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Timestamp: 2020-02-20 20:01:14+00:00

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Según establece el representante Méndez Núñez en la Resolución de la Cámara 1518, “aun cuando actualmente es a la Comisión de Gobierno a quien le corresponde la evaluación y recomendación de nombramientos ante este Augusto Cuerpo, entendemos más que necesario crear la Comisión Especial a los fines de que atienda exclusivamente los nombramientos correspondientes, relevando así a la Comisión de Gobierno de dichas funciones”.
Y es que, con las enmiendas se le permitirá a la Comisión de Gobierno atender otros asuntos, también medulares, para el funcionamiento de la estructura organizacional de la Rama Ejecutiva, entre otros aspectos, de la gobernanza pública puertorriqueña.
Además, el documento plantea que “se debe tener presente que la Constitución de Puerto Rico en el Artículo III, sección 22 y en el Artículo IV, sección 5, correspondientemente, requiere el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes (al igual que del Senado) para los puestos de Contralor y Secretario de Estado. Esto es una excepción, a la norma general de que los nombramientos del Gobernador requieren solo la confirmación del Senado de Puerto Rico”.
Méndez Núñez aclara a través de esta pieza legislativa que en varios nombramientos que implantan política pública o que son para puestos de un término 10 años, se requiere por varias leyes, el consejo y consentimiento de la Cámara, que son: el Ombudsman (Procurador del Ciudadano); miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; el Contralor Electoral; el Director Oficina Ética Gubernamental y el Inspector General.
Durante el proceso parlamentario, la Cámara nombró los siete miembros que compondrán la Comisión Especial, cinco de mayoría y dos de minoría. Estará presidida por: el presidente cameral Méndez Núñez; el vicepresidente será el representante Jorge Navarro Suárez; Secretario Antonio “Tony “Soto Torres; los representantes José Aponte Hernández, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, José Aníbal Díaz Collazo y Denis Márquez Lebrón.
Por otra parte, referente a los problemas y las denuncias que continúan surgiendo sobre el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), así como la acción de la gobernadora Wanda Vázquez de solicitar hoy la renuncia inmediata a la doctora Beatriz Zayas como comisionada del Negociado, se dio la aprobación de la Resolución de la Cámara 1504. Esta medida vuelve a poner en la mirilla al Negociado ordenando otra investigación sobre nuevas imputaciones en relación a la falta de personal, equipo, materiales, el volumen de cadáveres sin atender, los problemas administrativos y operacionales que enfrenta esa entidad.
El autor de la pieza y presidente de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, cuya Comisión lideró el año pasado la primera investigación al respecto, lamentó las denuncias. "Hemos visto en los últimos días la triste realidad que estamos viviendo en el Negociado de Ciencias Forenses, donde yo entendía que, luego de haber radicado y hecho un informe el año pasado, íbamos a poder ver luz al final del túnel", dijo.
Morales Rodríguez sostuvo que lleva semanas recibiendo llamadas de familiares de fallecidos informando que el tiempo de espera para que le entreguen a sus seres queridos es de cuatro semanas o más… “inaceptable por demás”.
Igualmente, expresó su sorpresa al enterarse que las cuatro guaguas Negociado de Ciencias Forenses que se le entregaron equipadas y con tecnología avanzada están en el Instituto sin poderse utilizar por la falta de marbetes y tablillas, con el agravante de que a los choferes se les requiere una licencia que no tienen, aunque se les pagó para que la obtuvieran.
“Un solo vehículo había en el Negociado para dar servicio a todo Puerto Rico. Esta administración compró las cuatro nuevas unidades a un costo de $2 millones. Se anunció al país de que íbamos a tener estas nuevas herramientas y confiamos en que la administración que estaba en Ciencias Forenses iba a cumplir con su trabajo. Habiendo una premura de lo que tenían era un solo vehículo, no tuve otra opción que solicitarle públicamente a la Gobernadora que destituyera a la doctora Beatriz Zayas, porque ha sido ineficiente, no ha cumplido su responsabilidad como directora del Negociado en perjuicio de los puertorriqueños que reciben servicios allí en Ciencias Forenses”, señaló Morales Rodríguez.
Se unió a sus expresiones, la representante Lydia Méndez Silva quien indicó que “de una vez por todas, que la señora Gobernadora separe al NCF de la sombrilla de Seguridad, porque eso no funciona. Fue un grave error que lo pusieran bajo esa sombrilla, porque es una institución aparte, investigativa".
Asimismo, el representante independiente Manuel Natal Albelo, opinó que "hoy estamos hablando de la situación de crisis que se vive en el NCF y la tendencia puede ser a resolver con parchos un problema... no se ha mencionado que desde su nombramiento la doctora Zayas no cumplía con los mínimos establecidos para asumir ese puesto".
Por otro lado, cobró gran importancia establecer cuáles serán los principios rectores aplicables a los gastos de difusión pública del Estado al favorecerse el Proyecto de la Cámara 469, para enmendar la "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico de 2006".
Según plantea en la pieza el representante Rafael “June” Rivera Ortega, autor de la medida,
“se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines arbitrarios o con fines electorales o partidarios. Es por todos sabidos que la sobreexposición de propaganda estatal en los medios, por periodos de tiempo prolongado, puede confundir la intención del voto de los ciudadanos y propiciar que la fuerza política en el poder, de forma ilegítima se asegure el triunfo, violando las reglas más elementales de la democracia”.
El representante Natal Albelo señaló que sobre esto el Cuerpo debe considerar el hecho de que se está contemplando la posibilidad de privatizar la estación de televisión del Gobierno WIPR y se pautarían promociones en lo que sería entonces una corporación privada.
Mientras tanto, se concurrió con Proyecto de la Cámara 854, del representante Urayoán Hernández Alvarado, que propone enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a fin de ordenar a los proveedores de celulares en Puerto Rico que divulguen información sobre la ubicación de la unidad, en casos de emergencia en que el usuario necesite y solicite, a través del Sistema 9-1-1, ayuda o intervención de agencia de Seguridad Pública.
A su vez, fue respaldado el Proyecto de la Cámara 2131, del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, para enmendar la “Ley de Cesión de Licencias por Vacaciones y Enfermedad” y la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal “a los fines de que se limite solo al agotamiento de licencia por enfermedad al empleado docente adscrito al Departamento de Educación, para ser acreedor de la cesión de día por parte de otros empleados públicos.
Le siguió la Resolución de la Cámara 1098, para realizar un estudio abarcador sobre el procedimiento de desahucio en la Isla, con el propósito de identificar las fallas en el proceso, evaluar la necesidad de implementar mecanismos correctivos y/o presentar nuevas propuestas de política pública para regular la materia.
A la lista se unió la Resolución de la Cámara 1283, para realizar un estudio sobre la implementación del Programa de Servicio Universal en la Isla, conforme al mandato de la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico”. Esto, para evaluar, pero sin limitarse a los mecanismos que utiliza el Negociado de Telecomunicaciones (NET), incluyendo los fondos pertenecientes al fondo de servicio universal. De manera que se garanticen servicios de telecomunicaciones de calidad comparable a todos los segmentos de la ciudadanía y en todas las áreas geográficas de Puerto Rico.
De igual manera, se dio paso a la Resolución de la Cámara 1302, que propone realizar un estudio sobre la contaminación visual, lumínica y la falta de seguridad en las vías públicas, provocada por la proliferación indiscriminada de anuncios y vallas publicitarias, así como la
Resolución de la Cámara 1383, para investigar las razones por la cuales la Autoridad de Energía Eléctrica no actuó con la diligencia necesaria al atender las recomendaciones realizadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esto con el propósito de disminuir la cantidad de agua que se descargaba desde la represa de Guajataca hasta el río durante las reparaciones que se realizan, como consecuencia de los daños sufridos a causa del impacto del huracán María.
También, se refrendó la Resolución de la Cámara 1515 que pretende enmendar la Resolución de la Cámara 1174 para así investigar las fórmulas utilizadas por las empresas dedicadas a fabricar asfalto en Puerto Rico. Asimismo, extender hasta que culmine la Sexta Sesión Ordinaria de la Décimo Octava Asamblea Legislativa, el término otorgado a la Comisión de Transportación e Infraestructura para rendir informes sobre esta medida.
La Cámara avaló los Proyectos del Senado 1094, 1097 y 1134, para celebrar durante la semana que comprende el 27 de septiembre de cada año, la Semana Educativa Pro Turismo en Puerto Rico y designar el día 27 de septiembre de cada año, como el “Día Mundial del Turismo”; añadir un nuevo Capítulo 48 del “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el propósito de establecer la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros” y para crear la “Ley Sobre la Protección de Información Crediticia del Empleado” a los fines de prohibir que patronos utilicen informes de crédito en las evaluaciones de empleo.
De otra parte, se concurrió con las Resoluciones Conjuntas del Senado 361 y 379, para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles la transferencia usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, del Departamento de Transportación y Obras Públicas al gobierno municipal de Santa Isabel de la Escuela Ester Rivera del Barrio Paso Seco, de la Escuela Ana Luisa Rosa Troche del Barrio Velázquez y de la Escuela Apolonia Valentín del Barrio Felicia en el municipio de Santa Isabel. También, en los mismos términos, la transferencia o usufructo al Municipio de Abonito del antiguo centro donde ubicaba la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET) para establecer proyectos que contribuyan al desarrollo económico y la creación de empleos.
Entre un paquete de medidas, se consideraron: el Proyecto de la Cámara 1993 del representante Reinaldo Vargas Rodriguez, para designar el parque de bombas del Municipio de Humacao con el nombre de Efraín Meléndez Arroyo; la Resolución Conjunta de la Cámara 370, para denominar el desvío entre los kilómetros 0 al 3.75 de la Carretera Estatal PR-778 del Municipio de Comerío, con el nombre de “Desvío Ángel Luis Morales Báez (Wiso)”. Y el Proyecto del Senado 987, para designar con el nombre de José “Cheo” Cordero Soto la Carretera 444 del Barrio Cuchillas del Municipio de Moca.
Finalmente, se concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 423, para enmendar la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico”, a los fines de añadirle nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, en atención al aumento vertiginoso de abuelos criando nietos.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes 16 de septiembre a la 1:00 de la tarde.
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