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Timestamp: 2018-10-23 08:30:48+00:00

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Valoraciones sobre diferencias entre empresas estatales y sociedades mercantiles en Cuba - Ilustrados!
Valoraciones sobre diferencias entre empresas estatales y sociedades mercantiles en Cuba
Resumen: La economía cubana se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reestructuración, en condiciones especialmente complejas. El nuevo modelo económico, en proceso de configuración, se orienta a preservar el sistema de economía socialista y las realizaciones alcanzadas por éste en el plano social. Ello supone la necesaria preeminencia de la propiedad social sobre los medios de producción y de la planificación como método de conducción de la economía.(V)
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Autor: Lic. Eugenio Izquierdo Rodríguez y Otros Autores
La Empresa Estatal en la Economía Cubana
1.1 El Sistema Empresarial Cubano: Una Visión desde la actualidad
1.2 Características generales de la Empresa Estatal en Cuba
1.3 Consideraciones sobre la Dirección de la Empresa
1.4 Reflexiones en torno al perfeccionamiento Empresarial
Las Sociedades Mercantiles en el Ordenamiento Jurídico Cubano
2.1.Algunas Consideraciones en torno a las Sociedades Mercantiles
Las Empresas Estatales y las Sociedades Mercantiles en Cuba: distinciones necesarias
La economía cubana se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reestructuración, en condiciones especialmente complejas. El nuevo modelo económico, en proceso de configuración, se orienta a preservar el sistema de economía socialista y las realizaciones alcanzadas por éste en el plano social. Ello supone la necesaria preeminencia de la propiedad social sobre los medios de producción y de la planificación como método de conducción de la economía.
Otro fenómeno acontecido es el surgimiento de nuevos agentes económicos en el entorno empresarial cubano. En esta dirección se han venido adoptando medidas legislativas que distan aún de reflejar, con la plenitud necesaria, los rasgos e intereses propios de los nuevos agentes económicos. En este sentido las nuevas regulaciones están aún por mostrar su aptitud para producir los efectos pretendidos en la economía y su grado de eficacia social.
Por todo lo anterior, en muchos casos tienden a existir confusiones entre nuevos sujetos de la economía cubana, debido a esto se plantea el siguiente problema de investigación:
¿En que medida divergen las características propias de las empresas estatales y las de las sociedades mercantiles en el trafico económico cubano?.
En relación con esto se propone como hipótesis que en el trafico económico cubano existen elementos suficientes para establecer las diferencias entre las empresas estatales y las sociedades mercantiles.
Como objetivo general de la investigación se pretende:
Demostrar las diferencias existentes entre las empresas estatales y las sociedades mercantiles, como sujetos de la economía cubana.
Para darle cumplimiento al objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:
1- Analizar las particularidades de la empresa estatal como eslabón fundamental de la economía cubana
2- Explicar las características esenciales de las sociedades mercantiles y sus particularidades en Cuba.
3- Valorar las diferencias existentes entre las empresas estatales y las sociedades mercantiles, a partir de las condiciones económicas actuales.
1- Teórico jurídico: El empleo de este método permite el estudio de las características fundamentales de las empresas estatales y las sociedades mercantiles, tanto desde el plano teórico doctrinal como desde la perspectiva del ordenamiento jurídico cubano
2- Análisis bibliográfico de textos clásicos y modernos, así como artículos y monografías encontrados en Internet.
El trabajo se estructura metodológicamente en tres capítulos. El primero “La Empresa Estatal en la economía cubana ” destinado al estudio de la empresa estatal como sujeto de la economía cubana, haciendo especial referencia a las condiciones económicas actuales.
El segundo capítulo: “La regulación del empresario social en el ordenamiento jurídico cubano”esta dedicado a las sociedades mercantiles, con énfasis en las características propias de estos sujetos en Cuba.
El tercer y último capitulo: “Las empresas estatales y las sociedades mercantiles en Cuba: Distinciones necesarias”, tiene como objetivo fundamental establecer las diferencias esenciales entre las empresas estatales y las sociedades mercantiles
Los resultados esperados con la investigación son: Profundizar en las diferencias existentes entre estos sujetos, particularmente en el caso cubano; además de servir como material bibliográfico para el estudio de este tema.
En nuestro país, a partir de los años 90 se llevaron a cabo un conjunto de transformaciones, con el objetivo de adaptarnos a las nuevas condiciones, luego de la desaparición del campo socialista y del recrudecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos. Estas transformaciones traen aparejadas implicaciones importantes para la economía cubana, teniendo en cuenta la aparición de nuevos sujetos y nuevas firmas de propiedad, manteniéndose la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción como forma predominante.
Así, en el sector estatal se inscriben uniones, empresas, asociaciones, corporaciones, firmas, unidades básicas, complejos agro -industriales, granjas estatales y otras organizaciones económicas productivas que, bajo formas societarias mercantiles, propias del derecho privado, posibilitan formas más flexibles de gestión empresarial.
En el sector mixto, a su vez, encuentran cavidad, básicamente dos formas de asociación: la empresa mixta y los contratos de asociación económica internacional, sin dar lugar en este último caso al surgimiento de una nueva persona jurídica. La empresa de capital totalmente extranjero, aunque privada, encuentra igualmente tutela jurídica en este sector por los mecanismos comunes de aprobación y control.
Comunicando ambos sectores, como el líquido tisular que envuelve las células, habría que apuntar la existencia de las representaciones de firmas comerciales extranjeras, con una verdadera función difusora, frente a las cuales las entidades nacionales muestran cada vez una mayor “capilaridad”. Ello no obstante, es lo cierto que estas representaciones se ven sujetas a determinadas restricciones para su constitución y funcionamiento.[1]
En el sector cooperativo, encontramos las cooperativas agropecuarias, en sus dos modalidades de cooperativas de producción agropecuarias y de créditos y servicios, y las más recientes Unidades Básicas de Producción Cooperativa.[2] No obstante su discutida autonomía al ser creadas dentro de las propias estructuras empresariales, estas constituyen una de las transformaciones más significativas emprendidas en los últimos años.
Por último, en el sector privado se inscribe básicamente el pequeño agricultor, de alguna significación en determinados cultivos y que ha visto incentivada su actividad con la apertura de los mercados agropecuarios[3] a los que concurre libremente con productores estatales y cooperativos.
No cabe duda que se llevaron a cabo otro conjunto de transformaciones con importantes implicaciones, como: Reordenamiento de la Administración Central de Estado, desmonopolización del Comercio Exterior, descentralización de la Banca, Redimensionamiento Empresarial, aparición de nuevos espacios concurrenciales, etc. Todo ello repercute en los agentes económicos existentes actualmente en la economía cubana. De manera que el estudio debe iniciarse mediante las características esenciales de la empresa estatal, como máxima expresión de la propiedad estatal.
En nuestro sistema empresarial, la unión y la empresa estatal presentan un régimen legal dual: Un “Reglamento General de la Empresa Estatal” adoptado mediante Decreto No. 42, del CECM, de 24 de Mayo de 1979, actualmente en vigor solo para las uniones y empresas de subordinación local; y las “Normas de la Unión y la Empresa Estatales”, adoptadas por acuerdo del propio Comité Ejecutivo, que rige únicamente para las entidades de subordinación nacional.
Al Reglamento General de la Empresa Estatal, aprobado como resultado de los acuerdos adoptados en el 1er. Congreso del PCC para la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), le cumplió el papel de piedra angular del reordenamiento del sistema empresarial.
Las Normas sobre la Unión y la Empresa Estatales, por su parte, al ser aprobadas como acuerdo del CECM, y no como decreto como fuera el caso del Reglamento General careció de una exposición de motivos que pusieron de relieve su verdadero sentido y alcance, siendo lo cierto que su limitación a las entidades de subordinación nacional resultó, en los hechos, más del acotamiento del título que de su propia preceptiva, sin que por otra parte contuviera pronunciamiento expreso alguno respecto a la vigencia en paralelo del Reglamento General, que por consiguiente pasó a regir únicamente para las empresas de subordinación local. Es el caso, sin embargo que aún hoy día sigue siendo por este viejo Reglamento que se rigen un buen número de entidades de carácter nacional.
A este fin las “Normas” prevén la posibilidad de crear otros tipos de organizaciones económicas estatales con personalidad jurídica propia y la aprobación de sus reglas generales de dirección, organización y funcionamiento por la referida Comisión, facultades estas que quedaron asumidas por el Ministerio de Economía y Planificación, quedando asimismo facultado este organismo para introducir las adecuaciones que entendiera necesarias en los casos particulares que pudieran ser sometidos a su consideración.
Con sujeción a ambos cuerpos legales, la creación de uniones y empresas estatales y de otras formas organizativas de este carácter – corporaciones, asociaciones, firmas, unidades básicas económicas, tiene lugar, en todos los casos, mediante la aprobación previa -como acto de control – del Ministerio de Economía y Planificación, con la única excepción de las empresas de comercio exterior y las uniones, cuya autorización corresponde al CECM.
Como parte de este acto por el cual se autoriza la creación de la entidad, se aprueban a la vez –en su caso- las correspondientes “normas generales de dirección, organización y funcionamiento” de las mismas, fijando un régimen jurídico particular atendiendo a la tipología empresarial en formación.
Creada la entidad, requiere ser inscrita en el Registro Estatal correspondiente, acto con valor constitutivo sin cuya consumación no le es reconocida a ésta la personalidad jurídica que le es inherente. [4]
En nosotros tiene carácter constitutivos el Registro de Empresas Estatales y Unidades Presupuestadas (REEUP), para el caso de las uniones, empresas y demás organizaciones económicas estatales;[6] el Registro Mercantil y el Registro Central de Compañías Anónimas para las sociedades mercantiles y civiles que adoptan esta forma;[7] y el Registro de Inversiones Extranjeras de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, cuando se trata de Empresas Mixtas.[8]
Junto a estos, con especial relevancia para el sector agropecuario, están el Registro de Entidades y Empresas Agropecuarias No Estatales (REEANE) y el Registro de Unidades Básicas Cooperativas (REUCO); y, sin carácter constitutivo, como medio de control para el ejercicio de la actividad comercial, se encuentra el Registro Central Comercial, a cargo del Ministerio del Comercio Interior.[9]
Para dirigir una unión a empresa se designa un director por el jefe del organismo a que se encuentre subordinada, el que responde personalmente del cumplimiento de las actividades encargadas a las mismas. La administración de estas entidades económicas forma parte del Sistema de Administración.
EI director es el máxima responsable de la unión o la empresa que dirige y la representa. EI director de la unión y de la empresa independiente se subordina al Ministro y el director de la empresa dependiente se subordina al director de la unión. A través del director de la unión y la empresa ejercen los derechos que se deriven de su actividad técnico -económica.
Entre las principales atribuciones del director se encuentran:
v Dirigir, coordinar y controlar el proceso de elaboración del plan y responder por su cumplimiento.
v Exigir y en su caso responder por la cantidad de los productos y servicios, y el cumplimiento de los objetivos trazados en este sentido.
v Promover la participación activa de los trabajadores en la dirección de la unión, la empresa y la unidad básica y en la elaboración, cumplimiento y control del plan.
v Responder personalmente por los contratos suscritos y demás obligaciones contraídas por sí o con su autorización.
v Exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras con el Estado, con el Banco, así como con las demás uniones y empresas con las que mantenga relaciones mercantiles.
EI director en el desempeño de sus funciones es asistido por un consejo de dirección, cuya composición y atribuciones principales se establecen en el reglamento de la entidad. Este consejo de dirección es un órgano colectivo que asiste al director de la entidad económica respectiva don de por acuerdo se expresa la voluntad de la mayoría de sus miembros.
En la unión, el consejo de dirección esta integrado por el director de la unión, que lo preside, los subdirectores, los directores de las empresas que la integran, y otros que se determinen por el nivel superior a propuesta del director. Todos con voz y voto. EI Presidente designa un secretario, de entre sus miembros.
Son invitados permanentes los representantes de las organizaciones políticas y sindicales que ellos determinen. Además, pueden asistir otros invitados.
EI consejo de dirección en la empresa está integrado por el director, que lo preside, los subdirectores, los jefes de las unidades básicas y otros que se determinen por el nivel superior a propuesta del director, todos con voz y voto. De entre sus miembros el Presidente designa un secretario. En relación con los invitados se estipula lo mismo que para la unión.
Para que las sesiones del consejo de dirección sean validas se requiere la presencia de más de la mitad del numero total de miembros que lo integran. Los acuerdos del consejo se adoptan por mayoría de votos de los miembros presentes.
Las atribuciones del consejo de dirección son las mismas, tanto para el de la unión como para el de la empresa, por supuesto cada una a su nivel, encontrándose entre las principales las siguientes:
v Garantizar el proceso de elaboración del plan.
v Controlar sistemáticamente la ejecución del plan.
v Examinar el comportamiento de la calidad de la producción o de los servicios.
v Conocer y decidir las discrepancias internas que surjan en la concertación de contratos, convenios y otros documentos suscritos, así como los incumplimientos que se produzcan en su ejecución.
EI reglamento del consejo de dirección de la unión y la empresa lo aprueba el nivel superior a que están subordinadas.
EI consejo de dirección se reúne a solicitud del director y como mínimo una vez al mes, aunque de forma excepcional el nivel superior de la unión y la empresa independiente pueden aprobar otra frecuencia.
1.4 Reflexiones entorno al perfeccionamiento empresarial.
En estos momentos el país se encuentra enfrascado en el proceso de
perfeccionamiento empresarial para que de manera integral, gradual y sistemática sea implantada al conjunto de la economía nacional, por lo que el Consejo de Estado adopto el Decreto -Ley No. 187 de 18 de agosto de 1998, contentivo de las Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial.
Para analizar las principales líneas del perfeccionamiento empresarial en Cuba, cabe identificar la constitución de la empresa, como es tradicional, con los elementos que la integran: recursos humanos, materiales y financieros, e identificar los diferentes subsistemas que actúan sobre dichos recursos, cada uno con sus propias funciones, protagonismos y finalidades.
La reforma empresarial da un enfoque sistémico y coherente a todas y cada una de las esferas de actividad que conforman la empresa:
Ø organización general;
Ø métodos y estilos de dirección;
Ø organización de la producción y los servicios;
Ø organización y normación del trabajo;
Ø gestión de la calidad;
Ø política laboral y salarial;
Ø planificación;
Ø contratación económica; relaciones financieras; contabilidad;
Ø control interno;
Ø costas;
Ø precios;
Ø sistema informativo;
Ø atención al hombre;
Ø mercadotecnia.
Principales Líneas del perfeccionamiento empresarial
· Aspectos de organización general.
· Organización superior de dirección empresarial (entidades policorporativas de estructuración diversa).
· Empresas. Unidades empresariales de base.
LA ORGANIZACION SUPERIOR DE DIRECCION EMPRESARIAL
· Agrupa un conjunto de empresas y unidades empresariales de base;
· tiene personalidad jurídica propia (independiente de las entidades que la conforman);
· no ejerce funciones estatales;
· no administra la producción o los servicios de sus entidades;
· se financia con cargo a los gastos de administración de estas;
· su creación, traspaso, fusión o extinción rasa a corresponder al Ministerio de Economía y Planificación.
· Tiene personalidad jurídica propia;
· tiene gestión económica, financiera, organizativa y contractual autónoma;
· balance financiero independiente;
· funciona bajo el principia de autofinanciamiento;
· se adscribe a una organización superior de dirección empresarial o a un organismo u órgano estatal;
· su creación, traspaso, fusión o extinción corresponde al Ministerio de Economía y Planificación.
El Ministerio de Economía y Planificación puede delegar esta función en:
· un organismo ramal;
· un consejo de administración provincial.
Las unidades empresariales de base son estructuras con autonomía relativa que funcionan bajo el principio de autofinanciamiento, sus atribuciones le son delegadas y carece de personalidad jurídica propia. Las mismas se crean por la organización superior de dirección empresarial a la empresa.
Los órganos de dirección podrán ser colegiados a unipersonales. Los órganos colegiados se crean y reglamentan por el director general, tienen por objeto colegiar las decisiones, tienen carácter auxiliar. Estos podrán denominarse: consejo de dirección, consejo de administración, junta de directores, entre otros. Sus acuerdos solo son vinculantes con la aprobación del director general. Pueden existir otros órganos de dirección colectiva como son los consejos de producción, consejos técnicos, consejos de calidad, etcétera, los cuales se crean y reglamentan, igualmente, por el director general.
En el caso de los órganos unipersonales, estos están integrados por un director general (designado por el Gobierno en las instancias que corresponda), un director adjunto a coordinador general y pueden existir, además, otros directores.
Se instituye como: órgano de dirección que representa los intereses del Estado con funciones relativas a los planes y presupuestos, control de su cumplimiento, y distribución de utilidades. Aunque esta es la definición ofrecida en las bases, cabe señalar que más que un órgano de dirección constituyen un órgano de control estatal sobre la autonomía brindada actualmente al sector empresarial estatal. Se crean y reglamentan por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, a nivel de:
· organización superior de dirección empresarial, y
Se integran por representantes de:
· Ministerio de Finanzas y Precios.
· Banco Central.
· Organismo ramal.
· Director General.
La composición máxima es de cinco miembros.
EI Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros puede delegar su creación en: el organismo ramal, al Consejo de Administración Provincial. A la junta de Gobierno Le esta expresamente prohibido interferir en la gestión productiva de las organizaciones económicas.
En general, las nuevas formas empresariales cobran mayor autonomía e independencia:
· determinan sus propias estructuras y plantillas;
· crean sus organizaciones empresariales de base;
· diseñan sus propios sistemas de dirección de fuerza de trabajo;
· definen y fijan los salarios;
· crean los fondos de reserva y estímulo;
· establecen sus propios sistemas de gestión de calidad; forman descentralizadamente sus precios;
· determinan sus propios objetivos estratégicos;
· conforman sus propios planes de negocios.
En esencia predominan los nexos interempresariales; se tiende a ello. Esto impacta en la contratación, pues amplía:
· el contenido de las relaciones (patrimoniales y no patrimoniales o de cooperación);
· su proyección (al exterior y al interior de las entidades);
· su base (asociada con los cumplimientos de los planes y al mercado).
Se modifica la obligatoriedad y el papel del contrato, su relación con los planes y la libertad contractual, otorgándoles mayor autonomía en su concertación y modificación, y elevando su responsabilidad por su cumplimiento.
Otro tanto sucede con la planificación donde:
· Se llama a conjugar aspectos técnicos, económicos, sociales y productivos.
· Se potencia la iniciativa de la empresa en la optimización de la utilización de sus recursos y reservas productivas.
· Se proyecta una planificación estratégica por las organizaciones superiores de dirección empresarial.
· Los planes anuales son elaborados, propuestos y defendidos por la empresa ante la junta de Gobierno.
· La estrategia se concreta en los planes de negocios, en los que se puntualiza el empleo de la capacidad productiva de la empresa.
· Los indicadores directivos se reducen en: ventas y utilidades.
Para la elaboración de los planes se parte de la capacidad disponible (real), de la demanda del mercado, de las posibilidades técnicas y productivas y de la disponibilidad de recursos financieros. EI sistema de relaciones financieras deviene instrumento más eficaz de la política económica.
-Se confiere mayor autonomía financiera.
-Se fortalece su responsabilidad por los resultados de su gestión.
-Se autoriza a retener parte de las utilidades para financiar:
· su desarrollo y la reinversión;
· la estimulación material;
· la formación de reservas.
-Se garantiza el régimen de aporte por los rendimientos.
-La contabilidad se recoloca. Se jerarquiza.
-EI registro y clasificación de todas las operaciones económicas se erige en base indispensable para:
· la adopción de decisiones;
· la planificación;
-Se eliminan las rigideces y el excesivo tutelaje.
-En los precios se refuerza la descentralización en su formación y aprobación.
· Los precios mayoristas de productos importados o para la exportación se forman tomando como referencia los precios del mercado externo.
· Los precios de productos nacionales se correlacionan con estos en dependencia de su competitividad.
· Únicamente se reserva a la aprobación de las instancias centrales los precios y tarifas de los productos y servicios de primera necesidad que son objeto de distribución regulada.
2.1.Algunas consideraciones en torno a las sociedades mercantiles.
Es el empresario mercantil el elemento personal, y a nuestro juicio más importante dentro del Derecho Mercantil. Podemos definirlo como “la persona física o jurídica que desarrolla una actividad económica para el mercado, encaminada al comercio, la industria y la prestación de servicios, con ánimo de lucro, de un modo habitual y en nombre propio”.
En los albores del Derecho Mercantil, la actividad económica objeto del mismo, era realizada por los mercaderes y artesanos, que se dedicaban al comercio, de ahí que recibieran la denominación de comerciante, denominación que ha caducado y hoy se le denomina empresario individual. Pero con el desarrollo de la economía, los adelantos científicos técnicos, entre otros factores, se le ha hecho casi imposible al empresario individual soportar la dimensión cada vez más creciente que alcanza dicha actividad mercantil y poder desarrollar su actividad económica. Esto trajo consigo que el empresario individual se viera imposibilitado de llevar a cabo de un modo aislado una empresa determinada.
Como solución a esta situación surge el fenómeno asociativo, es decir se abandona la elección del empresario individual y se produce la unión de varias personas con un fin de lucro, constituyendo sociedades mercantiles. Esto obedece, entre otros aspectos a que el mismo presenta, las siguientes ventajas: a) por medio de la sociedad mercantil puede el empresario individual dividir su patrimonio, formando entonces dos patrimonios, uno al que se le denomina civil y el otro mercantil. El primero de ellos encierra los bienes dedicados a la vida familiar, a las deudas contraídas en el plano civil, etc; en el segundo se encuentran aquellos que son precisos para el ejercicio de su actividad económica. Es decir adquiere autonomía patrimonial el empresario social.
Esto a su vez traerá consigo que se produzca una separación de la responsabilidad del socio y de la sociedad; esto posibilita que puedan los socios trasmitir las participaciones económicas que poseen en la sociedad. Lo que no significa que pierda la sociedad la titularidad de su patrimonio, por el contrario, se puede producir un cambio en los miembros de esta que para nada afecta la titularidad del patrimonio por parte la sociedad.
La constitución de sociedades mercantiles posibilita al empresario mercantil realizar diversas actividades económicas con diversos objetos sociales; en materia fiscal también resulta ventajoso la elección del empresario social, como
forma a adoptar para desarrollar una actividad económica, pues en el caso de las sociedades se le impone el impuesto sobre utilidades mediante el cual se grava mediante un tributo, de modo proporcional, las rentas de las sociedades, y en el caso del empresario mercantil individual se grava a través de los tributos, de forma progresiva, toda la renta obtenida de su actividad económica (impuesto sobre ingresos personales), entre otras ventajas.
Son, fundamentalmente, estos motivos los que han propiciado la elección del empresario social como elemento personal del Derecho Mercantil.
Tiene el empresario social un conjunto de características que le son inherentes, y que permiten a su vez diferenciarlo de los demás fenómenos asociativos.
La primera de ellas consiste en que el empresario social, generalmente[1], nace de un contrato, al cual se le denomina, contrato de sociedad. Presenta dicho contrato un conjunto de características que lo distinguen del resto de los contratos sinalagmáticos y de cambio. Algunas de estas características son:
Ø Asociación voluntaria de personas: La sociedad sin lugar a dudas es una unión o agrupación de personas que desean alcanzar un fin común, que es el de obtener una ganancia, un lucro y que el mismo pueda ser repartible entre ellos.
Ø Plurilateral: Intervienen en su constitución dos o más personas. Por tanto las aportaciones que cada socio realiza, no engendra obligación para la otra parte, sino que ingresa a formar parte de un fondo patrimonial común.
Ø Intención de constituir la sociedad: este elemento debe estar presente como requisito esencial a la hora de la celebración del contrato de sociedad, y es a lo que un sector doctrinal basado en la tradición histórica y algunos textos de Derecho Romano le llaman affectio societatis o animus contrahendae societatis. Constituye el affectio societatis la voluntad de unión y de correr riesgos en común, ya sean los de pérdidas y ganancias; es decir, es la representación subjetiva de los elementos objetivos y económicos que constituyen la finalidad y esencia del contrato de sociedad.
Ø Comunidad de fin: las partes al asociarse tienen un fin común, que es la obtención de ganancias y el correspondiente reparto de las mismas entre los socios. De ahí que no se admita el establecimiento en la escritura o estatutos de pactos que prohíban o limiten el reparto de las ganancias entre los socios. (Pactos Leoninos).
Ø No existen contraprestaciones de las partes: Los socios aportan a la sociedad dinero, bienes y derechos, e incluso hay sociedades en las que se acepta la aportación de trabajo, y esta aportación va a integrar directamente un fondo patrimonial común, por lo que la sociedad se convierte en acreedora de los socios. Es decir que, las aportaciones realizadas por lo socios, no ingresan directamente en el patrimonio de cada uno de ellos, sino que van a formar parte del fondo patrimonial que se crea, cuyo titular es la Sociedad, convirtiéndose esta en acreedora de los socios.
Ø Intereses contrapuestos: esta característica ha sido objeto de debate doctrinal entre muchos mercantilistas; Un sector de la doctrina considera que sí existen intereses contrapuestos, otro sector, niega la existencia de los mismos, argumentando que las partes no están ubicadas frente a frente haciendo contraprestaciones recíprocas y distintas cualitativamente.
En este sentido nos afiliamos a la primera de las posiciones. Somos del criterio que el hecho que las partes no estén ubicadas en contraposición, no significa que tengan los mismos intereses. Pues una vez terminado, ejemplo, el ejercicio social en una sociedad X y procediendo luego al reparto de las ganancias, cada socio va a querer recibir su beneficio en relación a la cuantía de su aportación. Consideramos que no debe confundirse comunidad de fin y comunidad de intereses. Es cierto e irrefutable que existe comunidad de fin, pero esto no implica que exista comunidad de intereses.
Ø Duradero, de organización, y de colaboración.
El carácter especial de este contrato frente a los contratos de cambio, no permite que le sean de aplicación el régimen general que rige para estos.
Por tanto en el contrato de Sociedad no opera la excepción por el incumplimiento del contrato: en los contratos ordinarios de cambio las partes pueden negarse a cumplir con su obligación mientras la contraparte no cumpla con la suya. Esta regla no es aplicable al contrato de sociedad y esto encuentra su fundamento, en la falta de reciprocidad de las prestaciones[2].
Otra de las consecuencias del especial carácter del contrato de sociedad es que no resulta de aplicación en ellos la condición resolutoria tácita, mediante la cual se puede resolver el contrato ante el incumplimiento de una de las partes de su obligación. En el contrato de sociedad esta es inaplicable, pues el socio incumplidor puede llegar a ser excluido de la sociedad por dicho incumplimiento. Manteniéndose vigente en la sociedad el vínculo jurídico entre los socios restantes.
Igualmente presenta sus particularidades para los contratos de sociedad con relación a los sinalagmáticos ordinarios la nulidad por vicios en el consentimiento, en caso de vicios del consentimiento (violencia, intimidación, dolo y error) se producirá la nulidad del vínculo social para el socio que prestó su consentimiento viciado, no así para el contrato de sociedad en general.
Además del aspecto contractual, (reflejado en el contrato de sociedad), el empresario social, necesita de determinados requisitos para considerarlo regularmente constituido. Son dos requisitos, uno de forma (escritura pública) y el otro de publicidad (inscripción en el Registro Mercantil). Estas formalidades constitutivas se entienden, según la doctrina, consideradas para algunas sociedades condición necesaria para considerar la regularidad de las mismas y para otras sociedades condición necesaria de existencia[3]en este último caso están las sociedades anónima y la sociedad de responsabilidad limitada.
Estos requisitos son: La Escritura Pública y la Inscripción de la misma en el Registro Mercantil, elementos estos que en el ordenamiento jurídico nuestro aparecen regulados en la ley mercantil en el artículo 119 del Código de Comercio. No obstante esto, para las sociedades capitalistas se exige un nuevo requisito y son los estatutos.
Es válido resaltar que con relación a la Inscripción en el Registro Mercantil, el decreto ley 226/01 y la Resolución 230/02 han modificado las disposiciones del Código de Comercio en esta materia, pues establecen con carácter obligatorio dicha inscripción[4].
El efecto principal que produce la inscripción de la Escritura en el Registro Mercantil, es que adquiere la sociedad personalidad jurídica, y por tanto se convierte en sujeto de derecho. Por tanto estamos en presencia de un efecto constitutivo, siendo este a nuestro juicio el efecto fundamental que se produce con la inscripción.
Existe una clasificación tradicional de las sociedades mercantiles en sociedades personalistas y capitalistas. Clasificación que también es retomada por nuestro Ordenamiento Jurídico y que aparece reflejada en nuestro Código de Comercio en su artículo 122.
Las sociedades personalistas son aquellas que tienen su raíz o fundamento en lazos de confianza. Se caracterizan por ser sociedades en las que se tienen muy en cuenta las condiciones personales de los socios, son sociedades intuitu personae. En ellas el socio vale por lo que es y no por lo que aporta. El nombre de los socios es de suma importancia ya que sirve para formar la razón social, los socios son, los que llevan a cabo la gestión social, a esta característica Garrigues le denomina autoorganicismo[5], y todos ellos responden personalmente de las deudas de la sociedad, pero esta responsabilidad será subsidiaria, es decir, de segundo grado con respecto a la sociedad, ya que se hará efectiva luego de agotarse el patrimonio de estas, la responsabilidad de los socios será ilimitada, solidaria y personal.
Son sociedades cerradas en las que no resulta de fácil transmisión las participaciones de los socios a terceros. Ejemplo de estas lo constituyen la sociedad regular colectiva y comanditaria simple.
Las sociedades capitalistas en estas lo relevante de los socios no es el elemento personal, sino su aportación, son sociedades intuitu pecuniae. El socio se valora por lo que es capaz de aportar a la sociedad, por lo que son intrascendente sus condiciones personales. Los socios no tienen derecho a la gestión social, a esto Garrigues le denomina organicismo de terceros[6]. La gestión social, se caracteriza por tener una organización más compleja. Los socios no responden de las deudas sociales. Los socios, generalmente, pueden trasmitir libremente su participación en la sociedad a terceros, por lo que se caracterizará por una mayor variabilidad de los socios. Encontramos dentro de esta clasificación a la sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada. Siendo la sociedad anónima el prototipo de esta clasificación.
2.2. Las Sociedades Mercantiles en el Ordenamiento Jurídico Cubano.
Como hemos señalado en el epígrafe anterior aparece reflejado en nuestra ley mercantil las sociedades que se encuentran incluidas en la clasificación de sociedades personalistas y capitalistas. Estas son: La sociedad regular colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada..Esto significa un reconocimiento expreso de las mismas. A grandes rasgos el artículo 122 establece que:
· la regular colectiva: en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones;
· la comanditaria en que uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo común, para estar a las resultas de las operaciones sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombre colectivo;
· La limitada en que dos o más socios aportan capital respondiendo cada uno solo por su aportación.
· La Anónima en que formando un fondo común los asociados por partes o porciones ciertas, figuradas por acciones o de otra manera indubitada, encargan su manejo a mandatarios o administradores amovibles que representen a la compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empresa a que se destine sus fondos[7].
Es valido señalar que aunque existe un reconocimiento expreso en la normativa de estas sociedades, en la práctica cubana tiene lugar un fenómeno curioso y es que la figura societaria que se solo utiliza es la sociedad anónima[8]. Por tal motivo en el presente epígrafe nos centraremos a analizar dicha sociedad, como expresión de las sociedades mercantiles en la práctica mercantil cubana.
Nuestro código de comercio en su artículo 122.3 sin llegar a definir la sociedad anónima la regula, al establecer que: “es la sociedad anónima aquella que formando un fondo común los asociados por partes o porciones ciertas, figuradas por acciones o de otra manera indubitada, encargan su manejo a mandatarios o administradores amovibles que representen a la compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empresa a que se destine sus fondos”.
Con relación a esta denominación consideramos que no es del todo exacta, pues olvida recoger elementos que caracterizan a la sociedad anónima, uno de ellos consiste en la no responsabilidad de los socios por las deudas sociales. Es de destacar que en ella se recoge, como un aspecto de mucha importancia, lo relacionado a la división del capital en acciones, elemento, que como tendremos la oportunidad de ver, es de suma relevancia para la sociedad.
Podemos definir la sociedad anónima como: la sociedad de naturaleza mercantil cualquiera que sea su objeto, capitalista por excelencia, cuyo capital se encuentra divido en partes, denominadas acciones, las cuales se caracterizan por su fácil transmisibilidad y atribuyen a su titular la condición de socio, quien disfruta del beneficio de la responsabilidad limitada frente a las deudas asumidas con la sociedad, y de no responder de las deudas que la sociedad contraiga frente a terceros.
Esta sociedad presenta las siguientes características:
Ø Sociedad capitalista por excelencia: Se plantea que la sociedad anónima es el prototipo de sociedad capitalista. La misma se caracteriza porque no es relevante la persona del socio, sino su aportación. Para la sociedad no es de relevancia quien sea el titular de las acciones, lo más importante para ella es la aportación que este haga a la sociedad. Las aportaciones de sus socios solo pueden consistir en dinero, bienes, o en derechos susceptibles de ser valorados en dinero, nunca podrán consistir en trabajo.
Ø Capital dividido en acciones: Es la acción un elemento de suma importancia para las sociedades anónimas. El capital, como ya hemos apuntado, se divide en acciones, las cuales pueden estar representadas mediante títulos valores que, por lo general, serán de fácil transmisión[9] y que le confieren a su titular la condición de socio. Permitiéndole, por consiguiente, disfrutar del conjunto de derechos que de la acción emanan, y el disfrute de los mismos está en relación al número de acciones que estos posean. Consideramos, coincidiendo con el criterio de todos los mercantilistas analizados, que este el elemento fundamental de la sociedad anónima.
Ø Responsabilidad limitada de los socios: los socios solo responderán ante la sociedad hasta el límite de su aportación o de lo que en un momento se obligaron a aportar. Por tanto no responderán, con su patrimonio individual, de las deudas de la sociedad.
Ø Generalmente resulta libre la elección de la denominación que ha de llevar la sociedad. La misma puede ser subjetiva, es decir, que identifique el nombre o apellidos de algunos o varios socios actuales o anteriores de la sociedad; objetiva, que identifique con claridad el objeto social o actividad económica a la cual se dedica la sociedad; y de fantasía, es aquella que no guarda relación ni con el nombre de los socios ni con la actividad económica que realice la sociedad, a decir de Chuliá Vicent[10] es una combinación de letras, números, signos, palabras sin significado, vocablos extranjeros. Debe cumplir la denominación con los siguientes requisitos: debe ir acompañada de la frase Sociedad Anónima o de la abreviatura S.A, y que no ha de ser igual a otra denominación ya existente[11].
Como ha quedado apuntado son dos los requisitos que se exigen por la ley para la válida constitución de una sociedad mercantil: Escritura Pública e Inscripción en el Registro Mercantil. Así lo establece el artículo 119 del código de comercio.
La Escritura Pública es la forma que exige el código de comercio, para el acto constitutivo de las sociedades mercantiles, y en particular de la sociedades anónimas. Es el documento público otorgado ante notario y en ella se recoge la voluntad de los socios de crear la sociedad, es decir, recoge la escritura el contrato fundacional. Posee un contenido mínimo, recogido en el código de comercio en el artículo 151 mencionará los datos que permitan identificar a los socios, la voluntad de los otorgantes de constituir la sociedad, las aportaciones realizadas por los socios o las que se comprometieron realizar el número de acciones recibidas en pago, los estatutos, etc. Otro de los documentos que exige en muchas legislaciones como es el caso de la española, en este caso, anexo a la escritura pública, son los estatutos[12], los mismos hacen referencia al aspecto interno de la sociedad, es decir regulan su funcionamiento interno, son algo así como la “Carta Magna o régimen constitucional y funcional interno de la sociedad nacida[13]”. Nacen de la voluntad de las partes. Son normas negociales que deben ser observadas por todos los socios por haberlos aceptado por mayoría en el momento constitutivo o en un momento posterior. Recogen aspectos como: denominación de la sociedad, objeto social, duración, fecha de comienzo de las operaciones, domicilio, órganos sociales, fecha de cierre del ejercicio social, etc. Su finalidad es regular la vida interna de la sociedad con preferencia a aquellas normas legales de carácter no coactivo o dispositivas.
La Ley 77/95, “de la inversión extranjera” regula como una forma de inversión extranjera las empresas mixtas, y de modo imperativo establece que la misma ha de adoptar la forma de sociedad anónima. En materia de constitución establece esta ley la exigencia de un tercer requisito que es la autorización gubernativa emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros[14].
Esta ley establece que se requiere para su constitución de una autorización gubernativa, la cual será emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros(CECM) o por una Comisión Gubernativa designada por el CECM. Por consiguiente, se necesita, además de los dos requisitos tradicionales de constitución ya mencionados, Escritura Pública y la Inscripción de la misma en el Registro Mercantil, y como anexo a la escritura se debe incorporar los estatutos de constitución y la autorización. Es de destacar que como paso previo al otorgamiento de la escritura debe redactarse el convenio de asociación (contrato de sociedad) en el cual se recoge la voluntad de los contratantes en constituir la sociedad así como los pactos fundamentales entre ellos para lograr la mejor conducción, desarrollo, consecución y alcance del objeto social.
Como ya es sabido una de las notas que distingue a la sociedad anónima es la de ser eminentemente capitalista, la cual se traduce en que las características y condiciones personales de los socios no son indispensables. Por lo que se torna más importante es la aportación que cada socio haga a la sociedad. Solo puede ser objeto de aportación el dinero, los bienes tanto muebles como inmuebles y los derechos susceptibles de valoración económica. Se le denomina sociedad de capital además, porque en la sociedad anónima la proporción del capital social que se posea va a condicionar su propio control y dominio; y porque la intensidad en el ejercicio de los derechos sociales de los socios depende del número de acciones, es decir del capital que se posea.
El capital social es una cifra estable, permanente, invariable que aparece en la escritura de constitución de la sociedad. Estará integrado por las aportaciones de los socios que han realizado así como las que se obligaron a realizar. El mismo se va a dividir en Acciones. Siendo las mismas el elemento fundamental en esta sociedad. La existencia de la acción es indispensable al hablar de sociedad anónima ya que no puede hablarse de sociedad anónima sin hablar de la acción. Es la acción la parte en la cual se divide el capital en la sociedad anónima. El socio recibirá acciones tras una efectiva aportación de carácter patrimonial que haga a la sociedad. La acción le atribuye a su titular la condición de socio, pero el socio recibe dicho titulo tras haber realizado a la sociedad una efectiva y real aportación patrimonial.
En tal sentido la Ley 77/95, introduce una particularidad y es que solo admite las acciones nominativas[15].
La principal obligación que los socios deben cumplir es la de aportar a la sociedad lo que en un momento se obligaron. En este sentido la ley le atribuye plena libertad a los inversionistas para que fijen las proporciones del capital social que van a aportar. Esto es muestra del carácter cualitativamente superior de esta regulación, con relación al Decreto Ley 50/82, ya que el mismo, con relación al régimen de aportaciones se caracterizaba por ser rígido, pues establecía que la aportación de la parte extranjera podría llegar hasta el 49%, estableciendo la posibilidad de variación de esta cuantía, previa autorización del Consejo de Ministros. Pudiendo, en este sentido, ser realizadas aportaciones dinerarias y no dinerarias.
En el artículo 19.1 de la Ley 77/95, se establece que será objeto de aportación: la moneda libremente convertible; maquinarias, equipos, u otros bienes físicos o tangibles; derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles; derecho de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, y otros derechos reales sobre estos, incluidos los de usufructo y superficie; y otros bienes y derechos.
Existe otra normativa en el Ordenamiento Jurídico cubano que regula las sociedades mercantiles en nuestro país, y es la Resolución 260/99 del Ministerio de Comercio Exterior. Mediante dicha normativa se regula la constitución de sociedades mercantiles de capital totalmente cubano
Las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano están constituidas a partir de instituciones empresariales cubanas y constituyen el componente de la economía emergente de mayor importancia por su conexión con los organismos cubanos y su flexibilidad en la obtención de financiamiento. Surgen en primera instancia con el objetivo de realizar operaciones de comercio exterior en mercados internacionales.
En el año 1999 se promulgó la Resolución 260/99 mediante la cual se regula la constitución de Sociedades Mercantiles de Capital Totalmente Cubano, además de derogar la Resolución 112/92 la que permitía la creación por entidades nacionales de sociedades mercantiles cubanas. En la práctica estas sociedades adoptan la forma de sociedad anónima[16], y constituyen una transfiguración del patrimonio estatal. Las personas jurídicas cubanas, constituyen los accionistas de estas entidades. En materia de responsabilidad responden de sus obligaciones con su propio patrimonio. Poseen personalidad jurídica.
En dicha Resolución, se define a la sociedad mercantil cubana, como “aquellas que previa la autorización correspondiente, se constituyan en la República de Cuba conforme a la legislación vigente, con el fin de promover, ampliar o completar las actividades que constituyen el objeto social fundamental del organismo o entidad solicitante”.
A tenor de lo dispuesto en el Resuelvo Primero de la Resolución 260/99, es el Ministerio de Comercio Exterior el organismo encargado de recibir y evaluar las solicitudes que presenten los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y otras entidades nacionales en constituir sociedades mercantiles cubanas, así como de ejercer la supervisión y el control de dichas sociedades, una vez que se haya otorgado la autorización por el CECM. De este precepto se desprende que las únicas personas jurídicas que pueden presentar solicitudes para constituir sociedades mercantiles de capital totalmente cubano son los Organismos de la Administración Central del Estado y las entidades nacionales.
Esta resolución se aplicará a las solicitudes de constitución de sociedades mercantiles cubanas siempre que tengan por finalidad: a) la realización de actividades productivas y/o de comercialización de mercancías y de servicios, b) la creación de asociaciones económicas internacionales, en las que la sociedad mercantil figure como socio o como parte, según se trate de empresas mixtas o de contratos de asociación económica internacional ( a estas sociedades se le denominarán sociedades instrumentales).
Para la constitución de estas sociedades se debe seguir un proceso de solicitud, aprobación y constitución.
Anteriormente habíamos señalado que es el Ministro de Comercio Exterior la autoridad encargada de recibir la solicitud de creación de una sociedad mercantil cubana. Dicha solicitud ha de presentarse por la máxima autoridad del organismo o entidad solicitante. La solicitud debe acompañarse el proyecto de estatutos de la sociedad mercantil.
Una vez presentada la solicitud, la comisión[17] evaluará la misma sobre la base de la documentación presentada, en caso de que la información brindada en la solicitud no sea suficiente, podrá requerir la comisión información adicional. La cual será ofrecida por los organismos correspondientes, y deberá ser presentada en un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la solicitud al Misterio de Comercio Exterior.
El Ministro de Comercio Exterior en un término de 30 días, contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud inicial o de la adicional, remitirá el expediente, creado a la entidad solicitante, con las consideraciones y propuestas al Ministro de Economía y Planificación, quien lo someterá a la consideración del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el que adoptará la decisión definitiva.
La decisión adoptada por el CECM será notificada por el Ministro de Economía y Planificación al Jefe del Organismo de la entidad solicitante, así como al Ministerio de Comercio Exterior y demás interesados.
Una vez obtenida la autorización gubernativa, puede procederse a la constitución de la sociedad. Es decir a otorgarse la escritura y luego inscribirse en el Registro Mercantil, para lo cual tienen un plazo de tres meses. Transcurrido el tiempo para la constitución, pierde la aprobación su vigencia y los trámites previos realizados caducan. Por tanto si caduca la acción de constitución de la sociedad debido al transcurso del tiempo, se cierran las puertas a las posibilidades de existencia de sociedades irregulares.
El término Empresa también ha sido utilizado en el Derecho Mercantil, pero desde una óptica diferente. Desde este ángulo se analiza la empresa no como sujeto de derecho, sino como actividad económica realizada por un sujeto. En tal sentido, constituye la empresa un presupuesto necesario para calificar al sujeto que la realiza: el empresario.
El empresario es la persona física o jurídica que realiza dicha actividad, es el sujeto de derecho, tiene personalidad jurídica, es el titular de la empresa y del patrimonio con el que hará frente a las posibles deudas que puedan surgir. La empresa, por su parte, es el conjunto de actividades que este sujeto desarrollará, en el mercado, con el objetivo de obtener un beneficio, permitiendo, entre otros aspectos, calificarlo como empresario.
Desde el punto de vista de Derecho Económico la empresa es una unidad económica con personalidad jurídica y patrimonio propio, por tanto es un sujeto de derecho.
En primer lugar al hacer una distinción, entre la empresa estatal y las sociedades mercantiles, desde la perspectiva cubana, no caben dudas de que estamos ante figuras totalmente diferentes. Ahora bien, el entorno se vuelve un poco más complejo cuando se hace referencia al caso específico de las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano. Ya que en el caso de las empresa mixta, al encontrarse en ella la presencia del capital extranjero, estamos hablando de un entorno diferente, que no será objeto de análisis en el presente epígrafe.
Es necesario señalar que las sociedades mercantiles totalmente cubana, surgen en un período fue necesario demostrar ante el exterior que el patrimonio de estas sociedades estaba desprendido del patrimonio estatal. Este constituye uno de los principales puntos de debates entre muchos especialistas del derecho actualmente, siendo el eje de discusión si las sociedades mercantiles cubanas se consideran un sujeto estatal o no estatal, como es lógico cuando sean considerados sujetos estatales, aumentarán las similitudes entre estas y la empresa estatal. No obstante existen muchas diferencias que permiten demostrar que no nos encontramos ante el mismo fenómeno.
Como una primera diferencia se puede hacer alusión a la regulación jurídica de estos sujetos. En el caso de la Empresa Estatal existe una regulación diversa: el Decreto 42/79 “Reglamento de la Empresa estatal para las empresas de subordinación local” y las normas del 88 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para las empresas de subordinación nacional. También hay que hacer referencia al Decreto Ley 187/98 “Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial” que regula la actividad de las empresas estatales involucradas en este proceso, aunque desde el punto de vista práctico, este proceso no es privativo de la empresa estatal, ya que se encuentran sociedades mercantiles totalmente cubana que han comenzado un proceso de perfeccionamiento empresarial; por lo que nos asalta la siguiente interrogante ¿se considera para estos casos estas sociedades como sujetos estatales?
Por su parte la regulación jurídica de las sociedades mercantiles cubanas es totalmente diferente, obedecen a lo dispuesto en la Resolución 260/99 del Ministerio de Comercio Exterior, y en el Código de Comercio. Con relación a las Empresas Mixtas la regulación jurídica aparece en la Ley 77/95.
En cuanto concierne a la creación, modificación o extinción de las empresas estatales, ello compete por regla general al organismo al cual se subordinan, previa aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, excepto para las entidades de comercio exterior, cuya aprobación corre a cargo del CECM.
En todos los casos, sin embargo, la creación o reorganización de la empresa estatal tienen que ser obligatoriamente inscritas en el registro correspondiente, en el que se clasifican atendiendo a la rama de la economía en la que desarrollan su actividad, rigiéndose para ello por lo que constituya la actividad principal de la entidad dentro de su objeto empresarial[18].
Por su parte, en lo que a las sociedades mercantiles cubanas concierne, la labor rectora en el proceso de creación la realiza el Ministerio de Comercio Exterior, estando la decisión final en manos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM). Con relación a las Empresas Mixtas, el Organismo de la Administración Central del Estado encargado de llevar a cabo dicha labor es el Ministerio de la Inversión Extranjera, coincidiendo la aprobación final en manos del CECM.
Unas de las consecuencias que trae consigo el reconocimiento de la personalidad jurídica, es que necesita la persona jurídica de órganos que la representen. En la empresa estatal son dirigidas por un Director que las representa y que responde personalmente por esta, siendo a través de este que dichas entidades ejercen los derechos que se deriven de su actividad económica. Este director es en todos los casos designado y removido de su cargo por el Jefe del organismo al cual se subordina la entidad.
No obstante el carácter unipersonal de su dirección, el director cuenta con un consejo de dirección que él preside y que, en propiedad, más que un órgano consultivo o asesor – como lo era el denominado consejo de empresa previsto en el Reglamento General de la Empresa Estatal- constituye un órgano colegiado de dirección que toma decisiones que viene aquel llamado a ejecutar y que pueden estar referidas a la aprobación misma de los planes económicos de las empresas integrantes de la unión y al control sobre su ejecución, al movimiento de los recursos materiales, a la aprobación de la política de desarrollo del sistema de la unión, la introducción de logros científico-técnicos, la ejecución de las inversiones, la distribución de los recursos financieros y la solución de conflictos que surjan internamente entre las entidades que integran la unión.
Con relación al acto que les da origen, las empresas estatales surgen por una resolución del Ministro de Economía y Planificación. Las sociedades mercantiles nacen de un contrato, que se le denomina Contrato de Sociedad, o Convenio de Asociación (según la Ley 77/95) en el cual se recoge la voluntad de los socios de unirse y llevar a cabo una determinada actividad económica.
Por su parte los órganos de las sociedades mercantiles son: la Junta general de Accionistas y los administradores.
Podemos definir la junta como la reunión de socios, debidamente convocada, en la cual se deliberará y decidirá, por mayoría, sobre los asuntos sociales propios de su competencia.
Es la junta general un órgano necesario, pues en él se tiene que formar la voluntad social. Es un órgano deliberante, lo que significa que la voluntad de sus miembros se adopta mediante acuerdos. Es además la junta un órgano soberano[19], es decir jurídicamente superior, y esto se manifiesta en que le corresponden las competencias más importantes(es de su incumbencia decidir sobre la modificación, continuación, disolución de la sociedad; nombra, controla y destituye a los administradores) y que sus acuerdos vinculan a todos sus miembros, incluyendo a los administradores.
Es convocada por los administradores, y sus acuerdos se adoptan por mayoría, lo cual significa que no necesita de la unanimidad para la adopción del acuerdo. Para ser convocada la junta se debe dar a conocer a los socios el orden del día[20], publicarla en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, debe ser celebrada en la localidad donde la sociedad tenga enclavado su domicilio social[21]
Tiene la junta, entre otras, las facultades siguientes: censurar la gestión social, aprobar las cuentas anuales, el balance y resolver sobre la distribución de beneficios, modificar los estatutos, nombrar y revocar a los administradores, así como acordar lo referente al aumento o reducción del capital social, entre otras facultades. Recaen también sobre esta ciertas prohibiciones, por ejemplo, no puede la junta intervenir en las facultades de los administradores, no debe adoptar acuerdos que vayan en contra de lo dispuesto en los estatutos, no debe adoptar acuerdos que atenten contra los derechos de sus accionistas, etc.
Son los administradores el órgano encargado de la gestión de la empresa y de la representación de la sociedad frente a terceros. La administración social[22] comprende la realización de un conjunto de actos, de la más diversa naturaleza, los cuales hacen posible la consecución del objeto social.
Dicho órgano de administración, se encuentra sometido legalmente a la voluntad y control de la Junta General. Es un órgano necesario, precisamente por el hecho de tener conferida la gestión y representación de la sociedad, es un órgano autónomo, ya que al desarrollar las actividades propias de su competencia no puede intervenir en ellas la Junta General, es también un órgano permanente. Son nombrados por la Junta General.
Es válido señalar que no necesariamente debe adoptar el órgano de administración una estructura unipersonal, sino que pueden estar constituidos desde un administrador único hasta varios administradores que actúen solidaria, mancomunada y colegiadamente.
Con relación a estos órgano, somos del criterio que la regulación del mismo en nuestro Código de Comercio es muy parca, y por tanto en materia de órganos sociales, juega un rol importante los estatutos sociales. Ya que en los mismos, a falta de una regulación amplia, los socios estipularán cuanto estimen conveniente para lograr un mejor funcionamiento de los mismos.
Con relación a la Junta General en el Código de Comercio el único precepto que la regula es el artículo 168, en el cual se establece que los accionistas, previamente, reunidos en Junta General tendrán la facultad de acordar la reducción o aumento del capital social.
Después de la realización de el presente trabajo, y en correspondencia con los objetivos propuestos, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
Ø A pesar de las transformaciones ocurridas en la economía cubana a partir de la década de los años 90, la empresa estatal continúa siendo el eslabón fundamental, sin dejar de reconocer el auge que actualmente han adquirido las sociedades mercantiles.
Ø La regulación actual de las empresas estatales no es homogénea, por cuanto existe diferentes normas jurídicas.
Ø Atendiendo a las peculiaridades del ordenamiento jurídico cubano las sociedades mercantiles se manifiestan desde dos ángulos diferentes, uno vinculado a la inversión extranjera y el otro vinculado a las sociedades de capital totalmente cubano.
Ø Es la sociedad anónima la figura societaria utilizada en nuestro ordenamiento jurídico, tanto para las empresas mixtas como para las de capital nacional.
Ø Existen marcadas diferencias entre las empresas estatales y las sociedades mercantiles, las cuales se manifiestan en el proceso de constitución, la regulación jurídica, los órganos de dirección, el acto del cual emanan, la extinción, etc.
Vicent Chulía, Francisco: Introducción al Derecho Mercantil, 14 Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2001.
Broseta Pont, Manuel: Manual de Derecho Mercantil, página 220, Novena Edición, Editorial Tecnos, S.A, Madrid, España, 1991
Código de Comercio. Hecho extensivo a Cuba por Real Decreto de 28 de enero de 1886, vigente en Cuba desde el1 de mayo de 1886.
Ley 498 del 19 de Agosto de 1959.
Ley No.1323, de 30 de noviembre de 1976 De Organización de la Administración Central del Estado
Ley No. 59 de 16 de julio de 1987 Código Civil
Ley No. 77 de 5 de septiembre de 1995, Ley de la Inversión Extranjera, Publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, edición extraordinaria, no. 3, de 6 de septiembre de 1995.
Decreto Ley 187/98 “Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial
Decreto Ley No. 67 de 19 de abril de 1983
Decreto Ley No. 226/01 Del registro mercantil
Decreto No. 42, del CECM, de 24 de Mayo de 1979 “Reglamento de la Empresa estatal para las empresas de subordinación local.
Decreto No.775 de 1944 Registro Nacional de Comisionista del Comercio Exterior.
Decreto No. 145 del CECM, de 1988, Registro Nacional de Representaciones Extranjeras
Decreto No.206 del 10 de abril de1996 por el que se establece el Reglamento del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras.
Decreto No. 191 del CECM, de 19 de abril de 1994 Crea el Mercado Agropecuario
Decreto No. 1444 de 1932 Reglamentó el Registro mercantil.
Resolución 260/1999 del Ministerio de Comercio Exterior que regula Solicitud y aprobación para la constitución de sociedades mercantiles cubanas de carácter privado.
Resolución No. 211 de 1989 del MINCEX
Resolución No. 366 de 1995
Resoluciones No. 160 y 354 del 28 de septiembre de 1993
Resolución No. 140 de 30 de julio de 1993, del MINCIN
«Normas sobre la Unión y la Empresa Estatales», aprobadas por Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en abril de 1988.
[1] Decimos generalmente, pues hoy en día existen diversos ordenamientos jurídicos que regulan la existencia de la sociedad unipersonal, la cual como su nombre lo indica no nace de un contrato, sino que el acto que le da vida, viene a ser un acto jurídico unilateral.
[2] Por ejemplo, un socio no puede alegarse a cumplir con su principal obligación, la de aportar lo que se ha obligado a la sociedad, alegando el no cumplimiento de otro de los socios. Ante esta situación recibirá el socio la exigibilidad obligatoria por parte de la sociedad con vistas a lograr el cumplimiento de su obligación.
[3] Broseta Pont, Manuel: Manual de Derecho Mercantil, Editorial Tecnos, 9na Edición, página 125, Madrid, España, 1991.
[4] El Código de Comercio en su artículo 16 y siguientes establecía que la inscripción era potestativa para los empresarios sociales. La modificación que introduce esta normativa está dada en que le confiere carácter obligatorio a la inscripción de los sujetos anteriormente mencionado
[5] Garrigues, Joaquín: Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, página 321, Séptima edición, 1976, Madrid, España
[7] Artículo 122 Código de Comercio Cubano Anotado y Concordado, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba.
[8] Es válido resaltar que de las disposiciones normativas que regulan la actividad mercantil, la única que obliga de modo expreso a utilizar la sociedad anónima es la Ley de Inversión Extranjera.
[9] Esta regla recibe su excepción ante la existencia de las sociedades cerradas o familiares, las cuales se caracterizan por garantizar el control de los socios mediante la introducción en los estatutos de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones a terceros.
[10] Vicent Chulía, Francisco: Introducción al Derecho Mercantil, 14 Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2001.
[11] El medio para acreditar la existencia o no de la posible denominación a adoptar por una sociedad es solicitando al registro mercantil que nos de la certificación por la cual nos acredita la existencia o no de la denominación que pretendemos inscribir. Estos actos deben realizarse con anterioridad de proceder al otorgamiento de la escritura pública ante notario.
[12] Ley 77/95, Ley de Inversión Extranjera, artículo 13.3 y Resolución 260/99
[13] Broseta Pont, Manuel: Manual de Derecho Mercantil, página 220, Novena Edición, Editorial Tecnos, S.A, Madrid, España, 1991
[14] Artículo 13 apartado 3 de la ley de Inversión Extranjera.
[15] Las acciones al portador quedaron suprimidas por la Ley 498 del 19 de Agosto de 1959.
[16] Es válido resaltar, que la adopción en la práctica cubana actual de este tipo social obedece a una línea seguida hoy por nuestro sistema económico, porque la Resolución 260/99, a diferencia de la Ley 77/95 no impone una figura societaria determinada, por lo que fácilmente pudieran ser utilizadas cualquiera de las que regula nuestro Código de Comercio.
[17] La comisión es el órgano presidido por el Ministro de Comercio Exterior, expresamente instituido para la evaluación y tramitación de las solicitudes de constitución de sociedades de primer nivel, del Ministerio de Economía y Planificación, del Ministerio de Finanzas y Precios, del Banco Central de Cuba y del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica
[18] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del código civil, (...) “la constitución y extinción de las personas jurídicas (...) se anotan o inscriben en los registros públicos que determinan las leyes”. En este caso, las uniones y empresas estatales se inscriben en el Registro de Empresas Estatales y Unidades Presupuestadas.
[19] Lo cual no significa que sea omnímodo, es decir, se le atribuyen un conjunto de facultades y su desempeño debe ser en el ámbito de su competencia, no puede, adoptar acuerdos que sobrepasen el ámbito de las mismas.
[20] Es importante que los socios tengan conocimiento del Orden del Día a tratar en la Junta General pues de esta manera pueden ejercitar el Derecho de Información que la acción le confiere.
[21] En este particular es de destacar que en el caso de las empresas mixtas nuestras, como la mixtura está dado por la presencia de un capital nacional y un capital extranjero, la Junta no necesariamente debe realizarse en el lugar donde esté enclavado el domicilio social (Cuba), sino que también puede llevarse a cabo en el extranjero.
[22] En la actualidad ha adquirido un gran poder en las grandes sociedades anónimas debido, preferentemente, al hecho de que los administradores son quiénes ostentan la dirección en la explotación de la empresa lo que unido a la complejidad de la gestión empresarial y la abstención de los accionistas deviene, en la práctica, en un poder importante que recae sobre el órgano de administración.
[1] Con su antecedente en el Decreto No.775 de 1944 que creó el Registro Nacional de Comisionista del Comercio Exterior, el Decreto No. 145 del CECM, de 1988, estableció el “Registro Nacional de Representaciones Extranjeras”, cuyos principios generales fueron posteriormente establecidos mediante Resolución No. 211 de 1989 del MINCEX y cuyas principales limitaciones quedaron fijadas mediante Revolución No. 366 de 1995 del propio Organismo, siendo todas estas regulaciones reasumidas en el Decreto No.206 del 10 de abril de1996 por el que se establece el “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, actualmente en vigor.
[2] La creación de las UBPC fue acordada por el Buró Político del CC del PCC y regulada mediante D/L No. 142, de 20 de septiembre de 1993, estando dirigida en lo fundamental a la búsqueda de una mayor eficiencia en la agricultura cañera y no cañera bajo el control de la empresa estatal cuyas unidades productivas dan lugar a las mismas. Fueron objeto de regulación por Acuerdo del CECM de 21 de septiembre de 1993, y de reglamentación ulterior por los Ministerios del Azúcar y de la Agricultura, mediante Resoluciones No. 160 y 354, respectivamente, ambas de 28 de septiembre de 1993.
[3] El Mercado Agropecuario fue creado mediante Decreto No. 191 del CECM, de 19 de abril de 1994, autorizado a concurrir a este a productores estatales, cooperativos y privados para la venta de sus producciones que excedan a los compromisos de entrega contratados con las entidades de acopio correspondientes.
[4] Con sujeción a lo dispuesto en el Código Civil (art.108) Ley No. 59 de 16 de julio de 1987, la constitución y extinción de las personas jurídicas se inscriben en los registros públicos correspondientes.
[5] Con sujeción a lo dispuesto en el Código Civil (art.108) Ley No. 59 de 16 de julio de 1987, la constitución y extinción de las personas jurídicas se inscriben en los registros públicos correspondientes.
[6] Inicialmente el Registro de Empresas Estatales y Unidades Presupuestas (REEUP) fue asignado al Comité Estatal de Estadísticas por la Ley No.1323, de 30 de noviembre de 1976 “De Organización de la Administración Central del Estado” (art. 59 inciso e) y mantenido en este mediante el Decreto Ley No. 67 de 19 de abril de 1983 (art.57 inciso e) que reorganizó la misma; regulándose por dicho Organismo únicamente el procedimiento correspondiente a su actualización, sin que en propiedad se atribuyera a dicho registro un verdadero valor constitutivo, tal como le quedara posteriormente reconocido por el propio “Reglamento General de la Empresa Estatal” (art.19), Decreto 42, de 24 de mayo de 1979, y las “Normas de la Unión y la Empresa Estatales” (art.15).
[7] Instituido por el Código de Comercio de 1886 (Art.16 al 32), el Registro Mercantil fue objeto de reglamentación mediante Decreto No. 1444 de 1932. Junto a éste, se creó posteriormente el Registro de Compañías. Establecido mediante Decreto Ley No. 842 de 1936, integrado por un Registro Central y los correspondientes Registros Provinciales. Ambos Registros fueron asumidos por el Ministerio de Justicia transferidos por éste al Archivo Nacional, a cuyo cargo permanecen en la actualidad.
[8] El Registro de Inversiones Extranjeras que en virtud de lo dispuesto en la Ley Nro.77 de la Inversión Extranjera sustituye al “Registro de Asociaciones Económicas” constituido al amparo del anteriormente vigente D/L No. 50 de 1982, mediante Resolución No. 6 de 1982 de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, es actualmente objeto de reglamentación mediante Resolución No. 26 de 5 de diciembre de 1995 de la propia entidad.
[9] En el Registro Central Comercial, de conformidad con su reglamento aprobado mediante Resolución No. 140 de 30 de julio de 1993, del MINCIN, se inscriben no solo la persona jurídica como tal, sino cada uno de sus establecimientos y unidades que desarrollen actividad comercial o presten servicios, con independencia de que se trate de entidades estatales, mixtas o privadas.
Lic. Eugenio Izquierdo Rodríguez
Lic. Daniel Noa Sánchez
Lic. Anáili Suárez Castro
Lic. Yarely Centeno Miranda
Lic. Eolia Pérez Treto
Lic. Yoel Barroso Victorero
Lic. Rafael Ramírez Mirabal
Prof. Universidad de la Habana
Lic. Andry Matilla Correa
Lic. Natasha Mesa Tejeda
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References: artículo 119
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 artículo 119
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 artículo 19
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