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Timestamp: 2018-02-18 07:11:01+00:00

Document:
Doctrina sobre los requisitos de solvencia exigibles a los integrantes de una UTE - Observatorio de Contratación Pública
Doctrina sobre los requisitos de solvencia exigibles a los integrantes de una UTE
Resolución 913/2016 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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«Sobre la cuestión relativa a si los requisitos de solvencia son exigibles a todos los integrantes de una UTE o si basta con que concurran en uno de ellos, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones, siendo la más reciente la de 29 de abril de 2016, fecha en la que se dictó la resolución nº 337/2016, que al respecto manifestó -en su fundamento octavo-lo que a continuación se expone:
De conformidad con el ordinal anterior debe analizarse en primer término si los requisitos de solvencia profesional o técnica son exigibles a todos los integrantes de una UTE o si, como sostiene la actora, basta con que concurran en uno de ellos. Esta cuestión es abordada por el artículo 62 del TRLCSP conforme al cual: “1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.
2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.” Precepto que debe ser complementado con el art. 63 TRLCSP por el que se permite que “Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.
En desarrollo de ambos preceptos legales el art. 24.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, ordena “En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este Reglamento”. Las deficiencias en la redacción del citado art. 24.1 RGCAP, que aparentemente contiene proposiciones contradictorias, ha planteado importantes problemas interpretativos tanto en el presente Tribunal administrativo como ante los diversos Órganos Jurisdiccionales, dudas que fueron resueltas por el Tribunal Supremo por quien se entendió que todos los integrantes debían cumplir un mínimo de la solvencia exigida, sin perjuicio de que para cumplir la totalidad de los requisitos exigidos por el PCAP se estuviera a la suma total de todos los integrantes en la UTE. Este criterio jurisprudencial fue sintetizado por la sentencia de 5 de noviembre de 2014, recurso de apelación número 696/2013, de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se dijo: “La redacción del precepto anteriormente transcrito [art. 24.1 RGCAP] es ciertamente desafortunada toda vez que parece contener una contradicción. De hecho, en la interpretación del mismo no existe Jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo que en ocasiones ha optado por considerar que el artículo 24.1 del Reglamento exige, sin lugar a dudas, que en las uniones temporales de empresas todas y cada una cumplan los requisitos de capacidad y solvencia, siendo exponente de ésta tesis la reciente Sentencia de fecha 18-Febrero-2013) dictada en el recurso nº 5188/11 Ponente: Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
Sin embargo, con relación a la clasificación en subgrupos, el Tribunal Supremo ha establecido un criterio flexible entendiendo que han de acumularse las características y solvencia de las distintas empresas que componen la U.T.E. para determinar si entre todas ellas cumplen con los requisitos exigidos para poder licitar para obtener un contrato con una Administración Pública. Ejemplo de ésta tesis es el contenido en la Sentencia de 2 febrero 2005, de la que ha sido Ponente Dª C. P. L., indicando que: "Hemos llegado, por lo tanto, al meollo de la cuestión objeto de debate. Es decir si resulta ajustada a la norma la interpretación llevada a cabo por la Sala de instancia acerca de que encontrándose ambas empresas clasificadas en el Mismo Grupo III, Servicios, debe entenderse cumplido el requisito para poder contratar, toda vez que las demás características referidas al subgrupo y categoría vienen atribuidas por acumulación de cada una de las empresas asociadas, y una de ellas cumple con la condición expresamente establecida para contratar el concurso que se debate. O, por el contrario, si ha de prevalecer la pretensión de la recurrente acerca de que la clasificación empresarial de todas las empresas participes no se limita a la exigencia de su incardinación en el ámbito relacionado con el contrato al que opten, sino que, además, es preciso que todas y cada una de ellas estén clasificadas en todos los grupos y subgrupos exigidos por las bases del concurso.
En éste mismo sentido se pronuncian las Sentencias de 22 de julio de 1986 y 16 de noviembre de 1993 dictadas en recurso de apelación EDJ1993/10360 en que se aceptaba de las sentencias apeladas la interpretación del art. 288 RGCE) en el sentido de que basta que una de las empresas que entra en la agrupación para optar a la adjudicación, cumpla los requisitos establecidos al efecto para que se entienda que dichos requisitos quedan cumplidos por la Agrupación.
La doctrina jurídica tampoco resulta muy esclarecedora, por estar basada fundamentalmente en una casuística muy diversa, y responder en cada caso concreto lo procedente. No obstante lo anterior, tanto La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado como el Tribunal Administrativo Central como el Tribunal Supremo llegan a las siguientes conclusiones en la interpretación del citado art. 24: Respecto de la capacidad, es exigible a todas y cada una de las empresas o personas físicas que componen la UTE.
Respecto de la solvencia técnica, es exigible asimismo a todos y cada uno de los componentes de la UTE, si bien con el criterio flexible de entender que la relación que tengan con el objeto del contrato puede ser directa o indirecta siempre que todas ellas tengan una finalidad social al menos relacionada con el objeto del contrato. Es decir, se exige a cada uno al menos un mínimo de solvencia técnica. Respecto de la solvencia económica también se exige a cada uno de los componentes de la UTE, (lo cual es obvio dada la responsabilidad solidaria de todos los componentes de la UTE tanto frente a la Administración como frente a terceros); si bien con el criterio flexible de entender que alguno de sus componentes puede probar su solvencia económica acreditando la capacidad económica de otra empresa perteneciente o no a la UTE, con la que tenga cualesquiera vínculos jurídicos, siempre que pruebe fehacientemente que puede disponer de los fondos económicos de ésta tercera empresa.
Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, nos encontramos con que el artículo 67.7 del Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en los pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso contrario la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. La prestación de servicios escolares de acompañantes carece de un CPV específico, por lo que el órgano de contratación acudió al CPV que llevar por título servicios escolares diversos. Los servicios presentados por dos de las empresas integrantes de la UTE no pueden ser calificados como servicios escolares por muy ampliamente que se interprete esta expresión. No obstante, las dos empresas tienen una clasificación evidentemente muy similar al objeto del contrato (acompañamiento de transportes de inválidos frente a acompañamiento de transporte escolar) por lo que que exigirles a todas ellas el mismo subgrupo e idéntico CPV resulta excesivamente rígido pues hace prácticamente imposible la acumulación de la solvencia, que suele ser la razón de ser de las UTES, con la consiguiente restricción a la competencia que ello comporta.»
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References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 62
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 67