Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S69-04.html
Timestamp: 2018-10-17 12:56:41+00:00

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Comunidad de San Mateo de Huanchor v. Peru, Caso 504/03, Informe No. 69/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 527 (2004).
3. Por su parte, el Estado manifiesta que la denuncia es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, en atención a que en el momento de la interposición de la petición estaba en trámite un proceso penal que continúa pendiente.
4. La Comisión concluye en el presente informe, sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, que la petición es admisible de conformidad con lo establecido por los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y que continuará con el análisis respecto a las presuntas violaciones de los artículos 4, 5, 8, 17, 19, 21, 25 y 26 en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. Además, decide notificar la decisión a las partes y publicarla en su Informe Anual.
6. El 6 de octubre de 2003 el Estado solicitó prórroga para presentar su respuesta, la cual fue otorgada por 15 días. El 30 de octubre de 2003 el Estado presentó su respuesta, siendo trasladada a los peticionarios el 21 de noviembre de 2003, con un plazo de un mes para que presentaran sus observaciones. El 18 de diciembre de 2003 los peticionarios solicitaron a la Comisión prórroga para presentar sus observaciones y se le otorgó un plazo de 15 días.
7. El 22 de diciembre de 2003, el Center for International Environmental Law, CIEL, se constituyó como co-peticionario en el caso. El 7 de enero de 2004 los peticionarios presentaron observaciones a la respuesta del Estado. El 3 y 13 de febrero de 2004 respectivamente, el Estado presentó a la Comisión información adicional la cual fue trasmitida a los peticionarios el 20 de febrero de 2004.
3. Una vez realizado el estudio de impacto ambiental, iniciar los trabajos necesarios para el tratamiento y traslado del relave a un sitio seguro, donde no genere contaminación, de acuerdo a las condiciones técnicas que indique el estudio en mención.
4. Elaborar un cronograma de actividades, necesario para monitorear el cumplimiento de la medida por parte de la CIDH.
5. De acuerdo a los efectos de la implementación de esta medida, se tenga en cuenta a la comunidad y sus representantes así como la información y estudios que puedan ser utilizados dentro de estos procedimientos.
21. La Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA), realizó dos evaluaciones en el año 2000; una ambiental y otra en la salud de la población en la zona aledaña a la cancha de relaves Mayoc en San Mateo de Huanchor. La primera evaluación concluyó que el poder acumulativo y el efecto crónico del arsénico, plomo y cadmio en la cancha de relaves, constituye un alto riesgo de exposición de las poblaciones de Mayoc y Daza y demostró que el río Rímac que bordea la población, se encuentra contaminado con arsénico y plomo y que dichas concentraciones en los cultivos agrícolas sobrepasan los límites de riesgo. Agregan los peticionarios, que la segunda evaluación dio a conocer los efectos nocivos de la contaminación sobre la salud de las personas del sector de Mayoc y Daza, por concentración de los elementos metálicos de plomo, arsénico y mercurio, cuya fuente principal es la cancha de relaves Mayoc. El informe también señala que el nivel de concentración de plomo en la sangre es mayor en los niños de la Comunidad. En ambos estudios se concluye que la contaminación ambiental está afectando a la salud de los pobladores de Mayoc y Daza.
22. La Dirección de Salud IV de Lima en marzo del 2001, realizó una evaluación clínica-epidemiológica al 58% de la población de San Mateo de Huanchor, donde concluye la existencia de problemas físicos y psíquicos entre los que se encuentran alteración de la memoria, alteración de la atención y concentración, síndrome ansioso, trastorno de aprendizaje, cambio de personalidad, entre otros.
26. Los efectos de los contaminantes ubicados en la cancha de relave Mayoc han provocado, de acuerdo a los peticionarios, una crisis en salud pública en la población de San Mateo de Huanchor, donde los más afectados son los niños de la población quienes cuentan con altos índices de plomo, arsénico y mercurio en el organismo y de no tratarse producirían graves consecuencias en su formación integral porque los efectos de la exposición de los relaves en el transcurso del tiempo se han prolongado y se agudizan al no recibir el tratamiento adecuado. Agregan que la población también se ha visto afectada en sus actividades de agricultura porque se ha comprobado un alto índice de contaminantes, especialmente de plomo, cadmio, arsénico y mercurio en la vegetación de la zona, al estar contaminada las tierras donde cultivan y el agua del río Rímac.
27. En relación con el agotamiento de recursos internos, los peticionarios sostienen que los recursos internos contemplados en el ordenamiento jurídico interno del Estado peruano, para proteger y garantizar los derechos humanos de la Comunidad de San Mateo de Huanchor afectada por la minería, resultan ineficaces por la lentitud del aparato judicial y por la escasez de medios económicos necesarios para una defensa adecuada de sus derechos, que resultan desproporcionados con los recursos de la empresa minera y los del propio Estado. Así, expresan los peticionarios, existe una desigualdad del tratamiento otorgado a las comunidades en relación con el concedido a las empresas mineras por parte de los organismos estatales a través de políticas de fortalecimiento de las actividades mineras.
28. Asimismo, señalan los peticionarios que los afectados han realizado una serie de actividades de denuncia y difusión del problema de contaminación al que han sido expuestos. Por ejemplo, en el mes de octubre de 1999 se constituyó la Comisión de Defensa de Ecología y Medio Ambiente del Distrito San Mateo de Huanchor (CODEMA), presidida por el Alcalde y conformada por comunidades afectadas. Agregan que tras la denuncia del Alcalde Distrital de San Mateo ante el Fiscal Provincial Mixta de Huarochiri, el 7 de mayo de 2001 se inició el proceso penal contra el gerente general de la empresa minera por el delito contra los recursos naturales y medio ambiente que se tramita ante el Juez Primero del Juzgado Mixto de Matucana, proceso que se encuentra actualmente en trámite.
37. Además de todas las órdenes de paralizaciones emitidas y ejecutadas, el Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución contenida en el Informe Nº 348-2003-EM-DGM ordenó la presentación de un plan de cierre definitivo de toda la operación, así como de un plan de remediación definitiva. Mediante esta acción, el Ministerio convierte en permanente las consecuencias de las órdenes de paralización impartidas hasta que se hayan saneado por completo los pasivos ambientales generados.[13]
42. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor,[15] respecto a quienes Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Perú es parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
43. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis, por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
44. El Estado alega que la petición no satisface el requisito sobre previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana porque se encuentra en trámite un proceso penal en contra del señor Jaime Rodríguez Mariátegui en su condición de Gerente General de la empresa Minera Lizandro Proaño S.A., por presuntos delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Señala el Estado que en el sistema interno existe normativa de carácter sancionador, fiscalizador y preventivo, así como recursos administrativos y judiciales que brindan tutela jurídica a los derechos cuya violación alegan los peticionarios en el presente caso.
45. El Estado sostiene que no se han agotado las vías previstas por el ordenamiento interno del Perú y tampoco se han realizado esfuerzos serios para agotar dichas vías y hacer uso de múltiples mecanismos previstos por la legislación de protección ambiental del Perú.
51. Según información aportada por el Estado, mediante una Resolución contenida en el Informe Nº 348-2003-ED-DGM de julio de 2003, se ordenó la presentación de un plan de cierre definitivo de toda la operación del relave mencionado, así como la presentación de un plan de remediación definitiva. Expresó el Estado al respecto, que “mediante esta acción, el Ministerio [de Energía y Minas] convierte en permanente las consecuencias de las órdenes de paralización impartidas hasta que se hayan saneado por completo los pasivos ambientales generados”.[18] En el mismo Informe se determinó que los hechos referentes a la contaminación ambiental podrían constituir infracción penal.[19] El 24 de septiembre de 2003, mediante Resolución Ministerial 411-2003-MEM, se autorizó al Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Energía y Minas, la interposición de una denuncia penal y demás acciones legales que correspondan en contra de las personas que resultaren responsables por las actividades mineras realizadas en el depósito Mayoc.
52. En relación con el proceso penal, el 7 de mayo de 2001 el Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochiri, de Matucana, interpuso ante el Juez Mixto de Huarochiri, a solicitud del Alcalde Distrital de San Mateo de Huanchor, una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales en contra de Jaime Rodríguez Mariátegui en su condición de Gerente General de la empresa Minera Lizandro Proaño S.A. iniciándose el expediente 2001-66. Con fecha 11 de junio de 2001, se abrió instrucción penal en la vía sumaria a Rodríguez Mariátegui. El 13 de agosto de 2001 se apersonó en el juicio y se constituyó como parte civil el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Sector de Energía y Minas. El 30 de septiembre de 2002 se amplió el auto de procesamiento comprendiendo como agraviados a los pobladores de San Mateo de Huanchor, siendo admitidos como parte civil del proceso el 1º de noviembre de 2002.
53. El 11 de septiembre de 2003 se incluyó como tercero civil responsable a las empresas mineras Lizandro Proaño S.A y Wiese Sudameris Leasing S.A. Durante esta etapa del proceso penal se tomaron declaraciones de presuntos agraviados.
56. El Estado ha interpuesto la excepción de no agotamiento de recursos internos por parte de los peticionarios, por lo que corresponde entonces aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en el presente caso. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Estos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos. La Corte Interamericana ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas, el que sean adecuados significa que la función de estos recursos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. Un recurso eficaz es el que permite producir el resultado para el que ha sido establecido.[20] En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias.
57. La Corte Interamericana y la CIDH han señalado reiteradamente que la regla general que requiere el previo agotamiento de los recursos internos reconoce el derecho del Estado a “resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”. Esta regla general no sólo reconoce al Estado el citado derecho sino que le impone la obligación de proporcionar a las personas bajo su jurisdicción recursos adecuados para proteger la situación jurídica infringida y que sean efectivos para producir el resultado para el que fueron concebidos. Si los recursos ofrecidos por el Estado no reúnen estos supuestos corresponde aplicar las excepciones contempladas en el artículo 46(2) de la Convención, excepciones que se han establecido con el objeto de garantizar la acción internacional cuando los recursos internos y el propio sistema judicial, no son expeditos y efectivos para asegurar el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
58. Al respecto, la Comisión ha señalado en ocasiones anteriores que la aplicación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención, se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos. Sin embargo, el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión, debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.[21]
59. En relación con el recurso adecuado, la Comisión observa que los peticionarios interpusieron los recursos existentes en la vía administrativa y judicial en la que se dio inicio a un proceso penal, no obstante estos recursos, no han sido eficaces, no han brindando la protección jurídica que buscan los peticionarios dentro de la jurisdicción interna ante la vulneración de los derechos fundamentales de la Comunidad de San Mateo de Huanchor por el producto de la contaminación resultante de una actividad minera. Las decisiones de carácter administrativo no han sido acatadas, han trascurrido más de tres años y los relaves de desechos tóxicos de la cancha Mayoc continúan causando daño en la salud de la población de San Mateo de Huanchor, cuyos efectos se agudizan con el transcurso del tiempo. Ante el incumplimiento reiterado de la orden administrativa sólo se han emitido sanciones administrativas de carácter pecuniario que no han permitido remediar los hechos que son fundamento de la petición. En cuanto al proceso penal sumario que busca sancionar los delitos cometidos contra el medio ambiente han transcurrido más de tres años desde su inicio, sin que exista un pronunciamiento definitivo al respecto.
60. La Comisión observa, en relación con el proceso penal sumario iniciado en el año 2001, que éste no ha cumplido con el plazo razonable que amerita el presente caso por los daños permanentes que estaría provocando la contaminación que emana del relave tóxico y que afecta a los pobladores de San Mateo de Huanchor, en especial a los niños y niñas por los efectos irreversibles que se están provocando en su salud.
61. La Comisión considera que los recursos interpuestos ante la autoridad administrativa y judicial con el objeto de buscar la tutela jurídica de los derechos afectados en perjuicio de los pobladores de San Mateo de Huanchor han resultado ineficaces.
64. En atención a que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana, no proceden los requisitos previstos en la Convención Americana en materia de agotamiento de los recursos internos y, en consecuencia, el plazo de seis meses para la presentación de la petición. Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el Informe que adopte en su momento la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.
65. Del expediente no se desprende que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que consista en la reproducción de una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. En consecuencia, los requisitos establecidos por los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención, se encuentran reunidos.
1. Declarar admisible el presente caso con relación a la presunta violación al derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, del niño, la propiedad, protección judicial y al desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales establecidos en los artículos 4, 5, 8, 17, 19, 21, 25, 26, de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento.
[3] Relaves: Partículas de minerales sobrantes de la extracción minera que están en el agua del lave y arrastre y se mezcla con barro estéril, y que en San Mateo de Huanchor se acumuló en un depósito a campo abierto.
Artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
Artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
[17] Ver escrito del Estado recibido el 23 de octubre de 2003. Expediente sobre Medidas Cautelares.
[18] Ver escrito del Estado recibido con fecha 30 de octubre de 2003.

References: resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46

Artículo 67

Artículo 68