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TITULO I - DEL ESTADO Y SUS HABITANTES
CAPITULO I - CONDICION POLITICA Y TERRITORIO
ARTICULO 1. El Estado de Tamaulipas es libre, soberano e independiente en cuanto a su Gobierno y administración interiores; pero está ligado a los Poderes de la Unión como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello que fija expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan.
ARTICULO 2. El territorio del Estado comprende la antigua provincia llamada Nuevo Santander, con las limitaciones que le hizo el Tratado de Guadalupe.
ARTICULO 3. El Estado se divide en Distritos Electorales, Distritos Judiciales y Municipios. Esta Constitución y las leyes secundarias respectivas determinarán la competencia, forma y mecanismos para determinar la extensión de cada Distrito y la Organización del Municipio. Los Municipios del Estado son los siguientes: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl.
ARTICULO 4. El titular del Ejecutivo organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo político, económico, social y cultural del Estado. La planeación será democrática. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública estatal. Mediante la participación de los sectores social y privado, el Plan recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad. La ley facultará al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación de consulta popular dentro del sistema estatal de planeación democrática, así como los criterios para la formulación, implementación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. También determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con los gobiernos federal o municipales, e introduzca y concierte con los particulares, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. Los Municipios podrán celebrar en el ámbito de su competencia convenios y acuerdos con la Federación para la planeación, coordinación y ejecución de los programas de desarrollo económico y social, con la aprobación del Congreso del Estado. El sistema de planeación democrática del desarrollo incluirá la planeación estratégica. La ley conformará el Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno del Estado en el que concurrirán los sectores público, social, privado y académico, y establecerá las normas para su funcionamiento. En dicho Consejo estarán representadas las diversas regiones de desarrollo del Estado, conforme lo señale la ley. El Consejo alentará la planeación de largo plazo basada en el acuerdo social más amplio para dar continuidad a los procesos de desarrollo del Estado. Dicha planeación no limitará los contenidos y alcances del Plan Estatal de Desarrollo.
CAPITULO II - DE LOS TAMAULIPECOS
ARTICULO 5. Son Tamaulipecos: Los mexicanos nacidos dentro del territorio del Estado; Los mexicanos que adquieran vecindad en cualquier lugar del Estado, si no manifiestan ante la Autoridad Municipal respectiva su deseo de conservar su anterior origen; Los hijos de padres tamaulipecos nacidos fuera del territorio del Estado y que al llegar a la mayor edad manifiesten al Congreso Local su deseo de tener la condición de tamaulipecos.
CAPITULO III - DE LOS CIUDADANOS
ARTICULO 6. Son ciudadanos del Estado, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de tamaulipecos, reúnan además, los siguientes requisitos: Haber cumplido 18 años, y Tener un modo honesto de vivir.
ARTICULO 7. Son derechos de los ciudadanos tamaulipecos: Sufragar en todas las elecciones de autoridades del Estado y de su respectiva Municipalidad; Poder ser electos para todos los cargos públicos, siempre que reúnan las condiciones que en cada caso exija la Ley; Ser nombrado para cualquier empleo o comisión oficiales, en la forma y términos que prescriben las leyes, con preferencia en igualdad de circunstancias a los que no fueren tamaulipecos; Reunirse para tratar y discutir los negocios públicos, y participar en los procesos de referéndum, plebiscito, iniciativa popular, y demás procedimientos de consulta ciudadana que la ley establezca; y Ejercer en materia política el derecho de petición.
ARTICULO 8. Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: Votar en las elecciones populares en la forma que disponga la Ley; Desempeñar los cargos de elección popular y los concejiles para que fuere nombrado conforme a la Ley, salvo excusa legítima; Alistarse en la Guardia Nacional; Alistarse en los Cuerpos de Policía Rural del Estado para defender su territorio y su soberanía, y para sostener su Constitución, sus Leyes y autoridad; Inscribirse en el padrón de su Municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste; los profesionistas además se inscribirán en el padrón que al efecto llevará la Secretaría General de Gobierno.
ARTICULO 9. Los derechos de ciudadanos tamaulipecos se suspenden: Por incapacidad declarada legalmente; Por estar procesado. La suspensión produce efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión o desde que se declare que ha lugar para la formación de causa, tratándose de funcionarios que gocen de fuero constitucional; Por falta de cumplimiento sin causa justificada, de las obligaciones impuestas por el Artículo anterior. Esta suspensión durará un año y se impondrá sin perjuicio de las otras penas que para la misma falta señale la Ley; Por sentencia judicial; Por ser vago, ebrio consuetudinario o tahúr de profesión; En los casos de suspensión de la ciudadanía mexicana.
ARTICULO 10. Los derechos de ciudadano tamaulipeco se pierden: En los casos de pérdida de la ciudadanía mexicana; Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo cuando sea concedida a título honorífico; Por sentencia judicial.
ARTICULO 11. La calidad de ciudadano se recobra por haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión.
ARTICULO 12. Las leyes determinarán a qué autoridad corresponde decretar la suspensión, pérdida o recuperación de los derechos de los ciudadanos, y en qué términos y con qué requisitos ha de dictarse el fallo respectivo y el tiempo que debe durar la pena.
CAPITULO IV - DE LOS VECINOS
ARTICULO 13. Son vecinos los que residen de una manera habitual y constante en el territorio del Estado durante seis meses, ejerciendo alguna profesión, arte, oficio o industria, o durante dos si adquieren bienes raíces.
ARTICULO 14. La vecindad se pierde: Por dejar de residir habitualmente más de seis meses, dentro de su territorio; Desde el momento de separarse del territorio del Estado, siempre que se manifieste que va a cambiarse de residencia o que de cualquier otro modo se pruebe la intención de cambiarla.
ARTICULO 15. La vecindad no se pierde: Por ausencia en virtud de comisión del servicio público de la Federación, del Estado o de algún Municipio de éste; Por ausencia con motivo de persecuciones políticas, si el hecho que las origina no implica al mismo tiempo la comisión de un delito del orden común; Por ausencia en ocasión de estudios o comisiones científicas o artísticas.
CAPITULO V - DE LOS HABITANTES
ARTICULO 16. Son habitantes del Estado todas las personas que residen en su territorio, sea cual fuere su estado y condición. El pueblo de Tamaulipas establece que el respeto a las libertades y derechos fundamentales constituye la base y el objeto de las instituciones públicas y sociales. En consecuencia, en el Estado toda persona goza de las garantías individuales reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que la misma establece; y disfruta de las libertades y derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Tamaulipas se adoptarán las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para lograr, progresivamente y mediante la aplicación de los máximos recursos disponibles a la luz de las finanzas públicas, la plena efectividad de los derechos sociales materia de su competencia conforme a los órdenes jurídicos nacional y estatal, particularmente a la alimentación, protección de la salud, educación, trabajo, vivienda digna y decorosa y medio ambiente sano, en aras de la igualdad de oportunidades para toda la población. Al efecto, la Ley establecerá las normas para alentar el desarrollo social, mediante un sistema estatal específico de planeación en la materia, cuyos preceptos serán congruentes con el sistema de planeación democrática del desarrollo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, constituyéndose en un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del Estado, los Municipios, los sectores social y privado y la sociedad en general. En el ejercicio de la política estatal de desarrollo social serán principios rectores la libertad, solidaridad, justicia distributiva, inclusión, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia. En los términos que señale la ley, esa política será objeto de evaluación, estará sujeta al control social de sus beneficiarios y toda persona podrá formular denuncia sobre hechos, actos u omisiones que redunden en daños al ejercicio de sus derechos sociales.
ARTICULO 17. El Estado reconoce a sus habitantes: La inviolabilidad de la propiedad, la cual no podrá ser ocupada sino en virtud de expropiación, por causa de utilidad pública y mediante indemnización; La libertad de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito, pero en asuntos políticos es exclusiva de los ciudadanos tamaulipecos en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El derecho de los varones y las mujeres a la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico, social y cultural; El derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y al uso racional de los recursos naturales susceptibles de apropiación con base en el objetivo del desarrollo sustentable, en los términos que fijen las leyes; y La libertad de información y, en particular de sus ciudadanos para asuntos políticos, así como para utilizar y divulgar la información pública que reciban. El Estado garantizará el acceso a la información pública. Todo ente público estatal o municipal respetará esta libertad y pondrá a disposición del público la información con que cuente en virtud de sus actividades, salvo aquella relativa a la seguridad del Estado o la seguridad pública por la perturbación que pueda causar en el orden público, o a la intimidad, privacidad y dignidad de las personas, en los términos que señale la ley. La libertad de información comprende la protección del secreto profesional, sin demérito del derecho de réplica de toda persona ante la divulgación de información inexacta que le agravie.
ARTICULO 18. Todos los habitantes del Estado estarán obligados: A respetar y cumplir las Leyes, disposiciones y reglamentos expedidos por autoridad legítima con arreglo a sus facultades legales. Nadie podrá, para sustraerse de propia autoridad a la observancia de los preceptos legales, alegar que los ignora, que son notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones; A contribuir para todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes, quedando en todo caso prohibidos los impuestos de carácter meramente personal; A prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello sean legalmente requeridos; A recibir la educación básica-preescolar, primaria y secundaria, en la forma prevenida por las Leyes y conforme los planes, programas y reglamentos que se expidan por las autoridades educativas; Hacer que sus hijos, pupilos y menores que por cualquier título tengan a su cuidado, reciban la educación básica con arreglo a lo prescrito en la fracción anterior; Asistir los días y horas designadas por el Ayuntamiento del Municipio en que residan, para recibir la instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de todos sus derechos de ciudadano, y diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar; Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan cuando éste fuere amagado por partidas de malhechores, acatando las disposiciones que al efecto emanen de la autoridad local; y A respetar y cuidar el patrimonio natural del Estado y hacer uso de los recursos naturales susceptibles de apropiación sin afectar el desarrollo sustentable del Estado en los términos que dispongan las leyes. En las mismas se preverá que ninguna persona podrá ser obligada a llevar a cabo actividades que puedan ocasionar el deterioro del medio ambiente, así como que quien realice actividades que afecten el medio ambiente está obligado a prevenir, minimizar y reparar los daños que se caucen, asumiéndose con cargo a su patrimonio las erogaciones que requieran las tareas de restauración.
ARTICULO 19. A nadie podrá obligársele a que pague una contribución que no haya sido previamente decretada por el Congreso. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Ministerial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará hasta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
TITULO II - DE LA SOBERANIA DEL ESTADO Y LA FUNCION ELECTORAL
ARTICULO 20. La soberanía del Estado reside en el pueblo y éste la ejerce a través del Poder Público del modo y en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no reconoce en los Poderes Supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con Nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; éstas serán libres, auténticas y periódicas, y se desarrollarán conforme a las siguientes bases: - De los Partidos Políticos.- Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Apartado A.- La ley determinará las formas específicas de su participación en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas y reglas de financiamiento. Los partidos políticos deberán rendir informes financieros mismos que serán públicos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen las leyes respectivas. Apartado B.- De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán anualmente, en forma equitativa, financiamiento público. La ley garantizará que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado. El treinta y cinco por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sesenta y cinco por ciento restante, se repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior. b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se realice el proceso electoral en que se elija al Gobernador del Estado, integrantes de los Ayuntamientos y diputados, será el equivalente al sesenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan integrantes de los Ayuntamientos y diputados, equivaldrá al cuarenta por ciento del financiamiento por actividades ordinarias. c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al cinco por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta y cinco por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sesenta y cinco por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior. Apartado C.- La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador. Asimismo, la legislación electoral fijará las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, y las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales y ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. Apartado D.- La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos locales, las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado. Apartado E.- Los partidos políticos accederán a las prerrogativas de radio y televisión, conforme lo establecido en el apartado B de la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley electoral federal que reglamenta lo relativo a dicha disposición constitucional y conforme a lo que disponga la legislación electoral local en su ámbito de competencia. Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Apartado F.- La ley preverá los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos con que cuenten los partidos políticos y establecerá las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones en esta materia. Apartado G.- Conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan en la ley, los partidos políticos no podrán proponer a más del 60 % de candidatos de un mismo género. De la Autoridad Administrativa Electoral.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través de un Organismo Público Autónomo; de los partidos políticos y de los ciudadanos, según lo disponga la Ley. El Organismo Público se denominará Instituto Electoral de Tamaulipas y será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal. El Instituto Electoral de Tamaulipas será autoridad en la materia y profesional en su desempeño; se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su Organo Superior de Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de estos órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional de la función electoral. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos que serán insaculados del padrón electoral. La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán reunir los funcionarios del Instituto Electoral de Tamaulipas, para garantizar la eficacia del principio de imparcialidad. En el Instituto Electoral de Tamaulipas habrá una Contraloría General que tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. El Instituto Electoral de Tamaulipas fiscalizará las finanzas de los partidos políticos a través de un órgano técnico del Consejo General, dotado de autonomía de gestión, denominado Unidad de Fiscalización. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización se coordinará con el Instituto Federal Electoral en los términos de lo establecido en el penúltimo párrafo de la base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto Electoral de Tamaulipas se integrará conforme a las siguientes bases: a) La renovación del Consejero Presidente y de Consejeros Electorales del Consejo General será escalonada, y en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto para concluir el período del ausente. b) Los Consejeros Electorales del Consejo General durarán en su encargo 3 años con posibilidad de una reelección inmediata. Lo mismo aplicará para el Consejero Presidente, quien podrá ser reelecto con esa calidad o como Consejero Electoral. c) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General, serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria abierta que para tal efecto se emita, observando los requisitos, procedimiento y reglas que señale la ley respectiva. d) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General no podrán tener otra responsabilidad oficial o empleo, cargo o comisión remunerados, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados, previa autorización del propio Consejo General. e) Los partidos políticos contarán con un representante propietario y un suplente ante el Consejo General. Dichos representantes serán acreditados por la persona o el órgano que cuente con facultades para ello, de conformidad con las normas internas del instituto político que corresponda. f) El Secretario Ejecutivo será designado por el Consejo General a propuesta del Consejero Presidente. g) El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la ley. Durará 3 años en el cargo con posibilidad de una reelección inmediata. h) El titular de la Unidad de Fiscalización será designado por el Consejo General a propuesta del Consejero Presidente. i) El Instituto Electoral del Tamaulipas se integrará con las Direcciones Ejecutivas, Direcciones y demás órganos, necesarios y permanentes que garantizarán la eficaz prestación profesional de la función electoral. La ley establecerá las reglas, requisitos y procedimientos para la designación de los integrantes del Instituto Electoral de Tamaulipas. El Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, establecimiento y revisión de las demarcaciones de los distritos electorales, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. El Instituto Electoral de Tamaulipas, por acuerdo de tres cuartas partes de los integrantes del Consejo General, podrá convenir con el Instituto Federal Electoral la organización de procesos electorales locales, en los términos que la ley disponga. - De la justicia electoral.- La ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, y que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; y fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, incluyendo aquellas que corresponda desahogar a la autoridad electoral jurisdiccional federal, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Del sistema de medios de impugnación conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación en los ámbitos administrativo y jurisdiccional; fijará las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos, asimismo, tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral y las sanciones que por ellos deban imponerse. La persecución e investigación de los delitos electorales, estará a cargo de la fiscalía especializada en materia electoral, según lo prevea la ley correspondiente. Las autoridades estatales, municipales y federales coadyuvarán en todo aquello que les sea requerido por el Instituto o el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado. Del órgano jurisdiccional electoral.- La función jurisdiccional electoral estará a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, misma que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; será la máxima autoridad de la materia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se integrará con un Magistrado Presidente y cuatro Magistrados Electorales, mismos que serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la propuesta que para tal efecto envíe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, previa convocatoria pública y evaluación objetiva que el órgano proponente haga entre los participantes. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado enviará al Congreso del Estado una propuesta de dos candidatos por cada vacante del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. La elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley, y en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto para concluir el período del ausente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado funcionará en Pleno y será la única instancia para la resolución de los asuntos en materia electoral. Sus resoluciones serán emitidas con plenitud de jurisdicción, y contará con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Podrá emitir criterios de jurisprudencia de conformidad con lo previsto en la ley respectiva. Sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley y el reglamento correspondiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado únicamente podrá declarar la nulidad de una elección por causas expresamente señaladas en la ley. Los Magistrados Electorales que integren el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, mismos que no podrán ser menores que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Durarán en su encargo seis años improrrogables y no podrán ser reelectos. Para el ejercicio de su competencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado contará con un Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta, y demás personal que requiera. El Secretario General de Acuerdos será designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado a propuesta del Magistrado Presidente. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución, y según lo disponga la ley, acerca de: a) Las impugnaciones en las elecciones Gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos; b) Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que señalen las leyes; c) Las impugnaciones de actos, resoluciones y omisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas; d) Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado o el Instituto Electoral de Tamaulipas y sus servidores; e) Las demás que señale la ley. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, quien la presidirá; un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; y un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, propuesto por el Presidente de éste. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado propondrá su presupuesto al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. La ley garantizará que los Consejeros Electorales que integrarán el Instituto Electoral de Tamaulipas y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, no tengan antecedentes de dirigencia partidaria, en los 3 años inmediatos anteriores a la designación.
ARTICULO 21. Para su régimen interior, el Estado adopta la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular, siendo la base de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 22. El Poder Público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Una ley reglamentaria regulará los procesos de consulta ciudadana.
TITULO III - DE LA RESIDENClA DE LOS PODERES
ARTICULO 23. Los Poderes del Estado residirán en Ciudad Victoria.
ARTICULO 24. La residencia de los Poderes únicamente podrá cambiarse por resolución del Congreso aprobada por lo menos por las dos terceras partes de sus miembros.
TITULO lV - DEL PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I - DE LA ORGANIZACION DEL CONGRESO
ARTICULO 25. El ejercicio de las funciones propias del Poder Legislativo se encomienda a una asamblea que se denominara "Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas". Los Diputados al Congreso serán electos en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. La elección se celebrará el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. Las Legislaturas del Estado se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale la Ley.
ARTICULO 26. El Congreso del Estado se integrará por 22 Diputados electos según el principio de votación Mayoritaria Relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, y con 14 Diputados que serán electos según el principio de Representación Proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la circunscripción plurinominal que constituye la Entidad.
ARTICULO 27. La asignación de los 14 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas estatales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: Un partido político, para obtener el registro de sus listas estatales, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por el principio de Mayoría Relativa en por lo menos las dos terceras partes de los Distritos Electorales Uninominales; A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5 % del total de la votación estatal emitida, se les asignará un diputado; y Para la asignación de las diputaciones de representación proporcional que resten, después de deducidas las utilizadas en el caso de la fracción II, se estará a las reglas y fórmulas que la ley establezca para tales efectos. Ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios. Tampoco podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal efectiva. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento. Los diputados electos según el principio de Representación Proporcional se asignarán en el orden en que fueron registrados en las listas estatales de cada partido político.
ARTICULO 28. Derogado. (Decreto No. 152 POE número 86 del 25-oct-1997) .
ARTICULO 29. Para ser Diputado, Propietario o Suplente se requiere: Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos; Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia en él, por más de cinco años; Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; Poseer suficiente instrucción; Los demás señalamientos que contenga el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas.
ARTICULO 30. No pueden ser electos Diputados: El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 120 días antes de la elección; Los militares que hayan estado en servicio dentro de los 120 días anteriores a la fecha de la elección; Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, y los Jueces en su circunscripción, estarán también impedidos si no se separan de su cargo 120 días antes de la elección; Los Diputados Propietarios al Congreso local y los Suplentes que hayan estado en ejercicio para el período inmediato; Los miembros de los Consejos General, Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, o Magistrado, Secretario General, Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, a menos que se separen de su cargo un año antes de la elección. Los que estén procesados por delito delito doloso. El impedimento surte efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de Servidores Públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa.
ARTICULO 31. Los Diputados Propietarios, desde el día de su elección y los Suplentes en ejercicio, no pueden aceptar sin permiso del Congreso, empleo alguno de la Federación, del Estado o de los Municipios, por el cual se disfrute sueldo, excepto en el ramo de instrucción. Satisfecha esta condición y sólo en los casos en que sea necesaria, el Diputado quedará suspenso en sus funciones de representante del pueblo por todo el tiempo que desempeñe la nueva comisión o empleo. Las mismas disposiciones rigen respecto a los Diputados Suplentes en ejercicio.
ARTICULO 32. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo.
ARTICULO 33. Los Diputados Propietarios desde el día de su elección y los Suplentes cuando estén ejerciendo sus funciones, sólo podrán ser procesados por la comisión de delitos, previa declaración de procedencia del Congreso, en los términos del Artículo 152 de esta Constitución.
ARTICULO 34. En los casos del Artículo anterior y en el de muerte o imposibilidad calificada de los Diputados Propietarios, concurrirán los Suplentes respectivos. Tratándose de Diputados de Representación Proporcional, si el Suplente no pudiere concurrir, la vacante se cubrirá con el Diputado Propietario del mismo Partido que siga en la lista estatal respectiva.
ARTICULO 35. Por muerte o imposibilidad calificada del Diputado Propietario y del Suplente de un mismo Distrito, el Congreso dispondrá que se haga nueva elección siempre que ocurra dentro de los primeros dieciocho meses de su ejercicio. En caso de que una u otra ocurran después del término establecido a juicio del Congreso se llamará al Suplente de otro Distrito para que funja hasta terminar el período.
ARTICULO 36. Entre tanto se verifique la elección a que se refiere el artículo anterior, si no pudiere integrarse el quórum legal, los diputados que concurran llamarán al suplente que, a su juicio, pueda concurrir con mayor prontitud. Este cesará en su función tan luego se presente otro diputado que complete el quórum.
ARTICULO 37. La Legislatura requiere para el ejercicio de sus funciones, la asistencia de más de la mitad de sus integrantes. No habiendo la mayoría referida los Diputados que asistan, cualquiera que sea su número, deberán reunirse en los días señalados por la Ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes con la advertencia de que si no lo hacen ni acreditan debidamente ante el Congreso dentro del mismo término, qué fuerza mayor, caso fortuito u otra causa los imposibilita, se entenderá por ese solo hecho que renuncian al cargo y se convocará a nueva elección. Entre tanto transcurren los treinta días concedidos a los Diputados Propietarios, serán citados los Suplentes respectivos para integrar el quórum y si fenece el mencionado término sin obtenerse la comparecencia de los Suplentes se llamará nuevamente a éstos con el apercibimiento de declarar vacante el cargo si no concurren dentro de quince días, convocándose a elecciones para cubrir la vacante.
ARTICULO 38. Los Diputados pueden faltar a tres sesiones consecutivas con simples aviso y sólo con licencia concedida por el Congreso a mayor número de sesiones. El Diputado que no observe las formalidades prescritas se considera que falta sin causa justificada y no se le admitirá prueba en contrario, además perderá el derecho de asistir al período respectivo de sesiones cuando deje de concurrir a seis sesiones consecutivas, siempre que no se desintegrare el quórum por su falta.
ARTICULO 39. Los Diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada, no tendrán derecho a la dieta correspondiente.
ARTICULO 55. Es deber de cada Diputado visitar en los recesos del Congreso, a lo menos una vez cada año, los pueblos del Distrito que representa para informarse: Del estado en que se encuentra la Educación y Beneficencia Públicas; De cómo los funcionarios y empleados públicos, cumplen con sus respectivas obligaciones; Del estado en que se encuentre la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la minería y las vías de comunicación; De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del Distrito y de las medidas que sea conveniente dictar para remover tales obstáculos, y para favorecer el desarrollo de todos o de alguno de los ramos de la riqueza pública; Velar constantemente por el bienestar y prosperidad de su Distrito, allegando al o a los Municipios que lo compongan, su ayuda directa para conseguir ese fin.
ARTICULO 58. Son facultades del Congreso: Expedir, reformar y derogar las Leyes y Decretos que regulan el ejercicio del Poder Público; Fijar, a propuesta del Gobernador, los gastos del poder público del Estado, y decretar previamente las contribuciones y otros ingresos para cubrirlos, determinándose la duración de dichas fuentes de financiamiento y el modo de recaudar las contribuciones. En el Presupuesto de Egresos se podrán autorizar erogaciones multianuales para los proyectos de desarrollo y de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley, debiéndose incluir las erogaciones correspondientes en los presupuestos de egresos subsecuentes; Condonar contribuciones del Estado, en los casos que estime convenientes, con excepción de los señalados en las fracciones I y III del Artículo 133 de esta Constitución; Fijar, a propuesta de los respectivos Ayuntamientos, las contribuciones y otros ingresos que deban formar la Hacienda Pública de los Municipios, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades; Nombrar y remover a sus servidores públicos en los términos que señale la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso; así como al Auditor Superior del Estado en los términos dispuestos por esta Constitución y la ley. Revisar las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los poderes, de las entidades estatales o municipales y de todo ente público que administre o maneje fondos públicos. La revisión de la cuenta tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado, como órgano técnico de fiscalización superior. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las leyes. La coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano estará a cargo del Congreso de conformidad con lo que establezca la ley; Las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentadas al Congreso, a más tardar, el 30 de abril del año siguiente. Unicamente se podrá ampliar el plazo de presentación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo, cuando medie solicitud del Gobernador suficientemente justificada a juicio del Congreso, previa comparecencia del titular de la dependencia competente, pero la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. El Congreso deberá concluir la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado, sin demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la propia Auditoría, seguirá su curso en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley; Fijar las bases para que el Ejecutivo Estatal lleve a cabo la contratación de empréstitos sobre el crédito del Estado, mediante la expedición de la ley correspondiente, con base en las previsiones de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha ley se establecerán los elementos para la celebración de contratos en materia de crédito público y su renovación; la afectación en garantía de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado, o de los ingresos estatales; la realización de operaciones de sustitución o canje de deuda, incluyéndose la información sobre las condiciones financieras mayormente favorables que se hubieren contratado y el destino del ahorro para inversiones públicas productivas; y, en su caso, el reconocimiento de deuda pública contraída por el Estado, así como las condiciones en que se realizará su pago; Fijar las bases, mediante la expedición de la ley correspondiente, para que el Ejecutivo Estatal lleve a cabo la celebración de contratos de servicios o de obras en los cuales se afecten en garantía tanto las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado, como los ingresos estatales que sean susceptibles de afectación; Autorizar la enajenación de los bienes inmuebles del Estado y de los Municipios conforme a la ley, así como el gravamen de los bienes del dominio privado, cuando dicho acto implique una duración mayor al período para el cual hubieren sido electos; Fijar las bases a los Ayuntamientos para la contratación de empréstitos, con las limitaciones previstas en la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Suprimir empleos públicos de acuerdo con las disposiciones de la Ley respectiva; Conceder permiso y decretar honores por servicios eminentes prestados a la humanidad, a la Patria o al Estado; Expedir Leyes para la jubilación de los maestros de Instrucción Pública que lo merezcan en atención a la antigüedad y eficacia de sus servicios; Decretar pensiones en favor de las familias de quienes hayan prestado servicios eminentes al Estado; a los empleados del mismo por jubilación, y al cónyuge supérstite e hijos de los servidores públicos pertenecientes a las instituciones policiales y de procuración de justicia del Estado que hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber; Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como las reformas o derogación de unas y otras y secundar cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas por las Legislaturas de otros Estados; Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando alguna Ley General constituya un ataque a la soberanía o independencia del Estado o a la Constitución Federal; Llamar a los Diputados Suplentes para que concurran al Congreso, previa calificación del impedimento de los Propietarios; Establecer un Organismo de Protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, en los términos del Artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del Artículo 152 de esta Constitución. Asimismo, conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 151 de esta Constitución y, en su caso, fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren; Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los Tribunales del Estado; Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, y a los Consejeros de la Judicatura, en los términos que establece la presente Constitución. Asimismo, elegir y remover al Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; y ratificar al Procurador General de Justicia, con base en la designación que realice el Gobernador del Estado; Expedir la Ley de Organización para la Guardia Nacional en el Estado, de conformidad con la facultad que a los Estados concede la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Nombrar el Gobernador Interino en los casos a que se refiere el Artículo 84 de esta Constitución, para que promulgue el Decreto convocando a elecciones en los términos y forma que dicha disposición constitucional establece y para que desempeñe el Poder Ejecutivo mientras se hace cargo del mismo el Gobernador Constitucional Substituto que resulte electo; Comunicarse con los Poderes Ejecutivo y Judicial por medio de comisiones nombradas para tal efecto; Elegir al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas; así como al Magistrado Presidente y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; Expedir la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso; Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos amistosos relativos a límites del Estado; aprobar éstos en su caso y pedir al Congreso de la Unión su aprobación; Resolver las cuestiones de límites que se susciten entre Municipios del Estado, siempre que entre ellos no se hayan puesto de acuerdo; Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores; Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaratoria de Gobernador electo que hubiere hecho el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas; Derogada (Decreto LX-434 POE número 156 del 25-dic-2008). Resolver sobre la renuncia del cargo de Gobernador y calificar los impedimentos para encargarse de su cometido, y convocar a nueva elección si la renuncia o impedimento ocurrieren dentro de los tres primeros años del período; Derogada. Solicitar del Ciudadano Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de las garantías que ella otorga a los habitantes del Estado, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo a petición del Ejecutivo del Estado y solamente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública y cualesquier otro que pongan al Estado en grave peligro o conflicto. En los recesos del Congreso, si el caso fuere declarado urgentísimo por unanimidad de la Diputación Permanente, ésta, llamando a los Diputados existentes en el lugar donde celebre sus sesiones, que tendrán voz y voto en las deliberaciones, podrá hacer la petición antes dicha, sin perjuicio de convocarlo inmediatamente para darle cuenta y para que resuelva lo conveniente; Decretar, en su caso, el modo de cubrir el contingente de hombres que corresponda al Estado para el Ejército de la Nación; Derogada (Decreto No. 329 POE número 46 del 10-Jun-1995). Recibir la protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador, y a quienes en su caso deban ejercer esta función; a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Fiscal del Estado; a los Consejeros de la Judicatura, con excepción de su Presidente; al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, y a los servidores públicos que nombre y que conforme a las leyes deban rendirla; Fomentar e impulsar la educación pública y todos los ramos de prosperidad en general; Estimular la beneficencia pública, reglamentarla para que llene sus fines y para que estén debidamente asegurados sus bienes; Resolver sobre la solicitud de licencia temporal que formule el Gobernador para separarse de su cargo por más de 30 días y de permiso para salir del territorio del Estado por más de 15 días, y designar a la persona que deba suplirlo internamente en los casos que así se requiera; Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de servicio temporal cuando lo demanden las necesidades del Estado; Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en alguno o en todos los ramos de la Administración Pública cuando circunstancias apremiantes así lo exijan, siendo necesario para ello el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso; La facultad que le concede el Artículo 24 de esta Constitución; Concurrir a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que establece el Artículo 135 de la misma Constitución; Legislar en materia de desarrollo sustentable, conforme a los siguientes principios: a).- El derecho de los habitantes del Estado a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; b).- El aliento del desarrollo social y económico con base en las premisas de la protección del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y la atención de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras; c).- La promoción de la investigación y el intercambio científico y tecnológico; d).- La prohibición del uso de sustancias o la realización de actividades que generen una degradación ambiental grave o sean nocivas para la salud de la población, y e).- La obligación de restaurar los daños ocasionados al medio ambiente y al equilibrio de los ecosistemas. Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, sólo cuando tengan carácter puramente administrativo; Dictar Leyes tendientes a combatir con la mayor energía el alcoholismo; Dictar Leyes para organizar el sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente; y dictar las Leyes necesarias para establecer un sistema integral de justicia para adolescentes, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconocen la Constitución General de la República y esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, atendiendo a la esencia del artículo 18 de la Constitución General de la República. Convocar a elecciones en caso de muerte del Gobernador, o cuando por haber declarado que ha lugar a formación de causa en su contra, haya sido consignado y quede acéfalo el Poder Ejecutivo y siempre que la falta absoluta ocurre durante los tres años del período; Conocer y resolver sobre la renuncia y los impedimentos que tengan para desempeñar sus cargos los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y los consejeros de la Judicatura nombrando en su caso a quien deba sustituirlos, conforme al procedimiento aplicable para cada caso; Expedir Leyes que regulen las relaciones laborales del Estado y los Municipios con sus respectivos trabajadores, en base a lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; Crear nuevas Municipalidades dentro de las existentes, variar sus límites y suprimir alguna o algunas de ellas; Conceder por tiempo limitado privilegio a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o mejora útil; Resolver en definitiva, sobre las medidas adoptadas por el Gobernador, en los casos a que se refiere la fracción XLV del Artículo 91, dándole inmediata cuenta de la resolución, a fin de que proceda en consecuencia; Legislar en materia de planeación sobre la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el Estado y los Municipios; así como legislar sobre los procesos de participación directa de la ciudadanía, y fijar las bases generales para que los Ayuntamientos establezcan los procesos en esta materia; Para expedir leyes en materia de impartición de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre los particulares y las autoridades del Estado, de los ayuntamientos y de las entidades estatales y municipales, estableciéndose las normas para su organización, funcionamiento, procedimientos y recursos contra sus resoluciones; así como aprobar los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de ley, y recibir la protesta de dichos titulares; Legislar sobre las normas de contabilidad gubernamental, con objeto de establecer criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera, los ingresos y egresos, la contabilidad pública y el patrimonio de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los órganos con autonomía de los poderes, así como de las entidades estatales y municipales, a fin de garantizar la armonía con las previsiones nacionales en la materia; Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las concedidas a los otros Poderes por esta Constitución, así como las que no estén expresamente reservadas a los Poderes de la Unión y correspondan al régimen interior del Estado; y Ejercer las demás facultades que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen de ambas.
ARTICULO 59. No puede el Congreso: Imponer préstamos forzosos de cualquier especie y naturaleza que sean; Arrogarse en ningún caso facultades extraordinarias; Atentar contra el sistema Representativo, Popular y Federal; Dejar de señalar retribución a un empleo establecido por la Ley. En caso de que se omita fijar tal remuneración, se entenderá señalada la ultima que hubiere tenido; Mandar hacer cortes de cuentas con los acreedores del Estado, a fin de dejar sus créditos insolutos; o disminuir o negar las previsiones presupuestales necesarias para atender las obligaciones de pago contraídas por el Estado en materia de deuda pública o de contratos de servicios o de obras que comprendan ejercicios presupuestales posteriores al de su celebración; Dispensar estudios para el efecto de otorgar Títulos Profesionales; Hacer lo demás que prohíbe esta Constitución.
ARTICULO 62. Son atribuciones de la Diputación Permanente: Velar por la observancia de la Constitución y de las Leyes; Dictaminar sobre los asuntos que quedaren pendientes al terminar el Período de Sesiones Ordinarias del Congreso y sobre los que admita, y presentar estos Dictámenes en la primera sesión ordinaria del nuevo Período de Sesiones; Convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias y, en su caso, para que conozca de las denuncias en contra de servidores públicos y proceda conforme a lo dispuesto en la fracción XIX del Artículo 58 de esta Constitución; el Congreso no prolongará sus sesiones por más tiempo que el indispensable para tratar el asunto para el que fuere convocado; Circular la convocatoria si después de tres días de comunicada al Ejecutivo éste no la hubiere publicado; Admitir la renuncia de los servidores públicos que conforme a la ley deban presentarla ante el mismo, mandando cubrir sus vacantes en la forma que lo establece la Constitución; Desempeñar las funciones y ejercer las facultades que le señala la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso; Ejercer, en su caso, la facultad que al Congreso concede la Fracción XXX del Artículo 58 de ésta Constitución; Recibir la protesta de los servidores públicos en los casos en que deban rendirla ante el Congreso; Resolver sobre las solicitudes de carácter urgente que se le presentaren; cuando la resolución exija la expedición de una Ley o Decreto, se concretará la Diputación Permanente a formular dictamen para dar cuenta a la Legislatura; Resolver, en definitiva, en los recesos del Congreso, sobre las medidas que adopte el Gobernador en los casos a que se refiere la fracción XLV del Artículo 91, dándole inmediata cuenta de la resolución a fin de que proceda en consecuencia; Ejercer, en su caso, las facultades que al Congreso concede la fracción XVI del Artículo 58 de esta Constitución; Conocer y resolver sobre solicitud de licencia que le sean prestadas por los legisladores; Turnar a la Auditoría Superior del Estado las cuentas públicas que reciba, para su revisión; y Las demás que le confieran las leyes.
CAPITULO V - DEL PROCESO LEGISLATIVO, DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR.
Sección Primera - Del proceso legislativo
ARTICULO 64. El derecho de iniciativa compete: A los Diputados del Congreso del Estado; Al Gobernador del Estado; Al Supremo Tribunal de Justicia; A los Ayuntamientos; A todos los ciudadanos, por conducto de sus Diputaciones; la iniciativa popular deberá plantearse conforme a la ley.
ARTICULO 65. Las votaciones de Leyes o decretos serán nominales.
ARTICULO 66. En las normas sobre el funcionamiento interno del Congreso se contendrán las reglas que deberán observarse para la discusión, votación y formación de las leyes, decretos y acuerdos. Ninguna iniciativa de ley o decreto que sea desechada podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones, salvo lo dispuesto para las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, y el Presupuesto de Egresos del Estado.
ARTICULO 67. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley o decreto cuando sean aprobadas por la mayoría de los diputados presentes en los términos de lo previsto por esta sección, y entrarán en vigor en la fecha que determine el Congreso; si éste no lo determina, serán vigentes a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO 68. Las leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien los sancionará y los mandará publicar y circular para su cumplimiento; pero éste podrá formular observaciones, dentro de los primeros diez días hábiles siguientes a su recepción, haciendo expresión por escrito de las razones que estime pertinentes. El Congreso tomará en cuenta las observaciones que reciba y previo su examen, discutirá nuevamente el proyecto; el Ejecutivo podrá nombrar un representante para que asista con voz a la deliberación que se celebre. Concluida ésta, se votará el dictamen correspondiente y se tendrá por aprobado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si la ley o decreto resulta aprobada, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación y publicación inmediatas. Si al clausurarse el periodo de sesiones no se hubiere cumplido el término concedido en el párrafo anterior para que el Ejecutivo formule observaciones, las mismas deberán hacerse del conocimiento del Congreso el primer día en que vuelva a reunirse para sesionar.
Sección Segunda - Del proceso presupuestario
ARTICULO 69. El Congreso del Estado deberá deliberar y votar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar, el 31 de diciembre del año anterior al que deban regir, disponiéndose la convocatoria a la sesión extraordinaria que deberá celebrarse para cumplir ese objetivo si no se hubieren expedido esos ordenamientos o alguno de ellos antes de clausurar el segundo periodo de sesiones, una vez abierto el receso correspondiente. Si la discusión y votación del dictamen de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos o de alguno de ellos, no se realiza para el 31 de diciembre del año anterior al cual deban regir, hasta la aprobación de esos ordenamientos o de alguno de ellos se aplicarán provisionalmente durante los dos primeros meses del año fiscal siguiente las disposiciones previstas en los respectivos ordenamientos vigentes hasta ese día. Si al finalizar ese plazo no se hubieren votado y aprobado, se aplicarán con carácter definitivo los preceptos contenidos en las iniciativas que en su oportunidad hubiere enviado el Ejecutivo. En ambas hipótesis se efectuará la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado. En tratándose de las iniciativas de Ley de Ingresos de los Ayuntamientos del Estado, el plazo para su aprobación definitiva por parte del Congreso será también el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal de que se trate y si ello no ocurre, en lo conducente se seguirán las reglas previstas los párrafos anteriores. En todo caso, la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado deberá incluir la estimación de los ingresos que tendrá por los diferentes conceptos aplicables durante el siguiente ejercicio fiscal.
ARTICULO 70. Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado contendrán estimaciones sobre los recursos que percibirá o que dispondrá el erario público para el siguiente ejercicio fiscal. El principio del equilibrio entre los ingresos y los egresos públicos regirá la preparación y presentación de dichas iniciativas. Toda propuesta de creación de partidas de gasto o de incremento de las mismas a la iniciativa de Presupuesto de Egresos, deberá adicionarse con la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal. En la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Estado se incluirán los proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura cuya realización requiera de previsiones presupuestales multianuales. La aprobación de las asignaciones presupuestales relativas a dichos proyectos vincula a su inclusión en las asignaciones de gasto público necesarias para su culminación en los subsiguientes presupuestos de egresos.
ARTICULO 71. En tratándose de las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios y del Presupuesto de Egresos del Estado, si alguna de ellas o éste fuere desechado, podrá presentarse nueva iniciativa por el Ejecutivo o los Ayuntamientos, según corresponda, con objeto de asegurar que al inicio del siguiente ejercicio fiscal se cuenten con los ordenamientos necesarios en materia de ingresos y egresos. Si los titulares de la facultad de iniciativa en esta materia no la formulan en tiempo, corresponde a las comisiones del Congreso con competencia en estas materias la presentación de una propuesta susceptible de ser conocida y votada por el Pleno del Congreso.
ARTICULO 72. La formulación de observaciones sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado que apruebe el Congreso con motivo del proceso presupuestario deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a su recepción, debiéndose expresar por escrito las razones que se estimen pertinentes. El Congreso las examinará y discutirá nuevamente el proyecto dentro de los siguientes tres días; el Ejecutivo podrá nombrar un representante para que asista con voz a la deliberación que se realice. En todo caso, la formulación y desahogo de las observaciones se hará dentro del plazo que establece esta Constitución para la vigencia del año fiscal. Si los términos contenidos originalmente en la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos son confirmados por las dos terceras partes de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Sección Tercera - De las Disposiciones Comunes
ARTICULO 73. El Ejecutivo no podrá formular observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando éste ejerza funciones de Jurado, ni en los casos de aceptación de renuncias o convocatoria a nuevas elecciones.
ARTICULO 74. En la reforma, adición, derogación o abrogación de las Leyes, Decretos o Acuerdos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
ARTICULO 75. Las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y los Secretarios del Congreso, empleándose la siguiente formula: “El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, decreta: (texto de la ley o decreto)”, y los acuerdos serán suscritos únicamente por los Secretarios.
Sección Cuarta - De la fiscalización superior
ARTICULO 76. La función de fiscalización corresponde a la Auditoría Superior del Estado, la cual será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos públicos; el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los poderes y de las entidades estatales y municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. En tratándose de la recaudación, analizar si fueron percibidos los recursos estimados en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. También fiscalizará directamente los recursos estatales o municipales que se destinen y ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Los entes sujetos de fiscalización a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos estatales o municipales que se les transfieran y asignen, de conformidad con los criterios que establezca la ley. La Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda abierta nuevamente, para todos los efectos legales, la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales. Las observaciones o recomendaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión. Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley y derivado de alguna denuncia, podrá requerir al sujeto fiscalizado que proceda a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rinda un informe. Si los requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados en la ley, se impondrán las sanciones previstas en ésta. La Auditoría Superior rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante la autoridad competente; Entregar al Congreso del Estado el informe de resultados de la revisión de cada una de las cuentas públicas que reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos informes contemplarán los resultados de la revisión efectuada y la referencia a la fiscalización del cumplimiento de los programas. Si del examen de la Cuenta Pública aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley. En forma previa a la presentación del informe de resultados, la Auditoría Superior dará a conocer a los sujetos fiscalizados el resultado preliminar de la revisión practicada, a fin de que los mismos presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes, las cuales serán valoradas por la Auditoría Superior para la elaboración final del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. El Auditor Superior del Estado enviará a los sujetos fiscalizados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores de su entrega al Congreso del Estado, tanto el informe de resultados como las recomendaciones que correspondan, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles presenten la información necesaria y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, comunicándoles que en caso de no lo hagan serán acreedores a las sanciones previstas en la ley. Lo anterior no aplicará a los pliegos de observaciones y al fincamiento de responsabilidades, los cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que prevea la ley. La Auditoría Superior, dentro de los 120 días hábiles posteriores a las respuestas que reciba de los sujetos fiscalizados, deberá pronunciarse sobre las mismas y, en caso de no hacerlo, se entenderá que las recomendaciones y acciones promovidas han sido atendidas. Tratándose de las recomendaciones sobre el desempeño de los sujetos fiscalizados, estos deberán precisar a la Auditoría Superior las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. La Auditoría Superior del Estado entregará al Congreso sendos informes sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas el día 1 de mayo y el día 1 de noviembre de cada año. La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y de sus observaciones hasta que rinda el informe del resultado del análisis de la cuenta pública de que se trate al Congreso del Estado. La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes infrinjan esta disposición; En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior sólo podrá emitir recomendaciones para la mejoría en el desempeño de los mismos, en términos de la ley; Efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus funciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal o municipales o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título XI de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior del Estado podrán impugnarse por los sujetos fiscalizados y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante dicho órgano técnico de fiscalización superior o ante los tribunales a que se refiere la fracción LVII del artículo 58 de esta Constitución, en los términos que dispongan las leyes. El Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes. El Auditor deberá contar con experiencia en materia de control presupuestal, auditoría financiera y régimen de responsabilidades de los servidores públicos, de por lo menos cinco años. La ley establecerá el procedimiento para su designación. El titular de la Auditoría durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado para un nuevo periodo por una sola vez. Sólo podrá ser removido de su encargo por las causas graves que señale la ley, mediante el procedimiento que la misma establezca y con la votación requerida para su designación. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. En el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes de su competencia y se apruebe la cuenta pública correspondiente; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. Los poderes del Estado, los Ayuntamientos, los entes públicos estatales, los organismos estatales y municipales y toda persona sujeta a la fiscalización superior facilitarán a la Auditoría los auxilios que requiera para el ejercicio de sus funciones. Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones impuestas por la Auditoría Superior, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución en el ámbito del Ejecutivo del Estado.
ARTICULO 78. Para ser Gobernador se requiere: Que el candidato esté en pleno goce de los derechos de ciudadanía de acuerdo con los Artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y que no haya ocurrido en su perjuicio ninguno de los motivos de pérdida ni de suspensión de derechos a que se refieren los Artículos 37 y 38 de la misma Constitución; Ser mexicano de nacimiento; Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en él no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección; Ser mayor de treinta años de edad el día de la elección; y, Poseer suficiente instrucción.
ARTICULO 79. No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección: Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo han conservado dentro de los 120 días anteriores al día de la elección; Los Militares que no se hayan separado del servicio activo por lo menos 120 días antes de la elección; Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la Federación, a menos que se separen de ellos 120 días antes de la elección, sean o no de elección popular; Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, Diputados locales, Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, o quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, cuando menos 120 días antes de la elección; Los Magistrados, Secretario General de Acuerdos o Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y los miembros de los Consejos General, Distritales o Municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas, si no se encuentran separados de su cargo un año antes de la elección; Los que estén sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar de la fecha del auto de formal prisión.
ARTICULO 91. Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes: En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federales; Cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado según la Constitución y las leyes que al caso resultan aplicables; Impedir los abusos de la fuerza pública contra los ciudadanos y los pueblos, procurando que se haga efectiva la responsabilidad en que aquella incurriere; Conforme a la libertad de creencias y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, ejercer las atribuciones que le confiera la ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de agrupaciones religiosas e iglesias, asociaciones religiosas y culto público; Promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado, las leyes y decretos del Congreso, y proveer en la esfera administrativa cuando fuere necesario a su exacta observancia, expidiendo para el efecto los reglamentos respectivos. Cuidar en los distintos ramos de la Administración que los caudales públicos estén asegurados y se recauden e inviertan con arreglo a las Leyes; Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, así como remitir las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos del Estado en los términos que disponen esta Constitución y la ley; Ejercer la facultad prevista en la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de confianza a que se refiere la ley respectiva y a los demás cuyo nombramiento y remoción no se encomiende a otra autoridad; Designar al Procurador General de Justicia, con la ratificación del Congreso, y turnar al titular de esa dependencia todos los asuntos que deban ventilarse dentro del ámbito de sus atribuciones; Resolver gubernativamente los asuntos que pongan las Leyes en el ámbito de sus atribuciones; Iniciar ante el Congreso las Leyes y Decretos que estime convenientes para el mejoramiento de las funciones del Poder Público del Estado y solicitar a éste órgano que inicie ante el Congreso de la Unión lo que sea de la competencia federal; Proponer a la Diputación Permanente la convocación del Congreso a Sesiones Extraordinarias; Proponer al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, en su caso, el nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal Electoral, mismos que serán nombrados mediante el procedimiento que para tal efecto se establece en esta Constitución; así como la propuesta de designación del Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; Auxiliar a los Tribunales y Juzgados del Estado para que la justicia se administre pronta y cumplidamente, y que se ejecuten las sentencias, prestando a aquéllos el apoyo que requieran para el mejor ejercicio de sus funciones. Esta atribución no lo autoriza para intervenir directa o indirectamente en el examen y decisión de los juicios en trámite, ni para disponer en forma alguna de los procesados; Cuidar que la justicia administrativa se aplique de manera pronta, completa e imparcial por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo; Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas de seguridad por el territorio del Estado y recíprocamente, dando cuenta al Congreso; Celebrar, con la aprobación del Congreso del Estado y, posteriormente, del Congreso de la Unión, convenios amistosos con los Estados vecinos en materia de límites; Convocar a los miembros del Congreso para el desempeño de sus funciones, cuando por alguna causa no hubiere Diputación Permanente; Ejercer la superior inspección de la Hacienda Pública del Estado y velar por su recaudación, custodia, administración e inversión; Celebrar en los términos de Ley, con el Ejecutivo Federal, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, las Entidades Federativas y los Municipios, los convenios y acuerdos necesarios para el desarrollo económico y social de la Nación, el Estado y los Municipios. Asimismo, podrá inducir y concertar con los particulares acciones destinadas al mismo objeto; Designar un consejero de la Judicatura conforme lo establece el primer párrafo de la fracción II del artículo 106 de esta Constitución; Visitar durante su período los Municipios del Estado, dictar las providencias que conforme a sus facultades fueren oportunas para su mejor desarrollo y dar cuenta al Congreso, cuando así fuere necesario; Dictar las disposiciones necesarias para combatir los juegos prohibidos; Expedir los Fíats de Notarios y Títulos Profesionales con arreglo a las Leyes; Conceder indulto de las penas en los términos y con los requisitos que expresa la Ley; Organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso; Sancionar a quienes le falten el respeto o infrinjan los reglamentos gubernativos con arresto o multa, en los términos del Artículo 19 de esta Constitución; Representar al Gobierno del Estado en todos los actos inherentes a su cargo. Esta representación podrá delegarla u otorgarla en favor de terceros en los términos más amplios que, para tal efecto, fijen las leyes. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna Iniciativa presentada por el Ejecutivo; o enviar en su representación al Secretario General de Gobierno o a la persona que designe para el mismo objeto, o para informar cuando lo solicite el Congreso, pudiendo rendir tales informes por escrito; Pedir al Congreso, o a la Diputación Permanente, si aquél no estuviere reunido, las facultades extraordinarias que sean necesarias para restablecer el orden en el Estado, cuando por causa de invasión o de conmoción interior se hubiere alterado. Del uso que haya hecho de tales facultades dará cuenta detallada al Congreso; Hacer cumplir los fallos y sentencias de los Tribunales y prestar a éstos el auxilio que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones; Concurrir a la apertura de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso, pudiendo informar en ellos acerca de todos o algunos de los ramos de la administración pública a su cargo, cuando lo estime conveniente o así lo solicite el Congreso, pero deberá rendir un informe completo sobre la misma en sesión pública, extraordinaria y solemne del Congreso que se verificará el último domingo del mes de noviembre de cada año; Fomentar por todos los medios posibles la Institución y Educación Públicas y procurar el adelanto y mejoramiento social, favoreciendo toda clase de mejoras que interesen a la colectividad; Conceder licencias a los servidores públicos o suspenderlos de conformidad con lo expresado en la Ley Reglamentara relativa; Tomar en caso de invasión exterior o conmoción interior armada, las medidas extraordinarias que fueren necesarias para salvar el Estado, sujetándolas lo más pronto posible a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente; En caso de sublevación o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o la Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la protección debida, si los elementos de que dispone el Ejecutivo del Estado no fueren bastante para restablecer el orden; Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos de nombramiento del Ejecutivo, cuando no estuviere determinada otra cosa en la Ley; Acordar la expropiación por causa de utilidad pública con los requisitos de Ley; Excitar a los Ayuntamientos en los casos a su juicio sea necesario, para que cuiden del mejoramiento de los distintos Ramos de la Administración; Conceder pensiones dentro o fuera del Estado a los estudiantes que acrediten que no pueden sostenerse de por sí; Dar cuenta al Congreso para que resuelva sobre los acuerdos de los Ayuntamientos que fueren contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución local o cualquiera otra Ley, o cuando lesionen los intereses municipales; Respetar y hacer que se respete la libre emisión del voto popular en las elecciones y la voluntad expresada en los procesos de participación directa de la ciudadanía; Conceder con arreglo a las Leyes habilitaciones de edad a los menores para contraer matrimonio; Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público o la paz social, o la economía del Estado o la de los Municipios, dando cuenta inmediata al Congreso o en su receso a la Diputación Permanente, para que resuelva en definitiva; Celebrar convenios de colaboración con la Federación, las entidades federativas y los municipios del Estado en materia de desarrollo sustentable, con base en las leyes de la materia; y Ejercer las demás facultades que le señala la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen de ambas.
ARTICULO 92. Se prohíbe al Gobernador: Negarse a sancionar y publicar las Leyes y Decretos que expida el Congreso, en los términos que prescribe esta Constitución; Intervenir directa o indirectamente en las funciones del Poder Legislativo, excepto el caso de iniciar alguna Ley o hacer observaciones a las que se remitan para su sanción; Decretar la prisión de alguna persona o privarla de su libertad, sino cuando el bien y seguridad del Estado lo exija, y aún entonces deberá ponerla en libertad o a disposición de la Autoridad competente en el preciso término de 36 horas, salvo lo prevenido en la fracción XXXII del Artículo anterior; Ocupar la propiedad particular, salvo en los casos de expropiación, por causa de utilidad pública y en la forma legal; Mezclarse en los asuntos judiciales, ni disponer durante el juicio de las cosas que en él se versan o de las personas que están bajo la acción de la justicia; Distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la Ley; Expedir órdenes de recaudación o pago, sino por conducto de la Secretaría del ramo; Impedir o retardar la instalación del Congreso; Salir del territorio del Estado por más de quince días, sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente; Mandar personalmente en campaña la fuerza pública, sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente.
ARTICULO 94. Para el desempeño de los asuntos oficiales, el Ejecutivo tendrá un funcionario que se denominará "Secretario General de Gobierno". Para ser Secretario General de Gobierno, se requiere: Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; Ser mayor de treinta años de edad; Poseer instrucción escolar suficiente; No ser militar ni ministro de algún culto, esté o no en ejercicio; No haber sido condenado por delito infamante. La calificación la hace el H. Congreso.
ARTICULO 106. El Poder Judicial estará conformado por: El Supremo Tribunal de Justicia, integrado por diez Magistrados de Número, quienes conformarán al Pleno, así como por los Magistrados Supernumerarios y los Magistrados Regionales que conforme a la ley requieran sus funciones y sustente el presupuesto de egresos. Los Magistrados de número y los supernumerarios residirán en la Capital del Estado y desahogarán sus funciones en Pleno, en Salas Colegiadas o en Salas Unitarias, según corresponda y de acuerdo a lo que disponga la ley. Los Magistrados regionales actuarán en Salas Unitarias y resolverán los asuntos que señale la ley. Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados por un periodo de seis años y podrán ser ratificados hasta completar un máximo de doce años contados a partir de la fecha inicial de su designación. Sólo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título XI de esta Constitución y, al término de su desempeño, tendrán derecho a un haber por retiro conforme a lo que disponga la ley. Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado. Quien haya sido ratificado para un segundo periodo no podrá ser propuesto nuevamente como Magistrado, salvo que hubiere ejercido el cargo con carácter de provisional. Los Magistrados y jueces serán nombrados preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. El Consejo de la Judicatura del Estado se integrará por cinco consejeros, uno de los cuales será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá; dos serán nombrados por el Congreso del Estado a propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; uno será designado por el Congreso del Estado a propuesta de la Junta de Coordinación Política, y uno más designado por el Ejecutivo Estatal, en los términos de esta Constitución y las leyes. La propuesta realizada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia ante el Congreso del Estado deberá recaer sobre personas que sean o hayan sido servidores públicos del Poder Judicial del Estado y que se hayan distinguido por su buen desempeño. Los consejeros durarán en su cargo seis años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser designados para un periodo inmediato posterior. Para ser consejero de la Judicatura se exigirán los mismos requisitos que para el cargo de Magistrado. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia permanecerá en el cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura durante el tiempo que desempeñe aquella función, sin recibir remuneración adicional. Los consejeros de la Judicatura del Estado no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Las personas que hayan ocupado el cargo de Consejero de la Judicatura, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado y, al término de su desempeño tendrán derecho a un haber por retiro conforme a lo que disponga la ley. Los designados consejeros, una vez concluida dicha encomienda, podrán continuar su carrera judicial en un cargo similar al que desempeñaban previo a su designación como consejeros, si fuera el caso. El Consejo dispondrá su adscripción en términos de esta Constitución. El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno sesionará con la presencia de su Presidente y de, al menos, tres de sus integrantes. El Tribunal Electoral del Estado, en los términos previstos en el artículo 20 fracción IV de esta Constitución.
ARTICULO 110. Los Magistrados y los consejeros serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el cual cesará únicamente en los términos del Título XI de esta Constitución. Son causas de retiro forzoso: Haber cumplido 70 años de edad; Jubilarse en los términos legales; Padecer incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño de su función; y, Renunciar a su cargo o situarse en el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo 112 de esta Constitución. Los Magistrados y los consejeros sólo podrán ser removidos de su encargo por el Congreso del Estado, en los términos dispuestos por esta Constitución.
ARTICULO 111. Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere: Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, si es nativo del Estado o haber residido en el Estado por más de cinco años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación en caso de no ser nativo, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca al cumplimiento de un servicio público; Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; Poseer título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por lo menos con diez años de anterioridad al día de la designación, por autoridad o institución legalmente facultada para ello; No haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación, los cargos de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador General de Justicia o Diputado local en el Estado; y Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, peculado fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
ARTICULO 113. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en funciones de tribunal constitucional, tendrá jurisdicción para conocer y resolver, en los términos que señale la ley reglamentaria, exceptuándose por cuanto disponen los artículos 76, fracción VI y 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes medios de control de la constitucionalidad local: De la controversia constitucional local, que podrán promover los Poderes del Estado y los municipios, para impugnar actos o normas generales estatales o municipales que invadan su competencia conforme a esta Constitución. El Poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias. De la acción de inconstitucionalidad local, para impugnar normas generales expedidas por el Congreso del Estado o por un Ayuntamiento, que sean contrarias a esta Constitución. Podrán promoverla los Diputados, tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado o por los síndicos y regidores tratándose de normas generales expedidas por su respectivo Ayuntamiento, en los términos que determine la ley. Esta acción también podrá promoverla el Procurador General de Justicia del Estado y, tratándose de normas generales que violen los derechos humanos establecidos por esta Constitución, por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Las sentencias dictadas para resolver los asuntos planteados conforme a las fracciones I y II de este artículo, que declaren inconstitucional una norma general, tendrán efectos generales cuando sean votados por las dos terceras partes de los integrantes del Pleno Supremo Tribunal de Justicia, a partir de la fecha en que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado o de la fecha posterior a la publicación que la propia resolución ordene.
ARTICULO 114. Son atribuciones de los órganos del Poder Judicial del Estado: Del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: Resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, conforme lo establezcan esta Constitución y la ley; Conocer en segunda instancia de los asuntos familiares, civiles, penales o de justicia para adolescentes y de aquellos que establezcan otras leyes, que al efecto remitan los jueces de primera instancia o menores; Conocer en Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado o entre particulares y los Ayuntamientos; Erigirse en jurado de sentencia para conocer y resolver, sin recurso ulterior, las causas que se instruyan contra servidores públicos, conforme a lo dispuesto por el Título XI de esta Constitución; Atender las dudas sobre la interpretación de la ley que sean planteadas por los jueces o surjan del seno del propio Tribunal; Dirimir las cuestiones de competencia que surjan entre las autoridades judiciales del Estado, en los términos que fije la ley; Formular, ante el Congreso del Estado, iniciativas de ley tendientes a mejorar la impartición de justicia; así como expedir y modificar, en su caso, los reglamentos y los acuerdos generales que se requieran para este fin; Formular, expedir y modificar, en su caso, el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia; Determinar a propuesta del Presidente la competencia de las Salas, las adscripciones de los Magistrados a las mismas; y adscribir, en su caso, a los Magistrados supernumerarios a las Salas en los supuestos que determine la ley; Elegir Presidente del Pleno del Supremo Tribunal, en los términos que determine la ley, quien a su vez lo será del Consejo de la Judicatura; Delegar al Presidente las atribuciones que estime pertinentes; Recibir, en sesión plenaria, extraordinaria, pública y solemne que se verificará antes de la segunda quincena del mes de marzo de cada año, el informe anual de labores que deberá rendir su Presidente sobre el estado que guardan el Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia, con excepción de la materia electoral. El informe se entregará por escrito al Congreso del Estado, en la modalidad que éste acuerde; Acordar, en los casos que considere necesario, la propuesta al Gobernador del Estado para la creación de Magistraturas Supernumerarias y de Magistraturas Regionales; Nombrar, a los jueces de primera instancia, a los jueces menores y a los jueces de paz y, en su caso, determinar sobre su ratificación con base en la propuesta correspondiente del Consejo de la Judicatura; Tomar la protesta de ley, por conducto del Presidente, a los jueces de primera instancia, los jueces menores y los jueces de paz; Calificar los impedimentos de los Magistrados para conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción, en caso de excusa o recusación, en los términos previstos por la ley; Conceder licencias hasta por un mes a los Magistrados del Poder Judicial, así como admitir sus renuncias, sancionar sus faltas y fijar los períodos de vacaciones del propio Poder Judicial, en los términos que determine la ley; Conocer las quejas que se formulen contra los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del ejercicio de sus funciones, las cuales se sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, así como resolver, en única instancia, los juicios de responsabilidad civil que se promuevan en contra de los mismos; Conocer y resolver, en única instancia, las causas que se instruyan en contra de alguno de sus miembros, los jueces de primera instancia, los jueces menores y los jueces de paz por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y de las que deban sustanciarse contra los secretarios del mismo Tribunal, por faltas y abusos cometidos en el desempeño de sus cargos; Imponer correcciones disciplinarias a los Magistrados Numerarios, Supernumerarios y Regionales, en los términos que determine la ley; Calificar los impedimentos de los jueces de primera instancia para conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción, en caso de excusa o recusación, en los términos previstos por la ley; Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones, actuaciones o diligencias en que intervengan ofendan o falten al respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a alguno de sus miembros o a cualquier servidor público del Poder Judicial; Conocer y tramitar la ejecución de sentencias ejecutoriadas contra el Estado, los Municipios y las entidades autónomas, en los términos del Código de Procedimientos Civiles; Promover y aplicar la mediación entre las partes, en las diversas materias de su competencia; Proponer al Congreso del Estado a los candidatos a Magistrado Presidente y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en los términos señalados en el artículo 20, fracción IV, de esta Constitución y bajo el procedimiento que señale la ley respectiva; Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial, que deberá presentarle el Consejo de la Judicatura, el que deberá ser remitido al Congreso del Estado, para su aprobación; Recibir, en sesión plenaria, extraordinaria, pública y solemne, el informe de labores que deberá rendir el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado sobre el estado que guarda el Tribunal y la impartición de justicia electoral. Dicho acto se verificará dentro de los seis meses siguientes a que concluya cada proceso electoral y conforme a lo que disponga la ley; y Las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen. B.- Del Consejo de la Judicatura: Nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto a los Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el nombramiento, ratificación, remoción o suspensión de los jueces del Poder Judicial del Estado; Designar a quien deba suplir a los funcionarios del Poder Judicial, excepto a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en los casos de ausencias temporales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley; Definir el Distrito Judicial, número, materia y domicilio de cada juzgado; Señalar a cada juez su distrito judicial, su número y la materia en que debe ejercer sus funciones; Crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa sustentación presupuestal para ello; Conceder las licencias, admitir las renuncias y sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, excepto las de los Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento especial para ello, en los términos que establezca la ley; Conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; Corregir los abusos que se adviertan en la impartición de justicia, por medio de disposiciones de carácter general que no impliquen intromisión en los asuntos que se tramiten en los juzgados, no restrinjan la independencia de criterio de los juzgadores, ni entorpezcan sus funciones; Denunciar ante el Ministerio Público los hechos de que tenga conocimiento y que impliquen la probable responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial; Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones, actuaciones o diligencias en que intervengan, siempre y cuando se estén ventilando ante el propio Consejo de la Judicatura, ofendan o falten al respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a alguno de sus miembros o a cualquier servidor público del Poder Judicial; Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial, que deberá ser propuesto para su aprobación al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; el proyecto deberá incluir la propuesta de la materia formulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado en los términos de los dispuesto por el artículo 20 fracción IV, antepenúltimo párrafo de esta Constitución; Administrar y ejercer el presupuesto del Poder Judicial, excepto el del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; Establecer una remuneración adecuada e irrenunciable al personal del Poder Judicial, excepto a los Magistrados; Elaborar los proyectos de reglamentos y acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial, excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral; Nombrar visitadores judiciales, quienes tendrán las facultades señaladas en la ley; Dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial; Constituir, modificar, suprimir, aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la impartición de justicia; así como el número de servidores públicos del Poder Judicial del Estado; Examinar los informes mensuales que deberán remitir las Salas y los Juzgados acerca de los negocios pendientes y de los despachados; Coordinar el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, como área responsable de la capacitación y formación permanente de los servidores públicos del Poder Judicial; Organizar, operar y mantener actualizado el sistema de la carrera judicial, el cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; Administrar y coordinar a los actuarios del Poder Judicial del Estado; Formular anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial del Estado, ordenándolas por ramas, especialidades y distritos judiciales; Diseñar, integrar y mantener actualizado el Sistema de Información Estadística del Poder Judicial del Estado; Entregar por conducto de su Presidente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia un informe estadístico trimestral del Poder Judicial del Estado; Elaborar la cuenta pública anual del Poder Judicial; Dictar las medidas necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados dentro de un proceso penal o de justicia para adolescentes; y Las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen.
TITULO VII - DE LA PROCURACION DE JUSTICIA Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.
ARTICULO 124. La institución del Ministerio Público representa los intereses de la sociedad conforme a las atribuciones que le confiere esta Constitución y demás leyes. Son atribuciones del Ministerio Público: Ejercer la acción penal para el enjuiciamiento de los probables responsables de las conductas delictivas e intervenir durante los procedimientos penales y de justicia para adolescentes; Cuidar que se ejecuten las penas y las medidas para adolescentes impuestas por los órganos jurisdiccionales, exigiendo, de quien corresponda y bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las sentencias recaídas; Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes, menores, incapacitados o establecimientos de beneficencia pública, a los que representará, siempre que no tuvieren quién los patrocine, velando por sus intereses; Rendir a los Poderes del Estado y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, los informes que le soliciten sobre asuntos relativos a su ramo; en el caso de esta última, únicamente en asuntos de su competencia; Organizar y controlar a la Policía Ministerial del Estado, que estará bajo su autoridad y mando inmediato; Velar por la exacta observancia de las leyes de interés general; Procurar que se hagan efectivas las responsabilidades penales en que incurran los servidores públicos; La persecución ante los Tribunales de los delitos del orden común; y por lo mismo, a él le corresponde recibir las denuncias, acusaciones o querellas, tanto de las autoridades como de los particulares; investigar los hechos objeto de las mismas, ejercitar la acción penal contra los inculpados, solicitando en su caso su aprehensión o comparecencia; allegar al proceso las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la responsabilidad de los acusados; impulsar la secuela del procedimiento; y, en su oportunidad, pedir la aplicación de las penas que correspondan; Cuidar que los juicios del orden penal se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; Investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos de autoridad que se cometan, adoptando las medidas necesarias para hacerlas cesar de inmediato, sin perjuicio de proveer lo conducente al castigo de los responsables; Promover la mediación, la conciliación y demás formas alternativas de justicia entre las partes en los delitos en que proceda conforme a la ley, así como la justicia restaurativa en los Sistemas Penal y de Justicia para Adolescentes; y Las demás que le señalen las leyes.
CAPITULO II - DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 126. El organismo a que se refiere el artículo 58, fracción XVIII, de esta Constitución se denominará Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Será un organismo público autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tendrá por objeto la protección de los derechos humanos que otorga el orden público mexicano, conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que viole estos derechos en el ámbito del Estado. Formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. Una ley establecerá las bases de su organización y funcionamiento. El titular del organismo deberá entregar puntualmente los informes y las cuentas públicas relativas al cumplimiento de su encomienda, ante las instancias públicas que señale esta Constitución o la ley.
TITULO VIII - DE LA DEFENSORIA PUBLICA
ARTICULO 127. En el Estado habrá un servicio de defensoría pública de calidad para la población. Los defensores formarán parte de un servicio profesional de carrera. En materia penal y en la imputación de conductas previstas como delito por las leyes penales a personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años, los defensores serán abogados que cumplan los requisitos previstos en la ley. Podrán actuar desde el momento de la detención de la persona imputada y comparecer en todos los actos del proceso cuando el defendido así lo solicite, pero tendrán obligación de hacerlo cuando se le requiera. La defensoría pública podrá representar a quien de acuerdo a los requisitos y condiciones previstos por la ley lo solicite en asuntos de carácter familiar o civil. A su vez, podrá brindar asesoría en otras materias en los términos que prevea la ley, con base en los recursos presupuestales de que disponga.
ARTICULO 128. La ley dispondrá la organización del servicio de defensoría pública, tanto en materia penal como de representación en asuntos familiares o civiles y para el otorgamiento de asesorías legales. Tendrá un titular designado por el Ejecutivo del Estado y los defensores y asesores que sustente el presupuesto de egresos. Los defensores no podrán tener percepciones inferiores a las que corresponden a los agentes de Ministerio Público. El cargo de defensor público o de asesor es incompatible con cualquier otro cargo, empleo o comisión en los sectores público, social o privado, excepto en la realización de actividades docentes, de investigación, literarias o de beneficencia.
ARTICULO 129. Una ley reglamentará la organización de la defensoría pública y los requisitos para ingresar a su servicio. La defensoría pública se regirá por los principios de calidad, profesionalismo, obligatoriedad, honradez, probidad, lealtad y eficiencia.
ARTICULO 130. Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional. Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos en su totalidad cada tres años. La elección se celebrará el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. Tendrán derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, los partidos políticos que en la elección de Ayuntamientos no hayan obtenido la mayoría relativa, siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % del total de la votación municipal emitida para el Ayuntamiento correspondiente, conforme a las reglas establecidas en la ley correspondiente. Las facultades que la Constitución Federal otorga al gobierno municipal, se ejercerán por el ayuntamiento de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. Los integrantes de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. La legislatura local, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus integrantes, por alguna de las causas que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y expresar los alegatos a su juicio convengan. Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según los disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, a propuesta del Ejecutivo, la legislatura del Estado designará de entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.
ARTICULO 131. Los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en materia municipal expida la legislatura, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. En todos los casos deberá de hacerse posible la participación ciudadana y vecinal. Las leyes reglamentarias establecerán las formas de organización y administración municipal, de conformidad con las bases siguientes: Las bases generales de la Administración Pública Municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resolución que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento; Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Federal; El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicios municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. La legislatura emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de las fracciones III y IV anteriores.
ARTICULO 132. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Mercados y centrales de abasto; Panteones; Rastro; Calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de este Estado y otro u otros de uno o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivos. Así mismo, cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
ARTICULO 133. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, y en todo caso: Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la legislatura sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones; Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la legislatura del Estado; y Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III no podrán ser objeto de exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. La legislatura aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.
ARTICULO 134. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios; Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; Otorgar licencias y permisos para construcciones; Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; y Celebrar convenios de colaboración con el Estado y con otros Municipios en materia de desarrollo sustentable. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de este Estado y otro u otros Estados formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas participantes y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
ARTICULO 135. Cuando un acuerdo del ayuntamiento sea violatorio de la Constitución Federal o del Estado, o de cualquier otra ley, u ostensiblemente perjudicial a los intereses municipales, el Ejecutivo dará cuenta inmediatamente al Congreso para que resuelva lo conducente.
ARTICULO 136. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Gobernador del Estado tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente.
ARTICULO 137. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que expida la legislatura con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.
TITULO X - SECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
CAPITULO I - DE LA EDUCACION PUBLICA
ARTICULO 138. La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, nacionalista y contribuirá a la mejor convivencia humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El proceso educativo incorporará la promoción de una actitud consciente sobre la preservación del medio ambiente y la participación de toda persona en su protección, restauración y mejoramiento como elementos para el desarrollo social y económico equilibrado de la sociedad.
ARTICULO 139. La educación que imparta directamente el Estado en todos sus niveles será gratuita y obligatoria la básica. Los habitantes de la Entidad tendrán las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Estatal.
ARTICULO 140. El Sistema Educativo Estatal se constituye por la educación que impartan el Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los particulares a quienes se autorice a impartir educación o se les reconozca validez oficial de estudios, mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca la Ley reglamentaria, ciñéndose a lo prescrito en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sujetándose siempre a la vigilancia e inspección oficiales. En todo tiempo el Ejecutivo del Estado podrá, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reglamentaria, otorgar, negar, revocar o retirar la autorización o el reconocimiento de validez oficial a los estudios efectuados en los planteles particulares.
ARTICULO 141. La dirección técnica de las escuelas públicas del Estado, de sus municipios y de los organismos descentralizados de ambos, con excepción de las instituciones a las que la ley les otorgue autonomía, estará a cargo del Ejecutivo por conducto de la dependencia responsable de la función social educativa; a ésta corresponderá también la vigilancia e inspección de las escuelas particulares del sistema educativo estatal.
ARTICULO 142. La Ley determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo, las Autoridades que han de expedirlo y los límites y condiciones del ejercicio profesional, el que solo podrá vedarse cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad.
ARTICULO 143. El Ejecutivo podrá celebrar con la Federación y los Municipios, convenios sobre coordinación de los Servicios de Educación Pública, reservándose las facultades necesarias y asegurando la estabilidad de los Profesores al servicio del Estado; se determinará en la Ley los estímulos y recompensas a los profesores, en atención al mérito de sus labores y a la antigüedad de sus servicios.
CAPITULO II - DE LA SALUD PUBLICA
ARTICULO 144. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la distribución de competencias en materia de salubridad.
ARTICULO 145. El Estado contará con un Consejo General de Salud, cuyas atribuciones fundamentales serán asesorar al Ejecutivo en materia de salud y establecer las políticas en este renglón. La conformación y funcionamiento del Consejo General de Salud estará regulado por la Ley.
ARTICULO 146. Con el objeto de que la salud pública encomendada al Gobierno del Estado se intensifique, el Ejecutivo podrá coordinarse, mediante la celebración de convenios, con el Gobierno Federal y Municipal reservándose la intervención que estime necesaria, en términos de la propia ley.
CAPITULO III - DE LAS VIAS DE COMUNICACION
ARTICULO 147. El Gobernador vigilará la conservación, mejoramiento y amplio desarrollo de las vías de comunicación en el territorio del Estado; asimismo expedirá las disposiciones convenientes para la realización y fomento de las obras de utilidad pública, general o local, en su mismo territorio, dando preferencia a las de irrigación. El Congreso expedirá las leyes que fueren necesarias y que fijarán la contribución especial que se dedicará a este ramo.
CAPITULO IV - DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ARTICULO 148. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias correspondientes, el Ejecutivo contará con una Dependencia cuya estructura, funciones y naturaleza jurídica, se determinarán de acuerdo a las necesidades y requerimientos que la realidad social imponga.
ARTICULO 150. El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, de conformidad con las siguientes prevenciones: Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 151 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de las ideas; La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Las Leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. Las Leyes Penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la autoridad competente respecto de las conductas a que se refiere el presente Artículo.
ARTICULO 156. En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según el siguiente orden de preferencia: El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por nacimiento; El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de éste los demás Magistrados por orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por nacimiento; El último Presidente del Congreso, y a falta de éste los anteriores, prefiriéndose a los más próximos sobre los más lejanos con el requisito anterior.
ARTICULO 157. El Gobernador Provisional convocará a elecciones, no pudiendo ser electo para el período a que se convoca.
ARTICULO 158. Todos los servidores públicos al entrar en funciones, deberán rendir protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, obligándose a desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido. Los servidores públicos estatales o municipales que manejen fondos públicos, caucionarán su manejo a juicio del Ejecutivo Estatal o del Ayuntamiento, según se trate.
ARTICULO 159. Ningún ciudadano podrá desempeñar dos cargos de elección popular en el Estado o Municipio, debiendo elegir el que quisiere desempeñar, pero una vez que hubiere hecho la elección, perderá el derecho de desempeñar el otro.
ARTICULO 160. Ningún servidor público percibirá más de un sueldo, excepción hecha de los cargos de Instrucción Pública y Beneficencia.
ARTICULO 161. Los recursos económicos de que dispongan el Estado y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por la instancia técnica que establezca la ley, con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con base en los principios previstos en el párrafo anterior, sin menos cabo de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 58 y en el artículo 76 de esta Constitución. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de los recursos económicos estatales por parte de los municipios se sujetará a las bases de este artículo y a lo que dispongan las leyes. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por la instancia técnica a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título XI de esta Constitución. Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del Estado o los municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
ARTICULO 162. Toda erogación que se realice con cargo al Presupuesto de Egresos se hará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el propio Presupuesto de Egresos. Los tesoreros municipales solo harán pagos obedeciendo órdenes firmadas por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, salvo que exista acuerdo delegatorio expreso aprobado por el Cabildo. El tesorero o empleado que desobedeciera esta regla, será castigado con la pena de destitución, sin perjuicio de consignarlo a la autoridad judicial competente.
ARTICULO 163. El año fiscal comenzará el día primero de enero y terminará el día último de diciembre.
ARTICULO 164. En todas las Escuelas de Instrucción Primaria Elemental, Superior y Normal, será obligatoria la enseñanza de la Instrucción Cívica.
CAPITULO I - DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION
ARTICULO 165. Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.
CAPITULO II - DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION
ARTICULO 166. Esta Constitución no perderá su fuerza ni vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún trastorno público, se establezca en el Estado un gobierno contrario a los principios que ella preconiza, tan luego como el pueblo recobre su libertad, volverá a su observancia y con arreglo a las Leyes serán juzgados los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión.
ARTICULO 167. Ninguna Autoridad tendrá facultad para dispensar la observancia de esta Constitución en ninguno de sus preceptos.

References: artículo 133
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 41
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 130
 Artículo 152
 Artículo 133
 artículo 117
 Artículo 117
 Artículo 102
 Artículo 152
 Artículo 151
 Artículo 73
 Artículo 84
 Artículo 29
 Artículo 24
 Artículo 135
 artículo 18
 Artículo 123
 Artículo 91
 Artículo 58
 Artículo 58
 resolución 
 Artículo 91
 resolución 
 Artículo 58
 artículo 58
 artículo 130
 Artículo 73
 artículo 106
 Artículo 19
 artículo 20
 artículo 112
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20

ARTÍCULO 126
 artículo 58
 resolución 
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 21
 artículo 27
 artículo 123
 Artículo 3
 Artículo 123
 Artículo 151
 Artículo 76
 artículo 58
 artículo 76