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Timestamp: 2019-07-18 05:33:40+00:00

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El Peruano - Aprueban el Informe Defensorial N° 175, “Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú” - RESOLUCION - Nº 010-2016/DP - ORGANOS AUTONOMOS - DEFENSORIA DEL PUEBLO
Aprueban el Informe Defensorial Nº 175, “Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”
Nº 010-2016/DP
El Informe Defensorial Nº 175, «Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú », elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Primero.- Competencia de la Defensoría del Pueblo.- En atención a su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y de supervisión de la Administración Pública, establecido en los artículos 162 de la Constitución Política y 1 de su Ley Orgánica, Ley Nº 26520, la Defensoría del Pueblo supervisa la respuesta del Estado para atender los problemas en el ejercicio de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, entre ellas, la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (en adelante LGBTI). En efecto, las personas LGBTI afrontan una serie de problemas en el ejercicio de sus derechos a causa de los prejuicios, estereotipos y estigmas sobre su orientación sexual e identidad de género. Esta situación las convierte en un grupo vulnerable y proclive a sufrir agresiones y ataques contra su vida e integridad, discriminación, insultos, exclusión y negación de derechos, no solo de parte de las autoridades o terceras personas sino incluso de su propia familia y entorno.
Por esta razón en sus veinte años de funcionamiento la Defensoría del Pueblo ha intervenido en diversos casos en los que se evidenció la afectación de los mencionados derechos. Asimismo, mediante el Informe de Adjuntía Nº 003-2014-DP/ADHPD, «Opinión respecto del proyecto de Ley Nº 2647/2013-CR, que establece la unión civil para personas del mismo sexo. Situación de los derechos fundamentales de la población LGBTI en el país» tuvo la oportunidad de sustentar la necesidad de que el Estado supere la situación de desprotección en que se encuentran las personas del mismo sexo que deciden emprender un proyecto de vida en común, a fin de garantizarles el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. A su vez, el informe dio cuenta de la problemática que afecta a esta población y de la ausencia de una política pública que la atienda eficazmente.
En esa misma línea, el presente informe defensorial busca identificar con mayor detalle dicha problemática y aportar al Estado un conjunto de recomendaciones para contribuir a garantizar a las personas LGBTI el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales, en particular, los derechos a la igualdad y no discriminación, una vida libre de violencia, la identidad de género y la salud. Para ello se ha obtenido y procesado información de las entidades estatales competentes, principalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como aquella proveniente de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta temática y de la sociedad civil. Asimismo, se ha analizado un conjunto de sentencias sobre el cambio de nombre y sexo solicitado por personas trans.
Segundo: Resultados de la investigación defensorial:
A) Principales problemas que afectan a la población LGBTI
Discriminación y exclusión social. Las personas LGBTI tienen problemas para el acceso a los servicios de salud y educación, a condiciones equitativas de trabajo, condiciones abusivas para el alquiler de viviendas, transitar con tranquilidad y seguridad en las calles o medios de transporte público, o acceder a determinados lugares públicos. Asimismo, las personas trans tienen serias dificultades para el reconocimiento de su identidad de género y la consiguiente obtención de su documento de identidad.
Afectaciones a la vida e integridad. Se siguen produciendo muertes y agresiones contra personas LGBTI. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público han reportado 38 muertes violentas: 14 en el 2012, 12 en el 2013 y 12 en el 2014. Otras fuentes de sociedad civil indican que desde el 2008 se cometieron 99 “crímenes de odio”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en su último monitoreo sobre la situación de violencia contra personas LGBTI, que entre enero de 2013 y marzo de 2014 se registraron en el Perú 17 asesinatos y 7 afectaciones a la integridad. Estas cifras no reflejan necesariamente la magnitud ni la complejidad de esta violencia ya que no existe información suficiente ni estadísticas oficiales disponibles y, de otro lado, se advierte un fuerte rechazo y desconfianza para denunciar estos delitos ante el sistema de justicia porque se le percibe ineficaz en la investigación, o por considerar que se encuentra también impregnada de prejuicios y estereotipos. La falta de respuesta eficaz del sistema de justicia genera un escenario de impunidad.
Violencia en la escuela contra estudiantes LGBTI. Los insultos y expresiones homofóbicas son la forma más común en la que se materializa el bullying homofóbico. Ello ha merecido la preocupación de la CIDH y el Comité de los Derechos del Niño, que han reclamado por los problemas de acoso escolar que sufren los niños y niñas LGBTI por parte de sus compañeros y maestros. En el periodo comprendido entre enero de 2014 y junio de 2016, el Ministerio de Educación ha registrado 114 casos de bullying homofóbico en instituciones educativas a nivel nacional. Por su parte, la Secretaría Nacional de la Juventud evidenció en otro estudio que, del total de adolescentes encuestados en tres ciudades del Perú, el 35.8% de entrevistados en Lima declararon haber sido víctimas de violencia, 42.1% en Iquitos y 35.4% en Trujillo. Estos datos plantean la necesidad de que el sistema educativo incluya en el currículo escolar contenidos sobre educación sexual, género y diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género, difundiendo aún más los alcances de la Ley Nº 29719, así como capacitaciones a profesores y a la comunidad educativa en general sobre estos aspectos.
Derecho a la identidad de las personas trans. El Tribunal Constitucional peruano reconoció en su momento que el sexo está compuesto por diversos elementos (cromosómicos, anatómicos, psicológicos, sociales, etc.), los mismos que interactúan en el sujeto, de tal forma que lo configuran, y que al nacer solo se toma en cuenta el anatómico, ya que la personalidad del recién nacido que expresará su identidad recién comenzará a desarrollarse (Expediente Nº 2273-2005-PHC/TC). Sin embargo, en marzo de 2014 emitió una nueva sentencia (Expediente Nº 00139-2013-PA/TC) donde, en mayoría, retomó la noción biológica y heteronormativa para indicar que puede admitirse el cambio de nombre de una persona, pero no de sexo. Dicha sentencia desconoce los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este ámbito, y así lo mencionan en el mismo caso los votos en minoría que señalaron que había suficientes argumentos para reconocer el derecho a la identidad de género y libre desarrollo de la personalidad de una persona trans, de modo que nuestro ordenamiento permite el cambio de sexo en su documento de identidad.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo reafirma que la protección y la plena vigencia del derecho humano a la identidad debe comprender la identidad sexual con todos sus componentes (estáticos y dinámicos), siendo por tanto una obligación que el Estado la proteja y garantice. El cambio de nombre y/o sexo de una persona trans forma parte de su derecho a la identidad y debe ser facilitado en los registros civiles, e incorporado en todos los documentos que la identifique.
El Poder Judicial ha tenido ocasión de pronunciarse también sobre los cambios de nombre y sexo de personas trans. Para el presente informe se revisaron 21 sentencias, de las cuales 12 corresponden a procesos de cambio de nombre, dos a cambio de sexo y siete a ambos. De ese total, 12 fueron declaradas fundadas, tres fundadas en parte y cinco denegadas, mientras un caso se declaró en abandono. En las sentencias que autorizaron el cambio de nombre, los magistrados basaron su decisión en que este no concordaba con la identidad de las personas, siendo que el mismo había perdido su función individualizadora. En cambio, las sentencias infundadas consideraron que la pretensión real de los demandantes era el reconocimiento del cambio de sexo, lo cual no podía analizarse en la vía procedimental invocada. En las sentencias donde se dispuso conjuntamente el cambio de nombre y sexo los jueces basaron su argumentación en el respeto a la identidad sexual de las personas demandantes y acogieron la concepción dinámica de la categoría sexo. Por el contrario, en los casos que denegaron el cambio de sexo las decisiones se limitaron a citar el criterio que el Tribunal Constitucional estableció en el Expediente Nº 00139-2013-PA/TC.
No obstante los criterios judiciales dispares, merece destacarse la sentencia del 12 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Civil de San Martín (Expediente Nº 303-2012) sobre cambio de nombre y sexo de una persona trans. En dicha resolución el juez se apartó expresamente de la doctrina del Tribunal Constitucional que desconoce la identidad de género, y señala la importancia de reafirmar una tendencia progresista del reconocimiento del derecho de identidad sexual por ser más proteccionista para las personas transexuales, que debe primar sobre el precedente del Tribunal Constitucional. Si bien esta sentencia fue revocada en segunda instancia, la persona interesada ha recurrido al Tribunal Constitucional, que tiene una nueva oportunidad de retomar los criterios de protección sobre la identidad de género de las personas, conforme a los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Más allá de los criterios judiciales que interpretan favorablemente o no el reconocimiento de la identidad de género, este es un asunto que le concierne decidir exclusivamente a la persona interesada, en su esfera personalísima y más íntima, donde además no existe litis o conflicto de interés con otras personas. Por ello, esta decisión debiera tramitarse en una vía administrativa y no en la judicial. Esto permitirá obtener un resultado con celeridad, seguridad y con pleno respeto de su derecho a la identidad. Estimamos que la habilitación de un procedimiento administrativo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) evitaría el trance que supone recurrir actualmente al Poder Judicial, generaría mayor celeridad para que la persona acceda a un documento de identidad que se condiga con su identidad de género, y reduciría los gastos que debe destinar la persona para ello, que superan en promedio una remuneración mínima vital.
Problemas en el ejercicio del derecho a la salud. En los distintos casos que hemos conocido es frecuente que en los servicios de atención se interrogue a una persona LGBTI respecto a si presenta alguna infección de transmisión sexual (ITS) o si vive con el VIH. También ello genera que en múltiples ocasiones los establecimientos de salud limiten la donación de sangre a estas personas. Si bien existe una alta prevalencia del VIH entre los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y mujeres trans, es necesario que sin desconocer esta posibilidad —por su importancia clínica o epidemiológica, pues se necesita medir el impacto de la epidemia en esta población y dirigir estrategias en dicho sentido— los procedimientos sanitarios incorporen mecanismos que garanticen la confidencialidad y el respeto de las personas LGBTI para la obtención de tal información. Es importante que el sistema de salud pública incorpore plenamente en sus prácticas un trato adecuado y respetuoso de este colectivo
Los recursos del Sector Salud para atender el problema del VIH han comprendido también a la población LGBTI. Este es un esfuerzo que indudablemente debemos reconocer, máxime si de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud esta epidemia tiene prevalencia de menos de 1% en la población heterosexual, pero 12.4% en los HSH y 20.8% en mujeres trans; en tanto que la mortalidad —con los problemas de subregistro y limitación de datos que detallamos en el informe— supera al año las 1,500 muertes, de las cuales alrededor de 480 serían HSH y 150 personas trans. Sin embargo, a la par de continuarse con el fortalecimiento de la estrategia sobre VIH/Sida, es necesario que la política de salud visibilice y enfoque sus acciones en atender otras necesidades sanitarias, igualmente prioritarias e importantes, que tienen relación con su derecho a la salud sexual, reproductiva y mental. Consideramos que en ese sentido se enfoca el Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual – ITS y el VIH (PEM-ITS-VIH) 2015—2019, que busca articular las acciones del Estado y la sociedad civil para atender (además del VIH/Sida) las infecciones por transmisión sexual y otras necesidades de salud, con una metodología inclusiva y de derechos en los tres niveles de gobierno. Además, reconoce que las acciones deben tener en cuenta estrategias para superar los usos, costumbres, barreras culturales e idiomáticas de la población que puedan limitan la oferta del servicio de atención y prevención, así como por el estigma y discriminación hacia las personas LGBTI.
Cada uno de los sectores que conforman el colectivo LGBTI tiene problemas de salud específicos. Así como los servicios de salud establecen protocolos y metodologías de atención para hombres y mujeres heterosexuales, deben implementar criterios sanitarios y clínicos para población lesbiana, gay y trans, adicionales a los tratamientos de VIH/Sida o ITS, como por ejemplo para atender los problemas de abuso de sustancias como el alcohol y las drogas, cánceres cervicales o a causa del virus del papiloma humano, atenciones ginecológicas para mujeres lesbianas que incluyan la prevención o detección del cáncer de mama, cuadros de ansiedad, estrés psicológico, depresión, entre otros.
Para el caso específico de la mujer lesbiana, debe complementarse las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva y la Guía Técnica de Atención Integral de personas afectadas por la violencia basada en género, debido a que el perfil que establecen responde al sistema heterosexual, no existiendo un protocolo específico para su atención.
Se debe procurar también que el sistema de salud visibilice paulatinamente las necesidades del sector trans masculino, que es el grupo menos visible incluso entre el propio colectivo LGBTI. Al respecto, debemos recordar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las personas trans presentan altos niveles de exposición a la violencia, problemas relacionados con la salud mental por causas exógenas, alta tasa de prevalencia de VIH e ITS, consumo de alcohol y otras sustancias, así como efectos negativos por hormonas auto administradas, inyecciones de relleno de tejidos blandos y otras formas de modificaciones corporales, que ponen en riesgo su salud y su vida.
El Estado debe hacer más esfuerzos para que sus servicios de salud tengan claridad sobre la no patologización de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI, por el impacto negativo que conlleva para su salud mental. La afirmación de la identidad de las personas LGBTI es un proceso difícil y complejo que hace que ellas mismas, muchas veces, nieguen o no revelen su identidad, o que la repriman al considerarla como un aspecto negativo de su personalidad (baja autoestima, vergüenza, depresión, aislamiento e ideas suicidas). De allí la alta probabilidad de padecer de ansiedad y estrés —mayores incluso a los estresores generales que afectan a todas las personas—; con la consiguiente afectación a su salud mental. En ese sentido, los servicios de salud deben incluir como prioridad la disposición de información y espacios de consejería en salud para la población LGBTI.
Falta de reconocimiento de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. La Defensoría del Pueblo opinó favorablemente sobre este tema cuyo fundamento se encuentra en el principio de igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues no es justificable jurídicamente mantener la situación de desprotección que afrontan las personas del mismo sexo que deciden emprender un proyecto de vida en común. Al haber sido archivado este proyecto, reiteramos nuestra opinión y la necesidad de aprobar una ley que reconozca la unión civil entre parejas del mismo sexo, en la medida en que tales uniones constituyen una familia.
Ausencia de estadísticas oficiales. Pese a que se conoce esta realidad, el Estado no cuenta con estadísticas oficiales que permitan conocer de manera específica la dimensión de dicha problemática. Por ello, tampoco se puede medir la respuesta y las acciones que debe brindar el Estado para cumplir con su obligación de proteger los derechos fundamentales de la población LGBTI. En tal sentido, resulta prioritario que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrolle acciones para la producción de información estadística —garantizando la confidencialidad de la información de las personas de este colectivo—, y la ponga a disposición de los distintos sectores y niveles de gobierno. Esto permitirá que el Estado implemente políticas públicas y medidas orientadas a revertir el contexto de desprotección de sus derechos fundamentales como salud, educación, trabajo, identidad, entre otros.
Escasa participación del colectivo LGBTI en la elaboración de políticas públicas. Diversas organizaciones de sociedad civil que promueven la defensa de los derechos de las personas LGBTI vienen aportando con investigaciones y estudios que muestran datos e información sobre su problemática, en especial sobre la situación de violencia que sufre la población LGBTI. Estas iniciativas deben ser potenciadas por el Estado y tomadas en cuenta al momento de elaborar las políticas públicas y los planes de trabajo. Se requiere adoptar estrategias que reviertan la desconfianza existente hacia las entidades estatales. En este sentido, la participación de los colectivos LGBTI en el diseño e implementación de tales acciones, es fundamental.
Tercero: Los retos del Estado para garantizar los derechos de las personas LGBTI: lo que no se hizo y lo que se debe hacer
No podemos desconocer algunas acciones que desde el Estado han intentado mitigar el escenario de desprotección en que se encuentran distintos sectores vulnerables de nuestra sociedad, entre ellos, las personas LGBTI. Podemos mencionar que varios gobiernos regionales y locales han aprobado ordenanzas para frenar la discriminación en sus localidades —hoy hay cerca de 100—, siendo que más de la mitad de estas normas contienen expresamente la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género.
También se encuentra el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) 2012–2017, que incluye acciones para erradicar estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las diferencias de género y orientación sexual, la emisión de mensajes que reafirmen la diversidad de las mujeres en los medios de comunicación, la implementación de protocolos de atención en salud que respeten de la orientación sexual de las personas, así como la disminución de los delitos de odio basados en la orientación sexual de la víctima. Sin embargo, es necesario señalar que ni las ordenanzas ni el PLANIG han logrado un impacto real en la protección de los derechos de las personas LGBTI, porque no han sido debidamente implementadas.
Del mismo modo, debemos destacar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de publicar dos cartillas informativas para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de las personas LGTBI en el marco de las Elecciones Generales 2016. En una se informó de los planes de gobierno de algunas agrupaciones políticas con propuestas a favor de este colectivo, mientras que la otra dio cuenta de las medidas que dicho ente electoral estableció para garantizar el voto de las personas trans. Esperamos que esta práctica se acentúe y difunda en todos los procesos electorales futuros.
De otra parte, no podemos dejar de mencionar que existieron oportunidades para que el Estado asuma un compromiso serio y responsable para atender progresivamente la problemática de desprotección de los derechos de las personas LGBTI, y sin embargo se optó por no hacerlo. Así ocurrió con la decisión de excluirlos del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, alegando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en su reemplazo se les incorporaría en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015-2021 de dicho Sector, y que su problemática sería atendida desde la Comisión Nacional contra la Discriminación (Conacod). Esta medida constituye uno de los retrocesos más notorios del Estado peruano y una abdicación de su obligación de adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de las personas LGBTI, por las siguientes razones:
- Constituye un precedente negativo que la problemática de un sector de especial protección sea apartado del instrumento de políticas que precisamente fue concebido para dar mayor visibilidad y compromiso con los derechos humanos. Asimismo, su incorporación al PESEM del Sector Justicia no coadyuvó a que los demás sectores del Estado y niveles de gobierno puedan asumir compromisos concretos con este colectivo, ya que no podían sustentar la adopción de medidas o destinar recursos bajo los criterios y parámetros que proponía el Plan Nacional de Derechos Humanos, precisamente por no estar incluidos en dicha política pública.
- Igualmente, asignarle a la Conacod la labor de garantizar los derechos de las personas LGBTI significó en la práctica mantener los niveles de desprotección, puesto que la Conacod no tiene facultades legales para establecer compromisos vinculantes para los ministerios que lo integran, de manera que si un sector no está de acuerdo con algún planteamiento a favor de la población LGBTI, simplemente no lo acata.
Cabe indicar, además, que desde su creación la Conacod no ha desarrollado ninguna acción de impacto a favor de los derechos de las personas LGBTI.
De otro lado, en el 2015, ante un requerimiento que hiciéramos para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables constituya una labor de rectoría en el Ejecutivo y pueda desarrollar estrategias a favor de este sector nos informó que en su mandato no se considera a las personas LGBTI como un grupo vulnerable, por lo cual los asuntos vinculados a la orientación sexual e identidad de género de las personas no son de su competencia. A pesar de ello, en marzo del 2016 la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual de dicho Sector aprobó los Lineamientos para la atención de personas LGBTI en los servicios que presta, mientras que en abril del mismo año institucionalizó la Mesa de Trabajo para promover los derechos de las mujeres lesbianas. Recientemente, el Plan Nacional de Lucha contra la violencia de género 2016–2021 ha previsto en sus acciones a las mujeres lesbianas, trans y a las personas bisexuales.
Si bien estas últimas acciones son importantes, no deja de llamar la atención la falta de uniformidad para la atención de esta temática por parte del MIMP, pese a que por su competencia está llamado a atender la problemática de los integrantes de la comunidad LGBTI. Asimismo, debemos mencionar que el Ministerio de Educación no ha aprobado el Plan Estratégico Nacional de la Juventud que elaboró el año 2015 la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU).
En lo que concierne a las medidas sancionatorias en el ámbito administrativo en casos donde se discutieron los derechos de personas LGBTI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha conocido denuncias por discriminación en el consumo. No obstante que en algunos casos impuso sanciones cuando se trató de una discriminación por orientación sexual, sin embargo, mantiene el criterio de no aceptar el reconocimiento de la identidad de género de las personas, asumiendo una definición supeditada solo a la noción biológica de sexo y alegando parámetros de convencionalismo social para descartar los reclamos de personas trans. En esa línea, resulta evidente que las acciones del Estado aún no responden a una política integral, articulada y multinivel, con objetivos, metas, estrategias e indicadores que permitan supervisar los avances, retrocesos o cambios para garantizar los derechos fundamentales de las personas LGBTI.
La falta de una política pública adecuada en este aspecto genera que las pocas respuestas e iniciativas que se han promovido hasta la fecha se conciban de modo unilateral, sin recursos, carente de sostenibilidad y sin el impacto esperado. Asimismo, al no asumirse en el Ejecutivo una rectoría frente a esta temática, se pierde de vista toda posibilidad de coordinación, seguimiento y evaluación de lo que se tiene que priorizar, modificar o fortalecer.
Es necesario, entonces, que las acciones del Estado contemplen con prioridad la definición de un órgano rector en el Ejecutivo, la incorporación de las necesidades de la población LGBTI en el Plan Nacional de Derechos Humanos y su articulación con los demás políticas públicas existentes, así como la implementación de planes de acción que reviertan la grave situación que hoy se cierne para la protección de sus derechos fundamentales.
Con los vistos de la Primera Adjuntía y la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad,
Artículo Primero.- APROBAR el Informe Defensorial Nº 175, «Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú », elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Artículo Segundo.- RECOMENDAR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
1. Aprobar una ley de identidad de género que establezca un procedimiento administrativo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que las personas trans puedan cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad. Este procedimiento debe ser célere, no patologizante y respetuoso de su dignidad e intimidad.
2. Aprobar una ley que reconozca la unión civil entre personas del mismo sexo.
3. Modificar el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para incorporar expresamente a las personas LGBTI como población vulnerable, y pueda así diseñar y supervisar una política pública que garantice sus derechos fundamentales, con visión intersectorial.
4. Incorporar las categorías de orientación sexual e identidad de género en los artículos 46 inciso 2 literal d) y 323 del Código Penal, con la finalidad de superar los problemas de interpretación de los operadores jurídicos y brindar una mejor protección de los bienes jurídicos y derechos fundamentales de las personas LGBTI, que son afectados por conductas de violencia y discriminación.
La inclusión expresa de dichas categorías en el Código Penal incrementará los estándares de protección en el marco normativo vigente, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Artículo Tercero.- RECOMENDAR AL PODER JUDICIAL:
1. Incorporar en los planes de capacitación a jueces penales, civiles, constitucionales y a sus auxiliares jurisdiccionales de todas las cortes superiores del país, criterios de igualdad y no discriminación vinculados con la temática de diversidad sexual, en particular lo referido al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI.
2. Implementar un registro de procesos judiciales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y discriminación en agravio de personas LGBTI, estableciendo mecanismos para garantizar la confidencialidad y otros criterios que señale la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
Dicha información debe servir para conocer la magnitud de la violencia que afecta a cada subgrupo que integra el colectivo LGBTI, caracterizar los contextos en que se producen conductas ilícitas en agravio de estas personas y le permita a las instancias competentes adoptar acciones y estrategias de prevención.
Artículo Cuarto.- RECOMENDAR AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES:
1. Incorporar en todos sus planes nacionales y sectoriales los criterios de orientación sexual e identidad de género para los grupos señalados en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098.
Artículo Quinto.- RECOMENDAR AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:
1. Incorporar a la población LGBTI en el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual debe incorporar objetivos, lineamientos, acciones estratégicas e indicadores para que los demás Sectores implementen medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de dicho colectivo.
2. Establecer estrategias de coordinación y seguimiento de las medidas señaladas en el Plan Nacional de Derechos Humanos con todos los Sectores del Ejecutivo, en tanto se apruebe la norma que modifique la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le permita asumir la rectoría intersectorial de dicho sector poblacional.
Artículo Sexto.- RECOMENDAR AL MINISTERIO DE SALUD:
1. Incorporar la perspectiva de igualdad y no discriminación vinculada a la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI en los protocolos de atención del Sector Salud, a fin de revertir los prejuicios y estigmatizaciones de la que son víctimas.
2. Desarrollar estrategias para mejorar el respeto y la calidad de la atención de las personas LGBTI en los centros de salud a nivel nacional.
3. Incorporar en las políticas del Sector Salud servicios específicos referidos a la salud sexual y reproductiva, teniendo en consideración las contingencias o prevalencias médicas específicas de cada uno de los grupos que conforman el colectivo LGBTI. Dichas medidas deben incluir el establecimiento de servicios de información y consejería en salud.
4. Desarrollar planes específicos de salud mental para personas LGBTI que atiendan los problemas de baja autoestima, ansiedad, asilamiento, ideas suicidas, estrés psicológico, entre otros.
5. Incrementar el presupuesto de la Estrategia Sanitaria de VIH/Sida para las acciones destinadas a la atención de los grupos de mayor riesgo de la población LGBTI (hombres que tienen sexo con otros hombres – SHS y personas trans), y fortalecer la Estrategia de Promotores Educadores de Pares (PEP) a través del aumento del número de especialistas que desarrollen tales labores.
6. Adoptar medidas para optimizar la capacidad de atención de los Centros Especializados de Referencia de ITS/VIH/Sida (CERITS) y las Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP), como el establecimiento de horarios de atención adecuados para las personas LGBTI que viven con VIH/Sida.
7. Establecer criterios uniformes para el registro de información sobre la morbilidad y mortalidad por VIH/Sida en la población LGBTI, a fin de contar con datos epidemiológicos que permitan monitorear el impacto de las intervenciones sanitarias en materia de prevención, atención y tratamiento para este colectivo.
Artículo Séptimo.- RECOMENDAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
1. Desarrollar estrategias nacionales para: i) la difusión permanente de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas; ii) la promoción de la convivencia democrática y sin violencia entre docentes y alumnos/as en las instituciones educativas a nivel nacional; y iii) la capacitación de docentes y comunidad educativa para la prevención de situaciones de violencia y discriminación motivados por la orientación sexual e identidad de género de los niños, niñas y adolescentes LGBTI.
2. Aprobar el Plan Estratégico Nacional de la Juventud al 2021 elaborado por la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), el cual incorpora acciones favor de la población LGBTI en temas de participación política, no discriminación, trabajo, violencia y difusión de derechos.
Artículo Octavo.- RECOMENDAR AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:
1. Impulsar, en coordinación con los Sectores de Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Poblaciones Vulnerables, la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Artículo Noveno.- RECOMENDAR AL MINISTERIO PÚBLICO:
1. Implementar en todos los distritos fiscales del país planes de capacitación dirigidos a las fiscales y los fiscales, así como a los asistentes en función fiscal, respecto a los criterios de igualdad y no discriminación vinculados a la temática de diversidad sexual, en particular lo referido al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI.
2. Implementar un registro de denuncias e investigaciones fiscales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y discriminación, en agravio de personas LGBTI, estableciendo mecanismos para garantizar la confidencialidad y otros criterios que señale la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
Artículo Décimo.- RECOMENDAR AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL:
1. Incluir la problemática de las personas trans en el Plan Nacional “Perú contra la indocumentación 2016—2021” y aprobar la resolución que institucionaliza el funcionamiento del “Grupo de Trabajo para la documentación de las personas transgénero” impulsado por la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS).
2. Incorporar en los planes de capacitación institucional la temática de orientación sexual e identidad de género que permita mejorar la calidad de la atención de los servicios de identificación a los usuarios LGBTI.
Artículo Undécimo.- RECOMENDAR AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ:
1. Aprobar directivas e instructivos para que las comisarías y unidades policiales a nivel nacional puedan atender en forma adecuada y oportuna las denuncias presentadas por personas LGBTI.
2. Desarrollar cursos de capacitación en los procesos de formación y ascenso para el personal policial sobre la temática de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI.
3. Establecer en su estrategia comunicacional la importancia del respeto de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI y difundir permanentemente los canales de atención de reclamos (línea telefónica gratuita, correo electrónico y redes sociales) ante la negativa de recepción de denuncias o situaciones de maltrato a las personas LGBTI en comisarías y dependencias policiales.
Artículo Duodécimo.- RECOMENDAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA:
1. Incluir en las encuestas y censos datos que permitan conocer las principales necesidades de la población LGBTI, a partir de lo cual el Estado pueda elaborar diagnósticos y políticas para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Dicha tarea debe considerar, entre otros, lo siguiente: i) criterios técnicos estadísticos; ii) perspectiva de la diversidad sexual y de igualdad y no discriminación; iii) la inclusión de variables que permitan conocer las condiciones específicas en que se encuentra los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; iv) la participación de las organizaciones de sociedad civil involucradas en la promoción y protección de sus derechos, tanto en el diseño e implementación de las encuestas y censos; y v) criterios de confidencialidad de la información, conforme a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales.
Artículo Decimotercero.- ENCARGAR el seguimiento de las recomendaciones del Informe Defensorial Nº 175 a la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Artículo Decimocuarto.- INCLUIR la presente Resolución Defensorial en el Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
1422500-1

References: resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 artículo 27