Source: http://indigenas.bioetica.org/fallos/fallo43-a.htm
Timestamp: 2017-06-26 13:47:17+00:00

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por Dra. Teodora ZAMUDIO in re Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya
Resistencia, 17 de diciembre de 2004.
Para dictar sentencia en estos autos caratulados "Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya; Asociación Comunitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población c/ Provincia Del Chaco y/o Subsecretaria de Recursos Naturales Medio Ambiente de la Provincia Del Chaco; Instituto de Colonización Del Chaco y/o quien resulte responsable s/ acción de amparo colectivo de intereses difusos ", Expte. Nro. 1754/04 y de cuyas constancias resulta:
Que a fs. 1/85 y vta. se presentan la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, la Asociación Comu­nitaria de Comandancia Frías y la Asociación Comunitaria Nueva Población por intermedio de su letrado apoderado el Dr. Julio César Garcia y promueven Acción de Amparo Colectivo contra la Provincia del Chaco y/o contra la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provin­cia del Chaco, Instituto de Colonización y/o Q.R.R. de la De­predación Ambiental que se produce en la Provincia del Chaco por aplicación de la Ley de Bosques 2386 y su modi­ficatoria Ley Nro. 5285 y normas reglamentarias, enumeran­do la normativa que se estima vulnerada.
Destaca que se afecta el derecho a un me­dio ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado pa­ra el desarrollo humano, el derecho a la participación de todos los habitantes en general y de modo especial de los pueblos indígenas en las decisiones y gestiones públicas, el derecho a la identidad, a la alimentación y a la salud de los recurrentes por afectación de la Biodiversidad.
Alude a la competencia y a la legitimación activa. Se refiere a los antecedentes de los Pueblos Indígenas que habitan la Región Chaqueña: los Wichis, los Tobas-Qom y los Mocoví con anterioridad a la existencia de la Provincia del Chaco y de la Republica Ar­gentina y hace hincapié‚ en que no se reconoce su derecho a que se titularicen a su nombre las tierras reservadas u ocupadas por los mismos las que son entregadas a particu­lares o grandes empresas.
Que una de las consecuencias de lo expre­sado es la aparición de compradores que arrasan con la tierra destruyendo su entorno y la biodiversidad biológica del bosque o monte chaqueño.
Que a raíz de una serie de notas en los diarios locales el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) refirió que esta situación se agravaría con la sanción de una reforma de la Ley de Bosques y se remitió el 12 de noviembre de 2003 un pedido de explicaciones ante la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco pidiendo que el Proyecto de ley sea devuelto para un mayor estudio de la Comisión de Agricultura porque no se había respetado el art. 37 de la Constitución de la Provincia del Chaco referente a la participación de los Pueblos Indígenas.
Menciona que la Legislatura de la Provin­cia del Chaco en vez de frenar el proceso de destrucción del Medio Ambiente sancionó la Ley 5285 del 12 de no­viembre de 2003 que reforma la Ley de Bosques Nro. 2386, sin ningún tipo de consultas a la sociedad en general y a los indígenas en particular lo que fue expresamente reconocido por los legisladores.
Que la Ley 5285/03 modificatoria de la Ley de Bosques guarda la concepción de que el bosque o el mon­te o el Medio Ambiente pertenecen a un solo sector de la sociedad, con una visión economicista.
Que conforme a la opinión de entendidos en la materia la Ley de Bosques en lo que hace al Bosque na­tivo implica una mayor desforestación de áreas boscosas, ya que se podría desforestar el ciento por ciento de un predio con la obligación de reforestar en otro lado. Que la realidad demuestra que no se está haciendo reforesta­ción en la provincia, no existen sistemas de contralor, los bosques no se encuentran debidamente clasificados ni se contemplan los problemas de los distintos suelos.
Se agrega que no se tienen en considera­ción los sistemas de gestión de territorio con participa­ción de los actores sociales como establece la Constitu­ción de la Provincia en su art. 38, ni la variada riqueza que posee el bosque. Que se agudizará la destrucción de la Biodiversidad y el proceso de degradación ambiental y so­cial, provocando mayor emigración del campo a las ciudades siendo unos de los grupos más lastimados los pueblos indígenas. Destaca que ante la desforestación inten­siva en el Impenetrable Chaqueño y vastas zonas del terri­torio provincial y la sanción de una ley que afecta a los pueblos indígenas sin su participación la que profundiza la devastación del Medio Ambiente, se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la declaración de la Emergencia Am­biental en la Provincia, pero no se contesta al requeri­miento efectuado.
Alude a la procedencia de la acción de am­paro por afectarse intereses colectivos y difusos, trans­cribe los Arts. 125 de la Constitución Nacional y arts. 41, 44, 37 y 38 de la Constitución Provincial.
Pretende que el estado cese en su actitud de entregar el medio ambiente como si fuera un bien de canje o comercial a grupos económicos en la Provincia del Chaco, teniendo en consideración también el impacto y el daño sobre el medio ambiente a las generaciones presentes y futuras.
Seguidamente se refiere a los derechos violentados por la omisión estatal y su acción permisiva:
Derecho a un Ambiente Sano y Equilibrado y el Derecho a la Identidad. Menciona que la cláusula transitoria Quinta de la Constitución Provincial establece dos obligaciones una es la titularización de las tierras ocupadas y reservadas y seguidamente enuncia una serie de labores y actividades que debe desarrollar el Poder Ejecutivo para transferir las tierras aptas y necesarias para el desarrollo indíge­na.
Alega que no existe proporcionalidad entre el impacto que se provoca en el Medio Ambiente la gestión y la mitigación de las medidas que deberían ejecutarse. Expresa que los pueblos indígenas están sometidos a pre­siones de los sectores económicos y gubernamentales a fin de que sean partes en la destrucción el bosque y que no existe antecedente alguno de que el gobierno provincial a través de sus poderes constituidos reconozca el derecho de los pueblos indígenas a participar en la gestión de sus recursos o del Medio Ambiente y que se efectivice dicha participación.
Que la tasa de desforestación de la masa boscosa no se corresponde con ninguna tasa deforestación ni de crecimiento que haga sustentable el recurso ambien­tal. Tampoco existen medidas que atenúen los impactos so­bre los animales silvestres, vegetación o flora no madera­ble, ni se gestiona el territorio que posee bosque conforme a los tipos de suelo sobre los que se encuentra el mis­mo.
Enuncia que no hay un registro de las supuestas reservas que se resguardan en cada permiso de corte de madera, ni un organismo de contralor que salvaguarde la biodiversidad.
Asegura que los funcionarios del organismo de contralor provincial sobre el Recurso Forestal y la Dirección de Bosques son los mismos que firman y presentan los planes de manejo para su posterior aprobación.
Que se vuelven a otorgar permisos sobre bosques ya degradados pero no se verifican los antecedentes al otorgarse un nuevo permiso, que últimamente se des­monta y se destronca para producción pecuaria, siembra de soja o de forraje.
Añade que el derecho a la participación de los pueblos indígenas se encuentra reconocido en el art. 75 inc 17 de la Constitución Nacional, el art. 37 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Sostienen que los indígenas no fueron consultados al momento del dictado de la Ley 5285 que reforma la Ley 2386, la Ley de Bosques. Que asimismo se ha violentado la Ley 25.675 denominada de los Presupuestos Mínimos prevista en el art. 41 de la Constitución Nacional para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que en su art. 2 establece los objetivos que deberá cumplir la política ambiental nacional.
Sostiene la violación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Pacto Internacional de Dere­chos Económicos, Sociales y Culturales, aludiendo a la si­tuación inestable de la red agroforestal, a que la pérdida del bosque lleva a la desestabilización del suelo, a alte­rar el régimen hídrico, a no amortiguarse las temperaturas extremas.
Aseveran que la lesión al Medio Ambiente habitado ancestralmente por los pueblos indígenas vulnera particularmente la cadena alimenticia de la que se sirven y la salud. Que el Gobierno Provincial con sus actos y omisiones afecta gravemente el Medio Ambiente y el Bos­que Chaqueño tanto por la extracción incontrolable de ár­boles como habida cuenta que no se considera a la Biodi­versidad, requiriendo se declare la nulidad de la Ley de Bosques de la Provincia, como la de todos los actos deri­vados de ella, ya sean reglamentos, decretos, disposicio­nes, permisos de destronque, desmonte o alteración de la masa boscosa.
Finalmente solicitan que se declare la Emergencia Ambiental en la provincia del Chaco, conforme a las previsiones de los arts. 41, 43 y 124 de la Constitu­ción Nacional y los arts. 37,38, 39, 41 y 44 de la Consti­tución Provincial. Que se efectúe una evaluación de los Impactos ya ocasionados por la destrucción del Monte Cha­queño y de Impacto Ambiental y Social sobre las activida­des futuras a realizarse sobre el monte chaqueño de seguir idéntico ritmo de afectación de los bosques y suelos.
Peticiona que la emergencia ambiental sea declarada sobre la sustentabilidad ecológica, social y productiva del bosque nativo en la Provincia del Chaco, que se prohíba el desmonte a tala rasa de bosques, montes nativos y selvas en todo el territorio de la provincia en propiedades publicas y privadas. Que se arbitren los medios para asegurar la participación con pluralidad de actores e intereses que establece la Constitución Provincial a los fines de desa­rrollar y proponer la ejecución de un Plan de Preservación, Recomposición y Sustentabilidad del Bosque nativo de la Provincia del Chaco. Plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Bosques y todas sus modificatorias. Ofrecen pruebas y fundan el derecho.
A fs. 88 se imprime a la presente el tr­ámite previsto en el art. 43 de la Constitución Nacional, art. 19 de la Constitución provincial y art. 10 de la Ley 4297 y se requiere a los demandados informe circunstancia­do. A fs. 106/107 el Instituto de Colonización informa que se dio cumplimiento totalmente a la entrega y escrituración de las 150.000 has. (Interfluvio Trucó Ber­mejito) a las Comunidades Indígenas.
Añade que con respecto a otras tierras pertenecientes a la provincia del Chaco en algunos casos ha realizado su transferencia, en otros ha hecho reserva y en otros casos hay tierras en proceso de Titularización a distintas comunidades indígenas, en forma individual o comunitaria cuya cantidad es de 350.000 has. Aproximada­mente las que están avaladas por las Resoluciones y/o De­cretos del caso. A fs. 115/121 comparece la Provincia del Chaco por intermedio de su letrado apoderado el Dr. Ricar­do Alberto Vallejos y presenta el informe circunstanciado, que en primer término aclara que la acción fue dirigida contra la Provincia del Chaco y/o Subsecretaria de Recur­sos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia del Chaco e Instituto de Colonización los que carecen de personalidad jurídica propia e independiente. Seguidamente advierte que el trámite que se le imprimió a la presente no es el dispuesto en los arts. 2, 5 y 7 de la Ley Nro. 3911. Menciona que dicha normativa tiene su correlativo en la Ley Nacional Nro.24.051 que también requiere los requisitos de evaluación del impacto ambiental y la celebración de audiencias públicas, situaciones que no se observaron en autos. Expresa que se presentan un grupo de Asociaciones de pueblos indígenas promoviendo acción de amparo en protección de intereses difusos y colectivos, para que cese la Depredación Ambiental que se está llevando a cabo en la Provincia del Chaco. Que en el caso concreto no se visualiza el daño que los actores manifiestan padecer ni lo demuestran en forma cabal o concreta.
Que la aplicación de las normas referidas al desmonte chaqueño no pueden tener incidencia colectiva ya que ello se encuentra perfectamente reglamentado y cumpliéndose con los porcentajes de poda señalados para la defensa del medio ambiente.
En relación a los antecedentes de la medi­da cuestionada alega que cerca de una cuarta parte de la tierra escogida o sea unos 35.000.000 de km2 se en­cuentra cubiertas de bosques y de selvas, que la Dirección de Bosques dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco es la encargada de otorgar permisos para la regulación de la Frontera Agropecuaria a titulares de predios que así lo soliciten conforme los procedimientos administrativos que emanan de la Ley de Bosques.
Que a fin de mantener la reserva ecológica que constituye el monte chaqueño se aplican las normas contenidas en las Leyes Nro. 2386 y sus modificatorias Le­yes 3534 y 5285 que conjugan la forma y el manejo del monte y a su vez el aprovechamiento económica de la madera extraída.
Que en cumplimiento de las premisas de mantenimiento del monte y de la reserva ecológica que ello significa se dictaron normas de contención del desmonte. Así se fijó primeramente que los adjudicatarios y/o pro­pietarios de tierras con bosques no podrán realizar el aprovechamiento ni el desmonte de los mismos sin la debida autorización que ser otorgada previa presentación y apro­bación del plan de trabajo respectivo.
Que no se podrá autorizar un nuevo plan de aprovechamiento forestal y/o desmonte a los productores propietarios que no hayan cumplido con uno anterior o que no están cumpliendo regularmente con uno ya autorizado, lo que también se aplicará a los inmuebles rurales transferidos y los bosques con planes pendientes de ejecución.
Se menciona que en caso de que el predio a desmontar esté‚ compuesto del 100 % de masa boscosa produc­tiva según evaluación del inventario forestal se podrá au­torizar la reforestación en otro predio.
Que se estableció que la determinación cualitativa del bosque para la definición de las áreas preservadas en reserva y/o clausura estará a cargo del responsable técnico que la presentará en plan de trabajo de aprovechamiento o desmonte y están referidas a la su­perficies catastrales de cada predio según las precisiones que enumera. Agrega que tales porcentajes pueden ser incrementados por el Ministerio de la producción por razo­nes técnicas fundadas, ambientales ecológicas o de sustentabilidad de los bosques chaqueños.
Que las barreras forestales, reservas y clausuras de bosques nativos son permanentes por lo que en ningún caso podrán ser objeto de eliminación, por ende las pérdidas o daños parciales o totales que les acontecieran en forma accidental o intencional impondrán indefectible­mente la restauración por medio de reforestaciones ten­dientes a cumplir con los porcentajes establecidos.
Agrega que presentado el plan de trabajo con todos los requisitos exigidos deber ser autorizado o denegado con razón fundada dentro de los 30 días de eleva­da la solicitud.
Se establece la obligatoriedad para todo plan de desmonte de contemplar el mantenimiento o la rea­lización de barreras forestales con el objeto de mitigar la erosión hídrica o eólica así como la preservación de la biodiversidad.
Refiere que las superficies de las barreras forestales estarán comprendidas dentro de los bosques de reserva y/o clausura y que su estructura, composición y disposición serán establecidas por reglamentación del Poder Ejecutivo. Que el material forestal extraído con va­lor maderable producto del desmonte deber ser aprovechado quedando prohibida su eliminación mediante el uso del fue­go.
Que tales requisitos fueron impuestos por la Ley 5825 en procura de proteger el medio ambiente, la poda indiscriminada del bosque chaqueño, a fin de evitar que pierda su compacta naturaleza y se transforme en un terreno desértico.
Manifiesta que en algunas oportunidades resulta necesaria la tala de los árboles vetustos cuyo aprovechamiento maderero resulta nulo porque son una verdadera plaga para el monte, por lo que se conjugan el man­tenimiento de la reserva arbórea con el aprovechamiento de la tierra.
Que en tales casos no existe una poda in­discriminada del monte sino un verdadero aprovechamiento genuino de la tierra lo que generará otros recursos y se denomina cortar con sentido de sustentabilidad.
Que en toda reforestación son imprescindibles las talas periódicas que determinarán el rendimiento económico y el ulterior desarrollo de las plantas que que­darán en forma definitiva o se realiza el "raleo" o sea la eliminación de la plantación de individuos que van a que­dar permanentemente. Que del mismo modo la poda permite un beneficioso incremento de la robustez del tallo principal o tronco y evita que la fuerza del árbol se disperse hacia las ramas.
Alude que con la implementación de tales normas el monto a muy corto plazo se ver beneficiado ya que ello permitirá la producción, regeneración y mejora de las técnicas de aprovechamiento de las principales espe­cies y sistemas forestales.
Sostiene que las leyes que son atacadas de inconstitucionalidad fueron dictadas mediante las faculta­des conferidas por la Constitución Provincial y que preci­samente la Ley 5.285 zanjó la posibilidad de que se cayera en arbitrariedad para el sector indígena y especialmente los productores forestales. Que con su implementación se observa que los postulados del gobierno son el del mantenimiento de la reserva ecológica y la terminación de la poda indiscrimi­nada de los árboles del bosque chaqueño.
Agrega que la situación se ver corrobora­da con el dictado del Decreto Reglamentario de la misma que en sus considerando establecerá los recaudos para com­patibilizar la conversión de las áreas boscosas degradadas en tierras productivas para la agricultura sobre la base de la aptitud de los suelos para uso agrícola incorporando áreas de reserva y/o clausuras y reforestaciones de espe­cies nativas como medio de preservar procesos de sucesión vegetal y mitigación del impacto ambiental.
Que para dar mayor transparencia al otor­gamiento de permisos de regulación de la frontera agrope­cuaria se conformará una comisión de evaluación y segui­miento integrada por los representantes de las Direcciones de Bosques, de suelos y de agua rural, del IIFA, APA, del Instituto de Colonización , de los productores forestales y de los profesionales, como asimismo del INTA con el ob­jeto de hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento del Plan de Manejo de Suelos posteriores al desmonte.
Expresa que de existir zonas con fragili­dad ambiental deber incrementarse la preservación de la masa boscosa bajo el concepto de reservas y/o clausuras sin permitir el uso de maquinarias que puedan alterar el medio ambiente. Que el Ministerio de Producción convocó a todos los sectores interesados para la realización de reu­niones con el objetivo de reglamentar la Ley 5285, que la Dirección de Bosques analizó las distintas propuestas y ponencias efectuadas y de acuerdo a ellas bajo el princi­pio constitucional de que el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales del dominio público es­tá sujeto al interés general y a la preservación ambiental regulará el dictado del reglamento tendiente a la aplica­ción de normas operativas.
Que se establece que a los efectos de la aprobación de un permiso de regulación de la frontera agropecuaria el titular del predio deber presentar los requisitos administrativos conjuntamente con un plan de trabajo. Añade que el citado plan deber ser elabo­rado por ingenieros forestales o agrónomos matriculados, siendo corresponsables de la correcta ejecución de las ac­tividades aprobadas debiendo asesorar al productor en las tareas a desarrollar, certificando el cumplimiento de las mismas.
Que se contempla el mantenimiento y la realización de barreras forestales principales y transversa­les para mitigar la erosión hídrica y/o eólica como la conservación de la Biodiversidad de modo que actúen como albergue, protección y tránsito de las especies de fauna autóctona.
Que en determinadas zonas se establece que se deberá incrementar los porcentajes de reservas o clau­suras que son permanentes y no podrán ser objeto de elimi­nación.
Que con la reglamentación de la Ley 5285 se despeja toda duda acerca del comportamiento que se tendrá en adelante con el monte o bosque chaqueño.
Alega que en oportunidades que el Gobierno Provincial invito a todas las comunidades y en general a la población a sumarse a las reuniones que tenían por ob­jeto lograr la reglamentación de la ley, los actores no concurrieron a exponer sus ideas.
Que el lugar de residencia de las comuni­dades accionantes, zona eminentemente aborigen se puede desmontar nada más que en un 30 % y sin el uso de topado­ras lo que prácticamente no representa nada. Que la regla­mentación de la Ley de Bosques se efectúa en aras de pre­servar el medio ambiente y nuestros bosques garantizando el goce de derechos humanos fundamentales.
Finalmente solicita el rechazo de la ac­ción impetrada habida cuenta que la cuestión requiere de mayor amplitud de debate y prueba. En tal sentido sostiene que los accionantes tuvieron la opción de interponer los recursos administrativos que permitieran determinar la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Que a tal fin resultaba suficiente controlar que los actos im­pugnados hubieran respetado los procedimientos exigidos por la legislación nacional y provincial al efecto.
Ofrece pruebas, funda el derecho. Solicita se rechace la acción.
A fs. 122 se proveen las pruebas ofrecidas por las partes.
A fs. 376 se clausura el período probato­rio. A fs. 380 se corre traslado al Agente Fis­cal que se expide a fs. 381/384.
A fs. 386 se llama Autos para Sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.
CONSIDERANDO: 1) La pretensión amparista promovida por la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Co­munitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población tiene por objeto la declaración de in­constitucionalidad de las Leyes de Bosques Nro. 2386, 5285/03 y todas sus modificatorias, que se determine la Emergencia Ambiental en la Provincia del Chaco conforme a las previsiones de los arts. 41, 43 y 124 de la Constitu­ción Nacional y arts. 37,38, 39, 41 y 44 de la Constitu­ción Provincial, que se efectúe una evaluación de los Im­pactos ya ocasionados por la destrucción de los Montes Chaqueños y acerca del Impacto Ambiental y Social en rela­ción a las actividades futuras de continuarse el mismo ritmo de afectación del bosque y suelos.
Se solicita que la emergencia ambiental sea declarada sobre la sustentabilidad ecológica, social y productiva del Bosque Nativo en la Provincia del Chaco y que se prohíba el desmonte a tala rasa de Bosques, Montes Nativos y Selvas en todo el territorio provincial, sea en propiedades privadas y públicas.
Y que se arbitren los medios que aseguren la participación con pluralidad de actores e intereses de conformidad a lo establecido por la Constitución Provin­cial con el objeto de diseñar, desarrollar y proponer la ejecución de un Plan de Preservación, Recomposición y Sus­tentabilidad del Bosque Nativo de la Provincia del Chaco.
Se basan en que se vulneran los derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecua­do para el desarrollo humano y a la participación de todos los habitantes en general y de modo especial de los pueblos indígenas en las decisiones y gestiones públicas, el derecho a la identidad, a la alimentación y a la salud por afectación de la Biodiversidad .
Agregan que no se reconoce su derecho a que se titularicen a su nombre las tierras reservadas u ocupadas por los mismos las que son entregadas a particu­lares o grandes empresas, aseverando que una de las conse­cuencias de ello es la destrucción del entorno y la biodi­versidad biológica del bosque o monte chaqueño.
Menciona que a raíz de una serie de notas en los diarios locales el Equipo Nacional de Pastoral Abo­rigen (ENDEPA) refirió que la situación se vería agravada con la sanción de una reforma de la Ley de Bosques y que en fecha 12 de noviembre de 2003 se remitió un pedido de explicaciones ante la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco requiriendo que el Proyecto de ley sea devuelto para un mayor estudio de la Comisión de Agricultura, en­tendiendo no se había respetado el art. 37 de la Constitu­ción de la Provincia del Chaco en lo referente a la parti­cipación de los Pueblos Indígenas.
Que la Legislatura de la Provincia del Chaco sin embargo sancionó la Ley 5285 del 12 de noviembre de 2003 que reformó la Ley de Bosques Nro. 2386, sin nin­gún tipo de consultas a la sociedad en general ni a los indígenas en particular.
Cuestionan la norma modificatoria de la Ley de Bosques por guardar una visión economicista, que impli­ca una mayor deforestación de áreas boscosas, entendiendo que se podrá desforestar el ciento por ciento de un predio con la obligación de reforestar en otro lado. Que la rea­lidad demuestra que no se está realizando la reforestación en la provincia, no existen sistemas de contralor y que los bosques no se hallan debidamente clasificados ni tam­poco se contemplan los problemas de los distintos suelos.
Se añade que se agudizará la destrucción de la Biodiversidad, el proceso de degradación ambiental y social, lo que provocará una mayor emigración del campo a las ciudades siendo los pueblos indígenas uno de los gru­pos más lastimados.
Que se requirió al Poder Ejecutivo Provin­cial la declaración de la Emergencia Ambiental en la Pro­vincia sin contestación alguna.
Aluden a la procedencia de la acción de amparo por afectarse intereses colectivos y difusos, transcribe los arts. 125 de la Constitución Nacional y arts. 41, 44, 37 y 38 de la Constitución Provincial.
Se alega que no existe proporcionalidad entre el impacto que se provoca en el Medio Ambiente y las medidas que deberían ejecutarse, que la tasa de defores­tación de la masa boscosa no se corresponde con ninguna tasa de forestación ni de crecimiento que haga sustentable el recurso ambiental. Ni tampoco existen medidas que ate­núen los impactos sobre los animales silvestres, vegeta­ción o flora no maderable, ni se gestiona el territorio que posee bosques conforme a los tipos de suelo.
Enuncian que no hay un registro de las su­puestas reservas que deben resguardarse en cada permiso de corte de madera, ni un organismo de contralor que salva­guarde la biodiversidad.
Que se vuelven a otorgar permisos sobre bosques ya degradados sin verificarse los antecedentes y que últimamente se desmonta y se destronca para producción pecuaria, siembra de soja o de forraje.
Añaden que el derecho a la participación de los pueblos indígenas se encuentra reconocido en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el art. 37 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT so­bre Pueblos Indígenas y Tribales. Sostienen que los indígenas no fueron consultados al momento del dictado de la Ley 5285 que reforma la Ley 2386, la Ley de Bosques. Que asimismo se ha violentado la Ley 25.675 denominada de los Presupuestos Mínimos prevista en el art. 41 de la Constitución Nacional para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que en su art. 2 establece los objetivos que deber cumplir la política ambiental nacional.
Se sostiene la violación del Convenio so­bre la Diversidad Biológica y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aludiendo a la situación inestable de la red agroforestal ya que la per­dida del bosque conlleva la desestabilización del suelo, la alteración del régimen hídrico y a que no amortigüen las temperaturas extremas.
A su vez la demandada al producir el in­forme circunstanciado hace hincapié‚ en que la aplicación de las normas referidas al desmonte chaqueño no tiene in­cidencia colectiva indicando que se cumplen los porcenta­jes de poda especificados para la defensa del medio am­biente.
Refiere que una cuarta parte de la tierra escogida o sea unos 35.000.000 de km. 2 se encuentra cu­bierta de bosques y de selvas, que la Dirección de Bosques dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco es la encargada de otorgar permisos para la re­gulación de la Frontera Agropecuaria a titulares de pre­dios que así lo soliciten, de conformidad a los procedi­mientos administrativos emanados de la Ley de Bosques.
Que las normas cuestionadas salvaguardan la reserva ecológica que constituye el monte chaqueño, con­jugan la forma y el manejo del monte con el aprovechamien­to económico de la madera extraída.
Se sostiene a fin de dar cumplimiento a tales premisas se dictaron normas de contención del des­monte, fijándose que los adjudicatarios y/o propietarios de tierras con bosques no podrán efectuar el aprovecha­miento ni el desmonte de los mismos sin la debida autori­zación otorgada previa presentación y aprobación del plan de trabajo respectivo. Asimismo se estableció que no se podrán autorizar nuevos planes de aprovechamiento forestal y/o desmonte a los productores propietarios que no hubie­ran cumplido con uno anterior o que se hallaren cumpliendo regularmente con uno ya autorizado, lo que también se aplicará a los inmuebles rurales transferidos y a los bos­ques con planes pendientes de ejecución.
Se menciona que en los casos en que el predio a desmontar esté‚ compuesto del 100 % de masa bosco­sa productiva según evaluación del inventario forestal se autorizará la reforestación en otro lugar. Que la determi­nación cualitativa del bosque para la definición de las áreas preservadas en reserva y/o clausura estará a cargo del responsable técnico que debe presentar un plan de trabajo de aprovechamiento o desmonte y se hallan referi­das a la superficies catastrales de cada predio según las precisiones que enumera. Agrega que podrán ser incrementa­dos por el Ministerio de la Producción fundado en razones técnicas, ambientales, ecológicas o de sustentabilidad de los bosques chaqueños.
Que las barreras forestales, reservas y clausuras de bosques nativos son permanentes por lo que las pérdidas o daños parciales o totales que pudieran acontecerles ya sea en forma accidental o intencional im­pondrán indefectiblemente la restauración por medio de re­forestaciones tendientes a cumplir con los porcentajes es­tablecidos.
Sostiene que presentado el plan de trabajo con todos los requisitos exigidos deber ser autorizado o denegado con razón fundada dentro de los 30 días de eleva­da la solicitud.
Se establece la obligatoriedad para todo plan de desmonte de contemplar el mantenimiento o la rea­lización de barreras forestales con el objeto de mitigar la erosión hídrica o eólica así como la preservación de la biodiversidad, cuyas superficies, composición y disposición serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
Que el material forestal extraído con va­lor maderable producto del desmonte deberá ser aprovechado quedando prohibida su eliminación mediante el uso del fue­go.
Enfatiza que en ciertas oportunidades es necesaria la tala de los árboles vetustos cuyo aprovecha­miento maderero resulta nulo porque son una verdadera pla­ga para el monte, por lo que se conjugan el mantenimiento de la reserva arbórea con el aprovechamiento de la tierra.
Que en toda reforestación son imprescindi­bles las talas periódicas que determinarán el rendimiento económico y el ulterior desarrollo de las plantas que quedarán en forma definitiva y que asimismo la poda permite un beneficioso incremento de la robustez del tallo princi­pal o tronco evitando que la fuerza del árbol se disperse hacia las ramas.
Y que las leyes atacadas de inconstitucio­nalidad fueron dictadas mediante las facultades conferidas por la Constitución Provincial y precisamente la Ley 5.285 zanjó la posibilidad de que se cayera en arbitrariedad pa­ra el sector indígena y especialmente los productores fo­restales, ya que los postulados del gobierno son el mante­nimiento de la reserva ecológica y la terminación de la poda indiscriminada de los árboles del bosque chaqueño.
Agrega que la situación se verá corrobora­da con el dictado del Decreto Reglamentario de la misma que establecerá los recaudos a fin de compatibilizar la conversión de las áreas boscosas degradadas en tierras productivas para la agricultura, todo sobre la base de la aptitud de los suelos para uso agrícola e incorporando áreas de reserva y/o clausuras y reforestaciones de espe­cies nativas como medio de preservar procesos de sucesión vegetal y mitigación del impacto ambiental.
Que para dar mayor transparencia al otor­gamiento de permisos de regulación de la frontera agrope­cuaria se conformará una comisión de evaluación y segui­miento integrada por los representantes de las Direcciones de Bosques, de suelos y de agua rural, del IIFA, APA, del Instituto de Colonización, de los productores forestales y de los profesionales, como asimismo del INTA con el ob­jeto de hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento del Plan de Manejo de Suelos posteriores al desmonte.
Expresa que de existir zonas con fragili­dad ambiental deber incrementarse la preservación de la masa boscosa bajo el concepto de reservas y/o clausuras sin permitir el uso de maquinarias que puedan alterar el medio ambiente. Que el Ministerio de Producción convocó a todos los sectores interesados para la realización de reu­niones con el objetivo de reglamentar la Ley 5285, que la Dirección de Bosques analizó las distintas propuestas y ponencias efectuadas y de acuerdo a ellas bajo el princi­pio constitucional de que el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales del dominio publico es­tá sujeto al interés general y a la preservación ambiental, regulará el dictado del reglamento tendiente a la aplicación de normas operativas.
Que se establece que a los efectos de la aprobación de un permiso de regulación de la frontera agropecuaria el titular del predio deberá presentar los requisitos administrativos conjuntamente con un plan de trabajo.
Y que el citado plan deberá ser elaborado por ingenieros forestales o agrónomos matriculados, siendo corresponsables de la correcta ejecución de las activida­des aprobadas debiendo asesorar al productor en las tareas a desarrollar, certificando el cumplimiento de las mis­mas.
Se concluye que con la reglamentación de la Ley 5285 se despeja toda duda acerca del comportamiento que se tendrá en adelante con el monte o bosque chaqueño en aras de preservar el medio ambiente y garantizando el goce de derechos humanos fundamentales.
Finalmente que en las oportunidades en que el Gobierno Provincial invito a todas las comunidades y en general a la población a sumarse a las reuniones que tenían por objeto lograr la reglamentación de la ley, los ac­tores no concurrieron a exponer sus ideas.
Sucintamente son estas las cuestiones so­metidas a juzgamiento, y cuya conducencia se merituarán en el acotado marco cognitivo del amparo.
Previo al análisis de la cuestión de fondo señalo que la accionante al contestar el informe cir­cunstanciado la accionada expresó que si bien la acción interpuesta ha sido dirigida contra la Provincia del Chaco y/o Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia del Chaco e Instituto de Colonización del Chaco dichos organismos carecen de personalidad jurídica propia e independiente por lo que solicita se tenga por contestado en legal tiempo y forma el traslado conferido, a fs. 122 se tuvo por contestado el informe circunstancia­do en forma espontánea, atento a las constancias de autos y lo ordenado a fs. 109. 2)En tal cometido debe tenerse presente como pauta interpretativa básica que la operatividad de los derechos y garantías constitucionales supone como pre­supuesto la oportunidad de acceder sin restricciones ni formalismos irritantes a la Justicia entendida como un servicio puesto por el constituyente a favor de la comuni­dad toda y el deber del Juez de privilegiar el principio constitucional del favor actionis o pro actionis como ase­guramiento del Estado de Derecho.
Asistimos a un tiempo social que puede ser calificado, como tiempo social de la justicia, tiempo de la tutela judicial efectiva para todas las personas, sin ex­cepciones, como prescribe la Constitución, para el ejerci­cio de sus derechos e intereses legítimos. Del proceso justo, sin que nadie, pero absolutamente nadie, sea perso­na física o jurídica, de derecho público o de derecho privado, nacional o extranjero, pueda quedar excluido del ejercicio de tal prerrogativa.
Es tiempo de hacer del proceso una garan­tía para el hombre, una vía legítima de pacificación de conflictos que asegure la Paz Social. Por ello los jueces debemos administrar justicia para todos, con valentía y activismo, pero también con prudencia y moderación, pues se necesita de una Justicia confiable para todos.
Si se resigna el cumplimiento de este rol la interacción se tornará cada vez más dificultosa, nadie estará entonces en condiciones de prever la conducta aje­na, ni siquiera la propia y la magistratura se percibirá cada vez más lejana y menos creíble.
El derecho procesal constitucional, dentro del cual uno de sus capítulos centrales son los llamados procesos constitucionales, entre ellos el amparo, para ga­rantizar la promesa constitucional en materia de intereses difusos o colectivos postula la necesidad de un reconoci­miento de legitimación procedimental de base ancha, para que cualquier titular de esos intereses, nuestra Constitu­ción Provincial lo reconoce expresamente a toda persona física o jurídica, sin otro condicionamiento, pueda recu­rrir a la Justicia.
Ello pone en crisis las categorías clási­cas de interés legítimo y derecho subjetivo como posibili­dades de satisfacer individualmente las necesidades me­diante la apropiación de objetos separables y susceptibles de protección aislada, frente a la defensa de bienes que por su naturaleza no son susceptibles de apropiación exclusiva, requiriéndose en consecuencia encontrar nuevos tipos de protección a través de las llamadas acciones colectivas, asignadas en cabeza de un grupo, clase o conjunto de personas y que pueden ser iniciadas, como en autos, por cualquiera de ellas.-
Enseña Osvaldo Gozaini en Derecho Procesal Constitucional, tomo I, que la legitimación debe ser en­tendida como un problema constitucional, y que el derecho de acceso a la Justicia supone tanto ingresar sin restric­ciones como tramitar un proceso útil, así como en resolver la controversia en un proceso justo que no tenga replie­gues estériles soportados en disposiciones rituales o en el que actúen las normas procesales sobre operatividades puramente formales.
Expresa que hay aquí también un nuevo de­recho: el de que la acción incoada no tenga solamente efectos de movida inicial, sino que traslade y se proyecte a todas las instancias que lleven a la sentencia. Las vallas procesales (rituales) que se pongan a la entrada al proceso confirman la crisis funda­mental que se aplica a la persona que quiere convertirse en parte y promover la actividad jurisdiccional. Se confi­gura como derecho fundamental porque es una proyección del derecho de acceso irrestricto que tiene toda persona para perseguir la defensa de sus derechos (pag. 169/ 170).
El desafío que nos compete en el nuevo si­glo a los operadores judiciales frente a una sociedad ex­pectante que requiere respuestas oportunas y convincentes es dar certeza en un tiempo razonable y de manera debida­mente motivada y justa abriendo las compuertas de la ju­risdicción y garantizando la tutela de las libertades fun­damentales a todos los habitantes.
Es oportuno también recordar como lo hi­ciera en otros fallos en procesos de tipo colectivo, las enseñanzas del maestro Augusto M. Morello reproducidas en el Considerando Nº 20. del Voto del Dr. Leopoldo H. Schiffrin, in re fallado por la Cámara Federal de La Plata, Sala III, el 8/8/88., G.D. y otro v Gobierno Nacional publicado en J.A. 1988- III- pag. 96 y sgtes., cuando expresa que son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integran­tes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la sa­tisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultáneamente y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.
Anticipándonos a su distinción con los in­tereses colectivos, resta agregar que- pese a pertenecer a un mismo género- los intereses difusos se identifican con un estado subjetivo más fluido. En efecto, están caracte­rizados por una cierta imprecisión o indeterminación en la integración de la categoría. La mancomunidad subjetiva no se concreta a través de una vinculación jurídica de los varios titulares de la pluralidad de fragmentos del inte­rés superindividual. Los sujetos particulares no se fusionan o unifican para la persecución de la finalidad común.
En cambio los intereses colectivos, siempre desde el ámbito de referencia a un amplio círculo de personas, encuentran un punto subjetivo de contacto que radica en las llamadas formaciones sociales o cuerpos in­termedios.
Se han definido como intereses colectivos, los que tienen como portavoz al ente exponencial de un grupo no ocasional, es decir, una estructura organizativa no limitada a una duración efímera o contingente, sino in­dividualizable como componente sociológico concreto, dentro de la colectividad general.
En este sentido, los intereses difusos se traducen en colectivos, a través de un procedimiento de sectorialización y especificación (v.gr. el interés difuso de los consumidores a la salubridad del mercado de consumo, se transforma en el interés colectivo de los miembros de una asociación de consumidores; el interés difuso de la colectividad a la salubridad del medio ambiente, se transforma en el interés colectivo de los integrantes de una agrupación territorial afectada por una industria con­taminante).
Sin embargo, ni los intereses difusos, ni los colectivos, conforman una simple reunión cuantitativa de prerrogativas individuales. Ya hemos dicho que los su­jetos son titulares de las distintas porciones de un mismo interés. Media un ligamen cualitativo, que permite categorizar al interés supraindividual desde un plano objetivo.
En efecto, la relación entre el grupo de sujetos y un determinado bien perseguido (v.gr. la salud, etc.), refleja un interés al desarrollo de ciertas posi­ciones plurales, socioeconómicas, que chocan en la sociedad en la sociedad con fuerzas que les son contrapuestas. Ello da lugar a situaciones de conflictualidad, en las que se busca participar grupalmente, razón por la cual la ca­tegoría de los intereses superindividuales revela una co­nexión funcional, que le da fisonomía propia al margen de la existencia de las figuras subjetivas que puedan consti­tuirse en exponentes del interés mismo (Gabriel A. Stiglitz," La responsabilidad civil- Nuevas formas y perspectivas", prólogo del Dr. Augusto Mario Morello, LL Bs.As., 1984, ps. 24-25, n.13).
A su vez en el Considerando 22 del fallo ya citado se sostiene que al criticar globalmente la evo­lución del derecho procesal en la primera mitad del siglo, Augusto Mario Morello formula ideas similares y estimulan­tes en el sentido de que no deja de ser interesante apun­tar, asimismo, que casi contemporáneamente, Lascano, entre nosotros, ofrendaba reflexiones..., acentuando el matiz social y la necesidad de la comprensión que del Servicio debían tener con un ancho consenso los destinatarios, esto es, los consumidores jurídicos de este hacer: los justi­ciables más que los operadores técnicos y auxiliares (jueces, abogados, peritos, etc.).-
E identificando las causas de la frustra­ción actual del sistema de administración de justicia da relieve a esta:"... El aislarse de un contexto socioeconó­mico, sustancialmente diferente y matizado de notas singu­lares, traídas por un capitalismo avanzado y "maduro" cuya evolución al alcanzar inéditas y espectaculares conquistas técnicas, producía en contraréplica graves lesiones y de­terioros - retrocesos- en la calidad de vida, originando necesidades de una muy diversa configuración que fueron anudándose hasta precipitarse en la sociedad conflictiva en la que deambulan nuestras existencias. El posindustria­lismo que se asienta en la producción y consumo de masas y cuyo derecho no es solo el privado sino también una trama cada vez más abundante de "leyes y ordenamientos especia­les", que buscan atrapar la dinámica de cuadros económi­cos- sociales complejos, de un hoy que ya es mañana, la aceleración (“ rapidación”) de toda la estructura social y el proceso de desarrollo, así como de su evolución ( e “involución”) redondean un cuadro de situación con quiebre de valores y aparición de otros nuevos de rasgos inéditos que buscan su rostro y perfil.
Desde esta perspectiva, el panorama compa­rativo acusa una modalidad de tutela que se orienta hacia un juez con "responsabilidad social" o sea independiente a cabalidad pero comprometido, no desde luego con la orientación política circunstancial del gobierno del Estado si­no con el sentido de ayudar o facilitar, lógica y razona­blemente, la trascendente evolución del Derecho. Abastecer las necesidades de la sociedad moderna y en congruencia con los valores, con sustrato ético que, sucesivamente, predominan en nuestras comunidades.
La perspectiva en variadísimas e irritan­tes zonas de estas sociedades conflictivas, muestran pues a los jueces en áreas o categorías de derecho o intereses requirentes de defensa "ideologizados" mas que neutrales (en el proceso laboral, en la paridad femenina, en las soluciones de rencillas en donde operan por la técnica del emparche o zurcido; la justicia coexistencial en la nomi­nación de Mauro Cappelletti, de controversias menores o mayores que afloran en la convivencia diaria y que hay que remendar hacia adelante). Matices éstos que instan al juez en el marco de un proceso funcional (por necesidad lógica y práctica) de tipo " promocional", con poderes de equidad y morigeración, atento a facilitar la conciliación y la búsqueda activa de soluciones adecuadas y oportunas. Ade­más de ser básicamente humanista y solidario, sin sólo re­fugiarse en la actuación del frío manto del "Derecho".
Es entonces que la explicación clásica, conceptualista, la que recogen nuestras periódicas refor­mas a los códigos como métodos de solución de las contro­versias, aparece desbordada porque ya ni su estructura ni el andamiaje en que se soporta según los datos de la experiencia, son aptos para satisfacer la función social ni la finalidad última de hacer justicia que es obviamente, su alta y primera misión y justificación ". (Augusto Mario Morello, "Las nuevas exigencias de tutela (Experiencias y alternativas para repensar la política procesal y asegurar la eficacia del servicio)", capítulo III de "La Justicia entre dos ‚pocas " de Morello, Berizonce, Hitters y No­gueira, La Plata, 1983, ps. 58 a 61, 64 y 65; ed. Librería Editora Platense S.R.L.).
Aplicando estos principios a la singulari­dad del caso resulta que nuestra normativa constitucional local en el art. 38 in fine acuerda legitimación a toda persona para accionar ante autoridad jurisdiccional o ad­ministrativa en defensa y protección de los intereses am­bientales y ecológicos reconocidos, explícita o implícita­mente, por esta Constitución y por las leyes.
Se reconoce una legitimación más amplia y tuitiva en relación a la Constitución Nacional, la que por su exégesis es susceptible de autorizar una interpretación mas limitada.
Sin embargo no es la inteligencia que debe darse a la normativa provincial, ya que el dispositivo es claro al respecto y de ninguna manera limita ni circuns­cribe la defensa de tales derechos al afectado. Asimismo es relevante citar el imperativo y generoso art.38 también de la Constitución Provincial referido específicamente a la tutela de la ecología y medio ambiente, cuando en su par­te in fine dispone que: Toda persona está legitimada para accionar ante autoridad jurisdiccional o administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y ecológicos reconocidos, explícita o implícitamente, por esta Constitución y por las leyes.
Por otra parte el art 4.de la ley 3911 también concede legitimación para accionar judicialmente en forma directa a toda persona física o jurídica, sin otra exigencia.
3) En cuanto a la improcedencia de la vía articulada para la dilucidación de las cuestiones articu­ladas, al alegarse en el informe circunstanciado que no se dan los presupuestos del amparo adelanto que no le asiste razón, como paso a exponer.
Bueno es tener presente el pensamiento de quien fue uno de los más grandes maestros del Derecho Constitucional, Germán Bidart Campos, cuando nos sugiere lo difícil que a muchos les viene resultando admitir, pen­sar y reconocer que después de la reforma de 1994 la Constitución ha incorporado muchas categorías nuevas, aun­que a veces el vocabulario no aporte las palabras, sino solamente los conceptos. Para captarlos, es recomendable liberarse de los estreñimientos mentales y conceptuales, o como diríamos en italiano, asumir Aggiornamentos.
En este sentido La Corte Suprema, en su histórico fallo en el caso: PROVINCIA DE SAN LUIS C/ P.E.N.-LEY 25561, DTO. 1570/01 Y 214/02 S/ AMPARO, en fe­cha: 05/03/2003 en el Considerando 12), del magistral vo­to del Dr. Nazareno, expresa:" Que si bien es cierto que la vía excepcional del amparo, en principio, no sustituye las instancias ordinarias judiciales para traer cualquier cuestión litigiosa a conocimiento de la Corte, no lo es menos que siempre que aparezca de un modo claro y mani­fiesto el daño grave e irreparable que se causaría remi­tiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordi­narios, administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringi­do por la rápida vía del recurso de amparo (Fallos: 280:228; 294:152; 299:417; 303:811; 307:444; 308: 155; 311:208, entre otros), a fin de que el curso de los proce­dimientos ordinarios no torne abstracta o tardía la efec­tividad de las garantías constitucionales (Fallos: 323:2519, considerando 5º), circunstancias que se configu­ran en el caso”.
Nuestro régimen jurídico provincial habi­lita dos procedimientos o vías para la defensa de los in­tereses difusos o derechos de incidencia colectiva, el amparo reglado por el art.19 de la Constitución local, para cuya procedencia deben cumplimentarse con tres recau­dos esenciales, la existencia de ilegitimidad manifiesta (ilegalidad o arbitrariedad),derivada de un acto u omisión de autoridad pública o de un particular, que lesione o ame­nace derechos de rango constitucional, y la inexistencia de otra vía más pronta y eficaz para su tutela.
A su vez el artículo 38 de la Constitu­ción de la Provincia reconoce a todos los habitantes el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defender­lo. Es decir que pone en cabeza de cada habitante el dere­cho inalienable pero también el deber de contribuir a la conservación del medio ambiente, el que sin duda constituye un derecho esencial de las personas, presupuesto del ejer­cicio de tantos otros.
Asimismo impone como deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren entre otras cir­cunstancias a las que hace referencia en doce incisos que integran dicha normativa, la exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental, para autorizar emprendimientos públicos o privados (inc. 8).
De lo expuesto se deduce que la operati­vidad de la tutela jurisdiccional de esta singular catego­ría de derechos puede hacerse valer mediante el procedi­miento especial previsto en la ley 3911 o por el carril específico del amparo, por el que optó el demandante, o puede ser requerida por cualquier otra vía procesal que el sujeto decida poner en movimiento para garantizarlos.
Durante mucho tiempo nos enseñaron que las libertades no son absolutas y que los derechos de cada uno terminan donde comienzan los derechos del otro, principio de relatividad de los derechos, contenido en el art. 14 de la Constitución Nacional, que fundamenta el poder de policía del Estado o de reglamentación.
Si bien es este un principio básico de convivencia, reconocido en todos los textos constituciona­les, se trata en realidad de un principio derivado, que tiene como antecedente otro primigenio, la regla son las libertades, su excepción la limitación, de lo que se dedu­ce que en caso de duda habrá que estar siempre a favor de la regla, es decir del reconocimiento del derecho o liber­tad.
Se trata de la primer regla básica de interpretación constitucional a partir de la cual se derivan las restantes, in dubio pro libértate, o indubio pro homine, expresamente consagrada en el art.29 del Pacto de San José de Costa Rica.
De la defensa y más aún el compromiso que compete a cada uno de los miembros de un estado social democrático y por ende ensencialmete participativo, para velar por la fuerza normativa de la Constitución dotándola de la operatividad necesaria para reglar el comportamiento global de la sociedad provocando la competencia jurisdic­cional cada vez que se asista a una situación concreta de afectación a las prerrogativas que esta asigna.
Enseñaba Edgardo Rossi en su obra "La acción de Inconstitucionalidad en la Provincia del Chaco", pag.17, que ya es axioma decir que el titular de la Constitución es el pueblo, y ningún particular o autoridad puede disponer de ella, como no sea por los medios que ella misma determina o que en su consecuencia se dicten.
El auténtico guardián de la Constitución es, por lo tanto el pueblo; pues -repito- ella nace de la fuerza y voluntad de este y en su nombre se mueve el Poder Jurisdiccional fren­te a los otros poderes, políticos por naturaleza y por tendencia dominantes y autoritarios.
Y en su Manual de Derecho Constitucional del Chaco expresaba que si se descubre predominancia de alguno de los poderes en el sistema de gobierno que orga­niza la Constitución será a favor del Poder Judicial, con imperium suficiente, para afirmar y mantener su inviolabi­lidad funcional e independiente frente a los otros poderes del Estado ( ob.cit. p.183).
En nuestro sistema constitucional, si­guiendo el modelo norteamericano (sistema jurisdiccional difuso), se ha asignado al Poder Judicial, organizado como un poder fuerte e independiente, junto a la función de administrar justicia la de ejercer el control de constitucionalidad.
La competencia estatuida somete a la re­visión judicial la totalidad de las normas y actos emana­dos de los poderes públicos y de los particulares a los efectos del contralor de su legitimidad a través de la de­claración de inconstitucionalidad de las normas en todo tipo de procesos.
En el Considerando 42) del voto del Dr. Nazareno del caso de la Provincia de San Luis, la Corte ha dicho: " que la Constitución Nacional organiza una república en la que los ciudadanos, que participan de la for­mación del orden jurídico mediante la elección de quienes sancionaron las leyes, ostentan derechos de jerarquía su­pralegal. El reconocimiento que la Ley Fundamental efectúa de aquellos derechos, como preexistentes a su sanción, inclusive no enumerados, pero igualmente válidos art. 33 de la Constitución Nacional, traduce la existencia de una zona de reserva de los habitantes de la Nación en cuanto al ejercicio de sus derechos básicos, que se refleja en el sistema de control de constitucionalidad.
La pretendida inaplicabilidad de la norma en el caso concreto que el individuo somete a decisión del juez, importa una manifestación genuina del principio de soberanía del pueblo. Los jueces se constituyen en "guar­dianes de la Constitución" para reparar la lesión que un sujeto ha sufrido en sus derechos individuales.
Así, el ejercicio de la petición de in­constitucionalidad de un acto de gobierno ante los estra­dos judiciales constituye la expresión máxima de autonomía del ciudadano, quien reclama la plena vigencia de sus de­rechos individuales, no delegados, frente a los excesos en que hubiesen podido incurrir sus representantes".
4) Zanjado el aspecto relativo a la proce­dencia y admisibilidad formal de la acción y entrando al análisis de la cuestión de fondo corresponde ab initio po­ner de manifiesto las normas legales vigentes en la materia y que rigen el caso. Ello teniendo en consideración que el análisis de los derechos y pretensiones en juego se encuentra ubicado en el ámbito de las garantías constitucionales de derecho ambiental.
Desde la máxima jerarquía normativa del Estado, el art. 41 de la Constitución Nacional contempla el derecho de los habitantes de Argentina a un "...medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo huma­no...", y el deber de preservación del mismo en aras del desarrollo sustentable. Este derecho goza de una garantía consti­tucional prevista en el mismo artículo, en cuanto impone a las autoridades estatales la obligación de proveer "...a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimo­nio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales...". Sobre el dictado de normas en materia am­biental y de la posterior actividad de contralor en base a las mismas, debemos tener presentes los siguientes precep­tos constitucionales. La forma de Estado Argentino es fe­deral, por ello las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación por la Constitución, regla de deslin­de establecida en los arts. 1, 5 y 121 de la C.N..
El dominio originario de los recursos na­turales pertenece a las provincias (art. 124 C.N.), de lo que resulta que, en principio, las provincias son quienes tienen la función de ejercer el poder de policía en mate­ria ambiental. Las excepciones a esta regla son aquellas específicamente previstas en la Constitución Nacional re­lativas a cuestiones interprovinciales, inter- jurisdiccionales entre la Nación y las provincias, territorios nacionales y las que hagan al crecimiento armónico de la Nación (art. 75 incs. 12, 13, 15, 18, 19 30 y conc. de la C.N.).
Corresponde a la Nación establecer, con­forme al art. 41 C.N., los presupuestos mínimos de protec­ción al ambiente. De lo expuesto se concluye que, los habi­tantes de la Nación tienen derecho a un ambiente sano y las autoridades deben asegurar el goce de este derecho. En principio las provincias tienen competencia para reglar en la materia, con las excepciones explícitamente previstas por la Constitución Nacional, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Federal de regular los presupuestos mínimos en la materia. Sobre la competencia de los estados pro­vinciales, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha expre­sado: "...Son las autoridades administrativas y judiciales del Estado de la Provincia de Buenos Aires las encargadas de valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan pro­pios del derecho provincial como lo es todo lo concernien­te a la protección del medio ambiente. En efecto, corres­ponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo las autoridades, en ejercicio de poderes propios que afectan el bienestar perseguido. Tal conclu­sión cabe extraerla de la propia Constitución, la que, si bien establece que le cabe a la Nación "dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección", re­conoce expresamente las jurisdicciones locales en la mate­ria, las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer párrafo de la Constitución Nacional. El ambiente es un conjunto interrelaciona­do de componentes de la naturaleza y de la cultura que dan fisonomía a la vida en el planeta que posibilitan la sub­sistencia de la civilización y que aseguran la conserva­ción del hombre y de los demás seres vivos como especies. El medio ambiente o simplemente ambiente está integrado por "aire, agua, suelo" y demás factores básicos de la existencia natural (dada) y cultural (creada) en el planeta Tierra, " por ello cabe poner límites al impulso del hombre por "tener y gozar” más que por "ser y crecer", "creer y crear" lo que lleva a una insensata destrucción de los recursos de la Tierra. Se olvida que la tierra es un bien que debe preservarse para salvaguardar la auténti­ca ecología humana" ( Encíclica Centesimus Annus, Parágra­fo 38, "La Constitución Reformada" Roberto Dromi. Eduardo Menem. Pg. 134).
Este derecho al ambiente no es un derecho solitario. Existe una inmediatez del ambiente con el hombre: el hombre con su circunstancia. El hombre y sus relaciones con la naturaleza, la industria, la producción y las generaciones venideras. El hombre y su responsabili­dad de equilibrio, ecuanimidad y protección. (Conf. ob. cit. pg. 136).
Si bien todos los habitantes gozan del de­recho de disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y apto todos tienen el deber de preservarlo con comportamientos concurrentes.
Las autoridades públicas son las encarga­das de proveer todo lo conducente a la preservación del ambiente: a) protección del derecho al ambiente, b) Utili­zación racional de los recursos naturales: se refiere a los recursos renovables y no renovables e implica una di­rectiva para la explotación económica del suelo "Los cri­terios de protección ambiental se instalan en forma definitiva en la evaluación del fenómeno económico. Esto se refiere tanto a la actividad agropecuaria como a la mine­ra, la forestación, que puede cambiar la fisonomía y aún el ecosistema de una región..." c) Preservación del patri­monio natural y de la diversidad biológica: "La Nación debe preservar su integridad territorial no sólo en cuanto a los confines de su extensión sino también en su composi­ción. Esto es la protección de los ecosistemas naturales aún no afectados significativamente por las actividades humanas, el objeto de la protección son aquí los ambientes naturales..." d) Preservación del patrimonio cultural e) Información f) Educación. (conf. ob. cit. pg. 140/142). En el 3er. párrafo se dispone:"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupues­tos mínimos de protección y a las provincias las necesa­rias para complementarlas sin que aquellas alteren las ju­risdicciones locales."
Es decir que el art. 41 determina la obli­gación del Estado Nacional de proveer a la protección de la diversidad biológica, correspondiendo en consecuencia dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Y el art. 124 de la Constitución Nacional preceptúa que corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, lo que obliga a éstas a trazar una política ambiental, tomar de­cisiones, fijar estrategias, planes y programas de gestión ambiental, así como legislar sobre la protección de sus recursos naturales y cuidado ambiental comprensivo de la biodiversidad, todo lo cual debe ser compatible con el régimen ambiental nacional que esencialmente instrumenta la Ley General del Medio Ambiente Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos en la materia, rectora de toda in­terpretación normativa (art. 4 L.G.M.A.) La Constitución Nacional ordena sobre el particular y la Nación ha firmado Convenios Internaciona­les específicos sobre esta disciplina, que tienen rango Constitucional. La experiencia internacional comienza en 1972 y se ratifica fuertemente en la Cumbre de Río de 1992.Destacándose también con rango constitucional supremo ( art.75 inc.22), el Pacto Internacional de Derechos Eco­nómicos y Culturales, el Convenio 169 de la OIT ( LEY 24071/92) y el Convenio Sobre Diversidad Biológicas,( Ley 24375/94),entre otras normativas.
El mismo Estado es quien reconoce la necesidad de creación de estas Políticas y que la ciudadanía debe participar de este objetivo y concretarlo, indepen­dientemente de las plataformas políticas de los próximos gobiernos nacional, provinciales y municipales. De lo expuesto se deduce que tanto a nivel nacional como en los ámbitos locales, se ha legislado desde las normas constitucionales en primaria coincidencia. Existe, por ello, sin discusión posible, un orden público ambiental y también un conjunto de procedimientos que ha­bilitan su tutela activa. La Ley 25.675 contiene principios de in­terpretación y aplicación de la normativa y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental que en general son reconocidos por la doctrina del derecho ambiental: 1) Principio de congruencia, 2) Principio de progresividad: del que derivan dos subprincipios: propor­cionalidad y gradualidad, 3) Principio de equidad interge­neracional, 4) Principio de sustentabilidad 5) Principio de responsabilidad 6) Principio de solidaridad 7) Princi­pio de Cooperación 8) Principio de prevención 9) Principio Precautorio 10)Principio de Subsidiariedad 11) Principio de Integración.
Adquieren fundamental importancia en par­ticular los principios de sustentabilidad, prevención y precautorio.
Principio de sustentabilidad: con base di­recta en el art. 41 de la CN consagra el derecho ambiental "para que las actividades productivas satisfagan las nece­sidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras" adoptando la fórmula de Brundtland, acorde a la idea de desarrollo sustentable, sostenible, sostenido o duradero elaborada para el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo denominada "Nuestro Futuro Común" aprobado por las Naciones Unidas en 1998. (Conf. "Ambiente y derecho de sustentabilidad", Walsh Juan Rodri­go, LL.2000).
El desarrollo sustentable es la unión o lazo entre el medio y el desarrollo, cuya finalidad es buscar un nuevo modo de desarrollo basándose en una sana utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la sociedad.
La sustentabilidad es requerida en cuatro: áreas: a) área ecológica: lo que conlleva a mantener los procesos ecológicos que posibiliten la capacidad de reno­vación de plantas, animales, suelos y aguas, mantener la diversidad biológica y su capacidad de generación b) área social, que permita igualdad de oportunidades de la socie­dad y estimule la integración comunitaria, con respeto por la diversidad de valores culturales, participación ciuda­dana en la tarea de decisión y de gestión ambiental c) área cultural: que preserva la identidad cultural básica y reafirma las relaciones entre el hombre y su medio d) área económica, eficiencia que implica o internalización de costos ambientales, consideración de todos los valores de los recursos presentes, equidad dentro de la generación actual y respeto de las generaciones futuras. (Conf. "Res­ponsabilidad Civil por Daño Ambiental". Félix Trigo Repre­sas. Marcelo J. López Meza. T.III, pgs, 550/552.)
Principio de prevención: el énfasis pre­ventivo es uno de los carácteres del derecho ambiental. "Es imperativo transformar las concepciones judiciales brindar tutela a los fenómenos de la vida colectiva, dignos de la mas enérgica anticipada protección y en este marco el derecho a vivir en un ambiente agradable, viene entendiéndose como una ampliación en la esfera de la per­sonalidad un atributo fundamental de los individuos. Fren­te a ello el derecho ambiental requiere de la participa­ción activa de la judicatura, lo que en definitiva se tra­duce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y en la medida de sus requerimien­tos". (Cámara Federal de La Plata, "Asociación Coordinadora de Usuarios, consumidores y Contribuyentes c/ ENREEDESUR", fallo del 8 de julio de 2003. ob. cit. pg. 550).
Principio precautorio: El precepto reclama medidas de inmediato, de urgencia, aún cuando hubiera in­suficiencia de pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, a fin de impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos plenamente, lo que presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que cualquier acción temprana intempestiva. Se señalan una serie de condiciones para su puesta en práctica: 1) Situación de incertidumbre acerca del riesgo, b) Evaluación científica del riesgo c) perspectiva de un daño irreversible e irreparable d) pro­porcionalidad de las medidas e) transparencia de las medi­das f) inversión de la carga de la prueba. ("El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la era Tec­nológica", LL, 18/07/02. Roberto Andorno).
El tema del medio ambiente, es un asunto donde al Estado le incumbe por expreso mandato constitu­cional y legal una función primordial e indelegable de custodia.
Cuando la Constitución manda algo (como el artículo 41) su mandato se dirige a todos sus habitantes y, en última instancia, a las autoridades que integran el gobierno del Estado, en el sentido amplio de tal expre­sión, o sea el conjunto de las magistraturas públicas.
El Estado es garante pero también es suje­to activo, por lo que su rol no puede limitarse por expre­so mandato constitucional a adoptar un rol meramente gen­darme, de vigilia del libre accionar de los particulares, sino que requiere la adopción de políticas activas de pre­servación y cuidado del medio ambiente que hagan en los hechos operativa la clusula constitucional citada.
Ello supone además el deber de la ma­gistratura judicial de dar eficaz respuesta ante un plan­teo judicial conducente, como el de autos.Desde esta perspectiva y al haberse incorporado al texto constitucio­nal en forma expresa el derecho a un Ambiente Sano, devendrán inconstitucionales los actos de los particulares y/ o de las autoridades, que por acción u omisión colisio­nan contra ese derecho así como los actos u omisiones es­tatales que no propenden a su concreción. Cabe destacar que la Ley 5285/03 fue pro­yectada y sancionada por el Poder Legislativo y oportuna­mente promulgada por el Poder Ejecutivo y realiza modifi­caciones y ampliaciones sobre lo arts. 18, 19, 20, 21, 42 y 43 de la ley 2386. En su art. 19 determina que los pro­pietarios y /o adjudicatarios de tierras con bosques no podrán realizar aprovechamiento ni desmonte sin la debida autorización que ser aprobada previa presentación y apro­bación de un plan de trabajo, elaborado por profesionales forestales o agrónomos matriculados.
La ley fué sancionada, sin las necesarias, consultas, investigaciones y debates sobre política am­biental necesarios por la dimensión de las cuestiones de­cididas y la situacion grave del bosque chaqueño, hecho público y notorio, denunciado en distintos ámbitos y fo­ros, y que las autoridades no podían desconocer, lo que resulta de la cuantiosa documental y recortes periodísti­cos agregados a la causa. Se puntualiza este aspecto tam­bién en la demanda, aludiéndose concretamente al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley 24071/92 y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado por Ley 19865, adjuntándose la misiva remitida por los diputados, Elena Nilda Gamarra y Lino César Orsolini, la que no fuera impugnada por la contraria y un conjunto de otras, que tengo a la vista. La concesión de los permisos de desmontes aparece como ajena a los criterios estrictos y reglados que deben existir en materia ambiental máxime cuando como ya se apuntara se carece de todo estudio de impacto am­biental frente a medidas como las impugnadas.
Sentado los expuestos tengo a la vista la instrumental aportada a la causa por las amparistas bajo Sobre Nro. 1754/04 A).
A fs. 349/361 luce el informe de la Funda­ción para la Defensa del Ambiente (FUNAM) sobre la Ley 5285 de la Provincia del Chaco respecto a como contribuye al mayor desmonte de los remanentes de bosque seco y por lo tanto al genocidio silencioso de las comunidades indígenas chaqueñas, realizado en julio de 2004 que aporta elementos de raciocinio relevantes a fin de resolver la cuestión, del que emerge que se produjo una inconsulta mo­dificación de la Ley 2386 mientras continuaba la des­controlada venta y cesión de tierras fiscales con bosque nativo. Señala cuatro omisiones por parte del Poder Ejecu­tivo y de la Cámara de Representantes, pues la norma fue modificada a) sin consultar a las comunidades indígenas b) sin consultar a los pobladores rurales no indígenas c) desconociendo la estrecha relación que existe entre el te­rritorio de vida de cada comunidad indígena y el bosque y d) ignorando deliberadamente criterios elementales sobre funcionamiento del Chaco boscoso, principios básicos de ecología y reglas básicas de gestión ambiental.
Es relevante señalar que en el informe se refiere a que posiblemente con la intención de morigerar la reacción pública contraria desatada por esa modifica­ción, cuatro días después de la presentación del recurso de amparo, el veintiuno de abril de dos mil cuatro, el Go­bierno del Chaco creó por Decreto 672 la "Reserva de Re­cursos Impenetrable Chaqueño" de un millón de hectáreas ( 250.000 hs.en el Departamento Brown y 750.000 en el Depar­tamento Guemes). Se expresa que esta nueva decisión, que se evalúa como positiva, por dicha Institución, en tanto se proteja efectivamente el ambiente chaqueño, carece de efecto sobre la Ley 5285 que sigue siendo una puerta abierta al desmonte y la expansión descontrolada de cultivos industriales como la soja o el maíz RR.
Dice que la norma abre la posibilidad de mayores desmontes en un momento particularmente favorable a la expansión de un cultivo transgénico el maíz RR (Round Up Reeady NK 603) que se suma a la soja RR que está detrás de buena parte de los desmontes ocurridos recientemente en la Provincia del Chaco.
Que el gobierno decidió unilateralmente el destino de recursos naturales y sistemas ecológicos cuya destrucción afecta directamente a las comunidades indíge­nas incumpliendo las normativas constitucionales, y dichas comunidades no podían ser marginadas de dicho proceso. Que hicieron un proyecto de norma unilateral desconociendo leyes, hechos indígenas y normas ecológicas fundamentales.
Menciona que tampoco los pobladores rura­les del monte seco fueron consultados, y en cambio el go­bierno sí mantuvo contactos con sectores de interés que no viven en el bosque y que se benefician con la expansión de la frontera agrícola (cultivo de soja y algodón).
Que no se respetó el territorio (zona de vida) que las comunidades indígenas necesitan para obtener sus plantas medicinales, alimentos y materiales de cons­trucción. Refiere que en el bosque chaqueño los territo­rios de los distintos grupos de indígenas estaban fuerte­mente adaptados al funcionamiento y limitaciones de un ecosistema contínuo y biodiverso, que las sucesivas gene­raciones vivieron en el ambiente chaqueño sin dejar gran­des huellas, excepto su contribución a los ciclos pulsáti­les de bosque y pastizal por efecto del fuego provocado.
Añade que la población blanca en cambio produjo modelos distintos, primero se delimitaron y asig­naron lotes a propietarios públicos y privados en su mayo­ría blancos sin respetar los flexibles territorios indíge­nas que existían antes de la apropiación y posteriormente los propietarios dotaron a sus propiedades de construccio­nes resistentes y ecosistemas de cadena alimentaria corta (cultivos, campos ganaderos, etc.). Que en la Provincia del Chaco varias comunidades comenzaron a hibridizarse cultu­ralmente, pero persisten sobre todo en el Chaco seco nume­rosas comunidades que mantienen buena parte de sus cos­tumbres ancestrales y su modo de vida.
Y que la estrategia de cadena alimentaria corta que imponen los blancos implica la destrucción de la cobertura vegetal nativa, muy biodiversa y su reemplazo por ambientes ecológicamente simples y extremadamente fr­ágiles (cultivos de soja y algodón por ej.). Que cualquier norma que facilite estos procesos de simplificación ecológica para extender las fronteras agropecuarias de cadena corta rompe los territorios indígenas y afecta gravemente sus posibilidades de supervivencia.
Que el Bosque Chaqueño ha sido durante mi­les de años la principal fábrica de suelo chaqueño, pero también el principal protector de los recursos hídricos y del clima local. Que sin vegetación nativa los cultivos solamente utilizan un recurso rico pero que no se renueva y el suelo queda expuesto a la insolación y a la violencia mecánica de las lluvias cada vez más impredecibles por efecto del cambio Climático Global.
Alega que tampoco se tuvieron en conside­ración las fuertes limitaciones ambientales que tiene el Ecosistema Chaqueño, que la destrucción del bosque y de los ambientes nativos registrados en las últimas décadas ha sido demencial, ya que los dirigentes siguen creyendo que todos los ambientes nativos pueden ser transformados en cultivos y campos ganaderos y que basta con conservar una cierta superficie de Parques y Reservas.
Que además se parece ignorar que parte de la provincia se encuentra en situación de emergencia am­biental y social y que este proceso es agravado por su pertenencia a la "isla de calor de Prohaska" y el cambio Climático Global. Que seguir alentando la expansión de cultivos de alto impacto sobre suelos de extrema fragili­dad es conveniente para los compradores privados que acce­den a la tierra pagando precios bajos e incluso viles pero no para las comunidades indígenas que vivían del bosque ni para el resto de la población y el patrimonio provincial.
Se sostiene que la cruda verdad del bosque chaqueño es que con la excusa del progreso se siguen aba­tiendo ancestrales fábricas de suelo y agua para colocar en su reemplazo cultivos de soja y algodón," la soja es el bosque más protegido de la provincia".
Que además la multiplicación de los des­montes y la ampliación de la frontera van acompañados por el uso indiscriminado de plaguicidas.
Que la ley posee numerosos errores técni­cos, desconoce principios elementales de ecología y se inscribe en la generación de normas de fomento productivo, no de conservación.
Sostiene que el art. 19 de la normativa cuestionada establece que los propietarios y/o adjudicata­rios de tierras con bosques no podrían realizar aprovecha­miento ni desmonte sin la debida autorización, la cual se­rá otorgada -previa presentación y aprobación de un plan de trabajo exclusivamente por la autoridad administrativa provincial. Se agrega que dicho Plan de Trabajo deber ser elaborado por profesionales forestales o agrónomos matri­culados.
Se alude al desconocimiento en materia am­biental ya que lo que correspondería hacer en cada caso es una formal evaluación de Impacto Ambiental y no un mero e incompleto plan de manejo.
Manifiesta que la ley de bosques no puede basarse únicamente en la noción de masa boscosa activa, que el bosque chaqueño es irreemplazable en los procesos de generación de suelos y conservación de aguas y que el mejor aseguro de vida de los ambientes chaqueños es la persistencia de los bosques.
Que en el art. 19 se han detallado ins­trucciones para las llamadas "superficies a desmontar" y "superficies objeto de aprovechamiento forestal" sin haber considerado principios básicos de conservación y de ges­tión, ni nociones básicas de biodiversidad general, capa­cidad de carga, fragmentación y continuidad.
Anuncia que la irracional venta y cesión de tierras y la falta de control del estado originará que el bosque sea reemplazado por una falsa y verdadera pampa con suelos estrechos y frágiles que quedan expuestos al sol, al viento, a los plaguicidas y a la erosión, e indi­rectamente se destruirán los sistemas naturales donde las poblaciones indígenas obtienen sus plantas medicinales, o materiales de construcción y alimentos naturales.
Y que la nueva ley avanzó en la considera­ción de criterios productivos olvidando el nuevo escenario de cambio climático que enfrentan la provincia y el país, ya que en la Argentina son evidentes los efectos del so­brecalentamiento. Que cualquier normativa que favorezca el desmonte y la pérdida de la biodiversidad hace retroceder la capacidad regional para resistir los cambios climáti­cos.
En cuanto a la reforestación se expresa que el art. 19 refiere en ningún caso sustituye siquiera en forma mínima la biodiversidad y naturaleza del bosque chaqueño original.
Como colofón que la Ley Provincial Nro. 5285 "es una inaceptable puerta para los desmontes y al ingreso de cultivos industriales que benefician por lo ge­neral a unos pocos empresarios (generalmente no chaqueños) y destruyen en forma irreversible un bosque único y extre­madamente valioso sin el cual las comunidades indígenas (y los propios blancos) no podrán vivir en el corto, media­no y largo plazo).
Es elocuente el programa emitido por Te­lenoche Investiga, y que da cuenta el video agregado a la causa, y reservado bajo sobre 1754/04, que he examinado. La investigación periodística visualiza un panorama grave y desolador de la situación de los bosques en Argentina, y específicamente del bosque chaqueño, bajo el título " El otro éxodo", que obliga a las autoridades, y en este caso a la magistratura frente a la pretensión articulada a adoptar los recaudos necesarios a los efectos de impedir el avance de la desertificación , revelando cifras alar­mantes para la región, el país y el propio planeta, y so­bre el daño ambiental producido. Conmueve el reportaje a Andrés uno de los primeros pobladores tobas que debió abandonar su tierra junto a su familia y que subsiste en las afueras de Rosario en condiciones paupérrimas y lejos de su habitat. El video no hace sino corroborar la grave situación ambiental de nuestra provincia, así como el ma­terial - documental contenido en los disketes agregados tam­bién al proceso.-
También tengo a la vista la documentación reservada bajo Sobre Nro. 1754/04 d) remitida por la Agen­cia Alemana de Cooperación Técnica SRL consistente en archivo en disquete de El Gran Chaco Americano y releva­miento expeditivo de la situación de los indígenas en re­lación a las organizaciones que trabajan para el desarro­llo y dos tomos Alternativas PAN.
A fs. 262/284 consta el informe suscripto por el Presidente de la Fundación Ambiente Total Jorge Castillo, Magister en Gestión Ambiental y Ecología. En respuesta al oficio dispuesto por el Juzgado en relación a la presentación de documentación pertinente referida a la actividad forestal y avance de la frontera agropecuaria en el territorio provincial, mención de los impactos ambientales y afectación de la biodiversi­dad y de la calidad de vida de los pueblos indígenas radi­cados en las zonas impactadas.
Se señala que desde hace años hay informes técnicos que dan cuenta fehaciente del maltrato de nuestros bosques autóctonos. Informa el experto que en las visitas in situ que han realizado en distintas oportunida­des a algunas de las zonas afectadas y las fotografías sa­telitales analizadas en diferentes épocas, no dejan lugar a dudas acerca de que el llamado "avance de la frontera agropecuaria" se viene produciendo desde hace muchos años en forma descomedida y sin un control eficiente por parte del Estado Provincial, debido a que este no cuenta con la insfraestructura técnica y de personal necesario para ejercer plenamente el poder de policía que le confiere la Constitución.
Que el fenómeno de desforestación que se viene denunciando desde hace varios lustros por distintas organizaciones Provinciales, Nacionales e Internacionales, son un hecho lamentable e irreversible hasta la fecha, ad­juntando fotocopias de distintos recortes periodísticos al respecto.
Alude además a que sobre la deforestación hay pruebas concretas, parte de las cuales adjunta en un C.D con una serie de fotografias satelitales obtenidas en diferentes épocas e incluyendo otros documentos complemen­tarios que aportan más información sobre el tema. Informa que el Asesor Técnico fué Valerio Gustin, Geólogo de basta experiencia e intérprete de fotografías satelitales, quien señaló los numerosos caminos y picadas que están haciendo en las zonas de riesgo, el impenetrable y sudeste chaque­ño, como paso previo para introducir luego topadoras con las cuales abatir los árboles. Que también se evidencian zonas "peladas" o cubiertas de cultivo en donde años ante­riores existía cobertura arbórea.
Respecto a la segunda parte del pedido re­ferido específicamente a los impactos ambientales que pro­duce la deforestación y el avance de la frontera agrope­cuaria, expresa que la Provincia del Chaco tiene uno de los índices del NBI mas grandes del País y que presenta además otros índices de subdesarrollo y mala calidad de vida, como el de la alta tasa de fallecimientos y desnu­trición de la población infantil; bajo nivel de escolari­zación y uno de los más altos de deserción escolar, entre otros igualmente preocupantes, según datos aportados por el Censo Poblacional del 2001 (datos del INDEC).
Efectúa consideraciones en punto a la in­cidencia que la demanda puede tener en cuanto a la posibi­lidad de revertir el grado alarmante de deterioro ambien­tal que se produce en el Chaco y que a pesar de declara­ciones oficiales o de Empresas inversoras foráneas que es­tán deforestando en la Provincia para ampliar las fronte­ras agropecuarias, va en aumento, con el agregado de que en lugar de mejorar las condiciones de vida de la pobla­ción local, la empobrece cada vez más.
Suscintamente se señala la dependencia al modelo agroforestal "minero" porque expolea el bosque y el suelo sin consideraciones técnicas elementales produciendo su agotamiento (desertificación), dando lugar a prácticas dañinas para la calidad ambiental.
Que los técnicos además han señalado a través de las fotografías satelitales las grandes áreas afectadas por incendios, que se ven desde el aire como enormes cicatrices, aún en los casos en que se siembre en­cima, estrategia de quemar el bosque simulando un acciden­te, para justificar después la utilización del espacio pa­ra siembra. Que el tema de los incendios mereció una atención especial a dicha fundación en el documento que envia­ron al Subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente de la Provincia, al que hace referencia y que por razones de brevedad me remito.
Refiere que en coincidencia con otras or­ganizaciones, la Fundación que preside considera necesario que se paralice totalmente en la Provincia la extracción de bosque nativo, así como también la entrega de tierras fiscales y el avance de la frontera agropecuaria, lo que permitiría que quienes no están participando de las deci­siones en lo que hace a la problemática ambiental puedan intervenir activamente. En este sentido sugiere la conve­niencia de participación no sólo de los productores fores­tales y agropecuarios, sino las O.N.Gs ambientistas que defienden el ambiente natural y cultural, tales como Eco­logistas, Asociaciones Comunitarias, Aborígenes y Criollos asentados en los lugares en riesgo de desertificación, etc., que propusieran en notas presentadas al Sr. Subsecre­tario.
En relación a los impactos ambientales en las comunidades locales, especialmente los aborígenes, y que dependen totalmente de ese ecosistema para proveerse de albergue, vestimenta, alimentación y lazos afectivos que hacen a la identidad cultural y al arraigo y salud mental de sus integrantes señala lo siguiente.
Que a través de una tesis magistral, ya en 1998 integrantes de la Fundación consideraban como princi­pal perturbadora de la calidad de vida de los pobladores locales, la influencia de los grupos de poder económico asociados a los gobiernos locales en la fijación de las políticas públicas, efectuando consideraciones al respecto a las que me remito.
Seguidamente alude al fenómeno social de la exclusión que afecta a los ocupantes de las zonas afec­tadas asi como a los megaemprendimientos y avance de las fronteras agropecuarias alentados por los distintos go­biernos en nuestra provincia y a que uno de los principa­les impactos, la desertificación ya estaba instalada en muchos departamentos de la Provincia desde antes de 1998. Cita una denuncia pública de la U.P.C.P.de aquella época, en la que se denunciaba que la masa boscosa del Chaco du­raría unos diez años más, concluyendo que han pasado seis años desde aquella denuncia y el estado actual del bosque y la tierra pública en la provincia pareciera confirmar la catástrofe anunciada.
También a que el 2 de diciembre de 1997 dicha entidad inició una serie de acciones legales y de­nuncia en los medios de información local por la defores­tación masiva y quema de los restos, producida en el Esta­blecimiento "Don Pano" propiedad de Eduardo Eurnekian, y que la misma indiferencia que mantuvieron los funcionarios de aquélla época es la que alienta a los actuales.
Que el fenómeno es también analizado por los técnicos del Gobierno Provincial en el Plan de Desa­rrollo Integral del Chaco (Plan DICHA 1996), en cuanto al uso potencial del area ganadera, se comprueba que corres­pondiendo a la capacidad ganadera el 57 % del total del área, se destina a las actividades (tanto ganadera como forestal) el 79 % es decir que en función de estos datos, estaría sobredimensionada la actividad, en otros términos se estaría ocupando tierras aptas para agricultura.
Afirma que pareciera no tener presencia los bosques en los planes de "Desarrollo Integral del Cha­co " y que no hay indicios ciertos acerca de las estrate­gias que desarrollará el Estado Provincial para quienes pretendan seguir viviendo de su explotación o de su uso racional puedan sobrevivir.
Expresa el informe que los pueblos aborígenes tampoco han sido consultados al respecto ni los gru­pos ambientalistas, a pesar de estar activamente partici­pando de reuniones mixtas del sector privado, comunitario y oficial, sin que hasta la fecha se instrumenten las necesarias políticas ambientales que vienen reclamandose ha­ce años.
Alude también a las conclusiones finales del Foro Nacional Aborigen en el que las distintas etnias existentes en la Argentina concluyen en el punto 2 del tituto Recursos Naturales que en las leyes que se dicten so­bre el ambiente debe introducirse la figura obligatoria y vinculante de la audiencia pública previa al otorgamiento de cualquier certificado de aptitud ambiental, para cualquier proyecto público o privado, que de manera directa o indirecta afecte a las comunidades de los pueblos indíge­nas, sus pueblos o territorios. La misma declaración exige que se reconozca a dichos pueblos los recursos y faculta­des necesarias para proteger y conservar los bosques, la fauna y la biodiversidad en general, asi como la propiedad intelectual de sus recursos genéticos y conocimientos so­bre el uso de los recursos naturales.
Se denuncia que lejos de cumplir con ésto, el Estado Provincial ha tolerado en estos últimos años la invasión de productores de otras latitudes, quienes ad­quieren terrenos fiscales a precio vil, según informe del Dr. Rolando Nuñez del 23-5-04 Revista "Chaqueña" del Diario Norte y que se introduce sin ningún control soja transgénica lo que ha alterado totalmente las prácticas agronómicas produciendo severa intoxicación a pobladores y ani­males de bastas zonas, agregando documentación anexa. Que las modificaciones recientes a la ley de bosques se han dado sin un ciclo de consultas a la so­ciedad en general y a los protagonistas obligados que son los aborígenes y criollos que viven en esos ambientes que se pretende controlar, lo que hubiera permitido tener una idea más acabada de lo que desean los habitantes del Chaco y de los impactos ambientales que producieron los planes de gobierno.
Y que seguir la tendencia a deforestar sin reforestar, ante la inexistencia de planes al respec­to, aludiendo a una tesis magistral (2003) de Alicia Fele­niuk, magister de la U.N.N.E.; y otra tesis de Graciela Muchutti, también magister de dicha universidad referida a la financiación de proyectos productivos, que ha demostra­do que en Chaco muchos de tales proyectos no son sustenta­bles porque no se tienen en cuenta en el momento de otor­gar los préstamos, los impactos ambientales que produci­rán.
El fundado dictámen que se analiza y que sin duda aporta elementos de juicio idóneos para informar a esta jurisdicción respecto de la cuestión materia de litis, señala también que la cesión de tierras fiscales de la manera en que se están haciendo en el Chaco representa un avance inadmisible sobre lo que constituye el patrimonio comunitario y que hasta el momento ningún gobierno lo ha podido controlar. Efectúa consideraciones sobre la sojización del campo a los que debo remitirme en mérito a la brevedad.
Se expresa que la nueva ley demuestra que el conflicto no se ha destrabado y que el hecho de que no se haya consultado a la comunidad como manda la Constitu­ción Provincial amenaza más que nunca la sustentabilidad de las acciones, pero especialmente la paz social.
Corolario de todo lo dicho se expresa que a mero título informativo se reproducen los cálculos efec­tuados por el Ing.Forestal Francisco Cardozo, del INTA de General San Martín, Chaco, para evaluar el valor ambiental de un árbol.
Cabe hacer mención a los recortes perio­dísticos que se glosan a dicho informe en fotocopias, per­tenecientes al autor del mismo, al Taller sobre Diagnósti­co de la Región Chaqueña realizado los días 18 y 19 de marzo de 1999, en esta ciudad. Al artículo publicado en el Diario Clarín del 30/04/04 por la periodista Georgina Elustondo bajo el título "El País perdió el 70 % de sus bosques en los últimos 70 años", en el que entre otras circunstancias refiere a que el Censo Forestal de 1935 contabilizó un millón cien mil kilómetros cuadrados de bosques naturales, quedando sólo trescientos treinta mil, por la tala indiscriminada, incendios y expansión de las fronteras agrícolas, el que da cuenta de datos alarmantes concluyendo en un panorama desolador. En el mismo la pe­riodista Diana Baccaro dá su punto de vista, concluyendo que hace falta previsión y responsabilidad de los funcio­narios para diseñar políticas de protección, pues si no se hace nada en treinta años no quedarán bosques.
Es relevante además el recorte del mismo diario de la misma fecha que alude específicamente como caso típico de deforestación en el Chaco, bajo el título "El Impenetrable", sólo un nombre y demás artículos en sentido concordante.
A fs. 309/312 consta el informe remitido por el Director General INCUPO y la Secretaría Red Agrofo­restal que da cuenta de que la desforestación en una zona de frágilidad ecológica como es el Impenetrable Chaqueño genera cambios en la estructura y composición del bosque, modificando los patrones de vegetación propios del sitio.
Que el avance de la frontera agropecuaria por su velocidad, extensión, tipo de ecosistemas que implica y modo de operación tecnológica y social es el factor que más afecta la sostenibilidad ambiental y so­cial.
Que la desforestación provoca la pérdida irreversible de los bosques nativos y ambientes naturales con dilapidación de lo bienes que produce el bosque cha­queño como: maderas, recursos alimenticios, plantas medi­cinales, biodiversidad, fauna, reducción de capacidad de proporcionar servicios como la matención de los ciclos hi­drológicos, regulación del clima regional, de la calidad del aire y agua, mantención de los suelos, regulación de los ciclos de nutrientes, recursos para la investigación científica.
Que la pérdida de la cobertura vegetal provoca erosión con decapitamiento de suelos, saliniza­ción, disminución de la capacidad productiva y degradación de las cuencas hídricas, fragmentación de los ecosistemas con aumento de las áreas degradadas provocando pérdida de Diversidad, homogeneidad y producción y aumenta la vulne­rabilidad a catástrofes como sequías.
Se menciona que de continuar la actual tendencia de expansión de la frontera agrícola en la zona del Impenetrable el futuro escenario de tierra arrasada limitará enormemente las posiblidades para un desarrollo que incluya a las comunidades indígenas y a las generacio­nes venideras.
Que si se continúa la tasa actual de defo­restación la región va tener como escenario futuro un am­biente desertificado: pérdida de fertilidad de las condi­ciones biológicas de los suelos, colapso de la capacidad productiva, pérdida irreversible de las masa boscosas na­tivas y biodiversidad, irrenovablidad de los hábitat de flora y fauna, cuencas hídricas degradadas y pérdida de humedales, aumento de las catástrofes por sequías e inun­daciones. Que en las zonas en cuestión habitan innumera­bles comunidades indígenas que se encuentran impactadas a la fecha por la deforestación en la zona y de persistirse en tales actividades se vería comprometida su sustentablidad ambiental y social.
Se puntualiza que la deforestación provoca la pérdida irreversible de los bosques nativos y ambientes naturales con dilapidación de los bienes que produce el bosque chaqueño, y que allí cita.
Informan que en las zonas en cuestión ha­bitan innumerables comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichi, de la etnia de los Matacoguayos y Toba, de la etnia de los Guaycurúes, superando fácilmente el número de veinte comunidades, los que indudablemente impac­tados a la fecha por la deforestación en la zona y de per­sistirse en tales actividades ven gravemente comprometida su sustentabilidad ambiental y social.Agregan documenta­les.
Del Proyecto 510 de "Evaluación del Impac­to Ambiental Areas transformadas" reservado bajo Sobre Nro. 1754/04 a) da cuenta de que el área transformada ocu­pa una superficie de 225.171 ha. (41,8 % del total, que la heterogenidad de los suelos del área y sus características permitieron agruparlos en 13 grupos de fragilidad que po­sibilitaron focalizar normas del uso y manejo para la ma­yor parte de los grupos. Que dos grupos de fragilidad (K y M) necesitan de mayor investigación para aconsejar su uso y manejo.
Que los índices de encostramiento en el caso de las áreas desmontadas se vieron incrementadas en relación a los suelos vírgenes (de leve a moderado y de moderado a grave.)
Que los mayores índices de encostramiento se dieron en los suelos desmontados mediante el sistema de acordonado y quema y que la región carece de experiencias científicas válidas suficientes en manejo y conservación de suelos. Que la siembra directa es una práctica que se aplica recientemente en el área con resultados aún no eva­luados.
Que a pesar de existir una ley Provincial de Bosques que regula los desmontes muchos de ellos se han efectuado sobre suelos de una alta fragilidad ambiental.
Que los productores y técnicos del área están interesados en discutir y profundizar la temática y dispuestos a colaborar en la investigación del manejo del suelo y de sistemas productivos aptos a las condiciones particulares de la región dentro de un contexto de susten­tabilidad que no degrade el sistema.
A fs.314 consta la prueba informativa su­ministrada por la AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA que adjunta archivo en diskets, folletos y atlas del Gran Chaco Sudamericano y alternativas PAN (Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación) Tomos I y II, experiencias de trabajo conjunto en zonas áridas y semiáridas de Argentina, material que tengo a la vista y que corrobora la conducencia de acceder a la acción articula­da.
A fs. 316 consta respuesta al oficio por parte de "ARTEAR – ARGENTINA”, adjuntando un cassette VHS conteniendo material fílmico relacionado con la imágenes en donde consta la devastación y desertificación sufrida en los bosques y montes nativos de la Provincia.
La testimonial de la Ingeniera Agrónoma María Luisa Pizzi a fs. 326/333 corrobora los extremos descriptos. Se refiere a la relación de los aborígenes con la tierra y la naturaleza, a su característica de pueblos cazadores y recolectores, al conocimiento profundo que po­seen acerca de cada planta y sus usos y de los hábitos de las distintas especies animales. Que anteriormente habita­ban amplios territorios que actualmente han quedado redu­cidos a propiedades comunitarias. Alude a las actividades forestales que se desarrrollan en la zona con subestima­ción del valor que tiene el monte en sí mismo y las tareas de forestación que deben realizarse. Menciona que se hace la limpieza o destronque del terreno, arado de la tierra con maquinarias inadecuadas para estos suelos los que que­dan completamente expuestos al sol que destruye su materia orgánica, posteriormente se realiza la carpida y en algu­nos casos la cosecha. En cuanto a los trabajos que se efectúan al momento de la explotación del bosque hace hin­capié en la clausura de ese predio, lo que no se realiza y que reviste importancia porque cualquier árbol nuevo que salga es comido por el ganado y que también en muchos ca­sos la superficie de manejo es una superficie que sirve para hacer una sobreexplotación. Refiere que la forma en que se llevan a cabo las tareas forestales y agrícolas incide negativamente sobre la biodiversidad porque se produ­ce una selección a favor de los ejemplares enfermos y de­fectuosos que son los que se dejan y por el mismo motivo de la falta de clausura solamente crecen especies de esca­so valor, en cuanto a la fauna se ve desplazada por la falta de su alimento habitual. Relata que las empresas que hacen agricultura extensiva hacen un acordonamiento del monte con topadoras y muchas veces hay árboles de valor maderable o para carbón o leña y se le prende fuego como si fuera un arbusto. Que previamente a la autorización de aprovechamiento forestal debe efectuarse un estudio por parte de un ingeniero forestal agrónomo en el que se de­termina el trabajo o la extracción que se va a hacer y tiene que certificar el trabajo de acuerdo al plan de aprovechamiento, sin embargo pasan muy poco tiempo en el lugar aunque se habilitan muchas hectáreas para la explo­tación lo que debería ser el resultado de un inventario muy complejo y lento. Sostiene que cuando se sacan los ár­boles de grandes diámetros sobre maduros queda clausurada durante al menos tres años o cuatro años para que haya una renovación de ese monte pero el mismo se rejuvenece porque los árboles de tales características van a morir. Que la intervención humana puede ser beneficiosa en el ambiente pero al sacar la cubierta boscosa los suelos se van dete­riorando y son arrastrados por la lluvia, quedando las ra­íces expuestas al aire y colmando las reservas de aguas naturales. Detalla los usos y beneficios para las comuni­dades indígenas en cuanto al aprovechamiento de la madera, frutos comestibles, propiedades medicinales y además al­bergan a la fauna silvestre. Menciona que las actividades que se desarrollan por los explotadores del monte no tienen ningún control, que influyen sobre las comunidades in­dígenas a la que les quita fuente de alimentos, de cultu­ra, de medicina y el deterioro del ambiente se ve en la disminución de la fauna silvestre. Agrega que las activi­dades desarrolladas no son sustentables, no regeneran el bosque ni los ejemplares jóvenes llevando a la desertifi­cación, la pobreza y la migración de la población y el ambiente está sufriendo un proceso de deterioro gravísimo en el que la Ley de Bosques y sus modificatorias juegan un rol negativo.
Asimismo reservado bajo Sobre Nro. 1754/04 a) obra el expte. 1-2002-53510000855/04-6 tramitado ante el Ministerio de Salud de Secretaría de Ambiente y Desa­rrollo Sustentable en el que a fs. 20/23 consta el informe suscripto por el Director Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad el que alude al impacto de la actividad forestal en la provincia del Chaco, aumen­to de la frontera agrícola en los últimos diez años, a los incendios y recursos no forestales. En cuanto a las impli­cancias ambientales y sociales hasta la fecha y proyeccio­nes sociales o ambientales de persistirse con tales acti­vidades extractivas señala que en la Provincia del Chaco entre los años 1997 y 2003 la superficie sembrada con soja aumentó más de 600.000 ha. en tanto similar superficie se redujo la destinada a cultivos industriales tal es el caso del algodón que posee mayor incidencia en la economías re­gionales y requiere una mayor cantidad de mano de obra lo que permite vislumbar un efecto negativo en el empleo.
Continúa expresando que la degradación de la biodiversidad y la pérdida de ecosistemas trae apareja­do un menor aprovechamiento sustentable de especies sil­vestres toda vez que la primera causa de extinción de la fauna silvestre es la desaparición del habitat natural de las cuales son los principales beneficiarios las comunidades locales. Que no existe información acerca del grado de afectación de estas comunidades pero indudablemente la de­saparición del habitat que les sirve de sustento y un me­nor aprovechamiento sustentable de especies silvestres de las cuales son los principales beneficiarios las comunida­des locales constituyen impactos negativos considerados con un efecto precautorio.
Manifiesta que el mayor avance de la fron­tera agrícola se registra en términos básicos del centro de la provincia hacia el sur en toda su extensión siendo más pronunciado en la región sudeste y que la destrucción del escaso bosque nativo existente en zonas de aptitud agrícola degrada aún más el agroecosistema con impactos que van desde el mayor uso de plaguicidas hasta la pérdida de la biodiversidad en especies que habían demostrado una mayor adaptación a hábitats degradados.
Que más grave aún resulta el avance en el norte de la provincia donde la destrucción paulatina de la cobertura vegetal y la compactación del suelo donde exista sobrecarga animal, favorecen la acción de procesos exóge­nos como desertificación y erosión lo que determina la pérdida gradual del suelo para absorber y retener humedad acentundose las condiciones de aridez en zonas de escasas precipitaciones anuales.
5) Frente a tal realidad se advierte que las disposiciones de la ley cuestionada no atienden a los mandatos ni finalidades constitucionales queridas, no siendo idónea, sino por el contrario manifiestamente contraria para la evitación de los grandes daños ambienta­les actuales y futuros de proyección inmediata, no mera­mente eventuales, integralmente considerados, por lo que corresponde sin hesitaciones su descalificación jurídica, con efectos amplios atento a la naturaleza colectiva del amparo articulado.
La valoración de la prueba analizada en los apartados precedentes, mediante las reglas de la sana crítica me permite concluír que es deficiente el régimen dispuesto por la Ley 5285/03 para la preservación del bos­que o monte nativo y su biodiversidad en el ámbito del te­rritorio provincial, así como la grave situación de los aborígenes y ocupantes de la zonas geográficamente compro­metidas en la situación que se denuncia, como surge sin hesitación de la documental agregada a la causa y de los informes y estudios técnicos, científicos y académicos agregados a estos autos y que no cumplimenta los presu­puestos mínimos exigidos para asegurar una gestión ambien­tal sustentable y adecuada. Y fundamentalmente irrazonable ante la ausencia de estudios de impacto ambiental que aseguren la preservación de los recursos naturales y las ne­cesidades de los distintos sectores involucrados.
Asimismo y a fin de no incurrir en in­congruencia destaco la imposibilidad material de tener ac­ceso al contenido de los CD remitido por el INTA en razón de no contarse en el Poder Judicial, según se me informara por personal de la Dirección de Informática con el progra­ma específico necesario a tal fin. No obstante lo cual la totalidad de las pruebas analizadas permiten de manera idónea decidir la presente causa.
Que las medidas adoptadas por la demandada según se expresa en el informe circunstanciado, lo infor­mado a fs. 180/183 por el Ministerio de la Producción - Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambien­te, y las testimoniales producidas a fs. 165/170 y vta. y 171/174 y vta., e incluso el dictado de los Decretos Reglamentarios Nros. 668 y 672 glosados a fs. 197/215, y propuestos como hecho nuevo, que considero conveniente ad­mitirlos, se presentan insuficientes. Ello en razón de que si bien se fueron adoptando por el Poder Ejecutivo provin­cial diversas medidas para paliar la grave situación, mar­cando un avance en relación al estado de los bosques cha­queños, que data ya de años anteriores,son solo un inicio, como lo reconoce en su declaración el Sub-Secretario de Recursos Naturales, ante el vasto y contundente plexo pro­batorio rendido, y por ende reitero, insuficientes para impedir la afectación de la masa forestal de la Provincia sus suelos y su biodiversidad. Ante el impacto ambiental que la prosecución de la actividad de tala y desmonte ge­nera de manera irreversible en los recursos naturales ac­tualmente degradados, provocando la desertificación y un daño ambiental grave con compromiso para su uso y goce pa­ra las generaciones presentes y futuras. Concretando de esta manera la afectación actual al medio ambiente y la amenaza a los intereses difusos cuya génesis es el derecho a un ambiente sano garantizado constitucionalmente.
Las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias constitucionales de la Ley Provincial 5285 no alcanzan para superar la tacha de inconstitucionalidad de esta última y en este sentido por todos los fundamentos vertidos me aparto del dictamen del Sr. Agente Fiscal obrante a fs. 381/383.
6) Y sobre la base de lo expuesto lo ale­gado por la accionada al contestar el informe circunstan­ciado a fs. 116/121 en punto a la ausencia de la relación de causalidad entre la conducta administrativa y el daño alegado carece de trascendencia atento al objeto de la presente acción, la conducencia de la pretensión articula­da en razón de la indiscutible certeza respecto al grave daño ambiental que afecta al bosque chaqueño, y del que las pruebas obrantes dan cuenta elocuente, y a lo que debe agregarse para fundar la improcedencia de tal argumento, la inexistencia de un reclamo resarcitorio de tipo ambien­tal.
7) Se ha definido al Daño Ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos.(Art. 27 de la Ley 25.675).
Mosset Iturraspe señala que "por la mate­ria sobre la cual recae, por el bien jurídico comprometi­do, encaja difícilmente en las clasificaciones tradiciona­les: daño patrimonial o extrapatrimonial, daño cierto o incierto, daño actual o futuro, daño personal o ajeno. De donde liminarmente las características del daño, según la concepción mayoritaria: cierto, personal y directo, son puestas en grave aprieto." (Conf. "Responsabilidad Civil por Daño Ambiental". Félix A. Trigo Represas- Marcelo J. López Meza. T. III. pág. 577.)
Bustamante Alsina destaca que toda activi­dad humana individual o colectiva que ataca elementos del patrimonio ambiental causa un daño social por afectar los llamados intereses difusos, que son supraindividuales pertenecen a la comunidad y no tienen por finalidad la tu­tela de un sujeto en particular, sino de un interés gene­ral o indeterminado en cuanto a su individuo. (Ob. cit. pág. 577).
En concordancia, los tribunales sentaron la siguiente doctrina:"En el daño ambiental hay mucho de sutil, de inasible, de cambiante de un momento a otro en la relación de los elementos físicos con las personas y cosas, como para limitarnos a un tosca y rutinaria aplica­ción de los elementos jurídicos, sin penetrar con perspi­cacia del zahorí en la cuestión. Si alguna vez se ha dicho que el juez, 'esculpe sobre la niebla', es en esta materia del daño ambiental donde más se ha de evidenciar su espíritu sagaz y sensible, diestro para captar una distinta realidad"(146) (Cm. 13 CC La Plata, Sala II, in re" Pini­ni de Pérez, Maria del Carmen c. Copetro S.A", RSD-42, sen­tencia 27/04/1993, JA, 1993-III-368, bajo anotación de Mo­rello Augusto M., asimismo comentario de Ghersi, Carlos, Véase Revista Jurídica Delta Nº 0l, CAZC, 1993, con nota de GARAY, Alberto;"Revista de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de La Plata", Nª 38, con nota de Gajate, Rita).
8) De conformidad a los arts. 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional que expresamente reconocen los derechos que protegen el ambiente, la salud, la competen­cia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, también tutelados por los arts. 12, 19, 36, 38, 39, 41, 44, 47 y concordantes de la Constitución Provincial, y en un sentido más amplio y protectorio, los llamados derechos de incidencia colec­tiva a partir de las reformas de 1994 revisten status constitucional y es deber de la judicatura asegurar en los casos concretos sometidos a juzgamiento la supremacía constitucional establecida en los arts. 31 de la Constitu­ción Nacional y 9 de la Constitución local.
Para dilucidar el caso se impone tener presente el art. 14 de nuestra Constitución Provincial el que luego de hacer referencia al reconocimiento de los de­rechos explícita e implícitamente reconocidos en la norma­tiva nacional, a los que tiene por reproducidos, y los que ella misma establece en su última parte expresa :" Los derechos y garantías establecidos, expresa o implícitamen­te en esta Constitución, tiene plena operatividad en sede administrativa o jurisdiccional sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamen­tación”.
El precepto es claro y categórico y debe ser así entendido con relación, entre otros dispositivos, al art. 38 inc. 8, en cuanto impone a los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente la exigencia de es­tudios previos sobre impacto ambiental para autorizar emprendimientos públicos o privados.
La claridad del mandato constitucional que impone a los poderes públicos, y por ende a la suscripta, asegurar a todos los habitantes de la provincia el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sus­tentable y adecuado para el desarrollo humano, y a parti­cipar en las decisiones y gestiones públicas para preser­varlo, así como el deber a todos los habitantes de conser­varlo y defenderlo, no resiste el menor análisis ni discu­sión atento al vasto material probatorio ya aludido.
A continuación se enumeran como deber de los poderes públicos el dictado de normas que básicamente aseguren, y en lo que aquí respecta 1º: la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y su manejo a perpetuidad. 2º. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación del ambiente y de la calidad de vida. 3º. el resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el control de bancos y reservas genéticas de especies ve­getales y animales. 4º. La creación y el desarrollo de un sistema provincial de áreas protegidas.5º. El control del tránsito de elementos tóxicos...6º. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de especie de la flora y de la fauna y las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. 7º.La fijación de políticas de reordena­miento territorial, desarrollo urbano y salud ambiental, con la participación del Municipio y entidades interme­dias. 8º.La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para autorizar emprendimientos públicos o priva­dos...11º. La sanción a autoridades y personas que infrin­jan la presente norma y la condena accesoria a resarcir o reparar los daños ambientales. 12º Los recursos suficientes para el cumplimiento de lo establecido en este artícu­lo.
Finalmente el art.38 establece que la Pro­vincia o los municipios en su caso establecerán la emer­gencia ambiental ante la existencia actual o el peligro inminente de desequilibrios o daños producidos por fenóme­nos naturales o provocados, aludiendo seguidamente a la legitimación para accionar, lo que ya fue merituado en p­árrafos anteriores. Por su parte las leyes provinciales Nº 3911 sobre Intereses Difusos y Colectivos y Ley Nº 3964 de principios rectores para la preservación, recuperación, conservación , defensa y mejoramiento ambiental,ambas san­cionadas en los años 1993 y 1994 respectivamente, y ade­lantándose a la normativa constitucional sobre la materia regularon sobre la materia.
De manera que la protección jurisdiccional de los intereses colectivos, difusos o supraindividuales, como la legitimación de los sujetos para requerir su tute­la, obtuvieron jerarquía suprema, por lo que no cabe su alteración ni su supresión por normas inferiores, naciona­les ni provinciales y menos aún su negación en sede judi­cial máxime a tenor de lo expresamente establecido por el art. 14 ya citado.
En un estudio de especialistas de la Uni­versidad Nacional de Buenos Aires se demuestra que la zona chaqueña está sufriendo profundos procesos de cambio, que la ponen en situación de grave riesgo. La extensión de las superficies cultivadas, en desmedro de las zonas boscosas naturales, es un hecho de fácil comprobación. Hacia 1996 había, en la región, un 10 por ciento de superficie culti­vada. Ese porcentaje ha llegado, en el presente, al 19 por ciento, lo que equivale a decir que 9 millones de hectáre­as más se han incorporado a la producción agrícola. El jefe del Laboratorio de Ecología Regio­nal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA advierte acerca del peligro de perder los bosques sub­húmedos de la zona chaco-salteña, así como también los de la frontera con Santiago del Estero, cosa que se advierte en la información satelital disponible. La zona en riesgo abarca más de 50 millones de hectáreas y cubre a vastos sectores de esas provincias, pero también de Formosa, Tu­cumán, Santa Fe y Catamarca. Muchas de las zonas incorpo­radas a la producción agraria no están protegidas por le­yes que impongan su conservación. El especialista señalado considera que, si el Estado no interviene para ordenar el proceso, se corre el peligro de producir cambios irreversibles, con capacidad para crear daños irreparables. El actual proceso de extensión de la frontera agrícola se ha desencadenado, en los últimos tiempos, como consecuencia de la extrema valoración de que es objeto la soja. En otras épocas ocurrió algo similar con el algodón, también como en una suerte de "fiebre del oro", que puede acabar en cualquier momento, dejando, lamentablemente, males di­fíciles de revertir. Se aduce que no se trata, como lo señalan los entendidos, de impedir la expansión de la frontera agrícola, sino de planificar ese desarrollo, atendiendo lo que se sabe acerca de los cambios climáticos y evitando que los fenómenos que hoy se conocen afecten a las zonas que necesitan ser protegidas, pues los procesos de dete­rioro ecológico avanzan inexorablemente. Como bien se sa­be, puede ocurrir un poco de todo: desde las inundaciones catastróficas hasta la desertización de las tierras o la pérdida de especies vegetales y animales indispensables para la sustentación del medio ambiente.
Y que no tenemos, lamentablemente, una conciencia clara acerca de todo lo que esto significa y los gobiernos no siempre se han ocupado, con la necesaria dedicación, de atender las perentorias exigencias del me­dio ambiente en peligro. Quienes saben y merecerian ser escuchados no siempre reciben la atención que les debería corresponder, lo que es grave, porque la naturaleza no suele ser benévola con quienes no saben atender sus reque­rimientos. El hombre altera el equilibrio natural y no siempre actúa para ayudar a recomponerlo. Todo esto debe entenderse como un reclamo dirigido a quienes están en condiciones de conseguir que se planifique y se racionali­ce lo que, desdichadamente, suele quedar a merced del simple interés individual, muy respetable, pero a la vez claramente insuficiente. Fuente: El bosque chaqueño, en peligro - La Nación (Argentina)-Julio 05, 2004 .
En un documento del Funam con motivo de la campaña iniciada en defensa de los bosques chaqueños y de los territorios indígenas y sus pobladores, Fecha de Pu­blicación: 08/03/2004 se alerta respecto a que las pobla­ciones indígenas Wichi, Quom y Mocovi, y otros antiguos pobladores del bosque chaqueño, están siendo despojados de sus tierras y bosques en forma sistemática.
Puntualmente en él se cuestiona, a las au­toridades gubernativas de la provincia, respecto a la san­ción de la nueva ley de bosques, que se califica de incon­sulta y retrógrada, denuncáindose que facilita los desmon­tes y la expansión descontrolada de las fronteras agrope­cuarias. Y en cuanto a la venta de tierras fiscales, que son territorio indígena y lugar de vida de antiguos pobla­dores, para que se beneficien compradores privados. Las áreas más afectadas son los Departamentos Almirante Brown y General Güemes. Este despojo se complementa con campañas mediáticas del gobierno instando a la explotación del mon­te chaqueño. El Gran Chaco Sudamericano es una extensa región compartida por Argentina, Paraguay, Bolivia y Bra­sil.Como se señalara en numerosos documentos en defensa del bosque y el medio ambiente la importancia de esta uni­dad radica en que tiene el único bosque seco subtropical existente en el planeta. A la misma latitud se encuentran desiertos como Atacama, en Chile; Kalahari y Nambia, en Africa; y el de Arena, en Australia. Se dan una conjunción de factores quizá única en el mundo, tales como relieve plano, bajas precipitaciones y ríos caudalosos provenien­tes de regiones vecinas elevadas.El Chaco Americano es ha­bitat de muchos y diversos pueblos y una región biológica de gran diversidad de vida; después de la Amazonía, es la mayor área boscosa que queda en América del Sur. La super­ficie total protegida del chaco en la Argentina es de 3.354.369 has. es decir el 15,95% de la superficie total en la Argentina, cifra que no representa los variados eco­sistemas de la región y que en muchos casos no están implementadas. Es decir la superficie actual de áreas na­turales protegidas no garantiza la conservación de los ecosistemas que protege. A pesar de la aridez de la mayor parte del territorio, hay más plantas comestibles por hec­tárea en el Chaco que en la selva pluvial amazónica.Fuentes(Walamba:El Gran Chaco Americano. Documento del Equipo de Trabajo Walamba y Jorge Morello y Silvia D. Mat­teucci. 1999. Biodiversidad y uso de la tierra. Ed. Eude­ba.
En el Chaco no solo habitan numerosas es­pecies animales y vegetales en peligro de extinción sino que también aún hoy es el hogar de varios pueblos indíge­nas que obtenían antes de la colonización del Chaco bienes y servicios del bosque sustentablemente y que hoy la de­gradación a la que fueron sometidos los bosques impiden que realicen sus modos tradicionales de uso de la tierra que no degrada al medio natural. No obstante los pueblos Mocoví, Wichi, To­bas, Qom, y otros luchan por mantener sus idiomas y cultu­ras estrechamente relacionadas con el bosque y los recur­sos y sustentos que de allí obtienen, pese a la promesa y el mandato constitucional.
Bajo el título "Antes de que sea demasiado tarde", el periodista José V. Derewicki, advertía sobre la gravedad y urgencia de hacer frente a este problema, al expresar que: "En los últimos tiempos estamos asistiendo a un debate mediático en el que el pecado de la simplifica­ción aparece hasta el paroxismo cuando se habla de los bosques y del medio ambiente, con opiniones traídas de los pelos que, precisamente, desvirtúan un tema de tanta im­portancia que tiene nada menos los eslabones necesarios para conservar la vida humana. Es necesario parar la pelota y comenzar a planificar con acciones concretas para que la desertiza­ción que avanza a pasos acelerados no nos haga más pobres; y el desmonte indiscriminado nos afecte hasta la salud, como está ocurriendo en Santiago del Estero y Salta.
Quiénes, a pesar de no tener un pedazo de tierra, luchamos modestamente por una agricultura moderna y sustentable, señalamos claramente cuales deben ser los parámetros para alcanzar el beneficio para todos, sin destruir lo que queremos: nuestra casa, que no es otra co­sa que nuestro planeta.
A esta altura de la publicación de puntos de vista, creemos que muchos embarran la cancha, incluso utilizan la palabra sustentabilidad para obtener sólo be­neficios económicos, sin importarles siquiera las leyes de los hombres y menos las de la naturaleza. Es bueno el cam­bio de opiniones, porque así sabemos cual es la posición que sustentan. Por ejemplo, se puede estar del lado de ex - funcionarios como María Julia Alsogaray que hicieron mu­cho daño desde su función; con la política del gobierno de Estados Unidos, que no adhiere al Tratado de Kioto; del lado de Greenpeace, que alerta constantemente sobre los manejos ambientales; o de quienes apoyan la destrucción total del bosque para abolir la pobreza, que llevan como bandera; pero que en realidad nada hacen para sustituirla, porque al hombre, el principal actor, se lo expulsa cada vez con mayor rapidez de su medio natural; o se podrá es­tar, por fin, en la vereda de los científicos quienes ad­vierten del peligro que significa para la población no ac­tuar con el debido cuidado. Se ha caído la máscara de esos defensores de una equivocada modernidad y hablan con cla­ridad. Es bueno porque ahora sabemos que desean una agri­cultura con la eliminación total de los bosques nati­vos..". "Existe gran preocupación por la selva tro­pical. Acaba de realizarse un encuentro en Brasil, preci­samente para analizar los peligros a que está siendo some­tida la selva amazónica, como el pulmón verde del mundo. Es necesario reiterar que este ecosistema ejerce una fun­ción reguladora del clima, temperatura y humedad, ayuda a oxigenar la atmósfera y paliar el efecto invernadero"...
"Hay que decir que el mundo, en los últi­mos siglos _en especial la mayoría de los denominados países ricos, ha destruido ferozmente las selvas y los bos­ques; y aunque tardíamente parece que están tomando con­ciencia del peligro que está constituyendo para la humani­dad la contaminación de su medio ambiente. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el afán de lucro sigue primando sobre la necesidad de preservar la salud del planeta. La pobreza es el principal peligro del medio ambiente; y, precisamente, donde se encuentra la mayor cantidad de bos­ques están los ciudadanos más indigentes. La gran pregunta es como mantener el equilibrio de necesidades e intereses. Se habla de un pago para una protección del medio ambien­te. Incluso de una tasa a nivel mundial especialmente de los países ricos y de quienes han destruido sus propias reservas, debido a que todos seríamos beneficiarios".
Bajo el subtítulo El Gran Chaco amenazado, expresa que:"Mientras se encuentra una fórmula para lo­grar el justo equilibrio para salvaguardar la vida del planeta, la desertización continúa avanzando por la tala indiscriminada de los bosques del planeta; y nuestro país y la región chaqueña no escapan a esa tónica. Un peligro. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Univer­sidad de Buenos Aires así lo revela, en un trabajo firmado por el ingeniero Jorge Admoli y científicos de la talla de nuestros conocidos doctores Jorge Morillo, Carlos Rebo­ratti, Juan Jos‚ Neiff y Silvia Matteucci, que se realizó sobre 50 millones de hectáreas que incluyen a nuestra pro­vincia. El mensaje es que, si se continúa con este avance, existe el peligro de perder los bosques subhúmedos y se podrían disparar los procesos de desertificación de difícil reversibilidad. Las zonas de riesgo estn fijadas con eje en Tres Isletas-Senz Peña, Charata-Los Juríes- Bande­ra-Selva."
"La biodiversidad no es incompatible con el desarrollo económico. Tenemos que cuidar los bosques entre todos y también sus especies. ¿ Acaso tendremos que eliminar todos los quebrachos colorados para dar paso a la agricultura en suelos de clase 5 y 6, donde los rendimien­tos serán nulos, y cerrar las fábricas que dan trabajo a centenares de trabajadores a través de las industrias? Pensamos en el camino inverso: administrar adecuadamente nuestros recursos, implantar más quebrachos, algarrobos y otras especies para que las industrias se mantengan por siempre y haya trabajo para las generaciones futuras, sin diezmar los recursos".
Concluye en que "La disyuntiva no es des­montar o no desmontar; es planificar y trabajar, más allá de los chispazos mediáticos, en soluciones inteligentes que valoricen socialmente nuestros recursos. Tenemos for­talezas que debemos aprovechar y debilidades que fortale­cer. El Estado es el que debe trazar las líneas de acción para orientar la expansión hacia tierras con mejor aptitud potenciar, regular y controlar el uso y conservación de los recursos naturales críticos. El Chaco inició un orde­namiento y tiene que profundizarlo con todos los sectores; pero dejando de lado a los lobbys a los que sólo les inte­resa la venta de tierras y de aquellos a quienes el único motivo que los mueve es el de producir sin importarles el difícil cuadro del medio ambiente. Y, en este sentido, nuestra provincia tiene la gran oportunidad de convertirse en el ejemplo del mundo, además de conseguir recursos para resguardar sus bosques a partir de un manejo sustentable para que se instalen industrias y empresas; ya que tendrán la materia prima necesaria de por vida. El alegato de la población de justicia ambiental, para beneficios de todos, es impostergable". En otra nota relevante: "La agricultura, de alto riesgo en el Chaco", publicada en Norte Rural, del miércoles 15 de diciembre también de este año, el mismo autor alude y advierte a que la agricultura es de alto riesgo y todos los habitantes de buena voluntad de la Pro­vincia tendrán que definir un adecuado ordenamiento terri­torial. Es decir, cómo utilizar los recursos, suelo, bos­que y agua de una manera racional, realizando agricultura en los lugares más adecuados y ganadería y forestación en los que tienen menos posibilidades. Agrega que se tendrán que establecer políticas sustentables donde el productor sea conciente de los riesgos que asume si encara activida­des que van a contrapelo de nuestra realidad". En referencia a las inundaciones y sequías expresa que..."a pesar de los zarpazos que d la naturaleza se siguieron cometiendo los mismos errores. Es decir, des­montando, implantando cultivos en los lugares inconvenien­tes para hacerlo y dejando pasar el tiempo sin acciones que ayudaran a mitigar los fenómenos que se sufren constantemente".
Finalmente, Derewicki reflexiona en el sen­tido de que ..." llegó la hora de definir el adecuado orde­namiento territorial para el adecuado uso de los recursos naturales en forma sustentable. Las situaciones que esta­mos viviendo, cabe decirlo, no se arreglan sólo con dinero sino con la inteligencia de programar modelos de produc­ción compatibles con la naturaleza. Además, finaliza el signo mas evidente de que tenemos que reaccionar es la continua expulsión de los productores de su ambiente y la expansión de la pobreza que lo hace sin estridencias, como la invasión de las aguas, pero en forma implacable".
En cuanto al contenido material de esta categoría singular de derechos, enseña la doctrina que se trata de un catálogo abierto de situaciones jurídicas cuya inserción y determinación dependerá en definitiva de cada caso concreto y estar sujeto a la debida prudencia por parte de los operadores judiciales, las partes, los aboga­dos y el Juez.
Expresa Bustamante Alsina que aludir al "medio ambiente " es una practica lingüística poco ortodo­xa, que utiliza acumulativamente expresiones sinónimos, o al menos, redundantes, aunque de uso cotidiano, para sig­nificar el conjunto de cosas o circunstancias que rodean o condicionan la vida del hombre.
El concepto de ambiente comprende toda la problemática ecológica ambiental y por supuesto, el tema capital resulta ser el de la utilización de los recursos naturales que se encuentran a disposición del hombre en la biosfera. Pero aunque el ambiente sea una parte de la na­turaleza y se busque una política de tutela ambiental en su totalidad, existen múltiples estrategias proteccionis­tas, sectoriales, que van más allá del ámbito puramente natural y persiguen preservar la obra humana en sus aspec­tos estéticos, paisajistas, urbanísticos, etc., con miras de asegurar una buena calidad de vida y una sana utiliza­ción de los recursos y de la obra cultural para legarlos a la generaciones futuras.(Jorge Bustamante Alsina, Derecho Ambiental , pag. 47).
9) _Interpretando el art. 41 de la Consti­tución Nacional sostiene Bidart Campos que es necesario asignarle como mínimo una presunción de operatividad. No niega que es necesario conferirle desarrollo legislativo pero sí que la falta o escasez de legislación pueda atro­fiar el derecho que reconoce y garantiza la norma.
Agrega el autor que sobre todo los Jueces deben desplegar un prudente activismo judicial en sus in­terpretaciones aplicativas, y partiendo de la fuerza nor­mativa de la constitución y de la explícita definición que ella hace "del derecho" de todos los habitantes al ambien­te, han de hacer cumplir el deber de preservación que se les imputa tanto como el de proveer a la protección. Los jueces son " autoridades", y la tutela que han de prestar no puede quedarles impedida por insuficiencia o ausencia de la ley (Germán J. Bidart Campos "Manual de la Consti­tución Reformada", Tomo II, pg. 87/88).
En el mismo sentido lo hace Humberto Qui­roga Lavié en "Constitución de la Nación Argentina Comen­tada", al sostener que cuando de la omisión o insuficien­cia reglamentaria resultaren afectados los derechos públi­cos de la sociedad, que el nuevo texto constitucional de­nomina "derechos de incidencia colectiva".En este último caso, si se tratare de un daño ambiental, la omisión de la autoridad pública podrá ser suplida con un mandamiento ju­dicial dirigido a ordenar un "estudio de impacto ambien­tal" a los efectos de determinar si las actividades conta­minantes pueden seguir desarrollándose.
De este modo, señala, se está instituciona­lizando la potestad legislativa de los jueces, con carác­ter transitorio y como modalidad supletoria, frente a la inacción del poder político. Ello tendría muchísima signi­ficación frente al caso muy frecuente de omisión reglamen­taria, por parte del Ejecutivo, de la legislación nacio­nal.
Es que el veto por omisión no puede seguir permitiéndose en el sistema constitucional argentino. La nueva letra constitucional abre la concreta posibilidad de que, frente a un supuesto de tal naturaleza, cualquier tribunal de justicia y, en última instancia, la Corte Su­prema, puedan hacer operativa la ley. Un verdadero desa­fío al legislador en tiempos en que la eficiencia es el dato más concreto para generar la legitimación del poder público. De este modo no caminamos hacia el gobierno de los jueces, sino, por el contrario, al potenciamiento del sistema democrático. Sin controlar la ineficiencia legis­lativa, en particular del ejecutivo, la democracia se tor­na, en definitiva, inviable. (ob. cit., pag. 225). 10)Con absoluta contundencia el profesor GARCIA DE ENTERRIA ha expuesto que la Administración Pública personifica el Poder del Estado; es por ello –dice tomando las palabras de Hauriou- una apotentior persona", un personaje poderoso cuyo comercio jurídico aparece pene­trado por esta idea de poder, y asume el servicio de los intereses generales de acuerdo con el principio de efica­cia, disponiendo para ello de potestades exorbitantes del Derecho común, de un cuadro de poderes de actuación de la que no disfrutan los sujetos privados.- Puede crear, modi­ficar y extinguir derechos por actos unilaterales, adqui­rir de los particulares bienes o derechos sin contar con la voluntad de éstos, por la expropiación forzosa, puede incluso ejecutar de oficio sus propias decisiones, y para producir estos efectos ni siquiera debe acudir a un juez.... El control jurisdiccional al que está sujeto es ex post facto. Sus bienes cuentan con un status" privilegiado, fueren del dominio público o de su dominio priva­do.... Pero -sigue el autor, semejantes privilegios en más se compensan con privilegios en menos: no goza de la misma libertad de los particulares, no puede formar libremente su voluntad, debe seguir procedimientos predeterminados, de lo contrario sus actos se fulminan con la nulidad.- Sus decisiones, si son favorables a terceros, si declaran de­rechos, no pueden ser modificadas quedando a ellas vinculada en términos estrictos.- El Derecho Administrativo coloca así junto a los privilegios, las garantías, económicas y jurídicas, y exige un equilibrio cierto, pero posible entre ambos.- Todos los problemas jurídico-administrativos, consisten en buscar ese equilibrio, asegurarlo cuando se ha encontrado, reconstruirlo cuando se ha perdi­do, persiguiendo y obteniendo el eficaz servicio del interés general, sin mengua de las situaciones jurídicas, igualmente respetables, de los ciudadanos. (Curso de Dere­cho Administrativo - Tomo I - pg. 44/46). 11) Tampoco puede ser pasado por alto que al momento del dictado de la Ley 5285 de reforma de la Ley de Bosques no se confirió participación a las comunidades indígenas que habitan la Provincia del Chaco: los Wichi, los Tobas-Quom, los Mocoví y demás pueblos indígenas afec­tados, en desmedro de lo establecido en el inc. 17 del art. 75_ _de la Constitución Nacional y art. 37 de la Constitución Provincial. Es así que específicamente en el inc. b) de esta última cláusula se dispone que el Estado les asegurará a los pueblos indígenas la participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten, y en el desarrollo sustentable, lo que no aconteció.
Se ha omitido el real respeto de partici­pación a las comunidades indígenas, a los antiguos pobla­dores del Chaco y a las organizaciones acompañantes en to­da legislación o medida que afecte sus derechos, situación que necesariamente debe revertirse sin demoras. A dicha conclusión arribo teniendo en cuenta las instrumentales agregadas a la causa, particular­mente la Nota remitida al Coordinador Nacional de ENDEPA en fecha 14 de noviembre de 2003 por dos Diputados Provin­ciales obrante a fs. 42 de las actuaciones surge que la Ley 5285 "fue largamente estudiada por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambien­te con profundas consultas a las áreas correspondientes del poder Ejecutivo y a los productores forestales que so­licitaron ser atendidos". Correlacionado ello con lo expresado en los considerandos del Decreto Nro. 668/04 glosado a fs. 197/201 en cuanto "El Ministerio de la Pro­ducción a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente convocó a una amplia participación y co­ordinó la realización de reuniones con el objetivo de re­glamentar la Ley 5285 a la cual concurrieron representan­tes de instituciones relacionadas con los sectores agrope­cuarios, forestal, gremial, organismos de investigación, entidades ambientalistas, consejos y asociaciones de pro­fesionales, personal técnico y administrativo del Estado Provincial y del Instituto de Tecnología Agropecuaria y ciudadanos interesados". Lo que implica que incluso las reuniones y participaciones a que se refiere en los consi­derandos el precitado decreto 668/04, posterior a la pro­moción de la acción se han efectivizado con posterioridad a la sanción de la ley y no antes como marca la Constitu­ción. El inc. 17 del art. 75 de la CN incorpora "el criterio de integración participativa (no forzada ni coaccionada) de los indígenas a la vida nacional dentro de un marco de respeto de sus identidades étnicas y cultura­les cuya preexistencia al Estado Nacional se admite explícitamente constituyendo el fundamento socio-histórico-po­lítico del reconocimiento de ciertos derechos que de otro modo podrían considerarse como privilegios con relación al resto de la población nacional". ("Status constitucional de los Pueblos Indígenas". Horacio Daniel Rosatti. conf. "La Reforma de la Constitución", pg. 200.)
Los derechos que se les reconocen a los in­dígenas son los siguientes:
-propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente habita.
-arraigo, garantizado por la inenajenabili­dad, intransmisibilidad e inembargabilidad.
-preservación de su identidad sociocultu­ral, que incluye el derecho a una educación biligúe e in­tercultural y la vigencia de sus instituciones, en la me­dida que no contradigan las del Estado.
-expectativa cierta de acceder a otras tierras aptas y suficientes para su desarrollo.
-participación en la gestión de los inte­reses que les afectan, incluída la referida a sus recursos naturales y
-reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades quienes quedan legitimadas para reque­rir y accionar por la concreción de los derechos menciona­dos. Las prerrogativas reconocidas por el art.75 inc. 17 estaban virtualmente consagradas en el con­venio sobre comunidades indígenas y tribales en países in­dependientes Nro.169 de la OIT, incorporado a la normativa argentina por la Ley 24.071.
El Centro de Graduados de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacio­nal de La Plata (UNLP)acompaña el documento y la campaña sobre LA Destrucción de Bosques y Genocidio Indígena, ini­ciada por FUNAM, ONG fundada en 1982, con status consultivo en ECOSOC y CSD (Naciones Unidas, Nueva York),y Premio Global 500 de Naciones Unidas (1987),organización miembro de la RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista denunció que si la legislatura no deroga la nueva ley de Bosques 5.285 favorece el genocidio indígena, ya que desaparecen los frenos para el desmonte del bosque nativo. Y que los legisladores y gobernantes serán responsables de la falta de alimentos y medicinas naturales que los indígenas ob­tienen del bosque. Se sostuvo que la continua venta de tierras fiscales agrava el problema: "si la legislatura y el gobierno del chaco insisten en reglamentar esa ley en lugar de derogarla, el mundo entero conocer los nombres de quienes iniciaron este genocidio". Su Presidente, el Dr. Raúl Montenegro agre­gó que la ley 5.285 "fue un golpe duro y retrógrado contra la vida y la salud de las comunidades indígenas". A su juicio "esto explica, quizás, porque‚ no se las consultó antes de hacerla. Leyes y venta de tierras fiscales se ha­cen a la medida de los futuros productores blancos, no de las comunidades indígenas". Agregó que la ley 5.285 "es nula e ilegal porque se aprobó sin haber consultado pre­viamente a los pueblos indígenas. Pese a que el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución, el Convenio 169 de la Or­ganización Internacional del Trabajo (OIT) y el Artículo 37 de la Constitución del Chaco establecen la obligatorie­dad de estas consultas, los legisladores y el estado pro­vincial nunca lo hicieron. Pretender reparar este error con una consulta de la reglamentación es una burla inacep­table".
La Ley Nº 5.285 que modifica la ley de bosques Nº 2386 introdujo un sustancial cambio en el Artículo 19. La nueva norma ya no pone frenos al desmonte y la destrucción de los bosques chaqueños en los Departamentos Almirante Brown y General Güemes.
Se sostuvo que resultaba "por lo menos contradictorio" que frente a las activas campañas del go­bierno nacional en defensa de los derechos humanos "los legisladores y el gobierno del Chaco tengan tan poco res­peto por esos derechos y las comunidades indígenas".
A su vez en la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 2004, Greenpeace alertó hoy sobre la posibilidad de que se produzcan muchas más grandes ca­tástrofes ambientales, como las inundaciones en el Chaco, si la Nación y las provincias se siguen pasando la pelota de la jurisdicción como excusa para no hacer nada frente a los desmontes.
La organización ambientalista se refirió de este modo a la situación planteada por las inundaciones en el Chaco, donde el mismo gobernador, Roy Nikisch, vin­culó la catástrofe ambiental con los desmontes sin control ocurridos en el territorio provincial.
"Por un lado nos alegra ver que por fin entiendan el rol económico que tienen los servicios am­bientales de los bosques. Sin embargo, por qué no les entró ésto en la cabeza antes, hace años que venimos ad­virtiendo sobre esta cuestión y solo escuchan cuando impactos trágicos como éstos llegan a sus propios ojos. Si la Nación y las provincias se siguen pasando la pelota de la jurisdicción como excusa para no hacer nada, habrá mu­chas más grandes catástrofes naturales", sostuvo Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace. Ezcurra formuló estos conceptos durante una disertación que se desarrolló hoy en el Jardín Botáni­co de Buenos Aires como uno de los eventos paralelos a la Cumbre de Cambio Climático que se desarrolla en esta ciu­dad. Además, Greenpeace expuso cifras oficiales que ponen en evidencia la enorme contribución al cambio climático que representan los desmontes. En este sentido, un reciente informe elaborado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, indica que los desmontes provocan emisiones de carbono a la atmósfera en un nivel tan alarmante que supe­ran cinco veces las provenientes de los procesos in­dustriales.
"Estas cifras no sorprenden, porque las topadoras se comen en los últimos años una superficie de bosque equivalente a 20 canchas de fútbol por hora. Lo que sorprende e indigna es la absoluta falta de intervención por parte del gobierno nacional en esta cuestión tan ur­gente", declaró Ezcurra. Las entidades nucleadas en el Foro del Buen Ayre, una coalición de ONGs presente en la COP 10 exigieron detener todos los desmontes sosteniendo que "tanto por razones de protección de la biodiversidad y por los múltiples servicios ambientales que los bosques ofre­cen, también desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático debemos proteger los últimos bosques que quedan en la Argentina." El documento del Foro del Buen Ayre desta­ca además el impacto social de los desmontes provocado me­diante los aberrantes procesos de desalojos de comunidades indígenas y campesinas que habitan desde hace décadas esas tierras que hoy se arrazan. "Es simple: sin bosques nativos, no hay futuro", concluyó Ezcurra".
12) Desde tal perspectiva resulta la existencia de un conflicto que es deber de esta jurisdic­ción dilucidar, (art. 31 de la Constitución Nacional), y en ejercicio del control de constitucionalidad declarar la inconstitucionalidad de la normativa impugnada.
Es un presupuesto indispensable de juridi­cidad de todos los actos emanados de las magistraturas públicas la razonabilidad que debe orientar a los mismos co­mo garantía del Estado de Derecho.
De manera que toda vez que en un caso concreto se verifique por la judicatura una lesión a tal principio, es imperativo dar operatividad a los derechos y garantías constitucionales haciendo cesar el estado de afectación que se denuncia.
Asimismo y como ya lo señalara en el Expte. 15105/01 "Montiel Carlos Fernando S/ Medidas auto­satisfactivas" del registro de este tribunal, el problema del carácter normativo de la Constitución no genera mayo­res conflictos doctrinarios en la actualidad y se ha ido consolidando a instancias de una jurisprudencia constitu­cional crecientemente axiologizante. A este respecto, el constituyente norteamericano tuvo conciencia de que san­cionaba una norma plenamente operativa, mejor aún, la nor­ma fundamental del ordenamiento jurídico como lo declara en su artículo seis (6) "Supreme law of the land", y que, en consecuencia, toda la Constitución, tanto en su parte orgánica como en su parte dogmática, y hasta en su Preám­bulo, obliga a la totalidad de los sujetos y operadores jurídicos-públicos y privados-; y para ello están los Jueces como encargados de fiscalizar su cumplimiento, actuan­do el Poder Judicial de manera similar al modo en que controla la vigencia del resto del ordenamiento jurídico. (Conf. Alejandro Nieto "Peculiaridades Jurídicas de la Norma Constitucional" en Revista de Administración Públi­ca, Nº 100/102, pg. 377 y sgtes.; cit. por Rodolfo Luis Vigo en " Interpretación Constitucional", pág. 61/62, Ed. Artes Gráficas, Candil S.R.L., Ed. 1993).
Frente a la interpretación que debe darse a la realidad vital existente y que integra l0a verdad ju­rídica objetiva, a cuya ponderación los Jueces no pueden renunciar concientemente (Corte Suprema E.D. 142/123; LL 1991/D - 518; J.A. 1991-535), se impone el deber que tengo como magistrada de optimizar y priorizar la fuerza norma­tiva de la Constitución.
13) Como colofón de lo precedentemente di­cho ratifico una vez más en este acto que es necesario comprender que la Constitución es nuestro estatuto organi­zativo supremo contenedor de un pacto social de conviven­cia, regulador de las relaciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el ejercicio de las liberta­des.
La Constitución organiza y regula las re­laciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el ejercicio de las libertades, y en este sentido es una garantía o seguridad que nos protege frente a los dos pe­ligros extremos que pueden afectar a una sociedad, el despotismo y la anarquía.
Como instrumento tuitivo de la libertades tiende de manera eficaz a evitar el abuso de poder y como norma suprema, está por encima de las demás normas y actos que de ella derivan y debe encontrar en los ciudadanos, en las autoridades públicas y fundamentalmente en los tribu­nales de justicia fuerza normativa suficiente para no frustrar dicha supremacía.
Cuando los argentinos, en todos los ámbi­tos y niveles comprendamos las bondades del sistema constitucional y la necesidad imperiosa de que todo el sistema legal se ajuste a los principios allí contenidos, habrá realmente voluntad de Constitución.
Por eso es tiempo de una Justicia Consti­tucional en serio, de no adormecernos en la hipocresía de un conjunto de derechos consagrados en los textos consti­tucionales, que no se cumplen, amparándonos en una estruc­tura judicial burocrática que no está muchas veces a la altura de las circunstancias. Reconocer en los textos constitucionales, un catálogo de derechos, formalmente declarados, pero que no se cumplen así como mecanismos de control ineficaces, traducen una realidad que debe revertirse sin demora. Todos los jueces tanto federales como pro­vinciales somos antes que nada jueces de la Constitución lo que importa especializarnos y demostrar idoneidad para el juzgamiento de las cuestiones constitucionales que tie­nen rango supremo, y solo después en la competencia deri­vada- específica que nos acuerda la ley. Una interpreta­ción distinta importaría una afectación al Principio de Supremacía Constitucional, una traición a la Constitución que debemos honrar y defender y que alguna vez juramos cumplir y hacer cumplir.
14) Las características singulares del ca­so me persuaden de acceder a la tutela judicial urgente incoada por esta vía en el entendimiento que en el marco examinado la Ley Nro. 5285/03 y sus normas reglamentarias resultan inconstitucionales, por haberse dictado sin cumplimentar la exigencia de estudios previos sobre impac­to ambiental que establece el inc. 8 del art. 38 de la Constitución Provincial, y de un ámbito necesario de con­sultas previas y real participación de los distintos gru­pos sociales involucrados como manda la normativa consti­tucional. A lo que se suma la omisión de la parti­cipación específica y amplia de los pueblos indígenas in­teresados mediante procedimientos apropiados, consagrada en el inc. 17 del art. 75 de la Constitución Nacional y art. 37 de la Constitución Provincial, ante el daño ya producido y la amenaza de daño inminente a los recursos naturales, su patrimonio natural y cultural y de la diver­sidad biológica que invocan los amparistas. Y en este sentido, como se alude en el in­forme de fs. 349/361 de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) es conducente señalar que, con poste­riordad al inicio de la acción, se dictó el decreto 672 de "Reserva de Recursos Impenetrable Chaqueño" de un millón de hectáreas ( 250.000 hs.en el Departamento Brown y 750.000 en el Departamento Güemes), el que si bien se eva­lúa por dicha entidad como positivo, en tanto se proteja efectivamente el ambiente chaqueño, carece de efecto sobre la Ley 5285 que sigue siendo una puerta abierta al desmon­te y la expansión descontrolada de cultivos industriales.
15) En el caso Marbury v. Madison 1 Cranch 137,2 L.Ed. 60 (1803) la Corte de Justicia Norteamericana emitió el célebre caso, hito en la historia del control de constitucionalidad de tipo difuso, a través del voto del presidente John Marshall expresaba: “No puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto, por lo tanto, la interpretación contraria es inadmisible salvo que el texto expreso de la Constitución así lo manifies­te. La pregunta acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse en ley vi­gente del país es profundamente interesante para los EEUU. pero, felizmente, no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión parece necesario tan sólo reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como resul­tado de una prolongada y serena elaboración. Todas las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de es­tablecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. El ejercicio de ese derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni debe ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así estable­cidos son considerados fundamentales. Y desde que la auto­ridad de la cual proceden es suprema, y puede raramente manifestarse, están destinados a ser permanentes. Esta vo­luntad originaria y suprema organiza el gobierno y asigna a los diversos poderes sus funciones específicas. Puede hacer sólo esto, o bien fijar, además, límites que no po­drán ser transpuestos por tales poderes. El gobierno de los EEUU. es de esta últi­ma clase. Los poderes de la legislatura están definidos y limitados. Y para que estos límites no se confundan u ol­viden, la Constitución es escrita. ¿Con qué objeto son li­mitados los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea escrita si ella puede, en cualquier momen­to, ser dejada de lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación? Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobier­no limitado y gobierno ilimitado queda abolida. Hay sólo 2 alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales al­ternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se en­cuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza. Ciertamente, todos aquéllos que han ela­borado constituciones escritas las consideran la ley fun­damental y suprema de la Nación, y consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría está íntimamente ligada al tipo de Constitución escrita y debe, por ello, ser considerada por esta Corte como uno de los principios básicos de nuestra sociedad. Por ello esta cir­cunstancia no debe perderse de vista en el tratamiento ul­terior de la materia. Sin lugar a dudas, la competencia y la obligación del Poder Judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a casos articulares deben por ne­cesidad exponer e interpretar esa norma. Si 2 leyes entran en conflicto entre sí el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del mismo modo cuando una ley está en conflicto con la Constitución y am­bas son aplicables a un caso, de modo que la Corte debe decidirlo conforme a la ley desechando la Constitución, o conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte de­be determinar cual de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de admi­nistrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe re­gir el caso al cual ambas normas se refieren. Quienes niegan el principio de que la Cor­te debe considerar la Constitución como la ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que los tribuna­les deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley. Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda constitución escrita. En ciertos casos, la Constitución debe ser interpretada y analizado su contenido por parte de los jueces. Y si de este modo los jueces pueden abrir y examinar la totalidad de la Constitución ¿qué parte de ella les está prohibido leer u obedecer? ¿Debe darse un pronunciamiento judicial en tal caso? ¿Deben los jueces cerrar los ojos a la Consti­tución y ver sólo la ley? Mediante éstos y muchos otros artículos que podrán seleccionarse es claro que los constituyentes elaboraron ese instrumento como una regla obligatoria tan­to para los tribunales como para la Legislatura. ¿Por qué motivo, si no, prescribe a los jueces jurar su cumplimiento? Este juramento apela, cier­tamente, a su conducta en el desempeño de su cargo de ca­rácter oficial. ¡Qué inmoralidad sería imponérselos, si ellos (los jueces) fueran a ser usados como instrumentos- y como instrumentos conscientes - de la violación de lo que juran respetar!....”
16) No olvidemos que la Constitución vive en tanto se aplica por los Jueces. Cuando ellos desfalle­cen, ya no existe más. Por eso el rol de los operadores ju­diciales en estos tiempos frente a una sociedad que exige respuestas urgentes, y que ya no espera, es dar pronta se­guridad jurídica, amparo frente al desamparo, tutela fren­te a la indefensión, abriendo las compuertas de la juris­dicción y garantizando las libertades fundamentales a to­dos los habitantes. No desconozco que existen aspectos de ne­cesidad, conveniencia y oportunidad cuya merituación co­rresponde a los poderes públicos por expreso mandato constitucional, arts. 38 inc. 8 y concordantes de la Constitución local, criterios susceptibles de merecer jui­cios de valor diferentes por parte de los habitantes, pe­ro tal potestad debe ser ejercida de conformidad con las prescripciones de esta Constitución.
17) Las motivaciones y fundamentos expues­tos me persuaden en el sentido de declarar la inconstitu­cionalidad de la Ley Nro. 5285/03 y sus decretos reglamen­tarios y haciendo saber a las autoridades provinciales que cualquier normativa que se dicte en su reemplazo deber ajustarse a las prescripciones constitucionales en punto a la participación de los pueblos indígenas afectados y de los distintos sectores y agentes sociales involucrados.
También corresponde ordenar a la Provincia del Chaco a través de sus autoridades provinciales y órga­nos pertinentes, el cumplimiento de lo prescripto por el art. 38 de la Constitución Provincial, debiendo adoptarse los recaudos tendientes a ello.
Y finalmente la urgente e inmediata reali­zación de una evaluación de los Impactos ya ocasionados por la destrucción de los Montes Chaqueños y acerca del Impacto Ambiental y Social en relación a las actividades futuras de continuarse el mismo ritmo de afectación del bosque y suelos. Debiendo arbitrarse los medios para ase­gurar la participación con pluralidad de actores e intere­ses conforme lo establece la Constitución Provincial a los fines de diseñar, desarrollar y proponer la ejecución de un Plan de preservación, Recomposición y Sustentabilidad del Bosque Nativo de la Provincia del Chaco, lo que deber ser informado al tribunal, como garantía del cumplimiento del fallo, en el plazo de diez días de notificada la pre­sente.
18) Establecido lo anterior, corresponde determinar la forma en que deber ejecutarse esta senten­cia, como garantía de la tutela judicial efectiva, recono­cida por los arts. 18 de la Constitución Nacional y arts.8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, arbitrando un cumplimiento ordenado de este pronunciamiento.
Carlos Fayt en su memorable voto en disi­dencia en el reciente caso Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ amparo" de fecha: 26/10/2004 en el Considerando 27) reflexiona respecto a que " la eje­cución de las decisiones judiciales en estas circunstan­cias debe efectuarse cuidando que a la par de restablecer la vigencia de los derechos conculcados, no se convierta paradojalmente en un medio que en la realidad los frustre. En el Considerando 28) expresa:" Que a ese fin el derecho comparado, bien que en sistemas tributarios de un control de constitucionalidad muy diferente al nuestro, como las de España, Italia, Alemania y Colombia han ido desarrollando diversas técnicas que actúan sobre los efectos de las sentencias. En España se ha sostenido en términos generales que "la consecuencia más significativa que se deriva del principio de conservación de la ley es la posibilidad de que su enjuiciamiento no concluya exclusivamente con una simple declaración de conformidad o disconformidad de la ley con la Constitución. Entre uno y otro extremo existe un abanico de posibilidades que van desde las denominadas sentencias interpretativas de recha­zo hasta las aditivas y manipuladoras, pasando por decla­raciones de mera anulabilidad de la norma legal impugna­da"(Camaño Domínguez, Francisco; Gómez Montoro, Angel J.; Medina Guerrero, Manuel y Requejo Pagés, Juan Luis, Juris­dicción y procesos constitucionales Mc. Graw Hill, Madrid, 1997, p. 44).
En Italia, la Corte Constitucional ha desa­rrollado en los últimos años instrumentos más refinados para abordar los problemas del control de constitucionali­dad de las leyes y a fin de ajustar el impacto de las sen­tencias que declaran la inválidez de las normas impugnadas (Nardini, William J., "Passive Activism and the Limits of Judicial Self? Restraint: Lessons for America from the Ita­lian Constitutional Court", en 30 "Seton Hall Law Review" 1). En Alemania, se fijan plazos y pautas para que el Par­lamento ?Bundestag? corrija la norma inconstitucional y también se han elaborado otras técnicas a fin de "suavizar el impacto político de sus decisiones" o "evitar el caos político o económico que podría resultar de la declaración de inconstitucionalidad (Kommers, Donald P., The Constitu­tional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 2da edición, Duke University Press, Durham?London, 1997, p. 53). En Colombia, por último se ha considerado que "el juez constitucional no está atrapado en la disyuntiva de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su in­tegridad en forma inmediata (sentencia de inexequibili­dad)". La Corte Constitucional de dicho país "debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. En tales circunstancias, no siempre la constatación de que una norma es inconstitucional acarrea inevitablemente su automática declaración de inexequibilidad, por la sencilla razón de que puede ocurrir que el retiro inmediato de la disposición del ordenamiento ocasione una situación peor, desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales" (Corte Constitucional de Colombia causa C?141/01, fallada el 7de febrero de 2001, Magistrado Po­nente Alejandro Martínez Caballero)". Y en el Considerando 29):" Que ya más cer­cana a nuestra tradición, la Suprema Corte de los Estados Unidos al decidir "Brown v. Board of Education" (349 U.S. 294) tras declarar que la discriminación racial en la edu­cación pública era inconstitucional, señaló que "la imple­mentación plena de estos principios constitucionales puede requerir la solución de variados problemas escolares loca­les". "Los tribunales dijo requerirán a los demandados que den un pronto y razonable inicio hacia el completo cumpli­miento de la decisión" y que "una vez que tal comienzo ha­ya sido efectuado, los tribunales pueden encontrar que es necesario un plazo adicional para llevar a cabo la deci­sión en forma efectiva". "La carga de la prueba para acre­ditar que ese plazo es necesario en el interés público y es compatible con un cumplimiento de buena fe practicable en la fecha más próxima posible -precisó- pertenece a los demandados. A ese fin, los tribunales pueden considerar problemas relacionados con la administración, que surjan de la condición física de los edificios escolares, del sistema de transporte escolar, del personal, o de la revi­sión de distritos escolares y áreas de asistencia en uni­dades compactas, para lograr un sistema de admisión a las escuelas públicas sobre bases no raciales, y la revisión de leyes y regulaciones locales que pueda ser necesaria para solucionar los problemas precedentes. Considerarán también la adecuación de cualquier plan que los demandados puedan proponer para enfrentar estos problemas y efectuar una transición a un sistema escolar racialmente no discriminatorio". Finalmente en el Considerando 30), dice:" Que la preocupación por las dificultades materiales y ju­rídicas que pudieran obstar al cumplimiento eficaz de las decisiones del Tribunal y de la filosofía que las inspira, cuando como en el caso dispone la declaración de inconsti­tucionalidad de una norma de alcance general, tampoco ha sido ajena a su jurisprudencia. En este sentido, corres­ponde recordar la sentencia recaída in re "Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo" del 9 de abril de 2002. Tras afirmar que "reconocer un derecho pero negarle un remedio apropiado equivale a desconocerlo" y declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, este Tribunal decidió "urgir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados y en este marco, esta Corte considera prudente disponer que este derecho sea implementado por las autoridades com­petentes dentro del plazo de seis meses".
19) En cuanto a lo peticionado en torno a que se declare la Emergencia Ambiental en la Provincia del Chaco y prohibición de desmonte a tala rasa de bosques, montes nativos y selvas en todo el territorio de la provincia en propiedades privadas y públicas, tratándose del ejercicio de competencias que por expreso mandato constitucional corresponden a los otros poderes, estimo que no corresponde acceder a ello con el alcance pretendi­do, sin perjuicio, de las medidas que deberán adoptar las autoridades, como consecuencia de lo que aquí se decide. Por lo que la manda judicial se circunscribe a lo dispues­to en los considerandos y parte resolutiva del pronuncia­miento, al exceder el ámbito de la presente acción de am­paro así como las atribuciones constitucionalmente asigna­das a la suscripta, como órgano judicial, atento a las previsiones de los arts.5, 19, 38 y 151 y conc. de la Constitución Provincial.
Las costas atento al sentido de este deci­sorio se imponen a los accionados (art. 68 del C.P.C.y C.) regulándose los honorarios de los profesionales inter­vinientes de conformidad a los arts. 3, 4, 5, 7 y 10 de le ley 2011 y su modif. 2385 y art. 8 de la Ley 3965 .Del análisis de las cuestiones formuladas, naturaleza y complejidad del asunto, eficacia, calidad, mérito y la­bor desarrollada, las que no se circunscriben al ámbito jurídico sino que abarcan temas de otras disciplinas re­sultan los montos que se fijan en la parte resolutiva.-
Haciendo lugar a la acción iniciada por la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Co­munitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población declarando la inconstitucionalidad de la Ley Nro. 5285/03 y sus decretos reglamentarios y haciendo saber a las autoridades provinciales que cualquier norma­tiva que se dicte en su reemplazo deber ajustarse a las prescripciones constitucionales en punto a la participa­ción de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos sectores y agentes sociales involucrados.
Ordenando a la Provincia del Chaco, a tra­vés de sus órganos pertinentes, de conformidad a la distribución constitucional y legal de organización y ejercicio del poder público el cumplimiento de lo prescripto por el art. 38 de la Constitución Provincial, debiendo adoptarse los recaudos tendientes a ello.
Disponiendo asimismo la urgente e inmedia­ta realización de una evaluación de los Impactos ya oca­sionados por la destrucción de los Montes Chaqueños y acerca del Impacto Ambiental y Social en relación a las actividades futuras de continuarse el mismo ritmo de afec­tación del bosque y suelos. Debiendo arbitrarse los medios para asegurar la participación con pluralidad de actores e intereses conforme lo establece la Constitución Provincial a los fines de diseñar, desarrollar y proponer la ejecu­ción de un Plan de preservación, Recomposición y Sustenta­bilidad del Bosque Nativo de la Provincia del Chaco, lo que deber ser informado al tribunal, como garantía del cumplimiento del fallo, en el plazo de diez días de noti­ficada la presente.
II) Imponiendo las costas a los accionados y regulando los honorarios profesionales del Dr. Julio Ce­sar Garcia en el doble carácter de patrocinante y apodera­do en pesos mil ochocientos ($ 1.800) y pesos setecientos veinte ($ 720). y los de la dra. Gloria Cristina Silva co­mo patrocinante en pesos mil doscientos sesenta ($ 1.260) y los Dr. Ricardo Alberto Vallejos como apoderado en pesos quinientos veinticuatro ($ 524) (arts. 3, 4, 5, 7 y 10 de le ley 2011 y su modif. 2385 y art. 8 de la Ley 3965).
III) Notifíquese, Regístrese y protocolícese. - Dra. Iride I. M. Grillo Juez Ver

References: in fine
in fine
 artículo 38
in dubio
 artículo 41
 Artículo 75
 Artículo 37
 Artículo 19