Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=635874
Timestamp: 2019-05-21 07:33:23+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 65
ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EN MATERIA DE PLANTAS
NUEVA FÓRMULA DE CÁLCULO PARA INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
HOMENAJE A ORQUESTA SINFÓNICA DE ANTOFAGASTA EN QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
PROYECTO DE ACUERDO DEL SENADOR SEÑOR SABAG, CON EL QUE SOLICITA A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE SE ESTUDIE LA FACTIBILIDAD DE UNA LÍNEA FERROVIARIA QUE ENLACE CHILLÁN CON PENCO Y CONCEPCIÓN, ENCOMENDÁNDOLE A LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EL INICIO DE LAS GESTIONES PARA SU CONSTRUCCIÓN(S 1617-12)
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, en materia de inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional (7505-07) (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones en el plazo determinado)...........................................................................................................
Reconocimiento y protección a derecho a identidad de género. Retiro de Tabla de Fácil Despacho (8924-07) (se aprueba).....................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, en materia de plantas (8662-05) (se aprueba en particular).............................................................................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (8324-03 y 8492-13) (se aprueban las modificaciones).....................................................................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre interés máximo convencional (7786-03, 7890-03 y 7932-03, refundidos) (se aprueba el informe de la Comisión Mixta)......................................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (7963-06) (se aprueba en general)......................................
Homenaje a orquesta sinfónica de Antofagasta en quincuagésimo aniversario de su fundación (intervenciones de los Senadores señores Cantero y Horvath).................
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Felix de Vicente Mingo. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas, y la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro.
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 63ª y 64ª, ordinarias, en 15 y 16 de octubre del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (boletín Nº 7.975-25).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletines Nos. 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos).
3.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15).
Con el último hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos (boletín N° 7.934-13).
Con el primero informa que rechazó la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo expone que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que modifica la ley N° 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30 mil unidades de fomento (boletín Nº 8.771-01).
Con los tres últimos comunica que prestó su aprobación a las iniciativas que se señalan a continuación:
1.- Proyecto que otorga a los funcionarios del Poder Judicial que indica una bonificación por retiro voluntario y otros beneficios que señala (boletín N° 9.118-05) (con urgencia calificada de "suma").
2.- Proyecto sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (boletín N° 8.467-12).
3.- Proyecto que modifica la ley N° 17.635, de 1972, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda que indica (boletín N° 9.018-14) (con urgencia calificada de "suma").
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los preceptos que se enuncian a continuación:
1.- Artículo 8° de la ley N° 17.322, que establece normas sobre cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
2.- Artículo 389, parte final, del Código Penal.
Informa, en respuesta a lo solicitado en nombre del Senador señor Navarro, sobre la construcción de nuevas comisarías de Carabineros en las comunas de Penco, Lota y Chillán.
Responde acuerdo de esta Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señor Tuma, señoras Allende, Rincón y Von Baer y señores Escalona, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín Fernández, Larraín Peña, Muñoz Aburto, Navarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar, con el que manifiesta su condena al uso de armas químicas y rechaza cualquier intervención bélica unilateral al margen del orden jurídico internacional (boletín Nº S 1.605-12).
Remite copia del Convenio de Cooperación suscrito entre la Armada de Chile y el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Letelier, acerca de diversos aspectos de la situación y financiamiento de las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores.
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Horvath, respecto del sumario para establecer la existencia de responsabilidad administrativa en el accidente ocurrido el 15 de abril de 2012, del que fueron víctimas dos funcionarios de la Dirección Regional de Aguas de Aysén mientras cumplían una comisión de servicio.
Contesta consulta, realizada en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre la situación del exvertedero La Cañamera, en la comuna de Puente Alto.
Informa sobre solicitud, expedida en nombre de la Senadora señora Rincón, relativa al requerimiento del señor Aníbal Matus Rodríguez para ser intervenido quirúrgicamente en el Complejo Asistencial Barros Luco.
Responde petición, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, concerniente al traspaso a la Municipalidad de San Javier del inmueble fiscal, actualmente destinado a la Policía de Investigaciones de Chile, que se encuentra en desuso como consecuencia del terremoto de 2010.
Atiende solicitud de información, hecha en nombre de la Senadora señora Allende, sobre el plan de licitaciones de terrenos fiscales en la Región de Atacama para el presente año.
Contesta observación, formulada en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la concordancia con la ley N° 20.571, sobre el net metering, que requiere su decreto reglamentario, próximo a ingresar a la Contraloría General de la República en trámite de toma de razón.
Responde solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Alvear, relativa al estudio "Evaluación y Diseño Definitivo del Centro de Referencia Ambiental" ejecutado por el Centro Nacional del Medio Ambiente.
Contesta petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Uriarte, sobre calidad del servicio prestado por las compañías de internet móvil en la Región de Coquimbo y acerca de sus planes y montos de inversión.
Responde solicitud de información, dirigida en nombre del Senador señor Navarro, respecto del funcionamiento del Plan Cuadrante en la comuna de Chiguayante, especialmente en el sector de villa Futuro.
Atiende petición de antecedentes, hecha en nombre de la Senadora señora Allende, relativa a las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros en casos de quiebra o convenio preventivo de pago de una empresa y de su función tutelar o fiscalizadora en materia de actuación de los síndicos de quiebra o de los administradores de dichos convenios.
Responde reiteración de solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Uriarte, concerniente al funcionamiento del emisario de la comuna de Coquimbo.
Da respuesta a petición de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, referente a las condiciones sanitarias y de seguridad del personal que labora en el "Centro de Manejo de Residuos de Concepción" y de los camiones que transportan residuos hasta ese relleno sanitario.
Expone la carencia de atribuciones de esa Dirección para absolver consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre la validez de una cláusula del complemento del contrato colectivo de trabajo suscrito con fecha 4 de agosto de 2009 por la Compañía Minera Maricunga y el sindicato de trabajadores de esta.
Responde sendas solicitudes de información, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, relativas a los siguientes asuntos:
1.- Posibilidad de extender el subsidio que perciben los pescadores artesanales afectados por la escasez de sardina y anchoveta a los trabajadores de las industrias pesqueras con contrato por faena que laboran con esos recursos pelágicos.
2.- Efectos del elevado endeudamiento que enfrenta el hospital Guillermo Grant Benavente, de Concepción.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el resguardo del orden público (boletín Nº 7.975-25) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos (boletín Nº 8.556-10) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07) (con urgencia calificada de "suma").
Del Senador señor Sabag, con el que solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que se estudie la factibilidad de construir una línea ferroviaria que enlace Chillán con Penco y Concepción, y que se encomiende a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado el inicio de las gestiones para su construcción (boletín N° S 1.617-12).
Del Senador señor Larraín Fernández, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 28 del presente mes.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto signado con el N° 3 de la tabla, esto es, el que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletines Nos. 8.324-03 y 8.492-13, refundidos); en el tercer lugar, el proyecto de ley ubicado en el N° 7, sobre interés máximo convencional (boletines Nos. 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos); en el quinto lugar, el proyecto de reforma constitucional que figura en el N° 17, que reemplaza el artículo 114 de la Carta Fundamental en materia de competencias de los gobiernos regionales (boletín N° 9.108-06); y en octavo lugar, el proyecto de ley signado con el N° 2, que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
2.- Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión extraordinaria de mañana el proyecto que modifica el artículo primero transitorio de la ley N° 20.410 para confirmar la vigencia inmediata de la norma que derogó la indemnización compensatoria por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas (boletín N° 8.861-09), y eximirlo del informe de la Comisión de Obras Públicas.
3.- Citar a sesión especial para el próximo martes 5 de noviembre, a las 15:30, a fin de tratar la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República con la que requiere el acuerdo del Senado para nombrar a don Genaro Arriagada Herrera y a doña María Esperanza Silva Soura integrantes del Consejo Nacional de Televisión (boletín N° S 1.603-05).
4.- Rendir homenaje a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta en la sesión ordinaria de hoy, después de las 18.
5.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta las 12 del lunes 4 de noviembre, al proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo comunal; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, y crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín Nº 8.210-06).
6.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores (boletín N° 8.511-13), hasta las 12 del 18 de noviembre, en la Secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
7.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07), hasta las 12 del 18 de noviembre.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , con relación a la iniciativa sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, que hoy día tratamos ad referéndum en la Comisión de Hacienda, pido abrir un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta las 6 de esta tarde, a fin de poder ratificar los acuerdos a que llegamos.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , hace algunos momentos se dio cuenta del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del Poder Judicial una bonificación por retiro voluntario y otros beneficios, con urgencia calificada de "suma".
Por intermedio de la Mesa, quiero solicitarle al Ministro señor Larroulet -quien se encuentra presente- que tenga a bien ponerle "discusión inmediata", con el propósito de sacarlo con mayor rapidez. En la Cámara de Diputados fue aprobado por unanimidad y en el Senado hay consenso para despacharlo en la misma forma.
Podría tratarse como si fuera de Fácil Despacho, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Está hecha la petición.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Conforme.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Señores Senadores, en sesión de 8 de octubre se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, en materia de inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional.
Sesiones 59ª, en 2 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general sobre el proyecto); 60ª, en 8 de octubre de 2013 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Como no se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto, correspondería dar por aprobada la iniciativa también en particular, a menos que se solicitara abrir un nuevo lapso para formularlas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada en particular.
El señor ESCALONA.- Sí.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Quiero saludar a los miembros de la Corporación "Queremos ser padres", que están presentes en las tribunas junto con su Presidenta , doña Patricia Ramírez.
Reciban ustedes un saludo muy cordial de parte del Senado por la visita que nos hacen esta tarde.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , en la tabla de Fácil Despacho de hoy figura el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, el que, en mi opinión, no debe figurar en esa parte de la sesión, sino que requiere una discusión bastante extensa.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Los Comités abordaron el punto, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .- Sí, pero no hubo acuerdo.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , ¿podría aclarar si se tratará en Fácil Despacho o en primer lugar del Orden del Día?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Sigue en Fácil Despacho.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , pido que se saque de Fácil Despacho, porque el tema requiere una discusión más profunda.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Su Señoría podría solicitar segunda discusión.
El señor ORPIS.- Si no se saca de Fácil Despacho, pido segunda discusión, señor Presidente .
El señor COLOMA.- Señor Presidente , con relación a esa iniciativa, que se ha incluido en la tabla de Fácil Despacho, debo manifestar que uno puede estar a favor o en contra de ella, pero es indudable que no es de fácil despacho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Señor Senador , el artículo 88 del Reglamento expresa: "Cualquier Comité puede pedir el retiro de un proyecto de la tabla de Fácil Despacho. Esta petición no tendrá discusión y se votará en el acto, pero no será admitida si se ha hecho presente la urgencia o se ha pedido segunda discusión".
Entonces, debemos someter a votación si se retira de Fácil Despacho la iniciativa señalada, contenida en el boletín N° 8.924-07 e iniciada en moción de los Senadores señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Escalona , Lagos y Letelier , y que cuenta con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , ¿votar que sí implica sacar el proyecto de Fácil Despacho?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Quienes votan "sí", lo hacen para sacarlo de la tabla de Fácil Despacho; quienes votan "no", para mantenerlo en ella.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente , efectivamente, en la reunión de Comités se pidió no incluir en Fácil Despacho este proyecto, del que somos autores con otros colegas.
El señor ORPIS .- Pero se debe seguir el trámite normal.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Recuerdo a Sus Señorías que estamos en votación.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , yo votaré en contra de sacar de Fácil Despacho esta iniciativa, que legisla respecto a la identidad de género y que fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que integro.
Señor Presidente , he querido fundamentar mi voto para hacer presente que este proyecto es -reitero- el contexto necesario para darle contenido a la categoría que define la identidad de género, la cual ya sacamos adelante en la Ley Antidiscriminación.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Quiero saludar a la Agrupación de la Comisión de Servicio Proyecto Plantas Municipales de la Municipalidad de Quilicura que nos acompaña hoy día.
Les damos la bienvenida a esta sesión de Sala a los funcionarios de dicho municipio.
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que modifica la Ley Orgánica de los Tribunales Tributarios Aduaneros en materia de plantas, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8662-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 57ª, en 30 de octubre de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Hacienda: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Hacienda (segundo): sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
Sesiones 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 32ª, en 18 de junio de 2013 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 18 de junio del presente año, y en el segundo informe de la Comisión de Hacienda se deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2° permanente y el artículo transitorio -que pasa a ser artículo 1° transitorio- no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general.
Tales disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación. En todo caso, habría que dejar constancia del quórum, por cuanto son normas de rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 21 votos a favor.
Por otra parte, dicha Comisión realizó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existieren indicaciones renovadas.
De esas enmiendas unánimes, las recaídas en el artículo 1° y en la letra a) del número 2) del artículo 3° deben ser aprobadas con 21 votos, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y en la cuarta, el texto como quedaría al aprobarlas.
Ahora bien, atendido que hay varias normas de quórum y que las enmiendas son unánimes, la Secretaría sugiere, si les parece a los señores Senadores, efectuar una sola votación, constatando naturalmente el quórum correspondiente para las normas que son de rango orgánico constitucional.
Ningún señor Senador ha pedido la palabra. Por lo tanto, a menos que algún miembro de la Comisión de Hacienda quiera dar alguna explicación,...
Señor Presidente , el proyecto, iniciado en mensaje del Presidente de la República , fue aprobado en general por unanimidad en la Comisión de Hacienda, en tanto que en la de Constitución se acogió por 3 votos contra 2.
La iniciativa contiene normas de quórum orgánico constitucional porque incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, por lo que requiere para su aprobación las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.
De acuerdo al mensaje, se trata de reducir el tamaño de las plantas de los tribunales tributarios y aduaneros, en atención a la baja cantidad de causas por una sobreestimación de los trámites que se ingresarían en cada tribunal; de reemplazar las salas de las cortes de apelaciones de dedicación exclusiva para el conocimiento de las causas tributarias que creó la ley N° 20.322 por salas de conocimiento preferente; de corregir algunos errores de dicha legislación, y de establecer un derecho de opción de cambio de jurisdicción para los litigantes de los procesos que estén siendo conocidos por la antigua judicatura tributaria o aduanera.
Todos los cambios mencionados significarían un ahorro anual de 700 millones de pesos.
En cuanto a la propuesta de la Comisión, el Colegio de Abogados ha considerado inconveniente la disminución de las dotaciones de los tribunales tributarios, y, además, ha solicitado la creación de tribunales contenciosos administrativos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile rechazó el proyecto y pidió que antes de cualquier evaluación se complete la instalación de los tribunales previstos por la ley N° 20.322, opinión similar a la manifestada por la Corte Suprema al ser consultada sobre esta materia. Asimismo, agregó cuestionamientos a la técnica legislativa utilizada y propuso que, en el caso de Concepción, la nueva normativa permita que una sala atienda los asuntos tributarios y aduaneros de forma preferente y no exclusiva, de modo que, si la carga de trabajo no es excesiva, pueda tramitar otro tipo de causas.
También quiero señalar, señor Presidente , que resulta evidente que estos tribunales puestos en marcha desde hace no mucho tiempo se demorarán en tomar el ritmo de las causas, pero no es posible que en forma inmediata empecemos a disminuir su personal cuando aún ni siquiera están en régimen, en pleno funcionamiento, para lograr lo que se espera de ellos, que es hacer justicia en materia tributaria.
Hemos visto últimamente que el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de que las causas no lleguen a los tribunales tributarios, accede rápidamente a retirar sus requerimientos, que muchas veces se basan en hechos muy injustos.
Por eso estimo que los tribunales tributarios deben mantenerse, pues dan garantía, certeza y seguridad a todos los contribuyentes de nuestro país.
Hago presente que en esta votación se requiere quórum especial, por tanto, los señores Senadores que han anunciado pareos pueden pronunciarse si lo desean.
Tal como señaló el señor Secretario , el proyecto necesita para su aprobación quórum orgánico constitucional. Por consiguiente, los pareos no corren en la presente votación.
--Se aprueban reglamentariamente el artículo 2° permanente y el artículo transitorio (que pasa a ser artículo 1° transitorio). Asimismo, por 25 votos contra uno y un pareo, se aprueban las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Hacienda, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Ruiz-Esquide.
Se deja constancia de la intención de voto positivo del Senador señor Pizarro.
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, y que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (8324-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (8492-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Sesión 96ª, en 16 de enero de 2013 (se aprueba en general).
Proyectos refundidos:
En tercer trámite, sesión 64ª, en 16 de octubre de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas (segundo): sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.
Hacienda: sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.
Sesión 27ª, en 4 de junio de 2013 (se aprueba en particular).
Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas.
En caso de que la Sala acuerde aprobar dichas modificaciones, las que recaen en los artículos 3°, 19, 302 (que pasa a ser 300), 305 (que pasa a ser 303), 307 (que pasa a ser 305), 313 (que pasa a ser 311), 316 (que pasa a ser 314), 320 (que pasa a ser 318), 321 (que pasa a ser 319), 322 (que pasa a ser 320), 326 (que pasa a ser 324), 327 (que pasa a ser 325), 343 (que pasa a ser 341) y 347 (que pasa a ser 345) requieren el voto conforme de 21 señores Senadores, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe el texto legal vigente, el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Debo recordar que en sesión anterior se señaló que esta iniciativa había sido revisada por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, y quedó propuesto que se hiciera una sola votación en relación con dichas enmiendas, sin perjuicio de que cualquier señor Senador puede pedir votación separada de algunas de ellas.
Me han pedido que recabe autorización del Senado para que ingresen a la Sala la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, y el Subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores.
Señor Presidente , con respecto a este proyecto de ley sobre quiebra que hemos discutido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se ha hecho un trabajo muy a fondo, con la participación de muchos sectores de opinión.
Puede que algunos hubieran querido otro tipo de iniciativa.
Yo creo que la que ahora debatimos exhibe grandes avances y constituye una modernización en la materia. Además, incluye la llamada "quiebra de las personas".
Actualmente, no es factible que una persona natural pida, por sus deudas, ser declarada en cesación de pagos y, por lo tanto, que rija el procedimiento de quiebra, el cual puede facilitar una renegociación o solución a sus problemas.
La otra rama del Parlamento aprobó casi la totalidad de lo despachado por el Senado, introduciendo algunas modificaciones que más bien fueron de perfeccionamiento.
La única materia en que tengo diferencia dice relación con el plazo para que la persona deudora pueda someterse al procedimiento concursal de renegociación. Nuestra Corporación acordó que este fuera de 120 días desde que aquella queda en cesación de pago y se trate de deudas por un monto acumulado de hasta 80 unidades de fomento. Sin embargo, la Cámara Baja volvió a lo que primitivamente se había aprobado en el Senado y lo fijó en 90 días.
En lo personal, creo -por cierto, no es un dogma- que el plazo de 120 días es más razonable para los efectos de evitar la judicialización o el requerimiento de cobro por la vía judicial de las personas con deudas impagas.
Si se establecen 90 días, se obliga a quienes otorgaron créditos a iniciar acciones judiciales inmediatamente de producida la cesación de pago.
Yo mantengo mi tesis de que es mejor el plazo de 120 días, por cierto respetando a quienes creen que 90 días debiera ser el tiempo procedente.
Por tal motivo, en relación con dicha enmienda, conservo la posición que tuve durante el primer trámite constitucional en el Senado.
¿Entiendo, señor Senador, que está pidiendo votación separada sobre dicha disposición?
Sí, señor Presidente : solo respecto de ella.
Señor Presidente , ya lo dije cuando discutimos este proyecto en el primer trámite constitucional: no soy especialista en la materia, pero leí lo que señalaron los expertos.
Señor Presidente , confío en que mi apreciación esté absolutamente equivocada. Porque lo que debiéramos hacer en este Parlamento es legislar para mejorar las cosas.
Quiero saludar con mucho cariño a los clubes de adulto mayor Simón Bolívar, Los Románticos e Ilusión de Vivir, de la comuna de Antofagasta, que hoy nos acompañan.
Asimismo, deseo saludar a los concejales y concejalas de la Cuarta Región, de las comunas de Canela, Los Vilos, La Higuera, Monte Patria; de la Octava Región, de la comuna de Tomé; de la Sexta Región, de la comuna de Doñihue, y al Presidente de la Comisión Nacional de Concejales , don Marco Espinoza, concejal de la comuna de La Florida.
Ante todo, señor Presidente, quiero adherir al saludo a los concejales y a los funcionarios municipales que nos acompañan en las tribunas.
Al mismo tiempo, expreso mi solidaridad con la paralización de cientos de miles de trabajadores dependientes de los municipios, quienes aguardan la resolución de un conflicto plenamente legítimo y mediante el cual reclaman mejores condiciones laborales y remuneracionales para igualarse con el resto de los funcionarios públicos.
Señor Presidente , con relación al proyecto que nos ocupa, debo puntualizar que con diversos Senadores -entre ellos, los colegas Zaldívar , García , Espina , Hernán Larraín y Novoa - hemos participado intensamente en la búsqueda de una fórmula que permita crear una nueva institucionalidad para las empresas y, por primera vez, para las personas que se encuentran en situación de insolvencia.
Esta es una normativa compleja, larga -nos convocó a numerosas reuniones los días lunes (en Santiago) y jueves-, extremadamente detallada, y fue analizada en su mérito artículo por artículo.
Entonces, yo comprendo que algún Senador o alguna Senadora, como mi querida colega Ximena Rincón, no se sienta en condiciones de aprobar completamente la iniciativa por desconocimiento de cada una de sus normas.
En todo caso, estimada colega, para su tranquilidad, debo manifestarle -con la venia de la Mesa-, por un lado, que aprobamos este proyecto por unanimidad en casi todas sus normas, y por otro, que a través de él se apunta, en mi concepto muy bien, a permitir que quien inicia un emprendimiento y por alguna razón no tiene éxito disponga de una salida, en la medida que el Estado le ayudará a reorganizar su empresa o a liquidarla con el objeto de recuperar bienes de terceros.
Las correcciones que hizo la Cámara de Diputados también van en la dirección correcta.
Esa rama del Parlamento recuperó una norma aprobada por nosotros en las Comisiones unidas y que después Hacienda modificó: la relativa al plazo a que se refirió el Senador Zaldívar.
Me parece que se ha comprendido mal el objetivo del plazo, señor Presidente.
Alguien dijo: "Han opinado los expertos".
Casualmente, tengo aquí la opinión de un experto, el profesor Puga , quien señala que las personas no deberían esperar ni un día para acogerse al procedimiento.
Y se sostiene, asimismo: "Los expertos han señalado que el plazo debe ser mayor".
De verdad, estimo que no se ha comprendido bien el alcance de la norma pertinente: no establecer barreras para acceder al instrumento que se crea, el cual va a proteger no solo a las empresas, sino también a las personas naturales y a sus familias.
Por tanto, cuando decimos "No a 120 y sí a 90 días" estamos acortando el plazo de pago de intereses usurarios, de gastos de cobranza abusivos, pues lo que se va a renegociar a los 120 días, o a los 150 o a los 180 que consigna la norma actual perfectamente se puede concretar entre 60 y 90 días.
En el proyecto de ley sobre tasa máxima convencional establecimos una disposición conforme a la cual no se puede ejecutar al deudor antes de 60 días.
Considero razonable el plazo de 90 días para renegociar. Un término superior permitiría el negocio de quienes dan crédito.
¡Si el negocio de quienes otorgan crédito es cobrar, no la tasa normal, sino la tasa penal! Y mientras más tiempo de atraso, mejor negocio para el acreedor.
Reitero: los 90 días me parecen razonables.
Empero, no es una cuestión de vida o muerte.
Sí, en el caso del deudor, se bajan las barreras para acceder a una legislación que por primera vez vamos a instaurar en Chile al objeto de proteger al emprendedor y a los deudores particulares y sus familias.
En consecuencia, señor Presidente, adhiero por completo al proyecto original, e igualmente, a las modificaciones de la Cámara de Diputados, que voy a votar a favor.
Señor Presidente , este es uno de los proyectos más importantes que en materia económica ha tramitado el Congreso Nacional en los últimos años. Y le atribuyo un enorme valor entre otras cosas porque, tal como lo señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, durante su tramitación parlamentarios de Gobierno y de Oposición fuimos modificándolo y perfeccionándolo para construir una muy buena legislación dirigida a las personas, naturales o jurídicas, que entran en cesación de pago y quiebran.
¡Este es un avance gigantesco frente a lo que existe en Chile sobre la materia!
De otra parte, señor Presidente, debo destacar muy especialmente la labor de la Superintendenta de Quiebras, doña Josefina Montenegro.
Pocas veces he visto a una autoridad realmente capaz de recoger las inquietudes de los parlamentarios, analizarlas e intentar buscar la razón existente detrás de cada propuesta. De verdad, la señora Montenegro hizo un excelente trabajo de perfeccionamiento de la normativa.
Señor Presidente, la legislación vigente en esta materia es anticuada y mala.
Y quiero graficarlo.
Cuando una persona natural hace malos negocios y entra en cesación de pagos, no halla qué hacer: se ve arrastrada a seguir endeudándose, comprometiendo su patrimonio, y no dispone de ningún mecanismo práctico que le permita resolver su situación económica. Y eso les ocurre a miles de chilenos: porque perdieron su trabajo; a lo mejor, porque no calcularon bien en cuánto podían endeudarse, o, simplemente, porque se trata de emprendedores a los que les fue mal.
En los países avanzados, antes de que le vaya bien, un emprendedor fracasa seis o siete veces.
Los pequeños y medianos emprendedores tienen coraje, son valientes, corren riesgos y asumen los desafíos. Y la ley en proyecto deja de estigmatizarlos, de tratarlos como delincuentes; les da la posibilidad de liquidar su patrimonio y, por tanto, de pagar sus deudas, pero también les brinda la valiosísima oportunidad de llegar a acuerdo con sus acreedores, cumplir sus obligaciones y salir adelante gracias a su propio esfuerzo.
Por otra parte, el proyecto en debate incluye una norma que constituye un tremendo avance para la protección de los derechos de los trabajadores.
Hoy día, cuando sobreviene la quiebra y se suscribe un convenio, a los trabajadores no se les finiquita su contrato de trabajo inmediatamente, pues no hay facultades para tal efecto. Y en esta iniciativa se establece especialmente que, registrada la cesación de pagos e iniciado el proceso de liquidación o el de renegociación, es factible finiquitar a los trabajadores, pagarles las indemnizaciones correspondientes y saldarles sus deudas de inmediato, sin necesidad de esperar la culminación de un proceso judicial que significa meses y meses sin percibir remuneración.
En materia de protección a los derechos de los trabajadores, ese es el avance más relevante del proyecto en debate. Y yo quiero destacarlo como un inmenso aporte para la defensa de los derechos laborales.
En efecto, hoy día, cuando se registra una quiebra, los trabajadores viven un martirio enorme. Porque su contrato no termina. Obviamente, les asiste un derecho preferente, de acuerdo a la prelación de créditos, pero el pago tiene lugar después de una cantidad enorme de trámites.
En cambio, conforme a la disposición propuesta ahora se podrá finiquitar el contrato de trabajo y proceder de inmediato a los pagos respectivos.
Para el mundo laboral, ¡ese es un avance enorme!
Por último, en cuanto al artículo 260 -antes, 261-, acerca del cual intervendré oportunamente, me parece que el plazo de 90 días es indiscutiblemente mejor para el resguardo de los derechos de los consumidores, que ya voy a explicar.
En mi concepto, los cambios que hizo la Cámara de Diputados constituyen un aporte enorme al proyecto, particularmente en lo concerniente al artículo 260, que debatiremos en su momento.
Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor, porque estamos ante una muy buena iniciativa. La impulsó el actual Gobierno y, como corresponde, durante su tramitación fue perfeccionada y enriquecida por los señores Diputados y Senadores.
Señor Presidente , este proyecto establece un nuevo régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, así como a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora.
Al mismo tiempo, crea la Superintendencia Concursal como una institución autónoma, de duración indefinida, relacionada con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía y que será la continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.
La mayoría de las modificaciones que propuso la Cámara de Diputados son formales, por lo que no alteran el sentido central del proyecto. Incluso, hay errores sintácticos, los que deberán ser corregidos por la Secretaría.
Algunos cambios introducidos por la Cámara Baja parecen perfectamente razonables. Entre ellos, la reposición del plazo de 90 días fijado en la iniciativa original (la estimo adecuada), que aquí se aumentó a 120. También, el establecimiento de una norma según la cual, finalizado el proceso de reliquidación de las empresas en quiebra, la Superintendencia deberá eliminar, modificar o bloquear los datos del deudor en el Boletín Concursal, según corresponda, siguiendo lo dispuesto por la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Igualmente significativa es la proposición conducente a que el proveedor y el liquidador enfrenten una responsabilidad civil si no cumplen los plazos determinados para entregar sus cuentas e informes. Además, en el caso del veedor se aumenta de mil a dos mil unidades de fomento la garantía que ha de depositar para actuar en el sistema.
El texto aprobado por los Diputados incluye otras normas que deberíamos ratificar. Por ejemplo, la que agrega como causales para impugnar un acuerdo para la liquidación que se hayan ocultado o exagerado los activos o pasivos, o que aquel contenga una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto por la ley en proyecto.
Esta iniciativa ha sido largamente esperada por miles de pymes que necesitan resolver sus situaciones pendientes para empezar sus nuevos emprendimientos, así como por proveedores y acreedores que requieren aclaraciones rápidas y justas de los compromisos asumidos por y con ellos.
En resumen, se trata de un aporte real a la permanente tarea de dar dinamismo a la economía, ya que en la medida que los actores económicos puedan reaccionar con rapidez y superar con la mayor velocidad los eventuales contratiempos tendrán mejores opciones para competir exitosamente en los mercados tanto locales como internacionales.
Señor Presidente , también reconozco el desempeño y el trabajo de la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro , quien se ha preocupado de hablar con cada uno de los parlamentarios y de informarles sobre el estado de avance de este proyecto y las dificultades surgidas durante su tramitación. Su actuación nos recuerda a la entonces Ministra Soledad Alvear , quien siempre exhibió una gran actitud para conversar con todos los parlamentarios e informarlos.
Por cierto, votaré favorablemente todas las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , tal como se expresó, en el Senado este proyecto fue motivo de un extenso análisis en la Comisión de Economía, al debatirse la idea de legislar, y posteriormente, en las Comisiones unidas de Economía y de Constitución, durante la discusión particular.
Esta iniciativa introduce un régimen moderno a todos los procedimientos concursales. En la Cámara de Diputados sufrió una gran cantidad de modificaciones. Muchas de ellas son menores (referenciales, de redacción), pero otras, indudablemente, tienden a mejorar el articulado.
A modo de ejemplo, puede señalarse lo siguiente.
1. Se vuelve a las normas generales de prórroga de la competencia de los tribunales de justicia y se incluye el incidente de incompetencia del tribunal.
2. Se dispone expresamente que el Boletín Concursal es público y gratuito, y se consagra el derecho al olvido establecido en la ley de protección de datos personales.
3. Se regula de mejor manera el plazo en que es posible perseguir la responsabilidad del veedor y del liquidador.
4. Se señala expresamente la forma como el veedor puede propiciar acuerdos entre el deudor y los acreedores.
5. Se rebaja el quórum necesario para que la junta de acreedores suscriba acuerdos: de tres cuartos a dos tercios del pasivo; en todo caso, se mantiene la obligación de que concurran a aquellos dos tercios de los acreedores presentes.
6. Se preceptúa de modo expreso cómo deben ratificar el acuerdo simplificado los acreedores.
7. Se modifica el sistema de reclamo ante la Superintendencia.
8. Se aumenta de mil a dos mil UF el monto de las garantías del veedor y del liquidador.
9. Se reduce el monto de la consignación que debe hacer el acreedor en caso de liquidación forzosa: de 200 a 100 UF.
10. Se uniforma a lo largo de todo el proyecto el tratamiento de las personas relacionadas.
En general, todas las modificaciones suscitaron el acuerdo de los señores Senadores que han revisado el proyecto y seguido su tramitación.
El único punto que se ha prestado a discusión, como lo planteó el Senador Zaldívar, es la reducción del plazo de vencimiento que deben tener las obligaciones de las personas deudoras para someterse a un procedimiento de renegociación. En efecto, la Cámara de Diputados volvió a los 90 días que establecía el proyecto original.
En primer lugar, hay que connotar que estamos frente a un sistema nuevo, que les permite a las personas naturales y a los pequeños y medianos emprendedores acogerse a un mecanismo de renegociación de sus deudas, entrar a los procedimientos concursales. La idea es que unas y otros reciban un beneficio que les posibilite superar las dificultades derivadas de las obligaciones contraídas en sus respectivos ámbitos.
Quienes otorgan créditos masivos -el retail- han planteado (probablemente con razones fundadas) que 120 días son el plazo necesario para renegociar las obligaciones.
Resulta muy difícil tener una opinión categórica ante ese problema. Pero me parece que la fórmula aprobada en la Cámara Baja -es la que venía en el proyecto original- otorga suficientes garantías en la materia.
Los requisitos son copulativos. Debe tratarse de obligaciones vencidas por 80 UF, es decir, dos millones de pesos. Entonces, no es una cuota, una cantidad pequeña que vaya a gatillar inmediatamente el proceso de renegociación. Las deudas tienen que sumar dos millones de pesos y encontrarse vencidas por 90 días.
Hay que recordar que en el caso de la tasa máxima convencional se puede exigir el pago del total de la deuda solo 60 días después del vencimiento.
Por lo tanto, una deuda vencida de dos millones de pesos en el caso de un pequeño deudor probablemente no se registra a los 90 días, sino a los 100, a los 120 o a los 150.
Desde ese punto de vista, me parece razonable aprobar todas las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , tal como lo ha manifestado la mayoría de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, este proyecto es muy positivo para la economía en su conjunto, para los emprendedores, para las personas naturales, para todos aquellos que en algún momento de su vida se ven afligidos por enfrentar la situación de que sus deudas son mayores que los activos que tienen para responder por ellas.
En consecuencia, acortar los plazos, definir procedimientos expeditos que simplifiquen los trámites, lograr una mucha mayor recuperación de los bienes que quedan al momento de una quiebra -entre otras razones, para cumplir mejor con los derechos de los trabajadores- son objetivos plenamente compartidos.
Nosotros estamos muy de acuerdo en que la legislación en proyecto permita que las personas y las empresas se sometan a un procedimiento de renegociación y en que, cuando se llegue a una situación de insolvencia que obligue a la quiebra, se proceda a esta sin que ello signifique una estigmatización de la empresa, del emprendimiento o de las personas.
El Senador Zaldívar planteó un asunto controversial, relacionado con los requisitos exigidos para que una persona natural deudora pueda someterse al procedimiento concursal de renegociación.
Tal como se ha dicho, la Cámara de Diputados ha establecido que el plazo sea de 90 días, y no de 120, como lo acordamos aquí, en el Senado. La verdad es que hay buenas razones en uno y otro caso, y temo que ninguno de nosotros se halla en condiciones de señalar finalmente quién tiene la razón.
A mí me hace fuerza el hecho de que si acortamos el término a 90 días, los deudores llegarán un poco más aliviados al procedimiento concursal de renegociación -vamos a evitarles la recarga de intereses, de cobros judiciales, y un sobreendeudamiento todavía más alto-, por lo que quedarán en una situación probablemente mucho mejor para enfrentarlo.
En favor de los 120 días se afirma que normalmente los oferentes de crédito dejan los 90 como plazo de gracia para poder pagar, de modo que ese primer lapso resulta razonable, porque quienes acumulan hasta tres cuotas sin cancelar cumplen entre el día 91 y el día 120. En consecuencia, al acortar el período vamos a restringir la posibilidad de que la gente pague oportunamente y evite la cobranza judicial.
Son argumentos para un lado o el otro. Pero comprendo perfectamente bien que este es el único punto donde se registra una discrepancia.
Como lo consigné, entiendo que se trata de un muy buen proyecto para la economía en su conjunto, para las empresas y las personas, y pienso que es mucho mejor que lo despachemos. Ya veremos cómo va a reaccionar el mercado frente al término que estamos modificando. No sería raro que nos viéramos obligados en algún tiempo más a enmendarlo, o bien, que se confirmara que los 90 días estuvieron bien fijados. Ninguno de nosotros puede afirmar hoy día cuál es la posición más correcta.
Voto porque la iniciativa concluya su tramitación hoy día y pueda transformarse prontamente en ley de la República, porque son muchos más los beneficios que genera, en su conjunto, que los eventuales problemas que podrían generarse con la disminución del plazo.
Se tocarán los timbres, entonces, y se procederá a votar.
El señor HORVATH.- En tanto llegan otros colegas, señor Presidente , deseo consignar que he pedido la votación separada del que ha pasado a ser artículo 260, con relación al cual media una discrepancia acerca del plazo de renegociación a que pueden acogerse los deudores, determinado en 120 días por el Senado y devuelto en 90 por la Cámara.
De acuerdo con la estadística de que justamente entre 91 y 120 días esas personas tienen la posibilidad de contener el proceso hasta en un promedio de 50 por ciento, he formulado la solicitud con el propósito, desde luego, de poder pronunciarme en contra y de que el punto sea resuelto en una Comisión Mixta.
La primera votación, entonces, se referirá a todas las modificaciones efectuadas por la otra rama del Congreso, con la excepción del artículo 260, que será objeto de un pronunciamiento posterior.
Muchas de ellas requieren un quórum especial de 21 votos para ser acogidas.
--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con excepción de la relativa al artículo 261, que ha pasado a ser 260, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 25 señores Senadores se pronuncian a favor y uno en contra y de que se registra un pareo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
En seguida se someterá a pronunciamiento el artículo 261, que ha pasado a ser 260, el cual fue objeto de una petición de votación separada.
Votar a favor significa acoger la enmienda en orden a fijar 90 días, y hacerlo en contra, rechazarla.
Señor Presidente , deseo pedirles a mis distinguidos colegas poner mucha atención en el artículo, porque, a mi juicio, es uno de los más importantes en beneficio de los acreedores.
Y creo que lo acordado en la Cámara de Diputados es lo correcto -quiero explicarlo-, por lo siguiente. La quiebra o la cesación de pago tienen lugar respecto de personas jurídicas o de personas naturales. Este es el caso de las segundas. ¿Qué dispone la norma? Que cuando alguien entra en cesación de pago de una o más obligaciones -imaginemos que se trata de una deuda con un retail, lo que pasa muchas veces-, transcurridos 90 días puede ir donde la Superintendenta y expresarle: "Por favor, lleve adelante un proceso de renegociación. Dígales a todos mis acreedores que realmente no me es posible cumplir, pero quiero pagarle a cada uno lo que pueda". La autoridad asume esta labor, los llama e intenta llegar a un acuerdo, con el propósito de que la persona cancele una parte y pueda reanudar sus actividades.
La norma que votamos en el Senado y que la Cámara modificó -a mi juicio, con justa razón- disponía un plazo de 120 días. Quiero subrayar que ello la haría inoperable, porque significa, para que una persona natural en cesación de pagos pueda ir a la Superintendencia con miras a la renegociación, que han de pasar 120 días sin que nadie presente una demanda en su contra. ¡Tiene que esperar ese lapso para poder manifestar: "Señora Superintendenta, ayúdeme a renegociar mis deudas, por favor"! La propuesta que estamos votando, en cambio, establece solo 90 días.
Los 120 días serán el mejor negocio para el retail. Y lo digo con todas sus letras. Porque implican tener a una persona endeudada 30 días más, a tasas de interés simplemente tremendas. Y, además, lo probable es que le interpongan una demanda antes de cumplirse el plazo, con lo cual no va a poder renegociar nunca por la vía de la Superintendencia, sino que habrá de someterse a todo el pago de sus deudas, con las tasas de interés correspondientes -a pesar de que luego veremos el proyecto que las rebaja-, de modo que no va a salir nunca del hoyo. Quiero señalarlo derechamente.
Por eso, me parece que lo correcto son 90 días.
Ahora, ¿por qué se fija ese lapso y no el primer día? Cabe tener en cuenta que teóricamente se puede decir al día siguiente: "Me voy a someter a un proceso en virtud del cual reúno a todos mis acreedores y pido cancelar mis obligaciones". La razón es muy simple: porque se espera un tiempo prudente para que la persona realmente acumule deudas que no pudo pagar, de tal manera que se tenga una idea clara de cuál es su horizonte económico cuando concurra ante la Superintendenta, a efectos de que efectivamente sea posible citar a todos los acreedores y elaborar un plan de pago. Si el plazo es muy corto, lo probable es que muchos de ellos van a quedar fuera y, por lo tanto, el plan de pago que se organice va a ser insuficiente.
Ya el término de 90 días resulta excesivo, como lo hizo presente el Senador señor Tuma , pero entiendo que es razonable para que realmente pueda justificarse la intervención de la Superintendencia con miras a arreglar el problema con cada uno de los acreedores.
Entonces, para mí, esta no es una votación indiferente. No es lo mismo "90" que "120".
Señor Presidente, le pido un minuto para terminar.
Solo quiero consignar lo siguiente: si aprobamos los 120 días, estoy casi convencido de que la norma será letra muerta. ¡Porque no se me puede sostener que ese período transcurrirá sin que nadie demande por ningún concepto a una persona natural que se endeudó con el retail; que no pudo pagar una tarjeta de crédito u otra obligación! En cambio, la van a tener 120 días forzada a renegociar permanentemente a tasas de interés altísimas y a servir siempre de a poquitito la deuda con cada uno de sus acreedores, para finalmente perderlo todo. ¡Todo! ¡Si ese es el problema que tenemos!
Cuando contemplamos 90 días, estamos dando un plazo razonable para que sea posible citar a los acreedores. Por supuesto, eso no les gusta a quienes van a tener que compartir el pago con los demás. ¡Cómo le va a convenir a una gran empresa que a los 90 días un deudor diga: "Vengan todos mis acreedores"!
...y que los recursos se tengan que repartir entre ellos!
Entonces, de verdad creo que lo que hizo la Cámara de Diputados está bien. No pongo jamás en duda a quienes votaron en un sentido o a los que lo hicieron en otro. Estimo que la cuestión es legítimamente opinable. Pero abrigo la más absoluta convicción de que los 90 días son el plazo correcto, suficiente y necesario para que se reúnan todas las acreencias -si alguien demanda, se pierde inmediatamente la posibilidad- y la persona recurra a la Superintendencia a fin de que se cite a todos sus acreedores y se pueda renegociar su pasivo.
Me parece un muy buen cambio el que hizo la otra rama del Congreso.
Señor Presidente , no pondría tanto dramatismo como el Senador señor Espina , porque creo que el punto es perfectamente opinable. Treinta días más o treinta días menos no pueden llevar a concluir: "Si son 120 días, el pobre deudor se verá impedido de acogerse al procedimiento concursal".
Porque, ¿qué va a pasar? Que el acreedor -ya sea el retail, ya sean las cooperativas, que también han representado el punto- va a demandar antes. En vez de hacerlo a los 90 o a los 60 días, seguramente lo llevará a cabo a los 30. ¿Qué resultará de ello? El encarecimiento del crédito. En efecto, habrá costas judiciales y todo lo que se resuelve a través de un juicio.
Por lo tanto, no afirmemos aquí, dramáticamente: "Esta es la norma esencial del proyecto". No. Lo esencial es que pueda haber un procedimiento concursal para las personas naturales deudoras, el cual se encuentra hoy día reservado solo para las empresas. No acentuemos la situación que se pueda registrar entre los 90 y los 120 días.
Creo que hay argumentación para 60, 90 o 120 días. Ello resulta perfectamente lógico. Pero que no se exponga que los que podemos ser partidarios de 120 días estamos favoreciendo a los grandes empresarios o al retail. No. El asunto me lo plantearon a mí las cooperativas, que seguramente poseen menos capacidad de gestión para abocarse al procedimiento judicial.
El retail cuenta con suficientes instrumentos y personal profesional entablará las demandas correspondientes, y, en vez de iniciar el proceso a los 90 días, tiempo que muchas veces utiliza para renegociar con los deudores, para llegar a acuerdo con ellos, va a demandarlos a los 60 días, frente a la posibilidad de que se acojan al procedimiento concursal. ¿Quién no va a hacerlo, en cambio? El que tenga menos capacidad para realizar ese tipo de gestión: un retail de menor cuantía -no todos son de gran tamaño-, algún comerciante que dé crédito a personas o una cooperativa.
Entonces, no hago cuestión sobre el punto. Respeto la argumentación en favor de 120 días o de 90 días. Pero no se diga que ese primer plazo apunta a provocar un efecto muy positivo en favor solo de los grandes acreedores, en relación con los deudores. No. El problema realmente radica en cómo hacemos que el sistema funcione lo mejor posible. Por mi parte, creo que va a operar igual, con 90 o con 120 días.
Ahora, si se aprueban los 90 días, por supuesto que va a pasar lo que decía antes: que el retail, la empresa grande, importante, activará todo su aparato judicial y demandará a los 30 días. Y ahí veremos los costos. Y el afectado no se va a poder acoger al procedimiento concursal.
Entonces, creo que aquí es preciso poner las cosas en su lugar. No se trata de defender ni a los grandes ni a los pequeños, sino de situarse en la realidad. Y por eso encontré razonables, en su momento, los 120 días. Pero no me parece dramático que se aprueben 90. Veremos después, en la práctica, qué sucede. Y ojalá que los deudores personas naturales no queden excluidos del procedimiento concursal, que a mi juicio es una de las cosas más positivas de la ley en proyecto.
Pero al Honorable señor Espina le destaco la conveniencia de no dramatizar -repito- enfatizando que esta es la disposición más importante, más determinante, y que si no la aprobamos, estamos beneficiando a los grandes acreedores. No. También intentamos buscar un justo equilibrio para los acreedores con menor capacidad de gestión, en relación con los que disponen de una mayor.
Por tales razones he mantenido mi posición. Pero, sinceramente, si se aprueban los 90 días, veamos en la práctica qué sucede.
--Se aprueba la enmienda al inciso segundo del artículo 261, que ha pasado a ser 260, que propone remplazar el guarismo "120" por "90" (19 votos a favor y 4 en contra), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Coloma, Espina, García, Gómez, Kuschel, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los señores Cantero, Chahuán, Horvath y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Carlos Larraín.
Señor Presidente, el Ejecutivo está pidiendo la palabra.
Se la daré altiro al Ministro .
A la Superintendenta.
No puedo, por Reglamento.
Pida la unanimidad.
¿Quiere decir algo, señor Ministro ?
El señor DE VICENTE ( Ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Deseo dar las gracias por la aprobación de este proyecto, que significa un enorme avance legislativo que, sin duda, permitirá al país saldar una deuda pendiente en materia concursal con los emprendedores, los consumidores y los trabajadores.
Creemos firmemente que esta iniciativa constituye una herramienta real para todos aquellos ciudadanos que alguna vez deban enfrentar la experiencia de vivir una crisis financiera, pues les ofrece un sistema justo y eficiente para sobrellevar tal situación con éxito.
De este modo, nuestros agradecimientos van dirigidos a todos quienes han permitido que este proyecto haya logrado avanzar hasta esta instancia.
Agradezco, en particular, a esta Honorable Corporación y a sus queridos Senadores por su trabajo y dedicación, y al equipo del Ministerio de Economía que hoy nos acompaña, representado por la Superintendenta de Quiebras, doña Josefina Montenegro .
No puedo dejar de mencionar el enorme aporte de las Comisiones que han participado en el estudio de esta iniciativa.
También reconocemos el rol activo de la señora Josefina Montenegro, ¡por el lobby que hizo con cada uno de los Senadores...!
De conformidad con lo acordado, corresponde tratar ahora el informe de la Comisión Mixta, formada en virtud del artículo 71 de la Constitución, recaído en el proyecto de ley sobre interés máximo convencional, con urgencia calificada de "suma".
1) Proyecto, boletín N° 7786-03 (moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Zaldívar, don Andrés):
2) Proyecto, boletín N° 7890-03 (moción de los Senadores señores Chahuán y Prokurica):
3) Proyecto, boletín N° 7932-03:
En tercer trámite, sesión 7ª, en 2 de abril de 2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
Economía (tercer trámite): sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Mixta: sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
Sesiones 52ª, en 3 de octubre de 2012 (se aprueba en particular); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 39ª, en 9 de julio de 2013 (queda pendiente la discusión del tercer trámite); 40ª, en 10 de julio de 2013 (pasa a Comisión Mixta).
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, a las modificaciones al artículo 1º recaídas en el número 1; en las letras a) -en cuanto remplaza la frase "por los bancos establecidos en Chile"-, b), c) y e) del número 3; en el número 4, en lo referente a los incisos tercero, cuarto y final, nuevos, que agrega al artículo 6º bis, y en los números 5, 7 y 8, en lo relativo al remplazo de su encabezamiento, a la sustitución del artículo 31 y a los artículos 34 y 35, nuevos, que incorpora, y a las enmiendas recaídas en los artículos transitorios de la iniciativa.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que acordó por unanimidad, salvo en lo relativo a la letra c) del Nº 1; al artículo 6º bis del Nº 4); al Nº 6 bis; al Nº 7, y al artículo sexto transitorio, disposiciones que fueron acordadas por mayoría de votos.
Cabe hacer presente que el artículo 34, contenido en el numeral 8) del artículo 1º de la propuesta que formula el órgano técnico, tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran, en las dos últimas columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse aquella.
En discusión el informe de Comisión Mixta.
Señor Presidente , estamos llegando al final de un largo proceso, que se inició con una moción en la Cámara de Diputados durante 2006, y luego con otra en el Senado el año antepasado. Más tarde, el Ejecutivo también llegó a la convicción, junto con otros parlamentarios, de que era necesario modificar el cálculo del interés máximo convencional, que fue determinado en un contexto económico y político absolutamente distinto del actual. Entonces se definía en virtud del promedio de las colocaciones para los sectores más vulnerables.
Nosotros introdujimos enmiendas para que dicho cálculo se efectúe sobre la base de una tasa de mercado, consistente en el promedio de las tasas de colocaciones de los sectores que sí negocian con los bancos, las financieras o las casas de crédito.
Una vez efectuado ese cálculo le agregamos un aditivo, dependiendo del monto del crédito: para el tramo de 0 a 50 unidades de fomento, le sumamos 21 puntos a la tasa promedio de interés de mercado; para el tramo de 50 a 200 UF, se adicionan 14 puntos, y para créditos a pensionados a través de descuento por parte de las cajas de compensación, 7 puntos.
Con eso establecemos una lógica de mercado al cálculo de la tasa máxima convencional, lo cual impedirá futuros abusos.
Creo que en este proyecto hemos logrado un acuerdo muy alto. Su análisis fue difícil, técnicamente de gran complejidad, bastante arduo, pero al final se consiguió concordar una propuesta en favor del mercado, de los deudores, de los consumidores de créditos y, en forma muy especial, de los pensionados.
En consecuencia, voy a votar a favor de la proposición de la Comisión Mixta, y pido a la Sala hacer lo mismo.
Señor Presidente , efectivamente esta iniciativa ha sido objeto de una larga tramitación. Además, cuenta con la particularidad de que varios proyectos sobre la misma materia fueron refundidos para dar forma a su texto final.
Si se analiza el informe de Comisión Mixta, se observará que no hubo unanimidad en todas las normas aprobadas. En lo personal, me abstuve en algunas proposiciones y voté en contra en otras. En ciertos casos, lo hice porque estimo que no corresponde regular por ley una cantidad de situaciones muy particulares y establecer diferentes tasas en función de la especificidad de cada operación o de los distintos tipos de niveles de riesgo implicados. Si bien el propósito de la propuesta legislativa es bastante razonable y entendible, puede sentar un precedente bastante complicado hacia el futuro, dado que muchas operaciones de crédito importan menor riesgo porque se realizan con grandes empresas o con personas que poseen un gran patrimonio.
Si uno fija por ley las tasas en función del riesgo, va a terminar perjudicando a la gente con menor capacidad crediticia.
En todo caso, como se trata de un informe de Comisión Mixta, cuyas proposiciones deben votarse en conjunto, mi pronunciamiento será favorable, pues estimo que, no obstante mis discrepancias doctrinarias -por llamarlas de algún modo- respecto de algunos puntos considerados en este proyecto, en definitiva el acuerdo a que se ha llegado es razonable.
Con la aprobación de la propuesta de la Comisión Mixta, posibilitamos que entre en vigencia la ley y se satisface gran parte de los objetivos que se han planteado.
Por último, señor Presidente , quiero pedir que la Secretaría revise el artículo séptimo transitorio, porque creo que en él hay un problema de redacción, que es mínimo.
El inicio del inciso segundo dice: "Durante los dos primeros años calendarios siguientes a dicha entrada en vigencia de la presente ley". Ello hace referencia al inciso primero del mismo precepto, que señala: "El artículo 19 bis que la presente ley introduce en la ley N° 18.010, entrará en vigencia a contar de transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.".
Pareciera que los dos años contemplados en el inciso segundo se contaran después de los seis meses que establece el inciso primero.
No recuerdo haber discutido en la Comisión Mixta en detalle este asunto, pero me parece que hay un problema de redacción.
O se suprimen la expresión "dicha entrada" o, bien, la frase "en vigencia de la presente ley". En mi opinión,¿
Perdone que lo interrumpa, señor Senador.
Lo que pasa es que -según la lectura del artículo en cuestión- cualquiera de las sugerencias que formula Su Señoría cambian el sentido de la norma. No es solo un aspecto de carácter formal.
Me doy cuenta, señor Presidente .
Mi planteamiento es que se debe revisar bien qué se quiso decir con la frase "a dicha entrada en vigencia de la presente ley". Ahí hay un problema de redacción.
El artículo séptimo transitorio debió decir "siguientes a dicha entrada en vigencia" o "siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley", pero no haber considerado esas dos menciones juntas...
Las dos alusiones hacen referencia al artículo 19 bis. Entiendo que el contexto de la disposición transitoria es solo respecto de ese precepto. El resto de la ley no tiene...
Entonces, la norma debería decir "dicha entrada en vigencia" y no "dicha entrada en vigencia de la presente ley".
Por eso estimo que este asunto amerita una revisión por parte de Secretaría. Si se contempla determinada entrada en vigencia para la ley y otra distinta para el artículo 19 bis, entonces¿
Lo que parece más lógico, señor Senador, es eliminar la expresión "de la presente ley". Así todo quedaría referido al artículo 19 bis y el tenor de la disposición transitoria sería más claro.
¿Habría acuerdo de la Sala para hacer tal corrección de tipo formal?
Me parece que eso hay que entregárselo a Secretaría, señor Presidente .
La frase correcta es "siguientes a dicha entrada en vigencia", si la referencia es solo respecto a la entrada en vigor del artículo 19 bis.
Creo que se trata solo de un tema de redacción. Si no lo fuera,...
Señor Senador , el personal de Secretaría que participó en la redacción de esa norma me indica que se debe eliminar no "de la presente ley", sino "dicha". Por tanto, la referencia correcta sería la siguiente: "Durante los dos primeros años calendarios siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley". Si se sustituye la palabra "dicha" por el artículo "la" queda más claro el tenor de la disposición, según lo sugerido por la Secretaría.
¿Habría acuerdo en corregir dicha cuestión formal?
Mi proposición era que se facultara a la Secretaría para que revise el inciso segundo del artículo séptimo transitorio porque está mal redactado.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Perfecto.
Lo haremos así, entonces, si hay acuerdo de la Sala.
Solicito autorización de la Sala para abrir la votación, dado que se trata de una iniciativa que requiere quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobada. El señor Senador que desee intervenir puede fundamentar su voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, para fundar su voto.
Señor Presidente , como señalaron los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, especialmente el Senador señor Tuma -también lo han manifestado otros parlamentarios: autores de mociones sobre la materia, como el Senador señor Prokurica y yo mismo, y varios integrantes de la Cámara de Diputados-, se intentó buscar una fórmula distinta para calcular la tasa máxima convencional.
La que se aplica actualmente es de 55 o 56 por ciento en algunos casos. Con ello, una persona que pide un crédito a un año plazo termina debiendo 50 por ciento más de lo que solicitó.
Se han hecho intentos de regular el asunto mediante la limitación de las comisiones, por cuanto muchas veces a la tasa de interés se agregan comisiones y elementos de cobro que hacen que la deuda sea aún mucho mayor.
Ahora bien, creo que la preocupación del Parlamento fue entendida también por el propio Ejecutivo, que se hizo parte en la discusión del proyecto.
¡Y no fue fácil encontrar una fórmula!
Por cierto, lo más óptimo para uno era decir: "Ojalá la tasa de interés sea cero para el deudor". Pero es preciso tomar nota de que quien otorga crédito no lo hace de forma gratuita, sino buscando una rentabilidad. El punto es tratar de encontrar el nivel de rentabilidad justa, a fin de que haya equidad para la entidad que da el crédito y para la persona que lo paga.
Y me parece que hemos ido avanzando en ese sentido al regular lo relativo a las comisiones, entre otros aspectos. Pero faltaba ponerle un límite al interés máximo convencional.
Hay sectores que piensan que en la economía no debe haber regulación respecto de esa tasa. De hecho, en algunos países no existe tal límite, y el asunto queda sujeto al acuerdo entre las partes. Sin embargo, en una gran mayoría de naciones, sobre todo en el último tiempo, la teoría moderna ha determinado que se le ponga un tope al interés máximo convencional.
¿Y por qué hay que hacer eso? Porque debe buscarse un justo equilibrio, para que las personas no queden marginadas de la posibilidad de acceder a un crédito, en especial tratándose de sectores de menores ingresos, quienes muchas veces no pueden conseguirlo.
Al mismo tiempo, es preciso establecer normas de protección a fin de evitar que los acreedores incurran en abusos hacia los deudores.
De ese modo, finalmente se acordó el sistema que hoy día se somete a nuestra consideración, que distingue en lo atinente al monto del crédito. Porque un préstamo de menor volumen implica un mayor costo de operación y, muchas veces, conlleva un riesgo más elevado. Es bastante más baja la tasa de interés de un crédito hipotecario -dado que cuenta con garantía hipotecaria- que la de un crédito común. Y resulta mucho más barato, seguramente, un crédito con buen aval que otro que carece de este.
Todos esos elementos son considerados por el mercado financiero al momento de determinar los costos del préstamo.
Por esa razón, definimos tres tramos según la magnitud del crédito: de cero a 50 UF, de 50 a 200 UF y de más de 200 UF.
¿Cómo se calcula la tasa máxima convencional? Como bien se dijo aquí, en función de la gente que tiene capacidad de negociación, sobre todo, en el área de los bancos. Se considera en la fórmula propuesta el promedio de las tasas de interés de los créditos cuyos montos van de 200 UF a 5 mil UF. ¿Y a qué se llega? A que un préstamo, de acuerdo con esta futura ley, no podrá exceder el 39 por ciento de interés. O sea, las operaciones de crédito dentro del mercado deberán ajustarse conforme a ese tope máximo. Con ello, se evitará la desbancarización de gente que hoy día carece de capacidad para conseguir crédito.
Sin embargo, en lo personal, creo que, incluso con las disposiciones que estamos incorporando, un sector de los consumidores podría quedar marginado del acceso a préstamo en el sistema financiero. En tal caso, hay que buscar la forma de impedir que esas personas recurran al crédito informal, que es mucho más caro y bastante más abusivo.
Por eso considero que este proyecto es un avance.
Y estamos votando bien cuando aprobamos limitar la tasa máxima convencional a los montos señalados.
Incluso, en el caso de los pensionados se colocó una sobretasa que no puede exceder más de 7 puntos sobre la base de los 21 puntos. ¿Por qué? Porque los créditos que se les otorgan, particularmente a través de las cajas de compensación, se cobran mediante descuentos por planilla; vale decir, el riesgo de no pago es mínimo.
En fin, todo lo que he mencionado se aborda en la iniciativa que estamos tratando hoy día.
Cabe señalar que las proposiciones de la Comisión Mixta fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de algunas que fueron objeto de observaciones por parte del Senador señor Novoa .
En general, considero que se avanza en un sentido positivo, por cuanto la propuesta en votación defiende a los deudores frente a los abusos que puedan cometer algunos acreedores. Al mismo tiempo, se procura evitar una desbancarización, esto es, que gente quede al margen de la posibilidad de obtener crédito por el hecho de poner límite a la tasa de interés más allá de lo que corresponde en una economía como la nuestra.
Tiene la palabra el Senador señor García, para fundamentar el voto.
Señor Presidente , como dijeron quienes me han antecedido, el presente proyecto de ley busca disminuir la tasa de interés máximo convencional a cobrar por las operaciones de crédito inferiores a 200 unidades de fomento y que sean otorgadas a más de 90 días.
En primer término, debe destacarse que durante toda la discusión, el análisis y la aprobación del proyecto de ley, se escuchó a muchos sectores interesados, tanto a los que prestan dinero cuanto a quienes son sujetos de tales créditos, y siempre buscamos compatibilizar dos grandes principios. El primero de ellos dice relación con que esta nueva tasa máxima de interés convencional logre terminar con las situaciones abusivas que se venían produciendo por parte de algunas instituciones financieras en estos últimos años. Buscamos evitar los cobros excesivos.
De otro lado, queremos también que las nuevas tasas máximas convencionales alcancen un nivel tal que, en modo alguno, signifiquen que un número importante de familias pierdan el acceso al crédito que hoy día tienen.
Ya en el final del proceso, cuando estamos votando el informe de la Comisión Mixta, podemos sostener con tranquilidad que ambos objetivos y principios, se cumplen plenamente.
Nosotros debiéramos tener créditos más baratos e impedir cualquier situación de abuso. Al mismo tiempo, debemos procurar que todas las familias -o la inmensa mayoría de ellas- que actualmente acceden al crédito lo conserven.
Quiero destacar que estamos estableciendo tres tasas máximas convencionales, para los créditos entre cero y doscientas unidades de fomento.
La primera es para aquellos entre 0 y 50 unidades de fomento; la segunda, para los que van de 50 a 200 unidades de fomento, y la tercera está pensada para los pensionados acogidos al sistema de descuentos por planilla.
A nuestro juicio, estas tres tasas máximas convencionales se hacen cargo de la situación particular que presenta cada uno de los segmentos señalados. De manera particular, se ha privilegiado establecer una tasa máxima inferior para los créditos más seguros; es decir, aquellos que las propias cajas de compensación entregan a sus pensionados y que revisten un riesgo muy cercano a cero, porque el descuento de las cuotas correspondientes se efectúa por planilla.
Pero eso no es lo único, señor Presidente.
En el minuto que me queda, quiero resaltar dos aspectos.
En primer lugar, aquí también se facilita la creación de nuevos mercados de créditos en dólares, cuestión muy solicitada por el sector agrícola, el cual, estos últimos meses, nos ha pedido tener acceso a dicha modalidad. Sin embargo, la banca no estaba aceptando ese tipo de préstamos, porque la tasa fijada por ley era demasiado baja. Sin embargo, con esta iniciativa, estamos permitiendo que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sea la encargada de fijar la tasa máxima convencional para cualquier tramo nuevo. Por tanto, esperamos que con esta medida se reactiven los créditos en dólares, favoreciendo a las distintas instancias productivas del país, en forma especial al sector agrícola y a quienes necesitan renovar sus plantaciones de frutales o realizar diversas inversiones, a fin de mejorar su productividad en el campo.
Además, se establece una forma de protección al deudor mediante un sistema que permite fiscalizar el cumplimiento de las normas de esta ley sobre la nueva tasa máxima de interés.
Esta naciente fiscalización se extiende más allá de los bancos, pues igualmente va dirigida a las casas comerciales, las cooperativas de ahorro, las compañías de seguros de vida, los créditos automotrices y cualquier otro tipo de empréstito en dinero inferior a 4,6 millones de pesos, pactado en un plazo superior a 90 días y que haya sido otorgado por una entidad financiera.
En consecuencia, los efectos de esta iniciativa legal debieran notarse en el bolsillo de las personas que toman créditos, pues las cuotas tendrían que ser un poco más bajas y, en forma paulatina, ir disminuyendo sus montos, lo cual, obviamente, tenderá a fortalecer todo el sistema crediticio en el país.
Señor Presidente , el acuerdo que se logró con el Ejecutivo , siendo artífices de él los Senadores señores Zaldívar , Tuma y García , busca un punto de equilibrio para evitar, por una parte, la desbancarización -o sea, para facilitar el acceso al crédito-, y por otra, terminar con la sensación de abuso y desprotección existente en la sociedad chilena.
El artículo 2210 del Código Civil establecía la prohibición de cobrar intereses sobre intereses, norma que fue modificada en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 del decreto ley N° 455, de 1974, el cual agregó: "No obstante, los intereses de un capital proveniente de una operación regida por este decreto ley pueden producir nuevos intereses, mediante demanda judicial o un convenio especial, con tal que la demanda o convenio verse sobre intereses debidos al menos por un año completo.".
Por su parte, el decreto ley N° 1.533, de 1976, reemplazó la citada norma -el decreto ley N° 455-, estableciendo lo siguiente: "Se prohíbe pactar intereses sobre intereses. No obstante, vencido el plazo estipulado, los intereses correspondientes a dicho plazo que no hubieren sido pagados se incorporarán a la obligación original, a menos que establezca expresamente lo contrario.".
A su vez, la ley N° 18.010, de 1981 -que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica- derogó el artículo 2210 del Código Civil y estableció, en su artículo 9°: "Podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación. En ningún caso la capitalización podrá hacerse por períodos inferiores a treinta días.".
Este último cuerpo legal data de hace 30 años. Respondía a una realidad financiera nacional caracterizada por la incertidumbre, altas tasas de inflación y se determinó sobre la base del interés corriente interbancario, aumentándolo en 50 por ciento.
La realidad actual indudablemente ha variado, con más modalidades de operaciones crediticias y con mayor cantidad de sujetos de crédito, de tal manera que no se justifica, en modo alguno, mantener este interés máximo convencional, ya que lo único que se obtiene es encarecer el costo del dinero, con el consiguiente enriquecimiento de las instituciones financieras y crediticias.
Por eso, señalamos claramente que este es un muy buen acuerdo, el cual busca efectivamente facilitar el acceso al crédito sin correr el riesgo de la desbancarización y de impedir a las familias que tengan acceso a él.
En ese sentido, apoyamos esta iniciativa legal, que venimos empujando desde que integramos la Cámara de Diputados. Además, logramos que un proyecto de ley de autoría del Senador señor Prokurica y de quien habla, se fusionara con otro de los Honorables señores García , Tuma y Zaldívar .
Quiero felicitar a los colegas mencionados, pues han trabajado intensamente para llegar a acuerdo con el Ejecutivo , lo cual nos permitirá facilitar y mejorar el acceso al crédito y, asimismo, de manera importante, disminuir el costo de las operaciones crediticias en Chile.
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Economía, me correspondió conocer este proyecto en su primer trámite en el Senado y en el que se trabajó en forma transversal, junto con las autoridades de Gobierno, pudiéndose llegar a un muy buen texto.
Me referiré a algunos de los aspectos prácticos que va a tener esta iniciativa, porque creo que las explicaciones dadas por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra son bastante claras.
¿Cuál es el punto de fondo? Que hoy en día, cuando se presta dinero a un consumidor por un monto inferior a 4,6 millones de pesos -equivalentes a 200 unidades de fomento- la tasa de interés es del orden de 70 por ciento anual compuesto y 54 por ciento simple. O sea, la persona que pide un crédito inferior a tal suma debe pagar una cantidad enorme. Pero, si el deudor depositara esa suma en un banco, le darían UF más 4 o 5 por ciento anual. Sin embargo, cuando pide ese dinero a la misma institución, por igual período, le cobran entre 50 y 70 por ciento de interés.
Por eso, a este tipo de consumidores se les hace prácticamente imposible solicitar créditos de esa naturaleza, porque terminan pagando un gran monto.
¿Cuáles son los dos contraargumentos?
Algunos sostienen que, cuando se trata de personas con alto riesgo de no pagar el crédito solicitado, por su situación de vulnerabilidad económica, hay dos alternativas. Si les cobran intereses muy bajos, no habrá interesados en prestarles con el argumento de que un alto porcentaje de ellas no cancelará su deuda. En tal caso, terminarán recurriendo a los sistemas informales, que aplican intereses usurarios.
La otra argumentación consiste en admitir que es posible bajarles la tasa de interés. Y lo que hace este proyecto del Gobierno, que recopila diversas mociones, es bajar derechamente la tasa de interés a tales créditos de manera considerable. Voy a poner un ejemplo. En la actualidad, si alguien pide un préstamo por 300 mil pesos a 48 meses, debe pagar 54 por ciento de interés. Cuando esta ley entre en vigencia plenamente, ese interés bajará en 17 puntos, llegando a 37 por ciento anual. Esto significa que esa persona, en vez de cancelar 433 mil 602 pesos por un crédito de ese monto y plazo, como ocurre hoy, pagará solo 280 mil pesos; o sea, un ahorro de 152 mil pesos.
Por lo tanto, este es, sin duda, un muy buen proyecto, el cual probablemente irá en beneficio de las familias más vulnerables y humildes, porque la tasa máxima que se les va a aplicar cuando soliciten créditos inferiores a 200 UF disminuirá notablemente.
Se afirma que aquello inhibirá a los bancos a prestarles plata. No creo que eso vaya a ocurrir, pues se llegó a una solución razonable que garantiza que se les seguirá otorgando préstamos, aunque no a las tremendas tasas de interés que se les cobra hoy en día.
La normativa también incluye mecanismos que, en caso de crisis económicas, permitirán variar el tope máximo de la tasa de interés convencional, con el propósito de evitar que nadie preste plata a personas que pidan créditos inferiores a 4,6 millones de pesos, equivalentes, como dije, a 200 unidades de fomento.
En consecuencia, estamos ante una buena iniciativa, que habrá que ver cómo se aplica en la práctica y que, en concreto, significa que cientos de miles de chilenos -por qué no decir millones- van a pagar mucho menos intereses que los que actualmente les cobran cuando les prestan dinero, lo que es una excelente noticia para nuestros compatriotas.
Por tal razón, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , quiero expresar mi preocupación porque este proyecto sobre protección a deudores de crédito en dinero o sobre tasa máxima convencional, si bien tiene muy buenas intenciones, representa, a mi juicio, una situación delicada, por la fijación de un precio máximo por un producto o servicio, en este caso el dinero que se presta.
Por experiencias pasadas, tanto en Chile como en varios otros países, aquello muchas veces no resulta viable para una gran proporción de personas o de agentes económicos, particularmente debido a una gran debilidad que se observa: la poca educación financiera de importantes segmentos de la población, que no entienden cómo funciona el costo del dinero y cómo cuotas menores, pero a plazos más largos, terminan traduciéndose en un pago total mucho más alto.
El proyecto está bastante bien intencionado e inspirado, pero es de muy difícil ejecución o aplicación, especialmente para un conjunto de personas que, en mi opinión, quedarán fuera del mercado formal del crédito y obligadas, quizás, a recurrir a mercados informales, a prestamistas o a otras opciones que pueden terminar siendo peores para ellas.
No obstante, creo que la iniciativa presenta algunas propuestas valiosas. La principal de ellas, en mi concepto -que recalco-, es la necesidad de entregar mayor educación económica y financiera a la ciudadanía. Otras son los sistemas de rebaja inicial y rebaja gradual posterior que se plantea.
La aplicación de la rebaja en forma lenta motivará a los oferentes de crédito a innovar y crear nuevos modelos de negocio con menores tasas de impago. Hay varias buenas ideas, pero, a mi entender, solo serán factibles para la gente que quede dentro del mercado formal.
Otro elemento positivo es la protección del valor adquisitivo de las pensiones. En el caso de los pensionados que recurren a un crédito con descuento por planilla, la cobranza se halla asegurada. En tal caso, la tasa de interés debiera ser mucho menor, tal como se plantea en el proyecto.
También considero conveniente que se restrinja el uso de las cláusulas de aceleración de los créditos; que se precisen los límites a las comisiones de cobranza extrajudicial; que se creen instancias de fiscalización más allá de los bancos, alcanzando a casas comerciales, cooperativas de ahorro y compañías de seguros, lo que en la actualidad no ocurre.
Todos estos aspectos me parecen muy positivos, pero son -lo subrayo de nuevo- un sustituto de la educación financiera, que es, en mi opinión, el principal problema del endeudamiento de las familias y de muchas pequeñas y medianas empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones y que, al contrario, las van agravando.
Acabamos de tratar un proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, que significará una ayuda; pero lo que realmente se requiere es educación financiera.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, para fundamentar el voto.
Señor Presidente , este proyecto de artículo único corresponde, como se ha señalado, a una moción de los Senadores señores Tuma , Bianchi , Escalona , Letelier y Zaldívar ; contiene algunas normas de quórum y, de acuerdo al texto original, su propósito es establecer un nuevo parámetro de cálculo del interés máximo convencional no sobre la base del interés corriente cobrado por los bancos e instituciones financieras en un mes determinado, sino de la tasa de política monetaria del Banco Central. Para ello, se prescribe taxativamente que el interés máximo convencional no podrá exceder en tres veces dicha tasa y que se denominará "interés máximo convencional anual".
Dentro de los cambios relevantes, la Comisión Mixta recogió la propuesta de la Cámara de Diputados para exigir ciertas formalidades orientadas a que la autoridad defina los requisitos mínimos especiales, para que no sean consideradas parte del interés máximo convencional aquellas comisiones que una entidad crediticia dedicada principalmente al apoyo a la microempresa cobre por los servicios de evaluación, asesoramiento, capacitación y/o seguimiento del deudor en materia de gestión, conexos al otorgamiento del crédito.
Esta norma parece un poco ambigua, pero abre cierto espacio para que el conjunto del proyecto pierda sentido, especialmente para el crédito destinado a las microempresas, por lo que sería positivo para la historia de la ley que quedara claro que se trata de dar cierta solemnidad a esta excepción, y que el fin no es aumentar el costo de los créditos por una vía alternativa al interés máximo convencional.
Sin duda, este proyecto reviste especial interés para millones de personas porque, como es sabido, el nivel de endeudamiento de los chilenos hoy día es muy alto y, además, está bastante extendida la percepción de que han debido aceptar condiciones abusivas, sobre todo tratándose de créditos solicitados para resolver emergencias familiares.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (23 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Gómez, Horvath, Lagos, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
Sesiones 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general); 63ª, en 15 de octubre de 2013 (queda para segunda discusión).
Este proyecto es de rango orgánico constitucional, y, por lo tanto, para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Rossi.
Señor Presidente , esta iniciativa es tremendamente importante para la regionalización del país, y fue objeto de un extenso debate en la Comisión de Gobierno.
Quizás muchas personas, particularmente los actuales miembros de los Consejos Regionales o los candidatos y las candidatas para integrarlos, habrían considerado ideal que este proyecto se aprobara antes de despachar el que establece el sufragio universal para la elección de los cores, en vez del mecanismo indirecto.
Cabe recordar que el próximo 17 de noviembre se realizará, por primera vez en la historia de Chile, la elección directa de los consejeros regionales. Lamentablemente, todavía le falta información a la ciudadanía acerca de sus funciones y atribuciones.
La verdad es que no podíamos sacar adelante la presente iniciativa porque manteníamos una serie de desacuerdos con el Ejecutivo . Pero, finalmente, llegamos a una fórmula que permitió destrabar la discusión.
Este proyecto tiene como particularidad -quizás es el énfasis más importante- dar más poder a las regiones, a los consejos regionales, entregándoles atribuciones fiscalizadoras y mayor autonomía financiera y capacidad de gestión.
El punto que produjo un debate al interior de la Comisión fue el establecimiento de un mecanismo de transferencia de atribuciones o competencias desde el nivel central al regional.
Me explico: por ejemplo, un consejo regional podría determinar, por el voto de determinada cantidad de sus miembros, que se solicitara al Poder Ejecutivo -al nivel central- el traspaso de alguna atribución o competencia, como la relativa al transporte público, para crear un servicio público regionalizado. Ello sería bastante más lógico que el hecho de que todas las decisiones de planificación y elaboración de políticas públicas se tomaran desde un edificio de Santiago, en circunstancias de que la realidad del país, al menos en este tema, es tremendamente heterogénea.
¿Dónde estribaba el problema? En que si una solicitud de traspaso de competencia formulada por el consejo regional (a su vez, este podría encargar algún estudio para respaldar y fundamentar su pedido) fuera respondida negativamente por el Ejecutivo el asunto quedaría ahí.
Nosotros avanzamos en el sentido de que la respuesta negativa debiera ir acompañada de una resolución fundada. Pero, al final del día, persistía un tremendo contrapeso entre la región y el consejo regional y el Poder Ejecutivo , y no se lograba establecer una descentralización efectiva.
En lo que se propone en el proyecto signado con el N° 17 en la tabla de hoy día, que remplaza el artículo 114 de la Constitución Política de la República en materia de competencias de los gobiernos regionales, el cual presentamos transversalmente con los Senadores Orpis , Bianchi , Frei y Sabag . Además, pedimos que esta iniciativa fuera tratada junto con la que nos ocupa -la veremos a continuación-, pues, efectivamente, van unidas.
Esa reforma constitucional resuelve la contienda de competencia entre el nivel central y el regional, generando un espacio de debate, de diálogo entre el Ejecutivo y el consejo regional aquí, en el Senado.
Ello permite contar con un mecanismo para solucionar las discrepancias, y por eso en la Comisión de Gobierno llegamos a un acuerdo que nos posibilitó aprobar el proyecto en debate y también la citada reforma constitucional que veremos en seguida.
La iniciativa de ley que nos ocupa crea la figura del presidente del consejo regional, que es una suerte de contrapeso de la autoridad del intendente, quien representa al nivel central. Durante la discusión le dimos más atribuciones al presidente, quien, al final, ya no solo es una figura decorativa, sino que fija la planta del personal y tiene la facultad de concurrir al Parlamento junto con el intendente, cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos.
Así es que, definitivamente, la iniciativa significa un avance relevante en materia de descentralización.
Por lo tanto, considero importante aprobarlo hoy día, y que la Sala fije un tiempo razonable para presentar indicaciones a su texto.
Señor Presidente , Honorable Senado, en la sesión anterior me referí en profundidad al alcance de este proyecto, particularmente en torno a las facultades del intendente, a la creación de la figura del presidente del consejo regional, a la elección de los cores, a las atribuciones de fiscalización.
Hoy día, quiero concentrarme en un tema que en algún minuto habremos de abordar: la autonomía en materia financiera que deben tener las regiones.
Acabo de finalizar una investigación en torno al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para determinar si, efectivamente, este ha sido un instrumento de descentralización o no. Y he llegado a la conclusión de que, en definitiva, no lo ha sido.
Voy a mostrar una imagen sobre qué presupuestos avanza este análisis.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene dos componentes: el de libre disponibilidad y las provisiones.
Respecto al de libre disponibilidad, las regiones tienen plena autonomía para decidir en qué sector y proyecto invertir. En cambio, sobre las provisiones el sector viene predeterminado desde el nivel central, y, por ende, las regiones solo son libres de escoger dentro de los proyectos previamente presentados por el Poder Ejecutivo.
En consecuencia, para determinar la autonomía de las regiones es importante establecer en una serie histórica qué porcentaje han tenido las regiones a lo largo del tiempo en materia de libre disponibilidad.
Como dije, voy a exhibir una imagen.
En la serie histórica que elaboré se puede ver lo sucedido entre los años 2004 y 2012.
¿Qué evidencia aquello? Que las provisiones dentro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante dicho período alcanzaron a 45 por ciento; es decir, prácticamente la mitad del FNDR venía predeterminado desde el nivel central, y solo 55 por ciento fue de libre disponibilidad.
En el gráfico se puede apreciar cómo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional -el mismo instrumento- ha servido para que existan períodos de mucha descentralización, y otros de mucha centralización.
La línea azul corresponde a períodos de aumento de la descentralización, donde se incrementan los recursos de libre disponibilidad, y la línea roja, a períodos de centralización, donde suben las provisiones.
Además, se observa que en el año 2004 se experimenta una fase de centralización. Y a partir de 2005 comienza una de descentralización, que se extiende hasta 2007, cuando nuevamente se vuelve a una etapa de centralización, que llega a su peak en el año 2010.
Entre 2011 y 2012 de nuevo se genera una fase de descentralización. Y en este último año se vive el período de mayor descentralización.
¿Qué deseo decir con esto, señor Presidente? Que definitivamente quiero que exista una Ley de Rentas Regionales -aclaro que ello no significa aumentar la carga tributaria-, al estilo de la Ley de Rentas Municipales, que recauda un porcentaje del impuesto territorial.
¿Cuál es el mérito de la Ley de Rentas Municipales? Que la volatilidad solo depende de la recaudación. En cambio, en el caso de los gobiernos regionales, sobre la base del FNDR, la autonomía no depende únicamente de la recaudación, sino también del nivel de provisiones. Y este lo determina, en definitiva, el nivel central.
Por lo tanto, el grado de libertad de una región para utilizar los recursos de libre disposición depende del nivel central, porque se determinan, primero, por asignaciones en la Ley de Presupuestos, y, segundo, por las provisiones.
En consecuencia, uno debe reflexionar si el principal instrumento de inversión, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ha sido o no un instrumento de descentralización. Y, según el gráfico, en algunos períodos efectivamente lo ha sido, pero en otros no.
Lo que se pretende con la normativa que nos ocupa es que las regiones sean autónomas en cuanto a la determinación de sus recursos.
Señor Presidente , como se me termina el tiempo, solicito un minuto más, para concluir.
Creo que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros elementos que se han mencionado en el curso del debate deben ser estudiados a fondo en la discusión particular del proyecto.
Como lo dije en la oportunidad anterior, hay importantes avances en el ámbito de la descentralización, pero un factor esencial de ella lo constituye la autonomía de carácter financiero que deben tener las regiones. Y el FNDR no ha sido un instrumento eficaz para descentralizar el país.
Señor Presidente , sin duda, este es uno de los proyectos más relevantes que se han sometido a nuestro conocimiento.
El traspaso de competencias desde el nivel central a los niveles regional o comunal es uno de los propósitos en los que con mayor voluntad política deberíamos trabajar en el Senado.
Por eso me referiré, básicamente, a esa parte del proyecto, teniendo presente que este también dice relación con la estructura de los gobiernos regionales, con las atribuciones de los cores y con otras materias. No obstante, el nudo central, el corazón de esta iniciativa radica en lo relativo a las transferencias de competencias, que se consignan en el Párrafo 2°, inciso tercero del artículo 21 Bis.
Comparto lo planteado por el Senador Rossi en el sentido de que si no aprobamos la reforma constitucional, que ya se discutió en el año 2009, no estaremos avanzando lo suficiente. En efecto, si uno compara las normas vigentes en materia de traspaso de competencias, que se hallan consignadas en el artículo 67 de la ley orgánica que ahora se modifica, con lo que se propone en el texto en debate, comprobamos que no hay diferencias sustanciales. Aquí se incorpora la posibilidad de que por dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio se pida el otorgamiento de una facultad específica.
Por consiguiente, lo que deberíamos analizar es cuánto se ha avanzado en el actual artículo 67, que habla sobre el traspaso de atribuciones y que ha estado en vigencia ya por largos años. A mi juicio, esa norma -digámoslo con claridad- ha sido letra muerta. No ha habido voluntad política, en ningún Gobierno, para avanzar en una zona tan significativa como la del traspaso de competencias.
Voy a votar a favor este proyecto, porque hay un grado de avance. Pero necesariamente se requiere la reforma constitucional aludida, pues hay que hacer vinculantes las decisiones; hay que hacer obligatorio el traspaso; hay que colocar normas que en realidad obliguen a la autoridad central a desprenderse de facultades y competencias y traspasárselas a los niveles regionales.
En las regiones se cuenta con profesionales capacitados. Sin embargo, al no disponer de atribuciones se genera frustración y se van ocasionando los conflictos que el país ha conocido.
Estoy seguro de que con gobiernos regionales dotados de facultades y recursos, los problemas de Aysén, de Tocopilla y de Calama no habrían tenido la magnitud que alcanzaron. Ellos se agravaron porque las autoridades regionales no contaban con facultades ni recursos para enfrentarlos. Por consiguiente, se requirió la intervención de autoridades del nivel central (léase Ministros y Subsecretarios). Pero, por su lejanía y el tiempo que demoraron en tomar las decisiones, los conflictos se fueron radicalizando, ampliando y agravando.
Señor Presidente , insisto en que las enmiendas que plantea la Comisión de Gobierno en el artículo 21 Bis representan un avance, pues en el inciso tercero se establece que los dos tercios de los consejeros en ejercicio "podrá solicitar al ejecutivo del gobierno regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas por éste. El intendente deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que estos hayan sido recepcionados y aprobados". Y, en el inciso cuarto, se fija un plazo para que se responda ese requerimiento que se hace por parte de un gobierno regional al gobierno central.
¿Es ese un avance? ¡Por cierto que sí! Pero tenue e insuficiente.
Pienso que llegó el momento de establecer con claridad que el gobierno central debe desprenderse de facultades en beneficio de los gobiernos regionales. Y como es evidente que nadie se desprende de facultades ni de competencias, la ley debe establecer un camino para que ello verdaderamente se cumpla.
A través de las modificaciones a esta ley orgánica (que aprobaré) estamos dando un paso importante, mas no suficiente; un paso significativo, pero que necesita de otro camino, de otra instancia para asegurarle al país que en verdad vamos a entrar a un proceso de descentralización y regionalización; que no nos quedaremos en el discurso; que no nos quedaremos solo en las palabras, sino que pasaremos a los hechos y estableceremos gobiernos auténticamente regionales, que hoy día, con la elección de consejeros regionales, serán una voz más potente en las distintas partes del territorio.
Yo prefiero que las regiones sean las que se equivoquen; que las regiones sean las que cometan los errores, pero que no exista esta lejanía en las resoluciones con respecto a los ciudadanos, que la mayoría de las veces agrava los conflictos y problemas.
Señor Presidente , como se me está acabando el tiempo, termino manifestando que votaré favorablemente la iniciativa, pero que concuerdo en que lo que propone la Comisión de Gobierno en una reforma constitucional es el paso definitivo que debemos dar.
Señor Presidente , tuvimos la ocasión de iniciar el debate de este proyecto, que todavía se halla en la discusión en general. Y adelanto que lo voy a votar a favor, en el entendido de que constituye un avance, pero muy insuficiente, compartiendo lo que se ha señalado aquí, en la Sala, al respecto.
Pero más que eso, tengo tremendas dudas sobre la dualidad que estamos generando. Creo que ha sido y será muy importante el cambio introducido para elegir democráticamente a nuestros cores. No obstante, debemos reconocer que hoy día la ciudadanía todavía está bastante desinformada sobre lo que significa exactamente la elección de los cores, qué hacen y cuál es su relevancia. Nuestras regiones se encuentran tapadas de propaganda y de avisos radiales, pero no se entiende mucho. Uno conversa y le explica a la gente la trascendencia que puede tener la elección democrática del consejo o de los consejeros regionales.
Me parece que ese es un gran paso, y claramente hemos avanzado hacia una mayor transparencia, ya que antes los cores se elegían de manera indirecta por los concejales.
Sin embargo, tengo dudas. Sigo creyendo que aquí estamos estableciendo una dualidad entre el intendente y el presidente del consejo regional, al no quedar establecidas de manera clara las funciones de cada uno, incluso protocolarmente. En un momento determinado el intendente representa al Primer Mandatario, pero resulta que el consejo va a tener un presidente designado por sus pares, los que a su vez han sido elegidos democráticamente.
Me parece que eso, francamente, no ayuda mucho. Nos estamos complicando. Tengo la convicción de que así es. Por eso pedí, incluso en nombre de mi bancada, segunda discusión del proyecto, porque sentí que le faltaba madurez. Espero que, como estamos solo en su discusión en general, haya oportunidad de revisarlo más cuidadosamente, pues estoy convencida de que provocamos esa dualidad, la cual, por cierto, quedará solucionada el día que elijamos democráticamente al intendente. Con ello -por suerte está en el programa de Michelle Bachelet, que permitirá cumplir con tal aspiración y convertirse en ley (así lo deseo) de ser aprobada en este Congreso-, podremos terminar con tal dualidad.
No obstante lo anterior, estimo que el Senador Orpis tiene toda la razón en lo que acaba de señalar. Porque el Fondo Nacional de Desarrollo Regional -considerado el instrumento más importante- es muy parcialmente de libre disposición, todo el resto viene determinado desde el nivel central.
Mientras eso siga ocurriendo, no sacamos nada con hablar de regionalismo, del fortalecimiento de las regiones, pues muchas veces son palabras más bien declarativas que realidades.
Por lo demás, sobre el particular experimentamos ciertos avances, pero también tenemos retrocesos.
Hace unos días sostuvimos una reunión con la gran mayoría de los alcaldes de las comunas del Norte -aproximadamente 15 de ellos-, que formaron una asociación cuyo objetivo primordial es denunciar lo que sienten: que efectivamente no existe una compensación frente a la tremenda riqueza que entregan nuestras regiones mineras, particularmente nuestros municipios mineros, al país, al aporte que hacen al PIB. A cambio, solo les quedan los pasivos ambientales y grandes dificultades para absorber no únicamente un incremento de la población, mayor demanda por servicios, sino muchas otras situaciones que están afectando a nuestras regiones.
No hay, por lo tanto, un instrumento que realmente compense la dificultad planteada.
El FONDENOR, que pudo haber sido una herramienta apropiada, creo que este Gobierno se lo ha farreado, porque lo que entregará en definitiva: 268 millones de dólares de aquí al 2025, repartido entre 51 municipios mineros, es absolutamente insuficiente -¡absolutamente insuficiente!- y casi risible.
Entonces, con él no se resuelve el problema. Además, le quedó grande el nombre: "Fondo de Desarrollo del Norte". ¡Cuál desarrollo si se reparte una cantidad ínfima! De hecho, lo que recibirá una comuna serán 150 mil dólares, de acuerdo a su población, que fue lo que conseguimos incluso en la discusión particular, porque en principio estaban considerados 50 mil dólares. Logramos subir esos aportes, pero, francamente, son risibles.
Por otro lado, en el proyecto se proponen instrumentos que permiten avanzar, sí. Algunos bastante interesantes, como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, cuya elaboración corresponde al gobierno regional, con consulta a los municipios, que hace mucha falta. Debemos ser capaces de estudiar todas las recomendaciones y lo relativo a la planificación territorial, urbana y rural; el borde costero¿
Finalizó su tiempo, señora Senadora.
En ese sentido, considero que hay un progreso importante.	Pero sigo creyendo que la cuestión de fondo, que la planteó el Senador Orpis, no la abordamos en este proyecto. Y no vamos a poder avanzar en una verdadera regionalización si no hay más recursos para ser administrados libremente desde las regiones, que son las que tienen más claro lo que desean priorizar y cómo deben hacerlo. Pero sufrimos de este centralismo excesivo, que lamentablemente continúa manteniéndose.
Por eso creo que no podemos eludir el tema, señor Presidente.
Por último, en cuanto a las dualidades, que van a persistir pues no están bien resueltas en este proyecto, debo señalar que estoy un poco sorprendida -lo reconozco, y así se lo hice saber a mi colega Rossi -, porque si la iniciativa que viene propone, en teoría, que las eventuales discrepancias entre un consejo regional y el Presidente de la República sean resueltas por el Senado, a mi juicio, lo único que hará será confirmar mi aseveración de que está mal planteada la normativa en análisis.
No deberíamos estar anticipando que habrá conflictos. Y si van a existir, no tendría que ser el Senado el encargado de resolverlos. ¡No, pues! Este no es la instancia democrática llamada a solucionar tal controversia. Debe crearse un instrumento que permita zanjar regionalmente una situación como la planteada. Pero no es dable pensar que desde el Senado ello es posible, sobre todo considerando que lo integramos representantes de distintas regiones, por voluntad de los electores.
Creo que eso no es lo más indicado.
Para mí lo único claro es que existen dualidades; que habrá conflictos, cuya solución no se encuentra bien propuesta en el proyecto que nos ocupa.
Entonces, el camino es más bien a la inversa: mejorar la iniciativa; ser capaces de prever dónde se pueden presentar conflictos, por estas dualidades, y contar con los mecanismos ajustados para resolverlos.
Concluyo señalando que voy a votar favorablemente en general la normativa, con bastantes dudas, porque significa dar un paso muy limitado. Aquí se nos ha dicho que se trata de un tremendo avance. Pero no concuerdo con ello. Creo que lo más importante va a ser la elección directa de los cores. Pero ojalá pudiésemos avanzar en una verdadera y auténtica regionalización, la cual solo se logrará si existen traspasos reales -¡reales!- de la disponibilidad de los recursos y de las decisiones que deben tomarse.
Señor Presidente, ya hice referencia en su oportunidad a que la grandilocuencia no tiene coherencia con el contenido del proyecto, al que, en general, califico de muy antojadizo respecto a las temáticas que aborda.
Si me remonto a los casos que se han mencionado aquí: Calama , Tocopilla , Coyhaique, etcétera, debo manifestar que ninguna de las facultades que se están traspasando a los consejos regionales va a despejar la problemática que despierta en la gente ese nivel de inquietud, de frustración. Y lo que es peor: no se progresa absolutamente nada en materia de dotación de recursos; de mejor implementación acerca de democratización presupuestaria; de flexibilización de distintas medidas, porque eso sigue siendo un tema de centralismo exacerbado, que, en mi opinión, va a generar más dificultades que las que solucionará.
Tampoco se señalan adecuadamente los ámbitos de aplicación de las facultades del intendente y del presidente del consejo regional. Y el Jefe de Estado es quien cuenta con facultades privativas para iniciativas legales al respecto. Ello, me parece que representa la simiente de conflictos de proporciones.
A lo anterior se agrega un tercer referente: la mayor cantidad de dinero, de recursos económicos, sigue estando radicada en los ministerios. Así que pasa a ser un remedo a nivel regional.
Y la pregunta concreta es: frente a los conflictos que se presenten entre el intendente y el presidente del consejo regional, ¿alguien podría adelantar qué actitud va a asumir un seremi? Él tendrá muy clara la película: se inclinará simplemente por lo que diga su Ministro . O sea, sigue siendo un enfoque eminentemente centralizado respecto del que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque -repito- la mayor cantidad de plata es gastada por los ministerios. ¿Y los seremis a quién reportan? Al Secretario de Estado respectivo.
No hay, pues, avances en materia de descentralización financiera o fiscal.
Ya lo dijo el Senador Orpis -lo refuerzo y ratifico-: si uno mira lo que ha venido pasando con el FNDR, podrá apreciar que la mayor parte de este fondo de compensación regional se concentra en Santiago. Es allí donde más se ha incrementado.
Entonces, señor Presidente , yo no visualizo instrumentos que permitan romper la tendencia.
A mi juicio, la ley en proyecto es pirotecnia finalmente. Porque veremos que esta famosa o "maldita" -como lo llamé en determinado momento- gradualidad y selectividad que se plantea de modo elocuente en su texto sigue siendo la gran traba para avanzar.
Me parece que lo relativo a la descentralización y regionalización es causa perdida para este Gobierno.
Tengo la esperanza de que en la próxima Administración realmente avancemos de manera significativa en esta materia. Es una oportunidad grandiosa para ello.
Entonces, no compro el argumento de intentar lavarse la cara con esta iniciativa señalando que se trata de un gran proyecto regionalizador y descentralizador.
Me parece que todos los elementos que contiene se hallan orientados a seguir entrabando el desarrollo de un país que está estrangulándose por el centralismo.
¡Cómo no lo sabré, señor Presidente ! Los grandes problemas de mi Región están sin atenderse. Hasta para contratar un médico obstetra hubo que tomarse Tocopilla completamente, logrando que al final el Ministro llegara rindiéndose a los pies del alcalde, quien tenía parada la ciudad.
O lo que ocurre con el Ministerio de Bienes Nacionales, que se ha transformado en la gran inmobiliaria pública y que especula con el terreno para darle más recursos a Santiago en detrimento de justicia y equidad para las regiones.
En fin, señor Presidente, creo que este proyecto es muy deficiente respecto de las expectativas que al menos yo tenía en materia de descentralización.
Así que perseveraré en votar en contra, como señal, por supuesto.
Señor Presidente , esta es la segunda vez que discutimos en la Sala este importante proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país. Y, como es natural, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que integro, lo aprobó por unanimidad.
Todos sabemos que el sentido de esta iniciativa es mejorar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno regional, incluyendo las del consejo regional y las del intendente, además de agregar funciones al gobierno regional; regular la transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las eventuales divergencias que surjan en este proceso, sobre todo dentro del propósito de avanzar en la regionalización.
Respecto a la transferencia de competencias, la Comisión acordó la presentación de una reforma constitucional -ya lo informó el Senador Rossi- para que el Senado resuelva las divergencias, en lugar de una comisión especial como lo había propuesto el Ejecutivo inicialmente.
Cabe señalar que el proyecto proporciona un listado del tipo de competencias que se pueden transferir, las que caben dentro de los ámbitos del ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural, que parecen suficientes mientras se evalúe el funcionamiento de este sistema, así como los resultados de la elección directa de los consejeros regionales.
También es importante destacar las propuestas para crear los cargos de administrador regional y de secretario ejecutivo del consejo regional: el primero será de confianza del intendente, y el segundo, designado por concurso público; la elección de un presidente del consejo regional, elegido directamente por los consejeros regionales, cuyas facultades no estarán limitadas solo a abrir, dar la palabra y levantar las sesiones, sino que, de acuerdo con el Ejecutivo , hay un compromiso con la Comisión en el sentido de que él también elaborará la tabla. Y ya establecimos una serie de otras atribuciones, para que no fueran tan ínfimas como las que venían inicialmente propuestas.
Por otra parte, se faculta al consejo regional para aprobar o modificar la delimitación de territorios que sean objeto de planificación regional; el plan regional de desarrollo turístico; la declaración de zonas rezagadas y el plan de desarrollo, así como para aprobar el anteproyecto regional de inversiones y conocer el programa público de inversiones.
El consejo regional podrá resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sobre la base de la propuesta del intendente, incluyendo los programas de inversión sectorial y los recursos del gobierno regional provenientes de los tributos locales.
Señor Presidente, la ciudadanía se encuentra muy esperanzada de este primer paso que darán los electores al elegir sus consejeros regionales, que son grandes autoridades, deciden importantes recursos y aprueban obras que pueden ser de real relevancia para el desarrollo de cada una de las comunas y de las regiones en general.
Por lo tanto, llamamos a los ciudadanos a que elijan personas con capacidad y conocimientos, y que verdaderamente efectúen un aporte importante desde dicho cargo.
Aspiramos también a que en poco tiempo más, de acuerdo con las nuevas autoridades de Gobierno, se pueda elegir a los intendentes.
A través de ello, lograremos la descentralización y regionalización que se requieren para un mayor aceleramiento en el desarrollo de nuestro país.
Algunos anhelaban mucho más hoy día. Pero creo que vamos avanzando.
Los gobiernos regionales cumplieron 20 años. Estamos muy claros de las deficiencias, defectos, abusos que pueden haberse cometido durante este tiempo.
Por eso estamos aprobando este proyecto en general ahora, para corregir todas las anormalidades o irregularidades que se habrían detectado. Y esperamos que durante el debate en particular lleguemos a un buen acuerdo con el Ejecutivo, y demos lugar a una ley que sea expedita y que les dé garantías a las comunas para obtener un alto desarrollo y progreso, sobre todo a nivel regional.
El instrumento se denomina "Fondo Nacional de Desarrollo Regional", y queremos que se destine para tal finalidad.
Desde luego, anuncio mi voto a favor del proyecto.
Señor Presidente , yo me defino como "municipalista" y "regionalista". Por lo tanto, no puedo sino, cada vez que se presenta la oportunidad, mostrar cierta frustración en relación con el Estado altamente centralista, burocrático, de corte borbónico en que vivimos, bajo la égida del Estado unitario.
Ahí estamos con las intendencias, 230 años después de haberse creado tras las reformas borbónicas, típicamente centralistas, a fines del siglo XVIII.
Municipalista, en el sentido que señaló visionariamente la Ley de Comuna Autónoma, de 1891, hace 122 años.
Esa es una promesa incumplida, señor Presidente. Y solo se dará cumplimiento a ella cuando tengamos gobiernos municipales autónomos, que ahora no los hay. Porque los municipios viven con la camisa de fuerza de las normas constitucionales y legales que los rigen.
No hay gobierno municipal autónomo.
En segundo lugar, existe frustración desde el punto de vista de la aspiración de mayor regionalismo. Porque hemos avanzado más en desconcentración que en descentralización.
Es más, yo no le temo al federalismo. Pero -imagino- esa discusión quedará para nuestros nietos.
Por lo menos somos dos, el profesor Patricio Zapata Larraín y quien habla, los que en alguna oportunidad nos hemos planteado a favor de la idea de un Estado federal.
Pero sé que eso es utopía.
Por lo tanto, a lo que uno aspira es a profundizar la descentralización, más que la desconcentración, priorizando y fortaleciendo el gobierno municipal y el gobierno regional.
Y, en tal sentido, ¿por qué voy a votar a favor de este proyecto? No porque me satisfaga de manera muy especial, sino porque constituye un avance, modesto, tímido -no es un retroceso-, en esa dirección.
Se crea el cargo de presidente del consejo regional.
Ahora, hay una mala noticia: que el intendente seguirá siendo el poder ejecutivo del gobierno regional.
Y hay una buena noticia: el presidente del consejo regional será elegido por los consejeros, quienes a su vez serán elegidos en forma democrática y directa, por primera vez en la historia de Chile, el 17 de noviembre próximo (en poco más de dos semanas).
La del presidente del consejo será tal vez una función más protocolar. Sin embargo, estará muy distante de lo que quisiéramos en términos de un verdadero gobierno regional.
Cabe la interrogante acerca del foco de tensión que habrá entre el presidente del consejo regional y el intendente. Pero, en fin, existe cierto avance, tímido, en la materia.
Los gobiernos regionales podrán solicitar transferencias de competencias.
Me parece interesante esa fórmula, pues recoge la diversidad, la heterogeneidad de los gobiernos regionales y permite una demanda de competencias desde abajo, lo que facilita un proceso gradual de descentralización.
Se aumenta el poder fiscalizador de los consejeros respecto tanto del intendente como de otras autoridades del gobierno central vinculadas al gobierno regional.
Tocante a las competencias en materia de planificación, ¡cómo no va a ser digna de aplauso una mejor coordinación entre los distintos órganos de planificación del territorio: gobiernos regionales, municipalidades, ministerios!
Por ejemplo, en la Quinta Región costó diez años avanzar en el ámbito de los planes regionales de ordenamiento territorial, pero aún no existe buena coordinación. Creo que esta mejorará con el proyecto en debate.
Lo mismo ocurre en el caso de las prioridades de inversión. Hay que hacerlas más conversadas entre el gobierno regional y el respectivo ministerio, considerando las prioridades regionales, aunque no sean vinculantes.
De otra parte, se hacen exigibles los convenios de programación y los convenios mandatos, cuando corresponda, y se dispone que toda nueva función o atribución deberá tener asegurada su fuente de financiamiento.
Empero, me parece que, lejos, lo más interesante de este proyecto -tímido, gradual, insuficiente; pero, en fin, hay avances- es la creación del cargo de administrador regional -¡bien!-, tal como existe a nivel municipal.
Que se escoja a las jefaturas, a los jefes de división mediante el Sistema de Alta Dirección Pública me parece bien. Obviamente, eso fortalece al gobierno regional y lo moderniza.
Se crean las divisiones de planificación regional. En la práctica, las hay en algunas regiones, pero su existencia no está normada por ley.
Aquellos, a mi entender, son avances significativos.
Lo más importante, en mi opinión, es la creación del concepto de "marco y glosa presupuestaria". Porque hoy día...
Decía, señor Presidente , que hoy día se da la contrariedad de que los consejos regionales votan proyecto por proyecto, lo que constituye un absurdo, pues da pie para crear redes de clientelismo, focos de corrupción, ya que el sistema introduce incentivos perversos.
En tal sentido, equiparar de alguna manera el presupuesto nacional para aprobar marcos y glosas presupuestarias, más que proyecto por proyecto, me parece de efectos modernizadores y de transparencia importantes en el funcionamiento de los gobiernos regionales.
Termino haciendo presente la necesidad de fortalecer la contraparte natural de los gobiernos regionales, que son y deben ser los municipios. En la Quinta Región de Valparaíso (y del Aconcagua) hay una asociación conformada por veinte municipalidades del interior que son o deben ser contraparte del gobierno regional.
Por las razones expuestas, votaré a favor, con gusto a poco. Pero, obviamente, el proyecto en debate significa más un avance que un retroceso.
Señor Presidente , sé que estamos todos concentrados. No obstante, como Presidente accidental de la Comisión de Agricultura , le solicito que recabe la autorización necesaria para que dicho órgano técnico funcione en paralelo con la Sala a fin de tratar dos proyectos pendientes.
No existe acuerdo, señor Senador.
Sí, que se abra.
Estamos ante un problema, Su Señoría.
Esta iniciativa es de quórum especial. Por tanto, yo debería hacer sonar los timbres al objeto de tener certeza de que existen los votos requeridos para aprobarla.
Ahora, si la Sala quiere abrir la votación, yo no tengo objeciones.
¿Hay acuerdo para ello?
No hay acuerdo en la Sala.
Retiro mi objeción, señor Presidente .
Entonces, hay acuerdo para abrir la votación, ¡bajo la responsabilidad de los Senadores presentes...!
¡No, pues, señor Presidente : bajo la responsabilidad de los ausentes, ya que los presentes estamos cumpliendo nuestra obligación!
Señor Presidente , dentro del tiempo consignado para fundamentar nuestro pronunciamiento, debo puntualizar que parece no tener mucho sentido seguir dilatando la votación, pues las posiciones no variarán mucho desde la primera discusión hasta ahora, cuando podría solicitarse aplazamiento de la votación, y no mejoraremos el texto por aquella vía.
Este proyecto no es más que cuanto expresa su articulado. Y lo conversábamos recién con el Senador Rossi, quien participó en la discusión pormenorizada habida en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con esta iniciativa de ley no vamos a arreglar los problemas de descentralización que aquejan a nuestro país. Empero, opino que debemos poner las cosas en un punto de justicia y en la perspectiva adecuada.
Esta es, en 20 años, la mayor reforma experimentada por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la elección democrática y universal de los consejeros regionales, lo que, de aprobarse la normativa que nos ocupa esta tarde, se complementará con el traspaso de facultades.
Ahora, concuerdo con los planteamientos del Senador Ignacio Walker: el avance es tímido.
Por ejemplo, podrían existir mayores atribuciones. Pero no quiero quitarles mérito a algunas de las que se establecen. Por ejemplo, a las vinculadas con los convenios de programación, los cuales ya se vienen haciendo.
Debo recordar -conversábamos sobre la materia con el Senador Tuma- que en la Región de La Araucanía se suscribió el primer convenio de programación, a mediados de los años 90, para concretar un proyecto que ni Obras Públicas ni el gobierno regional incipiente podrían haber llevado a cabo por sí mismos: las defensas ribereñas del río Cautín. Como consecuencia, en casi veinte años este nunca más superó la cota; así, vastos sectores de Temuco ya no se ven afectados por las inundaciones que sufrieron antes.
Igualmente, rescato el mérito de que el nivel central y el regional se pongan de acuerdo para destinar recursos a obras de gran envergadura que los privados no realizan porque no les reportan rentabilidad alguna.
En consecuencia, que este proyecto plantee que los referidos convenios serán obligatorios me parece una gran noticia.
Y, a propósito de la amplia discusión que existe en torno a cuántos hospitales dejará construidos este Gobierno, cuántos quedarán a medias, cuántos no se van a concretar, debo puntualizar que la edificación de establecimientos de esa índole en La Araucanía se halla contenida en convenios de programación suscritos entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional de esa Región. Hasta el momento se avanza muy tímidamente en diseño, en prefactibilidad, en estudios, pero hay muy poca obra concreta. Son los casos de Angol -allí la actual Administración comprometió un hospital que nunca va a construirse, al menos en este período- y de muchas otras comunas, donde los progresos han sido muy escasos. Y la demora se sigue achacando al terremoto, en circunstancias de que este ocurrió hace bastante tiempo y, por ende, no puede seguir siendo excusa para que el Estado eluda su responsabilidad.
Entonces, reitero que el hecho de que los convenios de programación obliguen al nivel central envuelve una gran oportunidad para las regiones, especialmente dentro del convenio marco para la construcción de hospitales en la que yo represento. En otras zonas de nuestro país -lo indicaba la Senadora Allende- serán otros fondos regionales los que compensen socialmente la actividad minera.
De otro lado, comparto lo que señalaron varios señores Senadores en el sentido de que puede haber dificultades. Creo que el rol del intendente con menos atribuciones entrará en colisión con la nueva figura del presidente del consejo regional, no digo "con más atribuciones", pues no existen, pero sí con aquellas que se le restarán a aquel.
Ahora, estas atribuciones no son solo decorativas ni formales. No son únicamente para mandar un saludo de cumpleaños al Ministro Larroulet : tienen que ver con la presidencia del consejo regional y con que el intendente se va a sustraer -esto sí me preocupa- en las sesiones de aquel, pero seguirá siendo responsable de los procesos de inversión. Y eso puede ser una dificultad.
El presidente del consejo regional carece de atribuciones ejecutivas en el actual sistema. Pero tampoco podríamos imaginar que las tuviera. La administración de los recursos fiscales es una tarea muy delicada; por tanto, alguien ha de hacerse responsable de ella. Y ese alguien debe ser una autoridad que rinda cuenta pública. No cualquier persona puede administrar dineros fiscales.
Entonces, el intendente no se desprende de la atribución respectiva, sigue siendo responsable de las tareas ejecutivas.
Pienso que deberemos observar la situación en régimen. Y yo no descartaría que cuando los intendentes se eligieran democráticamente los consejeros regionales fueran parte de su lista. Y tal vez haya que discutir si tiene o no sentido la elección.
Con todo, voto a favor, señor Presidente.
Señor Presidente , quizás uno de los temas más apasionantes para los parlamentarios de regiones y para la gente que vive allí es cuándo podremos tomar en ellas decisiones que tengan que ver con sus demandas, con su realidad.
Este diseño portaliano del Estado, en que los Ministros asumen la conducción del país y de los servicios en cada sector, hace creer que todas las ciudades, los campos, las regiones son exactamente iguales y que todas las personas tienen requerimientos y problemas de la misma naturaleza.
Empero, cada región es especial. Y hay algunas más especiales que otras. Por ejemplo, la de La Araucanía, cuya composición étnica motiva que sus demandas y sus dificultades sean específicas y absolutamente distintas. Y eso no lo resuelve desde Santiago ningún ministro , ningún director de servicio.
¡Si cuando tratamos el Presupuesto en el Congreso aprobamos programas nacionales! ¡Cuando le asignamos recursos a un ministerio lo hacemos a nivel nacional!
No existe una mirada desde las regiones para determinar de qué manera resolvemos las demandas de los habitantes de cada una de ellas.
Pasan los años, y les decimos a los ciudadanos que estamos haciendo esfuerzos por descentralizar. Sin embargo, ello no se concreta.
La descentralización solo tendrá lugar cuando existan autoridades que, habiendo sido elegidas en la región, posean autonomía, estén empoderadas y cuenten con atribuciones y recursos. Pero eso está lejos de materializarse.
Este proyecto habla mucho y contiene pocas disposiciones que entreguen atribuciones desde el poder central hacia las regiones.
Con esta iniciativa, aunque la aprobemos, yo no imagino a un intendente o a un gobierno regional dirigiendo las políticas de INDAP, de Vialidad o de Salud.
El problema reside en que no hay voluntad política para estructurar el aparato estatal de modo que permita atender las demandas regionales.
Por inercia, seguimos mirando al Estado como ha existido siempre.
En mi concepto, hay que tener una mirada distinta. Y esa mirada distinta nos obliga a reestructurar el aparato estatal; a regionalizar los servicios; a empoderar a las autoridades, y a diseñar programas, políticas e instrumentos desde las regiones más que desde el nivel central.
No voto con entusiasmo este proyecto, señor Presidente, porque no va al fondo del problema. Es un paso. Pero pienso que falta conciencia acerca de lo que significa cambiar el aparato del Estado para satisfacer las demandas ciudadanas.
En mi opinión, queda mucho terreno por recorrer.
Voto a favor no obstante considerar que la iniciativa resulta absolutamente insuficiente.
Señor Presidente, solo voy a reiterar lo que sostuve en la primera discusión de este proyecto.
Pienso que todos los esfuerzos de carácter administrativo que se despliegan son vacíos si las regiones no tienen ingresos propios.
No le estoy haciendo una crítica directa al actual Gobierno. Y lo preciso porque el Ministro señor Cristian Larroulet se sintió un tanto incómodo.
Tómelo como una autocrítica al sistema político en su conjunto, señor Ministro .
La cuestión de fondo radica en que las regiones producen recursos y, sin embargo, no tienen soporte propio para financiarse. Y eso constituye una limitación enorme, gigantesca.
Escuché al Senador Víctor Pérez argumentar en la misma dirección. Su Señoría señaló que el conflicto de la Región de Aysén podría haberse resuelto en forma mucho más ágil y expedita si en el gobierno regional hubiera existido un dispositivo que permitiera contar con los recursos y las atribuciones indispensables.
Lo mismo sucede ahora en la Región del Biobío, donde hay malestar por la lamentable situación del Hospital Regional de Concepción.
Hace poco rato me llamó el doctor Martín Zilic para comunicarme que el escenario no solo se mantiene, sino que empeoró: hay más de sesenta personas en la asistencia pública; las familias esperan dos y tres días para lograr que los pacientes sean atendidos en el servicio de urgencia.
¡Cómo no va a ser posible que un gobierno regional cuente con un dispositivo que le permita tomar medidas de emergencia: trasladar enfermos, recabar la ayuda de las instituciones uniformadas, recurrir a un hospital de campaña!
Ante una emergencia sanitaria como la que desde mi punto de vista se vive en el Hospital Regional de Concepción, ¡cómo no va a ser factible adoptar ninguna medida!
A ello agrego que los gobiernos regionales deben contar con recursos, tener capacidad para actuar con una base que les dé un mínimo de acción independiente del gobierno central.
Por eso he sugerido la idea de las rentas regionales, señor Presidente.
Si se confirman los vaticinios que conocimos esta mañana en el sentido de que la próxima Presidenta de la República será Michelle Bachelet , quien comprometió con el país un proyecto de reforma tributaria, espero que se abra un debate para que en esta exista un capítulo relativo a las rentas regionales.
Ya es suficientemente conocido el ejemplo puesto: el de Celulosa Arauco. Esta empresa tiene una gigantesca planta en el sector de Horcones, en la comuna de Arauco, pero la persona que vende frutas y bebidas en un pequeño kiosco ubicado a doscientos metros le paga al municipio más que ella por concepto de patente, debido al sistema centralizado de impuestos vigente en nuestro país.
Yo no estoy proponiendo erradicar o remplazar ese sistema en su globalidad. Mi planteamiento apunta a que, como en él las razones sociales de los grandes conglomerados económicos abarcan dos o tres regiones, exista un mecanismo que permita determinar las rentas que corresponden a cada cual, de manera que ello se refleje en ingresos propios que posibiliten sostener la actividad de los diferentes gobiernos regionales.
Esa es la idea que vengo postulando desde hace algún tiempo y que seguiré transmitiendo, al objeto de dotar a las regiones de mecanismos o instrumentos que les otorguen capacidad de acción más allá de la voluntad del gobierno central.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y uno en contra), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y se fija el 25 de noviembre, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Cantero.
Señor Presidente , en nombre del Ejecutivo, agradezco la votación tan amplia para este proyecto, que transfiere competencias a los gobiernos regionales.
Aprovecho la oportunidad para valorar esta sesión del Senado, durante la cual se aprobó un conjunto importante de iniciativas del Ejecutivo.
No cabe duda de que el debate de este proyecto ha sido muy relevante. Pero quiero precisar algunos elementos que se han mencionado hoy.
En primer lugar, esta iniciativa viene a responder a una reforma constitucional que se hizo en el Gobierno anterior para llevar a cabo un proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales.
En segundo término, el proyecto que nos ocupa reviste específicamente una trascendencia muy significativa. Algunos distinguidos señores Senadores han expresado aquí que representa un paso muy menor. Por mi parte, difiero de ellos por un hecho muy simple y concreto: gracias a la institucionalidad que sigue avanzando en el Congreso, el día de mañana no se va a requerir una ley para cada una de las transferencias de competencia, sino un acuerdo entre el respectivo gobierno regional y el Ministerio correspondiente y un decreto supremo del Presidente de la República . Es decir, estamos haciendo referencia a un proceso muy profundo.
En tercer lugar, ello no es lo único: también se trata de traspasar recursos. Distinguidos señores Senadores han planteado propuestas en el ámbito tributario. Estimo que corresponde discutirlas. Pero hoy día es preciso reconocer que la Administración del Presidente Sebastián Piñera ha aumentado en 50 por ciento el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que permite a las regiones contar con recursos para poder asignarlos autónomamente a su gobierno.
Y, por último, no olvidemos que estamos ad portas de la materialización de un hecho muy profundo a favor de la descentralización: el próximo 17 de noviembre se van a elegir en forma directa, por primera vez, los consejeros regionales. Eso asimismo va a implicar un cambio muy significativo en estas materias.
Valoramos la aprobación del proyecto. Y esperamos presentar las indicaciones correspondientes para que el texto sea también acogido definitivamente, como otros que apuntan a la descentralización, por el Congreso Nacional.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Según lo acordado por los Comités, pasamos inmediatamente a rendir homenaje, en sus 50 años de vida, a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Ello, a solicitud del Senador señor Cantero , a quien voy a ofrecerle la palabra de inmediato.
Antes, quiero saludar a la señora Karen Rojo , Alcaldesa de esa ciudad, quien se encuentra en la tribuna; al señor Mauro Robles , Secretario General Ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta ; al señor Christian Baeza , director de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta , y al señor Juan Figueroa , músico integrante de dicha agrupación.
Puede intervenir el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente ; estimados colegas; señora Karen Rojo , Alcaldesa de Antofagasta ; señor Mauro Robles , Secretario General Ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta ; señor Christian Baeza , director de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta ; señores Felipe Flores Toledo y Sebastián Quinzan , coordinadores de comunicaciones; señor Juan Figueroa , quien representa el ADN de la agrupación musical:
En nombre de esta Corporación, y en particular del Senador señor Gómez y de quien habla, queremos rendir homenaje a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, con más de 50 años de historia.
Desde el Centro Universitario Zona Norte de la Universidad de Chile, al inicio de la década de los sesenta, un grupo de músicos nortinos y pampinos comenzó a preparar el escenario de lo que magistralmente se concretó el 2 de noviembre de 1962: la Orquesta Sinfónica de dicha ciudad.
La fundación quedó marcada con tinte imborrable. Se trató de su primera presentación. En la oportunidad, 55 músicos profesionales dieron vida a este gran movimiento de arte y cultura, bajo la supervisión de su creador y primer director, don Rafael Ramos Vivar . Ello dio inicio a una gran ola, que se ha mantenido creciente en el tiempo. La actuación fue en calle San Martín N° 2755, de Antofagasta.
Desde entonces han pasado por la agrupación notables figuras nortinas, que han tenido la responsabilidad de dirigir la escena musical local, como Joaquín Taulis , Eliseo Reygadas , Terry Lee Hulick, Juan Rojas Martorell , Mireya Alegría , Fernando Guerra , Celso Torres Mora y Christian Baeza , su actual director, quien nos acompaña.
En medio siglo de música, han integrado el conjunto los hijos de destacadas familias, de gran arraigo en la comunidad. Cabe mencionar, entre otros, los de varias que siguen teniendo presencia, como los Santelices, Nazar, Baeza.
En la Orquesta Sinfónica contrastan músicos muy jóvenes, que se inician en este cautivante campo de las artes, con quienes exhiben una vasta trayectoria. Cabe destacar el importante rol al respecto del liceo artístico de la ciudad. De los últimos, se debe reconocer a dos músicos con cinco décadas de actividad: Guillermo Pizarro y Rodolfo Herrera , cuyo importante desempeño valoramos, por cierto.
En 50 años -son más, en realidad-, la Orquesta Sinfónica se ha transformado en una de las agrupaciones más antiguas y relevantes en la historia musical de Chile, convirtiéndose en el verdadero patrimonio vivo de toda una región. Ha participado en los actos culturales más trascendentales de la ciudad y la zona y constituye un instrumento que impulsa la elevación espiritual de todos los que experimentan el gozo de compartir cada una de sus presentaciones.
Hoy, el conjunto se halla al alero de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. La presidenta del directorio de la entidad es la Alcaldesa , señora Karen Rojo Venegas , quien nos acompaña, y cuyo aporte a la cultura local y de la región valoramos.
Son miles las actuaciones que la sinfónica ha cumplido en Antofagasta y ya forma parte de la historia de esa pujante ciudad, con proyecciones también al ámbito regional, nacional e internacional.
Son incontables los homenajes efectuados a maestros de la música de todo el mundo, las composiciones inéditas, las creaciones inmortales que por décadas han llenado las butacas del Teatro Municipal de Antofagasta , al igual que otros espacios donde la agrupación se presenta, en particular las ruinas de Huanchaca.
Anualmente, la Orquesta desarrolla una temporada oficial de conciertos en la que intervienen como invitados los mejores músicos y directores clásicos del país, y quiebra esquemas al participar en conciertos con artistas contemporáneos, superando el paradigma de que la música clásica es el privilegio de unos pocos.
Lo anterior se ha fortalecido en los últimos años, promediándose 600 personas por concierto, las que van aumentando significativamente. Se registra casi un 75 por ciento de incremento desde el año 2008.
No solo las creaciones de músicos ilustres como Beethoven, Bach, Vivaldi y Mozart son la esencia de la Orquesta, sino también espacios de los propios integrantes, además de los artistas nacionales e internacionales que han querido, a su manera, aportar con composiciones que han emocionado a un público que sigue por décadas a un grupo que parece no pasar de moda.
Nos conmueve, nos emociona, nos estremece escuchar música popular, música andina, música ancestral de nuestra telúrica comunidad nortina elevada a piezas de exquisita inspiración clásica.
Para contextualizar hermosos recuerdos, se me vienen a la memoria momentos inolvidables en conciertos y presentaciones, por ejemplo, junto a Illapu -agrupación también de raigambre y origen nortinos-, Inti Illimani , Congreso, Tuna Tabardos y tantos otros, o bien, encuentros con artistas como Andrea Tessa , Bastián Bodenhofer , Huara , Punahue, Gepe y Sergio Jarlaz , ya más contemporáneos.
¿Por qué este homenaje y reconocimiento? Porque la Orquesta Sinfónica de Antofagasta es una verdadera cuna y escuela de músicos de gran nivel. Porque, desde sus inicios -incluso, hasta hace un par de años-, quienes la forman han participado en ella con gran esfuerzo, con gran vocación, muchos de ellos prácticamente por amor al arte, a la cultura.
Hoy, el desafío y la misión de la alcaldesa, señora Karen Rojo , aquí presente, son los de seguir profesionalizando a músicos e integrantes, con el objetivo de cumplir el viejo anhelo de los fundadores: recorrer Chile y el extranjero como dignos embajadores culturales de la comunidad local.
Antofagasta y la Región crecen a pasos agigantados, por lo que el desarrollo de la Orquesta Sinfónica debe ir con los tiempos. Somos la zona de excelencia mundial en la minería, y ello se tiene que reflejar en esta agrupación, una de las más emblemáticas y con más arraigo en esa parte de nuestro país.
Por esta razón, hacemos un llamado a la industria minera, a las empresas que desarrollan su actividad en el norte, a que ayuden al engrandecimiento de la agrupación, porque la riqueza económica debe ir acompañada también de riqueza en humanidad, y, por sobre todo, de una riqueza en espiritualidad que actividades como aquella que lleva adelante la Orquesta Sinfónica de Antofagasta contribuyen, en forma tan generosa, a promover, consolidar y desarrollar.
Señora Alcaldesa , señor Secretario General Ejecutivo , reciban el homenaje del Senado, que les pedimos hacer extensivo a todos los integrantes de esa hermosa e importante institución cultural de nuestro norte.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le agradecemos al Senador señor Cantero que haya intervenido en nombre de la Corporación.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , solo deseo sumarme a este merecido homenaje y reconocer el esfuerzo que hacen orquestas sinfónicas profesionales como la que se ha destacado en esta oportunidad, juveniles e infantiles.
Es preciso hacer un esfuerzo para redoblar los fondos regionales y municipales, así como también el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.
Nuestro Centro de Extensión "Senador Pablo Neruda", no solo se une a este reconocimiento, sino que también solicita que la Orquesta se presente en la sede del Congreso o lo más cerca posible. Pondremos nuestro empeño en ello.
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría sin duda representa el sentimiento de todo el Senado.
aDe la señora ALLENDE:
Al señor Ministro de Salud , para consultar acerca de TRATAMIENTO DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE POR SISTEMA PÚBLICO DE SALUD Y MATERIALIZACIÓN DE FONDO NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de solicitar información respecto de INSCRIPCIÓN DE NUEVOS TAXIS PARA OPERACIÓN EN COMUNA DE VALLENAR.
Al señor Presidente del Directorio de ESVAL , a fin de que proporcione antecedentes sobre MEDIDAS PARA MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE CONCÓN Y PLACILLA DE PEÑUELAS, COMUNA DE VALPARAÍSO.
1.- El progresivo aumento del transporte de carga en la Región del Biobío, tanto con destinos nacionales como internacionales y la necesidad de contar con la infraestructura necesaria para su despacho oportuno y en las condiciones de seguridad necesarias;
2.- Las previsiones que indican que el volumen de carga en la Región del Biobío seguirá creciendo en los próximos años, principalmente por el inicio del período de cosecha de miles de hectáreas plantadas con bosques y el auge de la fruticultura, como consecuencia del traslado de la zona de mayor producción desde el centro del país al sector centro-sur, todo lo cual obliga a planificar con tiempo la forma de realizar la carga de estos productos;
3.- La constatación que las rutas entre los centros productores y los puertos de la Región del Biobío -Talcahuano, San Vicente, Lirquén y Coronel- ya están haciéndose insuficientes para el transporte de la carga, lo que constituye una limitación evidente a las posibilidades de desarrollo económico regional que no puede quedar restringido por una falta de previsión en el diseño de las vías de transporte.
4.- Se agrega a todo lo anterior que el tránsito intenso por la Ruta de Itata, tanto para el transporte de carga como de vehículos particulares y de pasajeros, ya está pasando por momentos de saturación en las fechas de mayor uso de las vías, que conllevan una creciente ineficiencia de esta ruta, así como mayores posibilidades de accidentes, muchas veces fatales.
5.- Finalmente, que en Chile sólo el tres por ciento de la carga se realiza por vía férrea, mientras que en otras naciones más adelantadas y con un sistema de transporte mejor organizado llegan a tasas del 35 por ciento, como Estados Unidos, o del 40 por ciento, en el caso de Alemania, que constituyen, por su experiencia y el volumen de su comercio internacional, un modelo que debemos mirar y recoger en todo lo que sea apropiado a nuestra realidad local.
Por lo anterior, El Senado acuerda:
1.- Solicitar a S.E. el Presidente de la República que disponga la realización de los estudios económicos, sociales y de factibilidad necesarios para fundamentar la construcción de una línea férrea entre Chillán, Penco y Concepción.
2.- Solicitar al Ministerio de Obras Públicas que determine la posibilidad que esta nueva línea férrea siga un trazado paralelo al de la actual Ruta del Itata e inicie las gestiones con la Empresa de Ferrocarriles de Chile para su construcción.
(Fdo.): Hosaín Sabag Castillo, Senador.

References: Artículo 8
 Artículo 389
 artículo 114
 artículo 88
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 71
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 31
 artículo 6
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 2210
 artículo 16
 artículo 2210
 artículo 9
 resolución 
 artículo 114
 artículo 21
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 21