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Timestamp: 2019-03-21 04:23:46+00:00

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Uploaded by Francisco Villarreal
Voces: DELITO ~ DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA ~ ELEMENTO SUBJETIVO
DEL DELITO ~ FUNCIONARIO PUBLICO ~ NEGOCIACION INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE
LA FUNCION PUBLICA ~ PECULADO ~ PROCESAMIENTO ~ TIPICIDAD
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II(CNFedCrimyCorrec)
(SalaII)
Partes: López del Carril, Nelson y otros
Publicado en: LA LEY 23/02/2007, 23/02/2007, 7 - LA LEY2007-B, 803
Cita Online: AR/JUR/3081/2006
El presidente del directorio de la Casa de la Moneda habría celebrado un convenio de pago con una empresa
encargada de la reparación de las máquinas calcográficas, a pesar de que se encontraba cuestionada la efectiva
prestación de los servicios cuyo pago se reclamaba. A efectos de la aprobación de ese convenio, el citado
funcionario habría utilizado el sistema del "doble voto" el cual no se encontraba previsto en el estatuto de la
entidad. El juez de primera instancia procesó al imputado como autor del delito de negociaciones incompatibles
con la función pública. La Cámara confirmó el auto apelado.
1. Cabe procesar como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública previsto en el art.
265 del Cód. Penal a quien en su calidad de presidente del directorio de una sociedad del Estado aprobó en
forma irregular un convenio de pago celebrado con un proveedor cuyo crédito resultaba dudoso pues, la
maniobra descripta pone en evidencia que el proceder del imputado tenía como finalidad lograr un beneficio
ajeno al interés de la Administración pública.
CNCrimyCorrecFed, sala I, "Bastos, Carlos M. y otros", 01/03/2006, LA LEY 30/06/2006, 7; "A., A. y otros", 18/08/2005,
LA LEY 2006-A, 295.
2. Cuando en una operación a plazo efectuada entre una empresa y una sociedad del Estado no se piden
garantías, no se cumplen con los trámites administrativos formales internos de la entidad estatal y se continúa
con la provisión de materiales a pesar de la convocatoria en concurso preventivo de aquélla, la gestión
comercial realizada en tales condiciones permite concluir que, existe un interés particular de los funcionarios
ejecutores a favor de la contraparte en los términos del art. 265 del Cód. Penal.
3. No incurre en el delito de peculado aquel funcionario público que utilizó fondos estatales para adquirir
materiales que según el contrato celebrado estaban a cargo del contratista por cuanto, la configuración del
referido tipo penal requiere que los bienes hayan sido sustraídos de la esfera de la Administración pública, no
siendo suficiente a tales efectos el cambio de destino dentro de dicho ámbito.
Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, junio 15 de 2006.
Y Vistos: Y Considerando: I. Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del
recurso de apelación interpuesto por las defensas de Nelson J. López del Carril (fs. 1017), Fernando C. Moroni
(fs. 1024), Alberto M. Simonián (fs. 1029), Marcelo L. Gómez (fs. 1031), la querella (fs. 1028) y el Fiscal (fs.
1035), contra la resolución de fs. 920/1008, por la que se decretó el procesamiento del primero como autor del
delito de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso real con el delito de peculado y el
resto de los nombrados por el delito mencionado en último término, en calidad de partícipes necesarios.
Asimismo se sobreseyó a todos los imputados por los hechos tratados en los apartados A, C y D del
Considerando III del auto en crisis.
También se ordenó el embargo por un monto de un millón de pesos ($1.000.000) respecto de López del
Carril y por quinientos mil pesos ($500.000), con relación al resto de los procesados.
II. En aras de lograr una mayor claridad en la exposición del tratamiento de los hechos traídos a
consideración, se abordarán por separado el convenio de pago celebrado por la Sociedad del Estado Casa de la
Moneda — en adelante SECM— y la empresa "De la Rue Giori", — en adelante DLRG— y el contrato
celebrado por SECM y la empresa "Dodici S.A.".
A. - Convenio de pago entre SECM y DLRG:
Asiste razón al Juez de grado cuando considera que este hecho debe encuadrarse legalmente en los términos
del art. 265 del Código Penal.
concernientes a la delegación de los técnicos enviados al país por dicha firma para la revisión y reparación de las máquinas incluidas en los planes de reparación que incluyen gastos de viaje y de estancia durante el período trabajado por los dos técnicos enviados por DLRG (ver expediente SECM n° 6301/93). Además propone un acuerdo de pago con una quita sobre el monto total de las facturas de un 30 % (resultando de ello un importe de U$S 233. importe que se imputará al pago total y definitivo de las facturas". Posteriormente. repuestos y mano de obra. 150 del expediente citado). Jorge. No hay constancias de actuaciones pendientes por el fondo del reclamo impetrado (ver fs. discriminándose los gastos relativos a cada uno de esos conceptos (ver fs. a pesar de la oposición existente debido a que los trabajos no estaban terminados. 314 del expediente principal). donde la Casa de la Moneda contrata con la firma citada el "plan reparación máquina calcográfica Intaglio Color n° 8" y el "plan reparación máquina Simultan n° 77-0615 y n° 77-0618". Ed.: 622.. 466 del expediente en cuestión. As. plasmados en las actas correspondientes (nros. se encuentra el convenio de pago firmado entre De la Rue Giori y la Casa de la Moneda donde se establece el pago de las facturas por un monto total de U$S 233. con fecha 23/9/97 De la Rue Giori reclama a la Casa de la Moneda el pago de cinco facturas. procedería sólo a la cancelación del pago correspondiente a la máquina efectivamente reparada. correspondiente al expediente n° 6301/93— . El término interesarse. mensuales y consecutivas de dólares diecinueve mil cuatrocientos veintiuno. "con renuncia al cobro de los intereses corridos y con un financiamiento de doce cuotas iguales. relativo a la reparación de tres máquinas — Simultan 2. que incluían. 626. A raíz de esta respuesta negativa al cobro del monto total reclamado. 124/27 vta. DLRG amplía los fundamentos por los cuales reclama el pago de las facturas. se ve claramente representado en la maniobra descripta.986" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 4. "Delitos contra la Administración Pública. Sociedad del Estado Casa de Moneda s/amparo ley 16. Secretaría n° 7 de esta ciudad. lo que así se hizo (ver expediente citado). A fs. El 24 de octubre de 2000. El accionar atribuido a López del Carril puede describirse como la irregular aprobación del convenio de pago con la empresa DLRG — con sede en Suiza— . Bs. en ambos casos. 628). También prevé que la contratista "desiste de los recursos oportunamente impuestos. uno sobre el amparo por mora de la administración y otro sobre el derecho a obtener las vistas de las actuaciones administrativas. págs. Dichos instrumentos ponen de manifiesto la enfática defensa que de este convenio de pago con DLRG hizo López del Carril. haciendo intervenir en estos — contrato u operación— un interés propio y a su vez particular. luego de tomar vista del expediente en virtud de lo ordenado en "De la Rue SA c. 625. por parte del imputado. del 28/1/1994. En el mismo escrito señala que se han producido dos pronunciamientos judiciales. particularmente las manifestaciones volcadas por López del Carril en las diferentes reuniones del Directorio de la Casa de la Moneda donde se trató la cuestión referida al convenio. En este sentido adquieren relevancia los elementos probatorios mencionados y valorados por el a quo en el auto en crisis. o hacer mediar en él. Ante dicha pretensión. donde el 29/10/97 se informa que la única máquina reparada fue la Simultan 2. intereses particulares de terceros" (Buompadre. Simultan 3 y Giori 14 Intaglio Color 8— mediante la ilegal utilización del derecho al voto doble. La respuesta obra a fs.P. el Area de Administración y Abastecimiento consulta al Area de Ingeniería de Planta — ambas de la Casa de la Moneda— qué máquinas de las comprometidas en la orden de compra fueron reparadas en su totalidad durante el período de estancia de los técnicos referidos. surge que la deuda de dicho organismo con DLRG tiene su origen en la orden de compra n° 14. actuación administrativa n° 9137/98). 137/9 del expediente en cuestión. La conducta que resulta punible conforme a dicho tipo penal es la de interesarse en un contrato u operación. 265 C.052) y con financiación. 292/3). conforme surge del informe del Area de Ingeniería de Planta (ver fs. propugnándolos. por ante el presidente del Directorio de la Casa de la Moneda contra la resolución que deniega el pago pretendido. puede entenderse como "volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión de parte no administrativa. 2001.142. que toma a su cargo los honorarios correspondientes a la actuación de sus abogados representantes en todas las instancias y que una vez obtenido el cobro de lo pactado nada mas tendrá que reclamar a la Casa de la Moneda en relación a las facturas . en la que De la Rue Giori interpone recurso de reconsideración.052. se origina la Actuación Administrativa — n° 9137/98.— . en su calidad de presidente del Directorio de SECM. a pesar de la existencia de elementos probatorios que demostraban el incumplimiento de la citada empresa de lo oportunamente pactado. con personal propio y de la adjudicataria. El 3 de noviembre del mismo año. "Mave". — que finalmente fueron acondicionadas por personal de la entidad estatal— y "ateniéndose a lo especificado en la orden de compra de referencia". querer que aquel asuma una determinada configuración en interés particular del sujeto. Del expediente SECM n° 6301/93. la Casa de la Moneda informa a DLRG que en virtud de no haber reparado dicha empresa el resto de las máquinas. En base al análisis de las constancias de la causa corresponde concluir que el "interés" — en los términos del art. con Alzada en subsidio.
por ningún concepto". En efecto. se originó la actuación administrativa. debe destacarse que a pesar del incumplimiento de DLRG y de que el objeto de las facturas cuyo pago se reclamaba eran los gastos de viaje y estadía generados en el período trabajado por los técnicos enviados por la firma. no puede reputarse como tal si se atiende a que ni siquiera estaba claro si correspondía o no la cancelación de esa deuda. que López del Carril mediante su proceder dirigido vehementemente hacia la concreción del convenio de pago con De la Rue Giori. Esta actitud de López del Carril resulta difícil de conciliar con los deberes emergentes de su cargo: velar por los intereses de la Sociedad del Estado a la que representaba. 750/56 del ppal.P. Por otra parte. ante la negativa de ratificación del otro miembro del Directorio — Adolfo Busto— invocando el mentado informe de Ingeniería de Planta del 29/10/97 sobre la falta de cumplimiento de DLRG. Ello por cuanto.Se alega que "la razón y conveniencia del acuerdo consultó la necesidad de poner fin a un litigio donde SECM se hallaba en riesgo judicial y concreto y que se trataría de un proceso cuasi perdido por parte de dicha Sociedad Estatal". A su vez la sociedad estatal manifiesta que "no existe prestación alguna pendiente de cumplimiento por parte de la contratista y que está conforme con la totalidad de los trabajos efectuados por ésta en virtud de la orden de compra correspondiente". tomo II. corresponde ahora dar respuesta a los agravios expresados por la defensa de López del Carril en su memorial (fs.Sentado lo expuesto. con todas sus circunstancias. en el mencionado convenio la Casa de la Moneda acepta que "no existe prestación alguna pendiente de cumplimiento por parte de la contratista y que está conforme con la totalidad de los trabajos efectuados por ésta en virtud de la orden de compra correspondiente". Ahora bien. a. justamente. violaba la normativa básica de dicho organismo. y ejecutabilidad de éste. 265— se pone plenamente de manifiesto en la reunión del Directorio de la Casa de la Moneda del 20 de diciembre de 2000 registrada en el acta n° 626. El convenio establece en su cláusula séptima que "la existencia. más allá de la subsunción legal que se practique del suceso imputado. 294 del Código Procesal Penal de la Nación consiste en la correcta y completa descripción del hecho. Bs. 242/63 de la presente incidencia). As. ni tampoco circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de postura — que implicó la aprobación del convenio de pago— . A. frente a este discutible reclamo de deuda. como parece desprenderse de la argumentación defensista. máxime si se atiende a que para la concreción del acuerdo de pago echó mano de un recurso — doble voto— que. Lo relevante en el acto procesal previsto por el art. con el grado de certeza requerido para esta etapa procesal. Francisco. quedan sujetas a su ratificación por el Directorio de la SECM". En este sentido se sostiene que "Si la descripción es completa. ed. 265 del C. así como todas las renuncias en él expresadas. 624). a través del cristal de los hechos descriptos debe concluirse que está demostrado. Nótese que las "supuestas ventajas" que ofrecía el convenio de pago — a las que hace referencia el imputado en el acta n° 622— surgen de la comparación de las cláusulas de éste con lo pretendido por la empresa contratista y no con lo que la Sociedad Estatal tuviere real obligación de pagar conforme a las prestaciones que debía cumplir la contratista. . requisito que se ha visto satisfecho en oportunidad de brindar el imputado su declaración indagatoria (ver fs. el imputado recurre al "doble voto" — no previsto en el Estatuto de la entidad— para tenerlo por aprobado. no hay constancia de actuaciones judiciales pendientes por el cobro. no hace falta informar el tipo objetivo y menos aun señalar el tipo subjetivo o culpabilidad del autor" (D'Albora. Pág. en el que según el mentado informe de Ingeniería de Planta sólo se reparó una de las tres máquinas involucradas en el contrato. 2003. en la que DLRG interpone recurso de reconsideración con Alzada en subsidio por ante el presidente del Directorio de la entidad estatal contra dicha decisión.). Código Procesal Penal de la Nación. respecto de la que la Casa de la Moneda venía adoptando desde 1997. En esta inteligencia se advierte que no existía un reclamo judicial de pago pendiente o inminente. Abona también esta postura el contenido del Informe del 3/4/01 de la Unidad de Auditoría Interna de © Thomson La Ley 3 . . insistió en pactar un convenio de pago cuando. El interés de López del Carril — en los términos del art. cabe consignar que si bien ante la negativa de pago por parte de la Casa de la Moneda.En primer lugar procede tratar el agravio relativo a que "se introduce una calificación sin haber sido expresamente imputado de ello en la indagatoria".. Adentrándonos en tal cuestión de fondo. Lexis-Nexis. validez.1 . b. durante gestiones anteriores a la del imputado. donde se somete a la ratificación por dicho órgano — que en ese momento solo contaba con dos miembros en vez de tres: presidente y vicepresidente— el convenio de pago firmado por el nombrado ad referéndum de dicha aprobación. actuó en forma parcial en favor de los intereses de un tercero — DLRG— conforme a los requerimientos típicos del art. más allá de que el nombrado pueda presentarlo como "ventajoso".
De tales dichos se desprende que la defensa pretende darle al "doble voto". a lo que el Dr. esta UAI concluye que no existió ni existe constancia que lleve a suponer que la Casa de la Moneda debería haber alterado la posición asumida desde el planteo de la controversia hasta la firma del convenio que nos ocupa" (Ver fs.no habiéndose realizado ninguna reparación en la Simultan 3. Sin embargo. De lo relatado se desprende que la prestación comprometida por DLRG estaría asociada más a una obligación de resultado.. Esa forzada interpretación — alejada de la realidad— de la prestación comprometida por la contratista se ve claramente refutada por los conceptos descriptos en la orden de compra y que integran los planes de reparación que en base a ésta pretendía la mentada Sociedad del Estado. de conformidad con las pautas autorizadas y señaladas previamente por la recordada reunión antecesora". lo controvertido de la cuestión no consiste en que las facturas se hayan emitido por la reparación de las máquinas. dirigida al Area de Administración y Abastecimiento (ver fs. . En este contexto fáctico resulta harto conjetural hablar de un "proceso cuasi perdido" por parte de la Sociedad del Estado de la Casa de la Moneda. donde se expresa que "El convenio de pago tiene su origen en dar por finalizada la controversia que sostenía la SECM con DLRG por reclamos de trabajos de montaje que habrían sido cumplidos parcialmente por la firma. Por otra parte en la resolución SECM n° 439/81 se agrega que ". donde dichos especialistas asesoraron y perfeccionaron a dicho personal y justamente ello ha sido lo facturado".. e. lo que hace mas necesaria la intervención de personal técnico especializado en estas unidades. solo aprobaba la gestión realizada. vendrá a este Directorio".También expone la defensa que "las facturas además de aclarar el concepto expreso por el que se emitían — que no era la reparación total de las tres máquinas que falsamente se invoca— estaban acompañadas por informes de trabajos semanales que aparecían chequeados y rubricados por las autoridades de la SECM". En segundo lugar. sino justamente que la empresa pretenda cobrar los conceptos en ellas referidos ante el incumplimiento de dicha obligación que surge de los términos de la orden de compra correspondiente. Una vez que esté firmado. y no de medios o de "transferencia de tecnología" como pretende la defensa del procesado.No estamos resolviendo nada. . 330/35 del ppal. 117 expediente SECM n° 6301/93) dice en referencia al plan de reparación contratado que "En cuanto a la mano de obra solicitada. — síndico— le responde: "Es decir que hoy no se resuelve sobre el fondo de la cuestión". como recurso para ratificar el convenio. surge que la mentada reunión carece evidentemente de la "dimensión" que en la secuencia del trámite de aprobación del pacto se le quiere asignar y que la discusión sobre el fondo de la cuestión no se produjo en ella. tan solo a fs.Continúa alegando que "la necesidad del acuerdo fue previamente aprobada por el Directorio mediante un acta previa a la firma del convenio — ante la inminencia de un reclamo judicial— por lo tanto la reunión de Directorio donde hubo de ejercer el derecho al doble voto. de hecho el imputado allí refiere que "Simplemente quería comunicarles que estamos en la etapa previa a la firma de un convenio. sino simplemente ponemos en conocimiento". a lo que López del Carril contestó: "Nunca se va a resolver. En primer término corresponde destacar que no hay constancia en el expediente en cuestión de los trabajos realizados. 424 del expediente n° 6031/93 existe un informe del jefe del Area de Ingeniería de Planta donde señala que los períodos de trabajo señalados en las facturas son los prestados por los montadores enviados por la empresa contratada (ver fs.. c. Por otra parte la expresión de este argumento no hace más que demostrar el interés de López del Carril de justificar el convenio de pago a toda costa. .SECM. 1. en forma precedente y como necesario presupuesto de ésta. De esta forma De la Rue Giori debe y puede garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas reparadas y modificadas luego de finalizados los trabajos (operación tipo llave en mano)"... En efecto.. sino que debió haberse producido en la reunión donde se trató la ratificación del convenio — acta n° 626— . del contenido de dicha acta. 120/21 del expediente citado). A ello procede agregar que en la nota de Area de Ingeniería de Planta.Por otra parte aduce que "las máquinas fueron efectivamente reparadas y aun en la hipótesis de que dos de ellas fueron reparadas por personal propio de la Casa de la Moneda.132/33 del ppal).... cuando de la simple lectura de las facturas surge que su objeto es claramente diverso a la "transferencia de tecnología" invocada — gastos de viaje y de estancia durante el período trabajado por los dos técnicos enviados por la firma contratista— (ver expediente SECM n° 6301/93).). en la reunión analizada alega que "pedimos . Asimismo corresponde destacar que López del Carril.siendo la contratada directa responsable por los trabajos efectuados como resultado de su gestión" (fs.Si se tiene en cuenta el informe de Ingeniería de Planta obrante a fs. se debe considerar que los trabajos de reparación incluyen modificaciones en estas máquinas. El fondo de la cuestión lo resuelve el Directorio. ello fue logrado merced a los trabajos y aportes de los especialistas de De la Rue Giori que se denomina técnicamente "transferencia de tecnología". 467 del expediente n° 6301/93 en el que se informa que sólo trabajó personal de la contratista en la máquina Simultan 2. el carácter de una mera formalidad luego de que el tema se "aprobara" en la reunión mencionada — acta n° 622— . d. M.. del acta n° 622 emerge que solo se aprobó una propuesta para un convenio no el convenio mismo.
. López del Carril hubiera tenido que recurrir al doble voto para la ratificación del convenio. no la aprobación de un convenio. Para refutar tal aserto basta traer a colación el informe de la Unidad de Auditoría Interna de la SECM del 28/3/01.P. Asimismo debe destacarse la declaración testimonial de Horacio A. 174 inc. Sin embargo. 173 inc. Un claro ejemplo de todo esto fue la firma del convenio de pago con DLRG.. en el informe tratado se recomienda solicitar dictamen a Gerencia de Asuntos Jurídicos sobre la validez de la resolución y respecto de la vigencia del convenio (ver fs. definido como "interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero" y como "el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido". previsto en el art. es esta última circunstancia la que constituye todo el marco de ilicitud que caracteriza al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.. Precisamente.Por último se invoca que "el derecho al doble voto por parte del presidente del Directorio resulta inherente a todo cuerpo colegiado que necesita desempatar. algún otro elemento que demuestra un fundamento especial de punibilidad (ver Bacigalupo. además. Señala también el testigo. 145/45 vta... relativo al tiempo de trabajo de los técnicos enviados y no por la reparación en sí de la máquina. En virtud de ello. etc. 5°. Asiste razón al Fiscal cuando sostiene que existe concurso aparente — por especialidad— entre los tipos penales mencionados.P. Ed. el imputado se manejaba de manera muy autoritaria llegando al punto de aprobar contrataciones por el uso del voto doble. Por otra parte sería contradictorio que si en la reunión del Directorio alegada — acta n° 622— se hubiera aprobado la cuestión de antemano.hemos llegado a un acuerdo con De la Rue Giori por la reparación de una máquina. con López del Carril para transmitirle su inquietud por la información — no oficial— . con la magnitud de los efectos que la defensa pretende darle. Enrique "Derecho Penal. proceder que dejaba poco margen de decisión al otro director. La mayoría de las decisiones importantes eran adoptadas ad referéndum del Directorio. 1134/35 vta.).P. 265 C. Concluye que. a criterio del Tribunal.aprobación de una propuesta para hacer un convenio de pago.) pero.". As. Frente a dichas manifestaciones. así está acreditada en el expediente. se impone reflexionar que el nombrado omitió aclarar que la orden de compra era por la reparación de tres máquinas y sobre todo que el pago reclamado por la firma citada consistía en gastos de estadía. so pena de resultar bloqueada la actividad de dicho órgano en tales supuestos". 1131 del ppal. es nula dado que el doble voto esgrimido y aplicado por López del Carril carece de validez. siendo su labor la de llevar adelante el control interno de distintas actividades empresariales de dicha entidad estatal. "Hammurabi". situación no prevista en el estatuto de la entidad. Parte General". Rodríguez. Bs. acerca de las futuras complicaciones que podía traerle el uso del doble voto. como ya se describió (ver fs. quien ingresó como auditor interno de la SECM a comienzos del año 2000.El representante del Ministerio Público Fiscal propugna cambiar la calificación de la conducta imputada a López del Carril. . 7° del C. que ya había sido cancelado por la Casa de la Moneda. 5° en función del art. relata que en reiteradas oportunidades se comunicó. Sin embargo el cambio de subsunción pretendido no hallará en esta instancia favorable acogida. f.. donde se destaca que la resolución de ratificación del convenio en cuestión. La atribución de doble voto para desempatar votaciones no ha sido prevista por el Estatuto de la mencionada Sociedad del Estado. 1999. Sí se encuentra acreditado en la causa el especial elemento subjetivo distinto del dolo de similares características en ambos tipos penales. Ello por cuanto. el mismo contenido. y en © Thomson La Ley 5 . La referida relación normativa tiene lugar cuando un tipo penal (en este caso el art. 174. por lo que su aplicación hace nula la ratificación exigida por el convenio de pago en su cláusula séptima. en esa inteligencia. 7° del C.) contiene todos los elementos del otro (art.).2 . en definitiva. En idéntico sentido — y con los mismos argumentos— se expide la Unidad de Auditoría Interna en su informe del 9/3/01 (ver fs. El fundamento de su propuesta radica en que con la aprobación del convenio en cuestión se obligó a una Sociedad del Estado Nacional a hacer frente a distintas erogaciones fundadas en antiguos servicios que aquella firma extranjera no cumplió. 265 C. A. que fue aprobada por medio de la aplicación del doble voto del presidente y con el rechazo del otro director asistente a dicha reunión. inc. la subsunción legal de la conducta por él propuesta absorbe a aquella por la cual se procesó al nombrado (ver fs. pág. de esta incidencia).P. mediante la incorrecta utilización del doble voto. sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación. 151 de la Actuación Administrativa n° 9137/98). ya que lo que describe es la exigencia de que la conducta tenga la finalidad de lograr un beneficio ajeno al interés de la Administración Pública. que dentro del mecanismo interno de la Casa de la Moneda. del ppal. Se advierte que ambas descripciones de tal elemento detentan. salario. Luis Bekes— cuando todo ya había sido firmado. que según su criterio debe encuadrarse en el art. Con relación al hecho denunciado. hasta el momento no están comprobados los extremos requeridos por el tipo penal propuesto por el Fiscal. no pudo acceder a la información documental hasta marzo de 2001 — con el ingreso del nuevo presidente del Directorio. Dicha reparación se hizo. 572). en forma verbal. en función del 173 inc. que se filtraba respecto del convenio de pago con De la Rue Giori.
. destrucción o transformación de los bienes. Jorge.N. 2004.40. implica que dicha calificación no es compatible con la descripción que del hecho que practicó el a quo en su resolución. El temperamento liberatorio previsto en art. 336. Siendo este requisito de suma importancia ya que la firma pagaría sus compromisos a plazos de 90 y 120 días desde la fecha de entrega. según lo afirmado en el párrafo anterior. Sin embargo. se produce la sustracción que se encuentra prevista y reprimida en el 1° párrafo del art. Lo cual. sobre el monto resultante del incumplimiento.Contrato con la firma Dodici S. al mismo tiempo. pagando la primera indebidamente como consecuencia de éste.. conforme fuera acordado en las cláusulas del contrato.cuyo tipo penal debe permanecer. sino que se exige que el bien sea extraído de ese ámbito (D'Alessio.5% diario por cualquier incumplimiento de ambas partes. sino también a consecuencia de una visión parcializada del accionar estudiado. formando parte de un engranaje. no constituye sustracción (ver Buompadre.P. 3 del C. Esta postura expuesta en la resolución en crisis se compadece con el erróneo sobreseimiento que se dispuso en ella respecto de los hechos descriptos en los apartados C y D del acápite III. Andrés. En efecto. 261 del C. en tanto éstos forman parte inescindible de la maniobra. 252).974. remite a la idea de que el objeto debe ser "separado" o "apartado" de la esfera de la administración pública en la que legalmente se encuentra. 336 del C. esto es el delito de peculado — art. Ahora bien. 265 del C. que los bienes hayan sido sacados del ámbito público.). La circunstancia mencionada como "hecho C" está asociada a la forma de pago establecida en la cláusula n° 8 del contrato. sin perjuicio de lo cual continuó retirando las medallas realizadas por la SECM. inc. diferentes sumas de dinero para la adquisición de materiales necesarios para la acuñación. corresponde confirmar el procesamiento de López del Carril por el delito previsto y reprimido por el art. una exégesis adecuada del verbo sustraer.A. Que el tipo penal requiera para su configuración. Tomo II. En su opinión. B. Por ello se sostiene que el uso que no implique consumición. encuadrada la acción imputada. Fiscal. As. conforme a la pretensión de la querella y del Sr. que resulta ser más amplio que los pagos efectuados por SECM en contra de las cláusulas del contrato. LA LEY. 840). del Considerando E) — punto dispositivo V— del auto apelado. la que entró en convocatoria de acreedores el 28/12/00. participando en este hecho todos los imputados". El Juez de grado sobresee a los imputados por dichos sucesos porque considera que ellos no configuran delito alguno (art. según la cual Dodici debía abonar el 50 % a los noventa días y el resto a los 120 días contados desde la fecha de cada entrega. Conforme a tal razonamiento deviene procedente una exégesis global del conjunto de anomalías presentes . En virtud de lo expresado en el presente considerando. No comparte el Tribunal la calificación legal asignada al hecho por el juez de grado.P. realizado sin animus domini.". confección y packaging de medallas conmemorativas con la imagen de Diego Maradona. En igual sentido se dijo que la dinámica impuesta por la acción típica exige que el bien sea separado de la esfera de custodia en la que se encontraba. obra citada. No es suficiente el simple uso del mismo sin que. percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". "al disponer (se) la compra de los distintos materiales necesarios para la confección de las medallas — todos los cuales debía abonar Dodici— por una cifra de $473. por el momento.P. 261 del C. entre SECM y Dodici SA.N. estableciéndose una multa del 0. toda vez que la acción imputada consiste en que los fondos se aplicaron a pagos contractualmente indebidos. por ello corresponde que.P. implique su separación de dicha esfera.: Este hecho ha sido definido por el a quo como "el incumplimiento de las cláusulas del contrato firmado el 10/11/00. el punto mencionado sea revocado. adoptado respecto de ellos divide de manera incorrecta el tratamiento de un único suceso. eran gastos que debían ser afrontados por la empresa citada. salvo que el propio uso de la cosa constituya una verdadera apropiación. Ed. pág. A esta altura del análisis se impone destacar que la inadecuada calificación no solo proviene de la errónea interpretación del verbo típico sustraer. tratado como "hecho D".P. dichas erogaciones — que conforme al convenio correspondían a Dodici— configuran tan sólo una de las tantas irregularidades detectadas en la trama investigada y que debe analizarse inmersa en el contexto de ésta y no de manera aislada como pretende el a quo. Bs. "Código Penal Comentado y Anotado". Tal aserto proviene del abordaje aislado de esas circunstancias o sea desconectadas de la maniobra en la que se insertan. el tipo penal mencionado reprime al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración.— .P. Ello implica poner el bien fuera del alcance de la custodia en la que fue colocado. pág. se relaciona con la falta de garantías suficientes solicitadas a la empresa Dodici para la realización de la operación. debe destacarse que la sustracción no implica meramente un cambio de destino dentro de la administración.P. descripto en tal tipo penal. que es donde adquieren su verdadera relevancia penal. En este sentido. Por su parte el aspecto de la maniobra.
996 — según pericia contable— basado en la distinción entre la confección de los estuches y los materiales. el síndico del concurso preventivo de Dodici. ello por cuanto los conceptos que integran su contenido son exactamente los mismos en ambos casos (estuche. En esta inteligencia se expresa José Villarreal. se desprende que lo adquirido son las cartulinas.. a fs. concluye que la contratación con Adhepel fue formalizada por la Casa de la Moneda y a su cargo. destacando que de la citada solicitud de compra obrante en expediente n° 19. Por último señala que la citada Sociedad del Estado adjuntó documentación que da cuenta de la cancelación total de la deuda por la contratación de los servicios de Adhepel (ver copias del concurso preventivo de Dodici. En igual sentido. conforme.295 y Anexo VI de la documentación reservada). Instancia en lo Comercial n° 3. impresión.) en el sentido de que a SECM se le presupuestó la confección — mano de obra— para la realización de los estuches y a Dodici la materia prima — testimonio invocado por los imputados en su descargo— . Alberto Simonián. Sin embargo existen elementos de convicción que ponen en tela de juicio dicha justificación: En primer lugar deviene oportuno traer a colación lo expresado en el informe de la UAI donde se destaca que ". en el que deben integrarse estos sucesos. Concluye la UAI que no se desprende del convenio que "SECM debía afrontar costos de materiales de packaging.). en su informe sobre la verificación de créditos de los acreedores de la concursada.). esta distinción no se ve reflejada en los mentados presupuestos.en la negociación entre SECM y Dodici..974. Gran parte de dichos gastos consistieron en el pago efectuado a la empresa Adhepel por la compra del material para el packaging — ver pericia citada— obrando a fs. Ello se tradujo en la emisión de la respectiva solicitud de compra por la gerencia de Compras y Contrataciones y su ratificación por la resolución 154 del presidente de su Directorio. 7 del expediente n° 19.102 del ppal. la Casa de la Moneda no debió llevar adelante contratación alguna para la adquisición de las materias primas. hiciera con Adhepel. En esta inteligencia cabe mencionar las siguientes irregularidades: 1. 126/307 del ppal). envasado. so pena de perder la perspectiva general de la realidad fáctica estudiada. la orden de compra correspondiente. A pesar de lo declarado por el testigo Daniel Varsky. no definiendo en que consiste éste (materiales. citadas). 1050/52 del ppal. "La Casa de la Moneda adquirirá por cuenta y orden de la empresa los materiales y materias primas necesarias para el trabajo encomendado..Proceso de compra: irregularidad en la contratación de la firma Adhepel: Como quedó dicho.40 (ver pericia contable fs.Asunción de gastos por parte de la Casa de la Moneda que correspondían a Dodici: En el contrato la empresa citada encomienda a la sociedad estatal "la confección y/o acuñación de medallas con la imagen de Diego Armando Maradona. representante de Adhepel (ver fs. . El trabajo de armado era necesariamente realizado por personal de la citada entidad estatal.). Pero es de destacar que al hacerlo.295. así como el packaging que servirá de presentación y recuerdo de las mismas" — cláusula n° 2— (ver fs. 1.). produciendo una erogación de $473. del ppal.. más allá de que en un caso se titula "confección del packaging" y en el otro "materia prima e insumos para la confección del packaging" (ver fs.la redacción del contrato es engorrosa sobre el punto referido al packaging. López del Carril. se desvanece frente a las constancias reseñadas que presentan a la distinción entre confección y materiales del packaging. 700/04 vta. los imputados alegan como descargo que lo realmente encargado y abonado por la Casa de la Moneda a Adhepel no consiste en materias primas — impedido por el contrato— sino en la mano de obra que implica "la confección del packaging". presentado por el presidente del Directorio de dicha firma. procurando lograr las mejores condiciones de plaza en cuanto a precio y plazo de pago. sin la caprichosa separación de material por un lado y confección del mismo por otro" (ver fs. 2. puesto que debía armarse con la moneda ya acuñada. 72/75 del ppal.1— (ver fs. La empresa quedará obligada a abonar al proveedor respectivo los importes resultantes de las facturas emitidas como consecuencia de la adquisición de los materiales arriba referidos" — cláusula 3. etc. . La Casa de la Moneda pondrá a disposición de la empresa los presupuestos obtenidos para su conocimiento y conformidad. encargado de control de inventarios de la Casa de la Moneda. blisters y stikers holográficos con los cuales se armaban los estuches. blister y stiker). A pesar de lo pactado. en su declaración testimonial.). puede concluirse que el descargo ensayado por los imputados para justificar la erogación de $468. Ahora bien. De este modo. 10 del expediente SECM n° 19. la Sociedad del Estado dispuso la compra de diversos materiales necesarios para la confección de las medallas. cuanto menos como "artificiosa". lo hizo de un modo © Thomson La Ley 7 . entendiendo como tal al blister terminado. (ver fs. ante el Juzgado Nacional de Primera. por lo que no tiene explicación razonada que dicha empresa contratada haya emitido remitos y facturas en forma sucesiva y simultánea dirigidas tanto a la Casa de la Moneda como a Dodici. 1121 del ppal. dentro de la Institución.295.
los intentos por refinanciar los pasivos. Tampoco se encuentra suficientemente justificada la urgencia pretendida como para no recurrir a la licitación pública — de haber sido procedente la contratación— como hubiera correspondido conforme a su monto — mas de $500. luego de la presentación de tres presupuestos por parte de la empresa mencionada y otras dos. casi un mes después de dicha presentación concursal (28/12/2000). Tampoco se respetó el procedimiento establecido para la modalidad invocada. Por otra parte. Acta de Directorio.. 3. el acta de Asamblea por la cual se designa al Directorio. Además en la referida reunión de Directorio López del Carril dice que ". Luis Bekes— .. — sobre las garantías ofrecidas por la firma Dodici. vinculado con la explotación de la imagen de Diego Maradona. no lograron reencauzar el apuntado desequilibrio. según los propios dichos del nombrado (ver acta n° 624). En dicha resolución se invoca el encuadramiento de la aludida adjudicación en el art.. — Gráfica Einstein y Megaformas Argentina— ..lo que se produjo el 19 de diciembre de 2000" o sea cuarenta días después de la firma del contrato con SECM. resulta poco verosímil que tratándose Dodici de una empresa tan "reconocida por su trayectoria de cumplimientos no sólo en Argentina sino también en el extranjero"... acompañados por nuevos proyectos como el contrato celebrado con la Casa de la Moneda. la única cotización que resulta ser lo suficientemente explícita en cuanto a la especificación del producto requerido es la que a la postre resultó adjudicataria. careciendo de ... Anexo VII de la documentación reservada).000. en realidad si yo estuviera en la firma le pediría garantías a la SECM"." concluyendo Bekes que lo mencionado por ambos funcionarios no constituyen de manera alguna garantías de cumplimiento de pagos (ver Anexo VI de la documentación reservada).. a la que la Casa de la Moneda le entregó mercadería hasta fines de enero de 2001. a la Comisión Fiscalizadora. Siguiendo un criterio riguroso de análisis.irregular.. Con ello. la nota alude a las respuestas que sobre este tema dieron tanto el licenciado Moroni como López del Carril en la reunión de Directorio plasmada en el acta n° 624. 4. por el contrario intentó generar un negocio alternativo que le permitiera palear la difícil situación financiera.Pero. en el informe de los síndicos del concurso. donde señala que del contrato en cuestión se desprende que el crédito por ventas a Dodici fue efectuado sin garantías. En efecto. sino también teniendo en cuenta la deficiente situación financiera por la que atravesaba la empresa Dodici. donde destaca que "la empresa sufría un fuerte desequilibrio financiero. o sea el "concurso de precios". 1121/23 del ppal. lo que importó desembocar en su actual estado de insolvencia. Por otra parte. cuando su presentación al concurso de acreedores se produjo el 28/12/2000 (ver detalle de entregas y facturaciones de SECM a Dodici.295/00 (fs. donde. se sostuvo que "Si la deudora hubiera solicitado en forma inmediata su propio concurso preventivo — como lo hizo posteriormente— hubiera podido programar una propuesta de pago en armonía con la de su propio deudor. información nacional e internacional. 15) obra la resolución SECM n° 154 por la que López del Carril aprueba ad referéndum del Directorio la adjudicación a Adhepel de la "confección" de los estuches.. Ello surge del escrito de presentación del concurso preventivo incoado por Simonián — el 28 de diciembre de 2000— en su carácter de presidente del Directorio de la firma Dodici.no nos pareció razonable ante una firma que está demostrando esa entidad.. ante el requerimiento del síndico — C.760.Entrega de mercaderías a Dodici luego de su presentación a convocatoria de acreedores: La referida circunstancia también debe ser valorada en el contexto de la maniobra signada por el ánimo de favorecer a los intereses de la firma mencionada.). Esta irregularidad se robustece no solo frente a la magnitud del contrato. del 11/4/2001. enviada por el presidente de Directorio de la Casa de la Moneda — posterior a López del Carril.. Falta de constitución de garantías suficientes a la firma mencionada. Así se llega al actual estado de cesación de pagos. . Moroni expresa que "se mantuvieron reuniones con Dodici durante enero pero fueron para informarnos sobre los pagos que ésta debía hacer a la Aduana y a la empresa de fletes que transportó los cospeles y no los relacionados con las facturas de la SECM que en ese momento aun no habían vencido"... 21/62 del ppal..así aprovechando su ligazón al mundo del deporte. cuando en realidad esa modalidad se aplica cuando la contratación no supera los $75. no hubiera trascendido — ni siquiera en el círculo de sus acreedores— el hecho de su convocatoria. que pese a importantes esfuerzos no pudieron ser corregidos.Falta de análisis crediticio y capacidad de pago de Dodici..). En este sentido... por un monto de $551. el primero hace referencia a "Una serie de documentación que tienen que ver con el respaldo de la empresa a nivel societario" y el segundo agrega "Estatutos debidamente legalizados. en el expediente SECM n° 19.las entregas comenzaron a efectivizarse el 20/12/00. aclarando que "cuando se realizaron esas gestiones no teníamos conocimiento de la convocatoria de acreedores" (ver fs. el imputado admite claramente la omisión cuestionada (ver acta de Directorio n° 624). En efecto.000— (ver informe UAI de fs. En este sentido resulta clave la nota n° 287/2001. pedirles garantías. Asimismo. .suscribió el 10/11/2000 un contrato con SECM por el que ésta se comprometió a la acuñación de un millón de medallas.. 14 del Reglamento de Contrataciones de la SECM.
5. cabe concluir que la cláusula penal de incumplimiento prevista en el contrato estudiado. no se cumplen con los pasos administrativos formales internos de la entidad estatal. Bs. Eugenio R. donde además del dolo — compuesto por el conocimiento de las circunstancias que a nivel objetivo constituyen la inserción del interés particular en el contrato y la voluntad de realizar tal actividad— . obra citada. que poco tiempo después dicha firma se presenta en convocatoria.Contrato perfeccionado sin intervención regular de las Areas internas de SECM correspondientes. 265 describe el hecho como "el funcionario público que. ya que dicho tipo penal no envuelve connotaciones subjetivas particulares. y de Administración y Finanzas. por persona interpuesta o por acto simulado. contiene esta figura un especial elemento subjetivo definido como "la voluntad de obtener un beneficio propio o de un tercero" (D'Alessio. En cuanto al grado de participación que le cupo a cada uno de los imputados es necesario distinguir la situación de López del Carril.P. más allá de la importante función que dicho remedio legal cumple en los convenios. entra en cesación de pagos por su insolvencia. 265 C.).P. no puede de ningún modo subsanar esta falta de pedido de garantías a una empresa que. se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero.no se encontró expediente alguno que englobe todos los aspectos de la operación pactada con Dodici y que ante la magnitud de la operación debió haberse creado un expediente con opiniones fundadas de las Gerencias de Comercialización. Tomo IV. En efecto. en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". directamente. 850). usando los términos del art. ni de la compra a Adhepel. respectivamente.. "Tratado de Derecho Penal". A riesgo de ser reiterativos. Frente a este panorama resulta más ajustado a los hechos la subsunción legal de la conducta en este último tipo penal. o sea que los nombrados se interesaron en beneficio de un tercero — Simonián— en un contrato en el cada uno intervino "en razón de su cargo". Es así que. que implicó un dominio funcional del hecho.aceptación en el mercado.de esta forma devengó significativas erogaciones. ello así por cuanto entre López del Carril en su función de presidente del Directorio. ni al producirse las entregas de medallas a Dodici (ver fs. Esto sucede cuando cada uno de los imputados sólo realiza una parte de la conducta que el tipo describe. Ed. no contando con los recursos necesarios para cancelarlas en los plazos comprometidos" (ver fs. 1982. poniéndose de manifiesto una división de funciones en la ejecución de la maniobra.. de beneficiar los intereses de la empresa Dodici. "Ediar". Falta de expediente interno: A pesar de que en el acta de Directorio n° 624. de acuerdo al rol que cumplía cada uno de ellos en la entidad estatal que representaban y cuyos intereses debían cuidar (ver Zaffaroni. As.P. 1/3 del Anexo VI de la documentación reservada). hubo "reparto de tareas" en base a la intervención de cada una de dichas dependencias en el trámite dado a la negociación con Dodici. a costa de los de la Casa de la Moneda. Procede considerar a los tres primeros como coautores del hecho. particularmente en este último caso con relación al tema garantías crediticias.). 283/93 del ppal. se impone decir que basta seguir la secuencia de los hechos entramados en una negociación donde no se piden garantías a la empresa con la que se contrata mediante un pago de su prestación a plazos. el presidente del Directorio Bekes en la ya citada nota 287/2001 informa a la Comisión Fiscalizadora que ". Andrés. consistiendo este sólo en el conocimiento del carácter de los bienes y de la situación funcional que los vincula con el sujeto y la voluntad de separar el objeto del ámbito administrativo (D'Alessio. La base legal de la afirmación precedente se halla en la expresión "los que tomasen parte en la ejecución del hecho" (art. Andrés. Por su parte el art. por lo que no cabe lugar a considerar la existencia de elementos distintos del dolo.. el Tribunal entiende que debe encuadrarse el hecho en el tipo penal del art. © Thomson La Ley 9 . a pesar de lo cual se le sigue entregando mercadería. es en el aspecto subjetivo de ambas figuras donde más claramente se manifiesta la incongruencia la descripción típica del art. Gómez y Moroni por un lado. Finalmente destaca la misma nota que no se registra opinión de la Unidad de Auditoría Interna al momento de celebrase el contrato. En esta inteligencia. López del Carril ordena que cuanto antes se le haga llegar a los síndicos de la Casa de la Moneda — a requerimiento de uno de ellos— el expediente que según dichos de Moroni acredita "que Dodici tiene una historia de cumplimientos y gran valor comercial y que es reconocida a nivel nacional e internacional". obra citada. solo puede haber un hilo conductor en una gestión comercial ventilada en esos términos: un interés particular de los funcionarios ejecutores en favor de la contraparte. . Por último. págs. Gómez y Moroni en sus cargos de Gerente General y Gerente de Comercialización de la Casa de la Moneda. Compras y Contrataciones.. Planificación y Control de Producción. 261 con la maniobra.. por parte de los funcionarios públicos involucrados. 841).. contenido y modalidades de las irregularidades que integran la trama analizada se compadecen con el ánimo. el cuadro fáctico reseñado pone de manifiesto que el tenor. También debió haber constado la opinión de la Gerencia General". 45 C. a escasos días de firmar el contrato. pág. 306/10). y la de Simonián por el otro.. 265 y no en el 261 del C. pág.
según sus propios dichos. Ahora bien y más allá de la modalidad adoptada por quien se desempeñaba como presidente. según corresponde en base al Estatuto Orgánico de SECM. debe distinguirse el caso de Simonián del resto de los imputados. cabe señalar que en la medida en que las irregularidades tratadas se hallaban dirigidas a beneficiar sus intereses. en esa oportunidad. En el marco de esta división de funciones. 155 de la Actuación Administrativa n° 9137/98). donde señala que "El doble voto no encuentra sustento legal en el estatuto orgánico de la Casa de la Moneda ni en la ley 19.) y le corresponde. corresponde que el juez de grado valore nuevamente la cuestión y. Ello por cuanto. del Considerando E) del auto en crisis. 10— y n° 19. — contrato con Dodici— modificando la calificación de este último por la de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de coautor (arts. en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de Nelson Julio López del Carril como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública en relación al convenio de pago con DLRG.P.N. más allá de la dudosa validez de la fundamentación practicada por el Juez de grado en el Considerando F) respecto del monto impuesto. 26 del expediente SECM n° 19. En virtud de todo lo expuesto el Tribunal Resuelve: I. Siguiendo esta línea se ha dicho que la coautoría funcional supone un aspecto subjetivo: la decisión común al hecho y otro objetivo la ejecución de esta decisión mediante la división del trabajo.P.). IV.295 — fs. La Oficina Anticorrupción expresa en su escrito de fs. 518 del C. Ello por cuanto al no tener el nombrado la calidad requerida por el tipo penal aplicado. . como se dijo hubo una división de la tarea en la ejecución del ilícito y una decisión común al hecho. no se declarará su nulidad..Confirmar parcialmente el punto dispositivo I de la resolución de fs. 920/1008 del expediente principal.P. por el hecho descripto en el apartado B del Considerando II de la presente — contrato con Dodici— modificando la calificación y el grado de participación que les cupo a los nombrados en el hecho por la de negociaciones incompatibles con la función pública en .295.P. debe distinguirse la intervención de López del Carril en su carácter de presidente del Directorio. implicando además un gasto contractualmente indebido para la Casa de la Moneda. 260. como en la aprobación ad referéndum del Directorio de la citada resolución n° 154. le correspondió toda la gestión previa a la firma del contrato. En esta inteligencia. Gómez y Moroni — en calidad de coautores— y Simonián — en calidad de partícipe necesario— . extremos que conforme a la prueba valorada se ven satisfechos en el caso de autos (ver Zaffaroni. no puede ser considerado coautor del delito analizado. tanto en las reuniones donde se trató esta cuestión contractual — especialmente las referidas al tema garantías— . También corresponde determinar el grado de responsabilidad que podría caberle a la Comisión Fiscalizadora por no cumplir con el nombramiento del tercer Director en caso de vacancia.280 — fs. 1050/52 del ppal. 306 y 310 del C. además fue quien autorizó las solicitudes de compras (ver fs. modificando la calificación por la prevista en el art. y revocar el sobreseimiento de los nombrados por los aspectos de la maniobra que — erróneamente— se tratan como hechos independientes. el nombrado no puede reputarse como ajeno a toda la maquinación descripta en virtud de la cual se descuidaron los recursos del Estado para favorecer los suyos. 329/40). "es quien autoriza el trámite de compra para posteriormente remitirlo a la Sección Contrataciones. como Gerente General.N. si bien. de ser funcionario público. actualmente lo cierto y concreto es que en esa reunión de Directorio (acta n° 626) no medió observación por parte de la Comisión Fiscalizadora" (ver fs.705. 265. .P. relacionada con la contratación irregular de Adhepel. Por último se impone señalar que resulta pertinente a los fines de la dilucidación total de la maniobra investigada que el Juez de grado indague sobre el desempeño de la Comisión Fiscalizadora en el sentido indicado en el informe de la UAI del 22/6/01. el que concurre en forma real con el delito descripto en el apartado B del Considerando II de la presente. Sin embargo. En base a lo expuesto en el presente Considerando corresponde confirmar el procesamiento de López del Carril. 2 de la ley 20. 44— ). obra citada.P. coordinar el funcionamiento de las demás gerencias (ver fs. y arts. atendiendo realmente a los parámetros indicados en el art..Confirmar parcialmente el punto dispositivo II de la resolución citada en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de Fernando Carlos Moroni y Marcelo Leonardo Gómez. obra citada págs. III. adecue la suma correspondiente a cada uno de los imputados en base a su nueva situación a fin de no privar de instancia. 347/8). según modificación por la ley 22. 916/19 del ppal). . El nombrado es quien firma el requerimiento de compra obrante a fs.903 — de aplicación supletoria en virtud de las disposiciones del art. intervino en las reuniones del Directorio tratando lo relativo a las garantías que "supuestamente" presentaba Dodici. ante las modificaciones realizadas en la presente. III. 45 y 55 del C. luego Contrataciones requiere que el trámite esté autorizado por la Gerencia General" (ver declaración testimonial de Villarreal a fs. 336/41 del expediente principal que esa omisión podría implicar el objetivo de permitirle a López del Carril tomar el control de las decisiones de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda. pág. una exégesis acorde a los principios de la lógica de la maniobra investigada conduce a considerarlo parte de ella. Con relación a Gómez. 265 del C. descriptos en los apartados C y D del acápite III.. Respecto de Simonián. Con relación a los embargos ordenados en la resolución apelada. en virtud de lo cual corresponde atribuirle el hecho en calidad de partícipe necesario (ver Zaffaroni. En cuanto a Moroni como Gerente de Comercialización.550 — art. 1050/52 y expedientes SECM n° 19.
hágase saber al Sr. por el hecho descripto en el apartado B del Considerando II de la presente — contrato con Dodici— modificando la calificación legal por la de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario (arts. . Fiscal General. — Horacio R.P. IV. y arts. y remítase a la anterior instancia junto con la documentación recibida. VI.).Disponer que el Juez de grado proceda de la manera indicada en el Considerando IV de la presente. 306 y 310 del C. III.Confirmar parcialmente el punto dispositivo II de la resolución citada en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Marcelo Simonián.calidad de coautores (arts. apartado B. 265 y 45 del C.Dejar sin efecto los puntos dispositivos III y IV del auto citado en virtud de lo dispuesto en el Considerando III de la presente.). © Thomson La Ley 11 . donde deberán practicarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar. por conllevar ello el indebido desdoblamiento de la conducta que aquí se abordara en el Considerando II.N. — Martín Irurzún. debiendo el a quo proceder del modo allí indicado. y arts.Revocar parcialmente el punto dispositivo V de la resolución apelada en cuanto sobresee parcialmente a Nelson Julio López del Carril. Marcelo Leonardo Gómez y Alberto Marcelo Simonián respecto de lo que menciona como "hechos" detallados en los apartados C y D del acápite III del Considerando E).P.P. 306 y 310 del C. . . Fernando Carlos Moroni.P.N. V.P.P. 265 y 45 del C. . Regístrese. — Eduardo Luraschi. Cattani.
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