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Timestamp: 2019-10-20 21:57:20+00:00

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﻿ Sentencia C-318 de abril 24 de 2003
SENTENCIA C-318 DE 24 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:DERECHOS DEL NIÑO. SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 765 DE 2002 Y LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA, ADOPTADO EN NUEVA YORK, EL 25 DE MAYO DE 2000.
Sentencia C-318 de abril 24 de 2003
Sentencia C-318 de 2003
Ref.: Expediente LAT-228
Revisión constitucional de la Ley 765 de 2002, “por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía”, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)”.
EXTRACTOS: «II. El ordenamiento objeto de revisión
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44.889 de 5 de agosto de 2002:
“Ley 765 de 2002
“Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.
Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme du Protocole facultatif á la Convention relative aux droits de l''enfant, concernant la vente d''enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scéne des enfants, adopté par l''Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, et dont l''original se trouve déposé auprés du Secrétaire général des Nations Unies.
2. Análisis formal del protocolo y la ley aprobatoria.
2.1. Negociación y suscripción del protocolo.
En el presente caso, según consta en el oficio OAJ. CAT. Nº 32663 de 3 de septiembre de 2002 enviado a la secretaria general de la Corte Constitucional por el doctor Héctor Adolfo Sintura Varela, jefe oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 224-225) “[e]l protocolo fue suscrito a nombre de la República de Colombia, por el doctor Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, el día 6 de septiembre de 2000 durante la Cumbre del Milenio, quien de acuerdo con la Convención de Viena del derecho de los tratados, no requería de la exhibición de plenos poderes para el efecto”.
2.2. Trámite de la ley aprobatoria.
El proyecto de la ley aprobatoria en estudio fue presentado el 24 de julio de 2001 ante el Senado de la República (fls. 127, 169) por el Gobierno Nacional, por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, y de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo, radicado con el Nº 32 de 2001 Senado, y se publicó, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Nº 363 del 2 de agosto de 2001 (fls. 165-169), antes de darle curso en la comisión respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, numeral 1º, de la Constitución Política.
La ponencia para primer debate ante la comisión segunda de tal corporación correspondió a los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Rafael Orduz Medina y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 510 del 9 de octubre de 2001 (fls. 170-171). Dicha comisión le impartió su aprobación con una mayoría de 10 votos, de los 13 miembros de la misma, el 24 de octubre de 2001, como consta en las certificaciones expedidas por el secretario general del Senado y el secretario de la comisión segunda del mismo (fls. 31, 45-46).
La plenaria del Senado de la República dio segundo debate al proyecto de ley, con ponencia de los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Rafael Orduz Medina, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 564 del 8 de noviembre de 2001, y lo aprobó en la sesión del 20 de noviembre de 2001 con una mayoría de 89 senadores, como consta en la certificación expedida por el secretario general del Senado (fl. 31).
El proyecto se radicó en la Cámara de Representantes con el Nº 174 de 2001 Cámara. La ponencia para primer debate correspondió al representante Álvaro Jobanny Gómez Jaramillo y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 126 del 22 de abril de 2002 (fls. 200-202). La comisión le impartió su aprobación el 15 de mayo de 2002 por unanimidad con la asistencia de 12 representantes, según certificación suscrita por el secretario correspondiente (fls. 238-239).
El segundo debate se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes, con ponencia de Álvaro Jobanny Gómez Jaramillo, publicada en la Gaceta Nº 205 del 5 de junio de 2002 (fls. 212-213) y fue aprobado en la sesión del 18 de junio de 2002 con el voto favorable de 147 representantes, como consta en la certificación expedida por el secretario general de dicha corporación (fl. 236).
En la tramitación indicada se cumplió la exigencia contenida en el artículo 160 de la Constitución Política, en el sentido de que entre el primero y el segundo debates debe mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos quince (15) días.
En el cómputo de estos términos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en virtud del cual “todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas mesas directivas”.
Así mismo, en dicha tramitación se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 156 y 157 de la mencionada ley, en cuanto la iniciación del primer debate en ambas cámaras tuvo lugar después de la publicación de las ponencias respectivas en la Gaceta del Congreso.
El Presidente de la República sancionó la ley el día 31 de julio de 2002 y el texto del protocolo, junto con el de aquélla, fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 5 de agosto de 2002, o sea, dentro del término establecido en el artículo 241-10 superior.
3. Análisis material del protocolo y la ley aprobatoria.
Protección especial de los menores.
3.1. La Constitución Política contempla en su artículo 44 con carácter especial y prevalente los derechos fundamentales de los niños y señala que “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” y que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Adicionalmente a este precepto, el artículo 45 superior contempla que “el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral”.
Las razones básicas de esta protección a los niños y a los adolescentes son: i) el respeto de la dignidad humana que, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado social de derecho colombiano; ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto natural como social, y, iii) el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos.
La citada Convención sobre los derechos del niño establece en sus artículos 34 y 35:
3.3. Según un informe de la oficina en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef:
“Situación general: Los niños de Colombia son las principales víctimas de la violencia y de la crisis política e institucional del país. Los derechos de los niños son violados constantemente. Según la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, hoy la población colombiana llega a 40.214.723 habitantes. De ellos el 41.5% es decir, 16.722.708 son menores de 18 años, de ellos:
“En Colombia hay 18’000.000 de personas menores de 18 años y las investigaciones desarrolladas en el país estiman cifras que van desde considerar que hay 4.477 mujeres menores de 20 años ejerciendo la prostitución (Censo de la Policía Nacional, 1997) hasta plantear que existen 35.000 niños(as) vinculados(as) a esta práctica (estimación del DAS y la Interpol, 1998) pasando por una cifra media de 20.000 niños(as) explotados(as) sexualmente (Fundación Renacer, 1997).
“Todas las fuentes coinciden en afirmar que el ingreso de niños y niñas a la prostitución es cada día mayor. Igualmente se plantea que las edades de vinculación a la prostitución son cada vez más tempranas, encontrando por reportes de historias de vida niños(as) que empezaron a ser explotados(as) sexualmente desde los 9 años. Esta situación se ha visto incrementada por la creencia falsa de que los niños y niñas tienen menos posibilidades de tener enfermedades de transmisión sexual y por el miedo de los adultos abusadores a contraer VIH/SIDA”.
“La explotación sexual comercial, sea bajo formas de turismo sexual o en ámbitos de prostitución urbana, ha verificado altas tasas de ocupación infantil. En Brasil, Paraguay, Colombia y República Dominicana se ha constatado la importancia de esta violación criminal —en el sentido legal del término— de los derechos de niños y niñas, aunque existe evidencia de que la dimensión real del mismo es de mayor envergadura.
“Cada año, al menos seis millones de personas menores de 18 años son víctimas de agresión física severa y de éstas 85.000 mueren a causa de la violencia intrafamiliar. Las investigaciones existentes muestran que el abuso sexual comienza tan temprano como a los cinco años de edad, y aumenta significativamente entre los cinco y los nueve años. La información de distintos países es coincidente también en que entre un 70% y un 80% de las víctimas son niñas; en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y, en un 75% de los casos, son familiares directos de los niños y niñas de los que abusan”.
También, en el informe provisional preparado por la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, contenido en el documento A/51/456 de 1996 de la Organización de las Naciones Unidas, que se cita en la exposición de motivos de la ley aprobatoria del protocolo bajo examen, se expresa, en relación con las causas de aquéllas y las características de las víctimas:
“A. Causas.
“1. Las víctimas.
“16. Así mismo, la frecuencia creciente con que se recurre a la fuerza o al rapto para arrastrar a los niños a las redes de explotación y abuso entraña una amenaza grave para los niños que no pertenecen a grupos marginales”.
Disposiciones específicas del protocolo.
El artículo 1º establece que los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, las cuales se definen en el artículo 2º.
Los artículos 3º y 4º disponen que los Estados Partes adoptarán medidas para que las conductas señaladas en el mismo sean incluidas, como un mínimo, en su legislación penal y para hacer efectiva su jurisdicción respecto de dichos delitos y establecen que las disposiciones del protocolo no excluyen el ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional.
El artículo 5º preceptúa que los mencionados delitos se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes o que éstos celebren en el futuro. Señala que la extradición estará sujeta a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. Agrega que en caso de que el Estado requerido no conceda la extradición, adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento.
Esta disposición guarda armonía con la consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1º de 1997, que estatuye que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley, con restricción respecto de los colombianos por nacimiento por delitos cometidos en el exterior y con exclusión de la extradición por delitos políticos y cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la norma constitucional.
El artículo 6º establece que los Estados partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con la investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se adelanten en relación con los mencionados delitos.
El artículo 7º estipula que, con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda, los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer o facilitar la comisión de los mencionados delitos y las utilidades obtenidas de los mismos y darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se proceda a la incautación o confiscación de dichos bienes y utilidades.
Respecto del contenido de esta disposición es necesario considerar que la Constitución Política establece en su artículo 34:
“No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.
“Ha sido también abundante la jurisprudencia en que la Corte Constitucional (1) ha examinado las diferencias existentes entre la confiscación y el comiso o decomiso penal, al tiempo que ha caracterizado a este último como una modalidad de la extinción del dominio que el constituyente de 1991 autoriza en forma expresa en el artículo 34 de la Carta, respecto de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, y a la cual, de acuerdo a la norma superior también hay lugar tratándose de los obtenidos “en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.
(1) Cfr. sentencias 73, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein y 66 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández, entre otras.
“Así, por ejemplo, en la Sentencia C-176 de 1994 (2) , con ponencia del honorable magistrado Alejandro Martínez Caballero, esta Corte consignó una juiciosa síntesis acerca del pensamiento del constituyente de 1991 sobre esta materia:
(2) Cfr. supra 8.
“Esta institución que según los antecedentes se instituyó como “retaliación política contra los cabecillas de revueltas civiles” fue abolida en nuestro ordenamiento constitucional desde el año de 1830 cuando en la Constitución de esa época se incluyó en el artículo 148 una disposición en ese sentido dejando claro que la abolición de la confiscación de bienes no comprendía la de comisos o multas en los casos que determinara la ley. Esta norma se reiteró en las constituciones de 1832 (art. 192) y en la de 1843 (art. 161). Posteriormente en el ordenamiento de 1858 aparece prohibida en el artículo 56, en la Carta de 1863 en el artículo 15, en la de 1886 en el artículo 34 y en la Constitución hoy vigente en el artículo 34.
“En cambio el comiso o decomiso no está prohibido por la Constitución y por el contrario se autoriza como sanción penal limitada a los bienes producto del ilícito como a los efectos que provengan de su ejecución (3) .
(3) Corte Constitucional. Sentencia C-076-93 del 25 de febrero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. Sobre esta misma distinción, ver también la Sentencia T-460 de 1992 del 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 3, pág. 459 y ss. Igualmente la Sentencia T-568 de 1992 del 23 de octubre de 1992. José Gregorio Hernández Galindo del 23 de octubre de 1992 en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 6, pág. 568.
“Como vemos, la distinción entre la confiscación y el decomiso es clara. Es pues lógico que la Carta colombiana, en la medida en que protege la propiedad, prohíba la confiscación, por cuanto ésta implica la privación arbitraria, sin ninguna compensación o equivalencia, de la propiedad de una persona. En cambio la Constitución admite formas de decomiso ya que esta figura no vulnera el derecho de propiedad, tal como éste es concebido y desarrollado en un Estado social de derecho (C.P., art 1º). En efecto, es claro que la Constitución protege la propiedad sólo en la medida en que ella haya sido adquirida “con arreglo a las leyes civiles” y cumpla con las obligaciones que derivan de las funciones social y ecológica que le son inherentes (C.P., art 58). Es perfectamente lógico entonces que nuestro ordenamiento admita la extinción del dominio en beneficio del Estado de bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido utilizados para la comisión de delitos, como se desprende del inciso segundo del artículo 34 superior.
“Pero, destaca la Corte, la Constitución, en este inciso amplió el campo específico de las formas de decomiso, ya que esta extinción de dominio puede recaer no sólo sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito sino también sobre aquellos que sean obtenidos “en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”. Esto significa que, conforme al ordenamiento colombiano, la Constitución autoriza tres formas de extinción de dominio, que desbordan el campo tradicional del decomiso, a saber: de un lado, de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito; de otro lado, de los bienes adquiridos en perjuicio del tesoro público; y, finalmente, de aquellos bienes adquiridos con grave deterioro de la moral social.
“Sin embargo, destaca la Corte, para que esta extinción de dominio opere se requiere que exista un motivo previamente definido en la ley (C.P., art 29) y que ella sea declarada mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado la plenitud de las formas del juicio (C.P., arts. 29 y 34)” (4) .
(4) Sentencia C-677 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
Por consiguiente, por estar prohibida la confiscación en el ordenamiento constitucional colombiano, debe entenderse en forma clara que el artículo 7º del protocolo trata únicamente del comiso o decomiso penal, por lo cual el Gobierno Nacional al ratificar aquél deberá emitir una declaración interpretativa en ese sentido.
Por esta razón, la Corte no acoge el concepto del señor Procurador General de la Nación respecto del punto, en el sentido de que se declaren inexequibles los apartes “y confiscar”, contenido en el literal a) de dicho artículo, y “o confiscación”, contenido en el literal b) del mismo.
Esta corporación ha aplicado el mismo criterio en anteriores oportunidades. Así, en la Sentencia C-288 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, expresó:
“(...) Es claro que la expresión “confiscación” no tiene alcance distinto que el de, como lo dice el texto del tratado, “cualquier medida en firme adoptada por un tribunal o autoridad competente, que tenga como resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o instrumentos del delito de lavado de activos”, y no puede asimilarse a la pena de confiscación prohibida en la Constitución. En ese contexto, la disposición del tratado, no obstante el equívoco empleo de la expresión “confiscación”, es perfectamente compatible con lo previsto en el artículo 34 de la Carta, que prohíbe la pena de confiscación, pero dispone que, “no obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro o con grave deterioro de la moral social””.
“Una interpretación exegética del término “confiscación”, al encontrarse esta figura expresamente prohibida por el artículo 34 de la Constitución, llevaría necesariamente a declarar la inconstitucionalidad de la totalidad del convenio, pues, lógicamente, los tratados bilaterales no admiten reservas. En efecto, una reserva a un tratado bilateral constituiría un desacuerdo entre las dos partes que llevaría a que éste se tuviera que negociar nuevamente. Sin embargo, aun cuando este tipo de tratados, por su misma naturaleza, no admiten reservas, es posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas respecto de algunas de sus normas. Éstas, en la medida en que sean admitidas por la otra parte, constituyen reglas generales de interpretación del instrumento internacional, conforme lo establece el literal c) del numeral 1º del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.
“No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.
“Por tanto, el término “confiscación”, utilizado en el presente tratado, no puede entenderse como una acción arbitraria tendiente a privar al titular de un derecho obtenido con arreglo a las leyes, sino, como un procedimiento que, mediante el lleno de las garantías constitucionales y legales, concluye, a través de una sentencia judicial, en que el dominio sobre los bienes objeto del proceso se debe extinguir, dado el vicio que tiene desde su origen” (5) .
(5) Sentencia C-160 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
El artículo 8º contempla que los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el protocolo, con la consideración primordial del interés superior de los mismos.
El artículo 9º prevé que los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el protocolo, y todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas, así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y sicológica.
El artículo 10 consagra que los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual.
El artículo 11 preceptúa que nada de lo dispuesto en el protocolo se entenderá en perjuicio de cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que esté contenida en la legislación de un Estado Parte o en el Derecho Internacional en vigor con respecto a ese Estado.
El artículo 12 impone a los Estados Partes la obligación de presentar informes sobre la aplicación del protocolo, al Comité de los Derechos del Niño, previsto en el artículo 43 de la Convención sobre los derechos del niño.
Los artículos 13 y 14 regulan la firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor del protocolo, el 15 trata de la denuncia de éste, el 16 trata de las enmiendas del mismo y el 17 del depósito de su texto y el envío de sus copias.
3.5. Con base en el análisis de dicho contenido se puede concluir que el protocolo no contraría las disposiciones de la Constitución Política y que, por el contrario, guarda total armonía con las normas contenidas en sus artículos 44 y 45, con la Convención sobre los derechos del niño y con la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, aprobada en Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
Así mismo, se ajusta a lo prescrito en el artículo 9º de la Constitución, de conformidad con el cual las relaciones exteriores del Estado colombiano se fundan en la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por el mismo, y lo dispuesto en el artículo 226 ibídem, en virtud del cual aquél debe promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Estos mandatos adquieren especial relevancia en relación con el citado protocolo, por la situación desfavorable del país en materia de protección de la niñez.
En consecuencia, es procedente la declaración de su exequibilidad, con la precisión indicada en relación con su artículo 7º.
1. Declarar EXEQUIBLES las disposiciones del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000), teniendo claro que su artículo 7º trata únicamente del comiso o decomiso penal, conforme a lo expresado en el acápite denominado “Disposiciones específicas del protocolo” de la parte motiva de esta sentencia, por lo cual el Gobierno Nacional al ratificar el convenio deberá emitir una declaración interpretativa en ese sentido.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 765 de 31 de julio de 2002, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo.
3. Enviar copia de esta sentencia al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores para los efectos pertinentes a que alude el artículo 241-10 de la Constitución Política.

References: artículo 157
 artículo 160
 artículo 83
 artículo 241
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 35
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 148
 artículo 56
 artículo 15
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 43
 artículo 9
 artículo 226
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 241