Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-m-g-131757
Timestamp: 2019-03-18 14:07:55+00:00

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STC 119/2001, 24 de Mayo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 131757
Número de Recurso: 4214/1998
RA 4214/98. Promovido por doña Pilar M. G. respecto a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó su demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de Valencia por contaminación acústica de su vivienda en el barrio de San José. Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los ruidos sufridos por la demandante en su salud y en su domicilio. Votos particulares concurrentes.
Sentencia citada en: 587 sentencias, 90 artículos doctrinales, un tema práctico, 15 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 4214/98, interpuesto por doña Pilar M. G., representada por el Procurador don Álvaro García San Miguel Hoover y asistida por el Letrado don Andrés Morey Navarro, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de junio de 1998. Han comparecido el Ayuntamiento de Valencia, representado por el Procurador don Luis Pulgar Arroyo y bajo la dirección letrada de don Gregorio Cebreiro Navalón, así como el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer del Tribunal.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de octubre de 1998, doña Pilar M. G., representada por el Procurador de los Tribunales don Álvaro García San Miguel Hoover, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de que se hace mérito en el encabezamiento de la presente Sentencia.
Los hechos en que se apoya la demanda de amparo, relevantes para la resolución del caso, son, en síntesis, los siguientes:
Con fecha 21 de agosto de 1997 la ahora demandante de amparo solicitó del Ayuntamiento de Valencia el abono de 649.280 pesetas en concepto de indemnización por vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud, intimidad e inviolabilidad del domicilio.
Ante la falta de respuesta expresa a la solicitud, la ahora demandante en amparo interpuso recurso contencioso-administrativo, por la vía especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la petición indemnizatoria formulada. Dicho recurso fue admitido a trámite por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de septiembre de 1997, asignándosele el núm. 2317/97.
El día 2 de octubre de 1997 el Letrado del Ayuntamiento de Valencia presentó escrito de alegaciones previas solicitando la inadmisión del recurso. En defensa de esta pretensión se aducía el carácter prematuro de dicho recurso, pues todavía no había terminado el plazo del que dispone la Administración para dar respuesta a la solicitud, conforme a lo dispuesto en el art. 13.3 del Reglamento de los procedimientos administrativos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Por providencia de 27 de octubre de 1997 la Sección de la mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró no haber lugar a entrar a conocer de esta petición de inadmisibilidad.
Mediante escrito de 25 de noviembre de 1997 la parte actora procedió a la formulación de la demanda, denunciando que la Administración habría contribuido con su pasividad a vulnerar los derechos fundamentales a la integridad física y a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, proclamados por los arts. 15 y 18.1 y 2 CE.
El Ministerio Fiscal presentó escrito de alegaciones el 11 de diciembre de 1997, solicitando la estimación de la demanda.
La representación letrada del Ayuntamiento de Valencia se opuso a la pretensión indemnizatoria deducida por la actora alegando tanto la concurrencia de óbices procesales, que determinaría la inadmisión del recurso, como la falta de los requisitos establecidos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, que conducirían a la desestimación de la acción ejercitada por la demandante.
Accediendo a lo solicitado tanto por la recurrente como por el Ayuntamiento de Valencia, mediante Auto de 15 de diciembre de 1997 se acordó el recibimiento del proceso a prueba, procediéndose a la apertura de la pieza separada correspondiente.
Por providencia de 29 de mayo de 1998 se declararon conclusos los autos del recurso núm. 2317/97, señalándose para votación y fallo el siguiente día 17 de julio, al tiempo que se designaba Magistrado Ponente.
Los días 16 y 17 de junio de 1998 la parte actora presentó sendos escritos de alegaciones, cuya admisión se solicitaba al amparo de lo dispuesto en el art. 75 LJCA y efectuándose una invocación expresa del art. 24 CE. A estos escritos se acompañaban diversos documentos que la recurrente estimaba relevantes para la resolución del caso. Habiéndose dado traslado a la representación procesal del Ayuntamiento de Valencia, ésta se opuso a la admisión de dichos escritos y documentos anejos.
Finalmente, el 21 de julio de 1998 la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó Sentencia desestimatoria de las pretensiones ejercitadas por la entonces actora y ahora recurrente en amparo, con imposición a la misma de las costas, por ser preceptivo. Al respecto, interesa destacar que el órgano judicial, tras señalar que su actuación había de ceñirse, debido a la vía especial utilizada, a determinar si el acto administrativo impugnado, consistente en la desestimación por silencio de la reclamación formulada, vulneraba o incidía en los arts. 15 y 18.1 y 2 CE, consideró que, a la vista de las pruebas practicadas y del informe médico aportado por la demandante no podía alcanzarse tal conclusión, puesto que el nivel de decibelios medidos desde el zaguán colindante con la discoteca ubicada en los bajos de la finca en que se encuentra el piso de aquélla oscilaba entre 35 y 37 decibelios. Concretamente, en el fundamento segundo de la indicada Sentencia se afirma:
Sostiene la solicitante de amparo que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 21 de julio de 1998, ha vulnerado los arts. 14 y 24 CE, dejando sin protección los derechos fundamentales cuyo reconocimiento se pretendía en el proceso judicial, que son los proclamados en los arts. 15 y 18 CE.
La quejosa entiende que se ha infringido el art. 24 CE por no haberse procedido en la Sentencia a una valoración conjunta de la prueba y por carencia de motivación.
Entiende la demandante de amparo que la resolución judicial impugnada quebranta la igualdad en la aplicación de la Ley porque en la Sentencia de 7 de marzo de 1997 la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estimó que el nivel de ruidos padecidos en la misma zona vulneraba los derechos fundamentales del vecino entonces recurrente a la integridad física y a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria. Concurriendo la identidad de supuestos y de razones de pedir, no se justifican en la resolución judicial cuya anulación ahora se solicita los motivos por los que el órgano judicial considera pertinente modificar el criterio anteriormente mantenido, de tal suerte que ese cambio de criterio merece reputarse arbitrario.
Por último denuncia la recurrente que la resolución judicial impugnada no ha reparado los derechos fundamentales afectados por una actuación municipal que califica de "desconsideración de derechos fundamentales comprendidos en el ámbito de protección de la Ley 62/1978 y reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenio Europeo para la protección de tales derechos y libertades fundamentales". Sin perjuicio de que se menciona un mayor número de preceptos constitucionales, debe dejarse constancia de que para la demandante de amparo el núcleo de la cuestión se sitúa en la afección a los derechos a la vida, a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio. El contenido de estos derechos fundamentales, proclamados por los arts. 15 y 18.1 y 2 CE, ha de conectarse con los principios rectores recogidos en el Capítulo III del Título Primero de la Constitución, en especial con los arts. 43 y 45 CE, de inmediata aplicación. Así resulta tanto de la doctrina de este Tribunal (en especial, STC 102/1995, de 26 de junio), como de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España). Desde esta perspectiva no es posible considerar, como ¿siempre a juicio de la demandante de amparo¿ ha hecho la resolución judicial impugnada, sólo una de las circunstancias concurrentes, sino que ésta debe integrarse en su conjunto, constituido en la presente ocasión por una pluralidad de establecimientos en donde se desarrollan actividades molestas y frente a los cuales el Ayuntamiento de Valencia no ha adoptado las medidas adecuadas en defensa de los derechos e intereses legítimos de los vecinos de una zona acústicamente saturada.
La representación procesal de doña Pilar M. G. concluye solicitando que por este Tribunal "se dicte sentencia por la que se estime el amparo solicitado y en consecuencia, se restablezca a mi representada en la integridad de los derechos vulnerados con el correspondiente pronunciamiento y adopción de las medidas apropiadas".
Mediante providencia de 29 de mayo de 2000 la Sección Segunda de este Tribunal admitió a trámite la demanda de amparo formulada por doña Pilar M. G. y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó requerir a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que, en el plazo de diez días, remitiese testimonio de los autos sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona núm. 2317/97, interesándose al propio tiempo el emplazamiento a quienes fueron parte en el indicado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
El 5 de julio de 2000, el Procurador don Luis Pulgar Arroyo se personó en nombre y representación del Ayuntamiento de Valencia. Al escrito de personación se acompaña copia simple del poder notarial otorgado a favor del mencionado Procurador por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencia.
Por providencia de 3 de abril de 2001, el Pleno de este Tribunal acordó, conforme a lo previsto en el art. 10 k) LOTC, y a propuesta del Presidente, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo, tener por recibido el testimonio de las actuaciones remitidas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, así como el escrito del Procurador don Luis Pulgar Arroyo, a quien se tuvo por personado y parte en nombre y representación del Ayuntamiento de Valencia.
En el día y hora señalados, se constituyó el Tribunal en Pleno, declarando el Presidente que se procedía a celebrar vista pública, compareciendo el Ministerio Fiscal y las partes oportunamente personadas.
Tras la dación de cuenta por el Secretario de la tramitación del proceso, se inició la vista con el alegato de la defensa de la recurrente, que reiteró los antecedentes y razonamientos jurídicos ya expuestos en el escrito de demanda. Además, indicó que existen una serie de pruebas documentales (dos cintas de vídeo y una de audio, informes policiales y de la Organización Mundial de la Salud y un estudio de impacto sonoro de las discotecas ubicadas en el barrio de San José de la ciudad de Valencia) que, a pesar de que fueron oportunamente aportadas en el recurso contencioso-administrativo, no se incorporaron al testimonio de actuaciones remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Al respecto apunta la posibilidad, si el Tribunal lo estima oportuno, de recabar dicha documentación por la vía de las diligencias finales. Concluyó su exposición interesando la estimación del amparo, haciendo especial hincapié en la vulneración de los derechos fundamentales proclamados en el art. 18 CE, a cuyo efecto debe atenderse al ruido existente en el entorno de la vivienda y no tanto en su interior, y en la conculcación del art. 24.1 CE.
El Letrado del Ayuntamiento de Valencia comenzó su intervención destacando que el presente recurso de amparo tiene como único objeto la Sentencia recaída en el proceso judicial previo. De tal suerte que, al haberse interpuesto por la vía del art. 44.1 LOTC, no puede ser calificado como un amparo de los denominados mixtos. Consecuentemente, el examen que este Tribunal está llamado a efectuar se contrae a los alegatos atinentes a la vulneración de los arts. 14 y 24 CE.
Intervino, por último, el representante del Ministerio Fiscal, para sostener en su alegato la procedencia de otorgar el amparo por infracción del art. 18 CE.
Respecto de la vulneración del art. 14 CE, el Ministerio Fiscal coincidió con las tesis anteriormente expuestas por el Letrado del Ayuntamiento de Valencia, sugiriendo en consecuencia la desestimación de esta razón de amparo. En cuanto a la violación del art. 24.1 CE, destacó que habida cuenta del objeto y causa del proceso judicial previo, la falta de adecuada motivación de la Sentencia no debe situarse en los cánones del 24.1 CE, pues las eventuales deficiencias afectan a los derechos fundamentales sustantivos que debió ponderar la Sala sentenciadora. Dada la exigibilidad de una motivación reforzada, los eventuales defectos no deberían reconducirse a la esfera del art. 24.1 CE sino ¿en este caso¿ al ámbito de los arts. 15 y 18 CE.
En el caso concreto, el Ministerio Fiscal razonó la posibilidad de que el Tribunal sustituya los criterios empleados en la resolución judicial impugnada por los propios, al quedar directamente afectada la efectividad de los derechos fundamentales invocados. Teniendo esto presente, y procediendo a una valoración conjunta de los hechos probados ¿entre los que figuran un Acuerdo municipal de 6 de julio de 1983 por el que se resuelve no otorgar nuevas licencias de actividad en la zona para perjudicar a un medio ambiente ya degradado; numerosas denunciadas presentadas por los vecinos ante el Ayuntamiento de Valencia entre 1994 y 1997, y la declaración del barrio de San José como zona acústicamente saturada en 27 de enero de 1997¿, debe estimarse acreditada la prolongación en el tiempo de una situación de degradación ambiental en la zona, que perjudica a la calidad de vida de los vecinos y debe conllevar un traslado de la carga de la prueba sobre la concreta afección al domicilio de la demandante a la Administración demandada. Consecuentemente, procedería la estimación del recurso de amparo en cuanto se denuncia la infracción del art. 18 CE, pero no así en lo que respecta al art. 15 CE, pues la intensidad del deterioro no parece haber puesto en peligro los derechos fundamentales proclamados en este precepto.
Terminada la intervención del Fiscal y partes personadas, el Presidente concedió la palabra a todos ellos, a fin de precisar hechos y concretar argumentos, si lo estimaban oportuno. Intervinieron, con esta finalidad, por el mismo orden en que habían expuesto sus alegaciones.
El presente proceso constitucional tiene como objeto, por un lado, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de julio de 1998, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto por doña Pilar M. G. contra el Ayuntamiento de Valencia a resultas de los ruidos que afirma padecer en su domicilio; para la entonces actora y ahora demandante de amparo, esta resolución judicial habría vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE). Por otro lado se denuncia la vulneración de los arts. 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 33.3, 39.1, 43, 45 y 47 CE como consecuencia de la inactividad del Ayuntamiento frente a la que la solicitante de amparo se alzó en el recurso contencioso-administrativo, cuya Sentencia no reparó las violaciones constitucionales.
Antes de abordar el fondo del asunto debemos examinar con carácter prioritario las causas de inadmisión invocadas por el Letrado del Ayuntamiento de Valencia, pues ninguna duda cabe sobre la viabilidad del análisis de los requisitos de admisión a trámite en el momento de dictar Sentencia (por todas, STC 50/2001, de 26 de febrero, FJ 2 y las resoluciones allí mencionadas). Por otro lado, resulta indubitada la conveniencia de despejar los óbices procesales aducidos antes incluso de definir la naturaleza propia de este recurso de amparo.
Conforme hemos indicado en el antecedente noveno, el primer motivo de inadmisión invocado por el Letrado del Ayuntamiento consiste en la falta de agotamiento de los recursos utilizables en la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], pues la demandante no recurrió la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tanto la recurrente como el Ministerio Fiscal han rechazado la concurrencia de este óbice procesal.
Tampoco pueden prosperar las causas de inadmisión opuestas frente a la denuncia efectuada por la recurrente de indebida admisión de una prueba en el proceso contencioso-administrativo y que se refieren a la falta de invocación en el seno de dicho proceso y a la falta de planteamiento de la nulidad de actuaciones en los términos recogidos en el art. 240.3 LOPJ. Al respecto, baste decir que dicha denuncia carece de sustantividad propia, hasta el punto de que es ajena a los específicos motivos aducidos para sostener la vulneración del art. 24.1 CE, se formula de manera tangencial y carece del mínimo desarrollo argumental que permita conceptuarla como causa petendi de una pretensión autónoma. Estas razones impiden cualquier pronunciamiento al respecto de este Tribunal y, por ello mismo, excluyen la apreciación de posibles causas de inadmisión respecto de lo que no es específicamente objeto del recurso de amparo.
Finalmente, debemos convenir con el Ministerio Fiscal en la falta de relevancia constitucional de la queja referida a la, siempre a juicio del Letrado del Ayuntamiento de Valencia, indebida admisión del recurso que se halla en el origen del presente proceso constitucional. Hay que subrayar que el indicado Letrado no ha hecho partícipe a este Tribunal de las razones por las cuales sostiene que dicha admisión del recurso contencioso-administrativo deviene ahora un motivo de inadmisión de la demanda de amparo constitucional.
Despejado el camino que nos conduce al examen del fondo de las cuestiones planteadas en este recurso de amparo, resulta procedente precisar el carácter o naturaleza de su objeto. Esta tarea resulta obligada desde el mismo momento en que el Letrado del Ayuntamiento de Valencia sostiene que, tratándose de un recurso promovido por la vía del art. 44 LOTC, dirigido por tanto contra actos u omisiones de un órgano judicial, su objeto se ciñe a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de julio de 1998. Por el contrario, para el Ministerio Fiscal es un recurso de amparo de los denominados mixtos, con lo que su objeto comprende igualmente la pasividad de la Administración local en la preservación de los derechos fundamentales invocados.
Hemos de comenzar nuestro estudio por las infracciones constitucionales imputadas al Ayuntamiento. Concretamente, la demandante denuncia la continua desatención por la Administración municipal de las obligaciones dimanantes de la declaración del área en la que reside como "Zona Acústicamente Saturada", adoptada en acuerdo plenario de la Corporación de 27 de diciembre de 1996. Hasta el punto de que, siempre según el alegato de la recurrente, la permisividad del Ayuntamiento de Valencia frente al reiterado incumplimiento por los locales de ocio, radicados en dicha zona, de los ruidos máximos autorizados y los horarios de cierre de los establecimientos, representa una auténtica inaplicación del mencionado acuerdo municipal, lo que provoca una degradación del medio ambiente circundante; degradación que no resulta en exclusiva de los ruidos producidos por la discoteca sita en los bajos del edificio donde reside la demandante en amparo, sino que es el fruto de una acumulación de diversas fuentes de contaminación acústica.
En relación con el derecho fundamental a la integridad física y moral, este Tribunal ha tenido ocasión de señalar que su ámbito constitucionalmente garantizado protege "la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular" (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8; 215/1994, de 14 de julio, FJ 4; 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3, y 207/1996, de 15 de diciembre, FJ 2).
Este Tribunal ha sido en todo momento consciente del valor que por virtud del art. 10.2 CE ha de reconocerse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y tutela de los derechos fundamentales (por todas, STC 35/1995, de 6 de febrero, FJ 3). En lo que ahora estrictamente interesa, dicha doctrina se recoge especialmente en las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia. En dichas resoluciones se advierte que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art. 8.1 del Convenio de Roma (SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, § 51, y de 19 de febrero de 1998, § 60).
Expuesta la doctrina constitucional relevante para la resolución del caso, corresponde determinar si, a la vista de las circunstancias concurrentes en él, los derechos fundamentales sustantivos por cuya razón se solicita el amparo han sido efectivamente infringidos. Conforme hemos avanzado, nuestro análisis se ciñe estrictamente a las alegaciones relativas a los arts. 15, éste en lo que específicamente se refiere al derecho a la integridad personal, y 18.1 y 2 CE.
En lo que respecta a la infracción del derecho a la integridad personal (art. 15 CE), sostiene que el nivel de ruidos soportados de manera constante le ha ocasionado una situación de insomnio. Sin embargo, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, baste señalar que para acreditar este extremo la recurrente únicamente aportó en el proceso contencioso-administrativo previo un parte de hospitalización y consulta expedido por una facultativa del Servicio Valenciano de Salud donde ni se precisa el lapso temporal a lo largo del cual la afectada padeció esa disfunción del sueño ni se consigna como causa de dicho padecimiento el ruido que la demandante de amparo afirma haber soportado, por lo que este Tribunal, en el ejercicio de su función de garante último de los derechos fundamentales, no puede establecer una relación directa entre un ruido, cuya intensidad ni tan siquiera se ha acreditado, y la lesión a la salud que ha sufrido.
Entrando ya a examinar los motivos del recurso contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de junio de 1998, podemos avanzar que tampoco se aprecia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por las razones que ahora se exponen.
Finalmente, la denuncia de vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE) tampoco puede ser acogida. Conforme a la doctrina constante de este Tribunal, este derecho se vulnera cuando el mismo órgano judicial, existiendo identidad sustancial del supuesto de hecho enjuiciado, se aparta del criterio jurisprudencial mantenido en casos anteriores, sin que medie una fundamentación suficiente y razonable, que justifique la nueva postura en la interpretación y aplicación de la misma legalidad (entre las más recientes, SSTC 176/2000, de 26 de junio, FJ 3; 51/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 57/2001, de 26 de febrero, FJ 2). Requisitos que no concurren en el presente supuesto.
Concretamente, se sostiene que el criterio expresado en la resolución judicial ahora impugnada, que ha sido dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contradice el criterio establecido en la Sentencia de la Sección Tercera de esa misma Sala de 7 de marzo de 1997 sin ofrecer para ello una argumentación suficiente. Sin embargo, no es posible concluir que los supuestos resueltos por las dos Sentencias contrastadas sean sustancialmente idénticos. En concreto, se observan diferencias de orden temporal (referidos al momento en que se produjeron los hechos) y geográfico (en lo relativo a la ubicación de las viviendas afectadas). Además, la Sentencia aquí impugnada desestima la pretensión por falta de prueba.
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la Sentencia recaída en el recurso de amparo, avocado al Pleno, núm. 4214/98.
El presente caso planteaba dos problemas de entidad constitucional: el contenido ambiental de los derechos fundamentales y el contenido subjetivo de algunos derechos, igualmente fundamentales, pero no protegibles en vía de amparo (singularmente, el reconocido en el art. 45 CE). Así se reconocía, recogiendo los ecos de la doctrina científica y jurisprudencial más avanzada en la materia, en la ponencia que defendí. Para ello sostuve la conveniencia de hablar de un triple escalón de protección constitucional que, en sentido descendente, iría desde el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) hasta el derecho al medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (art. 45.1 CE), pasando por el derecho a la intimidad domiciliaria (art. 18 CE).
Pero, a mi juicio, la lesión de los derechos fundamentales no requiere que el ruido sea de un nivel intenso y que ponga en grave peligro la salud de las personas. La reciente legislación europea evoluciona en otra dirección. La reacción de los poderes públicos frente al ruido solamente tiene en cuenta que los efectos sean nocivos: consecuencias negativas sobre la salud de las personas, tales como las molestias provocadas por el ruido, alteración del sueño, interferencia con la comunicación oral, perjuicios en el aprendizaje, pérdida auditiva, estrés o hipertensión. En la sentencia subyace una separación entre integridad física (art. 15 CE) y salud (art. 43 CE). Es una separación que la legislación europea rompe desde el momento en que asume que la salud humana, como la entiende la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el "estado de absoluto bienestar físico, mental y social".
El ruido lesivo de los derechos fundamentales alegados en el proceso y, en particular, el derecho a la integridad física en un estado de salud, no es sólo el ruido que invade el ámbito domiciliario: es el ruido ambiental. El ruido como fenómeno unitario tiene efectos nocivos sobre la salud, con independencia de dónde y cómo se produce. Puede ser considerablemente nocivo el ruido que afecta a los escolares o a los ancianos en sus lugares de estudio o de residencia, o a los enfermos en los lugares de sanación. El ruido no entiende de fronteras: es una forma de energía que afecta nocivamente sobre la salud de las personas en muy distintos lugares de exposición más o menos continuada, no sólo en el domicilio. En consecuencia no debe circunscribirse el libre desarrollo de la personalidad al ámbito domiciliario, cuando tal desarrollo resulte afectado por el ruido circundante. No se plantea sólo en el recurso de amparo "si el nivel de ruidos padecidos por la demandante en su domicilio reviste entidad suficiente para entender que se han vulnerado los derechos fundamentales antes citados", que es lo que se recuerda en el FJ 7.
Este Voto concurrente sólo pretende ampliar el panorama, en cuanto paisaje social dilatado que se contempla desde la protección del derecho fundamental a la intimidad; derecho actualmente en peligro por ese "factor psicopatógeno" que es el ruido, como acertadamente se apunta en la Sentencia.
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Fernando Garrido Falla en relación con la Sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal en el recurso de amparo núm. 4214/98.
- Hay que subrayar que la imputación de la lesión de los derechos fundamentales protegidos por los arts. 15 y 18.1 y 2 CE se dirigen en nuestro caso contra el Ayuntamiento de Valencia, es decir, contra una Administración pública que no es directamente la productora de los ruidos.
Quede claro, pues, que se trata de derechos cuya vulneración puede producirse por actuaciones tanto de particulares como de cualquier poder público. En el primer caso, el dañado encuentra la suficiente protección tanto en las leyes civiles (protección de las relaciones de vecindad: servidumbre de vistas, humos, olores, ruidos...), como en las penales (allanamiento de morada, arts. 202 y 534 Código Penal); la particularidad de nuestro caso se advierte si tenemos en cuenta que los agentes directos de la saturación acústica que se denuncia son cabalmente personas privadas (entre otras, la discoteca cuyo alto volumen de ruidos alega la recurrente). Dicho esto, debe quedar claro (aunque, por supuesto, no se desprenda lo contrario de nuestra Sentencia) que, sin embargo, lo que se ha cuestionado en la previa vía contencioso-administrativa ¿y luego se trae a nuestro examen¿ es la inactividad o pasividad del Ayuntamiento de Valencia frente al requerimiento de protección solicitado en su día por la recurrente en amparo. Hay, pues, una cuestión previa deficientemente clarificada, a saber: hasta qué punto la Administración pública requerida está obligada a dispensar la protección que de ella se solicita. Esta previa obligación es a juicio del Magistrado que suscribe, el presupuesto que ha de tenerse en cuenta para admitir o negar la existencia de nexo causal entre la inactividad administrativa y la lesión del derecho fundamental alegado. O, dicho de otro modo, y ahora desde la perspectiva de la actuación positiva de la Administración: hay que preguntarse si a un Ayuntamiento corresponde, en uso de sus potestades, impedir que actuaciones de particulares, sujetas a autorización o licencia administrativa, perturben los derechos fundamentales aquí invocados y si ¿y ésta es mi opinión¿ el ejercicio de tales potestades se convierte en obligatorio cuando la agresión a los derechos fundamentales alcanza un determinado nivel de gravedad. La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 9 de diciembre de 1994 (caso López Ostra c/ España) fundamenta su estimación precisamente en este tipo de razonamiento.
- A mi juicio, la agresión acústica puede afectar potencialmente a los derechos fundamentales protegidos por los artículos 15, 18.1 y 2 e incluso 19 de la Constitución. Mis precisiones con respecto a los argumentos jurídicos que fundamentan nuestra Sentencia ¿con cuyas líneas generales y fallo coincido¿ se explicarán a continuación.
- Por lo que se refiere a "la integridad física y moral" y a la interdicción de la tortura (art. 15 CE) está claro, y este sería un ejemplo clásico, que nadie puede ser sometido a interrogatorio policial o judicial mediante procedimientos que tiendan a debilitar su resistencia física o psíquica y que consistan en perturbarle el sueño o su descanso con músicas o ruidos de elevada potencia. Pero la interpretación constitucional que ahora se nos exige es más sutil: debe abarcar aquellos supuestos en los que incluso no exista una intención reflexiva de perturbarnos por parte de quienes generan la saturación acústica que, como quedó dicho, ni siquiera son agentes o funcionarios públicos. La relación entre el ruido, como agente patógeno, y la salud está expresamente recogida en nuestra legislación vigente [Ley 38/1999, de ordenación de la edificación, art. 3, c), 2]. Por lo demás comparto cuanto en la Sentencia se dice sobre la intensidad y permanencia de los ruidos en cuestión, así como las consecuencias aplicativas al concreto caso que nos ocupa.
- Por lo que se refiere al derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) participo de cuanto se dice en nuestra Sentencia a condición de que quede claro que la agresión a la intimidad se conciba, no solo como una publicatio de lo que nos es privado ¿es decir, de lo que pertenece a nuestra "privacidad"¿ sino como el derecho a desarrollar nuestra vida privada sin perturbaciones e injerencias externas que sean evitables y no tengamos el deber de soportar. Nadie tiene el derecho a impedir nuestro descanso o la tranquilidad mínima que exige el desempeño de nuestro trabajo intelectual. Por lo contrario, puede existir un deber de los poderes públicos de garantizarnos el disfrute de este derecho, según cuáles sean las circunstancias.
- El derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) también puede verse afectado por la indebida saturación acústica. En primer lugar, porque la vulneración de la intimidad personal y familiar se potencia cuando el lesionado lo es en su propio domicilio (como regla ¿y desde luego en el caso del presente recurso¿ intimidad y domicilio, frente a agresión acústica, constituyen una unidad inescindible); en segundo lugar, porque, según los casos, el ruido puede ser tan insoportable que obligue al dañado a cambiar su domicilio. Lo cual constituye, a mi juicio, una doble vulneración de derechos fundamentales: el derecho a la inviolabilidad (art. 18.1) y el derecho a la libre elección de domicilio (art. 19 CE).
STS 1078/2009, 5 de Noviembre de 2009
STS, 13 de Diciembre de 2005

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 Real Decreto 
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