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Timestamp: 2018-09-21 00:54:29+00:00

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﻿ Sentencia 40560 de febrero 13 de 2013
SENTENCIA 40560 DE 13 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:COMPATIBILIDAD PENSIONAL. LA PENSIÓN DE VEJEZ ES COMPATIBLE CON LA DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL. LA PRIMERA CUBRE UNA CONTINGENCIA COMÚN Y LA SEGUNDA PROTEGE DE LOS RIESGOS LABORALES, ADEMÁS, ESAS PRESTACIONES TIENEN FUENTES DE FINANCIACIÓN AUTÓNOMAS Y SU REGULACIÓN ES DIFERENTE. ADICIONALMENTE, NINGUNA NORMA ESTABLECE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESAS PENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, ISS, PENSIÓN DE VEJEZ, ARP, COMPATIBILIDAD PENSIONAL
Sentencia 40560 de febrero 13 de 2013
Rad.: 40560
No incurre la acusación en un desacierto al señalar que la violación legal que denuncia, por la vía directa, tuvo lugar en el concepto de infracción directa, según lo indica la réplica, para quien debió denunciarse la interpretación errónea, por el hecho de que el tribunal fundara su decisión de manera principal en una sentencia de esta corporación, que contiene una posición jurisprudencial según la cual son incompatibles la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión de vejez; pues si bien ello en principio es así, de acuerdo con la doctrina de la Sala sobre este aspecto formal, ocurre que en este caso la censura se refiere en primer término al quebrantamiento de unas normas de estirpe constitucional y legal que no fueron consideradas en la sentencia de la Corte que cita el juzgador de segundo grado y ni en sus propias apreciaciones, por lo que se aviene pertinente que indicara como modalidad de quebrantamiento la infracción directa. A lo dicho se suma que el ataque presenta unos planteamientos jurídicos que no fueron abordados por el tribunal, y tampoco en la sentencia a la que él se remitió, y que constituyen el eje principal de su argumentación, como son el cargo de las contingencias de la pensión de vejez y la de origen profesional en distintas administradoras de la seguridad social y el tema de la devolución de saldos e indemnización sustitutiva previstos en el artículo 15 de la Ley 776 de 2006, esto sin omitir controvertir los argumentos del tribunal y los de la sentencia que este citó, de allí que no se impusiera que se recurriera en este caso a la modalidad de la interpretación errónea.
“En efecto, es patente que, al demandante, a quien se le había reconocido pensión de invalidez parcial mediante Resolución 4253 de 1983, se le denegó, inicialmente, la pensión de vejez que solicitó, por estimar el ISS que ella resultaba incompatible con la de invalidez de origen profesional que disfrutaba, y que solo accedió a concedérsela cuando aquel optó por la de vejez, con renuncia a la de invalidez, según se registró en la Resolución 5663 de 7 de octubre de 1991 (fl. 2)”.
“Es de recordar que, al contestarse la demanda, el ISS admitió que el actor reunía los requisitos de edad y número de semanas cotizadas (1287) para concederle la pensión de vejez, por lo que, entonces, se está en presencia de dos pensiones, y no de una (la de invalidez) que se transforma en otra o que pasa a tener carácter de definitiva o vitalicia (Ac. 49/90, art. 10, en materia de invalidez de origen común, o 23 del 155 de 1963, en materia de riesgos profesionales)”.
“Al respecto, baste, entonces reiterar acá lo dicho en la Sentencia 33265 de 23 de febrero de 2010:
“El punto de derecho que se discute a través de los dos cargos, orientados por la vía directa, es la conclusión del tribunal relativa a que no son compatibles la pensión de sobrevivientes que tiene su origen cuando el afiliado muere por razón de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, con la “sustitución de pensión de vejez que ya le fue otorgada por el ISS” (fl. 24).
“Para sentar el anterior criterio, el juzgador de segundo grado, aludió a la jurisprudencia, y transcribió la providencia de esta Sala del 18 de mayo de 2006, radicación 25598, la cual estimó era la aplicable al caso examinado, y efectúo la correspondiente exégesis del artículo 15 de la Ley 776 de 2002, inciso 2º, literal b), referente a la devolución de saldos e indemnización sustitutiva.
“Ahora bien, sin ser necesario entrar al análisis de los errores técnicos que le increpa el opositor al primer cargo de la demanda de casación, que no impiden su estudio de fondo, es suficiente expresar que siendo indiscutible que la sustitución de la pensión de vejez de origen común a favor de la actora se dio a través de la Resolución 799 de 2003, y al pretender esta que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes de origen profesional, se equivocó el tribunal al concluir la incompatibilidad de las dos prestaciones antecitadas por las siguientes razones:
“Es, por lo tanto, indudable que al tomar el seguro el empleador y, por demás, cumplir con la cancelación oportuna de la prima de aseguramiento o cotización, la lógica consecuencia no es otra que la asunción del riesgo y el pago de las prestaciones económicas que se originan al sobrevenir el suceso, a cargo de la aseguradora ARP”.
“Valga recordar, que esta Sala de la Corte en pronunciamientos anteriores ha sostenido que, en el sistema laboral colombiano, la responsabilidad por los riesgos profesionales, en principio, está a cargo del empleador y surge desde el inicio de la relación laboral, quien, para liberarse de ella, la debe asegurar en las administradoras de riesgos profesionales, mediante la afiliación de sus trabajadores, cumpliendo con el pago de las correspondientes cotizaciones, para que a su vez tales entidades se responsabilicen y reconozcan las prestaciones económicas y asistenciales por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten.
“El sistema de riesgos profesionales está concebido esencialmente como de aseguramiento, en el cual el tomador del seguro es el empleador, y, por ello, la decisión de escoger la entidad que debe cubrir los riesgos le corresponde exclusivamente a él; la aseguradora es la ARP; los asegurados son los trabajadores; los beneficiarios del seguro son los mismos trabajadores o su núcleo familiar; la prima de aseguramiento es la cotización que debe asumir exclusivamente el empleador; el riesgo asegurado es la contingencia producto del accidente de trabajo o la enfermedad profesional; y por último los beneficios, en caso de presentarse el siniestro, lo son las prestaciones asistenciales y económicas a que tienen derecho los trabajadores que sufren los percances o, en caso de muerte, sus causahabientes beneficiarios señalados en la ley.
“La responsabilidad de las ARP y, el momento en que para ellas se inicia la cobertura del sistema de riesgos profesionales, empieza el día calendario siguiente al de la afiliación, según lo dispuesto en el literal k) del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994.
“Si el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 2º del Decreto 1772 del mismo año, que lo reglamenta, establecen expresamente que son afiliados obligatorios al sistema general de riesgos profesionales, los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, como sucedió en este caso, es dable entender, que dicha afiliación conlleva todas las prerrogativas inherentes a dicha afiliación, esto es, el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar, toda vez que no tiene razón de ser que se permita una afiliación al sistema de riesgos profesionales si el asegurado no puede acceder a los correspondientes beneficios”.
“Si una entidad administradora de riesgos profesionales recibe la afiliación de un trabajador subordinado, de un independiente o de un asociado, no puede sostener que no le cabe ninguna responsabilidad cuando se presenta un infortunio laboral, alegando una presunta incompatibilidad entre pensiones de diferentes regímenes que no contempla la ley, de modo que queda esa entidad obligada a cubrir las prestaciones por el riesgo ocasionado”.
“Igualmente, debe señalarse que, según el literal k del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, la cobertura del sistema general de riesgos profesionales, se inicia desde el día calendario siguiente de la afiliación. Así las cosas, dicha afiliación produce efectos desde el momento en que se cumplió la anterior condición, sin que le sea posible a la ARP sustraerse de las obligaciones derivadas de la correspondiente afiliación, apoyándose en una presunta incompatibilidad que no establece la normatividad que regula la materia, tal como se indicó anteriormente”.
“De otra parte, en lo relativo al literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, valga recordar, la reciente sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, radicación 33558, donde se dijo que este prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y vejez en un mismo afiliado; sin embargo, al encontrarse ubicada dicha normativa en el libro primero de dicho ordenamiento, debe entenderse que no comprende lo concerniente a riesgos profesionales, que tiene su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese orden, aún con el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994, las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común, entre otras cosas, por la potísima razón de que los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza separadamente para cada riesgo”.
“De otro lado, si bien es cierto, el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, establece la incompatibilidad entre dos pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional, solo habrá lugar a ello cuando tengan origen “en el mismo evento”, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, toda vez que se trata de una pensión adquirida por el causante con base a un tiempo de servicio y una edad determinada en la ley y una pensión de sobreviviente originada en un accidente de trabajo ocurrido con posterioridad al estado de pensionado por vejez del fallecido”.
“Así las cosas, considera la Sala, que las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional o, en su defecto, la de sobrevivientes de origen profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común o con estas sustituidas en sus causahabientes, por cuanto las primeras provienen de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las segundas se derivan de un riesgo común, la cual como lo ha sostenido esta Sala, no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador; además, estas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo”.
“De conformidad con los criterios esbozados precedentemente, y sin dubitación alguna, reitera esta Sala, que se trata de institutos diferentes, esto es, prestaciones de origen diverso, destinados a cubrir contingencias distintas, sujetos a regulaciones que históricamente han sido separadas y diversas, cada uno con su fuente de financiación autónoma”.
“En virtud de lo anterior, concluye la Sala que existe compatibilidad entre la pensión de vejez por origen común sustituida a su causahabientes con la de sobrevivientes por riesgos profesionales, por tener rasgos relevantes que las diferencian y no existir normatividad alguna que establezca dicha incompatibilidad”.
“Además, nuevamente huelga remembrar, la sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, radicación 33558, la cual brinda algunos elementos de juicio aplicables al caso examinado, donde se dijo que:
“(...) Si bien, la Corte se ha pronunciado en el sentido de señalar la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de vejez, en esta oportunidad, precisará que bajo circunstancias especiales, como las que se dejaron delineadas, es perfectamente posible la compatibilidad con que el tribunal favoreció las aspiraciones del actor, esto es, entre una de invalidez con una de jubilación a los 55 años de edad.
“Lo mismo cabe referir respecto de lo preceptuado en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y de vejez en un mismo afiliado; empero, al encontrarse ubicado el precepto en el libro primero de dicho ordenamiento, debe interpretarse que no abarca lo relacionado con riesgos profesionales, que tienen su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto (...).
“Contribuye en gran manera a la desestimación del cargo, memorar que para la época en que Camilo Eduardo Riaño se desvinculó del Banco Central Hipotecario, había completado más de 20 años al servicio de la entidad, y solo esperaba el cumplimiento de la edad para consolidar su derecho, cuando le sobrevino la invalidez, tanto que, ni siquiera su deceso hubiera privado a los legitimados de acceder al goce de la pensión de jubilación, mucho menos puede tomarse esa solución por el solo advenimiento de la pensión de invalidez”.
“No es la unidad de designio de las dos prestaciones el criterio que debe prevalecer a la hora de definir una controversia como la que concita la atención la Sala, pues desde esa perspectiva no sería viable la percepción simultánea de las pensiones de sobrevivencia y de vejez por una misma persona, pues el simple prurito del “beneficio de asistencia económica”, destinado a “cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia”, no ha sido óbice para que la jurisprudencia haya definido que la esposa o la compañera permanente de un pensionado fallecido, si satisface las exigencias legales, acceda a la pensión por vejez, así la misma entidad de seguridad social le esté pagando la otra prestación. Incluso, se tiene decantado que una misma persona puede ser beneficiaria simultáneamente de una pensión de invalidez de origen profesional, y otra generada en riesgo común, como en sentencia de 12 de septiembre de 2001, radicación 16033, al dejarse sustentado lo siguiente:
“La controversia que plantea el cargo tiene que ver con la decisión del tribunal de no declarar compatibles las pensiones de invalidez de diverso origen: por riesgo profesional y por riesgo común, que el ISS reconoció al actor, y de las cuales aquel suspendió la primera. Para ello argumentó el juzgador que ambas prestaciones amparan un mismo riesgo, esto es, la invalidez, y que ellas tienen la misma finalidad protectora; así mismo, estimó que la medida del ente de seguridad social de suspender unilateralmente el pago de la prestación derivada del accidente laboral padecido por el accionante está ceñida al artículo 42 del Decreto 2665 de 1988.
“Independientemente de la controversia que se expone en relación con la posibilidad jurídica de que la demandada pudiera, unilateralmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 2665 de 1988, suspender el pago de la pensión de invalidez por riesgo profesional que primigeniamente reconoció al demandante, aspecto formal que a la postre no define el derecho sustancial de este, pues es relativo al procedimiento administrativo interno del ISS, para la Corte el cargo debe prosperar.
<Consta en el informativo que el señor Laurencio Cubillos cotizó para el Instituto demandado durante más de 12 años para el seguro de invalidez, vejez y muerte, así como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo la afiliación 02003300648 y que en tal virtud disfrutó, hasta su fallecimiento, de sendas pensiones de invalidez que en su oportunidad le concediera y pagara el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con las disposiciones reguladoras de las contingencias correspondientes: la primera, por incapacidad permanente total originada en la enfermedad profesional debidamente diagnosticada en su momento, y la segunda por invalidez permanente total derivada de una enfermedad no profesional e igualmente determinada conforme a los procedimientos pertinentes, tal como se desprende de los informes correspondientes (fls. 57 y 75).
<Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario, ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o estas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro, como el de invalidez de origen común —que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez— y la pensión de jubilación, o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan, se repite el mismo riesgo, a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida.
<Y esa clara diferencia en cuanto a su origen —una proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, en tanto la otra se deriva de un riesgo común, que no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador— conduce inequívocamente al tratamiento de “contingencias” distintas, al menos por la época de los hechos.
<Así, desde la Ley 90 de 1946, por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y hasta el Acuerdo 49 de 1990, se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes decretos y acuerdos, así: a) ATEP: decretos 3169 de 1964, 3170 de 1964, 3224 de 1981, 2496 de 1982; y acuerdos 258 de 1967, 539 de 1974 y 027 de 1982; y b) EG y M: decretos 770 de 1975, 462 de 1983, 2053 de 1988, 1172 de 1989, 1664 de 1984, y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una reglamentación conjunta, siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977.
<Y en el caso específico, la consideración de no ser excluyentes las dos pensiones que disfrutó en vida el pensionado hasta su deceso, obedeció fundamentalmente a que la primera de origen profesional se concedió por “incapacidad permanente total”, concepto que en los términos del precepto entonces aplicable (Ac. 155/63, art. 16, aprobado por D. 3170/64), implica que el asegurado padece de una serie de alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que le impiden desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con sus aptitudes y formación profesional, pero no lo inhabilita para desempeñar “toda clase de trabajo remunerado”, como sí ocurriría si se estuviera en presencia de la “incapacidad absoluta” regulada por el inciso segundo ibídem. Esta es la razón esencial para que el Instituto conocedor de que previamente se había otorgado una pensión de origen profesional, no viera óbice alguno para que el trabajador laborara en un oficio diferente al primigenio y para que no pusiera reparo a la otra pensión de origen no profesional basada en una enfermedad distinta y consintiera expresamente la compatibilidad entre ambas hasta el fallecimiento de su beneficiario>.
“Tal doctrina no pierde vigencia aún con la previsión normativa del parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, en el sentido de establecer la incompatibilidad entre dos pensiones de invalidez, pues solo habrá lugar a ello cuando tengan origen “en el mismo evento”.
“En el caso bajo examen, con mucha mayor razón, las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles, pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente, siendo que además, la segunda no está destinada a mutar la pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente. En consecuencia, la sentencia cuestionada no incurre en la trasgresión jurídica que le enrostra la censura, sin que sobre anotar que el interés que le asiste al ente bancario accionado para solicitar la compartibilidad se ve seriamente comprometido, dado que quien eventualmente estaría interesado en la integración de las dos pensiones es la entidad de seguridad social que reconoció y actualmente paga la prestación por invalidez, dado que al momento en que asuma el pago de la pensión de vejez, será quien deba sufragar las dos prestaciones (...)”.
“Consideraciones todas ellas aplicables al sub lite, dado que la esencia de las mismas se mantiene en cuanto a que, para la época en que se reconoció la pensión de invalidez parcial al actor (Res. 4253/83), por el ISS, el campo de riesgos profesionales y enfermedad profesional (ATEP) era regulado por el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, independiente de la normatividad regulatoria del ámbito de la invalidez, vejez y muerte de origen común (IVM), Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y, luego en 1991, cuando se le concedió la pensión de vejez, esta era gobernada por el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, regulatorio de los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional”.
En sede de instancia, además de las consideraciones hechas, debe destacarse que la pensión de invalidez profesional por incapacidad permanente parcial le fue otorgada al demandante por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, mediante la Resolución 2218 de 1975, a partir del 1º de noviembre de 1974, en cuantía de $ 630.68 (fls. 142 y 143, cdno. ppal.) y la prestación de vejez le fue otorgada mediante la Resolución 989 de 19 de marzo de 2002 (fl. 139, cdno. ppal.), a partir del 1º de abril de 2002., al verificar el Instituto demandado que desde esa fecha se dio el retiro de aquel de la nómina de pensionados ATEP Seguro Social, circunstancia que, además, es ratificada por la confesión del Instituto contenida en las respuestas al hecho 4 de la demanda inicial (fl. 106, cdno. ppal.).
En esta medida, se ordenará al Instituto demandado a reanudar el pago de la pensión de invalidez profesional, por ser esta compatible con la de vejez, a partir del 1º de abril de 2002, en la cuantía que la venía reconociendo, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos legales.
En cuanto a la pretensión de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se encuentra que no hay lugar a ellos, pues conforme a la jurisprudencia sobre este punto, los mismos no se causan tratándose de una prestación ajena al sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, como lo es la de invalidez profesional del demandante concedida en los términos del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964 (fl. 31), por tanto se absolverá por esta reclamación.
Costas en primera y segunda instancia a cargo de la entidad demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 19 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta Euberto de Jesús Ospina Vásquez al Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la decisión del juez del conocimiento de absolver por la continuidad del pago de la pensión invalidez, a partir del 1º de abril de 2002, solicitada por el actor. En sede de instancia, SE REVOCA la sentencia de primer grado y, en su lugar, se condena al ente demandado a continuar pagando al actor la pensión de invalidez de origen profesional, por ser compatible con la de vejez, a partir del 1º de abril de 2002, en la cuantía que la venía reconociendo, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos legales.
Costas en primera y segunda instancia a cargo de la entidad demanda. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

References: artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 141