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Timestamp: 2018-02-22 16:41:41+00:00

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PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA (BOCG DE 21 DE JUNIO DE 2013)
Capítulo I. Disposiciones comunes (Arts. 1 a 11)
Art. 5. Actividades de seguridad privada
Art. 6. Actividades compatibles
Art. 7. Actividades excluidas
Art. 8. Principios rectores
Art. 9. Contratación y comunicación de servicios
Art. 10. Prohibiciones
Art. 11. Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos
Capítulo II. Competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas (Arts. 12 y 13)
Art. 12. Competencias de la Administración General del Estado
Art. 13. Competencias de las comunidades autónomas
Título I. Coordinación (Arts. 14 a 16)
Art. 14. Colaboración profesional
Art. 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Art. 16. Coordinación y participación
Capítulo I. Empresas de seguridad privada (Arts. 17 a 23)
Art. 17. Desarrollo de actividades
Art. 18. Autorización administrativa
Art. 19. Requisitos generales
Art. 20. Inscripción registral
Art. 21. Obligaciones generales
Art. 22. Representantes legales
Art. 23. Consideración de sector específico
Capítulo II. Despachos de detectives privados (Arts. 24 y 25)
Art. 24. Apertura de despachos de detectives privados
Art. 25. Obligaciones generales
Capítulo I. Disposiciones comunes (Arts. 26 a 31)
Art. 26. Profesiones de seguridad privada
Art. 27. Habilitación profesional
Art. 28. Requisitos generales
Art. 29. Formación
Art. 30. Principios de actuación
Art. 31. Protección jurídica de agente de la autoridad
Capítulo II. Funciones de seguridad privada (Arts. 32 a 37)
Art. 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad
Art. 33. Escoltas privados
Art. 34. Guardas rurales y sus especialidades
Art. 35. Jefes de seguridad
Art. 36. Directores de seguridad
Art. 37. Detectives privados
Capítulo I. Disposiciones comunes (Arts. 38 y 39)
Art. 38. Prestación de los servicios de seguridad privada
Art. 39. Forma de prestación
Capítulo II. Servicios de las empresas de seguridad privada (Arts. 40 a 47)
Art. 40. Servicios con armas de fuego
Art. 41. Servicios de vigilancia y protección
Art. 42. Servicios de videovigilancia
Art. 43. Servicios de protección personal
Art. 44. Servicios de depósito de seguridad
Art. 45. Servicios de transporte de seguridad
Art. 46. Servicios de instalación y mantenimiento
Art. 47. Servicios de gestión de alarmas
Capítulo III. Servicios de los despachos de detectives privados (Arts. 48 a 50)
Art. 48. Servicios de investigación privada
Art. 49. Informes de investigación
Art. 50. Deber de reserva profesional
Capítulo IV. Medidas de seguridad privada (Arts. 51 y 52)
Art. 51. Adopción de medidas
Art. 52. Tipos de medidas
Art. 53. Actuaciones de control
Art. 54. Actuaciones de inspección
Art. 55. Medidas provisionales anteriores al procedimiento
Capítulo I. Infracciones (Arts. 56 a 60)
Art. 56. Clasificación y prescripción
Art. 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales y de los despachos de detectives privados
Art. 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada
Art. 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación
Art. 60. Colaboración reglamentaria
Capítulo II. Sanciones (Arts. 61 a 68)
Art. 61. Sanciones a las empresas de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados
Art. 62. Sanciones al personal
Art. 63. Sanciones a usuarios y centros de formación
Art. 64. Graduación de las sanciones
Art. 65. Aplicación de las sanciones
Art. 66. Competencia sancionadora
Art. 67. Decomiso del material
Art. 68. Prescripción de las sanciones
Capítulo III. Procedimiento (Arts. 69 a 72)
Art. 69. Medidas cautelares
Art. 70. Ejecutoriedad
Art. 72. Multas coercitivas
Primera. Comercialización de productos
Segunda. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas
Tercera. Cooperación administrativa
Primera. Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley
Segunda. Personal de centrales receptoras de alarmas
Tercera. Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad
Cuarta. Plazos de adecuación
Quinta. Actividad de planificación y asesoramiento
Segunda. Procedimiento administrativo
Artículo 1. Objeto.—1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas funcionalmente respecto de las de seguridad pública.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.—1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito.
Artículo 4. Fines.—La seguridad privada tiene como fines:
Artículo 5. Actividades de seguridad privada.—1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
Artículo 6. Actividades compatibles.—1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley y podrán ser desarrolladas por las empresas de seguridad privada, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes actividades:
Artículo 7. Actividades excluidas.—1. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.
Artículo 8. Principios rectores.—1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 9. Contratación y comunicación de servicios.—1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.
Artículo 10. Prohibiciones.—1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las siguientes:
Artículo 11. Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos.—1. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados, el personal de seguridad privada, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, así como las sanciones impuestas en materia de seguridad privada y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada. Igualmente, habrán de inscribirse en dicho Registro las comunicaciones de los contratos de seguridad privada y sus modificaciones.
Artículo 12. Competencias de la Administración General del Estado.—1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las siguientes facultades:
Artículo 13. Competencias de las comunidades autónomas.—1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:
Artículo 14. Colaboración profesional.—1. La especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de legalidad y se basará exclusivamente en la necesidad de asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario.
Artículo 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.—1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.
Artículo 16. Coordinación y participación.—1. El Ministerio del Interior adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Artículo 17. Desarrollo de actividades.—1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.
Artículo 18. Autorización administrativa.—1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.
Artículo 19. Requisitos generales.—1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:
6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, además de, en su caso, en el de la comunidad autónoma a cuyo territorio limiten su ámbito de actuación, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 20. Inscripción registral.—1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaración responsable será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.
Artículo 21. Obligaciones generales.—1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:
Artículo 22. Representantes legales.—1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
Artículo 23. Consideración de sector específico.—1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.
Artículo 24. Apertura de despachos de detectives privados.—1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán abrir despachos de detectives privados y, en su caso, sucursales, las personas físicas habilitadas como tales y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que únicamente podrán desarrollar la actividad mencionada en el artículo 5.1 h).
Artículo 25. Obligaciones generales.—1. Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:
Artículo 26. Profesiones de seguridad privada.—1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.
Artículo 27. Habilitación profesional.—1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo anterior habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 28. Requisitos generales.—1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de reunir, los siguientes requisitos generales:
Artículo 29. Formación.—1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá:
Artículo 30. Principios de actuación.—Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos:
Artículo 31. Protección jurídica de agente de la autoridad.—Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.—1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:
Artículo 33. Escoltas privados.—1. Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.
Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades.—1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas.
Artículo 35. Jefes de seguridad.—1. En el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados, corresponde a los jefes de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:
Artículo 36. Directores de seguridad.—1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:
Artículo 37. Detectives privados.—1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con personas, hechos y conductas privadas.
3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública 4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.
Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.—1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida o declaración responsable presentada.
Artículo 39. Forma de prestación.—1. Los medios utilizados por las empresas de seguridad en la prestación de los servicios de seguridad privada deberán estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los vehículos, uniformes y distintivos no podrán inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los de las Fuerzas Armadas, y se ajustarán a las características que reglamentariamente se determinen.
Artículo 40. Servicios con armas de fuego.—1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán obligatoriamente con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen:
Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.—1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a) se llevarán a cabo por vigilantes de seguridad, o por guardas rurales, en su caso, y su prestación se circunscribirá, con carácter general, al interior de las instalaciones o propiedades protegidas, salvo en los siguientes supuestos:
Artículo 42. Servicios de videovigilancia.—1. Los servicios de videovigilancia, a cargo de vigilantes de seguridad o, en su caso, de guardas rurales, consisten en el ejercicio de la vigilancia de seguridad y control de personas y bienes, a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, con la exclusiva finalidad de prevenir infracciones, evitar accesos no autorizados o daños o menoscabo a las personas o bienes objeto de protección. Las referencias a cámaras o videocámaras se entienden hechas también a cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.
Artículo 43. Servicios de protección personal.—1. Los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de la libertad, vida e integridad física de personas o grupos de personas determinadas.
Artículo 44. Servicios de depósito de seguridad.—1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.c), estarán a cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán obligatoriamente cuando los objetos en cuestión alcancen las cuantías que reglamentariamente se establezcan, así como cuando las autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos.
Artículo 45. Servicios de transporte de seguridad.—Los servicios de transporte y distribución de los objetos y sustancias a que se refiere el artículo anterior, se llevarán a cabo mediante vehículos acondicionados especialmente para cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad específicos homologados para el transporte, y consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
Artículo 46. Servicios de instalación y mantenimiento.—1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de su finalidad, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.
Artículo 47. Servicios de gestión de alarmas.—1. Los servicios de gestión de alarmas, a cargo de vigilantes de seguridad, consistirán en la recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
Artículo 48. Servicios de investigación privada.—1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:
Artículo 49. Informes de investigación.—1. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados encargados del asunto deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 50. Deber de reserva profesional.—1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 51. Adopción de medidas.—1. Las personas físicas o jurídicas, privadas y públicas, podrán dotarse de los servicios y medidas de seguridad privada, dirigidas a la protección de sus personas o bienes y al aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.
Artículo 52. Tipos de medidas.—1. A los exclusivos efectos de esta ley, se podrán adoptar los siguientes tipos de medidas de seguridad, destinadas a la protección de personas y bienes:
Artículo 53. Actuaciones de control.—1. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, despachos de detectives, de sus servicios o actuaciones y de su personal y medios en materia de seguridad privada, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que impartan por los órganos a los que se refieren los artículos 12 y 13.
Artículo 54. Actuaciones de inspección.—1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecerán planes anuales de inspección ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal, los servicios, los establecimientos, los centros de formación, las medidas de seguridad y cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.
Artículo 55. Medidas provisionales anteriores al procedimiento.—1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podrán acordar excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad competente:
Artículo 56. Clasificación y prescripción.—1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podrán ser leves, graves y muy graves.
Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales y de los despachos de detectives privados.—Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados podrán incurrir en las siguientes infracciones:
Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.—El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:
Artículo 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación.—Los usuarios contratantes de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:
h) La contratación o utilización a sabiendas de personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad.
Artículo 60. Colaboración reglamentaria.—Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
Artículo 61. Sanciones a las empresas de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados.—Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 57, las siguientes sanciones:
Artículo 62. Sanciones al personal.—Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 58, las siguientes sanciones:
Artículo 63. Sanciones a usuarios y centros de formación.—Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 59, las siguientes sanciones:
Artículo 64. Graduación de las sanciones.—Para la graduación de las sanciones, los órganos competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa de seguridad, despacho de detectives, centro de formación o establecimiento contra quien que se dicte la resolución sancionadora, y la capacidad económica del infractor.
Artículo 65. Aplicación de las sanciones.—1. Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o acumulativa.
Artículo 66. Competencia sancionadora.—1. En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponderá:
Artículo 67. Decomiso del material.—El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada, será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.
Artículo 68. Prescripción de las sanciones.—1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán, respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años.
Artículo 69. Medidas cautelares.—1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.
Artículo 70. Ejecutoriedad.—1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en vía administrativa.
Artículo 71. Publicidad de las sanciones.—Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad.
Artículo 72. Multas coercitivas.—1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades competentes relacionadas en el artículo 66 podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo.
Disposición adicional primera. Comercialización de productos.—En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un acuerdo de asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se atenderá a los estándares previstos por las entidades de certificación acreditadas que ofrezcan, a través de su administración pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, y a que las disposiciones del Estado, con base en las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables.
Disposición adicional segunda. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas.—1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos de contratación de las administraciones públicas podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas.
Disposición adicional tercera. Cooperación administrativa.—En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.
Disposición transitoria primera. Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley.—1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en vigor de esta ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación o canje alguno.
Disposición transitoria segunda. Personal de centrales receptoras de alarmas.—Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempeñando su actividad en centrales receptoras de alarmas, podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna habilitación específica.
Disposición transitoria tercera. Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad.—Los ingenieros y técnicos encuadrados, en el momento de entrada en vigor de esta ley, en empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad contemplada en el artículo 5.1 f) podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener la acreditación específica a la que se refiere el artículo 19.1 c).
Disposición transitoria cuarta. Plazos de adecuación.—1. Las empresas de seguridad privada y sus delegaciones, los despachos de detectives privados y sus sucursales, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso a la entrada en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de los siguientes plazos de adecuación, computados a partir de su entrada en vigor:
Disposición transitoria quinta. Actividad de planificación y asesoramiento.—1. Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas únicamente para la actividad de planificación y asesoramiento contemplada en el artículo 5.1g) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispondrán de un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta ley, para solicitar autorización para cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 5.1 de la misma, excepto la contemplada en el párrafo h).
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.—1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley 2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga a esta ley.
Disposición final primera. Título competencial.—Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
Disposición final segunda. Procedimiento administrativo.—En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicará la legislación sobre procedimiento administrativo.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.—1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y concretamente para determinar:
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.—Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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Artículo 8
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 resolución 

Artículo 65

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Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 resolución 

Artículo 71

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 artículo 66
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 artículo 5
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 149