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La utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito del derecho laboral
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Yolanda Carrasco Franco
1 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA UNIDAD DE POSTGRADO La utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito del derecho laboral TESIS para optar el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas AUTOR: Henry Oleff Carhuatocto Sandoval Lima, Perú 2011
2 RESUMEN DE LA TESIS La utilización fraudulenta de la persona jurídica se entiende como aquella situación en la cual los controlantes del ente colectivo se aprovechan de la misma para cometer actos fraudulentos contrarios al orden público y las buenas costumbres. La doctrina que combate estas conductas ilícitas es conocida bajo los nombre del levantamiento, corrimiento, penetración, desestimación, superación, prescindencia, limitación, redhibición, inoponibilidad y allanamiento de la persona jurídica. Y uno de los terrenos donde con mayor frecuencia ocurre ello es el laboral, de ahí que el profesor OJEDA AVILÉS, nos hable de la aparición de la empresa dual, derivada del outsourcing, razón por la que sostiene que lo verdaderamente peculiar del último cuarto de siglo XX ha sido la responsabilidad extracontractual de los empresarios coordinadores por las deudas del titular de la relación con el trabajador 1. Agrega, la elaboración legal y jurisprudencial de dicha responsabilidad tendrá visos tortuosos en muchos casos, como vemos en la doctrina del Tribunal Supremo Español de declarar la responsabilidad de todo un grupo de empresas por la actuación de una de ellas con sus trabajadores cuando el grado de cohesión entre las distintas firmas las convierte en la práctica en sucursales de la empresa principal, con dirección única, caja compartida y planilla común 2. En ocasiones los tribunales han sido audaces y han llegado a declarar la traslación de responsabilidad a una empresa cliente por los actos de una empresa suministradora, cuando la primera podía imponer condiciones a la segunda que provocaban la situación sancionable, como ocurre en el caso británico Harrods Ltd. Contra Remick, en donde los jueces condenaron a los almacenes Harrods por un caso de discriminación racial de una empresa franquiciada motivado por las condiciones impuestas por aquella 3. Evidentemente, admitir otra posibilidad hubiera entrañado, permitir que se utilice la subjetividad de una persona jurídica 1 OJEDA AVILÉS, ANTONIO, La externalización del Derecho del Trabajo. En: Revista Laborem N o 10/2010. SPDTSS. Ara Editores. Lima-Perú p Ibídem. p Ibídem
3 para intentar burlar normas de orden público de proscripción de la discriminación, en este caso en el centro de trabajo. Como observamos la utilización de la persona jurídica para defraudar derechos laborales no es una situación ajena al quehacer de la jurisprudencia laboral nacional, empero la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el expediente Nº constituye el primer pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre esta materia, y en la consagración de una de sus principales consecuencias: la solidaridad laboral. Ya antes el Pleno Jurisdiccional Laboral -abril los magistrados de 29 Cortes Superiores del país establecieron que los grupos de empresas pueden asumir responsabilidad solidaria por el pago de beneficios laborales cuando se haya actuado con el objeto de burlar derechos laborales. A continuación resumiremos los capítulos de nuestra tesis: 1. CON RELACIÓN AL CAPÍTULO I: El planteamiento de la investigación es innovador pues tiene el mérito de transitar desde las instituciones civiles referidas a la utilización fraudulenta de la persona jurídica, con casuística de actualidad, y jurisprudencia sobre el tema, revisando en ese camino conceptos básicos de ciencia política, para arribar posteriormente, con esos conocimientos, a la problemática de la utilización fraudulenta en el ámbito del derecho laboral con un enfoque propio, sui generis y original del autor. 2. CON RELACIÓN AL CAPÍTULO II.- La historia del derecho da cuenta del nacimiento, formación y evolución de la persona jurídica, cuya característica más emblemática es su autonomía formal (subjetividad), y la responsabilidad limitada. El capítulo II, enfoca su atención, sobre la persona natural o jurídica (controlante) que tiene el control de la persona jurídica, sea por un vínculo de derecho o de hecho, y la responsabilidad que deben asumir por el ejercicio de dicho poder, especialmente porque con su conducta no sólo pueden afectar intereses patrimoniales de acreedores del ente colectivo sino derechos fundamentales e incluso el destino del país como se observó en el Caso
4 Crousillat, reseñado en dicho acápite. Ello es todavía más importante de cara a los fenómenos de las personas jurídicas vinculadas, y los grupos de personas jurídicas, insuficientemente regulados en el derecho laboral. 3. CON RELACIÓN AL CAPÍTULO III.- Se aborda el fenómeno de la utilización fraudulenta de la persona jurídica desde el ámbito de los conceptos de la ciencia política y las instituciones jurídicas del derecho civil que la combaten. Al respecto debemos decir que es importante identificar que este fenómeno social tiene su origen en las relaciones de poder internas que existen en el seno de la persona jurídica, tanto privada como pública, y que justamente hacen posible la consumación del fraude. Solo una buena comprensión de los conceptos de poder social y poder político, nos permiten entender a cabalidad, las relaciones de poder que se dan tanto al interior de la persona jurídica como en el ámbito exterior, en su relación con otros sujetos de derecho, y como toda esta red de vinculaciones puede dar lugar al fenómeno social bajo estudio. La utilización fraudulenta de la persona jurídica se da en múltiples escenarios, y debemos destacar el catálogo de ejemplos de este fenómeno que nos brinda el Capítulo III, entre los que aparece como mecanismo para vulnerar derechos fundamentales, relacionada con las falsas comunidades indígenas, con la problemática de la actividad de explotación máquinas tragamonedas, en los procesos de amparo, relacionado con la afectación a la soberanía nacional, en el ámbito del control de los poderes del Estado, en el caso de la evasión tributaria y lavado de activos, partidos políticos y corrupción de funcionarios, así como en el campo del derecho al consumidor, entre otros. Este análisis exploratorio nos permite concluir que el fenómeno bajo estudio es complejo y amplio, y requiere de una profundización por cada caso, y que la presente investigación solamente se adentrara en los casos específicos de la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito del derecho laboral, sin pretender agotar el tema.
5 4. CON RELACIÓN AL CAPÍTULO IV.- Identifica las principales instituciones jurídicas a las que se acude en el derecho laboral para desbaratar la utilización fraudulenta de la persona jurídica en perjuicio de los trabajadores. Se destaca para dicho fin el principio de primacía de la realidad y la solidaridad laboral, especialmente aplicado para los casos en aprovechándose de sociedades interpuestas, vinculadas y grupos empresariales se defrauda créditos laborales. 5. CON RELACIÓN AL CAPÍTULO V.- El análisis de los supuestos específicos de utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito del derecho laboral, nos permite destacar que el régimen laboral especial de PYMEs, Decreto Legislativo N o 1086, es la una de las normas laborales que identifica el fenómeno y lo sanciona, lección que se podría replicar en otros supuestos distintos al acogimiento indebido a un régimen laboral especial. Luego, de ello se revisa, supuestos más complejos, que se dan en el ámbito de la descentralización de la producción (intermediación laboral y tercerización), entendiendo que en algunos supuestos específicos estas modalidades de contratación, hacen posible que valiéndose de un tercero de fachada o vinculado (persona jurídica intermediadora o tercerizadora) se degraden las condiciones laborales, y precarice el empleo, además de debilitarse el movimiento sindical siguiendo autorizada doctrina al respecto. Menos polémico, y más consensual, es la aplicación del carácter persecutorio del crédito laboral para combatir la utilización fraudulenta de la persona jurídica, y en donde se ha analizado principalmente jurisprudencia del 2010, de la Corte Superior del Santa, así como las principales Casaciones Laborales y Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema, todo lo cual nos permite señalar que el empleador que intentando eludir el pago de un crédito laboral transfiere sus activos fijos a una persona jurídica vinculada, deberá tomar conciencia que ello no impedirá que se ejecute el bien, pues estos bienes garantizan el pago de los adeudos laborales, y son perseguibles aunque estén en poder de terceros.
6 También se analiza los casos en que utilizando el artificio de una persona jurídica para lograr evitar el disfrute del derecho a las utilidades que tienen los trabajadores, como por ejemplo, en los supuestos de asociaciones que explotan universidades y colegios, sin que los docentes puedan acceder a dicho beneficio, no obstante que contribuyen con sus labores al crecimiento del emprendimiento empresarial, y que los excedentes económicos son disfrutados por los controlantes (dueños) de la universidad o colegio. Nuestra postura es que en tanto un trabajador no socio o no miembro que contribuya con su trabajo al crecimiento de una actividad empresarial debe permitírsele gozar de su derecho a las utilidades al amparo con el artículo 29º de la Constitución. Asimismo, se aborda la problemática de los trabajadores compartidos por un grupo empresarial, y como la diferenciación de subjetividad entre estas personas jurídicas, puede convertirse en un obstáculo para el disfrute pleno de sus derechos laborales, supuesto no regulado por nuestra regulación laboral. Aquí, nos queda claro que la sola transferencia de trabajadores entre empresas que forman un grupo no implica la reducción de remuneraciones ni de categoría, debiendo respetarse la antigüedad del trabajador. Es bueno, recordar que el mismo argumento es aplicable para los grupos de empresas estatales como en el caso del Grupo Distriluz descrito en la presente investigación. 6. CON RELACIÓN AL CAPÍTULO VI.- Debemos concluir que la utilización de la persona jurídica en el ámbito laboral, se encuentra parcialmente regulada a través de institutos como el principio de primacía de la realidad, la solidaridad laboral, el carácter persecutorio del crédito laboral y el régimen especial de PYMEs. Sin embargo, también es verdad que existen supuestos aún sin tratamiento normativo ni jurisprudencial suficiente dentro de los cuales se encuentran las relaciones laborales individuales y colectivas en el ámbito de los grupos de empresas, las sociedades vinculadas y la descentralización productiva. Se advierte la necesidad para enfrentar dicha problemática
7 mediante el reconocimiento legal del personal corporativo y los sindicatos de grupos de empresas, y además enfrentar la necesidad de dar igualdad de trato de condiciones laborales al personal destacado en la empresa principal, perteneciente a una empresa de intermediación o tercerización ubicados en la misma categoría ocupacional que personal de la empresa usuaria. No podemos, dejar de mencionar la necesidad de profundizar estudios sobre la responsabilidad civil por daño moral derivadas de la utilización fraudulenta de la persona jurídica y otros artificios en perjuicio de los trabajadores. Debo advertir que en ningún caso, pretendo afirmar que mi posición aquí expuesta, es la única posible solución a los problemas planteados, puesto que esta investigación, más que buscar imponer una postura definitiva pretende generar reflexión y debate, para arribar a soluciones consensuadas entre los diferentes sectores de la sociedad, especialmente empleadores, trabajadores, y el Estado. Dicho nuestras recomendaciones son las siguientes: 1. AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE).- En el marco de lo dispuesto por el numero d) del artículo 3º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por el Decreto Supremo N o TR, se recomienda al MTPE que promueva el debate y discusión de un proyecto de ley dirigido a regular las relaciones laborales en el ámbito de las sociedades vinculadas y grupos de empresas, que incluya el tratamiento de reparto de utilidades y el reconocimiento de sindicatos de grupos empresariales y en el ámbito de la descentralización productiva, así como sanciones al empleador que utiliza a una persona jurídica con el fin de cometer un fraude laboral, por las consideraciones vertidas en el Capítulo V y VI de la presente investigación. 2. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIONES.- En el marco de lo dispuesto por los artículos 57º y 58º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por el
8 Decreto Supremo N o TR, perfeccionar la normatividad laboral de inspecciones a fin de que se contemple como una infracción muy grave los fraudes laborales cometidos por empleadores mediante la utilización fraudulenta de la persona jurídica y transferencia de activos. 3. A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 8 de la Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº TR, promover la regulación de los sindicatos de grupos de empresas así como en el ámbito de la descentralización productiva, para efectos de que vía negociación colectiva, los trabajadores de la misma categoría ocupacional de una empresa, no importando su condición contractual, goce de los mismos beneficios que disfruta el trabajador contratado directamente por la empresa principal para desempeñar la misma función. Asimismo, puedan vía negociación colectiva regular convencionalmente el reparto de utilidades para el personal que esta destacado en la empresa principal y que contribuye con su fuerza laboral a la productividad de la misma. Adicionalmente, las organizaciones sindicales o trabajadores que quieren conformar una, pueden acudir al Poder Judicial mediante una acción de amparo dirigida contra el Ministerio de Trabajo o Dirección Regional del Trabajo, según sea el caso, que denegó la autorización de registro del sindicato, a fin de que el juez constitucional, le ordene a la autoridad administrativa reconozca a los sindicatos de grupos de empresas y otros en el ámbito de la descentralización productiva, al amparo del ejercicio a la libertad sindical previsto en el artículo 28º de la Constitución Política del Perú. Finalmente, aunque el poder de negociación colectiva de los sindicatos de empresa, es muy limitado con relación a los derechos de los trabajadores de las empresas de intermediación, tercerización y los trabajadores corporativos, pueden buscar mejorar sus condiciones laborales, exigiendo a la empresa
9 principal o usuaria, según corresponda, les aseguren las mismas condiciones laborales que los trabajadores de su misma categoría ocupacional, conviniendo esta, con la empresa de intermediación o tercerizadora que en el precio unitario de servicio se establezca condiciones laborales mínimas para el trabajador. 4. AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.- En el marco de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 102º de la Constitución Política del Perú, debe promover la discusión, y consensuar un proyecto de ley que regule las relaciones laborales en el ámbito de los grupos de empresas, y sociedades vinculadas, dentro los cuales debe regular el sindicato de grupo de personas, y en el ámbito de la descentralización productiva. Asimismo, debe incluir en esta propuesta legislativa una norma que equipare las condiciones laborales entre los trabajadores de una misma categoría empresarial, que prestan sus laborales a una misma empresa, aunque formalmente estén contratados por otra. Sobre el particular, se adjunta el texto de una propuesta legislativa. 5. AL FONAFE.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, dada por Ley Nº 27170, elabora la política laboral de las Empresas del Estado, que promueva normatividad sobre las relaciones laborales en el ámbito de los grupos de empresas del Estado, que incluya el tratamiento de reparto de utilidades y el reconocimiento de sindicatos de grupos empresariales y en el ámbito de la descentralización productiva. 6. A LA FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP. DE LA UNMSM.- En el marco de lo dispuesto por el numeral b) del artículo 2º de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, promueva eventos académicos en coordinación con los Talleres y Círculos de Estudio de Derecho del Trabajo, donde se reflexione sobre la conveniencia y necesidad de promover una regulación específica para las relaciones laborales individuales y colectivas en el ámbito de los grupos de empresas, lo que implica reconocer el fenómeno de
10 los trabajadores corporativos y los sindicatos de grupo, además de los fraudes laborales que se realizan en el ámbito de sociedades vinculadas y grupos de empresas. Consideramos que la mejora de la legislación laboral peruana, implica ser conscientes que se necesitan inversiones nacionales y extranjeras, que creen las condiciones para mayores puestos de trabajo, pero también se requiere tomar conciencia que el crecimiento económico y la atracción de inversionistas, no bastan para lograr que el desarrollo y el bienestar alcance a los sectores más necesitados, puesto que estos objetivos, sólo se conseguirán, si se tiene un Estado que diseñe políticas públicas y normas que garanticen estándares socio laborales dignos, y que sean garantía de que los trabajadores gozaran del mejor trato y beneficios sociales posibles, cuestiones que hoy verdaderamente no gozan la mayoría de trabajadores, prueba de ello, son las más de 1500 empresas de tercerización que se crearon sólo en el 2010, y los más de 90 mil trabajadores que se encontraban formalmente en intermediación laboral en el 2009, según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. 4 Finalmente, pensamos que la clase empresarial no debe entretener sus esfuerzos en programas de responsabilidad social, si antes, no ha dado a sus trabajadores las mejores condiciones laborales posibles, renunciando, siempre que le sea posible, a la tentación de utilizar la descentralización productiva como subterfugio para obtener mayores ganancias y expulsar artificialmente los conflictos socio laborales hacia terceros. Incluso las redes de empresas y grupos de empresariales, pueden hacer mucho más, de lo que actualmente hacen para fortalecer el movimiento sindical como por ejemplo permitiendo la negociación colectiva con una alianza de sindicatos de las empresas que la conforman, o mejor aún un sindicato de grupo. De lo que se trata así, es de convencer a más empresarios que asuman con valentía y orgullo, su rol como empleadores 4 OFICIO N O MTPE/4 DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE FECHA
11 socialmente responsables, y que buscan ganarse la fidelidad y sincera lealtad de sus trabajadores, a partir de darles a estos los derechos y espacios, que por justicia les corresponde, compartiendo el éxito empresarial, sin mezquindad, con la generosidad y grandeza, todo lo cual sin duda, redundara en mayor productividad y competitividad de su organización empresarial.
12 ANEXO PROYECTO DE LEY SOBRE LOS EMPLEADORES EN EL ÁMBITO DE SOCIEDADES VINCULADAS Y GRUPOS EMPRESARIALES Artículo 1.- Sociedades Vinculadas y Grupos de empresas Existe un grupo de empresas cuando varias empresas sociedades vinculadas, constituyen o actúan como una unidad económica y productiva de carácter permanente y están sujetas a una dirección común. Cuando un trabajador ha prestado servicios en varias empresas que conforman un grupo, éstas son solidariamente responsables por sus derechos laborales, superando la formalidad de la suscripción del contrato de trabajo original. Asimismo, la sola transferencia de trabajadores entre empresas que forman un grupo no implica la reducción de remuneraciones ni de categoría, debiendo respetarse la antigüedad del trabajador. Asimismo, las utilidades del trabajador se computan por cada empresa en la que presta servicios teniendo en cuenta su trabajo efectivo salvo en el caso de los trabajadores corporativos que recibirán las utilidades de cada empresa controlada. Artículo 2.- Elementos para determinar la existencia de un grupo de empresas Son elementos para determinar la existencia de un grupo de empresas: el desarrollo en conjunto actividades que evidencian su integración económica o productiva; la existencia de relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes; que los órganos de dirección de las empresas estén conformados, en proporción significativa, por las mismas personas; entre otros criterios sobre sociedades vinculadas previstos en normas especiales del sector financiero, bursátil y bancario.
13 Artículo 3.- Sindicatos en Sociedades Vinculadas y Grupos de Empresas Los trabajadores pertenecientes a un grupo de empresas pueden conformar un sindicato de grupo, y efectuar negociaciones colectivas con dicho estatus. Asimismo los trabajadores de empresas de intermediación y tercerización pueden sindicalizarse a su elección en el sindicato de la empresa principal, o la empresa de intermediación o tercerización. Asimismo, el Grupo Empresarial, para efectos de convenios colectivos se considerara como un único empleador. Artículo 4.- Derecho a la igualdad entre trabajadores de labores iguales, similares o equivalentes en el ámbito de la descentralización productiva Los trabajadores de las empresas de servicios temporales y complementarios tienen derecho a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores, durante el tiempo que fueren destacados a ésta. La extensión procede cuando las remuneraciones y condiciones de trabajo son de alcance general a la categoría ocupacional o función desempeñada. No son extensivas únicamente las que deriven de calificaciones o condiciones personales. No procede la extensión cuando las labores desarrolladas por los trabajadores destacados no son efectuadas por ningún trabajador de la empresa. Artículo 5º.- Responsabilidad solidaria de la empresa principal con las empresas contratistas y subcontratistas.- Los trabajadores de empresas contratistas o subcontratista, tienen el derecho de demandar por sus beneficios sociales de manera solidaria a la empresa contratista y empresa principal, siendo el plazo de prescripción para hacerlo de cuatro (04) años en concordancia con lo establecido por el artículo único de la Ley N o Artículo 6.- Infracción muy grave.- Incorporase en el párrafo final del artículo 37º de la Ley General de Inspección de Trabajo, Ley Nº 28806, el siguiente texto: Se
14 considerara dentro de una de las infracciones muy grave en la relación laboral la constatación de la utilización de la persona jurídica para defraudar derechos laborales o evadir el cumplimiento de sanciones impuestas por la autoridad de trabajo Artículo 7º.- Responsabilidad civil por prácticas fraudulentas en la contratación laboral Los empresarios que utilicen prácticas fraudulentas de contratación laboral tales como simulación de actos jurídicos o la utilización fraudulenta de la persona jurídica para defraudar derechos laborales deberán indemnizar al trabajador por el daño moral que pudo ocasionar al trabajador por el incumplimiento de sus obligaciones laborales y la lesión a sus derechos fundamentales.
15 SUMMARY The misuse of the legal person is defined as a situation in which the controlling entity of the group take advantage of it to commit fraudulent acts against public order and morality. The doctrine to fight these illegal acts is known under the name of the lift, thrust, penetration, estoppel, excel, regardless, limitation, redhibición, unenforceability and violation of the legal person. And one of the areas where it occurs most often this is the job of the teacher there AVILÉS OJEDA, we discuss the dual appearance of the company, derived from outsourcing, why claims that "the truly peculiar to the last quarter twentieth century has been the liability of employers coordinators for the debts of the owner of the relationship with the worker. "He adds, "the legal and jurisprudential development of this responsibility will often tortuous overtones, as seen in the teaching of the Spanish Supreme Court to declare the responsibility of an entire group of companies for the actions of one with their employees when the degree cohesion between the different signatures makes them practice in branches of the main company, with one-way, safe and shared common form. " "Sometimes the courts have been bold and have come to declare the transfer of responsibility to a client company for the actions of a supplier when the first could impose conditions on the second that caused the situation to penalties, as in the British case Harrods Ltd. v. Remick, where judges sentenced to Harrods for a racial discrimination case of a franchised company motivated by the conditions imposed by that. "Obviously, another possibility would have meant admitting, allow it to use the legal subjectivity of a person trying to circumvent rules of public order to proscribe discrimination in this case in the workplace. As we noted the use of the legal person to defraud workers' rights is not a situation outside the work of the national labor law, though the Constitutional Court (TC) relapse in case No is the first pronouncement of the supreme interpreter of the Constitution on this matter, and the consecration of one of its main consequences: the solidarity work. Even before the House Labor-Jurisdictional April judges of superior courts in the country established that groups of companies can assume
16 joint liability for payment of employee benefits when they acted in order to circumvent labor rights. Then summarize the chapters of our thesis: 1. RELATING TO CHAPTER I: The research approach is innovative because it has the merit of making the transition from civilian institutions related to fraudulent use of the legal person, with current casuistry, and jurisprudence on the subject by reviewing basic concepts in that way political science, to arrive later, with such knowledge, the problem of fraudulent use in the field of labor law with its own approach, sui generis and original author. 2. REGARDING CHAPTER II.- The history of law finds the birth, formation and evolution of the legal person, whose emblematic feature is its formal autonomy (subjectivity), and limited liability. Chapter II focuses attention on the natural or legal person (company) that has control of the legal person, either by a bond of law or fact, and must assume responsibility for the exercise of that power, especially because their behavior can affect not only economic interests of creditors rather than the collective body of fundamental rights and even the fate of the country as noted in Case Crousillat, reviewed in this section. This is even more important in view of the phenomena related legal persons, groups and legal entities insufficiently regulated by labor law. 3. REGARDING CHAPTER III.- It addresses the phenomenon of fraudulent use of the legal person from the scope of the concepts of political science and legal institutions of the civil rights fight. In this regard we must say that it is important to recognize that this social phenomenon has its origin in the internal power relations that exist within the legal person, both private and public, and just allow the consummation of the fraud. Only a good understanding of the concepts of social power and political power, allow us to fully understand the power relations that exist both within the legal person as in the external field, in relation to other
17 subjects of law, and as all this network of linkages can lead to social phenomenon under study. The misuse of the legal person is given in multiple scenarios, and we highlight the catalog of examples of this phenomenon that gives us Chapter III, including the mechanism appears to violate fundamental rights related to bogus indigenous communities, with issue of slot machines operating activity in the amparo proceedings, related to the involvement of national sovereignty in the area of control of state powers, in the case of tax evasion and money laundering, political parties and corruption of officials, as well as in the field of consumer rights, among others. This exploratory analysis we conclude that the phenomenon under study is complex and broad, and requires a deeper every case, and that this investigation only delves into the specific cases of fraudulent use of the legal person in the field of law work, without pretending to exhaust the subject. 4. REGARDING CHAPTER IV.- Identify the main legal institutions to which they go into labor law to thwart the misuse of the legal person to the detriment of workers. It stands for that purpose the principle of primacy of reality and labor solidarity, especially applied to cases filed advantage of societies, groups and businesses linked disappoint 'claims. 5. REGARDING CHAPTER V. - The analysis of specific cases of fraudulent use of the legal person in the field of labor law, which allows us to highlight the special labor regime for SMEs, Legislative Decree No. 1086, is one of labor standards identifying the phenomenon and sanctions, lesson could be replicated in other cases other than foster care abuse to a special labor regime. Then it is revised, more complex cases, which occur in the area of decentralization of production (job placement and outsourcing), understanding that in some specific cases these forms of employment make it possible for using a third front or linked (intermediary or outsourced legal person) to degrade the working conditions and employment precarice addition to weaken the labor movement following authoritative doctrine on the subject.
18 Less confrontational and more consensual, is the application of the persecutory nature of wage claims to combat the fraudulent use of the legal person, and where case law has been mainly analyzed in 2010, the Superior Court of Santa, and the main labor appeals and Judgments of the Constitutional Court on the subject, all of which allows us to note that the employer trying to avoid paying a working credit transfers its assets to a related entity must be aware that this does not prevent runs good, these goods as guarantee payment of debts at work, and may be prosecuted even if they are held by third parties. It also examines cases where using the artifice of a legal entity to manage to avoid the enjoyment of the right to profits with workers, such as in cases of associations operating universities and colleges, but teachers can access to that benefit, however, who contribute their work to the growth of entrepreneurship, and economic surplus are enjoyed by the controlling (owners) of the university or college. Our position is that as a worker or non-member partner to contribute their work to the growth of a business should be allowed to enjoy their right to profits under Article 29 of the Constitution. It also addresses the problem of workers shared by a business group, and as the differentiation of subjectivity between these legal entities can become an obstacle to the full enjoyment of their rights at work, of course not covered by our labor regulation. Here, it becomes clear that the mere transfer of workers between companies forming a group does not imply a reduction of pay or grade, must respect the worker's seniority. It's good to remember that the same argument applies to groups of state enterprises such as in the case of Distriluz Group described in this research. 6. REGARDING CHAPTER VI.- We conclude that the use of the legal person in the workplace, is partially regulated through institutions such as the principle of primacy of reality, labor solidarity, the persecutory nature of labor and credit special treatment of SMEs. However, it is also true that there are still cases without
19 adequate regulatory treatment and case law within which are the individual and collective labor relations in the field of enterprise groups, related companies and productive decentralization. It notes the need to deal with the problem through legal recognition of the corporate staff and unions of groups of companies, and also address the need for equal treatment of staff working conditions highlighted in the main company, owned a brokerage firm or outsourcing located in the same occupational category that personnel of the user company. We can not fail to mention the need for further studies on the moral damage liability arising from fraudulent use of the legal person and other devices to the detriment of workers. I note that in no case mean to say that my position presented, the only possible solution to the problems, since this research, rather than seeking to impose a definitive position is intended to generate reflection and debate to arrive at consensus solutions among different sectors of society, especially employers, workers, and the state. Put our recommendations are: 1. THE MINISTRY OF LABOR AND EMPLOYMENT PROMOTION (PETM).- In the framework of the provisions by the number d) of Article 3 of the Rules of Organization and Functions of the Ministry of Labour and Employment Promotion, approved by Supreme Decree No TR, the PETM is recommended that promotes debate and discussion of a bill aimed at regulating relations in the field of related companies and business groups, including the treatment of profit sharing and union recognition business groups and in the field of decentralization of production, and employer sanctions used as a legal person in order to commit fraud work, for the considerations in Chapter V and VI of this research. 2. THE DEPARTMENT OF INSPECTIONS.- In the framework of the provisions of Articles 57 º and 58 of the Rules of Organization and Functions of the Ministry of Labour and Employment Promotion, approved by Supreme Decree No , TR, improve regulations workplace inspections to ensure that it is seen as a very
20 serious fraud committed by employers work through the fraudulent use of the legal entity and asset transfer. 3. A TRADE UNION.- Under the provisions of Article 8 of the Text of the Law of Collective Labor Relations, approved by Supreme Decree N º TR, promote the regulation of unions of groups companies as well as in the field of decentralization of production, for purposes of collective bargaining that way, workers in the same occupational category of a company, regardless of their contractual status, enjoy the same benefits enjoyed by the worker hired directly by the parent company to perform the same function. Also, through collective bargaining to regulate conventional profit-sharing for staff is highlighted in the main company and its workforce contributes to the productivity of the same. In addition, trade unions or workers who want to form a can go to the judiciary through an amparo action brought against the Ministry of Labour Regional Labour or, as the case, refused permission to register the union, to that the constitutional judge, to order the administrative authority to recognize the unions of business groups and others in the area of decentralization of production, under the exercise of freedom of association under Article 28 of the Constitution of Peru. Finally, although the bargaining power of unions is very limited in relation to the rights of employees of brokerage firms, outsourcing and corporate workers can seek to improve their working conditions, requiring the parent company or user, as appropriate, will ensure the same working conditions that workers in the same occupational category, agreeing this with the brokerage firm or outsourced in the unit price of service is set minimum working conditions for workers. 4. CONGRESS OF THE REPUBLIC.- Under the provisions of paragraph 1 of Article 102 of the Constitution of Peru, should promote discussion and agree on a bill to regulate labor relations in the field of group companies and related companies, within which to regulate union group of people, and in the field of

References: sui generis
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 102
 artículo 3
 artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 artículo 37
 Artículo 7
sui generis