al venderlo, de manera que se reclame responsabilidad por ello, daremos accin al comprador o a quienes pertenezca la cosa, para deshacer la venta mediante restitucin del esclavo. No obstante, debe restituir cuanto, despus de celebrada la venta y la entrega, se hubiese deteriorado el esclavo del comprador, de sus esclavos o de su procurador, o si <la esclava vendida> hubiera tenido un hijo despus de ser vendida, o <el esclavo> hubiera adquirido algo, o hubiera accedido algo ms a la venta, o el comprador hubiera adquirido algn fruto con aquel esclavo. Asimismo, el comprador debe recuperar lo que hubiese entregado adems del precio. Igualmente, si un esclavo hubiese incurrido en fraude capital o hubiese intentado suicidio o hubiese sido lanzado a la arena para luchar con las fieras, todas estas cosas han de ser declaradas en el acto de la venta, pues daremos accin por todas estas causas. Adems, daremos accin si se dice que alguien ha vendido en contra de todo esto consciente y dolosamente.. El Digesto de Justiniano, Tomo II, Libros 20-36, versin castellana por DORS, A.; HERNNDEZ-TEJERO, F.; FUENTESECA, P.; GARCA-GARRIDO, M. y BURILLO, J. con la ayuda del C.S.I.C., Aranzadi, Pamplona, 1972, pg. 37. 13 Slo para excluir los casos de dolo grave (engaos), ya que el campo de los tratos precontractuales estaba presidido por ideas individualistas. Este principio de individualismo impera en la poca de la codificacin decimonnica; si entonces se conceba el contrato como el resultado de un acuerdo de voluntades libres, entre dos partes en igualdad de condiciones, es claro que, desde este punto de vista, la informacin en la etapa precontractual haba de considerarse (en la misma lnea que en Roma) como una tarea propia de cada uno de los (futuros y eventuales) contratantes, nicos tutores de sus propios intereses, que se encuentran, adems, en contraposicin a los del otro. De ah que en los Cdigos del XIX el tema de la informacin precontractual slo se tocara indirectamente (por ejemplo, desde la perspectiva de los vicios del consentimiento dolo, error-, o de desde la del silenciamiento de ciertos datos en el marco de determinadas relaciones obligatorias) y que no se consagrara un deber general de informacin, deber que tradicionalmente tampoco se ha aceptado en el Derecho ingls. As, GMEZ CALLE, E., Los deberes
Dicho principio ha de presidir la conducta de las partes, tomando protagonismo desde el momento en que vendedor y comprador se ponen en contacto y comienzan con los tratos preliminares para llevar a cabo la celebracin del contrato14. As pues, se persigue durante la formacin del contrato asegurar la integridad, exactitud y libertad del consentimiento emitido o que se vaya a emitir, ya sea en contratos concluidos bajo condiciones generales, ya sea en otro tipo de contratos15. El principio de buena fe se encuentra plasmado en el artculo 1258 del Cdigo Civil que establece Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no slo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambin a todas las consecuencias que, segn su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.16 Ahora bien, antes de la sancin de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el deber de informacin, derivaba del artculo 1484 del mismo Cdigo Civil que define el vicio redhibitorio y sus respectivos efectos. Se menciona que el vendedor estar obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habra adquirido o habra dado menos precio por ella; pero no ser responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estn, si el comprador es un perito que, por razn de su oficio o profesin, deba fcilmente conocerlos 17. Por lo tanto, es fcil advertir que si el vendedor quiere evitar la precontractuales de informacin, La Ley, Madrid, 1994, pgs. 12-13. Tambin MORALES MORENO, A. M., El dolo como criterio de imputacin de responsabilidad al vendedor por los defectos de la cosa, ADC, 1982, pgs. 610-611. 14 ASA CONZLEZ, C. I., La culpa in contrahendo (Tratamiento en el Derecho alemn y presencia en otros ordenamientos), Servicio Editorial Universidad del Pas Vasco, Vizcaya, 1989, pgs. 250 y ss.; GARCA RUBIO, La responsabilidad precontractual en el Derecho espaol, Tecnos, Madrid, 1991, pgs. 93 y ss.; MORALES MORENO, El error en los contratos, Ceura, Madrid, 1988, pgs. 229-230; ASA GONZLEZ, C. I. y HUALDE SNCHEZ, J. J., Codificacin de la culpa in contrahendo en el derecho alemn, en Estudios Jurdicos en homenaje al profesor Luis Dez-Picazo, t. II, Civitas, Madrid, 2003, pgs. 1415-1433. 15 Artculo 10.2 de la Ley 7/1998, de 13 abril de 1998, sobre Condiciones Generales de la Contratacin (BOE nm. 89, de 14 abril [RCL 1999, 960]): La parte del contrato afectada por la no incorporacin o por la nulidad se integrar con arreglo a lo dispuesto por el artculo 1258 del Cdigo Civil y disposiciones en materia de interpretacin contenidas en el mismo. 16 Vid. LLOBET I AGUADO, J., El deber de informacin en la formacin de los contratos, Marcial Pons, Madrid, 1996. As tambin, REYES LOPEZ, M. J., El derecho de informacin, en Derecho Privado de Consumo, Coordinacin: REYES LOPEZ, M. J., Tirant lo blanch, Valencia, 2005, pgs. 487-520. 17 Adems el artculo 1097 del Cdigo Civil establece que: La obligacin de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados; el artculo 1265 del Cdigo Civil manifiesta que: Ser nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidacin o dolo. Adems, el artculo 1270: Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deber ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental slo obliga al que lo emple a indemnizar daos y perjuicios; artculo 1281: Si los trminos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intencin de los contratantes se estar al sentido literal de sus clusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intencin evidente de los contratantes, prevalecer sta sobre aqullas; artculo 1288: La
responsabilidad por vicios, debe informar al adquirente de forma clara, completa y precisa de la existencia de tales defectos. Sin embargo, el deber de informacin tiene en la actualidad un fundamento constitucional explcito en el artculo 51 de la Norma Fundamental18, el cual proclama que: 1. Los poderes pblicos garantizarn la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legtimos intereses de los mismos. 2. Los poderes pblicos promovern la informacin y educacin de los consumidores y usuarios, fomentarn sus organizaciones y oirn a stas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los trminos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores la ley regular el comercio interior y el rgimen de autorizacin de los productos comerciales. Dicho texto adopt su redaccin definitiva tras ser modificado en parte por el Senado, influenciado por el Programa Preliminar de la Comunidad Econmica Europea iniciado en 1975. De ah que se ha dicho que este precepto se orienta en una lnea coincidente con los criterios de la Comunidad19. interpretacin de las clusulas oscuras de un contrato no deber favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad; el artculo 1485: El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase. Esta disposicin no regir cuando se haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido y el artculo 1486: En los casos de los dos artculos anteriores, el comprador podr optar entre desistir del contrato, abonndosele los gastos que pag, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. Si el vendedor conoca los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifest al comprador, tendr ste la misma opcin y adems se le indemnizar de los daos y perjuicios, si optare por la rescisin, todos del Cdigo Civil. 18 IZQUIERDO TOLSADA, M., El denominado derecho del consumo, en Manuales Bsicos de Derecho de Consumo, Direccin: IZQUIERDO TOLSADA, M.; NAVARRO MENDIZBAL, I. A. y ACOSTA MRIDA, M. del P., Colaboracin: ARIAS MIZ, V., Clamo, Matar-Espaa, 2005, pgs. 9-34. 19 As lo ha reconocido la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), de 30 de noviembre de 1982 (RTC 1982\71). La consagracin del respeto a los derechos de los consumidores supone un hito histrico-jurdico, garantizado por la rigidez constitucional y los principios de supremaca y fuerza normativa de la Comunidad Econmica Europea. Tan es as, que la defensa del consumidor aparece como un principio rector de la poltica social y econmica cuya garanta la Constitucin impone a los poderes pblicos. La misma naturaleza de este objetivo, por la variedad de los mbitos en los que incide, hace que, en un Estado descentralizado como el espaol, esta garanta no pueda ser concentrada en una sola instancia, ya sea central o autonmica. Tras la entrada en vigor de la Constitucin, el principio de defensa de los consumidores qued consagrado como un principio general del derecho en su artculo 51, llamado a orientar todas las iniciativas que se adopten en las que el interesado sea el consumidor. A ello alude expresamente el artculo 53 de la Constitucin Espaola al otorgar a los principios recogidos en el captulo tercero, bajo la rbrica De los principios rectores de la poltica social y econmica el carcter de informadores del ordenamiento jurdico, cuya vigilancia y aplicacin vincularn a los poderes pblicos, a la prctica judicial y a la legislacin positiva, siendo asimismo susceptibles de fundamentar la inconstitucionalidad de disposiciones con rango de Ley, a tenor de lo establecido en el artculo 161.1 de la Constitucin y de los artculos 27.1 y 39.1 de la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional. As tambin se ha puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional. La defensa de los consumidores hace referencia a una situacin en la que aqullos aparecen como destinatarios de unos productos ofrecidos por las empresas, cuyas condiciones de oferta se pretenden regular protegiendo,
Adems, en virtud de la competencia exclusiva del Estado que le confiere el artculo 149.1.6 y 8 de la Constitucin20, en materia de legislacin mercantil, procesal y civil, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53.3 de la Constitucin21, el 19 de julio de 1984 se aprob la Ley 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicho texto normativo, acogi los principios constitucionales y en su artculo 2 concreta los derechos bsicos de los consumidores o usuarios22, que sucintamente podemos resear en la proteccin contra los riesgos de la salud o seguridad y de los legtimos intereses econmicos y sociales; el derecho a ser indemnizado de los daos y perjuicios sufridos en caso de no haber obtenido la reparacin adecuada; as como la confirmacin de que el consumidor tiene derecho a ser informado y educado adecuadamente respecto a la eleccin de productos y el consumo en general23. como indica el artculo 51.1 de la Constitucin, la seguridad, la salud y los legtimos intereses econmicos. 20 Artculo 149.1.6 y 8 de la Constitucin Espaola establece que: 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) 6. Legislacin mercantil, penal y penitenciaria; legislacin procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autnomas. (...) 8. Legislacin civil, sin perjuicio de la conservacin, modificacin y desarrollo por las Comunidades Autnomas de los derechos civiles, forales o especiales, all donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicacin y eficacia de las normas jurdicas, relaciones jurdico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenacin de los registros e instrumentos pblicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinacin de las fuentes del derecho, con respeto, en este ltimo caso, a las normas de derecho foral o especial. (...). 21 Artculo 53.3 de la Constitucin Espaola estipula que: El reconocimiento, el respeto y la proteccin de los principios reconocidos en el captulo tercero informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos. Slo podrn ser alegados ante la jurisdiccin ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.. 22 Artculo 2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manifiesta que: 1. Son derechos bsicos de los consumidores y usuarios: a) La proteccin contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. b) La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales; en particular, frente a la inclusin de clusulas abusivas en los contratos. c) La indemnizacin o reparacin de los daos y perjuicios sufridos. d) La informacin correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educacin y divulgacin, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. e) La audiencia en consulta, la participacin en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representacin de sus intereses, todo ello a travs de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas. f) La proteccin jurdica, administrativa y tcnica en las situaciones de inferioridad, subordinacin o indefensin. 2. Los derechos de los consumidores y usuarios sern protegidos prioritariamente cuando guarden relacin directa con productos o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado. 3. La renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisicin y utilizacin de bienes o servicios es nula. Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el artculo 6 del Cdigo Civil. (el subrayado nos pertenece). 23 El propsito de esta Ley se centra en la enumeracin de derechos junto con el establecimiento del rgimen de garantas, responsabilidades y sanciones en defensa
Esta proteccin, que se traduce en el derecho a todo adquirente o usuario de bienes y servicios a contratar en condiciones de equidad, se ve manifestada en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios24. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta Ley es slo un mero instrumento del que se sirve el legislador espaol para proteger y plasmar el derecho de informacin que gozan los consumidores y usuarios, pero no es la nica que tiene este propsito. En efecto, existen otras normas que complementan este rgimen tuitivo en distintos mbitos. A ese respecto, aqu interesa destacar, la Ley 34/1988 General de la Publicidad25; Ley 21/1995 reguladora de los viajes combinados26; Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turstico y normas tributarias27, entre muchas otras.
III.- CONCEPTO Y REQUISITOS La palabra informacin proviene del concepto en latn informatio que significa comunicacin o adquisicin de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada28. En una primera aproximacin, el deber de informar alude a una conducta impuesta a alguien a fin de que aclare a otra persona relacionada, o que puede relacionarse con l, aspectos que conoce y que disminuyen o pueden disminuir la capacidad de discernimiento o de previsin del otro si dichos datos no se suministran. Desde el punto de vista normativo es el deber jurdico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de informacin vinculada con una relacin jurdica o con la cosa involucrada en la prestacin, o atinente a actividades susceptibles de causar daos a terceros o a uno de los contratantes, derivados de dicha informacin, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos
del consumidor, orientados primordialmente a garantizarle seguridad en la adquisicin de productos y en la prestacin de servicios, as como correspondencia e igualdad en las relaciones contractuales, como destaca el propio texto en su Exposicin de Motivos. Los rasgos caractersticos de esta norma, que la hacen especialmente eficiente para garantizar los derechos de los consumidores, han sido destacados adecuadamente por la doctrina. Vid. por todos FERNNDEZ GIMENO, J. P., El mbito subjetivo de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios, en Derecho de Consumo, coordinada por REYES LPEZ, M. J., Tirant lo blanch, Valencia, 1999, pg. 51 y ss.. 24 PANIAGUA ZURERA, M., La proteccin del adquirente no profesional de bienes muebles defectuosos en la compraventa mercantil, tras la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios, CDC, n 9, septiembre 1991, pgs. 111-143. 25 (BOE nm. 274, de 15 de noviembre de 1988 [RCL 1988, 2279]). 26 (BOE nm. 161, de 07 de julio de 1995). 27 (BOE nm. 300, de 16 de diciembre de 1998). 28 A su vez, nos encontramos con el vocablo informare que, tambin proviene del latn, consiste en dar noticia de algo. Vid. Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia Espaola, Tomo II, Vigsima segunda edicin, Espasa Calpe, Madrid, 2001, pg. 1274.
suficiente como para evitar los daos o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si stos no son suministrados29. Ahora bien, para que aquella suministracin de informacin sea eficaz a fin que, una vez culminado el proceso de comunicacin, el sujeto receptor acreedor la informacin- pueda satisfacer su inters de obtener un entendimiento pleno aquello que le incumbe directamente y que se encuentra fuera de su campo conocimiento, debe cumplir con una serie de requisitos. de de de de
Concretamente, la informacin deber ser clara30, expresada con vocablos sencillos -los signos, objeto de la eleccin del emisor, deben de ser cualitativamente los ms apropiados-31 para que sea comprendida por el consumidor con facilidad y correctamente32. A su vez, deber ser exacta; precisa; veraz y cierta33. La certidumbre hace a la correlacin que debe existir entre lo que se informa y la realidad objetiva: hace a la verdad. De all que deba ser exacta, en el sentido de veraz, debiendo adecuarse a la naturaleza y caracteres del bien o servicio ofrecidos, y a toda la operacin jurdica y econmica que se intente realizar. No se deben informar mensajes falsos o errneos, engaosos y ambiguos, ya que ellos contribuyen a distorsionar la realidad e inducen a la otra parte a cometer comprensibles equivocaciones en la apreciacin de los hechos. Adems, esta deformacin es capaz de hacerle tomar decisiones altamente perjudiciales para los legtimos intereses del que se vale de tal informacin.34 Por ltimo, debe ser completa. Una informacin completa es aquella que contiene tanto las prestaciones principales como todas y cada una de las Vid. LORENZETTI, R. L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2003, pg. 172. 30 El diccionario de la lengua de la Real Academia Espaola reconoce la voz claro los siguientes sinnimos: inteligible, fcil de comprender, evidente, manifiesto y cierto, expresado con lisura, sin rebozo, con libertad. Vid. Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia Espaola, Tomo I, Vigsima segunda edicin, Espasa Calpe, Madrid, 2001, pg. 565. 31 OSSOLA, F. y VALLESPINOS, G., La obligacin de informar, Advocatus, Argentina, 2001, pg. 52. 32 Un ejemplo consistira en que un consumidor quiere comprar un ordenador. El vendedor y experto en ordenadores se dirigir verbalmente en un lenguaje tcnico a nuestro consumidor sealndole cules son los equipos que podra adquirir y explicndole las caractersticas de cada uno de ellos. Es probable, dados los escasos conocimientos por parte del consumidor que no llegue a comprender con total claridad la informacin suministrada por el vendedor. Ello obligar a que este deba reformular la informacin para hacerla ms inteligible, adecuando en lo posible los trminos tcnicos a expresiones del lenguaje comn. 33 Esto es as cuando el mensaje posee los caracteres de exactitud, certeza, puntualidad y fidelidad. El trmino preciso segn el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola proviene del latn praecsus. La primera acepcin y como adjetivo nos encontramos con los vocablos de necesario, indispensable, que es menester para un fin. Puntual, fijo, exacto, cierto, determinado. Llegar al tiempo preciso. Distinto, claro y formal. Dicho del lenguaje, del estilo, etc.: concisos y rigurosamente exactos. Cfr. Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia Espaola, Tomo II, Vigsima segunda edicin, Espasa Calpe, Madrid, 2001, pg. 1819. 34 OSSOLA, F y VALLESPINOS, G., La obligacin de informar, Advocatus, Argentina, 2001, pg. 159.
caractersticas y modalidades accesorias que hacen al bien objeto del contrato de compraventa. El artculo 13 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que: 1. Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposicin de los consumidores y usuarios debern incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una informacin veraz, eficaz y suficiente sobre sus caractersticas esenciales y, al menos, sobre las siguientes: a) Origen, naturaleza, composicin y finalidad. b) Aditivos autorizados que, en su caso, lleven incorporados. c) Calidad, cantidad, categora o denominacin usual o comercial, si la tienen. d) Precio completo o presupuesto, en su caso, y condiciones jurdicas y econmicas de adquisicin o utilizacin, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiacin, aplazamiento o similares. e) Fecha de produccin o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad. f) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles. 2. Las exigencias concretas en esta materia se determinarn en los Reglamentos de etiquetado, presentacin y publicidad de los productos o servicios, en las reglamentaciones o normativas especiales aplicables en cada caso, para garantizar siempre el derecho de los consumidores y usuarios a una informacin cierta, eficaz, veraz y objetiva. En el caso de viviendas cuya primera transmisin se efecte despus de la entrada en vigor de esta Ley, se facilitar, adems, al comprador una documentacin completa, suscrita por el vendedor, en la que se defina, en planta a escala, la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, as como los materiales empleados en su construccin, en especial aquellos a los que el usuario no tenga acceso directo. (el subrayado nos pertenece). Consideramos que este precepto no es del todo acertado ya que creemos que los requisitos que debe reunir la informacin utilizados son excesivos resultando dicha descripcin, por un lado, redundante y, por otro, incompleta por adolecer de importantes omisiones. Tras una lectura de la norma en estudio se advierte esa reiteracin entre los caracteres de certidumbre y veracidad, ya que por lgica lo que es cierto es veraz; as mismo ocurre entre suficiente y eficaz, ya que indudablemente una informacin que es eficaz es una informacin suficiente para el consumidor; en cuanto a la objetividad es un requisito fundamental que, por el contrario, no esta reiterado suponiendo seguramente su cumplimiento un gran esfuerzo para el informador, puesto que en muchas ocasiones le ser fcil dejarse llevar por dar una informacin que persiga con mayor inters atraer al consumidor. En resumen, hubiese bastado con que el legislador exigiese como requisitos la certidumbre, la objetividad y la eficacia, ya que solo estos son los indispensables para obtener un perfecto conocimiento a los interesados en la adquisicin de un bien o servicio35. Por otro lado, se echan en falta los requisitos de que la informacin sea dada en trminos claros y sencillos, trminos estos cuya exigencia esta ms que justificada para que la informacin sea captada fcilmente por el consumidor. No obstante, parece que esa falta puede ser cubierta analgicamente, a travs del artculo 10.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en donde, al referirse a las condiciones, clusulas o estipulaciones que se pueden aplicar a la oferta, MORENO-LUQUE CASARIEGO, C., Proteccin previa a la contratacin de bienes y servicios, en Derechos de los Consumidores y Usuarios (Doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios), Direccin: DE LEN ARCE, A. y Coordinacin: DE LEN ARCE, A. y GARCA GARCA, L., Tirant lo blanch, Valencia, 2000, pgs. 130.
promocin o venta de productos y servicios exige que las mismas deban de cumplir los requisitos de concrecin, claridad y sencillez en su redaccin para que el consumidor pueda comprenderlas sencillamente36. Esas mismas condiciones son las que deben de darse en la informacin precontractual con el objeto de alcanzar igual finalidad. Dicho precepto, a su vez, no menciona quienes son los sujetos a los que incumbe la obligacin de facilitar dicha informacin, su redaccin debe complementarse con la contenida en el apartado 1 del artculo 27 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario, que permite entender que su aportacin corresponder a los agentes econmicos que hayan participado en la produccin y distribucin de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado37.
Artculo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios expresa que: 1. Las clusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocin de productos o servicios, y las clusulas no negociadas individualmente relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones pblicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, debern cumplir los siguientes requisitos: a) Concrecin, claridad y sencillez en la redaccin, con posibilidad de compresin directa, sin reenvos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultneamente a la conclusin del contrato, y a los que, en todo caso, debern hacerse referencia expresa en el documento contractual; b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o documento acreditativo de la operacin, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado; c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilizacin de clusulas abusivas. 2. En caso de duda sobre el sentido de, una clusula prevalecer la interpretacin ms favorable para el consumidor. 3. Si las clusulas tienen el carcter de condiciones generales, conforme a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratacin, quedarn tambin sometidas a las prescripciones de sta. 4. Los convenios arbitrales establecidos en la contratacin a que se refiere este artculo sern eficaces si, adems de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explcitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un sistema arbitral distinto del previsto en el artculo 31 de esta Ley no podr impedir por s misma la celebracin del contrato principal. 5. Las clusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas pblicas o concesionarios de servicios pblicos, estarn sometidas a la aprobacin y control de las Administraciones pblicas competentes, cuando as se disponga como requisito de validez y con independencia de la consulta prevista en el artculo 22 de esta Ley. Todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta Ley. 6. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones pblicas, no autorizarn ni inscribirn aquellos contratos o negocios jurdicos en los que se pretenda la inclusin de clusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales. os Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones pblicas, informarn a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad y competencia.. 37 Artculo 27 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manifiesta que: 1. Con carcter general, y sin perjuicio de lo que resulte ms favorable al consumidor o usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regirn los siguientes criterios en materia de responsabilidad: a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que lo regulan. b) En el caso de productos a granel responde el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor. c) En el
Por ltimo, dicha disposicin deber complementarse con la normativa especfica a la que cada producto deba sujetarse en cada ramo o sector, debiendo figurar la informacin a disposicin de los consumidores. A este respecto, el artculo 13.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que: las exigencias concretas se determinarn en los Reglamentos de etiquetado, presentacin y publicidad de los productos y servicios, en reglamentaciones o normativas especiales aplicables en cada caso....
IV.- EL DEBER DE INFORMACIN Y SU DOBLE VERTIENTE. El objetivo del derecho a la informacin tiene su manifestacin en una doble vertiente precontractual y contractual38. Antes de la contratacin, las partes son libres de iniciar conversaciones que puedan conducir a la celebracin del contrato39. Tales conversaciones o negociaciones son lo que comnmente se conoce como tratos preliminares, es decir, deliberaciones, conversaciones y negociaciones que los interesados llevan a cabo antes de celebrar el contrato, con la finalidad de fijar sus condiciones, anteriores a cualquier oferta firme40. El Tribunal Supremo se ha ocupado del tema y se ha encargado de definir con precisin dichos conceptos manifestando que: dentro de la figura jurdica de los denominados tratos preliminares (Vorverhandlungen Trattative), teora construida por la doctrina germnica y razonablemente asimilada por la espaola; la cual se puede definir como el conjunto de actos y operaciones que los intervinientes y ad lateres realizan con el fin de discutir y preparar un contrato. Y desde luego hay que afirmar que dichas operaciones se desenvuelven en un rea nebulosa y desde luego supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre ntegro, responde la firma o razn social que figure en su etiqueta, presentacin o publicidad. Podr eximirse de esa responsabilidad probando su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceros, que sern los responsables. 2. Si en la produccin de daos concurrieren varias personas, respondern solidariamente ante los perjudicados. El que pagare al perjudicado tendr derecho a repetir de los otros responsables, segn su participacin en la causacin de los daos.. 38 Vid. REYES LPEZ, M. J., Influencia de la normativa reguladora de los intereses de consumidores y usuarios en el mbito de la contratacin, NUE, n 211-212, pgs. 87-89. 39 STOLL HEINRICH fue quien en 1923 seal que los deberes precontractuales tenan su causa en una relacin obligatoria: la relacin obligatoria nacida de las conversaciones contractuales. Y desde entonces, se hable de relacin de conversaciones, de relacin de confianza similar a la contractual, de relacin preparatoria o de relacin precontractual, su existencia ha pasado a integrar las bases tericas de la culpa in contrahendo. ASA GONZLEZ, C. I. y HUALDE SNCHEZ, J. J., Codificacin de la culpa in contrahendo en el derecho alemn, en Estudios Jurdicos en homenaje al profesor Luis Dez-Picazo, t. II, Civitas, Madrid, 2003, pgs. 1419-1420. 40 ARROYO I AMAYUELAS, E., Formacin y perfeccin del contrato, en Derecho Privado Europeo, coordinador: CMARA LAPUENTE, S., Colex, Madrid, 2001, pg. 336.
evanescente, pues las mismas hay que enfocarlas desde un punto de vista muy amplio ideas, especulaciones, planteamientos- pero que siempre tendrn un denominador comn, como es no suponer acto jurdico alguno, ya que de dichas referidas operaciones no se derivan, de manera inmediata, efectos jurdicos mensurables41. Por lo tanto, es aqu en donde recobra suma importancia la proteccin del consentimiento del consumidor42. Para ello, cuanta ms informacin se le brinde sobre las caractersticas del producto que pretende adquirir ms se alcanzar dicho propsito43.
Es en esta etapa en donde se deben analizar las obligaciones contenidas en el artculo 8 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios modificado por la Disposicin final primera de la Ley 23/200344 (en su nueva redaccin se introduce el principio de conformidad) relativa a la oferta, promocin y publicidad45: 1.- La oferta, promocin y publicidad de los productos, actividades o servicios, se ajustarn a su naturaleza, caractersticas, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad con el contrato regulado en su legislacin especfica. Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio, y las condiciones y garantas ofrecidas, sern exigibles por los consumidores o usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido; 2No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado contuviese clusulas ms beneficiosas, stas prevalecern sobre el contenido de la oferta, promocin o publicidad; 3- La oferta, promocin y publicidad falsa o engaosa de productos, actividades o servicios, ser perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores y usuarios, constituidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley, estarn legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos administrativos tendentes a hacerla cesar. En este sentido, es relevante destacar que el artculo 8 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios trascripto solo se refiere al deber de informacin precontractual mientras que el precitado artculo 13 de la misma Ley se podra entender que protege al consumidor solo en la fase contractual, puesto que esa informacin va a llegar al consumidor a travs de la entrega de la cosa. No obstante y parece lo ms correcto que, si bien es cierto que en el artculo 13.1 se renen extremos informativos contractuales, en el sentido de informacin a disponer una vez que se ha realizado el contrato (siendo el caso del apartado f), STS (Sala de lo Civil), de 16 de diciembre (RJ 1999/8978). Vid. GOMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales de informacin, La Ley, Madrid, 1994. 43 MORENO-LUQUE CASARIEGO, C., Proteccin previa a la contratacin de bienes y servicios, en Derecho de los Consumidores y Usuarios (Doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios), Direccin: DE LEN, A., y Coordinacin: DE LEN ARCE, A. y GARCA GARCA, L., Tirant lo blanch, Valencia, 2000, pgs. 126-127. 44 (BOE nm. 165, de 11 de julio de 2003, pp. 27160-27164) 45 Cfr. sobre este tema, BERMEJO VERA, J., El derecho a la informacin de los consumidores y usuarios, EC, 3, 1984, pgs. 83-97; CABANILLAS SANCHEZ, A., La informacin al consumidor en la compraventa y el arrendamiento de viviendas y el control de las condiciones generales; Instituto Nacional del Consumo, Madrid, 1994; GMEZ SEGADE, J. A., Notas sobre el derecho de informacin del consumidor, en Revista Jurdica de Catalua, 3, 1980, pg. 139 y ss.; PASQUAU LIAO, Comentarios a la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios: Art. 8.1 y 2, Cvitas, Madrid, 1992.
relativo a las instrucciones o indicaciones para el adecuado uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles) son mayoritarias las informaciones sobre las caractersticas del producto o servicio que van a servir al consumidor en la fase precontractual. De este modo, se refleja claramente una doble finalidad del deber de informacin en dicho texto normativo. Esta doble finalidad, se advierte tambin a travs de la Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantas de los bienes de consumo46 transpuesta al ordenamiento jurdico espaol por Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantas en la Venta de Bienes de Consumo. A este respecto, es importante tener como objeto de anlisis lo manifestado en el artculo 3 de dicho texto normativo47. Este precepto, contiene claramente dos partes. La primera hace hincapi (DOCE nm. L 171, de 07 de julio de 1999, pp. 12-16). Especialmente artculo 2 Directiva 1999/44/CE. El mismo establece que: 1. El vendedor estar obligado a entregar al consumidor un bien que sea conforme al contrato de compraventa. 2. Se presumir que los bienes de consumo son conformes al contrato si: a) se ajustan a la descripcin realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo; b) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor que ste haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la celebracin del contrato y ste haya admitido que el bien es apto para dicho uso; c) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo; d) presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones pblicas sobre las caractersticas concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o el etiquetado. 3. Se considerar que no existe falta de conformidad a efectos del presente artculo si en el momento de la celebracin del contrato el consumidor tena conocimiento de este defecto o no poda fundadamente ignorarlo, o si la falta de conformidad tiene su origen en materiales suministrados por el consumidor. 4. El vendedor no quedar obligado por las declaraciones pblicas contempladas en la letra d) del apartado 2 si demuestra: - que desconoca y no caba razonablemente esperar que conociera la declaracin en cuestin, - que dicha declaracin haba sido corregida en el momento de la celebracin del contrato, o - que dicha declaracin no pudo influir en la decisin de comprar el bien de consumo. 5. La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalacin del bien de consumo se presumir equiparable a la falta de conformidad del bien cuando la instalacin est incluida en el contrato de compraventa del bien y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad. Esta disposicin tambin ser aplicable cuando se trate de un bien cuya instalacin est previsto que sea realizada por el consumidor, sea ste quien lo instale y la instalacin defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalacin.. 47 El Artculo 3 de la Ley 23/2003 titulado Conformidad de los bienes con el contrato, expresa que: 1. Salvo prueba en contrario, se entender que los bienes son conformes con el contrato siempre que cumplan todos los requisitos que se expresan a continuacin, salvo que por las circunstancias del caso alguno de ellos no resulte aplicable: a) Se ajusten a la descripcin realizada por el vendedor y posean las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo; b) Sean aptos para los usos a que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo; c) Sean aptos para cualquier uso especial requerido por el consumidor cuando lo haya puesto en cono cimiento del vendedor en el momento de celebracin del contrato, siempre que ste haya admitido que el bien es apto para dicho uso; d) Presenten la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones pblicas sobre las caractersticas concretas
en el deber de informacin precontractual. As pues, menciona la obligacin de realizar una descripcin que se ajuste al bien de consumo que se va a entregar; que las muestras o modelos presentados al consumidor posean las mismas cualidades de la cosa objeto del contrato de compraventa y que adems posea la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones pblicas, publicidad o etiquetado sobre las caractersticas concretas del bien a entregar. Al hilo de lo anteriormente expuesto y una vez ejecutado el contrato, entregado el bien de consumo y pagado el precio correspondiente, lo que le interesar al consumidor ser recibir instrucciones sobre la correcta instalacin y uso de la cosa adquirida, de forma que se alcance as el mximo rendimiento para que le permita cubrir sus expectativas. Es en este punto donde se le va a brindar, al consumidor, informacin contractual y donde recobra relevancia el deber de informacin tal como surge de la segunda parte del mencionado artculo 3 de la Ley de transposicin 23/2003 que establece: La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalacin del bien de consumo se presumir equiparable a la falta de conformidad del bien cuando la instalacin est incluida en el contrato de compraventa del bien y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el consumidor cuando la instalacin defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalacin.. En conclusin, si hablamos de derecho a ser informado es imprescindible hacer mencin a la existencia de una obligacin de informacin frente al consumidor, obligacin que tendr que producirse en los dos momentos fundamentales que, como hemos sealado anteriormente, comprende tanto la fase precontractual48 como contractual49. Por lo que concierne a la obligacin contractual de informacin supone conseguir que el consumidor conozca el modo de empleo o utilizacin de los productos y servicios adquiridos, dndole todas las instrucciones necesarias para evitar los posibles riesgos que puedan producir la utilizacin de aquellos, as por ejemplo, el artculo 2.5 infine de la Directiva 1999/44/CE y el artculo 3.2 de su Ley de transposicin disponen que ser responsable el vendedor por una incorrecta instalacin del bien de consumo realizada por el consumidor cuando aqulla se deba a de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado. El vendedor no quedar obligado por tales declaraciones pblicas si demuestra que desconoca y no caba razonablemente esperar que conociera la declaracin en cuestin, que dicha declaracin haba sido corregida en el momento de celebracin del contrato o que dicha declaracin no pudo influir en la decisin de comprar el bien de consumo. 2. La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalacin del bien se equiparar a la falta de conformidad del bien cuando la instalacin est incluida en el contrato de compraventa y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el consumidor cuando la instalacin defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalacin. 3. No habr lugar a la responsabilidad por faltas de conformidad que el consumidor conociera o no hubiera podido fundadamente ignorar en el momento de la celebracin del contrato o que tengan su origen en materiales suministrados por el consumidor.. 48 Artculo 2.2 de la Directiva 1999/44/CE de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantas de los bienes de consumo y artculo 3.1 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantas en la Venta de Bienes de Consumo. 49 Artculo 2.5 de la Directiva 1999/44/CE de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantas de los bienes de consumo y artculo 3.2 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantas en la Venta de Bienes de Consumo.
un error en las instrucciones de instalacin. Como es lgico, este tipo de informacin solo es necesaria cuando el consumidor ya ha adquirido el bien o servicio y se quiere comenzar a usar o disfrutar del mismo. Pero, como ya mencionamos, no se trata de informacin precontractual, aunque se seale en el artculo 13.1 LGDCU la necesidad de su incorporacin a los bienes o productos. La justificacin de esta exigencia no es otra que la usual falta de contacto entre consumidor y fabricante o distribuidor, lo que ha obligado al legislador a requerir que dicha informacin acompae al resto de las caractersticas del producto y lo vemos reflejado en el artculo 3.2 de la Ley 23/2003 al decir que La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalacin del bien se presumir equiparable a la falta de conformidad del bien.... Por otro lado, esa informacin s ver complementada por otras posteriores, en esta ocasin ofrecidas directamente por los responsables de la misma, no resultando difcil imaginar el gran nmero de situaciones en el que el consumidor una vez adquirido el bien espera de su distribuidor que, a travs del servicio tcnico, le facilite la misma; basta pensar en la puesta en marcha de un electrodomstico, un ordenador, etc. y a raz de esto, nuevamente el artculo 3.2 de la Ley 23/2003, de garantas en la venta de bienes de consumo atribuye la responsabilidad de una instalacin defectuosa del bien de consumo al vendedor o aquella persona que lo haga bajo su responsabilidad.
V.- INFORMACIN, PUBLICIDAD Y ETIQUETADO: DIFERENTES FORMAS DE SUMINISTRAR CONOCIMIENTOS. La informacin, la publicidad y el etiquetado son tres formas de suministrar informacin que poseen un hecho generador comn: se desenvuelven en un mismo momento, es decir, en la fase precontractual50. Sin embargo, existen grandes diferencias entre una y otra forma de comunicar las diversas caractersticas de la gran variedad de productos que existen en el mercado que pasaremos a puntualizar.
V.1.- INFORMACIN Y PUBLICIDAD Primero en principal, debemos tener en cuenta que se entiende por publicidad. Al respecto, la Ley General de Publicidad modificada por Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios51 manifiesta que se entender por publicidad toda forma de comunicacin realizada por una persona fsica o jurdica, pblica o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratacin de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones52.
Mismo sentido, TORRES LANA, J. A., Derecho a la informacin y proteccin de los consumidores, Aranzadi Civil, III, 1996, pg. 75. 51 (BOE nm. 259, de 28-10-2002, pp. 37922-37933). Artculo noveno. Transposicin al ordenamiento jurdico espaol de la Directiva 97/55/CE, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engaosa, a fin de incluir en la mismo la publicidad comparativa. 52 Artculo 2 de la Ley General de Publicidad.
La publicidad consiste hoy en el motor generador para despertar o crear necesidades en los individuos ofreciendo constantemente bienes y servicios. As, se ha transformado en un pilar importante en el mercado de la sociedad moderna ya que transmite conocimientos y crea necesidades condicionando el comportamiento de los individuos. As, atrae, persuade, seduce hasta puede llegar a manipular la conducta del consumidor. Tan es as, que el comportamiento econmico de los destinatarios de la publicidad es susceptible de ser influenciado por el mensaje publicitario. As pues, debemos distinguir en este estadio, que informacin no es lo mismo que publicidad. Toda publicidad es informacin pero no toda informacin es publicidad. La obligacin de informar por parte del vendedor constituye un derecho que poseen los consumidores. La misma est directamente dirigida a transmitir al consumidor el conocimiento suficiente como para poder reflexionar antes de decidir y prestar su consentimiento contractual. En cambio, la publicidad es un derecho de los vendedores o empresarios que pueden ejercitar o no para promocionar el bien53, pero no est dirigida directamente a transmitir el conocimiento necesario para la prestacin del consentimiento, de ah que no se exija que sea una informacin completa pero si veraz54. De este modo, resulta evidente, que la publicidad persigue promover la contratacin, que no es lo mismo que informar para decidir la contratacin55. Atenindose, en efecto, se impone un deber de veracidad que, en el mbito comunitario, establece la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximacin de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engaosa56. A su vez, y como consecuencia de su transposicin, en el ordenamiento jurdico espaol la Ley General de Publicidad establece que la no veracidad de la publicidad, en trminos generales, constituir una publicidad falsa o engaosa57. Mismo sentido, ORTI VALLEJO, A., Los defectos de la cosa en la compraventa civil y mercantil El nuevo rgimen jurdico de las faltas de conformidad segn la Directiva 1999/44/CE, Comares, Granada, 2002, pg. 67 y OSSOLA, F y VALLESPINOS, G., La obligacin de informar, Advocatus, Argentina, 2001, pg. 244. 54 Cfr. epgrafe de este trabajo titulado Concepto y requisitos. 55 FARINA, J. M., Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegtico de la ley 24.240 y del decreto reglamentario 1798/94, n 7 a), Astrea, Buenos Aires, 1995, pg. 111. Tambin LORENZETTI, R. L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2003, pg. 169, distingue algunos contornos de lo que es la informacin y lo que es una criatura ineficaz para poner a las partes en igualdad y agrega que es habitual el espectculo publicitario no informativo que llega al consumidor mediante los distintos canales de comunicacin cuyo propsito es inducir a contratar y no a informar. La simplificacin, el ocultamiento, el vedetismo, operan en el plano simblico para aumentar su seduccin. Para comprender las calidades de un producto o servicio complejo se necesita un nivel de conocimiento superior al genrico, altamente especfico. Para comprarlo, en cambio, slo se necesita ser seducido. 56 (DO nm. L 250, de 19/09/1984, p. 0017-0020). 57 Cfr. artculo 8 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, especficamente punto 3. Dicho precepto menciona ambos adjetivos como sinnimos pero cabe aclarar que una publicidad engaosa puede o no ser falsa, es decir, puede recoger datos objetivamente ciertos pero ser confusa, vaga o ambigua, de tal modo que puedan inducir a un error al adquirente de bienes o servicios. Un ejemplo lo ofrece el llamado caso Citron Hispana S.A. STS (Sala de lo Civil) de 3 febrero (RJ 1995/735). Unin de Consumidores de Espaa demand a Citroen Hispana S.A
En dicha lnea, la publicidad falsa o engaosa, es aquella que de cualquier manera, incluida su presentacin, induce o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento econmico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor58. Es asimismo engaosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisin induzca a error de los destinatarios59.
V.2.- PUBLICIDAD Y ETIQUETADO Corresponde abordar ahora el tema de la publicidad y el etiquetado. Para ello, es preciso definir este ltimo concepto. Segn el Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Etiquetado, Presentacin y Publicidad de los Productos Industriales destinados a su venta directa a los de ser ilcita la campaa publicitaria llevada a cabo por esta ltima destinada a promover la venta de vehculos entre los meses de septiembre a noviembre de 1989 bajo el ttulo ni un duro hasta abril de 1990, tras de lo cual un asterisco remita a otra parte del anuncio y con letra pequea, se sealaba Excepto entrada inicial. El Tribunal desestim la denuncia de error de interpretacin de los artculos 3; 4 y 5 de la Ley General de Publicidad pues se parte de que la publicidad llevada a cabo es realmente engaosa (...), sin tener en cuenta que el modo de anunciar enjuiciado ms bien se encamina a inducir a la lectura de la total oferta en que se dan los detalles de veracidad complementarios, en un reconocimiento implcito del engao al que induce una lectura superficial del texto publicitario. 58 Al respecto vid. MORALES MORENO, A. M., Informacin publicitaria y proteccin del consumidor (reflexiones sobre el art. 8 de la LGCU), Libro Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, vol. VIII, 1988, Madrid, pgs. 667-693. Tambin ver, CUESTA GARCA DE LEONARDO, A., La publicidad engaosa en la doctrina de los tribunales, Aranzadi Civil, vol. III, 1996, pgs. 139-159. 59 As se expresa en el artculo 4 de la Ley General de Publicidad. Adems, el artculo 3 del mismo texto normativo establece cuando una publicidad ser ilcita y declara que lo ser cuando atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitucin, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer; cuando la publicidad sea engaosa; desleal; subliminal o cuando infrinja la dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.. Y, por ltimo, el artculo 5 menciona los elementos e indicaciones a tener en cuenta para determinar cuando una publicidad es engaosa o no y manifiesta que se tendrn en cuenta: 1. Las caractersticas de los bienes, actividades o servicios, tales como: a) Origen o procedencia geogrfica o comercial, naturaleza, composicin, destino, finalidad, idoneidad, disponibilidad y novedad; b) Calidad, cantidad, categora, especificaciones y denominacin; c) Modo y fecha de fabricacin, suministro o prestacin; d) Resultados que pueden esperarse de su utilizacin; e) Resultados y caractersticas esenciales de los ensayos o controles de los bienes o servicios; f) Nocividad o peligrosidad. 2. Precio completo o presupuesto o modo de fijacin del mismo. 3. Condiciones jurdicas y econmicas de adquisicin, utilizacin y entrega de los bienes o de la prestacin de los servicios. 4. Motivos de la oferta. 5. Naturaleza, cualificaciones y derechos del anunciante, a) Identidad, patrimonio y cualificaciones profesionales. b) Derechos de propiedad industrial o intelectual. c) Premios o distinciones recibidas. 6. Servicios post-venta.. Al respecto, vid. PINO ABAD, M., Derecho de la publicidad y proteccin de los consumidores, en Curso sobre proteccin jurdica de los consumidores, Coordinacin: BOTANA GARCA, G. y RUIZ MUOZ, M., Mc Graw-Hill, Madrid, 1999, pgs. 77-99.
consumidores y usuarios60 el etiquetado es toda informacin escrita, impresa o grfica relativa a un producto, que preceptivamente debe acompaar a este cuando se presenta para la venta al consumidor61 y como etiqueta se entiende toda leyenda, marca, imagen u otro elemento o signo descriptivo o grfico, escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado, grabado en relieve, huecograbado, adherido o sujeto al envase o sobre el propio producto industrial62. Por lo expuesto, observamos que la publicidad y el etiquetado son dos formas diferentes de suministrar informacin al consumidor. Por lo tanto, han de recibir un trato desigual, por ms que en cuanto a sus efectos y a lo que aqu interesa, las caractersticas atribuidas a la cosa, tanto en la publicidad (artculo 8 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios) como en el etiquetado (artculo 13 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios), obliguen por igual63. Podramos decir que la informacin de la publicidad (folletos, documentos informativos, revistas, etc.), a diferencia de la del etiquetado, llega al consumidor antes de conocer el producto a adquirir con la finalidad de promocionar dicho bien o servicio para incentivar la contratacin. En cambio, en el momento de recibir la informacin suministrada mediante el etiquetado o etiqueta el consumidor ya tiene presente y conoce el bien que contratar. Se distinguen en que, mientras que la fuerza obligatoria de la informacin publicitaria depende de gran parte de su valoracin en el caso concreto para alcanzar su integracin en el contrato, la informacin contenida en el etiquetado obliga con carcter absoluto, porque est dirigida a dar a conocer al consumidor todo lo necesario para prestar su consentimiento en la celebracin del contrato de ah que la informacin del etiquetado tenga que ser completa y objetiva, en contraste con la publicitaria que normalmente no lo es64.
(BOE nm. 294, de 08 de diciembre de 1988). Aprueba y adjunta el Reglamento de etiquetado, presentacin y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, con el carcter de norma bsica. Simultneamente, establece los correspondientes plazos de adaptacin para las etiquetas que cumplan con las disposiciones vigentes en el momento de su entrada en vigor. Este reglamento hace expresa exclusin de aquellos productos cuyas caractersticas o rgimen jurdico propio no hacen aconsejable su regulacin por la presente disposicin. Establece la obligatoriedad de que, tanto los datos de identificacin, como los folletos informativos que se ofrecen al pblico conjuntamente, sean fcilmente comprensibles, para que cumplan la misin a la que estn destinados, adems de permitir que el consumidor realice un correcto uso de lo que adquiere y con las debidas garantas de seguridad. 61 Tambin el artculo 3.1 del Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentacin y publicidad de los productos alimenticios. (BOE 24 de agosto de 1999) nos brinda una definicin de etiquetado estableciendo que son todos aquellas menciones, indicaciones, marcas de fbrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio que figuren en cualquier envase, documento, rtulo, etiqueta, faja o collarn que acompaen o se refieren a dicho producto alimenticio.. 62 Artculo 5 del Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre. 63 Al respecto, cfr. epgrafe de este trabajo: El deber de informacin y su doble vertiente. 64 ORTI VALLEJO, A., Los defectos de la cosa en la compraventa civil y mercantil El nuevo rgimen jurdico de las faltas de conformidad segn la Directiva 1999/44/CE, Comares, Granada, 2002, pg. 67.
Ahora bien, constituye una cuestin muchas veces discutida, tanto doctrinal65 como jurisprudencialmente66, si la informacin suministrada, como acabamos de ver, a Sobre la incidencia de la publicidad en el contrato vid.: BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A. y BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R., Estudios jurdicos sobre la proteccin de los consumidores, Tecnos, Madrid, 1987, pgs. 82 y ss.; DE VERDA Y BEAMONTE, J. R., Algunas reflexiones sobre la incidencia de la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantas de los bienes de consumo, en el Derecho Civil espaol, NUE, n 211/212, 2002, pgs. 135-148; MNDEZ, R. M. y VILALTA, A. E., La publicidad ilcita: engaosa, desleal, subliminal y otras, Bosch, Barcelona, 1999; MORALES MORENO, A. M., Declaraciones pblicas y vinculacin contractual (reflexiones sobre una propuesta de Directiva), ADC, 1, 1999, pgs. 265287; dem, Informacin publicitaria y proteccin del consumidor, Libro Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, vol. 8, Madrid, 1988, pgs. 676-693; PASQUAU LIAO, Comentarios a la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios: Art. 8.1 y 2, Cvitas, Madrid, 1992, pgs. 139 y ss.. 66 As por ejemplo, STS (Sala en lo Civil) de 15 febrero 1994. El Tribunal Supremo declar que: La entidad recurrida y la persona fallecida estuvieron decididamente relacionadas por un contrato de estudios, en el que la primera qued obligada a prestar la cobertura del seguro individual por alumno, que ofreci en su publicidad, y que de esta manera vino a integrarse en el negocio obligacional concertado, pues conforme al artculo 6 del Estatuto de la Publicidad [Ley de 11 junio 1964 (RCL 1964\1269 y NDL 25361)], vigente al tiempo de los hechos, la misma haba de acomodarse a los principios de lealtad, veracidad, autenticidad y libre competencia, con la vinculacin para el anunciante que dimana de su artculo 8 [Sentencia de 16 febrero 1993 (RJ 1993\775)]. Lo ocurrido fue que Yago School Limited no guard fidelidad al contrato, pues no concert ni tena concertado seguro cobertor alguno al ocurrir el desgraciado evento, el que debera amparar todo tipo de accidentes y con mayor razn cuando se trata de muerte por atropello de vehculo de motor (artculo 100 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 octubre 1980), por presentarse como uno de los riesgos que con mayor frecuencia tratan de cubrir los usuarios en sus viajes al extranjero. De esta manera el contrato de estudios relacionante qued vaci en el aspecto de la concurrencia del necesario seguro que se integraba en el precio pactado y fue efectivamente satisfecho en razn da los servicios ofrecidos por la entidad recurrida, sin que pueda admitirse que estaba sustituido por el Seguro Escolar que ostentaba la vctima en razn a sus estudios en la Facultad de Derecho, ya que ste no fue convenido por Yago School Limited y menos derivado o aplicado a las prestaciones a las que se comprometi; y sin perjuicio todo ello de que dicho Seguro Escolar neg la cobertura al hecho de autos, como qued debidamente acreditado. Consecuente a lo explicitado es que la parte recurrida incidi en estado suficientemente acreditado de incumplimiento contractual y por ello, conforme a los artculos 1101 y 1106 del Cdigo Civil, incurri en la obligacin reparadora, al generarse as una deuda por los daos y perjuicios que ocasion con su conducta de incumplidora contractual nica. STS (Sala en lo Civil) de 14 junio 1976 (RJ 1976, 2753) en este caso el Supremo declar aunque sea, en efecto, el modelo SC350/AOI el contratado y el servido, el incumplimiento de contrato por parte del vendedor no lo funda la Sala de instancia en que haya sido servido modelo distinto, sino en que, aun tratndose del mismo modelo, no da el rendimiento que se anunciaba en la propaganda fotogrfica y grfica unida a los autos que cumple la funcin de una oferta, que vincula al vendedor, en la que se afirmaba un rendimiento horario de 2.000 a 2.300 litros por hora, oferta por la que se gui el comprador; sin que afecte al caso lo que diga en cuanto a su rendimiento la placa unida a la mquina, que era desconocida por completo por su adquirente hasta el momento de llegar a su poder; ya que aqul se atuvo exclusivamente, como ocurre siempre en estos casos, a los datos
consignados pblicamente en la oferta, sin duda con nimo de captacin a travs de la propaganda; oferta que no ha sido cumplida. STS (Sala de lo Civil) de 7 noviembre 1988 (RJ 1988\8419) en el caso de la demanda de resolucin de un contrato de compraventa de un piso por impago del precio, en el que alegaban los compradores que las condiciones de la oferta que suscribieron, basada en la publicidad precedente al documento contractual, no se ajustaban a las de lo que les fue entregado. El Tribunal Supremo expres: ...siendo cierto que la publicidad sobre un objeto, sobre todo si es un objeto an no existente, forma parte esencial de la oferta, como se reconoce por la doctrina y ha venido a proclamar el artculo 8 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y origina responsabilidad en el oferente. La STS (Sala de lo Civil) de 21 julio 1993 (RJ 1993, 6176) conoce de un caso de falta de acabado en relacin con la propaganda realizada para la venta de pisos, referida a unos armarios empotrados y otras instalaciones; el Tribunal Supremo considera obligacin exclusiva de la promotora finalizar la obra de modo que rena las caractersticas constructivas ofrecidas pblicamente a los futuros compradores conforme a lo establecido en los artculos 1091, 1096, 1101, 1256 y 1258 del Cdigo Civil y artculo 8 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. GONZALEZ VAQU, L., Tribunal de justicia de las comunidades europeas: la nueva jurisprudencia en materia de libre circulacin de mercancas y su impacto en el mbito del derecho del consumo, EC, 34, 1995, realiza una claro anlisis del aspecto jurisprudencial de la materia y dice que: ...es tambin cierto, de todos modos, que el TJCE, en el marco de su jurisprudencia Cassis de Dijon, pese a consagrar la proteccin del consumidor como exigencia imperativa, ha ido estimando excesivas con relacin al artculo 30 del Tratado CE, la prctica totalidad de las normativas nacionales objeto de sus sentencias que, en opinin de los Estados miembros, pretendan proteger al consumidor (o garantizar la lealtad de las transacciones comerciales). Sin embargo, el carcter progresista de la jurisprudencia Cassis de Dijon ha quedado patente en la reiterada consideracin, por parte del TJCE, de que el objetivo de la proteccin de los consumidores deba garantizarse con plena eficacia por los medios menos restrictivos para la libertad de circulacin de las mercancas, refirindose en la mayora de los casos a una informacin satisfactoria del consumidor, citando, concretamente, un etiquetado adecuado. En este sentido, en contra de lo mantenido por algunos Estados miembros, que alegaban la necesidad de garantizar al respecto de tradiciones seculares, hbitos, representaciones y anhelos legtimos de consumidor, supuestamente confundido e inducido a error por los productos de otros Estados miembros que se presentaban bajo la engaosa apariencia de productos similares a productos nacionales conocidos y apreciados, pero diferentes a stos en su composicin, envasado, forma, etc., el TJCE estableci que: ...ninguna consideracin ligada a la proteccin al consumidor nacional aboga a favor de una regla que impida a ste conocer (un producto fabricado) de acuerdo con una tradicin diferente de otro Estado miembro..., y las representaciones de los consumidores, que pueden variar de un Estado miembro a otro, son asimismo susceptibles de evolucionar con el tiempo en el interior de un mismo Estado miembro. El establecimiento de un mercado comn es, por otra parte, uno de los factores esenciales que pueden contribuir a dicha evolucin [...]. La legislacin de un Estado miembro no debe servir para cristalizar determinados hbitos de consumo y para consagrar una ventaja adquirida por las industrias nacionales que procuran satisfacerlos. Del mismo modo, su jurisprudencia relativa a la publicidad por lo menos hasta Keck y Mithouard destac por su enfoque progresista y una concepcin igualmente avanzada de la proteccin de los consumidores. As, en la sentencia G-BINNO, el TJCE concedi una gran importancia a la informacin del consumidor, as como al derecho de los consumidores residentes en un Estado miembro de poder desplazarse libremente al territorio de otros Estados miembros a fin de aprovisionarse de las mismas condiciones que la poblacin local....
travs de la publicidad; el etiquetado; las declaraciones pblicas o bien de las afirmaciones realizadas por uno de los contratantes sobre la naturaleza, calidad o destino de la cosa objeto de transferencia integran, o no, el contenido del contrato. En cuanto a la integracin de la publicidad en la oferta contractual nos encontramos con lo establecido en la Directiva 90/314/CE relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados67 y su respectiva Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados68 en el ordenamiento jurdico interno. La misma prev que la informacin contenida en el programa-oferta (folleto para el texto comunitario) que eventualmente se ponga a disposicin del consumidor ser vinculante para el organizador o el detallista a menos que los cambios en dicha informacin se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebracin del contrato, debiendo mencionarlo expresamente en el programa-oferta, o que se produzcan posteriormente modificaciones previo acuerdo entre las partes contratantes69. Tambin lo hace la Directiva 94/47/CE del Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la proteccin de los adquirentes en lo relativo a (DOCE nm. L 158, de 23-06-1990, p. 59-64). (BOE nm. 161, de 07 de julio de 1995). Modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposicin al ordenamiento jurdico espaol de diversas directivas comunitarias en materia de proteccin de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE nm. 259, de 29 de octubre de 2002, pp. 37922-37933). Se modifica el artculo 13 y se aade un artculo 14. 69 Artculo 3 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados establece que: Programa y oferta de viajes combinados. 1. El detallista o, en su caso, el organizador deber poner a disposicin de los consumidores un programa o folleto informativo que contenga por escrito la correspondiente oferta sobre el viaje combinado y que deber incluir una clara y precisa informacin sobre los siguientes extremos: a) Destinos y medios de transporte, con mencin de sus caractersticas y clase. b) Duracin, itinerario y calendario de viaje. c) Relacin de establecimientos de alojamiento, con indicacin de su tipo, situacin, categora o nivel de comodidad y sus principales caractersticas, as como su homologacin y clasificacin turstica en aquellos pases en los que exista clasificacin oficial. d) El nmero de comidas que se vayan a servir. e) La informacin de ndole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales de los Estados miembros de la Unin Europea en materia de pasaportes y de visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia. f) Precio del viaje combinado y precio estimado de las excursiones facultativas, el importe o el porcentaje del precio que deba pagarse en concepto de anticipo sobre el precio total y el calendario para el pago de la parte de precio no cubierta por el anticipo desembolsado, as como las condiciones de financiacin que, en su caso, se oferten. g) Si para la realizacin del viaje combinado se necesita un nmero mnimo de inscripciones y, en tal caso, la fecha lmite de informacin al consumidor en caso de anulacin. h) Clusulas aplicables a posibles responsabilidades, cancelaciones y dems condiciones del viaje. i) Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado as como, en su caso, de su representacin legal en Espaa. j) Toda informacin adicional y adecuada sobre las caractersticas del viaje ofertado. 2. La informacin contenida en el programa-oferta ser vinculante para el organizador o el detallista del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que los cambios en dicha informacin se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebracin del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mencin en el programa-oferta. b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes..
determinados aspectos de los contratos de adquisicin de un derecho de utilizacin de inmuebles en rgimen de tiempo compartido70 y su respectiva Ley en el ordenamiento interno Ley 42/1998, de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turstico y normas tributarias71. (DOCE nm. L 280, de 29 de octubre de 1994, p. 83-87). Artculo 3 de la Directiva 94/47/CEE manifiesta que: 1. Los Estados miembros dispondrn en sus legislaciones medidas a fin de que el vendedor est obligado a proporcionar un documento a cualquier persona que solicite informacin sobre el o los bienes inmuebles, el cual deber incluir, adems de una descripcin general de dicho bien o de dichos bienes, por lo menos de informacin concisa y precisa sobre los datos indicados en las letras a) a g), i) y l) del Anexo, as como indicaciones sobre la forma de obtener informacin complementaria. 2. Los Estados miembros dispondrn en sus legislaciones que toda la informacin mencionada en el apartado 1 y que deba incluirse en el documento a que se refiere el apartado 1 forme parte integrante del contrato. Salvo que las partes acuerden expresamente otra cosa, los cambios introducidos en la informacin contenida en el documento contemplado en el apartado 1 slo podrn ser resultado de circunstancias ajenas a la voluntad del vendedor. Los cambios introducidos en dicha informacin debern comunicarse al adquirente antes de la celebracin del contrato. El contrato deber hacer constar explcitamente dichos cambios. 3. Cualquier publicidad que se refiera al inmueble de que se trate indicar la posibilidad de obtener el documento mencionado en el apartado 1 y dnde puede solicitarse dicho documento. 71 (BOE nm. 300, de 16 de diciembre de 1998) Modificada por Ley 14/2000, de 29 de diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre y por Ley 39/2002. El artculo 8 de la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turstico y normas tributarias manifiesta que: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 1.4 de la presente Ley, est prohibida la transmisin de derechos de aprovechamiento por turno con la denominacin de multipropiedad o cualquier otra que contenga la palabra propiedad. 2. El propietario, el promotor o cualquier persona fsica o jurdica que se dedique profesionalmente a la transmisin de derechos de aprovechamiento por turno, que se proponga iniciar la transmisin de estos derechos, deber editar, de acuerdo con la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo, un documento informativo con el carcter de oferta vinculante, que entregar gratuitamente, despus de haber sido archivado en el Registro de la Propiedad correspondiente, a cualquier persona que solicite informacin. En tal documento se mencionarn los siguientes extremos: a) Identidad y domicilio del propietario o promotor y de cualquier persona fsica o jurdica que participe profesionalmente en la transmisin o comercializacin de los derechos de aprovechamiento por turno. b) La naturaleza real o personal de los derechos que van a ser objeto de transmisin, con indicacin de la fecha en que, segn lo que resulte de la nota del Registro de la Propiedad al pie de la escritura reguladora, se ha de extinguir el rgimen. En todo caso, se indicarn los requisitos y condiciones que para el ejercicio de tales derechos se exigen en el lugar donde est situado el inmueble, y si estn cumplidos o, en caso contrario, los requisitos o condiciones que todava debern cumplirse. [Este segundo prrafo del apartado b) ha sido introducido por el artculo 73.1 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE nm. 313, de 30.12.2000, p. 46631 ss.)] c) Si la obra est en construccin, indicacin de la fecha lmite para su terminacin, tambin segn lo que resulte de la escritura reguladora, e indicacin de la fecha estimada de extincin del rgimen, calculada sobre la fecha lmite de la terminacin de la obra. d) Descripcin precisa del inmueble sobre el que se ha constituido el rgimen y de su situacin, y si la obra est concluida o se encuentra en construccin. e) Los servicios comunes que permiten la utilizacin del inmueble y los dems de los que puede o podr disfrutar el adquirente, con indicacin de la fase en que se encuentran y las condiciones de tal disfrute. [Este apartado e) esta redactado conforme al artculo 73.2
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE nm. 313, de 30.12.2000, p. 46631 ss.)] f) Instalaciones de uso comn a las que el titular podr tener acceso y, si procede, condiciones para ese acceso, con indicacin expresa de su importe o de las bases para su determinacin. g) Indicacin, en su caso, de la empresa de servicios que se har cargo de la administracin, con expresin de su denominacin y sus datos de inscripcin en el Registro Mercantil. h) Precio medio de los derechos de aprovechamiento por turno y precio de los que lo tengan ms alto; las cargas legalmente obligatorias, como contribuciones o exacciones fiscales, entre otras; los gastos anuales o su estimacin, por ocupacin del inmueble, por utilizacin de las instalaciones y servicios comunes, as como los derivados de la administracin, conservacin y el mantenimiento del alojamiento y elementos comunes, con indicacin del procedimiento de clculo de las futuras anualidades. Asimismo, se expresar que la adquisicin de los derechos de aprovechamiento por turno no supondr desembolso, gasto u obligacin alguna distintos de los mencionados en el contrato. [Este apartado h) est redactado conforme al artculo 73.3 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE nm. 313, de 30.12.2000, p. 46631 ss.)] i) Informacin sobre el nmero de alojamientos susceptibles de aprovechamiento por turno y del nmero de turnos por alojamiento. j) Informacin sobre los derechos de desistimiento,, y de resolucin unilateral que tendr el adquirente, expresando el tiempo de que dispondr, segn esta Ley, para ejercitarlo, que no tendr a su cargo ningn gasto por el ejercicio del mismo, e indicacin de la persona y domicilio a quien deber comunicarse, si se ejercita. Si la obra est en construccin, indicacin del aval o del seguro constituido para garantizar la terminacin de la misma. k) Si existe o no la posibilidad de participar en un sistema de intercambio y, en caso positivo, el nombre, denominacin o la razn social del tercero que se va a hacer cargo del servicio, hacindose mencin del documento que, con carcter anual, expedir dicho tercero acreditando la participacin del rgimen en el programa de intercambio. El documento, firmado por el representante legal de la empresa de intercambio, expresar que el contrato del adquirente o titular del derecho de aprovechamiento con la empresa de intercambio es un contrato independiente y distinto del contrato que vincula al adquirente con el promotor o propietario del rgimen de aprovechamiento por turno. En el documento se har constar adems la cuota de participacin como socio en el programa de intercambio y las cuotas de intercambio correspondientes. En el documento se expresar adems el nmero total de socios afiliados al programa de intercambio, as como el nmero de regmenes que participan en dicho programa y una resea general sobre el funcionamiento del sistema. El documento expedido por la sociedad de intercambio se incorporar y formar parte integrante del documento informativo previsto en este artculo. l) Si existe la posibilidad de participar en un sistema organizado para la cesin a terceros del derecho objeto del contrato y, caso de que dicho sistema est organizado por el propietario o promotor, por s o por medio de cualquier otra persona fsica o jurdica que se dedique profesionalmente a la transmisin de derechos de aprovechamiento por turno, indicacin de los posibles costes de dicha cesin. [Se aade este nuevo apartado aprobado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nm. 313, de 31-12-2001, p. 50597), art. 95.1]. 3. El propietario, el promotor o cualquier persona fsica o jurdica que se dedique profesionalmente a la transmisin de derechos de aprovechamiento por turno deber tambin, de acuerdo con la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo, informar al adquirente sobre cmo puede solicitar informacin genrica y gratuita acerca de los derechos que, en general, le asisten en los organismos y a los profesionales oficiales siguientes, indicando la direccin y telfono de los ms prximos al lugar donde se encuentre el inmueble sobre el que se ha constituido el rgimen: Oficinas de Turismo. Instituto Nacional del Consumo. Organismos de las
La informacin que debe incluirse en el documento informativo que el vendedor ha de facilitar si se solicita, formar parte integrante del contrato previndose adems que cualquier publicidad que se refiera al inmueble de que se trate indicar la posibilidad de obtener el documento mencionado en el apartado 1 y dnde puede solicitarse dicho documento72. Si tenemos en cuenta que tanto el folleto, en el primer caso, como el documento informativo, en el segundo, constituyen tcnicamente una oferta contractual al contener todos los elementos del futuro contrato o, al menos, los suficientes para que pueda hablarse de suficiente precisin de la oferta, su carcter vinculante se derivara, en todo caso, de esa naturaleza. Como ya hemos sealado, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artculo 8, considera exigibles por el consumidor y usuario las afirmaciones sobre la naturaleza, caractersticas, condiciones, utilidades o finalidades de los bienes o servicios, que se hayan hecho en la promocin o publicidad de ellos, aun cuando no figuren expresamente en el documento contractual, lo que significa que se produce una incorporacin de la publicidad al contrato insertndose en la estructura contractual73. Esta insercin puede producirse de dos modos diferentes: como una obligacin que genera un especfico deber de prestacin o, simplemente, como una presuposicin determinante de la configuracin del inters que el otro contratante
Comunidades Autnomas competentes en materia de turismo y consumo. Oficinas Municipales de Consumo. Registradores de la Propiedad. Notarios. Todo ello sin perjuicio de la informacin que puedan prestar los Colegios Profesionales de Arquitectos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Administradores de Fincas, Abogados, Notarios y Registradores. 4. El propietario, el promotor o cualquier persona fsica o jurdica que se dedique profesionalmente a la transmisin de derechos de aprovechamiento por turno deber tener tambin, de acuerdo con la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo, a disposicin de las personas a quienes proponga la celebracin del contrato, un inventario completo de todos los muebles, instalaciones y ajuar con que cuente el alojamiento y en el que conste el valor global del mismo. 5. Toda publicidad, incluido el documento informativo a que se refiere el apartado 2 del presente artculo, promocin u oferta relativa a derechos de aprovechamiento por turno, ha de indicar los datos de inscripcin del rgimen en el Registro de la Propiedad, expresando la titularidad y cargas, advirtiendo que aqul debe consultarse a efectos de conocer la situacin jurdica de la finca y el ntegro contenido del rgimen de aprovechamiento por turno.. 72 Cfr. Artculo 3 Directiva 94/47/CE. 73 Segn la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artculo 27 expresa que con carcter general, y sin perjuicio de lo que resulte ms favorable al consumidor o usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regirn los siguientes criterios en materia de responsabilidad: a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores o usuarios, responsable del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que lo regulan. b) En el caso de productos a granel responde el tenedor de los mismo, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor. c) en el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre ntegro, responde la firma o razn social que figure en su etiqueta, presentacin o publicidad. Podr eximirse de esa responsabilidad probando su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceros, que sern los responsables.
aspira a satisfacer a travs del contrato74. Lnea dogmtica que aparece corroborada posteriormente con el artculo 3.1 del Real Decreto 515/198975, de 21 de abril, sobre proteccin de los consumidores en cuanto a la informacin a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas76. Estos sucintos planeamientos permiten explicar la regla contenida en el artculo 6.101 de los Principios del Derecho Europeo de Contratos77 elaborados por la Comisin de Derecho Contractual Europeo (Comission on European Contract Law), ms conocida como Comisin Lando78, en donde la cuestin no aparece solo como un problema de proteccin de consumidores, sino como una norma de alcance general, lo que prima facie parece correcto, toda vez que si trata de una concrecin del principio general de buena fe, no existen razones especiales para limitarla solamente al mbito de la proteccin de consumidores79.
DIEZ-PICAZO, L.; ROCA TRIAS, E. y MORALES MORENO, A. M., Los principios del derecho europeo de contratos, Cvitas, Madrid, 2002, pgs. 273-277. 75 (BOE n 117, de 17 de mayo de 1989, pp. 14506 ss.) 76 Artculo 3.1 del Real Decreto 515/1989 manifiesta que: la oferta, promocin y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de las viviendas se har de manera que no induzca, ni pueda inducir a error a sus destinatarios, de modo tal que afecte a su comportamiento econmico y no silenciar datos fundamentales de los objetos de la misma.. 77 Segn el artculo 6.101 de los Principios del Derecho Europeo de Contratos, aparecen tres grupos de cuestiones: una primera referida a la declaracin realizada por una de las partes a la otra en el momento de la celebracin del contrato; una segunda referida a la informacin llevada a cabo en la publicidad, en el marketing; y una tercera referida a los efectos que produce en el contrato la publicidad ajena. Para la declaracin o afirmacin que, con carcter general, pueda una de las partes haber dado a la otra en el momento inmediatamente anterior a la conclusin del contrato o cuando se ha celebrado, la regla es que genera obligaciones contractuales, en la forma en que la otra parte las hubiera podido entender si concurren circunstancias que tuvieron para dicha parte una especial transcendencia o, dicho de otro modo, si pudieron influir en su decisin de celebrar el contrato. El artculo requiere tambin que se tome en consideracin si la parte que haca la declaracin la llevaba a cabo en el curso de los negocios y la pericia relativa de una y otra parte. Para las afirmaciones o declaraciones efectuadas por un profesional en la publicidad o en las actividades de marketing, la regla es que las declaraciones o afirmaciones generan obligaciones contractuales, salvo que se pruebe que la otra parte conoci o debi haber conocido o no pudo desconocer, que la declaracin era incorrecta. La ltima de las cuestiones es, la vinculacin que puede producirse por una publicidad ajena. 78 OLE LANDO Y HUGH BEALE, Principles of European Contract law, Part I and II. Preparada por la Comisin de Derecho Europeo de Contratos. Editada por Ole Lando y Hugh Beale. Publicada por Kluwer Law International, Netherlandas, 2000. La elaboracin comenz en 1980 por 17 juristas de todos los Estados miembros que no representan oficialmente a sus pases ni son elegidos por sus gobiernos. Se ha publicado Parte I y II de los Principios de Derecho Contractual Europeo y la Parte III fue elaborada en la reunin de la comisin en Copenhague celebrada los das 5 y ss. de febrero de 2001. 79 Al respecto vid. MORALES MORENO, A. M., Declaraciones pblicas y vinculacin contractual (reflexiones sobre una propuesta de Directiva), ADC, 1, 1999, pg. 676 y LASARTE LVAREZ, C., Manual sobre proteccin de consumidores y usuarios, Dykinson, Madrid, 2003, pg. 122. Expresa que la determinacin del alcance y significado exacto de cualquier acuerdo contractual requiere, en determinadas ocasiones proceder a la integracin del contrato, como fase o etapa autnoma de la
As lo ha reconocido tambin el Tribunal Supremo al otorgar el carcter de obligacin contractual exigible a las declaraciones publicitarias tanto a escala general como especficamente en proteccin de consumidores (vase al respecto: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1976, en relacin con una mquina que no alcanzaba el rendimiento que se anunciaba en su propaganda80 fotogrfica y grfica y otras dos sentencias de 27 de enero de 197781 y de 20 de marzo de 198282, en la venta de viviendas de proteccin oficial)83. As tambin se regula en la Directiva Comunitaria 1999/44/CE en el artculo 2.1.d y en su respectiva Ley de transposicin 23/2003 en su artculo 3.1.d que textualmente manifiesta que: los bienes de consumo sern conformes al contrato si presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones pblicas sobre las caractersticas concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o el etiquetado. Y en el artculo 11 con relacin a la garanta comercial al expresar que: la garanta comercial que pueda ofrecerse adicionalmente obligar a quien figure como garante en las condiciones establecidas en el documento de garanta y en la correspondiente publicidad.84. dinmica contractual. Dicha conclusin se deducira y asentara en el tenor literal del artculo 1258 del Cdigo Civil. 80 Consideramos que el vocablo propaganda empleado por el Tribunal Supremo no es del todo acertado. En estos casos, es conveniente utilizar el trmino publicidad. La diferencia entre uno y otro vocablo radica en la finalidad de su ejecucin. La publicidad tiene un propsito netamente lucrativo mientras que la propaganda no lo tiene, ms bien, se aboca a un objetivo cultural, poltico, etc. A modo de ejemplo decimos que: encontraremos una publicidad de un determinado producto para poder captar la mayor cantidad de individuos interesados en adquirirlo (y posteriormente venderlo) mientras que una propaganda se utilizar, por un partido poltico para realizar su campaa electoral y a travs de ella difundir sus propuestas y convencer al ciudadano en su eleccin. Segn el diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia expresa que: Publicidad es: f. Divulgacin de noticias o anuncios de carcter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.. En cambio, propaganda dice que proviene: (Del lat. Propaganda, que ha de ser propagada) Asociacin cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.. Cfr. Diccionario de la Lengua Espaola de la Real Academia Espaola, Tomo II, Vigsima segunda edicin, Espasa Calpe, Madrid, 2001. Asimismo, la Directiva del Consejo 84/450/CEE, de 10 de septiembre de 1984, en su artculo 2.1, concibe a la publicidad como toda forma de comunicacin realizada en el marco de una actividad comercial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestacin de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones. Son trminos muy parecidos a los que utiliza la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad en su artculo 2. 81 Se le impuso al vendedor la obligacin de supeditarse a lo ofertado en los folletos publicitarios de aquellos inmuebles. 82 STS (Sala de lo Civil), de 20 marzo de 1982 (RJ 1982/1386). Se consider la importancia, el valor y la eficacia jurdica de los anuncios publicitarios. 83 Un buen anlisis jurisprudencial lo hace CUESTA GARCA DE LEONARDO, A., La publicidad engaosa en la doctrina de los tribunales, Aranzadi Civil, vol. III, 1996, pgs. 139-159 84 As tambin el artculo 1 de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, para la transposicin al ordenamiento jurdico espaol de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptacin de la Ley a diversas Directivas comunitarias, modifica el
En relacin con estos supuestos, lo que nos interesa, es que el bien cuya propiedad ser transmitida presente la calidad de las declaraciones pblicas, en la publicidad o en el etiquetado sobre las caractersticas concretas de los bienes realizadas por el vendedor (en su defecto, productor o representante). Esto provoca, en principio, que el vendedor deba responder de todas las declaraciones pblicas realizadas y decimos todas por que tendr que responsabilizarse de aquellas que provengan de l como las que no lo sean, es decir, de las declaraciones ajenas85. Por esto resulta conveniente establecer ciertos lmites a la vinculacin del vendedor por declaraciones de terceros y la Ley 23/2003 se encarga de instaurarlos a travs de la ltima parte del artculo 3.1.d disponiendo que: El vendedor no quedar obligado por tales declaraciones pblicas si demuestra que desconoca y no caba razonablemente esperar que conociera la declaracin en cuestin, que dicha declaracin haba sido corregida en el momento de la celebracin del contrato o que dicha declaracin no pudo influir en la decisin de comprar el bien de consumo.. Es decir, aunque el producto no presente la calidad y las prestaciones declaradas por el productor, el vendedor no ser responsable si prueba que ni conoca, ni poda conocer, tal declaracin, o que el comprador no adquiri el producto a tenor de dicha declaracin, ya sea, porque el vendedor la corrigiera en el momento de la venta, o porque tal declaracin no influyera en su decisin. A nuestro juicio, si bien es admisible la exoneracin del vendedor en los dos ltimos casos, no es oportuna la exoneracin por desconocimiento de las declaraciones hechas por el productor. Es correcto que si el comprador conoce la ausencia de las caractersticas mencionadas por el productor desmentidas por el vendedor en el momento de la celebracin del contrato y an as el comprador adquiere el producto, nada pueda reclamar al vendedor. A su vez, tampoco puede reclamarle a ste por su inters insatisfecho de la cosa adquirida si las caractersticas de sta, manifestadas por el vendedor, no determinaron su adquisicin. Sin embargo, no es coherente excluir la responsabilidad del vendedor que ignora las declaraciones hechas por el productor, puesto que, en cambio, s responde de los vicios para l desconocidos de los que adolece el producto, defectos que, en su mayor parte, son imputables al productor. Es decir, si la obligacin de saneamiento del artculo 12 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista, que queda redactado de la siguiente manera: 1. El vendedor de los bienes responder de la falta de conformidad de los mismos con el contrato de compraventa, en los trminos definidos por la legislacin vigente. 2. Los productos puestos a la venta se podrn ofrecer acompaados de una garanta comercial que obligar a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garanta y en la correspondiente publicidad. La garanta comercial adicional ofrecida por el vendedor deber en todo caso recoger las obligaciones que, en materia de garantas de bienes de consumo, vengan impuestas por ley.... (El subrayado nos pertenece). 85 El artculo 4 de la Directiva 1999/44/CE estipula lo siguiente: Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por falta de conformidad resultante de una accin u omisin del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podr emprender acciones contra la persona responsable en la cadena contractual. La legislacin nacional determinar quin es el responsable, o los responsables, contra los que podr emprender acciones el vendedor final, as como las acciones y las condiciones de ejercicio correspondientes.
vendedor implica que ste ha de responder, tenga o no conocimiento de la presencia de un defecto en el producto, y sea ese defecto imputable al productor o no, a nuestro juicio, debe igualmente responder tenga conocimiento o no de las declaraciones hechas por el productor. En suma, se comprueba a travs de este anlisis que es una clara tendencia por parte del legislador poner de relieve que el vendedor es, en la inmensa mayora de los casos, un mero suministrador de bienes, sin apenas capacidad operativa en relacin con los mismos, pues todas sus caractersticas se hallan prcticamente predeterminadas por el productor, que es, generalmente, quien ofrece la garanta y quien se encarga por tanto, a travs de sus delegaciones, de llevar a cabo las reparaciones solicitadas de los bienes de consumo. En la Directiva 1999/44/CE, el legislador comunitario es plenamente consciente de esta situacin. Tan es as que hace eco de esa estrecha relacin entre productor, vendedor y consumidor, como lo muestra, fundamentalmente, el hecho de que uno de sus objetivos sea el que se avance en la introduccin de una responsabilidad directa del productor por los defectos de que es responsable, a fin de otorgar un mayor grado de proteccin a los consumidores. El considerando 23 de su parte expositiva manifiesta: que la legislacin y la jurisprudencia en este mbito demuestran que, en los distintos Estados miembros, existe una preocupacin creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de proteccin; que, a la luz de esta evolucin y de la experiencia adquirida en la aplicacin de la presente Directiva, podra ser necesario prever una mayor armonizacin, en particular estableciendo una responsabilidad directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable. Adems, el artculo 12 agrega que: A ms tardar el 7 de julio de 2006, la Comisin proceder al examen de la aplicacin de la presente Directiva y presentar un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe examinar, entre otros elementos, si procede introducir la responsabilidad directa del productor y, si procede, ir acompaado de propuestas.. De este modo el legislador comunitario mantiene abierta la posibilidad de una futura regulacin de dicha responsabilidad. Sin embargo, el legislador espaol, a travs de la Ley de transposicin de aquella Directiva, Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantas en la Venta de Bienes de Consumo, introduce la accin directa contra el productor, con el fin de obtener la sustitucin o reparacin del bien, cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, cuando se refiera al origen, identidad o idoneidad de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan86.
Art. 10 de la Ley 23/2003 se titula Accin contra el productor y expresa: Cuando el consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podr reclamar directamente al productor con el fin de obtener la sustitucin o reparacin del bien. Con carcter general, y sin perjuicio de que la responsabilidad del productor cesara, a los efectos de esta ley, en los mismos plazos y condiciones que los establecidos para el vendedor, el productor responder por la falta de conformidad cuando sta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los bienes de consumo, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan. Se entiende por productor al fabricante de un bien de consumo o al importador del mismo en el territorio de la Unin Europea o a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien de consumo su nombre, marca u otro signo distintivo. Quien haya respondido frente al consumidor dispondr del plazo de un ao para repetir del
En conclusin, creemos que no es necesario, en una relacin de consumo, que medie un nexo contractual directo, pues es aplicable igualmente a los supuestos de responsabilidad del fabricante; productor o frente a otros terceros. Por ende, afirmamos que la relacin de consumo excede el marco del contrato (oferta y aceptacin) y alude a todas las circunstancias que rodean, constituyan un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el destino final de consumidores y usuarios87.
responsable de la falta de conformidad. Dicho plazo se computa a partir del momento en que se complet el saneamiento.. 87 Cfr. STS (Sala en lo Civil) de 3 de diciembre de 1997 (RJ 1997/8722). El Tribunal Supremo declar que: Del factum de la sentencia recurrida se infiere ineludiblemente que la mquina cuya utilizacin caus el dao no iba acompaada de la informacin suficiente para su adecuada utilizacin, es ms se dice en la misma que con el soporte productor del accidente no se haba facilitado una informacin siquiera mnima- para saber cul era la tronzadora adecuada para ese soporte, as como cul era la inadecuada, ni los lmites de fuerza aplicables al pretensado, ni ningn otro dato o informacin de inters. De esa falta de informacin se deduce en la sentencia recurrida la causa del accidente. Ahora bien, en principio, hay que afirmar que aunque en la cadena de comercializacin de la referida mquina, estn delimitados el fabricante, el importador que es la parte recurrente- y el distribuidor, no cabe discusin alguna, y as se afirma en la sentencia recurrida, que a dicha firma importador la incumba la informacin y orientacin adecuada del uso del producto, sin perjuicio de que se hubiera podido exigir tal diligencia a la firma fabricante o a la distribuidora, pero lo que es incuestionable, que la conducta negligente de la falta de otorgar tal deber de informacin y orientacin adecuada, es imputable a la, ahora, parte recurrente....
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References: Real Decreto 
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