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tema 2 SEGUNDO PARCIAL [73014] | Derecho Eclesiástico (UMA) | Unybook
tema 2 SEGUNDO PARCIAL (2014)
tema 2 SEGUNDO PARCIAL
TEMA 2: EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPAÑOL 1.
INTRODUCCIÓN Sistema matrimonial es el sector de normas de un ordenamiento jurídico que tiene por objeto determinar qué tipo de matrimonios tienen eficacia jurídica civil.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1) Sistema matrimonial vigente antes de 1870: sistema matrimonial confesional, también conocido como sistema de matrimonio religioso obligatorio. En España triunfó la Contrarreforma, y como consecuencia, se instaura la confesionalidad católica del monarca. Este sistema de matrimonio religioso obligatorio se ve interrumpido a finales del siglo XIX con la introducción del sistema de matrimonio civil obligatorio, que aparece, no como una alternativa, sino como una yuxtaposición normativa que sustituye por el único y obligatorio matrimonio civil.
2) Entre 1870-1875 (sexenio revolucionario) Sistema de matrimonio civil obligatorio: sólo existe el matrimonio civil. Nos encontramos con la Constitución de 1869, que es la única de todo el siglo XIX que reconoce la libertad de cultos a través de una fórmula indirecta. Se promulga la Ley de matrimonio civil obligatorio de 1870: establece la obligatoriedad de contraer matrimonio civil, por lo que suprime el matrimonio canónico del ordenamiento estatal. Sin embargo, en algunas medidas, éste matrimonio civil guarda semejanzas con el canónico, ya que se entiende indisoluble y perpetuo, siguiendo un criterio de orden moral. El argumento del legislador para establecer esta imposición del matrimonio civil es la necesidad de que todos los ciudadanos se vinculen al mismo régimen matrimonial, con independencia de sus convicciones. Se confunde así igualdad con uniformidad. Como ocurre cada vez que se intenta forzar a los ciudadanos a realizar una conducta determinada, la norma se incumplió, de manera que se siguieron celebrando matrimonios canónicos, puesto que la mayor parte de la población seguía profesando la religión católica. Para atajar esta situación y prohibir los matrimonios canónicos, se promulgó una orden circular que estableció que la previa celebración de un matrimonio canónico sería un impedimento para celebrar un posterior matrimonio civil, que es el único válido y eficaz en el ordenamiento estatal. Así, el Estado no hace otra cosa que admitir su fracaso y aceptar la realidad social, que seguía celebrando otro tipo de matrimonio.
3) Entre 1875 y 1932: sistema de matrimonio civil subsidiario. Es un sistema conocido como sistema de matrimonio católico y civil subsidiario. Es un sistema en el que un sistema de matrimonio prevalece (el católico) y queda como segunda opción el otro (el civil). El Estado establece que quienes profesen la religión católica estarán obligados a contraer matrimonio canónico, y quienes no la profesen lo harán en forma civil. Sobre el católico pesa la obligación moral, además de la civil establecida por el Estado, de contraer matrimonio en forma católica. Ello tiene una proyección concreta en el artículo 42 del C.c. de 1889, dotando al sistema de este significado articulándolo de un modo preciso. Dice textualmente: “La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos los que profesen la religión católica, y el civil, que se celebrará conforme a las disposiciones de este Código”. Si el Estado exige que no se profese la religión católica para acceder al matrimonio civil puede valorar esta no profesión de una forma rígida (por ejemplo, un documento que testimonie la no profesión de la religión) o flexible (por ejemplo, una declaración ante el juez civil). En función de cómo se interpretaron dichas normas se producirán dos tipos de sistema de matrimonio civil subsidiario: facultativo o rígido.
a. Interpretación facultativa (1875-1932).
 En 1875 se abre un Decreto que establece la forma civil como supletoria de la canónica estableciendo un sistema muy similar al del artículo 42 del C.c. de 1889. Lo único que exige inicialmente este decreto para acceder al matrimonio civil para acreditar que no se profesa la religión católica la simple declaración ante el juez civil de la no profesión. Es un sistema flexible.
 Además la Real Orden de 1906 lleva la interpretación flexible a su punto culminante. Mantiene la base del artículo 42 pero, no exige ni siquiera una declaración de no profesión: solo será necesario que se presenten, presumiéndose la no profesión. La doctrina en poco tiempo considero que al ser tan flexible desvirtuaba el sistema matrimonial.
4) Entre 1932-1938 (la II República): Sistema de matrimonio civil obligatorio. Este sistema sigue vigente pero con caracteres diferentes a los que se mantenían durante el Sexenio Revolucionario, llegándose a conocer este sistema en esta época como laicismo beligerante.
1 Éstas características son: a.
Laicidad o aconfesionalidad. No es totalmente neutral o indiferente ante el fenómeno religioso, sino que es extremadamente hostil ante cualquier manifestación religiosa, en especial ante el catolicismo.
Se garantiza la libertad individual para optar cualquier opción religiosa, pero, sin embargo, la acción colectiva es fuertemente restringida.
En cuanto al matrimonio canónico, el Estado se esfuerza enormemente por secularizar este sistema. Ante ello instaura el matrimonio civil obligatorio a través de la propia Constitución.
 Es la ley de 1932 la que desarrolla estos preceptos: se impone la obligación de contraer matrimonio civil disoluble a partir de la figura del divorcio vinculado. Es un divorcio consensual (por acuerdo entre las partes), o casual (unilateralmente alegando una causa). Era una previsión relativamente avanzada en cuanto a las legislaciones de su tiempo.
 Además se establece de manera inequívoca que la legislación civil es la única para controlar el matrimonio. Las autoridades del Estado son competentes para anular todos los matrimonios, incluso los celebrados con anterioridad a la ley o en forma canónica. Existe la peculiaridad de que en los supuestos en que el tribunal estatal declare la nulidad de un matrimonio canónico celebrado antes de la entrada en vigor de la ley, se regirá por las leyes del derecho canónico.
5) Entre 1938 y 1978: sistema de matrimonio civil subsidiario. Se retoma la vigencia del artículo 42 del Código Civil, y con ello a todas sus dificultades, en cuanto a su interpretación más o menos rígida. Encontramos este sistema pero en su segunda interpretación: b. Interpretación rígida (1938-1978).
o Ley 1939: se suprime el matrimonio civil obligatorio y la figura del divorcio, que se había introducido en la II República de forma muy amplia en cuanto a las causas. Además, sobre la base de esta ley se podrá impugnar cualquier sentencia de divorcio dictada al amparo de la ley republicana.
o Se produjo a partir de la publicación de una Orden de 1941 en la que se exigía, además de la declaración de no profesión, una prueba documental. El problema estaba en determinar qué documento era necesario: excomunión, pertenencia a otra confesión no católica, etc. En defecto de dicho documento, se exigirá una declaración jurada de no haber sido bautizado. Se confunde estar bautizado con ser católico por lo que un protestante si no obtenía la prueba documental no podría casarse ya que estaba bautizado aunque no era católico.
o En 1958 ¿? se da una nueva redacción al artículo 42 Código Civil. Desde el punto de vista material no se modifica el sistema, lo que se cambia es la redacción: ya no se habla de dos formas de matrimonio (dimensión formal, forma de celebración), sino de dos clases de matrimonio (lo que dio a entender que había dos tipos de matrimonio: civil y canónico). El canónico se celebrará cuando al menos uno de los contrayentes profese la religión católica. Cuando se pruebe que ninguno de los dos es católico, podrá accederse al matrimonio civil. Esta norma hay que situarla en un contexto concreto: el régimen franquista dota a la confesionalidad católica una supremacía importante. Esto culmina en el Concordato de 1953 entre el Estado y la Santa Sede. En un principio no hay conflictos entre ambos entes, que se traduce en una adopción muy amplia del derecho canónico en nuestra legislación. Sin embargo, esta buena relación no duró mucho, puesto que se trataba de dos entidades muy peculiares. Por tanto, en el momento que uno cambió, el pacto se rompe. Esto ocurrió por parte de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en el que reconoce la libertad religiosa, no reconocida por el régimen autoritario. Todavía más importante es que la Iglesia no se queda en el reconocimiento formal, sino que insta a los Estados a reconocer la libertad de cultos en su legislación. Es consecuencia directa de este llamamiento por parte de la Iglesia la Ley de Libertad Religiosa de 1967.
Hasta entonces, había preponderado la interpretación más rígida, de manera que se entendía que sólo podían acceder al matrimonio civil los que no profesaran la religión católica, y los que hubieran dejado de profesarla, casos en los que se exigía la declaración de apostasía, lo que implicaba muchas dificultades.
A partir de entonces se abre paso una interpretación cada vez más flexible, que tendrá como criterio general el de que es suficiente para acceder a ese matrimonio civil la mera declaración verbal. Sería un sistema cuasi-facultativo, puesto que lo único que no lo hace completo es esta declaración.
6) 1978: a partir de este momento nos encontramos con un sistema matrimonial, que es el que está vigente en la actualidad, y que responde a una cualidad concreta: es el llamado sistema facultativo o electivo. Faculta a los ciudadanos para optar por el tipo de matrimonio (civil o forma religiosa) según sus propias convicciones.
EL MARCO CONSTITUCIONAL ACTUAL: CARACTERES GENERALES.
Como ya hemos visto, el sistema matrimonial es un sector del ordenamiento jurídico. En teoría, para analizarlo, habría que seguir un orden cronológico, haciendo referencia a la Constitución, a la ley que lo desarrolla (Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1978) y a los acuerdos de cooperación entre el Estado y las Confesiones.
Sin embargo, el orden material no fue así. Los acuerdos, aunque tienen fecha de 1979, estaban pactados antes de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, la reforma del Código Civil es de 1981.
A. Comencemos por la Constitución: - Artículo 32: se trata de un precepto breve y muy importante. Es el precepto central, eje del sistema. Su naturaleza jurídica ha sido muy discutida. Hay quien entiende que se trata de un derecho fundamental, aunque es más correcto afirmar que se trata de una garantía institucional. Esto significa que la Constitución garantiza ciertas instituciones, lo que impide que el legislador posterior pueda modificar esos caracteres iniciales. Para alterarlos, habría que modificar la Constitución. Tiene dos preceptos: 1.
El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Es la proyección en el ámbito matrimonial del principio de igualdad: los cónyuges son iguales en derechos y obligaciones. Este precepto ha sido determinante en el desarrollo del debate sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica ** 2.
La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerla, los derechos y obligaciones de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. ANÁLISIS:  LA LEY REGULARÁ: el Estado se reserva la plena competencia para regular el matrimonio.
 LAS FORMAS DE MATRIMONIO: tradicionalmente se ha entendido que el legislador hace referencia al ámbito formal: hay un solo tipo de matrimonio (civil) con una pluralidad de formas de celebración (forma civil y religiosa)(sistema anglosajón). Hay otros autores que entienden que el legislador se está refiriendo a clases o tipos de matrimonios, de manera que estaría vigente en España un sistema matrimonial de doble tipo: civil y canónico, y el primero de ellos, a su vez, puede celebrarse de forma civil o religiosa (sistema de tipo latino o católico).
 LAS CAUSAS DE SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN Y SUS EFECTOS: el legislador no habla de la nulidad, lo que suscitó una nueva polémica. Sin embargo, el constituyente lo hizo por razones de prudencia política, puesto que la situación política del momento era complicada. Hay quien entendió que el constituyente estaba constitucionalizando el divorcio, puesto que obligaba al legislador a regular las causas de disolución. Sin embargo, esto no es así, puesto que el divorcio es tan solo una de las causas de disolución del matrimonio, pero hay otras, como la muerte, por ejemplo. Por tanto, lo que hace el constituyente es dejar abierta la figura del divorcio a las distintas opciones de política legislativa.
Con la última reforma del año 2005, cuando se ha introducido el divorcio sin alegación de causa, hay quien entiende que se ha incumplido la constitución.
Este artículo se ha de interpretar conforme a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás textos internacionales. También hay que hacer referencia a otro modo de interpretación de este artículo, derivado del carácter hermenéutico de la Constitución, que no está compuesta de sectores aislados, sino que al matrimonio también le afectan otras normas y principios: principio de pluralismo, libertad ideológica y religiosa, libertad de expresión, etc.
EL SISTEMA MATRIMONIAL EN EL CÓDIGO CIVIL B. Principios generales del Código Civil: - Como ya queda establecido en la Constitución, el Estado se reserva la plena competencia para regular el matrimonio. Por tanto, en el Código Civil se regula íntegramente y de manera exclusiva la institución del matrimonio. De ahí que hablemos de un solo tipo de matrimonio: el matrimonio civil.
Establece un régimen común para todos los ciudadanos, con independencia de su particular adscripción religiosa o ideológica. De ahí que el legislador confirme la idea ya esbozada acerca de que estamos en presencia de lo que podríamos denominar un sistema de matrimonio anglosajón, en el que hay un solo tipo de matrimonio y una gran pluralidad de formas.
Prueba de ello es que cuando regula los supuestos patológicos, por ejemplo la nulidad, lo hace del siguiente modo: es nulo el matrimonio cualquiera que haya sido su forma de celebración (forma civil o forma religiosa).
Este principio sobre la pluralidad de formas se concreta de la siguiente manera: el matrimonio civil, como ocurría en el canónico (puesto que es una derivación del mismo), tiene su origen en el consentimiento libremente expresado por las partes. El consentimiento, como eje del matrimonio, tiene una doble plasmación:  Artículo 45: no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.
 Artículo 73: es nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
3 Además, ese consentimiento tiene que manifestarse externamente, hacerse social, para adquirir relevancia jurídica. Es aquí donde observamos ese pluralismo. Debemos acudir al artículo 49, que establece el principio general: se puede contraer matrimonio en España ante el juez, alcalde o funcionario determinado por el Código (forma civil), o en la forma religiosa legalmente prevista (forma religiosa).
A su vez, dentro de esta forma religiosa, la ley prevé en el artículo 59: el consentimiento podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita en los términos acordados con el Estado, o en su defecto, autorizados unilateralmente por la legislación de éste. Sí existen acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones, pero no hay legislación unilateral por parte del Estado. Lo que está produciendo podemos decir que es una “civilización de esas formas de matrimonio” (en el sentido de hacerlas civiles).
En medio de esta tensión, también nos encontramos en el Código Civil con determinadas menciones específicas al matrimonio canónico: artículo 60: el Estado reconoce eficacia civil al matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior.
LA ESPECIFICIDAD DE LOS DIVERSOS MODOS DE MATRIMONIO ACORDADO: MATRIMONIO CANÓNICO Y MATRIMONIO EN FORMA RELIGIOSA NO CATÓLICA.
 MATRIMONIO CANÓNICO. ACUERDOS DEL ESTADO CON LA IGLESIA CATÓLICA.
Debemos referir a varios Acuerdos fundamentales, en el que se regulan de manera distinta aspectos iguales:  Acuerdo de 3 enero 1979 sobre asuntos jurídicos. En ella se reconoce:  Eficacia civil matrimonio canónico. Es la eficacia civil de la forma canónica de matrimonio. Esta cuestión se regula en el artículo 6: “El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico. Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos, será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio” Establece un cuasi automatismo en los efectos civiles del matrimonio canónico. El encargado del registro estará obligado a inscribir el matrimonio con la simple presentación de la certificación eclesiástica. Este régimen se asemeja bastante a lo que establecía el Concordato de 1953, ya que reconocía automáticamente el derecho matrimonial canónico incorporándose al Derecho español.
 Eficacia civil de la jurisdicción eclesiástica. Refiere a las resoluciones judiciales que emiten sus tribunales. Cualquier sentencia dictada por el tribunal eclesiástico tenía los mismos efectos que una sentencia dictada por un tribunal estatal: “Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente.” Esto es conocido como la declaración de ajuste al Derecho del Estado. Debemos analizar estos dos aspectos de esta norma del Estado:  Se acota el ámbito de los tipos de resoluciones eclesiásticas que van a tener efectos civiles: las declaraciones de nulidad o de matrimonio rato y no consumado.
  Se concreta el procedimiento de reconocimiento de efectos civiles a las resoluciones eclesiásticas. Tendrán dichos efectos si se ajustan al Derecho del Estado, llegándose a ello si dicha resolución examinada por un tribunal del Estado así lo viera. El criterio para determinar el ajuste al Derecho estatal no se determina en este precepto, ocasionando problemas de interpretación y una polémica doctrinal. La tendencia que prevalece es el criterio flexible: se entiende ajustada al Derecho estatal cuando no contradijera al orden público español. Ello tendrá el límite siempre de la libertad religiosa.
Ley de 7 de julio de 1981, de reforma del Código civil.
 Eficacia civil del matrimonio canónico. Se van a tener en cuenta dos tipos de cláusulas fundamentales: o Cláusula derogatoria. Delimitación de los correspondientes preceptos del anterior concordato que se van a modificar y se sustituyen por la legislación actual.
o Cláusula interpretativa. Viene a establecer que lo pactado, en la medida que requiera de un ulterior desarrollo normativo, la interpretación, aplicación y desarrollo de ello, también tiene que pactarse de mutuo acuerdo. esta cláusula hace modificar en el C.c. lo que se había pactado: 4 El C.c. se pronuncia respecto de ese principio general en el mismo modo de establecido en el acuerdo en los artículos 60 y 61: “El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos se estará a lo dispuesto en el capítulo siguiente.” “El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil” El artículo 63 va a ser clave porque modifica parcialmente lo establecido en el Acuerdo:  “La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil”. Ahora no se limita que la inscripción va a bastar con la presentación de la certificación eclesiástica, sino que es necesario calificar que los hechos presentados sean conformes a lo establecidos en la legislación del Registro civil. Es la introducción del principio de calificación registral.
 “Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”. Si se deniega, se produce la falta de eficacia jurídica del matrimonio canónico. Pese a esta modificación, el sistema no deja de ser un sistema relativamente sencillo.
 Eficacia civil de la jurisdicción eclesiástica. Comparación entre lo que establece el Acuerdo y el Código Civil: A. Artículo 6.2 Acuerdo “Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente” Surgen aquí dos interpretaciones posibles: 1.
Interpretación rígida: exige una identidad plena de esa resolución con el resto de resoluciones que provienen de los Tribunales. Es decir, la sentencia tiene que estar basada en una causa de nulidad que existe también en el Derecho del Estado.
Interpretación más flexible: no exige identidad de causas, sino que es suficiente con que la resolución no sea contraria al orden público.
*** B. Se ha introducido una modificación, que ha clarificado la homologación de resoluciones. La realiza el legislador en el artículo 80 Código Civil: “Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente que tendrá en cuenta las condiciones propias del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Este artículo es el que se dedica al exequátur, es el artículo que se dedica al régimen jurídico de la homologación en España de resoluciones dictadas por Tribunales extranjeros, concediendo efectos civiles a esas sentencias. Tiene sentido que el legislador a la hora de realizar el procedimiento de ajuste acuda a este procedimiento del exequátur, porque desde un cierto punto de vista los tribunales de la Iglesia son equiparables a los tribunales extranjeros: es miembro de organismos internacionales, su sede se encuentra en el Estado del Vaticano, etc. de manera que se le atribuye esa subjetividad internacional.
En cuanto a las condiciones o requisitos que establece el artículo 954 tenemos que destacar 4:   Se debe tratar del ejercicio de una acción personal.
Debe tratarse de una obligación cuyo cumplimiento sea lícito en España.
Ej. No tendrá eficacia una resolución coránica que obliga la flagelación de una persona en la plaza pública, puesto que no es una obligación lícita en España.
 La sentencia que se pretende homologar en España no puede haber sido dictado en rebeldía. Esto tiene lugar cuando se dicta sentencia sin haber escuchado al imputado. El fundamento es que se trata de evitar una situación de indefensión.
5  Se deben cumplir unos requisitos de autenticidad. Se trata de un requisito formal. Por tanto, habrá que constatar que efectivamente se trata de una sentencia judicial canónica de nulidad matrimonial.
En el Acuerdo, en la Disposición Transitoria 2ª, se establece que desde el momento de entrada en vigor del Acuerdo, aquellos procesos judiciales que se habían originado ya y estaban en marcha en los tribunales pero sobre los que todavía no había recaído un fallo, seguirían pronunciándose sobre los mismo tribunales y tendrían efectos civiles, de acuerdo con el Concordato de 1953, que reconocía plena eficacia civil de manera inmediata en el ordenamiento.
 MATRIMONIO EN FORMA RELIGIOSA NO CATÓLICA. ACUERDOS DEL ESTADO CON OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS.
Hay que hacer referencia a que el derecho de celebrar los ritos matrimoniales forma parte del derecho de libertad religiosa. El eje central de esta cuestión lo constituyen dos preceptos fundamentales: artículo 32 CE y artículo 59 CC.
Los acuerdos son casi idénticos. El régimen de eficacia civil de estas formas religiosas es casi el mismo. De hecho, son los mismos preceptos de los 3 acuerdos los que se dedican a esta cuestión: es el artículo 7 de los tres acuerdos.
Se observa por tanto un panorama de uniformidad. Es un régimen que se ha realizado a imagen y semejanza del régimen pactado anteriormente con la Iglesia Católica.
Se tratan las mismas materias, y prácticamente de la misma forma. Sin embargo, en la práctica, la negociación se reduce a contratos de adhesión.
El procedimiento que se establece para otorgar efectos civiles a estas otras formas religiosas no católicas: - Se establece un ámbito de aplicación. Cabe establecer un cierto paralelismo respecto a la forma canónica del matrimonio.
El Estado va a reconocer efectos civiles a estas otras formas religiosas de celebración: hebrea, islámica y protestante. Los efectos civiles se reconocen desde la celebración. Para el pleno reconocimiento hace falta el requisito de la inscripción registral. Para delimitar el ámbito aplicativo de este régimen se establecen distintas formas de reconocimiento: 1) El Estado va a reconocer efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma prevista en el derecho hebreo y en presencia del ministro de culto y dos testigos. Ya no se limita a nombrar “las otras formas religiosas”, sino que hace referencia a los otros dos requisitos. Por tanto, se establece el mismo régimen del matrimonio civil.
2) En el caso de las confesiones protestantes, difiere la fórmula empleada. Omite la referencia a “las otras formas religiosas previstas en el derecho protestante”, puesto que en sentido estricto no hay un derecho protestante como tal, lo que no implica que no existan un conjunto de normas religiosas.
3) En el caso del acuerdo con la confesión islámica, se adopta la misma fórmula que en el caso de las confesiones hebreas: el Estado va a reconocer efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma prevista por la ley islámica y en presencia de un ministro de culto y dos testigos. El matiz aquí es diferente, porque hay una cierta contradicción interna en ese enunciado, puesto que la ley islámica no exige la presencia de autoridad religiosa alguna. Sin embargo, el Estado se lo impone, por lo que no se trata entonces de una negociación. Finalmente son normas impuestas por el Estado en los contratos de adhesión, que no dan opción a elegir.
- Hay que hablar también de un expediente de capacidad. Su finalidad es constatar que se reúnen los requisitos legales: se cumple la edad, no se ha contraído ya un matrimonio no disuelto, se da el consentimiento, etc. Esto se da en el matrimonio civil. Sin embargo, no rige en la forma canónica.
Nos encontramos entonces con una situación paradójica, puesto que estos matrimonios también tienen efectos civiles. Se incluye entonces una modificación para evitar esta situación: ahora en los acuerdos se toma la decisión de someter estos otros matrimonios religiosos al expediente de capacidad. Ese expediente de capacidad que se instruye y tramita según la regulación del artículo 240 y ss. del Registro Civil, culminará, en su caso, con la expedición por duplicado del certificado de capacidad matrimonial.
Hay que matizar que en los acuerdos con las confesiones protestantes, evangélicas e israelitas, se emplea la misma fórmula: se tramita el expediente y se expide el certificado antes de la celebración del matrimonio, por lo que no tendrá problemas posteriores para la inscripción. Sin embargo, en el caso de las confesiones islámicas, se dijo que antes de proceder a la inscripción, se tramitará el correspondiente expediente de capacidad. Esto significa que ya no es obligatorio tener el certificado antes del matrimonio, sino que puede conseguirlo después de la celebración, y antes de la inscripción.
Lo único que puede ocurrir es que se descubra que existía algún fallo en su capacidad, y que se tenga que denegar la tramitación.
- Requisito de la inscripción registral.
Derecho Eclesiástico - tema 1 SEGUNDO PARCIAL (2014) Apunte

References: artículo 42
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 Artículo 32
 Artículo 45
 Artículo 73
 artículo 49
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 6
 resolución 
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 artículo 63
 Artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 80
 resolución 
 artículo 954
 artículo 954
 resolución 
 artículo 32
 artículo 59
 artículo 7
 artículo 240