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Timestamp: 2019-09-20 20:14:39+00:00

Document:
LEGISLACION INTERNACIONAL SOBRE EL ABORTO – ISLANDIA | EL COLECTIVO SEXOLÓGICO
Ley de asesoramiento y educación sobre sexo, parto,
procedimientos de esterilización y aborto, N° 25/1975,
modificada por las leyes N° 82/1998, N°162/2010, N° 126/2011 y N° 23/2016.
Las personas tendrán la oportunidad de recibir asesoramiento y educación sobre sexo y el parto.
El Directorio de Salud supervisará la práctica y el desarrollo de dicho asesoramiento y dicha educación.
Se brindará asistencia, según corresponda, de la siguiente manera:
Educación y asesoramiento sobre el uso de anticonceptivos y obtención de los mismos.
Asesoramiento para las personas que estén considerando solicitar un aborto o un procedimiento de esterilización.
Educación sexual, y asesoramiento y educación sobre las responsabilidades de la paternidad.
Asesoramiento y educación sobre la asistencia disponible para las mujeres durante el embarazo y el parto.
Este servicio de asesoramiento se brindará en hospitales y centros de salud, y podrá funcionar en colaboración con la comisión de maternidad, los departamentos de ginecología, los servicios psiquiátricos, y las asesorías para familias y trabajadores.
El servicio de asesoramiento estará a cargo de médicos, asistentes sociales, parteras, enfermeras y maestras, según sea necesario.
Todas las formas reconocidas de anticoncepción estarán disponibles en el servicio de asesoramiento. Se realizarán todos los esfuerzos para facilitar el acceso a la anticoncepción, por ejemplo, mediante su subvención por parte del servicio de salud.
El asesoramiento para las personas que estén considerando solicitar un aborto o un proceso de esterilización, incluirá lo siguiente:
Sesiones de asesoramiento y apoyo.
Asistencia para la solicitud y derivación a un hospital.
Las autoridades educativas, en consulta con el Director Educativo de Salud, brindará educación sobre sexo y ética sexual en las escuelas, en los niveles escolares obligatorios.
Un aborto, en el sentido de la presente ley, es un procedimiento médico al que se somete una mujer con el objetivo de interrumpir un embarazo antes de que el feto sea viable.
El aborto está permitido:
Factores sociales: cuando la mujer y sus familiares más cercanos pueden ser considerados incapaces para hacer frente al embarazo y al nacimiento de un niño, debido a circunstancias sociales ajenas a su control. En dichas circunstancias, se tomará en cuenta lo siguiente:
Si la mujer ha dado a luz un gran número de niños en poco tiempo, y si ha transcurrido poco tiempo desde su último parto.
Si la mujer vive en un hogar de condición pobre, debido a que tiene una familia numerosa de niños pequeños o a causa de una grave enfermedad de otras personas de su hogar.
Si la mujer, debido a su corta edad o inmadurez, es incapaz de cuidar adecuadamente del niño.
Otras circunstancias plenamente equivalentes a las especificadas en los puntos anteriores.
Cuando la salud de la mujer, física o mental, puede considerarse en riesgo, de continuar el embarazo y tener lugar el parto.
Cuando puede considerarse que existe el riesgo de que el niño que la mujer lleva en su vientre nazca con una malformación o alguna grave enfermedad, debido a factores genéticos o daño fetal.
Cuando una enfermedad, física o mental, disminuye considerablemente la capacidad de una mujer o de un hombre para cuidar a un niño y criarlo.
Cuando una mujer ha sido violada o ha quedado embarazada como resultado de algún otro acto delictivo.
El aborto se realizará lo antes posible, preferentemente antes de finalizar la 12° semana de embarazo.
No se podrá realizar un aborto después de la 16° semana de embarazo, excepto que existan razones médicas indiscutibles, y la vida y la salud de la mujer corran un riesgo mayor en caso de continuar el embarazo y/o producirse el parto. También se permitirá el aborto después de dieciséis semanas, si hubiera una gran probabilidad de malformación, defecto genético o daño fetal.
Dicha excepción sólo se permitirá mediante una autorización escrita de la comisión, de conformidad con el artículo 28.
Antes de que pueda realizarse un aborto, dos médicos deberán confeccionar un informe escrito respaldado por una argumentación fundamentada, o un médico y un asistente social, en el caso de que sólo haya motivos sociales, siempre que el asistente social sea empleado del distrito sanitario correspondiente. Uno de los médicos deberá ser especialista en ginecología o cirugía general en el hospital donde se llevará a cabo el procedimiento, mientras que el otro deberá ser normalmente el médico o asistente social que derivó la mujer al hospital.
Si se considerara necesario, el especialista pertinente tomará en cuenta el informe elaborado por un psiquiatra, en el caso de una enfermedad mental.
Antes de realizar un aborto, la mujer que solicita el procedimiento deberá haber sido informada de los riesgos asociados al mismo y sobre la asistencia social disponible para ella en la sociedad. Todo el asesoramiento y la provisión de información se cumplirá de manera imparcial.
La solicitud, el informe y el certificado se redactarán en los formularios elaborados para estos fines por el Directorio de Salud.
Deberá observarse lo siguiente:
La propia mujer deberá firmar el informe y la solicitud para un aborto.
Si la mujer, debido a una enfermedad mental, muy bajo nivel de inteligencia u otros motivos, fuera incapaz de comprender la necesidad del procedimiento, podrá otorgarse el permiso para llevar a cabo dicho procedimiento a pedido de su curador.
Si la mujer fuera menor de 16 años o hubiera sido declarada legalmente incapaz, los padres o el tutor presentarán la solicitud junto con ella, excepto que circunstancias especiales lo hagan desaconsejable.
De ser posible, el hombre presentará la solicitud junto con la mujer, excepto que circunstancias especiales lo hagan desaconsejable.
Si una mujer cambiara de opinión y decidiera no abortar, este deseo deberá confirmarse por escrito. Si el hospital se negara a realizar el procedimiento solicitado por la mujer, ella y quienes hayan firmado el informe serán informados de esto inmediatamente. De este modo, la mujer podrá continuar, sin más demora, con las medidas establecidas en el artículo 28, y aquellos que firmaron el informe deberán asistirla en ello.
El procedimiento propiamente dicho se llevará a cabo de conformidad con las más estrictas normas médicas reconocidas, con el fin de garantizar que el efecto del mismo sobre la mujer sea mínimo. Lo mismo se aplicará a todos los cuidados de la mujer durante la realización del mencionado procedimiento.
Sólo los médicos podrán realizar abortos. Un aborto solamente podrá llevarse a cabo en un hospital, al que pertenezca un especialista en ginecología o en cirugía general, que haya sido reconocido por el Ministro para este propósito.
Antes de que una mujer que se haya sometido a un aborto sea dada de alta del hospital, recibirá instrucciones sobre la anticoncepción. Si la mujer estuviera casada o en convivencia, el hombre, de ser posible, también recibirá instrucciones sobre la anticoncepción.
También será obligatorio que la mujer vuelva después de un período específico, para recibir los cuidados posteriores y someterse a exámenes médicos.
Sobre los procedimientos de esterilización.
Un procedimiento de esterilización se produce, en el sentido de la presente ley, cuando los conductos espermáticos de un hombre o las trompas de Falopio de una mujer se cierran, impidiendo de este modo que la persona se reproduzca.
Una esterilización puede realizarse de conformidad con las disposiciones de la presente ley:
A pedido de la persona en cuestión, si tiene al menos 25 años de edad, solicita con firmeza y en base a una profunda reflexión, que le impidan reproducirse y no existen motivos médicos para oponerse a dicho procedimiento.
Si la persona pertinente no ha cumplido los 25 años:
Si puede considerarse que el embarazo y el parto representarán una amenaza para la salud de la mujer.
Si el nacimiento y la custodia de los niños estarían más allá de sus posibilidades, teniendo en cuenta las circunstancias familiares y otras razones.
Si una enfermedad, física o mental, afectara gravemente su capacidad para cuidar y criar a los niños.
Cuando pueda considerarse que un niño de la persona pertinente corre el riesgo de nacer con malformaciones o una grave enfermedad, debido a factores genéticos o daño fetal.
Una esterilización es admisible, de conformidad con el artículo 18 I, si la persona pertinente ha presentado una solicitud y la ha firmado (consultar el artículo 20), en el formulario correspondiente emitido por el Directorio de Salud.
Un procedimiento de esterilización es admisible, de conformidad con los puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 18 II, cuando la persona pertinente haya presentado una solicitud (consultar el artículo 20) y dos médicos hayan presentado un informe escrito respaldado por una argumentación fundamentada, o un médico y un asistente social, en el caso de que haya razones exclusivamente sociales para el mencionado procedimiento; dicho asistente social deberá trabajar en el distrito sanitario correspondiente. Uno de los médicos deberá ser el especialista que realizará la operación. Si los motivos para el procedimiento estuvieran fuera de su especialidad, el médico deberá basar su informe en otro informe de un especialista en el campo pertinente.
La solicitud deberá estar acompañada por la declaración de la persona pertinente, firmada de puño y letra, en la que exprese que es consciente de lo que implica el procedimiento y que está pidiendo un procedimiento de esterilización por su propia voluntad; (consultar, sin embargo, el artículo 22).
Antes de que se autorice un procedimiento de esterilización, según lo dispuesto en la presente ley, se le explicará a la persona pertinente lo que implica dicho procedimiento y que el mismo puede impedirle en forma permanente a dicha persona que se reproduzca.
Si los motivos para un procedimiento de esterilización fueran los establecidos en el artículo 18 II, o si la persona pertinente tuviera al menos 25 años de edad, pero, debido a una enfermedad mental, muy bajo nivel de inteligencia u otra perturbación mental, fuera incapaz de comprender definitivamente las consecuencias del procedimiento, resultará admisible otorgar la autorización para realizar dicho procedimiento a solicitud de un curador especialmente designado.
Sólo los médicos que posean una reconocida calificación de especialistas en cirugía general, ginecología y cirugía genitourinaria podrán realizar procedimientos de esterilización.
Sin embargo, el Ministro, en consulta con el Directorio de Salud, podrá autorizar a un médico de hospital a llevar a cabo dichos procedimientos.
Los mencionados procedimientos sólo podrán realizarse en hospitales que hayan sido reconocidos por el Ministro para dichos fines.
La solicitud, el certificado médico y el informe, según lo dispuesto en los artículos 11 y 19 de la presente ley, se mantendrán junto con el historial médico del paciente en el hospital.
Cuando haya finalizado el procedimiento, se enviará un informe al Directorio de Salud sobre cómo se llevó a cabo dicho procedimiento, en un formulario proporcionado por dicho directorio.
Cuando se rechace una solicitud para llevar a cabo un aborto o un procedimiento de esterilización, dicha negativa se notificará al Directorio de Salud, junto con una explicación de los motivos de la misma.
Las autoridades sanitarias deberán supervisar la implementación de la presente ley y garantizar que en los hospitales públicos sea posible llevar a cabo estos procedimientos previstos por la ley (consultar, sin embargo, el artículo 15). El objetivo será alcanzar una coherencia en la implementación de la ley en todas las regiones del país. Quienes participen en dicha implementación brindarán instrucción y orientación con este fin.
Todos los que estén comprometidos, de una manera u otra, en la implementación de la presente ley estarán sujetos a la obligación de confidencialidad sobre todas las cuestiones personales de las que puedan tener conocimiento en este contexto.
Si surgiera alguna controversia con respecto a si debería realizarse un aborto o un proceso de esterilización, el caso será remitido sin demora al Directorio de Salud y éste a su vez lo enviará inmediatamente para su resolución, a una comisión designada con el propósito de supervisar la implementación de la ley.
La comisión estará integrada por tres miembros y un número equivalente de suplentes: un médico, un abogado y un asistente social, y serán designados por [el Ministro][1] por un término de cuatro años. La comisión decidirá sobre el caso en un plazo de una semana después de haberlo recibido.
La comisión contará con infraestructura para realizar su trabajo y tendrá garantizado el acceso a todos los servicios especializados que se consideren necesarios para resolver los casos presentados al consejo.
El costo de los abortos y los procedimientos de esterilización estarán a cargo del seguro médico de la seguridad social.
Los costos del asesoramiento y la instrucción en este campo serán cubiertos con fondos públicos.
Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán en el caso de un procedimiento médico necesario, llevado a cabo sobre los órganos reproductivos debido a una enfermedad en dichos órganos, aun si dicho procedimiento pudiera dar lugar a esterilidad o un aborto espontáneo.
Un médico que lleva a cabo un aborto o un proceso de esterilización sin que se cumplan las disposiciones de los artículos 9, 10 o 18, será condenado a…[2] una pena de hasta dos años de prisión, excepto que se aplique una pena más rigurosa, de conformidad con el Código Penal General. En el caso de circunstancias fuertemente atenuantes, podrán imponerse multas. Si el hecho se hubiera llevado a cabo sin el consentimiento de la mujer, la condena será de prisión por un mínimo de dos años y un máximo de doce años.
Un médico que lleva a cabo un aborto o un proceso de esterilización sin que se cumplan las disposiciones de los artículos 11, 12, 13, 19 o 21, será pasible de una multa, excepto que se aplique una pena más rigurosa, de conformidad con el Código Penal General.
Un médico que lleva a cabo un aborto o un proceso de esterilización sin que se cumplan las disposiciones de los artículos 15 o 23, será pasible de una multa.
Si una persona que no es médico llevara a cabo un procedimiento según lo dispuesto en la presente ley, será pasible de una pena de hasta cuatro años de prisión, excepto que se aplique una pena más rigurosa, de conformidad con el Código Penal General. Si el hecho se hubiera llevado a cabo sin el consentimiento de la mujer, la condena será de prisión por un mínimo de dos años y un máximo de doce años.
Los cómplices estarán sujetos a penalidades según lo establecido en los puntos 1 y 4 del presente artículo. Quienes sean culpables de un delito cometido con negligencia, no estarán sujetos a sanciones, de conformidad con la presente ley.
[Si se comete una violación, según el presente artículo, de una persona menor de 18 años, el período de prescripción sólo correrá desde el día en que la víctima alcance esa edad. La prescripción estará sujeta, por otros medios, a las disposiciones del capítulo IX del Código Penal General.
En virtud del presente artículo, se impondrán penalizaciones por delitos cometidos por una persona que tenga ciudadanía islandesa o esté domiciliada en Islandia en el momento del hecho, y el mismo tuviera lugar en el extranjero, aun si dicho acto no fuera considerado un delito punible conforme a las leyes del estado involucrado[3].
La implementación más detallada de la presente ley se decidirá en los reglamentos.
La presente ley entrará en vigor de manera inmediata.
[La presente traducción se publica sólo con fines informativos.
El texto original en idioma islandés está publicado en el boletín oficial.
En caso de posibles discrepancias, se aplicará el texto original en islandés.]
[1] Ley N°126/2011, Artículo 65.
[2] Ley N° 82/1998, Artículo 167.
[3] Ley N° 23/2016, Artículo 7.

References: artículo 28
 artículo 28
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 18
 artículo 15
 Artículo 65
 Artículo 167
 Artículo 7