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Timestamp: 2020-08-05 10:25:43+00:00

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PMcM | El contrato como garantía para reclamar el pago
- el 04 de mayo de 2015
La ley concede un gran margen de maniobra a la hora de redactar las cláusulas y condiciones contractuales.
Esta libertad formal aparece en diversos artículos del Código Civil de forma muy clara:
Consecuentemente el contrato es la pieza clave del éxito de las operaciones; si reúne los requisitos legalmente exigidos, el deudor queda obligado a asumir lo pactado, sin posibilidad de escaquearse o dar marcha atrás a los acuerdos asumidos y obligaciones adquiridas.
Desde un punto de vista preventivo el contrato es el documento que permite garantizar y proteger jurídicamente los intereses del acreedor.
El deudor se obliga al pago del importe que del mismo pueda derivarse. En consecuencia el contrato es una de las formas más seguras para reclamar el pago a un moroso. El contrato no sólo impide que el deudor niegue la realidad de la deuda, sino que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, posibilita que el acreedor inicie acciones judiciales para hacer valer su legítimo derecho al cobro.
Por tanto el Derecho español nos dice que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio (art 1254 CC) y que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (art 1258 CC).
Aunque la Ley dice que los contratos mercantiles serán válidos y producirán la obligación y acción en juicio, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos (art. 51 C.Com), los contratos verbales no son aconsejables ya que el artículo 51 del C.Com nos dice que la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.
Para que exista contrato el Art. 1261 del CC dicta que deben concurrir los requisitos siguientes:
Sobre el objeto cierto que sea materia del contrato (Cosa sobre la que recae el contrato)
Y la causa de la obligación que se establezca (Fin práctico que se pretende con el contrato)
Sobre el consentimiento el Art. 1262 determina que:
El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe.
El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.
Respecto al objeto los siguientes artículos del CC dictan que:
Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.
Y finalmente con respecto a la causa el CC establece los siguientes puntos:
Puede observarse pues, que partiendo de los principios de libertad de forma, el contrato puede que no sea un único documento, sino más bien un conjunto de operaciones necesarias para plasmar y recoger documentalmente la declaración de voluntad que forma la esencia del contrato.
Tal y como se desprende de los artículos estudiados, el espíritu de los códigos españoles es el de la libertad de forma de los contratos, sin embargo esta flexibilidad contractual puede tener consecuencias perjudiciales para el acreedor como son el defecto de prueba, el defecto de incertidumbre en las relaciones jurídicas o la oposición del deudor a los hechos pactados.
Por consiguiente antes de redactar un contrato con un cliente es conveniente asesorarse por especialistas antes de redactarlo, ponerlo todo en el texto, hacerlo completo y detallado, y es recomendable poner todas las condiciones que luego se podrán utilizar contra el deudor si no paga.
Las condiciones de pago deben estar bien determinadas en el redactado del contrato de forma clara y precisa. Por otro lado, es imprescindible identificar con toda claridad la persona que actúa en nombre y representación de cada una de las partes: identidad y capacidad, apoderamiento.
Hay que describir con absoluta claridad el objeto del contrato o los servicios que se constituyan e indicar la delimitación clara de la fecha de entrada en vigor y la duración del contrato. Cualquier modificación contractual debe hacerse constar por escrito.
En el contrato se pueden incluir las cláusulas penales de pago de intereses moratorios y gastos de cobro; el tipo de interés que se pacte en el contrato no necesariamente ha de corresponder con el interés de demora vigente en base a la Ley 3/2004, ya que se puede pactar un interés moratorio superior al legal.
Asimismo en aplicación a lo dispuesto en la ley 3/2004, se puede incluir una cláusula de reserva de dominio.
Otra de las cláusulas imprescindibles en el contrato es la de resolución anticipada del mediante pacto comisorio expreso si el cliente no cumple. La cláusula de resolución contractual es muy efectiva ya que en caso de impago por parte del comprador, el vendedor está facultado para resolver unilateralmente el contrato.
Además en algunos casos es muy positivo añadir una cláusula de retención de la mercancía en caso de impago o una cláusula de devolución de las mercancías ya entregadas por el acreedor.
Una cláusula sumamente útil en caso de impago es la de sometimiento a la jurisdicción del acreedor. De esta forma en caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor podrá pleitear en su jurisdicción territorial, lo que resulta más ventajoso y económico, salvo que la demanda sea a través de un procedimiento monitorio o procedimiento cambiario ya que en estos casos no sirve la renuncia expresa del deudor y hay que interponer la demanda en el juzgado de su domicilio.
Una medida que puede proteger los intereses del acreedor es incluir en el contrato suscrito por las partes una cláusula en la cual se exprese la voluntad de someter las eventuales diferencias que se presenten a la decisión del tribunal arbitral. El arbitraje, como el procedimiento judicial, es un medio de solución de conflictos, si bien es menos formal y solemne, la solución del conflicto es decidida por el árbitro o árbitros neutrales, y surge de la voluntad de las partes.
La persona que ejerce de juzgador es el árbitro o árbitros neutrales, específicamente nombrados por sus condiciones y cualidades. El procedimiento arbitral es una forma rápida de resolución de conflictos, existiendo un plazo legal máximo de 6 meses, contados desde el día siguiente al que se produzca la notificación de su aceptación como árbitros a las partes. Sin perjuicio de que las distintas Cortes Arbitrales suelen dictar Laudos en plazos más reducidos, alrededor de 3 meses.
El laudo arbitral es la decisión final del árbitro para resolver la controversia que se ha sometido a su consideración por las partes. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas, que recaen en la parte incumplidora, existiendo la posibilidad de ser distribuidas entre las dos partes. Una vez protocolizado, el laudo tiene el mismo valor que una sentencia judicial. El laudo será ejecutado con arreglo a las normas legales vigentes para la ejecución forzosa de la sentencia.
En el momento de redactar un contrato es conveniente que el proveedor piense en lo peor que le pueda pasar y poner cláusulas para evitar que pase lo peor o si pasa lo peor, por lo menos estar blindados contractualmente. Vale la pena señalar que el artículo 57 del CCom indica que:
"Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones".
La existencia de cláusulas que protejan al acreedor es muy importante ya que el Artículo 59 establece un régimen "in favor debitoris" en caso de ambigüedades en el contrato cuando dice que:
"Si se originaren dudas que no puedan resolverse con arreglo a lo establecido en el artículo 2 de este Código, se decidirá la cuestión a favor del deudor"
En ocasiones el cliente se negará a firmar un papel que ponga CONTRATO, pero firmará un papel que no tenga aspecto formal encabezado con la palabra CONTRATO. El documento puede ser "acuerdo de prestación de servicios", "condiciones de suministro" o "hoja de encargo". A efectos legales puede servir como un contrato si reúne los requisitos anteriormente explicados.
Es conveniente además conservar la documentación que se ha denominado por la doctrina como tratos preliminares o preparatorios al precontrato o contrato que se producen como son la solicitud por parte del comprador de una oferta, la oferta enviada por el proveedor, las contraofertas, los estudios técnicos realizados, etc.
Por consiguiente recordar que los tratos preparatorios, son aquellos actos que se realizan para discutir y preparar un contrato pero no obligan a la celebración del mismo, pero que pueden ser útiles en caso de litigio ya que permiten demostrar la relación contractual.

References: artículo 51
 artículo 1056
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 Artículo 59
 artículo 2