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Timestamp: 2020-08-08 21:11:48+00:00

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septiembre | 2007 | Los Verdes de Asturias ahora son EQUO Asturias | Página 2
Los Verdes exigen unos servicios pÃºblicos de calidad
septiembre 13, 2007 Autor: alberto
Los Verdes de Asturias, como miembro del Partido Verde Europeo, participa en la campaÃ±a internacional para la elaboraciÃ³n de una ley europea sobre servicios pÃºblicos. El objetivo de la campaÃ±a es conseguir las firmas necesarias para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular. Por ello, se ha habilitado un enlace en la propia Web desde donde se puede firmar la peticiÃ³n on-line.
Los Verdes proponen medidas para aumentar el reciclaje en Langreo
septiembre 12, 2007 Autor: alberto
Entre las propuestas para mejorar la ridÃ­cula tasa de reciclaje destacan: campaÃ±as de sensibilizaciÃ³n, implantaciÃ³n de un sistema de recogida selectiva â€œpuerta a puertaâ€ y una mejora de los medios actuales para la erradicaciÃ³n de vertederos piratas.
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Francisco Garrido (Los Verdes), presenta un Recurso de Amparo ante el T. Constitucional, por el rechazo del Congreso a tramitar sus preguntas sobre la Casa Real
septiembre 11, 2007 Autor: alberto
Asegura que la ConstituciÃ³n deja una puerta abierta al control parlamentario y presupuestario de la Casa Real.
El diputado de Los Verdes, Francisco Garrido, ha anunciado hoy en rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, la presentaciÃ³n, maÃ±ana de un Recurso de Amparo, ante el Tribunal Constitucional, por la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar sus preguntas parlamentarias referentes a la Casa Real.
La polÃ©mica estallÃ³ en junio, cuando Francisco Garrido preguntÃ³ por la publicidad que la Familia Real hacÃ­a de las clÃ­nicas privadas, en todos los nacimientos de los hijos de los prÃ­ncipes. La Mesa del Congreso alegÃ³, para echar para atrÃ¡s la iniciativa, que â€œla persona del Rey es inviolable y no estÃ¡ sujeta a responsabilidadâ€. Sin embargo, el diputado â€œverdeâ€ considera que â€œhay una concepciÃ³n errÃ³nea ante el concepto de responsabilidad, ya que es algo que sÃ³lo tiene sentido ante un tribunalâ€, algo que no tiene relaciÃ³n, segÃºn explica, con el control parlamentario y presupuestario que solicita. Un control que la ConstituciÃ³n deja abierto, ya que â€œsÃ³lo dice que el Rey tendrÃ¡ libre disposiciÃ³n de la asignaciÃ³n presupuestaria, pero no dice nada de que Ã©sta deba ser opacaâ€. AsÃ­ que, para Garrido, la ConstituciÃ³n dejarÃ­a abierta la transparencia de las actividades de la Casa Real y de sus cuentas, algo que pretende conseguir a travÃ©s del recurso al Constitucional.
El recurso de amparo, que serÃ¡ presentado maÃ±ana, alude, segÃºn ha anunciado Garrido, a la transparencia de otras Casas Reales europeas, â€œaunque esta no va a ser la base de la argumentaciÃ³n, sino el hecho de que existe un vacÃ­o legal y una puerta abierta al control de la Familia Real â€.
Francisco Garrido, que ha presentado esta semana otra pregunta parlamentaria sobre el nuevo Interventor de la Casa Real y una Solicitud de Comparecencia de Ã©ste en la ComisiÃ³n de EconomÃ­a del Congreso, considera que, con el debate actual abierto, el nombramiento de esta nueva figura, â€œseguramente se ha hecho como medida preventiva, ante la posibilidad que se llegue, en algÃºn momento, al control parlamentarioâ€.
(Ver historial de la iniciativa – Documentos),
FEDERICO J. OLIVARES SANTIAGO, Procurador de los Tribunales y de DÂº. FRANCISCO GARRIDO PEÃ‘A, Diputado del Congreso, como acredito mediante copia de poder debidamente bastanteada (doc. 1), cuya devoluciÃ³n solicito a otros usos una vez testimoniada, comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:
I.- Que ha sido notificado a mi mandante el Acuerdo de desestimaciÃ³n de la solicitud de reconsideraciÃ³n del Acuerdo de no admitir a trÃ¡mite su pregunta sobre la Familia Real (Expte. nÃºm. 184/119629/0000).
II.- Que esta parte al no encontrar ajustada a Derecho el expresado Acuerdo, asÃ­ como el Acuerdo 8 de mayo de 2007 en el que aquÃ©l traÃ­a causa, dicho sea en tÃ©rminos de defensa, por entender que los mencionados Acuerdos infringen los derechos fundamentales reconocidos en el artÃ­culo 23 CE, apartados 1 y 2, por los motivos que se dirÃ¡n, asistido del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de MÃ¡laga, DÂº. Francisco Soler Luque, colegiado nÃºm. 1.307, formula RECURSO DE AMPARO conforme a lo previsto en los artÃ­culos 41 y ss LOTC, en base a los siguientes
PRIMERO.- El recurrente de ampro, miembro de una fuerza polÃ­tica minoritaria: Los Verdes, es Diputado por Sevilla, integrado en el Grupo Socialista del Congreso.
SEGUNDO.- Mediante escrito presentado con fecha 4 de mayo de 2007 se formularon por mi mandante, cuatro preguntas parlamentarias, relativas a la publicidad por parte de la Familia Real de las clÃ­nicas privadas con el texto y la motivaciÃ³n que se contienen en el escrito (doc. 2).
TERCERO.- Con fecha 8 de mayo por la Mesa de la CÃ¡mara se adoptÃ³ acuerdo por el cual se inadmitÃ­an a trÃ¡mite las preguntas formuladas por mi mandante relativas a la publicidad por parte de la Familia Real de clÃ­nicas privadas (Expte. 184/119629/0000) (doc. 3), inadmisiÃ³n que estaba motivada en la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 56.3 CE.
CUARTO.- Con fecha 16 de mayo se solicitÃ³ por mi mandante reconsideraciÃ³n de la inadmisiÃ³n a trÃ¡mite acordada (doc. 4), reconsideraciÃ³n que fue desestimada el por acuerdo de 5 de junio de 2007 y notificada el 6 de dicho mes (doc. 5), por considerar que la pregunta versaba sobre una materia ajena al contenido propio de tales iniciativas por tratarse de una materia no susceptible de control parlamentario, en base a los motivos en ella establecidos, que en sÃ­ntesis son:
1Âº. Los lÃ­mites establecidos en el artÃ­culo 186 del Rgto. del Congreso.
2Âº. El artÃ­culo 56.3 CE.
3Âº. La interpretaciÃ³n conjunta y sistemÃ¡tica de los artÃ­culos 66.2, 108 y 111 CE y 185 y ss del Reglamento del Congreso, conforme a los cuales las interpelaciones y preguntas que se formulen al Gobierno y a cada uno de sus miembros han de versar sobre la gestiÃ³n polÃ­tica de los mismos.
A) Fundamentos jurÃ­dico-procesales:
I.- JURISDICCIÃ“N Y COMPETENCIA: Corresponde la misma al Tribunal ConstituciÃ³n en virtud de lo establecido en los artÃ­culos 1.2 y 2.1.b) LOTC.
II.- LEGITIMACIÃ“N: Concurren los requisitos de legitimaciÃ³n para interponer el presente recurso conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 46.1.a) LOTC al haber realizado mi mandante las preguntas inadmitidas objeto del presente recurso.
III.- REPRESENTACIÃ“N Y DEFENSA: Conforme a lo establecido en el artÃ­culo 81 LOTC, al haberse conferido la representaciÃ³n y defensa como se acredita mediante copia de poder general para pleitos que se adjunta con esta demanda a los profesionales indicados en el poder general para pleitos adjunto.
IV.- PLAZO: El amparo deberÃ¡ solicitarse conforme a lo establecido en el artÃ­culo 42 LOTC en el plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las CÃ¡maras o Asambleas, sean firmes.
B) Fundamentos jurÃ­dico-materiales:
I.- JUSTIFICACIÃ“N DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO. El artÃ­culo 49 LOTC dispone que la demanda justificarÃ¡ la especial trascendencia constitucional del recurso. Debe seÃ±alarse al respecto como tiene seÃ±alado abundante jurisprudencia de este Alto Tribunal que los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en le artÃ­culo 23 CE, apartados 1 y 2, Â«serÃ­an vulnerados si los propios Ã³rganos de las asambleas impiden o coartan su prÃ¡ctica o adoptan decisiones que contrarÃ­an la naturaleza de la representaciÃ³n o la igualdad entre representantesÂ» y Â«el derecho del artÃ­culo 23.2 CE asÃ­ como, indirectamente, el que el artÃ­culo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedarÃ­a vacÃ­o de contenido o serÃ­a ineficaz si el representante polÃ­tico se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio (SSTC 10/183, de 21 de febrero y 32/1985, de 6 de marzo)Â» (STC 203/2001, de 15 de octubre, FJ, 2Âº).
Â«Como inequÃ­vocamente se desprende del inciso final del artÃ­culo 23.2 CE, se trata de un derecho de configuraciÃ³n legal y esa configuraciÃ³n comprende los Reglamentos parlamentarios a los que compete regular y ordenarlos derechos y atribuciones que los parlamentarios ostentan. Por lo que una vez conferidos por la norma reglamentaria, tales derechos y facultades pasan a formar parte del status propio del cargo de parlamentario (STC 27/2000, de 31 de enero FJ. 2), pudiendo sus titulares reclamar la protecciÃ³n del ius in officium que consideren ilegÃ­timamente constreÃ±ido o ignorado por actos del poder pÃºblico, incluso los del propio Ã³rgano en el que se integren, y (…) no cualquier acto del Ã³rgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sÃ³lo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al nÃºcleo de su funciÃ³n representativa parlamentariaÂ» (STC 203/2001, de 15 de octubre FJ, 2Âº), Â«sÃ³lo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al nÃºcleo de su funciÃ³n representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la funciÃ³n legislativa o de control de la acciÃ³n del GobiernoÂ» [STC 361/2006, FJ 2Âº.b), pÃ¡rrafo 2Âº], indudablemente integra ese ius in officium del recurrente en amparo, formando parte del status propio del cargo de Diputado, la facultad de formular preguntas al Gobierno, funciÃ³n atribuida por la ConstituciÃ³n al Parlamento, en sus artÃ­culos 108 y ss, y que se concreta en los Diputados que integran el Congreso en artÃ­culo 185, en el derecho a la formulaciÃ³n de preguntas al Gobierno.
Lo anterior supone que la inadmisiÃ³n por la Mesa de la CÃ¡mara a las preguntas formuladas por el recurrente de amparo impide a Ã©ste mantenerse sin perturbaciones ilegÃ­timas en el ejercicio del derecho reconocido en el artÃ­culo 23.2 CE y desempeÃ±arlo en iguales condiciones.
II.- FUNCIÃ“N DE CALIFICACIÃ“N DE LA MESA DE LA CÃMARA. ArtÃ­culos 31.1.5Âº y 186 Reglamento del Congreso de los Diputados. Al respecto este Alto Tribunal en su doctrina referida a las facultades de control que la Mesa de un Ã³rgano parlamentario puede ejercer en relaciÃ³n con las distintas iniciativas parlamentarias seÃ±ala que: Â«En relaciÃ³n con la incidencia en el ius in officium del cargo parlamentario de las decisiones que adoptan las Mesas de las CÃ¡maras en el ejercicio de su potestad de calificaciÃ³n y admisiÃ³n a trÃ¡mite de los escritos y documentos a ellas dirigidos, este Tribunal ha afirmado [SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ.3Âº; 107/2001, de 23 de abril, FJ.3Âº.b) y 203/2001, de 15 de octubre, FJ.3Âº] que ninguna tacha de inconstitucionalidad merece la atribuciÃ³n a las Mesas del control de la regularidad legal de los escritos y documentos parlamentarios, sean Ã©stos los dirigidos a ejercer el control de los respectivos ejecutivos, sean los de carÃ¡cter legislativo, siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad polÃ­tica en los casos en que ese juicio estÃ© atribuido a la CÃ¡mara parlamentaria en el correspondiente trÃ¡mite de toma en consideraciÃ³n o en el debate plenario. Nuestra jurisprudencia ha precisado, ademÃ¡s, que el Ã³rgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanÃ­a participando en los asuntos pÃºblicos por medio de representantes es la Asamblea legislativa, no sus Mesas, que cumplen la funciÃ³n tÃ©cnico-jurÃ­dica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las CÃ¡maras para su mayor eficiencia, precisamente, como tal foro de debate y participaciÃ³n en la cosa pÃºblica. De modo que a la Mesa le compete, por estar sujeta al Ordenamiento jurÃ­dico, en particular a la ConstituciÃ³n y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurÃ­dica y la viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria. Si bien, ha concluido al respecto este Tribunal, el Reglamento parlamentario puede permitir o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa mÃ¡s allÃ¡ de la estricta verificaciÃ³n de sus requisitos formales, siempre, claro estÃ¡, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los ejecutivos o sean de carÃ¡cter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la ConstituciÃ³n, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente; si la legalidad aplicable no impone lÃ­mite material alguno a la iniciativa, la verificaciÃ³n de su admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando Ãºnicamente de que la iniciativa cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad. De modo que, en suma, al margen de los supuestos indicados, cuya razonabilidad y proporcionalidad como lÃ­mite del derecho del parlamentario puede ser apreciada en todo caso por este Tribunal, al decidir la Mesa sobre la admisiÃ³n no podrÃ¡ en ningÃºn caso desconocer que los actos a que venimos refiriÃ©ndonos son manifestaciÃ³n del ejercicio de un derecho del parlamentario que los formula, y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causarÃ¡ lesiÃ³n de dicho derecho y, a su travÃ©s, segÃºn hemos indicado, del fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegÃ­timos (art. 23.2 CE). Finalmente ha de tenerse presente el principio de interpretaciÃ³n mÃ¡s favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal, en concreto, en relaciÃ³n con el art. 23 CE, especialmente cuando este precepto se proyecta sobre el ejercicio del derecho de sufragio, y que conlleva que, al revisar los actos relativos al ejercicio de dicho derecho fundamental, los actores jurÃ­dicos opten por la interpretaciÃ³n de la legalidad mÃ¡s favorable a la eficacia de tales derechos (SSTC 76/1987, de 25 de mayo, FJ.2Âº; 24/1990, de 15 de febrero, FJ.6Âº; 26/1990, de 19 de febrero, FJ.6Âº; y 87/1999, de 25 de mayo, FJ.3Âº)Â» (por todas la STC 78/2006, FJ 3Âº).
SeÃ±alado lo anterior no cabe duda que las preguntas formuladas por mi mandante no traspasan ninguno de los lÃ­mites a que las somete en apartado 2Âº del artÃ­culo 186 Reglamento del Congreso de los Diputados: ser de exclusivo interÃ©s personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, o suponer una consulta de Ã­ndole estrictamente jurÃ­dica, ni tampoco comportan una ofensa al decoro de la CÃ¡mara, de sus miembros, de alguna instituciÃ³n estatal o del cualquier otra persona o entidad.
III.- OTROS LÃMITES Y CARÃCTER DEL CONTROL PARLAMENTARIO. Este Alto Tribunal ha admitido en su doctrina que el Reglamento parlamentario pueda permitir o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa mÃ¡s allÃ¡ de la estricta verificaciÃ³n de sus requisitos formales, siempre, claro estÃ¡, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los ejecutivos o sean de carÃ¡cter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la ConstituciÃ³n, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente.
Como se ha seÃ±alado no cualquier acto que infrinja la legalidad del ius in officium lesiona el derecho fundamental, pues sÃ³lo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al nÃºcleo de su funciÃ³n representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la funciÃ³n legislativa o de control de la acciÃ³n del Gobierno, por tanto serÃ¡ Â«vulnerado el art. 23.2 CE si los propios Ã³rganos de las asambleas impiden o coartan su prÃ¡ctica o adoptan decisiones que contrarÃ­en la naturaleza de la representaciÃ³n o la igualdad de los representantes. Tales circunstancias imponen a los Ã³rganos parlamentarios una interpretaciÃ³n restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitaciÃ³n al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el status constitucionalmente relevante del representante pÃºblico y el deber de motivar las razones de su aplicaciÃ³n, so pena, no sÃ³lo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino tambiÃ©n de infringir el de Ã©stos a participar en los asuntos pÃºblicos (art. 23.1 CE). En tal sentido, ademÃ¡s de las resoluciones que tomamos como guÃ­a en la presente exposiciÃ³n de la doctrina constitucional en la materia, interesa mencionar las SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ. 2Âº; 107/2001, de 23 de abril, FJ. 3Âº.a); 203/2001, de 15 de octubre, FJ. 2Âº y el ATC 118/1999, de 10 de mayo.Â» (STC 361/2006, FJ 2Âº.b), pÃ¡rrafo 2Âº in fine).
En cuanto al primero de los lÃ­mites seÃ±alados respecto a la extensiÃ³n de la facultad de las Mesas de las CÃ¡maras de examinar las iniciativas parlamentarias (limitaciÃ³n material de la ConstituciÃ³n), debe seÃ±alarse que el Acuerdo de reconsideraciÃ³n recurrido entiende que las preguntas formuladas desbordan el Ã¡mbito establecido en la ConstituciÃ³n y en el Reglamento del Congreso, pues las mismas desbordan el Ã¡mbito de la gestiÃ³n polÃ­tica del Gobierno, invadiendo el Ã¡mbito del privilegio de la inviolabilidad e irresponsabilidad que la ConstituciÃ³n, en su artÃ­culo 56.3, consagra respecto del Rey.
No tiene en cuenta este razonamiento la tÃ©cnica del refrendo, que traslada la responsabilidad desde el Rey a la persona que lo refrenda. Y es precisamente en virtud del traslado de la responsabilidad que produce el refrendo, para todos los actos del Rey, excepto para los establecidos en el artÃ­culo 65.2 CE, junto con una interpretaciÃ³n sistemÃ¡tica de los artÃ­culos 9.3 y 56.3 CE, una de las vÃ­as por donde surge la responsabilidad polÃ­tica del Gobierno y la posibilidad de control parlamentario.
Surge tambiÃ©n esta responsabilidad y paralelamente la posibilidad de control parlamentario del principio democrÃ¡tico del Estado que proclama nuestra Carta Magna (artÃ­culo 1, apartados 1Âº, 2Âº y 3Âº, artÃ­culos 23, 66 y ss…), autÃ©ntico principio originario del sistema, con arreglo al cual deben interpretarse todas las instituciones constitucionales.
Este principio democrÃ¡tico se expresa, respecto del asunto que nos ocupa, de dos maneras: en la aprobaciÃ³n por las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado en los que se establece la asignaciÃ³n para la Corona y en el control por el Parlamento de la gestiÃ³n polÃ­tica del Gobierno. Respecto a la primera de ellas estÃ¡ expresamente previsto en el artÃ­culo 65.1 CE el sostenimiento de la instituciÃ³n monÃ¡rquica con cargo a los presupuestos; respecto a la segunda el vÃ­nculo que une la instituciÃ³n monÃ¡rquica con el principio democrÃ¡tico se contiene en la legitimaciÃ³n que alcanza la monarquÃ­a espaÃ±ola del pueblo soberano organizado en poder constituyente en 1978, de quien obtiene todos sus poderes y privilegios, asÃ­ como su configuraciÃ³n constitucional como Ã³rgano constitucional del Estado social y democrÃ¡tico de derecho que se instaura.
En virtud de ello podrÃ¡ el Parlamento ejercer la funciÃ³n de control democrÃ¡tico de la Corona (con respeto de sus privilegios) a travÃ©s del Gobierno, en cuanto Ã³rgano al que la ConstituciÃ³n encarga el refrendo de los actos del Rey y en cuanto Ã³rgano que propone al Parlamento la dotaciÃ³n anual para el sostenimiento de la Familia y la Casa Real, asÃ­ como el control del Gobierno, sin que por ello este control invada el privilegio de responsabilidad e inviolabilidad del Rey como pretende la Mesa de la CÃ¡mara con su razonamiento.
El segundo de los lÃ­mites al que se hacÃ­a referencia en el pÃ¡rrafo primero de este Fundamento y que no puede soslayar la Mesa a la hora de efectuar el examen de las iniciativas que se presentan por los Diputados es el que establece el propio Reglamento de la CÃ¡mara en su artÃ­culo 186, al disponer en su pÃ¡rrafo 2Âº que no serÃ¡n admitidas preguntas de exclusivo interÃ©s personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada, ni aquÃ©llas que supongan consulta de Ã­ndole estrictamente jurÃ­dica. Resulta patente y palmario del propio enunciado de las preguntas formuladas que las mismas no incurren en aquella prohibiciÃ³n.
Al no existir vulneraciÃ³n ni de los lÃ­mites derivados de la ConstituciÃ³n ni del bloque de la constitucionalidad, como asÃ­ tampoco del propio Reglamento de la CÃ¡mara, la Mesa con la inadmisiÃ³n a trÃ¡mite de las preguntas estÃ¡ trasladando a su favor una facultad (el juicio de oportunidad polÃ­tica sobre las preguntas formuladas) que tiene atribuida el Gobierno. Con este acuerdo irrazonable por arbitrario, basado en una consideraciÃ³n genÃ©rica sin concreciÃ³n alguna respecto a los motivos que apoyan su razonamiento, la Mesa excede de su Â«funciÃ³n jurÃ­dico-tÃ©cnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las CÃ¡maras para su mayor eficiencia, precisamente como tal foro de debate y participaciÃ³n en la cosa pÃºblicaÂ» (STC 203/2001, de 15 de octubre), actuaciÃ³n que desconoce el ejercicio de los derechos reconocidos en el artÃ­culo 23 CE, apartados 1Âº y 2Âº del recurrente en amparo y cuyo reestablecimiento exige la tramitaciÃ³n de las preguntas inadmitidas si en dicho momento concurren los requisitos necesarios para ello.
SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tenga por presentado este escrito y documentaciÃ³n acompaÃ±ada, por formulado en tiempo y forma recurso de amparo y, en su virtud, previos los trÃ¡mites procesales oportunos dicte en su dÃ­a sentencia estimando Ã­ntegramente el presente recurso de amparo electoral: 1.Âº) reconociendo que se ha lesionado el derecho del recurrente en amparo reconocido en el artÃ­culo 23.2 CE, en su dimensiÃ³n del derecho al ejercicio de su funciÃ³n parlamentaria de control de la acciÃ³n del Gobierno a travÃ©s del derecho a formular preguntas; 2.Âº) lo restablezca en su derecho y a tal fin anule los Acuerdos de la Mesa del Congreso de 8 de mayo y 5 de junio de 2007 por los que se acuerda no admitir a trÃ¡mite y rechazar la reconsideraciÃ³n de las preguntas formuladas en el Expte. 184/119629/0000; 3.Âº) Restablecer al demandante de amparo en la plenitud de su derecho mediante la declaraciÃ³n de que procede que se lleve a efecto la tramitaciÃ³n de las preguntas inadmitidas por la Mesa del Congreso, si concurrieran en el momento de dictar sentencia los requisitos necesarios para ello. Por ser de Justicia que pido en Madrid a 6 de septiembre de 2007.
OpiniÃ³n: Sen y el desarrollo rural
septiembre 10, 2007 Autor: plÃ¡ganu
JOAQUIN ARCE – EL COMERCIO
AMARTYA Sen (India, 1933), Premio Nobel de EconomÃ­a en 1998, ha estudiado de forma brillante la relaciÃ³n entre desarrollo econÃ³mico y libertad, entre nuestra riqueza y nuestra capacidad de vivir segÃºn nuestros deseos. Sen seÃ±ala que la calidad de nuestras vidas no debe medirse por el PIB, la acumulaciÃ³n de capital fÃ­sico o el cambio [â€¦]
Â¡Ojo a las abejas!
septiembre 10, 2007 Autor: alberto
Conviene recordar la sabidurÃ­a contenida en algo que Albert Einstein dijo una vez: â€œsi las abejas comenzaran a desaparecer, a la humanidad le quedarÃ­a pocos aÃ±os de vida.â€ Es inquietante el hecho de que en el mundo entero las colmenas estÃ¡n quedando vacÃ­as y las abejas estÃ¡n desapareciendo progresivamente, y [â€¦]
JÃ³venes Verdes considera escandalosa la situaciÃ³n laboral de los jÃ³venes en Europa y EspaÃ±a
septiembre 9, 2007 Autor: alberto
La ComisiÃ³n Europea ha presentado hoy datos estadÃ­sticos sobre los jÃ³venes y el trabajo, que sitÃºan a la poblaciÃ³n de entre 15 y 30 aÃ±os en la mÃ¡s absoluta precariedad. SegÃºn la informaciÃ³n presentada, hasta el 40% de los parados europeos tienen menos de 30 aÃ±os. En EspaÃ±a, mÃ¡s del 18% de los jÃ³venes entre 15 y 24 aÃ±os estÃ¡n en paro.El Comisario Jan Figel, que ha presentado los datos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo este miÃ©rcoles 4 de septiembre, ha destacado que la migraciÃ³n acrecentarÃ¡ en aÃ±os venideros los riesgos de marginalidad.
JÃ³venes Verdes considera absolutamente inaceptable esta situaciÃ³n. Las recetas econÃ³micas actuales basadas en la competencia a ultranza y la predaciÃ³n de la naturaleza hipotecan el futuro de la juventud europea y espaÃ±ola, restrigiendo sus capacidades en vez de abrirle el camino de la emancipaciÃ³n y la autonomÃ­a.
En referencia a la noticia, Carolina LÃ³pez, co-coordinadora de JÃ³venes Verdes, ha declarado: «Es absolutamente intolerable que nuestras sociedades castiguen asÃ­ a su juventud. La ComisiÃ³n Europea debe exigir a los paÃ­ses miembros que refuercen los programas educativos de los jÃ³venes en la economÃ­a verde y en las nuevas tecnologÃ­as, ya que serÃ¡n factores centrales en el mercado laboral del futuro, el de la sostenibilidad. AdemÃ¡s, pedimos que el esfuerzo se centre mÃ¡s en la educaciÃ³n de pÃºblicos sensibles como las mujeres, los migrantes y las minorÃ­as.»
En palabras de Florent Marcellesi, co-coordinador de JÃ³venes Verdes: «Para conseguir una verdadera autonomÃ­a de los jÃ³venes en su vida y su total libertad de elecciÃ³n laboral, luchamos por la instauraciÃ³n de una renta bÃ¡sica, incondicional y universal en Europa y EspaÃ±a. Frente al aumento de los contratos basura y para reorientar la economÃ­a hacia actividades ecolÃ³gicas, la renta bÃ¡sica es sin duda el nuevo camino de una sociedad solidaria y ecolÃ³gica. Ya no queremos oir el «No future» anclado en la mente de tantos jÃ³venes: seamos realistas y Â¡pidamos lo imposible!»
Los Verdes dÂ´Asturies celebren el dÃ­a dÂ´Asturies na Pola L.lena
septiembre 6, 2007 Autor: alberto
Los Verdes denuncia la informaciÃ³n de un transmutador de residuos nucleares y pregunta al Gobierno
septiembre 5, 2007 Autor: alberto
El diputado de Los Verdes, Francisco Garrido, ha preguntado al Gobierno sobre la noticia de la construcciÃ³n, en el CIEMAT, de un transmutador de residuos nucleares.
Garrido considera que esta informaciÃ³n pretende dar una «falsa esperanza» – por ser sÃ³lo una hipÃ³tesis en fase de investigaciÃ³n bÃ¡sica -, en un momento de rechazo social al AlmacÃ©n Temporal Centralizado. SegÃºn el diputado, estas afirmaciones son «temerarias y demagÃ³gicas», y denuncia que el CIEMAT, un organismo pÃºblico dependiente del Ministerio de EducaciÃ³n y Ciencia, muestre su cooperaciÃ³n con los intereses de la industria nuclear, obviando el Programa Electoral conjunto del PSOE y Los Verdes de las elecciones generales de 2004 – que aboga por el fin de la energÃ­a nuclear en EspaÃ±a – y contradiciendo el programa de desnuclearizaciÃ³n presentado por el Presidente del Gobierno.
PREGUNTA AL GOBIERNO RELATIVA A LA CONSTRUCCIÃ“N , EN EL CIEMAT, DE UN REACTOR NUCLEAR TRANSMUTADOR DE RESIDUOS NUCLEARES
El CIEMAT ha anunciado, recientemente, la construcciÃ³n de un reactor nuclear cuya funciÃ³n no serÃ¡ generar electricidad, sino el tratamiento de residuos nucleares para su estabilizaciÃ³n y transmutaciÃ³n. Esta informaciÃ³n supone un apoyo al desarrollo de la energÃ­a nuclear, en cuanto se estÃ¡ publicitando una hipÃ³tesis en fase de investigaciÃ³n bÃ¡sica, como si de una tecnologÃ­a viable y contrastada se tratara. Esta informaciÃ³n, a todas luces temeraria y demagÃ³gica, aparece en un momento en el que aumenta el rechazo social al ATC (AlmacÃ©n Temporal Centralizado). Que un organismo dependiente del Ministerio de EducaciÃ³n, como es el CIEMAT, genere esta falsa esperanza en la soluciÃ³n definitiva, y casi mÃ¡gica, de soluciÃ³n del problema de los residuos nucleares, indica una fraudulenta cooperaciÃ³n de este organismo pÃºblico con los intereses y campaÃ±as de la industria nuclear. Esta cooperaciÃ³n es abiertamente contraria al Programa Electoral conjunto del PSOE y Los Verdes, presentado a las Elecciones Generales del 2004, que aboga por el fin de la energÃ­a nuclear en EspaÃ±a.
1. Â¿El supuesto reactor nuclear transmutador no es sÃ³lo una tecnologÃ­a en fase de investigaciÃ³n bÃ¡sica?
2. Â¿Por quÃ© se presenta pÃºblicamente como una alternativa verificada, viable y segura al problema de los residuos nucleares?
3. Â¿Conoce, el Ministerio de EducaciÃ³n y Ciencia, la existencia de proyectos anteriores, de este mismo tipo, que fracasaron, como el Phoenix en Francia, con graves incidentes en su puesta en funcionamiento?
4. Â¿CÃ³mo es posible que, a los riesgos inherentes al ATC, se quieran ahora aÃ±adir los derivados del reactor transmutador?
5. Â¿Considera que la posiciÃ³n apologista de la energÃ­a nuclear del Director del CIEMAT es compatible con el programa de desnuclearizaciÃ³n presentado por el Presidente del Gobierno?
6. Â¿No entiende, el Gobierno, que aÃ±adir al ATC el reactor transmutador convierte a la poblaciÃ³n, donde se ubique el ATC, en una zona de experimentaciÃ³n nuclear?
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 5 de septiembre de 2007
Â¿Comer o conducir?
septiembre 4, 2007 Autor: alberto
La agricultura sostenible puede alimentar al mundo pero no puede llenar los depÃ³sitos de nuestros coches.
DecÃ¡logo elaborado por el eurodiputado de Los Verdes DAVID HAMMERSTEIN.
Los Verdes presentan alegaciones a la solicitud de descatalogaciÃ³n de Langreo como Zona Contaminada
septiembre 3, 2007 Autor: Los Verdes de Asturias
Las alegaciones del partido ecologista se basan en varios puntos entre los que destacan:
1.	El trÃ¡mite no es vÃ¡lido al gestionarse en base a un Real Decreto derogado.
2.	El estudio medioambiental presentado es manifiestamente insuficiente.
3.	OposiciÃ³n de organizaciones ecologistas y ambientales.
4.	Los niveles de contaminaciÃ³n son muy altos, segÃºn los datos de la Red de Calidad de Aire del Principado de Asturias.
El pasado 3 de agosto aparecÃ­a publicado en el BOPA el anuncio de informaciÃ³n pÃºblica del expediente de cesaciÃ³n de la declaraciÃ³n de Zona de AtmÃ³sfera Contaminada del tÃ©rmino municipal de Langreo. Ante esta solicitud, desde la asamblea del NalÃ³n de Los Verdes de Asturias hemos elaborado una serie de alegaciones en las que solicitamos que sea rechazada la solicitud. Las alegaciones, que adjuntamos al final del documento, se basan en varios puntos, entre los que destacan:
El Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre, sobre evaluaciÃ³n y gestiÃ³n de la calidad del aire ambiente, indica que quedan derogadas entre otras, el Real Decreto 1613/1985.
Por lo tanto, entendemos que este expediente no puede ser tramitado en base a este Real Decreto, ya que ha sido derogado y en consecuencia el trÃ¡mite no es vÃ¡lido.
La cesaciÃ³n de la declaraciÃ³n de la Zona de AtmÃ³sfera Contaminada no se ve justificada en modo alguno, segÃºn la documentaciÃ³n expuesta a informaciÃ³n pÃºblica. Se echa en falta, tal y como requiere el actual marco legal, los plazos y medidas a adoptar para corregir la contaminaciÃ³n atmosfÃ©rica, asÃ­ como el programa de inversiones.
Al no presentar toda la informaciÃ³n que requiere la actual legislaciÃ³n en el documento expuesto a informaciÃ³n pÃºblica, entendemos que el trÃ¡mite queda invalidado.
Ha habido una movilizaciÃ³n masiva y unÃ¡nime de todas las organizaciones ecologistas y ambientales, desde que se conociÃ³ la solicitud. La tramitaciÃ³n del proyecto ha dado poco lugar al debate ciudadano. La administraciÃ³n municipal y autonÃ³mica deberÃ­a haber tomado la iniciativa de favorecer el debate pÃºblico sobre la solicitud.
4.	Los niveles de contaminaciÃ³n son muy altos, segÃºn los datos de la Red AutomÃ¡tica de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias.
Del anÃ¡lisis de los datos proporcionados por la Red AutomÃ¡tica de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire se puede concluir que no han desaparecido los fundamentos necesarios que propiciaron la declaraciÃ³n de zona de atmÃ³sfera contaminada y que las medidas correctoras han sido insuficientes. Los niveles de contaminaciÃ³n del aire del municipio del Ãºltimo aÃ±o, asÃ­ como de los anteriores, son muy altos en todas las estaciones.
Actualmente persisten concentraciones elevadas de contaminantes, como los Ã³xidos de nitrÃ³geno y las partÃ­culas en suspensiÃ³n, asÃ­ como episodios de contaminaciÃ³n por ozono troposfÃ©rico en periodo estival. En consecuencia la calidad de aire del concejo debe ser considerada como mala y por tanto no procede la cesaciÃ³n de zona contaminada.
5.	SituaciÃ³n de emergencia debido al incendio en el Pozo Maria Luisa.
Aunque desafortunado, entendemos que incidentes como el sucedido el pasado 13 de Abril en el Pozo Maria Luisa no estÃ¡n descartados, dado que las grandes industrias estÃ¡n muy cerca de la poblaciÃ³n del concejo y en cualquier momento puede suceder una situaciÃ³n similar. Por lo tanto, se debe desarrollar un Plan de Emergencias y EvacuaciÃ³n que complemente al Plan de Saneamiento AtmosfÃ©rico.
Dado que se ha producido esta situaciÃ³n de emergencia, entendemos que la cesaciÃ³n de zona contaminada debe ser rechazada.
En Langreo, a 3 de Septiembre de 2007
D/DÃ±a XXXX, mayor de edad, con DNI XXXX y domicilio a efectos de notificaciones en XXX, Calle XXX, en nombre y representaciÃ³n de (Los Verdes de Asturias â€“ Los Verdes dÂ´Asturies), con NIF XXX, comparezco y DIGO:
Que, en el periodo de informaciÃ³n pÃºblica del expediente solicitando la cesaciÃ³n de la declaraciÃ³n de la Zona de AtmÃ³sfera Contaminada del tÃ©rmino municipal de Langreo, procedo a realizar las siguiente ALEGACIONES:
El trÃ¡mite no es vÃ¡lido al gestionarse en base a un Real Decreto derogado.
El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre (BOE 260 de 30 de octubre de 2002), sobre evaluaciÃ³n y gestiÃ³n de la calidad del aire ambiente en relaciÃ³n con el diÃ³xido de azufre, diÃ³xido de nitrÃ³geno, Ã³xidos de nitrÃ³geno, partÃ­culas, plomo, benceno y monÃ³xido de carbono, en el apartado 1 de la â€œDISPOSICIÃ“N DEROGATORIA ÃšNICAâ€, indica que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo y, en particular, entre otras, el Real Decreto 1613/1985.
Por lo tanto, entendemos que este expediente no puede ser tramitado en base al Real Decreto 1613/1985, ya que ha sido derogado. AsÃ­ mismo, creemos que el plazo de exposiciÃ³n pÃºblica es insuficiente dada la relevancia de la solicitud.
El estudio medioambiental presentado es manifiestamente insuficiente.
Consideramos que la cesaciÃ³n de la declaraciÃ³n de la Zona de AtmÃ³sfera Contaminada no se ve justificada en modo alguno, segÃºn la documentaciÃ³n expuesta a informaciÃ³n pÃºblica.
Las propuestas realizadas por las empresas obedecen a las obligaciones legales a las que estÃ¡n sujetas y al cumplimiento de diversos compromisos medioambientales (Protocolo de Kyoto, Agenda local 21, etc.)
AdemÃ¡s, el informe presentado no expone el grado de cumplimiento de la normativa sobre la calidad del aire en el entorno de los grandes centros industriales del concejo. Recordamos que las grandes industrias (y en particular determinadas centrales tÃ©rmicas) estÃ¡n obligadas, segÃºn el artÃ­culo 73 del Decreto 833/1975 y la Orden de 25 de Junio de 1984 a instalar en su entorno una red de sensores para medir las inmisiones de partÃ­culas, SO2 y NOx.
Se echa en falta, tal y como requiere el actual marco legal, una descripciÃ³n pormenorizada de la naturaleza, origen y evoluciÃ³n de la contaminaciÃ³n atmosfÃ©rica, las medidas a adoptar para corregirla, los procedimientos tÃ©cnicos y plazos para poner dichas medidas en prÃ¡ctica, asÃ­ como el correspondiente programa de inversiones. Sirva como ejemplo de esta falta de informaciÃ³n los siguientes ejemplos:
â€¢	Falta coste en Ã¡reas importantes como EducaciÃ³n Ambiental (se dice textualmente â€œlas actuaciones se irÃ¡n presupuestando en funciÃ³n del desarrollo de los distintos programasâ€) y polÃ­ticas de transporte (Ãºnicamente se cita â€œcoste a concretarâ€).
â€¢	No se adjunta el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el que se acuerda iniciar el expediente de cesaciÃ³n como zona contaminada. (RD 1613/1985, artÃ­culo 6.4).
OposiciÃ³n de organizaciones ecologistas y ambientales.
Ha habido una movilizaciÃ³n masiva y unÃ¡nime de todas las organizaciones ecologistas y ambientales, desde que se conociÃ³ la solicitud. La Ley 27/2006 obliga a tener en cuenta la participaciÃ³n de los vecinos por los proyectos que afecten su medio ambiente, cosa que no se hace en este caso.
La tramitaciÃ³n del proyecto ha dado poco lugar al debate ciudadano. La administraciÃ³n municipal y autonÃ³mica deberÃ­a haber tomado la iniciativa de favorecer el debate pÃºblico sobre la solicitud.
Langreo dispone de un Ã³rgano consultivo y de participaciÃ³n de asociaciones y ciudadanos, denominado â€œForo de Medio Ambiente de Langreoâ€œ. Este foro es un lugar de debate y discusiÃ³n para la conservaciÃ³n, defensa y protecciÃ³n del medio ambiente natural y urbano del Concejo de Langreo. Dado que el Foro no ha sido convocado, ni se ha tomado en consideraciÃ³n la opiniÃ³n de las asociaciones y ciudadanos el trÃ¡mite queda anulado (Convenio de Aarhus, publicado en el BOE de 16-2-2005, Directiva 2001/42).
Niveles de contaminaciÃ³n, segÃºn los datos de la Red AutomÃ¡tica de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias.
Del anÃ¡lisis de los datos proporcionados por la Red AutomÃ¡tica de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire se puede concluir que no han desaparecido los fundamentos necesarios que propiciaron la declaraciÃ³n de zona de atmÃ³sfera contaminada y que las medidas correctoras han sido insuficientes.
Los niveles de contaminaciÃ³n del aire del municipio del Ãºltimo aÃ±o, asÃ­ como de los anteriores, son muy altos no solo en las estaciones de MeriÃ±an y Sama, este aÃ±o tambiÃ©n destaca los valores de La Felguera, segÃºn los datos facilitados por el Principado de Asturias, de las estaciones de mediciÃ³n de contaminantes atmosfÃ©ricos del ejercicio 2006. De acuerdo a la normativa en vigor recogida en la Directiva 1999/6962 publicada en el BOE 260 del 30-10-2002, se incumplieron los valores en los siguientes casos:
– En PartÃ­culas en SuspensiÃ³n (PM10) se superaron los niveles de protecciÃ³n a la salud en 236 dÃ­as del aÃ±o, este nivel esta en 50 ug/m3 no pudiendo superarse mas de 35 veces por aÃ±o , con lo cual se superaron en mas de 201 dÃ­as. Siendo el valor medio anual de este contaminante de 62 ug/m3 por encima de los 40ug/m3 de valor limite anual de protecciÃ³n a la salud. Es de destacar el valor mÃ¡ximo horario fue de 768 ug/m3 lo que representa un valor 19 veces superior al limite.
AdemÃ¡s, segÃºn los datos del histÃ³rico del propio expediente â€“ Anexo PST, se incumplieron los valores:
EstaciÃ³n de Sama, por encima del valor lÃ­mite los aÃ±os 2003, 2004 y 2005.
EstaciÃ³n de MeriÃ±an, por encima del valor lÃ­mite los aÃ±os 2003, 2004 y 2005.
EstaciÃ³n de La Felguera, por encima del valor lÃ­mite en el aÃ±o 2003.
– En Ã“xidos de NitrÃ³geno, Se supero todo el aÃ±o el lÃ­mite anual de protecciÃ³n a la vegetaciÃ³n que esta en 30 ug/m3 en el NOx, al tener una media anual de 46 ug/m3.
Aunque la contaminaciÃ³n debida al diÃ³xido de azufre y a materia sedimentable fue uno de los factores determinantes para la declaraciÃ³n de Langreo como zona contaminada, no fue la Ãºnica. La presencia de partÃ­culas en suspensiÃ³n tambiÃ©n fue uno de los factores mÃ¡s importantes para esta declaraciÃ³n. Actualmente persisten concentraciones elevadas de contaminantes, como los Ã³xidos de nitrÃ³geno y las partÃ­culas en suspensiÃ³n, asÃ­ como episodios de contaminaciÃ³n por ozono troposfÃ©rico en periodo estival. En consecuencia la calidad de aire del concejo debe ser considerada como mala y por tanto no procede la cesaciÃ³n de zona contaminada.
SituaciÃ³n de emergencia: superaciÃ³n del umbral sanitario, cientos de intoxicados y evacuados.
El pasado 13 de Abril de 2007 se produjo un desafortunado incendio en el Pozo Maria Luisa (cerca de los distritos de CiaÃ±u y Sama). Debido a este incendio y a la nube tÃ³xica que se formÃ³, fueron desalojadas temporalmente mÃ¡s de 700 personas, mÃ¡s de 130 fueron atendidas por intoxicaciones respiratorias y cerca de medio centenar tuvieron que ser hospitalizadas. Durante ese dÃ­a se superÃ³ el umbral sanitario y se activÃ³ la situaciÃ³n de emergencia por parte de ProtecciÃ³n Civil â€“ 112 Asturias.
Aunque desafortunado, entendemos que incidentes como el sucedido no estÃ¡n descartados, dado que las grandes industrias estÃ¡n muy cerca de la poblaciÃ³n del concejo y en cualquier momento puede suceder una situaciÃ³n similar. Por lo tanto, se debe desarrollar un Plan de Emergencias y EvacuaciÃ³n frente a situaciones de emergencia que complemente al Plan de Saneamiento AtmosfÃ©rico.
En virtud de lo expuesto SOLICITO que teniendo por presentadas estas alegaciones se acuerde desechar la solicitud de cesaciÃ³n de la declaraciÃ³n de Langreo como Zona de AtmÃ³sfera Contaminada (ZAC).
En Langreo, a 3 de Septiembre de 2007.
Los Verdes piden una comisiÃ³n de investigaciÃ³n en el Congreso por el atlas del cÃ¡ncer y que Narbona y Soria den explicaciones
septiembre 3, 2007 Autor: alberto
Acusa a Salud de parecer representante de las quÃ­micas y compara su actitud con las tabaqueras cuando negaban la relaciÃ³n con el cÃ¡ncer.
El diputado de Los Verdes en el Congreso, Francisco Garrido, anunciÃ³ hoy que su formaciÃ³n ha planteado en las Cortes una baterÃ­a de medidas relacionadas con los datos contenidos en el primer Atlas Municipal de Mortalidad por CÃ¡ncer en EspaÃ±a –que sitÃºa a las provincias occidentales de la comunidad a la cabeza muchos tipos de tumores–, entre las que se encuentran la solicitud de crear una comisiÃ³n de investigaciÃ³n y la comparecencia de los ministros de Sanidad y Medio Ambiente, Bernat Soria y Cristina Narbona, respectivamente.
En declaraciones a Europa Press, Garrido considerÃ³ necesario que ambos responsables polÃ­ticos expliquen en el Congreso «quÃ© medidas piensan tomar ante el reciente estudio, que muestra una correlaciÃ³n muy fuerte entre la contaminaciÃ³n y el cÃ¡ncer». AdemÃ¡s, mediante una proposiciÃ³n no de ley ha pedido en la CÃ¡mara Baja una comisiÃ³n de investigaciÃ³n y ha planteado «la necesidad de poner en marcha un plan estatal de salud ambiental que aborde estas nuevas fuentes de mortalidad».
De igual modo, su formaciÃ³n plantearÃ¡ preguntas parlamentarias a los dos Ministerios para conocer quÃ© acciones va a tomar el Gobierno y quÃ© opina sobre esa relaciÃ³n que pone en evidencia el atlas.
En este sentido, Garrido hizo una «reflexiÃ³n muy crÃ­tica» sobre la actitud de la Junta de AndalucÃ­a y, concretamente, de la ConsejerÃ­a de Salud que, segÃºn dijo, «se ha dedicado a ocultar los datos y a tergiversarlos, buscando resquicios metodolÃ³gicos para que no parezca real la relaciÃ³n entre contaminaciÃ³n y cÃ¡ncer».
Asimismo, recordÃ³ que «son muchos los estudios que han concluido en la misma tesis, y la Junta sÃ³lo inventa teorÃ­as como decir que las altas tasas de cÃ¡ncer se deben al tabaco o a la pobreza de hace aÃ±os, como si en Huelva y CÃ¡diz se hubiera sido mÃ¡s pobre o fumado mÃ¡s que en las Alpujarras, por ejemplo».
En su opiniÃ³n, la ConsejerÃ­a de Salud «se estÃ¡ comportando como la representante de las industrias quÃ­micas y estÃ¡ actuando como hacÃ­an las empresas tabaqueras cuando se publicaban estudios que relacionaban el cÃ¡ncer con el tabaco y las compaÃ±Ã­as no paraban de decir que no eran concluyentes».
Por ello, Garrido pidiÃ³ al presidente andaluz, Manuel Chaves, «que asuma el grave problema de salud pÃºblica y que tome medidas para que esto no vuela a ocurrir dentro de 20 aÃ±os en otras zonas, mediante la elaboraciÃ³n de un plan preventivo y un programa de reconversiÃ³n industrial para CÃ¡diz y Huelva». A juicio del diputado de Los Verdes, tambiÃ©n es necesaria «una restricciÃ³n de las actividades que provocan el problema».
POSIBLE DEMANDA CIVIL.
En esta lÃ­nea, reprochÃ³ que la Junta «lleva ocho aÃ±os sin sacar adelante el Observatorio de la Salud Ambiental que el PSOE llevaba en su programa, por lo que tambiÃ©n en el Parlamento regional solicitarÃ¡ «que se apruebe ya el Plan de Salud Ambiental y el citado observatorio», a fin de que «se limiten los niveles de contaminaciÃ³n atmosfÃ©rica y vertidos».
Al margen, apuntÃ³ la posibilidad de que se elabore y plantee una demanda civil contra las empresas responsables de esta contaminaciÃ³n, «que han ganado mucho dinero a costa de la salud de ciudadanos». No obstante, subrayÃ³ que la Junta «moralmente lo tendrÃ­a difÃ­cil para tomar esta medida, porque ha sido cÃ³mplice», por lo que la iniciativa podrÃ­a salir de los propios afectados.
El incendiÃ³metro de WWF/Adena sitÃºa a Asturias como la cuarta comunidad mÃ¡s vulnerable a los efectos del fuego
septiembre 1, 2007 Autor: alberto
WWF/Adena analiza la vulnerabilidad de las Comunidades AutÃ³nomas ante los incendios forestales. Asturias figura como la cuarta zona con mayor riesgo de sufrir los efectos del fuego.
Puedes leer el estudio realizado por WWF/Adena sobre Asturias pinchando aquÃ­.

References: in fine
 Real Decreto 
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