Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57637
Timestamp: 2019-10-18 14:02:29+00:00

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Gaceta: LXIII/1PPO-7/57637
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, reconociendo la intención del legislador, que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas, aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.
El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, con toda atención, a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la intención del legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público, con base en las siguientes,
El PT: una minoría política constitucional.
Tuvo que transcurrir casi una década para que la irrupción ciudadana que entrañó el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 se tradujera en la ampliación de la vida democrática de México. La mayoría de los historiadores, politólogos y miembros de la clase política coinciden en que el Movimiento del 68 es el antecedente inmediato y directo de la transición a la democracia en México. Desde la época de los hermanos Flores Magón, en nuestro país la clase política dominante ha optado por la proscripción de las corrientes políticas que postulan un plan nacional orientado hacia una justa distribución de la riqueza en favor de las clases populares en general y de las familias de los trabajadores en particular. Consecuencia directa de esta cerrazón fue la represión que se desencadenó contra el movimiento estudiantil y contra cualquier otra muestra de inconformidad. Los obstáculos para ejercer las libertades políticas principalmente de manifestación y reunión degradaron a la política en la República y fueron la causa principal que dio origen a múltiples movimientos subversivos que optaron por la clandestinidad ante la criminalización de la protesta social.
Uno de los principales métodos de interpretación constitucional es el histórico. Ningún otro cuerpo jurídico como la Ley Fundamental requiere del conocimiento agudo y profundo del devenir histórico de un pueblo. Este criterio jurídico aplica hoy día para entender que el porcentaje requerido para que un partido político conserve su registro no es un precepto aislado que surta efectos por sí mismo ya que se tiene que considerar para su aplicación en función de la totalidad de la preceptiva que da lugar al establecimiento en México del sistema de partidos políticos, contenido principalmente en los artículos 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en 1977, el H. Congreso de la Unión reconoció que la forma de llevar el debate en torno al destino de la Nación no era mediante el uso de la fuerza ni por parte de los grupos subversivos ni por parte de la guerra sucia desencadenada por las altas esferas del gobierno. En consecuencia, se optó por llevar a cabo una reforma que transformó a los legisladores de partido en un espacio plural en el que se dio cabida a todas las expresiones políticas.
El Partido del Trabajo es destinatario, sin duda, de la preceptiva que protege a las minorías políticas en nuestro país. Lo es por el carácter de sus militantes y simpatizantes, trabajadores todos ellos. Lo es por la índole de su ideología que promueve el disfrute de una alta calidad de vida para las clases populares no como una dádiva en el ámbito de la asistencia social sino como un derecho propio derivado de su aportación a la riqueza nacional. Lo es, finalmente, porque busca la transformación del país hacia una convivencia justa, pacífica y digna. La reforma política del 1977 permitió articular las visiones impulsadas en torno al país tanto de las mayorías como de las minorías. El sistema de partidos resultante, la naturaleza plural de la representación nacional y las atribuciones de la autoridad electoral no se entienden más que tomando en cuenta el criterio protector de las minorías políticas que se encuentra vigente desde 1977 y que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está obligado a tomar en cuenta en términos del artículo 1º de la Ley Fundamental.
La Reforma Política de 1977 y las minorías.
En el año aludido, el país se debatía en una atmósfera de agitación social. Numerosos y diversos grupos subversivos se expandían por la República. La presencia de la guerrilla era evidente tanto en la sierra como en las grandes ciudades. En México, donde el autoritarismo no había llegado al extremo de las prácticas totalitarias que se habían registrado en Sudamérica, de repente se vio inmerso en una amplia guerra sucia que todavía hoy, en el Siglo XXI, no termina de esclarecerse. La represión siempre estuvo presente pero ahora en la década de los setentas adquirió una dimensión sistemática. La iniciativa pero principalmente el dictamen que elaboraron las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios Legislativos del Senado con fecha 3 de noviembre de 1977 es prolífica y no deja ninguna duda en cuanto a que la preceptiva sobre los partidos políticos que es lo principal así como las facultades de las autoridades electorales que es accesorio gira entorno a garantizar un espacio político en el seno del H. Congreso de la Unión para que todas las corrientes políticas se encuentran en aptitud de expresar su visión sobre el país. Es absolutamente diáfano y claro en términos del dictamen de la Reforma Política de 1977 que el objetivo de los enunciados normativos contenidos desde entonces en el artículo 41 así como en el 73 de la Constitución Federal no es otro más que la garantía de existencia de las minorías políticas.
El artículo 72, apartado F de la Constitución Federal establece que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. El espíritu de lo anterior consiste en que las y los legisladores hande cerciorarse si prevalecen o persisten las causas que dieron origen a la norma o ley. Las razones históricas que llevaron al reconocimiento de las minorías políticas para darles acceso permanente al H. Congreso de la Unión y así mantener la funcionalidad de nuestras instituciones a través del sistema de partidos políticos están más que vigentes. En México existen hoy día diversos movimientos revolucionarios que buscan la transformación del país a través de las armas. En los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, entre otros es evidente la presencia de grupos de mexicanas y mexicanos que aún hoy, en pleno Siglo XXI, no encuentran cauces adecuados para presentar al resto de la sociedad sus propuestas políticas, económicas y sociales.
Las circunstancias que dieron lugar a la garantía de acceso de las minorías políticas a la representación nacional no sólo persisten sino que se han incrementado. Para nadie es un secreto que México es un país que se caracteriza por la polarización. No se trata de opiniones subjetivas que de manera desesperada se invoquen con el ánimo de conservar el registro. Se trata de una labor de interpretación de nuestras normas constitucionales para que un partido político conserve su registro pero principalmente en el marco de eficacia del sistema de partidos en función de la debida representación nacional para mantener la gobernabilidad democrática. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe llevar acabo haciendo una interpretación jurídica la reflexión no sólo de la reciente reforma que fijó en 3% el requisito para conservar el registro sino de la totalidad del sistema jurídico en torno a los partidos políticos. Aún antes de la existencia del bloque o núcleo de derechos humanos era posible evitar la dislocación del sistema de partidos. Como veremos a continuación, la conclusión sobre la conservación del registro a favor del Partido del Trabajo se fortaleció a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que con instrumentos más precisos permite llegar a la misma conclusión.
Nuevas Obligaciones de Derechos Humanos.
Por medio de una recta y adecuada interpretación constitucional acudiendo simplemente a la intención del legislador explicitada con amplitud en el dictamen de la reforma política de 1977 es suficiente para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se percate que la disposición relativa al porcentaje para la conservación del registro de un partido político queda supeditada a la totalidad de la preceptiva que desde ese año garantiza el acceso a una minoría política al sistema de partidos. Basta con determinar si la corriente política se coloca, en términos del artículo 73 constitucional, en posibilidad jurídica de difundir su ideología desde el H. Congreso de la Unión para cerciorarse de que tiene el carácter de minoría política. El Partido del Trabajo, como veremos enseguida, logró esa condición.
Llama la atención poderosamente el hecho de que, desde el arranque del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral se haya conducido en sus decisiones tanto menores como de trascendencia, dejando en el olvido los postulados de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Desde el principio mismo, en octubre del año pasado, el Instituto comenzó a dar muestras de que simplemente pasaba por alto las nuevas obligaciones de derechos humanos a su cargo y se abstuvo de respetar los derechos fundamentales ya no se diga de protegerlos, promoverlos o garantizarlos de conformidad con el artículo 1º de la Ley Fundamental. En efecto, del área jurídica del Instituto salió una directriz hacia todo el país que desconoció la Constitución Federal. Si alguien acudía a solicitar por vez primera su credencial para votar o a pedir su reposición y exhibía copia certificada ante notario del atestado de su nacimiento, las oficinas del Instituto rechazaron dicha documental pública y le exigían que llevara un atestado reciente para poder llevar a feliz término el trámite. Como si las actuaciones de los notarios carecieran de valor, se obligó a los interesados a incurrir en gastos para obtener el atestado de su nacimiento directamente de la oficina del registro civil. Éste criterio que se observó puntualmente en todas las oficinas del Instituto Nacional Electoral es claramente violatorio del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros.En torno a la decisión sobre la conservación del registro, la Junta General Ejecutiva al elaborar por unanimidad un dictamen proponiendo el Consejo General la pérdida del registro del Partido del Trabajo incurre en la misma omisión ya que teniendo la obligación de cerciorarse de no incurrir en violaciones a los derechos humanos el dictamen es absolutamente omiso pues carece ya no digamos de un capítulo especial ni siquiera tiene una sola mención al examen exhaustivo de la autoridad electoral en contraste con sus deberes en materia de derechos fundamentales.
Lo cierto es que con claridad surgen dos interpretaciones en torno al registro del Partido del Trabajo. La primera y obvia por rudimentaria es la aplicación aislada de la norma que establece un porcentaje del 3% de la votación nacional válida emitida para conservar el registro. Este proceder básico fue el que siguió la Junta General Ejecutiva lamentablemente de manera unánime pues no hubo un solo integrante que aunque fuera por curiosidad solicitara un examen de la materia a la luz del núcleo constitucional de derechos humanos. La totalidad de los integrantes de la Junta se olvidaron por igual tanto de la Reforma Política de 1977 como de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011.
Frente a la aplicación mecánica del porcentaje del 3% aludido, cobra aplicación una labor hermenéutica siguiendo paso por paso las nuevas obligaciones de derechos humanos. El primer paso consiste en percatarse de que la disposición relativa al porcentaje en una cuantía del 3% se inserta en el marco jurídico de una preceptiva más amplia que es la contenida en el artículo 41 constitucional que establece los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos en funcionalidad con la integración de la representación nacional. Al realizar esta tarea hermenéutica, el intérprete se da cuenta de que la norma relativa al porcentaje para decidir sobre el registro es de carácter accesorio,y aunque con el mismo nivel de norma constitucional se debe armonizar con el resto de la preceptiva que rige a los partidos políticos, lo cual nos lleva a preguntar cuál fue la intención del legislador al establecer un sistema de partidos políticos con una apéndice en torno a la conservación del registro. Es claro como el agua que la conservación o no del registro es sólo un aspecto de la materia mucho más amplia del sistema de partidos, uno de cuyos pilares es precisamente el acceso y permanencia de las minorías políticas dentro de dicho sistema. El segundo paso consiste en desentrañar la intención del legislador para lo cual basta con dar lectura al dictamen expedido con fecha 3 de noviembre de 1977 por las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios Legislativos del Senado. En dicho dictamen, como ya se dijo, en distintos tonos se establece que cuando una organización o corriente política adquiere la categoría de minoría política debe contar con las garantías de participación en la vida política nacional bajo la forma de una persona de derecho público que es la de un partido político.
La observancia de las nuevas obligaciones de derechos humanos llevan con claridad a darse cuenta de que surgen dos interpretaciones: a) La básica consistente en la pretensión de la Junta General Ejecutiva de dar efectos de manera aislada al enunciado normativo que establece 3% de la votación nacional válida emitida como requisito para conservar el registro; y b)La jurídica al tener en cuenta la intención del legislador dando acceso a las minorías políticas siempre y cuando logren el número de legisladores suficientes para difundir su ideología en el seno del Congreso. El Partido del Trabajo logró bajo el principio de mayoría relativa llevar seis de sus candidatos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es decir, se excedió en el número de legisladores requerido para conformar un grupo parlamentario. Al haber obtenido una votación idónea para integrar, gracias a su votación directa sin necesidad de acudir a la representación proporcional, un grupo parlamentario es claro que el Partido del Trabajo se mantiene como una minoría política y, en consecuencia, debe disfrutar de sus derechos, obligaciones y prerrogativas como cualquier otro partido político. Cabe mencionar que si bien es cierto que de los seis diputados electos cuatro compitieron en coalición con otra fuerza política y que una vez instalada la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión dichos legisladores se asimilaron al grupo de dicha fuerza, tal circunstancia no afecta la situación para efectos de la conservación del registro ya que lo jurídicamente relevante estriba en que el PT demostró capacidad para captar votos suficientes para merecer la difusión de su ideología como partido político en términos de la intención manifiesta del legislador contenida en la multicitada Reforma Política de 1977 cuyas consecuencias de Derecho son aplicables sin duda en nuestros días.
Frente a las dos interpretaciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene el deber de optar por la que más favorece al partido político. La discusión en torno a si las personas jurídicas o morales resultan titulares de derechos subjetivos públicos se encuentra ampliamente superada. Desde la Novena Época,laJurisprudencia del Poder Judicial Federal, cuando todavía regía el concepto de las garantías individuales, dejó claro que las personas morales o jurídicas gozan por igual de todos aquellos derechos que no requieran de un ente de carne y hueso. Únicamente los derechos humanos relativos a la vida, a la educación o a la salud son, por su propia naturaleza, exclusivos de las personas o individuos físicos. No existe ninguna razón más que la discriminación para excluir a las personas de derecho público de la aplicación del principio de la interpretación más favorable.
Analogía y deber de convencionalidad.
Con base en la referencia a la forma de resolver los juicios civiles, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado el criterio de que la analogía es un principio válido en todas las ramas del derecho. En síntesis:éste principio consiste en que ante situaciones de hecho que comparten elementos comunes de disposiciones diferentes se ha de aplicar las mismas consecuencias jurídicas. Cabe mencionar que la analogía es un principio de derecho reconocido universalmente tanto entre los académicos como en el ámbito de las constituciones democráticas del planeta. La analogía permite invocar la protección de las minorías a favor del Partido del Trabajo.
En efecto, los principales instrumentos de la comunidad internacional para garantizar en el mundo así como al interior de cada Estado la convivencia pacífica y justa contienen preceptos que protegen a las minorías. Los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral deben también llevar acabo una tarea de aplicación del Deber de Convencionalidad. No es menos lo que se puede esperar de un instituto que tiene el rango de organismo constitucional autónomo. Derivado de dicha condición, el órgano constitucional autónomo debe hacer un examen profundo y exhaustivo de las normasaplicables principalmente cuando están en juego los derechos de miles y miles de personas y con mayor razón si se trata de derechos políticos que con facilidad llevan al surgimiento de conflictos. En dichos tratados se hace alusión a las minorías religiosas, lingüísticas y raciales. El tratamiento normativo es siempre el mismo. La norma universal consiste en que a las minorías se les debe respetar y, en consecuencia, reconocer los derechos que a su condición corresponden.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 25 el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos. El Artículo 26 reconoce el derecho a no ser discriminado y el 27 consagra los derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe en el Artículo 23 párrafo 1º inciso C el respeto a los derechos políticos que dan acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El precepto invocado del Pacto establece lo siguiente:
La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que tuvo lugar en nuestro país por efecto de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, obliga al Consejo General a ajustar sus actos y determinaciones a los postulados contenidos en las normas internacionales.
Con facilidad, aplicando el principio de analogía y tomando en cuenta las disposiciones protectoras de las minorías en los tratados internacionales, el Consejo General se dará cuenta de que en cumplimiento de dichas normas internacionales queda delimitado el espacio de su decisión debiendo decidir la conservación del registro del Partido del Trabajo pues sólo de esa manera se puede reconocer los derechos que como minoría política le corresponden que no son otros más que la de disfrutar de sus derechos y prerrogativas cumpliendo también con sus obligaciones en el seno del sistema de partidos políticos en México.
Desde luego, el autor de esta proposición es integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Sin embargo, la decisión que está llamado a tomar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral excede los estrechos márgenes del registro de un partido político. La resolución que adopte el Consejo General sobre el pobre y débil dictamen que elaboró la Junta General Ejecutiva tiene que ver por un lado con el reconocimiento de la garantía de acceso de las minorías políticas al sistema de partidos y, por otro, con la viabilidad de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. En este orden de ideas, en un país donde se encuentran activos diversos movimientos revolucionarios y que se encuentra dividido prácticamente en tercios con grupos de votantes que simpatizan con la izquierda, la derecha y el llamado centro, lo que está en juego no es únicamente el registro de un partido político si no la conservación de las condiciones políticas que permitan a la República dar salida al clima de crispación que prevalece para recuperar el camino hacia la democracia plena entendida no solamente como la pulcra organización de las elecciones sino como la justa distribución de la riqueza para que las y los mexicanos gocen del nivel de vida que corresponde al esfuerzo que cotidianamente realizan. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen la opción de dictar una resolución jurídica, de carácter integral, que preserve y consolide el sistema de partidos así como la democracia en México, o bien, como lo hicieron al inicio del proceso electoral las áreas jurídicas de dicho instituto, optar por una decisión mecánica, aplicando de manera aislada preceptos, inconscientes de su responsabilidad histórica ante el momento por el que atraviesa la Nación.
UNICO.- Se exhorta, con toda atención,a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la intención del legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.
México, Distrito Federal a 7 de septiembre de 2015.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 41
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 1
 artículo 121
 artículo 41
 artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 23
 resolución 
 resolución