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Timestamp: 2020-07-10 18:57:20+00:00

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Delitos contra la Administración de Justicia - Isipedia
1 Delitos contra la Administración de Justicia
2 La prevaricación judicial
2.2 Modalidades típicas del delito doloso de prevaricación judicial
2.8 El tipo imprudente del delito de prevaricación estricta
2.9 Pena y concursos
2.10 Otras previsiones de carácter procesal
3 La omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución
3.1 Aspecto objetivo
3.2 Modalidades del delito
3.3 Aspecto subjetivo
3.4 Antijuridicidad
3.6 Formas de ejecución
3.7 Circunstancias modificativas
3.8 Pena y concurso
4 El encubrimiento
4.2 Modalidades del delito
4.3 Aspecto subjetivo
4.4 Antijuridicidad y culpabilidad
5 La realización arbitraria del propio Derecho
5.2 Modalidades típicas del delito
5.3 Aspecto subjetivo
6 La acusación y denuncia falsas. La simulación del delito
6.1 Aspecto objetivo
6.2 Modalidades del delito
6.3 Aspecto subjetivo
6.4 Antijuridicidad
6.5 Autoría y participación
7 Falso testimonio
7.2 Modalidades típicas del delito de falso testimonio
8 La obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional
8.1 Aspecto objetivo
8.1.1 Delito de incomparecencia en Juicio
8.1.2 Delitos de amedrentamiento o represalia contra las partes, peritos y testigos
8.1.3 Delio de daños a documentos o actuaciones judiciales
8.1.4 Delito de revelación de actuaciones procesales secretas
8.1.5 Delitos de deslealtad profesional
8.2 Modalidades típicas
8.3 Aspecto subjetivo
8.4 Antijuridicidad
8.5 Autoría y participación
8.6 Formas de ejecución
8.7 Circunstancias modificativas
8.8 Penas y concursos
9 El quebrantamiento de condena
9.1 Aspecto sujetivo
9.2 Antijuridicidad
9.3 Autoría y participación
9.4 Formas de ejecución
9.5 Circunstancias modificativas
9.6 Pena y concursos
10 Delitos contra la Corte Penal Internacional
La división de poderes, que nos da la estructura clásica del Estado de Derecho, determina que el Poder Judicial asuma, de manera exclusiva e independiente, las funciones de administrar justicia, comprende ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Se denomina poder Judicial al conjunto de órganos que desarrollan esa función.
Ninguno puede identificarse con el bien jurídico protegido en la regulación penal de los delitos contra la Administración de Justicia. No se dirigen tan solo a sancionar las conductas de los miembros del Poder Judicial que vulnera, dictando resoluciones injustas, negándose a juzgar o retardando la administración de justicia las obligaciones más propias y esenciales de la función jurisdiccional, sino que tiene un ámbito de aplicación, personal y material, mucho más amplio.
Además, en el ámbito personal, de los Jueces, Magistrados, secretarios judiciales, aparecen como sujetos activos de tales delitos los testigos, los peritos, intérpretes, abogados, procuradores, graduado sociales, MF, sentenciados, presos y denunciantes, aparecen como sujetos activos de tales delitos, además de otros tipos en los que cualquier persona puede ser sujeto activo de la conducta delictiva.
La administración de justicia, en el sentido utilizado por el cp, es el sistema institucional de solución de conflictos, superador de la justicia privada y para cuya efectividad el estado exige que se respeten sus presupuestos básicos: que nadie se tome la justicia por su mano, se realizaría el delito de realización arbitraria del propio derecho, que los ciudadanos posibiliten la evitación o represión de los delitos más graves, que el sistema judicial no se ponga en marcha de manera fraudulenta.
Se sanciona tres conductas distintas, consistentes en otros tantos incumplimientos flagrantes de las obligaciones básicas de la función jurisdiccional: dictar resoluciones injustas, negarse a juzgar o retardar maliciosamente la administración de justicia.
La prevaricación estricta y dolosa, se tipifica en el 446, como delito especial propio, dictar a sabiendas sentencia o resoluciones injustas. Se abarca a los Autos, Providencias, de tal manera que las tres posibilidades legales de expresión de la decisión judicial jurisdiccional se convierte en cauce idóneo para la comisión de la conducta ilícita. La prevaricación dolosa no consiste en una mera contradicción objetiva del ordenamiento jurídico de aplicación al caso, sino en una exclusión o apartamiento del Derecho.
La denegación de Justicia es otro incumplimiento flagrante de la función jurisdiccional, los Jueces y Tribunales tiene el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. El 448, convierte en delito, especial propio, la conducta, activa u omisiva, del Juez que se negase a juzgar, sin alegar cause legal.
El retardo malicioso en la administración de la Justicia, comportamiento lesivo en sí mismo del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, reconocidos en la CE. Se tipifica como delito especial propio de los jueces, magistrados, secretarios judiciales o cualquier otro funcionario en el 449, se entenderá malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima. Es la provocación dolosa de un retraso sobre los términos habituales de realización de cualquier actividad necesaria para la impartición de Justicia en un caso concreto.
Modalidades típicas del delito doloso de prevaricación judicial
El delito propio de prevaricación dolosa se presenta cuatro modalidades distintas:
Una conducta consistente en dictar a sabiendas sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito, siempre que la sentencia se hubiere ejecutado. 446.1. Queda fuera de esta modalidad todas las resoluciones dictadas en procesos distintos a los de naturaleza penal, todas las dictadas en procesos penales seguidos como juicios de falta, todas las dictadas en proceso penal por delito a favor del reo y todos los Autos y Providencias que en causa penal por delito hayan podido dictarse en perjuicio de reo, además de cuando no se haya llegado a ejecutar la Sentencia.
Otra conducta consistente en dictar a sabiendas sentencia injusta contra el reo en causa criminal, siempre que la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse.
Una tercer conducta, consistente en dictar a sabiendas una sentencia injusta contra el reo en proceso por falta. Queda fuera de este tipo todas las resoluciones dictadas en proceso por delito, todas las resoluciones distintas de la Sentencia, y de las aún restantes, todas las Sentencias injustas a favor del reo.
Una última conducta, consistente en dictar cualquier otra sentencia o resolución injusta, distintas a las precedentes. Esta previsión, residual, sirve de cláusula de cierre del sistema, pues incluyen todas las resoluciones, de todos los órdenes jurisdiccionales, que vulneran manifiestamente el Derecho.
Los delitos de denegación y retardo malicioso de Justicia, sólo presentan la forma básica.
Ninguno de los tres delitos presentan forma leve, sancionable como falta.
Los delitos de prevaricación estricta presenta un tipo doloso, en el que además del dolo genérico, el legislador exige, para que proceda punición, que en el autor del hecho concurra un específico ánimo subjetivo, actuando a sabiendas, pero también se tipifica un tipo imprudente de prevaricación.
Los delitos de denegación y retardo malicioso de justicia también dolosos, se exige conseguir cualquier finalidad ilegítima.
Todos los delitos englobados bajo la rúbrica de la prevaricación son delitos especiales propios, que sólo pueden cometerse, como autor ejecutivo, quienes ostente la condición de juez o magistrado y estén además en el ejercicio activo de la función jurisdiccional.
El de retraso malicioso en la administración de Justicia, además, puede ser cometido por quien desempeñe en activo la función de secretario Judicial, y cualquier funcionario adscrito a la Administración de Justicia.
En el caso de órganos colegiados, responden del delito todos los Magistrados que hayan realizado a título personal, como autor ejecutivo o coautor material, la conducta típica, siendo posible la participación criminal entre intranei. Quedan excluidos de la responsabilidad quienes suscriban un voto particular disidente del contenido prevaricador de la resolución y quienes hayan votado en contra.
Se posibilita la participación del extraneis en los delitos propios, se aplica el 28 y 29.
El delito de prevaricación estricta es infracción de mera actividad, que admite como forma punibles la tentativa inacabada y la consumación.
Los delitos de denegación o retardo malicioso de Justicia, hace inviable la forma de la tentativa, ya que no es posible distinguir, en la conducta típica, activa primero y omisiva segundo, el comienzo de la ejecución con la propia consumación del ilícito.
En ninguno de los tres delitos existe tipificación de proposición, provocación y conspiración actos preparatorios impunes.
Pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el CP, excepto la agravante de alevosía, que es propia de los delitos contra las personas, por decisión del legislador, y abuso de superioridad, si ésta deriva del ejercicio del cargo que determina la posibilidad de comisión del delito, pues lo impide el principio non bis in idem.
El tipo imprudente del delito de prevaricación estricta
El delito de prevaricación es la única infracción contra la administración de la justicia que admite la punición en forma imprudente. Se ha tipificado 447, la figura contiene:
La acción típica de dictar sentencia o resolución manifiestamente injusta. La conducta se predica del mismo ámbito objetivo que la del delito doloso, pero se limita la punición a aquellos apartamientos del derecho que resulten mucho más burdos, evidentes o inadmisibles.
Tal acción ha de realizarse por imprudente grave, o por ignorancia inexcusable.
Las sanciones previstas para los delitos de prevaricación son fundamentalmente de privación de derechos, excepto en los casos de prevaricación estricta grave:
Prisión de dos años y 6 meses a 4 años, multa de doce a 24 meses e inhabilitación absoluta, en el caso de la prevaricación contra reo en causa criminal por delito y sentencia ejecutada.
Prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación absoluta, en caso de la prevaricación contra reo en causa criminal por delito y con sentencia no ejecutada.
Multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público, en caso de cualquier otra sentencia o resolución injusta, salvo en los procesos de falta.
Multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público menor, en caso de cualquier Sentencia o resolución injusta en proceso de falta.
Inhabilitación especial para empleo o cargo público, en caso de prevaricación imprudente
Inhabilitación especial para empleo o cargo público, en los casos de denegación y retraso malicioso de justicia, si el responsable fuera juez, magistrado o secretario judicial
Inhabilitación especial para empleo o cargo público, mitad inferior, en los casos de retardo malicioso en la administración de Justicia, si el responsable del hecho fuera cualquier funcionario distinto a los indicados en el apartado anterior.
CONCURSOS: La sentencia prevaricadora, dictada contra reo, condenatoria a éste a pena de privación de libertad y seguida de ejecución, es por naturaleza el instrumento de un delito de detención ilegal, con el que debe entrar en concurso ideal de delitos, resoluble conforme al 77.
La RC, se aplican en estos delitos las previsiones legales del 109, y especialmente las referentes a la reparación del daño y la indemnización de los daños y perjuicios, materiales y morales, causados a la victima.
Debe tenerse en cuenta, que la Ley del Tribunal del Jurado, la institución del antejuicio que hasta entonces resultaba exigible para exigir responsabilidades penales a jueces y magistrados.
La omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución
En el art. 450, el legislador tipifica como delito dos conductas de omisión propias, a través de las que se reprocha a los ciudadanos que no impidan, pudiendo hacerlo, la comisión de los delitos más graves, contra la vida, integridad, salud, libertad o libertad sexual, bien de manera personal, bien reclamando la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Es una especificación del delito de omisión del deber de socorro, aunque no es sólo esto lo que preocupa al legislador.
Está en cede de los delitos contra la administración de justicia porque el Estado defiere a los particulares, en determinados casos, el ejercicio de determinadas capacidades de intervención o reacción que propiamente sólo corresponde a Estado. Es el mecanismo que fundamenta la exención de la responsabilidad de los casos de legítima defensa y como contrapartida, en la perspectiva obligacional, fundamenta obligaciones concretas de actuación.
Las conductas establecidas en el 450 son:
La omisión del deber de impedir delitos, que se tipifica en el primer apartado del art. y que es una infracción común, no se exige ninguna condición personal y de mera omisión. Requiere el conocimiento directo, en el autor del hecho, de la comisión actual e inmediata, de un concreto delito, no de una falta, es doloso, con el que se lesione o se ponga en peligro un bien personalísimo, de un víctima concreta y determinada de los cincos descritos: La vida, la salud, la libertad, la libertad sexual, la integridad personal. La omisión típica es no impedir la comisión de tal ilícito, si bien el tipo condiciona la punición a que la conducta debida y omitida, sea posible, requiera inmediatez y no comporte riesgo, ni para el obligado a actuar ni para terceros. Como delito de omisión propia el sujeto responde por no llevar a cabo la acción esperada, con independencia del resultado que se derive del delito no evitado, que para este delito no tiene relevancia.
La omisión de demanda de auxilio gubernativo, 450.2, como un delito común y de mera omisión, con el que el legislador pretende reforzar el cumplimiento de los deberes de participación ciudadana en la evitación de la comisión de delitos. Se aplica con carácter subsidiario a quien, encontrándose ante el mismo presupuesto de hecho establecido en el primer apartado del art., pero no cumpliendo el requisito de la posibilidad de actuación, motivo por el que la omisión no es delictiva en términos del apartado primero, no interviene en defensa de la víctima, pero tampoco acude a la autoridad o a sus agentes para que procedan a impedir tal delito.
Cada una de las dos conductas tipificadas en el 450, es la única modalidad punible de la omisión correspondiente. No hay subtipos atenuados ni agravados, ni infracción leve castigada como falta.
La dos omisiones sancionadas se tipifican sólo en la modalidad dolosa, sin que exista ámbito punible para la omisión imprudente. Por ello, para la aplicación del delito, el Sujeto omitente debe ser consciente, de forma directa, de la existencia de una situación de actual e inmediata realización de un delito contra la vida, integridad, salud, libertad o libertad sexual de las personas y dela posibilidad de actuación personal para evitarlo, bien interviniendo directamente, bien reclamando la intervención gubernativa.
Se pueden aplicar a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el art. 20 cp.
El comportamiento típico de los dos delitos tipificados en el 450 es una omisión que, por su propia naturaleza, genera responsabilidad personal, en condición de autor, de quien omite la conducta.
Cabe también la responsabilidad de autor, por inducción, pero no parecen posibles otras fórmulas de participación.
Por la propia naturaleza omisiva sólo se castiga el delito consumado
Pueden aplicarse las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el cp, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva del delito contra las personas, por decisión del legislador, y las que las que reprochan formas determinadas de ejecución de un determinado comportamiento activo, que por su naturaleza no puede ocurrir, disfraz, abuso de superioridad, ensañamiento, abuso de confianza o prevalecer el carácter público.
Los dos delitos tipificados en el 450 se sancionan con la misma pena, que presenta dos formas, en atención a la distinta gravedad objetiva del delito no impedido: Prisión de seis meses a dos años si tal delito fuera contra la vida y multa en los demás casos. La pena será limitada al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena. En estos casos, aquella previsión legal obliga a imponer la pena inferior en grado a la de aquél.
CONCURSO: Estos delitos de omisión propia no sancionan ninguna conducta autónoma de participación, en comisión por omisión, en la ejecución de cualquiera de los delitos contra la vida, la integridad, la salud, la libertad o la libertad sexual que el ordenamiento obliga a impedir. Estas conductas se castigan por las reglas de autoría o la participación omisivas en el delito de que se trate, absorbiendo la omisión de impedirlo.
Y con el delito de omisión del deber de socorro, entra en concurso de leyes, que se resuelve a favor de éstos, conforme al principio de especialidad. Pero este concurso no puede establecerse, por la diferencia esencial de las conductas previstas en ellos, en el de omisión de socorro, es por quien causa fortuita o imprudentemente un accidente.
El encubrimiento es una figura delictiva autónoma como delito contra la administración de justicia, tradicionalmente se había concebido en la legislación penal española como una fórmula de participación delictiva. Encubrir es un concepto que admite ambas consideraciones, porque supone el auxilio al delincuente para impedir el descubrimiento del delito, para eludir la investigación del hecho o la captura de los responsables o para que el responsable del ilícito se beneficie de las consecuencias económicas del mismo. Pero concebir el encubrimiento, desde una perspectiva individualizada en una concreta acción delictiva, como forma de participación postdelictual, se producía una evidente contradicción interna, al considerarse participación en un hecho delictivo la conducta que se realiza con posterioridad a la ejecución del ilícito y por tanto sin participación en el mismo.
El 451, configura el encubrimiento, como una forma genérica de favorecimiento postejecutivo, mediante la que se reprocha el comportamiento personal de quien obstaculiza la eficacia de la Administración de justicia, ya favoreciendo el beneficio o la impunidad de los delincuentes, ya dificultando la investigación de los hechos o la captura de sus responsables.
La esencia de esta acción es intervenir en un delito, nunca en una falta, con posterior a la ejecución y otro objetivo negativo, no haber intervenido previamente, el responsable del encubrimiento, ni como autor, ni como cómplice. Las modalidades son las siguientes:
El auxilio a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 451.1. Caben todas las conductas, activas u omisivas, favorecedoras del agotamiento del delito, los que coadyuvan (cooperan) a que los responsables del mismo, con independencia de su grado de participación en él a obtener las consecuencias económicas que derivan de su realización. Hay que actuar sin ánimo de lucro propio, para el delito de encubrimiento, si lo hace con ánimo de lucro estaría ante el delito de receptación, 298.
La ocultación, alteración o inutilización del cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
Y la ayuda a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca y captura, 451.3. La conducta sólo es delictiva si concurre alguna de las dos circunstancias siguientes:
Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte, del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflictos armados, rebelión, terrorismo y homicidio.
Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas.
No existen subtipos agravados o privilegiados, ni formas leves de esta infracción que se sancione como falta.
El delito de encubrimiento sólo se admite comisión dolosa, no existiendo ninguna previsión de tipo imprudente. Con carácter general se exige que el autor actúe con conocimiento de la comisión de un delito.
Pueden aplicarse a este delito, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el 20. Es muy habitual que el encubrimiento se realice por los familiares directos del delincuente, a quienes, realmente no se les puede exigir una conducta distinta. Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en el mismo grado. Esta exención no alcanza, a las conductas de auxilio para el lucro de los responsables del delito, que exceden del ámbito de protección familiar, y se caracterizan más bien por una solidaridad en el agotamiento de los efectos del delito, que no parece fácilmente integrable en los supuestos de no exigibilidad de otra conducta.
El encubrimiento es un delito común, en el que se aplican con previsiones de los 28 y 29.
El encubrimiento es un delito de mera actividad, en el que se sanciona la tentativa inacabada, que se produce cuando el autor del hecho no puede, por causa no dependiente de su voluntad, completar la acción típica y la consumación.
No existe previsión legal alguna de punición para las fases de provocación, proposición y conspiración, que por ello deben entenderse como actos preparatorios impunes.
En estos delitos pueden aplicarse las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el cp, excepto los agravantes de alevosía, que es propia y exclusiva de los delitos contra las personas, por decisión del legislador, y la de prevalerse el culpable del carácter público, que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas, por resultar integrada en el tipo, y vulnerar su aplicación, en consecuencia, el principio de nom bis in idem.
El 451, sanciona el delito de encubrimiento con la pena de prisión de 6 meses a tres años. En el específico caso del delito tipificado en el 451.3, la ayuda a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación, o a sustraerse a su busca y captura, cuando el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas, se prevé la imposición añadida de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años si el delito encubierto fuere menos grave y la inhabilitación absoluta si aquél fuera grave.
El 452, establece una regla general limitativa del alcance de estas sanciones, consistente en que en ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto.
CONCURSOS: Es fácil confundir el delito de encubrimiento con dos conductas fronterizas pero ajenas al mismo:
El encubrimiento realizado por quien haya intervenido en el delito previo como autor o cómplice (autoencubrimiento), conducta impune, queda absorbida en el ilícito.
La conducta de auxilio a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, pero realizada con ánimo de lucro, que es constitutiva del delito de receptación, tipificado 298.
El 453, realza que los delitos de encubrimiento se aplican aun cuando el autor del hecho encubierto sea irresponsable o esté personalmente exento de pena. El legislador demuestra su voluntad de configurar el encubrimiento como delito autónomo y específico, desligando la responsabilidad de su autor del destino procesal del responsable del delito encubierto.
El 455.1 establece como delito común y de resultado, de comisión activa, con el que el legislador respalda desde el ordenamiento penal uno de los principios organizadores del sistema vigente de administración de justicia, consistente en la prohibición de que los ciudadanos se tomen la Justicia por su mano. Supone una incriminación genérica del desprecio violento por la función que en exclusiva corresponde a la Administración de justicia.
La conducta activa es el uso de la violencia, la intimidación o la fuerza, como instrumentos para la realización de un derecho propio, el cobro de lo debido, por ejemplo. Se incrimina todas las posibilidades violentas y coactivas de ejercicio ilegítimo de un derecho subjetivo, esto es, de utilización instrumental de la violencia, la intimidación o la fuerza en las cosas al margen de las vías legales, de un determinado derecho subjetivo.
La descrita en el 455, es la figura básica del delito de realización arbitraria del propio derecho. En el segundo apartado se prevé un subtipo agravado de aplicación en los casos en que para la intimidación o violencia se hiciere uso de armas u objetos peligrosos. Se diferencia entre los métodos de realización de la intimidación y la violencia típica, aplicándose el delito del primer apartado cuando éstas tenga lugar mediante gestos, gritos, el uso de las manos o cualquier parte del cuerpo, o la utilización de instrumentos no peligrosos para la vida, la salud o la integridad de las personas y reservando para el subtipo previsto en el segundo párrafo los casos en los que la violencia o la intimidación se produzcan a través del empleo de cualquier tipo de arma o de aquellos objetos que en sí mismo presentan idoneidad objetiva para la lesión de tales bienes jurídicos, palos, hierros, cadenas, etc. El fundamento de la agravación se encuentra en el peligro que para la vida, la integridad o la salud del sujeto pasivo o de terceros supone la utilización de tales medios.
No existe ninguna modalidad leve, que se castigue como falta.
El delito es una infracción que sólo se castiga si se comete de forma dolosa. Se exige además que el autor persiga, con el empleo de medios violentos, la realización de un derecho propio.
Son inaplicables a este delito, por constituir su reverso ontológico, las eximentes de legítima defensa, que puede suponer el ejercicio de violencia, intimidación o fuerza en las cosas, para la defensa de un derecho propio, pero siempre dentro de las vías legales y de ejercicio legítimo de un derecho. Al margen de ellos, pueden aplicarse a este delito, siempre que se den sus propios requisitos, todas las demás eximentes previstas en el art. 20.
El delito de realización arbitraria de derecho propio es una infracción común, de la que pueden ser autores todas las personas, con el único requisito de que sean titulares de derecho propio.
En la ejecución del delito es fácil distinguir una acción de uso de violencia, intimidación o la fuerza en las cosas y un resultado de tal acción que es la realización de un derecho propio.
Está concebido como un delito de resultado, en el que, por ello, son posibles las siguientes fases ejecutivas: No está penada la provocación, proposición ni conspiración:
La tentativa inacabada, que se produce cuando el autor del hecho comienza a emplear los medios intimidativos o violentos, pero no puede desarrollarlos por cualquier causa no dependiente de su voluntad.
La tentativa acabada, que se produce cuando, pese al ejercicio de la violencia, la intimidación o la fuerza en las cosas, el autor del hecho no consigue realizar el derecho pretendido.
La consumación, que se produce con la realización de todos los actos ejecutivos que integran la acción típica y la obtención del resultado perseguido.
En este delito pueden aplicarse las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el cp, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva, por decisión del legislador de los delitos contra las personas.
El tipo básico del delito se sanciona con la pena de multa y el subtipo agravado, por aplicación de la regla, 70.1.1ª con la pena de multa mayor.
CONCURSO: La finalidad subjetiva de realización del derecho subjetivo, que guía al autor del hecho es la nota característica de este delito, sin este ánimo, la conducta puede ser constitutiva de cualquier delito de amenazas, coacciones, robo o daños.
Respecto a la RC, se aplican a este delito las previsiones generales del 109 y específicamente a la reparación del daño y la indemnización de los daños y perjuicios, materiales y morales, causados a la víctima.
La acusación y denuncia falsas. La simulación del delito
El legislador exige a los ciudadanos que no pongan fraudulentamente en marcha el sistema judicial penal. Esta conducta está regulada con dos delitos: Los delitos de acusación falsa y denuncia falsa y simulación de delito. Cada uno de ellos tiene sus propios planteamientos:
La acusación y la denuncia falsa está tipificada en el 456.1, para sancionar a quienes con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial que tenga el deber de proceder a su averiguación. Es un delito común y de mera actividad, cuyo desvalor se agota con la realización de la acción típica, con el que se reprocha la puesta en marcha de manera fraudulenta el sistema institucional, administrativo o judicial de averiguación del delito y castigo al delincuente. Es muy similar al delito de calumnia e injurias, pero ello no implica que este delito persiga proteger el honor personal del falsamente denunciado. Éste puede sufrir un desprestigio personal al verse acusado como responsable de un hecho delictivo, pero este daño es colateral y accesorio a la esencia del ilícito y queda absorbido en el delito más grave, que sin duda es el de acusación y denuncia falsa.
La conducta es formular, ante un funcionario judicial o administrativo, a quienes corresponde el deber de proceder a la averiguación de los delitos, una imputación delictiva concreta, incluida la constitutiva de falta y falsa, contra una persona determinada.
La jurisprudencia a precisado que para que haya acusación o denuncia falsa, no se exige ni la correcta calificación penal de los hechos, ni la denominación exacta del delito, ni la concreción del concepto legal que designa la participación del denunciado o acusado en el suceso de que se trate, ni la determinación concreta del grado de ejecución del ilícito, pero sí el relato de unos hechos específicos, que presenten apariencia de infracción delictiva.
Se exige que el autor del hecho actué con conocimiento de la falsedad de la imputación o con temerario desprecio hacia la verdad. No se exige para la consumación del delito, que se produzca ningún resultado administrativo procesal concreto a consecuencia de aquella denuncia o acusación falsas.
La simulación de delito, 457, y en ella se sanciona a quien ante alguno de los funcionarios, judiciales o administrativos, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales. Es un delito común, con la que se reprocha la puesta en marcha de manera fraudulenta, el sistema institucional de averiguación del delito y castigo al delincuente. Existen las siguientes diferencias con el tipo anterior:
La simulación del delito se configura como un tipo de resultado, ya que en este caso la acción no se limita a la formulación de una imputación inveraz, sino que precisa como resultado y consecuencia típica de tal conducta, la incoación de actuaciones procesales
La afirmación mendaz de la existencia del hecho aparente delictivo no se dirige a responsabilizar a un tercero, sino a hacer protagonista de tal hecho, como responsable o como víctima, al mismo autor de la conducta de simulación.
El delito de acusación y denuncia falsa presenta tres modalidades, que generan otros tantos ámbitos punitivos específicos, en función de la calificación penal del hecho falsamente imputado: delito grave, menos grave o falta. Por su parte el tipo de simulación de delito no presenta ningún subtipo, ni agravado ni privilegiado,.
Ninguno de estos delitos tiene prevista modalidad leve sancionada con falta.
El comportamiento típico del autor del delito de acusación o denuncia falsa puede ser doloso, si actúa con conocimiento de la falsedad de los hechos o gravemente imprudente, si se comporta con temerario desprecio hacia la verdad, ambas conducta se equiparan a efectos punitivos.
La conducta típica del delito sólo puede ser dolosa, en el delito de simulación de delito, ya que el contenido del verbo simular hace directa referencia a la sustitución de la realidad por una apariencia veraz.
Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes prevista en el cp, salvo la de ejercicio legítimo de un derecho, por naturaleza incompatible con las conductas típicas.
Estos delitos de acusación y denuncia falsa es una infracción de mera actividad, pueden distinguirse en ella, como fases punibles, la tentativa inacabada y la consumación
En el tipo de simulación de delitos, el iter criminis es más amplio, al ser configurado como delito de resultado y admitir la tentativa inacabada, acabada y consumación.
No se sancionan de forma expresa las fases de proposición, provocación y consumación, actos preparatorios impunes.
En estos delitos pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el cp, excepto la agravante de alevosía, por ser propia de los delitos contra la personas, por designación del legislador.
El delito de acusación o denuncia falsa se sanciona con tres penas distintas en atención a la diversa gravedad del ilícito, que el legislador gradúa en función de la correspondiente gravedad del delito imputado o denunciado falsamente.
Delito Grave: sanción cumulativa de prisión y multa
Delito menos Grave: Multa
Falta: multa menor.
El delito de simulación se castiga con multa.
CONCURSOS: Cuando la misma acción puede ser constitutiva de los delitos de acusación o denuncia falsa y de simulación, pues se inventa el hecho denunciado y además se acusa a una persona en concreto, se produce un concurso de leyes, que debe de resolverse preferentemente a favor del de acusación, en aplicación al principio de consumación, es absorbido el delito de simulación.
El tipo de acusación o denuncia falsa absorbe la sanción de calumnia o la de injuria que pudiera entrañar la falsa acusación. Si la simulación de delito se comete para ocultar otro realmente producido, se produce un concurso real de delitos, resoluble conforme al 73 y si la simulación se instrumenta como medio real de otra infracción delictiva, lo que se produce es un concurso medial de delitos, resoluble conforme al 77.
Respecto a la RC, se aplican a este delito las previsiones generales del 109 y ss. Y específicamente las referentes a la reparación del daño y la indemnización de los daños y perjuicios, materiales y morales causados a la víctima.
El 456.2, establece una condición de procedibilidad en los delitos de acusación o denuncia falsa, consistente en la existencia de sentencia firme o auto firme de sobreseimiento o archivo del Juez que haya conocido la infracción imputada. Estos mandará proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.
El sistema institucional de Administración de Justicia requiere, para su efectividad, de la colaboración de particulares y profesionales, a quienes se exige estricta lealtad en el cumplimiento de los cometidos asignados a cada uno de ellos en el desarrollo de los procedimientos judiciales. En especial, este deber de lealtad hacia la Administración de Justicia se refleja en la obligación de veracidad en las actuaciones de índole procesal, de la que sólo está exento el acusado, imputado o procesado en un procedimiento de carácter penal , al margen de los supuestos de exención del deber de declaración que corresponden a determinados familiares del procesado y el abogado u otras personas en ejercicio del secreto profesional. Se regula en torno a dos figuras esenciales:
El falso testimonio. Estrictamente, es una infracción especial propia, que sólo puede cometer como autor quien sea llamado a declarar, en la condición de testigo, en un procedimiento judicial y de mera actividad, que consiste en faltar a la verdad en su testimonio. Ello significa mentir y añadir en un relato cierto elemento falso u omitir en él datos ciertos, de tal manera que se distorsione sustancialmente el contenido veraz de la declaración. 458. Existen otras modalidades, que afectan a peritos e intérpretes, 459 y 460. El ámbito de comisión del delito no se limita sólo a las declaraciones prestadas ante los juzgados, sino también abarca los comportamientos que se realicen ante tribunales internacionales.
La presentación en juicio de testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces.
Modalidades típicas del delito de falso testimonio
La conducta estricta de falso testimonio se tipifica de tres maneras complementarias:
La figura básica, 458.1, para sancionar al testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial.
Como especialización y subtipo agravado se sanciona más intensamente la conducta si el falso testimonio se diera contra del reo en causa criminal por delito
Como cualificación, incrementa aún más el reproche si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria.
Además el cp sanciona también a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción.
Estos son los supuestos de mendacidad manifiesta, pero no son los únicos que se castigan como falso testimonio en el Cp. Ampliando el reproche penal, el 460 considera también delito, aunque con menos sanción, la situación en la que el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterase con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos.
El delito de presentación de testigo falsos o peritos o intérpretes mendaces, se configura en dos modalidades: una básica, tipificada en el 461.1 y otra cualificada prevista en el segundo apartado, en la que se agrava la sanción si el responsable de estos delito fuese abogado, procurador, graduado social o representante del MF, en actuaciones profesionales o ejercicio de su función.
Todas las figuras delictivas que integran la regulación legal de falso testimonio tienen carácter doloso, deviniendo imposible la sanción de la conducta a título imprudente.
Puede aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas las eximentes previstas en el 20, salvo la de ejercicio legítimo de un derecho, por naturaleza incompatible con las conductas típicas de aquellos, consistentes en la infracción dolosa de un deber.
El 462 incorpora una previsión específica de exoneración de pena para quien habiendo prestado un falso testimonio encausa criminal, se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efectos antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate.
Tanto las figuras de falso testimonio, como las de presentación de testigo falsos o peritos o intérpretes mendaces, son tipos especiales propios, que sólo pueden ser cometido, a título de autor ejecutivo, por quienes ostenten la condición de testigo, perito, intérprete, abogado, graduado social, procurador o representante del MF. Se posibilita la participación del extranei, en todo delito específico propio.
El falso testimonio son infracciones de mera actividad, que se consuman con la sola declaración sin necesidad de ulteriores efectos y en las que pueden distinguirse teóricamente, como fases punibles, la tentativa inacabada y la consumación.
No se sanciona la proposición, provocación o conspiración, son actos preparatorios impunes.
Pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el CP, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva, por decisión del legislador, de los delitos contra las personas. El 462 establece una circunstancia extraordinaria de atenuación de responsabilidad penal, consistente en la retracción extemporánea, desistimiento activo antes de dictar sentencia.
En esta hipótesis, se imponen las penas correspondientes inferiores en grado.
La conducta básica del delito de falso testimonio se sanciona con pena cumulativa, de prisión y multa.
Modalidad agravada: referente a que el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, se sanciona con pena cumulativa aunque de mayor gravedad, de prisión y multa.
El subtipo doblemente cualificado, por la concurrencia de sentencia condenatoria a consecuencia del falso testimonio prestado contra el reo, estable la penas superiores en grado a las del tipo agravado.
El delito de mendacidad procesal de los peritos o interpretes se sanciona con la mitad superior de las penas previstas, para cada uno de lo supuestos típicos y además con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público.
El delito privilegiado del 460, de alteración de la verdad en juicio, aunque sin faltar sustancialmente a ella, se castiga con la pena de multa y en su caso de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio.
El delito de presentación a sabiendas de testigos falsos o de peritos o intérpretes mendaces, se castiga, con las mismas penas establecidas para cada uno de ellos en artículos anteriores. Se agrava la sanción si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, graduado social, representante del MF, en actuación profesional o ejercicio de su función, la pena en su mitad superior y además inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.
La RC, se aplica las previsiones legales del 109 y ss, y especialmente las referentes a la reparación del daño y la indemnización de los daños y perjuicios, materiales y morales, causados a la víctima.
La obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional
Delito de incomparecencia en Juicio
Ésta es una infracción especial, de la que sólo puede ser autor quien haya sido citado, formal y expresamente, para acudir un día determinado ante un Juzgado del orden jurisdiccional penal para la celebración de juicio oral y de omisión propia, la conducta típica consiste tan sólo en dejar voluntariamente de comparecer sin justa causa, a través de la que el legislador quiere reforzar el cumplimiento de la obligación ciudadana de acudir a las sesiones de éste.
La conducta típica de este delito, 463.1, se tipifica con un doble sentido. Por u lado, se sanciona a quien citado legalmente, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante el Juzgado en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral. La incomparecencia punible es la que provoca la suspensión del juicio. Se provoca un perjuicio directo, tanto a la Administración de justicia como al propio reo en situación de prisión preventiva, a quien se le prolonga injustificadamente esta situación provisional.
El segundo contenido de la conducta básica está tipificada en el 463.1 y consistente en la incomparecencia en Juicio criminal, sin reo en prisión provisional, tras haber sido advertido expresamente por una primera inasistencia y siendo indiferente para la aplicación de este tipo que la incomparecencia haya provocado o no la suspensión del acto del juicio. Tiene menor gravedad que la primera, porque no se causa un perjuicio al reo.
Delitos de amedrentamiento o represalia contra las partes, peritos y testigos
Son dos figuras delictiva distintas que se engloba en el 464 porque persiguen garantizar la indemnidad de quienes cumplen los deberes legales de intervención en un procedimiento judicial. En la primera conducta, se configura como un delito común y de resultado, se sanciona a quién, con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal. La conducta es el ejercicio de actos de violencia o intimidación. Este tipo es de los denominados de resultado cortado, de tal manera que lo decisivo para la tipificación es que la acción persiga un específico resultado, sancionándose de una manera la realización de la acción con esa finalidad y de otra, más grave, la consecución del resultado perseguido.
La segunda conducta se establece en el 464.2, como infracción común y de resultado. Consiste en la realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial. Lo esencial es que los actos de agresión que constituyen la conducta típica deben estar motivados en la voluntad de represaliar una actuación precedente realizada en un procedimiento judicial, por alguna de las personas identificadas en el mismo art. el sujeto pasivo de la agresión sólo puede ser la persona que ha actuado en el procedimiento judicial y no ninguna otra. Es un peligro abstracto, puesto que, no se castiga aquí la conducta por su incidencia en el proceso concreto, sino la inseguridad que la represalia puede generar en los intervinientes en futuros procesos.
Delio de daños a documentos o actuaciones judiciales
Esta infracción, común y de resultado, pretende respaldar la obligación de las partes del proceso, de respetar la integridad de los elementos documentales que materializan el planteamiento, desarrollo y resolución del procedimiento judicial de que se trate y que por ello son básicos para fundamentar los derecho de cada una de las partes en el mismo y para resolver el litigio de conformidad con ellos. El 465, sanciona la destrucción, inutilización u ocultación de los documentos o actuaciones,. El cp distingue dos modalidades delictivas.
Delito de revelación de actuaciones procesales secretas
Aunque todas la actuaciones procesales vivas son secretas, con carácter general, en la medida en que su contenido no es público, ninguna persona que no esté formalmente personada en un procedimiento puede acceder a su contenido, ni recibir información sobre el mismo por parte de quienes lo custodian, el 466 refuerza la protección de la institución específica del denominado secreto del sumario, esto es, el estado de reserva absoluta sobre el contenido de unas concretas actuaciones. Es una infracción de un delito especial propio y de mera actividad.
Delitos de deslealtad profesional
Con ello se reprocha al abogado o el procurador designados por la parte de un proceso judicial, para la defensa de sus intereses en el mismo, el incumplimiento de los deberes esenciales que deben guiar su actuación profesional en defensa de los derechos de un tercero. El Cp establece dos figuras delictivas específicas:
La vulneración de las normas de incompatibilidad profesional, sancionándose al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios.
El perjuicio al propio cliente en la actuación profesional, reprochándose, el 467.2, al abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados, de tal forma que el reproche alcanza también a los supuestos de inactividad procesal. Esta infracción se sanciona incluso so el perjuicio se provoca por dolo eventual o imprudencia grave.
Cada una de las figuras delictivas que conforman los delitos de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional presenta modalidades específicas de comisión, que permiten distinguir la intensidad de la sanción a las características del autor o a la gravedad del resultado producido.
En el delito de incomparecencia en Juicio, se distinguen diversas responsabilidades según el responsable del hecho sea un particular, un abogado, procurador o representante del MF o el juez miembro del Tribunal o quien ejerza las funciones de Secretario Judicial, en el acto de la vista del Juicio Oral.
En los delitos de amedrentamiento o represalia contra las partes, peritos y testigos del 464.1, se configuran dos modalidades típicas, con distintas sanciones, en función de que el sujeto típico de la acción alcance o no el resultado persieguido
En el delito de daños a documentos o actuaciones judiciales también se distinguen distintos reproches, en función de la condición que vincula al sujeto activo con el objeto del delito. La figura básica sanciona al abogado o procurador que con abuso de su función destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, que haya recibido por un acuerdo formal de entrega. También hay una segunda modalidad atenuada, con la que se sancionan los hechos cuando son cometidos por un particular.
En el delito de revelación de actuaciones procesales secretas se distinguen cuando se actúa: como abogado o procurado, como juez, miembro del tribunal, representante del MF, secretario judicial o funcionario al servicio de la admón. De justicia o como particular.
Y en el delito de deslealtad profesional, 467.2, se prevé específicamente, al lado del tipo doloso, una conducta de imprudencia grave, que recibe menor pena.
En ningún caso existe una modalidad leve de estos delitos, que se castigue como falta.
Todos los delitos de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional son dolosos y excluyen la punibilidad de la forma imprudente, excepto del delito de perjuicio manifiesto de los intereses del cliente, que se prevé la realización de los hechos por imprudencia grave.
En alguno de los tipos dolosos se exige también un elemento subjetivo del injusto, de tal manera que se excluye la posibilidad de incriminación incluso en caso de dolo eventual. Tal es el caso del 464.1, en el que se explicita que el ejercicio de la violencia o intimidación debe perseguir, específicamente, influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, interprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal.
El 464.2, en el que se limita la conducta activa a las agresiones que se realicen como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial.
Pueden aplicarse a estos delitos, siempre que se den sus propios requisitos, todas la eximentes prevista, en el 20, salvo la de ejercicio legítimo de un derecho, por naturaleza incompatible con las conductas típicas de aquellos.
La mayor parte de las modalidades de los delitos de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional son tipos especiales propios. No obstante la jurisprudencia admite la participación del extranei.
En la regulación de estos delitos, el legislador utiliza tipos de mera actividad y de resultado que tienen distintas formas de ejecución. Los delitos de incomparecencia en juicio sólo permite la punición en caso de consumación, por omisión propia. Los demás delitos de actividad contenidos permiten la punición de la tentativa inacabada, al poder distinguirse distintos actos ejecutivos. Los delitos de resultado además de la tentativa acabada y la consumación
En ninguna de las infracciones se sanciona de forma expresa la proposición, conspiración y proposición, actos impunes.
En estos delitos pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el cp, excepto la agravante de alevosía, que es propia y exclusiva de los delitos contra las personas. Además, en el delito de deslealtad profesional, resulta también inaplicable la agravante de abuso de confianza, toda vez que su desvalor ya está incorporado en el tipo y su apreciación vulneraría el principio non bis in iden.
Es realmente complejo, dada la diversidad de figuras delictivas y modalidades de las misma:
Los delitos de incomparecencia en Juicio se sanciona con la pena de prisión o multa. Pero la pena disminuye la multa en el caso de la segunda incomparecencia en causa criminal, sin reo en prisión y previa advertencia. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o representante del MF, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad superior y además, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio. Tercer apartado prevé si la suspensión tuviere lugar como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa y en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatros años.
Los delitos de amedrentamiento o represalia contra las partes, peritos y testigos, se sanciona con pena cumulativa, consistente en prisión y multa. El 464.1, ejercicio de violencia o intimidación para influir en la modificación de una actuación procesal, se prevé que la pena se imponga en su mitad superior si el autor del hecho alcanzara su objetivo.
El delito de daños a documentos o actuaciones judiciales se castiga con pena cumulativa, de prisión y multa e inhabilitación especial para profesión, empleo o cargo público si la conducta es imputable a un abogado o un procurador. Pero si los hechos fueren realizados por un particular, la pena se convierte en tan sólo multa.
El delito de revelación de actuaciones procesales secretas se sancionan cuando se comete por abogado o procurador, con pena cumulativa, de multa e inhabilitación especial para empleo. Pero si la revelación fuese realizada por el Juez o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia, existen tres posibilidades de sanción, en su mitad superior.
Y el delito de deslealtad profesional, se castiga con la pena de multa e inhabilitación especial para la profesión de abogado o procurador y con multa e inhabilitación. Si la conducta se realiza por imprudencia grave, la sanción para a ser de multa e inhabilitación especial para esa misma profesión.
El delito de amedrentamiento a las partes, peritos y testigos, entra en concurso de leyes con los tipos delictivos genéricos de amenazas y coacción que debe resolverse a favor de aquél en aplicación del principio de especialidad.
El 464.2 declara expresamente que la imposición de las penas correspondientes al delito de agresión como represalia por una actuación en un procedimiento judicial, ha de hacerse sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos. Ello supone la existencia de un concurso ideal de delitos, entre esta infracción y el delito conforme al que se sancione la lesión o puesta en peligro de los bienes personalísimos mencionados en él y resoluble conforme a la regla del 77.
El colofón del sistema estatal de administración de Justicia es el cumplimiento de las Sentencias y demás resoluciones judiciales y especialmente en lo que al ordenamiento penal se refiere, el cumplimiento de las penas impuestas en los procesos de esta naturaleza.
Se sanciona hasta tres comportamientos dirigidos al incumplimiento de esta obligación:
El 468, castiga a quienes quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, distinguiendo a efectos de determinación de la sanción, si el responsable del hecho estuviera o no privado de libertad. Es un delito especial propio y de mera actividad, que se consuma con la desobediencia de las obligaciones de comportamiento que conforman la decisión jurisdiccional penal, no está incluida en el tipo la detención policial, de que se trate. El quebrantamiento supone una desobediencia a una obligación concreta de comportamiento, establecida en resolución jurisdiccional, el delito sólo existe si la voluntad del sujeto activo es la de hacer ineficaz la decisión judicial de que se trate. El mero retraso en el reingreso a prisión, no basta para integrar el tipo de quebrantamiento de condena.
El 469, sanciona a los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerzas en las cosas o tomando parte en motín. Es una forma especializada y agravada del delito de quebrantamiento de condena. Es un delito especial propio y de resultado, se exige el resultado de fuga.
En el 470.1, castiga al particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción. Es un delito común y de resultado, en el que se sancionan todos los comportamientos materiales que provocan, como resultado la evasión. Existe un subtipo agravado cuando se utiliza la violencia, fuerza en las cosas o soborno.
Ninguna de estas infracciones presenta modalidad atenuada que se sancione como falta en el Libro III.
Todos los delitos de quebrantamiento de condena son dolosos, sin que exista modalidad imprudente. El 468 requiere que el sujeto activo actué para desobedecer una obligación concreta de comportamiento.
Pueden aplicarse a estos delitos siempre que se los sus propios requisitos, todas las eximentes del cp. Art. 20.
Los delitos del 468 y 469 son tipos especiales propios, que sólo pueden ser cometidos, a título de autor, por quienes estén sentenciados o sujetos a medidas cautelares o de seguridad, conducción o custodia. La jurisprudencia admite la participación del extranei, aplicándose el 27 y ss. El 470 es común.
Son de mera actividad el 468 y de resultado el 469 y 470, que tienen distintas formas de ejecución: 468, mera actividad: permite la punición de tentativa inacabada, al poder distinguirse, en la misma acción típica, distintos actos ejecutivos, que pueden quedar interrumpidos antes de consumar la infracción y de la consumación.
Los delitos de resultado admiten además la tentativa acabada.
No se sancionan la proposición, provocación y conspiración, actos impunes.
En estos delitos pueden aplicarse todas las circunstancias atenuantes y agravantes, excepto la alevosía.
El 468 se sanciona con pena de prisión si el autor del hecho estuviera privado de libertad y con multa en los demás casos.
Se sanciona con prisión a quienes quebranten una pena de las contempladas en el art. 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, si afecta a las personas del 173.2
La modalidad agravada del 469 se castiga con prisión. La conducta básica del particular del 470.1, se sanciona con pena cumulativa, de prisión y multa.
La figura agravada eleva la sanción de prisión, además en el tercer apartado se impone una pena específica a los cónyuges o personas a las que se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad los evadidos, así como a sus ascendientes, descendientes, hermanos, por su naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados. La sanción se limita a la pena de multa, pudiendo sancionar el juez con los daños causados o las amenazas o violencias ejercidas.
El 471, prevé un incremento específico de la pena, consistente en la pena superior en grado a la establecida en cada caso, al culpable de cada una de las distintas infracciones si fuera un funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido.
Además de con la inhabilitación para empleo o cargo público.
Entre el 468 y el 469 existe un concurso de leyes, que se resuelve a favor del 469 por el principio de especialidad.
Delitos contra la Corte Penal Internacional
Desde la ley 15/2003, se ha incorporado estos delitos, el legislador extiende a este organismo internacional la protección que hasta ahora dispensaba sólo a la Administración de justicia española.
Está integrado por el 471 bis, en cuyos siete apartados se resumen y trasladan al contexto de la corte penal internacional las infracciones prevista en los capítulos precedentes:
Falso testimonio: Se sanciona la conducta dolosa de quien presta testimonio estando obligado a decir la verdad conforme a las normas de dicha corte. Prisión, si el falso testimonio se diera en contra del acusado y menor prisión si a consecuencia de este testimonio se dictara fallo condenatorio.
Presentación de pruebas falsas: conducta dolosa que se sanciona con las mismas penas que el delito de falso testimonio.
Destrucción o alteración de pruebas e interferencia en las diligencia de pruebas: conducta dolosa que se sanciona con la pena de prisión y multa.
Corrupción de testigo, obstrucción de su comparecencia o testimonio o interferencia en ellos: se sanciona con la pena de prisión y multa.
Obstaculación de las funciones de un funcionario de la corte y corrupción o intimidación al mismo: pena de prisión y multa, la finalidad de la conducta debe ser la de obligar al funcionario a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida.
Toma de represalias contra testigos o funcionarios de la Corte: prisión y multa y exige que cada una de esas conductas tenga una fundamentación específica: La represalia contra el funcionario sólo es típica si se efectúa en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario y la represalia contra el testigo sólo integra el tipo si se efectúa por su declaración ante la corte.
Cohecho de funcionario de la Corte, que abarca tanto el solicitar como el aceptar un soborno en relación con sus funciones oficiales y que se castiga con prisión y multa del tanto al triple del valor de la dádiva solicitada o aceptada.

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