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Diario La Ley- 2-3-18 Gastos de La Propiedad Horizontal
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Practica Adm. Superior
Un Reglamento Que Esclarece y Concreta
Independizacion Familia Lopez
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REGLAMENTO_GENERAL_DE_LA_LEY_FORESTAL_Nº_1700
AÑO lxxXII N° 42 DIRECTOR: JORGE HORACIO ALTERINI Tomo La Ley 2018-A
BUENOS AIRES, argentina - Viernes 2 de marzo de 2018 ISSN 0024-1636
A cualquier y gastos proporcionales
Carlos Alberto Azize
l 28/06/2009, el presidente de Hon-
duras, Manuel Zelaya, fue arranca-
do de la cama por un grupo de mili- SUMARIO: I. Introducción.— II. Casos de gastos unitarios.— III. Caracterización del gasto unitario.— IV. Gastos proporcionales.—
tares, que lo llevaron en avión a Costa Rica
y no lo dejaron volver. La deportación V. Los gastos unitarios son expensas comunes.— VI. Distintos tipos de mayorías en el Derecho.— VII. Conclusiones.
—de hecho— estaba prohibida por el
art. 102 de la Constitución, pero la acción
no fue un golpe militar típico de la histo- Los gastos unitarios, si bien comu- ños de los departamentos más chicos por un son de cierta importancia, provocan inquietud
ria latinoamericana. Zelaya había pro- pulsador que es exactamente igual al colocado y a veces fuertes resquemores entre los consor-
movido un referéndum para impulsar la nes, son expensas que se generan con para sus unidades? De otra forma, ¿por qué los cistas, lo que hace de interés analizar el tema.
reforma constitucional; según sus adver- un perfil especial que los diferencian del dueños de los departamentos grandes deben Resulta necesario prestar una atención deta-
sarios, con la intención de permitir en el pagar dos pulsadores ($ 24) si se pone uno solo llada a las cifras, las que permiten visualizar el
futuro la reelección presidencial. Esa par- resto de los gastos comunes del consor- a su servicio? Y respecto de las menores, ¿por problema en su concreción real.
ticular perspectiva estaba prohibida por cio de propiedad horizontal. Para los pri- qué deben pagar solo medio pulsador ($ 6) si
la Constitución del modo más terminante: también se coloca uno entero para cada uno de II. Casos de gastos unitarios
el art. 239 de la Constitución dispone que meros resulta injusta la responsabilidad ellos? ¿Por qué deberían subsidiar las mayores
“el ciudadano que haya desempeñado la ti- proporcional siendo en cambio ecuánime a las unidades menores? El caso introductorio da un ejemplo de un
tularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser gasto común cuyo importe total es directa-
Presidente o Designado [una suerte de vi- la división igualitaria para abonarlas. Lo justo, según esta visión, es cargar uni- mente proporcional al número de unidades
cepresidente]. El que quebrante esta dis- Esta distinción debería incorporarse a la formemente a cada propietario la suma de funcionales que son objeto de la reparación
posición o proponga su reforma así como $ 12, cifra que resulta de dividir por 40 el y completamente independiente de su ta-
aquellos que lo apoyen directa o indirecta- ley en una futura reforma. costo de la reparación, especialmente tenien- maño o superficie cubierta: si son 10 el gas-
mente cesarán de inmediato en el desem- do en cuenta que en el presupuesto de este to es 10 x $ 12 = $ 120, si fueran 20 éste sería
peño de sus respectivos cargos, y queda- trabajo el proveedor establece su precio en $ 20 x $ 12 = $ 240 y así de seguido. Otros gastos
rán inhabilitados por [10] diez años para I. Introducción 12 por unidad, el que multiplica por 40 para tienen las mismas características. Siguen al-
el ejercicio de toda función pública”. Ade- indicar el costo para todo el edificio. gunos otros ejemplos ilustrativos.
más, el art. 330 del Cód. Penal de aquel El ejemplo que sigue, que esquematiza un
país sanciona con seis a diez años de cár- caso ocurrido, ilustrará el problema que se El art. 2049, tercer párrafo, del Código Ci- 1. Ante una denuncia, la empresa proveedo-
cel “a quien habiendo ejercido a cualquier estudia en esta nota. Funciona mal el portero vil y Comercial (CCyC) da apoyo a la postura ra de gas combustible procede a clausurar el
título la Presidencia de la República, pro- eléctrico de un edificio, que consta de 40 uni- de los propietarios de las unidades mayores suministro a la mayor parte de las unidades
moviere o ejecutare actos violatorios del dades funcionales, y un técnico determina que en el ejemplo propuesto, desde que posibilita funcionales del edificio por detectarse falta de
artículo constitucional que le prohíbe ejer- los pulsadores ubicados a la entrada del mismo la eximición, a través del reglamento, de las estanqueidad en el conducto que va desde los
cer nuevamente la Presidencia de la Repú- son los causantes del desperfecto y que todos contribuciones por expensas a las unidades medidores hasta la entrada del mismo en cada
blica o desempeñar de nuevo dicho cargo deben ser sustituidos. El administrador ordena funcionales que no tienen acceso a determi- unidad funcional afectada. Como paso prelimi-
bajo cualquier título. En la misma pena in- efectuar esta reparación, incluye el gasto, equi- nados servicios. Y en el caso resulta que las nar a la reparación resulta necesario determi-
currirán quienes lo apoyaren o propusie- valente a 480 dólares (1), en las expensas comu- unidades grandes, a las que se les cobran dos nar el lugar preciso de la pérdida en cada uno
ren reformar dicho artículo. Cuando los nes y así lo distribuye entre los copropietarios pulsadores, no tienen posibilidad física algu- de los conductos, trabajo independiente de la
autores de estos delitos fueren funciona- en proporción a su porcentual en la propiedad, na de acceder al uso del “segundo pulsador”, reparación misma. El técnico debidamente
rios, serán sancionados, además, con in- conforme lo dispone el respectivo reglamento de puesto que sólo se les instala uno. matriculado presupuesta esta labor a razón de
habilitación absoluta por 10 años contados propiedad horizontal. $ 250 por unidad funcional. No interesa para
desde la fecha de la violación o de su inten- En este ejemplo el conflicto no tomará una este trabajo el tamaño o valor de cada unidad
to de reforma”. El edificio en cuestión tiene dos tipos de de- dimensión mayor, debido al bajo precio de la re- funcional, ya que el costo es exactamente el
partamento, siendo 20 unidades de 4 ambientes paración, pero si en otro caso de similar carac- mismo en cualquier caso. Si todas las unidades
No importa aquí dilucidar si Zelaya real- y otros 20 de un solo ambiente, y más allá de terística la erogación total a distribuir entre di- del edificio estuviesen afectadas, parece claro
mente infringió aquellas normas: el hecho pequeñas diferencias entre ellos, que aquí no chas 40 unidades funcionales fuera de $ 80.000 que el reparto del gasto se efectúe a razón de
es que el Congreso dictó una ley especial se tendrán en cuenta, dichos primeros tienen la división igualitaria entre las unidades sería $ 250 por unidad, que es la medida exacta en
para prohibir el referéndum y la Corte Su- cuatro veces el porcentual de los últimos (2); de $ 2.000, mientras que la distribución según que cada una de éstas gravitó en la erogación
prema, dos días antes del golpe, acusó al consecuentemente deben pagar el cuádruplo en el porcentual haría que las unidades grandes total; no en proporción al porcentual de cada
presidente de los delitos de traición a la concepto de expensas comunes. pagaran $ 3.200 y las menores $ 800; una dife- una, el que no interviene de ningún modo en la
patria, abuso de autoridad y usurpación rencia económicamente significativa. generación en este gasto.
Surge así la protesta de propietarios de las
unidades mayores: ¿es justo que debamos pa- Este tipo de situaciones se presenta en la
continúa en página 3 gar cuatro veces lo que deben abonar los due- práctica; y cuando las diferencias cuantitativas continúa en página 2
Columna de OPINIÓN jurisprudencia
A cualquier precio Transferencia de acciones societarias. Determinación del precio. Notificación
Ricardo A. Guibourg...................................................................................................................... 1 de la transmisión a la sociedad emisora. Pago de dividendos (CNCom.).......................... 4
DOCTRINA. Gastos unitarios y gastos proporcionales en la propiedad horizontal Tutela sindical. Exclusión. Requisitos para despedir a un dirigente gremial con justa
Carlos Alberto Azize...................................................................................................................... 1 causa. Profesor universitario (CS)................................................................................. 6
NOTA A FALLO. Un fallo ejemplar sobre compraventa de acciones.
El derecho al olvido en las informaciones crediticias
Lisandro A. Hadad....................................................................................................................... 4
Jorge A. Diegues........................................................................................................................... 8
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Gastos unitarios ambos casos se coloca una sola lámpara LED,
igual en todos los casos?
Corolario de lo anterior es que el costo total
depende sólo del número de unidades que se re-
presentarse, de adoptarse la clasificación de
gastos propuesta en esta nota (7).
y gastos 5. Un edificio como el que se describe en el
ejemplo de la Introducción tiene en cada unidad
paren. El costo de cada trabajo no tiene relación
alguna con el tamaño, valor, vista o característi-
cas de cada departamento.
V. Los gastos unitarios son expensas comunes
proporcionales un balcón de 5 metros de frente. Se decide sus-
tituir las barandas de madera, deterioradas por En ciertos casos puede ocurrir que determi-
Debe advertirse que la distinción efectuada
entre gastos unitarios y gastos proporcionales
en la propiedad el tiempo, por otras de aluminio en todos los
balcones. Todas las barandas son iguales, 5 m
nado gasto no sea exactamente igual para todas
las unidades, sino aproximadamente igual. En el
no equivale a excluir a los primeros de las ex-
pensas comunes convirtiéndolos en simples
horizontal de largo y 0,30 m de alto, y es también igual el
costo del trabajo por cada balcón. Las barandas
ejemplo de la Introducción el gasto por unidad es
idéntico y por ello no ofrece dudas.
gastos particulares directamente a cargo de los
propietarios de cada una de las unidades.
de los balcones son propiedad común (3), por-
viene de tapa que continúan la estructura y especialmente en Pero en el ejemplo señalado como II.3 puede La diferencia resulta clara recurriendo a un
este caso que se modifica la fachada al utilizar ocurrir que algunas llaves termomagnéticas ejemplo. Si en el caso que se da en la Introduc-
aluminio en lugar de madera. Nuevamente ob- tengan una corriente de corte de 25 amperes ción, en lugar de tener que cambiarse todos los
2. En un edificio se decide colocar medido- servamos un gasto común cuyo importe total y otras de 32 amperes. La diferencia no está pulsadores se sustituyeran sólo 30, 15 para las
res de agua individuales en cada unidad fun- es función exclusiva del número de unidades relacionada con la superficie de los departa- unidades grandes y 15 para las chicas, el gasto
cional, con el objeto de que el servicio se pa- reparadas y completamente independiente de mentos, sino con los artefactos que tengan ins- total sería de 30 x $ 12 = $ 360. Como en tal caso
gue según su consumo. Los medidores serán su tamaño o porcentual, siendo igual para cada talados; por ejemplo si una unidad chica tiene se trataría de una expensa común debe ser so-
externos a la unidad, ya que su lectura será unidad objeto del trabajo. Si el total del gasto un termotanque eléctrico y en otra grande la portada por el consorcio y, perteneciendo este
efectuada por un inspector, y por esa razón es $ 24.000 parece más justo distribuirlo uni- provisión de agua caliente se hace mediante gasto a la clase que hemos denominado “gastos
y porque hace a la organización del consor- formemente a razón de $ 600 por cada una de un calefón a gas, la primera, aunque más pe- unitarios”, dicho total debe dividirse por el nú-
cio el costo de su instalación constituye un las 20 unidades funcionales que aplicar un car- queña, probablemente requerirá una llave tér- mero total de unidades a fin repartir el gasto en-
gasto común. Pero todos los medidores son go de $ 1.200 a las 10 unidades mayores y sólo mica de mayor capacidad. En algunas marcas tre los 40 consorcistas: $ 360/40 = $ 9, cifra que
iguales, sean los instalados para los depar- $ 600 a las menores, cuando todas ellas han re- comerciales el pecio de tales llaves es el mismo debe abonar cada unidad funcional.
tamentos más grandes o para los menores, cibido exactamente la misma prestación. ($ 5,50) en cualquiera de esos dos amperajes,
y el gasto total, como en el ejemplo anterior, en otras la de mayor capacidad puede costar Si fuera un gasto particular, en cambio, cada
es directamente proporcional al número de Como en el apartado I aquí también surge $ 6,00. Ahora bien, si el costo de la mano de unidad que fue objeto de la reparación pagaría
departamentos: se gastan $ 3.000, si hay diez con nitidez que los propietarios de las unidades obra para hacer cada reemplazo es de $ 50, pa- $ 12, y nada pagarían las demás; si los $ 360 de
unidades funcionales o $ 6.000, si hay veinte, mayores no tienen por qué pagar dos barandas rece claro que aunque el arreglo cueste para costo total se cargaran en función del porcen-
siendo el costo unitario de $ 300. Parece justo ($ 1.200), cuando claramente no tienen ningu- algunos departamentos $ 55,50 y para otros tual las unidades grandes pagarían $ 14,40
que esta última cifra sea la que deba pagar na posibilidad de acceso al uso de una segunda $ 56,00 el carácter de gasto unitario se man- mientras que las pequeñas abonarían la cuarta
cada consorcista, en lugar de distribuir el (arg. art. 2049, 3er párr. CCyC) y resulta equita- tiene, ya que la diferencia anotada además de parte, $ 3,60.
gasto total en función de su porcentual. tivo que estén liberados de tal situación median- no ser económicamente significativa no se ge-
te la división igualitaria del gasto (4). nera por el tamaño o porcentual diferentes de Análogamente si en el ejemplo dado en II.5,
3. En otro caso se trata de sustituir los viejos cada unidad funcional. Lo importante es que el para escalonar el gasto, el consorcio decide re-
tapones fusibles del tablero central de electrici- No fatigaré al lector con otros ejemplos costo total de los trabajos dependa fundamen- emplazar solamente las barandas del frente del
dad, situado en el subsuelo, por interruptores —los hay numerosos— de gastos comunes talmente del número de unidades servidas y de edificio, postergando para una segunda etapa
termomagnéticos. El trabajo consiste en des- que son independientes del tamaño o valor de ningún modo el costo por cada unidad dependa el reemplazo en el contrafrente, el costo de esa
conectar en dicho tablero central el panel co- las unidades funcionales para las cuales se de su tamaño, reflejado en su porcentual. primera parte del arreglo deberá ser pagado
rrespondiente a cada unidad funcional con sus efectúan y cuyo total depende exclusivamen- igualitariamente por todos los integrantes del
dos tapones, retirarlo, y en su lugar conectar te del número de éstas, los que denominamos Otros casos de gastos unitarios pueden mos- consorcio, al igual que el costo de la segunda
la nueva llave termomagnética con el soporte gastos unitarios, por oposición a gastos pro- trar algunas diferencias en los costos por cada parte cuando se realice en el futuro.
respectivo. Cada una de las unidades queda así porcionales, aquellos que destinados a la ad- departamento (5).
dotada de una llave térmica de protección en el ministración, conservación y reparación de Cuando determinado gasto común deba con-
tablero central del edificio y el trabajo es factu- bienes y partes comunes del edificio, no res- IV. Gastos proporcionales siderarse un “gasto unitario”, su importe total
rado por el proveedor como múltiplo del precio ponden a este concepto de gastos unitarios. deberá dividirse por el número total de unida-
por unidad, que aquí también debería ser el que Es la clase más general de expensas o gas- des funcionales del consorcio para ser soporta-
pague uniformemente cada propietario, y no el III. Caracterización del gasto unitario tos (6) comunes. Remuneraciones de los en- do por todos los copropietarios en forma igua-
que resulte del prorrateo del costo total en fun- cargados, cargas sociales, abonos a servicios litaria, porque es igual el trabajo o la cosa que
ción del porcentual reglamentario. Un gasto unitario se caracteriza por lo si- de seguridad, mantenimiento de ascensores, se pone a su servicio, o que se los pondrá en el
guiente: calderas, tanques y bombas, provisión de elec- futuro en el momento en que se les efectúe.
4. En un edificio de departamentos con pa- tricidad, gas y otros combustibles para servi-
lier individual se decide cambiar en éstos el Constituye un gasto común, no un gasto cios generales, eliminación de plagas, insumos VI. Distintos tipos de mayorías en el Derecho
solado de baldosas por parquet. Los departa- particular en determinada parte privativa, de limpieza, gastos bancarios, honorarios de
mentos del sector “A” son mayores que los del cuyo costo debe ser sufragado por el dueño la administración, seguros, correspondencia e Diversos casos se observan en la ley en
sector “B”, aunque el tamaño del palier pri- de la unidad. impuestos, entre otros, constituyen gastos co- que la atribución, reparto, prorrata o dis-
vado es el mismo, 1,5 m2, en todos los casos. munes que aquí caracterizamos como propor- tribución (8) de derechos u obligaciones, o
El palier “privado” no es parte privativa sino Los trabajos o reparaciones consisten en cionales, es decir, que no derivan exclusivamente determinados efectos jurídicos, depende de
común, ya que es un pasillo que conecta la colocar cierta cosa, o hacer cierto trabajo, del número de unidades funcionales. En ciertos decisiones de personas que pueden tener una
unidad con el ascensor o la escalera formando igual o fundamentalmente igual para cada casos resulta evidente la proporcionalidad del consideración dual: unitaria e igualitaria, o
parte de la comunicación entre la unidad y el unidad y para su servicio directo. Lo esencial gasto con el tamaño de la unidad, como en el bien ponderarse de forma diversa según al-
exterior, art. 2041 inc. b) CCyC. De nuevo aquí es que el costo de dicho trabajo no guarda caso de la calefacción central: las calorías que guna o algunas de sus características.
el gasto del arreglo es igual para cada uno de relación alguna con el tamaño o valor de la consume cada unidad (lo que determina el cos-
los palieres que sirven a cada departamento unidad funcional en donde se hace. No con- to) es proporcional a su tamaño. Un ejemplo del derecho público es el de-
y como en los casos anteriores la división del siste en una reparación, un servicio o un de- recho al voto. En el sistema de voto universal
costo total por el número de unidades aparece recho de los que puedan servirse en común Con toda razonabilidad y justicia, más allá del cada ciudadano tiene igualitariamente un
como equitativa, resultando injusto el prorra- las distintas unidades, como agua caliente o imperativo legal, estos gastos deben ser solven- voto, sin importar sus calidades individuales.
teo proporcional. calefacción centrales, pero sí puede ser una tados por los propietarios en proporción a su En el voto calificado se ponderan las calidades
cosa que reemplace a otra existente. En el porcentual. de cada ciudadano según el criterio del siste-
¿Y si en los mismos palieres individuales se caso de que deba colocarse una cosa, la mano ma en vigor.
sustituyen los clásicos pulsadores para la luz de obra necesaria para colocarla, cuyo costo El Código Civil y Comercial de la Nación no
temporaria por interruptores fotoeléctricos puede ser mucho mayor que la cosa misma, distingue categorías diferentes de expensas También puede observarse la constitución
que automáticamente encienden la luz ante forma parte del gasto unitario. comunes, lo que sí hemos hecho aquí y es el del Congreso de la Nación, para la cual cada
la entrada de un individuo? Claramente vale propósito de esta nota; la regla general del provincia es considerada una unidad igual a las
el mismo comentario, que también se apli- El costo del trabajo o reparación, por cada Código es la distribución de las expensas co- otras para elegir idéntico número de senadores,
ca si se cambian las lámparas comunes por unidad funcional a cuyo beneficio directo se munes en proporción al porcentual de cada sin tener en cuenta el número de sus habitan-
otras LED. ¿Por qué se debe cargar a los de- realiza, es por lo general igual o aproximada- unidad funcional que a ese efecto marca el tes; sin embargo el número de representantes
partamentos mayores con un importe supe- mente igual para cualquier unidad funcional reglamento. A esta regla general deberán para la Cámara de Diputados no es igual por
rior al que se carga a los más pequeños, si en del consorcio. someterse los casos dudosos que pudieran provincia, sino función de su población; las que
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) Nº 1/70062677. to de esa obligación, de manera que la que no tiene acceso a de aquélla, el gasto es unitario, no proporcional.
(1) Para mejor referencia en esta nota todos los va-  (4) El tercer párrafo del art. 2049, CCyC, que recoge una ciertos servicios puede ser eximida de sostenerlos.  (6) Gastos” y “expensas” se consideran sinónimos.
lores ejemplificados se dan en dólares estadounidenses, tendencia jurisprudencial, parece reflejar la evolución del  (5) Existen casos en donde la diferencia de costos  (7) En los consorcios en donde son todos iguales los
aunque está claro que los gastos y su liquidación como criterio con que se atribuye la medida de la contribución entre unidades no depende de su tamaño o valor, sino porcentuales asignados a sus unidades funcionales no
expensas comunes se efectúan en la moneda nacional. para solventar las expensas comunes. Mientras en el art. 8 de algún otro factor. Por ejemplo si se trata de instalar tiene objeto la clasificación de gastos en unitarios y pro-
(2) El porcentual de los departamentos de 4 ambientes es de la ley 13.512 la obligación de contribuir era función del “va- una antena común, puede ser más costoso colocar una porcionales, ya que coinciden los resultados de la prorra-
4 % mientras que a los de un ambiente les corresponde el 1 %. lor” de la unidad funcional, en la citada norma del Código Ci- toma en los pisos más bajos debido al mayor uso de cable ta de las expensas comunes hecha de forma igualitaria o
(3) CNCiv., sala F, “Zanello, Bartulovic P. c/Con- vil y Comercial asoma el criterio de la posibilidad de aprove- y mano de obra. Pero como cada unidad tendrá una sola de forma proporcional.
sorcio de Prop. Edificio Calle Castro 1590”. Lexis chamiento del gasto por parte de la unidad como fundamen- toma y el costo es totalmente independiente del tamaño  (8) Términos usados como sinónimos.
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tienen más habitantes tienen más “porcentual” No distingue distintas tipologías o clases de Por cierto que una decisión judicial podría vos consorcios que se formen. A diferencia
en dicha Cámara. expensas, probablemente en aras de una mayor corregir situaciones gravemente abusivas deri- de ello, la reforma de un reglamento exis-
simplicidad; y al único tipo de expensas comu- vadas de la atribución proporcional de la obliga- tente en el sentido antes expuesto requiere,
En el caso de sociedades comerciales por nes definido le asigna una sola forma de solven- ción por expensas comunes. por un lado de la mayoría establecida en su
acciones, pueden dar cada una de éstas de- tarlas, la proporcional al porcentual. texto para efectuarla, pero además debe es-
recho a un voto; en otro caso pueden coexis- Si bien la regla general del art. 2046 inc. c), tar comprendido en dicha mayoría el voto po-
tir acciones que den derecho a un solo voto Sin embargo la simplicidad no debe estable- CCyC, es que las expensas comunes deben sitivo de todos los consorcistas que resulten
junto con otras que facultan a una pluralidad cerse sobresimplificando la situación fáctica, pagarse en forma proporcional a su parte in- “perjudicados” por la reforma.
de ellos. El “voto acumulativo” puede verse esto es, sin prestar la debida consideración a al- divisa, el Reglamento de Propiedad Horizon-
como otro ejemplo de consideración ponde- guno de sus aspectos relevantes, sino adecuan- tal podría disponer la distinción entre gastos Los perjudicados son en este caso aquellos
ral y no individual de la voluntad del accio- do las soluciones legales a dicha realidad. Para unitarios y proporcionales conforme lo antes que en adelante se verán obligados a hacer una
nista (9). lograr este objetivo, es necesario distinguir en- expuesto, lo que resulta de los incisos f) y g) contribución mayor que las que les correspon-
tre hechos o situaciones claramente diferentes del art. 2056, CCyC. día por el reglamento original, para solventar
Vemos otro ejemplo en la Ley de Concursos dando para cada una la solución más apropiada determinada clase de expensas comunes, esto
y Quiebras, en donde la aprobación del acuer- y evitando así que se generen perjuicios o bene- En efecto, por el citado inc. f) el Reglamento es, los propietarios de las unidades menores (en
do concursal requiere, por un lado, de mayorías ficios indebidos. debe determinar la parte proporcional indivisa otras palabras: los propietarios de las unidades
de acreedores considerados individualmente y, de cada unidad; habida cuenta lo establecido cuyos porcentuales sean menores al promedio),
por otro, de acreedores teniendo en considera- De lo que se trata es que cada propietario por el art. 2046 inc. c), CCyC, si éste fuera de para que no se lesione su derecho de propiedad
ción la suma de sus acreencias. tenga a su cargo el costo de los bienes que se orden público, resultaría superfluo el inc. g) del emanado de las cláusulas estatutarias del regla-
ponen a su servicio en la forma más aproxima- art. 2056, CCyC, que dispone que el Reglamento mento original que los benefician, condiciones
Ciertamente también en las decisiones da posible, si bien reconociendo que la exactitud debe determinar la proporción en el pago de las que parecen difíciles de reunir en la práctica. l
de las asambleas de propietarios, art. 2060, absoluta nunca resulta posible en un sistema expensas comunes (10).
CCyC, se observa el criterio dual que hemos comunitario de sostenimiento de gastos como Cita on line: AR/DOC/366/2018
señalado: la mayoría se computa “con la do- es el de propiedad horizontal. Debe concluirse entonces que el Regla-
ble exigencia del número de unidades y de las mento puede disponer que cierto tipo de
partes proporcionales indivisas de éstas con Hemos mostrado que los gastos unitarios, si expensas comunes sean solventadas en pro- MÁS INFORMACIÓN
relación al conjunto”. bien comunes, son expensas que se generan con porción igualitaria entre las unidades funcio-
un perfil especial, descripto en los apartados II nales y determinadas otras en la proporcio- Franchini, María Florencia, “Los conjuntos inmobilia-
VII. Conclusiones y III, que los diferencian del resto de los gastos nalidad que el mismo reglamento establezca, rios como propiedad horizontal especial: denominación,
comunes del consorcio de propiedad horizontal. que puede coincidir o no con la proporción de estructura legal, facultades y constitución de derechos
El Código Civil y Comercial define sola- Para los primeros resulta injusta la responsabi- su parte indivisa (11). reales de garantía”, ADLA, 2018-2, 167.
mente el concepto de expensas comunes y lidad proporcional siendo en cambio ecuánime Causse, Jorge R., “El reglamento de propiedad ho-
dispone que sean soportadas por los propie- la división igualitaria para abonarlas. Esta dis- La distinción entre gastos unitarios y gastos rizontal otorgado antes de la sanción del Código Civil y
tarios de las distintas unidades funcionales tinción debería incorporarse a la ley en una fu- proporcionales puede ser incluida sin proble- Comercial”, LA  LEY, 2017-B, 688.
en proporción a su porcentual reglamentario. tura reforma y así lo auspiciamos de lege ferenda. mas prácticos en los reglamentos de los nue-
(9) La atribución, asignación, reparto o prorrata de flete es proporcional a su peso o volumen (ponderal). En “salvo convención en contrario”. Por su parte Highton p. 354, §37.
cosas, bienes, cargas, derechos u obligaciones puede ser este artículo se preconiza la prorrata simple de los que sostenía que “en principio” la proporción de pago es  (11) “Las partes pueden convenir un criterio distinto
simple, lo mismo para cada individuo de una clase, o pon- denominamos “gastos unitarios” y la distribución pon- la del valor del piso o departamento; afirmaba sin em- del legal, dado que el art. 2056 inc. g) lo autoriza implíci-
deral, esto es, para cada individuo una cantidad propor- deral de las demás expensas comunes. bargo que podía convenirse una contribución distinta tamente”. COSSARI, Nelson G.A. en “Código Civil y Co-
cional a la magnitud de cierta propiedad o cualidad suya.  (10) El art. 8 de la ley 13.512 disponía que las ex- al valor de la unidad siempre que respondiera a pautas mercial comentado”, Director General Jorge H. Alterini,
En un bus de larga distancia, cada usuario paga un pasa- pensas comunes estaban a cargo de los propietarios objetivas (HIGHTON, Elena I., “Propiedad horizontal Ed. La Ley, 2015, t. IX, p. 822.
je (asignación simple), en las encomiendas en cambio el en proporción al valor de sus pisos o departamentos y prehorizontalidad”, Ed. Hammurabi, 2ª ed. 2000,
A cualquier precio mico y político” (1). Luego de una referencia a
los principios y prácticas “que propenden a la
pero fue derrotado. No importó. En noviem-
bre de 2017, el Tribunal Constitucional Pluri-
no inmarcesible, superior a cualquier texto
constitucional y, seguramente, digno de ser
solidaridad humana, al respeto por la autode- nacional se encargó de satisfacer el proyecto impuesto a cualquier Estado como norma in-
terminación de los pueblos, al afianzamiento presidencial: por encima de la norma cuestio- ternacional ius cogens (3).
viene de tapa de la democracia y de la paz universal”, cita el nada, dijo, está “el derecho humano a partici-
art. 64 de la propia Constitución: “No se apli- par libremente en las elecciones”. No pretendo aquí argumentar a favor ni
carán leyes y disposiciones gubernativas o de en contra de las reelecciones, sino reflexio-
de funciones, por lo que dictó contra él orden cualquier otro orden que regulen el ejercicio Nuestro país no ha sido muy diferente nar acerca de la seriedad que atribuimos a
de captura y allanamiento. de declaraciones, derechos y garantías esta- en ese aspecto. Dos veces fue reformada la los límites constitucionales y a la alegría con
blecidos en esta constitución, si los disminu- Constitución con el objetivo apenas disimu- la que admitimos las maniobras que los elu-
Las normas no cambiaron desde entonces. yen, restringen o tergiversan”. lado de facilitar la reelección presidencial, den (4).
Pero, el 22 de abril de 2015 y con otro presi- prohibida por el texto de 1953-60 y vuelta a
dente en ejercicio, la Corte Suprema, a pe- De este modo, los dieciséis ciudadanos, en eliminar en 1957. La última vez, en 1994, fue En efecto, las constituciones, de las que las
dido de dieciséis ciudadanos (uno de ellos ex lugar de recibir inhabilitación y cárcel, logra- público el propósito oficial de obtenerla “a normas sobre elección presidencial son ape-
presidente), las invalidó y autorizó la reelec- ron lo que los constituyentes con tanto celo cualquier precio”, para lo que se invocaba nas una parte, se suponen destinadas a regir
ción presidencial. Para afirmar que la norma habían tratado de impedir. Como dijo su Cor- que la ley de necesidad de reforma podía ser la convivencia política de los más diversos
de la Constitución era inconstitucional (a la te, habían cambiado las circunstancias jurí- aprobada con mayoría calificada, sí, pero de sectores por muchos años: esa es la razón por
luz del control de convencionalidad), se fun- dicas, sociales, económicas y políticas. Como los legisladores presentes en la sesión. Se la que se justifican frenos, contrapesos, limi-
dó en los principios pro hominem y pro liber- una vez dijo nuestra Corte, la mayor virtud acordó, finalmente, una sola oportunidad de taciones y garantías. No son instrumentos de
tatis: el hombre, “alfa y omega de las normas de una constitución es su flexibilidad. reelección, con la aclaración de que el man- gobierno, sino ámbitos institucionales en los
jurídicas”, no debe ser sometido a “obstácu- dato en curso debía contarse como primero. que distintos proyectos de gobierno dialogan,
los que puedan estimarse excesivos, que sean El caso hondureño se ha visto reciente- Pese a eso, hubo un intento judicial, que pasó compiten y, momentáneamente, triunfan.
producto de un formalismo y que no se com- mente replicado en Bolivia. La Constitución a la historia como la “re-re”, y que no llegó a
paginen con el derecho a la justicia”. Agre- de ese país, aprobada en 2009, en su art. 168, ejecutarse porque las encuestas mostraban Sin embargo, el caudillismo que tradicio-
gó que “la prohibición y penalización con- dispone que el presidente y el vicepresidente que el electorado no respondería. Y otra ini- nalmente aflige a nuestra América hace que
tenidas en las normas constitucionales de- duran en sus funciones cinco años “y pueden ciativa en tal sentido se frustró en 2013 por un todo, incluso las previsiones constituciona-
nunciadas, aun cuando resultan extrañas al ser reelectas o reelectos por una sola vez de resultado electoral. les (5), se observen, se juzguen, se interpreten
derecho comparado, pudieron haber tenido manera continua”. Ese mismo año el presi- y hasta se modifiquen desde la adhesión o el
sanos propósitos en su tiempo, pero no en la dente en ejercicio fue reelecto; pero, como Aquellos afanes parecen ahora definiti- rechazo populares a alguna figura carismá-
actualidad...”; y afirmó que “el derecho debe la Constitución era nueva, se consideró esa vamente satisfechos por la doctrina de las tica. En nuestro país parece haberse hecho
de responder a las exigencias imperantes del elección como la primera  (2). Fue reelecto cortes hondureña y boliviana: la reelección carne la idea de que si un partido cualquiera
momento, adecuándolas a los cambios que se nuevamente en 2014. En 2016 convocó a un presidencial, aun por un número indefinido —normalmente identificado por los ciudada-
generan en el ámbito jurídico, social, econó- referéndum para presentarse por cuarta vez, de veces consecutivas, es un derecho huma- nos con el nombre de su dirigente— obtiene
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)  (2) Este mismo argumento fue usado en la Provin- convocado un referéndum para suprimir la reelección régimen. Un sistema semejante parece endémico en
(1) Conviene destacar la semejanza de este argu- cia de Córdoba, donde, después de una reforma consti- indefinida, que había sido incorporada en 2015. Santiago del Estero y estaba proyectado para la presi-
mento con el empleado por nuestra Corte en el caso tucional que habilitaba una sola reelección, el Tribunal  (4) La segunda persona del plural alude al género dencia en la primera década de este siglo.
“Peralta” (CS, 27/12/1990, Fallos 313:1513; LA  LEY, Superior autorizó una segunda en 1991. humano. En Rusia, el presidente y el primer ministro  (5) Y, en ocasiones, hasta la propia historia.
1991-C, 158).  (3) Ecuador parece nadar contra la corriente: ha vienen alternándose entre sí para perpetuar un mismo
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mayoría de dos tercios en ambas cámaras, in- quier precio”. La conservación del poder, la al hablar de un país al margen de la ley. Proba- pasarla por el tamiz de la dicotomía “ellos o
mediatamente abrirá un proceso de reforma continuidad de un proyecto político (para no blemente sea necesario volver a someternos nosotros”. Así, tal vez, aprenderemos a pagar
constitucional para eternizarse en el poder. hablar de otras motivaciones más oscuras) a la ley, pero de buen grado. Claro que, para el precio de lo que queremos y a no querer lo
deben ser muy valiosos para que todo un país eso, es preciso que las leyes sean consensua- que nos cobren tan caro. l
¿Es necesario vivir las normas constitucio- —el nuestro o cualquier otro— sea obligado a das, que su aplicación sea previsible, transpa-
nales de esa forma? El meollo de la cuestión pagar por ellos un costo institucional tan alto. rente y pareja en todo tiempo y, por encima Cita on line: AR/DOC/169/2018
se encuentra en la frase antes citada: “a cual- Mi amigo Carlos Nino lo comentó sabiamente de todo, que aprendamos a ver la realidad sin
Transferencia de a liquidación por practicarse en la etapa de
ejecución. Los perdidosos interpusieron re-
ser acogida, en cuanto la actora reclamó
a dicha sociedad el cumplimiento de la
bía perfeccionado el contrato de compra-
venta con la actora.
acciones societarias curso de apelación. La Cámara confirmó la
validez de la compraventa.
inscripción correspondiente a la adquisi-
ción que hiciera de las acciones que per- 120.836 — CNCom., sala D, 24/10/2017. -
tenecían a uno de sus accionistas, y, en el Kloster, Serafina Nélida c. Cavallaro, Bruno
Determinación del precio. Notificación 1. -	El negocio de transmisión de las acciones caso, en el contrato de venta respectivo tal Salvador y Otros s/ ordinario.
de la transmisión a la sociedad emisora. societarias celebrado entre la actora y los enajenante actuó exclusivamente en su ca-
Pago de dividendos demandados fue válido, ya que el precio lidad de accionista y a título personal, de [Cita on line: AR/JUR/75647/2017]
de transferencia comúnmente se deter- donde la operatoria, en tanto parasocial,
Hechos: La sentencia de primera instancia mina por la oferta y demanda y los errores a falta de notificación en los términos del
entendió frustrada la compra accionaria de de apreciación corren el riesgo propio de art. 215 de la Ley de Sociedades Comercia- COSTAS
la actora por incumplimiento de los deman- toda operación económica acerca del pre- les, resultó inoponible a la sociedad emiso-
dados y, en consecuencia, condenó a los de- sumible valor de la cosa; más aún cuando ra. Se imponen, en relación a la sociedad: por su orden.
mandados a culminar los actos tendientes a los demandados no acreditaron haberse Con relación a los codemandados: a los vencidos.
la efectiva tradición de las acciones a la ac- encontrado en una situación de necesidad 3. -	Los dividendos correspondientes a las
tora, la inscripción en el Libro de Registro supuestamente aprovechado por la actora. participaciones accionarias adquiridas
de Accionistas y a abonar a la pretensora por la actora deben pagársele, en tanto [El fallo in extenso puede consultarse en el Dia-
las utilidades correspondientes a la parti- 2. -	La excepción de falta de legitimación pasi- se aprobaron varias distribuciones de di- rio LA  LEY del 28/12/2017, p. 7, Atención al
cipación accionaria adquirida de acuerdo va opuesta por la Sociedad Anónima debe videndos en un momento en que ya se ha- Cliente, www.laleyonline.com.ar o en Proview]
Un fallo ejemplar sobre compraventa de acciones
Lisandro A. Hadad Consecuentemente los puntos en conflicto
son el supuesto precio vil de las acciones y su
partes lo fijen en una suma que el comprador
debe pagar (1).
vinculación con el aporte a la sociedad pacta-
SUMARIO: I. Introducción.— II. El caso en cuestión.— III. El precio del contrato de compraventa do e incumplido por fuera del contrato, con El punto en cuestión es si el incumplimien-
de acciones.— IV. El vicio de la voluntad en la celebración del contrato.— V. La comunicación a el consecuente planteo de nulidad; y la forma to del instrumento jurídico “complementa-
y validez de notificación a la sociedad de la rio” puede tener incidencia legal en el contra-
la sociedad de la venta de las acciones.— VI. ¿Por qué debemos enseñar “Kloster c. Cavallaro”? transferencia de las acciones a los fines de su to de compraventa de acciones. Si frente al
inscripción. incumplimiento de uno, afecta la validez del
otro, siendo el otro un contrato autónomo y
I. Introducción conforme el cual ella adquiere acciones re- III. El precio del contrato de compraventa de legalmente válido.
presentativas del capital social de Racaval acciones
En el presente trabajo nos proponemos co- SA, reclamando el endoso, depósito y entre- En el caso que estamos comentando, y
mentar un fallo sobre un contrato de compra- ga de los títulos. El meollo del tema se desarrolla en virtud con muy buen criterio, la Cámara se limita
venta de acciones de la Sala D de la Cámara de que en muchas ocasiones las partes esti- a analizar la validez y legalidad del contra-
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Así también demanda a Racaval SA a fin pulan como precio de las acciones su valor to de compraventa por sí solo; y para ello
Capital Federal con voto del Dr. Pablo Heredia. de que inscriba la trasmisión de las acciones nominal, en lugar de estipular un precio que entiende que el precio de la transferencia
en el libro de registro de acciones de la socie- refleje el verdadero valor de la sociedad. Por de las acciones es siempre un quantum tran-
En una primera lectura parece tratarse de dad, y el pago de los dividendos que se dis- lo tanto, y desde lo formal, se adquiere una saccional subjetivo, en cuya determinación,
un caso más de tantos otros como los que pa- tribuyeron desde la suscripción del contrato sociedad mediante un contrato cuyo precio además del valor de la empresa, influyen
san por la justicia comercial de nuestro país, correspondiente a su participación. no refleja el real valor de ésta, aunque sí de- otro aspectos distintos, y mucho más, cuan-
con lo cual, decidí releerlo activamente lo que bemos decir que cumple con el requisito de do se trata de una sociedad de las llamadas
me llevo a encontrar muchos aspectos jurídi- Los demandados Cavallaro rechazan la legalidad. cerradas.
cos de gran importancia para resaltar. demanda incoada con base en los siguientes
argumentos: La realidad es que generalmente en estas Distingue entre el valor de la empresa y el
Tanto es así, que hasta considero que de- transacciones comerciales se garantiza el valor que las partes le dan a las acciones para
bería ser un caso de estudio de las escuelas — Que se acordó la transferencia de accio- real precio de la operación a través de otro su transferencia, la que en definitiva, y como
de Derecho de todo el país, cuando los pro- nes a cambio de un aporte a la sociedad que instrumento jurídico complementario, ya sea en todo contrato, depende finalmente de lo
fesores debamos enseñar uno de los princi- no figuraba en el contrato de compraventa, y un contradocumento u otra forma de com- que estimen las partes.
pios rectores de nuestro Derecho comercial, que la actora había incumplido. pensación económica.
como es la seguridad jurídica. El contrato de intercambio de un bien por
— Que por dicho motivo figuró en el con- Podríamos afirmar claramente que esto otro en cualquier sociedad se produce en
A lo largo de estas palabras de opinión, trato un precio que no era el real de las accio- fue lo que sucedió en el caso de estudio: las virtud de que el poseedor del bien conside-
intentaremos argumentar por qué debemos nes transferidas. partes pusieron un precio en el contrato de ra que lo que recibe a cambio de dicho bien
enseñar “Kloster c. Cavallaro” resaltando la compraventa de las acciones que no era el va- vale más que el mismo bien que entrega a
excelencia de su análisis, la congruencia de — Que el contrato está viciado de nulidad, lor real de éstas, y lo compensaron mediante cambio. Con lo cual dos personas valoran a
su estudio y narración, y la defensa de la se- ya que entienden se obtuvo por la vía de la ex- el supuesto aporte a la sociedad que acusan ese bien de manera diferente y de ello re-
guridad jurídica. Esperemos lograrlo. plotación de la necesidad de los vendedores. los demandados. sulta el precio que se estipula en el contra-
to (2). Con lo cual es muy complejo para la
II. El caso en cuestión La demandada Racaval SA interpone fal- Válido es aclarar que el precio de las ac- justicia entender en cuánto valora un bien
ta de legitimación pasiva acusando de que ciones estipulado por las partes cumple con cada parte.
La Sra. Serafina Kloster acude a la jus- nunca le fue notificada la compraventa y los requisitos legales estatuidos por el Código
ticia a fin de que sus demandados, Bruno y requerida la inscripción de la transferencia para tal fin. El Código de Vélez —legislación La función del derecho contractual es
Pablo Cavallaro cumplan con lo estipulado de las acciones a favor de la actora, confor- por la cual se resolvió el presente caso— es- servir al intercambio de los bienes entre
en el contrato suscripto entre las partes, me lo exige la Ley General de Sociedades. tablecía en su art. 1349 lo siguiente: “el precio los miembros de una sociedad o, dicho en
será cierto: cuando las partes lo determina- términos económicos, reducir los costos de
ren en una suma que el comprador debe pa- planear y ejecutar transacciones (3).
{ NOTAS } gar; cuando se deje su designación al arbitrio
de una persona determinada; o cuando lo sea Consecuentemente, el precio de la acción
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) gar, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero con referencia a otra cosa cierta”. Asimis- depende de muchas situaciones y valoracio-
(1) Código Civil y Comercial de la Nación, art. 1133. De- designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cier- mo, el Código Civil y Comercial en lugar de nes personales de las partes, y no solamen-
terminación del precio. El precio es determinado cuando ta. En cualquier caso, se entiende que hay precio válido si hablar de precio cierto habla de precio deter- te del valor de la empresa, siendo así impro-
las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pa- las partes previeron el procedimiento para determinarlo. minado, regulando que así lo será cuando las bable determinar qué fue lo que tuvieron
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las partes en cuenta al momento de fijar el hacer por fuera del contrato, pero que de afirmar que no es menor la cuestión debati- participación societaria. Y la verdad, esto es
precio de un contrato. ningún modo lo invalida. da en los efectos prácticos. lo que no puede pasar; esto es lo que tiene
que evitar la justicia y estos son los casos en
Bien dice Heredia en su voto que los erro- V. La comunicación a la sociedad de la venta de Por supuesto que entiendo que la solución los cuales la justicia debe intervenir.
res de apreciación en el precio (subjetivo) las acciones arribada por el tribunal es no sólo conforme a
corren el riesgo propio de toda operación derecho, sino que además es previsible. Cualquier empresario informado con cono-
económica acerca del presumible valor de Otro punto en cuestión con respecto al cimiento de que estas cosas pasan en nuestro
la cosa y, por lo tanto, salvo en el caso de fallo es lo que hace a la comunicación a la Comparemos ahora el caso “Kloster” con país, cruzará el Río de la Plata para saber qué
vicio en el consentimiento, están exentos de sociedad de la compraventa de acciones a el fallo “Borelli, Avelino O. c. Electrosistemas dice la jurisprudencia en Uruguay o hasta cru-
ulteriores reclamos. los fines de su oponibilidad. SAS y ot. S. Ordinario” de la CNCom., Sala B, zará los Andes para ver si en Chile también se
de fecha 26/10/2016. avalan este tipo de conductas; y se llevará su in-
O sea, la Cámara está diciendo a los de- El art. 215 de la Ley General de Socieda- versión, en caso de que así no lo sea. Menos in-
mandados que deben hacerse cargo de no des afirma que “la transmisión de las ac- En este supuesto, el Sr. Borelli adquiere el versión, menos productividad, y menos trabajo.
haber reflejado el supuesto verdadero pre- ciones nominativas o escriturales y de los 49 por ciento de las acciones de la sociedad
cio en la compraventa de acciones; y de no derechos reales que las graven debe noti- y notifica al directorio de Electrosistemas la Del otro lado, tenemos un caso —“Klos-
haberse asegurado su pago, no configurán- ficarse por escrito a la sociedad emisora o compra, pero el directorio rechaza la inscrip- ter”— resuelto conforme a la ley, cumpliendo
dose un vicio en el consentimiento sino un entidad que lleve el registro e inscribirse ción solicitando se presente el instrumento con lo estipulado por la ley y entendiendo la
error de estrategia. en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto de su adquisición. Cámara que ella no está por encima de la ley,
contra la sociedad y los terceros desde su sino que ésta debe cumplirse por todos (7).
Por lo tanto la decisión de la Cámara es inscripción”. Esta negativa trae aparejada la no adquisi-
rotunda y no deja mayor lugar a críticas. ción de la calidad de accionista, en virtud de Del mismo modo, y dentro del cumpli-
Más allá de que exista algún contrato “vin- Consecuentemente, un contrato de com- que la ley requiere a tal fin la inscripción en el miento de la normativa, la defensa realiza-
culado” con la compraventa de las acciones, praventa de acciones es válido entre partes libro de acciones de la sociedad (6), y la impo- da en el fallo de la autonomía de la voluntad
lo relevante es el precio determinado por desde su firma; pero para ser oponible a la sibilidad del Sr. Borelli de participar en tres contractual genera especial gratificación.
las partes en dicho contrato y, a excepción sociedad emisora y terceros, debe ser noti- asambleas en las cuales se decidió un aumen- Leer en un fallo que el respeto por el contra-
de un vicio en el consentimiento, cada parte ficada por escrito a la sociedad para su de- to de capital social que licuó su participación to suscripto entre las partes es como a la ley
se hará cargo de su error de apreciación, y bida inscripción en el Libro de Acciones, y accionaria. misma parece irreal en los tiempos que co-
el Estado no deberá intervenir en el contra- de este modo completar el proceso. rren. La ratificación contundente de dicho
to suscripto entre éstas. No solamente ello, sino la que la Cámara concepto lamentablemente no es algo muy
Analizada la norma, el conflicto se suscita para que el actor adquiera la calidad de so- común en estos días, lo que genera inseguri-
IV. El vicio de la voluntad en la celebración del en virtud de la excepción de falta de legiti- cio, incorpora un requisito más además de la dad jurídica en el mundo comercial y en sus
contrato mación pasiva interpuesta por la sociedad notificación y la inscripción en el libro de ac- inversores.
demandada, dado que en ninguna de las ciones, como que el nuevo accionista conste
Una de las razones por las cuales los con- dos ventas hubo notificación a la sociedad, en el título. Conforme la doctrina especializada, el con-
tratos entre privados no deben ser cumpli- sosteniendo la actora que fue innecesaria cepto de seguridad jurídica tiene para el de-
dos es cuando éstos han sido concertados la notificación, ya que la sociedad no había Frente a este escenario, Borelli impugna recho una serie de connotaciones (8):
mediante el uso de la fuerza o el engaño sido ajena a la venta en virtud de que el ena- las asambleas en las cuales se decidió el au-
ejercido sobre alguno de los contratantes. jenante era el representante legal de la per- mento de capital y la Cámara rechaza la ac- - Seguridad personal, referida a la vida y
sona jurídica, con lo que entiende cumplido ción por carecer de legitimación, al no ser a a la salud.
A dicho fin es que la legislación otorga el requisito de la comunicación. dicho momento accionista de la sociedad.
normas de fondo que protegen el fraude, - Seguridad en los derechos de los que se es
la lesión, la imprevisión, y la violación de la Por lo tanto la cuestión a resolver está Consecuentemente la Cámara incorpora titular y en los deberes de cada uno.
buena fe. en si la comunicación escrita a la sociedad un nuevo requisito que no exige la ley para
debe cumplirse sin excepción o si la pode- que la venta de acciones sea oponible a la - Seguridad en el patrimonio, en el uso y
Es entonces en este ámbito donde apare- mos dar por cumplida cuando la sociedad sociedad y terceros, como la inscripción en goce de los bienes de cada individuo.
ce justificada la intervención del derecho toma conocimiento por otros medios de la el título, y además avala la conducta del di-
de los contratos con la finalidad de revertir venta de las acciones. rectorio que rechaza la inscripción en el libro - Seguridad respecto de la vigencia del or-
esta injusta situación (4). de acciones, por considerar que requiere más den jurídico.
El fallo de Cámara concluye que si bien en información al respecto.
Siguiendo este razonamiento es que los la doctrina hay dos posturas con respecto En materia contractual, la seguridad jurí-
demandados en su defensa alegaron que a la cuestión (5), las partes pueden tener su Lo cierto es que nos encontramos con un dica está brindada por el respeto al paradig-
fueron víctimas de la Sra. Kloster, quien fundamento en no notificar la venta a la so- caso en que el adquirente del 49 por ciento ma “el contrato es ley para las partes”; y el de
explotó la necesidad de ellos y consiguió ciedad y de este modo no querer oponerla a de un paquete accionario no pudo adquirir su “la supremacía de la autonomía de la volun-
fijar un precio “irreal” a las acciones en el la misma ni a terceros. Con lo cual entiende calidad de socio, porque el directorio —que tad”, que frente a determinadas situaciones
contrato, configurando de este modo un vi- que la ley societaria exige notificación es- por supuesto no manejaba— le negó la regis- y/o personas se verán flexibilizadas (9).
cio de lesión subjetiva por ser un caso de crita de manera ineludible, siendo ésta una tración mientras que los restantes accionis-
notable desproporción de las prestaciones carga para las partes. tas decidían un aumento de capital y licuaban Esta relatividad de los paradigmas con-
del contrato. su participación. tractuales puede surgir frente a la necesidad,
El Dr. Heredia, con su solvencia y sim- la excesiva onerosidad, un contratante débil,
Si la defensa se hubiera limitado a ello, el pleza, admite la excepción en un caso y la Lo cierto es que Borelli cumplió con la ley, consumidores, contratos de adhesión, etcé-
planteo podría haber tenido algo de serie- rechaza en el otro. Rechaza la excepción en pero la justicia no cumplió con Borelli. tera, pero de ningún modo entendemos que
dad. El problema fue que los demandados aquel contrato de compraventa de acciones la seguridad jurídica deba flexibilizarse en el
basaron también su defensa en que detrás en el cual se dejó constancia de la presencia VI. ¿Por qué debemos enseñar “Kloster c. Derecho comercial cuando es utilizado por
de la compraventa de acciones había otro del Presidente de Racaval SA en su calidad Cavallaro”? comerciantes que pactan voluntariamente
contrato o negocio conforme el cual la ac- de tal y admite la excepción en aquel caso sobre el uso de su dinero de la manera que
tora se había obligado a realizar aportes a donde la presencia fue exclusivamente en El análisis —superficial— del caso “Elec- ellos consideran más eficiente.
la sociedad. su calidad de accionista. En una considera trosistemas” sirve para realizar un compara-
cumplida la notificación exigida por la ley, y tivo entre una decisión judicial que aplica la A modo de conclusión, estimo de real valor
Esta mera afirmación hace entender a la en el otro caso no. ley y otorga seguridad jurídica —“Kloster”—, el presente caso y considero que los profeso-
Cámara que el caso gira de una probable con una decisión judicial que no aplica la ley y res de Derecho debemos enseñar en nuestras
lesión subjetiva a una simulación en el pre- A partir de la notificación y la registra- genera inseguridad. aulas “Kloster c. Cavallaro”, porque con él
cio de las acciones, dado que si la parte de- ción realizada por el directorio, la cesión es vamos a enseñar el respeto por el contrato, el
mandada hubiera sido engañada, nunca se oponible a la sociedad y terceros, lo que en Claramente, y luego de leer el caso “Elec- ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica
hubiera acordado el aporte de la actora por la práctica del caso lleva a que la sociedad trosistemas”, los actores del mercado pen- y la posibilidad de prever el resultado de los
fuera de la compraventa. Por lo tanto, la si- haya pagado en forma errónea dividendos sarán varias veces en comprar un paquete conflictos y de las decisiones judiciales. l
mulación en el precio fue pactada entre las al cedente en aquel caso en que la Cámara accionario cuando la justicia ha avalado
partes y al parecer lo que faltó fue destreza rechazó la excepción de falta de legitima- una maniobra —aunque sea sospechosa del Cita on line: AR/DOC/356/2018
para asegurarse el pago que la actora debía ción pasiva. Consecuentemente podríamos directorio—, que provocó la licuación de su
(2) HADAD, Lisandro A., “La Autonomía de la volun- entre el coste y el beneficio social, la función del dere- cietarios”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2016, p. 792. constitucional del debido proceso”.
tad en el derecho de Sociedades Anónimas”, Ed. Acadé- cho consistirá en la corrección de dicha divergencia... la  (7) LORENZETTI, Ricardo en el fallo “Cuello, Patri-  (8) MEZQUITA DEL CACHO, José Luis, “Seguridad
mica Española, 2016, p. 71. función del derecho será decidir la cuestión (asignar cos- cia c. Lucena, Pedro A.”, 07/08/2007. “La magna labor Jurídica y sistema cautelar”, Ed. Bosch, Barcelona, 1989,
(3) ÁGUILA - REAL, Jesús A., “Los costes de tran- tes y beneficios a las partes) tal como lo hubiera hecho el de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o t. I, Teoría de la seguridad jurídica; LÓPEZ DE OÑATE,
sacción. Estudio jurídicos en homenaje al profesor Au- mercado, si no hubiesen mediados costes de transacción en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que F., “La certeza del Derecho”, Ed. Ejea, Buenos Aires,
relio Menéndez”, Ed. Civitas, España, 1996, IGLESIAS prohibitivos. nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución 1953 citado por MOSSET ITURRASPE, J. - PIEDECA-
PRADA, Juan L. (coord.), vol. 1, ps. 1 y 2.  (5) GRISPO, Jorge, “Ley General de Sociedades. estableció un Poder Judicial integrado por jueces que SAS, M. A., id. 260.
(4) PAZ - ARES, Cándido, “La economía política Ley 19.550”, Buenos Aires - Santa Fe, 2017, t. III, p. 342. actúan conforme a reglas que la comunidad debe cono-  (9) MOSSET ITURRASPE, J. - PIEDECASAS, M.
como jurisprudencia nacional”, ADC, 1981, p. 619-20, ROSSI, H., “Nominatividad de las acciones y otros título cer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones A., ib., p. 280.
señala que cuando el equilibrio perfecto no surja natu- valores privados”, Buenos Aires, 1996, p. 260. sean previsibles, todo lo cual esta Corte debe hacer res-
ralmente y, por lo tanto, se produzca una divergencia  (6) VERÓN, Alberto V., “Tratado de los conflictos so- petar porque constituyen un elemento de la garantía
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Tutela sindical Para así decidir, tuvo en consideración que
el trabajador estaba sometido a un régimen de
ciarían indicios de discriminación sindical,
los cuales no fueron suficientemente atendi-
entenderse que, si bien la decisión judicial
exime al trabajador de la tutela, éste podrá
evaluaciones periódicas establecido por el re- dos por las instancias anteriores. —en su caso, oportunidad y proceso poste-
Exclusión. Requisitos para despedir a un glamento universitario que preveía la pérdida rior— discutir el fondo del asunto tal como
dirigente gremial con justa causa. Profe- de titularidad en el cargo para aquellos docen- En igual sentido, los testimonios presenta- lo haría cualquier trabajador no tutelado”; d)
sor universitario. tes que recibiesen dos evaluaciones negativas dos en la causa (en particular, aquellos que “con tal alcance ha sido admitida la demanda
consecutivas por parte de la Comisión Evalua- constan a fs. 126 y 128) se refieren explícita- impetrada ya que expresamente se ha deci-
Hechos: La Cámara confirmó la sentencia de dora de la Carrera Docente, supuesto en el cual mente a la persecución política del docente. dido en la resolución recurrida proceder al
primera instancia que hizo lugar a la acción quedó comprendido el trabajador. En consecuencia, ameritaban un análisis de- levantamiento de la tutela sindical a fin de
sumarísima de exclusión de la tutela sindical tenido que descartara con absoluta certeza que la [actora] adopte el temperamento que
promovida por la Universidad Nacional de Ro- El tribunal señaló las causales que motivaron aquellas denuncias. estime prudente en lo que a la estabilidad y
sario contra un profesor que se desempeñaba las dos evaluaciones negativas recibidas por el titularidad del cargo docente atañe, decisión
como representante gremial. Interpuesto re- docente. Afirmó que la primera evaluación se En este sentido, cabe recordar que la Cor- que podrá ser recurrida en resguardo a los
curso extraordinario y la queja ante su dene- fundó en la falta de presentación del informe te Suprema ha advertido sobre las serias derechos que amparan al docente”; y e) en
gación, la Corte Suprema de Justicia de la Na- individual que el docente debía presentar. Esa dificultades probatorias que normalmente el juicio de exclusión de la tutela sindical “se
ción por mayoría revocó la decisión apelada. omisión era causal de calificación negativa de enfrentan las víctimas de la persecución sin- sustancian las pretensiones de las partes en
acuerdo con el reglamento universitario. Pun- dical para acreditar la discriminación sufrida un plenario abreviado quedando excluida la
1. -	El fallo que hizo lugar a una acción de exclu- tualizó que la segunda evaluación negativa se (Fallos 334:1387). Asimismo, en casos de ale- cuestión contractual consistente en las me-
sión de tutela gremial es arbitrario, en tan- sustentó principalmente en tres motivos: (i) la gada discriminación sindical, ese Tribunal ha didas que se dispondrán, cuya justificación
to el juzgador tuvo por verosímiles, prima falta de título de grado y de cursos de posgrado exigido que la empleadora desacreditase con podrá cuestionar el trabajador en un juicio
facie, los motivos alegados por el empleador y de actualización; (ii) la ausencia de registros prueba suficiente los indicios de discrimina- posterior”.
—universidad nacional— para tomar esa que acreditasen la dirección de investigadores y ción presentados por el trabajador y que los
medida, cuando es indudable que la resolu- becarios; y (iii) la falta de actividad artística vin- tribunales realizasen un análisis especial- 2°) Que contra esa decisión de la Cámara el
ción judicial previa a la que alude el art. 52 culada con la asignatura de la que era docente. mente cuidadoso de las pruebas presentadas demandado dedujo el recurso extraordinario
de la ley 23.551 sólo puede excluir dicha a fin de pronunciarse sobre la existencia de (fs. 267/279) cuya denegación dio origen a la
garantía a partir de una cabal comproba- En su entender, el resultado de las evaluacio- actos que interfiriesen con la actividad sindi- queja en examen.
ción del motivo justificado que el emplea- nes no fue arbitrario ni producto de algún tipo cal, especialmente protegida en el artículo 14
dor invoque, comprobación que solamen- de discriminación o persecución en la actividad bis de la Constitución Nacional y en diversos Con invocación de la doctrina de la arbitra-
te puede hacerse a partir de una concreta gremial del docente. De modo concordante, el instrumentos internacionales (art. 16, Con- riedad los argumentos del remedio federal se-
especificación en la demanda de la medi- tribunal consideró que, de las declaraciones de vención Americana de Derechos Humanos; ñalan, entre otras cosas, que el a quo efectuó
da que se pretende adoptar, pues de otro los testigos, no surgía ninguna medida tendiente art. 8º, Pacto Internacional de Derechos Eco- una interpretación irrazonable de las dispo-
modo los jueces no podrían evaluar si las a impedir o dificultar la actividad gremial. nómicos, Sociales y Culturales; art. 22, Pacto siciones de la ley 23.551 de asociaciones sindi-
razones que se alegan guardan relación Internacional de Derechos Civiles y Políticos; cales que amparan la estabilidad en el empleo
o proporción adecuada con el despido, la -II- art. 23 (4), Declaración Universal de Dere- de los dirigentes gremiales. En concreto, el
suspensión o la modificación contractual chos Humanos; Convenio 87 de la Organiza- recurrente alega que las normas legales en
de que se trate. Contra esa sentencia, la demandada interpu- ción Internacional del Trabajo). juego en modo alguno autorizan a los jueces
so recurso extraordinario federal (fs. 267/279, a disponer un levantamiento genérico de la
2. -	El fin que persiguió el legislador con el art. 52 ya citado), el cual fue contestado por la actora En mi entender, la falta de observancia de tutela posibilitando la adopción de cualquier
de la ley 23.551 no es otro que el de preser- (fs. 289/292 vta.) y cuya denegación (fs. 294 y tales recaudos en el pronunciamiento sub exa- medida que afecte dicha estabilidad, y mucho
var a los representantes sindicales de cual- vta.) originó la presente queja (fs. 147/152 del mine impide considerar la decisión como un menos para hacerlo ante la mera comproba-
quier acto patronal de represalia explícita o cuaderno respectivo). acto judicial válido, más allá de la decisión que ción de que, prima facie, los elementos de juicio
encubierta que pudiera afectar su situación en definitiva se adopte. aportados evidencian la verosimilitud de los
de empleo exigiéndole al empleador la pre- La recurrente alega que la evaluación docen- motivos invocados por el empleador como jus-
via demostración en sede judicial de que me- te que motivó la demanda de exclusión sindical -IV- ta causa para actuar de esa manera. Sostiene
dia una causa justificada para la adopción de se basó en argumentos falsos que respondían a que, por el contrario, dichos preceptos exigen
medidas que impliquen la modificación, sus- la intención encubierta de impedir la actividad Por ello, opino que corresponde hacer lugar que al promover la demanda el empleador es-
pensión o extinción de la relación laboral. sindical del demandado. En particular, explica a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada pecifique qué medida pretende adoptar, y que
que es arbitrario que se lo haya calificado nega- y mandar a que se dicte una nueva ajustada a en el juicio se demuestre acabadamente que
3. -	El fallo que hizo lugar a una acción de ex- tivamente por no tener título de grado ya que derecho. Buenos Aires, 9 de febrero de 2015. — esta es justificada.
clusión de tutela gremial es arbitrario, en tampoco tenía este título al momento de concur- Irma A. García Netto.
tanto el juzgador no analizó la existencia sar para el cargo docente. Asimismo, señala que 3°) Que, aunque los argumentos del recurso
o inexistencia de un acto discriminatorio tampoco es razonable que se lo haya calificado Buenos Aires, febrero 15 de 2018. extraordinario remiten al examen de temas
(del voto del Dr. Rosatti). negativamente por no haber realizado estudios de derecho común que, en principio, no son
de posgrado, pues no puede acceder a ellos sin Considerando: susceptibles de revisión por la vía prevista en
4. -	El planteo del docente cuya exclusión de título de grado. En el mismo sentido, sostiene el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción
tutela sindical fue dispuesta, relativo a que que resulta desacertado que se lo haya evalua- 1°) Que la Sala B de la Cámara Federal de Ape- a tal premisa cuando, como aquí acontece, la
la resolución judicial previa de exclusión do negativamente por no registrar dirección de laciones de Rosario (fs. 261/263 de los autos prin- sentencia apelada se funda en una interpre-
exige la comprobación fehaciente, no sólo investigadores y becarios, ya que los docentes cipales, a cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo) tación alejada del texto normativo aplicable
prima facie, de la justa causa y que, en el de dedicación simple no tienen la obligación de confirmó la sentencia de primera instancia que al caso contradiciendo la finalidad de la ley
caso, la Cámara no habría efectuado, debe realizar esas tareas. Para más, rechaza la afir- hizo lugar a la acción sumarísima de exclusión (Fallos 313:1424, entre muchos otros).
ser rechazado, pues, más allá de si le asis- mación de la comisión sobre la falta de produc- de la tutela sindical promovida por la Universi-
te razón sobre el alcance de la ley 23.551, el ción artística y detalló la actividad que realizó dad Nacional de Rosario contra un profesor que Por otra parte, tampoco es óbice para la
recurrente no ha logrado mostrar siquiera durante los últimos años. se desempeñaba como representante gremial. apertura de la instancia extraordinaria el he-
mínimamente que el tribunal interviniente cho de que hayan expirado hace tiempo los
no efectuó una comprobación fehaciente Asimismo, la quejosa sostiene que la senten- Para así pronunciarse, la alzada tuvo en mandatos gremiales del demandando men-
de la justa causa (del voto en disidencia del cia en crisis no valoró la prueba testimonial de cuenta, en síntesis, que: a) “la Universidad (...) cionados en estas actuaciones. En atención
Dr. Rosenkrantz). la que surge que el docente era discriminado por pretende (...) la exclusión sindical contra pro- al carácter transitorio de dichos mandatos
su actividad política. La demandada se agravia fesor (...) Calarota (...) dado que el docente resulta dificultoso que cuestiones como las
120.837 — CS, 15/02/2018. - Universidad Na- también de que la exclusión de la tutela sindical fue sometido oportunamente a un régimen aquí planteadas, en las que está comprome-
cional de Rosario c. Calarota, Luis Raúl s/ se otorgó de modo genérico sin especificar los periódico de evaluación dentro del marco de tida la plena eficacia del régimen de tutela de
exclusión de tutela sindical. cargos gremiales afectados. la carrera docente por el que éste permane- la estabilidad en el empleo de los represen-
cería en el cargo en tanto se evidenciara un tantes sindicales que estableció la ley 23.551
[Cita on line: AR/JUR/13/2018] -III- desempeño satisfactorio y perdería la estabi- para implementar una de las garantías fun-
lidad y titularidad de su cargo en caso de ob- damentales otorgadas por la Constitución.
Corresponde señalar que los agravios formu- tener dos evaluaciones negativas consecuti- Nacional, lleguen a conocimiento del Tribu-
Dictamen de la Procuradora Fiscal subro- lados por la impugnante involucran aspectos vas (...), cuestión esta última en la que quedó nal sin haberse vuelto abstractas. De modo
gante de orden fáctico y de derecho común, ajenos en comprendido”; b) “de los motivos expuestos que corresponde admitir el remedio federal
principio a esta instancia (Fallos 312:184, entre en las evaluaciones no se advierte que el re- a fin de que no se frustre el rol de esta Cor-
-I- otros). Sin embargo, opino que la doctrina sobre sultado arribado hubiera obedecido a algún te como garante supremo de los derechos
arbitrariedad de sentencias constituye sustento tipo de persecución en la actividad gremial humanos en esta clase de casos en los que
La Sala B de la Cámara Federal de Apela- suficiente para la procedencia del recurso en y política del docente”, y tampoco “surge de parece evidente que las circunstancias bajo
ciones de Rosario confirmó la sentencia de examen en tanto la argumentación provista en lo declarado por los testigos ninguna medi- examen son susceptibles de repetición (cfr.
primera instancia que hizo lugar a la deman- la sentencia recurrida no satisface las exigencias da tendiente a impedir o dificultar la activi- Fallos 310:819; 324:4061 y 335:197).
da de exclusión de tutela sindical deducida de fundamentación necesarias para considerar dad sindical de Calarota”; c) “solamente se
por la Universidad Nacional de Rosario en el pronunciamiento como un acto judicial válido ha analizado en esta causa que el compor- 4°) Que el art. 14 bis de la Constitución
los términos de la ley 23.551 contra Luis Cala- (Fallos 330:1191, entre otros). tamiento sindical del empleado no hubiera Nacional, establece que “los representantes
rota, docente de bellas artes en esa universi- quedado afectado, evaluándose mediante gremiales gozarán de las garantías necesa-
dad (fs. 261/263 vta., de los autos principales, En mi opinión, los argumentos utilizados las pruebas consideradas, —prima facie—, rias para el cumplimiento de su gestión sin-
a los que me referiré en adelante salvo acla- para calificar de modo negativo al trabajador la verosimilitud de las circunstancias plan- dical y las relacionadas con la estabilidad de
ración en contrario). parecen incurrir en arbitrariedad y eviden- teadas en la demanda, razón por la cual debe su empleo”.
Viernes 2 de marzo de 2018 | 7
5°) Que en cuanto a esas garantías relaciona- nes que se alegan guardan relación o proporción facultades propias de los jueces de la causa y aje- que estime prudente en lo que a la titularidad
das con la estabilidad en el empleo, el Convenio adecuada con el despido, la suspensión o la mo- nas a la instancia extraordinaria (Fallos 315:1574 y estabilidad del cargo docente atañe, decisión
135 sobre representantes de los trabajadores, dificación contractual de que se trate. y sus citas, entre muchos otros), ello no es óbice que (...) podrá ser recurrida en resguardo a los
que fue adoptado por la Organización Interna- para que la Corte pueda conocer en los casos derechos, (...) que amparan (...) al ‘docente’”.
cional del Trabajo (O.I.T.) en 1971 y aprobado En consecuencia, resulta evidente que la cuyas particularidades hacen excepción al prin-
por nuestro país mediante la ley 25.801, dice en interpretación que efectuó al a quo acerca de cipio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, 2°) Que contra esa decisión el demandado de-
su art. 1° que “deberán gozar de protección efi- los requisitos y alcances de la acción de levan- toda vez que con esta se tiende a resguardar la dujo recurso extraordinario, cuya denegación
caz contra todo acto que pueda perjudicarlos, tamiento de la tutela sindical no se compadece garantía de la defensa en juicio y el debido pro- dio origen a la queja en examen.
incluido el despido por razón de su condición de con los textos normativos en juego, ni con el fin ceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas
representantes de los trabajadores, de sus acti- que persiguió el legislador al dictarlos que no es y constituyan una derivación razonada del dere- Con invocación de la doctrina de la arbitrarie-
vidades como tales, de, su afiliación al sindicato, otro que el de preservar a los representantes cho vigente con aplicación a las circunstancias dad, el recurrente sostuvo que las evaluaciones
o de su participación en la actividad sindical, sindicales de cualquier acto patronal de repre- comprobadas de la causa (cfr. Fallos citados y, docentes a las que fue sometido fueron arbitra-
siempre que dichos representantes actúen con- salia explícita o encubierta que pudiera afectar además, 316:1141; 324:2542 y 337:149). rias y que estuvieron dirigidas a perseguirlo por
forme a las leyes, contratos colectivos u otros su situación de empleo exigiéndole al empleador razones sindicales. El recurrente también efec-
acuerdos comunes en vigor”. la previa demostración en sede judicial de que 5°) Que tal supuesto se configura en el sub exa- tuó dos planteos destinados a mostrar que la
media una causa justificada para la adopción de mine toda vez que la sentencia apelada presenta Cámara efectuó una interpretación irrazonable
La Recomendación 143, adoptada por la medidas que impliquen la modificación, suspen- deficiente fundamentación. de las disposiciones de la ley 23.551 de asociacio-
O.I.T. ese mismo año como complemento de sión o extinción de la relación laboral. nes sindicales que amparan la estabilidad en el
las normas del convenio, precisa que las dis- En efecto, el debate giró en torno a si la causal empleo de los dirigentes gremiales. Por un lado,
posiciones específicas que deberían dictar los 7°) Que, por las razones expuestas, el fallo dic- objetiva invocada por la empleadora para reque- el recurrente sostuvo que las normas legales en
países para garantizar la protección efectiva tado en el marco de la acción de exclusión de tu- rir el desplazamiento de la protección legal del juego en modo alguno autorizan a los jueces a
de los representantes de los trabajadores po- tela gremial no constituye derivación razonada demandado —prevista en el reglamento univer- disponer un levantamiento genérico de la tutela
drían incluir medidas tales como: “ (a) defi- del derecho vigente aplicable a las circunstan- sitario— encubrió una finalidad persecutoria posibilitando la adopción de cualquier medida
nición detallada y precisa de los motivos que cias comprobadas de la causa, por lo que corres- dirigida a obstaculizar la libertad sindical del que afecte dicha estabilidad. Por otro lado, adujo
pueden justificar la terminación de la relación ponde descalificarlo con arreglo a la doctrina de docente. En este marco, el tratamiento de los re- que la normativa exige la comprobación feha-
de trabajo de los representantes de los traba- la arbitrariedad de sentencias. quisitos que deben reunirse para la procedencia ciente, no meramente prima facie, de los motivos
jadores”, y “ (b) exigencia de consulta, dicta- de la acción prevista en el art. 52 de la ley 23.551 invocados por el empleador como justa causa.
men o acuerdo de un organismo independien- Por ello, y habiendo dictaminado la señora quedó supeditado a que, previamente, se exclu- Sostuvo que, por el contrario, dichos preceptos
te, público o privado, o de un organismo pari- Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar ya una hipótesis de obrar antisindical. exigen que al promover la demanda el emplea-
tario antes de que el despido de un trabajador a la queja, se declara procedente el recurso ex- dor especifique qué medida pretende adoptar y
sea definitivo” (cfr. punto III, 2.6.2). traordinario y se revoca la sentencia apelada, El a quo no ha dado debida respuesta a los que en el juicio se demuestre acabadamente que
con costas (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. planteos del demandado vinculados a esa dicha medida está justificada.
Con arreglo a esta normativa internacional, de la Nación). Agréguese la queja al principal y cuestión al descartar, en forma dogmática, la
el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. ha vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de fuerza probatoria de diversos elementos de 3°) Que los agravios destinados a cuestionar
dicho que “Uno de los principios fundamentales que, por quien corresponda, se dicte un nuevo juicio anejados en la causa. En tal sentido se por arbitraria la valoración que la Cámara hizo
de la libertad sindical es que los trabajadores pronunciamiento con arreglo al presente. Notifí- destaca la ausencia, por un lado, de un análi- de la evaluación docente en virtud de la cual
gocen de protección adecuada contra los actos quese y remítase. — Ricardo L. Lorenzetti. — Ele- sis detenido de la prueba testifical obrante y, se privó al actor del cargo son inadmisibles
de discriminación antisindical con relación con na I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — por el otro, de un examen conjunto de aquella (art. 280 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
su empleo —tales como el despido, descenso Carlos F. Rosenkrantz (en disidencia). — Horacio con el resto del material probatorio a fin de es-
de grado y otras medidas perjudiciales— y que Rosatti (por su voto). clarecer la conducta atribuible a las partes y Por su parte, los planteos vinculados a que
dicha protección es particularmente necesa- proceder a su calificación jurídica. la evaluación docente estuvo destinada a per-
ria tratándose de delegados sindicales, porque Voto doctor Rosatti seguirlo por razones sindicales deben desesti-
para poder cumplir sus funciones sindicales con En concreto: lo que debe analizar el tribunal marse por falta de fundamentación autónoma
plena independencia deben tener la garantía de Considerando: 1°) Que la Sala B de la Cámara en primer lugar —y a la luz de los elementos de (art. 15 de la ley 48). En efecto, el sistema de
que no serán perjudicados en razón del mandato Federal de Apelaciones de Rosario, confirmó juicio que omitió examinar— es la existencia o evaluación docente previsto en la normativa
que detentan en el sindicato”. Y, en tal sentido, la sentencia de primera instancia, que había inexistencia de un acto discriminatorio. vigente en la Universidad Nacional de Rosario
el Comité ha indicado que “una de las formas de admitido la demanda de exclusión de tutela se efectúa en base a los parámetros detallados
asegurar la protección de los delegados sindica- sindical deducida por la Universidad Nacional 6°) Que, en atención a lo expuesto, la decisión en los arts. 2º y siguientes del Anexo II de la Or-
les es disponer que no podrán ser despedidos de Rosario contra un docente de esa casa que impugnada contiene deficiencias que la descali- denanza 602/2002. El profesor Calarota no pre-
mientras estén en el ejercicio de sus funciones, se desempeñaba como representante gremial fican como acto jurisdiccional en los términos de sentó el informe docente exigido por el art. 3º
ni durante un período determinado a partir del por considerar que mediaban razones objeti- la doctrina de la arbitrariedad, con directa afec- de dicha Ordenanza y por ello tuvo una prime-
momento en que cesen en ellas, salvo, natural- vas, previstas en el estatuto universitario, que tación de las garantías constitucionales invoca- ra evaluación negativa (fs. 22 del expediente
mente, en caso de falta grave”; esto, además justificaban el cese de la protección contenida das (art. 15, ley 48). principal). La segunda evaluación fue negativa
de propugnar la adopción de “mecanismos de en el art. 52 de la ley 23.551. también en base a que no tenía título de grado,
protección preventiva contra actos de discrimi- Por ello, se hace lugar a la queja, se declara no hubo actuación artística correspondiente a
nación antisindical” como, por ejemplo, la ob- 2°) Que, para decidir de ese modo, el tribu- procedente el recurso extraordinario y se deja la asignatura, no dirigió investigadores ni beca-
tención de la autorización previa de un órgano nal juzgó demostrados los motivos invocados sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos rios, no realizó cursos, seminarios y/o activida-
independiente antes de proceder al despido de para solicitar el desplazamiento de la protec- al tribunal de origen para que, según correspon- des de formación y actualización pedagógicas ni
un dirigente sindical (Libertad Sindical: Recopi- ción. En concreto, que el demandado fue pasi- da, dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. disciplinarias, y no finalizó ni cursó carreras de
lación de decisiones y principios del Comité de ble de dos evaluaciones negativas Consecuti- Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, post-grado (fs. 23). En ese marco, tratándose de
Libertad Sindical del Consejo de Administración vas, supuesto que en el reglamento universi- oportunamente, remítase. — Horacio Rosatti. un sistema de evaluación basado en parámetros
de la OIT, año 2006, párrafos 799, 804 y 831). tario tenía como consecuencia la pérdida de la de un alto grado de objetividad, el recurrente no
estabilidad y titularidad en el cargo: Sostuvo, Disidencia del doctor Rosenkrantz ha logrado mostrar que dicho sistema de evalua-
6°) Que, con el fin de implementar las garan- además, que el resultado de las mencionadas ción haya sido empleado para perseguirlo por
tías relacionadas con la estabilidad en el empleo evaluaciones no era arbitrario ni vinculado a Considerando: 1°) Que la Sala B de la Cámara razones sindicales.
de los representantes sindicales que contempla algún tipo de persecución por la actividad gre- Federal de Apelaciones de Rosario confirmó
el art. 14 bis de la Constitución Nacional, nuestra mial y política del docente. la sentencia de primera instancia que hizo lu- 4°) Que los planteos del recurso extraordina-
legislación ha adoptado esas medidas de mejor gar a la acción sumarísima de exclusión de la rio vinculados a la interpretación de la ley 23.551
protección sugeridas por la O.I.T. Contra esta decisión el demandado interpuso tutela sindical promovida por la Universidad tampoco satisfacen la carga argumental indis-
el recurso extraordinario que, al ser desestima- Nacional de Rosario contra un docente que se pensable para revocar el pronunciamiento.
Así, el art. 48 de la ley 23.551 dispone que “no do, dio origen a la queja en examen. desempeñaba como representante gremial.
podrán ser suspendidos, modificadas sus condi- Para así decidir, adujo que mediaban razones El primer planteo del recurrente es que, de
ciones de trabajo, ni despedidos durante el tiem- 3°) Que el recurrente plantea que las evalua- objetivas, previstas en el estatuto universita- acuerdo a los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, la
po que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta ciones docentes en las que se basó la demanda rio, que justificaban el cese de la protección resolución judicial previa de exclusión de la
un año más, salvo que mediare justa causa”; y de exclusión de la tutela sindical se fundaron del art. 52 de la ley 23.551. En particular, con- tutela sindical exige la comprobación feha-
el art. 52 refuerza la tutela legal estableciendo en argumentos falsos. Objeta los ítems que sideró que el docente fue sometido oportuna- ciente (no solo prima facie) de la justa causa
que “los trabajadores amparados no podrán ser merecieron calificación negativa, puntual- mente a un régimen periódico de evaluación y que, en el caso, la Cámara no habría efec-
suspendidos, despedidos ni, con relación a ellos mente y con detalle de las razones por los que por el que permanecería en su cargo en tanto tuado tal comprobación. Es claro no obstan-
podrán modificarse las condiciones de trabajo, cabía considerar desacertada la valoración. evidenciara un desempeño satisfactorio y per- te que, más allá de si le asiste razón sobre el
si no mediare resolución judicial previa que los Afirma que el a quo pretirió la prueba testi- dería su estabilidad en caso de obtener dos alcance de la ley 23.551, el recurrente no ha
excluya de la garantía”. monial que daba cuenta de la discriminación evaluaciones negativas. El docente no superó logrado mostrar siquiera mínimamente que
padecida por su actividad política. Finalmente esas evaluaciones y —sostuvo la Cámara— no la Cámara no efectuó una comprobación fe-
Ahora bien, si la garantía consiste, precisa- se agravió de los términos en que fue concedi- se advierte que el resultado hubiera obedeci- haciente de la justa causa. La Universidad
mente, en que no caben tales medidas “salvo da la exclusión de la tutela sindical en cuanto do a algún tipo de persecución en la actividad actora especificó que, en virtud de las eva-
que mediare justa causa”, es indudable que la no se especificaron los cargos gremiales afec- gremial y política del docente. La Cámara luaciones docentes negativas que mereció
resolución judicial previa a la que alude el art. 52 tados pese a que había sido elegido delegado aclaró que evaluó mediante las pruebas consi- el recurrente, pretendía que el docente cese
solo puede excluir dicha garantía a partir de una gremial y congresal a la asociación gremial deradas la verosimilitud de las circunstancias en la titularidad y en su cargo como docente
cabal comprobación del motivo justificado que CONADU, amén de la protección que le co- planteadas por la Universidad actora. Y con- (fs. 43 y 45). La Cámara evaluó entonces si las
el empleador invoque. Comprobación que, huel- rrespondía como candidato a congresal. cluyó que “Con tal alcance ha sido admitida la circunstancias invocadas por la Universidad
ga decirlo, solamente puede hacerse a partir de demanda impetrada ya que expresamente se (dos evaluaciones docentes negativas) guar-
una concreta especificación en la demanda de la 4°) Que aunque los agravios del apelante sus- ha decidido en la resolución recurrida proce- daban relación adecuada con dicha medida
medida que se pretende adoptar, pues de otro citan el examen de cuestiones de hecho y dere- der al levantamiento de la tutela sindical, a fin (el cese). Sostuvo que la evaluación no era
modo los jueces no podrían evaluar si las razo- cho común que constituyen, por vía de principio, de que la [actora] (...) adopte el temperamento arbitraria (fs. 263) y que “conforme a los ejes
8 | Viernes 2 de marzo de 2018 Síganos en /thomsonreuterslaley @TRLaLey
básicos descriptos en la ordenanza aplicable, versidad no tiene más opción que disponer el afecte dicha estabilidad. Si bien es cierto nes negativas no arbitrarias, la Universidad
[el profesor Calarota] (...) como profesor de cese sindical cuando un profesor no es más que la Cámara sostuvo que se confirma el debe disponer la terminación de la relación
la Universidad se encontraba incurso en el su empleado. Por lo tanto, la alusión que la “levantamiento de la tutela sindical a fin de laboral. De manera que la afirmación de la
régimen periódico de evaluación a los fines Cámara hizo a la idea de comprobación solo que la [actora] (...) adopte el temperamento Cámara que se acaba de citar es, en el mar-
de conservar la estabilidad y titularidad de prima facie fue en realidad, en el caso, insus- que estime prudente en lo que a la titula- co del resto de las consideraciones del fallo
su cargo” (ibídem). Es clara en ese marco la tancial. ridad y estabilidad del cargo (...) atañe”, es apelado, también inmaterial.
comprobación de que las evaluaciones no son claro que la Cámara no está afirmando que
arbitrarias y de que los motivos invocados El segundo planteo del recurrente apunta la Universidad puede adoptar una medida Por ello, oída a la señora Procuradora
por el empleador son justa causa para el cese a mostrar que, contrariamente a lo dispues- distinta a aquella por la cual solicitó la ex- Fiscal subrogante, se desestima la queja.
de la protección gremial. Ello es así pues las to por la ley 23.551, la Cámara dispuso un clusión de la tutela. Por las razones antedi- Notifíquese y archívese, previa devolución
evaluaciones negativas justifican el cese de levantamiento genérico de la tutela posibili- chas, la Cámara es lo suficientemente clara de los autos principales. — Carlos F. Ro-
acuerdo a la normativa universitaria y la Uni- tando la adopción de cualquier medida que en el sentido de que, frente a dos evaluacio- senkrantz.
El derecho al olvido en las CS, 05/02/2013, “Y., D. G. c. Citibank NA
s/ sumarísimo”, LA  LEY del 28/02/2013, 7;
LA  LEY, 2013-B, 112; LA  LEY, 2013-B, 467,
C, 174, con nota de SLAIBE, María Eugenia;
AR/JUR/77/2013.
informaciones crediticias
con nota de DRUCAROFF AGUIAR, Alejan- 9. Resulta procedente cumplir con la comu-
dro; JA del 24/04/2013, p. 83; LA  LEY, 2013- nicación prevista en el art. 29 de la ley 25.326,
(*) C, 174, con nota de SLAIBE, María Eugenia; a efectos de que se supriman los datos erró-
AR/JUR/77/2013. neos que se encontraban en la base de datos
I. Legislación aplicable para la conservación de datos debe comen- del BCRA, a pesar de que ya no se encuentren
zar a computarse desde el momento en que 7. Debe evitarse toda inteligencia de la publicados. Ello así en tanto el hecho de que
1. Ley 25.326, art. 26. ingresó al registro de datos la última infor- ley 25.326 y su decreto reglamentario que en la cuestión vinculada a los datos informados
mación adversa “significativa” respecto de la los hechos implique una postergación sine die respecto del actor no genere a éste un agra-
2. Dec. 1558/2001, art. 26. situación económico-financiera de la persona o una excesiva tardanza en el inicio del cóm- vio actual, no obsta a la viabilidad de comuni-
en cuestión, interpretando que ello ocurrirá puto del plazo para que los datos significati- car la sentencia en los términos del artículo
II. Jurisprudencia cuando esa información introduzca modifica- vos en la evaluación de la solvencia económi- citado. Esa inexistencia de agravio actual en
ciones en los datos consignados respecto de co-financiera de quienes no han cancelado su el actor es tal porque se ha demostrado que
1. El plazo de caducidad prescripto por el la deuda de que se trate. deuda sean eliminados de las bases o difun- la información que lo afectaba no se publica
art. 26, inc. 4º, de la ley 25.326, que regula el didos, puesto que ello se opone al propósito más. Pero se ha demostrado también —des-
derecho al olvido, relativo al registro de datos CNCom., sala A, 20/03/2013, “Campos, Gui- del legislador de lograr una reinserción del de que la propia demandada así lo recono-
respecto a la solvencia económico-financiera llermo O. c. Equity Trust Company (Argenti- afectado en el circuito comercial o financiero ció— que tal información no debía continuar
de una persona, se computa desde la fecha de na) SA s/ ordinario”, AR/JUR/12786/2013. (de la doctrina de la Corte sentada en “Ná- siendo publicada, por lo que parece razona-
la última información adversa archivada que poli, Carlos A.” —Fallos 334:1327— a la cual ble habilitar la aludida comunicación de lo
revele que dicha deuda era exigible, lo cual 5. La ley 25.326 consagró el derecho remite). aquí decidido al referido organismo a efectos
debe ser entendido como el último dato —en del afectado a exigir que, transcurridos 5 de que éste informe, a su vez, a las bases de
su sentido cronológico— que ha ingresado a años para los deudores que no cancelaron CS, 05/02/2013, “Y., D. G. c. Citibank NA datos que figuren en su registro la caducidad
la base de datos, en la medida en que se tra- su deuda, y 2 para los que sí lo han hecho, s/ sumarísimo”, LA  LEY del 28/02/2013, 7; de los datos que relacionan al accionante con
te de datos significativos para evaluar dicha la información significativa para evaluar LA  LEY, 2013-B, 112; LA  LEY, 2013-B, 467, la demandada, ordenando su supresión.
situación. su solvencia económico-financiera sea eli- con nota de DRUCAROFF AGUIAR, Alejan-
minada de las bases de datos o difundida dro; JA del 24/04/2013, p. 83; LA  LEY, 2013- CNCom., sala E, 05/06/2012, “Domínguez,
ST Santiago del Estero, sala Civ. y Com., —art. 26—, con el objeto de que el indivi- C, 174, con nota de SLAIBE, María Eugenia; Felipe L. c. COMAFI Fiduciario Financiero s/
14/04/2015, “S., O. S. c. BBVA Banco Francés duo no quede sujeto indefinidamente a una AR/JUR/77/2013. amparo”, AR/JUR/14294/2008.
SA s/ daños y perjuicios — casación civil”, indagación sobre su pasado, en tanto ello
AR/JUR/20675/2015. podría dar lugar a una suerte de inhabili- 8. El art. 26, punto 4, de la ley 25.326 dis- III. Doctrina
tación del deudor y a la consiguiente impo- tinguió la situación de aquellos deudores
2. La acción de habeas data que persigue sibilidad de reingreso al circuito comercial que no han cancelado sus deudas (en cuyo 1. SLAIBE, María Eugenia, “El derecho al
la supresión de anotaciones personales con- (de la doctrina de la Corte sentada en “Ná- caso el plazo será de 5 años), de los que sí olvido en la información crediticia”, LA  LEY,
tenidas en la lista de deudores morosos con poli, Carlos A.” —Fallos 334:1327— a la cual lo han hecho (supuesto en que el plazo se 2013-C, 174; AR/DOC/1086/2013.
fundamento en la falsedad de la información remite). reduce a 2 años), a efectos de suprimir la
es improcedente, pues para su admisión se información de las bases de datos, con to- 2. DRUCAROFF AGUIAR, Alejandro, “De-
requiere del dato objetivo de una informa- CS, 05/02/2013, “Y., D. G. c. Citibank NA tal independencia de que con relación a los recho al olvido: entre las precisiones juris-
ción falsa registrada en un archivo que afec- s/ sumarísimo”, LA  LEY del 28/02/2013, 7; primeros pueda perseguirse el cobro de la prudenciales y las imprecisiones administra-
te la actividad de una persona, lo cual, en el LA  LEY, 2013-B, 112; LA  LEY, 2013-B, 467, acreencia mientras la obligación sea jurí- tivas en la información crediticia”, LA  LEY,
caso, no ha sido suficientemente acreditado. con nota de DRUCAROFF AGUIAR, Alejan- dicamente exigible, razón por la cual debe 2013-B, 467; AR/DOC/1238/2013.
dro; JA del 24/04/2013, p. 83; LA  LEY, 2013- confirmarse la sentencia que hizo lugar
CCiv. y Com. Pergamino, 15/04/2013, “Gui- C, 174, con nota de SLAIBE, María Eugenia; al habeas data tendiente a que se cancele 3. MASCIOTRA, Mario, “El derecho al ol-
detti, Rubén D. c. Fideicomiso Diagonal y AR/JUR/77/2013. la información referente al actor, califi- vido. Reparación del daño ante su violación”,
otros s/ habeas data”. cándolo como deudor incobrable —clase RCyS 2012-IX, 83; AR/DOC/4389/2012.
6. Del texto del art. 26 de la ley 25.326 no 5— cuando operó respecto de él el plazo
3. El “derecho al olvido” pretende evitar resulta —ni puede inferirse de su génesis— de caducidad de la ley citada y su decreto 4. MOLINA QUIROGA, Eduardo, “Plazo
que el individuo quede “prisionero de su pa- que el plazo de 5 años para que los datos reglamentario (de la doctrina de la Corte de conservación de los informes crediticios.
sado” y pueda “volver a empezar” cuando ha significativos para evaluar la solvencia sentada en “Nápoli, Carlos A.” —Fallos Derecho al olvido y la interpretación de la
transcurrido un lapso prudencial de tiempo económico-financiera de quienes no han 334:1327— a la cual remite). Corte Suprema de Justicia argentina”, RCyS
desde que se registró la situación negativa de cancelado su deuda no sea mantenido en las 2012-III, 33; AR/DOC/62/2012. l
su condición financiera. bases ni difundidos y que deba quedar pos- CS, 05/02/2013, “Y., D. G. c. Citibank NA
puesto mientras la deuda sea exigible por s/ sumarísimo”, LA  LEY del 28/02/2013, 7; Jorge A. Diegues
CNCom., sala A, 20/03/2013, “Campos, Gui- no haberse operado a su respecto la pres- LA  LEY, 2013-B, 112; LA  LEY, 2013-B, 467,
llermo O. c. Equity Trust Company (Argenti- cripción, dado que la intención del legisla- con nota de DRUCAROFF AGUIAR, Alejan- Cita on line: AR/DOC/239/2018
na) SA s/ ordinario”, AR/JUR/12786/2013. dor fue consagrar un plazo más breve que dro; JA del 24/04/2013, p. 83; LA  LEY, 2013-
el originariamente propuesto, respondien-
4. La interpretación que mejor se com- do al propósito de hacerlo coincidir con el
padece con el texto de la ley 25.326 y con plazo de prescripción (de la doctrina de la
la intención del legislador al momento de Corte sentada en “Nápoli, Carlos A.” —Fa-
su sanción es la que propugna que el plazo llos 334:1327— a la cual remite).
{ NOTAS } MONTOYA HENAO, ISABEL CRISTINA s/ 731, Piso 4°, de esta Ciudad, hace saber que beneficio podrá hacerlo saber a través del
SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. ISABEL CRISTINA MONTOYA HENAO, D.N.I. Ministerio Público, dentro del plazo de quince
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en N° 94.750.127, de nacionalidad colombiana, días. Publíquese por dos días en “LA  LEY”.
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) crediticias”, LA  LEY del 10/05/2012, 7, y contiene una lo Civil y Comercial Federal N° 3, a cargo del ha solicitado la declaración de la “Ciudadanía Buenos Aires, 7 de febrero de 2018
(*) El presente trabajo constituye la actualización síntesis de la jurisprudencia recaída con posterioridad Dr. Roberto R. Torti, Secretaría N° 6, a cargo de argentina”. Cualquier persona que conozca María Florencia Millara, sec. fed.
del anterior “El derecho al olvido en las informaciones a mayo de 2012. la Dra. María Florencia Millara, sito en Libertad algún impedimento para la concesión de dicho LA  LEY: I. 02/03/18 V. 02/03/18
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Preguntas ENTE Contestadas (Corregidas)

References: de lege ferenda
 resolución 
 artículo 14
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