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Timestamp: 2017-10-18 02:11:42+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña 1586/2006, de 20 de febrero. Extinción del contrato por incumplimiento empresarial. Mobbing - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña 1586/2006, de 20 de febrero
Extinción del contrato por incumplimiento empresarial. Desestimación. Mobbing. Concepto y requisitos. No se aprecia.
Primero.-Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Extinción a instancia del trabajador, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 7 de marzo de 2005 que contenía el siguiente Fallo:
"Que desestimando la demanda presentada por D.ª Patricia, contra ''Mercedes Canela, S.L.', ''Honey Flovour, S.L.', Paulino, Bruno, Marí José, Carlos José, Inocencio y el Fondo de Garantía Salarial absuelvo a los demandados."
"Primero. La actora, D.ª Patricia, D.N.I. núm. ... presta sus servicios para la demandada ''Mercedes Canela, S.L.' con antigüedad de 2-4-1990, categoría profesional de vendedora y salario de 29,79 euros/día incluidas p.p.p. extraordinarias.
Segundo. La empresa ''Mercedes Canela, S.L.' y la también S.L. ''Honey Flavour, S.L.' constituyen un grupo empresarial según se dictamina en sentencia de 5-11-2003 del Juzgado Social núm. 11, hoy firme, entra otras.
Tercero. Los codemandados personas físicas D. Paulino y D. Inocencio tiene la cualidad de empresarios reales y así ha sido declarado en la sentencia relacionada en el ordinal precedente.
Cuarto. Los codemandados Marí José, Bruno y Carlos José fueron condenados en ausencia en la sentencia de de 12-5-2004 y en el presente juicio no se ha presentado prueba, ni tan siquiera indiciaria de su participación.
Quinto. La empresa y la trabajadora, así como el codemandado D. Inocencio mantienen una pésima relación que les ha llevado a denuncias mutuas, correspondencia cruzada con imputaciones y reclamaciones y procedimientos juridiales ante el orden social y penal (doc. de la demandante).
Sexto. En fecha 17-11-2004 se ha celebrado el acto de conciliación sin efecto.
Séptimo. Al acto de juicio no han comparecido los demandados constando que la citación la recibió personalmente la actora y sin que conste su entrega a los demandados."
Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Primero.-Contra la sentencia de instancia que desestima la demanda inicial en solicitud de que se declare la extinción de la relación contractual a instancia de la trabajadora recurre ésta en suplicación al amparo del artículo 191 apartados b) y c) de la LPL. Por su parte los codemandados Inocencio, "Honey Flavour, S.L.", y "Mercedes Canela, S.L.", impugna el recurso y solicitan la confirmación de la sentencia.
La demanda se interpone solicitando que se extinga el contrato al entender que la trabajadora ha sido sometida a mobbing y acoso sexual. Interesa la recurrente en primer lugar la modificación de los hechos declarados probados, así:
1.º) Respecto del hecho 5.º de la sentencia y con base en la documental que obra a los folios 109 a 134, interesa que redacte con el siguiente tenor: "La empresa ha ido imputando a la trabajadora desde el año 2000 una serie de amonestaciones y sanciones impuestas en fecha 21-7-2000, 24-10-2000, 27-10-2000, 16-4-2001, 11-7-2001, 15-11-2001, 2-6-2002 y 6-6-2002, las cuales han sido todas anuladas por la jurisdicción social. Así mismo la trabajadora ha interpuesto contra el empresario Sr. Inocencio acciones de índole penal por abusos sexuales y contra la integridad moral, habiéndose seguido desde el año 2002 diligencias previas ante el juzgado de Instrucción núm. 4, y habiéndose señalado juicio para el 8-10-2004.
Segundo. Interesa la inclusión de un nuevo hecho 8.º con el siguiente tenor:
"En el mes de enero del año 2002, el condenado Sr. Inocencio administrador de las empresas, ordenó a través de una empresa de detectives el seguimiento e investigación de la actora con ocasión de una baja laboral, aparecieron en dicho informe determinados aspectos privados de su vida familiar en donde se incluyen datos sin trascendencia para los motivos indicados."
Ello con base en la documental que obra en los folios 171 a 236 informe de la Agencia de detectives que fue entregado en el Juzgado de lo Penal diligencias 236/204, en proceso seguido por acoso sexual.
Tercero. Interesa también la inclusión de un nuevo hecho 9.º) con base en os informes de la inspección que obran a los folios 139 a 151, con el siguiente tenor:
"Por parte de la Inspección de Trabajo de Barcelona se ha levantado informes: en fecha 6-8-2002, donde figuran todas las irregularidades que al empresa en materia de prevención de riesgos laborales; en 26-8-2002 donde figuran las irregularidades de la empresas en relación a los trabajadores, y en fecha 27-9-2002 donde constan las faltas de medidas de seguridad dentro de la empresa, así como la posible existencia de vulneración de los derechos a la intimidad de los trabajadores a tenor de las cámaras y micrófonos existentes en la empresa, que deberá determinarlos tribunales."
Cuarto. Interesa también con base en los documentos que obran en las actuaciones a los folios 152 a 162 de los autos, donde constan los informes médicos de la actora y las bajas de I.T. por la sintomatología ansioso depresiva, y propone se redacte con el siguiente tenor:
"La trabajadora ha permanecido desde el año 2002 de baja médica sucesivas por ansiedad, habiéndose cursado baja por I.T, en fechas 17-6-2002 reincorporándose y cursando nueva baja en diciembre de 2002 hasta septiembre de 2003, y cursando nueva baja ante la ansiedad de nuevos micrófonos y cámaras instalados desde el 11-12-2003 a septiembre de 2004, cursando nueva baja médica por ansiedad desde 28-10-2004. Dichas bajas tiene lugar por un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado anímico depresivo (309.28 DSIV), y asimismo el informe del médico forense realizado a través del Juzgado de lo Penal núm. 7 en fecha 22-7-2004, establecen que la actora tiene rasgos de ansiedad, autoexigencia, cierta rigidez y obstinación, y sin trastornos de la personalidad, evidenciándose la existencia de un desajuste psicológico en que destacan los síntomas ansioso depresivos y estando medicada la actora con Adofen 10 mg. día, Idalprem 1 mg. día y Diacepan 5 mg. día."
Alega que las modificaciones que propone han de prosperar pues ponen de manifiesto la situación en la empresa justificándose la tardanza en plantear la acción por los largos períodos de IT de la actora ya que entiende alegando jurisprudencia que no cita que no se puede plantear si la relación está suspendida.
Este argumento ha de decaer, pues en todo caso la suspensión no implica que la relación de trabajo sea inexistente sino que está viva y suspendida momentáneamente la prestación de servicios, y el devengo de salarios, pero no impide el ejercicio d acciones derivadas del contrato.
Respecto del primer hecho es cierto que hubo la imposición de sanciones y también que se llevaron al juzgado anulándose todas ellas en suma recayendo sentencia favorable a la trabajadora, como se comprueba de la documental, pero también lo es, como así consta en la sentencia que como documental aporta la empresa en el escrito de impugnación, que esa sentencia penal fue absolutoria para el empresario.
Por otra parte corresponde a momentos en que la trabajadora era delegada sindical, hecho que tampoco la recurrente pone en evidencia pero se desprende de la demanda y otros documentos que cita. Por tanto entendemos que no resulta determinante, como tampoco lo es el relato que pretende incluir en reacción al seguimiento de los detectives que el empresario ordena para la constatación de la situación de baja, por otras parte hace una referencia genérica al informe de más de 30 folios sin concretar la base de la modificación que interesa, que por lo demás incluir detalles que no son de interés para el asunto tampoco aporta elementos o al menos no los explica la recurrente que integren o contribuyan a integrar la conducta que pretende demostrar. Las denuncias referidas a la inspección de trabajo en relación a la falta de medidas de seguridad de la empresa, se enmarcan en el período en que la trabajadora era representante sindical y por tanto, que la empresa no tenga una actuación correcta, que se la haya denunciado, incluso sancionado, no tiene una relación directa al tema que tratamos que es la concurrencia o no de circunstancias que configuren causa de extinción contractual a instancia del trabajador.
Ha de rechazarse también el hecho nuevo que plantea como décimo en el que quiere fijar que las bajas son consecuencia de la situación laboral. No consta se haya practicado pericial alguna al respecto, y de la documental se desprende únicamente la referencia que hace la propia actora al tema, y por otra parte la referencia a que se ponen micrófonos es una situación que en todo caso afecta ala plantilla no solo a la actora, por tanto no tiene en este supuesto la virtualidad que se le quiere atribuir, pues, con independencia de su calificación en otras sedes, no es una acción individualizada en los que aquí tratamos de acoso a la trabajadora.
Por tanto aunque en este caso la sentencia es excesivamente escueta, y desde luego podía haber sido más completa, y explícita en la referencia de datos de bajas y de las sanciones, entendemos que tampoco ponen en evidencia la existencia de error en los términos que exige la jurisprudencia para que surta efectos la modificación del relato de hechos. Así hemos indicado en muchas ocasiones que:
"Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la Sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes han de prevalecer la conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la ''prueba negativa', consistente en afirmar que los hechos que el Juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986 y Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1990 ''sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del Juzgador...'; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del Fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presente conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso. En definitiva en este caso entendemos que no son determinantes a la modificación del fallo y en consecuencia se desestiman las modificaciones fácticas que pretende."
Segundo.-Por la vía del apartado c) del artículo 191 denuncia la infracción del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores, alega que ha habido en síntesis una situación de acoso y derribo a la trabajadora, con la instalación de micrófonos y la batería de sanciones a la misma, con una falta de política de seguridad e higiene y ello entiende que son incumplimientos contractuales del empresario, que se insertan en el artículo 50 como causa justa para extinguir el contrato. Alega que no se ha producido prescripción para ejercitar la acción ya que se trata de la dignidad de atentados a la dignidad de la trabajadora, y finalmente considera que se ha infringido la doctrina jurisprudencial del mobbing, alegando que hay un atentado a la dignidad personal, que cuando después de las bajas llego a la empresa continuaban las cámaras, que por otra parte habiéndose declarado ya que hay grupo de empresas debe establecerse la responsabilidad solidaria. No se discute ninguno de los dos temas, ni la posibilidad del ejercicio de la acción ni la responsabilidad que ya declaran los hechos probados. El tema que se plantea es que concurra el supuesto de hecho incardinable en la conducta que denuncia.
Tercero.-Se ha dicho con reiteración que la posibilidad de extinguir por la vía del art. 50 del ET, se cifra en tres supuestos, a los que la recurrente no alude ni identifica para justificar su solicitud, el primero a las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de la formación profesional, o menoscabo de su dignidad, el segundo que excluimos pues se refiere al impago de salarios, y el tercero a cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, salvo supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar a la trabajadora en sus condiciones anteriores en los supuestos previstos en el artículo 40 y 41 del ET, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
En este caso entendemos que la recurrente al citar como infringido el artículo 50.1 se refiere al apartado 1.c) que no concreta, pues el segundo de impagos ha de excluirse, y el primero también porque no ha habido modificación de condiciones de trabajo. El tercero aún siendo un supuesto más abierto debería centrar este "grave incumplimiento" en el caso que tratamos al hecho de no haber cumplido normas de seguridad o al hecho de haber instalado las cámaras lo que la actora relaciones con el atentado a la dignidad. En el recurso no se hace mención ya al acoso sexual que denunciaba en la demanda.
Por otra parte debe decirse en primer lugar que no todo incumplimiento del empresario da lugar a la rescisión, así, como indica el TS, en sentencia de 15-1-1987, "No todo incumplimiento empresarial es susceptible de determinar la resolución del contrato de trabajo, a instancia del trabajador, sino sólo los expresamente previstos en los apartados a) y b) del número 1 del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y aquellos otros a los que remite de forma genérica el apartado c) de este precepto, y cuya gravedad ha de vincularse a la manifestación de una voluntad empresarial deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones o a un hecho obstativo suficientemente significativo dentro de la economía del contrato que impidiera la continuidad del mismo". La aplicación de este criterio al supuesto que se analiza lleva a la desestimación de los motivos del recurso pues no se ha podido acreditar la existencia de este incumplimiento con afectación la trabajadora par generar la ruptura unilateral que solicita.
Por muy malas que sean las relaciones con la empresa y en concreto con el empleador, no se corresponden los hechos que se declaran con la existencia de ataque a la dignidad de la trabajadora ni a la existencia de mobbing incardinándose este en el supuesto abierto del punto 1.3 del artículo 50 del ET. El mobbing, entendido como hostigamiento psicológico en el trabajo, y definido por el encuadramiento sobre un período de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas, por una o varias personas, hacia una tercera --el objetivo-, debe incluirse en la enunciativa relación de causas de extinción del contrato de trabajo contenida en el art. 50 ET 1995, al suponer, cuando aquella conducta proviene del empresario, un incumplimiento empresarial grave y culpable de sus obligaciones, entre las que se encuentra el mantenimiento de la integridad física y psíquica del trabajador, la consideración debida a su dignidad, el desarrollo de la relación conforme a los principios de buena fe, lealtad, etc. En este caso aparte de que no se concretan las conductas, como ya hemos indicado las cámaras estaban para todos los trabajadores, las denuncias y sanciones ante y por la Inspección no se ha probado tampoco que afectaran a la salud de la trabajadora. Por tanto y sujetándonos a los hechos que no se han combatido eficazmente hay concluir en el sentido de desestimar el recurso pues no se producen las infracciones que denuncia sin necesidad de entrar al estudio de si procede o no la indemnización que en su caso se vincula al reconocimiento del incumplimiento grave o a los daños producidos.
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Patricia contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Barcelona núm. 22 en fecha 7-3-2005 autos núm. 804/2004 seguidos a instancia de Patricia contra "Mercedes Canela, S.L.", "Honey Flavour, S.L." (antes "Canela Flavour, S.L."), Inocencio, Paulino,, Carlos José, Marí José y Bruno debemos confirmarla y la confirmamos.

References: artículo 191
 artículo 191
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 40
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
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