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Timestamp: 2020-06-07 03:07:42+00:00

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STC 194/2012, 31 de Octubre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 414515122
Número de Recurso: Conflicto positivoonflicto positivo de competencia 2624-2004
Conflicto positivo de competencia 2624-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad. Competencias sobre legislación laboral y educación: remisión a una orden ministerial de la regulación del funcionamiento de las comisiones de evaluación de la gestión del plan nacional de formación e inserción profesional que vulnera las competencias de organización administrativa de la Generalitat de Cataluña.
STC 194/2012
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trias, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el conflicto positivo de competencia núm. 2624-2004 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los arts. 1.2, 2 d) y 7 del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 23 de abril de 2004, la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra los arts. 1.2, 2 d) y 7 del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad.
Por providencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2004 se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia en relación con los arts. 1.2, 2 d) y 7 del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, por conducto de su Presidente, para que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Igualmente se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña”.
El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el proceso por escrito registrado el día 27 de mayo de 2004 solicitando una prórroga del plazo inicialmente concedido para la formulación de alegaciones, prórroga que le fue concedida por providencia de la Sección Segunda de 1 de junio de 2004. El Abogado del Estado cumplimentó el trámite de alegaciones el día 16 de junio de 2004 instando la desestimación del conflicto conforme a los siguientes argumentos.
Por providencia de 30 de octubre de 2012 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 31 del mismo mes y año.
La presente resolución ha de resolver el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 1.2, 2 d) y 7 del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad.
Expuestas las posiciones de las partes en el proceso respecto a la discrepancia puramente competencial que se plantea y antes de resolverla debemos despejar dos órdenes de cuestiones.
En la operación de encuadramiento competencial puede resultar útil partir del examen de la norma reglamentaria de la que forman parte los preceptos impugnados en el presente proceso.
Centrados así los términos del debate procesal hemos de considerar ahora la cuestión relativa al encuadramiento de los preceptos controvertidos en el sistema material de distribución de competencias. A este respecto es manifiesta la discrepancia entre las partes pues, para la Letrada de la Generalitat de Cataluña, los preceptos impugnados encuentran su ámbito natural de encuadramiento en la materia educación, ya que considera que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2002, se ha establecido una concepción integrada de la formación profesional que pondría de manifiesto su claro componente educacional, especialmente en lo que respecta a la impartición de conocimientos y a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas. Por su parte, el Abogado del Estado ha defendido que los preceptos impugnados se contraen al ámbito de la denominada formación profesional no reglada y, por tanto, serían encuadrables en la materia laboral.
Por lo que respecta a la delimitación de competencias en esta materia que deriva de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al Estado le corresponde, conforme al art. 149.1.7 CE, la competencia exclusiva en legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas, lo que comprende la completa normación en materia laboral, que incluye no sólo las leyes formalmente tales sino también los reglamentos ejecutivos o de desarrollo de aquéllas.
Conforme a dicha delimitación competencial estamos ya en condiciones de resolver el conflicto planteado comenzando por su art. 1.2 que dispone lo siguiente:
El certificado de profesionalidad, que se regulará por Real Decreto, tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y definirá las competencias profesionales características de las ocupaciones y los contenidos de formación asociados a ellas, y les serán de aplicación las previsiones del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
El segundo precepto controvertido es el art. 2 d) que establece como uno de los contenidos necesarios del real decreto que regule el certificado de profesionalidad el relativo a “los requisitos personales y materiales necesarios para desarrollar la formación correspondiente a la ocupación de referencia”.
Resta por examinar la impugnación del art. 7, circunscrita, como ha quedado expuesto en los antecedentes, al apartado 1, relativo a las comisiones de evaluación encargadas de realizar las pruebas conducentes a la obtención del certificado de profesionalidad. El precepto cuestionado establece:
El órgano de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la gestión del Plan nacional de formación e inserción profesional, será competente para constituir comisiones de evaluación integradas por expertos nombrados por la Administración correspondiente. Estos expertos deberán tener, en la ocupación de que se trate, una reconocida y acreditada experiencia laboral, cuya duración se determinará en la Orden Ministerial de desarrollo.
Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia y, en consecuencia, declarar que el inciso “y funcionamiento” del art. 7.1 del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad, vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña.
STC 65/2013, 14 de Marzo de 2013
SAP Alicante 223/2001, 8 de Mayo de 2001
ATC 168/2005, 19 de Abril de 2005

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 
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 artículo 8
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