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Consejo de Ministros. Referencia. 20 de febrero de 2015 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
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Álvaro Salazar Blázquez
1 Consejo de Ministros Referencia 20 de febrero de 2015 CORREO ELECTRÓNICO Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes COMPLEJO DE LA MONCLOA MADRID TEL: / 45 / 46
2 SUMARIO Presidencia Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. ACUERDO por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de Asuntos Exteriores y de Cooperación ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Granada sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y su ratificación. ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado de extradición entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam y su ratificación. ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam y su ratificación. ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, y su aprobación. ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, y se dispone su remisión a las Cortes Generales y su ratificación. Página 2
3 Justicia REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Viktor Lazarenko. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Helena Cecilia Bonilla. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Gonzalo Oscar Echenique. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Annebel Van Der Knijff. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Yevheniya Chystyakova. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Darly Zoqbi De Paula. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ramiro Eduardo Osorio Fonseca. Hacienda y Administraciones Públicas REAL DECRETO de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de ,99 euros. ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, la Autoridad Portuaria de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por el que se acuerda la resolución e ineficacia del Convenio relativo a la Plataforma Logística e Industrial Salvaterra-As Neves (PLISAN), firmado el 11 de diciembre de 2006, y la vuelta a un régimen de condominio para el desarrollo de la PLISAN. ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado fase II. Página 3
4 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Cataluña, y la Universidad Politécnica de Cataluña, para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional de Supercomputación. Educación, Cultura y Deporte ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente REAL DECRETO sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ACUERDO por el que se autoriza la contratación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de un servicio con 19 helicópteros de transporte de brigadas y de 1500 litros de capacidad individual para la lucha contra los incendios forestales. ACUERDO por el que se procede a la rectificación de los errores materiales surgidos en la aprobación de las tarifas del aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Economía y Competitividad Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Presidencia del Gobierno ACUERDOS DE PERSONAL REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en Andalucía a D. ANTONIO SANZ CABELLO. Página 4
5 AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS ASUNTOS GENERALES Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad APROBADOS LOS PROYECTOS DE LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Se agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia. La reforma reconoce como víctimas de la violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres Se establece el requisito de no haber sido condenado por abusos o explotación infantil para acceder a profesiones que impliquen contacto frecuente con niños Se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de una reforma legislativa que da respuesta al compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, además de mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Su objetivo principal es garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales. De este modo, España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, como recomendó la ONU en Además, todos los Anteproyectos de Ley y proyectos de Reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y en la adolescencia antes de ser aprobados. La reforma se envía ahora al Parlamento tras haber sido informada por el Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Ministerios implicados, Comunidades Autónomas, etcétera. Las principales novedades que contempla la reforma se estructuran en tres objetivos: Página 5
6 DERECHOS, DEBERES Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES En primer lugar, la norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, y una especial atención de los más vulnerables, como menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados, menores con discapacidad, etcétera. De este modo, las leyes promueven la participación de los menores a través del derecho a que sean oídos y escuchados, lo que incluye a los menores de doce años siempre que tengan madurez suficiente. En consecuencia, en la resolución de procedimientos judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y lo que éste ha manifestado. La reforma, por otro lado, incluye un catálogo de deberes en las esferas familiar, escolar y social: respeto a los padres, hermanos, profesores; respeto a la dignidad, integridad e intimidad de las personas con que se relacionen, etcétera. El conocimiento de sus derechos y deberes se implantará a través del sistema educativo, y se recoge de forma expresa la necesidad de evitar situaciones de acoso escolar. Dentro de este primer objetivo se refuerza la protección a grupos vulnerables, como los menores extranjeros que se encuentren en España, a los que se reconoce expresamente su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales, velando especialmente por los no acompañados o víctimas de trata, entre otros. A los menores con discapacidad se les asegura su plena accesibilidad y la garantía de los servicios sociales especializados. Y, por primera vez, la norma prevé recursos y programas de apoyo para facilitar la transición a la vida independiente de jóvenes ex tutelados. UN NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA En segundo lugar, la reforma configura un nuevo sistema de protección de la infancia. Se definen, por primera vez en una norma estatal, las situaciones de riesgo y desamparo, y ésta última queda determinada por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución. La declaración de desamparo dará lugar a la tutela del menor por parte de la entidad pública competente. Como aspecto fundamental, se introduce que, superados dos años desde dicha declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos. Pasados esos dos años, las entidades públicas podrán adoptar cualquier medida de protección que consideren necesaria, incluida la adopción si se prevé una situación irreversible para el menor. En cuanto a la guardia voluntaria (la que solicitan los padres a la Administración), se limita a dos años, con el fin de evitar que estas situaciones se hagan crónicas, algo que venía sucediendo. Vencido dicho plazo, el menor deberá volver con su familia o dictarse sobre él una medida de protección estable. Página 6
7 Acogimiento Al mismo tiempo, se agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción. En España hay casi menores bajo tutela o guarda de las administraciones, de los que están en residencias, a la espera de una familia. Con la reforma se van a primar soluciones las familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. El objetivo es que, al menos, todos los menores de tres años puedan vivir con una familia, sin pasar por un centro de acogida. En el caso de que haya varios hermanos, se procurará que permanezcan juntos. Se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recogerá el derecho de estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Las familias acogedoras recibirán valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes. Por otra parte, se regulan por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta. Adopción La adopción, como el acogimiento, se agiliza y se completa con más garantías, y, así, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación. Destaca, además, la unificación de los criterios de idoneidad para las familias adoptantes, entre los que cabe subrayar la imposibilidad para adoptar de quien esté privado de la patria potestad de un hijo. La reforma aporta aquí otra novedad: antes de que la entidad pública proponga al juez la constitución de la adopción podrá iniciarse un período de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecerán siempre en una familia y se les evitará pasar por un centro de acogida. La finalidad que se persigue es precisamente reducir el número de niños que esperan en centros. Otras novedades son la adopción abierta, o la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, que determinará el juez con el visto bueno del propio adoptado, de la familia de procedencia y de la adoptiva. También se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados. Para ello, las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante, al menos, cincuenta años. Página 7
8 A estas medidas que facilitarán la adopción se unen otras pensadas para las madres que deciden dar a su hijo tras el parto. Además, previa modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto del Empleado Público, los padres y madres que se ofrezcan para la adopción y acogedores tendrán derecho a ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir a las sesiones informativas obligatorias. Los procesos de adopción internacional se dotarán de mayor seguridad jurídica por cuanto se clarificará el ámbito competencial para dichos trámites. Así, la decisión de autorizar adopciones corresponderá a la Administración general del Estado, al igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, las ECAI, previo informe de las comunidades autónomas. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA En tercer lugar, la reforma tiene como objetivo transversal prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia. Por primera vez, se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género. Para ello, se modifica el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este sentido, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. También se va a reforzar la protección frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas un total de menores en Para ello, entre otras medidas, será requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación. Además, se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos por parte de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de los mismos. Por otra parte, también se enmarca en esta reforma legal la modificación de la Ley de Protección de Familias Numerosas, para asegurar que conserven el título mientras que al menos uno de los hijos cumpla los requisitos y la edad establecida (veintiún años o veitiseis años si está estudiando). Página 8
9 Economía y Competitividad APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Se culmina la adaptación a Solvencia II del sector asegurador, se establece un nuevo régimen de solvencia de las entidades y se mejoran las normas de gobierno corporativo Se refuerza el papel de la Dirección General de Seguros con nuevas competencias de supervisión El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Con esta Ley y el futuro Reglamento se transpone la Directiva de Solvencia II, una norma que supone un impulso al mercado interior del sector asegurador. Con ello se favorece la competencia y eficacia de estas entidades, lo que redundará en beneficio del usuario. En concreto, se establece una nueva metodología para el cálculo de solvencia de las aseguradores para garantizar que cuentan con capital suficiente, se mejoran la transparencia y el gobierno corporativo y se refuerza la supervisión. La Directiva europea es fundamental para el desarrollo del mercado interior europeo, fortalece el sector del seguro y favorece la competencia y la eficacia de estas entidades, siempre en beneficio del consumidor. De este modo, se trata de proteger mejor los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y se promueve la transparencia del mercado seguros y el desarrollo de la actividad aseguradora. Pilares de la Directiva La Directiva de Solvencia II se asienta en tres pilares que tienen reflejo en el Proyecto de Ley: Nuevo régimen de solvencia, basado en un conjunto amplio de riesgos, que se evalúan en un escenario estresado. Mejora de la supervisión. Mayores exigencias de información y transparencia. El Proyecto traslada estos elementos al ordenamiento jurídico español. Incorpora una nueva metodología para el régimen de solvencia, que garantiza que las entidades cuenten con capital suficiente, incluso en un hipotético escenario de estrés y si se dan simultáneamente una serie de riesgos: de mercado, de contraparte, de negocio asegurador de vida y no vida y riesgo operacional. Este nuevo modelo de cálculo de capital no va a implicar nuevas Página 9
10 necesidades de capital para el sector asegurador español, ya que todas las entidades cuentan con solvencia suficiente. Gobierno corporativo La norma aprobada hoy también refuerza el gobierno corporativo de las entidades aseguradoras. Incluye normas específicas sobre la honorabilidad y aptitud de quienes realizan la dirección efectiva (consejo de administración y directivos); se refuerza el control de la actividad de todos los departamentos en distintas materias, como la gestión de riesgos o el cumplimiento de la directiva; y se asegura a través de una auditoría interna que los procedimientos internos de las entidades son adecuados. Con la Ley también se mejoran y unifican los sistemas de información de las entidades aseguradoras al supervisor y se incrementa la transparencia de su situación financiera y de solvencia. Cambio del modelo supervisor Además, se refuerza el papel de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la que se le atribuye la capacidad de dictar guías técnicas (criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para cumplir la normativa de supervisión) y resoluciones. A su vez, los nuevos criterios de solvencia suponen un cambio profundo del modelo supervisor, ya que se pasa a un sistema de autorizaciones previas a uno de múltiples procedimientos: modelos internos, casamiento de activos y pasivos, aplicación de medidas de ajuste por volatilidad y clasificación de tramos de capital. Supervisión de prácticas comerciales El Proyecto de Ley también aborda otras cuestiones que no se derivan directamente de la Directiva de Solvencia II. Así, se simplifican las cargas administrativas del mercado de intermediación de seguros y se establece la posibilidad de llevar a cabo la supervisión de prácticas de comercialización de las entidades aseguradoras por parte de los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin necesidad de que se identifiquen previamente, el denominado mistery shopping. Página 10
11 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente NUEVA REGULACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA MEJORAR SU RECOGIDA SEPARADA Y GESTIÓN Los establecimientos de venta de aparatos eléctricos que tengan una superficie de más de 400 m 2 deberán aceptar gratis los ya usados de tamaño muy pequeño, como los teléfonos móviles, y sin que el consumidor tenga que comprar otro a cambio Se fomenta la preparación para la reutilización de los residuos y se establece requisitos para su reparación, lo que permitirá poner en el mercado el mismo producto una vez que haya sido arreglado El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que incluye una batería de nuevas medidas para mejorar su recogida separada y gestión. La gestión de este tipo de residuos -que contienen materiales valiosos, pero también sustancias peligrosas que hay que tratar- comienza con su adecuada entrega en las instalaciones de recogida municipales, como los llamados puntos limpios, las tiendas de aparatos eléctricos y electrónicos, los gestores autorizados y los puntos específicos habilitados por los fabricantes. El coste anual asociado a toda esta gestión supera anualmente en España los trescientos millones de euros. La regulación existente hasta la fecha en nuestro país no ha proporcionado la solución completa de algunos problemas de esta gestión, como las bajas tasas de recogida separada, gestión inadecuada de algunos residuos de algunos aparatos y falta de información sobre el origen y evolución de los aparatos eléctricos y electrónicos. El Real Decreto transpone la normativa comunitaria sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva del 4 de julio de 2012), con el fin de cumplir los objetivos de recogida y gestión que impone la norma comunitaria, clarificar los puntos de recogida y las obligaciones de información en esta materia, y mejorar el control del traslado de este tipo residuos fuera de la Unión Europea. Para 2015 el objetivo fijado por la normativa comunitaria sobre gestión de residuos es de cuatro kilos de recogida separada por habitante, mientras que en España los datos de los últimos conocidos- hablaban de 3,4 kilos por habitarte. Asimismo, para impulsar la prevención de la generación de este tipo de residuos fomenta tratamientos como la preparación para la reutilización, lo que permite poner en el mercado de nuevo el mismo producto una vez que se haya reparado. Para ello, establece requisitos para los gestores que garanticen que la preparación para la reutilización se realiza de manera adecuada. Página 11
12 Empleo verde El nuevo Real Decreto incluye objetivos específicos de preparación para la reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del 2 por 100 en grandes electrodomésticos y del 3 por 100, en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños), ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos. Con ello, se estimula, además, la creación de puestos de trabajo asociados a esta actividad de reparación, que permitirá una nueva puesta en el mercado de los productos y el aumento de su vida útil. El sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa un 27 por 100 del total del empleo de este tipo en nuestro país, mientras que la preparación para la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puede generar alrededor de empleos directos, según estimaciones recientes. En este sentido, la nueva normativa incluye los requisitos técnicos necesarios para que esta actividad de preparación para la reutilización pueda realizarse con todas las garantías para la salud, el medio ambiente y los consumidores de los nuevos productos. A estos efectos se prohíbe también, de una manera expresa, el abandono en la vía pública de estos residuos. Teléfonos móviles Otra de las novedades de la norma aprobada hoy es que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos deberán aceptar gratis los aparatos ya usados muy pequeños, de hasta veinticinco centímetros, como los teléfonos móviles o transistores, si disponen de un establecimiento de más de cuatrocientos metros cuadrados y sin que el consumidor deba comprar otro a cambio. A la hora de entregar un aparato en la tienda el vendedor preguntar al comprador si desea entregar un aparato usado similar al adquirido y éste podrá entregar el residuo en el momento de la compra; sin embargo, si no dispone de él en ese momento, con el recibo de la compra tiene un plazo de treinta días tras la compra para llevar el residuo la tienda, que le entregará un albarán de entrega. El comprador deberá abrir una ficha en la que se contemple si el aparato tiene posibilidad de reparación. Asimismo, y por primera vez, la venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet deberá garantizar también que los compradores puedan entregar los residuos que generen, de igual manera que en las tiendas físicas. Mejora de trazabilidad y control El Real Decreto, por otra parte, incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y supervisión por las Administraciones Públicas de la gestión de estos residuos y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones. Página 12
13 Para ello, se crean una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, financiada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los productores, y una Oficina de asignación de recogidas, que organizará la recogida de estos residuos desde los puntos limpios y los establecimientos donde los consumidores los depositen, Oficina que será supervisada por las Administraciones Públicas implicadas. La nueva regulación introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico, y no sólo de ámbito nacional como hasta ahora, y que se establecerán, entre otros parámetros, en función de la población de la Comunidad Autónoma para que éstas puedan ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva. Por último, la normativa aprobada también introduce los requisitos técnicos para que las Comunidades Autónomas otorguen las autorizaciones de las plantas de tratamiento de estos residuos, homogeneizando los tratamientos que se han de cumplir en todo el territorio del Estado. Página 13
14 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente MÁS DE TREINTA MILLONES PARA CONTRATAR DIECINUEVE HELICÓPTEROS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES Cubrirán la campaña de verano de 2015 y cinco de ellos, la de invierno de 2016 El Consejo de Ministros ha aprobado la contratación de diecinueve helicópteros para la lucha contra los incendios forestales para la campaña de verano de 2015, y cinco de ellos también para la campaña de invierno de La contratación para el mencionado período, con una posible prórroga, supondrá una inversión del Ministerio de euros Estos helicópteros servirán para el transporte de Brigadas contra Incendios Forestales (BRIF) y para colaborar en labores de extinción, con su helibalde de litros para el lanzamiento de agua en apoyo de los trabajos de tierra. Con ellos se reforzará el dispositivo aéreo del Ministerio, compuesto por aviones anfibios de gran capacidad operativos todo el año, para atender las solicitudes de apoyo de las Comunidades Autónomas. Los diecinueve helicópteros de transporte se desplegarán, durante la campaña de verano, en las bases de Daroca (Zaragoza), La Palma (Tenerife), La Iglesuela (Toledo), Laza (Ourense), Lubia (Soria), Pinofranqueado (Cáceres), Prado de los Esquiladores (Cuenca), Tabuyo del Monte (León), Tineo (Asturias) y Puerto del Pico (Ávila). En la campaña de invierno se ubicarán en las bases de Laza (Ourense), Pinofranqueado (Cáceres), Tabuyo del Monte (León), Tineo (Asturias) y Ruente (Cantabria), junto con otros medios aéreos que el Ministerio desplegará en otras bases. Página 14
15 Interior OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Andalucía, en marzo de La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima (es decir, Correos) tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de dicho servicio, por lo que es a esa entidad a la que le corresponde prestar los servicios postales necesarios para el desarrollo normal de los procesos electorales en curso. Al igual que en anteriores procesos electorales, Correos atenderá los siguientes servicios: Voto por correo ordinario : Puesta a disposición de los impresos de solicitud del voto por correo a los interesados. Entrega de las solicitudes de voto por correo formuladas por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Entrega a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo Electoral por correo certificado. Recepción de la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado y urgente. Entrega de la documentación electoral a la mesa electoral correspondiente. Voto por correo de electores residentes ausentes: Actuaciones necesarias para que estos ciudadanos españoles también puedan votar por correo, cuando opten por votar mediante este procedimiento. Voto por correo de electores temporalmente ausentes: Actuaciones que posibiliten la entrega a las mesas electorales de la documentación de los electores que se hallen en esta situación. Voto por correo del personal embarcado: Entrega por correo certificado y urgente a las mesas electorales de la documentación enviada por el elector desde cualquiera de los puertos en que el buque atraque. Página 15
16 Voto del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional: Entrega a las mesas electorales correspondientes los votos de este personal militar que se reciban en el Ministerio de Defensa. Voto por correo de los internos en centros penitenciarios: Actuaciones necesarias para que este colectivo pueda votar por correo. Envíos de la Oficina del Censo Electoral: Reparto a los electores de las tarjetas censales en las que figuran los datos necesarios para que puedan ejercer su derecho al voto, envío a los Ayuntamientos de las listas del censo electoral y las listas de votación, y notificación de las resoluciones de dicha Oficina que resuelvan las reclamaciones de rectificación del censo electoral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica Electoral General. Notificación del nombramiento de miembros de mesas electorales: Notificación, en su caso, de los nombramientos de los presidentes y vocales de mesas electorales de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo del artículo 27 de la citada Ley de Electoral General. Recogida de la documentación electoral en la mesa: Recogida en las mesas electorales del sobre o sobres que, conteniendo documentación electoral, habrán de ser cursados el día siguiente a la Junta Electoral correspondiente. Envío de propaganda electoral: Envíos postales de propaganda electoral de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores. Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley del Servicio Postal Universal del 30 de diciembre de 2010, en el presente acuerdo se prevé una compensación a Correos y Telégrafos, S. A., de euros, IVA incluido, por el gasto en el que incurrirá dicha Sociedad por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta los costes reales de los servicios prestados. Página 16
17 Hacienda y Administraciones Públicas APROBADA LA SEGUNDA FASE DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Además de producir ahorros, el contrato homogeneiza y mejora la calidad en la prestación de este servicio El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a realizar la segunda fase de la contratación centralizada de servicios de seguridad privada y auxiliares de control en la Administración General del Estado. La primera fase de este contrato centralizado se aprobó el pasado 18 de julio de 2014, afectó a 116 inmuebles de cuatro ministerios y catorce organismos públicos, y su ejecución comenzó el 1 de diciembre. En esta segunda fase se incluyen otros 128 inmuebles de tres ministerios y quince organismos. El contrato entrará en vigor el próximo 1 de junio y su duración es de veintidós meses, con una prórroga máxima de otros veintidós meses. Se ha dividido en cinco lotes y su valor estimado para todo el periodo de duración, incluyendo la prórroga, es de 62,2 millones de euros. Como en todos los procesos similares que está poniendo en marcha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con esta centralización del contrato se fomenta la obtención de precios más reducidos con el consiguiente ahorro para la Administración. Ahorro de 2,8 millones de euros En concreto, en esta segunda fase del contrato de seguridad se estima que, en comparación con el coste actual de los contratos que en él se integran, se va a obtener un ahorro de 2,8 millones de euros para todo el periodo de duración. Además, con este contrato se consigue una homogeneización y mejora de la calidad en la prestación del servicio, y supone un planteamiento integral de la seguridad, de tal modo que en su objeto se incluyen, tanto los servicios de vigilantes, como el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y determinados servicios auxiliares o complementarios de control. Página 17
18 Hacienda y Administraciones Públicas MODIFICADO EL RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto del 28 de diciembre de 1995, que desarrollaba el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Esta modificación viene motivada para adaptar la normativa de control a la nueva política introducida por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como por las distintas disposiciones normativas sobre impulso de la Administración electrónica. Con las modificaciones introducidas, el procedimiento de remisión de expedientes a efectos de la fiscalización se adapta a la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Así, frente a la posibilidad que recogía la norma actual de utilizar un único formato de firma, se amplía a tres el número de formatos admitidos. En cuanto a la tramitación de informes especiales, se adapta a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de tal forma que el interventor actuante dará traslado de las actuaciones que constituyan infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria y que no sean constitutivas de delito a la Oficina de Conflictos de Intereses. Comprobación material de la inversión Asimismo, se define con mayor precisión el ámbito de comprobación material de la inversión, que afecta no sólo a contratos de obras, servicios y suministros, sino también a las encomiendas de gestión o encargos que tengan por objeto estas prestaciones. También se modifican los plazos de solicitud de representante de la IGAE, teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de actuaciones, y se amplia y se da mayor plazo a los gestores para realizar la solicitud. De los veinte días actuales, se amplían a treinta con carácter general y a cuarenta y cinco si la recepción ha de efectuarse en el extranjero. Página 18
19 Fomento IMPULSO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL SALVATERRA-AS NEVES (PLISAN) EN VIGO El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, la Autoridad Portuaria de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo por el que se resuelve el convenio firmado en 2006 y se vuelve a un régimen de condominio para el desarrollo de la Plataforma Logística e Industria Salvaterra- As Neves (PLISAN). Con la aprobación del citado convenio está previsto que en 2015 se inicien las obras de la primera fase de los sistemas generales. En esta primera fase de urbanización se ejecutarán, en 71 hectáreas, obras de movimientos de tierras, explanación, pavimentación, drenaje de aguas y su captación y tratamiento, así como la conexión eléctrica y otras. Desde el Ministerio de Fomento se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado 2015 las consignaciones presupuestarias necesarias para llevar adelante el proyecto. La mayor plataforma logística e industrial de Galicia La Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (PLISAN) se asienta sobre un ámbito territorial de unas trescientas hectáreas, situado estratégicamente entre los municipios de Salvaterra y As Neves, en el eje vertebrador de desarrollo de la costa atlántica de la Península Ibérica y que está conectado con la autovía A-52 y con el Eje de la línea ferroviaria Orense-Vigo. Con el nuevo convenio, la colaboración que se restablece entre las tres entidades (Xunta de Galicia, Autoridad Portuaria de Vigo, Ministerio de Fomento y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) supone desbloquear un proyecto destinado a dotar al sur de la provincia de Pontevedra de suelo logístico e industrial y facilitar su actividad económica y productiva, así como impulsar la actividad y los tráficos del Puerto de Vigo. PLISAN se contempla como proyecto logístico de la Estrategia Logística de España elaborado por el Ministerio de Fomento durante la presente Legislatura. La participación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo facilitará la puesta en marcha de un recinto franco en la zona. La vuelta al condominio dará vía libre a una inversión total de 36 millones de euros, que comenzará con una primera fase de urbanización. PLISAN se convertirá, así, en la mayor plataforma logística e industrial de Galicia y Norte de Portugal. La prevista conexión intermodal de la plataforma (ferrocarril-carretera-puerto) se considera un elemento diferenciador de la misma. Página 19
20 PLISAN constituirá un elemento canalizador de las relaciones sobre el Eje Atlántico, lo que implica un acercamiento a los mercados potenciales europeos y americanos, provocando un efecto dinamizador sobre las variables económicas, especialmente sobre el empleo, tanto el directo, como el inducido y el indirecto a los otros sectores industriales y comerciales, y consolidando a Vigo como uno de los principales puertos del Atlántico peninsular y como central logística del Sur de Galicia, del Norte de Portugal y de la Meseta castellana. Página 20
Excm. Ajuntament de Sagunt PLA D OCUPACIÓ APROBADAS POR ACUERDO JGL 4/09/2015
CRITERIOS Y BAREMO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA GENÉRICA AL SERVEF PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS CON DESTINO A DISTINTOS PROGRAMAS DE INVERSIONES DESARROLLADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

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