Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S10-05.html
Timestamp: 2015-12-01 00:22:36+00:00

Document:
Rafael Ignacio Cuesta Caputi v. Ecuador, Caso 380/03, Informe No. 10/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME N° 10/05
14. En la petición se afirma que el 21 de enero de 2000, la República del Ecuador sufrió un golpe de Estado perpetrado por integrantes de algunos movimientos políticos indígenas y miembros de las fuerzas armadas nacionales. El Dr. Gustavo Noboa Bejarano, que hasta esa fecha era vicepresidente, ascendió al poder a raíz del golpe. En la petición se afirma que, ese día, la presunta víctima y un asociado, el Sr. Jaime Jairala Vallazza, realizaban una transmisión en vivo en la que criticaban el golpe como una amenaza a la estabilidad democrática del país. En la petición se afirma que, durante la transmisión, la estación recibió un telefonema anónimo advirtiéndole que alguien “debía hacer callar a Rafael Cuesta o que, de lo contrario, ellos lo harían”, y que esa amenaza debía tomarse seriamente. El peticionario afirma que, el mismo día, se recibió otro telefonema anónimo en las oficinas del canal, en Quito, con la diferencia de que esa llamada incluia una amenaza de bomba contra la oficina de Quito. 15. De acuerdo con los peticionarios, en los primeros días de febrero de 2000, una persona que se identificó como Luis Ortiz llamó a la oficina del Sr. Jairala Vallazza. Quien llamó dijo que lo hacía para negociar un acuerdo conforme al cual vendería al canal un videocasette en el que aparecerían los individuos que quien hacía la llamada señalaba como los principales conspiradores del golpe para derrocar al entonces presidente de la República, Dr. Jamil Mahuad Witt. La oficina del Sr. Jairala Vallazza indicó a quien llamaba el número de teléfono del Sr. Cuesta Caputi, dado que, en su carácter de director de noticias del canal, sería la persona que podría manejar la llamada. 16. De acuerdo con la petición, los días 4, 7 y 14 de febrero, la persona que hizo la llamada contactó al Sr. Cuesta Caputi en su oficina y en sus teléfonos celulares. En la petición se afirma que la persona que llamó se identificó como investigador privado y afirmó que quería que se exhibieran las imágenes por el bien del país. De acuerdo con los peticionarios, el Sr. Cuesta Caputi le respondió que no era política del canal adquirir videos pero que, si la persona que llamaba por teléfono quería enviarlo de todas maneras, podía hacerlo. De acuerdo con la petición, el 14 de febrero de 2000, el Sr. Cuesta Caputi recibió una llamada en la que la persona del otro lado de la línea afirmó que el video llegaría el 16 de febrero por la mañana, en un paquete del servicio Semería.
32. En este caso --sostiene el Estado--, el período para pronunciar un dictamen era de 10 días, a partir de la conclusión del período para denuncias y alegatos, al que se puede agregar un día adicional por cada 100 páginas en la opinión definitiva del proceso. El Estado argumenta que, como el peticionario no pidió la recusación del juez, no puede considerarse que agotó todos los recursos en las actuaciones. 33. El Estado también sostiene que los peticionarios podían interponer un recurso de casación. El Estado argumenta que este recurso es adecuado toda vez que el juez o tribunal cometa errores en una materia sustantiva de derecho o de procedimiento (in iudicando o in procedendo), pues la Corte Suprema podría revocar la sentencia. 34. El Estado argumenta que, en este caso, ha probado que existen recursos judiciales internos para resolver la denuncia del peticionario. El Estado agrega que ha cumplido con el requisito de la Corte Interamericana de que “si un Estado que alega el no agotamiento prueba la existencia de determinados recursos internos que deberían haberse utilizado, corresponderá a la parte contraria demostrar que esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del artículo 46(2).”[4] De manera que el Estado argumenta que la Comisión debe seguir el artículo 47 y declarar inadmisible la petición porque uno de los requisitos del artículo 46 --a saber, el agotamiento de los recursos judiciales internos-- no se ha cumplido.
42. En consecuencia, la Comisión se considera competente para abordar la denuncia planteada en la petición. B. Otros requisitos de la admisibilidad
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.[11] 47. En el presente caso, los peticionarios argumentan que existió una “demora indebida”, con lo que se haría inaplicable el requisito del agotamiento de los recursos internos. De modo que, para determinar si se aplica a este caso el requisito del agotamiento de los recursos internos, es necesario determinar si ha existido una “demora indebida”. 48. La Comisión no dispone de normas específicas sobre la duración del período que constituye “demora indebida”. Más bien, la Comisión evalúa las circunstancias del caso y realiza una evaluación caso por caso para determinar si se ha producido una demora indebida. Como norma general, la Comisión determina que “una investigación penal debe realizarse con prontitud para proteger los intereses de las víctimas y preservar la prueba”.[12] Para determinar si una investigación ha sido realizada “con prontitud”, la Comisión considera una serie de factores, como el tiempo transcurrido desde que se cometió el delito, si la investigación ha pasado de la etapa preliminar, las medidas que adopten las autoridades y la complejidad del caso.[13] 49. En el presente caso, han transcurrido cinco años desde que ocurrió el incidente y se inició la investigación. Esta no ha pasado de las etapas preliminares, pese a que la legislación ecuatoriana establece que la etapa de investigación preliminar debe concluir dentro de un período de 60 días. Además, de acuerdo con los peticionarios, el Estado no ha seguido algunas líneas de investigación que han sido ampliamente publicitadas. Por último, el caso no parece tener una naturaleza especialmente compleja, dado que se trata de una única víctima, los motivos parecen estar claros y, de acuerdo con las alegaciones de los peticionarios, no contestadas por el Estado, existen pruebas disponibles para tratar de identificar a quienes perpetraron el delito. En tales circunstancias, la Comisión considera que cinco años debieron haber sido más que suficientes para que el Estado identificara a los actores del delito, iniciara las actuaciones y sancionara a los responsables. 50. De modo que, sin perjuicio de su futura determinación sobre los méritos del caso, la Comisión llega a la conclusión de que ha existido una demora indebida en el pronunciamiento de una sentencia final dentro del significado del artículo 46(2)(c). En cuanto a la cuestión del prejuzgamiento, es importante recordar que: La posibilidad de invocar excepciones al requisito del artículo 46 está estrechamente vinculada con el examen de los aspectos sustanciales de las posibles violaciones de derechos en él estipulados, especialmente las garantías relativas al acceso a la justicia. No obstante, dadas las características y la finalidad de esa disposición, el examen previsto en el artículo 46(2) posee autonomía con respecto a las normas sustanciales de la Convención. La determinación de si en un caso específico se aplican las excepciones al requisito del agotamiento de los recursos internos requiere un análisis de las denuncias planteadas antes e independientemente del pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y a través de un criterio claramente independiente del utilizado para establecer si el Estado es responsable de la violación de los derechos a la protección o las garantías judiciales estipulados en la Convención. Las causas que han impedido el agotamiento de los recursos internos, y las consecuencias del mismo, serán analizadas en la medida en que corresponda, cuando la Comisión examine los aspectos sustanciales de este caso.[14]
56. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe determinar si los hechos que se afirman en la petición tienden a establecer una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana, conforme a lo dispuesto en el artículo 47(b), o si la petición debe ser desestimada por ser “manifiestamente infundada” u “obviamente improcedente”, conforme al artículo 47(c).[16] El artículo 27 del Reglamento de la Comisión establece que las peticiones deben establecer hechos “sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.”[17] El artículo 34(a) del Reglamento de la Comisión exige que esta declare inadmisible toda petición que no exponga hechos que tiendan a establecer una violación de los derechos a que se refiere el artículo 27 del Reglamento.[18] 57. La norma conforme a la cual se debe determinar si se han satisfecho los requisitos del artículo 47(b)(c) de la Convención, difiere de la que debe aplicarse para decidir sobre los méritos de la petición. La evaluación de la Comisión a esta altura tiene carácter prima facie y no procura establecer si se ha producido una violación de la Convención Americana, sino si en la petición se afirman hechos que tienden a establecer la posibilidad de una violación de un derecho garantizado por la Convención. Como se señala en la Sección IV.b, supra, esta evaluación no implica prejuzgar ni adelantar una opinión sobre los méritos de la petición.[19] 58. La Comisión llega a la conclusión de que las alegaciones de los peticionarios relacionadas con la bomba enviada al Sr. Cuesta Caputi y el hecho de que el Estado no identificara, procesara y posteriormente sancionara a los responsables de este acto, de ser demostradas, podrían tender a caracterizar una violación de los artículos 8 y 25 examinados conjuntamente con el artículo 1(1) de la Convención. Asimismo, la Comisión considera que las alegaciones presentadas por los peticionarios podrían caracterizar una violación al derecho a la libertad de expresión prevista en el artículo 13 pues, de acuerdo a los peticionarios, el señor Caputi fue atacado en represalia por las opiniones que había expresado en los medios televisivos. Al mismo tiempo, la Comisión considera que estos actos y omisiones también podrían tender a caracterizar una violación del artículo 5 (derecho a la integridad personal) de la Convención. De modo que, la Comisión declara admisible la petición en relación con el artículo 5 por aplicación del principio iura novit curia. En consecuencia, sin prejuzgar sobre los méritos del caso, la Comisión concluye que se han satisfecho los requisitos del artículo 47(b) y (c) de la Convención Americana. V. CONCLUSIONES
[13] Véase, por ejemplo, ibid., párrs. 22-33; Víctor Manuel Oropeza c. México, CIDH, Informe Nº 130/99, Petición 11.740, párrs. 30-32. [14] Carlos Saúl Menem c. Argentina, CIDH, Informe Nº 3/03, Petición 12.257, Admisibilidad, párr. 36 (20 de febrero de 2003).
[18] Ibid, artículo 34(a). [19] Véase, por ejemplo, Reglamento de la CIDH, Arts. 30(6), 37, 42-43. * El Comisionado Freddy Gutiérrez votó en disidencia.

References: artículo 46
 artículo 47
 artículo 46
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 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 27
 artículo 34
 artículo 27
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 47
 artículo 34