Source: http://apuntes.agnus.com.mx/2016/09/
Timestamp: 2018-03-24 21:15:03+00:00

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Apuntes p/ Empresas: septiembre 2016
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Un concreto supermercado acumula un índice de pérdidas insólito para los otros establecimientos de la cadena. Una cadena de buen tamaño, el grupo DIA. Todos los supermercados tienen una porcentaje de pérdidas, pérdidas de los productos que no consiguen vender antes de que caduquen o que ya no están en estado de conservación que permita ser vendidos. Y una parte de lo que los “clientes” consiguen sacar del establecimiento sin pagar. Y los propios empleados.
Para averigüar qué es lo que realmente se oculta tras el desfase las pérdidas, la empresa instala cámaras por todas partes. Tanto en la zona por la que transitan clientes como en las zonas reservadas para los empleados (salvo oficina, vestuarios y aseos). Y se colocan los correspondientes carteles que advierten lo de la vigilancia.
En poco tiempo se obtienen imágenes que llevan al despido de dos trabajadoras. La que acaba ante el Tribunal Supremo es despedida, concretamente, por escamotear y comer un par de paquetes de lomo en lonchas mientras compactaba en el almacén los cartones de la mercancía que estaba reponiendo. No es el valor de lo que ingiere lo que lleva al despido, es el hecho de hurtar en el trabajo.
El juzgado de lo social da por buena la prueba y la decisión de la empresa. El Tribunal Superior Justicia, sin embargo, considera la prueba obtenida vulneradora de los derechos fundamentales de la trabajadora, por tanto nulo el despido decidido bajo esa referencia, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional. Aprecie aquí el lector que unos mismos hechos vistos por los ojos de un tribunal u otro tienen el carácter (o no) de vulneración de derechos fundamentales. Y llega el análisis de un tercer tribunal, es este caso el Supremo.
El matiz que el Tribunal Superior esgrime es que no se advirtió expresamente a los trabajadores que las imágenes de las cámaras podrían ser utilizadas por la empresa para ejercer su capacidad disciplinaria, por lo que las imágenes obtenidas se emplearon fuera del ámbito consentido por la trabajadora despedida. Y el Tribunal Supremo entiende, sin embargo, que no hay vulneración de derechos que invalide la prueba ya que existía un motivo previo y conocido para establecer la vigilancia (las pérdidas insólitas); algunas cámaras estaban en lugares en los que solo hay trabajadores y todos sabían que las estaban allí. Por tanto considera un “uso apropiado de la videovigilancia implantada y que la consecución de su objetivo se ha ajustado a las exigencias razonables de respeto a la intimidad de la persona al tiempo que no le crean una situación de indefensión pues los actos por lo que se sanciona tienen lugar en un marco de riesgo asumido, el de actuar a ciencia y paciencia de una observación llevada a cabo por medios tecnológicos y cuya finalidad, conocida, es combatir las actividades generadoras de pérdidas”. La prueba es, por tanto, válida y debe ser tenida en cuenta por el Tribunal Superior para decidir sobre el despido. Que, muy probablemente, pasará de nulo a correctamente disciplinario.
Mientras tanto, en lo cotidiano, ya no sabe una cuál es el uso correcto de la cámara. Particularmente, tiendo a máximos. Cuando se instalan cámaras en el recinto de la empresa es mejor advertir a cada trabajador específicamente que las imágenes obtenidas pueden ser utilizadas como prueba de infracciones en el ámbito laboral. Si actúan como elemento de disuasión, estupendo. Arriesgarse a ponerlas sin advertir de esa posibilidad, con la esperanza de captar el momento infracción al descuido, puede llevar a 3 años de pleitos y al Tribunal Supremo. Que lo mismo entiende que justo en ese caso la decisión del ámbito de vigilancia no es proporcional. O sí.
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Si uno viene a España para buscar trabajo, no puede hacerse pasar por turista. Para ese fin existe un visado específico de búsqueda de empleo (que no es sencillo de obtener), y los visados que dan acceso a los permisos de trabajo y residencia. Puede ocurrir que el tiempo de visado específicamente obtenido para hacer turismo, o los tres meses de límite de estancia turística que se conceden a los nacionales de países que están eximidos de la obligación de obtenerlo, resulten finalmente insuficientes para cumplir con un objetivo, hacer algún trámite o finalizar una visita.
En previsión de que tal cosa ocurra, existe un procedimiento de solicitud de prórroga para permanecer en España. Que debe iniciarse necesariamente antes de que la estancia inicialmente concedida expresa o tácitamente termine. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración concedida inicialmente sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses. Tratándose de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia más allá de tres meses.
Esto es, los nacionales de países que, según los convenios internacionales, pueden acceder durante 90 días a España como turistas sin visado específico, deben estar en un caso excepcional para obtener la prórroga, sin embargo los nacionales de países a los que España exija visado deben estar en un supuesto justificado. No se trata de una discriminación, es la consecuencia de la falta de control en un caso y el examen previo al que se somete solicitud y solicitante en el otro. De todas formas, qué pueda ser excepcional y qué justificado entra dentro de la más absoluta de las discrecionalidades. Y conseguir una oferta de trabajo no resulta ser circunstancia ni excepcional ni justificada (a pesar del índice de parados en el país).
Además de justificar la circunstancia que se alega (en general son admitidas enfermedades sobrevenidas, trámites de compra aún no finalizados, gestiones de tipo aceptación de una herencia…) es preciso probar que se dispone de medios económicos adecuados para el tiempo de prórroga que solicita, un seguro de asistencia en viaje con vigencia igual o superior a la prórroga solicitada y garantías de retorno al país de procedencia o, de admisión en un Estado tercero de destino, todo ello con anterioridad a la fecha de finalización de la prórroga que se solicita. Para esto último es suficiente aportar un billete adquirido a nombre del solicitante con fecha de retorno cerrada anterior a la finalización del periodo de prórroga.
Las resoluciones denegatorias sobre la prórroga tienen que estar motivadas, notificarse formalmente al interesado y suponen un orden de salida del territorio nacional. Saldrá antes de que finalice el periodo de estancia inicial o, si ya ha finalizado, en el plazo fijado en la resolución denegatoria, que no podrá ser superior a setenta y dos horas.
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Se ha eliminado de manera definitiva el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo, tanto en formato papel como en formato electrónico por la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, publicada en el BOE el pasado 12 de septiembre.
A partir de ahora, es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la obligada a documentar y dejar constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o en las comparecencias de estas en las oficinas de la Inspección, dando así cumplimiento al mandato de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que disponía la obligación de documentar por escrito cada actuación realizada por los funcionarios de la Inspección, utilizando medios electrónicos y sin que ello suponga imponer a las empresas obligación alguna para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias.
Ya la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, aprobada en 2013, dio un importante paso en la reducción de esta concreta carga empresarial, con la sustitución del tradicional Libro de Visitas, en formato papel, por un Libro de Visitas electrónico. Ahora, con la publicación de esta medida de reducción de cargas administrativas, se estima un ahorro para las empresas de 700 millones de euros.
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Últimos coletazos de los artículos 60.4 del RD 939/1986, en relación con el articulo 49.2 j) del mismo.
El otro día estudié un asunto que me explicó mi buen amigo Fran Serantes, que aunque parezca que no es de mucha actualidad por cuanto las normas aplicables han sido derogadas, pero puede ser de utilidad aún si nos cae algún asunto en nuestra mesa dadas las dilaciones que sufren los recursos en sede económico administrativa fundamentalmente, y que muestra bien a las claras la importancia de examinar los plazos de duración de los procedimientos así como aplicación de las normas vigentes en cada momento.
Muchos recordarán que el artículo 49.2 j) del Real Decreto 939/1986, establecía que “en las actas de inspección que documenten el resultado de las actuaciones se consignarán:
j) En su caso se hará constar la ausencia de motivos para proceder a la apertura de procedimiento sancionador, en el supuesto de que, a juicio del actuario, no esté justificada su iniciación.
A estos efectos, y si transcurridos los plazos previstos en el apartado 2, del artículo 60 de este Reglamento en relación con las actas de conformidad, y en el apartado 4, respecto de las actas de disconformidad, no se hubiera ordenado la iniciación de procedimiento sancionador, el mismo no podrá iniciarse con posterioridad al transcurso de tales plazos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Tributaria en materia de revisión de actos administrativos”.
Y en el caso de actas de disconformidad (acta modelo A02) el precepto aplicable era el apartado 4, del artículo 60, que disponía que:
“4. Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, el Inspector-Jefe podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, esta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el Inspector-Jefe dentro del mes siguiente”.
En el caso estudiado, a pesar de haberse publicado la Ley 58/2003, General Tributaria, la Inspección comenzó antes de haberse dictado el Reglamento de Aplicación de los Tributos aprobado por el RD 1065/2007, que como sabemos entró en vigor el 1/1/2008, por lo que el RD 939/1986 estuvo vigente hasta esa fecha e incluso para procedimientos de inspección iniciados antes del 31/12/2007, aunque terminaran años más tarde.
En efecto, tanto en el acta como en la liquidación, la Inspección recogía que era de aplicación el RD 939/1986.
La Inspección incoó acta de disconformidad con fecha 8 de enero de 2009 y la notificación de inicio de expediente sancionador lleva fecha de julio de 2009, por lo que si fueran de aplicación los preceptos antes transcritos era obvio que había transcurrido con exceso el plazo de un mes, posterior al plazo para formular alegaciones a que se refiere en apartado 4, del artículo 60 del Reglamento de la Inspección de los Tributos, por lo que la apertura del expediente sancionador habría tenido lugar con posterioridad al citado plazo y por lo tanto habría devenido nulo su inicio y por tanto la sanción derivada de él.
Así lo habían dicho los tribunales, siendo una de las primeras sentencias que lo dejó meridianamente claro la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, de 10 de abril de 2001 (Rec. número 364/1999) en virtud de la cual la Sala estima el recurso y anula el expediente sancionador al haberse notificado el inicio del procedimiento sancionador habiendo transcurrido un mes desde la fecha del acta de conformidad, fijándose además como fecha de inicio la fecha de notificación de la apertura del expediente toda vez que la notificación es un requisito inexcusable de la eficacia de los actos administrativos (artículo 29 de la Ley 1/98 y 31 del Reglamento de la Inspección de los Tributos).
En el mismo sentido, por ejemplo, la Sentencia nº 212 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 11 de marzo de 2005 (REF NFJ020636). Esta sentencia contemplaba un supuesto similar, y entendía que cuando se dictó el acuerdo de iniciación del expediente sancionador ya había decaído el derecho de la Administración pues había transcurrido en exceso el plazo del mes posterior al plazo para alegaciones, y va mucho más allá, al entender que no es obstáculo el hecho de que en la fecha anterior al acuerdo de inicio se hubiera ordenado la ampliación del expediente por el Sr. Inspector Jefe puesto que el expediente sancionador goza de plena autonomía frente al procedimiento de regularización.
Tan pacífica era la doctrina expuesta que la Sentencia de 7 febrero 2011, de la Sección 2ª de la Sala Tercera del TS en el recurso 5091/2008 (ponente: Huelín Martínez de Velasco, Joaquín, Recurso: 5091/2008, LA LEY 2205/2011), o la más moderna de la misma Sala y Sección del TS de 15 de octubre de 2014 en el recurso 497/2013 Ponente Ilmo Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero, NFJ056747, se llega a la misma conclusión, esto es, que no podrá sancionarse una vez transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 49 del RGIT ’98 antes citado.
Por el contrario, la Inspección y los Tribunales Económicos Administrativos mantienen que es de aplicación el plazo de tres meses que se introduce al añadir el apartado 6 del artículo 81 de la Ley 230/1963 General Tributaria, por el artículo 37.dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, con efectos a partir del 1 de enero del año 2003, en el que se dice:
6. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento de comprobación e investigación no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación.
Y dicha redacción pasa en muy similares términos a la Ley General Tributaria, 58/2003, aplicable a partir del 1 de julio de 2004, en su artículo 209.2.
A pesar de la nueva redacción de la Ley, hay poderosas razones para entender que además del plazo de tres meses (del artículo 81.6 de la LGT’63 y del 209.2 de la LGT’2003) es también aplicable el plazo de un mes contemplado en la norma reglamentaria antes transcrita, por lo que la Administración sancionadora estaba obligada a cumplir ambos plazos:
En primer lugar, no hace falta recordar que el precepto reglamentario que estaba en vigor era el RD 939/86, de 26 de abril, al no haberse publicado el RD 1065/2007, en el momento de inicio del presente procedimiento. Es cierto, que si la Ley contraviniera dicho precepto habría que entenderlo derogado tácitamente, pero veremos que ello no es así.
En segundo lugar, porque la Ley 58/2003 dispone prácticamente lo mismo que el artículo 81.6 LGT’63 en su artículo 209.2 cuando dice:
“2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución” (el subrayado no figura en la Ley).
Es evidente que la Ley General Tributaria derogó cuantas normas anteriores estuvieran en contra de lo en ella indicado. Sin embargo, hemos de afirmar con rotundidad que se trata de dos normas procedimentales distintas, dos plazos distintos, por los siguientes motivos:
1.- Distinto día inicial. El plazo de tres meses de la LGT se computa desde que se entiende notificada la liquidación, mientras que el plazo de un mes reglamentario se computa desde la finalización del plazo de alegaciones al acta de Inspección.
La finalidad de uno y otro responden al mismo principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE), pero en un caso se realiza una salvaguarda o garantía más larga, consecuencia de que en un plazo relativamente largo de tres meses si la Administración no ha sancionado, el administrado pueda prever que no va a ser sancionado. Por el contrario, el plazo más corto reglamentario respondía a la propia idiosincrasia del procedimiento inspector en el que se permitía “negociar” hasta cierto punto con el actuario. Se podría resumir así: si no me sancionas aceptaré la cuota y si me sancionas lo recurro.
No se puede concebir que sean el mismo plazo si comienzan a correr en momentos distintos: El plazo para recurrir podrá ser más largo o más corto, pero comenzará siempre desde que se dictó el acto recurrible.
2.- La propia sistematización de ambos plazos, es decir, por la interpretación sistemática. El plazo de tres meses legal se aplica a todos los procedimientos sancionadores, ya vengan derivados de un procedimiento previo de gestión (de verificación de datos, de comprobación limitada, etc.) como de Inspección (por eso más arriba hemos subrayado los procedimientos a los que se aplica).
Sin embargo el plazo de un mes reglamentario estaba diseñado para el procedimiento de Inspección, pues además del vehículo en el que estaba incardinado (reglamento de Inspección) es que su dies a quo venía delimitado por un documento que solo existe en el procedimiento de Inspección (15 días posteriores al acta o desde que finaliza el periodo de alegaciones posterior al acta).
En resumen, la redacción de ambos preceptos indica claramente que se trata de plazos distintos, uno para todos los procedimientos sancionadores y otro para el de Inspección. En efecto, el reglamento establece, exclusivamente para las sanciones que provengan de un procedimiento de Inspección, un plazo desde que finaliza el periodo para formular alegaciones (para las actas de disconformidad) mientras que el plazo que establece la Ley es desde la notificación del acuerdo de liquidación. Es evidente que se trata de dos plazos distintos (por los motivos expresados) y que ninguno de los dos puede ser traspasado o violentado.
Hay otra razón más: el Reglamento de Inspección aprobado por RD 939/1986 no fue modificado y permaneció vigente hasta el nuevo reglamento de 2007, cuya disposición derogatoria lo deroga expresamente (valga la redundancia).
Y hasta la derogación expresa, ¿se puede plantear que la Ley General Tributaria 260/1963 en la última versión de 2003 o la LGT 58/2003 derogaron tácitamente el precepto reglamentario?
-Si se tratara del mismo plazo (a efectos de mera hipótesis de trabajo, pues ya hemos indicado que son dos plazos distintos para procedimientos distintos), la Ley establece que “no podrán iniciarse transcurridos tres meses”. Es decir, que el reglamento sería contra legem si estableciera que se pudiera iniciar un procedimiento sancionador a los cuatro meses, pero es secundum legem si lo establece más corto, pues la norma establece un límite máximo, pero sería perfectamente posible limitarlo reglamentariamente. Es decir, no podrán iniciarse transcurridos tres meses, pero sería posible establecer un plazo más corto, siendo perfectamente compatible con la dicción legal, no vulnerando el principio de jerarquía normativa, pues la Ley establece un límite temporal máximo (de tres meses) que no podría ser superado, pero el reglamento podrá establecerlo más corto siempre que no exceda de tres meses, como es el caso.
-Si se trata de un plazo distinto, como defendemos, es evidente que la Ley guardaría silencio sobre ese plazo y también sería de aplicación.
En resumen, el precepto reglamentario mencionado no fue modificado, subsistiendo hasta su derogación con la entrada en vigor del Reglamento de la Aplicación de los tributos 1065/2007 de 27 de julio de 2.007. Nótese que el plazo contemplado en la Ley es un plazo máximo (un límite) que no podrá ser traspasado reglamentariamente y que además está pensado para distintos procedimientos ya sea tanto para los procedimientos de Inspección como para otros procedimientos de comprobación denominados genéricamente de Gestión Tributaria (comprobación limitada –artículo 136 LGT–, verificación de datos –art. 131 de la LGT–, comprobación de valores –artículo 134 LGT–, etc.). Por tanto, los dos plazos coexistieron un tiempo. El plazo de un mes también había de ser observado, dado que el reglamento en ningún caso podía ser considerado “contra legem”, pues aunque se trata de un plazo más corto que el máximo legal es evidente que lo respeta o al menos que no contraviene la Ley. En definitiva, el plazo máximo de tres meses no puede ser traspasado en ningún caso, y el plazo más corto de un mes fijado por el reglamento RD 939/1986, tampoco puede ser traspasado en el PROCEDIMIENTO INSPECTOR.
Dicho de otro modo: las modificaciones de la LGT derogaron expresamente ciertos reglamentos pero dejó subsistente el RD 939/1998 que estuvo vigente hasta el RD 1065/2007 (que lo derogó expresamente para los procedimientos iniciados a partir del 1/1/2008). A la pregunta que nos hacíamos al principio, si derogó tácitamente la LGT el art. 49 del RD de 1998, hay que contestar que rotundamente que no, ya que como hemos expuesto, se trataba de plazos distintos (distinto cómputo, distinto día inicial), procedimientos distintos (un plazo era para todos los procedimientos incluidos los de gestión y el otro exclusivamente para el de Inspección), y el RD de 1998 no era contra legem.
Como dirían los matemáticos, todo ello queda demostrado si leemos la Exposición de Motivos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que es la Ley que introdujo el apartado 6 del artículo 81.6 de la LGT’63, es decir, que introdujo el plazo de 3 meses:
“II.- {…} En segundo lugar, la experiencia acumulada desde la introducción de un procedimiento sancionador separado por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, determina la conveniencia de fijar con carácter general un plazo, hasta ahora inexistente, para el inicio de los expedientes sancionadores derivados de las actuaciones de comprobación e investigación, y, por último, se aclara…”.
Es decir, que el legislador era plenamente consciente de que se trataba de la introducción de UN PLAZO HASTA AHORA INEXISTENTE, a pesar de la existencia de otro plazo en el Real Decreto 939/1986, que dejó vigente hasta su derogación expresa por RD 1065/2007.
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References: resolución 
 artículo 49
 Real Decreto 
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 49
 artículo 81
 artículo 37
 artículo 209
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 209
 artículo 81
 Real Decreto