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Timestamp: 2019-11-21 11:41:16+00:00

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Reforma laboral: detalles del proyecto que analiza el Senado
Compartimos los puntos más destacados de la charla de hoy con clientes sobre la Reforma Laboral a cargo del Dr. Alejandro Di Sabatino.
A partir de la reglamentación de la ley, los empleadores tendrán un plazo de un año para regularizar la situación de sus trabajadores. La propuesta incluye la posibilidad de rectificar la real remuneración o la fecha de inicio de la relación laboral sin que se cobren infracciones, multas y sanciones. Se condona la deuda por capital e intereses cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones. Los trabajadores tienen derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes, calculados sobre la base del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Se perdona el 100% de las multas si se efectúa el registro dentro de los primeros 180 días desde la reglamentación de la ley y el 70% si es después.
El artículo 7 habla de deudas controvertidas, que podrán ser incluidas en el blanqueo. y son aquellas que estén en instancias «en sede administrativa, contenciosos administrativa o judicial». El demandado deberá pagar las costas. Un cambio en este proyecto es que todo lo que no se pagó o no se paga a la seguridad social se tiene que abonar a los Organismos de la Seguridad Social y no directamente al trabajador. Además, se agrega en el nuevo proyecto la «invitación» a que los sectores de la construcción y de los trabajadores rurales, ambos con regímenes especiales, se adhieran al blanqueo, Sigue sin estar incluido el personal de casas particulares ni los trabajadores del Estado.
Art. 3. La penalización por defectos u omisiones de registración no podrán ser reclamadas por el trabajador y tendrán como destino engrosar fondos de institutos recaudadores (será aclarado por la reglamentación) ARTÍCULO 17.- Concepto y alcance de la registración. Modificase el texto del artículo 7° de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 7°.- Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador: a) En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares; b) En los sistemas simplificados de registro administrados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 18.- Ausencia de registración. Modificase el texto del artículo 8° de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 8.- El empleador que no registrare una relación laboral abonará a los Organismos de la Seguridad Social una multa equivalente al CINCUENTA PORCIENTO (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV y M) vigente al momento de su imposición, por cada período mensual no registrado o el que proporcionalmente corresponda”.
ARTÍCULO 19.- Registración temporal irregular. Modificase el texto del artículo9° de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 9.- El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará a los Organismos de la Seguridad Social una multa equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV y M) vigente al momento de su imposición, por cada uno de los períodos mensuales no registrados, o los que proporcionalmente correspondan, desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada”.
Concepto de trabajo
Un artículo, el 39, desaparece del proyecto que se analiza en el Congreso. Agregaba un párrafo al artículo 4 de la ley de contrato de trabajo. Hablaba de la cooperación «entre las partes para promover la actividad productiva y creadora… un valor social compartido. Generador de derechos y deberes recíprocos y una ley esencial de ejecución del contrato». En estas pocas líneas, entonces, se igualaban los «derechos y deberes recíprocos». Responsabilidad solidaria Es la responsabilidad de la empresa que contrata o subcontrata personal. Según el proyecto, quienes cumplan con las obligaciones de control y lo puedan acreditar quedan eximidos de la responsabilidad solidaria, obliga a hacerse cargo de terceros mal registrados. Se agrega en el nuevo texto -una conquista gremial- que no es aplicable a los servicios que se contraten o se subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones, servicios médicos de emergencia, gastronomía e informática. Tampoco se aplica al transporte de personas desde y hacia el establecimiento.
“ARTÍCULO 30.- Subcontratación y delegación. Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago delas remuneraciones, las que deberán respetar la convención colectiva de trabajo aplicable, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura informar a la asociación sindical representativa de los trabajadores que actúe en su ámbito, y a la asociación sindical representativa de los trabajadores que actúe en el ámbito de los cesionarios o subcontratistas, cada una de estas contrataciones de personal, con las modalidades y alcances que fije la autoridad de aplicación. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno delos trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa, dentro del plazo de treinta (30) días corridos de efectuado el requerimiento.
El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas que cumplan con las obligaciones de control establecidas en este artículo y así lo acrediten ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, quedarán eximidos de la responsabilidad solidaria prevista en el párrafo anterior. Las disposiciones de este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250 y sus modificatorias. El presente régimen de responsabilidad solidaria no será aplicable a los trabajos o servicios que se contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación”.
ARTÍCULO 32.- Certificado de servicios y remuneraciones. Modificase el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo Nª 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 80. Certificado de servicios y remuneraciones. La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, detallados desde la registración ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS del alta temprana o contemporánea del dependiente, según corresponda, hasta el momento de finalización del vínculo. Se entenderá que se han cumplido con las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores cuando el empleador genere el certificado de acuerdo a los procedimientos previstos en la Resolución General de la AFIP N° 2316 y la Resolución General AFIP 3669 y Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social N° 941/2014.
A tal fin la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DEINGRESOS PÚBLICOS deberá establecer un procedimiento a través del cual naves que el empleador, con su Clave Fiscal, haya completado el Certificado de servicios y Remuneraciones, dicho documento pueda ser re direccionado al CUIT/CUIL del empleado a los fines de que pueda acceder al mismo, o ser retirado desde cualquier oficina del citado ente con la constatación de su CUIT/CUIL. Los empleadores tendrán la oportunidad de llevar a cabo una rectificatoria, en caso que la autoridad judicial competente así lo requiera, en razón de haberse determinado parámetros laborales distintos a los declarados en el certificado anterior”.
Si el empleador no generare el certificado de acuerdo a los procedimientos previstos en el presente artículo ni llevare a cabo la rectificatoria ordenada por la autoridad judicial competente, dentro de los DOS (2) días hábiles computados a partir del día siguiente en que hubiere recepcionado el requerimiento que le fuera formulado por el trabajador o la autoridad judicial de manera fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor del trabajador que será equivalente a TRES (3) veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esa indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta o misiva pudiere imponer la autoridad judicial competente”.
Un artículo con un pequeño pero significativo agregado. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, siempre y cuando «no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad…». Si esto sucede, el trabajador podrá considerarse despedido o reclamar el restablecimiento de las condiciones alteradas en la convención colectiva de trabajo, y el agregado es que también podrá reclamar directamente ante la instancia judicial competente.
No hubo casi modificaciones en este punto, aunque sí algunas protestas de sectores empresarios. Lo más destacado es la posibilidad que tienen los padres de tomarse 15 días corridos de licencia, cuando hasta el momento eran sólo dos. Por matrimonio, son 10 días corridos, y se agrega «o unión convivencial». Habrá que ver en la reglamentación si se deberá demostrar la convivencia a través del certificado que se emite en el Registro Civil. Se agregan 10 días corridos por año para cumplir con trámites relacionados con la adopción y «para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida, cinco días por año».
Sigue en pie la licencia sin goce de sueldo de 30 días corridos por año, «por razones particulares planificadas».
Un artículo que no está en la nueva propuesta
Indemnización por despido sin causa justa
Sigue sin computarse para el cálculo de la indemnización el aguinaldo, pero vuelven a entrar en el cálculo las horas extras y las comisiones. No se computarán los reconocimientos de gastos que el empleador efectúe al trabajador. Por otro lado, se mantiene el tope a las indemnizaciones, que consiste en tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable al trabajador al momento de despido. También corre este tope para los «trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo», a quienes se les va a aplicar «el convenio del establecimiento donde preste servicios. Aplica también para los trabajadores jerarquizados que no forman parte del convenio colectivo.
Se agrega que «en ningún caso la base salarial podrá implicar una reducción de más del 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año». Una suerte de tope al tope.
El Gobierno asegura que el empleo en el interior creció 1,4% en el primer trimestre
Son datos de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio del Trabajo de la Nación
El Gobierno asegura que el empleo privado formal creció 1,4% en el interior en el primer trimestre de 2016.
Hubo picos de crecimiento en Córdoba (4,4%) y Santa Fe (2%), según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio del Trabajo de la Nación.
Por su parte, el empleo privado formal en empresas con un mínimo de diez empleados presentó un crecimiento en el país de 0,4% respecto al mismo período del año anterior.
«En el interior estamos viendo signos claros de creación de empleo y reactivación económica. La baja de las retenciones y el impulso a las inversiones está mostrando sus primeros resultados en el interior del país», aseguró el ministro de Producción, Francisco Cabrera, en un comunicado.
El sector que más experimentó el crecimiento laboral es Transportes, almacenaje y comunicaciones, con una suba interanual del empleo de 5,1% en promedio.
A su vez, durante el período enero-marzo de 2016, el 12,1% de las empresas declaró puestos vacantes para reemplazar o aumentar sus dotaciones, valor que se encuentra dentro de los más altos de los primeros trimestres de los últimos seis años.
«El corazón productivo de la Argentina ya arrancó a generar empleos y poner en marcha nuevos proyectos», aseguró el ministro Cabrera, quien recordó que «venimos de cinco años sin generación de empleo genuino y ya estamos viendo los signos de la reactivación con sentido federal».
Crisis en las aseguradoras: alerta roja en el sistema de riesgos del trabajo
La litigiosidad en materia de infortunios del trabajo se ha ido incrementando paulatinamente desde la entrada en vigencia del sistema inaugurado en el año 1995.
Y ello a pesar de las reformas que se introdujeron al sistema original que tuvieron dos direcciones básicas, habilitar la opción excluyente entre la acción especial tarifada y la civil e incrementar las prestaciones de la ley especial para desalentar a esta última.
A pesar de ello la cantidad de litigios se incrementó año tras año, con la particularidad de que la mayoría que se inician, sobre todo a partir del año 2012, no se concentran en acciones civiles sino en demandas fundadas en la ley especial en las que reclama un mayor porcentaje de incapacidad que los otorgados por la Comisiones Médicas, o enfermedades no incluidas en el listado o en infortunios no aceptados por la ART.
De esta manera la litigiosidad, y crisis del sistema, se ha trasladado de las empresas empleadoras a las aseguradoras de riesgos del trabajo, colocando a estas en una situación de incertidumbre sobre todo por la imprevisibilidad de los costos que deben asumir. Es sabido que en el ámbito del seguro la previsibilidad es clave para la sustentabilidad de la actividad y el sistema actual no lo es.
Por supuesto que esta situación no es neutra para las empresas ya que deben afrontar los mayores costos de las alícuotas que pagan. Entre el 30% y el 50% del precio de las mismas se debe a la litigiosidad.
Según informes de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del trabajo en el 2015 se incrementó en un 20% la cantidad de juicios con relación al año precedente y en un 65% si la comparación se hace con el año 2012 en que se dictó la ley 26.773 que, según se dijo, iba a solucionar el tema de la litigiosidad. No solo no lo hizo sino que los juicios se incrementaron en gran medida. Para tener una idea de la magnitud se calcula que este año el total de juicios va a superar los 300.000 y para establecer la cuantificación económica basta señalar que el monto promedio por el que prospera un litigio es de $ 250.000 lo que hace un total de setenta y cinco mil millones de pesos.
El camino recorrido hasta ahora no ha sido ni eficaz ni satisfactorio ya que otra forma no habría semejante cantidad de juicios, lo que es demostrativo de que el sistema no brinda a la sociedad los resultados que se esperan. El eje del mismo esta desplazado hacia la indemnización cuando debiera ser la prevención, esto es evitar los infortunios.
Es necesario una reforma profunda del sistema. Los parches legislativos solo han agregado más confusión, que es una de las causas, no la única, de la exorbitante litigiosidad.
Como una primera medida se debería eliminar la llamada opción civil y establecer que, como condición previa para demandar la indemnización civil, se debe transitar el camino completo de la ley de riesgos y cobrar las indemnizaciones que la misma establece o contar con una resolución definitiva de rechazo del reclamo. También se debería traspasar el sistema a la seguridad social como una contingencia cubierta por la misma, siendo las ART las gestoras de las prestaciones de la ley. Ello llevaría a que las competencias de las comisiones médicas pasaran a esa órbita como organismos federales, resultando razonable que integren un organismo pericial dentro o integrado al Cuerpo Médico Forense. De esta forma también se evita la desigualdad que dos personas con patologías similares tengan porcentajes de incapacidad distintos porque los peritos médicos designados en los juicios tienen criterios diferentes. Por ello y en las acciones de infortunios del trabajo la función pericial debería estar exclusivamente a cargo de dichas Comisiones oficiales.
También, y teniendo en cuenta que el sistema involucra a la salud pública se debería incluir a la misma en la supervisión del sistema e ingresar en un registro nacional los datos de los trabajadores con patologías e incapacidades establecidos o detectados por las sentencias judiciales como elemento coadyudante de la misma y para poder elaborar políticas publicas preventivas, como elemento de los exámenes preocupacionales y para evitar la multiplicidad de reclamos a diferentes empleadores o aseguradoras por la misma causa lo que genera un dispendio de recursos que el derecho no debe ignorar.
El sistema de riesgos laborales, con más juicios
A tres años de la aprobación de la reforma legal que se propuso frenar la litigiosidad, el número de demandas contra las aseguradoras no para de crecer; hay más de 270.000 casos en trámite
Silvia Stang LA NACION DOMINGO 31 DE ENERO DE 2016
El sistema de riesgos laborales cerró 2015 con un incremento de 20% en el número de juicios iniciados contra las aseguradoras, en comparación con el año previo. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) fueron 106.016 los casos iniciados en todo el país, una cifra que supera en un 65% a la de 2012. Fue sobre el final de aquel año cuando comenzó a regir la ley 26773, que -paradójicamente- se propuso evitar que se recurriera con alta frecuencia a los tribunales.
Una diferencia importante con lo que ocurría antes de la reforma es que hoy la gran mayoría de las demandas son contra las ART, sin que se involucre a los empleadores. Pero eso no quiere decir que no haya preocupación en el sector empresario, porque el tema repercute en un incremento de los precios del seguro: entre 30 y 50% del valor de las tarifas hoy se explica por la litigiosidad, según datos de las ART.
El tema está en la agenda del Gobierno y, según le dijo a LA NACIÓN el nuevo superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, lograr una caída de la litigiosidad será un eje prioritario de su gestión, en la que intentará un acuerdo con miembros del Poder Judicial. El funcionario dijo entender que, de seguir así la situación, se terminará por poner en riesgo al sistema, que hoy abarca a más de 9,8 millones de trabajadores.
La ley aprobada en 2012 mejoró significativamente los valores de las indemnizaciones que cobran quienes sufren un accidente o una enfermedad laboral. Y como respuesta a la declaración de inconstitucionalidad -hecha por la Corte Suprema en 2004- del artículo que pretendía impedir las demandas contra los empleadores, se estableció que el trabajador debe optar en forma excluyente entre cobrar la prestación que le corresponde por ley o hacer un juicio contra su empresa. Según coinciden en señalar los actores involucrados en el tema, en ese aspecto se logró el resultado esperado. En la gran mayoría de los casos se opta por aceptar el cobro de las prestaciones.
Pero luego aparecen demandas que cuestionan aspectos del propio funcionamiento del régimen. Entre los principales temas en disputa está la manera en que se aplican tanto el índice de actualización para los pagos como el mecanismo de determinación del grado de incapacidad sufrida. También hubo y hay otras causas de juicios, como la aplicación retroactiva de la ley o la extensión de un adicional por daño moral a casos en los que el accidente no fue en el lugar de trabajo, sino en el camino.
«La disparidad de criterios que tienen los jueces es un aliento a la litigiosidad», advierte Mara Bettiol, presidenta de la UART, quien puntualiza que hay al menos 270.000 casos en trámite y sostiene que la solución está en manos de la Justicia: se esperan fallos tanto de la Corte Suprema de la Nación como de las cortes provinciales.
La estadística de la entidad que agrupa a las ART -que en su página Web presenta este tema con la expresión «¡Carancho!» y una imagen de este ave de rapiña, en alusión a quienes alientan una industria del juicio- muestra que, en relación con la cantidad de empleos de cada actividad, es en la industria donde se da la mayor cantidad de juicios (hubo 228 cada 10.000 trabajadores cubiertos en 2015, versus 44 de 2007); le sigue la construcción (221 cada 10.000, contra 37 de 2007). En toda la economía se inician, en promedio, 121 litigios por cada 10.000 empleados asegurados. «Lo contradictorio es que la judicialidad sube al tiempo que aumentan las indemnizaciones y bajan los índices de siniestralidad», dice Bettiol.
Si se miran los datos por jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires es la que registra el mayor crecimiento. En los despachos porteños se iniciaron cuatro de cada diez de las demandas de 2015 y el número de casos superó en 25% al de 2014.
Un factor señalado como incentivo para litigar en la Capital Federal es la tasa de interés, de 35% anual, con que se actualizan los montos de las sentencias. Es una tasa muy superior a la considerada por los jueces que están, por ejemplo, en territorio bonaerense.
«Como varias ART tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, se puede elegir litigar aquí» más allá del lugar en que haya ocurrido el hecho, según explica Gonzalo Dabini, abogado del Estudio Bulló, que trabaja con la UART. Las diferencias por lugar del país son importantes: por cada 100 siniestros, en Capital Federal hubo el año pasado 38 demandas, en tanto que en la provincia de Buenos Aires se judicializó el 8% de los casos y en Córdoba, el 25 por ciento.
Dabini coincide en que el problema se solucionaría si la Corte se pronuncia sobre los temas en conflicto.
Uno de esos temas se refiere a la aplicación del índice Ripte (evolución de los salarios de convenios colectivos) para las indemnizaciones que cobran quienes quedan con un grado de incapacidad laboral. El decreto reglamentario de la ley estableció que ese índice -que desde la nueva ley subió 357%- se calcule sobre los montos fijos previstos como parte de las prestaciones, y sobre los pisos fijados para la parte del pago que depende de una fórmula.
Pero la decisión de varios jueces es que ese índice se aplique sobre el valor resultante de la fórmula de la prestación, en la cual -aclaran los abogados de las ART- ya rige una actualización implícita por el valor del salario del trabajador. Por lo tanto, lo que disponen los jueces provoca una segunda actualización.
En la fórmula de cálculo se incluye, además del salario y la edad del afectado, el porcentaje de incapacidad que produjo el accidente. Y aquí se da otro foco de conflicto. «La ley dice que para determinar el grado de incapacidad [que deja una lesión] se debe aplicar el baremo (tabla) dispuesto, pero los peritos nombrados por los jueces disponen muchas veces otra cosa», explica Juan Carlos Mariani, del estudio Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani.
Para Álvaro Galli, del estudio Beccar Varela, podría disponerse que los peritajes sean exclusividad de las comisiones médicas, y que si una parte quiere designar un perito, el costo sea a su cargo. «Hoy los honorarios los paga el sistema y a mayor incapacidad, mayor honorario», aclara.
«Para calcular el valor de la prima, no saber cómo se valorizan las incapacidades es un factor de inestabilidad permanente», sostiene Bettiol.
Desde el sector empresario, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, señala que «la industria del juicio llevó en los últimos meses a pedidos de incrementos de hasta diez veces el precio de los seguros, llevándolo a porcentajes superiores al 10% de la nómina salarial, mientras que en el mundo los sistemas funcionan con alícuotas del orden del 0,5 al 1,5por ciento».
La tarifa promedio del sistema, según el último dato oficial, es de 3,32% de la masa salarial, un valor que casi no varió en los últimos años. En el sector admiten aumentos selectivos, dirigidos a las empresas con problemas de litigiosidad.
En un comunicado de su junta directiva, la UIA manifestó el rechazo a las interpretaciones discrecionales de lo que dice la ley, y consideró que las ART deberían notificar a sus empresas clientes de los juicios.
«El sistema debería prever que la empresa involucrada tenga una intervención -explica Galli-. Para contestar las demandas, las ART no siempre cuentan con todos los antecedentes del trabajador y eso atenta contra la defensa.» Uno de los efectos que se marcan de que no se involucre al empleador es que eso actúa como factor de aliento para ir a un juicio.
Funes de Rioja señala que la alta litigiosidad se da aun con una tasa de siniestralidad en baja. Según los últimos datos disponibles, en 2014 hubo en el país 66,4 accidentes por cada 1000 asegurados, mientras que en 2004 el índice fue de 80,2 por mil.
Para Horacio Schick, abogado demandante, hay una siniestralidad elevada que explica la creciente judicialidad. Y agrega que una fuente de reclamos está en las enfermedades no reconocidas como laborales. Además afirma que varias salas de la cámara laboral rechazaron ya lo dispuesto por la nueva ley respecto de que un trabajador que opta por hacer juicio a su empleador en lugar de cobrar las prestaciones de ley debe ir a la justicia civil y no a la laboral.
«Un viejo axioma dice que los jueces laborales son los que conocen la realidad del trabajador y que si se lo hace ir a otro fuero se lo pone en inferioridad de condiciones», dice sobre el tema Luis Discenza, del estudio AMZ.
Más allá de esa controversia, lo cierto es que ya no son muchos los juicios contra los empleadores, a diferencia de los que van contra las ART.
DECRETO 1694/2006.
Regula los mecanismos de las Empresas de Servicios Eventuales.
Reemplazo al Dto. 342 Reglamentaario de la Ley 24013 del año 1992.
Ley 20744 ( Ley de Contrato de Trabajo.Art. 29, 29bis.
Ley 24013 (Ley Nacional de Empleo) Figuras contractuales para trabajo con plazos determinados.Contrato de trabajo de temporada
ARTICULO 66. — Sustitúyese el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
«ARTICULO 96. — Caracterización: Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.»
ARTICULO 67. — Sustitúyese el artículo 98 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
«Artículo 98. — Con una antelación no menor a 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo.»
ARTICULO 68. — Sustitúyese el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
«Artículo 99. — Caracterización: Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración.»
ARTICULO 69. — Para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado.
Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado.
ARTICULO 70. — Se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta modalidad para sustituir trabajadores que no prestaran servicios normalmente en virtud del ejercicio de medidas legítimas de acción sindical.
ARTICULO 71. — Las empresas que hayan producido suspensiones o despidos de trabajadores por falta o disminución de trabajo durante los seis meses anteriores, no podrán ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por esas medidas.
ARTICULO 72. — En los casos que el contrato tenga por objeto atender exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente:
a) en el contrato se consignará con precisión y claridad la causa que lo justifique;
b) la duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder de seis meses por año y hasta un máximo de un año en un período de tres años.
ARTICULO 73. — El empleador no tiene el deber de preavisar la finalización del contrato.
ARTICULO 74. — No procederá indemnización alguna cuando la relación laboral se extinga con motivo de finalización de la obra o tarea asignada, o del cese de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).
Ley 24013 (Ley Nacional de Empleo) Figuras contractuales para trabajo temporario.
De las empresas de servicios eventuales
ARTICULO 75. — Derógase el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que se sustituye por el siguiente:
«Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas.»
ARTICULO 76. — Incorpórase como artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) el siguiente: «Artículo 29 bis. — El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.»
ARTICULO 77. — Las empresas de servicios eventuales deberán estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas y con objeto único. Sólo podrán mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo eventual.
ARTICULO 78. — Las empresas de servicios eventuales estarán obligadas a caucionar una suma de dinero o valores además de una fianza o garantía real. Los montos y condiciones de ambas serán determinadas por la reglamentación.
ARTICULO 79. — Las violaciones o incumplimientos de las disposiciones de esta ley y su reglamentación por parte de las empresas de servicios eventuales serán sancionadas con multas, clausura o cancelación de habilitación para funcionar, las que serán aplicadas por la autoridad de aplicación según lo determine la reglamentación.Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a la empresa usuaria en caso de violación del artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), de acuerdo a las disposiciones de la ley 18.694.
ARTICULO 80. — Si la empresa de servicios eventuales fuera sancionada con la cancelación de la habilitación para funcionar, la caución no será devuelta y la autoridad de aplicación la destinará a satisfacer los créditos laborales que pudieran existir con los trabajadores y los organismos de la seguridad social. En su caso, el remanente será destinado al Fondo Nacional de Empleo. En todos los demás casos en que se cancela la habilitación, la caución será devuelta en el plazo que fije la reglamentación.
EL TRABAJO EN NEGRO. LAS CAUSAS DE SU EXISTENCIA
La creación de empleo ha sido y será una de las mayores preocupaciones con la que deben enfrentarse los gobiernos de todo nuestro querido planeta. Mas allá de cualquier ideología o tendencia, no puede haber pais o región que no aspire a ver a sus habitantes ocupados en actividades productivas sin afrontar las consecuencias de pobreza, desequilibrio en la distribución de riqueza o de acceso al consumo de bienes y servicios. Los gobiernos no crean empleo, a menos que sea en sus propias estructuras estatales o en obras de infraestructura promovidas desde su administración. El empleo es creado por el dinámismo de la actividad privada, quiénes saben detectar las necesidades del mercado observando permanentemente la demanda de bienes y servicios y sus tendencias. La iniciativa privada, además, sabe y puede invertir asumiendo el compromiso y el riesgo de su inversión ya que es el escenario en el que sabe jugar. Son los gobiernos quienes crean el contexto económico favorable a la inversión privada ( y aún pública ) y crean, también, las normas que regulan las relaciónes entre trabajadores y empleadores logrando las condiciones más adecuadas al estilo de cada sociedada gobernada. La creación de estas normas o condiciones para el trabajo navega entre dos polos: la regulación total del trabajo o la ausencia de normas. Ambos extremos son utopías. La ausencia de normas arrojaría un universo de conflictos sociales. Pero curiosamente, nuestro pais, en el que todo esta regulado, no ha podido con sus normas “poner en caja” el empleo informal, llamado trabajo en negro en el lenguaje doméstico. Es por la falta de normas específicas? No. Leyes hay para todo. Existe una hipótesis que afirma que el trabajo en negro se produce por exceso y complejidad de las normas laborales. Definamos, entonces “normas laborales”: Es el conjunto de: Leyes, Decretos Reglamentarios, Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos varios, fallos que crean Jurisprudencia y casuística y Resoluciones, de órden nacional, provincial y municipal. Dictámenes y sus interpretaciones. Convenios Colectivos de Trabajo ( 171 en vigencia ), normas generales y particulares sobre obras sociales, sobre subsidios familiares, sobre riesgos de trabajo, previsionales ya sean relativas al sistema de reparto o a las AFJP. Formas de pago previsional mediante Aplicativos de la AFIP, altas de trabajadores previa obtención de Claves de Alta Temprana electrónicas, impuesto a las ganancias, seguros de vida, seguros convencionales, formas de contribución especiales o de tasas locales en donde se crea empleo. Agregando que todas las entidades involucradas ( nacionales, provinciales, municipales, sindicales, previsionales, judiciales y fiscales ) tienen poder de policía para ejercer las inspecciones y contralores convenientes.
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