Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2018/02/numero-47-fecha-24022018-legislacion.html
Timestamp: 2018-10-23 21:27:11+00:00

Document:
Jurisdicción Social: Newsletter laboral número 47
Newsletter laboral número 47
NÚMERO: 47 FECHA: 24/02/2018
Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. Ir al texto
Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. ir al texto
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/277 de la Comisión, de 23 de febrero de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/207 en lo que se refiere a cambios en los modelos para los informes de ejecución en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y con el objetivo de cooperación territorial europea, así como en los modelos del informe de evolución y los informes de control anuales, y por el que se corrige dicho Reglamento en lo que se refiere al modelo para el informe de ejecución en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y el informe de control anual ir al texto
Decret 2/2018, de 23 de febrer, pel qual s’aprova la política de seguretat de la informació del Servei de Salut de les Illes Balears ir al texto
Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2018 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries ir al texto
Convenio de la empresa Gestión y Técnicas del Agua SA ir al texto
Convenio de la empresa Clínica de la Inmaculada SA ir al texto
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la revisió salarial per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de l’empresa Limpiezas Sayago, SL, i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100202012014) ir al texto
Resolución de 19 febrero de 2018, de la Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por la que se dispone el registro y la publicación del Texto del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excelentísimo Ayuntamiento de Villalpando. ir al texto
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "GALLETAS GULLÓN, S.A." DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) ir al texto
Convenio de la UTE Cetrada ir al texto
Última sentencia publicada: STC 156/2017
STS 24/01/2018 ir al texto
Roj: STS 449/2018 - ECLI: ES:TS:2018:449
No de Recurso: 593/2016
No de Resolución: 47/2018
Resumen: Acumulación de acciones: son acumulables la acción encaminada a obtener la declaración de un grado de incapacidad permanente y la que sostiene el carácter de accidente de trabajo para la contingencia, requiriendo esta última dilucidar si el trabajador ha sido parte en una relación laboral con un tercero.
STS 16/01/2018 ir al texto
Roj: STS 378/2018 - ECLI: ES:TS:2018:378
Fecha: 16/01/2018 No de Recurso: 2886/2015
No de Resolución: 17/2018
Resumen: Antigüedad: personal sanitario que presta servicios previos para el Sermas como personal temporal estatutario; y con posterior acceso al mismo organismo como personal laboral fijo, tras solución de continuidad superior a tres meses. Debe computarse a efectos de antigüedad los servicios previos prestados como personal temporal estatutario
Cierto que para los «funcionarios» -y por ende para el personal estatutario fijo- el art. 37 del Convenio Colectivo dispone el requisito de que no medie solución de continuidad entre las respectivas prestaciones de servicios -para el Insalud y el Sermas-, pero tal requisito tiene un presupuesto [la dejación voluntaria de prestación de servicios para la Administración pública] que es inexistente en el caso del personal interino, en que la falta de servicios initerrumpidos no se debe a su personal voluntad, sino a la ausencia de renovación contractual por la empleadora.
El TS recuerda que anuló los términos del art. 37 del Convenio CAM , precisamente por discriminar a los trabajadores temporales respecto de los fijos, siendo así que el precepto limitaba el reconocimiento del complemento de antigüedad al generado por un solo contrato y excluía poder acumular los periodos correspondientes a más de un contrato temporal ( STS 23/09/09 -rco 28/08 -; doctrina recordada por la sentencia de 28/09/09 -rco 86/08 -), por entender que con ello se vulneraban los arts. 14 CE y 15.6 ET , así como la Directiva Comunitaria 1999/70.
STS 23/01/2018 ir al texto
Roj: STS 383/2018 - ECLI: ES:TS:2018:383
No de Recurso: 215/2016
No de Resolución: 41/2018
Resumen: Calendario laboral: negativa justificada de la empresa a negociar cuestiones ajenas al calendario. No existe mala fe negocial.
Las propuestas de negociación que la demandada rechazó escapaban al contenido propio del calendario laboral, pues en él se plasman la jornada y horarios pactados antes y su negociación no puede incluir cuestiones como la duración de la jornada o la extensión de la jornada de verano a todo el personal con las consiguientes modificaciones horarias. Si todo el tema relativo a jornadas, reducción y modificación, y fijación de horarios escapa al contenido del calendario laboral, máxime cuando se trata de negociar para el futuro las jornadas especiales no implantadas, no cabe apreciar mala fe en la negociación por la simple negativa a negociar cuestiones ajenas al calendario laboral, máxime cuando las mismas ya aparecen reguladas por la ley y el convenio colectivo que se pretenden modificar al margen del procedimiento legal, lo que hace que la negativa a negociar se encuentre justificada, conforme al art. 89-1 del ET , precepto cuyo contenido no tiene presente la sentencia recurrida.
Roj: STS 375/2018 - ECLI: ES:TS:2018:375
No de Recurso: 3876/2015
No de Resolución: 14/2018
Resumen: Competencia judicial internacional: corresponde la competencia para conocer el despido de los dos demandantes a la jurisdicción social española, y no a la del país donde prestaban sus servicios (Argelia).
Los demandantes, de nacionalidad española, son comprometidos verbalmente por empresa española para prestar sus servicios en Argelia. Esa misma empresa es la que les facilita los pasajes y les remunera; solo de manera sobrevenida se formaliza un contrato de trabajo con empresa argelina, pero que mantiene estrechos vínculos con la inicial.
En aplicación del Reglamento 44/2001, habida cuenta del lugar en que han sido contratados, de su nacionalidad, del domicilio social de la primera empresa contratante y del carácter instrumental de la empleadora formal (la que, al cabo, despide) es claro que el Reglamento permite que la demanda se presente ante los Tribunales españoles.
STS 04/10/2017 ir al texto
Roj: STS 4866/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4866
No de Recurso: 189/2016
No de Resolución: 765/2017
Resumen: complementos extrasalariales: Convenio Colectivo empresa Bridgestone (art.135): la compensación prevista en el artículo 135 del Convenio Colectivo de la empresa demandada para los años 2014 y 2015, no alcanza a quienes pese a estar incluidos en el ámbito de aplicación de la norma convencional, han optado libremente por adherirse al sistema especial de retribución SER, personal que, en materia salarial, está sujeto a sus previsiones específicas.
Roj: STS 443/2018 - ECLI: ES:TS:2018:443
No de Recurso: 13/2017 No de Resolución: 23/2018
Resumen: Complementos salariales: se desestima la pretensión de que el complemento de disponibilidad, recogido en el artículo 46 del II Convenio Colectivo de RTVE , tiene carácter de complemento de puesto de trabajo y, por consiguiente, no puede ser objeto de modificación basadas en circunstancias personales del trabajador, debiendo ser abonado como consecuencia de la adscripción de trabajador a determinados puestos de trabajo, con independencia de que haya o no modificación de horario o prolongación de jornada, condenando a la empresa a estar y pasar por esta resolución, a todos los efectos legales oportunos".
Se desestima íntegramente la demanda por considerar que la redacción del complemento de disponibilidad que se contenía en el artículo 64.2 f del X Convenio Colectivo de RTVE y sus sociedades de 8 de marzo de 1994 y la que se contiene en el vigente artículo 46 del II Convenio Colectivo de la Corporación RTVE publicado en el BOE de fecha 30 de enero de 2014 difieren sensiblemente, al punto de que, en la actualidad la decisión sobre qué régimen de disponibilidad se aplica a los trabajadores corresponde a la empresa, quien decide también qué período concreto de disponibilidad es necesario aplicar, sin que dicha decisión consolide ningún otro período, lo que no sucedía en la regulación precedente, que comportaba obligatoriamente el abono del complemento de disponibilidad, se usara o no el régimen de disponibilidad pactado, puesto que el complemento retribuía precisamente la disponibilidad como tal, por lo que consiguientemente, si la nueva regulación convencional del complemento de disponibilidad permite a la empresa decidir qué períodos de disponibilidad va a utilizar, en cuyo caso estará obligada a retribuir el complemento y en qué períodos no lo va a utilizar, lo cual supondrá que el trabajador no cobrará el complemento, pero tampoco estará disponible para la empresa en dicho período, no queda más opción que la desestimación de la demanda.
STS 01/02/2018 ir al texto
Roj: STS 451/2018 - ECLI: ES:TS:2018:451
No de Recurso: 35/2017 No de Resolución: 88/2018
Resumen: Convenio colectivo: Convenio Colectivo aplicable a los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo -técnicos en transporte sanitario-conductor y técnicos en transporte sanitario- que venían prestando servicios para la Cruz Roja y el 1 de septiembre de 2015 pasaron a prestarlos para la UTE demandada, por subrogación, al habérsele adjudicado la contratación del servicio de transporte y asistencia por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Habiendo fenecido el Convenio Colectivo que regía las relaciones laborales entre los trabajadores a los que afecta el presente conflicto colectivo y la empresa Cruz Roja, las condiciones laborales contempladas en dicho Convenio están incorporadas al contrato de trabajo de los trabajadores ya que, tal y como se ha razonado en la sentencia de esta Sala, de Pleno, de 22 de diciembre de 2014, casación 264/2014 , «esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación jurídico-laboral, a partir del cual habrán experimentado la evolución correspondiente».
Las relaciones laborales de la empresa cesionaria se regían por el Convenio Colectivo de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia de Gipuzkoa, por lo que este Convenio ha de ser el aplicable a los trabajadores subrogados, en virtud de lo establecido en el artículo 44.4, último párrafo del Estatuto de los Trabajadores.
STS 30/01/2018 ir al texto
Roj: STS 465/2018 - ECLI: ES:TS:2018:465
No de Recurso: 1492/2016
No de Resolución: 74/2018
Resumen: Desempleo: cómputo del período cotizado: el art. 211.1 LGSS se dice " la base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia durante los últimos 180 días del período a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior».
El legislador habla de plazos señalados por días, (no meses) no cabe otra interpretación que la de que se refiere a días naturales, pues literalmente así lo expresa al decir que se computa "el promedio" de la base por la que se haya cotizado "los últimos 180 días" expresión con la que se determina el día inicial del cómputo de ese periodo de tiempo, sin que el brocardo "in claris non fit interpretatio" permita otra solución, como el cómputo de las cotizaciones mensuales.
Reitera doctrina: STS 16-enero-2018 (rcud. 1552/2017)
STS 25/01/2018 ir al texto
Roj: STS 389/2018 - ECLI: ES:TS:2018:389
No de Recurso: 176/2017
No de Resolución: 59/2018
Resumen: Despido colectivo: Ajustado a derecho. Concurre causa productiva: Los pedidos realizados por el principal cliente de la empresa, Thyssenkrupp Airport Sytems S.A., a Talleres Cubía se cifraron en 4.546 miles de euros para el año 2015; 2.225 miles de euros para el año 2016 y en 0 euros para el año 2017. El 10 de octubre de 2016 la Thyssen comunicó a Talleres Cubía que la relación comercial era insostenible y totalmente inaceptable debido a los continuos retrasos en las entregas, habiendo verificado in situ que la razón de los mismos era la falta de materiales debido a los reiterados impagos a los proveedores, los cuales habían cortado los suministros.
Aportación de la documentación exigible.
Existencia de negociación con buena fe en el período de consultas.
Roj: STS 446/2018 - ECLI: ES:TS:2018:446
No de Recurso: 413/2016
No de Resolución: 49/2018
Resumen: Despido colectivo: despido individual derivado del despido colectivo. Suficiencia de la carta de despido: la ley no exige que en la carta se especifiquen los concretos motivos de elección del trabajador cuando la amortización del puesto de trabajo es medida razonable. Las exigencias procedimentales del artículo 53.1 ET (al que remite el artículo 51.4 ET ) no requieren más que en la comunicación escrita al trabajador figuren las causas entendidas como la descripción de la situación de la empresa, su evolución y su influencia en la necesidad de amortizar puestos de trabajo mediante la adopción de la decisión extintiva que se comunica. Si bien no es necesario alegar ni acreditar los motivos de la elección del trabajador, puesto que es facultad empresarial, bastando con comunicar al trabajador las causas y que estas tengan entidad suficiente para justificar la reestructuración. La comunicación individual al trabajador afectado por un despido colectivo tiene por obligada indicación, exclusivamente, la expresión de la concreta causa motivadora del despido en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado.
Reitera doctrina: STS 21-12-2016 (Rcud. 3508/2015 ), 21-12-2016, (Rcud 3181/2015 ) y 28/02/2017 (Rcud. 760/2015 ) STS de 21 de diciembre de 2016 ( R .C. U. D 3508/2015)
STS 31/01/2018 ir al texto
Roj: STS 385/2018 - ECLI: ES:TS:2018:385
No de Recurso: 1990/2016
No de Resolución: 78/2018
Resumen: despido objetivo: causas productivas derivadas de la terminación de una contrata. Para apreciar la concurrencia de la causa productiva en los casos de pérdida de la contrata y, consecuentemente, procedencia de la extinción no es necesario que la empresa haya agotado las posibilidades de recolocación ni tampoco la existencia de otras contrata.
Cuando se alegan causas organizativas o de producción, no han de agotarse todas las posibilidades de acomodo del trabajador o de su destino a otro puesto vacante de la misma empresa, hasta el punto de que si no se procede así el despido se califique de improcedente. A este respecto, como se dijo en la STS de 19 de marzo de 2002 (rcud. 1979/2001 ) debe tenerse presente el texto legal en sus pronunciamientos concretos ya que el artículo 52,c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros contratas centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.
Roj: STS 393/2018 - ECLI: ES:TS:2018:393
No de Recurso: 1204/2017
No de Resolución: 26/2018
Resumen: FOGASA: el transcurso del plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de reclamación al FOGASA conlleva tener por estimada la reclamación por silencio administrativo positivo y no es posible entrar a valorar el fondo del asunto.
Reitera doctrina: SSTS de 6 de julio de 2017 [rcud 1517/2016 ], ], 27 de septiembre de 2017, [rcud 1876/2016 ] y poner 11 de octubre de 2017 [rcud 863/2016 ], con base en la doctrina adoptada por el Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 701/2016 y 669/2016 ]
STS 11/01/2018 ir al texto
Roj: STS 444/2018 - ECLI: ES:TS:2018:444
No de Recurso: 3891/2016
No de Resolución: 7/2018
STS 18/01/2018 ir al texto
Roj: STS 450/2018 - ECLI: ES:TS:2018:450
No de Recurso: 449/2017
No de Resolución: 38/2018
Resumen: FOGASA: regulación aplicable al alcance de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). En caso de concurso de acreedores de la empresa, esa responsabilidad no nace cuando se declara el concurso , ni cuando se produjeron los despidos, sino, por el contrario, cuando (posteriormente) se declara la nulidad del despido de los trabajadores.
Reitera doctrina: sentencias de fecha 6 y 7 de junio de 2017 ( RCUD 1849/16 , 1538/16 y 3987/15 ), y sentencia de 12 de diciembre de 2017 (rcud 3015/2016 )... similar a las SSTS de 23 de marzo y 26 de junio de 2006 , recursos 1264/2003 y 2843/2005.
Roj: STS 381/2018 - ECLI: ES:TS:2018:381
No de Recurso: 3917/2015
No de Resolución: 64/2018
Resumen: Garantía de indemnidad: cese de una empleada, indefinida no fija al servicio de la Xunta de Galicia. En concreto, como consecuencia de que la plaza ocupada se adjudica a quien posee la condición de funcionario.
Nos encontramos ante una terminación contractual, acordada por la empresa y sin encaje específico en las causas legalmente previstas, lo que equivale a un despido improcedente.
Sin embargo, la existencia de indicios de represalia, que no son contrarrestados por la empleadora, lleva a que la calificación del cese deba desplazarse hacia la nulidad.
no hay duda de que la actora fue cesada cuando tenía en trámite su demanda de reconocimiento de derecho a ocupar una plaza de personal laboral reservada para el proceso extraordinario de consolidación y a ser adscrita a una plaza de tales características, por lo que es claro que su cese ha podido producirse también como represalia frente a una actuación o actuaciones encaminadas a obtener la tutela de sus derechos, máxime cuando, ya con anterioridad había obtenido otra sentencia declarando la nulidad de un despido precedente. En tales circunstancias, correspondía a la Xunta de Galicia acreditar que el cese fue ajeno a todo propósito de represalia o de lesión de un derecho fundamental, y esa prueba desvirtuadora de tales indicios no se ha producido, por cuanto no es lícito desconocer la existencia de un litigio pendiente sobre el reconocimiento de la actora a ocupar una plaza de personal laboral, adscribiéndola a una plaza de funcionario cuya amortización posterior se utiliza como cobertura para extinguir una relación laboral declarada indefinida en virtud de sentencia firme».
Reitera doctrina: SSTS/IV 18- febrero-2008 (rcud. 1232/2007 ), 26-febrero-2008 (rcud 723/2007 ), 29-mayo-2009 (rcud 152/2008 ), 13- noviembre-2012 (rcud 3781/2011 ), 29-enero-2013 (rcud 349/12 ), 4-marzo-2013 (rcud 928/2012 ), 5-julio-2013 (rcud 1374/2012 ), 5-julio-2013 (rcud 1683/2012 ), 11- noviembre-2013 (rcud 3285/2012 ) y 14-mayo-2014 (rcud 1330/2013 )]
Roj: STS 387/2018 - ECLI: ES:TS:2018:387
No de Recurso: 619/2016
No de Resolución: 77/2018
Resumen: Jubilación parcial: el trabajador accede a la jubilación parcial, percibiendo un 85% de la pensión de jubilación, la empresa celebra contrato a tiempo parcial con el jubilado hasta la fecha en que cumplan 65 años, contrata a un relevista, a tiempo completo por el periodo que falta hasta que el jubilado parcialo cumpla 65 años y , simultáneamente, pacta con este, de forma privada, que prestará sus servicios 40 horas semanales hasta la fecha en la que completen la totalidad de la jornada a tiempo parcial que pactó con la empresa al iniciar la jubilación parcial.
Inexistencia de fraude: se han visto cumplidamente satisfechas las finalidades que atienden al mercado de empleo y a las necesidades financieras del sistema, por cuanto que las primeras fueron atendidas por la permanencia del contrato de relevo y las segundas también se vieron cumplidas por las cotizaciones correspondientes a los servicios prestados por el relevista y a los del trabajador relevado, siquiera en este último caso el trabajo se hubiese concentrado en un solo periodo y la cuota resultase prorrateada durante todo el periodo que ha mediado entre la jubilación parcial y la total.
Roj: STS 386/2018 - ECLI: ES:TS:2018:386
No de Recurso: 439/2016
No de Resolución: 35/2018
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: está viciada de nulidad la modificación sustancial de condiciones de trabajo pactada por la empresa demandada con los representantes legales de sus propios trabajadores, después de haberse subrogado en la relación laboral del actor con su anterior empresa.
Reitera doctrina: sentencias de 15 y 21(2) dediciembrede2016(rec.4177/15,3245/16y4010/15)y23demarzo,5deabril,18demayoy15de noviembre de 2017 ( rec. 377/16 , 1592/16 , 1416/16 y 1516/16)
No de Recurso: 682/2016
No de Resolución: 36/2018
Roj: STS 379/2018 - ECLI: ES:TS:2018:379
Fecha: 16/01/2018 No de Recurso: 3358/2013
No de Resolución: 15/2018
Resumen: Nulidad de actuaciones: tras ser estimado el recurso de amparo por STC 13/11/17 en la que se declaraba vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, y se anulaba la STS y el auto que desestimaba la nulidad de actuaciones, porque "... la Sala ad quem, una vez apreciada la concurrencia de los presupuestos del recurso, debía resolver el debate en los términos en que éste se había planteado y resuelto en la Sentencia de suplicación impugnada y en los que figuraba precisamente aquel motivo de nulidad, dictando una decisión de fondo sin prescindir de sus propios pronunciamientos recaídos en los recursos de casación para la unificación de doctrina promovidos por la misma corporación local, en los cuales sí se dio contestación a ese punto, en concreto las Sentencias citadas en este mismo fundamento jurídico.
El TS entra en el fondo y desestima el recurso porque en el mismo no se efectúa la impugnación de la nulidad de cese por incompetencia de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.
Roj: STS 377/2018 - ECLI: ES:TS:2018:377
No de Recurso: 3992/2015
No de Resolución: 60/2018
Resumen: Personal laboral administración pública: régimen disciplinario de personal laboral contratado por la Administración. Las reglas EBEP conducen a la aplicación de sus prescripciones por encima de las contenidas en el ET y normas concordantes. Desde luego, así lo venimos sosteniendo, con independencia de si ello comporta un resultado más o menos favorable para las personas afectadas.
a) El Instituto Cervantes (IC) es una Entidad pública cuyos empleados están contratados en régimen laboral.
b) Al demandante, en cuanto empleado del IC, se le aplican las previsiones disciplinarias del EBEP.
c) El artículo 94.3 EBEP, con arreglo a la propia Ley y a nuestra doctrina, posee primacía respecto de cualesquiera otras previsiones albergadas en disposiciones comunes de tipo laboral.
Por tanto, se aplica el art.94.3 EBEP, que dice que "cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal ") aparece como norma clara, precisa, contundente e imperativa.
No estamos diciendo que la Constitución, la doctrina constitucional o el alcance de la prejudicialidad del orden social obliguen a paralizar una actuación sancionadora de tipo laboral cuando los hechos son investigados por los tribunales penales. Se trata de algo mucho más sencillo: es el legislador quien ha impuesto que así suceda en los supuestos en que estemos ante personas a las que se aplique el EBEP.
STS 02/02/2018 ir al texto
Roj: STS 452/2018 - ECLI: ES:TS:2018:452
No de Recurso: 34/2017 No de Resolución: 91/2018
Resumen: Planes y Fondos de Pensiones: se desestima la pretensión de que se condene a la demandada a que:
1. Sin distinción ni discriminación alguna, todos los empleados del Banco de España tengan acceso al Plan de Pensiones del Banco de España, en condiciones equiparables a los de cualquiera de los grupos "A" o "B", abonando las cantidades que como aportación les correspondan.
2. Que se considere la fecha de interposición del presente Conflicto Colectivo como el ejercicio de su derecho de adhesión, causando alta en el Plan de Pensiones del Banco de España grupo "A" o "B" o en condiciones equiparables derivadas de sus circunstancias específicas, en función de haber ingresado en el Banco de España como trabajador con anterioridad a esa fecha.
3. Se les reconozca como fecha de alta en el tan reiteradamente citado Plan de Pensiones del Banco de España en el grupo "A" o "B" o equiparable que le corresponda con fecha y efectos de un año antes de la interposición del presente Conflicto Colectivo, efectuándoseles las oportunas liquidaciones de cuotas, a fin de proceder a su ingreso.
La razón de la desestimación no se produjo discriminación alguna entre los colectivos que se diferenciaron en su constitución con las denominaciones A, B, y C, y en los que se contemplaba la realidad de la existencia de un colectivo de trabajadores que pertenecían o habían pertenecido a la Mutualidad de Empleados del Banco de España, ni tampoco en relación con el colectivo de empleados a que se refiere la demanda -unos 40- que perteneciendo a la referida Mutualidad, entre los años 1992 y 1995 decidieron acogerse a la posibilidad ofrecida por una sola vez de rescatar sus derechos en esa Entidad de Previsión y cuyo valor fue establecido en el importe que como cuota debería aportar un socio de la Mutualidad en el año 1990, actualizada con los trienios, multiplicándola por el número de años de permanencia en cada una de las categorías por las que hubiese pasado el mutualista.
STS 12/01/2018 ir al texto
Roj: STS 376/2018 - ECLI: ES:TS:2018:376
Fecha: 12/01/2018 No de Recurso: 4242/2015
No de Resolución: 13/2018
Resmen: Prescripción: Se plantea cuándo empieza a correr el plazo de prescripción de un año para reclamar al trabajador que cobró indebidamente prestaciones por desempleo, al simultanearlas con el cobro de salarios de trámite, que la empresa se ha visto obligada a devolver al serle reclamados por el SPEE. El TS resuelve que "dies a quo" para el cómputo del derecho a pedir el reintegro de lo abonado al SPEE no comienza a correr cuando se abonaron los salarios de trámite al trabajador; sino cuando se reintegraron por la empresa al SPEE las prestaciones indebidas que trata de repetir contra quien las cobró.
Reitera doctrina: STS 29 de marzo de 2016 (R. 2682/2014).
Roj: STS 384/2018 - ECLI: ES:TS:2018:384
No de Recurso: 1648/2016
No de Resolución: 67/2018
Resumen: Prueba: nulidad de actuaciones: falta de motivación de su denegación. propuesta de prueba (informe de la inspección de trabajo en la recurrida, y documental tendente a demostrar las contrataciones inmediatamente posteriores al despido, en la de contraste), cuya petición se reiteró en el acto de juicio constando la correspondiente protesta frente a la falta de práctica de la misma, solicitándose la nulidad de actuaciones por falta de práctica de la misma, en la sentencia recurrida se considera que no procede declarar la nulidad teniendo en cuenta que se denegó la misma de forma tácita por tratarse de una prueba tendente a demostrar lo que considera una cuestión nueva (fraude).
El TS estima la nulidad de actuaciones por denegación del a prueba sin motivación- la recurrente solicitó la práctica de la prueba en cuestión; cuya denegación no motivó el Juzgado de lo Social, y que se reiteró la petición en el acto del juicio y, como no fuera atendida, causó la protesta formal para que se practicara la prueba sin que se accediera a su solicitud, se prescindió de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de los actos y garantías procesales, y se produjo indefensión ( STS de 13 de noviembre de 2014, Rcud. 2836/2013 ).
Roj: STS 382/2018 - ECLI: ES:TS:2018:382
No de Recurso: 3816/2015
No de Resolución: 63/2018
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), siendo la primera de ellas, precisamente, la sentencia de contraste aquí analizada, con doctrina reiterada por las STS/4a de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 , 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) y 13 octubre 2016 (rcud 3109/2015 ), entre muchas otras.
Roj: STS 448/2018 - ECLI: ES:TS:2018:448
No de Recurso: 2696/2016
No de Resolución: 52/2018
Resumen: Renta activa de inserción: no reúne el requisito de carencia de rentas propias, exigido para el acceso y mantenimiento en el programa de renta activa de inserción (RAI), quien es titular de la prestación económica de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid cuya cuantía mensual, superior al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, está integrada por la suma de una prestación mensual básica por importe que no alcanza el citado umbral, y un complemento fijado en función de los miembros que forman la unidad de convivencia.
La renta autonómica y la RAI si bien son compatibles no pueden aplicarse con total independencia, de forma que resulten acumulables en su integridad y en todo caso, haciendo abstracción de su cuantía. Así, si el solicitante tiene derecho a la RAI por importe superior al tope máximo fijado para lucrar la renta de inserción, no podrá acceder a esta ayuda, y si percibe la prestación autonómica en cuantía que exceda del límite máximo establecido para la RAI no podrá causar este subsidio, que es lo que ha sucedido en el supuesto enjuiciado. Solución contraria llevaría a una duplicidad de prestaciones públicas de carácter asistencial con una finalidad y una cuantía similar, no permitida legalmente.
Roj: STS 460/2018 - ECLI: ES:TS:2018:460
No de Recurso: 40/2016 No de Resolución: 87/2018
Resumen: Revisión de sentencias firmes: se desestima porque el documento en que se basa es de fecha posterior a la sentencia firme. - Sobre el concepto de documento decisivo recobrado u obtenido, esta Sala IV del Tribunal Supremo ha declarado que no pueden considerarse documentos recobrados en modo alguno los que sean posteriores a la sentencia de cuya revisión se trata.
Roj: STS 392/2018 - ECLI: ES:TS:2018:392
No de Recurso: 260/2016
No de Resolución: 70/2018
Resumen: Salarios: las compensaciones económicas garantizadas de abono periódico en supuestos de prejubilación no podían calificarse de salario a los efectos de la prohibición de la LPGE 2013.
El complemento que la empresa satisface a los trabajadores prejubilados, mientras cada uno de ellos no alcance la edad de jubilación, no puede calificarse de salario. Es obvio que no concurre el necesario mantenimiento de la relación laboral y, por ello, no hay prestación de servicios que sea objeto de retribución -ni siquiera concurre una causa de interrupción de la obligación de prestar servicios que mantenga vivo el derecho al salario-. Por consiguiente, difícilmente puede computarse la cuantificación de estos complementos en el concepto de masa salarial al que se refiere la norma presupuestaria en cuestión.
Roj: STS 391/2018 - ECLI: ES:TS:2018:391
No de Recurso: 4030/2015
No de Resolución: 65/2018
Resumen: Subrogación convencional: mantenimiento del derecho a billetes de avión en condiciones ventajosas, reconocido en el convenio de la cedente (Iberia), a pesar de que la cesionaria no se dedica al transporte aéreo, sino al handling.
La doctrina general establece que la subrogación (legal, convencional, pactada, etc.) no puede derivar el mantenimiento del derecho a pasajes aéreos en condiciones ventajosas cuando ha cambiado la identidad del empleador y el nuevo no se dedica a la actividad de transporte de viajeros sino de asistencia en tierra.
Cuando se ha acreditado una condición más beneficiosa o el nuevo convenio colectivo contempla el derecho en estudio, el tipo de actividad a que se dedica la nueva empleadora no es obstáculo para que se reconozca el derecho reclamado por los trabajadores
En el caso de autos, sin embargo, dl convenio aplicable respeta "el derecho de utilización de billetes de avión en las condiciones en que esté establecido en el Convenio Colectivo de la Empresa cedente" de manera expresa, sin condicionante temporal.
El mayor obstáculo material para el ejercicio del derecho (que el empleador no es compañía aérea) aparece contemplado y obviado por la redacción del precepto convencional referido. Mantiene el derecho a disfrute de pasajes en condiciones ventajosas y contempla de forma expresa la hipótesis de que " la empresa cesionaria no fuera línea aérea".
Dándose este supuesto, como aquí acaece, el derecho en cuestión no desaparece sino que se abre una nueva posibilidad en orden a su ejercicio: la empleadora " podrá pactar la compensación". Pero la posibilidad ofrecida sigue comportando la existencia de compensación patrimonial y, además, está sujeta al acuerdo. Nada que ver con la unilateral supresión del derecho que aquí ha generado este litigio.
Reitera doctrina: SSTS 777/2016, de 27 de septiembre (rcud. 350/2015 )- con la misma sentencia de contraste que en el presente supuesto-; 791/2016, de 30 de septiembre (rcud. 3930/2014 ) y de 29 de septiembre de 2016 (rcud. 882/2015 ), entre otra.
STS 17/01/2018 ir al texto
Roj: STS 463/2018 - ECLI: ES:TS:2018:463
No de Recurso: 171/2017
No de Resolución: 28/2018
Resumen: Sucesción de empresas: despido de 23 trabajadores, todos los empleados por Fradarias Alimentación SCP (Fradarias) en el contrato de arrendamiento del negocio de prestación de servicios de restauración con el Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), extinción que se acordó porque el RCNGC rescindió el arrendamiento de industria con efectos del 30 de julio de 2016, lo que motivó que el 20 de julio de 2016 Fradarias entregara a sus empleados carta comunicándoles la extinción de sus contratos y que a partir del 1 de agosto de 2016 pasarían a depender de RCNGC o del tercero a quien adjudicase el arrendamiento de negocio, según el pliego de condiciones publicado, subrogación que rechazó RCNGC. Con posterioridad, el contrato se adjudicó a Gestión Torviscas SL (Torvistas), que suscribió el oportuno contrato mercantil de prestación de servicios de restauración el 8 de septiembre de 2016 e inició dos días más tarde la actividad de restauración en la que empleó a 16 empleados de los 23 cesados por Fradarias, subrogándose en sus contratos con las reservas establecidas en el acto de conciliación celebrado en el SEMAc el día 8 de septiembre de 2016.
Existencia de sucesión de empresa y despido colectivo nulo: es objeto de arrendamiento una entidad económica autónoma, un conjunto de medios materiales y personales organizados para llevar a cabo una actividad productiva autónoma, sin que el hecho de que la nueva concesionaria del servicio compre maquinaria nueva desvirtúe lo dicho, porque, aparte que no consta la maquinaria comprada por ella, resulta que existe una cláusula en el contrato por la que en definitiva esas máquinas nuevas las paga la entidad cedente, aunque el pago lo anticipe la cesionaria, razón por la que nacen de esa transmisión todas las obligaciones que el citado art. 44 impone a las partes que intervienen en ella, sin que sean admisibles por lo dicho las alegaciones relativas a que el cese de los trabajadores lo acordó Fradarias, pues el despido realmente lo acuerda el RCNGC al recuperar la industria arrendada a Fradarias y negarse a dar ocupación a los trabajadores que esta empleaba en la actividad, para luego ceder la explotación de esa industria a Torviscas que con limitaciones sólo reincorporó a 16 empleados de la anterior, razón por la que la responasbilidad nace del art.44 ET.
Roj: STS 462/2018 - ECLI: ES:TS:2018:462
No de Recurso: 2774/2016
No de Resolución: 53/2018
Resumen: Sucesión de empresas: reversión de servicio de cocina y restauración al Ministerio de Defensa. Al apreciarse sucesión de empresas, ha de hacerse cargo el Ministerio de Defensa de la trabajadora que prestaba servicios como limpiadora en la contrata de cocina y restauración suscrita por aquél con una empresa de servicios, tras la finalización de la misma y la reasunción del servicio por la Administración Pública con su propio personal.
SEGURIDAD Y SALUD DE MUJER EMBARAZADA
STJUE 22/02/2018 ir al texto
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 92/85/CEE — Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia — Artículo 2, letra a) — Artículo 10, puntos 1 a 3 — Prohibición de despido de una trabajadora durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad — Ámbito de aplicación — Casos excepcionales no inherentes al estado de la trabajadora afectada — Directiva 98/59/CE — Despidos colectivos — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Motivos no inherentes a la persona de los trabajadores — Trabajadora embarazada despedida en el marco de un despido colectivo — Motivación del despido — Prioridad de permanencia de la trabajadora en la empresa — Prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo»
En el asunto C‑103/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante auto de 20 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2016, en el procedimiento entre:
Jessica Porras Guisado y Bankia, S.A., y otros
STJUE 21/02/2018 ir al texto
En el asunto C‑518/15,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour du travail de Bruxelles (Tribunal Laboral Superior de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 14 de septiembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 2015, en el procedimiento entre Ville de Nivelles y Rudy Matzak,
STEDH 22/02/2018. Caso Libert c. France ir al texto
Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH): violación inexistente.
El caso trata sobre el despido de un trabajador de la SNCF, tras la incautación de su ordenador profesional que reveló el almacenamiento de ficheros de carácter pornográfico y de cerficaciones falsas libradas en favor de terceros.
El TEDH constata que la consulta de los ficheros por el empresario respondió a un objetivo legítimo de protección del empleador, que puede pretender legítimamente asegurarse de que sus trabajadores utilizan los equipos informáticos que pone a su disposición de conformidad con sus obligaciones contractuales y con la reglamentación aplicable.
El TEDH señala que el derecho francés contiene un principio dirigido a la protección de la vida privada, según el cual, si bien el empresario puede abrir los archivos profesionales, sin embargo no puede abrir subrepticiamente los archivos identificados como personales. Sólo puede proceder a su apertura en presencia del empleado. Los tribunales franceses han considerado que este principio no impide que el empresario abriera los ficheros controvertidos, pues estos no habían sido debidamente identificados como privados.
El TEDH considera, en fin, que los tribunales franceses han examinado correctamente el motivo que el demandante alega sobre la violación de su derecho a la vida privada y estima que la decisión de tales tribunales se funda en motivos pertinentes y suficientes.
1) Obligación negativa u obligación positiva. ante la existencia de una injerencia de una autoridad pública. Habida cuenta de que los archivos del trabajador han sido abiertos sin que el haya sido informado y sin hacerlo en su presencia, el TEDH considera que hay una injerencia en su derecho a la vida privada. La cuestión de si tales archivos se idetnificaron claramente como personales se examina a continuación, en el contexto de la proporcionalidad de la medida.
El TEDH desestima la objeción del gobierno, conforme a la que la SNCF no podría considerase como autoridad pública a los fines del art.8, porque su actividad es de carácter industrial y comercial y su personal mantiene una relación cde derecho privado, la SNCF es una entidad legal de derecho público que se halla bajo la tutela del Estado y cuya dirección la designa el Estado, que asegura un servicio público que detenta un monopolio y se beneficia de la garantía implícita del Estado. Como resultado, a diferencia de Barbulescu c. Rumanía, en que la injerencia fue de un empleador privado, la demanda no debe analizarse desde le punto de vista de las obligaciones positiva sino sobre el de las obligaciones negativas-
2) Prevista por la ley. Es cierto que los artículos correspondientes del Código de Trabajo se limitan a declarar de manera general que las restricciones de los derecho y libertades de los trabajadores deben estar justificaddas por la naturaleza de la tarea que deben realizar y proporcionales al objetivo perseguido.
Así mismo, es cierto que en el momento de los hechos, se derivaba de la jurisprudencia del Tribunal de Casación que, salvo en caso de peligro u otro supuesto particular, el empresario no podía abrir los ficheros identificados por un trabajador como personales en el disco duro del ordenador que la empresa le pone a su disposición, sino es en presencia del trabajador en cuestión o después de llamarlo a tal efecto.
Sin embargo, el Tribunal de Casación había añadido que los archivos y ficheros creados por un trabajador a través de una herramienta informática puesta a su disposición se presumían como profesionales, a no ser que el trabajador los identificase como personales. El derecho positivo, de esta forma, precisó suficientemente en qué circunstancias y bajo qué condiciones el empresario podía abrir los ficheros que estuvieran en el ordenador profesional del trabajador.
3) Finalidad legítima: la finalidad de la injerencia fue garantizar la protección de los derechos de los demás, en este caso, los del empleador, que puede legítimamente pretender asegurarse de que sus trabajadores utilizan los equipos informáticos que pone a su disposición para el desempeño de sus funciones de acuerdo con sus obligaciones contractuales y las reglamentaciones aplicables.
4) Necesidad en una sociedad democrática: el derecho positivo francés contenía una disposición dirigida a la protección de la vida privada, al prever que los archivos identificados como personales no podían abrirse si no era en presencia del interesado. En cuanto a los tribunales, los motivos por los que han rechazado la pretensión del trabajador relativa al respeto a su vida privada, se consideran pertinentes y suficientes.
Ciertamente, al utilizar la palabra "personal" en lugar de la palabra "privado", el demandante utilizó el mismo término que en la jurisprudencia del Tribunal de Casación sobre el tema. Sin embargo, el estatuto informático del empleador utilizó específicamente el término "privado" para designar los mensajes y directorios que incumbía a los empleados identificar como tales. El alcance de la capacidad de almacenamiento utilizada para los fines en cuestión también podría justificar un cierto rigor. En resumen, las autoridades nacionales no se excedieron su margen de apreciación.
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El Sistema abona ya un total de 9.573.282 pensiones
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La Imprenta de Billetes del Banco de España realizaba contratos temporales para desarrollar labores estructurales de la empresa ir al texto
Publicado por JpD Comisión Social en 10:37

References: Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 artículo 135
 artículo 46
 artículo 64
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 53
 artículo 51
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 Artículo 2
 Artículo 10
 Artículo 1
 artículo 267
 artículo 267
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