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Timestamp: 2017-12-15 08:32:07+00:00

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Sentencia A.P. La Rioja 217/2010 de 20 de mayo. Obligaciones. Cumplimiento. Entidades aseguradoras. Indemnización - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. La Rioja 217/2010 de 20 de mayo
Obligaciones: Cumplimiento. Entidades aseguradoras: Supresión de los intereses de la Ley del Contrato de Seguro impuestos en la indemnización, aplicándose los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Secuelas básicas permanentes: Indemnización. Factor de corrección: Improcedencia de la concesión del factor de corrección por invalidez permanente total.
SENTENCIA: 00217/2010
Modelo: SEN01
N.I.G.: 26089 37 1 2009 0100127
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000120 /2009
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000235 /2008
SENTENCIA N.º 217 DE 2010
Dña. CARMEN ARAUJO GARCÍA
D. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
En la ciudad de Logroño a 20 de Mayo de dos mil diez.
VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 235/2008, procedentes del JDO. DE 1.ª INSTANCIA N.º 1 de HARO, a los que ha correspondido el Rollo 120/2009, en los que aparece como parte apelante D. Felicisimo, representado por el procurador D. JOSE TOLEDO SOBRON; y la entidad MAPFRE AUTOMOVILES S.A., representada por la procuradora Dña. ESTELA MURO LEZA, y como apelados las partes recurrentes respecto de los recursos de apelación formulados de contrario, es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN, que expresa el parecer de La Sala.
Primero.-Que, con fecha 22 de diciembre de 2008, se dictó sentencia en primera instancia en cuyo fallo se recogía: "Que estimando como estimo, parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Ana Rosa Navarro Marijuán, en nombre y representación de don Felicisimo, contra MAPFRE AUTOMOVILES S.A., Debo acordar y acuerdo:
Primero.-Reconocer a favor de don Felicisimo una indemnización por secuelas, días y lucro cesante de 57.869,36 €.
Segundo.-Condenar a la demandada abonar al actor la cantidad de 9.626,39 €
Tercero.-Condenar a MAPFRE AUTOMOVILES S.A., a abonar al actor los intereses del artículo 20 de la LCS, del siguiente modo: sobre 33.353,06 € desde el 14 enero 2004 hasta 10 mayo 2005; y sobre los restantes 9126,39 €, desde el 11 mayo 2005 y hasta su completo pago.
Cuarto.-No hacer expresa condena en costas".
Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandante, D. Felicisimo, así como la entidad demandada Mapfre Automóviles S.A., se presentaron sendos escritos solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.
Tercero.-Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 20 mayo 2010.
Cuarto.-En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.
Se aceptan los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia de Instancia con las modificaciones efectuadas por esta resolución.
Primero.-Por la representación procesal de D. Felicisimo, y de la entidad demandada Mapfre Automóviles S.A., se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Haro que estima parcialmente la demanda formulada.
Por razones de sistemática en la exposición, procede comenzar el estudio de los recursos de apelación formulados por el interpuesto por la entidad Mapfre Automóviles S.A.
El primero de los motivos de discrepancia de la recurrente con la sentencia de Instancia consiste en su disconformidad con la concesión al lesionado del factor de corrección de incapacidad permanente total, negando también que concurra una incapacidad permanente parcial, por las secuelas que le han quedado como consecuencia del accidente. Entiende que el hecho de que el actor dedicase tres horas semanales a los temas relacionados con el fútbol, nunca ha debido ser encuadrado dentro del factor corrector de incapacidad permanente total. El actor no acredita que desde la temporada 1991/1992 hasta la temporada 2003/2004 haya realizado ninguna actividad deportiva relacionada con el fútbol, es en dicha temporada cuando aparece inscrito con licencia de jugador para participar en competiciones de fútbol sala para la temporada 2004/2005, queda acreditado que continúa con su actividad de monitor o entrenador de fútbol base que viene desempeñando desde octubre de 2000, entiende que a la vista de las secuelas que le han quedado existe una limitación en la flexión de la rodilla derecha, lo que no le debe impedir realizar cualquier tipo de ejercicio físico, aunque no sea aconsejable que realice esfuerzos continuos. Por lo que solicita la supresión de dicho factor de corrección.
En un examen de la prueba practicada los autos, resulta acreditado que el día 14 enero de 2004, se produjo un accidente de circulación en el punto kilométrico 45,500 de la N-124 en el que se vieron implicados diversos vehículos, accidente que se produjo al perder don Narciso, conductor del vehículo Ford Orión, matrícula NE-........-N, el control de su turismo al circular con exceso de velocidad, invadiendo el carril contrario lo que forzó al actor, conductor del vehículo Peugeot 306, matrícula HI-........-H, a realizar una maniobra evasiva, invadiendo el carril contrario a su marcha, lo que hizo que colisionara con la furgoneta Opel Movano, matrícula........-GZD, conducido por don Urbano.
Como consecuencia del accidente el recurrente sufrió graves lesiones, quedándole como secuelas las siguientes: leve dificultad de respiración nasal por fosa nasal derecha por desviación de tabique; fractura acuñamiento anterior de menos de 50% de la altura de la 1.ª vértebra lumbar, que produce dolor lumbar continuo; limitación en los últimos 15° de la presión de la rodilla derecha (realiza 120° de flexión) en comparación con la contralateral; cicatrices de 17 cm en rodilla-pierna derecha, de 2 × 2 cm en cara anterior de pierna izquierda; de 7 cm en antebrazo derecho; material de osteosíntesis en meseta tibial derecha; otros trastornos neuróticos de carácter leve-moderado. Con base en ladicens secuelas en rodilla derecha se contraindica actividad deportiva que suponga una sobrecarga para su rodilla.
El actor estaba en posesión de licencia deportiva para la temporada 2003-2004 como jugador del equipo Novadiet- Garrafón. Asimismo el actor fue monitor de fútbol base de la Escuela de Fútbol San Delices de Bilibio, entrenando los equipos de fútbol sala en las categorías de pre-benjamines y benjamines, en octubre de 2000 hasta enero de 2004. En fecha 17 abril 2006 el actor dejó de entrenar por propia renuncia al entender que sus lesiones le impedían realizar el trabajo con eficacia necesaria y su estado anímico no era el mejor para entrenar a niños.
La Tabla IV del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos a Motor, establece como factor de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, como incapacidad permanente total, las secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado. La Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2008, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fija para tal factor de corrección una indemnización en tal concepto de 15.527,82 € 77.639,12 €.
El Baremo cuando habla en la tabla cuarta de factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes no establece ningún criterio para su determinación señalando únicamente que las lesiones permanentes que constituyen una incapacidad para la ocupación habitual de la víctima serán indemnizadas entre unos límites determinados, fijando un mínimo y máximo legal; el concepto de incapacidad establecido en dicha Tabla no debe ni puede confundirse con los utilizados en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social porque la actividad que desarrolla la víctima puede ser remunerada o no, y sin embargo, ello no excluye la aplicación del Baremo a cualquier persona que sufra una limitación para su ocupación habitual, es decir, el concepto civil de incapacidad, a efectos del presente baremo, es, sin duda, mucho más amplio que el laboral siempre que afecte a la imposibilidad de ocupación o a la actividad habitual de la víctima. En consecuencia, la fijación de cuantía indemnizatoria por ese concepto no aparece moderada por ningún criterio legalmente establecido, pudiéndose mover el juzgador dentro de los límites legales, pero sin que ello implique otra cosa salvo que el baremo ha establecido una discrecionalidad reglada, señalando la cantidad máxima y mínima que se puede reconocer por tal concepto, lo que no significa que el juzgador no tenga que motivar y razonar adecuadamente el porqué se realiza una concreta asignación.
Teniendo en cuenta los Informes médicos obrantes resulta acreditado que el actor tuvo que abandonar la práctica deportiva que venía desarrollando como miembro de la Asociación Mirandesa de fútbol sala, pero debe tenerse en cuenta que esta actividad le venía realizando desde la temporada la temporada 2003-2004, y por consiguiente no cabe hablar de que se tratara de una actividad habitual en la vida del lesionado. Por otra parte, debe significarse que si bien es cierto que el recurrente fue monitor de fútbol base de la Escuela de Fútbol San Delices de Bilibio, entrenando los equipos de fútbol sala en las categorías de pre-benjamines, de octubre de 2000 hasta enero de 2004, y que después del accidente comenzó a entrenar a equipos alevines hasta que renunció a dicha ocupación, lo cierto es que se considera que la secuela que le afecta no es determinante para impedirle seguir llevando cabo su actividad de entrenamiento de equipos de fútbol, concurriendo en esta renuncia otros factores anímicos, tal y como se evidencia en la carta de renuncia del demandante obrante al folio 92 de los autos.
Por ello, cabe concluir que no es procedente la concesión del factor de corrección por invalidez permanente total reconocido en la sentencia de instancia.
Sin embargo, se considera que dicha secuela es merecedora de la aplicación del factor de corrección previsto en la tabla por Invalidez Permanente Parcial, previsto en la tabla IV del Real Decreto Legislativo 8/2004, ya citado. Cuya cuantía conforme al baremo aplicable para el año 2005 es de hasta 15.527,82 €, estimando que la indemnización reconocida en la sentencia de instancia de 5.822,93 € es totalmente correcta para esta Invalidez Permanente Parcial, lo que se sustenta en que la secuela que padece en la rodilla derecha, que limita su movilidad y dificulta su actividad habitual de entrenador que venía desarrollando.
En consecuencia, se estima en parte el motivo alegado, aunque no tiene repercusión sobre la indemnización reconocida en la sentencia recurrida.
Segundo.-La segunda causa de disconformidad con la sentencia de instancia consiste en la infracción del sistema de valoración de los daños corporales, por cuanto se concede en un accidente de tráfico un concepto que no ha incluido en el baremo, en concreto a la cantidad concedida en el fundamento de derecho sexto de la expresada resolución, de 5.560,36 € en concepto de lucro cesante. Estima que el actor no tuvo ninguna merma de los ingresos que percibía el momento del accidente, y que en su demanda no solicita la aplicación del factor de corrección mínimo del 10%, por lo que no al no haberse solicitado no puede otorgarse su concesión, además no tiene cabida dentro del sistema de baremo el supuesto de lucro cesante consistente en que de haber podido llevar a cabo el trabajo que le fue ofrecido, el actor hubiese tenido los ingresos superiores a los que percibió, se trata más bien de una expectativa de ingresos no contemplada en el sistema de baremo.
La sentencia de instancia declara probado que el actor recibió una oferta por parte de la entidad Canalón de promoción de trabajo para ocupar el puesto de Director de la Oficina Principal de Logroño, pero que como el periodo de baja se prolongó la expresada entidad se vio obligada a cubrir el puesto con otro candidato. Considera que tratándose de un factor de corrección por los perjuicios económicos sufridos durante los días de incapacidad temporal su cálculo no puede efectuarse hasta la curación de las lesiones, por lo que estima que dicho factor de corrección será de 654,16 € en concepto de perjuicios económicos sufridos al mes por el demandante, al no poder aceptar la oferta trabajó reseñada, y habiendo alcanzado la estabilidad lesional al cabo de ocho meses, la suma que este concepto debe abonarse será la de 5.560,36 €.
La STC 181/2000, de 29-06-2000 declara la inconstitucionalidad y por tanto la nulidad del total contenido del apartado letra B) "factores de corrección" de la tabla V del Anexo a la LRCySCVM (así como de inciso final "y corregido conforme a los factores que expresa la propia tabla" del apartado c) del criterio segundo (explicación del sistema) del referido Anexo), pero tal tacha de inconstitucionalidad y consecuente nulidad no lo es en forma "absoluta o incondicionada", pues simplemente lo es en "los términos expresados en el último fundamento jurídico de esta Sentencia". Y es que, la citada STC únicamente aprecia vicio de inconstitucionalidad del "factor de corrección" respecto a la responsabilidad por culpa (no en la responsabilidad cuasi-objetiva) en cuanto al estar limitada la cuantía a reclamar por "perjuicios económicos" a los porcentajes señalados en el referido apartado B) para los casos en que se aprecia culpa relevante del responsable y el perjudicado solicita un porcentaje mayor, de tal forma que en tales casos se puede fijar el porcentaje de modo independiente del baremo, conforme a lo que se acredite en el correspondiente proceso (SAP Las Palmas 10-2-2004). Por el contrario, para los supuestos en que no se reclama porcentaje superior ni se prueba culpa relevante rige el baremo legal. En el mismo sentido SAP SAP Guadalajara núm. 159/2006 (Sección 1), de 7 noviembre: "En segundo lugar hay que referirse a la aplicación del factor corrector lo que enlaza con la postura del TC en relación al principio de la restitutio in integrum y así el TC ha declarado que: "la limitación indemnizatoria establecida por el sistema legal comporta, correlativamente, una desprotección de los aludidos bienes de la personalidad" (F. 16); que "resulta manifiestamente contradictorio con este esquema de imputación que, cuando concurre culpa exclusiva del conductor, la víctima tenga que asumir parte del daño que le ha sido causado por la conducta antijurídica de aquél", "no puede desconocerse que los denominados perjuicios económicos presentan la suficiente entidad e identidad como para integrar y constituir un concepto indemnizatorio propio. Sin embargo, y a pesar de su relevancia desde la perspectiva de la reparación del daño efectivamente padecido, el legislador ha decidido regularlos como un simple factor de corrección de la indemnización básica prevista en el apartado A) de la Tabla V, privándolos de toda autonomía como específico concepto indemnizatorio y, sobre todo, impidiendo que puedan ser objeto de la necesaria individualización y de un resarcimiento mínimamente aceptable, en comparación con las pérdidas que por tal concepto pueda sufrir un ciudadano medio por cada día de incapacidad para el desempeño de su trabajo o profesión habitual"; que "el apartado B) de la Tabla V del Anexo, en la concreta configuración legal de los perjuicios económicos allí contenida, establece un límite irrazonable y carente de toda justificación al derecho de resarcimiento de la víctima, con un resultado arbitrario y por lo tanto, contrario al art. 9.3 de la Constitución " (F. 17); y que "el legislador ha establecido un impedimento insuperable para la adecuada individualización del real alcance o extensión del daño, cuando su reparación sea reclamada en el oportuno proceso, con lo que se frustra la legítima pretensión resarcitoria del dañado, al no permitirle acreditar una indemnización por valor superior al que resulte de la estricta aplicación de la referida Tabla V, vulnerándose de tal modo el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución Española (F. 20). Por todo lo cual en este caso, en definitiva, hay que entender de la doctrina al respecto que se declara la inconstitucionalidad en tanto limitador del derecho de resarcimiento de la víctima al privarle de acreditar y reclamar un perjuicio superior al legalmente contemplad.
El propio Tribunal Constitucional, en sentencia 102/2002, de 10 de mayo, ha concluido en la forma expuesta afirmando que "en cuanto a los supuestos en los que, como en el enjuiciado, concurre culpa relevante judicialmente declarada del agente causante del hecho lesivo, nuestra declaración de inconstitucionalidad se limitó al apartado B) de la Tabla V, en la medida en que el sistema de valoración no permite acreditar de modo independiente, de acuerdo con el resultado probatorio, la cuantificación individualizada de los perjuicios económicos o las ganancias dejadas de obtener de modo independiente".
No existe pues según lo expuesto obstáculo a la aplicación del factor de corrección siempre que no se reclame un perjuicio superior suponiendo por ello un limite que puede ser superado si se acredita ese perjuicio superior. En este sentido nos sumamos al criterio al que se atienen numerosas sentencias de las que podemos citar a título de ejemplo las de 26 de diciembre de 1997, de la Sección 1.ª, de la AP de Sevilla, de 4 de junio de 1998, de la Sección 3.ª, de la AP de Córdoba, de 30 de diciembre de 1998, de la Sección 6.ª, de la AP de Málaga de 10 de mayo de 1999, de la Sección 10.ª, de la AP de Madrid, en la que se destaca, en la señalada dirección, la diversidad ontológica del concepto de lucro cesante respecto del de perjuicios económicos, "... tanto desde el punto de vista semántico, cuanto material, habida cuenta que su importe se determina por medio de porcentajes que se aplican sobre un valor orientado a resarcir un daño estrictamente extrapatrimonial y las cantidades resultantes no alcanzan a satisfacer las pérdidas concretas de ingresos, cuando existen, por lo que únicamente sirven para compensar un perjuicio patrimonial básico, legalmente presumido y abstractamente tasado, compatible, por tanto, con la reparación del lucro cesante".
En un examen de la prueba practicada en el acto del juicio se acredita que al momento del accidente, el actor trabajaba para Caja Rural de Aragón como Director de la Oficina de Haro, a mediados del año 2004 le fue ofrecido y aceptó el puesto de Director de la Oficina Principal de Logroño, que debería ocupar la mayor brevedad, una vez restablecido del accidente sufrido el 14 enero 2004 y que le mantenía en situación de baja laboral desde entonces. A final del mismo año fue necesario cubrir dicho puesto porque dada la duración de las lesiones del recurrente, así como por la incertidumbre sobre el plazo necesario para su definitiva recuperación y reincorporación laboral; por ello el Departamento de Recursos Humanos se vio obligado dejar sin efecto la oferta anteriormente expuesta, así como a buscar nuevo candidato para cubrir el puesto. En caso de haberse producido la promoción profesional expuesta, su retribución salarial fija hubiera aumentado aproximadamente en la cantidad de 6.000 € brutos anuales y su retribución variable en 1.850 € brutos anuales.
El motivo opuesto debe ser rechazado, por cuanto de una lectura del escrito de demanda se puede apreciar que en ella se solicitaba la suma de 21.905,76 € en concepto de lucro cesante, que debe entenderse como factor de corrección por los días de incapacidad sufrido. Y sin perjuicio de lo que se resuelva más adelante al examinar el recurso del demandante disconforme con la cuantía otorgada por la Juez a quo por dicho concepto, en aplicación de la doctrina anteriormente expuesta, resulta correcto la aplicación del lucro cesante superior al factor de corrección previsto en el baremo para lesiones de incapacidad, cuando el lucro cesante producido es superior a la cantidad que por dicho concepto se reconoce en el Baremo.
Tercero.-Finalmente entiende la entidad recurrente que se ha infringido el artículo 20 de la LCS, y sostiene que cumplió fielmente con sus obligaciones, consignando en debida forma, no sólo dentro los tres meses a la producción del siniestro, sino que como consecuencia del auto dictado con fecha 28 abril 2005, notificado lo de mayo 2005 en el que se decía que era insuficiente la cantidad consignada el 18 marzo 2004, se consignó la suma de 23.726,67 € al día siguiente.
El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro dispone:
"3.ª) Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.
4.ª) La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.
6.ª) Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.
No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro".
8.ª) No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable".
En un examen de los autos se aprecia que la entidad recurrente consignó en el Juzgado de instrucción número 1 de Haro, en el que se seguía juicio de faltas por estos hechos, la suma de 24.516,30 € el día 8 marzo 2004, es decir, dentro de los tres primeros meses de suceder el evento dañoso. En dicho escrito solicitaba la entrega del dinero al perjudicado y que se declarase la suficiencia de la consignación, pero no es hasta el 28 abril 2005, cuando se dictó auto por el Juzgado de Instrucción de Haro que declaraba insuficiente la cantidad consignada requiriendo a la entidad aseguradora a que consignase la suma que le restaba hasta 48.242,97 €. Dicho auto fue notificado a la parte apelante el 9 mayo 2005, constando que en fecha 10 mayo 2005 se consignó por la aseguradora la diferencia existente.
Respecto de las cantidades reconocidas en el presente recurso resulta de aplicación la doctrina recogida en la STS de 22 de junio de 2009, que al excluye del pago del recargo previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro a las cantidades reclamadas en la demanda, y ello por considerar que concurren razones suficientes para considerar justificada su actuación en orden al cumplimiento del deber de indemnizar, y consiguientemente entender que concurría el supuesto previsto en el apartado octavo del citado precepto, para cuya apreciación -siempre de forma restrictiva- la jurisprudencia de esta Sala ha venido destacando recientemente (por todas, Sentencia de 6 de noviembre de 2008, recurso número 332/2004) la necesidad de constatar la razonabilidad del proceder del asegurador.
Partiendo de los hechos anteriormente expuestos, resulta evidente que la entidad aseguradora realizó la consignación para el pago al lesionado dentro de los tres meses de ocurrir el siniestro, sin que le sea imputable el retraso del juzgado en declarar la insuficiencia de la consignación efectuada, insuficiencia que una vez declarada, un año después de realizar la consignación, fue subsanada en el plazo de un día por la entidad aseguradora. Y en relación a los a la suma de 9.626,39 €, diferencia entre lo consignado y lo reconocido en sentencia, se trataba de una cantidad controvertida para cuyo reconocimiento ha sido necesaria una decisión judicial, por ello no se considera procedente la imposición de los intereses previstos en el artículo 20 de la LCS.
Devengando dicha suma el interés previsto en el artículo 576 de la LEC.
Por consiguiente, procede estimar el motivo de impugnación opuesto,
Cuarto.-Seguidamente debe entrarse en el estudio en el estudio del recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Felicisimo.
En primer lugar, alega la existencia de un error en la aplicación de la fórmula de incapacidades concurrentes de manera que las secuelas fisiológicas aplicando la fórmula prevista en el anexo segundo de explicación del sistema deberá quedar fijadas en 19 puntos.
En un repaso de las operaciones aritméticas teniendo un cuenta las secuelas concurrentes y aplicando la fórmula la formula [(100 - M) × m] / 100 ] + M., se aprecia la existencia de un error en la cuantificación de de los puntos correspondientes al lesionado que son 20 puntos, en lugar de los 19 que otorgaba la resolución recurrida por lo que de acuerdo con el baremo que resulta aplicable, el valor del punto, teniendo en cuenta que la edad del recurrente de 41, años, es de 927 €, correspondiéndole por consiguiente la suma de 18.540, que sumada a la cantidad reconocida por perjuicio estético de 5356,96 €, resulta que la cantidad que le corresponde por indemnización básica por secuelas asciende a 23.896,96 €. Suma que aplicado el factor de corrección de la Tabla IV, reconocido en la sentencia recurrida deberá incrementarse en 5.974,24 €, por lo que la indemnización por este concepto ascenderá a 29.870,24 €.
Por lo que debe aceptarse es el motivo de impugnación.
Quinto.-En segundo lugar, opone la existencia de un error en la valoración de la prueba en la concesión de la cuantía por Incapacidad Permanente Total, solicitando la suma de 58.229,34 €. Subsidiariamente, alega la existencia de una infracción en la aplicación de la Tabla IV del Baremo, al entender que fijándose en el mismo un límite mínimo de 15.527,82 € y un máximo de 77.629,12 €, no puede establecerse como hace la sentencia recurrida una suma inferior al mínimo previsto legalmente.
Los motivos opuestos deben ser desestimados, toda vez que considerando que la correcta calificación del factor corrector para las secuelas permanentes que tiene el recurrente está afecto de una Incapacidad Permanente Parcial, como ya se expuso en el fundamento de derecho primero de esta resolución, que damos aquí por reproducido, no procede entrar a valorar el fondo de los alegatos formulados.
Sexto.-Por último, alega la parte apelante un error en la valoración de la prueba por la no concesión de la totalidad de la cuantía reclamada por lucro cesante, ya que considera acreditado que los perjuicios económicos derivados que se plasman en la posibilidad de ocupar el puesto de Director de la Oficina Principal de Logroño, que debería ocupar la mayor brevedad y una vez restablecido del accidente sufrido y que dada la tardanza en su recuperación obligó a la entidad bancaria a como buscar nuevo candidato para cubrir el puesto, le hizo perder un incremento de sueldo de 6.000 € brutos anuales y su retribución variable en 1.850 € brutos anuales. Por lo que considera que la suma que debe reconocerse por este concepto es de 21.905,76 €.
No puede prosperar el motivo alegado, porque como muy bien señala la sentencia recurrida el factor de corrección del apartado de la Tabla V se trata de un factor de corrección de los perjuicios económicos sufridos durante los días de incapacidad temporal. Por ello, su aplicación se refiere exclusivamente a los días que tardó en curar de sus lesiones, y no puede extenderse a un período de tiempo en el que ya estaba restablecido, tal y como pretende la parte apelante, por consiguiente el factor de corrección alcanzará exclusivamente hasta que el perjudicado alcanzó su estabilidad lesional, siendo así que calculando una pérdida económica de 654,16 € por mes, dicha suma multiplicada por el tiempo que tardó en alcanzar su curación supone 5.560,36 €, que es la que le concede la sentencia de instancia y que debe mantenerse en esta resolución.
Séptimo.-Por todo lo expuesto procede estimar en parte los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de D. Felicisimo, y de la entidad demandada Mapfre Automóviles SA, revocando al sentencia de Instancia en los términos que se recogen en la parte dispositiva de esta resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se hace imposición de costas en esta alzada, al haber sido estimado en parte los recursos de apelación interpuestos.
Debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación interpuesto la representación procesal de D. Felicisimo, y de la entidad demandada Mapfre Automóviles S.A., contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Haro, n.º 146/2008, de 22 de diciembre, y, en consecuencia, REVOCAMOS la expresada resolución en el particular de suprimir el interés del artículo 20 de la LCS impuesto a la entidad aseguradora, declarando que la suma adeudada devengará el interés del artículo 576 de la LEC. Asimismo se declara que la indemnización que debe percibir actor por las secuelas básicas permanentes es de 29.870,24 €., con el alcance que dicha dicho reconocimiento tiene en la suma final que debe abonar la aseguradora al actor. CONFIRMANDO el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.
No se hace imposición de las costas devengadas en esta alzada.
Notifíquese esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 248.4 de la L.O.P.J.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. D. JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fé.

References: artículo 576
e contrario
 artículo 20
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 576
 resolución 
 artículo 398
 resolución 
 artículo 20
 artículo 576
 resolución 
 artículo 248