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Timestamp: 2018-08-18 21:58:36+00:00

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﻿ Sentencia 35486 de marzo 1º de 2010
SENTENCIA 35486 DE 01 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:MARCO LEGAL DE APLICACIÓN DE LAS PENSIONES RESTRINGIDAS DE JUBILACIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD, PENSIÓN SANCIÓN, PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR QUINCE AÑOS DE SERVICIO, PENSIÓN VOLUNTARIA DE JUBILACIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES
Sentencia 35486 de marzo 1º de 2010
Rad.: 35486
Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil diez .
Para precisar su criterio sobre el tema traído a casación, debe la Corte indicar que tanto en el sector privado como en el oficial se han denominado de manera genérica pensiones restringidas de jubilación aquellas que se causan con un tiempo de servicios inferior al requerido para la denominada pensión plena de jubilación que se consolida con la edad y tiempo de servicios, de manera que el monto de aquellas es proporcionalmente inferior al de la plena. Es así como entre las pensiones restringidas se incluyen las pensiones causadas por despido sin justa causa, también denominada doctrinalmente pensión sanción, y la pensión por retiro voluntario con 15 años de servicios.
Es por esta razón que cuando se reclaman las pensiones previstas en los artículos 8 º de la Ley 171 de 1961 y 74, numeral 2º, del Decreto 1848 de 1969, fundadas en el despido sin justa causa del trabajador, se utilizan indistintamente las expresiones pensión sanción o pensión restringida, pues se trata de la misma garantía prevista por el legislador, en términos semejantes para los trabajadores privados y los empleados oficiales. En torno a este aspecto, se observa que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 previó originalmente la pensión sanción para los trabajadores particulares y oficiales vinculados por contrato de trabajo que fueran despedidos sin justa causa, determinando que cuando la desvinculación se produjera después de 10 años de servicios y menos de 15 la pensión se pagaría a los 60 años de edad y cuando ese hecho ocurría después de 15 años de servicios se debería comenzar a pagar a los 50 años de edad, posteriormente el artículo 74, numeral 2º, previó en términos semejantes la misma pensión pero sólo para trabajadores oficiales; mas fue esa la única diferencia entre las dos prestaciones, porque en los supuestos hipotéticos que las originan no se presentó ningún cambio sustancial.
Es entonces inexacta la afirmación de la acusación referente a que el tribunal confundió la pensión sanción prevista para el sector privado con la restringida que regía para el sector oficial, pues en rigor corresponden a la misma pensión, luego no es dable hacer tal diferenciación, porque como ya se anotó se trata, en últimas, de la misma prestación con las particularidades propias del respectivo régimen pensional que fuera aplicable al trabajador, privado u oficial. En este sentido la Sala tiene señalado que no existe ningún argumento que explique la diferenciación a que alude la acusación (Ver sentencias de 11 de junio de 2008, radicación 33440 y de 5 de febrero de 2009, radicación 35251).
Es oportuno anotar que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 subrogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en cuanto corresponde a los trabajadores del sector privado, de manera que conforme a la jurisprudencia sobre el tema esta disposición siguió rigiendo para los trabajadores oficiales en armonía con el artículo 74, numeral 2º, del Decreto 1848 de 1969, hasta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, el 1º de abril de 1994, pues de manera expresa el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 determinó que sólo habrá lugar a la pensión sanción cuando el trabajador despedido no haya sido afiliado al sistema general de pensiones; preceptiva que, salvo este requisito, fue concebida en términos semejantes a como fue prevista en los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74, numeral 2º, del Decreto 1848 de 1969, sólo que introdujo modificaciones en la edad de causación de la pensión según se tratare de mujer u hombre, manteniendo lo referente al tiempo de servicios requeridos para que naciera el derecho a dicha garantía.
Cualquier duda referente a la derogatoria de los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74, numeral 2º, del Decreto 1848 de 1969, quedó plenamente despejada, en el parágrafo 1 del mencionado artículo 133 de la Ley 100 de 1993, dado que en éste se dispuso que lo referente a la pensión de que se ocupa dicho artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado, lo que descarta tajantemente la existencia del error jurídico que en tal sentido le atribuyó el ataque a la sentencia recurrida.
Se desprende de lo expuesto y del hecho, establecido en la sentencia acusada, relativo a que el trabajador estuvo afiliado a la seguridad social, que el juzgador de segundo grado no se equivocó al concluir que el actor no tiene derecho a la pretensión reclamada.
Orientado por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de los artículos 133 de la Ley 100 de 1993, 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 3º del Decreto 3130 de 1968, 5º del Decreto 3135 de 1968, 8 del Decreto 1050 de 1968 y 74 del Decreto 1848 de 1969, 48 y 53 de la Constitución Nacional.
Señala que la violación legal denunciada se originó en los siguientes yerros fácticos que atribuye al juzgador de segundo grado:
“1. Concluir, en forma contraria a la realidad probatoria que el demandante está solicitando el reconocimiento y pago de
una pensión sanción, cuando lo que en verdad se solicita es la pensión restringida de jubilación oficial.
“2. No dar por demostrado estándolo que el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 no ha sido derogado, y por consiguiente actualmente se encuentra vigente.
“3. Tener por establecido que el Banco Cafetero en liquidación afilió al demandante al sistema de seguridad social en pensiones durante toda su relación laboral, sin existir prueba dentro del expediente que acredite dicha afirmación.
“4. No dar por demostrado estándolo que el actor cumple con cada uno de los presupuestos exigidos por el Decreto-Ley 1848 de 1969, para hacerse acreedor al reconocimiento y pago de su pensión restringida de jubilación una vez cumpla los 50 años de edad.
“5. No dar por demostrado estándolo, que la demandada reconoce a sus trabajadores pensiones restringidas de jubilación oficial con posterioridad a la Ley 100 de 1993”.
A continuación, señala que los errores fácticos denunciados se originaron en la apreciación equivocada de la solicitud de vinculación al sistema de seguridad social de pensiones correspondiente al actor (fls. 85 a 87), el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre el demandante y la demandada el 3 de febrero de 1976 (fls. 92 a 94), la convención colectiva de trabajo suscrita el 16 de febrero de 1978, el acta de conciliación obrante a folio 39 y 40, contentiva del reconocimiento de la pensión restringida de jubilación al señor Carlos Alberto Muñoz Vásquez.
Inicialmente se indican los hechos establecidos por el juzgador de segundo grado, que no son materia de discusión, para anotar que la inconformidad del ataque radica en que se hayan aplicado indebidamente el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, para rechazar la pensión reclamada, cuando se debió aplicar el artículo 74 del Decreto-Ley 1848 de 1969, de manera que resulta equivocada la conclusión del ad quem referente a que “…en el sub lite, como se reseñó en precedencia, aun cuando la desvinculación del demandante, se produjo sin justa causa, laboró para la entidad bancaria por más de 22 años, es decir, con el tiempo necesario para obtener la pensión plena u ordinaria.”.
Aduce la censura que de haberse apreciado en la decisión recurrida en casación el artículo 21 de la convención colectiva, además de la cláusula séptima del contrato de trabajo, con seguridad no se habrían aplicado las normas del sector privado en el presente caso, luego en términos de equidad no se habría desconocido el Decreto-Ley 1848 de 1969, en lo que respecta al tema de la pensión restringida de jubilación a favor de los trabajadores oficiales, como lo ha reiterado en diferentes pronunciamientos la jurisprudencia laboral.
La acusación también le reprocha al juzgador de segundo grado que confundiera la pensión sanción de ley con la pensión restringida de jubilación, y que agregara al debate probatorio un presupuesto que no fue invocado en la demanda inicial, esto es la afiliación del actor al sistema general de pensiones, para concluir:
“…Además de lo anterior, dado que, la terminación del contrato de trabajo se produjo el 22 de agosto de 2000, la norma aplicable para regular la prestación solicitada es el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, pensión sanción que se genera respecto de trabajadores oficiales, cuando hayan sido afiliados al sistema general de pensiones, y, en el asunto que ahora ocupa la atención del tribunal, el demandante fue afiliado para el riesgo de IVM al Instituto de Seguros Sociales…”
Al respecto menciona que en el proceso no obra prueba referente a que el demandante estuvo afiliado por su empleador al sistema de seguridad social en pensiones durante la vigencia de su relación laboral; sin embargo, el tribunal de manera sorprendente dio por hecha tal circunstancia con la sola solicitud de afiliación que aportó la demandada con la contestación de la demanda y que obra a folio 85 a 87, de cuya prueba no se puede convalidar la afiliación del actor durante la vigencia de su relación. Aspecto que encuentra sorprendente, pues es sabido que para acreditar la afiliación del demandante al sistema de seguridad social en pensiones la prueba idónea no es otra que el reporte de semanas cotizadas expedida por el fondo de pensiones respectivo, la cual brilla por su ausencia dentro del presente caso, con lo que se corrobora que en uno u otro caso es procedente el reconocimiento de la pensión solicitada, más aún si se tiene en cuenta que para el fallador de segunda instancia tanto la pensión sanción como restringida es una sola figura jurídica.
Reitera que el tribunal se equivocó, pues sin razón alguna dejó de aplicar el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 que regula la pensión restringida para los trabajadores oficiales, norma que se encuentra vigente.
Aduce que cuando se aplicó el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 se hizo referencia a otra figura, la pensión sanción, que tiene un régimen diferente a los previstos a la pensión restringida solicitada, pues para unos casos el juzgador de segundo grado considera que se trata de una misma pensión y para otros que se trata de diferentes prestaciones, consideraciones que se realizan en beneficio de la parte demandada.
Menciona que el cargo presenta como errores de hecho asuntos que tienen un claro carácter jurídico, de manera que no es la vía indirecta la apropiada para su denuncia. Además, refiere que se aduce por la censura que el tribunal apreció equivocadamente los documentos que se refieren a la afiliación del actor al Instituto de Seguros Sociales, pero que la revisión de dicho documento permite observar que su contenido coincide con lo que se expresó en la sentencia recurrida.
Inadecuadamente la acusación plantea en el ataque aspectos que tienen una clara índole jurídica, hasta el punto de que en el segundo error de hecho enunciado se reprueba que en la sentencia acusada no se diera por demostrado que el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 no ha sido derogado. Motivos de inconformidad que debieron abordarse por la vía directa, que es la adecuada para acusar los eventuales errores jurídicos del sentenciador, que tengan causa en los yerros de juicio sobre la existencia, validez, alcance o interpretación de una norma de derecho sustancial del orden nacional, con total exclusión de los hechos establecidos en la sentencia atacada.
No obstante lo dicho, resulta oportuno anotar que las inconformidades jurídicas referidas fueron examinadas al momento de estudiarse, conjuntamente, los dos primeros cargos, de manera que ahora, como corresponde, sólo se abordará la inconformidad relacionada con la ausencia de prueba de la afiliación del actor al sistema de seguridad social en pensiones, pues fue el único aspecto que no quedó comprendido en el examen referido.
Pues bien, encuentra la Sala que en la demanda inicial se reclamó concretamente la pensión sanción prevista en los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, que previeron esa garantía para los trabajadores que fueren despedidos sin justa causa con 10 o más años de servicios y menos de 15, o quienes después de 15 años de servicio se retiraran voluntariamente del servicio, sin que fuera supuesto de hecho de esa pretensión la falta de afiliación del accionante al sistema general de pensiones, de manera que ese aspecto concreto no fue objeto de controversia en las instancias, luego no sería dable en este caso conceder la pensión prevista en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, por cuanto que se estaría quebrantando el derecho de defensa y contradicción de la entidad bancaria, en liquidación, convocada al proceso.
Importa anotar que la afiliación de un trabajador no precisa de prueba solemne y puede acreditarse con cualquier medio idóneo. No es exacto, entonces, que la única prueba hábil sea el reporte de semanas cotizadas, como equivocadamente se afirma en el cargo.
En todo caso, advierte la Sala que las documentales visibles a folios 85 a 87, correspondientes a tres avisos de entrada del demandante al Seguro Social, permiten inferir con toda lógica que el demandante estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, desde el inicio de la relación laboral, ya que esos avisos, como lo ha entendido la Sala son prueba idónea de esa afiliación. El primero de ellos informa que fue afiliado el 28 de febrero de 1978 y da cuenta de que la relación laboral inició el 16 de ese mismo mes y año (fl. 87), en tanto que en la segunda aparece como fecha de afiliación el 16 de noviembre de 1981, fecha de retiro el 1º de noviembre del mismo año y como fecha de inicio de la actividad laboral el 1º de noviembre de 1981 (fl. 86) y en el tercero aparece como fecha de retiro el 31 de diciembre de 1981, fecha de afiliación el 22 de enero de 1982 y fecha de inició de la actividad laboral (fl. 85), de modo que, conforme ya se anotó, surge razonable entender que el banco demandado mantuvo afiliado al accionante al Seguro Social para todas las contingencias a su cargo, máxime que en los hechos de la demanda inicial no se plantea nada diferente.
En cuanto a la demás pruebas citadas en el cargo, vale decir el contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo y el acta de conciliación suscrita por otro trabajador, se observa que no guardan ninguna relación con el tema de la afiliación al Seguro Social del señor Eliseo Orduz Naranjo, que encontró acreditada el tribunal. Y que el demandado hubiere reconocido, bajo otras circunstancias, pensiones a otros trabajadores, no significa que tuviera que hacerlo respecto del actor.
El cargo, conforme a lo expuesto, no prospera, por tanto las costas en el recurso son de cuenta de la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de noviembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta Eliseo Orduz Naranjo contra el Banco Cafetero “En liquidación”

References: artículo 8
 artículo 74
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 74
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 37
 artículo 74
 artículo 133
 artículo 74
 artículo 21
 artículo 133
 artículo 74
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