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Timestamp: 2018-05-23 03:25:01+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2959/2005, 12-07-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2959/2005 de 12 de Julio de 2007
Núm. Resolución: 00/2959/2005
El contribuyente es residente en España y sujeto al IRPF (en 1998 según la Ley 18/1991 por obligación personal y en 1999 según la Ley 40/1998), teniendo en cuenta las pruebas aportadas por la Inspección. Procede la liquidación por incremento no justificado de patrimonio por ingresos en cuentas bancarias, pues no se prueba suficientemente que exista un contrato de préstamo en forma de línea de crédito. No se acredita la devolución del préstamo, ya que no se puede considerar prueba suficiente un escrito del que se deriva que se pagó a una cuenta bancaria en Suiza, país distinto de la prestamista, cuyo titular no se identifica, una cantidad que no coincide con el importe del préstamo y en una fecha distinta de la que se pacta como finalización del préstamo. Tampoco se ha probado que la posible falta de devolución de todo o parte del préstamo hubiera supuesto la ejecución de las garantías pactadas, cuya existencia tampoco se ha probado.
En la Villa de Madrid, a 12 de julio de 2007 el Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en las reclamaciones económico-administrativas que, en segunda instancia penden de resolución, interpuestas por Dª. ... y en su nombre y representación Dª. ... con domicilio a efecto de notificaciones en ... contra resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 30 de junio de 2005, recaídas en expedientes nº ... y ..., relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1998 y 1999, deuda de mayor cuantía 590.489,91 €.
PRIMERO: Con fecha 1 de abril de 2004, por la Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT de ... fue incoada a la hoy reclamante acta A02, nº ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1998 y acta A02 ... por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1999. En éstas se hacía constar, que el sujeto pasivo no había presentado declaración-liquidación por este concepto en los ejercicios objeto de comprobación. No obstante en el curso de las actuaciones inspectoras se puso de manifiesto la existencia de una serie de entradas a favor del contribuyente procedentes del extranjero, en la cuenta ... de la entidad ..., de la que la contribuyente es titular. El resumen de las cuantías asciende a 141.232.640 ptas (848.825,26 €) en el año 1998 y 126.178.955 ptas (758.350,79 €). Las razones justificativas de tales entradas alegadas por los representantes del contribuyente a lo largo del procedimiento han sido la de identificar dichas entradas con las correspondientes a un contrato de préstamo concedido por una sociedad X, INC., cuya existencia ha sido certificada por el Departamento de Estado de Florida. A la vista de la documentación incorporada al expediente y de los hechos, argumentos y fundamentos jurídicos puestos de manifiesto en el Informe, que desarrolla ampliamente la información relativa a la regularización, concluye el actuario, que es preciso analizar la naturaleza del contrato a fin de determinar si de dicho préstamo derivan deudas reales y exigibles. El actuario partiendo de las características esenciales que deben observarse en un contrato de préstamo, rentabilidad y seguridad, y analizadas las características del presente contrato, concluye que la contribuyente resultó beneficiaria de los importes anteriores y que los mismos deben considerarse incrementos de patrimonio o ganancias patrimoniales, para el ejercicio 1998 y 1999 respectivamente. Del acta incoada para el ejercicio 1998 resulta una deuda tributaria de 590.489,91 € y del acta incoada para el ejercicio 1999 resulta una deuda de 435.167,09 €.
SEGUNDO: Junto con las actas incoadas se emitió el preceptivo informe ampliatorio, en éste se hace constar el detalle de las entradas en la cuenta bancaria de ... de la que la obligada era titular y que había sido obtenido previo requerimiento a la Entidad. Se indica que el contribuyente no presentó declaración alguna por el concepto y períodos objeto de comprobación y que de acuerdo con los documentos aportados y manifestaciones realizadas a lo largo del procedimiento se reconoció inicialmente que la residencia habitual del obligado tributario estaría en España en 1998 y en Florida en 1999, sin embargo no se ha aportado documentación que justifique la declaración de las rentas en otro País ni se ha justificado la residencia en el extranjero a partir de 1999. Y señala el actuario además una serie de circunstancias que permiten conectar a la contribuyente con España a los efectos de considerarla residente en los años regularizados.
En cuanto a las entradas procedentes del extranjero se justificó la procedencia de las mismas como cantidades correspondientes a préstamos concedidos por la entidad X, INC. Del contrato de préstamo aportado se extraen una serie de conclusiones relativas a las garantías, destino del préstamo, finalización del préstamo que se detallan en el informe. En relación con la devolución del capital se aportó una copia que se identificó como liquidación préstamo, de la que se desprende que con fecha 15 de julio de 2000 el contribuyente realizó un pago de 1.850.000 DM (887.158 $). Se solicitó por la Inspección documentación justificativa de lo anterior, procedencia del capital devuelto y situación del préstamo sin que se haya aportado documentación alguna. Lo anterior se corresponde con la declaración de pagos exteriores de la contribuyente en cuanto a destino y concepto, si bien destaca el actuario, que el destino es a cuentas bancarias en Suiza, País distinto del de residencia de la prestamista y que no permite la investigación de sus cuentas bancarias, ni la identificación de sus titulares.
El actuario después de exponer las características del contrato de préstamo aportado, las observaciones hechas al mismo por el actuario y los requerimientos a este respecto hechos por el actuario al contribuyente para que aportase nueva documentación justificativa, concluye que la característica esencial de un préstamo es la entrega de algo a otra persona, con ánimo de obtener la devolución al cabo de un cierto tiempo. Y que en los préstamos dinerarios lo normal es que la devolución se vaya produciendo mediante sucesivos pagos parciales, a lo largo del período de duración establecido en la constitución, siendo también habitual el percibo de intereses a modo de contraprestación por la disponibilidad de fondos ajenos. Las cualidades esenciales que deben considerarse en este tipo de préstamos, son según el actuario la seguridad y la rentabilidad, lo que conlleva al análisis de la solvencia y posibilidad de generación de recursos del prestatario y a la exigencia de garantías. El actuario concluye del análisis del contrato de préstamo aportado, de la documentación aportada y demás circunstancias concurrentes que con independencia de la forma jurídica dada por las partes a la operación, no existía una verdadera voluntad de formalizar un préstamo, ni constituir una deuda exigible a satisfacer por la prestataria y que la contribuyente resultó beneficiaria de importes que se cuantifican en 141.232.640 ptas (848.825,26 €) y 126.178.955 ptas (758.350,79 €), y que tienen la consideración de incrementos o ganancias de patrimonio no justificadas.
TERCERO: La obligada tributaria no formuló alegaciones a la propuesta inspectora contenida en las actas incoadas, y el Inspector Regional dicta sendos acuerdos de liquidación, el 2 de agosto de 2004 confirmando íntegramente la propuesta inspectora de IRPF para los ejercicios 1998 y 1999. Los acuerdos se notificaron al interesado el día 16 del mes siguiente. Y contra estos interpuso reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... y manifiesta que en los ejercicios 1998 y 1999 la reclamante no fue residente fiscal en España ya que desde hacía tiempo tenía su residencia en Estados Unidos. Aportaba diversa documentación relativa a la acreditación de su residencia en otro País. Y un escrito de X, INC. señalando que la reclamante no era accionista suya y que se le hicieron diversos préstamos sujetos a pago, que los pagos fueron hechos y una parte del pago fue remitida a un Banco en Suiza. El Tribunal resuelve ambas reclamaciones ... del ejercicio 1998 y ... del ejercicio 1999 en dos resoluciones desestimatorias de 30 de junio de 2005.
CUARTO: Contra la resolución desestimatoria de la reclamación ... referente a IRPF 1998 la reclamante interpone recurso de alzada, RG: 2960/2005, ante este Tribunal Central y contra la resolución de reclamación ... referente a IRPF 1999, la reclamante interpone recurso de alzada, RG: 2959/2005. En ambos escritos manifiesta las mismas alegaciones y en síntesis expone que la obligada tributaria, Sra. ... nunca tuvo la condición de residente fiscal en España, pues tiene desde hace tiempo su residencia fiscal en Estados Unidos. De toda la documentación aportada en el curso de las actuaciones entiende la reclamante que ha quedado probado que durante los años 1998 y 1999 permaneció más de 180 días fuera de España en Alemania y Estados Unidos, y que en este último desarrolló el núcleo de sus actividades económicas. Teniendo la obligada la nacionalidad alemana debe presumirse que es no residente en España y le correspondería en todo caso probar a la Administración que se cumplen los requisitos del artículo 9 de la Ley 40/1998 para someter a tributación a una persona extranjera y en relación a las cantidades que se registraron en la cuenta bancaria de la recurrente en ..., en ningún caso pueden reputarse ganancias patrimoniales, ya que se demostró, con las pruebas documentales aportadas que se trata de simples préstamos de la sociedad X, INC. Señala el reclamante que se solicitaron los correspondientes balances de la sociedad X, INC. y que serán remitidos en breve y aportados como prueba complementaria.
PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para el conocimiento de las reclamaciones 2959/2005 y 2960/2005 que se resuelven conjuntamente, interpuestas ambas en plazo hábil por persona con capacidad, legitimación y representación suficientes, todo ello de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, en la que se plantean las cuestiones relativas a la residencia fiscal de la contribuyente y procedencia de la liquidación de incrementos y ganancias injustificadas de patrimonio.
SEGUNDO: En primer lugar centrándonos en la cuestión relativa a la residencia del obligado tributario y a la procedencia de la regularización, hay que remitirse a la normativa vigente en los ejercicios comprobados: En el ejercicio 1998 resultaba de aplicación la Ley 18/91 reguladora del Impuesto sobre la renta y en concreto el artículo 11 de la misma diferenciaba entre la obligación personal y la obligación real de contribuir en función de la residencia habitual del contribuyente: "1. Son sujetos pasivos del impuesto: a) Por obligación personal, las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. b) Por obligación real, las personas físicas distintas de las mencionadas en la letra anterior que obtengan rendimientos o incrementos de patrimonio producidos en territorio español". En definitiva tributaban por obligación real, aquellos que no teniendo su residencia habitual en España obtuvieran determinadas rentas en nuestro país. La Ley se refiere a la "residencia habitual" en territorio español, para discernir entre una y otra modalidad de tributación. Para su definición ha de acudirse al artículo 12 de la misma Ley 18/91 que establece "Uno. Se entenderá que el sujeto pasivo tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: a) que permanezca por más de ciento ochenta y tres días, durante un año natural, en territorio español. b) que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos. Dos. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el sujeto pasivo tiene su residencia en territorio español, cuando residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél".
La Ley 40/98 vigente a partir del ejercicio 1999 se refiere exclusivamente ya a la tributación de las personas físicas residentes en territorio español, quedando los no residentes sujetos a tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, regulado en la Ley 41/98. Y en términos similares a los contenidos en la regulación anterior el artículo 8 de la Ley del Impuesto, Ley 40/1998, define a los contribuyentes por el IRPF: a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. b) Las personas físicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo siguiente. Y para definir a los contribuyentes vuelve a acudir la norma al criterio de residencia habitual contenido en el artículo 9 de la Ley: "1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que permanezca más de ciento ochenta y tres días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios de los calificados reglamentariamente como paraíso fiscal, la Administración Tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante ciento ochenta y tres días en el año natural. b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél. (...)".
TERCERO: La normativa aplicable en ambos ejercicios, recoge en términos muy similares, por tanto un criterio de permanencia física, acudiendo además a criterios de vinculación personal o económica con el país. Ciertamente la presencia física durante un determinado número de días en un país concreto, como sustrato material de la noción de residencia, es un extremo difícil de acreditar tanto por la Administración Tributaria de un país como por el contribuyente que invoca ser residente en otro, atendidas las circunstancias de cada vez mayor libertad de circulación y eliminación de formalismos en fronteras. Por ello, de lo que se trata es, de apreciar el conjunto de pruebas proporcionadas por las partes en contradicción a fin de concluir, en casos como el planteado en el que se aportan pruebas de permanencia en ambos países, respecto a qué país los datos aportados exteriorizan una voluntad de permanencia, y, atendiendo al criterio del "centro de intereses económicos" o de vinculación de carácter personal, el país en el que dichas relaciones son más estrechas.
En el caso presente existe un hecho indudable que queda recogido tanto en el informe ampliatorio como en la liquidación y es que, de acuerdo con los documentos aportados y con las manifestaciones realizadas por el propio representante del obligado tributario en el curso de las actuaciones inspectoras se reconoció que la residencia habitual del obligado estaría en España para el ejercicio 1998 y en EEUU para 1999. En concreto el representante de la obligada en la comparecencia del día 13 de febrero de 2002 se refería a un documento (en inglés) presentado ante la Hacienda de EEUU relativo a su no residencia americana, sobre el que su aparente asesor fiscal, manifiesta en otro documento que su residencia estaba en España en 1998 y en Florida en 1999. Y consta igualmente copia de un memo recibido de la propia obligada tributaria, la Sra. ..., en alemán con pequeña traducción en el que la obligada manifiesta que junto al documento se acompaña copia de la declaración de renta de no residente en EEUU, copia en la que constan los datos personales de la obligada y como domicilio, ..., pero no importe alguno. Existe por tanto una declaración por parte del contribuyente ante la Administración Española reconociendo su residencia en territorio español para el ejercicio 1998. Para el ejercicio 1999 manifiesta por el contrario que su residencia estaba en EEUU pero no aporta ninguna documentación acreditativa de su residencia en el extranjero ni de la declaración de rentas en el extranjero. Por el contrario señala el actuario una serie de pruebas que vinculan a la obligada con el territorio español tanto para 1998 como para 1999. Por un lado constan manifestaciones de terceras personas que fueron requeridas en el curso del procedimiento por su relación profesional o empresarial con la obligada tributaria y que reconocieron diversos encuentros y contactos con la obligada tributaria a lo largo de los ejercicios comprobados. Por otra parte constan diversas escrituras públicas, otorgadas ante Notario en ..., en distintas fechas del ejercicio 1998 y 1999, en el que la obligada reconoce siempre su residencia en .... Constan también instancias presentadas en marzo de 1999 por la obligada tributaria, para la solicitud de licencia de obras, y en la que consta el mismo domicilio para la obligada. También de la información aportada por las entidades bancarias y la entidad de Fondos de Inversión se desprende la realización de sucesivas operaciones en los ejercicios comprobados. Existen por tanto, indicios más que suficientes en el expediente que permiten concluir que el ánimo de la obligada tributaria en los ejercicios comprobados era el de residir en territorio nacional, las solicitudes de tarjeta de residencia, y que efectivamente residió en éste, tal y como se desprende de las numerosas pruebas antes enumeradas, indicios que no quedan desvirtuados por las manifestaciones o pruebas del recurrente que se aportaron en primera instancia y se valoraron ya por el Tribunal Regional, el cual ya señaló que salvo la fotocopia del pasaporte que si da información objetiva sobre las entradas de la obligada en EEUU pero no sobre su permanencia en el mismo y la fecha de salida, el resto son meras manifestaciones efectuadas por personas o entidades vinculadas con la obligada, que nada prueban acerca de su efectiva residencia. Ahora en segunda instancia el recurrente se limita a indicar que le corresponde a la Administración probar la residencia del contribuyente en territorio español, al ser ésta de nacionalidad alemana, sin embargo como ya ha quedado reflejado de la redacción de la normativa aplicable, la nacionalidad del obligado no es determinante en cuanto a la tributación en uno u otro país, sino que la norma atiende al criterio de la residencia habitual y partiendo de una primera declaración de la contribuyente reconociendo su residencia en territorio español, que no se ha probado que ésta se modificara en el año siguiente, y que todos los indicios apuntan a una permanencia de la obligada tributaria en territorio español y a que ésta continuó siendo su residencia hay que concluir desestimando las alegaciones referentes a la residencia del contribuyente en el extranjero y confirmar el criterio inspector.
CUARTO: Centrándonos en la cuestión relativa a la liquidación de las sucesivas entradas en cuentas bancarias como incrementos o ganancias injustificadas de patrimonio es preciso acudir en primer lugar a la normativa vigente en cada uno de los años objeto de comprobación. Para el ejercicio 1998 el art. 49 de la Ley 18/1991 establece que "Tendrán la consideración de incrementos no justificados de patrimonio los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el sujeto pasivo. Los incrementos no justificados de patrimonio tendrán la consideración de renta del período impositivo respecto del que se descubran y se integrarán en la base liquidable regular. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando pueda probarse que dichos bienes o derechos proceden de otros rendimientos del sujeto pasivo o de la reinversión de otros activos patrimoniales del mismo, se procederá a la regularización de la situación tributaria que corresponda a la naturaleza de estos hechos imponibles, sin perjuicio de la prescripción".
Y para el ejercicio 1999 la Ley 40/98 habla de Ganancias Patrimoniales no Justificadas en términos similares en su artículo 37: "Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del período impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del período de prescripción".
De tal modo que las ganancias o los incrementos no justificados de patrimonio se configuran como un "mecanismo de cierre" en la comprobación inspectora, para la determinación de la renta total gravable, y exige la comprobación definitiva y global de la situación tributaria del sujeto pasivo. La Ley del Impuesto opta así por gravar todas las manifestaciones de renta que se han transformado en patrimonio del contribuyente y que no han tributado, cuando se ponen de manifiesto ya sea en adquisiciones onerosas desproporcionadas con las posibilidades adquisitivas del contribuyente de acuerdo con la renta o el patrimonio, o bien cuando aflora algún elemento patrimonial oculto o como en este caso cuando se produce una entrada de rentas en el patrimonio del sujeto Pasivo y se desconoce la procedencia de las mismas. El incremento o la ganancia injustificada de patrimonio tiene el alcance de una presunción "iuris tantum", que como ya tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de Julio de 1986, "cuya eficacia aquí y ahora consiste en dispensar de toda prueba sobre el tema a la Administración Pública e invertir la carga probatoria. Así funciona este singular medio probatorio, según la califica el Código Civil en su artículo 1215 para pasar a regularlo en los que llevan del número 1249 al 1253. Una vez sentado lo anterior, y de las actuaciones de comprobación realizadas por la Inspección de los Tributos se desprende, en el presente caso, que la presunción de existencia de incremento injustificado viene determinada por una serie de entradas que se produjeron en una cuenta bancaria cuya titular era la obligada tributaria, y que en total ascendieron a 141.232.640 ptas (848.825,26 €) en el ejercicio 1998 y a 126.178.955 ptas (758.350,79 €) en el ejercicio 1999. Entradas que no se pueden identificar con la renta declarada por la obligada tributaria pues ésta no presentó declaración alguna por este Impuesto en los ejercicios comprobados. La cuestión consiste en determinar si se puede considerar probado el origen o la procedencia de dichas entradas en la cuenta bancaria de la que era titular la obligada tributaria y si éstas se pueden considerar rentas declaradas en otro País.
QUINTO: En sucesivas ocasiones la Inspección se ha dirigido a la interesada para que se justifique el origen de las entradas de dinero. A estos efectos consta aportado un documento de fecha 15 de febrero de 2002 con firma, pero sin identificar a la persona firmante, por el que la Entidad certifica la transferencia de una serie de cantidades en dólares al contribuyente, diciendo ser en concepto de préstamos y pagos a ésta. Aportó también el representante un contrato de préstamo con traducción, que tiene fecha de 28 de agosto de 1998, otorgado en calidad de prestamista por X, INC., sociedad con domicilio en Florida, ... en calidad de prestataria. El contenido de el contrato es objeto de amplio análisis por la Inspección que destaca las peculiaridades que éste presenta y que a modo de síntesis son las que se exponen a continuación: El préstamo se configura como una línea de crédito hasta un importe de 2.000.000 $ de los que la prestataria podía disponer cuando lo necesitase previa aprobación del prestamista. En cuanto al destino se establece que éste podría ser utilizado exclusivamente para los propósitos acordados y en concreto para el apoyo financiero a la prestamista, la Señora ..., para dirigir la construcción de inmuebles en ... y posterior venta de los mismos. Antes de retirar los fondos, la obligada debía justificar que necesitaba el capital y aportar pruebas de su utilización después de cada retirada, pero requerida por la Inspección justificación a este respecto, tanto de la documentación que en su día se aportaría para retirar los fondos como del destino dado a los mismos, no se aportó documentación alguna. En el contrato se establecía una serie de garantías, que se instrumentarían en pagarés firmados y legalizados notarialmente, y se establecía que la Sra. ... transferiría la propiedad inmobiliaria a una sociedad legal y el total capital de la misma sería transferido a la Entidad. Pero requerida por la Inspección prueba de la efectiva formalización de estas garantías no consta que se hayan aportado. En cuanto a la finalización del préstamo, no está claro en el contrato, si es por 9 o 12 meses, ya que primero se pacta una duración pero luego se indica otra, en todo caso se acuerda que no será necesaria finalización formal y que transcurrido el plazo se devolverá el capital y los intereses, pero no consta tampoco que se haya justificado la devolución de la cantidad prestada ni de la ejecución de garantías. Todo lo que se aportó fue copia de un escrito en inglés del que parece deducirse que el 15/07/2000, por tanto fuera ya del plazo pactado, la contribuyente realizó un pago de 1.850.000 DM (887.158 $). Pago que se identifica con el recogido en la declaración de pagos exteriores de la contribuyente con destino a cuentas bancarias en Suiza y que, evidentemente, no permite identificar al destinatario del pago. Se requirió también información de la transacciones comerciales de los inmuebles a cuya construcción se destinaría el préstamo y tampoco se obtuvo dicha información.
El contrato de préstamo se define en el Código Civil como aquél en virtud del cuál una de las partes entrega a la otra dinero con la condición de que ésta le devuelva otro tanto de la misma especie. El Inspector ha realizado un análisis minuciosos del contrato de préstamo aportado, teniendo en cuenta esta definición y las características que son comunes a los contratos de préstamo, y en concreto la seguridad y la rentabilidad. En este caso lo más importante y que contradice la propia definición del "préstamo" es que no consta acreditado la devolución del mismo, pese a la importancia cuantitativa de éste. Porque no se puede considerar prueba suficiente un escrito del que se deriva que la obligada pagó a una cuenta bancaria en Suiza, país distinto del de la prestamista, cuyo titular no se identifica, una cantidad que no coincide con el importe del préstamo y en una fecha distinta de la que se pacta como finalización del préstamo. Tampoco se ha probado que la posible falta de devolución de todo o parte del préstamo hubiera supuesto la ejecución de las garantías pactadas, cuya existencia tampoco se ha probado. Estas peculiaridades de la operación son las que llevan a la Inspección a considerar que pese a que las partes lo han denominado préstamo, no existió una verdadera voluntad de formalizarlo como tal, ni de constituir una deuda exigible por la prestamista. Así se hizo saber a los representantes de la contribuyente en el curso de las actuaciones inspectoras, poniéndose de manifiesto las dudas u objeciones que la operación de "préstamo" presentaba, a fin de que el contribuyente pudiera contestar en su defensa y solventar estas dudas. Pero no consta que se haya aportado por parte del contribuyente prueba alguna en este sentido. Este Tribunal Económico Administrativo Central, en resolución de 7 de junio de 1994, consideró ante la falta de respuesta justificativa a los requerimientos de la Inspección que "las actuaciones inspectoras se configuran legalmente con arreglo a un esquema dialéctico en el que la presencia del interesado o su representante es norma general (...) estando dirigida al desempeño de un papel activo, aportando la documentación solicitada (...), añadiendo que, en base a dicho esquema, cuando la inspección requiera un dato o justificación y el interesado no lo aporte, puede presumir, con base en el artículo 118 de la Ley General Tributaria, que se ha producido el hecho imponible que la aportación de aquel dato o justificación hubiera podido desvirtuar".
SEXTO: En este caso son muchas las objeciones que se pueden plantear a la operación de préstamo que presenta el contribuyente y la principal y fundamental es que habiendo transcurrido ya bastantes años desde la finalización del mismo no se haya probado la devolución de su importe. Por ello cabe concluir confirmando lo actuado por la Inspección ya que al no aceptarse que se ha probado de forma suficiente la existencia de un préstamo, las entradas de dinero en cuenta bancaria de la obligada suponen una entrada de renta injustificada que debe calificarse como incremento o ganancia patrimonial y que como tal debe tributar. Máxime teniendo en cuenta que habiéndose valorado las alegaciones formuladas en primera instancia por el Tribunal Regional que confirmaba la actuación inspectora y concluía que "no nos encontramos ante contrato de préstamos sino más bien ante "aportaciones" realizadas a la reclamante por una sociedad domiciliada en USA, realizándose las mismas sin ningún ánimo de recuperación por parte de la sociedad que las realiza ni ninguna intención de devolver el dinero recibido de la reclamante." El recurrente no hace ninguna alegación al contenido del fallo del TEAR, se limita a alegar en alzada que ya se demostró, mediante las pruebas que obran en el expediente, que las entradas en cuentas bancarias respondían a simples préstamos y aunque se refiere a que se van a aportar nuevas pruebas, no consta a día de hoy, la aportación de las mismas. Por todo lo expuesto, dado que no resulta aportada por la interesada, prueba fehaciente del origen de los fondos, procede confirmar, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la consideración de los mencionados ingresos como incremento no justificado de patrimonio imputable a los períodos impositivos en que se descubren, debiendo desestimarse la pretensión del reclamante en este sentido.
EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, conociendo las reclamaciones económico-administrativas que, en segunda instancia penden de resolución, interpuestas por Dª. ... y en su nombre y representación Dª. ... contra resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 30 de junio de 2005, recaídas en expedientes nº ... y ..., relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1998 y 1999, deuda de mayor cuantía 590.489,91 €. ACUERDA: Desestimar las reclamaciones y declarar conforme a derecho las resoluciones impugnadas.
Sentencia Administrativo Nº S/S, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 433/2003, 29-06-2006
Orden: Administrativo Fecha: 29/06/2006 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Atienza Rodriguez, Felisa Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 433/2003
Resolución Vinculante de DGT, V3165-16, 06-07-2016
Órgano: Sg Tributos Fecha: 06/07/2016 Núm. Resolución: V3165-16
Órgano: Sg Fiscalidad Internacional Fecha: 25/03/2013 Núm. Resolución: V0948-13
Resolución Vinculante de DGT, V0066-09, 19-01-2009
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 19/01/2009 Núm. Resolución: V0066-09
Resolución No Vinculante de DGT, 0320-00, 23-02-2000
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 23/02/2000 Núm. Resolución: 0320-00

References: Resolución 
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 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 37
 artículo 1215
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 artículo 118

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