Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810395.html
Timestamp: 2019-11-22 06:09:21+00:00

Document:
as201810395
AUTO SUPREMO Nº 395/2018-RRC
Por memorial presentado el 2 de octubre de 2017, cursante de fs. 575 a 579 vta., Humberto Vía Vargas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, de fs. 554 a 563 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Abraham Calani Toledo contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).
Por Sentencia 18/2016 de 7 de junio (fs. 414 a 423 vta.), el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Humberto Vía Vargas, autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas y el resarcimiento de daños civiles ocasionados al Estado y la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.
Contra la referida Sentencia, el imputado Humberto Vía Vargas interpone recurso de apelación restringida (fs. 473 a 479 vta.), resuelto por Auto de Vista de 30 de junio de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, con costas, motivando la formulación de recurso de casación.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 053/2018-RA de 14 de febrero, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El Tribunal de apelación incurre en defecto de incongruencia omisiva, al no pronunciarse de manera lógica, concreta, cierta y correcta, sobre las fechas en las que se suspendió la audiencia; indica que de la lectura del Auto de Vista se introducen fechas que no corresponden al registro de las actas de suspensión del juicio oral, no se tiene certeza si la suspensión fue el 23 de mayo de 2017 o el 3 de mayo de 2016, por la errónea consignación de datos en el Auto de Vista, cuya incongruencia constituye un defecto absoluto, referido al deber de atender y resolver todas las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta coherente, fundada en derecho, sobre la cuestión formalmente planteada, generando incertidumbre sobre el valor generado a los medios de prueba, defecto que no puede ser convalidable, pues no se tiene la certeza de que la decisión es justa y emergente de la interpretación correcta de los hechos, que vulnera flagrantemente el derecho que permite conocer cuáles son las razones de haber consignado arbitrariamente las citadas fechas, lo que generaría absoluta indefensión. El derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada, donde la autoridad que pronuncia la resolución debe necesariamente exponer los hechos de manera concreta, real, cierta y fidedigna, lo que no aconteció en el caso de autos, generando una vulneración a los arts. 115.II, 116.I, 117, 119.II, y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que afecta la verdad material.
ii) El Auto de Vista señala que el acta de suspensión de audiencia de 23 de mayo de 2017, fue suspendida en horas de la mañana por la no concurrencia del abogado defensor, instalándose en horas de la tarde a efecto de que el imputado se comunique con su abogado; sin embargo, en la audiencia se advirtió que el celular del abogado estaba apagado, declarándose el abandono malicioso, previsto por el art. 105 del CPP, designándose defensor de oficio, señalándose nueva audiencia para el 6 de junio de 2016. Señala que en el caso presente, el abogado defensor de su confianza no fue apartado en la audiencia de juicio oral de 6 y 7 de junio, sino en la audiencia suspendida de 3 de mayo de 2016. En el caso de autos no se habría producido nueva renuncia o abandono para que se le designe un defensor de oficio, incurriendo en lesiva fundamentación, sin observar el art. 104 del CPP. En consecuencia, el Auto de Vista impugnado hace una interpretación gramatical con diverso alcance, incurriendo en errónea aplicación de la Ley adjetiva, porque el Abogado defensor estaba impedido de concurrir por los bloqueos en la carretera del Chapare, por lo que correspondía otorgar un plazo no mayor a 48 horas para que el abogado justifique su incomparecencia, según la previsión del art. 335 inc. 2) del CPP, de lo que se colige que el Auto de Vista convalidó un defecto imposible de convalidación, nulo de pleno derecho, al atentar flagrantemente a los derechos fundamentales del acceso a la justicia, tutela judicial efectiva por Jueces y Tribunales, debido proceso, inviolabilidad de la defensa, derecho a ser oído y escuchado por Tribunal competente, según lo previsto por los arts. 115, 117 par. I, 119 y 120 par. I de la CPE y las disposiciones adjetivas penales de los arts. 104, 1124, 169 inc. 3) y 335 inc. 2) del CPP, convalidando los defectos de la Sentencia, al renunciar a la defensa provista por el Tribunal, otorgándose a la nueva defensa de oficio un término de 30 minutos para revisar el proceso. Los Vocales debieron anular la Sentencia por representar un defecto absoluto, por no recibir la tutela judicial efectiva, por lo que el Auto de Vista impugnado recae en una incongruencia omisiva, pues no se habría producido una nueva renuncia o abandono para que se designe de oficio un defensor.
El recurrente solicita la admisión del recurso, así como la remisión de antecedentes ante este Tribunal.
Mediante Auto Supremo 053/2018-RA de 14 de febrero, cursante de fs. 587 a 591, este Tribunal admitió el recurso de casación para el análisis de fondo de los dos motivos precedentemente identificados.
El Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Humberto Vía Vargas, autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, al establecer que el imputado ante el rechazo de su suegra para que mantenga relación con su hija, obró por motivos fútiles al no considerar la condición de mujer de su suegra, utilizar un cuchillo para asegurar su muerte, siendo evidente que obró con alevosía y ensañamiento, porque de manera dolosa primeramente planificó cómo dar muerte a su suegra, aprovechó su condición superior de hombre y esperó se duerma hasta que se colocara en total indefensión, procediéndola a matar clavándole el cuchillo en el cuello y el tórax sin consideración alguna por el respeto a la vida, para ocultar sus instintos bestiales y no sólo eso sino el pretender hacer ver que él no fue quien mató a su suegra y culpar a otra persona inocente y así evadir su responsabilidad criminal.
El imputado interpuso recurso de apelación restringida denunciando entre varios motivos y en calidad de defecto absoluto, que el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama se constituyó en la Sala de audiencias, verificando la ausencia de su defensa técnica y advirtiendo su inconcurrencia, ordenó que el juicio no podía suspenderse, disponiendo arbitraria e indebidamente la concurrencia de un defensor de oficio, cuando en todo caso debía preguntársele si estaba de acuerdo con la designación del abogado defensor de oficio y otorgar un plazo prudencial no mayor a diez días, para que el abogado defensor ejerza su defensa garantizando la igualdad jurídica; empero, se le otorgó 30 minutos en infracción del art. 104 del CPP, pretensión que fue desestimada por el Tribunal de alzada que declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulada por el imputado y confirmó la sentencia apelada.
En el caso presente, el imputado denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, al no tenerse certeza si la suspensión de la audiencia de juicio fue el 23 de mayo de 2017 o el 3 de mayo de 2016, relievando además que incurrió en el mismo defecto al no considerar que no se produjo nueva renuncia o abandono, que permita la designación de un defensor de oficio, sino correspondía la otorgación de un plazo no mayor a 48 horas para que el abogado justifique su incomparecencia, habiéndose otorgado 30 minutos a la nueva defensa de oficio para que revise el proceso, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.
El art. 115.I de la Constitución Política del Estado, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, conforme el siguiente texto: Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y el derecho a los recursos previstos por ley.
En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que, la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que, las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que, se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que, la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera, que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas; y la segunda, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.
La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, conforme lo establecido en la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, de modo que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario, significaría la vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, este último artículo textualmente refiere: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada.
Teniendo en cuenta que los dos motivos identificados en el acápite I.1.1. de la presente resolución, plantean la misma problemática procesal como es una supuesta incongruencia omisiva, que además versa sobre la misma denuncia alegada en apelación referida a la suspensión del acto de juicio y consecuente designación de defensor de oficio, en inobservancia en el planteamiento del recurrente de los arts. 104, 105 y 335-2 del CPP, corresponde su análisis de manera conjunta; estableciéndose de los antecedentes procesales, que emitida la sentencia condenatoria, el imputado interpuso recurso de apelación restringida denunciando en su primer motivo la existencia de defecto absoluto, con el argumento de que el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama se constituyó en la Sala de audiencias, verificando la ausencia de su defensa técnica y advirtiendo su inconcurrencia, ordenó que el juicio no podía suspenderse disponiendo arbitraria e indebidamente la concurrencia de un defensor de oficio, disposición que es arbitraria y trasgrede las garantías constitucionales previstas por el art. 119.I.II de la CPE, relativo a la defensa amplia e irrestricta, el derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva por jueces y tribunales prevista en el art. 155.I de la CPE, a la seguridad jurídica y el derecho a ser oído y escuchado, constitucionalmente protegido por los arts. 117.I y 121.I de la CPE y con ello se vulnera el debido proceso, la legalidad e igualdad jurídica entre partes, protegida por el art. 115.I de la CPE, pues lo correcto era garantizar sus derechos constitucionales, preguntándole si estaba de acuerdo con la designación del abogado defensor de oficio y otorgar un plazo prudencial no mayor a diez días, para que el abogado defensor en un caso complejo revise exhaustivamente el proceso y pueda ejercer su defensa garantizando la igualdad jurídica; empero, se le otorgó 30 minutos para revisar el expediente lo que sería atentatorio a la previsión del art. 104 del CPP, cuando lo que correspondía era imponer una multa al abogado de su confianza, quien además tenía el derecho de justificar su incomparecencia, pues al tratarse de un sujeto procesal importante en la defensa, era menester aplicar el art. 335.II del CPP, relievando que su defensor no pudo llegar al juicio por cuanto el 6 de junio de 2016, había bloqueo en la carretera de acceso al Chapare lo que le impidió su actuación en el juicio, por lo que concurre un defecto absoluto de imposible convalidación emergente de la actividad procesal defectuosa, correspondiendo la anulación total de la sentencia y se disponga el reenvío del proceso ante otro tribunal que garantice sus derechos constitucionales conforme la disposición del art. 5 del CPP.
Además, se advierte que el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulado por el imputado y confirmó la sentencia apelada, expresando respecto al motivo de apelación restringida cuya resolución es cuestionada a través del presente recurso de casación, previa referencia a criterios jurisprudenciales relativos a la nulidad de actuados y al principio de inmediación, que de acuerdo a los filosofía de la Ley 1970 el juicio oral, público y contradictorio, en mérito al art. 330 del citado cuerpo legal, debe realizarse con la presencia ininterrumpida de todos los sujetos procesales, en el que la autoridad judicial debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la parte acusadora e imputada, en condiciones de igualdad dentro del marco del debido proceso y respecto al imputado garantizando su derecho a contar con una defensa técnica sea particular o proporcionada por el Estado en ausencia del primero, a quien se le está encomendado cumplir su labor bajo el marco legal previsto en el Código ritual penal; en el caso concreto, el apelante en lo sustancial reclamó que ante la inconcurrencia de su defensor particular, por motivos de bloqueo carretero, el Tribunal de Sentencia de manera arbitraria le asignó un defensor de oficio para que asuma su defensa técnica, lo que sería lesivo al precepto constitucional consagrado en los arts. 115.I y 119 de la CPE; ya que, se le debió preguntar si estaba de acuerdo con dicha determinación y conceder al nuevo defensor un término mayor de 10 días para que estudie el proceso, empero se le habría otorgado sólo 30 minutos, incurriendo en infracción del art. 104 del CPP, además de que se debió aplicar lo previsto en el art. 335 inc. 2) del CPP.
El Tribunal de alzada, precisó inicialmente que el nombramiento del defensor público para que asuma defensa técnica ante la inconcurrencia de su abogado de confianza, no se realizó en la misma audiencia de juicio oral como aparentemente hacía ver el apelante, ya que de la revisión de antecedentes procesales, cursaba el acta de suspensión de audiencia de juicio de “23 de mayo de 2017” (sic), de cuyo tenor se advertía que dicha actuación procesal fue suspendida por insistencia del abogado defensor y que bajo esa emergencia, el Tribunal de Sentencia emitió resolución declarando el abandono malicioso de la defensa de confianza y se le designó un defensor de oficio, sin perjuicio de la contratación de otro abogado por el imputado y se señaló nueva audiencia para el 6 de junio de 2016 y en esta actuación, el imputado a mérito a lo determinado en la resolución y ante su asistencia sin otro abogado particular de su confianza, su defensa técnica fue asumida por un abogado de Defensa Pública, actuación en la que el imputado no realizó observación alguna ni mostró su disconformidad con la actuación de dicho profesional, de lo que concluye que consintió tácitamente su actuación por lo que mal podría alegar en apelación vulneración alguna de un derecho o garantía constitucional y pretender la concurrencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación, pues el tribunal de sentencia aplicó a cabalidad el art. 330 del CPP y lo previsto por el art. 335 inc. 2) del CPP, en resguardo del derecho a la defensa del imputado.
Con relación a la supuesta inobservancia de lo previsto por el art. 104 del CPP, cuya vulneración el apelante reclamó bajo el argumento de que se le debió conceder un plazo no mayor a 10 días, para que el abogado defensor de oficio revise el proceso; empero, sólo se le habría otorgado 30 minutos, el Tribunal de apelación refirió que de la interpretación intelectiva del art. 104 del CPP, se podía establecer con meridiana claridad que ante la renuncia o abandono de la defensa técnica, es permisible determinar la suspensión o prórroga de la audiencia de juicio oral, siempre y cuando así lo solicite el nuevo defensor técnico, siendo la condicionante para la aplicación de esta previsión legal.
En el caso concreto, dejó constancia la Sala de apelación, que el defensor de confianza del imputado no fue apartado del caso en la audiencia de juicio oral de los días 6 y 7 de junio de 2016, sino en la audiencia de “3 de mayo de 2016” (sic), que tal como se tiene advertido también fue suspendida a mérito de la inconcurrencia del imputado sin su abogado defensor, fijando el Tribunal de sentencia una nueva fecha para la audiencia de juicio dentro de un término razonable. En la nueva audiencia oral de 6 de junio de 2016, el abogado dependiente del Servicio Plurinacional de Defensa Pública; evidentemente pidió la suspensión de dicha actuación y se declare un cuarto intermedio de una hora y a mérito de dicha petición, el Tribunal determinó un receso de 30 minutos y reinstalada la audiencia, el abogado defensor ante la consulta del Tribunal refirió que no tenía ninguna observación para llevar adelante la audiencia, extremo que fue ratificado a su turno por el propio imputado, por lo que resulta erróneo que el apelante alegue la infracción de disposiciones legales citadas en el memorial de apelación; ya que, ante la determinación del Tribunal de origen, en momento alguno mostró oposición y mucho menos realizó reserva del derecho de recurrir de dicha determinación en caso de considerar gravoso a sus intereses.
Con las precisiones señaladas, se advierte que el imputado al alegar el primer defecto absoluto en apelación, cuestionó esencialmente dos aspectos de relevancia: el primero, la determinación del Tribunal de sentencia de disponer la concurrencia de defensor de oficio, cuando en su planteamiento debió preguntársele si estaba de acuerdo con esa designación y otorgar un plazo prudencial no mayor a diez días; y el segundo, la otorgación de 30 minutos al defensor para la revisión del expediente en vulneración al art. 104 del CPP, problemáticas que efectivamente fueron respondidas por el Tribunal de alzada, además de acuerdo a la secuencia de actuados procesales cumplidos en el proceso, al verificarse que el propio imputado en su reclamo de apelación incurrió en una falta de claridad, al no precisar las fechas de las actuaciones realizadas, efectuando un planteamiento que daría a entender que los defectos que denunció se hubiesen producido en la misma sesión y si bien el Tribunal de apelación incurrió en la errónea cita de la fecha “23 de mayo de 2017”, para luego hacer referencia al “3 de mayo de 2016”, dichos yerros resultan relativos a cuestiones fácticas que no tienen la relevancia suficiente para asumirse que incurrió en una incongruencia omisiva, más cuando en virtud al principio de verdad material, que entre otros sustenta la jurisdicción ordinaria, se advierte que en la convocada sesión del 23 de mayo de 2016 a partir de horas 10:00, se constató la presencia del imputado sin su abogado particular, en cuyo mérito el Tribunal de Sentencia dispuso un receso hasta las 14:30, ordenando la notificación de Defensa Pública y reinstalada la audiencia ante la advertencia de que el defensor particular apagó su celular se declaró el abandono malicioso de la defensa y se le impuso multa, designándose un defensor público sin perjuicio de que el imputado pueda contratar otro abogado; señalándose la audiencia para el 6 de junio de 14:30, lo que implica que si bien es evidente que en horas de la mañana se dispuso la notificación a Defensa Pública, esa determinación no generó ningún perjuicio al imputado que permita sostener la existencia de una actividad procesal defectuosa; por cuanto, la sesión quedó suspendida e incluso se señaló una nueva advirtiéndose de manera clara y expresa al imputado su derecho de comparecer a la nueva audiencia con un abogado de confianza, sin hacerlo el 6 de junio de 2016 en lo localidad de Ivirgarzama, quedando consolidada la designación del defensor público; por lo que conforme asumiera el Tribunal de alzada no se incurrió en ninguna vulneración de derecho o garantía constitucional, sino el Tribunal de Sentencia adoptó determinaciones encaminadas a garantizar el derecho a la defensa técnica reconocida en el art. 9 del CPP.
Esto significa que en los hechos el Tribunal de alzada no inobservó el art. 104 del CPP, como sostiene el recurrente, por cuanto expresamente se le advirtió su derecho de concurrir a la audiencia de juicio con su abogado de confianza, sin que exista norma legal que ampare la pretensión del recurrente de otorgarse un plazo no mayor a 48 horas para que el abogado justifique su incomparecencia, sin soslayarse que desde el 23 de mayo de 2016 en que se declaró el abandono malicioso y el 6 de junio de ese año, transcurrieron 10 días hábiles dentro de los cuales podía efectivizarse dicha justificación sin que ella conste en antecedentes; además, tal como lo advirtiera el Tribunal de alzada, se verifica que si bien no se produjo una nueva renuncia o abandono, no es menos cierto que el imputado una vez que el defensor público asumiera su defensa, ante la consulta del Tribunal de Sentencia, no realizó observación alguna ni expresó su disconformidad con la actuación del abogado de Defensa Pública, como correctamente destacó el Tribunal de alzada a tiempo de desestimar el reclamo del imputado.
Con relación a la otorgación del plazo de 10 días calendario previsto en el art. 104 del CP, tampoco se advierte que el Tribunal de alzada haya incurrido en incongruencia omisiva, pues conforme lo destacara en la resolución recurrida, dicha norma con relación a la concesión de dicho plazo, la supedita a la solicitud que haga el nuevo defensor, resultando en el caso de autos, que en la sesión de 6 de junio de 2016, el defensor público se limitó a solicitar un cuarto intermedio de una hora siendo concedido 30 minutos para que se entreviste con el imputado, para luego una vez reinstalado el acto dejar constancia expresa de que no tenía ninguna observación para llevar adelante la audiencia.
Por lo referido y en el entendido de que el reclamo formulado por el imputado en casación se refiere a una incongruencia omisiva, se concluye que la misma carece de todo asidero; por cuanto, al Tribunal abordó la problemática planteada, que versaba en la suspensión de la audiencia de juicio, la declaratoria de abandono de defensa, la asignación de defensor público y la concesión de plazo para la revisión de antecedentes al defensor, abarcando los aspectos jurídicos a estos cuestionamientos, pese incluso a la formulación del recurso de apelación sin la precisión debida de fechas, deviniendo en infundado el recurso de casación sujeto al presente análisis.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rodolfo Gonzales Navia.

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