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Timestamp: 2017-09-24 01:24:37+00:00

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1. La ayuda económica básica, como parte componente de la Prestación Canaria de Inserción, se otorgará, en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia del solicitante, para satisfacer las necesidades contempladas en el artículo 142 del Código Civil, sin que su establecimiento suponga la sustitución, extinción o modificación alguna en los deberes que tienen las personas obligadas civilmente a la prestación de alimentos.
1. De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, la ayuda económica básica tendrá carácter subsidiario de las pensiones que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia del solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.
c) Prestaciones incluidas en regímenes públicos sustitutivos o equivalentes al de la Seguridad Social, tales como:
- Pensiones de clases pasivas, mutualidades de funcionarios civiles y militares y de colegios profesionales.
- Pensiones especiales de guerra.
- Pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo.
- Pensiones asistenciales para emigrantes retornados.
- Prestaciones económicas para personas dependientes.
- Rentas activas de inserción.
- Cualquier otra prestación de naturaleza análoga para colectivos especiales.
1. Dejando a salvo las excepciones previstas en el artículo 7.1.2º) de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, todos los miembros de la unidad de convivencia deberán estar empadronados en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma con una antelación mínima de seis meses a la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud y haber residido, como mínimo, en la Comunidad Autónoma, ininterrumpidamente, durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la misma solicitud. Para los menores de tres años el período de empadronamiento y residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.
1. Para la determinación de los recursos económicos se valorará el conjunto de recursos de que dispongan todos los integrantes de la unidad de convivencia. La valoración incluirá los rendimientos procedentes del trabajo, por cuenta propia o ajena, del desarrollo de cualquier actividad económica, de rendimientos del capital y del patrimonio, o de pensiones y prestaciones de sistemas públicos de protección social.
1. De conformidad con el artículo 7.1.3º.a) de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, se considera que existe carencia de recursos económicos suficientes cuando los ingresos del solicitante y, en su caso, los demás miembros de su unidad de convivencia, computados conjuntamente durante el año anterior a la presentación de la solicitud, sean inferiores a la cuantía de la ayuda económica básica que pudiera corresponder, durante un año, a los integrantes de la unidad de convivencia.
1. Las solicitudes para el reconocimiento de la Prestación Canaria de Inserción se formularán en el modelo normalizado que consta como anexo I del presente Reglamento, cumplimentándose todos los apartados que en el mismo se reseñan.
- En caso de que se declare que existe una persona unida al solicitante por unión de hecho o relación estable análoga a la conyugal: certificación que acredite la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que demuestre que se tiene descendencia en común o que se ha convivido ininterrumpidamente durante un período mínimo de un año.
- En caso de convivencia con el solicitante de adoptados, tutelados o menores en régimen de acogimiento familiar: resolución del organismo oficial competente que haya reconocido la adopción o declarado la asunción de la tutela o del acogimiento familiar.
- En caso de discapacidad de cualquier miembro de la unidad de convivencia: certificación expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Hacienda o el Ministerio de Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1.414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
- Si se trata de emigrantes canarios retornados: certificado de empadronamiento en un municipio del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y documentos que justifiquen su condición.
- Tratándose de extranjeros: documento que acredite su residencia legal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, su condición de refugiado o solicitud de asilo, o la autorización de permanencia en España por razones humanitarias o de interés social.
- Si algún miembro de la unidad de convivencia percibe prestaciones de cualquier sistema público de protección social: documento que refleje el importe de la misma.
- Si existen miembros de la unidad de convivencia con ingresos en bancos y/o títulos de renta variable o fija: copia de los extractos bancarios que reflejen el saldo medio en el trimestre anterior a la fecha de presentación de la solicitud y de cualquier otro documento que refleje el estado de cuentas y los títulos bancarios o de renta variable o fija que se posean.
- En el supuesto de que se disponga de bienes inmuebles, último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y/o rústica.
- Documento en el que conste la fecha de ingresos procedentes de premios, indemnizaciones, capitalización de prestaciones, atrasos en concepto de alimentos, o rentas derivadas de donaciones, herencias y legados.
- Si algún miembro de la unidad de convivencia recibe pensión alimenticia en el supuesto de separación o divorcio, o si existen parientes con obligación de dar alimento en los términos del artículo 142 del Código Civil: testimonio del Auto o Sentencia donde ésta quede reflejada. En caso de que no se reciba, aun existiendo resolución judicial favorable a su percepción: justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento del obligado a entregarla, salvo que en el informe social municipal se refleje que existen circunstancias extraordinarias que aconsejan retrasar el proceso encaminado a hacer valer tales derechos.
1. La Dirección General competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma solicitará los justificantes o documentación que estime necesarios para verificar la situación personal o económica del solicitante y podrá, asimismo, llevar a cabo cuantas actuaciones estime necesarias, cuando con la documentación aportada no se hallen suficientemente acreditados los extremos necesarios para resolver.
1. En el plazo de dos meses desde la entrada del expediente municipal completo en el registro de la Dirección General competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, ésta dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la ayuda económica básica.
1. Los procedimientos de modificación, suspensión y extinción de la Prestación Canaria de Inserción podrán iniciarse a instancia de parte o de oficio, mediante propuesta en su caso de la Administración municipal correspondiente.
1. En los supuestos en que el interesado solicite la renovación de la ayuda económica básica, el informe sobre la idoneidad que debe emitir la Administración municipal recogerá sucintamente:

References: artículo 142
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 142
 resolución 
 resolución