Source: http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/
Timestamp: 2017-04-30 14:55:19+00:00

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Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: 2013
¿Cuáles son los delitos militares? El Art. 20 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar –que entró en vigor el 1 de junio de 1986, derogando el Tratado II [Leyes Penales] del anterior Código de Justicia Militar de 17 de julio de 1945 y que ha sido derogada por la actual Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre– define los delitos militares como las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas en este Código. A grandes rasgos y teniendo en cuenta la especialidad de las leyes penales castrenses, el Libro Segundo tipifica los siguientes delitos en particular que pueden cometer los militares: 1) Los delitos contra la seguridad y la defensa nacional [la traición militar (Arts. 49 a 51) si, por ejemplo, se recluta gente para hacer la guerra a España bajo banderas enemigas; el espionaje militar (Art. 52); la revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad y la defensa nacional (Arts. 53 a 56); los atentados contra los medios o recursos de la defensa nacional (Arts. 57 a 62), como inutilizar para el servicio buques de guerra o aeronaves militares; la desobediencia a los bandos militares en tiempo de guerra o en estado de sitio (Art. 63); y el derrotismo (Art. 64)]; 2) Los delitos contra las Leyes y usos de la guerra (Arts. 69 a 78) como maltratar a los enemigos que se hayan rendido, saquear a los habitantes de las poblaciones enemigas u ordenar que se empleen medios de combate prohibidos; 3) El delito de rebelión en tiempo de guerra (Arts. 79 a 84) considera que son reos de este delito los que se alzaren colectivamente en armas para conseguir, por ejemplo, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; 4) Los delitos contra la Nación española y contra la Institución militar (Arts. 85 a 90) como el desacato, las injurias, el ultraje o resistirse a las órdenes de un centinela; 5) Los delitos contra la disciplina (Arts. 91 a 106) incluyen, entre otras figuras delictivas, la sedición militar, la insubordinación o el abuso de autoridad; 6) Los delitos contra los deberes del servicio (Arts. 107 a 164) se refieren a la cobardía, deslealtad, abandono de destino, deserción, etc.; y, finalmente, el Código Penal Militar concluye este Libro Segundo con tres títulos dedicados a los delitos contra los deberes del servido relacionados con la navegación (Arts. 165 a 179), contra la Administración de Justicia Militar (Arts. 180 a 188) y contra la Hacienda en el ámbito militar (Arts. 189 a 197).
La regulación penal militar española se puede completar con la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolió la pena de muerte en tiempo de guerra a la que se refería el polémico inciso final del Art. 15 de la Constitución de 1978: (…) Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra; la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar [su preámbulo nos recuerda que la jurisdicción militar tiene su origen en la misma génesis de los Ejércitos permanentes y ha sido siempre una jurisdicción especializada, carácter que se deriva de la naturaleza del Derecho que aplica y del ámbito institucional en que se ejerce (…) La competencia de la jurisdicción militar se circunscribe en tiempo de paz al ámbito estrictamente castrense, conociendo de las conductas tipificadas como delito en el Código Penal Militar y extendiendo su competencia a cualquier clase de delito en el supuesto de tropas desplazadas fuera del territorio nacional]; y, por último, la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, que regula los procesos ante los Juzgados Togados y Tribunales Militares, cuyas penas deberán cumplirse en establecimientos penitenciarios militares, regulados por el Real Decreto 1396/1992, de 20 de noviembre, que acomodó los principios de la Ley Orgánica General Penitenciaria a la especial estructura de las Fuerzas Armadas.
NB: téngase en cuenta que la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, a la que se refiere esta entrada del blog ha sido derogada por la actual Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar (CPM); cuyo segundo título está dedicado a regular el delito militar, concepto central del Código en torno al cual se construye la especialidad de la ley penal militar y su carácter complementario del Código Penal; donde se tipifican:
Los delitos contra la seguridad y defensa nacionales [Arts, 24 a 33 CPM]: la traición militar, el espionaje militar; la revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad y la defensa nacional; los atentados contra los medios o recursos de la defensa nacional; el incumplimiento de bandos militares en situación de conflicto armado o estado de sitio; delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada o policía militar; y ultrajes a España e injurias a la organización militar.
Los delitos contra la disciplina (Arts. 38 a 48 CPM): sedición, insubordinación (insultar o desobedecer a un superior) y abuso de autoridad.
Los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares (Arts. 49 y 50 CPM).
Los delitos contra los deberes del servicio (Arts. 51 a 80 CPM) como cobardía, deslealtad, abandono de destino o residencia, deserción, Incumplimiento de deberes inherentes al mando, etc.; y
Los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar (Arts. 81 a 85 CPM); por ejemplo, si el militar comete los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños previstos en el Código Penal en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos que tenga bajo su custodia o responsabilidad por razón de su cargo o destino.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar [ITLOS]
El 18 de septiembre de 2013, el Arctic Sunrise –un barco fletado por Greenpeace, bajo pabellón holandés, en el que viajaban treinta activistas procedentes de diversos países– llegó al mar de Barents para llevar a cabo una protesta pacífica contra la instalación de la plataforma Prirazlomnaya, propiedad de la empresa energética rusa Gazprom. La campaña de esta organización ecologista trataba de alertar al mundo de la amenaza que supone buscar petróleo en el Océano Ártico porque su extracción está poniendo en peligro su frágil ecosistema. Algunos integrantes de la tripulación pretendieron acercarse a la estructura de la torre perforadora en botes hinchables, para escalarla y colgar una pancarta, pero un guardacostas de la Armada rusa los interceptó, detuvo al equipo y escoltó al buque hasta el puerto de Múrmansk, donde las autoridades judiciales acusaron a los detenidos de haber cometido actos de piratería y vandalismo. Desde que se produjo su arresto y un juzgado local rechazó ponerlos en libertad bajo fianza, la iniciativa diplomática trató de resolver el incidente sin éxito hasta que el 21 de octubre de 2013, el Gobierno de los Países Bajos –Estado del pabellón del barco– decidió poner el asunto bajo la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que lo resolvió el 6 de noviembre de 2013, ordenando a Rusia que suspendiera cualquier procedimiento judicial o administrativo contra los 30 miembros de la tripulación y liberase el buque detenido. Un mes más tarde, el 18 de diciembre de 2013, el Parlamento ruso [la Duma] les concedió a todos la amnistía.
La resolución de este incidente ha sido el vigésimo segundo caso que ha tramitado este tribunal, un órgano judicial independiente y muy poco conocido, al que suele denominarse por su acrónimo en inglés: ITLOS, de International Tribunal for the Law of the Sea. Su Estatuto se incorporó como anexo VI a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que se celebró en Montego Bay (Jamaica) en 1982; esta norma internacional, que reguló el régimen jurídico de los océanos y sus usos y recursos, estableció la competencia obligatoria del Tribunal en dos supuestos: las solicitudes de pronta liberación de buques y de sus tripulaciones (Art. 292) y las de medidas provisionales hasta que se constituya un tribunal arbitral (Art. 290.5).
El ITLOS celebró su sesión de apertura el 18 de octubre de 1996, en la sede permanente de Hamburgo (Alemania), y los 21 magistrados que lo integran [personas que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad e integridad, sean de reconocida competencia en materia de derecho del mar y representen a los principales sistemas jurídicos del mundo mediante una distribución geográfica equitativa entre los siguientes cinco grupos establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas: Estados de África, Asia, Europa oriental, América Latina y el Caribe y Europa occidental y otros Estados] resolvieron su primer asunto el 4 de diciembre de 1997, en las causas del buque Saiga que enfrentaron a San Vicente y las Granadinas contra Guinea, cuando el Gobierno caribeño demandó al país africano, el 13 de noviembre de 1997, acusándolo de detener a ese buque petrolero, su carga y tripulación, por prestar servicios de aprovisionamiento de combustible a embarcaciones de pesca frente a la costa guineana. El Tribunal falló que Guinea había violado los derechos de San Vicente y las Granadinas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar mediante la captura y detención del buque Saiga y su tripulación, y que debía pagar una indemnización a San Vicente y las Granadinas por valor de 2.123.357 dólares de EE.UU.
Por lo que se refiere a España, el Gobierno de Madrid reconoció la competencia tanto de la Corte Internacional de Justicia como del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resolver estas controversias pero, hasta el momento, nunca ha presentado una demanda en Hamburgo; aunque sí que ha sido denunciado en una ocasión: el caso décimo octavo [Asunto del navio "Louisa" (San Vicente y las Granadinas contra el Reino de España), de 24 de noviembre de 2010, que concluyó el 28 de mayo de 2013 cuando el ITLOS se declaró incompetente para resolver la pretensión de aquel buque amarrado en el gaditano Puerto de Santa María, por 19 votos contra 2].
Además de la mencionada jurisdicción contenciosa, este órgano judicial también puede ejercer una jurisdicción consultiva; en este sentido, su primera opinión ha sido el caso nº 17 [Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber)], de 1 de febrero de 2011.
La resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 1968, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordó celebrar una conferencia para abordar los problemas del medio humano que, finalmente, se reunió en la capital sueca, del 5 al 16 de junio de 1972. Aquella Declaración de Estocolmo proclamó, entre otros principios, que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras (…) y que los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación, según convenga. Aunque ese texto no se refirió de forma expresa al desarrollo sostenible, es indudable que su concepción ya latía en el trasfondo de aquellos dos primeros principios.
Una década más tarde, otra resolución, la A/RES/38/161, de 19 de diciembre de 1983, estableció una comisión especial [la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo] que informara sobre el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante. La CMMAD, presidida por la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, tardó cuatro años en presentar sus conclusiones ante la Asamblea General de la ONU, en 1987. El llamado Informe Brundtland fue el primer documento que expuso una sencilla noción sobre el desarrollo sostenible: aquél que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Posteriormente, los principios 3 y 4 de la Declaración de Río, de 1992, proclamaron que El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras (…) A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Ese mismo año la Asamblea General de la ONU solicitó al ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que estableciera una Comisión sobre el Desarrollo Sostenible que se creó por la Decisión 1993/207, de 12 de febrero de 1993.
Desde entonces, este concepto ha ido evolucionando y ampliándose hasta abarcar los tres pilares básicos del desarrollo sostenible: que sea socialmente justo, ecológicamente compatible y económicamente viable; como los resumió el filósofo español Jorge Riechmann [AA.VV. De la economía a la ecología. Madrid: Trotta, 1995, p. 14]. Una idea que también se reafirmó en 2002, durante la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, donde los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica) del 2 al 4 de septiembre de 2002, reafirmamos nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible; asumiendo la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible.
PD: Como nota curiosa, conviene recordar que el concepto de "sostenibilidad", que parece tan moderno, en realidad, tiene más de tres siglos. La primera vez que se utilizó fue en la obra Sylvicultura oeconomica escrita por el sajón Hans Carl von Carlowitz, en 1703; donde ya defendió la idea de conservar los bosques y utilizar sus recursos de forma sostenible. Publicado por
Según el Diccionario de la RAE, un cártel es una organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas; de ahí que, el contexto más habitual donde suele citarse es el relacionado con los cárteles del narcotráfico. ¿Quién no ha oído hablar de los de Cali o Medellín? Pero el origen etimológico de este término no surgió en Iberoamérica [a veces se piensa que procede de México o Colombia] sino en un germanismo que se popularizó en Estados Unidos, durante las primeras décadas del siglo XX, cuando los grupos de delincuentes que habían emigrado al Nuevo Mundo desde Alemania se enviaban cartas [en alemán: kartell] para informarse de sus actividades y no entrometerse en el territorio donde actuaban los demás. Fuera del ámbito delictivo, en economía también existe una acepción de los cárteles que tampoco difiere en exceso del significado penal: Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. En cuanto a la palabra mob –de donde también procede mobbing– es el término que suele utilizarse en el inglés de Norteamérica para referirse a una organización mafiosa. En este caso, su origen etimológico es tan antiguo que se remonta a la expresión latina mobile vulgus que los romanos empleaban para denominar al populacho que actuaba con violencia.
Por último, la yakuza –habitual denominación con la que se conoce a la mafia japonesa– es un acrónimo que significa, literalmente, ocho-nueve-tres [ya (de yattsu)-ku-sa (de san), en japonés] y procede del nombre con el que los jugadores de cartas, en las partidas de oichokabu [una especie de bacarrá], llamaban a la peor mano del juego porque la suma de sus dígitos no tenía ningún valor: 8 + 9 + 3 = 20; de donde, 2 + 0 = 0.
El 10 de julio de 2012, la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional declaró culpable al líder congoleño Thomas Lubanga Dyilo [Comandante en Jefe de las Forces patriotiques pour la libération du Congo] por haber cometido los crímenes de guerra tipificados en los Arts. 8.2.e).VII [Reclutar o alistar a niños menores de quince años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades] y 25.3.a) [De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la Comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable] del Estatuto de Roma que instituyó la CPI en 1998. Los hechos, por los que fue condenado este señor de la guerra a 14 años de prisión, ocurrieron entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Con este veredicto, la Corte permanente dictó su primera sentencia en un proceso que se había iniciado el 26 de enero de 2009, casi tres años después de que se hubiera arrestado a Lubanga en marzo de 2006. La sentencia analiza con detalle la traumática experiencia vivida por aquellos niños soldados [child soldier] que reclutó así como las brutales consecuencias físicas y psicológicas que padecieron al tener que luchar en el conflicto armado que asoló la República Democrática del Congo. Publicado por
La República de Palaos [Palau, en inglés] es un archipiélago formado por más de doscientas islas coralinas que se encuentra situado en el Océano Pacífico, relativamente cerca de Filipinas e Indonesia. Con una historia que ha estado marcada por la presencia de diversas metrópolis coloniales [España, Alemania, Japón o Estados Unidos], este joven país logró la independencia del Gobierno de Washington el 1 de octubre de 1994; ese acontecimiento local tuvo repercusión internacional porque supuso el fin de las actividades desarrolladas por el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU; un órgano que fue creado por el Capítulo XIII de la Carta de las Naciones Unidas para supervisar la administración de los territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen de administración fiduciaria con el objetivo de promover el adelanto de los habitantes de los territorios en fideicomiso y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. Cumplida su función, el Consejo suspendió formalmente su labor el 1 de noviembre de aquel mismo año.
En tan solo dos décadas y con apenas 21.000 ciudadanos –no deja de ser un contraste que esta pequeña República tenga derecho a 1 voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, exactamente igual que China, con una población de 1.351.000.000 de habitantes– Palaos ha vivido algunos momentos que si no se pueden calificar como únicos, sí que son, cuando menos, singulares.
Ya tuvimos ocasión de comentar que, en la Historia de la Humanidad, no es difícil encontrar numerosos ejemplos de magnicidios, desde los crímenes de Kennedy o Lincoln hasta los cinco asesinatos que conmocionaron España en poco más de un siglo; e incluso se ha llegado a producir el supuesto de que un Jefe de Gobierno desapareciera mientras gobernaba, como sucedió con el Primer Ministro australiano Harold Edward Holt, en 1967, al que tuvo que darse por muerto; pero el caso de Palaos es realmente excepcional. Como su primer Presidente, Haruo Ignacio Remeliik, murió asesinado por varios disparos que efectuó un desconocido el 30 de junio de 1985 –un magnicidio que, hoy en día, continúa sin estar resuelto– su cargo lo ocupó el segundo Jefe de Gobierno de la República, Lazarus Eitaro Salii, que tres años más tarde se suicidó el 20 de agosto de 1988, convirtiéndose en uno de los pocos presidentes que ha puesto fin a su vida durante su mandato.
PD: poco tiempo después de escribir este in albis, el 6 de enero de 2014, la Corte Suprema de Chile confirmó el sobreseimiento total y definitivo en la investigación por la polémica causa de la muerte del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Los hechos que detalla su reciente resolución son los siguientes: el Presidente Salvador Allende, quien portaba para su defensa un casco y una metralleta, sube al segundo piso de La Moneda con todos los que lo acompañaban y atendida la situación de peligro que se vivía y con la finalidad de evitar la pérdida innecesaria de vidas, les ordena su rendición y la salida inmediata del Palacio, acordando que el grupo formara una columna que iría avanzando desde el pasillo del segundo piso hasta la puerta de calle Morandé 80, donde los esperaban los efectivos militares. El Mandatario, luego de ordenar el abandono del lugar, se retira hasta el final de esa fila y se dirige al “Salón Independencia”, cerrando la puerta. Una vez en su interior, se sienta en un sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo acciona, falleciendo en forma instantánea producto del disparo recibido. A consecuencia de esta acción, su cuerpo quedó en una posición tal que su cabeza se cargó hacia la derecha e inclinó sobre el tórax. La bóveda craneana tuvo una pérdida importante de masa encefálica que queda disgregada en el suelo y en el muro ubicado a sus espaldas. En lo que atañe a la línea investigadora del suicidio, la sentencia descarta la utilización de dos armas de fuego, concluyendo que los hechos que significaron la muerte del Presidente Salvador Allende Gossens provienen de un acto deliberado en el que, voluntariamente, éste se quita la vida y no hay intervención de terceros, ya sea para su cometido como para su auxilio, sostiene el fallo del máximo tribunal chileno.
¿Es legal que un particular venda animales de compañía?
Vendo cachorros de rottweiler alemán es un buen ejemplo de los carteles que podemos encontrar en un tablón de anuncios o pegados con cinta adhesiva en cualquier farola o en las marquesinas de los autobuses; por lo general, suele tratarse de particulares que venden las crías que ha parido su animal de compañía. Aunque esta práctica resulte muy habitual, conviene saber que nuestro ordenamiento jurídico la prohíbe, que es ilegal y que la Administración puede sancionar al vendedor imponiéndole el pago de una multa, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle en el ámbito civil o penal, en función de las circunstancias que se den en cada caso. En España, el desarrollo normativo de esta materia le corresponde a las comunidades autónomas; en Castilla y León, en concreto, el Art. 28.3.e) de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía, establece que la venta de animales en forma no autorizada es una de las infracciones graves que la legislación autonómica sanciona con multas de hasta 1.500 euros. El objetivo es que los establecimientos de venta de animales de compañía entreguen los animales al comprador con las debidas garantías sanitarias, libres de toda enfermedad, y que lo acrediten mediante certificado oficial veterinario (Art. 15.1 de la ley castellana y leonesa). A continuación, este mismo precepto prohíbe la cría y comercialización de los animales sin las licencias y permisos correspondientes así como la venta ambulante de los mismos fuera de los mercados o ferias debidamente legalizados.
En los años 50, después de leer el libro del Apocalipsis [12,1: Un gran signo apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza], el pintor alsaciano Arsène Heitz decidió diseñar una bandera común para todo el Viejo Continente y presentar su modelo al Consejo de Europa que tiene su sede en Estrasburgo, capital de Alsacia: un círculo formado por doce estrellas de color dorado –número que suele identificarse con la perfección (los hijos de Jacob, las pruebas de Hércules, los meses del año, los signos del zodiaco, etc.)– dispuestas sobre fondo azul. Aquella propuesta fue muy bien recibida y la Asamblea Parlamentaria [PACE] la aprobó por unanimidad el 25 de octubre de 1955; mes y medio más tarde, el 9 de diciembre, los 14 países que por aquel entonces integraban el Comité de Ministros del Consejo de Europa decidieron adoptar este emblema que, finalmente, fue proclamado de manera oficial el 13 de diciembre de 1955 en el Château de la Muette, cercano a París; y, en 1958, la nueva bandera lució por primera vez durante la celebración de la Exposición Universal de Bruselas; es decir, desde su origen, la bandera europea ha estado formada por 12 estrellas, en contra de la opinión generalizada de que éstas se iban añadiendo con cada nuevo Estado que se incorporara a la Unión Europea –por otra parte, una organización ajena al Consejo de Europa [institución intergubernamental formada por 47 Estados europeos, incluyendo a los 28 de la UE]– hasta que Portugal y España se adhirieron en 1986 y se decidió cerrar el círculo con una constelación compuesta por una docena de estrellas. Esta idea no es más que un falso mito. Desde su creación, la bandera europea siempre ha tenido 12 estrellas, simbolizando la unidad y armonía de los pueblos.
El diseño de Heitz se impuso sobre otro similar que propuso el europeísta gallego Salvador de Madariaga donde las estrellas se disponían según la situación geográfica de las capitales europeas, con una de mayor tamaño, correspondiente a Estrasburgo.
El 28 de abril de 1983, otra institución paneuropea, el Parlamento Europeo [órgano legislativo de la Unión Europea] decidió adoptar también la bandera del Consejo de Europa y recomendó que ésta se convirtiera en el emblema de todas las instituciones de las Comunidades Europeas [anterior denominación de la actual Unión Europea]; en 1985, el Consejo Europeo que se celebró en Milán lo aprobó y, desde 1986, la UE comenzó a utilizar esta bandera como símbolo del esfuerzo colectivo de un continente que defiende la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y el imperio de la Ley. Hoy en día, tanto el Consejo de Europa [CdE 47] como la Unión Europea [UE 28] compartimos este símbolo.
En España, la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autorizó la ratificación del Tratado de Lisboa [que modificó el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea] firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, reconoce expresamente que el Reino de España, junto con otros quince Estados miembros de la Unión Europea, ha formulado una Declaración, anexa al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental, en la que se señala que «que la bandera que representa un círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul, el himno tomado del ''Himno a la Alegría'' de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, la divisa ''Unidad en la diversidad'', el euro en tanto que moneda de la Unión Europea y el Día de Europa el 9 de mayo seguirán siendo, para ellos, los símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ésta», por lo que la continuidad en el uso generalizado por los poderes públicos y por los ciudadanos de estos símbolos debe entenderse no sólo garantizada sino incluso activamente recomendada.
La resolución tinerfeña se refiere a los dos posibles orígenes que, tradicionalmente, se citan para explicar el origen de esta singular expresión: por un lado, en la Universidad de Salamanca, se dice que los alumnos con menores recursos tenían que acudir pronto a las aulas para calentar los asientos de sus compañeros más adinerados, de modo que, al comenzar la clase magistral, los pobres les cedían a los ricos el uso de aquellos bancos, ya templados, mientras que ellos debían sentarse en el fondo sobre unos pupitres muy fríos, teniendo que patalear para entrar en calor; y por otro lado, en la Universidad de Alcalá se cuenta otra versión: cuando un alumno tenía que realizar un examen oral ante un tribunal, sus compañeros –sentados en los laterales– tenían derecho a patalear su intervención para ponerle nervioso con el objetivo de que suspendiera y lograran eliminar a un oponente. Publicado por
Al proclamar el derecho a la educación, el Art. 27.10 CE reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. El desarrollo normativo de aquel precepto constitucional se llevó a cabo mediante la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo Art. 20 estableció cuáles son las funciones del rector: es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos. Le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros órganos. Tan solo el Art. 77 LOU alude al régimen disciplinario que le corresponde al rectorado pero refiriéndose a los funcionarios de administración y servicios que desempeñen funciones en las mismas, no a los particulares que, en un momento dado, pueden acceder al recinto de un campus, por ejemplo, para asistir a una conferencia. ¿Qué ocurre cuando ese acto formativo degenera en disturbios y agresiones entre los asistentes, alumnos y autoridades? A raíz de que esta situación se ha producido en los últimos años en diversas universidades españolas e iberoamericanas, muchos foros de internet se han planteado la cuestión de si el rector debe autorizar, previamente, el acceso al recinto universitario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La LOU no se refiere a esta cuestión, ni de forma expresa ni tácitamente; tampoco se regula nada similar en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en los Estatutos de las universidades que he podido consultar y ninguna resolución judicial española ha sentado jurisprudencia al respecto. A partir de estos mimbres, el debate sobre la hipotética autorización previa del rectorado para permitir que la policía pueda acceder al recinto universitario recuerda, inevitablemente, a la concepción medieval de aquel derecho por el que las personas podían acogerse a sagrado buscando refugio en la Iglesia y, de hecho, algunos foros on line han encontrado una presumible base jurídica en aquellos tiempos: la bula Parens Scientiarum que el Papa Gregorio IX concedió al Canciller [rector] de la Universidad de París el 2 de abril de 1231, otorgándole el poder de castigar como se hace a quien se rebela contra las constituciones y reglamentos y expulsarlos; pero el propio texto eclesiástico previó que aquél que haya cometido un crimen y sea necesario encarcelarlo, será detenido en la prisión del obispo [porque] le está prohibido al canciller tener una prisión particular; de donde se podría deducir que habría sido la guardia episcopal la que accediera a detenerlo para llevarlo preso al Obispado. En este punto, no está de más recordar que Francia no estableció un cuerpo policial tal y como hoy lo entendemos hasta comienzos del siglo XIX, seiscientos años después de aquella bula, de la mano del polifacético Vidocq, cuya pionera Sûreté Nationale fue la primera policía del mundo.
De todas formas, aunque la disposición papal hubiese expresado de forma nítida que ninguna fuerza de seguridad pudiera entrar en las escuelas –como se denominaban en la Edad Media a las universidades– su valor actual como costumbre sería escaso porque el derecho consuetudinario, para que rija en defecto de ley aplicable y, por lo tanto, tenga valor como fuente del ordenamiento jurídico, requiere que no sea contraria a la moral o al orden público y también que resulte probada [Art. 1.3 CC]. Invocar una bula del siglo XIII, a día de hoy, parece difícil que reúna esas condiciones. Por ese motivo, tanto la posible existencia de este derecho de los rectores como todo el debate que se ha generado a su alrededor parecen más un problema de protocolo que una cuestión que afecte al ámbito del Derecho.
¿Qué es el phishing? El 22 de junio de 2010, la Secretaría General de Naciones Unidas hizo pública una alerta sobre diversas comunicaciones transmitidas a través del correo electrónico, sitios web, correo postal o fax en que se afirma falsamente que han sido emitidas por las Naciones Unidas o sus funcionarios o con su colaboración. Esas comunicaciones, cuyo objetivo es obtener dinero y en numerosas ocasiones datos personales de los destinatarios, son fraudulentas. Las Naciones Unidas desean alertar al público en general sobre esas actividades fraudulentas, que se realizan supuestamente en nombre de la Organización y sus funcionarios, y agradecería que se señalase a su atención cualquier comunicación sospechosa. El comunicado de la ONU recomendaba encarecidamente que las personas que reciban comunicaciones como las descritas anteriormente actúen con extrema precaución al respecto. Cualquier transferencia de fondos o datos personales facilitados a los autores de una comunicación fraudulenta podría dar lugar a pérdidas financieras o la usurpación de la identidad.
¿Qué es el Codex Alimentarius? Dos organismos especializados de la ONU –la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fundada en 1945) y la OMS (Organización Mundial de la Salud, creada en 1948)– unieron sus esfuerzos en mayo de 1963 con el fin de garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar, estableciendo un Codex Alimentarius que reunió las normas internacionales de los alimentos. El antecedente de esta colaboración se remontaba a la primera reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, que se celebró en 1950, donde ya se identificó cuál era el problema: La reglamentación de los alimentos en diferentes países es a menudo conflictiva y contradictoria. La legislación reguladora de las normas de preservación, nomenclatura y alimentación aceptable varía a menudo ampliamente de un país a otro. Con frecuencia se introduce nueva legislación que no está basada en el conocimiento científico, y es posible que se tengan escasamente en cuenta los principios nutricionales en la formulación de la reglamentación.
Como curiosidad, la Comisión FAO-OMS empleó la denominación latina retomando el nombre del antiguo Codex Alimentarius Austriacus que elaboró el Imperio Austro-Húngaro, entre 1897 y 1922; aunque esta pionera colección de normas y descripciones de productos careció de fuerza jurídica, fue utilizado como referencia por los tribunales con el fin de determinar normas de identificación para ciertos alimentos.
En la actualidad, la Comisión del Codex Alimentarius está integrada por 186 miembros [185 Estados y 1 Organización (Unión Europea)] y 220 observadores [50 organizaciones intergubernamentales, 154 ONG y 16 organismos de la ONU].

References: Real Decreto 
 resolución 
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