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Timestamp: 2020-08-13 23:43:43+00:00

Document:
STC 20/2013, 31 de Enero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 425675006
Número de Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 9007-2005
Recurso de inconstitucionalidad 9007-2005. Interpuesto por la Junta de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Principios de interdicción de la arbitrariedad y protección del patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos.
STC 020/2013
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 9007-2005 interpuesto por la Junta de Castilla y León contra los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 12 de diciembre de 2005, por el representante legal de la Junta de Castilla y León, se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2.2, 3.1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación.
La representación procesal de la Junta de Castilla y León comienza su escrito examinando los antecedentes históricos del denominado Archivo General de la Guerra Civil Española algunos de cuyos hitos más relevantes son los siguientes.
Se impugnan en primer lugar los artículos 1 y 2.2, así como la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre por infringir lo dispuesto en el art. 149.1.28 CE.
A la misma conclusión llega el escrito del representante de la Junta de Castilla y León respecto de la confrontación de los artículos 1 y 2.2 y la disposición adicional primera de la ley impugnada con la segunda de las rúbricas competenciales que el art. 149.1.28 CE contiene, la que reserva al Estado la competencia sobre “los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal”.
El representante de la Junta considera como prueba de la desfiguración radical del Archivo General de la Guerra Civil Española el hecho de que, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 21/2005, los fondos que en él puedan quedar tras la restitución pasarán a integrarse en el Centro Documental de la Memoria Histórica. El archivo que era lo principal pasa a ser lo accesorio y se pide que dicha disposición adicional segunda se declare igualmente inconstitucional y nula por conexión o consecuencia en la medida que contribuye a consumar la expoliación.
A continuación, el escrito de recurso afirma que los artículos 1,2.2, 3 y 5 de la Ley 21/2005 carecen de justificación objetiva y son, en consecuencia, arbitrarios, por lo que infringen el art. 9.3 CE.
El escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León sostiene, asimismo, que los artículos 2.2, 3 y 5.2 de la Ley 21/2005 son inconstitucionales y nulos por ser contrarios al art. 149.1.28 CE que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
Igualmente se argumenta que tales artículos, junto con la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, violan el artículo 46 de la Constitución, pues ninguno de los preceptos legales establece medidas de protección para garantizar la conservación de los documentos que en aplicación de los mismos salgan del archivo que hasta ahora los custodiaba.
El escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León considera que los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1 y 5 de la Ley 21/2005 implican una discriminación a favor de la Generalitat de Cataluña y en contra de las demás Comunidades Autónomas careciendo absolutamente de justificación objetiva.
El escrito de la representación legal de la Junta de Castilla y León realiza una observación final sobre el artículo 4.2 de la Ley 21/2005 que dispone la entrega inmediata a la Generalitat de los documentos y efectos que ya hubieran sido identificados en cumplimento del convenio sobre microfilmación de 1982. Para el escrito de recurso se debe comprobar que lo entregado de inmediato son sólo documentos producidos en su día por la Generalitat y no los que tengan otros orígenes diferentes, lo que debe llevar a comprobar previamente a la entrega el contenido de las 507 cajas apartadas a raíz del convenio de 1982. La razón es que la Ley establece tratamientos claramente diferenciados para una y otra clase de documentos y esa es la única interpretación, afirma el escrito de recurso, que se ajustaría a lo querido por la norma y que no contribuiría a la expoliación denunciada.
Finaliza el escrito de la representación legal de la Junta de Castilla y León solicitando del Tribunal que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos antes indicados. Mediante otrosí, la demanda pone de manifiesto que la Sentencia que en su día se dicte puede resultar ineficaz a la vista de la brevedad de los plazos que la ley recurrida prevé (art. 3.3) para que se haga efectivo el traslado a la Generalitat de Cataluña de la documentación prevista en el art. 2, lo que determina que se solicite del Tribunal la adopción de las medidas provisionales consistentes en: 1. Que con carácter previo a la entrega a la Generalitat de Cataluña de los documentos a que hacen referencia los artículos 2.1 y 4.2 de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se proceda a la revisión del contenido de las 507 cajas en la que se conservan los documentos que fueron microfilmados en virtud del convenio de 1982 con el fin de retirar de ellas y excluir de la entrega la documentación que tenga una procedencia distinta de la contemplada en el art. 2.1 de la Ley. 2. Que se aplace hasta que se dicte la Sentencia que ponga fin a este recurso la salida del Archivo General de la Guerra Civil Española de cualesquiera documentos distintos de los contemplados en el art. 2.1 de la Ley.
Mediante providencia de la Sección Segunda de fecha 17 de enero de 2006 se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad y se acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme dispone el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de la Nación, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. También se acordó, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar formulada en el escrito de interposición, oír a las partes mencionadas para que en el plazo señalado puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
El día 18 de enero de 2006 se registró un escrito de la representación legal de la Junta de Castilla y León en el que manifiesta que se va a disponer la salida de los documentos que fueron microfilmados en virtud del convenio suscrito entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura de 22 de octubre de 1982 para el día 19 de enero. El recurrente alega que en las 507 cajas en las que se conservan esos documentos se guardan otros que no proceden ni pertenecieron nunca al archivo institucional de la Generalitat de Cataluña, de su Administración y de su Parlamento, por lo que solicita del Tribunal Constitucional que acuerde requerir a la señora Ministra de Cultura para que deje en suspenso provisionalmente la entrega a la Generalitat de los documentos a que se refiere el art. 4.2 de la Ley recurrida hasta que recaiga Sentencia
Por providencia de la Sección Segunda de 24 de enero de 2006 se acordó unir a las actuaciones el escrito de 18 de enero de 2006 de la representación procesal de la Junta de Castilla y León y estar a lo acordado en la resolución de 17 de enero.
Mediante escrito registrado el día 24 de enero de 2006 el Abogado del Estado se personó en el proceso en nombre del Gobierno y evacuó el trámite de alegaciones relativo a la adopción de las medidas provisionales solicitadas por la parte actora en el recurso.
El día 26 de enero de 2006 el Abogado del Estado se dirige al Tribunal en contestación a su providencia de 24 de enero de 2006, por la que se une a las actuaciones el escrito de la representación procesal del Gobierno de la Junta de Castilla y León de fecha 18 de enero de 2006 y se está a lo acordado en la resolución de 17 de enero. El Abogado del Estado se reitera en lo dicho en su escrito de 24 de enero de 2006 y sobre la petición adicional de requerimiento a la Sra. Ministra de Cultura para que deje provisionalmente en suspenso la entrega a la Generalitat de los documentos a que se refiere el art. 4.2 de la Ley solicita del Tribunal que las deniegue.
Con fecha 31 de enero de 2006 se registra en el Tribunal un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados mediante el que se comunica que la Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo de no personarse en el proceso ni hacer alegaciones, poniéndose a disposición del Tribunal.
El día 1 de febrero de 2006 se registra en el Tribunal un escrito del Presidente del Senado en el que se indica que la Cámara se persona en el proceso, poniéndose a disposición del Tribunal.
El día 7 de febrero de 2006 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se dirige al Tribunal solicitando una prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.
El día 8 de febrero de 2006 la Sección Segunda de este Tribunal acuerda incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 7 de febrero de 2006 y concederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones.
Con fecha 15 de febrero de 2006 se dicta por el Pleno del Tribunal Constitucional el Auto 58/2006, por el que se deniegan las medidas provisionales solicitadas por tener vedado el Tribunal la posibilidad de suspender, excepto en el caso dispuesto por el art. 161.2 de la Constitución Española, la aplicabilidad de la ley, como consecuencia de la presunción de la legitimidad que tiene la ley por ser manifestación de la voluntad popular expresada por el legislador. En cuanto a la primera de las medidas provisionales solicitadas, la revisión de las 507 cajas para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 21/2005 (arts. 2.1 y 4.2), así como a la petición de requerimiento a la Ministra de Cultura, considera el Tribunal que la petición resulta ajena a la jurisdicción constitucional, pues dichos preceptos no han sido recurridos.
Con fecha 22 de febrero de 2006 se registra el escrito mediante el cual el Abogado del Estado formula sus alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad número 9007-2005, que resumidamente se exponen.
Comienza el escrito del Abogado del Estado analizando el objeto del recurso y destacando cómo la demanda únicamente discute la constitucionalidad de la restitución prevista en la Ley a favor de las personas físicas o jurídico-privadas, ya residan en Cataluña o en otras Comunidades Autónomas, aceptando, sin embargo, la plena conformidad a la Constitución de la restitución a la Generalitat prevista en el artículo 2.1, pues así se establece en la página 21 del escrito de recurso cuando se afirma que “no hemos pretendido nunca, ni pretendemos ahora evitar la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación por ella generada entre 1932 y 1939”. Considera el Abogado del Estado que ello es incongruente, pues el fundamento de la restitución es el mismo: el Estado considera que la causa de la adquisición de la propiedad de tales bienes fue ilegítima y procede reparar la injusticia devolviendo a los que la padecieron los documentos que les fueron incautados. No se entiende que desde la protección de la unidad del archivo se acepte la restitución de los documentos públicos, que de acuerdo con la Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, tendrían una mayor valor histórico por entrar a formar parte del patrimonio documental desde su generación (art. 49.2), y no la de los privados, los cuales no se incorporan al patrimonio documental hasta transcurridos cien años (art. 49.4).
A continuación realiza el Abogado del Estado una serie de precisiones fácticas entre las que destacan la relativa a que únicamente han salido del archivo documentos que se ha comprobado que pertenecían a la Generalitat, o la que se refiere a que la creación del Archivo General de la Guerra Civil Española en 1999 no supuso aumento de los medios personales ni materiales frente a lo que ocurrirá con la entrada en vigor de la Ley 21/2005, aquí impugnada, que prevé la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica para lo cual el Ministerio de Cultura ha comprometido 12 millones de euros, duplicar la plantilla y la expropiación del Palacio de Orellana para dar cabida a los nuevos fondos con los que se pretende dotar al archivo. Para el escrito del Abogado del Estado el incremento de medios materiales y personales no parece congruente con la intención expoliadora que la demanda atribuye a la Ley.
El Abogado del Estado comienza entonces a rebatir los argumentos del recurso agrupando su contestación en dos grandes motivos. El primero es la infracción del art. 149.1.28, en relación con el art. 46, ambos de la Constitución, dado que según la demanda las Cortes Generales habrían perpetrado una expoliación del patrimonio documental español; se habría vulnerado la garantía institucional establecida en aquel artículo; el Estado estaría incumpliendo su obligación de conservar sus competencias sobre los archivos de su titularidad, y no se estaría garantizando además la conservación del fondo documental que se restituye. El segundo es la vulneración del art. 9.3 CE, en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad, dado que las medidas carecerían de justificación objetiva e introducirían una discriminación a favor de la Generalitat.
Por lo que se refiere al primer motivo considera el escrito del Abogado del Estado que la Ley no provoca una expoliación en el sentido del artículo 4 de la Ley del patrimonio histórico español, que, en todo caso, no podría servir de canon para enjuiciar la constitucionalidad de una ley igualmente estatal.
A continuación contesta el Abogado del Estado al segundo gran motivo de impugnación, la vulneración del art. 9.3 CE, en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad, dado que las medidas, según el recurrente, carecerían de justificación objetiva e introducirían una discriminación a favor de la Generalitat.
Por providencia de 29 de enero de 2013 se señaló para deliberación y fallo de esta Sentencia el día 31 del mismo mes y año.
El presente recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto resolver la impugnación hecha por la Junta de Castilla y León de los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. La recurrente considera que los preceptos impugnados vulneran los arts. 149.1.28, 9.3 y 46 de la Constitución.
Se impugnan, en primer lugar, los artículos 1 y 2.2, así como la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por vulnerar el art. 149.1.28 CE.
Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 5, el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.
De acuerdo con la primera parte del art. 149.1.28 CE el Estado tiene competencia exclusiva sobre la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación”.
De acuerdo con la segunda parte del art. 149.1.28 CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre los “museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”.
La recurrente impugna, en tercer lugar, los artículos 2.2, 3 y 5.2 de la Ley 21/2005 por vulnerar la distribución competencial establecida en el art. 149.1.28 CE. Para el representante de la Junta de Castilla y León, si el Estado quiere restituir los documentos a sus primitivos propietarios debe ser él el que lo haga y quien regule el procedimiento para llevarlo a cabo, pues es una competencia que la Constitución atribuye al Estado en su art. 149.1.28 y tiene que ser ejercida por quién la tenga atribuida como propia.
Se impugnan, asimismo, los artículos 1 y 2.2, así como los artículos 3.1 y 5 de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por vulnerar el art. 9.3 CE en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad.
En lo que se refiere a la alegación que pone en cuestión la constitucionalidad de que se otorgue a la Generalitat la propiedad definitiva de todos los documentos y efectos privados transferidos que no puedan ser restituidos, la impugnación realizada debe ser desestimada, pues debemos rechazar que tal sea la consecuencia necesaria que se deriva de la lectura de la Ley 21/2005.
En lo que se refiere a la alegación que pone en cuestión la constitucionalidad de que tenga que ser la Generalitat y no otras personas jurídicas, públicas o privadas, la que restituya los documentos a sus propietarios originarios debemos comenzar recordando la doctrina de este Tribunal sobre la aplicación del art. 9.3 CE como canon de control del legislador.
Se impugnan igualmente los artículos 2.2 y 5.2, y la disposición adicional primera , ya reproducidos, de la Ley 21/2005, por vulneración del art. 46 CE, que establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”, pues ninguno de los preceptos de la Ley 21/2005, establece medidas de protección para aquellos documentos que salgan del Archivo General de la Guerra Civil, para ser restituidos. Se afirma, por la recurrente, que los documentos restituidos quedan en situación de absoluta desprotección.
Se impugnan, asimismo, los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1 y 5, ya reproducidos, de la Ley 21/2005, por implicar, se afirma sin cita de precepto constitucional alguno, una discriminación a favor de Cataluña, a la que se transfieren ope legis los documentos incautados en su territorio, y en contra de las demás Comunidades Autónomas.
ATC 125/1982, 24 de Marzo de 1982

References: artículo 46
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5