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Timestamp: 2020-01-28 01:03:46+00:00

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4.1. El derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas
4.2.1 El procedimiento establecido por el Colegio en su Manual de Convivencia para los procesos disciplinarios.
4.2.2 El proceso disciplinario aplicado a estos casos.
4.3. Análisis del cumplimiento del debido proceso durante los procesos disciplinarios.
4.4. El proceso disciplinario llevado en contra de los menores en nombre de quienes se interpone esta acción de tutela.
4.1. El derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas.
Las instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal que regir sus relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia119. Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación.
Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves120. Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas121) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes122. Adicionalmente el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo123.
Pasa ahora la Sala a analizar si se respetó el derecho al debido proceso de los menores durante el proceso disciplinario. De acuerdo a las vulneraciones alegadas la Sala analizará i) si las reglas que estipuladas en el Manual de Convivencia del Colegio cumplen con el principio de tipicidad; ii) si se ha respetado el principio de legalidad al prever el procedimiento con anterioridad al inicio del proceso; iii) si se ha respetado el derecho a la defensa; y iv) si se ha respetado el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, antes de abordar los anteriores problemas es necesario hacer un recuento del proceso disciplinario establecido en el Manual de Convivencia del Colegio, así como el procedimiento específico que el Colegio siguió.
4.2. El Colegio vulneró el derecho al debido proceso de los menores Esteban, Jorge, José y Daniel en los procesos disciplinarios seguidos en su contra.
De acuerdo al Manual de Convivencia del Colegio existen dos procedimientos a través de los cuales se pierde la permanencia en la institución. El primero se refiere a la no renovación del contrato académico para el siguiente año lectivo en razón al mal comportamiento, lo que no requiere necesariamente de un procedimiento disciplinario. La segunda se refiere a la pérdida de la permanencia en la institución por la cancelación de la matrícula después de un proceso disciplinario por encontrarse incurso en las faltas denominadas como graves en el Manual de Convivencia. El artículo 10 del Manual establece en lo pertinente:
Artículo 10. De la permanencia
Se pierde el derecho a pertenecer en la Institución:
1. Cuando se descubre que ha habido dolo en la presentación de los certificados tanto de identidad como académicos.
2.Cuando reiteradamente presenta actitudes negativas de disciplina o mal comportamiento y han sido registradas en el Observador del Estudiante y dadas a conocer tanto al estudiante como a sus padres, previo agotamiento del debido proceso.
3.Cuando presenta bajo rendimiento académico ya que la educación es un derecho-deber y por consiguiente no se vulnera lo establecido al respecto en la Constitución Nacional.
4.Cuando el estudiante reprueba por primera vez el año escolar y observó mala conducta y reiterada indisciplina.
5.Se pierde la calidad de estudiante del Colegio cuando al finalizar el año lectivo mantiene juicios de valor de insuficiencia y/o deficiencia en cuatro o más asignaturas ya que el estudiante ha demostrado irresponsabilidad e indisciplina académica.
6. En caso de exclusión la Rectoría previo informe a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia compulsará el acto administrativo correspondiente.
El anterior artículo establece que la permanencia en la institución puede perderse cuando el estudiante “reiteradamente presenta actitudes negativas de disciplina o mal comportamiento”, pero dicha conducta, para que proceda la pérdida de la permanencia, se encuentra sujeta a: i) el registro de dichos comportamientos en el Observador del Estudiante; ii) el conocimiento de dicho registro a los padres y al estudiante y; iii) al agotamiento del debido proceso. El agotamiento del debido proceso puede entenderse de dos maneras. La primera se refiere a que después de haber cumplido con el registro y el informe a los padres y al estudiante el Rector debe presentar un informe de lo anterior a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de familia para que apruebe la determinación y así el Rector proceda a expedir el correspondiente acto administrativo. Así mismo, en este procedimiento el estudiante, de acuerdo al artículo 11 del mismo Manual, tiene derecho a “ser escuchado cuando incurra en cualquier tipo de falta leve o grave cometida dentro o fuera del plantel y al debido proceso.”124
La segunda forma de perder la permanencia corresponde al procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual para los procesos disciplinarios cuando se encuentre una reincidencia en faltas leves o la comisión de faltas graves que, verificada la conducta desencadena la cancelación de la matrícula. Las faltas graves se encuentran en el artículo 14 del Manual de Convivencia que en lo pertinente dice:
Artículo 14. Faltas Graves
- Todo acto contra la moral y las buenas costumbres.
- Comportamiento agresivo de palabra y hecho contra directivos, profesores, compañeros o personas que trabajen en la institución.
- Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los compañeros.
- Irrespeto a sus profesores y a sus compañeros.
El Manual también establece que “el proceso evaluativo de las faltas lo harán los profesores, Directores de curso, Coordinadores de Sección, la Rectoría y el Consejo Directivo, como entes disciplinarios de la Institución.”125
El procedimiento disciplinario, de acuerdo a los artículos 17 y 21 del Manual es el siguiente:
Para las faltas graves determinadas por la reincidencia de las faltas leves por el incumplimiento de compromisos se dará lugar al inicio del proceso disciplinario.
Cometida la falta se proseguirá a estudiar su veracidad y a determinar su autor o autores para establecer la responsabilidad así:
- Conocimiento de la falta por el director de curso y el alumno.
- Comunicación a coordinación para hacer el registro escrito del hecho y de las pruebas en forma clara y detallada.
- En forma escrita poner en conocimiento de los hechos junto con las pruebas del rector.
- Revisados y verificados los hechos y pruebas la Rectoría determinará si existe o no mérito suficiente para continuar con el proceso.
- Si existe mérito suficiente la Rectoría y/o investigador determinará continuar con la investigación; se hará citación a padres de familia o acudiente junto con el estudiante para comunicarle y notificarle la apertura del proceso disciplinario.
- El investigador formulará por escrito los cargos, y de igual forma se le comunicará al acudiente y al estudiante, señalando con precisión las faltas así como las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
- Una vez notificados dispondrá de cinco días hábiles para presentar descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere para su defensa.
- Cumpliendo el término anterior el investigador practicará las pruebas que considere convenientes para clarificar los hechos.
- Una vez superada la etapa anterior el investigador mediante un informe claro y detallado lo remitirá al Consejo Directivo quien dentro de los tres días hábiles siguientes estudiará el caso para absolver o imponer la sanción si hubiere lugar a ella, de lo cual, informará a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia si se llegase a determinar la expulsión del estudiante. El Rector mediante resolución motivada comunicará la sanción tanto a los padres de familia como al estudiante.
Artículo 21. Recursos contra las sanciones graves.
Contra las actuaciones que surjan del proceso disciplinario procederán los recursos de reposición y apelación; contra las sanciones impuestas por el Rector mediante resolución procede el recurso de reposición y subsidiariamente el recurso de apelación ante el Director del Núcleo Educativo. Los recursos deben interponerse sucesivamente por escrito durante los cinco días hábiles a la notificación.
En el Manual se encuentran unas disposiciones que se deben aplicar como principios generales cuando se presenten faltas a los deberes de los estudiantes. Así, en su artículo 20 se establece que:
Artículo 20. A los estudiantes que incumplan los deberes consagrados en el presente Manual de Convivencia se les aplicarán los correctivos en forma progresiva siguiendo el debido proceso así:
- AMONESTACIÓN VERBAL PRIVADA: Por faltas leves, los profesores, directores de grupo u otra autoridad educativa harán la corrección verbal respectiva y se amonestará al estudiante haciendo notar que en la próxima falta se le hará amonestación escrita.
- AMONESTACIÓN VERBAL ESCRITA: Por reincidencia en faltas leves y por faltas graves el profesorado, director de grupo y coordinador registrarán en el observador del Estudiante el motivo de la amonestación aclarando que es de carácter escrito y se establecerá el respectivo compromiso de mejoramiento y se rubricará tanto por el estudiante como por el profesor que le hizo la reconvención.
- NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA: Por faltas graves, reincidencia en faltas leves, se notificará a los padres de familia para informarles sobre la comisión de faltas del estudiante y se establecerán por escrito los respectivos compromisos de mejoramiento advirtiéndoles que si existiere un próximo llamado de atención quedará en condición de última oportunidad de permanencia en el Colegio.
- CANCELACIÓN DE LA MATRICULA: Por faltas graves, por reincidencia en faltas leves, por indisciplina permanente, desinterés en el estudio e incumplimiento del contrato de prestación del servicio de educación, pérdida de dos grados académicos luego del análisis y concepto de la Asamblea de Profesores, comités de evaluación y promoción, previa información y autorización de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, el Rector producirá la resolución motivada para el estudiante y padre de familia o su representante informándole sobre la cancelación de la Matrícula.
Dicha regla indica que ante el incumplimiento de los deberes los correctivos deben ser aplicados en forma gradual pues “los correctivos y sanciones previstas en el presente Manual de Convivencia, cumplen la función de hacer reflexionar y ayudar a superar las dificultades y errores de los estudiantes en cuanto a sus actitudes y comportamientos.”126
En conclusión, la pérdida de la permanencia en la institución puede darse de dos maneras. La primera establece la pérdida de la permanencia cuando un estudiante presenta de manera reiterada actitudes negativas de disciplina o mal comportamiento, lo que desencadena un procedimiento específico: i) el registro de dichos comportamientos en el Observador del Estudiante; ii) la comunicación de dicho registro a los padres y al estudiante; iii) la presentación de un informe a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia por parte del Rector; iv) la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la determinación; y v) la expedición del acto administrativo que declara la pérdida de permanencia. El anterior procedimiento debe respetar el debido proceso, que en este caso se concreta en dar la oportunidad al estudiante de ejercer su derecho de defensa.
La segunda forma de perder la permanencia en la institución procede ante la comisión de las faltas graves o la reincidencia de las faltas leves estipuladas en el artículo 14 del Manual de Convivencia lo que desencadena el proceso disciplinario reseñado.
El procedimiento establecido en el Manual de Convivencia del Colegio en principio, tal y como aparece estipulado en su manual respeta las disposiciones constitucionales en cuanto prevé un procedimiento para aplicar sanciones en el que se establecen tiempos para ejercer el derecho de defensa, una verificación de los hechos, el conocimiento de las partes de las instancias mediante notificaciones y comunicaciones y una aplicación gradual de las sanciones y correctivos que atiende criterios de formación educativa.
Pasa ahora la Sala a analizar el proceso disciplinario que se siguió contra los menores en nombre de quienes se interpuso acción de tutela.
Dado que el proceso disciplinario contra los cinco estudiantes se siguió en un mismo expediente se reseñará cada una de sus partes de manera conjunta, empezando por una cronología del mismo:
Salida pedagógica en donde ocurrieron los hechos que llevaron a la apertura del proceso disciplinario.127
Sin fecha ni radicación
Informes separados de la salida del Coordinador Guillermo y de Lilian.128
Carta dirigida al Rector por parte de Mauricio, quien estuvo presente en la salida pedagógica.129
Queja formal presentada a la Rectoría por parte de la madre de la supuesta víctima.
Comunicación a los padres de los menores para que se presenten el día 17 de junio a las 930 de la mañana junto con su hijo en la rectoría para notificarles por escrito las faltas en las que presuntamente incurrió su hijo y recibir sus descargos.130
Notificación escrita a los padres de los menores de la apertura del proceso No. 05 de 2005. (Término para presentar descargos 23 de junio de 2005).131
Los padres del menor Jorge solicitan la expedición de copias del proceso disciplinario 02 de 2005132.
Se presenta declaración escrita del padre del menor Daniel133 y del mismo menor.134
Se presenta pliego de descargos ante la rectoría y por escrito por parte de los padres de los menores y por los menores.135
Se presenta ampliación de la denuncia de la madre de la víctima.
Se presenta declaración escrita de los hechos por parte del menor Esteban.136
Declaración escrita de Camilo.137
Declaración escrita de Alejandro138.
Declaración escrita de Carlos.139 Se expide la Resolución 006 del 29 de junio de 2005 “por la cual se reestructura el Consejo Directivo140.
Ampliación de los descargos por parte de los padres del menor Esteban.
El Rector presenta informe de los hechos al Consejo Directivo.141
Se realiza la primera reunión del año del Consejo Directiva, aprueban Acta 01 de 2005. El Rector da a conocer al Consejo la Resolución 006 de 2005 por medio de la cual se reestructura el Consejo Directivo. Se da a conocer al Consejo el inicio de los procesos disciplinarios.142
El Consejo Directivo toma la determinación de cancelar la matrícula del menor.143
Acta No. 04 de 2005 con la que se aprueba el Acta del día anterior.144
La Junta de Padres autoriza la cancelación de la matrícula.145
El Rector envía comunicación escrita y separada a los padres de los menores citándolos para el 5 de agosto para darles a conocer la decisión del Consejo Directivo.146
El Rector expide la Resolución 011 de agosto de 2005 mediante la cual establece que el menor ha cometido, de acuerdo al artículo 14 del Manual de Convivencia, dos faltas graves: i) “Todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes morbosas que afectan la buena formación de los compañeros”. La Resolución establece la posibilidad de interponer recurso de reposición ante el Rector y el Consejo Directivo durante los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución147. En el mismo sentido la resolución 012 de 2005 para José;148 resolución 009 de 2005 para Jorge;149 resolución 008 de 2005 para Daniel.150
Los padres del menor Esteban interponen recurso de reposición la resolución 011 de 2005 y en subsidio se interpone el recurso de apelación151. Los padres del menor José interponen recurso de reposición de la Resolución 012 de 2005 y en subsidio se interpone el recurso de apelación152. Los padres de Jorge interponen recurso de reposición contra la Resolución 009 del 2005 y en subsidio se interpone el recurso de apelación153.
Los padres del menor Daniel interponen recurso de reposición contra la resolución 008 de 2005 y en subsidio se interpone el recurso de apelación154.
Se reúne el Consejo Directivo para analizar el recurso de reposición155.
Se reúne el Consejo Directivo y confirma la Resolución 011 de 2005156.
Se expiden las Resoluciones 013, 014, 016 y 017 del 9 de septiembre de 2005 mediante las cuales se ratifica la cancelación de la matrícula de los menores y de acuerdo al artículo 21 del Manual de Convivencia pasa a la Secretaría de Educación para que resuelva el recurso de apelación.157
Acta 07 de 2005 en la que el Consejo Directivo establece que independientemente de la decisión de la Secretaría Educativa sobre el recurso de apelación la matricula de los estudiantes no será renovada.158
Acta final de disciplina de la Asamblea de Profesores. 159
Se hace entrega del Boletín Informativo de 4 Período y Final en el que se dice: “Por su incumplimiento en los deberes de estudiante, consignados en el Manual de Convivencia y en el contrato de matrícula no se le puede renovar su vinculación al colegio en el 2006.”160
La Secretaría de Educación decide anular el proceso disciplinario que se siguió contra los menores por violación al debido proceso161.
Habiendo establecido los criterios aplicables al caso así como el procedimiento que surtió la investigación disciplinaria de los menores, pasa la Sala a verificar la debida aplicación de los parámetros constitucionales.
Para establecer si el Colegio respetó el debido proceso de los estudiantes con la determinación de cancelar la matrícula de los menores Esteban, José, Jorge y Daniel se debe analizar dos cuestiones por separado. La primera se refiere al proceso disciplinario en el que el colegio decidió cancelar las matrículas de los estudiantes. Si bien el proceso fue anulado en la segunda instancia y, como se ha mencionado, se alega que su desvinculación de la institución obedeció a una decisión supuestamente separada del proceso disciplinario anulado mediante la cual se decidió no renovar las matrículas de los estudiantes, cabe señalar que subsisten rasgos constitucionales del proceso disciplinario que deben ser analizados y que este análisis es relevante habida cuenta de que a varios menores no se les renovó la matrícula. Para dicho análisis primero se verificará el respeto al principio de tipicidad en lo que se refiere a las faltas imputadas a los menores. Segundo, se analizará si se respetó el principio de legalidad. Tercero, se determinará si se respetó el derecho a la defensa de los menores. Finalmente, se mirará la competencia de la Secretaría de Educación del Municipio para conocer de la segunda instancia en el proceso.
La segunda cuestión se refiere a la determinación de la no renovación de la matrícula de los menores por parte del Colegio, lo que se hizo antes de conocer la decisión de segunda instancia sobre el proceso disciplinario, aduciendo el incumplimiento de los deberes del estudiante y la autonomía de la institución educativa como entidad privada. Una vez resuelta la primera cuestión se pasará a analizar el procedimiento que llevó a la no renovación de las matrículas y si, al igual que en el caso anterior dicha determinación respetó las garantías del derecho al debido proceso, como establecido en su Manual.
4.4.1 Las reglas disciplinarias establecidas en el Manual de Convivencia del Colegio e imputadas a los estudiantes en nombre de quienes se instauró la presente acción de tutela vulneran el principio de tipicidad.
Del principio de tipicidad aplicable al proceso disciplinario en las instituciones educativas como garantía del debido proceso se desprende que en términos generales una regla que establece las conductas por las que se pierde la permanencia en una institución educativa no puede ser tan vaga que permita una aplicación arbitraria. En particular la regla debe proveer una información clara y adecuada que permita al estudiante entender cuál es la conducta reprochada.
El Manual de Convivencia del Colegio establece en su artículo 14 las faltas graves, de las que se deriva la pérdida de la permanencia en la institución:
- Todo acto contra la moral y las buenas costumbres162.
El 5 de agosto de 2005 el Rector del Colegio expidió las resoluciones 008, 009, 011, 012 mediante las cuales se estableció que los menores estudiantes José, Jorge, Esteban y Daniel habían cometido dos faltas graves de acuerdo al artículo 14 del Manual de Convivencia. Las faltas por las que los menores fueron investigados corresponden al incumplimiento de tres deberes sociales de los estudiantes, un deber respecto de sus compañeros, un deber disciplinario y una falta grave: i) “identificar, valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia, de la institución, del Municipio y de la Nación”; ii) “Guardar una gran lealtad a la institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola con sus actuaciones y comportamientos”; iii) “Valorar y respetar los derechos, bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la comunidad educativa”; iv) “Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos modales en las relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”; v) “mantener un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de reuniones comunitarias”; vi) “Propiciar la conservación de la salud física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material pornográfico...”163; vii) “Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”164. Las sanciones fueron imputadas por las faltas consistentes en realizar: i) “Todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes morbosas que afectan la buena formación de los compañeros”.
Para analizar las conductas tipificadas como faltas disciplinarias se debe también atender a los deberes estatuidos para los estudiantes. De acuerdo a la jurisprudencia sobre la tipicidad en el derecho disciplinario, se entiende que las conductas previstas como faltas disciplinarias han de leerse de manera complementaria con los deberes, en este caso, establecidos para los estudiantes. El artículo 12 del Manual de Convivencia del Colegio establece los deberes de los estudiantes:
A nivel social y organizativo
-Valorar y respetar los derechos, bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la comunidad educativa.
- Observar diariamente las normas de presentación personal, en el vestir, el corte clásico de cabello, en la higiene y urbanidad que exige la institución.
- Utilizar únicamente la puerta señalada para la entrada y la salida de la institución.
- Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones e implementos deportivos para evitar accidentes.
- Hacer uso adecuado de los sanitarios, evitando el desaseo la escritura, la escritura y gráficos en puertas y paredes.
- Obrar correcta y diligentemente en todas las circunstancias, en especial durante la ausencia de profesores y directivos.
- Mantener un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de reuniones comunitarias
- Observar respeto y silencio en los desplazamientos por las dependencias del Colegio para no interferir en el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y/o administrativas
- Propiciar la conservación de la salud física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material pornográfico así como del consumo de bebidas embriagantes y el uso de sustancias sicoactivas.
- Avisar oportunamente a quien corresponda sobre situaciones de peligro, daños, robos, riñas y actos inmorales o de mal comportamiento por parte de compañeros o personas ajenas al colegio.
- No portar el uniforme en sitios como salones de juegos discotecas, tabernas, bares y otros similares.
- Acatar las orientaciones y sugerencias de los profesores y directivos de la institución165.
La jurisprudencia ha establecido que la tipicidad de una falta disciplinaria no comprende una descripción precisa y detallada de la conducta, como en el ámbito penal; sin embargo, y aun cuando se tiene que los tipos en el derecho disciplinario son abiertos, de la enunciación de la falta, en conjunto con los deberes correlativos, se debe poder establecer con claridad la conducta prohibida objeto de sanción.
La Sala encuentra que en el Manual de Convivencia la falta por la que fueron sancionados los menores corresponde a: “todo acto contra la moral y las buenas costumbres” y que las resoluciones mediante las cuales se ordenó cancelar la matrícula a los estudiantes los responsabilizaron por “todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres.” La falta atribuida a los menores vulnera el principio de tipicidad, lo que invalida el proceso disciplinario.
En efecto, la imputación de la falta “todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres” tiene dos problemas a la luz del debido proceso. El primero, es que dicha falta no se encuentra establecida en el Manual de Convivencia, como se anotó, por lo que se viola el principio de tipicidad. La diferencia se encuentra en que la falta establecida en el Manual hace alusión a la “moral” mientras que la falta imputada dice “moral cristiana”. Existe una gran diferencia entre los dos conceptos. La alusión a la moral cristiana designa la moral de un grupo religioso determinado. De otra parte la noción de “moral” hace alusión a la moral general, es decir a la moral social que, como se dijo en la sentencia C-224 de 1994166, “es la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia”. Así, pueden existir comportamientos que no vayan en contra de la moral general y que si vayan en contra de la moral cristiana de donde se desprende la diferencia en la tipificación de la falta.
El segundo problema que se encuentra es que la falta es amplia y vaga, ya que no alude a un comportamiento que sea previamente determinable. La falta remite a dos conceptos: la “moral cristiana” o “moral” y las “buenas costumbres”. Los dos, son conceptos amplios que pueden abarcar cualquier cantidad y diversidad de conductas y que no encuentran, de manera autónoma, un parámetro objetivo para su determinación en el propio Manual de Convivencia. Así, para que la conducta sancionada hubiera podido ser previamente determinable ésta debía haber sido acompañada de los correlativos deberes incumplidos y consagrados en el Manual de Convivencia.
Así mismo, la Sala encuentra que aún cuando la conducta imputada hubiere sido la que contempla el Manual de Convivencia “todo acto contra la moral y las buenas costumbres” ésta tampoco cumple con un grado de determinación suficiente ya que de la misma o de la remisión a unos deberes específicos predeterminados, no se puede establecer cuál es la conducta prohibida.
Por lo tanto, la Corte advierte al Colegio que deberá corregir su Manual de Convivencia en el sentido de determinar con claridad cuáles son las conductas que comprenden una falta disciplinaria. Lo anterior en el entendido de que de su lectura los estudiantes deben poder saber cuáles son las características esenciales del comportamiento que será objeto de sanción disciplinaria.
Lo anterior no significa que la conducta de los estudiantes en contra de su compañero no sea reprochable y lesiva de su dignidad, autonomía e intimidad, como ya se concluyó. Tampoco implica que dicha conducta no haya sido violatoria del Manual de Convivencia. Lo que sucede es que en el procedimiento disciplinario se incurrió en las fallas anteriormente señaladas.
4.4.2 . El Colegio no vulneró el debido proceso en lo que respecta a la integración y las funciones del Consejo Directivo de la institución.
Pasa ahora la Sala a verificar si se respetó el principio de legalidad en cuanto a la modificación de la composición y las funciones del Consejo Directivo de la institución después de iniciado el proceso disciplinario.
La apertura formal del proceso se dio el 16 de junio de 2005, fecha en la que se comunicó a los padres de los menores lo que había sucedido y se les cito en el Colegio para el siguiente día para notificarles por escrito las faltas en que presuntamente habían incurrido sus hijos.167 Posteriormente, mediante Resolución 006 del 29 de junio de 2005 expedida por el Rector se modificó la composición del Consejo Directivo y sus funciones. El siguiente cuadro muestra los dos textos:
Acuerdo 03 de 1999
Resolución 006 de 29 de junio de 2005
Artículo 1. El Consejo Directivo del Colegio, como instancia de participación de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y asesoría con el Rector que coadyuva en la orientación del Colegio y asesora para la toma de decisiones.
Artículo 1. Carácter. El Consejo Directivo del Colegio, es la instancia principal de participación de la comunidad educativa, órgano asesor y de colaboración con el rector y los directivos, para la toma de decisiones y la buena marcha de la institución.
Artículo 2. El Consejo Directiva estará integrado por:
- El rector, quien lo presidirá
- Dos representantes de los profesores,
- Un representante de los alumnos
- Un representante del sector productivo
- Un representante de la Diócesis del Municipio
Artículo 2. El Consejo Directivo del Colegio esta compuesto por las siguientes personas:
El Rector, quien lo preside, y en representación del Obispo Diocesano
Dos Representantes de los profesores, uno de los niveles de preescolar y básica primaria y otro de los niveles de básica secundaria y educación media, elegidos por la asamblea de docentes,
Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia, o uno de ellos por la Asociación de Padres de Familia cuando el número de sus afiliados alcance la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del colegio,
Dos estudiantes de los estudiantes, uno de los niveles de preescolar y básica primaria y otro de los niveles de básica secundaria y educación media, elegidos por el consejo de estudiantes,
Un representante de los exalumnos elegido en reunión de asamblea de exalumnos convocada por el Rector,
Un representante del sector productivo designado por la Cámara de Comercio del Municipio
Los Coordinadores de la Institución,
Un orientador o docente de apoyo designado por el Rector,
Un representante de los administrativos y personal de servicios generales elegido en asamblea,
El vicepresidente del Club Deportivo del Colegio.
Parágrafo: La forma de designación de los dos padres de familia establecida en el presente artículo, entrará en vigencia a partir de la iniciación del año escolar 2006.
Artículo 4. Son funciones del Consejo Directivo del colegio, las siguientes:
a) Asesorar al Rector en la toma de las decisiones de éste para el buen funcionamiento del colegio;
b) Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar;
c) Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar;
d) Tomar las decisiones que afecten al funcionamiento del Colegio cuando según el Manual de Convivencia no sean de competencia de otra autoridad;
e) Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y docentes con alumnos después de haber agotado el conducto regular y los procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia;
f) Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia que presente el Rector a su consideración;
g) Asumir la garantía y defensa de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;
h) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a inscripción y consideración de la Secretaría de Educación competente;
i) Participar en el proceso de autoevaluación del Colegio para la caracterización del servicio educativo;
j) Participar en el proceso de evaluación institucional;
k) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño del alumno en todos los órdenes;
l) Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, deportivo, cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras instituciones.
m) Fomentar la confrontación de la asociación de padres de familia y demás agremiaciones culturales y deportivas;
n) Reglamentar los procesos electorales a que haya lugar;
Artículo 4. Funciones. Son funciones del Consejo Directivo del Colegio las siguientes:
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del establecimiento educativo, siempre y cuando no sean competencia de otra autoridad y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia; y en el Manual de funciones.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos, con los alumnos del establecimiento educativo, después de haber agotado los procedimientos establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia;
3. Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia de la Institución y estudiar sus modificaciones, con base en las normas vigentes y la filosofía y principios del Proyecto Educativo Institucional;
4. Participar en la fijación de los costos educativos, en la parte que no sea competencia de otra autoridad, de acuerdo con la normatividad que rige para el sector privado de la educación.
5. Analizar y apoyar con equidad e imparcialidad las decisiones que se adopten en pro del bien común;
6. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;
7. Participar en la construcción, actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del Plan de estudios;
8. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los alumnos;
9. Participar en la evaluación de los directivos-docentes, docentes y personal administrativo de la institución;
10. Fomentar la conformación de la asociación de padres de familia y de estudiantes;
11. Apoyar la participación y las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de organismos juveniles y comunitario;
12. Fomentar la conformación con la Asociación de padres de familia, para propiciar colaboración y apoyo mutuos en las diferentes actividades programadas;
13. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Proyecto Educativo Institucional;
14. Mantener sigilo profesional sobre las deliberaciones y decisiones que se tomen en el consejo o fuera de él;
15. Mantener informados a los estamentos respectivos, de las decisiones que tome el Consejo, manteniendo el sigilo profesional que la ética y la moral imponen;
16. Estudiar las iniciativas presentadas a su consideración para el bien del establecimiento y estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución;
17. Servir de instancia para estudiar los informes que la dirección del Colegio presente, acerca de procesos disciplinarios a estudiantes y decidir sobre la absolución o imposición de la sanción.
18. Estudiar los informes de gestión y de resultados obtenidos por el Colegio en los diferentes aspectos previstos en el proyecto educativo institucional y en sus planes operativos.
Las modificaciones de la conformación del Consejo Directivo establecieron que: i) el Rector actuaba en representación del Obispo Diocesano; ii) se especificó el mecanismo de elección de los integrantes del Consejo Directivo; iii) se aumentó la representación de los estudiantes de uno a dos y se estableció el nivel que representa cada uno de ellos; iv) se añadió la representación de los coordinadores de la institución, de un orientador o docente de apoyo, de un representante de los administrativos y personal de servicios generales así como el vicepresidente del Club Deportivo del Colegio.
En cuanto a las modificaciones de las funciones del Consejo se le atribuyó explícitamente al Consejo la función de “servir de instancia para estudiar los informes que la dirección del Colegio presente, acerca de procesos disciplinarios a estudiantes y decidir sobre la absolución o imposición de la sanción.” De acuerdo al anterior articulado el Consejo servía de “instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y docentes con alumnos después de haber agotado el conducto regular y los procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia” al igual que asumía “la garantía y defensa de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado”. Lo anterior también se mantuvo en la nueva disposición sobre las funciones del Consejo. No obstante, la anterior función se encontraba estipulada en el artículo 17 del Manual de Convivencia al determinar que el Consejo Directivo decidiría sobre los informes presentados por el Rector en los procesos disciplinarios después de lo cual la decisión debía ser confirmada por la Asamblea de Padres de Familia.
La Sala encuentra que si bien el articulado sobre las funciones del Consejo Directivo fue modificado en un momento posterior a la iniciación del proceso disciplinario dichas funciones, en lo pertinente, se mantuvieron. Por lo tanto el único cambio que se desprende de la Resolución 006 de 2005 que afecta el proceso disciplinario fue la modificación de la conformación del Consejo Directivo. El hecho de que las normas modificadas respondan a una inclusión mayor de la comunidad educativa hace que no se encuentre un desmedro del derecho de los menores y dado que la rigurosidad de aplicación de los principios del derecho penal y derecho disciplinario en instituciones que prestan educación básica y media es menor hace que dicho cambio no represente una vulneración al derecho en esta oportunidad.
Los tutelantes sostienen que la decisión del Consejo Directivo de cancelar la matrícula de los menores vulnera el artículo 143 del Código de la Educación. El artículo 143 de la Ley 115 de 1994 dice:
La norma establece los integrantes del Consejo Directivo de las instituciones educativas estatales. Por lo tanto, la obligación que se desprende de la norma no se dirige a los colegios privados. Así, no le asiste razón a los tutelantes en cuanto a la obligación del Colegio de mantener la estructura del Consejo Directivo establecida en la norma dado que el Colegio no es una entidad educativa estatal sino un colegio de carácter privado que goza de autonomía para definir cuáles habrán de ser los miembros del Consejo Directivo168. De acuerdo a lo anterior, la Sala encuentra que el Colegio no vulneró el debido proceso durante los procesos disciplinarios seguidos contra los menores, en este aspecto.
4.4.3 El Colegio vulneró el derecho a una adecuada defensa de los menores en nombre de quienes se interpone la acción de tutela.
La materialización del derecho a la defensa en los procesos disciplinarios en una institución educativa, como se anotó en el apartado 4.1, exige que dicho proceso prevea (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.
La Sala encuentra que tanto los menores como los padres de estos tuvieron conocimiento de la apertura del proceso169, se les concedió un término razonable para presentar sus descargos, cosa que hicieron tanto los padres como los menores de manera escrita170. Así mismo, del informe que presentó el Rector al Consejo Directivo se encuentra una valoración de las declaraciones de los menores y sus padres así como de la víctima y de otros testigos de los hechos, las pruebas que fundamentan la decisión y una diferenciación de la responsabilidad de cada uno de los implicados en los hechos171. Sin embargo, la Sala observa que los menores no tuvieron la posibilidad de ser oídos, lo que vulnera su derecho a una adecuada defensa.
En las cuatro acciones de tutela presentadas, y ahora acumuladas, los tutelantes sostuvieron que se había vulnerado el derecho a la defensa “puesto que los menores no tuvieron la oportunidad de defenderse o ser defendidos por sus padres, personero del Colegio, o representante de los exalumnos, (...). De la misma forma se vulneró el derecho a la igualdad, ya que en ningún momento fueron escuchados los menores acusados, “de cómo sucedieron los hechos”, para llevar a cabo el ejercicio del derecho a la defensa, pero el Consejo Directivo sí escuchó personalmente al acusador profesor Fonseca Burgos, al niño Santiago y a la mamá.172
En dos de los casos se solicitó explícitamente que los menores fueran escuchados. Así, los padres del menor Jorge, en su presentación de descargos solicitaron como prueba la “recepción de la versión de Jorge.”173 Así mismo los padres del menor José solicitaron en el pliego de descargos que “de antemano como parte de la institución, le solicitamos muy respetuosamente se tengan en cuenta nuestras consideraciones anteriormente expuestas y por lo mismo solicitamos se recepcionen las declaraciones de todos los implicados incluyendo la presunta víctima. Además del resto de alumnos que fueron testigos presénciales de los hechos aproximadamente quince), para que confirmen que la versión dada por el Docente y el tercero no coincide con la verdad real.”174
Ninguna de las dos peticiones fue considerada ya que ni los menores fueron escuchados ni tampoco se les explicó la razón de dicha negativa al igual que tampoco se les comunicó porque no se decretarían las pruebas solicitadas.
Los padres del menor Daniel también sostuvieron que “como ya se referenció en el numeral 7 precedente de esta sustentación, la defensa se limitó a que el Colegio le ordenó a Daniel, y a sus padres de familia que plasmaran sus versiones en un formato prediseñado sin ninguna formalidad garantista propia del derecho sancionatorio, sin permitirles referirse a las pruebas existentes en su defensa y menos controvertir y conocer las pruebas existentes.”175
Los padres del menor Esteban en el recurso de reposición, y en subsidio de apelación de la resolución que ordenó la cancelación de la matrícula de su hijo, indicaron que “dentro del proceso presuntamente existía un video donde se demostraba la existencia de los hechos, el cual nunca pudo ser controvertido puesto que fue negado a pesar de ser solicitado en varias oportunidades. A pesar de que se presentaron escritos, donde se relatan los hechos, no se solicitó la presencia de los estudiantes, para escucharlos en versión libre y espontánea como se afirma en el Acta 002 del Consejo Directivo.”176
En respuesta a los anteriores argumentos el Rector manifestó “es absolutamente falso como lo indican las citaciones a los padres que no se recibieron sus descargos o que no tuvieron “oportunidad de defenderse o ser defendidos por sus padres” pues los atendí para la citación en que debían hacer los descargos y todas las veces que solicitaron hablar conmigo o en respuesta a sus peticiones. Consta que cuando el informe estuvo preparado le entregue copia al personero, le recordé sus atribuciones en estos casos y le invite al Consejo Directivo. Igualmente, a los padres de familia y estudiantes les recordé cual era la participación del personero escolar en el tema.”177
Como consecuencia del proceso disciplinario los directivos del Colegio ordenaron mediante resolución la cancelación de la matrícula de los menores al haberlos encontrado responsables de haber vulnerado el artículo 14 de su Manual de Convivencia que consagra las faltas graves en la institución. Contra dicha resolución los padres de los menores interpusieron recurso de reposición y recurso de apelación. El Consejo Directivo era el organismo encargado de conocer dicha reposición. Para lo anterior el Consejo se reunió el 22 de agosto de 2005. En el Acta se observa que se discutieron los recursos de reposición de los casos disciplinarios 01, 02, 03, 04 y 05 de 2005 y se acordó que todos los miembros del Consejo debían leer cada expediente y los recursos para discutirlos en la siguiente sesión178. Dos días después, el 24 de agosto de 2005, el Consejo se reunió y decidió confirmar las anteriores resoluciones179. En la reunión se analizaron los recursos de reposición instaurados por los padres de los menores contra las resoluciones que cancelaron sus matrículas. Del Acta se puede establecer que a la reunión asistieron, además de quienes conforman el Consejo, Guillermo, la madre de Santiago y el menor Santiago. Los anteriores asistieron a la reunión a petición del Rector con el objetivo de que conocieran del recurso de reposición contra la cancelación de la matrícula de los estudiantes y para que presentaran sus argumentos. En la reunión también se encontraba presente el personero180 de los estudiantes quien expresó que:
(...) todos los estudiantes se enteraron del incidente, pero él no tuvo una versión de primera mano porque ninguno de los implicados habló con él. Afirma que una vez conocidos los hechos, escuchando al profesor Guillermo, a Santiago y a su señora madre, reconoce que el hecho fue grave y amerita la sanción.181
La calificación de los comportamientos de los menores como faltas graves fue ratificada al igual que las sanciones anteriormente impuestas. El Rector reiteró que en estas condiciones los estudiantes debían permanecer en el colegio hasta que fuera resuelto el recurso de apelación.
De lo anterior se desprende que los menores disciplinados nunca tuvieron la posibilidad de ser escuchados por el Consejo Directivo ni tampoco por el Rector. Así mismo, las pruebas que solicitaron nunca fueron decretadas ni tampoco se les explicó porque éstas no serían consideradas o realizadas. Si bien en la primera fase del proceso tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos de manera escrita, el Rector le dio la posibilidad a la víctima y a su madre de ser escuchados personalmente por el Consejo Directivo mientras que dicha posibilidad no fue otorgada a los menores. El anterior desequilibrio durante el proceso vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso de los menores Esteban, José, Jorge y Daniel.
El derecho a la defensa comprende el derecho a ser oído, el derecho a optar por guardar silencio, así como a dar su propia versión de los hechos y a solicitar, presentar y controvertir las pruebas dentro del proceso. Lo anterior garantiza la defensa de los intereses del procesado al igual que la dignidad del sujeto a quien se investiga. El negar la posibilidad a una persona que se encuentra siendo investigada de manifestar su posición respecto de lo que sucede en el proceso vulnera el derecho al debido proceso. A pesar de que en varias oportunidades los representantes de los menores manifestaron el deseo de que sus hijos fueran personalmente escuchados, de que se les diera la posibilidad de contar su versión de los hechos personalmente ni el Rector ni el Consejo Directivo lo hicieron. De igual manera tampoco fueron consideradas las pruebas solicitadas, entre las que también se encontraba la solicitud de ser oídos. Sin embargo, la anterior posibilidad si fue otorgada a la víctima del proceso y a su madre. Por eso, la Sala concluye que el Colegio vulneró el derecho a la defensa de los menores durante el proceso disciplinario al no haberles permitido expresar personalmente su versión de los hechos, a pesar de haber admitido que la víctima y su madre si fueran personalmente oídos. A lo anterior se suma no haber considerado las pruebas por ellos solicitadas ni expresarles el porqué de dicha determinación, dado que si bien el juzgador disciplinario no está obligado a decretar todas las pruebas solicitadas, sí tiene el deber de indicar cuáles estima impertinentes, irrelevantes, inconducentes, lo cual no sucedió en este caso.
4.4.4 El Colegio no vulneró el principio de presunción de inocencia durante los procesos disciplinarios seguidos en contra de los menores Esteban, José, Jorge y Daniel.
Los padres de los menores en nombre de quienes se interpone la presente acción de tutela consideran que durante el proceso disciplinario se incurrió en una vulneración al debido proceso por violación a la presunción de inocencia y por prejuzgamiento. Lo anterior ya que en una carta dirigida al Rector el señor Mauricio, acompañante de la salida pedagógica, éste consideró que los actos por los cuales a los menores se les inició el proceso disciplinario constituían delitos y además sugería la expulsión de los menores del colegio. En dicha carta se puede leer:
“No se puede permitir que hechos como estos mancillen el nombre de la institución de la cual usted es cabeza, pues como usted lo debe saber los actos que se cometieron contra la persona de este menor están tipificados en el Código Penal como acto sexual diverso, al ser un ataque directo contra la sexualidad de esta persona. Pero también debe tener presente usted señor rector, que los actos ocurridos pueden traer consecuencias emocionales y psicológicas en la época presente o en años posteriores para este menor, sumado a la situación misma que se vive en el hogar de este alumno al ser huérfano de padre.
Como lo dije en las primeras líneas me siento en la obligación de comunicar a usted los hechos ocurridos, como también lo harán los respectivos profesores, y a la par solicitarle siga los procedimientos determinados en los manuales para con los responsables de la agresión, aplicándole lo máximo que disponga los reglamentos del colegio, como debe ser la expulsión, para con esto dejar un precedente en la institución y en las demás instituciones académicas para que esta clase de actos y atropellos no se vuelvan a presentar, sin olvidar las acciones judiciales que frente a esta clase de actos esta legitimada para interponer la madre del menor e incluso usted mismo”182
En el informe de la salida pedagógica presentado por el profesor Guillermo dice:
A mi modo de ver frente al menor Santiago se han cometido algunos delitos como:
Xenofobia: por cuanto el menor agredido es un alumno de estrato socioeconómico medio-bajo, huérfano de padre.
Pornografía infantil: al llevar a cabo una filmación de las partes intimas del menor y los ultrajes propinados al mismo.
Acto sexual diverso: en cuanto se agredió la sexualidad del menor, sin accesos carnales, pero sí con una agresión en lo físico, moral y psicológico.
Chantaje: ya que el estudiante Jorge y Camilo trataron de ocultar a Santiago para convencerlo que el hecho no era tan importante y que lo único que lograría era que la mamá estuviera enferma o que volviera a experimentar una crisis como la que se vivió con la muerte del padre, a lo cual Santiago respondió con llantos histéricos, siendo ayudado por Carlos, quien con lagrimas en los ojos ayudó a su compañero y permitió descubrir el incidente.
En calidad de director y responsable de la salida pedagógica, mi posición frente a los acontecimientos narrados es solicitar se lleve a cabo el debido proceso frente a estos cuatro estudiantes implicados, y los que en la investigación se determine su participación, siendo sancionados con la exclusión del plante.” 183
La carta presentada por el señor Mauricio no representa la posición del Colegio ya que éste no es profesor de la institución y su condición de acompañante en la salida pedagógica no le otorga una vinculación oficial en el colegio. Por lo tanto, aún cuando las manifestaciones del señor Mauricio son incorrectas nada tienen que ver ni con el proceso ni con la posición oficial del Colegio.
Si bien en el informe de salida se dio una calificación errónea a los hechos por los que se inició el proceso disciplinario, el Colegio nunca avaló dicha calificación. De acuerdo a las pruebas que constan en el expediente el Rector, cuando dio apertura formal al proceso disciplinario estableció que la investigación obedecía al incumplimiento de tres deberes sociales de los estudiantes, un deber respecto de sus compañeros y un deber disciplinario: i) “identificar, valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia, de la institución, del Municipio y de la Nación”; ii) “Guardar una gran lealtad a la institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola con sus actuaciones y comportamientos”; iii) “Valorar y respetar los derechos, bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la comunidad educativa”; iv) “Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos modales en las relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”; v) “mantener un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de reuniones comunitarias”; vi) “Propiciar la conservación de la salud física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material pornográfico...”184 y una falta grave: i) “Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”185.
Así mismo, durante la reunión del 1 de agosto del Consejo Directivo se tomó nota del error en el que había incurrido el señor Guillermo y se procedió a corregirlo186. Finalmente, el Colegio, cuando decidió cancelar las matrículas de los menores consideró que éstos habían cometido dos faltas graves: i) “Todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes morbosas que afectan la buena formación de los compañeros”y nunca calificó como delitos los actos cometidos.
También se debe anotar que durante todo el proceso disciplinario no se encuentra prueba de que el Rector en su investigación haya vulnerado el principio de presunción de inocencia toda vez que desde que conoció el informe de la salida pedagógica y la queja de la madre de la víctima, encaminó todas las actuaciones durante el proceso sin prevenciones ni direccionamientos, sino con miras a establecer los hechos ocurridos. De acuerdo a lo anterior, solicitó los descargos de los padres de los menores y de los menores mismos y solicitó el testimonio de otros de los estudiantes que se encontraban presentes, además de los informes de los profesores que los acompañaban. Si bien existieron falencias respecto del derecho a la defensa de los menores no le asiste razón a los tutelantes cuando consideran que el Colegio incurrió en prejuzgamiento o una vulneración de la presunción de inocencia.
No obstante, no sobra aclarar que, según los hechos conocidos por la Corte, aun cuando la calificación de las conductas, reconocidas por los mismos menores, no es el objeto de este proceso, dichos hechos no corresponden a actos de “violadores”, como se continúa rumorando.
La Secretaría de Educación del Municipio, como órgano encargado de conocer de la segunda instancia de los procesos disciplinarios en el Colegio, consideró que durante los procesos disciplinarios se había vulnerado el derecho al debido proceso por lo que se declaró la nulidad del procedimiento. El Colegio no dio aplicación a la resolución de cancelación de la matrícula. No obstante, procedió a no renovar las matrículas de los estudiantes aduciendo otra razón: el incumplimiento de los deberes del estudiante y la autonomía del Colegio para la renovación de los contratos de matrícula. De acuerdo a lo anterior, pasa la Sala a verificar si en efecto la Secretaría de Educación del Municipio tenía competencia para decidir la apelación de la resolución que decidió cancelar la matrícula de los menores en nombre de quienes se interpone la tutela así como los efectos de dicha decisión. Después se verificará si la decisión del Colegio de no renovar los contratos se encuentra ajustada a las reglas sobre la materia o si vulnera el derecho al debido proceso en los términos ya mencionados.
De acuerdo al anterior análisis, y al margen de la anulación del proceso disciplinario por parte de la Secretaría de Educación, se encuentra que en lo relativo a los puntos constitucionales revisados en el procedimiento disciplinario, el Colegio vulneró el derecho al debido proceso de los menores por no haber respetado el principio de tipicidad y no haber permitido el ejercicio efectivo del derecho de contradicción, componente esencial del derecho de defensa.

References: artículo 10

Artículo 10
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 14

Artículo 14
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Artículo 21
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 artículo 20

Artículo 20
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 artículo 14
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 artículo 14
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 artículo 21
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 12
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Artículo 1

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Artículo 2

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Artículo 4

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 artículo 17
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 artículo 143
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 artículo 14
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