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Timestamp: 2018-05-22 02:30:34+00:00

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Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 40 - JURI-DILEYC
Posted by Juridi-NEWS | Jun 26, 2017 | Juridi-News | 0 |
En portada: Brexit
Declaración UE-Turquía: Sexto informe
Política pesquera común: recopilación, gestión y uso de datos
Nuestra selección del DOUE (semana del 20 al 26 de junio de 2017)
Jurisprudencia TJUE: aproximación de las legislaciones; espacio de libertad, seguridad y justicia; libre prestación de servicios; fomento de la energía procedente de fuentes renovables; libre circulación de los trabajadores; traspasos de empresas
Lectura: La política de la Unión Europea en materia de Derecho de las inversiones internacionales (Katia Fach Gómez)
Recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea
Anexo de la recomendación
Documentos de especial interés sobre las negociaciones (en inglés)
Position paper transmitted to the EU27: essential principles on citizens’ rights
Position paper transmitted to the UK: essential principles on citizens’ rights
Explicación de las disposiciones específicas de la propuesta
En el artículo 1 de la Decisión del Consejo objeto de la Recomendación, el Consejo autoriza la apertura de negociaciones y designa a la Comisión como negociadora de la Unión para el acuerdo con el Reino Unido en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
En el artículo 2 de dicha Decisión del Consejo, el Consejo indica que las negociaciones deben llevarse a cabo a la luz de orientaciones proporcionadas por el Consejo Europeo y con arreglo a las directrices que figuran en el anexo.
El anexo de la Decisión del Consejo recomendada fija directrices de negociación para las cuestiones siguientes:
Liquidación financiera única en relación con el presupuesto de la Unión y con el cese de la pertenencia del Reino Unido a los órganos e instituciones establecidos por los Tratados, así como con la participación del Reino Unido en los fondos y mecanismos específicos relativos a las políticas de la Unión.
Disposiciones relativas a los productos introducidos en el mercado y a los procedimientos en curso con arreglo al Derecho de la Unión.
Disposiciones relativas a otras cuestiones administrativas referidas al funcionamiento de la Unión.
Gobernanza del acuerdo.
Sexto informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía - COM (2017) 323 final
La Declaración UE-Turquía ha seguido dando resultados concretos. Se ha consolidado la tendencia de reducción notable de los cruces ilegales y peligrosos, y de disminución de la pérdida de vidas en el mar Egeo, junto con los efectos prácticos de proyectos de apoyo a los refugiados sirios y a las comunidades de acogida en Turquía en el marco del Mecanismo para los Refugiados en Turquía. Sin embargo, aunque los cruces se han estabilizado en niveles bajos, se mantienen los factores que empujan a emigrar a Europa. La Declaración UE-Turquía sigue desempeñando un papel clave a la hora de garantizar que el problema de la migración en el Mediterráneo oriental se aborde de forma eficaz y conjunta por parte de la UE y Turquía, según lo subrayado por los presidentes Juncker y Tusk y el presidente Erdoğan en su reunión de 25 de mayo.
Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar la aplicación íntegra y constante de la Declaración UE-Turquía, sobre la base de una determinación política permanente de todas las partes.
Más información: Análisis del pacto UE – Turquía: ¿jaque mate al derecho de asilo? (Carlos F. Molina del Pozo – Jorge Antonio Jiménez Carrero)
Tanto la UE como Turquía deben incrementar el ritmo de contratación y de ejecución de los proyectos en el marco del Mecanismo con el fin de acelerar la prestación de un apoyo concreto a los refugiados sirios y a las comunidades de acogida en Turquía.
El compromiso actual de los Estados miembros para 2017 es reasentar en Europa a 25 000 refugiados sirios procedentes de Turquía. Además, la UE y Turquía deben acordar rápidamente el régimen voluntario de admisión humanitaria, seguido de una rápida decisión sobre su activación con el fin de facilitar los reasentamientos desde Turquía.
Asimismo es necesario un esfuerzo adicional por parte de las autoridades griegas, las agencias de la UE y los Estados miembros para llevar a cabo las medidas recomendadas en el Plan de Acción Conjunto aprobado por el Consejo Europeo, con vistas a mejorar la capacidad de gestión de la migración y el asilo de la Administración griega y, en última instancia, lograr que mejore la situación en las islas griegas. En este contexto, es fundamental que se adopten medidas rápidas y significativas para incrementar las operaciones de retorno a Turquía de las personas que no tienen derecho a permanecer en Grecia, en plena conformidad con las normas de la UE e internacionales.
Turquía debe adoptar las medidas necesarias para satisfacer lo antes posible los parámetros de referencia pendientes para la liberalización del régimen de visados, de manera que la UE pueda suprimir la obligación de visado para los ciudadanos turcos.
El Consejo deberá concluir lo antes posible los trabajos sobre el mandato de negociación relativo a la modernización de la Unión Aduanera para permitir el inicio de las negociaciones de un acuerdo importante, liberando el potencial no explotado en las relaciones económicas y comerciales entre la UE y Turquía.
La Comisión seguirá impulsando la labor y en octubre de 2017 presentará su próximo informe sobre los avances logrados.
Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 199/2008 del Consejo
Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)
1. A fin de contribuir a los objetivos de la política pesquera común, contemplados en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013, el presente Reglamento establece normas referentes a la recopilación, la gestión y el uso de los datos biológicos, medioambientales, técnicos y socioeconómicos relativos al sector pesquero, según se establece en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013.
2. Los datos a que se refiere el apartado 1 solo se recopilarán si no existe una obligación de recopilarlos en virtud de actos jurídicos de la Unión distintos del presente Reglamento.
3. En lo que respecta a los datos necesarios para la gestión de la pesca que se recopilen en virtud de otros actos jurídicos de la Unión, el presente Reglamento solo define normas para el uso y la transmisión de tales datos.
Programas plurianuales de la Unión
Establecimiento de un programa plurianual de la Unión (art. 4)
1. La Comisión establecerá un programa plurianual de la Unión con vistas a la recopilación y gestión de los datos a los que hace referencia el artículo 1, apartado 1, de conformidad con el contenido y los criterios establecidos en el artículo 5.
La Comisión adoptará la parte del programa plurianual de la Unión que cubre cuestiones previstas en el artículo 5, apartado 1, letra a), mediante actos delegados de conformidad con el artículo 24.
La Comisión adoptará la parte del programa plurianual de la Unión que cubre cuestiones previstas en el artículo 5, apartado 1, letras b) y c), mediante actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 25, apartado 2.
2. Antes de la adopción de los actos delegados y de ejecución previstos en el apartado 1 del presente artículo, la Comisión consultará a los grupos regionales de coordinación a que se refiere el artículo 9, el CCTEP y cualesquiera otros organismos científicos apropiados a los que se refiere el artículo 26 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013.
Contenido y criterios para el establecimiento del programa plurianual de la Unión (art. 5)
a) una lista detallada de los requisitos de datos para la consecución de los objetivos establecidos en los artículos 2 y 25 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013;
b) una lista de campañas científicas de investigación obligatorias en el mar;
c) unos umbrales por debajo de los cuales los Estados miembros no están obligados a recopilar datos sobre la base de sus actividades de la pesca y la acuicultura o llevar a cabo campañas científicas de investigación en el mar.
2. Los datos a que se hace referencia en el apartado 1, letra a), deberán incluir:
a) datos biológicos de todas las poblaciones capturadas o capturadas accesoriamente por actividades de pesca comercial y, en su caso, de pesca recreativa en aguas de la Unión y fuera de ellas, incluida la pesca de anguila y de salmón en las aguas interiores correspondientes, así como otras especies diadromas de interés comercial, con el fin de hacer posible un enfoque ecosistémico de la gestión y conservación de la pesca necesarias para el funcionamiento de la política pesquera común;
b) datos para evaluar el impacto de las actividades pesqueras de la Unión sobre el ecosistema marino en aguas de la Unión y fuera de ellas, incluidos datos relativos a las capturas accesorias de especies acompañantes, en particular de especies protegidas por el Derecho de la Unión o internacional, datos relativos a la incidencia de la pesca sobre los hábitats marinos incluidas las zonas marinas vulnerables y datos relativos al impacto de la pesca sobre las redes tróficas;
c) datos sobre la actividad de los buques pesqueros de la Unión en aguas de la Unión y fuera de ellas, incluidos los niveles de pesca y de esfuerzo pesquero y la capacidad de la flota de la Unión;
e) datos socioeconómicos y datos de sostenibilidad de la acuicultura marina para permitir la evaluación de los resultados socioeconómicos y la sostenibilidad del sector de la acuicultura de la Unión, incluido su impacto ambiental;
3. Además, los datos a que se refiere el apartado 1, letra a), pueden incluir datos socioeconómicos y datos relativos a la sostenibilidad de la acuicultura en agua dulce, para permitir la evaluación de los resultados socioeconómicos y la sostenibilidad del sector de la acuicultura de la Unión, incluido su impacto ambiental.
4. A fin de establecer el programa plurianual de la Unión, la Comisión tendrá en cuenta:
a) las necesidades de información para la gestión y una aplicación eficiente de la política pesquera común, con vistas a alcanzar sus objetivos establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013. Esa información debe también permitir determinar los objetivos necesarios para la ejecución de los planes plurianuales a que hace referencia el artículo 9 de dicho Reglamento;
b) la necesidad de datos que sean pertinentes, exhaustivos y fiables para las decisiones sobre la gestión de la pesca y la protección de los ecosistemas, incluidos las especies y los hábitats vulnerables;
c) la necesidad y la pertinencia de datos para el desarrollo sostenible de la acuicultura a escala de la Unión, teniendo en cuenta el carácter predominantemente local de su impacto;
d) la necesidad de apoyar las evaluaciones de impacto de las medidas políticas;
e) los costes y los beneficios, teniendo en cuenta las soluciones más rentables para lograr el objetivo de la recopilación de datos;
f) la necesidad de evitar la interrupción de las series cronológicas existentes;
g) la necesidad de simplificar y evitar la duplicación de la recopilación de datos, de conformidad con el artículo 1;
h) si procede, la necesidad de disponer de datos que cubran la pesca insuficientemente documentada;
i) las especificidades regionales y los acuerdos regionales celebrados en los grupos de coordinación regional;
j) las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros;
k) la cobertura espacial y temporal de las actividades de recopilación de datos.
5. La lista de las campañas científicas de investigación obligatorias en el mar a que se refiere el apartado 1, letra b), se elaborará teniendo en cuenta los requisitos siguientes:
a) las necesidades en materia de información para la gestión de la política pesquera común, con vistas a lograr los objetivos establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013;
b) las necesidades de información derivadas de la coordinación y armonización acordadas a nivel internacional;
c) las necesidades de información para la evaluación de los planes de gestión;
d) las necesidades de información para el seguimiento de las variables de los ecosistemas;
e) las necesidades de información para una cobertura adecuada de las zonas de las poblaciones;
f) la necesidad de evitar duplicidades en las campañas científicas de investigación en el mar, y
g) la necesidad de evitar la interrupción de las series cronológicas.
6. Para las poblaciones sujetas a límites de captura, las normas relativas a la participación de distintos Estados miembros en las campañas científicas de investigación en el mar a que se hace referencia en el apartado 1, letra b), deberán estar basadas en la cuota de los Estados miembros interesados en el total admisible de capturas disponibles para la Unión para las poblaciones afectadas. Para las poblaciones no sujetas a límites de captura, dichas normas se basarán en la proporción relativa de los Estados miembros interesados de la explotación total de las poblaciones afectadas.
7. Para las poblaciones sujetas a límites de captura, el umbral al que hace referencia el apartado 1, letra c), se establecerá sobre la base de la cuota del Estado miembro interesado en el total admisible de capturas disponibles para la Unión para la población afectada. Para las poblaciones no sujetas a límites de captura, dicho umbral se definirá sobre la base de la proporción relativa del Estado miembro interesado de la explotación total de la población afectada. Por lo que respecta a la acuicultura y al sector de la transformación, dicho umbral será proporcional al tamaño de tales sectores en un Estado miembro.
Ejecución del programa plurianual de la Unión por parte de los Estados miembros
Planes de trabajo nacionales (art. 6)
1. Sin perjuicio de sus actuales obligaciones de recopilación de datos en virtud del Derecho de la Unión, los Estados miembros deberán recopilar los datos en el marco de un programa operativo, según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.° 508/2014, y de un plan de acción elaborado de conformidad con el programa plurianual de la Unión y con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) n.° 508/2014 (en lo sucesivo, «plan de trabajo nacional»).
2. Cuando la Comisión apruebe los planes de trabajo nacionales de conformidad con el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 508/2014, tendrá en cuenta la evaluación realizada por el CCTEP de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento. Si de dicha evaluación se desprende que un plan de trabajo nacional no cumple lo dispuesto en el presente artículo o no garantiza la pertinencia científica de los datos o la calidad suficiente de los métodos y procedimientos propuestos, la Comisión informará de inmediato al Estado miembro interesado e indicará las modificaciones del plan de trabajo que considera necesarias. Posteriormente, el Estado miembro interesado presentará a la Comisión un plan nacional de trabajo revisado.
3. Los planes de trabajo nacionales de los Estados miembros deberán contener una descripción detallada de los elementos siguientes:
a) los datos que deben recopilarse de conformidad con el programa plurianual de la Unión;
b) la distribución espacial y temporal y la frecuencia con la que se recopilarán los datos;
c) la fuente de los datos, los procedimientos y métodos para su recopilación y tratamiento en los conjuntos de datos que se facilitarán a los usuarios finales de datos científicos;
d) el marco de aseguramiento y control de la calidad para garantizar la calidad adecuada de los datos de conformidad con el artículo 14;
e) el formato y la fecha en que se han de poner los datos a disposición de los usuarios finales de datos científicos, teniendo en cuenta las necesidades definidas por dichos usuarios, caso de conocerse;
f) los acuerdos internacionales y regionales de cooperación y coordinación, incluidos los acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados para alcanzar los objetivos del presente Reglamento, y
g) de qué forma se han tenido en cuenta las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros.
4. En la preparación de su plan de trabajo nacional, cada Estado miembro, en el marco de los grupos regionales de coordinación contemplados en el artículo 9, cooperará y coordinará sus esfuerzos con otros Estados miembros, en particular aquellos de la misma región marítima, a fin de garantizar una cobertura suficiente y eficaz y evitar la duplicación de las actividades de recopilación de datos. Asimismo, en ese proceso, los Estados miembros procurarán que las partes interesadas pertinentes participen en el nivel apropiado. En su caso, la cooperación y coordinación podrán desarrollarse también fuera del marco de los grupos regionales de coordinación.
Corresponsales nacionales (art. 7)
1. Cada Estado miembro designará un corresponsal nacional e informará de ello a la Comisión. El corresponsal nacional servirá de punto de coordinación para el intercambio de información entre la Comisión y el Estado miembro en cuanto a la preparación y ejecución de los planes de trabajo nacionales.
2. Además, el corresponsal nacional deberá llevar a cabo particularmente las siguientes tareas:
a) coordinar la preparación del informe anual mencionado en el artículo 11;
b) garantizar la transmisión de información dentro del Estado miembro, y
c) coordinar la asistencia de expertos relevantes a las reuniones del grupo de expertos organizadas por la Comisión y la participación en los grupos regionales de coordinación pertinentes a que se refiere el artículo 9.
3. Si varios organismos de un Estado miembro participan en la ejecución del plan de trabajo, el corresponsal nacional se encargará de coordinar dicha labor.
4. Cada Estado miembro velará por que sus corresponsales nacionales reciban un mandato suficientemente amplio para representar a sus Estados miembros en los grupos regionales de coordinación a que se refiere el artículo 9.
Cooperación dentro de la Unión (art. 8)
Los Estados miembros cooperarán y coordinarán sus actuaciones para mejorar aún más la calidad, la oportunidad y la cobertura de los datos, lo que permita seguir mejorando la fiabilidad de los métodos de recopilación de datos, con vistas a mejorar sus actividades de recopilación de datos.
Coordinación y cooperación regionales (art. 9)
1. Tal como se dispone en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013, los Estados miembros deberán coordinar sus actividades de recopilación de datos con otros Estados miembros de la misma región marítima y esforzarse al máximo por coordinar sus acciones con los terceros países que tengan soberanía o jurisdicción sobre las aguas de la misma región marítima.
2. A fin de facilitar la coordinación regional, los Estados miembros pertinentes crearán grupos regionales de coordinación para cada una de las regiones marítimas.
3. Los grupos regionales de coordinación tendrán como objetivo desarrollar y aplicar los procedimientos, los métodos y el aseguramiento y el control de calidad para la recopilación y el tratamiento de los datos, con vistas a que se pueda seguir mejorando la fiabilidad del asesoramiento científico. A tal fin, los grupos regionales de coordinación procurarán desarrollar y poner en funcionamiento bases de datos regionales.
4. Los grupos regionales de coordinación estarán compuestos por expertos designados por los Estados miembros, incluidos los corresponsales nacionales, y la Comisión.
5. Los grupos regionales de coordinación elaborarán y acordarán un reglamento interno aplicable a sus actividades.
6. Los grupos regionales de coordinación se coordinarán entre sí y con la Comisión en cuestiones que afecten a varias regiones marítimas.
7. Cuando sea necesario se invitará a los representantes de los usuarios finales de datos científicos que proceda, incluidos los organismos científicos pertinentes a que se refiere el artículo 26 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013, las organizaciones regionales de gestión de la pesca, los consejos consultivos y los terceros países a que asistan en calidad de observadores a las reuniones de los grupos regionales de coordinación.
8. Los grupos regionales de coordinación podrán preparar proyectos de planes de trabajo regionales que serán compatibles con el presente Reglamento y con el programa plurianual de la Unión. Dichos proyectos de planes de trabajo regionales podrán incluir procedimientos, métodos de trabajo, aseguramiento y control de la calidad para la recopilación y el tratamiento de los datos a que se refieren el apartado 2, letras a) y b), y el artículo 5, apartado 5, las estrategias de muestreo coordinadas a escala regional y las condiciones para el suministro de datos en las bases regionales de datos. También podrán incluir acuerdos de reparto de los costes para la participación en campañas científicas de investigación en el mar.
9. Cuando se haya elaborado un proyecto de plan de trabajo regional, el Estado miembro interesado, lo presentará a la Comisión antes del 31 de octubre del año anterior al año a partir del cual ha de aplicarse el plan en cuestión, excepto si todavía se aplica un plan existente, en cuyo caso los Estados miembros interesados lo notificarán a la Comisión. La Comisión podrá adoptar los proyectos de planes de trabajo mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen mencionado en el artículo 25, apartado 2. A tal fin, la Comisión tendrá en cuenta, cuando proceda, la evaluación realizada por el CCTEP según lo dispuesto en el artículo 10. Si de dicha evaluación se desprende que un proyecto de plan de trabajo regional no cumple lo dispuesto en el presente artículo o no garantiza la pertinencia científica de los datos o la calidad suficiente de los métodos y procedimientos propuestos, la Comisión informará de inmediato al Estado miembro interesado e indicará las modificaciones de dicho proyecto de plan de trabajo que considera necesarias. Posteriormente, el Estado miembro interesado presentará a la Comisión un proyecto de plan de trabajo regional revisado.
10. Se considerará que los planes de trabajo regionales sustituyen o complementan las partes pertinentes de los planes de trabajo nacionales de cada uno de los Estados miembros interesados.
11. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre procedimientos, acuerdos de reparto de los costes para la participación en las campañas científicas de investigación en el mar, la zona de la región marítima a efectos de la recopilación de datos, y formatos y calendarios para la presentación y aprobación de los planes de trabajo regionales, tal como se contempla en el apartado 8 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 25, apartado 2.
Evaluación de los planes de trabajo por el CCTEP (art. 10)
El CCTEP evaluará los planes de trabajo nacionales y los proyectos de planes regionales de trabajo a que se refieren los artículos 6 y 9. Al hacerlo, tendrá en cuenta:
a) la conformidad de los planes de trabajo y de sus eventuales modificaciones con los artículos 6 y 9, y
b) el interés científico de los datos a que se referirán los planes de trabajo a los efectos establecidos en el artículo 1, apartado 1, y la calidad de los métodos y procedimientos propuestos.
Evaluación y aprobación de los resultados de los planes de trabajo nacionales (art. 11)
1. Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión un informe sobre la ejecución de sus planes de trabajo nacionales. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre los procedimientos, formatos y calendarios para la presentación y aprobación de los informes anuales. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen mencionado en el artículo 25, apartado 2.
2. De conformidad con el artículo 10, el CCTEP evaluará:
a) la ejecución de los planes de trabajo nacionales aprobados por la Comisión, y
3. La Comisión evaluará la ejecución de los planes de trabajo nacionales a tenor de:
a) la evaluación realizada por el CCTEP, y
b) la consulta a las correspondientes organizaciones regionales de gestión de la pesca en las que la Unión es parte contratante o tiene estatuto de observador, así como a los organismos científicos internacionales pertinentes.
Acceso a los puntos de muestreo (art. 12)
1. Los Estados miembros velarán por que los recopiladores de datos designados por el organismo encargado de la ejecución del plan de trabajo nacional tengan libre acceso a todas las capturas, buques y otros puntos de muestreo, registros de empresas y cualesquiera datos necesarios, para el cumplimiento de su cometido.
2. Los capitanes de los buques pesqueros de la Unión aceptarán a bordo a los observadores científicos y cooperarán con ellos para que puedan cumplir su cometido mientras se encuentren a bordo de un pesquero de la Unión, así como el uso de métodos alternativos de recopilación de datos, si procede, establecidos en los planes de trabajo nacionales, sin perjuicio de las obligaciones internacionales.
3. Los capitanes de los buques pesqueros de la Unión únicamente podrán negarse a aceptar a bordo a los observadores científicos que realicen sus funciones en virtud del régimen de observación en el mar por manifiesta falta de espacio en el buque o por motivos de seguridad de conformidad con el Derecho nacional. En esos casos, los datos se recopilarán aplicando los métodos alternativos de recopilación de datos establecidos en el plan de trabajo nacional, y diseñados y controlados por el organismo encargado de la ejecución de dicho plan.
Almacenamiento de los datos (art. 13)
a) velarán por que los datos primarios recopilados en virtud de los planes de trabajo nacionales se almacenen de forma segura en bases de datos informáticas y adoptarán todas las medidas necesarias para que quede garantizada su confidencialidad;
b) garantizarán que los metadatos referentes a los datos socioeconómicos primarios recopilados en virtud de los planes de trabajo nacionales se almacenen de forma segura en bases de datos informáticas;
c) adoptarán todas las medidas técnicas necesarias para proteger dichos datos de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, el deterioro, o la consulta o distribución no autorizadas.
Control de calidad y validación de los datos (art. 14)
1. Los Estados miembros serán responsables de la calidad y exhaustividad de los datos primarios recopilados en virtud de los planes de trabajo nacionales, así como de los datos detallados y agregados derivados de ellos que se transmitan a los usuarios finales de datos científicos.
a) los datos primarios recopilados en virtud de los planes de trabajo nacionales sean adecuadamente comprobados para detectar errores mediante unos procedimientos de control de calidad apropiados;
b) los datos detallados y agregados obtenidos a partir de los datos primarios recogidos en virtud de los planes de trabajo nacionales sean validados antes de su transmisión a los usuarios finales de datos científicos;
c) los procedimientos de aseguramiento de la calidad aplicados a los datos primarios, detallados y agregados a que se refieren las letras a) y b) se elaboren de conformidad con los procedimientos adoptados por los organismos científicos internacionales, las organizaciones regionales de gestión de la pesca, el CCTEP y los grupos regionales de coordinación.
Acceso a, y transmisión de, datos primarios (art. 15)
1. A efectos de comprobar la existencia de los datos primarios, distintos de los datos socioeconómicos, recopilados de conformidad con el artículo 6, apartado 1, los Estados miembros velarán por que la Comisión pueda acceder a las bases de datos informáticas nacionales mencionadas en el artículo 13, letra a).
2. A efectos de comprobar la existencia de los datos socioeconómicos recopilados de conformidad con el artículo 6, apartado 1, los Estados miembros velarán por que la Comisión pueda acceder a las bases de datos informáticas nacionales mencionadas en el artículo 13, letra b).
4. Los Estados miembros velarán por que los datos primarios recopilados en virtud de las campañas científicas de investigación en el mar sean transmitidos a las organizaciones científicas internacionales y a los organismos científicos pertinentes dentro de las organizaciones regionales de gestión de la pesca de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión y de los Estados miembros.
Procesamiento de los datos primarios (art. 16)
a) las normas internacionales aplicables, si procede;
b) los protocolos aprobados a nivel internacional o regional si procede.
2. Los Estados miembros facilitarán a los usuarios finales de datos científicos y a la Comisión, cuando resulte necesario, una descripción de los métodos aplicados para procesar los datos solicitados y sus propiedades estadísticas.
Procedimiento para garantizar la disponibilidad de los datos detallados y agregados (art. 17)
1. Los Estados miembros establecerán los procesos y tecnologías electrónicas adecuados para garantizar una aplicación efectiva del artículo 25 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013 y del presente Reglamento. Se abstendrán de aplicar restricciones innecesarias a la difusión de los datos detallados y agregados a los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas.
2. Los Estados miembros deberán garantizar las salvaguardias adecuadas en el caso de que los datos contengan información relativa a personas físicas identificadas o identificables. Un Estado miembro podrá negarse a transmitir los datos detallados y agregados pertinentes cuando exista un riesgo de identificación de las personas físicas o jurídicas, en cuyo caso el Estado miembro interesado propondrá métodos alternativos para atender las necesidades determinadas por los usuarios finales de datos científicos que garanticen el anonimato.
3. En el caso de solicitudes presentadas por usuarios finales de datos científicos para servir de base de asesoramiento con vistas a la gestión de la pesca, los Estados miembros velarán por que los datos detallados y agregados pertinentes se actualicen y se transmitan a los usuarios finales de datos científicos que corresponda en el plazo fijado en la solicitud, que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud de dichos datos.
4. En el caso de solicitudes distintas de las contempladas en el apartado 3, los Estados miembros velarán por que los datos pertinentes se actualicen y se pongan a disposición de los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas que corresponda dentro de período de tiempo razonable. En el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud, los Estados miembros informarán a la parte solicitante de la duración de dicho período, que será proporcional a la dimensión de la solicitud, y de la posible necesidad de un procesamiento adicional de los datos solicitados.
5. Cuando los datos solicitados por usuarios finales de datos científicos distintos de los contemplados en el apartado 3 u otras partes interesadas requieran un procesamiento adicional de los datos ya recopilados, los Estados miembros podrán facturar al solicitante los costes reales del procesamiento adicional de los datos que sea necesario antes de la transmisión de estos.
6. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá autorizar la ampliación del plazo a que se refiere el apartado 3.
7. Cuando se soliciten datos detallados para su publicación científica, los Estados miembros podrán, con objeto de proteger los intereses profesionales de los recopiladores de datos designados por el organismo encargado de la ejecución del plan de trabajo nacional, exigir que la publicación de datos se retrase tres años a partir de la fecha a la que se refieran los datos. Los Estados miembros informarán a los usuarios finales de datos científicos y a la Comisión de su decisión y de las razones de la misma.
Sistemas compatibles de almacenamiento e intercambio de datos (art. 18)
1. Con el fin de reducir costes y facilitar el acceso a los datos detallados y agregados a los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas, los Estados miembros, la Comisión, los organismos científicos consultivos y los usuarios finales de datos científicos pertinentes cooperarán para desarrollar sistemas compatibles de almacenamiento e intercambio de datos, teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 2007/2/CE. Dichos sistemas deberán también facilitar la difusión de información a otras partes interesadas; podrán adoptar la forma de bases de datos regionales. Los planes de trabajo regionales a que se refiere el artículo 9, apartado 8, del presente Reglamento podrán servir de base a un acuerdo sobre dichos sistemas.
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre los procedimientos, formatos, códigos y calendarios que deben utilizarse para garantizar la compatibilidad de los sistemas de almacenamiento e intercambio de datos, y establecer, si procede, medidas de salvaguardia en caso de que los sistemas de almacenamiento e intercambio de datos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo incluyan información relativa a personas físicas identificadas o identificables. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 25, apartado 2.
Examen de la denegación de facilitar los datos (art. 19)
Si un Estado miembro se niega a facilitar datos acogiéndose al artículo 17, apartado 7, el usuario final de datos científicos podrá solicitar a la Comisión que examine tal denegación. Si la Comisión llega a la conclusión de que no está debidamente justificada, podrá solicitar al Estado miembro que facilite los datos al usuario final de datos científicos en un plazo de un mes.
Obligaciones de los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas (art. 20)
1. Los usuarios finales de datos científicos y otras partes interesadas deberán:
a) utilizar los datos solo para los fines declarados en su solicitud de información con arreglo al artículo 17;
d) informar a la Comisión y a los Estados miembros interesados de cualquier problema que sospechen pueda existir con los datos;
e) facilitar a los Estados miembros interesados y a la Comisión las referencias de los resultados del uso de los datos;
f) abstenerse de transmitir los datos solicitados a terceros sin el consentimiento del Estado miembro interesado;
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier incumplimiento por parte de los usuarios finales de datos científicos u otras partes interesadas.
3. Cuando los usuarios finales de datos científicos u otras partes interesadas incumplan alguno de los requisitos enunciados en el apartado 1, la Comisión podrá autorizar al Estado miembro interesado a limitar o denegar el acceso de dicho usuario de los datos a los datos.
Participación en las reuniones de los organismos internacionales (art. 21)
Los Estados miembros velarán por que sus expertos nacionales participen en las reuniones pertinentes de las organizaciones regionales de gestión de la pesca en las que la Unión es parte contratante o tiene estatuto de observador y de los organismos científicos internacionales.
Coordinación y cooperación internacionales (art. 22)
1. Los Estados miembros y la Comisión coordinarán sus esfuerzos y cooperarán para mejorar aún más la calidad, oportunidad y cobertura de los datos, lo que permita seguir mejorando la fiabilidad del asesoramiento científico, la calidad de los programas de trabajo y los planes de trabajo de las organizaciones regionales de gestión de la pesca en las que la Unión es parte contratante o tiene estatuto de observador y de los organismos científicos internacionales.
20 de junio de 2017: L 156; L 157; C 196
21 de junio de 2017: L 158; L 159; C 197
22 de junio de 2017: L 160; L 161; C 198; C 198 A; C 199
23 de junio de 2017: L 162; C 200
24 de junio de 2017: L 163; C 201
26 de junio de 2017: C 202
MARCO FINANCIERO. Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DOUE L 163, 24 de junio de 2017)
TRATA DE PERSONAS. Informe Especial n.° 9/2017 — «Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas en el sur y el sudeste asiático» (DOUE C 198, 22 de junio de 2017)
Reglamento (UE) 2017/1084 de la Comisión, de 14 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 651/2014 en lo relativo a las ayudas a infraestructuras portuarias y aeroportuarias, los umbrales de notificación para las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio y para las ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales, así como los regímenes de ayudas de funcionamiento de finalidad regional, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 702/2014 en lo relativo al cálculo de los costes subvencionables (DOUE L 156, 20 de junio de 2017)
Resumen del Dictamen sobre la propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales (DOUE C 200, 23 de junio de 2017)
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la nueva base jurídica del Sistema de Información de Schengen (DOUE C 200, 23 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1105 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de insolvencia (DOUE L 160, 22 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1093 de la Comisión, de 20 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de los informes de posiciones de las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado (DOUE L 158, 21 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1110 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la autorización de los proveedores de servicios de suministro de datos y las notificaciones conexas de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros (DOUE L 162, 23 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1111 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para la transmisión de información en materia de sanciones y medidas, conforme a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 162, 23 de junio de 2017)
APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES. A falta de consenso científico, el defecto de una vacuna y la relación de causalidad entre éste y una enfermedad pueden probarse mediante un abanico de indicios sólidos, concretos y concordantes (TJUE, W y otros, 21 de junio de 2017, C-621/15).
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Un nacional de un país no perteneciente a la UE, titular de un permiso único de trabajo en un Estado miembro, tiene por lo general derecho a las prestaciones de seguridad social previstas para los nacionales de ese Estado (TJUE, Martinez Silva, 21 de junio de 2017, C-449/16).
LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. La normativa húngara relativa a la autorización de los juegos de azar en línea no es compatible con el principio de libre prestación de servicios (TJUE, Unibet International, 22 de junio de 2017, C-49/16).
TRASPASOS DE EMPRESAS. Los derechos de que gozan los trabajadores en caso de traspaso de una empresa pueden resultar aplicables cuando se celebra un «pre-pack» tras una quiebra (TJUE, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, 22 de junio de 2017, C-126/16).
El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que confiere a los servicios de policía del Estado miembro de que se trata competencia para controlar la identidad de cualquier persona, en una zona de 30 kilómetros a partir de la frontera terrestre de ese Estado miembro con otros Estados miembros parte del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990, con el fin de prevenir o poner fin a la entrada o residencia ilegales en el territorio de dicho Estado miembro o de prevenir determinados delitos contra la seguridad de las fronteras, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate y de la existencia de circunstancias particulares, salvo que tal normativa establezca la necesaria delimitación de esta competencia que garantice que el ejercicio en la práctica de ésta no pueda tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento n.º 562/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.º 610/2013, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite que los servicios de policía del Estado miembro de que se trata efectúen, a bordo de los trenes o en el recinto de las instalaciones ferroviarias de ese Estado miembro, controles de identidad de cualquier persona o de los documentos que permiten cruzar la frontera, y puedan dar el alto e interrogar a cualquier persona a tal fin, cuando esos controles se basan en el conocimiento de la situación o en la experiencia de la policía fronteriza, siempre que el ejercicio de tales controles quede sujeto en el Derecho nacional a precisiones y limitaciones que determinen la intensidad, la frecuencia y el carácter selectivo de tales controles, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Procedimento penal entablado contra A, 21 de junio de 2017, C‑9/16).
Fomento de la energía procedente de fuentes renovables
El artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, debe interpretarse en el sentido de que no tiene por objeto imponer a los Estados miembros la obligación de autorizar las importaciones, a través de sus redes de gas nacionales interconectadas, del biogás que cumpla los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 17 de dicha directiva y que esté destinado a ser utilizado como biocarburante.
El artículo 34 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a un requerimiento, como el controvertido en el litigio principal, mediante el cual una autoridad nacional pretende excluir que un agente económico pueda aplicar un sistema de balance de masa, en el sentido del artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2009/28, al biogás sostenible transportado a través de las redes de gas nacionales interconectadas, en virtud de una disposición adoptada por dicha autoridad según la cual el referido balance de masa debe realizarse «dentro de un lugar claramente delimitado», siendo así que esa misma autoridad sí admite, sobre la base de aquella disposición, que pueda aplicarse el sistema de balance de masa al biogás sostenible transportado a través de la red de gas nacional del Estado miembro al que pertenece esa autoridad (TJUE, E.ON Biofor Sverige AB contra Statens energimyndighet, 22 de junio de 2017, C‑549/15) .
El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual un contribuyente que reside en ese Estado miembro, y que trabaja para la Administración Pública de otro Estado miembro, no puede deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta en su Estado miembro de residencia las cotizaciones por jubilación y enfermedad retenidas sobre su salario en el Estado miembro de empleo, a diferencia de las cotizaciones similares pagadas a la Seguridad Social de su Estado miembro de residencia, cuando, de acuerdo con el Convenio para evitar la doble imposición entre los dos Estados miembros, el salario no puede tributar en el Estado miembro en que reside el trabajador y sólo incrementa el tipo de gravamen aplicable a los otros ingresos (TJUE, Wolfram Bechtel y Marie-Laure Bechtel contra Finanzamt Offenburg, 22 de junio de 2017, C‑20/16).
Resumen del libro: La política de la Unión Europea en materia de derecho de las inversiones internacionales es un tema jurídico multidisciplinar. En su apasionante estudio confluyen el derecho comunitario, el derecho internacional, el derecho económico internacional y el derecho procesal internacional, entre otros. Todas estas facetas están presentes en esta obra colectiva, elaborada por un selecto conjunto de académicos españoles y extranjeros expertos en las referidas materias. El resultado es un trabajo científico muy cuidado, que aborda un tema novedoso y con gran proyección de futuro.
Jose María Bosch Editor, S.A., 2017, 399 p., 49 €
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References: artículo 1
 artículo 2
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 artículo 24
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 artículo 2
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 artículo 18
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 artículo 6
 artículo 13
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 artículo 17
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 artículo 67
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 artículo 18
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 artículo 34
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 artículo 45