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Timestamp: 2019-10-24 04:09:45+00:00

Document:
Legislación TEPJF.- LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
(Actualizada con las reformas publicadas el 12 de abril de 2019)
Principios generales (artículos 1-7)
Los sujetos de la participación ciudadana y comunitaria (artículos 8-11)
La cultura de participación ciudadana y comunitaria (artículos 12-16)
La agenda para el desarrollo comunitario (artículos 17-22)
El plebiscito (artículos 23-30)
El referendo (artículos 31-38)
La iniciativa popular (artículos 39-47)
El procedimiento para el plebiscito y el referendo (artículos 48-51)
Las formas alternativas de acceso ciudadano (artículos 52-56)
Las causas de improcedencia (artículos 57-61)
Los plazos (artículos 62-64)
Las notificaciones (artículos 65-70)
Reglas complementarias del plebiscito, referendo e iniciativa popular (artículos 71-73)
La consulta popular (artículos 74-82)
La colaboración comunitaria (artículos 83-87)
La audiencia pública (artículos 88-95)
Bases generales (artículos 96-102)
La integración y el funcionamiento de los consejos de participación ciudadana (artículos 103-111)
Los derechos y obligaciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (artículos 112-113)
La responsabilidad ciudadana (artículos 114-116)
Los consejos de participación comunitaria
Los consejos de participación comunitaria estatal y municipal (artículos 117-118)
Los consejos de participación para la agenda comunitaria estatal y municipal (artículos 119-123)
TÍTULO DÉCIMO1
Los reglamentos (artículos 124-128)
Principios complementarios (artículos 129-131)
La equidad y género (artículo 132)
Ley publicada el viernes 16 de noviembre de 2001 en el Periódico Oficial número 92.
Actualizada con las reformas publicadas el 12 de abril de 2019.
EL C. ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
NÚMERO 177.-
Artículo 1°. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY Y DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA APLICARLAS. Esta ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el régimen interior del estado en materia de participación y organización ciudadana y comunitaria.
Para todos los efectos legales de este ordenamiento, se entenderá por:
I. Instituto: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila previsto en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila.
II. Tribunal Electoral: el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado previsto en el artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Coahuila.
Artículo 2°. EL OBJETO DE LA LEY. Esta ley, dentro del ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipal, tiene por objeto:
Artículo 3°. LOS PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. La participación y organización ciudadana y comunitaria, se basan en los principios de democracia, legalidad, gobernabilidad, certeza, objetividad, independencia, libertad, equidad, confianza, transparencia, solidaridad, corresponsabilidad y sustentabilidad.
Artículo 4°. LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O COMUNITARIA. Los instrumentos de participación ciudadana y/o comunitaria son:
Artículo 5°. LOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y/O COMUNITARIA. Los instrumentos de organización ciudadana y/o comunitaria son:
Artículo 6°. EL GARANTISMO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. Los gobiernos estatal y municipal, en los ámbitos de sus competencias, establecerán las garantías necesarias para que los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria sean reales, efectivos y democráticos. Para tal efecto, removerán los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio del derecho de las personas a participar en la vida política, económica, cultural y social del estado.
Artículo 7°. EL GARANTISMO DE NO-EXCLUSIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. Los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria previstos en esta ley, no excluyen ni afectan el derecho de los ciudadanos y habitantes coahuilenses para promover o ejercitar libremente otro tipo de instrumentos, siempre que no vulneren los principios previstos en el artículo 3° de esta ley.
Artículo 8°. EL CIUDADANO/ELECTOR/COAHUILENSE COMO SUJETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los ciudadanos electores coahuilenses podrán ejercer:
I. Los instrumentos de participación ciudadana previstos en las fracciones I a III del artículo 4° de esta ley, sin perjuicio de que el previsto en la fracción III podrá ejercerse también por aquellos que no sean ciudadanos electores coahuilenses, pero que acrediten haber residido en el Estado por más de tres años.
II. El instrumento de organización ciudadana previsto en la fracción I del artículo 5° de esta ley.
Artículo 9°. EL HABITANTE/COAHUILENSE COMO SUJETO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Los habitantes coahuilenses podrán ejercer:
I. Los instrumentos de participación comunitaria previstos en las fracciones IV a VI del artículo 4° de esta ley.
II. El instrumento de organización comunitaria previsto en la fracción II del artículo 5° de esta ley.
Artículo 10. LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. Los derechos de los ciudadanos y de los habitantes del estado previstos en esta ley, se ejercerán sin perturbar ni afectar el orden constitucional o legal, la tranquilidad pública o el derecho de terceros.
Artículo 11. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. Es obligación de los gobiernos estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los habitantes del estado.
Artículo 12. LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. El estado, los municipios y la comunidad en general deberán promover, fomentar e instrumentar de manera conjunta, permanente y eficaz una cultura de participación ciudadana y comunitaria.
Artículo 13. LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. La cultura de participación ciudadana y comunitaria, se basa en los principios siguientes:
Artículo 14. EL CIUDADANO/HABITANTE/PARTICIPATIVO. La cultura de participación ciudadana y comunitaria, tiene por objeto formar al ciudadano y/o al habitante coahuilense:
V. Tolerante, respetuoso, plural, incluyente y conciliador.
Con base en estas características enunciativas, el Instituto elaborará el decálogo del ciudadano/habitante/participativo como norma de conducta que sustente la participación y organización ciudadana y comunitaria.
Artículo 15. EL PROGRAMA DE LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. El Instituto elaborará el Programa de la Cultura de Participación Ciudadana y Comunitaria, conforme a las bases siguientes:
1. Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier otra forma de aprendizaje social, a fin de que las personas tengan la oportunidad real de ejercer los derechos que establece esta ley.
2. El Instituto autorizará los formatos necesarios, a fin de que a los ciudadanos se les facilite el ejercicio de los instrumentos de participación y organización ciudadana y/o comunitaria.
4. Los gobiernos estatal y municipal, en los ámbitos de sus competencias, autorizarán los formatos necesarios, a fin de que a los habitantes se les facilite el ejercicio de los instrumentos de participación y organización ciudadana y/o comunitaria.
6. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia o entidad a la que le corresponda la participación ciudadana, tendrá la obligación de prestar la asesoría, el apoyo o el auxilio necesario a las personas que pretendan ejercitar los instrumentos de participación y organización ciudadana y/o comunitaria. Para tal efecto, diseñará e instrumentará mecanismos que faciliten el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y habitantes.
Artículo 16. LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. El Programa de la Cultura de Participación Ciudadana y Comunitaria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 17. LA AGENDA COMUNITARIA ESTATAL. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, será el responsable de integrar la agenda comunitaria estatal para identificar, analizar y evaluar los temas y problemas del desarrollo comunitario en el estado, a partir de la participación de la comunidad.
Para tal efecto, la Secretaría de Gobierno coordinará la elaboración y seguimiento de la agenda a través del Consejo de Participación previsto en el artículo 119 de esta ley.
Artículo 18. LA AGENDA COMUNITARIA MUNICIPAL. Cada Ayuntamiento, a través de su presidente municipal, será el responsable de integrar la agenda comunitaria municipal para identificar, analizar y evaluar los temas y problemas del desarrollo comunitario del municipio de que se trate, a partir de la participación de la comunidad.
Para tal efecto, el presidente municipal coordinará la elaboración y seguimiento de la agenda a través del Consejo de Participación previsto en el artículo 120 de esta ley.
Artículo 19. LA COMPETENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA AGENDA COMUNITARIA. Para la elaboración de la agenda comunitaria, se observarán los ámbitos de competencia estatal y municipal, bajo los principios de fidelidad estatal y municipal que establecen la Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables.
Artículo 20. LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA AGENDA COMUNITARIA. En la elaboración de la agenda comunitaria estatal y municipal, podrán participar, en forma especializada e interdisciplinariamente, las personas siguientes:
El Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento de que se trate, podrán crear comisiones ciudadanas y/o interinstitucionales para coadyuvar en la elaboración de la agenda comunitaria estatal o municipal, con la participación de las personas a que se refiere este artículo.
Artículo 21. EL CONTENIDO DE LA AGENDA COMUNITARIA. Toda agenda comunitaria estatal o municipal, contendrá los elementos siguientes:
2. La relación con el desarrollo sustentable y la calidad de vida de los habitantes.
2. La problemática social, cultural, económica y política del tema o problema comunitario.
Artículo 22. LA COLABORACIÓN EN LA AGENDA COMUNITARIA. Toda autoridad estatal y municipal y la comunidad en general, deberán colaborar entre sí, para la elaboración y seguimiento de la agenda comunitaria de que se trate.
Las autoridades responsables de integrar la agenda comunitaria estatal o municipal, podrán emitir recomendaciones a las autoridades competentes para solucionar el tema o problema comunitario, según los contenidos de la agenda.
Artículo 23. EL CONCEPTO DE PLEBISCITO. El plebiscito es la consulta mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan las decisiones del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos.
Artículo 24. EL PLEBISCITO ESTATAL Y MUNICIPAL. El plebiscito estatal se circunscribirá a las decisiones del Ejecutivo del Estado que sean trascendentales para la vida pública de la entidad.
El plebiscito municipal se circunscribirá a las decisiones de los Ayuntamientos del estado que sean trascendentales para la vida pública del municipio de que se trate, incluyéndose los reglamentos de carácter general que éste expida.
Artículo 25. LOS SUJETOS FACULTADOS PARA SOLICITAR EL PLEBISCITO ESTATAL. Podrán solicitar el plebiscito estatal:
(Modificado mediante decreto No. 243, publicado el 12 de abril de 2019)
I. El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado, quienes deberán anexar a su solicitud una relación con sus nombres, firmas y claves de su credencial de elector.
Artículo 26. LOS SUJETOS FACULTADOS PARA SOLICITAR EL PLEBISCITO MUNICIPAL. Podrán solicitar el plebiscito municipal:
Artículo 27. LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL PLEBISCITO. Toda solicitud de plebiscito que se presente ante el Instituto en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:
Artículo 28. LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PROCEDENCIA DEL PLEBISCITO. La resolución que declare la procedencia del plebiscito, deberá comunicarse por el Instituto dentro de los tres días siguientes al Ejecutivo del Estado o al Ayuntamiento, según se trate.
En todo caso, la procedencia del plebiscito suspenderá la ejecución y/o la implementación de la decisión de gobierno del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo. El plebiscito no procederá contra decisiones ejecutadas y/o implementadas.
Artículo 29. LA CONVOCATORIA DEL PLEBISCITO. Toda convocatoria de plebiscito que sea emitida por el Instituto estatal en los términos de esta ley, deberá contener los requisitos siguientes:
Artículo 30. LOS EFECTOS DEL PLEBISCITO. Los resultados del plebiscito serán obligatorios para el Ejecutivo del Estado o para los Ayuntamientos, siempre y cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos, al veinte porciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado o del municipio, según se trate.
En caso contrario, el plebiscito únicamente tendrá el carácter de recomendación.
En todo caso, el Instituto deberá comunicar al Ejecutivo del Estado o al Ayuntamiento correspondiente, los resultados del plebiscito dentro de los tres días siguientes al en que se verificó la consulta.
Toda omisión, acto o resolución del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos que violen los resultados vinculatorios del plebiscito, podrán ser impugnadas en los términos de la ley de la materia.
Artículo 31. EL CONCEPTO DEL REFERENDO. El referendo es la consulta mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan una iniciativa de ley o decreto o, en su caso, una ley o decreto del Poder Legislativo del Estado.
El referendo se tramitará conforme al procedimiento previsto en esta ley.
Artículo 32. EL OBJETO DEL REFERENDO. El objeto del referendo será:
Artículo 33. LOS SUJETOS FACULTADOS PARA SOLICITAR EL REFERENDO. Podrán solicitar el referendo:
Artículo 34. LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL REFERENDO. Toda solicitud de referendo que se presente ante el Instituto en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:
Artículo 35. LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PROCEDENCIA DEL REFERENDO. La resolución que declare la procedencia del referendo deberá comunicarse por el Instituto dentro de los tres días siguientes al Poder Legislativo del Estado.
Artículo 36. LA CONVOCATORIA DEL REFERENDO. Toda convocatoria de referendo que sea emitida por el Instituto en los términos previstos en esta ley, deberá contener los requisitos siguientes:
Artículo 37. LOS EFECTOS DEL REFERENDO. Los resultados del referendo serán obligatorios para el Poder Legislativo del Estado cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos al veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado.
Artículo 38. EL TRÁMITE LEGISLATIVO PARA INSTRUMENTAR LOS EFECTOS OBLIGATORIOS DEL REFERENDO. Una vez que el Instituto notifique al Congreso del Estado o, en su caso, a la Diputación Permanente los efectos obligatorios del referendo, se turnará a la comisión correspondiente para que ésta, sin demora, presente el dictamen en el sentido del referendo al Congreso del Estado, para su discusión y aprobación.
Artículo 39. El CONCEPTO DE INICIATIVA POPULAR. La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos coahuilenses y de los que sin serlo acrediten haber residido en el Estado por más de tres años para iniciar leyes, decretos, reglamentos o normas administrativas de carácter general.
Artículo 40. EL OBJETO DE LA INICIATIVA POPULAR. La iniciativa popular tendrá por objeto:
Artículo 41. Se deroga
Artículo 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR. Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:
Artículo 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA. Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:
El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior.
2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.
3. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular, la comisión resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.
4. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 2 de esta fracción, la comisión declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por esta ley.
5. La comisión notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.
Artículo 44. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Toda iniciativa popular en materia administrativa que se presente ante el Poder Ejecutivo del Estado, se sujetará al trámite siguiente:
I. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno, verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo 42.
III. El Ejecutivo del Estado, emitirá la declaratoria de procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:
1. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo 42, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.
2. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular por parte del solicitante, la Secretaría de Gobierno resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.
3. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 1 de esta fracción, la Secretaría de Gobierno declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por esta ley y notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.
6. En la revisión de la iniciativa podrá participar él o los solicitantes.
Artículo 45. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA MUNICIPAL. Toda iniciativa popular en materia municipal que se presente ante los Ayuntamientos, se sujetará al trámite siguiente:
1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo 42.
2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo 42, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.
Artículo 46. NUEVA PRESENTACIÓN DE INICIATIVA POPULAR QUE SE DECLARE IMPROCEDENTE. Toda iniciativa popular que haya sido declarada improcedente, podrá presentarse nuevamente al año siguiente, contado a partir de la fecha de la notificación correspondiente, con las modificaciones, adiciones y/o correcciones necesarias para que proceda en los términos que establece esta ley.
Artículo 47. LA PUBLICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, COMPILACIÓN, DIFUSIÓN Y PREMIO DE LAS INICIATIVAS POPULARES. Toda iniciativa popular deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 48. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO. Todo procedimiento del plebiscito o del referendo, se sujetará a los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
Para reformar, adicionar o derogar las figuras del plebiscito, referendo e iniciativa popular, sus procedimientos y toda norma relacionada con ellas que se prevea en esta ley, se requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. En caso contrario, las reformas, adiciones o derogaciones serán inválidas.
Artículo 49. LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO. El procedimiento del plebiscito o del referendo, se sujetará a las bases siguientes:
Para tal efecto, el Instituto deberá emitir un informe fundado y motivado a la ciudadanía. La suspensión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral en los términos que establezca la ley de la materia.
Artículo 50. LOS LÍMITES DEL PLEBISCITO Y DEL REFERENDO. Todo procedimiento del plebiscito o del referendo, se sujetará a los límites y condiciones siguientes:
Artículo 51. EL TRÁMITE PREFERENTE DE DOS O MÁS SOLICITUDES DE PLEBISCITO Y/O REFERENDO. Cuando se presenten dos o más solicitudes de plebiscito y/o de referendo, el Instituto las tramitará de la siguiente manera:
2. Su impacto en el desarrollo comunitario sustentable.
Artículo 52. LAS FORMAS ALTERNATIVAS DE ACCESO CIUDADANAS EN EL PLEBISCITO O EL REFERENDO. En el plebiscito o el referendo, los ciudadanos tendrán derecho a las siguientes opciones:
Artículo 53. EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO DE FIRMAS. El procedimiento preparatorio de firmas, se sujetará a las bases siguientes:
III. El Instituto dentro de los diez días siguientes calificará la procedencia del procedimiento, conforme a las bases siguientes:
1. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos que establece esta ley, el Instituto requerirá al representante de los solicitantes para que subsane la irregularidad dentro de los cinco días siguientes. Hecho lo cual, el Instituto resolverá sobre su procedencia.
2. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos que establece esta ley, el Instituto iniciará el procedimiento preparatorio de firmas de la manera siguiente:
a) Instrumentará una campaña de difusión para recabar las firmas ciudadanas necesarias, para que en su caso, proceda el plebiscito o el referendo, según se trate.
b) Establecerá el lugar o lugares donde los ciudadanos podrán adherirse a la solicitud de que se trate. En este caso, el Instituto recabará las firmas ciudadanas, previa consulta y/o cotejo respectivo.
c) El plazo para que los ciudadanos manifiesten su adhesión a la solicitud, no podrá exceder de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se instalen los lugares autorizados para recibir las firmas. El Instituto se encargará de computar este plazo y hacerlo saber a la ciudadanía en general.
IV. Para la instrumentación de la campaña de difusión, el Instituto deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Expedirá una convocatoria abierta para que la ciudadanía conozca el objeto de la solicitud del plebiscito o referendo. En este caso, los solicitantes podrán anexar un proyecto de convocatoria.
2. Organizará foros de información, de análisis y de discusión sobre el objeto de la solicitud del plebiscito o referendo.
3. Establecerá mecanismos confiables, objetivos y expeditos para recabar las firmas ciudadanas.
4. En la instrumentación de la campaña de difusión, podrán participar los ciudadanos solicitantes y la comunidad en general, en los términos previstos por esta ley.
V. Transcurrido el plazo para recibir las firmas ciudadanas, el Instituto declarará si procede o no el plebiscito o referendo.
Artículo 54. EL PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DIRECTA DE LAS AUTORIDADES. El procedimiento de suscripción directa de las autoridades, se sujetará a las bases siguientes:
Artículo 55. EL PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA Y/O INTERINSTITUCIONAL. El procedimiento de creación de la comisión ciudadana y/o interinstitucional, se sujetará a las bases siguientes:
Artículo 56. EL PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA. El procedimiento de la consulta ciudadana, se sujetará a las reglas siguientes:
Artículo 57. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL PLEBISCITO O DEL REFERENDO SE DECRETAN DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE. El Instituto decretará de oficio o a petición de parte, la improcedencia del procedimiento del plebiscito o referendo.
Artículo 58. LA IMPROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR SE DECRETA DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE. La autoridad competente que conozca de la iniciativa popular decretará de oficio o a petición de parte, su improcedencia.
Artículo 59. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL PLEBISCITO. Las causas de improcedencia del plebiscito son:
I. Cuando la decisión no sea trascendental para el orden público o interés social del estado o del municipio.
II. Cuando, en los casos en que la solicitud fuere realizada por ciudadanos, las firmas de apoyo no sean auténticas, los ciudadanos firmantes no estén inscritos en el listado nominal de electores o los datos vaciados en el escrito no concuerden con los datos registrados en la lista nominal de que se trate.
III. Cuando el objeto del plebiscito se haya consumado por haberse ejecutado el acto o decisión por la autoridad competente y, por tanto, no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad.
IV. Cuando la solicitud incumpla con los requisitos para ejercer el derecho de petición.
V. Cuando la solicitud incumpla con los requisitos que establece la presente ley.
VI. Cuando se trate de las materias siguientes:
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte por analogía o por disposición legal aplicable.
Artículo 60. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL REFERENDO. Las causas de improcedencia del referendo son:
I. En los casos en que la solicitud fuere realizada por ciudadanos, cuando las firmas de apoyo no sean auténticas, los ciudadanos firmantes no estén inscritos en la lista nominal de electores o los datos vaciados en el escrito no concuerden con los datos registrados en la lista nominal de que se trate.
III. Cuando la solicitud incumpla con los requisitos que establece la presente ley.
IV. Cuando se trate de las materias siguientes:
V. Cuando en el año en que se presente la solicitud tengan verificativo elecciones para la renovación de los cargos de elección popular del estado o del municipio, en el supuesto que prevé la fracción I del artículo 50 de esta ley.
VI. En los demás casos en que la improcedencia resulte por analogía o por disposición legal aplicable.
Artículo 61. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR. Las causas de improcedencia de la iniciativa popular son:
I. Cuando vaya directamente en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 62. LA NATURALEZA DE LOS PLAZOS. En los procedimientos del plebiscito, referendo e iniciativa popular, los plazos son improrrogables.
Artículo 63. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos se contarán por días hábiles, salvo que esta ley establezca los días naturales.
Artículo 64. EL PLAZO PARA LOS CASOS NO PREVISTOS. Cuando esta ley no fije plazo especial, el término será de tres días.
Artículo 65. LOS NOTIFICADORES. Las notificaciones durante los procedimientos del plebiscito o referendo, se realizarán por los empleados del Instituto que se comisionen de manera general o particular.
En el caso de la iniciativa popular las notificaciones se realizarán por los empleados de la autoridad competente que conozca de la iniciativa y que se comisionen de manera general o particular.
Artículo 66. EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS. Los ciudadanos que intervengan en el procedimiento del plebiscito o referendo designarán en su solicitud o en su primera diligencia o audiencia, su domicilio y un representante para oír y recibir toda clase de notificaciones y/o documentos, en el lugar donde resida el Instituto.
En el caso de la iniciativa popular, el interesado designará en su solicitud o en su primera diligencia o audiencia, su domicilio y un representante, en su caso, para oír y recibir toda clase de notificaciones y/o documentos, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.
Artículo 67. EL LUGAR PARA HACER NOTIFICACIONES. Las notificaciones se harán en el lugar que señalaron las partes o en el local del Instituto o de la autoridad competente, según se trate.
Artículo 68. LA FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES. Toda resolución se notificará por vía de oficio que se entregará en el lugar señalado por las partes o en forma personal.
El notificador hará constar la forma de la notificación.
Artículo 69. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA. El Instituto publicará diariamente una lista de acuerdos. En ella expresará el número del expediente, las partes, el procedimiento y el rubro del asunto acordado.
La lista se publicará el día laborable siguiente al día de la resolución, a más tardar, en la última hora laborable.
Artículo 70. LOS EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES. Las notificaciones surten efecto el mismo día que se hagan o el día que se recibieron en el domicilio señalado.
Las notificaciones por lista surten efecto al día siguiente laborable de su publicación, a menos que la resolución respectiva se hubiere notificado antes, en forma personal.
Reglas Complementarias del Plebiscito,
Artículo 71. LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda controversia del procedimiento del plebiscito, del referendo y de la iniciativa popular, será resuelta por el Tribunal Electoral de conformidad con la ley de la materia.
Artículo 72. EL ORDENAMIENTO LEGAL SUPLETORIO DEL PROCEDIMIENTO DEL PLEBISCITO, REFERENDO E INICIATIVA POPULAR. A falta de norma expresa, en el procedimiento del plebiscito, referendo e iniciativa popular se aplicarán en lo conducente las disposiciones relativas a las leyes electorales o de participación ciudadana en el estado.
No se aplicarán en el plebiscito o referendo las disposiciones de la ley electoral relativas al establecimiento de la figura jurídica de representantes de los partidos políticos o coaliciones, así como sus facultades, derechos y atribuciones.
Artículo 73. Para fijar el porcentaje ciudadano del plebiscito y del referendo se tomará en cuenta la lista nominal utilizada en el último proceso electoral.
El Instituto establecerá los mecanismos que estime conducentes para realizar el cotejo respectivo.
Artículo 74. EL CONCEPTO DE CONSULTA POPULAR. La consulta popular es el instrumento mediante el cual los habitantes coahuilenses emiten su opinión y/o propuestas de solución a asuntos de interés público o problemas comunitarios del lugar donde residan.
Artículo 75. LA CONSULTA POPULAR PUEDE SOLICITARSE POR LOS HABITANTES COAHUILENSES. La consulta popular podrá solicitarse por cien o más habitantes coahuilenses del lugar donde se ubique el asunto de interés público o el problema comunitario a consultar.
Artículo 76. LA SOLICITUD DE LA CONSULTA POPULAR. Toda solicitud para convocar a una consulta popular, debe reunir los requisitos siguientes:
I. Presentarse por escrito debidamente firmado por los solicitantes.
III. Dirigirse a la autoridad competente.
IV. Señalar el objeto, el procedimiento, la metodología y la forma de la consulta.
V. Precisar la fecha, el lugar y el formato mediante el cual se consultará a los habitantes coahuilenses.
Artículo 77. LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE LA CONSULTA POPULAR. La autoridad estatal o municipal competente resolverá sobre la procedencia de la consulta popular, bajo las reglas siguientes:
I. La autoridad de que se trate dentro de los veinticinco días siguientes resolverá la procedencia y, en su caso, expedirá la convocatoria.
II. Determinará el objeto, el procedimiento, la metodología y la forma de la consulta.
III. Determinará la fecha, el lugar y el formato mediante el cual se consultará a los habitantes coahuilenses.
IV. Según las disponibilidades presupuestales, la autoridad podrá concurrir con recursos financieros, materiales y humanos para coadyuvar en la ejecución de la consulta.
Artículo 78. LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA POPULAR. La consulta popular será convocada por los titulares de las dependencias y/o entidades competentes del gobierno estatal y/o municipal del lugar donde se lleve a cabo la consulta.
Artículo 79. EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA POPULAR. Toda convocatoria de consulta popular, deberá satisfacer los requisitos siguientes:
I. Precisar el objeto de la consulta, el procedimiento, la metodología y la forma de la consulta.
III. Ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como difundirse en los medios de comunicación oficiales. Para mayor divulgación, la convocatoria podrá publicarse y/o difundirse en los principales medios de comunicación o en los lugares de mayor afluencia.
IV. Los demás elementos de información que estime señalar el convocante.
Artículo 80. LAS FORMAS DE LA CONSULTA POPULAR. La consulta popular podrá realizarse a través de:
I. Consulta directa.
II. Entrevistas.
III. Encuestas.
IV. Sondeos de opinión.
V. Otros medios de consulta que resulten confiables.
Artículo 81. LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR. Los resultados de la consulta popular se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se difundirán en los medios de comunicación oficiales.
Artículo 82. LOS EFECTOS DE LA CONSULTA POPULAR. Los resultados de la consulta popular no tendrán carácter vinculatorio. Sólo serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante.
Artículo 83. EL CONCEPTO DE COLABORACIÓN COMUNITARIA. La colaboración comunitaria es el instrumento mediante el cual los habitantes coahuilenses coadyuvan con las funciones de los gobiernos estatal y/o municipal.
Artículo 84. LAS FORMAS DE COLABORACIÓN COMUNITARIA. Los habitantes coahuilenses podrán coadyuvar con los gobiernos estatal y/o municipal, mediante la aportación de recursos económicos, materiales, humanos o a través de cualquier otra forma de colaboración o de ayuda mutua corresponsable.
Artículo 85. LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN COMUNITARIA. Toda solicitud de colaboración deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Presentarse por escrito, debidamente firmada por los solicitantes.
IV. Señalar el objeto y forma de la colaboración.
Artículo 86. LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN COMUNITARIA. La autoridad estatal o municipal resolverá sobre la procedencia de la colaboración comunitaria, bajo las reglas siguientes:
I. La autoridad de que se trate dentro de los veinticinco días siguientes resolverá sobre la procedencia y, en su caso, la forma, modalidad y el calendario de la colaboración comunitaria.
III. Según las disponibilidades presupuestales, la autoridad de que se trate concurrirá con recursos financieros, materiales y humanos para coadyuvar en la ejecución de los actos que se realicen por colaboración comunitaria.
Artículo 87. LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE COLABORACIÓN COMUNITARIA. En todo caso, la autoridad estatal y/o municipal convocarán a sus habitantes para colaborar con ellas en los términos que se les indiquen.
Artículo 88. EL CONCEPTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. La audiencia pública es el derecho de los habitantes coahuilenses para que las autoridades competentes de los gobiernos estatal o municipal, los reciban para tratar asuntos de interés público.
Artículo 89. EL OBJETO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. La audiencia pública tendrá por objeto que los habitantes coahuilenses:
I. Propongan la implementación de programas, acuerdos y/o la realización de actos concretos para el mejor ejercicio de la función pública.
III. Traten asuntos de interés público de la comunidad en que residan.
I. Los Consejos de Participación Ciudadana y Comunitaria.
III. Los habitantes coahuilenses.
Artículo 91. LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA. Toda solicitud de audiencia pública deberá reunir los requisitos siguientes:
III. Dirigirse a la autoridad competente para conocer del asunto a tratar.
IV. Señalar el objeto de la audiencia.
Artículo 92. LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA. La autoridad estatal o municipal resolverá la solicitud de audiencia pública, bajo las reglas siguientes:
I. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la misma.
III. La audiencia se llevará a cabo preferentemente en el lugar donde residan los habitantes interesados, en forma verbal o escrita.
Artículo 93. LA CONVOCATORIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. La audiencia pública podrá ser convocada por el titular de la dependencia o entidad de los gobiernos estatal y/o municipal, según se trate.
Artículo 94. EL DESAHOGO Y TRÁMITE DE RESPUESTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. En la audiencia pública, los habitantes interesados expresarán libremente ante las autoridades competentes sus peticiones, propuestas o quejas.
I. En su caso, el plazo en que el asunto será analizado.
III. La factibilidad de atender su petición.
Artículo 95. LA RESOLUCIÓN INMEDIATA DEL ASUNTO. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, las autoridades estatales o municipales instrumentarán lo necesario para la resolución inmediata del asunto planteado, designando para tal efecto al servidor público responsable de su ejecución.
Artículo 96. LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ÓRGANOS CIUDADANOS DE INTERÉS PÚBLICO Y DE REPRESENTACIÓN COMUNITARIA. Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos ciudadanos de interés público, que tienen por objeto representar a los intereses de sus miembros como integrantes de la comunidad coahuilense ante los gobiernos estatal y municipal.
Artículo 97. EL OBJETO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los Consejos de Participación Ciudadana tienen por objeto:
I. La organización ciudadana de los electores coahuilenses.
Artículo 98. EL DERECHO PREFERENTE A PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA DEL ESTADO O DEL MUNICIPIO. Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana tendrán los derechos preferentes siguientes:
I. Para desempeñar los cargos de representación o dirección de los diversos sectores de la comunidad en los órganos de gobierno, de dirección, de asesoría, de consulta o de cualquier otra naturaleza, que formen parte de las dependencias o entidades del gobierno estatal o municipal.
II. Para desempeñar, en los términos de las disposiciones aplicables, los cargos de los Concejos Municipales.
III. Para participar en los diversos programas oficiales, en los consejos de obra pública, en la aportación de recursos y demás actividades ciudadanas que el gobierno estatal o municipal instrumenten para tal efecto.
Artículo 99. LA COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y/O MUNICIPAL. Para lograr la coordinación eficaz con la autoridad, los Consejos de Participación Ciudadana u otros órganos de naturaleza similar previstos en otros ordenamientos, quedarán adscritos a la dependencia o entidad del gobierno estatal o municipal respectiva, según la materia o política pública determinada.
Los Consejos de Participación Ciudadana u órganos de naturaleza similar previstos en otros ordenamientos, a través de la Secretaria de Gobierno, se coordinaran con la entidad o dependencia pública estatal estrictamente pertinente y competente, para el cumplimiento preciso de sus objetivos.
Artículo 100. LA GARANTÍA DE ASOCIACIÓN O REUNIÓN LIBRE CON FIN LÍCITO. En ningún caso, la integración o el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana afectará el ejercicio del derecho de los individuos a asociarse o reunirse libremente con fin lícito.
Artículo 101. LA GARANTÍA DE COADYUVANCIA DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y/O MUNICIPAL. Los gobiernos estatal y/o municipal coadyuvarán con los ciudadanos y las asociaciones u organizaciones coahuilenses para la integración, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana.
Artículo 102. LA GARANTÍA DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los gobiernos estatal y/o municipal, a través de sus órganos de control, estarán facultados en todo momento para fiscalizar todo recurso público y/o proveniente de los particulares que ejerza el Consejo de Participación Ciudadana, para determinar el funcionamiento lícito de la asociación u organización, cualesquiera que sea su denominación.
La Integración y el Funcionamiento de los Consejos
Artículo 103. LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los ciudadanos electores coahuilenses, por sí o a través de alguna asociación u organización social, civil, no gubernamental o cualquier otro grupo de la comunidad que resida en el estado, podrán constituir los Consejos de Participación Ciudadana, conforme a las bases siguientes:
I. Se integrarán por materia o política pública determinada de acuerdo con los niveles de representación siguientes:
III. En la integración y funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana, las asociaciones u organizaciones deberán observar los lineamientos democráticos siguientes:
IV. Cada Consejo de Participación Ciudadana contará con una mesa directiva, que será su órgano de representación. La mesa directiva se constituirá de la manera siguiente:
V. El número mínimo de integrantes para constituir los consejos, se sujetará a las bases siguientes:
VI. Los Consejos de Participación Ciudadana, previo acuerdo entre ellos, podrán dividirse o fusionarse. El Instituto certificará la división o fusión de que se trate.
Artículo 104. EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La constitución de los Consejos de Participación Ciudadana, se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Los ciudadanos electores coahuilenses presentarán una solicitud ante el Instituto, la cual deberá reunir los requisitos siguientes:
4. Señalar el objeto, la denominación y demás elementos que identifiquen al Consejo de Participación Ciudadana.
II. El Instituto, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, podrá verificar los requisitos de la solicitud, bajo las reglas siguientes:
3. Si no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para que dentro de los quince días siguientes cumplan con el requisito o requisitos omitidos.
III. Para las subsecuentes renovaciones de la mesa directiva, se observarán las mismas reglas previstas en la fracción que antecede bajo las modalidades siguientes:
IV. Los ciudadanos electores coahuilenses podrán en cualquier momento formar parte de los Consejos de Participación Ciudadana conformados. Para tal efecto, presentarán su solicitud ante el Instituto y deberán acompañar los documentos que acrediten los requisitos siguientes:
V. El Instituto llevará un registro de los Consejos de Participación Ciudadana y de sus miembros. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público.
VI. El Instituto se encargará en forma permanente de vigilar, evaluar y certificar que los Consejos de Participación Ciudadana se integren y funcionen en los términos que establece esta ley.
Artículo 105. LAS FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Las funciones de los Consejos de Participación Ciudadana serán de gestión ciudadana ante la autoridad competente y únicamente representarán los intereses de sus miembros.
Artículo 106. EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El Consejo de Participación Ciudadana funcionará en asamblea o a través de su mesa directiva.
Artículo 107. LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La asamblea del consejo sólo funcionará en los casos siguientes:
III. Cuando se decida sobre la separación de alguno de los miembros del consejo.
IV. Cuando se convoque por la mesa directiva o el treinta por ciento de los integrantes del consejo.
Artículo 108. LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La mesa directiva funcionará de la manera siguiente:
I. Para la toma de decisiones funcionará colegiadamente, sea en pleno con sus siete miembros o mediante comisiones que podrán crear con los integrantes de la mesa directiva o del consejo.
III. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría. El presidente tendrá voto de calidad.
IV. De toda sesión de la mesa directiva se levantará el acta correspondiente por conducto de su secretario. Las actas deberán ser firmadas por el presidente de la mesa directiva y el secretario.
Artículo 109. LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los miembros de la mesa directiva se desempeñarán de la manera siguiente:
I. El presidente será el representante del consejo y se encargará de coordinar los trabajos, convocar a las reuniones, por sí o a solicitud del treinta por ciento de los integrantes del consejo y promover, ejecutar e instrumentar la coordinación del consejo con otros consejos y/o con las autoridades.
III. El tesorero se encargará de administrar los recursos del consejo.
IV. Los comisarios se encargarán de la supervisión, vigilancia y fiscalización de las funciones del consejo.
Artículo 110. EL ESTATUTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Cada uno de los Consejos de Participación Ciudadana funcionarán en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 111. LA OBLIGACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE INFORMAR SOBRE SUS ACTIVIDADES. La mesa directiva deberá informar por lo menos dos veces al año de todas sus actividades y decisiones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
Artículo 112. LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Son derechos de los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana los siguientes:
I. Formar parte de la mesa directiva, previa designación de los miembros del consejo en los términos que establece esta ley.
III. Participar en los trabajos, actividades y deliberaciones de la mesa directiva.
IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del consejo y su mesa directiva.
V. Ser informados sobre los trabajos, actividades y decisiones de la mesa directiva.
VI. Las demás que establezcan esta ley u otras disposiciones aplicables.
Artículo 113. LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Son obligaciones de los miembros de los Consejos de Participación Ciudadana las siguientes:
I. Consultar a los habitantes y ciudadanos a los que representan.
II. Representar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno.
III. Promover la organización y participación ciudadana.
IV. Cumplir las decisiones de la mesa directiva del consejo.
V. Asistir a las reuniones de la mesa directiva del consejo.
VI. Participar en los trabajos de las comisiones a las que pertenezcan.
VIII. Las demás que establezcan esta ley u otras disposiciones aplicables.
Artículo 114. LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA. Son causas de responsabilidad ciudadana de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, las siguientes:
I. Faltar sin causa justificada a más de tres sesiones consecutivas de la asamblea, de la mesa directiva o de las comisiones a las que pertenezcan.
II. Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que realice en el ejercicio de sus funciones.
III. Incumplir con las funciones que le correspondan.
IV. Incumplir de manera grave con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 115. EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA. Toda responsabilidad ciudadana se sujetará al procedimiento siguiente:
I. El presidente de la mesa directiva tramitará de oficio o a petición de parte el procedimiento.
II. Se le dará vista por escrito al presunto infractor de la causa o causas que originan el procedimiento.
III. Se desahogará una etapa de audiencia de pruebas y alegatos.
IV. Se presentará el asunto a la asamblea o la mesa directiva, para que decida lo que conforme a derecho proceda.
V. Podrán imponerse las sanciones de apercibimiento, amonestación, multa, suspensión de derechos dentro del consejo y la separación.
VI. La decisión de separación sólo será acordada por las dos terceras partes de los miembros de la asamblea o de la mesa directiva. En los demás casos bastará la mayoría de votos.
VII La resolución de responsabilidad ciudadana podrá ser impugnada por el afectado ante el Instituto.
Artículo 116. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUADANA. Cuando un miembro del Consejo de Participación Ciudadana dejare de cumplir con cualesquiera de los requisitos que para ser miembro del consejo establece esta ley, la mesa directiva comprobará tal circunstancia y suspenderá provisionalmente los derechos que tiene el ciudadano dentro del consejo hasta en tanto se levante la causa de la suspensión.
Esta resolución de suspensión provisional deberá comunicarse al Instituto.
Artículo 117. LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. Cada secretaría del ramo de la administración pública estatal contará en forma permanente con un Consejo de Participación Comunitaria, conforme a las bases siguientes:
I. Será un órgano de consulta en el ejercicio de las funciones públicas de cada secretaría.
III. Los cargos serán honoríficos.
IV. Conocerán y analizarán las diversas actividades, programas y funciones que ejerza la secretaría.
V. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno vigilará que en cada secretaría del ramo funcione el Consejo de Participación que corresponda.
Artículo 118. LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Los municipios contarán con sus Consejos de Participación Comunitaria en los términos que establezcan sus reglamentos.
En todo caso, los municipios deberán garantizar la participación y organización vecinal.
Artículo 119. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN PARA LA AGENDA COMUNITARIA ESTATAL. El Consejo de Participación para la Agenda Comunitaria Estatal, se conformará de la manera siguiente:
I. Un coordinador, que será el titular de la Secretaría de Gobierno.
III. Cinco habitantes coahuilenses con conocimientos en los temas comunitarios, designados por el Instituto a través de convocatoria pública.
Artículo 120. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN PARA LA AGENDA COMUNITARIA MUNICIPAL. Cada Ayuntamiento integrará un Consejo de Participación para la Agenda Comunitaria Municipal, conforme a las bases siguientes:
I. Se garantizará la representación de habitantes coahuilenses con conocimientos en los temas comunitarios.
II. Se garantizará la representación interinstitucional de las entidades y dependencias del municipio relacionadas con el desarrollo sustentable y la calidad de vida.
III. El consejo contará con un coordinador que será el Secretario del Ayuntamiento respectivo y se integrará además por cinco directores de la administración pública municipal y cinco ciudadanos designados por el cabildo mediante convocatoria pública.
IV. Cada uno de los miembros del consejo contará con un suplente que será designado por él y quien lo sustituirá en sus ausencias.
V. Los cargos que desempeñen los integrantes del consejo serán honoríficos. Sus miembros por ese motivo no percibirán remuneración alguna.
Artículo 121. LAS REGLAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. El funcionamiento de los Consejos de Participación Comunitaria previstos en esta sección, se sujetará a las bases siguientes:
I. Se reunirán de manera trimestral, sin perjuicio de reunirse en forma extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria de su presidente o coordinador o de la mayoría de sus integrantes.
III. Podrán asistir a las sesiones que celebre el consejo, otras personas con amplia experiencia y conocimientos reconocidos en cualquier tema relacionado con el objeto de la reunión, los cuales participarán en ellas con voz, pero sin voto.
IV. De toda sesión del consejo se levantará el acta respectiva a través del secretario del consejo. Las actas deberán contener una síntesis del asunto a tratar y el punto o puntos acordados. Se resguardarán por la secretaría del consejo.
V. El presidente, el coordinador o quien deba de suplirlos presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión y, finalmente, someterá a votación los asuntos correspondientes.
Artículo 122. EL ESTATUTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Cada uno de los Consejos de Participación Comunitaria previstos en este capítulo, expedirá su estatuto que regulará su organización y funcionamiento.
Artículo 123. LA GARANTÍA DE ASOCIACIÓN O REUNIÓN LIBRE CON FIN LÍCITO. En ningún caso, la integración o el funcionamiento de los Consejos de Participación Comunitaria afectará el ejercicio del derecho de los habitantes coahuilenses a asociarse o reunirse libremente con fin lícito.
En todo caso, los individuos asociados o reunidos en forma distinta, podrán ejercer sus derechos fundamentales en los términos que establezcan las leyes.
TÍTULO DÉCIMO2
Artículo 124. EL REGLAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO. El Poder Legislativo del Estado, en el ámbito de su competencia, emitirá un reglamento para regular, conforme a esta ley, la iniciativa popular en materia legislativa, la consulta popular, la colaboración comunitaria, la audiencia pública y demás instrumentos de participación que le corresponda instrumentar para garantizar la participación ciudadana y comunitaria en su vida pública.
Artículo 125. EL REGLAMENTO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO. El Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, emitirá un reglamento para regular, conforme a esta ley, la agenda comunitaria estatal, la iniciativa popular en materia administrativa, la consulta popular, la colaboración comunitaria, la audiencia pública, los Consejos de Participación Comunitaria Estatal y demás instrumentos de participación que le corresponda instrumentar para garantizar la participación ciudadana y comunitaria en su vida pública.
Artículo 126. EL REGLAMENTO DE LOS MUNICIPIOS. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, emitirán un reglamento para regular, conforme a esta ley, la agenda comunitaria municipal, la iniciativa popular en materia municipal, la consulta popular, la colaboración comunitaria, la difusión pública, la audiencia pública, los Consejos de Participación Comunitaria Municipal y demás instrumentos de participación que les corresponda diseñar para garantizar la participación ciudadana y comunitaria en su vida pública.
Artículo 127. EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO. El Instituto emitirá un reglamento para regular el procedimiento del plebiscito y referendo y los Consejos de Participación Ciudadana, en los términos que establece esta ley.
Artículo 128. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS. Para elaborar los reglamentos, las autoridades podrán organizar talleres, foros, consultas o cualquier otro mecanismo, a fin de que los ciudadanos interesados participen en los términos que establece esta ley.
Artículo 129. EL PRINCIPIO DE CORRECCIÓN Y AYUDA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS O COMUNITARIAS. Cuando las solicitudes presentadas por los ciudadanos o habitantes coahuilenses sean oscuras, vagas o incompletas, la autoridad correspondiente mandará aclarar la solicitud para que los solicitantes subsanen las irregularidades; pero en todo caso, deberá analizar la solicitud en su conjunto bajo el principio de exhaustividad.
En todo caso, los ciudadanos o habitantes coahuilenses podrán acudir al Instituto o a la autoridad estatal o municipal que le corresponda la materia de participación ciudadana, para que le presten el apoyo, asesoría y auxilio necesario.
Artículo 130. EL PRINCIPIO DE ATENCIÓN DE UN ASUNTO DE INCOMPETENCIA. Cuando los ciudadanos o habitantes coahuilenses presenten o traten un asunto que no es de la competencia de la autoridad a quien se dirigen, la misma deberá enviar el asunto sin demora a las autoridades que estime competentes para tramitar o resolver la petición comunitaria.
Artículo 131. EL PRINCIPIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN. Toda entidad u organismo público deberá instrumentar los mecanismos necesarios, para que los ciudadanos y habitantes coahuilenses tengan acceso al derecho a la información en los términos de la ley aplicable.
ARTÍCULO 132. DE LA EQUIDAD Y GÉNERO. Si por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia un texto legal usa el género masculino, esa ley deberá ser interpretada en sentido igualitario para hombre y mujeres, de modo que éstas y aquéllos puedan adquirir toda clase de derechos y contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos.
Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a los ochenta días naturales siguientes de la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.
Artículo Segundo. Dentro de los 280 días siguientes de entrar en vigor esta ley, el Congreso del Estado, el Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y el Instituto deberán expedir los reglamentos que correspondan.
Artículo Tercero. El Congreso del Estado, el Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y el Instituto, en forma separada o conjunta, instrumentarán los mecanismos de difusión de esta ley.
Artículo Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes de entrar en vigor esta ley, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno se encargará de integrar el Consejo de Participación para la Agenda Comunitaria Estatal.
Dentro de los 180 días siguientes de entrar en vigor esta ley, los Ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal se encargará de integrar el Consejo de Participación para la Agenda Comunitaria Municipal.
Artículo Quinto. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno se encargará de coordinar un programa de sectorización y coordinación de las organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales o cualquier otro grupo de la sociedad organizada en el estado que participe en asuntos de interés público, para coordinar sus esfuerzos con la entidad y/o dependencia pública estatal que corresponda.
Los Ayuntamientos, a través de sus instancias correspondientes, procederán conforme al párrafo que antecede en lo que respecta a sus órganos de participación ciudadana y vecinal en materia municipal.
Artículo Sexto. Dentro de los 300 días siguientes de entrar en vigor esta ley, el Instituto elaborará el Programa de la Cultura de Participación Ciudadana y Comunitaria.
Artículo Séptimo. Los reglamentos a que se refiere el artículo 105 de la presente ley, deberán expedirse por los ayuntamientos en el ámbito de su competencia dentro de noventa días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, el día primero de noviembre del año dos mil uno.
DECRETO NÚM. 534 PUBLICADO
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la fracción I del artículo 8, el artículo 39, las fracciones IV y V del artículo 42, los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la fracción II del artículo 43, las fracciones I y III, incluyendo sus numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo 44; los numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción II del artículo 45, el párrafo primero del artículo 46, el párrafo segundo del artículo 66 y el párrafo primero del artículo 73; se derogan los artículos 41, la fracción IV del artículo 43; las fracciones II y V y el numeral 4 de la fracción III del artículo 44, la fracción IV del artículo 45, el párrafo segundo del artículo 46, el párrafo segundo del artículo 58, la fracción III del artículo 61 y el párrafo tercero del artículo 66 y se adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan el presente Decreto.
Dado en el Salón de sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a tres de junio de dos mil ocho.
DECRETO NÚM. 243, PUBLICADO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el contenido de la fracción I del artículo 25; y la fracción I del artículo 33, de la Ley de Participación Ciudadana para Estado de Coahuila de Zaragoza.
Segundo.- Las solicitudes de plebiscito o referendo que se hayan iniciado previo a la vigencia de este decreto, se resolverán conforme a los porcentajes de la lista nominal de electores aplicables a cada caso establecidos en esta ley antes de la entrada en vigor de estas reformas.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.
1. y 2 El orden de Título Décimo no es continuo, sin embargo, se dejó el orden contenido en la Ley No. 92 publicada el 16 de noviembre de 2001, a efecto de evitar mal interpretación en el contenido y los Títulos subsecuentes. Hasta la fecha no se ha publicado fe de erratas al respecto.

References: Artículo 1
 artículo 27
 artículo 136

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 3

Artículo 8
 artículo 4
 artículo 5

Artículo 9
 artículo 4
 artículo 5

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 119

Artículo 18
 artículo 120

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 resolución 

Artículo 29

Artículo 30
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Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35
 resolución 

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 resolución 

Artículo 44
 artículo 42
 artículo 42
 resolución 

Artículo 45
 artículo 42
 artículo 42

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60
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Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68
 resolución 

Artículo 69

Artículo 70
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Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 RESOLUCIÓN 
 resolución 

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115
 resolución 

Artículo 116
 resolución 

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

ARTÍCULO 132
 artículo 105
 artículo 8
 artículo 39
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 66
 artículo 73
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 66
 artículo 42
 artículo 25
 artículo 33