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Timestamp: 2019-05-27 08:06:08+00:00

Document:
Cámara de Representantes - Anexo I al Repartido 170 de junio/2015
Carpeta Nº 226 de 2015 Anexo I al
Repartido Nº 170
Informe en mayoría Frente Amplio,
Con salvedades, Jorge Gandini y Conrado Rodríguez
Informe en minoría y proyecto de resolución Partido Independiente
INFORME MAYORÍA
La Comisión de Hacienda de esta Cámara consideró el proyecto que viene del Senado aprobado por amplia mayoría. En Comisión se recibió el asesoramiento del Poder Ejecutivo con la presencia del Subsecretario y el Director de la Asesoría Tributaria del MEF y el Subdirector de la OPYPA del MGAP y otros asesores. También asistieron el Consejo Central de la Educación Pública y la Gerencia de Recursos Propios del Organismo. Por su parte fueron recibidos los integrantes de la Federación y Asociación Rural y también fue convocada, asistió pero no pudo ser recibida a tiempo por lo que dejó posición escrita la Comisión de Fomento Rural. En la última sesión también se escuchó a un grupo de funcionarios de ANEP que trabajan con el Impuesto de Primaria, preocupados por sus retribuciones especiales vinculadas a la recaudación del Impuesto a partir de 2018.
Luego de las visitas y del intercambio entre los miembros de la Comisión se pasó a votar en general el proyecto el que fue aprobado en mayoría 8 en 11.
Este informe corresponde a esa posición mayoritaria en la Comisión sin perjuicio de las discordias que según reglamento se expresan por separado.
El Poder Ejecutivo, como lo había anunciado en su campaña electoral, propone al Parlamento restablecer el Impuesto de Primaria a los inmuebles rurales con la formulación prevista en la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los que posteriormente fueran excluidos en la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.
Este proyecto de ley es congruente con todos los objetivos básicos del Nuevo Sistema Tributario (NST) ya que atiende equilibradamente los principios de Equidad, Eficiencia y Estímulos a la inversión y empleo.
Su fundamento es no innovar sino restituir el gravamen del Impuesto de Primaria a los inmuebles rurales de similar forma a la que hoy gravan a los inmuebles urbanos y suburbanos. En su momento una crisis coyuntural del sector llevó a la mayoría del sistema político a aprobar esta exclusión. Veinte años después y luego de más de una década de resultados positivos del sector que pueden sintetizarse en el aumento permanente de los precios de arrendamientos de tierras no justifican hoy esa exclusión sine die. También prevé que los propietarios que no superen la explotación de 300 hectáreas estén exonerados teniendo en cuenta entonces la dimensión territorial y el ánimo de explotación directa de sus inmuebles rurales. En realidad, quienes van a pagar esto es una minoría de los productores, que son los que tienen o explotan más tierras, pueden pagarlo y es de justicia que así lo hagan.
Se prevé que su recaudación anual ronde los $ 400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) y que la carga anual promedio por hectárea sea de $ 40 (cuarenta pesos), lo que equivale a U$S 1,5 (un dólar y medio). Esta cifra no parece tan relevante, si se tiene en cuenta que este sector ha tenido un crecimiento importante en la última década fundamentalmente, gracias al desarrollo del país, lo que posibilitó la inserción del mismo en el ámbito internacional con la colocación de productos en el exterior y el muy significativo aumento del valor de las tierras. Mientras que en 2009, según la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, el precio promedio de arrendamiento de una hectárea por un año era de U$S 101- en 2014 pasó a U$S 174-, lo que significa un aumento de un 72%. Durante 2014 se realizaron 2.635 contratos, que implicaron una superficie total arrendada de 888.000 hectáreas.
Por supuesto que debemos repasar las características de este tributo. Es un adicional nacional al impuesto a la contribución inmobiliaria rural (que perciben los Gobiernos Departamentales) según lo establecido en el artículo 297 literal 1º de la Constitución, laudado varias veces con sentencias de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.
Según lo previsto en el artículo 637 de la Ley Nº 15.809 con la redacción dada por el artículo 430 de la Ley Nº 17.930 serán contribuyentes de este impuesto los propietarios, los poseedores, los promitentes compradores con o sin promesa inscripta y los usufructuarios de los inmuebles rurales.
En este proyecto de ley se establece sin innovar y al igual que lo previsto en la Ley Nº 17.296 para exonerar de contribución inmobiliaria rural a "los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan las 200 hectáreas (en este caso para cumplir anuncio preelectoral serán más de 300 hectáreas) índice CONEAT 100…" estarán exonerados del pago del impuesto anual de enseñanza primaria. Más allá de la redacción, el artículo 2º del proyecto tiene la virtud de reproducir el texto de una norma que ya tiene 14 años de pacífica aplicación sin controversias. Por supuesto que también se mantienen las exoneraciones previstas en la Constitución, las especialmente previstas para este impuesto en el artículo 640 de la Ley Nº 15.809 y otras exoneraciones preexistentes, promocionales y específicas de orden legal (cooperativas, colonos por 10 años, áreas forestadas por 12 años de implantación de bosques, etc.).
El hecho generador del impuesto anual sobre inmuebles rurales para el ejercicio 2015 se configurará a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Si bien las proyecciones de recaudación de este impuesto, una vez que se consolide el mismo, superan las transferencias que hoy recibe de Rentas Generales el Consejo de Primaria, por la derogación que previó la ley en 1996 para asegurar los importantes destinos del mismo, el proyecto establece que Rentas Generales seguirá compensando eventuales diferencias en menos de ese monto.
El proyecto también incluye dos disposiciones tendientes a mejorar la eficiencia recaudatoria del impuesto. En el artículo 5º se faculta a la DGI a suspender la vigencia de los certificados anuales que expide a los contribuyentes de la misma. El actual desarrollo del NST y las capacidades de gestión de la DGI permiten un más eficiente control del cruzamiento de datos para permitir extender la cultura de pago de todos los contribuyentes y así mejorar la recaudación de este impuesto con destino a la Enseñanza Primaria y en particular a sus principales destinos: alimentación escolar (65%), vigilancia de escuelas (9%), transferencias a Comisiones de Fomento escolar (8%), transporte escolar (6%), etc.
En el artículo 6º se incluye, con la aprobación de la ANEP, la disposición por la cual a partir de enero de 2018 este impuesto con sus componentes urbano, suburbano y, a partir de la vigencia de esta ley, también rural; pasará a cargo del organismo público de recaudación más idóneo, que es la DGI, la recaudación, administración y fiscalización del impuesto, sin perjuicio que por mandato legal (artículo 7º del proyecto de ley) todo su producido será depositado mensualmente en la cuenta especial de la ANEP en el BROU denominada "Tesoro de Enseñanza Primaria". Debemos tener en cuenta que nada justifica la descentralización de la recaudación impositiva en dos entes recaudadores y más teniendo en cuenta las distintas capacidades de contralor y recaudación de tributos de ambos entes y en particular que pese a la mejora en la recaudación global del impuesto, en contribuyentes del interior del país los índices de incumplimiento con el impuesto de Primaria, recaudado por este organismo, superan hoy el 50%.
Por todo lo expuesto la mayoría de la Comisión aconseja a la Cámara la aprobación de este proyecto de ley.
JORGE GANDINI, por cuestiones reglamentarias he tenido que firmar el informe en mayoría aunque mis salvedades son muchas y diversas.
Sólo he votado el artículo 1º que crea el Impuesto, el que además está cuestionado en su redacción. Mi coincidencia radica en el entendido que el Impuesto de Primaria debe ser pagado por todos para que todos ayuden a la escuela pública y con la única excepción de aquellos que no deban, porque no pueden pagarlo.
Mis salvedades radican en que el texto aprobado por la Comisión no respeta los objetivos marcados: "Que pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos". Pagarán muy pequeños propietarios, promitentes compradores, usufructuarios, poseedores y colonos, mientras quedarán exonerados los grandes propietarios forestales. Además el Impuesto no incrementará los recursos de Primaria, dado que sólo se cambiará la fuente de recaudación, ni esa recaudación se destinará a la escuela rural.
En sala desarrollaré éstas y otras salvedades que tengo con el proyecto y presentaré aditivos y sustitutivos para intentar corregir sus desvíos con los objetivos propuestos.
CONRADO RODRÍGUEZ, firmamos con salvedades el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo del 16 de marzo de 2015, aprobado en Comisión de Hacienda y elevado a su consideración al plenario de la Cámara de Representantes, por concordar a grandes rasgos con su espíritu, aunque con discordia parcial en algunos artículos que hacen a su implementación.
El presente proyecto de ley restablece la aplicación del impuesto anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales, que en su momento se creara por los artículos 636 y siguientes de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y del que posteriormente en 1996 se estableciera su exclusión expresa en su imposición.
En 1996 el legislador entendió que una buena manera de fomentar la productividad en el sector rural, era alivianando la carga impositiva que pesaba sobre el factor tierra. Ese instrumento -sumado a otros- obró como gran impulso al desarrollo de la actividad agropecuaria en aquellos momentos, lo que le permitió al país mejorar su competitividad a nivel de los mercados internacionales, permitiendo su crecimiento y así también, el crecimiento del país.
La exclusión del pago del impuesto anual de enseñanza primaria a los inmuebles rurales se mantuvo por años, mientras que el mismo continuaba su aplicación sobre los inmuebles urbanos y suburbanos.
En la exposición de motivos del presente proyecto de ley se hace mención al principio de "igualdad ante las cargas públicas", para el restablecimiento al ámbito rural. A nuestro juicio esa igualdad debe ser mirada desde el punto de vista de la capacidad contributiva del propietario, y de la especificidad del factor tierra como factor productivo, para configurar la base de su hecho generador.
Esto implica que se tenga en cuenta la especial actividad que se desarrolla, de modo que este impuesto "no incida en la ecuación económica de los emprendimientos de menor escala" (sic exposición de motivos).
En ese marco, de restablecerse el impuesto en cuanto a los bienes rurales, es necesario tener en cuenta el fin económico y social que cumple la tierra, a los efectos de no originar distorsiones ulteriores, que puedan provocar problemas para la propia economía nacional, precisamente en un período en el que ya se comenzó a apreciar un decrecimiento de la actividad y muy especialmente de la rentabilidad en algunos de sus sectores.
Consideramos, guiados por ese enfoque, que quien posee un establecimiento rural de menos de 300 hectáreas, no posee –generalmente- una riqueza acumulada que le permita afrontar el pago de este impuesto, sin que distorsione su actividad, como así lo establece claramente este proyecto. En ese mismo sentido pensamos que quienes apenas superen las 300 hectáreas se encuentran en la misma situación que los primeros, en donde la casuística podría llegar a ser muy grande entre muchos productores del país. En ese marco es que propondremos un aditivo por el cual la exoneración dispuesta por el inciso primero del artículo 2º del presente proyecto, sea siempre y en todos los casos por las primeras 300 hectáreas índice CONEAT 100 que obrarían como un mínimo no imponible, y que el impuesto propuesto se pague a partir de lo que exceda de ellas según las tablas y con las alícuotas establecidas para el impuesto original.
De esa manera nos aseguraríamos que existiera verdadera justicia tributaria para todos los casos, en la medida que se tiene en cuenta la especificidad de la actividad que se desarrolla, y no se recarga su pago a pequeños productores que apenas superen los límites establecidos en este proyecto de ley.
Asimismo, concordamos con el restablecimiento del impuesto para los inmuebles rurales habida cuenta que en el artículo 4º del presente proyecto de ley, se dispone que se dejará sin efecto la transferencia dispuesta por el artículo 636 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 687 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero 1996, que antes hacía el sector rural de manera indirecta a través de la recaudación del IMEBA e IRA; todo lo cual implicaría que el sector rural dejaría de aportar a la enseñanza pública, y a que la ANEP -a través de su Consejo de Educación Primaria-, tuviera menos recursos por la derogación de esta transferencia.
Nos parece que lo mejor hubiera sido no dejar sin efecto esa transferencia, para justamente asegurarnos lograr más recursos para la educación primaria. Con el proyecto aprobado en Comisión de Hacienda y que se pone a consideración de esta Cámara, esto es -por lo menos parcialmente- una eventualidad, en la medida que si la recaudación por el restablecimiento del impuesto anual de enseñanza primara a los inmuebles rurales fuera menor que la transferencia que se realizaba por IMEBA e IRA, Rentas Generales compensará la diferencia, para que los ingresos de Primaria por este impuesto sean exactamente los mismos a los que antes se recaudaba, y no más.
Por ese motivo no acompañamos la redacción del artículo 4º del presente proyecto, porque no se logra necesariamente que Primaria se vea beneficiada con más recursos; y por el contrario implicaría que el Gobierno obtuviera más recursos para Rentas Generales, desnaturalizando así el espíritu que guía este proyecto, en la medida que se dejaría de hacer la transferencia desde el IMEBA y el IRA.
Asimismo creemos, que una buena medida –atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad social- sería destinar la totalidad de lo recaudado por este impuesto sobre los inmuebles rurales, a inversiones, gastos en materiales educativos y locomoción escolar en las escuelas rurales del país, cuya distribución se realizaría por departamento en atención al número de alumnos concurrentes a dichas escuelas, administrado por la Gerencia de Recursos Propios de la ANEP. En ese sentido proponemos un artículo aditivo que se pondrá a consideración del Cuerpo.
Por último, no concordamos con lo dispuesto por el artículo 6º del presente proyecto, en cuanto a que la recaudación, administración y fiscalización de este impuesto pasará a la Dirección General Impositiva a partir del 1º de enero de 2018. Desde 1986 a la fecha la Gerencia de Recursos Propios de la ANEP y sus funcionarios han venido especializándose en las tareas de recaudación del impuesto, generando un cúmulo de conocimientos, y consiguiendo en los últimos años una mejora ostensible en la percepción del impuesto de "resultado exitoso", como así lo reconoce de forma expresa el CODICEN por Resolución Nº 27 de 9 de diciembre de 2014. Por ese motivo, y por el hecho de que no parece conveniente dotarle de más facultades a la DGI de las que ya tiene, entendemos que su pasaje a la misma, no parecería ser necesario.
Por todo lo expuesto proponemos al Cuerpo su votación, con las salvedades expuestas, las cuales se enmendarán con los aditivos y sustitutivos pertinentes, que se pondrán a su consideración.
INFORME MINORÍA
El presente proyecto de ley procura extender a los inmuebles rurales el impuesto anual de enseñanza primaria.
Si bien queremos dejar en claro que compartimos el fin que persigue este tributo -dado que ningún ciudadano puede estar en contra de generar recursos para la escuela pública-, no compartimos este instrumento.
En primer lugar, creemos que este tipo de impuestos, en donde por ley se define cuál es su destino, deberían eliminarse. Fines específicos, que merezcan recursos, en nuestra sociedad hay muchos, lo cual no significa que exista un impuesto específico para cada uno de ellos.
La forma correcta de asignar recursos a cada uno de esos fines, debe ser a través de las leyes de presupuesto. Ese sería un camino correcto de proceder en materia tributaria.
En el año 2007, cuando el Poder Ejecutivo llevó adelante la reforma tributaria, se tendió a una simplificación de impuestos, y desde ese momento, venimos sosteniendo que debió eliminarse el impuesto de enseñanza primaria. En esa oportunidad incluso, aportamos al Ministerio de Economía y Finanzas mecanismos por los cuales se obtenían recursos aún mayores a los recaudados para la enseñanza primaria.
En esa oportunidad, recuerdo que propusimos que los cigarrillos pasaran a estar gravados con el IVA, dado que solo tributaban IMESI, generando de esta manera más recursos, permitiendo eliminar el impuesto de primaria y siendo consecuentes con la política de desestímulo al consumo de tabaco instaurado por el Presidente Dr. Tabaré Vázquez. Sin embargo, en su afán recaudador, el gobierno no solo no eliminó el impuesto de enseñanza primaria, sino que lo mantuvo y además incluyó el IVA a los cigarrillos.
La ley de presupuesto del año 1996 eliminó el impuesto de primaria para los inmuebles rurales, al mismo tiempo de derogar el IMAGRO y crear el IRA y el IMEBA. Ante esa situación, los productores pasarían a aportar a Rentas Generales y el gobierno central sería el encargado de hacer las transferencias al Consejo de Educación Primaria del monto equivalente a ese importe desde el año 1995.
No compartimos además este proyecto de ley, porque grava al principal factor productivo nacional y porque no cumple con una de las condiciones enunciadas en la pasada campaña electoral por el hoy Presidente de la República, como era que quien tiene más pagase más. En este sentido, debe saberse que los emprendimientos forestales –hoy en su mayoría en manos de grandes multinacionales- por una decidida decisión del gobierno, van a estar exentos de este gravamen. Consideramos este último hecho como una gran injusticia tributaria, haciendo que los que tienen más, no paguen este tributo.
A través de este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo aduce que pretende promocionar al sector forestal, no advirtiendo que genera una desigualdad, al no promocionar a otros sectores como el lechero, el ganadero, el agricultor, etc.
Por otro lado, en este proyecto de ley se vincula el impuesto a los propietarios que exploten los inmuebles rurales, y no se exonera de la tributación –por ejemplo- a promitentes compradores, poseedores, usufructuarios, a quienes no explotan pero arriendan y a los tenedores de tierras del Instituto Nacional de Colonización.
Esto hace que muchos de los que tienen menos, van a pagar, y algunos de los que tienen mucho, no van a pagar.
Por último, queda de manifiesto en este proyecto de ley, el afán recaudador del gobierno, por encima del bien perseguido como es el dotar a la escuela pública de más recursos, dado que esta siempre va a recibir lo mismo.
Si se llegara a recaudar mayor cantidad de recursos, estos irán con destino a Rentas Generales, y será esta quien ahorra, al disminuir las transferencias que hoy realiza al Consejo de Educación Primaria. Rentas Generales debería seguir transfiriendo los recursos como hasta hoy, a la vez de recaudar este impuesto.
Todas estas razones hacen imposible acompañar con la votación este proyecto de ley.
Sin perjuicio de ello, el Partido Nacional, en una actitud constructiva tendiente a mejorar este instrumento legal, ha hecho llegar en su momento, una serie de propuestas aditivas que corrijan los errores señalados en este informe, así como también una iniciativa por la que pretendemos que la totalidad de lo recaudado por este tributo sea destinado a inversiones, gastos de funcionamiento, locomoción escolar y retribuciones a personal de servicio en las escuelas rurales de todo el país.
ANTONIO ZOULAMIAN
Artículo único.- Deséchase el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se establecen modificaciones al impuesto anual de Enseñanza Primaria.
Hemos analizado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el cual se reimplanta el impuesto a los propietarios de inmuebles rurales, a efectos de sustituir lo que actualmente se aporta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con destino a la educación pública primaria. La reimplantación del impuesto deja sin efecto los aportes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (IRAE) equivalentes a lo recaudado a pesos constantes en 1994 por este impuesto a las propiedades inmuebles rurales (esta contribución de Rentas Generales se dispuso cuando se derogó el citado impuesto). En suma, se trata de una nueva imposición a la tierra, que es un factor sustancial de la producción agropecuaria.
En este sentido, vale como referencia la investigación realizada por el Ingeniero Agrónomo Carlos Paolino y la Economista Silvia Laens, quienes analizaron series de precios y renta de la tierra, desde 1925 a 1993, donde concluyen que en el largo plazo existe una notable estabilidad en la tasa de rentabilidad del factor tierra.
En el referido estudio, Paolino y Laens, construyeron series de precios y de renta de la tierra que abarcaron en su conjunto desde 1925 hasta 1993, a efectos de analizar la rentabilidad de la tierra en el largo plazo. Los autores concluyen que en el largo plazo existe una notable estabilidad en la tasa de rentabilidad de la tierra. En palabras de Paolino y Laens: "Esto constituye una evidencia robusta en el sentido de que en el precio de la tierra tiene un efecto muy importante los rendimientos que se obtienen de la misma. Por lo tanto, los cambios en los rendimientos, sea por mayor tecnificación, por una modificación en la tributación sobre la tierra, o por la acción de factores ajenos a la decisión de los productores y de las políticas -como los cambios tendenciales en los niveles de precios internacionales de los productos agropecuarios-, no tendrán efectos muy marcados sobre la rentabilidad del activo tierra en el largo plazo debido a la modificación paralela de su precio".
De hecho esta evidencia, a pesar de su aparente sencillez, es muy importante para evaluar correctamente el impacto de la tributación agropecuaria en la inducción de decisiones de inversión. Así, una mayor carga tributaria sobre la tierra, el único efecto concreto que desencadena es una desvalorización del activo y una pérdida de riqueza acumulada para los agentes que poseen tierra. A su vez, señaliza a la tierra como un factor abundante y barato que debe ser utilizado intensivamente generándose, por lo tanto, un efecto contrario al que prevé la filosofía finalista que inspiró en el origen a la tributación sobre la tierra.
Cuando se compara el rendimiento de la tierra con el rendimiento de una canasta de otros activos también se llega a conclusiones que contribuyen a interpretar el impacto de la tributación agropecuaria. En el trabajo se analizaron datos para el período 1961-1990 referidos a un portafolio de cinco activos diferentes: activos en moneda nacional, activos en unidades reajustables, activos en moneda extranjera, propiedad de vivienda y tierra.
Además de la pérdida de importancia relativa de la tierra en la canasta de activos, se comprueba la baja rentabilidad y la notable estabilidad en el rendimiento de dicho activo en el largo plazo en comparación con formas alternativas de retención de la riqueza. A su vez, cuando se considera un período largo de tiempo, obviando por lo tanto la variabilidad de corto plazo, se concluyó que la inversión en tierra tiene un rendimiento que ponderado por la menor variabilidad, es similar al que se obtiene en otras alternativas de la inversión que están disponibles en la economía uruguaya.
Este resultado constituye una evidencia adicional a las consideraciones que fueron realizadas anteriormente. En efecto, el hecho de que la tierra tenga un rendimiento arbitrado con otras alternativas de inversión demuestra que los movimientos en el mercado de tierras se realizan, en el largo plazo, comparando la rentabilidad que se obtiene al mantener la riqueza en forma de tierra con otras alternativas de inversión. De hecho, se demuestra la sensibilidad de los agentes que intervienen en el mercado de tierras ante las alternativas de colocación de su capital.
En este escenario, en el cual los productores son sensibles a la rentabilidad del activo tierra, el argumento estructuralista que fundamenta al finalismo en la tributación sobre la tierra no se cumple".
Bastaría citar estas contundentes afirmaciones empíricas, fruto de la investigación realizada, para reprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo, aún cuando el impacto material sea duplicar el tributo de Contribución Inmobiliaria Rural.
La tierra es para el productor agropecuario, un factor de producción. Uno más en su estructura productiva, al igual que el trabajo y la maquinaria. A vía de ejemplo, a nadie se le ocurre gravar los medios de producción que son imprescindibles en la generación del producto industrial. Por cierto, este análisis es independiente de la necesidad de destinar mayores recursos a la educación, que en este proyecto de ley no aumentan, por cuanto no se van a destinar nuevos recursos sino que simplemente se van a sustituir los que se destinan actualmente. De hecho, el objetivo es de carácter fiscal, esto es, procura mejorar la recaudación del Gobierno Central, en atención al importante déficit fiscal, del orden del 3,7% del producto interno bruto, a abril de 2015, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
En mérito a lo expuesto, que es por cierto consistente con lo expresado por nuestro Partido en la campaña electoral de cara a la elección de las autoridades nacionales, aconsejamos rechazar este proyecto de ley.

References: resolución 
 artículo 297
 artículo 637
 artículo 430
 artículo 2
 artículo 640
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 636
 artículo 687
 artículo 4
 artículo 6
 Resolución