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Timestamp: 2018-09-19 19:40:30+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-61 DE JUNIO 7 DE 2018 UNIFICACION
SENTENCIA SU-61 DE 07 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:CARÁCTER ROGADO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE PRECISA QUE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA, EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PUEDE LLEGAR AL EXTREMO DE CONDUCIR A LA ADOPCIÓN DE UNA DECISIÓN JUDICIAL QUE RESULTE ABIERTAMENTE INCOMPATIBLE CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, ESPECIALMENTE CUANDO SU INTERPRETACIÓN RESTRINGE: (I) EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE APLICACIÓN INMEDIATA PREVISTOS EN EL TEXTO SUPERIOR(II) NORMAS Y PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA(III) LA REAL COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA-PROCESAL TRABADA POR LAS PARTES(IV) EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO RATIFICADAS POR EL ESTADO COLOMBIANO YFINALMENTE, (V) LEYES RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO COMPROMETIDO. ASÍ MISMO, SE RECUERDA QUE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TIENE POR FINALIDAD PROTEGER LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS, DE LAS PERSONAS QUE VIERON LESIONADOS SUS INTERESES Y DERECHOS COMO RESULTADO DE “UN HECHO, UNA OMISIÓN, UNA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA O LA OCUPACIÓN TEMPORAL O PERMANENTE DEL INMUEBLE POR CAUSA DE TRABAJOS PÚBLICOS”.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIÓN DE TUTELA, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DEFECTO SUSTANTIVO
Sentencia SU-061 de junio 7 de 2018
1.1. Los accionantes otorgaron, junto con sus hermanos Juan Mauricio, Luis Ángel y Elizabeth Torres Tunjacipa, poder especial al abogado Luis Carlos Díaz Álvarez para que iniciara y llevara hasta su culminación la acción de reparación directa dirigida contra la Nación —Ministerio de Defensa y Ejército Nacional—. Por medio de esa actuación, los actores pretendieron la indemnización de perjuicios por el secuestro ocurrido el 3 de agosto de 1998 cuando prestaron el servicio militar obligatorio, hasta el día de su liberación, producida los días 4 y 27 de junio de 2003(2).
1.2. Después de efectuados los alegatos de conclusión, la parte actora radicó oficio ante el tribunal administrativo del Meta, autoridad que le correspondió la decisión de primera instancia, revocando el referido poder y solicitando, en cambio, el reconocimiento de la señora Yolanda Guerrero Acosta como nueva apoderada judicial(3). Para tales efectos, el proceso ingresó al despacho del magistrado ponente, quien mediante Auto del 17 de septiembre de 2008, manifestó que “previo a realizar el estudio de fondo de la presente causa, se ordena por Secretaría efectuar la refoliación de las piezas procesales que conforman el expediente”(4).
1.3. Sin pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica de la nueva apoderada judicial, a través de la Sentencia del 30 de septiembre de 2008, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, al considerar que el extremo demandante no logró acreditar la actuación negligente u omisiva del Ejército Nacional(5).
1.4. En contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta, el abogado inicial interpuso recurso de apelación “en la condición de apoderado de la parte demandante”(6). Dicho mecanismo fue concedido por el a quo y, con posterioridad, admitido por el Consejo de Estado, sin efectuarse pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de los accionantes o la legitimidad del abogado para actuar en la causa controvertida(7). Bajo la misma calidad, el abogado presentó los alegatos de conclusión en el trámite de la segunda instancia, precisando que representaba los intereses de Héctor Enrique, Helbert Antonio, Juan Mauricio, Luis Ángel y Elizabeth Torres Tunjacipa(8).
1.5. Mediante distintos memoriales allegados al Consejo de Estado(9), los accionantes revocaron el poder a la abogada Yolanda Guerrero Acosta para ratificárselo a Luis Carlos Díaz Álvarez, en vista de que “hasta la fecha no ha aportado pruebas, ni ha estado pendiente del mismo, (…) tampoco ha sido posible ubicarla, ni telefónicamente, con el fin de solicitarle brinde un informe detallado del proceso en curso”(10). En consecuencia, en Auto fechado el 10 de febrero de 2012, se reconoció nuevamente personería jurídica al abogado inicial para actuar como apoderado de Héctor Enrique y Herbert Antonio(11).
1.6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A., mediante providencia del 27 de abril de 2016, revocó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, para en su lugar, conceder las pretensiones de la parte demandante, al comprobarse la existencia de un hecho dañoso (la incapacidad permanente y relativa de los accionantes), así como el nexo de causalidad entre el daño y la prestación del servicio militar obligatorio. De esta manera, sostuvo la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado por la relación de especial sujeción en la que se encontraban los soldados regulares(12).
Sin embargo, en la providencia citada, el Consejo de Estado negó el reconocimiento de la indemnización de perjuicios a los actores, bajo el argumento de que “mediante escrito presentado el 29 de julio de 2010 (…) revocaron el poder inicial y se lo concedieron a otra abogada para que actuara en su representación”, por lo que así visto “únicamente se analizaría el tema de la procedencia de los perjuicios morales ocasiones a los señores Juan Mauricio, Luis Ángel y Elizabeth, toda vez que el apoderado de ellos sí impugnó la decisión de primera instancia”(13).
1.7. Finalmente, contra la exclusión de los accionantes, el apoderado judicial interpuso las solicitudes de aclaración y adición a la sentencia de segunda instancia, las cuales fueron resueltas negativamente el 14 de septiembre de 2016. Según afirmó el Consejo de Estado, el objetivo de las peticiones no era esclarecer un elemento ambiguo de la providencia, sino lo que pretendía era corregir una situación que se surtió libremente por las partes(14).
2. Fundamento de la acción de tutela.
2.2. En primer lugar, incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al desconocer que la acción de reparación directa tiene como finalidad indemnizar a las víctimas del daño antijurídico. En particular, sostuvieron que la aplicación de normas de carácter procedimental —como las que contempla el recurso de apelación— no pueden llegar a un rigor judicial que sacrifique la satisfacción de los derechos sustanciales, la exigencia de justicia frente al secuestro y la verdad objetiva de los hechos. Menos aún, en los eventos que el propio juzgador declara la responsabilidad de la Administración por los hechos que son objeto de controversia judicial, como sucedió en su caso específico.
3. Actuaciones en el trámite de la acción de tutela.
3.1. La acción de tutela fue asignada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual ordenó notificar el libelo de la demanda al Tribunal Administrativo del Meta y al Consejo de Estado, Sección Tercera(15), como autoridades judiciales demandadas, así como a los terceros interesados en el resultado del proceso de tutela(16).
3.3. De otro lado, el abogado Luis Carlos Díaz Álvarez allegó escrito ante el Consejo de Estado coadyuvando la solicitud de los accionantes. En ese sentido, sostuvo que las autoridades judiciales demandadas siempre le reconocieron legitimidad para representar los intereses de todos los demandantes en el proceso de reparación directa que era objeto de cuestionamiento. Por ello, consideró que resulta jurídicamente admisible la acción de tutela y la reclamación de las víctimas directas del secuestro(17).
3.4. En un sentido similar, se pronunciaron Juan Mauricio, Luis Ángel y Elizabeth Torres Tunjacipa, hermanos de los aquí accionantes, quienes expusieron que resulta irrazonable que la demanda presentada mancomunadamente sea favorable para ellos, en la calidad de víctimas indirectas, y no para los accionantes, de quienes justamente se derivan sus derechos en el proceso administrativo de reparación directa(18).
3.5. No obra en el expediente respuesta Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.(19), ni de la parte demandada en el trámite de la acción de reparación directa(20).
5.2. Adicionalmente, como elemento excepcional expusieron las dificultades en las que se encontraron para obtener copias de la totalidad del expediente administrativo que sirvieran de base para justificar sus pretensiones constitucionales. Como prueba de eso, informaron que el 7 de marzo de 2017 presentaron una primera acción de tutela contra las autoridades judiciales demandadas en la que pretendieron, específicamente, la expedición de copias de la totalidad de la actuación judicial(21). Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró su improcedencia tras considerar que no hubo prueba de la petición previa ante el Tribunal Administrativo del Meta(22).
— Copia de la Sentencia proferida el 30 de septiembre de 2008 por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la acción de reparación directa presentada por los aquí accionantes(23).
— Copia de la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A., del 27 de abril de 2016, a través de la cual se declara patrimonial y administrativamente responsable a la Nación por los daños antijurídicos soportados por los demandantes(24).
— Copia del expediente del proceso de reparación directa iniciado por los actores contra la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional), en el que constan las actuaciones judiciales surtidas en primera y segunda instancia, así como en el trámite de las solicitudes de aclaración y adición(25).
— Copia de la demanda de tutela de fecha 27 de febrero de 2017, en la que se solicita la expedición de copias de la totalidad de la acción de reparación directa(26), de la consulta efectuada sobre esa actuación judicial(27).
— Copia de la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la que resolvió negativamente las pretensiones de la primera acción de tutela (11 de mayo de 2017)(28).
8. Actuaciones en sede de revisión por la Corte Constitucional.
Con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241-9 del Texto Superior, la Corte Constitucional es competente para revisar la acción de tutela de la referencia, escogida por la Sala de Selección Número Once, a través del auto del 29 de noviembre de 2017(29).
2. Análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(30).
Antes de considerar el problema de fondo de la presente controversia, la Corte Constitucional deberá verificar que la demanda cumpla con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Para ello, en la presente oportunidad, se pasarán a indicar brevemente los requisitos generales unificados desde la emisión de la Sentencia C-590 de 2005(31), para con posterioridad y frente a cada uno examinar su cumplimiento en el caso concreto.
Como regla general, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela no procede para controvertir providencias judiciales, en vista de la necesidad de preservar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, así como los mandatos de autonomía e independencia judicial(32). Sin embargo, ante supuestos fácticos excepcionales, ha sostenido esta corporación, que resulta admisible la acción de tutela, como en el evento de que la decisión resulte abiertamente incompatible con disposiciones superiores, en especial, con la materialización de los derechos fundamentales. Para que su procedencia sea posible, el actor deberá demostrar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales, asociados a las condiciones fácticas y de procedimiento del caso(33).
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia, la relevancia constitucional, como condición de procedibilidad de la acción de tutela, debe estudiarse a partir de la presunta vulneración de los derechos y principios de rango superior. Aunque en la práctica judicial ha sido difícil definir qué asunto tiene marcada importancia constitucional y cuál no, la Corte ha manifestado que le está vedado al juez de tutela inmiscuirse en asuntos de carácter netamente legal o decidir la interpretación más acertada de una norma jurídica, sobre todo cuando no se desprende una clara transgresión de las prerrogativas constitucionales(34).
Por ello, ha sostenido que, un asunto será relevante cuando lejos de involucrar una cuestión legal, la resolución del caso amerita interpretar el Estatuto Superior, aplicarlo materialmente o determinar el alcance de un derecho fundamental(35). De ahí que, esta corporación haya reiterado que“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”(36).
Según la jurisprudencia de esta corporación, cuando se controvierten decisiones judiciales el requisito de subsidiariedad se torna particularmente exigente, por lo que el juez de tutela debe verificar que la parte actora hubiera agotado “todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance (…), salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable”(37). Es decir que procede la revisión de una demanda de tutela en la que se discute la inconstitucionalidad de una providencia judicial en los eventos que: i) el accionante hubiera presentado los medios ordinarios y extraordinarios previstos por el Legislador para oponerse al contenido de la decisión o, en su defecto, ii) la tutela se utiliza como un mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso el juez podrá intervenir de manera provisional, sin que sea necesario el agotamiento de todas las diligencias o instancias judiciales(38).
Como ha reiterado esta corporación, la inmediatez requiere que la acción de tutela sea promovida en un plazo razonable, contado a partir del momento en que se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. De lo contrario, “esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”(39). Por ello, aunque la determinación del término máximo para radicar la tutela depende de la valoración de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, la Corte ha admitido que los seis meses siguientes al hecho generador de la afectación constituyen un plazo razonable. Tan así que, en oportunidades anteriores, ha bastado constatar que se presentó la tutela en ese periodo para declarar cumplido el requisito de inmediatez. Pasado este plazo, de hecho, le corresponde a la parte actora acreditar los motivos que justifican su tardanza en acudir ante la jurisdicción constitucional(40).
En esta ocasión, la Sala Plena estima que resulta razonable el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa y la presentación de la acción de tutela. Lo anterior, considerando que el fallo del 27 de abril de 2016 no se ejecutorió el 30 de junio, como erróneamente lo expuso el a quo, sino el 30 de septiembre de 2016, después de que la Secretaría General del Consejo de Estado notificó por edicto el auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición. Desde ese momento, hasta el 28 de marzo de 2017(41), día en que se radicó la acción de tutela, pasaron aproximadamente seis meses, tiempo que se observa oportuno para la radicación del recurso de amparo.
De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta corporación, en los casos que la demanda alegue la configuración de una irregularidad procesal, “debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”(42). No obstante lo anterior, “si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello [habría] lugar a la anulación del juicio”(43). Dicho de otro modo, al juez constitucional le corresponde advertir que la irregularidad procesal alegada es de tal magnitud, que por la situación que involucra, claramente pueden transgredirse garantías iusfundamentales(44).
Analizado en los anteriores términos el presente asunto, esta Sala considera que la controversia procesal alegada por los accionantes tiene un efecto determinante en la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en particular, porque el ad quem decidió excluirlos del reconocimiento de perjuicios económicos y morales. Desde el punto de vista del extremo demandante, la providencia judicial primó una consideración formal —la carga procesal de impugnar la providencia judicial— sobre su calidad de víctimas directas del daño antijurídico y la materialización de derechos sustanciales, lo que constituyó, en su sentir, una irregularidad procesal por exceso ritual manifiesto que debe ser valorada por el juez constitucional.
La doctrina constitucional ha sostenido que para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales la parte accionante debe identificar “tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiera alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible”(45). Es decir que el actor debe explicar de forma clara y razonable i) los hechos que conllevaron la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, así como ii) las prerrogativas constitucionales que fueron desconocidas por la autoridad judicial, las cuales debieron previamente plantearse en el proceso ordinario controvertido.
2.1.6. Prohibición de tutela contra tutela.
Esta corporación ha señalado que la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar providencias judiciales que resuelvan demandas de tutela, de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad(46), con lo que se evita que los procesos en los que se debate la protección de derechos fundamentales estén indefinidamente expuestos a un control jurisdiccional. “Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
Este requisito no genera problema alguno, ya que el presente caso se interpone contra la decisión proferida por el Consejo de Estado el 27 de abril de 2016, en el curso de la acción de reparación directa iniciada por los accionantes contra la Nación —Ministerio de Defensa y Ejército Nacional—.
3. Planteamiento de la causal específica, del problema jurídico y metodología de la decisión.
3.1. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales, al juez le corresponde establecer si la demanda se enmarca, al menos, en una de las subsiguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente jurisprudencial o (viii) violación directa de la Constitución(47).
4.2. La primera modalidad se presenta en los casos que el funcionario judicial competente actúa por fuera del trámite legalmente establecido, manifestado en grado absoluto y que, sin ninguna justificación válida, desencadena la afectación de prerrogativas previstas en la Constitución y la legislación vigente(48).
Aunque en este evento el ámbito de interferencia del juez de tutela está restringido, pues se entiende que la autoridad judicial responsable actúa en el marco de las competencias previstas por el Legislador, también ha indicado la Corte que cuando el operador desempeña sus funciones alejado de la normatividad aplicable, su decisión resulta incompatible con los preceptos que orientan el ordenamiento jurídico(49). Por esta razón, ha señalado que se admite la intervención excepcional del juez de tutela en eventos como los siguientes:
(i) Primero, cuando la autoridad judicial tramita el asunto que le corresponde resolver por un cauce completamente distinto al previsto en la ley o prescinde por su simple voluntad de la práctica de una o de varias etapas del proceso. Bajo este supuesto, no solo se ha decidido casos en los que el operador ha omitido, sin ninguna justificación razonable, el decreto y práctica de pruebas o la notificación de la actuación procesal que requiere de dicha formalidad(50), sino que también ha examinado la aplicación de términos judiciales, donde el juez opta, sin motivación, por prolongar o delimitar el tiempo con que cuentan las partes para intervenir en el proceso ordinario(51).
(ii) En segundo lugar, cuando en el proceso se presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión judicial definitiva. Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante tutela cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia vulneración del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones injustificadas(52).
(iii) Finalmente, cuando el juez de la causa desconoce las garantías mínimas del debido proceso(53), en especial, en los casos que el operador judicial limita irrazonablemente los derechos a la defensa y contradicción de los sujetos procesales, presentándose por ello evidentes fallas en la defensa técnica que no pueden ser imputables a la persona y que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en la resolución del asunto controvertido(54).
4.3. La segunda modalidad se configura por la adopción de decisiones judiciales que, aunque se emiten respetando el procedimiento previsto en la ley, quebrantan normas jurídicas que fijan el carácter vinculante de la Constitución, (art. 4), la primacía de los derechos inalienables de la persona y, particularmente, la prevalencia de los derechos sustanciales cuando a las autoridades públicas les corresponde administrar justicia (art. 228)(55).
En materia de tutela contra providencias judiciales, por lo tanto, se ha establecido que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas(56). En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico(57). Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales(58). Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que propenden(59).
En consecuencia, en este segundo escenario, el juez de tutela deberá hacer uso de sus facultades constitucionales cuando la exigencia realizada por la autoridad competente, en el caso particular y concreto, se advierta como un apego extremo a las reglas procedimentales, que sin justificación razonable y dada la imposibilidad para cumplir con la carga procesal impuesta, su postura solo puede ser catalógala como desproporcionada, en virtud de los hechos y medios que rodean la presunta afectación de los derechos fundamentales(60).
5. Defecto sustantivo. Noción y pautas generales.
5.1. El defecto sustantivo se presenta en los casos en que el operador jurídico aplica la norma de una forma claramente irregular, afectando con su decisión la satisfacción de prerrogativas fundamentales(61). En estos eventos, el error recae en la manera como se utiliza una disposición jurídica y el alcance que el juez competente le da en un caso particular. Por lo que, desde esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el defecto sustantivo se trata de una “interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto [que] resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico”(62).
Lo anterior no significa que el juez de tutela tiene la plena potestad para controvertir cualquier interpretación realizada por la autoridad legalmente competente, puesto que la Constitución Política les otorga a todas las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales la autonomía e independencia necesaria para elegir las normas que fundamentan la adopción de sus decisiones (Arts. 228 y 230 de la C.P.)(63). De esta manera, los jueces gozan de libertad interpretativa, tanto en los casos que su labor se agota en la subsunción, como en los eventos que requiere, para una correcta decisión, superar los vacíos propios de la técnica legislativa(64).
5.2. Sin embargo, la autonomía e independencia de la que gozan las autoridades judiciales, ha señalado la Corte, tampoco significa una libertad sin límites para elegir las normas que fundamentan sus decisiones(65). En otras palabras, ni la autonomía ni la independencia judicial pueden equiparse a la libertad absoluta del operador judicial para interpretar y aplicar el derecho vigente(66).
Por esta razón, aunque el juez de tutela no está facultado para determinar cuál es la aplicación correcta de una disposición normativa o definir la aproximación al texto legislativo que debió efectuar la autoridad judicial competente, si le corresponde verificar que la decisión no obedezca a un capricho del operador judicial, a través del cual se sobrepasen los parámetros mínimos de juridicidad y racionalidad establecidos en el sistema jurídico colombiano(67). Dicho de otro modo, “no puede el juez de tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal”(68). Bajo este entendido, la Corte ha admitido que un defecto sustantivo se produce en eventos como los que a continuación se indican(69):
(i) En primer lugar, cuando el operador judicial excluye la aplicación de normas jurídicas relevantes o desconoce el precedente jurisprudencial en la materia(70). En estos casos lo que se reprocha es la clara omisión en la aplicación del texto normativo que, sin justificación alguna, cambia el sentido de la decisión. Como sucede en los eventos que: a) la autoridad judicial desconoce la norma prevista en el ordenamiento jurídico para resolver el asunto controvertido o, b) aun aplicando una disposición relevante, deja de lado la valoración de otras normas que permitirían regular el caso de forma coherente y compatible con el ordenamiento jurídico. Adicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que se presenta un error judicial, c) en los casos en que se interpreta una norma de forma manifiestamente contraria al precedente previsto por una alta corporación, ya sea en materia constitucional, administrativa o civil(71).
(ii) En segundo lugar, cuando se aplica una norma jurídica equívoca(72), es decir que: a) se utiliza un texto que no está vigente por cualquiera de las razones previstas en el ordenamiento jurídico (por ejemplo, se declaró su derogatoria por parte del legislador o la Corte Constitucional, su inexequibilidad); b) el juez omite aplicar la excepción de inconstitucional, resolviendo el caso de una manera incompatible con disposiciones constitucionales; c) se utilizaron normas jurídicas por parte del operador judicial que resultan inadecuadas o impertinentes, según las circunstancias fácticas del caso y, finalmente, d) se aplica de forma irretroactiva una norma jurídica en los supuestos de hecho que resulta legalmente inadmisible.
(iii) También, cuando se interpreta indebidamente el texto jurídico(73). Al respecto, la Corte Constitucional ha aceptado la procedencia de la acción de tutela cuando los jueces incurren en errores en materia interpretativa, en particular, cuando las providencias judiciales “carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable”(74). Este escenario se presenta no solo en los eventos que: a) la interpretación realizada por el funcionario es contraevidente(75), es decir, desconoce el sentido común de las palabras o la voluntad del legislador(76), sino que además b) la interpretación resulta irrazonable —jurídica y lógicamente inaceptable—, arbitraria —sin motivación— y caprichosa —con un fundamento inadecuado—(77).
Respecto de este último escenario, finalmente, vale la pena reiterar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que uno de los límites de la labor interpretativa efectuada por el operador judicial está relacionado con que su interpretación resulte conforme con la Constitución. En otras palabras, que el trabajo desarrollado libremente por el juzgador se conduzca por los dictados del Texto Superior, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales. Así, será inconstitucional la actuación desplegada por los jueces que, de forma injustificada e irrazonable, supere el marco de acción previsto por la Carta Política y, en contraste, será constitucionalmente admisible la interpretación judicial que guarda coherencia con la norma fundamental(78).
6. Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Pautas respecto de su carácter rogado y la acción de reparación directa.
6.1. El carácter rogado de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Criterios generales.
6.1.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo el principio de justicia rogada. Ello significa que, por regla general, el operador jurídico no puede actuar de manera oficiosa, sino que su actividad se desarrolla respecto de los cargos que los ciudadanos plantean en ejercicio de las acciones constitucionales y legales que han sido previstas por el Legislador. En otras palabras, le compete al administrado iniciar, impulsar y tramitar las actuaciones judiciales que le permitan defender sus pretensiones(79). De ahí que, este principio tenga dos implicaciones significativas. La primera, la imposibilidad de iniciar de oficio un trámite judicial, pues se entiende que la persona interesada en reclamarle a la administración la ocurrencia de un daño antijurídico, tiene la carga procesal de presentar la demanda, exponiendo con suficiencia las razones que le sirven de fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el a quo no puede, al momento de tramitar y decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico procesal trabada por las partes.
La segunda involucra, la imposibilidad del fallador para iniciar de oficio el trámite de apelación, ya que son los sujetos procesales involucrados en la causa los que tienen el deber de sustentar los motivos de su inconformidad. Así visto, la competencia del juez de alzada se restringe a los cargos que fueron formulados por las partes a través del recurso de apelación(80).
6.1.3. En el mismo sentido, el Consejo de Estado, máximo órgano judicial especializado en la materia, ha enfatizado en el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, reiterando que el juez de alzada solo puede pronunciarse sobre temas que hayan sido planteados y sustentados por las partes procesales, pues de lo contrario la actuación judicial no solo representaría un abuso de las atribuciones constitucionales y legales otorgadas al juez, sino que además vulneraría los derechos a la defensa y contradicción de los sujetos que no hicieron parte de la actuación judicial(81).
En específico, ha sostenido que “a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. (…) Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior”(82).
6.1.5. A través de las Sentencias C-197 de 1999(83), C-415 de 2012(84) y T-553 de 2012(85), por ejemplo, la Corte Constitucional ha sostenido que deberá valorarse la aplicación del principio de justicia rogada cuando, en el caso específico (i) la interpretación que se haga de ella, desconozca la protección efectiva que se establece en la Constitución Política para los derechos fundamentales de aplicación inmediata (art. 85) o, (ii) se evidencie una absoluta incompatibilidad con mandatos previstos en el Texto Superior. De hecho, se ha estimado que, aun cuando no resulta irrazonable ni desproporcionado que el Legislador haya impuesto al demandante la carga procesal de impulsar el trámite judicial, las normas recogidas en la Constitución Política han transformado la manera de entender el carácter rogado de la jurisdicción administrativa, en el sentido de que, a partir de la Carta Fundamental, se reafirma el principio de supremacía de la Constitución sobre el resto de normas del ordenamiento jurídico y la prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo.
6.1.6. Asimismo, el Consejo de Estado ha expresado que el juez administrativo está en el deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y no simplemente aplicar el principio de justicia rogada cuando: (i) la falta de técnica jurídica le impide comprender con suficiencia algunos de los presupuestos relevantes que orientan su labor en el proceso(86); (ii) la aplicación estricta de este principio desconozca normas o principios consagrados en la Constitución Política; (iii) deje por fuera el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y, por último, (iv) en la resolución del caso concreto, aun aplicándose normas procesales pertinentes, se ignoran otras disposiciones jurídicas relevantes para la adopción de una adecuada decisión(87).
6.2. Acción de reparación directa. Fundamento constitucional y finalidad.
En oportunidades anteriores, este mandato constitucional ha sido valorado por esta corporación, al examinar los cambios normativos introducidos al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. En particular, en las sentencias C-333 de 1996(88), C-038 de 2006(89), C-644 de 2011(90) y T-339 de 2015(91), donde el Tribunal sostuvo que con el artículo 90 constitucional el sistema de responsabilidad estatal dejaba de fundamentarse en elementos conexos a la culpa de los agentes estatales, para soportarse en la antijuricidad del daño, es decir, en las consecuencias jurídicas provocadas por el Estado que los particulares no estaban en el deber jurídico de soportar. En otras palabras, con la Constitución de 1991 se consagra una cláusula general de responsabilidad, la cual comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas que se proyecta indistintamente del régimen aplicable a cada caso en particular.
6.2.5. En un sentido similar, la Corte Constitucional ha sostenido que el propósito de la acción de la acción de reparación directa es que “la persona que se crea lesionada o afectada (…) pueda solicitar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan, esto es, sin reclamación previa a la administración o mediando petición de nulidad, como en el caso de la acción de restablecimiento del derecho. Se trata de una típica acción tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad extracontractual en que pudo incurrir el Estado, en razón de las actividades anteriormente indicadas, que excluyen de entrada el acto administrativo”(92).
6.2.7. En consecuencia, se concluye que la acción de reparación directa, como su propio nombre lo indica, tiene por finalidad proteger la posición jurídica de las víctimas, es decir, de las personas que vieron lesionados sus intereses y derechos como resultado de “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos”(93), así como sucede con los miembros de la Fuerza Pública que sufrieron daños en el marco del conflicto armado y que, como se indicó con anterioridad, ha sido reforzada por la cláusula general de responsabilidad prevista en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia del juez especializado en la materia.
(ii) En el mismo sentido, se estima que resulta contrario al principio constitucional de darle prevalencia a lo sustancial sobre las formas, que aun cuando las circunstancias particulares del caso le permitieron al Consejo de Estado, mediante la sentencia controvertida, señalar que los demandantes acreditaron todos los presupuestos sustanciales necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación, únicamente, bajo la consideración de que la nueva apoderada no impugnó la decisión judicial, las víctimas directas fueran excluidas del reconocimiento de perjuicios por los daños que, de hecho, ellos sufrieron y, por los cuales, fue condenada la Nación. Dicho de otro modo, habilitada la competencia del Consejo de Estado, a través del recurso de apelación presentado por el abogado de las víctimas indirectas, no resulta constitucionalmente admisible que el fallador acreditara “la existencia del hecho dañoso, así como el nexo causal entre éste y la prestación del servicio militar obligatorio”(94) y, adicionalmente, declarara “administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación por los daños ocasionados a la parte actora”(95), pero, con fundamento en una regla procedimental, dejara de reconocer la indemnización de perjuicios a las víctimas directas del hecho que sirvió de fundamento para revocar la decisión del a quo.
(ii) La nueva apoderada judicial designada por los aquí accionantes nunca compareció al proceso, ni tampoco las autoridades judiciales involucradas en el trámite de la acción de reparación directa le reconocieron, de forma expresa, su personería jurídica. En contraste, el abogado inicial, judicialmente reconocido, continuó representando a todas las víctimas, mediante la radicación, en término, de las actuaciones necesarias para avanzar en el desarrollo del proceso, al punto que allegó el recurso de apelación a favor de todos los demandantes, continuó ejerciendo las facultades previstas en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, inclusive, en el trámite de segunda instancia, aportó los respectivos alegatos en representación de las víctimas directas e indirectas. De modo que, para hacer efectiva la prohibición de que no pueden actuar, en un mismo proceso, dos apoderados judiciales en representación de las mismas personas (C.P.C., 6.6), era menester que la nueva apoderada judicial hubiera ejercido realmente su mandato o, al menos, se aceptara expresamente su poder (C.P.C., art. 67), circunstancias que no acontecieron en el proceso que ahora se analiza.
En razón de las anteriores circunstancias específicas que acontecieron en el curso de la acción de reparación directa, esta Sala considera que, en este caso concreto, bajo la exigencia de satisfacer una carga procesal, no podía desconocerse el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, así como el derecho a la reparación —en su contenido indemnizatorio— de miembros de la Fuerza Pública a los que el ordenamiento jurídico les ha reconocido la calidad de víctimas del conflicto armado y, en consecuencia, la protección reforzada que por esta misma calidad ha previsto la jurisprudencia constitucional. Menos aún, que una interpretación literal del carácter rogado de la jurisdicción administrativa, representara la transgresión de derechos constitucionales, como a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Primero. Levantar la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso de tutela.
Segundo. Por las razones expuestas en la providencia, REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 4 de octubre de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual se negó la acción de tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER a los señores Héctor Enrique y Helbert Antonio Torres Tunjacipa el amparo de sus derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Tercero. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 27 de abril de 2016 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional), pero únicamente respecto de la negativa a reconocerles la indemnización de perjuicios a los señores Héctor Enrique y Helbert Antonio Torres Tunjacipa, para en su lugar, ordenarle a la misma autoridad judicial que, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia, ADICIONE el fallo referido con el reconocimiento de perjuicios a los accionantes, en su calidad de víctimas directas del daño antijurídico al que fue condenada la Nación, según lo explicado en la presente sentencia.
Cuarto. Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, LIBRAR las comunicaciones respectivas, así como DISPONER las notificaciones a las partes, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo, Con aclaración de voto—Gloria Stella Ortíz Delgado, con aclaración de voto—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Carlos Libardo Bernal Pulido, con aclaración de voto—Diana Fajardo Rivera, Impedida—Antonio José Lizarazo Ocampo, ausente—Cristina Pardo Schlesinger—José Fernando Reyes Cuartas—Alberto Rojas Ríos, ausente
1 En esta sección se relata los hechos descritos por los accionantes en la demanda de tutela, así como los elementos fácticos y jurídicos que obran en el expediente.
2 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 40-41. Información consignada en la Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el trámite de la acción de reparación directa.
3 Ibídem (Folios 167-174).
4 Op. Cit. (Folio 176).
5 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 20-34.
6 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 36.
7 Según copia del proceso consignada en medio magnético. (Folio 46, parte 2).
8 Ibídem (Folio 52, parte 2).
9 Presentados los días 12 de agosto de 2010 y 15 de noviembre de 2011.
10 Op. cit. (Folio 178, parte 2).
11 ibídem. (Folio 187, parte 2).
12 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 49.
13 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 47.
14 Según copia del proceso consignada en medio magnético. (Folios 202-207, parte 2).
15 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 56.
16 Auto del 29 de marzo de 2017. Cuaderno principal expediente de tutela, folio 58.
17 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 133-134.
18 Escrito presentado el 29 de septiembre de 2017. Cuaderno principal expediente de tutela, folios 137-139.
19 La Secretaría General del Consejo de Estado efectuó notificación el 24 de julio de 2017. (Cuaderno principal expediente de tutela, folio 87).
20 Igualmente, la Secretaría General del Consejo de Estado efectuó las notificaciones al Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, como partes interesadas en el resultado del proceso de tutela (Cuaderno principal expediente de tutela, folios 59 y 60).
21 Como medio de prueba presentaron copia de la consulta del proceso de tutela, folio 98.
22 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 99-111.
23 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 18-40.
24 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 41-52.
25 Disco compacto que contiene dos archivos de 176 y 215 páginas. Cuaderno principal, folio 3.
26 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 96-97.
27 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 98.
28 Cuaderno principal expediente de tutela, folios 101-112.
29 Bajo un criterio objetivo orientador: “la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial”.
30 El presente apartado sigue la línea jurisprudencial definida en la Sentencia C-590 de 2005 y reiterada por el Magistrado Ponente en el fallo T-074 de 2018.
31 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2006, T-590 de 2009, SU-817 de 2010, T-363 de 2011, SU-400 de 2012, SU-198 de 2013, SU-946 de 2014, SU-556 de 2015, SU-416 de 2015, C-086 de 2016, SU-490 de 2016, SU-210 de 2017, SU-355 de 2017 y SU-396 de 2017.
32 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-547 de 1992, T-590 de 2009, SU-946 de 2014, SU-817 de 2010 y SU-210 de 2017.
33 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-556 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-537 de 2017.
34 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2005.
35 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012.
36 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, SU-817 de 2010, SU-400 de 2012 y SU-335 de 2017.
37 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-388 de 2006, SU-946 de 2014 y SU-537 de 2017.
38 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2006.
39 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y SU-537 de 2017.
40 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, reiterado en los fallos T-936 de 2013, T-122 de 2017 y SU-537 de 2017, por citar algunos ejemplos.
41 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 56.
42 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
43 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y T-586 de 2012.
44 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-537 de 2017.
45 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y SU-335 de 2017,
46 Cfr., Corte Constitucional, Ibídem.
47 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012.
48 Desde un inicio esta Corporación manifestó, siguiendo las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia, que la actuación judicial realizada por fuera del procedimiento previsto en la legislación no solo era socialmente reprochable, sino que además resultaba incompatible con los postulados fijados en la Carta Política y, por lo tanto, la decisión debería ser objeto de corrección constitucional (ver, por ejemplo, la Sentencia T-231 de 1994). Este criterio se reiteró con posterioridad (Cfr, con los fallos T-008 de 1998, T-984 de 1999, T-784 de 2000, SU-159 de 2002 y T-996 de 2003), hasta que se consolidó como subregla jurisprudencial en la Sentencia C-590 de 2005.
49 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
50 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-089 de 1999 y T-996 de 2003.
51 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-579 de 2006.
52 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-996 de 2003 y T-579 de 2006.
53 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-331 de 2008, T-719 de 2012 y SU-355 de 2017.
54 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-674 de 2013.
55 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009, T-268 de 2010 y T-270 de 2017
56 Aunque desde sus orígenes esta Corte desarrolló el principio de prevalencia del derecho sustancial frente a lo formal (Ver, por ejemplo, las Sentencias C-004 de 1992 y T-012 de 1992), en materia de tutela contra providencias judiciales, tuvo aplicación con considerable posterioridad. Así, en la Sentencia T-1306 de 2001 esta Corporación comenzó precisando que, si bien las normas procesales son constitucionalmente legítimas, no pueden convertirse en un obstáculo para la vigencia del derecho sustancial y la supremacía de los derechos inalienables del ser humano. Por esta razón, de hallarse que el juez de instancia incurrió en un error en la apreciación de la norma sustancial por una exigencia procedimental desproporcionada, debería considerarse que actuó con un exceso ritual manifiesto. Este yerro procesal se reiteró a lo largo del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, hasta que paulatinamente se incorporó como una modalidad del defecto procedimental (Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-1123 de 2002, T-950 de 2003, T-289 de 2005, T-1091 de 2008, T-091 de 2008, T-052 de 2009, T-264 de 2009, T-268 de 2010, T-429 de 2011, T-893 de 2011, T-213 de 2012, T-926 de 2014 y SU-454 de 2016).
57 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
58 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-131 de 2002, T-268 de 2010, SU-636 de 2015 y SU-215 de 2016.
59 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-1306 de 2001 y T-579 de 2006.
60 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2017.
61 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017.
62 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-589 de 2003, T-169 de 2005, T-767 de 2006 y T-907 de 2006.
63 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017.
64 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-121 de 1999, T-114 de 2002, T-1045 de 2008 y SU-399 de 2012.
65 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
66 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-1036 de 2002 y T-169 de 2005.
67 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-1222 de 2005 y T-286 de 2007.
68 Cfr., Corte Constitucional, Ibídem.
69 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-359 de 2003.
70 Cfr., Corte Constitucional, sentencias T-573 de 1997, T-169 de 2005, T-453 de 2005, T-907 de 2006, T-937 de 2006, T-1033 de 2007, T-1057 de 2007, T-286 de 2007, SU-817 de 2010, SU-399 de 2012, SU-539 de 2012, SU-918 de 2013, SU-950 de 2014, SU-242 de 2015, SU-566 de 2015, SU-635 de 2015 y SU-659 de 2015.
71 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-345 de 1996.
72 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-1032 de 2002, T-589 de 2003, T-169 de 2005, T-231 de 2007, T-686 de 2007 y T-769 de 2008.
73 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-1222 de 2005.
74 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-169 de 2005.
75 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-701 de 2004.
76 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-396 de 2017.
77 Cfr., Corte Constitucional, Ibídem.
78 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-260 de 1999, T-345 de 1996 y T-1222 de 2005.
79 Cfr., Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 23 de julio de 1996; Sección Quinta, Sentencia del 20 de enero de 2006.
80 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-553 de 2012 y T-398 de 2017.
81 Cfr., Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 26 de abril de 2002 // Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 24 de abril de 2003.
82 Cfr., Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio de 2016.
83 En esta providencia la Corte decidió la exequibilidad del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.
84 En esta oportunidad, el tribunal declaró la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, que establece la facultad del Consejo de Estado para proferir las decisiones, en el marco de los procesos de nulidad por inconstitucionalidad, con fundamento en la violación de cualquier norma constitucional. Lo anterior, en la medida que dicha disposición normativa reafirma los principios de supremacía e integridad del Texto Superior, consagrados en los artículos 4 y 241 de la Constitución Política.
85 A través de esta sentencia, el Tribunal amparó los derechos fundamentales de la parte actora, al considerar que la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, de revocar la sentencia de primera instancia aduciendo una afectación al principio de justicia rogada, porque no se alegó la falta de motivación del acto administrativo de insubsistencia, produjo un defecto sustantivo por la omisión en la aplicación de normas constitucionales y legales relevantes, así como del precedente judicial que resuelve integralmente el caso.
86 Cfr., Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de enero de 2006.
87 Cfr., Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 9 de febrero de 2012 y 11 de Septiembre de 2013.
88 En esa oportunidad, esta Corporación declaró exequible la expresión “las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas”, contenida en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, pero condicionando a que su interpretación deberá efectuarse en consonancia con el artículo 90 de la Constitución, el cual establece una marco general de la responsabilidad del Estado.
89 En esta sentencia la Corte declaró exequible el artículo 86 del antiguo Código Contencioso Administrativo, que establecía el contenido de la acción de reparación directa, explicando que el daño antijurídico, como soporte del deber de reparación estatal, es una acepción que se armoniza “con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.
90 En dicho momento, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad parcial del artículo 140 de la Ley 1437 de 2001, el cual contiene los fundamentos normativos de la acción de reparación directa, expresando que el articulado se encuentra ajustado a la Constitución, en tanto la acción de reparación directa busca que “la víctima de un daño antijurídico se encuentra habilitada para demandar del Estado su reparación, cuando se configure la responsabilidad del mismo, es decir, al establecerse la conducta dañina de una agente del Estado, el daño y la relación causal entre éste y aquél”.
91 En esta providencia, la Corporación amparó los derechos fundamentales del actor, al considerar que el Tribunal Administrativo del Meta, en el curso de la acción de reparación directa, incurrió en los defectos fáctico y procedimental al dejar de declarar la responsabilidad del Estado porque no se aportó el registro civil de nacimiento en la oportunidad procesal prevista. Así, siguiendo las consideraciones de la Sentencia C-644 de 2011, la Corte señaló que la reparación directa “es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de la cual la persona que se crea lesionada o afectada (…) podrá solicitar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan, esto es, sin reclamación previa a la administración o mediando petición de nulidad, como en el caso de la acción de restablecimiento del derecho. Se trata de una típica acción tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad extracontractual en que pudo incurrir el Estado, en razón de las actividades anteriormente indicadas, que excluyen de entrada el acto administrativo”.
92 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-644 de 2011 y T-339 de 2015.
93 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 31 de mayo y 5 de diciembre de 2016.
94 Cuaderno principal expediente de tutela, folio 50.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 70
 artículo 36
 artículo 137
 artículo 135
 artículo 50
 artículo 90
 artículo 86
 artículo 140