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Timestamp: 2017-09-26 16:40:06+00:00

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III INFORME DE MONITOREO A LA RESOLUCIÓN 1325 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 3 DE NACIONES UNIDAS – COL by Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE - issuu
III Informe de monitoreo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas – Colombia Autores(As): Coalición 1325, integrada por las siguientes organizaciones: Red Nacional de Mujeres (rNM); Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (ciAse); Alianza Iniciativa Colombiana de Mujeres por la Paz (IMP); Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (liMpAl); Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (dejusticiA); Liga de Mujeres Desplazadas; Observatorio de Género, Democracia y Derechos Humanos (ogddh); Conferencia Nacional de organizaciones Afrodescendientes (CNOA); Afrolíder, y Red de Mujeres Indígenas Piemisikupanayaf, Red Nacional de Mujeres Nodo Valle. secretAriA técNicA de lA coAlicióN 1325: gloriA tobóN olArte pAís: Colombia. orgANizAcioNes AliAdAs: Red Nacional de Mujeres; Nodo Bolívar, Red de Mujeres del Magdalena Medio, Red Departamental de Mujeres del Cauca, Red de Empoderamiento de Mujeres de Bolívar, Consejería de Mujeres del Pueblo Pasto - Nariño, iNvestigAdorAs: Claudia Cecilia Ramírez Cardona y Carolina Dávila. AsesoríA técNicA: Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (gNwp). diseño de portAdA: Felipe Zapata Apoyo técNico y fiNANciero: Cordaid coNtActo: www.rednacionaldemujeres.org nacional@rednacionaldemujeres.org Teléfono: (57) (1) 4 65 12 12 ISSN: 2357 - 3368 Esta publicación puede copiarse total o parcialmente citando la fuente, sin necesidad de autorización escrita del poseedor del copyright
I. MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD ..................................................... .............................................................. .......................................... C. Marco jurídico y políticas públicas relevantes. ...........................
II. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS ...........................
Indicador 1: Índice de participación de las mujeres en el gobierno, en la administración pública, gobiernos elegidos a nivel regional y en el legislativo. ................... A. Participación de mujeres en la administración pública nacional ......................................................................... B. Participación en el legislativo ................................................. C. Participación en gobiernos regionales ................................... D. Participación de mujeres en listas para elecciones locales. ..
Indicador 2: Porcentaje de mujeres que hacen parte de los equipos de negociación de paz e información detallada de los temas de género incluidos en los acuerdos de paz. ......................................................................
Indicador 3: Índice de participación de las mujeres en los sectores de justicia y seguridad y en las misiones de mantenimiento de paz ............................................................... A. Sector justicia......................................................................... B. Sector seguridad: ................................................................... C. Misiones de mantenimiento de paz. ......................................
Indicador 4: Número y porcentaje de mujeres que participan en revisiones constitucionales y legales .................
Indicador 5: Organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de grupos de trabajo o comités sobre las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ...........................................
Indicador 6: Número y porcentaje de casos de violencia sexual basada en género reportados, investigados, enjuiciados y sancionados ..............................................................
Indicador 7: Número y calidad de las leyes y políticas con perspectiva de género ............................................................. A. Desarrollos legislativos:.......................................................... B. Desarrollos en políticas públicas: ..........................................
Indicador 8: Número y naturaleza de las disposiciones y/o recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y otros informes de la justicia transicional en materia de derechos de las mujeres .......................
Indicador 9: Porcentaje de mujeres (en comparación con los hombres) que reciben paquetes económicos en los procesos de resolución ...................................
Indicador 10: Número y porcentaje de programas pre y post despliegue de la Policía o el Ejército, los cuales incluyen las resoluciones 1325 y 1820, Derecho Internacional Humanitario e instrumentos internacionales de derechos humanos. ..........................................
Indicador 11: Fondos destinados y distribuidos por gobiernos relacionados con proyectos y programas de mujeres, paz y seguridad .....................................
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ A. Conclusiones: ............................................................................. B. Recomendaciones: .....................................................................
INDICE DE TABLAS ...........................................................................
ACPEM:
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
CNRR:
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
CSJ/SA:
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.
DD.HH.:
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo.
INML y CF:
INFORME DE MONITOREO A LA RESOLUCIÓN 1325 EN COLOMBIA
MAPP-OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. NODEFIC:
Norwegian Defense College International Center.
Política Nacional de Reintegración Social y Económica.
SIERJU:
Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial .
UNARIV:
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Desde el año 2011 la Coalición 1325 realiza el Informe de Monitoreo de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de la Resolución en Colombia. Este año, en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) este informe cobra especial
Diversos países realizan informes anuales de monitoreo a la aplicación de la Resolución 1325, entre ellos Afganistán, Burundi, Canadá, la República Democrática del Congo (RDC), Fiyi, Nepal, Países Bajos, Filipinas, Ruanda, Sierra Leona y Uganda; así aportan a un informe global coordinado por la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz GNWP (por sus siglas en inglés) que se presenta cada año en la ciudad de Nueva york, en el marco de la conmemoración de la Resolución 1325. En Colombia, la Coalición 1325 responsable de este Informe, hace incidencia para que el Estado Colombiano formule el Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325, además, es integrada por 10 organizaciones de mujeres del nivel nacional y regional.
Los datos recogidos en este monitoreo, corresponden al año 2012 y están basados en 11 indicadores; 5 relacionados con participación de las mujeres en escenarios de construcción de paz, cargos de elección popular y cargos de administración pública local y nacional. 3 indicadores sobre protección y prevención, que abordan el tema de la violencia contra las mujeres, haciendo especial
referentes a la promoción de la perspectiva de género. Finalmente el Informe presenta recomendaciones al Estado Colombiano, comunidad internacional y sociedad civil, tales como incorporar en la agenda de negociación con las FARC cuestiones relativas a la garantía de la verdad, la justicia y la reparación para mujeres víctimas de los actores armados. Formular y aplicar mecanismos de justicia transicional relativos a violencia contra las mujeres y crear un sistema único de información que permita no solo actuar y prevenir el feminicidio sino comprometer acciones de prevención, protección y justicia.
años. En este período se han enfrentado las fuerzas militares del Estado con grupos guerrilleros, principalmente las FARC y el ELN1. Además, han intervenido grupos paramilitares organizados bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes desde la década del 80 disputaron el control territorial con los grupos guerrilleros2.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (farc-ep) es una -
del 80. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) o Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla de orientación marxista-leninista. Nace en el año 1964 con dos incursiones
uc-eln,
En el mes de septiembre de 2012 el país recibió la noticia de que se había logrado un acuerdo base3 entre el Gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), desro. Dicho acuerdo surgió como resultado de una fase exploratoria de negociación y permitió avanzar hacia una segunda fase, que en la actualidad se desarrolla en la Habana, Cuba. Este acontecimien-
Aunque los grupos paramilitares participaron en un proceso de desmovilización que se llevo a cabo en virtud de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), para el año 2012 algunos de ellos continúan operando con nombres diferentes y han vinculado en su estructura antiguos desmovilizados de las (AUC). Por ello, han Derechos Humanos en el país como “Grupos post-desmovilización”4. El Gobierno Nacional, por su parte, los denomina bandas criminales (bAcriM)5. Estos grupos siguen perpetrando amenazas, homicidios, secuestros y violencia sexual contra la población civil en las regiones, con un impacto diferencial en las mujeres, población campesina, indígena y afrocolombiana. El actual proceso de negociación ha estado marcado por una importante movilización social y el surgimiento de nuevas expresiones sociales, indígenas, campesinas y populares, muchas de ellas •3
gimiento de nuevos sujetos sociales y políticos con capacidades bado en el actual contexto, y a su vez, evidencia que la sociedad civil puede jugar un papel importante como sujeto de la paz duran-
afectadas por diversas formas de violencia y, como consecuencia más, a raíz de su participación en la exigibilidad de sus derechos en virtud de las leyes y políticas implementadas por el Estado, las lideresas de las organizaciones de víctimas, se han encontrado expuestas a riesgos particulares, consistentes en agresiones y violencia sexual. Las diversas violencias ejercidas en contra de las mujeres provocan efectos profundos y duraderos que impactan de manera grave y desproporcionada su dignidad, integridad y proyecto de vida. De esos efectos se destacan: a) Falta de trabajo digno y empobreciciales y culturales) en la población joven, incrementando el riesgo c) Riesgos de violencia en escenarios públicos y privados a causa de la doble condición de ser mujeres y desplazadas; d) Abandono de roles de liderazgo debido a amenazas y atentados en contra de las mujeres que asumen vocería y representación de procesos sociales o iniciativas políticas, limitando considerablemente los procesos de empoderamiento y participación de las mujeres. El impacto de estas violencias aumenta cuando se trata de mujeres pertenecientes a grupos étnicos; (indígenas, afrocolombianas, palenquéras y ROM -pueblos gitanos-) dado que muchos se encuentran en condición de vulnerabilidad.
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (coNpes) 3726 de 2012 sobre víctimas establece como principio fundamental el enfoque diferencial como sustento de los programas en favor de la restitución de los derechos de las víctimas. El seguimiento hecho por los órganos de control a la Ley de Víctimas, sus decretos reglamentarios y al documento coNpes sobre la materia, dan cuenta que respecto de los hombres, hay un mayor índice de afectación de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos que el observado en la población mestiza. Tomando como referente el Registro Único de Víctimas (ruv) se trata del 52% de mujeres y el 47,8% de hombres6. De acuerdo con este informe de seguimiento, la respuesta estatal es precaria y evidencia la ausencia de un escenario institucional particular para abordar la problemática de los grupos étnicos, la ausencia de coordinación entre las diversas instancias responsables, así como su falta de capacidad y la duplicidad de acciones, entre otras consideraciones7. Si bien las mujeres sufren afectaciones desproporcionadas como (Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). En este sentido, a pesar de las amenazas a sus organizaciones de víctimas, las mujeres perseveran en la defensa de sus derechos y desarrollan e implementan acciones de reparación y reconciliación comunitaria, como han demostrado múltiples iniciativas de mujeres en los territorios. Para el año 2012, las amenazas contra lideresas continuaron, especialmente contra quienes traba-
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jan con comunidades en situación de desplazamiento, las que reclaman devolución de tierras o representan a sobrevivientes de la
De igual manera, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo público en su informe sobre Colombia que se siguen recibiendo denuncias de actos de violencia sexual cometidos por miembros del Ejército y cita casos como el de una niña de la etnia Emberá-Chamí, víctima de abusos sexuales atribuidos a 4 militares, y en Chaparral, Tolima, la agresión sexual reiterada a una mujer, por parte de otros miembros de esa institución8. Por su parte, la Representante Especial sobre Violencia Sexual del Secretario General de las Naciones Unidas, señora Margot Wallström, hizo hincapié en la necesidad de que el Ministerio de Defensa revise su política de tolerancia cero frente a la violencia sexual9. Si bien se han adoptado medidas en favor de las víctimas, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor durante el año 201210 otras razones, por la debilidad institucional, la continuidad del que ha hecho más vulnerables a las víctimas reclamantes de restitución y a quienes lideran procesos sociales11. Así, a pesar de los avances normativos, jurídicos y políticos desarrollados en Colombia para garantizar los derechos de las víctimas, las mujeres siguen sin poder gozar efectivamente de sus derechos. En especial, la presencia de las bAcriM ha obstaculizado la implemen-
tación de programas de restitución y de reparación de víctimas y han continuado las amenazas de violencia sexual contra las mujeres12. C. Marco jurídico y políticas públicas relevantes. Durante el año 2012 se expidió importante normatividad que, de ser implementada, podría tener gran incidencia en el contexto sobre mujer paz y seguridad. Persisten, no obstante, serios obstáculos para que dichos avances tengan efectos en la vida de las mujeres; entre ellos, que no se cuenta aún con la voluntad política
Durante el año 2012 el Congreso aprobó la Ley 1542 de 2012, prodelito de “violencia intrafamiliar”, la cual, si bien no tiene relación directa con los temas de mujeres, paz y seguridad, avanza en el posicionamiento de las violencias contra las mujeres como problemática de interés público. Como resultado de la acción e interlocución con el movimiento de mujeres, el Gobierno Nacional se comprometió en el “Plan Nacional de Desarrollo – Prosperidad para todos” a adoptar una política pública nacional de equidad de género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural afrocolombiana, indígena, campesina y ROM (pueblos gitanos). El 12 de septiembre de 2012, el presidente Santos presentó la Política Pública Nacional para la Equidad de la Mujer de su gobierno.
Semana (6 octubre -
En relación con la implementación de la Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres, fueron expedidos cuatro decretos reglamentarios orientados a los sectores de justicia, salud, educación y trabajo, con los cuales se espera avanzar en el cumplimienmecanismos de actuación.
de julio de 2012 se presentó 13en el Congreso un proyecto de ley “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violende guerra y/o crimen de lesa humanidad. De igual manera, cursa incipientemente en el Congreso el Proyecto de Ley “Rosa Elvira Cely”, número 49 de 2012, denominado así en honor de una mujer que fue violada, torturada y asesinada en Bogotá el 24 de mayo autónomo.
ción de las mujeres en el país, en particular de los hechos de violencia ocurridos contra ellas, así como de la judicialización de los
servar variables y tendencias en el tiempo. A ello se suma la perdifusión de información en el país, así como un criterio institucional inconsistente en las entidades responsables de la problemática. Finalmente, deben resaltarse las falencias en las formas como los funcionarios y funcionarias, en todas las instancias, dan respuesta a los derechos de petición presentados por la ciudadanía. Muchas veces la información suministrada no coincide con lo solicitado, no se presenta en forma completa o se dan respuestas de carácter general que no se corresponden con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. A continuación se desagregan en el documento los siguientes indicadores en su orden: i) Índice de participación de las mujeres en el gobierno, administración pública, gobiernos elegidos a nivel regional y en el legislativo; ii) Porcentaje de mujeres que hacen parte
de los equipos de negociación de paz e información detallada de los temas de género incluidos en los acuerdos de paz; iii) Participación de las mujeres en los sectores de justicia y seguridad y en las misiones de mantenimiento de paz; iv) Número y porcentaje de mujeres que participan en revisiones constitucionales y legales; v) Organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de grupos de trabajo o comités sobre las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; vi) Número y porcentaje de casos de violencia sexual basada en género reportados, investigados, enjuiciados y sancionados; iiv) Número y calidad de las leyes y políticas con perspectiva de género; viii) Número y naturaleza de las disposiciones y/o recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y otros informes de la justicia transicional en materia de derechos de las mujeres; ix) Porcentaje de mujeres (en comparación con los hombres) que reciben paquetes económicos en los procesos de resolución de pre y post despliegue de la Policía o el Ejército, los cuales incluyen las resoluciones 1325 y 1820, derecho internacional humanitario e instrumentos internacionales de derechos humanos; y xi) Fondos destinados y distribuidos por gobiernos relacionados con proyectos y programas de Mujeres, Paz y Seguridad. INDICADOR 1: ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL GOBIERNO, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GOBIERNOS ELEGIDOS A NIVEL REGIONAL Y EN EL LEGISLATIVO. A. Participación de mujeres en la administración pública nacional Hasta el año 2012, la Ley 581 de 20001 sobre cuotas para mujeres en altos cargos decisorios de la administración pública •
ha sido sistemáticamente incumplida por parte del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales. El porcentaje mínimo de participación (30%) previsto en esa ley para las mujeres en cargos de altos niveles decisorios no se ha logrado cumplir de manera satisfactoria. En efecto, en los niveles decisorios intermedios, la cuota tiende a cumplirse, pero, como se aprecia en la Tabla 1, en los altos niveles decisorios del poder ejecutivo todavía se está lejos de alcanzar el requerimiento legal del 30%. Así, por ejemplo, en las superintendencias, las mujeres representaban 0% y en los departamentos administrativos tan solo 14%. Por esta razón, durante el año 2012, las organizaciones de la sociedad civil, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer y DeJusticia presentaron varias demandas ante el Consejo de Estado destinadas a que el Gobierno Nacional cumpliera con la ley 2. TABLA 1. Participación de mujeres en la administración pública nacional, a junio de 2013. Mujeres
Fuente: Páginas Web de las entidades.
B. Participación en el legislativo Respecto de los cargos de elección popular, la participación de las mujeres sigue siendo más precaria que en los casos anteriores. Un ejemplo de esto es el Congreso de la República, conformado por 102 senadores/as y 168 representantes a la Cámara3. Los porcentajes de participación de las mujeres muestran una tendencia a no superar el 16% y, en consecuencia, a mantener la sub representación de las mujeres en esta corporación. De acuerdo con lo analizado por la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres, con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si bien entre las elecciones de los períodos 2002-2006 y 2006-2010 la participación de las mujeres bajó de 12,69%, con 34 congresistas mujeres, a 10,45% con 28, en las elecciones del período 2010-2014 el porcentaje aumentó a 14,18%, con 38 mujeres congresistas4. Una de las razones que pueden explicar este aumento es que, en la investigación y posterior judicialización de congresistas por sus vínculos con grupos paramilitares durante este período electoral, muchos de ellos hicieron campaña a través de familiares cercanas, como esposas, hermanas o hijas5. C. Participación en gobiernos regionales A nivel territorial, la participación es igualmente precaria. En lo relativo a elecciones populares de gobernadores y alcaldes, la participación de las mujeres continúa siendo mínima. Para las últimas elecciones locales, en alcaldías y gobernaciones las mujeres solo obtuvieron los 9,7 y 9,4 de los cargos, respectivamente.
TABLA 2. Participación de mujeres en gobiernos regionales.
Alcaldías Gobernaciones Asambleas departamentales
Fuente: Información sobre alcaldías y gobernaciones tomada de la página Web del Observatorio sobre Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Paginas/Estadisticas.aspxhttp://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Paginas/ Estadisticas.aspx
D. Participación de mujeres en listas para elecciones locales. Durante el año 2011 fue expedida la Ley 1475 de 20116 sobre partidos políticos. Esta normativa general contiene algunas disposiciones de acción positiva que obligan a los partidos y movimientos políticos a incluir mujeres en las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular o que se sometan a consulta, conformándose por un 30% mínimo de uno de los sexos. Más allá de la formulación legal, es evidente la necesidad de incorporar en los partidos políticos mayor conciencia sobre la importancia de la participación política de las mujeres en su interior. Si bien a la fecha no se han realizado elecciones para corporaciones públicas nacionales (Congreso de la República) tras la puesta en vigencia de la Ley 1475 de 2011, los resultados de las últimas elecciones locales llevadas a cabo el 30 de octubre de 2011 no tas. Se espera que antes y durante las próximas elecciones para •
Senado y Cámara de Representantes, a celebrarse en marzo de 2014, se evidencie un avance en el trabajo de concientización de los partidos y la sociedad, de manera que se pueda superar el escaso 17,01% alcanzado por ejemplo en las asambleas departamentales7. En conclusión, los avances en participación política de las mujeres que se han presentado en los niveles decisorios de la administratendencia positiva; los datos presentados evidencian que la participación de las mujeres en los cargos decisorios sigue estando lejos de ser paritaria; pues en ningún caso se ha cumplido el 30% mínimo previsto en la ley 1457. INDICADOR 2: PORCENTAJE DE MUJERES QUE HACEN PARTE DE LOS EQUIPOS DE NEGOCIACIÓN DE PAZ E INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS TEMAS DE GÉNERO INCLUIDOS EN LOS ACUERDOS DE PAZ. El período de análisis del presente informe corresponde al año 2012, por lo que resulta prematuro incluir en el mismo, una evaluación del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC8. De la dinámica prevista para las negociaciones, bajo el principio de que “Nada está acordado hasta que todo este acordado” implica conocer la integralidad de los acuerdos. En cuanto a la participación de las mujeres en la mesa de negociación que se adelanta desde 2012 en la Habana, Cuba, se
el mundo, donde las mujeres como negociadoras principales, son minoría. Dentro del equipo negociador del Gobierno Colombiano, conformado por 10 delegados, cinco son plenipotenciarios y cinco negociadores alternos; de estos últimos, dos son mujeres: Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi, coordinadora del grupo temático de la 9 . En cuanto a las FARC, los cinco negociadores principales y cinco alternos son hombres; ante los medios de comunicación se presentó a la holandesa Tanja Nijmeijeralto y Shirley Méndez, en calidad de colaboradoras. Por otra parte, hasta la fecha no se tiene evidencia de la inclusión de la perspectiva de género u otros enfoques diferenciales en los temas tratados en la mesa, por lo cual se esperaría que las propuestas de la sociedad civil a través de los mecanismos acordados para su participación puedan aportar estos enfoques y ser retomadas por los negociadores. En el proceso de desarrollo de la ronda de conversaciones sobre el primer punto de la agenda, se acordó habilitar escenarios de consulta de la sociedad civil sobre temas de la agenda de negosentación de diversos sectores de la sociedad civil10. Al mismo tiempo, el Congreso de Colombia promovió la creación de mesas regionales de paz para consulta de la sociedad civil en las regiones sobre los temas de la agenda11. •
INDICADOR 3: ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS SECTORES DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y EN LAS MISIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ A. Sector justicia Altas Cortes: En lo relativo a la administración de justicia, se incorporan para el análisis los datos sobre participación de las mujeres en las altas cortes. No se incluye la información relacionada con los tribunales y los jueces, ya que la misma no está desagregada Ahora bien, desde su creación en el año 1991 hasta el 2012 (Tabla 3), la Corte Constitucional no ha tenido más de una mujer como magistrada. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, en comparación con los resultados reportados para el año 2011, la presencia de las mujeres aumentó de tres (3) magistradas a cuatro (4) para el año 2012; en el Consejo de Estado permaneció en nueve (9), y en el Consejo Superior de la Judicatura se mantuvo en dos (2). Estas cifras muestran una tendencia estable pero insatisfactoria, por cuanto no se registran avances que superen un 22% de participación de mujeres en las altas cortes. TABLA 3. Participación de mujeres en el sector justicia. 2011
Mujeres Hombres Mujeres % Mujeres Hombres Mujeres % Corte Constitucional
Fuente: www.ramajudicial.gov.co
Fiscalía General de la Nación: Se incorpora información sobre la Fiscalía, tomando en consideración su responsabilidad en la investigación criminal en el país y su incidencia fundamental en relación con la impunidad existente frente a los delitos que afectan de manera particular a las mujeres. Si bien, en términos generales la participación femenina en esta entidad alcanza un porcentaje del 42% respecto de la masculina, desagregando esta información de manera jerárquica, por direcciones y delegaturas, es posible detectar que el grueso de la participación de las mujeres se encuentra en los cargos de menor
esta disminuye de manera proporcional hacia el mayor nivel del ante la Corte Suprema de Justicia. De manera que el índice de participación de las mujeres en los altos cargos de la Fiscalía sigue siendo insatisfactorio, como lo evidencia la Tabla 4. TABLA 4. Participación de mujeres en Fiscalía General de la Nación*. Oficina
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscales delegados ante Tribunal de Distrito
Fiscales delegados ante Tribunal de Distrito (Justicia y Paz)
Fiscales delegados ante jueces especializados
Fiscales delegados ante jueces especializados (Justicia y Paz)
Fiscales delegados ante jueces de circuito
Fiscales delegados ante jueces de circuito (Justicia y Paz)
Fiscales delegados ante jueces municipales y promiscuos
Direcciones seccionales de la Fiscalía
* La información se presenta en orden, desde los máximos niveles jerárquicos a las bases, desagregada por direcciones y delegaturas.
B. Sector seguridad: TABLA 5. Participación de mujeres en las Fuerzas Militares. Fuerza Militar
Total Fuerzas Militares*
El bajo porcentaje de participación de mujeres en las Fuerzas Armadas da cuenta de una Fuerza Pública que continúa siendo pre-
dominantemente masculina. La participación de las mujeres en el sector seguridad sigue siendo mínima12. C. Misiones de mantenimiento de paz. La única participación de Colombia en misiones de mantenimiento de paz durante el año 2012 fue la realizada en Haití. Como lo muestra la Tabla 6, para el año 2011 solo dos (2) mujeres participaron en dicha misión y para el 2012 se pasó a tres (3), mientras que el número de hombres participantes se redujo de 24 en 2011 a 20 en 2012 (Tabla 6). TABLA 6. Participación de mujeres la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). 2011
Mujeres Hombres Mujeres % Mujeres Hombres Mujeres % Participantes
Fuente: ONU. http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml
Consideramos necesario evaluar el papel de estas misiones y en especial el rol que desempeñan las mujeres en las mismas, teniendo en cuenta las informaciones y denuncias sobre los hechos de violencia sexual cometidos por hombres en Haití, especialmente en los campos de refugiados/as. Aunque desafortunadamente no se cuenta con evaluaciones de estas misiones, se recomienda que tanto el país que envía misiones como el receptor, tengan en cuenta el alto riesgo de ocurrencia de violencia sexual, para prever medidas al respecto. •12
INDICADOR 4: NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN REVISIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES En Colombia hay dos instancias fundamentales que hacen este tipo de tareas: la Corte Constitucional, que hace la revisión de constitucionalidad de las leyes, y el Consejo de Estado, que hace la revisión de legalidad de los decretos y otras normas de inferior jerarquía13. Al respecto, como se señaló en el Indicador 3, en la actualidad hay una sola mujer en la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle, quien para el año 2012 fue ponente en 22 estudios de constitucionalidad y en 114 revisiones de tutela. Por su parte, la participación de las mujeres en el Consejo de Estado corresponde al 31%, manteniéndose este porcentaje con respecto a las cifras del año 201114 las mujeres en Colombia tienen una baja participación en las revisiones constitucionales y legales. TABLA 7. Número y porcentaje de mujeres que participan en revisiones constitucionales y legales. Mujeres
Revisiones de la Corte Constitucional
Revisiones del Consejo de Estado
Fuentes: Página Web de la Rama Judicial. www.ramajudicial.com
•13 titucional”. •14 me de Monitoreo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, 2012.
INDICADOR 5: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE HACEN PARTE DE GRUPOS DE TRABAJO O COMITÉS SOBRE LAS RESOLUCIONES 1325 Y 1820 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS En el ámbito nacional, se encuentran constituidas dos coaliciones de organizaciones de mujeres y de derechos humanos cuyo objetivo principal es hacer seguimiento a la resolución 1325: la Coalición 1325 y el programa Fokus 1325 en Colombia. La Coalición 132515 está conformada por organizaciones sociales, con presencia nacional y regional. Desde el año 2011 realiza el Informe Anual de Seguimiento a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con los resultados recogidos en dicho informe, adelanta acciones de incidencia nacional e internacional con el propósito contribuir a implementación de las para que se formule el Plan Nacional de Acción (PNA), por recomendación del Secretario General del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A su vez, la Coalición trabaja a nivel regional con organizaciones que hacen parte de las redes vinculadas a la Coalición y que se han denominado aliadas del trabajo y otras organizaciones locales16.
ciase limpal),
dejusticia ogddh afrolider)
•16 -
El programa Fokus 132517 en Colombia fue creado “con el objetivo de apoyar a organizaciones locales y nacionales que trabajan desde la perspectiva de Mujeres, Paz y Seguridad, para que refuercen e incrementen el uso de la Resolución 1325 y subsiguientes de la lombiano y su afectación a las mujeres”18. En suma, existen dos (2) grupos de trabajo de carácter nacional sobre la Resolución 1325. Dentro de estos, y teniendo como referente para su trabajo la citada resolución, se encuentran cinco (5) redes con trabajo nacional y regional y once (11) organizaciones no gubernamentales (ONG). INDICADOR 6: NÚMERO Y PORCENTAJE DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL BASADA EN GÉNERO REPORTADOS, INVESTIGADOS, ENJUICIADOS Y SANCIONADOS La violencia sexual en el país es un fenómeno amplio y generalizado, pero todavía invisibilizado, tanto por razones culturales como de las limitaciones de la información, los datos disponibles muestran una importante prevalencia del fenómeno con impunidad. Resulta especialmente grave para este informe el retraso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF) en hacer pública información estadística relacionada con los exámenes médico-legales y de ciencias forenses, toda vez que para el segundo semestre de 2013 aún no ha presentado reportes • colemad
(limpal •18
correspondientes al año 2012. Esta es la razón por la que, en relación con la ocurrencia de violencias contra las mujeres, solamente se reporta información hasta el año 2011. Pese a la existencia de sub registro de casos19, la comparación entre los casos reportados anualmente sugiere un aumento en los últimos años. Así, en cuanto a prevalencia general de la violencia sexual en el país, el INML y CF reportó: “En el 2011, las cifras de exámenes sexológide las denuncias por violencia sexual, desde el 2003, con excepción del 2010. En todo el territorio nacional, se practicaron 22.597 exámenes, 6% más que en el 2009, si se tiene en cuenta la cifra real analizada en ese año –que excluye los casos de pruebas de virginidad– y 11% más que en el 2010”20 Para el año 2011, el INML calculó una tasa 49 casos por 100.000 habitantes, la más alta del último decenio. En cuanto a la investigación de presuntos crímenes de violencia ral de la Nación reporta que “entre 2010 y 2013 no han sido asignadas a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación investigaciones sobre acceso carnal violento, actos sexuales violentos ni prostitución o esclavitud sexual en persona protegida. En relación con acceso carnal violento cuando la víctima no es persona protegida, esa Unidad adelanta dos investigaciones que se encuentran en etapa de indagación y las víctimas son mujeres21.
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con entidades del sector justicia. •20 •21 15503 de 2 de julio de 2013.
En febrero de 2013 la Fiscalía General de la Nación entregó a violencia sexual. El siguiente análisis se hace a partir de dichos datos. Según la información reportada, a 31 de diciembre de 201122 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía conocimiento de 89 casos de violencia sexual, de los cuales 24 corresponden a casos incluidos en el Auto 092 de 200823 y los restantes 65 a casos que no estaban incluidos. La Fiscalía reporta información sobre el estado de 61 casos de los conocidos por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, según la cual 47 se encuentran “abiertos”, 9 en etapa de instrucción y 5 en etapa de juicio. De acuerdo con la información suministrada en respuesta a la solicitud presentada por la Coalición 1325, se entiende que ninguno de estos casos corresponde al año 2012. De los restantes 28, la Fiscalía no brinda información sobre su estado. En relación con los resultados de las investigaciones judiciales, la Fiscalía informa que han sido vinculadas 73 personas, acusadas 21, privadas de la libertad 11, con sentencia condenatoria y afectadas con dichas sentencias 5. Además, en estos 89 casos menores de edad. Del total de víctimas, lo fueron de acceso carnal violento 80, de acto sexual diverso al acceso carnal 19 y sin idenno aporta información24.
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Respecto de investigaciones adelantadas por la Unidad de Justicia y Paz25, la Fiscalía no dio respuesta satisfactoria a nuestro derecho de petición, puesto que, si bien suministró información sobre los delitos sexuales reportados a esa Unidad en el año 2012, esta no fue desagregada por sexo, tal y como lo requerimos, por lo que nos fue imposible determinar cuál es el porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual con base en esa información. De acuerdo con la información consignada en el presente indicador, se concluye que la situación en relación con la violencia sexual contra las mujeres en el país mantiene una tendencia negativa. En cuanto al aumento progresivo de denuncias, es preciso señalar, una mayor conciencia en las mujeres sobre la necesidad de buscar justicia en relación con estos hechos. INDICADOR 7: NÚMERO Y CALIDAD DE LAS LEYES Y POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A. Desarrollos legislativos: Norma
Decretos 2733 y 2734 de 2012, reglamentarios de la Ley 1257 de 2008 en lo referente a trabajo y salud.
Los decretos de la ley en salud revisten especial importancia, pues a través de estas reglamentaciones se debe hacer efectivo lo ordenado por la ley 1257 en relación con el derecho a contar con servicios de transporte, alimentación y alojamiento por un lapso de tiempo de hasta seis meses, prorrogables por otros seis, si la situación lo amerita, bajo la responsabilidad del sistema de salud y protección social en favor de mujeres víctimas de violencia de género. No obstante, los dos decretos expedidos, en lugar de facilitar el acceso a estas prestaciones, contemplan una serie de requisitos (no previstos en la Ley) que se convierten en obstáculos para la atención inmediata de situaciones de emergencia. De igual manera, para el 2012 el Ministerio de Salud no destinó partida presupuestal alguna para cumplir con esta responsabilidad legal.
Ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
En julio de 2012, Colombia ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar comunicaciones procedentes de víctimas, de sus representantes o de otros Estados parte. En opinión de Amnistía Internacional, “esto dejará a las víctimas y a sus familias, incluidas las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto, sin un importante recurso a la justicia”.
Ley 1592 de 2012 por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005*
Fue expedida con el fin de corregir deficiencias de la Ley 975 de 2005 y de agilizar procesos penales alternativos adelantados en el marco de la misma, y los Actos Legislativos 1 y 2 de 2012, denominados Marco Jurídico para la Paz y Fuero Penal Militar, respectivamente. El primero de estos Actos Legislativos consagra medidas de priorización de delitos para ser investigados y sancionados, lo que puede generar importantes efectos para las mujeres en lo que se refiere a la priorización o no de los delitos relacionados con la violencia basada en género y en especial con la violencia sexual en el marco del conflicto armado.
* “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
B. Desarrollos en políticas públicas: Directiva 06 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación
Imparte instrucciones para el abordaje disciplinario a funcionarios/as estatales en relación con casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno.
En cuanto a los desarrollos en políticas públicas de las entidades consultadas para la elaboración de este informe, a continuación se presenta un resumen de las cuestiones reportadas:
Formulación del Acuerdo Marco de la Comisión de Género de la Rama Judicial mediante el cual se redefinió la política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género en la Rama Judicial y en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, de fecha 24 de octubre de 2012.*
Resolución 00450 de 2012: Política de igualdad y no discriminación. La Dirección Nacional de Fiscalías reporta la implementación de un plan integral de acción para la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Desde el 2009 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional, el Comité de Género, que ha sesionado en dos oportunidades y se encuentra conformado por un fiscal y dupla de investigadoras psicóloga y policía judicial. Mediante la Resolución 0368 de 2012 la Fiscalía adoptó la política de igualdad y no discriminación. Se creó el “Modelo de atención a las violencias basadas en género para clínica forense” que se plantea como una estructura conceptual, normativa y estratégica.**
* Fuente: Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura a Derecho de Petición presentado por la Coalición ** Fuente: Respuesta de la Fiscalía General de la Nación a Derecho de Petición presentado por la Coalición
Respecto de los avances reportados en políticas públicas, es claro que, pese a la formulación de una serie de lineamientos y programas, no es posible evidenciar aún un impacto real en la vida de las mujeres. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, se espera que después de una serie de resoluciones, rutas, planes de trabajo y otras bito formal y avance en hacerlas realidad como hechos ciertos y dices de impunidad en relación con las violencias contra las mujeres. Resulta especialmente desalentador que un comité de género solo haya sesionado en dos oportunidades.
INDICADOR 8: NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS DISPOSICIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR) Y OTROS INFORMES DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Producto de la Ley 975, más conocida como Ley de Justicia y Paz, se creó un grupo de investigación denominado “Grupo de Memoria Histórica”, con el objetivo de elaborar y divulgar una armados ilegales, así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas26. De los informes publicados por el “Grupo de Memoria Histórica” entre los años 2008 y 2012 se destacan: “Mujeres y guerra. Vícti mas y resistentes en el Caribe colombiano”, “Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano”, del y “El placer. Mujeres, coca y guerra en el bajo Putuma . Estos informes, han aportado categorías de análisis para entender mejor los hechos, los tiempos y las violencias que han afectado a las mujeres colombianas en diversas regiones. Otra medida de justicia transicional adoptada por el Estado colombiano en los últimos años es la Ley 1448 de 2011, encaminada a avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas, en particular en lo relacionado con medidas de reparación y de restitución de tierras. En cuanto a los derechos de las mujeres, aunque esta ley no tiene un enfoque consistente, sí incorpora algunas disposiciones dirigidas a reconocer y en•26
ha tenido en sus vidas y sus derechos. A partir de esta ley, sus decretos y el documento coNpes sobre víctimas indígenas, afros y ROM27, los órganos de control del Estado han iniciado un proceso de seguimiento con recomendaciones concretas destinadas a mejorar la implementación de la ley; recomendaciones referidas a la situación de las mujeres28 frente a las mujeres indígenas, afros y ROM, destinadas a mejorar rutas de atención, capacitación de la Fuerza Pública y fortalecimiento institucional, entre otras. INDICADOR 9: PORCENTAJE DE MUJERES (EN COMPARACIÓN CON LOS HOMBRES) QUE RECIBEN PAQUETES ECONÓMICOS EN LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN
la cual no es posible caracterizar el momento actual como un posaño 2012 se han implementado normas destinadas a otorgar repa-
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de redes comunitarias de mujeres.
y jurisdiccional29. En el marco de estas disposiciones se ha creado
Así, la Unidad de Restitución de Tierras es competente, en sede administrativa, para adecuar la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Esta adecuación, según lo reportado30, solo puede ser iniciada una vez se ha macro y microfocalizado la zona de tierras donde se ubique el inmueble objeto de restitución. Así, en el año 2012 esa entidad dio trámite, en sede administrativa, a 6.708 solicitudes de restitución ubicadas en áreas macro y micro focalizadas. De acuerdo con lo expresado por esta entidad, cada solicitud de restitución puede contener una/o varias/os reclamantes, y también se puede dar el caso en el que una persona presenta más de una solicitud, por lo que la cifra entre reclamaciones y personas solicitantes no es idéntica, además que es variable. Durante la vigencia del año 2012, las mencionadas 6.708 solicitudes a las que la Unidad de Restitución de Tierras dio trámite fueron presentadas por 4.913 personas, de las cuales 1.663 fueron mujeres y 3.250 hombres. En el marco de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de junio de 2011), se creó una jurisdicción especial que durante el año 2012 inició 6 procesos en los cuales hay 63 mujeres solicitantes, sin que aún haya sentencias ni procesos de restitución en marcha. Como conclusión de lo anterior, los avances en restitución son aún incipientes. Sin embargo, se requiere contar con un tiempo mayor
TABLA 8. Sentencias de juzgados civiles de restitución de tierras a 2012. Procesos Departamento
Solicitantes Solicitantes Mujeres
Ataco 63
Fuente: Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura a Derecho de Petición presentado por la Coalición
En cuanto a reparaciones por la vía administrativa, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue creada con fundamento en la Ley 1448 de 2011, con el objetivo de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral. te, desagregada por sexo y año, se han tenido en cuenta para el informe que por mandato legal de manera anual debe presentar el Presidente de la República sobre el cumplimiento de la Ley 1448
de 2011. Así, los datos referenciados se circunscriben al período del informe, esto es, desde junio 2012 hasta mayo 201331. De este informe se destaca la adopción de medidas de reparación como la construcción de la Ruta individual de reparación, que ha permitido la elaboración de 126.543 Planes Individuales de Reparación32; indemnizaciones a 165.131 víctimas, incluyendo a 7.052 niños, niñas y adolescentes, y apoyo a proyectos de reparación simbólica, entre otras. INDICADOR 10: NÚMERO Y PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRE Y POST DESPLIEGUE DE LA POLICÍA O EL EJÉRCITO, LOS CUALES INCLUYEN LAS RESOLUCIONES 1325 Y 1820, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. Según lo reportado por el Ministerio de Defensa, desde el 2010 desarrolla el proyecto: “Fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y equidad de género”. De igual manera a lo ocurrido en el año 2011, esta entidad no reporta impacto ni efectividad de sus programas y actuaciones. Respecto del “Protocolo para la Fuerza Pública en el manejo de la violencia sexual con énfasis en la violencia sexual con ocasión del dicho instrumento da cuenta de la atención que en la actualidad merece para la Fuerza Pública esta problemática, es indispensable que sus contenidos sean revisados en aspectos conceptuales, como la restrictiva noción de violencia sexual en el marco del con-
y nacionales en relación con estos delitos, pero también en aspectos procedimentales relativos a la exigencia de requisitos innecesarios para la atención inmediata de las mujeres víctimas de estas violencias, puesto que dichos requisitos terminan constituyéndose en obstáculos para el acceso a la justicia. La persistencia de casos de violencia sexual cometidos por integrantes de la Fuerza Pública colombiana evidencia la necesidad de que el Estado colombiano atienda esta situación a través de acciones de prevención, atención y sanción a los responsables. En este sentido, la formulación de políticas focalizadas a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas es un primer paso importante. No obstante, se requiere, como paso a seguir, hacer efectiva esta política y acompañarla de acciones que muestren la intención de la Fuerza Pública de erradicar estas prácticas delictivas en su interior. Una de las actuaciones que en esta dirección requieren las mujeres es un compromiso serio con para conocer de hechos de violencia sexual, pues estos en ningún caso pueden ser contemplados como hechos relacionados con la prestación del servicio, argumento que ha sido esgrimido por parte de la Jurisdicción Penal Militar para conservar la competencia por este tipo de hechos en varios casos conocidos en el pasado. INDICADOR 11: FONDOS DESTINADOS Y DISTRIBUIDOS POR GOBIERNOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD De acuerdo con lo informado por la Agencia Presidencial de Cooperación, para el año 2012 se registraron 31 proyectos de cooperación internacional por un monto total de US$13.071.972 dirigidos a mujeres. Dentro de estos 31 proyectos, se presentan a continuación 17 relacionados directamente con temas de mujeres, paz y seguridad, divididos así: proyectos asignados a organizaciones (Tabla 9-A) y asignados a entidades estatales (Tabla 9-B).
TABLA 9-A. Proyectos asignados a organizaciones de mujeres y/o con enfoque de género, 2012. Proyecto
Aporte interBeneficiarios nacional*
Promoviendo acciones de incidencia y prácticas de las mujeres de la región Caribe para la construcción de paz con restitución, justicia y protección
Paz y desarrollo regional
Defensa y promoción de los Derechos Humanos en el municipio de Sonsón, Antioquia
Víctimas de la violencia, mujeres
Programa suizo para la promoción de la paz (SUIPPCOL)
Fortalecimiento de la persecución de los delitos sexuales contra las mujeres
Programa Género en Desarrollo - Fase I
Instituciones, mujeres
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género– HUMANAS
Generación de un modelo de estabilización e inclusión socioeconómica para mujeres en condición de 129.809 desplazamiento en las localidades de Suba y Santa Fe en la ciudad de Bogotá
Mujeres, población desplazada
Corporación CULTIBA
Aporte internacional*
Mejora de la calidad de vida de las mujeres del 10 municipio de Soacha, 92.227 afectadas por el conflicto armado
Fortalecimiento de la 11 judicialización de delitos 111.544 sexuales contra la mujer
Fortalecimiento de derechos sexuales y re12 productivos y equidad de género dentro de la Fuerza Pública
Víctimas de la violencia, organizaciones sociales, mujeres, instituciones
Biofondo de Desarrollo – LOCFUND Mundo Mujer, Colombia
Fortalecimiento de la participación política de las 155.507 mujeres indígenas del norte del Cauca, para una cultura democrática y de paz
Escuela Política de Mujeres de Medellín–Colombia en ciudadanía, participación 160.546 electoral e incidencia en escenarios estatales de elección popular
Programa para la erradicación de formas de violencia contra las mujeres afectadas por violaciones de Derechos Humanos e in13 fracciones al Derecho Inter- 329.466 nacional Humanitario en el contexto del conflicto armado colombiano: Verdad, Justicia y Reparación para las mujeres en Colombia
Fortalecimiento de las capacidades locales para 14 la construcción de la paz 276.543 en el departamento de Nariño
Organizaciones sociales, instituciones, víctimas de la violencia, mujeres
Demandas de las mujeres en el desarrollo local, 15 una estrategia de paz en Soacha
Fuente: Respuesta de la Agencia Presidencial de Cooperación a Derecho de Petición presentado por la
TABLA 9-B. Proyectos asignados a entidades estatales dirigidos a mujeres y/o con enfoque de género, 2012.
Apoyo al proceso de paz en Colombia en el marco de la Ley de Justicia y Paz; un ejemplo de justicia transicional - PROFIS Fase III
Familias con Bienestar 2012
1.749.699
De acuerdo con lo señalado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC)33, el Sistema de InforsiAod) registra un total de 31 proyectos con ejecución en 2012, por un monto total de recursos de cooperación internacional de US$13.071.972. Para este año se millones de dólares. En ese sentido, la AOD dirigida a proyectos a mujeres y/o con enfoque de género representa el 2,37% de la misma. El mínimo porcentaje de proyectos dirigidos a mujeres y/o con enfoque de género reportado por la AOD da clara cuenta de la escasa importancia que esta temática tiene para la Agencia de cooperación del Gobierno Colombiano. De los proyectos para mujeres en los que se enfoca la cooperación internacional es posible observar un importante énfasis en la temática de violencias de género contra las mujeres, seguido de la implementación de proyectos tendientes al empoderamiento y fortalecimiento de mujeres organizadas. En relación con población indígena y/o afro, si bien hay algunas iniciativas, se observa la necesidad de incrementar el vulnerabilidad de estas poblaciones, así como la imperiosa necesidad de fortalecer el enfoque diferencial.
A. Conclusiones: Durante los últimos años el Estado ha expedido una serie de normas y se ha comprometido con diversas políticas públicas relacionadas con la temática de mujeres, paz y seguridad. A pesar de esto, su implementación efectiva requiere de mayor voluntad poparte de la sociedad civil, pues hasta ahora no han implicado que las mujeres puedan gozar efectivamente de sus derechos como mujeres y como víctimas. Por tanto, reiteramos la brecha existente entre la profusa normatividad existente y su cumplimiento efectivo. Para el período que cubre este informe, (2012) se destaca como política pública favorable la expedición de los “Lineamientos de política pública nacional de equidad para las mujeres”, pues para su formulación se contó con las voces de mujeres organizadas en distintas regiones del país, gracias a lo cual se incorporaron temáticas previstas en la Resolución 1325. El escaso porcentaje de recursos de cooperación reportados por la Agencia para proyectos dirigidos a mujeres y/o con enfoque de género, que representan apenas el 2,37% que no representan la
Un paso que es necesario dar y en el cual los avances continúan de cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres en el país. Tal como se desprende de este informe, las entidades públicas responsables de las diversas temáticas consultadas están aún lejos de contar con la capacidad para brindar información real y oportuna que permita, entre otros, hacer informes de seguimiento sobre hechos y realidades concretas, los cuales a su vez pueden gramas, planes y acciones, así como para la destinación de presupuestos acordes con las diferencias regionales y con las problemáticas concretas que afectan de manera diferencial a las mujeres en el país. En cuanto la meta de una mayor autonomía política para las mujeres, el índice de participación reportado continúa siendo muy bajo, sin que la existencia de la ley de cuotas, medida de acción positiva establecida desde hace más de una década, haya un completo cumplimiento. En cuanto a los cargos de elección popular, el panorama es desalentador. Se espera que para las próximas elecciones a corporaciones públicas sea posible reportar cambios positivos en cumplimiento de la Ley 1475 de 2011 sobre partidos y movimientos políticos, y se aumente la participación de las mujeres en el Congreso. El año 2012 marca una coyuntura especial relacionada con el inicio de la negociación de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, razón por la cual las conclusiones y recomendaciones que aquí formulamos buscan tener resonancia, en lo pertinente, para avanzar en la inclusión de las necesidades e intereses de las mujeres en Colombia en los acuerdos a que se llegue en cada una de las temáticas previstas, así como en relación con el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos; no obstante, el panorama no se vislumbra favorable. La participación de las mujeres en
las mesas de negociación, tal como se reporta en el iNdicAdor 2, es escasa, además que, según los resultados conocidos hasta la fecha, la temática de mujeres, paz y seguridad no aparece como relevante. En cuanto a delitos sexuales perpetrados contra las mujeres en el aspectos que dan continuidad a la tendencia reportada en los informes anteriores: a) persistencia de comisión de delitos sexuales por integrantes de la Fuerza Pública; b) aumento de casos reportados; y c) escasos avances en la lucha contra la impunidad por estos delitos. De igual manera, es necesario resaltar como hecho negativo el aumento de agresiones y amenazas contra lideresas y defensoras de Derechos Humanos, que incluyen agresiones de carácter sexual. B. Recomendaciones: Al Gobierno Nacional: Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los lineamientos de política pública de equidad y el CONPES 161 para las mujeres a través de su traducción en planes y programas en los ámbi-
a lo previsto en la Resolución 1325 a través de la formulación y puesta en marcha del Plan Nacional de Acción. Incorporar en la agenda de negociación con las FARC cuestiones relativas a la garantía de la verdad, la justicia y la reparación para mujeres víctimas de los actores armados, especialmente de las FARC y la Fuerza Pública. Se recomienda al Ministerio de Defensa reformular los contenidos damente los Derechos Humanos de las mujeres y su protección,
de conformidad con la normatividad internacional y constitucional en la materia, así como evaluar y hacer públicos los resultados de su aplicación. Tener en cuenta en la formulación y aplicación de mecanismos de justicia transicional, los compromisos internacionales relativos a violencia contra las mujeres y su participación en la construcción de la paz, tales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (cedAw), la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de Belém do Pará, así como lo dispuesto en las Resoluciones 1325 de 2000 y 1820 de 2008 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación con la imposibilidad de incluir los actos de violencia sexual en los acuerdos de amnistías o indultos producto de la negociación. En cuanto a los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que Jurídico para la Paz, y la política criminal, entre otros, incluir disposiciones que consideren la afectación particular a las mujeres y medidas en verdad, justicia y reparación para ellas. Crear un sistema único de información sobre violencias contras las mujeres que permita no solo actuar y prevenir el feminicidio sino prevención, protección y justicia. Además, es importante fortalecer los sistemas de información existentes y los mecanismos usados para brindar información a la sociedad civil.
derechos humanos de las mujeres, es necesario promover la creación de un Observatorio de Derechos Humanos con enfoque diferencial que permita acceso a la información oportuna y objetiva, información ciudadana en ejercicio de los derechos de petición.
Es necesario que el Estado colombiano haga seguimiento al cumplimiento de la Ley de 1475 sobre partidos políticos para garantizar la elección de mujeres incluidas en las listas y el incremento de mujeres en los órganos legislativos de elección popular. Al Congreso de la República: Dar trámite a los proyectos de ley favorables a las mujeres que cursan actualmente, especialmente el relativo a la garantía del acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual, en particular con dad nacional con la internacional en la materia. A la Comunidad Internacional:
de dar continuidad a las acciones de divulgación e incidencia en el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre paz y seguridad, visibilizar la situación de las mujeres en el marco del
A la sociedad civil: Avanzar en la coordinación de redes nacionales para articular acciones de agenda de paz, en el marco de la Resolución 1325, y promover la formulación del Plan Nacional de Acción como un instrumento necesario de seguimiento en prevención, participación y protección en el posacuerdo con los actores armados en Colombia. Fortalecer las alianzas internacionales en la prevención de los convisibilizar la situación de las mujeres en Colombia, de modo que se logre apoyo internacional para el cumplimiento integral y efectivo en el país de la Resolución 1325 y conexas.
Participación de mujeres en la administración pública nacional a junio de 2013. ...................................
Participación de mujeres en gobiernos regionales. .......
Participación de mujeres en el sector justicia. ...............
Participación de mujeres en Fiscalía General de La Nación. .................................
Participación de mujeres en las Fuerzas Militares..........
Participación de mujeres la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MiNustAh). .............................................
Número y porcentaje de mujeres que participan en revisiones constitucionales y legales.........................
Sentencias de juzgados civiles de restitución de tierras a 2012. .....................................
Tabla 9-A. Proyectos asignados a organizaciones de mujeres y/o con enfoque de género, 2012. ...............
Tabla 9-B. Proyectos asignados a entidades estatales dirigidos a mujeres y/o con enfoque de .......................................
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Forensis 2011. “Datos para la vida”, 2012, Disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/index.php/estadisticas/forensis/193-forensis-2011 Guzmán, Diana., Molano, Paola. Ley de cuotas en Colombia: Avances y retos. Diez años de la ley 580 de 2000. Bogotá. Junio 2012 Informe Anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia A/HRC/22/17/ Add.3 disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-17-Add3_Spanish.pdf Informe anual del Presidente de la República sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley 1448. 2013. Disponible en: http://www. unidadvictimas.gov.co/images/docs/rendicion/informe_presidente.pdf Primer informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de la república de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo, FARC-EP. 21 de junio de 2013. Disponible en https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/primer-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-de-la-rep%C3%BAblica Primer Informe de Monitoreo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2012 Programa Somos Defensores. El efecto placebo. Informe anual 2012. Sistema de Información sobre agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Bogotá. 3013. Segundo Informe de Monitoreo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2012
III INFORME DE MONITOREO A LA RESOLUCIÓN 1325 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 3 DE NACIONES UNIDAS – COL

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