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Timestamp: 2020-08-05 01:43:48+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00693/2657-2011 DE JULIO 6 DE 2017
SENTENCIA 2011-00693 DE 06 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:INCAUTACIÓN DE POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO POR PARTE DE UN MIEMBRO ACTIVO DE LA FUERZA PÚBLICA. SE HA PRECISADO QUE EN EL EVENTO QUE UN MIEMBRO EN SERVICIO ACTIVO DE LA FUERZA PÚBLICA PRIVA DE LA POSESIÓN DE UN ARMA DE FUEGO A QUIEN LA PORTA, ES DECIR QUE LA INCAUTA, LA MISMA DEBE SER REMITIDA EN FORMA INMEDIATA AL FUNCIONARIO COMPETENTE CON EL PERMISO E INFORME CORRESPONDIENTES. PARA EL CASO EN CONCRETO EL FUNCIONARIO COMPETENTE, PUEDE REALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE DISPONER ACERCA DE SU DEVOLUCIÓN O SU DECOMISO O DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA, DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBO DEL INFORME DEL FUNCIONARIO QUE EFECTUÓ LA INCAUTACIÓN. LA SALA SEÑALO QUE EL BIEN INCAUTADO SE DEBÍA PONER A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. ES DECIR, SI LA AUTORIDAD COMPETENTE, ES DECIR SI EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA, ESTÁ FACULTADO PARA DEFINIR ACERCA DE SI PROCEDE EL DECOMISO DE UN ARMA, QUE NO ES OTRA COSA QUE LA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE SU PORTE, CON MAYOR RAZÓN LO SERÁ PARA DISPONER ACERCA DE SU DEVOLUCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZA PÚBLICA, MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS DE FUEGO, CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, SANCIÓN DE MULTA
Sentencia 2011-00693/2657-2011 de julio 6 de 2017
Rad.: 11001-03-25-000-2011-00693-00 (2657-2011)
Actor: Oscar Javier Hernández Rodríguez
Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil diecisiete
En esta oportunidad la controversia se centra en establecer si la sanción disciplinaria impuesta al demandante, consistente en la destitución del cargo de capitán al servicio de la Policía Nacional y la inhabilidad general por 10 años, lo fue sin que se configurara la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad en relación con la conducta que desplegó, además si la valoración probatoria fue inadecuada y no pudo conocer varias de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso.
Se aprecia que el acto de retiro del servicio activo fue proferido el 1º de abril de 2011 y le fue notificado en forma personal al apoderado del demandante el 25 de abril de 2011 (fls. 787, 788 y 789, cdno. 4).
Por tanto, de conformidad con lo estipulado por el artículo 136-2 del CCA(1), según el cual la acción de restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación; se tiene, que el actor debía presentar la demanda el 26 de agosto de 2011.
En atención a que el 23 de agosto de 2011, es decir, 3 días antes del vencimiento de dicho término, elevó solicitud de conciliación prejudicial a la Procuraduría 3 Delegada ante esta Corporación y que la constancia de haber sido declarada fallida fue expedida el 22 de noviembre de 2011 (fl. 45, cdno. ppal.); conlleva que debía incoarla el 25 de noviembre de 2011. Por tanto al presentar la demanda el 24 de noviembre de 2011, es evidente que lo fue dentro del término de caducidad (fl. 49 vto. cdno. ppal.).
Las inconformidades del actor básicamente radican de un lado, en que la sanción disciplinaria le fue impuesta sin que se configurara la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad en relación con la conducta que desplegó, y de otro en que la valoración probatoria no fue adecuada y tampoco pudo conocer varias de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso; por lo que la entidad en sus decisiones, incurrió en falsa motivación y transgredió sus derechos de contradicción, defensa, debido proceso al igual que los principios de legalidad y favorabilidad.
Inicialmente con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario, para luego determinar si de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en el expediente, la actuación administrativa acusada adolece de nulidad.
El juez administrativo y los actos administrativos de carácter disciplinario
Es necesario resaltar que de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016(2) proferida por la Sala Plena de esta corporación, el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral; en la medida en que la actividad de este juez “Supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales”.(3)
Ese juicio integral supone en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva. Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, lo faculta para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria.(4)
Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley, cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial; el juez puede según lo ordenan el artículo 170 del CCA(5) y el inciso 3º del artículo 187 del CPACA(6), estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.(7)
Desde la anterior perspectiva, la Sala procederá a realizar el recuento de la prueba documental que reposa en el expediente.
Se observa que el 14 de septiembre de 2009 se dio apertura a la indagación preliminar en contra de “personal por establecer” con base en el informe de 13 de septiembre de 2009, suscrito por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que da cuenta que el patrullero Santiago Alberto Toro Vélez adscrito a la Sijín Meval tenía conocimiento de presuntos comportamientos que venía desplegando personal policial adscrito a la Estación de Policía de Envigado (fls. 2 a 5, anexo 1).
En la misma fecha este patrullero fue escuchado en diligencia de declaración en la que señaló:
[...] Las veces que uno se encontraba mediante puesto de registro y búsqueda de antecedentes a esas personas siempre salía alguien a interceder por ellas, entre ellos el Subintendente Mejía el Intendente Giraldo o cuando uno dejaba un arma a disposición del comando por investigación o alguna violación al Decreto 2535 eran pocas las que enviaban para el comando por no decir ninguna, como debe estar asentado en los libros de población cuando yo incautaba las armas y siempre se veía a estas personas y manifestaban que eran muy amigos de mi Capitán Ayala y me decían fresco agente que más demoraba yo haciendo la incautación que en el mismo comando entregárselas cosa que era cierto, para ese tiempo se encontraba de secretario de la estación el señor Subintendente Restrepo [...] No, lo que pasaba y era muy evidente es cuando uno llevaba un arma de fuego y a las personas que se les incautaba se quedaban en la estación esperando hablar con mi Capitán Ayala para que se las devolviera y yo ya me desentendía del procedimiento ya que yo lo dejaba a disposición de él [...] (fls. 7 a 12, anexo 1).
El 18 de septiembre de 2009 amplió su declaración y manifestó:
Preguntado... Sírvase decir desde que fecha laboró usted en la Estación de Policía de Envigado e indíquenos quienes se laboraron (sic) como comandante de estación... Contesto... Desde febrero de 2008 a febrero de 2009 más o menos, cuando yo llegué a la estación estaba como comandante de estación el hoy excapitán Ayala, cuando sacaron retirado al señor Ayala recibió el señor Capitán Hernandez... Preguntado... Díganos si el señor Capitán Hernandez continuó haciendo devolución de las armas que se incautaban por decreto como lo venía haciendo el señor capitán Ayala como usted lo manifestó en su diligencia jurada anterior... Contesto... Con él las cosas cambiaron colocó más disciplina en la estación. Preguntado.... Díganos cuál era el trámite que el capitán Hernandez le daba a esas armas incautadas por decreto... Contesto... Cuando se incautaba por el Decreto él las enviaba al comando hasta donde yo tengo conocimiento de eso... [...] Preguntado... Díganos si esos procedimientos que usted refiere realizaba con las armas quedaban registrados en el libro de población... Contesto... Claro, todas, no tengo conocimiento si pasaban el incidente a Meval, la anotación la hacía yo o el compañero de turno […] (fls. 23 a 26, anexo 1)
El 25 de septiembre de 2009 el subintendente Juan Guillermo Restrepo Londoño, quien era secretario de la Estación de Policía de Envigado, indicó:
Preguntado... Díganos cuánto tiempo lleva laborando en la estación de Policía Envigado... Contestó... Desde el año 2005 al 2009, para un total de cuatro años... [...] Preguntado... Díganos decir (sic) cual es el trámite que se sigue con las armas incautadas que se incautan en aplicación al Decreto 2535 de 1993 cuando éstas poseen el respectivo permiso para porte o tenencia durante el año 2008... Contesto... Durante el año 2008 cuando una patrulla Policial incautaba un arma de fuego, procedía a radicarla en el libro de población y posteriormente se dejaba a disposición de la sala de armamento de la unidad por consiguiente solamente me pasaban a mí el informe Policial, ya de acuerdo a la decisión u orden del comandante de estación para el 2008 cuando estaba mi Capitán Ayala ya retirado [...] ya en el mes de agosto del 2008 cuando asumió mi capitán Hernandez Rodriguez Oscar en vista que mi capitán fue destituido de la policía nacional, mi capitán Hernandez dio la orden que toda arma que se cogía debía ser enviada a Medellín al tener en cuenta el control que se hacía por parte de la Meval cuando se reportaba un incidente de una incautación [...] en agosto de 2008 cuando mi capitán Hernandez asumió comandante de la estación y se produjo el retiro de las funciones que actualmente llevaba mi capitán Alvaro Ayala yo me encontraba en vacaciones, en septiembre de 2008 cuando llegué a la estación me le presenté a mi capitán Hernandez quien me manifestó que hiciera él empalme con el secretario que se encontraba [...], hubo varias ocasiones que mi capitán Hernandez devolvió armas de fuego pero previo conocimiento del comando Meval porque hasta una vez llamó mi General Garcia Cáceres solicitando que hiciera la devolución de un arma de fuego y él por detrás del acta de devolución me hacía colocar o él mismo colocaba quien ordenó la devolución del arma si era algún Coronel o general y averiguaba por la actividad comercial a que se dedicaba la persona quien estaba reclamando el arma... [...] Yo le informaba a mi capitán Hernandez sobre las llamadas que se recibían y él me decía generemos órdenes al personal sobre individualización de sujetos dedicados al expendio de vicio, me hacía generar actas de instrucción donde el personal firmara para que no estuviera (sic) comprometidos en actos de corrupción igualmente dentro de lo que me di cuenta él informaba al comandante de distrito toda situación irregular que se presentaba. (fls. 38 a 42, anexo 1).
Se aprecian actas de entrega física de armas de fuego signadas por el demandante en calidad de comandante de la Estación de Policía de Envigado durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2008, y cuyo “motivo de incautación fue el Decreto 2535 artículo 85 literal m” (fls. 262 a 269, 270 a 277, 278 a 288, 289 a 297, 298 a 305, 306 a 314, 358 a 361, 362 a 377, anexo 2).
El 2 de octubre de 2009 el inspector Delegado Regional 6 practicó inspección judicial al “libro población” de la Estación de Policía de Envigado y en el acta respectiva informó, que aparecen 6 incautaciones de armas de fuego que tuvieron lugar entre el 5 de octubre de 2008 y el 1º de febrero de 2009, por aplicación del artículo 8º del Decreto 2535, que poseían el respectivo permiso para porte o tenencia, pero que al parecer no fueron remitidas al superior con atribuciones para hacer su devolución. (fls. 318 y 319, anexo 2).
El 4 de octubre de 2009 con fundamento en la anterior documental, el inspector Delegado Regional 6 vinculó al actor a la indagación preliminar. Esta decisión se le notificó de manera personal (fls. 321 a 328 y 332, anexo 2).
A través de Oficio 01750 de 5 de octubre de 2009, signado por quien para esa época era el comandante de la Estación de Policía de Envigado, se allegaron 5 boletas de incautación de armas de fuego con la respectiva acta de devolución, que están firmadas por el demandante y que corresponden al periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2008 y el 1º de febrero de 2009, de estas solo dos armas de fuego fueron incautadas en aplicación del literal m) del artículo 85 del Decreto 2535 de 1993 (fls. 334, 336 a 341, 342 a 348, 349 a 357, 358 a 361, 362 a 377, anexo 2).
Además, anexó cuadro en el que relacionó las armas que “fueron encontradas y las que no figuran o reposan en ningún tipo de antecedente de la incautación que se realizó”, de las cuales 5 fueron incautadas en aplicación del literal m) del artículo 85 del Decreto 2535 de 1993 (fl. 335, anexo 2).
El 20 de octubre de 2009 se le notificó personalmente al investigado que el inspector Delegado para la Regional 6 por medio de auto de 19 de octubre de 2009 dispuso de manera oficiosa solicitar a la sala de armas incautadas de la Policía Meval, las copias de las resoluciones o decretos expedidos por autoridad competente por medio de las cuales se restringía o prohibía el porte de armas con salvoconducto en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que fueron allegadas al proceso (fls. 406 y 414 a 430, anexo 2).
El 21 de octubre de 2009 el inspector Delegado Regional 6, decidió dar apertura a la investigación disciplinaria, pues estimó que “La Ley reglamenta cual es la autoridad competente para tomar las medidas correspondiente cuando se incauta un arma de fuego por aplicación del Decreto 2535 de 1993, como también en las resoluciones se establecía el procedimiento a seguir cuando se presentaran este tipo de incautaciones”.
Y el investigado incautó “gran número de armas (sic) de fuego de diferentes calibres y tipos en aplicación del Decreto 2525 (sic) de 1993 en su artículo 85, armas que fueron dejadas a disposición del Comandante de la estación para que éste a su vez surtiera el trámite de remitirlas ante el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y adoptara las medidas que le autoriza la Ley”. De esta providencia se notificó el investigado en forma personal (fls. 431 a 436 y 450, anexo 2).
El 23 de noviembre de 2009 el mismo funcionario formuló pliego de cargos en contra del vinculado, porque carecía de atribuciones para devolver las armas que incautaban los oficiales en los diferentes turnos de vigilancia; pues, según los artículos 84, 86 y 90 del Decreto 2535 de 1993, una vez incautada el arma, de inmediato se debía remitir al comandante de la Policía Metropolitana, quien es el funcionario competente para tomar la decisión que corresponda.
Además, en los instructivos 002 de 2007 y 028 de 2009 se dispusieron los parámetros para incautar armas de fuego en las estaciones de Policía. Esta decisión se le notificó personalmente y presentó sus descargos a través de apoderado, quien en los mismos solicitó práctica de pruebas (fls. 454 a 482, 490 y 495 a 498, anexo 2).
El 14 de enero de 2010 se decretó la versión libre del procesado al igual que la declaración de los patrulleros que incautaron las armas, pero no se accedió a escuchar a los propietarios de las armas incautadas; negativa frente a la cual se informó que procedía el recurso de apelación. El mismo día se le notificó al apoderado acerca de la fecha en la que se escucharía en versión libre a su prohijado. (fls. 513 a 518, 521, anexo 3).
El 15 de enero de 2010 se notificó la anterior providencia al representante legal del implicado, quien manifestó que interponía el recurso de reposición, y el 21 de enero de 2010 se dejó constancia en el sentido de que no sustentó el recurso interpuesto (fls. 519 y 525, anexo 3). El 15 de enero de 2010 se profirió auto en el que se corrigió la fecha para la recepción de los testimonios decretados, y de tal decisión se enteró en forma personal al apoderado, de lo cual se dejó la respectiva constancia (fls. 522, anexo 3).
Las declaraciones de los patrulleros Carlos Castillo Martínez, Víctor Manuel Ortiz Higuita, Luis Enrique Muñoz Tascón, Héctor Lieney Meza López(8), Alejandro Palacios Palacios, Santiago Toro Vélez, Juan Guillermo Restrepo Londoño, Fernando León Vasco Ramírez, concuerdan en afirmar que cada arma que incautaban la dejaban con el respectivo informe a disposición del Comando de Estación y no del Comando del Departamento, y que cuando el comandante de dicha estación reunía varias armas, las enviaba al secretario o al estafeta para que las llevara con sus respectivos informes al Comando de la Meval.
Además, que no les constó o escucharon comentarios acerca de que el investigado recibiera alguna contraprestación o dádiva por hacer devolución de esas armas de fuego. (fls. 569, 570, 534 a 537, 538 a 541, 546 a 549, 550 a 553, 554 a 556, 557 a 560, anexo 3).
El 23 de enero de 2010 el ente disciplinario dejó constancia en el sentido de que el apoderado del vinculado “no compareció a la diligencia para la cual había sido citado para el día de hoy consistente en que compareciera con su defendido el señor Capitán retirado Hernández Rodríguez Oscar Javier fin recepcionarle diligencia de versión libre, diligencia que había sido peticionada por el señor defensor en su respuesta al pliego de cargos” (fl. 561, anexo 3).
El 4 de febrero de 2010 se corrió traslado para alegar de conclusión, decisión que se ordenó comunicar personalmente al apoderado del investigado, quien de no comparecer en el término legal, sería notificado por estado; lo que en efecto ocurrió, habiendo sido desfijado el estado el 11 de febrero de 2010, y sin que presentara los referidos alegatos (fls. 573, 574, 577 y 579, anexo 3).
El 12 de marzo de 2010 la Inspección Delegada Regional 6 en decisión de primera instancia declaró al procesado como responsable de incurrir en la falta gravísima contemplada por el numeral 9º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006(9) en concordancia con el artículo 428 del Código Penal, que consagra el delito de abuso de función pública, por lo que le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años, habida cuenta de que está probado que cuando fungió como comandante de la Estación de Policía de Envigado hizo devolución, sin tener competencia, de armas de fuego que fueron incautadas en aplicación del literal m) del artículo 85 del Decreto 2535 de 1993.
Lo anterior, en atención a que la autoridad competente para devolver dichas armas era el comandante de la Policía o en su defecto el comandante militar, tal como lo consagra el Decreto 2535 de 1993. Ligado a que no le concurren causales de exclusión de responsabilidad y que actuó con clara voluntad y conocimiento de los resultados que se podrían producir, pero no obstante procedió contrario a lo estipulado por la norma, por lo que debía ser objeto de reproche disciplinario. Esta decisión se notificó en forma personal al apoderado del sancionado quien la apeló. (fls. 590 a 639, 642 y 643 a 648, anexo 3).
El 23 de agosto de 2010 la Inspección General de la Policía, previo a resolver el recurso de apelación interpuesto, de manera oficiosa decretó la práctica de una prueba consistente en oficiar al Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a fin de que informara si en los años 2008 y 2009 se impartió orden que facultara a los comandantes de estación para devolver armas de fuego que habían sido incautadas en aplicación del literal m) del artículo 85 del Decreto 2535 de 1993. Esta decisión se le comunicó al apoderado del sancionado a través de oficio de la misma fecha (fls. 683 a 685 y 690, anexo 3).
El 24 de agosto de 2010 el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó, que de conformidad con la Orden 5945 Coman Meval de 8 de septiembre de 2009 impartida a todas las unidades y reiterada a través de Comunicación Oficial 6490 Coman Meval de 1º de octubre de 2009:
[...] b) En cuanto se refiere a armas, municiones o explosivos abandonados o incautados por estar inmersos en alguna de las contravenciones de que trata el Decreto 2535 del 171293, modificado por la Ley 1119 del 2006, y demás normas que lo modifiquen o adicionen, este material debe ser puesto a disposición en forma inmediata del Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, como única instancia con competencia directa para resolver policialmente mediante acto administrativo, la devolución del arma, la imposición de la multa o el decomiso definitivo, previo el cumplimiento de las ritualidades administrativas. El artículo 84 ibídem del Decreto 2535 del 171293 consagra que “la autoridad que efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe correspondiente en forma inmediata”, Siendo el Comandante de la Metropolitana el funcionario competente, no hay ninguna razón para que el arma incautada tome destino diferente y mucho menos para que funcionarios distintos al Comandante de la Metropolitana se extralimite adoptando decisiones sin estar investido de competencia.
En consecuencia quedó claro que toda arma incautada por infracción o cualesquiera de las causales contempladas en el Decreto 2535 de 1993, debe ser puesta a disposición del Comandante de la Metropolitana como única autoridad competente de la unidad para resolver sanciones (Multa o decomiso), devoluciones o solicitud de suspensión definitiva del permiso para porte o tenencia, teniendo claro que el mismo Decreto 2535 de 1993 establece que el incumplimiento de los presupuestos sustantivos y procedimentales allí establecidos se considerará causal de mala conducta para efectos disciplinarios.
En todo caso, como ya se ha reiterado y es de conocimiento público, según lo consagrado por el mencionado decreto, a nivel de las Policías Metropolitanas el único competente, para resolver todos los casos de incautación de armas de fuego, sin posibilidad de delegar en ningún otro nivel, so pena de incurrir en causal de mala conducta, es el Comandante de la Metropolitana, quien en todo caso lo hace mediante acto administrativo.
Los Decretos y disposiciones que expide la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, no consagran facultades para devolución de las armas a personas distintas al Comandante de la Metropolitana. [...] (fls. 692 y 693, anexo 3).
Y, en la antes mencionada Orden 5945 Coman Meval de 8 de septiembre de 2009 se señaló que:
Incautación: A nivel policial constituye la acción del uniformado de tomar posesión del arma, municiones o explosivos con el fin de ser puesta a disposición de la autoridad competente para que emita el juicio correspondiente (La incautación no es sanción, es tan solo un procedimiento). [...]
b) Decomiso: Vocablo equivalente a comiso (Confiscación) que consiste en la sanción o pena de perdimiento del arma que se le impone a quien incurre en prohibición contravencional o delictiva (fls. 694 a 697, anexo 3).
El 14 de septiembre de 2010 la Inspección General de la Policía oficiosamente decretó la práctica de una prueba, previo a resolver el recurso de apelación interpuesto, consistente en oficiar a la Jefatura de Armas Incautadas de la Meval, para que allegara la relación de las incautadas para el año 2008 y las remitidas por parte de los comandantes de la Estación de Policía de Envigado (fls. 704 a 706, anexo 3).
El 21 de septiembre de 2010 el almacenista de Armas Incautadas de la Policía Metropolitana envió la relación da las armas incautadas y entregadas en ese almacén en el año 2008 por parte de la Estación de Policía de Envigado (fls. 716 a 71, anexo 3).
El 5 de noviembre de 2010 la Inspección General Grupo de Procesos Disciplinarios en decisión de segunda instancia decidió confirmar la apelada, mediante la cual al demandante se le sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 10 años, en consideración a que realizó una función que no le correspondía.
En efecto, como comandante de la estación de policía no tenía competencia para devolver las armas que habían sido incautadas, porque la misma recaía en el comandante de la Meval, según lo estipulado por el Decreto 2535 de 1993, la Resolución 76 de 2008 y los Instructivos 002 de 1º de octubre de 2007 y 028 de 22 de julio de 2008; por ello, de manera voluntaria invadió esa órbita funcional al desconocer que su actuar estaba circunscrito solo a ponerlas a disposición del competente para que este fuera quien decidiera acerca de su incautación. Este acto fue notificado en forma personal al apoderado del inculpado (fls. 723 a 764 y 772, anexo 4).
La sanción impuesta se hizo efectiva por medio del Decreto 1001 de 1º de abril de 2011 proferido por el ministro de Defensa Nacional, que le fue notificado al apoderado del sancionado en forma personal (fls. 787, 788 y 789, anexo 4).
De los cargos endilgados
De conformidad con el anterior recuento probatorio se procederá a dilucidar acerca de los reparos planteados por el demandante que hizo consistir, de un lado en que la sanción disciplinaria le fue impuesta sin que se configurara la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad de la conducta, y de otro en que no se efectuó el análisis probatorio pertinente ni conoció de varias de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso disciplinario; motivos por los cuales la decisión del ente demandado está falsamente motivada y transgredió sus derechos de contradicción, defensa, debido proceso al igual que los principios de legalidad y favorabilidad.
En cuanto a la primera objeción referida a que la sanción le fue impuesta sin haber desplegado una conducta típica, sustancialmente ilícita y culpable, inicialmente se debe advertir, que tal como lo indica el artículo 223(10) de la Constitución Política, el monopolio sobre las armas, municiones de guerra y explosivos lo ostenta el Estado, lo que a su turno se traduce en que los particulares no pueden portar las armas sin el permiso de la autoridad competente.
Ahora bien, por disposición del numeral 10 de su artículo 150(11), el presidente de la República fue revestido hasta por 6 meses de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exigiera o la conveniencia pública lo aconsejara.
Así surgió la Ley 61 de 1993(12)a través de la cual se revistió de facultades extraordinarias al presidente de la República para dictar la normativa referente a las armas, municiones y explosivos; facultades que ejerció a través del Decreto 2535 de 1993(13). Este decreto como lo señala su artículo 1º(14) tiene por objeto, entre otros, el de “definir las circunstancias en las que procede la incautación de armas [...] y el decomiso de las mismas” al igual que establecer su devolución.
Pues bien, como lo indica el Diccionario de la Lengua Española incautar proviene del latín “disposición preventiva”. “Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa. [...]”.
Por su parte, decomisar es “Declarar que algo ha caído en decomiso”. “Incautarse de algo que ha caído en decomiso, como pena”. Decomiso es “cosa decomisada”. “Pena accesoria a la principal que consiste en la privación definitiva de los instrumentos y del producto del delito o falta”.
Y devolución es “Acción y efecto de devolver”.
Ahora bien, en cuanto a la incautación el literal a) del artículo 83(15) del Decreto 2535 de 1993 indica, que dentro de las autoridades competentes para realizarla se encuentran “Todos los miembros en servicio activo de la Fuerza Pública cuando se hallen en cumplimiento de funciones propias del servicio”.
El artículo 84(16) determina que la incautación procede en “todos los casos en que se posea(17) o porte(18) un arma [...] sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto”. Y, agrega que “la autoridad que efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe correspondiente en forma inmediata”. En su parágrafo señala que “El incumplimiento de lo aquí dispuesto, por parte de las autoridades, se considera como causal de mala conducta para efectos disciplinarios”.
El artículo 85 como causales de incautación consagra en su literal m) la siguiente: por “decisión de la autoridad competente cuando considere que se puede hacer uso indebido de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, por parte de personas o colectividades, que posean tales elementos aunque estén debidamente autorizadas”.
Referente al decomiso, el artículo 88(19) determina en su literal d), como autoridad competente para ordenarlo, a los “comandantes de Departamento de Policía”.
Se resalta que el artículo 86(20)en el literal d) en relación con las multas, de igual manera establece como autoridad competente para imponerla a los “comandantes de Departamento de Policía”.
Y el artículo 90(21) en la misma línea de las dos cánones anteriores al regular el procedimiento ordena que “La autoridad Policial competente mediante acto administrativo, dispondrá la devolución, la imposición de multa o decomiso del arma [...] dentro de los quince días siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que efectuó su incautación o dio aviso de la irregularidad”.
De otro lado, el Decreto 1355 de 1970(22) o anterior Código de Policía, vigente para la época de los hechos, en lo que alude a la competencia que le asiste a los comandantes de estación o de subestación de policía, expresamente determinó, que solo les correspondía “conocer de las faltas para las que sean aplicables las medidas correccionales de amonestación en privado, reprensión en audiencia pública, promesa de buena conducta, presentación periódica, retención y cierre de establecimientos”.
Para ilustrar se indica, que los comandantes de estación de Policía con grado no inferior al de capitán, por virtud del Decreto Legislativo 1923 de 1978 o anterior Estatuto de Seguridad(23), que fue derogado con la expedición del Código Penal de 1980, gozaron de facultades hasta para imponer el arresto inconmutable por un año, frente a quienes portaran injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e integridad de las personas, tales como armas de fuego.
De todo lo anterior se colige, que cuando un miembro en servicio activo de la Fuerza Pública priva de la posesión de un arma de fuego a quien la porta, es decir que la incauta, la misma debe ser remitida en forma inmediata al funcionario competente con el permiso e informe correspondientes. Y este funcionario competente, no es otro que el comandante del Departamento de Policía, quien por medio de acto administrativo debe disponer acerca de su devolución o su decomiso o de la Imposición de la multa, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que efectuó la incautación.
La Corte Constitucional(24) en cuanto a este temática consideró, que el bien incautado se debía poner a disposición de la autoridad competente, que es la que debe definir acerca de si procede su decomiso, así:
13. Respecto al significado de los términos cuestionados y de su naturaleza, es necesario hacer las siguientes precisiones.
13.1. A pesar de que en algunas oportunidades se ha entendido que la incautación es sinónimo de decomiso, lo cierto es que aquella es una simple “medida provisoria” mientras está puede implicar una sanción administrativa o penal. En efecto, los bienes incautados por encontrarse en situación irregular, “deben ser puestos a orden de la autoridad competente, que es la que debe definir, conforme a la ley, si procede su comiso e incluso la extinción del dominio, en la forma como ésta la autoriza el art. 34 de la Constitución”.
Los artículos 83 a 85 del Decreto demandado, determinan cuáles son las autoridades competentes para realizar la incautación, su procedimiento y causales. En general, indica que la incautación de armas procede cuando para la posesión o porte de las mismas no se cumplan los requisitos exigidos en la ley. En este supuesto, quien hace la incautación o aprehensión material de las armas, entrega un recibo por el arma o elementos incautados y, posteriormente los remite a la autoridad competente.
Por tanto, si la autoridad competente, es decir si el comandante del Departamento de Policía, está facultado para definir acerca de si procede el decomiso de un arma, que no es otra cosa que la privación definitiva de su porte, con mayor razón lo será para disponer acerca de su devolución.
En conclusión, de ninguna manera al comandante de la estación de Policía de Envigado le asistía la facultad legal para devolver las armas de fuego que habían sido incautadas por los patrulleros, porque para la devolución de las mismas era necesario agotar el procedimiento consistente en la emisión de un acto administrativo, en el que se dispusiera su devolución por parte del comandante del Departamento de Policía o en este caso del comandante de la Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá(25).
Por manera que de conformidad con lo anteriormente analizado y lo probado en el proceso es posible predicar válidamente, que el actuar del demandante desde la perspectiva del proceso disciplinario es típico, en la medida en que se adecuó objetivamente a la descripción del artículo 428 del Código Penal, que consagra el tipo penal de abuso de función pública, y que consiste en que el servidor público abusando de su cargo realiza funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, pues la devolución de las armas que autorizó, es evidente que era del resorte del comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De igual modo es antijurídico o adolece de ilicitud sustancial, en tanto que sin justificación alguna excedió el deber funcional que le era exigible y que legalmente fue concebido como pilar fundamental para la salvaguarda de la función pública, en garantía del buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines(26).
También es culpable porque tal como quedó comprobado, ordenó la devolución de las armas incautadas de manera dolosa, en tanto que es evidente como de modo consciente dirigió su voluntad a la obtención del resultado típico y antijurídico previamente visto y querido, no obstante sus conocimientos y experiencia al respecto, dada la antigüedad que le asistía en la institución Policial al igual que el conocimiento de las líneas de mando y las funciones que a cada una le eran asignadas por la ley de la mano de las instrucciones impartidas por sus superiores.
Es así como de ninguna manera se puede señalar que los actos administrativos que impusieron la sanción al disciplinado estuvieron falsamente motivados o desconocieron el principio de legalidad o de favorabilidad(27), porque lo cierto es que fueron claras las razones tanto de hecho como de derecho que dieron origen a la emisión del acto de destitución e inhabilidad, en la medida en que tal como está fehacientemente comprobado se fundaron en acaecimientos ciertos al igual que en normas vigentes y debidamente aplicadas al caso concreto que permiten concluir que la conducta desplegada por el demandante fue típica, antijurídica y culpable.
Respecto al segundo reparo expuesto por el actor relativo a que se le transgredieron los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, porque no se efectuó el análisis probatorio pertinente, se debe señalar que no le asiste la razón, en atención a que la prueba testimonial fue examinada en toda su dimensión en unión con la declaración del quejoso y la totalidad de la documental recaudada para concluir, que los hechos de que dan cuenta, efectivamente tuvieron ocurrencia en el año 2008, anualidad en la que el sancionado ocupó el cargo de comandante de estación y en la que procedió a devolver las armas a quienes se las habían incautado sin estar legalmente autorizado.
En cuanto a que no pudo conocer varias de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso disciplinario tampoco le asiste la razón, porque como quedó visto en el acápite de pruebas: se notificó personalmente del pliego de cargos; presentó sus descargos a través del apoderado que designó; en los mismos solicitó la práctica de pruebas; le fue decretada la versión libre que requirió al igual que la declaración de los patrulleros que incautaron las armas; fueron negados los testimonios de los dueños de las incautadas; y su apoderado frente a esta decisión interpuso el recurso de apelación pero no lo sustentó.
La fecha para la recepción de los testimonios que había sido fijada para un día no hábil luego fue debidamente trasladada para día hábil, y de tal hecho se notificó de manera personal al apoderado del investigado, quien en esa oportunidad en cumplimiento de la función que le fue encomendada de representar legalmente a su prohijado, ha debido solicitar el cambio de fecha de la versión libre; tampoco compareció a la diligencia en compañía de su representado; y omitió presentar las alegaciones respectivas previas al fallo no obstante haber sido notificado por estado de la decisión de correr traslado para alegar de conclusión. Desatenciones que son todas imputables al apoderado del actor y no al ente disciplinario.
Por lo demás, en lo que concierne a la réplica que presentó la entidad demandada en los alegatos de conclusión, consistente en que el acto de ejecución no es demandable ante la jurisdicción, solo resta por señalar, que la presencia del mismo en el proceso es absolutamente necesaria para realizar el cómputo de la caducidad, que habilite iniciar el análisis de la litis planteada.
En efecto, de conformidad con lo considerado por esta Sección en providencia de unificación de 25 de febrero de 2016(28), si bien es cierto que el acto de ejecución de la sanción disciplinaria no hace parte de un acto complejo y tampoco crea, modifica o extingue la situación jurídica particular, se debe tener en cuenta que guarda íntima conexión con los fallos disciplinarios, en tanto que se constituye en esa decisión a través de la cual se ejecuta la medida correctiva impuesta en aquellos.
De esta manera, el acto de ejecución se erige como la consecuencia jurídica directa de la imposición de la sanción disciplinaria al servidor público, en la medida en que es el mecanismo mediante el cual dicha sanción se hace efectiva, tal como se infiere del tenor literal del artículo 172 del Código Único Disciplinario, cuando ordena que ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo(29).
Interpretación con la que se pretende, sin atentar en contra de los principios de legalidad, seguridad jurídica y buena fe(30), facilitarle a los administrados el control de los actos de la administración al igual que impedir el fraccionamiento del conteo del término de caducidad, en la búsqueda por la garantía de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa(31)(sic).
De conformidad con todo lo expuesto y sin que sean necesarias consideraciones adicionales, las súplicas de la demanda serán denegadas.
Deniegánse las súplicas de la demanda promovida por el señor Oscar Javier Hernández Rodríguez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo expresado en los considerandos de este proveído.
Se reconoce personería al abogado Ronald Alexander Franco Aguilera para representar los intereses de la entidad demandada, de conformidad con el poder que obra Folio 109 del expediente.
(1) Código Contencioso Administrativo. Artículo 136. “Caducidad de las acciones. (…) 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contado a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, Radicado 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación, C.P. William Hernández Gómez.
(3) Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que “1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.
(4) Ley 734 de 2002 en los artículos 4º a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia.
(5) Artículo 170 del CCA modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. “Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.
(6) Artículo 187 inciso 3º del CPACA. “Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”.
(7) La sentencia de unificación al respecto determina que “El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[...] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del Derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito. [...]”, lo cual permite afirmar que “[...] el Derecho Administrativo Sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el Derecho Penal [...]”. Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[...] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual [...]”.
(8) Este testigo afirmó que “al registrar a una persona que tuviese un arma de fuego amparada se le pedía el respectivo salvoconducto o porte y de inmediato se soportaba al CAD y al jefe de la vigilancia que teníamos un arma incautada y que nos trasladábamos a llenar documentación a la estación donde se le daba su respectiva acta, en ocasiones se les devolvía los cartuchos, chapuzas y/o proveedor depende del arma, luego se radicaba en el libro de población dicho caso, el arma y copia del acta de incautación se lo entregábamos a uno de los secretarios para que él hiciera el informe respectivo con el visto bueno del comandante de estación para ser llevado al comando del departamento al armerillo, ahí terminaba el procedimiento”.
(9) Ley 1015 de 2006 “por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la policía Nacional”. Artículo 34. “Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: [...] 9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”.
(10) Constitución Política. Artículo 223 “Solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. [...]”.
(11) Constitución Política. Artículo 150 “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ella ejerce las siguientes funciones: [...] 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. [...]”.
(12) Ley 61 de 1993. “Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”. Artículo 1º. “De conformidad con el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 6 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes efectos: a) Dictar normas sobre definición, clasificación y uso de armas y municiones. [...]. h) Incautación, multa convertible en decomiso y decomiso de armas, municiones y explosivos, material decomisado. i) Venta y asignación de armas decomisadas y material en desuso [...]”.
(13) El Decreto 2535 de 17 de diciembre de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”, fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de Sentencia C-296 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y modificado por la Ley 1119 de 2006, “Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones”. En lo que concierne a esta litis modificó el artículo 90, que reguló el procedimiento en cuanto al decomiso de armas de fuego, su devolución y la imposición de multa.
(14) Decreto 2535 de 1993. Artículo 1º. “Ámbito. El presente Decreto tiene por objeto fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas; establecer el régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos, autoridades competentes; condiciones para la importación y exportación de armas, municiones y explosivos; señalar el régimen de talleres de armería y fábricas de artículos pirotécnicos, clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas de armas, servicios de vigilancia y seguridad privada, definir las circunstancia en las que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso de las mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas”.
(15) Decreto 2535 de 1993. Artículo 83. “Competencia. Son autoridades competentes para incautar armas, municiones, explosivos y sus accesorios: a. Todos los miembros en servicio activo de la Fuerza Pública cuando se hallen en cumplimiento de funciones propias del servicio; b. Los Fiscales, los Jueces de todo orden, los Gobernadores, los Alcaldes e Inspectores de Policía en sus correspondientes territorios a través de la Policía, cuando conozca de la tenencia o porte irregular de un arma, municiones o explosivos; c. Los Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, en desarrollo de actos del servicio, y los funcionarios que integran las Unidades de Policía Judicial; d. Los administradores y empleados de aduanas, encargados del examen de mercancías y equipajes en ejercicio de sus funciones; e. Los guardias penitenciarios; f. Los Comandantes de naves y aeronaves, durante sus desplazamientos”.
(16) Decreto 2535 de 1993. Artículo 84. “Incautación de armas, municiones y explosivos. La Incautación procede en todos los casos en que se posea o porte un arma, munición o explosivo y sus accesorios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto. La autoridad que incaute está en obligación de entregar a su poseedor un recibo en que conste: Lugar y fecha, características y cantidad de elementos incautados (clase, marca, calibre, número y estado), nombres y apellidos, número del documento de identidad y dirección de la persona a quien se le incautó, cantidad de cartuchos, vainillas u otros elementos incautados, número y fecha de vencimiento del permiso, Unidad que hizo la incautación, motivo de ésta, firma y posfirma de la autoridad que lo realizó. La autoridad que efectúa la incautación deberá remitir el arma, munición o explosivo y sus accesorios y el permiso o licencia al funcionario competente, con el informe correspondiente en forma inmediata. Parágrafo 1º. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, por parte de las autoridades, se considerará como causal de mala conducta para efectos disciplinarios. [...]”.
(17) De conformidad con el artículo 16 de este decreto se entiende por tenencia de un arma “su posesión, dentro del inmueble registrado en el correspondiente permiso” al igual que sus municiones para defensa personal.
(18) Como lo señala el artículo 17 de este decreto se entiende por porte de armas “la acción de llevarlas consigo o a su alcance para defensa personal con el respectivo peritos expedido por autoridad competente”.
(19) Decreto 2535 de 1993. Artículo 83. “Competencia. Son autoridades competentes para ordenar el decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios: a. Los Fiscales de todo orden y jueces penales cuando el arma, munición o explosivo, se hallen vinculados a un proceso; b. Los Comandantes de Brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional y Fuerza Aérea dentro de su jurisdicción y los Comandantes de los Comandos Específicos o Unificados; c. Los Comandantes de Unidad Táctica en el Ejército y sus equivalentes en el Armada y Fuerza Aérea; d. Comandantes de Departamento de Policía”.
(20) Decreto 2535 de 1993. Artículo 86. “Competencia. Son autoridades competentes para imponer multas, las siguientes: a. Los Comandantes de Brigada en el Ejército, y sus equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea; b. Los Comandantes de los Comandos Específicos o Unificados; c. Los Comandantes de Unidad Táctica en el Ejército y sus equivalentes en el Armada y la Fuerza Aérea; d. Comandantes de Departamento de Policía”.
(21) Este artículo fue modificado por el artículo 3º de la Ley 1119 de 2006 “Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones”.
(22) Decreto 3135 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía”.
(23) Decreto 1923 de 1978 “Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”. Artículo 7º. Se impondrá arresto inconmutable hasta por una año, a quien o quienes: […] e) Porten injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e integridad de las personas, tales como armas de fuego, puñales, cuchillos, machetes, varillas, tacos, piedras, botellas con gasolina, mechas, sustancias químicas o explosivos; […].
Artículo 12. Las sanciones de que tratan las partes c), d), e), f), y g) del artículo 7º serán impuestas por los Comandantes de Estación de Policía con grado no inferior al de Capitán; quienes conocerán a prevención, mediante el procedimiento señalado en el artículo anterior. En los lugares donde no existan dichos comandantes conocerán los Alcaldes o Inspectores de Policía, respectivamente.
(24) Corte Constitucional, Sentencia 1145 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta decisión se estudió la demanda contra los artículos 83 y 88 del Decreto 2535 de 1993, en cuanto al cargo referente a que la ley no está autorizada para asignar funciones administrativas tales como las de decomiso e incautación de armas a las autoridades judiciales o a los particulares.
(25) Se destaca que el Área Metropolitana del Valle de Aburra comprende los municipios de Medellín (como ciudad núcleo), Barboso, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas.
(26) Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
(27) Tal como lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-692 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda. Espinoza, “las autoridades administrativas solo pueden imponer sanciones en aplicación de normas preexistentes, en las que se consagran claramente las conductas que constituyen falta disciplinaria, así como las sanciones que se derivan como consecuencia. Contrario sensu, en la imposición de sanciones, la autoridad respectiva no puede aplicar normas en forma retroactiva, salvo la garantía del principio de favorabilidad, que debe ser analizado en cada caso concreto”.
(28) Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 25 de febrero de 2016, Radicado 1493-2012, demandante: Rafael Everto Rivas Castañeda, demandado: Procuraduría General de la Nación y otro, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En esta decisión se consideró: “Corolario de lo expuesto y a manera de síntesis de las consideraciones precedentes, la Sala aclara los criterios para la determinación de los eventos en que sea procedente dar aplicación a la interpretación del artículo 136 del C.C.A. antes expuesta, en los siguientes términos: La posición deberá ser aplicada en aquellos eventos en los que: i) Se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio, ii) cuando en el caso concreto haya sido emitido un acto de ejecución según lo dispuesto en el artículo 172 del C.D.U, y iii) Cuando dichos actos de ejecución materialicen la suspensión o determinación de la relación laboral administrativa. Es en estos eventos en los que de conformidad con los artículos 29 y 229 de la Constitución política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. debe ser interpretado en el sentido en que el termino de caducidad será computado a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria.
(29) “Esta circunstancia no solamente implica que el sujeto disciplinado dispone de un término más amplio para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que consecuentemente otorga a la persona una mejor oportunidad para elaborar su defensa ante las autoridades judiciales, lo que sin lugar a dudas redunda en un ejercicio más adecuado de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa”.
(30) “Debe aclararse que la interpretación más favorable del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo no riñe con el principio de seguridad jurídica, por cuanto en todo caso se trata de establecer una regla clara para la contabilización del término de caducidad en los casos en los que se acudió a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir actos administrativos disciplinarios que implicaran el retiro temporal o definitivo del servicio.
Tampoco es posible argumentar que un criterio más favorable conlleve un desconocimiento del principio de buena fe establecido en el artículo 83 de la Constitución Política, pues por el contrario a juicio de la Sala, esta interpretación parte de la presunción de que las actuaciones de los particulares se ciñen a sus postulados”.

References: artículo 136
 artículo 18
 artículo 170
 artículo 187
 artículo 85
 artículo 8
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 34
 artículo 428
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 84
 Resolución 
 artículo 223
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 83
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 86
 artículo 90
 artículo 428
 artículo 172
 Artículo 136
 Artículo 170
 artículo 38
 Artículo 187
 Artículo 34
 Artículo 223
 Artículo 150
 Artículo 1
 artículo 150
 artículo 90
 Artículo 1
 Artículo 83
 Artículo 84
 artículo 16
 artículo 17
 Artículo 83
 Artículo 86
 artículo 3
 Artículo 7

Artículo 12
 artículo 7
 artículo 136
 artículo 172
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 83