Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610373.html
Timestamp: 2019-03-22 10:32:48+00:00

Document:
as201610373
AUTO SUPREMO Nº 373/2016-RA
Expediente : Tarija 16/2016
Parte Imputada : Mario del Carpio Aparicio
Por memorial presentado el 08 de marzo de 2016, cursante de fs. 446 a 458, Mario de Carpio Aparicio, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 06/2016 de 10 de febrero de 2016, de fs. 405 a 407, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Nicolasa Achu Plaza contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 13/2015 de 28 de Agosto (fs. 352 a 355), el Tribunal de Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Mario del Carpio Aparicio, autor del delito de Violación, previsto y sancionado en el art. 308 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de quince años de presidio.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Mario del Carpio Aparicio, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 380 a 391 vta.), resuelto por el Auto de Vista 06/2016 de 10 de febrero (fs. 405 a 407), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia impugnada.
c) Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 1 de marzo de 2016 (fs. 410), el 8 del mismo mes y mismo año, interpuso el recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad.
Del memorial de fs. 446 a 458 vta., se extraen los siguientes motivos:
1) El recurrente denuncia la vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva al alegar que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, dejándosele sin una respuesta, al no pronunciarse sobre la denuncia realizada en la apelación restringida, señalando que se interpuso el incidente de nulidad de las acusaciones pública y particular, por inobservancia del art. 341 incs. 3) y 5) y 124 del CPP, que fue rechazado por resolución de 25 de agosto de 2015 por el Tribunal de origen; apelada que fue, el Tribunal de apelación incidental determinó la inexistencia del agravio porque se cumplió en ambas acusaciones la indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, señalando: “que habiendo sido notificado con ambos pliegos acusatorios en el momento oportuno no se efectuó observación alguna”(sic), resolución que carecería de la debida fundamentación vulnerando de esta manera el art. 124 del CPP; asimismo no consideró que ante la supresión de la audiencia conclusiva, la etapa de excepciones e incidentes en juicio es el momento oportuno de realizar su observación y pedir las nulidades de ambas acusaciones por incumplimiento de los requisitos referidos precedentemente, toda vez que este aspecto no se encontraría previsto en la norma, solicitando se declare con lugar al incidente y consiguientemente la nulidad de ambas acusaciones por incurrir en el art. 169 del CPP; sobre este agravio invoca la SSC 714/2007 de 17 de agosto, cita las SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R 0081/ 2002 y 378/2002-R) y el Auto Supremo 360/2012 de 28 de noviembre.
2) Aludiendo que el Tribunal de origen, en total violación del principio de contradicción, permitió la introducción de las pruebas signadas como “MP-4” Certificado Médico Forense, “MP-6” Informe Psicológico y “MP-7” Informe Social, vulnerando el principio de contradicción, el derecho a la Defensa a contrainterrogar y hacer observaciones, procede a valorar estos elementos de prueba sin mencionar que el examen médico fue introducido sin la presencia de quien realizó el mismo quien fue ofrecido como perito, quien mal intencionadamente no fue convocado a juicio restringiendo su derecho a la defensa al impedir su contrainterrogatorio; asimismo de las otras dos pruebas MP-6 y MP-7, que fueron exhibidas y sin sentar las bases se las introdujo por su lectura sin la presencia de quienes las elaboraron, impidiendo nuevamente ejercer su derecho a la defensa.
Ante este contexto, argumenta que el Tribunal de alzada no corrigió este agravio, a pesar de que reconoció en parte que se debe observar las formas para la introducción de las pruebas a juicio, que a criterio del recurrente, esta instancia debió disponer la exclusión probatoria de las mencionadas pruebas, vulnerando de esta manera los arts. 329, 169 inc. 3) y 370 inc. 4) del CPP; y art. 116 parágrafo I de la CPE.
3) Denuncia que el Tribunal de alzada justificó erróneamente la decisión del Tribunal Ad quo de excluir las pruebas materiales de descargo “PD-8” (pollera celeste), “PD-9 (ropa interior de la víctima) y “PD-10” (bellos púbicos), mediante una resolución sin la suficiente fundamentación, infringió el art. 124 del CPP, en la que señala una preclusión de actos sin referir la norma jurídica que la respalde y negación de la producción de los medios probatorios ofrecidos, bajo el argumento que estas pruebas no se encontrarían en despacho y que no se hizo ninguna gestión de la parte para su remisión, afirmación falsa al haberse solicitado se oficie a este efecto; pero, que el Tribunal de origen no emitió los oficios, lo que conllevó a no poder ejercitar cualquier solicitud, proceder con el que se restringió su derecho a presentar prueba relevante que demostraría su inocencia y de llegar a la verdad de los hechos; de igual manera se procedió con la prueba pericial, cuando el Tribunal de mérito incurrió en apreciaciones subjetivas al señalar que la perito no estaría en condiciones de realizar el trabajo científico, no siendo convocada porque no se encontraban los elementos para realizar la pericia, aspecto que evidencia una incorrecta aplicación del art. 172 del CPP, porque al haber sido ofrecida la prueba y no producirla se ha vulnerado el derecho a la igualdad de las partes, art. 12 del CPP; toda vez que la producción de la prueba de descargo tenía la única finalidad de descubrir la verdad de los hechos; de lo que se concluye una lesión al derecho a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso, previstos en los arts. 115,116, 117 y 119 de la CPE, concordante con los arts. 5, 8, 12, 171,204 y 205 del CPP; sobre este agravio invoca los Autos Supremos 241/2006 de 6 de junio y 271/2009 de 4 de mayo.
4) Asimismo denuncia, en el acápite subtitulado: “DE LOS DEFECTOS DE LA SENTENCIA ART. 370 DEL C.P.P. INC. 2…” (sic), que del Certificado Médico forense se acreditó que el agresor sería una persona conocida sin identificar a su persona, al no coincidir los hechos con el relato de la víctima; que el hecho se presumiría que ocurrió a horas 22:45, así como de los Informes Social y Psicológico, se habría acreditado que el agresor fue un vecino, corroborando que su persona no fue identificado ni por la víctima quien establecería la existencia de algún vecino con las características similares; aspecto no controlado por el Tribunal de alzada, limitándose tan solo a copiar textualmente lo resuelto en la Sentencia sin que el imputado se halle individualizado, declarando el agravio infundado, sin llegar a subsanar todas las denuncias de la apelación restringida y el señalado en el art. 370 inc. 2) del CPP; sobre este agravio invocó el Auto Supremo 360/2012 de 28 de noviembre.
5) Finalmente, denuncia que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, siendo así que en el Considerando VI de la Sentencia se determinó que la declaración de la víctima sería prueba creíble señalando que su persona resultaría ser culpable del ilícito endilgado; así también en el considerando VII advirtió violación a la presunción de su inocencia, que por no haber intentado reparar el daño ocasionado y porque su comportamiento no denotó arrepentimiento, el Tribunal de sentencia determinó su culpabilidad, realizando una mala valoración integral de las pruebas, así la prueba codificada como MPD-5 consistente en el desfile identificativo, que si bien la testigo lo reconoció, en el desarrollo del juicio también reconoció que existió otro sujeto con las mismas características y que es vecino común; sobre este agravio denunciado, el Tribunal de alzada, consideró que todos los medios probatorios incorporados a juicio fueron tomados en cuenta, quien revalorizando cuestiones de hecho, y sin darle ningún valor a la declaración de los testigos Lidia Evelyn Vásquez que corroboraba a su declaración, así como con la declaración de Damián Tipolo y Mirtha del Carpio, que refirieron sobre la existencia de otra persona en estado de ebriedad, no se pronunció sobre cada denuncia realizada en la apelación restringida, además de no valorar los elementos de prueba incurrió en “incongruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, lo cual constituye una valoración defectuosa y violación al debido proceso” (sic), infringiendo el art. 370 inc. 2,6 y 10) del CPP, incurriendo en defecto absoluto que atenta derechos fundamentales, previsto en el art. 116 de la CPE, debiendo aplicar los arts. 363 inc. 1, 2, y “346)” (sic), del CPP, corrigiendo de oficio conforme el art. 17 de la LOJ.
Refiriendo en el acápite subtitulado “DE LOS AGRAVIOS” (sic), el recurrente refiere que la resolución impugnada además atenta contra sus intereses, que no cometió el ilícito endilgado a su persona, que se lo condenó injustamente sin valorar la integralidad de la prueba documental ni testifical contraviniendo el art. 173 del CPP, violentando el debido proceso y el in dubio pro reo; al efecto cita el Auto de Vista de 6 de febrero de 2012, Autos Supremos 360/2012 de 28 de noviembre, 89/2013 de 28 de marzo, 105 de 5 de junio de 2012, 487/2005 de 15 de noviembre y 131 de 31 de enero de 2007.
En el presente caso, se establece que el 01 de marzo de 2016 el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 08 del mismo mes y mismo año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.
Ahora bien, en relación a los demás requisitos, como primer motivo, denuncia que el Tribunal de apelación, ante su denuncia de excepción e incidente de exclusión de acusación pública y particular planteado ante el Tribunal de sentencia, el Tribunal de alzada le habría respondido sin la debida fundamentación y motivación, infringiendo lo previsto por el art. 124 del CPP, incurriendo así en incongruencia omisiva, ya que, afirma, no se habría pronunciado en absoluto sobre los fundamentos esgrimidos en sus recursos de apelación; sobre este reclamo, corresponde señalar que el recurrente incurre en contradicción; por cuanto, por una parte denuncia que el razonamiento asumido por el Tribunal de alzada resultaría insuficientemente infundado; toda vez, habría señalado que se habría verificado que se cumplió en ambas acusaciones con la indicación de las circunstancias de modo tiempo y lugar que según ellas ocurrieron como se identificó debidamente la prueba, no existiendo verificación de agravio alguno; y, por otro lado el recurrente afirma, que el ad quem, no se pronunció en absoluto sobre los fundamentos esgrimidos en sus recursos de apelación; fundamentos, que en definitiva se contradicen; por cuanto, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación; y otra, sostener que no se habría pronunciado a los motivos impugnados en apelación restringida; en consecuencia, la referida incoherencia en la fundamentación del motivo de casación, impide que este Tribunal pueda ejercer su labor encomendada por ley, a través de la comparación del Auto de Vista recurrido con el precedente invocado, al no tenerse claro el motivo denunciado en la fundamentación sujeta a confrontación, situación por la que este motivo deviene en inadmisible.
En relación al segundo motivo, en la que cuestiona a través del presente recurso que el Tribunal de alzada no corrigió los agravios denunciados en la apelación restringida, referidas a la vulneración del debido proceso y principio de contradicción, por permitir la introducción de las pruebas signadas como “MP-4” consistente en Certificado Médico Forense, “MP-6 y MP-7” referidas a Informes Psicológico y Social, que de manera mal intencionada no fue convocado el Médico Forense Dr. Jorge A. Guzmán Lozano para no ser contrainterrogado por la defensa, incurriendo en defecto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; asimismo en el quinto motivo, refiere que el Tribunal de alzada no controló la defectuosa valoración de las pruebas testificales en la que incurrió el Tribunal de juicio, denunciando en consecuencia la existencia de defectos procesales absolutos que autorizarían en forma excepcional la revisión del recurso de casación de oficio. Al respecto, teniendo en cuenta los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para la admisión del recurso de casación, se advierte que el recurrente se limitó a cuestionar la falta de valoración de las pruebas documentales y testificales en ambos motivos, tanto por el Tribunal de Sentencia como por el de alzada y expresar su expectativa que debe ser revisada de oficio por este Tribunal; siendo así que sin cumplir con los requisitos establecidos en el acápite IV de esta resolución al no detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, menos explica el resultado dañoso emergente del defecto, temática respecto a la cual el recurrente debió centrar su atención, teniendo en cuenta que el presente recurso está destinado a impugnar los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia en la resolución de los recursos de apelación restringida; en cuyo mérito, estos dos motivos devienen en inadmisibles.
En lo que respecta al tercer motivo, denuncia falta de fundamentación de la decisión tomada por el Tribunal de alzada, respecto a la exclusión de pruebas codificadas como “PD-8, PD-9 y PD-10”, las que a criterio del recurrente hubieran podido ser contrastadas con los análisis de ADN que le hubieran podido realizar a su persona, limitando de esta manera a que se llegue a descubrir quién fue el verdadero responsable de la agresión sexual; al efecto, el recurrente únicamente se limitó a citar y transcribir parte de los Autos Supremos 241 de 6 de julio de 2006 y 272 de 4 de marzo de 2009, sin cumplir con la carga procesal de señalar en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, omisión que no puede ser suplida por este Tribunal y que imposibilita ingresar al análisis de fondo del presente recurso, pues se reitera que de acuerdo al sistema de recursos previsto por el Código de Procedimiento Penal vigente, la finalidad esencial del recurso de casación es uniformar la jurisprudencia, de ahí la exigencia legal de invocar el precedente contradictorio y explicar la contradicción en términos precisos y claros, pues de no ser así el Tribunal Supremo estaría imposibilitado de resolver en base al derecho objetivo la probable contradicción existente ente el Auto de Vista impugnado y el precedente y/o precedentes contradictorios invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.
Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas con la mera denuncia de defectos absolutos o enunciación del derecho al debido proceso como se observa en el caso presente, ya que a efectos de ingresar al fondo de los agravios vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir a cabalidad con los presupuestos explicados en el acápite IV de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, pues a más de reiterar, de forma poco clara, las denuncias de su recurso de apelación restringida, no fundamenta cuál la restricción o disminución del citado derecho, y menos explica en qué consiste el resultado dañoso, derivando en que el motivo resulte inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.
Finalmente, con relación al cuarto motivo, denuncia que el Tribunal de alzada no ejerció su función de controlar de que su persona no fue identificado plenamente como el autor de la agresión sexual, ya que con características similares al recurrente, existían varios vecinos, además de no llegar a subsanar todas las denuncias de la apelación restringida; al respecto, el recurrente únicamente se limita a citar y transcribir partes de los precedentes contradictorios, sin cumplir con la carga procesal de señalar en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, omisión que no puede ser suplida por este Tribunal y que imposibilita ingresar al análisis de fondo del presente recurso, pues se reitera que de acuerdo al sistema de recursos previsto por el Código de Procedimiento Penal vigente, la finalidad esencial del recurso de casación es uniformar la jurisprudencia, de ahí la exigencia legal de invocar el precedente contradictorio y explicar la contradicción en términos precisos y claros, pues de no ser así el Tribunal Supremo estaría imposibilitado de resolver en base al derecho objetivo la probable contradicción existente ente el Auto de Vista impugnado y el precedente y/o precedentes contradictorios invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.
En consecuencia, al no haberse cumplido con todos los requisitos de admisibilidad, el recurso de casación analizado deviene en inadmisible, aun recurriendo a revisión extraordinaria, pues, el recurrente omitió cumplir a cabalidad con los presupuestos explicados en el acápite IV de esta Resolución, pues a más de reiterar, de forma poco clara, las denuncias de su recurso de apelación restringida, no fundamentó cuál la restricción o disminución de los citados derechos, y menos explicó en qué consiste el resultado dañoso, derivando en que el recurso resulte inadmisible.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, de fs. 446 a 458, interpuesto por Mario del Carpio Aparicio.

References: resolución 
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in dubio
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