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Timestamp: 2017-02-20 18:11:22+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNews & MagazinesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseEl Contenciso TributarioRafael Badell Madrid Conjuez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Profesor de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello Universidad Central de Venezuela Sumario: I. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO II. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO COMO PARTE DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO III. AMBITO DE APLICACION DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO A. Ambito de aplicación objetivo B. Ambito de aplicación subjetivo IV. BREVE REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO A. Aspectos generales de aplicación a los procedimientos administrativos B. Del procedimiento de repetición de pago 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Efectos de la sentencia C. Del procedimiento de recuperación de tributos 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Efectos de la sentencia D. De las consultas tributarias 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Efectos de la consulta E. Del Recurso Jerárquico 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Sustanciación del recurso 4. Efectos del recurso F. Del Recurso de Revisión 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia ______________ V. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTEMPLADOS EN EL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO A. El Recurso Contencioso Tributario 1. Naturaleza Jurídica 2. Del objeto del recurso 3. Actos impugnables 4. Legitimación
en atención al carácter especial del contencioso tributario. Ahora bien. del ejercicio de potestades administrativas ejercidas por el Fisco. el régimen de impugnación de los actos administrativos dictados por la Administración Tributaria. Para Brewer Carias. remitir de inmediato todas las actuaciones al Tribunal. que conforman. y su entrada en vigencia en el año 1983. retrotrajo al país a la época de empezar el aprendizaje del contencioso fiscal. Desde entonces. que agotaba la vía administrativa. a los cuales sólo se les aplicaba ese Código en relación a la obligaciones legales de índole pecuniaria establecidas a favor de las personas jurídicas no estatales. para resolver los conflictos surgidos entre la Administración y los administrados. este proceso consagrado en el artículo 259 y siguientes del COT y que tuvo como antecedente más cercano la figura del contencioso fiscal. en lo concerniente al contencioso de los tributos. 1978 y 1981 conservaron en términos generales el sistema de la Ley de 1966. la Administración tenía un plazo cierto de ciento veinte (120) días para revisar al acto antes de enviarlo al tribunal. Así. en especial. los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa tienen la competencia para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. cuando en Venezuela se dio un paso decisivo en la unificación del derecho tributario. Si no se hubiere interpuesto antes el recurso de reconsideración. II. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. está en la posibilidad abierta constitucionalmente a los particulares de poder someter los actos. Las decisiones dictadas por esos Juzgados Superiores serían apelables ante la Corte Suprema de Justicia. quedó establecido en un instrumento que no se circunscribió al impuesto sobre la renta sino a todos los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos. la jurisdicción contencioso tributaria ha sido descentralizada. con excepción de los tributos aduaneros. Está reforma. categorías y conceptos jurídicos que se proyectan sobre todo el derecho. sujetas al control jurisdiccional. incluso por desviación de poder. el antecedente más cercano al recurso contencioso tributario actual. consecuencia del Estado de Derecho. En primer lugar. podía interponerse el recurso contencioso fiscal para ante los Tribunales del Impuesto sobre la Renta. en virtud de que el accionante considera que un acto administrativo es ilegal o ilegítimo. En efecto. en criterio de Ramírez Murzi. definitivamente. La propia denominación del contencioso administrativo indica de qué se trata. el artículo 259 de la Constitución consagra con rango constitucional la jurisdicción contencioso administrativa. es sin duda. de manera similar.[2] El recurso contencioso fiscal. acciones y procedimientos especiales que en definitiva acogen la especificidad de las actividades de la Administración. hechos y actuaciones de la Administración a control por órganos judiciales especializados. prevista en el artículo 259 de nuestra Carta Fundamental. se modificó sustancialmente el régimen de control de los actos de la Administración Tributaria.[5] es correcta la afirmación de Luis María Cazorla en cuanto a que el Derecho Financiero y Tributario. una sub-especie del proceso contencioso administrativo. con motivo de la actividad desplegada por aquélla en el ejercicio de sus funciones. el cual debía ser interpuesto ante la Administración General a través de la Administración Seccional que lo originó. este recurso gozó de los siguientes peculiaridades [3]: (i) el recurso debía ser interpuesto ante la Administración y era ésta quien admitía o no dicha acción. En efecto. dando lugar así a los denominados contenciosos especiales. Considerando los tres elementos que pueden determinar la autonomía científica de una rama del derecho expuestos por el profesor Rodríguez Bereijo. la garantía del principio de la legalidad aplicado a la Administración Pública. en lo siguientes términos: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley.
. es por su naturaleza un proceso contencioso administrativo. en tanto disciplina jurídicas autónomas. incluso por desviación de poder. pues perdía la posibilidad de decidir y debía entonces. es importante hacer referencia a la autonomía que caracteriza al Derecho Tributario.[6] Por ello la determinación y recaudación de los tributos se alimenta de conceptos del derecho administrativo. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO COMO PARTE DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El proceso contencioso tributario es. las sucesivas reformas incluyendo el vigente Código Orgánico Tributario de 2001 han conservado. Este sistema está integrado por tribunales.Con la entrada en vigencia de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1966. Esta norma establece una jurisdicción especial. que era optativo. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. de allí que se encuentre enmarcado en el ámbito especial de su competencia gozando de todas las características de aquel. Sin embargo. que da solución a una controversia planteada a nivel jurisdiccional[4]. En efecto. En segundo término. distinta de la jurisdicción ordinaria. el artículo 224 de ese Código dispuso la creación de 8 Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario. puesto que se trata precisamente. o porque una actividad administrativa lesiona los derechos subjetivos o intereses personales de un particular. contra la decisión del referido recurso de reconsideración. la denominada"jurisdicción contencioso-administrativa". La característica esencial de este Código radicó en que el régimen jurídico de la revisión de los actos de contenido tributario en la vía administrativa y de impugnación de las actuaciones u omisiones de la Administración Tributaria en vía judicial. en Sala Político-Administrativa. una controversia con la Administración. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos. (iii) la materialización del silencio suponía una incompetencia sobrevenida en razón del tiempo para la Administración. (ii) existía una especie de silencio administrativo negativo para el caso de que la Administración no se pronunciare dentro de los ciento veinte (120) días señalados con respecto a la reconsideración. Tal y como lo afirma Fraga Pittaluga. Conforme a esta disposición. en el caso venezolano. como lo es el contencioso tributario. el contencioso administrativo es una contención. no es sino hasta la promulgación del primer Código Orgánico Tributario en 1982. se instituyó el recurso de reconsideración en vía administrativa contra el acto de liquidación fiscal. Las Leyes de Impuesto sobre la Renta de 1975. y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. Posteriormente a ello y con ocasión de la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994. se encuentran plenamente zambullidos en un conjunto de normas.
en la necesidad del expediente administrativo. tal y como se expreso ut supra. ya que en tanto proceso especial goza de las mismas características del contencioso administrativo de anulación. el COT contempla las regulaciones generales aplicables a los tributos y las relaciones jurídicas que de ellos emanen. participa de algunos momentos de naturaleza muy semejante al de plena jurisdicción.determinen tributos.el contencioso de la imposición es sin discusión un contencioso de plena jurisdicción”. en la utilización de la noción básica de acto administrativo y de sus elementos. vinculado a la situación estatutaria en que se encuentra el contribuyente. especial relevancia reviste la caracterización del contencioso tributario como un procedimiento esencialmente subjetivo.”. ya que permite al juez la corrección de irregularidades que no hayan sido alegadas por las partes en virtud del principio del control de la legalidad. Parte de la doctrina afirma que el proceso no es un litigio inter-partes ya que la finalidad del mismo es observar la legalidad de los actos emanados de la Administración Tributaria impugnados por el recurrente sin que se pretenda el resarcimiento de la situación jurídica lesionada. reconoce el propio Trotabas que el carácter objetivo del contencioso tributario.. En tal sentido. Cuando este estatuto legal o reglamentario es examinado por el juez fiscal. De allí que deba afirmarse el contencioso tributario venezolano sea esencialmente subjetivo. Prueba de ello es que ese recurso. los procedimientos contenciosos tributarios encuentran previsión expresa en el Código Orgánico Tributario. Afirma Jarach que “el proceso tributario se caracteriza en general. las obligaciones tributarias y las pretensiones correspondientes al fisco.. la autonomía de esa rama del derecho. en la invocación de la presunción de legitimidad del acto administrativo. puesto que es siempre de naturaleza objetiva. no distingue entre el contencioso de nulidad y el de plena jurisdicción...[13] En nuestro criterio. no puede afirmarse que el contencioso tributario sea esencialmente objetivo.el contribuyente se encuentra en una situación jurídica general e impersonal cualquiera que sea la naturaleza del impuesto al cual está sometido. no es absoluto y admite atemperación. en cualquier otro caso debe entenderse que la aplicación del COT es supletoria. puesto que controla el ejercicio del poder de la Administración Tributaria... aun más allá de las alegaciones y probanzas de las partes.el contencioso fiscal es en sí mismo un contencioso objetivo.[7]” Sin embargo. de allí que afirme que “. modificación o sustitución”. como un sistema procesal con amplias atribuciones del juez para llegar a determinar las reales situaciones jurídicas sustantivas. No puede dejar de considerarse que nuestro sistema de impugnación de actos administrativos. o tiende a caracterizarse superando concepciones jurídicas adversas.” De forma concordante Ilse Van Der Velde ha sostenido que el recurso contencioso tributario debe considerarse como un “recurso ordinario y autónomo que participa de la naturaleza del Recurso Contencioso Administrativo de anulación y del recurso de plena jurisdicción por cuanto. el autor francés Phileppe Bern contradice de forma categórica el criterio expuesto por Trotabas afirmando que “. porque cae al fondo del proceso[12].
. (iv) es procedimental. pero debe ser tratado en cuanto al procedimiento como un contencioso de plena jurisdicción. En efecto. AMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO El estudio del contencioso tributario en Venezuela ha de realizarse sobre la base del análisis de las disposiciones del Código Orgánico Tributario (COT). A. la caracterización de este procedimiento como subjetivo. a diferencia de otros sistemas como el francés. Sin embargo. puesto que está previsto directamente en la Constitución. incluyendo aquellos tributos determinados por administraciones tributarias extranjeras cuya recaudación sea solicitada por la República. en virtud de la particularidad de las normas que lo componen y por último. tal y como lo afirma Gabriel Ruan Santos. no sólo deviene de la facultad que tiene el juez contencioso tributario de decidir sobre el fondo de la controversia planteada sino en el poder de reestablecer las situaciones jurídico subjetivas que pudieron haber sido lesionas por el acto de la Administración Tributaria cuya nulidad se pretende.. el Juez Contencioso Tributario no sólo se limita a anular el acto impugnado (de ser procedente) sino que entra a conocer y decidir el fondo del asunto y. toda vez que éste es el genero y aquél es la especie. las cuales prevén los procedimientos aplicables a las controversias que se deriven de la relación tributaria. Ahora bien. Municipios y demás entes de la división político territorial.. en relación a los tributos aduaneros. este predominio de caracteres comunes coincide únicamente en el aspecto adjetivo del derecho tributario. cualquiera que sea.el recurso contencioso tributario. reforma. (vi) es subjetivo. ya que no sólo regula la legalidad de los actos. Ambito de aplicación objetivo El Código Orgánico Tributario aplica a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos.[11] Similar criterio expone Marco Ramírez Murzi quien considera que “. esto es. (v) es especializado. Adicionalmente. con la salvedad de que la potestad tributaria de esos entes político territoriales para la creación.. en los poderes inquisitivos del juez y.. procede contra los actos de la Administración Tributaria que “. sino que es capaz de resarcir las situaciones jurídico subjetivas que han sido lesionadas.
III. de conformidad con los artículos 259 y 242 del COT. el COT es aplicable en forma supletoria a los tributos de los Estados.. apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo personal y directo” (énfasis añadido). (iii) es inquisitivo. si bien emana del recurso de anulación. la tendencia de la doctrina ha calificado al procedimiento contencioso administrativo como un juicio objetivo al acto cuya nulidad se pretende.[10]” No obstante. a los recursos administrativos y judiciales. (ii) es controlador.”[8] Por su parte. otorgando siempre al juez la posibilidad de restituir tanto los derechos subjetivos como los intereses legítimos personales y directos que hayan sido lesionados por una actuación administrativa. Trotabas considera que “. a la determinación de intereses y en lo relativo a las normas para la administración de tales tributos. en los efectos del fallo. el COT sólo será aplicable en lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones..que se manifiesta en “el examen judicial de actuaciones que concretan el ejercicio de potestades administrativas. a saber: (i) es de rango constitucional. así ordena su anulación. ya que en el aspecto sustantivo se consolida. existe un predominio de caracteres común entre el sistema y el subsistema –el contencioso administrativo y el contencioso tributario. el juez tiene por misión apreciar la legalidad fiscal y no pronunciar decisión sobre derechos subjetivos.Concluimos entonces que el contencioso tributario forma parte del contencioso especial. modificación. Asimismo.[9] Sin embargo. Asimismo. con expresa restricción de los tributos aduaneros cuya regulación se encuentra prevista en la Ley Orgánica de Aduanas. de allí que goce de las características esenciales que la doctrina ha reconocido al contencioso administrativo general.
corresponderá a la Administración Tributaria impulsar de oficio el procedimiento. algunos de ellos derivan de las facultades y atribuciones reconocidas a la Administración Tributaria y cuya función es la determinación o fiscalización de las obligaciones de los contribuyentes. de las potestades ejercidas por la Administración Tributaria. la República. Ahora bien. A su vez. en cuanto al sujeto activo de la obligación tributaria. exoneraciones. Por último. el ente público que demanda una obligación tributaria. Ahora bien. Adicionalmente. artículo 211 y siguientes. En cuanto a las regulaciones generales aplicables a los procedimientos administrativos. En cuanto al régimen de las notificaciones previsto en el COT. el cual contempla el principio general de notificación en materia administrativa. el procedimiento de verificación. encontramos el procedimiento de recaudación en caso de omisión en las declaraciones. El término de pruebas será fijado en cada caso concreto en atención a la complejidad e importancia del asunto. (ii) a través de constancia escrita o (iii) por correspondencia. cuando ello implique la prueba confesional de la Administración. En relación al régimen probatorio previsto en el artículo 156 y siguientes del COT. a saber: (i) personalmente. los Estados y los Municipios). (vid. Asimismo. en sede administrativa. B. representantes y abogados asistentes. será ejercido por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomía que le sean otorgadas. Si bien es cierto que la redacción de este artículo nos lleva a pensar en la obligación de pago derivada del acaecimiento del hecho imponible. las distintas entidades político-territoriales que ejercen sus potestades tributaras (i.[14] En virtud de lo anterior. el COT prevé en términos análogos al artículo 59 de la LOPA que el expediente administrativo podrá ser consultado por los interesados. al procedimiento de consulta tributaria. de conformidad con la Constitución y demás leyes. B. surtiendo efecto el día hábil siguiente. en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley”. tales notificaciones podrán ser efectuadas en tres formas distintas. artículo 177 y siguientes.
IV. previsto en los artículos 208 y siguientes y el procedimiento para la intimación de los derechos pendientes. el principio general será la libertad de pruebas con expresa exclusión del juramento y de la confesión de empleados públicos. asimismo. haremos breve referencia al procedimiento de repetición de pago. al recurso jerárquico y al recurso de revisión. en verdad el COT comprende una multiplicidad de obligaciones en cabeza de los contribuyentes. Debe entenderse entonces. se contempla la garantía del silencio negativo ante la falta de respuesta de la Administración Tributaria en un plazo superior a treinta (30) días hábiles. dejando a salvo aquella información que haya sido calificada previamente como confidencial. dispone el artículo 18 del COT que será el ente acreedor del tributo. en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos. sanciones y recargos. como lo prevé el artículo 148 del COT en cuanto a la aplicación supletoria de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). o bien. el COT. Por su parte. contados a partir de la fecha de presentación de la petición. las normas que regulan los procedimientos en el COT serán de aplicación preferente a las dispuestas en otras leyes. Dicha reclamación se debe interponer por ante la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria o a través de cualquier otra oficina de la Administración Tributaria respectiva.supresión o recaudación de tributos. artículo 172 y siguientes. correspondiendo la decisión a la máxima autoridad jerárquica. dispone el artículo 13 del COT que “la obligación tributaria surge entre el Estado. A tales efectos. BREVE REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO El COT prevé distintos procedimientos administrativos. Naturaleza y objeto Conforme a lo previsto en el artículo 194 del COT “Los contribuyente o los responsables podrán solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos. pero en todo caso no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles. o bien. Dentro de los procedimientos consagrados a tales efectos. el artículo 19eiusdem establece que el sujeto pasivo es el obligado a las prestaciones tributarias. el orden de aplicación de las normas seráprimero. Del procedimiento de repetición de pago 1. es decir. 195 COT). podemos afirmar que los actores del contencioso tributario serán. casos en los cuales surtirá efecto el quinto día hábil siguiente. la Administración no valorará aquellas pruebas que sean manifiestamente impertinentes o ilegales. el ámbito de aplicación objetiva del COT se extiende a todos los tributos nacionales y a las contribuciones especiales. Ambito de aplicación subjetivo El ámbito de aplicación subjetivo del COT deriva del surgimiento de la obligación tributaria. el particular que considera ilegal o desproporcionada la actuación de ese ente. se prevé una presunción iuris tantum en cuanto a la veracidad de los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras. claro está que si la decisión no
. cuya inobservancia puede ser considerada como un indicio de los ilícitos tributarios que están sancionados con penas privativas de libertad. la LOPA y tercero. ya sea en calidad de contribuyente o de responsable.e. plazo que por demás no se corresponde con el previsto en el régimen general aplicable a los procedimientos administrativos tributarios. intereses. previsto en los artículos 169 y siguientes. las normas derivadas del derecho procesal civil. el procedimiento de fiscalización y determinación. A. el lapso para resolver esta solicitud no deberá exceder de dos (2) meses. segundo. que en relación a los procedimientos tributarios. se aplica de forma supletoria a los tributos de los demás entes político territoriales y a los tributos aduaneros. el artículo 161 consagra que la notificación es requisito sine qua non de eficacia de los actos administrativos de efectos particulares. Art. ello se muestra acorde con lo previsto en el artículo 73 de la LOPA. Asimismo. incluyendo el establecimiento de exenciones. al procedimiento de recuperación de tributos. beneficios y demás incentivos fiscales. pudiendo acordar la práctica de las pruebas que estime necesarias. Aspectos generales de aplicación a los procedimientos administrativos Como principio general. siempre que no estén prescritos ”. el procedimiento para la declaratoria de incobrabilidad. A los fines del contencioso tributario interesa resaltar aquellos procedimientos destinados a la protección de los derechos de los contribuyentes y que constituirán los mecanismos de control. Así. En consecuencia.
” En tal sentido. o simplemente por no haber percibido el interesado el monto de incentivos. la identificación de los interesados. sino que por el contrario busca que. de conformidad con el artículo 198 del COT.. quien deberá consignar ante la Administración Tributaria por escrito. dicha solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 201. Parágrafo Segundo). No obstante lo anterior. No obstante. tal y como señala el profesor RUAN SANTOS existen otros efectos inherentes y derivados del fallo “(. un error en la autoliquidación de impuestos podría también motivar esta reclamación.)”.. sanciones y recargos. el contribuyente podrá optar por interponer el recurso contencioso tributario. procediendo a iniciar el procedimiento de fiscalización y determinación del contribuyente. Sin embargo. Es importante destacar que aun cuando el Legislador omitió la consideración de esta “reclamación” como una verdadera acción principal. podría ser la condena al pago de las costas procesales a la parte que resultare totalmente perdidosa (. la Administración determinase la improcedencia de la recuperación acordada.es favorable o vencido el lapso sobre la solicitud de repetición (silencio negativo). efectivamente. la recuperación de los tributos que han sido soportados por el contribuyente solicitante. Del procedimiento de recuperación de tributos
1. rechazar los créditos fiscales objeto de la recuperación.) solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos. las razones de hecho y derecho que sustenten la solicitud así como los anexos que se acompañen. como su nombre lo indica. Es decir. no es menos cierto que en esencia se trata. esta reclamación podría originarse “(. por inexistencia de la obligación tributaria o por la omisión de disfrute de beneficios. Condiciones de procedencia El procedimiento deberá iniciarse a solicitud del interesado. la Administración Tributaria podrá optar por deducir las cantidades indebidamente acordadas de las siguientes solicitudes presentadas por el contribuyente. siempre que no estén prescritos. Es de hacer notar que el procedimiento de fiscalización y determinación que se inicie con ocasión de las irregularidades detectadas en el procedimiento de recuperación de tributos. Este procedimiento persigue. franquicias o subsidios legalmente previstos. Efectos de la decisión La decisión que acuerde o niegue la recuperación deberá ser dictada en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la aceptación de la solicitud o de la notificación del acta de reparo levantada con ocasión del procedimiento de fiscalización. También podría originarse en una liquidación excesiva de impuestos por no haberse dado aplicación a beneficios fiscales.. 3. el lugar en donde se deben efectuar las notificaciones. 3. se abrirá el expediente correspondiente en el que se dará curso a la solicitud planteada. 2. lo cual podría obedecer a error o simplemente a la necesidad de obtener una certificación de solvencias. Condiciones de procedencia El simple hecho de haber pagado por error faculta al contribuyente para ejercer la acción de repetición. el contribuyente podrá optar entre compensar lo pagado indebidamente con otras deudas que el contribuyente mantenga con esa Administración o ceder lo pagado indebidamente. Derivado. En el caso de que la Administración determinase procedente la solicitud de recuperación.” 2. Tal y como señala el profesor Ruan Santos..) Inherentes. por lo que los procedimientos de recuperación de tributos previstos en leyes especiales privarán sobre las previsiones del COT. más los intereses moratorias causados. Naturaleza y objeto Se encuentra previsto en los artículos 200 y siguientes del COT.. Por su parte. tales como: el organismo al cual está dirigido. tras discutir el hecho de haber pagado al Fisco lo que no se debía. pudiendo incluso. el contribuyente deberá restituir las cantidades pagadas con inclusión de los intereses generados. la Administración detectare incumplimientos que imposibiliten la continuación del procedimiento de recuperación. Una vez verificado lo anterior. C. sino también los intereses devengados por dichas sumas a partir del vencimiento del lapso de dos meses para decidir la reclamación en sede administrativa y hasta la fecha del reintegro (artículo 194 del COT). establece el COT que el procedimiento allí previsto será subsidiario de aquél establecido en las disposiciones de carácter tributario especial que rijan la materia. de una acción patrimonial contra el Fisco Nacional destinada a “(. Es importante destacar además que la Administración Tributaria no sólo deberá pagar el capital. la solicitud de recuperación de tributos. podrá suspenderlo hasta por un plazo de noventa (90) días. Además.. Efectos de la decisión En caso de que se declare con lugar la repetición del pago. se obtenga la restitución o reintegro de lo pagado. la Administración verificará los supuestos de procedencia de la recuperación planteada. tal y como lo dispone el artículo 196 del COT “Para la procedencia de la reclamación.
.3 veces la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales del país (artículo 206. podrá entregar los montos correspondientes a los contribuyentes a través de certificados especiales físicos o electrónicos. no es necesario haber pagado bajo protesta”. Artículo205 del COT)..) del hecho de haber pagado dos veces una misma liquidación de impuestos o una multa. si con posterioridad a esa decisión. sólo podrá versar sobre los períodos y tributos objeto de la recuperación (vid. porque se requiere únicamente el hecho objetivo de haber pagado lo no debido. podrían ser las declaraciones contenidas en la sentencia relativas a la determinación de la obligación tributaria y a la procedencia o no del pago cuya repetición es solicitada. la acción de repetición no se inicia para obtener la nulidad de un acto de la Administración Tributaria. Si en el proceso de verificación de la solicitud. lo cuales serán equivalentes a 1. En fin.. intereses.
el COT dispone en su artículo 234 que no podrá imponerse ninguna sanción a los contribuyentes que en aplicación de la ley tributaria. el COT dispone que deberá acompañarse al escrito el documento en donde conste el acto recurrido o que éste deberá señalarse de forma suficiente. la Administración Tributaria. cuya recaudación sea solicitada por la Administración Nacional. destacamos los referentes a los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia. El escrito deberá contar con la asistencia o representación de un abogado o alguien afín al área tributaria. no obstante.[15] (iii) En los demás casos expresamente señalados en el COT o en las leyes. sobre todos los actos administrativos de efectos particulares que provengan de la Administración Tributaria. caso en el cual el lapso de admisión empezará a correr a partir del día de la recepción del recurso. en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. En cuanto a la legitimación. en principio. Adicionalmente. y por ante la oficina de la cual emanó el acto. Sin embargo. Sin embargo. (ii) Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios. salvo en los casos en los que la oficina de la Administración que deba decidir el recurso sea distinta de aquella de la cual emanó el acto. 2. Del recurso jerárquico 1. según lo previsto en el artículo 227 del COT y las consultas tributarias. tal y como señalamos precedentemente. Ello encuentra sustento en la consideración de que los procedimientos amistosos destinados a resolver los problemas de doble imposición internacional no son vinculantes. Adicionalmente. contempla el artículo 249 que la Administración Tributaria deberá admitir el recurso dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del lapso de interposición. Constituyen causales de inadmisibilidad del recurso: (i) la falta de cualidad o interés para ejercer el recurso. ya sean determinando tributos o imponiendo sanciones. el objeto del recurso versa. el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos de la cuestión que da motivo a la consulta (artículo 230 del COT). debe entenderse que se produce una especie de silencio de efectos positivos en el sentido de que al solicitante no se le podrá imponer ninguna sanción cuando hubiere interpretado la ley en los mismos términos en los que fundamentó su consulta. Condiciones de procedencia El recurso jerárquico deberá interponerse mediante escrito en el que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se fundamenta. Sustanciación del recurso El artículo 244 del COT dispone que el plazo para la interposición del recurso jerárquico será de veinticinco (25) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto. de conformidad con el artículo 206 del COT. D. De las consultas tributarias 1. reiteramos que cualquier persona que posea un interés legitimo. E. A tales efectos. por lo que la única posibilidad es que esta norma se esté refiriendo a las leyes de armonización tributaria que se dicten en los distintos niveles de organización político-territorial.A todo evento. en ejercicio de su potestad de autotutela. consideramos acertada la opinión de Elvira Dupuy MENDOZA en lo que respecta a la indeterminación de la frase “o en las leyes. estará facultada para interponer el recuso jerárquico. de conformidad con el artículo 235 eiusdem. Asimismo.” ya que mal podría una ley incidir sobre el contenido de una ley orgánica como es el COT. Asimismo prevé el artículo 231 que no se evacuarán las consultas cuando se verifique la falta de cancelación de las tasas establecidas en las leyes especiales o cuando existan recursos pendientes o averiguaciones fiscales relacionados con el objeto de la consulta. hubieran aplicado el criterio expuesto por la Administración en la consulta. Tal impedimento. Efectos de la consulta La Administración Tributaria tendrá treinta (30) días para evacuar la solicitud. 2. responde al principio general de la territorialidad de las normas de Derecho Administrativo. Ahora bien. En cuanto a los demás casos establecidos en el COT. 3. podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio en el caso de que compruebe errores materiales. (iv) la falta de asistencia o representación de un
. Naturaleza y objeto De conformidad con el artículo 242 del COT. dicha consulta no suspende los plazos ni exime al consultante del cumplimiento de las obligaciones tributarias que dieron lugar a la interposición de la consulta. contra las decisiones de la Administración Tributaria podrá interponerse el recurso contencioso tributario. podrá interponerse recurso jerárquico contra los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que afecten de cualquier forma la esfera jurídica de los administrados. personal y directo. En cuanto a la falta de respuesta en la consulta. no será procedente el recurso en los siguientes casos: (i) Contra actos dictados por la autoridad competente.[16] 3. Condiciones de procedencia Es condición sine qua non de procedencia que el consultante posea cualidad o interés en la consulta. Una vez interpuesto el recurso. (iii) la ilegitimidad del apoderado o representante del recurrente y. Naturaleza y objeto Aquel que tenga un interés personal y directo sobre la aplicación de las normas tributarias a un caso concreto podrá consultar a la Administración Tributaria sobre una situación particular. (ii) la caducidad del plazo.
Efectos del recurso De conformidad con el artículo 247 del COT. En el supuesto de que se estuviere sustanciando el asunto como de mero derecho. la Administración Tributaria estará facultada para exigir el pago de las porciones no objetadas. el lapso para decidir empezará a correr al día siguiente de la incorporación del auto en el que se declare “no abrir pruebas” (artículo 254 COT). 4. violencia. el recurso de revisión podrá intentarse contra aquellos actos administrativos dictados por la Administración Tributaria que se encuentren firmes. De allí que el COT. Conforme a tal disposición. contempla dentro de los procedimientos judiciales lo concerniente al recurso contencioso tributario. como medio de impugnación de los actos administrativos de efectos particulares dictados por la Administración Tributaria que determinen tributos. en el supuesto de que el contribuyente hubiere interpuesto recurso contencioso tributario conjuntamente con el recurso jerárquico. Naturaleza Jurídica Tal y como ya ha sido señalado. contrarios a derecho. apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. el cual establece que “la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. sin embargo. apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos legítimos de los administrados. se prescindirá del lapso probatorio. Concluido el período de prueba. en ningún supuesto el lapso probatorio podrá ser inferior a quince (15) días hábiles. la Administración deberá enviar el recurso al Tribunal competente. pudiendo prorrogarlo por un período igual. Del Objeto del recurso
. La suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido no tendrá efecto cuando se trate de la imposición de las sanciones de clausura de establecimientos. procederá este recurso si en la resolución del asunto hubieren incidido de forma decisiva documentos o testimonios declarados por sentencia judicial firme como falsos y en el caso de que la resolución hubiere sido adoptada por cohecho. sin embargo. comiso o retención de mercaderías y la suspensión del expendio de especies fiscales gravadas (Parágrafo Único del artículo 247). Del recurso de revisión
1. la motivación deberá mantener la reserva de la información proporcionada por terceros independientes que pudiere afectar su posición competitiva. Naturaleza y objeto De conformidad con el artículo 256 del COT. según lo califique una sentencia judicial firme. se entenderá denegado el recurso. Por último. Transcurrido el lapso de sesenta (60) días sin que la Administración haya decidido. El Recurso Contencioso Tributario
El Recurso Contencioso Tributario es un medio judicial de impugnación de actos administrativos de efectos particulares dictados por la Administración Tributaria. La decisión del recurso deberá estar debidamente motivada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en conformidad a lo reiteradamente establecido en la jurisprudencia. soborno u otra manifestación fraudulenta. La Administración Tributaria deberá tomar su decisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del recurso. Como medio de impugnación destinado a la anulación del acto administrativo se inscribe en la concepción del contencioso administrativo como un proceso de revisión de la actuación previa de la administración. 1. y de la misma forma como se encontraba previsto en el artículo 173 del derogado Código. V. En los casos en los que el asunto debatido sea de mero derecho y si el recurrente no ha promovido ningún tipo de prueba. lo que facultará a los contribuyentes a recurrir a la jurisdicción contencioso tributaria. la Administración Tributaria deberá abrir un lapso probatorio que será fijado en atención a la importancia y complejidad de cada caso. ya sean generales o individuales. la declaratoria de inadmisibilidad deberá ser motivada y contra ella podrá interponerse recurso contencioso tributario (artículo 250). Asimismo. 2. Este medio de impugnación se muestra como un mecanismo de control de los actos de la Administración Tributaria de manera que cualquier actuación administrativa que se salga del cauce de la legalidad podrá ser sometida al contencioso tributario. F.[17] 2. Una vez admitido el recurso. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO A. la máxima autoridad de la Administración dispondrá de un lapso de sesenta (60) días continuos para decidir. Esta disposición constituye un supuesto de excepción al principio general previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. en expresa observancia de lo dispuesto en la norma constitucional. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración. salvo previsión legal en contrario”. ya sea que éstos determinen tributos. Ahora bien. el fundamento general de la jurisdicción contencioso administrativa se prevé en el artículo 259 de la Constitución. los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentran facultados para anular los actos administrativos. la interposición del recurso suspenderá de pleno derecho los efectos del acto recurrido.abogado. Condiciones de procedencia Este recurso sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la verificación de los supuestos antes mencionados. siempre y cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no disponibles en la tramitación del expediente. A todo evento.
numeral 3 del COT. · Decisión que niegue expresa o tácitamente la recuperación de tributos. (ii) Contra los actos administrativos de efectos particulares recurridos mediante recurso jerárquico. Nótese que el recurso contencioso tributario sólo puede ejercerse contra actos administrativos de efectos particulares que afecten los derechos e intereses legítimos de los administrados. En efecto.
. Puede entonces colegirse que los actos administrativos de efectos particulares serán recurribles mediante el recurso contencioso tributario previsto en los artículos 259 y siguientes del COT. amparo cautelar y medida cautelar innominada. Esta distinción que hace el COT respecto de los actos administrativos de efectos particulares y de efectos generales es de vital importancia. es decir de silencio administrativo negativo. Igualmente previsto en el artículo 259 del COT.[19] a saber: · La resolución del recurso jerárquico. Tampoco se encuentra previsto dentro de los supuestos del artículo 259 del COT. Cuando el contenido del acta de reparo trate de asuntos de mero derecho. pero a los únicos fines de habilitar al interesado para que acceda a la Jurisdicción contencioso tributaria”[20]. (v) las consultas tributarias.] . no sólo los actos previstos en el artículo 259 del COT pueden ser recurridos en sede jurisdiccional mediante el recurso contencioso tributario. mientras que aquellos actos de efectos generales emitidos por la Administración Tributaria estarán sujetos a control judicial mediante el recurso de nulidad cuyo conocimiento corresponde de forma exclusiva a la SPA. no son recurribles aquellos actos de mero trámite que se emiten en preparación del acto decisivo. no podrán ser impugnados a través del contencioso tributario: (i) los actos dictados en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. “la inercia de la Administración en responder produce los efectos de una respuesta negativa. Poco importa si se trata de actos administrativos de determinación de tributos o de imposición de multas ya que también podrán recurrirse las negativas expresas de la Administración. la misma declaró su competencia natural para conocer de dicho recurso de nulidad. Como afirma Fraga Pittaluga.A. Aunque éste supuesto no se encuentra previsto en el artículo 259 del COT.. se trata de un acto que es claramente impugnable en la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 206 eiusdem. debe destacarse que existen otros actos de la Administración Tributaria susceptibles de ser impugnados. Téngase en cuenta que el recurso jerárquico procede contra los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que afecten de cualquier forma la esfera jurídica de los administrados. concede a la ausencia de respuesta en tiempo oportuno el carácter de rechazo de la petición. [. · Decisión que niega expresa o tácitamente la repetición de pago. cuya recaudación sea solicitada por la República.. pero aparece expresamente señalado en el artículo 199 eiusdem cuando se establece que procede la vía contencioso Administrativa cuando exista un pronunciamiento de la Administración Tributaria que rechace la solicitud de repetición de pago del sujeto pasivo. efectos y el órgano del cual emanan los citados actos administrativos” (Sala Político Administrativa. Se trata de la decisión que desestima el recurso jerárquico ejercido por el recurrente.] debe esta Sala señalar que mediante su decisión N° 949 del 25 de junio de 2003. emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).. puesto que los actos de efectos generales dictados por la Administración Tributaria sólo podrán ser impugnados por ante la Sala Político-Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia mediante recurso de nulidad. que fuera ejercido ante esta Sala Político-Administrativa contra las Providencias Administrativas [. la Administración podría decidir sobre el recurso jerárquico ejercido siempre que la decisión sea con el objeto de declarar con lugar dicho recurso. caso VICSON.]. 3. la SPA mediante sentencia N° 00366 la Sala ratificó su competencia exclusiva y excluyente ante cualquier otro Tribunal. (ii) los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen tributos y sus accesorios. Actos impugnables El COT no establece ninguna limitación respecto de los actos administrativos de efectos particulares que pueden ser impugnados. (iii) Contra las resoluciones en las que se niegue total o parcialmente el recurso jerárquico. 3el artículo 188 del COT establece que no se abrirá el sumario administrativo quedando abierta la vía jerárquica o judicial. vistas la naturaleza. es decir aquellos que contienen una manifestación definitiva del órgano emisor. De otra parte.. el recurso contencioso tributario procederá: (i) Contra los actos de efectos particulares que pueden ser objeto del recurso jerárquico. [. · Contenido del acta de reparo cuando se trate de asuntos de mero derecho. no obstante. De allí que deba entenderse que cualquier acto de efectos particulares que afecte los derechos o intereses de los contribuyentes podrá ser recurrido judicialmente. (iii) la intimación de derechos pendientes. para conocer y resolver controversias suscitadas respecto de la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos de efectos generales emanados del SENIAT en los siguientes términos: “Ahora bien. expediente 2002-1099. La recurribilidad de este acto se encuentra expresamente prevista en el artículo 259. Cabe destacar que el COT –artículo 255prohíbe a la Administración emitir resolución denegatoria del recurso jerárquico una vez que se haya intentado el recurso contencioso tributario en virtud del silencio administrativo. de 21 de abril de 2004. Ponente: Levis Ignacio Zerpa). con la salvedad de que los actos administrativos recurribles deben ser actos definitivos. dictada con ocasión de la admisión del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada. ya sean determinando tributos o imponiendo sanciones. En efecto. o incluso vencido el lapso para haber decidido sobre la repetición –2 meses....sin que hubiere respuesta.[18] Puede afirmarse que el acto por antonomasia que se impugna en el proceso contencioso tributario es la Resolución que culmina el sumario administrativo -prevista en el artículo 193 del COT-. de allí que los sujetos cuyo pretensión de recuperación de tributos haya sido denegada por la Administración podrán recurrir ese acto mediante el recurso contencioso tributario. S. según dispone el artículo 259 del COT. (iv) los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia y. · Denegación tácita del recurso jerárquico. cuando éste hubiera sido negado tácitamente.El objeto del recurso contencioso tributario está constituido por los actos administrativos de efectos particulares que dicte la Administración Tributaria que afecten los derechos e intereses legítimos de los administrados. Como puede observarse.
De la caducidad del recurso La interposición del recurso contencioso tributario está sujeta a un lapso de caducidad. También se encuentran dentro de este grupo los sujetos pasivos que tengan reclamaciones bajo el procedimiento de repetición de pagos o de recuperación de tributos. el recurso contencioso tributario podrá interponerse “ sin necesidad del previo ejercicio del recurso jerárquico”.”. aplicable al recurso contencioso tributario. en sentencia del 24 de marzo de 1987 estableció lo siguiente: “. Por último y en cuanto a la legitimación pasiva. sino todos aquellos que tengan un interés legítimo. vencido el cual no será procedente la admisión del mismo.. El recurso deberá intentarse dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes a la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para interponer el recurso jerárquico en los casos de denegación tácita de éste. apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. Se encuentra en efecto esta regulación acorde con los nuevos postulados constitucionales de la materia ya acogidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.. excluyendo por completo los procedimientos administrativos o. En efecto. en algunos casos. el procedimiento de recaudación aplicable a las omisiones de declaraciones. vale la pena destacar que en el proceso contencioso tributario la tienen los entes del Estado que ostentan la cualidad de sujetos activos de la obligación tributaria y de los cuales emana el acto impugnable o su abstención. sino a todos aquellos que posean uninterés legítimo por el acto objeto del recurso. podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo. es decir los que pudieran resultar obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias o incluso quienes podrían reclamar la devolución o reintegros de tales prestaciones. Y en general. que: “Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares.. En efecto. en particular en cuanto establece el carácter optativo de agotar la vía administrativa para acudir a la sede jurisdiccional. aunque se permite. la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. Como puede observarse. 5. personal y directo. aunque también tal cualidad podría recaer en terceros a quienes los actos les afecten en forma personal y directa. De allí que la jurisdicción contenciosa tributaria se muestre acorde con los postulados previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en lo que respecta a la legitimación para recurrir. esa Ley conjuntamente con la jurisprudencia han delineado los supuestos de legitimidad señalando que estarán facultados para accionar los titulares de los derechos subjetivos lesionados así como aquellos que tengan un interés legítimo. Medidas cautelares
. no en quienes sean simples interesados. el de revisión de oficio y el recurso de revisión. textos conforme a los cuales el agotamiento de la vía administrativa en materia de recursos de nulidad es optativo. De allí se sigue que. el particular tiene la posibilidad de: (i) agotar la vía administrativa ejerciendo previamente el recurso jerárquico por ante la Administración Tributaria. personal y directo.Cabe señalar que. Ahora bien. en principio cualquier lapso debe computarse según los días hábiles que hayan transcurrido ante el tribunal por ante el cual o para ante el cual debe interponerse el recurso contencioso tributario. del cual el contencioso tributario es especie. que determinen tributos. los recursos contenciosos administrativos. En criterio de Hernández Richards. Desde luego que una vez ejercido en forma autónoma el recurso jerárquico. [21] Como sujetos pasivos de la obligación jurídico tributaria se encuentran aquellos sujetos a los que la Administración Tributaria les efectúe una determinación o liquidación de tributos (i.” Resulta entonces concluyente que el lapso de interposición del recurso contencioso tributario es de 25 días de despacho del tribunal competente para conocer del recurso. Esta disposición se muestra acorde con los postulados que informan el nuevo Derecho Contencioso. Ciertamente. Los lapsos de caducidad no admiten interrupciones ni suspensiones por lo que transcurren fatalmente. 6. Puede entonces afirmarse que el recurso jerárquico tributario constituye una opción concedida por el legislador al contribuyente. En tal sentido. el procedimiento de mercancías objeto de comiso.4. De la no suspensión de los efectos por interposición del recurso. (ii) acudir directamente a la jurisdicción contenciosa. La caducidad de la acción responde a criterios de seguridad jurídica puesto que los Actos de la Administración Tributaria no pueden ser impugnados por los contribuyentes en cualquier periodo de tiempo.e. para que este último decida ejercerla positivamente o negativamente. la legitimación sólo podrá recaer en quienes ostenten la cualidad de sujetos pasivos de la obligación tributaria. tendrán legitimidad para recurrir los actos de la Administración Tributaria no sólo los individuos cuyo derecho subjetivo ha sido lesionado. como regla. (iii) interponer el recurso jerárquico y subsidiariamente en forma conjunta el recurso contencioso tributario. Cabe destacar que desde el primer Código Orgánico Tributario hasta el vigente nunca se ha requerido que se tenga que agotar la vía administrativa para impugnar los actos de la Administración Tributaria. un régimen diferente. de la regulación de los recursos previstos en el COT.deben ser interpuestos ante el Tribunal competente para decidirlos. prevé el artículo 242 del COT. el recurrente queda sujeto a la espera de la decisión del mismo o a la consumación del silencio administrativo para poder recurrir en sede judicial.. reparo fiscal). es necesario destacar que tal lapso deberá ser computado de acuerdo a los días de despacho que transcurran en el tribunal competente para conocer del recurso. Legitimación El ámbito de aplicación subjetiva del recurso contencioso tributario abarca no sólo a los contribuyentes cuyo derecho subjetivo ha sido lesionado. acudiendo de forma directa a la vía judicial[22]. como así los establece el Código Orgánico Tributario. Del carácter alternativo del recurso Tal y como se desprende del numeral 1 del artículo 259 del COT. 7. todo lapso debe contarse en base a los días transcurridos ante la autoridad por ante la cual ha de interponerse el recurso.
[27] Conviene entonces precisar el contenido y alcance de los requisitos necesarios para poder suspender los efectos del acto administrativo de efectos particulares dictado por la Administración Tributaria.esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.[25] La solicitud de suspensión deberá hacerse en forma similar a la contemplada en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia[26] y con fundamento exclusivo en la apariencia de buen derecho y en los graves perjuicios que pueda causar la ejecución del acto. Tan es así. Como lo afirma Spisso. que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable . Nótese que bajo el vigente COT. el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido. no deben examinarse aisladamente. la procedencia de la medida cautelar de que se trate por la sola verificación de uno de los aludidos extremos. sino en forma conjunta. Ante tal circunstancia. Sin embargo. Conviene en este estudio destacar la importación de la medida de suspensión de los efectos del acto administrativo.debe ser cierto y actual y no meramente temido. con el pasar del tiempo.. uno de los derechos esenciales del individuo dentro de un Estado de Derecho es el de acudir ante a un órgano jurisdiccional en procura de justicia. En efecto. puede ejecutar el acto administrativo sin la intervención de la autoridad judicial lo que conlleva a afirmar que “el retardo o lentitud judicial en la resolución de conflictos tributario. En efecto. esto es. o al decreto de un amparo cautelar acumulado al recurso. El juez contencioso podrá adoptar la suspensión de los efectos del acto. Peligro de daño (periculum in damni)
En cuanto a los perjuicios graves que pueden resultar de la ejecución del acto administrativo. cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado. De allí que la protección cautelar cobra vital importancia en la caracterización del recurso contencioso tributario prevista en el COT.
. en el caso de que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado. En efecto. podía recurrir a las medidas cautelares previstas en el Código. En tal sentido. En efecto. no parece ser lo que amenaza la efectividad de la justicia en este tipo de procesos judiciales. ya que según las normas del COT no se exige el pago previo del tributo o sanción para darle curso a la acción intentada. esto es. a.[23] En consecuencia. no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurre en el contencioso administrativo.una razón lógica para soportar lo contrario.. puesto que este último en los supuestos de riesgo en la percepción del crédito fiscal. debe ser consecuencia del acto cuya suspensión se solicita. que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil. o cualquier medida cautelar innominada y la medida de amparo cautelar. Cabe acotar que la suspensión automática de los efectos del acto administrativo prevista en los anteriores códigos fue señalada como un logro del sistema tributario venezolano con respecto a otros sistemas latinoamericanos. sino más bien el ejecutoriedad de los actos tributarios”. de allí que las prerrogativas administrativas se contrapongan a la tutela judicial efectiva. tal cobro no debe confundirse que con la regla delsolve et repete (paga y después recurre) como requisito de admisibilidad del recurso y que ha sido declrada inconstitucional por el máximo Tribunal. porque la existencia de una sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal. La no suspensión de los efectos del acto administrativo rompe con la tradición existente en los anteriores códigos tributarios en los que se acordaba la suspensión automática de los efectos del acto impugnado con la simple interposición del recurso contencioso. el peligro de daño. así como tampoco la prestación de fianza para la admisión del recurso. o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. por sus propios medios. sin embargo. aun cuando el acto administrativo esté siendo sometido a un examen o revisión de su legalidad ante el juez contencioso tributario. sino que la realización del proceso no se constituya en un medio que. en tanto que mal podrían enervarse los efectos de un acto revestido de una presunción de legalidad si el mismo no supone para el solicitante un perjuicio real de difícil o imposible reparación con la sentencia de fondo. Como bien afirma Spisso. la efectividad de la tutela judicial hace énfasis en la protección de la situación de los bienes jurídicos litigiosos durante la sustanciación del proceso. la Administración Tributaria podrá proceder al cobro del tributo y de las multas correspondientes antes que se decida el recurso.. Así. esto es. la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican. ” (énfasis añadido). éste es perfectamente ejecutivo y ejecutorio. haga inefectiva la pretensión de los contribuyentes. Además. a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado” (énfasis añadido). constituyéndose en un mecanismo tendiente a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. es necesario señalar que éste –el daño. o si aquél no ostenta respecto del acto en cuestión una situación jurídica positiva susceptible de protección en sede cautelar. salvo que el recurrente solicite la suspensión de los efectos del acto. el derecho a la tutela judicial efectiva adquiere especial relevancia frente a la posible actuación arbitraria o irregular de la Administración. la Sala Político Administrativa del TSJ en sentencia del 11 de agosto de 2004 se manifestó en relación a los requisitos necesarios para decretar la medida de suspensión de los efectos del acto administrativo tributario en los siguientes términos: “. el derecho a la tutela judicial efectiva.Uno de los aspectos más controvertidos del estudio del recurso contencioso tributario es la nosuspensión de los efectos del acto administrativo por la simple interposición del recurso. A instancia de parte. se garantizaban plenamente los derechos del recurrente y los del fisco. La ejecutoriedad del acto supone que la Administración Tributaria.[24] Ahora bien cabe destacar que el poder cautelar del juez tributario no se limita a la suspensión de los efectos del acto administrativo. el artículo 263 del COT prevé lo siguiente: “La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado.. la suspensión de los efectos del acto recurrido constituye el medio por el cual se permite a los contribuyentes evitar la consumación de hechos irreversibles o de efectos irreparables. exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas. El derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al órgano judicial sino que debe brindar a los particulares una tutela judicial efectiva de sus derechos litigiosos durante todo el tiempo que dure el proceso. no sólo comprende el acceso a los órganos jurisdiccionales.
se procederá conforme al procedimiento previsto en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente. 8. lo que implica mantener al mismo desposeído de sus bienes (Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario.
. Es necesario destacar que la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo de contenido tributario no se encuentra supeditada a la existencia de vicios de nulidad absoluta. prevé la norma que en los casos en los que la Administración embargue bienes. el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio. salvo en el caso en el que se verifique el silencio administrativo (vid. Del procedimiento a. de una valoración prima facie de los alegatos de las partes. no resulta necesario que se de una situación en la que en monto cuantioso de la deuda tributaria determinada pueda aniquilar el patrimonio del contribuyente. Central y Guayana. de las pruebas e indicios que estén incorporados al expediente. b. y. ocasiona sin lugar a dudas un perjuicio mayor al particular que el que le ocasionaría al Estado la suspensión. los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario son los competentes para conocer en primera instancia de los procedimientos judiciales de naturaleza tributaria. según el procedimiento del juicio ejecutivo. estuviere pendiente su decisión o no hubiese sido acordada.A. No obstante. Cabe advertir que la apariencia de buen derecho no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto debatido. o por la afectación de la capacidad productiva y de empleo que podría generarse al contribuyente si se llegare a satisfacer la pretensión fiscal.que se trate de un daño irreparable o de difícil reparación. También deberá acompañarse al recurso. Centro Occidental. sentencia de fecha 14 de febrero de 2003). Oriental. El Estado posee medios adecuados que le permiten reparar los daños ocasionados por el ingreso tardío de un tributo. es decir.: artículo 260). se trata de un examen superficial.[28] El daño que se pretende probar debe ser sumariamente demostrado. si existieren. los contribuyentes tendrán la facultad de solicitar la sustitución de la medida de embargo por cualquier otra medida o garantía. se fijará un cartel en la puerta del Tribunal. el recurso contencioso tributario procede contra los actos administrativos de efectos particulares que causen gravamen en los administrados. se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquél que solicita la medida cautelar. debiendo reunir los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. El recurso deberá se interpuesto mediante escrito en el que se expresen las razones de hecho y derecho que fundamenten la petición. Asimismo. [29] Como bien apunta Viloria Méndez. el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria. basta que según un cálculo de probabilidades . el documento o documentos en los que conste el acto recurrido.[30] Por último. de la certidumbre y razonabilidad de los argumentos y. Actualmente la jurisdicción contencioso tributaria se encuentra compuesta por 9 Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario ubicados en la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y por 6 Tribunales ubicados en las regiones Zuliana. Una vez interpuesto el recurso. dándose un término de diez (10) días de despacho. No es necesario que exista plena prueba sino elementos suficientes para producir en el ánimo en el juez la convicción en cuanto a la necesidad de decretar la medida de suspensión. es decir. no basta con la simple alegación del peligro sino que éste debe ser probado en forma presuntiva. En cuanto a la forma de cómo puede manifestarse el daño. Sin embargo. la suspensión parcial de los efectos del acto impugnado faculta a la Administración para exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada. Interposición y admisión del recurso
Tal y como ya se ha expuesto. · Por el monto del reparo en relación con el patrimonio. Para los casos en los que el embargo verse sobre mercancías perecederas. simplemente se requiere que el derecho reclamado sea razonable. A todo evento. Como lo afirma Spisso. en los casos en lo que se haya interpuesto el recurso contencioso de forma subsidiaria o a través de un juez del domicilio fiscal del recurrente. Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) En cuanto a la apariencia de buen derecho en la que debe estar fundamentada la solicitud de suspensión de los efectos del acto. basta que la existencia del derecho parezca verosímil. En segunda instancia la jurisdicción corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa según lo establecen los artículos 279 y 329 del COT. exceptuándose de su conocimiento los procedimientos relativos a los ilícitos tributarios y a las sanciones prescritas con penas privativas de libertad.No exige la norma –artículo 263 del COT. en cambio la devolución del tributo pagado indebidamente luego de la tramitación de un procedimiento judicial y eventual diferimiento de la ejecución de la sentencia contra el Estado. dispone al artículo 330 del COT que no podrá atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros tribunales de distinta naturaleza. la Administración Tributaria podrá exigir el pago de las cantidades determinadas. el remate de los mismos se suspenderá hasta tanto exista sentencia definitivamente firme. ya que la sentencia definitiva puede favorecer al Fisco. la jurisprudencia de los Tribunales Superiores Contenciosos consideró que el perjuicio puede derivar de: · Una disminución patrimonial o económica de los bienes del contribuyente. por lo que sólo es necesario que sea grave. Agotada la citación personal sin que ésta tuviere éxito. Andina. Organos jurisdiccionales competentes De conformidad con el artículo 329 del COT. prevé el Parágrafo Único del artículo 264 del COT que cuando el recurso contencioso tributario haya sido ejercido en forma subsidiaria con la interposición del recurso jerárquico. la apariencia de que por las razones alegadas de impugnación y de las pruebas. En los casos en los que no se hubiere solicitado la suspensión. el recurrente podría tener razón en la sentencia definitiva. Tribunal Superior Cuarto de los Contencioso Tributarioa. se entenderá que las partes están a derecho. 9. sentencia de fecha 19 de febrero de 2003 caso: Urbadica. C.
Ahora bien. sino que determinan la existencia y cuantía de la obligación jurídico tributaria concreta. se abrirá una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) días de despacho. impone sanciones o contiene declaraciones lesivas al recurrente. En tal sentido. dentro de los ocho (8) días de despacho siguientes. i. dictar un auto para mejor proveer. dentro de los tres (3) días de despacho siguientes. En el caso de que haya que practicarse la evacuación de alguna prueba en otro tribunal. de forma tal que las partes puedan promover y evacuar las pruebas de sus alegatos. con la excepción del juramento y la confesión de funcionarios públicos cuando ello implique la prueba confesional de la Administración. el Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso al quinto día en el que conste en autos las notificaciones. Apelación Serán apelables tanto las sentencias definitivas como la interlocutorias que causen gravamen irreparable por la definitiva. Lapso probatorio Vencido el lapso para apelar o una vez que conste en autos la devolución del expediente por el Tribunal de alzada que admitió el recurso. la parte que haya presentado escrito de informes. el cómputo se realizará conforme el término de la distancia previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. b. sin perjuicio de los elementos formales del acto. c. le toca al juez pronunciarse no sólo sobre la legalidad del acto sino sobre los derechos y obligaciones que surgen de la relación tributaria. el juicio quedará abierto a pruebas. salvo que se hubiere producido la vista de la causa. Si la representación fiscal formulare oposición al auto de admisión del recurso. desechando el resto. el Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes. de allí que pueda afirmarse su carácter subjetivo. podrá solicita que tanto los informes como sus observaciones sean expuestas en forma breve y oral. Si el Tribunal decidiese declarar inadmisible el recurso. el lapso deberá dejarse transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación. el Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso dentro de los tres (3) días de despacho siguientes. la cual será decidida por la alzada en el término de treinta (30) días continuos. la caducidad del plazo para el ejercicio del mismo. Asimismo. en cuyo caso no operará la perención. d.
. Son causales de inadmisibilidad del recurso. La decisión que declare admisible el recurso contencioso podrá ser apelada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes siempre y cuando la Administración Tributaria hubiere hecho posición. Al vencimiento de este lapso. Claro está que la decisión del recurso puede ser desestimatoria de la pretensión del contribuyente declarando la validez del acto impugnado.Ahora bien. En cuanto a la evacuación de las pruebas. el Tribunal podrá. [31] Tal característica ha sido calificada por Trotabas como “el fondo del litigio” que no es otro que la obligación tributaria que vincula al Fisco y al contribuyente. Si el Tribunal sentenciare dentro de los sesenta días. Vencido el lapso de cuatro (4) días. Cabe destacar que las decisiones del contencioso tributario no sólo comprenden el examen de los requisitos legales del acto administrativo. pudiendo diferirlo por una sola vez por un plazo de treinta (30) días continuos. dentro del término perentorio de quince (15) días de despacho. Por último cabe acotar que la instancia se extinguirá por el transcurso de un año sin que se haya ejecutado ningún acto del procedimiento. en lo que respecta al procedimiento. La apelación será oída en un solo efecto. se oirá la apelación en ambos efectos. establece al artículo 277 del COT que presentados los informes. La sentencia
El efecto primordial de la sentencia es la anulación total o parcial del acto administrativo que liquida tributos y accesorios. salvo que las partes solicitasen que el recurso se sustancie como un asunto de mero derecho. Si la sentencia se dictare fuera de los lapsos establecidos. Presentados los informes. prevé el artículo 269 que serán admisibles todos los medios de prueba. las partes podrán. la cual constituye el objeto final de conocimiento del tribunal. el lapso de interposición de la apelación empezará a correr una vez que conste en autos la última de las notificaciones. Asimismo. prevé el artículo 271 del COT que una vez verificado el auto de admisión. Una vez vencido el lapso de promoción de pruebas. el juez deberá dentro de los tres (3) días de despacho admitir las pruebas que sean legales y pertinentes. Las partes podrán promover las pruebas en las que se fundamentan sus alegatos dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes a la apertura del lapso probatorio. oponerse a la admisión de las mismas cuando aparezcan como manifiestamente ilegales o impertinentes. la falta de cualidad o interés del recurrente y la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente. podrá presentar sus observaciones escritas sobre los informes de la parte contraria. La apelación deberá intentarse dentro del lapso de ocho (8) días de despacho siguientes al vencimiento de los lapsos para sentenciar. el COT contempla la facultad que tiene el Tribunal de comisionar la práctica de cualesquiera diligencias de sustanciación o ejecución a los tribunales inferiores. Si el Tribunal lo considera pertinente. La apelación de la admisión se escuchará en un solo efecto. Tanto la negativa de las pruebas como su admisión son apelables dentro de los cinco días de despacho siguientes. cumplido el auto o pasado el término para su cumplimiento. Los informes
El artículo 274 del COT establece que al decimoquinto (15) día de despacho siguiente al vencimiento del lapso probatorio. se abrirá un lapso de veinte (20) días de despacho para la evacuación. una vez que las partes se encuentren a derecho. las partes podrán presentar los informes correspondientes. Tales disposiciones se muestran acordes con los principios generales probatorios del contencioso administrativo. Concordantemente con el artículo 156 del COT.
Ahora bien. deriva de la creencia de que el amparo tributario es un medio de protección del derecho de petición y oportuna respuesta consagrado en el artículo 51 de la Constitución. expresamente prevé este artículo que la ejecución de las sentencias corresponderá al tribunal contencioso tributario que haya conocido de la causa en primera instancia. para responder por el pago de intereses y costas del proceso. la Administración Tributaria. la apelación será en un solo efecto.[34] El problema de asimilar el uno con el otro. Esta decisión no impedirá el embargo de los bienes. Si se interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Ahora bien.[32] En ejecución del remate. la apelación solamente procederá cuando la cuantía de la causa exceda de cien (100) Unidades Tributarias (U.considera esta Sala necesario partir de la premisa de que cuando la disposición que consagra el amparo tributario se refiere a las demoras excesivas en que incurra la Administración Tributaria al resolver sobre peticiones de los interesados. Naturaleza jurídica El amparo tributario configura un mecanismo adicional de protección de los derechos de los contribuyentes. únicamente. y tiene como propósito restablecer la situación jurídica infringida o la situación que más se acerque a ella. en el lapso que establezca el Código Orgánico Tributario o las leyes especiales que en materia financiera le impongan tal obligación” En tal sentido. Tal perito deberá presentar sus conclusiones por escrito en un plazo fijado por el Tribunal que no podrá ser superior a quince (15) días de despacho computados a partir de su aceptación. en particular aquellas contenidas en el COT. El Tribunal deberá resolver al día de despacho siguiente. La ejecución forzosa no podrá iniciarse hasta que se haya agotado íntegramente ese lapso. el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres (3) días de despacho ni mayor de diez (10). salvo la formalidad de los carteles que se regula en el artículo 286 del COT. la Administración Tributaria solicitará y el Tribunal así lo acordará. se muestra acorde con el artículo 27 de la Constitución en el que se establece el derecho de todas las personas a ser amparadas por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. mientras que el amparo constitucional es una vía de protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución así como de aquellos inherentes a la personas que no figuren en el texto fundamental. se ordenará el remate de los bienes embargados conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil. la diferencia entre ambos medios judiciales resulta más evidente. si se parte de la distinción entre la protección de un derecho constitucional y de la garantía legal que tiene el administrado de que la Administración cumpla con sus obligaciones previstas en la ley. Si no quedase cubierto el crédito fiscal y sus accesorios. en el amparo tributario el sujeto activo es “cualquier persona afectada” en el entendido de que la afectación debe derivar de la demora de la resolución de la petición que ese sujeto ha formulado a la Administración Tributaria. debe dejarse en claro que el amparo tributario tiene una naturaleza específica que lo distingue del amparo constitucional. El amparo Tributario
1.. Como ya ha sido expuesto. demostrando haber pagado el crédito fiscal con la consignación del documento que lo compruebe. El fallo que declare con lugar la oposición planteada.[33]Su inclusión como mecanismo de protección de los administrados respondió a los lineamientos establecidos en el artículo 49 de la Constitución de 1961 que actualmente se corresponden con el artículo 27 del Texto Fundamental. si se declarare sin lugar. Consagrado en los artículos 302 y siguientes del COT. pero suspenderá el remate hasta tanto la segunda instancia haya resuelto la incidencia. Si no se verificare el cumplimiento voluntario por la parte vencida. el Tribunal procederá a nombrar un solo perito evaluador que efectúe el justiprecio de los bienes embargados. B.) para las personas naturales y de quinientas (500) U. Ejecución de sentencias Como principio general. A tales efectos se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) días de despacho. ya sea en calidad de contribuyente. una vez que la sentencia haya quedado definitivamente firme. el deudor podría hacer oposición a la ejecución forzosa. Esta acción constituyó una de las innovaciones más importantes y destacadas del COT de 1982.T. el representante del Fisco podrá solicitar al Tribunal que declare un embargo complementario hasta completar la totalidad de las acreencias. el artículo 280 del COT modifica el criterio anterior mediante el cual se consideraba competente para la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales contencioso tributarios a los tribunales ordinarios. el amparo tributario es un medio judicial previsto en el COT para proteger al administrado del retardo de la Administración Tributaria en resolver las peticiones o solicitudes que formulen los administrados con ocasión de la existencia de la relación jurídico tributaria.En los casos en los que se trate de determinación de tributos o de imposición de sanciones. Por su parte. el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad del deudor que no excedan del doble del monto de la ejecución más una cantidad prudencial. Ahora. para que la parte perdidosa efectúe el cumplimiento voluntario. Ahora bien cabe destacar la relevancia que al respecto tiene el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y su vinculación con el derecho constitucional de petición y oportuna respuesta.T. pues se trata únicamente de aquellas que pueden formular los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. una vez que éste haya sido declarado sin lugar o parcialmente con lugar. una vez vencido el lapso para el cumplimiento voluntario o resuelta la incidencia de oposición por la alzada. no es cualquier petición o solicitud. En este orden de ideas es relevante destacar el criterio expuesto por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia N° 654 del 30 de junio del 2000. o de creer que el amparo tributario es especie del género de amparo constitucional. en el caso de personas jurídicas. conforme al cual: “. responsable o de tercero con un interés legítimo de acreditar una obligación tributaria siendo el sujeto pasivo. No obstante. Asimismo podrá alegar la extinción del crédito fiscal conforme a los medios de extinción previstos en el COT. ii. será apelable en ambos efectos. y las cuales debe resolver o responder la Administración Tributaria.. estimada por el Tribunal. Conforme a este artículo en los casos
2. esta acción podrá ser interpuesta por cualquier persona que vea afectada sus derechos frente a la falta de respuesta oportuna de la Administración Tributaria. Por último. ni podrán. lo lógico sería hacer extensible las disposiciones análogas referidas al recurso contencioso tributario. En tal sentido.. vale destacar que la naturaleza del amparo tributario pudiera conllevar a asimilarlo al recurso por abstención o carencia. Debe entenderse que esta transacción opera como un medio de terminación anticipado del proceso contencioso tributario. Objeto del recurso El amparo tributario. Puede afirmarse que el amparo tributario es el medio de defensa de los contribuyentes frente a la inactividad o actividad ineficiente de la Administración que le cause graves perjuicios que no son. son. Vencido tal lapso. podrá sustituir la decisión administrativa. La transacción judicial en materia tributaria
La transacción está definida en el artículo 1. En lo que respecta al procedimiento. Adicionalmente.intentar el recurso inmediato siguiente. por lo que los sujetos de la transacción judicial tributaria. Como bien apunta Ruan Santos. esta disposición consagra el “silencio administrativo negativo” que opera como una garantía legal de los administrados frente a la inactividad de la Administración. el Tribunal deberá fijar un lapso para que las partes presentes informes. el contribuyente recurrente y la Administración Tributaria que dictó el acto de efectos particulares recurrido.
Pero. A.en los que la Administración Tributaria no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos. La norma no hace referencia a determinados requisitos de forma del escrito. en atención a que tiene fuerza de ley entre las partes. En efecto. mediante recíprocas concesiones. cuando se trata de la resolución del jerárquico se prohíbe a la Administración dictar un acto expreso si el particular ha intentado ese recurso siguiente. terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. cuando el silencio se produce en el caso del procedimiento que debe dar lugar al acto definitivo. lo cual. ante la omisión de la Administración. necesariamente. el administrado debe considerar que su petición ha sido resulta negativamente conforme a lo previsto en el artículo 4 de la LOPA. Condiciones de procedencia En cuanto a las condiciones de procedencia del recurso. Por su parte. en materia tributaria. Efectos de la decisión La decisión del amparo tributario está delimitada en el COT y específicamente deberá contener una orden para que la Administración Tributaria cumpla en un término señalado con el trámite o diligencia solicitada. el Tribunal dictará la decisión en la que se fijará el término para que la Administración Tributaria se pronuncie sobre el trámite omitido. en la medida en que con su ejercicio se pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la Administración cumplir determinado acto previsto de manera concreta en la ley. De allí que el escrito presentado deberá cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.. definitivamente sería objeto del recurso contencioso tributario. el particular cuenta con el amparo tributario. puede colegirse que el ordenamiento jurídico venezolano confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término la transacción puede ser calificada como un contrato.. la transacción es un mecanismo de autocomposición procesal en el que las partes. Esta misma regulación existe en el COT con la diferencia fundamental de que en él. En ese sentido. y de allí que esencialmente tenga efectos declarativos con carácter de cosa juzgada. procederá cuando la Administración Tributara incurra en demoras excesivas en la resolución de las peticiones de los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios ordinarios previstos en el COT o en otras leyes especiales. el artículo 305 del COT dispone que las partes podrán terminar un proceso judicial pendiente mediante transacción homologada ante el juez competente. se trata de una fórmula de “amparo positivo” para impedir el perjuicio que pueda sufrir los contribuyentes a consecuencia de la abstención injustificada de la Administración y obtener de ella por vía de intervención judicial la adopción del acto solicitado.
. Téngase en cuanta que el amparo tributario es una acción de cumplimiento. [35] Por último.713 del Código Civil como el contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones. si el Tribunal lo considera pertinente.. la Comisión redactora del Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID consideró que la adopción de la transacción como medio de extinción de la obligación tributaria no puede versar sobre la interpretación de normas tributarias. dentro de los 10 días siguientes a su notificación. ser reparados por los procedimientos administrativos o judiciales contemplados en el COT. previo afianzamiento del interés fiscal comprometido.[36] 3. No se trata de un “amparo negativo” destinado a impedir o anular los efectos de un acto ilegal de la Administración Tributaria. puede sostenerse que cuando la Administración ha incurrido en demoras excesivas al no resolver peticiones o solicitudes dentro de los lapsos que el COT establece para ello. por cuanto ello significaría violar el principio de la legalidad tributaria.”. No obstante cabe destacar que la transacción debe estar limitada a las cuestiones de hecho y no a la interpretación de la norma. puesto que su finalidad es que la Administración Fiscal cumpla con la obligación que la ley le ha impuesto. 4. determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas. la decisión del amparo tributario será apelable en el sólo efecto devolutivo. se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediatamente siguiente. pudiendo entonces. prevé el artículo 303 del COT que el amparo tributario deberá presentarse mediante escrito por ante el Tribunal competente. en segundo término. “ . según lo dispone el artículo 302. Tal escrito deberá especificar detalladamente las gestiones realizadas por el solicitante y el perjuicio que le ocasiona la demora. Asimismo.
En el supuesto de que la Administración Tributaria considerase procedente la transacción. deberá notificar de ello al Tribunal de la causa. Límites al contenido y alcance del laudo arbitral
El arbitraje tributario. no es menos verdad que el arbitraje no es. Téngase en cuenta que la transacción homologada tiene la misma fuerza entre las partes que la cosa juzgada (artículo 306). otorgar exenciones. exoneraciones ni beneficios fiscales ni aplicar alícuotas distintas a las previstas en la Ley. la menor formalidad en los procedimientos. si se acoge al acuerdo o si por el contrario. deberá formar un expediente del caso para remitirlo a la Procuraduría General de la República conjuntamente con su opinión respecto a la procedencia de la terminación anticipada. [39] Entre las ventajas de la admisibilidad de medios de resolución alternativos de conflictos debe destacarse la celeridad para obtener una decisión.[40] Si bien es cierto que los medios alternativos de resolución de conflictos ofrecen como ventaja la economía procesal y la reducción de los costos. Muestra de ello lo es el acuerdo anticipado sobre precios de transferencia. pues en virtud de esos principios. 1. la misma deberá ser solicitada por el recurrente. La falta de opinión se considerará como la aceptación de llevar a cabo la transacción. de mayor rapidez y economía. se dará por terminado el procedimiento. el Tribunal debe ordenar la continuación del juicio en el estado en que se encuentre. Una vez recibido por el Tribunal de la causa. un método menos oneroso que un juicio. el secreto y el descongestionamiento del Poder Judicial.[41]
. necesariamente. se le dará curso mediante auto notificando a la Administración Tributaria. éste deberá responder por escrito a la Administración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Es un medio alternativo de resolución de conflictos cuya regulación general en Venezuela se encuentra contemplada en la Ley de Arbitraje Comercial. una vez homologado por el Tribunal. el principio de legalidad y el carácter de orden público de las normas jurídico tributarias. Si el acuerdo es rechazado. al ser notificada de la transacción. la doctrina clásica ha sostenido su imposibilidad. Cabe destacar que no se requerirá la opinión de la Procuraduría cuando el asunto sometido a ella no exceda de mil unidades tributarias en el caso de personas naturales y cinco mil si se trata de personas jurídicas. redactará el acuerdo correspondiente y lo comunicará al interesado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la opinión de la Procuraduría o al vencimiento del lapso si fuere el caso. B. siempre ofrecen la posibilidad. Sin embargo. en un proceso contencioso tributario el juez es costeado por el Estado. Una vez verificada la notificación se suspenderá la causa por un lapso de noventa (90) días continuos para que las partes discutan los términos de la transacción. Ruan Santos sostiene que es absolutamente inadmisible la posibilidad de transacción por lo que respecta la validez o invalidez de un acto administrativo. 2. Debe acotarse que el auto de homologación es el mecanismo a través del cual se dota de ejecutoriedad a la transacción. Tales mecanismos facilitan a los contribuyentes conocer de antemano la posición de la Administración respecto al asunto concreto para que de esa forma se eviten juicios innecesarios. lo que deriva en una mayor eficacia en la administración de justicia. negada en le proceso judicial.En cuanto al sometimiento de las controversias tributarias a soluciones transaccionales. previsto en los artículos 143 al 167 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y en las consultas tributarias. lo rechaza. 3. Ese plazo puede ser prorrogado. mientras que en el arbitraje los gastos del proceso recaen en cabeza de las partes.[38]
En cuanto al procedimiento aplicable a la transacción. de allí que no sea transigible el ejercicio de la potestad tributaria del Estado. la Administración está condicionada por ley a exigir el tributo en los mismos términos establecidos por la norma legal. Si se suscribe el acuerdo. Por tanto. mediante el arbitraje no pueden crearse impuestos. El arbitraje tributario se encuentra previsto en los artículos 312 y siguientes del COT. tales como la condonación y la reducción de la deuda tributaria. tampoco puede la Administración celebrar una transacción en la que renuncie al ejercicio de la competencia tributaria para exigir para exigir y cobrar la deudas fiscales ya liquidadas. Una vez recibida la propuesta por el interesado. la anulación de los actos administrativos fiscales pues éstos sólo pueden ser revocados por motivos de ilegalidad. La Administración Tributaria. la economía y eventual reducción de costos al acortar los procedimientos judiciales. Es también conveniente recordar que el ordenamiento jurídico venezolano ha contemplado figuras de disposición fiscal. la Procuraduría debe emitir una opinión no vinculante dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del expediente. al igual que la transacción encuentran límite en la indisponibilidad del crédito tributario. por treinta (30) días más (artículo 307). El arbitraje tributario Naturaleza jurídica
Dentro del conjunto de normas jurídico tributarias encontramos distintos indicios demostrativos de la presencia de acuerdos entre la Administración Tributaria y los contribuyentes. Tampoco puede ser objeto de arbitraje la reapertura de lapsos para la interposición de recursos administrativos o judiciales cuando éstos hubieren caducado por inactividad del contribuyente. En efecto. solicitándole la continuación del juicio. De otra parte. la confiabilidad. y como efecto de la transacción.[37] Brewer Carias sostiene que la República no puede válidamente otorgar como concesión recíproca. antes del acto de informes mediante escrito que contenga los fundamentos de su solicitud. ya sea en el contribuyente o en la Administración Tributaria y en algunos casos los procesos arbitrales en la práctica pueden llegar a demorar tanto o más que lo que demoran los juicios. Materias objeto de arbitraje
Son susceptibles de arbitraje las mismas materias sujetas a transacción. a petición de las partes. En el supuesto en el que la Administración Tributaria considerase totalmente improcedente la transacción propuesta. en tal sentido viene a suplir la resolución judicial que faculta a las partes a solicitar al órgano jurisdiccional el cumplimiento del acuerdo transaccional.
la decisión puede ser objeto del recurso de nulidad cuando concurran los siguientes supuestos (325 COT): (i) si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas las cuestiones sometidas a arbitraje. Por último.
Cazorla. necesariamente. ya que el arbitraje no debe. El artículo 316 del COT establece que el tribunal arbitral estará compuesto por tres árbitros que deberán ser abogados. Aranzadi. la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos ” 4. el apoderado judicial del recurrente deberá estar expresamente facultado para ello (vid. estableciendo claramente a que supuestos puede ser sometido. 5. este último será designado por el tribunal. La decisión del Tribunal Arbitral es apelable ante el Tribunal Supremo de Justicia. El procedimiento arbitral culminará con el laudo. por el contribuyente salvo que el compromiso arbitral haya sido celebrado a petición de la Administración. y éstas no hubieren sido subsanadas por el consentimiento de las partes. El COT sólo permite el arbitraje independiente y no el arbitraje institucional. En Venezuela la discusión acerca de la procedencia del arbitraje y otros medios de resolución de conflictos está ampliamente superada. prorrogable hasta por un período igual. Esta disposición se aparta de lo que debe ser una decisión arbitral. 2 edición. 177 en Ramírez Van
. Navarra. las partes pueden establecer sus propias reglas de procedimiento. (ii) si estuviere concebida en términos contradictorios o inejecutables. En todo caso. salvo el recurso de nulidad tal y como lo establece la Ley de Arbitraje Comercial. los árbitros deberán manifestar su aceptación ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario (artículo 317). Los asuntos que sean sometidos a arbitraje no podrán volver a ser objeto de la jurisdicción contencioso tributaria (vid. toda vez que el COT de 2001 prevé a título expreso en su artículo 312 la posibilidad de someter las controversias suscitadas entre la Administración Tributaria y los contribuyentes al arbitraje.
VII. La Nature Juridique du Contentieux de L´imposition. se regirán por las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y por el Código de Procedimiento Civil. tramitación del proceso) está regulado por el reglamento de arbitraje del centro arbitral. es de obligatorio cumplimiento para las partes. 314 COT). Luis María. condiciones precisas de integración del tribunal arbitral. La decisión se pasará con los autos al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario que estaba conociendo de la causa cuando se celebró el compromiso. en su totalidad. 1972. La doctrina concuerda en que el arbitraje institucional tiene importantes ventajas sobre el arbitraje independiente. Asimismo debe destacarse que la causa se suspende mientras dure el arbitraje (320 COT) por lo que la resolución de los asuntos que no fueron sometidos a arbitraje tendrá que esperar por la decisión del tribunal arbitral.g. siempre y cuando la decisión haya sido unánime de los tres árbitros (artículo 323 COT). la conciliación. uno designado por cada parte y el tercero designado por los dos árbitros y a falta de acuerdo. puesto que ya cuenta con reglas y procedimientos. En tal sentido. En el arbitraje institucional. artículo 154 del CPC) y el representante del Fisco deberá estar debidamente autorizado por la máxima autoridad jerárquica de la administración Tributaria (315 COT). A todo evento. los efectos del laudo y los aspectos atinentes a su ejecución. 2000. Bern. En el arbitraje independiente. las partes podrán convenir en sufragar los costos en partes iguales. El plazo para que los árbitros tomen la decisión es de seis meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral. todo lo referente al procedimiento arbitral (e. según lo dispuesto en el artículo 326 del COT. la cual señala en su artículo 258 que “la ley promoverá el arbitraje. Derecho Financiero y Tributario. p. Phileppe. su ejecución corresponde al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Como principio general. ya que el laudo debe ser definitivo y no debe estar sujeto a recurso alguno. Procedimiento
El arbitraje tributario podrá proponerse y deberá acordarse una vez admitido el recurso contencioso tributario después que hayan sido expuestos los argumentos del contribuyente y las pretensiones de ambas partes estén definidas.[42] Blanco-Uribe y Fraga Pittaluga sostienen que si bien es cierto que existe indisponibilidad del crédito tributario. la misma no es absoluta ya que la ley puede otorgar facultades a la Administración Tributaria para que ésta disponga de la deuda. p. versar sobre la totalidad de la materia objeto de la controversia. la Ley de Arbitraje Comercial resulta de aplicación supletoria al arbitraje tributario. (iv) si en el procedimiento no se hubieren observado las formalidades sustanciales. La notificación del mismo tanto a la Administración Tributaria como al contribuyente debe realizarse a través del Tribunal Arbitral. Esta inclusión responde a los lineamientos generales derivados de la Constitución. los honorarios de los árbitros y demás gastos ocasionados por el arbitraje deberán ser sufragados.[43] En adición al recurso de apelación al que se somete el laudo arbitral en el arbitraje tributario. prevé el artículo 326 del COT que aquellos aspectos del arbitraje tributario que no se encuentren regulados. la doctrina ha afirmado que en materia tributaria es requisito de procedencia del arbitraje tributario que se encuentre previsto expresamente el la ley. pudiendo acogerse o no a las de algún centro de arbitraje. ya que en muchos casos pueden existir interpretaciones divergentes y conceptos jurídicos indeterminados en los que existe una zona de incertidumbre abierta a un margen de apreciación e interpretación. al igual que la sentencia. Efectos del laudo arbitral
El laudo arbitral. Para someter un asunto a arbitraje. La formalización del compromiso arbitral en el expediente de la causa debe expresar con claridad las cuestiones sometidas al conocimiento del tribunal arbitral. 52. el cual lo publicará al día siguiente de su consignación.Sin perjuicio de lo anterior hay que considerar que la aplicación de las normas tributarias no responde a un proceso automático. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su designación. constitución del tribunal. París. de allí que se trate de un arbitraje cuya aplicación se encuentre restringida a la etapa judicial. (iii) si el tribunal ante al cual se plantea la nulidad del laudo comprueba que según el ordenamiento jurídico el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje y.
1995. 177 en Ramírez Van Der Velde. Aranzadi. pp.. Ob cit. “El Contencioso Tributario” en Revista de Derecho Público. 2004.
Para que pueda afirmarse la autonomía científica de un fragmento del derecho. “El Proceso Contencioso Tributario Venezolano. Gabriel. se debe tratar de: (i) un ámbito de realidad social acotado. Rodolfo. Barquisimeto. Eduardo y Fernández. 2002. Gabriel. Caracas. Ruan Santos. 2003. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. 211 y ss. Ramírez Van Der Velde. revista de la AVDT. “Tutela Judicial Efectiva en materia Tributaria”. “Recurso Jerárquico y Contencioso Tributario” en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001. Dino. séptima edición. [7] Ruan Santos. Caracas. Félix. 301 en Ruan Santos. Liceo Profesional Cima. Ruan Santos. Luis María. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. 2000. Colegio de Abogados del Estado Lara. Madrid. 2004. Jarach. Ob cit. 2002. Introducción al estudio del Derecho Financiero. Barquisimeto. “Presupuestos Procesales de la Acción en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. pp. 2 edición. AVDT. Caracas. Curso de Derecho Administrativo. 153 y ss.. Marco. p. Ob cit. 1969. Lois. p. Mayo. 58 y ss. Félix. Caracas. Caracas. J.Bóveda. Gabriel. Alejandro. “El Proceso Contencioso Tributario Venezolano. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. La Nature Juridique du Contentieux de L´imposition. Dalloz. Madrid. 1995. Jurídica Venezolana. Notas comparativas”. 82 y ss [16] cfr. p. Caracas. Lois. Enero-Marzo. 301 en Ramírez Van Der Velde.J. Caracas. Compilación de estudios y sentencias publicadas en las revistas de derecho tributario. Colegio de Abogados del Estado Lara. 1981. pp. Civitas. Caracas. Phileppe. revista de la AVDT. livrosca. Notas comparativas”. 1983. Eduardo y Fernández. A. Caracas. “El arbitraje Tributario en el Derecho Venezolano” en El Contencioso Tributario hoy. Droit Fiscal. en Contencioso Tributario hoy. [15] vid. Dalloz. Tomás-Ramón. Tomo I. pp. [6] Cazorla.Thomson-Aranzadi. N° 21. Marco. “Presupuestos Procesales de la Acción en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. Jornadas internacionales. Ferreiro Lapatza. Argentina. pp. vid. AVDT. Droit Fiscal. Jornadas internacionales. 1975. 1998. Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Elvira. p. 143. Dupuy. El proceso Contencioso Tributario. [2] Ramírez Murzi. pp. Buenos Aires. Mónica. séptima edición. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. FUNEDA. Liceo Profesional Cima. en Temas Tributarios. 125 y ss. Alejandro. AVDT. [3] Fraga Pittaluga. p. Marco. N° 7. 2004. FUNEDA.
Ramírez Van Der Velde. Marco. 125 y ss. [12] Ramírez Murzi. Tomo I. p. Caracas. pp. Caracas. Caracas. (ii) un conjunto de normas y relaciones homogéneas y (iii) la existencia de unos principios generales propios. p. Comentarios al Código Orgánico Tributario. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. 1992. París. Caracas. 1992. p. Viloria Méndez. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. 1969. [13] Ramírez Van Der Velde.: Dupuy. Ilse. Comentarios al Código Orgánico Tributario. Caracas. Curso Superior de Derecho Tributario. 1999. N° 56. 1995. p. París. 73. “Contencioso-fiscal. Ilse. [14] Recordemos que el responsable es un tercero ajeno a la realización del hecho imponible al cual se le asigna el carácter de sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria principal. “Contencioso-fiscal. pp. 1998. En relación a lo antes expuesto. Rodríguez Bereijo. 204. Gabriel. N° 56. N° 56. Alejandro. Caracas. livrosca. N° 9. Spisso. 211 y ss. p. Caracas. 614 [17] Van Der Velde. AVDT. 2004. Alejandro. Gabriel. “Recurso Jerárquico y Contencioso Tributario” en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001. Alejandro. Mery. Ob cit. Argentina. Tomo I. Civitas.. AVDT. [9] Trotabas. Rodríguez Bereijo. [18] Van Der Velde. p. pp. [19] Hernández Richards. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. 58 y ss. La defensa del contribuyente frente a la Administración Tributaria. Caracas. Derecho Financiero y Tributario. 1992. El proceso Contencioso Tributario. Caracas. Dino. 1999. 435 y 436. 1999. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. 1975. 1992. 1976. Compilación de estudios y sentencias publicadas en las revistas de derecho tributario. 52. Colegio de Abogados del Estado Lara. pp. [10] Trotabas. 1976. [8] Jarach.. Alejandro. 82 y ss Hernández Richards. El proceso Contencioso Tributario. Curso Superior de Derecho Tributario. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Elvira. su objeto y naturaleza jurídica” en Homenaje a José Andrés Octavio. 1995. 153 y ss. Caracas. 1999. su objeto y naturaleza jurídica” en Homenaje a José Andrés Octavio. 2004. Ramírez Murzi. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. AVDT. París. pp. Buenos Aires. 1972. p. 95-96. Ramírez Murzi. 143. Ruan Santos. [4] Ramírez Van Der Velde. 1995. p. “Comentarios sobre la aplicabilidad del instituto de la transacción a la actividad de la Administración Pública” en Revista de Derecho Público. 614 Fraga Pittaluga. A.: García de Enterría. 13 García de Enterría. “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta” en Quincena Fiscal. [11] Bern.
. en Temas Tributarios. 1983. 435 y 436. Barquisimeto. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. pp. Ilse. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. La defensa del contribuyente frente a la Administración Tributaria. 6 Van Der Velde. Introducción al estudio del Derecho Financiero. Navarra. Ed.
[40] Bóveda. p.
. 95-96. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. 2004. (4) el justiprecio de los bienes. Gabriel. [29] Ortiz Álvarez. Buenos Aires.jxq503t3. El recurso administrativo tiene por objeto proteger los derechos de los particulares y sujetar la actuación de la autoridad al régimen de derecho. Félix. AVDT. Caracas. Enero-Marzo. Ob cit. J. 2004. N° 21. 215
. Caracas. N° 56. 2004. p. Caracas. Compilación de estudios y sentencias publicadas en las Revistas de Derecho Tributario N° 1 a la N° 50. [23] Ruan Santos. Tomo I.See more at: http://www.J.942 de 20 de mayo de 2004. Mery. N° 21. p. 1998. Rodolfo. 1999. “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta” en Quincena Fiscal. en Contencioso Tributario hoy. Ob cit. p. El producto de la venta. Jornadas internacionales. Ob cit. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. Buenos Aires. p. Luís. Caracas. p. 153 y ss. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. “Comentarios sobre la aplicabilidad del instituto de la transacción a la actividad de la Administración Pública” en Revista de Derecho Público. Allan. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. p. 70. previa audiencia de ambas partes. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. 1992. La defensa del contribuyente frente a la Administración Tributaria. [34] Téngase en cuenta el artículo 27 de la Constitución conjuntamente con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. “Las transacciones fiscales y la indisponibilidad de la potestad y competencias tributarias” en Temas Tributarios. Desalma. [26] Publicada en Gaceta Oficial N° 37. Gabriel. cuando se trate de bienes inmuebles. citado por Viloria Méndez. [33] Ruan Santos. (5) bases mínimas para la aceptación de posturas. FUNEDA.dpuf
RECURSO TRIBUTARIO
Recurso Tributario Los recursos tributarios Es un medio de defensa que la ley otorga a los particulares afectados en sus derechos por un acto administrativo. Caracas. 70. [37] Ruan Santos. 2004. 13 [42] Bóveda. Caracas. con la cual se favorecerá a quien ofrezca el mayor precio de contado por encima del precio fijado por el perito. 55 [22] Ruan Santos. p. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. (2) naturaleza e identificación de los bienes objeto del remate. Mery. “El arbitraje Tributario en el Derecho Venezolano” en El Contencioso Tributario hoy. citado por Hernández Richards. Mónica. “Tutela Judicial Efectiva en materia Tributaria”. Caracas. Enero-Marzo. N° 56. N° 7. [35] Sala Constitucional del TSJ. (6) día. Desalma. Mónica. Caracas. el Juez podrá. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. 59 [21] Hernández Richards. Ob cit. 70. la cuales no podrán ser inferiores a la mitad del justiprecio cuando se trate de bienes inmuebles y. Gabriel. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. Rodolfo. AVDT. previa estimación de su valor por un perito que nombrará el Tribunal. Caracas. lugar y hora en el que haya de practicarse el remate. La Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria. 2004. sentencia N° 654 del 30 de junio de 2000. Dicha venta se anunciará mediante un solo cartel que se publicará en un periódico que circule en la localidad. sea de tal naturaleza que haga necesaria dicha omisión. 206. Ed. 2003. 1996 citado por Viloria Méndez. [27] Spisso. 1992. con la finalidad de obtener la revocación o modificación del mismo.209 citado por Bóveda. [24] Viloria Méndez. Jornadas internacionales. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. 73. [38] Brewer Carias. Gabriel.430 del 7 de abril de 1998. “El Contencioso Tributario” en Revista de Derecho Público. Mery. 1992. AVDT. Caracas. Caracas.Thomson-Aranzadi. 1996 citado por Viloria Méndez. 2004. AVDT. Gabriel. [36] Sobre el amparo tributario en el Código Orgánico Tributario de 1983. Mayo. AVDT. Mónica. pudiéndose prescindir de éste en caso de que el temor de la corrupción de los bienes. “El Contencioso Tributario” en Revista de Derecho Público. La Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria. N° 56. [25] Spisso. Caracas.[20]
Fraga Pittaluga. 1981. AVDT. p.badellgrau. vid. Luis. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. Jurisprudencia sobre las medidas cautelares en el contencioso administrativo.
Ruan Santos. N° 9. cuando sea demostrada su ilegalidad. p. [41] Ferreiro Lapatza. autorizar al Depositario para que efectúe la venta de dichas cosas.com/?pag=46&ct=1052#sthash. 1992.
Prevé en artículo 538 del CPC que “si entre las cosas embargadas hubieren cosas corruptibles. se destinará a los fines de la ejecución”. “Presupuestos Procesales de la Acción en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. Caracas. AVDT. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. Jurídica Venezolana. 6 [28] Spisso. p. Rodolfo. (3) certificación de gravámenes. 2004. Caracas. Gabriel. Caracas. 204. También da origen a una controversia entre la administración y el administrado. Mery. Mónica. pp. 1992. [32] Prevé el artículo 286 del COT que el cartel de remate deberá contener: (1) identificación del ejecutante y del ejecutado. Félix. Ruan Santos. p. 207 [39] Gaceta Oficial 36. p. [43] Bóveda. p.
Su revocación total produce el término del procedimiento. pudiendo solicitar del propio contribuyente informaciones adicionales. para subsanar todos los vicios de que adolezcan. la suspensión de los efectos del acto recurrido en virtud de la interposición del recurso jerárquico. la interposición del recurso suspende los efectos del acto recurrido. dentro de los 3 días hábiles siguientes. La administración tributaria dispondrá de un lapso de 60 días continuos para decidir el recurso contado apartir de la fecha de culminación del lapso probatorio. La Administración Tributaria admitirá el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de la interposición del mismo. y que sea emitido por un individuo con credenciales falsas de funcionario público. Igualmente se considera causal de inadmisibilidad del recurso: • La falta de cualidad o interés del recurrente • La caducidad del plazo para ejercer el recurso • Ilegitimidad de la persona que se pres ente como apoderado o representante por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye. o porque el poder no sea formal. Los recursos tributarios son:
1. no impide a la administración tributaria exigir el pago de la porción no objetada. un lapso probatorio no mayor a 15 días. el cual será fijado de acuerdo con la complejidad del caso. en virtud de la interposición del recurso no impide exigir el pago de la porción no objetada. si no fuese la máxima autoridad. Revisión de Oficio. • Falta de asistencia o representación de abogado.
Es una opción que le da el legislador al contribuyente.O. para impugnar un acto emanado de la Administración Tributaria.
. que considere pertinentes para esclarecer los hechos. Actos Administrativos absolutamente nulos: Existen actos que sólo pueden considerarse viciados de nulidad absoluta. por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. A tal efecto. se abrirá. en caso de que se compruebe errores de cálculos y otros errores materiales.. por ejemplo: que se pretenda aplicar una sanción distinta a la señalada en la ley.T (Art 245 247). que juzgue necesarias y llevando los resultados al expediente. El recurso jerárquico deberá interponerse mediante escrito donde se expresaran las razones de hecho y de derecho en que se funde con la asistencia o representación de abogados o cualquier otro profesional al área tributario éste recurso deberá interponerse ante la oficina que emanó el acto en un lapso de 25 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del acto que se impugna. Esté procede no procede contra actos que: • Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. el recurso procede por la parte no modificada. una vez admitido el recurso. La Administración Tributaria podrá realizar todas las diligencias de investigación. De ahí que la garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo. Tal es el caso que su ejecución sea ilegal. En este tipo de Recurso la Administración Tributaria se reserva en todo momento para corregir sus actos. La suspensión de los efectos del acto recurrido. contados a partir de la interposición del recurso. • Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios. la oficina podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio.Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración. Luego de Interpuesto el recurso. no pueden ser convalidados de ninguna manera. al igual que todos los elementos de juicio de que disponga. es decir. • En los demás casos señalados expresamente en este código o en las leyes. en caso de modificación de oficio. Según el C.
contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para decidir el recurso jerárquico. El recurso de revisión solo procede dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia y deberá ser decidido en los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. • Cuando la resolución hubiere sido adoptado por cohecho. la suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada
. cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el tribunal competente el juez o el funcionario recetor deberá remitirlo al tribunal competente dentro de los cinco días siguientes.2.. soborno u otra manifestación fraudulenta. por sentencia judicial firme. y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial firme. violencia. el recurrente podrá solicitar del tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el envió del recurso interpuesto. El lapso para interponer este recurso será de 25 días hábiles. Recurso contencioso tributario: Es una impugnación de un acto de efecto particular sin necesidad del uso previo de un recurso jerárquico. • Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva documentos o testimonio s declarados falsos. o que éste haya sido denegado.
3. no disponibles para el momento de su tramitación.
El recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante los funcionarios competentes para conocer del recurso jerárquico en los siguientes casos: • Cuando hubiere aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto.
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