Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2010-0541&language=ES
Timestamp: 2013-05-19 02:33:33+00:00

Document:
Propuesta de resolución común sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte - RC-B7-0541/2010/rev. 1
Procedimiento : 2010/2855(RSP)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
RC-B7-0541/2010Textos presentados :
de conformidad con el artículo 110, apartado 4, del Reglamento
sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte, y en particular la de 26 de abril de 2007 sobre la iniciativa en favor de una moratoria universal respecto de la pena de muerte(1), – Vistas sus anteriores resoluciones de 26 de noviembre de 2009 sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte(2); de 20 de noviembre de 2008 sobre la pena de muerte en Nigeria(3); de 17 de junio de 2010 sobre las ejecuciones en Libia(4); de 8 de julio de 2010 sobre Corea del Norte(5); de 22 de octubre de 2009 sobre Irán(6); de 10 de febrero de 2010 sobre Irán(7); y de 8 de septiembre de 2010 sobre los derechos humanos en Irán y en particular sobre los casos de Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami(8);
– Vista la Declaración final del IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Ginebra del 24 al 26 de febrero, en la que se pide la abolición de la pena de muerte en todo el mundo,
B. Considerando que la UE es el líder institucional en la lucha contra la pena de muerte en todo el mundo, y que su actuación en este ámbito es una prioridad fundamental de su política exterior en materia de derechos humanos; que la UE es también el principal donante respecto de los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para lograr la abolición de la pena de muerte, C. Considerando que la pena de muerte constituye el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia, que viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que las condiciones de privación de libertad creadas por la condena a la pena de muerte equivalen a una tortura inaceptable para los Estados que respetan los derechos humanos,
F. Considerando que las disposiciones de los Protocolos 6 y 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíben que los Estados miembros del Consejo de Europa apliquen la pena de muerte, G. Considerando que la UE se esfuerza por lograr establecer moratorias a la aplicación de la pena de muerte por terceros países y, con el tiempo, su abolición y la ratificación de los instrumentos internacionales pertinentes de las Naciones Unidas y otros instrumentos y, en particular, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé la abolición de la pena de muerte, H. Considerando que la abolición de la pena de muerte es una de las prioridades temáticas que permite obtener ayudas con cargo al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que desde 1994 ha financiado más de 30 proyectos en todo el mundo con un presupuesto global superior a 15 millones de euros, I. Considerando que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo debe dar su aprobación a la celebración de acuerdos comerciales y, en general, de acuerdos internacionales con países terceros,
K. Considerando que, en 2007 y 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las históricas Resoluciones 62/149 y 63/168, en las que se pide una moratoria mundial de las ejecuciones y que aspiran en última instancia a abolir la pena de muerte, y destacando a este respecto que el número de países que apoyan estas resoluciones ha aumentado, por lo que la Resolución 63/169 fue aprobada por una aplastante mayoría de 106 votos a favor, 46 votos en contra y 34 abstenciones,
L. Considerando que el IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, reunido en Ginebra en febrero de 2010, pidió a los Estados abolicionistas de facto que abolieran la pena de muerte por ley, a los Estados abolicionistas que incorporaran la cuestión de la abolición universal en sus relaciones internacionales, y a las organizaciones internacionales y regionales que respaldaran la abolición universal mediante la adopción de resoluciones sobre el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones, M. Considerando que la pena de muerte ha sido abolida, de jure o de facto, por 154 Estados en todo el mundo, y que 96 de esos Estados la han abolido para cualquier delito, 8 la mantienen únicamente para crímenes excepcionales, como los cometidos en tiempos de guerra, 6 aplican una moratoria de las ejecuciones y 44 son abolicionistas de facto (es decir, países que no han llevado a cabo ejecuciones durante al menos 10 años o países que tienen obligaciones vinculantes de no aplicar la pena de muerte),
Q. Celebrando que, el 11 de febrero de 2010, el Parlamento de Kirguistán ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte, y que, el 21 de mayo de 2010, el Gobierno provisional de Kirguistán publicara el proyecto definitivo de Constitución, que, entre otras prácticas, prohíbe la pena de muerte y que ya ha sido aprobado, R. Considerando que en todo el mundo siguen aplicando la pena de muerte 43 países, y que el mayor número de ejecuciones tuvo lugar en China, Irán e Iraq; que China, por sí sola, llevó a cabo aproximadamente 5 000 ejecuciones, es decir, el 88 % del total mundial; que Irán aplicó la pena de muerte al menos a 402 personas, Iraq al menos a 77, y Arabia Saudí al menos a 69,
X. Considerando que 35 Estados de los 50 que componen los Estados Unidos de América aplican la pena de muerte, aunque 4 de ellos no han llevado a cabo ninguna ejecución desde 1976; que en 2009 las ejecuciones ascendieron a 52 casos, tras la conclusión de una moratoria de facto vigente entre septiembre de 2007 y mayo de 2008, aunque por séptimo año consecutivo el número de sentencias de muerte en los Estados Unidos de América descendió a 106,
5. Alienta a aquellos Estados que no han abolido la pena de muerte a que respeten las garantías de protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte establecidas en las salvaguardias del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; pide al Consejo y a la Comisión que insten a los países que todavía no hayan firmado ni ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a que lo hagan, al igual que a los Estados miembros que todavía no hayan firmado el Protocolo nº 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sobre la pena de muerte;
6. Pide a los Estados miembros de la OSCE, y en particular a los Estados Unidos y a Belarús, que adopten una moratoria inmediata de las ejecuciones;
7. Pide a Kazajstán y a Letonia que modifiquen las disposiciones de sus legislaciones nacionales que aún permiten la imposición de la pena de muerte por determinados delitos en circunstancias excepcionales;
8. Insta encarecidamente a los Estados miembros de la UE y a todos los coautores de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2007 y 2008 a que presenten, en el marco de una alianza transregional reforzada, una tercera resolución sobre la pena de muerte en el 65º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que debería abordar prioritariamente:
- la supresión del «secreto de Estado» en relación con la pena de muerte;
- la posición de un Enviado Especial, que no solo haría un seguimiento de la situación y ejercería presión para que se incremente la transparencia dentro de los sistemas de pena capital sino que también seguiría intentando convencer a los países que aún mantienen esta pena para que adoptaran la posición de Naciones Unidas de una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la misma; - el umbral de «delitos más graves» para la aplicación legal de la pena capital;
9. Pide a los Estados participantes en la OSCE que alienten a la Oficina de las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y a las misiones de la OSCE a que, en cooperación con el Consejo de Europa, lleven a cabo actividades de sensibilización contra la aplicación de la pena de muerte, especialmente ante los medios de comunicación, las autoridades policiales y judiciales, los responsables políticos y la opinión pública en general;
10. Pide a los Estados miembros de la OSCE que aún mantienen la pena de muerte que traten la información relativa a la misma de manera transparente, facilitando información pública sobre la identidad de las personas condenadas o ejecutadas, así como estadísticas sobre la aplicación de la pena, de conformidad con los compromisos de la OSCE;
11. Insta al Consejo y a la Comisión, especialmente teniendo presente la creación del SEAE, a que proporcionen directrices que permitan aplicar una política europea global y eficaz en materia de pena de muerte en lo que respecta a las docenas de personas identificadas sin duda como ciudadanos europeos que aguardan la ejecución en terceros países, política que debe incluir mecanismos sólidos y reforzados por lo que se refiere al sistema de identificación, la prestación de asistencia jurídica y las intervenciones legales y representaciones diplomáticas de la UE;
12. Alienta además las actividades de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la abolición de la pena de muerte, incluidas Hands Off Cain, Amnistía Internacional, Reforma Penal Internacional, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y la Federación Internacional de Helsinki para los derechos Humanos, Sant'Egidio y Reprieve; acoge favorablemente y respalda las recomendaciones sobre los instrumentos de la UE en la lucha contra la pena capital formuladas en el 12° Foro UE-ONG sobre Derechos Humanos;
13. Se compromete a vigilar la cuestión de la pena de muerte y a plantear casos específicos a las autoridades nacionales competentes, así como a examinar posibles alternativas y misiones ad hoc en los países que se resisten a abolir la pena de muerte, con objeto de instar a las autoridades gubernamentales a que adopten una moratoria de las ejecuciones con vistas a su completa abolición;
14. Pide al Consejo y a la Comisión que a la hora de concluir acuerdos con países que siguen aplicando la pena de muerte o con países que no han firmado la moratoria con vistas a abolir la pena de muerte les encarezcan a hacerlo;
15. Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros que continúen hablando con una sola voz y no olviden que el principal contenido político de la resolución debe ser la adopción de una moratoria a escala mundial como un paso esencial hacia la abolición de la pena de muerte;
16. Pide en particular a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que dé muestras de la prioridad política que otorga a la abolición de la pena de muerte planteando de manera sistemática la cuestión en sus contactos políticos con los países que la mantienen y mediante intervenciones personales periódicas en defensa de las personas en peligro de ejecución inminente;
17. Recuerda que la plena abolición de la pena de muerte sigue siendo uno de los principales objetivos de la política de derechos humanos de la Unión Europea; que considera que este objetivo sólo podrá alcanzarse mediante una estrecha colaboración entre los Estados y mediante educación, sensibilización, eficiencia y eficacia;
18. Alienta la cooperación regional en este sentido; constata que, por ejemplo, Mongolia estableció formalmente una moratoria de las ejecuciones en enero de 2010 y que, como consecuencia de ello, varios países que se resisten a abolir la pena de muerte han estado examinando la constitucionalidad de esta forma de castigo;
19. Pide al Consejo y a la Comisión que estudien posibles métodos para mejorar la aplicación y la eficacia de las Directrices de la UE sobre la pena de muerte durante la actual revisión de la política de la UE en materia de derechos humanos, en particular con vistas a la revisión prevista de las Directrices en 2011;
20. Pide al Consejo y a la Comisión que utilicen el Día Mundial y el Día Europeo contra la Pena de Muerte para dar relieve a los casos, entre otros, de Sakineh Mohamadi Ashtiani, Zahara Bahrami, Mumia Abu-Jamal, Troy Davis, Oleg Grishkovstov, Andrei Burdyko y Ebrahim Hamidi, Suliamon Olyfemi y Siti Zainab Binti Duhri Rupa; 21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
DO C 74E de 20.03.2008, p. 775.
Textos Aprobados, P7_TA(2009)0105.
DO C 16E de 22.1.2010, p. 71.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0246.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0290.
Textos Aprobados, P7_TA(2009)0060.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0016.
Textos Aprobados, P7_TA(2010)0310.
Última actualización: 5 de octubre de 2010Aviso jurídico

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