Source: http://www.equalitynow.org/es/category/issues/violencia_sexual
Timestamp: 2014-07-24 14:28:50+00:00

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Violencia sexual | Equality Now
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ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2014 May 14 ver pdf Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Unirse a nosotros para exigir urgentemente a las autoridades indicadas a continuación:
que rechacen las disposiciones ofensivas y discriminatorias incluidas en el borrador del Código Penal y que garanticen la no reincorporación en la legislación de la exención para los violadores;
que Mozambique respete sus compromisos nacionales, regionales e internacionales destinados a la protección, la implantación y la defensa de los derechos fundamentales de mujeres y niñas.
Dra. Verónica Nataniel Macamo DlhovoPresident, Assembleia da RepúblicaPalácio do Quarto CongressoAvenida 24 de JulhoMaputo, MoçambiqueFax: +25821400711011; +258 21225179Email:arm@parlamento.org.mz
Dr. Teodoro Andrade WatyPresidentCommittee on Legal Affairs Human Rights & Legality of ParliamentPalácio do Quarto CongressoAvenida 24 de JulhoMaputo, MoçambiqueFax: +25821400711; +258 21408846Email: sgar@parlamento.org.mz
Maria Benvinda Delfina LeviMinister of Justice Ministry of JusticeAv. Julius Nyerere 33Maputo, MoçambiqueFax: +25821494264Email: benvindalevi@hotmail.com
Dr. Orlando da GraçaSecretary General,Constitutional CouncilMatthew Samson Street Muthemba, 493 P.O. Box 2372Maputo, MoçambiqueFax: +25821487432 Email: correiocc@cconstitucional.org.mz
Graça Machel (see 2nd sample letter below)Former First Lady of Mozambique & South AfricaPresident of Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC)Av. 25 de Setembro, Edifícios Times Square Bloco 2 - 3º andarMaputo, MoçambiqueEmail: Vimla@nelsonmandela.org Cartas: Estimado Portavoz / Excelentísimo Ministro:Me preocupan enormemente las disposiciones presentes en el borrador del Código Penal, que fue anteriormente aprobado por el parlamento en diciembre de 2013 y que está pendiente de su aprobación definitiva en cualquier momento Si se aprueba la ley, las repercusiones para mujeres y niñas de Mozambique podrían ser devastadoras y las dejaría expuestas a un mayor riesgo de violencia sexual. Me siento especialmente preocupado por las disposiciones del borrador de la ley que definen la violación de una manera confusa y condicionada, lo que redundaría en una fácil elusión de la justicia por parte de los violadores, no protegen a las mujeres de la violación marital, permiten que los familiares de los delincuentes puedan obstaculizar las investigaciones criminales, y solo considera menores a las menores de 12 años en caso de violación. Es positivo que la disposición discriminatoria de los primeros borradores, concretamente el antiguo Artículo 223, que permitía que el violador pudiera eludir el castigo a través del matrimonio con su víctima, haya sido eliminada del borrador actual, pero me preocupa que pueda ser reincorporada.La Constitución de Mozambique ampara los principios fundamentales de igualdad, integridad física y acceso a la justicia. Asimismo, Mozambique ha ratificado y adoptado un número de instrumentos para los derechos humanos que confirman la responsabilidad del Estado en la protección de mujeres y niñas contra la violencia sexual, y que garantizan una protección jurídica igualitaria. Apoyo a Igualdad Ya y a sus socios a través de Solidaridad con los Derechos de las Mujeres Africanas (SOAWR), junto con WLSA Mozambique, Foro Mulher y otras ONG mozambiqueñas, en el llamamiento al Parlamento de Mozambique para que garantice la supresión o la enmienda de todas las disposiciones del Proyecto de Revisión del Código Penal que pongan en peligro los derechos o violen la seguridad de las mujeres y de las niñas, incluida su seguridad e integridad física. Me gustaría instar a las autoridades kenianas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:• eliminaran del borrador de la ley las disposiciones discriminatorias que pongan en peligro los derechos de la mujer y de las niñas, y no se reincorporara en la ley la exención de los violadores.• que Mozambique respete sus compromisos nacionales, regionales e internacionales destinados a la protección, la implantación y la defensa de los derechos fundamentales de mujeres y niñas.Le agradezco su atención.Atentamente,Honorable Graça Machel,Me preocupan enormemente las disposiciones presentes en el borrador del Código Penal, que fue anteriormente aprobado por el parlamento en diciembre de 2013 y que está pendiente de su aprobación definitiva en cualquier momento Si se aprueba la ley, las repercusiones para mujeres y niñas de Mozambique podrían ser devastadoras y las dejaría expuestas a un mayor riesgo de violencia sexual. Me siento especialmente preocupado por las disposiciones del borrador de la ley que definen la violación de una manera confusa y condicionada, lo que redundaría en una fácil elusión de la justicia por parte de los violadores, no protegen a las mujeres de la violación marital, permiten que los familiares de los delincuentes puedan obstaculizar las investigaciones criminales, y solo considera menores a las menores de 12 años en caso de violación. Es positivo que la disposición discriminatoria de los primeros borradores, concretamente el antiguo Artículo 223, que permitía que el violador pudiera eludir el castigo a través del matrimonio con su víctima, haya sido eliminada del borrador actual, pero me preocupa que pueda ser reincorporada.La Constitución de Mozambique ampara los principios fundamentales de igualdad, integridad física y acceso a la justicia. Asimismo, Mozambique ha ratificado y adoptado un número de instrumentos para los derechos humanos que confirman la responsabilidad del Estado en la protección de mujeres y niñas contra la violencia sexual, y que garantizan una protección jurídica igualitaria. Apoyo a Igualdad Ya y a sus socios a través de Solidaridad con los Derechos de las Mujeres Africanas (SOAWR), junto con WLSA Mozambique, Foro Mulher y otras ONG mozambiqueñas, en el llamamiento al Parlamento de Mozambique para que garantice la supresión o la enmienda de todas las disposiciones del Proyecto de Revisión del Código Penal que pongan en peligro los derechos o violen la seguridad de las mujeres y de las niñas, incluida su seguridad e integridad física.Le insto a que utilice su excepcional esfera de influencias en la lucha global a favor de los derechos humanos para garantizar la supresión de las disposiciones discriminatorias que ponen en peligro los derechos de las mujeres y de las niñas del borrador de ley, así como la no reincorporación en la legislación de la exención de los violadores. que Mozambique respete sus compromisos nacionales, regionales e internacionales destinados a la protección, implantación y defensa de los derechos fundamentales de mujeres y niñas.Le agradezco su atención.Atentamente, Lea más
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2014 Mar 13 ver pdf Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Súmese al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Actúe ahora escribiendo a las autoridades abajo indicadas para exigir que:
La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.
H.E. Ali Ahmed KartiMinister of Foreign AffairsMinistry of Foreign AffairsPO Box 873Khartoum, Sudan Cartas: Estimado Presidente/Ministro/Gobernador:
Me preocupan profundamente las enormes dificultades que tienen las mujeres y las niñas cuando desean acceder a la justicia tras haber sido víctimas de una violación o de otro tipo de violencia sexual en Sudán. Especialmente me ha afectado la brutal violación que sufrió en agosto de 2013 una joven etíope de 19 años, divorciada y embarazada, por parte de siete hombres en Omdurman. Me ha parecido una atrocidad que la víctima de un acto de violencia sexual fuera víctima a su vez del sistema judicial al que ella recurrió para obtener justicia. Lamentablemente, no es un simple parecer: la joven fue arrestada junto con los hombres que la violaron, permaneció detenida, se presentaron cargos contra ella y fue declarada culpable y condenada por cometer actos obscenos. Este caso pone de relieve las enormes dificultades que tienen las víctimas y la necesidad imperante de reformar la ley, especialmente el artículo 149 del Código Penal que hace referencia a la violación.
De conformidad con la legislación vigente, cuando una mujer o una niña denuncia haber sido violada, ella también queda expuesta a la posibilidad de ser procesada. La víctima debe probar su inocencia demostrando que las relaciones sexuales no fueron consentidas. Si no lo hace, puede ser procesada por adulterio, un delito también conocido como zina. El castigo por este delito es de 100 latigazos si la mujer no está casada, y de muerte por lapidación en caso de estarlo. La ley está abierta a diferentes interpretaciones, por lo que los jueces actúan a su entera discreción y muchas veces la resolución no es justa para las víctimas que buscan ser indemnizadas a través de la vía penal. En este caso, a pesar de existir una grabación de la violación, la víctima fue declarada culpable de cometer actos inmorales. Todos estos factores, junto con el estigma traumático y el temor a las represalias por parte de su comunidad, suelen disuadir a las mujeres y a las niñas de denunciar delitos de violencia sexual y hacen que sea muy complicado obtener justicia aunque lo hagan.
El gobierno sudanés está obligado, en virtud de su Constitución de 2005 y de varias convenciones internacionales, a garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo trato ante la ley y impedir que las víctimas sean criminalizadas. La Constitución Nacional Provisional de la República de Sudán recoge, en su artículo 28, que “todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, la dignidad y la integridad de su persona, que deberá ser protegida por la ley”. Asimismo, el artículo 31 establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna . . . ni por razones de sexo . . . a la misma protección jurídica”. Tanto la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) recogen estos derechos y establecen que “(1) Todas las personas son iguales ante la ley y (2) todas las personas tienen derecho a la misma protección jurídica”. La Carta Africana y el ICCPR señalan que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, pero Sudán infringe este artículo al castigar a las víctimas de violencia sexual acusándoles de adulterio.
Me uno al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Me gustaría instar a las autoridades sudanesas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2014 Ene 23 ACTUALIZACIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 2014: ¡Renovación del llamamiento a la Acción! El martes 24 de junio está previsto que comience el juicio por el caso de Liz y, aunque ha pasado casi un año, solo uno de los cinco presuntos violadores ha sido detenido, a pesar de que los otros cinco no se encuentran en paradero desconocido, según la comunidad. Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Haga un llamamiento a los funcionarios abajo listados para que detengan al resto de sospechosos y se aseguren de que se aplique de forma efectiva la Ley de Delitos Sexuales para garantizar la investigación y el procesamiento oportuno de todos los casos de violencia sexual.
Inste a la Fiscalía a modificar los cargos presentados, de manera que incluyan la violación en grupo y otros delitos de violencia sexual pertinentes.
Exija a la Autoridad Independiente de Control de Policía que investigue las acusaciones de falta de ética profesional por parte de los policías encargados del caso, así como que informe al respecto y tome medidas contra estas actuaciones policiales.
Inste al gobierno de Kenia a priorizar la formación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley con el fin de que las denuncias de violencia sexual sean tratadas correctamente y que los funcionarios reciban los recursos adecuados para tratar a las supervivientes de estos delitos sin mostrar actitudes agresivas que puedan dañar aún más a las víctimas o impedir su acceso a la justicia.
Participe en la campaña de las redes sociales #JusticeForLiz. Los mensajes se pueden retuitear también desde @equalitynow, @COVAW y @FemnetProg.
Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.
H.E. Uhuru KenyattaPresident of the Republic of KenyaP.O. Box 30040Nairobi, Kenya@StateHouseKenya, @UKenyattainfo@president.go.ke
Hon. Prof Githu MuigaiAttorney GeneralDepartment of JusticeHarambee AvenueP.O Box 40112-00100Nairobi, Kenyaoagpcomms@kenya.go.ke@AGMuigai
Hon. Joseph Ole LenkuCabinet SecretaryMinistry of Interior & Coordination of National Government Harambee House, Harambee Avenue, P.0. Box 30510-00100Nairobi, Kenya@joelenku, @InteriorKE
Hon. Mr. Keriako TobikoDirector of Public ProsecutionOffice of the DPPNSSF Building, 19th FlBishops RoadP.O. Box 30701-00100Nairobi, Kenyainfo@odpp.go.ke
H.E. Ms. Anne Waiguru Cabinet SecretaryMinistry of Devolution & Planning P. O. Box 30005 - 00100Nairobi, Kenyainfo@devolutionplanning.go.ke@AnneWaiguru
Hon Dr. Willy MutungaChief JusticeSupreme Court of KenyaCity Hall WayP.O. Box 30041-00100Nairobi, Kenyachiefjustice@judiciary.go.ke@WMutunga
Hon. Sospeter Odeke OjaamongGovernor, Busia CountyCounty Government of BusiaFomer Busia Town Hall BuildingP.O Box Private Bag Busia50400 Busia, Kenyainfo@busiacounty.go.ke
Ms. Patricia NyaundiSecretary to the CommissionKenya National Commission on Human Rights 1st Floor CVS Plaza, Kasuku Rd. P.O. Box: 74359-00200 Nairobi, Kenyahaki@knchr.org
Independent Policing Oversight Authority1st Ngong Avenue, ACK Garden Annex, 2nd Fl. P. O. Box 23035 00100 Nairobi, Kenia info@ipoa.go.ke
Con copia a: The Kenya Women Parliamentary Association, Email: info@kewopa.org Cartas: Excelentísimo señor Presidente/Ministro/Gobernador:
Estoy profundamente preocupado por la existencia de un número creciente de pruebas que demuestran que las autoridades kenianas se abstienen sistemáticamente de investigar y procesar los casos de violencia sexual. Me inquieta concretamente la brutal violación de Liz en el condado de Busia, el pasado 26 de junio de 2013, y los sucesivos errores judiciales por parte de las autoridades en este caso. Hasta la fecha únicamente se ha detenido a uno de los seis sospechosos, y los cargos no reflejan el delito de violencia sexual. Hay que hacer mucho más para proteger a las mujeres y niñas de este país frente a la violencia sexual y para garantizar justicia a todas las supervivientes y víctimas de estos delitos.
La violencia sexual contra las mujeres es una violación de los derechos humanos fundamentales y constituye una parte esencial de la subordinación sistemática de las mujeres en todo el mundo.
Asimismo, Kenia ha ratificado varios instrumentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos que establecen la obligación del Estado de proteger a las niñas y mujeres frente a la violencia sexual.
Me he unido a la campaña de Igualdad Ya y sus asociadas a través de la coalición Solidarity for African Women's Rights (SOAWR), COVAW, FIDA-Kenya, FEMNET, Fahamu e IPAS para pedir justicia para Liz y todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual. Me gustaría instar a las autoridades kenianas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:
se tomen medidas urgentes con el fin de detener al resto de los sospechosos en el caso de Liz, y se aplique de forma efectiva la Ley de Delitos Sexuales para garantizar la investigación y el procesamiento oportuno de todos los casos de violencia sexual.
La autoridad responsable de supervisar la conducta de la policía atienda las alegaciones de falta de ética profesional por parte de los policías que llevan el caso y tome las medidas necesarias contra ellos.
se priorice la formación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley con el fin de que las denuncias de violencia sexual sean tratadas correctamente y que los funcionarios reciban los recursos adecuados para tratar a las supervivientes de estos delitos sin mostrar actitudes agresivas que puedan dañar aún más a las víctimas o impedir su acceso a la justicia.
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2013 Nov 25 ver pdf Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Enviar una copia a: President Karzai, Presidential Palace, Kabul, Afghanistan Tel: +93 (20) 210 2853, +93 (20) 210 3705, +93 (20) 210 3705 Email: president.pressoffice@gmail.com Cartas: Excmo. Sr. Ministro del Interior / Ministro de Justicia:
Yemen: poner fin a los matrimonios de niñas mediante la promulgación y aplicación de una ley que establezca la edad mínima para casarse
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2013 Sep 19 ACTUALIZACIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2013: Hace dos semanas, un muchacho contactó con el Ministerio de Derechos Humanos de Yemen para impedir el matrimonio de su hermana de 11 años, Nada (nombre ficticio) con su primo de 23 años. Aunque con anterioridad la Ministra había intervenido en casos como este consiguiendo que los padres desistieran de forzar el matrimonio de sus hijas menores de edad, no consiguieron impedir la boda de Nada dada la intransigencia de su padre y la inexistencia de una ley contraria al matrimonio de menores. Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Escriba al Presidente de Yemen, al Primer Ministro y al Portavoz de la Cámara para pedirles lo siguiente:
que se aseguren de que el borrador del proyecto de ley que prohíbe los matrimonios infantiles sea aprobado por el Parlamento lo antes posible;
que garanticen el cumplimiento de esta ley una vez aprobada;
que tomen medidas para proteger y promover los derechos de las niñas que ponen fin a sus matrimonios o escapan de ellos, proporcionándoles un alojamiento seguro, educación y terapia entre otras cosas.
Mr. Abd-Rabbu Mansour HadiPresident of the Republic of YemenPresident Residence60 StreetSana’a, YemenFax: +967 1 276 866Fax: +967 1 252 803Tel: +967 1 621 062
Mohammed Salem BasindwaPrime Minister Fax: +967 1 282 686
Mr. Yahia El RaeiSpeaker of the HouseYemeni Parliament26 September StreetSan’a, YemenFax: +967 1 271 102
Con copia a: Minister Hooria Mashhour, Minister of Human Rights, Al-Steen Street, Sana'a, Yemen, Teléfono: +967 1 444 834, Fax: +967 1 444 833, Email: ramif1973@yahoo.com Cartas: Excelentísimo Presidente/Primer Ministro/Portavoz de la Cámara:
cc: Ministra de Derechos Humanos
Estoy profundamente preocupado por la prevalencia del matrimonio infantil en Yemen. Los informes tanto de grupos de derechos humanos como de la prensa en Yemen han puesto de relieve varios casos de niñas yemeníes que han sido obligadas a casarse, o que han corrido el riesgo de serlo, y que han sufrido consecuencias muy graves, en ocasiones incluso fatales. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha aprobado ninguna ley que prohíba la edad mínima legal para casarse. Aunque los funcionarios públicos han intervenido en algunos casos de matrimonio de menores, su poder para impedir estos matrimonios se ve enormemente limitado al no disponer de una ley que prohíba este tipo de matrimonios.
Organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y UNFPA, han subrayado los efectos negativos de estos matrimonios en las pequeñas desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, intelectual y sexual. Entre las consecuencias más comunes se incluyen abortos practicados en condiciones no asépticas, nacimientos de bebés muertos, fallecimiento de niñas como consecuencia del embarazo precoz, imposibilidad de seguir con los estudios, escasas relaciones sociales, restricción de la movilidad, nulo control sobre los recursos, escasa o nula capacidad de decisión en sus nuevos hogares y aumento del riesgo de sufrir violencia doméstica.
Me consta que desde 2009 sigue pendiente de aprobación parlamentaria un borrador de ley sobre el matrimonio de niñas que establecía en 17 años la edad mínima legal para contraer matrimonio, además de establecer multas y castigos para los violadores. Su aprobación sin demora sería un primer paso para ayudar a las niñas a escapar de los abusos y ayudarles a desarrollar sus posibilidades. El gobierno yemení está obligado a impedir los matrimonios infantiles en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dos tratados que contienen disposiciones contra el matrimonio de niñas. En 2012, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU revisó el cumplimiento por parte de Yemen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y expresó su preocupación por el hecho de que no se hubiera fijado aún una edad mínima legal para poder casarse y que esta medida encontrara además una fuerte oposición en el Parlamento. La Comisión instó al gobierno de Yemen a establecer una edad mínima legal acorde con las normas internacionales.
En una medida aparentemente prometedora, la Ministra de Derechos Humanos de Yemen, Hooria Mashhour, solicitó en 2009 que se volviera a introducir el borrador de la ley que prohibiría los matrimonios de niñas en el país. Igualdad Ya y la organización YWU apoyan al Ministerio en su empeño por asegurarse de que el gobierno de Yemen cumpla sus obligaciones internacionales mediante la aprobación de una ley que prohíba el matrimonio infantil, de manera que las niñas no se vean obligadas a sufrir los efectos físicos y psicológicos tan nocivos de esta práctica.
Quisiera hacerle un llamamiento para que el Parlamento apruebe lo antes posible el proyecto de ley relativo al matrimonio infantil. Del mismo modo, le pido que garantice el cumplimiento de esta ley una vez aprobada y haga cumplir los castigos impuestos a quienes la incumplan. Tome también medidas para proteger y promover los derechos de las niñas que ponen fin a sus matrimonios o escapan de ellos, proporcionándoles un alojamiento seguro, educación y terapia entre otras cosas.
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2013 May 29 ACTUALIZACIÓN 28 ENERO 2014: ¡Buenas noticias! Tras soportar dos años de presión pública continua sobre el gobierno, el 22 de enero de 2014 el parlamento marroquí modificaba el artículo 475 del Código Penal, un párrafo que hasta entonces se utilizaba para dejar a los violadores sin castigo a cambio de que contrajeran matrimonio con su víctima. Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Escriba a las autoridades marroquíes que figuran a continuación, para felicitarles por los cambios propuestos e instarles a cumplir sus obligaciones internacionales y nacionales para acabar con la discriminación contra las mujeres, mediante:
La rápida aprobación e implementación de las enmiendas propuestas
La realización de una revisión integral de todas las leyes de Marruecos, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para eliminar la discriminación por razón de sexo y para garantizar la protección ante la violencia
La formación sin demora de todos los funcionarios, especialmente los jueces, sobre el Código Penal y la ley de familia revisados
Excmo. Sr. Mustafa RamidMinistro de Justicia y Libertades Fax: +212 5-37-26-31-03Correo electrónico: krtmed@gmail.com
Excma. Sra. Bassima HakkaouiMinistra de la Solidaridad, de la Mujer, de la Familia y de Desarrollo Social Fax: +212 5-37-67-19-17Correo electrónico: a.elouadi@social.gov.ma
Excmo. Sr. Karim GhellebPortavoz de la Cámara de RepresentantesFax: +212 5-37-67-77-17Correo electrónico: kghelleb@parlement.ma; parlement@parlement.ma Cartas: Excmo. Sr. Ministro/Portavoz de la Cámara:
Me alegra que el Parlamento aprobara el pasado 22 de enero de 2014 la revisión del artículo 475 para que ningún “secuestrador” más quede impune si se casa con su víctima. Gracias por dar este paso tan importante para proteger a las mujeres frente a la violencia y la discriminación. Me gustaría pedirles que continuaran con esta buena labor y eliminaran las disposiciones legales relativas a la familia que permiten a los jueces autorizar el matrimonio infantil de las chicas menores de 18 años, de manera que solamente puedan casarse personas adultas capaces de otorgar su consentimiento pleno y libre.
Reformas jurídicas como estas podrían haber protegido a Amina Filali, de 16 años de edad, quien se suicidó tras ser obligada a contraer matrimonio con su violador, y a Safae, de 15 años de edad, quien fue presionada por un fiscal y por un juez, en aras de preservar su “honor”, para que retirara los cargos y contrajera matrimonio con su violador. A consecuencia de ello, Safae intentó suicidarse dos veces.
Para cumplir las obligaciones legales internacionales y nacionales de Marruecos, y en apoyo de las organizaciones de mujeres de Marruecos, le insto a que trabaje para la rápida aprobación e implementación de las enmiendas propuestas a la ley de familia. Del mismo modo, le ruego que apoye una revisión integral del Código Penal para eliminar toda discriminación por razón de sexo y para garantizar la protección de las mujeres y niñas ante la violencia. Asimismo, le insto a que garantice la formación inmediata de todos los funcionarios sobre el Código Penal y la ley de familia revisados una vez sean promulgados.
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2013 Abr 11 ver pdf Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS!
Recuerde a las autoridades egipcias las obligaciones contraídas en virtud de la CEDAW, el ICCPR y el ICESCR para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres e impedir la violencia de género. Escriba a las autoridades egipcias abajo mencionadas para pedirles que:
desarrollen los mecanismos necesarios para integrar las voces de las mujeres en todos los procesos administrativos y oficiales
Interim President Adly MansourEl Etahadiya Presidential PalaceMerghiny St., HeliopolisCairo, EGIPTOFax y Tel.: +202 239 019 980Twitter: @EgyPresidency
Prime Minister Ibrahim MehlebMagless El Shaàb Street, Al Kasr El EinyCairo, EGIPTOTel.: +202-2793-5000Fax: +202-2795-8048Email: pm@cabinet.gov.eg
Minister of JusticeLazoghly SquareCairo, EGIPTOTel.: +20227922263Fax: +20227958103Email: mjustice@moj.gov.eg Cartas: Excelentísimo señor Presidente Morsi, Excelentísimo señor Primer Ministro Qandil, Excelentísimo señor Ministro:
Le escribo para expresar mi apoyo a las mujeres egipcias que continúan reclamando su integración plena en todas las instituciones y marcos políticos post-revolucionarios, tal y como establecía la Carta de las Mujeres de 2011. Las mujeres de Egipto merecen ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho y en igualdad de condiciones, y no deben sufrir violencia sexual por reivindicar sus derechos.
Uganda: Investigación a fondo y persecución de los casos de violencia sexual contra las mujeres discapacitadas ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2012 Nov 12 Fecha de actualización: 2013 Mar 19 ACTUALIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN 19 DE MARZO DE 2013: El sospechoso restante del caso, que había huido, fue hallado muerto a principios de 2013. Sin embargo, Igualdad Ya solicita que se le hagan pruebas de ADN al cadáver sin más demora y que el gobierno corra con los gastos. ver pdf Qué puede hacer: Contacte con el gobierno ugandés e ínstele a:Hagan la prueba de ADN al cadáver del sospechoso restante sin más demora y a cargo del gobierno..Que garantice la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, especialmente en aquellos en los que las víctimas sean mujeres discapacitadas.>> ¡TOME MEDIDAS!Ayúdenos a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.Por favor, dirija sus cartas a:Richard ButeeraDirector of Public ProsecutionsDirectorate of Public Prosecutions (DPP)P.O. Box 1550Kampala, UgandaTeléfono: +256-414-332-501 - 7Fax: +256-414-251-951Hon. Chief Justice Benjamin Joseph Odoki,Chief Justice of UgandaThe Judiciary Courts of JudicatureHigh Court BuildingBox 7085 Kampala, UgandaTeléfono: +256-414-341-116Email: bodoki@judicature.go.ugLady Justice Alice E. Mpagi-BahigeineDeputy Chief Justice of UgandaThe Judiciary Courts of JudicatureHigh Court BuildingBox 7085 Kampala, UgandaEmail: ampagi@judicature.go.ug Cartas: Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo / Ilma. Sra. Vicepresidenta del Tribunal Supremo:
Me preocupa enormemente la pasividad del gobierno ugandés en lo que se refiere a la protección de las víctimas discapacitadas de violencia sexual y a la inexistencia de otras medidas destinadas a la investigación de los delitos contra ellas que les garanticen un rápido acceso a la justicia. Un caso evidente es el de Sanyu, una chica ugandesa de 13 años, ciega y sordomuda, que fue violada y que como consecuencia de ello se quedó embarazada, y que fue incapaz de identificar a su violador debido a su condición. La madre de Sanyu y la organización Acción Legal para Personas con Discapacidades – Uganda (LAPD, por sus siglas en inglés) solicitaron la realización de la prueba de ADN al padre de Sanyu, a tres hermanos (los únicos hombres que tenían contacto con ella) y al bebé para determinar la paternidad, pero el Laboratorio Analítico Estatal – Wandegya, no respondió a la petición oficial y la policía cerró el caso.
Tras conocer el caso, la organización internacional de derechos humanos, Igualdad Ya, recaudó en el 2011 fondos para la realización de las pruebas de ADN, y gracias a la ayuda de LAPD, consiguió reabrir el caso. El 24 de agosto de 2011 (cuatro años después de la violación) se tomaron muestras de ADN a tres de los cuatro sospechosos (uno de los hermanos había huido) y fueron enviadas al Laboratorio Estatal, tal como se exige para la admisión del juicio. Los resultados de las pruebas de AND tardaron más de un año en recibirse, y demostraron que el padre del bebé era genéticamente de la misma línea paterna, aunque ninguno de los tres era el padre del bebé de Sanyu. Por lo que sabemos, la policía no ha hecho nada por detener y realizar las pruebas al sospechoso huido. Al igual que Igualdad Ya y LAPD, me preocupa seriamente la falta de una investigación a conciencia y el retraso de cinco años en la búsqueda de justicia para Sanyu, que ahora tiene 18 años. Apoyo el llamamiento para conseguir la mejora de los procedimientos legales en los casos de violencia sexual y para acometer otras medidas que permitan ayudar a las víctimas discapacitadas.
La violencia sexual está muy extendida en Uganda y las mujeres y chicas discapacitadas como Sanyu son especialmente vulnerables. La Constitución de Uganda y la Ley para Personas con Discapacidad de 2006 defienden los derechos de las personas con discapacidades, estipulan la eliminación de todas las formas de discriminación y favorecen la igualdad de oportunidades para ellas. No obstante, el gobierno no acomete ninguna otra medida para facilitar la justicia a las víctimas discapacitadas de violencia sexual como Sanyu mediante la utilización de técnicas de investigación que facilitarían el proceso, lo cual supone una mayor victimización.
El gobierno de Uganda ha ratificado diversos instrumentos regionales e internacionales en pro de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas con discapacidades tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), el Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África (el Protocolo) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés). Además, Uganda ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que, en su Recomendación General nº 18 insta a los Estados a informar sobre las medidas especiales adoptadas para tratar la especial situación de las mujeres con discapacidades.
Para garantizar que se haga justicia con Sanyu y otras chicas en situaciones similares, Uganda debe estar a la altura de sus obligaciones nacionales e internacionales y acometer otras medidas necesarias para mejorar el proceso de investigación y aumentar el número de detenciones en los casos de violencia sexual en los que se vean involucradas mujeres discapacitadas. Concretamente le insto a que se realicen pruebas de ADN al cuerpo del sospechoso restante sin más demora y a cargo del gobierno. Ruego proceda a la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, y especialmente, en aquellos en los que estén involucradas mujeres discapacitadas.
Gracias por su atención.Atentamente Lea más
Estados Unidos: Debe detenerse la agresión sexual a mujeres en el ejército
ACTUALIZACIÓN: Not an update Fecha: 2012 Oct 2 Fecha de actualización: 2013 Feb 13 ACTUALIZACIÓN: ACTUALIZACIÓN 20 DE AGOSTO DE 2013: Los últimos avances en el proceso apuntan a un impulso por parte del Congreso y del Ejército para abordar las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas.El 15 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunciaba nuevas medidas de prevención contra las agresiones sexuales. Entre otras, se explicaron las siete iniciativas nuevas del Secretario de Defensa, Chuck Hagel, para fortalecer y normalizar la labor del departamento con respecto a la prevención y actuación en materia de agresiones sexuales. A pesar de que Igualdad Ya se congratula de que el DOD estadounidense reconozca la gravedad del asunto, las iniciativas no suponen el cambio estructural necesario para prevenir la violencia y para que las víctimas accedan a la justicia. Como declararon nuestros asociados de SWAN, “las soluciones militares pequeñas contra las agresiones sexuales en el Ejército no van a acabar con la corriente cultural generada por todos los años de represalias y culpabilidades de las víctimas”. Por ese motivo, continuaremos apoyando la Ley de mejora de justicia militar (MJIA, por sus siglas en inglés) de la senadora Kirsten Gillibrand, que profesionalizaría el sistema de justicia militar y proporcionaría una justicia realmente necesaria a las víctimas de agresiones sexuales. La Senadora Gillibrand pedirá el voto de los senadores al proyecto de ley MJIA tras el descanso vacacional del Congreso. Si está usted en Estados Unidos, pida a su senador que vote a favor de la aprobación del proyecto.Asimismo, hemos acogido con satisfacción la aprobación en julio, por parte de la Cámara de los Representantes, de dos enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos (HR 2397), presentadas por la congresista Jackie Speier (D-CA) y relativas a la forma de abordar los casos de agresión sexual. Esto tiene que ver con un informe reciente del Inspector General del Departamento de Defensa, que halló errores graves en el proceso de investigación de las agresiones sexuales dentro del Ejército. De 501 investigaciones, 418 tenían deficiencias que dificultaban la oportunidad de la víctima de lograr justicia. En general, 399 de estos casos presentaban deficiencias relacionadas con los interrogatorios o con fases posteriores al interrogatorio. Se detectaron asimismo deficiencias en el proceso de interrogación, recogida de pruebas, seguimiento de pistas y fotografía de la escena del delito. Las enmiendas abordan el uso indebido y generalizado del “trastorno de personalidad” como diagnóstico en las víctimas de las agresiones sexuales y establecen fondos adicionales para formar a los investigadores de este tipo de delitos. Confiamos en que el Senado muestre además, mediante la aprobación de este proyecto de ley, un apoyo bipartidario a todas aquellas personas que han sufrido agresiones sexuales en el Ejército estadounidense.ACTUALIZACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2013: El 7 de mayo el Departamento de Defensa estadounidense publicó su Informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército de 2012. El informe mostraba claramente que los esfuerzos dirigidos a combatir las agresiones sexuales en el ejército no están teniendo el efecto deseado y que, de hecho, están empeorando la violencia sexual y la cultura de impunidad. De una forma escandalosa, el número de agresiones sexuales denunciadas ha aumentado en todas las secciones del ejército en un 35% en total desde 2010, pasando de 19.300 miembros de las Fuerzas Armadas en 2010 a 26.000 en 2012. Tras la detención por agresión sexual del teniente coronel Jeffrey Krusinski, el oficial a cargo de la Oficina de Respuesta y Prevención de Agresiones Sexuales de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., y la revelación de que otros dos oficiales encargados de la prevención de estos delitos en el ejército estadounidense han sido acusados de delitos sexuales, entre los que se encuentra una alegación vinculada a una red de prostitución, está perfectamente claro que no se están tomando en serio los esfuerzos por abordar las agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.Por tanto, Igualdad Ya acoge con agrado la introducción el 16 de mayo de la Ley de mejora de la justicia militar de 2013 por parte de la senadora Kirsten Gillibrand (partido demócrata, estado de Nueva York), un proyecto de ley de los dos partidos que eliminaría la facultad de los mandos militares para procesar las agresiones sexuales y la traspasaría a fiscales profesionales. Igualdad Ya y su socio SWAN (Service Women’s Action Network) han apoyado de forma constante esta reforma y realizarán un estrecho seguimiento del proyecto de ley en su paso por el proceso legislativo a fin de asegurar que las víctimas de agresiones sexuales tengan acceso a la justicia en el ejército.ACTUALIZACION DEL 13 de FEBRERO de 2013: El senador Jon Tester y la congresista Chellie Pingree presentaron la “Ley Ruth Moore de 2013”. La ley, designada así en honor a Ruth Moore, veterana de la Marina, superviviente de una agresión sexual en el ejército y activista (objeto de nuestra Acción), reducirá la carga de la prueba necesaria para demostrar un trastorno por estrés postraumático (TEPT) relacionado con el servicio para los supervivientes de modo que puedan recibir las prestaciones y servicios necesarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Con la aprobación de esta ley se cumpliría uno de los tres objetivos de la campaña de Igualdad Ya y vamos a realizar un estrecho seguimiento de los avances de este proceso. Ver pdf Qué puede hacer: >> ¡TOME MEDIDAS! Únase a Igualdad Ya y a nuestro socio SWAN en el llamamiento a: El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que: Reformen el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual. Las cartas deben ir dirigidas a: The Hon. Chuck Hagel Secretario de Defensa Oficina del Secretario de Defensa 1400 Defense Pentagon Washington, DC 20301 Tel: +1(703) 571-3343 Fax: +1(703) 571-8951 Email: chuck.hagel@osd.mil Congresista Buck McKeon Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Cámara de Representantes de EE. UU. 2184 Rayburn HOB Washington, DC 20515 Tel: +1(202) 225-1956 Fax: +1(202) 226-0683 Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon Twitter: @BuckMcKeon Senador Carl Levin Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado Senado de EE. UU. Washington, DC 20510 Tel: +1(202) 224-6221 Fax: +1(202) 224-1388 Facebook: www.facebook.com/carllevin Twitter: @SenCarlLevin El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes y House & Senate Judiciary Committee Chairs para que: Permitan a las víctimas de agresiones sexuales en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador, el ejército estadounidense, por agresión y acoso sexual. Las cartas deben ir dirigidas a: The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above) Senator Patrick Leahy Senate Judiciary Committee Chair U.S. Senate 437 Russell Senate Bldg United States Senate Washington, DC 20510 Tel: (202) 224-4242 Fax: 202-224-3479 Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy Twitter: @SenatorLeahy Congressman Lamar Smith House Judiciary Committee Chair U.S. House of Representatives 2409 Rayburn House Office Building Washington, DC 20515 Tel: 202-225-4236 Fax: 202-225-8628 Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21 Twitter: @LamarSmithTX21 El Secretario de Asuntos de Veteranos y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que: Proporcionen a las víctimas que sufren trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales los servicios que necesitan para recuperarse del trauma reduciendo la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para demostrar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad. Las cartas deben ir dirigidas a: The Hon. Eric Shinseki Secretario de Asuntos de Veteranos Departamento de Asuntos de Veteranos 810 Vermont Ave, NW Washington, DC 20420 Tel: +1(800) 827-1000 Email: Eric.Shinseki@va.gov The Honorable Allison Hickey Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs 810 Vermont Avenue, NW Washington, DC 20420 Tel: 1.800.827.1000 Email: Allison.hickey@va.gov Congressman Jeff Miller Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes Cámara de Representantes de EE. UU. 2416 Rayburn HOB Washington, DC 20515 Tel: +1(202) 225-4136 Fax: +1(202) 225-3414 Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller Senator Patty Murray Comité de Asuntos de Veteranos del Senado Senado de EE. UU. 269 Russell Office Bldg Washington, DC 20510 Tel: +1(202) 224-2621 Fax: +1(202) 224-0238 Twitter: @PattyMurray Cartas: Comunicado sobre la reforma del sistema judicial Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel: Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor. Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad. La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo. Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento. Reciba un cordial saludo, cc: Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado Comunicado sobre recursos civiles Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel: Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor. Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual. La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo. Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan. Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen. Reciba un cordial saludo. cc: Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Comunicación a Asuntos de Veteranos: Eric Shinseki Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos Estimado Secretario Shinseki: Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres. Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual. La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo. Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad. Reciba un cordial saludo, cc: Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado Congresista Jeff Miller, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes Lea más
ACTUALIZACIÓN: UPDATE Fecha: 2012 May 21 ver pdf Qué puede hacer: Escriba al Presidente de Yemen, al Ministro de Justicia y al Portavoz de la Cámara para pedirles lo siguiente:
que se aseguren de que el borrador del proyecto de ley que prohíbe los matrimonios infantiles sea debatido y aprobado por el Parlamento lo antes posible;
Judge Mursd Al-ArshaniMinister of JusticeMinistry of Justice Justice StreetSana’a, YemenFax: +967 1 252 138Tel: +967 1 334 334
Mr. Yahya Ali Al RaeiSpeaker of the HouseYemeni Parliament26 September StreetSana’a, YemenFax: +967 1 276 091Tel: +967 1 272 765 Cartas: Estimado/a _____:
Llamamiento global: erradicar el matrimonio infantil

References: Artículo 223
 Artículo 223
 artículo 149
 resolución 
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 475
 artículo 475