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Sentencia T.S.J. Valencia 1132/2010 de 12 de Julio
Responsabilidad patrimonial: daños. Resarcimiento del daño económico sufrido por parte del recurrente y derivada de la actuación del Ayuntamiento en relación a la adjudicación de ejecución de un PAI y posterior anulación de la misma para ser adjudicado a un tercero. Desestimación.
En la Ciudad de Valencia, a doce de julio de dos mil diez.
En el recurso de apelación num. 1/ 1480/2008, interpuesto como parte apelante por la entidad PROYECTOS JBC SL, representada por el Procurador D. Alberto Mallea Catalá, contra la Sentencia 125/08, de 21 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de los de Valencia, compareciendo como parte apelada el AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA., representada por el procurador D. Javier Roldan García, y siendo Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dña. Remedio Sánchez Ferriz.
Primero.-En fecha 21 de Enero de 2008 el Juzgado de lo contencioso administrativo num. 3 de Valencia dictó la Sentencia num. 125/08, en el procedimiento ordinario 718/05, en cuya parte dispositiva se lee: "FALLO: DESESTIMO el recurso formulado el Procurador ALBERTO MAELLA CATALÁ en nombre y representación de la entidad mercantil PROYECTOS JBC S.L., asistidos por el letrado JAVIER ORTIZ RUIZ contra la desestimación presunta de la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por el AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA de fecha 22 de abril de 2005, estando el Ayuntamiento demandado representado y defendido por el Procurador JAVIER ROLDÁN GARCÍA y asistido por el letrado JUAN IGNACIO MARTÍNEZ CONFIRMANDO la desestimación impugnada por ser ajustada a derecho, y todo ello sin efectuar imposición expresa de costas en el presente recurso contencioso administrativo".
Segundo.-Por la representación de la apelante se interpuso recurso de Apelación contra la anterior sentencia el 14 de marzo de 2008 del que, admitido por el Juzgado, se dio traslado a la contraparte quien se opuso por escrito, de 23 de abril de 2008.
Tercero.-Elevados los indicados Autos a este Tribunal por providencia de 30 de abril de 2008, una vez recibidos y formado el correspondiente Rollo, se señaló para la votación y fallo el 14 de mayo de 2010, en cuya sesión tuvo lugar.
Cuarto.-En ambas instancias se han observado las prescripciones legales, salvo la referida al plaza para dictar sentencia por el excesivo número de asuntos que pesan sobre la Sección.
Primero.-Por vía de recurso de apelación, se somete a la consideración de esta Sala, la adecuación o no a Derecho de la sentencia referenciada que desestimaba el recurso formulado por la ahora apelante en relación con la exigencia de responsabilidad patrimonial reclamada como resarcimiento del daño económico sufrido por parte del recurrente y derivada de la actuación del Ayuntamiento de Loriguilla en relación a adjudicación de ejecución de un PAI y posterior anulación de la misma para ser adjudicado a un tercero, que el apelante cifra en 462.449,86 euros.
Segundo.-El recurrente en primera instancia, ahora apelante, concursó junto con otro interesado para la adjudicación del P.A.I, Sector 9, de uso industrial Macía del Conde. El pleno del Ayuntamiento le adjudicó al apelante la ejecución de dicho P.A.I "por resultar la oferta más ventajosa en su conjunto con arreglo a los criterios del artículo 47.2 LRAU, según la proposición jurídico económica presentaba por la misma con las siguientes condiciones modificativas...3. El urbanizador, asegurará la ejecución práctica en las previsiones del programa propuesto, aportando todas las garantías legalmente exigidas, y especialmente, y conforme al art. 29.8 de la LRAU, se aportará la garantía financiera a que se refiere dicho precepto mediante aval bancario o contrato de seguro instrumentados en legal forma y por importe correspondiente al 100% del presupuesto de adjudicación, comprometiéndose a su aportación en plazo no superior a 30 días desde el adjudicación y con anterioridad a la suscripción del Convenio urbanístico."
De la documentación obrante en el expediente se desprenden una serie de datos que son tenidos en cuenta por la sentencia de instancia, en su fundamento jurídico primero, pero que, ello no obstante, hemos de recordar ahora: en primer lugar llama la atención que, el arquitecto técnico redactor del proyecto de urbanización, ya en julio de 2001, emitió un informe desfavorable a la propuesta del actor y concluía que debía ser rechazada por falta absoluta de garantías; sin embargo, en agosto del 2001, emitió nuevo informe concluyendo que, aunque la proposición de la ahora apelante era la más idónea, la Corporación debía adoptar las cauciones que considerara oportuna.
Pues bien, en el acuerdo del Ayuntamiento por el que se le adjudicaba al apelante la ejecución objeto de este litigio, se le imponían hasta 11 condicionantes entre los que la garantía del 100% del presupuesto era sólo uno de ellos (punto primero de acuerdo plenario de 2 de agosto de 2001).
El 1 de octubre de 2001, el apelante se dirigió al Ayuntamiento reconociendo que el 27 de agosto le había sido notificada la adjudicación del P.A.I. de referencia, afirmando que, aunque estaba de acuerdo con dicha adjudicación, disentía totalmente de las condiciones modificativas que se le habían impuesto y añadía: "en consecuencia, le manifestamos que hemos acudido a la vía contencioso administrativa, solicitando el amparo judicial en esta materia y caso. No obstante, estamos a su entera disposición por si fuera de su interés tratar el tema nuevamente, en busca de cualquier tipo de transacción amistosa".
Poco después, el pleno de la Corporación en sesión de 29 de octubre de 2001, entendiendo que el 27 de septiembre (un mes después de la notificación al interesado), había expirado el plazo para la suscripción para la garantía financiera, y que, el 27 de octubre había expirado asimismo el plazo de formalización del convenio, y en atención al escrito del interesado que se acaba de mencionar, acordó declarar no producida y sin efectos la adjudicación de 2 de agosto de 2001, de la que fue beneficiaria la apelante por disconformidad e incumplimiento de las condiciones impuestas.
Tal como ya se ha dicho la apelante, presentó recurso ante esta sala, resuelto por Sentencia número 1565/2004, de 9 de noviembre, de la que fue ponente el magistrado D. Manuel J. Domingo Zaballos; en dicha sentencia se falló: "Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por PROYECTOS JBC, S.L. o contra la Resolución del Ayuntamiento de Loriguilla (Pleno) de 2 de agosto de 2001 aprobando el PAI relativo al Sector 9 del Suelo Urbanizable Industrial y adjudicando su ejecución a la actora y contra el acuerdo del mismo órgano, sesión de 29 de octubre de 2001, "declarando no producida y sin efectos" dicha adjudicación. Se declara contraria a derecho y anula el acuerdo de 29 de octubre de 2001, apartado primero."
Tercero.-Por lo dicho, la pretensión de la recurrente en primera instancia, no es sino extraer de dicha sentencia estimatoria, consecuencias que, el juzgado a quo considera inapropiadas por cuanto, haciéndose eco de las manifestaciones del Ayuntamiento, toma en consideración el hecho de que, las condiciones impuestas en la adjudicación inicial fueran once y, el recurrente sólo solicitó amparo de esta sala respecto de la que se refería al 100% de la fianza exigida.
Por ello, en el recurso de apelación insiste de nuevo en la claridad con que la Sentencia 1565/2004, declaró la ilegalidad y el carácter abusivo del aval que se le había impuesto, sin pronunciamiento alguno respecto de las diez restantes condiciones establecidas por el Ayuntamiento en la adjudicación.
Siendo este el eje del razonamiento de la sentencia apelada, el recurso de apelación ataca la misma por error en la valoración de la prueba practicada, sosteniendo que, si bien es cierto que la Sentencia estimatoria en la que basa su reclamación de responsabilidad patrimonial sólo se pronunció sobre el carácter abusivo del aval impuesto, no lo es menos que esta condición abusiva del aval era la realmente decisiva para poder iniciar la obra y para que se hiciera efectiva, o no, la adjudicación, por cuanto, todas las demás condiciones eran coetáneas a la realización y ejecución de la obra; por lo tanto, la única establecida con carácter inmediato era la aportación del aval bancario. Siendo ello así, difícilmente cree el apelante que puede, ni la sentencia de instancia ni el Ayuntamiento, atribuirle incumplimiento de contrato alguno pues, sólo haciendo efectiva la garantía podía iniciar la obra y con posterioridad a tal momento, habría podido cumplir o no, las restantes condiciones.
Todo ello sentado, el recurso de apelación dedica una segunda parte a justificar y demostrar la concurrencia de los supuestos que justifican exigencia de la responsabilidad patrimonial solicitada y denegada tanto por el Ayuntamiento como por la Sentencia apelada.
Por el Ayuntamiento apelado, se insiste en el incumplimiento por parte del adjudicatario y, defiende su posición jurídica en base al artículo 47.6 de la Ley 6/1994 (LRAU) que, establece lo siguiente: "el adjudicatario debe suscribir los compromisos, asumir las obligaciones y prestar las garantías correspondientes. No obstante, puede renunciar a la adjudicación si esta supone compromisos distintos de lo que él ofreció", de lo que deduce el Ayuntamiento que, si en el ya referido escrito que el apelante dirige al Ayuntamiento en fecha 1 de octubre de 2001, se decía textualmente "disentimos totalmente de las condiciones modificativas que se establecen en el mismo", era lícito considerar, como consideró, muy clara la posición de renuncia del adjudicatario a la adjudicación.
Cuarto.-De todo lo hasta ahora expuesto, se desprende que dos son las cuestiones sobre las que hemos de decidir: en primer lugar, si la sentencia, acogiendo la posición del Ayuntamiento era ajustada a Derecho y, en segundo lugar, si, aún no siéndolo la cuantía solicitada por el apelante es razonable y coherente con su propia posición sostenida en la Sentencia de 2004 en la que basa todos sus derechos y en la que, solicitaba como indemnización, la cantidad 131.069,00 euros. Ciertamente, la primera cuestión es la decisiva, y de ella depende que podamos entrar o no en la aludida a la coherencia de la cuantía indemnizatoria ahora solicitada.
Puede aceptarse que, como el recurso de apelación sostiene, la condición realmente decisiva de cuantas impuso el Ayuntamiento fuera la del aval que resulto posteriormente declarado fraudulento por excesivo. Según ello, el Ayuntamiento bien pudo esperar a la resolución de esta Sala o, cuanto menos, adoptar garantías de carácter formal, consistentes en haber exigido del adjudicatario la aclaración de su escrito en el que, disentía de las condiciones expuestas, para determinar si realmente se hallaba ante un supuesto de renunciar de los previstas en el artículo 47.6 de la LRAU.
Todo ello nos conduciría a la estimación siquiera como convicción inicial de la justicia de las pretensiones del apelante. Pero, no es menos cierto que, junto a la falta de previsiones estrictamente formales por parte del Ayuntamiento, como la que se le acaba de recordar, no es menos cierto, decimos, que en el escrito que el adjudicatario dirige el 1 de octubre de 2001 (folio 160 del expediente administrativo) al Ayuntamiento, si bien comunica que ha recurrido ante esta Sala y, si bien, expresamente dice disentir de las condiciones que se le han impuesto, no clarifica en absoluto su posición o sus intenciones respecto de la adjudicación recibida, más allá ahora recordado.
Es decir, la Sala no puede ignorar que una y otra parte han descuidado la adopción de cautelas formales, que ahora permitirían un más claro decantamiento por una u otra posición, pues, en definitiva, la alegación legal del Ayuntamiento, hubiera podido ser abiertamente acogida de existir una renuncia de carácter formal. Pero, de otra parte, también hubiera sido mucho más clara la posición del apelante si en el escrito de referencia hubiera dejado claro, cuanto menos, el hecho de que, lo que estaba recurriendo ante esta Sala, era tan sólo el aval o si por el contrario quedaban recurridas todas las condiciones impuestas; el referido escrito se redacta en términos de tal ambigüedad, que impide conocer qué es exactamente lo que en aquél momento anunciada el adjudicatario que pretendía recurrir en lo contencioso.
Siendo todo ello así, no proporcionándonos el amplio expediente ni la documentación obrante en los autos, elementos ciertos con los que llegar a la convicción indubitada que sería deseable, esta sala no puede ignorar la naturaleza revisora de su función en la resolución de este recurso, y por consiguiente, no procede a anular la Sentencia de instancia, debiendo, por el contrario, confirmarla en la medida en que, sin perjuicio de lo decidido en su dia por esta misma Sala sobre la fianza o aval, el resto de las condiciones en las que ampara el Ayuntamiento su negativa a lo pedido por el recurrente, no fue recurrido por el mismo.
Procede en consecuencia la desestimación de la apelación y la confirmación de la sentencia impugnada.
Quinto.-De conformidad al art. 139.2 LJCA, procede hacer expresa imposición de las costas de esta segunda instancia al apelante.
Debemos desestimar el recurso de apelación tramitado con el número de rollo 1/ 1480/2008, interpuesto como parte apelante por la entidad PROYECTOS JBC SL, representada por el Procurador D. Alberto Mallea Catalá, contra la Sentencia 125/08, de 21 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de los de Valencia, y en consecuencia confirmamos la sentencia apelada con imposición de las costas de esta instancia al apelante, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción.
A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Alicante, para el cumplimiento y ejecución de la presente sentencia.
Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico,

References: artículo 47
 Resolución 
 artículo 47
 resolución 
 artículo 47
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