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Timestamp: 2020-01-20 11:06:47+00:00

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pradaraul | Oikologías | Página 230
Los sustentos de la maniobra
febrero 8, 2012 pradaraul	Deja un comentario
Esta, la de que el CONISUR representa a los cocaleros, tanto colonizadores e indígenas del polígono siete, es una demostración clara sobre cuáles son bases en las que se ha montado la maniobra del gobierno en lo que respecta a la marcha del CONISUR. Creyendo poder desinformar a la opinión pública haciendo creer que los del CONISUR son parte de la TCO del TIPNIS, cuando no lo son, forman parte del polígono siete, de la zona de avasallamientos, que cuenta con títulos individuales y sus propietarios están afiliados a las federaciones cocaleras. La política del gobierno se basa en una trama de engaños, que pretenden ser astucias, y no llegan a ser sino conductas sinuosas. Gente ajena al TIPNIS pretende decidir el destino de los que habitan la TCO del territorio indígena y parque. Ahora cínicamente, la asamblea legislativa elabora una ley de consulta extemporánea, con el objeto de anular la ley 80, conquista de la VIII marcha y del pueblo boliviano que apoyó la defensa del TIPNIS.
Personeros del gobierno dicen que sean los habitantes del TIPNIS los que decidan en una consulta si pasa o no pasa la carretera, sobre si se aplica o no la intangibilidad. Ahora que se ha aprobado la ley 180, se ha acordado el reglamento que aclara el sentido de la intangibilidad. Basados en una marcha de los cocaleros del CONISUR y gente de la COR de San Ignacio de Moxos, que no pertenecen al TIPNIS. Todo esto muestra la inclinación a la improvisación, pero también a forzar las cosas. Hacer las cosas a empellones. No consultaron a las organizaciones matrices indígenas en la elaboración de la ley de consulta, consultaron a los caciques del CONISUR. Estos exabruptos no afectan para nada, no les incomoda, a personajes indolentes, que les da lo mismo decir una cosa u otra, contradecir ahora lo que dijeron ayer. No importa. Lo que importa es hacer las cosas de acuerdo a las órdenes, refugiarse en los microclimas de complicidad, donde todo vale. Se protegen entre ellos, se auto-convencen de sus propias insostenibles argumentaciones. Están con la mayoría parlamentaria y eso es lo que cuenta, están con la fuerza y eso es lo que vale.
¿Cuál es el problema de fondo en este tema de la consulta y por qué no se puede aceptar un argumento que parece convincente de que al final decidan las comunidades del TIPNIS? Primero, están anulando la ley 180, que defiende al TIPNIS e impide que la carretera atraviese el territorio y parque; segundo, que es una consulta extemporánea, sin que el gobierno haya anulado el contrato con OAS y desconocido los avances de los tramos I y III de la carretera, que es lo que debería hacer en una demostración de mínima honestidad con lo que dice hacer; tercero, un gobierno que no tiene ni palabra ni ley, que no cumple, que no tiene ética y moral, no puede sostener nada de su proyecto de ley de consulta, esta llevando nuevamente a un conflicto de magnitud, sin importarle las consecuencias, sin haber aprendido ninguna de las lecciones del inmediato pasado; cuarto, ya no se puede ocultar el compromiso con OAS, el peligroso avance de los cocaleros excedentarios en territorios indígenas y parques, los compromisos no solamente con la trasnacional de la construcción sino con las trasnacionales del petróleo, tampoco se puede esconder el impacto ambiental, reconocido en un estudio que el propio gobierno ha mandado a hacer y ahora olvida. Como si no fuera poco, fueron los propios senadores quienes se encargaron de decir que se trataba de construir la carretera, en plena algarabía de comediantes cuando se presentaba el proyecto de ley de consulta. No hay donde perderse. No se puede aceptar esta impudorosa maniobra. Se debe poner coto al manoseo y manipuleo del gobierno, se deben tomar las cosas en serio y reconducir un proceso que marcha al abismo.
Análisis del PROYECTO DE LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS
febrero 7, 2012 pradaraul	1 comentario
Análisis del PROYECTO DE LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS.
Que a estas alturas ya puede ser ley por la aprobación del Congreso.
¿Cómo pueden sostener que se trata de una consulta previa sin haber anulado el contrato con OAS? ¿Cómo se puede tener cara para escribir esto y aprobarlo cuando todo el mundo sabe que el convenio y el contrato se acordaron el 2008, que el tramo I y el tramo III ya comenzaron a efectuarse, que el tramo II forma parte continua de estos tramos, que hicieron tres tramos para eludir precisamente la obligación de la Consulta Previa Libre e informada a los pueblos indígenas que habitan la TCO del TIPNIS? ¿Cómo se puede seguir afirmando esto cuando se sabe que fue aprobado el préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil para el financiamiento de la carretera? Todo contrasta y falsea el discurso gubernamental y de los legisladores. No puede sostenerse el primer artículo del proyecto de ley. Menos aun cuando se tiene una ley corta y su reglamento que defienden el TIPNIS. Estas incongruencias matan de inicio no sólo la lógica del proyecto, sino también su legitimidad y por lo tanto su legalidad.
El artículo 2 es sencillamente descriptivo, hace un recuento de la normativa antecedente. Empero es solamente eso, describe la norma anterior sin tomar consciencia de que entra en flagrante contradicción con toda esta normativa. Hablamos de que el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados está establecido en numeral 15, parágrafo II, del artículo 30 y en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, en la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y en la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Obviamente no menciona como antecedente la Ley corta, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente. El numeral 15 del capítulo 4, de la sección II, del Título II sobre los Derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dice claramente cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Esto ya ocurrió hace cuatro años y los diseñadores del proyecto, los legisladores de mayoría, no se inmuta, continúan como si la realidad fuera cambiable a gusto de sus delirios y compulsiones. Toda la filosofía, la estructura, la composición y el sentido del texto del Convenio 169 de la OIT entra en total desaprobación de su proyecto de ley de consulta extemporánea. Mucho más si hablamos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero, los legisladores no se avergüenzan de citar estos convenios, como si no se dieran cuenta, de las abismales contradicciones entre estos convenios y su proyecto de consulta posterior. Sin embargo, no hay que asombrarse de estos comportamientos, pues ya estamos en la etapa no sólo de la paranoia del poder de gobernantes y legisladores, sino de la total enajenación. Ya confundieron la realidad con sus propios discursos y viciosas justificaciones.
En relación de lo que acabamos de decir hay que hacer notar que el espíritu de estas normas citadas, que hacen de antecedente a la ley de consulta, están enfocadas a defender los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al autogobierno, el derecho al territorio, a la autonomía, al ejercicio de sus gestiones de acuerdo a normas y procedimientos propio y respetando sus instituciones. También obviamente estas normas defiende el derecho a la consulta libre previa e informada de parte de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la relación entre los anteriores derechos y el derecho a la consulta? Ciertamente no pueden ser contradictorios, no es pensable una consulta que atente contra los derechos mencionados, por ejemplo una consulta que afecte a sus territorios, su autonomía, su autogobierno, sus instituciones, sus formas de gestión. Estos es impensable. Pero precisamente este impensable ha sido establecido en la ley de consulta del gobierno, se quiere una consulta, que además de ser extemporánea, atente contra sus territorios y derechos, en nombre nada menos que de la ilusión del desarrollo. Esta atroz contradicción ha sido aprobada por el Congreso y seguramente pretende ser promulgada por el presidente.
El Artículo 3 que trata del ámbito de la Consulta Previa Libre e Informada, define el alcance de la ley e identifica a Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés que habitan el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, a quienes se va aplicar la consulta. Llama la atención que son precisamente estos pueblos con los que no se ha acordado el proyecto de ley; el proyecto se acordó con los del CONISUR, cocaleros e indígenas, de por lo menos las comunidades incorporadas y absorbidas en el avasallamiento cocalero, zona que ahora es definida como del polígono 7. Estos indígenas también son cocaleros y propietarios privados afilados a las federaciones cocaleras. Se acuerda el proyecto de ley con los que no habitan la TCO del TIPNIS. ¿Cómo se entiende esto? Es ya un mapa de contrasentidos, sinsentidos y contradicciones. ¿Cómo se puede sostener un proyecto de ley así? No se puede sostener lógicamente sino sólo en el imaginario paranoico de legisladores y gobernantes, sólo se puede sostener por la violencia desmesurada del Estado.
Volvemos otra vez al descaro de la exposición cuando dice lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, precisamente los pueblos que no han participado y no han sido consultados en la elaboración de la ley; sus organizaciones matriciales han sido excluidas, estigmatizadas y reprimidas. Cómo se puede llegar a esta ironía macabra. En la historia se han dado esta clase de escenas donde la victima tenía que soportar no solo escarnio sino la propaganda de que hay acuerdo de la victima. ¡Sado-masoquismo! En los campos de concentración se ponía música clásica mientras se llevaba a los condenados a la cámara de gas. Los campos de concentración japonesa en la guerra de ocupación de la China continental se nombraban como “Paraísos”. Podemos seguir, no es la primera vez que este humor negro sale como parte del talento oscuro de los dominadores y verdugos. Pero continuemos, el núcleo del tema de la ley es la intangibilidad. La ley 180, la ley corta en defensa del TIPNIS, declara al territorio y parque como territorio intangible. El vicepresidente se apresuró a interpretar el sentido de lo intangible de una manera metafísica como intocable, como si fuera un territorio inmaculado. ¿De dónde sacó esto? No hay ningún antecedente al respecto en la normativa sobre lo intangible. ¿Qué clase de interpretación es esta? Habla más del intérprete que de la propia correcta interpretación, habla más de la psicología del intérprete que del objeto de la interpretación. ¿Algo intocable? Lo único intocable son los fantasmas, en este caso los fantasmas del vicepresidente. No existe ese territorio metafísico; todos los eco-sistemas son tocables, los componentes de los nichos ecológicos se tocan, los habitantes del territorio indígena se tocan. En la jurisprudencia lo intangible es para proteger a los pueblos indígenas de agentes depredadores y extractivistas. De eso se trata. Después de esta interpretación que puede entrar al anecdotario de la intrepidez descabellada, vienen las jocosas demostraciones de personeros del gobierno y también de legisladores de que el TIPNIS no había sido virgen. ¿Qué quieren decir con esto? ¡Descubrimiento de la pólvora! La Amazonia estaba habitada por cientos de pueblos, los que consideraron virgen a la amazonia fueron los censos de la republica de 1900 y 1950, haciendo desaparecer por arte de magia a los pueblos amazónicos. Esto forma parte del imaginario criollo y mestizo de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, que no considera persona al indígena, tampoco pueblo, menos habitantes en condiciones de reproducción social. Otra forma de hacerlos desaparecer era llamarlos salvajes, cosa que volvió a hacer el dirigente máximo de la CSUTCB. El objetivo de este jocoso esfuerzo de los funcionarios era descalificar a los proyectos comunitarios del TIPNIS. Recurrieron a la técnica de la desinformación para estigmatizar los proyectos de turismo ecológico. El argumento usado es que era para millonarios. ¿Qué clase de personas son las que elucubran semejantes argumentos? Lo que se nota en todo esto es que el gobierno y los legisladores se encuentran entrampados en una guerra a muerte contra las naciones y pueblos indígenas originarios, contra sus derechos consagrados en la Constitución, contra los derechos de la madre tierra y contra la Constitución. No saben que hacer para encubrir este velado proyecto, que probablemente de una manera no-consiente llevan adelante al optar por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La intención es clara cuando se dice:
Es posible que crean que todo lo que han hecho es un acto de astucia, sobre todo los diseñadores intelectuales del proyecto. Primero haber introducido en la ley corta la palabra intangible; segundo poner en apuros a las organizaciones indígenas con este término, a pesar de que se acordó un reglamento aclaratorio; tercero montar una marcha cocalera como si fuese de los indígenas de la TCO del TIPNIS, cuando era del polígono siete, que no forma parte de la TCO; cuarto hacer un proyecto de ley donde dicen que se resuelve el conflicto, cuando lo único que hacen es atizar nuevamente el fuego. En el mismo texto se introduce la pregunta sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Es esto lo que se quiere; este es el oscuro objeto del deseo, tanto por cocaleros, por el gobierno, por OAS y el gobierno brasilero. Este es el objetivo. ¿Es astuta esta estrategia? Podemos decir que es sinuosa; para ser astuta debe controlar todas las variables, pero no lo hace, le falta contexto. Más se parece a una treta forzada cuyas consecuencias son incontrolables.
El Artículo 5 trata de los sujetos del derecho a ser consultados, vuelve a mencionar los pueblos que habitan el TIPNIS. Lo irónico es que precisamente se trata de los sujetos a los que se les ha quitado todo derecho a decidir, primero aprobando el contrato con mucha antelación, comenzando la construcción de la carretera en dos tramos, reprimiendo su marcha, desconociendo la ley conquistada, ahora imponiéndoles una consulta inconsulta que busca viabilizar a como de lugar la carretera depredadora en beneficio de las empresas trasnacionales y los cocaleros.
Las etapas del proceso comprenden la preparación de la consulta, la instalación y desarrollo de la consulta y los resultados de la consulta. Se dice que los acuerdos logrados en el proceso son de cumplimiento obligatorio para el Estado y para los pueblos indígenas. Se dice que los acuerdos logrados, en materia legislativa o administrativa, serán ejecutados, inmediatamente después de la Consulta, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo.
En conclusión, nos encontramos ante un nuevo dispositivo normativo inconstitucional, de la misma manera y forma como las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el presidente lo son. El gobierno, su Asamblea Legislativa, los órganos de poder que controla, forman parte de la logística de una estrategia condicionada y determinada por relaciones y estructuras de poder, que escapan al control del Estado por las propias limitaciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Está en curso la expansión del modelo extractivista, esta en curso la ampliación de la frontera agrícola, en contra de los territorios indígenas, parques y la madre tierra, esta en curso la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, en contra del mandato constitucional de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta es la decisión tomada; la ley de consulta inconsulta y depredadora, además de extemporánea, es un dispositivo más en este engranaje entreguista y extractivista.
LEY DE CONSULTA DEL GOBIERNO
febrero 7, 2012 pradaraul	Deja un comentario
CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL
TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS
La algarabía de los comediantes
Los marchistas que quedan del CONISUR fueron a la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos con gran alboroto de los legisladores. Esta fiesta tiene su razón de ser; la ley de consulta va a ser presentada como consenso con los marchistas del CONISUR. Esto son los cuerpos que son como la legitimidad del proyecto en cuestión. Se trata de un consenso entre una organización cocalera que no habita la TCO del TIPNIS, se trata de productores y propietarios privados de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete. No se entiende qué festejan los legisladores, tampoco se entiende que este consenso haya resuelto el problema y el conflicto del TIPNIS. Dejaron de lado la ley corta, el reglamento, también a las organizaciones indígenas de tierras bajas y la subcentral del TIPNIS, que representa a las sesenta y cuatro comunidades del territorio y parque Isiboro-Sécure. ¿Hay algo que festejar? Favorecen a los avasalladores del parque y descartan a los dueños del territorio. ¿Es este un consenso? ¿Dé que hablan los legisladores y su presidente del congreso cuando mencionan con aire de satisfacción la palabra consenso? ¿Qué consenso? No hay consenso con las naciones y pueblos indígenas originarios, no hay consenso con las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, no hay consenso con el pueblo boliviano que apoyó la VIII marcha y la defensa del TIPNIS. ¿Qué creen estos legisladores y el gobierno? ¿Qué resuelven algo con este teatro político? No resuelven nada, no aprendieron la lección; vuelven a vulnerar los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.
Una pregunta es pertinente a estas alturas: ¿Es un problema de vida o muerte para el gobierno la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS? No preguntamos si es un tema estratégico para el proceso; claro que lo es, pero en un sentido contrario a la interpretación del gobierno. Es urgente defender la región de mayor biodiversidad y clave en el ciclo de la reproducción del agua, es indispensable defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, es primordial defender el modelo alternativo al extractivismo y la depredación. Pero, la desesperación del gobierno llama la atención. ¿Por qué se juega la vida en el conflicto del TIPNIS? Incluso entendiendo que el gobierno escogió el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que el gobierno decidió restaurar el Estado-nación, liberal y colonial, en este proyecto es tan urgente perder la cabeza por el conflicto del TIPNIS. Ya perdieron la credibilidad por la sañuda represión contra la VIII marcha indígena, perdieron la orientación y el valor ético al develar descarnadamente su utilización discursiva de la defensa de la madre tierra en su desenvuelta práctica y política extractivista y depredadora. ¿Por qué arriesgan tanto? No resolvieron problemas mayúsculos económicos, la producción de carburantes, la industrialización de los hidrocarburos, la explotación e industrialización del Mutún, siguen dominando en la minería las empresas trasnacionales; ¿Por qué no dedicar mas bien su compulsión política por resolver estos problemas? Incluso dentro de su perspectiva nacionalista y restauradora. No se entiende. Faltan variables para entender este contrasentido. ¿Será que es una obsesión, un capricho político al que te lleva ciegamente a la confrontación? ¿O son factores que desconocemos pues conforman las regiones oscuras y opacas de las relaciones paralelas, de las políticas paralelas, de las relaciones de poder vinculadas a la economía política del chantaje?
Ya les dijo un asesor del CIDOB, ¿si están tan interesados en hacer una consulta extemporánea, por que no anulan los contratos con OAS? Un mínimo de honestidad en todo este montaje sórdido. No la hay. ¿Qué es lo que no se transparente en todo este juego perverso en torno a un territorio indígena y parque? Lo que se nota en toda esta historia, desde el periodo de los primeros avasallamientos, es que hay un peculiar interés en las organizaciones cocaleras y sus afiliados en ampliar la frontera agrícola avanzando sobre los parques y territorios indígenas. Se puede deducir que el gobierno tiene un compromiso insoslayable con su núcleo duro de apoyo. Empero esto es complicado, pues el cumplimiento de la demanda cocalera es inconstitucional y avasalladora, atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la madre tierra. Tiene un costo político grande, pues induce directamente al enfrentamiento con las organizaciones indígenas, organizaciones sociales y pueblo boliviano, como se evidenció en el conflicto del TIPNIS. ¿Vale arriesgar tanto por un sector de la sociedad?
Lo otros factores que salieron a flote tienen que ver con su cómplice relación con la empresa constructora OAS, el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo del Brasil. No se escatimaron medios para fines nunca aclarados, a no ser que se crea ese discurso desgastado del desarrollo, muy parecido a los discursos asistenciales del Cuerpo de Paz. Se transgredieron normas de contratación de bienes y servicios, fuera de violar la propia Constitución, se llegó a usar todos los medios de presión para seguir adelante, incluyendo una espantosa represión a la VIII marcha. ¿Por qué se hace esto? ¿No se miden las consecuencias? ¿Los compromisos son demasiado grandes que ya no se puede retroceder? Estas preguntas no se pueden resolver sin recurrir a una hipótesis interpretativa, la hipótesis de la presencia gravitante del diagrama de poder de la corrupción.
En la historia fatídica de las relaciones entre empresas trasnacionales y gobiernos aparece este ámbito de relaciones corrosivas, perversas, cuyas lógicas no se encuentran en las normas, aunque las utilicen. Sobreprecios, sobrevaluaciones, circuitos indebidos de dinero, adelantos, porcentajes de participación, dobles contabilidades, circuitos de influencia, comprometiendo a altos funcionarios, grandes negociados, como se dice. Este tema siempre fue objeto de acusación en otros gobiernos; lo sintomático es que vuelva a serlo ahora en este gobierno, que supuestamente lucha contra la corrupción. Las anécdotas alrededor del tema de la carretera que atraviesa el TIPNIS son alarmantes; se tiene el convenio con el gobierno brasilero ya el 2008, en un encuentro entre presidentes. Los arreglos ya venían desde hace cuatro años. Empero la anécdota más exuberante es la intempestiva llegada del expresidente de Lula a Santa Cruz para una reunión financiada por OAS, donde se reunieron el gobierno, el presidente de Bolivia, el expresidente de Brasil, con la CAINCO y los dirigentes de las “trillizas”, las organizaciones campesinas, en pleno conflicto del TIPNIS. Ya ni se guardan las apariencias. Se pueden seguir con las anécdotas, incluyendo a otras empresas constructoras brasileras que han incumplido con sus compromisos y se las ha exonerado de toda responsabilidad, incluyendo la devolución de las boletas de garantía. Pero no vamos a seguir adelante; lo que interesa es lo que muestran sintomáticamente estas anécdotas. Son estrechamente intimas estas relaciones con las empresas aludidas que juegan como relaciones de poder condicionante en las decisiones políticas. Por eso, la pregunta sobre quién gobierna es fundamental en el análisis de coyuntura.
Ciertamente todo proceso conlleva en sus entrañas contradicciones que estallan en determinados momentos; esto ha pasado también con este proceso de cambio. Empero lo que llama la atención es la rapidez con la que se ha presentado la crisis en el proceso, sobre todo la restauración de redes y estructuras ligadas a la economía política del chantaje, el mundo paralelo. La rapidez con la que se ha extendido. ¿El gobierno era tan vulnerable ante estos circuitos alternativos y deformantes? Tal parece que sí. Y esto se puede explicar por la desintonía entre las gestiones de gobierno (2006-2012) y la etapa de las luchas sociales (2000-2005). El gobierno es producto de las elecciones, no directamente de las insurrecciones y movilizaciones desplegadas en el periodo de luchas. Entonces tenemos un gobierno que se crea un discurso de vinculación con esta etapa, que no corresponde a la realidad; se trata de un mito de legitimación, el gobierno de los movimientos sociales. Empero este discurso no sustituye a la potencia social, lo suplanta. El gobierno no cree en los objetivos trazados por las luchas sociales, la Agenda de Octubre, es más, cree haberlas cumplido, menos cree en una Constitución descolonizadora que abole el Estado-nación y abre e horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Entonces era de esperar que el contingente gubernamental caiga rendido a la seducción de las relaciones y estructuras paralelas.
Es en este contexto que debemos descifrar esa forzada ley de consulta de la Asamblea Legislativa, es en este cuadro que debemos decodificar los contrasentidos de las actuaciones del legislativo, consensuar con los cocaleros y no con los indígenas del TIPNIS, pretender sacar una consulta extemporánea sin anular los contratos y los convenios con OAS, pretender abrogar la ley corta, a pesar de que la promulgó a pocos días. Es también en este escenario que debemos entender la algarabía de los legisladores.
La consulta gubernamental depredadora e inconsulta
febrero 6, 2012 pradaraul	Deja un comentario
A veces la actividad de los políticos se parece a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como un terreno lleno de accidentes. Así parece esta historia de la conducta del gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari. Cuando lo hicieron todo ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices. Sin embargo, también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera. El presidente y el vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro renunciante. El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en los que ya se encontraba envuelto. La táctica contra la marcha no podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores. Represión violenta a una marcha pacifica indígena en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos. Después vino la represión violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido, acción preparada anteadamente, mediante un plan de operaciones, que buscaba aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención. Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión. También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias fatales.
Después de la sañuda represión contra la marcha indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas jóvenes, el apoyo logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón se personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que los había estigmatizado y reprimido. Después vino la toma de la plaza de armas por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente, sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis más plausible en este escenario caótico.
El vicepresidente no llama a Congreso de emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de semana. Amenaza con que no iba a ver dos tercios para tratar esta ley. Sin embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes campesinos y cívicos en una reunión en el Beni a pedir la abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.
Empero, después de estos hechos que parecían cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo por que se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás, sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca maniobra del gobierno. La marcha paso su recorrido sin apoyo de la gente de las ciudades por donde pasó, fue una marcha acompañada por la indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la población y el descrédito de una marcha cocalera, el gobierno siguió con su montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del montaje gubernamental.
Se levantaron voces de todo lado en contra del intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la atención las contradicciones de estos discursos insostenibles. Primero, lo que deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían que hacerlo? ¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que deberíamos antes haber consensuado, empero habla de los del CONISUR. ¿Cómo se puede segur sosteniendo estas argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?
Ahora se ha elaborado una ley de consulta que pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas. Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una consulta extemporánea y forzada, sino por que forma parte de los compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Es triste el papel de los asambleísta, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir ordenes y no deliberar nunca, no representar nunca a sus representantes, formando parte de una maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable, improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso cómplice.
Anteproyecto de la Ley Marco de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas
febrero 5, 2012 pradaraul	Deja un comentario
Propuesta Borrador Anteproyecto de la Ley Marco de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Este documento ha sido elaborado en colaboración con la Comisión de Industrias Extractivas y Medio Ambiente de
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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LA LEY MARCO DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Aprobado por los Suyus de CONAMAQ en La Paz 17/Febrero/ 2011 Elaborada en base a documento de CONAMAQ “Por una ley marco de derecho de consulta a los pueblos indígena originarios” y experiencias de Perú, Guatemala y otros pueblos indígenas del mundo. Comisiones Industrias Extractivas y Medio Ambiente – CONAMAQ Asesor Jurídico: Waldo Albarracín S.
Apoyo Técnico y Colaboradores: CEADESC, COLECTIVO CASA
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ANTEPROYECTO DE LA LEY MARCO DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRIMERA PARTE JUSTIFICATIVO DE LA LEY I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.- La llegada de los invasores españoles en el siglo XV a los territorios americanos, dió lugar a la instalación de los regímenes más injustos e inhumanos en contra de los pueblos originarios, afectando no sólo sus valores culturales, cosmovisión y estructura social, sino también su dignidad y fundamentales derechos económico sociales. Basta citar a formas de explotación como la mita, sistema bajo el cual se materializaba el sometimiento a un régimen de esclavitud en el trabajo forzado de extracción minera, donde en general familias enteras fueron exterminadas, o instituciones como la Encomienda y las Reparticiones que funcionaban bajo el concepto de que el indio era un ser humano aún no consolidado como tal, intermedio entre la bestia y la persona, por tanto había que educarlo, adoctrinarlo en la fe cristiana, orientarlo en la administración de sus tierras, es decir, someterlo a un mecanismo de interdicción y tutelaje del español hacia nuestros pueblos. Bajo ese escenario se materializó un mecanismo de ostensible vulneración de derechos, donde los propietarios y poseedores originales de las tierras y el territorio en general, terminaron siendo una especie de inquilinos de los invasores. La estratificación social de esas épocas constituyen prueba preconstituida de esta afirmación, toda vez que, en la cúspide de la pirámide humana, estaban los españoles peninsulares, luego los hijos de españoles nacidos en territorio americano, por debajo estaban los criollos, hijos engendrados de la relación entre indígenas y españoles, ubicándose en el último eslabón a los indígenas y los grupos minoritarios de descendientes africanos que fueron traídos precisamente para trabajos forzados. En la colonia encontramos por consiguiente, el primer antecedente que demuestra cómo los pueblos indígenas, siendo poseedores originarios del territorio y de sus recursos existentes en el mismo, no tenían la posibilidad de beneficiarse con ellos, por el contrario, eran obligados a extraer esas riquezas, exclusivamente para beneficiar a la corona española, miles de toneladas de oro y plata fueron extraídas de las minas, en base al sacrificio y explotación inhumana de los indígenas para ser transportados a Europa, sin ningún beneficio hacia los legítimos y verdaderos propietarios. Después de 16 años de lucha por la independencia y producida la fundación de la República, advertiremos que, si bien los principios liberales incorporados en la Constitución Bolivariana aprobada por la Asamblea Constituyente de 1826, hablan de libertad e igualdad de derechos de todas las personas, también es evidente que, dicho texto constitucional, ignora absolutamente los derechos de los pueblos indígenas, que estuvieron excluidos social, política, económica y jurídicamente. Durante todo el tiempo de la historia republicana, no tuvieron la posibilidad fáctica y legal de acceder y estar presentes en las instancias de poder estatal, la propia Asamblea Constituyente de 1826 tuvo como protagonistas exclusivamente a gente con patrimonio(elites económicas y políticas) y de sexo masculino, es decir, con la ausencia de las mujeres y pueblos indígenas. Esta característica de exclusión, parcialmente fue allanada a partir de la revolución de 1952 con la incorporación de la figura del voto universal, la reforma agraria y, antes de ello, en 1945, la eliminación del pongueaje durante el régimen de Gualberto Villarroel. Sin embargo de las medidas antes mencionadas, cabe hacer notar que, el desarrollo de los acontecimientos político sociales suscitados en las décadas posteriores, tanto durante las dictaduras militares, así como en la vigencia de los gobiernos democráticos, los Pueblos Indígenas continuaron siendo víctimas de la exclusión, al extremo que las mayorías nacionales eran minorías políticas en las instancias de poder y las minorías nacionales constituían mayorías políticas en el parlamento, circunstancia ante la cual, era natural que se soslayen derechos de gran parte de la población boliviana, entre ellos los derechos de los Pueblos Indígenas, no obstante la normativa internacional existente al respecto, como el Pacto de Derechos Económico Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT o las normas que prohíben toda forma de discriminación.
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II.- EL DERECHO DE CONSULTA PREVIA Y LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO.- Bajo ese escenario de sistemática vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas las políticas de gobierno y el comportamiento general del Estado, mantuvo y aún mantiene una actitud que ignora deliberadamente varios aspectos fundamentales: Primero: Que los Pueblos Indígenas son los poseedores originarios del territorio que hoy identifica al Estado boliviano, antes de la llegada de los españoles, durante toda la vida republicana y en la actualidad bajo los lineamientos trazados por el Estado Plurinacional. Segundo: Que a partir de este antecedente, existe un derecho insoslayable de decidir respecto a los territorios históricamente ocupados por los Pueblos Indígenas y Originarios y específicamente sobre las recursos mineralógicos, energéticos, hidrocarburíferos y de otra índole existentes al interior de esos territorios. Tercero.- Que los Pueblos Indígenas al formar parte del Estado Plurinacional boliviano, tienen los mismos derechos que los demás habitantes, en consecuencia no pueden ser excluidos ni discriminados. Por consiguiente, cuando se pretende asumir decisiones, implementar proyectos, desarrollar actividades de exploración, explotación u otras afines dentro la jurisdicción de los territorios indígenas, se impone la obligación ineludible del Estado de consultar a sus habitantes, a través de sus organizaciones representativas y en el marco de sus usos y procedimientos culturales Cuarto.- Que, la normativa internacional vigente sobre derechos humanos en general y derechos de los pueblos indígenas en particular, tiene efecto vinculante para el Estado Plurinacional boliviano, al haber suscrito éste diversos convenios al respecto establece con claridad meridiana el deber que tiene el Estado, como parte de la comunidad internacional, de garantizar el pleno respecto a los derechos humanos de todos los que habitan al interior de su territorio, sin discriminación alguna. En ese sentido, los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser tomados en cuenta en la sociedad boliviana, respetando su identidad, costumbre, cultura, cosmovisión. Quinto.- Que, en el contexto de esa forma y sentido de vida y cultura que caracteriza a los Pueblos Indígenas, es fundamental la convivencia en armonía con la naturaleza y la madre tierra, aspecto que es ignorado por las diversas instancias estatales permanentemente, motivando ello, a lo largo de nuestra historia, una constante depredación del medio ambiente, contaminación de lagos, ríos y el aire, extinción de bosques, afectando cada vez más la calidad de vida de nuestros pueblos, todo con fines lucrativos y de mero enriquecimiento económico. Sexto.- Que sin embargo de lo afirmado en los puntos anteriores, la Constitución Política del Estado en vigencia, ubica a los Convenios internacionales sobre derechos humanos, dentro el Bloque de Constitucionalidad, ello implica que, junto al referido texto, dichos convenios son de aplicación prioritaria frente a cualquier instrumento jurídico. Así lo establecen los artículos 13 parágrafo IV, 14, parágrafo III y 410 parágrafo II, de dicha Constitución. Por consiguiente, los convenios suscritos y ratificados por Bolivia sobre derechos de los Pueblos Indígenas, como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o el Pacto de Derechos Económico Sociales y Culturales, entre otros, tienen rango constitucional y sus preceptos deben aplicarse con prioridad frente a otras normas secundarias. III.- EL DERECHO A LA CONSULTA Y LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ORIGINARIOS Y CAMPESINOS.
El derecho a la Consulta implica esencialmente, la obligación del Estado de realizar la consulta antes de emprender o autorizar cualquier iniciativa de aprovechamiento de recursos naturales en tierras de los pueblos indígenas, así como aprobar medidas legislativas y/o administrativas, que afecten o tiendan a afectar derechos o intereses de los Pueblos Indígenas. Entonces, la Consulta Previa está orientada a determinar si los intereses de éstos pueden ser afectados y la dimensión del daño.. En ese sentido estamos hablando de procedimientos encaminados a lograr un consenso o un acuerdo conjunto entre partes. Bajo esos parámetros podrán
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intervenir los pueblos indígenas, empresas o personas que desean alcanzar una concertación por medio del diálogo, sobre el aprovechamiento de recursos naturales. Asimismo, deberá tomarse en cuenta los siguientes conceptos: 1.- LA CONSULTA ES PREVIA._ Ello significa que la consulta debe realizarse de manera previa a cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales, Este requisito abarca las acciones administrativas que implementara o pretendiera desarrollar el Estado, tendientes a licitar para adjudicar a empresas, trabajos de exploración, explotación al interior del territorio ocupado por los Pueblos Indígenas. 2.- RESPETO A DERECHOS E INTERESES ESPECÍFICOS.- El proceso de consulta implica también el respeto de los intereses, valores y necesidades de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, la consulta deberá respetar las características especiales del grupo o comunidad donde se explotarán los recursos naturales, ello implica también que deberá utilizarse el idioma de la comunidad o pueblo, sus formas de resolución de conflictos, el respeto a sus autoridades, las maneras de socializar la información. 3.- IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN.- Es de trascendental importancia que en los procesos de consulta se otorgue toda la información a los pobladores, la cual debe ser oportuna, completa, transparente y adecuada, concordante con el principio de buena fe que debe primar en el Estado, ante la población a ser consultada y el ente encargado de realizar los trabajos, en aras de que las comunidades tengan conocimiento sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan. Además dicha información deberá estar diseñada para su comprensión fácil y cabal, evitando incursionar en conceptos meramente técnicos y/o abstractos de difícil comprensión o susceptible de confusión, todo ello sin perjuicio del derecho de las comunidades de solicitar el apoyo de expertos independientes que les permita acceder a una interpretación cabal de la información que se les proporcione. Asimismo debe tomarse en cuenta que el acceso a la información pública, constituye un derecho insoslayable de los ciudadanos y de los pueblos indígenas a conocer datos generales o controlados por instituciones públicas en materia informativa, normativa, administrativa, contable, financiera, estadística, cartográfica, técnica y comunicacional. Debe ser la condición primer para facilitar la participación ciudadana y el control social de la gestión pública. Por otro lado, es necesario tomar plena conciencia respecto a la calidad y confiabilidad de la información pública, ante la necesidad de contar con información clave y sostenida, resultante de procesos rigurosos y sistemáticos de recolección de datos comprensibles y no distorsionados. Implica asimismo la garantía de que la información proviene de fuentes primarias, avalada por las instancias públicas pertinentes. 4.- RESPETO AL PRINCIPIO DE REPRESENTATIVIDAD.- El mecanismo de consulta debe respetar las instancias propias de representación y organización de los Pueblos Indígenas, absteniéndose de buscar representaciones paralelas o inorgánicas, tomando en cuenta que, en cada comunidad, dependiendo de la región, existen sus propias estructuras orgánicas originarias, con el fin de dotar de la mayor legitimidad posible a los acuerdos que se logren. 5.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN.- El derecho a la consulta no podrá manifestarse efectivamente si no acontece la participación protagónica de los pueblos indígenas, en el proceso de utilización, administración y conservación de los recursos naturales existente en el territorio donde habitan. Este concepto involucra la participación en los beneficios a obtenerse de la explotación de un determinado recurso, además de la indemnización por los daños emergentes de los trabajos de explotación por parte de terceros, especialmente en el ámbito socio ambiental. La participación se debe extender hacia la implementación de acciones de prevención, vigilando para verificar que se realicen estudios y evaluaciones de impacto establecidos por la norma, para evitar el daño al medio ambiente, así como a las acciones de reparación, ante los daños producidos, comprobados, dando lugar a las indemnizaciones sobre la base de resultados de auditorías o medidas de monitoreo y control socio ambiental.
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IV.- POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS.- La historia de Bolivia está caracterizada por la exclusión social sistemática y consuetudinaria de los Pueblos Indígenas, lo cual ha generado que éstos vivan durante siglos en el umbral de la pobreza y la extrema pobreza, no obstante ser los poseedores originarios del territorio y la existencia de importantes recursos mineralógicos, energéticos, cuyo proceso de exploración y subsecuente explotación no los benefició. Las diferencias de ingresos entre indígenas y no indígenas son ostensibles, al extremo que 7 de cada 10 indígenas son pobres, frente a los 5 de cada 10 en el caso de los no indígenas. Tanto la incidencia de la pobreza, como la diferencia entre ambos grupos es menor en las áreas urbanas. Asimismo la pobreza extrema afecta a un mayor porcentaje de indígenas, situación que se hace más notoria en el área rural, donde la diferencia entre la población indígena y no indígena en condiciones de pobreza extrema es casi de 20 puntos porcentuales. La incidencia de la pobreza es aún mayor entre los indígenas monolingües, ya que afecta a un 84% de los mismos. Un dato importante es que la probabilidad de ser pobre por ser indígena en Bolivia, ha pasado del 16% a mediados de los años 90 a un 13% en el 2001, sin embargo la brecha de pobreza indígena (que mide la profundidad de la pobreza), es aproximadamente el doble de la no indígena, lo que sugiere la magnitud del esfuerzo necesario para remediar esta situación. Estos niveles de pobreza y sus probabilidades están directamente relacionados con el diferencial del ingreso de los distintos grupos de la población que también encuentra su origen en una exclusión social histórica, la acumulación de los efectos de la desigualdad de oportunidades y de la discriminación histórica. Estos antecedentes nos hacen ver que no es suficiente la consagración de los derechos de los pueblos indígenas en la norma, es también importante la aplicación de políticas estatales que contribuyan a reducir las brechas hoy existentes entre indígenas y no indígenas. En ese sentido, la materialización efectiva del derecho de consulta, deberá contemplar dos ámbitos, por un lado la promulgación del instrumento jurídico a través de la respectiva ley que configure el derecho de consulta y el carácter vinculante del mismo y por el otro, la voluntad política del Estado, demostrándose con acciones concretas, para garantizar la aplicación efectiva de la norma. SEGUNDA PARTE NORMATIVA JURÍDICA QUE RESPALDA EL ANTEPROYECTO I.- NORMATIVA NACIONAL.- 1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- El principal instrumento jurídico que enarbola y consagra los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, entre ellos el derecho a la consulta, es precisamente la Constitución Política del Estado, texto que es considerado por la comunidad internacional, como una Constitución de avanzada, por reivindicar derechos humanos, otorgarles rango constitucional y disponer su aplicación preferente frente a las demás normas jurídicas. En ese orden de cosas, citaremos determinados artículos del mencionado texto, en el afán de corroborar lo anteriormente afirmado. Art. 3.- “La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” Este concepto esgrimido resulta importante desde el punto de vista de consolidar el principio de inclusión, tomando en cuenta que durante gran parte de la historia republicana los pueblos indígenas no eran asimilados como ciudadanos, por tanto personas sin derechos.
Art. 30.- Referido a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originario Campesinos. El numeral II del citado artículo señala (en lo pertinente al tema) que: “… en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, gozan de los siguientes derechos: 1.- A existir libremente. 2.- A su identidad cultural, creencia religiosa,
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espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión…..4.- A la libre determinación de su territorialidad….7.- A la protección de sus lugares sagrados…10. a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de sus ecosistemas…..14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15 A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16.- A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios….”. Del análisis de los derechos descritos en el mencionado artículo, entre otros, podemos advertir con claridad que el derecho a la consulta previa y obligatoria adquirió rango constitucional, por tanto tiene carácter superlativo y de aplicación preferencial. Si esa es la jerarquía de este derecho, resulta coherente que los resultados de la consulta, deben tener efecto vinculante, de lo contrario se convertiría en un mero sondeo de opinión. En ese sentido, la ley que regule el derecho de consulta, deberá indefectiblemente contemplar el carácter vinculante de la misma. Por otro lado, el mencionado artículo 30 también reivindica los derechos a un medio ambiente sano y a la libre determinación territorial, precisamente para establecer con claridad meridiana la posibilidad legal de los pueblos indígenas de decidir por su propio destino en el marco de su jurisdicción territorial. Por su parte el Art. 32, reivindica los derechos de los afrobolivianos, estableciendo lo siguiente: “El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos” Art. 343.- Al referirse al tema Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, reza lo siguiente: “La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieren afectar a la calidad del medio ambiente”. Continuando con el análisis relacionado a la consulta previa, referida a los recursos naturales, conviene transcribir los artículos 352 y 353. El primero define que: “La explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”. El segundo reza: “El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos” El derecho a la Consulta Previa del cual estamos haciendo referencia en este acápite, encuentra su correlato ideal en el derecho a la información, también consagrado en la norma supra legal, toda vez que no podría materializarse de manera efectiva cualquier consulta a los pueblos, si éstos no acceden a una información transparente y clara. En ese sentido, la Constitución de marras consagra el derecho a la información en los siguientes artículos: 21, cuando señala que: “Las bolivianas y los bolivianos, tienen los siguientes derechos: …6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla, y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva…” 106.1 “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información…”. 242.4 que dice: “La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y en la ley…4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna…” De lo glosado líneas arriba, podemos completar la idea en sentido de que, tanto el derecho a la consulta como el derecho a la información, son interdependientes y su presencia conjunta apunta a consolidar las aspiraciones de los pueblos frente al Estado.
Finalmente es menester referirnos a la primacía de la Constitución Política del Estado, ello significa que la referida norma es de aplicación prioritaria frente a cualquier otro instrumento jurídico, por tanto sus postulados, entre ellos lo referente al derecho de consulta previa, deben imponerse, respetarse y tomarse en
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cuenta al momento de aprobar otras normas de rango inferior, máxime si por voluntad de la propia Constitución, la normativa internacional relacionada a los derechos humanos también tienen similar rango. Al respecto es pertinente citar al Art. 410 del texto constitucional, el cual en su parte pertinente señala lo siguiente: “I. Todas las personas , naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de Constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.” Queda claro que, el derecho a la consulta previa, debe respetarse y aplicarse por encima de otras normas jurídicas, al estar inserto en la CPE. Asimismo toda ley a promoverse por la Asamblea Legislativa Plurinacional y cualquier otra norma, también deberá respetar en su texto la necesidad de no contradecir los principios constitucionales. Esta es una razón fundada para asumir que el derecho de consulta en su aplicación, debe tener efecto vinculante. 2.- OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS. NACIONALES. – Ley de hidrocarburos No. 3058.- Tiene la virtud de incorporar un Título referido exclusivamente al Derecho de los Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios.
a) A través de lo establecidos en los artículos 115 al 118, se consagra el derecho a la consulta y participación de dichos pueblos, en actividades hidrocarburíferas.
b) Se establecen las compensaciones e indemnizaciones en caso de daños e impactos socio ambientales, aspecto mencionado en los artículos 119 al 120.
c) De los artículos 121 al 127 se hace referencia a la intangibilidad de sitios sagrados y áreas de especial valor natural y cultural.
d) En el artículo 128 se prevé la solicitud de servidumbres en caso de que se afecten tierras indígenas.
e) Mediante los artículos 129 al 131, se impone el control y monitoreo socio ambiental durante la actividad hidrocarburífera, precisamente para proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
f) Los artículos 132 al 137, hacen referencia a los sitios sagrados y áreas de valor natural y cultural, los cuales no podrán ser dadas en concesión.
Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, para las actividades hidrocarburíferas. El mismo se encuentra normado a través del Decreto Supremo No. 29033 de 16 de febrero de 2007. Dicho instrumento jurídico, precisamente establece un procedimiento a través del cual se intenta establecer los mecanismos a ser aplicados para efectivizar la consulta en este ámbito. Ley 1333 de Medio Ambiente y reglamentos. Esta disposición legal y sus reglamentos, no obstante la importancia del ámbito que les corresponde abordar, no hacen referencia al derecho de consulta de los Pueblos Indígenas, no obstante ello, el Reglamento General de Gestión Ambiental(RGGA), así como el Reglamento de Prevención y Control Ambiental(RPCA), contienen preceptos relativos a la participación ciudadana de manera general, a través de lo que los citados instrumentos denominan la consulta pública, la cual se realiza durante los Estudios de Impacto Ambiental, que tiene el objetivo de determinar los efectos ambientales sobre el entorno físico y social. Sin embargo es necesario establecer la diferencia cualitativa de la consulta pública, en relación al concepto de consulta consagrado en el Convenio 169 de la OIT, toda vez que la primera se extiende a todos los sectores sociales del lugar, incluidos los pueblos indígenas, originarios y campesinos, constituyéndose además en un requisito para obtener la Licencia Ambiental.
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El texto literal del RGGA contiene: Un título relativo a temas de participación ciudadana (Art. 72), luego hace referencia en los artículos 73 al 76 a la participación en procesos de decisión general. Asimismo establece la participación en procesos de decisión particular (Arts. 77 al 79). Establece la realización de la audiencia pública, mediante los artículos 79 al 81 y, finalmente habla de la denuncia en los artículos 83 al 85. Por su parte, el RPCA contiene un capítulo referido al acceso a la información y otros aspectos relacionados a la consulta por parte de la Autoridad Ambiental Competente (Arts. 160 al 166). Código de Minería. Dicha norma fue aprobada por Ley No. 1777 de 17 de marzo de 1997. A pesar de que en el enfoque general, expone una notoria tendencia neoliberal y su vocación enajenadora de los recursos mineralógicos, coherente con la coyuntura política en que fue dictada, el mencionado instrumento jurídico a través de su Art. 15 establece lo siguiente: “Los preceptos del artículo 171 de la Constitución Política del Estado y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Ley No. 1257 de 11 de julio de 1991, son aplicables al sector minero”. Por la fecha en que fue aprobada la susodicha ley, deducimos que se está refiriendo a la anterior Constitución Política del Estado, sin embargo vale la pena enfatizar que, al estar aún vigente como ley que regula la actividad minera en Bolivia, se está reconociendo implícitamente el derecho a la consulta y participación de las poblaciones indígenas y originarias, no obstante ello, la citada norma sistemáticamente fue vulnerada y no se cumple de manera adecuada, algunas veces por desconocimiento de la misma y, en otras bajo el argumento de que no existía la reglamentación correspondiente donde se determinarán los pasos y procedimientos de la consulta y participación. LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL(Ley No. 026). Esta norma jurídica fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 30 de junio de 2010. El art. 4º de la misma al enarbolar los derechos políticos, entre ellos hace referencia en el inc. i) al “ejercicio de consulta previa, libre e informada por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.” En relación a la implementación de la referida consulta previa, el Art. 39 de la citada norma señala lo siguiente: “(Alcance) La Consulta previa es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones, respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada. En el caso de la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda.” Este artículo si bien instituye el derecho a la consulta previa, sin embargo adolece de una contradicción profunda al establecer que la misma no tiene carácter vinculante, pero manda que deba ser tomada en cuenta por las autoridades y representantes en los niveles de decisión. Por otro lado, cabe enfatizar que la Constitución Política del Estado al consagrar en el Art. 30 los derechos de los Pueblos Indígenas, Originario Campesinos, en su numeral 15 referido al derecho a la consulta previa y obligatoria, no establece restricción alguna ni especifica que dicha figura no tendrá carácter vinculante, por consiguiente una norma inferior como es la Ley del Régimen Electoral, no puede anteponerse a la norma suprema, en ese sentido lo previsto en el Art. 39 de la señalada Ley No. 026, resulta inaplicable, en atención a la primacía constitucional consagrada en el Art. 410 de la Carta Magna boliviana. II. NORMATIVA INTERNACIONAL.-
En general el conjunto de convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado boliviano, en materia de derechos humanos, forman parte de lo que hoy se denomina el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y éste tiende a regular precisamente la conducta de los Estados frente a su sociedad civil,
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procurando que se cumpla a cabalidad dichos instrumentos jurídicos internacionales al interior del territorio de cada país, en aras de que las personas o comunidades, puedan acceder a dichos derechos, siendo una obligación del Estado garantizar este aspecto. En ese entendido, citaremos algunos instrumentos internacionales que precisamente hacen referencia directa con los derechos de los pueblos en general y específicamente con el derecho de consulta previa. 1.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMOCOS, SOCIALES Y CULTURALES. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor en 1976, fue ratificado por el Estado boliviano mediante Ley No. 2119 Art. 1.- “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basado en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia” 2.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, Entró en vigor también en 1966, norma con efecto vinculante para el Estado boliviano. Se hace notar que el Artículo 1 del referido Pacto, prácticamente tiene la misma transcripción literal del pacto de Derechos Económicos Sociales y culturales. 3.- CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. El citado convenio internacional, fue ratificado por el Estado boliviano, mediante Ley No. 1257 de 11 de julio de 1991, por consiguiente tiene efecto vinculante en el territorio nacional. Para el caso que nos ocupa, es importante concentrarnos en lo previsto por el Art. 2 del mencionado instrumento internacional, el cual a la letra dice: “ 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. C) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.” Por otro lado, vale la pena transcribir el artículo 6º del Convenio, el cual señala: “ 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. b) establecer los medios a través de los cuales, los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población.…2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Resulta también importante referirnos a lo establecido por el Art. 15 del convenio citado por tener directa relación con el tema de la consulta, se señala lo siguiente: “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración, y conservación de
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dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de `prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. 4.- DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. La Declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007. Esta fecha alcanzó connotaciones históricas para los derechos humanos, una victoria para los Pueblos Indígenas del mundo y un avance que se fundamenta en el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos. El Estado boliviano la elevó a rango de Ley de la República, mediante Ley No. 3760 de 7 de noviembre de 2007. El texto en su conjunto, tiende a reivindicar los derechos de los Pueblos Indígenas en diferentes ámbitos, estableciendo una relación de interdependencia entre un artículo y el otro, de modo que su aplicación integral es lo que se requiere para garantizar plenamente dichos derechos, entre ellos el de la consulta previa. En ese sentido, transcribimos determinados artículos que refuerzan los conceptos expuestos en este documento que pretende definir los justificativos del proyecto de ley. Art. 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones“ Art. 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado” Art. 28 “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ellos no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados ocupados, utilizados o dañados sin sus consentimiento libre, previo e informado, salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra repartición adecuada”. Art. 30 “1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés publico pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2. “Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígena interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.
Art. 32. “….2.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación
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justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual”. 5. INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBVERTADES FUNDAMENTALES DE LOS INDÍGENAS El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, realizó una visita oficial a Bolivia, a invitación del Gobierno, del 25 de noviembre al 28 de diciembre de 2007. La investigación realizada, concluyó con un informe donde expone las conclusiones y recomendaciones. Para el caso que nos ocupa, conviene transcribir las recomendaciones 89 y 90, que a la letra dicen: “ 88. Deberá prestarse una especial atención a la implementación de los reglamentos sobre la consulta y la realización de estudios de impacto ambiental en relación con la exploración y la explotación de los recursos naturales en las tierras y territorios indígenas. Las autoridades competentes deberían adecuar los nuevos contratos con las empresas privadas para garantizar el respeto de los derechos indígenas de acuerdo con la nueva normativa vigente” “89. Las empresas que operan en Bolivia, deberían diseñar y poner en práctica directivas claras y precisas en relación con sus operaciones de explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, incluyendo el derecho a la participación y la consulta, tomando en consideración la legislación existente, las normas internacionales y los estándares establecidos por las instituciones financieras internacionales en materia de pueblos indígenas”. “90. las autoridades competentes deberían llevar a cabo, con carácter de urgencia, un estudio general sobre la contaminación de los territorios indígenas en el país, y que se pongan en práctica, en consulta con las comunidades afectadas, las medidas de inspección, mitigación, reparación, compensación, prevención y sanción que sean necesarias.”.. La exposición de los principales instrumentos jurídicos existentes a nivel internacional, refuerzan las razones y fundamentos de la pertinencia y necesidad de promover la promulgación de una Ley sobre el derecho a la consulta en Bolivia, cuyos resultados deben tener un efecto vinculante.
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TERCERA PARTE ANTEPROYECTO DE LA LEY MARCO DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: LEY MARCO DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- (OBJETO Y OBJETIVOS).
I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la implementación de la consulta previa de carácter vinculante a los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afro Bolivianos, en circunstancias de medidas legislativas y/o administrativas, aplicación de resoluciones, decisiones, actividades de exploración, explotación de recursos minerálógicos, hidrocarburíferos, en tierras y territorios, originaria histórica y tradicionalmente ocupados por éstos y que puedan afectar sus derechos e intereses..
II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar cualquier acción del Estado o de empresas y entidades privadas, que tiendan a realizar actividades en tierras y territorios poseídos tradicionalmente por los Pueblos Indígena, Originario Campesinos y Afro bolivianos y que pretenda realizarse, omitiendo la consulta previa a éstos, afectando derechos constitucionales, así como el medio ambiente en el lugar.
III. Evitar se consoliden atropellos u omisiones de orden legal que afecten a los derechos de los Pueblos Indígena, Originario, Campesinos y Pueblos Afro Bolivianos
Artículo 2 (PRINCIPIOS GENERALES). A los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de la ley, en el marco de los estándares delineados por los Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado boliviano en materia de derechos humanos y, específicamente sobre derechos de los pueblos indígenas, así como los preceptos consagrados en la Constitución Política del Estado, se establecen los siguientes principios:
a) La Consulta como Derecho Adquirido.- Entendida como un derecho fundamental colectivo de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, ejercido a través del mecanismo democrático de participación directa, comunitaria, de cumplimiento obligatorio por el Estado Nacional, de manera previa a la adopción de medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectar sus intereses.
b) Carácter previo.- Significa que debe realizarse obligatoriamente antes de asumir una medida administrativa, legislativa o la autorización de cualquier tipo de actividad, obra o proyecto, con el seguimiento de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, durante y después de realizada la medida.
c) Carácter Obligatorio.- El Estado Plurinacional, en todas sus instancias, está obligado a realizar la consulta previa, sin excusa alguna, siendo nulos todos los actos de éste, en caso de omitir dicha obligación.
d) Información verás.- El Estado Plurinacional y las empresas privadas, están obligados a proporcionar a los pueblos indígenas, la información verás respecto a todo proceso de exploración, explotación u otra actividad, en tierras y territorios indígenas, de manera oportuna, transparente y accesible. .
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e) Pluriculturalidad.- En el proceso de consulta se debe respetar, las creencias, valores, cosmovisión de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, así como la intangibilidad de los lugares sagrados.
f) Buena Fe.- el Estado y las empresas privadas, deben actuar con absoluta buena fe, lealtad y honestidad en su relación con los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Comunidades Afro Bolivianas .
g) Consentimiento como condición imprescindible.- Entendido como el requisito fundamental e ineludible para que los pueblos indígenas una vez interiorizados de los pormenores del caso, preservando sus intereses, puedan aceptar la realización de trabajos de exploración, explotación u otro en sus territorios.
h) Carácter vinculante.- La consulta y decisiones que se asuman conjuntamente los Pueblos Indígena Originario Campesinos, tiene carácter vinculante, o sea de cumplimiento obligatorio por parte del Estado y/o empresas privadas.
i) Derecho de Representatividad.- Significa el respeto a las instancias orgánicas de representación de los Pueblos, las mismas que deberán ser tomadas en cuenta por el Estado y entidades privadas en el proceso de consulta previa, precisamente por tratarse de los interlocutores válidos y legítimos de esos pueblos.. .
j) Derecho de Participación.- Implica la intervención protagónica de los pueblos, a través de su representación natural y orgánica, en los procesos de consulta previa, negociaciones y decisiones conjuntas a asumirse.
CAPÍTULO II INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA Artículo 3.- En sujeción a los principios enarbolados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente lo previsto en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política del Estado y lo previsto en el artículo segundo de la presente ley, en circunstancias que el Estado pretenda a través de sus propias instituciones o mediante adjudicación a terceros, realizar trabajos de exploración, explotación de recursos mineralógicos, energéticos, hidrocarburíferos, arqueológicos o de otra naturaleza, dentro las tierras o territorios ocupados por los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Comunidades Afro Bolivianas, así como adoptar medidas legislativas o administrativas que tiendan a afectar intereses y derechos de estos pueblos, deberá realizarse la respectiva consulta, con anticipación a dichas medidas o actividades. Artículo 4.- La Consulta previa a los pueblos mencionados en el artículo tercero de la presente ley, tendrá carácter obligatorio y de ineludible cumplimiento, siendo nulas todas las actuaciones que realicen en caso de omitirse tal obligación. Artículo 5.- Los resultados de la Consulta Previa a los Pueblos Indígena Originario Campesino y Afro bolivianos, tendrán efecto vinculante, en consecuencia deben aplicarse en forma inmediata, sin excusa alguna, por parte de las entidades estatales y particulares, bajo pena de ser sometidos quienes incurran en la omisión, a las acciones legales pertinentes.. Artículo 6.- Las autoridades públicas y personas particulares que incumplan lo previsto en el artículo anterior, serán pasibles de la acción penal correspondiente por los delitos previstos en los artículos. 153 y 154 del Código Penal Boliviano, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o administrativas..
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CAPÍTULO III ACTORES EN EL PROCESO DE CONSULTA . Artículo 7.- Se constituyen en actores en el proceso de consulta previa, como sujetos obligados a garantizar este derecho, las siguientes entidades:
a) El Estado en sus niveles de gobierno nacional, departamental y municipal y el conjunto de entidades públicas dependientes de éstos, así como las instituciones descentralizadas, autónomas o desconcentradas.
b) La Asamblea Legislativa Plurinacional y las instancias legislativas departamentales.
c) El Órgano Electoral Plurinacional, a través de sus instancias pertinentes, para la realización y acompañamiento de los servicios de consulta previa.
Artículo 8.- Se constituyen en actores del proceso de consulta previa como sujetos con derecho a ser consultados:
a) Los Pueblos Indígena Originario Campesinos, existentes en todo el territorio nacional, del altiplano, valles y la amazonía, los que se relacionarán con el Estado a través de sus representaciones tradicionales y orgánicas, cuando sus intereses y sus tierras y territorios y sus derechos en general puedan ser afectados, en defensa de la Pachamama o la madre tierra, el medio ambiente y la naturaleza en su conjunto.
b) El Pueblo Afro Boliviano, en circunstancias que sus derechos e intereses puedan ser afectados.
Artículo 9.- Podrán asumir eventualmente el rol de actores del proceso de consulta previa, en su calidad supervisores y vigilantes, las instituciones de defensa de los derechos humanos del Estado y de la sociedad civil y otras entidades que resultaren designadas, fruto del acuerdo entre las representaciones orgánicas de los Pueblos y Naciones Indígenas, Afro Bolivianos con las instituciones estatales. Artículo 10.- Las empresas o instituciones privadas, intervendrán en las negociaciones, en circunstancias que, por las actividades de exploración o explotación de éstas, se produzcan daños al medio ambiente u otros perjuicios en los territorios de los pueblos indígenas. En este caso su participación se concentrará en las negociaciones a realizarse conjuntamente el Estado y los pueblos afectados, para viabilizar reparaciones, compensaciones y/o indemnizaciones a favor de los afectados. CAPÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA Artículo 11.- Se denomina procedimiento de consulta previa, al proceso que se sigue por parte del Estado, para, inicialmente tomar contacto con la representación natural y orgánica de los Pueblos Indígena Originario Campesino y Pueblo Afro boliviano, en aras de consultar su criterio y subsecuente autorización, para desarrollar tareas de exploración, explotación de recursos mineralógicos, energéticos, actividades de explotación forestal y las vinculadas con la biodiversidad, en tierras y territorios indígenas ocupados tradicional y originariamente, a efecto de evitar posterior daño a la naturaleza, la madre tierra, el medio ambiente, así como para impedir la afectación de derechos e intereses de estos pueblos, además de garantizar la participación de éstos en los beneficios emergentes de esas actividades.. Artículo 12.- Contacto previo.- La entidad que pretenda dictar una medida legal o administrativa, susceptible de afectar derechos e intereses de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, y Comunidades Afro Bolivianas, deberá dar a conocer su intención a los sujetos objeto de la consulta, a efecto de dar lugar a espacios de diálogo que permitan conocer el criterio de ambas partes, en aras de un posterior acuerdo.
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Artículo 13.- Reuniones Explicativas.- Identificados los territorios donde se pretenda realizar trabajos de exploración, explotación u otros de la misma naturaleza y establecidos los contactos pertinentes entre autoridades públicas y los representantes de los Pueblos Indígena originario Campesinos y Comunidades Afro Bolivianas, se desarrollarán las sesiones explicativas a través de las cuales el Estado mediante sus representantes, expondrán los argumentos que justifiquen las medidas legales o administrativas que pretenden implementarse, así como los trabajos a desarrollarse en los territorios indígenas. Artículo 14.- El objetivo de estas sesiones explicativas, es el de demostrar técnica y documentalmente que no serán afectadas las tierras y territorio indígenas habitados por éstos, en lo que concierne a la protección de la madre tierra, la naturaleza, el medio ambiente y la integridad territorial, además de los derechos de los ocupantes. Artículo 15.- En las sesiones explicativas, los representantes de los Pueblos Indígenas, podrán estar apoyados por los profesionales o especialistas en el tema que consideren necesarios, aclarando que las decisiones a asumirse constituyen resorte exclusivo de las instancias de decisión de dichos pueblos. Artículo 16.- Las reuniones explicativas entre partes, tendrán una duración de treinta días, término que no tiene carácter perentorio ni fatal y está sujeto a ampliaciones o reducciones, dependiendo de las circunstancias emergentes y lo que acuerden ambas partes. Artículo 17.- Lugar de las sesiones explicativas.- Las reuniones explicativas se realizarán dentro el territorio que pueda ser afectado por las decisiones, resoluciones y actividades que se pretendan desarrollar a instancias del Estado o de éste a través de terceros, a donde acudirán la representación de ambas partes. Artículo 18.- Derecho a la Información .- De conformidad a lo establecido en los artículos 21 numeral 6, 106, numeral 1 y 242 numerales 1 y 4 de la Constitución Política del Estado, relativos al Derecho a la información que le asiste a toda persona o comunidad, las reuniones explicativas y/o informativas, deberán realizarse en el marco del respeto y sujeción estricta a los preceptos constitucionales antes señalados, con la debida transparencia y veracidad respecto a los datos a ser proporcionados a los pueblos interesados. Artículo 19.- Establecimiento de acuerdos.- Una vez realizadas las sesiones explicativas dentro del plazo señalado en el artículo 15 de la presente ley, se ingresará a una segunda etapa consistente en el establecimiento de acuerdos entre los Pueblos Indígena Originario Campesinos y/o Pueblos Afro Bolivianos con las instancias estatales que formen parte de la negociación, .bajo el objetivo de conciliar acuerdos. Art. 20.- Respeto a la integridad territorialidad, la tierra y el medio ambiente.- Las reuniones sobre búsqueda de acuerdos, deberán contemplar la necesidad de que, durante la implementación de los trabajos a realizarse en los territorios indígenas, se preservará la integridad territorial, el respeto a la Madre Tierra o a la Pachamama, la preservación del medio ambiente. Artículo 21.- Subordinación a la normativa internacional sobre derechos humanos y a los preceptos constitucionales.- Las reuniones conciliatorias, en ningún momento consolidarán acuerdos que avalen la afectación de las tierras ocupadas por los Pueblos Indígenas, el medio ambiente, derechos ecológicos, derechos culturales, cosmovisión y otros, así como la violación de derechos humanos, siendo nulos los acuerdos que se pacten sobre tales vulneraciones, en estricta sujeción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.. Artículo 22.- Derecho de participación.- En el marco de la Democracia Participativa y la Democracia Comunitaria, consagradas en la Constitución Política del Estado, los Pueblos Indígena Originario Campesino y Comunidades Afro Bolivianas, están habilitados para participar en las sesiones explicativas y de búsqueda de acuerdos, en aras de lograr que las acciones legales, administrativas y operativas a desarrollarse por el Estado y entidades privadas en sus territorios ocupados, no afecten sus más elementales derechos.
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Artículo 23.- Materialización de los Acuerdos.- Una vez que las partes hayan expuesto sus argumentos, se orientará el desarrollo de las reuniones, hacia la búsqueda de consensos, los mismos que deben tomar en cuenta y verificarse imprescindiblemente:
a) Sujeción al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
b) Sujeción a la Constitución Política del Estado.
c) Garantía de que en los trabajos de exploración, explotación u otros, no se afectará el medio ambiente, integridad territorial, respecto a la madre Tierra, la Pachamama.
d) Derecho de participación de los Pueblos Indígena Originario Campesino y comunidades Afro Bolivianas en los beneficios que reporten dichas actividades.
e) Indemnizaciones y reparaciones en caso de producirse daño al medio ambiente y/o afectación de derechos.
f) Compensaciones territoriales en caso de suscitarse pérdida o afectación a sus territorios, en estricta sujeción a los principios enarbolados en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Artículo 24.- PARTICIPACIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL.- En las reuniones explicativas y de búsqueda de acuerdos, intervendrán los representantes designados por el Órgano Electoral Plurinacional, para el monitoreo correspondiente, la ejecución y cumplimiento estricto de los resultados de la consulta previa.. . Artículo 25.- Valor legal de los acuerdos.- Los acuerdos a los que se arriben fruto de las conversaciones sostenidas entre las representaciones legítimas y orgánicas de los Pueblos Indígena Originario Campesinos y comunidades Afro Bolivianas con las autoridades estatales y entidades privadas, tendrán todo el valor jurídico necesario, son de efecto vinculante y cumplimiento obligatorio, por tanto causarán estado. Artículo 26.- Inviolabilidad de los Acuerdos.- Los acuerdos consolidados entre las partes, no serán susceptibles de desconocimiento, incumplimiento o de otras acciones tendientes a reducir sus efectos legales, tampoco serán susceptibles de retractación de las partes, ni de nulidades posteriores, salvo que en la suscripción de los mismos, no hayan intervenido los representantes legítimos y orgánicos de los pueblos y autoridades sin competencia para ello. Artículo 27.- Documentación y Registro de los Acuerdos.- Las sesiones explicativas, los debates y los posteriores acuerdos a los que se arriben, en el marco del derecho a la consulta previa de los pueblos, constarán en actas respectivas, refrendadas por las partes, debiendo constar en un expediente. Posteriormente un ejemplar de los mismos se registrará en los archivos de la organización indígena que intervenga, otro en los archivos de la repartición estatal o entidad privada interviniente, otro ejemplar será entregado a las instituciones vigilantes que se designen para el seguimiento respectivo y otro en el ministerio correspondiente y finalmente un ejemplar del acuerdo se hará entrega al Órgano Electoral Plurinacional el monitoreo sobre el cumplimiento y ejecución de los resultados de la consulta previa. Artículo 28.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las actas de los acuerdos a los que se arriben entre partes, serán debidamente protocolizadas ante Notario de Fe Pública, a efecto de que adquieran el carácter de documento público y surtan los efectos legales pertinentes. El notario se encargará de entregar testimonios de dichas actas a las partes para los fines consiguientes. Artículo 29.- Cumplimiento de los acuerdos.- Los acuerdos establecidos por las partes, deberán establecer minimamente los siguientes aspectos:
a) Las formas de cumplimiento y ejecución de los mismos.
b) Plazos en que se efectivizarán.
c) Sistemas de vigilancia y monitoreo.
d) Especificación de las instituciones encargadas de la vigilancia.
e) Penalidades ante el incumplimiento.
f) Alternativas de resarcimiento de posibles daños emergentes.
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Artículo 30.- Los requisitos mínimos establecidos en el artículo 23, no son excluyentes de otras previsiones que se puedan adoptar entre partes, en aras de garantizar la plena efectividad de los acuerdos y de respetarse los derechos insoslayables de los Pueblos Indígena Originario Campesinos y comunidades Afro Bolivianas. Artículo 31.- Inexistencia de acuerdos.- Si en el curso de las reuniones conciliatorias, no se suscitaren coincidencias y ello diere lugar a la inviabilidad de acuerdos, el Estado y los entres privados se abstendrán de ejecutar los proyectos de exploración, explotación u otras, en los territorios de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, constituyendo el acuerdo el requisito imprescindible para dichos trabajos. CAPÍTULO V RESPONSABILIDADES SOBRE LOS ACUERDOS Artículo 32.- Responsabilidad del Estado.- Suscrito el acuerdo y registrado el mismo en las instancias pertinentes, éste alcanzará la calidad de instrumento público, circunstancia ante la cual el Estado se convierte en el principal responsable y obligado para garantizar su efectivo cumplimiento. Artículo 33.- De conformidad a lo establecido en el Art. 6 de la presente ley, las autoridades públicas que impidan el estricto cumplimiento de los acuerdos, serán pasibles a las acciones disciplinarias, administrativas y penales si correspondieren. Artículo 34.- Responsabilidad de los representantes de los Pueblos.- Los y las representantes de los Pueblos Indígenas Originario Campesinos y Comunidades Afro Bolivianas, tienen la obligación ineludible de actuar con lealtad ante sus bases o comunidades a las que representan, debiendo estas últimas ser consultadas previo a cualquier acuerdo a ser suscrito, bajo alternativa de declararse nulos los que se pacten sin su consentimiento. Artículo 35.- Las omisiones previstas en el artículo anterior, en que incurran los representantes de los pueblos, serán susceptibles de las acciones disciplinarias al interior de cada organización, de conformidad a sus usos, costumbres y propia cosmovisión, sin perjuicio de acudir a la jurisdicción ordinaria competente, si ellos consideraren pertinente. Artículo 36.- Las omisiones que generen incumplimiento a los acuerdos por parte de los representantes de entidades privadas, serán susceptibles de ser denunciadas, procesadas y sancionadas penalmente, además de las acciones civiles que puedan interponerse para el resarcimiento del daño emergente. Artículo 37.- Intervención de las instancias internacionales.- Ante el incumplimiento por parte del Estado a los acuerdos arribados y el daño ocasionado afectando derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Comunidades Afro Bolivianas, agotadas las instancias nacionales, de persistir dicho incumplimiento y el daño, las comunidades podrán acudir a las instancias internacionales existentes en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la búsqueda de justicia y reparación definitiva, denunciando al Estado boliviano.
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CAPÍTULO VI ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS Artículo 38.- Quedan abrogadas en general todas las disposiciones que contradigan lo establecido en los artículos de la presente ley. Artículo 39.- Derogatoria específica.- Queda derogada la Ley No. 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010, expresamente en el tercer párrafo del Art. 39 de la citada norma. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWA.
¿Qué es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?
febrero 4, 2012 pradaraul	Deja un comentario
El numera 15 del capítulo cuarto de la sección II del título II sobre derechos fundamentales y garantías, dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
Queda claro lo que establece la Constitución que el cuándo se hace la consulta tiene que ver con cada vez que se prevean medidas legislativa y administrativas susceptibles de afectarles. Así también queda claro cuando la Constitución establece que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada. No hay donde perderse. Sin embargo, hay senadores, como el senador de Cochabamba Adolfo Mendoza, que sigue haciéndose al desentendido o cree que puede manipular la interpretación de este numeral a su antojo. El mencionado caballero, haciendo gala de una lectura de acróbata, dice que la consulta “nunca es extemporánea” como afirman los dirigentes de la Subcentral TIPNIS, sino garantiza los derechos indígenas y, como está establecido en la Constitución Política, está por encima de cualquier ley. “En una consulta, siempre hay un protocolo para saber exactamente cómo se realizará, con qué instrumentos, cómo garantizar en buena fe, pero al mismo tiempo se deberá habilitar una ley que fije los lineamientos centrales”. Mayor embrollo en una interpretación no podía haber.
¿Qué quiere decir el senador cuando dice que una consulta nunca es extemporánea? ¿Nunca? O sea que esta fuera del tiempo y lugar. Es una abstracción, una medida que no depende del momento. Lo mismo da hacer un censo a los muertos que a los vivos. La gran diferencia está que los muertos no responden; entonces es tarde para hacer un censo. Si la consulta se hace después de comprometer el proyecto entonces es extemporánea, no cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. El proyecto en cuestión es el de la carretera que atravesaría el TIPNIS; el compromiso del proyecto se lo hizo el 2008 con el presidente Lula da Silva, comprometiendo también el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y aceptando que la empresa constructora sea OAS, que contaba ya con un diseño, saltando también todas las normas de contratación de bienes y servicios del país, además de violar la Constitución. No solamente que la consulta es extemporánea sino que los que se comprometieron con el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo de Brasil a la construcción de una carretera que atravesaría el territorio indígena y parque, que cometieron un delito constitucional, no fueron pasados a la justicia ni rindieron cuentas a la sociedad por estas tratativas corruptas y encubiertas. Volver a repetir la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, querer imponer una consulta extemporánea, una vez que cometieron varios delitos contra los intereses del país, del Estado, de la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, es insistir en el mismo delito. Lo que equivale a sanciones contra los senadores que no cumplen con la Constitución.
La consulta previa libre e informada es una conquista de la lucha indígena en el continente, forma parte de los convenios internacionales que firmó el Estado boliviano y son reconocidos como leyes en la Constitución, en rango inmediato jerárquico a la Constitución misma. Forman parte el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Este derecho es varias veces mencionado en la constitución como obligatorio cumplimiento por parte del Estado. ¿Quiénes son los que quieren desentenderse de este deber? Los gobernantes, los senadores oficialistas, los directores de empresas estatales, las empresas trasnacionales; es decir, el conjunto de agentes y dispositivos del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Varias veces se ha escuchado a personeros de empresas extractivas del Estado quejarse de que esta consulta impide el desarrollo y la inversión. ¿En qué país creen que están estos personeros? No se dieron cuenta que ya el país cuenta con una Constitución que diseña el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que el eje fundamental o el camino fundamental de la Constitución es la descolonización, que están consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se apunta a un modelo alternativo al extractivismo en la perspectiva del vivir bien. Estos personeros no se dieron cuenta de nada. Creen que pueden seguir haciendo lo que saben, administrar empresas insertas en el modelo de la acumulación por despojamiento de los recursos naturales en aras de la acumulación ampliada de capital, fincada en el centro del sistema mundo capitalista, dejando una geografía espantosa de huecos en las periferias.
febrero 3, 2012 pradaraul	Deja un comentario
La consulta previa libre e informada se hace antes de iniciar los proyectos que afectan a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, a los territorios indígenas y a la madre tierra. No después, para legitimar lo que se ha hecho, montando escenarios, inventando marchas, manipulando gente, haciendo creer que se cuenta con los “verdaderos” indígenas cuando las verdaderas organizaciones indígenas son excluidas. Formando una comisión en el congreso para elaborar una ley inconstitucional contando con la complicidad de los dirigentes del CONISUR, que son cocaleros y propietarios privados. Lo que se debe exigir es el respeto a la Constitución, a la ley corta en defensa del TIPNIS, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y a los derechos de la madre tierra. Si no hacen esto los asambleístas están no solo violando la Constitución sino violando los derechos fundamentales y las cuatro generaciones de derechos, consagrados en la Constitución, sino también incumpliendo con los deberes como representantes y asambleístas. Si esta es la práctica deben renunciar.
El presidente del Congreso cree que por que tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa puede hacer lo que le venga en gana, cree que de eso se trata, que ese es el crudo ejercicio del poder, imponer la mayoría violando la Constitución y los derechos de los pueblos. Está completamente equivocado, esa es la manera con la que se pierde precisamente el poder. Está completamente equivocado en el cálculo político. Fueron la mayoría como resultado en las últimas elecciones, ahora son la minoría después de enfrentar al pueblo con la medida neoliberal del gasolinazo y con la medida extractivista y depredadora de su proyecto carretero en el TIPNIS. Este cambio de situación lo demostró el pueblo paceño, cuando un millón de ciudadanos salieron a recibir a la VIII marcha y les bridó su apoyo. Los resultados de las elecciones de magistrados registran estadísticamente este cambio de la correlación de fuerzas, cuando el voto nulo abrumó a los votos validos, anulando la legalidad y legitimidad de esas elecciones. No son mayoría, no tienen argumentos para anular la ley corta, no tienen la legalidad ni la legitimidad para abrogar la ley e inventarse una nueva ley. Ante este nuevo avasallamiento la obligación del pueblo boliviano es movilizarse y defender la ley corta y el reglamento que defienden el TIPNIS.
El desprecio "jacobino"
febrero 3, 2012 pradaraul	1 comentario
El desprecio “jacobino”
Habría que ver qué pasa en la cabeza del “jacobino”, émulo de Robespierre, como le gusta llamarse, para saber cómo se puede llegar a tener tanto desprecio por la gente, por el juicio de la gente, no solamente la opinión pública, sino la opinión formada de las organizaciones indígenas originarias, la opinión del pueblo boliviano que apoyó a la VIII marcha y logró arrancar la ley corta en defensa del TIPNIS. No importan otras opiniones, lo que importa es la propia, que es considerada la única valedera. ¿Hay un objetivo claro en todo esto?
Hubo un tiempo en que nos hizo creer que era así, toda la actividad política era volcada a la emancipación indígena y descolonizadora. Ahora no parece ser este el objetivo; todo lo contrario. ¿En qué se basan estas consideraciones? ¿Esta fe en uno mismo? ¿Hay clarividencia como una especie de don? ¿Quién le hizo creer esto? ¿Desde el colegio, los estudiantes, los profesores? Pues ocurren estas cosas. Se forman mitos, sobre todo entre los amigos. La gente le gusta moverse en imaginarios y en clasificaciones fáciles en estas atmósferas imaginarias de los espacios íntimos y biográficos. Después, muy posible también sigan concurriendo este juego de representaciones en la universidad, aunque con más dificultad y competencia. Sin embargo, los lugares que no escapan a la construcción veleidosa de los mitos son los de la actividad política. Es dónde los aprendices de militante forman sus propios códigos, sus propias representaciones, la mayor de las veces emulando a fantasmas desaparecidos o, en su caso, dándose nombres de guerra. El nombre de Qhananchiri es uno de estos motes; que quiere decir algo así como el clarividente, de una manera mística, el hombre luz. Estos nombre no sólo tienen por objeto dar un nombre de guerra, ocultar la identidad ante la represión, sino caracterizar, también caricaturizar, al que lo lleva. Ciertamente Qhananchiri es un nombre pretensioso, empero en esos espacios íntimos y de clandestinidad funciona como reconocimiento en las atmósferas estrechas de la complicidad. Nadie ve como peligro o afrenta un mote así. Al contrario forma parte del secreto y de la fraternidad combatiente. El problema es cuando salimos de estos ámbitos y estas temporalidades de la clandestinidad, sobre todo cuando se llega al gobierno. Si seguimos creyendo que los significados establecidos en los ámbitos estrechos de la complicidad se mantienen en los gigantescos ámbitos de la cotidianidad mundana de los laberintos sociales y en los serviles ámbitos del espacio público, estamos perdidos. El problema aparece cuando creemos ese cuento de la clarividencia y que es extensible a los espacios sociales de la vida política, pues cuando el poder, con todo su deleite y entrega, te toma, se incrusta en ti, te vuelve un dispositivo del poder, el creerse iluminado se vuelve altamente peligroso, tanto para propios y extraños; sobre todo se vuelve peligrosísimo en la conducción del gobierno y en la orientación del proceso.
La sabiduría no se logra mediante estas representaciones, ni es un producto de estas máscaras; esta comprensión de la relatividad de las cosas se da como producto de la humildad, después de madurar lo suficiente como para comprender que lo único sabio es aprender siempre de la experiencia y de los demás, que siempre tienen algo que enseñarnos. Lo que vemos en la conducta de los gobernantes es todo lo contrario, una pretensión desmesurada de que todo lo saben, de que son propietarios de la verdad, valga a saber cuál es esta, de que el pueblo tiene que confiar, pues ellos saben como llegar a los fines trazados, aunque estos fines ya hayan cambiado. Llamemos a esta pretensión inmadurez, expresión de la más desarmada e intrépida inmadurez. Todos somos, de alguna manera, inmaduros, pero, el problema es que no todos lo saben y cuando los que no saben que lo son asientan sobre el colmo de la inmadurez decisiones de alta responsabilidad, cuando asientan sobre la demoledora inmadurez las decisiones y acciones de gobierno, lo que pretenden que son políticas de Estado, estamos perdidos, pues lo que se avizora en el horizonte es el abismo, la caída en el abismo.
Sólo puede explicarse el desprecio “jacobino” a partir de este ocultamiento, de este encubrimiento de la inmadurez y la vulnerabilidad en poses, poses de clarividente, poses de racionalidad fría, poses de revolucionario, aunque el contenido de lo que podría ser una revolución o el revolucionario se lo haya perdido totalmente, pareciéndonos más bien de manera alarmante al perfil de todo funcionario cínico, de todo burócrata altanero, de todo político que se cree predestinado. Estas analogías nos muestran que nada ha cambiado, que las historias individuales y personales de los políticos se repite como siguiendo un guion inaudito, que se parece al círculo vicioso de la mediocridad.
De ninguna manera podemos aceptar el argumento de que los del CONISUR, que son también indígenas deben decidir sobre el destino del TIPNIS, es discutible de que sigan siendo indígenas aunque ya sean propietarios privados y estén afiliados a las federaciones cocaleras. El sentido de lo indígena dado en la Constitución tiene que ver con comunidades ancestrales o de reconstitución en los hábitats actualmente ocupados. Empero, aunque no entremos en esta discusión de qué es ser indígena, no solo antropológicamente, sino desde el enunciado de las declaraciones internacionales, los convenios y los derechos de los pueblos indígenas, que asocian esta condición al territorio, culturalmente concebido, al espesor cultural, al sentido comunitario de su posesión; sentido que es el mismo que retoma la Constitución. Sin entrar en esta discusión, el hecho de que los del CONISUR no pertenecen a la TCO del TIPNIS no les da derecho a decidir sobre el destino del Territorio y Parque Isiboro-Sécure. Este es el punto. El otro punto es que hay una Constitución donde se consagraron los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de una ley corta que defiende el TIPNIS, aprobada por la misma Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente. ¿Cómo se puede borrar con el codo lo escrito por la mano? ¿No hay la menor vergüenza por hacerlo? ¿Cuál es el tamaño de los intereses que defienden que ya no sienten ni pudor por este gesto tan desalineado, gesto sin ética y valor? De esto hemos escrito en otros textos, ahora no lo vamos a hacer.
El tercer punto es que no pueden imponer con su marcha oficial, que es el resultado grotesco de una suma de montajes descoloridos y de poco ingenio, una decisión que expresa la descomunal violencia de los gobernantes en contra de los derechos consagrados en la Constitución. Esta decisión, sin mayor desparpajo, es anular la ley corta y hacer otra ley que incluya la versión de los cocaleros del CONISUR. Esta escena desenmascara no solo el discurso y la política del gobierno, que hace un tiempo ya se ha derrumbado, sino el nudo descarnado del poder. Esta decisión es la respuesta desesperada del gobierno por revertir sus dos derrotas ante el pueblo, la del gasolinazo y la del TIPNIS; también responde a la desesperación sumisa de responder a sus compromisos con la empresa trasnacional OAS, el Banco de Desarrollo de Brasil y el gobierno brasilero, además de administrar consecuentemente los intereses de la burguesía agraria y los de los nuevos ricos, asociados a la expansión de la frontera excedentaria de la hoja de coca y a la economía política de la cocaína.
Manifiesto en defensa del TIPNIS
Este es un llamado desde lo más profundo de nuestra indignación ante la desenmascarada demostración de despotismo ilustrado de parte del presidente del Congreso, quien ha decidido conformar una comisión de alto nivel para abrogar la ley corta y aprobar otra ley sobre el TIPNIS, violando nuevamente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas y originarios, los derechos de la madre tierra, los derechos del pueblo boliviano que se ha manifestado contundentemente y masivamente con el apoyo a la VIII marcha indígena. El argumento de fuerza del presidente del Congreso es la presencia de los marchistas del CONISUR en el Coliseo Cerrado. Después de haber montado desde el gobierno una marcha oficialista de cocaleros, incluyendo a los indígenas yuracares que se convirtieron en propietarios privados, renunciando a la propiedad comunitaria, a la TCO del TIPNIS, afiliándose en consecuencia a las federaciones cocaleras. Los del CONISUR nada tienen que decidir sobre el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, pues no forman parte de esta TCO; no pueden decidir sobre tierras de otros. Empero cuentan no solo con el apoyo del gobierno, sino también que son ficha del juego empedernido y peligroso del gobierno de imponer su voluntad, defendiendo los intereses de la empresas trasnacional de la construcción OAS, defendiendo los acuerdos con el Banco de Desarrollo de Brasil, defendiendo los convenios con el gobierno brasilero, en los que entra el IIRSA, además de defender los intereses pedestres de los avasalladores del territorio indígena y el parque, los cocaleros del polígono siete, que no es otra cosa que defender la ampliación de la frontera agrícola en beneficio del monocultivo de la hoja de coca, ya en condiciones excedentarias y vinculada a la economía política de la cocaína.
El presidente del Congreso quiere salirse con su capricho; nunca aceptó la derrota infringida por la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS. Estuvo completamente en contra de la aprobación de la ley corta y su reglamentación. Ahora quiere reivindicarse utilizando la marcha del CONISUR. Estos juegos de poder nos ponen otra vez al borde del abismo, ante una eminente confrontación. Obliga al pueblo boliviano que apoyó la marcha, a las organizaciones sociales que apoyaron la marcha en defensa del TIPNIS, y obviamente obliga a las organizaciones indígenas originarias, a movilizarse en defensa de la ley corta, de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la carta magna, defensa de los derechos de la madre tierra y los derechos del pueblo boliviano a decidir sobre el futuro de la vida y la biodiversidad.
Hay momentos de exigencia y de disponibilidad de fuerzas, hay momentos de convocatoria general; este es uno de esos momentos. Debemos salvar el TIPNIS de su destrucción, de su depredación, de su avasallamiento; debemos apoyar a las naciones y pueblos indígenas en su lucha descolonizadora contra el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contra el modelo depredador de la ampliación de la frontera agrícola para el mercado lícito e ilícito, contra el modelo de la corrupción que ya ha formado su telaraña de corrosión en el país. Estos intereses mezquinos no pueden doblegar la voluntad del pueblo boliviano. No podemos convertirnos en objeto de despojamiento de las lógicas de acumulación de capital. No podemos dejar que un gobierno al servicio de las empresas trasnacionales nos arranque la libertad conquistada, la Constitución lograda, los derechos ampliados y de cuatro generaciones de derechos, la perspectiva de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, la perspectiva de un modelo económico alternativo al extractivismo y a la dependencia, orientado a la soberanía alimentaria y en la perspectiva del vivir bien.
En momentos como estos, de desafío, pero también de violencia estatal, así mismo de convocatoria, se decide la suerte de lo que va venir, del futuro inmediato y del futuro. Debemos defender nuestros derechos conquistados y los derechos de las generaciones futuras. Estamos obligados a luchar, a movilizarnos, a reconducir un proceso, que ha tomado el curso turbulento de profundas contradicciones, y el decurso del peligro hacia desbarrancamiento, pues el gobierno ha optado por el camino de violar la Constitución, olvidar su mandato, restaurar el Estado-nación-liberal y colonial, administrar los intereses de la burguesía intermediaria y de los nuevos ricos, así como los intereses de las empresas trasnacionales en el país. Ha optado por este camino regresivo, colocándose contra el proceso, contra el pueblo y las naciones y pueblos indígenas originarios.
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