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mayo 27, 2016 Constanza Victoria Lozano Opinión No comments
- La limitación en usuarios y acceso a contenido tienen capacidad de impacto en las economías de escala de estas empresas y en la vulneración a los derechos de sus usuarios.
La Autoridad Nacional de Televisión – ANTV-, cambió las fechas en las que llevará a cabo las mesas de trabajo con los licenciatarios del servicio de televisión comunitaria y que tienen por objeto socializar un proyecto para modificar la Resolución 433 de 2013.
Pero las modificaciones a la norma, en la forma en que el mercado y los consumidores lo requieren, no son posible debido al actual marco legal. Pese a que la ANTV, en ese entonces, durante el proceso la elaboración del proyecto regulatorio (que luego se materializó en la emisión de la resolución 433) incluyó “espacios de discusión, foros en todo el país, análisis técnicos y revisión jurídica de la normatividad, revisión económica del mercado, socialización”, omitió las observaciones de todo el sector con el argumento de que la norma expedida está “enmarcada dentro del marco regulatorio de las normas vigentes colombianas”, como dijo en una entrevista a este medio, el entonces director Ramón Angarita.
Se refería a la ley que aprobó el Tratado de Libre Comercio el Congreso de la República, “toda vez que no puede ir en contravía de una ley expedida por el Congreso”, dijo a propósito de la limitación de usuarios (6.000) que impacta su cobertura y la cantidad de señales digitales (siete), adicionadas en el TLC con Estados Unidos. En ese tiempo (junio del 2013), luego de un foro en el Capitolio Nacional convocado por el senador Édgar Espíndola, el director de la ANTV hablaba de la posibilidad de recibir las observaciones de los comunitarios a la norma y volverles a dar una respuesta.
“Vale la pena aclarar que la ANTV hizo unos foros en todo el territorio nacional donde tuvieron la oportunidad de hacer observaciones. En sí las observaciones que no se trataron, pues es donde ellos no están de acuerdo, pero finalmente, la ANTV como ente competente con la jurisdiccion que tiene por la ley 1507, expidió esta reglamentación (…), concluyó.
En una audiencia pública sobre la televisión y la radio comunitaria que tuvo lugar en noviembre de 2014 en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, tanto la viceministra de TIC’s, María Carolina Hoyos, como el entonces director de la ANTV, Ramón Angarita coincidieron con los senadores de la Comisión Sexta que la actual normatividad actúa en contra de la televisión y la radio comunitaria.
La limitación en usuarios y acceso a contenido (adicionado a la obligatoriedad de inversión en producción propia) tienen capacidad de impacto en las economías de escala de estas empresas y en la vulneración a los derechos de sus usuarios, a quienes la norma por rebote les impide acceso a contenido que pudiese ser relevante y de su interés, mientras al restarles capacidad de crecimiento afecta la inversión en infraestructura y contenido para disfrute de sus clientes.
Apartes de la carta del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, al entonces ministro de las TIC, Diego Molano, y a Ramón Guillermo Angarita, director de la Autoridad Nacional de TV, el 29 de julio de 2013:
Luego de tres años de haber sido emitida la resolución, el impacto es indiscutible. La consultora Dataxis dio a conocer en un informe que muchos pequeños operadores locales han ido cerrando sus ofertas de TV paga o han sido adquiridos por otros operadores, lo cual está contribuyendo a la concentración en el mercado.
En noviembre del año pasado la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, anunció el trámite de cancelación de 47 licencias de televisión comunitaria, debido a que sus titulares presentaron renuncia, devolución de las mismas o manifestaron su intención de no continuar con la prestación del servicio.
La TV comunitaria es en la actualidad el sector de las comunicaciones más limitado para crecer por la regulación nacional, lo que le resta capacidad de maniobra frente a las exigencias tecnológicas y de inversión en infraestructura y contenidos que demanda el mercado.
A diciembre de 2012 la Autoridad Nacional de televisión, ANTV, revelaba la existencia de 764 empresas de TV comunitaria con asociados por el orden de los 439.122 y que estas entidades reportaban ingresos por 57.918 millones. Hoy este panorama es completamente diferente.
A finales de noviembre del año 2014, Business Bureau, entidad que publicó un informe sobre cerca de 500 empresas de TV comunitaria, consideraba que al menos 109 de estos operadores habrían cesado su actividad y que se desconoce a partir de cuando, así como las razones que habrían llevado a ese desenlace.
Ante este panorama, que se vislumbra más oscuro si bajo las condiciones actuales se empuja el sector hacia la digitalización y la eventual transición hacia unas cargas regulatorias iguales a los de la TV por suscripción (como lo está proponiendo la CRC) queda la pregunta abierta: ¿Cómo enfrentarán los reguladores y el Congreso lo firmado en el TLC con Estados Unidos? Tratado que hoy también obstaculiza el abordar con sinceridad el tema de los ingresos que deja de percibir el Estado por cuenta de las actividades sin renta en el país por servicios de publicidad, suscripción a video, música, software, etc., de los gigantes de la red a través de los servicios streaming.
Cifras proporcionadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, reveladas por El Financiero en el 2015, muestran que empresas como Facebook, Google, Twitter, Netflix (en los países que tributan) , entre otras están generando ingresos en la región por cerca de 9 mil 242 millones de dólares, con apenas una tasa de tributación de 11.78 por ciento y generando al menos 9 mil 700 puestos de trabajo.
En tanto que tecnológicas como Apple, Samsung o Nokia perciben ingresos de 16 mil 631 millones de dólares con una tasa efectiva de tributación de 15.9 por ciento y con 10 mil 836 puestos de trabajo.
El último reporte de ComScore indica que sólo el gasto en Programmatic (Programmatic advertising es el uso de software, algoritmos, que buscan la compra de espacios de publicidad online) en América Latina alcanzó $600.000 USD en el año 2014.
La TV comunitaria en tiempos de convergencia
El 2013 pasó a la historia como un año decisivo para la TV comunitaria. La resolución 0433 emitida el 15 de abril por la ANTV, significó el comienzo de una penosa lucha de los sistemas comunitarios para enfrentar una reglamentación que impuso fuertes limitaciones en usuarios, cobertura, señales codificadas, la exigencia de suscribir contratos con la TV de acceso libre y el desconocimiento de derechos adquiridos sobre la duración de los contratos, entre otros aspectos.
¿En qué estaba pensando el Estado cuando las limitó en usuarios, cobertura y colocó en desventaja a los usuarios de estas entidades al impedirles el acceso a contenido? ¿Qué tienen que ver estos aspectos con los retos que afronta la TV por suscripción y comunitaria como la piratería, el subreportaje, la competencia online, la ilegalidad o que de este sector hicieran parte entidades sin origen ni esencia comunitarios?
Hasta ahora son todos interrogantes, lo que sí parece ser es un decidido intento en atacar un modelo solidario de empresa, al que no se le reconoce la capacidad y necesidad de competir en el actual contexto, por ser sin ánimo de lucro y tener fines sociales.
¿Es sólo culpa de la ANTV, o tal vez se debe a una legislación restrictiva, limitante y obsoleta que la define en función de su cubrimiento y cuyo único objeto es la producción de contenidos propios (como la Ley 182 de 1995) ¿Por qué una comunidad organizada no tiene derecho a acceder a licencias de TV cerrada, a tener calidad y variedad de contenidos?
Si los operadores por suscripción son vulnerables a la presión de los canales internacionales (que tampoco le tributan a la nación) en la adquisición de contenido y costo; a su exceso de publicidad (incluso televentas en horarios prime) y repeticiones (afectación a los derechos de los usuarios), a las movidas de los gigantes globales que están avanzando hacia la concentración de redes y contenidos, a la amenaza al negocio que suponen las pretensiones de Egeda, y si Estado ya sabe que el negocio de TV por suscripción con toda la carga tributaria que tiene ya no es rentable (un fenómeno que podría estar influyendo en el subreporte), ¿la TV comunitaria cómo queda en todo este complejo entorno?
Las mesas de la ANTV
Los espacios de discusión ahora inician en Bogotá y se también llevarán a cabo en diferentes ciudades del país con el siguiente cronograma:
Bogotá, 31 de mayo
Bucaramanga, 8 de junio
Barranquilla, 10 de junio
Cali, 13 de junio
Medellín, 17 de junio
Con esta iniciativa, la ANTV dice que busca llegar a los 705 operadores de televisión comunitaria que actualmente tienen licencias vigentes con la entidad, así mismo, aprovechará estos espacios para socializar las medidas implementadas para el desarrollo de las acciones en contra de la piratería y el subreporte.
En próximos días, la ANTV mediante su página WEB, estará dando a conocer los horarios y lugares en donde se llevarán a cabo las siguientes jornadas de trabajo, que buscan la participación ciudadana con los operadores comunitarios.
¿Por qué la CRC le restó importancia al consumo de TV a través de Internet?
abril 19, 2016 Constanza Victoria Lozano Opinión, Reglamentación No comments
- Según el análisis de la CRC, la oferta comercial de los operadores de televisión comunitaria es comparable a la oferta comercial de televisión por suscripción
- El regulador recibirá comentarios al estudio y la propuesta regulatoria hasta el 14 de mayo
- La Cepal estima que los fondos ilícitos de capitales que salen del subcontinente al extranjero para eludir el pago de impuestos casi llegan a 150 mil millones de dólares anuales
El anuncio de la CRC se advirtió extraño. Además, porque al poco tiempo se dio una coyuntura complicada, el inicio de una nueva cruzada internacional por la transparencia fiscal de las multinacionales (impulsada tras el escándalo de “los papeles de Panamá”). También contrastó con lo señalado por la Cepal a mediados del año pasado, cuando el organismo reclamó que las empresas tecnológicas no están regresando beneficios a la región.
“Sólo el 2.7% de los colombianos solo consume TV a través de Internet”, dijo el regulador, sobre un adelanto del estudio de hábitos y usos de televisión en Colombia, durante 2015 y luego continuó: “mientras que el 25,2% lo usa de manera conjunta con otros medios más tradicionales.”
Lo anterior para justificar que los contenidos OTT son complementarios y no sustitutos de los servicios de televisión tradicional. En su concepto, debido a que este fenómeno en Colombia, se encuentra en una fase incipiente, no considera pertinente “intervenir de ninguna manera, y por el contrario “se estima necesario monitorear su adopción en el corto y mediano plazo para reevaluar el rol competitivo que pueda adoptar”, afirmó en su Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente.
La CRC no cree por ahora necesario modificar la actual clasificación de los servicios de televisión, por la aparición de otros servicios de comunicación audiovisuales.
El regulador no identificó aspectos de asimetría regulatoria ni impositiva, ni de los ingresos que deja de percibir el Estado por la enorme cantidad de poderosas empresas que llegan a través de internet y satélite que no le producen rentan al país, incluídos los canales internacionales (sí identificó asimetrías entre los operadores de televisión y telecomunicaciones locales).
Las asimetrías con los OTT no tienen que ver con la neutralidad de la red, la cual genera grandes debates cuando se toca temas de regulación sobre contenidos o la gestión del tráfico (por el uso de las redes), tienen que ver con la afectación a la competencia del mercado local y los ingresos de la Nación.
OTT no es sólo Netflix
El Estado persiste en mantener un enfoque exclusivamente doméstico para los impuestos y regulación (aduce la neutralidad de la red para evitar la regulación en contenidos, pero no es la regulación de estos lo que está en el centro del debate).
OTT no es sólo Netflix ni canales internacionales como HBO GO, también lo son Skype, WhatsApp, Viber, Nimbuzz, Hulu,, Amazon, Google Play Movies, etc (video, voz y datos son los servicios con más poder de impacto en los operadores de telecomunicaciones).
Pero además, los productos digitales por Internet afectan a una importante porción del mercado intangible local, no son sólo videos, también lo son “programas de cómputo, texto, imágenes, grabaciones de sonido y demás productos que estén codificados digitalmente e independientemente de si están fijos en un medio portador o sean transmitidos electrónicamente”, como describe el TLC con Estados Unidos.
Allí ingresan servicios como sistemas operativos, publicidad, paquetes de programas informáticos para oficina, servicios extranjeros de gestión en la nube, servicios streaming de música, etc), propiedad muchas veces de gigantescas corporaciones que férramente defienden sus derechos de propiedad (como lo hacen los canales internacionales), pero que no le rentan al país. Expertos están alertando incluso sobre los servicios financieros no bancarios a través de Internet que funcionan sin regulación.
El verdadero dilema entonces, no es el encarecer los servicios OTT (con impuestos como el IVA), ni la neutralidad de la red, sino el que las empresas dejen una parte de sus ingresos en el país.
Cepal: “Queremos que las grandes corporaciones paguen impuestos”
El organismo ha dicho que la evasión fiscal, es un lastre para América Latina: “Queremos que las grandes corporaciones paguen impuestos, empezando por Google, Facebook y los OTTs porque hacen unos negociazos con nosotros y no pagan impuestos en ningún lado”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
La Cepal estima que los fondos ilícitos de capitales que salen del subcontinente al extranjero para eludir el pago de impuestos casi llegan a 150 mil millones de dólares anuales y que dicho monto, equivale a la inversión extranjera directa que llega a América Latina”.
¿A dónde se van esos fondos ilícitos, dónde está la gobernanza de dichos fondos, quién está hablando de esa gobernanza… el G20 en Turquía?… lo dudo. Ahí es donde nuestra región necesita sentarse como un actor muy activo, para negociar con las grandes potencias, añadió Bárcena en Dinero en Imagen.
Asegura que para América Latina no es suficiente la iniciativa BEPS, “nosotros tenemos que entrar a este debate, no basta la fiscalidad nacional, si no tenemos también una negociación a nivel global”, sostiene que la “OCDE acaba de poner en marcha una iniciativa llamada BEPS, porque las grandes corporaciones tampoco pagan impuestos en los países desarrollados, entonces ya les preocupó a ellos el asunto”.
El organismo estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron a América Latina en 2014 más de 190.000 millones de dólares, es decir, un 4% del PIB regional. Según algunos cálculos de este organismo, la carga impositiva para las empresas nacionales equivale al doble de la carga efectiva soportada por las compañías multinacionales.
Un informe de este organismo publicado en el 2015 señala, entre otros aspectos, que en América Latina, el uso de redes sociales es el más intenso del mundo, que la oferta de contenido visual es dominada por plataformas globales (el mercado de la transmisión (streaming) de video estaba dominado por Netflix, con 7,3 millones de abonados, seguido por Google Play, con 3,1 millones, y que sólo una empresa latinoamericana está entre las 20 mayores del mundo en cuanto a las ventas minoristas en línea.
Europa y su propuesta sobre transparencia fiscal
Luego de la publicación del escándalo de los papeles de Panamá, la Comisión Europea tomó un nuevo impulso en su lucha contra la ingeniería fiscal de las multinacionales y presentó una propuesta adicional para combatir la elusión del impuesto de sociedades en Europa, lo hizo como complemento de otras propuestas de introducción de un intercambio de información entre autoridades fiscales, con lo que impondría a las multinacionales que operan en la UE con ingresos mundiales superiores a 750 millones de euros anuales la obligación de publicar información fundamental sobre el país o países de la UE en el que realizan sus beneficios y el país o países de la UE donde pagan sus impuestos.
Las multinacionales, allí donde pagan impuestos, han defendido sus modelos de gestión fiscal: “no eluden impuestos, sino que se limitan a cumplir las leyes elaboradas por los gobiernos, incluyendo el uso de incentivos y ventajas fiscales que pueden beneficiarles”, según relató ABC.
Amenazas al mercado detectadas por la CRC
- El control de contenido Premium por parte de proveedores de gran tamaño puede significar amenazas para el desarrollo de la competencia efectiva, en la medida en
la que el contenido sea particularmente relevante. Por lo cual es importante monitorear permanentemente este mercado para poder identificar a tiempo prácticas indebidas que perjudiquen al consumidor final.
- Con respecto a los paquetes de canales incluidos en los servicios ofrecidos por operadores de televisión comunitaria, se encontró que el número ofrecido (teniendo en cuenta tanto señales incidentales como codificadas) es similar al ofrecido por los DTCM y en este sentido, sería necesario valorar si dichos operadores representan restricciones competitivas a los paquetes básicos de televisión.
-En el largo plazo, la existencia de contenidos exclusivos es un área potencial que puede crear problemas de competencia y distorsiones en los incentivos a innovar en el mercado de los DTCM.
- Digitalización para contribuir a resolver el problema de piratería
- Contemplar la eventual transición de aquellos operadores de televisión comunitaria interesados en migrar hacia la modalidad de televisión por suscripción. La transición hacia unas cargas regulatorias iguales entre los diferentes agentes debe ser gradual, particularmente las que atiendan las diferencias entre los operadores de televisión por suscripción y los operadores de televisión comunitaria.
- La CRC considera pertinente redimensionar los aportes que hace cada operador. En este sentido, lo que la ANTV dejaría de percibir por la eliminación del cargo variable por concesión tendría que ser compensado por un incremento en la compensación que pagan los operadores, incluidos los comunitarios.
- Esquema de compensación: cobro como porcentaje de los ingresos, tal y como se realizaba en el pasado.
- Propuesta regulatoria para comercialización de señales abiertas, diferentes al canal principal digital.
Haga clic aquí para ir al documento de análisis de este estudio, el proyecto de resolución y la ficha técnica de la consulta. Los comentarios al respecto, se recibirán hasta el día 14 de Mayo de 2016 a través del correo: mercadosaudiovisuales@crcom.gov.co, a través del fax 3198341, en las oficinas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ubicadas en la Calle 59 A Bis No. 5-53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C.
Fusiones y OTT vs TV comunitaria: ¿Quién es el gigante de medios?
noviembre 10, 2014 Constanza Victoria Lozano Opinión, TV Comunitaria No comments
- A diciembre de 2012 la Autoridad Nacional de televisión, ANTV, revelaba la existencia de 764 empresas de TV comunitaria con asociados por el orden de los 439.122 y que estas entidades reportaban ingresos por 57.918 millones. Hoy este panorama es completamente diferente.
- Un total de 262 operadores de TV comunitaria, de los 342 que reportaron cifras a junio de este año, tiene menos de 1000 asociados, esto es el 76.7 por ciento del sector y 37 de ellas tienen entre 1500 y 3 mil asociados que equivale a un 10,8 por ciento.
Dataxis:”Está en juego quién se queda con un mercado que actualmente tiene en Latinoamérica 53,7 millones de suscriptores de televisión de pago, ya sea por cable o satélite, ante la “amenaza” de servicios nuevos como Netflix”.
La manera como se ha regulado y limitado a la TV comunitaria en Colombia no tiene antecedentes, no es comparable con ningún otro caso de control a operadores. Es como si ese sector estuviera inmerso en otro lugar y en otro tiempo.
Como si se tratara de la protagonista de los grandes dilemas que enfrenta el sector de las telecomunicaciones en el actual contexto nacional y global, la ANTV se encargó de desplegar en estas empresas medidas que no han sido aplicadas (ni lo serán) a ningún operador dominante en el mundo.
Es claro que la TV comunitaria no tiene el poder que da el acceso exclusivo a contenido relevante, no son actores con poder sustancial y con capacidad de imponer barreras a la competencia, tampoco tienen un despliegue de infraestructura tan grande en el país y con tanta cantidad de usuarios, que pudiera influir frente al comportamiento y tendencia del mercado.
Mucho menos están en capacidad de competir contra los gigantes tecnológicos que vienen sin barreras (como debe ser). No podrían restringir el fascinante fenómeno de desprendimiento de los proveedores de contenido de los canales de distribución tradicionales que salen a competir de frente con los entrantes como Netflix o Amazone. Tampoco frenarán que los productores, operadores de TV paga y consumidores impulsen la proliferación de las plataformas OTT.
¿Entonces, en qué estaba pensando la ANTV cuando las limitó en usuarios, cobertura y colocó en desventaja a los usuarios de estas entidades al impedirles el acceso a contenido (siete señales codificadas)? ¿Qué tienen que ver estos aspectos con los retos que afronta la TV por suscripción y comunitaria como la piratería, el subreportaje, la ilegalidad o que de este sector hicieran parte entidades sin origen ni esencia comunitarios? Hasta ahora son todos interrogantes, lo que sí parece ser es un decidido intento en atacar un modelo solidario de empresa, al que no se le reconoce la capacidad y necesidad de competir en el actual contexto, por ser sin ánimo de lucro y tener fines sociales.
Gran parte de las respuestas puede estar en la estructura de los sistemas cooperativos (también con fines sociales y sin ánimo de lucro) que hoy compiten en igualdad de condiciones con los sistemas tradicionales, sin hacerlo entre ellas (caso federaciones banca cooperativa canadiense y alemana) y en la definición de lo que son: “una cooperativa que provee telefonía e Internet, puede definirse como una asociación autónoma de individuos, que deciden unir sus fuerzas para resolver necesidades y aspiraciones comunes, ya sean económicas, sociales o culturales, a través de una empresa de propiedad común y administrada democráticamente…”, según un estudio “Las Cooperativas de telecomunicaciones y democratización social. Telpin un estudio de caso de organización comunitaria de la sociedad de información” de Susana Finquelievich
Todo esto sucede mientras en países como Argentina, las entidades solidarias a través de cooperativas logran consolidarse en el mundo de las telecomunicaciones. En septiembre de 2013, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Afsca, determinó autorizar el uso de televisión vía IP solamente a las cooperativas.
Colsecor, una entidad integrada por cooperativas y pymes de todo el país y que les brinda servicios de contratación de señales de TV, televisión digital, provisión de ancho de banda, telefonía, carrier licencias y señal propia de televisión. Ofrece 117 señales, de las cuales 27 son en alta definición, entre ellas se destacan A&E Mundo, AXN, Cinecanal, TNT, Discovery Kids, History Channel, Espn, TyC Sports, Fox Sports, FX y HBO. La plataforma también incluye un catálogo de películas para VOD.
En Argentina, las cooperativas según su localización geográfica se unen para compartir las redes e inversiones, pueden compartir los cabezales (Head End) de televisión paga y con la capacidad vacante ofrecerla en arrendamiento. Este país actualmente debate sobre una nueva Ley de Telecomunicaciones, en ella buscará que las pymes y cooperativas queden protegidas frente a los grandes jugadores del sector.
La renuencia de reconocer la necesidad y capacidad competitiva de las empresas solidarias (y para el caso que nos ocupa, de los operadores de TV comunitarios), resulta incomprensible en un contexto de globalización de la economía y la convergencia audiovisual.
Un informe de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, una federación que representa a cooperativas de todo el mundo, cerca de 1.000 millones de personas; a propósito de las cooperativas en telefonía en Argentina, señaló que “a pesar de las dificultades planteadas y a la férrea oposición de las empresas incumbentes, tratando de neutralizar la competencia que les plantea el mercado, fundamentalmente el cooperativo, la experiencia demuestra que en la competencia las entidades cooperativas ganan”.
Blindada adicionalmente con el marco regulatorio impuesto a través del TLC con Estados Unidos (salida poco valiente de los promotores de la iniciativa que se volvió en contra de las empresas nacionales), la ANTV no se esforzó en buscar una fórmula para que saltaran sin traumatismos a la operación privada.
Hoy a la TV comunitaria en Colombia también se le prohibe compartir infraestructura, pero a la par de la TV por suscripción y pese a la menor capacidad financiera deberán cumplir con parámetros de calidad, se les impone cuotas de producción local de contenido, mientras en un escenario de recrudecimiento del conflicto entre los canales de TV abierta nacionales y los operadores por suscripción, serán las más vulnerables (por la cantidad de usuarios y su capacidad de influencia y negociación). Un difícil escenario para manejar economías de escala, eficiencia y rentabilidad (sí, todas las empresas deben ser rentables para poder permanecer en el mercado).
ANTV sin cifras confiables
A diciembre de 2012 la Autoridad Nacional de televisión, ANTV, revelaba la existencia de 764 empresas de TV comunitaria con asociados por el orden de los 439.122 y que estas entidades reportaban ingresos por 57.918 millones de pesos. Hoy este panorama es completamente diferente. Consultada por Cable Servicios, Business Bureau, entidad que recientemente publicó un informe sobre cerca de 500 empresas de TV comunitaria, considera que al menos 109 de estos operadores habrían cesado su actividad y que se desconoce a partir de cuando, así como las razones que habrían llevado a ese desenlace. No obstante en el sector se especula sobre la liquidación (en algunos casos autoliquidaciones y en otros impuestas por la ANTV), de más de 200 entidades.
Al finalizar el 2013 la ANTV insistía en la existencia de 757 asociaciones (según el informe anual ANTV porque en el sectorial reportaba 764), un número de asociados que llegaba los 195 mil asociados y unos ingresos brutos superiores a los 4 mil millones de pesos (informe anual ANTV). Su distribución ocurría a lo largo de todo el territorio (Sólo en San Andrés y Providencia la ANTV no registraba ninguna ) y con mayor concentración en los departamentos de Cundinamarca (150), Antioquia ( 113), Santander (66), Boyacá (53), Tolima (32).
Pero realmente lo que muestra el informe sectorial de ese año realizado por la ANTV, es que a diciembre sólo se reportaron con asociados 261 entidades. De ellas fueron los exactamente 194.997 asociados de diciembre, pero no todas ellas reportaron ese mes cifras de ingresos brutos, sólo 6 lo hicieron, 10 no reportaron y el resto lo hizo en cero (503). En enero, de ese mismo año lo habían hecho 452, con ingresos brutos por el orden de los 4.600 millones de pesos)
A la cifra de alrededor de los 3.500 millones de pesos en ingresos, el sector volvió a acercarse en marzo de este año, cuando reportaron asociados 329 entidades con 259.818 asociados (285 reportaron ingresos).
TV comunitaria a junio de 2014
A junio de este año, la ANTV afirmaba que el número de asociados llegaba a 269.696 y los ingresos brutos a $3.800 millones. Pero a esa fecha de las 764 entidades que el organismo insiste en reportar, un total de 459 empresas registraban en cero las cifras de ingresos y 426 no evidenciaban asociados. En total 30 organizaciones seguían apareciendo con orden de cancelación de licencia. Sólo 342 reportaron usuarios (304 informaron cifras de ingresos). La media del año 2014 hasta junio arroja un total de 334 entidades reportando asociados. ¿Entonces donde están las cifras de más de 400 entidades del listado de la ANTV que hacen falta?
Sin derecho a ser exitosos ni competitivos
Si hay algo que no se observa por ningún lado en este sector es la concentración del mercado. Sólo hay dos entidades que superan los cinco mil asociados. Asucap San Jorge, logró llegar en junio de este año a los 13.657 asociados e ingresos por más de 208 millones. De lejos le seguía la Asociación Antena La Estrella con 6.282 asociados (tenía al finalizar 2013 tenía más 13 mil usuarios), mientras Paso TV, Tele Montelíbano y la Antena Parabólica de Andes y Aupan lograban cada una más de 4 mil asociados.
El más grande operador de TV comunitaria Asucap, enfrenta la sin salida de haber logrado sobrevivir en un ambiente competitivo con una importante cantidad de usuarios y tener ahora que perderlos debido a la resolución 433.
Un total de 262 operadores de TV comunitaria (de los 342 que reportaron cifras a junio) tiene menos de 1000 asociados, esto es el 76.7 por ciento del sector y 37 de ellas tienen entre 1500 y 3 mil asociados (10,8 por ciento).
En el 2013, al detectar que la mayoría de los operadores (88.4 por ciento) tenían el menor número de asociados (esto es de 779 a 1.526 asociados, el 70,5 por ciento y de 1527 a 2.275, el 17,6 por ciento) y que ellos en su conjunto agrupaban el mayor número de ingresos que generaba el sector, sólo una entidad como ANTV podría haber sido capaz de concluir, que “el mercado de los operadores comunitarios ha sido dinámico y se encuentra en evolución”.
La evolución a la que hizo referencia la ANTV se tradujo en el 2013 en el registro de la pérdida de asociados justamente en los departamentos históricamente con mayor presencia, si se segmenta sólo por las entidades que reportaron usuarios a esa fecha:
ANTV…ciega y sordomuda
Para la ANTV no es importante mirar tendencias. Por ejemplo, que el último movimiento que sacudió a la industria lo hicieron el canal HBO propiedad de Time Warner y CBS, la tercera cadena de radiodifusión más grande del mundo. HBO quitó la exclusividad de su servicio de Internet HBO Go para los operadores de TV por suscripción, para ofrecerlo directamente a los usuarios finales y CBS anunció el lanzamiento de All Acces, un servicio de suscripción que integrará televisión en directo y vídeo. Tampoco le resulta de importancia las consecuencias de los procesos de fusión de las empresas que redefinirán el mapa de las telecomunicaciones.
Para los reguladores locales (también la CRC) resulta totalmente intrascendente que en Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, tenga la mente abierta y esté discutiendo la redefinición del concepto de los distribuidores de programación de video multicanal (MVPDs en inglés), que es como están clasificados los servicios de TV por suscripción para incluir además en esa clasificación, a los operadores OTT y lograr que estos últimos tengan garantizado el acceso a programación en los mismos términos que lo hace la TV de pago.
Con lo anterior se beneficiarían, por ejemplo, de las reglas que tiene el congreso que aseguran que las compañías de cable dueñas de contenido no puedan levantar barreras artificiales a la competencia y tampoco puedan negarse a permitir a sus competidores tener acceso a programación de su propiedad, los canales radiodifundidos tampoco podrían negarse a ofrecerlo.
Significaría nada más, ni nada menos que cualquier compañía de internet (como Google, Apple, Amazon o Netflix), pueda funcionar como un proveedor de TV de pago. Si para Estados Unidos, ese movimiento puede tener una enorme repercusión (aunque al estar dentro del futuro redefinido concepto de MVPDs, seguramente deberán someterse a reglamentación, como lo hacen los operadores tradicionales), ¿Se han preguntado los reguladores nacionales cual puede ser el impacto en el mercado nacional?
Gigantes tecnológicos más fortalecidos con contenidos y nulas reponsabilidades fiscales (en detrimento de los ingresos de la nación que tanto persigue en los operadores locales), compiten con los sistemas tradicionales locales fuertemente regulados, entre ellos pequeños y medianos operadores y por supuesto la TV comunitaria.
Ariel Barlaro, vicepresidente de Dataxis Latin American, dijo a Efe que está en juego quién se queda con un mercado que actualmente tiene en Latinoamérica 53,7 millones de suscriptores de televisión de pago, ya sea por cable o satélite, ante la “amenaza” de servicios nuevos como Netflix, que en breve será secundada por una potencia televisiva como HBO.
Para Barlaro, “Netflix se está convirtiendo prácticamente en el quinto operador en Latinoamérica”, con 3,3 millones de suscriptores.
En el mundo real, que no quiere ver la ANTV (porque tampoco está en capacidad de hacerlo), los canales, operadores OTT y TV por suscripción ganan terreno en internet, luchan en todas las plataformas (redes, streaming, TDT) por acceso a contenido relevante y van en busca del usuario final, mientras este último ya no dependerá de un único proveedor de contenidos (independientemente de que aún las nuevas tecnologías actúen hasta ahora como complemento). Los operadores tradicionales, además de tener que competir flexibilizando sus paquetes e ingresando en el mismo terreno de los entrantes, enfrentarán localmente las enormes diferencias de tributación, regulación de contenido y derechos de usuarios, en abierta desigualdad con las nuevas plataformas (incluída la TDT).
Un eventual escenario de capacidad de la ANTV para regular en un entorno de convergencia sería catastrófico si se observa la forma como ha ordenado lo que hasta ahora es TV tradicional. En el mundo real, el usuario debe ser el beneficiario del nuevo entorno de competencia, mientras la regulación debe flexibilizarse, para limitarse estrictamente a lo necesario. Desafortunadamente la CRC, por ejemplo, en su agenda continuará con la definición de servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente, teniendo en cuenta la clasificación de los servicios de televisión con observancia a los criterios definidos por la Ley 182 de 1995, cuando lo que el país necesita es una nueva ley de telecomunicaciones.
A propósito el Consejo de Estado en su sentencia del 23 de Junio de este año, le recordó a la ANTV que sólo el legislador tiene la exclusividad para crear conductas censurables y sus correspondientes sanciones, mientras ordenaba la suspensión provisional de los artículos 42 al 46 del acuerdo No. 010 del 24 de noviembre de 2006 proferido por esa entidad.
Nada más ni nada menos que la reglamentación del servicio de TV por suscripción en lo que tiene que ver con las faltas en la transmisión propia, en las actuaciones operativas y administrativas en la prestación de estos servicios, así como las multas. Así que es predecible que igual suerte pueden tener las sanciones impuestas por la ANTV a la TV comunitaria mediante el acuerdo 006 de 1999, artículos 29 de las faltas, clasificación de faltas e imposición de sanciones.
Conflicto entre operadores requiere regulación convergente
agosto 8, 2014 Constanza Victoria Lozano Opinión No comments
– La retransmisión obligatoria a través de los sistemas y sin generar cobro por parte de los operadores a los usuarios (algo así como obligatoriedad de must carry, pero no de must offer), es algo que no han logrado ni siquiera los canales de TV abierta en Estados Unidos
- El añadir ventajas adicionales a los canales privados nacionales, podría llegar a constituirse en un subsidio, lejos de ser una fuente de apoyo para la radiodifusión local.
- Hacen falta más canales y TV pública competitiva
A cuatro meses de haber comenzado el conflicto entre los canales nacionales de TV abierta y los sistemas de TV cerrada, por la aplicabilidad o no de los conceptos de must carry y must offer, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, sigue acorralada y presionada a tomar decisiones bajo un marco jurídico confuso. A diferencia de otras oportunidades, (caso TV comunitaria) esta vez no podrá excusarse en una reglamentación existente para implementar una normativa ciega aplicada a costa de la competitividad y el nuevo entorno tecnológico que enfrentan las empresas.
De pronunciarse de manera definitiva, cualquiera de las salidas que encuentre la ANTV o la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC (de entrar en el proceso), las decisiones enfrentarán el choque de trenes entre las entidades del Estado (Superintendencia de Industria y Comercio, SIC) y la legislación (derechos de transmisión vs derechos de todos los usuarios al acceso de las señales porque son un servicio público y el principal medio de información).
Si se da paso a la retransmisión consentida, se cambian las reglas de juego hasta ahora implementadas por ambas partes (con fuerte impacto en usuarios, canales regionales y nuevos, la financiación de la TV pública y operadores, especialmente medianos y pequeños) y si se define must offer y must carry, será segura la completa insatisfacción y la continuación de la batalla jurídica por parte de los canales privados.
La nueva realidad del mercado exige que se entre de lleno al entendimiento de lo que está pasando con la revolución tecnológica que estamos viviendo: la convergencia, un mundo multiplataforma con nuevos y poderosos actores quienes serán los que escriban la nueva historia. Todo parece indicar que la única salida posible a este y los dilemas que vienen es la consolidación de reguladores convergentes y legislación consecuente con la nueva realidad.
El primer paso que deberá dar esa regulación convergente es definir claramente la aplicación de los conceptos: Must Carry, must offer y de llegar a darse el caso, las reglas de la retransmisión consentida. El segundo, será definir qué actores están sujetos a esa normatividad (si todos, sólo público o sólo privados) y para todo lo anterior se requiere que sea a través de la vía legislativa.
Hacen falta más canales y TV pública competitiva
Tal vez ese escenario del cobro de las señales sería factible si Colombia tuviese canales públicos nacionales fuertes que garantizaran que sus señales estén accesibles a todos los usuarios y promoviera la producción audiovisual nacional con excelente y variado contenido, hoy responsabilidad que está en las manos de los privados porque el Estado decidió apostar primero en invertir sus recursos en el proyecto TDT, antes que fomentar más decididamente la producción de contenidos.
La BBC, un caso de éxito de la TV públida
Con la garantía de una TV verdaderamente del Estado, que ayudara y fortaleciera la TV pública regional, las señales abiertas deberían estar accesibles para todos los usuarios, sin importar la tecnología que utilicen, debido a que son el principal medio de información de la mayoría de la población, es decir, son un servicio público.
El Reino Unido tiene dos grandes operadores públicos nacionales: BBC y Channel 4 (mixto). El primero tiene prohibida la emisión de publicidad y se financia exclusivamente a través del canon cobrado a los propietarios de televisores (a finales de 2013, la BBC llegó en total a siete canales de alta definición de suscripción gratuita en todas las principales plataformas de televisión). En marzo de este año la BBC solicitó que ese canon se ampliara a los contenidos por Internet.
Aunque con un método criticado por quienes preferirían que se financiara por los ingresos de la publicidad, la BBC hace una enorme contribución a la producción local y exporta con éxito sus contenidos (mientras garantiza la variedad, identidad, pluralismo informativo del Reino Unido ). La garantía de un servicio de difusión fuerte, debido a la fuente de financiación pudo permitir el ingreso de los canales privados.
La BBC, ha servido como principal motor en la plataforma TDT gratuita, aportando numerosos canales temáticos, generalistas y emisoras de radio. Además tiene exitosos programas de pago
Canales “preponderantes”
Otro aspecto que hoy obstaculiza el paso hacia la retransmisión consentida es que los canales privados nacionales se estarían acercando a lo que en México ha sido denominado “preponderancia” y “dominancia”. La primera se refiere a compañías que tienen más del 50 por ciento de participación de mercado de radiodifusión y telecomunicaciones y la dominancia a las empresas que por su conducta puedan excluir la competencia como fijación de precios, restringir el abastecimiento, sin que los competidores puedan contrarrestar ese poder.
En su momento (año 2011), para la SIC Caracol y RCN (sobre un acuerdo anticompetitivo entre los dos canales nacionales, UCEP e IBOPE, donde establecía que el acceso a un estudio de medición de audiencias a terceros canales estaba supeditado a la autorización de los canales y al precio que estos fijaran), tenían “posición privilegiada”: los dos únicos canales privados en Colombia que concentraban el 81 por ciento de la inversión publicitaria.
El añadir ventajas adicionales a los canales privados nacionales (sin legislación actualizada de por medio), podría llegar a constituirse en un subsidio, lejos de ser una fuente de apoyo para la radiodifusión local. Además podría ir en detrimento del nacimiento de nuevas empresas de producción audiovisual, fomentar el acaparamiento de la publicidad en estos canales con tarifas más altas a los anunciantes, en detrimento de la pluralidad de medios, la información y opinión.
Luego de intensos debates, México realizó una histórica reforma a las telecomunicaciones. La nueva ley buscó ampliar la competencia en los servicios de telefonía, televisión, TV restringida y acceso a Internet. Bajo ese nuevo ordenamiento jurídico, Televisa que ostenta el 67% o 53% (dependiendo de la audiencia) en el mercado de radiodifusión, fue declarado agente económico “preponderante” (también el operador de telecomunicaciones América Móvil) y en consecuencia no podrá cobrar sus retransmisiones en los sistemas por cable (en unas medidas sin precedentes, tampoco podrá adquirir derechos exclusivos de mundiales de fútbol o juegos olímpicos (las principales empresas de TV por cable y satelital también son de propiedad de Televisa).
Las medidas regulatorias de must offer y must carry en ese país, son de carácter transitorio y se extinguirán cuando Ifetel, emita una declaración en la que afirme que se ha generado competencia económica en el segmento de radiodifusión (entonces podrán volver a cobrar).
Televisa , entre las obligaciones que debió adquirir es que no podrá discriminar a quienes le soliciten sus canales de televisión abierta (actualmente, Caracol y RCN ponen muchas trabas a los pequeños operadores).
De la financiación de la TV pública
Otro obstáculo que se le atraviesa a la retransmisión consentida es el financiamiento de la TV pública. El mercado de la televisión en Colombia ha tenido una dinámica propia, donde los sistemas de TV pago, son a la vez impulsores de la TV pública (a diferencia de la BBC que se sostiene con la cuota de los usuarios). Si los operadores de TV abierta nacionales (suponiendo que desplieguen más canales gracias a la TDT, produzcan y comercialicen contenido competitivo, no solo novelas y noticias) debilitaran también el mercado de la televisión por suscripción y se posicionaran en todas las plataformas (con opciones de pago por usuario sin mayores cargas impositivas), las afectadas podrían ser la TV pública y entidades regulatorias que acceden a los recursos del FONTV, vía el cobro por suscriptor a los sistemas de pago.
Los operadores de televisión actualmente pagan incluso una contribución a la ANTV superior a la que abonan los proveedores de comunicaciones al FONTIC.
Suponiendo entonces que se solucionara el tema de la garantía del acceso a la información (vía TV pública y nuevos canales), su financiamiento y el fin de la preponderancia de los canales privados, el país podría mirar entonces hacia la retransmisión consentida y dejarlos en libertad para optar por el cobro y autonomía en la generación del contenido y a los operadores en libertad para decidir se las llevan en sus redes o no (sólo posible mediante ley).
¿Por qué se requiere regulación convergente?
Las condiciones del mercado han cambiado y ahora los generadores de contenido (también los canales privados) llegan directo a los usuarios finales a través de suscripción en múltiples plataformas (TDT, OTT por Internet) en competencia con los sistemas de TV de pago tradicionales que ayudan a financiar la TV pública en el caso Colombiano, pero, sin pagar al Estado por esos nuevos ingresos. Los canales nacionales ya avanzan en suscripciones a través de Internet y “en la medida en que haya más familias con televisores TDT, Caracol y RCN podrán explotar más rápidamente su negocio …que puede incluir canales o contenidos particulares por los que el usuario pague”, según publicó la Revista Semana.
En la medida en que los canales nacionales (con posición dominante y sin competencia), logren mayores hogares con cobertura TDT, podrían incluir sus propios canales de pago y añadir nuevos ingresos a los ya generados por publicidad en su programación, o por el pago de derechos de autor por retransmisión y ventas de su contenido en otros países, por convenios vía streaming (como Netflix), y sus propias plataformas de pago en la web.
El fenómeno podría verse magnificado, para detrimento de los operadores por suscripción, por la inminente incursión de los gigantes tecnológicos a través de plataformas OTT en un mercado sin regulación ni carga impositiva. La TV cerrada en Colombia enfrentaría un triple frente (mientras los canales nacionales a través de una eventual retransmisión consentida con obligatoriedad de must carry para los operadores, evitarían el enfrentamiento refugiándose en los sistemas de pago, sin la necesidad de competir con la calidad de sus contenidos, pero en abierta competencia con la TV cerrada).
La batalla que viene por Internet
Google lidera el ranking de los 30 propietarios de medios más relevantes del mundo. Google, Yahoo!, Facebook, Baidu y Microsoft tienen el 67 por ciento del total de la inversión publicitaria mundial, según un informe de ZenithOptimedia y Netflix ya tiene más de 50 millones de usuarios en más de 40 países.
Oscar Simões, presidente de ABTA, la agremiación de operadores de TV por suscripción en Brasil Oscar Simões, hace poco reclamó al Estado que los prestadores de servicios Over the Top (OTT) sean regulados con una normativa similar a la que rige en su sector. ” No tiene que ver con pedir privilegios, sino con la aplicación de una regulación simétrica entre ambos sectores que ninguna de las partes sea favorecida por las condiciones del mercado audiovisual”.
Según Ericsson en el 2020, el panorama mundial de TV incluirá 9 mil millones de personas, con más de 8 mil millones de suscripciones móviles de banda ancha. El tipo de entrega de servios OTT se volverá aplicable para todos los servicios de televisión o propietarios de contenidos y contribuirá a mejorar las plataformas de distribución por radiodifusión.
Mientras en Estados Unidos, en medio de una batalla que involucra la neutralidad de la red por la creación de vías rápidas para distribuir contenido en Internet, se celebran grandes acuerdos entre proveedores de Internet (el último AT&T Netflix), el mercado está resolviendo los retos de la industria mediante enormes fusiones. Los grandes operadores al tiempo que aumentan el tamaño de sus redes de banda ancha fija y móvil, para rentabilizarlas refuerzan y entran de lleno a la adquisión del que es el protagonista en los tiempos de convergencia: El contenido relevante multiplataforma, creando nuevos retos a los entes reguladores.
El futuro previsible es que Colombia mantenga la política de la exención tributaria a los gigantes tecnológicos, pero no a las empresas con presencia local en la red. Los OTT tienen la ventaja de la ausencia de regulación, tributación, estrategias de evasión de impuestos y la protección de acuerdos como el TLC donde se estableció que “ninguna parte podrá poner derechos aduaneros u “otras” cargas relacionadas con la importación o exportación de productos digitales mediante transmisión electrónica, con lo que este sería un cuarto y poderoso rival que enfrentarán los sistemas locales.
Ante una inminente reforma tributaria, en Colombia, no es posible que la DIAN le diga al país cuanto deja de percibir en impuestos por la incursión de los gigantes de Internet. Así las cosas, se evidencia un borroso panorama para operadores de TV cerrada y las empresas nacionales.
Otra justificación para normas convergentes es la ausencia de regulación en cuanto al monopolio que puede generar la propiedad exclusiva de contenido “premium” por parte de actores dominantes (como eventos deportivos) y que permite que el agente dominante fortalezca su posición frente a las audiencias.
“El acceso a contenidos de calidad es un serio cuello de botella y una fuente de poder de mercado. En particular, eventos deportivos de primera calidad (por ejemplo, los Juegos Olímpicos o los partidos de fútbol) y los nuevos lanzamientos de películas, son esenciales para el buen funcionamiento de los proveedores de televisión de pago. Las barreras para acceder a los contenidos pueden derivarse de la integración de los propietarios y difusores de contenidos, acuerdos contractuales exclusivos o de las ejecuciones hipotecarias verticales por una empresa dominante”, ha concluído el informe del Foro Global sobre Competencia el sector de la televisión.
Un argumento más de la necesidad de regulación para estos tiempos, es que luego de que termine el conflicto de must carry, must offer, y/o retransmisión consentida, tendrá que en enfrentarse el reto de las nuevas plataformas vía Internet. Sólo un ejemplo: El caso Aéreo (el servicio de TV streaming que en junio fue declarado ilegal por retransmitir la señales de los canales por Internet sin autorización) hoy se mueve hacia la búsqueda de constituirse como una empresa de televisión por cable y de pago para sobrevivir.
En ese país hoy la pregunta de los expertos es: ¿Puede Aereo ser un sistema de cable bajo las Leyes de Derecho de Autor, pero no bajo la Ley de Cable y las normas de retransmisión consentida de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC?
La discusión apenas comienza…
¿Por qué el estudio de la ANTV sobre el acceso de las señales aéreas en los sistemas de TV por suscripción es tan relevante y por qué sus conclusiones avivaron la furia de los canales privados? A raíz del informe, Caracol y RCN cuestionaron la competencia de la ANTV para resolver el conflicto, solicitaron que el expediente del caso, iniciado con resolución 1612, sea remitido a la CRC, para que esta resuelva y tome las medidas necesarias. También pidieron a la Procuraduría que vigile las actuaciones de la ANTV en este caso y en consecuencia realice un acompañamiento preventivo. En opinión de los canales se han presentado actuaciones administrativas irregulares por parte del organismo de control.
En el estudio, factor de la nueva discordia, se concluye que no habría bloqueo de los canales por parte de los operadores de TV por suscripción. La investigación no encontró selectores, pero concluyó que los set top boxes no impedían el acceso debido a su conexión por cable RCA o HDMI (extrapolando los datos, el 63 por ciento de los suscriptores acceden a la TV por suscripción cables RCA) y sólo se evidenciaron casos (servicios análogos mediante cable coaxial) que ocupaban la entrada RF del televisor (139 casos, que equivaldría al 32 por ciento de los usuarios).
Del total de suscriptores de la muestra (en siete departamentos), solo ocho tenían antenas aéreas en su residencia (el 1,5 de los usuarios), mientras se encontró que en Cundinamarca, donde se observaron 69 casos de necesidad del selector, sólo un usuario poseía antena. En los demás departamentos el fenómeno fue similar y en Atlántico donde se detectó el mayor número de antenas aéreas (seis), no se encontró que fuera necesario el selector conmutable.
En conclusión: La penetración de la TDT en el mercado por suscripción no es relevante (número de antenas aéreas encontradas en los hogares), la mayoría de las referencias nuevas de televisores ya incluyen el sintonizador para la Televisión Digital Terrestre, TDT, para recibir la señales abiertas disponibles en esa plataforma. De otra parte, el estudio encontró que la mayoría de los televisores que formaron parte de la muestra, tiene más de una entrada (RF y RCA, RF, RCA y HDMI) con lo que la entrada RF se mantiene libre y sin ningún tipo de obstáculo.
El problema podría llegar alcanzar mayores proporciones (de llegar a dispararse la cantidad de antenas aéreas en hogares con televisores viejos), en las zonas alejadas y en estratos bajos a donde llega la TV comunitaria (análoga) que invierte donde la mayoría no lo hace y lleva las señales a donde la TV abierta radiodifundida no llega. Entidades sin ánimo de lucro con menores y limitados recursos para invertir (y a quienes los canales obstaculiza la entrega de los decodificadores para acceder a las señales que vienen por satélite), pero sorpresa: La TDT, cuyo propósito principal es garantizar las señales a todos los colombianos, para el caso de los canales privados, sólo alcanzará a los municipios de más de 20 mil habitantes (como la actual análoga).
¿Y qué tiene que ver el acceso a las señales aéreas con el pago en los sistemas de suscripción? ¿Qué ganarían los canales de “comprobar” que los sistemas “bloquean”, como argumentan, las señales radiodifundidas?
Hipótesis: la idea de los canales es que si los usuarios, no tienen garantizado el acceso, los sistemas de TV no tendrían más salidas que: o pagar por llevar las señales de los canales y ofrecerlas a sus suscriptores y asumir los costos de su retransmisión, debido al “bloqueo” o implementar el obsoleto selector conmutable u otros mecanismos. Gratis o no para el usuario, el problema sería para los operadores ante una eventual obligatoriedad de ley que obliga a dar acceso a la TV abierta sin cobro a los suscriptores.
El acceso a las señales, según ha dicho el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo: “se garantiza de dos maneras: o bien obteniendo los derechos de retransmisión de quien los tiene, que son los canales privados, o bien instalando los dispositivos tecnológicos o dando las posibilidades técnicas para que quienes tengamos cable en nuestros hogares podamos bajar del aire la televisión abierta”.
Pero entonces aparece, el artículo 11 de la Ley 680 y sobre el cual en la sentencia C-654 de la Corte Constitucional se conceptuó “el deber de garantizar, sin costo alguno para los suscriptores, la recepción de los canales colombianos de TV abierta” y encontró un beneficio para los operadores por la transmisión de las señales en las redes al no tener que cancelar derechos por este concepto.
Si la idea de los canales es la retransmisión obligatoria a través de los sistemas y sin generar cobro por parte de los operadores a los usuarios (algo así como obligatoriedad de must carry, pero no de must offer), eso es algo que no han logrado ni siquiera aquellos canales de TV abierta en Estados Unidos que eligieron el concepto de retransmisión consentida (una autorización que otorgan los canales, que adoptan esta modalidad, para que los operadores de TV por suscripción retransmitan sus señales a cambio de un pago a los radiodifusoras, pero en donde no hay ninguna obligación para que el sistema de cable lleve la señal y por ende en esos casos no aplica must carry).
La retransmisión consentida en ese país ha generado repetidos apagones y conflictos por comportamientos abusivos en los términos de negociaciones hacia los operadores de cable (problema al que podrían verse expuestos principalmente los operadores medianos y más pequeños). Pero aquí los canales estarían proponiendo avanzar en algo mucho más drástico.
Planteado en los términos de must carry obligatorio para la TV cerrada con retransmisión consentida, le daría a los canales privados la ventaja de sacar provecho del concepto de lo público, de acuerdo a la conveniencia, para garantizar nuevos recursos mediante el transporte de sus señales en los sistemas, mientras se beneficia del tipo de concesión en la que se determinó que sus ingresos fuesen por publicidad (generando, por una parte un doble cobro al suscriptor de TV: consumo publicitario y pago, dejando atrás el concepto de lo público al restringir las señales como un bien privado).
Definiciones para aclaración del artículo:
- Must-carry es la obligación a cargo de los sistemas de TV restringida de transmitir las señales de TV abierta por medio de sus redes.
- Must-offer es la obligación que tienen las empresas de TV abierta de permitir que sus señales sean retransmitidas a través de los sistemas de televisión por suscripción.
- Retransmisión consentida es la autorización que otorgan los canales, que adoptan esta modalidad, para que los operadores de TV por suscripción retransmitan sus señales a cambio de un pago a los radiodifusoras, pero en donde no hay ninguna obligación para que el sistema de cable lleve la señal y por ende en esos casos no aplica must carry.
ANTV: En deuda con los sistemas de TV comunitaria
septiembre 25, 2013 Constanza Victoria Lozano Opinión No comments
En pocos días saldrán a la luz las nuevas determinaciones de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, con respecto a la resolución 0433 que reglamentó a la TV comunitaria.
Lo anterior, como resultado de las protestas y el debate de control político que se le ha hecho a la controvertida norma y que hizo que el director de la ANTV, Ramón Angarita, se comprometiera a reformar la resolución.
Un ejemplo crítico de la sin salida planteada a estos operadores, es que sistemas que a punta de esfuerzo y eficiencia han alcanzado el límite de usuarios (impuesto a Colombia en el TLC con Estados Unidos y que a propósito en nada afectaba a ese país la puesta en marcha de este ítem), no se les abrió la puerta a una operación privada, para que estas entidades más fuertes y grandes pudieran seguir siendo de la comunidad y sin ánimo de lucro (si así lo decidieran), pero con posibilidades de crecimiento a su ritmo, sin la exigencia de coberturas que no están en capacidad de ofrecer.
De hecho, esa sería una salida lógica al TLC. El tema al parecer, ya ha sido planteado. Un dirigente del sector dijo a Prensario con respecto al límite de usuarios, que la ANTV no ha explicado como deben salir de los asociados ‘no nos dicen cómo hacerlo, ni cómo les vamos a explicar que ellos no pueden recibir más el servicio, pero su vecinos sí’…Nosotros sólo pedimos que nos permitan desarrollarnos, no que nos regalen nada. Ya solicitamos que nos otorguen una licencia de TV por suscripción, sin ánimo de lucro, pero nunca nos respondieron’.
La limitación de usuarios, señales y demás restricciones podrían llegar a debilitar los sistemas que dentro de poco tendrán que afrontar la arremetida de las nuevas tecnologías.
Mientras los grandes operadores se preparan para la competencia de los servicios over-the-top, con estrategias OTT, TV everywhere y paquetes tripe play. A los sistemas comunitarios se les cierra el cerco con normas propias de un entorno de décadas pasadas.
Esto es algo que no se solucionará con políticas de subsidio a los sistemas, más aún cuando Colombia es líder en la penetración de Internet en la región. Es una realidad que los países más desarrollados vienen experimentando una fuerte presión en el tráfico de redes de banda ancha de las compañías de telecomunicaciones.
El permitirle a los sistemas comunitarios más grandes la posibilidad de saltar a la licencia privada (si se quiere) también podría llegar a tenderle una mano a los sistemas más pequeños, para que el sector actuara de manera más articulada en inversiones, contenidos, etc…
Pero la reglamentación pretende que estos sistemas no puedan competir en el actual entorno y los limita, porque son “sin ánimo de lucro”, desconociendo que todas las entidades, están en la obligación de ser competitivas, eficientes y capaces de brindarle al usuario productos de calidad y variedad (hecho que no tiene nada que ver con el ánimo de lucro, pues este último no es sinónimo de ineficiencia, ni falta de competitividad). El efecto arrastre de esta medida podría ser que el país perdiera una oportunidad para tener menos concentración en el mercado y menos alternativas para los usuarios.
La ANTV está en deuda con los sistemas comunitarios porque fueron ellos, si se quiere con errores y desaciertos en algunos casos, los que llevaron la televisión a donde ningún operador privado, ni el estado llegaban. En consecuencia es necesaria una trancisión justa y sin traumatismos.
Son tiempos de convergencia, del florecimiento de servicios que compiten abiertamente con los operadores de telecomunicaciones, con la televisión por suscripción. El fenómeno y la problemática es global, sólo que aquí hemos decidido ignorarlo.
No se entiende como en épocas de convergencia, de capacidad ilimitada de los operadores OTT para llegar a cualquier parte, sin restricciones, ni obligatoriedad de contenido, impuestos, ni tendido de infraestructura, los operadores nacionales tengan que competir con tanta desigualdad. La reglamentación impuso fuertes exigencias, en cobertura, cantidad de usuarios, señales, producción de contenido, pólizas, tiempos de licencias y destino de sus ingresos, entre otros aspectos.
Los puntos álgidos de la resolución, identificados por Comutv son:
Artículo 10: El número de asociados no puede superar los 6.000
Articulo 14 parágrafo 1: Se debe tener autorizaciones para todo canal que este en la parrilla
Artículo 23: Las pólizas de garantía para respaldar el pago de compensación y de sanciones
Artículo 3: Tiempo de licencia por 10 años y que se empiezan a renovar a partir del 1 de Mayo del 2014 (se exigen muchas condiciones que pueden llevar a la cancelación de la misma por el no cumplimiento de la documentación).
Artículo 12: El cambio de metodología para el pago de la compensación en tiempo (se pasa de trimestral o anual a bimestral), como el valor según la categoría de municipio a que pertenezca que clasificaron en tres grupos así: (grupo 1 paga $979,93 por asociado, grupo 2 paga $851.57 por asociado y grupo 3 paga $ 380.22 por asociado) independientemente de que tenga 1,2,3,4,5,6,7 canales codificados.
Artículo 16: El número de horas de programación es una exigencia grande para muchos (5 horas mínimo el primer año), porque con el pago de compensación se le recortan los recursos.
Artículo 13: Todo lo recaudado por pauta publicitaria debe discriminarse y dedicarse completamente a la producción del canal y por tal debe decirse cuál es el valor y el destino del 100 de lo recaudado el incumplimiento causa sanción.
Nota: La responsabilidad de este artículo es sólo de la autora.
ANTV ¿Y quién tuvo la culpa?
marzo 1, 2013 Constanza Victoria Lozano Opinión No comments
La falta de claridad jurídica en cuanto a la autonomía presupuestal y la carga pensional de Inravisión que se le adjudicó a la Autoridad Nacional de Televisión llevó el año pasado a que ese organismo radicara una demanda ante la Corte Constitucional del parágrafo 1 del artículo 2 y el artículo 19 de la Ley 1507 de 2012.
¿Lo ignoraba el ministro?
El hecho de que la ANTV es un ente autónomo, fue conceptuado por los miembros de la Junta, incluído el Ministro de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, según el acta No.10, y como declaró en la FM la comisionada Alexandra Falla, motivo por el cual en ese tiempo determinaron no realizar el envío del presupuesto al Ministerio de Hacienda.
Molano, votó negativamente ante la Junta las propuestas de autonomía presupuestal y la solicitud de retirar la responsabilidad sobre la carga pensional de Inravisión para que esta pase al presupuesto de la Nación. La Junta determinó entonces por mayoría demandar ante la Corte la falta de autonomía.
Las contradicciones de la ley
La Ley 1507 creó a la ANTV como agencia especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica. No obstante la demanda tomó por sorpresa a los medios de comunicación y a la audiencia y fue vista como un acto de traición por parte de los miembros de la Junta, situación que empeoró cuando se conoció la incorporación de la exclusión de la junta directiva de la ANTV del ministro.
La Junta entonces dijo que no era responsable de la demanda donde se pidió el retiro de las TIC´s, explicó que el abogado Germán Rodríguez Villamizar encargado de la acción judicial, se extralimitó en las funciones que se le habían pedido.
Con el escándalo y la Junta puesta contra la pared sobre si sabía o no de la intención de excluir al ministro, se opacó el problema de fondo: la autonomía presupuestal.
Por qué la ANTV necesita la autonomía?
La necesitad de adquirir el control de los millonarios recursos provenientes de los operadores de televisión por suscripción, de TV comunitaria y los canales privados, deriva en que estos recursos están destinados a la televisión pública.
La otra razón que tuvo en su momento la Junta de la ANTV para entablar la demanda es que los recursos de la televisión se usarían para pagar el pasivo pensional de Inravisión, que oscila entre los 40 mil millones de pesos, con lo cual se desangraría buena parte de los recursos a la TV pública.
El Consejo de Estado se pronuncia
Ya radicada la demanda en la Corte, el Consejo de Estado emitió un concepto en enero donde determinó que la ANTV no podría presentar en forma autónoma su proyecto de presupuesto al Congreso de la República, si no que este debería ser fijado por la nación. La Corporación resolvió de esta manera el conflicto de competencia entre la ANTV y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En adelante, la dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda será la encargada de incluir a la entidad dentro del presupuesto y fijarlo. Las razones explicadas por la entidad es que la ANTV dejó de ser un órgano constitucional.
El escándalo ha cobrado la cabeza de Carlos Tellez, director de Asuntos Concesionales, Jorge Mancera, interventor , la ex directora Tatiana Rubio, Sandra Urrutia exdirectora (e) y en los últimos días de Alfredo Sabbagh, uno de los miembros estrella y más comprometidos de la entidad.
Hoy la Junta está conformada por sólo tres de los cinco miembros que debe tener, pues luego de la renuncia el año pasado de Jaime Andrés Estrada como representante del gobierno, no ha sido nombrado su remplazo.
Actualmente están: Ramón Angarita, el actual director, Alexandra Falla , representante de las gobernaciones y Beatriz Quiñonez, por la sociedad civil .
La demanda seguirá su curso, porque ya está radicada ante la Corte, no obstante se presume que ante el asedio de los medios de comunicación, la intención de la Junta será contrarrestar al ciento por ciento el contenido de la misma.
De ser así la ANTV estaría en desventaja frente a la CRC donde el presupuesto forma parte del Presupuesto General de la Nación, que se programa para cada año calendario por el Congreso de la República.
¿De quién es la culpa entonces?
Al parecer, del mismo ministro Diego Molano. Según Eduardo Noriega, excomisionado de televisión fue el quien concibió esta especie de ornitorrinco institucional que no es un organismo adscrito al Ministerio mientras señala también al ministro Germán Vargas Lleras, y al senador Juan Fernando Cristo a quienes, según el se les advirtió en ese momento de las falencias que había en la adopción del nuevo estatuto: “pero pudo más la decisión política de eliminar la CNTV”, dijo a El Espectador en una entrevista .
En manos de la Corte, en todo caso se encuentra ahora el destino de la demanda.
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Artículo 16

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