Source: http://jlgdetectives.com/index.php/es/investigadores-privados-tarragona/416-articulo-nuevo
Timestamp: 2019-01-23 08:41:54+00:00

Document:
http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/2017/02/condena-por-estafa-persona-juridica.html
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado la SAP 575/2016, Sección 3ª, de 1-XII, dándome especial pena que esta muesca, tan escasa cuantitativamente como todos los estudiantes de jurisprudencia en materia de personas jurídicas saben, se la haya llevado la acusación particular, porque la Fiscalía no acusó.
La acusación particular interesó la condena de una empresa del ramo de la frutería por tentativa de estafa procesal, pidiendo que se le impusiera una multa de 400.000 €.
Hechos probados:“PRIMERO.- En el mes de Septiembre de 2014 FRUTAS ANDALUZ S.A. cuyo único administrador y propietario es el acusado Javier, mayor de edad y sin antecedentes penales, interpuso en el Juzgado de Primera Instancia de La Almunia de Doña Godina demanda de juicio ordinario que dio lugar al procedimiento nº 321 de 2014 en la que reclamaba a la SOCIEDAD COPERATIVA AGRARIA SAN SEBASTIÁN(COSANSE) la cantidad de 103.390 € más intereses y gastos en virtud de un servicio de alquiler de cámaras frigoríficas para conservación de fruta que no se realizó.SEGUNDO.- Para justificar la existencia de dicha deuda y con ilícito ánimo de lucrarse aportó al procedimiento civil un factura elaborada "ad hoc" que no responde a la realidad pues nunca se contrato dicho servicio de alquiler de cámaras frigoríficas entre COSANSE y el acusado y unas declaraciones hechas en acta notarial con fecha 10 de junio de 2005 por Íñigo en las se afirma por éste que había un cuerdo verbal entre Javier y COSANSE para el alquiler de unas naves frigoríficas para la conservación de frutas.TERCERO.- Al alegar la parte demandada en el procedimiento civil entablado prejudicialidad penal por supuesta falsedad documental, dicho procedimiento se encuentra en la actualidad suspendido y pendiente de la resolución de la causa penal.”.
Para variar, nuestro gozo se va directo a un pozo, puesto que la sentencia resuelve telegráficamente las cuestiones de la persona jurídica, no metiéndose en cuestiones profundas, FJ 8º:“OCTAVO.- Por lo que respecta a la acusada FRUTAS ANDALUZ S.A. es, al igual que Javier , es responsable en concepto de autora de un delito de estafa procesal en grado de tentativa tipificado en el artículo 248 en relación con el 249 , 250.1 , 5 º y 7 º, 251, 16 y 62 todos ellos del Código Penal en virtud de lo establecido en el artículo 31.1 bis del Código Penal vigente en el momento de acaecimiento de los eventos que han dado lugar a la presente causa y anterior a la reforma introducida por la L.O. 1/2015 de 30 de marzo.
El mencionado artículo 31. bis del Código Penal establece que...." En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de las mismas y en su provecho por los representantes legales y administradores de hecho o de derecho...."
En el caso que nos ocupa vemos que la demanda civil que dio lugar a la presente causa se interpuso por FRUTAS ANDALUZAS S.A. contra CONSESA aunque haya sido su único administrador y propietario, Javier el que presentó en el procedimiento civil los documentos inveraces con las miras de obtener una resolución favorable a sus intereses en perjuicio de tercero.”.
En realidad la sentencia aplica un rodillo vicarial de responsabilidad (la empresa es responsable porque el administrador lo ha sido) alejándose del criterio del TS (STS 29-II-2016) y de la Exposición de Motivos de la LO 1/2015, que claramente siguen el sistema de responsabilidades escindidas.
Y, por cierto, mi memoria me avisaba que aquí había otra contradicción; en ESTE POST analizábamos otra sentencia, dictada por la misma Sección, de la misma Audiencia, por el mismo delito y con la misma circunstancia (sociedad unipersonal) y la AP de Zaragoza dijo lo contrario (ver el FJ 8 B). ¿Y la seguridad jurídica?. Creo que la sentencia del actual post es más adecuada que la del anterior, pero en el anterior examinábamos con más detalle la cuestión del non bis in idem, el 31 ter Cp y la Circular 1/2016 FGE, y a él me remito.
Volviendo a nuestra frutería, se individualiza la pena, sin más ceremonias, en una línea (FJ 11º):“Por tanto procede imponer a Javier la pena de 5 meses de prisión, con las accesorias que luego se dirán, y multa de 2 meses a razón de 6 € por día multa con la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el artículo 53 del Código Penal de un mes de privación de libertad en caso de impago y a FRUTAS ANDALUZ S.A. la pena de 80.000 € de multa.”.
Vamos, que le piden 400.000 € de multa la acusadora y el Tribunal impone 80.000 € sin razonamiento alguno. Por si a alguien se le ocurre replicarme que en los párrafos anteriores se razona que para las personas físicas se calcula la pena sobre una tentativa, lo que implica la rebaja de un grado (62 Cp), recuerdo que el 66 bis Cp es el que prevé las reglas de individualización de pena para las personas jurídicas y sólo se remite al artículo inmediatamente anterior para cubrir las posibilidades de concurrencias de atenuantes y agravantes. En mi opinión, por tanto, dada la forma de previsión penológica, a las personas jurídicas les es indiferente el que el delito se haya consumado o lo sea en grado de tentativa.
Por si fuese poco, el art. 251 bis Cp, el que prevé las penas para las estafas cometidas por personas jurídicas, dice:“a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.”.
Por tanto, dado que no estamos ante estafa agravada por la cuantía el supuesto aplicable sería el de la letra B), multa del doble al cuádruple.En los hechos probados el gasto de cámaras frigoríficas que se pretendió cobrar era de 103.390 €, aunque en el fallo no se impone responsabilidad civil. Por tanto, la multa del doble al cuádruple de 103.390 € no puede ser nunca 80.000 € (y eso que soy de letras).
Por tanto, no se examina la culpabilidad de la empresa en los términos que exige el Cp y el Tribunal Supremo, se individualiza mal la pena, se contradice de criterio con otra sentencia de la misma sección de muy poco tiempo antes y ni se entra a decir siquiera que ni se había atisbo de cumplimiento normativo. Y la Fiscalía ni acusó ni modificó su postura en el acto del juicio para al menos salvar los muebles.
Como podemos observar, los delitos que más están dando lugar a procedimientos, cuantitativamente hablando, son los fiscales, estafas y de tráfico de drogas.

References: resolución 
 artículo 248
 artículo 31
 artículo 31
 resolución 
 artículo 53