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Timestamp: 2017-10-17 16:43:04+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 1) de 14 de noviembre de 1990. Nulidad de actuaciones. Requisitos de las notificaciones - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 14 de noviembre de 1990
Nulidad de actuaciones: Irregularidad formal de las notificaciones por la falta de requisitos consistentes en la omisión de las circunstancias personales de los testigos: La intervención de los mismos tiene un carácter de garantía adicional y externa al núcleo principal. Presunción de veracidad de lo manifestado en las notificaciones salvo que se declare la falsedad del documento.
Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia número 18 de los de Madrid, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos a instancia de doña Carla, contra la [...] y don Juan María.
La parte actora formalizó demanda alegando como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó de aplicación, y terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que se declarase la nulidad de las dos diligencias que se practicaron el 10 de marzo de 1984, requiriendo al demandado la presentación de los títulos de propiedad y notificando a la esposa de éste el embargo del piso NUM000 D de la calle [...] número NUM001, de esta capital, así como la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, retrotrayendo los autos al último acto procesalmente válido.
Admitida a trámite la demanda, el demandado don Juan María la contestó, alegando como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado que en su día dictara sentencia declarando la validez de las actuaciones del Juzgado y, en consecuencia seguir con el otorgamiento judicial de la escritura pública del piso NUM000 -D de la [...] NUM001, de Madrid al mismo, adjudicatario de la subasta.
Asimismo la otra parte demandada en la persona de su Presidente don Rafael contestó la demanda y alegó como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó de aplicación, para terminar con la súplica de que se desestimara la demanda, declarando, en su caso, de oficio, a la vista de los autos debatidos y de las alegaciones expuestas, lo procedente en Derecho.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 20 de junio de 1985, cuyo fallo es como sigue: Fallo: Que desestimando la demanda formulada por el Procurador don Federico Bravo Nieves en nombre y representación de doña Carla, contra la [...] de esta capital, representada por el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, y contra don Juan María, representado por el Procurador don José Carbajo Membribe, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pronunciamientos instados en su contra en el suplico del escrito de demanda; con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante.
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la que fue Sala Primera de lo Civil, de la también entonces Audiencia Territorial de Madrid, dictó sentencia con fecha 1 de octubre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Carla, contra la sentencia dictada con fecha 20 de junio de 1985 por el Iltmo. señor Magistrado-Juez de Primera Instancia número 18 de esta capital, debemos confirmar como confirmamos íntegramente la misma, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Tercero.-Por la Procuradora de los Tribunales doña María del Pilar Calvo Díaz, en nombre y representación de doña Carla, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1 .º Inadmitido. 2.º Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del ordenamiento jurídico, concretamente el párrafo 1 ? del artículo 24 de la Constitución Española, en relación con los artículos 263 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el número 3.º del 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 7 de noviembre en que ha tenido lugar.
Primero.-Conviene señalar, con carácter previo, a la resolución del presente recurso que parece anómalo el cauce procesal, juicio declarativo de menor cuantía en pieza separada, elegido y aceptado en dos instancias para ventilar una nulidad de actuaciones, que se dice producida en trámite de ejecución de sentencia e instada por la cónyuge del actor en el proceso principal del que trae causa el presente en relación con cargas de la sociedad de gananciales. La supresión del incidente de nulidad de actuaciones, operada por Ley 34/84 no autoriza a sustituirlo por un juicio declarativo, sin más, pues, con ello, se conseguiría un efecto contrario al que pretendió el legislador al eliminarlo. Sólo el tercero que se viera directamente envuelto en una ejecución indebida ya sea por actos nulos, ya sea por actos inicuos, podría acudir a esta vía procesal tan amplia de oposición. El estado, sin embargo, al que han llegado las presentes actuaciones, nos aconseja entrar en el examen del motivo admitido, que es el segundo de los articulados, y único a considerar puesto que el primero fue inadmitido por auto de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. El motivo citado, residenciado en el artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se funda en la infracción del artículo 24.1 de la Constitución en relación con los artículos 203 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Segundo.-Centra la recurrente la impugnación en la defectuosa notificación de la existencia del procedimiento y embargo trabado en los bienes, realizada, a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, practicada por medio de cédula que se entregó a quien dijo ser su vecina, identificada por su nombre y apellidos, con las advertencias legales, el mismo día que se practicaba, también, por igual medio, la notificación en que se requería al marido a presentar en el Juzgado los títulos de propiedad del piso embargado. Tal circunstancia de simultaneidad revelaba mejor, en opinión de la recurrente, el incumplimiento, en relación con los requisitos de la notificación a la vecina, de la exigencia de hacer constar las circunstancias personales de los testigos requeridos al efecto por el actuario, por negarse a firmar la persona notificada, dado, según se insinuaba, que los expresados testigos podían no haber intervenido en atención a que los garabatos expresivos de la firma eran diferentes en cada caso. A este dato se une como otra circunstancia valorativa de la nulidad de las notificaciones, el examen testifical, practicado en las actuaciones, de la vecina en cuestión, que niega haber recibido la cédula, completando de esta manera las veladas insinuaciones sobre la falsedad documental de las diligencias respectivas.
Dos son las variantes del razonamiento confluyentes en el mismo fin que utiliza la parte recurrente. De un lado la irregularidad formal de las notificaciones por la falta de requisitos consistentes en la omisión de las circunstancias personales de los testigos. De otra la insinuación de falsedad al suponer que no intervinieron los testigos o que la cédula no se entregó a la vecina tal como se refleja en la correspondiente diligencia de notificación. El primer punto será examinado más adelante. En cuanto al segundo debe hacerse observar que entra de lleno en materia vedada al conocimiento del orden jurisdiccional civil. En principio, no cabe dudar de la legitimidad que ampara una razonable presunción de veracidad de las manifestaciones consignadas en las diligencias de los actos de comunicación que no pueden desvirtuarse en lo esencial salvo que se declare la falsedad del documento. Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1989, de 5 de octubre (Sala Primera. Recurso de amparo 929/1987) respecto de requisitos omitidos en una cédula de citación y estando la diligencia bajo la fe pública, en tanto no se declare judicialmente la repetida falsedad, hay que dar por sentada la regularidad legal en la notificación hecha.
Cuarto.-Ciñéndonos al punto segundo que presupone la existencia de las notificaciones, aunque no la concurrencia en las mismas de todos los requisitos exigibles según la Ley, el problema se reduce a determinar si la ausencia de determinados requisitos, en concreto, la omisión de las circunstancias personales de los testigos instrumentales, constituye una mera irregularidad o se erige en elemento indispensable para la validez del acto. Y la verdad es que no se altera la esencia del acto notificador con la omisión de los datos relativos a los testigos, máxime cuando la intervención de los mismos tiene un carácter de garantía adicional y externa al núcleo principal de aquél, como ha puesto de relieve la evolución legislativa posterior al eximir a la plenitud de la fe pública de la intervención adicional de testigos. ( Artículo 281.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ); lo que ha llevado a la Sentencia del Tribunal Constitucional, ante citada, a establecer, «en cuanto a la firma de los dos testigos que reciben la cédula y no quieren firmar con indicación de las circunstancias de los mismos, a lo que se refiere el último párrafo del artículo 268, en relación con el 265, es claro que hoy no es exigible ante la intervención del Secretario y la plenitud de la fe pública que ello comporta, conforme al artículo 281.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ».
Quinto.-A mayor abundamiento debe consignarse que la invocada indefensión del artículo 238.3.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la más general del artículo 24.1 de la Constitución en ningún caso se ha producido porque no se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento, ni se han infringido los principios que enumera, pues, como establece con fuerza de hechos probados la sentencia recurrida, las partes notificadas, tuvieron en su día cumplido conocimiento de los actos notificados o como señala, con el mismo carácter la sentencia de primera instancia aceptada por la alzada, no cabe hablar de indefensión cuando la cónyuge, «conocía la existencia del proceso e incluso la sentencia dictada en su contra». Todas las consideraciones efectuadas nos llevan al mismo resultado desestimatorio del recurso.
Sexto.-De acuerdo con la preceptiva regla que establece el número 4.º, párrafo 2:.º del artículo 1.715, las costas de este recurso deben imponerse a la recurrente y declarar la pérdida del depósito constituido.
Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María del Pilar Calvo Díaz, en nombre y representación de doña Carla contra la sentencia de primero de octubre de mil novecientos ochenta y siete, dictada por la entonces Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid en las actuaciones de que se trata, con la imposición a la recurrente de las costas en él causadas y pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Barcala Trillo Figueroa.-Francisco Morales Morales.-Jesús Marina Martínez Pardo.-José Almagro Nosete.-Matías Malpica González Elipe.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don José Almagro Nosete, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estas actuaciones, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.

References: artículo 1
 artículo 24
 resolución 
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 238
 artículo 144
 Artículo 281
 artículo 268
 artículo 281
 artículo 238
 artículo 24
 artículo 1