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Timestamp: 2017-12-16 03:29:43+00:00

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T4C1 Disposiciones Generales | Gonzalez Cancino
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T4C1 Disposiciones Generales	GC	2017-05-31T20:44:07+00:00
Título Cuarto Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora.
XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente autoriza a crear jurisprudencia ante situaciones de interpretación, es decir, en aquellos casos en que existe duda respecto del sentido de una disposición.
Lo anterior implica que el resto de los problemas jurídicos (relevancia, prueba, calificación) no pueden servir para crear jurisprudencia pues ello sería inconstitucional. En relación a los distintos tipos de problemas jurídicos se hace referencia a las palabras de Neil Mac-Cormick, citado por Manuel Atienza:
“En general, cabría decir que existen cuatro tipos de problemas jurídicos (Mac-Cormick, 1978, cap.IV):
1. Problemas de relevancia, cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso; por ejemplo: ¿son aplicables, en relación con el recurso de amparo que resuelve el Tribunal Constitucional, diversas normas internacionales que supuestamente habría vulnerado el auto recurrido? [incluidas en el fundamento jurídico 3].
2. Problemas de interpretación, cuando existen dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o normas aplicables al caso; por ejemplo: ¿cómo debe interpretarse el artículo 15 de la Constitución y, en particular, qué significa ahí «derecho a la vida»?
3. Problemas de prueba, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido lugar; por ejemplo: ¿fue realimente voluntaria la decisión de los presos del GRAPO al declararse en huelga de hambre?
4. Problemas de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma; por ejemplo: ¿puede calificarse la alimentación forzada de los presos GRAPO como un caso de «tortura»o «trato inhumano o degradante», según el sentido que tienen estos términos en el artículo 15 de la Constitución? (Atienza, 2003, p. 129)”
En términos de 217 la jurisprudencia es jerárquicamente obligatoria sin importar la materia, es decir, la jurisprudencia relativa a derechos humanos y el resto de las materias reciben igual tratado por parte del legislador.
En ese contexto es evidente que el esquema jerárquico de la jurisprudencia resulta inconstitucional tratándose de los derechos humanos y sus garantías pues por disposición expresa de la Constitución en materia de derechos humanos opera el principio pro personae que es incompatible con las estructuras normativas jerárquicas como las impuestas por los preceptos señalados como actos reclamados.
“Artículo 1[…]
Es importante mencionar que el Congreso de la Unión al ejercer la facultad que le confiere el artículo 94 Constitucional para regular la jurisprudencia está obligado a respetar el principio pro personae en materia de derechos humanos.
“La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.”
De lo anterior se sigue que si bien es cierto la Constitución le confiere facultad al Congreso de la Unión para regular la jurisprudencia también es cierto que dicha regulación debe respetar los principios constitucionales, entre ellos el principio pro personae que rige en materia de derechos humanos.
Así las cosas, resulta que el Congreso de la Unión tiene la discrecionalidad necesaria para establecer los términos en que será obligatoria la jurisprudencia en materias distintas a la de derechos humanos, pero tratándose de esta última debe respetar y garantizar el principio pro personae establecido por el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional.
La inconstitucionalidad de los actos reclamados se aprecia más fácilmente si se toma en consideración que existe a grandes rasgos dos tipos de jurisprudencia:
· Jurisprudencia sobre la materia de derechos humanos (regido por el principio pro personae)
· Jurisprudencia sobre materias distintas a los derechos humanos.
En ese orden de ideas, es evidente el Congreso de la Unión al regular la obligatoriedad de la jurisprudencia debió distinguir las materias referidas y posteriormente señalar que en materia de derechos humanos rige el principio por personae como lo establece la Constitución.
El legislador olvidó el elemento más importante que sirve para evitar que el Poder Judicial legisle descaradamente, a saber, el precepto objeto de la interpretación. Debe recordarse que en términos del artículo 94 constitucional la jurisprudencia solamente puede crearse a partir de situaciones o problemas de interpretación. Por lo tanto, no puede válidamente existir jurisprudencia en casos de lagunas normativas o en problemas de relevancia, prueba o calificación como desafortunadamente sucede.
Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.
Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.
Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 94
 artículo 1
 artículo 94

Artículo 219

Artículo 220

Artículo 221