Source: http://www.revistapersona.com.ar/Persona79/79Zanetta.htm
Timestamp: 2018-11-12 18:57:35+00:00

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Estudio comparativo de las leyes
Estudio comparativo de las leyes de extradición en Argentina
El presente es un intento, con denuedo pero sin pretender temeridad, de realizar un trabajo de comparación de las normas de Extradición que han regido en la RA (RA) con la modesta intención de que constituya una visión diversa.
A tal fin, no sólo procuramos cotejar la legislación sustantiva sobre el tema (v. gr. Leyes Nacionales 1612 y 24.767), sino también hacer referencia a las similitudes y diferencias que existen entre los Códigos de Procedimientos Penales de la Nación (Leyes 2372 y Ley 23.984), debido a que la normativa de fondo requirió ser completada por las normas de procedimiento, haciéndola extensiva a todo el territorio nacional en forma uniforme –ya que, como es de público y notorio, el dictado de dichos plexos normativos es competencia de las provincias- y no se podía dejar al libre arbitrio de los Estados Provinciales la regulación de los requisitos y trámites pertinentes para la valoración y en su caso otorgamiento o rechazo del pedido de Extradición proveniente de los países extranjeros así como también la propia tramitación de pedidos provenientes de nuestro país hacia otros Estados.
El propósito de dicho trabajo consistirá en la comparación de las leyes de extradición que existieron en nuestro país, así como en la investigación de las causas que llevaron a la necesidad de que se dictara la normativa actual. Algunas de ellas serían: la antigua data de la legislación derogada; la falta de consideración de teorías penales por ejemplo sobre Derechos Humanos y/o Pactos Internacionales específicos de la materia, etc.); aspectos adjetivos y sustantivos de la figura al momento del su dictado; la falta de regulación de la “Extradición Activa” de nuestro país; y el Principio de “Colaboración Internacional” en la investigación y juzgamiento de hechos de tipo penal, tanto propios como de terceros Estados (aún ante la inexistencia de Pactos Internacionales al respecto entre el requirente y el requerido).
El 16 de enero de 1997 fue promulgada la Ley nº 24.767 “De Cooperación Internacional en Materia Penal”. Con su promulgación se procuró corregir errores de metodología, llenar los vacíos legales y aceptar los criterios jurisprudenciales que se venían indicando, en especial con el apoyo de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como es ampliamente sabido, tiene competencia en apelación ordinaria en esta materia. La ley de extradición anterior nº 1612 ya no se adaptaba a las exigencias de los tiempos modernos, a pesar de sus bondades que le permitieron ser aplicada durante más de un siglo.
La ley 24.767 vigente, en su artículo primero consagra como principio general el ofrecimiento de la más amplia ayuda los Estados para la investigación, juzgamiento y punición de delitos comprendidos por su jurisdicción; mientras que su artículo segundo refuerza el principio ya antes adoptado por la ley 1612 y pilar de este instituto: ante la existencia de un tratado entre los Estados involucrados en la extradición, la relación deberá regirse por los términos de aquél y subsidiariamente, por los de la ley nacional. E inmediatamente después, en su artículo tercero regula que de no existir dicho tratado, la ayuda quedará subordinada a la existencia y ofrecimiento de reciprocidad.
Puestos en desarrollar el tema de extradición, previamente nos ocuparemos de la “Validez Espacial de la Ley Penal”; a tal efecto mencionaremos algunos principios reguladores.
La legislación interna en materia penal, establece el ámbito en que ella ha de aplicarse en el derecho argentino; a partir de la ley (v. gr. Código Penal). Para ello podemos mencionar los siguientes principios:
1)-Territorial: el art. 1 del CP reza: “Este Código se aplicará: 1. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción”.
Es preciso aclarar que no solamente se refiere al CP, sino que alude a toda la legislación penal complementaria de nuestro país. Ha menester comentar que dicha disposición se aplica tanto en el territorio nacional, cuanto en el espacio aéreo y marítimo argentino.
2)-Real o de Defensa: lo que la ley protege es el interés del Estado Argentino; aquí los delitos se cometen fuera del territorio, pero sus efectos repercuten y afectan intereses públicos en la RA (art. 1 inc. 2 del CP: “Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”.
3)- Universal o Cosmopolita: ciertos delitos deben ser perseguidos sin importar la nacionalidad ya que dañan al género humano –entendido como las características que les son comunes a todas las razas-, afectando su esencia y dignidad. Son los llamados “delitos naturales” (v. gr. Homicidio, Abuso Sexual con Acceso Carnal, Piratería, Trata de Blancas, Genocidio, Tráfico de Armas y de Estupefacientes, etc.), por su afectación a los intereses de la comunidad internacional toda –ya que su lugar de comisión es múltiple-, afectando así a diferentes Estados, y por lesionar a Bienes Jurídicos Protegidos (BJP) de relevancia social. Este tipo especial de figuras delictivas comprende intereses de varios Estados y perjudica la seguridad como valor y fin de la sociedad internacional, hecho que debe ser combatido en bloque por ella, sin la posibilidad de encontrar “filtraciones”.
4)- Nacionalidad Activa (del autor) y Pasiva (de la víctima): dicha división tiene razones históricas ya que los países coloniales -que se rigen por el principio de la nacionalidad pasiva- desean que su ley se aplique cuando son sus ciudadanos las víctimas de delitos cometidos en el extranjero. Nuestro país, en contrario, adopta el principio de la Nacionalidad Activa. Esto implica que cuando un ciudadano argentino sea requerido por otro país en virtud de un delito cometido en el extranjero, el imputado tiene la posibilidad de elegir entre ser juzgado en nuestra jurisdicción o en la del Estado requirente.
La Extradición es un procedimiento, fruto de la relación internacional, por la cual un Estado Requirente pide a otro –Estado Requerido-, que le entregue a un individuo sindicado por un delito cometido en el territorio del reclamante. Es a los efectos de juzgarlo, o para hacerle cumplir una pena que ya le fue impuesta en virtud de un proceso penal anterior a la fecha del pedido. Ello se halla establecido en el “Principio de Reciprocidad” que existe en la comunidad internacional, el cual confiere la naturaleza jurídica al instituto.
Siguiendo a Jiménez de Azúa, cuya precisión nos exime de comentarios, diremos que “La extradición es el acto por el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama para sí, con el objeto de someterlo a juicio penal o a la ejecución de una pena”[1]. Su núcleo, según la opinión del mismo autor, es la entrega de un individuo -acusado o condenado- que se encuentra en el territorio del Estado requerido, al Estado requirente, para que dicho país lo enjuicie o le haga cumplir la pena que le fuera impuesta con anterioridad a la fecha del pedido, con el único fin de evitar la impunidad[2].
Sin embargo, es preciso señalar la existencia de opiniones jurídicas que expresan conceptos discordes. Tenemos así, que algunos juristas estiman que el delito debe ser perpetrado fuera del territorio del país requerido, mientras que otros agregan a ella la competencia de las jurisdicciones del requirente o la reciprocidad y la realización en el Estado requirente.
Por tanto, nosotros nos atreveremos a formular la clasificación siguiente:
A) Activa y Pasiva: según haga mención al Estado Requirente (el que solicita la entrega del delincuente) o al Estado Requerido (el que efectuará la entrega del imputado o condenado, en caso de hacer lugar al pedido); también aplicable a la situación del país en cuanto emisor/requirente o mero receptor de pedidos de extradición.
B) Voluntaria: cuando el individuo reclamado se entregue por propia decisión, sin formalidades. Es dable aclarar que parte de la doctrina considera necesario que, previo a la entrega, exista la demanda de extradición-.
C) De o En Tránsito: ocurre cuando la extradición del individuo solicitado ya ha sido concedida por el Estado Requerido al Estado Requirente, y los sujetos privados de su libertad han de ser conducidos hacia su destino final, previo paso por el territorio de uno o varios terceros Estados, o transportados en buques o aeronaves bajo pabellón de esos países –parte de la doctrina la consideran distinta de la primera clasificación, considerándola meramente un trámite administrativo; otros estiman que constituye una clasificación propia, que ha de reunir todos los requisitos y que sólo será concedida en caso de que exista una disposición formal al respecto en el tratado respectivo-.
D) Reextradición: ocurre cuando el sujeto requerido, encontrándose refugiado en un Estado, le sea reclamado al país requerido y éste lo conceda a un tercer país, a causa de un delito anterior a aquél por el que ha sido entregado –situación regulada en la legislación de varios países-. Para los países que no posean legislación al respecto, la costumbre internacional ofrece al país demandante la facultad para solicitarlo al Estado que obtuvo la entrega en primer término, mas le impone el deber de asegurarse eventualmente, la adhesión de la potencia que ya la concedió. El país requerido tiene el derecho-deber de examinar si la solicitud es admisible según sus propias leyes internas o los convenios con el Estado que la demanda en último término, previo a la concesión o el rechazo de la misma.
La doctrina discute la fundamentación de este instituto. Algunos autores consideran que la necesidad de conceder o demandar la extradición de un individuo sindicado se infiere de la aplicación del derecho penal, ya que el Estado requerido no puede castigar siempre el delito, o la necesidad de respetar la soberanía extranjera al no tener la posibilidad de aprehender al delincuente ubicado en el territorio extranjero. Va de suyo que la verdadera justificación de este instituto pesa en el “Principio de Auxilio Mutuo entre los Estados de la Comunidad Internacional”, en donde los países deben prestarse ayuda entre sí para la represión del delito y el ejercicio de derecho, en virtud del interés común de los Estados en el orden jurídico y su tutela.
En cuanto a la Naturaleza Jurídica, y teniendo en cuenta lo complejo que resulta encontrar una definición al instituto en análisis, mucho más dificultoso será descubrirla. La mayoría de los autores coincide en que se trata de una forma de cooperación internacional o entreayuda jurídica internacional, y no una manifestación de ejercicio del ius puniendi del Estado. Así, y a modo de citar algunos ejemplos Von Linz consideraba que la extradición era un “acto de asistencia internacional”; Garuad la estimaba “reciprocidad jurídica” y Jiménez de Azúa sostenía que era un “acto de asistencia jurídica entre los Estados, fruto de un deber jurídico independiente de todo convenio”.
El principal fundamento para sostener que esta institución es un “acto de asistencia jurídica institucional”, radica en el interés de todos los Estados de que los delincuentes sean juzgados por el país a cuya jurisdicción compete conocer de los hechos delictuosos (CSNJ, Fallos 265-219) sin admitirse otros reparos que los derivados de la soberanía de la Nación requerida y de las leyes o Tratados que rigen el caso (CSJN, Fallos 262:448; JPBA, 35-6545)[3].
Siguiendo al Dr. Sebastián Soler, creemos que el tópico insoslayable a definir es el de los Delitos Políticos, por cuanto ellos son una de las causales por las que resulta improcedente la concesión de la extradición al país requirente.
A tal fin, mencionaremos la clasificación de este tipo de delitos del referido autor, debido a que aporta claridad meridiana sobre cuáles son y con qué hechos y/o actos humanos se relacionan sus perpetraciones. Así tenemos:
Delitos políticos puros: son los que se cometen contra la forma de organización política de un Estado.
Delitos políticos complejos: son los que lesionan, a la vez, el orden político y el derecho común –como el homicidio de un Jefe de Gobierno-.
Delitos Conexos: son los ligados estrechamente a un fin político, aunque de por sí constituyen un delito común –v. gr. Homicidio en la revolución, sustracción de pertrechos para un levantamiento, etc.-[4].
Principios que rigen la Institución
1) El más importante de estos principios es el de Reciprocidad Internacional. Es el que la caracteriza y nos hace conocer la naturaleza jurídica del instituto. Dicho principio ya se encontraba regulado en la Ley 1612 art. 1, y ha sido receptado en la norma vigente en el mismo artículo. La justificación de esta figura se encuentra en el Principio de Auxilio Mutuo entre Estados, nombre que recibe la ayuda internacional que los Estados deben prestarse entre sí para ejercer su derecho propio, reprimir el delito y evitar la impunidad por los hechos cometidos en sus territorios, o con efectos a cumplirse en ellos.
Ya desde los primeros tiempos de las organizaciones estatales como se las conoce en la actualidad, con imperio jurisdiccional, se hizo necesaria la colaboración para la persecución de la delincuencia. Cuando se trataba de Estados enemistados o carentes de relaciones mutuas, era claro que vencía la impunidad para los casos de juzgamiento y aun para la imposición de penas a los individuos que lograran abandonar el territorio en donde habían cometido sus hechos delictivos, gozando de la “protección” del Estado en cuyo territorio se encontraran en ese momento. Sólo cuando entre dichos países existiera un vínculo o relación política de alguna índole, era posible la entrega del delincuente. Ya ha dicho la doctrina que “la necesidad de solicitar o de conceder la extradición de un delincuente se deduce de la estructura del derecho de aplicación penal, ya que el Estado en el que se encuentra el delincuente no tiene siempre la posibilidad jurídica de su castigo; o de la necesidad de respetar la soberanía extranjera, al no tener el Estado legitimado –desde el punto de vista jurídico penal- la posibilidad de aprehender al delincuente ubicado en territorio extranjero”[5].
Este principio prevalece en los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país en materia de Extradición, ya desde la anterior norma actualmente derogada. Por ello, en caso de no existir Tratado, Argentina concederá la extradición del reo que le sea solicitada por aquellos Estados que se comprometan a concederla a su vez en caso de ser solicitados.
El único límite reconocido a dicho principio, es el llamado Derecho de Asilo[6], con un marcado carácter religioso en sus comienzos. Otra posible limitación, aunque en puridad de conceptos se debería considerar como objeción, es el recelo que se manifestaba ante la figura de la extradición en virtud de la soberanía nacional, ya que los países requeridos la consideraban como una intromisión de las funciones estatales ajenas en la jurisdicción propia, con lo que se demoró en gran medida la realidad práctica de la institución.
2) Principio de Especialidad, por el cual el Estado requirente no puede extender el procesamiento en su contra a hechos distintos de los que sustentaran la solicitud, y que motivaran la concesión de la entrega por parte del Estado requerido. Es en la especificidad de los hechos que motivan el otorgamiento del pedido en los cuales podemos advertir que la colaboración entre Estados encuentra un claro límite, en cuanto sólo por los hechos específicos mencionados y probados en el requerimiento –ya sea para el juzgamiento o el cumplimiento de penas impuestas sobre el reo- es posible extraditarlo, sin que a posteriori pueda ser juzgado u obligado a cumplir penas por hechos distintos a ellos.
3) Podemos considerar como otro principio común a esta figura, la Exclusión de los delitos Políticos, con el fin de evitar que la misma sea un instrumento que sirva únicamente a los intereses particulares de los Estados, para ser considerada realmente como una de las más importantes defensas de la Comunidad Internacional.
4) La Territorialidad es un principio general que, si bien es básico para el tema del derecho penal, no puede ser dejado de lado ya que la figura que venimos desarrollando forma parte de esta rama del derecho. Así, el lugar de consumación es el que decide la norma aplicable, sin importar la nacionalidad del delincuente (activa) ni la del damnificado (pasiva). Sin embargo, constituye una excepción a dicho principio el caso de los “efectos del delito”, cuando ellos han de cumplirse en exclusividad fuera del territorio del país original, en cuyo caso, el Estado afectado tiene jurisdicción exclusiva para la investigación y el juzgamiento del hecho, es el llamado “Principio Real”.
5) Utilidad de cooperar a la acción de la Justicia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en diversos fallos[7], ha destacado la utilidad de este principio fundamental, como así también la necesidad de defender los derechos de los individuos. Ha dejado sentado que los pedidos de extradición deben ser resueltos con criterio amplio, siempre que concurran pruebas suficientes para identificar al presunto delincuente con aquél cuya extradición se solicita, y cualquier otro requisito esencial de justicia dentro de la letra y del espíritu de los tratados o de las leyes[8]. Agregó también la misma Corte, que el criterio judicial que debe predominar ha de ser favorable al propósito de beneficio general, que importa la defensa social contra la delincuencia y la represión de los delincuentes por los tribunales del país en que se han ejercido sus actividades antisociales. Finalmente, y en resguardo de los derechos del individuo, aduce el Alto Tribunal que, además de las condiciones impuestas por la ley o el tratado aplicable, deben concurrir aquellas obligaciones que surgen de los principios a los que obedece la ley, teniendo en cuenta el interés general de perseguir el delito, como el de amparar a los habitantes del goce de los derechos y garantías constitucionales[9].
Es por todos los motivos citados precedentemente, que podemos citar los siguientes sub principios, que serán desarrollados y comparados (en cuanto a su existencia o inexistencia) entre las dos normativas objeto del presente trabajo: a) Improcedencia de: delitos políticos, delitos regulados exclusivamente en leyes penales militares, delitos que deban ser juzgados por una Comisión Especial (Ad Hoc) de las contempladas en el art. 18 de la CN, delitos cuyas sanciones impliquen persecución por opiniones de diversa índole (políticas, de nacionalidad, raza, sexo, religión, etc.) afectando el Principio de Defensa en Juicio de la persona; b) Negativa a otorgar la persona solicitada: cuando existan motivos para sospechar que se le aplicarán al reo torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; en el caso de tener prevista pena de muere el delito por el que el Estado requirente solicita la extradición en el país extranjero, debe asegurarse que la misma no será aplicada. La mayoría de dichos principios están reconocidos por diversos Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, que gozan de Jerarquía Constitucional en nuestro país, a partir de la reforma de 1994.
6) Extinción de la Acción o Pena: no se concederá la extradición si, para la ley del Estado requirente, la acción penal o la pena hubiesen prescripto. Si bien este es el principio adoptado por la ley, puede ser que a través de un tratado internacional se adopte un criterio opuesto, con lo cual no se encontrarían extinguidas o prescriptas para la ley del Estado Argentino.
7) Non bis in Idem: La ley imposibilita también la extradición en los casos en que la persona reclamada ya ha sido juzgada, en nuestro país o en otro, por el hecho motivador del pedido.
8) Inimputabilidad por razón de la edad: tampoco se concederá si de acuerdo a la ley argentina e individuo resulta inimputable por razón de la edad, siempre que el delito se hubiese cometido en nuestro país.
Debe observarse aquí la contradicción en que incurre la ley 24.767, ya que para la prescripción se tiene en cuenta la ley extranjera, y para la imputabilidad la ley nacional. Por deducción lógica entendemos que hubiera sido preferible sostener la aplicación de la ley nacional para ambos casos.
9) Condena en Rebeldía: se deberá asimismo denegar la extradición cuando se hubiese juzgado a la persona solicitada en rebeldía, es decir, sin la presencia del acusado. La única manera en que resultaría viable el otorgamiento de la extradición para estos casos, sería que el Estado requirente garantizase la reapertura de la causa, a los fines de que el individuo ejerza su derecho de defensa y obtenga el dictamen de una nueva sentencia; independientemente del resultado condenatorio o absolutorio emitido.
10) Reconocimiento del Cómputo del tiempo de detención: el Estado requirente deberá garantizar que se computará el tiempo de privación de libertad sufrido por la persona solicitada durante la gestión del trámite de extradición, para que la misma sea concedida. Ello obedece a derechos y garantías procesales, receptadas en diferentes Pactos Internacionales suscriptos por nuestro país.
11) “Derecho de Opción”: que gozan los ciudadanos argentinos frente a la Extradición Pasiva, por cuanto el artículo doce de la normativa vigente establece que el requerido argentino podrá optar ser juzgado por nuestros propios tribunales, salvo Convención Internacional en contrario. La calidad de nacional argentino debe haber existido al momento de la comisión del delito y perdurar al momento en que se ejerza la opción. Una vez optado por el fuero interno, la extradición será denegada, y el nacional será juzgado en el país por aplicación de la ley argentina, previa conformidad del Estado requirente.
12) Principio Real o de Defensa: para los casos de delitos cometidos fuera de la jurisdicción argentina, pero que quedan sometidos igualmente a nuestra ley, debido a que sus “efectos” se producirán en dicha jurisdicción. Para evitar caer en el Principio de Autolimitación Territorial, dichos efectos serán aquellos que lesionen derechos y/o intereses institucionales nacionales (v. gr. falsificación de monedas, títulos, sellos, etc.).
Reseña de Jurisprudencia anterior a la ley 24.767
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha declarado que la ley extranjera, por no ser derecho vigente en nuestro país, debe ser probada como hecho (Fallos: T. 154, pág. 161; T. 166, pág. 173 y T. 178, pág. 81). Siguiendo esa tesis, no hizo lugar a un pedido de extradición en el que no constaba el momento legal desde el cual se comenzaba a operar la prescripción en el Estado requirente (ED, T. 2, año 1962, pág. 33).
En cuanto a la exigencia del respeto a la “ley previa” (Principio de Legalidad), se declaró que no correspondía hacer lugar el pedido de extradición si el hecho incriminado era anterior a la ley que lo sancionara penalmente (Cámara Federal de Rosario, 06/09/1960, en autos “Gutman, Isaac y otro”, Jurisprudencia Argentina, 1960-VI, pág. 163). En la misma causa, la CSJN manifestó que “debe denegarse la extradición solicitada respecto de una persona a la que se imputa un hecho incriminado como delito en la legislación extranjera, pero que en el Derecho Criminal de la legislación argentina, no tiene ese carácter (LL, T. 105, pág. 211; en el mismo sentido: LL, T. 45, pág. 778; Cámara Federal de la Capital, LL. T. 44, pág. 614).
Fue denegada reiteradamente la extradición de ciudadanos argentinos solicitada por países con los que no existían tratados o por aquellos que, existiendo, no se declaraba expresamente que no se tomaría en cuenta la nacionalidad del requerido para su juzgamiento (CSJN, refiriéndose a un pedido formulado por los EEUU, Jurisprudencia Argentina, 1956-IV, pág. 312). En el mismo sentido, la Cámara Federal de la Capital dictaminó sobre un pedido formulado por Brasil, declaró irrelevante la ciudadanía argentina con posterioridad a la comisión de los hechos que motivaban el pedido (LL, T. 65, pág. 578).
Un caso interesante fue el resuelto en el fallo de la Cámara Federal de la Capital, Sala Penal, en un pedido de extradición solicitada por la República del Perú, donde se pronunció sobre la procedencia de extraditar a ciudadanos argentinos nativos por existir acuerdo al respecto (v. gr. Tratado de Montevideo de 1889) y sobre el carácter de “delito común” del asalto a un banco, efectuado con el objeto de reunir fondos para un plan en el que se incluía la instrucción de guerrilleros. Declaró ese tribunal que procedía la extradición en ese caso, en virtud de lo dispuesto por el art. 20 del TM ´89 aplicable, que al caso, ya que el Perú no ratificó el Tratado sobre el mismo tema de 1940. En cuanto a la alegada naturaleza conexa con el delito político declarada por el Juez de primera instancia, la Cámara señaló que era preciso que el hecho político se hubiera materializado de alguna forma o tenido, al menos, un comienzo de ejecución. Llega a la conclusión de que el hecho por el que se solicita la extradición es sólo una etapa preparatoria de un futuro delito político, por lo que se lo debía considerar como delito común y hacerse lugar a la extradición solicitada (causa “857/64, “Bressano, H. M.”, resuelta el 26/03/2965, LL, 01/07/1965).
En cuanto a la Prescripción, la Cámara Federal de la Capital declaró que, a pesar de que fuera una “institución de orden público”, en la materia debía prevalecer lo dispuesto en los Tratados Internacionales, que son la ley suprema de la Nación. Por ello, hizo lugar al pedido de extradición formulado por las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay en un delito de hurto, cuya acción aparecía prescripta para la ley argentina, mas no para la uruguaya. Así, era la ley extranjera la que prevalecía, en virtud de lo expresamente regulado por el art. 19 del Tratado de Montevideo de 1889, según el cual procede la extradición cuando no haya operado la prescripción conforme la ley del país requirente (LL, 02/03/1965).
En cuanto a la Competencia, la CSJN en los autos “Basilio, Adam” consideró competentes a los jueces argentinos para juzgar un homicidio cometido a bordo de un buque mercante griego surto en el puerto de Buenos Aires (Fallos, 25:189). Asimismo, a pesar de que un delito fuera cometido fuera del territorio de nuestro país, en virtud de cumplirse sus efectos dentro del territorio argentino, la Cámara Federal de la Capital en un fallo del 24/09/1943 estableció que una estafa cometida en un buque argentino ubicado en el puerto de Nueva York, perjudicaba el patrimonio de la Flota Mercante del Estado, por lo que resultaban competentes nuestros jueces (JA, 1943-IC-410 con nota del Dr. Lazcano).
Un interesante caso al respecto lo constituye el delito de bigamia, pues sólo son “efectos relevantes” para la ley penal aquellos que afecten bienes de interés institucional para nuestro país, y no los que afecten bienes de nacionales o habitantes en la República. Por ello, debe interpretarse dicho principio real en forma restrictiva en vista del principio general territorial, debiendo tener en cuenta sólo aquellos hechos delictivos que lesionen derechos o intereses tutelados por leyes argentinas. Así, en el caso del delito de bigamia ya mencionado (actualmente atípico en nuestro país), en un comienzo se consideró que su comisión en el extranjero daba origen a la jurisdicción argentina. Como ejemplo, citamos: el fallo originado por este tipo de delito cometido en Italia en el caso “Ciesco” (GF, t. LVIII, pág 548, de fecha 16/10/1925); los autos “Ángel Vázquez” (GF, t. LXXI, pág 92, de fecha 28/10/1927 y GF, t. CXII, pág. 191, de fecha 21/09/1934); el Plenario en autos “Natale” de fecha 25/06/1928 (JA, XXVIII, pág. 211). En contra de la jurisdicción argentina: Plenarios de fecha 13/04/1943 en autos “SB, A” y el de fecha 21/08/1959 en autos “RA”.
Con respecto al tema del Reconocimiento de Sentencias Extranjeras en Materia Penal, según el principio territorial, no cabe el reconocimiento; mas según el principio real, si los efectos del delito se vinculan exclusivamente con la jurisdicción argentina, esta es excluyente de cualquier otra extranjera. Aquellas sentencias extranjeras que no invadan la jurisdicción argentina, serán reconocidas ya que el principio de la nacionalidad no es suficiente para desconocer la jurisdicción propia del país donde un ciudadano argentino ha llevado a cabo un hecho delictivo. Aquí es importante señalar el efecto del reconocimiento, por ejemplo a los fines de la declaración de reincidencia (conforme lo dispone el art. 50 del CP). En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal, con fecha 07/07/1961 reconoció una sentencia penal absolutoria in re “Gronda” dictada en Italia (LL, 104-454); también la Cámara Nacional en lo Federal en su Sala Criminal y Correccional, con fecha 25/07/1969 hizo lugar a la Excepción de Cosa Juzgada a favor de varios imputados “Falsificación de Documento Público” –acusación que les endilgaba el Fiscal Federal argentino- ya condenados por un Juzgado Criminal de Montreal por el “Uso de Pasaportes Falsos”.
Con respecto a la Cooperación Internacional, la misma se cumple generalmente en virtud de Tratados Internacionales, sin que aparezca evidente un Derecho Internacional Consuetudinario que obligue a los Estados a la extradición. Sobre el tema, el caso “Guillermo Sachs” trata sobre un ciudadano alemán que se refugió en nuestro país, mientras era perseguido por Alemania por el delito de “Quiebra Fraudulenta”, en momentos en donde no existía aun Tratado de Extradición entre los países involucrados, y de fecha anterior al dictado de la Ley 1612. Fue resuelta la situación por un fallo de la CSJN, la que con fecha 24/02/1885 declaró que la Constitución Nacional Argentina garantizaba a los extranjeros el derecho a la libertad y a la seguridad y que, al no existir un Tratado Internacional suscripto por los países involucrados sobre el tema en cuestión ni una ley especial, la RA no podía entregar ninguna persona que se encontrase en su territorio (Fallos, 23:31).
Antes de la reforma constitucional de 1994, se dijo que ni el art. 31 ni el art. 100 de ese plexo normativo atribuían prelación o superioridad a los tratados respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la Nación, siendo igualmente considerados por aquella como ley suprema de la Nación y que no existía fundamento normativo que acordase prioridad de rango a ninguna, rigiendo entonces respecto de ambas clases de normas el principio según el cual “las leyes posteriores derogan a las anteriores” –lex posterior derogat priori- (CSJN, caso “Martín y Cía.” de fecha 06/11/1963; JPBA. 7-710). Ello demuestra claramente una de las razones por las cuales hubo de ser modificada la regulación normativa del instituto de la extradición en nuestro país ya que, con la reforma constitucional de 1994, tales postulados cambiaron radicalmente. Incluso antes de la modificación de nuestra norma fundamental, pero posteriores al fallo mencionado, ya habían sido dictadas sentencias de nuestro Alto Tribunal que le otorgaban jerarquía constitucional a los Tratados y Convenciones Internacionales (especialmente las de Derechos Humanos), por encima de las leyes de la Nación.
Sobre el tema de la Reciprocidad y Práctica Uniforme de las Naciones, con fecha 10/03/1965 dijo la CSJN que sólo eran invocables a falta de Tratados (CSJN, caso “Perón”, c. 436).
Con respecto a la cuestión de los Requisitos que debe contener el Pedido de Extradición formulado por los países con los que existe tratado, la CSJN declaró que su procedencia está condicionada a las exigencias formales y requisitos prescriptos por aquél (Fallos: T. 240, pág. 115; LL, 07/02/1969; Cámara del Crimen de la Capital, LL T. 104, pág. 702). Así, la ausencia de cualquiera de los requisitos exigidos por la ley en la solicitud, hacía improcedente la extradición (Cámara Federal de la Capital, ED, T. 2, pág. 355, año 1962).
Referente al Procedimiento de Extradición en sí, es decir, al trámite administrativo de concesión o rechazo del requerimiento, se dijo que no era un juicio criminal, ya que en él no se conocía a fondo ni existía decisión sobre la culpabilidad o inculpabilidad del requerido (CSJN: LL, T. 52, pág. 683 en autos “Bohne, G.”; en el mismo sentido se expidió la Cámara Federal de la Capital: LL, T. 52, pág. 578 y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal in re “Mangialavori de Nelly, Irma del Carmen” de fecha 31/01/1986).
Sobre el tema de la Fidelidad de la Documentación Adjunta a la Solicitud presentada por el Estado requirente, manifestaron nuestros tribunales que no correspondía hacer lugar a la extradición pedida por un tribunal extranjero si no habían sido debidamente legalizados los documentos que acompañaban la rogatoria y que no se podía hacer la excepción admitida en esos autos, en otros casos en los cuales se había omitido legalizar alguna parte no sustancial de los respectivos documentos (Cámara Nacional Federal, JPBA 16-1937). Tradicionalmente la Corte sostuvo (antes de la nueva norma) que la procedencia del trámite estaba condicionada al cumplimiento de las exigencias formales y requisitos prescriptos por el Tratado aplicable (Fallos, 240.115), y que si el requirente no cumplía con ellas, correspondía no hacer lugar a la solicitud, a pesar de que la misma hubiera sido cursada con la intervención de autoridades diplomáticas (Fallos 267:405 y c. A. 75-XVII, de fecha 27/11/1975).
Con respecto a la Legalización de Firmas en las Comisiones Rogatorias en materia Civil y Criminal, se dijo que cuando tal documentación es introducida por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y elevada por éste a la justicia competente, esta debe tenerla por auténtica sin más requisitos, pues ella se encuentra al amparo de la fe que le prestan, doblemente el Ministerio Extranjero que pide la extradición y el M. de R. E. que le da curso (CSJN: pág. 181, XVII, autos “Pérez Caufás”); lo mismo falló cuando las rogatorias fueran cursadas por intermedio de los respectivos Agentes Diplomáticos (CSJN: c. L. 143-XVII, in re “Lowenthal Griner, M.”, de fecha 14/12/1976 y “Márquez, Héctor”, de fecha 14/02/1984).
Referente a la Pena Mínima que debe tener el presunto hecho delictivo en el Estado requirente, la misma debía ser privativa de la libertad no inferior a dos años. Al respecto, la CSJN en los casos “Taramona Espino” y “Acevedo Mezansa” declaró que era el máximo de la pena el que debía superar dicho monto (ED 73-706 y 708).
El Orden de Prelación de la normativa privada internacional debía ser el siguiente: existiendo un Tratado Internacional, el mismo; de lo contrario debía aplicarse la Ley 1612 de 1885, y los arts. 646 y 647 del Código de Procedimiento Criminal de la Capital. A tal fin, es importante traer a colación el fallo de la CSJN de fecha 07/10/1975 en los autos “Flores Méndez, Jaime”, donde se reconoce la naturaleza federal de las normas de jurisdicción internacional (Fallos, 293:64 y ED, 65-300 con nota del Dr. Werner Goldschmidt); en contra fue la sentencia dictada en el caso “Zapata c/ Sthelin”.
Con respecto a la Salud Mental del Individuo Requerido por el Estado solicitante, en un caso de Homicidio Calificado, la Corte declaró que no obstaba al pedido de extradición el hecho de que el requerido se hallase comprendido en causales de impunidad (CSJN Fallos 236:306; y 265:19). Asimismo se dijo que era competencia del Estado requerido el decidir la procedencia o improcedencia del pedido (CCC, autos “Perón”, Sala 5ª, c. 3381/63).
Sobre la Intervención del Ministerio Público Fiscal en el Procedimiento de Extradición, conforme el art. 656 del CPPN, ella responde a la necesidad de controlar el cumplimiento fiel de las leyes y las reglas del procedimiento –tal lo prescribe el art. 118 inc. 4º del mismo plexo normativo-. Así, si los Fiscales no expresaban agravios contra la sentencia denegatoria de la extradición por considerar que la misma se ajustaba al Tratado respectivo –puntualmente en el caso del Tratado con Italia del año 1886-, ese plexo normativo debía ser considerado “ley de la Nación” en virtud del art. 31 de la CN, y por ello debía concluirse que el interés por ese respeto ha sido convenientemente tutelado (CSJN en autos “Ventura, Giovanni B.” de fecha 20/09/1988).
Para los casos en donde no había Tratado entre los Estados involucrados, y tampoco relaciones diplomáticas entre el Estado requirente –puntualmente con Cuba y la RA-, la CSJN en diversos fallos consideró que “corresponde al Poder Ejecutivo resolver si debe o no darse curso a la solicitud (de extradición), en base a un antejuicio de carácter político para cuya formulación es elemento esencial la valoración de las relaciones que vinculan a nuestro país con el Estado requirente. Tal valoración corresponde en forma privativa al Poder Ejecutivo y es este, el único que se halla capacitado para decidir hasta qué punto la interrupción de las relaciones, o el motivo que ha dado lugar a ella, puede afectar la confianza en el cumplimiento de las obligaciones que asume la Nación solicitante”. En el caso en cuestión, la CSJN resolvió que no tenía fundamentos la pretensión del Poder Judicial que había rechazado conceder la solicitud de Cuba por considerar su negativa en la ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que tal pronunciamiento invadiría claramente el terreno que la ley reservó al Poder Ejecutivo, tal lo dispuesto por las cláusulas constitucionales que le confían el manejo de las relaciones exteriores; el PEN había dado curso al pedido de la extradición por Decreto fechado el 04/12/1962, con posterioridad a la ruptura de las relaciones con Cuba (CSJN, Fallos, 13/11/1963).
La reciprocidad requerida para la Extradición en los casos en los que no existe Tratado, constituye una cuestión política que no incumbe al Poder Judicial, sino al PEN (Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en autos “Pérez Rodríguez, A.” de fecha 26/07/1985 y Cámara Federal de la Capital, de fecha 26/05/1964).
El CPPN en su art. 669 facultaba a los ciudadanos argentinos a someterse a la jurisdicción de los tribunales de nuestro país, pero sólo regía respecto de las solicitudes de extradición requeridas de acuerdo a la “práctica de las naciones”; ya que en los casos en que existiese Tratado debía atenerse a lo allí regulado. En el caso, resultaba aplicable el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 cuyas disposiciones eran “ley para las partes contratantes”, y según las cuales la nacionalidad del requerido no era obstáculo para acordarla (CSJN, in re “Wissocq, Ricardo P.”, de fecha 09/11/1982).
Comenzando con la parte externa, surgen diferencias que podemos mencionar entre las legislaciones de fondo que se han dictado en la RA.
Una primera observación es que la Ley Nacional Nº 1612 fue dictada en el año 1885, constando de tan sólo 34 Artículos.
La mayor parte de la regulación de procedimiento, fue contemplada en el añoso Código de Procedimientos Penal de la Nación (en adelante CPPN), el cual fuera dictado con fecha 24 de Septiembre de 1888.
En cambio, la Ley actual (Nº 24.767) fue dictada el 18 de Diciembre de 1996 y publicada en el Boletín Oficial el día 16 de Enero de 1997, constando la misma de 125 Artículos, lo que la hace visiblemente mucho más extensa que la anterior. Asimismo, se han concentrado allí gran parte de normas adjetivas entre su articulado, en aras a lograr la uniformidad en todo el territorio nacional, de normas y reglas de procedimiento que le son propias a este tipo de procesos.
En contraposición, el actual CPPN ha visto reducido el número de Artículos que hacen referencia al procedimiento y regulación del trámite de extradición que ha de seguirse en estos casos, ya que el mismo se comprende actualmente de tres artículos (a saber: arts. 52 a 54).
Con ello se hace evidente que el Primer Código de Procedimientos en lo Penal (Ley 2372), vino a regular el procedimiento de una forma más amplia, intentando suplir las lagunas procesales que la Ley 1612 había demostrado tener en los tres años que llevaba vigente[10], sobre todo teniendo en cuenta la sumaria cantidad de Artículos comprendidos en ella.
Otra diferencia existe en la denominación de ambas legislaciones. La ley anterior se denominaba “De Extradición” y regulaba únicamente los casos incluidos, los excluidos y el trámite necesario. Luego, era complementada (en forma extensa y detallada) por el CPPN, en cuanto a su tramitación en sede judicial y administrativa.
Por su parte, la ley vigente ha sido llamada “Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal”, donde no sólo se regula el trámite de la Extradición Internacional, sino que además se han previsto en ella otras formas de cooperación internacional judicial penal (por ejemplo: la Investigación y Juzgamiento de delitos, cuando el hecho no esté -como regla- tipificado como tal en el art. 68 de la Ley 24.767, complementaria del Código Penal de la R.A.). Es en su artículo tercero, donde se menciona la reciprocidad (ofrecida o existente), como forma de decidir si ha de darse curso o no al pedido de extradición que pesa sobre un individuo que se encuentra en nuestro país, cuando no haya Tratado vigente entre país requerido y requirente.
Prelación de Tratados
En cuanto a la aplicación de Tratados o Leyes de derecho internacional interno, la Ley 1612 establecía en su artículo primero que era facultad (el artículo reza “podrá”) de la República el entregar a los Estados requirentes los individuos solicitados, “con la condición de reciprocidad”.
Teniendo en cuenta que la norma sustantiva era sucinta, el CPPN (derogado) regulaba en su art. 646: “La extradición de delincuentes, sea que se solicite por la República o que se otorgue por ella[11] a solicitud de otra nación, sólo procede: 1) En los casos que determinen los tratados existentes; 2) A falta de tratados, en los casos en que sea procedente la extradición, según el principio de reciprocidad o la práctica uniforme de las naciones” (con ello repite el concepto de reciprocidad existente u ofrecida).
En el mismo sentido, el artículo 648 de la norma adjetiva establecía: “Habiendo tratados, la extradición será pedida u otorgada en la forma y con los requisitos que aquellos prescriban. A falta de tratados, la extradición será pedida u otorgada por vía diplomática, con arreglo al procedimiento y condiciones que se establecen en este Código”. Asimismo, el artículo 652 del mismo plexo normativo rezaba: “Cuando el pedido de extradición no se hallase autorizado por tratados, el Poder Ejecutivo Nacional, con vista del Procurador General, resolverá lo que corresponda. Si la resolución fuese negativa, devolverá la requisición al Gobierno o Juez de que proceda, con copia del dictamen del Procurador General y resolución dictada. En caso de creerse procedente la solicitud, se dirigirá inmediatamente al Juez de la sección donde se encuentre el refugiado, con todos los antecedentes, dando aviso al Gobierno extranjero interesado. Cuando la extradición fuese pedida por los jueces de la República, el Poder Ejecutivo Nacional dirigirá la nota que corresponda al Gobierno de la Nación donde se encuentre refugiado el delincuente y lo avisara al Juez requirente”.
Por su parte, la Ley 24.767 establece que “La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél”. Claramente se observa que ha dejado de ser facultativa la entrega, para constituirse en una obligación del Estado Argentino. Asimismo, en sus arts. 2 y 3, establece que, de existir un Tratado entre el país requirente y la RA, el mismo deberá ser aplicado sin perjuicio de que la ley citada sirva a los efectos de la interpretación del mismo, así como de subsanar las lagunas que el mismo ostente en cuanto a la ordenación del trámite de ayuda internacional.
En cuanto a la regulación procesal actual, el CPPN (repitiendo la norma sustantiva que lo contempla), “Si el imputado o condenado se encontrara en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad” (art. 53).
La norma anterior, mediante el art. 12 de la Ley 1612, exigía que los documentos que por vía diplomática fueran presentados con el pedido de extradición, debían ser “originales o en copia auténtica”. No se hacía referencia al idioma en el que ellos habían de ser redactados y presentados, ni se aludía a los modos fehacientes con los que habrían de certificarse su veracidad, tanto de la documental original y de sus copias. Dichos documentos debían ser: “1) La sentencia de condenación notificada según la norma prescripta por la legislación del país requirente, si se tratase de un condenado, o el mandato de prisión, expedido por los tribunales competentes con la designación exacta y la fecha del delito que la motivaren, si se tratase de un procesado”.
Otros imperativos eran: “2) Todos los datos y antecedentes necesarios para justificar la identidad de la persona requerida; 3) La copia de las disposiciones legales, aplicables al hecho acusado, según la legislación del país requirente”.
A su vez, el art. 18 establecía que: “…no se permite cuestionar la validez intrínseca de los documentos producidos por el gobierno requirente”.
Complementando el articulado mencionado, el CPPN en su Artículo 651 decía: “Con la nota o comunicación en que se solicite la extradición, ya por las autoridades del país o por las extranjeras, habrá de reemitirse un testimonio literal del auto que decrete esta diligencia y además los siguientes documentos: 1) La sentencia de condenación según la forma prescripta por la legislación respectiva, si se tratase de un condenado, o el mandato de prisión expedido por Tribunales competentes con la designación exacta y la fecha del crimen o delito que la motivara, si se tratase de un procesado o presunto delincuente. Estos documentos se enviarán originales o en copia auténtica. 2) Todos los datos y antecedentes necesarios para justificar la identidad de la persona requerida. 3) La copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación respectiva”, repitiendo las disposiciones de la norma sustantiva.
En contraposición, la normativa actual reza en su artículo 4: “Las solicitudes y demás documentos que con ella se envíen, se presentarán traducidas al español. La documentación remitida por vía diplomática no requerirá legalización. La presentación en forma de los documentos hará presumir la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran”.
En cuanto al pedido de extradición, y los documentos que han de acompañar la solicitud, en los dilatados Artículos 13 y 14 se establecen el contenido y la forma de presentar la reclamación.
Nos tomamos la licencia de transcribir ambos textualmente, a riesgo de ser extensos, con el único fin de conservar la necesaria veracidad que facilite su fiel interpretación. “Artículo 13: La solicitud de extradición de un imputado debe contener: a) Una descripción clara del hecho delictivo, con referencias precisas acerca de la fecha, el lugar y circunstancias en que se cometió y sobre la identificación de la víctima; b) La tipificación legal que corresponde al hecho; c) Una explicación acerca del fundamento de la competencia de los tribunales del Estado requirente para juzgar el caso, así como de las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida; d) Testimonio o fotocopia autenticada de la resolución judicial que dispuso la detención del procesado, con explicación de los motivos por los que se sospecha que la persona requerida habría tomado parte en el delito, y de la que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición; e) Texto de las normas penales y procesales aplicables al caso, en cuanto estén vinculados con los párrafos anteriores; f) Todos los datos conocidos que identifiquen al reclamado, tales como nombre y apellido, sobrenombres, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u ocupación, señas particulares, fotografías e impresiones digitales, y la información que se tenga acerca de su domicilio o paradero en el territorio argentino”.
En tanto el artículo 14 establece: “La solicitud de extradición de un condenado se ajustará a lo dispuesto en el Artículo anterior, con las siguientes particularidades: a) Testimonio o fotocopia autenticada de la sentencia judicial que impuso la condena; b) Atestación de que dicha sentencia no se dictó en rebeldía y se encuentra firme. Si la sentencia se hubiese dictado en rebeldía deberán darse las seguridades previstas en el Artículo 11, inciso d); c) Información acerca del cómputo de la pena que resta ser cumplida; d) Explicación de las razones por las cuales la pena no se encuentra extinguida”.
Finalmente, en el art. 52 del actual CPPN establece que los tribunales que requieran la extradición, deberán acompañar junto al Exhorto, “copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido”. Sin embargo, debe dejarse aclarado que el mencionado Artículo fue pensado y redactado para aplicarse a la extradición activa interna o interprovincial.
La Ley 1612 del año 1885, establecía que la extradición se debía acordar en los delitos de “carácter común, castigados con penas corporales de no menos de un (1) año de prisión en nuestro país”. Nada decía, en cambio, sobre la existencia de un tiempo mínimo o máximo de penas para conceder o denegar el requerimiento, en el caso de que las mismas no fueran penas corporales, con lo que debe entenderse como único plazo para conceder o denegar la solicitud, el del artículo ya citado.
Textualmente, la Ley 24.767 en su art. 6 establece: “Para que proceda la extradición de una persona, el hecho material del proceso deberá constituir un delito que tanto en la ley argentina cuanto en la del Estado requirente tenga prevista una pena privativa de libertad con mínimo y máximo tales que su semisuma[12] sea al menos de un año. Si un Estado requiriese una extradición por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esta condición para que la extradición pueda ser concedida respecto de los restantes. En caso que la extradición se solicitara para el cumplimiento de una pena, se requerirá, además, que la pena que faltare cumplir fuese no menor de un año de privación de libertad en el momento en que se presente la solicitud”. En lo que respecta, puntualmente, a las condiciones de punibilidad, el artículo quinto prevé que la competencia del Estado requirente se analizará de acuerdo a su propia legislación.
El vasto artículo 3 de la Ley 1612 regulaba los casos en donde no era procedente el trámite de extradición, a saber: “1. Cuando el reclamado fuese un ciudadano argentino o naturalizado antes del hecho que motive la solicitud de extradición; 2. Cuando los delitos cometidos tuviesen un carácter político o fueren conexos con delitos políticos; 3. Cuando los delitos hubiesen sido cometidos en territorio de la República; 4. Cuando los delitos, aunque cometidos fuera de la República, hubiesen sido perseguidos y juzgados definitivamente en ella; 5. Cuando con arreglo a las leyes de la potencia requirente, la pena o acción para perseguir el delito que motivase el pedido de extradición se encontrasen prescriptos”. Dado lo diáfano del articulado, y en honor de la imprescindible seguridad para la comprensión, se ha preferido su transcripción textual.
El artículo 4 por su parte, agregaba una condición más a fin de lograr la procedencia del trámite, y cuando trataba el tema de los esclavos tuvo presente que nuestro país había abolido la esclavitud por ley del año 1813. Dejaba sujeta la aprobación del pedido, al compromiso del Estado requirente de que se procedería a juzgar al reclamado como “hombre libre”. Ello implicó una neta mentalidad de amparo de la persona, que cronológicamente se adelantó mucho al pensamiento de protección de los Derechos Humanos, denotando la finalidad tutelar del sujeto requerido.
Nada decía sobre los delitos previstos en los Códigos de Justicia Militar -actualmente cuestionados en nuestro país-.
Respecto de la tortura o penas crueles, el concepto es moderno. En 1885, época en que fue dictada la Ley 1612 que estamos analizando, las penas de “trabajos forzados” eran consideradas parte de la rehabilitación del condenado y no eran reconocidas como crueles, más allá de que algunas fueran aplicadas impiadosamente con tratos rigurosos. Lamentablemente, a lo largo de los tiempos, es dable escuchar acerca de manejos de elevada dureza y severidad para con las personas privadas de su libertad.
Por su parte, el art. 8 de la norma vigente, establece que: “La extradición no procederá cuando: a) El delito que la motiva fuese un delito político; b) El delito que motiva la extradición fuese un delito previsto exclusivamente por la ley penal militar; c) El proceso que la motiva fuese tramitado por una comisión especial de las prohibidas por el Artículo 18 de la Constitución Nacional; d) El proceso que motiva la extradición evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el sexo o la religión de las personas involucradas, o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio; e) Existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; f) El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable”. Creemos que el mismo se explica por sí solo, no debiendo más que recurrir a su lectura para observar los puntos coincidentes y disidentes con la norma anterior.
Especial es el caso de este tipo de delitos, ya que ambas normas lo han considerado como un tipo de hecho delictivo por el cual no resulta procedente la extradición del individuo sindicado. La diferencia entre ambas radica en que la primera consideraba excluidos (a los fines de conceder el trámite) a los delitos políticos y a los conexos con ellos, pero no da una definición auténtica de lo que ha de ser considerado como tal. En cambio, la ley actual delimita en su artículo 9 (por exclusión) cuáles son los delitos políticos, y es así que enuncia: “No se considerarán delitos políticos: a) Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; b) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de gobierno, o de un miembro de su familia; c) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas; d) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada por un conflicto armado; e) Los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial; f) Los actos de terrorismo; g) Los delitos respecto de los cuales la RA hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar”.
Improcedencia por Razones de Seguridad Nacional[13]
La norma anterior, en su art. 3 inc. 3º consideraba improcedente el trámite de extradición cuando el delito hubiera sido cometido en la República.
La ley 24.767 considera en su art. 10 que no es procedente el trámite cuando existan razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos, u otros intereses esenciales para la RA que lo tornen inconveniente.
Improcedencia por otras razones
Muy claro resulta el art. 11 de la ley actual, en el cual declara casos de improcedencia de variado origen. Tales causales de negativa al trámite de reclamación han de ser comprendidas fácilmente con la simple lectura del articulado, al que desde ya nos apresuramos en afirmar que gozan de una lógica impecable. “La extradición no será concedida: a) Si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente; b) Cuando la persona reclamada ya hubiese sido juzgada, en la Argentina o cualquier otro país, por el hecho que motiva el pedido; c) Cuando la persona reclamada habría sido considerada por la ley argentina como inimputable por razón de la edad si hubiese cometido el delito en la Argentina[14]; d) Cuando la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no diese seguridades de que el caso se reabriría para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y dictar en consecuencia una nueva sentencia; e) Si el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento”.
Otra causal de improcedencia es la calidad de “refugiado” del sujeto requerido. Sobre ello establece el art. 20 que “Si la persona requerida poseyera condición de refugiado y el pedido de extradición proviniere del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento”.
Sobre el tema en desarrollo, nada se establecía en la norma derogada.
Ya hemos visto que la Ley 1612 consideraba imposible la extradición de una persona que fuere ciudadano argentino o que se hubiera nacionalizado tal, exigiendo como único requisito a tal fin, el de haber culminado dicho trámite con anterioridad a la fecha de comisión del hecho que se le endilgaba (ver art. 3 inc. 1º).
La ley 24.767, establece una regla general: Le da la posibilidad al requerido para que pueda optar por ser juzgado por los tribunales argentinos. Sin embargo, toda regla tiene excepciones y aquí consiste en aquella situación en la que sea aplicable un tratado que obligue a la extradición de nacionales. Pero puede darse el caso de que dicho tratado sólo “faculte" la extradición de nacionales, en cuyo caso el Poder Ejecutivo, por imperio de lo previsto en el artículo 36, resolverá si hace lugar a la opción.
Los requisitos para que proceda la opción consisten en que la calidad de nacional argentino debe haber existido al momento de la comisión del hecho, y subsistir hasta que realice la opción, tal lo establecido en igual sentido por la norma anterior.
En caso de que se ejerciere la preferencia, la extradición será denegada, y el imputado deberá ser juzgado en nuestro país bajo la ley penal argentina, siempre que el Estado requirente preste su conformidad, renuncie a su jurisdicción y colabore enviando todos los antecedentes y pruebas que permitan el juzgamiento del delito.
Solicitud concomitante de varios Estados
Ya en su Artículo 10, la ley 1612 establecía que cuando dos o más países solicitaran la extradición de un mismo individuo por distintos delitos, se le iba a otorgar a aquél en cuyo territorio se hubiese cometido el delito mayor, o al que primero lo hubiera solicitado cuando ambos delitos fueran de la misma gravedad. Ello debe ser correlacionado con la regulación en la normativa procesal anterior, por cuanto el artículo 668 disponía: “Si el criminal fuese reclamado por más de un Estado al mismo tiempo, será atendido con preferencia aquél en cuyo territorio hubiese cometido el delito mayor, y siendo de igual gravedad aparente, el que lo hubiese reclamado primero”. A simple vista se torna evidente que ambas normativas (la adjetiva y la sustantiva) repiten el mismo concepto. La única diferencia es la apariencia de gravedad que menciona el art. 668, lo que implica que la misma podía no ser real, y por lo tanto, no era necesario corroborar la entidad de los delitos cometidos por el solicitado.
Asimismo, para el caso de que el mismo sujeto hubiese sido entregado (en virtud de pedido de extradición) a la R.A., y con posterioridad fuera solicitado por otra nación debido a la comisión de un delito distinto al que motivó la entrega a nuestro país, la entrega del extranjero estaba condicionada a que el país requerido en primer término otorgara su consentimiento (ver art. 8).
Con respecto a la situación de los extranjeros, los Artículos 9 y 11 de la Ley 1612 trataban el caso. El art. 9 regulaba el pedido de extradición de un extranjero, en virtud de un delito cometido en un territorio que no perteneciera a la potencia requirente. En tal caso, sólo se concedía el pedido en los casos en que las leyes argentinas permitían la persecución de infracciones cometidas fuera del territorio. Asimismo, en el art. 11 se preveía el pedido de extradición de dos países distintos debido a la comisión de un mismo delito, siendo uno de ellos el país de ciudadanía o nacionalidad del sujeto requerido. En esa situación, el Gobierno argentino tenía la facultad de entregarlo a la Nación a quien considerase conveniente, según los antecedentes del caso.
Por su parte, la Ley de Cooperación Internacional establece en los Artículos 15 al 17 inclusive, el caso de que distintos Estados soliciten la extradición de un mismo sujeto, por el mismo o diferente delito (caso no contemplado en la normativa anterior). Con la intención de abonar a la mayor comprensión y sumar claridad al tema en desarrollo, a continuación se transcriben los mencionados artículos.
“Artículo 15: Si varios Estados requiriesen una extradición por el mismo delito, el gobierno establecerá la preferencia valorando, entre otras circunstancias pertinentes, las siguientes: a) La existencia de relaciones regidas por tratados de extradición; b) Las fechas de las respectivas solicitudes, y en especial el progreso que en el trámite hubiese logrado alguna de ellas; c) El hecho de que el delito se haya cometido en el territorio de alguno de los Estados requirentes; d) Las facilidades que cada uno de ellos tenga de conseguir las pruebas del delito; e) La ubicación del domicilio o de los negocios de la persona requerida, que le permitiría ejercitar su derecho de defensa con mayor garantía; f) La nacionalidad de la persona requerida; g) El hecho de que en el territorio de alguno de los Estados requirentes se domicilie la víctima interesada en el proceso; h) Las posibilidades que cada requerimiento tenga de lograr la concesión de la extradición; i) La circunstancia de que la clase y el monto de las penas sean coincidentes con la ley argentina, en especial que no se prevea la pena de muerte.
Artículo 16: Si varios Estados reclamaren a la misma persona por distintos delitos, el gobierno determinará la preferencia valorando, además, las siguientes circunstancias: a) La mayor gravedad de los delitos, según la ley argentina; b) La posibilidad de que una vez concedida la extradición a uno de los Estados requirentes, éste pueda a su vez acceder luego a la reextradición de la persona reclamada hacia otro de tales Estados.
Artículo 17: Sin perjuicio de la preferencia que el gobierno determine, podrá dar curso a más de un pedido.
En tal caso la concesión de una extradición no preferida tendrá los efectos de una reextradición autorizada”.
Prohibición de Juzgar Delitos no Previstos en el Pedido de Extradición
Dos Artículos de la Ley 1612 contemplaban el caso de que, una vez otorgada la extradición de un individuo, el país requirente pretendiera luego invocar hechos distintos o agregar nuevos a los que originaron la concesión de la solicitud.
Así, el Artículo 6 expresaba: “La extradición se concederá siempre con la condición de que el individuo extraído no será ni perseguido ni castigado por una infracción distinta de la que hubiese motivado aquélla, a no ser que se tratare de otro delito sujeto a extradición y que el gobierno argentino lo consintiera oportunamente, previo lo establecido en los Artículos 12 y 24. Con ello se requería su conformidad para el “nuevo” delito.
Estas restricciones no tendrán lugar cuando el acusado no ha regresado a la República dentro de los tres meses siguientes a su libertad, sea que haya permanecido en el mismo país que lo solicitó o en cualquier otro”, por cuanto ya no se encontraba sometido a la jurisdicción del estado originariamente requerido. A su vez, el artículo 7 expresaba: “Cuando se pidiese la extradición de un extranjero perseguido o condenado en los tribunales de la República por un delito distinto del que motivase aquélla, no se efectuará la entrega sino después de terminado el juicio y cumplida la pena. Sin embargo, podrá concederse la entrega temporal del extranjero al sólo fin de dejarlo comparecer ante los tribunales del país requirente, bajo la condición de ser devuelto a la terminación del proceso”.
En la faz estrictamente procesal, el art. 660 del anterior CPPN establecía como regla que “Ningún reo extraído podrá ser juzgado por un delito anterior al que motivó la solicitud de extradición”. La excepción consistía en cursar un pedido ante el Juez de Sección que hubiese entendido en la demanda de extradición, para los casos en los que la causa del delito anterior al que motivó la extradición haya sido descubierto con posterioridad. Asimismo, el nuevo trámite debía ser acompañado necesariamente de los documentos que hagan constar la aceptación del individuo requerido[15].
Por su parte, la Ley 24.767 expresa actualmente en su artículo 18 que: “La persona extraditada no podrá ser encausada, perseguida ni molestada, sin previa autorización de la Argentina, por hechos anteriores y distintos a los constitutivos del delito por el que se concedió la extradición. Si la calificación del hecho constitutivo del delito que motivó la extradición fuese posteriormente modificada en el curso del proceso en el Estado requirente, la acción no podrá proseguirse sino cuando la nueva calificación hubiese permitido la extradición. La persona extraditada tampoco podrá ser reextraditada a otro Estado sin previa autorización otorgada por la Argentina. No será necesaria ninguna de estas autorizaciones si el extraditado renunciare libre y expresamente a esta inmunidad, ante una autoridad diplomática o consular argentina y con patrocinio letrado. Tampoco serán necesarias cuando el extraditado, teniendo la posibilidad de hacerlo, no abandonare voluntariamente el territorio del Estado requirente dentro de un plazo de treinta días corridos, o cuando regresare voluntariamente a ese territorio después de haberlo abandonado” (este concepto ya fue tratado anteriormente, e incorporado a la norma actual teniendo en cuenta el Tratado Internacional de Extradición).
Asimismo, la normativa vigente trata el tema en forma detallada en su “Capítulo 6 Reextradición y Juzgamiento por otros Hechos Anteriores” el cual comprende los artículos 53 al 56, de los cuales sólo transcribiremos el 53 y 54, por ser relativos al tema que hemos venido desarrollando hasta el momento, a saber:
“Artículo 53: Las autorizaciones referidas en el Artículo 18 sólo se concederán si el delito que motiva el requerimiento habría dado lugar a una concesión de extradición. La solicitud deberá cumplir las condiciones establecidas en los Artículos 13 ó 14, y se tramitará conforme el procedimiento previsto para la extradición, con las particularidades que se establecen seguidamente.
Artículo 54: La reextradición puede ser solicitada por cualquiera de los Estados interesados en ella. Antes de darle al pedido curso judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto deberá diligenciar una audiencia realizada ante una autoridad diplomática o consular argentina, en la que: a) Se informe al extraditado acerca del contenido de la autorización solicitada y de las consecuencias que le aparejará la concesión; b) Se documenten las defensas que el extraditado, con asistencia letrada, opone a la concesión de la autorización solicitada, o su libre y expreso consentimiento a la autorización; c) Se le haga saber al extraditado que tiene derecho a designar un defensor de confianza para que lo represente en el juicio, y que en caso de que no lo haga se le designará un defensor oficial”.
Trámite de la Solicitud de Extradición
La ley anterior establecía en su art. 13 que, una vez recibido el pedido de extradición, el Ministro de Relaciones Exteriores debía comprobar la existencia de los siguientes recaudos: a) si la solicitud estaba acompañada de los documentos necesarios, b) si el hecho inculpado estaba comprendido en los casos de la ley, y c) si no mediaba ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 29.
Si el análisis arrojaba un resultado contrario a la concesión de la extradición, el art. 14 disponía que se sometiera a la opinión del Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros. Si la misma era aceptada, se lo transmitirían oficialmente al Ministro Diplomático respectivo, dando las razones determinantes de la resolución.
Si por el contrario, el Ministro de Relaciones Exteriores consideraba cumplidos los requisitos del Artículo 12, y que el caso se encontraba dentro de las prescripciones de ley y fuera de las excepciones marcadas en el artículo 3, daría inmediatamente aviso al Ministro del Interior, a fin de que se tomaran las medidas necesarias para la captura del individuo reclamado, si ella no se hubiera efectuado al tiempo de la resolución, de acuerdo con lo establecido por los artículos 25 y 27 (ver art. 15 Ley 1612).
En ese caso, el art. 16 mandaba que el arrestado fuera puesto a disposición del Juez de Sección en que se hubiere realizado la captura, con los antecedentes relativos en el término de 30 días, transcurridos los cuales sin que esto se hubiera verificado, el arrestado obtendría su libertad del mismo Juez.
Asimismo, dentro de las veinticuatro horas del recibo de esos documentos, el Juez debía tomarle declaración al presunto delincuente con el fin de comprobar la identidad de la persona, quien podía hacerse asistir de un defensor letrado (art. 17); llamados los autos, el Juez debía fallar en el término de diez días, declarando si hacía lugar a la extradición (art. 21). Si la sentencia del Tribunal hubiese sido negando la extradición por deficiencia de los documentos que debían acompañar el pedido, el Ministerio de Relaciones Exteriores debía comunicarle al representante del país requirente la resolución, a los fines de que los vicios fueran salvados. A partir del aviso diplomático, en el término de un mes (para los países limítrofes a la Argentina) o de tres meses para el resto de los casos, el individuo arrestado debía ser puesto en libertad si esos documentos no hubiesen llegado en los términos mencionados (art. 22).
El derecho de apelación en contra de la sentencia que diera lugar a la solicitud de extradición, o que la rechazara, cumplidas las causas especificadas en el art. 18, incs. 3º al 6º, permitía el tramitado por ante la Corte Suprema, la cual resolvería definitivamente el punto, previa vista del Procurador General de la Nación. El proceso original pasaría al Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de la Justicia, y dicha resolución se transmitiría en copia auténtica al Ministro requirente, juntamente con el decreto autorizando la extradición en su caso.
El anterior CPPN establecía el proceso a seguirse a los fines de lograr la sentencia que resolviera sobre la extradición. Ya vimos lo establecido por el art. 652 en cuanto al caso de haber declarado procedente la solicitud. En esos casos, el art. 653 mandaba al Juez de la República que resultara competente, que ordenara la detención del “refugiado” (textual del artículo, mas debe entenderse tal al sujeto requerido que se encuentre en nuestro país) y la obligación de tomarle declaración al mismo dentro del término de 48 hs., a los fines de comprobar su identidad, debiendo otorgarle la libertad si se hubiera procedido por error contra ella[16]. Nótese que la norma adjetiva establece un plazo mayor para tomar la Audiencia de identificación del sindicado.
El art. 655 establecía un límite a los puntos que podían tratarse en el juicio de extradición, a saber: “1º Identidad de la persona[17]; 2º Examen de las formas extrínsecas de los documentos presentados[18]; 3º Si el crimen o delito se encuentra comprendido en alguno de los casos mencionados en el Artículo 646[19]; 4º Si la pena aplicada pertenece a la categoría de pena que por las leyes del país requirente corresponda al crimen o delito en cuestión[20]; 5º Si la acción penal o la pena respectiva están prescriptas según las leyes de la Nación requirente[21]; 6º Si la sentencia o el auto de prisión, en su caso, han sido expedidos por los Tribunales competentes del país requirente[22]”.
La sentencia del incidente debía ser dictada, con posterioridad al vencimiento del término probatorio si lo hubiere, luego del llamado de autos en el término de diez días, debiendo declarar si concede o no la extradición (art. 658 CPPN anterior).
Luego, el art. 659 de la misma norma establecía: “Del fallo del Juez de Sección habrá derecho de apelación para la Corte Suprema[23], la cual resolverá breve y definitivamente el punto, previa vista del Procurador General. El proceso original se pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando constancia suficiente y esta resolución se transmitirá al Gobierno requirente”.
En la actualidad, la normativa vigente sobre extradición regula en diferentes secciones, los trámites administrativos (arts. 19 al 25) que han de seguirse vía diplomática; y los trámites judiciales (arts. 26 al 34) a los fines de otorgar o denegar la solicitud cursada.
Así, en cuanto al trámite administrativo normado por la Sección 1ª, el art. 19 ordena que el pedido de extradición y cualquier documentación al respecto de ella, sean enviados vía diplomática. Una vez recibida la solicitud, y no ostentando el requerido la calidad de refugiado, el art. 21 establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIyC) dictaminará respecto de las condiciones previstas en los Artículos 3 y 10, y sobre los requisitos formales del requerimiento; debiendo recabar los documentos y datos faltantes, reservando la actuación hasta que el Estado requirente subsane las falencias formales que pudiere haber.
En caso de que el MRECIyC dé curso al pedido, el art. 22 regula que se le dará trámite judicial a través del Ministerio Público Fiscal (MPF); pero si dictaminare que el requerimiento no cumple con alguna condición de admisibilidad, el Poder Ejecutivo (PE) resolverá dando curso o rechazándolo (en cuyo caso se devolverá el pedido al Estado requirente por la vía diplomática, con copia del decreto que así lo disponga). Hemos de tener en cuenta que la misma norma otorga al PE la facultad de delegar la decisión en el MRECIyC[24].
Un caso especial lo constituye el art. 23 el cual, para el caso previsto en el artículo 5 último párrafo, otorga al PE la facultad de resolver si le da o no curso al pedido. El mismo reza textualmente en su segundo párrafo que “Podrá darle curso cuando: a) El delito por el que se requiere la extradición integre una conducta punible significativamente más grave, que fuese de la competencia del Estado requirente y ajena a la jurisdicción argentina; o b) Cuando el Estado requirente tuviese facilidades notoriamente mayores que la RA para conseguir las pruebas del delito. En caso que le diera curso y la extradición fuese finalmente concedida, se archivará el expediente que pudiera estar en trámite ante la justicia argentina. Si el Estado requirente lo solicitare, le serán enviadas copias del expediente y las pruebas que se hubiesen colectado”.
El art. 24 establece la reserva de las actuaciones mencionadas en el Capítulo 2 “Procedimiento”, comprendiendo los artículos 19 al 39.
En la Segunda Sección del mismo Capítulo, se regula el Trámite judicial desarrollado en los artículos 26 al 34. Así, el art. 26 establece que el Juez que entienda en la causa ha de librar “orden de detención” de la persona requerida, tan pronto reciba el pedido de extradición, salvo que ya esté privado de su libertad. Ello es así ya que “En el trámite de extradición no son aplicables las normas referentes a la eximición de prisión o excarcelación, con excepción de los casos expresamente previstos en esta ley”.
Una vez detenido el sujeto, el art. 27 manda realizar una Audiencia, la que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas de producida la detención. En ella, el juez: “a) Le informará al detenido sobre los motivos de la detención y los detalles de la solicitud de extradición; b) Invitará al detenido a designar defensor entre los abogados de la matrícula, y si no lo hiciere le designará de oficio a un defensor oficial, salvo que lo autorice a defenderse personalmente; c) Dejará constancia de sus manifestaciones respecto del contenido de la solicitud de extradición; d) Le preguntará si, previa consulta con su defensor, desea prestar conformidad a la extradición, informándole que de así hacerlo pondrá fin al trámite judicial. El detenido podrá reservarse la respuesta para más adelante. Si el detenido no hablara el idioma nacional, el juez nombrará un intérprete. En caso que hubiera existido arresto provisorio previo al pedido de asistencia, el juez deberá realizar esta audiencia dentro de las 24 horas de la recepción del pedido”.
Si de la audiencia receptada por el juez surgiera que la persona detenida no es la requerida, el art. 29 manda que el juez así lo declare, previa vista al Fiscal y le otorgue la libertad (tal como ocurría en la normativa anterior). En ese caso, y sólo si tuviera los datos que permitan la búsqueda, el magistrado deberá ordenar la captura de la persona correcta. Dicha resolución es susceptible de ser apelada ante la Cámara Federal que corresponda, teniendo el mismo efecto suspensivo, mas el detenido deberá ser excarcelado bajo caución dando vista al Fiscal, ordenando el Juez la prohibición de salida del país del reclamado.
En caso de que el requerido, en cualquier estado del proceso, diese su libre y expreso consentimiento para ser extraditado, el art. 28 establece que el juez debe resolver sin más trámite la solicitud del Estado requirente. Sin embargo, la extradición sólo será concedida si el Estado requirente asegura que se le sufragarán los gastos de regreso inmediato al extraditado en caso de ser declarado exento de responsabilidad en el hecho que dio origen al pedido (pero, si el requerido renuncia a esa indemnización, el trámite de extradición se concederá sin más por el magistrado interviniente). Con ese fin, el juez de la causa “suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo, que no excederá de treinta días corridos, para que el Estado requirente dé tales seguridades”.
Siendo el detenido la persona solicitada, y no dando el mismo su aprobación lisa y llana de ser extraditado, la norma establece que el juez ha de disponer la Citación a Juicio. El mismo se llevará a cabo conforme a las reglas establecidas en el CPPN para el Juicio Correccional, mas el intervalo para la fecha de realización de la Audiencia de Debate no podrá ser mayor de quince (15) días, ni se podrá discutir en el juicio sobre de la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido, restringiéndose el debate a las condiciones exigidas por esta ley, con exclusión de las que surgen de los artículos 3, 5 y 10.
En caso de que no se hayan subsanado hasta el llamado de autos para dictar sentencia los requisitos de forma en el pedido de extradición, el juez deberá suspender el proceso y conceder un plazo máximo de treinta días corridos, para que el Estado requirente los subsane.
Es privativo del juez resolver la procedencia o improcedencia de la extradición (art. 32) y de la remisión de los objetos que se hubiesen secuestrado conforme lo permite el artículo 46. Si resolviera que la extradición es procedente, la sentencia se limitará a declararla; mas si resuelve que no es procedente, fallará decidiendo que no se concede la extradición. Es, sin embargo, apelable la sentencia denegatoria (art. 33); la misma podrá ser recurrida mediante Recurso Ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), según lo previsto por el artículo 24 inciso 6º “b”, del Decreto-Ley 1285/58 ratificado por Ley 14.467, con efecto suspensivo; pero si se hubiese denegado la extradición, el reclamado será excarcelado bajo caución, previa vista al Fiscal, debiendo el juez ordenar la prohibición de salida del país del reclamado[25].
De la sentencia, el tribunal debe enviar inmediatamente copia al MRECIyC, debiendo mandar copia del expediente completo en caso de haber declarado procedente la extradición (art. 34). La sección 3 “Decisión Final”, comprende los artículos 35 al 39. El art. 35 ordena que el MRECIyC informará al Estado requirente si la Extradición ha sido denegada, enviando copia de la sentencia. El art. 36, en cambio, regula la denegatoria del PE (aún cuando el tribunal la hubiera declarado procedente) “si las circunstancias en ese momento hicieran aplicables las causas previstas en los artículos 3 y 10, o cuando haga lugar a la opción del nacional en el caso previsto por el último párrafo del artículo 12” (recordemos que la facultad del PE ha sido delegada en el MRECIyC). “La decisión deberá ser adoptada dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de las actuaciones enviadas por el tribunal. Vencido ese plazo sin que se hubiese adoptado una decisión expresa, se entenderá que el Poder Ejecutivo ha concedido la extradición. La decisión definitiva será comunicada de inmediato al Estado requirente por vía diplomática. En caso que se hubiese concedido la extradición, se insertarán en la comunicación los condicionamientos prescriptos por los artículos 8 inciso “f”, 11 inciso “e” y 18, y se colocará a la persona reclamada a disposición del Estado requirente”.
Finalmente, el art. 37 reza: “Decidida definitivamente la solicitud de extradición, no se dará curso a ningún nuevo pedido basado en el mismo hecho, salvo que no se hubiese accedido a la extradición en razón de la incompetencia del Estado requirente para entender en el delito que motivó el pedido. En tal caso la extradición podrá ser nuevamente solicitada por otro Estado que se considere competente”. Hemos de recordar que el caso no había sido previsto en la normativa anterior.
Traslado del extraditado
Si bien la Ley 1612 sólo previó la situación en un sólo artículo, ya en la época de su promulgación, las personas sujetas a proceso de extradición que estuvieran en tránsito por nuestro país eran contempladas por la norma. Así, el artículo 28 establecía: “El Gobierno Argentino podrá autorizar el tránsito por el territorio de la República de un individuo extraído que no fuese ciudadano argentino, sin más requisitos que la presentación por la vía diplomática de la sentencia condenatoria, o del mandato de prisión correspondiente con tal de que no se trate de un acusado por un delito sujeto a extradición según esta ley”. Lo que fue repetido casi en forma textual por el art. 661 del derogado CPPN, por lo que omitimos su transcripción en el presente trabajo.
La Ley 24.767, más extensa en su previsión de la situación de los extraditados privados de su libertad, en dos artículos regula los casos de la entrega de la persona al Estado requirente, con las previsiones y los requisitos legales y administrativos que habrán de ser cumplidos a los fines de su realización. Así, el art. 38 establece un plazo de treinta días corridos –contados a partir de la comunicación oficial- para que el Estado requirente efectúe el traslado de la persona reclamada. También establece la posibilidad de un plazo excepcional que el MRECIyC puede otorgar cuando el Estado requirente así lo solicite por verse imposibilitado para realizar el traslado en el término descripto en el primer párrafo del artículo citado, bajo pena de que el requerido recupere su libertad de inmediato al vencimiento de los plazos mencionados, no pudiendo reproducir la solicitud en una nueva oportunidad.
Sin embargo, la norma estipula la postergación obligatoria (en los términos del art. 39) de la entrega del requerido, en situaciones que expresamente se contemplan en él. Para mayor claridad, se transcriben a continuación los dos incisos del caso, a saber: “a) Si el requerido se encontrare sometido a un proceso penal en trámite o cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, hasta que el proceso termine o se cumpla la pena. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá disponer la entrega inmediata cuando el delito por el que se concedió la extradición fuese de una entidad significativamente mayor que el que obsta a la entrega, o cuando resultare que la postergación podría determinar la impunidad del reclamado en el Estado requirente; b) Si el traslado resultare peligroso para la salud del requerido o de terceros a causa de una enfermedad, hasta que se supere ese riesgo”.
Finalmente, en los cinco artículos del Capítulo 7, denominado: “Extradición en tránsito”, se prevé en forma específica el tema que se ha venido desarrollando hasta el momento. Así, el art. 57 establece que el Estado requirente deberá solicitar una autorización de extradición en tránsito, cuando la persona extraditada deba transitar por el territorio argentino, en virtud de una extradición concedida por otro país. Dicha solicitud deberá ser acompañada, tal lo establece el art. 59, de los siguientes elementos: “a) Copia del requerimiento de la extradición que motiva el tránsito; b) Copia de la comunicación mediante la cual se notifica la concesión de la extradición que motiva el tránsito” y será concedida por el MRECIyC, salvo cuando concurran las causas previstas en los arts. 3 y 10 de la misma ley (art. 60).
En virtud del avance tecnológico que aconteció desde la promulgación de la primera norma de extradición, la cual no previó la situación por razones obvias, el art. 58 considera innecesaria la autorización de mención si el medio de transporte empleado fuere el aéreo, salvo que la aeronave tenga alguna escala prevista en el territorio argentino.
Otro caso especial lo constituye el art. 61 de la norma vigente, el cual establece que la custodia de la persona en tránsito estará a cargo de autoridades nacionales, mientras se encuentre dentro del territorio argentino. Por tal motivo, los gastos de dicha custodia deberán ser reembolsados al Estado argentino por el requirente.
Actuación del Defensor del Imputado
Ya el artículo 17 de la Ley 1612 regulaba: “Dentro de las veinticuatro horas del recibo de esos documentos, el Juez tomará declaración al presunto delincuente con el fin de comprobar la identidad de la persona, quien podrá hacerse asistir de un defensor letrado” y art. 19 “El individuo reclamado o su defensor tendrá seis días para presentar su defensa, de la cual se concederá vista por otros seis días al procurador Fiscal de la Sección”: Debemos hacer notar que en este punto, no hay plazos regulados en la normativa vigente al respecto.
Mientras que el art. 654 del anterior CPPN establecía que en caso de que hubiese semiplena prueba sobre la identidad del requerido, se lo intimará al arrestado a que nombre un defensor letrado –en el término de 3 días-, bajo pena de que el juez lo nombre de oficio si transcurriese dicho término sin haberlo designado él mismo[26] y en el art. 656, rezaba “El defensor del individuo reclamado tendrá seis días para presentar su defensa, de la cual se concederá vista por otros seis días al Procurador Fiscal de la Sección, quien será necesariamente parte en todo incidente relativo a la extradición”.
La actual normativa vigente, en artículos diseminados por toda la ley (v. gr. art. 27 incs. “b” y “d”, 49, 54 incs. “b” y “c” y 55) regula la actuación del defensor del solicitado en los distintos actos procesales a llevarse a cabo durante el trámite de extradición. A saber: art. 27 inciso: “b) Invitará al detenido a designar defensor entre los abogados de la matrícula, y si no lo hiciere le designará de oficio a un defensor oficial, salvo que lo autorice a defenderse personalmente, y d) Le preguntará si, previa consulta con su defensor, desea prestar conformidad a la extradición, informándole que de así hacerlo pondrá fin al trámite judicial. El detenido podrá reservarse la respuesta para más adelante”; art. 49 “En todos los casos de arresto provisorio, el juez oirá a la persona arrestada dentro del término de 24 horas, y le designará defensor oficial si aquél no designara uno de confianza…” (si bien no se le otorga plazo expreso para designar defensor, al estar obligado el magistrado a tomarle declaración a las 24 hs. de arrestarlo, se entiende que dicho plazo es el que hace caducar el derecho del imputado a elegirlo, bajo pena de nombrar al defensor de oficio); art. 54 incisos: “b) Se documenten las defensas que el extraditado, con asistencia letrada, opone a la concesión de la autorización solicitada, o su libre y expreso consentimiento a la autorización; c) Se le haga saber al extraditado que tiene derecho a designar un defensor de confianza para que lo represente en el juicio, y que en caso de que no lo haga se le designará un defensor oficial…”; Art. 55: “… El extraditado será representado en el juicio por su defensor de confianza o por el defensor oficial. La decisión definitiva le será notificada por medio de una autoridad diplomática o consular argentina, quien le entregará copia de la resolución”.
No prevista en la Ley 1612, la normativa procesal de la Ley 2372 lo regula en forma esporádica cuando trata el tema del defensor del imputado (ver lo que se ha desarrollado sobre el tema ut supra). También se aplica lo regulado en el art. 656 del mismo cuerpo normativo cuando establece la vista al Procurador Fiscal de la Sección en todo incidente de extradición (ver lo desarrollado anteriormente)[27].
No mucho más extenso, pero sí más específico, el art. 25 de la Ley 24.767 reza textualmente “El ministerio público fiscal representará en el trámite judicial el interés por la extradición. Sin perjuicio de ello, el Estado requirente podrá intervenir como parte en el trámite judicial por medio de apoderados. El fiscal, cuando sea notificado de la concesión de un plazo otorgado por el juez para el cumplimiento de algún requisito a cargo del Estado requirente, deberá informarlo de inmediato a las autoridades diplomáticas o consulares de dicho Estado”.
Resolución sobre Documentos u Objetos
La Ley 1612, en su artículo 29, mandaba que los papeles y otros objetos tomados al sujeto requerido que sirvieran para el esclarecimiento del delito perseguido, debían ser entregados al Estado requirente cuando los pidiese, comprometiéndose previamente a su devolución una vez finalizado el juicio, para el caso de que hubiesen terceros que alegasen derechos sobre ellos.
En cuanto a la normativa procesal, el CPPN anterior, en forma más extensa y detallada, regula la situación en los arts. 662 y 670. Así, el primero de ellos establecía: “Los Tribunales encargados de juzgar los casos de extradición, tendrán también la facultad pata resolver si deben o no entregarse en todo o en parte al Gobierno requirente, los papeles y otros objetos que se hubiesen tomado al presunto delincuente”[28]. Por su parte, el art. 670 rezaba: “En la orden de extradición se comprende naturalmente la entrega de todos los objetos que el acusado hubiere hurtado en el país extranjero y que se hallasen en su poder al tiempo de arrestarle, y los que puedan servir de prueba del delito que se le imputare”.
La Ley 24.767 regula la situación en un capítulo específico, tal el Capítulo 3 denominado “Entrega de objetos y documentos” que comprende los artículos 40 al 42. Así, el art. 40 reza “La solicitud de extradición y, en su caso, de arresto provisorio, podrá extenderse al secuestro de objetos o documentos que estén en poder de la persona requerida y sean: a) Elementos probatorios del delito; b) Instrumentos del delito o efectos provenientes de él”.
El art. 41, por su parte, establece que la entrega de estos objetos o documentos al Estado requirente, sólo será ordenada por la resolución que conceda la extradición, en tanto no afecte derechos de terceras personas. Dicha entrega deberá ser ordenada aún en los casos en los que la extradición no pueda ser concedida a consecuencia de la muerte o la evasión de la persona reclamada (art. 42).
Tal especificidad de la actual norma, establece en el Capítulo 4 “Gastos” (que comprende solamente el artículo 43) establece que “Los gastos ocasionados por el transporte internacional de la persona reclamada y de los documentos u objetos secuestrados, serán a cargo del Estado requirente. Los restantes correrán por cuenta de la RA”.
El tema fue tratado en forma detallada por los arts. 25 a 27 de la Ley 1612. El primero de ellos mandaba textualmente: “En caso de urgencia, los tribunales de la República podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a solicitud directa de las autoridades judiciales de un país ligado con la República por tratado de extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido. El pedido podrá hacerse por medio del correo o telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la vía diplomática al Ministro de Relaciones Exteriores. Los tribunales que hubiesen practicado el arresto lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores, por intermedio de la Justicia” (la negrita nos pertenece). El Poder Ejecutivo también podía ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a pedido de un Ministro Diplomático, hasta que llegasen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición (Art. 27). Sin embargo, el arrestado sería puesto inmediatamente en libertad cuando ello fuera ordenado por el Poder Ejecutivo o hubieran transcurrido los mismos plazos del art. 22 sin que el Gobierno Argentino el pedido diplomático de extradición en debida forma.
Procesalmente, el CPPN anterior establecía en su art. 671: “En caso de urgencia, los Tribunales de la República podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a solicitud directa de las autoridades judiciales de un país ligado con la República por un tratado de extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión, y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido. El pedido podrá hacerse por medio del Correo o del Telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la vía diplomática al Ministro de Relaciones Exteriores.
Los tribunales que hubieren practicado el arresto, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores por intermedio del de Justicia”[29]. El artículo 673 repetía casi textualmente lo establecido por el art. 27 de la Ley 1612.
La libertad del extranjero sería dispuesta si transcurriera el término de quince días -para países limítrofes- o de mes y medio –en el resto de los casos-, sin que el gobierno argentino recibiese el pedido diplomático de extradición en debida forma (art. 672)[30]. También podía otorgarse la libertad del arrestado, si él mismo lo solicitase, cuando operaran las mismas condiciones que si el delito hubiese sido ejecutado en la República. Si se encontrare en libertad, podrá solicitar su eximición de prisión”[31] (art. 674).
Con mayor extensión y especificidad, la Ley 24.767 regula el tema en su Capítulo 5, denominado “Arresto provisorio”, el cual comprende los artículos 44 al 52. Así, el art. 44 establece los casos de procedencia de la figura, a saber: “a) Cuando haya sido solicitado formalmente por una autoridad del país interesado; b) Cuando la persona pretenda entrar al país mientras es perseguida por la autoridad de un país limítrofe; o c) Cuando la persona fuese reclamada por un tribunal de un país extranjero mediante avisos insertos en los boletines de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol)”.
En el caso del inc. “a” del art. 44, “la solicitud formal de arresto provisorio deberá ser remitida por la vía diplomática o por conducto de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), y consignará: a) Nombre del sujeto requerido, con todas las circunstancias personales que lo identifiquen y permitan encontrarlo en el país; b) Fecha, lugar de comisión y calificación legal del hecho; c) Si el requerido fuese un imputado, pena conminada para el hecho que motiva el pedido. Si fuera un condenado, monto de la pena impuesta en la condena firme que faltare cumplir; d) La existencia de la orden judicial de prisión; e) El compromiso de solicitar formalmente la extradición”. Tal solicitud, deberá ser remitida inmediatamente al Juez Federal que resulte competente, dando aviso al Fiscal que corresponda. En tal caso, el magistrado librará la orden de captura, salvo que prima facie no se cumplan las condiciones del Artículo 6, debiendo informar de todo lo actuado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (art. 46).
Para el caso del inc. “b” del art. 44, el art. 47 manda: “la fuerza pública destacada en los lugares de frontera deberá de inmediato poner al arrestado a disposición del juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda. El juez inmediatamente informará al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La persona arrestada recuperará su libertad si en el término de dos días hábiles un funcionario diplomático o consular del país extranjero no requiriese el mantenimiento del arresto. El pedido será presentado directamente al juez, y deberá cumplir las condiciones prescriptas por el Artículo 45. La presentación surtirá los efectos de la comunicación del arresto provisorio a los fines de lo dispuesto por el Artículo 50”.
En el supuesto del art. 44 inc. “c”, el art. 48 reza: “los avisos deberán cumplir los requisitos previstos en el Artículo 45. El arrestado deberá ser puesto de inmediato a disposición del juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda e información al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.
El art. 49 del mismo plexo normativo regula que en todos los casos de arresto provisorio, el juez deberá oír a la persona arrestada dentro del término de 24 horas, designándole un defensor oficial si aquél no designara uno de confianza. También deberá el magistrado hacer cesar el arresto si, prima facie, no se cumplieran las condiciones previstas en el artículo 6; debiendo entonces disponer la prohibición de salida del país del requerido y la obligación de comunicar al juzgado todo cambio de domicilio. Asimismo, cesará inmediatamente el arresto cuando se comprobase que el arrestado no es la persona reclamada (repite lo estipulado por la ley anterior).
Por su parte, el art. 50 manda que el arrestado será inmediatamente puesto en libertad o cesarán las condiciones impuestas según el segundo párrafo del artículo 49, si transcurridos treinta días corridos desde la comunicación del arresto provisorio, el Estado requirente no presentare formal pedido de extradición. Sin embargo, si el Estado requirente se viera imposibilitado de presentar la solicitud en tiempo y forma, el MRECIyC podrá disponer una prórroga de diez días corridos. En caso de que el trámite administrativo del pedido formal de extradición se demore, y a pedido del extraditado el juez fijará un plazo para que se termine. Si no se diera curso judicial al pedido formal de extradición dentro de dicho plazo, el arrestado será puesto de inmediato en libertad o cesarán las condiciones impuestas; en estos casos el liberado podrá ser nuevamente detenido por razón del mismo delito siempre que se reciba un formal pedido de extradición en tiempo y forma.
El art. 51 de la ley vigente, establece que mientras dure su arresto provisorio el requerido podrá dar su consentimiento libre y expreso para ser trasladado al Estado requirente, en cuyo caso el juez resolverá sin más trámite (ver art. 28 y cc). Dicho traslado, sólo se autorizará si el Estado requirente diere seguridades de que en caso de eximición de responsabilidad en el hecho que motiva el pedido, se le sufragarán al extraditado los gastos del inmediato viaje de regreso, mas el requerido puede renunciar al derecho a indemnización; en tal caso el juez autorizará el traslado sin espera alguna. Si no hay aceptación voluntaria del individuo a ser trasladado, el magistrado suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo máximo de treinta días corridos para que el Estado requirente dé las seguridades establecidas a tal fin.
Resuelto positivamente el traslado, el juez enviará copia de la resolución y del expediente completo al MRECIyC, teniendo la resolución todos los efectos de una sentencia que declara procedente la extradición (art. 52).
Finalmente, el art. 66 reza: “El tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, será computado en la forma prescripta por el Artículo 24 del Código Penal”[32].
La Ley 1612 en su art. 20, disponía la recepción de la causa a prueba si hubiere necesidad de comprobar algunos hechos, rigiendo respecto a ésta y a sus términos las prescripciones de la ley de procedimiento penal nacional. En forma casi textual, el art. 657 del CPPN (Ley 2372) repite el artículo anterior”[33].
Sobre el mismo tema, la Ley 24.767 dispone en su art. 120 que: “Las disposiciones procesales de la presente ley se aplicarán a los trámites de extradición pendientes, siempre que la causa no se hubiese abierto a prueba. Si el trámite continuase regido por las normas del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372), será de aplicación el artículo 31 de la presente ley. Una vez recaída sentencia definitiva serán también aplicables los artículos 35 a 39”.
Con anterioridad a la promulgación de la normativa vigente, la figura de la Extradición Activa estaba someramente regulada en la legislación anterior. Así, el art. 8 de la CN establece que “… La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias”, precepto que era sustentado en el fundamento de la solidaridad para que se “realizara la justicia”, lo que impedía su interpretación restrictiva (CSJN, Fallos: 250:686) respondiendo al loable propósito de afianzarla en el país, expresado por el Preámbulo de la Carta Magna (LL. t. 11, pág. 95).
Según el segundo párrafo del art. 538 del CPPN (t.o. Ley 24.131), la anterior norma adjetiva mantenía su vigencia mientras no se opusiera a la normativa sustantiva vigente en ese momento, (artículo actualmente derogado en cuanto a la Extradición por la ley específica). Así, en el Libro IV Sección II Título V capítulos I y II, los artículos 52 y 54 sólo comprenden a la denominada “Extradición Interna o Interprovincial”, siendo que el único que someramente regula la Extradición Activa Internacional es el art. 53. A fin de la comprensión del tema en desarrollo, trascribiremos los artículos citados: “Extradición solicitada a jueces del país, art. 52: Los tribunales solicitarán la extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción[34], acompañando al exhorto copia de la orden de detención, del auto de procesamiento y prisión preventiva o de la sentencia y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido”; “Extradición solicitada a otros jueces, art. 53: Si el imputado o condenado se encontrara en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad”; “Extradición solicitada por otros jueces, art. 54: Las solicitudes de extradición efectuadas por otros tribunales serán diligenciadas inmediatamente, previa vista por veinticuatro (24) horas al ministerio público, siempre que reúnan los requisitos del art. 52. Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad, se le permitirá que personalmente o por intermedio del defensor aclare los hechos e indique las pruebas que a su juicio fuesen procedentes, deberá ser puesto sin demora a disposición del tribunal requirente”. El CPPN no pudo ocuparse de la extradición internacional ya que es uno de los casos paradigmáticos de la competencia federal y que queda fuera de la órbita de las provincias (arts. 99 inc. 11 CN), ya que de lo contrario se habría tornado innecesario mantener la vigencia del código adjetivo en el punto desarrollado.
Los casos de extradición entre provincias o entre una de ellas y el Estado Nacional, eran regidos por el Convenio instaurado en 1973 por la Ley 20.711 sobre “detención y extradición de imputados y condenados por delitos”, entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación, al que fueron adhiriendo paulatinamente todas las provincias (art. 3).
Esta novedosa figura –para nuestro derecho interno- se encuentra regulada en el Título 2 denominado “Extradición activa”, de la Ley 24.767, a lo largo de los artículos 62 al 66. Así, el art. 62 establece que nuestro país requerirá la extradición de una persona cuando prima facie ello sea procedente conforme la ley del país donde se encuentra el requerido; si el caso se rigiese por un Tratado, se atenderá a las reglas previstas en éste.
A fin de solicitar la extradición de un imputado, el juez competente en la causa librará una orden de detención la cual deberá contener: una relación precisa y circunstanciada de los hechos, la calificación legal que correspondiere y los motivos por los que se sospecha que la persona requerida habría participado en el delito (art. 63).
Si la solicitud -en virtud de una causa que hiciera procedente el juzgamiento del caso en aquel país- fuere denegada por el Estado requerido, el Poder Ejecutivo resolverá si admite ese juzgamiento (art. 64). En caso afirmativo, y si el país extranjero así lo solicitare, le serán enviadas copias del expediente judicial que se hubiese tramitado y las pruebas colectadas. En tales supuestos, los jueces remitirán los requerimientos de extradición al MRECIyC, quien dictaminará sobre su procedencia y solicitará que se satisfagan los requisitos pertinentes antes de darles curso (art. 65).
Más allá de la simple comparación del articulado, y de las diferencias que a simple vista surgen de ambas normas, hemos tratado de realizar un estudio que comparase las normas sustanciales y los aspectos procesales de las legislaciones nacionales cotejadas (nros. 1612, 2372 y 24.767).
La actual norma trató de corregir algunos errores metodológicos, así como sortear las lagunas jurídicas de la anterior, aceptando los criterios jurisprudenciales que la CSJN indicaba, en ejercicio de su competencia ordinaria en la materia.
Tales modificaciones se hicieron evidentes, a lo largo de los cien años que la anterior ley de extradición estuvo vigente en nuestro país.
Una de las innovaciones que introdujo la actual ley de extradición, fue regular el caso de los delitos previstos por leyes penales en blanco[35], en donde basta que la norma se complete aún con diferentes disposiciones extrapenales.
Otra de las modificaciones de la nueva normativa fue ampliar, en su artículo octavo, el catálogo de previsiones que permitan denegar la solicitud, con lo que se han incorporado allí las disposiciones de algunas convenciones internacionales sobre derechos fundamentales del hombre, las que tienen jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.
En el mismo sentido, se aclararon en la ley vigente algunos hechos delictivos que deben de ser consideramos como delitos políticos ya que la ley no lo considera tales, por lo que se torna procedente la concesión de la extradición.
La nueva ley de extradición, derogó la anterior de rito nº 2372 respecto de las condiciones de procedencia formal que debían acompañar al pedido de extradición. Así, la norma vigente hizo a un lado desde el art. 646 al 674 del anterior CPPN, estableciendo actualmente que los documentos y los requisitos necesarios que han de acompañar a la demanda de extradición (con lo que la norma actual, como ya adelantáramos anteriormente, regula no sólo cuestiones sustanciales sino adjetivas de esta especial institución), sin que tal enumeración deba considerarse taxativa sino sujeta a interpretación del poder político en cada caso particular.
Pero principalmente, la mayor modificación que introdujo la Ley 24.767 fue la regulación de la figura de la Extradición Activa, en sus arts. 62 al 66, lo que vino a llenar una de las lagunas que más atrasaba a nuestro país con respecto a la normativa anterior. Así, se demostró claramente que la ley sustantiva (1612) no la contemplaba en su articulado, y que sólo era mencionada nominativamente en la legislación adjetiva nacional (CPPN Ley 2372), pero no tenía un procedimiento específico (ya que con esa denominación sólo se regulaba la extradición interna o interprovincial) ni se la regulaba en forma exhaustiva.
Asimismo, haciendo referencia a la derogada normativa procesal, no se ha querido más que dar un aporte completo de lo que fue la legislación en la RA, lo que se hizo necesario a los fines de la presente investigación, debido a que en muchos casos la ley de fondo no contemplaba todos los casos y debía ser completada con la ley de rito, lo que así ocurrió en nuestros tribunales hasta su derogación y el dictado de la ley actual.
Con todo lo expuesto hasta este momento, esperamos haber aportado un estudio comparativo de las normas sustanciales de extradición que han regido y rigen en la actualidad, en nuestro país, haber cumplimentado con los lineamientos del trabajo solicitado, y haber aportado una luz sobre el tema que nos fue asignado, damos por finalizamos este trabajo.
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TRATADO INTERNACIONAL DE EXTRADICIÓN, año 1933, ratificado por Decreto-Ley 1638/56.
[1] Luis Jiménez de Azúa. Tratado de Derecho Penal. Editorial Losada, Buenos Aires, 1964, Tomo II, págs. 883/884.
[2] Jiménez de Azúa. Op. Cit., T. II, nº 802.
[3] Marcelo A. Manigot. Código de Procedimiento en Materia Penal para la Justicia Federal y Territorios Nacionales. Anotado y Comentado. 2ª Edición corregida y aumentada, Ed. Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, Buenos Aires, Tomo II, 1983, pág. 317.
[4] Sebastián Soler: Derecho Penal Argentino. Tomo I, págs. 196 y 292. En Marcelo A. Manigot: Código de Procedimientos en Materia Penal para la Justicia Federal y Territorios Nacionales. Anotado y Comentado. 2ª Edición Corregida y Aumentada, Ed. Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, Bs. As., 1982, Tomo II, pág. 335.
[5] Reinhart Maurach y Heinz Zipf: Derecho Penal, Parte General. Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, Tomo I, págs. 883/884.
[6] Costumbre consagrada principalmente en Latinoamérica, debido a la inestabilidad política de dichos países. Tiene una marcada naturaleza religiosa, en sus orígenes en razón del lugar en donde se llevaba a cabo (v. gr. Abadías, Iglesias, templos del Cristianismo).
[7] CSJN de fecha 12/03/1941, LL, Tomo 21, pág. 820; y CSJN años: 1944, LL, Tomo 36, pág. 816; 1950, LL, Tomo 58, pág. 896 y 1943, LL, Tomo 45, pág. 778.
[8] Sentencia CSJN, 12/03/1941, LL TOMO 21, pág. 820.
[9] Sentencias CSJN, 1944 LL, Tomo 36, pág. 816; 1950 LL Tomo 58, pág. 896; 1943; LL Tomo 45, pág. 778.
[10] La norma citada fue promulgada el 02/08/1885.
[11] La ley 1612 no diferencia entre Extradición Activa y Pasiva.
[12] Alude al resultado de la suma de la pena mínima y máxima de un delito, dividido por dos.
[13] Téngase en cuenta que es al Estado requerido al que le compete decidir la procedencia o improcedencia del pedido de extradición.
[14] Leyes de minoridad aplicables: 22.278 (reformada por la 22.803, 23.264 y 23.742), entre otras. Conforme la legislación vigente, el “niño” (considerado tal hasta los 18 años según la Convención Internacional de los Derechos del Niño –con jerarquía constitucional en nuestro país desde 1994-) es inimputable en forma absoluta antes de haber cumplido los 16 años, independientemente de la disposición que adopte el Juez de Menores, aplicando o no un tratamiento tutelar. Entre los 16 y los 18 años, la “culpabilidad” del menor está regida por la penalidad establecida para el delito específico, por lo que será punible cuando la pena sea mayor a dos años de prisión. En dichos casos, el procedimiento es especial e implica una previa declaración de responsabilidad ante el magistrado de la causa, para que posteriormente se lo someta a prueba y, al llegar a la mayoría de edad –a los efectos de la ley penal-, se lo pueda sentenciar en forma efectiva.
[15] La permanencia del requerido en el país una vez sobreseído en la causa que originó la extradición hasta que fue detenido para ser juzgado por otros delitos anteriores al pedido, debe ser considerada voluntaria y equiparada a la manifestación expresa de conformidad, exigida por el art. 17 inc. “a” del Tratado Internacional de Extradición ratificado por Decreto-Ley 1638/56 para admitir el procesamiento o castigo de un individuo por delito común cometido con anterioridad a la solicitud de extradición y no comprendido en ella.
[16] Si bien la norma no lo establecía, la libertad provisoria en los juicios de extradición pasiva debía tener en cuenta las relaciones internacionales de nuestro país con la nación requirente, por lo que se debía fijar una fianza suficiente que garantizase la comparencia del requerido (así lo resolvió la C.C.C. Federal, Sala 1ª, JPBA, 36-6934).
[17] La CSJN, 244:546 dijo que: “Si de la confrontación de los datos y antecedentes remitidos en el Exhorto del tribunal extranjero con los hechos acreditados en la causa (nombre, apodos, lugar y fecha de nacimiento, profesión, etc.) resulta que la persona es la misma que se reclama en la rogatoria, es innecesaria la prueba dactiloscópica”.
[18] Las formas intrínsecas no son verificables, pero respecto de las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad será juzgada por las leyes y usos del lugar del que los actos se realizaren (art. 950 Código Civil). Las formas y solemnidades de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se hubieren acordado (art. 12 Código Civil).
[19] No procede la extradición cuando el hecho acriminado no constituye delito en la legislación argentina (CSJN, 249:360); el hecho debe ser delito en ambos países, debe tener cierta gravedad y se excluyen las contravenciones.
[20] Es impedimento suficiente para denegar el pedido de extradición, haber sido condenado en rebeldía el requerido, tal lo que resolvió la Cámara Federal Sala Penal, JPBA 26-4244, con cita de CSJN 114:265; 27:395 y 158:250.
[21] La prueba de que se ha operado la prescripción incumbe a quien la alega, por tratarse de una excepción y de la existencia de una ley extranjera, no siendo indispensable el testimonio de las disposiciones penales relativas al punto, si no lo exigen el tratado o la legislación nacional (CSJN, 225:179). A falta de prueba de las normas vigentes sobre el tema en el extranjero, y no habiéndose invocado aquellas como más favorables, corresponde aplicar la ley argentina (ibíd. 235:414).
Conforme al inc. 4º del art. 19 del Tratado de Montevideo de 1889 (Penal), la prescripción se rige “con arreglo a la ley del país reclamante”, por lo cual no corresponde en tal caso aplicar las disposiciones de nuestro Código Penal, no obstante la calidad de institución de orden público de la prescripción y la nacionalidad del requerido (Cámara Nacional Federal, JPBA 9-1058).
[22] La competencia surgirá de los recaudos a que se refiere el art. 651 inc. 1º.
[23] Conforme los arts. 17 inc. 3º y 24 inc. 6º “b” del Decreto-Ley 1285/58, sólo es recurrible ante la CSJN el fallo definitivo de la Cámara Federal Respectiva (v. gr. Cámaras Nacionales de Apelaciones), “en los casos de extradición de criminales reclamados por países extranjeros” (CSJN, c 37/66, JPBA 15-1694).
[24] Tal prerrogativa es actualmente la regla a partir del Decreto Nacional Nº 1.052/98, Art. 1 (BO 16/09/98) que delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto la facultad prevista en el Artículo mencionado.
[25] Decreto Ley 1.285/58, Art. 24 Ley 14.467.
[26] La Cámara Nacional de la Capital Federal, JPBA 4-437 estableció que “No obsta a la discusión de un pedido de extradición que el requerido se encuentre prófugo; si la petición del defensor en contra del pedido fuera procedente y condujera a admitir la invalidez de la extradición, se ahorrarían trámites inútiles y se haría recta aplicación de la ley en instancia oportuna”.
[27] La falta de intervención del Procurador Fiscal era una causa de nulidad del trámite (ver art. 509 del CPPN ley 2372).
[28] Corresponderá estar en primer lugar a lo establecido en los tratados respectivos y, a falta de ellos, a las circunstancias particulares tendientes a acreditar el cuerpo del delito.
[29] Así ocurre con los signatarios del Tratado de Montevideo de 1889 que reproduce las condiciones del párrafo primero de este Artículo, añadiendo que podrá solicitarse también la seguridad de los sujetos concernientes al delito (art. 45).
[30] El Tratado de Montevideo de 1889 establece un máximo de quince días.
[31] Texto conforme con la Ley 22.383 (BO 28/01/1981) Exposición de Motivos: “Adaptamos el Artículo 674 a las medidas contra cautelares de naturaleza personal actualmente consagradas por el Código a fin de que puedan ser aplicadas a los extranjeros arrestados o en libertad, contra quienes mediare un pedido de extradición” (Recordemos que anteriormente no se permitía la eximición de prisión en estos casos).
[32] Art. 24 del Código Penal: La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión, por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre [treinta y cinco pesos y ciento setenta y cinco pesos]. Texto según Ley 24286 (BO 29/12/93).
[33] En el Libro III, Título I, Capítulo II, arts. 467 y ss. No corresponde hacer lugar a medidas de prueba que no tienden a demostrar el incumplimiento de requisitos impuestos por el tratado que rige el caso, sino a debatir el fondo del asunto que motiva el requerimiento (C.C.C. Fed., S. 1ª, JPBA 36-6939).
[34] Se hace necesario aclarar que, el vocablo “jurisdicción” aludido en la norma hace referencia a la función que puede operar solamente en un ámbito territorial delimitado.
[35] Que son las que carecen de un precepto o supuesto de hecho, por lo que se debe recurrir a otra norma para su integración.
* Abogada. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

References: artículo 648
 artículo 652
 resolución 
 resolución 
 Artículo 651
 artículo 4
 resolución 
 artículo 14
 Artículo 11
 artículo 3
 artículo 4
 Artículo 18
 artículo 9
 artículo 36
 Artículo 10
 artículo 668

Artículo 16

Artículo 17
 Artículo 6
 artículo 7
 artículo 18
 Artículo 18

Artículo 54
 artículo 29
 Artículo 12
 artículo 3
 resolución 
 Artículo 646
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 28
 artículo 17

Resolución 
 artículo 29
 resolución 
 artículo 43
 artículo 673
 Artículo 6
 Artículo 45
 Artículo 50
 Artículo 45
 artículo 6
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 Artículo 24
 artículo 31
 resolución 
 Artículo 674