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Timestamp: 2019-10-22 01:50:57+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00035 de marzo 6 de 2013
SENTENCIA 2010-00035 DE 06 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:NO TODA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD IMPLICA VIOLACIÓN AL DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA. LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA SE REFIERE AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y A LAS FINALIDADES PROPIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS, DETERMINADAS POR LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y NO POR LOS INTERESES PRIVADOS. NO CUALQUIER VULNERACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN, LLEVA CONSIGO DE MANERA AUTOMÁTICA, VULNERACIÓN A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA. NO OBSTANTE, A VECES LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUEDE CONDUCIR A CONCLUIR TAMBIÉN LA VULNERACIÓN DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, PORQUE A LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN, SE UNE LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA DE QUIEN LA EJERCE, EN TANTO NO ACTÚA CON EL ÁNIMO DE SATISFACER EL INTERÉS GENERAL. AUN ASÍ CORRESPONDE AL DEMANDANTE EN LA ACCIÓN POPULAR, LA CARGA DE PRECISAR EL ASPECTO EN EL CUAL RADICA LA TRANSGRESIÓN A ESTE PRINCIPIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA, MORALIDAD ADMINISTRATIVA
REVISTA TUTELA N°:164 DE AGOSTO DE 2013, PG.1362
Sentencia 2010-00035 de marzo 6 de 2013
Rad.: 81001-2331-002-2010-00035 01 (AP)
Actor: Iván Danilo León Lizcano
Accionados: Departamento Nacional de Planeación y otros
Tema: moralidad administrativa y defensa del patrimonio público
Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil trece.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las acciones populares originadas en “actos, acciones u omisiones de las entidades públicas”.
Según el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer de las acciones populares mediante las cuales se pretenda la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
Dado que en este caso, las accionadas son entidades públicas y se pretende protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público, y como quiera que se trata de la impugnación contra la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, no cabe duda de la competencia de esta Sala para desatar la alzada.
2.2. De la inexistencia de vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa.
En relación a este derecho colectivo esta corporación(7) precisó, en tesis que ha sido constantemente reiterada(8), “frente a lo que se entiende por moralidad administrativa, que en un Estado pluralista como el que se identifica en .la Constitución de 1991 (art. 1º), la moralidad tiene una textura abierta, en cuanto de ella pueden darse distintas definiciones. Sin embargo, si dicho concepto se adopta como principio que debe regir la actividad administrativa (art. 209 ibídem), la determinación de lo que debe entenderse por moralidad no puede depender de la concepción subjetiva de quien califica la actuación sino que debe referirse a la finalidad que inspira el acto de acuerdo con la ley.
La jurisprudencia de la corporación ha ido precisando el concepto de moralidad administrativa, como derecho colectivo que puede ser defendido por cualquier persona, del cual se destacan estas características: “a) es un principio que debe ser concretado en cada caso; b) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las financiadas que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza(9).
La moralidad administrativa, se refiere al ejercicio de la función administrativa conforme al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del cumplimiento de las funciones públicas, determinadas por la satisfacción del interés general y no por intereses privados y particulares, sin que cualquier vulneración al ordenamiento jurídico, en el ejercicio de tal función, lleve consigo de manera automática, vulneración a la moralidad administrativa, por cuanto, no toda violación al principio de legalidad, implica automáticamente violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
Igualmente al juez de la acción popular le corresponde superar los límites de la revisión de ilegalidad de la actuación con la que según la demanda se vulnera la moralidad administrativa, para extender su análisis a las motivaciones que llevaron al funcionario a ejecutar la actuación
En síntesis, los cargos que se imputen en la demanda deben ser fundados en conductas que no solo se alejen de la ley, sino que deben ser acompañados de señalamientos de contenido subjetivo contrarios a los fines y principios de la administración como lo serian la deshonestidad o la corrupción, cargos que deben ser serios, fundados y soportados en medios probatorios allegados oportunamente al proceso, dado que cualquier imputación sobre inmoralidad administrativa en la que estén ausentes las acusaciones de tal aspecto, no tiene vocación de prosperidad.
Ha dicho la Sala que la trasgresión del derecho colectivo en comento tiene lugar igualmente en eventos de desviación de poder, esto es, cuando el funcionario público hace uso de sus poderes con un fin distinto de aquel para el cual han sido conferida”.
En punto a este derecho colectivo en relación con la sentencia impugnada, se desprende que el cargo que se formula se contrae a que la decisión tomada fue la de cambiar de ejecutor y no suspender los giros de las regalías que fue lo que se hizo, vulnerando con esta actuación la normatividad jurídica vigente y la propia decisión administrativa, y a más de ello, tal cambio se hizo sin la planificación adecuada al punto que nueve meses después no pudieron nombrar al ejecutor, decidiendo finalmente levantar la medida y normalizar los giros como si no hubiese pasado nada.
Este cargo no tiene vocación de prosperidad por cuanto si bien es cierto, la decisión que se adoptó en la sesión 52 del 28 de enero de 2003 por la Comisión Nacional de Regalías fue la de cambiar el ejecutor de los recursos de participaciones en regalías en el departamento de Arauca, no es menos cierto que consecuente con los motivos que dieron lugar a dicha determinación, lo menos que podía hacer la comisión era ordenar suspender el giro de tales recursos.
En efecto, en la mencionada sesión se dijo: “... el informe concluye en la violación a la Ley 141 de 1994, al utilizar recursos de regalías en gastos de funcionamiento; manejo en varias cuentas, la ley señala que deben manejarse en una cuenta (para la época de los hechos, vigencia 2000, aparecen 15 cuentas); celebración indebida de convenios interadministrativos con la OEI, donde sus objetos no se desarrollan en debida forma, toda vez que se hacen adquisiciones que no corresponden; no se realizan evaluaciones, ni se presentan informes detallados; no hay supervisión; hay contratos otorgados simplemente por orden del gobernador, sin estudios técnicos y de viabilidad previos por parte de la OEI, en cuanto a sobrecostos. Efectuada una revisión con la interventoría administrativa y financiera, Unión Temporal Arauca y las investigaciones de los funcionarios citados, se encontraron irregularidades en la contratación efectuada por el departamento de Arauca, con regalías directas. Para realizar la investigación se hace un análisis a una serie de descargos conllevando a concluir el cambio de ejecutor.
La doctora Diana Caicedo, asesora externa de la UAE-CNR expresa que lo más importante para tener en cuenta es el interés general del Estado, cursa una investigación (aplicación de procedimiento administrativo) contra el departamento de Arauca, que es un ente territorial, siendo responsable el representante legal, a quien además, se le inician procesos disciplinarios, penales y fiscales según sea el caso; el proyecto de resolución propone dejar el precedente, para que los recursos de regalías se gasten en debida forma y se vea el beneficio en interés general; si no se aprueba la decisión de cambio de ejecutor porque el nuevo gobernador no ejecutaría los recursos, se entiende que prima el interés particular y no el general y el beneficio del ente territorial.
La doctora Diana Caicedo agrega que es la comisión quien debe decidir el término de la sanción, que puede ser hasta el mes de octubre/03, el término depende del informe que presente la interventoría administrativa y financiera de la entidad territorial; si el mismo refleja el manejo correcto para las regalías, se regresa a la entidad territorial su manejo”.
Luego, no existe duda acerca de la facultad legal que revestía a la comisión en su momento para adoptar la decisión comentada, basada en la Ley 141 de 1994, Ley 756 de 2002 y el Decreto 620 de 1995.
Comoquiera que el apelante funda su inconformidad sobre este tópico en cuanto a que en dicha sesión no se decidió acerca de la suspensión de las regalías, ha de precisar la Sala, que ningún señalamiento de contenido subjetivo contrario a los fines de la administración Como deshonestidad o corrupción se hizo en la demanda de acción popular como tampoco al sustentar el recurso de apelación, para que el mismo tuviese vocación de prosperidad.
A lo anterior se agrega que, precisamente la decisión tanto de cambiar de ejecutor de las regalías en el departamento de Arauca, como la orden de suspender el giro de dichas regalías hasta tanto se nombrara al ejecutor, tenía como fin inspirador precisamente evitar el manejo inadecuado que según el informe rendido se le daba a los mismos por parte del representante legal del ente territorial, lo que de suyo pone de manifiesto el interés de la comisión en rescatar el principio de la moralidad administrativa en el departamento de Arauca en relación con el manejo de las regalías directas.
En síntesis, como los cargos que se imputan en la demanda y en la apelación no fueron acompañados de señalamientos de contenido subjetivo contrarios a los fines y principios de la administración, encontrando la Sala que la finalidad de las decisiones adoptadas fue precisamente la salvaguarda de tales principios, conclusión a la que se arriba luego de observar el acta número 52 de enero 28 de 2003 de la Comisión Nacional Electoral, cuyos apartes relevantes vienen supra transcritos, fuerza concluir la no prosperidad de este cargo.
2.3. Inexistencia de vulneración al patrimonio público.
El derecho colectivo al patrimonio público, tampoco fue vulnerado, en consideración a que la Sala no verificó por parte de las demandadas conducta vulneradora del mismo. Veamos:
En cuanto al concepto del patrimonio público esta corporación en la sentencia citada(10) dijo:
“Se ha entendido que el concepto de patrimonio público cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo(11). La defensa del patrimonio público, conlleva a que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, evitando con ello el detrimento patrimonial(12). Por ello, se concluye que la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa.
El concepto de patrimonio público es un concepto genérico que involucra todos los bienes del Estado, y que comprende en ellos los de todas sus entidades, a nivel central, o descentralizado territorialmente o por servicios. Habrá detrimento de ese patrimonio, cuando se produzca su mengua en él como consecuencia de una actividad no autorizada en la norma, pero no se presenta el detrimento, cuando una entidad estatal deja de hacer a otra de la misma naturaleza, una transferencia de sus recursos en los términos dispuestos en el ordenamiento jurídico, porque en ese caso, no habrá habido mengua en el patrimonio estatal”(13).
Lo anterior no impide que se consolide la vulneración al patrimonio público con independencia de que exista o no violación a la moral administrativa, pero necesariamente el accionante debe demostrar el detrimento al patrimonio público, aspecto que debe ser estudiado a pesar de que no se haya acreditado vulneración a la moralidad administrativa”.
En el presente caso el recurrente considera que las regalías que le correspondían al departamento de Arauca durante el lapso en que fue suspendido su giro, generaron un rendimiento financiero el cual no le fue transferido a dicho ente territorial, ocasionándose una afectación al patrimonio público departamental.
Lo anterior no resulta ser cierto si se tiene en cuenta que el estatuto orgánico del presupuesto en su artículo 31 clasifica los rendimientos financieros como recursos de capital, cuyo recaudo corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al tenor del artículo 75 ibídem, y según el artículo 101 pertenecen a la Nación, excepto los que obtengan los órganos de previsión social (L. 179/94, art. 47).
En dicho contexto, el Decreto 630 de abril 2 de 1996 “Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995”, consagra en su artículo 10 que los recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito público —dirección del tesoro nacional—, entregue a los órganos y entidades financiados con recursos de la Nación, no tendrán por objeto proveer de fondos las cuentas bancarias oficiales, sino atender los compromisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones presupuestales legalmente autorizadas”. Y en el artículo siguiente señala que los recursos de la Nación que entregue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público —dirección del tesoro—, a las entidades ejecutoras, no podrán utilizarse para la constitución de depósitos de ahorro y a término, ni a la suscripción de ningún tipo de activo financiero.
De tal suerte que, teniendo por establecido que las regalías es el derecho que corresponde al Estado en la explotación de sus recursos naturales no renovables (petróleo, carbón etc.), de su propiedad y que las entidades territoriales solamente tienen derecho a participar de dichas regalías, es claro que en principio, estas no constituyan una renta o bien de su propiedad, sino, que pertenecen al Estado y no a los entes territoriales y por contera los rendimientos financieros que ellas produzcan son de aquel y no de estos.
Ahora bien, dado el derecho que tiene los entes territoriales de participar en las regalías, previo cumplimiento de los requisitos legales al efecto, no cabe duda a la Sala, que mientras no se cumplan los mismos, ellas siguen siendo propiedad del Estado. A contrario sensu, una vez cumplidos los requisitos de ley, el Estado está obligado a cancelar y transferir la propiedad sobre el dinero que entrega por concepto de participación en las regalías al ente territorial, caso en el cual pasa este a ser su propietario y por contera los rendimientos financieros que produzcan en adelante también le pertenece.
En el presente asunto, el pago del derecho de participación en las regalías se suspendió por orden de autoridad competente, por causas imputables al departamento de Arauca, y por tanto los dineros destinados al pago de dichos derechos seguían siendo del Estado al no cumplir el ente territorial con los requisitos de ley para que se diera la tradición de los mismos, por tanto, los rendimientos financieros que produjeron pertenecían al Estado y no a la entidad territorial como lo pretende el actor popular.
Lo anterior se compadece con el concepto rendido en un caso similar por la Sala de Consulta y Servicio Civil en fecha octubre 7 de 2010, con ponencia del consejero Enrique José Arboleda Perdomo, cuyos apartes pertinentes se pasan a transcribir:
“d. La naturaleza de los derechos del Estado y de las entidades territoriales sobre las regalías y compensaciones:
El análisis de la normatividad constitucional y legal que se ha dejado expuesto muestra que fue voluntad del constituyente diferenciar un derecho de propiedad en cabeza del Estado y otros derechos respecto de las entidades territoriales, lo cual hace necesario indagar por la naturaleza de ambos derechos a fin de identificar sus diferencias y deducir las consecuencias jurídicas particularmente relativas al tema que motiva las consultas, esto es, a los rendimientos que pueden producir los recursos dinerarios no desembolsados a entidades territoriales por causas imputables a estas.
Para conocer la naturaleza de los derechos es preciso recurrir al régimen de los bienes en el Código Civil porque, evidentemente, los recursos naturales no renovables y las contraprestaciones económicas que su explotación y transporte deben producir, son “bienes”.
Dice el estatuto en cita que los bienes” son de dos clases: las cosas corporales, que “tienen un ser real”, y las cosas incorporales “que consisten en meros derechos”, los cuales son reales, personales”(14).
El “derecho real” es, conforme al artículo 665(15) del Código Civil, “el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”, como el de dominio, “que se llama también propiedad” y está definido en el artículo 669(16) del código en cita como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella no siendo contra ley o contra derecho ajeno (...)”.
Los “derechos personales o créditos”, según los define el artículo 666(17) del mencionado código, “son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas...”.
Se trata pues de categorías jurídicas que representan las diferentes formas de relación entre las personas y las cosas.
Encuentra entonces la Sala que cuando los artículos constitucionales 332 y 360, inciso segundo, radican en el Estado, de manera exclusiva, la propiedad sobre los recursos naturales no renovables y sobre las contraprestaciones económicas que su explotación y transporte causen, está significando que los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos bienes deben configurarse por la ley como derechos personales o créditos(18).
Al respecto, la jurisprudencia constitucional(19) ha sido reiterativa en el sentido de señalar que las entidades territoriales no tienen derecho de propiedad sobre las regalías y compensaciones. Así, en la Sentencia C-567 de 30 de noviembre de 1995, se dijo:
“No cabe duda de que la Ley 141 de 1993 (sic) también encuentra fundamento constitucional en las otras disposiciones de la Carta Política según las consideraciones contenidas en la Sentencia C-478 de 1992, en el sentido de que la participaciones de las regalías y compensaciones no son situado fiscal ni participación en los ingresos corrientes de la Nación, y además en cuanto asegura que las inversiones públicas deben estar encaminadas a ser parte de los planes generales de desarrollo a nivel departamental o municipal y en buena parte para la atención de las necesidades básicas insatisfechas.
Bajo estas consideraciones, en ningún evento puede considerarse que las regalías sean tributos departamentales o municipales, ni bienes o rentas de propiedad exclusiva de las entidades territoriales en los términos de los dos incisos del artículo 362 de la Carta Política, lo cual impediría cualquier regulación legal acerca de su administración autónoma y condenaría inexorablemente a la inconstitucionalidad de la disposición normativa correspondiente y a buena parte de la acusada en el presente asunto”.
Por su parte, el inciso final del artículo 360 constitucional precisa que los departamentos y municipios productores y los puertos marítimos y fluviales por los que se transporten los recursos no renovables o sus productos, tienen el “derecho a participar” en las regalías y compensaciones que generen esas actividades.
En su acepción gramatical, “participar” es “recibir una parte de algo”; lo cual remite a la acción de “dar”; y en consecuencia, desde el punto de vista jurídico el derecho a participar debe expresarse en un derecho personal o crédito que vincula a las entidades territoriales con el Estado como propietario de las contraprestaciones económicas derivadas de la explotación y el transporte de los recursos naturales no renovables, en los términos que establezca la ley.
Ahora bien, en el derecho personal o crédito, la obligación que adquiere una persona frente a la otra es de dar, hacer o no hacer, bien por su voluntad o bien por mandato de la ley(20).
Como las regalías y compensaciones están reguladas o pactadas en dinero por regla general, la obligación del Estado con los departamentos y municipios productores y los puertos marítimos y fluviales, es de dar, es decir, “de entregar la cosa”(21), esto es, una suma de dinero, siendo dicha entrega el modo de transferir la propiedad al acreedor, siempre que se cumplan las condiciones acordadas o las ordenadas en la ley; de manera que entregado el dinero se extingue la obligación para el deudor, el Estado en este caso, y acrece el patrimonio del acreedor, las entidades territoriales señaladas, haciéndolo propietario del monto de que se trate.
Estas regalías se denominan “directas” por cuanto las entidades recaudadoras deben girarlas directamente a las entidades territoriales productoras y portuarias, previa la autoliquidación con base en los porcentajes y criterios establecidos en la ley y la revisión por la autoridad competente, según el recurso natural no renovable al que correspondan.
e. El ejercicio del derecho a participar en las regalías y las compensaciones:
Sustentado como está que los derechos de las entidades territoriales son derechos personales o de crédito, ha de destacarse ahora que se trata de derechos regulados en un todo por la ley pues así lo disponen los mandatos constitucionales.
Como se destacó al estudiar la Ley 141 de 1994, tanto para las regalías directas como para las indirectas, están establecidos criterios y reglas para su distribución.
A ellas se agrega que la Ley 756 de 2002(22) también modificó el artículo 10 de la Ley 141 de 1994, adicionando a las facultades de la Comisión Nacional de Regalías, hoy Departamento Nacional de Planeación, en los siguientes términos:
“1. Practicar, directamente o a través de delegados, visitas de inspección a las entidades territoriales beneficiarias de las regalías y compensaciones y suspender el desembolso de ellas cuando se haya comprobado entidad territorial esté haciendo uso de las mismas en forma ineficiente o inadecuada; hasta tanto quede superada la situación”.
Debe anotarse que esta disposición fue declarada exequible por la Sentencia C-781 del 2007.
Volviendo al régimen general de las obligaciones, “suspender el desembolso” significa que la obligación de dar que tiene el Estado frente al departamento o al municipio productor o al puerto marítimo portuario, queda condicionada o satisfacción de unos requisitos por parte del destinatario del desembolso.
El derecho de la entidad productora o portuaria, de hacer exigible la obligación del Estado a su favor, no nace porque las causas que sustentan la orden de detener el desembolso se configuran como condiciones suspensivas que inhiben la adquisición del derecho, tal como lo establece el artículo 1536 del Código Civil cuando define: “La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho...”(23).
A lo dicho debe agregarse, a fuerza de ser reiterativos, que se trata de derechos sujetos a la regulación que de ellos haga la ley; porque tal es el mandato constitucional. Los derechos nacen solamente con el cumplimiento de todas las condiciones que fije la ley que los regula.
Por ende; si la entidad beneficiaria, por razones que le sean imputables incurre en incumplimiento de las condiciones legales que le aplican, no puede recibir su parte en las regalías y compensaciones porque no ha adquirido su derecho a participar de ellas; el Estado a su vez, tampoco ha adquirido la obligación de darle a la entidad su parte y entonces sigue siendo el propietario de esa parte; mientras persista el incumplimiento la entidad beneficiaria no es titular de derecho alguno, no es exigible ni es legalmente factible la entrega del dinero, y no hay transferencia de la propiedad sobre este.
En esas circunstancias, no puede dudarse de que los rendimientos financieros que los dineros llegaren a producir solo pueden ser del Estado en su condición de propietario del capital que representan las regalías y compensaciones, respecto del cual no hay otro derecho exigible. Por lo demás, la inexistencia de un derecho exigible excluye la posibilidad de mora en el cumplimiento de la obligación de dar, puesto que esta obligación no ha nacido.
Las conclusiones a las que llega la Sala en relación con el derecho de participación en las regalías y compensaciones que tienen los departamentos y municipios productores y los puertos marítimos y fluviales, que corresponde a las regalías directas, son igualmente aplicables al derecho que sobre las mismas contraprestaciones tienen las demás entidades territoriales a través del Fondo Nacional de Regalías, es decir, a las regalías indirectas, como pasa a explicarse.
La Ley 141 de 1994 con las modificaciones introducidas por la Ley 756 de 2002 y otras posteriores(24), fija los porcentajes que han de destinarse tanto a los municipios productores y portuarios, como a los departamentos de los cuales forman parte, lo mismo que a los demás departamentos, distritos y municipios y al Fondo Nacional de Regalías, estableciendo respecto de cada recurso natural no renovable unos márgenes máximos y mínimos de producción, que a su vez determinarán unos excedentes que permitirán una redistribución de las regalías y compensaciones para ser asignadas a través del fondo en mención.
Las leyes en cita, distribuyen los recursos que nutren al Fondo Nacional de Regalías signando un porcentaje para cada uno de los sectores a los que se refiere el artículo 361 de la Constitución, el cual a su vez es desagregado, también porcentualmente, para cubrir distintas actividades y precisar algunas entidades ejecutoras(25).
El acceso a los recursos del Fondo Nacional de Regalías está condicionado a la presentación de proyectos por parte de las entidades territoriales, que una vez aprobados deben inscribirse en el banco de proyectos de inversión de que trata el artículo 9º del estatuto orgánico del presupuesto nacional(26) y se definen como proyectos elegibles. Bajo los criterios establecidos en el artículo 5º de la Ley 141, se distribuyen los recursos del Fondo Nacional de Regalías entre los proyectos elegibles, entendiéndose que los recursos asignados se entienden “comprometidos al momento de presentar un proyecto elegible a la comisión”, con el fin de que no sean considerados como “excedentes” utilizables por ella para financiar otros proyectos (art. 5º, inc. final y art. 3º, par. 5º).
Finalmente, en el “acto aprobatorio del respectivo proyecto” deben precisarse las condiciones financieras y técnicas de cada proyecto, porque de su cumplimento dependen los desembolsos, según el mandato expreso del artículo 6º de la Ley 141 de 1994(27), norma que no ha sido objeto de modificación.
Retomando la naturaleza del derecho de los departamentos y municipios, las disposiciones en comento determinan que cada entidad territorial es titular del derecho personal o crédito respecto de los recursos del Fondo Nacional de Regalías, cuando acredita el cumplimiento de esas concretas y específicas condiciones respecto de un proyecto especifico, naciendo la correlativa obligación del Estado de desembolsar los recursos que correspondan; entregados estos, la entidad territorial adquiere la propiedad sobre los dineros.
f. La causación de los rendimientos financieros y su destinatario
La primera de las preguntas formuladas por el Departamento Nacional de Planeación plantea dos asuntos: el primero, si “los recursos suspendidos generan rendimientos financieros”; y el segundo, a quién beneficiarían.
Brevemente recuerda la Sala su criterio en el sentido de que los rendimientos financieros deben entenderse como los frutos civiles de los recursos, en cuanto estos son un capital que produce intereses; entonces, pertenecen al dueño del capital(28).
En el caso ahora en estudio, los recursos objeto de la medida preventiva o correctiva de suspensión de los desembolsos, son las regalías y compensaciones de propiedad del Estado, que no han cambiado de dueño porque precisamente detener su desembolso por causas imputables a la entidad destinataria, tiene como efecto jurídico que esta no adquiere su derecho sobre esos recursos, es decir, dichos recursos no salen de la propiedad del Estado.
Por tal razón, como antes se indicó, los rendimientos que llegaren a producirse durante el tiempo de la suspensión son exclusivamente del Estado, y por supuesto, acrecerán el monto de los recursos destinados a las entidades territoriales por concepto de las contraprestaciones que los causen, porque ello es consecuencia de los mandatos contenidos en los artículos 360 y 361 de la Constitución respecto del objeto de los derechos de las entidades territoriales.
En este punto ha de precisarse que como una parte de las regalías y compensaciones está destinada a satisfacer el derecho de participación de los departamentos y los municipios productores y de los puertos marítimos y fluviales, y otra parte está llamada a constituir el Fondo Nacional de Regalías para asignarla a las demás entidades territoriales, no sería constitucional ni legalmente válido desconocer a cuál de dichas partes corresponden los recursos que están generando rendimientos financieros, por lo cual estos necesariamente acrecerán la parte a la cual pertenezcan los recursos que los causan.
En cuanto a establecer si los llamados en la consulta “recursos suspendidos”, generan rendimientos financieros, la Sala pasa a hacer las siguientes consideraciones:
El artículo 4º de la Ley 141 de 1994, en el inciso primero(29) se refiere a los excedentes de tesorería del Fondo Nacional de Regalías para ordenar que su inversión solo podrá hacerse en documentos de deuda emitidos por el Gobierno Nacional o por el Banco de la República. Aquí no se está ordenando invertir, pero sí se está señalando que para el ejercicio de esa opción, solo hay unos papeles permitidos.
El mismo artículo 4º, en su inciso segundo, dispone que “Las asambleas departamentales y concejos municipales de las entidades territoriales productoras y de los municipios portuarios, reglamentarán en el mismo sentido lo referente a los excedentes de liquidez provenientes de las regalías y compensaciones”. Mandato que equivale a unificar los criterios para la inversión de los recursos provenientes de regalías y compensaciones.
Destaca la Sala que los recursos por los cuales se consulta no tienen la condición de “excedentes”, es decir, no están disponibles sino que están comprometidos y ya representan la expectativa de una determinada entidad beneficiaria, que por su propia culpa no adquiere aún derecho sobre ellos. Por eso, no se encuentra disposición alguna en la normatividad que se estudia que contemple la inversión, lo que tampoco excluye las razones de seguridad y de conveniencia que sustentan la necesidad de las entidades públicas de hacer inversiones de corto plazo o a la vista con sus recursos de tesorería mientras se completan los requisitos y condiciones legalmente requeridos para su desembolso efectivo.
No puede dejarse de anotar igualmente que este aspecto del tema en estudio remite al recaudo y a la transferencia de los recursos y las diferencias que derivan de aquella Corte destinada al derecho de participación y aquella otra referente al Fondo Nacional de Regalías.
Dice el artículo 56, original, de la Ley 141 de 1994(30):
“Transferencia de las participaciones en las regalías y compensaciones. Las entidades recaudadoras girarán las participaciones correspondientes a regalías y compensaciones a las entidades beneficiarias y al Fondo Nacional de regalías dentro de los diez (10) días siguientes a su recaudo.
Las correspondientes a los demás departamentos y municipios a los cuales esta ley les otorga participación en las regalías y compensaciones irán en calidad de depósito al Fondo Nacional de Regalías para que la Comisión [léase Departamento Nacional de Planeación] dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, les dé la asignación y distribución establecidas en la presente ley”.
La norma transcrita muestra que los recursos destinados al derecho de participación son transferidos directamente por la entidad recaudadora. Habrá entonces que examinar en cada caso si el régimen público o privado que a ella se aplique permite exigir o no las inversiones transitorias de aquellos desembolsos detenidos.
La consulta del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público:
Como se reseñó al inicio, la consulta se refiere a los rendimientos financieros de los recursos provenientes de regalías que deben destinarse al Fondo Nacional Pensiones de las entidades territoriales.
Al respecto se recuerda que por mandato de la Ley 549 de 1999(31), se tomaron medidas para asegurar el pasivo pensiona a cargo de las entidades territoriales, entre ellas, la de crear el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades. territoriales, sin personería jurídica, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de “recaudar y asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y administrar los recursos a través de los patrimonios autónomos que se constituyan exclusivamente en las administradoras de fondos y pensiones y cesantías privadas o públicas o en compañías de seguros privadas o públicas que estén facultadas para administrar los recursos del sistema general de pensiones y de los regímenes pensionales excepcionados del sistema por ley” (art. 3º), conservando expresamente la responsabilidad de las entidades territoriales por sus respectivos pasivos pensionales, en los siguientes términos:
Ley 549 de 1999, artículo 3º, incisos segundo y tercero:
En todo caso la responsabilidad por los pasivos pensionales territoriales, corresponderá a la respectiva entidad territorial. Por consiguiente, el hecho de la creación del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, de la destinación de recursos nacionales para coadyuvar a la financiación de tales pasivos o de que por disposición legal la Nación deba realizar aportes para contribuir al pago de los pasivos pensionales de las entidades del nivel territorial, no implica que esta asuma la responsabilidad por los mismos.
En dicho fondo cada una de las entidades territoriales poseerá una cuenta destinada al pago de sus pasivos pensionales. Los valores registrados en las cuentas pertenecerán a las entidades territoriales y serán complementarios de los recursos que destinen las entidades territoriales a la creación de fondos de pensiones territoriales y patrimonios autónomos destinados a garantizar pasivos pensionales de conformidad con las normas vigentes”.
El artículo 2º de la Ley 549 en cita relaciona los recursos para atender el pasivo pensional territorial, entre los cuales están:
“... 3. Para el año 2000 y siguientes un porcentaje no superior al siete por ciento (7%) de los recursos del Fondo Nacional de Regalías, y que no comprometan los recursos de destinación específica de las entidades territoriales. Estos se distribuirán entre las cuentas de las entidades territoriales con los mismos criterios que se aplican para la distribución de los recursos de inversión del Fondo Nacional de Regalías”.
Las frases que subraya la Sala indican que los recursos destinados al Fonpet, entre ellos los de las regalías, son de propiedad de la respectiva entidad territorial una vez registrados en la cuenta que para ella debe abrirse. Entiende la sala que, en armonía con la regulación constitucional y legal de las regalías que se dejo ya explicada, dicho registro solo puede proceder cuando la entidad beneficiaria del derecho de participación o de asignación, adquiere ese derecho porque ha cumplido con las exigencias legales que se lo permiten.
Ahora bien, el artículo 48 de la Ley 863 de 2003(32), agrega un mecanismo para hacer efectiva la destinación de las regalías al Fonpet, que consiste en facultar a la entidad recaudadora para descontar del valor de las regalías a girar un porcentaje que la misma norma fija y transferirlo directamente al Fonpet.
Como el artículo 48 habla de descontar sobre los recursos que han de “airarse” y esa suma ingresa al Fonpet como recurso de la entidad territorial que corresponda, en criterio de Sala ha de entenderse que se trata ya de recursos de las entidades territoriales.
Contrario sensu, si los recursos no pueden girarse a la entidad beneficiaria, la suma descontada o por descontar con destino al Fonpet tampoco puede ser transferida.
Entonces, cuando la norma especial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos(33), le asigna la función de recaudar las regalías y compensaciones que causa la explotación de hidrocarburos girarlas a las entidades con derecho a ellas, está incorporando al quehacer de la agencia la normatividad que regula el recaudo y el giro de dichos recursos, y todas las demás previsiones que como la relativa al pasivo pensional puedan ser previstas en la ley.
Esto significa que cuando la autoridad competente da la orden de suspender el desembolso, la agencia habrá de conocer las razones por las cuales no es factible la transferencia de los recursos que ha recaudado, y por lo tanto, sabrá que si se trata de situaciones imputables a la entidad beneficiaria, los rendimientos financieros que generen los recursos no desembolsados son del Estado; por el contrario, si se trata de asuntos no imputables a la entidad beneficiaria, los rendimientos le pertenecerán a esta, conforme a las razones que se han dejado explicadas.
En ningún caso le pertenecerán a dicha agencia, de acuerdo con los análisis que Sala ha expuesto en este mismo concepto.
Síntesis del concepto:
La Sala estima necesario hacer una síntesis del concepto que a continuación se explica, para una mejor comprensión del problema planteado y de la que se propone.
1. Los rendimientos financieros son frutos civiles de un capital que lo acrecen y por tanto, son del propietario del capital. En el caso consultado, el capital consiste en el dinero que el Estado recibe a título de regalías, por lo que los rendimientos financieros acrecen a quien sea el dueño del capital.
2. El Estado es el primer propietario del dinero proveniente de tas regalías, pues es el dueño de los recursos naturales que se entregan a cambio.
3. Las entidades territoriales tienen un derecho de crédito a su favor y en contra del Estado por concepto de sus participaciones sobre las regalías, cuya fuente es la misma ley, que nace cuando se cumplan los requisitos por ella contemplados. El pago que hace el Estado de tal obligación tiene como efectos jurídicos inmediatos los de cancelar el crédito y transferir la propiedad sobre el dinero que entrega.
4. Entonces, mientras el Estado sea el dueño de los dineros recibidos a título de regalías, los posibles frutos de estos pertenecen al Estado y entregados a título de pago de los derechos de participación a las entidades territoriales, son estas las propietarias de los mismos, y los frutos que produzcan serán de su propiedad.
5. Si una orden de autoridad suspende el pago de las regalías, los dineros destinados al pago siguen siendo del Estado pues no ha habido tradición de los mismos a las entidades territoriales, por lo cual los posibles frutos o rendimientos que produzcan son del Estado.
6. Si el estado no paga las regalías oportunamente, entra en mora y debe responder por los prejuicios que cause, según las reglas generales.
7. Los frutos de los dineros recibidos a título de regalías mientras sean del Estado incrementan el valor total de las regalías, por lo que deben distribuirse entre las entidades territoriales en las proporciones definidas por la ley, bien directamente o bien a través del Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con los mandatos constitucionales y su desarrollo legal.
A la consulta radicada bajo el número 2010:
“1. En los eventos en que el legislador previó que la autoridad encargada del control y vigilancia (Comisión Nacional de Regalías y Departamento Nacional de planeación), adopte como medida preventiva o correctiva la suspensión de giros de regalías, ¿los recursos suspendidos generan rendimientos financieros? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la entidad beneficiaria de los rendimientos financieros generados durante la suspensión?”.
Los rendimientos financieros que produzcan los dineros de las regalías pertenecen al dueño de estos. Por tanto, si el pago de las regalías a una entidad territorial está suspendido por orden de autoridad, los respectivos dineros siguen siendo del Estado y de él son sus frutos.
“2. Si se concluye la casación de rendimientos financieros, al tenor del artículo 361 constitucional, ¿deben estos destinarse al Fondo Nacional de Regalías por ser esta la entidad que a nombre del Estado es la beneficiaria de los recursos no asignados a los departamentos y municipios?”.
El Fondo Nacional de Regalías no es beneficiario de las regalías y compensaciones y por lo tanto no puede serlo de sus rendimientos financieros. Estos rendimientos incrementan el monto global de las regalías y, en consecuencia, se distribuirán entre las entidades territoriales de acuerdo con las reglas generales establecidas en la Constitución y en la ley.
A la consulta radicada bajo el número 2035:
“¿A quién pertenecen los rendimientos financieros obtenidos por la ANH en la gestión transitoria de los recursos de regalías, mientras se realiza su transferencia al Fonpet? ¿A la ANH o a las entidades territoriales beneficiarías?”.
Las regalías y compensaciones que corresponde recaudar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos son del Estado, en primer término. En virtud de las disposiciones que rigen al Fonpet, esos recursos pasan a ser propiedad de las entidades territoriales cuando sean registrados en la cuenta que para cada una de ellas debe abrir el Fonpet. Entonces, los rendimientos financieros serán del dueño del dinero que los produce, de suerte que mientras este sea de propiedad del Estado aquellos son también del Estado, y a partir del momento en que sean de las entidades territoriales, lo serán de estas. En ningún caso son de la Agencia Nacional de Hidrocarburos porque ella es mera administradora de las regalías y compensaciones”.
8. Las entidades territoriales tienen un derecho de crédito a su favor y en contra del Estado por concepto de sus participaciones sobre las regalías, cuya fuente es la misma ley, que nace cuando se cumplan los requisitos por ella contemplados. El pago que hace el Estado de tal obligación tiene como efectos jurídicos inmediatos los de cancelar el crédito y transferir la propiedad sobre el dinero que entrega.
9. Entonces, mientras el Estado sea el dueño de los dineros recibidos a título de regalías, los posibles frutos de estos pertenecen al Estado y entregados a título de pago de los derechos de participación a las entidades territoriales, son estas las propietarias de los mismos, y los frutos que produzcan serán de su propiedad.
10. Si una orden de autoridad suspende el pago de las regalías, los dineros destinados al pago siguen siendo del Estado pues no ha habido tradición de los mismos a las entidades territoriales, por lo cual los posibles frutos o rendimientos que produzcan son del Estado.
La Sala estima necesario hacer una síntesis del concepto que a continuación se explica, para una mejor comprensión del problema planteado y de la solución que se propone.
11. Los rendimientos financieros son frutos civiles de un capital que lo acrecen y por tanto, son del propietario del capital. En el caso consultado, el capital consiste en el dinero que el Estado recibe a título de regalías, por lo que los rendimientos financieros acrecen a quien sea el dueño del capital.
12. El Estado es el primer propietario del dinero proveniente de las regalías, pues es el dueño de los recursos naturales que se entregan a cambio.
13. Las entidades territoriales tienen un derecho de crédito a su favor y en contra del Estado por concepto de sus participaciones sobre las regalías, cuya fuente es la misma ley, que nace cuando se cumplan requisitos por ella contemplados. El pago que hace el Estado de tal obligación tiene como efectos jurídicos inmediatos los de cancelar el crédito y transferir la propiedad sobre el dinero que entrega.
14. Entonces, mientras el Estado sea el dueño de los dineros recibidos a título de regalías, los posibles frutos de estos pertenecen al Estado y entregados a título de pago de los derechos de participación a las entidades territoriales, son estas las propietarias de los mismos, y los frutos que produzcan serán de su propiedad.
15. Si una orden de autoridad suspende el pago de las regalías, los dineros destinados al pago siguen siendo del Estado pues no ha habido tradición de los mismos a las entidades territoriales, por lo cual los posibles frutos o rendimientos que produzcan son del Estado.
16. Si el Estado no paga las regalías oportunamente, entra en mora y debe responder por los perjuicios que cause, según las reglas generales.
17. Los frutos de los dineros recibidos a título de regalías mientras sean del Estado incrementan el valor total de las regalías, por lo que deben distribuirse entre las entidades territoriales en las proporciones definidas por la ley, bien directamente o bien a través del Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con los mandatos constitucionales y su desarrollo legal.
“2. Si se concluye la causación de rendimientos financieros, al tenor del artículo 361 constitucional, ¿deben estos destinarse al Fondo Nacional de Regalías por ser esta la entidad que a nombre del Estado es la beneficiaria de los recursos no asignados a los departamentos y municipios?”.
“¿A quién pertenecen los rendimientos financieros obtenidos por la ANH en la gestión transitoria de los recursos de regalías, mientras se realiza su transferencia al Fonpet? ¿A la ANH o a las entidades territoriales beneficiarias?”.
Las regalías y compensaciones que corresponde recaudar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos son del Estado, en primer término. En virtud de las disposiciones que rigen al Fonpet, esos recursos pasan a ser propiedad de las entidades territoriales cuando sean registrados en la cuenta que para cada una de ellas debe abrir el Fonpet. Entonces, los rendimientos financieros serán del dueño del dinero que los produce, de suerte que mientras este sea de propiedad del Estado aquellos son también del Estado; y a partir del momento en que sean de las entidades territoriales, lo serán de estas. En ningún caso son de la Agencia Nacional de Hidrocarburos porque ella es mera administradora de las regalías y compensaciones”.
5. Impedimento.
El consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, manifiesta estar impedido para pronunciarse de fondo sobre este asunto en razón a que en el ejercicio de la profesión fue asesor jurídico del Departamento Nacional de Planeación, y conceptuó sobre asuntos como el que se ventila en este proceso.
Tal manifestación de impedimento se encuadra dentro de la causal 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se acepta el impedimento.
Comoquiera que no se observa temeridad o mala fe por la parte recurrente, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
1. CONFIRMAR la sentencia de fecha de diecinueve (19) de enero de dos mil once (2011), proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por las razones expuestas en los considerandos.
2. En firme esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su archivo.
(7) Sentencia proferida por la Sección Tercera el 12 de octubre de 2006, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(8) Sentencia proferida por la Sección Tercera el 31 de octubre de 2002, Expediente AP-059. En el mismo sentido ver sentencias AP-166 y AP-170 de 2001.
(10) Sentencia proferida por la Sección Tercera el 12 de octubre de 2006, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(11) Sentencia de la Sección Cuarta del 31 de mayo de 2002, Expediente 25000-23-24-000-1999-9001-01.
(12) Así mismo la Sala indicó en sentencia del 31 de mayo del 2002, Expediente AP-300 que “la regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular”.
(13) Sentencia de 4 de noviembre de 2004, Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado AP-2305.
(14) Código Civil, artículo 653. “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. / Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”.
(15) Código Civil, artículo 665. “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. / “Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales”.
(16) Texto después de la Sentencia C-595 de 1999; el original decía: “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. / La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad”.
(17) Código Civil, artículo 666. “Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales”.
(18) Además de los derechos reales y los personales, la legislación también regula los derechos intelectuales o de autor, que no interesan para este concepto.
(19) Cfr. Sentencias C-128 de 98, C-299 de 99, C-1160 de 2000, C-509 de 2008, por ejemplo.
(20) Código Civil, ART. 1494.—“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”. / ART. 1517.—“Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración”.
(21) Código Civil, ART. 1605.—“La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir”.
(22) Ley 756 de 2002 (jul. 23), “Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial 44.878, julio 25 de 2002.
(23) Código Civil, ART. 1536.—”La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”.
(24) Leyes 858 y 863 de 2003 y 1283 de 2009.
(25) Ejs. Ley 141194, artículo 1º, parágrafo 2º, modificado por el artículo 2º de la Ley 756 de 2002, fija unos criterios previos para ordenar que se destine como mínimo el 15% para el fomento a la minería, el 30% para la preservación del medio ambiente y el 54% para la financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. // Parágrafo 4º modificado por el artículo 1º de la Ley 858 de 2003: “El cien por ciento (100%) de los recursos destinados a la promoción de la minería deberán aplicarse en los términos del artículo 62 de la Ley 141 de 1994. De estos, el treinta por ciento (30%) serán ejecutados por el Instituto de Investigaciones e Información Geocientíficas, Minero-Ambiental y Nuclear, Ingeominas, fundamentalmente al levantamiento de la cartografía geológico-básica de la totalidad del territorio nacional en escala 1:100.000 (escala uno en cien mil). El setenta por ciento (70%) restante por la Empresa Nacional Minera, Minercol Ltda., o quien haga sus veces, la cual lo distribuirá de acuerdo con las prioridades del Gobierno Nacional y las necesidades de desarrollo de los tres (3) subsectores mineros, a saber: metales piedras preciosas, minerales y materiales industriales y minerales energéticos.
(26) Ley 141 de 1994, artículo 3º, parágrafo primero; y Decreto 111 de 1996, artículo 9º. “Banco Nacional de Programas y Proyectos. Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. / En el plazo de un año y a partir de la vigencia de la presente ley, el Departamento Nacional de Planeación conjuntamente con el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo, deberán reglamentar el funcionamiento del Banco Nacional de Programas y Proyectos. / Los proyectos de inversión para el apoyo regional autorizados por la ley formarán parte del Banco Nacional de Programas y Proyectos (L. 38/89, art. 32, L. 179/94, art. 55, inc. 12)”.
(27) Ley 141 de 1994, ART. 6º—”Condicionalidad de los desembolsos. Los desembolsos de recursos con cargo al fondo estarán sometidos al cumplimiento de las condiciones financieras y técnicas establecidas en el acto aprobatorio del respectivo proyecto”.
(28) Conceptos del 30 de octubre de 1996, radicado 906, y del 30 de abril de 2008, radicado 1881.
(29) Ley 141 de 1994, ART. 4º— “Inversión de los recursos y línea de financiamiento. Los excedentes de tesorería del Fondo Nacional de Regalías solo podrán colocarse en documentos de deuda emitidos por el Gobierno Nacional o por el Banco de la República, o en papeles financieros del exterior, los cuales tengan rendimientos de mercado y alta liquidez, conforme a la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional (...)”.
(30) Al texto original del artículo 56 de la Ley 141 de 1994, le fue adicionado el siguiente inciso, por el artículo 128 del Decreto 2150 de 1995: “Las regalías recaudadas por las termoeléctricas, industrias cementeras e industrias del hierro en los términos del parágrafo del artículo 22 de esta ley, serán distribuidas y transferidas por la entidad que designe el Ministerio de Minas y Energía, dentro de los 10 días siguientes al de la consignación de la correspondiente regalía”.
(31) Ley 549 de 1999 (dic. 28), “Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional”. Diario Oficial 43.836 (dic. 30/99).
(32) Ley 863 de 2903 (dic. 29), “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”. Diario Oficial 45.415 (dic. 29/2003). ART. 48.—De las compensaciones económicas a título de regalía, derechos o compensaciones que correspondan a los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos no renovables, así como a los puerto marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, se descontará previamente el cinco por ciento (5%) con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. El descuento será realizado directamente por la entidad responsable de su giro. El saldo restante conservará la destinación y los porcentajes de distribución de que tratan las normas vigentes. / Los departamentos productores podrán asignarle recursos a las cuentas de los municipios que conforman el departamento. / Para los mismos efectos de los recursos del Fondo Nacional de Regalías se descontará, a título de inversión regional, un cincuenta por ciento (50%). El descuento será realizado directamente por la entidad responsable de su giro. El saldo restante conservará los porcentajes de distribución de que tratan las normas vigentes. Los aportes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: monto de los pasivos pensionales, población, eficiencia y nivel de desarrollo; esto de conformidad con el reglamento que para el efecto adopte el Gobierno Nacional. / Los recursos de que tratan los dos incisos anteriores, se asignarán a las cuentas de las respectivas entidades territoriales en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. / Quedan excluidas de la obligación anterior las entidades territoriales que de acuerdo con la certificación del ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuenten con el ciento por ciento (100%) de las provisiones del pasivo pensional en los términos previstos en la Ley 549 de 1999. El seguimiento y actualización de los cálculos actuariales y el diseño de administración financiera, se realizarán por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con cargo a los recursos de que trata el numeral 11 del artículo segundo de la Ley 549 de 1999”.
(33) Decreto-Ley 1760 de 2003 (jun. 26), “Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A.”. Diario Oficial 45.230 (jun. 26/2003). Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 790 de 2002 (dic. 27), “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”. Diario Oficial 45.046 (dic. 27/2002).

References: artículo 15
 artículo 1
 resolución 
 artículo 31
 artículo 75
 artículo 101
 artículo 10
 artículo 665
 artículo 669
 artículo 666
 artículo 362
 artículo 360
 artículo 10
 artículo 1536
 artículo 361
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 56
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 361
 artículo 361
 artículo 150
 artículo 653
 artículo 665
 artículo 666
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 56
 artículo 128
 artículo 22