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Timestamp: 2018-09-23 17:01:07+00:00

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﻿ Sentencia SL8715-2014 de julio 2 de 2014
SENTENCIA SL8715-2014 DE 02 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:COTIZACIONES AL SISTEMA PENSIONAL. EL AFILIADO PUEDE RECLAMAR POR LA MORA DE SU EMPLEADOR EN EL PAGO DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES. EL AFILIADO ES EL DIRECTAMENTE INTERESADO EN EL RECONOCIMIENTO OPORTUNO Y COMPLETO DE SU PRESTACIÓN, POR LO CUAL LE CONCIERNE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL NECESARIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES. SIN EMBARGO, DICHA LEGITIMACIÓN NO NIEGA EL HECHO DE QUE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES TIENEN EL DEBER PRINCIPAL DE COBRAR LOS APORTES PERTINENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:FONDOS DE PENSIONES, TRABAJADOR, PROCESO LABORAL, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PENSIONES, AFILIACIÓN A LOS FONDOS DE PENSIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:515 DE NOVIEMBRE DE 2014, PÁG.2110
Sentencia SL8715-2014 de julio 2 de 2014
SL8715-2014
Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitió (sic) por la Corte se procede a resolver.
Pretende el recurrente la casación parcial de la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, se modifique el numeral segundo de la decisión del a quo y se amplíe la condena por cesantía e intereses; a la vez que se revoquen los demás puntos y se condene a la demandada respecto de las demás pretensiones de la demanda.
Con el propósito descrito formula cuatro cargos, que no fueron objeto de réplica y que pasan a ser analizados por la Corte, en el orden en el que fueron propuestos.
Acusa la sentencia recurrida por haber incurrido en una violación “(…) por vía directa y por falta de aplicación de los artículos 23, 24 y 25, 65, 249, 254 del Código Sustantivo de Trabajo, 114 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, artículos 2º y 3º del Decreto Reglamentario 1176 de 1991, y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975”.
En la demostración del cargo, el censor alega que el tribunal no le dio aplicación a los artículos 23, 24, 25, 65, 249 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo, pues a pesar de que el demandante laboró al servicio de la demandada bajo un solo contrato, desde el 1º de abril de 1987 hasta el 2 de octubre de 2002, no dispuso el pago de la cesantía retroactiva, ni de los intereses, conforme lo establece la Ley 52 de 1975. Afirma, en ese sentido, que dicha corporación no realizó un estudio profundo de la realidad, pues a través de los diversos contratos suscritos, liquidaciones y preavisos, la demandada únicamente pretendía hacer una simulación de mala fe, en aras de desligarse del pago retroactivo de la cesantía, que no se compadecía con el hecho real de que el trabajador había prestado de manera continua sus servicios, solo que había sido retirado por cortas temporadas de la nómina, de manera fraudulenta.
Insiste en que el tribunal debió haberle dado primacía a la realidad, como se ha establecido en la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte en torno al tema, y darle prosperidad a la pretensión de pago retroactivo de la cesantía, pues “(…) el señor Sánchez Celis, nunca envió una comunicación escrita al empleador en la cual señalaba la fecha a partir de la cual se acogía al régimen de cesantía que instituyó la Ley 50 de 1990, tal como lo contempla el parágrafo del artículo 98 de la ley en comento y como es lógico tampoco se cumplió con los procedimientos de forma establecidos en los artículos 2º y 3º del citado decreto, ya (sic) estos en consecuencia de la comunicación que se debió dirigir al empleador, lo cual permite establecer que no se le dio cumplimiento a la ley”.
Agrega que la demandada actuó de mala fe, pues simuló la terminación del contrato de trabajo en varias oportunidades y, para tales efectos, lo excluyó indebidamente de la nómina por cortas temporadas, con el fin de evadir el pago retroactivo de la cesantía, por lo que debe ser gravada con la indemnización moratoria.
En el cargo se abordan, por la vía directa, tres aspectos diferentes de la decisión del Tribunal, a saber: i) los extremos de la relación laboral sostenida entre las partes; ii) el derecho al pago retroactivo de la cesantía; iii) y la procedencia de la indemnización moratoria.
Frente a los extremos de la relación laboral, el tribunal analizó las pruebas documentales y testimoniales del proceso y arribó a la conclusión de que, en realidad, el vínculo se había mantenido vigente entre el 1º de febrero de 1989 y el 2 de octubre de 2002, y no desde el 1º de abril de 1987, como se alegaba en la demanda y se asume en el cargo. En los mismos términos, en torno al pago de la cesantía y sus intereses, dicha corporación analizó las pruebas recaudadas en el curso del proceso y estimó que esa prestación había sido pagada de manera completa, además de que el actor sí había consentido la aplicación del régimen de liquidación anual de las cesantías. Por último, en relación con la indemnización moratoria, acogió los argumentos del a quo para negar su procedencia, pues asumió que de los diversos elementos de juicio que informaban el proceso, se podía determinar que la demandada había actuado de buena fe, ya que “(…) siempre estuvo atenta a cumplir con sus deberes y obligaciones frente a sus empleados (…)”.
Todos estos ejercicios reflexivos, sin duda, ostentan una naturaleza eminentemente fáctica, en la medida en que se concentran en los hechos de la controversia y en su demostración, a partir de las pruebas oportuna y regularmente aportadas al proceso. Así las cosas, el cargo es equivocado en su planteamiento y en su recurso a la vía directa de violación de la ley, pues los tres aspectos que aborda, se insiste, son de naturaleza estrictamente fáctica y debieron haber sido controvertidos por la vía indirecta.
En la misma medida, fácil es concluir que el tribunal no incurrió en la “falta de aplicación”, que la Corte asimila al concepto de infracción directa, de las disposiciones incluidas dentro de la proposición jurídica, como se denuncia en el cargo, pues no desconoció, por ignorancia o por rebeldía, las reglas que gobiernan los elementos esenciales del contrato de trabajo y la necesidad de atenerse a la realidad, o el derecho al pago retroactivo de la cesantía para cierto contingente de trabajadores y la posibilidad de gravar al empleador que incurre en una mora injustificada en el pago de salarios y prestaciones sociales. Contrario a ello, dicha corporación partió de dichas premisas jurídicas, pero, se repite, luego de un análisis completo de las pruebas del proceso, no encontró mérito para su aplicación, en la forma querida por la parte actora.
No sobra recalcar que, como lo ha explicado esta Sala de la Corte en repetidas oportunidades, los ataques encaminados por la vía directa de violación de la ley suponen un acuerdo pleno en torno a las consideraciones fácticas que contiene la decisión que se recurre, pues el ánimo que informa este tipo de acusaciones es, independientemente de los hechos probados y con base en los mismos, cuestionar los juicios jurídicos construidos por el fallador, en tanto se rebela contra las normas aplicables, las aplica indebidamente o las interpreta de una manera totalmente inaceptable.
Acusa la sentencia recurrida por haber incurrido en una violación “(…) por vía directa y por falta de aplicación del artículo 22 de la Ley 100 de 1993; en relación con el los (sic) artículos 23, 24 de la Ley 100 de 1993”.
Para fundamentar su acusación, el censor destaca que el trabajador estuvo vinculado laboralmente con la demandada entre el 1º de abril de 1987 y el 2 de octubre de 2002 y que, dentro de dicho interregno, se dejaron de realizar los aportes al sistema de pensiones durante 3 años, 10 meses y 8 días, como se puede comprobar en la reclamación del bono pensional ante Pensiones Santander, por lo que el tribunal debió haber condenado al pago del “(…) 100% de los aportes al sistema general de pensiones en el período de tiempo que dejo (sic) de hacerlo, con los correspondiente (sic) intereses de mora, con lo que se garantizaría a mi patrocinado el disfrute de una pensión en cumplimiento de los principios rectores de la Ley 100 de 1993”.
Arguye que, de conformidad con lo previsto en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, el responsable del pago de las cotizaciones es el empleador, así no hubiera realizado los descuentos al trabajador, a quien no puede serle trasladada esa carga, de manera injustificada. Igualmente que, ante la falta de pago de los aportes, el empleador es el que debe responder, con intereses moratorios, pues las acciones de cobro deben ser adelantadas contra él y no contra el trabajador.
En torno al tema que se plantea en el cargo, el tribunal advirtió que en el expediente no había prueba de que el empleador hubiera realizado los aportes al sistema general de pensiones, durante el tiempo que afirma el actor. A pesar de ello, consideró que no era procedente emitir condena por ese concepto, “(…) en contra del empleador y a favor del empleado, ya que, en principio, son dineros que pertenecen al sistema integral de seguridad social en pensiones, por lo que la llamada a cobrarlos, sea por senda persuasiva o por vía forzada, es la administradora o el Instituto de Seguros Sociales, según sea el régimen al que esté vinculado el trabajador”.
En apoyo de dicha consideración, trajo a colación la sentencia emitida por esta Sala de la Corte CSJ SL 22 jul. 2008, rad. 34270, en la que se adoctrina que antes de trasladar a los afiliados o a sus beneficiarios, las consecuencias negativas del incumplimiento del pago de los aportes, es menester analizar si las administradoras de pensiones han cumplido con las acciones de cobro correspondientes.
Sin embargo, la Corte debe advertir que la razón real que tuvo el tribunal para negar la pretensión de pago de los aportes al sistema de pensiones, estuvo dada en que la llamada a cobrar esos emolumentos es la entidad de seguridad social respectiva y no el afiliado, pues en ella están radicadas las diferentes acciones de cobro ante los empleadores. Asimismo, que dicha consideración, sin duda está atravesada por un error jurídico, que atenta contra el contenido de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, así como los principios que informan el sistema integral de seguridad social.
En efecto, en primer lugar, es cierto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, al empleador le asiste la responsabilidad de reunir las cotizaciones para el sistema de seguridad social, así como de pagarlas a la entidad respectiva, dentro de los plazos fijados legalmente. De igual forma, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, la mora en el pago de dichos aportes genera intereses moratorios y legitima a las entidades administradoras para adelantar acciones de cobro, mediante liquidaciones que prestan mérito ejecutivo.
En el contexto de dichas premisas, la Corte ha sostenido, como lo indicó el tribunal, que las entidades administradoras de fondos de pensión son las llamadas a efectuar las acciones de cobro respecto de las cotizaciones en mora. No obstante, dicha aserción ha tenido como propósito último el develar que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los afiliados y sus beneficiarios no pueden sufrir las consecuencias negativas de la mora en el pago de las cotizaciones y que, en esa perspectiva, si la entidad omite los procedimientos de cobro a los que está obligada, no tiene legitimidad para oponerse a asumir el riesgo asegurado. Dicha orientación puede verse reproducida, entre otras en las sentencias CSJ SL 26 ag. 2008, rad. 31063, CSJ SL 23 sep 2008, rad. 30346, CSJ SL 17 feb. 2009, rad. 31080, CSJ SL 16 dic. 2011, rad. 38964, CSJ SL 28 ag. 2012, rad. 44202, entre otras.
Ahora bien, de las anteriores reglas trazadas por esta Sala de la Corte, no puede derivarse una aserción como la construida por el tribunal y que puede resumirse en que el afiliado carece de legitimación para reclamar el pago de los aportes para su pensión, que el empleador omite o está en mora de realizar. Por el contrario, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que integran el sistema de seguridad social, que se construyen a través del tiempo y que, por lo mismo, pueden sufrir varias eventualidades, lo más sensato y ajustado a los principios de la seguridad social es que el directamente interesado pueda pretender la configuración de su derecho en debida forma y, en ese mismo orden, pueda atacar todos aquellos factores que afectan su nacimiento completo, como la mora en el pago de los respectivos aportes.
Esta Sala de la Corte ha indicado, en dicha dirección, que:
(…) debido a la naturaleza y características del sistema integral de seguridad social, generalmente los elementos necesarios para darle vida a una pensión de vejez se confeccionan dentro del mismo intervalo productivo de los afiliados, con la mediación de parámetros tales como la historia laboral o los aportes, así como el incremento de la edad, hasta un punto en el que la ley presume la merma de la capacidad de trabajo. Sin duda, dentro de dicho interregno pueden darse diversas contrariedades que, a la postre, pueden impedir que el derecho a la pensión nazca legalmente o que lo haga pero de una manera lesiva para los intereses del afiliado, en función de la rutina que mantuvo frente al sistema, en cuanto a afiliaciones, cotizaciones, ingresos bases de cotización, etc.
Por ello, teniendo en cuenta ese ideal constructivo y contributivo, que orienta las pensiones de jubilación, lo más justo y adecuado a las normas y principios del sistema de seguridad social, es que el afiliado tenga la oportunidad de enmendar o perseguir la integración de todos aquellos elementos que contribuyen al nacimiento de su pensión, o de atacar todas las contrariedades que afecten ese derecho en construcción, en cualquier tiempo, de manera que cuando cumpla el último de los requisitos necesarios para tales efectos, pueda empezar a disfrutar de su descanso de una forma remunerada, equilibrada y digna (CSJ SL 795-2013).
Así las cosas, se repite, nada impide que el afiliado reclame por la mora de su empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, pues es el directamente interesado en la confección y reconocimiento de su pensión, en forma oportuna y completa. Con ello no se niega, naturalmente, que en realidad quienes tienen el principal deber de cobrar son las entidades administradoras de pensiones, como lo ha sostenido la Corte en su jurisprudencia. No obstante, se debe reconocer legitimación a los afiliados para reclamar, pues, en últimas, es a quienes concierne la integración del capital necesario para su pensión y el cumplimiento de los requisitos necesarios para tal efecto.
En ese sentido, el tribunal incurrió en error jurídico al considerar improcedente la pretensión de pago de aportes a la seguridad social en pensiones, porque quien estaba “(…) llamada a cobrarlos, sea por senda persuasiva o por vía forzada, es la administradora o el Instituto de Seguros Sociales (…)”.
El cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión emitida en la primera instancia, de absolver a la demandada del pago de aportes al sistema general de pensiones.
Acusa la sentencia recurrida de haber incurrido en una violación “(…) por vía indirecta y aplicación indebida del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; por falta de aplicación de los artículos 23, 24 y 25, 65, 249, 254 del Código Sustantivo de Trabajo, 114 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, artículos 2º y 3º del Decreto Reglamentario 1176 de 1991, el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, el artículo 22, 23, 24 de la ley 100 de 1993”.
Expresa que la violación descrita se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que existió un solo contrato desde el 1º de abril de 1987 hasta el 2 de octubre de 2002.
2. Dar por demostrada (sic), sin estarlo, que existieron varios contratos de trabajo.
3. No dar por demostrado, estando, que se debía hacer un reajustes (sic) a las cesantías y los intereses de las cesantías.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador actuó de mala fe.
5. No dar por demostrado, estando, que el trabajador no envió la comunicación escrita, en la cual señalaba la fecha a partir de la cual se acogía al sistema de liquidación anual de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.
6. No dar por demostrado, estándolo, que se debe pagar la indemnización moratoria.
7. No dar por demostrado, estándolo, que se deben pagar los aportes a la seguridad social integral.
Menciona como prueba no apreciada la historia laboral para iniciar el proceso de reclamación de bono pensional (fl. 13) y los testimonios de William Humberto Martínez Morales y Ariel López, como prueba no calificada.
En la demostración del cargo, el censor aduce que el contrato de trabajo del actor inició en realidad el 1º de abril de 1987, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, y que, por lo mismo, tenía derecho al pago retroactivo de la cesantía. Recalca, en ese sentido, que el tribunal no examinó la forma en la que se había desarrollado el vínculo de trabajo entre las partes, pues los diversos contratos suscritos y liquidados no eran más que una simulación de la demandada, tendiente a eludir el pago de las prestaciones sociales del trabajador en forma completa.
Agrega que la entidad demandada actuó de mala fe, pues simuló la terminación de la relación laboral y excluyó al trabajador de la nómina en varias ocasiones, a pesar de que prestaba continuamente sus servicios, con la única intención de evadir el pago retroactivo de la cesantía, por lo que debía ser gravada con indemnización moratoria.
Anota que, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte, el tribunal debió haberle dado prevalencia a la realidad del contrato de trabajo, a la vez que ordenar el pago retroactivo de la cesantía, pues el vínculo había nacido con anterioridad a la expedición de la Ley 50 de 1990 y el trabajador “(…) nunca envió una comunicación escrita al empleador en la cual señalaba la fecha a partir de la cual se acogía al régimen de cesantía que instituyó la Ley 50 de 1990 (…)”.
(…) en consideración que el actor laboró más de 15 años, como se pudo probar con los (sic) testimonial de los señores William Humberto Martínez Morales y Ariel López, y que existió una relación laboral entre el demandante y la demandada entre el 1º de abril de 1987 y el 2 de octubre de 2002, tal como se pudo colegir con todos los testimonios presentados en el curso del proceso y mue (sic) especialmente, con lo manifestado por los señores William Humberto Martínez Morales y Ariel López; igualmente, con los certificados que reposan en el expediente, la liquidación del contrato a término indefinido, oficio de terminación de contrato a término indefinido; que existió un solo contrato de trabajo de conformidad con los artículos 23, 24 y 25 y el principio de la primacía de la realidad; que no se envió la comunicación escrita en la cual el trabajador señalaba la fecha a partir de la cual se acogía a la Le (sic) 50 DE 1990, tal como lo exige el parágrafo del articulo (sic) 98 de la ley en comento y tampoco se realizaron los procedimientos establecidos en el artículo 114 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 2º y 3º del Decreto Reglamentario 1176 de 1991; se debió condenar a la demandada al pago de la reliquidación de las cesantías retroactivas según el sistema tradicional establecido en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, con los correspondientes intereses tal como lo ordena el artículo 1º de la Ley 52 de 1975; al igual que se debió condenar a la demandada al pago de la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que se encuentra debidamente demostrado que la demandada actuó de mala fe.
Por último, indica que el empleador no realizó los aportes al sistema de seguridad social durante tres años, diez meses y ocho días, de acuerdo con la prueba de reclamación de bono pensional, que no fue valorada por el tribunal, de manera que la demandada debió haber sido condenada a pagar el 100% de dichas cotizaciones, a través de cálculo actuarial, con los correspondientes intereses de mora, todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, pues “(…) las acciones de cobro se adelantan contra el empleador y no contra el trabajador (…)”.
En este cargo se controvierten, por la vía indirecta, cuatro aspectos de la decisión del tribunal: i) los extremos de la relación laboral; ii) el derecho al pago retroactivo de la cesantía y sus intereses; iii) la causación de la indemnización moratoria; iv) y el pago de los aportes pensionales al sistema de seguridad social.
El último de los mencionados puntos fue objeto de casación en el estudio del segundo cargo, por lo que la Corte no se referirá al mismo.
Respecto de los extremos de la relación laboral, como ya se había mencionado, el tribunal estimó que, en realidad, el contrato de trabajo había estado vigente entre el 1º de febrero de 1989 y el 2 de octubre de 2002, pues no existía elemento de juicio alguno que diera cuenta de que había iniciado el 1º de abril de 1987. Asimismo, dentro de esa conclusión, dicha corporación no le dio validez a las interrupciones que pretendió hacer valer la demandada, puesto que, aunque las mencionó, refrendó la inferencia del a quo de que el vínculo de trabajo había sido uno solo, extendido de manera ininterrumpida entre el 1º de febrero de 1989 y el 2 de octubre de 2002.
Lo anterior basta para deducir que el tribunal no incurrió en el segundo error de hecho, pues nunca tuvo por cierto que hubieran existido varios contratos de trabajo. Adicionalmente, los reclamos en torno a la simulación de la terminación del vínculo en varias oportunidades no tienen asidero alguno, pues en la sentencia gravada nunca se le dio validez a dicha hipótesis y, por el contrario, se repite, se partió de la base de que el contrato de trabajo había sido uno solo.
Frente al primer error de hecho, la única prueba calificada que se menciona en el cargo, vale decir, el documento obrante a folio 13, que contiene la “Historia laboral para iniciar el proceso de reclamación de bono pensional” nada dice en torno al hecho defendido por la censura, de que la relación laboral inició verdaderamente el 1º de abril de 1987, pues solo da cuenta de que el actor fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales el 8 de marzo de 1989. Aparte de lo anterior, no existe algún elemento de juicio analizable en casación, que le muestre a la Corte que el contrato de trabajo nació el 1º de abril de 1987 y que, por lo mismo, se hubiera dado lugar a algún error de hecho manifiesto.
En este punto, se debe resaltar que la censura se limita a afirmar que el contrato inició el 1º de abril de 1987 y que así debió tenerlo por sentado el tribunal, por virtud del principio de la primacía de la realidad, pero no menciona cuáles pruebas calificadas fueron dejadas de analizar o estudiadas con error; qué era lo que, objetivamente entendidas, decían dichas probanzas; y qué influencia tenían en el montaje de la decisión controvertida.
Igual situación puede predicarse respecto del pago de la cesantía y de sus intereses, pues el tribunal, se repite, descartó que el contrato de trabajo hubiera tenido interrupciones, por lo que los reclamos relativos a que se había simulado su terminación y liquidación en varias ocasiones, además de que se habían realizado pagos fraudulentos por fuera de nómina, resultan totalmente infundados.
Por otra parte, la censura no ataca, siquiera de manera somera, la lectura que realizó el tribunal sobre el documento obrante a folio 57, ni la conclusión de que, con base en el mismo, era posible colegir que “(…) el señor Rafael Antonio Sánchez Celis en el mes de febrero del año 1996 informó voluntariamente a su empleador que elegía el fondo de pensiones y cesantías Colmena S.A., en aras de que le fueran consignadas sus cesantías (…)”. En el cargo se afirma genéricamente, que el trabajador nunca se acogió al régimen de cesantía de la Ley 50 de 1990, pero lo cierto es que, se repite, el tribunal infirió que sí lo había hecho y que de ello daba cuenta el documento de folio 57, cuya lectura, se insiste, no fue abordada en sede de casación.
Se debe insistir, una vez más, en que el tribunal partió de la base de que la relación laboral había sido una sola y en que, tras ello, negó que se hubieran dado las terminaciones y liquidaciones que la censura considera simuladas de mala fe por el empleador, por lo que este reclamo, tendiente a dar vía a la indemnización moratoria, también resulta infundado. A la par de ello, el censor no eleva alguna acusación, con fundamento en alguna prueba calificada, contra la inferencia del tribunal con base en la cual, a pesar de que no se demostró el pago de una pequeña porción de la cesantía, “(…) la parte demandada en este proceso siempre estuvo atenta a cumplir con sus deberes y obligaciones frente a sus empleados (…)”, de manera que no había actuado de mala fe, que la hiciera merecedora de la indemnización moratoria.
Resta decir que al no demostrarse la existencia de algún error en el examen de la prueba calificada, no resulta dable el estudio de las pruebas testimoniales, que no son calificadas en casación.
Acusa la sentencia recurrida de haber incurrido en una violación “(…) por vía indirecta y por falta de aplicación de los artículos 2341, 2356 y 1494 del Código Civil Colombiano; en concordancia con los artículos 1613 y 1614 del Código Civil y el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Relaciona como pruebas no apreciadas la copia de las “atenciones” que le hicieron al actor en la EPS (fl. 78 a 104); y el resumen de la historia clínica y evaluación clínica obrantes a folios 15 y 16. De igual forma, menciona como prueba no calificada, indebidamente apreciada, el testimonio de William Humberto Martínez Morales.
Para fundamentar su acusación, alega que el tribunal dejó de aplicar los artículos 2341, 2356, 1494, 1613 y 1614 del Código Civil, así como el 64 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que, de acuerdo con el testimonio de William Humberto Morales Martínez, al actor le fue endilgado como motivo de su retiro el hecho de “(…) ser un ladrón (…)”, a pesar de que no se tenían pruebas de dicha conducta, con lo que, al estar “(…) en boca de los frailes, de los excompañeros de trabajo y de los padres de familia (…)”, tuvo afecciones en su salud física y psíquica, de manera tal que sufrió daños morales que merecían ser indemnizados.
Añade que tales alteraciones de la salud del actor están demostradas con la historia clínica de SaludCoop (fls. 15 y 16), donde consta que tuvo cuadros de ansiedad y depresión causados como consecuencia de su retiro de la demandada, con imputaciones injuriosas, de manera que estaban debidamente demostrados los daños morales y justificada la procedencia de condenar a la demandada al pago de los mismos, por valor de doscientos salarios mínimos.
Por último, explica que la indemnización por despido pagada al demandante representa una forma de resarcir los perjuicios materiales sufridos, como el daño emergente y el lucro cesante, pero no los morales, frente a los que debe ser condenada la demandada.
De acuerdo con los documentos obrantes a folios 15 y 16, el actor presentó algunos cuadros de ansiedad y depresión que requirieron de tratamiento psicológico. De igual forma, a través de los documentos obrantes a folios 153 a 179, contentivos del historial de “atenciones” que tuvo el actor en su EPS, se puede advertir que padecía de angustia, cefalea, insomnio, entre otras afecciones como diabetes e hipertensión. La referida realidad nunca fue desconocida por el tribunal, pues dedujo que “(…) el actor presenta ansiedad y depresión, no obstante, no aparece certificado que dichos padecimientos tuvieren su origen en el despido realizado por la demandada al actor”.
Y a través de dicha inferencia no incurrió en algún error de hecho manifiesto como los que se denuncian en el cargo, pues lo cierto es que los documentos que se acaban de relacionar nada dicen frente al hecho de que la ansiedad o la depresión del actor tuvieran su causa en la terminación de la relación laboral que mantenía con la demandada.
De otro lado, aunque el censor se esfuerza por demostrar que el trabajador fue despedido bajo acusaciones injuriosas, por “(…) ser un ladrón (…)”, lo cierto es que en el proceso quedó plenamente establecido que fue despedido sin justa causa, con el pago de indemnización, en la forma autorizada por el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que nunca le fue opuesta alguna acusación que pudiera ir en contra de su reputación y que le generara trastornos físicos o psicológicos.
En este punto, la Sala debe reiterar que, como lo dedujo el tribunal, la prueba de los perjuicios morales en los que se fundamenta la acusación, no se limita a la comprobación de un daño cierto, sino que es necesario demostrar la relación de causalidad entre dicho daño y la conducta de la persona a la que se le atribuye la responsabilidad, que fue precisamente lo que se extrañó en este proceso y que no logró ser acreditado por la censura.
Resta decir que al no haberse demostrado alguna infracción respecto de la prueba calificada, no es dable asumir el estudio de la prueba testimonial, por no ser calificada en la casación del trabajo.
Para mejor proveer se oficiará al Instituto de Seguros Sociales con el fin de que remita, con destino al presente proceso, la historia laboral del señor Rafael Antonio Sánchez Celis, en la que se refleje las fechas de sus vinculaciones y desvinculaciones, así como las semanas cotizadas a la institución.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 27 de agosto de 2009 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rafael Antonio Sánchez Celis contra la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, en cuanto confirmó la decisión emitida en la primera instancia, de absolver a la demandada del pago de aportes al sistema general de pensiones. No la casa en lo demás.
Para mejor proveer, se dispone que, por la secretaría de la Sala, se oficie al Instituto de Seguros Sociales con el fin de que remita, con destino al presente proceso, la historia laboral del señor Rafael Antonio Sánchez Celis, en la que se refleje las fechas de sus vinculaciones y desvinculaciones, así como las semanas cotizadas a la institución.

References: artículo 98
 artículo 1
 artículo 98
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 99
 artículo 98
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 114
 artículo 249
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 64
 artículo 64