Source: https://do.vlex.com/vid/sentencia-no-pleno-suprema-821475497
Timestamp: 2020-01-29 19:15:13+00:00

Document:
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Septiembre de 2019. - Jurisprudencia - VLEX 821475497
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Septiembre de 2019.
Audiencia pública del 11 de septiembre del 2019
Sentencia No. 103-2019
C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de septiembre del 2019, que dice así:
Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 26 de abril de 2018, incoado por:
● Á.B.P.C., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 054-0039045-5, domiciliado y residente en la Carretera D., G. abajo, entrada de T. No. 56, Municipio de Moca, República Dominicana, imputado y civilmente demandado;
3) El doctor P.C., quien actúa en representación del imputado y civilmente demandado, Á.B.P.C.;
4) El doctor J.S. en representación del licenciado J.T., quien actúa en representación del querellante y actor civil, N.A.S. y compartes;
1. El memorial de casación, depositado el 20 de junio de 2018, en la secretaría de la Corte a qua, mediante el cual el recurrente, Á.B.P.C., imputado y civilmente demandado, interpone su recurso de casación a través de su abogado, licenciado J.G.S.V.;
2. El escrito de defensa, depositado en fecha 26 de julio de 2018, en la secretaría de la Corte a qua por los licenciados J.E.B.T. y M.A.B.T., en representación de R.F.L.E., Romelina Escoboza Luna y Roselina Escoboza Luna;
3. La Resolución No. 1153-2019 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 02 de mayo de 2019, que declara admisible el recurso de casación interpuesto por: Á.B.P.C.; contra la indicada sentencia; y fijó audiencia para el día 12 de junio de 2019; y que se conoció ese mismo día;
Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día 12 de junio de 2019; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: L.H.M., P.; M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., S.A.A.A., A.A.B.F., N.R.E.L., M.G.G.R., J.M.M., B.R.F.G., R.V.G. y M.F.L., asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;
Considerando: que en fecha cuatro (04) de julio de 2019, el Magistrado L.H.M.P., P. de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto para la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934;
1. En fecha 21 de abril de 2014, el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Moca, presentó formal acusación en contra del imputado Á.B.P.C., por presunta violación a los artículos 49, literal c, numeral 1, 50 literal a, 61, 65 párrafo I y 74 literal d, de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor.
En fecha 7 de julio de 2014, la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Moca, dictó auto de apertura a juicio;
Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Moca, Provincia E., S.I., el cual, en fecha 14 de mayo de 2015, decidió: “PRIMERO: Declara culpable al señor Á.B.P.C., violación a los artículos 49, 49 numeral 1, 49 literal C, 50, 50 literal a, 61, 65 numeral 1, 74, y 74 literal d, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus modificaciones, en perjuicio del señor N.A.S. (lesionado) y los señores L.R.E.R. (fallecido), representado por las señoras R.F.L.E., R.R.E.L. y R.R.E.L.; SEGUNDO: D. sentencia condenatoria en contra del señor Á.B.P.C. y lo condena a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión correccional a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, Moca, al pago de una multa de Ocho Mil Pesos dominicanos (RD$8,000.00), la cancelación de la licencia de conducir por dos años y declara las costas penales de oficio por estar asistido el imputado por la defensa pública. Aspecto civil: TERCERO: Excluye del presente proceso a tercera civilmente demandada, la señora L.M.Á.G. por no probarse su relación de comitencia respecto al imputado, por existir un acto de compraventa del vehículo de motor causante del accidente registrado antes del accidente; CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la querella en constitución en actoría civil intentada por los señores N.A.S., R.F.L.E.R.R.E.L. y R.R.E.L. por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; QUINTO: En cuanto al fondo se acoge la querella en constitución en actoria civil intentada por los señores N.A.S., R.F.L.E., R.R.E.L. y R.R.E.L.; en consecuencia, condena al señor Á.B.P.C., al pago de la siguiente indemnización como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos: Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00), a favor del señor N.A.S.; Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de la señora R.F.L.E., en calidad de esposa del señor L.R.E.R.; Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00, a favor de la señora R.R.E.L. en calidad de hija del señor L.R.E.R.; SEXTO: Condena al señor Á.B.P.C. al pago de las costas civiles en distracción y provecho de los Licdos. J.E.B.T. y M.A.B.T., abogados de los querellantes constituidos en actores civiles, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Indica a las partes que cuentan con un plazo de veinte días para interponer las vías del recurso que entiendan de lugar a partir de la notificación de la sentencia conforme el art. 418 del Código Procesal Penal”;
No conforme con la misma, fue recurrida en apelación por: Á.B.P.C., imputado y civilmente demandado, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual, dictó su sentencia, en 1ro. de febrero de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:
“ PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Á.B.P.C., dominicano, mayor de edad, soltero, vendedor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 054-0039045-5, residente en carretera D., G. Abajo, entrada de T., núm. 56, teléfono 809-578-1354, representado por J.G.S.V., en contra de la sentencia núm. 00006 de fecha 06/10/2015, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, S.I. de E.; en consecuencia, confirma la decisión recurrida por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Condena a Á.B.P.C., al pago de las costas penales; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal”;
No conforme con dicha decisión, fue interpuesto recurso de casación por: el imputado y civilmente demandado, Á.B.P.C. ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, mediante sentencia de fecha, 22 de noviembre de 2017, casó y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en razón de que, la Corte a qua no se pronunció de forma clara y específica sobre el cuestionamiento realizado de manera formal por el recurrente, faltando a su obligación de pronunciarse en cuanto a todo lo planteado por las partes, como garantía del acceso de los ciudadanos a una administración de justicia oportuna, justa, transparente y razonable; así como a la prevención de la arbitrariedad en la toma de decisiones, las cuales deben contener una motivación suficiente, de manera tal que le permita a esta jurisdicción casacional determinar si se realizó una correcta aplicación de la ley y el derecho, lo que no ha ocurrido en la especie; situación que ocasionó un perjuicio al recurrente, debido a que la acción de la alzada no satisface el requerimiento de una tutela judicial efectiva;
Apoderada del envío ordenado la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, dictó su sentencia, ahora impugnada, en fecha 26 de abril de 2018, siendo su parte dispositiva:
“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Á.B.P.C., representado por J.
.G.S.V., en contra de la sentencia núm. 00006 de
fecha 06/10/2015, pronunciada por el Juzgado de Paz Especial
de Tránsito. Sala 111 del municipio de Moca, provincia
E.; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la
decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas;
TERCERO: Condena al recurrente Á.B.P.C., al pago de las costas penales y civiles de la alzada,
distrayendo las últimas en provecho de los abogados de la parte
reclamante que las solicitaron por haberlas avanzado;
CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente
decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las
partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia
de la misma se encuentra a disposición para su entrega
inmediata en la secretaria de esta Corte de Apelación, todo de
conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código
Procesal Penal”;
Considerando: que apoderada Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 02 de mayo de 2019, la Resolución No. 1153-2019, mediante la cual declaró admisible los recursos interpuestos, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo de los mismos para el día 12 de junio de 2019, fecha esta última en que se celebró dicha audiencia; reservando esta Suprema Corte de Justicia el fallo a que se contrae esta sentencia;
Considerando: que el recurrente, Á.B.P.C., imputado y civilmente demandado; alega en su escrito de casación, depositado por ante la secretaria de la Corte a qua, el medio siguiente:
“ Primer Medio: Sentencia contraria al criterio de la Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: No subsana derechos fundamentales (pretende justificarlos); Tercer Medio: Sentencia objeto de recurso de revisión”;
La Corte no acató el envío ordenado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia;
El imputado ofertó pruebas que no fueron admitidas y que pudieron cambiar la suerte de éste; no pudo probarse la participación del imputado;
La Corte a qua emite una decisión sin subsanar la violación al derecho fundamental, por lo que abre la posibilidad de ser objeto de recurso de revisión;
“Antes de iniciar el análisis detenido del recurso sometido a la consideración de esta instancia, es preciso abrevar en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que nos apodera a los fines de determinar cuál es el alcance de dicho apoderamiento y de verificar qué error en particular se enrostra a la primera sentencia dictada por esta Corte.
En ese orden, de un recurso de casación interpuesto por el imputado, que contiene dos críticas puntuales, la Segunda Sala de la Corte de Casación solo acoge el fundamento número dos que hace alusión al rechazo de un CD que aportó como prueba la defensa así como su desplazaba al momento de la ocurrencia del accidente afirmando que fue invocado en todas las instancias, y que con ello, a juicio de los recurrentes en casación, la alzada incurrió en las vulneraciones del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho a la igualdad y así fue apreciado por el Alto Tribunal.
En esa virtud, y en razón de que para acoger el recurso de casación de referencia y por la solución brindada, la Suprema Corte de Justicia sólo pondera este fundamento, es menester explicar las razones por las cuales la Corte de Apelación no consideró el contenido de las referidas conclusiones vertidas por el recurrente con posterioridad al apoderamiento de la misma y al vencimiento del plazo para recurrir.
Con respecto a lo aducido, en esencia la crítica fundamental retenida por la Corte de Casación a la sentencia anterior de esta jurisdicción es que no justificó de manera adecuada por qué no admitió la prueba de un video contenida en un cd que aportó la parte recurrente que habría de liberar su responsabilidad en la especie, lo mismo que no se dispuso una revisión técnica, peritaje, al automóvil del imputado para verificar si había tenido o no una colisión; a juicio de la Corte, el medio probatorio ofertado debió ser rechazado como al efecto lo hizo en su oportunidad el juez de la instrucción, porque como bien apunta el auto de apertura a juicio, no se pudo establecer el origen y por tanto, la legitimidad de esa prueba, por lo que no cubría el estándar mínimo que debe alcanzar todo elemento que pretenda ser insertado al proceso como prueba; más aún, la decisión del juez de la instrucción no fue atacada en su oportunidad por la vía correspondiente, sino que la parte proponente reiteró la petición en otra etapa procesal donde este tipo de pretensión ya había precluído por haber sido propuesta, rechazada y asumida la decisión por no haber sido atacada en tiempo hábil.
En cuanto a la solicitud de la revisión del vehículo, en su oportunidad la Corte estableció que era innecesaria porque el referido medio de transporte fue identificado debidamente por los testigos, lo que en la actualidad esta instancia corrobora, pero, más importante, ya a la fecha de esta decisión resulta la imposibilidad de llevar a cabo tal medida merced al tiempo transcurrido y al destino que se habrá dado al vehículo o al uso percibido; en esa virtud, no hay razón jurídica para ponderar nuevamente el recurso de apelación del que está apoderado el segundo grado, que en el resto de su contenido se limita a criticar más que la valoración de la prueba hecha por el órgano de origen, lo que declararon los testigos ante el plenario, lo cual aprecian los jueces en virtud del precepto de la inmediación, a lo que no ha tenido en modo alguno acceso la alzada; por todo ello debe ser rechazada la acción impugnaticia, confirmando así la sentencia atacada”;
Considerando: que contrario a lo alegado por el recurrente, señor Á.B.P.C., de la lectura de la decisión dictada por la Corte a qua puede comprobarse que la misma instrumentó su decisión justificando las cuestiones planteadas por éste en su recurso y ajustada al derecho, toda vez que en la exposición de los fundamentos de su sentencia, en primer lugar hace referencia al alegato del recurrente respecto al objeto del envío ordenado, indicando específicamente las críticas puntuales realizadas respecto a la no valoración de un “cd” aportado como prueba y de la solicitud de experticia al vehículo envuelto en el accidente, y luego ofrece una respuesta razonada a cada uno de los puntos atacados;
Considerando: que en ese orden de ideas, en cuanto a la prueba relativa al video contenida en un cd que aportó la parte recurrente, la Corte establece con precisión el motivo por el cual, el medio probatorio a que hace referencia el recurrente, fue rechazado desde el auto de apertura a juicio, señalando, que no se pudo establecer el origen y por tanto, la legitimidad de esa prueba, por lo que no cubría el estándar mínimo que debe alcanzar todo elemento que pretenda ser insertado al proceso como prueba, indicando además, que la decisión del juez de la instrucción no fue atacada en su oportunidad por la vía correspondiente, sino que la parte proponente reiteró la petición en otra etapa procesal donde este tipo de pretensión ya había precluido; Considerando: que en relación al tema es oportuno indicar, que la Suprema Corte de Justicia con la Resolución núm. 1920-03, creó las pautas mínimas para el respeto del debido proceso, donde se establece en lo relativo al principio de legalidad que regiría en todos los juicios en lo adelante, que “los medios de prueba son los que pueden justificar la imputación de un hecho punible, y, en consecuencia, que se pueda determinar la restricción de la libertad personal del acusado. Las pruebas, y solo las legalmente admitidas, son pertinentes en la acreditación de la verdad del hecho imputado, y justificantes de la motivación de la sentencia condenatoria o absolutoria”; disposición que, unida al contenido de los artículos 166, 167 y 172 del Código Procesal Penal, constituyen directrices a tomar en cuenta para determinar la posibilidad de admitir y valorar un elemento probatorio en el proceso, atendiendo a la licitud con que ha sido obtenido;
Considerando: que respecto a la solicitud de revisión del vehículo, la Corte a qua rechaza la pretensión indicando que en su oportunidad, ya había establecido que esta diligencia era innecesaria, en razón de que el medio de transporte fue identificado debidamente por los testigos, lo que en la actualidad esta instancia corrobora; pero, señala como más importante aún, que a la fecha de esta decisión, es decir, ya con un envío dado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, resulta imposible llevar a cabo tal medida dado el tiempo transcurrido, al destino que se habrá dado al vehículo o al uso percibido;
Considerando: que es criterio constante de la Suprema Corte de Justicia que, los jueces de fondo son soberanos en la valoración de las pruebas por el principio de inmediación, salvo desnaturalización, derivada de las circunstancias en que se juzgaron los hechos; por lo que, analizada la decisión recurrida, no se deduce desnaturalización, sino que las pruebas fueron valoradas de manera individual y armónica por el tribunal de primer grado, motivando de manera clara y mediante las reglas de la lógica las razones por las cuales valora positivamente unas pruebas en detrimento de las otras;
Considerando: que en las circunstancias descritas en las consideraciones que anteceden, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia advierten que en sus consideraciones, la Corte a qua explica de forma clara, precisa y suficiente las razones por las cuales no prosperan las conclusiones vertidas por el recurrente señor Á.B.P.C. con posterioridad al apoderamiento de la misma y al vencimiento del plazo para recurrir, ofreciendo una motivación pertinente y conteste con los parámetros que rigen la motivación de las decisiones; que en ese tenor no se verifican en la sentencia impugnada ninguna de las violaciones invocadas por el recurrente, como tampoco violación a derechos fundamentales, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata;
Rechazan, en cuanto al fondo, el recurso de casación interpuesto por: Á.B.P.C., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en fecha 26 de abril de 2018;
Condenan al recurrente al pago de las costas procesales, a favor y provecho de los licenciados J.E.B.T. y M.A.B.T., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte;
O. que la presente decisión sea notificada a las partes. Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha cuatro (4) de julio de 2019; y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.
Arias Arzeno.- A.A.B.F..- N.E.L..- María G. Garabito
Ramírez.- B.F.G..- R.V.G. .-
Nos, S. General, certifico que la presente resolución ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran como signatarios más arriba, el mismo día, mes y año expresados.-

References: Resolución 
 Artículo 15
 artículo 335
 Resolución 
e contrario
 Resolución 
 resolución