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PROCESO No. 19-IP-95 - PDF
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José Miguel Cáceres Cano
1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO No. 19-IP-95 Interpretación prejudicial del artículo 70 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la acción de nulidad contra la renovación de la marca GENERAL ELECTRIC, promovida por la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso, Administrativo. Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz. Solicitud de nulidad de la renovación de la marca GENERAL ELECTRIC. Actora Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. Expediente interno No EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de septiembre de 1996, en la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, domiciliada en Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia, en la cual se pide la interpretación del artículo 70 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. VISTOS: Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de creación del Tribunal; Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación, conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado que creó el Tribunal; Que la solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad, contenidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184); y, CONSIDERANDO: Que la Sociedad INDUSTRIAS VOLMO S.A. ha interpuesto la demanda de nulidad contra la Resolución No , de fecha 31 de diciembre de 1990, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en virtud de la cual se concedió la renovación del registro de la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) a favor de la Sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY, de la cual es titular según el registro No A desde el 11 de septiembre de Que en su demanda, INDUSTRIAS VOLMO S.A., afirma que es nula la Resolución de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de 31 de diciembre de 1990, dictada dentro del Expediente Administrativo No , por no haberse aportado prueba idónea para demostrar el uso de la
2 - 2 - marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 del Decreto 755 de 1972; Que como consecuencia de la anulación de la Resolución demandada, se cancele igualmente el certificado de renovación correspondiente al Registro de la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) para distinguir productos de la clase 9 para el período ( ) y en la cual se encuentra comprendida la Resolución demandada; Que en dicho proceso se alegó que se había violado el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El mismo establece que: para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión en cualquier país miembro ; y Que en cumplimiento del auto de 13 de marzo de 1995, proferido por el Consejo de Estado de Colombia, se ha remitido el respectivo expediente a este Tribunal solicitando la interpretación por la vía prejudicial de la norma presuntamente violada. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA: De la Causa Petendi, como hechos relevantes para sustentar la solicitud de interpretación prejudicial, el Consejero de Estado, apunta de conformidad con la parte actora que la Sociedad General Electric Company, presentó una prueba de uso, que el recurrente califica de deficiente, añadiendo que ella no reúne los requisitos establecidos ni por la ley procedimental ni por la ley marcaria, pues con ella no se demuestra ni cómo, ni cuándo, ni quién está usando la marca en Colombia. Más aún, de los documentos aportados como prueba de uso no se desprende que los productos distinguidos con la marca GENERAL ELECTRIC (Etiqueta) han estado en el mercado con anterioridad al reconocimiento de la renovación del registro. La Sociedad General Electric, acompañó como prueba del uso de la marca, la fotocopia de unos avisos insertos en la Guía Telefónica de Bogotá, en la cual algunos distribuidores mayoristas anuncian la puesta en venta de diversos productos General Electric, así como Redes Eléctricas, Interruptores automáticos industriales y Controles Programables, etc. Según la relación de los hechos realizada por el consejero ponente, la División de Propiedad Industrial aceptó la supuesta prueba de uso presentada (copia del directorio telefónico), la cual es a todas luces inexistente de acuerdo con los preceptos de nuestro derecho probatorio y concedió la renovación del respectivo registro. El argumento central de la demanda consiste en sostener que la prueba de uso de la marca es insuficiente y que no reúne los requisitos establecidos por la ley procidemental ni por la ley marcaria. El artículo 70 de la Decisión 85 cuya interpretación se solicita es un texto simple que se limita a disponer que para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva que está utilizando la marca en cuestión en cualquier país miembro, por lo que la prueba del uso se convierte en el requisito único pero indispensable para la renovación de la marca. El Tribunal debe recordar aquí que en su sentencia dictada en el Proceso 9-IP-94 (G.O. 180 de 10 de mayo de 1995) y ratificada en la sentencia dictada en el Proceso
3 IP-95 (G.O. 207 de 29 de abril de 1996), cuya materia era precisamente la interpretación prejudicial del referido artículo 70, afirmó que La renovación de una marca, se ha de sujetar en su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido... y que Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. Más adelante señala el Tribunal que El artículo 70 de la Decisión 85, determina como requisito esencial y único para renovación, la demostración de la utilización de la marca y que los medios probatorios que en cada país subsisten para comprobar la existencia de un hecho son variados y pueden ser los que de un modo inequívoco lleven al convencimiento de que la marca ha estado en uso. En el presente caso el aspecto probatorio para la renovación se encontraba regulado, según alega la demandada, por una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que disponía la aceptación como medios probatorios de una diversidad de documentos entre los que se incluía anuncios y propaganda en publicaciones en general y otras manifestaciones de publicidad. En todo caso señalaba el Tribunal que la prueba de uso de la marca ha dejado de ser requisito para su renovación a partir de las Decisiones 313 y 344. La Decisión 85 así como la citada 313 no han regulado trámite especial para la renovación de las marcas. Es de señalar que el Tribunal, conforme sentenció en el Proceso 1-IP-91, no puede proscribir ni prescribir medios concretos de prueba, lo cual corresponde al derecho nacional interno por lo que corresponderá a la autoridad colombiana precisar si la prueba de uso presentada para la renovación de la marca es suficiente para cumplir con el requisitos del artículo 70 de la Decisión 85 que el Tribunal interpreta. METODOLOGIA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL: Manifestó el Tribunal en el Proceso No. 5-IP-95 (Ampliación), caso SEITA de París, Que en la interpretación de las normas del Acuerdo de Cartagena, se debe atender siempre a la perspectiva de la evolución de las mismas -método sistemáticoasí como al objeto y fin perseguido -método teleológico-. Para encontrar en ella la garantía que busca el Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. Solamente aplicando ambos métodos se puede establecer las líneas de tendencia en la legislación integracionista o comunitaria. En ese sentido vemos que ha prevalecido la fe del Registro sobre la prueba del uso y, así tenemos que en la Decisión 85, que estuvo vigente desde el 5 de junio de 1974 hasta el 12 de diciembre de 1991, la prueba del uso era una exigencia del artículo 70, antes mencionado, mas no así en la Decisión 311, que entró en plena vigencia en los cinco países del Acuerdo el 12 de diciembre de 1991, en cuyo artículo 88, señala que: El Registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Y en el siguiente artículo 89, precisa que La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Oficina Nacional Competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho
4 - 4 - plazo cualquier persona podrá solicitar el registro. Como se aprecia ya nada se dice de la prueba del uso, en los siguientes artículos 90 y 91. En la Decisión 313 que rigió desde el 14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993, tampoco se volvió sobre la cuestión de la prueba del uso de la marca como exigencia para la renovación. Finalmente diremos que a partir de la actual y vigente Decisión 344, que empezó a regir el 1º de enero de 1994 a la fecha, la situación es más clara y rotunda, pues en el artículo 99, segunda parte se dice: La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Conforme al criterio de este Tribunal sólo resta precisar que en la normativa andina no se encuentra prevista, ni en las Decisiones derogadas ni en la vigente, la llamada acción popular, ya que es un principio de derecho el que las acciones contenciosas subjetivas o con restablecimiento de derecho, sólo proceden cuando el actor demuestra tener un interés legítimo. Por las razones expuestas en las anteriores consideraciones, que en concepto de este Tribunal deben tenerse en cuenta en el presente caso, para interpretar el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1.- Que en la síntesis fáctica a que se refiere el Art. 61 del Estatuto del Tribunal, el Juez nacional que solicita la interpretación prejudicial, debe contemplar tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada. 2.- El Art. 70 de la Decisión 85 determina como requisito esencial y único para la renovación la demostración de la utilización de la marca, dejando los medios probatorios a la regulación interna de cada país miembro. 3.- Que en la interpretación del artículo 70, no sólo se debe tener en cuenta la letra sino el espíritu y tendencia de las normas del Acuerdo de Cartagena, que en este caso no es otro que la protección de la marca y que si bien es cierto que actualmente la renovación es automática, para el caso de autos la prueba esgrimida parece haber sido suficiente para la autoridad competente. 4.- La Oficina Nacional Competente deberá rechazar aquellas solicitudes que traten de dilatar los procedimientos de renovación de marcas registradas, siendo que además, ella es automática al tiempo de su vencimiento, conforme a la norma comunitaria hoy vigente, y previa solicitud del interesado. 5.- Conforme lo dispuesto en el Art. 31 del Tratado de creación del Tribunal, el Consejo de Estado de Colombia deberá tener en cuenta la presente interpretación para la sentencia que dicte en el presente proceso. 6.- En cumplimiento del Art. 64 del Estatuto de este Tribunal notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección señalada por dicho organismo y remítase igualmente
5 - 5 - copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata Patricio Bueno Martínez Roberto Salazar Manrique Juan José Calle y Calle Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-96
V I S T O S: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

References: artículo 70
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 artículo 28
 artículo 29
 artículo 61
 Resolución 
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 artículo 70
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 artículo 88
 artículo 89
 artículo 99
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