Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0038_ES.html
Timestamp: 2019-08-26 03:44:45+00:00

Document:
sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada
 una audiencia sobre el tema «Estructura institucional y gobernanza de las formas existentes de cooperación reforzada», celebrada en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 24 de septiembre de 2018;
 Un estudio sobre «La aplicación de la cooperación reforzada en la UE», encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 10 de octubre de 2018;
 una evaluación de impacto ex post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) titulada «The implementation of the Treaty provisions concerning enhanced cooperation» (Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada);
 un análisis en profundidad sobre cooperación intergubernamental en Estados federales, elaborado por el Departamento Temático de la DG de Políticas Exteriores;
 una misión de información a Washington D.C. (Estados Unidos);
 una misión de información a Berna (Suiza);
Disposiciones del Tratado sobre la cooperación reforzada
De acuerdo con los Tratados, la cooperación reforzada se puede iniciar por al menos nueve Estados miembros dentro del marco de las políticas europeas, excepto para los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión. Permite a los Estados participantes organizar una mayor cooperación que la prevista inicialmente por los Tratados en la política correspondiente. La cooperación reforzada se lleva a cabo bajo los auspicios de la Unión Europea, a través de las instituciones y los procedimientos europeos (artículo 20 del TUE y artículo 326 del TFUE).
Cuando se crea, la cooperación reforzada está abierta a todos los Estados miembros y debe permanecer abierta en todo momento, siempre que el Estado miembro que desee unirse a ella cumpla las decisiones adoptadas en ese marco (artículo 20 del TUE y artículos 327, 328 y 331 del TFUE).
El procedimiento para participar en una cooperación reforzada se describe en el artículo 329 del TFUE y requiere el acuerdo del Consejo por votación por mayoría cualificada (todos los Estados miembros, incluso aquellos que no participen en la cooperación reforzada), sobre una propuesta de la Comisión y tras obtener la aprobación del Parlamento.
Los actos aprobados en el marco de una cooperación reforzada no forman parte del acervo de la Unión, solo se aplican por parte de los Estados miembros participantes (artículo 20 del TUE) y no pueden imponerse a los Estados miembros no participantes.
El Consejo y la Comisión garantizan la coherencia de las actividades emprendidas en el marco de una cooperación reforzada con el resto de políticas y actividades de la Unión (artículo 334 del TFUE).
El Tratado de Lisboa permite la aplicación de «cláusulas pasarela» a la cooperación reforzada, excepto en el caso de decisiones relativas a cuestiones de defensa o que tengan repercusiones militares. Las pasarelas permiten pasar de la votación por unanimidad a la votación por mayoría cualificada o del procedimiento legislativo especial al procedimiento legislativo ordinario (artículo 33 del TFUE).
EL Tratado prevé procedimientos específicos aplicables a la cooperación reforzada en la PESC (artículos 22 y 31 del TUE), a la cooperación estructurada permanente en el ámbito de la defensa (artículo 42, apartado 6, y artículo 46 del TUE), a la cooperación en el marco de una misión europea sobre cuestiones de defensa y la cooperación en el marco de la Agencia Europea de Defensa (artículos 44 y 45 del TUE) y a la cooperación en materia penal y policial (artículos 82, 86 y 87 del TFUE).
El artículo 332 del TFUE trata los aspectos financieros de la cooperación reforzada y estipula que los gastos resultantes de la cooperación reforzada que no sean los gastos administrativos ocasionados a las instituciones serán sufragados por los Estados miembros participantes, a menos que todos los miembros del Consejo decidan otra cosa por unanimidad.
De acuerdo con el artículo 330 del TFUE, todos los Estados miembros podrán participar en las deliberaciones, pero solo los que participen en la cooperación reforzada participarán en la votación.
Ejemplos de cooperación reforzada
Las disposiciones especiales del Tratado para Estados miembros concretos o un grupo de miembros encontraron un lugar en el marco jurídico de la Unión en un momento tan temprano como el tratado de Roma, que contiene disposiciones especiales que no impedirían la existencia de uniones regionales entre los países del Benelux. Esta tendencia se mantuvo con la adhesión de Suecia, Finlandia y Dinamarca, que continuaron su participación en el Consejo Nórdico.
La cooperación reforzada, en una forma similar a la actual, ha estado disponible en la Unión desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, aunque el Tratado de Lisboa la integró más y la hizo más eficiente, haciendo de ella el procedimiento estándar para una integración diferenciada.
Hasta ahora, solo se han aprobado cuatro casos de cooperación reforzada: la Fiscalía Europea, la legislación sobre el divorcio, las normas del régimen de propiedad y la patente europea unitaria. De estos cuatro casos, solo uno ha empezado a aplicarse (la legislación sobre el divorcio).
Un caso especial de cooperación reforzada, la cooperación estructurada permanente (CEP), se acordó y aplicó en 2017.
Por último, y también importante, la cooperación reforzada en relación con el impuesto sobre las transacciones financieras está aún pendiente, aunque el expediente ha recibido la autorización del Consejo para que un grupo de Estados miembros avancen en su aplicación.
Además, hay que mencionar los otros tipos de integración diferenciada que existen en la Unión: el Acuerdo de Schengen (el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca tienen una cláusula de exclusión voluntaria y otros Estados miembros están a la espera de unirse a él), la moneda única (el Reino Unido y Dinamarca tienen cláusulas de exclusión voluntaria, Suecia se mantiene fuera por el momento y otros Estados miembros aún están a la espera de adoptar el euro una vez que cumplan los criterios necesarios), cláusulas de exclusión del espacio de libertad, seguridad y justicia (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca) y de la PCSD (abstención constructiva en el caso de Dinamarca).
Principales conclusiones de la investigación sobre la aplicación de los casos existentes de cooperación reforzada
• los casos existentes de cooperación reforzada son muy dispares, con una gran variedad en cuanto al número de Estados miembros participantes, la técnica legislativa utilizada, el tipo de secretaría u otro órgano administrativo elegido para la fase operativa o la financiación y las disposiciones de dotación de personal;
• todos los casos existentes de cooperación reforzada han surgido de la imposibilidad de alcanzar la unanimidad en el Consejo;
• con excepción del caso de la CEP, la cooperación reforzada se utiliza como «último recurso» tras un intento fallido de llegar a un acuerdo en el Consejo sobre un proyecto de propuesta legislativa de la Comisión;
• incluso como «último recurso», la cooperación reforzada es un instrumento que permite superar una parálisis legislativa debida al requisito de unanimidad, excepto en el caso del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), que aún está en fase de negociación;
• la base jurídica en la mayoría de los casos es un Reglamento del Consejo, con excepción de la CEP, para la que es una Decisión del Consejo;
• el número de Estados miembros participantes normalmente supera con creces el umbral de nueve y se sitúa entre diecisiete y veintiséis. En cuanto a la participación, también es interesante señalar que Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia participan en todos los casos de cooperación reforzada desde su creación, que los Estados miembros de la zona del euro están normalmente en el centro de la cooperación reforzada y que los Estados miembros del este y del norte y los que ya tienen una cláusula de exclusión tienen menos probabilidades de participar en una cooperación reforzada;
• aunque solo votan los Estados miembros participantes, en general todos los Estados miembros pueden intervenir en los debates sobre cooperación reforzada;
• todos los casos de cooperación reforzada incluyen algún tipo de cláusula de revisión;
• la Fiscalía Europea tiene con diferencia la estructura operativa más compleja, que cuenta con una cooperación reforzada para la patente unitaria, pero también con un acuerdo intergubernamental subordinado al margen de los Tratados, para el Tribunal Unificado de Patentes;
• aunque el proceso de cooperación reforzada para el ITF está aún pendiente, el trabajo sobre él no se ha detenido, al continuar los Estados miembros interesados sus intercambios sobre el tema, mientras la Comisión está intentando mantener implicados también a los Estados miembros no participantes;
• a pesar de que algunos casos de cooperación reforzada (como la Fiscalía Europea) puedan provocar que los Estados miembros no participantes se queden descolgados, en la práctica estos casos cuentan con el mayor número de Estados miembros participantes (26);
Obstáculos y retos para la cooperación reforzada
• el período para poner en marcha una cooperación reforzada en los casos existentes ha sido bastante largo (4-5 años de media, e incluso 12 años para la patente unitaria europea), excepto en el caso de la CEP, que se desarrolló mucho más rápido durante un período de un año aproximadamente. La larga duración del procedimiento se explica en parte por el requisito de utilizar la cooperación reforzada como último recurso, cuando está claro que no se puede alcanzar la unanimidad en el Consejo, pero también se puede achacar a la falta de voluntad política para avanzar más rápido en los asuntos muy sensibles cubiertos por la cooperación reforzada. Un buen ejemplo es la CEP, en la que la voluntad política estaba muy presente, lo que hizo su adopción y aplicación mucho más rápida que en los otros casos de cooperación reforzada;
• una cooperación reforzada no puede surgir de la nada, debe seguir una propuesta de la Comisión que no haya conseguido un acuerdo mediante el ciclo legislativo corriente;
• algunos de los obstáculos principales a la cooperación reforzada son el requisito de unanimidad y las distintas cuestiones de soberanía en los diferentes Estados miembros;
• está limitada a ámbitos de competencia compartida y no debe socavar el mercado interior, un criterio importante, aunque subjetivo, cuyo cumplimiento evalúa la Comisión a su plena discreción; esto también podría desanimar a los Estados miembros a la hora de poner en marcha una cooperación reforzada en ámbitos vinculados con el mercado interior, ya que tendrían que justificar que su cooperación no lo socavará;
• la votación por mayoría cualificada con la participación de todos los Estados miembros en la fase de autorización de la cooperación reforzada hace difícil su puesta en marcha solo con el número mínimo de Estados miembros exigido y aún menos probable si la cooperación reforzada se lanza en un ámbito donde ya se haya perdido previamente una votación por mayoría cualificada;
• es difícil determinar cuál es el plazo razonable contemplado en el artículo 20, apartado 2, del TUE para acordar que no se puede superar el bloqueo de la unanimidad y que, por tanto, debe establecerse una cooperación reforzada;
• la participación del Parlamento es marginal, aunque se requiere su autorización antes de que el Consejo autorice a los Estados miembros que lo deseen a iniciar una cooperación reforzada;
• no existe en los Tratados una disposición sobre el tratamiento de un Estado miembro que desee abandonar un caso existente de cooperación reforzada o que ya no cumpla sus requisitos, excepto para el caso especial de la CEP (artículo 46, apartado 4, y artículo 5 del TUE);
• existe una posible laguna en la organización de la cooperación reforzada ligada al requisito de mantener la exigencia de unanimidad dentro de la misma, a menos que se utilice la pasarela contemplada en el artículo 333 del TFUE para pasar a una votación por mayoría cualificada. Existe el riesgo de que un Estado miembro no interesado pueda entrar en una cooperación reforzada solo con el fin de sabotear su progreso debido al requisito de unanimidad y para evitar el paso a una votación por mayoría cualificada mediante la pasarela;
• aunque la cooperación reforzada ofrece soluciones a problemas comunes con la ventaja de utilizar el apoyo institucional y administrativo de la Unión, no ha eliminado la posibilidad de que los Estados miembros busquen soluciones fuera de los Tratados europeos;
Formas flexibles de cooperación a nivel subfederal en los Estados miembros de la Unión
Entre los Estados miembros, Alemania e Italia cuentan con disposiciones jurídicas que permiten diferentes formas de cooperación flexible entre los niveles subfederales, comparables en cierta medida con la cooperación reforzada. El artículo 117, párrafo penúltimo, de la Constitución italiana estipula que la ley regional ratificará los acuerdos de una región con otras regiones para mejorar el ejercicio de sus propias funciones, incluida la creación de organismos conjuntos. A menudo, estos acuerdos se adoptan para llevar a cabo proyectos comunes, en particular con dimensiones transfronterizas (sanidad, transporte, digitalización de servicios públicos, etc.) y en sectores que no son competencia exclusiva del Estado. Reciben distintos nombres, como convenios, protocolos o acuerdos.
Los Estados Federados alemanes participan en una coordinación vertical y horizontal con el propósito de resolver problemas prácticos que con frecuencia requieren una cooperación interregional temporal o permanente. Se considera que la cooperación horizontal entre dos o más Estados Federados tiene lugar en una especie de «tercer nivel» extraconstitucional situado entre la Federación y los Estados Federados. Las conferencias de ministros presidentes de los Estados Federados tienen lugar cada tres meses aproximadamente para estudiar las peticiones comunes a la Federación y los ministros competentes de los Estados Federados se reúnen con regularidad para estudiar una amplia variedad de temas, incluidos proyectos legislativos. La conferencia de ministros presidentes cumple diversas funciones, entre otras, la de garante de la continuidad de las acciones de los Gobiernos regionales a pesar de los cambios de mayoría en el Consejo Federal alemán, la de instrumento de control ante la Federación y defensa de los intereses ciudadanos en la política de la Unión, la de centro de intercambio para diversos convenios entre los Estados Federados y la de mediador para sus reuniones ministeriales. La regla de la unanimidad y de la rotación en la jefatura de las conferencias de ministros presidentes desincentiva los planteamientos demasiado partidistas.
El instrumento de cooperación más común y conocido entre los Estados Federados es el convenio interestatal. No se basa en la legislación federal ni en la regional, sino en una «norma de cooperación» (Kooperationsgewohnheitsrecht) existente entre la Federación y los Estados Federados en el «tercer nivel». Existen dos formas de convenio: el «acuerdo administrativo» y el «convenio entre Estados Federados». La diferencia estriba en que la primera forma está restringida a las autoridades ejecutivas regionales, mientras que la segunda, el «convenio entre Estados Federados», obliga a estos como tales y debe recibir la aprobación de los Parlamentos regionales, por ejemplo, en convenios para la creación de algunas redes públicas de radiodifusión y sus tarifas o el convenio que regula la distribución de estudiantes entre diferentes universidades. Los convenios pueden incluir a todos o solo a algunos de los Estados Federados.
Además de los convenios formales, jurídicamente vinculantes, existe el «acuerdo político» (politische Absprache), que en general es el resultado de una conferencia de ministros presidentes que trata asuntos políticos de importancia supranacional. Por ejemplo, la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Asuntos Culturales de los Estados Federados de la República Federal de Alemania (Kultusministerkonferenz) reúne a los ministros y senadores regionales responsables de educación y formación, educación superior e investigación y asuntos culturales. Este organismo adopta resoluciones con la categoría de recomendaciones. Estos «acuerdos» no son jurídicamente vinculantes, aunque sí se los considera política y moralmente vinculantes.
Fuera de la Unión
La cooperación intergubernamental es un concepto que se presenta en grados diferentes y diversas configuraciones en algunos Estados federales fuera de la Unión Europea. El ponente ha estudiado en particular los casos de los Estados Unidos, Suiza, Australia y Canadá.
El sistema político y jurídico de los Estados Unidos prevé diferentes formas de cooperación flexible entre Estados (convenios interestatales, leyes uniformes, memorandos de entendimiento) que se asemejarían de alguna forma a la cooperación reforzada en la Unión Europea. No obstante, debido a la naturaleza diferente del federalismo de los Estados Unidos (federalismo competitivo), los ámbitos políticos regulados por los convenios interestatales son muy diferentes de aquellos en los que es más probable la utilización de la cooperación reforzada en la Unión. Muchos de los convenios políticos interestatales en los Estados Unidos se ocupan de políticas ligadas al mercado interior, como la fiscalidad, el reconocimiento mutuo de cualificaciones y el acceso a infraestructuras compartidas (vías navegables, redes de metro y transporte). El objetivo general es facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas sin pasar por el nivel federal, que tarda mucho en regular. Algunos convenios interestatales son nacionales, es decir, que todos los Estados participan en ellos sin que intervenga el nivel federal. Normalmente, se eligen los convenios porque aportan resultados más rápido que si interviene el nivel federal.
Por el contrario, la Unión ya ha logrado un importante grado de armonización de las normas del mercado interior y los ámbitos en los que está surgiendo la cooperación reforzada son los más controvertidos políticamente, en los que no se puede conseguir un acuerdo unánime entre todos los Estados miembros. Muchos de los ámbitos en los que la Unión está poniendo en marcha una cooperación reforzada, por ejemplo, la CEP y la Fiscalía Europea, son competencias federales en el sistema de los Estados Unidos.
Respecto a la posición de los convenios interestatales y de la cooperación reforzada en el ordenamiento jurídico, los convenios interestatales son acuerdos entre los Estados y no leyes federales. No obstante, los convenios interestatales adquieren el valor de leyes federales cuando el Congreso considera necesario validarlos, lo que ocurre con bastante frecuencia. En el caso de la cooperación reforzada, por el contrario, toda legislación aprobada por este procedimiento se convierte en Derecho de la Unión.
Los convenios interestatales también parecen ser muy flexibles: los participantes en ellos pueden variar, y la incorporación o la salida de Estados, así como su expulsión, es una práctica habitual.
Al mismo tiempo, existen algunos paralelismos que podrían hacerse entre los dos sistemas; así, por ejemplo, las denominadas leyes uniformes se parecen mucho a los casos de cooperación reforzada de la Unión en materia de legislación sobre el divorcio y régimen patrimonial, mientras que la cooperación reforzada para el ITF, de llegar a culminarse, podría asemejarse a uno de los convenios interestatales relacionados con la fiscalidad.
El ejemplo estadounidense de formas de cooperación entre Estados puede ser útil para la organización práctica de la cooperación reforzada dentro de la Unión. Lo que podría ser especialmente beneficioso sería la creación de una comisión especial para el seguimiento de los ámbitos en los que podría desarrollarse una futura cooperación reforzada. En los Estados Unidos, esto está en manos de la Asociación Nacional de Gobernadores, la Comisión de Normas Uniformes y el Centro Nacional para los Convenios Interestatales, que buscan activamente ámbitos en los que la cooperación interestatal podría ser fructífera. Además, los convenios interestatales suelen tener un contenido muy pormenorizado y adoptar normas de acompañamiento, que regulan el funcionamiento diario del convenio una vez que se ha alcanzado el acuerdo político. Este podría ser otro punto que podría aplicarse a futuros casos de cooperación reforzada, el de unas normas de procedimiento que determinen con precisión la toma de decisiones, el funcionamiento, la administración y el presupuesto de la cooperación reforzada una vez se haya puesto en marcha.
En Canadá, las relaciones intergubernamentales están dominadas por el poder ejecutivo y la Constitución canadiense no contiene disposiciones específicas sobre la cooperación intergubernamental entre las provincias, los territorios y el Gobierno federal. Además, el papel de los Parlamentos en la cooperación intergubernamental es prácticamente nulo.
Las relaciones intergubernamentales se institucionalizan a través de las reuniones de primeros ministros (con el primer ministro federal) y del Consejo de la Federación (sin el primer ministro federal). Sin embargo, estos foros no parecen producir ninguna legislación intergubernamental vinculante. Sí que existen acuerdos formales e informales en Canadá, pero no son jurídicamente vinculantes para las partes contratantes, sino meramente orientativos.
Una peculiaridad del sistema canadiense es la posibilidad de que una provincia opte por no participar en un programa de costes compartidos a nivel provincial y federal, o que decida quedarse al margen de futuras enmiendas constitucionales que transfieran competencias legislativas de los órganos legislativos provinciales al Parlamento. La compensación financiera está garantizada para cualquier provincia que opte por mantenerse al margen de una enmienda de este tipo relacionada con la educación u otros asuntos culturales, de conformidad con la Ley constitucional de 1982. De hecho, desde 1965, Quebec se mantiene al margen de algunos programas importantes, como el de los seguros hospitalarios, la formación profesional, la salud pública y la ayuda a las personas mayores y a las personas con discapacidad, a través de la Ley de programas establecidos.
El artículo 48 de la Constitución suiza otorga a los cantones el derecho a celebrar «acuerdos intercantonales». La forma más importante de cooperación intercantonal es el concordato, que se utiliza para aplicar la legislación vigente o para elaborar y armonizar las leyes y reglamentaciones en los diferentes cantones. Cada concordato debe seguir el proceso legislativo del cantón correspondiente y se considera jurídicamente vinculante.
Otra forma de cooperación horizontal es la de las conferencias intercantonales, que son foros permanentes de relaciones intergubernamentales, en las que los miembros del Consejo de Gobierno responsables de un ámbito determinado de cada cantón se reúnen para intercambiar puntos de vista. Un ejemplo concreto de estas conferencias es la Conferencia de los Gobiernos Cantonales, que se creó principalmente para influir en las políticas relativas a las relaciones internacionales, y en particular a la integración europea.
Además de los acuerdos intergubernamentales entre las provincias, que son instrumentos importantes y flexibles para abordar cuestiones en las que tanto el nivel federal como el subfederal tienen competencias, las provincias australianas practican en gran medida lo que se conoce como «legislación en espejo». En otras palabras, esto significa que un Estado puede adoptar legislación siguiendo el procedimiento legislativo habitual aplicable a nivel estatal y que, una vez adoptada la legislación, esta es directamente aplicable en cualquier otro Estado que desee retomarla.
Textos Aprobados, P8_TA(2019)0044.
Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.
Reglamento (UE) n.º 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.
A. Considerando que el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece una base formal explícita para la creación de una Fiscalía Europea y determina el procedimiento legislativo y el instrumento aplicables, así como el alcance y la competencia de la futura Fiscalía Europea;
B. Considerando que es importante que la Unión y todos sus Estados miembros detecten y persigan de forma eficaz y disuasoria el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, a fin de proteger la aportación de los contribuyentes de todos los Estados miembros al presupuesto de la Unión;
C. Considerando que el artículo 86 del TFUE prevé explícitamente la posibilidad de establecer una cooperación reforzada en caso de desacuerdo;
D. Considerando que la cooperación reforzada es un procedimiento por el cual se permite a un mínimo de nueve Estados miembros establecer una cooperación avanzada en un ámbito dentro de las estructuras de la Unión, pero sin la participación de los demás Estados miembros; que la cooperación reforzada permite a los Estados miembros participantes alcanzar un objetivo o una iniciativa comunes y superar la parálisis en las negociaciones o un bloqueo por parte de otro Estado miembro o de otros Estados miembros en los casos en que se requiere unanimidad; que, de conformidad con el artículo 20, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada vincularán únicamente a los Estados miembros participantes; que la cooperación reforzada se limita a aquellos ámbitos en los que la Unión no tiene competencias exclusivas;
E. Considerando que, de conformidad con el artículo 328, apartado 1, del TFUE, «la Comisión y los Estados miembros que participen en una cooperación reforzada procurarán fomentar la participación del mayor número posible de Estados miembros»;
1. Reitera el firme apoyo del Parlamento a la creación de una Fiscalía Europea eficaz e independiente, con el fin de reducir la actual fragmentación de los esfuerzos de las autoridades judiciales y policiales de los Estados miembros para proteger el presupuesto de la Unión y de reforzar la lucha contra el fraude en la Unión Europea;
2. Recuerda que el Parlamento ha aprobado tres Resoluciones en relación con la creación de la Fiscalía Europea, a saber, el 29 de abril de 2015(1), el 5 de octubre de 2016(2) y el 5 de octubre de 2017(3); reconoce que algunas de las preocupaciones expresadas por el Parlamento en estas Resoluciones han sido abordadas, en cierta medida, en el texto negociado final adoptado por el Consejo; pide al Consejo que, en futuros procedimientos de cooperación reforzada, entable una colaboración con el Parlamento antes de solicitarle que apruebe el texto final a fin de garantizar la máxima cooperación entre los colegisladores de la Unión;
3. Lamenta, no obstante, que, pese a la actitud constructiva y moderada del Parlamento en el contexto del procedimiento de cooperación reforzada, el Consejo haya mostrado escaso interés en entablar una relación de colaboración formal con el Parlamento antes de solicitar su aprobación del texto negociado final;
4. Celebra que veintidós Estados miembros estén participando ya en una cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea y recuerda que la Fiscalía Europea tiene carácter inclusivo; anima a los Estados miembros no participantes a que se adhieran a ella lo antes posible con vistas a mejorar su eficacia;
5. Observa que, una vez terminada la fase de desarrollo de tres años, está previsto que la Fiscalía Europea asuma sus funciones a finales de 2020, por lo que sería prematuro llevar a cabo una evaluación de su aplicación en este momento;
6. Hace hincapié en que la puesta en marcha de la Fiscalía Europea requerirá una cooperación eficaz y eficiente entre las fiscalías nacionales y la propia Fiscalía Europea, así como con las agencias de la Unión, entre ellas, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Eurojust;
7. Está supervisando atentamente todas las medidas adoptadas hasta ahora para la creación de la Fiscalía Europea, incluidas las medidas de ejecución para la selección y el nombramiento del Fiscal General Europeo y de los Fiscales Europeos, así como las medidas presupuestarias;
8. Pide a la Comisión que informe periódica y exhaustivamente al Parlamento sobre la puesta en marcha y el desarrollo institucional de la Fiscalía Europea, en vista de la posible ampliación de su mandato para incluir la lucha contra el terrorismo transfronterizo;
9. Se felicita de que dieciocho Estados miembros vayan a participar en una cooperación reforzada sobre los regímenes económicos de los matrimonios y las uniones registradas, aplicable a partir del 29 de enero de 2019; destaca la necesidad de proteger los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la no discriminación.
DO C 346 de 21.9.2016, p. 27.
DO C 215 de 19.6.2018, p. 18.
DO C 346 de 27.9.2018, p. 246.

References: artículo 326
 artículo 329
 artículo 46
 artículo 332
 artículo 330
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 333
 artículo 117
 artículo 48
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 20
 artículo 328