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Timestamp: 2020-01-21 03:41:01+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 58, de 08/02/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 58
Sesión plenaria núm. 54
celebrada el jueves, 8 de febrero de 2001
- Real Decreto-ley 1/2001, de 19 de enero, por el que se aprueba la concesión de un aval a favor de la República de Argentina y se amplía el límite de aprobación de operaciones por el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo («BOE» núm. 18, de 20 de enero de 2001). (Número de expediente 130/000010.) . . . (Página 2675)
- Acuerdo entre España y el Fondo Internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 49, de 11 de septiembre de 2000 (Corrección de error en BOCG, Serie A, núm. 88, de 22 de diciembre de 2000). (Número de expediente 110/000039.). . . (Página 2772)
- Tratado general de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 30 de junio de 2000.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 70, de 27 de octubre de 2000. (Número de expediente 110/000052.) . . . (Página 2774)
- Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, hecho en Torremolinos el 2 de abril de 1993. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 73, de 10 de noviembre de 2000. (Número de expediente 110/000053.). . . . (Página 2744)
- Protocolo al Convenio para la cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y Estatutos de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, hecho en La Habana el 15 de noviembre de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 75, de 17 de noviembre de 2000. (Número de expediente 110/000054.) . . .
(Página 2774)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 15-1, de 15 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000015.) . . . (Página 2774)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones establecidas en diversas sentencias firmes falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm.
20-1, de 3 de noviembre de 2000. (Número de expediente 121/000020.) .
. . (Página 2777)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 22-1, de 11 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000022.) . . . (Página 2777)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/ 1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm.
23-1, de 22 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000023.) . . . (Página 2783)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 2765)
Real Decreto-ley 1/2001, de 19 de enero, por el que se aprueba la concesión de un aval a favor de la República de Argentina y se amplía el límite de aprobación de
operaciones por el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo. . . . (Página 2765)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, para su convalidación el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
Comienza la presentación del real decreto-ley subrayando algo que, considera, merece el consenso político de toda la Cámara y, probablemente, de la práctica totalidad de la población española, es
decir, las vinculaciones y el respaldo de España al desarrollo político, económico y social de Hispanoamérica, que no sólo se manifiesta con una presencia económica y una clara confianza de ahorradores e inversores españoles, sino también en una histórica vinculación profunda de aspectos humanos y familiares.
A continuación muestra su confianza en las transformaciones que se están llevando a cabo en las sociedades iberoamericanas democráticas, pero siendo consciente de los costes que en términos decrecimiento y, sobre todo, de desarrollo social y humano están teniendo algunos programas de ajuste y también de los avatares que este tipo de economías pueden sufrir como consecuencia de la globalización de los mercados financieros. Explica los efectos que produjo en Iberoamerica la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998 y da una serie de datos sobre el crecimiento económico que, en Argentina concretamente, se situará en el entorno del 0,5 en el año 2000, dando lugar a una crisis de confianza en los mercados internacionales que ha llevado a una elevación muy importante del coste de su deuda externa, que se acercó al diferencial de 1.000 puntos básicos respecto a los bonos norteamericanos. Explica las medidas adoptadas por el Fondo Monetario Internacional y el respaldo expreso bilateral del Gobierno español solicitado por el Gobierno argentino por considerar que iba a ser muy valorado por los mercados, al que se ha respondido con un préstamo, a través del Fondo Monetario Internacional, de 1.000 millones de dólares, del cual el aval que hoy presenta ante la Cámara es su reflejo presupuestario, explicando a continuación las condiciones impuestas al Gobierno argentino.
Por otra parte se refiere a las modificaciones que figuran también en el real decreto-ley respecto al Fondo de Ayuda al Desarrollo para responder a la crisis producida en el Salvador. El Gobierno entiende, y por eso lo trae a la Cámara, que era preciso hacer frente a la situación en El Salvador de manera ágil y rápida, sin detraer fondos de los programas de inversiones públicas previstos y que son imprescindibles para el desarrollo del país. Expresa su convencimiento de que los grupos parlamentarios respaldarán la acción del Gobierno, que es sin duda una acción de Estado, que viene a subrayar una política mantenida por todos los gobiernos españoles respecto a Iberoamerica y respaldada por la sociedad española.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pérez Casado, del Grupo Parlamentario Socialista, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2001, de 19 de enero, por el que se aprueba la concesión de un aval a favor de la República de Argentina y se amplía el límite de aprobación de operaciones por el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, se aprueba por 289 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 2772)
Acuerdo entre España y el Fondo Internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000 . . . (Página 2772)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el acuerdo entre España y el Fondo Internacional de Indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000, se aprueba por 287 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Tratado general de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 30 de junio de 2000 . . .
Sometido a votación, se aprueba por 295 votos a favor.
Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, hecho en Torremolinos el 2 de abril de 1993 . . . (Página 2774)
Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.
Protocolo al Convenio para la cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución e la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y Estatutos de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, hecho en La Habana el 15 de noviembre de 1999 . . . (Página 2774)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios . . . (Página 2774)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, se aprueba por 181 votos a favor, 111 en contra y siete abstenciones.
Proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones establecidas en diversas sentencias firmes falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos . . . (Página 2777)
Sometido a votación, se aprueba por 298 votos a favor y uno en contra.
Debates de totalidad de totalidad de iniciativas legislativas . . .
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje . . . (Página 2777)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). Explica lo que a principios de los años setenta se denominó el plan de autopistas que, con un régimen cambiario fijo y un mercado de capitales mínimamente desarrollado, necesitó de un gran esfuerzo inversor que exigía el concurso del sector privado, lo que propició el establecimiento de un sistema de concesiones administrativas otorgadas a empresas que en aquellos momentos se dispusieron a entrar en el nuevo sistema de autopistas de peaje, y la evolución del sistema desde entonces ahora.
Expone que el proyecto de ley atiende obligaciones generadas en ejercicios anteriores que, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria, publicada al objeto de controlar el déficit público mediante una presupuestación rigurosa, no pueden cargarse al ejercicio corriente por no existir crédito en el ejercicio de procedencia, lo que origina que el pago de dichas obligaciones únicamente pueda realizarse mediante una norma con rango de ley que habilite al mismo tiempo los recursos necesarios para atender el abono de dichas obligaciones, por cuanto que no existe crédito para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y LópezAmor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de devolución al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.858.385.707 pesetas para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidas
a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, se rechazan por 117 votos a favor, 184 en contra y cuatro abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 2783)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/ 1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra . . . (Página 2783)
Presenta el proyecto de ley orgánica, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). Explica en qué consistió la modificación de los artículos 29 y 30 de la Ley 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que fue fruto de un proceso muy largo que se inicia en 1993 y culmina en 1999, después de dos interrupciones: una por falta de acuerdo entre las partes negociadoras y otra por propio desestimiento del Gobierno de Navarra. Tras estas dos interrupciones, la Diputación Foral de Navarra, a instancias del Parlamento foral, solicitó de nuevo al Gobierno del Estado la reanudación del proceso negociador. Consecuencia de este proceso es el proyecto de ley que el Gobierno ha preparado y al que sólo le falta la aprobación de las Cortes Generales. El señor ministro sitúa el contenido de la reforma en el contexto de la realidad política del país, en el que todas las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por el procedimiento del artículo 143 de la Constitución han procedido a la modificación de los respectivos estatutos. Las modificaciones que se introducen en el proyecto de ley -añade- consisten en, primero, establecer la disolución automática del Parlamento cuando después de unas elecciones no se haya conseguido en el plazo de 30 días y tras sucesivas votaciones -y esto es de destacar porque ahí se diferencia del resto de las comunidades autónomas del artículo 143- la elección del presidente de la Diputación Foral y, segundo, en permitir al presidente de la Diputación foral, bajo su exclusiva responsabilidad, disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, siempre dentro de ciertos límites que son los establecidos para las demás comunidades autónomas del artículo 143.En cualquier caso, el mandato del nuevo Parlamento que surja de las elecciones, tanto en el primero como en el segundo de los supuestos, queda limitado al tiempo que queda de legislatura ordinaria. Finalmente, solicita de la Cámara la aprobación de este proyecto de ley orgánica que ha sido elaborado, afirma, siguiendo escrupulosamente el procedimiento de reforma previsto en la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ripa González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación en un solo acto, en virtud del artículo 150.2 del Reglamento, el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, se aprueba por 298 votos a favor y siete en contra.
Se levanta la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía
- REAL DECRETO-LEY 1/2001, DE 19 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE UN AVAL A FAVOR DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA Y SE AMPLÍA EL LÍMITE DE APROBACIÓN DE OPERACIONES POR EL CONSEJO DE MINISTROS CON CARGO AL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO. (Número de expediente 130/ 000010.)
Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Para la presentación del referido real decreto-ley, tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara el decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 19 de enero en el que el Gobierno acuerda la concesión de un aval a favor de la República de Argentina y se amplía el límite de aprobación de operaciones por el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Quiero comenzar la presentación del real decretoley en nombre del Gobierno subrayando algo que creo que merece el consenso político de toda la Cámara y probablemente de la práctica totalidad de la sociedad española, es decir, las vinculaciones y el respaldo de España al desarrollo político, económico y social de Hispanoamérica, que no sólo se manifiesta, aunque de hecho lo hace con gran importancia en los últimos años, con una presencia económica y una clara confianza de los inversores y ahorradores españoles en el desarrollo económico y social de los países iberoamericanos, sino que se manifiesta también en una histórica vinculación profunda en muchos casos de aspectos humanos y familiares de gran importancia.
España está convencida de que las transformaciones que las sociedades iberoamericanas han llevado a cabo en los últimos años han propiciado no sólo el asentamiento de regímenes democráticos sino también políticas de estabilidad que, como SS.SS. conocen, han hecho desaparecer las inflaciones de los años ochenta y están permitiendo que, desde el punto de vista macroeconómico, en términos de inflación y déficit público, la mayor parte de los países iberoamericanos se sitúen en parámetros similares a los de otros países desarrollados.
Sin embargo, también somos conscientes del importante esfuerzo que las sociedades están realizando, de los costes que en términos de crecimiento y sobre todo en términos de desarrollo social y humano están teniendo algunos de estos programas de ajuste y también de los avatares que este tipo de economías puede sufrir como consecuencia de la globalización de los mercados financieros, de las crisis financieras que puedan producirse en otras partes del mundo y de los efectos contagio sobre las economías iberoamericanas. Además, el Gobierno español mantiene desde hace mucho tiempo la posición de que, dentro de las políticas de ayuda al desarrollo, la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países.
América Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998, a través de los tipos de interés internacionales que frenaron su crecimiento en el año 1999, y puso de manifiesto la vulnerabilidad de la economía regional a los choques externos, produciendo una importante caída del comercio interregional en casi todos los países si exceptuamos Méjico y parte de Centroamérica.
Los datos del año 2000 nos indican un crecimiento más vigoroso que el del año 1999, aunque repartido de manera poco uniforme; hay países con crecimiento del 7 por ciento y otros con crecimiento cero. Entre estos últimos se encuentra Argentina, que durante el año 1999 y el año 2000 ha tenido una evolución económica muy baja, con un crecimiento que no llegará al 1 por ciento y que se situará en el entorno del 0,5 en el año 2000. Como consecuencia del mismo, ha sufrido una crisis de confianza en los mercados internacionales que se manifestó en los últimos meses del año 2000 con una elevación muy importante del coste de su deuda externa, que se acercó al diferencial de 1.000 puntos básicos con respecto a los bonos norteamericanos. Esta cifra, que puede parecer de efectos exclusivamente macro, ha tenido indudables consecuencias en la vida de las pequeñas empresas y de las familias argentinas con incrementos del precio del dinero interbancario cercanos al 23 por ciento. Pueden suponer SS.SS. el coste que ha tenido esto para la vida diaria de muchas argentinas y argentinos. El paquete financiero que, ideado por el Fondo Monetario Internacional, se puso en marcha a finales del año pasado ha permitido ya a estas alturas, como saben SS.SS., reducir claramente el coste de la deuda por debajo de los 700 puntos básicos de diferencial con el bono americano, en una tasa claramente descendente que está permitiendo una recuperación de la economía argentina que todos saludamos como muy beneficiosa no sólo para Argentina sino para el conjunto del área.
La evolución de la deuda externa no es solamente sensible a la de los tipos de interés, sino que lo es también a la evolución de la tasa de crecimiento, ya que ésta última indica cuál será su capacidad para mantener la estabilidad macroeconómica y por tanto las políticas de contención y reducción del déficit público, a través de las cuales los mercados internacionales pueden hacer la valoración de una economía. Una economía como la argentina, que tuvo en el año 1999 una tasa de crecimiento negativa de más del 3 por ciento y en el año 2000 una tasa de crecimiento prácticamente nula, como he dicho, tenía graves problemas de confianza en los mercados internacionales que podían acrecentar un círculo vicioso en el que la falta de crecimiento producía incrementos en los tipos de interés y éstos aumentaban las presiones sobre el déficit público, que a su vez exigía recortes importantes de gasto público que acrecentaban los riesgos de crecimientos cada vez menos positivos, y así sucesivamente.
El origen de estas crisis en muchos casos, como en el caso argentino reciente, está en crisis financieras internacionales y en los efectos de las mismas sobre países vecinos, como fue la crisis y devaluación de Brasil en el año 1999. Por tanto, no estamos ante un caso de falta de solvencia real de una economía, ni
siquiera tampoco ante un caso de falta de capacidad de sus gobiernos de llevar a cabo reformas estructurales. Será difícil encontrar un país en desarrollo que haya transformado más rápidamente su economía que la sociedad argentina en los últimos diez años. Todos somos testigos de los fenómenos de hiperinflación de finales de los ochenta en Argentina y del importante esfuerzo que han realizado no ya los gobiernos sino la sociedad para adaptarse a un entorno mundial de estabilidad macroeconómica y de mercados globalizados. El esfuerzo que hace también la sociedad argentina manteniendo su moneda pegada a un tipo de cambio fijo con el dólar, como muestra de su confianza en la estabilidad macroeconómica, tiene sin duda repercusiones costosas para la vida diaria de los argentinos en momentos en los que se producen crisis financieras en países vecinos, como puede ser el Brasil, o en momentos en los que se elevan los tipos de interés internacionales o la cotización del dólar, como ha sucedido a lo largo del año 2000.
La desconfianza que podía generarse en los mercados financieros internacionales no estaba relacionada con la realidad económica argentina y con su capacidad de mantener estabilidad macroeconómica, sino con un contexto de efecto de contagio de otras crisis en otros lugares. Por ello, tanto la comunidad internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron con las autoridades argentinas llevar a cabo un programa de ayuda financiera que recuperase la estabilidad de la balanza de pagos y que permitiese recuperar la confianza en los mercados internacionales del Gobierno y de la economía argentina.
Es significativo -y me gustaría subrayarlo- que este programa financiero ha sido acompañado, prácticamente en un volumen similar, por un programa financiero del sector privado argentino en el que participan bancos e instituciones financieras, como fondos de pensiones, lo cual supone que este programa financiero para Argentina tiene la calidad de diferenciarse de otros en los que no sólo el sector público nacional o internacional aporta fondos, sino que también el sector privado hace un claro esfuerzo de respaldo a la confianza argentina. En ese sentido, tengo que manifestar, como he hecho ya en la Comisión de Economía del Congreso, que en el mes de septiembre del año 2000 el Gobierno argentino se dirigió al Gobierno español solicitando que el Gobierno español participase de manera bilateral en este paquete de ayuda, por entender el Gobierno argentino que una confianza expresa por parte del Gobierno español era una confianza deseada por el Gobierno argentino. Sin duda, el nuevo papel que juega España en el contexto internacional, nuestra pertenencia a la Unión Europea y al euro y también el respaldo que el sector privado español está dando a la sociedad y a la economía argentina desde hace varios años, con inversiones en sectores muy importantes como el financiero, el energético, el de telecomunicaciones, han hecho pensar al Gobierno argentino que un respaldo expreso del Gobierno español, no el que se realiza a través del Fondo Monetario Internacional, como el de otros países como Estados Unidos o de la Unión Europea, sino un respaldo expreso y bilateral del Gobierno español era algo que, desde el punto de vista de la confianza internacional, iba a ser valorado por los mercados.
España tiene ya una larga tradición de ayuda a países iberoamericanos que tienen problemas de estabilidad financiera, como se demostró en el año 1995 en el caso de la crisis mejicana o en el año 1999 en el caso de la crisis brasileña. Sin embargo, la diferencia con esas dos situaciones radica en que tanto en el caso mejicano como en el brasileño se produjeron paquetes de ayuda multilaterales de instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, acompañadas de paquetes bilaterales de prácticamente todos los miembros del G-7 y de España. Por el contrario, en este caso -vuelvo a subrayar- España es el único país que de manera bilateral ha recibido la solicitud del Gobierno argentino y ha respondido a la misma con un préstamo a través del Fondo Monetario Internacional de 1.000 millones de dólares, del cual el aval que hoy presento ante la Cámara es su reflejo presupuestario.
En ese sentido, me gustaría destacar que España establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual nuestra aportación a Argentina está sujeta a la misma condicionalidad macroeconómica, es decir a las reformas que el Gobierno argentino se ha comprometido a llevar a cabo desde el punto de vista de los mercados y desde el punto de vista de la política presupuestaria, a la misma condicionalidad macroeconómica del Fondo Monetario Internacional, a los mismos desembolsos proporcionalmente establecidos, a los plazos de amortización y a las condiciones de financiación del Banco de España a Argentina, que serán las mismas que las del stand by del Fondo Monetario Internacional, con la posible excepción de los tipos de interés que hemos negociado directamente con el Gobierno argentino. El Banco de España suscribirá un acuerdo con el Tesoro argentino que regulará las condiciones concretas en que se va a efectuar la financiación.
Las transferencias de fondos de España a Argentina se efectuarán a través de una cuenta administrada que el Fondo Monetario Internacional abrirá siguiendo instrucciones de las autoridades españolas. La instrumentación de la financiación española en este caso es absolutamente novedosa. Es la primera vez que nuestro país establece una línea de crédito para otro país a través del Fondo Monetario Internacional y por tanto hacemos una operación de financiación directa en la que el Tesoro español asume el riesgo y el Banco de España la aportación de liquidez. Pero también tengo que decir que es novedosa esta operación por parte del propio Fondo Monetario Internacional, para realizarse a través
de una cuenta administrada por él que constituye una primera experiencia para la propia institución del Fondo Monetario Internacional.
La razón para optar por el mecanismo de una cuenta administrada en el Fondo Monetario Internacional es claramente no sólo condicionar nuestra aportación financiera a Argentina a las condiciones del Fondo, desde el punto de vista de los plazos de desembolsos y de los plazos de amortizaciones, sino también condicionarla a las reformas que el Gobierno argentino y el Parlamento argentino se han comprometido a llevar a cabo. Al mismo tiempo también hacer más obvia nuestra cada vez más importante relación con las instituciones financieras internacionales en las que España está jugando papeles claramente superiores a sus cuotas de participación y que reflejan las nuevas responsabilidades de España en el contexto internacional.
La Cámara conoce el importante esfuerzo que la sociedad española está haciendo en la condonación de deuda a países altamente endeudados que supera los mil millones de dólares y que creo que sitúa a nuestro país, en términos relativos, como uno de los más activos en la condonación de la deuda de los países pobres altamente endeudados.
Volviendo al tema de la operación con Argentina, los desembolsos del principal serán avalados por España y seguirán idéntica cadencia proporcional que los desembolsos del Fondo Monetario Internacional desde la activación de la línea que se produjo el 21 de diciembre del año 2000 hasta finales del año 2001 y que seguirán el siguiente calendario: 340 millones de dólares en enero de 2001; 165 millones de dólares también en enero de 2001; 165 millones de dólares en mayo de 2001; 165 millones de dólares en agosto de 2001 y 165 millones de dólares en noviembre de 2001.
Al mismo tiempo, el decreto-ley que tengo el honor de presentar ante la Cámara recoge modificaciones con respecto a nuestro fondo de ayuda al desarrollo para responder a la crisis producida en El Salvador que, como conocen SS.SS., ha tenido unas proporciones dramáticas no sólo en términos de pérdidas materiales, sino sobre todo desde el punto de vista de pérdidas humanas y también de posibilidades de mantener mínimos y satisfactorios niveles de calidad de vida para los ciudadanos. El paquete tiene un doble objetivo: atender a la emergencia producida por el terremoto, por un lado, y canalizar también fondos para la puesta en marcha de proyectos que permitan la reconstrucción de infraestructuras que han afectado al mismo de manera muy importante, así como contemplar la viabilidad y la posibilidad de condonar la deuda que El Salvador tiene contraída con España como ayuda adicional.
Estos objetivos pueden ser atendidos a través de fondos y programas que gestiona el Ministerio de Economía en estrecha coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y su Agencia Española de Cooperación Internacional. Además, está prevista una reunión del grupo consultivo para El Salvador, coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, para el próximo 8 de marzo, que se celebrará en Madrid, y en la que se va a realizar una labor de coordinación de la ayuda internacional a El Salvador como consecuencia del desastre que se acaba de producir. A dicha reunión del Comité consultivo de El Salvador del 8 de marzo seguirán las del grupo consultivo del conjunto de Centroamérica, que, como sabe la Cámara, estaban previstas precisamente para los días 18 y 19 de enero del presente año y que fueron suspendidas a raíz de la catástrofe que se acababa de producir en El Salvador. Los dos tipos de ayuda a los que me he referido, los de emergencia y los de reconstrucción, tendrán sin duda la participación de empresas españolas en ambos casos. El Gobierno entiende, y eso es lo que trae a la Cámara, que era preciso hacer frente a la situación en El Salvador de manera ágil y rápida y esta ayuda de emergencia permite, además, que no se detraigan fondos de los programas de inversiones públicas previstos y que son imprescindibles para el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía, a través de los fondos que gestiona, está en disposición de canalizar la participación de empresas españolas en esta tarea de reconstrucción.
Muy brevemente, tengo que decir que la ayuda financiera no reembolsable de los fondos que estamos aprobando al Gobierno de El Salvador tendrá un importe de 1.000 millones de pesetas, es decir 6 millones de euros, desde el punto de vista de la emergencia, y de 6.000 millones de pesetas para las labores de reconstrucción. Estos proyectos de reconstrucción serán cien por cien con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, a los créditos FAD, con un elemento de liberalidad del 80 por ciento, esto es de 35 años de período de amortización, con 14 años de período de gracia y sin interés, y además los créditos tendrán una flexibilidad excepcional para la financiación de bienes y servicios salvadoreños de modo que se facilite la ejecución de todas las obras de reconstrucción necesarias. Estos proyectos abarcarán un amplio capítulo de sectores, como es la energía, la sismología, el transporte, las telecomunicaciones, el agua, el saneamiento, la educación y la salud.
Y, al tratarse de créditos que el Gobierno español concede al Gobierno salvadoreño para la compra de bienes y servicios españoles, se procederá en cooperación con los organismos internacionales que están involucrados en estas labores de reconstrucción, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, a identificar y desarrollar proyectos que puedan contribuir a la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto. Estas instituciones que acabo de mencionar, especialmente el Banco Centroamericano de Integración Económica, podrán canalizar la ayuda financiera española. Una vez identificados los proyectos que se consideren más adaptados a las posibilidades de ejecución de las empresas españolas, se procederá con carácter general
a la convocatoria de una licitación pública restringida para satisfacer esos proyectos. Adicionalmente, el Gobierno ha acordado la condonación de la deuda con El Salvador en toda la parte que ha resultado posible inmediatamente, pero hemos de tener en cuenta que la deuda de El Salvador con España vence a partir del año 2007, de manera que una condonación de la deuda no tiene en estos momentos una incidencia inmediata que permita a las autoridades salvadoreñas reaccionar de manera rápida ante sus problemas.
Creo sinceramente, señorías, que la justificación de la utilización del decreto-ley en estos dos casos es muy clara. Desde el punto de vista de Argentina, independientemente de que el Gobierno y los grupos parlamentarios de la Cámara conocieran por información del Gobierno y la sociedad española también nuestra disposición a responder al requerimiento del Gobierno argentino, teníamos que aprobar la medida en el momento en que se cerrasen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y, en segundo lugar, con respecto a la ayuda a El Salvador creo que la Cámara comprende perfectamente nuestra reacción en el menor tiempo posible.
En cualquier caso, señorías, estoy convencido de que los grupos parlamentarios respaldarán esta acción del Gobierno que es sin duda una acción de Estado que viene a subrayar una política mantenida por todos los gobiernos españoles respecto a Iberoamérica y a nuestra confianza, por un lado, de que los cambios sociales, políticos y económicos llevados a cabo por las sociedades iberoamericanas en los últimos años asientan sus posibilidades de crecimiento y que hemos de ayudarles a evitar los costes de las imperfecciones del sistema financiero internacional y de los efectos contagio sobre las balanzas de pago y, por otro, la solidaridad no ya de las administraciones públicas españolas sino de la sociedad española con los países iberoamericanos, especialmente en situaciones de catástrofes naturales altamente costosas en términos humanos y en términos sociales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
Vista la exposición de motivos y la justificación que trae este real decreto-ley para la concesión de un aval a favor de la República de Argentina y los argumentos que ha expuesto el señor vicepresidente para Asuntos Económicos del Gobierno y ministro de Economía, señor Rato, Coalición Canaria, primero, quiere dar, con su voto que va a ser de apoyo a la convalidación de este real decretoley, un testimonio de solidaridad desde nuestra coalición y del archipiélago canario con la República de Argentina, con la que tantos lazos históricos y culturales nos unen a lo largo de los siglos y años pasados. En segundo lugar, porque la intencionalidad de este real decreto-ley tiene la carga de la razón y de la racionalidad -como se deriva también de la exposición de motivos y de la amplia exposición que ha hecho el vicepresidente económico del Gobierno- por estar dentro de la política de sentido común y canalizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Iberoamericano de Desarrollo. No tendría sentido que con las inversiones que en este momento ha efectuado España, no solamente en los campos financieros o bancarios, sino en los tecnológicos, en las empresas de servicios, en los contratos de grandes obras públicas en la República Argentina y en las telecomunicaciones, hiciéramos una política de espaldas a la realidad cruda y difícil que tienen en este momento la economía y las finanzas en la República Argentina, porque una carencia de ayuda internacional, como la que en este momento le presta España a través del Fondo Monetario Internacional, llevaría a Argentina a un descrédito entre las instituciones financieras públicas internacionales de captación de recursos para el pago de su deuda externa y la financiación de la misma. Un crack económico en Argentina, señorías, tendría una repercusión financiera y económica negativa en todas aquellas empresas españolas que, bien con contratos oficiales con el gobierno argentino, bien en una libre competencia dentro de una economía libre de mercado como tiene Argentina, están actuando en la República de la Plata. La fuerte banca española en captaciones con recursos financieros en Argentina, con la compra de bancos argentinos, está actuando allí desde hace años. Un crack en el sector financiero argentino es un crack en el sector bancario, en todas las entidades bancarias que estén operando en la República Argentina, y allí está España en primerísimo lugar.
La balanza comercial en este momento entre España y Argentina, tremendamente favorable para España, hace que tengamos que tener en cuenta un principio de racionalidad, aparte del principio de solidaridad histórica y cultural y aparte también de los principios de teoría política solidaria. Es cuestión de pragmatismo apoyar este aval de 1.000 millones de dólares norteamericanos, de cinco años de duración, haciéndose cargo también España de las cargas financieras que pueda tener la concesión de este aval, que creemos que tiene todas las garantías de los organismos que van a instrumentalizar la gestión de dicho aval, en primer lugar, porque todo el proceso de instrumentalización de este aval está concebido a través de las directrices y la garantía del FondoMonetario Internacional y porque es necesario para
conseguir las garantías internacionales de otras entidades que también tienen que apoyar la situación financiera y económica de Argentina. En segundo lugar, porque la instrumentalización española se va a realizar de manera coordinada entre el Ministerio de Economía -este real decreto-ley otorga poderes al ministro de Economía- y el Banco de España. Es una instrumentalización de garantías financieras que se va a efectuar a través del Banco de España.
Creemos, por tanto -y ya termino-, en la necesidad del trámite de urgencia porque la situación financiera argentina no admite ninguna demora. Tenemos que contribuir con nuestra ayuda ofreciendo las garantías inmediatas, teniendo en cuenta el compromiso contraído por el Estado español en la visita del pasado año a España del señor presidente de la República Argentina cuando demandó este apoyo financiero y una presencia económica española. Sería un desatino, incluso político, para España, como miembro de la Unión Europea, que otros países con intereses económicos allí, que tratan de buscar cuota de mercado en Argentina -como Francia, Reino Unido y, sobre todo, Alemania, por los vínculos que tienen algunas empresas relacionadas con personalidades de nacionalidad alemana y con financiación de la banca alemana-, dieran una respuesta financiera más favorable, con lo que España, en una política ciega, perdería la oportunidad de estar allí presente. Creemos que de la concesión de este aval solamente se derivan beneficios financieros, económicos, culturales, históricos y, sobre todo políticos, para el Reino de España.
Por tanto, mi grupo, señora presidenta, va a votar muy solidariamente a favor de estos principios y en la línea que nos ha solicitado el señor vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía, señor Rato. En nuestra coalición tenemos las ideas claras en lo que respecta a apoyar a Argentina y vamos a dar nuestro voto favorable.
Señorías, señor vicepresidente, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este decreto-ley, y lo va a hacer en los dos grandes aspectos que el mismo aborda: en primer lugar, en tanto que este decreto-ley, en colaboración y en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, puede contribuir, y esperemos que así lo haga, a ayudar a la economía de Argentina, una economía, señorías, que en los últimos meses ha sufrido fuertes restricciones financieras en los mercados de capitales y, por tanto, damos nuestro absoluto apoyo a la convalidación en este aspecto; en segundo lugar, porque este decreto-ley puede contribuir al alivio de la deuda de los países pobres fuertemente endeudados. En tanto en cuanto, tal y como ha expuesto el vicepresidente segundo del Gobierno, puede contribuir a ayudar a esa línea de crédito para la reconstrucción de El Salvador, nuestro grupo parlamentario, señora presidenta, señorías, quiere en este debate manifestar nuestra absoluta solidaridad con El Salvador. Nuestro grupo ya ha presentado una proposición no de ley para ayudar a El Salvador ante esta fuerte catástrofe que está sufriendo y esperamos que la solidaridad de todos los países ayude a su reconstrucción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero decirles que mi grupo va a votar sí. No obstante, me permitirán primero una jocosidad. Vamos a votar sí, pero no como en otra ocasión, cuando se trataba de Méjico y había otro Gobierno, en que se permitió algún tipo de bromas. Nosotros, sin ninguna broma.
Estamos de acuerdo con la argumentación, estamos de acuerdo con el fondo y estamos de acuerdo, sobre todo, en ayudar a la República de Argentina, no sólo por nuestros intereses, que los hay, intereses empresariales y económicos, sino también por intereses humanos: decenas de miles de nuestros conciudadanos, emigrantes en este caso a Argentina, sufren las consecuencias de la crisis económica y financiera. Hay, pues, esas razones de interés estratégico y económico, y hay intereses de solidaridad y de respeto hacia nuestra gente que allí trabaja.
Pero hay una cosa que nos sorprende dentro de este decreto-ley. Ha aludido el señor vicepresidente del Gobierno a la necesidad de actuar ágilmente en el caso de El Salvador, y yo estoy de acuerdo. Mi grupo ha presentado una proposición no de ley para prestar una ayuda inmediata, ágil y eficaz a la República de El Salvador ante la magnitud de la catástrofe. Pero, ¿creen realmente que el instrumento adecuado es un Fondo de Ayuda al Desarrollo? Desde luego es uno de ellos, pero no el único. Nosotros hemos propuesto con reiteración en el Pleno, a propósito del debate presupuestario, que deberíamos distinguir lo que es la ayuda ligada -y los fondos FAD son una ayuda ligada- de lo que es la ayuda directa, de emergencia, en unos casos, y de política y estrategia de Gobierno, en otros, de cooperación internacional. Se afirma, y estamos de acuerdo en ello también, que la cooperación es uno de los pilares de la política exterior
de España, pero vincular toda ayuda a un retorno es algo así como defraudar el interés solidario que ha demostrado nuestra sociedad estos días y minusvalorar lo que es -y ha sido dicho en esta misma Cámara- la ayuda desinteresada.
En todo caso, aunque hemos dicho que vamos a votar que sí, volvemos a decirles que hay que abordar de modo sistemático, coordinado, conjunto y con amplio consenso de Estado las políticas de condonación, de reconversión de la deuda externa de los países altamente endeudados, que en la disposición adicional se citan.
Volvemos a decir con toda amabilidad que no hay que confundir la promoción económica de las empresas españolas en el exterior con las políticas de cooperación. Mi grupo ha insistido -yo mismo lo he podido expresar aquí- en el carácter necesario, imprescindible de ayudar a nuestras empresas a promocionarse en el exterior, pero ¿en una ayuda de emergencia nuestras empresas van a llevarse los ladrillos de España para reconstruir escuelas en El Salvador? Yo estoy seguro que no. En este caso, sería preferible no acudir al expediente de los créditos FAD y sí a la ayuda directa de emergencia.
En ese sentido, debo recordarles que nosotros propusimos enmiendas a la Ley de presupuestos que incrementaban el fondo de disponibilidad para emergencias, y ustedes se obstinaron en decirnos que no; les propusimos la creación de una comisión específica para abordar en su totalidad el problema de la deuda externa y de los países pobres, invoqué incluso, como ustedes suelen hacer en otros casos, la enorme autoridad moral de Su Santidad el Papa para reclamar, una vez más, la condonación de la deuda a los países altamente endeudados, pero ustedes se obstinan en no hacernos caso y nosotros nos obstinamos, como pecadores que somos, diría el Buscón, en recordárselo y demostrar sin ironía ninguna que estamos de su lado cuando proponen ser solidarios con la República Argentina, ser solidarios con la República de El Salvador y, en definitiva, contribuir desde un escenario afortunado para nuestro país, que ya es país de inmigración y no de emigración.
Votaremos que sí con la convicción de que el pueblo y el Gobierno de la República Argentina lo agradecerán, igual que la República de El Salvador; no sólo son los créditos del fondo de ayuda al desarrollo, sino las propuestas, que estoy seguro que ustedes votarán favorablemente, que figuran en nuestra proposición no de ley respecto a la República de El Salvador, porque, como es lógico, tenemos el mismo objetivo y los mismos intereses.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Casado.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos pide hoy el Gobierno que convalidemos un real decreto, aprobado el pasado 19 de enero, para conceder un aval de 1.000 millones de dólares a la República de Argentina y pide el Gobierno también a la Cámara que convalide, dentro de este real decreto, la ampliación del límite de aprobación del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Dos cosas muy rápidas, señorías. Se trata, como ha dicho el vicepresidente del Gobierno, de una medida de confianza solicitada por el Gobierno argentino y dirigida hacia las posibilidades de su economía, además de un apoyo financiero expreso por parte de España para superar las dificultades que está teniendo esa República en los últimos meses y que hoy han sido aquí referidas. Se enmarca, como nos han dicho también, en una operación financiera diseñada y autorizada por el Fondo Monetario Internacional, y creo que esto es preciso señalarlo, aunque sea de manera breve y rápida. Esta operación está condicionada a la puesta en práctica de una política macroeconómica y estructural ordenada, que facilite un crecimiento económico sostenido y que permita a medio plazo alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas argentinas.
El Gobierno argentino, señorías, está adoptando una serie de medidas de ajuste económico que en su conjunto, además de avanzar en la disciplina fiscal, permiten asegurar que la economía de ese país está en la dirección adecuada hacia el futuro, lo que sin duda va a aumentar las posibilidades que tiene. El Gobierno quiere respaldar -nosotros se lo pedimos a la Cámara y, a tenor de las intervenciones del resto de los grupos, el acuerdo va a ser unánime- esos esfuerzos con una prueba fehaciente de compromiso y confianza en Argentina, recogiendo un poco las aspiraciones de todos. Pero, señorías, el Gobierno opta una vez más por desarrollar una política activa y de referencia ante el conjunto de la comunidad internacional y refuerza su papel ante las instituciones financieras multilaterales, en concreto ante el Fondo Monetario Internacional, en apoyo de Iberoamérica, como lo ha hecho ya en otras ocasiones. Señorías, esta presencia más activa de España en las instituciones financieras internacionales, más acorde al papel que nos corresponde, se concreta en el decidido apoyo que España viene prestando a los programas de reducción de la deuda de los países pobres más endeudados y en especial de los países iberoamericanos. Importantes medidas de reducción y de condonación de deuda se están poniendo en marcha en los últimos meses, incluso años, desde el punto de vista de nuestra política bilateral. En el plano multilateral -y se ha dicho con reiteración-, España apoya la iniciativa HIPC -en sus siglas en inglés-, propiciada tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional. Precisamente los compromisos adquiridos por España en el sentido de apoyar la reducción y
la condonación de la deuda de los países pobres aconsejan hoy, y por eso el Gobierno lo pide, la ampliación del crédito de 25.000 millones del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Se han vertido algunas manifestaciones, dentro de la sintonía, de la unanimidad y del apoyo general de la Cámara a la propuesta del Gobierno, sobre el tema de El Salvador y sobre las cuestiones de la deuda externa. No me voy a extender mucho, pero quiero recordarle a la Cámara algunos datos. El conjunto de la operación de ayuda a El Salvador va a superar los 8.000 millones de pesetas, lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno y lo dijo ayer, en esta Cámara, el ministro de Asuntos Exteriores a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que también ha presentado una proposición no de ley de medidas de apoyo a El Salvador. Señorías, hay que hablar, si se me permite, lo digo con toda la humildad y cortesía, con una cierta propiedad. Las donaciones de emergencia, las no reembolsables -en este momento hay un paquete de 1.000 millones de pesetas- probablemente van a superar los 2.000 ó 3.000 millones de pesetas en función de las aportaciones que la sociedad española ha hecho tanto a la Agencia Española de Cooperación como a las diferentes organizaciones no gubernamentales. Se han previsto unos créditos de 6.000 millones de pesetas, señor Pérez Casado, con un componente de donación y de liberalidad del 80 por ciento. Eso es donación no reembolsable. Haga usted la cuenta y verá que las donaciones no reembolsables son de extraordinaria importancia. El elemento de derivar la deuda a 35 años también es extraordinariamente importante.
Señorías, tenemos la obligación desde Europa, desde los países desarrollados, desde aquellos que protagonizamos e impulsamos políticas de cooperación seria, de condicionar las condonaciones y reducciones de deuda. Nos lo están diciendo las organizaciones sociales, nos lo dicen las instituciones financieras, hay que condicionar de alguna manera, porque nosotros somos partidarios de la corresponsabilidad en el desarrollo, que es la única manera de alcanzar cotas de desarrollo sostenido. La pura y simple donación no asegura el desarrollo económico ni siquiera el desarrollo social y humano. En este caso, además, el elemento de liberalidad, de donación no reembolsable es extraordinariamente importante, y España lleva ya, señorías, desde 1996 realizando una política activa de condonación de deuda, influyendo en las organizaciones multilaterales en ese sentido de manera extraordinariamente importante.
Tiempo tendremos, señorías, de discutir estas cuestiones, pero, hasta la fecha, España ha condonado, por ejemplo, en su totalidad la deuda de Mozambique, de Mauritania y de Uganda, España ha comprometido 70 millones de dólares al Fondo fiduciario del Banco Mundial para reducir la deuda de los países HIPC Iberoamericanos y 43 millones de dólares a través de la utilización de remanentes del Fondo Europeo al Desarrollo para alivio de la deuda de los países ACP, África, Caribe y Pacífico. Además, España es un país activo en esta materia, porque desde hace años, en concreto desde 1996, el Ministerio de Economía realiza una política de gestión activa de la deuda de extraordinaria importancia. Se hacen operaciones de conversión de deuda en inversiones privadas, orientadas al desarrollo de infraestructuras sociales y económicas en Mauritania, en Egipto, en Jordania y en Marruecos, y también se hacen operaciones de conversión de deuda en inversiones públicas de desarrollo; es convertir la deuda en moneda local y en inversiones en los propios países. Así, en estos momentos hay siete programas de conversión de deuda. Uno de ellos con El Salvador, antes del terremoto, para la reconstrucción de ese país como consecuencia del huracán Mitch; con Perú, para luchar contra la droga; con Bolivia, para problemas de reconstrucción básica; con otros países, en programas de medio ambiente y en Centroamérica para su reconstrucción. Siete programas de conversión de deuda con un monto importante. Yo creo que la ampliación del límite de disponibilidad de los créditos FAD que hoy nos pide el Gobierno y el aval a la República de Argentina para ayudarle a superar sus dificultades de los últimos meses merece el apoyo unánime de la Cámara.
Gracias, señorías y señora presidenta.
Convalidación o derogación de reales decretosleyes. Real decreto-ley 1/2001, de 19 de enero, por el que se aprueba la concesión de un aval a favor de la República de Argentina y se amplía el límite de aprobación de operaciones por el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 289; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la convalidación del referido real decreto-ley.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/ 1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra no se producirá antes de las 11 horas.
- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y EL FONDO INTERNACIONALDE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN
DE HIDROCARBUROS, HECHO EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 2000.
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Antes de que SS.SS. abandonen el hemiciclo, esta Presidencia intuye que hay varios puntos del orden del día que se van a votar a continuación sin debate o, por lo menos, con debates muy cortos.
En primer lugar, acuerdo entre España y el Fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000. ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Señor Rodríguez, del Grupo Mixto.
Como habrán observado SS.SS., el acuerdo entre España y el Fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos ha sufrido una corrección de error entre el texto aparecido el día 11 de septiembre en el Boletín Oficial de las Cortes y el aparecido, ya corregido, el 22 de diciembre de 2000. Esta corrección se ha realizado por iniciativa del Bloque Nacionalista Galego y queremos aprovechar la ocasión para instar al Gobierno al cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente en materia lingüística, de forma específica en lo referente al uso oficial de los nombres de los municipios y provincias de Galicia.
Quiero recordarles a todos y a todas ustedes que aprobamos solemnemente, por unanimidad, una ley que entró en vigor el día 3 de marzo de 1998, sobre denominación de las provincias de Galicia para adaptarlas a los nombres de sus capitales, en el caso concreto que nos ocupa el de A Coruña y Ourense. Como es más que frecuente que el Gobierno no respete esta legalidad, quiero recordar que anteriormente tuvimos que hacer otra corrección en un tratado hispano-portugués al referirse a un topónimo menor de Galicia como Goian y que es notorio que en los Presupuestos Generales del Estado no se utilizan los nombres de los municipios de Galicia con corrección, conforme a la legalidad. Quiero, en todo caso, aprovechar la ocasión para recordarle que en un Estado de derecho hay que cumplir las leyes, que no hay leyes para cumplir y leyes para ser violadas y que el primer deber de las administraciones públicas, de la Administración general del Estado, y en concreto del Gobierno, es observarlas escrupulosamente. Es la única forma de que se asuma la realidad plurilingüe, en mínimos, de la legalidad vigente en lo referente al uso de los topónimos, sin deformar, porque todos pertenecemos al Estado español y la única política coherente y respetuosa es la que es legal en este momento.
En segundo lugar, señora presidenta, ya para acabar, quiero recordar a SS.SS. que la catástrofe del Mar Egeo acontecida en diciembre de 1992 consistió en el vertido de más de 80.000 toneladas de petróleo en el golfo ártabro en Galicia. Ocho años más tarde no ha habido las indemnizaciones debidas a los afectados y el Gobierno tuvo que actuar mediante créditos; créditos que indican hasta qué extremo cuando una Administración pública no actúa con corrección y de forma urgente ante estas catástrofes después debe ella misma pagar las consecuencias. Hay que intentar que en toda catástrofe de esta naturaleza la Administración pública defienda el ecosistema y no deje que se trate de litigios particulares bien con la casa armadora o bien con el Fondo internacional. (Rumores.) Queremos recordar también al Gobierno español que sería importantísimo...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez, por favor.
(Pausa.) Continúe, señor Rodríguez.
Decía que sería importante que el Gobierno español replantease el funcionamiento del Fidac, en concreto, como quinto aportador financiero que es del mismo, ya que se está demostrando obsoleto y discriminatorio en estas catástrofes. Quiero recordarles que los afectados por las 30.000 toneladas de vertido producido por el Erika van a ser compensados con 38.000 millones de pesetas. Pensamos que se debe actuar con otra diligencia, que hay que enfatizar la seguridad y el control del tráfico marítimo, especialmente el de mercancías peligrosas, y en todo caso deseamos que el Gobierno español actúe con equidad y justicia a la hora de repartir las indemnizaciones entre los afectados, cofradías de pescadores y empresas de acuicultura; que controle los créditos que ha dado hasta ahora y que se inviertan en el propio sector. Por otro lado, tememos que las negociaciones con el Fidac, ya tremendamente alejadas en el tiempo -y este acuerdo sólo vale para que puedan seguirse realizando sin que pierdan sus derechos las dos partes enfrentadas-, se puedan saldar muy a la baja, solamente con 12.000 millones de pesetas, de los cuales va a tener que pagar la mitad el Estado español como responsable subsidiario de la catástrofe, precisamente por haber actuado mal en el año 1992. En todo caso, como Bloque Nacionalista Galego, queremos que se acabe de una vez con este proceso, que se tranquilice a los afectados y que el dinero que se consiga se reparta de forma equitativa y sin oscurantismo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta, porque creo que este tema, aunque ya alejado en el tiempo, es muy importante y puede volver a repetirse.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández Aguilar.
El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: Señora presidenta, acabamos de escuchar una intervención del diputado del Grupo Mixto que nos recuerda la construcción de la catedral de Santiago o algo parecido, pero una construcción sin cimientos. Así ha sido la intervención del representante del Grupo Mixto, por cuanto que estamos debatiendo algo insustancial. Es simplemente un error técnico que se produjo por el que, en vez de denominar la ciudad de A Coruña, se denominó La Coruña. Se corrigió técnicamente, se aprobó por asentimiento en Comisión y no tiene mayor entidad el hecho de la corrección que se ha efectuado.
Sometemos a votación el acuerdo entre España y el Fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 287; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido acuerdo.
(Número de expediente 110/000052.)
La señora PRESIDENTA: Tratado general de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 30 de junio de 2000. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Lo sometemos directamente a votación.
- PROTOCOLO DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977, HECHO EN TORREMOLINOS EL 2 DE ABRIL DE 1993. (Número de expediente 110/000053.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, hecho en Torremolinos el 2 de abril de 1993.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Lo sometemos directamente a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido protocolo.
- PROTOCOLO AL CONVENIO PARA LA COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB) Y ESTATUTOS DE LA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, HECHO EN LA HABANA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000054.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo al Convenio para la cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (Secib) y estatutos de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, hecho en La Habana el 15 de noviembre de 1999. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Pasamos directamente a la votación.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 15.560.625.000 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1997, POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL Y LOS AJUSTES POR LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO REGULADOR DE LOS REFERIDOS SERVICIOS. (Número de expediente 121/ 000015.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 15.560.625.000 pesetas para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea, S.
A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
El dictamen de la Comisión viene sin enmiendas. ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura. (Rumores.- Aplausos.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio al objeto de poder continuar con el debate.
(Pausa.) Adelante, señor Segura.
El señor SEGURACLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, muchas gracias por la aclamación de la que he sido objeto, con la que espero se vea correspondida la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido haciendo, y la coherencia parlamentaria significaría en efecto apoyar el contenido de la intervención de este diputado.
Señorías, el 19 de julio del año 2000 la Comisión Europea adoptó una decisión relativa a la ayuda estatal ejecutada por España en favor del sector del transporte marítimo. Esa decisión tiene su origen en el concurso de interés público abierto por el Ministerio de Fomento en diciembre del año 1997, que motivó una resolución en enero de 1998 por la cual se le adjudicaban las rutas de interés público en el Estado español a la compañía Trasmediterránea, adjudicación que significaba el disfrute de seis años a partir de enero de 1998, más cuatro de prórroga. La Comisión Europea, de oficio, ha actuado y su resolución dice textualmente lo siguiente: La Comisión concluye que España ha ejecutado ilegalmente una ayuda estatal en favor de la compañía Trasmediterránea en infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado. No obstante, la compensación puede autorizarse de conformidad con el apartado 2 del artículo 86, a pesar de serle aplicable el apartado 1 del 87 y no poder acogerse a las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. Y a continuación dice: Ha adoptado la presente decisión: Artículo 1.
España ha ejecutado ilegalmente una ayuda estatal en favor de la compañía Trasmediterránea en infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado. No obstante, la compensación puede autorizarse de conformidad con el apartado 2 del artículo 86, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado 2. Artículo 2. España pondrá término al contrato actual en o con anterioridad a la fecha del 26 de julio de 2001, suspendiendo cualquier pago en concepto de ayuda.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista alertó en esta Cámara en la pasada legislatura sobre las erróneas decisiones que el Gobierno venía adoptando en esta materia y la Comisión Europea, transcurridos tres años, no es que le haya dado la razón al Grupo Parlamentario Socialista, que no la ha pedido, sino que sencillamente ha resuelto, como consecuencia de las actuaciones que ha llevado a cabo, denunciar al Gobierno español por haber adjudicado a la compañía Trasmediterránea unas ayudas con carácter ilegal. Nosotros precisamente demandábamos al Gobierno español que adoptase decisiones adecuadas de apoyo a la compañía Trasmediterránea que no diesen origen a lo que se ha producido.
Pues bien, señorías, curiosamente, con este precedente, el Gobierno español vuelve a traer un proyecto de ley de crédito extraordinario y mucho nos tememos que puede producirse otra vez un acontecimiento equivalente. ¿Por qué? Este proyecto de ley de crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas está integrado por dos sumandos. Un primer sumando corresponde al déficit por la prestación del servicio del año 1997, algo con lo que nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo es con el contenido del segundo sumando, lo que de forma eufemística se ha denominado liquidación del contrato-programa. Nosotros mantenemos que el Gobierno se equivoca de nuevo. Este segundo sumando es una ayuda de Estado que no tendrá que ser recurrida por nadie; la Comisión Europea ya la está analizando, porque se trata de un proyecto de ley que entró en la Cámara en septiembre del año pasado y que ya ha sido materializado por el Estado, que ha abonado a la compañía Trasmediterránea los 15.000 millones de pesetas. Señorías, nosotros alertamos acerca de este nuevo error. Luego queremos que quede muy claro que el contrato-programa que el Estado suscribió con la compañía Trasmediterránea, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda en aquel momento, hoy Ministerio de Hacienda, tenía una duración de 20 años, desde diciembre del año 1977 hasta diciembre de 1997, y cada año, las Cortes Generales han ido librando un crédito extraordinario para compensar los déficit de la compañía; totalmente deacuerdo.
El Grupo Parlamentario Socialista, si en lugar de un solo proyecto de ley de 15.000 millones de pesetas, hubieran entrado dos, uno de los cuales, con unos 7.000 millones de pesetas, fuera para compensar los déficit del año 1997, lo hubiera votado a favor, porque estamos de acuerdo con ello. Ahora bien, ese sería el primer sumando. El segundo proyecto de ley, hipotético, que el Gobierno podía haber remitido a la Cámara sería por unos 8.000 millones de pesetas, en concepto de liquidación del contrato-programa, que es una ayuda de Estado, no encubierta sino clarísima, a la compañía Trasmediterránea para compensar los disparates de los anteriores gestores de la compañía, y señorías, con esto es con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Es ayuda de Estado y no tenga la Cámara la más mínima duda, en función de los precedentes sentados por la Comisión Europea que acabo de leer para que quede claramente reflejado en el «Diario de Sesiones», de que estos ocho mil y pico millones de pesetas, ayudas de Estado, serán declaradas de nuevo ilegales por la Comisión Europea, que está ya actuando de oficio, sin que se vea impulsada por ningún recurso al respecto.
Señoras y señores diputados, entenderán que el Grupo Parlamentario Socialista, que ha mantenido esta línea en la VI legislatura de las Cortes Generales, como lo viene haciendo en la VII, y que no se ha visto reconfortado con la resolución de la Comisión Europea -porque no nos ha reconfortado que sencillamente la Comisión Europea haya dado un fuerte varapalo al Gobierno-, lamente mucho que el Gobierno continúe en la improcedente línea de trabajo de aislamiento de la compañía Trasmediterránea, que va a iniciar un proceso, según ha anunciado públicamente el presidente de la misma, de privatización, donde se va a encontrar con que, primero, no disfruta del contrato de las rutas de interés público que se le adjudicó en enero de 1998 y, en segundo lugar, con que tiene -digamos- la espada de Damocles comunitaria de los 8.000 millones de pesetas de esa segunda componente de liquidación del contrato-programa que, previsiblemente, le puede ser reclamada por la propia Comisión Europea, que puede obligar al Gobierno español a que rescate ese dinero. De aquí, señoras y señores diputados, que el tema no sea baladí.
Es una compañía de importancia capital en el transporte marítimo español y, en consecuencia, en el día de hoy, parece razonable que, una vez culminada una tramitación que ha durado prácticamente cinco meses en las Cortes Generales, tramitación recogida en los diarios de sesiones -la enmienda de totalidad que presentó el grupo parlamentario, la admisión a trámite del proyecto de ley, la comparecencia del ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, en la Comisión de Infraestructuras, la comparecencia del presidente de la compañía Trasmediterránea en la Comisión de Presupuestos, el debate en ponencia y en Comisión; esa secuencia está claramente recogida-, dada la importancia del tema, dediquemos diez minutos a dejar reflejada claramente la posición de este grupo parlamentario; es algo que entendemos que está justificado en una mañana en la que la celeridad puede ser un error procedimental de las Cortes Generales españolas, que en representación de los intereses ciudadanos no pueden permitirse un acortamiento de tiempo en la tramitación de un proyecto de ley de crédito extraordinario tan singular y tan relevante para una compañía que iniciará su proceso de privatización, que este Grupo Parlamentario Socialista apoyará si se lleva con la racionalidad con la que no se ha visto acompañada la tramitación parlamentaria hasta el día de hoy para los temas de esta compañía Trasmediterránea.
Señorías, muchas gracias por el apoyo que toda la Cámara da desde luego a la compañía Trasmediterránea -así he querido interpretarlo en el aplauso inicial- y, señores miembros del Gobierno, no continúen equivocándose. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna, aunque permaneceré poco tiempo en ella, para corresponder a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre el crédito extraordinario correspondiente a la compañía Trasmediterránea por la prestación del servicio de comunicaciones marítimas de interés general durante el año 1997 y los ajustes que se corresponden con la terminación del contrato regulador. Digo que voy a ser breve no porque no tengamos nada que decir, sino porque sobre este asunto ya lo hemos dicho todo. El proyecto fue recibido con una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista que pedía su devolución al Gobierno, lo que nos permitió a unos y a otros debatir y exponer nuestros argumentos, que se volvieron a poner de manifiesto en el debate en Comisión y que hoy nos vemos obligados a repetir, incluso con la posibilidad de ser reiterativos.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no nos ha traído hoy tampoco ningún argumento nuevo. Ha insistido en uno que ya expuso en el primer debate sobre supuestas decisiones de la Unión Europea, que ignoramos y que no conoce más que él. Como puestos a insistir conviene ser breve, en cuanto a lo que llama el portavoz socialista el segundo sumando, que son los ajustes por la finalización del contrato regulador, no son ni más ni menos que determinados créditos devengados por la compañía y no cobrados durante el tiempode vigencia del contrato. Lo que hace el Gobierno con
este proyecto es cumplir el acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 1995, en el que se denunciaba el contrato y se decía que había que liquidar los derechos que pudieran corresponder al Estado y a la compañía por el transcurso de los servicios prestados desde el año 1978. Y digo Consejo de Ministros de 19 de mayo de 1995 y lo repito porque es una fecha que sin duda estará cargada de nostalgia para el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, en eso estamos y ese es el argumento que nos vemos obligados a repetir y que han mantenido en esta Cámara, tanto el presidente de la compañía, que compareció para aclarar las dudas que el Grupo Parlamentario Socialista pudiera tener, como el aval que tiene el correspondiente proyecto de los máximos órganos consultivos y fiscalizadores del Estado, como son el Consejo de Estado, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular se siente muy acompañado en este argumento y vemos que el Grupo Parlamentario Socialista se ha quedado solo, eso sí, en la estoica e impasible posición del que ni busca lo que encuentra ni encuentra lo que busca.
Han insistido hoy en el tema de las ayudas europeas y nosotros querríamos decirle, personalizando por una vez en el señor Segura, que sabemos que quiere a la compañía Trasmediterránea y que sin duda tiene el máximo interés en su viabilidad, puesto que presta servicios de comunicaciones marítimas de interés general absolutamente necesarios, que en ese buscar y no encontrar y encontrar y no buscar, en ese trajín puede, sin ninguna intención, estar perjudicando el futuro de una compañía que no tengo duda que él tanto quiere y desea ver fuerte en el futuro.Estos son nuestros argumentos y en función de ellos el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor del dictamen de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Souvirón.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 181; en contra, 111; abstenciones, siete.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 4.866.309.925 PESETAS, PARA EL PAGO DE RETRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN DIVERSAS SENTENCIAS FIRMES FALLADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000020.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones establecidas en diversas sentencias firmes falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos.
El dictamen de la Comisión viene sin ninguna enmienda. ¿Hay algún grupo que desee intervenir? (Pausa.) Pasamos directamente a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 298; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de referencia.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.858.383.707 PESETAS, PARAATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999 POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/ 000022.)
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio, al objeto de poder continuar con el debate.
Señorías, tengo el honor de presentar hoy a la Cámara el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, destinado a atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio 1999 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Históricamente, la decisión de construir las primeras autopistas españolas se toma a finales de los sesenta y principios de los setenta, iniciándose lo que entonces se denominó el Plan de autopistas. En aquel momento España tenía un régimen cambiario fijo y un mercado de capitales mínimamente desarrollado, siendo necesario un gran esfuerzo inversor que exigía el concurso del sector privado, lo que propició el establecimiento de un sistema de concesiones administrativas otorgadas a empresas que en aquellos momentos se dispusieron a entrar en el nuevo régimen, en el nuevo sistema de autopistas de peaje. Para fomentar el recurso a los mercados de capitales extranjeros se arbitró un complejo régimen de exenciones y bonificaciones tributarias, planes de amortización de activos perecederos durante la concesión o sujetos a reversión, avales a operaciones financieras, subvenciones a fondo perdido en metálico o consistentes en aportaciones no dinerarias que garantizasen eln umbral de rentabilidad, anticipos reitegrablesreintegrables y seguros de cambio en la financiación exterior. Estos estímulos respondían a la política explícita de que la financiación de la construcción de autopistas se hiciera a través de la apelación aldel ahorro exterior, dada la insuficiencia del ahorro doméstico. Así,, algunas de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje gozan del seguro de cambio que tiene su origen en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, reguladora del estatuto jurídico básico de estas concesiones administrativas.
El régimen económico y financiero de los concesionarios, recogido en el capítuocapítulo IV de la ley, establece diversos beneficios de carácter fiscal y financiero y, en la letra c) del artículo 13, el correspondiente al seguro de cambio, mediante el cual el Estado se compromete a facilitar al concesionario las divisas necesarias para hacer frente a los vencimientos de principales e intereses de los préstamos y obligaciones que convienen en el exterior al mismo tipo de cambio de compra vigente el día en que se constituya el depósito o se efectúe la venta al Instituto Español de Moneda Extranjera de las divisas a que se refiere el préstamo. En otras palabras, el tipo de cambio queda asegurado para el concesionario al tipo vigente en el momento de disposición de la operación, corriendo a cargo del Estado la diferencia negativa resultante entre este tipo y el vigente en cada vencimiento de principal o de intereses.
En la década de los ochenta, la evolución al alza de los tipos de cambio de las divisas utilizadas en la financiación respecto de la peseta provocó una situación extremadamente ventajosa para las concesionarias que tenían escaso o nulo interés en amortizar su deuda, iniciándose entonces por parte de la Administración una labor en orden a conseguir que la refinanciación de operaciones se realizase en ecus, una divisa estable, y, por otra parte, el establecimiento de planes de amortización acelerada de la deuda mediante los cuales las concesionarias se comprometiesen a cancelar anticipadamente sus obligaciones financieras en el exterior, disminuyendo a sí el volumen de intereses a pagar y, por tanto, el seguro de cambio. Esta medida también beneficia a los concesionarios que cuentan con un perìodoperíodo de tiempo mayor entre el vencimiento de su deuda y el fin de su concesión, lo que mejora su calificación en el mercado. Por esta vía se han alcanzado acuerdos con diferentes empresas concesionarias que han aceptado la reducción progresiva de su financiación en otras divisas, refinanciando en ecus.El pago de las obligaciones derivadas de la cobertura del seguro de cambio se realiza a través de una cuenta del Tesoro público en el Banco de España, satisfaciendo para cada vencimiento, ya sea del principal o de intereses, los importes de los seguros de cambio mediante el oportuno cargo que realiza el propio banco, minorando la posición acreedora del Tesoro frente al Banco de España. Esta cuenta es objeto de rendición mensual por el banco y su saldo representa el importe que en su caso debe aplicarse al presupuesto general de gastos del Estado.
Durante 1999 el importe satisfecho por diferencias de cambio en la financiación exterior de autopistas de peaje ascendió a 33.510.385.707 pesetas, produciéndose una insuficiencia de crédito en la aplicación presupuestaria destinada a atender estos gastos de 13.858.385.707 pesetas, al ascender la dotación inicial en los Presupuestos Generales del Estado para 1999 a 19.652 millones de pesetas. En consecuencia, con la concesión del crédito extraordinario se atiende la citada insuficiencia de crédito, aplicando a presupuesto la diferencia existente entre el gasto efectivamente realizado y el gasto presupuestado. En este caso, se trata de atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores. Ahora bien, cabe señalar que desde el ejercicio de 1996, como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria, publicada al objeto de
controlar el déficit público mediante una presupuestación rigurosa, se impide la aplicación al ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores cuando no existiera crédito en el ejercicio de procedencia. Ello origina que el pago de dichas obligaciones únicamente pueda realizarse mediante una norma con rango de ley que habilite al mismo tiempo los recursos necesarios para atender al abono de dichas obligaciones, por cuanto no existe crédito para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta insuficiencia de crédito motiva que la dotación del crédito necesario para aplicar al presupuesto estos gastos precise de la concesión de un crédito extraordinario, que debe ser aprobado mediante una norma que presente el mismo rango que los Presupuestos Generales del Estado, en definitiva, una norma con rango de ley. Ello por cuanto el artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria pone de manifiesto que en caso de existir algún gasto que deba realizarse con cargo a los presupuestos del Estado y para el que no exista crédito consignado, como sucede con la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje correspondientes al ejercicio de 1992, se tramitará un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario como el que acabo de presentar ante la Cámara.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, los créditos dotados en el presupuesto del Estado del ejercicio de 1999 para la finalidad indicada han resultado insuficientes para satisfacer las obligaciones generadas. En el año 1999 ustedes hicieron dos cosas: una previsión en el presupuesto y un crédito extraordinario. ¡Qué mal sacan ustedes las cuentas! En seis meses dan 54.000 millones y aún les faltan 13.800 millones.
Nuestro argumento hoy es el mismo que el del año 1999 al defender aquellas tres enmiendas al articulado, unido al que dimos en el debate de totalidad y, sobre todo, apoyado por las conclusiones de un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de dos de las empresas que se dedican a esta actividad: Audasa y Aucalsa. El Tribunal de Cuentas viene a detectar precisamente que se está produciendo un abuso por parte de estas empresas, aprovechándose de la situación inestable del año 1972 y de la regulación de ese mismo año, por la cual estas empresas al tener que refinanciar su deuda para hacer las autopistas que en su día hicieron necesitaban entrar en monedas de gran fluctuación y, para que el gasto fuese estable o permanente, el Banco de España y el Estado les complementaba el cambio de esas divisas a través de la citada regulación. En aquel momento, cuando en el año 1972 se produjo ese normativa, había cierta inestabilidad en las monedas fuertes como el dólar, pero hoy hay una gran estabilidad en el cambio. ¿Qué ocurre con estas empresas? Que están buscando cambiar créditos en monedas extranjeras fuertes por créditos en monedas débiles como el yen y otras. Estas monedas débiles fluctúan y esa diferencia de cambio la compensa el Estado. ¿Qué ha pasado? Que las empresas están trasladando al Estado los gastos financieros de las inversiones que tuvieron que hacer en su día. ¿Estamos hablando de un sector debilitado no atendido o no tenido en cuenta por la Administración? No. Hemos tomado medidas que benefician a esas empresas que están llevando de manera irregular, como dice el Tribunal de Cuentas, sus gastos financieros trasladándolos al Estado. Nos encontramos con unas empresas que han tenido una modificación de la concesión administrativa, se la hemos ampliado hasta 75 años y, por tanto, ha desaparecido la inestabilidad para amortizar el gasto. En segundo lugar, les hemos reducido el IVA al 7 por ciento, contra esta decisión de nuestro Gobierno porque no la entiende, y además tienen una situación muy estable. Tan es así que el Gobierno trajo una propuesta presupuestaria para el año 1997 de 17.000 millones de pesetas y en el año 1998 la redujo a 11.000. Ahora nos encontramos con un crédito extraordinario de 13.800 millones; es una inestabilidad no apropiada.
Nosotros presentamos una enmienda para corregir esta situación y evitar que se vuelva a producir. Pretendemos que haya un nuevo artículo bis en el que se introduzcan los beneficios fiscales y se regulen las obligaciones que el Estado debe tener en cuenta en estas operaciones en el exterior como moneda extranjera. En todo caso, consideramos el trámite de estos créditos extraordinarios legal pero inmoral. Digo legal porque hay que pagarlo, se debe según la norma.
Inmoral, porque no se ajusta a la realidad. No es verdad esa inestabilidad que aducen. Nos gustaría dejar constancia de un deseo: que consideremos las tres recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas. Si no es en este trámite, en otra proposición de ley o proposiciones no de ley debe recogerse: primero, que los decretos de 1975 entren en vigor o se deroguen; segundo, que la Administración incluya las previsiones ajustadas y, tercero, que se adopten las medidas para que los beneficios fiscales y las obligaciones que debe asumir el Estado se incorporen a la regulación legal. ¿Que el sitio adecuado no es un crédito extraordinario? Lo entenderíamos si el Gobierno promueve ese cambio legal que prometió a mi grupo en el año 1999. Estamos pidiendo que el Gobierno se ahorre esos 13.800 millones, o por lo menos parte de ellos, porque no se ajustan a la realidad actual. Estamos
beneficiando a poderosos cuando restringimos para los más débiles.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señorías, voy a defender, en nombre del Grupo Socialista, la enmienda de totalidad de devolución a este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para subvencionar a las concesionarias de autopistas en concepto de seguro de cambio.
El señor ministro ha explicado de forma prolija los detalles de la articulación legal del mecanismo del seguro de cambio en 1972, cuando era una práctica ya preexistente. Yo no voy a abundar en esos argumentos, pero sí querría señalar -creo que los españoles tienen derecho a saberlo- cómo funciona el mecanismo y cuál ha sido su impacto. Imaginen ustedes que una empresa contraía un crédito en dólares al cambio de un dólar cincuenta pesetas. El Estado se veía obligado a compensar futuros cambios en el tipo de cambio. Si, por ejemplo, en 1985 el dólar llegaba a 190 pesetas, el Banco de España facilitaba los dólares necesarios para pagar intereses y amortización a 50 pesetas a las empresas y las 140 pesetas restantes de tipo vigente las subvencionaba el Tesoro público a través de un ingreso en el Banco de España. Esto es un retrato de la ineficiencia en la toma de decisiones. Cualquier ciudadano o cualquier empresa española que hoy quiera contraer un crédito en el exterior para tomar su decisión va a observar, en primer lugar, cuál es el tipo de interés de la divisa que analiza y, en segundo lugar, cuál es la expectativa de evolución del tipo de cambio. Este mecanismo sitúa a las empresas con un solo criterio de decisión: el tipo de interés. Y, como es lógico, las empresas tomaron decisiones racionales para sus intereses, pero irracionales en términos económicos. ¿Cuál ha sido el coste para el Tesoro público de este mecanismo? Desde sus orígenes, en 1967, hasta 1988, último año liquidado, el erario público ha pagado, por concepto de seguro de cambio, 532.301 millones de pesetas, en pesetas corrientes. Para dimensionar la cantidad, esta cifra supone el 60,2 por ciento de la inversión efectuada por las autopistas de peaje hasta 1998. Y como las pesetas con el tiempo pierden poder adquisitivo, si uno se toma el pequeño trabajo de analizar qué capacidad de compra habrían generado en 1998 estos pagos, uno observa que, en pesetas de 1998, el Estado ha abonado 965.072 millones de pesetas en concepto de seguro de cambio. Hoy ya, pasado el 2000, después de los treinta y tres y pico mil millones que el ministro nos anunciaba en el año 1999 y los del año anterior, habremos llegado, en pesetas corrientes, a los 600.000 millones y, en pesetas constantes, habremos superado con largueza el billón. De este tipo de ineficiencias está sembrada la historia española de incentivos, con mayúscula, a la participación del sector privado en la financiación de infraestructuras. Por supuesto, la política de seguro de cambio no es responsabilidad de este Gobierno ni de los anteriores, es responsabilidad de los gobiernos que la adoptaron, gobiernos del régimen franquista, momento de la historia contemporánea donde la promiscuidad entre poder y negocios ha sido más acentuada. Pero sobre incentivos al sector privado, ineficiencias y Gobierno actual, tendremos oportunidad de hablar en breve, cuando traigan a esta Cámara la ley marco de financiación de las infraestructuras de transporte y podamos analizar qué incentivos contiene y podamos ver si vienen en mayúscula o en minúscula.
Respecto al proyecto de ley que hoy nos ocupa, que es responsabilidad de este Gobierno, defendemos una enmienda de totalidad de devolución, porque, señorías, el Gobierno y su mayoría parlamentaria han incumplido los compromisos que han adoptado en esta materia en los dos últimos años. En primer lugar, el compromiso que adoptó a raíz de un debate similar, en marzo de 1999, cuando mi compañero Angel Martínez Sanjuán -en esta ocasión no presentamos enmienda a la totalidad- les decía: abran un debate y busquemos acuerdos para revisar las reglas del juego. El Gobierno se comprometió a abrir ese debate, ese debate no se ha abierto, ese compromiso no se ha cumplido. Y, en segundo lugar, porque el Gobierno y la mayoría que le apoya han incumplido los compromisos sobre análisis general del sistema de peajes en España. Le señalaba mi compañero José Segura, el pasado 12 de diciembre, que una ponencia, aprobada por unanimidad en esta Cámara para analizar el asunto de peajes, no se reunió una sola vez en el transcurso de 1999. La mayoría no ha tenido voluntad política de abrir la discusión sobre el mecanismo del seguro de cambio y sobre la política de peajes y ahora se encuentra con nuestra enmienda a la totalidad, porque consideramos que es urgente debatir las cuestiones que he relacionado por dos motivos. Unos motivos concretos que tienen que ver con el mecanismo y otros motivos más generales que tienen que ver con su política de financiación de infraestructuras viarias.
En relación con la cuestión concreta que nos ocupa, el seguro de cambio, se ha dicho -es oportuno saberlo- que es un mecanismo que se adoptó en 1972, en un entorno de circunstancias económicas que no existen en la actualidad. En la actualidad el nivel de tráfico existente y previsible de las vías de peaje no sólo garantiza las condiciones económico- financieras de la explotación, sino que da lugar a unas tasas de rentabilidad financiera que no tienen parangón en ningún otro sector de la economía española, y mucho más después
de la política sistemática de prórroga de concesiones que ustedes han adoptado.
En segundo lugar -ha sido mencionado-, las concesionarias han venido efectuando operaciones de refinanciación de la deuda. Tanto el servicio jurídico del Estado a finales de la primera mitad de esta década, la década de los noventa, como el Tribunal de Cuentas al analizar el año 1995, observaron que esas operaciones desvirtuaban el contenido legal del mecanismo del seguro de cambio. De ahí la recomendación tercera del Tribunal de Cuentas en su análisis de las cuentas de 1995, aconsejando al Estado que no asumiera su papel de aseguramiento después de operaciones de renegociación de deuda, sobre todo cuando un pliego de las cláusulas concesionales establecía que las concesionarias no se podían endeudar una vez transcurrida la mitad de su concesión.
Y en tercer lugar, han sobrevenido elementos que no me parecen irrelevantes. Hoy podemos decir que los términos iniciales de algunas de las concesiones que están percibiendo esta subvención han caducado. La concesión inicial de Aumar habría finalizado en 1998 y 1999, la concesión a Vascoaragonesa vencía en 1995 y la concesión a Eurovías vencía inicialmente en 1994, y nosotros no vemos con claridad la obligación legal del seguro de cambio para prórrogas de concesiones otorgadas después de la Ley de 1988, que derogó este mecanismo para concesiones futuras. Por todos estos motivos, consideramos urgente que el Gobierno abra el análisis y la discusión de la aplicación de este mecanismo y, una vez llegado a acuerdos o una vez planteada una política, abordar los futuros compromisos. Les quiero pedir, señor ministro, señores diputados de la mayoría, que observen un mínimo de flexibilidad - flexibilidad, no ruptura- en materia de compromisos adoptados por el Estado, por contraste con la rigidez que muestran en otras materias, como las que afectan a los asalariados del Estado.
Les he dicho que, además de estos motivos concretos, existen motivos generales de la política de financiación de infraestructuras viarias de este Gobierno que necesitan urgentemente de un análisis y de una revisión en esta Cámara, y que son el marco en el cual se inscribe el mecanismo del seguro de cambio. Señor ministro, usted, que es académico, sabe que en la teoría económica es conocido -y el consenso es abrumador- el hecho de que los peajes directos son una fórmula extremadamente ineficiente de financiación de infraestructuras viarias, por las características del coste de producción de este tipo de infraestructura, que es diferente a la aeroportuaria o a la portuaria. Pero yo no voy a poner el énfasis en análisis de ineficiencia de fórmulas de financiación -quede ahí el consenso abrumador de la literatura económica-, sino en un extremo que considero tanto o más preocupante, y es el de la ausencia de igualdad para los ciudadanos y empresas españolas que supone el servicio de carreteras de calidad hoy en España. A diferencia de una década atrás -todavía quedan lagunas-, hoy podemos hablar de la existencia de una red generalizada en el territorio español de vías de calidad, de rapidez y de seguridad vial de autopistas y autovías. Pero hoy, en España, existe una falta de igualdad sustancial, como le decía, entre usuarios y empresas en cuanto a los costes que supone, para su actividad habitual, su desplazamiento por vías de calidad, su aspiración a menores tasas de siniestralidad. Esto, señor ministro, está rompiendo la unidad de mercado. ¿Por qué una empresa implantada en Cádiz o en Estepona o en Benidorm o en Castellón o en Tarragona o en Zaragoza o en Logroño -hablo sólo de autopistas de competencia estatal- tiene que estar sometida por un servicio similar a unos costes de compra de productos en su transporte y a unos costes de expedición de sus productos diferentes a los que están sometidas las empresas instaladas en otras partes del territorio español? Señor ministro, esto rompe la unidad de mercado en España, porque impone costes de producción y distribución diferentes según la localización territorial de las empresas, no justificados por la naturaleza del servicio recibido.
Nosotros, que creemos en la unidad de mercado no como una expresión retórica y creemos que la vertebración de España va más allá de soflamas, creemos que es urgente abordar este tipo de cuestiones. Y estamos convencidos de que la política que sigue su Gobierno no sólo no las va a resolver, sino que las va a ahondar.
Señor ministro, hoy vamos a votar la devolución de este proyecto.
Francamente no tenemos demasiadas esperanzas de que nuestra posición sea mayoritaria, pero si esto sirve para que ustedes abran la discusión sobre cómo tratar entre todos -porque es un dinero que, como a usted le gusta decir, pagan los españoles- el impacto hoy irrazonable del mecanismo de seguro de cambio, bienvenido sea. Y si ustedes quieren abrir una discusión sobre cómo tratar con igualdad a los iguales, este grupo se felicitará.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel. ¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, muchísimas gracias.
Nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad que han presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, a favor de este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario. Lo hacemos sobre la base de una seguridad
jurídica. El señor ministro en su exposición ya ha manifestado que el origen legal de este proyecto de ley de crédito extraordinario viene ni más ni menos que del año 1972, que es cuando se da una ley en la que se contemplan una serie de beneficios en el caso de construcción, de conservación y explotación de autopistas en régimen de concesiones. Entre estos beneficios está el que el Estado se comprometió entonces, y debe hoy ejecutar aquello que se comprometió llevar a cabo, a facilitar al concesionario las divisas necesarias para hacer frente a los vencimientos de principales e intereses en los préstamos y obligaciones en el exterior y un largo etcétera que la misma ley dicta. Entendemos que no se pueden cambiar las normas con efectos retroactivos cuando las nuevas normas serían lesivas respecto de cuestiones protegidas por la ley en el momento de concesiones administrativas. Lo contrario sería tanto como situar a las empresas concesionarias, en este caso las autopistas, pero también otras empresas concesionarias, y no sólo respecto de la Administración central, sino también de las administraciones autonómicas y locales, en una permanente provisionalidad de situación jurídica. Es decir, en función de cómo soplaren los vientos políticos, económicos en ese supuesto, de fluctuación de divisas, etcétera, se arbitra un mecanismo o no, se acepta o no se acepta, se niega o no se niega, con lo cual la arbitrariedad política sustituiría a la seguridad jurídica. Esto, en un Estado de derecho, es de imposible cumplimiento y además de imposible propuesta, así de claro, por lo que nosotros nos remitimos a las pautas de comportamiento que marcó la Ley de 1972. Tanto es así que ha sido practicado por gobiernos distintos. El año 1972 quedaba un poco lejano del año 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas de las Cortes constituyentes, fueron respetadas después por los gobiernos de UCD, más tarde por los gobiernos socialistas, que no modificaron la norma, lógicamente por una cuestión de seguridad jurídica, y hoy se ha aplicado por exigencia legal, como ha dicho el señor ministro, por el Partido Popular. Por tanto, aquí nadie se atrevió en su momento ni a cuestionarlo ni a modificarlo -repito- por razones jurídicas, tanto del principio de legalidad, unido al de libre concurrencia y transparencia que se dio en su momento, como sobre todo por el principio de seguridad jurídica.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor LópezAmor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señor presidente, intervengo en nombre del Grupo Popular para decir que rechazamos las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista. Y ello porque su aceptación supondría pura y simplemente colocar a empresas importantes de nuestro sistema económico, algunas de ellas con cotización en Bolsa, en una situación muy complicada. Pero, con ser estos los efectos fácticos que produciría la simple aceptación de la devolución de este proyecto de ley, hay que resaltar -y quiero decirlo de forma muy clara- que hoy quizás sorprendan los efectos de una ley aprobada en el año 1972, como aquí se ha resaltado por todos los portavoces intervinientes y por el propio ministro, que tiene unas consecuencias que se prolongan temporalmente hasta hoy que estamos en el año 2001. Sorprende esa eficacia tan dilatada en el tiempo, pero también hay que resaltar algo que no se ha dicho y es que sin esa ley de 1972 no se hubiera producido el actual sistema de autopistas de peaje que, en definitiva, ha redundado en beneficio de todos los usuarios y de todos los ciudadanos que utilizan este sistema de transporte.
Por tanto, esa ley que tuvo unos efectos tremendamente beneficiosos en su día y que nos ha permitido llegar a este hoy, produce algo chocante. Quiero resaltar la intervención del representante del Grupo Socialista por el buen tono que ha utilizado y que esta enmienda a la totalidad sirva para hacer un planteamiento de carácter general dentro de la ley de financiación de las estructuras que se ha anunciado quizá como un análisis y posterior revisión de todo el sistema concesional de autopistas de peaje. Hay cosas que son perfeccionables y, entendido desde ese punto de vista, puedo asumir casi todos los planteamientos que ha hecho el representante del Grupo Socialista. Sin embargo, desde el punto de vista estricto y literal, le diré que lo que se trae hoy a esta Cámara es una obligación legal, es una obligación que deriva de una ley de disciplina presupuestaria y, por tanto, el Gobierno haría mal, por no calificarlo de otra manera, si no cumpliera con esa obligación legal que tiene para la aprobación de un crédito extraordinario, por el importe de lo que no han podido cubrir las autopistas concesionarias de peaje. En este sentido, quiero decirle que no se permita usted dudar que esto es una obligación legal. Está informado favorablemente por el Consejo de Estado, por la Dirección General de Presupuestos y por la Intervención General del Estado. Por consiguiente, lo que le diría es que cuando hay que cumplir con la ley los grupos parlamentarios deben tener la responsabilidad, todos ellos, de apoyar ese cumplimiento, que es lo que hace posible que un Estado tenga una seguridad jurídica y que responda a la denominación de un Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Amor. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votaciónlas enmiendas de devolución al proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.858.385.707 pesetas para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 117; en contra, 184; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución presentadas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Socialista.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 13/ 1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000023.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas. (Pausa.) Señorías, ruego guarden silencio y abandonen de la forma más rápida posible el hemiciclo o permanezcan en sus escaños en silencio también para poder continuar con el debate de la iniciativa.
Adelante señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Señorías, es una gran satisfacción para mí traer a esta Cámara, para su aprobación en lectura única, un proyecto de ley orgánica para modificar la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra.
La modificación de los artículos 29 y 30 de la Ley 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra es el resultado de un proceso largo, muy largo, que se inicia en 1993 y que sólo culmina en 1999, después de dos interrupciones, una por falta de acuerdo entre las partes negociadoras y otra por propio desistimiento del Gobierno de Navarra. Tras estas dos interrupciones del proceso, la Diputación Foral de Navarra, a instancias del Parlamento foral, solicitó de nuevo del Gobierno del Estado la reanudación del proceso negociador, y la comisión negociadora se reunió, a lo largo del año 1999, los días 23 de febrero, 8 y 9 de octubre y 9 de diciembre. En esta última reunión se pactó la propuesta de reforma de los dos artículos citados. A partir de ello, el Gobierno ha preparado el correspondiente proyecto de ley orgánica, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros que se celebró el día 15 del pasado mes de diciembre. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la referida Ley orgánica 13/1982, el Parlamento de Navarra, en la sesión del 26 de octubre de 2000, ya ha dado su aprobación al texto pactado para la reforma, por lo que sólo resta la aprobación de las Cortes Generales.
El contenido de la reforma se ha de situar en el contexto de la realidad política de nuestro país, en el que todas las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por el procedimiento del artículo 143 de la Constitución han procedido a la modificación de los respectivos estatutos, entre otros objetivos para introducir la disolución automática de sus asambleas legislativas en el supuesto de que después de unas elecciones no se consiguiera en un plazo prudencial la elección de presidente de su Gobierno o incluso para facultar a éste a que, dentro de ciertos límites, pudiera disolver.
La Comunidad Foral de Navarra es la única que no ha procedido a introducir estas reformas, y dos son las modificaciones que introduce. La primera consiste en establecer la disolución automática del Parlamento cuando después de unas elecciones no se haya conseguido en el plazo de 30 días -y esto es a destacar porque ahí sí se diferencia del resto de las comunidades autónomas del artículo 143-, y tras sucesivas votaciones, la elección del presidente de la Diputación Foral. La segunda, permitir al presidente de la Diputación Foral, bajo su exclusiva responsabilidad, disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, siempre dentro de ciertos límites que son los establecidos para las demás comunidades autónomas del 143. En todo caso, el mandato del nuevo Parlamento que surja de las elecciones, tanto en el primero como en el segundo de los supuestos, queda limitado al tiempo que queda de legislatura ordinaria.
Con la introducción de tales modificaciones, los procedimientos de elección del presidente del Gobierno de Navarra y disolución extraordinaria del Parlamento se acomodan en todos sus extremos a lo ya establecido con carácter general. La única diferencia, como les decía, es que el plazo de 30 días naturales para ser elegido presidente y si no disolución automática en otras comunidades autónomas es de dos meses. Esta especialidad de un plazo más corto se justifica en parte por la conveniencia de evitar situaciones de interinidad, presionar a los parlamentarios para que adopten acuerdos
y por las especificidades del régimen de Navarra y sus características territoriales y sociales.Desde otra perspectiva se entiende que la reforma pactada que se presenta es una buena solución para la Comunidad Foral de Navarra -así lo cree el Gobierno- y gracias a ella se evitarán algunos problemas que en ocasiones anteriores se han producido, y que muchos miembros de esta Cámara conocen bien, después de los procesos electorales para la formación del Gobierno de la Comunidad Foral.
Para terminar, por tanto, sólo me queda solicitar a SS.SS. la aprobación de este proyecto de ley orgánica que ha sido elaborado, puedo certificarlo, siguiendo escrupulosamente el procedimiento de reforma previsto en la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna en este proyecto de ley que, como se ha señalado por parte del ministro, trata de la reforma de la llamada Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que pretende la modificación de los artículos 29 y 30 de dicha ley en lo que hace referencia a la elección de presidente del Gobierno y las facultades que éste tiene para acordar la disolución del Parlamento y convocar nuevas elecciones con anticipación al término natural de la legislatura.
Adelanto, señora presidenta, que nuestro voto será negativo, y ello por dos razones fundamentales: por razón del procedimiento y también por razón de una parte del contenido que nos parece singularmente importante y en la que estamos especialmente en contra, como es el artículo 30.
Con relación al procedimiento, creo que SS.SS. conocen bastante bien la posición de Eusko Alkartasuna, en especial los representantes de los ciudadanos de Navarra, donde ciertamente, como decía el señor ministro, han existido y se han desarrollado debates desde hace bastante tiempo con relación a esta cuestión. Se ha venido hablando desde los años 1992-93 e incluso a veces antes y lógicamente en el debate más importante del Parlamento de Navarra, en octubre de 2000, que ha sido citado por el señor ministro. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el procedimiento? Entendemos que reproduce, desde nuestro punto de vista, defectos, si se puede decir con este término coloquial, que se llevaron a cabo en la negociación de la ley que en este momento se reforma, la Ley de amejoramiento 13/1982. Algunos hablan del pacto entre las administraciones como algo fundamental, pero a nosotros nos parece que tal y como está planteado y como se planteó en su momento lo que ha ocurrido es que se ha producido una importante limitación del autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra, que deja en manos de la Administración central cuestiones sustanciales referentes a su autogobierno y, diríamos, a su propia soberanía, y esta es una de las cuestiones que se pueden visualizar básicamente, por ejemplo en el artículo 30, en la posibilidad de autoorganizarse. No vamos a entrar en los debates, que serían muy interesantes, respecto de lo que sucedió en aquella negociación y aprobación de la ley, cuyos antecedentes provienen de la Ley de 25 de octubre de 1839 y de las interpretaciones que ahora podamos realizar, que también serían interesantes y que se han llevado a cabo, pero en todo caso creemos que los vicios o errores proceden de aquel sistema o procedimiento de llevar a cabo la Ley de mejoramiento. Saben ustedes perfectamente que la Ley de amejoramiento no tuvo un refrendo directo por parte de los ciudadanos navarros, lo que nos parece sustancial, y a la hora de llevarse a cabo esta reforma también se ha incurrido en otra cuestión que tampoco nos parece apropiada, que es el hecho de que en la comisión negociadora no estuvieron presentes todos los grupos parlamentarios, algo que entendemos que era necesario. Creemos que esto no es aceptable y curiosamente también es contrario a lo establecido para la negociación de las transferencias del convenio económico, para lo que sí existe una comisión en la que están representados todos los grupos parlamentarios que adoptan la posición de Navarra por voto ponderado.
Por tanto, nuestras primeras razones son de procedimiento, razones que francamente afectan al núcleo esencial de lo que es la reforma y lo que fue la Ley de amejoramiento.
Entrando en el contenido, es verdad que se hacen reformas, algunas relacionadas con el artículo 29. Por ejemplo, el hecho de que la elección del presidente se haga entre los miembros del Parlamento, que se reduzca el sistema de votaciones a dos y que se reduzcan los plazos a 30 días y se cancele el procedimiento automático de nombramiento del presidente del Gobierno. Lo que tendrían que plantearse aquellos que negociaron, si ahora nos parece bien esa reforma, es en qué o en quién estaban pensando para considerar que el presidente de un gobierno no tenía que ser alguien que hubiera sido elegido por los ciudadanos. Si ahora se considera que la reforma es buena en estos puntos habría que saber qué es lo que había detrás de esta cuestión como para considerar positivo que alguien que no ha sido elegido por los ciudadanos pudiera ser presidente de un gobierno o que incluso pudiera llegar a haber un presidente de un gobierno que no tuviera el respaldo de la mayoría de la sociedad. Si ahora es bueno, ¿por qué se llegó a esta consecuencia? Esto es algo que lógicamente tendrán que explicar los que así lo negociaron.
Con lo que no estamos de acuerdo es con el artículo 30, ya que dicho artículo, como ha señalado el señor ministro, a la hora de fijar las posibilidades de disolución del Parlamento por parte del presidente del Gobierno establece unas restricciones muy importantes. No puede hacerlo durante el primer período de sesiones ni cuando quede menos de un año para que finalice la legislatura ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura ni cuando esté convocado un proceso electoral estatal ni tampoco antes de que transcurra un año después de la última disolución por este procedimiento. Realmente las limitaciones son relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que -y es lo que aquí nos preocupa- hay una restricción de la posibilidad de autoorganización de la Comunidad Foral de Navarra. Curiosamente no tiene asimiladas las competencias de otras comunidades históricas, lo cual no es admisible, y se la convierte en una comunidad del artículo 143 y no debiera ser así, sino que debiera tener todas las posibilidades de autoorganización, al menos las mismas que tienen las comunidades históricas. En definitiva, siendo realistas y sinceros, lo que se hace es subordinar la posibilidad de autoorganización al deseo de que coincida con otras voluntades a nivel estatal o de otra administración u otros parlamentos a niveles estatales. Por tanto, nos parece una restricción muy importante en relación con el autogobierno de Navarra, algo que no se debiera haber admitido en ningún caso, habiendo sido conveniente y mucho más oportuno que tales cuestiones hubieran sido reguladas y elaboradas a través de una propia ley foral. Una vez más volvemos a los problemas que se suscitaron en el año 1982 y curiosamente estamos incurriendo no en un mejor autogobierno de Navarra sino, al revés, en un desmejoramiento de dicho autogobierno, lo que nos parece que no es admisible.
Por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
En nombre de Coalición Canaria anuncio que vamos a votar a favor y apoyamos de manera clara y contundente este proyecto de ley que nos llega hoy aquí para producir una mejora, pero una mejora no solamente administrativa o puramente formal, sino una mejora política hecha dentro de un orden constitucional. En primer lugar, mejora de la Ley 13/1982, del Régimen Foral de Navarra, que está en la línea constitucional y democrática y que es un avance perfeccionarla, por lo que el Grupo de Coalición Canaria desea hacer aquí un reconocimiento de apoyo ya que viene amparada y avalada democráticamente por el voto de la mayoría de los partidos del Parlamento foral. Coalición Canaria quiere rendir un homenaje de reconocimiento a la Unión del Pueblo Navarro, que nos ha pedido el apoyo, y mostrar su plena adhesión por el sentido de solidaridad que siempre hemos tenido mutuamente, previamente hecho por Unión del Pueblo Navarro, fuerza democrática instaurada en Navarra y en su Parlamento y que avala también con su apoyo, como veremos posteriormente, este proyecto de ley.
Sencillamente se trata de actualizar y ponernos en la misma órbita que tiene el Parlamento nacional. El automatismo que había desde 1982 en la elección de presidente del que tuviera mayor número de escaños queda superado favorablemente con la nueva fórmula que va a enriquecer también el debate, porque el automatismo que se produce aritméticamente hurta a un parlamento democrático el debate sobre un discurso de investidura. Creo que es importante y fundamental destacar aquí este rasgo para que se enriquezca el debate parlamentario de un programa de gobierno en un discurso de investidura, en este caso del Gobierno navarro, de su Diputación Foral, y la sociedad navarra sepa cuál es la directriz en la que, aparte de lo que se diga en una campaña electoral, un candidato propuesto por el Parlamento navarro se va a comprometer con la sociedad navarra en su programa concreto de gobierno y sean debatidos sus pros y sus contras entre quienes lo defienden como candidato y los partidos democráticos detractores que en la dialéctica parlamentaria van a hacerle las objeciones críticas correspondientes.
Bastaría este hecho para dar nuestro voto a favor de mejorar la Ley Orgánica 13/1982. También se acortan los plazos -el ministro de Administraciones Públicas lo ha dicho aquí-, pero yo quiero fijarme en la modificación del artículo 30, de la que se acaba de hablar aquí en la Cámara. Creemos que un proceso autonómico en un orden constitucional tiene que tener una jerarquización; no puede generar al ciudadano más problemas que los que ya tiene con un proceso electoral de orden superior, ni puede permitirse tampoco un filibusterismo político para disolver los parlamentos, lo que sería un auténtico fraude de ley. Por tanto, junto a la presentación de un candidato dotado de unas facultades plenas de disolución del Parlamento foral, debe haber un orden de jerarquización constitucional. Nuestra Constitución reconoce una serie de derechos de todo orden de tutela jurídica de las instituciones, pero ello no significa un caos en la aplicación de los mismos, sino una disciplina de ordenación de prioridades y de no sustraer al ciudadano un debate y una posibilidad de elección en otro proceso; por tanto, que se pueda disolver el Parlamento y se puedan convocar nuevas elecciones siempre que no interfieran o perturben otras llamadas electorales -desde mociones de censura hasta procesos de elecciones generales-, porque sería un fraude de ley y una grave confrontación con el sistema democrático que consagra nuestra Constitución. Creemos que esta
modificación del artículo 30 es muy oportuna y ejemplar para el ciudadano de la Comunidad Foral de Navarra con derecho a acceder a todos sus procesos electorales e instituciones, que es también ciudadano español y tiene que tener la garantía de acceso a todos los procesos que se estén desarrollando en el ámbito democrático y constitucional del resto del Estado, haya elecciones generales o cualquier otra situación en que no puede ser ni contradicha la letra ni la razón democrática ni el espíritu constitucional.
Por todas estas razones, creemos que es un avance que mi grupo va a apoyar para que sea un bien para Navarra dentro de España, de los navarros dentro de Navarra, de las instituciones navarras y del buen gobierno de esta entrañable comunidad autónoma. Que quede precisamente como las cadenas de su escudo bien encadenada con la Constitución española, bien encadenada con todo el proceso democrático que se merece la dignidad del pueblo navarro y del pueblo español, en un orden constitucional sin ninguna duda y con compromiso de su candidato en un programa de gobierno al que tendrá que responder ante la sociedad navarra, que es la última destinataria soberana de este bien. Nuestro voto, señora presidenta, clara y contundentemente es a favor de este proyecto de ley.
Cuando hace casi 19 años se debatía en esta Cámara el proyecto de Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, la Lorafna, los portavoces de algunos grupos parlamentarios llamaron la atención sobre el hecho de que la discusión sobre el proyecto de ley orgánica tuviera lugar precisamente en una sesión en la que poco antes se había debatido y aprobado también otro proyecto de ley orgánica de triste recuerdo en la historia del Estado autonómico español; me refiero al proyecto de Ley Orgánica de armonización del proceso autonómico. ¿Por qué destacaron esta curiosa coincidencia? Lo hicieron sobre todo para denunciar que, aun cuando todavía no había entrado en vigor la después afortunadamente malograda Loapa, había proyectado ya su sombra homogeneizadora y limitativa sobre el texto jurídico con el que se quería regular el régimen autonómico del viejo reino. Lo hicieron para denotar que pese a la retórica grandilocuente, expresión que utilizaron literalmente algunos de los portavoces y con la que se expresaba el proyecto de la Lorafna, se trataba en realidad de una norma a través de la cual se creaba una comunidad autónoma que ya estaba circunscrita a los estrechos límites que prefiguraba la Loapa. Aun cuando fueron muchos los que en aquella época negaron con rotundidad el influjo de la non nata Loapa sobre la non nata Lorafna, el proyecto que hoy debatimos pone de manifiesto que este influjo existió. Demuestra que en muchos aspectos el modelo institucional que contemplaba la Lorafna obedecía, en buena parte, al esquema restrictivo que la comisión de expertos había designado para las comunidades autónomas de vía lenta. Modelo restrictivo ya armonizado que ahora a través de este proyecto de ley orgánica se quiere superar, aunque sólo en parte, con lo que una vez más se pone en evidencia la poca ambición con la que los promotores del proyecto conciben el proyecto autonómico de la comunidad foral. Si lo que entonces se aprobó no fue un texto rigurosamente constreñido por el espíritu de la Loapa, hoy no se produciría esta modificación, uno de cuyos objetivos consiste precisamente en desabrochar ese estrecho corsé con el que la Lorafna apretó el funcionamiento de las instituciones forales navarras. Pero, como veremos, ese corsé sigue sin desabrocharse del todo y desde luego este proyecto de ley no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, como denunciaron varios portavoces en el debate que tuvo lugar en el Parlamento de Navarra el pasado 26 de octubre en torno a este proyecto de ley, los intereses partidistas de algunas organizaciones exigen seguir constriñendo el complejo institucional navarro y mantener a esta comunidad en una situación cualitativamente distinta a la de las comunidades históricas, no porque ello favorezca a Navarra sino única y exclusivamente porque beneficia a sus intereses electorales. Así se denunció y así está recogido en las actas del propio parlamento navarro; y no sólo por parte de portavoces de grupos nacionalistas vascos sino también por parte del portavoz del grupo de Izquierda Unida y de Convergencia de Demócratas Navarros. Pero vayamos por partes.
No parece necesario recordar que la discrepancia de mi grupo con respecto a la Lorafna se ha apoyado desde un principio tanto en razones procedimientales como en razones de fondo. En lo que se refiere al procedimiento seguido para la aprobación del proyecto de ley orgánica, hemos criticado y todavía seguimos criticando sobre todo tres aspectos. En primer lugar, la muy cuestionable utilización de la disposición adicional primera de la Constitución como una vía específica para acceder a la autonomía; utilización que por cierto, y dicho sea de paso, no cuenta todavía con el aval del Tribunal Constitucional por mucho que algunos lo pretendan, porque la sentencia del Tribunal Constitucional 16/1984 se limitó a constatar un hecho sin emitir juicios en torno a su regularidad jurídica, ya que no era esa la cuestión debatida en el litigio. En segundo lugar, criticamos entonces y criticamos también ahora el turbio y extraño proceso que se siguió para su elaboración; proceso en el que, como ya denunciara el diputadoMarcos Vizcaya en aquella ya histórica sesión de 30
de junio del año 1982, apoyándose en razones y en argumentos que yo no voy a reiterar ahora, durante un año se produjeron curiosamente negociaciones entre miembros de un mismo partido que aseguraban representar intereses distintos. En tercer lugar, hemos criticado y criticamos también el empeño de los promotores de la Lorafna en hurtar al pueblo navarro la posibilidad de decidir en referéndum si acepta o no el régimen autonómico previsto en la Lorafna. Durante la discusión de este proyecto que hoy debatimos en la Cámara navarra, el portavoz de UPN se vio en la necesidad de reproducir una vez más los argumentos que desde 1982 se vienen utilizando para justificar la omisión de la consulta popular en el caso de la Lorafna. Se argumenta en esa exposición que la inexistencia del referéndum en el caso del régimen autonómico de Navarra se justifica razonando que los buenos resultados que los partidos políticos que impulsaron la Lorafna están obtenido durante los últimos tiempos en las sucesivas convocatorias electorales permiten presumir, sin necesidad de consulta específica, que el pueblo navarro comulga con el planteamiento que estos partidos defienden en relación con el estatus político de la comunidad foral.
Pero este argumento que tiene sus fundamentos es evidente que es objetable, fundamentalmente por dos razones; en primer término, porque cuando es posible conocer directamente una realidad sobran las presunciones. Hay una conocida máxima jurídica que procede del tiempo de los romanos que con respecto a las presunciones dice: presumptioni locus est cum veritas in alio modo investigare non potest. Es decir, tiene lugar la presunción cuando no resulta posible averiguar la verdad a través de otro medio. Y cuando se trata precisamente de averiguar la posición de un colectivo humano en relación con cualquier aspecto vinculado con su organización política, el derecho público conoce ya desde hace muchísimos años una técnica, el referéndum, la consulta popular, que permite conocer esa voluntad directamente sin tener que recurrir a retorcidas y peligrosas presunciones; una técnica, cierto es, que parece ser abominable en el sistema democrático español dado el limitadísimo uso que de la misma se hace, pero que curiosamente en algunas de las escasísimas ocasiones en las que se ha utilizado lo ha sido para poner de relieve que, al menos en el caso de Navarra, no se puede inferir alegremente la opinión que el pueblo navarro mantiene en relación con una determinada cuestión pública a través de los resultados que las diferentes fuerzas políticas obtienen en las convocatorias electorales, porque a la luz de los resultados electorales hubiese cabido presumir que Navarra iba a mantener una posición favorable a la integración de España en la OTAN y, sin embargo, como todo el mundo sabe en esta Cámara en el referéndum votó que no.
En segundo lugar, consideramos que el argumento es objetable también porque, de institucionalizarse la práctica de colegir a través de los resultados electorales lo que los ciudadanos piensan en torno a tal o cual punto concreto, habríamos de eliminar todas las referencias que la Constitución hace al referéndum y, por supuesto, habría que derogar la ley orgánica de la consulta popular porque estaría absolutamente de sobra. Y puestos a instituir esta vía, puestos a implantar la técnica presuntiva que resulta de este planteamiento, por qué no aprovechar sus beneficiosos efectos en otros territorios, por ejemplo, e interpretar lo que significa que en los municipios del Condado de Treviño salgan triunfadoras en las elecciones municipales las candidaturas favorables a la integración del territorio en Álava y por tanto en Euskadi. Si sirve la técnica presuntiva en un caso, por qué no generalizar. Además de estos motivos procedimentales, nuestra discrepancia se ha fundamentado también en razones de fondo que al principio de mi intervención he descrito muy someramente y que no voy a repetir ahora porque no tengo tiempo para ello. Existe pues, desde un principio, un desacuerdo básico de nuestro grupo en relación con esta ley orgánica, una discrepancia que atañe tanto a cuestiones procedimentales como a asuntos de fondo y a cuestiones relativas al contenido material, y únicamente estaríamos dispuestos a cambiar si se plantearan modificaciones que invalidaran los motivos que justifican nuestro disenso. La pregunta es: ¿se cumple esta condición en el proyecto que debatimos hoy? Evidentemente no se cumple.
La modificación que se propone no es negativa en sí misma, antes al contrario permite corregir una regulación defectuosa que ya denunciamos pero no se nos hizo caso y que la experiencia ha demostrado problemática pues reduce los plazos establecidos para las diversas fases del procedimiento de investidura, impidiendo con ello una excesiva prolongación de las crisis gubernamentales, y amplía las atribuciones que corresponden al presidente de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de lo que la doctrina italiana viene denominando l'indirizzo político, aproximando así los perfiles de esta figura institucional a la del primer ministro de los regímenes parlamentarios. Insisto en que el proyecto no es negativo en sí mismo pero adolece de dos defectos: primero, resulta absolutamente insuficiente y, segundo, no incide sobre otros aspectos de la Lorafna que habría que reformar una vez puestos a modificarla. Resulta insuficiente porque, como ha puesto ya de manifiesto la portavoz del Grupo Mixto, darse por satisfecho con medidas como la de exigir que los candidatos al Gobierno hayan de ser miembros del Parlamento -requisito evidente en todo régimen parlamentario que el texto original de la Lorafna omitía inexplicablemente- no parece que entrañe excesiva ambición. Pero la insuficiencia de la reforma se hace patente sobre todo por las fuertes limitaciones a que se sujeta la facultad presidencial de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, así como en la necesidad de que las convocatorias electorales de la comunidad foral hayan de coincidir necesariamente con las
municipales y las regionales. En un Parlamento como el navarro que no se limita, como otros parlamentos autonómicos, a reproducir a nivel menor la dialéctica política que se produce a nivel estatal entre los grandes partidos, sino que ofrece una composición mucho más compleja -en la actualidad, si no me equivoco, son siete los grupos parlamentarios que operan en su seno, bastantes más que los que funcionan en la mayoría de los parlamentos autonómicos-, las posibilidades de conformar mayorías se multiplican. En consecuencia, no parece razonable imponer al juego político unos límites que, sin constituir en sí datos positivos, pueden sin embargo contribuir a dilatar en exceso situaciones de crisis gubernamental que podrían resolverse sin más disolviendo las cámaras y convocando elecciones.
Por el contrario, limitar inexorablemente la duración de los mandatos que pudieran iniciarse como consecuencia de unas eventuales elecciones anticipadas, haciéndola coincidir con el término natural de la legislatura originaria, puede contribuir a crear desequilibrios en situaciones de estabilidad institucional. Más allá de estos problemas operativos, que son muchos y todos inciden en contra de la gobernabilidad de la comunidad foral, tampoco compartimos la escasa ambición con que se aborda una reforma que renuncia a equiparar a Navarra con las comunidades autónomas de mayor vocación política y que lo hace, además, en defensa de ese alto objetivo foral que deben ser los intereses de los grandes partidos estatales que tienen presencia allí.
Finalmente, el proyecto de reforma rehuye incidir sobre aspectos del articulado de la ley que habría que reformar también, a nuestro modo de ver, puestos a modificar el texto de la Lorafna. No me voy a entretener exponiendo estas cuestiones porque con ello alargaría excesivamente esta intervención. Me limitaré a señalar que creemos que habría que dar un tratamiento más respetuoso a la lengua vasca; lengua que ya en 1167 era calificada como lingua navarrorum o lengua de los navarros y que es, además, una de las lenguas que con arreglo al artículo 3.2 de la Constitución han de ser objeto de especial respeto y protección. Debería hacerse esta reforma aunque no fuera más que para que nos parecieran mínimamente verosímiles las proclamas que algunos hacen de amor a la tradición navarra y a la Constitución.
Por todas estas razones nuestro voto va a ser negativo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición de nuestro grupo que, naturalmente, de acuerdo con todos los antecedentes de revisiones de normas autonómicas básicas, es decir, los estatutos, no puede ser otra que la de votar favorablemente a esta reforma del amejoramiento del régimen foral de Navarra. Los motivos de nuestro voto son inherentes a la propia propuesta que nos viene desde el Gobierno central, una vez la representación de la Administración del Estado y la representación de la Diputación Foral han convenido el concreto acuerdo de reforma y modernización de dicho régimen. Por tanto, son inherentes al propio planteamiento que nos hace el proyecto legislativo, que en la parte que entiendo más sustantiva, más nuclear, la principal, trata de asegurar la estabilidad parlamentaria en el momento de proceder a la elección del presidente del Gobierno de Navarra o de la Diputación Foral.El requisito de ser parlamentario comulga perfectamente con los distintos estatutos de autonomía; el requisito de asegurar una mayoría absoluta o bien en segunda vuelta una mayoría relativa da una seguridad de estabilidad política en la acción de gobierno, por tanto creemos que es absolutamente positivo que así sea en el caso concreto de Navarra.
Además hay una potestad que se incorpora, que no es novedosa en nuestro ordenamiento jurídico estatutario porque la tuvieron en su momento Cataluña y el País Vasco, aunque vinieron otras reformas estatutarias que fueron incorporándola, como es la potestad del presidente del Ejecutivo, del presidente del Gobierno, para disolver anticipadamente el Parlamento llevado por las circunstancias que fueren, entre otras, en el derecho comparado, la falta de una mayoría parlamentaria suficiente -es la más apropiada- para llevar a término una buena gobernación en ese caso del país, de Navarra. Lo que ocurre es que desde nuestra perspectiva este paso que se da en esta línea de dar una nueva potestad al presidente del Ejecutivo para disolver el Parlamento no es un paso seguro, firme, con decisión, sino acaso me permito decir que es un paso ciertamente temeroso. ¿Por qué? Porque -ya ha sido aludido- el artículo 2 de este proyecto, que hace referencia al artículo 30 de la Ley Orgánica de amejoramiento del régimen foral de Navarra, no hace otra cosa que otorgar una potestad y luego reordenarla a la baja. Es decir, sólo se podrá hacer si no se realiza, si no se ejecuta, si no se manifiesta, si no se administra en esos tiempos, en esos tiempos y en esos tiempos, con lo cual uno cuando lo lee se da cuenta -y qué sorpresa- de que mientras Navarra tiene un régimen foral -mejor para Navarra, nada que objetar- en este punto lo que se hace es aceptar de buen grado, supongo -porque aquí ha llegado un acuerdo partidario entre el Partido Popular y el Partido Socialista de hace unos cuantos años-, el reconocimiento de la potestad de disolución pero en ciertos momentos, de ciertas maneras y en algunas circunstancias, que es exactamente lo contrario a una potestad de disolución del Parlamento homologable en el derecho comparado europeo. Además, no tenemospor qué ir fuera de las fronteras españolas, que ya prácticamente
son inexistentes, sino al propio ordenamiento estatutario español en el caso, repito, de Cataluña y el País Vasco. Sólo quiero decirlo porque entendemos que se da un paso que no es decisivo en ese sentido sino muy limitado a unas circunstancias, pero si esto es lo convenido entre la representación legítima de la Diputación Foral de Navarra y la no menos legítima de la Administración central del Estado, este grupo parlamentario nacionalista catalán no tiene otra posibilidad que acatar lo que han acordado y votarlo favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nunca es tarde si la dicha es buena. Sin duda alguna, este refrán resume en ocho palabras los acontecimientos políticos que en torno a este asunto se han desarrollado en la Comunidad Foral de Navarra durante los últimos diez años.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición y agradezco a mi portavoz en la Comisión de Administraciones Públicas y a mi compañera diputada por la circunscripción de Navarra que hayan cedido a este diputado el honor del uso de la palabra en un tema que trata nada más y nada menos que de la modificación de los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, para la elección de presidente del Gobierno de la comunidad foral y la potestad para disolver el Parlamento autonómico fuera de los plazos establecidos por la Lorafna.
Me cabe la duda de si este momento histórico para Navarra que estamos viviendo en este Pleno del Congreso de los Diputados es percibido de la misma manera por la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos navarros. Pero, si esto no es así, creo firmemente que nosotros, los que nos dedicamos a la res publica, somos los responsables de este desinterés y tendremos que rectificar. Los políticos decimos y hacemos las cosas de tal manera que ya nadie se lo creía. Me refiero, claro está, a la reforma de los artículos 29 y 30 de nuestra Ley de reintegración y amejoramiento. Me inclino por pensar que los diputados de la legislatura de 1979-1982 que participaron en la elaboración de la Lorafna buscaron una fórmula sencilla que evitase problemas en la elección por el Parlamento de Navarra del presidente de su Gobierno. Dice el artículo: De no obtenerse mayoría por ningún candidato será designado presidente el candidato del partido que tenga mayoría de escaños.
Desde su aprobación, su contenido ha dado lugar a un sinfín de debates, de artículos, de comentarios y hasta a un proceso en el Tribunal Constitucional como jamás pudo imaginar el bienintencionado legislador de la época.
Probablemente, el denostado artículo 29 de la Lorafna es producto de su tiempo y el legislador de la época quiso imponer una fórmula sencilla y segura en el inicio del régimen democrático tras la aprobación de la Constitución de 1978 y no, como algunos han dicho, fue una estrategia de los partidos mayoritarios para alternarse cómodamente en el poder. Lo que ha sido evidente es que, cada vez que se ha producido en Navarra un proceso electoral para elegir a los parlamentarios navarros y, por consiguiente, al presidente de la Comunidad Foral, hemos escuchado argumentos que ponían en tela de juicio la fórmula del automatismo. Por ello, desde el principio se ha venido, con más o menos fuerza, pidiendo su reforma, pero especialmente desde el año 1992. Así, en todos los acuerdos de gobierno y pactos presupuestarios, a los que por la necesidad política que impone la pluralidad de Navarra, se ha incluido el compromiso de los firmantes de reformar el artículo 29 y suprimir el automatismo. Bien es verdad que quien accedía al Gobierno por este sistema se resistía a pactar su reforma, pero, obligado por su situación de minoría, accedía, aunque, una vez firmado el acuerdo y conseguido el poder, aducía circunstancias imprevistas, dando largas al asunto, no cumplía lo acordado, llegaba hasta el final de la legislatura y si te he visto no me acuerdo.
Una de las circunstancias que se argumentaban para posponer sine die el cambio del artículo 29 era que cualquier modificación del amejoramiento exigía la aprobación en el Congreso de los Diputados y esto obligaba a un acuerdo entre los gobiernos central y autonómico y entre los partidos que luego tendrían que votar esa ley orgánica. Por eso, cuando el Partido Socialista firmó el acuerdo de investidura, después de las elecciones de 1999, con Unión del Pueblo Navarro, como parte importante sine qua non se incluía la reforma del artículo 29, algo que suscitó incredulidad general e incluso mofa en la clase política y periodística. Se tachó aquel acuerdo de investidura de simple reparto de puestos. Fácil y absurda crítica a un consenso que, además de necesario por lo acontecido después de cada elección autonómica, dotaba al Partido Socialista de importantes resortes e instrumentos para controlar la acción de Gobierno y hacer una oposición activa e inteligente. Era la asignatura pendiente del Régimen Foral de Navarra. Los socialistas de Navarra, en las resoluciones de nuestro VI congreso, fijamos en la supresión del automatismo nuestro principal objetivo institucional. Y hoy, nos sentimos profundamente satisfechos porque, al repasar las actas de reuniones, las noticias y comentarios políticos en los medios de comunicación a lo largo de los últimos diez años, el Partido Socialista, insisto, ha mantenido siempre la postura de que había que suprimir el sistema automático para la elección de presidente y poder disolver el Parlamento fuera de los plazos establecidos en la Lorafna. Y no es para menos,
porque la reforma supone dotar al Parlamento de Navarra de plena capacidad de actuación en la búsqueda de mayorías estables que garanticen la gobernabilidad sin que exista la tutela, amenaza o privilegio, depende desde el punto en que se mire, en cada inicio de legislatura. Con la reforma pactada, a los partidos políticos no nos queda más remedio que ir al Parlamento a parlamentar y buscar mayorías, si no se ha conseguido mayoría absoluta, porque si no, deberán repetirse las elecciones. Esto llevará consigo una democracia mucho más activa, mucho más viva y mucho más profunda, y los ciudadanos valorarán la capacidad de los partidos políticos de dialogar y llegar a acuerdos.
De los seis presidentes de Gobierno que ha tenido Navarra desde la aprobación del amejoramiento, cuatro de ellos han accedido al palacio de Navarra por el sistema automático, con más votos en contra que a favor de ese Parlamento. Solamente en 1995, al formar un gobierno de coalición tres partidos, Partido Socialista, Convergencia de Demócratas Navarros y Eusko Alkartasuna, y en 1999, con la intervención del Partido Socialista en el acuerdo de investidura con Unión del Pueblo Navarro. Precisamente ha sido este acuerdo de investidura, quiero insistir ello, y la adecuada y necesaria combinación de oposición al Gobierno y de diálogo y de colaboración institucional, muy difícil de vender políticamente, los que han acelerado las negociaciones de Navarra con el Gobierno de la nación y ha solventado las desavenencias con respecto al contenido y relación de la reforma. Hoy, los que acusaban al Partido Socialista de Navarra de pactar con UPN para solamente repartirse los puestos deberán admitir que no era así y que, aparte de dar a Navarra la estabilidad necesaria y la gobernabilidad para desarrollarse política, social y económicamente, hemos conseguido traer hasta el Congreso de los Diputados la reforma de la Lorafna.
Se ha buscado una fórmula para que, suprimiendo el automatismo e introduciendo también la posibilidad de disolución del Parlamento, no nos lleve a situaciones no deseadas o a nuevos problemas. No vaya a ser que, por resolver el problema, creemos nuevos problemas y pasemos del singular al plural. Nos gustaría que fuera una reforma factible, que su pragmatismo no encuentre reticencias sino adhesiones en la representación del Estado, tarea y objetivo lógico, dado el carácter paccionado de nuestro Régimen Foral. Por ello, hemos acordado que la nueva legislatura que nazca tras la disolución, sea por no poder elegir presidente o porque éste disuelva la Cámara, no tenga una duración de cuatro años, sino hasta la fecha de las siguientes elecciones municipales. La razón es clara: menos gasto y mayor participación. Cuantos más navarros voten, mejor. Si no se acortaba el nuevo mandato, las elecciones al Parlamento siempre serían en solitario. Lógico también es impedir la disolución en los seis primeros meses o en el último año de mandato. Se ha criticado que así nos alejamos del procedimiento de las comunidades históricas, pero a Navarra el carácter de comunidad histórica le viene dado por la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, por la Constitución de 1978 y sobre todo por nuestra propia historia. Nuestro autogobierno es el que nos da nuestro carácter de comunidad histórica y el buen hacer del pueblo navarro, de los partidos políticos y de sus representantes en las instituciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ripa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señora presidenta, señorías, debo confesar que subo conmovido a esta tribuna a defender la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con esta propuesta de modificación del amejoramiento del fuero realizada mediante pacto entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Navarra. Subo conmovido, digo, por el interés que han demostrado los grupos nacionalistas por el contenido y la perfección de nuestro amejoramiento del fuero. Tengo que recordarles, no obstante, que, si sus tesis políticas hubieran prevalecido entre nosotros en los años de la transición y si Navarra se hubiera incorporado a la Comunidad Autónoma del País Vasco o a Euskadi, en estos momentos no estaríamos hablando del contenido autonómico de la Comunidad Foral de Navarra y, además, seríamos una cuarta parte, nuestra Diputación Foral sería equiparable a las diputaciones forales del País Vasco, que, como saben, tienen unas competencias residuales de las que el estatuto confiere al Gobierno vasco y el Parlamento ha transferido libremente.
Partiendo ya de esa posición de principio, yo agradezco sus preocupaciones. Tengo que decir que me ha satisfecho, lógicamente, que la portavoz de EA se haya referido a Navarra como una comunidad autónoma en el sentido equiparable al resto de las comunidades autónomas y lamentando que no podamos tener las mismas competencias que las llamadas comunidades históricas. Le ha traicionado en esta ocasión el lenguaje, pero yo entiendo perfectamente que su intención no era precisamente esa, porque ya sabemos que para el nacionalismo vasco en su conjunto Navarra no es más que una parte más de esa proyectada nación de Euskalherría, que desde luego la inmensa mayoría de los navarros no compartimos.
Agradezco, en primer lugar, a Coalición Canaria su apoyo, por las palabras que su portavoz, señor Mardones, nos ha tenido a bien dirigir. Agradezco también la aprobación por parte de Convergencia i Unió y le diré a su portavoz por qué nosotros hemos aceptado algo que parece que es una minoración o una degradación de loque representa una autonomía histórica como es la
Comunidad Foral de Navarra. Muy sencillo. Porque nosotros, además de velar por nuestro autogobierno, como históricamente hemos demostrado a lo largo de toda nuestra trayectoria como pueblo diferenciado en el conjunto de España, tenemos una vocación claramente española y sentimos como propios los problemas de la comunidad. Y se nos hizo una reflexión, que nosotros aceptamos. ¿Cuál es? Sencillamente que, si en España, además de las cuatro comunidades que en este momento tienen la potestad de disolución, hubiera otras trece comunidades más con capacidad de disolución, estaríamos en un régimen permanente de elecciones en España y podría producir una dificultad a la hora de garantizar otro interés general, que es el de la estabilidad política del conjunto de la nación española. Hemos sido convencidos por ese argumento y por tanto, por solidaridad con el conjunto de España, hemos aceptado que nuestras elecciones se limiten, en caso de disolución, al período que reste en el Parlamento foral respecto a las elecciones originarias.
Quiero decir, porque veo que sonríen los diputados de la minoría nacionalista, que esto no es nuevo, que en otros Estados, federales incluso, se vota el mismo día nada menos que todas las elecciones. Y nadie podría decir, por ejemplo, que los Estados federados de los Estados Unidos, porque votan todos el mismo día y eligen todos el mismo día a sus gobernadores, tienen capitidisminuidas sus facultades autonómicas o sus facultades federales.
No voy a incidir en los demás aspectos de la reforma, porque han sido explicados por el señor ministro y por el portavoz socialista.
Únicamente quiero decir que el sistema que se pactó en 1982 respecto al automatismo, que no es una originalidad de Navarra, puesto que también está todavía en los estatutos de Andalucía y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, es verdad que implica que una persona que ha sido rechazada por el Parlamento pueda ser investida presidente, pero también hay que decir que el fracaso del Parlamento es al mismo tiempo la autorización del Parlamento para que ese presidente gobierne. Es decir, que hay una contradicción, si se quiere, puesto que se rechaza pero se consiente al mismo tiempo, por la propia incapacidad del Parlamento, que la persona rechazada se pueda convertir en presidente. Pero ese sistema -yo les recomiendo mis libros sobre el Régimen Foral de Navarra-, que critiqué porque yo no lo compartía, ha funcionado en Navarra durante casi veinte años, y ahora es el momento en que Navarra, los navarros, las fuerzas políticas mayoritarias, han entendido que era bueno cambiarlo y por tanto estamos en ese proceso.
Señorías, quiero decirles que hace un par de años Estella, ciudad cargada de historia y de simbolismo político, fue elegida como escenario de un pacto político que, entre otras cosas, certificaba la defunción del amejoramiento del fuero y exigía la definición de un nuevo marco jurídico, previo reconocimiento del derecho a la autodeterminación. ETA vería así cumplidos todos sus objetivos políticos y procedería a su disolución. Para los firmantes de Estella, las claves para la resolución del conflicto, que supuestamente enfrenta a Euskalherría con los Estados español y francés, residen en el reconocimiento de la territorialidad, con Navarra dentro de ella, del llamado ámbito vasco de decisión, como presupuesto para ejercer la autodeterminación y de la soberanía de la nueva nación, Euskalherría.
El Pacto de Estella se otorgó en tierra navarra, ciertamente, pero sus firmantes carecían de legitimidad alguna para hablar en nombre de Navarra, pues apenas superan el 10 por ciento de los sufragios de los navarros. Después de la tregua de ETA, el pacto quedó políticamente hibernado, como es sabido, pero los partidos comprometidos en Estella reivindican constantemente la validez de sus presupuestos políticos.
Por eso, ante la representación de la soberanía popular española y en nombre de nuestro grupo parlamentario y de Unión del Pueblo Navarro, al que tengo el honor de representar en este momento, debo dejar constancia de la excelente salud política del amejoramiento del fuero. Como es sabido, aunque no les guste a algunos, Navarra refrendó de forma entusiasta la Constitución de 1978. En ella se reconocía el derecho del pueblo navarro a decidir libremente acerca de su futuro autonómico, al tiempo que se expresaba un rotundo amparo y respeto a los derechos históricos de Navarra. Un año después, el Parlamento de Navarra adoptó con plena legitimidad democrática dos decisiones trascendentales. La primera fue rechazar la incorporación de Navarra a Euskadi y la segunda, culminar el proceso iniciado en 1977 para el amejoramiento del fuero, mediante la negociación de un nuevo y definitivo pacto con el Estado.
Las negociaciones para el amejoramiento del fuero se realizaron con sujeción a un conjunto de principios básicos plenamente asumidos por ambas partes. Amparar y respetar los derechos históricos de Navarra, que, por cierto, podían haber amparado también los derechos históricos de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, si, en lugar de hacer un estatuto constitucional de autonomía, hubieran optado por la auténtica reintegración foral de la personalidad política de cada uno de esos territorios, amparar y respetar los derechos históricos de Navarra, digo, no significa otra cosa que reconocer la naturaleza paccionada del Régimen Foral. El fuero constituye un ámbito propio de poder reservado a Navarra y garantiza su condición de comunidad de por sí, es decir, dotada de régimen, autonomía e instituciones propias, en virtud de esos derechos originarios e históricos. La consecuencia de tal reconocimiento es que no se pueden introducir en Navarra reformas legislativas que afecten al contenido del fuero sin consentimiento expreso, o sea, sin previo pacto con las instituciones forales.
Por otra parte, y dado que la unidad constitucionalsignifica el único límite para el desenvolvimiento del
fuero navarro, conforme a la ley que ha citado la señora Lasagabaster de 1839 y lo dispuesto en el pacto de integración en el Estado español de 1841, resultaba evidente que, en el marco de una Constitución autonomista como la de 1978, debían atribuirse a Navarra, por vía de reintegración o amejoramiento, todas aquellas competencias y facultades ejercidas por el Estado que no fueran inherentes a la unidad constitucional. Por último, el nuevo pacto con el Estado debía proceder a la definitiva configuración democrática de las instituciones forales, con la reintegración de las Cortes de Navarra, suprimidas en 1839. Las conversaciones, como se ha recordado, culminaron felizmente y en el verano de 1982 estas Cortes Generales ratificaron el pacto alcanzado por la Diputación y el Gobierno y lo incorporaron mediante ley orgánica al ordenamiento jurídico español.
Y aquí quiero hacer una consideración a la luz de lo que he oído a lo largo del debate. No se refrendó el amejoramiento del fuero. Y quede claro que no se refrendó no porque tuviéramos miedo alguno a cuál fuera su resultado, a la vista del apoyo decisivo y ampliamente mayoritario que mereció en 1982 en el Parlamento de Navarra, sino porque no estábamos jugando a la construcción de un estatuto de autonomía, sino que estábamos simplemente, desde nuestras leyes de integración de 1839 y 1841, pactando una modificación de nuestro régimen, que ya estaba vivo y en ejercicio en el momento de la Constitución, y adaptándolo a las exigencias de la nueva Constitución autonomista de España. Y no necesitábamos someter a referéndum, porque la naturaleza jurídica del Régimen Foral no cambiaba; la naturaleza jurídica del Régimen Foral seguía siendo la misma, no se modificaba el estatus de Navarra, ese estatus paccionado con el Estado español. Por eso no se sometió a referéndum el amejoramiento del fuero.
El espíritu emprendedor del pueblo navarro, que ha tenido como aliado una administración foral tradicionalmente eficaz, ha hecho que hoy Navarra se encuentre en el mejor momento de su historia desde todos los puntos de vista. Los pájaros de mal agüero que en los años de la transición a la democracia pronosticaron que Navarra sola, entre comillas, no podía sobrevivir tienen que rendirse ante la elocuencia de una estadística que prueba que la Comunidad Foral de Navarra se encuentra en los puestos de vanguardia en todos los indicadores de bienestar social y desarrollo económico. Por eso es fácil comprender la irritación que produjo a la inmensa mayoría de nuestro pueblo la utilización de Estella para escenificar un pacto de ruptura con el actual marco constitucional español y con el fuero como elemento esencial de la identidad navarra, sin contar para nada con la voluntad de los navarros.
Con la legitimidad que nos otorga ser representantes del 52 por ciento de los electores navarros, porcentaje al que hay que añadir el de las demás fuerzas políticas constitucionalistas, con el Partido Socialista a la cabeza, con un 30 por ciento, lo que hace todo eso subir, con algunos otros partidos, hasta una cifra superior al 85 por ciento de los electores navarros, proclamamos que ese pacto o cualquier otro que se produzca en términos similares es papel mojado, pues no representa el sentir de la inmensa mayoría de los navarros. Debe quedar meridianamente claro que los navarros no estamos dispuestos a doblegarnos ante el chantaje del terror ni a pagar ningún precio político por el desistimiento de ETA. En consecuencia, reiteramos una vez más que sólo el pueblo navarro tiene derecho a alterar su actual estatus jurídico en el seno del Estado español; que nunca hemos formado parte ni queremos hacerlo de una sedicente nación a la que quieren bautizar con el nombre de Euskalherría, cuyo nacimiento además se pretende sustentar en el asesinato, la extorsión y el crimen organizado; que Navarra no está en conflicto con el Estado español, porque todos nuestros derechos históricos han sido respetados y nuestro estatus se sustenta en la voluntad democrática de nuestro pueblo; que Navarra se siente orgullosa de haber participado en el proceso de creación de la nación española, sin renunciar a su propia identidad; que en el momento presente Navarra desea cooperar con el resto de los españoles en la tarea de construir la nueva Europa de los ciudadanos libres e iguales; que no vamos a consentir la extensión a nuestra tierra de la dictadura del miedo impuesta por ETA en el País Vasco, porque, si los navarros siempre hemos sostenido nuestra libertad colectiva como pueblo, con mayor razón lo haremos ahora para defender el derecho a la vida y a las libertades individuales que deben prevalecer sobre cualquier supuesto derecho colectivo; que Navarra tiene una voluntad de cooperación permanente tanto con el Estado, pues para nosotros Madrid no es el enemigo, como con las comunidades autónomas, porque entendemos que muchos de los problemas no entienden de fronteras autonómicas y sólo pueden resolverse en el clima de solidaridad.
Señorías -voy terminando-, cuenta la historia que en el siglo XVIII las Cortes de Navarra exigían a los diputados del Reino que en defensa de la integridad de sus fueros y leyes debían dirigirse al Rey nerviosamente, es decir, con toda la energía de que fueran capaces, compatible con el debido respeto al soberano. En cierta ocasión, los diputados navarros se vieron en la precisión de recordar a Carlos III, paradigma de monarca absolutista, que los navarros se desligarían de su autoridad si se producía una vulneración grave de los fueros del Reino, pues ello implicaba la ruptura del contrato fundacional de la monarquía. El argumento debió resultar convincente pues el Rey procedió a reparar el contrafuero. En esta ocasión, como sucesor de aquellos representantes de Navarra en Madrid, no necesito hablar nerviosamente ante esta Cámara que encarna la soberanía nacional, porque el soberano, es decir, el pueblo español, se comprometió en nuestra Constitución
a amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales y, en congruencia con dicho compromiso, las Cortes Generales ratificaron en 1982 el pacto alcanzado entre el Gobierno de la nación y la Diputación Foral para el amejoramiento del fuero.
La señora PRESIDENTA: Señor Del Burgo, le ruego concluya.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Termino en unos instantes, señora presidenta.
Desde entonces, las relaciones entre Navarra y el Estado se han desarrollado en el marco del Estado de derecho y con pleno respeto al principio no escrito de la lealtad constitucional, un principio que debiera estar inscrito en el frontispicio de nuestro edificio estatal y autonómico. Para nosotros, el amejoramiento del fuero, señorías, no es ningún punto de partida para el inicio de aventuras soberanistas o, dicho con toda claridad, separatistas. Los derechos históricos amparados por la Constitución nada tienen que ver con la autodeterminación, pues no hay fuero si previamente no existe aceptación de una soberanía común superior. De ahí que el amejoramiento suponga la plenitud de la foralidad histórica en el marco de una España plural, cuya unidad en torno a un proyecto común de convivencia es plenamente compatible con la autonomía de los diversos pueblos que la integran.
Dicen quienes quieren torcer la trayectoria histórica de nuestra tierra que los navarros llevamos 500 años aplastados por España.
Afirmación que no deja de ser un insulto a la memoria histórica de las generaciones que nos precedieron, por haber sido cobardes a la hora de defender nuestra libertad o haber aceptado las cadenas de la esclavitud con entusiasmo. Pues bien, si, al cabo de 500 años de aplastamiento, los navarros somos un pueblo libre, estamos a la cabeza de España en cuanto al nivel de bienestar y grado de autogobierno y además pertenecemos a un país democrático y próspero como es España, permítaseme la ironía: Bendito aplastamiento. En cualquier caso, quienes amenazan nuestra libertad deben saber que no conseguirán arrancarnos de España ni, en consecuencia, separarnos de Europa.
Señorías, el amejoramiento es una opción de paz en libertad. Vuestro voto favorable a la reforma pactada entre Navarra y el Estado servirá para demostrar una vez más que los derechos históricos amparados y respetados por la Constitución son fuente de integración y solidaridad navarra con el conjunto de España. Como debe ser.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor del Burgo.
Tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Se somete el conjunto del texto a una sola votación en virtud del contenido del artículo 150.2 del Reglamento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 298; en contra, siete.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido proyecto de ley al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

References: artículo 143
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 150
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 86
 Artículo 1
 artículo 88
 artículo 86
 Artículo 2
 resolución 
 artículo 13
 artículo 64
 artículo 71
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 143
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 resolución 
 artículo 150