Source: https://beta.e-justice.europa.eu/166/ES/succession?BULGARIA&member=1
Timestamp: 2019-07-23 09:30:44+00:00

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Cualquier persona que haya cumplido los 18 años de edad y esté en posesión de sus facultades mentales puede disponer de sus bienes por causa de muerte a través de un testamento. El testador puede disponer de todos sus bienes en el testamento. Los testamentos pueden ser ológrafos (redactados en su totalidad por el testador y firmados por él) o notariales, es decir, redactados por un notario en presencia de dos testigos.
Un testamento ológrafo debe ser redactado en su totalidad a mano por el testador. Debe estar fechado y firmado por él. La firma debe figurar debajo de las disposiciones testamentarias. El testamento puede depositarse ante notario en un sobre sellado para su custodia. En tal caso, el notario redacta una declaración de custodia en el sobre. El acta es firmada por el testador y por el notario, y es consignada en un registro especial.
Un testamento notarial es redactado por el notario en presencia de dos testigos.
El testador realiza una declaración oral de sus últimas voluntades ante el notario, que la consigna por escrito según lo declarado y posteriormente la lee al testador en presencia de los testigos. El notario da fe del cumplimiento de estas formalidades en el testamento, especificando el lugar y la fecha del mismo. Seguidamente, el testamento es firmado por el testador, los testigos y el notario. Cuando prepara el testamento notarial, el notario actúa de conformidad con el artículo 578, apartados 1 y 2 del Código Civil.
Si el testador no puede firmar el testamento, debe indicar el motivo. El notario dará fe de esta declaración antes de leer el testamento.
Desde la modificación de la normativa sobre el registro (1 de enero de 2001), es necesario registrar las copias de los testamentos que tengan por objeto bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles.
El cónyuge supérstite y los hijos del fallecido, o, en ausencia de descendientes, los progenitores del fallecido, tienen derecho a la legítima. Si el testador tiene descendencia, progenitores vivos o un cónyuge, no podrá disponer de la legítima, ni por testamento ni mediante donación. La suma total de las legítimas de todos los beneficiarios puede representar hasta cinco sextas partes de la masa hereditaria si el fallecido deja cónyuge y dos o más hijos. Los bienes distintos de la legítima constituyen la parte de libre disposición del testador.
Si no hay cónyuge supérstite, a los descendientes (incluidos los adoptados) corresponden las siguientes legítimas: en el caso de haber un hijo o descendientes de ese hijo, la mitad del patrimonio; en caso de haber dos o más hijos o sus descendientes, dos terceras partes del patrimonio del testador.
Si hay descendientes y un cónyuge supérstite, la legítima del cónyuge es igual a la legítima de cada hijo. En este caso, la parte de libre disposición es de una tercera parte del patrimonio en caso de haber un hijo, una cuarta parte en caso de haber dos hijos y una sexta parte en caso de haber tres o más hijos.
Si el testador no deja descendencia, la legítima del cónyuge es igual a la mitad del patrimonio si el cónyuge es el único heredero, y de una tercera parte si los progenitores del fallecido siguen con vida.
La legítima del progenitor o los progenitores supervivientes es de un tercio.
En ausencia de testamento, son de aplicación los siguientes principios en función del caso específico:
Si el fallecido era soltero y no tenía hijos, hereda el progenitor superviviente o los progenitores supervivientes por igual (artículo 6 de la Ley de Sucesiones). Si el fallecido solamente ha dejado ascendientes de segundo grado o más, los más próximos al fallecido heredan a partes iguales (artículo 7 de la Ley de Sucesiones). Si solamente hay hermanos supervivientes, heredan a partes iguales (artículo 8, apartado 1 de la Ley de Sucesiones). Si quedan hermanos y ascendientes de segundo grado o más, los primeros reciben dos terceras partes de los bienes y los segundos un tercio (artículo 8, apartado 2 de la Ley de Sucesiones).
Si el fallecido era soltero pero le han sobrevivido hijos, estos heredan a partes iguales (artículo 5, apartado 1 de la Ley de Sucesiones). La parte de un hijo fallecido con anterioridad pasará a sus descendientes por orden de sucesión (representación).
Si el fallecido deja un cónyuge pero no hijos, hermanos o descendientes de estos, el cónyuge hereda la totalidad de los bienes (artículo 9 de la Ley de Sucesiones).
Cuando el cónyuge hereda los bienes del fallecido junto a los ascendientes o los hermanos o sus descendientes, el cónyuge recibe la mitad de los bienes siempre que la sucesión tenga lugar transcurridos menos de 10 años tras el matrimonio. De lo contrario, el cónyuge recibe dos terceras partes de los bienes. Cuando el cónyuge hereda los bienes del fallecido junto a los ascendientes y los hermanos o sus descendientes, el cónyuge recibe una tercera parte de los bienes en el primer caso y dos terceras partes en el segundo.
Si el fallecido deja un cónyuge e hijos, el cónyuge y los hijos heredan a partes iguales (artículo 9, apartado 1 de la Ley de Sucesiones).
No existe un procedimiento específico para la aceptación de la herencia por parte del heredero.
La persona que posee un testamento ológrafo deberá pedir al notario, inmediatamente tras el fallecimiento del testador, que proceda a la comunicación del mismo.
Cualquier parte interesada puede solicitar al juez del distrito donde se haya abierto la sucesión que fije un plazo de presentación del testamento a un notario para que lo comunique.
El notario comunica el testamento y levanta un acta de apertura y del estado del testamento. La declaración es firmada por la persona que haya presentado el testamento y por el notario. El testamento ológrafo se adjunta a la declaración, y cada página es rubricada por las personas anteriormente mencionadas.
Si el testamento fue depositado ante notario para su custodia (artículo 25, apartado 2 de la Ley de Sucesiones), dicho notario se ocupará de los trámites indicados.
La sucesión tiene lugar previa aceptación de la misma. La aceptación surte efecto en el momento de la apertura de la sucesión.
La aceptación puede hacerse efectiva presentando una solicitud por escrito al juez de distrito donde se abra el testamento. En este caso, la aceptación es consignada en un registro especial.
También se considera que existe aceptación cuando un heredero actúa de una manera que indica claramente su intención de aceptar la sucesión, o cuando un heredero oculta bienes heredados. En este último caso, el heredero pierde su derecho a su parte de los bienes ocultados.
Actuando a petición de cualquier parte interesada, el juez de distrito, habiendo citado a la persona con derecho a heredar, establece un plazo límite para que dicha persona declare o renuncie a la aceptación de la herencia. Si se ha presentado una demanda judicial contra el heredero, el plazo límite es fijado por el tribunal que entiende del caso.
Si el heredero no contesta dentro de dicho plazo, pierde el derecho a aceptar la herencia.
La declaración de aceptación es consignada en el registro judicial especial.
La renuncia a la herencia sigue el mismo procedimiento y es registrada de la misma manera.
Se aplica el procedimiento de aceptación o de renuncia.
No existe un procedimiento especial para la renuncia o la aceptación de una legítima. Un heredero que tenga derecho a una legítima pero que no esté en condiciones de recibirla íntegramente debido a legados o donaciones puede solicitar al tribunal que reduzca dichos legados y donaciones en la medida necesaria para completar la parte legítima tras recuperar los legados y las donaciones otorgados al heredero afectado, con la excepción de las donaciones comunes.
Si un heredero cuya legítima se ve afectada negativamente ejerce sus derechos de sucesión frente a personas que no son herederos legítimos, el heredero debe haber aceptado la sucesión basándose en una descripción pormenorizada de los bienes.
A efectos de establecer la parte de libre disposición y el importe de la legítima del heredero, todos los activos pertenecientes al testador en el momento de su fallecimiento son recopilados en su patrimonio tras deducirse las deudas e incorporarse los incrementos, en virtud del artículo 12, apartado 2 de la Ley de Sucesiones. Seguidamente se incorporan las donaciones, salvo las comunes, dependiendo de su naturaleza en el momento en que fueron concedidas y de su valor en el momento de la apertura del testamento en el caso de bienes raíces, o en el momento en que fueron concedidas en el caso de bienes muebles.
Las disposiciones testamentarias se reducen proporcionalmente sin diferenciar entre herederos y legatarios, a menos que el testador haya indicado lo contrario.
Las formas principales de liquidación del patrimonio son la división voluntaria o la judicial. Cada copropietario tiene derecho de división, con independencia del tamaño de su parte.
La división voluntaria se lleva a cabo con el consentimiento de todos los copropietarios y adopta la forma de un contrato. De conformidad con el artículo 35, apartado 1, de la Ley de la propiedad, la división voluntaria de bienes muebles con un valor superior a 50 BGN (levs búlgaros) o de bienes inmuebles debe realizarse por escrito y las firmas deberán realizarse ante notario. En el caso de la división voluntaria, la parte teórica que corresponde a cada propietario del patrimonio común se convierte en un derecho de propiedad separado e independiente de la parte real de los activos en copropiedad.
La división judicial tiene lugar en virtud de procedimientos especiales que se rigen por el artículo 341 y siguientes del Código Civil. No hay plazo de prescripción para solicitar la división de los activos. Estos procedimientos contenciosos implican dos etapas.
La primera se refiere a la admisibilidad de la división.
El coheredero que solicita la división presenta una solicitud por escrito ante el tribunal de distrito, que incluye:
1. el certificado de defunción del testador y un certificado de sucesión;
2. un certificado u otra prueba por escrito relativa al patrimonio;
3. copias de la solicitud y de su contenido adjunto para los otros coherederos.
Durante la primera vista judicial, cualquier otro coheredero puede solicitar por escrito la inclusión de otros activos en el patrimonio. También durante la primera vista judicial, cualquier coheredero puede recusar el derecho de otro coheredero a participar en la división, el tamaño de su parte o la inclusión de determinados activos en el patrimonio.
En los procedimientos de división, el tribunal juzga las disputas relativas a la procedencia, testamentos, adopciones, la autenticidad de las pruebas escritas o las solicitudes para reducir la cantidad de disposiciones o donaciones testamentarias.
La primera etapa concluye con una resolución sobre la admisibilidad de la división. El tribunal determina qué activos se dividirán entre qué personas y qué parte corresponde a cada heredero. Cuando un tribunal dictamina la admisibilidad de la división de bienes muebles, también resuelve el tipo de codivisión.
En la misma resolución o en una posterior, si uno o más herederos no dan uso al patrimonio de conformidad con sus derechos sucesorios, el tribunal puede, previa solicitud de un heredero, dictaminar qué herederos van a utilizar cada activo hasta completarse la división, o qué sumas deben pagar los usuarios a los otros herederos por dicho uso.
La segunda etapa consiste en la división propiamente dicha. Se definen las partes y se asignan activos específicos a la propiedad exclusiva de cada coheredero. Esto se lleva a cabo por medio de una declaración de división y por sorteo. El tribunal redacta la declaración de división basándose en la opinión de un experto de conformidad con la Ley de Sucesiones. Tras redactar el borrador de la declaración de división, el tribunal convoca a las partes para presentarles dicha declaración y para escuchar sus objeciones. Posteriormente, el tribunal redacta y promulga la declaración final de división en una sentencia judicial. Una vez que entra en vigor la sentencia sobre la declaración de división, el tribunal convoca a las partes para el sorteo. El tribunal puede dividir los activos heredados entre los coherederos sin realizar un sorteo, si resulta imposible o inoportuno definir las partes y realizar el sorteo.
Si un activo es indivisible y no puede ser asignado a ninguna parte, el tribunal ordenará su venta en subasta pública. Las partes podrán pujar en dicha subasta pública.
Cuando el activo indivisible sea una vivienda que fue propiedad de la sociedad conyugal, liquidada tras el fallecimiento de un cónyuge o el divorcio, y cuando el cónyuge o ex cónyuge supérstite al que se confirieron derechos parentales sobre los hijos nacidos del matrimonio no disponga de una vivienda propia, el tribunal puede, previa solicitud de dicho cónyuge, utilizar la vivienda como una parte, liquidando las partes de los otros coherederos con otros bienes o en metálico.
Cuando el activo indivisible sea una vivienda, cualquier coheredero que viviera allí cuando se abrió la sucesión y que no disponga de otra vivienda puede solicitar que sea asignada a su parte, liquidando las partes de los otros coherederos con otras propiedades o en metálico. Si varios coherederos cumplen estas condiciones y reclaman dicho bien, se concederá preferencia a la persona que ofrezca el precio más alto.
La solicitud de asignación puede presentarse como muy tarde durante la primera vista judicial después de que sea ejecutiva la resolución del tribunal acerca de la admisibilidad de la distribución. El activo es tasado en su valor real.
En caso de liquidación en metálico, el pago, junto con los intereses legales, debe abonarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que entre en vigor la sentencia de asignación.
El coheredero que haya recibido el activo en su parte se convierte en propietario cuando paga la liquidación en metálico, junto con los intereses legales, en el plazo impuesto. El impago dentro del plazo fijado provocará la nulidad de la sentencia de asignación, y el activo se sacará a la venta en subasta pública. El activo puede asignarse a otro coheredero que cumpla los requisitos y que haya solicitado la cesión dentro del plazo impuesto, sin ser sacado a la venta en subasta pública, siempre que el otro coheredero pague inmediatamente el precio de tasación menos el valor de su parte en dicho bien. Los beneficios se dividirán entre los otros coherederos de manera proporcional.
El procedimiento de división judicial puede ser cancelado y el bien liquidado en virtud de un acuerdo alcanzado por las partes y aprobado por el tribunal.
Una persona se convierte en heredero o en legatario al aceptar la sucesión. Antes de aceptar la sucesión, la persona con derecho a heredar activos puede administrar el patrimonio y llevar a cabo acciones de posesión para preservarlo.
Al adquirir la parte correspondiente (parte no dividida) del patrimonio del fallecido, cada heredero o legatario adquiere una parte teórica de los activos y las deudas del testador incluidos en el patrimonio.
Según el tamaño de sus partes, los herederos que hayan aceptado la sucesión serán responsables de las deudas que graven el patrimonio.
Un heredero que haya aceptado la sucesión basándose en una descripción pormenorizada será responsable solamente de la cantidad del patrimonio recibida.
La aceptación de la sucesión basada en una descripción pormenorizada deberá declararse por escrito ante el juez de distrito en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que el heredero fue conocedor de la apertura de la sucesión. El juez de distrito puede ampliar el plazo hasta un máximo de tres meses. La aceptación es consignada en el registro judicial especial.
Las personas con incapacidad jurídica, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales aceptan la sucesión basándose únicamente en una descripción pormenorizada.
Si un heredero acepta la sucesión sobre la base de una descripción pormenorizada, los otros herederos pueden beneficiarse de esa circunstancia, sin perjuicio de su derecho a aceptar o renunciar a la sucesión.
La descripción pormenorizada se redacta de conformidad con el Código Civil.
Las transcripciones de los testamentos publicados relativos a propiedades inmobiliarias y derechos sobre propiedades inmobiliarias deben inscribirse en el registro correspondiente. En el caso de tratarse de testamentos universales, la existencia de bienes inmobiliarios en el distrito judicial pertinente se certifica mediante una declaración que porta la firma notarizada del beneficiario que identifica los bienes inmobiliarios conocidos por el beneficiario en el distrito judicial pertinente. La declaración es remitida junto al testamento al juez de registro del distrito donde están ubicados los bienes.
El juez de registro da instrucciones a la oficina de registro de la ubicación de los bienes inmobiliarios para que los inscriba, depositando las escrituras que deben inscribirse en registros accesibles al público.
La solicitud de inscripción irá acompañada de dos copias notariales de los testamentos referidos a los bienes inmobiliarios y a los derechos sobre dichos bienes.
No es obligatorio designar a un administrador. El testador puede nombrar a una o más personas con capacidad jurídica para que actúen como administradores.
A petición de cualquier parte interesada, el juez de distrito del lugar donde se haya abierto la sucesión puede fijar un plazo límite para que el nuevo titular acepte la designación. Si el plazo expira y el nuevo titular no ha aceptado la designación, se considerará que el nuevo titular ha renunciado a la aceptación.
El juez de distrito puede despedir al administrador si este es negligente o no está capacitado, o si actúa de una manera incompatible con la confianza depositada en él.
Si la persona fallecida no hizo testamento o no designó un administrador para su testamento, cualquier persona con derecho a heredar puede administrar los bienes y reivindicar la propiedad para su preservación hasta que se produzca la aceptación de la sucesión.
El administrador debe elaborar una descripción pormenorizada de los activos, e invitar a los herederos y a los legatarios a asistir.
El administrador se hace cargo de la posesión del patrimonio y lo administra en la medida en que resulte necesario para cumplir las disposiciones testamentarias.
El administrador no tiene potestad para enajenar activos, a menos que resulte necesario y que lo permita el juez de distrito, que fallará al respecto tras escuchar a los herederos.
Si el testador dejó un testamento ológrafo, el notario publicará el testamento y redactará una declaración que describa el estado del testamento y que dé fe de su apertura.
Los herederos legítimos serán habilitados mediante un certificado de sucesión expedido por el alcalde del municipio donde el fallecido tuvo su última dirección permanente. Los certificados de sucesión son expedidos únicamente en relación con personas que estuvieran inscritas en el registro civil en la fecha de su fallecimiento y para las que se expidió un certificado de defunción.
El certificado se expide de conformidad con el artículo 4, apartado 2 de la Ley del Registro Civil, y con el artículo 9 del Reglamento sobre la expedición de certificados basados en el Registro Civil. El certificado es expedido para el heredero legítimo, su representante jurídico o terceros, siempre que estos últimos lo necesiten para ejercer poderes legítimos o estén autorizados explícitamente por un poder notarial.
Para expedir el certificado serán necesarios los siguientes documentos:
– una solicitud que utilice el formulario del centro de información del Registro Civil (GRAO), en la que se especifiquen los datos de los herederos del fallecido, que deberá ser presentada por un heredero o por una persona autorizada por un heredero;
– una copia del certificado de defunción (si ha sido expedido por otro municipio);
– el documento de identidad del solicitante;
– un poder notarial, si la solicitud es presentada por un representante autorizado.

References: artículo 578
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 341
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 9