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Timestamp: 2019-11-19 23:15:06+00:00

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Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. TÍTULO V. Control administrativo, inspección y régimen sancionador
Vigencia desde 09 de Septiembre de 2011. Revisión vigente desde 18 de Enero de 2013 hasta 16 de Diciembre de 2014
Control administrativo, inspección y régimen sancionador
Artículo 117 Régimen competencial
Corresponde a la Consejería con competencia en materia de energía la actividad de control administrativo e inspección en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
Artículo 118 Objeto del control administrativo
1. La actividad de control administrativo tendrá como objeto la comprobación del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2007, de 27 de marzo.
2. El control y la inspección se orientarán, singularmente, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de constituir infracción administrativa, a identificar las personas presuntamente responsables, así como a constatar cualquier otra circunstancia que incida sobre una eventual responsabilidad, todo ello sin perjuicio del carácter preventivo que debe informar esta actividad.
Artículo 119 Facultades del personal con funciones inspectoras
1. El personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía designado para la realización de las inspecciones y comprobaciones en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, tendrá la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
a) Acceder, con la identificación pertinente y sin necesidad de notificación previa, a las instalaciones, edificaciones o industrias pertenecientes a sectores de actividad sujetos a inspección.
d) Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
3. Las personas sometidas a actividades de control o inspección, y aquellas otras a quienes así se requiera, deberán prestar la colaboración necesaria, permitir y facilitar las actuaciones de control e inspección previstas en el presente Reglamento.
Artículo 120 Programas de inspección
1. Con carácter general, la actividad de inspección responderá al principio de trabajo programado, sin perjuicio de las actuaciones no programadas motivadas por necesidades sobrevenidas, órdenes superiores, peticiones razonadas o denuncias.
2. La Consejería competente en materia de energía, en coordinación con sus Delegaciones Provinciales, elaborará los planes de control e inspección con la periodicidad que se considere conveniente.
Artículo 121 Resultados de la inspección
1. Concluidas las actuaciones de control e inspección, se levantará acta en la que se hará constar el cumplimiento o no de la normativa aplicable en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
2. Cuando tras las actuaciones de inspección se constate el incumplimiento de la normativa vigente, el acta expresará:
b) Relación de los hechos presuntamente constitutivos de infracción.
c) Tipificación de la infracción o infracciones presuntamente cometidas.
d) Sanción o sanciones que pudieran corresponder.
e) Identificación de la persona que realice la inspección, fecha y firma.
f) Se recogerán, asimismo, todas aquellas circunstancias que se consideren relevantes para la calificación y, en su caso, sanción de los hechos.
3. La persona presuntamente responsable podrá hacer constar su disconformidad en el acta.
4. Las actas suscritas en el ejercicio de las funciones de inspección tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que se puedan aportar en contrario y, cuando constaten el incumplimiento de la normativa aplicable, darán lugar a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
5. Salvo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo siguiente, el plazo máximo para la presentación de las actas ante las Delegaciones Provinciales competentes será de diez días hábiles, a partir del levantamiento de las mismas.
1. Cuando la subsanación de las deficiencias o incumplimientos de la normativa que se haya detectado fuera urgente para la protección de los intereses implicados, se hará constar en el acta y podrán ser propuestas la adopción de las siguientes medidas provisionales:
c) Suspensión del ejercicio de la actividad como organismo colaborador en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
f) Suspensión del Certificado Energético Andaluz.
La Delegación Provincial correspondiente, a la vista de las medidas provisionales propuestas en el acta de inspección, determinará la conveniencia y el plazo de la adopción de las mismas, de acuerdo con el al artículo 38 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo.
2. En los supuestos de urgencia, el acta se hará llegar de inmediato a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de energía.
Artículo 123 Infracciones
De conformidad con el artículo 32 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones imputables a las personas físicas y jurídicas incluidas en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir.
La tipificación de dichas infracciones será la establecida en los artículos 33, 34 y 35 de la citada Ley y serán sancionadas según el artículo 36 de la misma.
Artículo 124 Responsables
Serán responsables del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento:
a) Quienes promuevan las obras de edificación e instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de los Títulos I y II, respecto del cumplimiento de las obligaciones relativas a los edificios e instalaciones proyectados, sin perjuicio de las responsabilidades que contraigan quien redacte los proyectos, la dirección facultativa de la obra, así como las empresas y personas que intervengan en la ejecución de los proyectos.
b) Las personas, entidades o comunidades titulares de edificios e instalaciones incluidos en el ámbito de aplicación de los Títulos I y II, respecto del cumplimiento de las obligaciones relativas a los edificios terminados e instalaciones en funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades que contraigan las empresas instaladoras o de mantenimiento y, en su caso, la persona responsable del Plan de gestión de la energía del edificio o la instalación.
c) Serán responsables del cumplimiento de las obligaciones de uso de biocarburantes establecidas en el Título III, las empresas de naturaleza pública o las empresas privadas adjudicatarias de una concesión o autorización administrativa que exploten servicios de transporte público de viajeros.
d) Serán responsables del cumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento de biogás establecidas en el Título III, quienes sean titulares de vertederos y otras instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación.
e) Las personas o entidades que realicen actividades de distribución de biocarburantes serán responsables del cumplimiento de las especificaciones y exigencias en el suministro de biocarburantes, su etiquetado y las obligaciones de información a la Administración establecidas en el Título III.
f) Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética serán responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título IV, sin perjuicio de la responsabilidad que contraiga su personal técnico respecto de la veracidad de los Certificados y actas que emitan en el ejercicio de sus funciones de comprobación técnica y certificación.
g) Las empresas suministradoras de productos energéticos serán responsables respecto de los suministros de energía a los centros de consumo que, estando obligados a ello, no dispongan del correspondiente Certificado Energético Andaluz.
Artículo 125 Competencias
1. La competencia para iniciar e instruir los procedimientos sancionadores en materia de energías, renovables, ahorro y eficiencia energética corresponderá a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de energía, en relación con los actos que se cometan en su provincia y respecto de los edificios e instalaciones ubicados en la misma.
2. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores los órganos siguientes:
a) La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de energía, para sanciones por infracciones leves y graves sancionables con multas de hasta 30.000 euros.
c) La persona titular de la Consejería con competencia en materia de energía, para sanciones por infracciones muy graves.
Artículo 126 Procedimiento sancionador
1. La comprobación de la infracción, su imputación y la imposición de la oportuna sanción requerirán la previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador.
2. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, sin perjuicio de las especialidades previstas en el Título V de la Ley 2/2007, de 27 de marzo y en su normativa de desarrollo.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la correspondiente resolución en los procedimientos sancionadores a que se refiere este artículo será de seis meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento. De no producirse en dicho plazo la notificación de resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento
Artículo 127 Consecuencias de la resolución
Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, sin perjuicio de la delimitación de responsabilidades a que hubiere lugar y la consiguiente imposición de sanciones, la comisión de las infracciones tipificadas en el Título IV de la citada Ley y en el presente Título podrán llevar aparejadas, en su caso, las siguientes consecuencias que no tendrán carácter sancionador:
c) Revocación del Certificado Energético Andaluz.
e) Suspensión por un plazo máximo de un año de continuar el ejercicio de la actividad.
f) Denegación de la concesión de ayudas públicas a otorgar por la Junta de Andalucía y sus agencias, por un plazo máximo equivalente al de prescripción de la infracción cometida.
g) Suspensión del ejercicio de la actividad como organismo colaborador en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.

References: Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121
 artículo 38

Artículo 123
 artículo 32
 artículo 36

Artículo 124

Artículo 125
 resolución 

Artículo 126
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

Artículo 127
 resolución

 artículo 39