Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A318-06.htm
Timestamp: 2017-11-19 19:53:23+00:00

Document:
A318-06
Auto 318/06
CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento de la acción de tutela entre autoridades judiciales de jurisdicciones distintas y que carecen de superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCION INDIGENA Y ORDINARIA-Competencia de la Corte Constitucional para decidir jurisdicción
ACCION DE TUTELA CONTRA CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA-Aplicación de la jurisdicción especial indígena
PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL JUEZ-Son básicos y esenciales en la Administración de Justicia
ORDEN JUSTO Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Existencia de un tercero imparcial que dirima los conflictos
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Juez o Tribunal competente debe ser independiente e imparcial
DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL-Garantía esencial para la existencia de un Estado de Derecho y un bien imprescindible en todo Estado democrático
El derecho a un juez imparcial, resulta ser una garantía esencial para la existencia de un Estado Derecho y un bien imprescindible en todo Estado democrático, toda vez que garantiza al ciudadano un juicio justo y con respeto al debido proceso. En efecto, la imparcialidad e independencia judicial son elementos imprescindibles de la legalidad del procedimiento, que no sólo comporta el interés individual, sino que se constituye como un pilar y valor superior del ordenamiento jurídico.
ACCION DE TUTELA-Competencia de determinadas autoridades judiciales para su conocimiento
ACCION DE TUTELA-Autoridades de la jurisdicción especial indígena no tienen competencia para su conocimiento según Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000/ACCION DE TUTELA-Cabildos indígenas deben asimilarse a una autoridad de carácter local y de conocimiento de Jueces Municipales
De la simple lectura del Decreto 2591 de 1991 y del 1382 de 2000 se puede observar que no se encuentra asignada competencia a las autoridades de la jurisdicción especial indígena para el conocimiento de las acciones de tutela. En este sentido, debe precisarse que para que una autoridad pueda administrar justicia, no es suficiente que sea titular de la jurisdicción, también es necesario que tenga competencia, entendiendo por tal, la atribución que el propio ordenamiento jurídico le reconoce para asumir el conocimiento y resolución de un asunto específico y concreto. En otros términos, pese a que la Constitución ha otorgado jurisdicción especial a las autoridades indígenas, no implica ello el otorgamiento de competencia en trámites especiales, tales como las acciones de tutela, puesto que en esta específica materia, la competencia se encuentra regulada por la Constitución y los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. Debe, sin embargo, aclararse que esta Sala no desconoce la autonomía de la jurisdicción indígena para resolver sus conflictos, de acuerdo con sus usos y costumbres. Pese a lo anterior, la acción de tutela se encuentra instituida y regulada como un mecanismo judicial de defensa de los derechos fundamentales y por tanto, cuando un ciudadano acude a ella, el trámite debe resultar acorde con el establecido en la normatividad que la regula. De ahí que, esta Sala considera que los Cabildos deben asimilarse, para el trámite de la acción de tutela, a una autoridad de carácter local, y en consecuencia, de conocimiento de los Jueces Municipales.
ACCION DE TUTELA CONTRA CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA-Autoridad de carácter local por tanto debe tramitarse ante jueces municipales del lugar donde ocurrieron los hechos/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL O MUNICIPAL Y PARTICULARES-Competencia de jueces municipales en primera instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA-Solicitud de convocar a Asamblea General para la selección de beneficiarios de proyecto de vivienda/ACCION DE TUTELA CONTRA CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA-Competencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Mocoa
Referencia: expediente ICC-1041
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa y el Cabildo Indígena Camentsa Biyá de Mocoa
1.- El señor Mauricio Muchavisoy Juagibioy, miembro de la comunidad indígena Camentsa Biyá de Mocoa- Putumayo- interpone acción de tutela contra el Cabildo de la referida comunidad, en el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa con el fin de solicitar la protección de su derecho fundamental de petición.
2.- Agrega que el 21 de julio de 2006 presentó derecho de petición al Cabildo, solicitando a la Gobernadora se sirviera convocar una Asamblea General para que, de conformidad con los usos y costumbres, se hiciera la selección de los beneficiarios del proyecto de vivienda que se adelantará en el seno de su comunidad.
3.- Sin embargo, en su opinión, el Cabildo Camentsa Biyá de Mocoa, no ha procedido a dar respuesta de fondo a su solicitud.
4.-El Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, Putumayo, mediante auto del 15 de agosto de 2006, remitió el proceso, por competencia, al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal, al considerar que el Cabildo Indígena era una autoridad de carácter local.
5.-El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa, Putumayo, mediante auto del 22 de agosto de 2006, avocó conocimiento y ordenó notificar el Cabildo Camentsa Biyá de Mocoa, por conducto de su Gobernadora, María Tránsito Chindoy.
6.- María Tránsito Chindoy solicitó el traslado de la acción de tutela, con el fin de que ésta fuera conocida y resulta por el Cabildo Camentsa Biyá de Mocoa. Lo anterior, al considerar que en virtud de la autonomía de la jurisdicción indígena consagrada en la Carta Política, los conflictos suscitados en el seno de la comunidad deben ser resueltos de acuerdo con sus procedimientos.
7.- Mediante auto del 29 de agosto de 2006, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa, Putumayo, consideró que no asistía la razón a la Gobernadora. Por tal razón, remitió el proceso al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el fin de que dirimiera el conflicto de jurisdicción presentado.
8. – El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ordenó remitir la actuación a la Corte Constitucional al considerar que se estaba en presencia de un conflicto de jurisdicción en un trámite de acción de tutela, que en virtud de la jurisprudencia constitucional, corresponde a esta Corporación.
Así las cosas, dado que el presente conflicto de competencias se presentó entre autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, esto es, la jurisdicción indígena y la ordinaria, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
(ii) Principio de imparcialidad judicial
1.- El conflicto que ahora se analiza gira en torno de la aplicación de la jurisdicción especial indígena en el conocimiento de una acción de tutela interpuesta por un miembro de la comunidad contra el Cabildo Indígena Kamentsa Biyá de Mocoa. No obstante, esta Sala percibe que la autoridad indígena demandada resulta ser la misma que reclama el conocimiento del amparo, lo que podría desconocer el principio de imparcialidad judicial, puesto que una misma persona confluirían la calidad de juez y parte de la causa.
2.- En la Sentencia C-037 de 1996[3], mediante la cual se realizó el estudio de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia-, se consideró que los dos principios básicos de la Administración de Justicia son los de imparcialidad e independencia del juez que conoce un asunto. De acuerdo con la Sentencia referida, estos mismos se tornan esenciales:
Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces. (Subrayado y resaltado fuera del texto)
3.- Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación señaló en la providencia T-657 de 1998[4], que hace parte del orden justo y del Estado Social de Derecho, consagrado en nuestra Norma Fundamental, la existencia de un tercero imparcial que dirima los conflictos: “La convivencia pacífica y el orden justo, consagrados en la Constitución como principios que rigen la relación entre las personas y el ordenamiento constitucional colombiano, reposan sobre la institución del tercero imparcial. Ante éste deben acudir las personas cuando no les ha sido posible resolver un conflicto por medio del entendimiento directo entre las partes, a fin de que sea el juez, con audiencia y participación de los interesados, quien diga cuáles son las normas aplicables al caso, qué hechos debidamente establecidos han de ser valorados para resolver el asunto, y cuál es, en últimas, la solución adecuada a derecho. La actuación parcializada de este funcionario daría al traste con cualquier posibilidad de lograr una decisión justa, y convertiría al Estado de Derecho en una burla cruel para quienes se acercaran a los estrados judiciales en procura de cumplida justicia.”
4.-En estos mismos términos, la Sentencia C-361 de 2001[5] consideró que la independencia e imparcialidad judicial implica la existencia de un juicio libre, no sometido a presiones ni intereses de ninguna índole. La Sentencia resaltó:
“[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, (…) a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”. Sobre la imparcialidad, ha señalado que ésta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial.”
5.- Por otra parte, el artículo 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, consagran que el tribunal debe ser independiente e imparcial. Dichas disposiciones señalan:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter
“1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil .”(Subrayado fuera del texto)
6.- Se concluye entonces que el derecho a un juez imparcial, resulta ser una garantía esencial para la existencia de un Estado Derecho y un bien imprescindible en todo Estado democrático, toda vez que garantiza al ciudadano un juicio justo y con respeto al debido proceso. En efecto, la imparcialidad e independencia judicial son elementos imprescindibles de la legalidad del procedimiento, que no sólo comporta el interés individual, sino que se constituye como un pilar y valor superior del ordenamiento jurídico.
(iii) Naturaleza y competencia en el conocimiento de acciones de tutela
1.- El artículo 86 de la Constitución Política consagra que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En este sentido, del artículo señalado se deriva la competencia de los jueces en el conocimiento y trámite de esta acción constitucional.
2.- De esta manera, el Decreto 2591 de 1991, artículo 37 y el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 establecen los jueces competentes en el conocimiento del amparo. En efecto, tales disposiciones señalan:
“Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
3.- Como puede inferirse, el legislador ha establecido la competencia para el conocimiento de las acciones de tutela en determinadas autoridades judiciales, lo que implica que tal acción debe llevarse por los cauces establecidos previamente. En efecto, en la Sentencia C-054 de 1993, mediante la cual esta Corporación estudió la constitucionalidad del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se consideró que la eficacia de los derechos y de los mecanismos que los garantiza, depende en buena medida del establecimiento de regulaciones razonables que canalicen su realización. En consecuencia, “la facultad de los jueces para conocer de un determinado asunto -en este caso la tutela- no es una facultad abierta o ilimitada sino que la propia Carta ha contemplado la posibilidad de que la autoridad competente someta a ciertas reglas el conocimiento de los asuntos judiciales -como todos los demás asuntos estatales, en virtud del principio de legalidad de que trata el artículo 6° idem-.”La misma providencia concluye:
“Entonces por la interpretación sistemática de las normas señaladas se infiere sin dificultad que cuando el Decreto 2591 de 1991, expedido por autorización y de conformidad con la Constitución, estableció la competencia de los jueces para conocer de las acciones de tutela, no violó el artículo 86 de la Carta sino que justamente hizo viable su realización en la medida en que fijó parámetros racionales para la realización de este mecanismo tutelar y así garantizar la efectiva protección de los derechos, que es uno de los fines del Estado, según el artículo 2° de la Carta.
En consecuencia, para esta Corporación la norma acusada se aviene perfectamente con la preceptiva constitucional, compartiendo así esta Corte Constitucional el concepto del señor Procurador General de la Nación.”(Subrayado fuero del texto)
Ante la Corte se plantea el presunto conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa y el Cabildo Indígena Camentsa Biyá de Mocoa. Para resolver el caso concreto se considera:
1.- El conflicto que ahora se analiza gira en torno de la aplicación de la jurisdicción especial indígena en el conocimiento de una acción de tutela interpuesta por un miembro de la comunidad contra el Cabildo Indígena Camentsa Biyá de Mocoa.
2.- El señor Mauricio Muchavisoy Juagibioy acude a la acción de tutela con el fin de obtener la protección a su derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por el Cabido de su comunidad. En su opinión, éste no ha procedido a dar repuesta de fondo a su solicitud de convocar una Asamblea General para la selección de los beneficiarios del proyecto de vivienda que se adelantará en el seno de la misma.
3.- En este sentido, en el caso en estudio no se presenta en realidad un conflicto de competencia, puesto que ni el Decreto 2591 de 1991 ni el 1382 de 2000 otorgan el conocimiento a las autoridades indígenas en el trámite de las acciones de tutela. En este sentido, un Cabildo Indígena no se encuentra llamado a conocer ni tramitar la acción de amparo interpuesta.
4.- Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el Cabildo demandado ejerce sus funciones en el Resguardo Indígena Camentsa Biyá, se tiene que éste es una autoridad de carácter local y por tanto, la acción de tutela debe tramitarse ante los jueces municipales del lugar donde ocurrieron los hechos, esto es el Municipio de Mocoa. Lo anterior, en virtud del inciso 3 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 que señala:
“A los Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares.”
5.- De otra parte, de los hechos estudiados puede observarse que al remitirse la acción de tutela al Cabildo Indígena se desconocería flagrantemente el principio de imparcialidad judicial, puesto que la misma autoridad demandada decidiría su propia causa.
6.- En efecto, el señor Mauricio Muchavisoy Juagibioy interpuso acción de tutela contra el Cabildo Indígena Kamentsa Biyá de Mocoa, al considerar que no había procedido a dar respuesta de fondo a su solicitud de convocar una Asamblea General para la selección de beneficiarios de un proyecto de vivienda.
7.- Se observa entonces que la autoridad generadora de la supuesta omisión-alegada por el tutelante- causante de la vulneración del derecho de petición del señor Muchavisoy Juagibioy, es la misma autoridad que pretende conocer el asunto, y en consecuencia, atenta contra el principio de imparcialidad otorgarle competencia para conocer la presente tutela.
8.-Por todo lo anterior, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa, con el fin de que continúe con el trámite de la acción de amparo interpuesta por Mauricio Muchavisoy Juagibioy contra el Cabildo Indígena Camentsa Biyá de Mocoa.
ÚNICO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por el señor Mauricio Muchavisoy Juagibioy contra el Cabildo Indígena Camentsa Biyá de Mocoa, al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Mocoa, para que continúe con el trámite de la acción de tutela.
Salvamento de voto al Auto 318/06
Peticionario: MAURICIO MUCHAVISOY JUAGIBIOY
[4] M.P. Carlos Gaviria Díaz

References: resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 1