Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-521461018
Timestamp: 2019-02-23 08:31:26+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 033/14 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 521461018
Actor: Paola Andrea Saavedra Hidalgo
Demandado: Ley 336 de 1996, Articulo 5, Inciso 2 (Parcial)
Expediente: D-9753
Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del inciso 2º del artículo 5º de la ley 336 de 1996, por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte. La actora afirma que la preceptiva demandada obliga a contratar el servicio de transporte privado mediante empresas de transporte público cuando no se utilicen equipos propios, desconociendo con ello el régimen constitucional de los servidores públicos, las facultades de intervención del estado en la economía, las libertades económicas, ademásde derechos fundamentales como el debido proceso, el trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio y la dignidad humana. La corte concluyó que la exigencia de que la contratación del servicio privado de transporte se realice con empresas de transporte público legalmente habilitadas, cuando no se utilicen equipos propios, constituye una medida proporcionada que persigue una finalidad constitucionalmente legítima que no desconoce los derechos y libertades invocados en la demanda. Exequible.
Sentencia citada en: 26 sentencias, 4 disposiciones normativas
Sentencia C-033/14
Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996 (Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte)
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, la ciudadana Paola Andrea Saavedra Hidalgo demandó la expresión cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas en los términos del presente estatuto, contenida en el inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996.
LEY 336 DE 1996
Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte.
3.1. La actora afirma que la preceptiva demandada del inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996 obliga a contratar el servicio de transporte privado mediante empresas de transporte público, cuando no se utilicen equipos[1] propios, desconociendo los artículos 1º, 2º, 24, 25, 26, 29, 58, 83, 150.21, 150.23, 333, 334, 336, 365 y 366 superiores, en tres ámbitos diferentes, los cuales presentan entre sí niveles incrementales de afectación constitucional.
3.2. Explica que el primer ámbito en el que se conculca la carta política (arts. 2º, 150.23, 365 y 366) se presenta frente al marco constitucional de los servicios públicos al asignar efectos de servicio público esencial a una actividad de naturaleza eminentemente privada, como es el transporte de personas o bienes, incurriendo en un vicio de configuración normativa[2].
3.3. En tercer lugar, la actora expresa que la preceptiva censurada vulnera la carta política (arts. 24, 58, 83, 150.21 y 333), en particular el régimen de protección de las garantías y derechos fundamentales, al imponer una infracción administrativa[3], prohibiendo a los particulares usar vehículos privados de terceros que no estén afiliados a empresas de transporte público, conculcando sin justificación constitucional alguna garantías superiores como el principio de dignidad humana y los derechos al trabajo y al debido proceso.
Manifiesta entonces que la norma demandada favorece a las empresas de servicio público de transporte para atender en forma exclusiva las necesidades privadas de movilización de personas naturales y jurídicas, que carecen de vehículos propios, desplazando así a la esfera del servicio público de transporte un número significativo de modalidades de transporte privado.
4.1. Ciudadano Luis Jaime Salgar Vegalara.
En su sentir, la conducta sancionable en comento radica en el uso de vehículos de servicio privado por quienes no son sus propietarios, que carece de sustento axiológico alguno, pues no guarda relación con un valor o principio constitucional que gobierne la función pública.
En su sentir, el legislador procuró formar un marco legal de referencia para las modalidades del transporte público, bajo la óptica de la seguridad, entendida como el eje principal de la actividad transportadora, por lo que en modo alguno el transporte privado, ni la prestación de servicios de transporte privado, fueron objeto de regulación dentro de la Ley 336 de 1996.
Luego de analizar las definiciones de servicio de transporte público y privado, plantea que este último está regulado en los artículos 90 y siguientes de la Ley 300 de 1996[4], referentes al alquiler de vehículos y no en la norma impugnada, siendo el transporte privado aquel que no es prestado por empresas u operadores habilitados por las autoridades, o que no requieran tal habilitación.
Agrega que en concordancia con lo anterior, la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, acorde con el concepto 1740 de mayo 8 de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha reiterado: No se puede tomar en arrendamiento vehículos matriculados en el servicio particular por parte de las empresas privadas para realizar transporte privado, pues el legislador dispone que cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitado y con vehículos matriculados para dicho servicio.
Explica que no se está responsabilizando al Estado de la atención de necesidades privadas pues, en su sentir, cuando se habla de servicio privado de transporte no se está haciendo referencia a la necesidad cotidiana de cada individuo de trasladarse de un lugar a otro para cumplir sus actividades habituales, sino como indica el Ministerio de Transporte hablar de servicio privado de transporte es necesariamente referirnos a una actividad transportadora tendiente a satisfacer necesidades de movilización en el ámbito de las personas naturales o jurídicas, que se lleva a cabo como conjunto organizado de operaciones.
Con todo, afirma que aunque el control estatal es más débil frente al transporte eminentemente privado que se efectúa con medios propios, pues solo involucra derechos meramente individuales, cuando esas necesidades particulares se satisfacen con vehículos ajenos, la injerencia del Estado debe ser mayor para garantizar la seguridad y los derechos de los usuarios, los transportadores y terceros que puedan verse afectados.
Sostiene entonces que declarar la inexequibilidad de la preceptiva demandada conllevaría que la misma actividad que realizan las empresas de transporte público, pueda ser desarrollada sin mayores controles por particulares, con lo cual se eludiría el control tan exigente que esta actividad implica en desmedro de la seguridad y los derechos fundamentales de quienes intervienen en la prestación del servicio.
A reglón seguido añade que la norma acusada es una expresión válida de la intervención estatal en el servicio de transporte porque acudir a vehículos de terceros, así sea para movilizar personas o bienes en la esfera exclusiva de la persona, implica la presencia de intereses generales como la protección de la seguridad, la vida y la integridad personal de los usuarios, objetivo que se logra con el mecanismo elegido por el legislador en virtud del artículo 150.21 de la carta política, vale decir, la obligación de contratar con empresas de transporte público sobre las cuales el Estado ejerce una importante vigilancia y control sobre la calidad de los equipos o medios de transporte.
Afirma que el segmento impugnado no desconoce la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad privada, como expresiones del libre desarrollo de la personalidad, pues no obliga que otros actos jurídicos diferentes al contrato de transporte deban celebrarse con empresas de transporte público.
Esta Vista Fiscal considera una interpretación razonable de la obligación establecida en la norma demandada, sería aquella en la que este deber de contratar con empresas de transporte público para la movilización de cosas o personas en el ámbito exclusivo de la persona cuando no se tengan equipos propios, aplica únicamente cuando se presente un contrato de transporte, esto es, cuando en el caso concreto se configuren los elementos esenciales de dicho contrato.
Por el contrario, cuando en una situación se presenten contratos distintos, es decir, actos jurídicos cuyos elementos esenciales sean diferentes al contrato de transporte (como el renting, el renting, el comodato o el contrato de trabajo), la obligación de contratar con una empresa de transporte público cuando no se cuente con equipos propios desaparece teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación de la norma demandada se restringe a las relaciones contractuales de transporte que, como se vio en el apartado anterior, son aquellas que pueden tener la potencialidad de afectar o implicar intereses colectivos o generales. En ese orden de ideas, cualquier acuerdo de voluntades cuyo objeto principal no implique la movilización de personas o de cosas de un lugar a otro dentro de un plazo a cambio de un precio, no estará sujeto a la restricción establecida en la norma demandada[5].
- Lo que se debate.
Aptitud sustantiva de la demanda en el presente evento.
3.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que razonablemente[6] deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión y para que la Corte pueda emitir así un fallo de fondo. Según lo allí indicado, es imperativo señalar con claridad las normas que son censuradas como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de infringida y explicar las razones por las cuales se estima que presuntamente las primeras violan o desconocen la segunda.
Otra parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de inconstitucionalidad contra las normas impugnadas, esto es, la sustentación de los distintos argumentos por los cuales el ciudadano demandante advierte que aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a lo cuestionado por el Ministerio de Transporte, recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[7].
La adecuada presentación del concepto de violación permite a esta corporación desarrollar su función de defensa de la carta política en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos de los demandantes, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la Corte para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio[8].
Reitérese, en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[9] en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad; de no atenderse dicho presupuesto podría generarse un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la Corte, para poder proferir un pronunciamiento de fondo[10].
Sobre este tema, ha expuesto la Corte que la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional [11].
Al respecto, en el fallo C-978 de diciembre 1° de 2010[15], M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original): No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal medida, el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.
Los servicios de transporte público y privado.
4.1. En concordancia con la jurisprudencia[17], el transporte es una actividad indispensable para la vida en sociedad y en particular para las relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas de un lugar a otro, mediante diferentes medios. Dichos traslados pueden efectuarse dentro del marco de las relaciones privadas, bajo el amparo de la libertad de locomoción (art. 24 Const.), o ejerciendo actividades económicas dirigidas a obtener beneficios por la prestación del servicio (art. 333).
4.2. La Corte Constitucional[19] acorde con el artículo 3º de la Ley 105 de 1993, ha indicado que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, mediante vehículos apropiados a cada tipo de infraestructura disponible, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeta a una contraprestación económica.
Posteriormente, la Ley 336 de 1996[20] buscó unificar la normatividad existente relacionada con los principios y los criterios que sirven de fundamento para regular y reglamentar el transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación nacional (art. 1º), insistiendo que la seguridad, en particular la de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte (art. 2º).
Adicionalmente se preceptúa que la regulación del transporte público por parte de las autoridades competentes conlleva exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo de transporte, dándole prioridad al uso de los medios masivos. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política (art. 3º)[21].
Así, para la prestación del servicio público de transporte, los operadores o empresas de transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas como unidad de explotación económica permanente que cuenten con los equipos, instalaciones y órganos de administración que les permitan prestar adecuadamente el servicio, deben tener autorización del Estado[22].
En el mismo fallo C-981 de 2010 que se acaba de citar, acudiendo a pronunciamientos del Consejo de Estado[23], se explicó que la autorización o habilitación que debe otorgarse a un operador o empresa de transporte le permite al Estado cerciorarse del cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias mínimas exigidas a quien pretenda prestar el servicio público de transporte, para garantizar que se brindará en condiciones de seguridad, continuidad, responsabilidad y eficiencia.
En consecuencia, las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos matriculados o registrados para dicho servicio y previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, según lo prevé el artículo 23 de la Ley 336 de 1996[25]; coincidiendo entonces el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en que el servicio público de transporte presenta las siguientes características (está en negrillas en el texto original):
Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero.
- El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida-, y la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte (Ley 336/96, art. 2°)-;
- Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas (Ley 336/96, art. 22), y
- Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida.
De otro lado, catalogar el transporte como un servicio público deviene de la facultad del legislador, investido de las expresas atribuciones constitucionales para expedir leyes de intervención económica (art. 334 Const.), y regir la prestación de los servicios públicos (art. 150.21 y 23), por lo que dado su carácter imprescindible y su relación con el interés público y los derechos fundamentales, pueden ser prestados por el Estado directamente o indirectamente por los particulares o comunidades organizadas, conservando el papel de garante de su prestación eficiente, empleando las competencias constitucional de regulación, control y vigilancia sobre el mismo[26].
Resulta pertinente recordar que acorde con la jurisprudencia de la Corte: EL carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad.
Acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para distinguir el transporte público y privado: El elemento definitorio de la diferencia entre uno y otro tipo de transporte es que, en el público, una persona presta el servicio a otra, a cambio de una remuneración, al paso que en el privado, la persona se transporta, o transporta objetos, en vehículos de su propiedad o que ha contratado con terceros[27] (no está en negrilla en el texto original).
-La actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro de su ámbito exclusivamente privado;
- Es una actividad sujeta a la inspección, vigilancia y control administrativo con el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía.[28]
El artículo 16 de la Ley 336 de 1996 señala que acorde con la Ley 105 de 1993 y sin perjuicio de lo previsto en tratados o convenios internacionales, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o celebración de un contrato de concesión u operación, según se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho o de áreas de operación, e incluso de los denominados servicios especiales de transporte, a saber, el escolar, de asalariados, de turismo y ocasional.
Consiste entonces el transporte terrestre automotor especial en aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y habilitada para esa actividad, a un grupo de personas específico, trátese de estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios (art. 6º).
Análisis sobre la exequibilidad del segmento demandado contenido en el inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996.
La demandante, los ciudadanos intervinientes[29] y Federenting consideran que la norma censurada introduce una restricción injustificada y desproporcionada sobre el servicio de transporte privado, conculcando libertades y derechos fundamentales, sin perseguir una finalidad constitucional específica.
De otro lado, los demás intervinientes[30] y el Procurador General de la Nación plantean que la norma demandada no desconoce la Constitución, pues el transporte de personas o bienes guarda relación con la vida e integridad de las personas, por lo que es un deber del Estado regular sus principios y modalidades para salvaguardar la seguridad y los derechos de los usuarios.
En efecto, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de 1995 Senado, que se convertiría en la Ley 336 de 1996, se explicó que la seguridad constituye el eje central alrededor del cual debe girar la actividad transportadora, especialmente en cuanto a la protección de los usuarios, pero sin desconocer que ella es igualmente predicable de los conductores, los equipos, las mercancías y los empresario, por ejemplo, todo en aras a garantizarle a los habitantes la efectiva prestación del servicio, entre otras cosas, promoviendo la utilización de medios de transporte masivo.
La consagración constitucional de la libertad fundamental de locomoción procura impedir injerencias indebidas de las autoridades o de los particulares, que restrinjan o prohíban la libre circulación dentro y fuera del país, existiendo entonces un respeto absoluto del Estado por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades en lugar que elija, teniendo como únicas excepciones las limitaciones que establezca la ley (art. 24 Const.)[31].
Recuérdese que esos negocios jurídicos no tienen la misma naturaleza que los contratos de transporte de personas o bienes. No existe entonces contrato de transporte cuando una persona conduce personas o mercancías en un vehículo de su propiedad, alquilado o rentado. Al respecto, para aclarar posibles yerros, puede acudirse al desarrollo especializado que sobre esos contratos existe[32]:
El arrendamiento de un vehículo, sin embargo, puede prestarse a confusiones acerca de la existencia de un contrato de transporte, para lo cual han de distinguirse varias situaciones, a saber:
- Tampoco existe contrato de transporte cuando una persona conduce a un familiar o a un amigo en su vehículo, por cuanto en tal caso la intención de conductor y pasajeros no es celebrar un contrato de transporte, es decir, un acuerdo que genera en el conductor la obligación de transportar. La conducción, en estos casos, obedece bien a un favor, bien a los deberes propios de las relaciones familiares, pero no a la existencia de un contrato de transporte. No tendría sentido afirmar que, si el conductor lleva a un amigo a otro lugar como un favor, más no como una obligación, en el caso de que por cualquier circunstancia no pueda terminar el trayecto se generaría responsabilidad civil de su parte por incumplimiento de un contrato de transporte. Ello no implica, sin embargo, que en el evento de causarse lesión al pasajero no exista responsabilidad del conductor, solo que esta será extracontractual.
El artículo 29 de la Constitución exige que la gran constelación de garantías que constituyen el debido proceso, entre las cuales cabe destacar, para el caso, el principio de legalidad, se materialicen no sólo en las actuaciones judiciales sino también en las administrativas, siendo una forma de limitar el poder del Estado y de garantizar la protección de los derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las actuaciones de la autoridad pública vaya a depender de su propio arbitrio[33].
Así, el principio de legalidad implica que junto con la determinación de los comportamientos que dan lugar a la responsabilidad de los asociados y las consecuencias que de ello se deriven, la ley también debe precisar cuál será el procedimiento aplicable tanto a las actuaciones judiciales como administrativas competentes para analizar los comportamientos, investigar y declarar la eventual responsabilidad por dichos actos u omisiones[34].
En ese orden, aunque el legislador posee un amplio margen de configuración para establecer los procedimientos mediante los cuales la administración ejerza sus competencia, tal facultad no es absoluta, pues tiene límites en los principios y valores constitucionales, de modo que no puede implicar la anulación u obstaculización de derechos y libertades fundamentales, luego toda actuación judicial o administrativa, según el caso, deberá atender los criterios de razonabilidad, racionabilidad, proporcionalidad y finalidad[35].
5.5. La Corte Constitucional declarará entonces la exequibilidad de la expresión cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas en los términos del presente estatuto, contenida en el inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996, frente a los cargos analizados.
Declarar EXEQUIBLE la expresión Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas en los términos del presente estatuto, contenida en el artículo 5º de la Ley 336 de 1996, frente a los cargos analizados.
[1] En la demanda se afirma que el vocablo equipo, corresponde al concepto de vehículo, que acorde al Diccionario de la Academia de la Lengua es: Medio de transporte de personas o cosas (f. 2 cd. Corte).
[2] Íb..
[3] F. 4 ib..
[4] Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
[5] Estos son los elementos esenciales del contrato de transporte regulado en el artículo 981 del Código de Comercio. Así mismo véase a Jaime Alberto Arrubla, Contrato Mercantiles. Contratos Típicos. Tomo II, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2008, pp.66/71.
[6] C-131 de abril 1° de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros.
[7] Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] C-1052 de 2001, previamente citada.
[9] Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[11] C-1052 de 2001 previamente citada.
[12] Reiterada en los fallos C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012, y C-511 de julio 31 de 2013, todos con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, entre otros.
[13] Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.
[14] Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.
[16] Concepto 1740 de mayo 18 de 2006, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C. P. Gustavo Aponte Santos, rad. 11001-03-06-000-2006-0040-00(1740), reseñado por la Corte Constitucional en la sentencia C-981 de diciembre 1º de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.
[17] Concepto 1740 de 2006, ya citado.
[18] Cfr. C-981 de 2010.
[19] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
[20] Por la cual se adopta el estatuto nacional del transporte.
[21] Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007.
[22] C-981 de 2010, ya citada.
[23] En el fallo C-981 de 2010 se reiteró lo consignado en el concepto 1740 de 2006, ya referido.
[24] Íd..
[25] Concepto 1740 de 2006, ya citado.
[26] Concepto 1740 de 2006, citado.
[27] Cfr. C-981 de 2010, ya referida.
[28] Concepto 1743 de 2006, ya citado.
[29] Luis Jaime Salgar Vegalara, Daniel París Arboleda, María Fernanda Dávila Gómez y Carlos Julio Manchego Dominguez.
[30] Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Transporte, Universidad Externado de Colombia, Colfecar, Dirección de Transito y Transporte de la Policía Nacional y Alcaldía de Medellín
[31] Cfr. T-487 de agosto 11 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras, donde además se indicó que no existía en la Constitución de 1886 una norma que reconociera en forma expresa la libertad de locomoción y residencia. Con el artículo 29 se propuso consagrar dos derechos cuyos titulares fueran los colombianos: la facultad de circulación, que abarca la facultad de desplazamiento por todo el territorio nacional de entrar y salir del País, y la libertad de residencia que es el derecho a determinar el lugar donde se desea fijar tanto la sede principal de los negocios, como el domicilio.
[32] Gúzman Escobar, Jóse Vicente. Contratos de transporte. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009. Pags. 30 y ss.
[33] Cfr. C-633 de agosto 15 de 2012, M. P. Mauricio González Cuervo.
[35] Cfr. C-346 de julio 22 de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31286 de 2 de Septiembre de 2009
Sentencia nº 25000-23-27-000-2002-01458-01 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 1 de Noviembre de 2007
Providencia nº 19001110200020100007501 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 28 de Abril de 2010
Sentencia de Tutela nº 633/98 de Corte Constitucional, 4 de Noviembre de 1998

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 981
 artículo 29