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Timestamp: 2018-02-20 07:45:15+00:00

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Renovación Otra Cosa » Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales
Su indudable peso económico, junto a la especial incidencia que tienen algunos de estos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos cuando son sus destinatarios, justifican que los servicios profesionales deban contar con un marco regulador específico y no sea aplicable el general del sector servicios. Marco regulador que deberá garantizar el interés general de la forma menos restrictiva posible, con el consiguiente efecto positivo en términos de productividad, competencia y asignación eficiente de recursos.
Por otro lado, la profundidad de la crisis actual y las incertidumbres sobre el ritmo de la recuperación hacen aún más urgente aplicar aquellas reformas que, como la de servicios profesionales, se traducirán en un crecimiento del empleo y del PIB potencial, dado que constituyen un importante input para otros sectores de la economía.
Así lo han entendido diversos organismos internacionales, como la OCDE, el FMI o la UE, que vienen recomendando desde hace algún tiempo una reforma profunda de la regulación de los servicios profesionales en nuestro país, como la vía de garantizar incrementos de competitividad y crecimiento.
Pues bien, el nuevo marco normativo que esta ley establece, dando además cumplimiento al mandato del artículo 36 de la Constitución española, se basa en los principios de buena regulación, por lo que parte del principio de libre acceso a las actividades profesionales, restringiendo las limitaciones a casos justificados por razones de interés general. De este modo, se busca el equilibrio entre, por una parte, las restricciones precisas para garantizar la confianza indispensable de los destinatarios de los servicios profesionales en la calidad de lo que reciben, así como su protección y seguridad y, por otra, las libertades necesarias para favorecer el desarrollo de la actividad.
Es evidente la estrecha relación que existe entre los Colegios y el ejercicio profesional; razón por la cual se ha considerado conveniente la regulación conjunta en una misma norma de ambas materias. Conviene no olvidar, por otra parte, que la actual regulación de los Colegios Profesionales data de 1974 y que ha sido sometida desde entonces a considerables reformas, en especial para su adaptación a la Directiva de servicios – a través de la reforma de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio – por lo que resultaba conveniente el establecimiento de un nuevo régimen jurídico plenamente actualizado, que corrija el confuso mapa colegial existente.
En efecto, actualmente existen colegios profesionales de pertenencia obligatoria, voluntaria, que recaen sobre actividades profesionales reguladas, tituladas o libres, sin que obedezcan a unos criterios racionales de regulación. Así conviven colegios de actividades profesionales libres que no requieren ninguna cualificación, colegios que se refieren de actividades reservadas pero que no requieren un título universitario (requieren otro tipo de cualificación), y colegios que se refieren a actividades profesionales tituladas. A lo anterior se une la necesidad de dar solución a ciertos problemas derivados de la evolución del modelo organizativo colegial, con la aparición de los Consejos Autonómicos, no contemplados en la norma básica del 74, y su relación con los Consejos Generales.
Esta ley de servicios y colegios profesionales forma parte de las reformas estructurales recogidas en la Estrategia Española de Política Económica, lanzada en septiembre de 2012 y actualizada en abril de 2013, que tiene por objetivo aportar más flexibilidad y competencia a la economía, ayudar a contener los márgenes y costes empresariales, mejorar la calidad de los factores productivos y facilitar la asignación de recursos hacia los sectores más competitivos. En este sentido esta ley debe considerarse complementaria a otras recientes reformas estructurales como la aprobación de la Ley XX/XXX de Garantía de Unidad de Mercado dado que ambas tienen como objetivo la creación de un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas y la eliminación de las barreras y obstáculos existentes a través de la aplicación de los principios de buena regulación económica. Esta ley, en concreto estaría aplicando dichos principios al sector de los servicios profesionales y a las restricciones al acceso basadas en la cualificación.
La Ley consta de cincuenta y cuatro artículos estructurados en un Título preliminar y tres Títulos, doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciocho disposiciones finales.
El Título preliminar señala el objeto, ámbito de aplicación y definiciones básicas. En particular se define lo que se entiende por conflicto de interés y razón de interés general a efectos de esta Ley.
En lo que se refiere al acceso, la Ley, en el capítulo II de este Título I, fija un marco ordenador en el que las restricciones sólo puedan establecerse por Ley cuando se justifique por razones de interés general y resulte proporcionado; todo ello para evitar la proliferación de barreras de entrada poco justificadas o determinadas sólo por los intereses particulares de algún colectivo en perjuicio de otros.
Asimismo, las restricciones de acceso que exijan la posesión de un determinado título académico oficial de educación superior (profesión titulada) requieren que la exigencia esté justificada por motivos de interés general. Estos criterios deben servir para limitar el número y alcance de las profesiones con fuertes restricciones al acceso. Por último, se recoge una clausula específica respecto a la aplicación del derecho comunitario para el acceso de profesionales habilitados en otros Estados miembros.
En el capítulo III de este Título I se establece que las condiciones de ejercicio de las profesiones sólo podrán regularse mediante una disposición general, de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad, publicidad y objetividad, y con sujeción a la normativa de competencia, declarando el principio general de libre compatibilidad entre actividades y profesionales salvo que una Ley disponga otra cosa y, en particular, respecto de las sociedades multiprofesionales.
Igualmente, se recoge el principio de libre prestación para los profesionales comunitarios legalmente establecidos en otro Estado miembro, en línea a lo previsto en la Directiva de Servicios y en la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones profesionales. Se establece el principio de libertad en las comunicaciones comerciales, de tal forma que estas sólo puedan limitarse por Ley, por existir razones de interés general y siempre con proporcionalidad, sin admitir prohibiciones totales. Finalmente se recoge el principio de libertad de formas de ejercicio profesional, previendo que pueda ejercerse tanto individualmente como de forma colectiva, a través de cualquier forma societaria de las admitidas por las leyes.
En este sentido, se establece de forma general un marco infractor y sancionatorio al definir lo que se entiende por ejercicio irregular de la profesión que cubre de forma completa el campo de posibles infracciones de los profesionales que podrían perjudicar a los usuarios, incrementándose así la seguridad jurídica.
Esta medida se acompaña de la obligación específica para los prestadores de servicios profesionales para que informen a los consumidores y usuarios sobre las características del servicio, el precio, su solvencia técnica o los posibles conflictos de interés en los que puedan incurrir.
El capítulo I recoge las disposiciones generales referentes a los Colegios profesionales: su definición y fines, la sujeción a la normativa de competencia, la creación de colegios, las profesiones colegiadas, las obligaciones de los colegios de pertenencia obligatoria, la denominación, el ámbito territorial y los preceptos referentes a su fusión, absorción, segregación, cambio de denominación, disolución y administración de tutela y sus funciones.
En particular se establece que sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así se establezca mediante norma estatal con rango de ley en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas Asimismo la creación de Colegios solo podrá realizarse mediante ley, a petición de profesionales titulados y mediante el acompañamiento de una Memoria justificativa.
Los Colegios son corporaciones de derecho público que asumen potestades públicas (a diferencia de las Asociaciones) por lo que es necesario que estén sometidos a una tutela administrativa específica con el objetivo de garantizar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. El nuevo texto refuerza este aspecto. Así, la Administración de tutela de los Colegios deberá realizar informes de conformidad sobre la gestión de los colegios de pertenencia obligatoria.
El capítulo II recoge las funciones y servicios de los Colegios profesionales. Se diferencia claramente entre aquellas funciones que suponen potestades públicas a efectos de su régimen jurídico. Se sujeta a los Colegios al principio de transparencia y se establece la regulación de determinados servicios a realizar por los Colegios: la ventanilla única, los servicios de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios y el visado colegial así como la regulación del contenido y la obligatoriedad de publicación de la Memoria anual.
El capítulo III del Título II recoge las disposiciones referentes a la organización y el régimen jurídico y disciplinario de los Colegios. Se establece el funcionamiento de los Consejos Generales y sus funciones. Se recoge el principio de funcionamiento democrático de las corporaciones colegiales y los principios básicos de buen gobierno de las corporaciones colegiales, incluyendo las incompatibilidades de sus cargos electos reforzando así el carácter independiente de los mismos. Se regula la normativa colegial con especial referencia al contenido de los Estatutos generales. En particular, se recoge que el código deontológico de cada organización colegial será único y formará parte del Estatuto General del Consejo General. Finalmente se hace referencia al régimen disciplinario recogiendo las infracciones muy graves y el ejercicio de las funciones disciplinarias por parte de los Colegios. Los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria no podrán expulsar a los profesionales del Colegio por el impago de cuotas o deberes pecuniarios. Finalmente se establece la prohibición general de recomendación de honorarios y el régimen aplicable a los actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales.
En el capítulo IV se recoge el régimen económico y contable de los Colegios. Se establece la voluntariedad de suscripción de seguro a través del Colegio y la obligatoriedad de presentación y publicidad de cuentas de los Colegios. En particular, como garantía de un mayor control contable, se recoge la obligatoriedad de auditoria para los Colegios de pertenencia obligatoria.
Por último el Título IIII recoge las disposiciones concretas destinadas al refuerzo de la calidad de los servicios y la protección de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales. Así, se establecen determinadas disposiciones destinadas al fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, al impulso de la transparencia, a la difusión de determinados datos del Registro Nacional de Titulados Universitarios, y a la formación continua de los profesionales. Específicamente, y siguiendo el mandato dado a las Administraciones públicas en el artículo veintiséis de la Directiva de servicios, se recogen determinadas previsiones respecto a los sistemas de certificación de profesionales como mecanismos para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencia de los profesionales que contratan. Se establece que los sistemas de certificación serán únicos para cada organización profesional y en todo caso se garantiza la voluntariedad de los mismos para el profesional.
Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios necesarios para la aplicación e impulso de lo dispuesto en esta ley. En concreto se refieren, entre otras cuestiones, a la concreción de las actividades profesionales para cuyo ejercicio es obligatoria la previa inscripción en un colegio profesional. Se establece la creación de un Registro de peritos judiciales que dependerá del Ministerio de Justicia y se refuerza, en el ámbito de la contratación del Sector público, la regulación para evitar que a través de los pliegos de prescripciones técnicas se introduzcan restricciones al ejercicio profesional más allá de lo previsto en esta Ley. Se establece un régimen de mantenimiento del status quo del carácter colegial de los Colegios creados con anterioridad a esta Ley, sin perjuicio de las posibles medidas que el Gobierno pueda tomar para fomentar su conversión en asociaciones o su fusión. Se crea una Comisión de Reforma de las Profesiones que deberá realizar informes con carácter determinante sobre las nuevas propuestas de ley de atribuciones relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones y a la reserva de funciones conforme a los criterios y principios establecidos en esta ley. Asimismo en el seno de esta Comisión se podrán analizar las reservas ya existentes realizando propuestas de modificación. Por último se establecen determinadas consideraciones respecto al régimen de previsión social de los profesionales titulados que ejercen su actividad por cuenta propia y se recoge la obligación de suscripción de seguro de responsabilidad, aval o garantía financiera a los profesionales o personas jurídicas que realicen determinadas actividades en el ámbito de la ingeniería y la edificación.
Las Disposición transitoria primera se refieren a las reglas a aplicar a los colegios profesionales existentes durante el proceso de adaptación de sus estatutos a lo previsto en esta Ley. En la disposición transitoria segunda se crea un grupo específico que deberá realizar una propuesta relativa a las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación y se realiza un mandato al gobierno para la elaboración de un proyecto de ley en esta materia manteniendo la vigencia de la normativa al respecto hasta la aprobación de la citada ley.
Como cierre del texto se presentan dieciocho disposiciones finales, entre las que se incluyen las modificaciones de varias leyes. En concreto:
Se modifica la Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, para permitir la libertad de formas de ejercicio profesional de los Agentes de Propiedad Industrial, permitiendo que también pueda ejercerse por personas jurídicas.
Asimismo, se modifican la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales para aportar el respaldo legal requerido a la regulación reglamentaria de desarrollo sobre exigencias de cualificación previa en estos ámbitos.
Se modifica el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación para eliminar la reserva a los ingenieros de telecomunicación o ingenieros técnicos de telecomunicación de la firma de los proyectos de infraestructuras de telecomunicación.
En relación con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para establecer expresamente la compatibilidad el ejercicio simultáneo por la misma persona de ambas profesiones excepto para aquellas funciones para las que el procurador ostente la condición de autoridad pública.
Se introduce una modificación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para evitar que a través de las relaciones de puestos de trabajo se impongan restricciones al acceso y ejercicio profesional y se modifica la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales para eliminar el requisito de colegiación obligatoria para su creación. Asimismo, para una mejor protección del consumidor, se introduce en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias una nueva infracción, consistente en el ejercicio irregular de la profesión, cuando afecte o pueda suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.
El resto de disposiciones finales incluyen las previsiones relacionadas con el título competencial, la adaptación de las disposiciones con rango legal y reglamentario, la habilitación normativa y la entrada en vigor de la ley. Se prevé que con carácter general esta Ley entre en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
2.- Los poderes públicos velarán porque, en el ámbito de los servicios profesionales, se provea una especial protección a los consumidores y usuarios en atención a la incidencia que puedan tener estos servicios en sus derechos y, en particular, porque se cumplan las obligaciones de los prestadores de servicios profesionales recogidas en esta Ley.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional octava de esta Ley será de aplicación a las actividades profesionales y a los profesionales legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio español.
2. Salvo en los casos en que una Ley establezca una restricción de acceso de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 8, se entenderá que los profesionales podrán realizar todas aquellas funciones o actividades correspondientes a su titulación o competencia específica, adquirida mediante formación o experiencia, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad derivada de su actuación profesional.
El acceso y ejercicio a actividades profesionales y profesiones se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos de la Sección III del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos de cualificación o habilitación en el lugar donde el operador esté legalmente establecido.
2. Las restricciones al acceso deberán estar previstas en una norma con rango de Ley o de rango inferior, cuando trasponga una norma de derecho comunitario. La Ley que establezca restricciones al acceso a una actividad profesional o una profesión identificará claramente la actividad o profesión a la que se restringe el acceso, haciendo referencia a las funciones que comprende, de manera que no induzca a confusión con otras actividades profesionales o profesiones.
4. En la regulación de la acreditación de la cualificación requerida deberá estarse al principio de proporcionalidad, previendo el mayor número de medios de acreditación que sea posible, tales como poseer un determinado nivel académico o educativo, poseer un título de formación profesional, poseer un certificado de profesionalidad expedido por Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o una cualificación profesional incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, haber superado una formación o un examen teórico y/o práctico sobre unos contenidos mínimos ante la autoridad competente, o poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación de personas.
2. En el caso de profesiones tituladas para las que el título exigido sea de rango universitario, se estará a lo previsto en la normativa de enseñanzas universitarias, correspondiendo al Gobierno la determinación de las condiciones a cumplir por los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales que den acceso a tal profesión.
Artículo 9. Acceso de profesionales comunitarios.
Los profesionales legalmente habilitados en otros Estados miembros de la Unión europea podrán establecerse en España y acceder al ejercicio de las actividades profesionales o profesiones con su cualificación de origen en los términos previstos en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario, en particular en la relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Las actividades profesionales y profesiones se ejercerán en régimen de libre competencia y estarán sujetas, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional se regirán por la legislación general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable.
Sólo podrán imponerse condiciones al ejercicio de una actividad profesional o profesión cuando así se establezca en norma con rango de ley por concurrir razones de interés general, mediante disposición de carácter general que desarrolle una previsión legal o transponga una norma de derecho comunitario, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad y proporcionalidad.
1.El ejercicio simultáneo de distintas actividades profesionales o profesiones será compatible, salvo cuando se disponga lo contrario mediante norma estatal con rango de ley por la posibilidad de existencia de conflicto de intereses de los prestadores y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
1.El ejercicio de distintas actividades profesionales o profesiones a través de una misma sociedad sólo podrá declararse incompatible o someterse a condiciones por medio de norma estatal con rango de ley, y siempre que concurran razones relacionadas con la existencia de conflicto de intereses de los profesionales.
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales.
2. No podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones comerciales en las actividades profesionales o profesiones. Las limitaciones parciales que, en su caso, se impongan habrán de establecerse en norma con rango de ley, estar siempre justificadas por una razón de interés general, y respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad.
1. Los profesionales podrán ejercer su actividad profesional o profesión individualmente o de forma conjunta en unión de otro u otros profesionales de la misma o distinta actividad profesional o profesión.
2. A ser admitidos en el Colegio profesional que corresponda cuando ostenten la titulación requerida y reúnan las condiciones de acceso a la profesión que en su caso se hayan establecido.
6. A obtener certificaciones profesionales de su capacitación profesión basadas en su conocimiento y experiencia y expedidas por entidades debidamente acreditadas según la regulación aplicable.
c) Cualesquiera documentos o medios expedidos por terceros. En particular, certificados expedidos por sus clientes sobre los servicios o trabajos ya efectuados, certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar con las Administraciones Públicas y certificados expedidos por entidades certificadoras.
5. Cumplir con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y, cuando así lo establezca la legislación específica de aplicación, con el deber de guardar el secreto profesional.
6. Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de reclamaciones e información a los destinatarios de sus servicios así como las demás obligaciones previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de la normativa sectorial aplicable.
7. Satisfacer las cuotas colegiales de carácter obligatorio en el caso de las profesiones colegiadas.
1. Los profesionales deberán adoptar medidas de prevención de conflicto de intereses en que puedan incurrir y dar a conocer a los consumidores y usuarios de sus servicios las medidas adoptadas.
Cuando la legislación aplicable así lo prevea y en las condiciones que en ella se especifiquen, el profesional deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir como consecuencia de su ejercicio profesional.
a) Su ejercicio sin cumplir los requisitos de acceso.
b) En las profesiones tituladas no colegiadas, el incumplimiento de las condiciones de ejercicio.
c) En las profesiones colegiadas, su ejercicio sin la preceptiva colegiación.
d) El uso profesional o comercial de la denominación “colegiada” o “colegiado” cuando no se pertenezca al colegio profesional correspondiente a esa actividad profesional o profesión.
e) El ejercicio profesional sin tener suscrito un seguro o garantía equivalente cuando sea preceptivo de acuerdo con la legislación aplicable.
f) El ejercicio de la profesión incurriendo en conflicto de intereses sin informar a los consumidores y usuarios.
2. La Administración competente por razón de la materia perseguirá, y en su caso sancionará, el ejercicio irregular de las actividades profesionales o profesiones de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.1.o) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y sin perjuicio de las responsabilidades penales que, en su caso procedan.
1. En caso de incumplimiento por los profesionales de las obligaciones recogidas en esta ley, y cuando los destinatarios de de sus servicios sean consumidores y usuarios, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV del Libro I de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
2. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial, tanto estatal como autonómica, que resulte aplicable a cada actividad profesional.
2. Son fines esenciales de estas corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
1. Sólo podrá exigirse colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta cuando así se establezca mediante norma estatal con rango de ley. Asimismo solo podrá exigirse colegiación obligatoria en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas de manera grave y directa, materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.
3. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de esta Ley.
4. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea podrán ejercer libremente en el territorio español en régimen de libre prestación sin necesidad de colegiación sin perjuicio de lo previsto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario y en particular en la relativa a reconocimiento de cualificaciones profesionales.
a) Establecer cuotas de inscripción o colegiación que no superen en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
b) Establecer cuotas periódicas o precios de los servicios que con carácter obligatorio deban realizarse a través del Colegio que sean razonables, no discriminatorias ni abusivas. Los Colegios deberán establecer unos regímenes especiales bonificados de cuotas o precios para aquellos profesionales que acrediten estar desempleados.
c) Atender las recomendaciones realizadas por su Administración de tutela y en concreto estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 33 en el caso de que la Administración de tutela evacue informe de disconformidad respecto a la gestión del Colegio.
d) Constituirse como entidades de certificación acreditadas por Entidad Nacional de Acreditación para la certificación voluntaria de los profesionales en los términos establecidos en el artículo 54.
e) Prever un sistema de control interno y auditoría que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos sin perjuicio de la función fiscalizadora que los órganos competentes puedan asumir de acuerdo con lo dispuesto por sus leyes reguladoras.
f) Incluir en la memoria las cuentas anuales consolidadas debidamente auditadas y el informe resultante de la auditoría.
g) Ofrecer información referente a los procedimientos necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y colegiales exigidas y a sus cuentas anuales consolidadas garantizando que la información es pública a través de la ventanilla única y, por tanto, accesible de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del interesado.
h) Facilitar información actualizada al Ministerio de Educación referente a los procedimientos de acceso a la actividad profesional y a las cuotas de inscripción y colegiales exigidas para su publicación en su página web.
i) Establecer un régimen de remuneración de sus directivos según las consideraciones del apartado cinco del artículo 41 de esta ley.
Los profesionales colegiados podrán utilizar en el ejercicio de la profesión el calificativo de profesional colegiado.
1. El ámbito territorial de los Colegios profesionales podrá ser único, cuando extienden sus competencias en todo el territorio nacional, o de estructura múltiple, cuando existan varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional.
4. Cuando existan o se constituyan Colegios de la misma actividad profesional o profesión dentro de una Comunidad Autónoma podrán constituir el correspondiente Consejo Autonómico, de acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica.
5. Cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por Colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español.
2. También será posible la fusión entre organizaciones colegiales de distintas actividades profesionales o profesiones a iniciativa y previo acuerdo de sus Consejos Generales, y si no existieran, previo acuerdo de la mayoría de los Colegios afectados, y siempre que quede garantizado que no se crea confusión en los destinatarios de los servicios y se trate de actividades o profesiones que compartan un conjunto ampliamente similar de competencias profesionales.
3.Las fusiones requerirán aprobación por Real Decreto si al menos uno de los Colegios que se fusiona es de ámbito territorial único, cuenta o debiera contar con Consejo General o es de pertenencia obligatoria. En los demás casos, se estará a lo previsto en la normativa autonómica.
Artículo 32. Administración de tutela.
2. Los Colegios profesionales se relacionarán con la Administración Pública a través del Departamento que conforme a la normativa se determine, que ejercerá la tutela, en particular, respecto de las potestades públicas que tengan encomendadas.
3. La tutela de los Consejos Generales y de los Colegios de ámbito territorial estatal será ejercida por la Administración General del Estado a través del Ministerio competente por razón de la materia.
4. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar el Departamento que ejerza la tutela de los Consejos autonómicos y los Colegios autonómicos o de ámbito territorial inferior.
Artículo 33. Funciones de tutela.
1. En el ejercicio de la función de tutela, la Administración llevará a cabo el control de eficacia en el desempeño de las potestades públicas que las corporaciones colegiales tengan encomendadas y en cuanto a la aplicación de las normas de acceso al colegio, velará por el derecho de los profesionales a la admisión, así como por la protección de los consumidores y usuarios de los servicios.
Asimismo, la Administración velará por el cumplimiento de los principios de buen gobierno de las corporaciones colegiales establecidos en el artículo 41 de esta ley.
2. En caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento de los Colegios profesionales en el ejercicio de la potestades públicas que tengan encomendadas, la Administración de tutela podrá, previo requerimiento a la corporación colegial, acordar la avocación para sí del conocimiento de la actuación requerida, o bien asumir la gestión temporal de las potestades públicas.
3. En el caso de las profesiones colegiadas la Administración de tutela, una vez recibida la Memoria Anual de la organización profesional correspondiente, a la que hace referencia el artículo 36 deberá evacuar en el plazo de tres meses informe de tutela. Asimismo podrá formular recomendaciones en relación con lo referido al ejercicio de potestades públicas por parte de dicha organización profesional.
4. El informe de tutela con conclusión general desfavorable debidamente motivado conllevará resolución de la Administración de tutela de disolución de la Junta de Gobierno del Colegio profesional y la necesidad de convocatoria de nuevas elecciones.
5. En todo caso, un informe de auditoría de las cuentas anuales adverso con carácter general o la pérdida de condición de entidad de certificación por retirada de la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación durante dos años consecutivos significará la evacuación de un informe de tutela con conclusión general desfavorable. Asimismo la no publicación de la Memoria Anual supondrá un informe de tutela desfavorable.
6. La resolución de disolución de la Junta de Gobierno por informe de tutela desfavorable de la Administración de tutela será directamente recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
g. Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en el artículo 38.
Estas funciones tendrán la consideración de potestades públicas, a los efectos de su régimen jurídico, con sujeción al Derecho Administrativo, y jurisdicción aplicable.
2. Asimismo corresponde a los Colegios profesionales el ejercicio de las siguientes funciones dentro de su ámbito territorial.
e. Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
h. Constituirse como entidades de certificación acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación para la acreditación voluntaria de los profesionales en los términos establecidos en el artículo 54. Esta función será independiente de la colegiación, pudiendo acreditar a profesionales no colegiados. En el caso de las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria está función deberá realizarse con carácter obligatorio.
e. El contenido del Código deontológico.
Las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria deberán igualmente ofrecer información referente a los procedimientos necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio incluyendo las cuotas de inscripción y colegiales exigidas y a sus cuentas anuales consolidadas. Asimismo se deberá garantizar que la información es pública a través de la referida ventanilla única y, por tanto, accesible de forma directa sin necesidad de requerimiento previo del interesado.
4.Los Colegios profesionales facilitarán a los Consejos Generales o Superiores, y en su caso a los Consejos Autonómicos de Colegios, la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos. Asimismo los Colegios profesionales de colegiación obligatoria facilitarán la información actualizada al Ministerio de Economía y Competitividad y al Ministerio de Educación referente a los procedimientos de acceso a la actividad profesional y a las cuotas de inscripción y colegiales exigidas para su publicación en sus páginas web.
5.Los profesionales y sus organizaciones colegiales facilitarán el conocimiento por los consumidores y usuarios de las obligaciones de los prestadores de servicios profesionales recogidas en esta Ley.
1.Las corporaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión y en lo que respecta a sus potestades administrativas están sujetas a la Ley XX/XXX de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
a. Las cuentas anuales consolidadas. En especial deben detallarse los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo y el importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año. En el caso de colegios de pertenencia obligatoria la memoria deberá, de manera simultánea a su publicación, ser enviada a la Administración de tutela correspondiente para su análisis en los términos establecidos en el artículo 33.
1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así se exija por el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios:
3.En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.
1. Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sin perjuicio de las competencias autonómicas corresponde a los Consejos Generales el ejercicio de las siguientes funciones:
c) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas de Gobierno de las corporaciones colegiales y del propio Consejo.
d) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de las corporaciones colegiales.
e) Informar preceptivamente todo proyecto de modificación de la legislación sobre corporaciones colegiales.
f) Adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente con los colegiados más antiguos las Juntas de Gobierno de los Colegios cuando se produzcan las vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La Junta provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones estatutarias.
g) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por los Leyes y los Estatutos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las Juntas de Gobierno de las Corporaciones colegiales.
h) Contribuir a la protección de los consumidores y usuarios y velar por que las Corporaciones colegiales realicen funciones que puedan redundar en el beneficio de los mismos.
2. En todo caso serán funciones exclusivas de los Consejos Generales de Colegios las siguientes:
a) Las atribuidas por el artículo 34 a los Colegios Profesionales y las enumeradas en el apartado uno en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional.
g) Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión y colaborar con la Administración para la aplicación a los profesionales colegiados del sistema de seguridad social más adecuado.
h) Desarrollar sistemas de certificación voluntaria para la actividad profesional o profesión en los términos establecidos en el artículo 54. En el caso de las corporaciones colegiales de pertenencia obligatoria está función deberá realizarse con carácter obligatorio.
3. Los Consejos Generales informarán con carácter preceptivo todos aquellos recursos presentados ante los Consejos autonómicos por procedimientos sancionadores de Colegios que puedan suponer la expulsión del profesional del Colegio. En estos informes los Consejos Generales realizarán una interpretación de la doctrina aplicable respecto al código deontológico al que hace referencia el artículo 43 de la ley y una recomendación de resolución del caso. A estos efectos, los Consejos autonómicos solicitarán la emisión de estos informes a los Consejos Generales, remitiéndoles el expediente del caso en cuestión, una vez haya sido interpuesto el recurso y, en todo caso, con antelación suficiente a la resolución del Consejo Autonómico.
4.Los Consejos Generales y los Colegios de ámbito nacional tendrán los Órganos y composición que determinen sus Estatutos. Sus miembros deberán ser electivos o tener origen representativo.
En particular, la elección de los miembros de sus órganos de gobierno será por sufragio libre y secreto de los colegiados. Todos los colegiados, en igualdad de condiciones, serán electores, y sólo serán elegibles las personas físicas colegiadas.
1-Los cargos de Presidente, Decano, miembro de la Junta de Gobierno, o de cualquier otro cargo directivo en una corporación colegial ejercerán sus funciones de acuerdo con los principios éticos de transparencia, imparcialidad, buena fe, igualdad de trato y no discriminación, diligencia, conducta honorable y responsabilidad.
2-Los cargos directivos de una corporación colegial respetarán los siguientes principios de actuación:
g) No se valdrán de su posición en la Corporación colegial para obtener ventajas personales o materiales por intereses privados propios, de familiares directos, o por intereses compartidos con terceras personas. Los familiares directos de los cargos directivos de una Corporación colegial no podrán ser contratados laboral o mercantilmente por la misma.
d) el desempeño de cargos directivos en entidades de seguro y en entidades o mutualidades de previsión social.
No obstante lo anterior, los Colegios podrán decidir remunerar a sus cargos directivos siempre que éstos ejerzan el cargo en un régimen de dedicación en exclusiva y la remuneración figure de forma detallada en los presupuestos. La aprobación de la remuneración de los cargos directivos deberá realizarse por mayoría […] en votación separada de la que se lleve a cabo para la aprobación del resto del presupuesto.
1. Los Consejos Generales elaborarán, para todos los Colegios de una misma profesión, oídos éstos y en su caso los Consejos Autonómicos, unos Estatutos Generales que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante Real Decreto, a través del Ministerio de adscripción. En la misma forma, se elaborarán y aprobarán los Estatutos en los colegios de ámbito nacional.
g) Relaciones entre los Colegios, y entre éstos y el Consejo General
i) Régimen económico y presupuestario
k) Cuantas otras materias puedan redundar en el mejor funcionamiento de los Colegios y en el desarrollo y consecución de sus funciones y competencias
3. Los Consejos Generales aprobarán los estatutos particulares para regular su funcionamiento, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante Real Decreto, a través del Ministerio competente. Los estatutos particulares de los Consejos Generales podrán elaborarse y aprobarse conjuntamente con los Estatutos Generales.
4. Los Estatutos particulares regularán, al menos, las siguientes materias:
b) Régimen electoral
c) Garantías necesarias para la admisión, en los casos en que así se establezca, del voto por delegación o mediante compromisarios en las Juntas generales
d) Régimen económico y presupuestario
e) Régimen jurídico de los actos y su impugnación en el ámbito corporativo
5. Los Colegios elaborarán, asimismo, sus estatutos particulares para regular su funcionamiento. Serán necesariamente aprobados por el Consejo general, o por el Consejo autonómico competente si existiera, siempre que estén de acuerdo con la presente Ley, con el Estatuto General, y con la normativa autonómica correspondiente. Si el Consejo General o en su caso el Consejo autonómico no hubiera dado su conformidad expresa en el plazo de seis meses desde que se remitieran, se presumirá otorgada.
3. El Código deontológico formará parte de los Estatutos Generales del Consejo General, y será publicado en la página web a través de la ventanilla única a la que hace referencia el artículo 35 del Consejo General y de todos los Colegios profesionales.
5. Los Códigos de deontología profesional incluirán las provisiones de los códigos de conducta que para esa profesión o actividad profesional hayan sido adoptados a nivel comunitario.
1. Los profesionales colegiados estarán sujetas a la potestad sancionadora que corresponda de su organización colegial que se ejercerá de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con el procedimiento establecido en su normativa de desarrollo, y la normativa autonómica aplicable.
2. Corresponde a los estatutos generales de cada Colegio la definición de las infracciones así como de las sanciones disciplinarias aplicables, de acuerdo con lo siguiente:
c) A los efectos de determinar la existencia de reincidencia, sólo se tendrán en cuenta las sanciones firmes impuestas por cualquier Colegio Profesional de la misma profesión.
3. El ejercicio de las funciones disciplinarias del Colegio profesional compete, al menos en última instancia, a un órgano sancionador que tendrá como principio rector la imparcialidad, estará formado mayoritariamente por miembros no ejercientes y, contará al menos con un miembro no colegiado y un asistente representante de la Administración de tutela del Colegio con voz pero sin voto sin que puedan formar parte de él los cargos electos del colegio profesional.
4. Los Consejos Generales garantizarán la coordinación en la transmisión de información entre los Colegios para la efectividad del ejercicio de la potestad sancionadora.
5. Los Colegios profesionales de pertenencia voluntaria podrán sancionar a sus miembros con la expulsión del Colegio, pero ello no conllevará la inhabilitación para el ejercicio profesional.
6. Los Colegios profesionales de pertenencia obligatoria sólo podrán sancionar a sus miembros con la expulsión del Colegio por infracciones graves o muy graves en el ejercicio de la profesión, no pudiendo tener origen en el incumplimiento del deber de pago de cuotas o de cualquier otro deber pecuniario.
No obstante lo anterior, los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.
Artículo 46. Actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales
1. Los actos emanados de los Órganos de los Colegios y de los Consejos Generales que estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos que contra ellos procedan serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Los manifiestamente contrarios a la Ley;
• Los adoptados con notoria incompetencia;
• Aquéllos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito;
• Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
2. Los colegiados estarán obligados al pago de las cuotas necesarias para el sostenimiento de los servicios obligatorios que ha de prestar el Colegio profesional.
3. Los Colegios de pertenencia obligatoria deberán establecer unos regímenes especiales bonificados de cuotas o precios de los servicios obligatorios prestados por el Colegio para aquellos profesionales que acrediten encontrarse en situación de desempleo.
4. Las cuotas serán iguales para todos los colegiados, sin perjuicio de que puedan establecerse cuotas reducidas para los colegiados de menor antigüedad, para los no ejercientes y sin perjuicio de los regímenes bonificados para los profesionales en situación de desempleo acreditado.
5. Las corporaciones podrán cobrar por los servicios voluntarios que decidan prestar. En ningún caso podrá obligarse al colegiado a contratar los servicios voluntarios de la corporación colegial.
6. Las corporaciones están obligadas a distinguir claramente las cuotas fijadas para los servicios obligatorios y los precios estipulados para los servicios voluntarios.
7. La suscripción de seguros a través de las corporaciones colegiales será en todo caso considerado servicio voluntario.
Artículo 48. Obligaciones Contables
o Ingresos procedentes de donaciones
3. Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la cuenta de Resultados y una Memoria explicativa de ambas. En todo caso dicha Memoria contendrá una estimación separada de los ingresos y gastos que se han obtenido o realizado por el ejercicio de potestades públicas.
Artículo 49. Control de cuentas
1. Las Organizaciones Colegiales de pertenencia obligatoria deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos.
Artículo 50. Fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la adhesión de los profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, como medio para resolver los conflictos que surjan entre los consumidores y usuarios y los profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos a aquéllos.
Artículo 51. Impulso de la transparencia y difusión de los instrumentos favorecedores del correcto ejercicio profesional
• Lista de todas las profesiones reguladas por las distintas Administraciones Públicas, incluyendo las tituladas y colegiadas. A estos efectos, se señalará la administración y autoridad competente para la regulación de cada profesión
A los efectos de este artículo, las administraciones públicas y las organizaciones profesionales proporcionarán toda la información necesaria, actualizándola cuando exista algún cambio al respecto.
Artículo 52. Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales
A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ofrecerá de forma clara, inequívoca y gratuita acceso público al Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales creado por Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales en el que constarán, al menos, los siguientes datos:
b) títulos oficiales en los que estén en posesión y, en su caso, suplementos europeos al título.
c) situación de habilitación profesional.
Los juzgados y tribunales deberán remitir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte copia de las sentencias relativas a la inhabilitación de los profesionales. Asimismo, las corporaciones colegiales, en el caso de profesiones colegiadas, tendrán la obligación de remitir al Ministerio de Educación la información relativa a los colegiados que se determine, en un plazo máximo de quince días desde que se tenga conocimiento de dicha información. Para esta cesión no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.
Artículo 53. Impulso de la formación continua de los profesionales.
Artículo 54. Sistemas de certificación de profesionales
4. A efectos de garantizar la homogeneidad de los sistemas y la transparencia para el consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas podrán ser desarrollados por los Consejos Generales de Colegios. El sistema de certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser único.
5. A los efectos previstos en esta ley, podrán solicitar su acreditación como entidades de certificación cualquier entidad, tanto pública como privada, con o sin fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de la realización de otras actividades diferentes a las objeto de acreditación. En particular podrá solicitar esta acreditación las organizaciones y las asociaciones profesionales y las corporaciones profesionales.
b) En un colegio de farmacéuticos para ejercer la actividad de responsable de una oficina de farmacia a la que se refiere el artículo 5 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia.
i) En un colegio de abogados para la intervención como abogado ante juzgados y tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.4 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
j) En un colegio de procuradores para la intervención como procurador ante juzgados y tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.4 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
k) En un colegio de graduados sociales para la intervención como graduado social ante jueces y tribunales en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
l) En un colegio de notarios y registradores para realizar las actividades propias de los notarios y registradores de acuerdo con la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado y la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.
m) En un colegio competente por razón de la materia para ejercer las actividades sujetas a visado colegial obligatorio según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
2. En todo caso en el ejercicio de las actividades enumeradas en las letras a, b, c, d, e, f, g, y h se entienden incluidos aquellos profesionales que ejercen su actividad en el ámbito privado y aquellos profesionales al servicio de las administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actuaciones profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Nacional de Salud
3. No será obligatoria la colegiación para cualesquiera otras profesiones, actividades o funciones distintas de las relacionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de las exigencias de titulación y de las obligaciones de inscripción de los profesionales titulados en el Registro Nacional de Titulados Universitarios oficiales que puedan recaer sobre ellas.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley los Consejos Generales de Colegios de pertenencia obligatoria deberán haber desarrollado un sistema de certificación de profesionales y los Colegios de estas organizaciones profesionales deberán haberse constituido como entidades de certificación en los términos establecidos en el artículo 54.
La falta de constitución como entidades de certificación en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley será motivo de informe de disconformidad de la Administración de tutela.
El Ministerio de Justicia creará un Registro de peritos judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación. La inscripción en este Registro será requisito necesario para la actuación de estos profesionales ante la Administración de Justicia, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan.
El Registro de peritos judiciales podrá constar de diferentes secciones dependiendo de los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para la valoración de hechos o circunstancias relevantes y para la emisión de dictámenes sobre los distintos asuntos.
Disposición adicional séptima. Ejercicio de las profesiones jurídicas
1.- El ejercicio de toda profesión jurídica deberá ajustarse al cumplimiento estricto de las normas deontológicas establecidas en la legislación vigente.
2.- El Ministerio de Justicia establecerá reglamentariamente, previo informe de las organizaciones profesionales afectadas, las normas deontológicas mínimas y comunes a las que quedarán sujetos todos aquellos que ejerzan profesiones jurídicas, así como el procedimiento a través del cual habrá de formalizarse el sometimiento a las mismas.
Disposición adicional octava. Regímenes especiales
Disposición adicional novena. Mantenimiento carácter colegial
Disposición adicional décima. Comisión de Reforma de las Profesiones
Esta Comisión deberá emitir un informe de evaluación de acuerdo con los principios contenidos en esta ley y de carácter determinante sobre cualquier propuesta de ley que en el ámbito estatal establezca nuevas restricciones al acceso a actividades profesionales o profesiones o que establezca reserva de funciones.
Asimismo esta Comisión podrá realizar de oficio una evaluación de las reservas de actividad o atribuciones de funciones existentes a la entrada en vigor de esta ley pudiendo realizar propuestas de modificación de las mismas a los departamentos ministeriales competentes. En particular esta Comisión realizará una evaluación de la posible ampliación de la reserva relativa a la propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia a sociedades profesionales de farmacéuticos.
Disposición adicional decimoprimera. Previsión social de profesionales titulados que ejercen su actividad por cuenta propia.
1. La supresión de la obligación de colegiación como resultado de lo previsto en esta ley así como la fusión, absorción, segregación y cambio de denominación de colegios profesionales regulada en el artículo 30, no supondrán en ningún caso modificación para los profesionales afectados de su integración obligatoria en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia u Autónomos o, en su caso, de la posibilidad de optar entre la afiliación y alta en dicho régimen especial o la integración en la mutualidad autorizada para actuar como alternativa al mismo en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, manteniéndose la posibilidad de optar por esta última exclusivamente para aquellos profesionales que en función de su titulación hubieran dispuesto de la misma de no haberse producido tales circunstancias.
Disposición adicional decimosegunda. Obligación de seguro en el ámbito de la ingeniería y la edificación
Los profesionales que ejerzan alguna de las siguientes actividades:
a) Redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles.
c) Dirección de toda clase de industrias o explotaciones.
así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios relacionados con dichas actividades, vendrán obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de estos servicios.
2. Durante el período de adaptación de los Estatutos colegiales, de acuerdo con lo previsto en la disposición final decimoquinta continuarán en vigor las disposiciones contenidas en los mismos que no resulten contrarias a lo establecido en esta ley.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las disposiciones de acceso o reserva de funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación.
Se constituirá un grupo de trabajo específico para la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación en el que participarán los Consejos Generales de los Colegios profesionales de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, los representantes de aquellas otras profesiones que puedan verse afectadas y que así lo soliciten y los Ministerios tutelantes de dichas profesiones. Este Grupo elaborará una propuesta de ley específica de atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y una propuesta de reforma de las atribuciones profesionales en materia de edificación contenidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación de acuerdo con los principios y criterios de esta ley. Esta propuesta será presentada en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ley para informe determinante de la Comisión de Reforma de las Profesiones a la que hace referencia la Disposición adicional décima.
El Gobierno, previo análisis del informe de la Comisión de Reforma de las Profesiones sobre la propuesta para la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de ingeniería y la edificación, remitirá en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, a las Cortes Generales un Proyecto de Ley específico de atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y una propuesta de reforma de las atribuciones profesionales en materia de edificación contenidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las disposiciones relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones o a la reserva de funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación vigentes.
2.En particular, queda derogada la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y las disposiciones contenidas en normas de cualquier rango relativas a la regulación de los Colegios profesionales que se opongan a lo dispuesto en esta ley.
– Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
– Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
– Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental.
– Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
– Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos.
– Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
– Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
– La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
– Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.
– Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador.
– Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
– Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
4. Por transponer normativa comunitaria relativa al acceso a actividades profesionales o profesiones o a la reserva de funciones mantendrán su vigencia las normas de rango reglamentario siguientes:
– Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
– Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
– Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
– Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante.
– Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se adoptan los requisitos conjuntos de aviación para las licencias de la tripulación de vuelo (JAR-FCL) relativos a las condiciones para el ejercicio de las funciones de los Pilotos de los aviones civiles.
– Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.
– Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.
– Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
5.De acuerdo con la disposición transitoria tercera de esta ley mantendrán igualmente su vigencia las disposiciones relativas a las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y de la edificación.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad.
Uno. Se modifica el artículo 156 de la Ley que queda redactado así:
Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas físicas o jurídicas inscritas como tales en el Registro de la Propiedad Industrial que, como profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtención de las diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa ante el Registro de la Propiedad Industrial de los derechos derivados de las mismas. »
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Se modifica el artículo 3.1, que queda redactado en los siguientes términos:
«1.A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, no se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los referidos en el artículo 2, si en el correspondiente proyecto de edificación no se incorpora el que prevea la instalación de una infraestructura común propia. Esta infraestructura deberá reunir las condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas que, en cada momento, se dicten en su desarrollo.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
“3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. El ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales es compatible excepto para aquellas funciones en las que el procurador ostente la condición de autoridad pública. “
“4. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, y a los procuradores y profesionales en el ejercicio de sus funciones como autoridad pública, que a ellos estén sujetos. Para el resto de funciones de los procuradores, se regulará un arancel que tendrá la consideración de precio máximo, pudiendo las partes pactar libremente otro inferior. Los precios máximos regulados no podrán ser superiores a los aranceles fijos establecidos en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales”
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales
“ 1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.
2. La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía. La obtención del título profesional de abogado habilitará igualmente para el desempeño de las funciones de representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice con la excepción de aquellas que requieran la condición de autoridad pública.
3. La obtención del título profesional de procurador de los tribunales en la forma determinada por esta ley es necesaria para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura. La obtención del título profesional de procurador habilita igualmente para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado.
4. La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito imprescindible para la colegiación. Para el ejercicio simultáneo de las funciones propias de la abogacía y de la procura en los casos en que sea compatible sólo será necesaria la incorporación a un Colegio profesional de abogados o de procuradores.”
Disposición final octava. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Uno. Se modifica el artículo 74 de la Ley, que queda con la siguiente redacción:
« Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.
Los requisitos de los puestos de trabajo deberán respetar el principio de libre acceso y ejercicio profesional. Excepcionalmente se podrán establecer requisitos basados en titulación o titulaciones concretas para acceder a una profesión titulada cuyas funciones reservadas coincidan con las funciones que deban ser desempeñadas en un puesto de trabajo concreto. »
Disposición Final novena. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
5. La publicidad del contenido de la hoja abierta a cada sociedad profesional en el Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de Sociedades Profesionales se realizará a través de un portal en Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Disposición final décima. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
« o) El ejercicio irregular de la profesión, en los términos previstos en la Ley XXX, de Servicios Profesionales, en cuanto afecte o pueda suponer un riesgo para los consumidores y usuarios. »
3. El título II y las disposiciones adicionales tercera, quinta, octava y novena tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales.
4. La disposición final decimosegunda se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación sobre productos farmacéuticos.
5. El resto del articulado de esta ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final decimosegunda. Márgenes, deducciones y descuentos distribución y dispensación de medicamentos de uso
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualizará en un plazo no superior a seis meses, la tabla de deducciones al beneficio de las oficinas de farmacia recogida en el artículo 5 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. Los nuevos tramos, porcentajes y cuantías deducibles que recojan la tabla deberán fijarse de tal forma que se garantice la financiación del índice corrector de márgenes, tal como viene éste recogido en el artículo 8 del citado Real Decreto. El rediseño de la tabla de deducciones deberá ser progresivo y considerar en todo caso: La ampliación del mínimo exento; la incorporación de tramos superiores a 600.000 euros, y el aumento de los porcentajes y las cuantías fijas de deducción.
Disposición final decimotercera. Adaptación de la normativa vigente.
Disposición final decimocuarta. Adaptación de los Colegios Profesionales existentes.
1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, quienes ejerzan actividades profesionales o profesiones no sujetas a la obligación de colegiación, de acuerdo con lo en ella previsto, tendrán derecho a obtener la baja inmediata del colegio profesional en el que estén inscritos si así lo solicitan. Este proceso se llevará a cabo preferentemente de forma telemática.
2. Asimismo, las sociedades profesionales inscritas en el Registro Mercantil en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y cuyo objeto social se refiera a una actividad profesional o profesión que, tras la entrada en vigor de esta Ley, no requiera inscripción obligatoria en un Colegio Profesional, podrán solicitar de manera inmediata la baja del colegio profesional y la inscripción de su disolución o, en su caso, de su adaptación, en el Registro Mercantil. La sociedad inscrita dejará de estar sujeta a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, pasando a regirse por lo previsto en la normativa correspondiente a la forma social adoptada.
Disposición final decimoquinta. Cambio de denominación y régimen jurídico de determinadas corporaciones profesionales.
2. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Instituto de Actuarios de España se regirán por esta Ley. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley adaptarán su denominación incluyendo la denominación de Colegio. Asimismo, en dicho plazo procederán a realizar las adaptaciones que resulten necesarias en su normativa interna.
Disposición final decimosexta. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las funciones ejecutivas atribuidas a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas corresponderán al Ministerio de tutela competente por razón de la actividad profesional o profesión.
La obligación de los Colegios profesionales de constituirse como entidad de certificación establecida en el artículo 54 y de los Consejos Generales de desarrollar un sistema de certificación establecida en el artículo 39 entrará en vigor al año de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.

References: artículo 36
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 9
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 33
 artículo 54
 artículo 41
 Real Decreto 

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 41
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 54
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 54
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 35

Artículo 46
e contrario

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
 resolución 

Artículo 51

Artículo 52
 Real Decreto 

Artículo 53

Artículo 54
in fine
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 54
 artículo 30
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 156
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 74
 Artículo 74
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 54
 artículo 39