Source: http://www.cohesionsocial.mx/objetivos-y-causas/inclusion-economica/salario-minimo/caso-luz-por-un-salario-minimo-suficiente
Timestamp: 2018-03-23 22:33:46+00:00

Document:
Caso Luz por un salario mínimo suficiente | Cohesión Social
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21 Febrero, 2018 por Frente a la pobreza
Este es el formulario que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que revise el caso de Luz, quien demandó al Estado Mexicano porque el monto del salario mínimo no cubre las necesidades básicas de ella y su familia, incmple el Art. 123 de la Constitución.
SECCIÓN I. DATOS DE LA PRESUNTA VICTIMA Y DE LA PARTE PETICIONARIA
1. DATOS DE LA/S PRESUNTAS VICTIMA/S
Nombre de la presunta víctima: Luz.
Sexo de la presunta víctima: Femenino.
Fecha nacimiento: XXXX.
Dirección Postal: Manuel María Contreras, No.133, 5° piso. Col., Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México.
Teléfono de la presunta víctima: +525519675979
Correo electrónico: alberto.serdan@frentealapobreza.mx
Privación de la libertad: No.
Info. Adicional: No.
Representante: Carlos Alberto Serdán Rosales
Siglas: ACFP
Dirección para recibir notificaciones: Manuel María Contreras, No. 133, 5° piso. Col., Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México.
Teléfono +525519675979
Se solicita a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantenga en reserva la identidad de la víctima y todas las comunicaciones se remitan a la Peticionaria.
Acompañan la petición, las siguientes organizaciones civiles y sociales:
Acciona Transformando Caminos para SER y HACER, A.C. Morelos
Alianza FC México, A.C. (COMUNALIA)
Altépetl Investigación, Organización y Acción Comunitaria, A.C.
Asociación contra la Discriminación y los Derechos Humanos, A.C.
CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
CCDSEM Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos
CEE, Centro de Estudios Ecuménicos, A.C.
Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, A.C. (Centro Lindavista)
Cerrando el Ciclo, A.C.
Comunidad Raíz Zubía, A.C.
Confederación de Uniones Sociales de Empresarios de México, A.C.
Consejo Atoyaquense para el Desarrollo Sustentable, A.C.
Ensamble Social, A.C.
Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.
Equipo Pueblo, A.C.
Fondo Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C.
Frente Cívico Familiar, A.C. Yucatán
Fundación Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P.
Fundación Comunitaria de Puebla, I.B.P.
Fundación Comunitaria del Bajío, A.C.
Fundación Kolpíng México
Fundación Sertull, A.C.
Instituto Intercultural Ñohño, A.C.
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, A.C.
Mixteca Sustentable, A.C.
Odisea, Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, A.C.
Parroquia Anglicana de la Sagrada Familia CDMX
Propuesta Cívica Guanajuato, A.C.
Reeduca Red de Escuelas por la Educación y Conciencia Ambiental, A.C.
RIE, Red Latinoamericana de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Oficina México
Seraj, Servicios a la Juventud, A.C.
Socdes, S.C.
UdeC, Unión de Esfuerzos para el Campo, A.C.
Unión de Pueblos de Coyuca de Benítez y Acapulco
Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur)
Visión Legislativa, A.C.
¿Ha presentado petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos? No.
SECCIÓN II. HECHOS DENUNCIADOS
1. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA DENUNCIA
Luz tiene XX años y es trabajadora de limpieza de un restaurante de la Ciudad de México. Es jefa de familia y tiene dos hijos. Trabaja más de 8 horas diarias y gana el salario mínimo. La Sra. Luz vive en el Estado el México y cada día ocupa 4 horas en promedio para trasladarse de su casa a su trabajo, que se ubica en Ciudad de México, en otro Estado del país. Para el año 2016 gastaba 30 pesos diarios en transporte público, invertía la mitad de su salario en trasladarse para ir a trabajar. El salario mínimo fijado para ese año en México fue de 73 pesos diarios, lo equivalente a 3 dólares y medio al día.
Los 43 pesos que le quedaban al día no le alcanzaban ni para la comida. ¿Y la electricidad, el gas, el agua, el saldo para el teléfono celular que es su medio de comunicación con quien le puede dar trabajo? Menos pensar en la educación y transporte para sus hijos. Mucho menos en ropa, calzado, diversión o descanso. Ni siquiera pensar en la posibilidad de ahorrar algo, para alguna emergencia o para la vejez. Porque, aunque tuviera registro en el sistema de seguridad social, no le quedaba dinero para aportar a su pensión.
Así, Luz tenía que completar el ingreso familiar limpiando casas y con eso completaba para la electricidad, el gas, el teléfono, a veces para la ropa y el calzado. Porque, aunque ella se empecinaba en trabajar y ganar más dinero, el costo de las cosas cada año subía muy por encima de sus esfuerzos.
Pero incluso ese ingreso extra, era insuficiente para pensar o imaginar un futuro digno. Una muerte digna y no en la miseria. ¿Cómo sobrevivir cuando vieja? ¿Cómo salir a trabajar si el cuerpo estará cada vez más cansado, enfermo, y al mismo tiempo la vida pública es cada vez más precaria, encarecida, competida? ¿Qué iba a hacer cuando no fuera capaz de levantarse de la cama para ganarse el dinero que le permitiera comprar comida, cocinarla, asearse?
Preocupada por eso, Luz decidió acudir a la justicia.
Planteó su caso a unos abogados, quienes entendieron que el salario mínimo establecido en México violaba la Constitución y sus derechos humanos más elementales; pues este salario se encontraba por debajo de la canasta básica y no cumplía con los preceptos legales establecidos en el art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internacionales. Es decir, el salario que cada día Luz ganaba con su trabajo, no alcanzaba ni para satisfacer las necesidades básicas de una persona, con menor razón para proveer las necesidades de educación, social y cultural a sus hijos, en abierta contradicción con lo establecido por la Constitución de México (CPEUM), como lo cita este precepto:
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.”
Este caso hace evidente la existencia de un vínculo entre los derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la alimentación, al trabajo digno, al salario digno, a la salud, a la recreación, a la educación, a la vivienda, y seguridad jurídica, y la decisión violatoria de estos, por un órgano del Estado Mexicano, que fija los salarios mínimos en un monto menor al monto usado como umbral mínimo para medir la pobreza por otro órgano del Estado.
El 18 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución emitida por el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y su respectiva nota aclaratoria que determinó en el resolutivo SEGUNDO que el salario mínimo general vigente a partir del 1o. de enero de 2016, es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.) para México.
Con fecha 16 de febrero de 2016 Luz presentó un recurso a la justicia mexicana, denominado amparo indirecto con el objeto de atacar la resolución de la CONASAMI por ser violatoria de sus derechos fundamentales., bajo los siguientes argumentos:
Salario fijado materia de la impugnación.
El salario mínimo es la cantidad mínima que la Sra. Luz recibía por los servicios de una jornada de trabajo. Este, al derivarse de las normas del trabajo, debe tender a conseguir el trabajo digno o decente; entendido como aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, así como el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social.
No obstante, el salario mínimo determinado para México en el año 2016 que fue por $73.04 pesos, no solo no contemplaba la protección a sus derechos humanos y a sus garantías individuales, sino que las transgredía al fijar una cantidad que impedía satisfacer sus necesidades normales como jefa de familia, haciendo de su trabajo una actividad que la ubicaba por debajo del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), órgano del estado responsable de la medición de la pobreza, conforme al apartado C del artículo 26 de la Constitución.
La remuneración de su trabajo para ella y el de todos los mexicanos no respetaba plenamente su dignidad humana como trabajadora al obligarla, a ella y a sus hijos, a vivir en condiciones de pobreza a pesar de prestar su trabajo de manera legal y honesta.
En la escala de derechos económicos y sociales, el derecho a un salario digno es de tal importancia que se centra en éste la suficiencia de aquel como un elemento para asegurar una vida digna. El monto del salario mínimo general es una condición primaria para poder asegurar el goce de otros derechos como la vivienda, la educación, el entretenimiento entre otros.
De esta manera ya se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México es el documento sobre el Salario Mínimo y Derechos Humanos www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_018.pdf , como sigue:
“El análisis anterior pone de relieve que la satisfacción de las necesidades básicas que el salario mínimo busca lograr, conduce al goce de múltiples derechos humanos inherentes a la dignidad de las personas reconocidos por el Estado Mexicano tanto en la CPEUM, como en los instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada con servicios indispensables, a la educación, a la salud, al acceso al agua potable y al saneamiento; cuyas condiciones de satisfacción corren a cargo de las instancias estatales de los diversos órdenes de gobierno que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Elementos objetivos identificados que demuestran la violación a los derechos fundamentales.
El artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social en México, establece que el CONEVAL es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
De la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2014, antes referida, el CONEVAL concluyó que el sector formal de México está produciendo pobres extremos dado que el salario mínimo establecido no permite cubrir las necesidades de una familia; y lo explica de esta manera.
En México, el número de integrantes promedio por hogar es de 3.7 personas, el número de perceptores promedio por hogar es de 2.4 y el número de ocupados promedio por hogar es de 1.6 personas. Considerando que $1,295.01 fue el costo de la canasta alimentaria mensual por persona para el mes de octubre de 2015, establecida por el CONEVAL, las necesidades alimentarias diarias de 2 personas (el trabajador y un dependiente económico) solamente podrían cubrirse con un ingreso mínimo diario de $86.33 pesos, es decir, $16.23 pesos más que el salario mínimo vigente para 2015 (que era de $70.10).
Para el 2016, el Órgano del Estado Mexicano denominado CONASAMI fijó el aumento en solo $2.94 pesos, determinando así el salario de $73.04 para el año corriente. Esto significó que para 2016 no se logró tener los $86.33 pesos que necesita ganar un trabajador para comprar una canasta básica alimentaria del año 2015. Consecuentemente, se puede pensar que con menor razón se podían cubrir las necesidades alimentarias del año 2016.
Esclarece lo anterior la información tomada del documento “Viabilidad del incremento sustancial del salario en México” del Gobierno del Distrito Federal, puede consultarse en:
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Etiquetas_Verticales/2015/Salario_Mi... , que cita:
“Bajo la premisa de que cualquier trabajador debe tener garantizada la satisfacción de al menos sus necesidades alimentarias, es decir, que su ingreso mínimo sea suficiente para rebasar la línea de pobreza extrema, el salario mínimo de cada trabajador requeriría un aumento de $487.02 pesos mensuales o $16.23 diarios para alcanzar la canasta alimentaria. Con ello el salario mínimo diario quedaría fijado en $86.33, y el mensual en $2,590.028.”
Dicho de otra manera, de conformidad con los datos del CONEVAL, Luz necesitaba $13.29 pesos adicionales a los establecidos para el salario mínimo de 2016. Sólo estos 13 pesos le permitirían cubrir únicamente la línea de bienestar mínima que se refiere al valor de la canasta básica alimentaria y eso solo considerándola a ella y no a sus hijos. Esto es, que una persona cuente con comida suficiente en cantidad y calidad nutricional. Estos sin tomar en cuenta el costo del transporte diario, solo podía contar realmente con $43.04 pesos diarios para su subsistencia, esto es todavía un 50 por ciento por debajo de la canasta básica alimentaria.
Violación sistemática por parte del Estado Mexicano al derecho de un salario digno.
El estudio sobre la viabilidad del incremento del salario mínimo en México elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, basado en datos del CONEVAL, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Internacional del Trabajo (OIT), determina que existen treinta y cinco años de rezago histórico del salario mínimo en México, como a continuación se cita:
“En el año de 1976 en nuestro país se registró el salario mínimo real más alto, acumulándose una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos del 70% al día de hoy.
De manera muy clara, a partir de 1995 la tendencia de disminución drástica del salario mínimo se modifica, y México entra en una prolongada fase de estancamiento durante todo el siglo XXI.”
Es así que el órgano del Estado Mexicano encargado de fijar el salario mínimo no ha tomado en cuenta las repercusiones del poder adquisitivo de los salarios mínimos por más del 70% en 35 años, lo que además de ser violatorio de derechos fundamentales ha tenido consecuencias sociales al provocar el aumento de la pobreza en las personas que están en el empleo formal. Esto sigue persistiendo para el año 2018.
Índice de la tendencia laboral 2008-2013 en México
No obstante, todos los razonamientos sustentados en estudios económicos y sociales, la autoridad del gobierno mexicano, para 2016, sólo incrementó un aproximado de 1.4% respecto del salario mínimo general de 2015, haciendo caso omiso de esta realidad y de su absoluta obligación constitucional.
Por otra parte, este mismo estudio señaló que el ingreso per cápita de los mexicanos ha caído de manera significativa, retrocediéndose en su valor por más de 23 años. Se muestra de la siguiente manera:
“Del lado de los ingresos: estamos abajo del nivel promedio previo a la crisis del 2009, pero incluso el ingreso corriente per cápita de los dos son: ingreso mensual per cápita en 1992, 3,322 pesos; en 2014: 3,015 pesos (precios de 2010).”
La gráfica muestra la profundidad del retroceso del ingreso per cápita de los mexicanos, sumando esto a la problemática de la pobreza extrema en nuestro país permanece como un problema grave que no se ha podido combatir; porque esa pobreza se genera todos los días en el mercado laboral mismo.
Para mencionar otros datos podemos hacer referencia al Informe 2010-2014 sobre el panorama social en la región de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que explica que la disminución de ingresos de México, constituyó el principal factor de aumento de la pobreza.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el año 2013, México era el segundo país con el salario mínimo general más bajo, dentro de dicha Organización.
El 17 de febrero de 2016, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa se declaró incompetente por que el amparo no correspondía a la materia administrativa, sino laboral, y ordenó enviar el amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.
El 19 de febrero de 2016, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, aceptó la demanda de amparo.
El 11 de mayo de 2016, el Juez Sexto de Distrito dictó sentencia sobreseyendo el juicio de amparo al considerar que no se presentó en tiempo pues se trata de una norma autoaplicativa (30 dias para su presentación) y no heteroaplicativa (15 dias para su presentación).
El 26 de mayo de 2016, la Sra. Luz interpuso recurso de revisión ante los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo.
El 10 de junio de 2016, el Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo aceptó el recurso de revisión sobre la resolución que sobresee el amparo de la Sra. Luz.
El 20 de junio de 2016, la Sra. Luz, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escrito solicitando se atraiga el recurso de revisión sobre el amparo que sobresee su caso.
El 4 de agosto de 2016 ordenó remitir el amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el 13 de julio de 2016, la Segunda Sala de la SCJN determinó hacer suya la solicitud de atracción formulada por la Sra. Luz y sus abogados.
El 19 de octubre de 2016, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el ejercicio de la facultad de atracción con el expediente 365/2016, en el sentido de atraer para su conocimiento y resolución el recurso de revisión.
Importancia y trascendencia del caso
La SCJN tiene competencia para atraer los asuntos cuando el acto reclamado verse sobre normas generales que se tilden de inconstitucionales y cuando por sus características especiales, importancia y trascendencia lo amerite. El acuerdo que emite la CONASAMI anualmente se fija el salario mínimo es de aplicación general para todo el país.
El caso de Luz no solo era importante y trascendente para los beneficios jurídicos que la resolución del Máximo Tribunal de México le pudiera otorgar, sino que es evidente y claro que, por la materia de la controversia, la importancia y trascendencia social este tema es de la mayor envergadura; dado que más de 7 siete millones de mexicanos, según datos del INEGI, perciben como remuneración a su trabajo el salario mínimo condenándolos a permanecer en la pobreza más indignante.
Las determinaciones y justificaciones erróneas de las que la CONASAMI anualmente se justificaba para emitir el salario mínimo, constituyen un precepto falaz que ha conducido a la violación sistemática y continua de los preceptos constitucionales y de los derechos fundamentales consagrados en los tratados internacionales.
La importancia y trascendencia de este caso que representa a millones de mexicanos se explican por si solos, pues su afectación ha implicado la alteración de valores sociales y de política pública para garantizar los derechos más mínimos de los mexicanos y para dar estabilidad social al Estado Mexicano.
El 25 de enero de 2017, el Ministro Presidente de la SCJN admitió el recurso de revisión con número de expediente 67/2017 y lo turnó al Ministro Eduardo Medina Mora.
La Segunda Sala de la Suprema Corte en sesión del 31 de mayo de 2017 da la razón a la Sra. Luz en el sentido de que la demanda de amparo se presentó en tiempo y forma, pero CONFIRMA la sentencia recurrida, en donde el juez sobreseyó el amparo. Con esta decisión se evita revertir jurídicamente los efectos del acuerdo de la autoridad del Estado Mexicano y también, que en un futuro la CONASAMI continúe violando derechos fundamentales al establecer salarios por debajo de la línea de pobreza.
Aun y cuando formalmente no se otorgó la justicia a la Sra. Luz, la Segunda Sala SCJN hace un planteamiento muy importante y sin precedente respecto de la situación de los salarios mínimos en México, como se cita a continuación:
QUINTO. Si bien el sobreseimiento del juicio implica que, sin analizar la constitucionalidad del acto reclamado, se concluye el juicio; esta Segunda Sala no soslaya que, por ser un tema sensible y de interés social, el salario mínimo remunerador que está reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo constituye un derecho social, sino que representa una aspiración que realmente satisfaga las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, razón por la cual, el monto que fije la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe ser tal que efectivamente cumpla su contenido constitucional.
Así, la citada Comisión al momento de emitir una resolución que fije los salarios mínimos debe contemplar todos los informes que aseguren la obtención de una cantidad que importe un salario remunerador, así como tomar en cuenta el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al margen de que también puedan ser considerados los principios rectores y alcances establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fijar los salarios mínimos, y los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
En este sentido, los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN reconocieron de alguna manera la inconstitucionalidad y violación convencional a uno de los derechos sociales más importantes, sin embargo esta resolución no puede ser exigible a la autoridad del gobierno mexicano y no procede recurso algo en México.
El caso de la Sra. Luz representa una oportunidad, sin precedente en México, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo revise pues es muy similar al de millones de mexicanos y millones de personas más no solo en México sino dentro de Latinoamérica que viven en una situación de pobreza extrema dentro del mercado formal laboral.
Aun y con los avances que diversos países de América Latina han tenido entorno al salario mínimo, este tema sigue siendo una prioridad en la Agenda del Desarrollo para el hemisferio, debido al rol del salario mínimo en la reducción de la desigualdad.
Es un momento importante para retomar el análisis de los avances que en materia de derechos humanos se han tenido y una gran oportunidad para redoblar los esfuerzos en el combate a la pobreza y lograr un desarrollo sostenible a partir de un nuevo enfoque del derecho al salario mínimo digno, especialmente en aquellos Estados que tienen una norma positiva en su Constitución y en sus leyes respecto a este instrumento de protección de derechos económicos y sociales de personas trabajadoras.
La Comisión Interamericana en un informe muy reciente sobre “Pobreza y Derechos Humanos en Las Américas” (2017) afirma: “la pobreza es una de las situaciones generales de derechos humanos más preocupantes en el hemisferio y en determinados supuestos, constituye “una violación generalizada a todos los derechos”. (no. 90)
Y posteriormente concluye: “El abordaje de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos determina la necesidad de realizar esfuerzos para lograr estrategias efectivas para la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, desde una perspectiva que se asiente en los derechos humanos de las personas y las consecuentes obligaciones internacionales del Estado, y no desde una perspectiva asistencial o de beneficencia. Ese tipo de enfoque permite el diseño de políticas públicas orientadas a la atención de las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas y sus necesidades particulares para garantizar condiciones de igualdad real” (Ibid. no. 98)
De ahí que para la CIDH este caso reviste particular relevancia dado que los actos administrativos realizados por el órgano del Estado responsable de fijar los salarios mínimos, son una abierta violación de derechos que contravienen lo previsto en la propia Constitución de México, en el texto del Art. 123 y en el reconocimiento explícito de la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma parte, como lo establece el Art. 1º de la Constitución.
El órgano administrativo del Estado mexicano responsable de fijar el salario mínimo, que debiera ser suficiente para las necesidades de un trabajador y su familia, lo fija por debajo del umbral usado para determinar el monto límite menor para que una sola persona no caiga en pobreza, tal y como lo establece otro órgano del Estado mexicano responsable de la medición de la pobreza.
Por ello, la importancia y trascendencia de la revisión de este caso por la CIDH podemos afirmar que se centra en lo siguiente:
La pobreza endémica en el Hemisferio reflejan una grave problemática en la conceptualización, entendimiento y estructura de los derechos económicos y sociales.
La figura del salario mínimo, como el monto económico irreductible que debe percibir una persona que trabaja junto con otras prestaciones socio económicas, constituye un medio fundamental para asegurar una vida digna, pues de ello depende el acceso y disfrute a otros derechos.
El derecho al salario mínimo no debe ser considerado como un principio o como una aspiración, sino como un acuerdo moral del Estado para establecer un punto de partida objetivo y cuantificable que permita el equilibrio y desarrollo de una sociedad. Que permita además establecer el fortalecimiento progresivo de este derecho.
3. AUTORIDADES ALEGADAMENTE RESPONSABLES
A) El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
C) Juez Sexto de Distrito en Materia del Trabajo del Primer Circuito Judicial Federal.
D) Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. DERECHOS HUMANOS QUE SE ALEGAN VIOLADOS
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica:
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos y Sociales:
Consagra el Derecho de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita y una remuneración que asegure condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo por trabajo igual, sin distinción. Artículos 6, 7, 9, 10, 12, 13 de este Protocolo.
Artículo 23.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social…
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
Establece en su artículo XIV el derecho de toda persona que trabaja a recibir una remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.
Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…
Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental…”
El Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (B-31):
(Protocolo de Buenos Aires) 13, determina en su artículo 43 que “el trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realice y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier otra circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar”.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”:
Que regula los derechos a las mujeres y evita las distintas formas de violencia, como la económica y laboral.
El Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la fijación de salarios mínimos:
Establece parámetros para fijar el salario mínimo, el artículo 3 enlista: “las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales y los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”.
Recomendación sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura) (número 89) de la Organización Internacional del Trabajo:
Numeral I:
“Para determinar las tasas mínimas de salarios que deberían fijarse es conveniente que los organismos de fijación de salarios tengan en cuenta, en todos los casos, la necesidad de garantizar a los trabajadores interesados un nivel de vida adecuado.”
Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos (número 135) de la Organización Internacional del Trabajo:
Numerales I y II:
I. Objetivo de la Fijación de Salarios Mínimos
1. La fijación de salarios mínimos debería constituir un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y de sus familias.
2. El objetivo fundamental de la fijación de salarios mínimos debería ser proporcionar a los asalariados la necesaria protección social respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios.
II. Criterios para la Determinación del Nivel de Salarios Mínimos
3. Para la determinación del nivel de los salarios mínimos se deberían tener en cuenta, en particular, los siguientes criterios:
(a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias;
(b) el nivel general de salarios en el país;
(c) el costo de la vida y sus variaciones;
(d) las prestaciones de seguridad social;
(e) el nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
(f) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, la productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131):
Artículo 3. Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:
(a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
(b) Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
La Observación General No. 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Define al trabajo digno como aquel que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del Pacto.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México referente a los derechos de las mujeres, propuso ajustar el salario mínimo para poder acceder a la canasta básica.
Informes sobre Desarrollo Humano del Programa para las Naciones Unidas
Con fecha 15 de febrero del año 2016, se interpuso demanda de amparo indirecto tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en contra de la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que fijó el salario mínimo para el año de 2016;
En virtud de haberse sobreseído el juicio, se interpuso el recurso de revisión, ante el tribunal colegiado en turno, siendo atraído el caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dentro del Toca 67/2017 de la Segunda Sala, no obstante conceder la razón ante las graves violaciones infringidas a la clase trabajadora y en ella a la quejosa en el susodicho juicio de amparo, resolvió sobreseer por cuestiones técnico-jurídicas el juicio de amparo (último recurso de la quejosa), denegando así la Justicia reclamada al confirmar el sobreseimiento del juicio de amparo.
De ser aplicable, indique la fecha de notificación de la última decisión judicial.
_____08___/____agosto ___/____2017___
ANEXO 1. Resolución de la CONASAMI que fija el Salario Mínimo en México, Copia del Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de diciembre del año 2015, mediante el cual se publica el acto violatorio de los derechos humanos de la solicitante.
ANEXO 2. Copia del JUICIO DE AMPARO: 311/2016-I TRAMITADO ANTE EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANEXO 3. Resolución de Incompetencia por el Juez Laboral.
ANEXO 4. Sentencia que sobresee el juicio de amparo.
ANEXO 5. Recurso de Revisión.
ANEXO 6. Acuerdo donde se tiene por presentado el Recurso de Revisión.
ANEXO 7. Acuerdo de admisión del Recurso de Revisión.
ANEXO 8. La documental pública consistente en la investigación sobre la viabilidad del incremento sustancial del salario mínimo en México, que se encuentra disponible en el sitio web de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el link http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Etiquetas_Verticales/2015/Salario_Mi... la cual, fue sometida a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
ANEXO 9. Opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México sobre el salario mínimo http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_018.pdf
ANEXO 10. Posicionamiento establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_387.pdf
ANEXO 11. Notas periodísticas del caso de Luz.
https://elpaís.com/internacional/2016/12/08/México/1481224214_357441.html
http://piedepagina.mx/el-salario-minimo-es-un-derecho-humano-scjn.php
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-07-27/sala...
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=1...
https://regeneracion.mx/bajo-salario-minimo-en-México-es-inconstitucional-demandan-a-la-conasami-ante-la-scjn/
http://www.heraldo.mx/atrae-corte-amparo-sobre-salario-minimo/
ANEXO 12. Notas periodísticas sobre la importancia de subir los salarios mínimos en México.
No [X] Sí [ ]

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 81
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
 resolución 

Artículo 1

Artículo 11

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 3

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 43
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 7
 resolución 
 Resolución 
 Resolución