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Timestamp: 2020-05-26 17:36:18+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 119 del 22/05/2000
Dictamen : 119 del 22/05/2000
C-119-2000
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me es grato referirme a su oficio N° DM-444-99 del 2 de noviembre del año recién pasado, enviado por el Ministro a.i. y recibido en este Despacho al día siguiente, en el cual solicita criterio a este Órgano Asesor a fin de que se emita dictamen contemplado en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública en relación con "el acto de nombramiento en propiedad realizado al señor XXX".
El señor XXX ingresó a laborar para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como Coordinador General del Area de Fomento Industrial (AFI) nombrado en un plaza de Asesor 2, plaza de confianza del Programa Administración Central del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 1 de noviembre de 1996. (Folio 62)
En relación con lo anterior, mediante acción de personal n° 9728000095 se le cesa del puesto de Asesor 2 que rige a partir del 16 de diciembre de 1997. (Folios 36).
Posteriormente, se revocó la acción de personal n° 9728000095 y se le vuelve a nombrar en la plaza de Asesor 2 en el período comprendido del 16 de diciembre de 1997 al 30 de diciembre de 1997. (Folio 37).
Se le nombra de forma interina mediante acción de personal n° 9811000159, en el puesto n° 032308 Profesional Licenciado de la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor, a partir del primero de enero de 1998 al 30 de marzo de 1998. (Folio 38).
Por medio de la acción de personal n° 9811000418 se prorroga el nombramiento del funcionario XXX del 1 de abril al 30 de junio de 1998. (Folio 39)
La Comisión de Ascensos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en sesión celebrada el día 28 de marzo de 1998, a efectos de conocer algunos casos en los cuales les sería aplicable el artículo 11 del Estatuto del Servicio Civil, señala:
"ACUERDO No. 2.
Candidato:XXX..
El candidato cumple con el requisito #1. Se efectúa el trámite 2,3,4 y se consulta al representante del Recursos Humanos si cumple con el requisito #5. Según nómina 92-98 el candidato ocupó el cuarto lugar en la clase de coordinados de área, por lo tanto forma parte del registro de elegibles hasta la fecha.
Seguidamente la comisión evalúa el caso y determina efectuada la evaluación se considera que el servidor idóneo para el puesto, por lo tanto se declara como Coordinador del Area de Fomento Industrial.
Se le solicita al Departamento de Personal efectuar el nombramiento en propiedad, a partir del primero de mayo. Notifíquese.
ACUERDO FIRME. (Folios 19 al 22).
Mediante acción de personal n° 9811000658 con fecha de rige de 1° de mayo de 1998 se nombra en propiedad al Lic. XXX en el puesto n° 032308. (Folio 41)
Mediante oficio n° UHR-449-99 de fecha 26 de abril de 1999 el señor Luis Felipe Rizo Brown, Coordinador del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, le indica al Licenciado Guillermo Lee Ching Director General del Servicio Civil lo siguiente:
"(...) El mismo se refiere al puesto N° 04511 y a la posibilidad de aplicar el Artículo 11 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil a su ocupante, ILEANA REYES RIVAS, para lo cual se acude a su persona ante la negativa del representante de esa Dirección de aprobar dicha posibilidad a la servidora mencionada.
La (s) razón (es) se dirán, más adelante ya que antes se considera necesario hacer una breve relación de la plaza y su ingreso al presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El mismo (045411) junto con dos puestos más fueron trasladados del CONICIT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) al MEIC, a pesar de que las plazas tenían servidores nombrados en propiedad, éstos gozaban de permiso sin goce de sueldo y el CONICIT trasladó sus puestos a este ministerio SIN CONTENIDO ECONOMICO (se adjuntan diversos oficios que permiten analizar lo señalado)
Ante tal situación el MEIC procedió a trasladar a dos de los servidores la Ingeniera XXX y al Lic. XXX a partir del 01 de enero de 1998 a dos plazas que ingresaban a Cargos Fijos provenientes de la partida de Asignaciones Globales (990) y cuyos ocupantes no tenían derecho a la aplicación del Artículo 11 antes citado y que, además, por no reunir el requisito de la clase asignada, la Oficina de Servicio Civil ubicada –en ese entonces- en DESAF no aprobó sus nombramientos interinos. Entonces, al nombrar en dichos puestos a los funcionarios XXX y XXX se procedió a solicitar la aplicación del numeral 11 antes señalado, lo cual se dio a partir del 01 de mayo de 1998 (se adjunta copia del Acta de la Comisión de Ascensos e Idoneidad del MEIC donde se señala la causa de la aprobación).
Así las cosas, los puestos devinieron en vacantes pero sin contenido ya que el CONICIT no les concluyó –tampoco 1998- presupuesto por lo que hubo que tramitar ante la Autoridad Presupuestaria la aprobación del traslado al MEIC pero para incluirlos en 1999. La autorización se dio por dicha instancia y a partir del 01 de enero del presente año, las plazas (tres en total) están en Cargos Fijos del Presupuesto Nacional correspondiente al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por lo que se procedió a nombrar en el puesto N° 045411 a la servidora ILEANA REYES RIVAS, con más de cuatro años de laborar en forma interina en diferentes puestos, pero con continuidad y a presentar su caso ante la Comisión de Ascensos e Idoneidad del ministerio para la aplicación del Artículo 11 y donde, por dos veces, representantes de la Dirección General rechazaron dicho trámite.
La razón alegada en ambos casos para tal negativa fue que la servidora Reyes Rivas fue NOMBRADA EN EL PUESTO N° 045411 A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 1999, y no antes. Sobre el particular, debe señalarse que se presentó en la segunda ocasión oficio de la Unidad Técnica de la Comisión de Defensa del Consumidor (UTCNC) de junio de 1998 (se adjunta) donde se pide el nombramiento de la servidora en dicha plaza pero –como se indicó en el párrafo anterior- por falta de presupuesto (se adjunta oficio de Presupuesto Nacional al efecto) no se puedo (sic) efectuar tal nombramiento antes del 01 de enero de 1999 en que el puesto fue incluido en los Cargos Fijos del MEIC.
Por todo lo anterior se acude a usted para que, si a bien lo tiene, ordene estudiar la situación de esta servidora y se acepte la aplicación del numeral 11 antes citado indicándole, de paso, que la señorita Reyes Rivas está elegible para la clase de puesto de la plaza 045411, que es Profesional Licenciado A." (Folios 13 y 14).
"(...) luego de analizar la información referente a la situación de la Lic. Reyes Rivas, se llegó a la conclusión que técnica y legalmente resulta improcedente la aplicación de la normativa arriba indicada.
"(...) Por otra parte, en el mismo Oficio se señala que, tanto el Departamento de Recursos Humanos del MEIC como esta Oficina coordinarán lo pertinente, a fin de determinar la procedencia de los ingresos en propiedad de quienes ocupan los puestos identificados, con los números 032262 y 32308 lo que en caso de no corresponder en derecho sugiere actuar conforme lo establecido en el artículo 29 del Estatuto del Servicio Civil.
Dado el análisis practicado a los casos en cuestión se ha arribado a la conclusión de que, el trámite seguido en la conclusión de que en la concesión de la titularidad a quienes ocupan dichos puestos no resulta consecuente con las disposiciones técnico jurídicas que se encuentran vigentes; razón por la cual acudimos a su despacho con el propósito de que sirva indicarnos los mecanismos que permitan accionar lo dispuesto por el citado artículo 29 o en su defecto, iniciar las acciones que puedan corresponder .
En principio el Ministerio de Economía, Industria y Comercio solicitó autorizar la aplicación del beneficio que concede el artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil a la señora Ileana Reyes Rivas ocupante del puesto No. 045411 identificado en el CONICIT con el No. 026-06 clase de Profesional 2 y ocupado entonces por el señor XXX.
Mediante Resolución No. 022-97 del 29 de julio de 1997, suscrita por el Dr. Rodrigo Zeledón A.- Presidente del Consejo Director del CONICIT y el Ing. José León Desanti M.- Ministro de Economía Industria y Comercio, se traslada el puesto a este Ministerio a partir del 1 de agosto de 1997.
El resultado de nuestra investigación nos conduce de nuevo al traslado de los puestos del CONICIT AL MEIC a que nos referimos al inicio del presente documento, en especial al acontecido para la servidora XXX y XXX, hoy titulares de los puestos 032262 y 032308, respectivamente.
Luego del traslado que fueron objeto sus puestos y de los efectos derivados de las circunstancias de orden presupuestario que llevaron a no contar con el esperado contenido económico en la Ley de Presupuesto del MEIC; una alternativa de solución se constituyó en ocupar otros puestos que ingresaron al Régimen de Servicio Civil provenientes de la Partida 990 (Asignaciones Globales) del MEIC.
En cuanto al servidor XXX tenemos extraído de su historial laboral lo siguiente:
CLASE NUMERO PERIODO
Profesional 4 019745 01-11-94 al 14-2-95
Profesional 4 112450 15-2-95 al 15-8-95
Asesor 2(Confianza) 099749 16-8-95 al 30-12-97
Profesional Lic. 032308 01-1-98 al 30-6-98
Profesional Lic. 032308 01-5-98 (*)
(*) En propiedad por aplicación del artículo 11
Si tomamos como punto de partida que los puestos No. 032308 y el NO. (sic) 032266 son asignados con fines de ingreso al Régimen de Servicio Civil a partir del 1 de enero de 1998 y que los servidores son nombrados en aquellos en la misma fecha, llegamos a concluir que lo acordado por la Comisión de Ascensos del MEIC en sesión del 28 de marzo de 1998, con respecto a la demostración de idoneidad y opción de titularidad en los puestos ocupados por XXX y la servidora XXX, devienen en una interpretación y aplicación incorrecta de los términos del artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
En oficio OSC-0288-99-RN del 29 de julio de 1999 el MRH. Javier Abarca Meléndez dirigido a la Licda. Adriana Castro Montes, Coordinadora de Recursos Humanos, le pone en conocimiento los oficios n° AJ-416-99 del 26 de julio y el n° DG-489-99 del 5 de julio ambos de 1999, y le solicita proceda conforme lo establece el ordenamiento jurídico.(Folio 1).
El Lic. Eduardo Araya Vega, Ministro de Economía, Industria y Comercio a.i., en oficio DM-345-99 fechado el 16 de agosto del año próximo pasado, solicita al Lic. Johnny Carvajal Esquivel, Coordinador de la Unidad de Asuntos Legales, inicie el procedimiento administrativo correspondiente "para declarar la nulidad evidente y manifiesta del acto dictado por la Comisión de Ascensos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Acta # 01-98) por la aplicación positiva del artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil a la Licda. XXX y al Lic.XXX." (Folio 23).
Mediante resolución de las 8:00 horas del 30 de agosto de 1999 dictada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a.i. se abre el procedimiento administrativo "tendente a determinar si el acto dictado por la Comisión de Ascensos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, acta número 01-98 en la que se aplica el artículo 11 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil a los señores XXX y XXX, se encuentra viciado de nulidad. Se nombra a las funcionarias Licda. Ligia Fernández Agüero y Licda. Grettel Rodríguez Fernández, para que constituyan el Organo Director del Procedimiento." (Folios 24 y 25)
Mediante resolución de las 8 horas con 20 minutos del 20 de setiembre de 1999 dictado por las Licdas. Ligia Fernández Agüero y Grettel Rodríguez Fernández –órgano director- se procedió de apertura del procedimiento administrativo "a efecto de determinar si el nombramiento realizado al señor XXX, de conformidad con el acta de la Comisión de Ascensos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio número 01-98, constituye un acto absoluta, evidente y manifiestamente nulo por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil) (Lo resaltado es del original) (Folios 26 a 30).
Mediante la resolución descrita en el hecho anterior, se cita para la comparecencia oral y privada a las 8 horas con 30 minutos del 18 de octubre de 1999. La anterior resolución fue notificada al Lic. XXX a las 14 horas con 20 minutos del 22 de setiembre de 1999, en la cual se le adjunta copia de expediente que contiene 25 folios. (Folios 26 a 31)
Mediante resolución de las 8 horas del 5 de octubre de 1999 el órgano director del procedimiento administrativo cambia el día de la comparecencia oral y privada del día 18 de octubre al 20 del mismo mes a las 8 horas con 30 minutos. (folio 32). Esta resolución fue comunica al Lic. XXX a las 8 horas del 6 de octubre de 1999. (Folio 34).
Mediante auto de citación a la comparecencia oral y privada el órgano director del procedimiento administrativo, en resolución de las 10 horas del 5 de octubre de 1999, cita a la Licda. XXX, Coordinadora del Área de Recursos Humanos para que rinda declaración en calidad de testigo en la audiencia oral del día 20 de octubre a las 8 horas con 30 minutos. (Folio 33). La anterior resolución fue notificada a las 13 horas con 45 minutos del 6 de octubre de 1999 a la Licda. XXX. (Folio 35)
Mediante documento presentado ante el Organo Director del Procedimiento por el Lic. XXX el 20 de octubre de 1999, concluye lo siguiente:
"(...) 1. El suscrito no tuvo ninguna participación dentro del proceso de mi nombramiento en propiedad en el Puesto 032308, el cual he venido desempeñando en forma ininterrumpida por (sic) desde el 5 de mayo de 1998; por lo que no se me puede imputar ninguna responsabilidad directa ni indirecta en dicho nombramiento, ya que la labor fue, recalco, realizada por la Unidad Técnica Especializada del Ministerio (U.R.H).
2. Ahora bien, si a criterio de la Dirección de Servicio Civil el acto que originó mi nombramiento en propiedad carece de alguno de los elementos que requiere el Acto para su validez, ello sólo es responsabilidad exclusiva de la Administración, que interpreto, aplico y además ejecuto el Acto por diversas instancias administrativas sin percatarse ninguna de ellas de la evidente y manifiesta nulidad que hoy se alude, aún cuando todas estas instancias son conocedoras de los procedimientos rectores en la materia.
En esta línea de pensamiento, si Yo fui nombrada y he desempeñado ininterrumpidamente el puesto durante el lapso de tiempo que es objeto de cuestionamiento, no puede de ninguna manera perjudicárseme por errores en los que ha incurrido la Administración.
3. En todo caso, aunque el numeral 171 de la Ley General de la Administración Pública, faculta a la Administración para declara la nulidad de sus actuaciones, los efectos de esa declaratoria tendrán efectos puramente declarativos y retroactivos a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe."
Esto nos deja claro a todas luces que la Administración hoy un año y medio después de haber emitido el acto NO ha demostrado ni probado la rectitud de su accionar, por lo que en los derechos del trabajador, tal como nos ocupa, no pueden variarse unilateralmente por parte del patrono sin que se violen los numerales 34, 56 y 192 de la Constitución Política."(Lo resaltado es del original) (Folios 42- 47).
20. A las 9 horas y 45 minutos del 20 de octubre de 1999, se realizó la audiencia oral y privada, en la cual se encontraban presentes la Licda. Ligia Fernández Agüero y la Licda. Grettel Rodríguez, quienes constituyen el órgano director del procedimiento, el Lic. XXX, y la Licda XXX en calidad de testigo. (Folios 48-53).
A las 12 horas del 27 de octubre de 1999 el Órgano Director del procedimiento dicta el informe final recomendando anular el acto administrativo de nombramiento del Lic.XXX . Además se recomendó solicitar a esta Procuraduría General de la República, el dictamen de conformidad con el artículo 173 de le Ley General de la Administración Pública. (Folios 54-62)
Mediante oficio DM-444-99 del 2 de noviembre de 1999 el Lic. Miguel Carabaguíaz Murillo Ministro de Economía, Industria y Comercio a.i. solicita a la Procuraduría General de la República el dictamen correspondiente "a fin de declarar en vía administrativo la nulidad evidente y manifiesta del acto de nombramiento del Lic.XXX, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública." (Folios 63 y 64)
La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativo (...)".( Dictamen C- 140-87 del 14 de julio de 1987).
"Y ello, así en consideración al hecho de que dicha figura jurídica fue tomada, de acuerdo con los propios redactores del proyecto respectivo –lo cual también se apunta en el referido dictamen –del derecho español. En definitiva, como consecuencia de lo expuesto en el pronunciamiento de mérito podemos concluir que este tipo de nulidad está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de fácil captación, donde no se requiere de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, manifiesto y de tal magnitud y consecuencia, que hace que la declaratoria de nulidad absoluta del ato sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece el acto de que se trate(...)" (Dictamen C-062-88 de 4 de abril de 1988).
"Así tenemos que el requisito mínimo para que exista una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, es la ausencia total real o jurídica de uno o varios elementos constitutivos del acto, para luego determinar si esa ausencia es de tipo evidente y manifiesta." (Dictamen C-024-94 del 10 de febrero de 1994).
"La nulidad absoluta evidente y manifiesta es de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta, evidente y manifiesta cuando se halle muy lejos de saltar a la vista, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos..." (Dictamen C-121-95 del 1 de junio de 1995, en igual sentido dictámenes C-025-96 del 13 de febrero de 1996, y C-200-90 del 5 de diciembre de 1990.).
"Debemos, por otro lado, tener presente que esta Procuraduría ha hecho suyo el criterio expresado por el Tribunal Supremo español, en sentencia de 1961 que reproduce GARRIDO FALLA, en el sentido de que la ilegalidad manifiesta es aquella "... declarada y patente, de suerte que se descubra por la mera confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis." -el destacado no es del orginal- ("Tratado de Derecho Administrativo", v. I, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, p. 602)." (Dictamen C-037-95 del 27 de febrero de 1995).
"Como se ha comprobado, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, no solo implica la ausencia de un elemento esencial, sino también que el mismo tenga una característica especial, cual es su notoriedad y claridad, razón por la cual no se requiere un esfuerzo y análisis profundo para su comprobación." (Dictamen C-051-96 del 28 de marzo de 1996).
Por su parte, sobre el tema de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en igual sentido, mediante Voto N° 1563.91 del 14 de agosto de 1991, indicó:
Por otra parte, a efectos de declarar de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta en vía administrativa tal y como lo dispone el inciso 3 del artículo 173, "el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se hayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas".
En ese sentido, la Administración interesada debe cumplir con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 308 y siguientes de la citada Ley General, dando cabal cumplimiento a los principios del debido proceso. En relación con la obligatoriedad de observar las reglas del debido proceso en los procedimientos donde se ventile la nulidad de actos propios declarativos de derechos, la Sala Constitucional ha sido clara en señalar:
"(...) tratándose de actos que declaran derechos, la posibilidad de declararlos nulos encuentra en el ordenamiento ciertos límites temporales y formales, sin cuya atención la Administración no puede lograr el propósito que persigue. En esta materia, el principio del debido proceso es fundamental (...). Es preciso que se garantice al posible o posibles afectados el derecho de audiencia, de defensa, de ofrecer prueba, de acceso al expediente y, finalmente, de recurrir de lo resuelto en cuanto al fondo, todo ello es constitutivo de lo que se engloba dentro del debido proceso, de manera que en el caso concreto, echándose de menos esas circunstancias en lo actuado por la entidad demandada, la acción deviene procedente a la luz de lo estatuido por los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, (...)" (Sentencia n° 1563-91 del 14 de agosto de 1991).
Ahora bien, teniendo como marco de correlación lo anteriormente expuesto, se procede a pronunciarse sobre la gestión solicitada en los siguientes términos:
El procedimiento administrativo seguido al señor XXX, tal y como se vislumbra de los hechos trece, catorce y quince descritos en el primer apartado de la presente consulta, tiene como finalidad anular el acto de nombramiento en propiedad de conformidad con el acta de la Comisión de Ascensos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio número 01-98 del 28 de marzo de 1998.
El acto dictado por esa Comisión aplicando positivamente el artículo 11 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil no es el acto de nombramiento en propiedad propiamente dicho (acto que efectivamente realiza el nombramiento), en virtud de que no es un acto con efecto propio sino que es de trámite, es decir de índole preparatorio o instrumental y halla su razón de ser en un acto final, y consecuentemente no es el acto administrativo declaratorio de derechos a favor del señor XXX.
"(...) si en el acto de apertura de un procedimiento administrativo se indicó que el procedimiento era tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un determinado acto administrativo, no se puede dictar una resolución final en la que se establezca la nulidad de otros actos, aún y cuando, sea manifiesta su relación, porque sobre estos no ha existido intimación ni imputación." (El destacado no es del original). (Dictamen C-055-2000 del 20 de marzo del 2000).
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia refiriéndose a los principios de intimación e imputación -contenidos dentro del principio constitucional del debido proceso regulado en el numeral 41 de nuestra Constitución Política-, y a la obligación de establecer el carácter, y los fines del procedimiento ha señalado –transcribiendo parcialmente solamente tres votos dentro de la cantidad de jurisprudencia que ha emitido sobre el tema- lo siguiente:
"IV. El principio de intimación pretende garantizar dos aspectos: a) que a la persona investigada, se le comuniquen de manera exacta los hechos que dan origen al proceso que se interesa, con la finalidad de que pueda proveer a su defensa, y b) que en el pronunciamiento de fondo se de una identidad entre lo intimado y lo resuelto.". (Voto N° 955-95 de las 10:30 horas del 17 de febrero de 1995.) (El subrayado no es del original).
Con fundamento en las consideraciones indicadas, no resulta posible para esta Procuraduría rendir el dictamen favorable a que alude el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública en torno al nombramiento en propiedad del señor XXX, toda vez que lo actuado desde un principio se encuentra viciado en virtud de que de que el procedimiento administrativo no conduce a una eventual anulación de un acto declaratorio de derechos a favor de la señora XXX, y demás actos derivados de la aplicación positiva del artículo 11 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.
Del señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, deferentemente suscribe,

References: artículo 11
 Artículo 11
 Artículo 11
 Artículo 11
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
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 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 308
 artículo 11
 resolución 
 artículo 173
 artículo 11