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Timestamp: 2019-10-13 23:19:06+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 121, de 30/05/2017
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO GOÑI MORENO
Sesión celebrada el martes, 30 de mayo de 2017
Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. 624/000003 ayuda a los discapacitados; política social; jurisdicción; juez; interés legítimo CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 624/000003 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Se abre la sesión a las doce horas y cincuenta y cinco minutos.
Procede en este momento que el letrado compruebe las asistencias.
A continuación, si están conformes, pasamos a la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 24 de mayo. ¿Se aprueba? (Asentimiento). Muchas gracias.
Entramos en el único punto del orden del día, que es el dictamen de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria. A esta proposición de ley se presentaron veinte enmiendas, de las cuales las números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, fueron posteriormente retiradas. La enmienda número 8, del mismo grupo, no ha sido admitida por la Mesa del Senado porque no resulta congruente con el contenido de la proposición de ley.
La ponencia designada en relación con esta proposición de ley ha emitido un informe en el que se refleja que se incorporan las correcciones técnicas del informe del letrado, además de la enmienda número 9, mediante una enmienda transaccional de los Grupos Socialista, Podemos, Mixto y Grupo Parlamentario Vasco, que hace referencia a la entrada en vigor a 30 de junio de 2018, y tres enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.
A continuación, si estamos de acuerdo, se abrirá un turno para la defensa de las enmiendas, salvo las que han quedado incorporadas al informe de la ponencia.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones). No tiene enmiendas.
Para defender las enmiendas números 1 a 4, del señor Cleries i Gonzàlez y de la señora Rivero Segalàs, ambos del Grupo Mixto, tiene la palabra su portavoz.
El señor MARCOS ARIAS: Damos por defendidas las enmiendas y se trasladan al debate del próximo martes.
A continuación, damos la palabra, para defender las enmiendas números 13 y 17, de los señores Estradé Palau y Martí Deulofeu, ambos del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, al senador Martí.
La enmienda número 13 hace referencia a una modificación del apartado 9 de la disposición final primera de la Ley 15/2015 que modifica el artículo 56 del Código Civil. Este artículo 56 del Código Civil, tanto en la redacción vigente como en la que entrará en vigor el 30 de junio de 2017, supone una discriminación evidente por razón de discapacidad. El problema no es que se condicione la validez del acto jurídico al estado mental psíquico de la persona en el momento de prestar el consentimiento matrimonial, sino que el texto legal no es neutro, pues dicho consentimiento se vincula, además, a la afectación a determinadas tipologías de deficiencia: mentales, intelectuales o sensoriales en la redacción aprobada; deficiencias o anomalías psíquicas, en la todavía vigente.
Una deficiencia mental, intelectual, psíquica o sensorial no afecta a la aptitud de una persona para comprender el significado del matrimonio y prestar su consentimiento a este.
El lenguaje, en este sentido, nunca es inocente. La utilización de expresiones que vinculan o asimilan deficiencia o discapacidad, términos que usa la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado español, —que no son equivalente pero sí complementarios— con la posibilidad de limitar la capacidad jurídica resulta discriminatoria. El artículo 12 de la convención es claro y preciso y la interpretación que hace Naciones Unidas ratifica lo que se argumenta en esta enmienda. El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas.
La enmienda número 14 añadiría una nuevo apartado sesenta y tres bis a la disposición final primera de la Ley 15/2015, de modificación del Código Civil. Apartado sesenta y tres bis. El artículo 708 del Código Civil quedaría redactado del siguiente modo: «No pueden hacer testamento cerrado los que no sepan o no puedan leer. Las personas ciegas podrán otorgarlo siempre que declaren haber utilizado medios de apoyo mecánicos o tecnológicos para escribirlo y leerlo, y cumplan los restantes requisitos de validez establecidos en este código».
Esta modificación resulta precisa para eliminar una prohibición absolutamente injustificada y discriminatoria para las personas con discapacidad visual que hasta ahora no podían otorgar testamento cerrado. Pueden valerse de medios mecánicos o tecnológicos para su redacción —que no tiene por qué ser manuscrita— y cumplir el resto de requisitos legalmente establecidos para la validez del testamento cerrado, tales como la firma en todas sus hojas y al final del documento.
El texto vigente del artículo citado del Código Civil adolece de una visión discriminatoria hacia las personas con discapacidad visual, contraria a la convención de las Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, imponiéndoles un trato desigual. Por ello, la redacción del artículo señalado debe modificarse para suprimir esta prohibición desproporcionada hacia las personas con discapacidad visual en la realización de un negocio jurídico tan esencial como es el testamento, por lo que se plantea la reforma del precepto y la inclusión de una referencia expresa a la posibilidad que reconoce la ley de que estas personas utilicen medios mecánicos o tecnológicos para redactar testamento cerrado.
La enmienda número 15 es de adición de un nuevo punto, después del punto uno, que sería el apartado sesenta y tres ter de la disposición final primera de la Ley 15/2015, que modifica el Código Civil. Esta modificación del artículo 709 del Código Civil que incorpora la mención expresa a las personas ciegas resulta precisa para permitir su protocolización válida.
La enmienda número 16 adiciona un nuevo punto tres al artículo único. Se añade un nuevo punto tres a la disposición final undécima de la Ley 15/2015, que modifica la Ley del notariado, y se justifica en lo siguiente: La exigencia de 2 testigos idóneos a los otorgantes con discapacidad visual para el otorgamiento de escrituras y documentos notariales, recogida en el artículo 180 del Reglamento del Notariado de 1944, supone una discriminación anacrónica que vulnera los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la convención antes mencionada en las otras enmiendas y ratificada por el Estado español en 2008.
Si se aprovecha la reforma del Código Civil en materia matrimonial para incorporar la eliminación de la obligatoriedad de testigos idóneos en el otorgamiento de testamento abierto —ante notario— por parte de las personas con discapacidad, resulta coherente hacer desaparecer esta misma condición del otorgamiento de cualquier otro documento notarial.
Dado que la reforma de este precepto corresponde al Gobierno del Estado creemos conveniente y coherente introducir una modificación legislativa en la Ley del notariado —recordemos que esta ley es predemocrática— que elimine ya estas restricciones discriminatorias y adapte nuestro derecho a la convención, habilitando al Gobierno para introducir la correspondiente reforma reglamentaria.
La última enmienda, la número 17, según la cual se adiciona un nuevo punto, añadiría un nuevo apartado sesenta y uno bis a la disposición final primera de la Ley 15/2015, que modifica el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, y que tiene la siguiente justificación: La modificación del artículo 697 del Código Civil resulta precisa para eliminar restricciones y evitar cargas añadidas a determinadas personas con discapacidad cuando otorgan testamento. Desde hace años vienen produciéndose diversas denuncias y protestas de personas con discapacidad que consideran inapropiada la regulación vigente en materia testamentaria en el caso de testadores con determinadas discapacidades, en concreto visual y auditiva, a las que se obliga por la legislación civil —artículo 797 del Código Civil— a ser asistidos por dos testigos idóneos cuando desean otorgar testamento abierto.
El texto vigente del artículo citado del Código Civil adolece de una visión paternalista hacia las personas con discapacidad, imponiéndoles un trato desigual y mayores cargas que al resto de testadores sin discapacidad, comprometiendo, además, su derecho al sigilo respecto de su voluntad testamentaria, por cuanto la exigencia de testigos en el acto de otorgamiento les hace a estos conocedores de la misma.
La redacción del artículo señalado debe modificarse para suprimir cualquier restricción o carga desproporcionada hacia las personas con discapacidad en la realización de un negocio jurídico tan esencial como el testamento, por lo que se plantea la reforma del precepto.
La propuesta de nueva redacción, acorde con los derechos de las personas con discapacidad, pasaría por no hacer obligatoria la presencia de dos testigos en los supuestos de testadores con esas discapacidades, que constituye un trato más gravoso, sino porque el notario ofrezca la información y documentación testamentaria mediante los canales o en los formatos apropiados a la discapacidad de que se trate, proporcionando o admitiendo los medios técnicos, materiales y, en su caso, humanos necesarios a dicho fin, quedando la presencia de testigos como una posibilidad y no como una obligación.
Por todos estos motivos pediría la aprobación de las enmiendas.
A continuación, para la defensa de las enmiendas 7 y 18 a 20, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.
De manera muy breve quiero decir que la enmienda número 7 la presentamos porque entendemos que del mismo modo que hay que acabar con la discriminación respecto al matrimonio debería hacerse también en lo que tiene que ver con testar. Las personas deben tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Estamos hablando de leyes civiles y de actos administrativos y entendemos que debe existir pleno ejercicio de derechos también en el ámbito testamentario y creemos que esta es una muy buena oportunidad. Se nos ha comentado en la ponencia que esto no era objeto directo de la modificación de la ley, pero creemos que el momento es bueno y que esta cuestión no se debería dilatar más en el tiempo. Esperamos que esta enmienda pueda ser aceptada por el resto de grupos, si no la reservaremos para el Pleno.
Las enmiendas 18 a 20 son tres enmiendas iguales, en coherencia unas con otras, ya que el mismo párrafo aparece en diferentes partes de la propuesta de modificación. Aquí quiero comentar que nuestro planteamiento lo que realmente pretende es, por un lado, que la provisión de apoyos necesarios recaiga en toda la Administración y no se deriven directamente al sistema de protección y, por otro , que no se excluya a las entidades de iniciativa social de las cuales yo creo que son necesarias tanto la asesoría como la colaboración. Sí desaparecen del párrafo, pero no porque las estemos excluyendo, sino porque lo que queremos es que quede claro que la responsabilidad de provisión de esos apoyos es de la Administración, del sistema en su conjunto.
Esto es lo que pretendíamos y no se ha interpretado así probablemente porque no hemos dado con la redacción más afortunada. Creo que de aquí al Pleno, probablemente, como creo que en el fondo podríamos estar de acuerdo, podremos encontrar una redacción más adecuada que pueda concitar un acuerdo y que esta enmienda, por lo que pretendemos con ella, pueda ser incorporada finalmente a la modificación de la ley.
A continuación, pasamos al turno en contra de las enmiendas.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Acedo.
La señora ACEDO REYES: Buenos días. Muchas gracias, presidente.
Ya lo hemos tratado en la ponencia previa. Con respecto al texto que sometemos hoy a votación en esta comisión, se incorporan todas las observaciones efectuadas por el letrado.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la 1 a la 4, y del Grupo de Esquerra Republicana, 14, 15, 16 y 17, contarán con nuestro voto desfavorable porque entendemos que no son materia de esta proposición de ley. La proposición de ley persigue modificar la Ley 15/2015, de la jurisdicción voluntaria, por razones de urgencia, es decir, para que no se produzca su entrada en vigor el 30 de junio. Para esto proponemos la modificación. Entendemos que estas enmiendas plantean un debate más amplio. En el fondo de la cuestión estamos en gran parte de acuerdo, pero les emplazamos a realizar un debate más profundo y amplio sobre la materia en el que se incorporaría todo lo que han expuesto los diferentes grupos parlamentarios y también otras muchas cuestiones, ya que hay que seguir avanzando en la materia.
Por tanto, no es una cuestión de fondo, sino que entendemos que por las circunstancias y por lo que venimos aquí a aprobar, la modificación de dos artículos puntuales de la Ley de jurisdicción voluntaria —el artículo 56 del Código Civil y algunos apartados del 58 de la Ley de registro civil—, no ha lugar. Les emplazamos a un debate posterior.
Respecto a las enmiendas que ha planteado el Grupo Parlamentario Vasco, 18, 19 y 20, van a tener nuestro desfavorable. Por lo que hemos hablado previamente en la ponencia, posiblemente hemos interpretado mal lo que ellos querían reflejar. Es decir, seguramente en estos días previos al Pleno podamos llegar a una redacción que cubra las necesidades de ambos grupos y podamos encontrar un punto en común con respecto a estas enmiendas. Pero tal y como están redactadas contarán con nuestro voto desfavorable.
La enmienda número 13 de Esquerra Republicana tendrá nuestro voto desfavorable porque propone una redacción completamente diferente al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo que respecta a las personas con deficiencias sensoriales. Por tanto, tendrá nuestro voto desfavorable ya que nosotros vamos a ratificar el texto que viene del Congreso de los Diputados y la enmienda propone una redacción alternativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Acedo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De Lara.
El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, presidente.
En principio, el Grupo Socialista votaría en contra de las enmiendas que no han sido incorporadas al texto de la ponencia. Precisamente, durante la ponencia y al tratarse de un debate que está limitado por su poco contenido —en términos cuantitativos, no cualitativos—, habíamos hablado de reservar para el turno de portavoces una explicación más global acerca de la proposición de ley, así como del sentido de nuestro voto y de nuestros argumentos respecto a las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.
Pasamos al turno de portavoces. Cada grupo dispone de un tiempo de diez minutos.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Marcos.
El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.
Señorías, hoy estamos ante una proposición para solventar un problema creado por el Partido Popular y que, como ya se ha adelantado antes, tiene que ser resuelto a la mayor brevedad posible.
La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce la igualdad, la no discriminación y la autonomía para el disfrute de derechos fundamentales de las personas con discapacidad o diversidad funcional. Les voy a adelantar tres cosas que implica esta convención y que en Ciudadanos nos parecen muy importantes: implica un avance significativo en la creación de un cuerpo normativo para prevenir la discriminación; implica un instrumento específico para las organizaciones de personas con discapacidad o diversidad funcional para la promoción de sus derechos humanos y fundamentales, e implica, entre otras cosas, que la discapacidad o diversidad funcional entre en la agenda política.
Señorías, estamos ante un tratado internacional que es directamente aplicable a todos los niveles territoriales. Exige una evolución en la forma de entender y aplicar los principios de igualdad, de no discriminación y de autonomía desde la dimensión de los derechos humanos. Aunque estamos aquí inscritos dentro del Grupo Parlamentario Mixto, Ciudadanos ya debatió esto en el Congreso de los Diputados. El debate se tiene que centrar en la exigencia del dictamen médico en cuanto al consentimiento prestado por las personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio, como se hace en la proposición de ley original, y también en abordar la exigencia de testigos en cuanto a su capacidad para testar o para otorgar testamento cerrado, así como para otorgar otras escrituras y documentos notariales.
Nosotros nos abstendremos respecto al total de las enmiendas presentadas. Estaremos atentos al debate que se produzca en el Pleno. También intentaremos mejorar con nuestro voto esas enmiendas.
Les recuerdo el papel que tiene otorgado el tejido asociativo, en este caso el Cermi estatal, en este tema, para intentar escuchar también cuál es su posicionamiento sobre la materia. Ellos ya han pedido un dictamen sobre estas modificaciones.
En todo caso, quiero señalar que compartimos la mayoría del contenido de las enmiendas que se han presentado. Pero queríamos insistir en que lo que está en juego es precisamente la Convención internacional de los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional y que la urgencia de la tramitación nos exige ponernos mano a la obra. También les adelanto que en el Pleno el grupo de los tres senadores de Ciudadanos votará favorablemente a la proposición de ley, a la modificación que se propone, porque nos parece que se lo debemos —y tenemos que hacerlo así por la firma de la convención internacional— a las personas con diversidad funcional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Ahedo.
Quiero empezar diciendo que nuestro grupo cree que es totalmente necesario y además urgente arreglar la situación que se generaría si la Ley 15/2015 entrase en vigor sin esta modificación que se plantea en este momento. Pero también creemos que se podía haber dado un paso más y se podía haber ido un poquito más allá en esta modificación. Por eso hemos presentado las enmiendas que antes he defendido y que no van a ser aprobadas.
Nosotros vamos a mantener las 4 para el Pleno y vamos a intentar, para esas tres que son iguales, llegar a un consenso con el Grupo Popular y con el resto de grupos. Probablemente, en el fondo de la cuestión, estamos de acuerdo. Como he dicho antes, no hemos sido excesivamente afortunados a la hora de redactar o de que se entendiera nuestra intención.
En cuanto al dictamen, no habiéndose aprobado nuestras enmiendas, que mantendremos vivas, ni tampoco las de otros grupos, algunas en el mismo sentido que alguna nuestra y que introducían mejoras a la modificación, nuestro grupo se va a abstener, sin perjuicio de cuál vaya a ser nuestro voto definitivo tras el debate en el Pleno.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana defiende siempre las medidas que considera más avanzadas en materia de protección de derechos de las personas, y por este motivo hemos presentado una batería de enmiendas que nos parece van un poco más allá, comprendiendo que quizá el método utilizado para modificar la ley debiera haber sido distinto, porque pensamos que cuestiones relativas a la Ley de registro civil, a la Ley del notariado o al Código Civil merecerían una ponencia o una comisión.
De todas formas, en el mismo sentido que ha expresado el Grupo Parlamentario Vasco, vamos a mantener vivas nuestras enmiendas. Nos vamos a abstener y vamos a dar nuestro voto favorable en el Pleno porque pensamos que es un avance, quizá no el que nos gustaría, pero sí bastante sustancial.
Para finalizar, me gustaría exponer la situación de las personas con discapacidad visual. Hemos mantenido contactos con la ONCE y con asociaciones de personas ciegas que entendían que algunas de nuestras enmiendas equiparaban los derechos de estos colectivos a los de otras personas discapacitadas. Nosotros siempre vamos a estar al lado de los colectivos más vulnerables, más frágiles, y deberíamos avanzar de forma rápida, sin oportunismo político, es decir, quizás algunas modificaciones deberían haberse efectuado aparte, porque mezclándolo todo, por ejemplo, en el caso del Registro Civil, corremos el riesgo de acabar tapando otras intenciones políticas que pueden tener más que ver con una cierta privatización del servicio que tiene que prestar el Registro Civil, lo cual merecería un debate con mucha más profundidad.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Gorrochategui.
La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Ya se ha dicho anteriormente, pero la verdad es que el paternalismo y la desconfianza hacia las personas que padecen alguna diversidad funcional ha sido la tónica general en nuestra sociedad. Hemos sido una sociedad discriminadora con nuestros diferentes, y ese estatus social se ha trasladado al derecho, lógicamente, ha sido un derecho discriminador que ha tratado en forma paternalista y desconfiada respecto a la capacidad, con mayúsculas, no solo jurídica, de las personas con discapacidad. Por tanto, en la medida en que la sociedad va dándose cuenta de que no ha sido justa con determinados segmentos de la sociedad el derecho tiene que adaptarse también a esa nueva conciencia de la realidad y esta modificación es un paso necesario en ese camino.
Con respecto a las enmiendas, es verdad que la cuestión que tratamos en esta ley no se ubica en el lugar en el que debería ubicarse, seguramente precisa otro marco jurídico más amplio, debatido de forma más sosegada y profunda. En cualquier caso, compartimos el espíritu y el objeto de todas las enmiendas. Por ello, aun reconociendo que tal vez no sea el momento más oportuno, no podemos votar en contra ni abstenernos en algo que nos parece justo. Por tanto, votaremos a favor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador De Lara.
El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.
Es interesante contextualizar el momento en el que nos encontramos respecto a esta proposición de ley. Como todos sabemos, la Ley 15/2015, de julio, de la jurisdicción voluntaria, modificó en su disposición final primera determinados artículos del Código Civil, en concreto el 56 segundo, relativo a los requisitos de capacidad exigidos a los contrayentes de matrimonio con algún tipo de discapacidad.
Casi todos sabemos que esta ley produjo una enconada reacción en los ámbitos sociales y políticos, ya que de ningún modo mantenía sino que empeoraba los derechos de las personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio, y atacaba de manera flagrante lo prescrito por la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La entrada en vigor de este precepto estaba prevista para el 30 de junio de 2017 pero la Dirección General de los Registros y del Notariado sacó a la luz la Resolución-Circular de 23 de diciembre de 2016, aclarando que las exigencias planteadas por lo que yo diría esta malhadada ley se deberían entender limitadas solo a aquellos casos en los que la discapacidad afecte de forma sustancial a la prestación del consentimiento por los interesados en cuestión. Una ley enmendada por una circular, una auténtica chapuza, utilizando la jerga popular.
El Partido Socialista registró el 10 de enero de 2017, de este mismo año, por tanto, una proposición de ley para arreglar este desaguisado; después el PP registró la proposición de ley que hoy estamos debatiendo, que es la que antes ha tenido entrada en el Parlamento. Probablemente hubiera bastado con un real decreto ley sin acudir a donde estamos ahora mismo. No voy a recordar lo que la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad dice en sus diferentes artículos, pero uno de ellos, fundamental, dice expresamente que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, y el artículo 23.1, en la letra a) dice que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.
¿Cómo se ha posicionado el PSOE durante la ponencia y se posicionar ahora? Pues bien, no vamos a entrar a analizar otros aspectos diferentes, aunque estemos de acuerdo con ellos, al de salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad que quieran quererse, unir sus destinos y formalizarlos por la vía del casamiento. La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ya instaba en 2011 al Gobierno a adaptar la normativa del ordenamiento jurídico español para cumplir precisamente con lo prescrito en el artículo 12 de dicha convención a la que acabo de hacer mención. En 2011 ya lo decían, que se adapte todo el ordenamiento jurídico español a lo que marca la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno del PP incumplió este mandato, ya que se tenía que haber producido en 2012 y estamos casi ya en junio de 2017.
El Grupo Socialista votará en contra de las enmiendas que no se ciñan al objeto específico de esta ley, aunque coincida con lo contemplado en algunas, como acabo de comentar. Curiosamente, catorce de las diecisiete enmiendas que había antes de entrar en la ponencia, algunas se han incorporado, aluden a materia testamentaria o notarial general, es decir, el 82 %, o a cuestiones relativas a entrada en vigor, que también se han incluido en el texto de la ponencia, y las tres restantes cuestionan aspectos relativos a las exigencias de capacidad de los contrayentes que se alejan de un texto como el que debatimos con el que están de acuerdo representativas organizaciones españolas vinculadas al sector de la discapacidad.
Me voy a quedar —lo digo con todo respeto al compañero de Esquerra porque vamos a votar en contra— con lo que dice la enmienda número 13 en su segundo párrafo de justificación.
Quien les habla ahora mismo es pedagogo terapeuta de profesión y presidente de una asociación comarcal prodiscapacidad —aunque le hemos cambiado el nombre a procapacidad— desde 1984, tenemos sesenta usuarios que son personas con discapacidad o que padecen enfermedad mental. Dice este párrafo: Una deficiencia mental, intelectual, psíquica o sensorial —dice en su texto Esquerra— no afecta a la aptitud de una persona para comprender el significado del matrimonio y prestar su consentimiento al mismo. Dice esto literalmente.
Haciendo uso del derecho que tenía como alcalde que era de mi pueblo, casamos a dos parejas de personas con discapacidad intelectual. Son felices y están absolutamente integrados en la vida social de mi pueblo, La Solana, pero si siguiéramos el tenor literal de lo que Esquerra propone —y he leído literalmente ese párrafo—, la mayoría de las personas que tenemos como socios en la asociación, y ocurrirá en otros espacios, quieren casarse prácticamente todos los días, y se quieren casar con otra persona diferente al mes siguiente. Hablo de casos concretos, específicos, de enfermos mentales o discapacitados profundos que tienen capacidad verbal y también volitiva para hablar lo que están deseando, pero que, evidentemente, no expresan un pensamiento sostenido en el tiempo. Por tanto, hay que ser muy delicados cuando se incorpora una enmienda de estas características, que es absolutamente matizable, aunque con el espíritu estamos de acuerdo.
El momento legislativo es otro. Nos consta, y creo que al Grupo Popular y al resto de miembros de esta comisión también les debe constar, que la Comisión General de Codificación está trabajando en la elaboración de un borrador de una propuesta legislativa que adapte todo el ordenamiento jurídico español a la mentada Ley 26/2011, que recogería la letra y el espíritu de la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad. Ahí es donde creemos nosotros que tendrían espacio, no las enmiendas que se han presentado hoy aquí, sino además de las que se han presentado hoy aquí otras muchas. Ahora estamos circunscribiéndonos a lo que de manera más clara expresaba el epígrafe de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso: adecuación del derecho a contraer matrimonio a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y aunque el Grupo Popular ponía 2019 y hemos pactado que se adelante a 2018, mención aparte merece la autoenmienda del Grupo Popular aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, porque entendemos que esta proposición de ley no se prestaba a una enmienda de esas características, pero con tal de que se asegure la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, el Partido Socialista ha sugerido 2018 y agradecemos que el Grupo Popular lo haya aceptado. Porque estamos decidiendo sobre el derecho de casamiento de las personas con discapacidad y hablamos de entradas en vigor de leyes que afectan a una Ley del Registro Civil, que en su disposición final décima ya en 2011, cuando fue promulgada, preveía la entrada en vigor el 22 de julio de 2014; tres años han trascurrido. En 2014 el Gobierno de España promulgó un real decreto ley que prorrogaba la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil hasta junio de 2015, y el real decreto ley fue tramitado como ley posteriormente con ligeras modificaciones —voy terminando, presidente—. Cuando esto ocurre se produce una oposición frontal de grupos políticos, colectivos sociales y sindicatos, porque lo que se pretendía era modernizar con la mayor celeridad los registros civiles, dándoles un basamento exclusivamente informático accesible a cualquier persona que no tendría que constar en ese registro civil en función de cuándo nace, cuándo se casa o cuándo se muere, sino utilizando o catalizando y registrando todo su historial de vida.
En 2015 también aparece la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y se pospone la entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2017. Por cierto, aprovechando también la circunstancia se derogan otras medidas impopulares anteriores. Y ya estamos en 2017, quedan 31 días para el 30 de junio y viene esta precipitación aprovechando la percha de una ley que trata de dar dignidad a las personas con discapacidad a la hora de decidir casarse. Hasta la propia defensora del pueblo en 2016 informa de esta provisionalidad normativa, de los vaivenes a que ha sometido el Gobierno esta ley y del colapso de las comunidades autónomas, que tienen la competencia de dotar de medios materiales y humanos a los registros civiles. En marzo de 2017 el Ministerio de Justicia se dirige a los sindicatos de justicia y a las comunidades autónomas y habla de una propuesta de reforma que asegura el mantenimiento del Registro Civil en la Administración de justicia, manteniendo su estructura, oficinas, etcétera. Y me voy a ahorrar los comentarios al respecto.
Lo que está claro es la incapacidad del ministerio para cumplir en seis años transcurridos con las obligaciones que tenía que haber asumido en los tres primeros. O se trata de un caos absoluto o se trata de una negligencia absoluta. No estamos ante una vacatio legis; yo diría, permítanme la ironía, que estamos ante una senectute legis. El 9 de marzo de este año el PSOE presentó una PNL exigiendo al Gobierno agilidad, diligencia y mantenimiento de los principios esenciales de la Ley 20/2011 y, en último extremo, facilitando su entrada en vigor con efectos inaplazables del 30 de junio de 2018, que es lo que hemos sugerido hoy y es lo que el Grupo Popular ha aceptado, entendido, y nosotros agradecidos.
Como ya exponía el letrado en su informe —creo que me hago eco de todos los compañeros y compañeras de la comisión al decir que es un informe totalmente exquisito, que nos ha servido como instrumento, como herramienta útil a los políticos, a los senadores—, Podemos presentó tres enmiendas técnicas, suscribibles totalmente por mi grupo —por eso las hemos suscrito— porque dan rigor técnico a la entrada en vigor de las normas que hoy se pretenden modificar.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo.
La señora ACEDO REYES: Muchas gracias, presidente.
Lo que hoy traemos aquí es la modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, que a su vez viene a modificar el artículo 56 del Código Civil, que entraría en vigor el próximo 30 de junio de 2017, respecto de los requisitos de capacidad exigidos a los contrayentes para las personas con discapacidad, y esta modificación de la Ley de jurisdicción voluntaria también modifica algunos apartados del artículo 58 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, relativos a la cuestión que traemos hoy aquí, que no es más que la prestación de consentimiento, los requisitos para contraer matrimonio y los trámites para llevar a efecto el matrimonio civil entre las personas con discapacidad.
Al fin y al cabo, los objetivos de esta proposición de modificación de la Ley de jurisdicción voluntaria que introdujo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, y que viene remitida al Senado con un texto por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, vienen a favorecer la celebración del matrimonio de las personas con discapacidad para que estén en igualdad de condiciones que el resto, y para que estén en igualdad de condiciones es necesario que se reconozca su derecho a contraer matrimonio y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno, eliminando cualquier duda de interpretación en cuanto a la prestación del consentimiento, del concepto de discapacidad que recoge la actual redacción y que entraría en vigor el próximo 30 de junio.
También diluimos cualquier tipo de inseguridad jurídica al respecto y corregimos una desigualdad o discriminación —así lo entendemos desde el Grupo Popular— histórica para con las personas con discapacidad, que viene heredada de nuestro Código Civil del siglo XIX y que hasta ahora no habíamos abordado, pero no habíamos abordado ninguno, ni el Grupo Parlamentario Popular ni el resto de grupos parlamentarios. Asimismo, creo que es importante atender la demanda social de crear un régimen legal favorecedor para la prestación de consentimiento y la posterior tramitación del matrimonio civil si esa fuese la voluntad de las partes. Lo que pretendemos con esta reforma de la Ley de jurisdicción voluntaria y esta reforma del Código Civil es reforzar la protección de las personas con discapacidad, al permitir a la persona encargada de la celebración del matrimonio que pueda recabar la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales necesarios para llevar a efecto el matrimonio civil, estableciendo exclusivamente la excepcionalidad del dictamen médico solo —solo— cuando de modo evidente, sustancial y categórico, como viene recogido en el texto remitido por el Congreso de los Diputados y acordado por todos los grupos parlamentarios, presente una condición de salud que le impidiere prestar dicho consentimiento.
El Grupo Parlamentario Popular entendemos que es una deuda histórica y que es nuestra obligación saldarla. Y la urgencia de esta tramitación es precisamente que su entrada en vigor no se produzca el próximo 30 de junio, porque es, vuelvo a repetir, una deuda histórica que tenemos para con las personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario Popular considera que estamos todos de enhorabuena, en primer lugar, porque esta comisión de discapacidad está recién constituida y lo primero que ha entrado ha sido una proposición de ley de modificación de la Ley de jurisdicción voluntaria que afecta a las personas con discapacidad, un colectivo que en ocasiones puede sentirse poco atendido por aquellos que en un momento determinado ostentamos algún tipo de responsabilidad pública. Por tanto, estamos de enhorabuena porque, recién constituida la comisión, lo primero que entre sea la modificación de una ley que viene a favorecer o a eliminar obstáculos a las personas con algún tipo de discapacidad. En segundo lugar, estamos de enhorabuena también porque el texto remitido por el Congreso de los Diputados fue aprobado por unanimidad y pone de manifiesto el grado de acuerdo existente entre los diferentes grupos, así como la concienciación y la responsabilidad que todos los grupos hemos asumido en esta materia.
Me gustaría destacar brevemente el papel que ha jugado España, no solo en la ratificación de convenio, sino también en el protocolo facultativo de la Convención internacional para las personas con discapacidad del año 2006, ratificado por España en 2008 —hemos estado en uno de los primeros grupos de países que ratificamos las conclusiones de esta convención internacional y del consiguiente protocolo facultativo—. Asimismo, me gustaría destacar que en los últimos cinco años hemos hecho un importante esfuerzo legislativo en esta materia por adaptar nuestro ordenamiento jurídico cada vez más a las conclusiones de la convención internacional y a las demandas sociales de las personas con discapacidad; concretamente, en los últimos cinco años se han aprobado veinticuatro leyes, así como todas aquellas leyes que se han aprobado ya con la perspectiva de la discapacidad, que es transversal a todo y, posiblemente, lo más importante. Por supuesto, queda muchísimo por hacer en esta materia, por lo pronto lo que debatimos hoy aquí, pero también considero que se ha avanzado mucho en este sentido.
Quiero contestar brevemente a algunas de las cuestiones que ha planteado el senador del Partido Socialista respecto a la enmienda que ha introducido el Grupo Popular y sobre la que hemos firmado una transaccional en la ponencia previa. Esta enmienda que introduce el Grupo Popular pretende posponer la entrada de la Ley 20/2011, del Registro Civil, a 30 de junio no ya de 2019, sino de 2018, porque así lo hemos acordado los grupos parlamentarios en la ponencia previa, y lo hacemos como consecuencia de la interconexión que existe entre ambas leyes. La fecha de referencia de entrada en vigor era el 30 de junio de 2017 para ambas, pero con la incorporación de las enmiendas del Grupo Podemos y con la transaccional firmada por todos, al final la entrada en vigor será el 30 de junio de 2018. Pero estas modificaciones respecto del modelo anterior de estructura y organización del Registro Civil, recogido en esta Ley 20/2011, desde el punto de vista tecnológico requiere de su progresiva incorporación y puesta en marcha para que no se produzcan importantes disfunciones que, al final, den lugar a consecuencias y repercusiones negativas en el servicio público que el Registro Civil ofrece hoy por hoy y que debe seguir ofreciendo al ciudadano. Está claro que las circunstancias sobrevenidas, entre otras, la XI Legislatura, corta y con ausencia de proyecto legislativo, han dificultado la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo del Registro Civil, así como su viabilidad y garantía de un buen servicio público. Pero, como decía, desde un punto de vista tecnológico y organizativo resulta más eficiente proceder a una nueva prórroga para la consecución de todos estos objetivos, todo ello sumado a la voluntad del Ministerio de Justicia, que así lo ha manifestado, de llegar a un acuerdo con los trabajadores, sindicatos y todos los grupos políticos para conseguir que el Registro Civil siga siendo un servicio público de calidad, gratuito y cercano para todos los ciudadanos. Esa es la razón de la incorporación de esta enmienda, así como por la interconexión existente con la fecha de referencia de entrada en vigor con la actual.
No obstante, el Grupo Parlamentario Popular considera que era una deuda histórica que teníamos con las personas con discapacidad y queremos agradecer el interés de todos los grupos parlamentarios, así como al colectivo de personas con discapacidad que, por vía de su tejido asociativo, nos han hecho llegar sus aportaciones. Agradecemos la predisposición de todos.
Finalmente, nos congratulamos porque hemos podido sacar adelante un texto que supone un paso más en la eliminación de barreras no solo físicas, sino también legislativas en favor de las personas con discapacidad.
Sin más, reitero mi agradecimiento y les planteo que la presentación del dictamen en el Pleno, como suele ser habitual, lo haga el presidente de esta comisión.
A continuación, se someterá a votación el texto propuesto por la ponencia.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Presidente, le rogaría que nos diera cinco minutos, porque da la casualidad de que dos compañeros están votando ahora mismo en la Comisión de Medio Ambiente. Les he llamado para que subieran ya y en ese momento estaban votando. Me han dicho que pueden llegar en cinco minutos. Lo pido por favor a la Mesa y al resto de grupos.
El señor PRESIDENTE: Por mi parte, no hay problema.
¿Están todos de acuerdo? (Asentimiento).
Por tanto, suspendemos la sesión cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.
Se somete a votación el texto del informe de la ponencia. Dicho texto incorpora la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular, modificado por la enmienda transaccional presentada por dicho grupo y la mayoría de los grupos. También se incorporan las tres enmiendas —números 10, 11 y 12— del Grupo Podemos, con la modificación sugerida por el letrado, y todas las enmiendas técnicas del informe del letrado.
La señora AHEDO CEZA: ¿Y las enmiendas presentadas?
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas no se votan aquí, las enmiendas se votan en el Pleno. Votamos el texto del informe de la ponencia.
¿Desea intervenir, senadora Ahedo?
La señora AHEDO CEZA: Querría solo una aclaración, si es posible.
Si las enmiendas están presentadas, deberían votarse. En el caso de que se aceptasen —que podría pasar que tuviésemos un poder de convicción impresionante (Risas)— quedarían incorporadas al dictamen de la comisión e irían así al Pleno. Solo en el caso de ser rechazadas pasaríamos a votar el dictamen tal cual ha venido de la ponencia, porque si no no sé para qué he intentado yo decir aquí que qué buenas eran las mías.
El señor PRESIDENTE: El letrado de la comisión dice que se somete a la votación de la comisión el informe de la ponencia.
La señora AHEDO CEZA: Entonces, ¿por qué ha habido debate de enmiendas y por qué podemos mantener las enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Las enmienda se pueden mantener si se presentan en un plazo de veinticuatro horas.
La señora AHEDO CEZA: ¿Y si me las llegan a aprobar? (Rumores). Formalmente no va a ir a ningún lado, porque sabemos que la mayoría no las va aceptar, pero entiendo que el procedimiento debería ser así.
El señor PRESIDENTE: Señora senadora, el artículo 116 del Reglamento, en el punto 2, dice: «Acordado el cierre, el Presidente someterá a votación la propuesta que en ese momento formule la Ponencia. Si se aprobase el texto de la misma, quedará incorporado al dictamen; si se rechazase, se someterán a votación las enmiendas mantenidas por su orden de discusión, y en el supuesto de que ninguna obtuviera la aprobación, el Presidente podrá suspender la sesión para que la Ponencia, junto con los enmendantes, proceda a la redacción de un nuevo texto, que se someterá a votación».
La señora AHEDO CEZA: De acuerdo, muchísimas gracias.
Como dije anteriormente, queda aprobado el informe de la ponencia y queda convertido en dictamen de la comisión.
Procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen en el Pleno del Senado. Hay una propuesta del Grupo Parlamentario Popular de que el dictamen lo defienda el presidente. ¿Se aprueba? (Asentimiento). ﻿Muchas gracias.

References: artículo 56
 artículo 56
 artículo 12
 artículo 708
 artículo 709
 artículo 180
 Real Decreto 
 artículo 697
 artículo 56
 real decreto 
 artículo 23
 artículo 12
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 116