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La Rioja – Constitucion |
La Rioja – Constitucion	febrero 8, 2007
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Tags: Constituciones
Texto de la Reforma de 1998
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA
ARTICULO 1º.- Soberanía popular.
ARTICULO 2º.- Forma de gobierno.
ARTICULO 3º.- Principios del sistema político.
ARTICULO 4º.- Distribución del poder.
ARTICULO 5º.- Preámbulo.
ARTICULO 6º.- Límites y división política.
ARTICULO 7º.- Sede de las autoridades.
ARTICULO 8º.- Irretroactividad de la Ley.
ARTICULO 9º.- Inconstitucionalidad.
ARTICULO 10º.- Supresión de tratamientos honoríficos.
ARTICULO 11º.- Sostenimiento del culto católico.
ARTICULO 12º.- Alzamiento.
ARTICULO 13º.- Límites de la libertad.
ARTICULO 14º.- Inhabilitaciones.
ARTICULO 15º.- Demandas contra el Estado.
ARTICULO 16º.- Gestión internacional.
ARTICULO 17º.- Gestión interjurisdiccional.
ARTICULO 18º.- Intervención federal.
ARTICULO 19º.- Derechos humanos.
ARTICULO 20º.- Acciones privadas.
ARTICULO 21º.- Igualdad.
ARTICULO 22º.- Presunción de inocencia.
ARTICULO 23º.- In dubio pro reo.
ARTICULO 24º.- Detención de personas.
ARTICULO 25º.- Custodia de presos.
ARTICULO 26º.- Cárceles.
ARTICULO 27º.- Habeas Corpus.
ARTICULO 28º.- Amparo.
ARTICULO 29º.- Defensa en juicio.
ARTICULO 30º.- Derecho a la privacidad.
ARTICULO 31º.- Libertad de prensa.
ARTICULO 32º.- Libertad de culto.
ARTICULO 33º.- Derechos del trabajador.
ARTICULO 34º.- Protección de la familia.
ARTICULO 35º.- Educación familiar.
ARTICULO 36º.- Protección del niño y el adolescente.
ARTICULO 37º.- Protección de la ancianidad.
ARTICULO 38º.- Protección del discapacitado.
ARTICULO 39º.- Derecho a la vivienda.
ARTICULO 40º.- Derecho a asociarse.
ARTICULO 41 E.- Derecho de petición.
ARTICULO 42º.- Derecho de reunión.
ARTICULO 43º.- Admisibilidad en los empleos.
ARTICULO 44º.- Estabilidad.
ARTICULO 45º.- Régimen de remuneraciones.
ARTICULO 46º.- Régimen previsional.
ARTICULO 47º.- Acumulación de empleos.
ARTICULO 48º.- Responsabilidad.
ARTICULO 49º.- Manifestaciones de bienes.
ARTICULO 50º.- Derechos de los consumidores y usuarios.
ARTICULO 50º BIS.- Derechos implícitos.
CULTURA, EDUCACIÓN Y SALUD PUBLICA
ARTICULO 51º.- Fines de la educación.
ARTICULO 52º.- Caracteres de la educación.
ARTICULO 53º.- Sistema educacional.
ARTICULO 54º.- Consejo de educación.
ARTICULO 55º.- Universidades.
ARTICULO 56º.- Cultura.
ARTICULO 57º.- Derecho a la salud.
ARTICULO 58º.- Función social de la economía.
ARTICULO 59º.- Función social del capital.
ARTICULO 60º.- Función social de la propiedad.
ARTICULO 61º.- Política agraria.
ARTICULO 62º.- Dominio de los recursos naturales.
ARTICULO 63º.- Dominio y uso de las aguas.
ARTICULO 64º.- Servicios públicos.
ARTICULO 65º.- Cooperativismo.
ARTICULO 66º.- Protección del medio ambiente.
ARTICULO 67º.- Desarrollo integral.
ARTICULO 68º.- Régimen financiero.
ARTICULO 69º.- Tesoro provincial.
ARTICULO 70º.- Empréstitos.
ARTICULO 71º.- Régimen tributario.
ARTICULO 72º.- Licitaciones.
ARTICULO 73º.- Presupuesto.
DERECHOS POLÍTICOS Y RÉGIMEN ELECTORAL
ARTICULO 74º.- Participación política.
ARTICULO 75º.- Partidos políticos.
ARTICULO 76º.- Bancas legislativas.
ARTICULO 77º.- Cuerpo electoral.
ARTICULO 78º.- Sufragio electoral.
ARTICULO 79º.- Ley electoral.
ARTICULO 80º.- Tribunal electoral.
ARTICULO 81º.- Iniciativa popular.
ARTICULO 82º.- Consulta popular.
ARTICULO 83º.- Revocatoria popular.
ARTICULO 84º.- Cámara de Diputados.
ARTICULO 85º.- Composición.
ARTICULO 86º.- Requisitos.
ARTICULO 87º.- Orden de adjudicación.
ARTICULO 88º.- Duración.
ARTICULO 89º.- Incompatibilidades.
ARTICULO 90º.- Inmunidades.
ARTICULO 91º.- Desafuero.
ARTICULO 92º.- Facultad disciplinaria.
ARTICULO 93º.- Presidencia.
ARTICULO 94º.- Investigaciones.
ARTICULO 95º.- Interpelación.
ARTICULO 96º.- Reglamento interno.
ARTICULO 97º.- Facultades de las comisiones.
ARTICULO 98º.- Comisión permanente.
ARTICULO 99º.- Período de sesiones.
ARTICULO 100º.- Quórum.
ARTICULO 101º.- Declaraciones.
ARTICULO 102º.- Atribuciones.
ARTICULO 103º.- Origen de las leyes.
ARTICULO 104º.- Promulgación y veto.
ARTICULO 105º.- Juicio político. Ámbito de aplicación
ARTICULO 106º.- División de la Cámara.
ARTICULO 107º.- Sala acusadora.
ARTICULO 108º.- Comisión investigadora.
ARTICULO 109º.- Suspensión de funciones.
ARTICULO 110º.- Comisión acusadora.
ARTICULO 111º.- Sala de sentencia.
ARTICULO 112º.- Pronunciamiento.
ARTICULO 113º.- Efectos.
ARTICULO 114º.- Procedimiento.
ARTICULO 115º.- Gobernador.
ARTICULO 116º.- Requisitos.
ARTICULO 117º.- Duración del mandato.
ARTICULO 118º.- Juramento.
ARTICULO 119º.- Inmunidades.
ARTICULO 120º.- Residencia.
ARTICULO 121º.- Acefalía.
ARTICULO 122º.- Nueva elección.
ARTICULO 123º.- Deberes y atribuciones.
ARTICULO 124º.- Ministros.
ARTICULO 125º.- Condiciones.
ARTICULO 126º.- Competencia y responsabilidades.
ARTICULO 127º.- Organismos descentralizados.
ARTICULO 128º.- Funciones e independencia.
ARTICULO 129º.- Composición.
ARTICULO 130º.- Inamovilidad e inmunidades
ARTICULO 131º.- Competencia.
ARTICULO 132º.- Aplicación del derecho.
ARTICULO 133º.- Pérdida de la competencia.
ARTICULO 134º.- Policía judicial.
ARTICULO 135º.- Requisitos.
ARTICULO 136º.- Designaciones.
ARTICULO 136º BIS.- Composición del Consejo de la Magistratura.
ARTICULO 137º.- Tribunal Superior.
ARTICULO 138º.- Ministerio Público.
ARTICULO 139º.- Incompatibilidades.
ARTICULO 140º.- Atribuciones y deberes.
ARTICULO 141º.- Competencia.
ARTICULO 142º.- Competencia de tribunales inferiores.
ARTICULO 143º.- Jurisprudencia obligatoria.
ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO
ARTICULO 144º.- Funciones.
ARTICULO 145º.- Funciones.
ARTICULO 146º.- Nombramiento.
ARTICULO 147º.- Integración.
ARTICULO 148º.- Designación.
ARTICULO 149º.- Atribuciones.
ARTICULO 150º.- Fallos.
ARTICULO 151º.- Ley orgánica.
ARTICULO 152º.- Funciones y requisitos.
ARTICULO 153º.- Funciones.
FUNCIÓN MUNICIPAL
ARTICULO 154º.- Autonomía.
ARTICULO 155º.- Organización.
ARTICULO 156º.- Condiciones y mandato.
ARTICULO 157º.- Atribuciones.
ARTICULO 158º.- Recursos.
ARTICULO 159º.- Intervención.
ARTICULO 160º.- Convención Constituyente.
ARTICULO 161º.- Declaración de la reforma.
ARTICULO 162º.- Enmienda.
PREÁMBULO Los representantes del pueblo de la Provincia de La Rioja reunidos en Convención Constituyente y en cumplimiento del mandato conferido;
Decididos a promover la creación de una sociedad justa y libre, exenta de toda discriminación por razones de credo, raza, sexo o condición social, abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma al mundo;
resueltos a consolidar un Estado democrático basado en la participación popular que garantice a través de instituciones estables y legítimas la plena vigencia de todos los derechos que esta Constitución reconoce y consagra;
procuramos consolidar los intereses históricos de nuestro pueblo y vigorizar las expresiones de la cultura regional como base de la identidad popular y condición de la unión nacional y latinoamericana;
evocando la gesta justiciera de Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñaloza, Felipe Varela y todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales y el largo combate de nuestro heroico Pueblo Riojano para alcanzar un verdadero federalismo y un definitivo régimen de libertad y justicia social;
En nombre de nuestro pueblo sancionamos y promulgamos esta Constitución para la Provincia de La Rioja.
ARTICULO 1 E.- SOBERANÍA POPULAR. El poder emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la Provincia, quien lo ejerce por medio de sus legítimos representantes y por las otras formas de participación democrática establecidas en esta Constitución.
ARTICULO 2 E.- FORMA DE GOBIERNO. La Provincia de La Rioja, parte integrante de la República Argentina, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, democrática y social y en ejercicio de su autonomía, no reconoce más limitaciones a su poder que las expresamente delegadas en la Constitución nacional al Gobierno federal.
ARTICULO 3 E.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA POLÍTICO. El Estado provincial garantiza a través de todos sus actos el logro de la democracia participativa en lo económico, político, social y cultural. La actividad de todos los órganos del poder público está sujeta a los prin cipios republicanos, en particular a la publicidad de los actos, legalidad de las acciones de los funcionarios, periodicidad de las funciones y efectiva rendición de cuentas.
ARTICULO 4 E.- DISTRIBUCIÓN DEL PODER. El poder del Estado provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido en esta Constitución en funciones conforme a las competencias que ella establece.
ARTICULO 5 E.- PREÁMBULO. El preámbulo no es una mera enunciación de principios, sino fuente interpretativa y de orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de la presente Constitución.
ARTICULO 6 E.- LIMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA. La Provincia tiene los límites que por derecho le corresponden con arreglo a la Constitución nacional, las leyes vigentes y los tratados que se celebren. No podrán ser alterados sino por ley ratificada por consulta popular. El territorio de la Provincia está dividido en dieciocho Departamentos, con sus actuales límites determinados por ley, los que no podrán ser modificados sin previa consulta popular de los Departamentos involucrados.
ARTICULO 7 E.- SEDE DE LAS AUTORIDADES. Las autoridades centrales del gobierno residen en la ciudad de La Rioja, capital de la Provincia, salvo que por ley sujeta a consulta popular se fije otra sede.
ARTICULO 8 E.- IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Ninguna norma jurídica tendrá efecto retroactivo, ni podrá afectar los derechos adquiridos o alterar las obligaciones contractuales.
ARTICULO 9 E.- INCONSTITUCIONALIDAD. Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Constitución nacional o a esta Constitución debe ser declarada inconstitucional por los jueces, a requerimiento de parte o de oficio.
ARTICULO 10 E.- SUPRESIÓN DE TRATAMIENTOS HONORÍFICOS. Quedan suprimidos los tratamientos honoríficos a funcionarios y magistrados o cuerpos colegiados de la Provincia, cualquiera sea su investidura.
ARTICULO 11 E.- SOSTENIMIENTO DEL CULTO CATÓLICO. El gobierno de la Provincia coopera a sostener el Culto Católico Apostólico y Romano.
ARTICULO 12 E.- ALZAMIENTO. Los que se alzaren para cambiar esta Constitución, deponer los órganos de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, como así también los funcionarios políticos que en la Provincia formaren parte del gobierno de facto que surgiere del alzamiento o subversión, serán pasibles de las sanciones civiles, penales y políticas que determinen las leyes y esta Constitución. Los funcionarios del régimen constitucional con responsabilidad política que omitieren la ejecución de actos en defensa del mismo, serán pasibles de idénticas sanciones.
ARTICULO 13 E.- LIMITES DE LA LIBERTAD. La Provincia no reconoce libertad para atentar contra la libertad, sin perjuicio del derecho individual o colectivo de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinario, sometido únicamente a las prescripciones de la ley. La Provincia no reconoce organizaciones, cualesquiera sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales y sociales reconocidas por esta Constitución o atentatorias del sistema democrático republicano en que ésta se inspira.
ARTICULO 14 E.- INHABILITACIONES: Quienes ejercieren funciones de responsabilidad política en los gobiernos de facto o pertenezcan a la dirigencia de las organizaciones referidas en el artículo anterior, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
ARTICULO 15 E.- DEMANDAS CONTRA EL ESTADO. El Estado provincial, las municipalidades y entidades descentralizadas, pueden ser demandadas sin necesidad de autorización previa, pero no se trabará embargo sobre bienes o fondos indispensables para cumplir sus fines o servicios públicos. Podrá hacerse efectivo sobre otros bienes o recursos cuando el Estado o las entidades demandadas no dieren cumplimiento a la sentencia dentro de los tres meses posteriores a que la misma quede firme. La Cámara de Diputados o el Concejo Deliberante, en su caso, deberá autorizar los créditos necesarios para cumplir la sentencia. Se declaran inembargables los bienes destinados a los servicios de asistencia social y educación.
ARTICULO 16 E.- GESTIÓN INTERNACIONAL. La Provincia detenta la facultad de efectuar en el orden internacional gestiones, actos o convenios que fueren necesarios para la satisfacción de sus intereses, sin perjuicio de la política exterior delegada al Gobierno federal.
ARTICULO 17 E.- GESTIÓN INTERJURISDICCIONAL. La Provincia podrá celebrar acuerdos, efectuar gestiones o mantener relaciones a nivel bilateral o regional, con otras provincias o con la Nación en el ámbito de sus intereses propios y sin afectar los poderes políticos delegados al Gobierno federal. En particular, podrá acordar con la Nación sobre coparticipación de impuestos, compensación de los efectos negativos de la política económica nacional y participación en todo órgano que administre facultades concurrentes, regímenes concertados y empresas interjurisdiccionales o del Estado nacional que exploten recursos en su territorio.
ARTICULO 18 E.- INTERVENCIÓN FEDERAL. En caso de intervención federal, los actos que sus representantes ejecuten en el desempeño de sus funciones serán exclusivamente administrativos, con excepción de los que deriven del estado de necesidad.
ARTICULO 19 E.- DERECHOS HUMANOS. Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen derecho a defender su vida, libertad, reputación, integridad moral y física y seguridad individual. Nadie puede ser privado de su libertad sino por vía de penalidad, con arreglo a una ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia de juez competente.
No podrán crearse organizaciones oficiales especiales, que so pretexto de seguridad atenten o violen los derechos humanos. Nadie podrá ser sometido a torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo ordene, consienta, ejecute, instigue o encubra y el Estado reparará el daño que el hecho provoque. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida.
ARTICULO 20 E.- ACCIONES PRIVADAS. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
ARTÍCULO 21 E.- IGUALDAD. Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra condición socioeconómica o política. El Estado propenderá al pleno desarrollo de la persona humana y a la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia, removiendo los obstáculos de orden jurídico, económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los mismos, impidan tal realización.
ARTICULO 22 E.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada previo proceso legal.
ARTICULO 23 E.- IN DUBIO PRO REO. Desde la iniciación del proceso penal, el o los jueces que intervinieren están obligados a aplicar el principio in dubio pro reo. Tampoco podrán los jueces aplicar por analogía las incriminaciones legales, ni interpretar extensivamente la ley penal en contra del sospechado.
ARTICULO 24 E.- DETENCIÓN DE PERSONAS. En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados y las personas comprendidas en tales situaciones no podrán ser enviadas a establecimientos fuera de la Provincia. De esta medida se dará cuenta en forma inmediata al juez competente y se pondrá a su disposición al detenido con los antecedentes del caso dentro de las veinticuatro horas. La prisión preventiva no podrá prolongarse más allá del término fijado por la ley para la finalización del proceso en cuyo caso el detenido recuperará de inmediato la libertad.
Queda prohibida la restricción a la libertad ambulatoria para averiguación de antecedentes.
ARTICULO 25 E.- CUSTODIA DE PRESOS. Todo encargado de la custodia de presos debe, al recibirlos, exigir y conservar en su poder la orden de detención; caso contrario es pasible de las sanciones previstas por la ley. La misma obligación de exigir la indicada orden bajo igual responsabilidad incumbe al ejecutor del arresto o detención.
ARTICULO 26 E.- CÁRCELES. Las cárceles y demás lugares destinados al cumplimiento de las penas de privación de la libertad serán sanas, limpias y organizadas con el fin de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, que incluirá el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que conduzca a mortificar física o moralmente a los detenidos hará responsable a quien la ejecute, autorice o consienta. Deberá garantizarse la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas. Una ley especial dispondrá la creación, organización y funcionamiento de institutos de rehabilitación y educación de menores.
ARTICULO 27 E.- HÁBEAS CORPUS. Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad competente o a quien arbitrariamente se restringiere o amenazare en su libertad, puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualqu ier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante un juez letrado inmediato, a fin de que se ordene su libertad o que se someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación o restricción que padeciere. La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal. El juez, dentro de las veinticuatro horas, examinará el caso y hará cesar inmediatamente la restricción si ésta no proviene de autoridad competente o si no cumpliere los recaudos constitucionales o legales.
El juez de hábeas corpus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública.
Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparta el juez de hábeas corpus. La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes rehusaren o descuidaren ese cumplimiento.
ARTICULO 28 E.- AMPARO. Procederá la acción de amparo contra cualquier decisión, acto u omisión de autoridad o de particulares que, con manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminente, restringiere, limitare o amenazare el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución o en la Constitución nacional, a fin de que el juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado. Esta acción procederá siempre que no pudieren utilizarse por razones de urgencia los medios ordinarios sin daño grave e irreparable y no procediese el recurso de hábeas corpus. Cuando una disposición legal imponga a un funcionario un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o cumplirse la abstención y sufriere perjuicio material, moral o político por falta injustificada del cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata, quien previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario un mandamiento de ejecución o de prohibición según el caso.
ARTICULO 29 E.- DEFENSA EN JUICIO. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. En ningún caso los defensores podrán ser molestados con motivo del ejercicio de su ministerio, ni allanados sus domicilios o locales profesionales. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, consanguíneos o afines. Toda declaración del imputado que no sea hecha ante el juez de la causa carecerá de valor probatorio.
Queda abolido el secreto del sumario para las partes y prohibida la incomunicación de los detenidos sin orden del juez, la que en ningún caso excederá de veinticuatro horas. Se asegurará a los indigentes los medios para actuar o defenderse en cualquier jurisdicción o fuero.
ARTICULO 30 E.- DERECHO A LA PRIVACIDAD. Son inviolables el domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole. Sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de juez competente. La ley limitará el uso de la informática para preservar el honor, la intimidad personal y familiar de los habitantes y el pleno ejercicio de sus derechos.
Las autoridades policiales sólo proporcionarán antecedentes penales de los habitantes en los casos previstos por !a ley.
ARTICULO 31 E.- LIBERTAD DE PRENSA. Todo habitante de la Provincia es libre de escribir, imprimir o difundir, por cualquier medio, sus ideas. Todos los habitantes gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información.
No podrá dictarse ley ni disposición alguna que coarte, restrinja o limite la libertad de prensa; que trabe, impida o suspenda por motivo alguno el funcionamiento de imprentas, talleres tipográficos, difusoras radiales o televisas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento; que decomise sus maquinarias o enseres, o clausure sus locales, ni expropie sus bienes. Tampoco sus labores podrán ser suspendidas, trabadas ni interrumpidas por actos o hechos del poder público que impidan o dificulten, directa o indirectamente, la libre expresión y circulación del pensamiento o la información.
Sólo se considerarán abuso a la libertad de expresión los hechos constitutivos de delitos comunes. La calificación y juzgamiento de estos hechos corresponde a la justicia ordinaria, la que deberá tratar con preferencia los juicios que versen sobre la transgresión de este artículo
ARTICULO 32 E.- LIBERTAD DE CULTO. Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y ejercer su culto, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el o rden público. Nadie será obligado a declarar el culto que profesa.
ARTICULO 33 E.- DERECHOS DEL TRABAJADOR. El trabajo, como digna actividad humana, goza de la protección del Estado provincial, quien reconoce y declara los siguientes derechos a objeto de que todas las autoridades ajusten sus acciones a los principios informadores de los mismos: derecho a trabajar; a una retribución justa; a la capacitación; a condiciones dignas de trabajo; a la participación en las ganancias de la empresa con control de su producción, cogestión o autogestión en la dirección; a la preservación de la salud; al bienestar; a la seguridad social; a la protección de su familia; al mejoramiento económico; a la defensa de sus intereses profesionales y de aprender y enseñar. El trabajo es un deber social y todo habitante de la Provincia tiene la obligación moral de realizar una actividad, función u oficio que contribuya al desarrollo espiritual, cultural y material de la comunidad según su capacidad y elección.
El Estado garantiza a los sindicatos los siguientes derechos: a su reconocimiento, sin otro requisito que la inscripción en un registro especial; a concertar convenios colectivos de trabajo; al ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad de sus empleos y la licencia gremial.
En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
ARTICULO 34 E.- PROTECCIÓN DE LA FAMILIA. La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad será objeto de preferente atención por parte del Estado provincial, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La Provincia promoverá la unidad económico familiar y el bien de familia, conforme a lo que una ley especial determine.
ARTICULO 35 E.- EDUCACIÓN FAMILIAR. Como una forma de protección familiar, los establecimientos e institutos de enseñanza secundaria, superior y universitaria deberán incluir en sus planes de estudio una asignatura que se refiera a aquellos aspectos de la educación de adolescentes y jóvenes que signifique prepararlos para el matrimonio, la paternidad y la vida familiar.
ARTICULO 36.- PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE. Todo niño o adolescente tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo total o parcial, moral o material, permanente o transitorio, corresponde a la Provincia como inexcusable deber social, proveer a dicha protección ya sea en forma directa o por medio de institutos.
ARTICULO 37 E.- PROTECCIÓN DE LA ANCIANIDAD. Todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados para ese fin.
ARTICULO 38 E.- PROTECCIÓN DEL DISCAPACITADO. La Provincia promoverá políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos y psíquicos, como asimismo aquellas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a los deberes de solidaridad para con ellos.
ARTICULO 39 E.- DERECHO A LA VIVIENDA. EL Estado propenderá al logro de una vivienda digna para todos los habitantes de la Provincia.
ARTÍCULO 40 E.- DERECHO A ASOCIARSE. Todo ciudadano goza del derecho de asociarse, cualquiera sea su objetivo siempre que no afecte la moral, el orden público o el ordenamiento legal. Las asociaciones sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y no serán disueltas en forma compulsiva, sino en virtud de sentencia judicial.
ARTICULO 41 E.- DERECHO DE PETICIÓN. Queda establecido el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente sin que la publicación de dichas peticiones dé lugar a la aplicación de penalidad alguna a quien la formule. La autoridad a que se haya dirigido la petición está obligada a comunicar por escrito al solicitante la resolución pertinente.
ARTICULO 42.- DERECHO DE REUNIÓN. Los habitantes tienen derecho a reunirse sin autorización, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares públicos, pudiendo efectuar manifestaciones públicas en forma individual o colectiva.
ARTICULO 43 E.-ADMISIBILIDAD EN LOS EMPLEOS. Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad y el domicilio en la Provincia. La designación se efectuará por concurso público de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo conforme lo reglamente la ley.
ARTICULO 44 E.- ESTABILIDAD. Ningún empleado o funcionario escalafonado de la Provincia podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, aptitudes físicas o mentales. La cesantía sólo se dispondrá previo sumario que justifique la medida. La ley fijará el régimen escalafonario y asegurará la carrera administrativa, régimen disciplinario y jubilatorio.
ARTICULO 45 E.- RÉGIMEN DE REMUNERACIONES. La ley establecerá un régimen de remuneraciones de magistrados, funcionarios y demás empleados de la Provincia, teniendo en cuenta el principio de que a igual tarea corresponde igual remuneración. Se excluye de esta limitación los siguientes adicionales particulares: antigüedad, título y asignaciones familiares.
ARTICULO 46 E.- RÉGIMEN PREVISIONAL. El régimen jubilatorio provincial será único para todas las personas y asegurará la equidad y la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables.
El haber deberá ser móvil, irreductible y proporcional a la remuneración del mismo cargo en actividad. ARTICULO 47.- ACUMULACIÓN DE EMPLEOS. En ningún caso podrán acumularse en una misma persona dos o más funciones o empleos rentados, ya sea provincial, municipal o nacional, con excepción de la docencia en ejercicio, con las limitaciones que la ley deberá establecer para este último caso.
ARTICULO 48 E.- RESPONSABILIDAD. La Provincia es solidariamente responsable con sus agentes cuando estos causaren daños a terceros por mal desempeño de sus funciones, a menos que los actos que los motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones.
ARTICULO 49 E.- MANIFESTACIONES DE BIENES. Los que ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y judicial están obligados, al entrar en funciones y al cesar en las mismas, a efectuar manifestación de bienes, por sí, su cónyuge y personas que la ley determine.
ARTICULO 50 E.- DERECHOS DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES. Los consumidores de bienes y los usuarios de servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las Autoridades proveerán a la promoción y protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios legales y naturales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial; posibilitando la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, como también la de representantes de los Concejos Deliberantes, en los organismos de control y solución de conflictos.
ARTICULO 50 E BIS.- DERECHOS IMPLÍCITOS. Los principios, declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía popular, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal o como integrante de la sociedad o de sus organizaciones en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes de solidaridad. Tampoco se entenderá como negación de los derechos que la Constitución nacional acuerda a los habitantes de la Nación los cuales quedan incorporados a esta Constitución.
ARTICULO 51 E.- FINES DE LA EDUCACIÓN. La educación es un derecho humano fundamental y un deber de la familia y del Estado. Su finalidad es el desarrollo integral, permanente y armonioso de la persona, capacitándola para vivir en una sociedad democrática y participati va, basada en la ética, la libertad y la justicia social; en el respeto a las tradiciones e instituciones del país, y en los sentimientos religiosos, morales y de solidaridad humana.
ARTICULO 52 E.- CARACTERES DE LA EDUCACIÓN. El Estado asegurará el acceso a la educación, su permanencia y la posibilidad de alcanzar los más altos grados de educación. Deberá posibilitar la igualdad de oportunidades para todas las personas, desarrollando las acciones a su alcance para este fin mediante el principio de centralización normativa y descentralización operativa de tales acciones. También procurará que el estudiante de cualquier nivel pueda insertarse en el mundo productivo del trabajo sin detener el proceso educativo.
ARTICULO 53 E.- SISTEMA EDUCACIONAL. Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Constitución, la Provincia organizará un régimen educacional que comprenda la enseñanza pre-primaria, primaria, secundaria, superior y universitaria, que se ajustará a las sigu ientes bases:
2.- La enseñanza particular privada o no oficial será autorizada y fiscalizada por el Estado, debiendo ajustarse a las condiciones y objetivos fijados en esta Constitución.
ARTICULO 54 E.- CONSEJO DE EDUCACIÓN. La coordinación de la política educativa estará a cargo de un Consejo Técnico Educativo, en el que tendrán representación los docentes y los padres, cuya denominación y funcionamiento reglamentará la ley respectiva.
ARTICULO 55 E.- UNIVERSIDADES. La enseñanza universitaria será regida por un Consejo Superior formado en cada establecimiento mediante la participación de los docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Una ley especial reglamentará su estructura, funcionamiento y procedimientos a que deberá ajustarse, asegurando la autonomía universitaria con las facultades de dictar su propio estatuto, elegir sus autoridades y nombrar su personal.
ARTICULO 56 E.- CULTURA. El Estado asegurará a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y eliminará toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural.
Promoverá y protegerá las manifestaciones culturales personales o colectivas y aquellas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano, especialmente las que fueren de reconocido arraigo y trascendencia popular en la Provincia. El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental, forma parte del patrimonio cultural de la Provincia.
ARTICULO 57 E. DERECHO A LA SALUD. El Estado asegurará la salud como derecho fundamental de la persona humana. A tal efecto tenderá a que la atención sanitaria sea gratuita, igualitaria, integral y regional, creando los organismos técnicos que garanticen la promoción, prevención, protección, asistencia y rehabilitación de la salud física, mental y social conforme al sistema que por ley se establezca. La actividad de los trabajadores de la salud será considerada como función social, garantizándose la eficaz prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la comunidad.
ARTICULO 58 E.- FUNCIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA. La actividad económica estará al servicio del hombre y se organizará conforme a los principios sociales de esta Constitución. El Estado garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de la persona y la comunidad, debiendo regular las actividades económicas a esos efectos. A tal fin se crearán los institutos y se arbitrarán los medios necesarios con intervención de representantes del trabajo, sociedades, cooperativas, asociaciones de productores, trabajadores, empresarios e instituciones oficiales de crédito, para la defensa efectiva de la producción básica, la distribución de la tierra pública, el aprovechamiento de los recursos naturales, la radicación de industrias, especialmente en el interior de la Provincia y la comercialización de la producción en beneficio de los productores y consumidores. ARTICULO 59.- FUNCIÓN SOCIAL DEL CAPITAL. El capital debe tener por principal objeto el desarrollo y progreso de la Provincia y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo.
ARTICULO 60 E.- FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia la misma queda sometida a las restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.
ARTICULO 61 E.- POLÍTICA AGRARIA. La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de explotación racional.
ARTICULO 62 E.- DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES. La Provincia en el ejercicio de la soberanía inherente al pueblo, es dueña originaria de todas las sustancias minerales y fuentes naturales de energía, incluidos hidrocarburos, que existen en su territorio con excepci ón de los vegetales.
Podrá proveer a su aprovechamiento por sí o mediante acuerdos con la Nación, otras provincias o terceros, con el fin de efectuar la exploración, explotación, industrialización, preferentemente en el departamento de origen, y comercialización de las mismas, fijando de común acuerdo las regalías o retribuciones pertinentes, en lo que tendrá participación el municipio en donde se ubique el yacimiento minero. La Nación no podrá disponer de dichos recursos sin previo consentimiento de la Provincia prestado por ley.
ARTICULO 63 E.- DOMINIO Y USO DE LAS AGUAS. Son de dominio público de la Provincia, los lagos, ríos y sus afluentes y todas las aguas públicas existentes en su jurisdicción. La ley que reglamente su uso deberá establecer que toda concesión de uso y goce de aguas del dominio público es inseparable y se atribuye como derecho inherente al predio.
ARTICULO 64 E.- SERVICIOS PÚBLICOS. Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la Provincia o a las municipalidades y podrán ser concedidos a los particulares para su explotación en la forma y modo que determine la ley, priorizándose las entidades cooperativas.
ARTICULO 65 E.- COOPERATIVISMO. El Estado a través de la ley, fomentará y promoverá la organización, el mantenimiento y el desarrollo de cooperativas y mutuales mediante la asistencia técnica e integral, el correcto ejercicio de la fiscalización y un adecuado plan de educación y capacitación cooperativista y mutualista. ARTICULO 66.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Se prohíbe en todo el territorio provincial la instalación de repositorios nucleares.
ARTICULO 67 E.- DESARROLLO INTEGRAL. El Estado promoverá el desarrollo integral, autónomo y armónico de las diferentes zonas de su territorio.
ARTICULO 68.- RÉGIMEN FINANCIERO. El régimen financiero de la Provincia se basa en el poder impositivo de la misma. En virtud del poder fiscal originario es privativo de la Provincia la creación de impuestos y contribuciones, la determinación del hecho imponible y las modalidades de percepción, con la única limitación que surge de las facultades expresamente delegadas al Gobierno federal en virtud de lo dispuesto por la Constitución nacional. ARTICULO 69.- TESORO PROVINCIAL. El Estado provee a sus gastos con los fondos del tesoro provincial, formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por ley para urgencias de la Provincia o para empresas de utilidad pública; por el producido de los servicios que preste; por la administración de los bienes de dominio público y por la disposición o administración de los del dominio privado; por las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resulten de los poderes no delegados a la Nación; por la coparticipación que provenga de los impuestos federales recaudados por los organismos competentes; y por las reparaciones que obtenga del erario nacional por efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos tributarios o no tributarios creados por ley.
ARTICULO 70.- EMPRÉSTITOS. Podrán autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emisión de títulos públicos u otras operaciones de crédito, por ley sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros en funciones de la Cámara de Diputados, pero ningún compromiso de esta clase podrá contraerse sino para obras públicas. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas, podrá comprometer más del veinticinco por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se tomará como base el cálculo de recursos menor de los tres últimos años. Los recursos provenientes de ese tipo de operaciones no podrán ser distraídos ni interinamente de su objeto, bajo la responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos.
ARTICULO 71 E.- RÉGIMEN TRIBUTARIO. El régimen tributario de la Provincia se estructurará sobre la base de la función económico-social de los impuestos y contribuciones. La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos, contribuciones y cargas públicas. La ley establecerá el impuesto tendiente a concretar el principio de que, el mayor valor de la tierra, producido sin inversión de trabajo o de capital, debe aprovechar a la comunidad.
ARTÍCULO 72 E.- LICITACIONES. Toda enajenación de bienes de la Provincia o municipios, compra, obras públicas y demás contratos, se efectuará por el sistema de subasta y licitación pública, bajo pena de nulidad, con excepción de los casos que la ley determine. ARTICULO 73.- PRESUPUESTO. En el Presupuesto se consignarán los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, considerándose derogadas si no se incluyeren en el presupuesto las partidas correspondientes. El presupuesto sancionado seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de uno nuevo.
ARTICULO 74 E.- PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Es derecho y deber de todo ciudadano participar en la vida política.
La ley reglamentará el ejercicio de estos derechos.
ARTICULO 75 E.- PARTIDOS POLÍTICOS. La Provincia reconoce y asegura la existencia y personería de los partidos políticos, los que expresan el pluralismo democrático y concurren a la orientación, formación y manifestación de la voluntad popular. A tal fin deberán oblig adamente organizar las escuelas de formación de dirigentes. A los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos y el Estado garantiza su libre funcionamiento dentro del territorio provincial por el solo hecho de su constitución, sin injerencia estatal o cualquier otra en su vida interna y su actividad pública.
Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social, en las condiciones que la ley determine. Su organización interna responderá a principios democráticos y deberán rendir cuentas públicamente sobre el origen de sus fondos.
ARTICULO 76 E.- BANCAS LEGISLATIVAS. Declárase que las bancas de toda representación legislativa pertenecen a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos. Cada partido tiene la atribución de determinar si la forma en que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ostenta. En caso de incumplimiento en el ejercicio de su mandato, podrá el partido iniciar acción ante el Tribunal Electoral de la Provincia con el fin de cuestionar el desempeño de la representación y resuelta la inconducta, queda abier ta la sustitución por el suplente respectivo.
ARTICULO 77 E.- CUERPO ELECTORAL. La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.
ARTICULO 78 E.- SUFRAGIO ELECTORAL. El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y su ejercicio una función política que tiene el deber de desempeñar con arreglo a esta Constitución y a la ley.
ARTICULO 79 E.- LEY ELECTORAL. La ley electoral será uniforme para toda la Provincia y la dividirá en tantos distritos electorales como Departamentos haya. La misma ley establecerá la forma en que estarán representadas las minorías. El sufragio es universal, libre, igual y secreto. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
ARTICULO 80 E.- TRIBUNAL ELECTORAL. En la Provincia funcionará un Tribunal Electoral permanente integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia que lo presidirá, un juez de cámara y un miembro del ministerio público, elegidos por sorteo que efectuará el Tri bunal Superior cada cuatro años. La ley fijará sus atribuciones y responsabilidades.
ARTICULO 81 E.- INICIATIVA POPULAR. Por la iniciativa popular, el cuerpo electoral con el porcentaje que la ley determine, que no debe ser inferior al cinco por ciento del electorado puede presentar un proyecto de ley o de derogación de leyes en vigencia para su tratamiento por la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma constitucional. La Cámara de Diputados está obligada a considerar el proyecto. Cuando lo rechace o lo reforme sustancialmente, la iniciativa deberá someterse a consulta popular. Si el proyecto no es tratado en el término de tres meses, el mismo quedará aprobado.
ARTICULO 82 E.- CONSULTA POPULAR. Las cuestiones de gobierno y la vigencia de nuevas leyes, la reforma o derogación de normas jurídicas de significativa importancia, pueden ser sometidas a consulta popular, que podrá ser obligatoria o facultativa. Será obligatoria en los siguientes casos:
1.-Todo reforma constitucional realizada por la Cámara de Diputados de acuerdo al artículo 162.
2.-Las leyes que autorizan empréstitos cuyos servicios sean superiores al porcentaje en que se pueden afectar los recursos ordinarios.
Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el registro electoral no la aprueba.
ARTICULO 83 E.- REVOCATORIA POPULAR. El cuerpo electoral tiene el derecho de decidir la destitución o separación de aquellos funcionarios electivos que no han cumplido el mandato recibido o que por el mal desempeño en sus funciones han dejado de merecer la confianza depositada en ellos por el pueblo. Para que la revocatoria popular se considere válida es necesario que el resultado electoral supere el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en el registro electoral.
ARTICULO 84 E.- CÁMARA DE DIPUTADOS. La Función Legislativa de la Provincia es ejercida por la Cámara de Diputados, integrada por representantes elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a esta Constitución y a la ley.
La Cámara de Diputados es Juez de los derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ARTICULO 85º.- COMPOSICIÓN. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo, considerándose a los Departamentos como distritos electorales de la Provincia. El número de diputados será de uno ( 1 ) por cada treinta y tres mil (33.000) habitantes o fracción no inferior a dieciséis mil quinientos (16.500). A ese efecto, se tendrá presente el censo nacional o el que efectúe la Provincia, en su caso.
No obstante las proporciones a que se refiere este artículo, cada Departamento tendrá como mínimo un diputado, con excepción de Capital que tendrá siete (7), Chilecito, que tendrá tres (3), y los Departamentos Chamical, Arauco, Rosario Vera Peñaloza y Coronel Felipe Varela, que tendrán dos (2) diputados cada uno.
ARTICULO 86 E.- REQUISITOS. Para ser diputado se requiere ser argentino, mayor de edad, con dos años de residencia inmediata y efectiva anterior a la elección, en el departamento que representa.
ARTICULO 87 E.- ORDEN DE ADJUDICACIÓN. Corresponde adjudicar los cargos de diputados respetando el orden de colocación de los candidatos en las listas oficializadas por el Tribunal Electoral. Los que siguen serán considerados suplentes, a los que se agregarán en tal carácter los otros suplentes que la ley establezca. ARTICULO 88º – DURACIÓN. Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de su mandato y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años. El diputado suplente que se incorpore en reemplazo del titular completará el término del mandato.
ARTICULO 89º.- INCOMPATIBILIDADES. No pueden ser diputados los militares en servicio activo; los que hayan sido condenados a penas de reclusión o prisión mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena; los quebrados fraudulentos mientras no sean rehabilitados y los deudores del fisco cuando se hubiere dictado sentencia en su contra y no hubiere sido cancelada la deuda.
Todo diputado en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles, cesa por ese hecho de ser miembro de la Cámara. Los agentes de la administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo, desde su asunción, por el tiempo que dure su función.
ARTICULO 90º .- INMUNIDADES. Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Cámara, dentro o fuera de ella, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes de legislador, es ofensa a la misma Cámara, que debe ser sancionada.
Ningún diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto el caso de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso que merezca pena privativa de libertad; en este caso el juez que ordene la detención dará cuenta dentro de los tres días a la Cámara, con la información sumaria del hecho.
ARTICULO 91.- DESAFUERO. La Cámara al conocer el sumario podrá allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de hecho si la Cámara no hubiese resuelto el caso dentro de los diez días siguientes en que se recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo caso el detenido será puesto inmediatamente en libertad.
ARTICULO 92 E.- FACULTAD DISCIPLINARIA. La Cámara, con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros corregirá a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o ausentismo notorio e injustificado, o lo excluirá de su seno por inhabilidad física, psíquica, moral o legal sobreviniente a su incorporación.
ARTICULO 93 E.- PRESIDENCIA. La presidencia de la Cámara será ejercida por el vice Gobernador, quien tendrá voto sólo en caso de empate.
La Cámara nombrará anualmente de su seno y en su primera sesión ordinaria vicepresidente primero y segundo quienes procederán a desempeñar la presidencia por su orden. Cuando ejerzan la presidencia tendrán voto y decidirán en caso de empate. Los nombramientos de las autoridades de la Cámara deberán hacerse por mayoría absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, deberá repetirse la votación limitándose a los dos candidatos más votados. En caso de empate decidirá el presidente.
ARTICULO 94 E.- INVESTIGACIONES. Es facultad de la Cámara designar comisiones con fines de fiscalización o investigación en cualquier dependencia de la administración pública provincial o entidades privadas cuando estuvieren comprometidos intereses del Estado. No debe rá interferir en el área de atribuciones de las otras funciones y resguardará los derechos y garantías individuales. Para practicar allanamientos debe requerir la autorización del juez competente.
ARTICULO 95 E.- INTERPELACIÓN. La Cámara, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, podrá llamar a su seno a los ministros para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes, a cuyo efecto deberá citarlos con cuarenta y ocho horas de anticipación y hacerles saber los puntos sobre los cuales han de informar. El Gobernador podrá concurrir a la Cámara cuando lo estime conveniente en reemplazo de los ministros interpelados.
ARTICULO 96 E.- REGLAMENTO INTERNO. La Cámara dictará su reglamento, el que preverá la constitución de comisiones internas encargadas de intervenir en el estudio del material legislativo. Se integrarán respetando la proporción de la representación parlamentaria de la Cámara.
ARTICULO 97 E.- FACULTADES DE LAS COMISIONES. Las comisiones legislativas podrán dictar resoluciones, declaraciones y efectuar pedidos de informes. La Cámara podrá disponer la remisión a las mismas de asuntos de menor trascendencia para que ellas lo resuelvan.
ARTICULO 98 E.- COMISIÓN PERMANENTE. La Cámara podrá designar de su seno, antes de entrar en receso, una comisión permanente a la que le corresponderán las siguientes funciones: seguir la actividad de administración, promover la convocatoria de la Cámara, siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de sesiones.
ARTICULO 99 E.- PERÍODO DE SESIONES. La Cámara se reunirá en sesiones ordinarias todos los años desde el primer día hábil del mes de marzo hasta el quince del mes de diciembre pudiendo por sí prorrogarlas por el término que sea necesario. La Cámara podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Gobernador cuando mediaren razones de urgente interés público y por el presidente del cuerpo cuando lo solicitare la tercera parte de sus miembros. En tales casos se tratarán únicamente los asuntos que motivaron la convocatoria.
ARTICULO 100 E.- QUORUM. La Cámara sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus componentes. Podrá realizar sesiones en minoría al solo efecto de acordar medidas para compeler a los inasistentes. Las sesiones serán públicas salvo que en razón de la naturaleza del asunto se resolviere lo contrario.
ARTICULO 101 E.- DECLARACIONES. La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o administrativo atinente a los intereses generales de la Provincia o de la Nación.
ARTICULO 102 E.- ATRIBUCIONES. Corresponde a la Cámara de Diputados:
Inciso 5.- legislar sobre el uso, distribución y enajenación de las tierras del Estado provincial, requiriéndose los dos tercios de los votos de sus miembros para la cesión de tierras fiscales con el objeto de utilidad social expresamente determinada;
Inciso 8.- crear y suprimir cargos o empleos no establecidos expresamente por esta Constitución, determinando sus atribuciones y responsabilidades;
Inciso 11.- acordar amnistías generales;
Inciso 12.- aprobar o desechar los tratados o convenios que el Gobernador acuerde con el Estado nacional, otras provincias o sus municipios, entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, Estados extranjeros u organismos internacionales;
Inciso 13.- recibir el juramento de ley al Gobernador y vice Gobernador de la Provincia y considerar las renuncias que hicieren de su cargo;
Inciso 14.- conceder o delegar la licencia al Gobernador y vice Gobernador en ejercicio, para salir del territorio de la Provincia por más de treinta días;
Inciso 22.- reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea de competencia del Gobierno de la Nación; Inciso 23.- dictar las leyes conducentes a la organización y funcionamiento de la educación en la Provincia.
ARTICULO 103 E.- ORIGEN DE LAS LEYES. Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por uno o más diputados, por el Gobernador o por el Tribunal Superior en los casos autorizados en esta Constitución. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara, podrá ser tratado nuevamente durante el año de su rechazo.
ARTICULO 104 E.- PROMULGACIÓN Y VETO. Cuando un proyecto de ley fuere sancionado por la Cámara, ésta lo remitirá dentro de los cinco días al Gobernador para su promulgación y publicación. El Gobernador podrá vetar dicho proyecto en el término de diez días hábiles, en f orma total o parcial. Si no lo hiciere se considerará promulgado.
ARTICULO 105 E.- JUICIO POLÍTICO. Ámbito de aplicación. El Gobernador, vice Gobernador, ministros, miembros del Tribunal Superior de Justicia, el Procurador General, jueces inferiores, miembros del Ministerio Público, Fiscal de Estado y miembros del Tribunal de Cuentas podrán ser denunciados ante la Cámara de Diputados por inhabilidad sobreviniente física o mental, por mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o por delitos comunes.
ARTICULO 106 E.- DIVISIÓN DE LA CÁMARA. Anualmente la Cámara en su primera sesión se dividirá por sorteo en dos salas, compuestas cada una por la mitad de sus miembros, a los fines de la tramitación del juicio político. En caso de que la composición de la Cámara fuese impar, la sala segunda se integrará con un miembro más. La sala primera tendrá a su cargo la acusación, y la sala segunda será la encargada de juzgar. Cada sala será presidida por un diputado elegido de su seno.
ARTICULO 107 E.- SALA ACUSADORA. La sala acusadora nombrará anualmente, en su primera sesión, una comisión de investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar al presidente para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para tal efecto las más amplias facultades.
ARTICULO 108 E.- COMISIÓN INVESTIGADORA. La comisión investigadora practicará las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presentará el dictamen a la sala acusadora que podrá aceptarlo o rechazarlo, necesitando dos tercios de los votos de sus miembros p resentes cuando fuere favorable a la acusación.
ARTICULO 109 E.- SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. Desde el momento que la sala acusadora haya aceptado la acusación, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo.
ARTICULO 110 E.- COMISIÓN ACUSADORA. Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en tribunal de sentencia, previo juramento prestado ante su presidente.
ARTICULO 111 E.- SALA DE SENTENCIA. La sala de sentencia procederá de inmediato al estudio de la acusación, prueba y defensa, para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. Vencido este término sin dictar el fallo condenatorio, el acusado volverá al eje rcicio de sus funciones con derecho a percibir los haberes no cobrados sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos.
ARTICULO 112 E.- PRONUNCIAMIENTO. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la sala de sentencia. La votación será nominal, debiendo registrarse en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación.
ARTICULO 113 E.- EFECTOS. El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado pudiendo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribunales ordinarios.
ARTICULO 114 E.- PROCEDIMIENTO. La Cámara dictará una ley de procedimientos para esta clase de juicios, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
ARTICULO 115 E.- GOBERNADOR. La Función Ejecutiva provincial será desempeñada por el Gobernador quien es el jefe político de la administración de la Provincia o en su defecto por el vice Gobernador quien además de ser titular de la Cámara de Diputados, aun cuando no reemplace al Gobernador podrá participar en los acuerdos de ministros y reuniones de gabinete. Ambos se eligen al mismo tiempo y por idéntico período.
ARTICULO 116 E.- REQUISITOS. Para ser elegido Gobernador o vice Gobernador se. requiere:
ARTICULO 117 E.- DURACIÓN DEL MANDATO. El Gobernador y vice Gobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios y ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga; pudiendo ser reelectos.
ARTICULO 118 E.- JURAMENTO. Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y vice Gobernador prestarán juramento ante la Cámara de Diputados o en su defecto ante el Tribunal Superior de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución, la Constitución n acional, las leyes de la Nación y de la Provincia.
ARTICULO 119 E.- INMUNIDADES. El Gobernador y vice Gobernador, tendrán desde su elección las mismas inmunidades e incompatibilidades que los diputados.
ARTICULO 120 E – RESIDENCIA El Gobernador y vice Gobernador residirán en la ciudad capital y no podrán ausentarse de la Provincia por más de treinta días sin autorización de la Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrán ausentarse de la Provincia por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente indispensable, previa autorización de la comisión de receso.
ARTICULO 121 E.- ACEFALÍA. En caso de muerte, destitución, renuncia, licencia, suspensión, enfermedad o ausencia del Gobernador, será reemplazado en el ejercicio de sus funciones por el vice Gobernador por todo el resto del período legal en las tres primeras situaciones y hasta que hubiere cesado la inhabilidad temporaria en las restantes. Si la inhabilidad temporaria afectare simultáneamente al Gobernador y vice Gobernador, se hará cargo de la Función Ejecutiva hasta que aquélla cese para alguno de ellos, el vicepresident e primero o vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados.
ARTICULO 122 E.- NUEVA ELECCIÓN. Si antes de asumir el ciudadano electo Gobernador muriese, renunciare o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a una nueva elección. En caso de acefalía simultánea y definitiva del Gobernador y vice Gobernador faltando más de dos años para la expiración del mandato, las funciones ejecutivas serán ejercidas por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados o en su defecto por el vicepresidente segundo de la misma o por el presidente del Tribunal Superior, en este orden; quienes deberán convocar al pueblo de la Provincia a elección de Gobernador y vice Gobernador en el término de treinta días. No podrá ser candidato el funcionario que desempeñe interinamente el cargo de Gobernador.
Faltando menos de dos años para la finalización del período, el funcionario que desempeñe la Función Ejecutiva convocará a la Cámara de Diputados dentro de los cinco días si ésta se hallare en receso, o le hará saber las vacantes dentro de las veinticuatro horas si estuviese en sesiones, para que dentro de los cinco días en el primer caso y de los tres en el segundo, se reúna con el quórum de dos tercios como mínimo a fin de designar de entre sus miembros y por mayoría de votos, al reemplazante de cada uno de los cargos vacantes.
ARTICULO 123 E.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. El Gobernador es el representante legal del Estado provincial y jefe de la administración con los siguientes deberes y atribuciones:
Inciso 1.- Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y las hace ejecutar, facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos. Puede ejercer el derecho de veto; Inciso 2.- Informa a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, el estado general de la administración, el movimiento de fondos que hubiese producido dentro y fuera del presupuesto general durante el ejercicio económico anterior y las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas;
Inciso 4.- Convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias;
Inciso 5.- Presenta el proyecto de ley de presupuesto y recursos, hace recaudar las rentas de la Provincia, decreta su inversión con arreglo a ley y publica trimestralmente el estado de tesorería;
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia tributaria, electoral, ni la intervención a los municipios, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que deberán ser refrendados por todos los ministros.
ARTICULO 124 E.- MINISTROS. El despacho de los asuntos de la Función Ejecutiva, estará a cargo de ministros, cuyo número, funciones y departamentos determinará la ley.
ARTICULO 125 E.- CONDICIONES. Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado y no ser cónyuge del Gobernador ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Rigen además iguales incompatibilidades.
ARTICULO 126 E.- COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES. Los ministros refrendan y legalizan con su firma las resoluciones del Gobernador, sin la cual no tendrán efecto. Son solidariamente responsables. Sólo podrán resolver por sí mismos en lo referente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite.
ARTICULO 127 E.- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. El Gobernador podrá delegar en entidades descentralizadas con personalidad jurídica parte de sus funciones administrativas a los fines de la prestación de un servicio público determinado.
Las entidades descentralizadas estarán siempre bajo el control directo del Gobernador por intermedio del ministerio del área de su competencia. Deberán ser creadas por ley, la que establecerá las normas generales de su organización y funcionamiento.
ARTICULO 128 E.- FUNCIONES E INDEPENDENCIA. Sólo el Tribunal Superior y demás jueces ejercen la función jurisdiccional; tienen a su cargo la guarda de la soberanía del pueblo, la custodia de la supremacía constitucional y la protección de los derechos y garantías.
El Tribunal Superior y demás jueces tendrán el imperio necesario para mantener su inviolabilidad e independencia ante los órganos que ejercen las otras funciones del Estado. En el ámbito de sus atribuciones, su potestad es exclusiva, no pudiendo el Gobernador ni la Cámara de Diputados en ningún caso ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de juicios pendientes, ni restablecer los que hubieren concluido.
ARTICULO 129 E.- COMPOSICIÓN. La Función Judicial será desempeñada por un Tribunal Superior de Justicia, cámaras, jueces, jueces de paz letrados o legos, miembros del ministerio público y demás tribunales y funcionarios que establezca la ley. Los miembros del Tribunal Superior prestarán juramento ante el Gobernador. En la Provincia se aplicará el sistema oral en toda clase de procesos judiciales. Se promoverá la instalación del juicio por jurado en la medida y oportunidad que la ley establezca.
ARTICULO 130 E.- INAMOVILIDAD E INMUNIDADES. Los magistrados y miembros del Ministerio Público gozarán de las mismas inmunidades que los Diputados. Sus retribuciones serán establecidas por ley y no podrán ser disminuidas con descuentos que no sean los que se dispusieren con fines de previsión o con carácter general. La inamovilidad comprende el grado y la sede, no pudiendo ser trasladados sin su consentimiento. Sólo podrán ser removidos en la forma y por las causas previstas en esta Constitución. Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta; pero los miembros del Tribunal Superior de Justicia y el Procurador General, a partir de los setenta y cinco años de edad, requerirán de una nueva propuesta y designación, que se prolongará por cinco años y que podrá repetirse indefinidamente.
ARTICULO 131 E.- COMPETENCIA. Son de competencia del Tribunal Superior y de los tribunales inferiores todas las causas que versen sobre puntos regidos por las constituciones, leyes nacionales y provinciales y ordenanzas municipales según que las personas o las cosas ca igan bajo la jurisdicción de la Provincia. Quedan excluidas de su conocimiento las causas atribuidas por esta Constitución al tribunal de juicio político.
ARTICULO 132 E.- APLICACIÓN DEL DERECHO. El juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional siendo el control de constitucionalidad una cuestión de derecho. El juez a pedido de parte o de oficio debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica.
El juez aplicará el derecho con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina legal con un criterio jurídico de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.
ARTICULO 133 E.- PERDIDA DE LA COMPETENCIA. La ley deberá establecer los plazos para que los jueces dicten sentencia; vencidos los mismos y previo pedido de pronto despacho, perderán la competencia de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna si no dictaren sen tencia en el término que fije la ley. La competencia en estos casos deberá ser ejercida por el subrogante legal que corresponda. Los jueces que por tercera vez en el año pierdan el ejercicio de la competencia quedan sometidos a juicio político, lo que de por sí no constituye una sanción, sino sólo un instrumento para determinar si hubo descuido del deber o inconducta en el desempeño del cargo y se lo establece como medio para proteger los derechos del pueblo.
ARTICULO 134 E.- POLICÍA JUDICIAL. Los jueces disponen de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones. El Tribunal Superior organiza la policía judicial de acuerdo a esta Constitución y a la ley; esta policía es de su exclusiva dependencia.
ARTICULO 135 E.- REQUISITOS. Para ser juez del Tribunal Superior y Procurador General se requiere título de abogado, diez años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad.
Para ser juez de cámara y fiscal de cámara se requiere título de abogado, cinco años de ejercicio profesional o funciones judiciales y treinta años de edad. Para los demás jueces letrados y miembros del ministerio público, se requiere título de abogado, dos años de ejercicio profesional o funciones judiciales y veinticinco años de edad. Para ser juez de paz lego se requiere mayoría de edad y título secundario.
ARTICULO 136 E.- DESIGNACIONES. Los miembros del Tribunal Superior y el Procurador General serán designados por la Cámara de Diputados, a propuesta del Gobernador.
Para los restantes magistrados y miembros del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura examinará las aptitudes técnicas de los aspirantes en concurso público y abierto, y elevará a la Cámara de Diputados una nómina de cinco postulantes en condiciones de cubrir el cargo, para su designación en pública sesión. La nómina podrá componerse con un número inferior a falta de postulantes aptos; y agotada sin que la Cámara haya designado a ninguno de sus integrantes, el Consejo deberá convocar a nuevo concurso.
ARTICULO 136 E BIS.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. El Consejo de la Magistratura funcionará en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, que ejercerá su presidencia, y se integrará periódicamente y por mitad con representantes de dicho Tribunal Superio r, de los abogados de la matrícula elegidos al efecto por sus pares, de los Jueces Inferiores y de la Función Ejecutiva; todos ellos en número igualitario. Los demás integrantes representarán a la Cámara de Diputados, con participación de la minoría.
ARTICULO 137 E.- TRIBUNAL SUPERIOR. El Tribunal Superior estará integrado por cinco miembros como mínimo, pudiendo la ley aumentar su número, en cuyo caso se dividirá en salas.
ARTICULO 138 E.- MINISTERIO PUBLICO. El Ministerio Público estará integrado y desempeñado por el procurador general, fiscales de cámara, agentes fiscales, asesores y defensores oficiales. La ley orgánica determinará el número, jerarquía, funciones y forma de actuar de cada uno. El Procurador General ejercerá superintendencia sobre los demás miembros que componen el Ministerio Público.
ARTICULO 139 E.- INCOMPATIBILIDADES. Sin perjuicio de las demás incompatibilidades que surjan de esta Constitución y de la naturaleza de la función judicial, a los magistrados y miembros del ministerio público les está prohibido participar en organizaciones o actividades políticas, ejercer su profesión, exceptuándose los casos en que actúen por derecho propio, desempeñar empleos, funciones u otras actividades dentro y fuera de la Provincia con excepción de la docencia o ejecutar actos que comprometan su imparcialidad.
ARTICULO 140 E.- ATRIBUCIONES Y DEBERES. El Tribunal Superior tiene las siguientes atribuciones y deberes:
2.- Nombra a los empleados y funcionarios de la administración de justicia no pudiendo removerlos sin sumarlo previo.
3.- Ejerce jurisdicción en el régimen interno de las cárceles.
6.- Puede enviar a la Cámara de Diputados, con carácter de iniciativa, proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento de la administración de Justicia, de la policía judicial y creación de servicios conexos, como asimismo los códigos, leyes de procedimientos judiciales y sus modificaciones.
En estos casos, el presidente del Tribunal Superior o un miembro que éste designe, podrá concurrir a las comisiones legislativas o a la sesión de la Cámara para fundar el proyecto o aportar datos e informes.
7.-Anualmente propondrá al Gobernador el presupuesto de gastos de la administración de Justicia.
ARTÍCULO 141 E.- COMPETENCIA. El Tribunal Superior ejerce competencia originaria y exclusiva:
2.- En los conflictos de competencia entre los órganos del Estado provincial, entre éstos y las municipalidades o de las municipalidades entre sí y los que se susciten entre las cámaras o jueces, o entre uno de éstos o cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de sus respectivas jurisdicciones.
3.- En las causas contencioso-administrativas, previa denegación de autoridad competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley establecerá término y procedimiento para este recurso. Ejerce jurisdicción recurrida como tribunal de casación, inconstitucionalidad, revisión y demás casos que establezca la ley, conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de Cuentas según la forma y procedimiento que determine la ley.
ARTiCULO 142 E.- COMPETENCIA DE TRIBUNALES INFERIORES. La ley orgánica de los tribunales determina la competencia, jurisdicción y funcionamiento de los tribunales, juzgados y demás organismos de la Función Judicial.
ARTICULO 143 E.- JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA. La interpretación que efectúe el Tribunal Superior en sus pronunciamientos sobre el texto de esta Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones, es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. La ley establecerá la forma y el procedimiento para obtener la revisión de la jurisprudencia.
ARTICULO 144 E.- FUNCIONES. El defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito de la Legislatura Provincial, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión fundamental será la defensa de los d erechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos, o cuando por cualquier motivo se vean afectados los recursos naturales o se altere el normal desarrollo del medio ambiente humano. Es designado por la Legislatura Provincial con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial, preservando la gratuidad de las actuaciones para el administrado.
ARTICULO 145 E.- FUNCIONES. El Fiscal de Estado es el encargado de la defensa judicial de los intereses públicos y privados de la Provincia y del patrimonio fiscal. Tendrá personería para demandar la nulidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, contr atos o resoluciones en el solo interés de la ley o en defensa de los intereses fiscales de la Provincia. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas. La ley reglamentará sus funciones.
ARTICULO 146 E.- NOMBRAMIENTO. Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. Será designado por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados por un término de cuatro años y podrá ser reelegido. En ese período será inamovible y sólo podrá ser removido por las causas y el procedimiento establecido para el juicio político.
ARTICULO 147 E.- INTEGRACIÓN. El Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia estará integrado por un presidente, un vicepresidente y tres vocales, los que durarán en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegidos. Durante ese término sólo podrán ser rem ovidos por las causas y el procedimiento establecido para el tribunal de juicio político. Para ser designado miembro del Tribunal de Cuentas se requiere ser abogado o contador público y reunir las condiciones para ser diputado. Tres serán abogados y dos contadores.
ARTICULO 148 E.- DESIGNACIÓN. El presidente, el vicepresidente y uno de los vocales serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del bloque mayoritario. Los dos vocales restantes, a propuesta de cada bloque de los partidos que hubieren obtenido representació n en ese cuerpo, en orden sucesivo al bloque mayoritario. En caso de existir una sola minoría, ésta propondrá a ambos.
ARTICULO 149 E.- ATRIBUCIONES. El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones: controlar la legitimidad en la percepción e inversión de caudales efectuadas por los funcionarios y empleados públicos, entes de la administración centralizada, descentralizada y municipales, empresas públicas o con participación estatal e instituciones privadas que administren fondos del Estado, los que estarán obligados a remitir las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación; inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos e instituciones en que el E stado tenga intereses y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.
ARTICULO 150 E.- FALLOS. Los fallos que emita el Tribunal harán cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo susceptibles de los recursos que la ley establezca, por ante el Tribunal Superior. Si en el curso del trámite administrativo surgiere la posible comisión de un hecho delictivo, se remitirán las actuaciones respectivas al juez competente.
ARTICULO 151 E.- LEY ORGÁNICA. La Cámara de Diputados dictará la ley orgánica que reglamentará las funciones del Tribunal de Cuentas. Cuando en las cartas municipales se creare el Tribunal de Cuentas, no se aplicarán las disposiciones de este título.
ARTICULO 152 E.- FUNCIONES Y REQUISITOS. El Asesor General de Gobierno tendrá las funciones de asesorar al Gobernador y reparticiones de la administración pública con excepción de las entidades descentralizadas y presidirá el cuerpo de abogados del Estado. Para ser Asesor General de Gobierno se requieren las mismas condiciones que para Fiscal de Estado. La ley reglamentará su organización y funcionamiento.
ARTICULO 153 E.- FUNCIONES. En la jurisdicción ejecutiva funcionará el Consejo Económico y Social como órgano consultivo, con la finalidad de asegurar la participación de los sectores representativos de las áreas económico-sociales de la comunidad. Tendrá a su cargo responder a las consultas que le formule el Gobernador respecto a medidas, actos, planes o programas que se considere de trascendencia para la Provincia. La ley determinará la forma de constitución y funcionamiento del Consejo Económico y Social.
ARTICULO 154 E.- AUTONOMÍA. Los municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. La Legislatura Provincial sancionará un régimen de coparticipación municipal en el que la distribución entre la Provincia y los municipios se ef ectúe en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada uno de ellos, contemplando criterios objetivos de reparto; y sea equitativa, proporcional y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. La autonomía que esta Constitución reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna. Deberán dictar su propia Carta Orgánica, con arreglo a lo que disponen los Artículos 155º y 157º, a cuyos fines convocarán a una Convención Municipal, la que estará integrada por un número igual al de los miembros del Concejo Deliberante y será elegida directamente por el pueblo del Departamento.
ARTICULO 155º.- ORGANIZACIÓN. El Gobierno Municipal se compone de un departamento ejecutivo y otro deliberativo.
El departamento deliberativo será desempeñado por un cuerpo que se denominará Concejo Deliberante, será presidido por el vice Intendente y estará compuesto por Concejales elegidos simultáneamente de acuerdo a la siguiente forma: Capital 16 Concejales; Chilecito 14 Concejales; Arauco, Chamical, Cnel. Felipe Varela y Rosario Vera Peñaloza 10 Concejales; Famatina, General Belgrano y General Ortiz de Ocampo 8 Concejales; Ángel Vicente Peñaloza, Castro Barros, Juan Facundo Quiroga, San Blas de lo Sauces, Vinchina y General San Martín 6 Concejales; Independencia, General Lamadrid y Sanagasta 5 Concejales.
ARTICULO 156 E.- CONDICIONES Y MANDATO. Los intendentes y concejales serán elegidos directamente por el pueblo del municipio y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Para ser Intendente o Concejal se requieren las mismas condiciones que para ser diputado provincial.
ARTICULO 157 E.- ATRIBUCIONES. Las Cartas Orgánicas Municipales establecerán las estructuras funcionales del municipio, conforme a los requerimientos del Departamento, incorporando los aspectos de educación, salud pública, gobierno y cultura, hacienda, obras y servicios públicos, y el desarrollo social y económico. Las Cartas Orgánicas deberán asegurar:
1) Órganos de fiscalización y contralor, tales como la Fiscalía Municipal y Tribunales de Cuentas regionales, asegurando en estos la representación de todos los Departamentos. Como así también deberá asegurar la Justicia municipal de faltas.
2) Los derechos de iniciativa, consulta, revocatoria y audiencias públicas.
3) El reconocimiento de Centros Vecinales.
4) El sistema de juicio político, estableciendo como condición para la suspensión o destitución el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo Deliberativo.
5) El proceso de regionalización para el desarrollo económico y social, que permita la integración y coordinación de esfuerzos en pos de los intereses comunes mediante acuerdos interdepartamentales, que podrán crear órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines.
Esta Constitución reconoce las siguientes regiones:
Región 1:VALLE DEL BERMEJO: Vinchina- General Lamadrid – Coronel Felipe Varela.
Región 2: VALLE DEL FAMATINA : Famatina- Chilecito.
Región 3: NORTE : Arauco- Castro Barros- San Blas de Los Sauces.
Región 4:CENTRO : Capital- Sanagasta.
Región 5:LLANOS NORTE: Independencia- Ángel Vicente Peñaloza- Chamical- General Belgrano.
Región 6:LLANOS SUR: General Juan Facundo Quiroga- Rosario Vera Peñaloza- General Ortiz de Ocampo- General San Martín.
6) La descentralización de la gestión de gobierno.
7) La defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta lo que dispone esta Constitución.
8) La composición del patrimonio municipal y los recursos municipales.
9) Derechos del consumidor. Protección y defensa de los consumidores y usuarios.
10) Organización administrativa, debiéndose prever la descentralización de la misma.
11) Todos los demás requisitos que establece esta Constitución.
ARTICULO 158 E.- RECURSOS. Cada municipio provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro municipal formado por el producido de la actividad económica que realice y los servicios que preste; con la participación, y en la forma que los municip ios convengan con la Provincia, del producido de los impuestos que el gobierno provincial o federal recaude en su jurisdicción; por la venta o locación de bienes del dominio municipal; por los recursos provenientes de empréstitos y otras operaciones de crédito que realice; por los subsidios que le acuerda el Gobierno provincial o federal y por los demás ingresos provenientes de otras fuentes de recursos.
ARTICULO 159 E.- INTERVENCIÓN. Los municipios podrán ser intervenidos por ley aprobada con dos tercios de votos de los miembros de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:
1.- Cuando existiere acefalía, para asegurar la constitución de sus autoridades;
ARTICULO 160 E.- CONVENCIÓN CONSTITUYENTE. El poder constituyente será ejercido por una Convención integrada por igual número de miembros que la Cámara de Diputados y será el órgano competente para reformar esta Constitución en forma parcial o total.
ARTICULO 161 E.- DECLARACIÓN DE LA REFORMA. La necesidad de la reforma parcial o total de la Constitución deberá ser declarada por ley con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Sancionada la ley y comunicada al Gobernador, éste no podrá vetarla y deberá convocar a elecciones para elegir los Convencionales constituyentes de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley. La Convención no podrá incluir en la reforma otros puntos que los expresados en la ley de convocatoria, pero no está obligada a modificar, suprimir o complementar las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe necesidad o conveniencia de la reforma.
La Convención, en su primera sesión, fijará el término que estime necesario para desempeñar su cometido, el que no podrá exceder de un año desde la fecha de su constitución.
ARTICULO 162 E.- ENMIENDA. La enmienda de un solo Artículo podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, pero sólo quedará incorporada al texto constitucional, si fuere ratificada por consulta popular que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección que se realice. Esta enmienda no podrá llevarse a cabo sino con intervalo de dos años.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS (SANCIONADAS POR LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1986)
3.- Los jueces del Tribunal Superior y Procurador General concluirán sus funciones conjuntamente con el Gobernador y vice Gobernador en ejercicio.
4.- La ley reglamentará la Función Municipal hasta tanto cada convención municipal dicte su respectiva Carta Orgánica.
a).- Efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la Constitución provincial;
b).- ordenar y controlar la publicación de la nueva Carta en el Boletín Oficial;
c).- confeccionar las notas, antecedentes y correlaciones;
d).- presentar el texto constitucional al poder constituido y al pueblo de la Provincia.
A tales fines y demás funciones que correspondan para cumplir con el mandato popular, esta Convención continuará en funciones hasta el día 30 de septiembre del corriente año como máximo.
(SANCIONADAS POR LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE AÑO 1998)
5.- La ley a que se refiere el párrafo 2º del Artículo 136º Bis de esta Constitución deberá sancionarse en forma inmediata desde la vigencia de las reformas producida por esta Convención.
6.- La Legislatura Provincial deberá dictar la ley especial de organización y funcionamiento a que hace referencia el Artículo 144º, dentro del plazo de noventa días a partir de la jura de esta Constitución.
8.- A partir de la sanción y promulgación de la Ley Orgánica Municipal Transitoria, las Cartas Orgánicas quedarán automáticamente derogadas hasta la sanción de las nuevas.
9.- El llamado a Convenciones Municipales será determinado por los 18 municipios en acuerdo con el Gobierno Provincial.
DISPOSICIÓN FINAL Téngase por Ley Fundamental de la Provincia de La Rioja, regístrese, publíquese y comuníquese al poder constituido a los efectos de su cumplimiento.
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 1.986 Presidente: DOMINGO CARLOS ALBERTO TULIAN
Vicepresidente 1º: NICOLÁS LÁZARO FONZALIDA
Vicepresidente 2º: MARIO EMILIO PAGOTTO
Secretario: RAMÓN SEGUNDO ISMAEL SORIA
Secretario: ALEJANDRO GUILLERMO GRANILLO OCAMPO
ABREGU de VILLEGAS, Teresa del Valle
AGÜERO, Arcenio Roberto
ARCE, Agustín Amado
BAIGORRI, Carlos Rafael
BARRIONUEVO, Adolfo Orlando
BAZAN, Héctor Florencio
BOVEDA, Jorge Carlos Eduardo
BRIZUELA, Justina Pastora
BRIZUELA, Nubelio Valentín
BUSTAMANTE de CARBEL, Myrtha Nibia
CAAMAÑO, Leopoldo Nicolás
CACERES, Carlos Alberto
CARBEL, Nicolás Antonio
CIRIOLI, Ricardo Carlos
CURA, Héctor Adib
CHAMIA, Oscar Eduardo
DE LA VEGA PEÑALOZA, Alberto
DEL MORAL, Juan Fanor
DIAZ, Isabel Ramón
DUEÑAS de BUSO, Irma Inés
FERNANDEZ, Felipe Rodolfo
FUENZALIDA, Jorge Oscar
GOMEZ, Felipe César
GRIMAUX, José Carlos
GUZMAN de VILLALBA, Maura Eleonor
HUGAZ, Alejandro Pedro
IZASA, Carlos Alberto
LLANOS de BOBADILLA, María Leonor
MERCADO, Cayetano Nicolás Gerardo
NADER, Jorge Vicente
NARBONA, Eduardo Nicolás
ORTIZ, Angel Custodio
PAEZ, Ramón Adalberto
PAGOTTO, Juan Carlos
PEREYRA, Félix Vidal
ROMANO, Luis Angel
ROMERO, Oscar César
SALAS, César Ramón
SANCHEZ, Ramón Antonio
TOLEDO, Raúl Alberto
VARAS, César Eduardo
VARAS, Isidoro Agustín
VERA, Carlos Alfredo
ZALAZAR, Ernesto Salvador
Para la Reforma de 1998
Presidente: LUIS BEDER HERRERA
Vicepresidente 1º: CARLOS ALBERTO ROMERO
Vicepresidente 2º: MARIA CRISTINA OCAMPO
Vicepresidente 3º: LUIS HUMBERTO GODOY
Secretario: RAUL EDUARDO ROMERO
Secretario: JORGE ENRIQUE VILLACORTA
AGOST CARREÑO, Luis María
AGÜERO ITURBE, Angel Nicolás
ALVAREZ DE VARAS, María Elena
BAZAN, Graciela del Valle *
BRIZUELA, José Mario
CACERES, Gladys Antonia
DE PRIEGO, Rodolfo Laureano
FONZALIDA, Nicolás Lázaro
GALVAN, Raúl Alfredo
HUGAZ, Héctor Horacio
MARTIN, Carlos Gabriel
MATZKIN, Jorge Nicolás
MAZA, Jorge Raúl
MENEM, Eduardo Adrián
MINETTI DE FARIAS, Cynthia Elena
NAVARRO DE LA COLINA, Juan Carlos
PARADA LARROSA, Federico Carlos
PAREDES URQUIZA, Alberto Nicolás
PELLIZA, Segundo Jorge
RAMACCIONI, Enrique Rafael
ROMBOLA, Dominga del Valle
ROMERO, Juan Vicente
SANTANDER, Carlos Alberto
VEGA, María Mercedes
YOMA, Héctor Martín
* EN REEMPLAZO DE BRAVO TEDIN, Miguel Enrique – Por renuncia
Ley del Personal Policial de la Provincia de Salta
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ARTÍCULO 21
IN DUBIO
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ARTÍCULO 40
 resolución 

ARTÍCULO 72
 artículo 162

ARTÍCULO 141
 Artículo 136
 Artículo 144