Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170321-I.html
Timestamp: 2019-10-18 04:03:03+00:00

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Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4743-I, martes 21 de marzo de 2017
De los diputados Sara Latife Ruiz Chávez, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Omar Ortega Álvarez, mediante las cuales solicitan el retiro de iniciativas y proposición con punto de acuerdo
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, por el que se exhorta a la Sedesol a continuar informando sobre las acciones de prevención y atención de padecimientos respiratorios, e incrementándolas a efecto de disminuir la incidencia de éstos entre la población en general
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, por el que se exhorta a la SEP a utilizar en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales pedagógicos un lenguaje incluyente, reforzar las acciones de capacitación del personal docente en materia de derechos humanos de mujeres y niñas e incorporar esta perspectiva en los programas educativos de todos los niveles, a fin de promover el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Sedesol a cumplir el acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a ampliar y reforzar las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna entre indígenas durante el embarazo, parto y posparto en Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir en las unidades respectivas atención médica de calidad
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la SEP a revisar y fortalecer las políticas instauradas para combatir la obesidad infantil, así como promover y proteger el derecho a la protección de la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar esa epidemia
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a prestar servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a la derechohabiencia, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a incluir la diabetes tipos I y II para su tratamiento a través de una categoría como gasto catastrófico
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Ssa a implantar un protocolo urgente de atención de las necesidades de salud, las condiciones sanitarias y la prevención de enfermedades, donde se incluya la incorporación en los programas de vacunación de la población nacional en las instituciones de salud y albergues para personas migrantes de Tijuana, Baja California, a fin de evitar el riesgo de crisis humanitaria del que han alertado diversos organismos internacionales
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a garantizar por los titulares de la SHCP y la Sedesol la asignación de los recursos etiquetados por la Cámara de Diputados al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la SCT a hacer públicos los permisos para construir, administrar, explotar y operar un helipuerto en el predio de la avenida Universidad 2014, colonia Copilco Universidad, y verificar que éste se ajuste a las normas básicas de seguridad del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Sagarpa a cumplir el convenio de ejecución de recursos para el desarrollo del campo mediante el Programa Especial Emergente de Apoyo a Productores Veracruzanos
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a febrero de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual informa que en febrero de 2017, el Servicio de Administración Tributaria, mediante las autoridades aduaneras competentes, destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, numismáticos y dos animales, entre otros
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2017.
Al tiempo que hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, me permito solicitar respetuosamente con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa que adiciona y reforma los artículos 25, 128, 128 Bis y 128 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por una servidora con fecha 7 de marzo de 2017, la cual fue turnada a la Comisión de Economía. Lo anterior con el objeto de fortalecer su contenido y presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi alta y distinguida consideración.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
El que suscribe, diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2017.
Quien suscribe, Ornar Ortega Álvarez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita atentamente que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, turnado a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial que da seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, y que aparece en el número 8 del orden del día 14 del mes y año en curso.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-1499 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510. 11/ 2191/ 2017 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así como a seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir la incidencia de estos padecimientos entre la población en general.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles I seguridad de mi consideración distinguida.
Me refiero a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 147/ 17, por el cual remitió el punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, a que continúen informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así como a seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir, la incidencia de estos padecimientos entre la población en general.
Al respecto, adjunto copia simple de oficio número CNP/ 230/ 2017, signado por la ingeniera Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.
En atención a su similar número DG.510.11/ 1999/ 2017 mediante el cual remite la proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así carpa a seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir, la incidencia de estos padecimientos entre la población en general. Anexo al presente el documento en donde se expone la opinión de la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social sobre el tema en referencia.
Lo anterior, con el propósito de que esta opinión se incorpore en la respuesta institucional que, por su conducto, se prevé enviar a la Secretaría de Gobernación.
Sin otro particular, hago propicio la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Ingeniera Paula Hernández Olmos (rúbrica)
Comentarios a punto de acuerdo del Senado de la República, en el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras, a que continúen informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así como seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir la incidencia de estos padecimientos entre la población en general
Componente de Salud de Prospera Programa de Inclusión Social
Prospera Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo federal, en el marco de una política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.
a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES. El cual constituye un beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona.
b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria. en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de las niñas y niños desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición. así como de la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un año y del control de los casos de desnutrición.
c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el sujetarse a los tratamientos de pacientes crónicos.
Estas acciones tienen carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública. e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos. así como promover la mejor nutrición de la población beneficiaria. y fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad.
Corresponsabilidades del Componente de salud de Prospera
En el ámbito del Componente de Salud de Prospera, El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de las familias beneficiarias, asignadas al esquema de apoyos con corresponsabilidad, es esencial para el logro de los objetivos del Programa en lo concerniente a Salud y es requisito indispensable para que reciban sus apoyos monetarios:
• Registrarse oportunamente en la unidad de salud que les sea asignada al momento de incorporarse o cuando se les reasigne una unidad de salud.
• Todas las personas integrantes de la familia beneficiaria deben asistir a sus citas programadas en los servicios de salud, incluyendo los adultos mayores.
• Participar en los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud, de acuerdo al modelo rural o urbano (4 en Modelo Urbano y 6 en el Modelo Rural) del componente de salud que reciba la familia, preferentemente por parte del o la integrante de la familia beneficiaria de 15 hasta 60 años de edad que sea citado (a). Los talleres de estimulación temprana se otorgarán preferentemente a las madres y padres o cuidadores de las niñas y los niños menores de cinco años. Se eximirá del cumplimiento de esta corresponsabilidad a los y las integrantes de la familia beneficiaria que presenten. en la unidad de salud a la que están asignados (as). un certificado médico expedido por el sector salud que haga constar que cuentan con una condición de discapacidad que impida su asistencia a los talleres comunitarios.
La participación de un miembro de la familia en otros cursos y talleres de capacitación a voluntarios organizados por el personal de salud.
La participación del algún miembro de la familia en acciones comunitarias emprendidas por el personal de salud por ejemplo en caso de brotes epidemiológicos en la localidad (influenza. dengue, diarreas. etcétera).
En el caso del modelo rural, en ausencia de acciones obligatorias de salud en el bimestre, la certificación se realizará con la asistencia del o la integrante citada (o) de 15 a 60 años a la sesión del taller comunitario programado para el autocuidado de la salud.
Las acciones de salud de beneficiarios que reciben los apoyos de Educación Superior del Programa, de las Familias asignadas al esquema de Apoyos con Corresponsabilidad, preferentemente deberán programarse en los periodos vacacionales de dicho nivel educativo.
Los temas de los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud son definidos por el Sector Salud pudiendo variar de una entidad federativa a otra o de una región a otra en razón de la situación epidemiológica de riesgo o estacional de la región.
Los temas de los talleres se presentan a continuación y se resalta lo relativo a infecciones respiratorias agudas:
Asimismo, en lo relativo al Paquete Básico Garantizado de Salud y en las 27 Intervenciones de Salud Pública del CAUSES que se proporcionan a las familias Prospera el Componente de Salud, se incluye lo relativo a enfermedades respiratorias y acciones de prevención:
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1860, signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UR 120 JOS/ CECU/ 0447/ 17, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, y de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a utilizar en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos un lenguaje incluyente; reforzar las acciones de capacitación del personal docente en materia de derechos humanos de mujeres y niñas; e incorporar esta perspectiva en los programas educativos de todos los niveles, a fin de promover el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres.
Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 048/ 17, del 11 de enero del presente año, por el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la oficina del secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados referido al exhorto para que en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos se utilice un lenguaje incluyente.
Sobre el particular, remito copia de los oficios números SEB/ UR 300/ 226/ 2017, firmado por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica; 605, firmado por el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior; y 500/ 2017.- 0090, firmado por el doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior, que dan respuesta al punto de acuerdo.
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.
Titular de la Jefatura de Oficina del Secretario
Me refiero al oficio número UR 120 JOS/ CECU/ 0087 /17, dirigido a esta subsecretaría, por el que se solicitó emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que señala:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a utilizar en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos un lenguaje incluyente; reforzar las acciones de capacitación del personal docente en materia de derechos humanos de mujeres y niñas; e incorporar esta perspectiva en los programas educativos de todos los niveles, a fin de promover el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres, como establecen las fracciones VI y VII del artículo 45 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al respecto, una vez revisado y analizado el presente punto de acuerdo, me permito informarle que la SEP, a través del plan y los programas de estudio vigentes para la educación básica y en los libros de texto gratuitos, considera un lenguaje incluyente que enfatiza el respeto de la igualdad de derechos para mujeres y hombres, lo cual se desarrolla con un enfoque pedagógico y didáctico pertinente para la formación de ciudadanos con una perspectiva de género basada en el respeto, la reciprocidad y la igualdad de género, para enriquecer la convivencia sana entre mujeres y hombres. Ello se mantiene y enriquece en el modelo educativo y la propuesta curricular de 2016.
Asimismo, en colaboración con las autoridades educativas estatales, se han implantado acciones para integrar una oferta formativa que propone la transmisión de herramientas necesarias para que el personal educativo desarrolle en el aula ambientes libres de violencia, con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.
Agradeciendo su amable atención, le envío cordiales saludos.
Maestro Javier Treviño Cantú (rúbrica)
En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-8-2754, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/2198/2017 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para el cumplimiento del acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/31l/2452/16, por el cual remitió el punto de acuerdo en el que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para el cumplimiento del acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa.
Al respecto, adjunto copia simple de oficio número 613.UPRI/DGAPL/028/20l7, signado por la licenciada Cel1y Martínez Camacho, directora general adjunta de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.
Hago referencia a su oficio número DG.51O.1l/2000/2017, en el que se solicita formular comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el cumplimiento del acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa.
Al respecto, me permito comentarle que la Secretaría de Desarrollo Social tiene como misión contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física, religiosa o de cualquier índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno. Para lo anterior, cuenta con diversos programas que buscan contribuir a la reducción de carencias sociales, corno lo son Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal, Atención a Jornaleros Agrícolas, 3X1 para Migrantes, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Coinversión Social, Estancias Infantiles, Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y Comedores Comunitarios.
Cabe mencionar que la Sedesol otorga los apoyos de dichos programas con estricto apego al respeto por la diversidad étnica o religiosa, sin hacer ningún tipo de distinción, siempre y cuando la persona cumpla con los criterios de elegibilidad de los programas.
Licenciada Cel1y Martínez Camacho (rúbrica),
Directora General Adjunta de Planeación
En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-3-1766, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/319/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/270/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados; celebrada día 9 de febrero del mismo año, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorto al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, amplié y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y postparto en el Estado.”
Al respecto, me permito enviar el oficio SPPS-CAS-0999-2017, suscrito por la maestra Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.
Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/985/2017, que refiere:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Salud para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, amplié y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y postparto en el estado.
Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica)
En cuanto a grupos vulnerables el país, para mejorar la calidad de la atención obstétrica fortaleciendo entre la población indígena la credibilidad y confianza en los servicios de salud a través del encuentro respetuoso entre las diversas culturas de las usuarias hablantes de lengua indígena y el personal de salud, en 2016 se destinaron recursos presupuestarios para la contratación de traductores hablantes de lengua indígena en Durango, Morelos, Tlaxcala, Veracruz. Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Nayarit y Yucatán, ubicados en unidades hospitalarias que atienden a mujeres embarazadas, cubriendo 16 lenguas indígenas.
Asimismo. se realizaron talleres para la traducción escrita y oral materiales informativos dirigidos a la población sobre temas de salud materna y perinatal y embarazo en adolescentes (señales de alarma durante el embarazo, parto y puerperio, elaboración del plan de seguridad para la toma de decisiones asertivas al momento del parto o ante una emergencia obstétrica, derechos de las mujeres durante la atención del parto, lactancia materna, ácido fólico. etcétera) los materiales fueron traducidos a 22 variantes lingüísticas que se hablan actualmente en 250 municipios de los estados de Chiapas, Yucatán, estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Jalisco y Veracruz.
Asimismo, se ha impulsado la instalación de Posadas de Atención a la Mujer Embarazada, que integran espacios físicos ubicados cerca de hospitales resolutivos, donde las mujeres que residen en localidades dispersas o que se ubican a más de dos horas de distancia de los servicios de salud pueden recibir hospedaje, alimentación e incluso apoyo en el cuidado de sus hijas/os mientras se atiende su salud. Del total de posadas operando al cierre de 2016 (120), 97 posadas se encuentran en municipios con población indígena que han albergado a 2,250 embarazadas y puerperas indígenas.
También se promueve la articulación de autoridades municipales de salud, de grupos de la sociedad civil y comunidad en general que se integran en redes sociales de apoyo a las mujeres embarazadas, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud, sobre todo ante una emergencia obstétrica, y contribuir al abatimiento de la mortalidad materna y perinatal.
Esta estrategia se ha desarrollado principalmente en municipios con alta incidencia de muerte materna y de alta marginalidad. Las acciones fundamentales para el desarrollo de esta estrategia, parten de la capacitación brindada en talleres específicos que enfatizan y sensibilizan a los diferentes actores sobre la mortalidad materna y perinatal, la importancia de su articulación y del trabajo comunitario, así como sobre la responsabilidad de todos sobre el tema.
Asimismo, se ha impulsado la identificación dentro de la comunidad de personas dispuestas a acompañar a la gestante durante el control prenatal, la atención del parto y la vigilancia del puerperio, con el propósito de orientada y apoyada en el cuidado de su salud. A estos personajes se les denominó “madrinas y padrinos comunitarios” y reciben capacitación por parte del personal de salud para realizar un acompañamiento efectivo. 2,660 son hablantes de lengua indígena. Esta estrategia opera en 140 municipios con población indígena.
En atención a su oficio SPPS-CAS-0843 2017, fechado el, 21 de febrero de 2017, mediante el cual informa que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Adjunto los comentarios en formato libre, correspondiente al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de acuerdo al ámbito de competencia.
Doctor Eduardo Pesqueira Villegas (rúbrica)
En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-3-918, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0445/17, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación. Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil, así como promover y proteger el derecho a la protección de la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar dicha epidemia.
Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/990/16 del 18 de mayo de 2016, por el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que refiere al exhorto para revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil.
Sobre el particular, remito copia del oficio número SEB/UR300/231/2017, firmado por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, que informa que la SEP contempla en los planes y programas de estudio vigentes la prevención de la salud, con temas como: alimentación correcta, nutrición, activación física, consumo de agua, entre otros. Asimismo, el 16 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, que busca favorecer la salud de los estudiantes.
Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario
Me refiero al oficio UR 120 JOS/CECU/0387/16, dirigido a esta subsecretaría, por el que se solicitó emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que señala:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social para revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil, así como promover y proteger el derecho a la protección de la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar la epidemia de obesidad infantil.”
Al respecto, una vez revisado y analizado el presente punto de acuerdo, me permito informarle que la SEP contempla en los planes y programas de estudio vigentes, la prevención de la salud, con temas como: alimentación correcta, nutrición, activación física, consumo de agua, entre otros. Asimismo, el 16 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, mediante lo cual se busca favorecer la salud de los estudiantes.
Para: Licenciado Héctor Ramírez del Razo
De: Profesor José Luis Márquez Hernández
Por instrucciones del profesor Germán Cervantes Ayala, director general de Desarrollo de la Gestión Educativa, en atención a la atenta nota número SEB/UR300/CAS/0173/2016, en la que solicita emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con respecto a lo siguiente:
Sobre el particular, le informo que esta Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ámbito de sus atribuciones tendientes a coadyuvar en la información integral de las niñas, niños y adolescentes que cursan estudios en el nivel básico para que desarrollen competencias, actitudes y valores para la vida, considera valioso el exhorto realizado, dada la importancia que reviste la adopción de estilos de vida saludable para prevenir problemas de salud, toda vez que las condiciones óptimas de salud de esa población etaria repercuten favorablemente en su desempeño escolar.
Atendiendo al mandato del artículo 3o. constitucional, la secretaría ha configurado un marco normativo, pedagógico y organizativo bajo el cual se orienta entre otras cuestiones, la educación y promoción de la salud en la población escolar, desde un enfoque preventivo, a partir del cual las autoridades educativas estatales y escolares, implementan mecanismos, acciones y medidas para dar cumplimiento a lo establecido en esa normatividad.
Con base en este marco, la promoción de la salud en ñas comunidades escolares, se aborda desde los planes y programas de estudio, en cuyos contenidos educativos destacan los relacionados con la preservación de la salud alimentación correcta, nutrición, activación física, consumo de agua simple potable, entre otros, con lo que se pretende fortalecer en las y los alumnos, la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre las conductas y hábitos saludables que inciden en su bienestar integral, y en la prevención de enfermedades y factores de riesgo como la obesidad, referida en el punto de acuerdo.
Asimismo, le comento que como parte de las estrategias y acciones que esta dependencia instrumenta para coadyuvar al fortalecimiento de políticas públicas existentes en torno a la prevención, contención y disminución del problema de sobrepeso y obesidad, se publicó, el 19 de mayo de 2014, el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, mediante el cual se busca favorecer la salud de los estudiantes..
En esta normativa se establecen disposiciones relacionadas con la promoción del consumo y disponibilidad de alimentos preparados y procesados que cumplan con criterios nutrimentales que favorezcan la calidad de vida de los educandos y las condiciones dentro de los planteles escolares para coadyuvar en su salud, y por consiguiente, en su rendimiento escolar y mejora de aprendizajes.
Destaca que, a través del trabajo intersectorial SEP-Ssa, con el apoyo de autoridades educativas locales y escolares, se llevan a cabo acciones para informar, sensibilizar y orientar sobre los aspectos técnicos nutricionales prioritarios que aborda el acuerdo.
En estas actividades, se ha tenido especial atención para que las acciones que la Secretaría de Salud desarrolla con la participación de padres y madres de familia no contravengan o reduzcan el tiempo real estimado para la labor educativa de las escuelas, ni distraiga a los docentes de su tarea educativa sustantiva, en cumplimiento a disposiciones normativas vigentes, relativa a lograr la normalidad mínima de funcionamiento de los planteles escolares, a fin de mejorar los aprendizajes de los alumnos de educación básica.
Profesor José Luis Márquez Hernández (rúbrica)
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-6-1697, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/ 320/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar a la derechohabiencia el suministro de medicamentos, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica.
Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 236/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada 9 de febrero del mismo año se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar a la derechohabiencia el suministro de medicamentos, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica.
Al respecto, me permito enviar copia del oficio número CNPSS- DGAF- DGAN- 489- 2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Me refiero a su oficio número UCVPS/ 973/ 2017, por medio del cual solicita de esta comisión nacional respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017 y que refiere:
Respecto al ámbito de competencia de este órgano desconcentrado, se informa en primera instancia que el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) no cuenta con un programa presupuestario destinado al otorgamiento de vales de medicina. Con el objetivo de delimitar el ámbito de competencia entre federación y las entidades federativas, por lo que a la operación del sistema se refiere, conviene recordar que éste es un mecanismo de financiamiento por el que el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de sus beneficiarios, como establece la Ley General de Salud (LGS) en el artículo 77 Bis 1:
Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.
En este sentido, es necesario considerar que existen competencias en la obligación de proveer servicios de salud a la población; para el caso concreto del SPSS tanto la provisión de los servicios contemplados en el mismo como la garantía del suministro de medicamentos corresponden a las entidades federativas, como establece la fracción I del Apartado B del artículo 77 Bis 5 de la LGS:
B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales
I. Proveer los servicios de salud en los términos de este título y demás disposiciones de esta ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y garantizando el suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad.
Para materializar lo anterior, la federación transfiere a las entidades federativas recursos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal; esto, con base en el número de personas que se encuentren incorporadas al SPSS en cada una de ellas.
En el financiamiento otorgado a las entidades federativas, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se contempla que hasta 30 por ciento de ese financiamiento, sea destinado a la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al sistema:
Artículo 38. La ejecución y operación del Sistema de Protección Social en Salud deberá sujetarse a lo establecido en la Ley General de Salud, a las disposiciones reglamentarias de dicha ley, así como a las disposiciones de carácter general o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
IV. Emitir disposiciones generales o lineamientos sobre
i. Hasta 40 por ciento, por concepto de remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema;
ii. Hasta 30 por ciento, por concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al sistema;
iii. Al menos 20 por cierto, para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que están contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes);
iv. Hasta 6 por ciento, para el gasto operativo y el pago de personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud correspondiente a cada entidad federativa.
Sólo en casos plenamente justificados o excepcionales, la composición de dichos porcentajes se podrá modificar, siempre que las características de afiliación, financieras y de servicios de salud estatales lo ameriten, en el entendido de que dichas modificaciones deberán acreditarse y ser aprobadas por la Secretaría de Salud por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud; y
A partir de 2014 se implantó el mecanismo conocido como “Vales de medicinas”, en cumplimiento del compromiso de gobierno CG-266, inciso 6, “10 compromisos con tu economía familiar: 6) Vales de medicina en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos”.
Actualmente, el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con mecanismos para que las entidades federativas puedan garantizar el abasto de los medicamentos asociados al Causes.
Los mecanismos citados se encuentran previstos en las siguientes disposiciones:
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
• Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Causes y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016, y su modificación el 17 de noviembre de 2016.
• Acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.
• Anexos IV, “Conceptos de gasto”, relativos a los citados acuerdos de coordinación.
• Criterios generales para la programación y el ejercicio de las aportaciones federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud.
En dichas disposiciones se prevé lo siguiente:
En el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los lineamientos para la adquisición de medicamentos se establece que de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, hasta 30 por ciento se destinará para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los beneficiarios del SPSS, y que se podrá aplicar hasta 5 por ciento de esos recursos para la subrogación de medicamentos, con objeto de asegurar el surtimiento total de recetas a través del otorgamiento de vales para medicamentos.
En los acuerdos de coordinación, suscritos por la Secretaria de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, se acordó que los Ejecutivos estatales garantizaran, entre otros servicios, los medicamentos asociados al Causes.
En los anexos IV de los citados se estableció el vale de medicamento como un mecanismo complementario de abasto eficiente, distribución y entrega de los medicamentos asociados al Causes, que permita el suministro completo y oportuno de los medicamentos prescritos a los beneficiarios del SPSS, cuyo detalle sobre uso y procedencia se estructura en los criterios generales.
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud ha instaurado mecanismos que permiten a las entidades federativas garantizar el suministro oportuno y completo de medicamentos a los afiliados del sistema.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-1840 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 323/ 2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a incluir la diabetes Tipo 1 y II para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico.
Me refiero al oficio SELAP/ UEL/ 311/ 279/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada día 9 de febrero del mismo año, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la diabetes Tipo I y l/para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico.
Al respecto, me permito enviar copia del oficio CSG-1415- 2017, suscrito por doctor Jesús Ancer Rodríguez, secretario del Consejo de Salubridad General y oficio CNPSS- OGAF- DGAN- 499- 2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Me refiero a su oficio número UCVPS/ 988/ 2017, el cual es relativo a la solicitud de opinión por parte de esta Comisión Nacional, respecto del Punto de Acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017 y que refiere:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y der Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la diabetes tipo I y 11 para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico. “
Al respecto, y dentro de! ámbito de competencia de esta Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es importante en primera instancia, considerar lo establecido en el artículo 77 Bis 1 de la Ley Generar de Salud:
Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Prote€ción Social en Salud de Conformidad con el artículo cuarto de la Constitución. Política dé ros Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de materia integral las necesidades de salud; mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.
Ahora bien, en la actualidad la diabetes tipo I y 11, no se encuentra considerado como gasto catastrófico, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, y 9 fracción XVI del Reglamento Interior del Consejo General de Salubridad, es esta autoridad quien cuenta con la facultad para definir el tratamiento y medicamentos asociados a la diabetes tipo I y II como gasto catastrófico.
En consecuencia, no se considera necesario incluir la diabetes dentro de la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo anterior debido a que dicho padecimiento se encuentra contemplado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud, mediante las siguientes intervenciones:
84. Diagnóstico y tratamiento de prediabetes y diabetes melljtus tipo 2
124. Diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus tipo I
147. Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética
En razón de lo anterior, la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud que padece diabetes tipo I o II, cuenta con acceso al tratamiento y surtimiento de los medicamentos asociados.
Licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez
En términos del artículo 55, en relación con el 2, Apartado C, fracción Xii, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en firma en suplencia por audencia del director general adjunto de Normatividad el director de Legislación y Consulta, licenciado Vicente Olguín Spriu (rúbrica)
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2017
En atención a su oficio UCVPS/ 987/ 2017 recibido por este consejo el lunes 20 de febrero de 2017, relacionado con el oficio SELAP/ UEL/ 311/27/ 17 de fecha 10 de febrero de 2017, donde el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, comunica el punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 09 de febrero de 2017, que a la letra indica:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la diabetes Tipo I y II para su tratamiento, a través de una categoría como gasto catastrófico.
Le informo que esta autoridad sanitaria se rige bajo un estricto orden legal y actuando dentro del ámbito de su competencia manifiesta con fundamento en el artículo 73, fracción XVI, base primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción II, y 15 de la Ley General de Salud, y 1 a y 9, fracción XVI, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, es un órgano colegiado dependiente del presidente de la República sin intervención de ninguna secretaría de Estado manifiesta lo siguiente:
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 20 de la Ley General de Salud; así como en los artículos 7, 8 a y 9, fracción V del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, hago de su conocimiento que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016, destinado a promover la atención integral de la salud acorde a las secuencias y alcances de cada intervención, ya incluye la diabetes tipo I y II como parte de la cartera del Catálogo Universal de Servicios de Salud: Diagnóstico y Tratamiento de Prediabetes y Diabetes Mellitus Tipo 2 y Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo l.
Doctor Jesús Ancer Rodríguez (rúbrica)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-1521 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 321/ 2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar un protocolo urgente de atención a las necesidades de salud, condiciones sanitarias y prevención de enfermedades, incluyendo la incorporación a los programas de vacunación con que se cuenta para la población nacional en las instituciones de salud y albergues, para personas migrantes del municipio de Tijuana, Baja California, a fin de evitar el riesgo de crisis humanitaria del que han alertado diversos organismos internacionales.
Me refiero al oficio SELAP/ 300/ 3098/ 16, de fecha 20 de diciembre de 2016, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada miércoles 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
A la Secretaría de Salud, para que implemente un protocolo urgente de atención a las necesidades de salud, condiciones sanitarias y prevención de enfermedades, incluyendo la incorporación a los programas de vacunación con que se cuenta para la población nacional en las instituciones de salud y albergues, para personas migrantes del municipio de Tijuana, Baja California...
Al respecto, me permito enviar copia del oficio DGAJ.205.000.00/ 081/ 2017, suscrito por el licenciado Francisco Javier Guevara García, director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, oficio CNPSS-DGAF-234-2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, Director General Adjunto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y oficio SPPS-CAS-0997-2017, suscrito por la Mtra. Georgina Rodríguez Elizondo. Asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.
(Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-3259 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/2267/2017 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a asegurar la asignación de los recursos que etiquetó la Cámara de Diputados respecto al anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, especialmente el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
Me refiero a su atento oficio número SELAP/300/544/17, por el cual hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otra, asegure la asignación de los recursos que etiquetó la Cámara de Diputados respecto al anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, especialmente el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y con el fin de que sean entregados de manera íntegra a los estados, a fin de cumplir el propósito para los que fueron designados “El Fortalecimiento y Empoderamiento de las Mujeres”, “La Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer”.
Al respecto y por instrucciones del licenciado David Garay Maldonado, abogado general y comisionado para la Transparencia, adjunto copia simple del oficio número DOO100/524/2017, signado por la licenciada María Angélica Luna y Parra, directora general del Instituto Nacional de Desarrollo Social, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.
Licenciado David Garay Maldonado
Asunto: Comentarios al punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados en el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se asegure la asignación de recursos que etiquetó, respecto al anexo 13 que señala; especialmente; el referente al PAIMEF.
En respuesta al oficio número DG.510.11/2108/2017, de fecha 9 de marzo del presente, recibido en este instituto el día siguiente, al que se anexa el similar con número SELAP/300/544/17, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, en el que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 2 de marzo del presente, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otra, asegure la asignación de los recursos que se etiquetó, respecto al anexo 13:
“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; especialmente; el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, y con el fin de que sean entregados de manera integra a los estados, a fin de cumplir el propósito para los que fueron designados “El Fortalecimiento y Empoderamiento de las Mujeres”, “La Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “La Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer”.
Al respecto, me permito emitir los siguientes comentarios sobre el punto de acuerdo enviado por la honorable Cámara de Diputados.
En referencia al punto de acuerdo que lograron las legisladoras de todos los partidos en la Cámara de Diputados, creo que es importante conocer los siguientes antecedentes:
Cabe destacar que un gran número de diputadas han sido titulares de las instancias de mujeres en las entidades federativas o miembros de asociaciones civiles, que defienden los temas de género, por lo que son muy sensibles a los problemas de violencia.
Nos enorgullece mucho que este programa PAIMEF que se opera desde el Indesol, como parte de la Sedesol, esté posicionado, ya que formamos parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ponemos en su ejecución un gran empeño.
Aprovecho este conducto para enviarte un cordial saludo.
Licenciada María Angélica Luna y Parra (rúbrica)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-1492 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-116/2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a hacer públicos los permisos para construir, administrar, explotar y operar un helipuerto en el predio de la avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, y verificar que el mismo se ajuste a las normas internacionales básicas de seguridad del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/UEL/311/2522/16, a través del cual remitió para su atención, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo segundo exhorta a esta secretaría a hacer públicos los permisos para construir, administrar, explotar y, en su caso, operar un helipuerto en el predio de avenida Universidad número 2014, así como verificar que el mismo se ajuste a lo establecido en las normas internacionales básicas de seguridad.
Al respecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha informado mediante oficio 4.1.675, mismo que se adjunta, que a la fecha no se ha emitido permiso para la administración, operación o explotación del helipuerto en comento, en virtud de que la empresa interesada en obtenerlo aún no subsana las observaciones que esa dirección general emitió dentro del procedimiento administrativo correspondiente, al amparo de la Ley de Aeropuertos y demás disposiciones normativas vigentes.
Hago referencia a su oficio número DGV/FMD/1.3.-018/2017, dirigido a la maestra Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transporte, en referencia al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2013, mediante el cual en su resolutivo segundo manifiesta lo siguiente:
“Segundo. La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haga públicos los permisos para construir, administrar, explorar y, en su caso, operar un helipuerto en el predio de avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, así como verificar que el mismo se ajuste a lo establecido en las normas internacionales básicas de seguridad, en particular el anexo 14, volumen II Helipuertos, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.”
Al respecto comento a usted que a la echa del presente, esta Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), no ha emitido permiso para la administración, operación y explotación del helipuerto, ubicado en avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, toda vez que el promovente se encuentra en el proceso de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 22 de la Ley de Aeropuertos; 1 y 17, en relación con el 8 y 9, del Reglamento de la Ley de Aeropuertos; cabe señalar que mediante oficio 4.1.2.3.857/2752/VUS del 31 de mayo de 2016 (se adjunta copia para pronta referencia), girado por la Dirección de Aeropuertos dependiente de esta DGAC, se emitió opinión favorable para el proyecto de emplazamiento del citado helipuerto, analizándose desde la perspectiva aeronáutica, tomando en cuenta elementos como posibles trayectorias de llegada y salida e infraestructura para el mismo.
Es importante mencionar, que en todo momento se verificará que el promovente dé cabal cumplimiento a las disposiciones normativas antes señaladas, así como a los lineamentos internacionales (anexo 14, volumen II) y nacionales (CODA 05/07R1), con objeto de garantizar que, en el caso autorizar las operaciones en el helipuerto, se apeguen a los estándares de calidad, eficiencia y sobre todo seguridad.
Miguel Peláez Lira (rúbrica)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-1876 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-327/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a cumplir con el convenio de ejecución de recursos para el desarrollo del campo mediante el Programa Especial Emergente de Apoyo a productores veracruzanos.
Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del secretario, referente a su atento oficio número SELAP/UEL/311/264/17 de fecha 10 de febrero del año en curso, mediante el cual el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017, anexo al presente me permito enviarle la respuesta que nos hizo llegar la Dirección General Adjunta de Control Operativo de la Coordinación General de Delegaciones, mediante oficio número 113.01.-0208/2017 de fecha 9 de marzo de 2017.
Ciudad de México, a 9 de marzo 2017.
En atención al oficio 112.02.-190/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, en referencia al oficio, SELAP/UEL/311/264/17, de fecha 10 de febrero del año en curso, signado por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envía punto de acuerdo signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión el 9 de febrero de 2017.
“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a cumplir de manera inmediata con el convenio de ejecución de recursos para el desarrollo del campo mediante el Programa Especial Emergente de Apoyos a Productores Veracruzanos”.
Me permito comentar que el delegado de la Sagarpa en el estado de Veracruz, ingeniero Octavio Legarreta Guerrero, remitió información correspondiente al avance de pagos a productores veracruzanos (Se anexa informe). Llevando un avance de pago de $48, 941,738.00 de pesos de un total de $198, 000,000.00 de pesos correspondientes a 24.72 por ciento a la fecha.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones, a las entidades federativas correspondiente a febrero de 20l7, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a febrero de 2016.
Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante febrero de 2017.
Por lo anterior, se destinaron por conducto de las autoridades aduaneras bienes aptos para su uso y consumo siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, numismáticos y dos animales entre otros.
El total de bienes destinados en el mes de febrero de 2017 fue de 6,342 los cuales se encuentran contabilizados en la unidad de medida kilogramos, litros, piezas y cabeza, anexo al presente el detalle respectivo.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.
El Instituto Nacional de Migración es el encargado de llevar a cabo acciones y programas para nuestros paisanos que por alguna razón o circunstancia han dejado nuestro país y que estén en posibilidad de regresar, es por eso que este Instituto debe tener recurso suficiente para llevar a cabo todas y cada una de las medidas necesarias para recibirlos y poder orientarlos en su nueva estancia dentro de nuestro México.
El Instituto Nacional de Migración ha creado diversos programas como lo es “Estrategia Somos Mexicanos”, que tiene como objetivo brindar a los mexicanos que han retornado voluntaria e involuntariamente una atención integral, a través de un modelo interinstitucional y coordinado que contribuyan en el corto plazo a su integración social. La misión de la Estrategia Somos Mexicanos es facilitar la reinserción social y económica de las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos. Lo anterior, conjuntando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida nacional. Consolidarse como un sistema completo y eficaz que integre los esfuerzos de las dependencias y organismos a nivel nacional que lleven a cabo acciones que beneficien la integración y el bienestar familiar de las y los migrantes mexicanos repatriados. Lo anterior, para el desarrollo regional y nacional.
Sus principales objetivos son, integrar y coordinara los distintos actores que cuenten con acciones en beneficio de los mexicanos en retorno, brindar información y canalización a los programas y apoyos gubernamentales, organismos de la sociedad civil o iniciativa privada, das atención personalizada a mexicanos repatriados y personas que regresan de manera involuntaria y voluntaria, ser un canal de comunicación entre la población repatriada y sus familias en México y la difusión.
“Somos Mexicanos” surge el 26 de marzo de 2014 por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, tiene su fundamento jurídico en los siguientes instrumentos:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El artículo 1 expresa que todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos que ingresan, transitan, salen y retornan a territorio nacional gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
2. Ley General de Población: En su artículo 83 señala que la Secretaría de Gobernación está facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados.
3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: El artículo 27, fracción XLI indica que se debe impulsar políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación.
4. Ley de Migración: El artículo 2 establece como principio fundamental de la Política Migratoria del Estado mexicano facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
5. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Constituye como parte de la Meta Nacional V. México con Responsabilidad Global, el Objetivo la 5.4.2., referente a la creación de mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecimiento de los programas de repatriación.
6. Plan Sectorial de Gobernación 2013-2018: Dentro del objetivo “Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos”, señala como estrategias fortalecer el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, e impulsar iniciativas para crear fuentes de empleo e incorporar mano de obra calificada dirigidas a connacionales repatriados.
7. Plan Especial de Migración 2014-2018: Objetivo 1. Fomentar una cultura de legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración:
4.1.4 Fortalecer las redes sociales y asociativas promotoras de la integración social y cultural
Estrategia 4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, cultural y política de las personas migrantes y sus familiares. (INM, 2017)
Asimismo existe el programa Paisano del INM, que garantiza que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.
Los principales objetivos son; asegurar un trato digno y apegado a la ley para quienes ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de las siguientes acciones/informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos, proteger su integridad física y patrimonial, sensibilizar y capacitar a servidores públicos y sociedad civil y atender y dar seguimiento a quejas y denuncias.
Se conforma por la Dirección Nacional del Programa Paisano, Un Enlace del Programa Paisano por Estado, Tres representaciones en EU (Chicago, Los Ángeles y Houston), 21 Dependencias y Sociedad Civil.
El programa es permanente, sin embargo se hacen muchos esfuerzos con la realización de tres operativos especiales en los periodos de mayor afluencia de connacionales al país: Semana Santa, Verano e Invierno. Durante estos periodos, las dependencias intensifican las labores de atención, supervisión, observación, orientación y asistencia.
Estos son los programas que el Instituto Nacional de Migración que actualmente emplea para el apoyo a nuestros connacionales, por lo que se considera se debe poner atención y brindar más recursos financieros, para el mejor desarrollo de los mismos y la implementación de nuevas estrategias que beneficien a los ciudadanos que regresan a nuestro país, veamos las siguientes notas informativas que denotan la afectación que están sufriendo debido a que el día 20 de enero de 2017, asume la presidencia de Estados Unidos de América, el mandatario Donald J. Trump, quien ha enfatizado en la repatriación de los migrantes mexicanos, por lo que debemos tomar las medidas y estrategias para denunciar y contrarrestar las acciones violatorias de derechos humanos, así como programas que permitan a los ciudadanos que regresan a México, poder tener acceso a educación, salud, vivienda, trabajo, que les permita continuar con una vida digna y respetando los derechos que les confiere nuestra Constitución General de la República.
Ahora Ley Federal de Derechos, fue reformada el 7 de diciembre de 2016, en su artículo 8, con la finalidad de incrementar el impuesto de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, donde antes de la reforma se establecía un impuesto de $390. 00 (trescientos noventa pesos moneda nacional) y actualmente se paga $500.00 (quinientos pesos moneda nacional). Es decir aproximadamente un 28 por ciento adicional.1 De acuerdo al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos,2 el 80 por ciento de la recaudación del impuesto mencionado anteriormente se canaliza al Consejo de Promoción Turística de México y sólo el 20 por ciento se dirige al Instituto Nacional de Migración, lo cual es preocupante, ya que en la actualidad se requieren más recursos para impulsar los programas para nuestros connacionales migrantes repatriados, si bien es cierto la promoción turística es importante y ayuda en gran medida al ingreso de turistas internacionales y nacionales, así como al ingreso de divisas, también es importante apoyar el tema de hoy en día que es la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, con la reforma antes señalada, hay un ingreso extra, que sirve para poder dirigir un porcentaje mayor al Instituto Nacional de Migración, lo que representaría mejores condiciones para nuestros paisanos.
Un dato que es importante señalar y que genera más ingreso para el Consejo de Promoción Turística de México y con base en el Cuarto Informe de Gobierno, el turismo se ve reflejado en las siguientes cifras:
“Turismo En 2015, México se ubicó como el noveno país con mayor llegada de turistas internacionales, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT). Ese año, nuestro país recibió a 32 millones 100 mil personas, esto es 37 por ciento más que en 2012. El crecimiento del turismo en México representa más del doble que el incremento del turismo a nivel mundial durante este periodo, y es el mayor entre los 10 países más visitados del mundo en 2015.
En 2016, la tendencia del número de visitas se mantiene: en el primer semestre llegaron a México 17 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de 8.6 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015. En 2015, México logró un nuevo máximo histórico en ingresos de divisas por visitantes internacionales: 17 mil 700 mdd. Con ello, escaló cinco posiciones en la clasificación de la OMT, pasando del lugar 22 al 17. En los primeros 3 años de esta administración, se han recibido por este concepto 9 mil 300 mdd más, con respecto al mismo periodo de la administración anterior como se ve en la siguiente tabla:
Conforme a lo antes mencionado se concluye que el Consejo de Promoción Turística de México es importante y se le deben seguir aportando recursos, sin embargo hoy en día debemos atender la problemática migratoria que existe en nuestro país con Estados Unidos de América, además, como se explicó anteriormente, el aumento al impuesto de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de $390.00 a $500.00, representa aproximadamente un 28 por ciento adicional, por tal motivo propongo que se canalice el 40 por ciento al Instituto Nacional de Migración para que cumpla con las políticas públicas y programas que ayuden el regreso de los migrantes nacionales.
Por tal motivo considero de suma importancia la presente reforma, ya que es un tema sensible y que se tiene que atender de una manera firme y oportuna, para mejor referencia, el siguiente comparativo:
Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable soberanía la siguiente iniciativa que se reforma el artículo 18-A, de la Ley Federal de Derechos y, con ello el Instituto Nacional de Migración cuente con mayor recursos para mejorar los programas y estrategias, que ayuden a contrarrestar las políticas y la violencia que se ha generado a raíz de la nueva presidencia de Estados Unidos de América.
Único: Se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 40% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 60% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración. Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.
1 “Artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos
Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas $500.00
2 “Artículo 18-A. de la Ley Federal de Derechos
Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de marzo de 2017.
Senadores: Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), Francisco Búrquez Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero Arroyó, Gabriela Cuevas Barron, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Héctor David Flores Ávalos (rúbrica), Juan Fernández Sánchez Navarro, Martha Elena García Gómez, Andrea García García, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Hermosillo y Celada, . Fernando Herrera Ávila, Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Luis Lavalle Maury, Irma Patricia Leal Islas, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, José María Martínez Martínez, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, Ernesto Ruffo Appel, José de Jesús Santana García, Fernando Torres Torres Graciano (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert, Salvador Vega Casillas, María del Rosario Guzmán Avilés, Juan Carlos Romero Hicks, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta (rúbrica), Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), Jesús Casillas Romero (rúbrica).

References: artículo 18
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 79
 artículo 45
 artículo 3
 artículo 77

Artículo 77
 artículo 4
 artículo 77
 artículo 38

Artículo 38
 artículo 77

Artículo 77
 artículo 55
 artículo 73
 artículo 107
 artículo 145
 artículo 18
 artículo 71
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 83
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18

Artículo 18
 artículo 8
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