Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-145-de-marzo-13-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f8c143d786cb015ee0430a010151015e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 06:45:39+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-145 de marzo 13 de 2014
SENTENCIA T-145 DE 13 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:INDUCCIÓN A ERROR JUDICIAL VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES. SE AFIRMA QUE SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ES INDUCIDA EN ERROR POR FACTORES EXTERNOS AL PROCESO, QUE LO LLEVAN A TOMAR DETERMINADA DECISIÓN QUE AFECTA LOS DERECHOS FUNDAMENTALESY CUANDO, NO SE VALORAN O CONSIDERAN PRUEBAS LEGALMENTE ALLEGADAS A LA INSTANCIA PROCESAL Y QUE, PRIMA FACIE, TIENEN LA APTITUD PARA PROBAR HECHOS O CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES Y DECISIVAS PARA EL DESENLACE DEL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ERROR EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia T-145 de marzo 13 de 2014
Ref.: Expediente T-4.022.374.
Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencias de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de Decisión en Tutela - del 23 de mayo de 2013 y de Sala de Casación Civil del 12 de julio de 2013 en primera y segunda instancia respectivamente.
Accionante: Ramiro Helí Zuluaga Gómez.
1.2.1. El señor Ramiro Helí Zuluaga Gómez presentó denuncia penal contra los señores Luis Carlos Anaya Rodríguez, Nora Judith González Vecino, Rodrigo Quintero Hernández, Gustavo Ruiz Figueroa y Paola Alarcón Polo, por los delitos de hurto agravado, falsedad documental y otros(1). Los comportamientos denunciados se refieren a acciones presuntamente cometidas por el ingeniero Luis Carlos Anaya Rodríguez y como coautores, su secretaria y trabajadores.
1.2.2. El accionante alegó que si bien había tenido un relación de amistad con el señor Anaya Rodríguez, este —de acuerdo con la versión del señor Zuluaga Gómez — defraudó la confianza en él depositada apoderándose de aproximadamente dos mil millones de pesos en el marco de un contrato verbal de obra para ejecutar en el Centro Comercial Colombia ubicado en el Paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla.
La doctora Dannys Beatriz de la Cruz de Azuero advirtió que asumió el cargo como fiscal 49 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla el 3 de julio de 2012. Afirmó que en el inventario que se le hizo entrega al momento de posesionarse, se incluía el radicado 271.389 con una anotación en la que se señalaba que la actuación se encontraba en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de la ciudad de Barranquilla en efecto suspensivo. Por tal motivo, señaló que no se le hizo entrega de los elementos de prueba de ninguna de las actuaciones penales de dicho proceso penal.
Sin embargo, advirtió que la relación de los recibos correspondientes a unos comprobantes de egresos originales contenidos en 460 folios no fueron enviados “pues éstos fueron encontrados el día 22 de enero de 2013 siendo las 4 p.m., en una gaveta donde provisionalmente se guardan elementos de pruebas que corresponden a las diferentes actuaciones penales que se adelantan en esta Fiscalía Cuarenta y Nueve (49) de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico”(2).
El despacho manifestó que recibió por asignación el día 28 de julio de 2011 el expediente de radicado 271389 para desatar recurso de apelación interpuesto por Edelmira Jiménez Franco abogada de la parte civil, Donaldo del Villar en su condición de defensor de los procesados Luis Carlos Anaya Rodríguez y Nohora Judith González Vecino, así como Luz Margarita Llanos Torrenegra defensora de los procesados, Gustavo Ruiz Figueroa, Rodrigo Quintero Hernández y Paola del Rosario Arcon Polo, en contra de la Resolución del 11 de enero de 2011 proferida por la Fiscalía 49 de la Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla que calificó el mérito sumarial con resolución de acusación por los punibles de hurto agravado y falsedad en documento privado en contra de los procesados.
Las razones que motivaron la decisión de este despacho fiscal se fundamentó sustancialmente en el hecho de que “no bastaba con la rendición de declaraciones, como las recibidas en el proceso del que conoció este despacho de alzada por las apelaciones interpuestas referidas precedentemente (…) pues en este caso no se trata de lo que vio una o más personas, debiéndose soportar estos testimonios con documentos, como prueba principal, para demostrar si hubo desvío de dineros; es decir, allegar facturas, remisiones, cotizaciones, libros contables, nóminas, etc. que puedan dar respaldo a lo manifestado por los testigos que vinieron a la investigación”(3).
Se desestimaron también los testimonios argumentado que era “fácil colegir” que estos fueron presentados por personas que de una u otra manera dependían y dependieron del denunciante, observando que “sus dichos son casi iguales, pareciera que se hubieran aprendido una lección para recitarla casi al unísono”(4). Con respecto al dictamen pericial considerado por el a quo rendido por la Asociación de Ingenieros del Atlántico, del cual se concluyó que los perjuicios de orden patrimonial ascendían a la suma de $ 2.810.249.744.45, la Fiscalía Segunda aclaró que en realidad dicho documento no reunía los requisitos exigidos por las normas que en esa época regulaban la materia, dado que los peritos de la Sociedad de Ingenieros no son peritos oficiales y debía el Despacho proceder a posesionarlos como tales para que se considerara válido su dictamen o acudir a los peritos expertos del CTI.
Con respecto a la contabilidad aportada por el señor Zuluaga Gómez que no constaba en el expediente, la Fiscalía Segunda aclaró en la providencia que se ataca, que “no se encontró libro alguno de contabilidad, que diera cuenta, al menos, de los egresos que tuvo el denunciante para adecuar el inmueble donde hoy funciona el Centro Comercial Colombia”(5). Para reforzar lo anterior, agregó que “no es común, tratándose de cifras altas, que se sufraguen sumas en efectivo para estos efectos; por mucha confianza que se tuviera, la sola lógica y el sentido común dan cuenta que debe tenerse un mínimo control de la inversión”(6). Se reprochó en este sentido que no se llevara un “kardex”, herramienta de contabilidad básica para dejar constancia de todos los movimientos.
En relación con la no remisión de la totalidad del expediente a la segunda instancia, expresó que la razón aducida por la fiscalía en cuanto no advirtió algún faltante que hiciera necesario solicitar el envío de pruebas al a quo, “no resulta para nada desatinada, sencillamente porque la decisión estuvo basada en los elementos que sirvieron de soporte a la primera instancia, y si allí no se hizo mención a la prueba que el actor echa de menos, era elemental que al desatar la alzada tampoco hubiera necesidad de hacer precisiones sobre esos documentos”.
4.3. Sentencia de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - del 12 de julio de 2013.
2.3. Legitimación por pasiva. Fiscalía General de la Nación - Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Fiscalía 49 de la Unidad Seccional de delitos contra el patrimonio económico, autoridades públicas contra las cuales resulta posible interponer la acción constitucional en los términos del artículo 5º del Decreto 2591 de 1991(8).
De forma reiterada la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales para analizar la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Así, se ha señalado la necesidad de cumplir con seis (6) requisitos formales para establecer la procedencia de la acción constitucional en cada caso particular. Mediante la Sentencia C-590 de 2005, se establecieron los siguientes; “(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii). Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (iv) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela”(9).
b) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
4.2. Defecto fáctico - Reiteración de jurisprudencia.
4.2.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que dicho defecto se encuentra relacionado con errores probatorios durante el proceso, el cual se configura cuando la decisión judicial se toma (i) sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; (iii) de una valoración irrazonable de las mismas; (iv) de la suposición de una prueba; o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”(10).
La Corte Constitucional ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen que recae sobre los operadores judiciales para valorar —de conformidad con las reglas de la sana crítica— las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Sin embargo, la Sentencia SU-159 de 2002, señaló que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(11).
Así mismo, se ha señalado que el defecto fáctico tiene dos dimensiones; una positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda hace relación a situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso. Dicha omisión se debe presentar de manera arbitraria, irracional y/o caprichosa(12).
Esta corporación ha establecido que la dimensión negativa se produce “(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo. Y una dimensión positiva, que tiene lugar por actuaciones positivas del juez, en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia”(13).
Se ha concluido que el defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta(14) “cuando “el funcionario judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente”(15).
4.3. Error inducido - Reiteración de jurisprudencia.
El concepto de error inducido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional como consecuencia de lo establecido mediante la Sentencia SU-014 de 2001 que introdujo lo que denominó como vía de hecho por consecuencia. En esta oportunidad la Sala Plena de la Corte explicó dicha noción al señalar que “es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial —presupuesto de la vía de hecho—, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales”(16).
Posteriormente la jurisprudencia dejó de lado el concepto de vía de hecho por consecuencia y acogió la noción de error inducido argumentando que esta “es más clara en la medida en que la misma se tornaba en un oxímoron, es decir, una contradicción dentro del mismo término, pues la vía de hecho implica una actuación arbitraria por parte del funcionario judicial y este defecto descarta dicha arbitrariedad, pues lo que realmente ocurre es que la autoridad judicial es inducida a error por conductas”(17).
5.1. Corresponde a la Sala analizar la posible vulneración al debido proceso del accionante por parte de la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla al proferir —en segunda instancia— resolución de preclusión de la investigación penal omitiendo la valoración de parte del acervo probatorio debido a que este no fue remitido en su totalidad al mencionado despacho por parte de la Fiscalía 49 de la Unidad Seccional de Delitos contra el Patrimonio Económico.
5.2. El accionante alega que la decisión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla se encuentra viciada por un defecto fáctico, en tanto no tuvo en cuenta pruebas debidamente aportadas por él —en su condición de parte civil— las cuales resultaban determinantes para el sentido de la decisión. Así mismo, afirma la existencia de un error inducido por lo que señala como “manos criminales”, las cuales, a su juicio, de manera voluntaria no enviaron varias pruebas a la segunda instancia.
En varias oportunidades, la fiscalía hace referencia a la ausencia de pruebas documentales que permitan reconfirmar lo dicho por los declarantes. Así lo manifestó al momento de valorar declaraciones como la del señor Jhonny Enrique Cabrera y las señoras Beatriz Helena Zuluaga Gómez y Xioara Luz Meléndez Sánchez. En la valoración general de las pruebas testimoniales consideró:
“no basta con la rendición de declaraciones, como las recibidas en este averiguatorio; hay que soportar las mismas con pruebas que respalden esos dichos. Porque es que en este caso no se trata de lo que vio una o más personas, debiéndose soportar estos testimonios con documentos, como prueba principal, para demostrar si hubo desvío o no de dineros; es decir, allegar facturas, remisiones, cotizaciones, libros contables, nóminas, etc., que puedan dar respaldo a lo manifestado por los testigos que vinieron a esta investigación”(18).
La fiscalía continuamente hizo alusión a la ausencia de pruebas en las cuales se evidenciaran cuales habían sido los egresos en los que el denunciante habría incurrido. Afirmó que “en el expediente no aparece libro alguno de contabilidad que dé cuenta, al menos, de los egresos que tuvo el denunciante”(19), y concluyó que “la presente investigación se llenó de testimonios que, como lo analizamos anteriormente, en nada han ayudado al esclarecimiento de los hechos; no habiéndose logrado, ni siquiera demostrar en grado de probabilidad la existencia de los hechos investigados; las pruebas obrantes en la foliatura no lograron desquebrantar el principio de inocencia (…)”(20).
“con relación a los recibos a que usted hace alusión en su solicitud, tenemos que manifestarle que corresponden a unos comprobantes de egresos originales (recibos de caja), contenido en 460 folios, los cuales no fueron enviados con la actuación de la referencia a la oficina de asignaciones y reparto de la Dirección Seccional de Fiscalías, para resolver el recurso de apelación, en cita, por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior con sede en esta ciudad, pues los mismos fueron encontrados el día 22 de enero de 2013, siendo las 4:00 p.m. en una gaveta donde provisionalmente se guardan elementos de prueba que corresponden a las diferentes actuaciones penales que se adelantan en esta fiscalía (…)”(21).
Si bien la Fiscalía 49 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, señaló que dicho error no fue voluntario, el aquí accionante no tiene por qué verse afectado en su derecho al debido proceso y sus derechos como víctima por una situación absolutamente ajena a él. La omisión condujo, sin lugar a dudas, a error a la Fiscalía Delegada ante el tribunal en tanto esta no contaba con todos los elementos materiales probatorios para proferir una decisión. La actuación de la Fiscalía 49 llevó a que la resolución de segunda instancia se produjera vulnerando el derecho al debido proceso del accionante, lo cual constituye lo que la jurisprudencia ha denominado como error inducido, toda vez que la decisión fue “determinada o influenciada por aspectos externos al proceso, consistentes en fallas originadas en órganos estatales”(22).
Como se evidenció, el fiscal delegado en segunda instancia en varias oportunidades subrayó la importancia de pruebas documentales que complementaran el dicho de los testimonios y al mismo tiempo, dieran algún grado de certeza frente a los reales egresos por parte del denunciante. De acuerdo con la aceptación realizada por la Fiscal 49, los documentos encontrados en una gaveta de su despacho, tiempo después de haber proferido la resolución de preclusión, corresponden a “unos comprobantes de egresos originales (recibos de caja) contenidos en 460 folios”. Lo anterior demuestra que dichas pruebas —o mejor la ausencia de las mismas— fueron determinantes para el sentido de la decisión.
Resulta pertinente resaltar que la Sala no se encuentra dando plena validez a los documentos encontrados, ni afirmando que éstos demuestren una realidad definitiva en relación con los hechos que dieron lugar a la investigación penal. Esta valoración le corresponde —como se señaló con anterioridad— al juez natural. En el caso particular, la fiscalía tiene mejores elementos de juicio en tanto tiene conocimiento especializado sobre el tema y además reconoce el contexto en el cual se practicaron las demás pruebas dentro del proceso penal, por lo que el juez constitucional debe respetar el ámbito funcional de la mencionada autoridad.
1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del accionante y en consecuencia REVOCAR las sentencias de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - del 23 de mayo de 2013, en primera instancia de tutela y de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - del 12 de julio de 2013, en segunda instancia, que negaron el amparo solicitado.
2. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución del 14 de diciembre de 2012, proferida por Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso penal 271.389 S.I., en la cual ordenó la preclusión a favor de Luis Carlos Anaya Rodríguez, Nora Judith González Vecino, Rodrigo Quintero Hernández, Gustavo Ruiz Figueroa y Paola Arcón Polo
3. ORDENAR a la Fiscalía 49 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio de la ciudad de Barranquilla que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia remita con destino a la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla la totalidad del acervo probatorio del proceso penal 271.389 S.I., en el cual aparecen como sindicados los señores Luis Carlos Anaya Rodríguez, Nora Judith González Vecino, Rodrigo Quintero Hernández, Gustavo Ruiz Figueroa y Paola Arcón Polo.
4. ORDENAR a la Fiscalía Segunda Delegada ante Tribunal Superior de Barranquilla que profiera una nueva resolución de segunda instancia dentro del proceso penal 271.389 S.I., en el cual aparecen como sindicados los señores Luis Carlos Anaya Rodríguez, Nora Judith González Vecino, Rodrigo Quintero Hernández, Gustavo Ruiz Figueroa y Paola Arcón Polo, en la cual debe valorar la totalidad del acervo probatorio del expediente, incluyendo aquellas pruebas que originalmente no fueron remitidas por parte de la Fiscalía 49 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio de la ciudad de Barranquilla. En caso en que el mencionado expediente penal no se encuentre en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla dicho despacho debe realizar los trámites necesarios para que en el término máximo de cinco (5) días a la notificación de la presente providencia este llegue a su poder con el fin de proferir la nueva decisión en los términos que han sido descritos.
(1) La denuncia fue inicialmente repartida a la Fiscalía 46 de Patrimonio Económico, reasignándose posteriormente a la Fiscalía 49 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla
(2) Cuaderno 2, folios 222 a 224.
(3) Cuaderno 2, folios 228 y 229.
(4) Cuaderno 2, folio 229.
(5) Cuaderno 2, folio 237.
(6) Cuaderno 2, folio 237.
(7) En auto del veintiuno del 17 de octubre de 2014 de la Sala de Selección de Tutela 10 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
(10) Sentencia SU-226 de 2013.
(12) Ver Sentencia SU-447 de 2011.
(13) Sentencia SU-226 de 2013.
(14) Sobre defecto fáctico por omisión de valoración probatoria, se pueden ver; T-814 de 1999, T-450 de 2001, T-902 de 2005, T-1065 de 2006, T-162 de 2007, entre otras.
(15) Sentencia T-078 de 2010.
(16) Sentencia SU-014 de 2001.
(17) Sentencia T-844 de 2011.
(18) Resolución del 14 de diciembre de 2012 expedida por la Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla. Folio 105, cuaderno 2.
(19) Folio 113, cuaderno 2.
(20) Folio 115, cuaderno 2.
(21) Cuaderno 2, folios 33-34.
(22) Sentencia T-844 de 2011.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución