Source: http://tuteladelaejecucionjudicial.blogspot.com/2013/03/ejecucion-creditos-regiones.html
Timestamp: 2017-03-26 09:22:23+00:00

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EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES TSJ REGIONES …, este
Tribunal observa que el artículo 294 del Código Orgánico Tributario, dispone lo
siguiente: Artículo 294: Admitida la demanda, se acordará la intimación del deudor para
que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución, y en el lapso de
cinco (5) días contados a partir de su intimación. El deudor en el lapso concedido para pagar o comprobar haber pagado, podrá
hacer oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado el
crédito fiscal, a cuyo efecto deberá consignar documento que lo compruebe. …omissis…”. Conforme a la norma transcrita, resulta de obligatoria notificación el decreto
de intimación al pago que acuerda el juzgador al admitir la demanda de
ejecución de créditos fiscales, a objeto de que el intimado efectúe dicho pago
o acredite haber pagado lo que se pretende exigir, o en su defecto hacer la
oposición correspondiente y el decreto de embargo ejecutivo cuando esa medida
viene acompañada a la citada demanda, precisamente en salvaguarda del derecho a
la defensa. …. Ahora bien, a los
fines de decidir el asunto controvertido, este Tribunal oportuno reproducir las
normas contenidas en los artículos 289, 291 y 295 del vigente Código Orgánico
Tributario: Artículo 289. Los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y
exigibles a favor del Fisco por concepto de tributos, multas e intereses, así
como las intimaciones efectuadas conforme al parágrafo único del artículo 213
de este Código, constituirán título ejecutivo, y su cobro judicial aparejará
embargo de bienes, siguiendo el procedimiento previsto en este Capítulo. Artículo 291. La solicitud de ejecución del crédito deberá interponerse ante el
Tribunal Contencioso Tributario competente. En la misma demanda el representante del Fisco solicitará, y el Tribunal así lo
acordará, el embargo ejecutivo de bienes propiedad del deudor que no exceda del
doble del monto de la ejecución, más una cantidad suficiente estimada
prudencialmente por el Tribunal para responder del pago de intereses y costas
del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se limitará al
monto de la demanda más la estimación de los intereses y costas. PARÁGRAFO ÚNICO: En aquellos casos en que se hubiere iniciado el proceso
contencioso tributario y no se hubieren suspendido los efectos del acto, la
solicitud de ejecución deberá realizarse ante el mismo Tribunal que esté
conociendo de aquél. Artículo 295.Vencido el lapso establecido en el encabezamiento del artículo
anterior, o resuelta la incidencia de oposición por la alzada sin que el deudor
hubiere acreditado el pago, se aplicará lo previsto en los artículos 284 y
siguientes de este Código, pero el remate de los bienes se suspenderá si el
acto no estuviere definitivamente firme. A estos efectos, no se aplicará lo
dispuesto en el artículo 547 del Código de Procedimiento Civil”. (Destacado de
este Tribunal). Del análisis concatenado de las normas antes transcritas se evidencia que uno
de los presupuestos necesarios para la interposición de la demanda de ejecución
de créditos fiscales, es que no se encuentren suspendidos los efectos del acto
impugnado. Asimismo, se observa que puede darse el caso en el cual sea admitido el recurso
contencioso tributario, y paralelamente la Administración Tributaria exija el
pago de la obligación tributaria a través del juicio ejecutivo, siempre y
cuando no se haya solicitado la suspensión de los efectos del acto
administrativo de contenido tributario objetado, o bien estuviere pendiente de
decisión dicha medida o en el supuesto en que ésta hubiere sido negada. Bajo tales presupuestos, el juicio ejecutivo así iniciado se suspenderá en la
etapa de remate de los bienes hasta que el acto se encontrare definitivamente
firme. ….Asimismo, se ordena Oficiar al Juzgado
Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas y anexar el correspondiente decreto de embargo, así como copia
certificada de la presente decisión. http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2013/enero/2097-8-AP41-U-2012-000504-INTERLOCUTORIA.html
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 8 de Enero de 2013 202º y 153º ASUNTO : AP41-U-2012-000504 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Visto el escrito de fecha 31 de octubre de 2012 (folios 65 al 80) , presentada
por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de los
tribunales superiores de lo Contencioso Tributario, suscrito por los ciudadanos
abogados HUMBERTO GAMBOA LEÓN y LORENA LEMOS FRANKLIN, titulares de las cédulas
de identidad Nos. 14.036.242 y 12.419.302, inscritos en el INPREABOGADO bajo
los Nos. 45.806 y 92.666, actuando en su carácter de apoderados de la empresa
ITALCAMBIO, C.A., y de las personas naturales CARLOS RAFAEL DORADO FERNANDEZ,
GABRIELA GILLERMINA PIZZORNI y GABRIELE TITONE, titulares de las cédulas de
identidad Nos. 6.967.434, 3.819.192 y 11.552.691 en cuyo texto se oponen al
juicio ejecutivo de ejecución de créditos fiscales, debido a la inexistencia de
la obligación tributaria, la existencia de litispendencia y la falta de
cualidad. La notificación de la ciudadana Procuradora General de la República consta al
folio 195. En fecha 03 de diciembre de 2012 (folios 198 al 285), la representación del
IVSS consigna escrito de promoción de pruebas. Vencido los ocho (8) días de despacho conforme al artículo 86 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, se abrió una articulación
probatoria. Precisado lo anterior, pasa este Tribunal a pronunciarse de acuerdo con las
siguientes consideraciones: Sobre el particular, este Tribunal observa que el artículo 294 del Código Orgánico
Tributario, dispone lo siguiente: Artículo 294: Admitida la demanda, se acordará la intimación del deudor para
la defensa. i) La inexistencia de la obligación tributaria. En este sentido, observa esta sentenciadora que la representación de la
intimada en su escrito de oposición alega la inexistencia de la obligación
tributaria, por cuanto de conformidad con la decisión proferida en fecha 25 de
julio de 2012, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
mediante sentencia No. 1094, declaro HA LUGAR, la revisión solicitada por
ITALCAMBIO, C.A. y en consecuencia, ANULÓ la sentencia que se pretendía
ejecutar No. 01796, dictada el 15 de diciembre de 2011 por la Sala Político
Administrativa de ese Máximo Juzgado, reponiendo la causa al estado de emitir
nuevo fallo con prescindencia de los vicios advertidos en esa decisión. Manifiestan que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales pide la
ejecución de la Resolución No. 392 del 6-10-2009, cuya nulidad fue solicitada
por la contribuyente y declarada Sin Lugar por la Sala Política Administrativa
mediante fallo No. 01796 del 15-12-2011, que para ese momento era exigible, sin
embargo, la misma fue anulada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, trayendo como consecuencia que no es exigible la obligación
tributaria. A tal efecto, en sentencia de fecha 25 de julio de 2012, dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara lo siguiente: En lo que atañe a la primera denuncia, debe la Sala reiterar su posición en
cuanto a que la valoración de las pruebas es un elemento de la actividad
juzgadora amparado por el principio de autonomía del sentenciador, de manera
que no resulta posible cuestionar su soberana potestad de juzgamiento; menos
aún, a través de la vía extraordinaria de la revisión, en atención a su
carácter preeminentemente objetivo de tutela de los principios cardinales de
nuestro sistema constitucional, antes que mecanismo velado para perpetuar un
debate agotado por el transcurso de las instancias que prevé la ley. En el caso particular señalado por la peticionaria, no se trata siquiera de que
la Sala Político-Administrativa haya omitido realizar un análisis en torno a las
probanzas promovidas por ella para demostrar el anormal funcionamiento del
sistema electrónico diseñado para administrar la inscripción de trabajadores
ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como la gestión de
sus correspondientes cotizaciones. En efecto, lo que dicha Sala determinó es
que –a pesar de las fallas, de haber existido- la contribuyente se encontraba
obligada a tramitar la inscripción de sus trabajadores y efectuar las
aportaciones correspondientes, acudiendo a las correspondientes oficinas
regionales de dicho órgano. En criterio de esta Sala, al menos en este punto, no puede deducirse que la
Sala Político-Administrativa haya vulnerado en forma alguna las garantías
procesales que asisten a la requirente en revisión por la supuesta omisión en
la valoración de las pruebas por ella promovidas y evacuadas; motivo por el
cual la petición planteada en este sentido no puede prosperar. Así se decide. En lo que respecta a la denuncia de infracción del principio de tipicidad de las
sanciones, la entonces recurrente planteó ante la Sala Político-Administrativa
que el ente exactor sancionó a la contribuyente con el valor de la unidad
tributaria vigente al tiempo en que fue dictada la resolución sancionatoria en
cuestión, omitiendo la aplicación de la norma contenida en el artículo 86 de la
Ley del Seguro Social, conforme a la cual el régimen sancionatorio en ella
previsto deberá calcularse al valor de la unidad tributaria para el momento de
comisión de la infracción. Tales argumentos constan en el escrito de
fundamentación de la apelación que conoció dicha Sala y que corre inserto en
copia certificada en estos autos y, de hecho, fueron recogidos en la parte
narrativa del fallo cuya revisión se pidió, sintetizados en la forma que sigue: “Siguiendo con el desarrollo de los mismos alegatos que hicieran valer en la
instancia, sostienen [los apoderados de la hoy peticionaria] que la decisión
del a quo se encuentra inmotivada al desestimar el alegato relativo al error
cometido por la Administración Tributaria del IVSS al determinar el monto de
las multas impuestas en el presente caso, pues para el cálculo de las mismas se
tomó como valor de la unidad tributaria el vigente para el momento en que
fueron aplicadas estas, siendo que debió tomarse el que resultaba en vigor
durante cada uno de los ejercicios fiscalizados; no obstante, indican que sobre
este punto, el juzgador también ‘evade pronunciarse sobre las alegaciones y
excepciones de la justiciable, lo cual constituye una forma de inmotivación por
silencio de prueba, según los artículos 509 y 243, cardinal (sic) 4° del Código
de Procedimiento Civil’ ”. Sin embargo, en torno a la denuncia formulada en este sentido, el fallo
cuestionado en revisión omitió razonamiento alguno destinado a responder la
alegación formulada por el recurrente, la cual se estima determinante en el
caso de autos, en virtud de que de haber lugar a tal defensa, disminuiría
drásticamente el monto de cada una de las sanciones aplicadas. No toca a la
Sala efectuar un análisis de fondo en relación con la validez temporal de la
norma aplicada por el ente exactor, pero sí advertir el yerro argumentativo de
la decisión impugnada, en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva
de la entonces actora y de cara a su condición de garante de la incolumidad del
Texto Fundamental. Al hilo de lo expuesto, resulta pertinente citar la doctrina sentada por esta
Sala Constitucional en sentencia n° 2465 del 15 de octubre de 2002 (caso: José
Pascual Medina Chacón), respecto del vicio de incongruencia omisiva, en la que
precisó: “Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria
contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho
a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ‘incongruencia
omisiva’ del fallo sujeto a impugnación. La jurisprudencia ha entendido por ‘incongruencia omisiva’ como el ‘desajuste
entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus
pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que)
puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al
derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de
tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que
discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español
187/2000 del 10 de julio). Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a
través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis
pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la
controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada
fue efectivamente planteada. Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno
para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato. Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela
judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en
el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones,
puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las
primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con
lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que
exige una ´omisión injustificada`. Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda
deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a
la no vulneración del derecho reclamado”. Del mismo modo, en relación con la impugnación efectuada por la contribuyente
demandante respecto de la condenatoria en costas en una proporción del tres por
ciento (3%), se aprecia que la recurrida ante esta Sala efectivamente incurrió
nuevamente en el vicio de inmotivación, al aumentar dicha condena en dos puntos
porcentuales, prescindiendo de cualquier análisis y consideración en torno a
las alegaciones efectuadas por ésta exigiendo que fueran ponderadas las
circunstancias del caso para evaluar el importe de la condenatoria en costas;
en el entendido de que siendo una potestad discrecional de la Administración de
Justicia (ex artículo 327 del Código Orgánico Tirbutario), debe estar amparada
por los principios de proporcionalidad y razonabilidad y, en esa medida, se
hace ineludible que el juzgador asiente en su fallo las razones por las cuales
o bien exonera la condenatoria en costas, o bien impone la correspondiente
condena en una proporción determinada del asunto litigioso. Asimismo, el fallo
revisado vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de la
peticionaria, al incrementar en la forma que fue señalada la condena en costas
de la única apelante, infringiendo la prohibición de reformatio in peius al
imponerle un gravamen superior al que había sido fijado por la instancia, en
desmedro de su derecho a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, debe la Sala declarar que ha lugar a la revisión de la
sentencia n° 01796 de 15 de diciembre de 2011 dictada por la Sala
Político-Administrativa de este Máximo Juzgado y, en virtud de ello, anula el
fallo objeto de la revisión y repone la causa al estado de emitir un nuevo
fallo con prescindencia de los vicios advertidos en la presente decisión. En
atención al pronunciamiento definitivo emitido por esta Sala, se estima
innecesario efectuar cualquier análisis respecto del proveimiento cautelar
requerido. Así, finalmente, se decide. Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara que HA LUGAR a la revisión solicitada por ITALCAMBIO, C.A.,
respecto de la sentencia n° 01796 dictada por la Sala Político-Administrativa
de este Máximo Juzgado el 15 de diciembre de 2011. En consecuencia, se anula la
sentencia n° 01796 dictada el 15 de diciembre de 2011 por la Sala
Político-Administrativa de este Máximo Juzgado y se REPONE la causa al estado
de emitir un nuevo fallo con prescindencia de los vicios advertidos en la
presente decisión. Ahora bien, a los fines de decidir el asunto controvertido, este Tribunal
oportuno reproducir las normas contenidas en los artículos 289, 291 y 295 del
vigente Código Orgánico Tributario: Artículo 289. Los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y
firme. Igualmente, otro supuesto que debe cumplirse para la admisión de la demanda de
juicio ejecutivo es la tenencia de un título ejecutivo el cual comporta a su
vez, la existencia de un acto administrativo contentivo de una obligación
líquida y exigible cuyo acreedor sea el Fisco por concepto de tributos, multas
e intereses, esto es, que la obligación esté cuantificada y se haya vencido el
plazo cierto para su pago. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 00238 y 00926 de
fechas 13 de febrero de 2007 y 6 de agosto de 2008, casos: Operadora Binmariño,
C.A. (Bingo Valencia) y Quinta Leonor, C.A., respectivamente). Así en el caso que nos ocupa, no se evidencia de las actas que conforman el
expediente, ni del recurso contencioso tributario interpuesto que exista
suspensión de efectos del acto administrativo contentivo de la obligación cuyo
pago se exige, ni mucho menos que éstos se hayan suspendido, pues bajo la
vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001, no opera la suspensión
“automática” de los efectos del acto impugnado con la sola interposición del
recurso contencioso tributario, sino que es indispensable la declaratoria del
Tribunal de la causa a instancia de la parte interesada. Dentro de este contexto, aprecia esta juzgadora que el recurso contencioso
tributario se encuentra en la etapa de apelación en la Sala Político
Administrativa por mandato de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal al
ordenar reponer la causa al estado que la Sala Político Administrativa emita
nuevo fallo al incrementar en la condena en costas sin motivación alguna, por
lo que considera esta sentenciadora que no es causal de inadmisión del juicio
ejecutivo, ya que la Administración Tributaria puede interponer el juicio
ejecutivo contra un acto administrativo contentivo de una obligación líquida y
exigible, que no estén suspendidos los efectos del acto, pero el remate de los
bienes se suspenderá si el acto no estuviere definitivamente firme. Cabe destacar, que la sentencia No. 1537 de fecha 27 de abril de 2011 dictada
por este Tribunal Superior no está definitivamente firme, por lo que la
obligación tributaria es liquida y exigible y susceptible que la Administración
Tributaria exija el pago por interposición del juicio ejecutivo. Por los razonamientos precedentemente expuestos, considera esta sentenciadora
que la Resolución N° 392 del 06 de octubre de 2009, emanada de la Presidencia
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en lo adelante IVSS,
mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto el
08-09-2009, contra el acto administrativo N° 325 del 07-08-2009, contentiva de
las obligaciones tributarias cuya ejecución se pretende mediante el juicio
ejecutivo, goza en consecuencia de las condiciones ya explicadas de liquidez y
exigibilidad no están suspendido los efectos de dicho acto administrativo;
razón por la cual es forzoso para este Tribunal Superior declarar que sí
constituye la Resolución antes citada, título ejecutivo susceptible de exigir
el pago por un por la vía del juicio ejecutivo. Así se declara. ii) Con respecto a la existencia de la litispendencia. Observa esta juzgadora que manifiesta los abogados de la empresa ITALCAMBIO,
C.A. que existe litispendencia, por la conexión entre dos (2) juicios de
ejecución incoados por el IVSS contra la contribuyente, los cuales cursan por
ante el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario signados con los
expedientes No. AP41-U-2010-518 y AP41-U-2012-504, por cuanto existe identidad
de sujetos, objeto y título de conformidad con el artículo 52 del Código de
Procedimiento Civil Ahora bien, ante el pedimento de declaratoria de litispendencia el Tribunal se
permite transcribir el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil: Artículo 61: “Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades
judiciales igualmente competentes, el Tribunal que haya citado posteriormente,
a solicitud de parte y aun de oficio, en cualquier estado y grado de la causa,
declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando
extinguida la causa. Si las causas idénticas han sido promovidas ante el mismo
Tribunal, la declaratoria de litispendencia pronunciada por éste, producirá la
extinción de la causa en la cual no se haya citado al demandado o haya sido
citado con posterioridad”. Igualmente, el Tribunal se permite transcribir lo expuesto o señalado por la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No.
1170 de fecha 02 de octubre de 2008, en cuanto a la litispendencia en materia
tributaria: Resulta necesario ratificar que la figura de la litispendencia, ‘supone la
correspondencia, en forma simultánea, entre los elementos que conforman cada
una de las pretensiones planteadas en las distintas causas, de tal manera que
para que se configure la referida figura procesal, debe haber identidad tanto
de los sujetos como del objeto y la causa, identidad ésta que, una vez
verificada, producirá la consecuencia jurídica prevista en el artículo 61 del
Código de Procedimiento Civil, cual es, la extinción de la causa en la cual no
se haya citado al demandado o haya sido citado con posterioridad’ (Vid.
sentencia de esta Sala N° 00588, de fecha 24 de abril de 2007, caso: Banco
Provincial, S.A., Banco Universal). En esos términos, se prevé la litispendencia como una institución dirigida a
evitar que dos procesos, con absoluta identidad en sus tres elementos
constitutivos, puedan llevarse a cabo ante dos autoridades jurisdiccionales
competentes, y ser decididos a través de sentencias contradictorias. De allí
que la consecuencia jurídica consagrada en el precitado artículo 61, sea que el
proceso en que se haya citado posteriormente o no se hubiera citado al demandado
se extinga y, en consecuencia, se ordene el archivo del expediente. Ahora bien, para determinar la existencia o no en el caso de autos de la
situación supra referida, se hace necesario efectuar una reseña de las
circunstancias que rodean la interposición de los aludidos juicios ejecutivos,
y a tal fin se observa: En relación al EXPEDIENTE No. AP41-U-2010-518 llevado por este Juzgado: Esta juzgadora observa que contiene el juicio principal relacionado con el
recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 24 de marzo de 2010 (folios
1 al 55), por los ciudadanos (as) HUMBERTO GAMBOA, YENY KASBAR, y LORENA LEMOS
FRANKLIN, venezolanos, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad
Nos. 14.036.242, 15.586.373 y 12.419.302, inscritos en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 45.806, 120.778 y 92.666,
respectivamente, procediendo en su carácter de Apoderados Judiciales de la
contribuyente ITALCAMBIO, C.A., interponen recurso contencioso tributario por
ante el Juzgado Superior Primero (Distribuidor) en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital en contra de la Resolución N° 392 del 06 de
octubre de 2009 (folios 58 al 90), emanada de la Presidencia del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en lo adelante IVSS, mediante la cual
declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto el 08-09-2009, contra el
acto administrativo N° 325 del 07-08-2009. Que en fecha 27 de abril de 2011, se dictó sentencia definitiva No. 1537,
mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso contencioso tributario
interpuesto por la recurrente. El 15 de julio de 2011, se dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se
niega la solicitud de revocatoria. Que el 15-03-2012, se dictó sentencia interlocutoria mediante el cual se ordenó
la EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia definitiva No. 1.537 mediante la cual
declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la
contribuyente "ITALCAMBIO, C.A.".- El 04-05-2012, este Tribunal libró cartel de intimación a la contribuyente
"ITALCAMBIO, C.A.".- El 14-06-2012, este juzgado dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se
niega la solicitud de revocatoria. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No.
1094 de fecha 25 de julio de 2012, declaro HA LUGAR, la revisión solicitada por
nuevo fallo con prescindencia de los vicios advertidos en esa decisión. En relación al EXPEDIENTE No. AP41-U-2012-504 llevado por este Juzgado: Que en fecha 09 de Octubre de 2012, la ciudadana abogada ERIS COROMOTO
VILLEGAS, venezolana, titular de la cédula de identidad No. 11.200.593,
inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 71.040,
actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS), interpuso por ante la Unidad de Recepción y
Distribución de Documentos (URDD) de los Tribunales Superiores de lo
Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, formal demanda por juicio ejecutivo, en contra de la contribuyente
“ITALCAMBIO, C.A.”, y solidariamente contra los ciudadanos GABRIELA PIZZORNI,
CARLOS DORADO y GABRIELE TITONE BONO, titulares de cedulas de identidad nos.
3.819.192, 6.967.434 y 11.552.691, respectivamente en su carácter de
Presidente, Vicepresidente y Director Gerente de la mencionada contribuyente,
respectivamente, actuando como responsables solidarios de las obligaciones
tributarias contraídas por la mencionada contribuyente con fundamento en la
Resolución No. 392 de fecha 06 de Octubre del 2009 (folios del 11 al 43) ,
notificada el 08 de Octubre del 2009, dictada por la presidencia del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual declaro SIN LUGAR el recurso
Jerárquico en contra del acto administrativo identificado con el No. 325 de
fecha 07 de Agosto del 2099, dictado por el Jefe de la Oficina Administrativa
del Distrito Capital y Estado Miranda del IVSS. El 18-10-2012, este Tribunal dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se
ADMITE cuanto ha lugar en derecho la presente demanda de juicio ejecutivo
interpuesta contra la contribuyente "ITALCAMBIO, C.A.". Líbrese
boleta de intimación. Al respecto, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal ha señalado con
respecto a la litispendencia, lo siguiente: De la norma transcrita puede desprenderse el establecimiento de la figura
jurídica denominada litispendencia, que se encuentra referida a aquellas causas
que tienen en común los tres elementos identificadores a saber: sujetos, objeto
y título o causa petendi, por lo que, al ser advertida (la litispendencia) no
se refiere a dos o más causas idénticas, sino de una misma causa presentada
varias veces ante autoridades judiciales igualmente competentes. De esta forma,
al ser declarada esta figura por el tribunal que la previno bien sea de oficio
o a solicitud de parte, el efecto jurídico de la misma conduce a la extinción
de una de las causas, con el propósito de evitar que se produzcan fallos
contradictorios al momento de resolver un mismo juicio.”. (Sentencia N° 50 del 3
de febrero de 2004, caso: Edgar Darío Núñez Alcántara). (Cursivas del
Tribunal). En tal sentido, y establecidos como han sido los hechos relatados, este
Tribunal observa que se trata de distintos procesos, en razón de que fue
incoado recurso contencioso tributario contra la Resolución la Resolución N°
392 del 06 de octubre de 2009 (folios 58 al 90), emanada de la Presidencia del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), frente a la cual se
interpuso demanda por juicio ejecutivo, en contra de la contribuyente
CARLOS DORADO y GABRIELE TITONE BONO, en su carácter de Presidente,
Vicepresidente y Director Gerente de la mencionada contribuyente,
Venezolano de los Seguros Sociales, en consecuencia esta juzgadora considera
que no se evidencia que existe litispendencia. Así se establece En este orden de ideas, aprecia esta sentenciadora que los abogados de la
intimada se fundamentan en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil que
establece: …Artículo 52. Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a
los efectos de la primera parte del artículo precedente: 1º Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente. 2º Cuando haya identidad de personas y títulos, aunque el objeto sea distinto. 3º Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean
diferentes. 4º Cuando las demandas provengan del mismo título aunque sean diferentes las
personas y el objeto…”. De manera que, si bien es cierto que el legislador permite la acumulación de
causas, éstas deben respetar los presupuestos procesales, o aquellos requisitos
indispensables para la constitución de toda relación procesal, a fin de que el
juez pueda dictar un pronunciamiento de mérito válido; éstos son la
competencia, el trámite específico que prevé la ley para la resolución de las
controversias planteadas y además la garantía del derecho a la defensa. En el caso bajo estudio, aprecia esta juzgadora que son dos procedimientos
distintos, por lo que debe este Tribunal Superior declarar improcedente la
solicitud efectuada por la representación judicial de la intimada respecto a la
acumulación del expediente identificado con el número AP41-U-2012-504 al
expediente AP41-U-2010-518. Así se declara. Cabe destacar, que la intimada confunde la ejecución de sentencia prevista en
el artículo 280 del Código Orgánico Tributario, procedentes en aquellos casos
en que por sentencia definitivamente firme, pasada por autoridad de cosa
juzgada, se hubiere declarado sin lugar o parcialmente con lugar con el juicio
ejecutivo establecido en el artículo 289 y siguientes del Código Orgánico
Tributario. Aprecia esta sentenciadora que en el presente asunto, la Sala Constitucional del
Máximo Tribunal al reponer la causa al estado que la Sala Político
Administrativa dicte nuevo fallo, conlleva a que la sentencia No. 1537 de fecha
27 de abril de 2011 dictada por este Tribunal Superior no está definitivamente
firme, razón por la cual la Administración Tributaria del IVSS actuó conforme a
derecho al interponer la demanda de juicio ejecutivo contra la contribuyente
ITALCAMBIO, C.A. y solidariamente contra los ciudadanos GABRIELA PIZZORNI,
respectivamente, por lo que no opera la figura de la litispendencia ni la
acumulación. Así se decide iii) En relación a la falta de cualidad de los demandados Observa esta juzgadora que los abogados de la intimada oponen la falta de
cualidad pasiva e interés al demandar solidariamente a los ciudadanos GABRIELA
PIZZORNI, CARLOS RAFAEL DORADO FERNÁNDEZ y GABRIELE TITONE BONO, de conformidad
con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 361 del Código de
Procedimiento Civil, por cuanto nunca han contratado con la demandante
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. En atención a la pretensión de la parte opositora relacionada a la
responsabilidad solidaria, esta juzgadora considera necesario citar el artículo
28 del Código Orgánico Tributario establece: Artículo 28.- Son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios
derivados de los bienes que administren, reciban o dispongan … 2. Los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás
entes colectivos con personalidad reconocida. 3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de
entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica. … Parágrafo Primero: La responsabilidad establecida en este artículo se limitará
al valor de los bienes que se reciban, administren o dispongan. Parágrafo Segundo: Subsistirá la responsabilidad a que se refiere este artículo
respecto de los actos que se hubieren ejecutado durante la vigencia de la
representación, o del poder de administración o disposición, aun cuando haya
cesado la representación, o se haya extinguido el poder de administración o
disposición. De la norma antes transcrita se desprende los sujetos obligados a cumplir, en
carácter de responsables solidarios, determinado que los directores, gerente,
administradores o representantes de las personas jurídicas son solidariamente
responsables por el pago de los tributos de los bienes que administren o
dispongan del contribuyente u obligado principal. Asimismo, prevé la norma transcrita que la responsabilidad solidaria subsiste
representación aún cuando se rompa el vínculo que los une, así como establece
que el responsable solidario en su gestión, administrará los recursos que se le
encomienden dando cumplimiento a los deberes fiscales; en caso contrario, se
hará efectiva su responsabilidad solidaria limitada a los bienes que éste
administre o de los cuales disponga. A este respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia del 31-07-2007, No. 01341, caso AUTOMOTRIZ LAMAX, C.A. en
relación del responsable solidario ha señalado: “ Ahora bien, esta vinculación en modo alguno debe considerarse en su más
sentido amplio bajo la justificación de la presunta salvaguarda de los
intereses del Fisco Nacional, pues esa protección de intereses debe estar en
consonancia con los del contribuyente, por lo que al momento de determinar
dicha vinculación a los fines de evidenciar la responsabilidad solidaria, en el
caso concreto del ciudadano Juan Valentín Barco Rodríguez, resulta necesario
comprobar si para los períodos fiscales reparados, cuales son, 1995, 1996,
1997, 1998 y 1999, tenía alguna función dentro de la administración de la
referida contribuyente que lo califique como responsable solidario de los
créditos fiscales intimados y así ha sido considerado por esta Sala en
sentencia N° 00300 de fecha 15 de febrero de 2007, caso: Walter Luis Galves
Acosta Vs. Fisco Nacional. Cuando sostuvo lo siguiente: “… En el presente caso, para establecer si el ciudadano Walter Luis Galves
Acosta es o no, responsable solidario por las obligaciones tributarias
determinadas a cargo de la contribuyente Automotriz Lamax, S.A., es
indispensable comprobar si para los períodos fiscales reparados (1995, 1996,
1997 y 1998), dicho ciudadano tenía alguna facultad dentro de la administración
de la mencionada contribuyente que lo legitime como responsable solidario de
los créditos fiscales intimados…”. En este sentido, resulta necesario para esta sentenciadora comprobar si para
los períodos fiscales reparados desde marzo 2005 hasta febrero 2009, los
ciudadanos GABRIELA PIZZORNI, CARLOS RAFAEL DORADO FERNÁNDEZ y GABRIELE TITONE
BONO, tenían alguna función dentro de la administración de la referida
contribuyente que los califiquen como responsable solidario de las multas
impuestas. Al respecto, consta a los folios 81 al 83 del expediente, poder autenticado
ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital,
el 28 de enero de 2008, bajo el No. 49, tomo 07 de los Libros de
Autenticaciones, en cuyo texto se desprende que el ciudadano CARLOS DORADO,
titular de la Cédula de Identidad No. 6.967.434, procediendo en su carácter de
Vicepresidente de la sociedad mercantil ITALCAMBIO, C.A. otorga poder general a
los abogados que allí se mencionan. Del análisis de las actas que componen el presente asunto, se evidencia que
para los períodos fiscalizados la ciudadana GABRIELA PIZZORNI, titular de la
cédula de identidad No. 3.819.192, es representante de la empresa ITALCAMBIO,
C.A. De lo anteriormente expuestos, se considera que los ciudadanos GABRIELA
PIZZORNI, titular de la cédula de identidad No. 3.819.192 y CARLOS DORADO,
titular de la cédula de identidad No. 6.967.434, tienen las más amplias
facultades de administración y disposición de la compañía, para los períodos en
que le impusieron sus respectivas multas, por lo que esta juzgadora tomando en
consideración los derechos de la Republica Bolivariana de Venezuela, así como
en aras de asegurar de manera prioritaria, inmediata e indeclinable el
cumplimiento de la obligación tributaria declara improcedente la falta de
cualidad en relación a los ciudadanos GABRIELA PIZZORNI y CARLOS DORADO. Así se
decide Bajo este mismo contexto y de acuerdo con el contenido de las actas procesales,
esta juzgadora pudo verificar que el ciudadano GABRIELE TITONE, titular de la
cédula de identidad No. 11.552.691, no ocupó cargo de dirección, de gerencia o
representación ni era accionista para el momento en que se practicó la revisión
fiscal por parte del IVSS, ni durante los períodos fiscalizados, por lo que
este Tribunal considera procedente la falta de cualidad, razón por la cual el
prenombrado ciudadano queda excluido como responsable solidario. Así se decide Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo
Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, declara NEGADA LA OPOSICIÓN AL JUICIO EJECUTIVO presentada
por la sociedad mercantil ITALCAMBIO, C.A. y de los ciudadanos GABRIELA
PIZZORNI, CARLOS DORADO, así como se desestima como responsable solidario al
ciudadano GABRIELE TITONE BONO. Asimismo, se ordena Oficiar al Juzgado Ejecutor de Medidas de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y anexar el
correspondiente decreto de embargo, así como copia certificada de la presente
decisión. No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza de la sentencia. Notifíquese de esta decisión a la ciudadana Procuradora General de la República
remitiendo copia certificada del presente fallo, de conformidad con el artículo
86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como al
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y a ITALCAMBIO, C.A. así
como a los ciudadanos GABRIELA PIZZORNI, CARLOS DORADO y GABRIELE TITONE BONO.
Líbrense Boletas. LA JUEZA TEMPORAL YAQUELIN ÁLVAREZ GÓMEZ LA SECRETARIA, YANIBEL LÓPEZ RADA BBG/yag http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2013/enero/2097-8-AP41-U-2012-000504-INTERLOCUTORIA.html

References: artículo 294
 Artículo 294
 Artículo 289
 artículo 213
 Artículo 291
 Artículo 295
 artículo 547
 artículo 86
 artículo 294
 Artículo 294
 Resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 49
 artículo 327
 Artículo 289
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 61
 Artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 resolución 
 artículo 280
 artículo 289
 artículo 361
 artículo
28
 Artículo 28
 artículo
86