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BOE.es - Documento BOE-A-2009-7830
Documento BOE-A-2009-7830
«BOE» núm. 115, de 12 de mayo de 2009, páginas 40406 a 40427 (22 págs.)
BOE-A-2009-7830
El Reino de España y Jamaica, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, han acordado lo siguiente:
2. Se consideran impuestos sobre la renta, los que gravan la totalidad de la renta o elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las ganancias de capital.
a) en Jamaica:
(denominado, en lo sucesivo, «impuesto jamaicano»);
4. El Convenio se aplicará, igualmente, a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.
a) el término «Jamaica» significa la isla de Jamaica, los Cayos Morant, los Cayos Pedro y sus dependencias, y sus límites territoriales comprenden el espacio aéreo, las aguas territoriales de Jamaica y las áreas exteriores a las aguas territoriales sobre las que, con arreglo al Derecho internacional, Jamaica ejerce jurisdicción y derechos de soberanía;
c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Jamaica, según el contexto;
i) en el caso de España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
ii) en el caso de Jamaica: el Ministro responsable de Hacienda o su representante autorizado;
ii) una persona jurídica, sociedad de personas («partnership») o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» significa, salvo que se especifique lo contrario en este artículo, un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
g) las instalaciones o locales utilizados como almacenes detallistas, y
h) los almacenes, en relación con las personas que pongan a disposición de otras los medios para el almacenaje.
3. Una obra, o un proyecto de construcción, instalación, montaje o rastreo, o una plataforma de perforación, o un barco utilizado para las actividades de exploración o explotación de los recursos naturales dentro de un Estado contratante, constituyen un establecimiento permanente pero únicamente cuando tal obra, proyecto o actividad continúe en ese Estado durante un período o períodos que sumen más de 183 días en cualquier periodo de doce meses.
6. No obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, se considerará que una empresa aseguradora de un Estado contratante, excepto por lo que respecta al reaseguro, dispone de un establecimiento permanente en el otro Estado contratante si recauda primas en el territorio de ese Estado o si asegura riesgos situados en él a través de una persona distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 7.
7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando ese agente realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal empresa, y ésta y el agente estén unidos en sus relaciones comerciales o financieras por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por personas independientes, no se le considerará como agente independiente en el sentido del presente apartado.
2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el Derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves y no tendrán la consideración de bienes inmuebles.
4. Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos en una sociedad u otro tipo de persona jurídica atribuyan directa o indirectamente a un residente de un Estado contratante el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante que posea dicha sociedad o dicha otra persona jurídica, las rentas que obtenga el propietario de las acciones, participaciones o derechos, derivadas de la utilización directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma, de su derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en ese otro Estado, en la medida en que pudiera someterse a imposición si el propietario de las acciones, participaciones o derechos fuera residente de ese otro Estado.
5. Mientras sea usual en un Estado contratante determinar los beneficios empresariales imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios empresariales totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el apartado 3 de este artículo no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos, salvo que expresamente dispongan lo contrario, no quedarán afectadas por las del presente artículo.
3. A los efectos de este artículo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional comprenden los beneficios:
a) del alquiler a casco desnudo de dichos buques o aeronaves;
b) del alquiler de contenedores, comprendidos los tráileres, gabarras y equipos relacionados con el transporte de los contenedores utilizados para el transporte de bienes o mercancías;
cuando el alquiler sea auxiliar a la explotación de los buques o aeronaves en tráfico internacional y lo efectúe esa empresa.
a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos, si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directa o indirectamente, al menos, el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
6. No obstante las disposiciones del apartado 5, cuando una sociedad residente de un Estado contratante, teniendo un establecimiento permanente en el otro Estado contratante, obtenga beneficios o rentas procedentes de dicho establecimiento permanente, las remesas de dichos beneficios efectuadas por el establecimiento permanente a la sociedad residente en el Estado mencionado en primer lugar pueden someterse a imposición conforme a la normativa del otro Estado contratante, pero el tipo del impuesto exigido respecto de dichas remesas no excederá del 5 por ciento.
a) es el Estado, una subdivisión política o una entidad local del mismo, o el Banco Central;
e) es un fondo de pensiones aprobado a efectos fiscales por ese Estado y la renta de dicho fondo está, en términos generales, exenta de imposición en ese Estado.
4. El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor y, en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o las películas o cintas u otros medios utilizados para la reproducción de la imagen o el sonido, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos o de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
1. Los honorarios de gestión procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante. Sin embargo, dichos honorarios de gestión pueden someterse también a imposición en el Estado contratante mencionado en primer lugar y según la legislación de ese Estado, siempre que los servicios se presten en ese Estado por una empresa a través de empleados u otro personal contratado por la empresa a tal efecto, y las actividades de esa naturaleza se ejerzan y continúen en ese Estado (en relación con el mismo proyecto) durante un período o períodos que sumen más de 45 días en cualquier período de seis meses. No obstante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de dichos pagos cuando el beneficiario efectivo de los honorarios de gestión sea un residente del otro Estado contratante.
2. La expresión «honorarios de gestión» en el sentido de este artículo significa los pagos de cualquier naturaleza efectuados a cualquier persona distinta de un empleado del pagador en relación con la prestación de asesoramiento industrial o comercial, de servicios técnicos o de gestión u otros servicios similares.
3. Las disposiciones del apartado 1 no se aplican si el beneficiario efectivo de los honorarios de gestión, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los honorarios de gestión, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y la actividad que genera los honorarios de gestión está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
4. Los honorarios de gestión se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado contratante. Sin embargo, cuando el deudor de los honorarios de gestión, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los honorarios de gestión, y que soporte la carga de los mismos, dichos honorarios de gestión se considerarán procedentes de este Estado contratante.
5. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los honorarios de gestión, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los honorarios de gestión pagados, habida cuenta de la actividad, servicio o uso por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
5. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. No obstante las disposiciones de los artículos 7 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista o deportista.
3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga en calidad de artista o deportista, derivadas de las actividades ejercidas en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar si dichas actividades se financian, total o sustancialmente, con fondos públicos de uno o de ambos Estados, o de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones, anualidades y otras remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17, 18 y 21 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
1. Una persona física que visite un Estado contratante con el fin de dedicarse a la enseñanza o a la investigación en una facultad, universidad u otra institución de enseñanza reconocida en ese Estado contratante y que, inmediatamente antes de su visita haya sido residente del otro Estado contratante, estará exento de tributación en el Estado contratante mencionado en primer lugar respecto de las remuneraciones que perciba como consecuencia de tales actividades de enseñanza o investigación, durante un período no superior a dos años desde la fecha de su llegada a ese Estado para esos fines.
2. Lo dispuesto en apartado 1 no se aplica a las rentas procedentes de la investigación si tal investigación no se ejerce en interés público, sino principalmente para el beneficio particular de una persona o personas concretas.
1. En el caso de Jamaica, la doble imposición se evitará como sigue:
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Derecho de Jamaica relativas a la posibilidad de deducir del impuesto jamaicano los impuestos pagados en España (sin que afecte a sus principios generales), cuando un residente de Jamaica obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en España, Jamaica admitirá la deducción en el impuesto sobre las renta de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en España, y cuando una sociedad residente de España pague dividendos a una sociedad residente de Jamaica que controle directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del poder de voto de la sociedad mencionada en primer lugar, la deducción se calculará teniendo en cuenta el impuesto pagadero en España por la sociedad mencionada en primer lugar, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan.
a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Jamaica, España permitirá:
i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Jamaica;
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en Jamaica.
3. En caso de que se aplique el método de imputación para la eliminación de la doble imposición y a los efectos de su deducción como impuesto pagado en España, se considerará que el impuesto pagado en Jamaica comprende el impuesto que hubiera sido pagadero en Jamaica de no haberse reducido, o de no haber renunciado Jamaica a él, conforme a las disposiciones de las siguientes leyes y sus modificaciones:
i) artículo 11, Ley de fomento de la exportación («Export Industry Ecouragement Act») de 1956;
ii) artículos 9 y 10, Ley de Hostelería (Incentivos), [«Hotels (Incentives) Act»] de 1968;
iii) artículo 36D, Ley del Impuesto sobre la Renta («Income Tax Act») de 1954;
iv) artículos 9, 10, 11 y 12, Ley de incentivos industriales («Industrial Incentives Act») de 1956;
v) artículo 12, Ley de incentivos industriales (construcción de fábricas) [«Industrial Incentives (Factory Construction) Act»] de 1961;
vi) artículos 9, 10, 11 y 12, Ley de fomento de la industria de refinado del petróleo [«Petroleum Refining Industry (Encouragement) Act»] de 1962;
vii) artículos 7 y 8, Ley de incentivos para alojamientos vacacionales [«Resort Cottages (Incentives) Act»] de 1971.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable durante los diez años siguientes a la fecha de entrada en vigor de presente Convenio.
Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de:
a) obligar a un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares;
b) impedir a Jamaica aplicar un tipo superior del impuesto sobre la renta en virtud del artículo 48(5) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Jamaica a una compañía de seguros de vida residente de España que a una compañía de seguros regionalizada (1).
(1) Este término, procedente del inglés «regionalized», debe entenderse en el marco de lo dispuesto en los apartados 8, 8A, 8B, 8C y 8D del artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta jamaicana, en relación con la definición del mismo, su delimitación geográfica y exclusiones.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del apartado 7 del artículo 11, del apartado 6 del artículo 12 o del apartado 5 del artículo 13, los intereses, cánones, honorarios de gestión y demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a imposición de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente, incluso en el seno de una Comisión mixta integrada por ellas mismas o sus representantes. Mediante consultas practicadas entre las autoridades competentes, éstas podrán desarrollar procedimientos, condiciones, métodos y técnicas bilaterales para la aplicación del procedimiento amistoso previsto en este artículo. Además, una autoridad competente puede diseñar procedimientos, condiciones, métodos y técnicas unilaterales que faciliten las actuaciones bilaterales antes mencionadas, así como la aplicación del procedimiento amistoso.
3. Cuando un Estado contratante solicite información en virtud del presente artículo, el otro Estado contratante utilizará sus medidas para recabar información con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando este otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. Por consiguiente, ese otro Estado contratante no denegará el intercambio de información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.
4. En ningún caso, las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:
5. En ningún caso, las disposiciones del apartado 4 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado contratante denegar el intercambio de información únicamente porque ésta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.
Hecho en Kingston por duplicado, en las lenguas española e inglesa, teniendo ambos textos igual autenticidad, el día 8 de julio de 2008.
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y Jamaica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:
I. En relación con los artículos 10, 11, 12, 13 y 14:
A. No obstante las restantes disposiciones del Convenio, lo dispuesto en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Convenio no será aplicable si:
a) una entidad de un Estado contratante que pague dividendos, intereses, cánones, honorarios de gestión o ganancias de capital a un residente del otro Estado contratante ha obtenido su renta de un país o territorio que no haya concluido un convenio para evitar la doble imposición con ese otro Estado, y
b) dicha renta ha resultado exenta o no sujeta a tributación en el Estado contratante mencionado en primer lugar.
B. No obstante las restantes disposiciones del Convenio, lo dispuesto en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Convenio no será aplicable si:
a) una entidad que pague dividendos, intereses, cánones, honorarios de gestión o ganancias de capital es residente de un Estado contratante y está participada, directa o indirectamente, por personas que, no siendo residentes de ese Estado, posean una participación de más del 75 por ciento de su capital social, y
b) la renta obtenida por dicha entidad ha resultado exenta o no sujeta a tributación en el Estado contratante mencionado en primer lugar.
Una entidad que, conforme a los apartados precedentes, no tuviera derecho a los beneficios derivados del Convenio respecto de las rentas antes mencionadas podrá, no obstante, obtener dichos beneficios si las autoridades competentes de los Estados contratantes convienen, en virtud del artículo 25 del Convenio, en que la constitución de la entidad y la realización de sus operaciones tienen un fundamento empresarial sólido, por lo que su finalidad primordial no es la obtención de dichos beneficios.
II. En relación con los artículos 10, 11, 12 y 13:
Si con posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio, Jamaica firmara un acuerdo o convenio para evitar la doble imposición con cualquier otro Estado que fuera miembro de la Unión Europea, y en dicho acuerdo o convenio se acordaran tipos impositivos inferiores (incluyendo tipo cero) a los establecidos en el presente Convenio, dichos tipos, mientras permanezcan en vigor, reemplazarán automáticamente a los tipos acordados en el presente Convenio desde la fecha de entrada en vigor de dicho convenio o acuerdo entre Jamaica y ese otro Estado.
III. En relación con el artículo 26:
A. Definiciones:
b) información relativa a la propiedad de sociedades de capital, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, «Anstalten» y otras personas, incluida, con las limitaciones establecidas en el artículo 1 del Convenio, la información sobre propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad; en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios; y en el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, los miembros del consejo de la fundación y los beneficiarios.
El artículo 26 no impone a los Estados contratantes la obligación de obtener o proporcionar información sobre la propiedad con respecto a sociedades cotizadas en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos.
5. En el caso de Jamaica, y a los efectos del apartado 4.a), en sus requerimientos emitidos a bancos y otras instituciones financieras la facultad para obtener y proporcionar información se considerará conferida al Ministro responsable de Hacienda.
b) Si la autoridad competente del Estado contratante mencionado en primer lugar no hubiera podido obtener y proporcionar la información en el plazo de noventa días a partir de la recepción del requerimiento, incluidos los supuestos:
i) de que tropiece con obstáculos para proporcionar la información, o se demore por otros motivos, teniendo en cuenta cuestiones tales como el desarrollo de procedimientos judiciales o administrativos relacionados con la información solicitada, o
ii) de que se niegue a proporcionarla,
informará inmediatamente al otro Estado contratante, explicando las razones de esa imposibilidad, la índole de los obstáculos o los motivos de su negativa.
En el supuesto de que el Estado contratante mencionado en primer lugar no hubiera proporcionado la información en el plazo de seis meses desde la recepción del requerimiento, informará al otro Estado contratante de los avances logrados en la obtención de la información requerida y proporcionará una estimación óptima sobre el plazo en que podrá satisfacerse el requerimiento. Si el Estado contratante mencionado en primer lugar no pudiera satisfacer el requerimiento, comunicará este hecho al otro Estado contratante junto con las circunstancias que determinan tal incapacidad. El otro Estado contratante decidirá entonces si anular o no su requerimiento. Si decidiera no anularlo, los Estados contratantes, informal y directamente, mediante un Acuerdo amistoso o de otro modo, analizarán las posibilidades de alcanzar el objeto del requerimiento, y se consultarán entre sí el modo de lograr tal objetivo.
7. Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán de mutuo acuerdo el modo de remisión de los requerimientos de información al Estado requerido.
C. Posibilidad de denegar un requerimiento:
1. Las disposiciones del presente Convenio no impondrán a un Estado contratante la obligación de obtener o proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones:
3. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación o la práctica administrativa del Estado contratante al que se ha requerido que facilite la información en virtud de este artículo, no se aplicarán de forma que impidan o retrasen indebidamente el intercambio efectivo de información.
D. Inspecciones fiscales en el extranjero:
2. Si se accede a la petición a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente del Estado contratante que realice la inspección notificará, tan pronto como sea posible, a la autoridad competente del otro Estado contratante el momento y el lugar de la inspección, la autoridad o el funcionario designado para llevarla a cabo y los procedimientos y condiciones exigidos por el Estado contratante mencionado en primer lugar para la realización de la misma. El Estado contratante que realice la inspección tomará todas las decisiones con respecto a ella.
E. Requerimientos de notificación.
3. Las autoridades competentes de un Estado contratante acusarán recibo del requerimiento por escrito a las autoridades competentes del otro Estado contratante y les notificarán cualquier posible defecto del requerimiento.
F. Idioma.
IV. Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio:
B. Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables al tratamiento de tales abusos.
C. Se entenderá que los beneficios del presente Convenio no se otorgarán a una persona que no sea el beneficiario efectivo de las rentas procedentes del otro Estado contratante.
D. El presente Convenio no impedirá a los Estados contratantes la aplicación de sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company rules» (CFC).
V. Exclusión del Convenio:
A. El presente Convenio no será aplicable a las sociedades que puedan acogerse a beneficios fiscales especiales previstos (en Jamaica) en:
a) la Ley de sociedades financieras internacionales (deducciones en el impuesto sobre la renta) de 1971 [«International Finance companies (income Tax Relief) Act»];
b) la Ley sobre sociedades comerciales extranjeras de 1984 («Foreign Sales Corporation Act»), y
c) cualquier ley sustancialmente similar promulgada posteriormente por Jamaica.
B. Además, en el caso de España, se entenderá que las sociedades mencionadas en el párrafo A están excluidas de los efectos de la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, con sus correspondientes modificaciones.
El presente Convenio entra en vigor el 16 de mayo de 2009, tres meses después de la fecha de recepción de la última notificación de cumplimiento de procedimientos internos exigidos, según se establece en su artículo 28.1.
Fecha de disposición: 08/07/2008
Entrada en vigor: 16 de mayo de 2009.

References: artículo 7
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 36
 artículo 12
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 28