Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A176A-03.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:10:52+00:00

Document:
A176A-03
Auto 176A/03
Referencia: expediente ICC-728
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado 1º Penal del Circuito de Chinchiná
1. El 1º de agosto de 2003, el señor Alexander Delgado Rodríguez interpuso acción de tutela ante los juzgados de familia de Chinchiná por considerar violados sus derechos a la vida y la vivienda digna por parte del FOREC y la Red de Solidaridad Social, puesto que a pesar de que tiene derecho al subsidio de vivienda, ya que su casa sufrió averías en el terremoto presentado el 25 de enero de 1999, aún no se lo han pagado.
2. Mediante auto del 4 de agosto de 2003, después de la realización de un sorteo, el Juzgado Civil del Circuito de Chinchiná le asignó el conocimiento de la tutela al Juzgado 1º Penal del Circuito.
3. El 5 de agosto de 2003, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Chinchiná consideró que el FOREC (“hoy Red de Solidaridad Social”) había sido suprimido por medio del Decreto 111 del 25 de enero de 2002; según el artículo 2º, parágrafo 2º del mencionado Decreto, concluida la liquidación se entregaría al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. A esto se añade que la Red de Solidaridad Social, es un organismo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En consecuencia, la tutela se dirige contra una autoridad pública nacional.
Por dirigirse la tutela contra una autoridad de esta naturaleza, según lo estipulado en el artículo 1º, numeral 1º, inciso 1º, del Decreto 1382 de 2000, la competencia corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura. Por tal motivo, envió el expediente al Tribunal Superior de Manizales.
4. Mediante providencia del 13 de agosto de 2003, el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, consideró no ser competente para conocer de este asunto puesto que el artículo 1º, numeral 1º, inciso 2º, del Decreto 1382 de 2000 asigna la competencia de las tutelas interpuestas contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional a los Jueces de Circuito. Al ser la accionada una entidad del sector descentralizado -toda vez que si bien la Ley 368 de 1997 señaló que la Red de Solidaridad es un establecimiento público del orden nacional, de la lectura de sus objetivos y funciones se deduce que es un ente descentralizado por servicios- quien debería conocer del asunto de tutela es el Juzgado 1º Penal del Circuito de Chinchiná. Planteó el conflicto negativo de competencia y lo envió a la Corte Constitucional para su conocimiento.
Estando vigente el Decreto 1382 de 2000, conforme a la situación jurídica existente en la actualidad, la Corte Constitucional encuentra que, presentándose un conflicto aparente de competencia, en el presente caso el conocimiento de la tutela corresponde al Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná en virtud de que es necesario respetar la competencia a prevención[1] fijada por el accionante en los juzgados de familia, la cual no debe ser desconocida por un sorteo que se haga para el reparto, como el realizado por el Juzgado Civil del Circuito de Chinchina el 4 de agosto de 2003.
Además, la competencia señalada a prevención está respaldada por el artículo 1º, numeral 1º, inciso 2º, del Decreto 1382 que contempla: “a los jueces de circuito o con categoría de tales, les serán repartidos para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional.”, en virtud de que los jueces de familia tienes categoría de jueces de circuito.
Según el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 “ (...) los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración Pública Nacional (...)”. La Red de Solidaridad Social, según lo señala la Ley 368 de 1997, artículo 1º, es un “establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.”. En esa medida, en concordancia con lo fijado por el artículo 39 de la Ley 489 de 1998, es un organismo nacional descentralizado por servicios.
Puesto que la acción de tutela se dirige contra una presunta omisión del FOREC, entidad suprimida por el Decreto 111 del 25 de enero de 2002, cuyas obligaciones asumió la Red de Solidaridad Social -que como ya se mostró es una entidad descentralizada del orden nacional-, y se hace necesario respetar la competencia a prevención, el presente expediente debe ser enviado al Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná para que asuma su conocimiento.
PRIMERO. REMITIR el expediente de tutela al Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Salvamento de voto al Auto 176A/03
Peticionario: Alexander Delgado Rodríguez
[1] Artículo 37 Decreto 2591 de 1991

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 39
 Artículo 37