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Timestamp: 2018-09-21 06:49:27+00:00

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SESIÓN 2 DEL CURSO CPMP.pptx
Unam Boletin Mexicano de Derecho Comparado
La Instrucción Del Proceso Penal Por El Ministerio Fiscal Juan Luis Gomez Colomer
LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS
Importante Modificaciones
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO
JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS
ACUERDO PLENARIO N° 1–2010/CJ–116
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
1°. Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con
la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada mediante Resolución
Administrativa N° 165–2010–P–PJ, y a instancias del Centro de Investigaciones Judiciales,
acordaron realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial —en adelante, LOPJ—, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la
En la primera fase los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda para lo cual
tuvieron en cuenta los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han
venido conociendo en sus respectivas salas en el último año. Fue así como se establecieron
los siete temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos.
La segunda fase, denominada participación ciudadana, tuvo como finalidad
promover la intervención y el aporte de la comunidad jurídica del país para la solución de
cada uno de los problemas antes planteados. Para ello se habilitó el foro de participación a
través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia
participación de diversas instituciones de la capital así como de diversas provincias del país
a través de sus respectivas ponencias.
Luego de una debida selección de las ponencias presentadas, se realizó en fecha 04 de
noviembre la audiencia pública en la que los representantes de todas las instituciones
acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces
Supremos de ambas Salas Penales.
En cuanto al tema en debate: “Prescripción: Problemas Actuales” informaron
oralmente los señores Percy García Cavero —en representación del Instituto de CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL
renuncia o abdica a la persecución de un hecho punible en los casos que no procede y a la aplicación de la pena fuera de los límites temporales de la prescripción —a su pretensión punitiva— y el Poder Judicial a la ejecución de una sanción ya impuesta al autor de un hecho punible — prescripción de la pena—.Ciencia Procesal Penal—. La institución de la prescripción como está regulada en el artículo ochenta y ochenta y seis del Código Penal. 4°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. El legislador al emitir la norma fija los límites jurídicos traducidos en el lapso de tiempo en el cual los delitos serán perseguibles y no deja éste a voluntad discrecional 2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . En ese sentido. Intervienen como Ponentes los señores L ECAROS CORNEJO. BARRIOS ALVARADO Y CALDERÓN CASTILLO. 7°. 6°. se emitió el presente Acuerdo Plenario. interviniendo todos con igual derecho de voz y voto. en tanto el proceso no puede tener una duración indefinida sobre situaciones jurídicas expectantes. pues ello vulneraría el derecho fundamental a la definición del proceso en un plazo razonable. 3° La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión y formulación de los acuerdos plenarios cuya labor recayó en los respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los siete temas. con la participación del señor PRADO SALDARRIAGA. emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ. FUNDAMENTOS JURÍDICOS § 1. La prescripción en el derecho sustantivo se define como el límite temporal que tiene el Estado para ejercer su poder penal cuando ha transcurrido el plazo de tiempo máximo establecido en la Ley sustantiva para el delito incriminado —pena abstracta—. el Estado a través del Ministerio Público como titular exclusivo de la acción persecutoria —de conformidad con el artículo ciento cincuenta y nueve de la Constitución Política del Perú y artículo once de la Ley Orgánica del Ministerio Público— y encargado de reclamar del órgano jurisdiccional la declaración del derecho en el acto que estima delictuoso y la determinación de la pena que debe aplicarse al imputado. que. Aspectos generales. por unanimidad. y Marco Antonio Herrera Guzmán —en representación del Módulo Penal de Camaná – Corte Superior de Arequipa—. II. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada. Esta fase culminó el día de la sesión plenaria realizada en la fecha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria. Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario. es una frontera de derecho penal material que establece una autolimitación al poder punitivo del Estado. faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad. 5°.
del órgano encargado de la persecución. ello en concordancia con el último párrafo del artículo 41° de la Constitución Política del Perú —“ el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos”—. También modula la duración del mismo según las vicisitudes del procedimiento y atendiendo a otras consideraciones de especial relevancia: causas de suspensión y de interrupción. mayor será el plazo de la prescripción para el delito incriminado. en cuanto a su duración. Esto implica un mayor desvalor de la acción —como conducta peligrosa para los bienes jurídicos— complementado con el desvalor de resultado derivado de la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado. § 2. la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función que ejerce y abusa. El legislador incrementó el plazo de prescripción —duplicó— en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal y destacó la mayor gravedad cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado. § 3. traducido en el plazo de la prescripción. de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas. por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración Pública. lo que es necesario en un Estado de derecho donde la prescripción cumple una función de garantía fundamental de los ciudadanos frente a la actividad judicial y constituye una sanción a los órganos encargados de la persecución penal por el retraso en la ejecución de sus deberes. 8°. 12°. Planteamiento de los problemas 9°. En tal sentido. En este sentido. 3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por aquéllos. 11°. Determinar los alcances del último párrafo del artículo ochenta del Código Penal: la dúplica de la prescripción cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado. Desarrollo del primer tema. La ley consideró que tenía que reconocerse un mayor reproche. según la naturaleza del delito que se trate y cuando más ingente sea la pena regulada en la Ley. La prescripción extraordinaria y la configuración y efectos de la reincidencia en las faltas. Establecer el sentido del artículo trescientos treinta y nueve del Código Procesal Penal que dispone la suspensión de la prescripción cuando se Formaliza la Investigación Preparatoria. la prescripción varía. 10°.
El vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración. 15°. B. atendiendo a dos aspectos concretos: A. Tal fundamento exige el concurso de tres presupuestos concretos: A. la imparcialidad en el desenvolvimiento decisional. percepción o custodia sobre bienes públicos. Es necesario complementar esta circunstancia prevista en la norma para limitar su aplicación sobre determinadas situaciones concretas e interpretar el sentido de la Ley desde la perspectiva de su coherencia con el ordenamiento jurídico y el contexto en que se utilizó —método lógico-sistemático—. En este Capítulo se regulan los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. C. Es de resaltar que no todos los delitos comprendidos allí tienen contenido patrimonial. regularidad y desenvolvimiento normal de tal ejercicio. se incrementó el plazo de prescripción para obtener una variante en cuanto a la acción persecutoria o ejecución de la pena y dar a estos casos concretos una regla especial con la finalidad de otorgar al organismo encargado de la persecución del delito un mayor tiempo para que pueda perseguir el hecho punible y establecer una mayor dificultad para que el delito no quede impune. que es lo que exige la norma sustantiva de acuerdo a la interpretación con la norma constitucional prevista en el artículo cuarenta y uno de la Constitución que contiene como mandato concreto que el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos. por tanto. desvinculados totalmente de la afectación del patrimonio del Estado como tal y excluidos . Titulo XVIII. es necesario que exista una vinculación directa entre estos. descrita en el último párrafo del artículo 80° del Código Penal se orienta al Capítulo II. por lo que en cada tipo legal se tiene que analizar si se cumple con el presupuesto establecido para prolongar el plazo de prescripción en función a la afectación de los bienes jurídicos tutelados vinculados directamente con el patrimonio público o sólo afectan el correcto funcionamiento de la Administración Pública propiamente dicha. Así. B. el prestigio y dignidad de la función. y otros. Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y faculta funcionarial una orden administrativa y. 14°. Si el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos. es posible que a través de una disposición verbal se pueda también transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración. debe entenderse que la opción normativa. vulnerando el ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de corrección y sometimiento a la legalidad. Por tanto. la observancia de los deberes del cargo como empleo. de carácter especial.13°. Dicho Capítulo protege además el patrimonio público vulnerado por esos sujetos especiales. Que exista una relación funcionarial entre el agente infractor especial del delito — funcionario o servidor público— y el patrimonio del Estado. 4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . del Libro Segundo del mismo cuerpo legal. “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos”.
se trata de bienes íntegramente del Estado. Además. Sin embargo. Una interpretación distinta sería irrazonable y vaciaría de contenido la gravedad de la conducta de los funcionarios y servidores públicos respecto del patrimonio del Estado y asimilaría el hecho a delitos comunes sin ninguna diferenciación que le otorgue sentido a la disposición legal. 19°. Este tipo de Régimen Económico está reconocido en el artículo 40° y 60° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 2° del Decreto Legislativo número 674. La tercera modalidad se refiere a bienes de propiedad privada que se encuentren en posesión directa del Estado. El patrimonio del Estado. el citado artículo no ha precisado cuáles son las reglas especiales sobre los plazos extraordinarios de prescripción de la acción penal ni sobre los presupuestos que identifican la reincidencia en las faltas.percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades específicas no poseía. Desarrollo del segundo tema. parcialmente del Estado o de propiedad privada. el inciso 5 del artículo 440º señala de manera específica en un año. El Libro Tercero del Código Penal está dedicado a las faltas. 17°. Ellas son sancionadas sólo con penas principales de multa o de prestación de servicios a la comunidad. La segunda modalidad se refiere a bienes de Sociedades de economía mixta donde el Estado tiene parte por estar integrado con capital proveniente tanto del sector público como del sector privado y se comparte la propiedad de los bienes. dado que el mismo numeral 440° ab initio establece que: “Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero (…)”. lo que se traduce en la presencia de un perjuicio patrimonial real y efectivo en la entidad estatal. B. como los caudales y efectos. que contiene las normas sobre la promoción de la inversión privada en las empresas del Estado. C. § 4. es pertinente delinear los alcances de esa regulación supletoria para tales casos. parcialmente del Estado o privado está constituido por bienes muebles o inmuebles con valor económico. A. Esta clase de infracciones penales no incluyen en su penalidad conminada penas privativas de libertad. 16°. Debe destacarse que los bienes sobre los cuales puede recaer la acción material pueden ser del Estado. En cuanto a la primera modalidad. que ejerce la administración temporal para fines institucionales o de servicio a través de un acto jurídico legalmente válido. 5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . En lo que respecta al plazo ordinario de la prescripción de la acción penal y de la pena en las faltas. dicha disposición consigna también que “la acción penal y la pena prescriben en caso de reincidencia a los dos años”. 20°. del 27 de setiembre de 1991. Por consiguiente. 18°.
Para tales efectos se adoptan los siguientes criterios: A. El apartado uno del artículo 339° del nuevo Código Procesal Penal prescribe que “la Formalización de la Investigación Preparatoria suspende el curso de la prescripción de la acción penal”. Desarrollo del tercer tema. legalidad y razonabilidad. Esto es. 23°. La continuación del proceso dependerá de la decisión de una autoridad extra penal. a la reincidencia en faltas en los términos siguientes: “Igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión de faltas dolosas”. pues. La “suspensión” de la prescripción prevista en el artículo 84° del Código Penal consiste en la creación de un estado en el cual el tiempo deja de correr porque se presenta una situación particular determinada por la Ley que impide la persecución penal — constituye la excepción al principio general de la continuidad del tiempo en el proceso—. Es en el artículo 46º B del Código Penal en donde luego de regular los requerimientos legales para la reincidencia en los delitos dolosos. comercial. en las faltas la prescripción extraordinaria de la acción penal opera al cumplirse un año y seis meses de cometida la infracción. inciso 5. que puede ser un Juez del ámbito civil. La reincidencia en faltas determina modificaciones en la pena conminada para la nueva falta cometida. 22°. No obstante. La reincidencia en faltas se produce cuando quien habiendo sido condenado como autor o partícipe de esta clase de infracción penal.21º. de 6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . Corresponde. se alude. señala también que en caso de reincidencia el plazo ordinario de prescripción de la acción penal y de la pena para las faltas es de dos años. C. dicho artículo no identifica en su contenido los presupuestos y requisitos que posibilitan la configuración de la reincidencia en las faltas. B. sin mayor contradicción ni implicancias normativas. En tal sentido. incrementar en una mitad el plazo ordinario. Por tanto. Al respecto cabe asumir. Ahora bien. § 6. 24°. el artículo 440º. administrativo. Entonces la discusión de ese párrafo está centrada en las cuestiones de legitimidad. sobre la base de las disposiciones legales mencionadas desarrollar fórmulas de interpretación que las hagan compatibles y funcionales. pues. De esa manera la reincidencia será compatible con los plazos ordinarios de prescripción de la acción penal y de la pena estipulados en la segunda parte del inciso 5 del artículo 440º. incurre luego de que la condena adquiere firmeza en la comisión de una nueva falta. por lo que en tales supuestos el plazo extraordinario será de tres años. el máximo de pena originalmente establecido por la ley se convertirá en mínimo y se configurará un nuevo límite máximo que será equivalente a la mitad por encima del máximo original. con escasa claridad. que para efectos de definir los plazos de la prescripción extraordinaria en las faltas deberá de observarse lo dispuesto en el artículo 83º in fine. Para que se configure la reincidencia la nueva falta debe ser cometida en un plazo no mayor a dos años de quedar firme la condena anterior. Se trata. Tercer tema. de una modalidad de reincidencia ficta que no exige que se haya cumplido en todo o en parte la pena impuesta.
27°. como director y coordinador de esta etapa procesal —quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el Juez de instrucción—. Desde esta perspectiva el fundamento de la posibilidad de suspender el plazo de prescripción dirigiendo el procedimiento contra el presunto culpable constituye el instrumento que tiene el Estado y ejecuta el órgano judicial para poner de manifiesto 7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . diferente a la ya señalada. el término de la prescripción sufre una prolongación temporal. promueve la aplicación de la sanción correspondiente y solicita que se ejecute el fallo. queda sin efecto el tiempo que transcurre desde éste acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del Fiscal. pero el tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria. pues los intereses tutelados por las normas penales son eminentemente públicos. porque afirma que la Formalización de la Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal. Sin embargo. 25°. Que es obligación del Estado proveer de los mecanismos necesarios para la realización de la pretensión punitiva derivada de un delito. En consecuencia.familia y en todos los casos se paraliza el inicio o la continuación del proceso desde que se presenta la circunstancia que amerita la imposibilidad de su prosecución y se reiniciara cuando se resuelva esa cuestión. En la práctica. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el Fiscal. en ese sentido. Esta previsión legal tiene que ser analizada desde dos aspectos concretos: A. y en ese contexto preordena el proceso penal para asegurar la persecución del delito contra todo ilegítimo obstáculo. porque la voluntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. 29°. en cuanto regula la institución de la “suspensión” con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de “interrupción” de la prescripción. B. Por consiguiente. La redacción y el sentido del texto es claro. la literalidad del inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión “sui generis”. suspende el curso de la prescripción de la acción penal. cuando existe actividad procesal del Fiscal —formalizando la investigación— el plazo de prescripción deja de computarse desde que se declara. el principal efecto de esta norma es la prolongación del tiempo necesario para considerar extinguida la responsabilidad penal por un determinado hecho y. 26°. El Estado por medio del Ministerio Público ejerce la pretensión punitiva que se deriva de un delito. 28°. La consecuencia más significativa es que el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el proceso no se pierde y se sumará al que transcurra después de su reiniciación.
31°. Sin embargo. el legislador es el que decide si los actos que se realizan para iniciar la persecución penal. esto implica olvidar el interés social en la persecución de los delitos. supone aceptar que la prescripción es un derecho establecido a favor del imputado y el rechazo a la existencia de causas procesales que suspendan el curso de la prescripción. D. valorando adecuadamente todas las circunstancias del caso— para evitar la sensación de impunidad en la sociedad. se tipificó la conducta en la norma correspondiente y se reunió indicios reveladores de la comisión del delito. Por tanto. La reforma del sistema procesal implicó cambios radicales e importantes constituyendo uno de los más significativos relevar a los jueces de las labores 8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ . la suspensión del plazo de prescripción significa que la ley otorga más tiempo a la autoridad para que persiga el delito. El fenómeno de la prescripción regulado en la norma constitucional y sustantiva está determinado esencialmente por una autolimitación del Estado para ejercer su potestad represiva cuando no ejerce la acción eficaz y oportunamente en un tiempo determinado. lo que debe evitarse. pero limitando a los órganos encargados de la persecución penal. No puede concebirse que los imputados tengan derecho a la resolución del proceso en un plazo razonable en los que el retraso pueda ser provocado por su propia actitud procesal para evitar el avance del procedimiento y prescribir el delito. En ese sentido. pues cuando el hecho imputado de carácter delictivo conserva su contenido de lesividad. como “la Formalización de la Investigación Preparatoria” es una causa que suspende el curso de la prescripción. es necesario una sanción a su autor por ser legítima. La suspensión del plazo de la prescripción no origina un problema de condiciones de desigualdad entre el Ministerio Público y el imputado por la creación de una posibilidad que afecta derechos fundamentales. Constituye la manifestación de voluntad objetivamente idónea del Estado para asegurar el éxito en la persecución del hecho delictivo y contribuye a consolidar el principio constitucional de obligatoriedad en el ejercicio de la persecución penal que tiene el Ministerio Público prescrita en el artículo 159° de la Carta Política. como marco de la política criminal del Estado. se describió los hechos. por lo siguiente: A. 30°. B. E.que aún se vislumbran posibilidades de éxito en la investigación del presunto delito y que la infracción pueda ser castigada —el acto del Fiscal que constituye la formalización del proceso se realiza después que se identificó e individualizó plenamente al imputado. La aplicación de esta regulación legal no vulnera el derecho fundamental del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas programado en el inciso tres del artículo 139° de la Constitución —inserto en la garantía del debido proceso— y tampoco se afecta el derecho a que la causa se resuelva por el Juez Penal en un tiempo razonable. C. Una interpretación distinta. Por tanto. no se puede sostener la existencia de desigualdad —relevante jurídicamente— cuando se persigue y castiga una infracción punible. Dicha institución sustantiva está inspirada en el interés de la sociedad de que no haya delitos impunes.
la reforma de la aplicación de instituciones dentro del nuevo sistema. En ese contexto. como la propia Ley lo señala en el artículo 360° [inciso 1 y 5] —“si no fuera posible realizar el debate en un solo día. ampliado a sesenta días y para casos complejos hasta ocho meses y si bien el juzgamiento no tiene plazo definido. Por otro lado. es claro que el plazo de la suspensión del proceso se produce dentro del marco impuesto por la Ley. F. éste continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión y no podrá realizarse otros juicios hasta su culminación”—. la propia norma procesal en los artículos 334° [inciso 2] y 343° regula las situaciones en las que el plazo de la investigación preliminar y preparatoria exceda su duración y reconoce al afectado el derecho de acudir al Juez de la Investigación Preparatoria —Juez de Garantías considerado como el custodio de la legalidad del procedimiento de investigación que realiza el Ministerio Público y tiene como función esencial tutelar las garantías del imputado— para que resuelva el conflicto y ordene la culminación de esas etapas procesales cuando las considere excesivas —se materializa por medio de una audiencia de control de plazos—. con los límites racionales regulados no habría un exceso de tiempo hasta la culminación del proceso con un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre porque con la previsión de la ley fijando pautas de duración de los procesos no debería existir menoscabo a un juicio justo en un tiempo razonable y donde el derecho de la sociedad a defenderse del delito se armoniza con el del imputado. Es evidente el interés y voluntad del legislador de someter a control el plazo del proceso por el Juez que ejerce las funciones del control de garantías —y reglado en el sistema procesal penal— en virtud del principio medular del Estado de Derecho para no dejar a completo arbitrio del Fiscal la duración de la investigación. G. En el Nuevo Código Procesal Penal las etapas del proceso tienen un plazo establecido: La Investigación Policial o Fiscal veinte días. asegurando una mayor eficiencia y eficacia en tanto en cuanto a la decisión de los jueces sólo se someten las causas que están en capacidad de resolver oportunamente. evitando dilaciones y pérdida de concentración. 32°. En ese contexto. promueve valores constitucionales medulares y definitivos para la protección jurisdiccional efectiva. la Investigación Preparatoria ciento veinte días. no obstante una de sus características principales como innovación del nuevo modelo procesal es su celeridad y continuación ininterrumpida hasta su conclusión. Es evidente que el nuevo sistema procesal busca simplificar. acelerar y hacer más eficiente la Administración de Justicia penal. Con esto debe resaltarse que si bien los actos del 9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VI PLENO JURISDICCIONAL PENAL __________________________________________________________________________ 10 . descongestionar. en el ordenamiento procesal la “suspensión de la prescripción” se forja en un proceso estructurado que respeta las garantías del debido proceso. no es ilimitado y eterno y se corresponde con la realidad legislativa de la nueva norma procesal y el marco de política criminal del Estado. de modo que no se sacrifica a ninguno de ellos a favor del otro.de investigación dentro del proceso penal —propio de un sistema acusatorio— y por otro lado. Por tanto.
ACORDARON: 34°. En atención a lo expuesto. los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 12° al 32°. ESTABLECER como doctrina legal. Hágase saber. no obstante lo hacen hasta cierto límite. DECISIÓN 33°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Ss. SAN MARTÍN CASTRO LECAROS CORNEJO PRADO SALDARRIAGA RODRÍGUEZ TINEO BARRIOS ALVARADO PRÍNCIPE TRUJILLO NEYRA FLORES BARANDIARÁN DEMPWOLF CALDERÓN CASTILLO SANTA MARIA MORILLO . las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 35°. 36°. aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico. reunidas en Pleno Jurisdiccional. III. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales.procedimiento suspenden el curso de la prescripción de la acción persecutoria. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ.
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 artículo 80
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 artículo 440
 artículo 339
 artículo 84
 artículo 46
 artículo 440
 artículo 440
 artículo 83
in fine
 resolución 
 artículo 339
sui generis
 resolución 
 artículo 159
 artículo 139
 artículo 360
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 22