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Timestamp: 2019-08-22 18:24:45+00:00

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Reglamento (CE) no 75/2008 del Consejo, de 28 de enero de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1207/2001, relativo a los procedimientos destinados a facilitar la expedición o la extensión en la Comunidad de pruebas de origen y la expedición de determinadas autorizaciones de exportador autorizado en aplicación de las disposiciones que regulan los intercambios preferenciales entre la Comunidad Europea y determinados países ( 1 )
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión codificada) ( 1 )
Directiva 2008/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa al campo de visión y a los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Versión codificada) ( 1 )
Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, relativa a las disposiciones nacionales notificadas por la República de Austria sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero [notificada con el número C(2007) 6646] ( 1 )
REGLAMENTO (CE) N o 75/2008 DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1207/2001, relativo a los procedimientos destinados a facilitar la expedición o la extensión en la Comunidad de pruebas de origen y la expedición de determinadas autorizaciones de exportador autorizado en aplicación de las disposiciones que regulan los intercambios preferenciales entre la Comunidad Europea y determinados países
El Reglamento (CE) no 1207/2001 (1), establece las disposiciones que rigen la correcta expedición o extensión de pruebas de origen en lo relativo a las exportaciones de productos de la Comunidad en el contexto de sus relaciones comerciales preferenciales con determinados terceros países.
Los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 1207/2001 deben modificarse para garantizar la indicación correcta del origen de las materias utilizadas para la fabricación de productos originarios en la Comunidad.
Por tanto, debe modificarse en consecuencia el Reglamento (CE) no 1207/2001.
El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo I del presente Reglamento.
Las declaraciones del proveedor relativas a productos de origen no preferencial expedidas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento seguirán siendo válidas.
(1) DO L 165 de 21.6.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1617/2006 (DO L 300 de 31.10.2006, p. 5).
Declaración del proveedor para productos que no tienen el carácter de originarios a título preferencial
La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie de página. No será necesario reproducir las notas a pie de página.
Declaración del proveedor a largo plazo para productos que no tienen el carácter de originarios a título preferencial
REGLAMENTO (CE) N o 76/2008 DE LA COMISIÓN
del Reglamento de la Comisión, de 28 de enero de 2008, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
REGLAMENTO (CE) N o 77/2008 DE LA COMISIÓN
por el que se determinan las entregas obligatorias de azúcar de caña que deben importarse en virtud del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India en el período de entrega 2007/08
El artículo 12 del Reglamento (CE) no 950/2006 de la Comisión, de 28 de junio de 2006, por el que se establecen, para las campañas de comercialización 2006/07, 2007/08 y 2008/09, las disposiciones de aplicación para la importación y el refinado de productos del sector del azúcar en el marco de determinados contingentes arancelarios y acuerdos preferenciales (2), contiene las disposiciones relativas a la determinación de las entregas obligatorias libres de derechos para los productos del código NC 1701, expresadas en equivalente de azúcar blanco, en lo que concierne a las importaciones originarias de países que son signatarios del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India.
Como resultado de la aplicación de los artículos 3 y 7 del Protocolo ACP, de los artículos 3 y 7 del Acuerdo con la India y del artículo 12, apartado 3, y los artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) no 950/2006, la Comisión ha determinado las entregas obligatorias para cada país exportador en lo que concierne al período de entrega 2007/08, sobre la base de la información actualmente disponible.
El Reglamento (CE) no 505/2007 de la Comisión (3) determina provisionalmente las cantidades de entrega obligatoria de caña de azúcar que deben importarse en virtud del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India en el período de entrega 2007/08.
Por consiguiente, es necesario determinar las entregas obligatorias para el período de entrega 2007/08 con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 950/2006.
Las entregas obligatorias para las importaciones originarias de países que son signatarios del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India en lo que se refiere a los productos del código NC 1701 para el período de entrega 2007/08 y para cada país exportador, expresadas en equivalente de azúcar blanco, son las que se indican en el anexo.
(3) DO L 119 de 9.5.2007, p. 22.
Entregas obligatorias para las importaciones de azúcar preferente originario de países que son signatarios del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India para el período de entrega 2007/08, expresadas en equivalente de azúcar blanco:
La Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de visión y los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (3), ha sido modificada en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor claridad y racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva.
La Directiva 74/347/CEE es una de las Directivas específicas del sistema de homologación CE previsto por la Directiva 74/150/CEE, sustituida por la Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos (5), y establece las prescripciones técnicas relativas a la concepción y construcción de tractores agrícolas o forestales de ruedas en lo relativo al campo de visión y a los limpiaparabrisas. Dichas prescripciones técnicas persiguen la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con vistas a la aplicación, para cada tipo de tractor, del procedimiento de homologación CE previsto por la Directiva 2003/37/CE. Por consiguiente, las disposiciones de la Directiva 2003/37/CE relativas a los tractores agrícolas o forestales, sus remolques y su maquinaria intercambiable remolcada, así como a los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos, son aplicables a la presente Directiva.
1. Se entiende por «tractor agrícola o forestal», cualquier vehículo de motor, con ruedas u orugas, de dos ejes como mínimo, cuya función resida fundamentalmente en su potencia de tracción y que esté especialmente concebido para arrastrar, empujar, llevar o accionar determinados aperos, máquinas o remolques destinados a ser empleados en la explotación agrícola o forestal. Podrá estar equipado para transportar carga y acompañantes.
(1) DO C 161 de 13.7.2007, p. 35.
(3) DO L 191 de 15.7.1974, p. 5. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 97/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 277 de 10.10.1997, p. 24).
(5) DO L 171 de 9.7.2003, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/96/CE del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 81).
Por «campo de visión» se entiende la totalidad de las direcciones hacia adelante y hacia los lados que abarca con su vista el conductor del tractor.
Por «punto de referencia» se entiende la posición, determinada convencionalmente, de los ojos del conductor del tractor reunidos imaginariamente en un punto. Este punto de referencia se sitúa en el plano paralelo al plano medio longitudinal del tractor que pasa por el centro del asiento, a 700 mm en la vertical por encima de la línea de intersección de este plano con la superficie del asiento, y a 270 mm —en dirección al apoyo de la pelvis— del plano vertical tangente al borde delantero de la superficie del asiento y perpendicular al plano medio longitudinal del tractor (figura 1). El punto de referencia así determinado será válido para el asiento vacío, en la posición media de ajuste indicada por el fabricante del tractor.
Por «semicírculo de visión» se entiende el semicírculo descrito por un radio de 12 m alrededor de un punto situado en el plano horizontal de la carretera en la vertical por debajo del punto de referencia, de forma que el arco —visto en el sentido de la marcha— quede delante del tractor, y el diámetro que delimita el semicírculo forme un ángulo recto con el eje longitudinal del tractor (figura 2).
Por «efecto de ocultación» se entiende las cuerdas de los sectores del semicírculo de visión que no pueden verse a causa de elementos de construcción, como, por ejemplo, los montantes de techo, los tubos de aspiración de aire o de escape y el bastidor del parabrisas.
Por «sector de visión» se entiende la parte del campo de visión delimitada:
en el plano de la carretera,
Por «campo de acción de los limpiaparabrisas» se entiende el sector de la superficie exterior del parabrisas barrido por los limpiaparabrisas.
2.2.1.3. Los efectos de ocultación producidos por elementos contiguos de construcción de más de 80 mm de anchura deberán disponerse de forma que, entre el centro de dos de dichos efectos haya una distancia de, al menos, 2 200 mm, medida como cuerda del semicírculo de visión.
2.2.1.5. No obstante, fuera del sector de visión, se autorizarán los efectos de ocultación superiores a 700 mm pero inferiores a 1 500 mm, cuando los elementos de construcción que los originen no puedan ni tener otra forma ni estar situados de otro modo; de cada lado, podrá haber un total de o bien dos efectos de ocultación de dicho tipo que no sobrepasen 700 mm y 1 500 mm, respectivamente, o bien dos efectos de ocultación de dicho tipo de los cuales ninguno sobrepase 1 200 mm.
es la distancia en milímetros entre el elemento que oculta la visión y el punto de referencia, medida a lo largo del radio visual que une el punto de referencia, el centro del elemento y el perímetro del semicírculo de visión, y
es la anchura en milímetros del elemento que oculta la visión medida horizontal y perpendicularmente al radio visual.
Directiva 74/347/CEE del Consejo
(DO L 191 de 15.7.1974, p. 5)
Directiva 79/1073/CEE de la Comisión
(DO L 331 de 27.12.1979, p. 20)
Únicamente en lo relativo a las referencias hechas en el artículo 1 a la Directiva 74/347/CEE
Únicamente en lo relativo a las referencias hechas en el artículo 1, apartado 1, a la Directiva 74/347/CEE
2 de enero de 1976 (1)
(1) De conformidad con el artículo 3 bis, insertado por el artículo 1, punto 2, de la Directiva 79/1073/CEE:
«1. A partir del 1 de mayo de 1980, los Estados miembros no podrán:
ni denegar, para un tipo de tractor, la homologación CEE o la concesión del documento mencionado en el artículo 10, apartado 1, último guión, de la Directiva 74/150/CEE, o la homologación de alcance nacional,
ni prohibir la puesta en circulación de los tractores,
por motivos referentes al campo de visión de los tractores, si el campo de visión de dicho tipo de tractor o de dichos tractores cumpliere las disposiciones de la presente Directiva.
2. A partir del 1 de octubre de 1980, los Estados miembros:
no podrán ya conceder el documento mencionado en el artículo 10, apartado 1, último guión, de la Directiva 74/150/CEE para un tipo de tractor cuyo campo de visión no cumpla las disposiciones de la presente Directiva,
podrán denegar la homologación de alcance nacional de un tipo de tractor cuyo campo de visión no responda a las prescripciones de la presente Directiva.
3. A partir del 1 de enero de 1983, los Estados miembros podrán prohibir la puesta en circulación de los tractores cuyo campo de visión no responda a las prescripciones de la presente Directiva.».
Nota (*) de pie de tabla del anexo II
Anexo, puntos 1 a 2.3
Anexo I, puntos 1 a 2.3
Anexo, punto 2.4
Anexo, punto 2.5
Anexo I, punto 2.4
Anexo, punto 2.6
Anexo I, punto 2.5
Las peticiones de decisión prejudicial que pueden presentarse al Tribunal de Justicia en las materias contempladas en el título VI del Tratado de la Unión Europea o en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que tienen por objeto el mantenimiento y desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, requieren en ciertos casos una respuesta rápida del Tribunal, a causa de la urgencia con que debe resolverse el asunto ante el juez nacional.
En tales casos, el procedimiento prejudicial ordinario, tal y como está regulado por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia y las disposiciones del Reglamento de procedimiento, no permite que el Tribunal se pronuncie con la celeridad necesaria sobre las cuestiones que se le han sometido. El procedimiento acelerado establecido en el artículo 104 bis del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia para las peticiones de decisión prejudicial consta de las mismas fases que el procedimiento prejudicial ordinario y sólo cabría aplicarlo con carácter excepcional, ya que la aceleración se consigue principalmente atribuyendo a la petición de decisión prejudicial de que se trate la prioridad en todas las fases del procedimiento frente a todos los demás asuntos pendientes.
El Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adoptado el 19 de junio de 1991 (DO L 176 de 4.7.1991, p. 7, con corrección de errores en el DO L 383 de 29.12.1992, p. 117), en su versión modificada el 21 de febrero de 1995 (DO L 44 de 28.2.1995, p. 61), el 11 de marzo de 1997 (DO L 103 de 19.4.1997, p. 1, con corrección de errores en el DO L 351 de 23.12.1997, p. 72), el 16 de mayo de 2000 (DO L 122 de 24.5.2000, p. 43), el 28 de noviembre de 2000 (DO L 322 de 19.12.2000, p. 1), el 3 de abril de 2001 (DO L 119 de 27.4.2001, p. 1), el 17 de septiembre de 2002 (DO L 272 de 10.10.2002, p. 24, con corrección de errores en el DO L 281 de 19.10.2002, p. 24), el 8 de abril de 2003 (DO L 147 de 14.6.2003, p. 17), el 19 de abril de 2004 (DO L 132 de 29.4.2004, p. 2), el 20 de abril de 2004 (DO L 127 de 29.4.2004, p. 107), el 12 de julio de 2005 (DO L 203 de 4.8.2005, p. 19), el 18 de octubre de 2005 (DO L 288 de 29.10.2005, p. 51) y el 18 de diciembre de 2006 (DO L 386 de 29.12.2006, p. 44), queda modificado como sigue:
«§ 1 El Tribunal constituirá en su seno Salas de cinco y de tres Jueces, de conformidad con el artículo 16 del Estatuto, y decidirá la adscripción de los Jueces a las mismas.
La adscripción de los Jueces a las Salas y la designación de la Sala o Salas encargadas de tramitar los asuntos contemplados en el artículo 104 ter se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.».
En el apartado 2, se añaden los dos párrafos siguientes:
«Para los asuntos contemplados en el artículo 104 ter, se elegirá al Juez Ponente entre los Jueces de la Sala designada según lo dispuesto en el apartado 1, a propuesta del Presidente de dicha Sala. Si la Sala decide no tramitar el asunto mediante el procedimiento de urgencia, el Presidente del Tribunal podrá atribuir de nuevo el asunto designando un Juez Ponente adscrito a otra Sala.
En caso de ausencia o impedimento de un Juez Ponente, el Presidente del Tribunal adoptará las medidas necesarias.».
A continuación del artículo 104 bis se añade el siguiente texto:
«Artículo 104 ter
§ 1 A petición del órgano jurisdiccional nacional o, excepcionalmente, de oficio, una petición de decisión prejudicial en la que se planteen una o varias cuestiones relativas a las materias contempladas en el título VI del Tratado de la Unión o en el título IV de la tercera parte del Tratado CE podrá tramitarse mediante un procedimiento de urgencia que contenga excepciones a las disposiciones del presente Reglamento.
§ 2 Cuando la aplicación del procedimiento de urgencia a la petición de decisión prejudicial mencionada en el apartado anterior haya sido solicitada por el órgano jurisdiccional nacional o cuando el Presidente haya solicitado a la Sala designada que examine si es necesario aplicar dicho procedimiento a la petición, el Secretario se encargará de que dicha petición se notifique de inmediato a las partes en litigio ante el órgano jurisdiccional nacional, al Estado miembro del que dependa dicho órgano y a las Instituciones mencionadas en el artículo 23, párrafo primero, del Estatuto, con arreglo a lo establecido en dicha disposición.
§ 3 La petición de decisión prejudicial tramitada mediante el procedimiento de urgencia y las alegaciones u observaciones escritas presentadas serán notificadas a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto que no figuren entre las partes e interesados contemplados en el párrafo primero del apartado anterior. El texto de la petición de decisión prejudicial estará acompañado de una traducción, en su caso resumida, en las condiciones que determina el artículo 104, apartado 1.
§ 4 En casos de extrema urgencia, la Sala podrá decidir omitir la fase escrita del procedimiento contemplada en el apartado 2, párrafo segundo, del presente artículo.
§ 5 La Sala designada resolverá la cuestión prejudicial, oído el Abogado General.
Dicha Sala podrá decidir sustanciar el asunto en una formación de tres Jueces. Si así fuere, la formación estará compuesta por el Presidente de la Sala designada, el Juez Ponente y el primero de los Jueces o, en su caso, los dos primeros Jueces que resulten de la lista mencionada en el artículo 11 quater, apartado 2, al determinarse la composición de la Sala designada, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo cuarto, del presente artículo
§ 6 Los escritos procesales contemplados en el presente artículo se considerarán presentados al remitirse a la Secretaría, por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal, una copia del original firmado y de los documentos justificativos invocados, junto con la relación de los mismos mencionada en el artículo 37, apartado 4. El original del escrito y los anexos a los que se ha hecho referencia serán remitidos a la Secretaría del Tribunal.
Las notificaciones y comunicaciones contempladas en el presente artículo podrán efectuarse mediante transmisión de una copia del documento por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que dispongan el Tribunal y el destinatario.».
Hecho en Luxemburgo, el 15 de enero de 2008.
por la que se modifica el Protocolo del Estatuto del Tribunal de Justicia
El procedimiento de urgencia puede prever, además, la limitación de las partes y otros interesados contemplados en el artículo 23, autorizados a presentar alegaciones u observaciones escritas, y, en casos de extrema urgencia, la omisión de la fase escrita del procedimiento.».
La presente Decisión entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Consejo solicita al Tribunal que facilite, en la nota informativa sobre la introducción de los procedimientos prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales, indicaciones útiles para dichos órganos jurisdiccionales por lo que se refiere a los casos en los que procede solicitar la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia, en particular debido a los breves plazos impuestos por la legislación nacional o comunitaria o por consecuencias serias para la persona de que se trate. El Consejo solicita al Tribunal que aplique el procedimiento prejudicial de urgencia en situaciones de privación de libertad.
El Consejo toma nota de la intención del Tribunal de velar, teniendo en cuenta el grado de urgencia del asunto, por que los Estados miembros dispongan, para la elaboración de posibles observaciones escritas y para la preparación de sus alegaciones, del tiempo y de las traducciones necesarias para garantizar una participación efectiva y útil en el procedimiento. El Consejo pide al Tribunal que procure que los plazos a este respecto no sean en principio inferiores a diez días hábiles, y a que adapte el procedimiento verbal a las necesidades del procedimiento de urgencia. El Consejo tiene en cuenta que el procedimiento prejudicial de urgencia debería concluirse en un plazo de tres meses.
Por último, el Consejo toma nota de la intención del Tribunal de garantizar, como para cualquier procedimiento que incoe, la transparencia en la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia y le ruega que presente, a más tardar tres años después de la entrada en vigor de este procedimiento, un informe —cuyos datos serán objeto de una actualización anual— sobre la aplicación del mismo y, en particular, la práctica seguida por el Tribunal en cuanto a las decisiones de poner en marcha o no el procedimiento de urgencia.
relativa a las disposiciones nacionales notificadas por la República de Austria sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero
[notificada con el número C(2007) 6646]
El 29 de junio de 2007, la República de Austria informó a la Comisión, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) no 842/2006 sobre determinados gases de efecto invernadero, acerca de las disposiciones nacionales adoptadas en 2002 [BGBl. II No 447/2002-Orden del Ministro federal de agricultura, bosques, medio ambiente y gestión del agua relativa a la prohibición y restricción de los hidrocarburos parcial y totalmente fluorados y del hexafluoruro de azufre (Orden HFC-PFC-SF6), publicada en el Boletín Oficial Federal de 10 de diciembre de 2002] y modificada posteriormente por la Orden BGBl. II no 139/2007 de 21.6.2007.
En dicha carta, el Gobierno austriaco indica que la República de Austria pretende mantener hasta el 31 de diciembre de 2012 disposiciones nacionales más estrictas que las establecidas en el Reglamento, de acuerdo con el artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) no 842/2006.
1.1. ARTÍCULO 95, APARTADOS 4, 5 Y 6, DEL TRATADO CE
El artículo 95, apartado 4, del Tratado dispone que si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro considera necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro debe notificar a la Comisión esas disposiciones y los motivos de su mantenimiento.
El artículo 95, apartado 5, del Tratado CE dispone que, sin perjuicio del apartado 4, si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimara necesario establecer disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, el Estado miembro debe notificar a la Comisión las disposiciones previstas, así como los motivos de su adopción.
De conformidad con el artículo 95, apartado 6, la Comisión debe aprobar o rechazar, en un plazo de seis meses a partir de la notificación, las disposiciones nacionales en cuestión, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.
1.2. REGLAMENTO (CE) No 842/2006
El Reglamento (CE) no 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero tiene por objeto prevenir y contener las emisiones de determinados gases fluorados (HFC, PFC y SF6) regulados por el Protocolo de Kioto.
Además, impone una serie de prohibiciones de uso y comercialización cuando se considera que existen alternativas rentables a nivel comunitario y en los casos en que no resulta factible la mejora de la contención y la recuperación.
El Reglamento tiene una base jurídica doble: el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, con respecto a todas las disposiciones, y el artículo 95 del Tratado CE, en el caso de los artículos 7, 8 y 9, debido a sus implicaciones en cuanto a la libre circulación de mercancías en el mercado único comunitario.
El artículo 9 del Reglamento se refiere a la comercialización y, en concreto, la prohíbe en el caso de algunos productos y aparatos que contienen gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Reglamento o cuyo funcionamiento depende de los mismos. Su apartado 3, letra a), establece que los Estados miembros que hayan adoptado, antes del 31 de diciembre de 2005, medidas nacionales más estrictas que las establecidas en ese artículo, incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento, pueden mantenerlas hasta el 31 de diciembre de 2012. De acuerdo con su apartado 3, letra b), esas medidas deben notificarse a la Comisión junto con las razones que las motivan, y deben ser compatibles con el Tratado.
El Reglamento debe aplicarse con efectos a partir del 4 de julio de 2007, salvo por lo que respecta al artículo 9 y al anexo II, que son aplicables desde el 4 de julio de 2006.
Las disposiciones nacionales notificadas por la República de Austria se introdujeron en virtud de la Orden no 447/2002, de 10 diciembre de 2002, modificada por la Orden no 139/2007, de 21 de junio de 2007.
La Orden no 447/2002 modificada por la Orden no 139/2007 (en lo sucesivo, «la Orden») se refiere a gases de efecto invernadero considerados en el Protocolo de Kioto, la mayor parte de los cuales encierra un elevado potencial de calentamiento atmosférico, a saber, los hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), y tiene como objetivo permitir a Austria cumplir sus objetivos en materia de reducción de emisiones.
La Orden impone la prohibición de comercialización y utilización de los gases de efecto invernadero antes citados y de su uso en determinados aparatos, unidades y productos, a menos que se utilicen para fines de investigación, desarrollo y análisis. En los artículos 4 a 17 de la Orden figuran las disposiciones detalladas sobre las prohibiciones y las condiciones de autorización.
La modificación de 2007 tiene en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional de Austria de anular (mediante decisiones de 9 de junio de 2005 y de 1 de diciembre de 2005, publicadas en el Boletín Oficial Federal de 9 de agosto de 2005 y de 24 de febrero de 2006, respectivamente) el valor límite del potencial de calentamiento atmosférico (3 000) para los HFC, establecido en el artículo 12, apartado 2, línea 3, de la Orden no 447/2002, así como la cláusula de excepción establecida en su artículo 12, apartado 2, línea 3, letra a), indicando la razón por las que resultan ilegales.
Además, la modificación de 2007 permite cierta flexibilidad respecto a las restricciones aplicables al sector de la refrigeración y del aire acondicionado, con vistas a su adaptación a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 842/2006. Los sistemas móviles de refrigeración y aire acondicionado dejan de estar regulados por la Orden modificada. Por lo que respecta a las aplicaciones fijas, la prohibición se aplica únicamente a pequeños aparatos en unidades con una carga refrigerante igual o inferior a 150 g y a equipos autónomos con una carga refrigerante igual o superior a 20 kg. En el caso de las demás aplicaciones, se definen parámetros técnicos que garantizan que no se utilice una cantidad de refrigerantes mayor que la necesaria de acuerdo con los conocimientos actualmente disponibles. También se han introducido modificaciones respecto a los aerosoles que contienen HFC y al uso de hexafluoruro de azufre, con el fin de ajustarlos a la normativa comunitaria.
Por carta de 1 de agosto de 2007, la Comisión acusó recibo de la notificación a las autoridades austriacas y les informó de que el plazo de seis meses de que disponía para examinarla, tal como establece el artículo 95, apartado 6, había dado comienzo el 30 de junio de 2007, día siguiente al de la recepción de la notificación.
Por carta de 12 de octubre de 2007, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la notificación y les concedió un plazo de 30 días para que presentaran sus eventuales observaciones. La Comisión publicó asimismo una comunicación relativa a la notificación en el Diario Oficial de la Unión Europea (2), con objeto de informar a otros posibles interesados sobre las disposiciones nacionales de Austria, así como sobre los motivos aducidos a tal efecto.
1. ESTUDIO DE LA ADMISIBILIDAD
La presente notificación ha sido examinada a la luz del artículo 95, apartados 4 y 5, del Tratado CE y de acuerdo con el Reglamento (CE) no 842/2006.
El artículo 95, apartado 4, se refiere a los casos en que, tras la adopción de una medida de armonización, un Estado miembro considera necesario mantener disposiciones nacionales justificadas por alguna de las razones importantes previstas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente.
Sin embargo, dado que las medidas adoptadas en 2002 han sido modificadas en 2007, es conveniente examinar si el artículo 95, apartado 5, se aplica a las disposiciones de la Orden que fueron modificadas tras la adopción del Reglamento (CE) no 842/2006. En caso de que tales disposiciones hayan modificado el contenido de las disposiciones promulgadas antes de la medida de armonización, debían haber sido notificadas a la Comisión antes de la adopción y justificadas sobre la base de nuevas pruebas científicas, debido a la existencia de un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización.
Del análisis del acto modificativo se desprende que las modificaciones introducidas en 2007 tienen como objetivo suprimir disposiciones (artículos 10 y 12 de la Orden modificativa), reducir su ámbito de aplicación a aplicaciones o productos más específicos sin añadir nuevos requisitos (puntos 1, 3 y 10 de la Orden modificativa), o introducir nuevas posibilidades de exención a las restricciones impuestas por la Orden de 2002 (artículos 6 y 7 de la Orden modificativa). Se han introducido, además, referencias al Reglamento (CE) no 842/2006 y una serie de requisitos explícitos que tienen en cuenta las medidas de armonización (artículos 1, 8 y 9 de la Orden modificativa).
No se ha detectado ninguna medida que haya modificado el contenido de las disposiciones promulgadas antes de la adopción de la medida de armonización mediante la introducción de restricciones suplementarias. Por consiguiente, esta modificación no ha establecido nuevas medidas que deban considerarse más estrictas que el Reglamento (CE) no 842/2006, sino que reduce su incidencia en el mercado interior. Es conveniente por lo tanto aplicar el artículo 95, apartado 4, a efectos de la evaluación de todas las disposiciones de la Orden, incluidas las modificadas en 2007.
Sin embargo, la Orden sigue incluyendo disposiciones más estrictas que el Reglamento (CE) no 842/2006, ya que impone la prohibición de la importación, la venta y el uso de nuevos productos que contienen gases fluorados después del 1 de enero de 2006, así como la prohibición de la importación, la venta y el uso de gases fluorados nuevos o recuperados, después de dicha fecha, mientras que el Reglamento impone una prohibición menos restrictiva de la comercialización, ya que solo se aplica a los productos enumerados en su anexo II. El Reglamento solo impone además restricciones al uso de SF6, mientras que la medida austriaca controla también el uso de los HFC y PFC. Al ampliar las prohibiciones en materia de comercialización y control del uso, la Orden es más estricta que la normativa actualmente vigente a nivel comunitario.
La República de Austria aduce que la referida legislación es necesaria para permitirle cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo de Kioto, a saber, la reducción en un 13 % de aquí a 2012 del total de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el nivel de 1990, lo que, posiblemente, exige un esfuerzo concertado por controlar todas las fuentes de emisión de dichos gases.
La compatibilidad de las medidas se examina sobre la base del artículo 95, apartados 4 y 6, teniendo en cuenta el Reglamento (CE) no 842/2006. Según el artículo 95, apartado 4, la notificación debe ir acompañada de una descripción de los motivos relativos a una o varias de las razones importantes previstas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente.
A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que la solicitud presentada por la República de Austria con vistas a obtener la autorización de mantener sus disposiciones nacionales sobre determinados gases industriales de efecto invernadero es admisible con arreglo al artículo 95, apartado 4, del Tratado CE.
De conformidad con el artículo 95, apartados 4 y 6, párrafo primero, del Tratado CE, la Comisión debe comprobar si se cumplen todas las condiciones que permiten a un Estado miembro mantener disposiciones nacionales que constituyan una excepción a una medida de armonización comunitaria prevista en ese mismo artículo. En particular, las disposiciones nacionales deben justificarse por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 del Tratado o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, no debe tratarse de un medio de discriminación arbitraria ni de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros ni deben constituir un obstáculo al funcionamiento del mercado interior desproporcionado o innecesario.
2.1. LA CARGA DE LA PRUEBA
Al examinar si las medidas nacionales notificadas con arreglo al artículo 95, apartado 4, están justificadas, la Comisión debe basarse en los motivos aducidos por el Estado miembro que ha presentado la notificación. Ello significa que, con arreglo a las disposiciones del Tratado CE, la responsabilidad de demostrar que esas medidas están justificadas incumbe al Estado miembro que desea mantenerlas.
2.2. JUSTIFICACIÓN BASADA EN LAS RAZONES IMPORTANTES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 30 O RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE O DEL MEDIO DE TRABAJO
2.2.1. Posición de Austria
Para justificar el mantenimiento de sus disposiciones nacionales, las autoridades austriacas alegan el compromiso suscrito por la República de Austria en el marco del Protocolo de Kioto. La adopción de la Orden contribuye al cumplimiento del compromiso de Austria de reducir las emisiones de aquí a 2012 en un 13 % por debajo del nivel de 1990, lo que corresponde a un nivel máximo de las emisiones de 67 millones de toneladas de equivalentes de CO2.
Austria ha presentado un estudio de mayo de 2006 titulado «Examen del estado de la técnica en ámbitos específicos de aplicación de gases fluorados con un potencial de calentamiento atmosférico». Según este estudio, los gases fluorados objeto de la Orden representan más del 2 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Austria desde 2003 y, según las previsiones, esta cifra se va a duplicar de aquí a 2010, aproximadamente. Por consiguiente, la Orden forma parte integrante de la estrategia nacional sobre el clima.
El Gobierno austriaco considera que la finalidad de la Orden es proteger el medio ambiente, y que es necesaria y proporcionada en términos de prevención y reducción de las emisiones de gases fluorados. En su opinión, pues, es compatible con el Tratado.
2.2.2. Evaluación de la posición de Austria
Tras examinar la información presentada por Austria, la Comisión considera que la solicitud de mantener medidas más estrictas que las establecidas en el Reglamento (CE) no 842/2006, especialmente como consecuencia de la armonización de las mismas con el citado Reglamento, puede considerarse compatible con el Tratado por las razones que se exponen a continuación.
La Orden no 447/2002 fue objeto de un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en 2004, es decir, antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 842/2006. En la carta de emplazamiento enviada a Austria, la Comisión señalaba que la prohibición de los HFC en los sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire podía considerarse desproporcionada, ya que se trata de sistemas cerrados y, siempre que se pueda garantizar un funcionamiento, mantenimiento y reciclado adecuados, se pueden mantener a niveles mínimos las emisiones de HFC.
Dicho procedimiento estaba basado en los artículos 28 a 30 del Tratado CE. Tras la adopción del Reglamento (CE) no 842/2006 y la notificación por parte de Austria de medidas nacionales más estrictas en virtud del artículo 9, apartado 3, del citado Reglamento, se archivó el procedimiento de infracción.
En la carta de emplazamiento, la Comisión opinaba que las medidas austriacas podían ser contrarias al artículo 28 del Tratado por las razones siguientes: en primer lugar, la prohibición del uso de HFC como agentes de refrigeración y congelación no parece proporcionada ni necesaria para garantizar la reducción adecuada, por medios razonables y eficaces, de las emisiones de gases de efecto invernadero con vistas a la protección del medio ambiente. En segundo lugar, por lo que respecta al uso de los HFC como agentes de extinción, la Comisión consideraba que el potencial de calentamiento atmosférico previsto en la Orden podía constituir una discriminación arbitraria con respecto a los productos de otros Estados miembros.
Estas cuestiones se tuvieron en cuenta en la Orden modificativa no 139/2007. A raíz de la modificación de la Orden en 2007, se levantaron y flexibilizaron algunas de las prohibiciones, por lo que las medidas notificadas no constituirán un obstáculo al funcionamiento del mercado interior, de conformidad con el artículo 95, apartado 6, del Tratado CE.
Por lo que respecta al uso de los HFC en los aparatos y aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, la prohibición revisada ya no se aplica a los aparatos destinados al enfriamiento de ordenadores, independientemente de la carga, a los aparatos cuya carga oscile entre 150 g y un máximo de 20 kg, a las unidades autónomas con una carga refrigerante de hasta 20 kg, a las unidades compactas con una carga de 0,5 kg por kw ni a las grandes unidades fijas interconectadas con una carga de hasta 100 kg. La prohibición no se aplica por lo tanto a la mayoría de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Estas modificaciones tienen en cuenta el estudio de mayo de 2006 presentado a la Comisión. La prohibición del uso de los HFC como agentes de extinción fue levantada en el contexto de la revisión.
2.2.2.1. Justificación medioambiental
Con arreglo al Protocolo de Kioto, la CE se ha comprometido a reducir conjuntamente en el período 2008-2012 las emisiones de gases de efecto invernadero de sus Estados miembros un 8 %, como mínimo, por debajo de los niveles registrados en 1990. Durante los debates mantenidos posteriormente en la CE, la República de Austria se comprometió a reducir su nivel global de emisiones de gases de efecto invernadero un 13 % durante ese período (3).
La Orden forma parte de una estrategia más amplia implantada por Austria, con el fin de cumplir su objetivo de reducción de las emisiones en el marco del Protocolo de Kioto y el posterior acuerdo sobre el reparto de la carga adoptado a escala comunitaria.
Esta estrategia abarca todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero reguladas por el Protocolo de Kioto. Las medidas relativas a los gases fluorados forman parte por lo tanto del esfuerzo global realizado por Austria para cumplir sus obligaciones. Según las previsiones, las emisiones de estos gases se van a duplicar de aquí a 2010, a falta de nuevas medidas, debido a una mayor utilización de la refrigeración y también como consecuencia del abandono progresivo de los HCFC en el sector de la refrigeración, en virtud del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (4).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Comisión considera razonable y válida la justificación medioambiental proporcionada por Austria, a saber, la reducción y prevención de las emisiones de gases fluorados.
2.2.2.2. Pertinencia y proporcionalidad de la Orden austriaca respecto al objetivo de conseguir nuevas reducciones de gases fluorados de efecto invernadero
Con objeto de reducir y prevenir aún más las emisiones de gases fluorados, Austria decidió optar ya en 2002 por la prohibición selectiva de la comercialización de aparatos nuevos. Dicha decisión se basó en investigaciones destinadas a comprobar la existencia y disponibilidad de alternativas sin gases fluorados. Las medidas fueron revisadas posteriormente, concretamente en 2006, con el fin de tener en cuenta los nuevos datos y avances científicos y tecnológicos y responder a las preocupaciones de la Comisión en lo que atañe a su proporcionalidad.
No hay que olvidar, tampoco, que el artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) no 842/2006 permite el mantenimiento de medidas nacionales únicamente hasta el 31 de diciembre de 2012 y, por consiguiente y habida cuenta de que la notificación de la República de Austria hace referencia a ese artículo del Reglamento, cabe deducir que la Orden se aplicará durante un tiempo limitado.
La Orden contempla la posibilidad de conceder exenciones en caso de que no se disponga de alternativas a los HFC en espumas y productos que contienen espuma. También se han ampliado las exenciones relativas al uso de los HFC en los aerosoles innovadores destinados a la exportación.
Pese a que la Orden tiene implicaciones para la libre circulación de mercancías en la CE, la Comisión concluye, de todo lo anteriormente expuesto, que está justificada desde el punto de vista medioambiental y que tiene en cuenta las consecuencias de las prohibiciones previstas sobre el mercado interior, ya que se basa en un análisis de la existencia y disponibilidad de alternativas en el caso específico de Austria y contempla además la posibilidad de conceder exenciones individuales.
2.3. AUSENCIA DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y DE RESTRICCIÓN ENCUBIERTA DEL COMERCIO ENTRE ESTADOS MIEMBROS
De conformidad con el artículo 95, apartado 6, del Tratado CE, la Comisión debe aprobar o rechazar las disposiciones nacionales mencionadas después de haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros.
Conviene recordar que las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 95, apartado 4, del Tratado CE tienen que evaluarse a la luz de las condiciones expuestas tanto en ese apartado como en el apartado 6 de dicho artículo. Si no se cumple alguna de esas condiciones, la solicitud debe desestimarse sin que sea preciso examinar las demás condiciones.
Las disposiciones nacionales notificadas son de carácter general y se aplican de igual modo a los productos nacionales y a los productos importados. Una vez adaptadas las normas relativas al uso de los HFC a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 842/2006, no hay ninguna prueba de que las disposiciones nacionales notificadas puedan utilizarse como medio de discriminación arbitraria entre agentes económicos comunitarios.
En lo que atañe a la limitación de las adquisiciones procedentes de otros Estados del EEE, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, se entiende que dichas disposiciones tienen como objetivo garantizar, dentro del ámbito de aplicación de las medidas, la igualdad de trato entre todas las sustancias o productos, independientemente de su origen, es decir, tanto los de fabricación nacional como los importados o adquiridos en el mercado interior. Las disposiciones relativas a la comercialización se aplican a las mercancías importadas en el EEE. Tales disposiciones se aplican también a las mercancías adquiridas en un Estado del EEE no miembro de la UE, por lo que, en el caso de estas mercancías, las medidas se basan en dos elementos distintos de la disposición, ya que la transacción representa al mismo tiempo la comercialización y la adquisición en un Estado del EEE. Sin embargo, ello no debería dar lugar a un trato discriminatorio de estas mercancías.
El objetivo de la Orden es la protección del medio ambiente y nada indica que, en su intención o aplicación, vaya a producir ninguna discriminación arbitraria ni obstáculos encubiertos al comercio.
La Comisión considera que no hay ninguna prueba que demuestre que las disposiciones nacionales notificadas por las autoridades austriacas constituyan un obstáculo desproporcionado al funcionamiento del mercado interior en comparación con los objetivos que se pretende alcanzar.
En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera admisible la solicitud de la República de Austria, presentada el 29 de junio de 2007, de mantener hasta el 31 de diciembre de 2012 su legislación nacional más estricta que el Reglamento (CE) no 842/2006, en relación con la comercialización de productos y aparatos que contienen gases fluorados o cuyo funcionamiento depende de los mismos.
Además, la Comisión constata que las disposiciones nacionales modificadas en 2007:
responden a la necesidad de proteger el medio ambiente,
tienen en cuenta la existencia y disponibilidad técnica y económica de alternativas a las aplicaciones prohibidas en Austria, y es probable que tengan un impacto económico limitado,
no son un medio de discriminación arbitraria,
no constituyen una restricción encubierta al comercio entre Estados miembros,
y, por tanto, son compatibles con el Tratado.
Por consiguiente, la Comisión considera que pueden mantenerse.
No obstante, cabe señalar que las exenciones previstas en el apartado 8, punto 2, de la Orden no podrán concederse después del 4 de julio de 2008 en lo que atañe a las espumas de un solo componente mencionadas en el artículo 9, apartado 1, y el anexo II del Reglamento (CE) no 842/2006, salvo si su utilización es necesaria para cumplir las normas de seguridad nacionales.
Quedan aprobadas las disposiciones nacionales sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, notificadas por la República de Austria a la Comisión mediante carta de 29 de junio de 2007, que son más estrictas que el Reglamento (CE) no 842/2006 en relación con la comercialización de productos y aparatos que contienen gases fluorados o cuyo funcionamiento depende de los mismos. Se autoriza a la República de Austria a mantenerlas hasta el 31 de diciembre de 2012.
(2) DO C 245 de 19.10.2007, p. 4.
(4) DO L 244 de 29.9.2000, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 899/2007 (DO L 196 de 28.7.2007, p. 24).
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la readmisión de residentes ilegales entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 20 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 22 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la readmisión de residentes ilegales entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 14 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 22 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Serbia sobre la readmisión de residentes ilegales entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 12 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 22 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre la readmisión de residentes ilegales entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 29 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 22 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Bosnia y Herzegovina sobre la readmisión de residentes ilegales entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 30 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 22 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre la readmisión de personas entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 30 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 22 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, una vez completado, el 13 de noviembre de 2007, el procedimiento previsto en el artículo 14 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Bosnia y Herzegovina sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 30 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 14 de dicho Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, una vez completado, el 14 de noviembre de 2007, el procedimiento previsto en el artículo 14 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 30 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 14 de dicho Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Serbia sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, una vez completado, el 12 de noviembre de 2007, el procedimiento previsto en el artículo 14 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, por haberse completado el 20 de noviembre de 2007 el procedimiento previsto en el artículo 15 del propio Acuerdo.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre la facilitación de la expedición de visados entró en vigor el 1 de enero de 2008, una vez completado, el 30 de noviembre de 2007, el procedimiento previsto en el artículo 14 del propio Acuerdo.
POSICIÓN COMÚN 2008/81/PESC DEL CONSEJO
por la que se modifica la Posición Común 98/409/PESC sobre Sierra Leona
El 29 de junio de 1998, el Consejo adoptó la Posición Común 98/409/PESC (1) sobre Sierra Leona a fin de aplicar las medidas impuestas por la Resolución 1171 (1998) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU).
El 21 de diciembre de 2007, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1793 (2007) en la que se prevé una excepción a las medidas impuestas por el apartado 5 de la RCSNU 1171 (1998). La Posición Común 98/409/PESC debe ser modificada en consecuencia.
«La medida prevista en el párrafo primero no se aplicará a los viajes de los testigos cuya presencia sea necesaria en juicio ante el Tribunal Especial para Sierra Leona.».
(1) DO L 187 de 1.7.1998, p. 1.

References: artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 104
 artículo 16
 artículo 104
 artículo 104
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 artículo 23
 artículo 23
 artículo 104
 artículo 11
 artículo 37
 artículo 23
 artículo 9
 artículo 9
 ARTÍCULO 95
 artículo 95
 artículo 30
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 175
 artículo 95
 artículo 9
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 artículo 12
 artículo 12
 artículo 95
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 artículo 95
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 artículo 30
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 ARTÍCULO 30
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 artículo 28
 artículo 95
 artículo 9
 artículo 95
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 artículo 9
 artículo 22
 artículo 22
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 artículo 14
 artículo 14
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 artículo 15
 artículo 14
 Resolución 
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