Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/civil/Lesionado-accidente-trafico-incapacidad-permanente-parcial_12_1122060002.html
Timestamp: 2017-11-22 14:30:35+00:00

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En el ámbito del RDLeg 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -TRLRCSCVM- (EDL 2004/152063), tras la reforma operada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre (EDL 2015/156576), se hace referencia en varias ocasiones a la situación de incapacidad laboral del perjudicado resultante de un siniestro de la circulación de vehículos a motor:
Como vemos, solo en un caso (art. 69.2 TRLRCSCVM) se menciona el grado de discapacidad (33%) y los medios de prueba formulados de forma alternativa: una resolución administrativa o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.
La cuestión que se suscita es a mi juicio, bastante polémica. La Sentencia del TS de 25 de marzo de 2010 (EDJ 2010/26264), acogiendo un criterio seguido por la doctrina de la Sala de lo Social (Sentencia de 17 de julio de 2007, EDJ 2007/184444), afirma que el factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, conclusión que se alcanza valorando, entre otras razones, que en la enunciación del factor de corrección se utiliza el término "ocupación o actividad habitual" y no se contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado, así como que, de acuerdo con la explicación del sistema que contiene el Anexo segundo, b), con relación a dicha Tabla IV, se trata de un factor de corrección compatible con los demás de la Tabla, entre los que se encuentra el factor de corrección por perjuicios económicos. La falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece el Sistema de valoración impide afirmar que este factor de corrección solo cubre daños morales y permite aceptar que en una proporción razonable pueda estar destinado a cubrir perjuicios patrimoniales por disminución de ingresos de la víctima; pero no puede aceptarse esta como su finalidad única, ni siquiera principal.
Cuando del factor corrector por incapacidad permanente total se trata la Sala civil del Tribunal Supremo ha declarado en la Sentencia del TS de 29 de diciembre de 2010 (EDJ 2010/309184), que la norma condiciona su aplicación a la concurrencia del supuesto de hecho, esto es, a la realidad de unas secuelas de carácter permanente y a que estas incidan en la capacidad de la víctima de manera tal que la priven totalmente de la realización de las tareas propias de su ocupación o actividad habitual. Y en este mismo sentido vienen a pronunciarse las posteriores de 23 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/299877) y de 9 de enero de 2013 (EDJ 2013/2920).
Con ello parece deducirse que propiamente no hay una vinculación entre la resolución del INSS y la posible decisión a tomar por el Juez encargado de valorar las consecuencias del siniestro, si bien tal resolución constituye un importante elemento a considerar dentro de las reglas de la sana crítica, para valorar la existencia de la incapacidad aducida. De hecho tal sirve de elemento decisorio en muchos supuestos. Por ejemplo son los casos examinados por las Sentencias de AP Valencia de 28 de marzo de 2012 (EDJ 2012/125880) y de 4 de abril de 2012 (EDJ 2012/350974) que exponen que:
También pueden en similar sentido la Sentencia de AP Guipúzcoa de 23 de septiembre de 2014 (EDJ 2014/197465).
La Ley 35/2015 (EDL 2015/156576) tampoco creo que hay establecido esa vinculación. Al menos no se deduce ello del art. 129 y concordantes. El art. 7 regula el mecanismo de solicitud indemnizatoria, petición que contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño. No se circunscribe por tanto a una sola resolución administrativa.
Referida la cuestión objeto de planteamiento a si, conforme al nuevo sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Ley 35/2015, EDL 2015/156576), el reconocimiento o denegación por la autoridad administrativa correspondiente de una incapacidad permanente parcial vincula al juez del orden civil, como punto de partida es de recordar que, según resoluciones de los tribunales de ociosa cita, en la anterior regulación no se establecía tal vinculación.
Así, tanto para la fijación de días impeditivos como no impeditivos, como para establecer los preceptivos “factores de corrección”, no se consideraba que existiese “vinculación” alguna con incapacidad reconocida por la Seguridad Social (sin perjuicio de, en su caso, poder coincidir tal reconocimiento con lo establecido al fijar e indemnizar lesiones y secuelas). Siendo de destacar que en la Tabla IV de aquel anexo se distinguía entre secuelas permanentes que limitasen parcialmente la ocupación o actividad habitual, con las que impedían totalmente la realización de tales tareas, como con las que inhabilitaban para la realización de cualquier actividad o profesión, o con las que implicaban la ayuda de terceras personas para realizar actividades esenciales de la vida (es decir, categorías que no eran coincidentes con las “incapacitaciones” que la Seguridad Social puede reconocer en el campo laboral).
Así, vemos que, al establecer la indemnización por lesiones, se atiende a factores como la “pérdida temporal de calidad de vida”, contemplando el supuesto de pérdida temporal de autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales de la vida, o el de tal pérdida de autonomía para realizar una parte relevante de tales actividades, o el de la pérdida temporal de la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de actividades específicas de desarrollo personal (arts. 137 y 138 RDLeg 8/2004, EDL 2004/152063).
Así, el art. 128 RDLeg 8/2004 establece que se tendrá en cuenta la pérdida de ingresos de trabajo personal del lesionado “que corresponda por su grado de incapacidad laboral...”, diferenciándose en el art. 129 la incapacitación para “realizar cualquier tipo de trabajo o actividad profesional” o la de “realizar su trabajo o actividad profesional habitual”, o la que da origen a una “disminución parcial de ingresos” en el ejercicio de aquéllas, supuestos en los que al referirse el legislador a incapacidad para realizar trabajo o profesión (absoluta, total, o parcial, como se recoge en la Tabla 2.C).
El supuesto analizado plantea, bajo mi punto de vista, un supuesto de colisión de prueba, entre medios de prueba de carácter tasado, puesto que, tanto el dictamen de un facultativo realizado al amparo de la Ley 35/2015 (EDL 2015/156576), como el emitido por idéntico profesional en un proceso social de incapacidad laboral, gozan, “prima facie” del carácter de prueba pericial tasada. En tal supuesto, y si se tratase de emisión de dictámenes médicos en el seno de un mismo proceso, se neutralizan las pruebas tasadas, y deben ser valoradas libremente por el juez.
La Sentencia del TS de 2 de enero de 2012 (EDJ 2012/1064) dice al respecto:
“La Sala [de instancia] valora tanto el informe pericial judicial como también el propio de la Inspección Médica, y se decanta por las conclusiones de la prueba pericial judicial (…) Y hemos dicho, por todas la reciente sentencia de esta Sala y Sección de 7 de noviembre de 2011, recurso de casación 3879/2009, recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la tarea de optar y basarse en unos de los informes periciales que constan en las actuaciones, no significa desconocer los demás ni obviar sus conclusiones que pueden servir de marco para reforzar las conclusiones que finalmente se recojan en las sentencias.”
A mi juicio, la respuesta debe ser negativa. El Juez Civil no está vinculado por el resultado del informe de la Seguridad Social ya sea positivo o negativo respecto al reconocimiento de una incapacidad permanente parcial en relación a la víctima de un accidente de tráfico. El concepto de incapacidad permanente es distinto tanto en el ámbito civil como en el ámbito laboral, tal y como se pronunció en la Sentencia de AP Barcelona de 7 de octubre de 2008 (EDJ 2008/265393) que hacía referencia a que en materia de incapacidad permanente no son trasladables a este ámbito las consideraciones de la jurisprudencia social sobre incapacidad, ya que partimos de distinto punto, un concepto civil que sirve a la responsabilidad civil como instituto estrictamente civil y no un concepto laboral que es más restringido. El autor ILLESCAS RUS ya vino a indicar que la primera idea fundamental que debe presidir el análisis del Sistema de Valoración es que nos hallamos ante una norma civil que debe integrarse en conceptos de esta naturaleza. Ello conlleva, en mi opinión que la valoración que lleve a cabo la Seguridad Social a través de los órganos correspondientes en orden a determinar si una persona en cuestión se encuentra o no afecta en determinado grado de incapacidad no servirá para vincular nunca al Juez Civil, ni siquiera en el supuesto de que tal valoración de incapacidad sea determinada por una sentencia de la jurisdicción social, pues se trata de conceptos completamente distintos siendo libre el Juez Civil de valorar en cada caso concreto si la víctima del accidente padece o no incapacidad permanente parcial dentro de la extensión que contempla la Ley 35/2015 (EDL 2015/156576).
Una sentencia de AP Valladolid de 2 de septiembre de 2010 (EDJ 2010/194660) indicaba que al tipificarse el factor de incapacidad permanente y definirla en distintos grados su virtualidad no se liga necesariamente a la ocupación laboral y productiva de la víctima sino a su actividad habitual, debiendo prescindirse de sentido de dichos conceptos en el ámbito de la Seguridad Social, y operando con conceptos estrictamente civiles con un contenido diverso al campo laboral o de Seguridad Social.
En consecuencia, ni la valoración negativa, ni la valoración positiva respecto a la existencia de una incapacidad permanente parcial en el ámbito laboral y de Seguridad Social, a mi juicio puede vincular al juez civil a la hora de determinar el alcance de los daños físicos sufridos por la víctima en el accidente de tráfico, de conformidad con el sistema de valoración aplicable. El art. 37 del RDLeg 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (EDL 2004/152063), en su redacción dada por la Ley 35/2015 nos habla que la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema. A mi juicio, ello supone que la propia ley establece sus reglas en orden a la determinación del perjuicio sufrido por la víctima, que podrá ser o no coincidente con la valoración del estado físico de la víctima de la vertiente laboral y de Seguridad Social, pero que no supondrá vinculación al juez respecto a dichos dictámenes emitidos por los órganos correspondientes en materia laboral a efectos de determinar la indemnización a percibir por la víctima en razón al sistema de valoración de daños corporales derivados de accidente de circulación.
La Incapacidad Permanente Parcial (IPP) tiene lugar en el ámbito civil cuando a la víctima de un accidente de circulación le quedan secuelas permanentes que limitan parcialmente su ocupación o actividades habituales pero sin impedir la realización de sus tareas fundamentales.
Es importante destacar que en el ámbito del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (EDL 2004/152063), pese al funcionamiento coordinado del orden valorativo civil y del orden valorativo laboral introducido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre (EDL 2015/156576), el reconocimiento de la IPP contiene aspectos no recogidos en el figura de idéntico nombre del ámbito laboral, puesto que, a decir del art. 194 del RDLeg 8/2015, de 30 de octubre (EDL 2015/188234), esta normativa fija los grados de incapacidad permanente en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo y productiva del interesado; en cambio la IPP en el sistema de valoración de tráfico se refiere al ámbito más amplio de la actividad habitual que se proyecta sobre cualquier actividad del ser humano (ocio, relaciones personales, etc.).
La práctica impone a que se espere a la decisión de la Seguridad Social o la entidad pública o privada que corresponda para que el juez civil se pronuncie sobre la pertinencia o no de la IPP. En caso afirmativo, no cabe duda de que esta resolución constituye una valiosa prueba de la pertinencia en el ámbito civil del perjuicio patrimonial en su modalidad de lucro cesante (Tabla 2.C.6 del nuevo Baremo).
De ahí que la respuesta a la pregunta concreta sometida a nuestra consideración no pueda ser otra que afirmativa, en el sentido de que aun cuando la Seguridad Social u otro organismo competente haya resuelto negativamente la concesión de la IPP, esta declaración lo será en el estricto ámbito de la prestación laboral, pudiendo el lesionado, en base al informe médico, solicitar y acreditar en el procedimiento civil la existencia de un perjuicio patrimonial (lucro cesante) en cuanto afectación a su ámbito laboral o de rendimiento y de una pérdida de calidad de vida (perjuicio personal particular) en el desarrollo de sus actividades habituales.
El carácter esencial de este informe proviene de la fuerza vinculante que, para la cuantificación de los daños personales, tiene el Baremo anexo al RDLeg 8/2004, y por la llamada al dictamen médico que hacía dicha normativa (con anterioridad a la Ley 35/2015), cuando en el criterio 11 del citado anexo disponía que: "en la determinación y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico", que es confirmada por el vigente art. 37.1 RDLeg 8/2004 (redacción dada por la Ley 35/2015), cuando reza:
- Como multiplicando, el art. 129.c) establece que “en los supuestos en que las secuelas que padezca el lesionado disminuyan parcialmente sus ingresos o su rendimiento normal en el ejercicio de su trabajo o actividad profesional habituales de forma acusada se considera que el perjuicio que sufre equivale al importe de los ingresos correspondientes a dos anualidades. Se presume que la disminución es acusada cuando es igual o superior al treinta y tres por ciento de los ingresos o del rendimiento normal para el trabajo o actividad profesional habitual”.
- Como multiplicador, el art. 132.1 dispone que serán la pensión pública por IPP a la que tenga derecho el lesionado, pudiendo acreditar -apartado 4- la percepción de pensiones distintas a las estimadas.
La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios del lesionado causados a personas en accidente de circulación (EDL 2015/156576), articula la noción de perjuicio personal particular en las indemnizaciones por secuelas en torno al concepto "pérdida de calidad de vida", que tiene por objeto (art. 107 RDLeg 8/2004; EDL 2004/152063) compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria. También compensa el perjuicio sufrido por secuelas que impiden o limitan el desarrollo personal mediante actividades específicas como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio, al desempeño de su profesión o a la actividad escolar y de formación y a la expectativas correspondientes que repercutan en la relación del lesionado como individuo y como miembro de la sociedad.
El Baremo que instaura la Ley 35/2015, al configurar en la Tabla 2.B el perjuicio patrimonial personal particular en las indemnizaciones por secuelas, ha huido, al igual que hizo el baremo anterior del RDLeg 8/2004 reformado, del empleo de conceptos laborales y ha utilizado uno más amplio como es el de la "pérdida de calidad de vida", lo que permite que sean merecedores de dichas indemnizaciones aquellos lesionados con secuelas que, sin estar impedidos o limitados en el ejercicio de un trabajo o profesión -concepto que también constituyen su objeto- lo están en su autonomía personal para realizar actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o en su desarrollo personal mediante actividades específicas.
Por esta razón, considero que una resolución de la Seguridad Social desestimatoria de una reclamación de la IPP no será vinculante estrictamente para el Juez Civil en orden al reconocimiento de una indemnización de perjuicio personal por secuelas, al tratarse de conceptos distintos en el ámbito civil (más amplio) que en el ámbito laboral, sin perjuicio, claro está, de que aquélla resolución de la Seguridad Social constituya un elemento más, y relevante, de prueba (documental) de indudable interés a la hora de justificar la procedencia o improcedente del concepto "desempeño de un trabajo o profesión", pero sin resultar determinante de la valoración judicial de las consecuencias lesivas en orden a justificar esa pérdida de calidad de vida que engloba otros varios conceptos, pudiendo el perjudicado acreditar con los medios de prueba de que disponga (en especial la documentación e informes médicos) incluso esa IPP.
En el sistema de identificación y valoración de lesiones temporales y secuelas que se contiene en el RDLeg 8/2004 (EDL 2004/152063), modificado por la Ley 35/2015 (EDL 2015/156576), el informe médico constituye una de sus piezas angulares.
A ello se refiere el art. 37 párrafo 1º RDLeg 8/2004 cuando afirma que “La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema”. Afirmación de la que cabe deducir que la prueba para el juez civil se conforma a partir, esencialmente, del informe o informes médicos que se aportan en el proceso por cuanto han de ser esos informes lo que deben proporcionar, en el marco de las lesiones permanentes o secuelas de que se trate -marco propio de la IPP- y que impliquen reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de producir un efecto impeditivo, el convencimiento acerca de la concurrencia de tales circunstancias, es decir, de que la lesión provoca la imposibilidad o limitación a quien la padece de la realización de su ocupación o actividad habitual, produciendo una incapacidad permanente.
Tal afirmación no deriva de la actual regulación, sino que es una afirmación que ya ha venido haciéndose en la jurisprudencia en relación a la regulación previa a la reforma operada por la Ley 35/2015 y que ésta no varía a nuestro entender, más bien se consolida dado que la norma de tráfico utiliza ahora conceptos mucho más amplios como son los de “pérdida de autonomía personal” (art. 50 RDLeg 8/2004) y “pérdida de desarrollo personal” (art. 53 RDLeg 8/2004), comprendiéndose en este último por cierto, el desempeño de una profesión o trabajo (art. 54 RDLeg 8/2004).
En este sentido lo han venido afirmando las Sentencias de AP Barcelona de 7 de octubre de 2008 (EDJ 2008/265393) o la de AP A Coruña de 18 de julio de 2006 (EDJ 2006/276088), sentencia esta última que afirmaba en concreto lo siguiente:
“Ya hemos señalado reiteradamente en materia de incapacidad permanente, que no son trasladables a este ámbito las consideraciones de la jurisprudencia social sobre incapacidad, ya que el punto de partida es distinto: estamos ante un concepto civil, que sirve a la responsabilidad civil como instituto estrictamente civil y no de un concepto laboral, que es más restringido. Por la naturaleza civil y no laboral del concepto de incapacidad permanente, hemos de referirnos no a la ocupación laboral y productiva de la víctima, sino a su actividad habitual. Así, el factor corrector de la incapacidad permanente parcial queda reconducido al supuesto de que las secuelas limiten sólo de forma parcial la ocupación o actividad habitual del lesionado, pero sin impedir la realización de las tareas fundamentales de ella;... ”
La regulación en este ámbito de la Ley 35/2015 (EDL 2015/156576) resulta algo confusa. Como ocurre en otros apartados, parece como si hubiera existido una voluntad inicial de ser tajante en la redacción del precepto, que se habría difuminado por las diversas modificaciones introducidas en su redacción.
El art. 194.3 del RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS- (EDL 2015/188234), establece:
Ésta fue la posición constante de la Sala 1ª del TS, pudiendo recordar la Sentencia de 25 de marzo de 2010 (EDJ 2010/26264):
"El factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta ha sido interpretado por algunos como un factor que tiene por objeto resarcir el perjuicio patrimonial ligado a los impedimentos permanentes de la actividad laboral. Sin embargo, esta opinión es difícilmente admisible con carácter absoluto, pues la regulación de este factor demuestra que tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales. En efecto, en la enunciación del factor de corrección se utiliza el término «ocupación o actividad habitual» y no se contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado”
La misma doctrina se desarrolla en la Sentencia del TS de 20 de julio de 2011 (EDJ 2011/204900).
El nuevo art. 129.c) RDLeg 8/2004, en su redacción dada por la Ley 35/2015, establece:

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