Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654161
Timestamp: 2019-05-21 07:27:55+00:00

Document:
BENEFICIO PARA FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA AFILIADOS A SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL EN DIVERSAS COMUNAS
REINTEGRO PARCIAL DE PEAJES PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE EN VÍAS CONCESIONADAS
EXPRESIONES DE DOLOR ANTE ACCIÓN TERRORISTA CONTRA ESTADOS UNIDOS
HOMENAJE EN MEMORIA DEL PROFESOR DE ENTOMOLOGÍA DON RAÚL CORTÉS PEÑA. OFICIOS
REPUDIO A TERRORISMO INTERNACIONAL Y CONDENA A ATENTADO CONTRA ESTADOS UNIDOS
DOBLE ESTÁNDAR FRENTE A ACTOS TERRORISTAS
ARRENDAMIENTO DE TERRITORIO NACIONAL A BOLIVIA
SUBSIDIO DE CESANTÍA DURANTE CRISIS RECESIVAS
CONDOLENCIAS A ESTADOS UNIDOS POR ATENTADO TERRORISTA
MOROSIDAD DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN OBLIGACIONES CON CONTRATISTAS. OFICIO
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE MESA DE TRABAJO PÚBLICO-PRIVADA EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
Sesión 30ª, en miércoles 12 de septiembre de 2001
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga gratuidad en atenciones de salud que requieran funcionarios de atención primaria afiliados al sistema público de salud (2756-11) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea juzgados de policía local en diversas comunas (1789-06) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece reintegro parcial de peajes en vías concesionadas por vehículos pesados y facilita fiscalización sobre combustibles (2592-15) (se aprueba en general y particular)
Expresiones de dolor ante acción terrorista contra Estados Unidos (Intervención del señor Núñez)
Homenaje en memoria del profesor de entomología don Raúl Cortés Peña. Oficios (Intervención del señor Moreno)
Repudio a terrorismo internacional y condena a atentado contra Estados Unidos (Observación del señor Viera-Gallo)
Doble estándar frente a actos terroristas (Observaciones del señor Martínez)
Arrendamiento de territorio nacional a Bolivia (Observaciones del señor Martínez)
Subsidio de cesantía durante crisis recesivas (Observaciones del señor Lavandero)
Condolencias a Estados Unidos por atentado terrorista (Observaciones del señor Horvath)
Morosidad de Ministerio de Obras Públicas en obligaciones con contratistas. Oficio (Observaciones del señor Horvath)
Implementación de acuerdo de mesa de trabajo público-privada en Región de Aisén. Oficios (Observaciones del señor Horvath)
Concurrieron, además, los señores Ministro de Salud , y los señores Subsecretario de Desarrollo Regional y Fiscal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , con el que, de conformidad a lo establecido en el artículo 2º de la ley Nº 18.838, formula al Senado una proposición para llenar siete vacantes en el Consejo Nacional de Televisión, proponiendo dos personas por el período que termina el 2004 y, las cinco restantes, por el que concluye el 2008. (Boletín Nº S 588-05).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en materia de educación parvularia (Boletín Nº 1738-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Vicepresidente de la República.
Con el segundo informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compañías de seguro, crea Administradora General de Fondos, facilita la internacionalización de la banca, y perfecciona leyes de sociedades anónimas y de fondos de inversión (Boletín Nº 2722-05).
Con los dos últimos hace presente que ha dado su aprobación a las enmiendas que introdujo el Senado a los siguientes proyectos de ley:
1) El que introduce adecuaciones de índole tributaria al mercado de capitales y flexibiliza el mecanismo de ahorro voluntario (Boletín Nº 2720-05), y
2) El que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal (Boletín Nº 2766-07)
Moción de los Senadores señores Moreno y Sabag, con la que inician un proyecto de ley que reconoce como deporte ecuestre criollo nacional a las carreras a la chilena, otorgando a las municipalidades diversas facultades relacionadas con su funcionamiento.
--Se declara inadmisible, por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad a lo establecido en el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
En relación con la proposición del Presidente de la República para llenar las siete vacantes del Consejo Nacional de Televisión, de acuerdo con las atribuciones de la Mesa y en conformidad a lo dispuesto en la ley pertinente, informo que al efecto se convocará a sesión especial para el martes 2 de octubre, a las 16:30.
Señor Presidente , pido oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República solicitándole su patrocinio y la inclusión en la convocatoria de la próxima legislatura extraordinaria al proyecto presentado por el Honorable señor Sabag y el Senador que habla, el cual fue declarado inadmisible por la Mesa.
Resulta obvio que esta materia rescata uno de los valores culturales muy difundidos en las comunas más modestas del sector rural chileno.
Por lo tanto, espero que en una próxima oportunidad Su Señoría declare admisible la iniciativa.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, originado en mensaje, que otorga gratuidad en las atenciones de salud que requieran funcionarios de la atención primaria afiliados al sistema público de salud, con informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda, y con urgencia calificada de "suma".
Salud, sesión 28ª, en 11 de septiembre de 2001.
Hacienda, sesión 28ª, en 11 de septiembre de 2001.
El objetivo del proyecto es otorgar gratuidad a las atenciones de salud en la modalidad institucional que requieren los funcionarios de la atención primaria regidos por la ley Nº 19.378, afiliados al Sistema Público de Salud.
La Comisión de Salud aprobó la iniciativa en general y particular, a la vez, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bombal, Ríos y Viera-Gallo, y, en consecuencia, propone a la Sala que adopte la misma resolución.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también le dio su aprobación al proyecto, en los mismos términos en que lo hizo la de Salud, registrándose una primera votación de dos votos a favor, de los Senadores señores Bitar y Sabag, y tres abstenciones, de los Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Prat. Repetida la votación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado, se pronunciaron a favor de la iniciativa los Senadores señores Bitar, Boeninger y Sabag; se abstuvieron los Senadores señora Matthei y señor Prat, resultando, en consecuencia, aprobado el proyecto por tres votos a favor y dos abstenciones.
Cabe hacer presente que, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de un proyecto que consta de un artículo único, las Comisiones informantes proponen al señor Presidente su discusión en general y particular a la vez.
Si le parece a la Sala, podría darse por aprobado.
Señor Presidente , por lo que he colegido de las conversaciones de los señores Senadores, creo que hay disposición favorable para proceder en la forma sugerida por Su Señoría, esto es, aprobarlo de inmediato.
La iniciativa otorga al personal del sistema de atención primaria los mismos derechos que los adscritos al sistema estatal, y favorece a alrededor de 50 mil personas. Su costo aproximado es de 300 millones de pesos, fue aprobado por la Comisión de Hacienda y el Gobierno también ha manifestado su voluntad en ese sentido. De modo que si Su Señoría solicita aprobarlo de inmediato, estaríamos muy felices.
Señor Presidente , estamos completamente de acuerdo con su proposición, pero en la Comisión de Hacienda, en la que me correspondió participar, hubo solamente una duda. Por eso, por considerar que el monto era muy bajo, 290 y tantos millones de pesos, la Honorable señora Matthei y el Senador señor Novoa no votaron favorablemente el proyecto, y, para los efectos de prestarle su aprobación, quedaron de confirmar en la Sala la efectividad de esa suma. En todo caso, se trata de un servicio que se está otorgando a los funcionarios de la Salud municipal y por lo tanto no significa un mayor desembolso al erario.
Señor Presidente , deseo explicar que el propósito del Ejecutivo era arreglar una disparidad producida entre los trabajadores de la atención primaria municipal y los del Sistema Nacional de Salud, incluida la atención primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Y con relación al monto que el Honorable señor Sabag solicitaba aclarar, efectivamente esa cantidad corresponde a la estimación del costo de los tratamientos de funcionarios de la atención primaria, sus cargas y jubilados. La iniciativa, en consecuencia, está financiada y no implica recursos extras.
Como representante del Ejecutivo, debo hacer presente que para nosotros es sumamente importante aprobar esta iniciativa, porque efectivamente creemos que contribuye a una situación igualitaria entre los trabajadores que realizan las mismas funciones en los servicios de Salud, y particularmente porque las labores que ejercen cotidianamente constituyen un enorme compromiso con el bienestar de todos los chilenos. Asimismo, consideramos que la preocupación por la salud de quienes dan salud a otros, es un elemento de gran relevancia.
-Se aprueba el proyecto en general y en particular.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que crea juzgados de policía local en las comunas que indica, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y verbal de la de Hacienda , con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (1789-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 29ª, en 12 de septiembre de 2001.
Hacienda (verbal), sesión 30ª, en 12 de septiembre de 2001.
Cabe hacer presente que la Comisión de Hacienda emitió un certificado sobre el análisis que efectuó respecto de esta iniciativa, y que la de Constitución fue autorizada por la Sala para discutir el proyecto en general y particular en el primer informe.
1.- Crear juzgados de policía local en diversas comunas del país y modificar las plantas de personal de las municipalidades correspondientes, con el fin de incorporar en la planta de directivos el cargo de juez de policía local, con su correspondiente ubicación en la escala de sueldos municipales.
2.- Aumentar, de dos a tres, el mínimo de audiencias al público que deberán tener los jueces de policía local, las que deberán celebrarse en días distintos y tener una duración de, al menos, tres horas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Chadwick, Díez, Fernández, Silva Cimma y Viera-Gallo.
En cuanto a la discusión en particular, el informe consigna las modificaciones introducidas al proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, las que fueron aprobadas, respecto del artículo 101, por tres votos a favor, de los Senadores señores Chadwick, Díez y Fernández, uno en contra, del Honorable señor Silva Cimma, y una abstención, del Senador señor Viera-Gallo.
La modificación efectuada al artículo 102 fue acordada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables señores Chadwick, Díez, Fernández, Silva Cimma y Viera-Gallo.
La Comisión de Hacienda, por su parte, conociendo de los preceptos de su competencia, aprobó sin enmiendas los artículos 1º a 91, 93 a 99 y 104, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bitar, Boeninger y Foxley, e introdujo una modificación al artículo 92, reemplazando su inciso segundo, la que también fue acordada unánimemente por todos sus miembros presentes.
Finalmente, cabe advertir que los artículos 1 a 101, 103 y 105 deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Constitución.
Señor Presidente , esta iniciativa es muy simple y tiende a crear juzgados de policía local en las comunas que indica. Fue informado por la Corte Suprema, la que manifestó que el crear nuevos juzgados de policía local no hacía necesaria su consulta, pero sí en lo referente a la modificación de los artículos 100 y siguientes, porque los anteriores, lisa y llanamente, sólo precisan los límites de los nuevos jueces de policía local.
Las dos modificaciones que la Comisión de Constitución introdujo tienen, a mi juicio, suma importancia. Una de ellas fue aprobada por tres votos contra uno y una abstención. El predicamento de la Comisión es el de que, al hacer las ternas, las Cortes de Apelaciones deben considerar a todos los abogados habilitados para ello, es decir, cualquiera que cumpla los requisitos exigidos para ser juez de letras podrá postular para ser incluidos en ellas, y rechazó la proposición de la Cámara de Diputados que obligaba dar preferencia a los ex funcionarios municipales, abogados municipales, etcétera.
La Comisión, por tres votos contra uno, estimó que la preferencia no era constitucional, en razón de la igualdad ante la ley, y que lo lógico era que la Corte de Apelaciones tuviera libertad para elegir entre los abogados que, cumpliendo con los requisitos para ser juez, se presentaran a los concursos.
Así se aprobó.
La segunda indicación aprobada por la Comisión pretende regularizar el funcionamiento no ya de los juzgados, porque éstos ya cuentan con una normativa al respecto en el Estatuto Administrativo, sino que fundamentalmente lo relacionado con las horas de audiencia del juez. Y se estimó necesario que las audiencias al público no podrán ser inferiores a tres por semana, en días distintos y con una duración de al menos tres horas cada una. De modo que, en aquellos juzgados de policía local de comunas medianas o pequeñas, se sepa que tres días a la semana va a estar el juez, durante tres horas, dando audiencia personalmente al público, cosa que hoy día, desgraciadamente, no sucede, y aunque los juzgados están abiertos, los jueces no se encuentran en períodos determinados para que el público pueda tener acceso a ellos.
Es cuanto trata este proyecto de ley, aprobado por la unanimidad de la Comisión, con la excepción del artículo 101, referente a los requisitos de los abogados para figurar en terna y que la Comisión estimó que sólo podía exigir lo necesario para ser juez.
Tiene la palabra, para su informe verbal, el Honorable señor Foxley.
Señor Presidente , como ya se ha explicado el alcance del proyecto, lo único que puedo agregar es que, desde el punto de vista financiero, se establece el compromiso de que los municipios absorberán el costo tanto de la creación del cargo de juez de policía local en su planta, como el de reasignar personal interno que sirva de apoyo al trabajo que hace el juez sin necesidad de contratar nuevos funcionarios.
Por estas razones, el proyecto no implica un costo adicional con relación a los ítem presupuestarios habituales, financiándose con recursos de que disponen los municipios.
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la iniciativa.
Señor Presidente , aprobaremos el proyecto por cuanto estimamos muy importante el aumento del número de jueces de policía local, atendidas las permanentes y crecientes facultades que se están dando a estos tribunales, especialmente en el conocimiento de materias relativas a conflictos de carácter vecinal. Este tipo de problemas afecta de modo significativo sobre todo a los sectores más modestos de la población, motivo por el cual requieren de atención preferente por parte de tales juzgados.
La actual estructura y número de los juzgados de policía local hacían virtualmente imposible que éstos cumplieran a cabalidad con su función, en especial en las grandes ciudades. Por eso en muchas de estas comunas se crea un segundo o un tercer juzgado, con el objeto de permitir que los jueces tengan la posibilidad de prestar la mayor atención posible a conflictos entre vecinos, que tanto afligen a la población.
En este mismo sentido, el proyecto establece que los jueces de policía local deben cumplir a lo menos tres audiencias semanales de tres horas cada una, con el objeto de destinar mayor tiempo a esa gestión. La realidad de estos juzgados en las grandes ciudades no es tan grave, porque las audiencias se efectúan todos los días, razón por la cual la medida planteada se aplica especialmente a las pequeñas localidades, donde muchas veces la gente no sabe qué día de la semana asistirá el juez. Ahora se disponen como mínimo tres audiencias, en jornadas distintas, las cuales deben tener duración de tres horas.
La iniciativa favorece una mejor administración de justicia, de acuerdo con las facultades de los juzgados de policía local, que son hoy muy importantes y dicen relación a los problemas que afectan significativamente, a mi juicio, a todos los sectores.
Por eso, señor Presidente, votaremos a favor del proyecto y pedimos al Senado que proceda de igual forma.
Debo pedir la autorización de la Sala para que ingresen el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, y el Fiscal de la misma Subsecretaría, don Eduardo Pérez.
Señor Presidente , concurriré con mi voto a la aprobación en general y en particular del proyecto; sin embargo, siento el deber de hacer presentes tres consideraciones que estimo de importancia.
La primera es de orden constitucional.
Por demasiado tiempo no se ha aclarado con la debida precisión la exacta naturaleza de los juzgados de policía local: si constituyen tribunales de justicia o si son servicios del respectivo municipio.
El punto es importante, porque, si se opta por el segundo camino (considerarlos órganos de la municipalidad), no se necesitaría una iniciativa legal para crear juzgados de policía local. Conforme al artículo 110 de la Constitución, correspondería a cada municipio resolver si es conveniente la creación de estos juzgados y en qué número. Por otra parte, de ese modo se respetaría cabalmente la autonomía financiera que a las municipalidades garantiza el artículo 111 de la Carta Fundamental.
Por el contrario, si se consideran como tribunales, debería procederse según lo disponen los artículos 73 y 74 e incorporar su reconocimiento a la Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial, que es el Código Orgánico de Tribunales, al cual se refiere el segundo de los preceptos.
La materia es extraordinariamente importante, señor Presidente.
No haré reserva de constitucionalidad, pues hay precedentes de haberse sometido al control del Tribunal Constitucional leyes que crearon juzgados de policía local. Pero pienso que la situación no puede seguir sin una solución clara y explícita.
La opinión de la Excelentísima Corte Suprema, a la que se hace referencia en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, deja clara constancia de que este problema existe. Ese Alto Tribunal se niega a informar el proyecto en algunos aspectos, porque estima que los juzgados de policía local no son parte del Poder Judicial. Si no lo son, habría que concluir que constituyen simplemente órganos o servicios municipales.
Cabe destacar que el proyecto establece que algunos de los juzgados que se crean por disposición de la ley tendrían competencia en comunas distintas de aquéllas que le sirven de asiento, lo que quiere decir que el legislador está imponiendo a determinados municipios la carga de prestar servicios, a través de un órgano propio, en territorio de otras municipalidades aledañas. Este punto debe ser resuelto, ya que está en directa relación con el financiamiento de los juzgados de policía local, materia que, con razón, ha preocupado a muchos señores Senadores en debates anteriores.
Evidentemente, si predomina --como, desde mi punto de vista, debiera ocurrir-- la consideración de que estos juzgados son tribunales, es hora de incorporarlos a la organización judicial chilena y es el momento de que el Estado asuma la responsabilidad de su financiamiento. Así, ellos y los municipios dejarían de depender del ingreso que se origina por la aplicación de multas establecidas en distintas leyes.
La segunda consideración que quiero manifestar, señor Presidente , es que aquí se están creando 99 nuevos juzgados de policía local, con lo cual sólo 70 comunas del país, según el informe de la Comisión, no tendrán en adelante uno propio. Del mismo informe resulta que la característica común de esas comunas es un número de habitantes menor de diez mil. Esto significa que el 95 por ciento o más de la población chilena está cubierta con la presencia de estos juzgados.
¿Qué importancia tienen estos datos? Que, a través de la sucesiva creación de juzgados de policía local, en realidad se ha dado a este tipo de tribunales el carácter de primer peldaño en nuestra organización jurisdiccional. Esta creación no es, en consecuencia, un hecho menor; no es una simple forma de responder a la demanda de algunos municipios. Constituye parte del esfuerzo que viene haciendo la sociedad chilena para modernizar su organización judicial. Es, en ese sentido, un paso mayor.
Pero, porque tiene esa dimensión, señor Presidente , hago una tercera y última consideración. Este esfuerzo tiene sentido en la medida en que, de una buena vez, ordenemos las competencias de nuestros tribunales de primera instancia.
Como no, señor Senador.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador señor Díez.
Señor Presidente , lo que plantea el señor Senador es absolutamente cierto.
El Ministerio de Justicia, frente a estas consideraciones y a otras, hizo presente que el proyecto tiene como objeto casi exclusivo aumentar la actual cobertura de la justicia de policía local; y que se está considerando revisar el problema a fondo y hacer un estudio profundo de la Ley Nº 15.231, en la que el Ministerio se encuentra trabajando, y que implicará solucionar en forma definitiva el problema de la accesibilidad a los juzgados de policía local; redefinir su organización, categorías y competencias, e, incluso, revisar los procedimientos aplicables.
Mientras tanto la iniciativa, con carácter de urgente, tiene por finalidad ampliar la cobertura de los juzgados de policía local en las comunas que señalamos.
Por esa razón, aprobaremos el proyecto.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Parra.
Así lo he visto en el informe, con mucha complacencia. Pero, a mi juicio, es importante recabar del Ministerio de Justicia una acción más resuelta y de corto plazo, pues en Chile hay más de cuarenta leyes que otorgan competencia a los juzgados de policía local. La puesta en marcha de la reforma procesal penal dejó en evidencia que uno de los mayores problemas que se enfrentan es precisamente haber recargado con materias que debieran ser conocidas por los juzgados de policía local a los tribunales de garantía y, naturalmente, al Ministerio Público como ocurre, por ejemplo, en materia de alcoholes.
Sobre el particular, debo hacer presente que en este momento el Senado se encuentra estudiando otras iniciativas relacionadas directamente con la materia. Me refiero tanto la ley adecuatoria, como a las reformas a la Ley de Alcoholes y de la Ley de Tránsito, que se encuentra en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo anterior hace indispensable, urgente e impostergable tener una visión y un tratamiento de conjunto en la materia. En caso contrario, este esfuerzo, que se justifica, produciría efectos mucho menores que los que efectivamente puede conseguir, contribuyendo a modernizar la justicia en Chile, a facilitar el acceso a ella y a que los tribunales, actuando dentro de un buen ordenamiento, respondan eficazmente a las demandas ciudadanas.
En todo caso, votaré favorablemente el proyecto.
Señor Presidente , voy a insistir en los conceptos vertidos por el Senador señor Parra , que en parte hice presentes en la Comisión de Constitución, y cuando discutimos la reforma procesal penal.
A mi juicio, resulta indispensable que el propio órgano legislativo o el Gobierno se aboquen a la redefinición del Título contenido en el Código Penal, relativo a las faltas, porque evidentemente muchas no tienen carácter penal y sólo contribuyen a recargar, entrabar y dificultar el funcionamiento de la nueva justicia penal. Es lógico que ellas queden dentro del ámbito de la justicia local.
Por supuesto. La misma que no me concedió ayer Su Señoría.
Señor Presidente , deseo informar a la Sala que la Comisión de Constitución, en sesión extraordinaria celebrada ayer, terminó el estudio del proyecto sobre leyes adecuatorias, que modifica alrededor de sesenta y siete cuerpos legales, entre los cuales, desde luego, se encuentra la Ley de Alcoholes. Sabemos, además, que en la Cámara de Diputados se halla en tramitación otra normativa similar; sin embargo, no fue posible esperar su despacho, porque el 16 de octubre comenzará a aplicarse la reforma procesal penal en nuevas zonas, y es bueno evitar la acumulación de problemas.
Por tal razón, la Comisión de Constitución, despachó ayer en sesión extraordinaria este proyecto, para que durante la semana de receso la Secretaría de la misma disponga de tiempo suficiente para evacuar el informe, cuya elaboración no es fácil, porque -tal como he señalado- introduce modificaciones a alrededor de sesenta y siete leyes.
Señor Presidente , celebro mucho lo expresado por el Presidente de la Comisión de Constitución. Ahora, dentro de eso no se encuentra la reforma relativa al Código Penal, que es una tarea que hay que emprender, por cuanto no debiera seguir como está.
Se argumenta por el Ministerio de Justicia que está preparando una reforma a todo el Código Penal. Pero eso lo vengo oyendo desde que estaba en la Escuela de Derecho, cuando se hablaba del establecimiento de un Código Penal modelo, Latinoamericano..., en fin. De eso hace ya algunos años.
Hay dos puntos más a los que deseo referirme. Uno corresponde a lo que muy bien ha dicho Senador señor Díez al referirse al problema de que los jueces de policía local, en las comunidades pequeñas, deben trabajar efectivamente.
El alcalde de Chillán Viejo concurrió a la Comisión y expuso con mucha claridad y elocuencia esa situación. Los jueces de policía local en comunidades pequeñas ganan entre más de un millón de pesos y 600 mil pesos. Ése es el nivel. En algunos casos su sueldo es similar al que percibe el alcalde, y mucho más elevado que el de cualquier funcionario municipal.
Desgraciadamente, en algunas comunidades concurren al juzgado una vez por semana a realizar una audiencia rápida, y después se van. Esto se convierte en lo que suele llamarse un "pituto", como él lo expresó con toda claridad en la Comisión. Creo que ésta, después de un debate, rechazó una indicación que presenté. Pero, en fin, se llegó a un acuerdo en el sentido de que -como dijo el Senador señor Díez - habrá tres audiencias a la semana, y en días distintos. Cada una tendrá una duración de tres horas, como mínimo.
A mi juicio, eso, por lo menos, garantiza que dichas personas acudirán al juzgado tres veces por semana y que no habrá una mera formalidad de justicia local en las comunas, sino una justicia real que beneficiará a todas las comunidades.
El segundo punto, señor Presidente , se refiere a una comunicación que recibí de un distinguido abogado de la ciudad de San Felipe, quien me manifestó que, de acuerdo a su experiencia, lo ideal sería facultar a cada comuna del país para disponer de un juzgado de policía local, sin hacer distinción alguna, de tal manera que hubiera flexibilidad para que eso pudiera concretarse. Desgraciadamente, tal planteamiento no fue recogido en esta ocasión. Sin embargo, creo que el abogado a quien me refiero tiene razón en su planteamiento, el que ojalá recogiera el Gobierno a futuro.
Señor Presidente , esta iniciativa presenta, a mi juicio, un aspecto muy curioso, ya que no veo consignada, al menos, la opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades. Aquí, en virtud de una ley, se está obligando a las entidades edilicias -avanzando en lo que creo propio de ellas- a aumentar de sus plantas de personal, y a financiarlo.
Si bien desde el punto de vista de la autonomía municipal, se trata de algo absolutamente necesario, echo de menos la opinión de las municipalidades.
¿Me permite una interrupción Su Señoría?
Deseo aclarar que durante el debate del proyecto en la Comisión estuvieron presentes los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Secretario General de la Asociación y el alcalde de Colina , don Mario Olavarría. Además, participaron representantes del Instituto de Jueces y Secretarios de Policía Local, el Jefe de la División Municipalidades del Ministerio del Interior, el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y el alcalde de Chillán Viejo , quien en verdad realizó una muy buena intervención.
En consecuencia, como puede apreciarse, se escuchó la opinión de las municipalidades.
Señor Senador, formulé la consulta porque en el segundo trámite constitucional no se planteó el tema. De todas maneras, me parece que, mediante una ley, se está imponiendo a las municipalidades asumir el costo de ese personal. Y, naturalmente, muchas de ellas no lo tienen consultado en su presupuesto. Me llama la atención que, siendo autónomas las municipalidades, se las ordene asumir ese costo. Es absolutamente necesario que el objetivo pueda concretarse, pero surge el problema de que se las estaría obligando a incurrir en gastos.
Ése es mi planteamiento, y la duda que me asalta. Deseaba hacerlo presente porque se trata de un asunto que, en alguna medida, afecta y altera la autonomía municipal.
El señor VIDAL (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).-
Señor Presidente , sólo deseo dar respuesta a la inquietud manifestada por el Senador señor Martínez.
Sin duda, los municipios son autónomos. Y precisamente por tener esa calidad, la postura y planteamiento del Gobierno, en cuanto a los setenta y cinco nuevos primeros juzgados y los veinticuatro segundos, terceros, cuartos y quintos, es establecer como primera condición que ello se realice a solicitud formal del municipio, de su alcalde y concejo municipal.
En consecuencia, la lista de setenta y cinco municipalidades que podrán contar con un juzgado por primera vez, está conformada por las que lo solicitaron.
Señor Presidente , en primer término, deseo manifestar mi satisfacción por este proyecto de ley, que crea gran número de juzgados de policía local a través del territorio.
En la Octava Región, que represento, se dota de este tipo de juzgados a las siguientes comunas: Coelemu (mi circunscripción), que además atenderá a las comunas de Trehuaco y Ranquil ; Quirihue, que atenderá también a la comuna de Cobquecura; Ñiquén , Tucapel , Santa Bárbara , Los Álamos , Chillán Viejo, San Pedro de la Paz y Chiguayante.
El objeto de la iniciativa es facilitar el acceso a la justicia a las personas que tienen problemas ya sea con sus vecinos o de otro tipo. Por ejemplo, los habitantes de Cobquecura debían acudir al juzgado de policía local de Coelemu ; los de Trehuaco y Ranquil, al de San Nicolás. Es decir, tenían que recorrer kilómetros y kilómetros para poder ser atendidos. Ojalá todas las municipalidades del país contaran con uno de estos juzgados porque, aparte su utilidad, le dan mayor categoría al lugar en que se encuentran.
De otro lado, me alegro de que se haya aprobado una disposición para establecer que las audiencias de los jueces de policía local al público no serán inferiores a tres por semana, porque hasta ahora algunos otorgaban una sola y concurrían al juzgado tarde, mal y nunca, vulnerando el principio de la justicia de policía local. Es de esperar, sí, que tales audiencias se concedan efectivamente, ya que, como es sabido, los infractores deben limitarse a pagar las multas y jamás son atendidos por los magistrados.
Otro aspecto que merece destacarse es que para postular al cargo de juez de policía local se requerirá título de abogado.
Puede usar de la interrupción el Honorable señor Zurita.
Señor Presidente , quiero atenuar un poco el temor al mayor gasto que la iniciativa irrogará a la correspondiente municipalidad. Actualmente, la infracción cometida en una comuna donde no existe juzgado de policía local es sancionada por el de otra. ¿A qué municipio va el producto de la multa? No a aquel donde se incurrió en la infracción, sino al del juzgado en que se sancionó.
En consecuencia, si bien el hecho de existir juzgado de policía local demanda egresos, también proporciona ingresos.
Señor Presidente , en el caso planteado, a la municipalidad donde se halla ubicado el tribunal que juzga le corresponde el 20 por ciento del dinero recaudado. El 80 por ciento restante lo percibe el municipio en cuyo territorio se cometió la infracción.
Podrán concursar para el cargo de juez de policía local no sólo los funcionarios de las municipalidades respectivas que posean el título de abogado, sino cualquier persona que cumpla los requisitos. Los jueces de la Corte de Apelaciones pertinente elaborarán una terna y el municipio lo designará. Esto significa que el nombramiento requerirá el acuerdo del Concejo Municipal.
Desde ya anuncio que votaré favorablemente la iniciativa.
Señor Presidente , adhiero a los argumentos expuestos sobre la materia y hago mío lo expresado por el Senador señor Viera-Gallo , que ha sido sustentado también por el Honorable señor Sabag.
Aquí hay un problema de concepto y de la filosofía con que cada cual observa el desarrollo del poder local. Por lo tanto, pese a estar de acuerdo en que se creen los juzgados de policía local que se proponen, pienso que nuevamente se introduce un factor de discriminación no muy grata respecto de aquellas comunas más pequeñas y débiles, las cuales quedan fuera de la cobertura. Una municipalidad no deja de ser importante por el hecho de que en el ámbito de su jurisdicción viva poca gente. De las 33 comunas existentes en la Sexta Región -que represento en el Senado- varias de ellas carecen de juzgados de policía local y no tienen una categoría distinta de aquellas en las cuales ahora se crean.
Desde ese punto de vista, apruebo el establecimiento de esta clase de juzgados en Navidad, Paredones , Palmilla , Pichidegua, Pichilemu, y un segundo juzgado en Rancagua y Codegua, pero, en mi opinión, el dejar que Litueche sea atendido por el juzgado de Navidad no constituye un criterio inteligente. Navidad es una comuna que tiene su propia personalidad, pero se encuentra fuera del perímetro de circulación. Litueche, por su parte, es la comuna que hoy conecta prácticamente todo el movimiento desde la Región Metropolitana hacia Cardenal Caro , Pichilemu y otras localidades. Con gran esfuerzo logramos la pavimentación del camino entre la Central Rapel y Litueche. Además, en ella se instalaron dos semáforos -esto le consta al también Senador por la zona señor Chadwick -, lo que implica que es un eje vial.
Por lo tanto, reitero que el hecho de derivar al juzgado de policía local de Navidad -comuna ubicada en una zona sin conexión con otros lugares- todos los asuntos propios esta jurisdicción ocurridos en Litueche no me parece un criterio geográficamente inteligente, por decir lo menos.
Aunque se ha hablado ya bastante sobre los juzgados de policía local -y seguramente también lo hará el Senador señor Valdés , persona muy versada en ésta y otras materias y que también ejerció el cargo de juez de policía local, al igual que el señor Presidente del Senado , a quien parece que se le olvidó-, hay algo que deseo aclarar, a fin de despejar una imagen errada que se tiene sobre ellos.
Gran parte de la población cree que los juzgados de policía local son oficinas de cobranzas de partes por infracciones, más aún con motivo del problema de los fotorradares, que realmente violentan la confianza de la gente y se han convertido en un mecanismo de recolección de fondos. Los ciudadanos comunes a los que se les cursa un parte por infracción de normas de tránsito y deben acudir al juzgado rara vez -salvo que tengan un amigo allí, o algún "pituto", como se dijo aquí- no tienen la posibilidad siquiera de divisar al juez de policía local. Por lo tanto, el trámite se limita a un "pague para evitarse malos ratos".
Ésa es la verdad. Así ocurren las cosas en el país y hay que decirlas como son, no en un lenguaje que, aunque resulta elegante -se alude a "funciones o atribuciones"-, el ciudadano corriente no entiende.
Sé que los juzgados de policía local cumplen también otras tareas. Por ejemplo, Carabineros los utiliza mucho con relación a denuncias y diligencias de distinta índole. Esto debe ser despejado.
Por eso, no obstante ser insuficiente, me parece adecuado el aumento del número de audiencias que deben otorgar los jueces, para hacerlos más asequibles a la población y ésta perciba la presencia de quien debe dirimir su situación. Porque ahora, cuando uno acude a un juzgado de policía local, especialmente por alguna infracción, sabe que está condenado antes de haber cruzado la puerta.
Efectivamente, me desempeñé como juez de policía local. Fue una época de extraordinaria relevancia en mi vida.
Además, los jueces de paz fueron muy importantes.
Es donde mejor le fue a Su Señoría.
Me fue muy bien. Y todavía me recuerdan.
Señor Presidente , hablaré también como ex juez de policía local -función que me enorgullezco de haber ejercido- y ex juez de paz, nombrado por la Fuerza Aérea, con el grado de cabo, en unos procesos especiales. Ésas fueron mis experiencias judiciales.
Los juzgados de policía local tienen mucha más importancia que la que se les da. Indudablemente, acercan la justicia al pueblo. Y me alegro de que en el proyecto se contemple la obligación de concurrencia de los jueces. Ello otorga mayor jerarquía a su función, que reviste gran trascendencia.
Cuando asumí el cargo por primera vez era muy joven (creo que mi alumno, ahora Senador, señor Viera-Gallo aún no había nacido) y me asombré de la naturaleza de los delitos que conocen estos jueces.
El magistrado a quien me correspondió sustituir tenía por costumbre castigar a las parejas que se juntaban al atardecer -como sucede en muchas partes del mundo- en la parte alta de Las Condes, comuna a cuya municipalidad yo atendía. Entonces, llegaba un carabinero, les preguntaba si eran marido y mujer (lo cual les producía bochorno) y los dejaba citados al juzgado de policía local por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Como se puede apreciar, el juez a quien sucedí era bastante conservador.
Durante el desempeño del cargo me di cuenta de que los jueces de policía local tienen facultades muy amplias -mi antecesor las empleaba en forma absolutamente exagerada y absurda-, entre ellas la de solicitar la colaboración de los carabineros del sector. Eso reviste enorme importancia, porque el ejercicio de cierta disciplina genera una sensación de seguridad en las comunas.
Me alegro mucho de que se creen estos juzgados y, como señaló el Senador señor Moreno , debemos hacer más sobre la materia. Pero me interesa principalmente que ellos estén sujetos a ciertas obligaciones de funcionamiento, porque en muchas partes los jueces van de vez en cuando y estos juzgados sólo se dedican a cobrar los partes.
Por ello, votaré a favor del proyecto.
Señor Presidente , sin duda alguna el proyecto que nos ocupa representa un paso importante, muy positivo y largamente anhelado por muchas comunas, especialmente por las más pequeñas y rurales, que desde hace bastante tiempo estaban a la espera de que se concretara la posibilidad de contar con estos juzgados, cuyo gran mérito -como lo han admitido todos los señores Senadores- es permitir un acceso pronto, cercano y ágil de las personas a la justicia, en un ámbito que les resulta más relevante.
Comparto lo planteado por el Senador señor Moreno. Todos quisiéramos que la iniciativa hubiese tenido una mayor cobertura o un orden más adecuado.
¡O poner un semáforo más!
Y no cabe duda de que hubiese sido muy importante y positivo dar la misma oportunidad a la comuna de Litueche, para contar con otro juzgado de policía local en la Sexta Región.
Sin embargo, debemos ver el asunto desde otra perspectiva. Lo que se ha logrado es bueno y era largamente anhelado por comunas como Pichilemu, Paredones , Navidad , Codegua, las que por varios años estaban solicitándolo. Ojalá pueda instalarse muy pronto un juzgado de policía local en Litueche.
También, resulta pertinente estudiar lo planteado por el Senador señor Viera-Gallo -que analizamos en la Comisión y que propuso el señor Mario Olavarría , alcalde de Colina y Secretario General de la Asociación Chilena de Municipalidades-, en el sentido de incorporar esta atribución en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para los efectos de que sean los propios municipios quienes la apliquen, conforme a sus presupuestos y la composición de sus plantas, pudiendo crear juzgados de policía local o aumentar su número cuando la comunidad los requiera, a fin de dar un mejor servicio. Ello evitaría, a través de la presentación de proyectos específicos, tener que legislar de tiempo en tiempo para impulsar la creación de más juzgados. Y quizás sería mejor que dicha atribución se incorporara en la mencionada Ley Orgánica.
Por otro lado, aprovechando la presencia del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en la Sala, deseo plantear una cuestión muy precisa. Es muy cierto que los municipios pidieron la creación de los juzgados de policía local y, por consiguiente, es de toda lógica que ellos mismos, de acuerdo con sus presupuestos, apliquen recursos con ese objeto; pero también es efectivo que algunos de ellos formularon esta solicitud con bastante anticipación y que en especial los rurales se ven enfrentados a múltiples necesidades y urgencias por insuficiencia de fondos, por lo que permanentemente están requiriéndolos. He sostenido conversaciones con los alcaldes de Paredones, Navidad , Pichidegua, Pichilemu y Codegua, y me han señalado que están muy contentos por la creación de los juzgados de policía local en sus comunas, pero que carecen de los recursos necesarios para implementarlos a la brevedad.
Por eso, dado que la comunidad ya se encuentra en antecedentes de esta situación y que el propósito de los municipios es instalar estos juzgados lo antes posible, me gustaría consultar al señor Subsecretario si existe algún camino o fórmula -como ha ocurrido en otras oportunidades y circunstancias, y la Subsecretaría del ramo ha tenido buena voluntad para hacerlo- a fin de otorgar, adelantar o reordenar algunos recursos especiales dentro de los presupuestos municipales que permitan su pronta instalación, y después devolver, restituir o reacomodar dichos fondos cuando el funcionamiento del juzgado de policía local les reporte nuevos ingresos a las municipalidades. Si así fuera, daríamos mayor eficacia a la iniciativa y responderíamos a la necesidad, planteada por los alcaldes, para que la comunidad pueda contar con juzgados de policía local cuanto antes y no esperar a que la ley sea promulgada, retardando su implementación por insuficiencia de los presupuestos municipales.
Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención señalando mi acuerdo con la posibilidad de que cada comuna pueda determinar si quiere o no un juzgado de policía local.
No hay la menor duda de que hoy día debemos facilitar el acceso de las personas a la justicia, sobre todo a aquellas de menores recursos, y no cabe en la mente de nadie que alguna municipalidad no desee tener un juzgado de policía local. En verdad, éste ha dejado de ser simplemente un juzgado del tránsito, transformándose en una instancia fundamental en las controversias planteadas en comunas muy alejadas, donde las personas no tienen posibilidades de acceder a otro medio de justicia que no sea el de policía local.
Eso deseaba señalar claramente en primer lugar.
En seguida, para la Quinta Región y particularmente para la circunscripción que represento, la creación de este tipo de juzgados en Nogales, Petorca , Putaendo, Santa María , Hijuelas y San Esteban es un avance muy importante. Sin embargo, deseo confirmar las expresiones del Senador señor Viera-Gallo respecto de la sugerencia que le hicieron sus parientes en esta materia y expresar que tiene razón el juez de policía local, señor Carlos Quesney , porque probablemente recibe la influencia de su señora, que es muy inteligente, con muy buena preparación, aconcagüina, y particularmente andina, y sabe de los problemas existentes en Calle Larga y en Rinconada.
Esta situación me impresiona, porque la competencia de los juzgados de esta naturaleza, hoy día en que existe una ruta que une Santiago con Los Andes, es fundamental. En la actualidad, la cantidad de situaciones planteadas en ese camino hace indispensable que tanto Calle Larga como Rinconada tengan un juzgado de policía local. Igual situación se presenta en el caso de Panquehue y Catemu. Ambas comunas formarán parte de la ruta bioceánica, y resulta que los indicadores de accidentabilidad más altos de la Provincia de San Felipe los tienen Panquehue y Catemu. En esta ruta bioceánica verdadera -pues las otras son simples simulaciones-, que atraviesa el paso Los Libertadores y conecta los océanos Pacífico y Atlántico , es fundamental contar con esa posibilidad. He hablado con los alcaldes sobre esta materia, no simplemente para la instalación de semáforos que tanto preocupa a los Senadores por la Sexta Región.
Me interesa de verdad que la gente tenga acceso a la justicia, y en este aspecto creo primordial solicitar al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que, con la bondad que lo caracteriza cuando se trata de resolver los problemas comunales -porque todavía hay una centralización inaceptable en cuanto a los recursos-, vea la manera de ayudar a financiar la creación de estos juzgados, porque ciertamente estas municipalidades son modestas y no poseen los recursos necesarios para instalarlos una vez que se dicte la ley en estudio.
Solicito formalmente que el señor Ministro del Interior abra una instancia para procurar, por una parte, que otras comunas -como las que he señalado- tengan juzgados de policía local y se destinen los recursos suficientes para ello, ya sea a través de préstamos o de algún sistema de "acomodos", como elegantemente dijo el Senador señor Chadwick.
Deseo manifestar que estoy a favor de eliminar la preferencia establecida en un principio para formar las ternas, ya que esto dará igualdad de posibilidades para que las cortes de apelaciones respectivas determinen la persona más idónea para el cargo de juez de policía local.
Igualmente, me parece importante facultar a las municipalidades para designar los cargos de las plantas técnica y administrativa, porque ellas conocen mejor que nadie cuál es la realidad de cada una de las comunas.
Por lo anterior, votaré favorablemente, y agradezco la acogida que pueda tener en la Subsecretaría de Desarrollo Regional este pedido, casi de clemencia, que le estamos haciendo.
El último Senador inscrito para intervenir es el Honorable señor Prat.
Señor Presidente , si no escuché la explicación sobre el tema, doy mis disculpas, pero deseo pedir que se me aclare por qué es tan rígido el número de audiencias al público y la incompatibilidad de ejercer el cargo de juez de policía local en más de una comuna.
Entiendo que el objetivo del proyecto es facilitar el acceso a la justicia, y que en ese sentido la idea es que en las comunas pequeñas también exista un juzgado de policía local. Ojalá -decía alguien- todas pudieran tener uno. Pero eso, en muchos casos, requiere que las municipalidades de menor tamaño compartan los servicios de un mismo juez. Así como ocurre en muchos otros servicios municipales, en el de la justicia también debería aplicarse la misma consideración.
Con tal objeto, habría que dar flexibilidad tanto para que una misma persona pudiera desempeñar el cargo de juez en dos comunas, cuanto para que los horarios de funcionamiento fueran compatibles con esa posibilidad.
Sin embargo, por un lado se mantiene la restricción de que una persona no puede desempeñar el cargo en más de una comuna, y por el otro se establecen requisitos de funcionamiento -cierto número de días a la semana- que hacen imposible ejercer dicha labor en dos municipios.
Por eso, señor Presidente, me gustaría una aclaración sobre el punto. Entiendo que en esto hay un problema de costo, pero el hecho de facilitar que dos comunas compartan un servicio de esta naturaleza persigue, justamente, disminuir el gasto en que debe incurrir cada una de ellas.
Señor Presidente , antes de responder al Senador señor Prat , me gustaría atender la "súplica" formulada por el Honorable señor Romero , vinculada al financiamiento.
En esto hay que ser muy claro. La primera condición que asegura financiamiento es que el municipio, al levantar la solicitud y nominar el cargo de juez, no sobrepase lo estatuido por otra disposición legal que le prohíbe pagar en remuneraciones más del 35 por ciento de sus ingresos. En consecuencia, hay que considerar no sólo la solicitud, sino también el respaldo financiero de la misma. De los municipios donde se crean 75 nuevos juzgados, hay dos que se hallan en el margen, levemente por sobre dicho porcentaje.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la instalación física, debo recordar a los señores Senadores que si en una comuna sin juzgado de policía local se comete una infracción sancionada con multa, ésta debe ser pagada en el municipio que sí cuenta con uno de esos juzgados, el cual se queda, en promedio, con el 20 por ciento del dinero que se recauda por ese concepto. Es una especie de peaje. De manera que cuando una municipalidad recupere su plena soberanía, que incluye la recaudación, va a percibir ese 20 por ciento, lo cual también colabora, si no en lo sustancial, al menos en algo, para la instalación del juzgado.
En tercer lugar, y reconociendo el problema de financiamiento a que se refirió el Honorable señor Chadwick , quiero señalar que el Gobierno está comprometido a enviar, en los primeros meses del próximo año, una nueva ley de financiamiento municipal que esperamos que lo solucione en términos considerables desde ese punto de vista.
En cuanto a las consultas planteadas por el Senador señor Prat , hoy en día todos los municipios cuentan con al menos un juez de policía local. La diferencia radica en que para aquel que no lo tiene, ese juez es el de la comuna vecina, que actúa como tal. El criterio es impedir la doble función en los siguientes términos ¿y con esto aprovecho de responder también a otros señores Senadores-. Nuestra idea original era cubrir al conjunto de comunas que carecen de juzgado de policía local. Sin embargo, al final se optó por el criterio de dotar de uno de estos tribunales a aquellas que cuenten con más de 10 mil habitantes, o entre 5 mil y 10 mil, siempre y cuando exista a su respecto un factor de aislamiento territorial.
Porque nuestra expectativa, señor Senador, es que el Parlamento también apruebe la normativa a que se refiere el artículo 110 de la Constitución -que ya está-, que permite a los municipios crear, autónomamente, entre otras funciones y cargos, el de juez de policía local. Nuestra aspiración es que todo el territorio nacional esté cubierto -la verdad es que queda muy poco sin cubrir- y que ese instrumento, tal como expresó el Senador señor Martínez , sea usado con plena autonomía por las municipalidades una vez que se legisle sobre el citado artículo 110, que -repito- autoriza a los municipios, en función de su autonomía y voluntad, a crear todos los cargos que su presupuesto permita.
Señor Presidente , junto con resaltar los aspectos positivos de esta iniciativa, quiero aprovechar la presencia del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para plantearle la posibilidad de que en algunos casos concretos, dado el aislamiento y las dificultades que enfrentan algunos de los diversos poblados que configuran una comuna, un juzgado de policía local funcione alternativamente en lugares distintos. En el caso de la Municipalidad de Cisnes, por ejemplo, donde el juzgado de policía local obviamente tendrá su sede en Puerto Cisnes, sería altamente conveniente que al menos una vez a la semana el juez se constituyera en la localidad de Las Juntas, que posee un centro de gravedad totalmente diferente, con lo cual se evitaría un enorme gasto tanto para el municipio como para las personas que deben concurrir al juzgado a realizar alguna gestión.
Me parece que eso es resorte de cada municipalidad; no se requiere ley para tales efectos.
Señor Presidente , en las comunas pequeñas, el alcalde también tiene la calidad de juez de policía local para conocer de causas menores. Solamente las causas mayores pasan a un juzgado de policía local donde el juez es abogado.
Señor Presidente , considero muy atendibles las observaciones planteadas por los Honorables señores Parra y Viera-Gallo en el sentido de que no se ha fijado en forma detenida la competencia y la organización de los juzgados de policía local, ni tampoco la accesibilidad a ellos. Es de gran importancia destacar la promesa hecha por el Ministerio de Justicia en cuanto a que una modificación de la ley Nº 15.231 ayudará a resolver el problema, extraordinariamente grave en las comunas más pobres, pues sus habitantes -digamos las cosas como son- no tienen acceso a la justicia, ni siquiera a una justicia primaria.
La culpa de tal situación muchas veces la han tenido los propios Gobiernos, que, con la mejor de las intenciones, han eximido del pago de contribuciones de bienes raíces a empresas forestales, al pueblo mapuche y a algunos dueños de pequeñas propiedades. Entiendo que se ha actuado de manera bien intencionada y lo que se ha hecho es correcto; pero lo grave es que estas exenciones dejan a los municipios sin los recursos suficientes. De tal manera que si un Gobierno concede una exención, debe devolver fondos equivalentes a las municipalidades para que éstas puedan resolver los problemas de los más pobres.
Aprovechando la presencia del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, quiero mencionar este hecho con el objeto de que se corrija esa situación, porque no es posible que en las comunas donde viven los más pobres sus municipios carezcan de recursos para resolver los problemas de sus habitantes.
De todas maneras, el proyecto es muy significativo para las Regiones Octava, Novena y Décima , que son muy extensas y poseen una red de caminos muy grande, la que en 50 por ciento es de tierra. Las rutas se cortan al llegar el otoño y no se abren hasta la primavera. Por cierto, esto no sólo provoca una serie de dificultades a la gente en materia de vivienda, de salud y de producción, sino también en el acceso a la justicia.
Por eso es importante que la iniciativa proponga la creación de 13 juzgados al menos en la Región de la Araucanía, porque permitirá a la gente que reside en lugares apartados tener acceso a la justicia. De allí la relevancia de la creación de los juzgados de Padre Las Casas, Vilcún , Lonquimay , Teodoro Schmidt , Lumaco, Purén , Pucón , Cunco , Gorbea , Galvarino , Toltén , Saavedra y un tercer juzgado en Temuco.
Asimismo, considero trascendente la factibilidad de que existan estos juzgados y de que, con la jurisdicción y competencia necesarias, estén en condiciones de recibir las denuncias que hoy día les están fijadas. Por cierto, será mucho mejor cuando el Ministerio de Justicia cree aquellos juzgados que no existen por falta de recursos y se puedan fijar también las competencias y revisar los procedimientos de acuerdo con la ley Nº 18.287. Por esa razón, votaré a favor del proyecto.
He querido aprovechar la presencia del señor Subsecretario para darle a conocer el criterio que tengo sobre esta materia. En especial, tratándose de una Región tan pobre, pues ello permitirá tener mayor acceso a la justicia. Para que esas comunas más pobres dispusieran de los recursos necesarios, el Gobierno podría devolver a los municipios correspondientes los recursos que con la otra mano muy generosamente otorga por exenciones en el pago de contribuciones.
Señor Presidente , la iniciativa en debate se limita a crear alrededor de setenta juzgados de policía local con el único objeto de aumentar la cobertura en esta clase de jurisdicción.
Me interesa referirme en especial a la forma de nombrar a los jueces.
La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados contemplaba la formación de las ternas por las Cortes de Apelaciones, dando preferencia a los jueces o ex jueces de policía local. Ello, en mi opinión, limita la posibilidad de que otros funcionarios, abogados o personas puedan postular a un cargo de tal naturaleza.
La enmienda introducida por la Comisión de Constitución al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados abre esa posibilidad principalmente a los demás funcionarios, a los abogados municipales, y en especial a los secretarios de los juzgados de policía local, quienes muchas veces deben reemplazar a los jueces. De manera que ellos desempeñan la misma función que ejercen los jueces de policía local.
Por las consideraciones expuestas, voto a favor del proyecto.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor) y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Prat, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de "simple", que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles, con informes de las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2592-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 7ª, en 31 de octubre de 2000.
Obras Públicas, sesión 28ª, en 11 de septiembre de 2001.
El proyecto se encuentra informado por las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda. La primera de ellas, autorizada por la Sala para discutirlo en general y particular en el primer informe. Sus objetivos principales son:
1.- Establecer para las empresas de transporte de pasajeros, propietarias o arrendatarias con opción de compra de buses, que presten servicios de transporte público rural, interurbano o internacional, el derecho a recuperar, en la forma que se señala, un porcentaje de las sumas pagadas por dichos vehículos, por concepto de peajes en las correspondientes plazas interurbanas.
2.- Permitir que las empresas de transporte de carga, que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones de un peso bruto vehicular igual o superior a 3 mil 860 kilogramos, recuperen, en la forma señalada, un porcentaje de las sumas pagadas por dichos vehículos por concepto del impuesto específico al petróleo diesel.
3.- Facultar al Ministerio de Hacienda, previo cumplimiento de los requisitos que la ley indica, para establecer normas que permitan diferenciar químicamente el petróleo diesel utilizado en la industria, del que emplean los vehículos motorizados que transitan por vías públicas.
El informe de la Comisión de Obras Públicas consigna la aprobación en general del proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cordero, Frei (don Eduardo), Pizarro y Urenda. Asimismo, contempla las modificaciones introducidas a la iniciativa por la Cámara de Diputados, todas ellas aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Cordero, Frei (don Eduardo), Pizarro y Urenda.
Por su parte, el informe de la Comisión de Hacienda da cuenta de que el proyecto fue aprobado en general por cuatro votos a favor, de los Senadores señores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag, y la abstención de la Honorable señora Matthei.
En cuanto a la discusión particular, el informe contiene las modificaciones introducidas a la iniciativa despachada por la Comisión de Obras Públicas, las que fueron aprobadas de la siguiente manera: el artículo 2º nuevo y el artículo 3º, que pasa a ser 4º, cuatro votos a favor de los Honorables señores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag, y la abstención de la Senadora señora Matthei. El artículo 2º, que pasa a ser 3º, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda Honorable señora Matthei y Senadores señores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag.
Cabe destacar que el artículo 1º fue aprobado sin enmienda, con los votos favorables de los Senadores señores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag, y la abstención de la Honorable señora Matthei.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado de cuatro columnas donde se consignan el texto aprobado por la Cámara de Diputados, el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y el texto final.
--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto y queda despachado en este trámite.
De los señores CANESSA, MARTÍNEZ y VEGA:
Al señor Ministro de Defensa Nacional y a la señora Directora del Trabajo , sobre MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.
A los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas, de Economía , y Secretario General de la Presidencia , respecto de COMPROMISOS ASUMIDOS EN MESA DE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADA CONSTITUIDA EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro del Interior , acerca de SITUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE SEÑOR DOUGLAS TOMPKINS Y DE FUNDACIONES PUMALÍN Y EDUCEC.
Señor Presidente , ayer 11 de septiembre de 2001 se grabó en la memoria histórica de la humanidad uno de los sucesos más dramáticos que nunca antes alguno de nosotros haya vivido. El mundo civilizado sufrió uno de los atentados más brutales de los que se tenga recuerdo. Seguramente esta generación quedará marcada por dichos incidentes, por el que todos los señores Senadores presentes en la Sala -me imagino- se encuentran aún conmocionados.
Los hechos que hemos podido presenciar deben ser asumidos como uno de los peores momentos que ha debido enfrentar el mundo en las últimas décadas. Su magnitud hacía difícil prever estas circunstancias tan atroces.
Lo cierto es que ello desgraciadamente ocurrió, y se suma a algunos episodios que en su momento cambiaron también de alguna manera el curso de la historia. Me refiero a sucesos como los acaecidos en 1914, año en que comenzó la Primera Guerra Mundial , con el atentado de Sarajevo, que costó la vida al heredero del trono austro-húngaro, Francisco Fernando , y que para algunos historiadores significó el punto de partida del siglo XX y de una nueva era para la humanidad.
En esa misma perspectiva se inscribe -recordémoslo también- la invasión de los ejércitos del Tercer Reich a Polonia en septiembre de 1939, lo cual desencadenó -como todos saben- un segundo conflicto bélico de alcance mundial. Dos años después, los japoneses protagonizarían uno de los capítulos negros de la historia contemporánea, al atacar a la indefensa flota norteamericana en el Pacífico, concentrada en Pearl Harbor. Este hecho derivó en la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y en un espiral de violencia que -como todos conocen- culminaría desgraciadamente con las atroces bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.
El ataque terrorista que vivió Estados Unidos el día de ayer, a mi juicio, ha trastrocado visiblemente, al igual que los sucesos antes descritos, al mundo. Y aunque, en mi opinión, este acto no desencadenará -como algunos sostienen de manera liviana- una suerte de tercera guerra mundial, ha provocado necesariamente una inflexión en la historia, un cambio significativo en la cotidianeidad de nuestro tiempo.
Insisto en que este episodio no debe ser un detonante de un conflicto bélico, pero sí ha de llevarnos a asumir un compromiso con la lucha frontal y mancomunada del mundo -en la que nos unamos todos quienes somos amantes de la democracia y la libertad- contra el terrorismo, cualesquiera sean sus signos.
Nos corresponde, en consecuencia, desempeñar un rol histórico: debemos considerar como premisa que el terrorismo -al igual que el narcotráfico- se ha llegado a convertir en uno de los principales enemigos de nuestros pueblos. Ésos son los enemigos de hoy, que hunden a muchas naciones y generaciones enteras de seres humanos.
En cuanto a quienes cometen este tipo de actos, que considero solapados y cobardes, cuyo objetivo es ir contra gente inocente -seres humanos comunes y corrientes-, y sembrar el terror y el miedo, creo bueno para esta generación y sobre todo para el Senado hacer una reflexión.
A diferencia de una guerra declarada, donde se enfrentan ejércitos, los que normalmente representan a naciones, la acción terrorista no habla en nombre de ningún país, ni siquiera de un conjunto de ellos, y es, fundamentalmente, una acción, por lo general, dirigida contra civiles inocentes.
El acto terrorista depende de un grupo de personas que comparten una sesgada y -por decir lo menos- enfermiza visión de la realidad. Por lo tanto, resulta difícil definir las fronteras exactas del terrorismo. Pero, más que eso, el acto terrorista es, sobre la base de los acontecimientos que hemos conocido en los últimos tiempos, consecuencia directa del fanatismo, la intolerancia y una concepción totalitaria del hombre. Hablamos de individuos que dicen poseer la verdad sobre las cosas y, lo que es peor, sus posiciones extremas normalmente los llevan a querer acabar con todos quienes se opongan a sus postulados, en lo posible, exterminándolos.
Es cierto que en Chile vivimos en el pasado una etapa en que el terrorismo de Estado se manifestó con brutalidad. Sin embargo, confío en que la acción terrorista ejercida durante el Gobierno militar sea el último ejemplo de terrorismo de Estado que debamos sufrir en nuestro país y, ojalá, en América Latina. Sin embargo, desgraciadamente, en esa experiencia no debemos olvidar que en nuestro país se adiestraron fascistas ultraderechistas italianos y cubanos anticastristas, que pasaron por nuestro país y que posteriormente cometieron actos de terrorismo fuera de él. Por lo tanto, todos los chilenos debemos asumir que ese hecho ocurrió en Chile.
No obstante, esta clase de terrorismo -es decir, el terrorismo de Estado o el que se ejerce entre un Estado y otro, incluso el que se produce actualmente en países islámicos de carácter fundamentalista- es difícil implementarlo en el mundo actual. Felizmente, la humanidad ha tomado conciencia de que no es posible aceptarlo. Lo que ha ocurrido recientemente en la ex Yugoslavia habla bien del curso que está tomando la historia de este siglo al respecto. Es decir, nadie puede sustraerse a la acción de la justicia, aun cuando algunos pretendan marginarse de la misma más allá de sus fronteras. Quienes pretendan realizar estas prácticas sólo pueden hacerlo dentro de las fronteras de muy pocas naciones. Si quieren llevarlas a cabo fuera de ellas, no tienen otra alternativa que usar la ideología fanática de sus individuos, organizarlos y contactar a sus miembros en otros países, a fin de que éstos cometan actos terroristas más allá de las fronteras de naciones que puedan inspirarlos.
Los países que están alimentando a los terroristas son contados con los dedos de las manos, pero peligrosamente constituyen una cifra no despreciable de personas. Son miembros de organizaciones que han surgido en los últimos años, muchos de ellos movidos por un integrismo que los hace cometer actos tan brutales como los infligidos ayer contra miles de estadounidenses.
Revisando nuestra historia contemporánea, encontramos algunas similitudes entre los sucedido ayer en Estados Unidos con los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial; mas hay que reconocer una diferencia fundamental: esos pilotos fanáticos morían por su emperador, por su patria, y combatiendo a un enemigo en el contexto de una guerra declarada. Por estas razones, lamentablemente, todo indica que el ataque sufrido por Estados Unidos en el día de ayer es el inicio de una nueva forma de hacer la guerra.
Los atentados a los edificios de Nueva York y al Pentágono en Washington, apuntan al surgimiento de una nueva orientación en este campo. Seguramente, con esta experiencia, Estados Unidos va a iniciar una nueva política en el marco de las relaciones internacionales, respecto de lo cual debemos estar particularmente atentos.
Dada la globalización que impera en el mundo, este sistema requiere que todos los países tomemos partido acerca de los actos terroristas y al terrorismo en su conjunto. En mi opinión, nuestro país debe adscribirse claramente a una postura contraria al terrorismo, combatirlo cualesquiera sean las ideologías o intereses que lo muevan. Chile y todos sus partidos políticos, en especial, nuestra propia colectividad, el Partido Socialista, que vivió el terrorismo de Estado en épocas pasadas, deben rechazar ese acto tan cruel como el que vivimos en el día de ayer. Ningún objetivo, ningún punto de vista de carácter religioso, político o de otra naturaleza justifican acto de terrorismo alguno. En consecuencia, en esta generación, debemos ser capaces de exterminarlo.
Para iniciar esta batalla y combatir esa conducta tan cruel, debemos plantear con fuerza algunas condiciones claves como son, en mi opinión, que toda lucha mancomunada, organizada a nivel mundial para combatir el terrorismo, debe adoptar, a lo menos, los siguientes resguardos: respetar los Derechos Humanos, inscritos en la Declaración Universal de los mismos; en ningún caso poner en peligro la paz mundial, y ratificar, en el más breve plazo, el Tratado del Tribunal Penal Internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos que, como todos sabemos, no lo ha hecho.
Estas tres herramientas de carácter internacional son fundamentales: primero, a fin de combatir el terrorismo con fuerza y no amilanarse por la capacidad que puedan tener quienes lo practican. Segundo, debe tenerse presente que es básico, en cualquier circunstancia, resguardar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, al mismo tiempo, hacer que prevalezca por todos los medios la idea de que la paz mundial hay que garantizarla. Y tercero, hacer cuanto sea necesario para que el Tribunal Penal Internacional -así como Milosevic ya lo está viviendo- sea ratificado por todos los países del mundo, particularmente, por los Estados Unidos de Norteamérica.
Por último, quiero dejar en claro una idea: desde ayer, en mi opinión, nada será igual en el ámbito internacional. El mundo algo cambió. Desde ahora, el giro que ha dado la historia escribirá un futuro que depende de todos nosotros.
Hoy no cabe el silencio, ni mirar los hechos como si no nos incumbieran. Es el momento de expresar nuestro dolor. Y, por eso, en nombre de nuestra bancada, quiero manifestarlo de la manera más honda posible a todos los norteamericanos que sufrieron durante el día de ayer, 11 de septiembre, esta experiencia tan brutal.
Asimismo, en mi opinión, el Senado debe enviar las condolencias correspondientes a todas las autoridades de ese país, a sus representantes en Chile, a los norteamericanos residentes y, en lo posible, a todo el pueblo de los Estados Unidos.
Señor Presidente , sugiero que la intervención del Senador señor Núñez sea enviada al representante diplomático de los Estados Unidos en Santiago, a través de nuestra Cancillería.
El Comité Institucional 2 no usará su tiempo.
Señor Presidente , concedo una interrupción al Senador señor Moreno.
Señor Presidente , intervengo esta tarde para rendir homenaje a un científico chileno, fallecido hace algunas semanas, quien fuera profesor en cinco universidades de nuestro país en la especialidad de entomología. Me refiero a don Raúl Cortés Peña.
Este hombre, que probablemente hizo una vida muy en silencio dentro de los laboratorios, entregó una de las grandes contribuciones a lo que hoy en día Chile exhibe como un país libre de muchas de las plagas que azotan, precisamente, a nuestro principal rubro de exportación no tradicional, como la fruticultura.
Él tuvo la posibilidad de enseñar y formar a otras personas como profesor de Entomología Agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile, entre 1938 y 1960; fui su alumno, al igual que el Senador señor Gazmuri , aquí presente. Fue profesor de Entomología Agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, entre 1946 y 1954. Fue Vice-Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, en 1954. Fue profesor de Zoología y Entomología de la Universidad Católica de Valparaíso y Decano de la Facultad de Agronomía de la misma, entre 1960 y 1966. Y fue Director Fundador del Departamento de Agricultura -hoy, Facultad de Agronomía- de la Universidad del Norte, en Arica, entre 1969 y 1972, y posteriormente, entre 1975 y 1982.
Este científico publicó más de 80 trabajos, difundidos en Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, México , Bélgica, Perú, Brasil y Argentina, sobre entomología y biología, y taxonomía y hábitos parasíticos de taquínidos de Chile.
Fue distinguido por la Sociedad Agronómica de Chile; por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor investigador en 1965; por la Sociedad Chilena de Entomología, donde fue su Presidente y declarado Socio Honorario; por la Sociedad Entomológica del Perú; por la Universidad del Norte, que lo declaró Profesor Honoris Causa; por la Universidad de La Plata, Argentina, como Académico Asociado Honorario; por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y por la Universidad de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este hombre hizo una contribución como funcionario público, porque trabajó como Director del Departamento de Investigaciones Agrícola del Ministerio de Agricultura , entre 1954 y 1960. Fue Director Suplente del Departamento de Sanidad Vegetal de la misma Secretaría de Estado , en 1957.
También tuvo la posibilidad de concurrir como becado a la Universidad de Harvard y las de distintos países como los Estados Unidos, Canadá , México , Centroamérica, Colombia y Perú.
Como he dicho, era un hombre eminente que vivió en el silencio del laboratorio; pero su contribución a la sanidad vegetal en Chile y en particular a la entomología, es invaluable.
Por eso, señor Presidente , en este momento, en esta Alta Corporación, rindo homenaje a un científico de esta envergadura, quien fue maestro de maestros; que enseñó a muchos que hoy son profesores eméritos en distintas universidades del país; que fue un cristiano muy profundo, pero, sobre todo, un hombre que supo distinguir la ciencia de la calidad humana y del servicio a los demás.
Junto con rendir este tributo, solicito que se oficie, en mi nombre, adjuntando el texto de mi intervención, al señor Ministro de Agricultura ; al señor Subsecretario de la misma Cartera ; al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero ; al señor Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias ; a la Directora del Fondo de Innovación Agropecuaria ; a los Rectores de las Universidades de Chile, Católica, Católica de Valparaíso, de Tarapacá y de Concepción; a los señores Decanos de las facultades correspondientes; a los señores Presidente y Consejeros del Colegio de Ingenieros Agrónomos; a la Sociedad de Entomología de Chile, y a los Centros de Alumnos de las Escuelas de Agronomía de todo el país.
--En conformidad al Reglamento, se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, petición a la que adhiere el Comité Demócrata Cristiano.
Me ha pedido una interrupción el Senador señor Martínez.
Antes de dar la palabra al señor Senador , debo hacer una rectificación.
Al Comité Socialista le restaban 3 minutos, y el Honorable señor Viera-Gallo me había solicitado intervenir dentro de tal tiempo.
Por lo tanto, tiene la palabra, Su Señoría.
Señor Presidente , me referiré brevemente al mismo tema sobre el cual habló hace un rato el Senador señor Núñez.
Los atentados terroristas cometidos en Estados Unidos han sido unánimemente rechazados. Y es justo que así sea. ¿Cómo se podría justificar un crimen de esa magnitud? Lo importante es que esa condena no sea de los labios hacia fuera. Frente a este tipo de atrocidades, no cabe ninguna ambigüedad. El mundo no será más como era antes de este fatídico 11 de septiembre.
Nada bueno puede provenir del montón de escombros de las dos torres de Nueva York y de las ruinas del Pentágono. Digo estas palabras mientras continúa el rescate de un gran número de víctimas que permanecen con vida bajo un cúmulo de escombros de los que fueron edificios emblemáticos de los Estados Unidos.
La escalada de la violencia ha alcanzado tales límites que pareciera que, de ahora en adelante, en este siglo que comienza, no habrá nada digno de respeto.
Hay quienes, sin embargo, para mi estupor, esgrimen consideraciones que atenúan el crimen, deslizándose de las hipótesis explicativas a la justificación no confesada: el imperialismo americano, la prepotencia y ceguera de la política del Gobierno de Reagan, las injusticias de la globalización, el choque de las civilizaciones de Hungtington, la rabia acumulada de los pueblos oprimidos.
Estas personas tienen diversos colores políticos. ¿Quién no tiene alguna razón o motivo para criticar a Washington?
Contrasta esa actitud con la imagen de Yasser Arafat donando sangre para las víctimas del desastre. Queremos creer que su posición no obedece a ningún cálculo político, sino que a algo más profundo: la afirmación de ciertos valores universales que en ninguna circunstancia pueden ser restringidos o simplemente desechados. Y lo hace quien dirige al pueblo palestino y tiene más de algún motivo para criticar la política estadounidense en el Medio Oriente.
Las autoridades norteamericanas han calificado estos hechos como actos de guerra y han dicho que llevarán a sus responsables a la justicia, en lo que tienen plena razón. Además, el Presidente Bush ha sostenido que no se restringirán las libertades en su país, pues se estaría incurriendo en lo que los terroristas buscaban; es decir, alterar el sistema de vida democrático. Sin embargo, sorprende el modo como se ha informado sobre estos sucesos, tanto por parte de los medios escritos como por la televisión. No hemos visto imágenes de personas muertas, ni siquiera de heridos. Pareciera que hubiera habido en el país del norte una suerte de limitada libertad de prensa, tácitamente aceptada por todos.
El problema surge, y es mayor, cuando simultáneamente el Presidente de los Estados Unidos habla de preparar una represalia ejemplificadora, no sólo contra los autores sino también contra los países que les dan amparo. Por cierto que frente a una agresión de esta naturaleza -y de eso se trata- la réplica se justifica, conforme al derecho internacional, pero ese Gobierno, al hacerlo, no debe olvidar las leyes de la guerra y los principios del derecho humanitario. Recientemente, Juan Pablo II ha dicho con claridad que la justicia no se consigue con la venganza. La sangre no lava la afrenta, aunque el primer impulso sea el recurrir a las armas, cuyo uso debiera estar siempre al servicio del derecho.
Es la hora de la firmeza en la defensa irrestricta de los principios que fundan la convivencia humana. Por eso, sin ambigüedades, hay que repudiar el terrorismo internacional y condenar los hechos acaecidos en Washington y en Nueva York y, al mismo tiempo, advertir del peligro de formas de reacción que pudieran no ajustarse al derecho internacional. Como expresa el dicho popular "no se apaga el fuego con bencina". El orden internacional del siglo que recién comienza debe fundarse en principios respetados por todos y, en primer lugar, por las naciones más poderosas.
¡Ésa es la forma justa de combatir el terrorismo!
Señor Presidente , en forma muy breve deseo exponer en esta oportunidad dos temas.
Es evidente que el acto de terrorismo feroz y salvaje que hemos presenciado ayer conmueve al mundo y también a nosotros. Cuando uno se pregunta dónde está la génesis de estos actos, el origen del uso de la violencia asesina y enmascarada, que no da el rostro, debe revisar las raíces históricas de la convivencia humana en el siglo pasado y hasta nuestros días. Y, al hacerlo, descubre que fundamentalmente el problema está en que los actos terroristas se repudian según sea la conveniencia o inconveniencia política de hacerlo. Esta conclusión es tristísima, porque no se entiende que la semilla del terrorismo, que siempre es un acto menor, no es condenado ni repudiado, y a través de ese acto menor que no es objeto de rechazo se da pábulo a que siga creciendo y principie a aumentar el efecto de esa acción.
Yo no quería hablar de este tema. He escuchado con mucha atención algunos dichos del Honorable señor Núñez , quien se refirió al terrorismo de estado que se hacía durante el Gobierno militar. Insisto: yo no quería hablar de este tema, porque tengo una visión más amplia de nuestra realidad y de nuestra historia. Comprendo los puntos de vista diferentes y el apasionamiento en determinados momentos, pero, escuchándolos, he tenido que retroceder al origen, a la semilla de estas situaciones que han ocurrido en Chile y en todas partes del mundo. Y, estando absolutamente de acuerdo y convencido de que nada justifica el terrorismo, me pregunto por qué no he visto, no he leído ni he escuchado ningún rechazo, de ninguna autoridad, de ningún partido político, por los actos vandálicos llevados a cabo en las noches del 9 y del 11 de septiembre, donde hubo tres ciudadanos chilenos muertos, ataque a las personas, destrucción de la propiedad y enfrentamiento a la fuerza pública. Y nadie ha levantado la voz para rechazar tales acciones.
Hemos perdido la profundidad de nuestra vida ciudadana, impresionados por el horrible y, por supuesto, repudiable acto que hemos presenciado ayer. Pero, ¿y en casa no hemos sido capaces de expresar nuestro rechazo ante aquéllos? ¡Si ahí también hay terrorismo, vandalismo! ¿Es terrorismo lo que hemos visto en Concepción cuando quienes se dicen estudiantes, con los rostros cubiertos con capuchones, atacan a la fuerza pública durante todo el día, con gran griterío? Es terrorismo urbano, digámoslo claramente. Y lo mismo sucede con la gente que murió en Santiago, y como lo fueron las barricadas. Cómo es posible ver las avenidas de la zona sur de Santiago plagadas de fogatas en la noche, y las bombas molotov. Eso también es terrorismo, y debiera ser repudiado. Pero si no repudiamos el origen en las cosas pequeñas, vamos a llegar, tarde o temprano, al enorme acto de terrorismo que hemos visto ayer.
Como ya dije, no quería tocar este tema. Se ha acusado al Gobierno militar de terrorismo de estado, y nunca lo ha habido, no existe, es una ficción. Las personas pueden haberse desbandado, en determinado momento, y aunque a veces no ha gustado, la Justicia está actuando. Pero hoy día no hemos sabido de ninguna condena por los actos a que me he referido, nadie ha levantado su voz de protesta ante los 72 carabineros y el personal de las Fuerzas Armadas muertos, sin que sepamos quiénes los asesinaron.
Todo eso es terrorismo. Quiero ser consecuente. Respeto las opiniones de todos los señores Senadores, también la del Honorable señor Núñez. Sin embargo, olvida y no repudia lo sucedido en Chile las noches del 9 y 11 de septiembre, que son también actos terroristas, cuando encapuchados han asustado, aterrorizado e inmovilizado a la población, impedido la circulación, afectado las libertades fundamentales, y ningún partido político ha dicho nada al respecto. ¡Grave error!
Quiero expresar mi profunda preocupación por esto y mi gran dolor ante ese doble estándar que nos lleva al origen de la violencia terrorista, que es el permitir el pequeño acto so pretexto de conveniencias políticas, y sorprendernos frente al enorme y terrible atentado de que hemos sido testigos.
En seguida, en mi calidad de Senador de la República , quiero hacer presente mi profundo malestar frente a la noticia publicada por el diario "La Tercera" el domingo pasado relacionada con el posible arrendamiento de territorio nacional a Bolivia. Creo que ello, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pensando en la paz y la conveniencia de que éstas siempre sean fluidas, constituiría una gran equivocación. Hoy día obtendríamos un enorme aplauso de Bolivia, si es que así fuera, pero mañana enfrentaríamos una canasta de problemas que nos llevarían a situaciones muchas de ellas, previsiblemente, por desgracia, de cierta violencia.
Considero que arrendar parte de nuestro suelo atenta, primero, contra la unidad del territorio, porque se lo está arrendando a un estado soberano, y eso no se puede hacer. La continuidad del territorio, el concepto de unidad territorial se rompe. Y, desde otro punto de vista, la Constitución, por supuesto, no lo permite.
Creo que este tipo de soluciones se encuentra absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Políticamente se podrá hacer, pero el país nunca lo va a aceptar. La nación quedaría herida, profundamente herida. Se utilizarán los medios de comunicación para apagar la preocupación, para que no lo sepa la ciudadanía o para que no se fije en ello; pero la nación va a quedar herida. La continuidad territorial de Chile no puede sufrir esa clase de división, ese tipo de heridas.
Además, con ello se plantea un problema más grave todavía: si así ocurriera en la realidad, al final, Bolivia insistiría en que si ahora tiene el arrendamiento de ese territorio, podría reclamar la entrega definitiva de él, con lo cual se rompería la continuidad territorial del país.
Pienso que la nación chilena y quienes servimos en las Fuerzas Armadas y de Orden en nuestra vida no lo aceptaríamos por ningún motivo.
El resto del tiempo lo cedo al Senador señor Lavandero.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Lavandero.
Señor Presidente, aprobamos recientemente el mejor proyecto que pudimos consensuar para defender los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
La iniciativa es importante, pero está destinada a proteger a la gente que tiene trabajo. Sin embargo, existe un considerable sector de trabajadores cesantes y nos parece que debiera haber una política de mejoramiento institucional destinada a protegerlos, especialmente cuando cada cierto tiempo el sistema económico que nos rige, no sólo en el orden internacional, sino también en el ámbito interno, se ve afectado por crisis cíclicas que se traducen fundamentalmente en pobreza y, sobre todo, en cesantía.
Por eso, Chile debe prepararse para enfrentar tres o cuatro años más de elevado desempleo. Pareciera oportuno que el Gobierno considere proteger a la población de este fenómeno de la misma forma en que lo hacen los países más civilizados: otorgando un subsidio de cesantía digno.
La desocupación afecta en estos momentos a 563 mil chilenos, equivalente a 9,7 por ciento de la fuerza de trabajo. Si se considera que cerca de 150 mil personas se encuentran ocupadas en planes de empleo de emergencia que, felizmente, el Gobierno se ha decidido implementar, la economía por sí sola está dejando a 713 mil personas sin trabajo, esto es 12,3 por ciento de la fuerza laboral actual. De esa manera, se completan tres años consecutivos en que la desocupación supera las 400 mil personas, esto es, alrededor de 7 por ciento de la fuerza de trabajo.
Tal como se presentan las cosas en la economía mundial y regional, parece probable que la economía chilena mantendrá su lenta recuperación, tal como hasta ahora ha ocurrido, y por muchos meses más.
Por otra parte, es también posible que la tasa de creación de empleo se mantenga todavía reducida durante un tiempo, aun cuando la economía crezca.
Una reciente encuesta realizada a 200 gerentes de las principales empresas del país revela que ellos esperan crecimientos de ventas de 5 ó 6 por ciento para el 2001 y 2002, y piensan atender dicha recuperación de la actividad prácticamente sin aumentar todavía el número de sus empleados. En otras palabras, y tal como mucho hemos venido insistiendo desde los inicios de la actual recesión, los chilenos debemos enfrentar un período prolongado de altas tasas de desempleo. De hecho, no es improbable que el iniciado en nuestro país en 1998 se extienda a lo largo de seis o siete años, tal como ocurrió durante la crisis de los años ochenta.
Es cierto que la magnitud del aumento de la cesantía en cada ciclo recesivo depende en parte importante de la habilidad de las autoridades económicas de turno para morigerar o acentuar el fenómeno. Hay prácticamente consenso entre los economistas en que algunas autoridades económicas chilenas han sido en algún grado responsables de la crudeza del actual ciclo recesivo en el país.
Con todo, la experiencia muestra que la ocurrencia cíclica de períodos más o menos agudos y prolongados de desempleo son prácticamente consustanciales al desarrollo de la economía neoliberal. El flagelo de la cesantía elevada ha azotado en forma periódica, con gran regularidad, aunque con diferente intensidad, a la economía mundial desde hace más de dos siglos. En más de una ocasión los economistas han dado el problema por superado, especialmente cuando se han sucedido varios años de crecimiento sostenido. Sin embargo, la cesantía ha retornado porfiadamente, afectando incluso a las economías capitalistas y más maduras. Así ha ocurrido, por ejemplo, durante casi toda la última década nada menos que en Europa.
Frente a la evidencia de lo anterior, todas las naciones civilizadas han establecido mecanismos más o menos efectivos de protección contra el desempleo. Una adecuada defensa contra el fenómeno, junto con el acceso a la salud, a la educación y a la previsión, además de salarios dignos y un trato laboral decente, constituyen de hecho los pilares fundamentales del contrato social moderno. Dichos elementos son, por lo demás, parte de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos como tales por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por cierto, don René Cortázar , en un estudio bien acucioso realizado aproximadamente en 1985, planteó estos temas y, además, propuso reformar la Constitución para incluir el derecho al trabajo y la obligación del Estado a otorgarlo. Los tiempos cambian.
Todas las naciones desarrolladas -entre ellas, las de Europa occidental, Estados Unidos y el resto perteneciente a la OCDE, así como todas aquellas que han alcanzado recientemente grados importantes de desarrollo, por ejemplo, Corea y otros países del sudeste asiático- han llegado a la conclusión unánime de que la forma más efectiva de otorgar protección contra el desempleo consiste en proporcionar a quienes pierden su trabajo un subsidio de cesantía. Dicho beneficio es generalmente proporcional al último salario percibido y se extiende en condiciones decrecientes más o menos durante todo el ciclo de desempleo elevado.
Parece del todo evidente, una vez que las sociedades asumen que el fenómeno del elevado desempleo cíclico es casi inevitable -aunque una adecuada política monetaria y fiscal, expansivas en ambos casos, durante los períodos recesivos pueda, como se ha dicho, morigerar el fenómeno-, la conclusión de que el subsidio de cesantía es la forma más eficaz de proteger a los trabajadores. Ello es así, en efecto, porque el dinero invertido en el subsidio llega directamente y en su integridad a los destinatarios, es decir a los cesantes, quienes además lo gastan en su totalidad, sosteniendo el alicaído mercado interno de bienes de consumo.
Por otra parte, al aumentar por esta vía el gasto fiscal en períodos de recesión, se reactivan relativamente las ramas de la economía que abastecen el consumo de los asalariados, los que generalmente son, además, intensivos en mano de obra.
Esto es parte de lo que esta mañana planteé en las observaciones que hice a la exposición del Presidente del Banco Central , ya que, como en períodos de crisis disminuyen la demanda y el gasto en el sector privado, es necesario que los gobiernos adopten políticas anticíclicas para equilibrar la disminución del gasto privado con mayor gasto público, sin que eso signifique aumentar el gasto global. En todo caso, nuestro país carece en la práctica -repito- de mecanismos relevantes de subsidios de cesantía.
El recientemente aprobado seguro de desempleo, conocido originalmente como PROTRAC, es un mecanismo que reemplaza la indemnización por años de servicio, con ciertas ventajas para los asalariados; pero no considera de hecho subsidios estatales de magnitud. El PROTRAC es un intento de otorgar cierta protección contra el desempleo mediante la capitalización individual de un porcentaje de su salario por parte del trabajador y de la provisión de indemnizaciones por parte del empleador.
El subsidio estatal contemplado para el PROTRAC es, como se ha mencionado, ínfimo -del orden de 10 millones de dólares por año en total- y sólo permite complementar los ahorros de los trabajadores que no alcancen a recibir el subsidio mínimo, que es equivalente a la mitad del salario mínimo del primer mes y decrece rápidamente hasta agotarse en cinco meses.
Desde otro punto de vista, el PROTRAC es un intento de otorgar cierta protección contra el desempleo a partir de un impuesto al trabajo, lo que contraría las más recientes sugerencias de organismos de Naciones Unidas, los cuales señalan que las formas de financiamiento de la protección social más adecuada en tiempos de globalización son aquellas financiadas con impuestos generales, ya que afectan menos la competitividad de las empresas. Desde el punto de vista de los derechos adquiridos de los trabajadores, aparte lo que significa el ahorro obligatorio desglosado de su propio sueldo, la protección extra que ellos obtendrán será la seguridad del pago de indemnizaciones a las cuales hoy tienen, aún cuando su pago en caso de despido reviste en la actualidad un grado de incertidumbre, que se elimina con el nuevo sistema.
Pero, sin perjuicio de lo anterior, el PROTRAC no tiene efecto alguno como mecanismo de protección en la coyuntura actual, pues entrará a regir cuando la actual emergencia haya pasado y tardará años en acumular un fondo que permita enfrentar una nueva coyuntura recesiva con una mínima protección.
Existe en Chile, en cambio, un mecanismo de subsidio de cesantía, al cual puede recurrir cualquier trabajador despedido. El sólo hecho de acudir a él, por otra parte, otorga al trabajador beneficios adicionales relacionados con salud, escolaridad y otros. Dicho subsidio está administrado por el Instituto de Normalización Previsional (INP), organismo que contempla mecanismos técnicos relativamente expeditos para atender la demanda del mismo. El problema respecto a dicho subsidio es -por cierto- su monto, que es poco más de 17 mil pesos por mes (25 dólares). De hecho, muchas de las casi diez mil personas que lo solicitan en la actualidad, lo hacen principalmente por los beneficios laterales mencionados, puesto que el monto del subsidio mínimo escasamente supera los costos y molestias de tramitación del mismo.
Incrementar el actual subsidio de cesantía a un nivel de protección mínimo -por ejemplo, subirlo a un 75 por ciento del salario mínimo- significa un costo aproximado de 745 mil pesos por persona al año (1.096 dólares). En otras palabras, aumentar el subsidio de cesantía existente de 17 mil a 80 mil pesos mensuales para atender a 300 mil cesantes -que es la cantidad de personas en que ha incrementado la cesantía desde mediados de 1998 a la fecha- representa un costo del orden de 223 mil millones de pesos al año (328 millones de dólares). Esta cifra se encuentra en el orden de magnitud de lo que el Gobierno puede destinar a estos efectos sin generar desequilibrios de ningún tipo en su manejo presupuestario. De hecho, el Gobierno destinó 100 mil millones de pesos del Presupuesto de 2001 a los planes de empleo de emergencia.
Una medida más adecuada y efectiva aún podría consistir, de manera alternativa a la que ya he propuesto, en atender la demanda de los trabajadores en el sentido de otorgar un subsidio de cesantía equivalente al 75 por ciento del último salario percibido. En este caso, si se toma como punto de partida el salario medio -el cual ha sido estimado por el INE en 246 mil 980 pesos (363 dólares)-, el costo que implica mantener un subsidio de cesantía en el 75 por ciento de esa remuneración promedio para 300 mil personas durante un año, sube a 605 mil millones de pesos (890 millones de dólares). Esta cifra, por abultada que parezca, representa poco más del 1 por ciento del Producto Interno Bruto chileno. Como referencia, Corea del Sur dedicó anualmente más de 3 por ciento de su PIB (muy elevado) al otorgamiento de subsidios de cesantía durante la reciente crisis asiática. Pareciera oportuno que el Gobierno considere seriamente los beneficios de una medida como la propuesta. La misma tendría un impacto social inmediato y masivo, aliviando en parte la situación de todas las personas que han quedado cesantes en el curso de la presente crisis. Ello, durante un tiempo adecuado en función de lo que dure la emergencia.
Desde el punto de vista de la eficiencia y la focalización, ninguna forma de paliar los efectos de la cesantía es mejor que ésa, pues el ciento por ciento de los recursos -repito- irá directamente a los afectados, a diferencia de los que ocurre con otros programas, donde parte importante de los recursos se desvían en el camino.
Desde la perspectiva de la reactivación de la economía y el consecuente alivio del desempleo, parece razonable elevar el gasto público en uno por ciento del PIB. Parte importante del gasto mencionado redundará en una mayor demanda y en el consecuente alivio para las PYMES, muchas de las cuales producen bienes consumidos por los trabajadores hoy cesantes. Ésas son las razones que han inducido a las principales economías del mundo ha optar hace años por el subsidio de cesantía directo, como la mejor forma de paliar el flagelo de la cesantía. Y es tiempo de que Chile demuestre también en este aspecto cuánto ha avanzado en el camino del desarrollo y la modernidad.
Señor Presidente , solicito que mis palabras sean transmitidas a los señores Ministro del Trabajo y de Hacienda , por cuanto deseo contar con los datos técnicos que a este respecto se me pueda aportar, como también conocer las observaciones que el propio Instituto de Normalización Previsional formule sobre la materia.
Por tales razones, pido que, en mi nombre, se oficie a las referidas Secretarías de Estado y al Director del Instituto de Normalización Previsional.
Corresponde su turno al Comité UDI e Independientes.
Señor Presidente , en primer lugar, deseo sumarme a las condolencias enviadas al pueblo de los Estados Unidos a raíz de lo acontecido en esa nación. En verdad, hemos podido apreciar conmovidos lo sucedido con las víctimas inocentes y el grado de sofisticación a que se ha atrevido llegar el terrorismo, con el cual no se puede negociar. Creo que todas las naciones deben hacer un esfuerzo mancomunado para evitarlo.
Al mismo tiempo, destaco la reflexión y la manera en que el Presidente de ese país ha respondido frente a esos hechos, como también la certeza y alta responsabilidad de los medios de comunicación, que no se han prestado para presentar imágenes terribles y escabrosas como, desgraciadamente, exhiben otros medios, incluso en nuestro país.
Como cuerpo colegiado, presentaremos mayores antecedentes en un informe que se prepare para tales efectos, y los acuerdos que se adopten en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Sala.
Señor Presidente , en segundo lugar, deseo referirme a la difícil situación que afecta a muchos contratistas del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto la Dirección de Vialidad ha gastado y comprometido fondos, en algunos casos, hasta el 2003. A nuestro juicio, por la vía de desarrollar programas, a veces en conjunto con las Regiones, ha pasado por alto incluso la Ley de Presupuestos en lo referente a la proyección del gasto.
Hoy observamos con preocupación que el propio Ministerio ha debido modificar su reglamento para incluir el pago de intereses bancarios, debido a las demoras en que ha incurrido en sus obligaciones con respecto a los contratistas.
Ésa situación supera miles de millones de pesos y, al parecer, se arrastra desde hace bastantes meses.
Señor Presidente , por lo anterior, solicito que se oficie, en mi nombre, a dicha Secretaría de Estado para que haga llegar una lista detallada, a nivel regional, de los distintos contratistas que se encuentran en la situación descrita. Tengo la impresión de que no se atreven a llevar su caso a otra instancia -por ejemplo, a los tribunales- por cuanto su trabajo depende de las buenas relaciones que mantengan con dicha Secretaría de Estado.
Es necesario avanzar en este sentido y ver si caben responsabilidades de carácter administrativo.
Señor Presidente , entre enero y junio del presente año funcionó una mesa de trabajo público-privada en la Región de Aisén, impulsada por el señor Ministro del Interior , la que desarrolló un trabajo bastante acucioso en todos los sectores, destinado a efectuar un conjunto de planteamientos para reactivar la zona.
El informe respectivo fue evacuado bajo la responsabilidad del Gobierno Regional. Sin embargo, echo de menos una mayor celeridad en la puesta en marcha de las medidas acordadas, dado que éstas efectivamente llevan a una activación de distintas posibilidades de trabajo o desarrollo en la zona, y, miradas año a año, por vía de tributos generarán al Estado ingresos que en valor actualizado superarán con creces el costo que puedan tener.
Muchos de esos compromisos requieren de modificaciones legales -entre ellas la de la Ley Austral- para permitir la entrega, por ejemplo, de los beneficios de la informática en áreas aisladas, o la extensión de la Zona Franca a Aisén.
Llama la atención el hecho de que tales acuerdos -que en cierto grado se han adelantado en reuniones incluso en la Moneda- no se hayan materializado todavía, sobre todo los que implican iniciativas de ley, ya que el período que queda hasta fin de año es bastante exiguo y aún falta por despachar el proyecto de Ley de Presupuestos. Prospectado el Congreso, se concluye que se halla en el mejor ánimo para analizarlas rápidamente.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior, de Hacienda , de Economía y Secretario General de Gobierno , y a la señora Intendenta Regional , pidiendo hacer llegar todos los antecedentes relativos a los compromisos asumidos, y, al mismo tiempo, que se envíen al Parlamento las normativas involucradas, a fin de poder despacharlas este año. Obviamente, éstas no deberán utilizarse con fines electorales por ningún sector.

References: artículo 2
 artículo 62
 artículo 178
 artículo 127
 artículo 101
 artículo 102
 artículo 92
 artículo 101
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 ARTÍCULO 217