Source: http://joaquinortegaarenas.blogspot.com/2011/03/
Timestamp: 2019-11-23 01:01:39+00:00

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Joaquín Ortega Arenas Escribe y Se Pronuncia: marzo 2011
EL “KARTEL“ POLÍTICO MEXICANO.
Joaquín Ortega Arenas. La palabra “Cartel”, proviene del idioma Alemán, y su significado es: cártel.(Del al. Kartell).1. m. Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas.2. m. Econ. Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. La “democracia mexicana” ha tenido un desarrollo paralelo a lo que el Diccionario de la Lengua Española nos señala como “cartel” y que ya mencionamos. En un principio, y concluido el lapso en que cuartelazos, motines, asesinatos y robos sin fin que pomposamente hoy llamamos “Revolución Mexicana” habidos entre 1913 y 1920, fue llamada con toda justicia por nuestro siempre sabio pueblo “la bola”, o la “robolución”, la democracia se decidía como una saga forzada de “la bola” , asesinando al enemigo “político”. En 1920, Venustiano Carranza trató de variar nuestro sistema democrático y colocar en frente de los destinos del País a un civil, el Ingeniero Ignacio Bonillas. En nunca bien averiguadas condiciones, reveladas y plenamente probadas hace muy poco tiempo por el Maestro Juan Ramón Jiménez, se ha sabido que el Secretario de Industria y Comercio del gabinete de Carranza y el ex secretario de Guerra y marina, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón Salido, respectivamente, encabezaron un cuartelazo en la Ciudad de México seguidos por numerosos jefes militares celosos de que la rama no perdiera el poder; provocaron la salida de la capital del Presidente y sabiendo que ése se dirigiría al Puerto de Veracruz como ya lo había hecho en 1914, giraron órdenes al Teniente Coronel Lázaro Cárdenas del Río indicándole la inminente presencia del Presidente en la Zona Militar de Tuxpan y dándole órdenes de que “ no debería salir de esa zona”. El resultado no se hizo esperar. Detuvieron el convoy presidencial levantando las vías en el poblado de Algibes, Puebla, y en la madrugada del día 20 de mayo de 1920 un comando a las órdenes del “general irregular” Rodolfo Herrero asesinó al Presidente. El Comandante de la zona militar Cárdenas del Río detuvo a Herrero y lo condujo a la Ciudad de México, donde fue liberado. El Teniente Coronel, fue ascendido a General. Se efectuaron elecciones y fue “electo Álvaro Obregón Salido. La democracia no sufrió golpe alguno. Concluyó el cuadrienio (en ésa época el mandato presidencial era de cuatro años) y se postuló y triunfó obviamente Plutarco Elías Calles. Durante su mandato se modificó la Constitución para permitir la reelección y aumentar el término del mandato presidencial a seis años. Los candidatos en 1927, eran tres generales: Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón. Los dos primeros murieron asesinados, uno en Huitzilac, Morelos y el otro en Coatepec, Veracruz. El tercero, ya candidato triunfante fue asesinado en 1928 en el Restaurante “La Bombilla” en San Ángel, D.F., continuando con la ininterrumpida democracia sangrienta. El primer Plan Sexenal fue desempeñado, aunque no aplicado por Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio y el general Abelardo L. Rodríguez, diligentemente manejados con la batuta del general Plutarco Elías Calles a quien los eternos aduladores palaciegos llamaron “el Jefe Máximo de la Revolución”. Para las elecciones presidenciales celebradas en julio de 1934, compitieron el General Lázaro Cárdenas del Río, (sí, el ex comandante de la zona militar de Tuxpan cuando fue asesinado Carranza) y el general Antonio I. Villarreal. La mano férrea del Jefe Máximo evitó todo tipo de problemas y Cárdenas resultó electo. Su “gobierno”, también bajo la batuta del Primer Jefe, se orientó a la consolidación del poder político y social en manos del Estado. Esclavizó literalmente a obreros y campesinos en “Centrales” que los mantuvieran atados al Estado. (CTM Y CNOP); a comerciantes e industriales en Cámaras de Comercio e Industria sometidas totalmente al Estado; presionado por el gobierno norteamericano vía embajador Josephus Daniels, “nacionalizó la industria petrolera”. En las negociaciones previas a la “nacionalización” intervino el Bufete Norteamericano “Harding&Hees and Eader”, que abrió una sucursal en México incorporando a la misma al Secretario de Hacienda Eduardo Suárez (el Bufete se llamó desde entonces Harding&Hess and Suárez). Los pormenores de esas negociaciones fueron relatados al que ésto escribe por Mr. Phaenor A. Eder en una conferencia sobre Derecho Civil realizada en Estados Unidos, en la que para ilustrarme me regaló el libro “ Diplomacy in Short Leaves”, escrito por Daniels publicado por la Universidad de Carolina del Norte; La actuación del general Cárdenas, fue definida entre bromas y veras por el cómico Roberto Soto que en un “sketch” teatral dijo a su esposa en la vida real: “… Cómo se parece el señor Presidente al Chango Casanova…” (distinguido boxeador de la época). Su compañera de escena replicó: “…pero ¿cómo va a ser? El presidente es trompudito, pero tiene muy bonitos ojos verdes…”; Soto replicó: “… no en el físico, sino en que finta con la izquierda y da unos tremendos trancazotes con la derecha…”. Concluyó el sexenio en medio de un tremendo descontento popular. Compitieron por la Presidencia de la República los generales Manuel Ávila Camacho compañero de armas de Cárdenas y Juan Andrew Almazán, militar enriquecido con los innumerables contratos que la “revolución” le había otorgado para todo tipo de obras. Estas elecciones tocó al que esto escribe vivirlas y apreciarlas plenamente. El gobierno delirante 1934-1940 había hastiado a los mexicanos y se volcaron en las urnas a votar por Almazán. Tropas regulares y pandillas paramilitares se dedicaron desde temprano a “convencer” a los votantes de que no debían votar por Almazán. Me tocó ser testigo de lo acontecido en una casilla ubicada en las Calles de Guillermo Prieto, Colonia San Rafael. Los votantes hacían una inmensa “cola” frente a la urna correspondiente a Almazán, tres o cuatro personas en la que correspondía a Ávila Camacho. Como a las 8.30 de la mañana llegaron al lugar tres camionetas en las que viajaban como cuarenta y cinco personas que, empuñando sendas ametralladoras “Thompson” asesinaron no sé a cuántos frustrados votantes. Los que lograron huir, inclusive el que esto escribe que solo tenía 15 años y había ido a comprar el pan en la panadería “La Florida” ubicada junto a las casillas de votación , oímos acusar a voz en cuello al director de la matanza. Alguien gritaba sin cesar: ¡Son Gonzalo N. Santos y su asesino el “Mano Negra”! Obviamente, triunfó Manuel Ávila Camacho, su sexenio no fue muy tranquilo, pero señaló el fin del “maximato”. Desde entonces, las elecciones no se ganan con asesinatos y a balazos. Se “negocian”. Existe sin máscara alguna un verdadero “Kartel” que sexenio tras sexenio ha venido reformando la Constitución para que el voto sea más nebuloso, intangible y manipulable por un organismo gubernamental, el Instituto Federal Electoral y sus derivados: los Institutos Electorales Estatales. Una vez decididos y resueltos por esos institutos los conflictos electorales, las reclamaciones las resuelve el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial Federal cuyos miembros son designados por el Estado. Imagínate, querido lector, ¿qué confiabilidad puede existir con esos sistemas? Voto secreto (más bien anónimo, ya que el votante ni su nombre estampa en cada boleta; manejo de los votos por los “institutos” Electorales y resolución final de los conflictos electorales a cargo del “Poder Judicial Federal”…¡Yo me toco, yo me bailo!
¿UN ESTADO HAMPÓN?
Me comentaba un querido vecino que él piensa que estamos siendo víctimas de “Un Estado Hampón”. De pronto, sorprendido le pregunté por que pensaba de esa forma y escuetamente me comentó:
“Mire vecino. Todos los insumos que necesitamos para vivir, suben de precio día a día, mas bien diría yo, minuto a minuto; la canasta básica, las medicinas, la luz, la gasolina y todos los combustibles, la ropa, los zapatos, los servicios públicos, una copia certificada en cualquier oficina pública me cuesta más que un testimonio notarial y además, hay que pagar mordida. Los servicios públicos son más caros y más malos minuto a minuto. Hace unos días internaron por emergencia a uno de mis más queridos amigos que está jubilado con una pensión de miseria, en el Hospital Veinte de Noviembre. Estaba realmente grave y lo tuvieron sentado en una silla de ruedas destartalada más de quince horas antes de atenderlo. Me costó un trabajo enorme que me permitieran acompañarlo, y si embargo cuando lo atendieron me pidieron que fuera yo a comprar a la calle las medicinas que se necesitaban para su atención por que en el hospital no las tienen. Me pude percatar que el trato que dan a todos los desventurados que llegan es desastroso. Los tratan peor de lo que se trataría a una bestia furiosa, y para que le sigo contando…”
Recapacité con la queja de mi vecino, y con mucha pena tuve que convenir con su modo de pensar. Como abogado me he tenido que enfrentar a situaciones dolorosísimas. El Gobierno del Distrito Federal expropia y expropia sin ton ni son, y nunca paga indemnización a los expropiados. Tengo en mis manos el expediente de una viuda, anciana a la que le expropiaron hace varios años el único bien que le dejó su esposo con el que contaba para su sustento. No le pagaron nada a pesar de que visitó mil y una oficinas. Recurrí a la justicia y, oiga usted, ¿Qué es eso en México? Después de cuatro años, por fin condenaron al Gobierno del Distrito Federal a pagarle dos millones trescientos mil pesos, valor del inmueble determinado por los peritos federales. La sentencia ejecutoria tiene menos valor que una hoja de papel higiénico. No la cumplieron ni la cumplirán jamás. La interesada continuó como mendigo buscando que le pagaran Le ofrecieron un millón trecientos mil pesos que, por hambre tuvo que aceptar hace mas de dos años pero… dicen que no tienen dinero y no hay poder humano o autoridad judicial que atienda a esta pobre mujer
Otro de los expedientes que tengo en mi mesa de trabajo: La Comisión Federal de Electricidad tuvo, hace quince años, la necesidad de tender unas líneas de trasmisión eléctrica de Nopala al Distrito Federal y las tendió, sin importarle de quién o de quiénes eran los terrenos. Se demandó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México cuando todavía existía algo de justicia en éste País, y tras un largo litigio se dictó sentencia condenando a Luz y Fuerza del Centro a devolver los terrenos, ya que por Decreto de Carlos Salinas, pasaron esos terrenos a esa paraestatal. En el año de 2003 después de que el Juez había agotado todos los recursos legales para que se cumpliera su sentencia, inclusive una orden de Vicente Fox para que eso sucediera, Cambiaron al Presidente de la Suprema Corte y al Juez que, después de reiterar en mas de quince ocasiones la orden de dar cumplimiento de la sentencia, la declaró inejecutable por que en esos terrenos existían líneas de trasmisión eléctrica. Todos los recursos legales, fueron rechazados por el “Poder Judicial” con la cantaleta de que se trataba de recursos y juicios “notoriamente improcedentes”, sin argumento alguno que pudiera apoyar esa “notoria improcedencia”. Es notoria para el “Poder Judicial” y ya. El mal ejemplo cunde y he tenido noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado ese “súper jurídico” criterio.
La desaparición, así nomás, de Luz y Fuera del Centro, no tiene ni puede tener en ninguna parte explicación legal. Era un organismo descentralizado dotado de personalidad y patrimonio propio que, obviamente tenía derechos y obligaciones que desaparecieron “por Decreto Presidencial”.
La desaparición de la Compañía Mexicana de Aviación tiene también una historia muy, pero muy turbia. El Gobierno traspasó las acciones que tenía de la empresa a una empresa privada que se dedicó a dilapidar los bienes. Esa empresa además, contrajo en forma totalmente extraña adeudos por miles de millones de pesos y, cuando ya no quedaba nada, se declaró en quiebra en fraude de sus acreedores, los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra a quiénes por no tener ya nada la empresa, nada pueden obtener. Las Secretarías de Comunicaciones y Trabajo y “Previsión Social” se han prestado activamente a esa situación.
La desaparición de la garantía individual de derecho a la vida que contenía el artículo 14 constitucional, es también inexplicable.
Por el “Canal de las Estrellas”, escuché hace unos pocos minutos que La Secretaria de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de la introducción de armas a nuestro País, así como de que tiene conocimiento y ha autorizado vuelos de aviones norteamericanos sobre nuestro territorio.
Toda la prensa ha publicado noticias acerca de los contratos privilegiados para el manejo del Petróleo (¡hoy 18 de marzo!), para empresas extranjeras.
Otra noticia que me ha inquietado. Comisión Federal de Electricidad “compra” la energía que después nos vende a los mexicanos en un gran volumen.
La última noticia que me ha dejado boquiabierto. ¡Compramos a Venezuela la gasolina que consumimos!
Más aun. La Policía Federal Preventiva ¡se ha encargado de la “seguridad” en toda la República! Atónito me pregunté: ¿Qué ha pasado con la Soberanía de los Estados que establecía el Articulo 49 Constitucional.
¡La marina y el ejército realizan funciones policíacas en cualquier parte de nuestra tierra firme! ¿Ya no estará vigente el artículo 129 Constitucional? Ni siquiera me enteré cuando se realizó esa modificación a nuestra parchadísima Constitución.
Creo que cabe la duda acerca de si estamos o no viviendo manejados ilegalmente por un “Estado Hampón”.
Publicadas por Joaquín Ortega Arenas a la/s 10:08 p.m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
JUS (non) SEMPER LOQUITUR. “ El INTERÉS NACIONAL.”
Joaquín Ortega Arenas. El asunto relativo al “interés nacional” ha sido quizá la causa determinante de los vaivenes políticos que desde hace 200 años estremecen a nuestro País. Iniciamos nuestro “vía crucis” en el año de 1909 en que tomó posesión como Presidente de los Estados Unidos de América William Howard Taft. De entrada en un discurso dijo: "No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá, y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho como, en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente…" Con ese triste antecedente se verificó el 16 de octubre de 1909 la célebre entrevista con el Presidente Porfirio Díaz, en la que sin ningún recato solicitó el mandatario norteamericano que se concediera permiso para que la armada de su país se estableciera en Bahía Magdalena, Baja California, a la que Díaz se negó. Puso en la mesa de discusiones la posibilidad de que se construyera un canal interoceánico en Tehuantepec. Díaz ni siquiera contestó. Pretendió que en el tratado que se iba a firmar se otorgara preferencia comercial al País del Norte y se negara con los Países europeos. Díaz se negó. Taft no pudo ocultar su disgusto y meses después a mediados del año 1910 rompió el Tratado de Extradición vigente entre ambos países; permitió la entrada a Estados Unidos de Francisco I. Madero y lo apoyó en la preparación del inicio de la Revolución Mexicana. Cabe agregar que como respuesta a los reclamos de Taft, Díaz ordenó construir fortificaciones en Bahía Magdalena y artillar Puerto México, hoy Coatzacoalcos, (Cerro de San Martín) y Salina Cruz (Cerro del Marqués). Cayó Díaz. La revolución triunfante llevó a Madero al Poder y las insistencias en torno a diversas peticiones formuladas por el Embajador de los Estados Unidos Henry Lane Wilson no fueron escuchadas por Madero. Hubo quien se comprometiera a dar cumplimiento a esas insistencias, Victoriano Huerta, y Madero fue impunemente asesinado. El plan para el asesinato fue elaborado precisamente en la Embajada del País del Norte, en la Calle de Puente de Alvarado y se le conoce sin recato alguno, como “Plan de la Embajada”. Huerta Presidente de la República a su vez, se negó a dar cumplimiento a las constantes peticiones francamente vejatorias de la soberanía de México y el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson rompió el “pacto de la Embajada” y decretó un embargo de armas contra México. Cayó Huerta en el mes de abril de 1914, caída en la que tuvieron mucha influencia la derrota del ejército federal en Zacatecas y la toma el 21 de abril, del Puerto de Veracruz por la Armada norteamericana aparentemente sin previo aviso ni declaración de guerra, provocada únicamente porque a aquel puerto llegaría el barco Ipiranga, con bandera alemana, conduciendo armas y parque para Victoriano Huerta. Decimos aparentemente, porque Carranza dio órdenes al General Gustavo Mass, bajo cuyo mando se encontraba el Puerto, para que lo abandonara antes del desembarco de los marines norteamericanos. Tuvo el que esto escribe oportunidad de conocer el telegrama original, que guardaba celosamente la hija mayor del General, Maestra Ana Mass de Serrano. Influyó, además, que el antiguo senador y Gobernador de Coahuila Venustiano Carranza, con mayor visión que sus antecesores entendió que las peticiones de nuestro vecino del Norte eran asuntos de “Alto Interés nacional”. Se levantó en armas contra Huerta con armas y dinero que le fueron proporcionados por los Estados Unidos; derrocó a Huerta y fue electo Presidente de la República. Un acto inusitado interrumpió temporalmente los planes de Carranza. Dos de sus secretarios de estado, Plutarco Elías Calles, Secretario de Industria y Comercio y Álvaro Obregón, ex secretario de Guerra y Marina inconformes con que figurara como candidato a suceder a Carranza, un civil, armaron un golpe de Estado contando con todos los militares que los apoyaban. Carranza pretendió refugiarse como lo había hecho ya en 1915 en el Puerto de Veracruz con una escolta del Colegio Militar, injustamente no considerada como otra marcha de la lealtad. El convoy fue detenido en la estación poblana de Algibes. Obligado Carranza a abandonar el tren se dirigió a caballo a pernoctar en el poblado de Tlaxcalantongo, en el que fue asesinado por tropa irregular de Rodolfo Herrero, por instrucciones del Teniente Coronel de Caballería Lázaro Cárdenas del Río. Electo Presidente Álvaro careció de reconocimiento por el Gobierno de los Estados Unidos hasta el mes de agosto de 1923, en que concluyó sus trabajos la "Convención Especial de Reclamaciones "por pérdidas sufridas por ciudadanos o sociedades de los Estados Unidos de América por causas de las guerras de la Revolución Mexicana”, llamados “Los Tratados de Bucareli”, cuyo contenido final obligó a México a pagar con bonos las propiedades expropiadas menores a 1755 hectáreas, y de contado inmediato, las de mayor extensión; que ni el artículo 27 Constitucional ni la Ley Agraria 6 de enero de 1915 eran retroactivas y que por ello las compañías petroleras seguirían explotando libremente el petróleo. Además México se comprometió a no desarrollar industria petrolera, bélica, aérea o marítima durante los siguientes 75 años. A cambio, los estadunidenses venden productos ya manufacturados a México a precio preferencial. El Tercero de los Tratados es secreto hasta el año de 2023, se dice que contenía el compromiso de asesinar a Francisco Villa. Desde entonces el “Alto Interés Nacional” ha quedado constreñido en ese marco. En el sexenio de 1934-1940 entraron bajo su amparo a México, entre otras empresas, “Coca Cola “ Co., “Monsanto Quimical Corp.”, “Union Carbide”, “Procter&Gamble”, “Sydney Ross”, etc., que gradualmente han sacado del mercado a miles de comerciantes e industriales mexicanos. El efecto producido por la interpretación a lo que ya es “el alto interés nacional”, se ha multiplicado a partir del sexenio 1964-1970 hasta llegar un momento en que de nuestra naciente industria, ya no queda nada; Petróleos Mexicanos ha pasado a ser un nombre histórico, pues ha delegado casi todas sus funciones; los Ferrocarriles nacionalizados, fueron declarados desaparecidos por Vicente Fox y se vendieron a 0.68 por kilogramo, para dar entrada a los grandes trailers fabricados en Estados Unidos; la energía eléctrica “nacionalizada por López Mateos”, ha sido sustituida por las empresas Españolas Repsol, Iberdrola y otras; para evitar que los norteamericanos consuman drogas que pasan por México necesariamente, emprendimos una lucha inútil, costosa y sangrienta y brutal en contra de los que llevan la droga a Estados Unidos, etc. Los Bancos, (únicos manejadores impunes del dinero con el que se pagan las armas compradas y las drogas vendidas), se han convertido en intocables por la “•justicia mexicana” A cambio de esas acciones hemos descuidado la educación, (Declaramos desaparecida la filosofía de los programas educativos); la salud; la conservación del empleo; el control de precios de la canasta básica, de las medicinas, ya inalcanzables para el mexicano común, que debe morir por falta de dinero; de todos los artículos de primera necesidad… Desgraciadamente la justicia , toda, ha sido incorporada a esta lucha. ¿A qué le tiras, mexicano?
Publicadas por Joaquín Ortega Arenas a la/s 9:35 p.m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
JUS SEMPER LOQUITUR.- JUS (non) SEMPER LOQUITUR
Joaquín Ortega Arenas. El auditorio de la Facultad de Derecho en la UNAM, lleva el nombre que encabeza este artículo que literalmente se traduce como “La Justicia siempre Resplandece”. En México, desgraciadamente se ha ido diluyendo el significado inicial y convirtiendo gradualmente en el que aparece en segundo término. Cabe precisar, ¿desde cuándo? y ¿hasta que grado? Si tomamos como base el estupendo libro de don Miguel Mejía “Los Errores Constitucionales”, publicado en la última decena del Siglo XIX, vamos a recibir varias sorpresas. La Justicia en tiempo de Don Porfirio era “casi” impoluta. Los Jueces de Distrito resolvían los juicios de amparo libremente y de acuerdo con su criterio. Las más de las veces atinado. Los “errores constitucionales” provenían de los casos en que “la superioridad” trataba de inducirlos en otro sentido y había todavía la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada con ministros electos en forma democrática, no designados por el Señor Presidente, que continuamente estaba reparando esos “errores” por nueve o diez votos y uno solo en contra, precisamente el del Señor Presidente de la Suprema Corte, Don Ignacio Luis Vallarta. Hubo ocasiones en que se retuvo a los Ministros dentro del local del Alto Tribunal hasta que modificaran sus votos, pero eso nunca ocurrió. Vino “la Revolución” y la situación tuvo una sola variante. En tiempos del General Obregón las Compañías Petroleras pidieron amparo en contra de la Constitución de 1917 alegando que no les era aplicable el Artículo 27 que declaraba propiedad de la Nación todos los bienes sobre y bajo tierra comprendidos dentro del territorio nacional, ya que habían conseguido las concesiones de explotación antes de 1917. Estaba aun el gobierno sin el reconocimiento de los Estados Unidos, y “hubo que conceder el amparo”. Sobraron las críticas pero fue en vano. Era “de interés nacional”. Es de hacer notar que en esas fechas y gracias a un Decreto del “Gran” Presidente Victoriano Huerta la designación de los ministros era por decisión presidencial, no por votación, criterio que por lo útil, fue incluido en la nueva constitución. Llegaron de la mano el Primer Plan Sexenal y el sexenio delirante (1934-1940) y el interés nacional se apoderó de todas las decisiones de la Suprema Corte. Se interpretó con ese criterio el artículo 27 y se vedo a los particulares que no tenían certificado de inafectabilidad la posibilidad de acceder al juicio constitucional y literalmente “llovieron” las afectaciones agrícolas y ganaderas irremediables. Este “error” fue corregido por la Segunda Sala de la Suprema Corte hasta el año de 1955 (Amparo Beatriz Maldonado Gotes, Predio “Ibarrilla”, Municipio de Silao, Gto.) Se dictaron leyes tendientes a la corporatización de todas las uniones, sindicatos, Cámaras de Comercio e Industria, Leyes que sometían y siguen sometiendo a todas las organizaciones a la aprobación y reconocimiento gubernamental para su existencia en contravención expresa del artículo 9 constitucional, que la Suprema Corte declaró no ser violatorias de ese precepto. Se limitaron las garantías de libertad de expresión, (artículo 6 ) y Libertad de Imprenta (artículo 7) sometiéndolas mediante el control absoluto del Papel por el Estado (Productora e Importadora de Papel S.A. “PIPSA”) y el derecho a la información (Departamento Autónomo de Programación y Propaganda “DAPP”). Los “controles” dieron fruto inmediato. Todos los juicios entablados en su contra han sido inútiles. La Suprema Corte ha declarado “constitucionales” esos controles. Terminó el sexenio delirante y se designó una nueva Suprema Corte que, a pesar de que sus miembro fueron nombrados por el Poder Ejecutivo funcionó otra vez bien, salvo casos muy notorios como el de la condena a Concepción Acevedo de la Llata (la madre Conchita) que demostró en su juicio no haber tenido ninguna intervención en el asesinato de Obregón y que los “jurados” fueron obligados a votar con presión de tropa armada. La Suprema Corte opino que “las decisiones de los jurados son irrevocables”. A partir de entonces, hay dos tipos de ejecutorias: las que se dictan sin que haya necesidad de respetar “el alto interés de la Nación” y aquellas en que ese interés existe, sólo que ha sido mal interpretado. Se toma como interés de la Nación cualquier capricho del ejecutivo en turno y de este modo, se ha acabado con el derecho de huelga y se ha reprimido indiscriminadamente a maestros, ferrocarrileros, trabajadores petroleros, campesinos, mineros, declarándose “constitucional” su aprisionamiento y cualquier acto del estado, llegándose al caso de que los movimientos populares fueron reprimidos estimándolos como “delito de disolución social” que redituaron en contra de los lideres muchos años de cárcel. Vino el sexenio fatal de 1988-1994. Llovieron leyes inconstitucionales sacralizadas por la Suprema Corte que provocaron el “efecto tequila”, que ha hundido al País en un caos. Ya en plena debacle con dinero del pueblo se rescató a los bancos, a los constructores de carreteras etc., y todos esos hechos han sido declarados “constitucionales” por la Suprema Corte. Faltaba todavía por llegar lo peor. La Ley de Pensiones Civiles y de Retiro señalaba que los trabajadores al servicio del Estado disfrutarían de una pensión jubilatoria igual al último salario disfrutado al que se sumarian los aumentos que recibiera el trabajador que los había sustituido. Los fondos de pensión se perdieron y se modificó la ley. Perdieron ese derecho y les fue sustituido por una pensión tope de 10 salarios mínimos. Llovieron los juicios de amparo, concedidos por los Jueces de Distrito hasta formar Jurisprudencia, pero…apareció una ejecutoria en contra. Se planteó contradicción de tesis y la Suprema Corte, por 8 votos contra tres, (Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza y Genaro David Góngora Pimentel), declaró esa contradicción en favor de los 10 salarios mínimos. Con esa misma votación se han resuelto hasta el mes de diciembre de 2010, los temas conocidos como “anatocismo”, “Impuesto sobre uso de automóviles”, “Instituto para protección del ahorro bancario”, y muchos, pero mucho más. En defensa del Alto Interés Nacional se inventó “corregir” los errores constitucionales de los jueces que condenaban al Poder Público a restituir bienes o a pagar indemnizaciones a los particulares. Sin promoción alguna, el juez que conoció de la causa declara “inejecutable la sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada y ¡ya! Todos los recursos que el perjudicado intente, serán desechados por “notoriamente improcedentes” y basta. Honor a quién honor merece. Ese sistema fue ideado y puesto en práctica por el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón en el año de 2003. Exp. 6/95 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México).
Publicadas por Joaquín Ortega Arenas a la/s 1:23 p.m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
JUS (non) SEMPER LOQUITUR. “ El INTERÉS NACIONAL.”...

References: resolución 
 artículo 14
 artículo 129
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 27
 artículo 9