Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79875
Timestamp: 2018-07-16 00:57:25+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/3SPO-109/79875
EN LA LXIII LEGISLATURA.
Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL CÁRDENAS FONSECA, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y ERNESTO RUFFO APPEL, senadores en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, de acuerdo a lo siguiente:
La capacidad para emprender y competir en los mercados es fundamental para la creación de empleos y la oferta de mejores y más baratos bienes y servicios a las familias. Por ello, en México, es importante garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, no sólo por los beneficios que de éstas derivan, sino también por ser un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna.
Desafortunadamente, la capacidad para emprender un negocio en nuestro país se ve constantemente limitada por un marco regulatorio que inhibe la libre competencia y concurrencia en nuestros mercados.
Desde su creación en 1993, la Comisión Federal de Competencia (CFC, hoy convertida en Comisión Federal de Competencia Económica) ha ganado autonomía y la sociedad mexicana ha comenzado a abrazar una cultura de la competencia. Hoy en día, los ciudadanos entienden los beneficios que una economía abierta y la competencia les traen como consumidores, y asimismo, se han hecho conscientes de los efectos negativos que la falta de ésta les trae a su vida cotidiana.
En su labor de más de 20 años, la Comisión ha combatido y castigado prácticas monopólicas, ha prevenido concentraciones anti-competitivas y ha participado en diversos procesos donde protegió la competencia y libre concurrencia en los mercados.
Sin embargo, la labor de la Comisión siempre se ha encontrado limitada, debido a que la legislación en materia de competencia se ha centrado en atacar las consecuencias y no las causas de la falta de competencia económica en los mercados. La Comisión tiene mucho poder y diversas herramientas para combatir las prácticas monopólicas, pero apenas tiene facultades y apenas destina recursos a promover un entorno regulatorio competitivo.
La incapacidad de la Comisión para actuar en contra de aquellas regulaciones que inhiben la competencia en los mercados, no sólo ha afectado a los consumidores y emprendedores mexicanos, sino también nos ha restado competitividad como nación. Año con año el Banco Mundial elabora su índice Doing Business, el cual mide la calidad y la eficiencia del marco regulatorio, y como éste facilita o restringe la actividad empresarial en un país. Para el año 2018 México se encuentra posicionado en el lugar 49 del ranking elaborado para 190 países.
La posición de México en el ranking se explica por su desventaja competitiva con respecto al gran número de trámites que las empresas deben enfrentar y el costo que estos representan para nuestros emprendedores a la hora de abrir una empresa. En nuestro país existen aproximadamente 130 mil trámites, lo que representa un 30% más que el promedio de la OCDE, además, el costo que estos trámites representan llegan a ser hasta de un 500% más alto.
Todo lo anterior tiene un efecto negativo en la competitividad de nuestro país, ya que en el momento de la toma de decisión de un emprendedor para iniciar un negocio, éste puede verse desincentivado por el gran número de barreras regulatorias indebidas que existen.
Por otra parte, de acuerdo con el Índice Global de Innovación 2017 que elabora en conjunto la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual; nuestro país se encuentra en el lugar 58 de 128 países que mide el ranking, por debajo de países como Chile y Costa Rica; y a pesar de que el acto de innovar, depende de un gran número de factores causales, la competencia o la falta de ella, es uno de los factores determinantes que explican la cantidad de innovaciones que suceden en un mercado.
Los mediocres resultados de México en distintos estudios internacionales, como anteriormente se ha mencionado, se debe a que en muchas ocasiones las autoridades gubernamentales impulsan políticas públicas indebidas que atentan directamente en contra de la libre competencia y concurrencia en los mercados.
Las barreras regulatorias no solo evitan que muchos emprendedores puedan entrar en los mercados. También provocan que empresas ya establecidas no puedan crecer. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), el exceso de trámites gubernamentales e impuestos altos son la principal causa por las que las pequeñas y medianas empresas no crecen.
En esto coinciden economistas, en su artículo “La tramitología y la corrupción” [*] Valeria Moy reflexiona sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE, 2017) que hace una estimación conservadora de los costos que tienen el exceso de trabas gubernamentales y cómo estos se traducen en fuertes incentivos para la corrupción:
“Los costos monetarios que asumieron las unidades económicas privadas en la realización de trámites en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, aproximadamente 0.56 por ciento del PIB nacional.
En promedio, cada unidad gastó 48 mil 871 pesos por trámites administrativos el año pasado. […] En cuanto al número de trámites que hay que hacer, observamos que a nivel nacional se hicieron 76.5 millones de trámites, 19.5 por cada unidad económica en promedio. Recurriendo de nuevo a las bases de datos del Banco Mundial, en particular a su índice Doing Business, México empeoró en lo referente a la tramitología. […]
Para obtener electricidad en la Ciudad de México, una unidad económica tiene que hacer siete procedimientos que le llevarán 112 días. Peor que el promedio de la OCDE con 4.8 trámites y 76 días. […]
Recuerdo campañas de simplificación administrativa. Tendríamos que ir más allá. Cada trámite extra, cada copia que te piden, cada documento adicional abre la puerta a más corrupción. […]”
En definitiva, todas estas trabas que imponen los gobiernos tienen como consecuencia una economía con baja competencia donde priman los oligopolios. Por una parte, las regulaciones suponen un enorme costo fijo que sólo pueden asumir las grandes empresas ya establecidas. Por otra, las regulaciones muchas veces imponen un modelo de negocio determinado que prohíbe de manera efectiva el desarrollo de innovaciones.
Los principales afectados de lo anterior son los consumidores. Pues estas regulaciones inhiben la oferta, elevan costes y muchas veces imponen un modelo único de hacer las cosas. El resultado es una menor variedad y cantidad de bienes y servicios, precios más altos y sobre todo una menor innovación.
Los mexicanos somos profundamente emprendedores. No hay más que ver las salidas innovadoras que millones buscan en la economía informal o los grandes éxitos que tienen nuestros paisanos que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Quienes legislamos y quienes regulamos somos responsables de haber expulsado todo ese talento al extranjero y a la informalidad. Es imperativo que dejemos de desaprovechar ese potencial emprendedor.
Estas iniciativas buscan revertir esta situación. Se trata de enfocar los esfuerzos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es el momento de darle prioridad al combate contra las regulaciones que inhiben la competencia y que crean barreras indebidas.
Es imperativo empoderar a los ciudadanos y reconocer su derecho a la libre competencia y concurrencia. Para ello, estas iniciativas los pone en el centro y les da la capacidad de denunciar las barreras que atentan contra este derecho.
Objeto de las iniciativas
Las presentes iniciativas tienen por objeto completar el mandato de la política de competencia en México mediante lo siguiente:
Empodera al emprendedor y al consumidor
Las iniciativas convierten al consumidor y al emprendedor en protagonistas de la política de competencia.
Frente al lento proceso de reformas liberalizadoras, estas iniciativas buscan detonar la libre competencia y concurrencia en todos los mercados. Ahora, serán los ciudadanos en su carácter de consumidores y emprendedores quienes podrán denunciar la existencia de regulaciones que inhiban la competencia para que estas sean eliminadas.
Desarrolla las facultades de la Cofece.
Las iniciativas otorgan facultades a la Cofece para remover barreras a la competencia. Con lo anterior, estas iniciativas busca resolver el déficit existente entre la Constitución y la Ley.
La reforma constitucional en materia de competencia y telecomunicaciones de 2013, señala explícitamente, que la Cofece tendrá entre sus facultades el “ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.” Sin embargo, la Ley no le permite hacerlo cuando estas barreras son impuestas por alguna autoridad gubernamental.
Complementa iniciativas de reforma.
Asimismo, se reconocen los esfuerzos de otros legisladores cuyas propuestas complementan de manera efectiva el esfuerzo de desregulación y fomento a los emprendedores.
Por un lado, la propuesta de reforma Constitucional presentada el día 30 de marzo del 2016 por la Diputada Lorena Corona Valdés ante el pleno de la H. Cámara de Diputados. En esa iniciativa con “Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos h) e i) y se adiciona el j) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” se propone dar facultades a la Cofece para ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el ejecutivo y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados.
Desafortunadamente, esta iniciativa fue desechada en la Cámara de Diputados y por ello la iniciativa de reforma Constitucional que aquí se presenta retoma el contenido y objetivo de la misma. Así, tanto la iniciativa de la Diputada Corona como esta facultarían a la Cofece para ejecutar pare presentar acciones de inconstitucionalidad contra regulaciones que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia.
Por otro lado, la propuesta de reforma para expedir la Ley General de Mejora Regulatoria, dictaminada y aprobada por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Senadores el 15 de marzo del 2018.
En estas iniciativas se establece que todos los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezcan la ley general en la materia. La nueva Ley de Mejora Regulatoria obliga a las diferentes autoridades a catalogar y justificar sus regulaciones y permite a los ciudadanos tener la certeza de que no les aplicará ninguna regulación que no esté publicada.
Guía de la Cofece
La Cofece es consciente de este problema. En 2016, público “la Guía para la Evaluación de la Regulación desde la Óptica De Competencia” [*] donde señala que:
Los obstáculos a la competencia impuestos por el propio Estado son particularmente nocivos, pues suelen generar daños transversales de manera prolongada, en ocasiones de difícil o imposible reparación. Es por ello que resulta fundamental detectar y corregir, de manera oportuna, los riesgos a la competencia asociados a los proyectos de regulación.
En esta guía se señalan algunos de los problemas generados por las regulaciones más persistentes y que se retoman en las presente iniciativas. De manera particular, la Cofece agrupa las barreras regulatorias entre aquellas que:
Limitan el número de empresas en los mercados;
Inhiben la capacidad o aptitud de los proveedores para competir;
Limitan las opciones e información disponibles para los consumidores, y
Reducen los incentivos de las empresas para competir.
Asimismo, durante su comparecencia en octubre de 2016, la titular del pleno de la Cofece ha externado frente al pleno de la H. Cámara de Senadores, que a su juicio, lo que más daña el funcionamiento de nuestros mercados son las barreras regulatorias que se crean desde las legislaciones federales, estatales o municipales, que en ocasiones, bajo el argumento de proteger la industria, construyen espacios de privilegio que afectan a miles de consumidores.
En el mismo sentido, el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece ha señalado que restricciones que aparecen en forma de supuestos requisitos sanitarios impuestos por los estados a la introducción o salida de productos agropecuarios, las reglas de transporte público, desarrollo urbano, y requisitos para el ejercicio de diversas profesiones que se disfrazan de regulación “del orden”, resultan en problemas graves para el comercio interno…quizá este problema amerita considerar con seriedad la posibilidad de que la Cofece pueda, además de sus facultades actuales, interponer Acciones de Inconstitucionalidad directamente, como se ha propuesto recientemente en el Congreso.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, si bien no tiene precedentes en México, retoma experiencias internacionales exitosas. En otras jurisdicciones, las autoridades de competencia están facultadas para intervenir frente a aquellas regulaciones que imponen barreras indebidas a la competencia.
Los Tratados de la Unión Europea facultan a la Comisión Europea para intervenir en las regulaciones de los estados miembros que atentan contra el mercado común, que protegen a determinadas empresas de la competencia o que dan ventajas exclusivas.
De igual forma, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado de España (2013), de la cual estas iniciativas retoman diversos aspectos, garantiza diversos derechos para emprender y competir en todo el territorio nacional. La Ley impide que las empresas se vean sometidas a barreras regulatorias en las diferentes Comunidades Autónomas. Asimismo, permite a los emprendedores afectados por una regulación, denunciarla ante las autoridades correspondientes. En este sentido, la autoridad de competencia española puede, recurrir las regulaciones y suspenderlas de manera provisional.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica comprende lo siguiente:
Reafirma el derecho de los agentes a competir y concurrir libremente en los mercados.
Implementa un procedimiento mediante el cual el ciudadano, la Comisión y las autoridades responsables pueden colaborar para eliminar regulaciones anti-competitivas.
Implementar procedimientos judiciales mediante los cuales estas regulaciones se pueden recurrir, suspender provisionalmente y, en su caso, eliminar.
Por su parte la iniciativa de reforma Constitucional otorga a la Cofece la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra regulaciones en los tres órdenes de gobierno que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 12 y 57 y se adicionan artículos 4 bis, 95 bis y 95 bis 1 a la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:
Artículo 4 bis. Los agentes económicos y consumidores tienen derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados. El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional y sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y lo dispuesto en la Constitución.
Las disposiciones emitidas por cualquier Autoridad Pública deben garantizar la igualdad de derechos de los agentes económicos a entrar, concurrir y competir libremente en todos los mercados del territorio nacional, sin discriminación alguna.
Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
XIX. Garantizar la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos;
XX. Garantizar, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los principios de libre concurrencia y competencia económica;
Artículo 57. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, a través de los procedimientos previstos en esta Ley.
Se consideran barreras indebidas y contrarias al derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados cualquier actividad, acto o disposición de carácter general emitida o en proceso de ser aprobada o emitida por cualquier Autoridad Pública que cumplan con las siguientes condiciones:
I. Que impidan o puedan impedir el acceso de competidores, o limiten o puedan limitar su capacidad de competir en los mercados. Y de manera particular aquellas que tengan como objeto o efecto:
a. Otorgar derechos especiales o ventajas exclusivas a agentes económicos determinados para prestar servicios u ofrecer bienes;
b. Establecer procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para ejercer una actividad;
c. Crear esquemas preferenciales en compras de gobierno para beneficiar a agentes económicos determinados;
d. Establecer requisitos técnicos, administrativos o económicos para que los agentes participen en los mercados;
e. Establecer condiciones o delimitar áreas geográficas u horarios para ofrecer bienes y servicios;
f. Impedir el acceso a una actividad económica en el territorio nacional a cualquier agente económico que cumpla todos los requisitos para acceder a esa actividad en su lugar de origen;
g. Imponer canales exclusivos o tipos de establecimientos para la venta o distribución de bienes y servicios;
h. Establecer normas o reglas de calidad para los bienes y servicios;
i. Determinar el uso obligatorio de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología en particular, o de algún producto o servicio determinado;
j. Restringir la capacidad de los agentes de innovar u ofrecer nuevos productos;
k. Establecer o influir en la determinación de precios máximos, mínimos, tarifas o, en general, cualquier mecanismo de control de precios o cantidades de bienes y servicios;
l. Eximir del cumplimiento de normas o regulaciones a empresas determinadas en perjuicio de sus competidores,
m. Dificultar a los consumidores cambiar de proveedor o compañía, y
n. Limitar la información ofrecida a los consumidores.
II. Que no sean estrictamente necesarias para alcanzar un fin de política pública válido,
III. Que no cuenten con alternativas menos restrictivas para alcanzar dicho fin, y
IV. Que no sean idóneas para alcanzar dicho fin.
Artículo 95 bis. Los Agentes Económicos y consumidores, así como sus representantes, que entiendan que se han visto afectados o se puedan ver afectados por barreras indebidas a la competencia podrán dirigir una denuncia a la Comisión, para lo cual se estará al siguiente procedimiento:
I. La Comisión, con previo análisis de la denuncia, determinará si se trata de una actuación que pueda suponer una barrera indebida a la competencia.
II. Si la Comisión considera que no existe una barrera indebida a la competencia deberá desecharla en el plazo de 10 días a partir de que recibió la denuncia. En este caso, la Comisión deberá publicar e informar al agente los motivos por los cuales desecha la denuncia entre los que debe señalar que:
a. No se trata de una barrera a la competencia, o
b. La barrera a la competencia persigue un fin de política pública válido, no cuenta con alternativas menos restrictivas para lograr dicho fin y es idónea para alcanzar dicho fin.
III. Si la Comisión considera que lo hechos contenidos en la denuncia puedan suponer una barrera indebida a la competencia deberá emitir una resolución dirigida a la autoridad responsable que contenga motivos por los cuales considera que existe una barrera indebida a la competencia y donde se solicite a la autoridad responsable tomar medidas al respecto. La Comisión tendrá un plazo de 20 días a partir de que recibió la denuncia para hacer pública la resolución e informar al agente económico.
IV. Transcurridos 20 días desde que recibió la información por parte de la Comisión, la autoridad responsable publicará a e informará a la Comisión y al agente económico las medidas concretas que se hayan adoptado para dar solución a la barrera denunciada.
V. De no recibir respuesta en el citado plazo, la denuncia se entenderá desestimada por parte de la autoridad responsable. Al día siguiente, la Comisión publicará e informará al Agente Económico de que su denuncia fue desestimada.
VI. Si el denunciante, a la vista de la decisión de la autoridad responsable, no se considera satisfecho, podrá solicitar a la Comisión que inicie los procedimientos establecidos en el artículo 95 bis 1 de esta Ley.
VII. El procedimiento previsto en el presente artículo es de carácter alternativo. El Agente Económico podrá interponer, de manera adicional y en todo momento, los recursos que a su juicio considere oportunos.
Artículo 95 bis 1. La Comisión está facultada para recurrir las barreras indebidas a la competencia ante los tribunales especializados en materia de competencia económica conforme a lo siguiente:
I. La Comisión podrá actuar de oficio y deberá actuar a solicitud de los agentes económicos y consumidores que se consideren afectados, en los términos del artículo 95 bis.
II. La Comisión podrá solicitar en su recurso la suspensión de la barrera impugnada, así como cualquier otra medida cautelar.
III. Solicitada la suspensión del acto o disposición impugnados, y una vez admitido el recurso, ésta se concederá de forma automática. La autoridad responsable cuya actuación se haya recurrido podrá solicitar en el plazo de tres meses el levantamiento de la suspensión, siempre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros que el tribunal ponderará.
Formulada la solicitud de levantamiento de la suspensión se dará traslado de la misma a la Comisión para que, en el plazo de 10 días, realice los alegatos que considere oportunos.
Evacuado el anterior trámite, el tribunal resolverá lo que estime procedente en los 5 días siguientes.
IV. La Comisión publicará la información relativa a los recursos interpuestos y las peticiones recibidas.
Segundo. La Comisión deberá adecuar su Estatuto Orgánico y demás disposiciones regulatorias a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor. En tanto se efectúe la adecuación, se continuará aplicando el Estatuto Orgánico y demás disposiciones regulatorias vigentes al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que no se oponga a éste.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 4 de abril de 2018
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica
[*] El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-tramitologia-y-la-corrupcion.html
[*] https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Guia_EvaluacionRegulacion__vonline_170516.pdf
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79875

References: artículo 8
 artículo 105

Artículo 4

Artículo 12

Artículo 57

Artículo 95
 resolución 
 resolución 
 artículo 95

Artículo 95
 artículo 95