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Timestamp: 2019-01-23 07:46:47+00:00

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INFORME 1/2016, DE 31 DE MARZO, SOBRE EXIGENCIA DE SOLVENCIA EN CONTRATOS DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA LEY 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES.
El Director General de la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A. ha dirigido escrito a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los siguientes términos:
Don Adrián Martín López de la Huertas, Director General de Canal de Isabel II Gestión, S.A., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder General otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II Gestión, S.A., en su sesión celebrada el día 23 de julio de 2014, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, Dª. María del Pilar Lorán Herrero, el día 30 de octubre de 2014, con el nº 1.126 de su protocolo y escritura de subsanación parcial firmada por el mismo Notario el día 9 de diciembre de 2014, con el nº 1.271 de su protocolo.
A los efectos de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en adelante, “LCSE”), Canal de Isabel II Gestión, S.A. es una Entidad Contratante, y de conformidad con los artículos 3 y 7, y Disposición Adicional Segunda, resulta de aplicación dicha Ley a los contratos, incluidos los de servicios referidos en su artículo 15, que celebre esta Sociedad para el ejercicio de su actividad del agua, cuyo importe sea igual o superior a los umbrales económicos fijados de conformidad con la Disposición Final 3ª de la LCSE (414.000 euros, excluido IVA, para contratos de servicios y suministros, y 5.186.000 euros, excluido IVA, para contratos de obras de conformidad con la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre), y que no estén excluidos del ámbito de aplicación de la misma en virtud de sus artículos 14 ó 18.
De otra parte, están sujetos a las disposiciones del texto refundido de la Ley de contratos del sector público (en adelante, “TRLCSP”) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la normativa sobre contratos no sujetos a regulación armonizada, los contratos que realice Canal de Isabel II Gestión, S.A. para el ejercicio de su actividad del agua, cuyo importe sea inferior a 414.000 euros, sin IVA, para contratos de servicios y suministros, e inferior a 5.186.000 euros, sin IVA, para contratos de obras.
II.- El artículo 38.2 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril, establece que entre las funciones que tiene atribuidas la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid se encuentra “Informar sobre las distintas cuestiones que en materia de contratación administrativa se sometan a su consideración”.
Por su parte, el artículo 48.1 del citado Reglamento indica “La Junta emitirá sus informes de oficio o a petición de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, de los Gerentes de los Organismos Autónomos, de los representantes legales de las Empresas públicas con forma de sociedad mercantil, Entidades de Derecho público y demás Entes públicos de la Comunidad de Madrid, del Interventor General y de los Presidentes de las Organizaciones Empresariales afectadas por la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid.”
III.- La Disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público modificó el TRLCSP. En concreto, las modificaciones realizadas afectaban al régimen de clasificación de los licitadores y a la solvencia de los mismos. Dichas modificaciones precisaban de un desarrollo reglamentario que ha sido realizado mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre publicado en el BOE de 5 de septiembre de 2015 (en adelante, “Reglamento General de la Ley de Contratos”).
IV.- El Régimen jurídico aplicable a los contratos con las Administraciones Públicas, en materia de clasificación y solvencia, está regulado por los artículos 65 y siguientes del TRLCSP.
Mediante la presente, se someten a consulta de la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Está obligada Canal de Isabel II Gestión, S.A. a configurar en sus pliegos la solvencia de los licitadores según el régimen establecido en el TRLCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos o, tal y como entiende esta empresa pública en virtud de los fundamentos de derecho que se exponen a continuación, puede Canal de Isabel II Gestión, S.A seleccionar a los operadores económicos que concurran a sus procedimientos de contratación en función de los criterios de selección cualitativa que establezca de conformidad con el artículo 40 LCSE sin aplicar el régimen establecido en el artículo 65 y concordantes del TRLCSP?.
SEGUNDA: En caso de que la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid entendiese que Canal de Isabel II Gestión, S.A puede seleccionar a los operadores económicos que concurran a sus procedimientos de contratación en función de los criterios de selección cualitativa que establezca en sus pliegos de conformidad con el artículo 40 LCSE sin aplicar el régimen establecido en el artículo 65 y concordantes del TRLCSP, ¿dicho régimen sería también de aplicación a los contratos que, aun vinculados a la actividad del agua, no estén sometidos a la LCSE sino al TRLCSP por no alcanzar los umbrales económicos de aplicación de la LCSE establecidos en su artículo 16?.
FUNDAMENTOS DE DERECHO EN VIRTUD DE LOS CUALES CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. CONSIDERA QUE DICHA EMPRESA PÚBLICA PUEDE SELECCIONAR A LOS OPERADORES ECONÓMICOS QUE CONCURRAN A SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN CUALITATIVA QUE ESTABLEZCA DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN CUALITATIVA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 40 LCSE SIN APLICAR EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 Y CONCORDANTES DEL TRLCSP
I.- El Título IV de la LCSE introduce, de acuerdo con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales el concepto de "Selección cualitativa de los operadores económicos" en la contratación pública de los denominados tradicionalmente sectores especiales, regulando el artículo 40 de dicho texto legal, primer artículo de su Título IV, los "criterios de selección cualitativa". El tenor de dicho precepto es el siguiente:
“1. Las entidades contratantes que fijen criterios de selección en un procedimiento abierto deberán hacerlo según normas y criterios objetivos que estarán a disposición de los operadores económicos interesados.
En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 22 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.”
Dichos criterios de selección cualitativa conforman, a juicio de esta empresa pública, un ámbito más amplio que el tradicional concepto de solvencia regulado en el TRLCSP, flexibilizando de esta forma para los denominados sectores especiales la normativa de la Ley general de contratos del sector público en nuestro ordenamiento jurídico. Así resulta de la norma recogida en el apartado 3 del mencionado artículo 40 que establece "Cuando los criterios contemplados en los apartados 1 y 2 incluyan requisitos relativos a la capacidad económica, financiera, técnica y profesional del operador económico (...)". Es decir, de conformidad con dicha norma, una entidad contratante sujeta a la LCSE está facultada para establecer criterios de selección cualitativa distintos de aquellos relativos a capacidad económica, financiera, técnica y profesional. Todo ello, lógicamente, con pleno respeto a los principios de la contratación establecidos en el artículo 19 LCSE: principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato y el principio de transparencia.
II.- Prueba de dicha flexibilización la constituye la facultad de las entidades contratantes sujetas a la LCSE de establecer, tal y como prescribe su artículo 23 "(...) un sistema propio de clasificación de operadores económicos o remitirse a cualesquiera otro que estimen responde a sus exigencias". En efecto, los artículos 23 a 31 de la LCSE permiten crear a las entidades contratantes un régimen de clasificación propio, que debe regirse con arreglo a criterios y normas objetivas, pero que no necesariamente han de coincidir con los criterios y normas fijados en el TRLCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.
En este sentido, el artículo 27 se refiere a la posibilidad de que los criterios y normas de clasificación incluyan requisitos relativos a la capacidad económica y financiera, técnica y/o a las capacidades técnicas y profesionales del operador económico, redundando así en el hecho de que estamos en presencia de un sistema de clasificación más amplio y flexible que el regulado en la Ley de Contratos del sector público por las razones anteriormente comentadas.
Así, de forma congruente con lo señalado por el propio legislador en la Exposición de Motivos de la LCSE, el concepto de "criterios de selección cualitativa" supone en el ámbito de los sectores especiales una flexibilización de la normativa del TRLCSP reguladora de la solvencia de los empresarios para contratar con el sector público. En efecto, la Exposición de Motivos de la LCSE señala:
“Tal y como se manifestaba en la anterior Ley 48/1998, de 30 de diciembre, el Derecho comunitario europeo ha previsto para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, un régimen normativo distinto al aplicable a los contratos de las Administraciones públicas, cuyas directivas reguladoras fueron objeto de transposición por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este régimen singular en lo que concierne a determinados aspectos de la ordenación de su actividad contractual, entre ellos la selección del contratista, es menos estricto y rígido que el establecido en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, asegurando en todo caso los principios de apertura del mercado principios de publicidad y concurrencia.”
III.- El artículo 65 del TRLCSP establece el régimen de clasificación para los contratos con las Administraciones Públicas, naturaleza de la que no participa Canal de Isabel II Gestión, S.A., al ser una sociedad mercantil.
De forma resumida, en los contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, es obligatorio exigir la clasificación correspondiente y el licitador estará obligado a aportarla. En el resto de contratos (obras de importe inferior a 500.000 euros, y los contratos de servicios), el licitador podrá optar entre aportar la clasificación que corresponda o acreditar por separado el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.
En este sentido, a un licitador le bastará aportar la clasificación para acreditar su solvencia. En consecuencia, no tendrá que acreditar el resto de requisitos adicionales que se hayan incluido en los pliegos, excepto los requisitos relativos al cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de las normas de gestión medioambiental. Estos requisitos adicionales no deberían ser distintos de los exigidos para obtener la correspondiente clasificación, ya que si lo fueran se estaría exigiendo a los empresarios que no tuvieran clasificación una solvencia mayor de aquellos que sí la tienen. En todo caso, su exigencia solo tendría virtualidad práctica para los licitadores que no tuvieran clasificación, ya que los que sí la ostentan, no estarían obligados a cumplirlos.
Por su parte, en relación con la exigencia de clasificación aplicable a las entidades del sector público que no tienen el carácter de Administración Pública, el propio artículo 65 del TRLCSP, en su apartado 5, introduce también un régimen de clasificación más flexible, permitiendo exigir (o no) una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65.
IV.- Considera esta empresa pública que, sin perjuicio de las remisiones expresas al TRLCSP que se puedan realizar en los pliegos de Canal de Isabel II Gestión, S.A., sus contratos se regulan por la LCSE y que, por lo tanto, la solvencia de los licitadores únicamente estará regulada en términos idénticos a los expuestos en el TRLCSP para las Administraciones Públicas si así se ha establecido de forma expresa en los pliegos correspondientes. La anterior conclusión se desprende, a juicio de esta empresa pública, del Informe 62/08, de 2 de diciembre de 2008, de la Junta Consultiva de contratación Administrativa del Estado:
“Con carácter general la Ley 31/2007, comúnmente denominada de Sectores Especiales, establece en su artículo 19 que “los contratos que se adjudiquen en virtud de la presente Ley se ajustarán a los principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato, así como al principio de transparencia”. Lo cual, si bien no resuelve de forma directa la cuestión planteada, nos da, al menos, una primera visión acerca de cuál es la filosofía que late en ella con respecto a la forma en que deben ser adjudicados estos contratos.
En efecto, la Ley es consciente de que los contratos cuya adjudicación regula, no son propiamente contratos públicos, puesto que las entidades adjudicadoras muchas veces tendrán naturaleza privada por ser mayoritaria en su capital la participación de personas jurídico privadas. Precisamente por ello, establece unas normas sensiblemente más flexibles a la hora de adjudicar los contratos que las establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, y buena prueba de ello es la admisión del procedimiento negociado con publicidad como uno de los procedimientos ordinarios de adjudicación.
Sin embargo, esta mayor flexibilidad no supone desconocimiento de las peculiaridades de estos sectores, en los que la competencia se encuentra restringida como consecuencia de la modalidad adoptada para la gestión de los servicios correspondientes.
Esto justifica que, a pesar de tratarse de un campo de actuación ajeno, en principio, a la contratación pública, se regule con normas de procedimiento que son propias de ésta.
Sin embargo, la Ley, a diferencia de la que regula los Contratos del Sector Público, no establece preceptos relativos a la forma en que deben ser presentadas las proposiciones ni exige que las documentaciones deban serlo en sobres separados ni ninguna otra de las formalidades que son propias de la contratación pública.
Consecuencia de ello es que con referencia a estas contrataciones las normas definitorias de los trámites propios de cada procedimiento de adjudicación, incluida la forma en que deben presentarse las proposiciones y la documentación que las acompañe, serán las establecidas en los pliegos que establezcan las condiciones en que deba llevarse a cabo ésta.”
V.- En definitiva, a juicio de Canal de Isabel II Gestión, S.A. las entidades contratantes sujetas a la LCSE no estarían obligadas a configurar en sus pliegos la solvencia de los licitadores según el régimen establecido en el TRLCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos sino que dichas entidades pueden seleccionar a los operadores económicos que concurran a sus procedimientos de contratación en función de los criterios que al respecto establezcan en sus pliegos de conformidad con el régimen más flexible establecido en el artículo 40 Ley LCSE, con pleno respeto lógicamente a los principios de contratación establecidos en su artículo 19.
Dicho régimen, entiende esta empresa pública, sería aplicable también a los contratos que, aun vinculados a su actividad del agua, no estén sometidos a la LCSE sino al TRLCSP (sin que en ningún caso le resulten de aplicación las normas que en el TRLCSP se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada) por no alcanzar los umbrales económicos de aplicación de la Ley LCSE establecidos en su artículo 16. Pues, si bien las normas reguladoras de la solvencia no son normas establecidas exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada, no sería congruente que los contratos vinculados al agua de menor trascendencia e importe económico estuvieran sometidos a un régimen más estricto y rígido que los mismos contratos pero de un importe mayor. Debe tenerse en cuenta, a modo de ejemplo, que la generalidad de las obras que licita Canal de Isabel II Gestión, S.A. tienen un importe inferior a 5.186.000 euros, IVA excluido.
En el caso de que la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid considerara que Canal de Isabel II Gestión, S.A. está obligada a fijar en sus pliegos la solvencia de sus licitadores según el nuevo régimen establecido en el TRLCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos en vez de en la normativa especial establecida al efecto en la Ley LCSE, esta empresa pública procederá a cambiar la actual configuración de los requisitos de selección cualitativa que tienen que reunir los operadores económicos para concurrir en sus procedimientos de licitación vinculados al desempeño de su actividad del agua, configuración que no obedece a otra causa que a las exigencias que Canal de Isabel II Gestión, S.A., considera necesarias para que los operadores económicos que contrate a través de las correspondientes licitaciones puedan ejecutar de forma adecuada las prestaciones de los contratos.
1.- La consulta se concreta en si la empresa Canal de Isabel II Gestión, S.A. puede seleccionar a los licitadores que concurran a sus procedimientos de contratación relativos a la actividad del agua, sea cual sea su importe, conforme al régimen establecido en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE), tradicionalmente denominados sectores excluidos, o bien si, cuando en función de su importe no se encuentren sometidos a la LCSE, ha de seleccionarlos conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).
2.- El Canal de Isabel II Gestión, S.A. es una empresa pública de la Comunidad de Madrid. En materia de contratación pública, tiene la condición de poder adjudicador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.b) del TRLCSP, y sus contratos tienen el carácter de contratos privados, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de dicha ley.
En el ejercicio de su actividad en materia del agua, se encuentra sujeta a la LCSE, conforme a los ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo establecidos en esta norma, y a las disposiciones del TRLCSP respecto al resto de contratos, en los términos establecidos en sus artículos 137 y 189 a 191.
3.- La sujeción a la LCSE presentan un doble condicionante: ámbito relativo a la actividad (se aplicará a una de las actividades enumeradas en los artículos 7 a 12 de la LCSE, entre las que se encuentra el agua) e importe del contrato (cuando su valor estimado, IVA excluido, sea igual o superior a 5.225.000 euros para los contratos de obras y a 418.000 para los de suministros y servicios según dispone la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016). Si se cumplen ambas premisas, los contratos de Canal de Isabel II Gestión, S.A. se encuentran sometidos a la LCSE, cuyo artículo 40 establece que las entidades contratantes fijarán criterios de selección cualitativa, según normas y criterios objetivos que estarán a disposición de los operadores económicos interesados, pudiendo asimismo, si lo desean, establecer y gestionar un sistema propio de clasificación de operadores económicos o remitirse a cualquiera otro que estimen que responde a sus exigencias, según lo dispuesto en el artículo 23 de dicha ley.
Sin embargo, cuando se trate de contratos relativos a la actividad del agua de importe inferior al indicado, se regirán por el TRLCSP, sin que les resulten de aplicación las normas que en ella se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional octava de esta ley, por lo que se someterán a las instrucciones internas de la entidad (aprobadas por el Canal de Isabel II Gestión, S.A. con fecha 26 de junio de 2013), previstas en el artículo 191 del TRLCSP con sometimiento de la adjudicación a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
En cuanto a los contratos de Canal de Isabel II Gestión, S.A. que no se refieran a la actividad del agua, se encuentran sometidos al TRLCSP, en los términos establecidos en los artículos 137 (establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos) y 189 a 191 del TRLCSP (adjudicación de otros contratos del sector publico): sujeción a las normas establecidas para la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, con las adaptaciones indicadas en el artículo 190.1 a), para los contratos sujetos a regulación armonizada, y, para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada, sujeción a sus instrucciones internas conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de dicha ley.
En consecuencia, tanto los contratos relativos a la actividad del agua que, debido a su importe, no se encuentren sujetos a la LCSE, como el resto de contratos de Canal de Isabel II Gestión, S.A., se encuentran sometidos al TRLCSP, en mayor o menor medida, conforme a las condiciones establecidas en sus artículos 190 y 191.
4.- El TRLCSP regula la clasificación y solvencia de los empresarios en los artículos 65 a 71 y 74 a 82 del Libro I.”Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos”, cuyas normas son aplicables a todo el sector público.
El artículo 65.5 de dicha ley permite que las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración pública puedan decidir entre exigir o no clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar un contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65, al disponer que podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requerida para celebrar el contrato. Por ello si la entidad tiene establecido un sistema de clasificación propio, con las condiciones previstas en los artículos 23 y siguientes de la LCSE, podrá exigirlo.
En cuanto a los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, el apartado 3 de su artículo 74 determina que los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la condición de Administraciones Públicas podrán admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 75 a 79 para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada, por lo que cabe la exigencia de criterios de selección cualitativa cuando la entidad contratante los tenga determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la LCSE.
De la interpretación conjunta del artículo 74.3 y la disposición adicional octava del TRLCSP, se deduce que, en los contratos relativos a la actividad del agua no sujetos a la LCSE en razón de su importe, Canal de Isabel II Gestión, S.A. puede admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 75 a 79 del TRLCSP y, en consecuencia, en el artículo 67 del RGLCAP, dado que dichos contratos no se encuentran sujetos a las reglas previstas para los contratos sujetos a regulación armonizada.
1.- En los contratos relativos a la actividad del agua que, en función de su importe, se encuentren sometidos a la LCSE, Canal de Isabel II Gestión, S.A. fijará criterios de selección cualitativa, según normas y criterios objetivos que estarán a disposición de los operadores económicos interesados, pudiendo asimismo establecer y gestionar un sistema propio de clasificación de operadores económicos o remitirse a cualquiera otro que estimen que responde a sus exigencias.
2.- En los contratos relativos a la actividad del agua que, en función de su importe, no se encuentren sometidos a la LCSE, podrá admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 75 a 79 del TRLCSP y en el artículo 67 del RGLCAP y establecer y gestionar un sistema propio de clasificación de operadores económicos, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP.
3.- Los contratos que no se refieran a la actividad del agua se encuentran sometidos al TRLCSP, en los términos previstos en los artículos 137 y 189 a 191, por lo que, si se encuentran sujetos a regulación armonizada, la acreditación de la solvencia se exigirá conforme a lo dispuesto en los artículos 75 a 79 del TRLCSP y 67 del RGLCAP y, en el resto de contratos, se podrán admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los citados artículos. Asimismo, para todos ellos se puede, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP, establecer y gestionar un sistema propio de clasificación de operadores económicos.

References: artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 48
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 40
 artículo 65
 artículo 40
 artículo 65
 artículo 16
 ARTÍCULO 40
 ARTÍCULO 65
 artículo 40
 artículo 22
 artículo 40
 artículo 19
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 19
 artículo 40
 artículo 19
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 40
 artículo 23
 artículo 191
 artículo 190
 artículo 191
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 74
 artículo 40
 artículo 74
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 65
 artículo 65