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Timestamp: 2020-07-10 12:38:27+00:00

Document:
Ley 1709 de 2014 - EVA - Función Pública
Fecha de Entrada en Vigencia: 20 de enero de 2014
Tema: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - Subtema: Modificación
Reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones, referente al manejo de personal en sus artículo 38, 39 y 40 modifica lo relacionado con el ingreso y formación, carrera administrativa penitenciaria, y cargos directivos.
Modifica Ley 599 de 2000
Modifica Ley 65 de 1993
Parágrafo 1°. En ningún caso el goce efectivo del derecho a la liber­tad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa.
Parágrafo 2°. En firme la sentencia, la misma se remitirá a la juris­dicción coactiva para que se ejecute el cobro de la multa como pena accesoria a la pena de prisión.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser propor­cionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así lo requieran de acuer­do con solicitud que haga el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes.
Parágrafo 3°. El uso del terminal móvil por fuera de los casos autori­zados será considerado como falta gravísima para el funcionario que asílo permitiere o facilitare, y para la persona privada de la libertad será sancionada como falta grave conforme al artículo 123 de este Código.
Artículo 19A. Financiación de obligaciones. El Ministerio de Jus­ticia y del Derecho promoverá la aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de la Ley 65 de 1993 y que están a cargo de las enti­dades territoriales.
10. Demás centros de reclusión que se creen en el sistema peniten­ciario y carcelario.
Podrán existir pabellones para detención preventiva en un estableci­miento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados adecua­damente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas condenadas.
Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura podrán realizar las gestiones perti­nentes para la construcción con junta de ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales.
Una vez proferida la sentencia condenatoria la persona será tras­ladada al establecimiento penitenciario que corresponda o entrará a gozar de la medida sustitutiva de la prisión, si así lo ha determinado el juez de conocimiento.
Los centros de arraigo transitorio deben proveer a las personas que alberguen atención psicosocial y orientación laboral o vocacional du­rante el tiempo que permanezcan en dichos centros.
Parágrafo. En los casos en los que el trastorno mental sea sobreviniente y no sea compatible con la privación de la libertad en un centro penitenciario y carcelario, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, o el juez de garantías si se trata de una persona procesada, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otorgarán la libertad condicional o la detención hospitalaria para so­meterse a tratamiento psiquiátrico en un establecimiento destinado para inimputables y con las condiciones de seguridad de tales establecimientos, en el marco del régimen especial que aplique para el sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Artículo 27. Establecimientos de reclusión para miembros de la Fuerza Pública. Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la de­tención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la que pertenezcan, observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados que cumplen la medida de detención preventiva en cárceles ordinarias.
Parágrafo. La producción de estas colonias servirá de fuente de abastecimiento. En los casos en los que existan excedentes de produc­ción, estos podrán ser comercializados. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Instituto Nacio­nal Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad Administrativo de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-757 de 2014.
Las peticiones relativas a la ejecución de la pena interpuesta, direc­ta o indirectamente, por los condenados privados de la libertad serán resueltas en audiencia pública. Para tal fin el Consejo Superior de la Judicatura realizará las gestiones que sean pertinentes para que los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cuenten con los recursos tecnológicos para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo.
Artículo 36. Adiciónase un (sic) parágrafo al artículo 33 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-145 de 2015.
Artículo 34. Medios mínimos materiales. Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigi­lancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos.
Artículo 38. Ingreso y formación. Para ejercer funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria es necesario haber aprobadolos cursos de formación y capacitación que para este efecto dictará la Escuela Penitenciaria Nacional.
El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá presentar un informe de rendición de cuentas anualmente al Mi­nistro de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar un desempeño eficiente en la gestión.
Artículo 51. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. En los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de ejecución de penas y medi­das de seguridad estos deberán realizar al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que le sean asignados.
2. Conocer de la ejecución de la sanción penal de las personas con­denadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicación le será notificada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto por el cual se disponga la designación del establecimiento.
Parágrafo 2°. Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad llevarán el registro de sus actuaciones en un expediente digitalizado y utilizarán, siempre que ello sea posible, medios electrónicos en la realización y para la conservación de las audiencias y diligencias.
Artículo 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiéndolas aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus productos serán comercializados.
* El Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien lo presidirá.
* El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
* El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.
* El Director de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Directivo.
* El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
* El Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz pero sin voto.
* Determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento.
* Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo.
* Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.
* Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones en materia de salud frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos.
* Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno Nacional para efecto de adelantar el trámite de su aprobación.
* Las demás que determine el Gobierno Nacional.
Artículo 109. Inventario de las pertenencias. Se hará un inventario de las pertenencias dejadas por el difunto y se procederá a liquidar su saldo de la Caja Especial, todo lo cual se entregará, a los herederos que sumariamente demuestren tal calidad hasta el monto que la ley autoriceen caso de fallecimiento del titular de una cuenta bancaria. Cuando los objetos o sumas de dinero sean superiores a esta suma se entregarán a quienes indique la autoridad competente.
Ante el fallecimiento, estado grave por enfermedad, enfermedad muy grave o enfermedad infectocontagiosa de una persona privada de la libertad, la Dirección del establecimiento penitenciario de manera inmediata informará al familiar más cercano que aquel hubiere designado o del que se tenga noticia. Así mismo, en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave deberá informar de manera inmediata al Ins­tituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para lo de sucompetencia. En caso de enfermedad infectocontagiosa, se dará aviso a la autoridad sanitaria correspondiente para que tome las medidas que sean pertinentes.
La visita íntima será regulada por el reglamento general según prin­cipios de higiene y seguridad.
Las sanciones serán impuestas por el respectivo Consejo de Disci­plina o por el Director del centro de reclusión, garantizando siempre el debido proceso.
3. A solicitud del recluso previa autorización del Director del esta­blecimiento.
Artículo 127. Calificación de los faltas. En la calificación de la in­fracción disciplinaria deben tenerse en cuenta las circunstancias que la agraven o atenúen, las relativas a la modalidad del hecho, el daño producido, el grado del estado anímico del interno, su buena conducta anterior en el establecimiento, su respeto por el orden y la disciplina dentro del mismo.
2. Cuando se trate de procesado, el permiso lo concederá el funcio­nario judicial de conocimiento, especificando la duración del mismo sinque exceda de veinticuatro horas, por cada vez que se conceda, más el tiempo de la distancia si la hubiere.
Parágrafo 1°. Lo anterior no cobijará a los internos sometidos a extremas medidas de vigilancia y seguridad ni a quienes registren an­tecedentes por fuga de presos, o aquellos procesados o condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados.
Parágrafo 2°. El condenado o el procesado como requisito indispen­sable para el otorgamiento de permisos excepcionales, asumirá y pagará de manera previa o concurrente los gastos logísticos, de transporte, de alimentación, de alojamiento y los demás que puedan originarse a causa del permiso concedido. Los gastos asumidos serán los propios y los de sus guardianes.
Si la persona privada de la libertad estuviere en incapacidad eco­nómica para sufragar estos gastos, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá exonerarlo de los mismos, si su condición económica está debidamente demostrada. En este caso los gastos serán asumidos por el Inpec.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios destinará dentro de los establecimientos de reclusión, secciones especiales, para las ma­dres con sus hijos que garanticen una adecuada interacción entre estos; igualmente construirá y dotará, en coordinación con el ICBF, los centros de atención para los niños y niñas cuando estos no se encuentren con sus madres. Sin perjuicio de lo anterior, los centros de atención deberán ser adecuados para los niños y niñas que se encuentren en condiciónde discapacidad, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 5° numerales 2, 8 y 10 y el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013.
Parágrafo 2°. Los Centros de Atención Especializada funcionarán bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administración, de confor­midad con la función protectora, restaurativa y educativa de la medida de privación de la libertad.
Dicho programa incluirá componentes de bienestar social del inter­no, educación, deporte y cultura, emprenderismo y trabajo con enfoque diferencial.
* Compromisos presupuestales.
* Plan de construcciones e infraestructura.
* Plan de dotación para la resocialización, el empleo y la educación.
* Plan de sanidad.
* Plan de personal, guardas, funcionarios y servidores públicos.
Artículo 107. Vigencias y derogatorias. Deróguese el artículo 38A de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 3° de la Ley 1453 de 2011. La presente ley rige desde el momento de su promulgación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
NOTA: Publicada en el Diario Oficial 49039 de enero 20 de 2014.

References: artículo 38
 artículo 123

Artículo 19

Artículo 27

Artículo 36
 artículo 33

Artículo 34

Artículo 38

Artículo 51

Artículo 79

Artículo 109

Artículo 127
 artículo 5
 artículo 14

Artículo 107
 artículo 38
 artículo 3