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Timestamp: 2020-06-06 04:43:14+00:00

Document:
El día 29 de abril se han publicado en el BOE y en el DOGC, respectivamente, las siguientes disposiciones:
Este Real Decreto-ley regula una serie de medidas tanto procesales como organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, en relación con las medidas de carácter procesal se regulan, entre otras, las siguientes:
- Se habilita excepcionalmente y de forma parcial el mes de agosto –en concreto, los días 11 a 31– para todas las actuaciones judiciales, que se declaran urgentes, exceptuándose de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales (artículo 1).
- Se establecen reglas generales para el cómputo de los términos y plazos que quedaron afectados como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En este sentido, se señala, por una parte, que los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, “volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente”; y por otra, que los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, “quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora”, no siendo de aplicación dicha previsión a “los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” (artículo 2).
- Se dispone que durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia, entre otros expedientes y procedimientos, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 (artículo 7).
Además, por lo que se refiere a las medidas organizativas, se establece durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello, siendo también aplicable a los actos que se practiquen en las fiscalías (artículo 19).
Por otra parte, la disposición final tercera de este Real Decreto Ley modifica, con efectos desde su entrada en vigor y vigencia indefinida, las letras d) y f) del artículo 159.4 de la LCSP, en el cual se regulan las especialidades de la tramitación del procedimiento abierto simplificado. Así, se vuelve a incorporar en la letra d) la previsión –que fue suprimida recientemente por el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril–, relativa a que “la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos”, y se suprime la previsión relativa a que “en todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos” –eliminando, de este modo, toda especialidad respecto al carácter público de la apertura de sobres en este procedimiento simplificado y rigiendo, por tanto, el régimen general del procedimiento abierto fijado en el artículo 157.4 de la LCSP. Asimismo, se modifica también la letra f) de dicho artículo 159 de la LCSP para suprimir las referencias al carácter público del acto de apertura de sobres que aún se contenían.
Este Real Decreto-ley, de acuerdo con su disposición final séptima, entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
- Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo
Este Decreto ley contiene en las disposiciones adicionales, entre otras, medidas en materia de contratación que complementan las adoptadas hasta ahora. Así, por una parte, la disposición adicional primera prevé que el Instituto Catalán de Finanzas puede hacer uso, mientras se mantenga el estado de alarma, del mecanismo de contratación de emergencia previsto en la LCSP y el resto de normativa que le sea de aplicación, en todas aquellas contrataciones que resulten esenciales para la implantación, puesta en marcha y mantenimiento de las líneas de financiación necesarias para autónomos y empresas afectadas con el objetivo prioritario de superar la falta de liquidez y mantener puestos de trabajo.
Por otra parte, en la disposición adicional segunda, referida a obras a cargo de la entidad Infraestructuras de Cataluña SAU directamente relacionadas con centros educativos, se autoriza al Departamento de Educación y a Infraestructuras.cat a continuar e iniciar la tramitación de los procedimientos de licitación de los contratos de obras de reforma, adecuación y mejora (RAM) de equipamientos destinados a escuelas e institutos, así como de los de servicios y asistencias técnicas vinculadas a éstas, de conformidad con el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 –por venir referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios–, y se declaran los contratos RAM de escolarización como básicos a efectos de permitir su ejecución.
Asimismo, en la disposición adicional cuarta se autoriza a la Agencia Catalana del Turismo a llevar a cabo la contratación de emergencia de la campaña publicitaria en materia de turismo de reconexión con los mercados doméstico y mercado español.
Además, la disposición adicional quinta autoriza el levantamiento de la suspensión de la ejecución de determinadas obras competencia del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, así como la formalización del contrato y la ejecución de una obra también competencia del mencionado Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que constan en anexo.
Este Decreto ley, de conformidad con su disposición final segunda, entra en vigor el mismo día de su publicación en el DOGC.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 159
 Real Decreto 
 artículo 157
 artículo 159
 Real decreto