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Timestamp: 2020-06-07 08:09:40+00:00

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ATC 280/1990, 11 de Julio de 1990 - Jurisprudencia - VLEX 58123913
ATC 280/1990, 11 de Julio de 1990
El Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, mediante escrito presentado en este Tribunal el 16 de marzo de 1988, planteó conflicto positivo de competencia frente al Gobierno del Estado, en relación con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, y en particular por lo que se refiere a sus arts. 1.1; 4; 5; 8.1 e); primer párrafo del art. 9.1; 10; 11; 13.2 a); 16 c) y d); 17.2.3 y 4 y Disposición adicional primera, del Ministerio de Industria y Energía, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 9 del mismo mes y año, por el que se regulan las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales; y en sus méritos previos los trámites legales pertinentes, se dicte Sentencia por la que se declare que la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña y se declare la nulidad del Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, y en particular de sus arts. 1.1; 4; 5; 8.1 e); primer párrafo del art. 9.1; 10; 11; 13.2 a); 16 c) y d); 17.2.3 y 4 y Disposición adicional primera.
Por providencia de la Sección Cuarta de fecha 7 de abril de 1988, se admitió a trámite el conflicto positivo de competencia que fue registrado con el núm. 472/1988 y se acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno según determina el art. 82.2 de la LOTC, dirigir oficio al Presidente del Tribunal Supremo para conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del mismo según dispone el art. 61.2 de la LOTC y publica la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Con fecha 14 de mayo de 1990 tuvo entrada en este Tribunal un escrito de la Procuradora doña María Gracia Garrido Entrena, que actúa en nombre y representación de ACI, S.A., Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. (A.T.I.S.A.E.), Bureau Veritas Español, S.A., Centro de Inspección y Asistencia Técnica, S.A. (C.I.A.T., S.A.), Cualicontrol, S.A., Eurocontrol, S.A., Inspección y Garantía de Calidad, S.A., Novotec Consultores, S.A., Tecnos Garantía de Calidad, S.A., y de la Asociación Nacional de Entidades de Inspección y Control Reglamentario, en solicitud de que se le tenga por parte, en la representación que ostenta en concepto de coadyuvante de la Administración del Estado en el presente conflicto positivo de competencia.
Por providencia de la Sección Tercera del Pleno, de fecha 4 de junio último, se acordó tener por presentado el anterior escrito de 11 de mayo, de la Procuradora doña María Gracia Garrido Entrena, acordando no haber lugar a lo solicitado en el mismo de que se le tenga por personada y parte en el presente conflicto en concepto de coadyuvante de la Administración del Estado y por formuladas las alegaciones que adjunta, ya que no concurren las condiciones que, conforme lo establecido por este Tribunal en su ATC 124/1981, permiten admitir la presencia de coadyuvantes en los conflictos constitucionales de competencia, y devolver el escrito y documentación presentados a la Procuradora, dejando nota.
Mediante escrito de 8 de junio recibido el 11 siguiente, la Procuradora doña María Gracia Garrido Entrena, en nombre de las Entidades indicadas anteriormente, interpone, de conformidad con lo previsto en el art. 93.2 de la LOTC recurso de súplica, o el que mejor en derecho proceda contra la providencia de la Sección Tercera de fecha 4 de junio de 1990, formulando al efecto las siguientes alegaciones:
Por providencia de 18 de junio último, la Sección Tercera del Pleno acuerda tener por presentado por la Procuradora doña María Gracia Garrido Entrena, el precedente escrito de 8 de junio y dar traslado a la representación procesal de la Generalidad de Cataluña y al Abogado del Estado para que, en el plazo común de tres días, puedan exponer lo que estimen procedente acerca del recurso de súplica que se interpone mediante dicho escrito contra la providencia de 4 de junio actual.
El Abogado del Estado, evacua la audiencia conferida y formula las siguientes alegaciones:
El vicio de incompetencia -y más en general la infracción del orden constitucional y estatutario de competencias- puede ser aducido perfectamente en un recurso contencioso-administrativo directo contra una disposición reglamentaria por cualquier legitimado para ello (v.gr., una asociación nacional como la que aquí pretende personarse). De igual modo, sería perfectamente lícito que, en aquel recurso contencioso-administrativo, cualquier interesado compareciera como coadyuvante para defender que esta disposición reglamentaria fue dictada por quien tenía competencia para ello. Estos recursos contencioso-administrativos pueden ser también «litigios interadministrativos» (arts. 2 y 3 de la Ley 34/1981, de 5 de octubre). Habida cuenta de que, bajo un cierto punto de vista, cabe calificar al conflicto positivo de competencia como «proceso contencioso-administrativo abreviado», hay que dar la razón al recurrente en que no sería irrazonable que la intervención de coadyuvantes tuviera análoga extensión y alcance en una y otra vía.
El grado o «proximidad» de la afección en los intereses es un criterio de cuyo carácter objetivable y funcionalidad puede disputarse. Si el conflicto se hubiera tratado sobre una autorización de que fuera titular alguna de las sociedades que pretenden personarse, se la hubiera admitido como coadyuvante. Pero la discusión sobre la competencia trabada con ocasión de dictarse la disposición que regula esas autorizaciones puede acabar teniendo similar trascendencia práctica para esas sociedades. Desde el punto de vista practico no parece, en efecto, demasiado relevante que en un caso sea la Sentencia constitucional la que directamente afecte a la situación jurídica de la sociedad autorizada, y en el otro caso, esa afección se produzca a través de las disposiciones y actos de una de las partes que disputan la competencia.
Pueden existir bastantes supuestos en que la prognosis o juicio anticipado sobre si la Sentencia constitucional dispondrá «lo que fuera procedente» sobre las situaciones de hecho o de derecho, no pueda efectuarse con probabilidad de acierto. Es más: la personación de coadyuvantes podría servir para poner de manifiesto en qué medida la Sentencia de conflicto podría afectar a esas situaciones y cooperar en la búsqueda de soluciones apropiadas para ellas.
El Abogado de la Generalidad en escrito recibido el 27 de junio evacua el trámite de audiencia previo a la resolución del recurso de súplica y expone las siguientes alegaciones:
Para la más adecuada resolución del presente recurso de súplica, conviene recordar, con carácter previo, la posición que hasta el momento ha mantenido este Tribunal respecto de la intervención de coadyuvantes en los procesos constitucionales de conflictos positivos de competencia que oponen al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí.
Según la doctrina que acaba de sintetizarse, el que la Sentencia que deba pronunciarse sobre la titularidad de la competencia controvertida, acordando, en su caso, la anulación de la disposición o acto que origino el conflicto en cuanto estuviesen viciados de incompetencia, pueda, asimismo, «disponer lo que fuera procedente, respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma» (art. 66 LOTC), apoya suficientemente que, a pesar de no haberse previsto expresamente la posibilidad de la intervención de coadyuvantes -al igual que sucede con el recurso y con la cuestión de inconstitucionalidad y a diferencia, sin embargo, de la previsión expresa del art. 47.1 de la LOTC, en relación al proceso de amparo constitucional-, esa intervención haya venido siendo admitida.
En el supuesto planteado, la representación de las entidades de inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales solicitó se le tuviera por parte en concepto de coadyuvante de la Administración del Estado en el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, fundando su petición en que tales entidades tienen un interés directo en el mantenimiento de la disposición que ha dado lugar al conflicto, por cuanto han sido autorizadas por el Ministerio de Industria y Energía para actuar en todo el territorio nacional en aplicación del Real Decreto 1407/1987 cuya nulidad se pretende ahora por la Generalidad de Cataluña, de manera que una Sentencia estimatoria de las pretensiones de la Generalidad podría significar la eventual pérdida de la autorización conferida en virtud del referido Real Decreto, así como la imposibilidad de ejercer su actividad en el territorio de Cataluña y la muy alta posibilidad de verse impedidas para actuar en la mayor parte del territorio nacional.
En virtud de lo expuesto, el Pleno del Tribunal acuerda desestimar el recurso de súplica, confirmando en su integridad la providencia de la Sección Tercera de este Tribunal de 4 de junio de 1990.Madrid, a once de julio de mil novecientos noventa.
AAP Granada 82/2016, 29 de Abril de 2016
ATS, 20 de Septiembre de 2013
STSJ Galicia 4605/2013, 10 de Octubre de 2013

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
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 Real Decreto 
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