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Timestamp: 2019-05-20 11:00:38+00:00

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﻿ SENTENCIA 2212 DE MARZO 11 DE 1991
SENTENCIA 2212 DE 11 DE MARZO DE 1991
CONTENIDO:EMBARGO Y SECUESTRO DE VEHÍCULOS, EN PROCESOS ORDINARIOS
TEMAS ESPECÍFICOS:EMBARGO, PROCESO ORDINARIO, SECUESTRO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:234 DE JUNIO DE 1991, PÁG.464
Sentencia 2212 de marzo 11 de 1991
EMBARGO Y SECUESTRO DE VEHÍCULOS
EN PROCESOS ORDINARIOS
Ref.: Exp. 2212
Sentencia Nº 27. Acción de inexequibilidad contra el numeral 6º de la regla 346 del artículo 1º del Decreto 2282, 1989.
Bogotá, D.E., once de marzo de mil novecientos noventa y uno.
Se ha pedido a la Corte que declare inexequible el numeral 6º de la regla 346 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, por el cual se subrogó el artículo 690-6 del Código de Procedimiento Civil y, como se tramitó el asunto debidamente, es oportunidad de pronunciar el fallo.
Dice así la norma impugnada:
“Medidas cautelares en procesos ordinarios. En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican: ...
6. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados en cosas muebles o inmuebles por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículos con el cual se causó el daño. Tal medida se regirá por las normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, o cuando se ejecutoríe la sentencia absolutoria, o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335, o si se extingue la obligación”.
III.Los motivos
El demandante alega que la norma transcrita viola los artículos 30, 17 y 32 de la Constitución Nacional por los siguientes motivos:
A su manera de ver, esta medida desconoce el derecho de propiedad adquirido con justo título, consagrado por el prementado artículo 30, porque no debe haber lugar a secuestrar y embargar un bien dentro de un proceso meramente declarativo en el cual el actor apenas busca un pronunciamiento que defina su derecho pero sin que haya seguridad en cuanto a su prosperidad y, en su caso, en cuanto al monto de la indemnización.
El artículo 17 resulta ofendido porque no se da, en su entender, debida protección al trabajo ya que, por el contrario, el conductor generalmente queda cesante “muchas veces por largo tiempo sin existir un mecanismo procedimental que obligue al juez a no ordenar la inmovilización del vehículo de servicio público con la captura del mismo”.
En cuanto al artículo 32, dice que se quebranta el bien común servido por el vehículo, especialmente si éste es público, y la libertad de empresa porque se está sacando del comercio un bien productivo.
El señor Procurador General de la Nación consideró que el precepto demandado es exequible y al efecto transcribió algunos apartes del concepto que rindió en el asunto 2194 que versó sobre el mismo numeral que ahora se estudia.
“Como ya se dijo, no sólo el legislador consagró en lo acusado un respaldo a los eventuales perjuicios que puedan ocasionarse con la adopción de la medida cautelar, significado en una caución a prestarse por el demandante, lo que desvirtúa la afirmación del actor sobre la violación a la garantía de la protección a la propiedad privada contenida en el artículo 30 superior, sino que además al permitirse al demandado obtener el levantamiento de las medidas, igualmente mediante la prestación de una caución, no se infringieron las tutelas consagradas en los artículos 17 y 32 de la Carta sobre el trabajo y la libertad de empresa.
Es bien cierto que la decisión adoptada por el legislador en el numeral 6º acusado ocasiona la más de las veces inconvenientes a la parte demandada, tales como los descritos por el demandante en su libelo, pero dicha valoración es ajena al juicio de constitucionalidad que compete a la Corte”.
Cabe decir, en primer término, que la Corte es competente para dictar esta sentencia pues con ella se desata una acción pública de inexequibilidad adelantada por un ciudadano contra un decreto ley, dictado por el gobierno en ejercicio de atribuciones extraordinarias concedidas por la Ley 30 de 1987.
En segundo término debe precisarse que en sentencia número 22 de 28 de febrero de 1991 ya la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma tachada, pero que lo hizo solamente en juicio que examinó si había habido exceso en el ejercicio de las facultades conferidas y, por lo tanto, a este confín quedó limitado su fallo y hace procedente el que ahora se dicta, pues éste estudia la exequibilidad de los mandatos contenidos en la norma.
Ahora bien, para fijar el alcance de la disposición que se examina, la sentencia a la que acaba de aludirse señaló:
“Al paso que la inscripción de la demanda surte el efecto de vincular a los adquirentes de derechos principales o accesorios sobre el bien trabado a los efectos de la sentencia que en el ínterin se dicte, de manera que la fuerza de la cosa juzgada los cobija —pero sin sacar el bien del comercio— el secuestro y el embargo que se practiquen sí cumplen tal fin y, por lo tanto, la enajenación posterior queda afectada de nulidad absoluta por objeto ilícito (arts. 1521-3 y 1741, C.C.)”.
Con este precepto, claro está, lejos de atentarse contra el derecho de propiedad, la norma propugna por su protección, pues dado que tiene que escoger entre el que ostenta quien lo ha visto conculcado por otro en un accidente de tránsito y el que tiene quien supuestamente ha causado el daño, es apenas justo y resulta simplemente lógico que acoja el primero e imponga las cargas al segundo. No es como parece entenderlo el actor, que el único interés respetable sea el del dueño del vehículo causante de los perjuicios, pues antes que éste está el del derecho lesionado. Para ello no empece, además, que no exista desde entonces una definición de la exigibilidad de la obligación y de su monto, pues cabalmente se trata de asegurar su pago y satisfacción forzada desde el momento mismo en que su determinación judicial se reclama; esperar un momento posterior bien podría significar que la sentencia a condena resultaría nugatoria e ineficaz con la consiguiente burla al fallo de la jurisdicción y al deber legal de indemnizar. De otro lado, debe destacarse que los posibles perjuicios que se deriven de la medida cautelar deben caucionarse y que ella debe levantarse si se garantiza el pago de la indemnización, de donde se ve que hay ecuanimidad y equilibrio en la solución del conflicto.
Ni por asomo se ve cómo puede esta norma infringir el artículo 17 constitucional, conforme al cual “el trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado”, como que con la desatinada interpretación del libelista se llegaría sin más a que toda actividad humana que representa trabajo estaría por encima de toda otra consideración y regiría sin límites, a pesar de que lo correcto es pensar que esta especial protección que merece supone que no causa daño a otro ni causa quebrantamiento y desmedro a otras libertades y derechos; el trabajo es sin duda la fuente de sustento de una parte sumamente importante de la población y constituye un bien social, pero no puede protegerse en forma hiriente para otros bienes y él mismo obedece a regulaciones en cuanto a su objeto y licitud y en cuanto al ámbito de su ejercicio.
Y así, el trabajo del conductor del vehículo que ha causado un accidente no puede servir de pretexto para que el daño quede insatisfecho ni como patente de corso para hacer violencia contra el patrimonio ajeno ni para relegar al olvido los intereses de la víctima.
Además, una interpretación sistemática de los artículos 10, 682 y 683 del Código de Procedimiento Civil indica que el secuestre puede hacer productivo el funcionamiento del vehículo, que es cosa distinta a estar fuera del comercio.
Estos mismos argumentos y especialmente los motivos del bien común referidos hacen que no se vulnere tampoco la libertad de empresas que por aquél está limitada en el artículo 32.
Vale la pena relievar que la medida precautelar de que se trata solamente puede tomarse cuando el dueño del automotor es demandado y de él se reclama la indemnización respectiva dentro del juicio ordinario tendiente a obtenerla pues si la acción se dirige exclusivamente contra otras personas, como, por ejemplo, el conductor y la empresa transportadora, la posición de aquél es la de un tercero para efectos de oponerse al secuestro o, en su caso, lograr el levantamiento de la medida; si no fuese así, se estaría violando su derecho de defensa y amenazando un derecho de propiedad en un proceso cuyo haz definitorio no lo cobija y al que, dado el planteamiento hecho por el actor, él es ajeno; la calidad de responsable del daño y de sujeto llamado a pagarlo deben coincidir en el juicio correspondiente.
No encuentra la Corte que haya otro motivo de inexequibilidad.
Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y de acuerdo con el señor Agente del Ministerio Público,
Es EXEQUIBLE el ordinal 6º del numeral 346 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificó el artículo 690-6 del Código de Procedimiento Civil.
Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente—Rafael Baquero Herrera—Jorge Carreño Luengas— Ricardo Calvete Rangel—Manuel Enrique Daza Alvarez—Guillermo Duque Ruiz—Pedro Augusto Escobar Trujillo—Eduardo García Sarmiento—Gustavo Gómez Velásquez—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Ernesto Jiménez Díaz—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo— Rafael Méndez Arango—Fabio Morón Díaz—Alberto Ospina Botero—Jorge Iván Palacio Palacio—Simón Rodríguez Rodríguez—Rafael Romero Sierra—Edgar Saavedra Rojas—Jaime Sanín Greiffenstein—Hugo Suescún Pujols—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia Martínez—Ramón Zúñiga Valverde.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 690
 artículo 335
 artículo 30
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 30
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 690