Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-057-16.htm
Timestamp: 2017-10-21 04:58:34+00:00

Document:
T-057-16
Sentencia T-057/16
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración de jurisprudencia
Esta Corporación ha señalado que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, en donde su efectividad surge de “(i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales”.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO-Protección constitucional especial
DISCAPACIDAD E INVALIDEZ-Diferencia
La Corte Constitucional estableció la diferencia entre discapacidad e invalidez por cuanto “podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad severa”. Así mismo, se indicó que la discapacidad “implica una restricción debida a la deficiencia de la facultad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para el ser humano en su contexto social. En este sentido, discapacidad no puede asimilarse, necesariamente a pérdida de capacidad laboral. Así, personas con un algún grado discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo laboral…”.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho de asociación sindical tiene tres dimensiones que implican una expresión de libertad: a. Dimensión individual: Corresponde a la posibilidad de cada persona de afiliarse, retirarse o continuar dentro de la organización sin que para tomar tales decisiones reciban injerencias o presiones externas, ni del empleador ni del sindicato. b. Dimensión colectiva: De acuerdo a la cual pueden autogobernarse los trabajadores organizados, y además pueden decidir independientemente el destino de la organización sin recibir injerencias externas, especialmente aquellas derivadas de los empleadores. c. Dimensión instrumental: La cual señala que el derecho de asociación es el mecanismo que permite a los trabajadores conseguir algunos fines, en especial aquellos relacionados con la mejora de sus condiciones laborales. Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala que las normas de la legislación laboral representan un mínimo de garantías que pueden mejorarse a través de la negociación colectiva. Respecto a esta última dimensión (instrumental), la jurisprudencia le ha otorgado gran importancia a la negociación colectiva. Sin embargo, se ha aclarado que la función de los sindicatos no se limita a tal actividad, por cuanto la ley les ha atribuido diversas facultades: (i) el deber de estudiar y analizar las características de la profesión, salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o prevención de accidentes y las demás condiciones laborales respecto de sus asociados, para lograr la defensa de las mismas o sus mejoras; (ii) procurar el acercamiento entre trabajadores y patronos en condiciones de justicia, subordinación a la ley y respeto mutuo; (iii) brindar asesoría a los asociados para lograr la defensa de sus derechos, así como representarlos ante las autoridades administrativas, patronos y terceros; (iv) promover la educación general y técnica de los asociados; entre otras.
TRABAJADORES AMPARADOS POR FUERO SINDICAL
FUERO CIRCUNSTANCIAL-Garantía que ampara trabajadores que se encuentran en medio de una negociación colectiva
FUERO CIRCUNSTANCIAL-Jurisprudencia constitucional
FUERO CIRCUNSTANCIAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
TERMINACION UNILATERAL Y SIN JUSTA CAUSA DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR-Reiteración de jurisprudencia
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO-Orden de reintegrar a accionante
Bogotá D.C., once (11) febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub –quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente,
1.1.2. Indica que el 27 de agosto de 2012 sufrió un accidente de trabajo en la línea de producción de Chocorramo por lo cual sus dedos de la mano derecha se afectaron y uno de ellos resultó atrapado, encontrándose al momento de la interposición de la tutela en proceso de recuperación y valoración del PCL.
1.2.1.2. Lo anterior por cuanto “Productos Ramo S.A. tiene su domicilio principal en Bogotá y desde el punto de vista laboral la competencia se puede realizar por el lugar del domicilio de la empresa y no por el sitio donde se encontraba desarrollando la labor el trabajador, pues con fundamento en el ius variandi los trabajadores pueden ser remitidos y/o trasladados a cualquiera de las sedes de trabajo que tenga el empleador, sin que ello implique que se varié el factor territorial y/o el domicilio de la compañía.”
1.2.1.3. Indicó que la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, presentó una TUTELATÓN ante diferentes despachos judiciales a nivel Nacional, para obtener sentencias contradictorias y que se reintegraran algunos de los trabajadores que de “forma arbitraria e irregular dicen haber constituido un presunto sindicato en la carretera, a la intemperie a las 5 de la mañana, fuera de las instalaciones de la empresa, con el único propósito de evitar que la compañía pudiera presentar un plan de retiro, al que se acogieron más de 269 trabajadores y que se originó como consecuencia del estado de pérdidas por las que viene atravesando productos Ramo y que exigió una reorganización a nivel general y/o que alegan tener unas presuntas enfermedades de muchos años atrás, que en nada inciden en su trabajo.” De igual manera presentó una tabla con la relación de las tutelas que presentó la CUT contra Productos Ramo S.A., a nivel nacional.
1.2.2.1. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jimmy Alexander Salcedo Granados[1].
1.2.2.2. Copia de la diligencia adelantada por la inspectora de trabajo de Funza – Cundinamarca, llevada a cabo el día treinta y uno (31) de marzo de dos mil quince (2015)[2].
1.2.2.3. Copia de la carta de terminación de contrato de trabajo sin justa causa, de treinta y uno (31) de marzo de dos mil quince (2015), firmada por el señor Germán Martínez, Representante Legal de Productos Ramo. La carta contiene el recibido del accionante en donde indica que recibe la comunicación “con derecho a reclamos”[3].
1.2.2.4. Copia de la liquidación del contrato de trabajo del señor Salcedo Granados.[4]
1.2.2.5. Certificado laboral del señor Jimmy Alexander Salcedo, expedido el tres (03) de abril de dos mil quince (2015).[5]
1.2.2.6. Examen de egreso “Certificado médico de aptitud laboral con énfasis en osteomuscular” realizado por Salud Ocupacional de los Andes Ltda., el día diez (10) de abril de dos mil quince (2015).[6]
1.2.2.7. Historia clínica del señor Jimmy Alexander Salcedo Granados desde el veintitrés (23) de febrero de dos mil ocho (2008) hasta once (11) de marzo de dos mil quince (2015).[7]
1.2.2.8. Informe para Presunto accidente de trabajo del empleador o contratante de veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012), expedido por la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A/ARP.[8]
1.2.2.9. Certificación de la Clínica de Ortopedia y Accidentes Laborales de trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012) en el que diagnostican al accionante con una “herida de dedo(s) de la mano con deño de la(s) uña(s)”.[9]
1.2.2.10. Certificados de incapacidad de 27 de agosto de 2012, 07 de septiembre de 2012, 08 de octubre de 2012, 05 de noviembre de 2012, 15 de diciembre de 2012, 04 de enero de 2013, 03 de febrero de 2013[10].
1.2.2.11. Ordenes de medicamentos proferidos por la Clínica de Ortopedia y Accidentes Laborales[11].
1.2.2.12. Respuesta de Productos Ramo S.A., de siete (07) de mayo de dos mil quince (2015) a la tutela interpuesta por el señor Jimmy Alexander Salcedo Granados[12].
1.2.2.13. Extractos bancarios de Productos Ramo S.A. del Banco Davivienda en donde se registra el pago de la indemnización al señor Jimmy Alexander Salcedo Granados[13].
1.2.2.14. Certificación de Productos Ramo S.A. en donde señala que hasta el veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015) dicha compañía no había recibido notificación formal de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Productos Ramo S.A.[14]
1.2.2.15. Certificación de Productos Ramo S.A. en donde se señala que debido a los resultados económicos de 2014 la empresa se vio en la necesidad de realizar un plan de retiro voluntario del personal[15].
1.2.2.16. Carta de Productos Ramo S.A. en donde se le hace entrega al accionante de la carta de retiro de cesantías, el pago de aportes a seguridad social de los últimos tres meses, certificación laboral y comprobante de liquidación[16].
1.2.2.17. Carta de Productos Ramos dirigida a Salud Ocupacional de los Andes en donde solicitan realizar el examen de retiro del señor Jimmy Alexander Salcedo Granados[17].
1.2.2.18. Certificación del Contador de Productos Ramo S.A. en donde indica la pérdida en las operaciones de 2014 de la compañía[18].
1.2.2.19. Certificado de existencia y representación legal de Productos Ramo S.A.[19]
1.2.2.20. Decisión del Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015)[20].
1.2.2.21. Impugnación presentada por Jimmy Alexander Salcedo contra el fallo de primera instancia[21].
1.2.2.22. Decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Funza – Cundinamarca de treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015)[22].
1.2.2.23. Registros civiles los hijos del accionante: Harold Salcedo Cortés, con fecha de nacimiento de 15 de febrero de 2005; Cristian Camilo Salcedo Uribe, con fecha de nacimiento de 06 de enero de 1999 y Yeison Andrés Salcedo Uribe con fecha de nacimiento de 04 de marzo de 1997.[23]
1.2.2.24. Carta dirigida a la Corte Constitucional por parte del accionante en donde señala las dificultades que ha padecido por el despido unilateral y sin justa causa.[24]
1.2.2.25. Resultados de endoscopias y ecografías gastrointestinales.[25]
1.2.2.26. Biopsia Gástrica de 09 de julio de 2012.[26]
1.2.2.27. Diagnósticos médicos sobre sus enfermedades gastrointestinales.[27]
1.2.2.28. Valoraciones médicas de la cirugía de la mano a la que fue sometido por el accidente de trabajo.[28]
1.2.3. Decisiones Judiciales
1.2.3.1. Sentencia de primera instancia
Reconoció que el propósito del accionante era que se protegieran sus derechos fundamentales invocados, lo cual se concreta en el reintegro del señor Jimmy Alexander Salcedo a Productos Ramo S.A. Al respecto, señaló que “en este caso se advierte que el señor Salcedo fue desligado laboralmente sin que mediara la autorización por parte del Inspector de Trabajo; situación que es justificada por RAMO S.A. alegando que aquél no se trata de una persona en estado de indefensión o debilidad manifiesta, pues para el momento de la desvinculación laboral no se encontraba incapacitado y no existe una calificación de pérdida de capacidad laboral, por lo que no goza de estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, no era necesario agotar el trámite ante el Inspector del Trabajo.”
Respecto al accidente de trabajo que indicó el actor, el juez de primera instancia señaló que “de acuerdo al historial médico aportado por el actor, el 27 de agosto de 2012 sufrió un accidente de trabajo, que le causó lesiones en el dedo uno de la mano derecha, y le generó una incapacidad definitiva de 70 días. Sin embargo, no se allegó prueba siquiera sumaria de que esa lesión haya desembocado en una disminución o limitación de la capacidad motora del actor o que le impidiera laboral en condiciones normales.”
En el mismo sentido manifestó que “se advierte que no evidencio probatoriamente el hecho de que sus padecimientos de hipertensión esencial primaria, goma y úlceras de frambresia, hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía hipertensiva, pólipos gástricos, gastritis y obesidad que refiere el actor, sean por causa o en desarrollo de la labor que desempeñaba dentro de la empresa requerida, por ende de ninguna forma puede deducirse dentro del trámite, que sean consecuencia de su actividad laboral, y mucho menos puede decirse que limitan la misma, pues los galenos tratantes no señalaron nada al respecto.”
También indicó que “no se evidencia que el accionante se encontraba para la fecha de la culminación de su actividad laboral en tratamiento médico grave y/o urgente; pues si bien es cierto, en su historia clínica se refiere padece diferentes sintomatologías, no se advierte una enfermedad grave o crónica que amerite tratamiento severo constante, como tampoco se acredita que necesite una protección especial.”
Por último concluye señalando que “de lo allegado al plenario, no se tiene la certeza que el accionante haya puesto en conocimiento de la empresa donde laboraba las patologías que sufría, si bien es cierto el mismo aduce que la empresa tenía conocimiento de los permisos que solicitaba para asistir a las citas médicas y diferentes exámenes que debía practicarse, no lo es menos, que a la fecha de la terminación del contrato laboral, la accionada desconocía la supuesta circunstancia de debilidad manifiesta que reclama para un posible reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, luego, es claro que no había conocimiento de enfermedad crónica, catastrófica y/o estuviera inmerso en merma de su capacidad productiva que ameritara especial atención de previo reconocimiento; siendo por este motivo que la demandada no pidió permiso al Ministerio para dar por terminada una actividad contractual de forma unilateral, pues, se aprecia, su argumento fue un déficit financiero, situación que fue sustentada por el Contador Público de la empresa.”
2.3.1. El derecho a la Seguridad Social está reconocido como un derecho fundamental mediante los artículos 48 y 49 en donde se estipula que la seguridad social es un derecho irrenunciable y que a su vez es un servicio público[29], por lo tanto el Estado está obligado a coordinar, dirigir y controlar que tal derecho se ejecute de manera efectiva.[30]
2.3.2. Igualmente, el artículo 53 Superior, indica que la garantía a la seguridad social es un principio mínimo fundamental del vínculo laboral y conlleva la exigencia al Estado de garantizar el derecho a obtener un pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales.[31]
2.3.3. El ordenamiento constitucional le brinda protección al derecho a la seguridad social, la cual se complementa de acuerdo a algunos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la seguridad social de las personas.[32]
2.3.4. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 22 consagra: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.[33]
2.3.5. Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos de la Persona establece en su artículo 16 que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.[34]
2.3.6. El Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, mediante su artículo 9° estipula que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.[35]
2.3.7. En el mismo sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.[36]
2.3.8. El Código Iberoamericano de la Seguridad, que fue aprobado en Colombia mediante la Ley 516 de 1999, en su artículo1° señala que[37] “El Código reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano. 2. Este derecho se concibe como garantía para la consecución del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad.”
2.3.9. De conformidad con las normas señaladas, esta Corporación ha establecido que el derecho a la seguridad social protege a aquellos individuos que como consecuencia de la vejez, el desempleo, una enfermedad o incapacidad laboral, se encuentren en la imposibilidad mental o física para adquirir los medios que les permiten subsistir y tener una vida digna. De esta manera, la seguridad social exige que se realice un diseño de una estructura básica en donde se determinen las entidades encargadas de prestar el servicio y donde se establezcan los procedimientos bajo los cuales tiene que discurrir.[38]
2.3.10. Igualmente, se tiene que indicar el sistema que se debe tener en cuenta para garantizar que se otorguen los fondos con los cuales este pueda desarrollar un buen funcionamiento.[39] Por este motivo, la labor estatal resulta de vital importancia, por cuanto a través de las asignaciones de sus recursos fiscales, tiene una obligación constitucional de otorgar las condiciones suficientes para que las personas gocen del derecho irrenunciable a la seguridad social.[40]
2.3.11. Esta Corporación, admitió desde muy temprano, que los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como de segunda generación, podían protegerse a través de la acción de tutela, con la tesis de la conexidad, si se demostraba un nexo inescindible entre los derechos de orden prestacional y un derecho fundamental.[41]
2.3.12. Así mismo, otra corriente doctrinal ha considerado que los derechos civiles y políticos al igual que los derechos sociales, económicos y culturales son derechos fundamentales por lo cual acarrean obligaciones negativas y positivas.[42]
2.3.13. De esta manera, el Estado debe abstenerse de efectuar actuaciones que desconozcan tales derechos (deberes negativos) y para lograr la plena ejecución y materialización en la práctica de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, el Estado debe acoger medidas e implementar actividades que involucren exigencias de carácter prestacional (deberes positivos).[43] Según esta postura, la implementación práctica de los derechos constitucionales fundamentales dependerá de la erogación presupuestaria, por lo que no considerar a los derechos sociales como fundamentales por ese motivo, sería contradictorio además de confuso.[44]
2.3.14. La Corte Constitucional ha indicado que cualquier derecho constitucional tiene el carácter de fundamental, ya que tienen una conexión directa con los valores que el Constituyente quiso elevar democráticamente a la categoría de bienes protegidos especialmente por la Constitución.[45] Los valores que están consagrados en normas jurídicas vinculantes delimitan las barreras de la actuación estatal para que ejerza sus actividades sin que sean tildadas de arbitrarias (obligaciones negativas o de abstención).[46]
2.3.15. En el mismo sentido, esta Corporación ha señalado que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, en donde su efectividad surge de[47] “(i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales”[48].
2.4.1. La Constitución en su artículo 13 determina que todas las personas son iguales ante la ley y que el Estado es el responsable para que esa igualdad sea real y efectiva.[49] Así mismo, se señala que las personas que según su condición, física, mental o económica estén en estado de debilidad manifiesta se les deberá otorgar una protección especial.[50]
2.4.2. Esta Corporación ha indicado que las personas con discapacidad gozan de una especial protección, la cual ha sido reconocida en distintos tratados internacionales que ha ratificado el Estado colombiano[51] como por ejemplo “La Declaración de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la Declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la Resolución 3447 en 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159 de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983, entre otras.”[52]
2.4.3. Igualmente, se ha manifestado que el artículo 53 Constitucional, contempla una protección general respecto a la estabilidad de los trabajadores, por lo que esta Corte ha indicado que tal estabilidad laboral se debe reforzar si el trabajador es una persona que de conformidad a sus condiciones específicas sufra un grave deterioro a partir de una desvinculación abusiva.[53]
2.4.4. Por tal motivo, el legislador prohibió el despido de trabajadores que estuvieran discapacitados o en un estado de debilidad manifiesta si tal despido se ocasiona con motivo de su condición, fundamentándose en que tal decisión se debe a medidas discriminatorias que resultan un atentado contra la igualdad y el deber de solidaridad.[54]
2.4.5. Esta Corporación, ha señalado que el concepto de solidaridad en las relaciones laborales permite que las partes se reconozcan entre sí como sujetos de derechos constitucionales fundamentales que deseen desarrollar su plan de vida de acuerdo a condiciones de dignidad mínimas, para lo cual deben tener el apoyo estatal y de los particulares, en especial en eventos en donde la debilidad física o mental, la desigualdad material o la falta de oportunidades constituyan una limitación para obtener sus metas.[55]
2.4.6. En igual sentido, se ha indicado que el deber de solidaridad se configura en la obligación del empleador de reubicar al trabajador que tiene una debilidad manifiesta[56]: “(…) nuestra Carta Política señala en su artículo 48 que el empleador en desarrollo del deber de solidaridad y como una manifestación del principio de eficiencia[57], tiene el deber de mantener en el cargo o de reubicar al trabajador en situación de discapacidad o de debilidad manifiesta atendiendo sus circunstancias particulares y de manera oportuna, hasta tanto no se verifique la estructuración de una causal objetiva por parte del Ministerio del Trabajo”[58].
2.4.7. Al respecto, el derecho del trabajador a ser reubicado ha sido limitado en eventos donde tal situación desborde la capacidad del empleador por lo que tal circunstancia la deberá probar ante el Ministerio de Trabajo[59]: “En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el cual opera el derecho. Para tales efectos resultan determinantes al menos tres aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador. Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación.[60]”
2.4.8. De igual manera, la Corte Constitucional estableció la diferencia entre discapacidad e invalidez por cuanto “podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad severa”.[61] Así mismo, se indicó que la discapacidad “implica una restricción debida a la deficiencia de la facultad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para el ser humano en su contexto social. En este sentido, discapacidad no puede asimilarse, necesariamente a pérdida de capacidad laboral. Así, personas con un algún grado discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo laboral…”[62] (Negrilla no original)
2.4.9. La jurisprudencia constitucional, ha reconocido que la estabilidad laboral reforzada protege por lo general a mujeres embarazadas y en estado de lactancia, trabajadores con fuero sindical y personas con discapacidad. En este sentido, se ha dicho que la figura de la estabilidad laboral reforzada es un derecho que garantiza la continuidad en un empleo, después de adquirir la correspondiente limitación física, sicológica, o sensorial, como una medida de protección especial y conforme a su capacidad laboral.[63]
2.4.10. Igualmente, se ha establecido que tal protección especial que se le otorga a las personas que debido a su condición física se encuentran en un evento de debilidad manifiesta también cobija a quienes tengan probado que su situación de salud les impida o dificulte de manera sustancial el desempeño de sus labores en condiciones regulares, sin que exista una calificación previa que acredite la discapacidad.[64]
2.4.11. De esta manera, se entiende que esa protección implica “(i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre y cuando que no se configura una causal objetiva que conlleve a la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador.”[65]
2.4.12. La jurisprudencia de esta Corporación, ha reconocido, que el principal efecto de la “estabilidad laboral reforzada” consiste en que el despido del trabajador amparado resulta ineficaz si la desvinculación del mismo se ocasiona por la condición especial que el mismo tiene.[66] Lo anterior significa que si un trabajador está en un estado de discapacidad o debilidad manifiesta por una disminución de la capacidad física o mental, tiene el derecho de permanecer en su empleo.[67] Por tal motivo, cualquier despido en donde el juez de tutela verifique que la finalización de la relación laboral fue debido a las causales descritas, la misma resulta ineficaz, por lo que es procedente que se ordene el respectivo reintegro del trabajador.[68]
2.4.13. En el mismo sentido, se ha reconocido que existe una presunción en contra del empleador si para despedir al trabajador no se solicitó una autorización de la autoridad laboral competente, lo cual fue justificado por esta Corte, al señalar que “exigir la prueba de la relación causal existente entre la condición física, sensorial o sicológica del trabajador y la decisión del empleador constituye una carga desproporcionada para una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad evidente. (…) La complejidad de dicha prueba aumenta, si se tiene en cuenta que, las más de las veces, los motivos que se exponen en las comunicaciones de despido son aparentemente ajustados a derecho.”[69]
2.4.14. Adicionalmente, esta Corte ha indicado que “cuando el sujeto no haya sido calificado científicamente por un médico que determine el nivel de discapacidad[70], el amparo será transitorio. En otros términos, “la garantía a la estabilidad laboral reforzada no sólo se predica de las personas en invalidez, sino también de aquellos que por su estado de salud, limitación física o psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancias de debilidad manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición como mecanismo transitorio, así no se haya calificado su nivel de discapacidad, hasta tanto la autoridad judicial competente tome las decisiones respectivas”[71]. Por el contrario, si se tiene certeza del grado de discapacidad, el amparo será definitivo. Ello se explica pues una vez conocido dicho porcentaje se sabrá si, por ejemplo, el titular del derecho es beneficiario de una pensión por invalidez.”[72]
2.4.15. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que en los eventos en donde el empleador irrespete las reglas para despedir trabajadores que cuenten con la garantía de la estabilidad reforzada, surgen tres consecuencias[73]: (i) la ineficacia del despido, por lo cual el empleador deberá reintegrar al trabajador;[74] (ii) el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social que se generaron desde el momento del despido hasta el reintegro efectivo; y (iii) el pago al trabajador afectado de la indemnización que contempla la ley.[75]
2.4.16. Esta Corporación ha señalado que dicha protección especial se fundamenta en los principios del Estado Social de Derecho, la igualdad material y la solidaridad social los cuales están estipulados en la Constitución.[76] Por lo anterior, el Estado tiene la obligación de implementar medidas favorables a grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta.[77]
2.4.17. Se debe resaltar que la Ley 361 de 1997 se expidió con base en los artículos 13, 47, 54 y 68 Superiores, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales de las personas que se encuentren con una limitación y de esta manera procurar que logren su total realización personal así como su completa integración a la sociedad.[78]
2.4.18. El artículo 26 de dicha Ley señala que “En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”[79]
2.4.19. En las Sentencias C-531 de 2000 y T-198 de 2006[80] se indicó que de conformidad con los principios de igualdad, respeto a la dignidad humana, solidaridad y protección especial de las personas con discapacidad o en estado de debilidad manifiesta, el despido o terminación del contrato de trabajo sin la total autorización del Ministerio de Trabajo no tendrá ningún efecto jurídico.[81] Igualmente se expresó que el pago de la indemnización por parte del empleador no lo exonera de pedir la autorización al ente correspondiente para terminar el contrato.[82]
2.4.20. El Decreto 019 de 2012, incluyó la excepción de no tener que acudir al Ministerio de Trabajo para obtener la autorización del despido del trabajador si el mismo incurría en una causal de despido por justa causa que consagra la ley.[83] Cabe aclarar que tal disposición fue declarada inexequible mediante Sentencia C-744 de 2012[84].[85]
2.5.1. La Constitución Política de Colombia consagra en sus artículos 39, 53 y 93 el derecho de asociación sindical, y también lo incluyen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que fueron aprobados por nuestro país a través de las Leyes 26 de 1976 y 27 del mismo año.[86]
2.5.2. Esta Corporación ha indicado que la libertad de asociación se constituye como una garantía conformada por dos elementos: i) un derecho de carácter individual, por cuanto su inclusión en el texto de la Constitución no implica una renuncia subjetiva a favor de una colectividad específica; y ii) como una característica del derecho en mención, por cuanto se resalta que es una libertad que en una instancia resulta ser colectiva lo cual corresponde a la misma organización sindical.[87]
2.5.3. La Sentencia C-063 de 2008[88] indicó que el derecho a la libertad de asociación está conformado por los siguientes elementos: a) la libertad individual para organizar sindicatos; b) la libertad de sindicalización, por cuanto no se puede obligar a nadie a afiliarse o desafiliarse de un sindicato; y c) la autonomía sindical, la cual se refleja en la independencia que tiene la organización sindical para establecer y crear su derecho interno.[89]
2.5.4. Igualmente, esta Corporación ha señalado que la libertad de asociación sindical es un derecho fundamental que puede exigirse a través de la acción de tutela.[90] En el mismo sentido, se ha establecido que con el reconocimiento de la libertad de asociación sindical se pretende garantizar a los trabajadores la posibilidad de constituir libremente organizaciones independientes que hagan respetar sus intereses en los conflictos económicos o jurídicos, que se presentan en las relaciones laborales.[91]
2.5.5. Así mismo, se ha reconocido que la libertad de asociación sindical tiene una protección especial para asegurar que el ejercicio de la misma se ejerza sin intervenciones por parte del Estado o de los empleadores, por lo tanto para que estas organizaciones funcionen no necesitan de autorizaciones judiciales o administrativas que son contrarias a la facultad que se desea amparar.[92]
2.5.6. Posteriormente, mediante Sentencia T-619 de 2013[93], la Corte señaló que dentro del derecho de asociación sindical está inherente el derecho de libertad sindical como sustento primordial para cumplir sus fines.[94] Lo anterior debido a que una organización sindical y sus miembros deben ser libres, ya que de lo contrario no podrían cumplir con sus objetivos ni buscar la reivindicación de sus derechos laborales.[95]
2.5.7. De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho de asociación sindical tiene tres dimensiones que implican una expresión de libertad[96]:
a. Dimensión individual: Corresponde a la posibilidad de cada persona de afiliarse, retirarse o continuar dentro de la organización sin que para tomar tales decisiones reciban injerencias o presiones externas, ni del empleador ni del sindicato.[97]
b. Dimensión colectiva: De acuerdo a la cual pueden autogobernarse los trabajadores organizados, y además pueden decidir independientemente el destino de la organización sin recibir injerencias externas, especialmente aquellas derivadas de los empleadores.[98]
c. Dimensión instrumental: La cual señala que el derecho de asociación es el mecanismo que permite a los trabajadores conseguir algunos fines, en especial aquellos relacionados con la mejora de sus condiciones laborales. Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala que las normas de la legislación laboral representan un mínimo de garantías que pueden mejorarse a través de la negociación colectiva.[99]
2.5.8. Respecto a esta última dimensión (instrumental), la jurisprudencia le ha otorgado gran importancia a la negociación colectiva.[100] Sin embargo, se ha aclarado que la función de los sindicatos no se limita a tal actividad, por cuanto la ley les ha atribuido diversas facultades[101]: (i) el deber de estudiar y analizar las características de la profesión, salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o prevención de accidentes y las demás condiciones laborales respecto de sus asociados, para lograr la defensa de las mismas o sus mejoras[102]; (ii) procurar el acercamiento entre trabajadores y patronos en condiciones de justicia, subordinación a la ley y respeto mutuo[103]; (iii) brindar asesoría a los asociados para lograr la defensa de sus derechos, así como representarlos ante las autoridades administrativas, patronos y terceros[104]; (iv) promover la educación general y técnica de los asociados; entre otras.[105]
2.6. El fuero sindical
2.6.1. Se ha indicado que el artículo 39 de la Constitución Política establece el fuero sindical como una garantía para que los representantes sindicales cumplan su gestión, por lo que se trata de proteger al mismo sindicato antes que a sus miembros.[106]
2.6.2. Igualmente, el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra el fuero sindical y lo define como una herramienta para proteger los derechos de libertad sindical y asociación, la cual consiste en garantizar a algunos trabajadores que no sean despedidos, que sus condiciones laborales no sean desmejoradas, no ser trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio diferente, sin justa causa que haya sido calificada con anterioridad por el juez de trabajo.[107] Al respecto, esta Corporación ha señalado que el fuero sindical pretende evitar que el despido, traslado o desmejoramiento de las condiciones de trabajo, alteren de manera indebida las acciones legítimas que la Constitución Política le reconoce a los sindicatos.[108]
“ARTICULO 406. TRABAJADORES AMPARADOS POR EL FUERO SINDICAL. Están amparados por el fuero sindical:
PARAGRAFO 2o. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.”
Por último se debe destacar que esta Corporación ha indicado que “adicional a los casos mencionados, se presenta el caso del fuero del que gozan los trabajadores en medio de una negociación colectiva, el cual se constituye en un instrumento garantista para la protección del conflicto colectivo, éste es el llamado fuero circunstancial, el cual es solicitado en el caso particular del actor.”[109]
2.6.4. El Fuero Circunstancial
2.6.4.1. Consiste en una garantía que ampara a los trabajadores que se encuentran en medio de una negociación colectiva, y mediante el cual se protege el conflicto colectivo.[110] Este tipo de fuero se estipula en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en donde se indica que los trabajadores que presenten al empleador un pliego de petición no podrán despedirse sin justa causa comprobada, desde que se presente el pliego y durante los términos que la ley señala para que se desarrollen las etapas que permitan el arreglo del conflicto.[111]
2.6.4.2. La Sentencia C-201 de 2002[112] declaró la exequibilidad del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 e indicó:
En ejercicio de este derecho, y dado el carácter dinámico de las relaciones laborales, los trabajadores pueden celebrar convenciones colectivas con sus empleadores “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, al tenor del artículo 467 del C.S.T. Por su parte, el artículo 25 del Decreto de 1965 consagra la institución denominada doctrinalmente “fuero circunstancial”, mecanismo que busca proteger a los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones, en el sentido de que éstos no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.”[113]
2.6.4.3. Frente al fuero circunstancial, la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado y el 5 de octubre de 1998, reconoció que la protección que contempla el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 se aplica para todo el conflicto[114]: “El artículo 10 del decreto 1373 de 1966, reglamentario de la norma transcrita (art. 25 citado) precisa que dicha protección ‘comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al patrono hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso”.[115]
2.6.4.4. Por último, se debe resaltar que el fuero circunstancial se constituye en una protección reforzada que implica que la relación laboral continúe, que se efectúen los pagos de los salarios que no se percibieron, y que tal y como lo indicó la Corte Suprema de Justicia tiene como fin la estabilidad laboral y no la indemnización.[116]
2.6.5.1. Esta Corporación ha indicado que los vínculos laborales se caracterizan por permitir a cada una de las partes contratantes, a dar por finalizado el contrato de trabajo que suscribe.[117] Mediante el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, se estipuló que en los casos donde el empleador decida terminar el contrato de trabajo sin justa causa, o promueva dicha terminación por parte del trabajador por la ocurrencia de alguna de las justas causas establecidas en favor del empleado, el empleador deberá cancelar una indemnización la cual tiene por objetivo resarcir los daños que su conducta ocasionen.[118]
2.6.5.2. Mediante Sentencia T-436 de 2000[119] la Corte Constitucional señaló que si “Bien es cierto que, entre las posibilidades del empleador, a la luz de las disposiciones legales, está la de dar por terminado de modo unilateral el contrato de trabajo, inclusive sin justa causa, indemnizando al empleado, pero no se pierda de vista que el uso de la atribución correspondiente, aun dentro de un criterio de amplia discrecionalidad, mal puede implicar desconocimiento de claros y perentorios mandatos de la Constitución, y de ninguna manera debe conducir, en un Estado Social de Derecho, al sacrificio de prerrogativas inherentes a conquistas logradas por la colectividad de los trabajadores, ni tampoco al olvido de los derechos básicos de los mismos y sus asociaciones, garantizados en tratados internacionales.
Así, la posibilidad de terminación unilateral que la ley otorga al patrono en los contratos individuales de trabajo, no debe abrir las puertas para que aquél, amparado en ella, prescinda, sin control ni medida y de manera colectiva o masiva, de los servicios de los trabajadores bajo su dependencia para mermar el número de miembros activos de los sindicatos”[120]
Posteriormente, mediante la Sentencia T-1328 de 2001[121] se refirió al actuar abusivo que ejerce el empleador frente a los trabajadores cuando se finaliza el contrato de trabajo de manera unilateral si tal facultad se utiliza para: “(i.) desconocer el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, afiliarse a éstos o a permanecer en ellos, (ii.) promover la desafiliación a dichas asociaciones, (iii.) adoptar medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato, (iv.) obstaculizar o desconocer el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que éste es garantizado, (v.) constreñir la libertad de expresión o la escogencia de profesión y oficio, o (vi.) burlar el derecho y la posibilidad que se le reconoce a los sindicatos para representar a los trabajadores e intervenir en defensa de sus propios intereses en todos los casos en los que el empleador adopta decisiones o fija posturas que afectan o interesan a la entidad sindical.”[122]
En el mismo sentido, la Sentencia T-920 de 2002[123], indicó que aunque el artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo, otorga un grado de discrecionalidad, su reconocimiento puede de alguna manera oponerse a lo señalado en el texto de la Constitución sobre la protección a los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo y amparo contra la discriminación.[124]
3.1. ANOTACIÓN PREVIA
3.1.1. Antes de hacer referencia al caso del señor Salcedo Granados, la Sala aclara que el demandante en abril de 2015 había presentado una acción de tutela como presidente y representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Productos Ramo S.A. “Sintraramo”, con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la libertad sindical, derecho de asociación e igualdad.
3.2. ANÁLISIS DE LA TEMERIDAD
3.2.2. La jurisprudencia constitucional[125] ha señalado que en los casos donde un ciudadano presente por segunda vez una acción de tutela y exista la triple identidad (hechos, sujetos y pretensiones), el recurso se tendrá que declarar improcedente si además se establece que el accionante no actuó de mala fe, ya que en caso contrario, la acción se convierte en temeraria[126]. En el mismo sentido, esta Corporación ha indicado que la temeridad debe estar totalmente acreditada y no solamente inferirse de la improcedencia de la tutela.[127]
3.2.3. Respecto a la cosa juzgada constitucional, este Tribunal la ha definido como “el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional[128]”, que se genera cuando se ha realizado un pronunciamiento de fondo sobre un tema de carácter constitucional por parte de esta Corporación[129], por lo anterior, los requisitos para que se presente la cosa juzgada constitucional son los siguientes[130]: “a). Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; b). Que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; c). Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; d). Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos”.[131]
3.2.4. Igualmente, ha sido señalado por esta corporación que cuando una persona interpone dos acciones de tutela sucesivas debe analizarse, más que el fenómeno de la temeridad, la cosa juzgada constitucional.[132] Igualmente, al respecto se señaló que “cuando la decisión de un juez constitucional llega a instancia de la Corte, ésta se convierte en definitiva. En caso de ser seleccionada para su revisión, se produce la cosa juzgada constitucional con la ejecutoria del fallo de la corporación, de lo contrario, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto que decide la no selección. De esta manera, si se produce un nuevo pronunciamiento acerca del tema, este atentaría contra la seguridad jurídica, haciendo que cualquier demanda al respecto deba declararse improcedente.”[133]
3.2.5. Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 define que la acción temeraria se presenta “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales.” De esta manera, el juez de tutela que conozca en una segunda oportunidad, debe rechazarla o decidirla desfavorablemente.[134]
3.2.6. La Corte Constitucional ha señalado una serie de situaciones que se deben presentar para que se considere que una acción de tutela fue interpuesta en dos ocasiones[135]: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado, (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción.”[136]
Cuando se determine si se presentan o no estas condiciones, se deberá establecer si en el caso que se estudia se genera el fenómeno de cosa juzgada constitucional o de temeridad por parte del accionante.[137]
3.2.7. Para esta Corte, hay supuestos que permiten que la acción de tutela pueda ser admitida de nuevo por el juez: “(i) el juez vislumbra la presencia de nuevos elementos fácticos o jurídicos; (ii) o al resolver la primera acción no se pronunció con respecto a la verdadera pretensión del accionante y se observe que la violación de los derechos del accionante se mantiene. En estos casos, el juez deberá decidir de fondo el problema planteado[138].”
3.2.8. Lo anterior implica que la tutela solo puede admitirse en una segunda oportunidad si se presentan elementos jurídicos o fácticos recientes o si se determina que en la primera acción de tutela el juez no se pronunció frente a la pretensión del accionante y se observe que la violación a los derechos del demandante continúa.[139]
3.2.9. Respecto a los sujetos que gozan de una protección especial debido a su vulnerabilidad, tales como las personas que tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, también se debe estudiar que la vulneración de sus derechos se haya prolongado en el tiempo[140]: “Adicionalmente, la Corte ha señalado que tratándose de personas en estado de especial vulnerabilidad, no es procedente negar la tutela por temeridad, a pesar de que se observe una identidad de partes, hechos y pretensiones, cuando el juez advierta que, no obstante la interposición de una o varias acciones anteriormente, los derechos fundamentales de los peticionarios continúan siendo vulnerados. Esta situación, en consecuencia, constituye otra causal que justifica la interposición de una nueva acción de tutela.”[141]
3.3. EXAMEN DE PROCEDENCIA
3.3.3. En cuanto a la inmediatez, esta Corte ha indicado que debe transcurrir un lapso prudencial entre la presunta vulneración de los derechos y la presentación de la tutela[142]. En el presente asunto el despido del accionante ocurrió el día treinta y uno (31) de marzo de dos mil quince (2015) y la acción de tutela fue presentada el día treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), por lo cual este requisito también se encuentra satisfecho.
3.3.4. En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela será procedente solo en los casos en donde no exista en el ordenamiento jurídico un recurso judicial para defender los derechos que se consideran vulnerados.[143] En el mismo sentido, se indicó que el amparo procede solo en los siguientes eventos[144]: “(i) no exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv) será procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un perjuicio irremediable[145].”[146]
En el ámbito laboral, esta Corporación ha señalado que el requisito de subsidiariedad adquiere una relevancia específica por cuanto ante este tipo de controversias la tutela, en un primer momento, no es el instrumento pertinente para debatirlas[147] ya que el ordenamiento jurídico consagra acciones judiciales especiales de las cuales debe conocer la jurisdicción laboral ordinaria y/o contencioso administrativa, dependiente de la vinculación en cada evento, ya que en caso contrario se desnaturalizaría la tutela, específicamente en sus carácter residual y subsidiario.[148]
A pesar de los pronunciamientos anteriores, se ha indicado que de manera excepcional la tutela procede en circunstancias donde el accionante esté ante situaciones de debilidad manifiesta, bien sea por su condición física, mental o económica y que tienen como pretensiones la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada.[149]
De esta manera, la Corte ha indicado que si el demandante se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, la acción de tutela reemplaza el procedimiento ordinario, por lo que las posibilidades de reintegro deben depender de que se verifiquen las circunstancias que permitan establecer la estabilidad laboral reforzada.[150]
Por último, cabe resaltar que esta Corporación ha señalado que “si bien la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral, en algunos casos, como por ejemplo cuando el titular del derecho encuentre protección relativa a la estabilidad laboral reforzada, este trámite se convierte, transitoria o definitivamente[151], en el mecanismo más adecuado de protección del derecho. Al adquirir dicha connotación, remplaza los mecanismos ordinarios permitiendo solicitar el reintegro de las personas que se enmarcan en tales condiciones.”[152]
Se debe resaltar que en el presente caso, no se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 363 del Código Sustantivo en donde se indica que: “Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente.” (Negrillas y subrayas no originales).
De conformidad con lo anterior, se ordenará a Productos Ramo S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de esta decisión –si es deseo del accionante- se reintegre al señor Jimmy Alexander Salcedo Granados de manera inmediata al cargo que ocupaba en la compañía o a uno de similar jerarquía. De igual manera, se debe aclarar que si debido a las indicaciones médicas se sugiere su reubicación se deberá efectuar.[153] Por último, siguiendo a la jurisprudencia de esta Corte[154] se le advertirá al accionante para que en un término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta providencia inicie una acción ordinaria para solicitar su reintegro ante la jurisdicción laboral.
A LA SENTENCIA T-057/16[155]
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Protección solo procedía en razón de la afectación ocasionada al demandante como consecuencia del accidente de trabajo que lesionó uno de los dedos de su mano derecha (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Habría sido relevante indicar por qué las razones expuestas por la demandada no eran atendibles en orden a desvirtuar el carácter discriminatorio del despido (Aclaración de voto)
Creo, sin embargo, que la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada solo procedía en razón de la afectación ocasionada al demandante como consecuencia del accidente de trabajo que le lesionó uno de los dedos de su mano derecha. Conforme a la jurisprudencia de la Corte, la estabilidad laboral reforzada únicamente puede predicarse de personas en condiciones de invalidez, discapacidad física, psíquica o sensorial y de aquellas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, dado que, por estas circunstancias, son propensas a ser discriminadas[156].
2. A la luz de la jurisprudencia constitucional, cuando se produzca el despido de un trabajador en condición de discapacidad física, psíquica o sensorial que le impida ejercer sus actividades de manera regular y ordinaria, se presume que tuvo lugar en razón de esa situación personal del empleado, de manera que se invierte la carga de la prueba y corresponde al empleador demostrar que hubo causales objetivas y razonables para dar por terminada la relación laboral[157].
[1] Folio 94, Cuaderno No. 2.
[2] Folios 89 – 90. Cuaderno No. 2.
[3] Folio 12. Cuaderno No. 2.
[4] Folio 13. Cuaderno No. 2.
[5] Folio 14. Cuaderno No. 2.
[6] Folio 15. Cuaderno No. 2.
[7] Folios 16 – 79. Cuaderno No. 2.
[8] Folio 80. Cuaderno No. 2.
[9] Folio 81. Cuaderno No. 2.
[10] Folios 82 – 88. Cuaderno No. 2.
[11] Folios 89 – 93. Cuaderno No. 2.
[12] Folios 100 – 107. Cuaderno No. 2.
[13] Folios 109 – 110. Cuaderno No. 2.
[14] Folio 112. Cuaderno No. 2.
[15] Folio 111. Cuaderno No. 2.
[16] Folios 114 – 117. Cuaderno No. 2.
[17] Folio 119. Cuaderno No. 2.
[18] Folio 120. Cuaderno No. 2.
[19] Folios 154 – 158. Cuaderno No. 2.
[20] Folios 159 – 167. Cuaderno No. 2.
[21] Folios 169 – 174. Cuaderno No. 2.
[22] Folios 208 – 214. Cuaderno No. 2.
[23] Folios 241 – 243. Cuaderno No. 2.
[24] Folios 231 – 232. Cuaderno No. 2.
[25] Folios 233, 244 y 246. Cuaderno No. 2.
[26] Folio 247. Cuaderno No. 2.
[27] Folio 245. Cuaderno No. 2.
[28] Folios 235 – 236. Cuaderno No. 2.
[29] Sentencias T-414 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-642 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver también Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] Sentencia de la Corte Constitucional T-209 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[32] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[35] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[38] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[39] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[40] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[41] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver también la Sentencia SU-023 de 2015, M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.
[42] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[43] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[44] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[45] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[46] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[47] Sentencia de la Corte Constitucional T-164 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[48] Sentencia de la Corte Constitucional T-414 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[50] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[51] Sentencia de la Corte Constitucional T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52] Sentencia de la Corte Constitucional T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver también Sentencia de la Corte Constitucional T-613 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo
[54] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle. En el mismo sentido Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[56] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57] Sentencia de la Corte Constitucional T-351 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] Sentencia de la Corte Constitucional T-351 de 2014, M.P. Jorge Pretelt Chaljub
[59] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] Sentencia de la Corte Constitucional T-1040 de 2011, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[61] Sentencia de la Corte Constitucional T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63] Sentencia de la Corte Constitucional T-002 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Ver también la Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[64] Sentencia de la Corte Constitucional T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también la Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también la Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[66] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[67] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[68] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[69] Sentencia de la Corte Constitucional T-1083 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[70] Por ejemplo para determinar si es beneficiario de pensión por invalidez.
[71] Sentencia T-111 de 2012.
[72] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[73] Sentencia de la Corte Constitucional T-271 de 2014, M.P. María Victoria Calle. Ver también la Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] Sentencia de la Corte Constitucional T-271 de 2014, M.P. María Victoria Calle. Ver también la Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[75] Ver también la Sentencia T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[76] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[78] Art. 11 Ley 381 de 1997. Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[79] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[82] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[83] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[84] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[85] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[86] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[87] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[89] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[90] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[91] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[92] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[93] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[94] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[95] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[96] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[97] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[98] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[99] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[100] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[101] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[102] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[103] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[104] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[105] Sentencia de la Corte Constitucional T-619 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[106] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[108] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[109] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[110] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[111] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[112] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[113] Sentencia de la Corte Constitucional C-201 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[114] Sentencia T-220 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[115] Sentencia T-220 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[116] Sentencia T-220 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[117] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[118] Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[119] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[120] Sentencia de la Corte Constitucional T-436 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[121] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[122] Sentencia de la Corte Constitucional T-1328 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[123] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[124] Sentencia de la Corte Constitucional T-902 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional T-998 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[125] Sentencia de la Corte Constitucional T-458 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[126] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[127] Sentencia de la Corte Constitucional T-413 de 1999, M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.
[128] Sentencia de la Corte Constitucional C-332 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[129] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[130] Sentencia de la Corte Constitucional T-185 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[131] Sentencia de la Corte Constitucional T-185 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[132] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[133] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[134] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[135] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[136] Sentencia de la Corte Constitucional T-151 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[137] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[138] Sentencia de la Corte Constitucional T- 873 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[139] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[140] Sentencia de la Corte Constitucional T-098 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[141] Sentencia de la Corte Constitucional T-919 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[142] Al respecto ver las sentencias T-743 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1037 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo y T-357 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[143] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[144] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[145]Decreto 2591 de 1997. Artículo 8: Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso
[146] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[147] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[148] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[149] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[150] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[151] Sentencia T-111 de 2012: “la garantía a la estabilidad laboral reforzada no sólo se predica de las personas en invalidez, sino también de aquellos que por su estado de salud, limitación física o psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancias de debilidad manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición como mecanismo transitorio, así no se haya calificado su nivel de discapacidad, hasta tanto la autoridad judicial competente tome las decisiones respectivas”
[152] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[153] Una decisión similar fue adoptada mediante la Sentencia T-041 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[154] Sentencia de la Corte Constitucional T-041 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[155] M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[156] T-211 de 2012, MP María Victoria Calle Correa, reiterada en T-041 de 2014, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[157] Sentencia T-864 de 2011, MP Juan Carlos Henao Pérez, y Sentencia T-860 de 2010, MP Humberto Antonio Sierra Porto, citadas en la Sentencia T-041 de 2l014, MP Luis Ernesto Vargas Silva.

References: artículo 13
 artículo 53
 artículo 22
 artículo 16
 artículo 9
 artículo1
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 26
 artículo 22
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 405
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 467
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 64
 artículo 25
 artículo 38
 artículo 363
 Artículo 8