Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1197
Timestamp: 2020-05-27 13:16:23+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 256/1988
SENTENCIA 256/1988, de 21 de diciembre
ECLI:ES:TC:1988:256
En el recurso de amparo núm. 1.398/86, promovido por don José Altimasveres Jiménez, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez y asistido por el Letrado don Fabián Gómez Tarodo, contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, de fecha 12 de diciembre de 1985, dictada en el sumario núm. 17/85, del Juzgado de Instrucción núm. 1 de dicha ciudad, así como contra las de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1986, recaídas en el recurso de casación núm. 77/86. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado el 23 de diciembre de 1986, el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez interpuso, en nombre y representación de don José Altimasveres Jiménez, recurso de amparo contra las mencionadas Sentencias de la Audiencia Provincial de Logroño y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, basándose en síntesis en los siguientes hechos: a) Conforme a la declaración de hechos probados de la Sentencia de la Audiencia el día 19 de enero de 1985, sobre las veintitrés horas cuarenta y cinco minutos, el recurrente don José Altimasveres Jiménez; su hermano, don Manuel Altimasveres Jiménez; la compañera de éste, doña María del Pilar de la Serna Hernando, y la esposa del primero, doña María Dolores Jiménez Cuello, fueron detenidos por funcionarios de la Policía en un «stop» de entrada a Logroño, cuando viajaban en un turismo conducido por el demandante de amparo. En poder de doña María del Pilar de la Serna Hernando fue hallada la cantidad de 305 gramos de heroína, con una riqueza del 24,7 por 100, que la Sala estimó era destinada a la venta por dicha mujer y los hermanos don José y don Manuel Altimasveres Jiménez, condenando a los tres procesados a sendas penas de tres años de prisión menor y multa de 40.000 pesetas.
b) La Sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida en casación, tanto por el demandante, don José Altimasveres Jiménez, como por el Ministerio Fiscal, aquél por infracción de Ley, al amparo del art. 849, núm. 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimando vulnerado el art. 24.2 de la Constitución, en cuanto consagra el derecho fundamental a la presunción de inocencia, al no existir en la causa actividad probatoria de cargo que acreditase su participación en la actividad delictiva enjuiciada; y por el Ministerio Fiscal, también por infracción de Ley, al amparo del núm. 1 del mismo artículo de la Ley procesal, reputando infringido el párrafo segundo del art. 344 del Código Penal, ya que los 305 gramos de heroína ocupados, aun siendo impuros, tenían un componente del 24,7 por 100 de dicha sustancia, por lo que constituía una cantidad de notoria importancia a los efectos de la existencia del subtipo agravado de dicho precepto sustantivo.
c) La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11 de noviembre de 1986, rechaza el recurso de casación interpuesto por el demandante de amparo, entendiendo que existía prueba circunstancial o indiciaria de carácter incriminador; y, por el contrario, en base a su propia jurisprudencia, estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, casando la resolución de la Audiencia, y, en la Sentencia que consecuentemente dicta, acepta los hechos declarados probados en instancia y, considerando, sin embargo, que son constitutivos del subtipo agravado del párrafo segundo del art. 344 del Código Penal, condena al procesado, don José Altimasveres Jiménez, a la pena de seis anos de prisión menor, accesoria y multa de 2.250.000 pesetas.
3. Una vez que se hubo atendido el expresado requerimiento, por nueva providencia de 18 de febrero de 1987, la propia Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo formulada por don José Altimasveres Jiménez, y, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Logroño, Audiencia Provincial de dicha capital y Sala Segunda del Tribunal Supremo, para que dentro del plazo de diez días remitiesen testimonio del sumario núm. 17/85, del rollo de Sala dimanante de dicho sumario, en el que se dictó Sentencia de 12 de diciembre de 1985, y del recurso de casación núm. 77/86. Al propio tiempo se interesaba de los expresados órganos jurisdiccionales el emplazamiento de quienes hubieran sido partes en los mencionados procedimientos, con excepción del recurrente, para que en el indicado plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
4. Denegada la suspensión solicitada en Auto de 11 de marzo de 1987, y recibidas las actuaciones, por providencia de 18 de marzo de 1987, la Sección acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de aquéllas por un plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y al Procurador señor García Martínez para que dentro del mismo formularan las alegaciones que estimasen oportunas.
5. Con fecha 3 de abril de 1987, el Procurador don Antonio García Martínez, en la representación que tenía acreditada, presentó escrito dando por reproducido lo expuesto en la demanda de amparo y solicitando se dictase Sentencia de conformidad con lo pedido en ella.
En efecto, por las propias declaraciones efectuadas en el juicio oral, documentado en la correspondiente acta del 10 de diciembre de 1985, resulta acreditada la detención del recurrente cuando conducía un vehículo de su propiedad en el que viajaba un grupo familiar y la ocupación en poder de uno de sus miembros de una determinada cantidad de heroína (305 gramos), convenientemente oculta. Este mismo Tribunal ha reconocido expresamente el valor indiciario de la aprehensión de droga o de sustancia de tráfico ilícito (AATC 915/1987, 1342/1987 y 785/1988). Es cierto que en su Sentencia la Audiencia, omite injustificadamente la fundamentación lógica por la que llega a la conclusión de atribuir al recurrente en amparo participación en los hechos enjuiciados, pero nada impide que pueda entenderse subsanada dicha falta por el Tribunal Supremo: Primero, como se dijo en el ATC 400/1988, porque ello es coherente con el cauce utilizado de la casación por infracción de ley que, a diferencia de aquella que se sustenta en infracciones procesales, no obliga a retrotraer las actuaciones al momento en que se cometió el vicio, y, además, porque así lo impone la misma lógica interna del principio de subsidiariedad que rige el amparo constitucional [art. 44.1 C) LOTC]. Así, al revisar las pruebas tenidas en cuenta por la Sentencia condenatoria de la Audiencia, la Sala Segunda del Tribunal de casación, con independencia de recoger los mencionados datos objetivos, expresamente señala: En relación con el pactum scaeleris entre los procesados, el servicio de vigilancia policial iniciado por tráfico de droga en relación con el grupo familiar «en el que se integran los procesados en la causa y entre ellos el recurrente» sobre el que hubo oportunidad de contraste en el propio juicio (art. 297 L.E.Cr.); y, en orden al destino al tráfico ilícito de la sustancia aprehendida explica lo increíble de la versión dada por los acusados sobre el viaje en que fueron sorprendidos, las circunstancias reveladoras derivadas de la forma de portar la sustancia, el valor de ésta y la ausencia de todo acreditamiento de la adicción a la heroína de la portadora, circunstancia alegada en descargo de los procesados.
Como reiteradamente ha señalado este Tribunal, el derecho fundamental que reconoce el art. 24.1 C.E. garantiza, ciertamente, la obtención de una resolución motivada del órgano jurisdiccional competente, pero no el acierto en la aplicación de la legalidad ordinaria, cuyo control y corrección de eventuales errores corresponde al propio sistema de recursos judiciales, pero no a la vía de amparo constitucional (ATC 1006/1986, y STC 119/1987).
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez en nombre de don José Altimasveres Jiménez.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1398-1986
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, así como la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, condenando esta última al procesado, hoy recurrente en amparo, como autor del delito contra la salud públicaprevisto en el párrafo 2. del art. 344 del Código Penal.
En la prueba indiciaria, caracterizada por un mayor subjetivismo en cuanto el Juez ha de realizar el engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia, puede residenciarse ante este Tribunal la concurrencia de los requisitos que diferencia a dicha prueba de las meras sospechas y conjeturas; esto es, la presencia de unos indicios suficientemente probados y la condición de racionalidad y coherencia en el proceso mental que ha de exteriorizarse en la resolución judicial y que lleva a entender probados los hechos constitutivos del delito, y debe considerarse que la arbitrariedad o incoherencia en dicho nexo constituye un límite negativo a la admisibilidad de la presunción como auténtica prueba. [F.J. 2]
Como reiteradamente ha señalado este Tribunal, el derecho fundamental que reconoce el art. 24.1 C.E. garantiza, ciertamente, la obtención de una resolución motivada del órgano jurisdiccional competente, pero no el acierto en la aplicación de la legalidad ordinaria, cuyo control y corrección de eventuales errores corresponde al propio sistema de recursos judiciales, pero no a la vía de amparo constitucional. [F.J. 6]
Artículo 903, f. 4
Artículo 344.1, f. 5
Artículo 344.2, ff. 5, 6
Artículo 25.1, f. 1, 5
Recurso de amparo no es cauce para el control de la aplicación de las normasRecurso de amparo no es cauce para el control de la aplicación de las normas, f. 6
Impago de multaImpago de multa, f. 7
Valoración de la prueba en casaciónValoración de la prueba en casación, f. 3
Valoración de prueba indiciariaValoración de prueba indiciaria, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 903

Artículo 344

Artículo 344

Artículo 25