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Timestamp: 2020-08-15 04:45:42+00:00

Document:
BOCG. Senado, serie II, núm. 53-c, de 21/04/2006
Núm. 53 (c)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 44 Núm. exp. 121/000044)
621/000053 Por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
621/000053
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 19 de abril de 2006.--P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 7 de abril de 2006.--El Portavoz, José Mendoza Cabrera.
ENMIENDA NÚM. 1 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al penúltimo párrafo del apartado II del preámbulo.
Suprimir el penúltimo párrafo del apartado II del preámbulo.
En coherencia con la enmienda formulada al artículo 32 y por los mismos motivos.
ENMIENDA NÚM. 2 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al párrafo 1° del artículo 32 del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual.
Suprimir el párrafo desde «No obstante...» hasta el final.
Entendemos que no es precisa esta excepción en el Proyecto de Ley, dado que perjudica enormemente a las empresas de recortes de prensa o «press clipping». Los inconvenientes que acarrea esta nueva redacción para dichas empresas vendrían dados por el otorgamiento de una remuneración a los autores sobre los artículos periodísticos. Esto implica unos costes considerables que provocarían, posiblemente, la desaparición de un sector que ha desarrollado su actividad en España desde 1930. También la negativa de un autor afectaría a cualquier resumen de prensa con o sin finalidad comercial. El otorgamiento de un derecho en exclusiva a los autores afectaría a cualquier resumen de prensa, con o sin finalidad comercial, limitando el derecho a la información de cualquier persona física o jurídica.
Por otro lado, la redacción del Proyecto de Ley respecto a las recopilaciones de artículos periodísticos que se hagan con una finalidad comercial, delimita el ámbito de aplicación de las excepciones y limitaciones que permite la Directiva 2001/29/CE objeto de transposición dando lugar a diferencias legislativas e inseguridad jurídica entre los Estados miembros que pueden incidir directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior de los derechos de autor y derechos afines a los de autor, tal como señalan los considerandos 6 y 31 de la Directiva 2001/29/CE.
Suprimiendo este párrafo, el legislador español estaría cumpliendo con lo establecido en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, cual es que los criterios seguidos en la trasposición se basen en la fidelidad al texto de la Directiva y en el principio de mínima reforma de la actual normativa.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 14 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.
ENMIENDA NÚM. 3 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo-Anteúltimo párrafo del II.
«Por fin, en el artículo 32, la acotación que se introduce con respecto a las revistas de prensa, aclara que no está amparada por dicho límite la mera reproducción de artículos periodísticos realizada con fines comerciales.»
Se entiende mejor y aporta mayor precisión al texto originario del Proyecto.
ENMIENDA NÚM. 4 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-apartado cuatro.
Se propone la modificación del artículo 25 apartados 10 y 11, en los siguientes términos:
«10. Las entidades de gestión de los acreedores comunicarán a la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio social, el nombre o denominación y el domicilio de la representación única o de la asociación que, en su caso, hubieren constituido. (Resto igual).
11. La Comunidad Autónoma donde se encuentre domiciliada la entidad gestora o, en su caso, la representación o asociación gestora de la percepción del derecho, ejercerá el control sobre las mismas en los términos previstos
en el artículo 159 de la Ley, y publicará, en su caso, en el "Diario Oficial de la Comunidad Autónoma" y en el "Boletín Oficial del Estado" una relación de las entidades representantes o asociaciones gestoras con indicación de sus domicilios, de la respectiva modalidad de la remuneración en la que operen y de las entidades de gestión representadas o asociadas. Esta publicación se efectuará siempre que se produzca una modificación en los datos reseñados.
A los efectos previstos en el artículo 159 de la Ley, la entidad o entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora que hubieren constituido estarán obligadas a presentar a la Comunidad Autónoma competente los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, relación pormenorizada de las declaraciones-liquidaciones, así como de los pagos efectuados a que se refiere el apartado 12 de este artículo, correspondientes al semestre natural anterior.»
Igual que en enmienda al artículo 154.
ENMIENDA NÚM. 5 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-apartado siete.
Se propone la modificación del artículo 32 con el siguiente tenor:
«Artículo 32. Cita e ilustración.
1. Está exenta del derecho de reproducción, distribución y comunicación pública la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita para su análisis, comentario, juicio crítico, reseña o a un fin similar, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando, salvo cuando resulte imposible, la fuente y el nombre de autor de la obra utilizada.
3. Tampoco necesitarán autorización del autor la reproducción, comunicación pública y distribución de obras cuando se trate de su inclusión incidental en otro material.»
En el caso de la CITA (Apartado 1 del artículo) la enmienda tiene por objeto precisar los derechos de explotación afectados por la excepción (reproducción, distribución y comunicación) y, asimismo, precisar el concepto de cita de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, sin restringir a usos o fines docentes, de estudio o de investigación su utilización, al contrario de lo que se hace en el Proyecto.
En cuanto a la ilustración, la enmienda de acuerdo con la sugerencia del Consejo de Estado amplía el ámbito de la excepción al no limitarlo al profesorado de educación reglada ni que haya de ser utilizada en las aulas, ya que la Directiva no establece dichas limitaciones y, además, se posibilita la afectación de la educación no reglada pero cada vez más importante en el sistema educativo y la enseñanza «on-line».
ENMIENDA NÚM. 6 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
Se propone la modificación del artículo 32.1 con el siguiente tenor:
«1. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa tendrán la consideración de citas. No tendrán tal consideración las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción cuando dicha actividad se realice con fines comerciales.»
ENMIENDA NÚM. 7 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 32-apartado 3 (nuevo).
3. No requerirán autorización del autor la reproducción, comunicación pública y distribución de obras cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición pública o la venta de obras de arte, en la medida en que resulte necesaria para promocionar el acto, con exclusión de cualquier otro uso comercial.»
Sería bueno que el Anteproyecto incorporara una regulación más completa, trasponiendo en los términos de la Directiva 2001/29 tal como han hecho otros países europeos (por ejemplo, Alemania, Austria o Italia).
ENMIENDA NÚM. 8 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-apartado ocho.
Se propone la modificación del artículo 37.1 con el siguiente tenor:
«Artículo 37.1.
Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a los actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto.»
Sería bueno que el Anteproyecto incorporara una regulación más completa, trasponiendo los términos de la Directiva 2001/29 tal como han hecho otros países europeos (por ejemplo, Alemania, Austria o Italia).
ENMIENDA NÚM. 9 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
Se introduce un nuevo apartado 3 del artículo 37 con la siguiente redacción:
«3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición a personas concretas del público a efectos de investigación o de estudio personal cuando se realice mediante terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia.»
Sería bueno que el Anteproyecto incorporara una regulación más completa, trasponiendo los términos de la Directiva 2001/29 tal como han hecho otros países europeos (por ejemplo Alemania, Austria o Italia).
La Directiva permite adoptar legislativamente esta excepción prevista en su artículo 5.3.n) para fines de investigación o de estudio personal.
El Consejo de Estado repara en la doble finalidad prevista en la Directiva como justificadoras de la excepción de autorización del autor, y en la necesidad de que se transponga para ambas, de manera que debería introducirse a su juicio la finalidad de «estudio personal» en el artículo 37.3 junto con la finalidad investigadora que ya prevé.
ENMIENDA NÚM. 10 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-apartado catorce.
Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 de la siguiente forma:
«3. (primer párrafo igual).
(segundo párrafo): Siempre que no existan las personas a las que se refiere el párrafo anterior o se ignore su paradero la Comunidad Autónoma donde hubiera tenido su última residencia el autor estará legitimada para ejercer los derechos previstos en él.»
El Proyecto de Ley prevé que el autor pueda atribuir testamentariamente a una persona física o jurídica el ejercicio de sus derechos morales, o en su defecto que lo hagan sus herederos. Y completa dicha disposición previendo el supuesto de falta de atribución expresa, para lo cual señala unas determinadas instituciones públicas que podrán ejercer dichos derechos.
A juicio del Consejo de Estado el listado de dichas instituciones resulta demasiado amplio. En este sentido la enmienda pretende acotar las instituciones atribuyendo a la Comunidad Autónoma donde residiera el autor a su fallecimiento el ejercicio de los derechos morales.
ENMIENDA NÚM. 11 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-nuevo apartado.
Ordinal que corresponda. Se modifica el primer párrafo del artículo 142, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 142. Requisitos.
Las entidades legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización de la Comunidad Autónoma competente en la que tengan su domicilio, y habrá de publicarse en el Diario Oficial de la correspondiente Comunidad y en el "Boletín Oficial del Estado"» (resto igual).
ENMIENDA NÚM. 12 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-apartado nuevo.
Ordinal que corresponda. Se modifica el primer párrafo del artículo 144, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 144. Revocación de la autorización.
La autorización podrá ser revocada por la administración autorizante si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de la autorización, o si la entidad de gestión incumpliera gravemente las obligaciones establecidas en este Título. En los tres supuestos deberá mediar un previo apercibimiento del órgano autorizante, que fijará un plazo no inferior a tres meses para la subsanación o corrección de los hechos señalados.
La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su publicación en el diario oficial de la Comunidad Autónoma competente, sin perjuicio de que se proceda, a efectos de publicidad, a su publicación, también, en el "Boletín Oficial del Estado".»
ENMIENDA NÚM. 13 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo único-apartado veintiocho.
Se propone la supresión del artículo 161.4
Parece contradictoria la posible existencia de un canon compatible con la limitación de las copias personales.
La aplicación de medidas tecnológicas anticopia supone «poner vallas al campo» y obviar el cambio de dinámicas en el mercado audiovisual.
ENMIENDA NÚM. 14 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
Ordinal que corresponda. Se modifica el artículo 154 del Texto Refundido (reenumerado implícitamente en el proyecto como artículo 159), que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 154. Facultades de las Comunidades Autónomas competentes.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma donde tenga el domicilio social la entidad gestora, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización regulada en los artículos 143 y 144, la vigilancia, inspección y control sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley.
A estos efectos, la Comunidad Autónoma competente podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos.
2. Las modificaciones de los estatutos de las entidades de gestión, sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicación, una vez aprobadas por su respectiva Asamblea general, deberán someterse a la aprobación de la Comunidad Autónoma competente, que se entenderá concedida, si no se notifica resolución en contrario, en el plazo de tres meses desde su presentación.
3. Las entidades de gestión están obligadas a notificar a la Comunidad Autónoma competente los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, así como los documentos mencionados en el artículo 151 de esta Ley.
4. La Comunidad Autónoma competente deberá comunicar al Estado las autorizaciones, revocaciones y modificaciones estatutarias así como los resultados de las actuaciones de inspección tramitadas ante sus órganos.
El Estado coordinará la información a efectos de facilitar el intercambio de la misma entre las Comunidades Autónomas interesadas.»
La STC 196/1997, de 13 de noviembre, deja la posibilidad de que el legislador estatal opte por diversos mecanismos en cuanto a determinados actos de ejecución de la normativa sobre propiedad intelectual (autorización, revocación, modificaciones estatutarias). Si bien es cierto que la opinión mayoritaria avaló la atribución al Estado de actos de ejecución, en los términos centralizadores previstos en la Ley 22/1987 --persistentes en el actual texto refundido--, deja abierta la puerta a un sistema descentralizado siempre que garantice la no duplicidad de administraciones actuantes sobre las entidades de gestión. En este sentido, el voto particular emitido por Carles Viver puntualiza que el establecimiento de un régimen jurídico unitario de la propiedad intelectual no implica necesariamente que la ejecución de este régimen jurídico deba ser, también, unitaria. Cuando el bloque de constitucionalidad ha establecido, como es el caso, una atribución de la ejecución de la normativa estatal a las CC. AA., debe establecerse un régimen legal que permita esa ejecución descentralizada. Ello, sin perjuicio, de que se arbitren los adecuados sistemas de cooperación y coordinación.
En cuanto a las actuaciones de vigilancia, la STC 196/1997 --esta vez la posición mayoritaria-- estableció que correspondía a las CC. AA., con competencias de ejecución de la legislación estatal en materia de propiedad intelectual las labores de inspección, vigilancia y control de las entidades gestoras de los derechos de propiedad intelectual, por entender que se trataba de funciones sobre actividades regladas que son típicamente ejecutivas. Incomprensiblemente el proyecto que se enmienda no acomoda las previsiones del actual texto refundido al fallo de la STC 196/1997 a pesar del tiempo transcurrido desde su dictado.
Con la enmienda que se presenta se trata, por un lado de dar cumplimiento --como hemos adelantado-- a la STC 196/1997 en cuanto a las actuaciones de vigilancia, inspección y control y, por otro, de adoptar una opción descentralizada de los actos ejecutivos de autorización, revocación y aprobación de modificación de estatutos basada en un punto de conexión claro, cual es el domicilio social, y más acorde con el bloque de constitucionalidad, preservando la coordinación del sistema a cargo del Estado.
ENMIENDA NÚM. 15 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
Se propone añadir una nueva Disposición Adicional que modifique la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente texto:
«Disposición Adicional Primera. Depósito legal.
El depósito legal de las obras de creación tradicionalmente reconocido en España se regirá por las normas reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro por el Gobierno, sin perjuicio de las competencias exclusivas en materia de cultura, patrimonio histórico y de las de ejecución en materia de propiedad intelectual que correspondan a las Comunidades Autónomas.»
La protección del derecho de autor queda suficientemente clarificada en la Directiva 92/100/CEE, del Consejo, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual y en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Las medidas que en tales directivas se contemplan poco tienen que ver con el depósito legal, hasta tal punto que en la última de las normas citadas se separan las disposiciones relativas a tales derechos de autor de las disposiciones relativas a los requisitos sobre depósito legal (artículo 9 de la Directiva 2001/29/CE).
En esta materia, por tanto, debe desligarse la figura del depósito legal de los derechos de autor, tal y como se viene entendiendo a nivel internacional: que esta figura tiene como finalidad la formación bibliográfica de un país, y no tanto la protección de los derechos de propiedad intelectual. Siguiendo esta línea argumental, el depósito legal quedaría ligado al sistema bibliotecario dentro del área de cultura, y en ejercicio de las competencias que la CAPV ostenta en esa materia, tendría capacidad normativa para regular el depósito legal.
El Estado podrá establecer su sistema bibliográfico y las CC. AA. el suyo, para lo que el depósito legal se regulará como instrumento de cada uno de dichos sistemas, permitiendo una regulación autónoma. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre ambos sistemas en aras a una lógica coordinación entre ellos, para lo que además el Estado dispone de la Comisión de Coordinación de los Registros.
ENMIENDA NÚM. 16 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
«Se insta al Gobierno para que convoque, en el plazo de seis meses, las correspondientes Comisiones Mixtas de Transferencias con aquellas Comunidades Autónomas con las que quede pendiente el proceso de transferencia en relación a los Registros territoriales de Propiedad Intelectual a los que se refiere el artículo 139 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.»
Mediante el RD 3069/1980, de 26 de septiembre, la CAPV asumió las competencias que tenían atribuidas las Oficinas Provinciales del Registro de la Propiedad Intelectual, sitas en el País Vasco, si bien los posteriores cambios normativos (acogidos en el actual Texto Refundido) y pronunciamientos del Tribunal Constitucional (STC 196/1997) han supuesto la necesidad de una adecuación de tales funciones, por lo que entendemos necesaria una ampliación de aquellas funciones ya traspasadas.
Muy demostrativo de lo anterior, resulta la Exposición de motivos del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (RD 281/2003, de 7 de marzo) donde se recalca que el Texto Refundido de Propiedad Intelectual, establece un modelo descentralizado constituido por el Registro Central y los registros territoriales creados y gestionados por las Comunidades Autónomas, así como una Comisión de Coordinación de Registros (artículo 139). El Reglamento citado, además prevé con carácter transitorio, en tanto en cuanto todas las CC. AA. no creen su respectivo Registro, que será el Registro Central quien desempeñe las funciones que corresponderá a los Registros territoriales correspondientes cuando se crean. No parece lógico que una disposición de carácter transitorio deba alargarse innecesariamente, por lo que urgen acometer el correspondiente proceso ordinario de transferencias.
En tal sentido, se formula la enmienda dirigida a añadir una nueva Disposición Adicional al Proyecto instando al
Gobierno para que en el plazo de seis meses inicie el proceso de transferencias pendientes en esta materia con aquellas CC. AA. con las que aún no se ha logrado perfeccionar el correspondiente acuerdo de transferencia.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--El Portavoz, José Mendoza Cabrera.
ENMIENDA NÚM. 17 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.4.a).
Suprimir «..., en tanto actúen como distribuidores comerciales...»
Se crea un problema que antes no existía, ya que la mención a los fabricantes en España, en cuanto actúen como distribuidores comerciales, introduce un factor de incertidumbre al no determinarse qué se debe entender por fabricantes que actúen como distribuidores comerciales. De hecho, un fabricante siempre puede negar ser distribuidor, puesto que la labor de tales empresarios es la de poner los productos en los puntos de venta o consumo, lo que no hace un fabricante. ¿Quién resulta obligado al pago de los materiales fabricados en España cuando el distribuidor es distinto del fabricante? ¿O se trata de un matiz temporal y no conceptual salvo en el caso de que algún fabricante actuase única y exclusivamente como maquillador y no introdujese su fabricación en el ciclo comercial?
ENMIENDA NÚM. 18 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.6, apartado 1º.
Añadir al final del apartado primero un nuevo párrafo que rece:
«El inicio del procedimiento al que se refiere este apartado se producirá también a instancia de la entidad o entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual o de las asociaciones sectoriales que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4. Dicha iniciativa podrá tener lugar en cualquier momento habida cuenta la evolución tecnológica».
La iniciativa del proceso debe partir de la notificación y publicación por parte ministerial, bien de oficio, bien a instancia de una o varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual o de las asociaciones representativas de los obligados al pago, habida cuenta la evolución tecnológica. Ello permite que las partes directamente involucradas puedan participar de una manera más efectiva en el proceso, que, además de verse enriquecido y agilizado, se dota de mayor eficacia atendiendo la relación directa entre la actividad de dichas partes en el seguimiento y evolución del progreso tecnológico.
ENMIENDA NÚM. 19 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.6.3º.
Suprimir del texto «...previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios y...»
Se trata de elementos ajenos al proceso, ya que los deudores no son los consumidores sino los referidos en el apartado 4 del artículo. Además, no se especifica si dicha consulta tendría o no carácter vinculante, ni los criterios que deben determinar tal intervención consultiva.
ENMIENDA NÚM. 20 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.6.4ºC).
Sustituir el enunciado por el texto siguiente:
c) «La capacidad máxima de almacenamiento de los soportes materiales habida cuenta del índice de compresión que permiten los equipos.»
Entre los criterios que deben contemplar las partes en la negociación y, en ausencia de acuerdo, la administración, en la letra c) se recoge como criterio la capacidad de almacenamiento, debiendo especificarse que se debe tener en cuenta la capacidad máxima de tal almacenamiento en soportes atendiendo los índices de compresión que los equipos permiten, en cuanto se trata de elementos determinantes del impacto económico que tiene la copia privada digital, que es uno de los elementos por los que la directiva 2001/29/CEE en su considerando treinta y ocho, señala que debe procederse a su adecuación.
ENMIENDA NÚM. 21 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.6.4º.
Añadir un nuevo apartado
«El importe de la compensación se incrementará anualmente en todo caso de acuerdo con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo».
ENMIENDA NÚM. 22 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.12.a)
Suprimir «en tanto actúen como distribuidores...».
Consiste en la eliminación del matiz añadido a los sujetos pasivos fabricantes, en tanto añade que esos fabricantes deben actuar como distribuidores comerciales, y ello por las razones expresadas en la enmienda al artículo 25.4.a).
ENMIENDA NÚM. 23 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.19.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 19:
«Se entenderá que la compensación no ha sido efectivamente satisfecha en aquellos casos en los que, aun figurando la misma aparentemente desglosada y repercutida en factura, el precio del producto, de los equipos, aparatos y soportes materiales --descontada la remuneración--, sea inferior a su precio de fabricación o adquisición».
La intención es impedir el fraude en el pago de la remuneración compensatoria por la copia privada, evitando la práctica consistente en hacer constar y desglosar en la factura, de forma aparente, el importe de la remuneración si bien que con objeto de mantener el precio total que equivalga únicamente al precio real del soporte, equipo o material, se reduce el importe de estos últimos hasta unas cantidades por debajo de los costes de producción o de adquisición de los soportes.
En definitiva, para aparentar el cumplimiento de las obligaciones de desglose y repercusión del derecho, se detrae a efectos exclusivamente formales, del importe real del producto sujeto, el importe teórico de la compensación, se desglosa a efectos formales y el resto se hace constar como precio del producto. De esta manera tratan de evitar que se aplique la presunción contenida en el apartado 19 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
En consecuencia el adquiriente de la mercancía se siente legalmente liberado al constar la remuneración «supuestamente» en la factura, y la responsabilidad en el pago recae sobre proveedores insolventes que no liquidan los derechos a las entidades de gestión sencillamente porque no los han cobrado realmente de los adquirientes de la mercancía.
Todo este procedimiento se efectúa en connivencia entre proveedores y clientes, en perjuicio de los titulares de los derechos, de los competidores leales del mercado y de la Hacienda Pública, que deja de percibir el importe del IVA y otros impuestos.
La extensión de la solidaridad a los adquirientes posteriores en aquellos casos en los que el precio de venta del soporte, incluida la compensación, permita concluir que la remuneración por copia privada no se satisface efectivamente, cerrará definitivamente el paso a este tipo de maniobras fraudulentas.
ENMIENDA NÚM. 24 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25.25.
La propuesta del proyecto es contraria al número 2 del artículo 2 del Código Civil, que determina que las leyes sólo se derogan por otras posteriores.
La regulación básica de la copia para uso privado del copista, efectuada por el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tiene una jerarquía normativa superior a las disposiciones legales emanadas del Gobierno, por lo que en caso de aceptarse la propuesta se podría producir una colisión de normas. De la que no se podrían derivar otros efectos que los previstos en el número 2 del artículo 1, la nulidad absoluta y radical de la norma resultante.
ENMIENDA NÚM. 25 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 31.2.
Suprimir «a partir de un ejemplar adquirido legalmente para su uso privado».
Hablar de «ejemplar adquirido legalmente» puede plantear problemas de interpretación, máxime teniendo en cuenta que en la norma no se exige que dicho ejemplar sea legítimo o verdadero, es decir no falsificado, sino que su adquisición sea legal. Además el concepto de adquisición legal es meramente subjetivo, lo que sin duda ahondará el problema interpretativo.
ENMIENDA NÚM. 26 Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC)
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 122.1.
El apartado 1 del artículo 122 queda redactado en los siguientes términos:
«Corresponde al productor de grabaciones audiovisuales el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de éstas en cualquiera de sus modalidades incluida la puesta a disposición del público de las mismas en la forma prevista por la letra i) del número del artículo 20 de esta Ley.
Cuando la comunicación se realice por cable y en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 20 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en dicho precepto».
En el caso de los artistas, intérpretes o ejecutantes, se modifica el artículo 108.1, que establece expresamente
la comunicación pública de las fijaciones de sus actuaciones mediante la puesta a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2i); es decir, se individualiza expresamente la modalidad de puesta a disposición. Lo mismo se pone de manifiesto respecto de las entidades de radiodifusión, en el punto veinte, para las que se individualiza la puesta a disposición interactiva respecto del derecho de comunicación al público; también se recoge expresamente el derecho de compensación por la puesta a disposición de los autores y el derecho de autorizar la puesta a disposición de los productores de fonogramas.
No se hace lo mismo con los productores audiovisuales, lo que se intenta solventar mediante la propuesta para que el texto recoja de manera expresa el derecho de los productores audiovisuales de autorizar la comunicación pública de sus prestaciones, obras y grabaciones audiovisuales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.
ENMIENDA NÚM. 27 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado II del Preámbulo.
En el párrafo octavo del apartado II, se suprimirá «a partir de la entrada en vigor de la ley», de modo que concluirá en los siguientes términos:
«Por ello, el apartado 5 del vigente artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual sólo será de aplicación a los equipos, aparatos y soportes materiales analógicos.»
En coherencia con el articulado propuesto.
ENMIENDA NÚM. 28 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 2.
La redacción del apartado 2 del artículo 25 será la siguiente:
«2. Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos y que se utilicen para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.»
ENMIENDA NÚM. 29 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Única.
La Disposición quedará redactada en los siguientes términos:
1. El apartado 5 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su disposición adicional tercera, sólo serán de aplicación a los equipos, aparatos y soporte materiales de reproducción analógica.
2. Por lo que se refiere a los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y hasta que se apruebe la Orden Ministerial a que se refiere la regla tercera del apartado 6 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la compensación aplicable será la siguiente:
a) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de obras protegidas:
1.º Escáneres entendidos como equipos monofunción que permitan la reproducción de documentos: 10 euros por unidad.
2.º Equipos multifuncionales de sobremesa (hasta un peso máximo de 17 kilos) con capacidad de hasta 29 copias por minuto, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 16,67 euros por unidad.
3.º 180,30 euros por equipo o aparato multifuncional capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto.
4.º 222,37 euros por equipo o aparato multifuncional capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante.
b) Para equipos o aparatos de reproducción digital de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabación.
c) Para equipos o aparatos de reproducción digital de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabación.
d) Para soportes materiales específicos de reproducción digital sonora; discos o minidiscos compactos para audio y similares, sean o no regrabables: 0,35 euros por hora de grabación o 0,006 euros por minuto de grabación.
e) Para soportes materiales específicos de reproducción digital visual o audiovisual: discos versátiles para video y similares, sean o no regrabables: 0,070 euros por hora de grabación o 0,011667 euros por minuto de grabación.
f) Para soportes materiales de reproducción mixta, sonora y visual o audiovisual.» (...).
a) Precisar que es el resultado el que debe ser digital, no el instrumento utilizado para la reproducción.
b) Evitar la litigiosidad retrospectiva.
c) Transcribir el acuerdo ya firmado, y al que ahora se alude en su literalidad. No es una solución correcta pero si se mantuviere esa opción no debería estar sujeta a modificaciones.
ENMIENDA NÚM. 30 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
Se sustituye el primer párrafo, manteniéndose el segundo, por el siguiente:
«Disposición Adicional Primera. Medidas tecnológicas y límite de copia privada.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para la revisión de la regulación del límite de copia privada en atención a la posible evolución tecnológica que permita fijar unos criterios de medición y evaluación del impacto de las copias digitales en los derechos de propiedad intelectual. (Segundo Párrafo)»
El Gobierno no puede modificar una ley mediante Real Decreto como se dice en la Disposición Adicional Primera del Proyecto de ley. De conformidad con el informe del Consejo de Estado.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 29 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--El Portavoz, Carles Josep Bonet i Revés.
ENMIENDA NÚM. 31 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, punto 2.
Del artículo 25.2.
«2. Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos y que se utilicen preferentemente para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.»
El requisito de que los equipos, aparatos o soportes se «utilicen preferentemente» es necesario para evitar una expansión
excesiva de la aplicación de la compensación por copia privada a dispositivos cuya finalidad principal es distinta a la de producir o almacenar copias privadas de obras.
La extensión del canon al ámbito digital, generalizada tras los acuerdos, forzados por diversas sentencias judiciales, entre las entidades de gestión con ASIMELEC de 2003, ha supuesto ya un incremento vertiginoso de los ingresos en concepto de canon por parte de dichas entidades de gestión. En este sentido, mientras que no hay dato alguno que avale un incremento en la tendencia de los usuarios a hacer copias privadas, se ha detectado que los ingresos por canon han pasado de 28 millones de euros en 1995 (entre 30 y 40 millones entre 1996 y 2002) a situarse en cerca de 92 millones de euros en 2004 (Fuente: Ministerio de Cultura), registrándose una tendencia de incremento casi exponencial de dichos ingresos para el futuro próximo.
Con ello, cada ciudadano español (niños, adultos y ancianos) ha pasado de pagar anualmente alrededor de 70 céntimos de euro en el período 1995 a 2002 a pagar más de 2 euros en el año 2004 para compensar a los titulares de los derechos por los perjuicios (ventas de menos originales) que les ha ocasionado la copia de obras para uso personal (copia privada) (la piratería no puede ser compensada mediante este mecanismo).
Además, según datos de BSA y Rightscom la parte de dichos ingresos correspondiente a soportes digitales ha pasado de 12 millones de euros en 2002 a 59 millones en 2004, estimándose que subirán hasta los 83 millones de euros en 2006, suponiendo, por tanto, una subida cercana al 700 % en 4 años.
En contraposición con lo anterior, debe tenerse claro que el sistema de compensación establecido lo es únicamente para compensar los perjuicios causados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por los originales que dejan de venderse con motivo de la realización de copias privadas legales por parte de los ciudadanos (coche, segunda residencia, copia de seguridad, etc.) con un alcance que, aunque no disponemos de datos, se percibe como muy limitado en la práctica. Esta percepción del limitado daño que causa la copia privada a los titulares de derechos contrapuesto con el fuerte incremento de la recaudación de las entidades de gestión por este concepto (que han agotado al máximo las posibilidades que les abre la regulación) es el motivo por lo que se ha etiquetado este sistema de compensación como un medio de enriquecimiento injusto por parte de los titulares de derechos.
Asimismo, debe evitarse la tendencia de que el canon sirva en la práctica de medio para resarcir a la industria cultural por las pérdidas causadas por la piratería, confundiendo con ello asuntos claramente distintos.
Debe recordarse que el «canon» está vinculado a la copia privada, que es una posibilidad amparada legalmente, y no a la copia fraudulenta (o «pirata»), que se combate por otros medios en tanto que delito.
La «utilización preferente» constituye un requisito que es evaluable empíricamente y que puede ser fijado en el curso de la elaboración de las sucesivas Ordenes Ministeriales conjuntas de los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio en las que se fijarán en el futuro los equipos, aparatos y soportes sometidos al canon y los correspondientes importes del mismo.
ENMIENDA NÚM. 32 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, punto 3.
Del Artículo Cuatro.
El punto 3 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los programas de ordenador ni a los equipos y soportes en los que se fijen dichos programas tanto para su comercialización, venta y distribución como para su funcionamiento práctico, así como tampoco a los equipos y soportes necesarios para llevar a cabo las correspondientes copias de respaldo y de seguridad, así como tampoco a los resultados prácticos de dichos programas y a los soportes en que se fijan tales resultados, ya sean definitivos o provisionales.»
Evitar que se aplique el canon por copia privada a equipos y soportes no destinados a realizar ni almacenar dichas copias.
ENMIENDA NÚM. 33 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 5.
Se modifica el apartado 5 del artículo 25 y se le da la siguiente redacción:
«Artículo 25. Derecho de compensación equitativa por copia privada.
a) Para equipos o aparatos de reproducción de libros:
1.° 45,08 euros por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto.»
El criterio general de tarificación se ha actualizado a euros a excepción de este primero que tendría que ser de 45,08 euros (7.500 ptas.) y no 16,67 euros. No sabemos el motivo de este descenso.
ENMIENDA NÚM. 34 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, punto 6.
El punto 6 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
«6. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor será el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas:
1.ª Con carácter bienal, a partir de la última revisión administrativa, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" y comunicarán a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, a las asociaciones sectoriales, identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4, así como a las asociaciones sectoriales de usuarios de tales equipos, aparatos y soportes digitales presentes en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el inicio del procedimiento para la determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago por el derecho de compensación equitativa por copia privada, así como para la determinación, en su caso, de las cantidades que los deudores deberán abonar por este concepto a los acreedores.
La periodicidad bienal de las revisiones administrativas a las que se refiere el párrafo anterior podrá reducirse mediante acuerdo de los dos ministerios citados. Dicha modificación deberá tener en cuenta la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado y requerirá el previo visto bueno del Consejo de Consumidores y Usuarios y del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.»
Las asociaciones de usuarios también deben ser consideradas en el procedimiento para la determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al canon, así como para la determinación de su cuantía.
ENMIENDA NÚM. 35 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 6.1.
Se modifica el apartado 6.1 del artículo 25 que quedará redactado como sigue:
6. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales el importe de la compensación
que deberá satisfacer cada deudor será el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas:
1.ª Con carácter bienal, a partir de la última revisión administrativa, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y comunicarán a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, a las asociaciones sectoriales, identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4, a las comunidades autónomas con competencias en la materia y a las asociaciones de consumidores mayoritariamente representativas de ámbito estatal y autonómico, el inicio del procedimiento para la determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago por el derecho de compensación equitativa por copia privada, así como para la determinación, en su caso, de las cantidades que los deudores deberán abonar por este concepto a los acreedores.
La periodicidad bienal de las revisiones administrativas a las que se refiere el párrafo anterior podrá reducirse mediante acuerdo de los dos ministerios citados.
Dicha modificación deberá tener en cuenta la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado.»
Este articulado hace referencia a la forma en que se determinará el canon a aplicar. Recordemos que en estos momentos se aplica un canon fruto del acuerdo probado entre las entidades de gestión de derechos y los fabricantes y distribuidores de soportes. Precisamente se ha criticado y mucho, el hecho que no fuera la administración quien fijase estos importes y lo dejara en manos privadas su fijación, cuando es una cantidad que acaban pagando los consumidores. El redactado que se propone por el Gobierno navega entre dos aguas. Se otorga la decisión final pero después de dejar que las entidades de gestión de derechos y los fabricantes expresen su voluntad. De entrada se dejan fuera a los consumidores quien en último extremo son los que pagan el canon y sólo tienen derecho de recibir comunicación de la decisión final de la administración a través del Consejo de Consumidores y Usuarios. Sería necesario establecer un sistema en que los usuarios formen parte de la mesa de negociación.
ENMIENDA NÚM. 36 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 6.3.
Se modifica el apartado 6.3 del artículo 25 que quedará redactado como sigue:
6. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor será el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas:
3.ª Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses contado desde la comunicación o desde el agotamiento del plazo referidos en la regla anterior, establecerán, mediante orden conjunta, la relación de equipos, aparatos y soportes materiales, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y, en su caso, la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción, previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios, previo informe de las comunidades autónomas con competencia en la materia y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. Dicha orden ministerial conjunta tendrá que ser motivada en el caso de que su contenido difiera del acuerdo al que hayan llegado las partes negociadoras. En tanto no se apruebe esta orden ministerial, se prorrogará la vigencia de la anterior.»
Este articulado hace referencia a la forma en que se determinará el canon a aplicar. Recordemos que en estos momentos se aplica un canon fruto del acuerdo probado entre las entidades de gestión de derechos y los fabricantes y distribuidores de soportes. Precisamente se ha criticado y mucho, el hecho que no fuera la administración quien fijase estos importes y lo dejara en manos privadas su fijación, cuando es una cantidad que acaban pagando los consumidores. El redactado que se propone por el Gobierno navega entre dos aguas. Se otorga la decisión final pero después de dejar que las entidades de gestión de derechos y los fabricantes expresen su voluntad. De entrada se dejan fuera a los consumidores quienes en último extremo son los que pagan el canon y sólo tienen derecho de recibir comunicación de la decisión final de la administración a través del Consejo de Consumidores y Usuarios. Sería necesario establecer un sistema en que los usuarios formen parte de la mesa de negociación.
ENMIENDA NÚM. 37 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 6.4.
Se añade la letra g) al 6.4 del artículo 25 con la siguiente redacción:
«4.ª Las partes negociadoras dentro del proceso de negociación y, en todo caso, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos de aprobación de la orden conjunta a que se refiere la regla anterior, deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
g) La necesidad de fomentar el acceso y difusión de la cultura y la información.»
Se ha añadido un nuevo criterio que el Gobierno debería considerar a la hora de determinar la cantidad del canon, y es el hecho de que es necesario fomentar el acceso y difusión a la cultura y a la información.
Es claro que un canon excesivamente elevado sería en detrimento de este fomento.
ENMIENDA NÚM. 38 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, punto 7.b.
Artículo 25.7.B
«b) Los discos duros de ordenador, así como los demás dispositivos integrados en los ordenadores, en los términos que se definan en la orden ministerial conjunta que se contempla en el anterior apartado 6.»
Esta enmienda («así como los demás dispositivos integrados en los ordenadores») tiene por finalidad evitar que los ordenadores, pieza fundamental para la modernización de la actividad productiva del país ajena a la copia privada, sean gravados a través de los dispositivos integrados en ellos, como grabadores de CDs o DVDs, cuya finalidad principal no es la copia privada de obras protegidas, por lo que debe establecerse la exención expresa de los mismos.
Por su parte, se considera que el inciso final incluido en el Pleno del Congreso («sin que en ningún caso pueda extenderse esta exclusión a otros dispositivos de almacenamiento o reproducción») es contrario a lo expresado en el párrafo anterior, por lo que debe ser eliminado.
ENMIENDA NÚM. 39 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, punto 7.
La letra d) del punto 7 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
«7.d) Quedan exceptuadas todas las personas jurídicas al estar excluidas de la posibilidad de ejercitar el derecho de copia privada, así como todas las empresas y profesionales de software y demás actividades relacionadas con la Sociedad de la Información a que se refiere el apartado 3 de este mismo artículo; asimismo, todas las personas físicas siempre que vayan a hacer uso de tales equipos y soportes para guardar sus archivos personales y profesionales para lo que bastará su declaración personal expresa al tiempo de su adquisición, declaración que exonerará al deudor de toda responsabilidad ante el acreedor. El Gobierno, mediante real decreto, podrá establecer otras excepciones al pago de este derecho cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales tampoco sea la reproducción prevista en el artículo 31.2, a cuyo efecto deberá obtener el visto bueno previo del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y del Consejo de Consumidores y Usuarios.»
Evitar la aplicación indiscriminada del canon.
ENMIENDA NÚM. 40 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 7.
Se modifica la letra d) del apartado 7 del artículo 25, que pasará a tener la siguiente redacción:
d) Quedarán exentos del pago de este derecho todos aquellos compradores que acrediten suficientemente que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2, en particular, empresas, instituciones, administraciones públicas y trabajadores autónomos la actividad de los cuales requiera la utilización habitual de dichos equipos, aparatos o soportales materiales.»
Uno de los aspectos más polémicos de la actual aplicación del canon es que su aplicación es indiscriminada. Lo paga todo el mundo, lo utilice para hacer copias privadas de material protegido o no. Este artículo permitiría que empresas, instituciones, administraciones, trabajadores autónomos pudieran comprar estos materiales sin abonar el canon porque se supone que lo necesitan para hacer copias de la información que generan (datos informáticos, documentos de trabajo, copias de seguridad, etc.).
ENMIENDA NÚM. 41 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
Se añade una letra e) del apartado 7 del artículo 25, que pasará a tener la siguiente redacción:
«Las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias declaradas de utilidad pública, por las adquisiciones de equipos, aparatos o materiales de reproducción sonora, visual o audiovisual descritos en los puntos 5 y 6 anteriores, destinados a los centros de producción de material para sus afiliados, asociados y beneficiarios con discapacidad.»
La reproducción de obras por parte de las organizaciones de personas con discapacidad no tiene como fin el sustituir su compra, sino el facilitar a las personas con discapacidad el acceso a la cultura, que de no ser así estaría vedada para ellos. Con la introducción de la exención para estas organizaciones el pago del canon correspondiente, se lograría un tratamiento homogéneo en cuanto a la utilización de obras para el uso de las personas con discapacidad, lográndose una discriminación positiva en atención a las especiales características de estos ciudadanos.
ENMIENDA NÚM. 42 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, apartado 8.
Se añade al apartado 8 del artículo 25 lo siguiente:
«8. El derecho de compensación a que se refiere el apartado 1 se hará efectivo a través de entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con los siguientes principios:
a) Los criterios de reparto serán proporcionales al porcentaje de copias que en cada momento se realicen de cada tipo de obras. Se elaborarán en base a estudios estadísticos y de mercado que analicen la práctica de copias y se aprobarán bianualmente por los órganos correspondientes de las entidades de gestión. Con posterioridad, para comprobar su aplicación equitativa, serán sometidos al Ministerio de Cultura u órgano de la comunidad autónoma competente, al que se acompañará los estudios previos realizados.
b) Anualmente se remitirá al Ministerio de Cultura u otro órgano competente la auditoria del reparto realizado.
c) Las entidades de gestión deberán repartir este entre sus socios, dando cabida también a los autores que, aun no
siéndolo, tengan derecho a él, a través de ellos o sus representantes.»
La modificación de este artículo deja abierta la posibilidad de intervención de las comunidades autónomas con competencia en esta materia y también abre la puerta a que tengan acceso al repartimiento de autores que, a pesar de que no ceden los derechos de gestión colectiva a la entidad, tiene derecho a cobrar el canon, cosa que hasta el momento no era posible. Ahora, los autores pueden optar por gestionarse sus derechos colectivos y si no lo hacen se les impide de tener derecho al canon. No tiene ninguna relación con la gestión colectiva. También se instaura un control público a los criterios de repartimiento a fin de que no se puedan producir abusos en repartirse de forma poco objetiva.
Esta modificación permitiría la entrada de los autores no incluidos en las entidades de gestión, harían un control público de los repartos que tendrían que justificar la equidad.
También se introduce la mención a las CC. AA. como a competentes y un control auditado del reparto efectivo.
ENMIENDA NÚM. 43 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 25, nuevo apartado 26.
Se añade un nuevo apartado 26 al artículo 25 de la ley, con la siguiente redacción:
26) Los consumidores tendrán que poder tener constancia en la adquisición de productos del importe del canon que se incluye en el precio.»
La mayoría de veces, el consumidor no es consciente de lo que está pagando en concepto de canon ya que se acostumbra a incluir este importe en el importe total del producto. Pedagogía en positivo es necesario que el importe del canon quede desglosado del importe del producto que adquiere el consumidor. Esta información puede ser de utilidad también para empresas, instituciones, ... etc., para solicitar la devolución del canon atendiendo que no realizan copias privadas.
ENMIENDA NÚM. 44 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 31 bis, apartado 2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 31 bis, que quedará redactado como sigue:
«2. Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que carezcan de finalidad lucrativa, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que esta exige.»
No es suficiente con preservar los derechos de las obras. El término «guardan una relación directa con la discapacidad de que se trate» puede contribuir a interpretaciones alejadas del objetivo final de facilitar el acceso a la cultura y a la información a quienes tienen más dificultades.
ENMIENDA NÚM. 45 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 32, apartado uno.
Se modifica el segundo párrafo del apartado uno del artículo 32 de la ley, que quedará redactado como sigue:
Las recopilaciones parciales de artículos efectuadas en forma de reseñas de prensa tendrán la consideración de
citas. No tendrán tal consideración las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción, cuando dicha actividad se realice con fines colectivos o lucrativos. No obstante, se podrán reproducir informaciones de prensa escritas o gráficas en recopilaciones de prensa, sin perjuicio del pago a las correspondientes entidades de gestión de los cánones que correspondan, en contraprestación de los derechos de los autores de las obras reproducidas.»
El apartado segundo restringe la posibilidad de hacer reseñas de prensa y recopilaciones como las citadas empresas «clipping» que faciliten las informaciones aparecidas sobre un determinado tema a la prensa. Ahora se podría hacer sin ninguna compensación.
Creemos que dentro del espíritu de la LPI de establecer un equilibrio entre el derecho a la información y el de los autores, se debe precisar en primer lugar que se consideran citas las reproducciones en reseñas de prensa, siempre que sean parciales, ya que si no sería contradictorio con el concepto de cita establecido en el párrafo primero de este apartado 32.1. Esto es lo que encontramos en la prensa que da fragmentos de editoriales de otros periódicos.
En segundo lugar, el segundo punto y aparte excluye de este concepto las recopilaciones. No entendemos que deba de ser sólo en el caso que se haga con finalidad comercial, sino que de acuerdo con un concepto más amplio ligado a la definición de copia privada del artículo 31.2, se debe citar que la finalidad de la reproducción no tenga ni uso lucrativo en general ni tampoco colectivo.
En tercer lugar entendemos que el papel de las empresas que realizan recopilaciones de informaciones aparecidas en la prensa es un medio de distribución de las informaciones complementarías de la prensa que es necesario que sigan existiendo. Si se plantea el hecho de tener una autorización de todos los autores de los artículos para publicarlos, como se desprende del actual redactado, los haría inviables. Por esto se propone que recogiendo el papel de las entidades de gestión previstas en la ley como gestores de derechos colectivos, y teniendo en consideración la excepción en relación a la prensa establecida en el artículo 33.1, entendemos que se ha de establecer un derecho de uso, sin perjuicio del pago de un canon para los derechos de autores de las obras utilizadas, considerando este como a un derecho colectivo y por esto se considera un canon a pagar a través de las correspondientes entidades profesionales de la prensa que se deberán constituir a partir de las organizaciones profesionales existentes.
ENMIENDA NÚM. 46 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 32, apartado segundo.
Se modifica el apartado segundo del artículo 32, que quedará redactado como sigue:
«2. No necesitará autorización del autor los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras cuando tales actos tengan únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, en la medida justificada por la finalidad no lucrativa perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.»
Uno de los problemas mas evidentes en el ámbito de la docencia e investigación es la necesidad de poder efectuar determinados actos actualmente no permitidos sin autorización como son «comunicar» públicamente una obra a clase (una canción, una película, etc.). La directiva comunitaria permite esta excepción (art. 5.3.a) en términos mucho más amplios de los propuestos en el texto del Gobierno. De entrada limita al «profesorado», ignorando que los alumnos cada vez más han de exponer sus trabajos en clase y por tanto pueden necesitar también de realizar un acto de «comunicación pública» de alguna obra para ilustrar su trabajo. Recordemos que tanto la reforma educativa en la enseñanza secundaria como en los nuevos planes de estudio que se preparan a través de la declaración de Bolonia en ámbito universitario piden que cada vez más el alumno utilice mucho más las fuentes bibliográficas existentes en detrimento del sistema clásico de apuntes. Es necesario, pues, facilitar la utilización de estas obras. También encontramos que en el ámbito universitario imparten clases miembros del personal de administración y servicios (que no son propiamente profesorado pero que participan en el desarrollo de las clases): bibliotecarios, técnicos de laboratorio, técnicos de informática, etc. Que no quedarían amparados por el actual redactado.
El redactado original hace mención a los «fragmentos» de obras, limitación que parece exagerada si tenemos presente que nos estamos refiriendo sólo al ámbito educativo. No quedaría cubierto con el redactado actual es el visionado completo en una clase de una película o un documental que ilustre un tema de estudio. El caso es aún más grave si hablamos de los documentales porque es claro que si se compra un documental en una institución docente es precisamente para verlo en clase. Igualmente pasa con la audición de obras en las clases de los conservatorios o en una clase de idiomas.
Se exceptúan además los «libros de texto y manuales universitarios», lo que parece absurdo y fruto sólo de la presión del CEDRO. De entrada se hace difícil determinar que
es un «manual». De acuerdo con la teoría biblioteconómica un manual es aquella obra de referencia que explica los principales aspectos de una materia determinada o que está diseñada de manera que facilita un acceso rápido a la información (presencia de sumarios, índices etc.). No obstante creemos que para los editores un manual es cualquier libro donde aparezca la palabra «manual» o cualquier libro general sobre una especialidad concreta. Es decir, la práctica totalidad de los documentos que se utilizan habitualmente en clase, con lo cual se anula la excepción.
Las últimas frases del redactado «No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo» parecen dirigidas directamente a impedir que un profesor de arte enseñe a sus alumnos imágenes de las obras a estudiar. Nos podríamos preguntar entonces cómo se pretende que se haga clase. Pddo cada vez que se hace la misma? La aprobación de este artículo tal y como está redactado es un freno a la actividad docente porque si cada vez que se realiza fuese necesario solicitar la autorización correspondiente sencillamente se regresaría al sistema de apuntes.
ENMIENDA NÚM. 47 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 37, apartado 1.
Se adiciona un nuevo apartado al artículo único de la ley.
El apartado 1 del artículo 37 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 37. Libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones.
1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación, conservación o estudio personal.»
Sería necesario añadir a los usos de la investigación los de conservación. Ésta es una larga reivindicación del colectivo bibliotecario, especialmente entre las bibliotecas que tienen fondos antiguos, ya que la copia para conservación es el objetivo básico y no siempre queda claro el alcance del concepto «investigación». Igualmente sería necesario «cubrir» las copias que los usuarios no investigadores (alumnos, etc.) piden a las bibliotecas y que no se pueden incluir bajo el concepto investigación, ya que una lectura restrictiva solo incluye a los investigadores.
ENMIENDA NÚM. 48 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 37, apartado 3.
Se modifica el apartado 3 del artículo 37, que tendrá la siguiente redacción:
«3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición a personas concretas del público a efectos de investigación o de actividad educativa, cuando se realice a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia.»
La directiva comunitaria permite una excepción (art. 5.3.n) que haría que bibliotecas, museos, archivos, etc., pusieran a disposición de los ciudadanos importantes fondos digitalizados. Muy a pesar nuestro, el redactado propuesto restringe tanto la excepción que la vacía de contenido.
De entrada habla sólo a «efectos de investigación» olvidando del todo el trabajo docente y las necesidades que tienen los alumnos, por lo que es dable añadir el uso para el estudio personal. Después el redactado habla de una red cerrada e interna de terminales especializados instalados a tal efecto, definición que entendemos corresponden a una intranet. Si lo que se pretende es que sólo se pueda ver a través de un simple PC de consulta «local» e in situ, no era necesario este artículo porque actualmente esto ya era permitido. Se habla de una «red cerrada e interna» ¿en relación a qué? ¿Red cerrada de la universidad? ¿De la Biblioteca? Actualmente las bibliotecas no son centros aislados sino que trabajan en red conectadas a un servidor. De otro lado se piden «terminales especializados instalados a tal
efecto». Quiere decir que es necesario incrementar el parqué informático para poner ordenadores que sólo servirán para consultar este tipo de fondos? Es un derroche de dinero absurdo.
ENMIENDA NÚM. 49 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a un nuevo artículo 40 bis, 2º.
Treinta. Se añade un nuevo artículo 40 bis 2.°
«Las obras consideradas obras huérfanas, aquellas de las que no que ha resultado posible localizar los titulares de los derechos de explotación después de una búsqueda legítima, podrán ser utilizadas sin autorización previa de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente.»
Se debe dar respuesta al vacío que supone no tratar las obras huérfanas.
Se cree conveniente la inclusión de este artículo.
ENMIENDA NÚM. 50 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 52, nuevo apartado al artículo único.
Se añade un nuevo apartado al artículo único por el que se modifica el artículo 52 que quedará redactado como sigue:
(...) «Artículo 52. Transmisión de derechos para publicaciones periódicas.
Salvo estipulación en contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación en la que se hayan insertado. En ningún caso podrá negársele que difunda una versión electrónica de la obra publicada a través de su página web personal o de la página web de la institución en la que trabaja, especialmente en los casos de publicaciones científicas y técnicas.
La remuneración del autor de las referidas obras podrá consistir en un tanto alzado.»
Uno de los problemas de acceso a la información científica y técnica es el alto precio de las revistas científicas y técnicas. La mayoría de las veces los autores no reciben ninguna compensación por sus artículos, e incluso, muchas veces han de pagar para poder publicar sus trabajos. El alto coste de la suscripción de este tipo de revistas hace que muchas instituciones no puedan facilitar a sus usuarios el acceso a la información científica y técnica puntera.
Una solución que se está adoptando es que los autores coloquen en las webs personales o de las instituciones para las que trabajan sus trabajos.
Estas iniciativas chocan con obstáculos derivados del hecho que las editoriales obliguen a los autores a trasferirles todos los derechos de explotación, con lo cual no es posible hacer difusión del artículo publicado sin la autorización de la revista. Con esta enmienda se facilitaría la difusión de la información científica y técnica sin causar perjuicios a los editores de revistas.
ENMIENDA NÚM. 51 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 157.
Treinta. Se añade un nuevo apartado d) al artículo 157.
«A eximir del pago de la tarifa correspondiente para aquellos usos en situaciones concretas en que los titulares de los derechos de explotación así lo soliciten, en especial en actos benéficos, culturales, de promoción de la obras, actos sin taquilla o con una recaudación inferior a lo mínimo para cubrir los gastos de la organización.»
ENMIENDA NÚM. 52 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 159.
Se añade un nuevo apartado al artículo único de la ley por el que se modifica el artículo 159 que quedará redactado como sigue:
(...) «Artículo 159. Facultades del Ministerio de Cultura y de las Comunidades Autónomas
1. Corresponde al Ministerio de Cultura, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización regulada en los artículos 148 y 149, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley será ejercida por las Comunidades Autónomas sobre las entidades que actúen mayoritariamente en sus respectivos territorios o bien tengan su domicilio en dicha comunidad.
A estos efectos, el Ministerio de Cultura podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorias y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos. la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley. Dicha facultad será ejercida por las Comunidades Autónomas sobre las entidades que actúen mayoritariamente en sus respectivos territorios o bien tengan su domicilio en dicha comunidad.
3. Las entidades de gestión están obligadas a notificar al Ministerio de Cultura los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, así como los documentos mencionados en el artículo 156 de esta Ley. Dicha facultad será ejercida por las Comunidades Autónomas sobre las entidades que actúen mayoritariamente en sus respectivos territorios o bien tengan su domicilio en dicha comunidad.» JUSTIFICACIÓN
La sentencia 196/1997, de 13 de noviembre de 1997, del Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional algunos párrafos del actual redactado de la ley y hasta hoy no se ha modificado la normativa. Los gobiernos catalán y vasco interpusieron sendos recursos por invasión de competencias. En lo que respecta a la autorización y revocación de las entidades de gestión, el TC sostiene que es competencia del Estado, pero en lo que respecta a la vigilancia y supervisión de las entidades, esta competencia se atribuye en exclusiva a las CAAA (fundamento jurídico núm.
11 B de la sentencia).
ENMIENDA NÚM. 53 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 161.
Se suprime el artículo 161.
Éste es uno de los artículos que más hace peligrar la copia privada. Este proyecto de ley no sólo legitima el canon y las cantidades que hasta la fecha se están cobrando sino que también permitirá limitar el número de copias que se pueden hacer de una obra.
Es decir, el usuario pagará un canon en concepto de copia privada y al mismo usuario le venderán un CD que permitirá hacer un mínimo de tres copias, es decir que será el máximo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Una vez se hayan hecho las copias permitidas por el editor, el usuario quedará exento de pagar el canon? No podemos aceptar una limitación en el número de copias para uso privado que se puedan hacer de una obra. Esto tiene otras consecuencias.
Imaginemos un CD de una biblioteca del que los usuarios ya hayan realizado las copias permitidas ... si algún día la biblioteca necesita hacer las copias ya no le será posible con los graves perjuicios para sus trabajos.
ENMIENDA NÚM. 54 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 161, apartado 2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 161, que quedará redactado como sigue:
«2. Cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no hayan adoptado medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, para el cumplimiento del deber previsto en el apartado anterior, los beneficiarios de dichos límites podrán acudir ante la jurisdicción civil o la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.»
La ley permite que los productores incluyan medidas tecnológicas para evitar determinados usos de sus obras, pero como existen unas limitaciones a partir de las cuales, los pueden hacer determinados actos copia privada, copia a bibliotecas, etc.), los productores deberían de desbloquear estas medidas. Ahora bien, si para cualquier motivo el productor no lo hace, el usuario sólo tiene la solución de pedirlo con el consecuente coste que ello supone. Sería necesario articular un procedimiento que permitiera tramitar las posibles reclamaciones de una forma rápida y barata, como podría ser a través de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.
ENMIENDA NÚM. 55 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.
Se suprime la Disposición adicional primera.
La STC 196/1997 estimó parcialmente los recursos de inconstitucionalidad 256/1988 y 264/1998 que presentaron los gobiernos de Catalunya y País Vasco. Sorprende que se haga referencia a las competencias exclusivas del Estado en materia de PI.
ENMIENDA NÚM. 56 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.
Disposición transitoria única 1.a) 1.º
1.º Escáneres (equipos monofunción que permitan la reproducción de documentos) [...]»
Al modificarse el punto 1.º de la letra a) de este apartado 1, se vuelve al literal del acuerdo entre ASIMELEC y CEDRO, con el fin de evitar que este canon se extienda a las impresoras. Para ello debe eliminarse la conjunción «o» e incluir la referencia a «equipos monofunción que permitan la reproducción de documentos» entre paréntesis.
ENMIENDA NÚM. 57 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única, apartado segundo.
Se modifica el apartado segundo de la disposición transitoria única que tendrá el siguiente redactado:
«2. Por lo que se refiere a los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales, de acuerdo con la regla 3.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Cultura iniciará, en el término de 3 meses a partir de la publicación de la ley, el proceso de establecimiento de importes de los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales.»
Las tarifas que expresa este proyecto son exactamente las mismas que acordaron de forma privada las entidades de gestión de derechos y los fabricantes de soportes. Éstas
son las tarifas que se han criticado por abusivas y que se sitúan en la zona alta de la media europea.
Es del todo inadmisible que se dé legitimidad a este acuerdo privado que no contó ni tan siquiera con la opinión de las asociaciones de consumidores, internautas e incluso ni con la intervención de la administración.
ENMIENDA NÚM. 58 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
La Disposición transitoria única quedaría redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria única. Compensación equitativa por copia privada.
1. A partir de la entrada en vigor de esta ley, el apartado 5 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su disposición adicional tercera sólo serán de aplicación a los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción analógicos.
2. Por lo que se refiere a los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales, y hasta que se apruebe la orden ministerial a que se refiere la regla 3ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la compensación aplicable será la siguiente:
a) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros:
1.º Escáneres o equipos monofunción que permitan la digitalización de documentos: exentos.
2.º Equipos multifuncionales capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: exentos.
b) Para equipos o aparatos digitales específicos de reproducción de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabación.
c) Para equipos o aparatos digitales específicos de reproducción de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabación.
d) Para soportes materiales digitales específicos de reproducción sonora: discos o minidiscos compactos para audio, sean o no regrabables: 0,05 euros por hora de grabación.
e) Para soportes materiales digitales específicos de reproducción visual o audiovisual: discos versátiles para vídeo, sean o no regrabables: 0,30 euros por hora de grabación. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale a 4,7 gigabites.
1.º Discos compactos, sean o no regrabables: exentos.
2.º Discos versátiles, sean o no regrabables: exentos.
3.º A los efectos de su posterior distribución entre los distintos acreedores las cantidades a que se refieren los párrafos 1.º y 2.º se considerará que: en los discos compactos el 60 por ciento corresponde a reproducción sonora y un 40 por ciento a reproducción visual o audiovisual, y en los discos versátiles el 3,43 por ciento corresponde a reproducción sonora y el 96,57 por ciento corresponde a reproducción visual o audiovisual.
3. Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio iniciarán las actuaciones previstas en la regla 1.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un mes contado desde la entrada en vigor de esta ley.»
Evitar la aplicación indiscriminada del canon fijado en unos acuerdos privados.
ENMIENDA NÚM. 59 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado 4º, de la letra f) del apartado 2.
Se adiciona el apartado 4.° de la letra f) del apartado 2, con el siguiente redactado:
«4.° Las cantidades expresadas incluyen el Impuesto de Valor Añadido.»
A las cantidades que se están cobrando de canon, se les suma el IVA, ya que normalmente se cobra el producto y el canon bajo el mismo concepto.
Si se considera que no se debe añadir el IVA a estas cantidades, se podría rebajar de entrada un 16 por 100 el coste del canon para el usuario final.
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--Eduardo Cuenca Cañizares.
ENMIENDA NÚM. 60 De don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo cuatro del Proyecto, que modifica el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
«Cuatro. El artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
Se considera necesario eliminar la condición que el Proyecto pretende introducir en el artículo 25.4 a) del TRLPI, relativa a la actuación necesaria como distribuidores comerciales de los fabricantes de equipos, aparatos y soportes materiales, para que puedan ser considerados deudores de la remuneración.
Este requisito añadido por el Proyecto de Ley, respecto a los fabricantes de equipos, aparatos y soportes materiales, carece de sentido a la luz del vigente artículo 25 y del resto del articulado del propio Proyecto, que determinan la sujeción al pago de los equipos, aparatos y soportes cuyo destino sea la «distribución comercial» dentro del territorio nacional o la «utilización» en el mismo.
Así, esta adición no aclara ni añade nada a la Ley, sino que suscita numerosos interrogantes en cuanto a la verdadera pretensión perseguida por el legislador. Cualquier indagación sobre la misma nos conduce a la conclusión de que la misma es innecesaria: así si la pretensión es la de exigir la doble condición de fabricante y distribuidor comercial, carece de sentido hacer referencia de manera diferenciada a los distribuidores, mayoristas y minoristas, prevista en el segundo párrafo de este apartado 4º a) del artículo 25; si, por el contrario, lo que se pretende es excluir los equipos, soportes o materiales fabricados en España que sean distribuidos o utilizados en otro país, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 25, queda excluida del pago la producción que el fabricante destine fuera del territorio español.
Mantener la redacción propuesta, sin embargo, sólo contribuye a crear mayor confusión y dificultades añadidas a las facultades de inspección de las entidades de gestión, ya que tendrían que enfrentarse a posibles interpretaciones torticeras de los fabricantes que, con el fin de sortear el pago de la remuneración, escudándose en la condición de fabricante no distribuidor comercial, se negasen a facilitar sus datos y al pago de la compensación aun cuando el destino de los equipos, soportes y materiales fuese efectivamente la distribución o utilización en nuestro país.
ENMIENDA NÚM. 61 De don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo cuatro del Proyecto, que modifica el artículo 25.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
6. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales el importe de la remuneración que deberá satisfacer cada deudor será el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas:
1.º Con carácter bienal, a partir de la última revisión administrativa, los Ministerios de Cultura y de Industria,
Turismo y Comercio publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" y comunicarán a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y a las asociaciones sectoriales, identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4, el inicio del procedimiento para la determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago por el derecho de remuneración compensatoria por copia privada, así como para la determinación de las cantidades que los deudores deberán abonar por este concepto a los acreedores.
La periodicidad bienal de las revisiones administrativas a las que se refiere el párrafo anterior podrá reducirse mediante acuerdo de los dos de oficio por el Ministerio citado de Cultura. Dicha modificación deberá tener en cuenta la evolución tecnológica y las condiciones del mercado.
El inicio del procedimiento al que se refiere este apartado se producirá también a instancia de la entidad o entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual o de las asociaciones sectoriales identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4. Dicha iniciativa podrá tener lugar en cualquier tiempo habida cuenta la evolución tecnológica.
2.º Una vez realizada la publicación a que se refiere la regla anterior, las partes interesadas referidas en ella dispondrán de cuatro meses para comunicar a los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio los acuerdos, totales o parciales, a los que hayan llegado como consecuencia de sus negociaciones o, en su defecto, la falta de acuerdo.
3.º Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses contado desde la comunicación o desde el agotamiento del plazo referido en la regla anterior, establecerán, mediante Orden conjunta, la relación de equipos, aparatos y soportes materiales, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y, en su caso, la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción de libros, de sonido y visual o audiovisual, previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. Dicha Orden ministerial conjunta tendrá que ser motivada en el caso de que su contenido difiera del acuerdo al que hayan llegado las partes negociadoras. En tanto no se apruebe esta Orden ministerial, se prorrogará la vigencia de la anterior.
4.º Las partes negociadoras dentro del proceso de negociación y, en todo caso, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos de aprobación de la Orden conjunta a que se refiere la regla anterior, deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
c) La capacidad máxima de almacenamiento de los soportes materiales habida cuenta del índice de compresión que permiten los equipos.
f) El tiempo de conservación de las reproducciones digitales.
El importe de la remuneración se incrementará anualmente en todo caso de acuerdo con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo.»
La comisión no debe ser interministerial, sino que el proceso debe ser competencia del Ministerio de Cultura, ya que se trata de dotar de contenido efectivo a un derecho de propiedad intelectual, por lo que no se justifica la presencia de otros departamentos ministeriales diferentes.
La iniciativa del proceso debe partir de la notificación y publicación por parte del Ministerio, bien de oficio, bien a instancia de una o varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual o de las asociaciones representativas de los obligados al pago, habida cuenta de la evolución tecnológica. Ello permite que las partes directamente involucradas puedan participar de una manera más efectiva en el proceso, viéndose así enriquecido y agilizado.
De otra parte, al establecerse los criterios que se deben tener en cuenta por las partes negociadoras y por el Ministerio de Cultura, se incluye en el apartado a) el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones, teniendo en cuenta, dice el proyecto, que si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago.
No se entiende por qué motivo cualquier clase de perjuicio que se produzca a los titulares debe quedar sin compensar ni tampoco se establece en el proyecto de ley criterio alguno que permita medir el perjuicio. A este respecto conviene indicar que el número 2 del artículo 6 de la Directiva no prevé excepciones de mínimos, ni de ninguna otra clase en el caso de este límite. Es más, la remuneración es una condición para que sea admisible.
Entre los criterios que deben contemplar las partes en la negociación y, en defecto de acuerdo, la Administración, en la letra c) se recoge como criterio la capacidad de almacenamiento, debiendo tener en cuenta asimismo los índices de compresión que tales equipos y soportes permiten, en cuanto se trata de un elemento determinante del impacto económico que tiene la copia privada digital - vid. Considerando 38 de la Directiva 2001/29/CEE.
Por último, la Administración debe tomar en consideración los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso negociador previsto, tanto si se trata de acuerdos totales
como parciales, y se elimina en la enmienda al texto del proyecto la consulta al Ministerio de Economía y Hacienda y a las Organizaciones de consumidores y usuarios, ya que se trata de elementos extraños al proceso (debe recordarse que los deudores no son los consumidores, sino los referidos en el número 4 del artículo) y en tanto se regula la consulta sin establecer si tiene o no un carácter vinculante, ni los criterios que deben determinar tal intervención consultiva.
ENMIENDA NÚM. 62 De don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo cuatro del Proyecto, que modifica el artículo 25.12 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales (...)»
Consiste en la eliminación del matiz añadido a los sujetos pasivos fabricantes, en tanto añade que esos fabricantes deben actuar como distribuidores comerciales, y ello, por las razones expresadas en la enmienda al texto del 25.4.a).
ENMIENDA NÚM. 63 De don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo cinco del Proyecto, que modifica el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
«Cuatro. El artículo 31 queda redactado en los siguientes términos:
2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física a partir de un ejemplar adquirido legalmente para su uso privado (...)»
La redacción propuesta en el Proyecto altera el propio sentido de la excepción, pues requiere que la reproducción se lleve a cabo «... a partir de un ejemplar adquirido legalmente para su uso privado...».
Posiblemente los proponentes no pretendían tal dicción, pero la misma queda como dice. Ello supone que si no hay adquisición legal (que, por cierto, no requiere que lo sea el ejemplar, sino solamente la adquisición) no hay aplicación de la excepción. Redacción que, de manera grave y fundamental, perjudica a los consumidores y a los titulares de los derechos protegidos, en clara contradicción con el objeto perseguido por la norma.
Pero el problema que deriva de esta nueva exigencia que plantea el Proyecto es que, para que el consumidor pueda beneficiarse de esta excepción de copia privada, éste ha de adquirir, necesaria y previamente a la realización de la copia, un ejemplar físico de la obra. El hecho de que el texto en cuestión se refiera a «obras ya divulgadas», es decir, a obras que, con el consentimiento del autor, se hayan hecho accesibles al público en cualquier forma (ex artículo 4 del vigente TRLPI), no resuelve el problema ya expuesto, pues el requisito de la existencia de ejemplar exige que haya habido publicación, lo que supone que la obra se haya divulgado «mediante la puesta a disposición del público de un numero de ejemplares que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la obra» (artículo 4 del vigente TRLPI).
Consecuentemente, la presente enmienda haya sobrado fundamento en los siguientes razonamientos:
Con el requisito introducido por el Proyecto se le está privando a la sociedad civil, al consumidor o telespectador, de la posibilidad de realizar copias privadas de las grabaciones y/o obras audiovisuales que, por ejemplo, son emitidas por televisión.
Y ello porque en tal tipo de emisiones no existe adquisición de ejemplar alguno por parte del consumidor/telespectador, sino la comunicación pública de un contenido que, solo si es fijado en un soporte (por ejemplo, al grabar una película en una cinta virgen), podrá hablarse de ejemplar.
Ahora bien, con el condicionante que introduce el Proyecto, si el consumidor no ha adquirido previamente el ejemplar de la obra que pretende reproducir, no puede realizar
copia alguna de la misma. De este modo, cualquier acto de reproducción de obras y/o grabaciones audiovisuales emitidas por televisión serán actos ilícitos, no permitidos por la Ley, y, por tanto, perseguibles.
Es precisamente este hecho (la imposibilidad de controlar --y por tanto de autorizar o prohibir la copia de obras por los particulares--) por lo que se introduce este límite en nuestro Ordenamiento Jurídico, aparejándole de modo indisoluble una remuneración que, de prosperar la redacción actual del Proyecto, pasará a denominarse compensación.
Entendemos, además, que la redacción propuesta, al exigir la intermediación del soporte, se separa del texto de la Directiva, que en la letra b) del número 2 del artículo 5 se refiere a «reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales».
Es decir, la Directiva no contiene tal exigencia. Es evidente, por tanto, que la redacción contenida en el Proyecto desvirtúa, y restringe, el límite, con evidente lesión para la remuneración, pues no se podrá percibir respecto de las copias que se efectúen de otros medios que no sean el soporte legalmente adquirido (por ejemplo copias de obras difundidas por radio o televisión). Copias que, por cierto y a pesar de su ilegitimidad, no cesarán de hacerse.
Se trata de una redacción, que, además de no solucionar el tema de la piratería existente, extenderá el marco de la reproducción ilegal y colocaría al común de los ciudadanos, que no van a renunciar al copiado de obras difundidas por la radiodifusión, en la categoría de defraudadores y posibilita la realización efectiva de copias ilegales y sin remunerar, por lo que es una medida contraria a las tendencias europeas de lucha contra la piratería.
En suma, la redacción actual supone un claro problema para los consumidores, que verían limitadas sus facultades para la realización de copias privadas o quedarían situados fuera de la protección de la Ley, así como para los titulares de los derechos; consecuentemente los dos colectivos de beneficiarios que ampara la regulación de la copia privada.
Por ello, proponemos que se vuelva a la redacción previa al examen de la ponencia, máxime cuando el texto que pretende introducirse desde tal momento (informe de la ponencia) no había sido planteado con anterioridad, precisamente, por no ser necesaria aclaración alguna sobre el particular.
ENMIENDA NÚM. 64 De don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
El Senador Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la disposición adicional segunda del Proyecto.
La Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual encuentra su actual regulación en el vigente artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. De este modo, cualquier reforma de esta Comisión debería ir encaminada hacia su mejora y no hacia su transformación en un órgano de distinto nombre y vacío de competencias --al menos legalmente.
Se considera que no resulta adecuado a Derecho tal deslegalización de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, denominándola «Comisión de la Propiedad Intelectual» y relegando su configuración a un posterior desarrollo reglamentario. Dada la necesaria intervención de esta Comisión en cuestiones de tanta relevancia para los titulares de derechos y usuarios, resulta necesario que tanto su composición, como procedimientos de actuación, e incluso directrices y principios básicos de actuación, estén debidamente fijados por norma con rango de Ley, preferiblemente en el propio texto de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso, la modificación de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual es un aspecto que no prevé la Directiva objeto de transposición, por lo que no se considera necesario acometer reforma alguna en el actual proceso legislativo, aconsejando en este mismo sentido posponer cualquier iniciativa de este tipo a una futura reforma legislativa que aborde con un carácter más general y con mayor análisis los aspectos propios de la gestión colectiva.
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--El Portavoz, Pere Macias i Arau.
ENMIENDA NÚM. 65 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, a los efectos de modificar el punto 2 del apartado Cinco del Artículo Único del referido texto.
«Cinco. El artículo 31 queda redactado en los siguientes términos:
2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado y la copia obtenida no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a que se refiere el artículo 161.
Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador.»
Se elimina la referencia relativa a que la reproducción se lleve a cabo a partir de un ejemplar adquirido legalmente ya que conlleva una notable confusión y se propone de este modo, el retorno al texto inicial del Proyecto de Ley.
ENMIENDA NÚM. 66 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, a los efectos de modificar el punto 2 del apartado Seis del Artículo Único del referido texto.
En general, este número del artículo 31 bis del Proyecto de Ley recoge bien y protege los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, puede y debe ser mejorado. A fin de fijar con claridad el sentido del texto legal y evitar dudas de aplicación e interpretación futuras, que podrían perjudicar los intereses de las personas con discapacidad, se propone, pues, incorporar la expresión «los mismos», que deja meridianamente claro que los requisitos finales del apartado 2 se refieren a los «actos» y no a las «obras».
ENMIENDA NÚM. 67 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, a los efectos de modificar el punto 1 del apartado Siete del Artículo Único del referido texto.
1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.»
Se recupera un primer párrafo cuya eliminación aparentemente debe atribuirse a un error.
ENMIENDA NÚM. 68 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
1. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, no tendrán tal consideración las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción cuando dicha actividad se realice con fines comerciales.»
Se propone eliminar el final del segundo párrafo por estimar que su redacción resulta confusa y su aplicación no obtendría los efectos perseguidos.
ENMIENDA NÚM. 69 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
1. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa.»
Se propone modificar el segundo párrafo por estimar que su redacción resulta confusa y su aplicación no obtendría los efectos perseguidos.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado formula 15 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2006.--El Portavoz, Joan Lerma Blasco.
ENMIENDA NÚM. 70 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo, apartado I, párrafo 3º.
Se modifica el Preámbulo apartado I, párrafo 3º, quedando con el siguiente texto:
«No obstante, al margen de las obligaciones legislativas internacionales y comunitarias, existen aspectos propios de la realidad española que deberán ser abordados en un futuro inmediato, como, por ejemplo, los organismos arbitrales, sin perjuicio de que esta Ley habilite al Gobierno para que, con carácter provisional, refuerce los mecanismos de actuación de la actual Comisión Mediadora de la Propiedad Intelectual, que pasará a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual, la clara delimitación de competencias en materia de propiedad intelectual entre el Estado y las Comunidades Autónomas o la evolución tecnológica y su incidencia en el nivel de desarrollo de la sociedad de la información en España atendiendo en este último caso a las oportunidades que el avance de la tecnología digital y de las comunicaciones suponen para la difusión de la cultura, para la aparición de nuevos modelos económicos y sociales, para el mayor y mejor disfrute de los ciudadanos, sin que nada de esto haya de suponer menoscabo en la protección de los creadores.»
Adecuar el Preámbulo y su contenido programático a la realidad tecnológica asumiendo su permanente evolución.
ENMIENDA NÚM. 71 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo, apartado II, párrafo 8º.
Se propone la modificación del Preámbulo apartado II, párrafo 8º, quedando con la siguiente redacción:
«La reforma del régimen de copia privada introduce las debidas diferencias entre el entorno analógico y el digital, ya que la copia privada digital puede propagarse mucho más y tener mayor impacto económico. Así, se establece un régimen jurídico con la flexibilidad suficiente para adecuarse debidamente a la realidad tecnológica en constante evolución así como al desarrollo del mercado de tal suerte que la incidencia de la compensación deberá ser proporcionada económicamente al precio final del equipo o aparato. Por ello, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el apartado 5 del vigente artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual sólo será de aplicación a los equipos, aparatos y soportes materiales analógicos.»
La compensación por copia privada debe partir de la compensación por las pérdidas que sufran los creadores por la habilitación legal que permite en determinados casos la reproducción de obras y prestaciones sin que medie la autorización del titular del derecho. Sin embargo conviene que la exposición de motivos de la reforma anuncie que tal compensación no debe ser desproporcionada respecto del precio final.
ENMIENDA NÚM. 72 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo, apartado II, párrafo 17º.
Se propone la modificación del Preámbulo, apartado II, párrafo 17º quedando el texto como sigue:
«Por otra parte, se incorporan mejoras respecto a otros límites que ya aparecían recogidos en nuestra legislación. Es el caso de la supresión del término «copista» en el límite referido a la copia privada. De acuerdo con la Directiva, se aclara que la reproducción ha de ser efectuada por una persona física para su uso privado. Asimismo, se precisa algo que ya estaba implícito como es que el acceso a la fuente que contenga la obra a partir de la que se realice la copia debe haber sido legal, por lo que esta matización no tiene por qué suponer un menoscabo en la recaudación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. En último lugar, se establece que la compensación prevista en el artículo 25 deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a que se refiere el artículo 161. De este modo se da cumplimiento a lo exigido por la Directiva 2001/29/CE y se habilita al Gobierno para modificar lo referente a la relación entre dichas medidas tecnológicas y el límite de copia privada.»
En coherencia con la modificación del artículo 31.2 y a la vez para aclarar que tal modificación no tiene por qué suponer un menoscabo en la recaudación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
ENMIENDA NÚM. 73 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Cuatro. Artículo 25.1.
Cuatro. Artículo 25.1.
Suprimir el inciso «conforme a lo autorizado en el artículo 31.2».
Mejora técnica para dejar claro que la condición impuesta en dicho artículo para que sólo sea autorizada la copia privada cuando el acceso a la fuente que contiene la obra que se
reproduce ha sido legal, nunca puede implicar una reducción de la remuneración a los autores por este concepto.
ENMIENDA NÚM. 74 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Cuatro. Artículo 25.6.
Cuatro. Artículo 25.6.
Añadir un nuevo epígrafe a la regla 4ª:
«g) Los importes correspondientes de la compensación aplicables a los distintos tipos de equipos y aparatos deberán ser proporcionados económicamente respecto del precio medio final al público de los mismos.»
Asegurar que la compensación se mantendrá dentro de unos márgenes razonables desde el punto de vista económico.
ENMIENDA NÚM. 75 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Cinco. Artículo 31.2.
Cinco. Artículo 31.2.
«No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador.»
Dejar claro que el acceso a la fuente que contiene la obra que se reproduce debe haber sido hecho legalmente.
ENMIENDA NÚM. 76 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Seis. Artículo 31 bis.2.
Seis. Artículo 31 bis 2.
«Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que tales actos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que esta exige.»
Dejar claro que son los actos y no las obras los que han de carecer de finalidad lucrativa.
ENMIENDA NÚM. 77 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Siete. Artículo 32.1.
Siete. Artículo 32.1.
«1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.»
Es necesario recuperar el primer párrafo del apartado 1 del artículo 32, eliminado en el último texto del proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 23 de marzo de 2006.
ENMIENDA NÚM. 78 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Nueve. Artículo 90.4.
Nueve. Artículo 90.4.
«4. La proyección, exhibición o transmisión, incluida, entre otras, la puesta a disposición en la forma establecida...» (resto igual).
ENMIENDA NÚM. 79 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Veintitrés. Artículo 138.
Veintitrés. Artículo 138.
Recoger el texto de estos artículos tal y como se regulan en el proyecto de Ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que incorpora la directiva de respeto de los derechos de propiedad intelectual («Enforcement»).
ENMIENDA NÚM. 80 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Veinticuatro. Artículo 139.c),d) y nuevo h).
Veinticuatro. Artículo 139, apartados c) y d) e incorporación de un nuevo apartado h).
«a) ...
ENMIENDA NÚM. 81 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al apartado Veinticinco. Artículo 141.2
Veinticinco. Artículo 141.2.
«2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.»
ENMIENDA NÚM. 82 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Adicional Tercera (nueva).
Se añade una nueva Disposición Adicional Tercera con el siguiente contenido:
«Disposición Adicional Tercera. Fomento de la difusión de obras digitales.
Asimismo, a estros espacios podrán incorporarse las obras cuyos autores así lo manifiesten expresamente.»
La Disposición contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten el uso de las tecnologías digitales en la difusión de las creaciones intelectuales.
ENMIENDA NÚM. 83 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición Transitoria Única.
«1. Por lo que se refiere a los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales, y hasta que se apruebe la orden ministerial a que se refiere la regla 3.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la compensación aplicable será la establecida en los acuerdos suscritos entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y las asociaciones representativas de los deudores del pago por copia privada, en los siguientes términos que serán de general aplicación:
1.º Escáneres o equipos monofunción que permitan la reproducción de documentos: 9 euros por unidad.
2. Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio iniciarán las actuaciones previstas en la regla l.ª del apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un mes contado desde la entrada en vigor de esta Ley.
3. La primera Orden Ministerial que se dicte en aplicación de lo previsto en el apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual tendrá efectos a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley.»
El proyecto establece un régimen nuevo de copia privada que se fundamenta en la negociación que debe haber entre acreedores y deudores, sin perjuicio de una última intervención administrativa. Por eso parece adecuado que el régimen transitorio hasta la definitiva implantación de ese régimen transcriba en sus justos términos los acuerdos que ya han sido alcanzados entre las asociaciones representativas de ambos sectores.
ENMIENDA NÚM. 84 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
«Disposición Final Primera. Fundamento constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que corresponde al Estado en materia de legislación sobre propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, en materia de legislación procesal, de acuerdo con el artículo 149.1.6 de la Constitución y por su incidencia en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de acuerdo con el artículo 149.1.13 de la Constitución.»
La norma proyectada contiene disposiciones que encuentran una habilitación competencial distinta de la relativa a la legislación sobre propiedad intelectual. Se trata, en concreto, de las modificaciones que afectan a los artículos 138, 139 y 141 del Texto Refundido, que constituyen normas de carácter procesal, y que, por tanto, se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6 de la Constitución. Asimismo el incremento exponencial del valor económico de la propiedad intelectual, de la explotación de las creaciones aconsejan la necesidad de articular mecanismos de intervención pública, al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución.
Preámbulo G. P. Senadores de Coalición Canaria 1
G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 3
G. P. Popular 27
G. P. Socialista 70 G. P. Socialista 71 G. P. Socialista 72
Cuatro G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 4
G. P. Senadores de Coalición Canaria 17 G. P. Senadores de Coalición Canaria 18 G. P. Senadores de Coalición Canaria 19 G. P. Senadores de Coalición Canaria 20 G. P. Senadores de Coalición Canaria 21 G. P. Senadores de Coalición Canaria 22 G. P. Senadores de Coalición Canaria 23 G. P. Senadores de Coalición Canaria 24
G. P. Popular 28
G. P. Entesa Catalana de Progrés 31 G. P. Entesa Catalana de Progrés 32 G. P. Entesa Catalana de Progrés 33 G. P. Entesa Catalana de Progrés 34 G. P. Entesa Catalana de Progrés 35 G. P. Entesa Catalana de Progrés 36 G. P. Entesa Catalana de Progrés 37 G. P. Entesa Catalana de Progrés 38 G. P. Entesa Catalana de Progrés 39 G. P. Entesa Catalana de Progrés 40 G. P. Entesa Catalana de Progrés 41 G. P. Entesa Catalana de Progrés 42 G. P. Entesa Catalana de Progrés 43
Sr. Cuenca Cañizares (GPMX) 60 Sr. Cuenca Cañizares (GPMX) 61 Sr. Cuenca Cañizares (GPMX) 62
G. P. Socialista 73 G. P. Socialista 74
Cinco G. P. Senadores de Coalición Canaria 25
Sr. Cuenca Cañizares (GPMX) 63
G. P. Convergència i Unió 65
G. P. Socialista 75
Seis G. P. Entesa Catalana de Progrés 44
G. P. Convergència i Unió 66 G. P. Socialista 76
Siete G. P. Senadores de Coalición Canaria 2
G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 5 G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 6 G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 7
G. P. Entesa Catalana de Progrés 45 G. P. Entesa Catalana de Progrés 46
G. P. Convergència i Unió 67 G. P. Convergència i Unió 68 G. P. Convergència i Unió 69
G. P. Socialista 77
Ocho G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 8 G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 9
G. P. Entesa Catalana de Progrés 47 G. P. Entesa Catalana de Progrés 48
Ocho bis (nuevo) G. P. Entesa Catalana de Progrés 49 G. P. Entesa Catalana de Progrés 50
Nueve G. P. Socialista 78
Catorce G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 10
Veinte G. P. Senadores de Coalición Canaria 26
Veintitrés G. P. Socialista 79
Veinticuatro G. P. Socialista 80
Veinticinco G. P. Socialista 81
Veinticinco bis (nuevo) G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 11 G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 12 G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 14
G. P. Entesa Catalana de Progrés 51 G. P. Entesa Catalana de Progrés 52
Veintiocho G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 13
G. P. Entesa Catalana de Progrés 53
G. P. Entesa Catalana de Progrés 54
Disposición adicional primera G. P. Popular 30
G. P. Entesa Catalana de Progrés 55
Disposición adicional segunda Sr. Cuenca Cañizares (GPMX) 64
Disposición adicional (nueva) G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 15 G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 16
G. P. Socialista 82
Disposición transitoria única G. P. Popular 29
G. P. Entesa Catalana de Progrés 56 G. P. Entesa Catalana de Progrés 57 G. P. Entesa Catalana de Progrés 58 G. P. Entesa Catalana de Progrés 59
G. P. Socialista 83
Disposición final primera G. P. Socialista 84

References: Real Decreto 
 artículo 191
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 154
 artículo 107
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 5
 artículo 37
 artículo
107
 artículo 113
 artículo 107
 artículo 142
 artículo 107
 artículo 144
 artículo 161
 artículo 154
 artículo 159
 resolución 
 artículo 151
 artículo 139
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 31
 artículo 107
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 108
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25

Artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 31
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 107
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 107
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 107
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 107
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 107
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 107
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 107
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 156
 artículo 107
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 107
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 5
in fine
 artículo 107
 artículo 158
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 161
 artículo 99
 Real Decreto 
 artículo 31
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 161
 artículo 31
 artículo 107
 Artículo 25
 Artículo 25
 artículo 31
 artículo 107
 Artículo 25
 Artículo 25
 artículo 107
 Artículo 31
 Artículo 31
 artículo 25
 artículo 161
 artículo 99
 artículo 107
 Artículo 31
 Artículo 31
 artículo 107
 Artículo 32
 Artículo 32
 artículo 32
 artículo 107
 Artículo 90
 Artículo 90
 artículo 107
 Artículo 138
 Artículo 138
 artículo 107
 Artículo 139
 Artículo 139
 artículo 107
 Artículo 141
 Artículo 141
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149