Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531496.html
Timestamp: 2019-03-22 14:22:08+00:00

Document:
A.S. 496-2015
Auto Supremo Nº 496
Expediente: 165/2015-A
Demandante: Sandro Quispe Soto
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 98 a 100, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 030/2015 de 10 de marzo, cursante de fs. 95 a 96, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reclamación seguido por Sandro Quispe Soto, contra la institución recurrente; la respuesta de contrario al recurso interpuesto; el Auto que concedió el recurso, de fs.106; los antecedentes del proceso; y:
I.1.1. Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas
Por Resolución Nº 745 de 31 de enero de 2014 (fs. 56), la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, resuelve otorgar en favor de Sandro Quispe Soto, el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 32172, en el cual se considera un monto de Compensación de Cotización de Bs.405.89.
I.1.2. Recurso de reclamación
Por memorial de fs. 62, Sandro Quispe Soto, interpone recurso de reclamación, adjuntando para dicho propósito copia de la certificación otorgada por la Empresa Metalúrgica Vinto de 11 de septiembre de 2006 (fs. 78), así como el formulario de liquidación de beneficios sociales (fs.77).
I.1.2.1. Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR
Concedido el recurso, la Comisión de Reclamación, mediante Resolución 708/2014 de 29 de septiembre (fs. 72 a 74), confirmó la Resolución Nº 745 de 31 de enero de 2014 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por considerar que la misma se encuentra de acuerdo a los datos del expediente y la normativa vigente.
Interpuesto el recurso de apelación por Sandro Quispe Soto (fs. 82 a 83), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 030/2015 de 10 de marzo (fs. 95 a 96), revocó la Resolución Administrativa Nº 708/2014 de 29 de septiembre, disponiendo que la Comisión de Calificación de Rentas emita una nueva Certificación de Compensación de Cotizaciones a favor del interesado en base al correcto salario cotizable, en observancia a las consideraciones de la resolución dictada.
Contra el Auto de Vista anotado, Juan Edwin Mercado Claros, en representación del SENASIR, por memorial de fs. 98 a 100, interpone recurso de casación en el fondo, en virtud a los siguientes argumentos:
Señaló que, se ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba cursante a fs. 77 de obrados, al haber considerado la sumatoria de ingresos del cual sacan un promedio, el cual no es un salario cotizable, siendo que su último salario cotizable se encuentra en la parte superior del indicado documento que señala Abril 87 + 15%.
Denunció que, el Auto de Vista no tomó en cuenta la certificación emitida a fs. 27, por la Comibol, de la cual es dependiente la Empresa Metalúrgica Vinto y que establece como salario cotizable del último mes del asegurado (abril 87) el monto de Bs.291.89.-, de ahí que, no resulta evidente lo establecido por el Tribunal ad quem al señalar una suma mayor, confundiendo el salario cotizable, con una suma de ingresos.
Indicó que, se interpretó erróneamente el parágrafo I del art. 24 de la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010, así como los arts. 1.48 y 50 del Decreto Supremo (DS) Nº 0822 de 16 de marzo de 2011.
Manifestó que, si el bien el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, establece la modalidad de certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, sin embargo esta disposición legal solo regula única y exclusivamente los tramites del sistema de reparto y no así los tramites de compensación de cotizaciones, los cuales deben ser regulados por el art. 18 del DS Nº 27543 el que señala que, para los fines de certificación de aportes, para la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del DS. Por otro lado, señala que, la cláusula segunda de la de la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, se establece que: el SENASIR, procederá a la certificación de aportes, mediante la modalidad de documentos acreditables, consistentes en partes de afiliación y baja de la Cajas de Salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros, agregando además, que el procedimiento señalado en el párrafo precedente procederá únicamente cuando de forma previa el SENASIR, hubiere procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en la normas que rigen el Sistema de Reparto, como la verificación de planillas.
La entidad recurrente, solicitó que concedido que fuere su recurso, el Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo case el Auto de Vista Nº 030/2015 de 10 de marzo, confirmando la resolución de la comisión de reclamación Nº 708/2014 de 29 de septiembre, y sea previas las formalidades de Ley.
Del contenido del recurso de casación, se colige que la controversia radica en determinar, si para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones a favor del trabajador al SENASIR le corresponde considerar como último salario cotizable del mes de abril/87 la suma de Bs.291,89.- (sueldo base), o la suma de Bs.642,65.- (total ganado). Al respecto, corresponde partir de la siguiente normativa:
El art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; asimismo señala, que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando en el entendido que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
Aquellos principios componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en Bolivia, sino también constituyen la guía para su materialización, en la lógica que la Seguridad Social obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado como tal persigue. Esa posición hace que los principios que ordenan y orientan al sistema de Seguridad Social no deban ser tenidos de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, o bien ser limitados a su enunciación retórica, sino más bien deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que: “los regímenes de seguridad de los medios de vida (puedan aliviar) el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia” .(Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida).
En ese ámbito el parágrafo IV del art. 45 de la CPE, compromete que el Estado garantizará el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. La jubilación a la que hace referencia el mencionado artículo, se halla íntimamente relacionada al derecho a percibir una remuneración, en el entendido de que aquella deba ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos sean pasibles al goce de una renta que les permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad o encontrarse en alguna situación en la que necesiten dicha asistencia; esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación. Cabe aclarar, que la otorgación de una renta o la determinación del cálculo que corresponda a la calificación de rentas no es el resultado de la concesión gratuita de un monto de dinero a favor de una persona; sino más bien, el resultado del derecho generado por ésta a través del aporte efectuado a lo largo de años de trabajo. Derecho que se encuentra constitucional y legalmente protegido, teniendo como antecedente el inc. k) del art. 7 y el art. 158 de la CPE de 1967 y sus reformas, y hoy sintetizado en los incs. I y II del art. 45 de la actual CPE, norma constitucional que amplía el entendimiento asumido por la anterior norma suprema, manifestando que la dirección y administración del sistema de seguridad social corresponde al Estado, precisamente a efecto de proteger y resguardar los derechos de la persona, su dignidad, medios de vida y subsistencia.
Por su parte, el DS Nº 27543 de 31 de mayo 2004, en su parte considerativa señala que el SENASIR, es la institución pública designada para procesar y otorgar prestaciones del Sistema de Reparto, y en razón de haberse presentado dificultades logísticas e información incompleta no logró calificar las prestaciones de la totalidad de los asegurados que presentaron sus solicitudes hasta el 31 de diciembre del 2001, otorgando a tal fin directrices para facilitar la certificación de aportes.
Así, el art. 14 de la señalada norma reglamentaria, señala que: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente DS, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio,…”; lo que significa, que esta norma ha sido dictada, velando por el acceso a un jubilación justa y otorgando mayor facilidad a los beneficiarios para que puedan acceder al beneficio de las rentas, disponiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del SENASIR, se complemente la verificación de aportes con otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del DS mencionado, así como lo señalado por el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA). Sobre el mismo tema, la entonces Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo Nº 685 de 15 de diciembre de 2010, estableció: “…el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, verificó que muchos asegurados no se encuentran consignados en las mismas, sin embargo, cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del sistema de reparto, emitió la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del Art. 14 del DS Nº 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones”. Asimismo, la resolución ministerial aludida y que es posterior a la RS Nº 550 de 28-09-05, en la parte in fine de su único artículo establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el DS Nº 27543; de similar manera, refiriéndose al tema, se pronunció este Tribunal Supremo en los Autos Supremos Nos. 85 de 11 de abril de 2011, y 30 de 18 de febrero 2013 entre otros.
Dentro del marco legal referido, en la especie, la entidad recurrente denuncia en casación que el auto de vista hubiere incurrido en error de hecho en relación a la prueba cursante a fs. 77 consistente en el formulario de finiquito del trabajador, además de no haber tomado en cuenta la prueba cursante a fs. 27, consistente en una certificación de COMIBOL. Por otra parte denuncia, haberse interpretado erróneamente el parágrafo I del art. 24 de la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010, así como los arts. 1.48 y 50 del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, y que el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, solo regula única y exclusivamente los tramites del sistema de reparto y no así los tramites de compensación de cotizaciones, los cuales deben ser regulados por el art. 18 del DS Nº 27543.
En el marco de lo referido, de la revisión de antecedentes, se sabe que, el asegurado Sandro Quispe Soto, luego de renunciar al procedimiento automático, inició el trámite sobre Compensación de Cotizaciones Por Procedimiento Manual (CCPM), con el propósito que se le otorgue el correspondiente Certificado de Compensación de Cotizaciones por los periodos comprendidos de abril/1975 a abril /1987; lo que derivó, que la Comisión de Calificación del SENASIR presumiblemente previa revisión y análisis de la documentación presentada, emita la Resolución Nº 745 de 31 de enero de 2014, otorgando a favor de Sandro Quispe Soto, el formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 32172, en el cual se considera un monto de Compensación de Cotización de Bs.405,89.- (fs.56).
Contra la indicada resolución, por memorial de fs. 62, el asegurado opuso recurso de reclamación, que fue resuelto por la Resolución Nº 708/2014 de 29 de septiembre, confirmando la Resolución 745 de 31 de enero 2014.
La Resolución Administrativa Nº 708/2014 de 29 de septiembre, recurrida en apelación, motivó la emisión del Auto de Vista Nº 030/2015 S.S.A.II de 10 de marzo, a través del cual el Tribunal de Alzada, revocó la Resolución Administrativa Nº 708/2014 de 29 de septiembre, disponiendo que la Comisión de Calificación de Rentas, emita nueva certificación de Compensación de Cotizaciones observando las consideraciones contenidas en el auto de vista.
En el marco de lo expuesto precedentemente, corresponde establecer que, la normativización para la revisión y certificación de documentación ante el SENASIR, no se configura como un ritual cuyo fin último sea la mera revisión documental, sino, es el instrumento y medio para la acreditación de un derecho, de ahí que, se han dictado las normas reglamentarias referidas supra, con el propósito de flexibilizar la exigencia de requisitos, aceptando la supletoriedad de documentos, tendientes a acreditar periodos efectivos de trabajo donde se hayan realizado aportes normados por Ley, un entendimiento contrario, no solo constituiría generar innecesariamente caminos burocratizados, sino que haría imposible la materialización de un derecho, como es la jubilación. En el marco de lo referido, en el caso presente, si bien la certificación de fs. 27 emitida por la Corporación Minera de Bolivia, contiene como salario base la suma Bs.291,89.-, no es menos cierto, que la Comisión de Calificación de Rentas, para consignar el monto adecuado en la Resolución Nº 745 de 31 de enero de 2014, debió haber confrontado dicha prueba con la demás documentación cursante en el expediente, especialmente aquellas relativas a la certificación otorgada por la Empresa Metalúrgica Vinto referido al último salario del trabajador del mes de abril en que se consigna Bs.642,65.- (fs. 1 y 78), así como el formulario de finiquito cursante a fs. 7 y 77, en él también se consigna a los fines de la indemnización la suma de Bs.642,65.- como promedio de los últimos tres salarios percibidos por el trabajador, lo que nos demuestra que el asegurado percibió como último salario del mes de abril/1887 la suma de Bs.642,65. Ahora bien, si asumiríamos el entendimiento de la entidad recurrente, que el salario cotizable para el cálculo de compensación de cotizaciones debe ser el salario básico y no el total ganado por el trabajador, se vulneraria lo dispuesto por el art. 52 de la LGT y 39 de su Decreto Reglamentario (DR), así como el DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949 que señalan en cuanto al salario: “Se entiende por sueldo o salario la remuneración total en dinero que perciben los trabajadores como retribución a su labor, encontrándose involucrados dentro de estos términos, el salario básico incluyendo porcentajes, comisiones, recargos por trabajos nocturnos, horas extraordinarias efectivamente trabajadas, recargos por feriados y domingos trabajados, bonos de antigüedad, bonos reconocidos por acuerdos bilaterales y que tengan carácter de permanencia, regularidad y continuidad”. Pero que además, la normativa contenida en los arts. 48 a 50 del Reglamento a la Ley de Pensiones DS Nº 0822, en cuanto a uno de los requisitos para acceder al derecho a la compensación señala: “Haber realizado cotizaciones al Sistema de Reparto en forma previa al 1 de mayo de 1997, tener un Salario Cotizable previo a noviembre de 1996 y que no hubieran generado beneficio y pago en este Sistema, salvo lo establecido en el Art. 21 de la Ley de Pensiones y los pagos globales por riesgo profesional del Sistema de Reparto”. Por su parte el art. 50 en cuanto al salario cotizable establece: “El Salario Cotizable a ser utilizado en el cálculo de la CC, tanto para el procedimiento automático como para el manual, corresponderá:
a) Al mes de octubre de 1996, para los Asegurados que se encontraban aportando al momento de la promulgación de la Ley Nº 1732, de 29 de noviembre de 1996, de Pensiones, o.
b) Al mes inmediatamente anterior a octubre de 1996, para los Asegurados que no se encontraban aportando al momento de la promulgación de la mencionada Ley Nº 1732”. De lo referido, podemos colegir que, la indicada normativa no señala de forma expresa que el salario cotizable se reducirá al salario básico y no sobre el total ganado, de ahí que, la entidad recurrente, no tomo en cuenta las normativas señaladas supra (art. 45, 67.II de la CPE, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo 2004 y art. 83 del MPRCPA) para viabilizar y facilitar que el asegurado acceda a un Certificado de Compensación de Cotizaciones en el que se incluya un monto de dinero que responda a la realidad ante la información parcial que arrojaba el certificado de fs. 27, por lo que, debió recurrir a la consideración y valoración de la documentación supletoria cursante en el expediente, consistente en los certificados de fs. 1 y formularios de finiquito de fs. 7 y 77, a través de los cuales se evidencia que la parte empleadora (Empresa Metalúrgica Vinto) certifica que el trabajador percibió como último salario del mes de abril/87 la suma de Bs.642,65.- y es de este monto que el trabajador aportó a la seguridad social con el propósito de ser pasible al goce de una renta que les permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad como un derecho adquirido y compensatorio al esfuerzo laboral realizado. Precisamente estos fueron los defectos advertidos por el Tribunal de Alzada en la resolución apelada, de ahí que, realizando un análisis integral de la documentación presentada por el asegurado conforme a la naturaleza propia del proceso laboral, efectuando una valoración conjunta del elenco probatorio, así como ejercitando, la libre valoración de la prueba de acuerdo a los principios que informan la sana crítica, la lógica y la experiencia, sin encontrarse sujeto a su tarifa legal, atendiendo las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo prescrito por los arts. 3.j) y 158 del Código Adjetivo Laboral; y aplicando correctamente los principios establecidos por los arts. 45 y 67 de la CPE, y la normativa contenida en el art. 50 del DS Nº 0822, art. 50 de la Ley 065, art. 1 de la Ley 1732, art. 14 del DS Nº 27543, así como el principio de la verdad material, por el cual debe prevalecer dicha verdad sobre la verdad formal, determinó correctamente, que la Comisión de Calificación de Rentas dependiente del SENASIR, emita una nueva Certificación de Compensación de Cotizaciones a favor del interesado en base al correcto salario cotizable.
Por lo expuesto, éste Tribunal Supremo constata que el Tribunal de Alzada no incurrió en error de hecho en la valoración de las pruebas señaladas, así como errónea interpretación de la normativa denunciada, correspondiendo entonces resolver el mismo conforme la previsión conferida en los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 98 a 100, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, en representación legal del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 030/2015 de 10 de marzo, cursante de fs. 95 a 96, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley SAFCO y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

References: e contrario
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