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Timestamp: 2018-09-24 01:43:06+00:00

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Ley de Contratos Públicos en España desde 1963 (Capítulo III. Parte 1ª) - Observatorio de Contratación Pública
Este capitulo III de repaso histórico a la Ley de Contratos Públicos se dedica al primer Reglamento de Contratación desde 1963, cuyo Decreto 3354/1967, estuvo vigente hasta el 1 de enero de 1976, en que entró en vigor el Reglamento de 1975 (Decreto 3410/1975)
Como venimos haciendo desde el inicio de esta obra, repasamos las normas jurídicas relacionadas con la contratación pública o consideradas de interés que se promulgaron en la época coincidente con el texto que analizamos. En este nuevo capítulo en el que comentamos el Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, destacamos la Ley 30/1965, de 4 de mayo, sobre Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado; la Ley 31/1965, también de 4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado; el Decreto 1120/1966, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de los Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado; el Decreto 2427/1966, de 13 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado; la Orden de 21 de junio de 1967, por la que se regula la supresión, mediante redondeo por exceso o por defecto, de las fracciones inferiores a una peseta en los actos de liquidación y reconocimiento de derechos, obligaciones del Tesoro y Organismos Públicos; y el Decreto 2764, de 27 de noviembre, que reorganizaba la Administración Civil del Estado.
En materia de contratación, destacamos el Decreto 3637/1965, de 25 de noviembre, sobre obras, gestión de servicios o suministros que se celebrasen en el extranjero (cuyos artículo 4º y 6º fueron modificados por el Decreto 2990/1967, de 29 de noviembre); los Decretos 1414/1966, de 2 de junio, y 3153/1966, de 29 de diciembre, prorrogando el plazo para la exigibilidad de la clasificación previa a los contratistas de obras del Estado; el Decreto 493/1967, de 3 de marzo, por el que se dictan normas en relación con el artículo 25-4 del Reglamento de 3 de marzo de 1925 y la contratación directa del Estado y sus Entidades autónomas (por su interés en la contratación pública, advertía que los “expedientes de contratación directa de obras, tramitados por aplicación del artículo 37.2 1 de la vigente Ley de Contratos del Estado, cuya resolución compete al Consejo de Ministros, no serán elevados al acuerdo de éste sin el cumplimiento previo del trámite fiscal”); la Ley 4/1967, de 8 de abril, estableciendo que “en las autorizaciones para contratar que competen al Consejo de Ministros, según establece el artículo tres 2 de la Ley de Contratos del Estado, de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, no es preceptivo el informe previo del Consejo de Estado”, porque se habían suscitado dudas sobre la vigencia del artículo 67 de la Ley de Administración y Contabilidad de 1911; el Decreto 2311/1967, de 19 de agosto, que simplificaba y normalizaba el régimen de fianzas en los contratos de obras.
Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por el Decreto 923/1965, de 8 de abril. (Publicado en el BOE los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 1968)
Este reglamento ejecutivo para su aplicación, desarrolla los preceptos de la Ley de Contratos del Estado con el “propósito de brindar en un solo cuerpo legal el régimen jurídico completo de este importante aspecto de la actividad administrativa”, promulgado por el entonces Ministro de Hacienda, Excmo. Sr. D. Juan José Espinosa San Martín.
Es de destacar que el texto reglamentario incorporaba los artículos de la Ley con su texto literal, que ayudaba a distinguir la parte estrictamente legal de la reglamentaria, sin tener que acudir de un texto a otro, lo que era muy de agradecer en aquella época “no digital”, evitando así equívocos. Por esta razón no aludiremos en este capítulo a los preceptos de la Ley del 65 por haber sido tratados en el capítulo anterior.
Consta el Reglamento del 67 de un Título Preliminar, con 14 artículos, el Libro Primero, con cuatro Títulos y un total de 269 artículos (curiosamente el artículo numerado con el 283 se antepone como “Disposición Adicional”), el Libro Segundo, con dos Títulos y un total de 56 artículos, el libro Tercero, con un Título único y 48 artículos, el Libro Cuarto, con 11 artículos, 9 Disposiciones Finales, una Disposición Derogatoria (con normas que databan desde 1868).
El Título Preliminar, bajo epígrafe “De los contratos del Estado en general”, prescribe que los contratos que celebren los órganos de contratación se ajustarán a las prescripciones contenidas en la Ley de Contratos del Estado y en su Reglamento, salvo las siguientes excepciones:
La relación de servicios y los contratos regulados en la Legislación de Funcionarios (básicamente coincidente con el art.11.1 de la actual Ley 9/2017, de contratos del sector público, en adelante LCSP, aunque ésta agrega los contratos regulados en la legislación laboral).
Los relativos a una prestación de servicio mediante abono de tarifa o tasa de aplicación general a personas indeterminadas -servicios de Correos, depósitos en la Caja General, uso de almacenes o instalaciones administrativas y otras operaciones análogas- (análogo al art. 11.2 LCSP)
Las operaciones que celebra el Estado con particulares que por referirse a bienes o derechos intervenidos -divisas, oro, trigo y productos estancados o prohibidos- resulta mediatizado su tráfico en virtud de disposiciones legales (no contempla LCSP).
Los convenios especiales entre el Estado y las Corporaciones Locales u otros entes de derecho público, así como los que celebre el propio Estado con otros Estados extranjeros o con entidades de derecho público internacional (similar al art. 6 LCSP).
Los contratos del Estado que se celebrasen o ejecutasen en territorio extranjero (ahora previsto en la Disposición Adicional primera de la LCSP) 3.
Los exceptuados expresamente por una Ley (residual que no prevé la LCSP) 4.
Estos negocios excluidos se seguían regulando por sus normas peculiares, debiéndose tener en cuenta los principios de la Ley de contratos para resolver las dudas o lagunas que pudieran plantearse.
Las reglas sobre competencia y procedimiento aplicables a todos los contratos del Estado, salvo que las normas específicas administrativas dispusieran lo contrario, eran las siguientes:
Necesidad de consignación presupuestaria, si el contrato originaba gastos para el Estado (equivalente al certificado de existencia de crédito, art. 116.3, párrafo 2º LCSP).
La competencia de los Jefes de los Departamentos o Autoridad en quienes deleguen o desconcentren (arts. 323 y 325 LCSP).
Preparación del contrato en expediente, donde consten las cláusulas administrativas y técnicas y la aprobación del gasto (art. 116 LCSP).
La adjudicación del contrato atendiendo a los principios de publicidad y concurrencia (art. 1 LCSP que, curiosamente, no incluye la concurrencia, aunque luego aparece en otros artículos de la norma), salvo que no fuera posible o conveniente a los intereses públicos (lo que dejaba amplísima discrecionalidad a los titulares de los Departamentos Ministeriales, salvo, como es natural, los contratos que fueran declarados secretos o reservados. Solo para situarnos en el contexto de la época, no olvidemos que el Gobierno de España en el año 1967, estaba constituido básicamente por generales, falangistas -como el Ministro de Hacienda- y miembros del Opus Dei. A título personal destaco la figura del Ministro de Educación y Ciencia, que sustituyó a Lora-Tamayo en 1968, que sacó adelante la Ley General de Educación de 1970, que supuso un gran avance en la modernización y progreso del sistema educativo en todos los niveles, incluido el universitario).
La formalización del contrato en documento notarial o administrativo (similar art. 153 LCSP).
1 Obras de reconocida urgencia surgida como consecuencia de circunstancias imprevisibles que demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a la licitación urgente prevista en el artículo 26 de la Ley, previa justificación en el expediente y acuerdo del Consejo de Ministros.
2 Cuando los contratos tuvieran un plazo de ejecución superior a la vigencia del presupuesto correspondiente y hubieran de comprometerse fondos de futuros ejercicios, salvo el caso de que estuvieran previstos en un plan general aprobado por Ley; y cuando la cuantía del contrato excediera de 50 millones de pesetas (sobre 300.500 euros).
3 El Decreto 3637/1965, de 25 de noviembre, del Ministerio de Hacienda, regulaba los contratos del Estado y sus Organismos Autónomos referentes a obras, gestión de servicios o suministros que se celebrasen en territorio extranjero.
4 En cuanto a los Organismos Autónomos regulados por la Ley de 26 de diciembre de 1958, este Reglamento les era de aplicación en los contratos de obras, servicios y suministros, con las especialidades señaladas en los artículos 388 a 397 del mismo. Los demás contratos se regulaban por lo establecido en los artículos 18 y 19 de la LCE del 65.

References: artículo 4
 artículo 25
 artículo 37
 resolución 
 artículo 67
 artículo 26