Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sbrasil10-00.html
Timestamp: 2014-10-26 04:30:07+00:00

Document:
Aurelio de Oliveira v. Brasil,
Caso 11.599, Informe Nº 10/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 413 (1999). I. RESUMEN
1. El 7 de diciembre de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión") recibió una petición del Centro de Defensa y Garantía de los Derechos Humanos/Proyecto Legal del Instituto Brasileño de Innovaciones en Salud Social (IBISS) contra la República Federativa del Brasil (en adelante, "el Brasil" o "el Estado brasileño"), en la que se denuncia el homicidio del menor Marcos Aurelio de Oliveira en Río de Janeiro el 25 de septiembre de 1993, presuntamente por
un policía civil del Estado de Río de Janeiro, conocido como extorsionista
niños de la calle. Alegadamente, la víctima estaba intentando robar al conductor
de un automóvil cuando ocurrió el ataque, y otro menor que fue testigo ocular
y testimonió sobre la responsabilidad del policía, fue luego amedrentado y
su testimonio. Cuatro meses después, el mismo policía acusado descubrió a este
testigo y trató de matarlo.
2. Transcurridos más de dos años, a la fecha de la denuncia en diciembre de 1995 aún no había concluido la investigación policial. De acuerdo con la denuncia, los hechos configuran graves violaciones por parte del Brasil de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención"), en los artículos 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales), 19 (derechos del niño), 22 (derecho
de circulación y residencia) y 25 (derecho a la protección judicial). La Comisión
concluye que el caso es admisible; que el menor Marcos Aurelio de Oliveira
ejecutado extrajudicialmente por el policía, y que la investigación no se realizó
cumpliendo los deberes y garantías judiciales que debe proveer el Estado. La
Comisión considera que el caso es admisible y que los hechos constituyen violaciones
a dichos artículos de la Convención y recomienda el procesamiento y castigo
de los responsables de las distintas violaciones, y que se indemnice a los
3. La denuncia fue recibida el 7 de diciembre de 1995 durante la visita de la Comisión al Brasil y transmitida al Estado el 22 de marzo de
1996 para que presentara sus comentarios en un plazo de 90 días. Cinco meses
después, el 28 de agosto de 1996, el Estado solicitó una ampliación del plazo
dada la complejidad y amplitud de las consultas en curso, prórroga que fue
4. El 28 de octubre de 1996, la Comisión reiteró su pedido al Estado, con la indicación de la posibilidad de aplicar el artículo 42 de
su Reglamento conforme al cual se presumen como verdaderos los hechos relatados
en la petición si en el plazo máximo reglamentario el Estado no proporciona
información, salvo que otro elemento de juicio no aconsejare una conclusión
5. El 5 de agosto de 1997, los peticionarios informaron a la Comisión que hasta esa fecha no habían recibido ninguna noticia de las autoridades
brasileñas responsables sobre el curso de la investigación policial, y solicitaron
que se elaborara el informe correspondiente. La Comisión reiteró su pedido
informes al Gobierno el 10 de septiembre de 1998, sin recibir respuesta. Trámite de solución amistosa
6. El 13 de octubre de 1998 la Comisión se puso a disposición de las partes por 60 días para iniciar un procedimiento de solución amistosa,
sin haber recibido respuesta positiva a dicho ofrecimiento, por lo que consideró
cerrada esta etapa del procedimiento.
8. Uno de los testigos claves del caso, el adolescente Mario de Souza Goudinho, de 17 años, relató que poco antes del homicidio la víctima
Marcos amenazó con un trozo de vidrio a una mujer que estaba en un carro
beige, probablemente con intención de robo. Este testigo afirmó que, previamente,
un hombre con las mismas características que el que disparó luego contra
pasó a su lado y le observó fijamente. Cuando este testigo ya estaba del otro
lado de la calle, otro testigo conocido como "Fufu" dio un grito de alerta a Marcos. Cuando Marcos miró hacia atrás, sin tiempo de huir, fue alcanzado por tiros de arma de fuego (Noticia en "Jornal do Brasil" 26/9/93, en adelante Anexo 5).
9. Dicho informe periodístico (Anexo 5) señala que Marcos formaba parte de un grupo de 50 menores que moran y pernoctan en el área de Cinelandia.
Sin embargo, Marcos estaba siendo entrenado por el IBISS, con el objetivo
enrolarse en el Ejército. Indica la noticia que según testimonios de los menores,
el hombre que disparó contra Marcos los estaba siguiendo desde el Museo de
Moderno, donde ellos habían ido a buscar los cobertores que usaban para abrigarse
al dormir en la calle, cobertores que escondían en un hueco del edificio
como su "guardarropas".
10. Alega que varios testigos presenciaron el ataque contra Marcos Aurelio de Oliveira. Una pasajera de un ómnibus testificó bajo confidencialidad
que el hombre que disparó parecía "una persona acostumbrada a matar". Dijo que después de disparar, salió tranquilamente a pie y se dirigió a un
carro blanco que lo esperaba con otro hombre al volante.
12. El testigo clave Mario de Souza Goudinho, poco después del crimen y en el lugar del mismo, había indicado a miembros de I.B.I.S.S.
y periodistas que el matador era el policía civil "Robocop", quien era conocido, por su práctica de extorsión a los menores. También identificó al matador con rasgos que coinciden con los que dio el otro testigo, y confirmó que luego de matarlo el agresor se fue del lugar hacia un estacionamiento próximo, donde lo esperaba un cómplice parado contra un carro blanco (Petición y noticia de "Jornal do Brasil", 26/9/93, Anexo 5).
13. Sostiene el peticionario que un "educador de la calle" declaró que el testigo Mario había sido presionado posteriormente por su grupo
de amigos para cambiar su versión de la muerte. Dicho educador cree que los
amigos estaban amedrentados y temerosos de una venganza, y que por miedo
cambió su testimonio en la Comisaría. En la petición no se incluye copia de
la declaración que Mario prestó en la Comisaría.
14. La versión original del testigo Mario tomó fuerza según los peticionarios a raíz de un atentado contra él, pocos meses después. Según
otra noticia periodística (Noticia de "O Día" del 9 de febrero de 1994, Anexo 7) dicho testigo, Mario de Souza Goudinho, sufrió un atentado en la madrugada de 9/2/94 en una calle de Cinelandia, y reconoció al hombre que intentó matarlo como la misma persona que mató a Marcos. Dice el testigo que ese hombre, Robocop, le destapó el cobertor de su rostro cuando dormía en la calle frente al restaurante "Bobs" a las 3 de la madrugada. Al darse cuenta que el hombre era el asesino de Marcos, Mario corrió hacia
la Casilla de la Policía Militar de Cinelandia, perseguido por el hombre, quien
le disparó dos veces. Otro hombre, que Mario reconoció como cómplice de Robocop,
salió de un hotel, intentó frenarlo y le disparó otro tiro sin alcanzarlo.
a la casilla de la Policía Militar, Mario se refugió allí. En la casilla vio
allí al hombre que había intentado matarlo conversando con los policías, e
ocultarse al verlo. Al rato los policías le hicieron retirarse de la casilla,
pero Mario por precaución se quedó cerca de ella el resto de la noche.
28. El silencio procesal del Estado respecto a esta petición contradice su obligación como Estado parte de la Convención Americana en lo que se refiere a la facultad de la Comisión para "actuar respecto a las peticiones y otras comunicaciones, en el ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 a 51 de la Convención". El análisis que prosigue se hace en base a los elementos en poder de la Comisión,
y teniendo en cuenta el artículo 42 de su Reglamento, haciendo notar que en
el plazo máximo fijado de acuerdo al artículo 34(5), del mismo, el Estado no
ha proporcionado la información respectiva solicitada. A juicio de la Comisión,
del análisis de todos los elementos de convicción disponibles no surgen elementos
que permitan haber llegado a conclusiones distintas respecto de los temas analizados,
a las que se presentan a continuación.
29. El artículo 4 de la Convención establece que nadie puede ser arbitrariamente privado de la vida. La víctima, Marcos Aurelio de Oliveira
Santana, de 17 años, era un "menor de la calle", que formaba parte de un grupo de jóvenes que moraban en las cercanías de Cinelandia y estaban
en contacto con la organización de protección y defensa de menores IBISS,
del caso. Marcos recibía entrenamiento por la entidad peticionaria IBISS para
enrolarse en el Ejercito (Petición y Anexo 4). Según varios menores que declararon
a la prensa y a miembros de IBISS, y en particular el testigo ocular Mario
Souza Goudinho, la víctima Marcos Aurelio de Oliveira Santana fue muerto por
un policía civil del Estado de Río de Janeiro, conocido como Robocop y acusado
de extorsionar a jóvenes de la calle.
30. Testimonios adicionales sostienen que quien disparó contra Marcos "parecía alguien acostumbrado a matar, y que salió tranquilamente del hecho, tomando un carro donde lo esperaba otra persona." El mismo policía fue identificado posteriormente por el testigo Mario como quien le encontró
dormido en la calle cuatro meses después y le disparó con intención de matarlo.
Asimismo, cuando logró llegar a la delegación cercana de la PM (Policía Militar
de Río de Janeiro), el mismo estaba allí conversando con los policías. Este
testigo fue objeto de medidas cautelares decretadas por juez competente, en
consideración a este atentado, cometido por quien el testigo identificara como
el mismo que atacó a la víctima Marcos Aurelio, y que sostuvo es un policía
que extorsiona a los menores de la calle.
32. La Comisión ha comprobado además que en esos años la persecución y exterminio de niños y jóvenes de la calle fue una forma utilizada frecuentemente
en Río de Janeiro por agentes del Estado o de seguridad privada, por motivos
personales o de supuesta "limpieza social". La Comisión se ha pronunciado contra esta práctica, que constituye una de las más horribles violaciones sistemáticas
al derecho a la vida y a la integridad personal, e implica la renuncia del
a su obligación de garantizar los derechos de todas las personas y en particular
los derechos de los niños y menores.3 La Comisión al analizar el caso considera como elementos centrales de convicción los testimonios y evidencias que surgen del expediente. Sin embargo, entiende que debe mencionar esta situación general para dejar claro que este no era un caso aislado y anómalo, sino un ejemplo de una actitud sistemática de algunos agentes policiales en esa época.
33. La Comisión debe considerar si el disparo del agente de seguridad que costó la vida de la víctima respondía a la necesidad de evitar
un crimen mayor, o a una legítima defensa por parte del policía. Toma en
al respecto los "Principios Básicos sobre el uso de Fuerza y de Armas de Fuego por Oficiales de Aplicación de la Ley" que definen claramente los casos en que es legítimo su uso.4 Si bien el Estado no ha planteado esa defensa, la Comisión entiende que debe referirse a este punto. No existe evidencia en el caso que
sostenga ninguna de estas situaciones, ni de que el joven estuviera armado
amenazando de muerte ni al policía ni a otras personas. Quitar la vida a una
persona que supuestamente está cometiendo un robo en la calle no es la forma
legal de reaccionar por parte de las fuerzas de seguridad. Más aún, existen
testimonios que este policía había hostigado previamente a estos jóvenes y
venía siguiendo desde el área del Museo de Arte Moderno. Igualmente que luego
de quitarle la vida se fue tranquilamente y con la cooperación de otro individuo
que lo esperaba en un auto. No existe información de que se hayan efectuado
las tareas reglamentarias investigativas en cuanto a evidencias y toma de testimonios
que deben realizarse en forma inmediata después de un homicidio. En el caso
concreto, otras circunstancias hacen aun más ilegalmente aberrante el homicidio ya que hay claros indicios de persecución previa y desdén por los derechos
de este menor y sus compañeros.
34. La Comisión, sobre la base de los testimonios y evidencias que obran en el expediente y que se presentan anteriormente, considera que
existen evidencias claras y contundentes que llevan a la plena convicción
que agentes
de la Policía de Río de Janeiro violaron el derecho a la vida de Marcos Aurelio
de Oliveira Santana, el día 25 de septiembre de 1993 en esa ciudad.
36. La Constitución Federal del Brasil de 1988 establece, en su artículo 227, que "es deber de la familia, de la sociedad y del Estado, asegurar al niño y al adolescente, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, además de protegerlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión". El Estatuto del Niño y el Adolescente brasileño reitera las garantías estipuladas en la Constitución. Ello significa
que la legislación sobre los derechos de los menores en Brasil constituye un
cuadro normativo adecuado para proteger la vida del menor, a la luz de las
derivadas de la Convención.
37. Entre tanto, la realidad brasileña a la época de los hechos denunciados se revelaba diferente. La Comisión, en su Informe sobre la situación
de derechos humanos en el Brasil, señaló que "un porcentaje importante de niños de la calle viven en la delincuencia y en situaciones familiares críticas,
subsistiendo del producto de pequeños robos o de la prestación de servicios
(inclusive, el tráfico de drogas). Sus vidas son generalmente cortas, muriendo
muchas veces víctimas de grupos de exterminio, de la propia policía e inclusive
de la violencia en que su situación los envuelve"5. El informe mencionado subraya: "Las cifras de la violencia policial disminuyeron sensiblemente desde 1993 en San Pablo y aumentaron desde mayo de 1995 en Río
de Janeiro"6. La situación de Marcos Aurelio se encuadra perfectamente en este contexto, pues el menor vivía en las calles de Río de Janeiro, sobreviviendo de pequeños robos y acabó siendo víctima de la arbitrariedad policial.
45. Ha señalado anteriormente la Comisión que cuando como en este caso la víctima no está en condiciones de buscar una reparación judicial,
el derecho a acudir a ese medio se transfiere necesariamente a los familiares
de la víctima. La Comisión ha llegado a la conclusión de que las víctimas
sus parientes tienen derecho a una investigación judicial a cargo de una corte
de lo penal destinada a establecer y sancionar responsabilidades en casos
violaciones de derechos humanos. Véase, en general, Informes Nos. 28/92 (Argentina)
y 29/92 (Uruguay) en Informe Anual de la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/V/II.83,
14 corr. 1, 12 de marzo de 1993, págs. 51-53, 169-74. Esto emana de la obligación
del Estado de "investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación". Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 174.
48. En este caso, la investigación no incluyó varios procedimientos reglamentarios esenciales. No se tomo testimonio a otros testigos que estaban
presentes durante el ataque y el escape del perpetrador; no se investigó
la víctima estaba armada ni las circunstancias de su presunta conducta infractora
(tentativa de robo según el peticionario); no se investigó respecto a la
persona que esperaba al policía en un auto blanco y que alegadamente también
apareció amenazantemente luego del ataque contra el testigo cuatro meses
Tampoco se investigó la relación entre el atacante y los policías de guardia
en la casilla de la Policía Militar, donde los vio el testigo Mario; ni se
por qué dichos policías de guardia rechazaron darle refugio cuando Mario se
los pidió, ya que había sido atacado de muerte y amenazado. Tampoco se investigaron
los antecedentes del policía, quien fuera acusado de hostigar a estos menores
y de extorsionarlos. Estos elementos llevan a la Comisión a concluir que la investigación no se realizó con las garantías de seriedad que requiere el artículo
25 de la Convención.
51. Tanto la Comisión y Corte Europea de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana han establecido una serie de criterios o consideraciones
que deben tomarse en cuenta para determinar si en el caso concreto hubo o
retardo injustificado en la administración de justicia, "lo cual no impedirá que llegado el caso, uno solo de ellos pese decisivamente" (énfasis agregado).12 Los criterios establecidos por la doctrina para determinar la razonabilidad del plazo son los siguientes: 1. La complejidad del caso. 2. La conducta de la parte lesionada con relación a su cooperación con el curso del proceso. 3. La forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso. 4. La actuación de las autoridades judiciales.
53. En otro caso ante la Comisión, un Estado alegó la complejidad del litigio, y que el hecho que la investigación no haya concluido obedecía
a la extrema gravedad de los hechos denunciados, a la complejidad de la situación
y a la seriedad con que han emprendido su examen y esclarecimiento las autoridades
competentes. En ese caso, la Comisión consideró que el hecho de que hubieran
transcurrido más de dos años desde que ocurrieron los hechos, sin que hasta
la fecha de la denuncia se hubiese ejercido la acción penal respectiva, ni
indicios de que eso vaya a suceder, demuestra claramente que las investigaciones
no se han practicado con seriedad y eficacia (Informe 48/97 Caso 11.411 "Ejido Morelia". Párrafos 46 a 48).13
Con base en el análisis y las conclusiones precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado de Brasil
3. Adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos del Estado respecto a los "menores de la calle" en la ciudad de Río de Janeiro, de acuerdo con los compromisos internacionales
del Estado de Brasil y en especial, la Convención Americana sobre Derechos
y la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, e instrumentos
4 Naciones Unidas. "Principios Básicos" adoptados por el 8º Congreso sobre la Prevención del Crimen y el tratamiento de ofensores, Habana, Cuba, 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990. Se aplican en particular las siguientes cláusulas:
12 Véase por ejemplo: CIDH, Resolución Nº 17/89 Informe Caso 10.037 (Mario Eduardo Firmenich),
en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1988-1989,
página, 38; Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso "Konig", sentencia de 28 de junio de 1978, Series A Nº 27, páginas 34 a 40, párrafos 99, 102-105
y 107-111; Caso Guincho, Sentencia de 10 de julio de 1984, Serie A, Nº 81,
16, párrafo 38; Unión Alimentaria Sanders S.A., Sentencia de 7 de julio de
1989, Serie A, Nº 157, página 15, párrafo 40; Caso Buchholz, Sentencia de
de 1981, Serie A, Nº 42, página 16, párrafo 51, páginas 20-22, párrafos 61
y 63; Caso Kemmache, Sentencia de 27 de noviembre de 1991, Serie A Nº 218,
27, párrafo 60.
14 Tal deber constituye, conforme lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "obligación del Estado de organizar su aparato gubernamental y las estructuras administrativas a través de las cuales manifiesta el ejercicio
del poder público, de forma que sea posible garantizar jurídicamente el libre
de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos

References: artículo 42
 artículo 42
 artículo 34
 artículo 4
 artículo 227
 artículo
25
 Resolución