Source: http://espanito.com/inadmisibilidad-v3.html
Timestamp: 2020-01-27 10:42:08+00:00

Document:
INFORME No. 108/131
PETICIÓN 4636-02
JUAN ECHEVERRÍA MANZO Y MAURICIO ESPINOZA GONZÁLEZ
El 17 de diciembre del 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió2 una petición presentada por Francisco Cox Vial (en adelante “el peticionario”), en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Chile (en adelante “el Estado” o “Chile”) por la presunta aplicación retroactiva de la Ley No. 19.653 sobre probidad administrativa (en adelante “Ley de Probidad”) cuyo efecto habría sido la destitución de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante “PICH”) Juan Echeverría Manzo y Mauricio Espinoza Gonzáles (en adelante “las presuntas víctimas”).
El peticionario alega la eventual violación de los derechos a las garantías judiciales, el principio de legalidad, la propiedad privada y la protección judicial -en los procesos penales y administrativos seguidos contra las presuntas víctimas- consagrados en los artículos 8, 9, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), así como de la obligación de respetar y garantizar los derechos prevista en su artículo 1.1. El Estado alega que el reclamo es inadmisible porque es extemporáneo, no se habrían agotado los recursos internos, no caracteriza violación a la Convención Americana y sostiene que la CIDH no es un tribunal de alzada.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió que el reclamo es inadmisible por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 47.a) de la Convención Americana, en relación al artículo 46.1.b) por cuanto es extemporánea. Asimismo, decidió notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La petición fue registrada bajo el número 4636-00 y fue transmitida al Estado el 12 de octubre de 2003 para sus observaciones. El 16 de enero y 5 de octubre de 2005 y 9 de mayo de 2006 el peticionario remitió información adicional. El 5 de junio de 2006, la CIDH reiteró su solicitud de informacional Estado. El 23 de junio de 2006, el Estado solicitó a la CIDH la copia del expediente de la petición, la cual fue remitida al Estado el 26 de abril de 2007. El 21 de noviembre de 2006, el peticionario remitió información adicional.
El 6 de junio de 2007, el Estado informó que había recibido las partes pertinentes de la petición recién el 25 de mayo de 2007 y solicitó una prórroga para presentar observaciones, la cual fue otorgada por la CIDH el 11 de junio de 2007.
El 15 de agosto de 2007, el Estado presentó su respuesta la cual fue trasladada al peticionario. El 11 de marzo de 2008, el peticionario informa a la CIDH que no ha tenido noticia del trámite de la petición desde el otorgamiento de la prórroga al Estado. El 15 de mayo de 2008, se le acusa recibo. El 1˚ de septiembre de 2009, la CIDH le reitera la solicitud de información al peticionario y el 2 de septiembre de 2009 el peticionario responde que su dirección no es la que figura en el envío, por lo que no ha recibido la respuesta del Estado, pero que sin perjuicio de esto, no hará observaciones al escrito del Estado ya que “ello sólo dilataría aún más una decisión”. El 24 de septiembre de 2013 se reenvió la respuesta del Estado al peticionario y se trasladó la comunicación de 2009 del peticionario al Estado, ambas para conocimiento de las partes.
El peticionario alega que los funcionarios de la PICH Juan Echeverría Manzo y Mauricio Espinoza Gonzáles habrían sido detenidos el 17 de octubre de 1999 y el 27 de noviembre de 1999, respectivamente; por conducir en estado de ebriedad.
Con respecto del señor Espinoza indica que el 15 de junio de 2000 el Juzgado del Crimen de Limache lo habría condenado por conducir ebrio, a la pena de 61 días de presidio menor, en su grado mínimo con accesoria de suspensión de cargo u oficio público, la cual habría sido cumplida. Indica que mediante Resolución No. 5 de la PICH, de 6 de marzo de 2001, se resuelve que se cumpla la pena de 61 días de suspensión de empleo, desde el 12 de marzo al 11 de mayo de 2001.
Alega que paralelamente al proceso penal, se habría iniciado un sumario administrativo a fin de establecer las causales y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos que motivaron la detención. El 18 de junio de 2001 el sumario habría confirmado que se aplicaría una medida de cuatro días de permanencia en el cuartel. Asimismo, alega que se le habría notificado el retiro absoluto de la presunta víctima de la institución, efectivo desde el 11 de septiembre de 2001, mediante el Decreto Supremo de la Subsecretaría de Investigaciones del Ministerio de Defensa No. 212 de 23 de julio de 2001.
Sostiene que esta medida se habría fundado en la sentencia de 15 de junio de 2000 y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado No. 18.575 (en adelante “Ley Orgánica de la Administración”) modificada por la Ley de Probidad, que establece las causales de inhabilidad para ejercer cargos públicos y las causales de destitución. El peticionario indica que esta ley establece, en su artículo 56.c), que las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito no podrán ingresar a ejercer cargos públicos.
Indica que su artículo 66 establece que
las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo 56. En el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a una dependencia en que no exista entre ellos relación jerárquica. El incumplimiento de esta norma será sancionada con la medida disciplinaria de destitución del infractor.
Sostiene que la mencionada Ley fue publicada en el Diario Oficial 14 de diciembre de 1999, con posterioridad a la fecha de comisión del ilícito por el cual fue sancionado a una pena de simple delito.
Respecto a Juan Echeverría Manzo, señala que el 17 de abril de 2000, la presunta víctima habría sido condenada y sancionada con la misma pena. Asimismo, alega que en el ámbito administrativo el señor Echeverría habría sido notificado el 16 de mayo de 2000 que le aplicaba la medida de cuatro días de permanencia en el cuartel. Alega que las penas también fueron cumplidas.
Alega que el 3 de agosto de 2001 al señor Echeverría se le habría notificado el Oficio No. 2685 del jefe de personal, donde se ordena cursar su retiro absoluto de la institución, medida que se habría ejecutado el 13 de septiembre de 2001, mediante el Decreto Supremo de la Subsecretaría de Investigaciones del Ministerio de Defensa No. 217 de 27 de julio de 2001.
Las presuntas víctimas habrían presentado recursos de protección como acciones constitucionales, al considerar que se habría violado el principio de irrectroactividad de la ley sancionatoria por lo que se habrían violado los derechos constitucionales de las presuntas víctimas al debido proceso y dado que la medida que habría decretado su retiro absoluto no habría sido objeto de sumario administrativo. Se habría alegado que las presuntas víctimas no tuvieron derecho a la defensa; no habría existido bilateralidad de audiencia; y se habría violado su derecho a la propiedad privada.
El 26 de octubre de 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago habría rechazado el recurso de protección del señor Espinoza, decisión que habría sido apelada ante la Corte Suprema el 2 de noviembre de 2001 y rechazada, a su vez, el 4 de diciembre de 2001, al considerarse que la PICH actuó dentro de sus facultades. La Corte Suprema habría considerado además que no existe derecho de propiedad sobre el empleo, por lo que no procede el recurso de protección respecto del derecho al empleo.
El recurso de protección interpuesto por el señor Echeverría habría sido desestimado el 17 de octubre de 2001 y la apelación habría sido desestimada el 25 de octubre de 2001, al considerar que “la causal de inhabilidad en examen estriba en la circunstancia misma de la condena por crimen o simple delito y no en el hecho delictivo”.
En noviembre de 2001, el peticionario habría presentado también recursos administrativos, a favor de las presuntas victimas, ante la Contraloría General de la República (en adelante “la Contraloría”) a fin de impugnar la legalidad que la Corte de Apelaciones le habría atribuido a la actuación de la autoridad policial. En dichos recursos se habría solicitado al Contralor que no tomara razón de los Decretos Supremos que dispusieron el retiro de las presuntas víctimas por ser inconstitucional e ilegal, dada la aplicación retroactiva de la Ley de Probidad.
La Contraloría habría respondido que no podría pronunciarse por existir un recurso de protección pendiente. Una vez rechazados los recursos de protección, el 17 de junio de 2002 la División Jurídica de la Contraloría habría manifestado que para ver si ha recobrado competencia para pronunciarse sobre la cuestión planteada es necesario atender las sentencias respectivas donde se rechazan los recursos. Respecto del señor Echeverría, la Contraloría decidió que “la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago […] se fundó en las consideraciones de que la determinación de la autoridad que pone término a los servicios de los interesados se ajustó a derecho […]”, por lo que reitera que debe abstenerse de emitir opinión.
Respecto del señor Espinoza la Contraloría decidió que “por no haberse fundado esta última sentencia en aspectos de fondo relativos a la destitución de que fue objeto el señor Espinoza González, corresponde a que este Organismo Contralor se pronuncie en la actualidad sobre su reclamación”. El peticionario alega que sin embargo, la Contraloría no se hizo cargo de la alegada aplicación retroactiva de la norma, sino sólo sobre la inaplicabilidad a los funcionarios del beneficio de remisión condicional de la pena que se les había reconocido a las presuntas víctimas.
El peticionario considera que se agotaron los recursos internos con el recurso de protección y el reclamo administrativo presentados, los cuales eran los recursos adecuados; pero que no resultaron eficaces, al haber sido desechados por argumentos meramente formales.
El peticionario alega que las presuntas víctimas fueron sancionadas con el retiro absoluto de la institución policial, la sanción más drástica en el ámbito administrativo, sin respetarse las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, dado que se habría realizado una “aplicación mecánica y antojadiza de la ley de probidad que modificaba las consecuencias de haber sido condenado por simple delito”. Alega que la administración no puede “dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados las garantías del debido proceso3”y que las presuntas víctimas “no fueron sometidas a un procedimiento administrativo previo a la sanción de destitución4”.
Asimismo, alega que se violó el derecho a la irrectroactividad de la ley sancionatoria establecida en el artículo 9 de la Convención Americana y el derecho a un recurso judicial efectivo, establecido en el artículo 25 del mismo instrumento.
El Estado alega que la petición es inadmisible dado que es extemporánea y que no se habrían agotado los recursos internos. Asimismo, alega que no se habrían configurado violaciones a la Convención Americana y que la CIDH no puede actuar como tribunal de cuarta instancia.
Alega que el señor Espinoza fue detenido el 27 de noviembre de 1999 y que el 29 de noviembre se le habría iniciado un sumario administrativo. Asimismo, se le habría iniciado un proceso penal por conducir en estado de ebriedad que finalizó con la sentencia condenatoria de 15 de junio de 2000 que impuso la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de suspensión de su cargo público durante el tiempo de la condena.
Alega que, igualmente, el sumario del señor Echeverría finalizó con la sentencia condenatoria de 4 de abril de 2000 emitida por el Segundo Juzgado del Crimen de Melipilla con la misma pena. Señala que al ser notificado de la sentencia, el señor Echeverría, habría dado cuenta a la Jefatura de la PICH, la cual le informó el 16 de mayo de 2000 que se le aplicaban cuatro días de permanencia en el cuartel como medida disciplinaria.
Alega que el 29 de agosto de 2000 la Contraloría emitió su Dictamen No. 33.122, que establece que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Administración contiene una normativa básica y obligatoria para todos los servicios afectos a sus disposiciones, que debe prevalecer por sobre los preceptos que al momento de su establecimiento se encontraban vigentes y que pudieran contemplar inhabilidades menos estrictas, como ocurre con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley No. 1, de 1980, del Estatuto del Personal de la PICH (en adelante “D.F.L. No.1/80”); por lo que alega que dicha disposición legal perdió su eficacia jurídica.
Indica que el citado artículo 86 previene que
ningún funcionario que haya sido condenado en virtud de sentencia ejecutoriada por haber cometido delito que merezca pena aflictiva, en el desempeño de su cargo o prevaleciéndose de él, podrá continuar en servicio activo, aunque haya sido indultado5.
Indica que mediante Dictamen No. 23.882 la Contraloría habría complementado que el impedimento para ingresar a la administración pública estaba dado por la existencia de una sentencia condenatoria en contra de la persona de que se trataba, lo cual impide a esta persona ingresar a la Policía y en general, a la administración pública. Asimismo, alega que como causal sobreviniente se impide a la persona permanecer en la administración, si se tenía la calidad de funcionario al momento de emitirse el fallo; siendo irrelevante para estos efectos el que se haya cumplido la pena.
Sostiene que la PICH procedió a cursar los retiros de todos aquellos funcionarios que, a partir del 14 de diciembre de 1999, se hallaban condenados por crimen o simple delito y no presentaron la renuncia a su cargo o función dentro de los diez días siguientes de ejecución de la resolución sin importar el cumplimiento efectivo de la pena, en base al artículo 91.d) del D.F.L. No. 1/80. Dichos retiros habrían sido dispuestos por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo, por tratarse de personal de nombramiento supremo. Adicionalmente, sostiene que el 22 de noviembre de 1999 el Tribunal Constitucional habría declarado la constitucionalidad de la Ley de Probidad.
El sumario del señor Espinoza habría concluido el 18 de junio de 2001 con medida disciplinaria de cuatro días de permanencia en el cuartel, decisión le habría sido notificada el 25 de julio de 2001.
Alega que a consecuencia de la sentencia penal contra el señor Espinoza, el 29 de junio de 2001, la PICH dispuso que se cursara su retiro absoluto fundamentado en la Ley No. 18.576, modificada por la Ley de Probidad. Esto se le habría informado el 11 de julio de 2001. El Decreto Supremo de retiro se habría dictado el 16 de julio de 2001 y le habría sido notificado el 25 de julio de 2001.
El señor Espinoza habría interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra la decisión de la PICH, ante lo cual la Corte se habría declarado incompetente, remitiéndolo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual a su vez lo rechazó al considerar que no se habría configurado una actuación ilegal o arbitraria de la autoridad policial, el 26 de octubre de 2001. Dicha sentencia habría sido confirmada el 4 de diciembre de 2001 por la Corte Suprema. La presunta víctima habría realizado una presentación ante la Contraloría, la cual se abstuvo de emitir pronunciamiento por encontrase impedida de intervenir en asuntos litigiosos.
Respecto del señor Echeverría, alega que mediante providencia No. 801/44 de 12 de julio de 2001 de la Dirección General de la PICH se habría dispuesto cursar el retiro absoluto del funcionario, para lo cual se solicitó el dictado del acto administrativo del Ministro de Defensa. El 3 de agosto de 2001 habría sido notificado de su retiro. El Decreto Supremo de retiro se habría fundamentado en la sentencia penal condenatoria y en la Ley de Probidad. El 22 de agosto de 2001 la Contraloría habría tomado razón de dicho decreto y la medida se habría hecho efectiva el 13 de septiembre de 2001.
Señala que el señor Echeverría habría interpuesto recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que habría sido rechazado el 17 de octubre de 2001 y que contra dicha resolución no se habría interpuesto recurso alguno, por lo que se certificó su ejecutoriedad el 6 de noviembre de 2001. Alega que en respuesta a un recurso administrativo presentado ante la Contraloría, el 17 de junio de 2002 ésta indicó que se abstenía de emitir pronunciamiento dado que el caso había sido resuelto por la Corte de Apelaciones.
Alega que no se ha conculcado el derecho a la irretroactividad de la ley sancionatoria ya que la causal de inhabilidad aplicada deriva de la condena por crimen o simple delito y no del hecho delictivo del que ella viene a ser consecuencia. Añade que luego de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad basta el hecho de haber sido condenado por crimen o simple delito, sea o no de acción pública, para poder ingresar o permanecer en la PICH.
Sostiene que no existe la alegada violación al artículo 8 de la Convención Americana dado que la legislación chilena prevé la impugnación de los actos administrativos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración. Considera que tampoco se habría violado el artículo 25 del mismo instrumento dado que las presuntas víctimas habrían hecho uso de recursos efectivos como lo es el recurso de protección y las demás presentaciones efectuadas ante la Contraloría. Alega que el que no hayan obtenido resultados favorables no puede ser justificativo para desconocer los recursos judiciales que fueron utilizados.
Asimismo, alega que las presuntas víctimas no hicieron uso de los recursos de reclamación y jerárquico para la impugnación de los actos administrativos. Sostiene que tampoco hicieron uso del recurso de invalidación que existe en la normativa chilena desde mayo de 2003, por lo que no se habrían interpuesto ni agotado los recursos internos. Indica que las excepciones a dicho agotamiento no aplican en la presente petición, dado que no hubo impedimento al acceso a los recursos, no ha existido retardo en las resoluciones y en Chile existe la legislación interna adecuada.
Alega que no se habría configurado violación a la Convención Americana dado que las presuntas víctimas debieron actuar conforme a la “dignidad de su cargo y a su Reglamento Disciplinario” por lo que no pueden denunciar internacionalmente para evitar ser sancionados por una disposición ajustada a la normativa interna. Alega que el reclamo carece de sustento para comprometer la responsabilidad del Estado porque no hubo una violación de derechos, sino una debida correlación entre los derechos y deberes fundamentales de las personas, especialmente por ser funcionarios públicos.
Asimismo, alega que lo pretendido es una nueva instancia que enmiende el retiro de las presuntas víctimas, el cual se ajustó a las normas del debido proceso, no vulneró el citado principio de irretroactividad y dejó largo tiempo abierta la posibilidad de que se hiciera uso de los recursos administrativos correspondientes.
Alega también que la comunicación de la CIDH al Estado tiene fecha de 26 de abril de 2007 y que la última fecha de pronunciamiento de la Contraloría habría sido el 17 de junio de 2002, por lo que la petición sería extemporánea. Alega que aún cuando el plazo se hubiese comenzado a contar el 12 de diciembre de 2003 (fecha en la que el Estado no habría recibido la comunicación de la CIDH vía fax), no se habría cumplido con el requisito.
El peticionario está legitimado para presentar una petición ante la Comisión conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Convención Americana. En la petición se nombra como presuntas víctimas a individuos respecto a los cuales el Estado ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención Americana. Asimismo, Chile es un Estado parte de la Convención desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión posee competencia ratione personae para examinar la petición.
La Comisión posee competencia ratione loci para considerar la petición, ya que en ésta se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana ocurridos dentro del territorio de un Estado parte de la misma. La CIDH posee competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana regía para el Estado a las fechas en las que se habrían cometido las violaciones alegadas en la petición. Finalmente, la Comisión posee competencia ratione materiae porque en la petición se aducen violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
Según lo establece el Reglamento de la Comisión, y lo expresado por la Corte Interamericana, toda vez que un Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos por parte de los peticionarios, tiene la carga de identificar cuáles serían los recursos a agotarse y demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan “adecuados” para subsanar la violación alegada, vale decir que la función de esos recursos dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida6.
Al respecto, el Estado alega que las presuntas víctimas no hicieron uso de los recursos de reclamación y jerárquico para la impugnación de los actos administrativos. Sostiene que tampoco hicieron uso del recurso de invalidación, por lo que no se habrían interpuesto ni agotado los recursos internos. Por su parte, el peticionario sostiene que los recursos internos se agotaron con los recursos de protección y administrativos.
La Comisión observa que el objeto de la presente petición se refiere a la sanción de retiro absoluto de las presuntas víctimas a través de la alegada aplicación retroactiva de la Ley de Probidad. Concretamente, la petición cuestiona Decretos Supremos del Ministerio de Defensa que serían arbitrarios y afectarían los derechos fundamentales de las presuntas víctimas a las garantías judiciales, el principio de legalidad, la protección judicial, la igualdad ante la ley y la propiedad privada.
La Comisión nota que tras la emisión de dichos Decretos las presuntas víctimas habrían presentado recursos judiciales de protección por considerar violado el principio de irretroactividad de la ley sancionatoria. El 26 de octubre de 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago habría rechazado el recurso de protección del señor Espinoza, decisión que habría sido apelada el 2 de noviembre de 2001 y rechazada, a su vez, el 4 de diciembre de 2001. El recurso de protección interpuesto por el señor Echeverría habría sido desestimado el 17 de octubre de 2001 y la apelación, a su vez, habría sido desestimada el 25 de octubre de 20017. Por lo tanto, dadas las características de la presente petición, la Comisión considera que los recursos de la jurisdicción interna fueron agotados mediante las sentencias de la Corte Suprema de 4 de diciembre de 2001 para el señor Espinoza; y mediante la desestimación de la Corte Suprema para el señor Echeverría.
En cuanto a los recursos de reclamación, jerárquico y de invalidación a los que hace referencia el Estado, la Comisión reitera que no es necesario agotar todos los recursos disponibles en la jurisdicción nacional, sino sólo aquellos que sean aptos para reparar efectivamente el daño que se está denunciando8. Al respecto, la Comisión observa que los peticionarios optaron por interponer el recurso judicial de protección con el objeto de impugnar los Decretos Supremos en cuestión y las violaciones de derechos humanos alegadas.
Sin perjuicio de esto, la Comisión nota que, con posterioridad a la interposición de las demandas judiciales, las presuntas víctimas habrían presentado recursos administrativos ante la Contraloría contra los Decretos Supremos en cuestión. La Contraloría habría respondido el 17 de junio de 2002. Respecto del señor Espinoza, se habría pronunciado sólo sobre la inaplicabilidad del beneficio de remisión condicional de la pena que había recibido. Respecto del señor Echeverría, la Contraloría se habría abstenido de emitir opinión dado que “la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago […] se fundó en las consideraciones de que la determinación de la autoridad que pone término a los servicios de los interesados se ajustó a derecho […]”.
La Comisión observa que los recursos administrativos, interpuestos con posterioridad a las decisiones judiciales, no constituyen un recurso jurisdiccional en los términos de la Convención Americana y carecen de idoneidad para proteger las supuestas violaciones a los derechos humanos alegadas en la presente petición, pues no resultan efectivos en el sentido que le ha dado la jurisprudencia del sistema interamericano9.
La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva.
El Estado alega que la petición es extemporánea dado que la comunicación con la que finalmente recibió la petición es de 26 de abril de 2007 y la decisión de la Contraloría de 17 de junio de 2002, por lo que se habría incumplido el plazo de los seis meses.
Al realizar su análisis la CIDH toma en consideración la fecha de presentación de la petición ante ella y la fecha de notificación de la decisión definitiva del recurso judicial interno agotado. La Comisión observa que la petición fue presentada ante la CIDH 17 de diciembre del 2002 y la Corte Suprema habría rechazado la apelación del señor Espinoza el 4 de diciembre de 2001 y la apelación del señor Echeverría habría sido rechazada el 25 de octubre de 2001. Por lo tanto, la petición no cumple con el requisito del plazo de los seis meses establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana y deviene inadmisible.
La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana10.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible de conformidad con el artículo 47.a) de la Convención Americana, debido a la extemporaneidad de la petición y en consecuencia,
Declarar inadmisible la petición bajo análisis, conforme al artículo 47.a) de la Convención Americana.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 5 días del mes de noviembre de 2013. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Felipe González, de nacionalidad chilena, no participó en el debate ni en la decisión de la presente petición.
2 La petición fue recibida por fax el 17 de diciembre de 2002 y fue sellada como recibida el 18 de diciembre de 2002.
3 En sustento de su argumento el peticionario cita: Corte I.D.H. Caso Baena, Sentencia de 2 de febrero de 2001.
4 En sustento de su argumento el peticionario cita: Corte I.D.H. Caso Baena, Sentencia de 2 de febrero de 2001.
5 Se desprende del expediente que dicha disposición sólo prevé la inhabilitación por delitos sancionados con pena aflictiva y no para delitos de mayor gravedad.
6 Artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión. Ver también Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 64.
7 Decisión publicada en http://corte.poderjudicial.cl
8 Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 64; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No.2, párr. 88 y, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No.3; párr. 88.
9 Cfr. CIDH, Ejido "Ojo de Agua" vs. México, Petición 11.701, Informe N° 73/99, OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 316 (1999), párr. 16 e Informe Nº 36/05 (Inadmisibilidad) Petición 12.170, Fernando A. Colmenares Castillo, México, 9 de marzo de 2005, párrs. 38-39.
10 CIDH, Informe No. 135/09, Petición 291-05, Jaime Salinas Sedó (Perú), 12 de noviembre de 2009; Informe No. 42/09, Petición 443-03, David José Ríos Martínez (Perú), 27 de marzo de 2009; Informe No. 87/05, Petición 4580/02, Ricardo Antonio Cisco Ferrer (Perú), 24 de octubre de 2005; Informe No. 73/99, Ejido "Ojo de Agua", Caso 11.701 (México), 4 de mayo de 1999; Informe No. 24/99, Caso 11.812, Ramón Hernández Berríos y otros (México), de 9 de marzo de 1999; e Informe No. 82/98 y Caso 11.703, Gustavo Gómez López (Venezuela), 28 de septiembre de 1998, entre otros.

References: artículo 1
 artículo 47
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 56
 artículo 66
 artículo 56
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 56
 artículo 86
 artículo 86
 resolución 
 artículo 91
 resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 17
 Artículo 31