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Timestamp: 2018-01-20 01:12:46+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SENADOR SEÑOR JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA OBLIGATORIA POR AUTORIDADES DEL PARLAMENTO
TIPIFICACIÓN DE FALTA CONSISTENTE EN ENSUCIAR O PROVOCAR DAÑOS EN PLAYAS, RIBERAS DE RÍOS, DE LAGOS Y PARQUES NACIONALES
Sesión 4ª, en martes 1 de abril de 2014
(De 16:15 a 18:51)
La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 2ª y 3ª, ordinarias, en 18 y 19 de marzo de 2014, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).
Con el segundo expone que ha resuelto retirar del Congreso Nacional el proyecto que incorpora modificaciones en materia de gobierno corporativo a la ley que crea la Empresa Nacional de Minería (boletín N° 9.275-08).
--Se accede a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento de la Corporación.
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
2.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, que establece el monto de impuestos y exenciones en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación (boletín Nº 9.192-07).
Con el quinto retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes materias:
1.- Artículo 6° de la ley N° 20.545, que modificó las normas sobre protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental.
1.- Artículo 1° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, en relación con los artículos 2°, número 1 y 3, inciso primero, de la misma ley, y los artículos 474 y 476 del Código Penal.
Atiende consulta, efectuada en nombre de la en ese momento Senadora señora Rincón, respecto del Programa de Auditoría N° 7.003 de esa entidad de control, programado para el segundo semestre de 2013.
De la entonces señora Ministra de Educación:
Responde petición, remitida en nombre del Senador señor Orpis, relativa a la situación administrativa que afecta a alumnos cuya licencia de enseñanza media fue otorgada en el año 2000 por el Liceo Artístico Doctor Juan Noé Crevani, de la ciudad de Arica.
Atiende sendas solicitudes de información, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los siguientes asuntos:
1.- Programas de inversión para la recolección de aguas lluvia en la Región del Biobío, estado actual de los planes maestro comunales y proyección de recursos presupuestarios disponibles en los próximos diez años.
3.- Dotación de la Dirección de Obras Hidráulicas, a nivel nacional y, particularmente, en la Región del Biobío.
Responde solicitud, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, respecto de una iniciativa de ley que exima del pago de peaje a las ambulancias y los vehículos de bomberos que transiten en cumplimiento de sus funciones.
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición del Senador señor Sabag, relativo al estudio de la factibilidad de una línea ferroviaria que enlace Chillán con Penco y Concepción (boletín Nº S 1.617-12).
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa al carácter litigioso de las inscripciones de dominio, en mayor extensión, de las que es titular el Fisco, que ampararían a las caletas Chañaral de Aceituno y Los Burros, de la comuna de Freirina.
Del señor Director de la Unidad de Análisis Financiero:
Del señor Director Nacional del Servicio Civil:
Del señor Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas:
Da respuesta a petición de antecedentes, remitida en nombre de los Senadores señores Rossi, Bianchi, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Zaldívar y de los entonces Senadores señora Rincón y señor Gómez, sobre la elaboración de un estatuto específico para las manipuladoras de alimentos que prestan servicios en establecimientos educacionales.
De la señora Directora Nacional de Aeropuertos:
Responde petición, cursada en nombre del Senador señor Horvath, sobre la ampliación de la cinta de transportación y del cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeródromo Balmaceda, en la Región de Aysén.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud (s) del Maule:
Da respuesta a solicitud, cursada en nombre de la hasta ese minuto Senadora señora Rincón, relativa a la situación de riesgo sanitario permanente que enfrentan cerca de 200 familias del sector rural de Palmilla, comuna de Linares, como resultado de la carencia de alcantarillado.
De los Senadores señores Navarro y De Urresti, con la que dan inicio a un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del contralmirante Arturo Fernández Vial en la ciudad de Concepción (boletín N° 9.284-04).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto que incorpora en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional una norma que priva al Presidente de la República de la atribución de retirar iniciativas originadas en un mensaje, una vez concluido el período legislativo en que se inició su tramitación (boletín N° 9.286-07).
De los Senadores señores Chahuán, Girardi, Moreira y Prokurica, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República incluir la retinitis pigmentosa y la degeneración macular asociada a la edad en las patologías garantizadas por el AUGE (boletín Nº S 1.642-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- En nombre de la Mesa, pido un minuto de silencio con motivo de conmemorarse hoy día el 23° aniversario de la muerte del ex Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.
1.- Colocar en el quinto lugar de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley signado con el N° 8 de la tabla, que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).
2.- Postergar la sesión especial, citada con el fin de tratar el informe de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administración de Fondos de Pensiones (boletín Nº S 1.424-12), para el miércoles 23 de abril, entre las 12 y las 14.
3.- Levantar la sesión ordinaria de hoy a las 19, con el objetivo de permitir que las Comisiones permanentes se constituyan en los horarios en que, por orden de la señora Presidenta, serán citados por los Secretarios de cada órgano técnico. La mitad lo hará de 19 a 19:15, y las restantes, de 19:15 a 19:30.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, daré a conocer cómo quedaron integradas las distintas Comisiones.
-Comisión de Relaciones Exteriores: Senadores señores Pizarro, Lagos, Letelier, Chahuán y García-Huidobro.
-Comisión de Defensa Nacional: Senadores señores Araya, Guillier, Bianchi, Prokurica y Pérez Varela.
-Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: Senadores señores Zaldívar, Quinteros, Bianchi, Espina y señora Von Baer.
-Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: Senadores señores Araya, Harboe, De Urresti, Espina y Larraín.
-Comisión de Hacienda: Senadores señores Zaldívar, Lagos, Montes, García y Coloma.
-Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: Senadores señores Ignacio Walker, Quintana, Rossi y Allamand y señora Von Baer.
-Comisión de Obras Públicas: Senadores señores Ignacio Walker, Quintana, De Urresti, Horvath y Coloma.
-Comisión de Agricultura: Senadores señores Patricio Walker, Harboe, Quinteros, García y Moreira.
-Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales: Senadores señor Patricio Walker, señora Allende y señores Navarro, Horvath (estos dos últimos serán miembros de la Comisión dos años cada uno), Espina y Moreira.
-Comisión de Trabajo y Previsión Social: Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Letelier, Allamand y Larraín.
-Comisión de Salud: Senadores señora Goic, señores Girardi, Rossi y Chahuán y señora Van Rysselberghe.
-Comisión de Minería y Energía: Senadores señora Goic, señor Guillier, señora Allende y señores Prokurica y Orpis.
-Comisión de Vivienda y Urbanismo: Senadores señora Goic y señores Tuma, Montes, Ossandón y Pérez Varela.
-Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: Senadores señores Pizarro, Girardi, Letelier (entiendo que por el primer año), Bianchi (los tres años siguientes), Ossandón y García-Huidobro.
-Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: Senadores señora Goic, señores Quinteros, Navarro y Allamand y señora Lily Pérez.
-Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: Senadores señoras Goic y Muñoz, señores Quinteros y García-Huidobro y señora Van Rysselberghe.
-Comisión de Economía: Senadores señores Pizarro, Tuma y Navarro, señora Lily Pérez y señor Orpis.
-Comisión de Régimen Interior: Senadores señores Girardi, Letelier, Pérez Varela, Pizarro y Prokurica.
Quedan tres Comisiones pendientes.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero hacerle presente que, de aquí a la tarde, va a haber ajustes con relación a la presencia en las Comisiones de los integrantes del Comité Independientes y Partido MAS.
En segundo término, dado que usted figura como miembro permanente en algunas Comisiones, deseo preguntarle: ¿cómo va a compatibilizar esa labor con su función en la Presidencia?
El señor COLOMA.- ¡Es cosa de ella!
El señor LAGOS.- ¡Puede hacer varias tareas a la vez!
El señor HORVATH.- Lo consulto, porque ambas responsabilidades no son muy compatibles.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Respecto a lo primero, señor Senador, nos damos por notificados.
En cuanto a lo segundo, esta Senadora, además de ser Presidenta, pretende continuar trabajando en las Comisiones que le interesan.
El señor LAGOS.- ¿Le quedó claro, colega¿?
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, sería importante fijar el horario para la constitución de la Comisión Especial de Zonas Extremas. Esta, por derecho propio, está integrada por quienes representamos a dichas zonas del país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Dado que esta tarde se van a constituir todas las Comisiones permanentes que he indicado -por esa razón, se acordó terminar la sesión de hoy más temprano-, me parece que la Comisión Especial de Zonas Extremas, compuesta por los Senadores que normalmente la integran, perfectamente podría reunirse en el horario que sus miembros estimen pertinente.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, quiero dar una explicación a la Sala con relación a la composición de las Comisiones.
La Senadora Goic, como se habrán dado cuenta los colegas, aparece como Superwoman -aunque no cabe duda de que lo es- integrando como siete Comisiones. Ello se explica por el remplazo de la Senadora Rincón, que todavía nuestro Partido no lleva a la práctica.
A efectos de concurrir a las citaciones para constituir las Comisiones permanentes, sugerimos que, en lugar de la Senadora Goic, en la Comisión de Minería se coloque al Senador Pizarro; en la de Vivienda, al Senador Ignacio Walker, y en la de Derechos Humanos, al Senador Patricio Walker.
Además, el Comité de la Democracia Cristiana propone para la Comisión de Ética y Transparencia al Senador Andrés Zaldívar; para la Comisión de Desafíos del Futuro a la Senadora Goic, y para la Comisión Revisora de Cuentas al Senador Ignacio Walker.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Agradezco esa aclaración, señor Senador.
Debí haberla hecho yo. El asunto se comentó hoy día en la reunión de Comités. Se me escapó señalarlo.
Evidentemente, la Senadora Goic en realidad aparece asumiendo el cupo de la Democracia Cristiana. No quiere decir, necesariamente, que sea ella la que vaya a quedar como integrante de las respectivas Comisiones. Todos entendemos esa situación. No hay problema.
Eso sí, le pido, señor Senador, que haga llegar a la Mesa por escrito la sugerencia que acaba de formular a efectos de la citación para constituir las Comisiones.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, entiendo que la Comisión Especial de Zonas Extremas cuenta con una composición distinta de las demás, pues no obedece a un criterio de mayoría.
Nosotros tenemos interés en que el Senador Ossandón la integre.
Quisiéramos saber cómo lo hacemos para plantear tal nominación. No hemos visto lo relativo a dicha Comisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En efecto, no se vio ese punto, porque solo se abordó lo concerniente a las Comisiones permanentes.
Como ustedes se habrán dado cuenta,¿
El señor ESPINA.- Sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿ he dado lectura al acuerdo de Comités de hoy día con relación solo a las 17 Comisiones permanentes, más la Comisión de Régimen Interior, por supuesto.
Quedan pendientes otras (la de Desafíos del Futuro, la de Ética y Transparencia), hasta que las distintas bancadas nos hagan llegar los nombres de quienes las integrarán.
Habría que analizar el asunto que plantea, señor Senador. En este momento no sé la respuesta. Debiéramos ver bien cómo operar en este caso.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, deseo aclararle -por su intermedio- al colega Espina que la Comisión Especial de Zonas Extremas está integrada por los Senadores que representan dichas zonas; o sea, Arica, Antofagasta (por correspondiente a Tocopilla), Palena, Aysén, Magallanes e Isla de Pascua.
El Senador señor Carlos Larraín ocupó en su momento el cupo del Senador Chahuán, a quien le corresponde como representante de Isla de Pascua, Quinta Región.
Por tanto, sugiero que la bancada RN haga los ajustes pertinentes internamente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Efectivamente, hay un acuerdo de Comités que indica exactamente lo señalado por el Honorable señor Horvath: los integrantes de dicha Comisión son los Senadores que representan a las zonas extremas.
Sin perjuicio de ello, como siempre, cualquier Senador podrá asistir todas las veces que lo desee a las sesiones de la Comisión Especial de Zonas Extremas.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, de conformidad con la facultad que me otorga el artículo 36 bis del Reglamento, solicito que disponga el desarchivo del proyecto de ley referido al menoscabo moral como causal para el cambio de nombres y apellidos, moción de mi autoría (boletín Nº 6.888-07), el que se encontraba radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento desde su ingreso, en abril de 2010, y que fue archivado por disposición de ese órgano el 14 de marzo recién pasado, conforme al mismo artículo 36 bis.
También le pido el desarchivo del proyecto de ley que tipifica el delito de sicariato, moción de mi autoría (boletín Nº 6.977-07), el que se encontraba radicado en la misma Comisión desde su ingreso, el 8 de junio de 2010, y que igualmente fue archivado el 14 de marzo del presente año.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, con informe y nuevo primer informe de la Comisión de Salud.
Sesiones 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aplaza su discusión); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 42ª, en 30 de julio de 2013 (el aplazamiento de la votación se retira); 2ª, en 18 de marzo de 2014 (se aplaza la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago presente que, en sesión de 18 de marzo recién pasado, se solicitó el aplazamiento de la votación.
Cabe recordar que la Comisión de Salud discutió el proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 5 de mayo de 2009.
Se hace presente que el N° 5 del artículo 3° del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere, para su aprobación, los votos favorables de 21 señores Senadores.
Del mismo modo, cabe recordar que, conforme a un acuerdo adoptado por la Sala con fecha 6 de abril de 2011, el proyecto debe ser considerado en su segundo informe por las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas.
El señor ROSSI.- ¿Me permite, señora Presidenta?
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, la verdad es que el presente proyecto de ley se viene tramitando desde hace bastantes años en el Congreso, ha sido ampliamente debatido tanto en la Comisión de Salud como en la de Agricultura y -yo diría- su discusión es muy ad hoc si uno revisa la propuesta de reforma tributaria del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Justamente, se establecen algunos impuestos llamados¿
Hay un poco de bulla en la Sala, señora Presidenta, y se están celebrando muchas reuniones paralelas.
En todo caso, aprovecho de aclarar lo siguiente.
Este proyecto está con votación aplazada.
Entonces, voy a poner en votación la idea de legislar, y Su Señoría podrá fundamentar su pronunciamiento. Luego se fijará un plazo para formular indicaciones y la iniciativa volverá a las Comisiones respectivas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, pienso que este proyecto es importante. Y lo vinculo con los impuestos correctivos toda vez que con el sistema tributario también se busca reducir las externalidades negativas derivadas del consumo de ciertas sustancias; en este caso, de alcohol.
No quiero dar las estadísticas que hemos mostrado, tanto en la Comisión como en la Sala, a propósito de otras iniciativas, sobre la cantidad de muertes ocasionadas por el consumo de alcohol, la morbilidad, los accidentes de tránsito y el ausentismo laboral. La principal causa de este último, con las consiguientes pérdidas económicas para el país, es justamente el consumo de alcohol.
Ahora, el proyecto en debate apunta asimismo al consumo infantil. En efecto, no solo consagra restricciones en cuanto a la publicidad o los puntos de venta, sino que también incorpora un cambio en el currículum educacional con el objeto de fomentar la prevención del consumo de alcohol, que finalmente es la sustancia que más daño provoca a los niños, como lo muestran las distintas estadísticas del SENDA.
Aquí ha habido un debate bien interesante, porque hay muchos intereses en juego -ellos son legítimos- y cada grupo defiende de alguna manera su negocio.
Ahora bien, cuando uno dice que mediante esta iniciativa vamos a prohibir la publicidad en un recinto deportivo tratándose de espectáculos masivos o a los cuales asistan menores, evidentemente toca ciertos intereses. Pero al final del día debe ponerlos todos en la balanza y ver cuál es el más importante. Y nosotros pensamos que el más significativo es evitar que los niños consuman alcohol.
Por tanto, restringir la publicidad en eventos masivos o a los que asistan menores es un objetivo relevante. Y está demostrado que ello sí incide en el consumo.
Lo mismo pasa con la vestimenta futbolística. Por ejemplo, con la clásica polera de Colo-Colo, que lleva el anuncio de Cristal. Sin duda, cuando un niño ve a su ídolo con una camiseta que muestra una marca de cerveza o de cualquier otra bebida alcohólica hace una asociación entre su consumo y ciertas cosas positivas. ¡Es su ídolo el que lleva la marca de una bebida alcohólica!
Por eso el proyecto en discusión establece restricciones. No es algo que se le ocurrió a un parlamentario, sin fundamento científico alguno. ¡Tiene fundamento científico! ¡Está demostrado que medidas de esta naturaleza reducen el consumo de alcohol, particularmente en los menores!
Lo propio sucede al aumentar el precio del alcohol: a mayor precio, menor consumo.
Lo mismo ocurre en el caso del tabaco. Y está demostrado por la OMS.
Después, el proyecto que nos ocupa contempla una serie de restricciones en cuanto a los horarios de publicidad en televisión y radio.
Asimismo, impone la obligación de rotular.
Al respecto se dio un debate en que muchos señalaron que era inconstitucional obligar a rotular las bebidas alcohólicas con una advertencia que indicara el daño que el alcohol ocasiona en el hígado o las consecuencias para el feto en caso de consumirlo una mujer embarazada.
A decir verdad, no nos parece adecuado que con el argumento de que se trata de un derecho de propiedad del que vende la bebida alcohólica se procure evitar la rotulación. De hecho, la Ley Antitabaco obliga claramente a incluir en la cajetilla un rótulo o una imagen donde aparezca una advertencia destinada a evitar el consumo de cigarrillos.
Aquí estamos hablando de una superficie a mi juicio bastante pobre: 15 por ciento del total del etiquetado. Y se establece que las letras del envase deben tener ciertas características, pues quienes venden determinados productos en el mercado tienden a no entregar información suficiente y evitar que la gente tome decisiones adecuadas. Para ello, con ingenio, ponen letras con colores menos llamativos o de menor tamaño, a fin de que las advertencias no se vean.
Por otra parte, este proyecto prohíbe la publicidad de alcohol en carreteras y calles, en actividades deportivas o -como dije- en recintos donde asistan menores.
Asimismo, prohíbe la venta en estaciones de servicio y en los establecimientos emplazados en ese lugar.
En consecuencia, como Sus Señorías ven, la iniciativa en debate conjuga elementos de prevención en el ámbito de la educación -quizás este es el pilar más importante-, pero también impone restricciones con relación a la publicidad y a los puntos de venta.
Espero que podamos aprobar la idea de legislar, para avanzar en la discusión particular y tener una ley que remplace rápidamente a la normativa en vigor, que se halla obsoleta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, se atuvo fielmente a su tiempo; incluso, le sobraron algunos segundos. Así que lo felicito.
A continuación está inscrito el Honorable señor Chahuán, quien en este momento no se encuentra en el Hemiciclo.
Por lo tanto, le ofreceré la palabra¿
El señor CHAHUÁN.- ¡Llegué, señora Presidenta!
El señor CHAHUÁN.- Salí de la Sala justamente para ver si encontraba una botella de vino de exportación. Porque las viñas chilenas que exportan contemplan al dorso del envase determinadas advertencias, según los países a los cuales destinan su producto. En cambio, los vinos distribuidos en Chile carecen de un etiquetado de tal índole.
Señora Presidenta, este proyecto de ley fusionó cuatro mociones (de tres de ellas es coautor el Senador que habla), y su tramitación en el Congreso Nacional ha durado siete años y medio.
Logramos finalmente, luego de que se trabó una litis entre las Comisiones de Salud y de Agricultura de la Cámara de Diputados, llegar a un acuerdo respecto de varias materias. Algunas fueron contempladas en un proyecto distinto. Por ejemplo, la que dice relación con la publicidad de bebidas alcohólicas en espectáculos deportivos, que no estaba dentro de la moción que presenté originalmente.
En la Comisión de Salud del Senado tuvimos la oportunidad de hacer una discusión abierta. Invitamos a todos los actores, incluidos los distribuidores y productores de bebidas alcohólicas, quienes manifestaron su voluntad de avanzar en el sentido que propone esta normativa.
Incluso, con las autoridades salientes del Ministerio de Agricultura acordamos una serie de indicaciones a los efectos de mejorar la redacción de la iniciativa.
Tales indicaciones no han podido debatirse justamente porque no hemos logrado pasar esta valla: la aprobación de la idea de legislar.
Entonces, tenemos varias fórmulas: devolver el proyecto a la Comisión de Salud, con autorización de la Sala para que lo discuta en general y en particular, y ser capaces de debatir esas mejoras; o bien -como ya se había aprobado; y esto lo podrá chequear el señor Secretario de la Corporación-, considerar la alternativa de que avance a las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud.
Por eso, simplemente pido tener la posibilidad de introducir al proyecto las mejoras que tienen el acuerdo del Ministerio de Agricultura saliente -será necesario hablar con sus nuevas autoridades-; de los productores y distribuidores de bebidas alcohólicas, y, también, de los miembros de la Comisión.
Repito: lo único que pido es tener la oportunidad procesal de debatir las mejoras que se proponen para este proyecto.
Como señalé anteriormente, tres de las mociones que le dieron origen a esta iniciativa son de mi coautoría, y una, de la entonces Diputada María Angélica Cristi, entre otros miembros de la Cámara Baja.
Ahora, nuestro objetivo básico es establecer etiquetados; fijar una política preventiva en las enseñanzas básica y media -esto fue materia de discusión en sesión anterior y se contempla en la modificación al artículo 39 de la ley Nº 19.925-, y proceder a una mayor regulación para el otorgamiento de las patentes de bebidas alcohólicas.
Finalmente, respecto al merchandising de equipos deportivos, habíamos llegado a un acuerdo en el sentido de prohibirlo solo en artículos destinados a menores, para los efectos de ir facilitando la implementación de la ley en proyecto.
En consecuencia, señora Presidenta, solicito que aprobemos la idea de legislar y autorizar a la Comisión de Salud para que discuta la iniciativa en general y en particular, a fin de traerla mejorada a la Sala, con los perfeccionamientos que en su momento concitaron acuerdo y no fue posible incorporar, o en su defecto -como se había aprobado- enviarla a las Comisiones unidas de Salud y de Agricultura.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, por cierto, le daré mi apoyo a este proyecto, pues me parece que está en línea con lo que el mismo Congreso Nacional ha aprobado en materias vinculadas con la regulación del consumo de elementos nocivos para la salud: el tabaco, productos azucarados o ricos en sal, en fin.
Estimo correcto que apostemos no solo a la educación formal, al control de los efectos publicitarios que generan necesidades -lo sabemos-, sino también a que la futura ley dé una clara señal en el sentido de que quiere proteger fundamentalmente a los menores de edad del consumo excesivo de alcohol -incluso, en muchos casos, precipitado-, posibilitando todo lo que tienda a limitar la publicidad.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo felicito por su capacidad de síntesis, señor Senador. Fundamentó su voto en un tiempo muy preciso.
El señor COLOMA.- ¡Yo no voy a hacer una síntesis¿!
Señora Presidenta, este proyecto lo hemos discutido muchas veces. Imagino que el personal encargado de redactar la Versión Oficial debe tener que repetir los mismos argumentos que hemos dado en otras ocasiones. Incluso, este novel Senado, que ha celebrado solo tres sesiones, ya ha dedicado dos a esta iniciativa.
O sea, en esta materia no hay mucho más que agregar.
Yo simplemente quiero puntualizar, para los efectos del fundamento de mi voto, que tras la enmienda de la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas se esconden tres ideas matrices muy distintas, que nada tienen que ver entre sí.
Algunas apuntan en el sentido correcto. Por ejemplo, las normas vinculadas a la educación. Y me parece que ahí el problema radica en que más falta que sobra.
Al respecto, pienso que hay un espacio para mejorar la enseñanza acerca de cuestiones como el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas, la cual podría ser mucho más profunda. Creo que ese aspecto está tratado muy a la pasada. Y se trata de un tema en sí mismo, al cual -como ha ocurrido en otras iniciativas- se le da una relevancia especial.
Una segunda línea de normas tiene que ver con las rotulaciones de este tipo de productos, que en general considero bien inspiradas.
Para ser franco, no comparto algunas de las apreciaciones que se han planteado.
El Senador Pizarro apuntó en esa dirección durante una sesión anterior. Y dijo que colocar en el envase que el consumo de alcohol "anula" la capacidad de conducir no es igual que "disminuye", concepto que se utiliza en muchas partes del mundo.
Pero me parece que son normas cuyo sentido está bien inspirado.
Además, hay una tercera línea -es la que más importa, y se halla en juego en esta materia-, vinculada a un conjunto de prohibiciones directas o indirectas en un ámbito muy sensible para una actividad que es lícita.
Porque si alguien me dice que es ilícito que un empresario vitivinícola de la Séptima, Octava o Sexta Regiones produzca alcohol, significa que en todas las campañas que se hacen para vender vino en el extranjero hay un objeto -valga la redundancia- ilícito.
Pues bien, el proyecto en debate prohíbe la publicidad comercial o no comercial vinculada a actividades deportivas.
Y no sé, señora Presidenta, cuál es el sentido de entender que un negocio lícito es capaz de generar otro de tipo ilícito. Eso es tan ridículo como sostener que los chilenos pueden ver los partidos de la Bundesliga, que es patrocinada por Heineken, pero que en nuestro país Cristal no puede auspiciar a Colo-Colo (esto lo digo para efectos bien prácticos y sensibles).
Entonces, desde mi perspectiva, esa lógica nada tiene que ver con una idea matriz que me parezca razonable.
Yo no tengo ningún problema en avanzar en materia educacional; en materia de rotulación, con las prevenciones que he planteado. Pero me parece que, en esta lógica medio chiita de generar un mundo de prohibiciones totales, a este Parlamento se le pasa la mano.
Oí atentamente algunas intervenciones en la sesión pasada. Me decían que esto estaba en la normativa de la OCDE, que hay montón de legislación comparada. Me di la lata de ver si era así. No lo encontré en ninguna parte. Al contrario, en los programas de televisión que uno ve en otros lugares existe una armonía razonable entre una industria lícita y las actividades deportivas.
Incluso, este proyecto avanza mucho más en el merchandising. O sea, a propósito de esta normativa legal, que dice relación con la comercialización de productos, se hace respecto a la libertad de emprender una excepción que a mi juicio no apunta en el sentido correcto.
Fui duramente criticado en la sesión anterior. No sé si lo seré ahora. Pero yo actúo por convicciones.
Y es mi convicción, como Senador, defender intereses regionales -en este caso, la actividad vitivinícola- absolutamente legítimos.
Estoy de acuerdo con las dos primeras ideas matrices, mas no con la tercera. En consecuencia, como se vota en bloque, no aprobaré la idea de legislar en lo que respecta al tercer tema.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, tal como lo hemos venido sosteniendo desde el año 2007, cuando ingresó el primer proyecto de ley que buscaba el etiquetado de las bebidas alcohólicas, desde el momento en que exportamos vino -el buen vino chileno- a Canadá, a California, a Europa la legislación internacional nos exige poner en sus envases "El consumo abusivo de este producto puede causar dependencia o daños a la salud". ¡Normativa internacional!
Por cierto, el problema derivado de la ingesta excesiva de alcohol es más grave que el consumo de marihuana; en el caso del alcohol los costos son infinitamente mayores.
Respecto de esta droga blanda se establece una protección social en el sentido de que quien bebe alcohol es alguien que disfruta la vida y no un ser dependiente, un enfermo.
Pues bien: ¿qué sucede cuando pretendemos regular la actividad vinculada con el alcohol, como lo hicimos con el tabaco al obligar a poner en el etiquetado de las cajetillas la advertencia "El tabaco produce cáncer"?
Agricultura, años 2006-2007: "Veamos cuando esté listo el proyecto en Salud".
¡Nueve años pasaron desde el ingreso a la Comisión de Agricultura de un proyecto de mi autoría, el cual quedó a la espera del de la de Salud! ¡Y hoy día una vez más se pide que regrese a Salud, para seguir buscando consensos!
Aquí hemos establecido un mecanismo para atacar la dependencia -lamentablemente masiva- de cientos de miles de adolescentes de nuestro país que a los 12, 14, 17 años encabezan todas las estadísticas de América Latina sobre consumo de alcohol.
Queremos salirle al paso a un flagelo nacional que ocasiona pérdidas por más de tres mil millones de dólares.
En definitiva, no pretendemos prohibir el consumo, sino, al igual como lo hicimos en el caso del tabaco, establecer regulaciones a la venta de alcohol. O sea, respetamos la libertad de quien desea beber.
Ahora, alguien podrá hacerlo y enfermarse. ¿Pero quién paga el costo? El Estado, que debe procurarle tratamiento y hacerse cargo no solo de su salud física, sino asimismo de la mental. Entonces, esa persona se convierte en una carga para la sociedad y en una viga para la familia.
Ligar este debate a los productores de uva, de vino, de pisco significa una visión estrecha, mediocre, desde los puntos de vista de la salud pública y de la defensa de intereses.
Hemos dicho que la recaudación de impuestos por venta de alcohol es infinitamente más baja que el costo que la sociedad debe solventar con motivo de las enfermedades asociadas al consumo.
Entonces, hay una asimetría, señora Presidenta.
Llegamos a un acuerdo con relación al tabaco. Regulamos su consumo. Dentro de pocos días vamos a hacerlo objeto -espero que con el apoyo del Senador Coloma y de muchos otros parlamentarios- de mayores impuestos. Y lo propio sucederá con la ingesta de alcohol. Porque ambas drogas dañan la salud y en la mayoría de los casos el Estado se hace cargo del efecto nocivo que provoca su consumo.
Por eso, esta iniciativa no va al corazón de la actividad económica relacionada con el alcohol: busca regular la ingesta de este por la vía de influir en los consumidores, de advertirlos, de educarlos.
En tal sentido, no cabe más dilación.
Aquí se ha hablado del merchandising.
La verdad es que hacer publicidad en los estadios, donde se promueve el deporte, con una droga blanda no parece ser lo más adecuado.
Algunos podrían plantear la promoción de la marihuana. Porque también se debate en torno a si es droga dura o blanda.
Muchos amigos míos son profesionales exitosos -les ha ido muy bien en la vida; son brillantes- que todavía consumen marihuana: se pegan sus "huiros" los fines de semana. Y, sin duda, terminarán sus días siendo excelentes personas, buenos padres.
Sin embargo, conozco también casos de personas que están en las garras del alcohol, de donde es imposible sacarlas.
Porque, como fenómeno social, la ingesta de alcohol es muy distinta del consumo de marihuana. Y podríamos abrir debate al respecto.
¡Los alcohólicos son enfermos y deben ser tratados como tales!
Corresponde a una política pública incidir en que haya menos consumo de alcohol. Y a eso apunta el etiquetado.
Señora Presidenta, voy a votar a favor. No estoy de acuerdo en que el proyecto vuelva a Comisiones. Creo que debe aprobarse cuanto antes una legislación que regule el etiquetado, mediante el cual se procura advertir sobre los riesgos que tiene el consumo de alcohol en Chile.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, no voy a entrar en mayores argumentos, pues este debate, como se ha dicho en la Sala, tiene larga data y, por tanto, las Senadoras y los Senadores que nos acabamos de incorporar queremos tal vez entregar una visión ceñida a lo que venía discutiéndose.
De hecho, este proyecto representa un avance notable con respecto a un problema grave existente en nuestro país: la instalación de la cultura alcohólica, que desgraciadamente se ha profundizado, y todo el negocio construido en torno al hábito de consumir alcohol.
Considero de la máxima relevancia las medidas propuestas en el articulado, sobre todo la orientada a instalar en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales una campaña destinada a prevenir a nuestros jóvenes sobre lo que significa la ingesta de alcohol.
Yo solo quisiera referirme a una señal confusa que a aquel respecto entrega esta iniciativa: mientras por un lado se hará prevención por la vía curricular en los establecimientos de enseñanza, por otro se va a permitir el consumo de alcohol en ellos, bajo ciertas condiciones, para Fiestas Patrias, para aniversarios, etcétera.
Pienso que, si se va a advertir sobre el daño que ocasiona la ingesta de alcohol, es una señal confusa que, aunque la autorización la dé la dirección del establecimiento pertinente, a solicitud del centro de padres y apoderados, se permita el consumo en tales ocasiones.
Yo eliminaría la posibilidad de consumir alcohol en los establecimientos educacionales, sea cual fuere lo que se esté conmemorando.
Y quiero referirme a otra señal confusa que se da, señora Presidenta -ya tocó el punto el Senador Navarro-, esta vez a las industrias productoras de bebidas alcohólicas.
En la Región de Coquimbo se produce mucho pisco. Y seguramente hay financiamiento de campañas. Entonces, alguna sospecha puede instalarse cuando se ligan los efectos del consumo de alcohol con las actividades industriales y productivas vinculadas a las bebidas alcohólicas.
El encadenamiento que se registra en torno a las empresas productoras de alcohol en la Cuarta Región es de suma importancia: alrededor de 3 mil pequeños agricultores de las provincias de Choapa, de Elqui y de Limarí se hallan encadenados a dicha actividad.
Por consiguiente, una medida regulatoria como la planteada implicará un gran retroceso, en particular para esos pequeños agricultores y en general para una actividad económica muy relevante: es exportadora, ha adquirido prestigio, existe en ella una enorme inversión. Habrá, en definitiva, desconfianza, temores y un retroceso que puede llevar a un desempleo significativo.
Voy a votar en general a favor, señora Presidenta, pero con las observaciones que formulé, pues estimo que puede haber depresión laboral, particularmente en la Región de Coquimbo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, tienen mucho sentido las observaciones de los colegas Juan Antonio Coloma y Adriana Muñoz.
Como señal del Senado, yo también aprobaré la idea de legislar. Empero, durante la discusión en particular, una vez que el proyecto regrese a las Comisiones respectivas, será muy pertinente hacer los cambios necesarios para evitar que se afecte, por ejemplo, al mercado productor, que es relevante. En muchas regiones -también en la Región Cordillera, de Valparaíso- existen productores de vino que podrían registrar un crecimiento adverso, con la consiguiente baja en la empleabilidad, sobre todo en la que favorece a numerosas mujeres que laboran en el sector.
Está de otro lado lo concerniente a la propaganda que se hace a sabiendas de lo que varios Senadores han expresado acá, en esta Sala: que es contradictorio ver a futbolistas con camisetas donde se publicita una marca de bebida alcohólica. A mí también me resulta un tanto chocante.
Entonces, pienso que es hora de que comencemos a decidirnos por una legislación que vaya en la línea correcta, aunque sea impopular.
En materia de consumo de alcohol, nosotros aprobamos una ley de tolerancia cero que fue muy criticada: a través de los medios de comunicación; por distintos estamentos de la sociedad, en fin. Pero yo estoy convencida de que los legisladores hicimos lo correcto. De hecho, nuestro objetivo era lograr bajar la tasa de accidentes y de muertes provocados por personas que consumían alcohol y manejaban. Y eso se ha ido logrando.
Ahora bien, todas las leyes de este tipo, para que cumplan su propósito, deben tener como factor común la educación y el aprendizaje.
Por eso considero tan significativa la norma de este proyecto que obliga a incluir en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales medidas preventivas acerca del consumo de alcohol. Y, sobre el particular, recuerdo que hace un par de años, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, a base de una indicación de mi autoría, sacamos adelante un protocolo de acuerdo vinculado con la incorporación de medidas de aquella índole.
Señora Presidenta, aprobaré en general el proyecto, pero con todas las prevenciones hechas. Porque si bien debemos dar una señal, a la vez tenemos que preocuparnos de que no se afecte ni a los productores de vino -son muy numerosos; se encuentran en muchas regiones, y (por qué no decirlo) constituyen orgullo para nuestro país en el ámbito de las exportaciones-, ni tampoco a los clubes deportivos que viven de la publicidad que hacen a las bebidas alcohólicas.
Entonces, me parece adecuado bajar el consumo de alcohol en nuestro país y prevenir por la vía de la educación.
Apruebo la idea de legislar, con las prevenciones que hice para tenerlas presentes en la discusión particular.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, este proyecto mezcla en muchas de sus normas -perdónenme la expresión- peras con manzanas.
Cuando uno lo estudia se encuentra con disposiciones que apuntan en la dirección correcta. Por ejemplo, la destinada (sin duda, debe perfeccionarse) a mejorar todo lo relacionado con la educación de los niños para evitar que caigan en el consumo abusivo de alcohol, uno de los principales problemas de nuestro país y quizás mayor que el de las drogas.
De otro lado, se regula la venta de alcohol, prohibiéndose clara y categóricamente el expendio a menores de 18 años.
Por otra parte, se eleva a 18 años la edad mínima para ingresar a discotecas, bares o pubs donde se vende alcohol.
O sea, hay un grupo de preceptos que buscan consagrar con mayor nitidez la prohibición de vender alcohol a los menores.
Hago la salvedad de que, además, se faculta a la autoridad para pedir el carné de identidad a todo tipo de personas a los efectos de verificar el cumplimiento de la ley, lo que, como vemos en el proyecto que trataremos a continuación, se prohíbe en el caso de las policías. Pero, según la iniciativa que nos ocupa, los fiscalizadores podrán solicitarle el carné de identidad a quien quieran para verificar el acatamiento a la ley.
Pero ese no es el tema en discusión. Lo que ocurre, señora Presidenta, es que la ley en proyecto contiene normas que, a mi juicio, constituyen un profundo error y, además, son impracticables.
La primera de ellas dispone que en los recintos deportivos no se puede efectuar publicidad a bebidas alcohólicas, sin distinguir -al revés de lo que hace España, por ejemplo- su grado alcohólico.
Yo quiero saber cómo se va a proceder ante la transmisión televisiva de una competencia internacional donde haya publicidad a bebidas alcohólicas: por ejemplo, la final de la Champions League o la de la Copa Libertadores de América.
Aquí se prohíbe publicitar bebidas alcohólicas en todo espectáculo deportivo.
Luego se dispone que en las camisetas de los equipos de cualquier deporte no puede efectuarse publicidad a bebidas alcohólicas.
A nivel mundial, en el fútbol, en el básquetbol y en otras disciplinas deportivas las camisetas lucen los nombres de los principales jugadores en la espalda y, además, llevan la publicidad de la empresa que patrocina al equipo. ¡Pero en Chile no se podrán vender camisetas con esta característica¿!
Una cosa es establecer normas preventivas; otra, consignar disposiciones pedagógicas, y otra, imponer limitaciones similares en cuanto a lo que es factible hacer en televisión.
Nosotros aprobamos ciertas restricciones respecto a la publicidad del tabaco. Uno podría pensar, entonces, en una equivalencia en el caso de las bebidas alcohólicas, particularmente tratándose de las que tienen mayor graduación.
Pienso, en consecuencia, que algunas normas de este proyecto son susceptibles de perfeccionamientos. Pero otras me parecen, derechamente, un profundo error.
Esto es como el chiste sobre el sofá de don Otto. Creer que porque en la transmisión televisiva de la final de la Copa Libertadores de América, por ejemplo, se hará publicidad a bebidas alcohólicas vendidas por los auspiciadores de ese torneo los niños consumirán más alcohol implica eludir la cuestión de fondo, cual es incorporar de una vez por todas en los currículos cursos permanentes de formación para procurar que los alumnos se alejen de ese flagelo.
Señora Presidenta, si este proyecto se aprueba como está, en ningún evento deportivo exhibido en Chile podrá hacerse publicidad a bebidas alcohólicas.
Yo me pregunto qué pasará con las transmisiones nacionales e internacionales del Campeonato Mundial de Fútbol que se realizará dentro de algunos meses y en el cual, probablemente, habrá publicidad a bebidas alcohólicas.
Entonces, sobre la base de que algunas normas de esta iniciativa son perfectibles y otras están profundamente equivocadas, voy a abstenerme, pues si estas perduran, entre otras cosas, se infligirá un daño tremendo a la actividad deportiva de nuestro país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, este proyecto, a mi entender, va en la línea correcta, y en los dos ámbitos.
Hoy día, 25 por ciento de la deserción escolar en Chile deriva del abuso en el consumo de alcohol y drogas. Como país, debemos hacernos cargo de esa realidad. Y lo peor es no asumirla.
Por lo tanto, yo celebro -aprobaré la idea de legislar- el enfoque preventivo que tiene la ley en proyecto.
Pero quiero hacer una salvedad.
En el artículo 4° -página 17 del comparado- se dice: "Los planes y programas de estudio y prevención a que se refieren los incisos primero, segundo y final del artículo 39 de la ley N° 19.925, deberán estar en ejecución un año después de la publicación de esta ley.".
La ley antes individualizada, que dispone que en los establecimientos educacionales deben existir aquellos programas, se promulgó el año 2003 y se publicó en 2004. En el inciso final de su artículo 39 se expresa: "Una comisión interministerial, compuesta por representantes de los Ministerios de Educación, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, estará encargada de implementar y fomentar programas de prevención del abuso de bebidas alcohólicas", etcétera.
Han pasado diez años. A los Ministerios de Salud, de Educación y del Trabajo y Previsión Social se los responsabilizó de la implementación de los programas pertinentes en los establecimientos educacionales, en empresas, en servicios públicos y en municipalidades.
A mí me gustaría saber qué han hecho durante diez años esos Secretarios de Estado para dar cumplimiento al artículo 39 de la ley N° 19.925. Y quiero pedir el envío de un oficio, señora Presidenta, porque ese cuerpo legal, que se halla vigente, no se ha aplicado para procurar la solución de un problema extremadamente grave para nuestro país.
Ahora, como manifesté, en el artículo 4° se preceptúa que los planes y programas respectivos deberán estar en ejecución un año después de publicada la ley en proyecto. Pero la implementación debió concretarse mucho antes. ¡La ley que la ordenó tiene diez años de vigencia!
Señora Presidenta, sobre la base de la experiencia que en materia de alcohol y drogas hemos tenido en la Corporación La Esperanza y de un proyecto que aprobó este Parlamento, debo advertir que, si en el currículo no se prevén espacios para hacer prevención contra el consumo de drogas y alcohol, lo que se dispone en la materia será letra muerta, tanto más cuanto que se incorpora dentro de objetivos transversales que se van diluyendo.
A los efectos de atacar un problema de tanta envergadura, es indispensable dar dentro del aula espacios para desarrollar programas a ese respecto. De lo contrario, no habrá resultados positivos.
Por consiguiente, las indicaciones que voy a presentar durante la discusión particular irán en aquella línea.
También quiero hacerme cargo del aspecto publicitario, señora Presidenta.
A mi entender, el efecto imitativo existe.
Por ejemplo, cuando en un estadio u otro recinto los principales líderes deportivos publicitan bebidas alcohólicas en sus camisetas, la señal es en el sentido de que su consumo resulta inocuo, no tiene repercusiones, es neutro. En definitiva, ese efecto neutro es imitativo. Porque, a la larga, se dice: "Consumir alcohol no es tan grave. Abusar de su ingesta no es demasiado peligroso".
Entonces, el efecto imitativo tiene lugar. Por lo tanto, debe discutirse a fondo el punto. No hay que limitarse al financiamiento de los espectáculos deportivos.
Yo recuerdo que años atrás la Fórmula 1 hacía publicidad a cigarrillos. Pero eso ya no existe. Empresas que venden otros productos financiarán el deporte, actividad sin duda importante.
En mi concepto, es contradictorio promover el consumo de bebidas alcohólicas valiéndose del deporte, actividad que en sí misma propende a la vida saludable.
Por lo tanto, en la línea gruesa de este proyecto, estimo que los dos ámbitos son importantes, tanto el publicitario como el preventivo, pero seguramente es preciso efectuar correcciones en relación con ambos durante la discusión particular.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa tiene presente la petición de oficio formulada por Su Señoría.
Los Senadores señora Pérez y señores Prokurica, García-Huidobro, Letelier y Harboe desean adherir a ella.
Si le parece a la Sala, se mandará el oficio en los términos solicitados.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, deseo comenzar mi reflexión por la referencia que un señor Senador de las bancas de enfrente hizo hace un momento a los campeonatos en Europa, a la publicidad.
Antes de entrar en ese tipo de discusión, la pregunta es si existe voluntad política para restringir la publicidad en el alcohol.
En lo personal, soy colocolino por razones de familia. Es algo casi hereditario. A los jugadores del equipo de la Región que represento y al que sigo, O'Higgins, les conozco el nombre; pero el grupo familiar a veces lo matricula o inscribe a uno de joven en un club. Ese es mi caso, en relación con Colo Colo. Y debo manifestar que una de las cosas que me molestan es que la camiseta exhiba la publicidad de un fabricante de bebidas alcohólicas. Creo que es una contradicción.
Años atrás escuché una advertencia en la Cámara de Diputados: "Si se dispone una restricción, ¡pobre Colo-Colo!". ¡Las huifas¿! ¡Van a llegar diez o treinta empresas interesadas en el contrato!
Por lo tanto, juzgo que esa clase de aproximación al debate no es correcta.
¿Qué vamos a hacer si restringimos la publicidad en televisión o en los estadios? Simplemente pondremos a esos recintos en la realidad de Chile. Y se resolverá la cuestión planteada por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Lo que me inquieta es que no seamos capaces, como institución, de comprender que el consumo de alcohol resulta problemático. La libertad de iniciativa económica y de fabricar productos de esa índole se contrapone con los impactos del consumo en nuestra sociedad.
¡Para qué hablar de lo que ocurre con los jóvenes que recurren al destilado! Es algo serio. La cantidad de los que mueren cada fin de semana es dramática.
Con mi Honorable colega García-Huidobro representamos la Región donde se producen, a nuestro juicio -no al de un señor Senador por Maule-, los mejores vinos de Chile. Algunos dirán que se trata de otros, pero de los tintos no cabe duda. Y entendemos que el apoyo a esa industria no es contradictorio con que ella asuma algún tipo de avisaje en el sentido de que el consumo en exceso es negativo.
A mí no me gusta la forma como el proyecto propone lo anterior, especificándose hasta el tamaño de la letra. Pienso que la regulación se puede hacer de otro modo. Mas sí me parece adecuado que se verifique una advertencia. La industria de la cerveza la realiza hace tiempo, habiendo comenzado un autocontrol por iniciativa propia.
En atención al objetivo que se persigue, a las ideas matrices, no al texto, y en el entendido de que se debe efectuar un perfeccionamiento, voy a votar a favor.
Considero, sí, que cuando se reglamenta en exceso el tamaño de la letra -repito- en el aviso, el espacio que ha de ocupar en una botella, se comete un error, por lo menos en la forma como aquí se determina.
Creo que sería muy conveniente ver si, tratándose del tabaco, la publicidad negativa para el consumo -no el que exista la advertencia- ha resultado útil y provocado más impacto en reducirlo que los impuestos y el alza del precio, o si ha sido más eficaz la restricción de la publicidad y del lugar donde se puede fumar.
No estoy en contra de que las personas libremente decidan adoptar dicho hábito. Por cierto, tampoco estoy en contra del consumo de mostos. Comprendo que es una industria que aporta al país. Pero también me parece que limitar la publicidad es una señal de civilización, en verdad, que tenemos que aprender a dar.
Y en las actividades deportivas¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se agotó su tiempo, pero puede terminar la idea, señor Senador.
El señor LETELIER.- Estimo que deberíamos llegar a un consenso básico en relación con las actividades deportivas: ni la comida chatarra ni la que exhibe exceso de azúcar ni el alcohol deberían asociarse a acciones que tienen que ver con otro propósito, que es una vida sana.
A mi juicio, el programa Elige Vivir Sano, independientemente de cuándo se generó, persigue una finalidad muy positiva: enseñarnos a cambiar nuestros hábitos.
Reitero que voy a votar a favor. Mantengo mis reservas sobre el artículo 1°, en particular acerca del etiquetado -no respecto de poner la advertencia, sino de cómo-, pero comprendiendo que se efectúa un avance.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, como es obvio, la discusión de un nuevo proyecto de ley destinado a reglar la publicidad en materia de productos alcohólicos obedece a que lamentablemente no hemos sido capaces de crear la cultura del consumo responsable. Cuando se demanda al legislador la regulación por medio de una norma legal es porque la autorregulación no ha funcionado o la realidad no se adecua, por desgracia, con el modelo de sociedad que queremos promover.
Las cifras dan cuenta de que Chile registra un flagelo de exceso en el consumo de alcohol, con consecuencias sociales.
La Organización Mundial de la Salud señala que el 3,8 por ciento de las muertes en el mundo durante 2012 se asociaron a algún grado de consumo de alcohol o a accidentes vinculados con el producto. El 9,7 por ciento de las ocurridas en nuestro país en 2004 presentaron la misma característica.
La entidad expresa que el 6,7 por ciento de los hombres sufre algún tipo de trastorno de dependencia o psicosis alcohólicas.
La Organización Panamericana de la Salud expone que entre 2007 y 2009 tuvieron lugar 79 mil 456 muertes en accidentes en los que el alcohol fue la causa relevante, 2 mil 67 de ellas en nuestro país.
En Chile, durante 2012, hubo 3 mil 678 accidentes de esa índole, con 148 fallecidos y 632 lesionados graves.
La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito ha dado a conocer que en la Región de Biobío se verificaron 641 accidentes de tal naturaleza, con 33 fallecidos, en 2012.
Cuando el Congreso Nacional despachó la denominada "Ley de Tolerancia Cero", aquellos en los cuales el consumo de alcohol juega un rol determinante bajaron considerablemente.
¿Hemos logrado crear una cultura de ingestión responsable? No. Lo que ha sucedido es que, por temor a una sanción, se ha obviado el consumo de alcohol. En consecuencia, tenemos que empezar a ver qué tipo de regulación, aparte de la sancionatoria, es la que se requiere para conseguir ese primer efecto.
El proyecto efectivamente contiene normas positivas, como la inclusión, en las mallas curriculares, de elementos de educación para establecer los riesgos en el consumo de alcohol y de drogas. Ello no debiera ser materia de debate. El Ministro de Educación, en el proceso de reforma en este ámbito, debiera incorporar clases respecto de la prevención en el consumo de alcohol y de drogas, flagelos que afectan a nuestros niños y cada vez más a jóvenes.
Cabe observar que la iniciativa, dentro de sus ideas matrices, tiene por objetivo establecer una regulación en la publicidad. Veamos la relación entre esta última y el consumo. La Academia Americana de Pediatría, en un estudio dado a conocer en 2001, informó que el 56 por ciento de los jóvenes de 5° a 12° grado escolar reconocían la influencia de la publicidad en el consumo de bebidas alcohólicas. Se transforma en una necesidad, por lo tanto, el establecimiento de mecanismos en la materia.
Ahora bien, creo que el proyecto avanza en la línea correcta, en el sentido de determinar ciertas regulaciones al respecto, pero adolece, a mi juicio -y ello será objeto del debate en particular-, de defectos bastante negativos.
Por de pronto, no sé qué tuvieron en vista los autores de la moción al determinar que la publicidad televisiva ha de ser desde las 23 en adelante, cuando se ha dispuesto, a través de un mecanismo de autorregulación, que a partir de las 22 los canales están facultados para transmitir programas dirigidos a personas de más de 18 años, o sea, mayores de edad, de acuerdo con el Código Civil. No observo, entonces, una relación apropiada.
Tampoco la observo en la cantidad de ideas matrices, porque he logrado identificar al menos cinco: regular la publicidad que incentiva el consumo de alcohol; revertir el consumo en los menores de edad; incorporar en el envase y la publicidad leyendas que adviertan sobre los efectos; estimular el cumplimiento de las normas de la ley N° 19.925, y facilitar la fiscalización.
En consecuencia, mi percepción es que al proyecto le debemos introducir perfeccionamientos si queremos conformar un mecanismo regulatorio que incentive la creación de una cultura de consumo responsable.
No me parece que restricciones que no dicen relación con el respeto a la industria vitivinícola y su productividad sean adecuadas. En el Senado se requiere equilibrar nuestra legítima aspiración¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede concluir la idea, Su Señoría.
El señor HARBOE.- ¿ de crear una cultura responsable en el consumo de alcohol con la promoción de los encadenamientos productivos.
Por eso, voy a votar a favor de la idea de legislar, pero presentaré indicaciones en la discusión particular.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, deseo valorar el proyecto y el rol del Senador señor Chahuán, porque creo que Chile tiene que dar un salto adelante.
En muchas áreas vivimos un retraso bastante dramático. Una parte muy importante del programa de la Presidenta Bachelet implica volver a la Revolución Francesa. Es decir, el restablecimiento, en una sociedad como la nuestra, de la educación y la salud como un derecho dice relación con una conquista que en los países desarrollados existe desde el siglo XVIII, y en gran parte de los demás, desde los inicios del siglo XIX.
Cuando se trata del alcoholismo, del tabaco, de la comida chatarra, estimo que hoy día existe un pensamiento universal, un consenso, en orden a que son males que la sociedad tiene que enfrentar.
Juzgo que hay categorías distintas, sí, en esos casos. Me parece que toda cantidad de tabaco daña la salud. El derecho a fumar es inalienable, pero el producto no tiene una dosis de umbral y cada cual sabrá si se expone o no a hacer un cáncer, un enfisema, un infarto, un accidente vascular. Lo que nosotros hemos cuestionado es la publicidad engañosa y el hecho de dirigirla a los niños a fin de reemplazar a los fumadores que en el planeta se están perdiendo por una toma de conciencia civilizadora. Y a quienes queremos defender es a los afectados en forma pasiva, obligados a asumir su condición como consecuencia de los fumadores y de la práctica de su hábito en lugares inapropiados.
La situación de la comida chatarra también es distinta, porque ella no debiera existir. Es alta en sal, grasa y azúcar, y termina por llevar a que las primeras causas de muerte en países como los nuestros y los desarrollados se encuentren en enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver con una dieta inadecuada y la falta de actividad física.
Hoy día se registra -repito- un consenso universal en relación con el problema. El logro de estos objetivos constituye un bien social.
Hago una diferencia con el alcohol, porque este, en dosis normales, razonables, no presenta ninguna dificultad, y con el proyecto de ley buscamos regular el consumo excesivo y la situación de los niños.
Por lo tanto, quiero centrar el esfuerzo de la iniciativa justamente en los asuntos más complejos, ligados a la publicidad y a su rol actual.
A mí me preocupa la "moda" -es algo que se construye desde las políticas de publicidad- de que los jóvenes enfrenten problemas de alcoholismo ya desde los 12 años.
¿Y por qué pongo esta atención en la publicidad? Porque vivimos en una sociedad en la que el consumo está asociado a la libertad. Hoy día, la libertad se entiende como una posibilidad de las personas y el derecho y la capacidad de consumir.
El consumo y la publicidad tienen que ver con el estatus. Los individuos son en cuanto pueden consumir, y ello establece un estatus social, económico. Pero lo más grave es que ambos factores se han transformado en las nuevas catedrales espirituales y tienden a reemplazar los valores. Y las modas, la adhesión a las marcas o los sentidos de pertenencia finalmente importan gratificaciones frente a la soledad, a la ansiedad. Los malls y las discotecas, entonces, devienen en centros espirituales, en las verdaderas catedrales del siglo XXI y en medios para resolver los problemas.
Por eso es que la publicidad puede resultar tan perniciosa. Tenemos un modelo económico que se sustenta en ella para estimular el consumo, el cual se concreta a través del endeudamiento, y se desarrolla todo un ciclo de cómo vive la sociedad en el siglo XXI.
Pero nosotros, en este contexto, no estamos en una campaña contra el alcohol: estamos en una campaña contra el beber excesivo y el reclutamiento, para estas lógicas de consumo, de niños en cualquier lugar del planeta. ¿Por qué? Porque evidentemente es pernicioso que un niño consuma alcohol, en la medida en que carece del criterio suficiente para poder distinguir la publicidad engañosa, que siempre asocia el producto al éxito, al liderazgo, a la salud, al deporte. Y, por eso, tenemos que erradicar la posibilidad -le pido un minuto para terminar, señora Presidenta- de que un pequeño efectúe una vinculación indebida entre el alcohol y la salud, relación que no es cierta.
Los que afirman aquí que puede existir una asociación entre alcohol y deporte están defendiendo la publicidad engañosa. Lo mismo dice relación con el tabaco y con la comida chatarra. Porque, como obviamente hay un cuestionamiento al consumo de alcohol, de tabaco o de comida chatarra por los niños, el cual es generado por la publicidad, lo que hace esta última es bloquear y blanquear los males y las externalidades. ¿Cómo? Por la vía de asociar esos productos a cosas saludables, por ejemplo, y a la más saludable de todas, que es el deporte. A ello obedece el que se objete la regulación de la publicidad y del uso del deporte para engañar a los niños.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, porque me parece que es preciso tratar la cuestión del alcoholismo, pero me gustaría consignar un par de cosas.
Ojalá se acompañaran en la nueva etapa un par de datos más duros, como el de cuánto ha aumentado el alcoholismo en los jóvenes por la propaganda en el deporte.
No creo que influya mucho el que afecte o no la situación de una industria. No podemos poner la salud de las personas sobre los intereses económicos.
Pero me parece que debiéramos apuntar, aprovechando que va a haber una reforma, a un perfeccionamiento en la educación, porque la verdadera manera de prevenir el alcoholismo se encuentra en ese ámbito y en la familia. Resultaría deseable la existencia de normas que incentivaran este último objetivo en el núcleo familiar y ayudasen a lograrlo.
Por lo tanto, me pronunciaré por la aprobación, mas estimo que el proyecto necesita bastante perfeccionamiento, porque algunas normas generan muchas dudas de integración, como la relativa a actividades en las cuales un padre o una madre asistan a algún lugar con un menor de edad y se apliquen ciertas restricciones.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, solo haré un par de comentarios en relación con este proyecto, en consonancia con lo que ya se ha indicado en la Sala.
También voy a votar a favor de la idea de legislar, fundamentalmente porque creo importante que el país asuma el grave problema que tenemos en esta materia, en particular entre los jóvenes.
Como aquí se ha señalado, hay ciertas normas que apuntan en la dirección correcta y que cualquiera podría calificar como absolutamente inobjetables. ¿Quién podría estar en contra, por ejemplo, de que se establezcan en los currículos, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media, grados mucho más altos de información, de pedagogía, en cuanto al daño que genera el consumo excesivo de alcohol?
En las antípodas están las normas sobre publicidad deportiva, que yo francamente considero inadecuadas. Y creo que los argumentos mencionados acá en términos de su inconveniencia son lo suficientemente sólidos.
Hay otras normas que ameritarían un análisis técnico y un debate quizás mayor. Es el caso de aquella que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio.
En algunos países desarrollados -estoy pensando, derechamente, en Estados Unidos-, la restricción a la venta de alcohol es bastante alta. En ese país no se puede consumir algunos tipos de alcohol y no se puede comprar en determinados lugares. Efectivamente, en muchos Estados hay tiendas especiales -las llamadas "liquor stores"- donde específicamente se pueden adquirir estos productos. En otras partes ello no es posible. Y además hay restricciones desde el punto de vista horario.
En consecuencia, creo que existe un espacio importante para perfeccionar las normas del proyecto. Algunas están bien orientadas; otras están, desde mi perspectiva, equivocadas, y hay otras que, en términos de las experiencias comparadas, podrían contribuir a lograr una mejor legislación en nuestro país, sobre la base de que sí debemos enfrentar los problemas de alcoholismo a nivel general y, particularmente, su impacto entre los jóvenes.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, mi intervención tiene por objeto, básicamente, respaldar la idea de legislar en esta materia.
Me parece que todos los argumentos que se han entregado apuntan en esa línea. Todos reconocemos y compartimos el diagnóstico del problema que se genera con el consumo abusivo de alcohol; de cómo cada vez esto se da en las etapas más tempranas del desarrollo de los niños y niñas, y de que tenemos que hacernos cargo, como sociedad, de todos sus efectos, de todo el impacto que tiene a nivel personal, social, familiar, en términos de salud.
Es evidente que aquí se requiere la discusión particular. Hay normas que, efectivamente, pueden ser perfectibles. Las cuatro mociones que se juntaron -en una de las cuales incluso participé yo, desde la Cámara de Diputados- han sufrido cambios y creo que es necesario revisarlas.
Coincido, por ejemplo, con lo que planteaba la Senadora Muñoz. Es contradictorio que hablemos de mejorar el currículo en la escuela, pero que permitamos, excepcionalmente, que en cierta fiesta se pueda consumir alcohol al interior del establecimiento educacional. Me acuerdo de que en mi región decidimos que en los actos públicos no se brindaría con vino. Si había que dar el ejemplo, teníamos que partir por casa. Y podría citar otros casos, varios de los cuales ya se han planteado aquí, en la Sala.
Asimismo, deseo hacer una reflexión más global. Uno piensa: sería estupendo terminar por ley con el consumo abusivo de alcohol. Ojalá fuera tan fácil. O que por ley terminara la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer. Desgraciadamente, no es así. Porque lo que tenemos por delante es el desafío de cambiar hábitos. Y eso, en mi opinión, requiere un esfuerzo especial.
De ahí que sea tan importante no solo incluir la información, o la incorporación del tema en los currículos en el nivel escolar, desde los primeros ciclos, sino también discutir el efecto de la publicidad. Todos conocemos las formas en que esta va instalando mensajes y sabemos que muchas veces los niños no tienen capacidad para filtrar: en la televisión, en los juegos, en la red.
Y, a pesar de que sea una discusión difícil de abordar, en términos de hasta qué punto regular o cómo fiscalizar, por las aprensiones que se han planteado acá, creo que es un debate al cual no le podemos hacer el quite, pues ahí está el centro de cómo, a partir de una ley, podemos ser capaces de generar hábitos que son necesarios para cuidar la salud y el desarrollo, sobre todo de nuestros niños.
Así que, señora Presidenta, respaldo la idea de legislar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Desea intervenir, señor Senador?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No, solo plantear una cuestión reglamentaria.
Yo votaría a favor del proyecto, señora Presidenta, pero, conforme al artículo 8° del Reglamento, estoy inhabilitado para ello.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha pedido la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Gracias, señora Presidenta.
Voy a aprobar la idea de legislar, pero, tal como lo han manifestado varias señoras y señores Senadores en sus intervenciones, esta iniciativa necesita que en su discusión particular midamos las consecuencias de lo que pueden significar algunas de las normas que se proponen.
Yo estaba leyendo, por ejemplo, que se pretende prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en calles y carreteras. Y me pregunto si toda la propaganda que existe en el camino Valparaíso-Santiago, a ambos costados de la vía, en relación con los nombres de viñas, de distintas cepas y calidad de vinos, constituye promoción o publicidad. Más de alguien podría interpretar que sí lo es.
Sin embargo, en torno a esa zona, igual que como ocurre en otros lugares del país -la Senadora Adriana Muñoz relataba lo que pasa en su región con los miles de campesinos que participan de la actividad de producción de pisco-, se genera una actividad económica sumamente importante. Son millares los empleos.
En mi opinión, nosotros tenemos que poner el acento en el consumo responsable, en todo lo que signifique prevenir. Porque, digamos las cosas como son, beber un vaso de vino de manera prudente, de manera responsable, no tiene por qué ser delito. Tengo entendido que el vino, por lo demás, está considerado, para todos los efectos, como alimento.
Por eso, creo que aquí lo razonable es aprobar la idea de legislar, pero midiendo, en la discusión particular, las consecuencias que ello puede significar.
Pienso que la intención es muy buena. Sin embargo, tenemos que procurar que no se destruyan industrias que están exportando, que dan abundante empleo, que generan mucha actividad económica.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario, ahora sí.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 5 de mayo de 2014.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma y Pérez Varela.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Recuerdo que el proyecto será visto en su segundo informe por las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el segundo lugar del Orden del Día figura el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesiones 85ª, en 14 de enero de 2014 (queda para segunda discusión); 86ª, en 15 de enero de 2014, (queda pendiente la segunda discusión general); 2ª, en 18 de marzo de 2014 (queda aplazada la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el 18 de marzo último se solicitó aplazamiento de la votación respecto de este proyecto.
Cabe tener presente que, de aprobarse en general, habría que modificar en su oportunidad el nombre de la iniciativa, toda vez que el texto que está proponiendo la Comisión de Constitución ya no modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, sino el Código Procesal Penal.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación el proyecto.
El señor PIZARRO.- Que se toquen los timbres, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí. Así lo vamos a hacer, porque hay varios señores Senadores en reuniones paralelas.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, estimados colegas, junto con anunciar que aprobaré la idea de legislar respecto de este proyecto, quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos, particularmente a partir de lo que fueron las ilustradas exposiciones que mis colegas efectuaron durante las sesiones en que se trató la iniciativa con anterioridad, porque la verdad es que todo apunta a que aquí se requiere un perfeccionamiento bastante sustantivo de las normas que actualmente rigen la materia.
En realidad, el artículo 85 bis que se agrega al Código Procesal Penal parece bastante poco justificado, especialmente por el grado de arbitrariedad de las disposiciones que ahí se contienen.
Por ejemplo, esto de que el control de identidad deberá o podrá realizarse únicamente en lugares o zonas donde existan circunstancias fundadas de que sea previsible la ocurrencia de un delito, parece, de un lado impracticable, y de otro, bastante absurdo.
En rigor, señora Presidenta, creo que de lo que debiera ocuparse la Sala del Senado es de mirar en forma completamente desapasionada la actual legislación que rige la materia para darnos cuenta de que ahí también existen, realmente, grados de insuficiencia normativa.
En efecto, si uno analizara la situación abstrayéndose de las experiencias que puedan haber existido antes, en etapas de mayor o menor represión -me refiero a la detención por sospecha, etcétera-, se comprobaría que las normas que en la actualidad rigen este ámbito son verdaderamente insuficientes bajo una lógica común y corriente.
Si uno se preguntase cuáles son los requisitos que debiera tener la policía de cualquier país del mundo para algo tan simple como solicitar la identificación de una persona, habría que llegar a la conclusión de que tales requisitos deberían ser virtualmente inexistentes. Porque se presume que la policía no va a tener ni una actitud de hostigamiento, ni de amedrentamiento, ni, por así decirlo, de vejación, más aún cuando hoy existen elementos tan simples como celulares y otros que permiten grabar alguna actuación indebida de un uniformado.
Sin embargo, fíjense Sus Señorías cuáles son las normas que hoy existen en Chile para algo tan simple como pedirle a una persona que se identifique. Todas las del artículo 85 aparecen exageradas. Ahí se establece que se podrá efectuar control de identidad en casos fundados, cuando se estime que existen indicios de que la persona a quien se le solicite identificarse "hubiere cometido o intentado cometer un crimen; de que se dispusiere a cometerlo;" -las hipótesis de flagrancia- "de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o" -por último- "en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad".
Por ejemplo, si en un restorán se encuentra un narcotraficante conocido que está prófugo de la justicia y alguien lo reconoce y da aviso a Carabineros, no se podría, bajo ninguna de las hipótesis actuales -no me estoy refiriendo a aquellas que se proponen-, hacer algo tan simple como acercarse a esa persona y pedirle que se identifique, porque claramente no existirían indicios de que ella hubiera cometido o intentado cometer un crimen, de que se dispusiera a cometerlo, de que pudiera suministrar información útil para su indagación, o que se encontrara encapuchada.
En cualquier país del mundo, señora Presidenta, ¡en cualquier país del mundo!, en la simple hipótesis que estoy señalando, la policía perfectamente podría acercarse a esa persona y solicitarle su identidad. Aquí, ¡no!
Y cuando ello se hace presente, entonces se dice: "Mire, no es problema, porque la policía puede hacerlo igual". Pero este no puede ser un argumento válido para el Senado, porque lo que nuestra Corporación debe validar son las conductas policiales apegadas a la ley, no las que no tienen apego a la ley.
Para mí, la descripción que estoy haciendo, de un hecho tan simple como el de una persona que se halla en un lugar público sin encontrarse en ninguna de las situaciones previstas por el actual artículo 85, amerita analizar el tema de mejor manera.
En mi opinión, es perfectamente posible encontrar una ecuación legislativa que, por un lado, impida el hostigamiento, la amenaza, la discriminación, el trato vejatorio hacia las personas, pero que, al mismo tiempo, permita a la policía algo tan simple como pedirle a una persona que se identifique, sin el umbral de los requisitos que establece la disposición vigente.
Voy a votar a favor del proyecto, esperando que, si se aprueba, en la discusión particular podamos lograr una normativa mucho mejor que la que hoy existe, pues estoy convencido, señora Presidenta, de que el actual umbral no se condice con el sentido común. No creo que haya ningún país que para algo tan simple como pedir una identificación exija los requisitos que ahora se señalan en el artículo 85 ni los que menciona la norma que se propone.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, el colega Allamand me representó en muchas de las cosas que señaló y por lo tanto no las voy a reiterar. Pero sí quisiera hacerme cargo de algunas de las críticas que se le han formulado a este proyecto.
En primer lugar, se sostiene que lo que él busca es reeditar la detención por sospecha. Tal afirmación, con todo el respeto, es absolutamente falsa. ¡Absolutamente falsa!
La detención por sospecha consistía en que a una persona, por su apariencia, por la forma como andaba vestida, por la hora en que transitaba por un lugar, la policía podía detenerla. Repito: ¡detenerla!
En este caso, mediante el control preventivo de identidad, la policía no tendrá ninguna atribución para detener a una persona. ¡Ninguna! Lo único que se pide es que, vista la experiencia de cómo se cometen muchos de los delitos, particularmente los asaltos y los robos, que permanentemente están cobrando víctimas fatales y en que se sabe que los sujetos que los cometen previamente recorren el lugar, el barrio o el sector para conocer cómo se desenvuelven las personas que van a asaltar o cuál es el entorno de la casa que van a robar y, además, que en determinadas zonas públicas operan lanzas y otro tipo de delincuentes, se le permita a la policía simplemente pedir el carné de identidad o cualquier otra documentación oficial que acredite el nombre de la persona a quien se controla. ¿Con qué propósito? En el fondo, para saber si tiene orden de detención pendiente.
Noten, Sus Señorías, que, actualmente, para entrar al Senado se solicita a las personas mostrar su carné de identidad, en circunstancias de que no han cometido ningún delito, y muchas veces también se requiere para atenderse en los servicios públicos de salud o para ingresar a edificios.
Asimismo, en el proyecto sobre restricción y regulación de la venta de alcoholes, cuya idea de legislar acabamos de aprobar, se autoriza que se pida el carné de identidad a quienes están en un pub o en un restaurante, sin más razón o justificación que comprobar si tienen la edad requerida para entrar a tales recintos.
Entonces, señor Presidente, no otorgarle a la policía la facultad de poder requerir el carné de identidad constituiría un error.
De otro lado, si vemos qué ocurre en países donde existe una norma similar -les pido, por favor, a Sus Señorías que revisen la legislación alemana, italiana, española, peruana y de otros países-, nos daremos cuenta de su amplia aplicación. Porque en diversas partes del mundo la policía puede solicitar el carné de identidad a una persona -fíjense lo que estamos diciendo- con el objeto de que se identifique en el lugar. Si no lo hace, se le deben dar las facilidades para que lo haga. Y de no querer identificarse, ello despierta la natural sospecha de que mantiene una orden de detención pendiente: en nuestro país hay cientos o miles de personas bajo esa condición que no son ubicadas por las policías.
Por lo tanto, señor Presidente, a mí me parece que esta disposición no viola ninguna garantía constitucional, que no afecta derecho constitucional alguno, que simplemente contribuye a que la policía tenga una herramienta básica: pedir el carné de identidad a una persona para que se identifique.
Y termino señalando que, en caso de ser sorprendido un policía abusando de sus facultades, la sanción que se le impone es muy alta. En efecto, el inciso final del artículo 85, sobre control de identidad, del Código Procesal Penal hace equivalente la sanción a la contemplada en el artículo 255 del Código Penal, que es extraordinariamente elevada. Ello obedece a que, si uno da facultades, tiene que contraponer la respectiva sanción de cometerse un abuso.
Por tales consideraciones, y estando en votación general, solicito al Senado que apruebe este proyecto. Podemos perfeccionarlo, mejorarlo, pero su rechazo significará quedarnos sin legislar sobre este tema hasta después de un año, y creo que ello constituiría un grave error en materia de protección a la ciudadanía, que es deber del Estado.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, muchos Senadores han mencionado la iniciativa que analizamos antes. Y quiero traer a la Sala parte de su texto, referido a las facultades que se otorgan a inspectores municipales o a quienes atienden en una discoteca, las que hoy día el Parlamento podría negar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de Chile. Dice textualmente:
Es decir, se les entregan facultades a civiles.
Lo que plantea la iniciativa en discusión es bastante claro. Cualquier documento de identificación expedido por la autoridad pública, ya sea cédula de identidad, licencia de conductor, pasaporte o cualquier otro medio verosímil -como planteó el Senador Allamand-, permite determinar positivamente la identidad.
Yo creo que no otorgarles estas facultades a Carabineros significaría ir contra lo que la mayoría del país hoy día exige: la lucha contra la delincuencia. Claramente, necesitamos dar esas potestades a las policías.
No entiendo que ello sea rechazado. Quienes son buscados por la justicia se amparan en lo que hoy está vigente. Entonces, cuando se habla de que existe una puerta giratoria, cuando se habla de que Carabineros está imposibilitado de detener a algunos individuos aunque se sepa perfectamente quienes son, el que nosotros no aprobemos este proyecto implicará, sin duda, atentar contra la seguridad de las personas por las que debemos velar en la legislación de nuestro país.
Por eso, señora Presidenta, tienen que entregarse estas facultades a Carabineros justamente para darles seguridad a las personas, y para que aquella se empodere del respeto que hay que tenerles. Porque hoy día la delincuencia le tiene cada día menos respeto a nuestros policías. Y ello es un pésimo incentivo para su mejor trabajo.
Por lo tanto, de rechazarse esta iniciativa, opino que se enviará una señal lamentable. Es cierto que fue presentada por el Gobierno del Presidente Piñera y que parlamentarios de la Concertación -hoy día de la Nueva Mayoría- se opusieron terminantemente a ella. Pero ahora la situación es distinta. Sus Señorías están gobernando. Y pienso que debieran reestudiar su texto, perfeccionarlo en la Comisión, con el fin de dotar de mejores y mayores facultades a la policía para exigir la identificación de las personas que se encuentren en determinado lugar o sobre las cuales exista cierta sospecha por las acciones en que incurren.
Por consiguiente, señora Presidenta, voto favorablemente esta iniciativa, y espero que sea mejorada en la Comisión.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, ya hablamos en la sesión pasada sobre esta materia y, en verdad, yo no iba a hacer uso de la palabra. Pero al escuchar a algunos de mis colegas y los ejemplos que se han dado, hice un nuevo esfuerzo y releí el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal y la propuesta formulada por el Ejecutivo en su oportunidad. Y debo decir que sigo sin entender por qué es necesaria esta nueva disposición.
No sé cuántos de mis colegas Senadores que se trasladan por la ruta 68 ida y vuelta de Santiago a este Congreso lo hacen con conductor o por sus propios medios. Yo por lo menos no tengo chofer, y creo que me han detenido por control de tránsito unas seis veces en estos cuatro años. Y lo primero que me dice Carabineros es: "Buenas tardes, su cédula de identidad y licencia de conducir, por favor". Entonces, la facultad de pedirla existe.
De otro lado, me quedó dando vueltas el ejemplo que mencionó el Senador Andrés Allamand. Y voy a tratar de entenderlo: si en un restaurant se encuentra un conocido narcotraficante -dijo- y un civil que también está en él lo identifica y llama a Carabineros, sus efectivos no pueden exigir a ese conocido narcotraficante su identificación.
En consecuencia, luego de leer el artículo 85 vigente, no sé si yo entendí mal el ejemplo del Senador Allamand o si él se explicó con dificultad o si derechamente interpretamos distinto su texto. ¡Pero es tan claro el artículo 85! Dispone que Carabineros podrá "sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta".
Menciona que "hubiere cometido". Bueno, un testigo podría señalar: "Él es un conocido narcotraficante buscado por la policía". ¿Eso no sería un indicio? ¿No? O, en el caso de que la persona sindicada "pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen", o sea, se trata del control investigativo "o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad". Esto ya existe en la ley. Uno podría pensar que no; pero así es.
En consecuencia, ¿cuál es el valor agregado que genera la disposición que propuso el Gobierno del Presidente Piñera?
Por otro lado, el contexto social y nacional en que el Ejecutivo de ese entonces trató de avanzar en esta materia fue bien delicado, porque parecía que para evitar lo que resulta claramente condenable: destrozos, gente que se pasa de la raya, que rompe propiedad pública y privada en las movilizaciones, las personas debían ser controladas mediante un mecanismo de esta naturaleza y que ello solucionaría el problema.
Y yo pienso que no. Porque eso pervierte, al final, nuestro sistema procesal penal. Primero, por la oportunidad de hacerlo. Pero, además, por la forma de presentarlo: yo leí el artículo 85, y del ejemplo del Senador Allamand -lo digo de la mejor forma y sin querer que me responda- deduzco que era posible pedir su identificación al narcotraficante. Había fundados indicios. Ahora, ¿qué es un "indicio"? Es discutible. Pero no me digan que no existe la facultad para hacerlo.
Si en un restaurante, un civil, con su familia, afirma que a su lado está sentado un capo de la mafia -¡un capo de la mafia!- y al llamar a Carabineros le dicen: "de verdad, este es quien andan buscando en todas partes. Está el cartel en todos lados", no me cabe ninguna duda de que lo van a poder detener.
Por consiguiente, señora Presidenta, creo que esta discusión tiene un trasfondo distinto, que trasciende a la mera hermenéutica jurídica que se ha dado. Esa es la verdad. Y aunque algunos me digan que no con la cabeza, esa es mi apreciación.
Por tanto, yo encantado y feliz le daría todas las atribuciones a Carabineros de Chile, cuya labor es difícil en general, pero hay que mantener un fino equilibrio entre sus facultades para prevenir y sancionar los delitos y el respeto a los derechos y a las libertades individuales.
Y cuando un Ejecutivo manifiesta o expresa en algún momento que este es el camino para dar cuenta de otro tipo de manifestaciones, uno debe mirar con un ojo aún más crítico la propuesta para modificar la ley.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, la verdad es que hemos escuchado interesantes intervenciones, que, más allá del contenido objetivo del proyecto, intentan establecer ciertas diferencias en la forma de enfrentar un fenómeno.
Mi percepción es que la iniciativa en comento contiene ciertos errores, que intentaré graficar.
En primer lugar, en sus considerandos se establece que el objetivo del proyecto es "garantizar y mantener el orden público".
Y, a mi juicio, cuando uno observa el texto de la iniciativa propuesta, advierte que no apunta ni a garantizar ni a mantener el orden público. Primeramente, porque, a diferencia de lo que pretendía originalmente: modificar el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, hoy día se busca cambiar el Código Procesal Penal. Y este es eminentemente persecutorio y no preventivo. El Código Procesal Penal supone al menos la existencia de indicios de haberse cometido un hecho ilícito.
Por lo tanto, tenemos los siguientes problemas:
Primero, si en su minuto el Gobierno quería prevenir en materia de orden público, no debió poner la norma en cuestión en el Código Procesal Penal, sino en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, para que fuera una atribución genérica y no solo circunscrita a un procedimiento penal.
En segundo lugar, el propio mensaje reconoce que el artículo 85 vigente del Código Procesal Penal contempla un doble rol: un elemento de control preventivo y un elemento de control investigativo. Es decir, dispone la facultad y la obligación de la policía (incluyendo a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, cuando actúan como auxiliares del Ministerio Público) de establecer la identidad de una persona determinada, de registrarla e, incluso, de detenerla en algunos casos, siempre que existan ciertos indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen o un simple delito o falta.
Es decir, un carabinero podría pedir a una persona su carné de identidad si creyera que ha cometido una falta, e incluso -pongámonos en una situación casi irrisoria-, en caso de cruzar la calle en un lugar no habilitado, lo que constituye una falta de acuerdo con la Ley de Tránsito.
Por consiguiente, la facultad en comento hoy día existe.
El punto, entonces, estriba en que lo que se pretende a través de este proyecto de ley es ir más allá y radicar la atribución del control preventivo de identidad en el ámbito subjetivo del funcionario policial. Esa es la discusión de fondo. O sea, dejarle a él la evaluación de cuándo corresponde o no hacerlo.
Señora Presidenta, cuando se citaron normas internacionales, yo pensé "perdónenme, algo conozco de este tema". Y me dediqué a buscar los ejemplos que citaba el propio mensaje.
Así, en cuanto a la legislación norteamericana del stop and frisk, lo que no se dice en los considerandos del proyecto de ley en discusión es que la facultad de revisión y de control de identidad de las personas por la policía tiene un único propósito objetivo, establecido en la ley: buscar armas que puedan afectar la seguridad de los agentes policiales. Es decir, en ese caso, la policía tiene la potestad de pedir la identidad y revisar las vestimentas. Solo cuando hay un hecho objetivo, establecido en la ley, no cuando el funcionario considera que está en sus atribuciones.
Dos, con respecto a la situación en Alemania, la Ley de Policía Federal consagra esta facultad en algunos Länder, para evitar un peligro, en casos individuales; para la seguridad y el orden público, o con el fin de remediar una perturbación. Y también se usa para impedir el ingreso ilícito al país de ciertas drogas o la denominada "delincuencia transfronteriza".
Asimismo, en el caso de estar en determinados lugares, como recintos de tránsito, de abastecimiento, del Gobierno o en uno expuesto a otro tipo de peligro.
Y aquí el Ejecutivo propone que por el solo hecho de que alguien estuviera en las inmediaciones de ciertos lugares sería peligroso. O sea, ¿un individuo parado frente a la Moneda o frente a la ENAP va a ser más peligroso que quien se encuentre frente a la casa de un Senador? ¿O de un ciudadano común y corriente, que es visitado permanentemente por un delincuente? Ese ciudadano también tiene derecho a ser protegido. No me parece adecuado que existan categorías de primer o segundo grado, pues para eso hay otra regulación: la de los denominados "lugares estratégicos", que se rigen por normas de seguridad...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede terminar su intervención, señor Senador.
El señor HARBOE.- En consecuencia, señora Presidenta, entiendo la buena intención del Gobierno. Pero mi percepción es que esto se halla muy mal logrado. Primero, por su mala ubicación en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y segundo, porque vamos a dejar en manos de un funcionario policial un elemento subjetivo tan relevante como el derecho a la libertad ambulatoria de las chilenas y los chilenos.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, espero que si aquí no contamos con los votos de Senadores de la Concertación y se rechaza este proyecto de ley, enviado por el ex Presidente Piñera, después podremos modificar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que ha invocado el Senador Harboe, y que él nos dará su voto entusiasta a fin de hacer los cambios necesarios para entregarle realmente a la policía uniformada...
Señora Presidenta, me encantaría que el Senador Harboe me pusiera atención, pues yo lo escuché atentamente...
Decía que me encantaría que en la discusión particular lo pudiéramos analizar, porque aquí no estamos hablando de un tema político, de cómo somos afectados o no por la promulgación de la ley en proyecto, o de cómo la sacamos adelante, sino de cómo queda la sociedad. Una sociedad que muchas veces ve indiferencia en la clase política, en los legisladores, respecto a algo frente a lo cual se sienten absolutamente indefensos.
No es por nada que la gente reclama. Y cuando escucho las protestas en contra de quienes se ponen capuchas, no tengo idea si quienes reclaman son de Izquierda o de Derecha. ¡Me da lo mismo! Se trata de personas que se sienten afectadas en su vida cotidiana: en el comercio, en un quiosco, cuando van a trabajar, cuando toman el bus, cuando están en la calle, cuando van a estudiar; las mujeres, cuando van de compras, porque un grupo de personas inescrupulosas se ocultan y quieren hacer daño a la propiedad pública o privada.
Entonces, si realmente bastara con las normas que hoy día nos rigen, como el artículo 85 del Código Procesal Penal, sería innecesaria la introducción de este tipo de modificaciones legales.
Pero ¿por qué la gente necesita esta medida y por qué nosotros debemos dar señales en tal sentido? Porque nuestra sociedad cambió.
Efectivamente, cuando derogamos lo relativo a la detención por sospecha muchos años atrás, se vivía un momento de la historia política chilena en que se requería dar una señal legislativa para no seguir generando más desconfianza hacia un organismo como Carabineros de Chile. Sin embargo, hoy día las cosas son distintas. Esta institución, que es tremendamente querida y respetada por una gran mayoría de compatriotas, hoy no tiene la fuerza suficiente para enfrentar, con la legislación de su parte, a quienes utilizan la ley a su amaño hasta vulnerarla en ciertas situaciones.
El sábado, por ejemplo, hubo disturbios a propósito de la conmemoración del "Día del Joven Combatiente". ¿Cuál fue el balance? Un carabinero herido.
¿Y cuáles han sido los resultados de las protestas y marchas que se han efectuado en gran cantidad?
Aquí no estamos penalizando las protestas y las marchas, como se ha dicho en el eslogan. ¡Para nada! ¡Quién alguna vez no ha marchado o protestado pacíficamente por una buena causa!
El punto es otro: no podemos hacer vista gorda frente a quienes, infiltrándose en marchas y manifestaciones que persiguen causas nobles, hacen daño a terceros. Los que creemos en la libertad creemos en la libertad con responsabilidad, sin causar perjuicio a otros.
La iniciativa que nos ocupa, precisamente, beneficia a terceros; es decir, va en favor de la sociedad. Por ello, me pronunciaré afirmativamente respecto a la idea de legislar.
Espero que, si no contamos hoy día con los votos favorables necesarios de las bancas ubicadas a la izquierda de donde me siento, tengamos después los votos suficientes para introducir las modificaciones a la ley orgánica respectiva, como nos ha sugerido el Senador señor Harboe.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, varios colegas que me han antecedido han dicho que rechazarán el proyecto no porque no les guste, sino simplemente por considerar que está de más, pues Carabineros ya contaría con la facultad respectiva. Por tanto, la norma propuesta sería redundante.
Al respecto, quiero leer parte del informe elaborado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en lo tocante a la participación del General Director de Carabineros.
Dice el informe: dicha autoridad "sostuvo que si se hubiera incluido en nuestra normativa una regla como ésta cuando se eliminó la detención por sospecha, evidentemente habría sido distinto el accionar de los Carabineros. Enfatizó que el sistema alemán y el español consagran el control de identidad preventivo. Añadió que el sistema italiano, por su parte, contempla la facultad de los agentes de policía de exigir a los ciudadanos en la vía pública o en cualquier otro sitio de acceso público una identificación o documento que acredite su nombre, apellido y lugar de nacimiento. El sujeto podrá permanecer 24 horas en la unidad policial para realizar las indagaciones que corresponda desde el momento en que se produce su identificación. En síntesis, resumió, esos países tienen facultades bastantes más amplias que las que nosotros tenemos. Incluso el Código Procesal Penal peruano lo contempla en forma más amplia que el nuestro pues se le agregó un control de identidad preventivo muy similar al francés.".
Al terminar su intervención en la Comisión, el General Director de Carabineros, "declaró que la institución que representa estima que la incorporación del control de identidad preventivo en el ordenamiento jurídico vigente se condice con el principio de proporcionalidad. En efecto, la posibilidad de otorgar a Carabineros esta facultad no importa de suyo una afectación grave a los derechos de las personas en términos de afectarlos más allá de lo indispensable y necesario para satisfacer un interés general de la sociedad en aras de la mantención del orden y la seguridad pública, además de que esta afectación se materializa sólo en la mera consulta de la identidad y también en la posibilidad de registrar superficialmente a la persona.".
Concluyó diciendo que, "como institución policial, Carabineros de Chile necesita" -¡necesita!- "un control de identidad de esta naturaleza, con todos los controles que se puedan aplicar en forma externa y todos los controles internos ya establecidos", para garantizar los derechos de las personas.
Señora Presidenta, está claro: Carabineros de Chile nos está señalando que necesita esta facultad para cumplir de mejor forma su función preventiva. ¡Entreguémosela!
Si el proyecto tiene excesos, si sus normas no se hallan bien localizadas -como expresó el Senador Harboe- con relación al cuerpo jurídico que debieran afectar, se pueden arreglar -con buena voluntad, con buena disposición- en la discusión particular. ¡Pero no privemos a dicha institución de una atribución que ellos mismos están pidiendo!
Si Carabineros nos dice que no tiene la facultad y que la requiere para realizar el control preventivo, ¡démosela!
Como bien manifestó recién la Senadora Lily Pérez, la ciudadanía nos está pidiendo a gritos -¡a gritos!- que hagamos más para entregar mayor seguridad, a fin de que las personas puedan caminar tranquilas por las calles, por las plazas, sin la continua amenaza de los delincuentes.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en el ánimo de no repetir los argumentos que aquí se han dado, que son muchos, quiero señalar que no me cabe ninguna duda de que esta materia es importante: cuando vamos a las regiones, cuando nos reunimos con las juntas de vecinos, una de las mayores necesidades que a todos los parlamentarios se nos plantea es la seguridad ciudadana.
Hoy, en este debate extenso que hemos realizado, ya por segunda o tercera vez, estamos analizando -lo señalo para que lo sepan quienes están viendo esta sesión por televisión- la posibilidad de entregar una facultad a Carabineros con la finalidad solo de exigir la identidad a las personas en determinadas circunstancias. Tal atribución sí existe -¡sí existe!- en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Perú y en otros países.
Señora Presidenta, siento que es difícil coincidir con la argumentación de algunos señores Senadores que han manifestado que votarán en contra del proyecto, aduciendo que se trata de una facultad que ya se encuentra en nuestra legislación.
A mí me parece que el peso de esta medida, la necesidad de entregar herramientas a Carabineros de Chile para combatir la delincuencia, para luchar contra el narcotráfico, para llevar a cabo la labor de prevención que la ley le confiere, hacen indispensable el otorgamiento de dicha facultad.
Pero algunos señores Senadores sostienen que Carabineros ya la tiene. Si es así, ¡por qué no votan a favor de la iniciativa!
Encuentro que ese argumento es realmente absurdo.
Por otra parte, quiero entregar una prueba irrefutable acerca de la necesidad de la iniciativa, mediante la lectura del informe de la Comisión de Constitución. A pesar de que el Senador García ya leyó algo de la intervención del General Director de Carabineros, quien, además, es abogado, yo citaré otra parte.
Dicha autoridad en su exposición explica que "la forma de evitar los delitos es justamente la presencia de los policías, pero disponiendo de herramientas jurídicas, una de las cuales es el control de identidad, el que, a su vez, debe tener algún grado de control.
"Se constata en nuestro ordenamiento jurídico, dijo, la ausencia de herramientas legales específicas que autoricen a la institución para desarrollar estas acciones genéricas esencialmente preventivas con el objeto de evitar delitos.". En seguida, afirma que "Carabineros tiene que evitar la comisión de delitos y no esperar que ellos se produzcan.". Y termina diciendo que esta es una herramienta totalmente necesaria.
Señora Presidenta, señores Senadores, Carabineros es una institución muy apreciada por todos los chilenos y muy respetada en todo el mundo. Si su General Director -reitero que también es abogado- nos ha pedido que otorguemos esta facultad, pues la necesita para cumplir con una labor que todos demandan que se lleve a cabo con mayor eficiencia, ¡entreguémosela!
La discusión de hoy día resulta difícil de entender, porque los argumentos que se han dado no se pueden comprender desde un punto de vista lógico, ni menos desde uno jurídico. Da la impresión de que estos son más bien ideológicos, antes que lógicos. Pareciera que no se confía en Carabineros, motivo por el cual no se le quiere conceder la atribución en comento. Si así fuera, ¡díganlo derechamente!
Señora Presidenta, siento que cada una de las personas que día tras día sufren en forma permanente la delincuencia -muchas veces en los sectores poblacionales la gente es humillada por los delincuentes- necesita que no solo se aumente la dotación de Carabineros de Chile, sino que también se le brinden las herramientas legales adecuadas. Es posible incrementar el número de funcionarios y entregar más vehículos a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, pero, si no se les proporcionan las atribuciones que requieren, todo lo demás son tiempo y recursos perdidos.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, creo que se han dado argumentos suficientes en los dos sentidos.
A mi juicio, Carabineros es una institución que merece todo nuestro respeto. Sin embargo, en los últimos años se ha abusado de ella.
Yo fui testigo de lo anterior.
Durante las manifestaciones ciudadanas, los encapuchados lanzan piedras contra los propios manifestantes y contra la autoridad. Pero los carabineros que deben controlar la situación no pueden detenerlos, sencillamente porque no se les da la instrucción para ello. Así lo vivimos en la Región de Aysén.
Estimo que las facultades las tienen y que no es necesaria esta iniciativa de ley.
--Se rechaza la idea de legislar (19 votos en contra y 14 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Orpis, Ossandón, Pérez Varela, y Prokurica.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, me permito informar que el Comité del Partido Socialista ha designado como sus representantes a los Senadores señores Letelier y Rossi.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde pasar al tercer proyecto de la tabla.
Recuerdo a Sus Señorías que acordamos levantar esta sesión a las 19, con el objeto de permitir que las Comisiones permanentes se constituyan.
Entiendo que varios señores Senadores ya recibieron las respectivas citaciones: algunas Comisiones se reunirán a las 19:15 y otras a las 19:30. Es posible que en algunos casos coincidan los horarios. Por tanto, habrá que tener la máxima flexibilidad y voluntad para entender la situación y esperar unos minutos. No podemos ser tan rígidos al momento de constituir las Comisiones, porque muchos de nosotros integramos más de una.
Boletín N° 8624-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Hernán Larraín, Escalona, Novoa y Andrés Zaldívar, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8624-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Larraín Fernández y Zaldívar, don Andrés, y de los entonces Senadores señores Escalona y Novoa):
En primer trámite, sesión 55ª, en 16 de octubre de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013.
Sesión 1ª, en 12 de marzo de 2014 (queda pendiente la discusión general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La discusión de la idea de legislar quedó pendiente en sesión del 12 de marzo del año en curso.
Cabe recordar a Sus Señorías que este proyecto de reforma constitucional requiere, para su aprobación, las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos favorables.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la discusión general del proyecto.
En la reunión de Comités, recordé a los jefes de bancadas que la idea de esta iniciativa dice relación con que tanto el Senado cuanto la Cámara de Diputados -en esto coincidimos con uno de los autores de la moción, el Senador señor Hernán Larraín- rindan una cuenta pública una vez al año. Creo que en ese objetivo hay absoluta unanimidad o un gran acuerdo.
Distinto es lo relativo a los Senadores. Habrá que modificar ese aspecto mediante la presentación de indicaciones durante la discusión en particular. Este punto generó mayor debate. La voluntad general, al parecer, es dejar que la cuenta pública de cada Senador quede sujeta a la decisión de cada cual.
En mi opinión, hay consenso respecto a la cuenta que deben rendir ambas ramas del Parlamento.
Eso es lo que hemos conversado hasta ahora en los Comités. También fue lo que plantearon los Senadores de la Nueva Mayoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, después del debate que se ha realizado y que quedó pendiente, y antes de pronunciarnos sobre la idea de legislar, deseo manifestar que lo que más me interesa es lo concerniente a la cuenta pública que debe dar el Congreso a través de sus autoridades: los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. A eso se refiere el artículo 56 bis propuesto.
Creo que ese es un objetivo bastante importante. El Presidente de la Corte Suprema entrega una cuenta de su actividad todos los años y lo mismo hace el Presidente de la República. Lo lógico, entonces, sería que la cabeza del Poder Legislativo procediera de igual modo.
Por ello, pido a la Sala aprobar el proyecto en general.
En la discusión en particular, no persistiré en el artículo 62 bis, que dice relación con la cuenta pública que deberían rendir los diputados y senadores, porque efectivamente podría interpretarse en otro sentido.
Lo esencial se halla consignado en el artículo 56 bis: el Parlamento, una vez al año y en fecha determinada, tendrá que entregar una cuenta de su actividad al país, lo que hará a través de los Presidentes de ambas Cámaras.
Por tales razones, insisto en que aprobemos la iniciativa. En la discusión particular podremos hacer las correcciones que sean necesarias.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Seré muy breve.
Efectivamente, en la reunión de Comités conversamos el punto con la Presidenta del Senado y con varios Senadores.
Pareciera que hay bastante acuerdo en la necesidad de que el Congreso, como institución, rinda una cuenta pública. Existe menos acuerdo respecto de que hagan lo propio los parlamentarios. En ese caso, sugiero que aprobemos la idea de legislar y dejemos esta última materia para el debate en particular. Si no hay voluntad para ambas cosas, bueno, no se aprobará lo pertinente a la cuenta de cada senador y diputado. Me gustaría que le diéramos una segunda vuelta al asunto.
A todo evento, sería absolutamente inexplicable que el Parlamento no dispusiera de una fecha oficial, institucional, para rendir cuenta de su gestión, lo que considero algo importante. Además, ello se puede regular en el Reglamento de las Corporaciones, antes que en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Me parece que este es el minuto para aprobar la iniciativa en general y entregar una señal positiva en esta materia. Luego, en el debate en particular, introduciremos las correcciones necesarias.
Dado que esta es una reforma constitucional, si no hay acuerdo en todas las áreas, no será posible acogerla en su totalidad. Lo razonable es que, al menos, aprobemos la rendición de cuentas institucional, de cada una de las ramas del Congreso.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, creo que es muy importante avanzar en la transparencia y concuerdo en que los parlamentarios deben rendir cuenta en forma personal. Eso hay que trabajarlo. Porque sería necesario ver la historia de leyes anteriores por medio de las que el Parlamento les ha exigido a muchas autoridades hacer lo mismo.
Constituiría una pésima señal que apareciéramos nosotros eximiéndonos de esa obligación.
El lugar, la forma se podrán discutir. Me parece obvio, y muy importante, que la Institución rinda cuenta -eso, por descontado-, pero también comparto que nosotros, como Senadores, sí debemos cumplir idéntica obligación una vez al año.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, este debate lo hicimos largamente en semanas anteriores, y no cabe duda de que resulta demasiado subjetivo lo que se plantea en términos de la necesidad de una cuenta individual de los parlamentarios.
Institucionalmente, creo que estamos claros: el Senado y la Cámara tienen que rendir cuenta y deben hacerlo de manera corporativa. La rendición de una cuenta está relacionada con el desempeño de determinada función, con la administración de recursos, con el cumplimiento de metas, cuestiones que son medibles de manera más objetiva.
En el caso de los parlamentarios, en cambio, la cuenta sobre nuestra función individual es total y absolutamente subjetiva.
¿De qué damos cuenta los parlamentarios? De cómo votamos rendimos cuenta frente a la ciudadanía, y lo hacemos de acuerdo a nuestro mejor saber y entender.
¿De qué más damos cuenta? Nosotros no administramos, ni decidimos, ni manejamos recursos, salvo los establecidos y reglamentados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
¿De qué más vamos a rendir cuenta? ¿De cómo ejercemos nuestro trabajo de representación? ¿Cómo se puede rendir cuenta de eso? ¿Cuántas reuniones tuvimos? ¿Cuántas veces salieron en la prensa los temas de los que hablamos?
A veces la importancia que uno le da a determinada materia es subjetiva y no guarda relación con la función legislativa, sino, a lo mejor, con lo que puede ser nuestra modesta opinión desde el punto de vista político.
Respecto de las actividades propiamente tales, la cuenta y la información de cada uno de nosotros están. Las sesiones de Sala y de Comisiones a las que asistimos, las intervenciones que hacemos en este Hemiciclo se conocen, ya que todas son públicas.
Se ha dicho mucho aquí que damos cuenta. Es cierto. Todos damos cuenta frente a los ciudadanos, frente a nuestros electores. Pero eso más bien tiene que ver con los énfasis en el rol que uno juega en cuanto a la representación de unos y otros o desde las opiniones políticas que expresamos de acuerdo a nuestra filiación o punto de vista.
En consecuencia, me parece pertinente aprobar en general el proyecto, en el entendido de que nos vamos a concentrar en una legislación que obligue al Congreso a rendir una cuenta institucional y que, ojalá, incluso fije un marco respecto de cómo, en términos individuales, podemos mantener informados -porque de eso se trata- a nuestros electores y a la comunidad que representamos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago presente a Sus Señorías que, como se señaló, para la aprobación del proyecto se requieren al menos tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos favorables.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Larraín (don Hernán), Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron las señoras Muñoz y Van Rysselberghe.
Sugiero la misma fecha que acordamos para uno de los proyectos que tratamos anteriormente o el 21 de abril.
El señor LARRAÍN.- El 21 de abril.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se fijará el 21 de abril como plazo para la presentación de indicaciones.
El señor HORVATH.- ¿Me permite, señora Presidenta?
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, nos quedan aproximadamente veinte minutos de sesión.
El proyecto signado con el número 5 en la tabla (modifica el Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de ríos, de lagos y parques nacionales) contiene un solo párrafo y es de fácil resolución.
Sugiero que lo ponga en votación.
Es posible avanzar en ello, ya que nos faltan quince a veinte minutos para levantar la sesión.
¿Habría acuerdo en la Sala para adelantar el tratamiento del proyecto que indicó el Senador señor Horvath?
El señor PROKURICA.- Votémoslo sin debate, señora Presidenta. Ya lo discutimos, y es muy simple.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hago presente que los Comités acordaron cambiar al quinto lugar el proyecto que figura con el número ocho. Me refiero al que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local.
El señor COLOMA.- Sí, señora Presidenta. Pero entiendo que el colega Horvath se refiere al que figura en el quinto lugar de la tabla de hoy.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Es así, señor Senador?
El señor HORVATH.- Efectivamente, señora Presidenta.
Pido que votemos -reitero- el proyecto que aparece en el quinto lugar de la tabla, esto es, el que establece una multa de 1 a 4 UTM a quienes ensucien playas, riberas de ríos o de lagos, etcétera.
Si le parece a la Sala, aceptaremos la petición del Honorable señor Horvath y trataremos dicha iniciativa de inmediato.
El señor HORVATH.- Muy bien.
Boletín N° 8179-07
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo recién acordado por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Prokurica, Coloma, Horvath, Larraín (don Carlos) y Novoa, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de ríos o de lagos y parques nacionales, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8179-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Prokurica, Coloma, Horvath, Larraín Peña y Novoa):
En primer trámite, sesión 94ª, en 6 de marzo de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 43ª, en 28 de agosto de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 85ª, en 14 de enero de 2014.
Sesión 47ª, en 5 de septiembre de 2012 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 5 de septiembre de 2012.
La Comisión de Constitución deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Asimismo, dicho órgano técnico efectuó una enmienda al texto aprobado en general, consistente en el remplazo del artículo único del proyecto, la cual fue acogida por unanimidad, razón por la cual debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la propuesta de la Comisión sobre el particular.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en su tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en la cuarta consigna el texto que resultaría si ellas fueran aprobadas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la enmienda propuesta en forma unánime por la Comisión de Constitución.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, este es un proyecto simple, que pretende modificar el artículo 494 del Código Penal con la finalidad de tipificar y sancionar una nueva falta, consistente en ensuciar, arrojar o abandonar basura, materiales o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial.
La pena aplicable será la que indica dicho artículo, esto es, de una a cuatro unidades tributarias mensuales, y podrá sustituirse por la de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Siempre hemos sostenido discusiones públicas respecto del acceso a playas y ríos, el cual muchas veces se ve impedido por algunas personas.
Sin embargo, al no existir en Chile playas privadas -son todas públicas-, resulta imprescindible exigir que espacios de libre acceso como los mencionados también sean cuidados, porque ensuciar las playas, las riberas de los ríos u otros bienes nacionales de uso público no permite que otros compatriotas puedan disfrutar de esos lugares.
No me extenderé en algunos estudios realizados por instituciones como la Universidad Católica del Norte (de Antofagasta) sobre las cantidades enormes de basura que quedan en las playas después del verano -la época estival-, ni tampoco en lo que respecta a sus causas y objetivos y a lo que las personas consultadas piensan.
En nuestro país algunos de esos bienes públicos están normados en el Reglamento de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República. Pero dicho cuerpo legal no establece sanciones para este tipo de conductas, ni tampoco contempla la posibilidad de que quien es sorprendido ensuciando una playa, la ribera de un río o un bien nacional de uso público sea obligado a limpiar esos espacios por un tiempo determinado.
Esa sería una sanción ejemplarizadora, que a mi juicio debemos incorporar.
Por último, esta iniciativa de ley persigue que la sanción sea efectiva -mediante pena pecuniaria o su equivalente en trabajos comunitarios de limpieza- y que se aplique a toda persona que ensucie y contamine los lugares señalados.
Sin embargo, el objetivo del proyecto va mucho más allá de la limpieza: pretende dar inicio a un programa de educación permanente, promovido en conjunto con las autoridades ambientales y municipales de la educación, toda vez que existe la necesidad imperiosa de enseñar y crear hábitos de urbanidad en la ciudadanía para promover el uso y el cuidado de estos bienes, que son de todos los chilenos.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, deseo formular una consulta a quienes elaboraron el proyecto.
En principio, me parece una buena idea.
En el norte, por ejemplo, existe mucha más contaminación debido a los desechos industriales o a las descargas de combustible desde los barcos, los cuales han generado verdaderas crisis.
Ignoro si aquello se encuentra contemplado en otras legislaciones. Porque la modificación que se plantea ahora es muy acotada.
Si así fuera, no tendría ningún problema en aprobar la enmienda que se nos propone y estaría de acuerdo con ella.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, contestando la pregunta del Senador Guillier, debo puntualizar que el estudio que hicimos de la legislación vigente concluye que el tipo de contaminación a que Su Señoría alude está contemplado y sancionado en otras normativas.
El problema que debemos enfrentar hoy día es el que indiqué. Quizás tiene dimensiones menores, pero ocasiona un daño enorme a todos los bienes nacionales de uso público.
En votación la enmienda introducida unánimemente por la Comisión de Constitución, cuyo propósito es incorporar un numeral 3º al artículo 494 del Código Penal.
--Se aprueba la modificación propuesta por la Comisión de Constitución (25 votos favorables) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Felicitaciones a los autores de la moción!
Señores Senadores, creo que ahora sí sería conveniente levantar la sesión, con el objeto de constituir las Comisiones. Ello, sin perjuicio de dar curso a una solicitud de oficio que llegó a la Mesa.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole informar sobre INVERSIÓN EN CADA REGIÓN CONFORME A SUBSIDIO NACIONAL PARA TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS.
--Se levantó a las 18:52.

References: artículo 73
 artículo 132
 Artículo 6
 Artículo 1
 artículo 36
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 artículo 3
 artículo 39
 artículo 4
 artículo 39
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 artículo 1
 artículo 8
 artículo 85
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 artículo 255
 artículo 85
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 artículo 3
 artículo 85
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 artículo 56
 artículo 62
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 artículo 494
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