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Timestamp: 2018-01-23 05:36:18+00:00

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Real Decreto 1071/2017, 1072/2017 y 1073/2017 por los que se modifican los Reglamentos de Recaudación, Sancionador y Revisión comentados en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de invierto y ahorro.
REAL DECRETO 1071/2017, 1072/2017 Y 1073/2017: MODIFICAN REGLAMENTOS RECAUDACIÓN, SANCIONADOR Y DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
1.-REAL DECRETO 1071/2017: MODIFICA REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN APROBADO POR REAL DECRETO 939/2005
En el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre de 2017 se publica el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Las principales modificaciones introducidas por el presente Real Decreto en el Reglamento General de Recaudación, en adelante RGR, y que entran en vigor el día 1 de enero de 2018 son las siguientes:
-Se homogeneiza el tratamiento de las derivaciones de deuda de entes externos de forma que la Agencia Estatal de Administración Tributaria será la competente, con carácter general, para la declaración y derivación de la responsabilidad.
- Se modifica el régimen de ingreso a fin de que se ajuste a todas las formas de pago actualmente existentes, tanto presenciales como no presenciales (pago por Internet, por domiciliación bancaria o por medios telefónicos).
En caso de ingresos el Reglamento General de Recaudación ya preveía que la entidad colaboradora procederá a extender en el documento destinado a tal efecto de los que componen la autoliquidación o en el documento de ingreso validación, bien mecánica mediante máquina contable, bien manual mediante sello, de los siguientes conceptos: fecha del ingreso, total ingresado, concepto, clave de la entidad y de la oficina receptora, certificando de este modo el concepto del ingreso, así como que este se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.
Ahora, se añade que “En caso de solicitud de devolución por transferencia, validará los documentos, certificando la existencia de la cuenta bancaria y la titularidad del obligado al pago. Dicha validación podrá ser mecánica, mediante máquina contable, o manual mediante sello y en ella deberá constar obligatoriamente clave de la entidad y de la oficina receptora, así como la fecha de presentación de la solicitud de devolución”.
-Se establece que mediante orden ministerial se podrán modificar los plazos ordinarios en los que las entidades colaboradoras deben efectuar los ingresos en el Tesoro Público para que el establecimiento de nuevos plazos de autoliquidación e ingreso, por ejemplo los relativos al suministro inmediato de información, no afecten negativamente a la gestión de la tesorería del Estado.
-Pagos en especie. En materia de pagos en especie, se modifica el artículo 40 RGR para no dar trámite de manera taxativa a las solicitudes que se presenten ofreciendo bienes que por sus características no tengan ni puedan llegar a tener nunca la consideración de bienes del Patrimonio Histórico Español, por la vía de la inadmisión por ausencia completa de fundamento que tradicionalmente viene regulando el derecho administrativo general. Asimismo, se señalan otras causas de inadmisión. En estos casos no será posible la subsanación si no se aporta la autoliquidación que no obre en poder de la Administración.
-Aplazamientos y fraccionamientos. Se suprime del artículo 44 RGR, en consonancia con la Ley, la excepción normativa que permitía el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas correspondientes a retenciones e ingresos a cuenta. Además, en el supuesto de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se establece la obligación de declarar y aportar otros documentos que acrediten que las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la masa, en la medida en que las deudas tributarias correspondientes a dichos créditos no tienen la consideración de aplazables o fraccionables. Adicionalmente se prevé que en caso de concurrencia de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con una solicitud de suspensión en sede de un procedimiento de revisión se da preferencia a la segunda solicitud provocando la inadmisión de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento para evitar la dilación en la tramitación del procedimiento. Asimismo se establece que se inadmitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si hay suspensión de la tramitación del delito fiscal en sede administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, adaptando el régimen de dichos aplazamientos y fraccionamientos a la nueva regulación tributaria del delito fiscal. Por otra parte se clarifica el cálculo del importe de la garantía en el caso de los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en periodo ejecutivo para que incluya los recargos del periodo ejecutivo que se hubieran devengado (nueva redacción del artículo 48.2 RGR): “2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.”
-Compensación de deudas. Como consecuencia de la regularización en la que estén implicadas obligaciones tributarias conexas pueden resultar cantidades a ingresar y a devolver previéndose la compensación de oficio de ambas cantidades introduciendo una nueva letra c) en el apartado 2 del artículo 58 RGR, con la siguiente redacción: “c) Las cantidades a ingresar y a devolver relativas a obligaciones tributarias conexas que resulten de la ejecución de la resolución del recurso o reclamación económico-administrativa a la que se refieren los artículos 225.3 y 239.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, debiéndose producir el ingreso o la devolución del importe diferencial que proceda. En este supuesto, procederá igualmente la liquidación de los intereses de demora devengados según lo dispuesto en el artículo 26.5 de dicha Ley, intereses que serán objeto de compensación en el mismo acuerdo.”
-Ejecución de garantías. Se señala que en la ejecución de garantías no puede aplicarse el requisito de firmeza de la liquidación que sí se aplica a la ejecución de los bienes embargados, por cuanto no son supuestos análogos.
-Embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito y embargo de valores. Para facilitar el embargo de depósitos y cuentas en las entidades de crédito, se facilita su eventual extensión a todos los bienes y derechos existentes en dicha entidad y no sólo a los obrantes en la oficina a la cual iba dirigido el embargo como ocurría antes de la presente modificación normativa. Asimismo, se establece una medida equivalente, extendiendo el embargo a los bienes existentes en la entidad de crédito, respecto al embargo de valores depositados.
-Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo así como embargo de sueldos, salarios y pensiones. Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de embargo de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se convenga con el destinatario en términos similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.
-Prohibición de disposición de bienes inmuebles por embargo de acciones y participaciones (nuevo artículo 88 bis RGR). La prohibición legal de disposición de determinados bienes inmuebles por parte de las sociedades cuando se hubiera embargado determinadas acciones o participaciones de las mismas implica el establecimiento del mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición, a cuyos efectos se introduce la posibilidad de anotación preventiva de dicha prohibición en el Registro de la Propiedad correspondiente.
-Subasta bienes embargados. Se modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en particular, el procedimiento de subasta, para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de la agilización y simplificación de dichos procedimientos así como la potenciación de los medios electrónicos. A estos efectos debe tenerse en cuenta que se introduce una nueva disposición transitoria cuarta en el Reglamento General de Recaudación en la que se prevé que las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018.
-Tercerías. Desde una perspectiva de eficacia, para lograr reconocer los derechos del tercerista en vía administrativa evitando los costes de acudir a un proceso judicial, se elimina la obligación de aportación de originales en la reclamación de tercería y, en línea con lo previsto por la normativa general para los procedimientos de aplicación de los tributos, se fija un plazo de resolución del procedimiento de tercería de 6 meses.
2.-REAL DECRETO 1072/2017: MODIFICA REGLAMENTO GENERAL DE RÉGIMEN SANCIONADOR TRIBUTARIO APROBADO POR REAL DECRETO 2063/2004
En el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre de 2017 se publica el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.
Con entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2018, se modifica el reglamento sancionador con el objetivo de tomar en consideración la aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude que introdujo en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ciertas medidas dirigidas a la lucha contra el fraude así como otras de carácter técnico que tuvieron plasmación en el régimen sancionador tributario así como la aprobación de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que generó la necesidad de modificar el régimen de infracciones y sanciones, en particular, por la nueva regulación del delito fiscal en sede administrativa.
Las medidas aprobadas se exponen a continuación:
-En los supuestos de declaración de responsabilidad, se requerirá, en su caso, la conformidad expresa a los efectos de la aplicación en las sanciones de la reducción correspondiente.
-Como consecuencia de la globalización económica y para evitar conductas elusivas mediante la transferencia de bienes hacia el extranjero, se introdujo la declaración de bienes y derechos en el extranjero, habilitándose al efecto, una sanción específica en caso de incumplimiento. La existencia de dicha sanción, supone una modificación del procedimiento sancionador, cuando concurra la regularización de bienes y derechos tanto en el extranjero como en el territorio nacional ya que dicha sanción no resulta afectada por los criterios de calificación generales (se incluye una remisión en los artículos 8, 10, 11 y 12 RGS a la disposición adicional primera de la Ley 7/2012).
-Se elimina la responsabilidad por infracción formal por falta de presentación de la declaración por medios electrónicos o telemáticos cuando la declaración se hubiera presentado por otros medios y siempre que se presente la declaración por medios electrónicos o telemáticos antes de cualquier requerimiento previo efectuado por la Administración tributaria o inicio de procedimiento sancionador (nuevo apartado 7 en el artículo 15 RGS).
-Se establecen las reglas a aplicar en el caso de retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la finalidad de aclarar determinadas cuestiones quedando establecido del siguiente modo (nuevo apartado 3 del artículo 16 RGS):
-Se suprime el apartado 4 del artículo 24 RGS al considerarse no necesario reflejar que el inicio de la tramitación del delito fiscal suspende el plazo de resolución del procedimiento sancionador.
-El tiempo transcurrido desde el día siguiente a la orden de completar el expediente hasta la formalización de la nueva acta o el nuevo trámite de audiencia, en su caso, se recoge como interrupción justificada en el procedimiento sancionador derivado del procedimiento inspector que no se incluirá en el cómputo del plazo de seis meses del procedimiento sancionador.
-En la renuncia a la tramitación separada en el procedimiento sancionador, el cómputo de los plazos se realizará por meses, sin que a esos efectos se deduzcan del cómputo los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria ni los periodos de suspensión o de extensión del plazo del procedimiento inspector.
-En los supuestos de tramitación conjunta del procedimiento sancionador y del procedimiento de aplicación de los tributos es preciso notificar de forma separada el inicio del procedimiento sancionador para que posteriormente ambos procedimientos se tramiten de forma conjunta. La redacción vigente establece que el tiempo que transcurra desde el primer intento de notificación del inicio del procedimiento sancionador hasta que se entienda éste notificado se considera interrupción justificada. Al eliminarse del procedimiento de inspección las interrupciones justificadas, es preciso adecuar el artículo 27.1 RGS a la nueva normativa.
-Se adapta el régimen del procedimiento sancionador a la nueva regulación legal de la tramitación del delito fiscal en sede administrativa dando nueva redacción al artículo 32 RGS (Actuaciones en supuestos de los delitos previstos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal) y al artículo 33 RGS (Actuaciones en supuestos de otros delitos contra la Hacienda pública).
3.-REAL DECRETO 1073/2017: MODIFICA REGLAMENTO GENERAL EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA APROBADO POR REAL DECRETO 520/2005
En el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre de 2017 se publica el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Con entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2018, se modifica el reglamento de revisión en vía administrativa (RRVA) con el objetivo de tomar en consideración la aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y la consiguiente modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que han introducido importantes modificaciones legales en el ámbito de la revisión en vía administrativa orientadas a diversos objetivos como el reforzamiento de la seguridad jurídica, la reducción de la litigiosidad o el incremento de la eficacia administrativa. Además la norma también contiene una serie de cambios que responden a cuestiones puramente técnicas.
-Suspensión del procedimiento de revisión en caso de procedimiento amistoso. Se introduce un nuevo artículo 2 bis RRVA en el que se prevé que los procedimientos de revisión quedan suspendidos por la tramitación de los procedimientos amistosos previstos en los convenios y tratados internacionales previendo la norma que la autoridad española competente debe comunicar dicha circunstancia al órgano revisor.
-En el procedimiento de revocación se establece que el informe del servicio jurídico será posterior a la propuesta de resolución siguiendo la regla general de los procedimientos de revisión.
-Suspensión del acto impugnado (modificación de los artículos 25, 39 y 41 RRVA):
Las modificaciones legales introducidas en materia de suspensión de sanciones tributarias como consecuencia de su impugnación por los responsables han conllevado la necesidad de adaptar en este sentido las disposiciones reglamentarias en materia de revisión, teniendo en cuenta que dicha suspensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174.5 en relación con el artículo 212.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria no se extenderá a las impugnaciones de sanciones que puedan realizar los responsables del artículo 42.2 de la misma Ley, dadas las características específicas de dicha responsabilidad.
Además, en materia de garantías para la suspensión en vía revisora del acto impugnado, se establece que dichas garantías deberán cubrir los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía del crédito público.
-Tribunales económico-administrativos. Se suprime la sala desconcentrada de Alicante del Tribunal Económico-administrativo Regional de la Comunidad Valenciana y se contempla la posibilidad de atribuir a los miembros de un tribunal económico-administrativo la función de resolver reclamaciones propias de la competencia de otro.
-Se modifica el régimen jurídico del procedimiento abreviado para adaptarlo a la Ley General Tributaria al haber desaparecido en ésta la vinculación entre dicho procedimiento y los órganos unipersonales.
-Se establecen reglas concretas para el establecimiento de las cuantías en las reclamaciones económico-administrativas al dar nueva redacción al artículo 35 RRVA.
-Acumulación en las reclamaciones económico-administrativas. Por coherencia con la nueva redacción legal se modifica el artículo 37 RRVA para cambiar el término «desacumulación» por la expresión «dejar sin efecto la acumulación» y se suprime la referencia a la acumulación originaria por contemplarse ahora en el precepto legal.
-La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que supone un fuerte impulso a la relación entre ciudadano y Administración preferentemente por medios electrónicos genera la necesidad de modificación del régimen de notificaciones en la vía económico–administrativa siguiendo dicho objetivo y teniendo en cuenta sus peculiaridades procedimentales para lo que se modifica el artículo 50 RRVA.
-Costas del procedimiento económico-administrativo (artículo 51 RRVA):
Se modifica la redacción para contemplar el caso de reclamaciones contra actuaciones de particulares, teniendo en cuenta la posibilidad, en tal supuesto, de que sea condenado no sólo el reclamante, sino también la persona contra la que se dirige la reclamación.
Se regulan directamente los criterios de cuantificación de costas. En concreto, se establece que cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Además se especifica que estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.
Se otorga la competencia para requerir de pago al Delegado de Economía y Hacienda, en orden a fomentar la aplicación efectiva de la condena en costas.
-Incompetencia territorial y jerárquica. En las cuestiones de competencia se suprime el trámite previsto para la cuestión de competencia cuando interviene el Tribunal Económico-administrativo Central.
-Se desarrolla reglamentariamente en el procedimiento económico-administrativo la tramitación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cumplimiento del mandato legal (nuevo artículo 58 bis RRVA).
-En el recurso de anulación se especifica que los plazos para la interposición del recurso de alzada ordinario, incluso en caso de silencio administrativo, comenzarán en el momento de la notificación de la resolución del recurso de anulación.
-Recursos en vía económico-administrativa (modificación del artículo 61 RRVA). Se reestructura la disposición dedicada a los recursos, en el sentido de reenviar el contenido relativo a sus notificaciones al precepto destinado a las mismas. Asimismo, se explicita que en el escrito de interposición del recurso de alzada ordinario con solicitud de suspensión por los órganos de la Administración junto con ésta se deberá aportar el informe en el que se justifique la concurrencia de los indicios racionales de que el cobro puede verse frustrado o gravemente dificultado.
-Se modifica el capítulo III del título IV RRVA para sustituir la denominación de Procedimiento Abreviado ante Órganos Unipersonales, por Procedimiento Abreviado, y adaptarla así a la Ley General Tributaria, además, se limita el ámbito de dicho procedimiento exclusivamente a las reclamaciones de menor cuantía. Asimismo, en relación al procedimiento abreviado se eliminan las disposiciones relativas a la vista oral ya que ésta desaparece a nivel legal. Por último, por motivos de eficiencia, se amplían las competencias del Presidente en este tipo de procedimientos al estar facultado, al igual que el Secretario, para dictar determinados acuerdos.
-Ejecución de resoluciones administrativas:
En relación a la ejecución de las resoluciones que afecten a obligaciones conexas se aclara que la Administración llevará a cabo la regularización de la obligación conexa tanto de oficio como a instancia de parte (artículo 66 RRVA).
Se precisa que en los casos en los que con ocasión de la interposición de un recurso de alzada por la Administración se haya solicitado la suspensión no procederá la reducción proporcional de la garantía aportada en la anterior instancia (artículo 67 RRVA).
La regulación de un recurso específico contra la ejecución hace innecesario el régimen jurídico relativo al incidente sobre la misma. En consecuencia, queda suprimido el contenido relativo a dicho incidente que estaba regulado en el artículo 68 RRVA.

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 48
 artículo 58
 resolución 
 artículo 26
 artículo 88
 resolución 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 24
 resolución 
 artículo 27
 artículo 32
 artículo 33
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 174
 artículo 212
 artículo 42
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 50
 artículo 58
 resolución 
 artículo 61
 artículo 68