Source: https://juzgadomixtoomercantil2cuenca.blogia.com/2013/091003-sentencia-audiencia-provincial-de-cuenca-no-clausulas-abusivas-pr-stamos-hipotec.php
Timestamp: 2018-03-20 09:48:55+00:00

Document:
Sentencia Audiencia Provincial de Cuenca NO Clausulas abusivas préstamos hipotecarios respecto de empresas | Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil
10 de septiembre de 2013 - 14:17	 - SENTENCIAS DE LA A.P. CUENCA
En Cuenca, a 30 de Julio de dos mil trece.
Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 340/2012, los autos de Juicio Ordinario nº 99/2011 y acumulado nº 193/2011 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, iniciados por la mercantil x S.A. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Ángeles Paz Caballero y asistida por la Letrada Dª Almudena Velazquez Cobos, contra la entidad BANCO x (antes CAJA x) representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosa María Torrecilla López y asistida por el Letrado D. Carlos Rubio Vallina sobre nulidad de condición general de la contratación y acción de resarcimiento, en virtud de recurso de apelación interpuesto por BANCO x, contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 4 de Junio de dos mil doce; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.
Primero.- Que por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, de lo Mercantil, se dictó Sentencia, en fecha 4 de Junio de dos mil doce, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente:
"Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador Dª Mª Ángeles Paz Caballero en nombre y representación de x contra la entidad BANCO x (antes Caja x) y acumulada a la misma la seguida como PO nº 193/2011 con los siguientes pronunciamientos:
a) declaro nula por vicio del consentimiento y contraria a la buena fe la cláusula que establece un límite mínimo a la variación del tipo de interés contenida en el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre las partes el 19 de diciembre de 2.005 y referido a las viviendas sitas en Carrera San Jerónimo nº 5, vivienda letra A, sita en planta quinta y vivienda letra B sita en planta quinta y derivado de la subrogación en el préstamo con garantía hipotecaria de fecha 16 de noviembre de 2.005 (estipulación 5ª del contrato origen de la subrogación),
b) declaro nula por vicio del consentimiento y contraria a la buena fe la cláusula que establece un límite mínimo a la variación del tipo de interés contenida en el contrato de compraventa y subrogación de préstamo hipotecario a interés variable suscrito entre las partes en fecha 7 de febrero de 2.008 relativo al inmueble sito en la calle x, Madrid,
c) declaro nula por vicio del consentimiento y contraria a la buena fe la cláusula que establece un límite mínimo a la variación del tipo de interés contenida en el anexo al contrato de póliza de crédito 2010-096-13897.6,
e) se condena a su vez a la demandad a la reintegración de las cantidades de 1.440,91 euros y de 35.922,66 euros pagadas en exceso en aplicación de la referida cláusula impuesta en los contratos de referencia.
f) se condena a la demandada al abono de las cantidades que con posterioridad a la demanda se hayan abonado en aplicación de las cláusulas nulas, de conformidad con lo dispuesto en el FD. Séptimo.
Segundo.- Que notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de BANCO x, se presentó recurso de apelación en el que en síntesis alegaba:
Que x, que intervino como testigo en su condición de administrador de la entidad vendedora x S.L. y sobre cuyo testimonio se fundó la sentencia la falta de conocimiento de la cláusula de limitación de intereses (cláusula suelo) es esposo de la administradora de la demandante x S.A y también administrador de la misma, por lo que a la fecha de la firma de la escritura de subrogación en el préstamo hipotecario tuvo que conocer la cláusula referida
Que respecto a las cantidades reclamadas es la propia demandante la que manifiesta que no están abonadas las correspondientes cuotas del préstamo por lo que difícilmente puede condenarse al Banco x a devolver lo correspondiente con la nulidad de la cláusula de limitación del tipo de interés cuando no llegó nunca a percibir dichas cantidades.
Que debe rechazarse la causa determinante de la sentencia, esto es una falta de información invalidante del consentimiento puesto que:
- No son aplicables los preceptos en que funda para alcanzar dicha conclusión, en concreto los artículos 8.1 en relación con los artículos 5.1 y 7.a de la LCGC;
- La demandante conoció la cláusula de limitación de intereses pues el administrador de la mercantil vendedora lo conoció al menos, según manifestó, a la firma del contrato de préstamo hipotecario, siendo él mismo administrador de la compradora y esposo de la administradora que actuó en nombre de la recurrente
- No es de aplicación la Ley de Condiciones Generales de la Contratación pues el negocio en el que participó la demandante no fue la concesión de un préstamo sino una compraventa en la que no era obligatoria la subrogación en el préstamo.
- El vicio del consentimiento que determinó la estimación de la demanda en ningún caso puede tener efectos, pues el error debe recaer sobre los elementos fundamentales del contrato, no teniendo esta condición la cláusula sobre limitación de intereses
- Que la clausula sobre limitación de intereses era clara y de fácil comprensión máxime para quien se dedica profesionalmente a la promoción inmobiliaria.
- Que la cláusula suelo es un elemento esencial del contrato de préstamo en cuanto determina el precio del mismo y en consecuencia no puede considerarse una condición general de la contratación al faltar el carácter accesorio de las mismas.
Es improcedente la condena a Banco x al reintegro de 1.440,91 euros y 35.922,66 euros derivadas de la aplicación de la cláusula suelo, pues dichas cantidades, son la diferencia que resulta en el calculo de los intereses en 3 cuotas de amortización de los prestamos hipotecarios., cuando dichas cuotas (las correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2.009) nunca se llegaron a abonar por la demandante al Banco x tal y como la propia demandada manifiesta en su demanda.
Que la cláusula suelo – techo no puede ser considerada como una condición general al faltarle los requisitos de la predisposición e imposición a los que se refiere el art. 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación al exigir la Orden Ministerial de mayo de 1994 obliga a las entidades a iniciar un iter negocial que asegura la información del prestatario y la plena formación de la voluntad, previendo la firma ante notario. Además dichas cláusulas forman parte del contenido esencial del contrato. En cuanto a la imputación de abusividad de las mismas ha de considerarse que el desequilibrio al que se refiere el art. 82 de la LCU es un equilibrio jurídico, de derecho y prestaciones y no económico, siendo muy difícil establecer cuando entre el suelo y el techo pactado existe desequilibrio y cuando no. Además el contrato de préstamo es un contrato real y unilateral en cuanto tan solo crea obligaciones tras la entrega de la cosa a cargo del prestatario siendo la reciprocidad a la que se refiere la legislación de consumidores una reciprocidad obligacional propia de los contratos sinalagmáticos que no tiene cabida en los unilaterales como resulta del tenor literal del mencionado art. 82 de la LCU. Citando la recurrente en apoyo de dichos argumentos diversas sentencias de distintas Audiencias Provinciales.
Tras todo lo cual acababa el recurrente solicitando la revocación de la sentencia de instancia y el dictado de otra desestimatoria de la demanda con imposición de las costas, tanto de la primera como de la segunda instancia, a la demandante.
Tercero.- Que admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado a la contraparte por la representación procesal de x S.A. se presentó escrito de oposición al recurso en el que tras alegar los fundamentos de hechos y de derecho que tuvo por convenientes en los que se venía a defender los fundamentos de la sentencia dictada en la instancia terminaba interesando la íntegra desestimación del recurso con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Cuarto.- Que recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 284/2012. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 16 de Abril de 2013.
PRIMERO.- Se acumularon en las presentes actuaciones dos procedimientos ordinarios seguidos entre las mismas partes, X S.A., cuyo objeto social es, entre otros, la compraventa, promoción y arrendamiento de inmuebles, solares y viviendas de protección oficial y de renta libre; la construcción , planificación y ejecución de obras de arquitectura e ingeniería construcción de obra civil en general, publica y privada…y el Banco X., antes Caja X, como consecuencia de varios contratos de prestamo.
De un lado, la Sociedad X S.A., representada por su Consejero Delegado D. X, concertó un préstamo garantizado con hipoteca con la Caja X por escrituras de 30/10/2003 y 16/11/2005 (de ampliación y modificación de la anterior), préstamo destinado a financiar una promoción de viviendas de la prestataria por un total de 2.038.000 euros a devolver en trescientas cuotas mensuales de 9.142,81 euros, importe que incluía un interés calculado al 2,50% anual durante los seis primeros meses, a partir de ese momento el tipo de interés será variable, revisable cada seis meses conforme al Euribor mas un diferencial de 0,8 puntos. Se pactaba finalmente que: "El tipo de interés revisado conforme a las reglas anteriores, no podrá ser superior al 9,00% nominal anual, ni inferior al 2,25% nominal anual durante el periodo de carencia, ni ser superior al 11,00% nominal anual, ni inferior al 3,00% nominal anual, durante el periodo de amortización".
Por escritura de fecha 19/12/2005 X S.A., representada por su Consejera Delegada X, compró a X S.A., representada por su Consejero Delegado X, dos de las fincas hipotecadas, viviendas letras A y B en planta 5ª de la X de Madrid, fincas registrales XX y XX del Registro de la Propiedad nº 2 de Madrid, subrogándose en parte del préstamo, sin novación y asumiendo la obligación personal dimanante del mencionado préstamo que con hipoteca gravaba dichas fincas, liberando a la vendedora de cuantas responsabilidades pudieran derivarse de la misma aceptando la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha la subrogación de la compradora en el préstamo con garantía hipotecaria
Como consecuencia del impago de tres cuotas del préstamo correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009 la Caja X presentó demanda de Ejecución Hipotecaria cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid bajo el nº de autos 282/2010, dictando el referido Juzgado auto con fecha 17/3/2010, admitiendo la ejecución presentada.
De otro lado la sociedad X S.L. concertó un préstamo con garantía hipotecaria con la Caja X por importe de 985.000 euros mediante escritura otorgada el día 5/7/2007 con un interés variable revisable semestralmente conforme al Euribor mas un diferencial de 0,9 puntos del tipo de referencia estipulándose que "el tipo de interés máximo no será superior al 11% nominal anual, ni inferior al 4% nominal anual." Los cónyuges X y X se constituyeron en dicha escritura como fiadores solidarios de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo.
Por escritura de fecha 7/2/2008 X SA, representada por su Consejera Delegada solidaria, X, compró a X S.L., representada por su Administrador solidario X, la finca hipotecada, piso tercero izquierda de la casa nº 13 de la X Madrid, subrogándose en el préstamo hipotecario que la gravaba.
Como consecuencia del impago de tres cuotas del préstamo correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009 la Caja X presentó demandada de Ejecución Hipotecaria contra X S.A. que se sigue con el nº 262/2009 por el Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Madrid.
Por último X SA para la construcción de un edificio concertó una póliza de préstamo nº XXXX intervenida notarialmente por importe de 2.400.000 euros con la Caja X pactándose un interés variable con un interés del 5,5589% durante los tres primeros meses y transcurrido dicho plazo se pactó en cláusula adicional un interés variable, revisable trimestralmente marcándose como referencia E.1 A UL.DI mas un diferencial de 1,500 puntos así como que "el tipo de interés revisado no podrá ser superior al 12%. El tipo de interés revisado no podrá ser inferior al 5%".
Como consecuencia del impago de tres cuotas del préstamo correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2009 la Caja X presentó demandada Ejecutiva en base a la póliza de préstamo contra X S.A. que se sigue con el nº 951/2009 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca.
SEGUNDO- X SA, presentó las demandas rectoras de las presentes actuaciones en las que ejercitaba la acción de nulidad, por abusivas, de la condición general de la contratación vulgarmente llamada cláusula suelo que con el tenor literal referido en el anterior fundamento aparecía incluida en cada uno de los tres contratos de préstamo que mantenía con el Banco X., acumulando a dichas acciones las de reclamación de cantidad de las diferencias pagadas de mas en concepto de intereses de calcularse estos sin aplicar la referida cláusula en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2.009 y las diferencias que se vayan pagando hasta la resolución definitiva del pleito.
La sentencia estimó la demanda y tras afirmar el carácter de condición general de contratación de la referida cláusula, concluyó la nulidad de la "cláusula suelo" por existir vicio en el consentimiento prestado, pues la falta de información facilitada a la demandante y lo defectuoso de la trasmitida por la entidad bancaria impidió a la demandante conocer o poder llegar a conocer lo que estaba firmando, suscribiendo los contratos por la confianza en la entidad bancaria y su personal, tal y como resultaba del testimonio de X, que entendía la sentencia, no había resultado contradicho por otra prueba alguna. La nulidad en cualquier caso, según la sentencia de instancia, derivaba también la falta de equilibrio económico entre las prestaciones reciprocas de limitación de intereses al comparar el suelo con el techo, lo que resultaba contrario a la buena fe contractual. La estimación de la pretensión accesoria de reclamación de cantidad se entendió por la sentencia una mera consecuencia de la nulidad de la cláusula suelo imputando a la parte demandada que alegaba la falta de pago de las diferencias reclamadas su acreditación.
Contra dicha sentencia se alzó el Banco X El recurso (al margen de dos consideraciones generales, sobre las que después se volverá relativas a la valoración de la prueba testifical de X y a la acreditación del abono de las cuotas de amortización del préstamo respecto de la que se reclaman diferencias derivadas de la no aplicación de la cláusula suelo que se impugna) se inicia impugnando la nulidad por error en el consentimiento motivo que ha de ser estimado pues lo que resulta de la prueba practicada es que la demandante conoció al momento de la suscripción de las diferentes operaciones de préstamo la existencia de la cláusula suelo, cuya redacción además era sencilla y clara, según sus respectivos tenores literales reproducidos mas arriba, tal y como resulta de las declaraciones que se contienen en las escrituras publicas de compraventa y subrogación en el préstamo hipotecario en las que la demandante manifestó expresamente conocer su contenido y aceptar todas las cláusulas y condiciones contenidas en la escritura de constitución del gravamen, leyendo en el caso de la escritura de fecha 19/12/2005 el notario la mencionada escritura en voz alta y además los intervinientes y en el caso de la de fecha 7/2/2008 leyéndola los intervinientes, con consentimiento del Notario, aceptándolas y firmándolas. Respecto de la póliza de préstamo intervenida notarialmente consta la cláusula referida como un cláusula adicional, específicamente firmada por los intervinientes según se hace constar en la copia que presenta la parte demandada. Estas manifestaciones hechas en documento público por la demandante acreditan el conocimiento de las cláusulas de limitación de intereses que nos ocupan.
Abundando en lo dicho, debemos además considerar que las condiciones de la obligación garantizada con la hipoteca deben constar en el Registro de la Propiedad al formar parte de la escritura de constitución de la hipoteca, así se constata al folio 191 de las actuaciones respecto de uno de los inmuebles gravados, razón por la que la alegación de desconocimiento de lo que resulta de un registro publico, por parte de quien adquiere, voluntariamente, obvio es decirlo, el bien hipotecado y se subroga en la hipoteca, resultan cuanto menos sorprendentes, razón por la que la Sala no pueda admitir las afirmaciones de la sentencia de instancia en el sentido de que la actora ni conoció ni tuvo oportunidad de conocer la cláusula suelo. A lo anterior ha de añadirse, en relación al préstamo hipotecario constituido mediante escritura de fecha 5/7/2007, que la persona física que comparece en este pleito en nombre y representación de la actora suscribió dicha escritura como fiador solidario de las obligaciones derivadas del préstamo concertado, lo que añadido a la lógica constancia registral a la que hemos hecho referencia abunda en la certeza que la prueba genera en la Sala del perfecto y efectivo conocimiento de la cláusula objeto del pleito por parte de la actora.
Las referida cláusulas de limitación del tipo de interés por la claridad y sencillez de su redacción eran objetivamente comprensibles para un ciudadano medio, siendo la demandada una sociedad dedicada profesionalmente a la compraventa y promoción de inmuebles, y a la construcción y ejecución de obra civil, publica y privada, lo que determina deba considerarse en ella un conocimiento de los productos de financiación bancaria, a los que habitualmente recurre, como muestra este procedimiento, muy superior a la de un ciudadano medio.
Resultando además, en el caso de los contratos de compraventa de viviendas con subrogación en los prestamos hipotecarios que las gravaban, que quien actuó como vendedor subrogante en nombre de las respectivas sociedades, X, quien en su declaración testifical reconoció haber conocido las cláusulas referidas al tiempo de la firma de la escritura de constitución del préstamo hipotecario, es esposo de la persona que suscribió las escrituras de subrogación en el préstamo hipotecario en nombre de la demandada, estando además vinculado con esta sociedad, pues preguntada en juicio por esta relación la representante legal de la demandada manifestó su duda respecto a la misma, pero no respecto a si existía o no la vinculación sino respecto a si X era Administrador o Consejero Delegado de X S.A.. En cualquier caso y respecto a la comentada vinculación D. X era Consejero Delegado de la demandante al tiempo de otorgar los poderes para pleitos con los que dicha sociedad compareció a juicio.
Dicho lo anterior no puede la Sala sino considerar una valoración ilógica y poco razonable de la prueba practicada la realizada en esta cuestión por la sentencia de instancia, pues consideró acreditada, en contra de las expresas manifestaciones hechas por la representante legal de la demandante en documento publico y el resto de la prueba practicada a la que se ha hecho referencia, la falta de conocimiento de la cláusula suelo, fundándose en una sola prueba, la declaración testifical prestada en juicio por D. X, quien tiene interés en el pleito según resulta de la vinculación con la demandante, conforme a lo explicado mas arriba y que resulta además de sus propias manifestaciones en este sentido, al haber reconocido a las generales de la ley tener interés en X S.A..
Ciertamente la sentencia funda también la nulidad por error en el incumplimiento de las obligaciones de información y transparencia que pesaban sobre el Banco, pero lo hace partiendo de la aplicación de la Ley 24/1988 de Mercados de Valores, norma que evidentemente no es de aplicación a los pactos de cláusulas suelo en un préstamo hipotecario entre una entidad bancaria y su cliente. Debiendo advertir al efecto que el ámbito de protección de quien en el ejercicio de su actividad empresarial, como la actora, concierta un préstamo hipotecario, no es tan extensa como la que merece el consumidor o la persona física en la concertación de estos contratos sobre viviendas en la regulación de los derechos de información y transparencia por parte de las entidades bancarias. Así ni es de aplicación la Ley 2/2009 de 3 de marzo por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, conforme resulta de su artículo 1º, ni la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los prestamos hipotecarios, ni por razones temporales la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios que sustituye a la anterior. Son no obstante de aplicación las normas relativas a las condiciones generales de contratación pues así lo dispone el art. 2 Ley 7/1998, de 13 abril, si bien para este tipo de relaciones la LCGC prevé exclusivamente la aplicación de las normas de incorporación, ya que el control de contenido de las condiciones generales se rige, para los profesionales, exclusivamente por las reglas generales de la nulidad contractual, conforme resulta del art. 8.1 y 2 de dicha norma. Lo que en definitiva nos lleva, sin perjuicio de lo que después se dirá, a la aplicación de la reglas generales sobre contratación, lo que resulta de la equiparación del contenido del art. 8.1 de la LCGC y art. 6.1 del CC y a la aplicación de la normativa de condiciones generales sobre inclusión contenida en el art. 7 de la LCGC: "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato."
Cuyas exigencias se cumplen conforme a lo razonado anteriormente sobre el conocimiento que tuvo la demandante a la suscripción de las escrituras públicas de subrogación y la póliza intervenida por el notario, la lectura y firma de dichos instrumentos públicos y sobre la claridad y precisión de la redacción de las cláusulas que nos ocupan.
TERCERO.- Se alza también la recurrente contra la declaración de nulidad por abusiva de la referida cláusula por cuanto de un lado entiende que no se trata de una condición general de la contratación al faltar la predisposición y la imposición propias de las mismas conforme al art. 1 de la LCGC y porque se refieren a un elemento esencial del contrato la determinar el precio del mismo conforme a la doctrina recogida en distintas resoluciones judiciales que cita en su recurso. De otro lado porque el desequilibrio al que se refiere el art. 82 de la Ley de Consumidores es un desequilibrio en las prestaciones no económica, siendo de otro lado muy difícil establecer a priori cuando existe un desequilibrio en el pacto sobre el suelo y el techo que limitan los intereses pactados. Finalmente funda alega que siendo el contrato de préstamo un contrato real y unilateral no es posible referir al mismo el desequilibrio al que alude la sentencia pues este es propio de de los contratos bilaterales.
El recurso a juicio de la Sala ha de ser estimado pues como la propia sentencia de instancia señala al encontrarnos ante dos mercantiles el régimen de cláusulas abusivas no resulta aplicable. Así resulta del art. 8.2 de la LCGC que circunscribe la nulidad las condiciones generales que sean abusivas, a los contratos celebrados con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el art. 10 bis y disp. adic. 1ª L 26/1984 de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, preceptos que hoy deben entenderse referidos al art. 82 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, cuyo texto refundido fue aprobado por el RD Legislativo 1/2007 que considera cláusulas abusivas a todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Y en este sentido la Exposición de Motivos de la LCGC explicaba que: "El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en cada caso las características específicas de la contratación entre empresas."
A partir de la mencionada indicación la sentencia de instancia, pese a haber negado que el régimen de abusividad de la LCGC fuera aplicable a las condiciones generales de los contratos de préstamo suscritos entre profesionales, concluye la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los prestamos existentes entre las partes por entenderlas contrarias a la buena fe al beneficiar, según criterios económicos, tan solo al banco sin que exista un beneficio correlativo para el cliente generando un desequilibrio en las prestaciones en perjuicio del actor, todo ello por aplicación del art. 8.1 de la LCGC en relación con el art. 1258 CC.
Sin embargo a juicio de la Sala la conclusión de la sentencia de instancia ha de ser revocada pues declara la nulidad de una condición general de la contratación, en el ámbito de una relación entre profesionales, en virtud del desequilibrio económico de los límites suelo y techo de los intereses remuneratorios cuando la licitud de dichas cláusulas ha sido reiteradamente afirmada, con carácter general, por la normativa bancaria, sin establecer restricción alguna. Normativa bancaria que además establece como principio en esta materia la libertad de pactos, tal y como resulta del art. 1 OM 12 de diciembre de 1989, sobre Tipos de Interés y Comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de Crédito, vigente al momento de suscripción de los contratos objeto de este procedimiento y el art. 4 de la vigente Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios: "Los tipos de interés aplicables a los servicios bancarios, en operaciones tanto de depósitos como de crédito o préstamo, serán los que se fijen libremente entre las entidades de crédito que los prestan y los clientes, cualquiera que sea la modalidad y plazo de la operación.". Debiendo recordar al respecto que el art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE, establece que: "La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible." Y aunque la STJCE de 3 de junio de 2010, que resolvía una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español, indicaba que no se puede impedir a los Estados miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2 , de ésta, normas más estrictas que las establecidas por la propia Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un mayor nivel de protección, lo cierto es que la reciente STS de 9/5/2013 recuerda que: "195. En aplicación de tal doctrina esta Sala en las SSTS 401/2010, de 1 de julio, RC 1762/2006; 663/2010, de 4 de noviembre, RC 982/2007; y 861/2010, de 29 de diciembre, RC 1074/2007, apuntaron, más o menos obiter dicta dicho de paso] la posibilidad de control de contenido de condiciones generales cláusulas referidas al objeto principal del contrato. Esta posibilidad, sin embargo, fue cegada en la sentencia 406/2012, de 18 de junio, RC 46/2010, que entendió que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula, no se extiende al del equilibrio de las "contraprestaciones" -que identifica con el objeto principal del contrato- a las que se refería la LCU en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control de precio." Insistiendo posteriormente la referida sentencia, tras recordar la licitud de las cláusulas suelo en que: "257. No es preciso que exista equilibrio "económico" o equidistancia entre el tipo inicial fijado y los topes señalados como suelo y techo -máxime cuando el recorrido al alza no tiene límite-.
259. En definitiva, corresponde a la iniciativa empresarial fijar el interés al que presta el dinero y diseñar la oferta comercial dentro de los límites fijados por el legislador, pero también le corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada la oferta. Sin diluir su relevancia mediante la ubicación en cláusulas con profusión de datos no siempre fáciles de entender para quien carece de conocimientos especializados -lo que propicia la idea de que son irrelevantes y provocan la pérdida de atención--. Sin perjuicio, claro está, de complementarla con aquellos que permitan el control de su ejecución cuando sea preciso.".
Doctrina que aún procediendo de una sentencia que resolvía un asunto enmarcado en una relación entre empresario y consumidor, es perfectamente extensible a las relaciones entre profesionales en lo que se refiere a la improcedencia de establecer un control de abusividad sobre el equilibrio económico en las cláusulas de limitación de tipo de interés en el que se funda la sentencia de instancia para la declaración de nulidad de dichas cláusulas.
CUARTO.- En definitiva lo razonado determina que deba revocarse la sentencia en cuanto declaró la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo existentes entre las partes, lo que hace innecesario examinar el motivo de recurso relativo a la reclamación de diferencias que se fundaba en que no se habían llegado a abonar las cuotas cuyas diferencias se reclamaban, pues no concurriendo causa de nulidad de dichas clausulas suelo no puede siquiera considerarse su falta de aplicación a la relación entre las partes, ni en consecuencia la existencia de diferencias reclamadas por la demandante.
QUINTO.- La estimación del recurso de apelación comporta que no se haga imposición de las costas en esta alzada conforme a lo dispuesto en el art. 398.1 de la L.E.Civil y la estimación de la demanda derivada de la del recurso interpuesto por la demandada que las costas en la instancia deban ser impuestas a la parte demandada conforme al principio del vencimiento contenido en el art. 394 de la mencionada ley. Se ordena de otro lado la devolución de los depósitos constituidos por los apelantes para recurrir.
Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuestos por BANCO X (antes Caja X) contra la sentencia dictada el día 4/6/2012 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, de lo Mercantil, en los autos de Juicio Ordinario nº 99/2011, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la referida sentencia y en su lugar dictamos otra por la que se desestima íntegramente la demanda interpuesta por X S.A. a la que se condena al abono de las costas de la primera instancia. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada. Ordenando la devolución de los depósitos constituidos por las apelantes para recurrir.
Póngase en conocimiento de las partes que, (en observancia de los Acuerdos de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de fecha 30.12.2011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal), contra esta Resolución cabe recurso de casación, por razón de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional y se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se presentarán, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.
← SCEJ CUENCA
Sentencia Audiencia Provincial de Cuenca Clausulas abusivas préstamos hipotecarios respecto de particulares →

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 10
 Resolución