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Timestamp: 2019-04-23 03:57:29+00:00

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STC 236/1991, 12 de Diciembre de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 15356576
STC 236/1991, 12 de Diciembre de 1991
Número de Recurso: Conflictos Positivos de competencia nº 44/1986, 48/1986, 49/1986, 50/1986, 64/1986 y 1602/1988 (acumulados)
1. Los conflictos de competencia acumulados en este proceso se tramitan por la vía del art. 67 de la LOTC, por entender que la competencia controvertida y ejercitada en los Decretos discutidos ha sido atribuida al Estado por una Ley y, en definitiva, por considerar que la cuestión de a quien correspondía la competencia era inseparable de la adecuación de las disposiciones impugnadas a la Ley. 2. La no previsión de la participación autonómica por el reglamento estatal redunda en una injustificable exclusión de las potestades de ejecución de las Comunidades Autónomas recurrentes. Se configura así una evidente invasión competencial. 3. Los efectos de las normas dictadas por los órganos de la Administración autonómica, se alcanzarán desde la publicación en el correspondiente Diario Oficial de la propia Comunidad Autónoma, según la jurisprudencia constitucional en materia de publicidad formal en los diarios oficiales autonómicos y, sin perjuicio, de su deseable segunda publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para una mayor publicidad material de la medida. 4. La función registral conforma un servicio que tiene por objeto dar publicidad a los hechos y actos que afectan a la materia objeto del mismo y, a la par, proporcionar un título de legitimación a los inscritos mediante la documentación acreditativa de la inscripción. 5. Existe el deber de colaboración e información recíproca entre las Administraciones implicadas (STC 18/1982, etc.) a través de los mecanismos correspondientes que garanticen la centralización de todos los datos en el Registro único y cuya articulación corresponde establecer al Estado, como depositario que es de la competencia normativa, en ejercicio de la cual podrá ordenar las directrices técnicas y de coordinación que considere más adecuadas a los fines unitarios referidos, siempre, claro está, que no limiten o dificulten las competencias autonómicas de ejecución. 6. La regla de deslinde competencial en materia de pesas y medidas, constitucionalizada en el art. 149.1.12 de la Norma fundamental, no puede venir alterada mediante la invocación por el Estado de otros supuestos títulos competenciales. 7. Debe señalarse que la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que, de no procederse a su revisión por los cauces correspondientes (art. 95.1 de la Constitución), no resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias; la cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos comunitarios no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 8. La consolidada doctrina constitucional, según la cual el ingreso de España en la CEE y la consiguiente trasposición de las normas de Derecho comunitario derivado no altera las regias constitucionales de distribución de competencias quedaría sin contenido si se aceptase la aplicación extensiva del título de comercio exterior, pues tal aplicación acabaría por excluir siempre a las CC.AA. en cualquier materia relacionada con el Derecho comunitario, ya que sería muy difícil encontrar normas comunitarias que no tuvieran incidencia en el comercio exterior, si éste se identifica, sin más matización, con comercio intracomunitario. 9. La competencia autonómica ejercida según la Constitución y los Estatutos de Autonomía no desaparece por el hecho de que la decisión autonómica, por su propia naturaleza, produzca alguna clase de efecto más allá del territorio de la Comunidad Autónoma que la haya adoptado. 10. La ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia, según las regias de Derecho interno, puesto que no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario; de este modo, la ejecución del Derecho comunitario se efectuará por las mismas Administraciones que tienen la competencia para realizar análogas o similares actuaciones en el ordenamiento interno. 11. El problema de cuál sea la lengua en la que deban efectuarse las solicitudes de reconocimiento y contraste metrológico CEE, la documentación que generen y las inscripciones que proceda efectuar, cae dentro de la esfera del Derecho comunitario y no en la del reparto interno de competencias, objeto de conflicto constitucional.
Sentencia citada en: 108 sentencias, 45 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas
En los conflictos positivos de competencia acumulados núms. 44/86, 48/86, 49/86, 50/86, 64/86 y 1602/88, promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña (núm. 44/86), representado por don Ramón Gorbs i Turbany, por el Gobierno Vasco, representado por don Javier Otaola Bajeneta (núms. 48, 49 y 50/86), la Junta de Andalucía, representada por don Miguel B. D. (núm. 64/1986), y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por don Josep María Bosch i Besa (núm. 1602/88; en relación con diversos preceptos de: el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, «por el que se establece el control metrológico que realiza la Administración del Estado»; el Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, «por el que se establece el procedimiento para la habilitación de Laboratorios de Verificación Metrológica oficialmente autorizados»; el Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, «por el que se establece el Registro de Control Metrológico», y el Real Decreto 579/1988, de 10 de junio, que «regula el Control Metrológico CEE». Ha comparecido el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, y ha sido Magistrado Ponente don Eugenio D. E. quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El 13 de enero de 1986 tuvo entrada en el registro del Tribunal Constitucional un escrito, presentado en el Juzgado de Guardia el día 11 anterior, de don Ramón G. i Turbany, registrado con el núm. 44/86, por el que se plantea, en nombre y representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, un conflicto positivo de competencia contra los siguientes preceptos de los Reales Decretos que a continuación se enuncian y con números: a) 1616/1985, de 11 de septiembre, «por el que se establece el control metrológico que realiza la Administración del Estado», arts. 6, párrafo 2.º, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 y 24, párrafo 2; 25, 29; Disposición transitoria tercera, párrafo 2.º b) 1617/1985, de 11 de septiembre, «por el que se establece el procedimiento para la habilitación de Laboratorios de Verificación Metrológica oficialmente autorizados», arts. 1, párrafo último, 3, 4, 5, párrafo 2.º y último, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 19 y 21; y c) 1618/1985, de 11 de septiembre, «por el que se establece el Registro de Control Metrológico». Se solicita de este Tribunal que declare que la competencia controvertida y ejercida en las disposiciones reglamentarias mencionadas corresponde a la Generalidad de Cataluña y que, en consecuencia, se «deroguen» los preceptos impugnados.
Con arreglo a la normativa anterior a la vigente Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología -que fue objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 536/85- es decir, a la Ley 88/1967, de 8 de noviembre, de pesas y medidas, y al Decreto de 1 de febrero de 1952, que la desarrollaba y tenía su origen en la vieja Ley de 1892, la llamada actividad de control metrológico poseía las siguientes fases: aprobación del modelo, autorización de modificaciones, comprobación inicial, comprobación periódica, inspección y vigilancia, y sanciones. Las funciones correspondientes a tales fases se ejercían por los siguientes órganos de la Administración del Estado: Presidencia del Gobierno, las dos primeras; Delegaciones de Industria, de la tercera a la quinta; y Gobernadores civiles, las dos últimas; sin perjuicio de que las facultades de vigilancia correspondieran también a los Alcaldes y la imposición de las sanciones de multa hasta cierta cuantía a los Ingenieros Jefes de las Delegaciones de Industria por delegación del Gobernador civil. Este esquema de funciones y fases de control, así como de órganos, sirvió de base al traspaso de competencias efectuado a la Generalidad en la etapa preautonómica, en virtud del Decreto 1348/1978, de 23 de junio, de suerte que se transfirió a la Administración autonómica las funciones que antes efectuaban las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria, ya reseñadas, según se enuncian con detalle en el art. 4 y en el anexo del citado Decreto.
9. Por providencia de 22 de enero de 1986, la Sección Segunda del Pleno acordó: a) admitir el presente conflicto a trámite que, como se pide en la demanda y establece el art. 67 de la LOTC, que se tramitará por las normas del recurso de inconstitucionalidad; b) dar traslado de la demanda y de los demás documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Congreso de los Diputados y al Senado, a través de sus Presidentes, al objeto de que puedan formular alegaciones en el plazo de quince días (art. 34 de la LOTC): c) dirigir oficio al Presidente del Tribunal Supremo, para conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por si estuviera en ella impugnado el referido Real Decreto, en cuyo caso debería suspenderse el proceso ordinario hasta la decisión del conflicto constitucional (art. 61.2 de la LOTC); d) publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial del País Vasco», para general conocimiento.
A) En materia de metrología era obligado adaptar la normativa interna española a las Directivas 71/316/CEE, sobre instrumentos de medidas y métodos de control, y 80/181/CEE, sobre unidades de medida. En uso de la potestad delegada por la Ley de Bases 47/1985, de 27 de diciembre, de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de la CEE, se promulgó el Real Decreto Legislativo 1926/1986, de 28 de junio. por el que se modifica la Ley 3/1985, de Metrología, y se establece el control metrológico CEE. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4 del citado Decreto legislativo y a la normativa comunitaria, se dictó el Real Decreto 597/1988 antes mencionado y objeto del presente conflicto. Se denuncia que las disposiciones recurridas en este conflicto incurren en el mismo exceso competencial advertido por la Generalidad de Cataluña al tiempo de impugnar la Ley 3/1985, de Metrologa, y en los conflictos anteriores, pues en esos preceptos se reserva al Estado competencias que, por su naturaleza ejecutiva, deben corresponder a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias, como ocurre en el art. 11.5 del Estatuto catalán. En efecto, se trata de actos reglados dirigidos a comprobar que las solicitudes presentadas tienen ciertas condiciones, como se deduce con claridad de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Decreto controvertido. Tan patente es esto que así lo reconoció, incluso, el propio Consejo de Ministros al rechazar el requerimiento de incompetencia, por eso la argumentación subsiguiente se limitará a rechazar la incidencia en esta materia de otros títulos competencias más genéricos:relaciones internacionales (art. 149.1.3 de la Constitución), comercio exterior (art. 149.1.10), condiciones básicas para un ejercicio igualitario de la libertad de empresa (art. 149.1.1 en relación con el art. 38) y, sobre todo, la supuesta reserva competencial a favor del Estado en la ejecución del Derecho comunitario.
Por tanto, hay facultades de ejecución que deben quedar en el ámbito de la competencia estatal, como una consecuencia lógica de los límites que al art. 11. del Estatuto catalán impone al resto del ordenamiento constitucional. Así, la aprobación de un modelo y la verificación primitiva de los instrumentos abren las puertas de un aparato a su comercialización en el mercado. En atención a esta circunstancia entran en juego otros títulos competenciales estatales:la facultad del Estado par la homologación de productos por su carácter básico tanto para la ordenación genera de la economía (art. 149.1.13 de la Constitución) como en la garantía de la igualdad en el ejercicio de sus derechos por todos los españoles (art. 149.1.1 ) y, en concreto los derechos que a los consumidores reconoce el art. 51.1 de la Constitución. La presencia de estos títulos justifica la centralización de algunas competencias de ejecución en órganos centrales del Estado.
Ciertamente, no puede excluirse a las Comunidades Autónomas que ostenten competencias en la materia de esta función ejecutiva -como se dijo en la STC 100/ 1991- pero aquéllas, a su vez, tampoco pueden imponer a un fabricante o usuario que obtenga la aprobación en un determinado laboratorio. Dentro del territorio español, cualquier aprobación de un laboratorio con aptitud legal debe tener el mismo valor.
E igualmente sucede con la Disposición adicional primera , en cuanto viene a reproducir lo dispuesto en el art. 7.4 de la Ley 3/1985, cuya no aplicación directa en la Comunidad Autónoma catalana ha sido declarada en la STC 100/1991, y con la Disposición transitoria tercera sobre ampliación del plazo máximo de utilización de modelos que no hayan sido sometidos a aprobación oficial.
En este sentido, tienen razón el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Gobierno Vasco y la Junta de Andalucía cuando discuten la configuración del Centro Español de Metrología como único órgano competente para la habilitación de laboratorios y cuando impugnan los preceptos que le atribuyen exclusivamente una serie de facultades como son: a) la fijación de los medios necesarios en cada laboratorio y la concesión de la habilitación o autorización controvertida (art. 1); la responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la habilitación (art. 3); b) la presentación de solicitudes únicamente ante el Centro (art. 4); c) la potestad de aprobar ciertos costos producidos en la realización de la función de laboratorio auxiliar de verificación (art. 5); d) el control e inspección del mantenimiento de los requisitos que permitieron la concesión de la autorización (art. 6); e)el nombramiento del Jefe y Subjefe de los laboratorios (arts. 7 y 9) y la recepción de solicitudes para estos puestos (art. 8) , así como el examen en su caso de los candidatos a los mismos (art. 13) y el archivo de las acreditaciones de nombramiento y sus anulaciones (art. 14); e) la fijación de la fecha de entrada en funcionamiento de los laboratorios (art. 16); cumplimiento de las exigencias establecidas en el art. 1, independencia en su trabajo del personal del laboratorio, baja de éste como laboratorio de verificación y cambios de su personal (art. 18); f) los trámites referidos a la baja de un laboratorio en su día autorizado para la realización de estas funciones (art. 19), g) la inspección de la documentación utilizada en las pruebas de control (art. 21).
Sentencia número 13/1988, de 4 de febrero, del pleno del tribunal constitucional, en los conflictos positivos de competencia números 67, 78 y 83/1984, ...
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