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Timestamp: 2020-08-15 20:27:02+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00011 de agosto 12 de 2013
SENTENCIA 2012-00011 DE 12 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:CARGO DE DIRECTOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO. PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PROPIAS DEL CARGO, SE REQUIERE PERTENECER A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR SIN IMPORTAR LA CATEGORÍA EN LA QUE SE ENCUENTRAN ESCALAFONADOS, POR TANTO NO EXISTE NINGUNA RESTRICCIÓN A FUNCIONARIOS INSCRITOS EN DETERMINADAS CATEGORÍAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Sentencia 2012-00011 de agosto 12 de 2013
Radicación: 110010328000-2012-00011-00
Actor: Víctor Hugo Gallego Cruz
Electoral - Fallo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo vigente para la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este proceso, y a lo previsto en el reglamento del Consejo de Estado (Acu. 58, sep. 15/99, art. 13, modificado por el Acu. 55/2003, art. 1º), la Sección Quinta es competente para conocer de los procesos electorales relacionados con nombramientos realizados por cualquier autoridad del orden nacional.
En consecuencia, esta Sala es competente para conocer de la controversia propuesta por el señor Víctor Hugo Gallego Cruz con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 51 del 3 de enero de 2012, mediante la cual la señora Ministra de Relaciones Exteriores comisionó al señor Álvaro Calderón Ponce de León como director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano.
B. De la excepción de inepta demanda.
El demandado señor Álvaro Calderón Ponce de León y la tercera opositora de las pretensiones de la demanda, señora María Teresa Galindo de Saavedra, propusieron la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción. Aducen que la acción de nulidad electoral establecida en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, no es la vía para cuestionar la legalidad de un acto de nombramiento dictado por una autoridad del orden nacional, pues esa norma está prevista para obtener la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral, hechos ajenos a esta controversia.
Sobre el punto, encuentra la Sala, que en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que la acción pertinente para impugnar la legalidad de un acto de nombramiento, es la de nulidad electoral. En efecto, ha señalado que “(…) el proceso es electoral, no solamente cuando en éste se pretende la declaración de nulidad de una elección, sea esta de carácter popular o efectuada por una corporación pública, sino también cuando lo que se pide es la nulidad del nombramiento de un funcionario o empleado público”(1).
Igualmente ha planteado que la acción electoral procede para demandar tanto las elecciones de carácter popular como “los nombramientos, es decir, los actos mediante los cuales se provee un cargo..., siempre que el fin de la controversia sea el restablecimiento del orden jurídico objetivo mediante la anulación del acto, en caso de que éste sea contrario a la ley. Así, cuando con la solicitud de la nulidad del acto administrativo de nombramiento…. Se busque establecer si el acto jurídico se ajustó en su expedición al ordenamiento jurídico sin pretensiones de interés particular, la acción procedente es la nulidad de carácter electoral”(2).
Ha precisado la Sala además que si bien, las normas del capítulo IV del título XXVI del Código Contencioso Administrativo, relativo al trámite de los Procesos Electorales, se refieren principalmente al juzgamiento de actos electorales, existen otras normas en esa parte del código que dan a entender que su objeto también abarca los actos de nombramiento como así se vislumbra, por ejemplo, en las siguientes disposiciones: (i) el numeral 3º del artículo 233, modificado por el Decreto 2304 de 1989, artículo 60 al señalar: “ Si se trata de nombramiento o elegido por junta, consejo o entidad colegiada,…”; (ii) el numeral 1º del artículo 238 que ordena fallar en una sola sentencia los procesos electorales “Cuando se ejercite la acción de nulidad contra una misma elección, un mismo registro de escrutinio o un mismo nombramiento, aunque sean distintas las causales de las respectivas demandas”(3) (resaltado de la sentencia parcialmente transcrita).
Por otra parte, el contenido del numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, despeja cualquier inquietud sobre la procedencia de la acción electoral contra los actos de nombramiento, pues expresamente señala que la misma “caducara(sic) en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata…”.
Los anteriores planteamientos son suficientes para concluir que los argumentos en que se sustenta la excepción de inepta demanda propuesta por el demandado y por la tercera interviniente resultan infundados, pues, se reitera, la acción electoral sí constituye el medio judicial adecuado para obtener la nulidad de actos de nombramiento como el que se controvierte en este proceso. En consecuencia, no prospera esa excepción.
C. Del fondo del asunto
Mediante la Resolución 51 del 3 de enero de 2012, la señora Ministra de Relaciones Exteriores, invocando las facultades conferidas en los decretos 1679 de 1991 y 274 de 2000, concedió una “Comisión para situaciones especiales” al señor Álvaro Calderón Ponce de León, en el cargo de director técnico código 0100, grado 22 de la planta global de ese ministerio asignado a la dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano (fl. 16).
Procede la Sala al estudio de los cargos de la demanda.
El señor Víctor Hugo Gallego Cruz controvierte la legalidad de la Resolución 51 de 2012, en cuanto considera que incurre en violación de los artículos 6º, 83, 123, y 125 de la Constitución Política; 4º, 6º parágrafo segundo, 12 y 13 del Decreto 274 de 2000. Sostiene que el demandado no reunía los requisitos que la ley exige para ocupar el cargo, como sí los reúnen otros funcionarios inscritos en la carrera diplomática y consular en la categoría de embajadores y ministros plenipotenciarios.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que la designación del doctor Álvaro Calderón Ponce de León se hizo con plena observancia de las normas del Decreto 274 de 2000 que señalan las situaciones especiales en las que se pueden designar en comisión a funcionarios de carrera diplomática y consular en cargos como el cuestionado.
De manera que corresponde a la Sala resolver si, efectivamente, el señor Ponce de León podía ser nombrado en comisión en el cargo de director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El artículo 125 de la Constitución Política invocado por el demandante, prevé que los empleados en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de “los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales, y los demás que determine la ley (…)”.
Para el caso particular el Gobierno Nacional, en ejercicio de facultades extraordinarias, mediante Decreto-Ley 274 de 2000, dictó las normas que regulan el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular. Es decir que la vinculación de los servidores públicos al Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacerse con plena observancia de esa regulación especial.
El artículo 5º de ese decreto-ley clasifica los cargos del Ministerio de Relaciones Exteriores en tres modalidades: a) de libre nombramiento y remoción, b) de carrera diplomática y consular, y c) de carrera administrativa. Y sus artículos 6º, 8º y 9º señalan los cargos que pertenecen a cada una de esas modalidades. Así, el artículo 6º del citado Decreto-Ley 274 de 2000 señala como cargos de libre nombramiento y remoción los siguientes:
“a) Viceministro.
h) Empleos de cualquier nivel jerárquico adscritos al despacho del ministro o de los viceministros, cuyo ejercicio implique confianza, y que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo.
j) Empleos de apoyo en el exterior adscritos a los despachos de los jefes de misión, de conformidad con la definición contenida en el artículo 7º de este decreto.
k) —inexequible—
PAR. TERCERO.—Los funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera diplomática y consular podrán ser designados en los cargos señalados en este artículo, por virtud de la equivalencia de que trata el artículo 12 de este estatuto, en los casos en que a ella hubiere lugar, o por comisión, cuando se configuraren las circunstancias consagradas en el artículo 51, relacionado con las comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción”.
Por su parte, el artículo 8º define como cargos de carrera diplomática y consular “los de categoría igual o superior a la de tercer secretario, y sus equivalentes en el servicio interno, con excepción de los cargos previstos en los artículos 6º y 7º” de ese decreto.
El artículo 10 determina como categorías del escalafón de la carrera diplomática y consular las siguientes:
Y el artículo 12, determina las equivalencias entre las categorías en el escalafón de la carrera diplomática y cargos en planta interna. Dispone esa norma:
“Para los efectos relacionados con la alternación a que se refieren los artículos 35 a 40 de este estatuto, los cargos equivalentes en planta interna que sean de libre nombramiento y remoción, no perderán tal naturaleza cuando, por virtud de dicha alternación, estén ocupados por funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular.
Categorías en el escalafón cargos equivalentes en la planta interna de la carrera diplomática y consular
Segundo secretario y cónsul de segunda Segundo secretario en segunda planta interna
Asesor grado 1”.
De la interpretación de las normas del Decreto-Ley 274 de 2000 transcritas parcialmente se puede llegar a las siguientes conclusiones:
a) Los cargos de libre nombramiento y remoción en el servicio exterior son los taxativamente señalados en el artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000.
b) El cargo de director de asuntos consulares y comunidades colombianas en el exterior o el que hiciere sus veces no está incluido dentro de la lista que presenta esa norma y, por tanto, debe inferirse que no es de libre nombramiento y remoción.
c) Ese cargo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del citado artículo 6º, debe proveerse con funcionarios de la carrera diplomática y consular que, además, cumplan con los requisitos para el efecto.
d) Los funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera diplomática y consular podrán ser designados en los cargos señalados en el artículo 6º:
i) Por las equivalencias consagradas en el artículo 12 ibídem, o
ii) Por comisión, en los eventos que consagra el artículo 51, relacionado con las comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción (art. 6º, par. tercero).
e) Las equivalencias entre las categorías en el escalafón de carrera diplomática y consular en planta interna a las que alude el artículo 12, están previstas para los efectos relacionados con la alternación entre el servicio en planta interna y el servicio en planta externa a que se refieren los artículos 35 a 40 del Decreto-Ley 274 de 2000, según los cuales, los funcionarios de la carrera diplomática y consular deben prestar sus servicios de manera alternada entre las plantas externa e interna en la forma y con las frecuencias que señalan esas disposiciones.
Conviene precisar que, según lo informa el director de talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta ofrecida a solicitud formulada dentro de este proceso, el cargo de director de asuntos consulares y comunidades colombianas en el exterior al que alude el Decreto-Ley 274 de 2000, hoy se denomina director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano (fl. 372), cargo para el cual fue nombrado en comisión el doctor Álvaro Calderón Ponce de León mediante el acto administrativo cuya nulidad se pretende.
Ahora, la posibilidad de designar funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular en comisión está autorizada legalmente. En efecto, el artículo 46 del citado estatuto la prevé en los siguientes términos:
“Definición. La comisión es la designación o la autorización al funcionario perteneciente a la carrera diplomática y consular, para desempeñar transitoriamente cargos o para realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la misión y las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones o en cumplimiento de las tareas propias de la categoría a la que perteneciere dentro del escalafón de la carrera diplomática y consular”.
Esa comisión, en términos del artículo 47 ibídem, pueden ser: a) de estudios, b) para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, c) para situaciones especiales, y d) de servicio. La comisión para situaciones especiales está prevista, entre otros casos, “Para desempeñar en planta externa o en planta interna cargos de la carrera diplomática y consular, correspondientes a categorías superiores o inferiores a aquella a la cual perteneciere el funcionario dentro del escalafón de la carrera contenido en el artículo 10” —artículo 53, literal a—.
De manera que por expresa autorización del estatuto que regula el servicio exterior y la carrera diplomática y consular, resulta posible comisionar en situaciones especiales a funcionarios escalafonados en la carrera diplomática y consular para desempeñar cargos de las plantas externa o interna correspondientes a categorías superiores o inferiores a las que pertenece el funcionario. Es decir que la única condición que se exige para el efecto es la de que el funcionario esté inscrito en esa carrera sin importar la categoría a la que pertenezca.
En este caso, armonizando esos preceptos con el parágrafo segundo del artículo sexto del mismo estatuto, claramente se desprende que para desempeñar el cargo de director de asuntos consulares y comunidades colombianas en el exterior —hoy director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano—, es necesario que el funcionario reúna dos únicos requisitos: (i) que pertenezca a la carrera diplomática y consular, y (ii) que cumpla los requisitos propios del cargo.
Corrobora la anterior conclusión la Resolución 4026 del 16 de septiembre de 2009 “por la cual se establece el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores”, en cuanto sólo alude a esos requisitos al señalar las exigencias para el desempeño de ese cargo:
Superior inmediato Directivo
Dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano.
Pertenecer a la carrera diplomática y consular”.
En consecuencia, no es de recibo el planteamiento del demandante en el sentido de que conforme a las equivalencias que contempla el artículo 12 del Decreto-Ley 274 de 2000, el cargo de director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano sólo puede ser ocupado por funcionarios inscritos en las categorías de embajadores y ministros plenipotenciarios, pues esa conclusión no surge del contenido que regula la materia. Resultaría contrario a derecho impedir el acceso a determinados cargos públicos exigiendo el cumplimiento de requisitos no previstos por el legislador. Se reitera, de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 6º de ese decreto, en armonía con el artículo 53, que para desempeñar ese cargo, además del cumplimiento de los requisitos de estudios y experiencia propias del cargo, se requiere pertenecer a la carrera diplomática y consular sin importar la categoría en la que se encuentren escalafonados. Estas normas ni ninguna otra del citado Estatuto restringen esa posibilidad a funcionarios inscritos en determinadas categorías.
El Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la Resolución 51 del 3 de enero de 2012 concedió una
“Comisión para situaciones especiales” al doctor Álvaro Calderón Ponce de León, en el cargo de director técnico código 0100, grado 22 de la planta global de ese ministerio, asignado a la dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano. En consecuencia, corresponde a la Sala el estudio orientado a establecer si dicho funcionario reúne los requisitos que la ley exige para ese efecto, a saber: 1. Si pertenece a la carrera diplomática y consular, y 2, si cumple los requisitos propios del cargo.
Está demostrado que el doctor Álvaro Calderón Ponce de León cumple el primero de esos requisitos, pues mediante Decreto 2089 del 4 de junio de 2009 (fls. 245-246 y 410-411) fue ascendido a la categoría de primer secretario dentro del escalafón de la carrera diplomática y consular, y el 18 de septiembre siguiente se posesionó en esa categoría, tal como consta en el acta 121 (fl. 415).
En cuanto al segundo requisito se tiene que según la Resolución 4026 del 16 de septiembre de 2009 “Por la cual se establece el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores”, para desempeñar el cargo de director técnico código 0100, grado 22 de la dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano se requiere tener conocimientos básicos o esenciales en las siguientes materias:
1. Normas y procedimientos consulares
2. Procedimientos y directrices de atención al ciudadano
3. Directrices internacionales de política migratoria
4. Alta gerencia
6. Plan estratégico del sector de relaciones exteriores
7. Planes de acción y de mejoramiento de la cancillería
9. Herramientas sistematizadas para procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo y presentaciones”.
Aunque esa resolución no señala de manera concreta los requisitos de estudio y experiencia requeridos para el desempeño de ese cargo, de la misma se infiere que los allí mencionados son los mínimos que se exigen para el cargo de director técnico código 0100, grado 22 de otras dependencias.
Se precisa que el principio de justicia rogada predicable de los procesos judiciales, incluidos los de nulidad electoral, implica que el demandante debe no solo citar las normas que estima vulneradas con la expedición del acto acusado, sino que además debe precisar de forma clara, concreta, jurídica y suficiente, las razones en las que sustenta la infracción al ordenamiento jurídico. Esa argumentación se constituye entonces en el marco de referencia para que el demandado ejerza el derecho de defensa y para que el juez decida la controversia(4). En el caso, el señor Gallego Cruz se conformó con afirmar que el demandado no cumple con los requisitos para haber sido comisionado en el cargo de director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano, sin explicar a profundidad este cargo y sin aportar o pedir prueba para demostrarlo.
En cambio, tanto de la contestación a la demanda como del informe que rindió el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el asunto (fls. 368 al 380), se deduce que el demandado Álvaro Calderón Ponce de León tiene conocimientos en las mencionadas materias, y cuenta con los estudios y con la experiencia requerida para el cargo de director técnico código 0100, grado 22 de la planta global del Ministerio de Relaciones exteriores, manifestaciones y documentos que el demandante no controvirtió y respecto de los cuales tampoco aportó prueba en contrario.
En este contexto, la Sala concluye que la Resolución 51 de 2012 de Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se comisionó al doctor Álvaro Calderón Ponce de León en el cargo de director técnico código 0100, grado 22, asignado a la dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano no incurrió en violación de los artículos 6º, 83, 123, y 125 de la Constitución Política; ni de los artículos 6º, parágrafo segundo, 12 y 13 del Decreto-Ley 274 de 2000, pues se tiene por demostrado que el citado funcionario cumplía los requisitos exigidos para el efecto. En consecuencia, las pretensiones de la demanda sustentadas en la violación de esas disposiciones, no están llamadas a prosperar.
Sostiene el demandante que el acto administrativo demandado conlleva un detrimento patrimonial para el erario público en razón de la diferencia salarial entre el cargo que venía ocupando el doctor Calderón Ponce de León y el que ocupa en virtud de su nombramiento, diferencia que no se hubiera presentado si el nombramiento hubiera recaído sobre un Embajador.
Para la Sala ese planteamiento, por sí solo, no implica la infracción de norma alguna ni configura una de las causales de nulidad de los actos administrativos previstas en el Código Contencioso Administrativo. La inconveniencia de un nombramiento por razones económicas o presupuestales obedece a consideraciones subjetivas de índole cuantitativo que escapan del ámbito de competencia del operador jurídico. Así lo sostuvo la Sala de esta Sección en oportunidad anterior:
“los juicios de reproche, relacionados con la inconveniencia del nombramiento en provisionalidad … por factores de índole económico, no son de recibo, la administración, en ese preciso ámbito y teniendo la seguridad de que puede acudir a ese tipo de nombramiento, puede hacerlo sin sujeción a la conveniencia del ahorro que generaría vincular en ese cargo temporalmente vacante a un funcionario perteneciente a la carrera diplomática y consular, dado que en esa esfera no puede interferir la jurisdicción, amén de que las altas calidades de una persona para ocupar un cargo pueden justificar obviar esos motivos, factores de índole cualitativo se imponen a meras consideraciones cuantitativas”(5).
El demandante advierte que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció los principios rectores del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular previstos en el artículo 4º del Decreto-Ley 274 de 2000, en razón a que omitió publicar en la página web la aspiración del señor Álvaro Calderón Ponce de León al cargo de director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano.
El Gobierno Nacional a través del Decreto 4567 de 2011 dictó medidas relacionadas con la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial y en su artículo 3º dispone que la hoja de vida de los aspirantes a esos empleos debe ser publicada durante tres días calendario en las páginas web tanto de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones.
De manera que las previsiones de ese decreto resultan de obligatoria observancia para la previsión de cargos en la modalidad de libre nombramiento y remoción.
Consecuencialmente no son aplicables al caso en estudio, pues, como quedó demostrado, el cargo de director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores no es de libre nombramiento y remoción por excepción expresa del parágrafo segundo del artículo 6º del Decreto Ley 274 de 2000. Significa lo anterior que la hoja de vida del doctor Calderón Ponce de León no debía ser publicada en la página web de esa entidad ni en la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Además, es claro que el citado funcionario no presentó candidatura al cargo de director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano, su designación en comisión en ese cargo surgió como consecuencia de una decisión del nominador previa verificación del cumplimiento de los requisitos que exige la ley.
En esta forma, como ninguno de los cargos propuestos por el demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
1. DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda que en escrito separado propusieron el demandado y la señora María Teresa Galindo de Saavedra como tercera impugnante en la presente acción.
2. DENEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor Víctor Hugo Gallego Cruz con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 51 del 3 de enero de 2012, mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores comisionó al señor Álvaro Calderón Ponce de León como director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano de ese ministerio.
(1) Sentencia del 29 de junio de 2001, expediente 2001-2149 (2552)
(2) Sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 1603-1605
(3) Sentencia del 10 de mayo de 2007, expediente 2006-00419
(4) Sobre el tema, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de marzo de 2011, radicación 2010-00006-00, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
(5) Sentencia del 5 de febrero de 2004, expediente 2003-0013.

References: artículo 128
 Resolución 
 artículo 223
 artículo 233
 artículo 60
 artículo 238
 artículo 136
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 125
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 51
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 10
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 artículo 12
 artículo 6
 artículo 53
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 artículo 4
 artículo 3
 artículo 6
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