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Timestamp: 2019-10-23 16:20:41+00:00

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﻿ SENTENCIA 25141 DE NOVIEMBRE 22 DE 2005
SENTENCIA 25141 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DEL REINTEGRO DE ADMINISTRADORES. EL GERENTE BANCARIO NO ES, PARA EFECTOS DE ESTA PROHIBICIÓN, UN ADMINISTRADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, ADMINISTRADOR SOCIETARIO, GERENTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:411 DE MARZO DE 2006, PG.422
Sentencia 25141 de noviembre 22 de 2005
IMPROCEDENCIA DEL REINTEGRO DE ADMINISTRADORES
El gerente bancario no es, para efectos de esta prohibición, un administrador,
EXTRACTOS: «Primer cargo
Acusa la aplicación indebida de los artículos 302, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, la infracción directa de los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 368 del Código de Procedimiento Civil y la consiguiente aplicación indebida de los artículos 58, 60, 61, 62, 63, 64, 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, 7º y 8-5 del Decreto 2351 de 1965 y 6º de la Ley 50 de 1990.
Después de anotar que la sentencia del juzgado absolvió al Banco Ganadero y que el tribunal confirmó esa decisión pero enseguida la revocó en cuanto lo absolvió de reintegrar al actor a su puesto de trabajo, observa el banco recurrente que “hay una evidente contradicción que hace imposible la condena que se profiere, por cuanto la absolución que se confirma surge de la conclusión según la cual existió una justa causa de despido y, naturalmente, excluye cualquier posibilidad de condena”.
Por eso estima la censura que el tribunal aplicó los artículos 302, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, pero no cumplió con la obligación de pronunciarse claramente sobre las pretensiones y excepciones, tal como lo ordenan los artículos 304 y 305 del citado estatuto, que por eso resultaron aplicados indebidamente, así como las disposiciones sustanciales.
El opositor sostiene a su vez que la entidad recurrente no advirtió que la sentencia fue corregida y aclarada y alega que, en todo caso, el asunto ha debido manejarse de conformidad con lo establecido por los artículos 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil y no por la vía de la casación.
Las pretensiones principales de la demanda con la que se dio inicio al proceso no solo se refieren al reintegro y al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, sino que aluden también al pago de aportes a la seguridad social por el lapso comprendido entre la fecha del despido y la del reintegro, el reajuste de las cesantías y el de sus intereses, el de las vacaciones, primas de servicios y primas extralegales de los años 2001 y 2002 y la indexación.
El juzgado del conocimiento absolvió de todas las pretensiones. En la parte motiva hizo expresa referencia al tema del despido, a los reajustes prestacionales y a la indemnización moratoria.
En esas condiciones, cuando el tribunal expresó que revocaba la sentencia del juzgado, menos en cuanto al reintegro, profirió un fallo congruente con lo pedido, porque limitó la revocatoria a los derechos que se formularon en adición a la petición que prosperó.
El propio recurrente le da la razón al fallador de la alzada al formular el alcance de la impugnación del recurso extraordinario, puesto que limita su aspiración en sede de instancia a la parte confirmatoria del proveído de primer grado.
Por esa razón, no incurrió el tribunal en el quebranto normativo de las normas adjetivas que se citan en el cargo pues, aunque de manera confusa, se pronunció sobre las pretensiones de la demanda. No prospera el cargo, en consecuencia.
Denuncia la aplicación indebida indirecta de los artículos 58, 60, 61, 62, 63, 64, 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965, 6º de la Ley 50 de 1990 y 232 de la Ley 222 de 1995.
Sostiene que esa violación ocurrió como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, el estado de anormalidad representado por la negligencia en que incurrió el demandante al no cumplir el compromiso de traslado de fondos de la cuenta de Ingelel S.A. a la de Corfinsura.
2. No dar por probado que la negligencia en que incurrió el demandante fue grave dada la cuantía que involucró dentro de la responsabilidad a cargo del banco.
3. No dar por establecido que el demandante en nombre del banco realmente se comprometió a trasladar a Corfinsura el 10 y el 25 de diciembre de 2001 unos recursos del cliente Ingelel S.A. por valor de $ 489.605.576,00 y en sentido inverso, dar por establecido que el demandante únicamente le hizo saber a Corfinsura S.A. que el banco poseía una orden expresa de Ingelel S.A. para trasladar esa suma proveniente de facturas de la ETB.
4. Dar por sentado, sin fundamento probatorio para el efecto, que para que se diera la obligación de trasladar los fondos de Ingelel S.A. a Corfinsura “debió haber mediado una comunicación de parte de la sociedad en tal sentido”.
5. Dar por demostrado que el demandante ignoraba que los valores correspondientes a las facturas de la ETB que debían ser trasladados a Corfinsura, habían sido consignados.
6. Dar por demostrado sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo contempla el reintegro para trabajadores de antigüedad superior a 10 años aun después de expedida la Ley 50 de 1990.
7. No dar por probado, estándolo, que el reintegro es inconveniente”.
Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas la carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 19-20 y 220 221), las actas de descargos y sus citaciones (fls. 22 a 49 y 194 y ss.), la convención colectiva de trabajo (fls. 81 y ss. 237 y ss. y 248), la comunicación del demandante del 19 de marzo de 2002 (fls. 56 y ss. y 176 y ss.), las cartas de 17 de marzo de 2000 y 10 de marzo de 2002 (fls. 51 y 53), la confesión contenida en la demanda (hechos 8 y 12), la carta del 13 de noviembre de 2001 de Ingelel S.A. (fl. 68), la carta de 14 de noviembre de 2001 de la demandada (fl. 69), la cartas de Ingelel S.A. del 4 de enero de 2002 (fls. 70-72 y 182 184) y el interrogatorio de parte del representante de la demandada (fls. 263 vto. y ss.).
Denuncia como pruebas dejadas de apreciar la carta de funciones del demandante con sus anexos (fls. 64 a 66 y 161 a 164), la carta de Corfinsura de 28 de diciembre de 2001 (fl. 67), la carta del actor de 14 de diciembre de 2001 (fl. 73), la carta de Ingelel S.A. de 27 de marzo de 2001 (fl. 73, bis), el extracto de cuenta corriente de Ingelel S.A. (fl. 80), el informe de auditoria de 21 de mayo de 2002 (fls. 179-181) y el interrogatorio de parte del actor (fls. 261 y ss.).
Y como pruebas no calificadas mal apreciadas cita los testimonios de Mauricio J. Álvarez (fl. 233 y ss.), María Zobeida Zúñiga (fls. 249 y ss.), María Rubiela Echavarría (fls. 251 y ss.), Dislandine Marín E. (fls. 253 y ss.), Lubis Uney González (fls. 266 y ss.) y José Iván Posada (fls. 267 vto. y ss.).
Para la demostración afirma:
“Aunque algunas de las pruebas que se vinculan a la acusación como mal apreciadas o no estimadas tienen incidencia en la comisión de varios de los desatinos denunciados y ello podría conducir a la agrupación de estos últimos bajo las explicaciones que sean comunes a varios de ellos, se procederá al estudio individual de esos dislates para dar mayor claridad a la fundamentación de este cargo.
1. Después de transcribir fragmentadamente una expresión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contenida en sentencia de 1976, en la que se describe lo que significa la negligencia como expresión de “descuido, la falta de atención, la desidia en el cumplimiento de la tarea o el deber que una persona tiene a su cargo...”, concluye el tribunal que “ese estado de anormalidad no se puede predicar de la conducta del actor”, conclusión que resulta equivocada por lo siguiente:
a) Desde la carta de despido, que fue mirada superficialmente por el ad quem y por eso en forma equivocada, entre otras razones y causales, se señaló como motivo de la correspondiente determinación la negligencia grave en que incurrió el demandante al no cumplir con el compromiso de efectuar traslados a favor de Corfinsura en los días 10 y 25 de diciembre de 2001 con recursos consignados por la ETB en la cuenta de Ingelel S.A.
Tal omisión efectivamente se dio a pesar de que los recursos ingresaron a la cuenta corriente de Ingelel S.A. el 10 de diciembre de 2001 como se observa en el extracto correspondiente que obra en el folio 80, no apreciado por el tribunal, lo cual queda corroborado por:
— la carta de enero 4 de 2002 en la que Ingelel S.A. acepta que esos recursos los utilizó para pagar deudas con otros acreedores porque la obligación con Corfinsura solo se vencía el 26 de diciembre.
— el acta de descargos, mal apreciada por el juzgador de segunda instancia, en la que el demandante no solo acepta su conocimiento de sus deberes como gerente, el entrenamiento que recibió para el cargo y la circunstancia de que la cuenta de Ingelel S.A. estaba bajo su responsabilidad, sino que admite que a pesar de tener los recursos en la cuenta de la firma mencionada no los trasladó a la de Corfinsura porque la titular de la cuenta los utilizó para otros propósitos.
— En la comunicación fechada el 2 de marzo de 2002 (fls. 56 y 176), emanada del propio demandante, en el numeral 3º dice claramente: “EI día 10 de diciembre de 2001, ETB realiza depósito en canje en la sucursal institucional centro (Bogotá) por valor de $ 402.7 MM”.
Significa lo descrito en estas pruebas, que el dinero para hacer el traslado se encontraba en la cuenta de Ingelel S.A., pese a lo cual el demandante no lo hizo.
b) Pero para identificar que en efecto se presentó la omisión que se ha descrito es fundamental ver cómo se encuentra claramente probada la obligación de hacer ese traslado y para ello es del caso remitirse a las siguientes pruebas de las cuales surge con evidencia la mencionada obligación:
— la carta del folio 68 muestra la autorización de Ingelel S.A. al banco para trasladar a Corfinsura el valor de las facturas por un total de $ 489.605.576.00 provenientes de la ETB. La autorización es del 13 de noviembre de 2001 y en ella claramente se anuncia que los pagos se harán los días 10 y 25 de diciembre de 2001.
— la carta del 14 de noviembre de 2001 (fl. 69) emanada del demandante contiene la expresión de este según la cual “poseemos orden expresa” de trasladar a Corfinsura “dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la consignación correspondiente” (que ya se vio que sí se hizo en la fecha en que Ingelel S.A. había anunciado que se produciría) el valor de las facturas señaladas.
— en la misma comunicación del actor de folios 56 y 176 y siguientes dice que se le informó a Corfinsura que “este traslado se haría en las fechas estipuladas” y que se haría dentro de las 24 horas siguientes al depósito (que igualmente ya se vio que efectivamente se hizo).
c) Si el tribunal hubiera apreciado debidamente estas pruebas, hubiera tenido que concluir que el demandante en efecto incurrió en un acto de descuido o de falta de atención o de desidia en el cumplimiento de sus deberes como bien se describe la negligencia en la jurisprudencia que tomó como base conceptual de su estudio.
Es del caso anotar que contribuyen a la concreción del ostensible error de hecho que se viene demostrando la confesión del actor en el hecho 8 de su demanda cuando acepta que el 14 de noviembre de 2001 anunció a Corfinsura “que dicho traslado de dineros se haría dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la consignación correspondiente al pago de dichas facturas” y la incluida en el hecho 12 en el cual acepta que sus funciones como gerente eran exactamente iguales a las de los demás gerentes, funciones que el demandante aceptó conocer en las diligencias de descargos y que se encuentran descritas en las documentales de folios 64 a 66 y 161 a 164 que el tribunal no apreció, con lo cual ignoró el nivel de responsabilidad que es propio de la gestión gerencial que debe asumir directamente lo atinente a los clientes más importantes de la oficina, uno de los cuales según lo expresa el propio demandante en sus descargos y carta explicatoria de lo sucedido (ya analizados), era Ingelel S.A.
2. Para la demostración del segundo error de hecho evidente, relacionado con no tener por demostrado el elemento gravedad de la negligencia del demandante, aunque el mismo surge como una secuela del anterior, baste decir que el riesgo que generó la omisión del actor, en aspecto no discutido en cuanto a su monto, fue igual al de la suma que ha debido trasladarse a Corfinsura y no se trasladó, es decir, $ 489.605.576.00.
En la carta proveniente de Corfinsura que aparece en el folio 67 y que el ad quem no vió, se le reclama al banco la cantidad que ha debido ser trasladada por encontrarse en la cuenta de Ingelel S.A. los recursos correspondientes, y se identifican claramente en la cantidad de $ 436.783.496.00, y además en el folio 80, como anteriormente se explicó, aparece la constancia de los recursos que tenía la cuenta de esta última compañía, lo cual supone que de todos modos el banco dejó de trasladar a Corfinsura unos dineros, incumpliendo lo que se le había anunciado, por lo que esta exigió el cumplimiento correspondiente.
3. Este tercer error evidente de hecho se encuentra demostrado con las pruebas que se analizaron al explicar el primero de los yerros denunciados.
El tribunal, en forma inexplicable, resuelve negar que el demandante como gerente del banco demandado se comprometió a trasladar a Corfinsura los dineros de marras y se centra en una distinción carente de todo fundamento, pues dice que el demandante “únicamente le hizo saber a Corfinsura S.A. que el banco poseía ‘... orden expresa...’ del cliente Ingelel S.A. para trasladar vía sebra, dentro de las veinticuatro horas siguientes...” el valor de unas facturas, como si una orden expresa respecto de los dineros de Ingelel S.A. dada por la misma compañía fuera de discrecional cumplimiento y no generara para el banco ningún compromiso.
Tan claro era el compromiso que, como se vió, Corfinsura le reclamó al banco el traslado de esos recursos, todo lo cual ya se encuentra explicado al estudiar los documentos con los cuales se respaldaron los dos yerros de hecho ostensibles anteriores, por lo que no resulta necesario regresar sobre los mismos, aunque cabe decir que todo ello se encuentra ratificado con el propio dicho del demandante al absolver el interrogatorio que se le formuló.
4. El tribunal excusó la negligencia del demandante bajo el supuesto de que para hacer el traslado debió haber mediado una comunicación en la que se indicara que los valores consignados correspondían a las facturas que se identifican en el documento del folio 68.
Pero mirando tal documento, por ningún lado aparece tal condicionamiento y por el contrario, lo que se observa es la indicación de Ingelel S.A. según la cual los pagos se harían el 10 y el 25 de diciembre de 2001 (como en efecto sucedió por lo menos respecto del primero tal como lo prueba el extracto de cuenta corriente) y que se harían dentro de las 24 horas siguientes, luego es claro que la orden era la de proceder en ese término en tanto hubiera el dinero y sin esperar otra carta, requisito este último que resulta solamente de la imaginación del tribunal.
Además, en la carta del demandante del folio 69 tampoco se indica ninguna carta de reiteración de la orden o de identificación de las facturas pagadas y, por el contrario, se ratifica que el traslado se hará dentro del término perentorio antes mencionado, lo cual queda respaldado por la propia carta del demandante a la ETB del folio 73, aunque posterior a la primera consignación, lo cual hace que la dicha comunicación resulte tardía y en ese orden de ideas, como una reiteración de la negligencia del demandante.
Inciden en la demostración de este error las cartas de Ingelel S.A. del folio 70 y siguientes y de Corfinsura del folio 67, pues en ellas nada se dice de supuestas cartas confirmatorias y, por el contrario, surge claro que con la sola consignación y el cumplimiento del plazo de 24 horas, había que hacer el traslado correspondiente.
5. Dice el tribunal que para la fecha en que se produce la comunicación del folio 70 “el demandante ignoraba que los valores correspondientes a las facturas aludidas habían sido consignadas” lo cual resulta contrario a lo que muestran las documentales que ya se han analizado si se tiene en cuenta que para esa fecha, el 4 de enero de 2002, ya contaba el demandante con el extracto de cuenta corriente en que consta la consignación hecha el 10 de diciembre de 2001, con la carta de Ingelel S.A. en la que anuncia que los pagos se harán el 10 y el 25 de diciembre y con su propia comunicación dirigida a la ETB en la que le pide el 14 de diciembre de 2001 que se hagan los pagos en la cuenta de Ingelel S.A.
Pesa en este aspecto, el contenido de la comunicación del folio 73 bis, de fecha 27 de marzo de 2001, en la que Ingelel S.A. le comunica a la ETB que los pagos deben hacerse en la cuenta del Banco Ganadero.
6. Con la demostración de los errores de hecho anteriores resulta en alguna medida innecesario el estudio de este y del siguiente, pero de todos modos se aborda dentro del planteamiento global de los dislates en que incurrió el tribunal.
Para analizar el reintegro se ubica el ad quem en la convención colectiva de trabajo y si bien acierta en que la figura del reintegro está contemplada en la convención de 1972, no repara en que la cláusula 14 establece una remisión al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, vigente en esa época, y no la figura de reintegro como propia de la convención correspondiente.
Es decir, en la convención no se reguló en forma autónoma el reintegro, como sí se hizo respecto del monto de las indemnizaciones que allí mismo se establecieron, pues lo que se señaló es que el cambio de dichas indemnizaciones era “sin perjuicio” de lo incluido en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, o sea, sin que ello significara prescindir de la posibilidad del reintegro en los términos de la ley.
Pero los términos de esa ley, a la cual adhirió la convención en lo tocante con el reintegro, no son ahora aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 en relación con ese numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, salvo que se trate de las personas para las cuales, de acuerdo con la ley, sigue siendo aplicable tal reintegro.
Sencillamente, la convención se unió a la disposición en comento y por tanto asumió las modificaciones, favorables o restrictivas, que se pudieran generar en el futuro, lo cual significa que no es aplicable para el caso del demandante dado que si bien completó más de diez años de servicios, ellos no se cumplieron con anterioridad a la Ley 50 de 1990.
Dentro del cumplimiento de la técnica del recurso de casación, se asocia con esta parte del ataque la apreciación que hizo el ad quem del interrogatorio absuelto por el representante del banco, pues lo aludió para concluir que el actor era beneficiario de la convención colectiva, lo cual es cierto, pero lo extendió hasta el cubrimiento para el mismo de la figura del reintegro, cuando ello, como se vio, es equivocado.
La inconveniencia del reintegro surge del propio cargo del demandante el nivel de responsabilidad natural en el mismo, la dimensión del riesgo que generó, el detrimento de la imagen del banco frente a compañías de importancia en el país como la ETB, Corfinsura y la misma Ingelel S.A. y, muy especialmente, de la circunstancia de haber creído el tribunal que una trayectoria positiva de un trabajador hace que pierda incidencia la gravedad de una determinada falta, como ocurrió en este caso, conclusión en la cual tuvo efecto la mala apreciación de la prueba testimonial que fue mencionada por el tribunal en forma global y sin que se pueda identificar el verdadero soporte probatorio que tomó de ella.
No se discute que los testigos, que ahora se pueden analizar teniendo en cuenta la demostración ya hecha de los restantes errores fácticos, hayan mencionado las positivas ejecutorias del demandante que por eso estuvo al servicio del banco por más de diez años, pero ninguno de ellos está diciendo que no hubiera incurrido en las faltas que se le atribuyeron y que condujeron a la terminación del contrato, por lo que su apreciación de la prueba testimonial resulta igualmente equivocada ya que confunde la expresión de los declarantes sobre la trayectoria del actor, con las situaciones que se generaron a la finalización del contrato, por lo que resulta un error fusionar unos hechos con otros para trasladar lo positivo del desarrollo de la relación laboral a los hechos que dieron lugar al despido con justa causa.
Concordante con lo anterior, se tiene que el efecto de las comunicaciones que obran en los folios 51 y 53, es sobre el desarrollo del vínculo que unió a las partes, pero no tiene incidencia en los hechos que determinaron el retiro del demandante, pues que hubiera hecho méritos para recibir reconocimientos, no significa que no hubiera incurrido al final de la relación en la negligencia grave y en el incumplimiento grave de sus deberes que desembocaron en el despido del demandante.
Derivado de la improcedencia del reintegro, por inexistente y por inconveniente, hay que señalar otro error y es el de imponer condena por intereses respecto de los aportes y cotizaciones a la seguridad social como si hubiera existido mora en la cancelación de los mismos, cuando la hipotética obligación, pues se considera que no hay lugar a ella, solo podría surgir en el momento de la sentencia que la imponga, como lo sostiene el mismo tribunal cuando se refiere al tema de la supuesta indexación, lo cual se menciona para el evento en que esa honorable Sala por vía de orientación desee hacer la precisión correspondiente.
En la forma anterior queda demostrado este segundo cargo y para las consideraciones de instancia basta remitirse a las mismas explicaciones que respaldaron la demostración del ataque, pues todas ellas confluyen en la confirmación de lo decidido en primera instancia”.
El opositor sostiene que el tribunal no incurrió en los errores de hecho que el cargo denuncia.
Una visión general del debate judicial muestra las siguientes situaciones, extractadas por la corporación, en buena parte, del informe que rindiera el departamento de auditoría del banco demandado en el documento de folios 185 a 193:
Ingelel fue cliente del Banco Ganadero desde marzo de 1998. Para el año 2001 estaba considerada por el departamento de análisis de riesgo con una buena calificación, de manera que podía endeudarse con el banco bajo la responsabilidad de la gerencia en coordinación con el área jurídica. Según el citado departamento de auditoría los funcionarios del banco anteriores al demandante obtuvieron las condiciones de aprobación (el aval de los socios de Ingelel y la constitución de una garantía hipotecaria). La mayor parte de las operaciones de crédito se desarrollaron durante la gerencia del demandante, quien había iniciado sus actividades el 4 de junio de 2001. Pero la dependencia de auditoría observó que antes de junio de 2001 se venían presentando irregularidades en el desembolso de dineros, porque se estaban dando sin que previamente se suscribieran los respectivos pagarés. La fuente o el origen de los dineros con los cuales Ingelel debía cubrir los créditos provenían de la ETB y de la EPM, mediante el endoso en propiedad de las facturas de esas dos entidades. El contrato que le permitía al banco beneficiarse del endoso de las facturas de la ETB fue concertado a nombre del banco por la gerencia anterior a la del demandante y a juicio del departamento de auditoría tenía inconsistencias que podrían poner en peligro el pago de los créditos otorgados a Ingelel. En diciembre de 2001, un acreedor de Ingelel procedió contra ella por la vía ejecutiva y obtuvo el embargo de los contratos y los dineros que en cuenta corriente tenía Ingelel en varios bancos. El embargo de la cuenta corriente de aquella sociedad en el Banco Ganadero se perfeccionó mediante oficio del juzgado comunicado el 13 de diciembre de 2001. El informe de auditoría pone en claro el estado financiero de Ingelel.
En noviembre de 2001 Pérez Castillo, el demandante, había recibido precisas instrucciones de Ingelel para trasladar a uno de sus acreedores, Corfinsura, $ 489.600.000.00 dentro de las 24 horas siguientes al depósito en cuenta corriente de unas facturas de la ETB. Pérez Castillo le “certificó” a Corfinsura que Ingelel poseía cuenta corriente en el Banco Ganadero y le expresó que la misma Ingelel le había dado precisas instrucciones para efectuar ese traslado (fl. 69). El 10 de diciembre de 2001 la ETB depositó en la cuenta de Ingelel $ 402.700.000.00, pero esa suma no se le trasladó a Corfinsura. El depósito fue utilizado por Ingelel para cubrir dos cheques girados a Coltefinanciera S.A. por $ 205.600.000.00 y $ 48.200.000.00; y también se utilizó para cumplir la orden de embargo mediante el depósito judicial de $ 167.000.000.00. El 28 de diciembre de 2001 Corfinsura solicitó al banco que le reintegrara los $ 436.700.000.00 que había depositado la ETB antes del 10 de diciembre. Y en el mes de enero de 2002, Ingelel se comprometió ante el banco a cubrirle la eventual obligación que pudiera caberle al mismo banco por los dineros que la ETB le depositó en cuenta corriente y que no trasladó a Corfinsura; además, firmó pagaré en blanco como contra garantía.
El demandante fue oído en descargos en relación con esos hechos (fls. 22 a 49). El mayor acento de la diligencia giró alrededor de las inconsistencias del contrato de cesión de la facturación de la ETB, que recibió explicaciones por parte del demandante, quien observó que su celebración y aprobación por la oficina jurídica del banco era un hecho cumplido para la fecha en que asumió la gerencia en junio de 2001. También se le indagó por el tema de la “certificación” que le había expedido a Corfinsura y a eso respondió que el traslado no se hizo porque Ingelel le dio nuevas instrucciones para que los dineros depositados por la ETB se utilizaran para cubrir los cheques girados a Coltefinanciera S.A. y porque medió el embargo de los dineros de la cuenta corriente de Ingelel.
Por medio de la comunicación de folios 19 y 20 el banco terminó el contrato de trabajo aduciendo que el demandante incurrió en grave negligencia que puso en peligro la seguridad de sus bienes y que también en forma grave violó sus obligaciones y prohibiciones laborales.
Solo uno de los hechos que se han reseñado se erigió en motivo del despido: Que mediante...
“Certificación suscrita por usted en noviembre 14 de 2001 a la firma Corfinsura en la cual se comprometió a efectuar traslados en las fechas estipuladas (dic. 10 y 25/2001), recursos provenientes del pago de facturas de la ETB en cuenta de $ 489.605.576 millones, hecho que no se cumplió, no obstante haber recibido los recursos de la ETB, permitiendo que el cliente Ingelel los utilizara en parte para otras necesidades, situación que dio lugar a que Corfinsura reclamara, mediante carta suscrita en diciembre 28 de 2001 los dineros que le fueron anunciados en noviembre 14 de 2001”.
En el documento del folio 69, por medio del cual el demandante se dirigió a Corfinsura el 14 de noviembre de 2001, se lee:
“Por medio de la presente certificamos que dentro de nuestra sucursal de Banca de Empresas Palacé del BBVA Banco Ganadero, existe la cuenta corriente Nº ..., a nombre de Ingelel S.A., además poseernos orden expresa del cliente para que el valor correspondiente a las facturas (...) las cuales suman un valor de ($ 489.605.576.00) (...), sea trasladado vía Sebra al código 6600 de la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. Corfinsura, dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la consignación correspondiente al pago de dichas facturas, derivadas del contrato 420002703 que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB, realizará los días diez y veinticinco de diciembre de 2001”.
Ese documento fue correctamente apreciado por el tribunal. En efecto, basta leerlo para advertir que el demandante, quien lo suscribió, se limitó a certificar la existencia de una cuenta corriente a nombre de Ingelel y a transmitirle a Corfinsura las instrucciones de Ingelel. Nada indica que hubiera comprometido al banco demandado y ni siquiera que lo hubiera constituido en garante de Ingelel. En punto al traslado de dineros el gerente demandante solamente le comunicó a Corfinsura las instrucciones de su cliente Ingelel. En consecuencia, no aparece cabalmente demostrado el hecho que en la carta de despido le atribuyó el empleador al sostener que el gerente demandante comprometió patrimonialmente al banco con ese documento o al creer que ponía sus bienes en grave peligro de pérdida.
Por lo tanto no puede considerarse que la operación que realizó el demandante fuese constitutiva de negligencia en su conducta laboral porque es dable entender que medió un cambio de instrucciones. Las que inicialmente recibió para trasladar el dinero a Corfinsura fueron modificadas por Ingelel, que en el documento de folios 70 a 72 reconoció que le pidió al gerente demandante que utilizara los dineros depositados por la ETB para cubrir dos cheques girados a favor de Coltefinanciera S.A.
El banco recurrente asume que el trascrito documento del demandante del folio 69 es prueba, de la negligencia y del incumplimiento de obligaciones a su cargo. Pero el deber del actor tenía que ser el acatamiento a las nuevas instrucciones del dueño de los dineros depositados en la cuenta corriente (Ingelel). Pérez Castillo sencillamente las cumplió. El cambio de instrucciones podía comprometer la responsabilidad de Ingelel ante Corfinsura, pero no al banco.
Entonces, frente a la posición del banco conforme a la cual las pruebas indican que Pérez Castillo faltó a la debida diligencia e incumplió sus obligaciones, razonablemente también cabe una apreciación diametralmente opuesta: el demandante cumplió cabalmente el mandato del cuenta corrientista Ingelel, porque fue él quien cambió las iniciales instrucciones, estando facultado para ello. De modo, que es también posible concluir que si Pérez Castillo no hubiera procedido de esa manera habría desacatado una contra orden de su cliente.
Por otro lado la reclamación de Corfinsura en la comunicación del folio 67 no prueba que el demandante hubiera sido negligente o que hubiera incumplido sus obligaciones laborales, porque mediando la contra orden del titular de la cuenta corriente la responsabilidad debía recaer en él y no en el intermediario financiero. Otra sería la conclusión de no haber mediado la modificación de las iniciales instrucciones.
El cargo no desvirtuó el soporte básico de la sentencia. Solo cuando desarrolló la demostración del tercer error de hecho (punto 3) abordó el examen del documento del folio 69. Al plantearlo sostuvo que el tribunal no dio por demostrado que el demandante en nombre del banco realmente se comprometió a trasladar a Corfinsura, el 10 y el 25 de diciembre de 2001, recursos de Ingelel por $ 489.600.000.00 y dio por establecido, sin estarlo, que el demandante únicamente le hizo saber a Corfinsura que el banco poseía una orden expresa de Ingelel para trasladarla. El argumento que dio para infirmar este soporte del fallo lo hizo consistir en que el tribunal en forma inexplicable resolvió negar que el demandante, como gerente del banco, se comprometió a trasladar a Corfinsura “... los dineros de marras y se centró en una distinción carente de todo fundamento, pues dice que el demandante “únicamente le hizo saber a Corfinsura S.A. que el banco poseía ‘... orden expresa...’ del cliente Ingelel S.A. para trasladar vía sebra, dentro de las veinticuatro horas siguientes...” el valor de unas facturas, como si una orden expresa respecto de los dineros de Ingelel S.A. dada por la misma compañía fuera de discrecional cumplimiento y no generara para el banco ningún compromiso”.
Pero no bastaba para demostrar el tercero de los errores de hecho con calificar de inexplicable la apreciación que el tribunal le dio al documento del folio 69, ni le bastaba alegar que “tan claro era el compromiso que, como se vio, Corfinsura le reclamó al banco el traslado de esos recursos, todo lo cual ya se encuentra explicado al estudiar los documentos con los cuales se respaldaron los dos yerros de hecho ostensibles anteriores, por lo que no resulta necesario regresar sobre los mismos, aunque cabe decir que todo ello se encuentra ratificado con el propio dicho del demandante al absolver el interrogatorio que se le formuló”, porque una cosa es formular una reclamación y otra que esa reclamación sea atendible, de manera que la sola petición de Corfinsura no es suficiente para infirmar el fallo.
Y como el tribunal no incurrió en error al considerar que el demandante no comprometió al banco frente a Corfinsura, se caen por su base los planteamientos que informan los supuestos errores de hecho 1, 2, 4 y 5.
Al desarrollar la demostración del sexto de los errores de hecho la entidad recurrente sostiene que el tribunal no reparó en que la cláusula 14 de la convención colectiva establece una remisión al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, y no a la figura del reintegro como propia de la convención correspondiente. Y en orden a infirmar este otro soporte del fallo plantea los argumentos que a su juicio demuestran el error del tribunal.
El tribunal por su parte expresó en la sentencia que el reintegro consagrado en la cláusula 14 convencional tiene individualidad propia y no desapareció de la contratación colectiva por causa de la derogatoria del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.
Al respecto se observa que la Corte, en sentencia de casación del 24 de febrero de 2005 (rad. 22696), dictada en el proceso ordinario laboral que promovió Roberto Antonio Flórez Muñoz contra el Banco Ganadero, consideró, y aquí lo reitera, que la cláusula convencional referida admite las dos interpretaciones que se han reseñado, lo que implica descartar el error manifiesto. Dijo la Corte:
“El mencionado precepto convencional consagra que: “Si el trabajador tuviere 10 años o más de servicios continuos se le pagará 35 días adicionales sobre los 60 días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en cuyo caso, si el juez optare por la indemnización, esta se ajustará a lo acordado en literal d) de la presente cláusula”.
Pues bien, en el ámbito puramente fáctico como corresponde, advierte la Sala que pese a que es plausible, como lo sostiene la censura, que el reintegro pretendido quedó vigente, aún después de que desapareció la norma legal que se había repetido en la cláusula convencional (D. 2351/ 1965, art. 8-5), también resulta razonable la consideración del tribunal, conforme a la cual, para lograr el derecho al reintegro se requería el cumplimiento de 10 años a la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, por ser ella modificatoria de aquella preceptiva legal, y, por ende, de la estipulación convencional que la reproducía.
En consecuencia, la posibilidad de deducir diversas interpretaciones de la misma norma de la convención colectiva, descarta la existencia de un error evidente de hecho”.
Por lo tanto, no incurrió el tribunal en un desacierto evidente si le otorgó al referido precepto convencional un entendimiento que no es notoriamente desacertado.
Al proponer el 7º de los errores de hecho la entidad recurrente sostiene que el tribunal no dio por demostrado, estándolo, que el reintegro es inconveniente y al demostrarle a la Corte ese desacierto asevera que esa inconveniencia surge del propio cargo del demandante y su nivel de responsabilidad, la dimensión del riesgo que generó, el detrimento de la imagen del banco demandado frente a compañías de importancia y la creencia del tribunal de que la trayectoria laboral positiva hace perder gravedad a una determinada falta.
Sobre el particular cumple precisar que por este aspecto el cargo no puede prosperar, pues quedó establecido que el demandante no comprometió los intereses del banco y que actuó con sujeción a las instrucciones que Ingelel le suministró. Bajo esas circunstancias no es dable considerar que la actuación del trabajador pudo menoscabar el buen nombre de la entidad y sobre ello el cargo no ofrece ningún elemento de juicio, pues no precisa las pruebas que dan cuenta del detrimento de la imagen de la entidad bancaria demandada.
Y en cuanto al cargo desempeñado por el actor como razón para dar por demostrado que el reintegro no es aconsejable, importa anotar que esta Sala ha precisado que para ordenar judicialmente el reintegro de un alto directivo de una empresa, como es dable considerar al actor, “el juez del trabajo está en la obligación de observar una mayor diligencia y ponderación en la evaluación de las circunstancias que hayan sido objeto de discusión por las partes en torno a la imposibilidad de la reanudación del vínculo laboral, por cuanto esa condición de alto directivo y el reintegro ordenado por la vía judicial, lejos de contribuir a la necesaria armonía que debe reinar entre los sujetos del contrato de trabajo, puede constituirse fácilmente en un obstáculo para ese desarrollo equilibrado de la relación contractual, y aun más, puede ser un factor perturbador de la proyección de la empresa en la realización de sus objetivos sociales” (sent. mar. 29/1996, Rad. 8554). Sin embargo, la acusación no le explica a la Corte las razones por las cuales en este específico caso el cargo desempeñado por el demandante se constituye en un motivo que sin lugar a duda indique que el reintegro al empleo ordenado por el tribunal no es aconsejable por razón de las incompatibilidades que hubieren podido generarse entre las partes por el hecho del despido.
Cumple observar, finalmente, que la cuestión relacionada con la condena por intereses sobre los aportes y cotizaciones a la seguridad social no deriva de la apreciación de la prueba, de manera que no puede ser examinada en este cargo, que se formuló por la vía indirecta.
Acusa la aplicación indebida del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 que a su vez condujo a la aplicación indebida de los artículos 58, 60, 61, 64, 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, 7º y 8º del Decreto 2351 citado y a la infracción directa del artículo 232 de la Ley 222 de 1995.
Para demostrar esta acusación sostiene la entidad recurrente que a pesar de que el tribunal tuvo por demostrado que el banco invocó para el despido la grave negligencia en que incurrió el trabajador, que puso en peligro la seguridad de sus bienes, sostuvo que ese supuesto no está consagrado en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, por lo cual aplicó indebidamente la norma jurídica.
El opositor anota que el tribunal interpretó la norma acusada, como quiera que transcribió una jurisprudencia de la Corte sobre el alcance de la culpa del trabajador que pone en peligro la seguridad de las cosas y bienes de su empleador, por lo que estima mal formulado el cargo.
Es cierto que el tribunal incurrió en el error jurídico que denuncia el cargo. Pero también lo es que a pesar de haber manifestado que el motivo invocado en la comunicación de despido no tiene consagración legal, examinó la conducta del trabajador respecto del hecho y no encontró demostrado que el gerente demandante hubiera comprometido al banco frente a Corfinsura, de manera que en últimas el yerro anotado no tuvo incidencia en la resolución judicial que adoptó. Y como la Corte, en el examen que hizo del cargo indirecto, encontró que el demandante no puso en grave peligro el patrimonio del banco, la definición del litigio sería la misma que adoptó el fallador de segundo grado.
Denuncia la infracción directa del artículo 232 de la Ley 222 de 1995, la cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 58, 60, 61, 62, 63, 64, 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965 y 6º de la Ley 50 de 1990.
Dice el recurrente que según el artículo 232 de la Ley 222 de 1995 es improcedente el reintegro en el evento de despido o remoción de administradores y del revisor de la legislación laboral y que, como el actor era administrador, rige aplicarle esa preceptiva. Y como el tribunal no lo hizo violó la ley sustancial al ordenar el reintegro.
El opositor a su vez estima que el reintegro ordenado no está amparado en la legislación laboral sino en un acuerdo convencional.
A pesar de que la Ley 50 de 1990 excluyó del ámbito jurídico el reintegro que había consagrado a favor de los trabajadores la legislación de 1965, no excluyó la posibilidad del reintegro acordado convencionalmente. Y a pesar de esa supresión, cinco años después de la vigencia de la Ley 50, una ley mercantil, la 222 de 1995, vino a declarar la improcedencia del reintegro de los administradores y del revisor fiscal de las sociedades, lo que significa que de estar ellos vinculados por contrato de trabajo solo tienen derecho a la indemnización si el despido es injusto y a las prestaciones que surjan de su relación laboral.
Sobre el particular textualmente dispuso el artículo 232 de la Ley 222 de 1995:
“Improcedencia de la acción de reintegro. En el evento de despido o remoción de administradores y revisor fiscal no procederá la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral”.
Ahora bien, el cargo sostiene que este precepto legal es aplicable al caso porque el demandante era “administrador” del banco, dado que ejercía la función de gerente de banca. Cumple fijar, entonces, el alcance de esa norma para, más adelante, determinar el que le corresponda al cargo que aquí formula el Banco Ganadero.
Para la Corte el término “administradores” no se utiliza en un sentido amplio sino en uno específico. No fueron excluidos de la acción de reintegro todos los que ejerzan actos de administración en una sociedad, sino únicamente los que ostenten esa condición según la ley. Y cumple aquí recordar un principio elemental de interpretación del artículo 28 del Código Civil: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal”. Pues bien, el artículo 22 de la misma Ley 222 de 1995 definió el término administradores: “Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”.
En gracia de discusión y bajo el supuesto de que la entidad recurrente haya asumido que el demandante, por ser gerente bancario, es su representante legal, la Corte debe observar que esa apreciación, no está en este caso probado. Dentro del esquema jerárquico de las sociedades un gerente de banca no es, necesariamente, un representante legal, ya que el criterio legislativo para definir quien ostenta la representación de la sociedad y la administración de sus bienes está en el contrato social, en sus estatutos, como lo dice expresamente el artículo 196 del Código de Comercio, que se relaciona con el 110-6 ibídem y con el 111 que impone el registro mercantil para la constitución y prueba de la sociedad comercial y su representación.
Y esto lleva a otra consideración importante. Solo ahora, en el recurso extraordinario de casación, cree la entidad demandada que el demandante es uno de sus órganos sociales, su administrador. Supone en este cargo que ello es así por la sola circunstancia de que aquel ejerció el empleo de gerente. Pero como la noción de órgano social es legal y también lo es la de representante legal, y el carácter de administrador no admite ni suposiciones ni interpretaciones de acuerdo con el sentido natural y obvio de la palabra sino que es una situación fáctica que debe probarse con el medio de convicción idóneo, sirve lo dicho para glosar el cargo por estos dos aspectos: porque utiliza la vía directa para denunciar al tribunal por ignorar el precepto 232 de la Ley 222 de 1995 sin advertir que ese hecho requería alegación y prueba y que ni lo uno ni lo otro ocurrió, de manera que la vía directa era improcedente; y porque así se hubiera propuesto la vía indirecta para hacerle ver a la Corte que el tribunal no dio por demostrado que el demandante era su representante legal, se trataría de la formulación de un hecho nuevo, puesto que el mismo no fue materia de discusión al trabarse la relación jurídico procesal ni en el debate argumental y probatorio surtido en las instancias.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 6 de mayo de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió Luis Guillermo Pérez Castillo contra el Banco Ganadero S.A., sucursal Medellín.

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 8
 artículo 7
 artículo 232
 artículo 7
 resolución 
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 28
 artículo 22
 artículo 196