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Timestamp: 2020-02-23 15:38:11+00:00

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PINTO_ANDINO. EL AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO TUTELABLE EN ARGENTINA | Derechos humanos | Constitución
En: Pinto M y Martin M (dir), Agua, Ambiente y Energía. Aportes jurídicos para su vinculación, Lajouane, BA, 2017 El presente trabajo analiza el reconocimiento del derecho al ambiente en Argentina, atendiendo la trascendencia que el activismo judicial ha presentado en su consolidación como una prerrogativa de incidencia colectiva, permitiendo determinar el aporte del derecho judicial al paradigma vigente, y a la vez comprobar casuísticamente la existencia de un Estado de Derecho construido en base a una consideración de los derechos más que de las normas que los reglamentan, con decisiones adoptadas con posicionamiento político en la interpretación normativa.
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Guia de Derechos Constitucionales y Buen Vivir
20160103 - Cedula Derecho Civil
BOL 1 tati
Sentencia del tribunal Constitucional EXP. N° 09332-2006-PA-TC. UTP
MAURICIO PINTO - LIBER MARTÍN
EMBID IRUJO - MARTIN - PINTO - SALINAS ALCEGA
RECALDE - JIMÉNEZ COMPAIRED - DIAZ ARAUJO
GONZALEZ DEL SOLAR - ANDINO
PARA SU VINCULACIÓN
Antonio Embrid Irujo ... [et al.] ; dirigido por Pinto, Mauricio
Esteban ; Martin Liber
Ambiente, agua y energía : Aportes jurídicos para su relación -
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Lajouane, 2017.
1. Derecho Medioambiental. I. Embrid Irujo, Antonio II. Pinto,
Mauricio Esteban, dir. III. Liber, Martin, dir.
CDD 344.046
México 1448, (C1097ABD) Ciudad de Buenos Aires
TUTELABLE EN ARGENTINA
Mauricio Pinto y M. Marcela Andino
Desde 1994 la Constitución Nacional argentina prescribe
expresamente en su artículo 41 que todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para un de-
sarrollo humano sustentable; y tienen el deber de preservarlo.
Con ello, el reconocimiento de un derecho a un am-
biente adecuado es un hecho palpable desde hace tiempo en
Argentina, aunque la evolución que ello conlleva ha tenido dis-
tintos matices a lo largo de los años.
Así, el enfoque desde el Derecho objetivo sobre el ambien-
te -es decir del conjunto de normas que prescriben conductas
en relación al entorno- ha sido incuestionablemente superado
por un enfoque basado en el derecho subjetivo al ambiente,
perspectiva donde ya no sólo se atiende las conductas pres-
criptas normativamente en relación al entorno, sino especial-
mente la posibilidad de los individuos de reaccionar frente a
un menoscabo ecológico.
Ese salto cualitativo, que refuerza la eficacia de la pro-
tección legal del ambiente al colectivizar la posibilidad de ac-
cionar frente a una afección ilegítima, tiene como presupues-
to una situación de incumplimiento previo que hubiera sido
preferible evitar: ha sido una realidad que el derecho objetivo
en relación al entorno presenta falencias de eficacia (Pigretti,
1992), siendo usual que leyes con un contenido ambiental es-
tricto presenten debilidad en su aplicación (Bec, 1995).
Pero esta evolución, que modula la debilidad de eficacia
del orden jurídico, ha requerido tiempo y etapas, y lo que hoy
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es un concepto jurídico rotundamente aceptado no siempre
tuvo tal aprobación universal.
En Argentina, el reconocimiento del derecho al ambiente
y su configuración como prerrogativa colectiva ha sido cince-
lado -a partir de una temprana doctrina- por una jurispruden-
cia progresista e indudablemente novedosa para su época, de
marcado perfil revolucionario con respecto a los paradigmas
imperantes (Pinto & Martín, 2015), consolidándose luego en
las normas positivas de forma gradual hasta alcanzar las de
mayor jerarquía. La injusticia que importaba la desprotección
del ambiente en el que existe el ser humano ha sido corregi-
da a pesar de la resistencia –valorativa, conceptual, política,
económica, etc.- que genera todo nuevo orden. Fue a partir de
ello que se entendió que con la reforma constitucional de 1994
el país había evolucionado a un “Estado ecológico de derecho”
(Quiroga Lavié, 1996b).
Hace casi una década, indagamos sobre la evolución que
había dado lugar al reconocimiento del derecho al ambiente en
Argentina (Pinto & Andino, 2008). Teniendo en cuenta la sig-
nificativa marcha que el tema ha tenido desde entonces, reto-
mamos ese análisis para complementarlo con las particulari-
dades con que la naturaleza colectiva del derecho al ambiente
ha sido desarrollada en el sistema normativo, y en especial en
su aplicación jurisprudencial.
El presente trabajo analiza el reconocimiento del derecho
al ambiente en Argentina, atendiendo la trascendencia que
el activismo judicial ha presentado en su consolidación como
una prerrogativa de incidencia colectiva, permitiendo deter-
minar el aporte del derecho judicial al paradigma vigente, y a
la vez comprobar casuísticamente la existencia de un Estado
de Derecho construido en base a una consideración de los de-
rechos más que de las normas que los reglamentan, con deci-
siones adoptadas con posicionamiento político en la interpre-
tación normativa.
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	331
II. Los derechos humanos como base del paradigma de
En la epistemología científica moderna los paradigmas o
matrices disciplinares se presentan como realizaciones cientí-
ficas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo,
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comu-
nidad científica. Un paradigma resulta ser una visión contex-
tual que enmarca el análisis de un tema, brindando un modelo
metodológico y conceptual en base al cual cada especialidad
procurará encontrar respuestas a los interrogantes que se
formulen. La ciencia considerada normal en cada época se
desenvuelve en base al modelo que proporciona el paradigma
vigente, pero en ocasiones, ciertas anomalías provocan una si-
tuación de crisis en la tradición científicamente aceptada, y
ello lleva a la búsqueda de un nuevo modelo que, de consumar-
se, importa una revolución científica que impone el cambio de
paradigma producido (Kuhn, 2004: p. 13 y 27).
El reconocimiento del derecho al ambiente en el art. 41
CN es una característica informante del actual paradigma ju-
rídico en Argentina (Lorenzetti, 2008: p. 17), lo que se poten-
cia con los principios de interpretación que han sido impues-
tos desde la legislación ambiental al resto del ordenamiento
(Pinto, 2015).
Pero esta realidad no puede explicarse sin su inicial re-
lación con la teoría de los Derechos Humanos como contex-
to conceptual que permite justificar la existencia de derechos
que en un principio no estaban reconocidos de manera expre-
sa en el ordenamiento jurídico. Es esa base conceptual la que
justifica las anomalías en el tradicional paradigma negatorio
del derecho al ambiente que rigió desde el inicial modelo de-
cimonónico y hasta la transformación finisecular que receptó
la Constitución de 1994. Hoy en día no puede analizarse el
alcance de dichas prerrogativas, su legalidad y su tutela sin
tener en cuenta su génesis legitimante.
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1. La teoría de los Derechos Humanos como presupues-
La evolución de las ciencias jurídicas ha dado lugar a una
categoría de derechos denominada “humanos”, también conoci-
dos como derechos del hombre, derechos naturales, derechos in-
natos, derechos originarios, derechos fundamentales, libertades
fundamentales, etc. Esta redundancia terminológica que pone
énfasis en el carácter “humano” de algunos de los derechos que
se reconocen a las personas, no es casual sino que –semántica-
mente- se ha procurado resaltar el carácter de fundamentalísi-
mos para el hombre que presentan estos derechos, siendo por
ello, humanos por antonomasia (Prado, 1997).
Por ello, los derechos humanos son aquellos que correspon-
den a todos los hombres por el sólo hecho de ser tales (Gutiérrez
Posse, 1988; Maljar, 2003), y aparecen como un conjunto de
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, con-
cretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad
humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por
los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional
(Pérez Luño, 2005).
La consagración de los derechos humanos en instrumen-
tos internacionales –al igual que en las legislaciones locales-, si
bien reflejan la conciencia jurídica de la Humanidad, no consti-
tuyen la fuente de tales derechos, pues ella no se encuentra allí
sino en la dignidad esencial de todo ser humano (Castillo Daudi,
2006). Por ello, si bien los textos normativos regulan sobre estas
prerrogativas, las mismas no surgen del derecho escrito, el que
sólo las reconoce y reglamenta.
Esta concepción iusfilosófica, importa ante que todo un po-
sicionamiento en el enfoque general de la temática. Sin embar-
go, no se deja de reconocer que existen otras posturas, donde se
reduce el alcance jurídico de los derechos a una consideración
meramente política que se presenta en forma previa a su con-
formación –positivización normativa mediante- como derechos
fundamentales. Al decir de Gutiérrez Bedoya (2006), en este
sentido, “los derechos fundamentales son conceptos jurídicos
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por cuanto están positivados en los ordenamientos jurídicos de
los Estados, como tales, y los derechos humanos están dentro
de un concepto político, histórico, socio-cultural e ideológico, que
se utiliza en la teoría política, sobre todo en el aspecto interna-
cional. Los derechos fundamentales recogen el contenido de los
derechos humanos, es decir que hay continuidad de contenido,
por cuanto antes de ser positivados en los ordenamientos jurí-
dicos hay una lucha social que llega a un logro y se convierte
en un proceso histórico, por cuanto el objeto de esa lucha es la
dignidad humana que tiene varias facetas y contenidos”.
Aunque estas diferentes posturas ideológicas dan lugar a
distintos abordajes conceptuales del tema, para el análisis del
derecho argentino la distinción es una mera cuestión abstracta,
propia de la discusión dogmática, pero sin implicancia prácti-
ca alguna, ya que no pueden caber dudas en cuanto a que el
pensamiento jurídico que conformó el movimiento constituyen-
te argentino estuvo imbuido en el marcado iusnaturalismo ca-
racterizante de las ideas liberales de la época, lo que generó
mecanismos regulados positivamente para garantizar la tutela
de esos derechos que aún no han sido positivados en los ordena-
mientos jurídicos de los Estados.
Un ejemplo en este sentido puede verse en la doctrina ju-
rídica de Alberdi (1837), unos de los principales fundadores del
orden constitucional argentino. “El principio y el fin, pues, del
derecho, es el bien en sí, la realización del orden absoluto: y
el motivo que nos hace seguir el derecho, es la obligación que
nuestra razón concibe inmediatamente de proceder conforme al
bien absoluto, en el instante en que este bien absoluto se hace
conocer en ella”.
2. Existencia, fundamento y eficacia de los derechos no
reconocidos explícitamente en Argentina
El régimen constitucional -que es la base de todo el anda-
miaje jurídico en Argentina- ha previsto la existencia de dere-
chos fundamentales no expresados en los textos normativos,
sino que se encuentran implícitos en la forma republicana de
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gobierno y en la soberanía popular (art. 33 de la Constitución
Justamente, y a pesar de la inexistencia de norma jurí-
dica que lo receptara expresamente, esta fue la base del ini-
cial reconocimiento y configuración del derecho al ambiente en
Argentina como derecho humano fundamental, hasta que fi-
nalmente la norma constitucional reguló la cuestión de manera
Ese desarrollo jurisprudencial, que supo encontrar de ma-
nera implícita un derecho al ambiente y definir su contenido y
características, responde claramente al concepto de una judica-
tura activista, en el concepto que Kennedy (2013), quien iden-
tifica al juez activista como aquel que invierte una importante
cantidad de energía y tiempo en elaborar una interpretación
jurídica diferente a la tradicional, que satisfaga la motivación
extrajurídica que lo guía, de modo que el resultado del pleito
sea más acorde a su preferencia sobre lo que derecho debiera
amparar, y por ello -aunque no tiene una preferencia hacia una
de las partes- no es neutral en el uso de sus recursos. En estos
casos, hay un esfuerzo de la judicatura en lograr un resultado
que es permitido por el derecho, aunque no necesariamente era
el mandato que la norma parecía contener en su origen.
Aún así, no puede evitarse la referencia a que los derechos
fundamentales en cuanto derechos subjetivos hacen referencia
a dos aspectos que deberían presentarse de manera conjunta
y simultánea, como inherentes al concepto mismo de derecho
subjetivo: por una parte, la facultad o poder de disposición que
le corresponde a una persona respecto de una cosa y/o frente a
otras personas, y que puede esgrimirse frente a los tribunales
para su protección; y por otra parte, que esa facultad que deten-
ta el sujeto la tiene precisamente por su condición de ser huma-
no. Cada uno de estos aspectos –en caso de que no se presenten
simultáneamente- afecta a un plano distinto de la prerrogativa;
el primero al de la eficacia y el segundo al de la fundamentación
(Sánchez Sánchez, 2002).
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	335
En esta línea de ideas, cuando los operadores jurídicos fra-
casan en conectar ambos planos, los derechos pierden su eficacia
en perjuicio del interés que jurídicamente aspira a proteger el
instituto del derecho subjetivo. Esto, sobre todo, si se considera
que los derechos subjetivos –en cuanto institución jurídica- hoy
se señalan como una estructura capaz de superar la perspecti-
va exclusivamente individualista que les otorgó el pensamiento
liberal, articulando su estructura a la exigencia de los valores
sociales y –consecuentemente- de solidaridad que imponen las
segunda y tercera generación de derechos humanos.
En este sentido se explica Sánchez Sánchez (2002), al re-
ferir que el concepto moderno de derecho subjetivo –ius- que se
configura a partir de Guillermo de Occam contemplaba una re-
lación jurídica trilateral que comprendía al titular del derecho
como sujeto activo, a los individuos que integran la comunidad
como obligados o sujetos pasivos, y a la autoridad pública como
sujeto garante. Sin embargo, en un momento posterior, ante el
triunfo de la burguesía liberal la relación se transformó en bila-
teral, coincidiendo el papel de garante y obligado en el Estado,
adecuándose así la estructura del derecho al contenido que el
ideario liberal les otorgó. Con ello, las declaraciones liberales de
derecho, reaccionarias ante la monarquía, configuran un elenco
de facultades que garantizan al ser humano una serie de dere-
chos cuyo principal adversario se consideraba que era el poder
público. El problema de esta estructuración de los derechos sub-
jetivos se presentará con el advenimiento de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, donde la autoridad debe presentar
nuevamente su papel de garante en forma diferenciada a otros
sujetos pasivos que pueden resultar obligados.
Esta representación conceptual, es plenamente aplicable
al esquema del derecho al ambiente, donde más que una re-
lación de derecho objetivo en la que el interesado se presenta
como un mero “administrado” ante la Administración responsa-
ble de la aplicación de las normas ambientales, es una relación
donde el interesado puede exigir a la Autoridad que garantice el
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cumplimiento de las obligaciones que presentan en la materia
los individuos que integran la comunidad y el Gobierno mismo.
Claro está que esta concepción de derechos sociales como
subjetivos y fundamentales ha sido recepcionada por el derecho
político y constitucional mediante una evolución de sus postu-
lados y consiguientes desarrollos normativos que se presen-
tó a partir de la transformación del “Estado gendarme” en el
“Estado de bienestar”. El salto del constitucionalismo clásico al
social, coherente con la superación de la filosofía individualista
anterior y con el posterior surgimiento de los derechos de terce-
ra generación, supuso que la función de control de la legalidad
dejaba de plantearse exclusivamente desde las instituciones
que conformaban la tríada de Montesquieu para reforzarse a
través de la posibilidad de que los titulares de los derechos en
juego accionen ante la justicia para que ésta impida el menos-
cabo (Sabsay, 2000; Amaya Navas, 2003).
Es en esta evolución, entonces, donde en el régimen ar-
gentino los derechos humanos de segunda y tercer generación
se presentan como verdaderos derechos subjetivos fundamen-
tales reconocidos -expresa o implícitamente- y tutelados. Y el
derecho al ambiente en particular, con su desarrollo desde la
Constitución de 1853 a la Constitución de 1994, resulta un no-
torio arquetipo de tal reconocimiento y tutela.
3. Del desconocimiento al reconocimiento de un dere-
cho implícito al ambiente
La evolución de los intereses y políticas de cada época ha
ido mutando al ritmo de los cambios en el pensamiento y va-
lores en torno a la relación entre el hombre y su entorno, refle-
jándose en un impacto en los conceptos y previsiones jurídicas.
Aunque el reconocimiento del derecho al ambiente es actual-
mente una realidad en Argentina (art. 41 CN), en un comienzo
la existencia de tal prerrogativa no era una cuestión clara, sino
-más bien- se denegaba su existencia ante la falta de un régi-
men normativo expreso.
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	337
En este contexto, quienes afirmaban esa postura nega-
toria, partían de la clásica distinción entre derecho subjetivo,
interés legítimo e interés simple, para sostener luego que el
cumplimiento de las normas de protección ambiental era un
imperativo del derecho objetivo que no importaba un derecho ni
un interés legítimo titularizado por la generalidad de los indi-
viduos, y por ello esas personas carecían de acción judicial para
reclamar ante perjuicios ambientales. A lo sumo, ostentaban en
estos casos un interés simple que les habilitaba únicamente a
denunciar la ilegalidad ante la autoridad administrativa com-
petente (Marienhof, 1983), autoridad que las más de las veces
era responsable –por acción u omisión- del menoscabo que ge-
neraba el reclamo.
Este esquema restrictivo fue reflejado en la jurispruden-
cia, la que en sus primeros pronunciamientos rechazó la idea
de que existiera algún tipo de derecho para cuestionar afeccio-
nes al ambiente. El Juzgado n° 5 de Primera Instancia Federal
Contenciosoadministrativo (1982) rechazó una acción de ampa-
ro por la que se cuestionaba el establecimiento de una planta
de sacrificio y procesamiento de pingüinos, por entender que
el deber de proteger la fauna que establece la Ley 22421 se li-
mita a un interés simple, y por ello no genera acción judicial.
Igualmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
(1980) por idénticos motivos negó legitimación para reclamar
aspectos vinculados a la calidad ambiental.
Es claro que en el siglo XIX, cuando se conformó el Estado
argentino, el resguardo del equilibrio ecosistémico que debe
presentar el entorno que contiene al ser humano no estaba en
la mente de los fundadores del nuevo orden republicano.
Sin embargo, tampoco caben dudas en cuanto a que el pen-
samiento jurídico del movimiento constituyente –siguiendo la
fuente constitucional norteamericana-receptó expresamente
la existencia de derechos no enumerados en el derecho posi-
tivo (art. 33 CN), de modo que aunque el texto constitucional
de 1853 ostenta un listado de derechos fundamentales garan-
tizados constitucionalmente, tal enumeración no importa la
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negación de otros derechos fundamentales que puedan deducir-
se racionalmente a partir de la soberanía popular fundante de
Sin embargo, todo proceso de reconocimiento de nuevas
categorías de derechos conlleva una evolución, primero en el
plano fáctico y su relación con las necesidades de las personas,
y luego en la transformación cultural que importa modificar
la formalidad del mundo jurídico. Ocurre que las necesidades
del hombre no son estáticas en la historia, y las necesidades
sociales han llevado a una constante evolución de los valores
que –instrumentados normativamente- conforman la dignidad
humana que tutela el orden normativo.
Desde el punto de vista axiológico, en el último tercio del
siglo pasado tomó trascendencia la percepción de una crisis en
el paradigma de desarrollo y sus consecuencias sobre el entor-
no y consiguientemente sobre quienes habitan ese entorno,
preocupación que fue tomando distintas formas sociales que,
como grupos de interés, presionaron sobre las instituciones res-
ponsables de la política que informa al sistema jurídico. Este
fenómeno, manifestado universalmente, no estuvo ausente en
la particularidad argentina.
Es así como en un contexto ideológico con estos nuevos ele-
mentos el derecho a un ambiente sano comenzó a ser esbozado
en distintas manifestaciones sociales, tanto ciudadanas políti-
cas, como académicas e incluso jurídicas.
Desde la doctrina jurídica, tempranamente Cano (1974)
propiciaba “el reconocimiento o legitimación de la calidad de
obrar, esto es del derecho de accionar judicial o administrati-
vamente a entidades cívicas o a cualquiera del pueblo, en in-
terés de la protección ambiental”, lo que “parece ser un instru-
mento indispensable para contribuir a la efectiva aplicación de
la legislación ambiental. El tema ... se centra alrededor de la
naturaleza del derecho o interés legítimo lesionado que permi-
ta accionar en justicia”; “En mi opinión –de lege ferenda- los
siguientes deberían ser algunos de los principios del derecho
ambiental interno: ... e) para reconocer título para mover acción
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	339
protectora o resarcitoria de los derechos ambientales, no debe-
ría ser requerida la prueba de una lesión individualmente su-
frida o esperada, debiendo bastar la del daño objetivo al entorno
como bien de disfrute colectivo”.
Sin embargo, correspondió a la justicia brindar efectividad
real a tal prerrogativa que no era contemplada expresa o clara-
mente en el ordenamiento legal. Fue la temprana evolución de
los pronunciamientos judiciales los que tutelaron inicialmente
el derecho a un ambiente sano en el marco de los hoy consoli-
dados principios de prevención y precaución, como se detalla en
las siguientes secciones de este trabajo.
4. Reconocimiento del derecho al ambiente en la inci-
piente jurisprudencia de la década de 1980
Durante la década de 1980 la jurisprudencia que comenzó
a reconocer la existencia de un derecho tutelable en materia
ambiental fue surgiendo paulatinamente. En este desarrollo, se
produjeron algunos antecedentes donde se reconoció legitima-
ción para reclamar, aunque a veces sin una resolución defini-
tiva favorable a tal pretensión. Aún así, y desde la perspectiva
evolutiva que interesa resaltar, es decir, el progresivo recono-
cimiento de un derecho tutelable en materia ambiental, todos
ellos importaron aportes significativos a la cuestión.
Así, por ejemplo, en el caso “Quesada Ricardo c/Municipalidad
de Buenos Aires”, aunque la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil (1980) revocaría luego la decisión por entender que no
existía en el caso frustración de un derecho de rango constitucio-
nal, el fallo de primera instancia reconoció legitimación a un ciu-
dadano para cuestionar una tala arbórea en una Plaza pública
bajo el argumento que afectaba el derecho a “vivir en una ciudad
habitable, oxigenada”, prohibiéndose al municipio continuar con
tal actividad. El fundamento del juzgador se apoyó en lo dispues-
to por los artículos 33 y 28 de la Constitución Nacional, enten-
diendo que todo ciudadano está facultado para ejercer acciones
implícitas en la soberanía del pueblo.
340	M auricio P into - L iber M artín
Sin embargo, parafraseando a Cano (1983), el verdade-
ro hito en la historia del Derecho Ambiental argentino resul-
tó el pronunciamiento del Juzgado n° 2 de Primera Instancia
Federal Contenciosoadministrativo (1983) en la causa “Kattan,
A. E. Y ot c. Gobierno Nacional (Poder Ejecutivo)”, donde -ante
un reclamo realizado por un ciudadano que cuestionaba una
autorización gubernamental para la caza de 14 toninas overas
sin estudios del impacto de tal práctica- el juez Oscar Garzón
Funes anuló las autorizaciones de pescas otorgadas. En sus
consideraciones, el juzgador entiende que “la legislación tiene
previsto el caso y, en todo caso, considero que debe reconocerse
a los actores el derecho a accionar como uno de los derechos
implícitos que prevé el art. 33 de la Constitución Nacional” (con-
siderando 6); para reafirmar luego “considero que el derecho
de todo habitante a que no modifiquen su hábitat constituye
–ya lo adelanté- un derecho subjetivo. En efecto, la destrucción,
modificación o alteración de un ecosistema interesa a cada in-
dividuo; defender su hábitat constituye –a mi modo de ver- una
necesidad o conveniencia de quién sufre el menoscabo, con in-
dependencia de que otros miembros de la comunidad no lo com-
prendan así y soporten los perjuicios sin intentar defensas. Si se
altera el aire que se respira, el agua que se bebe o la comida que
se ingiere, el afectado directo es cada uno de los potenciales per-
judicados. Si la biosfera se modifica, cada persona verá alterada
su forma de vivir, su existencia estará amenazada o reducida;
no se trata de necesidades o conveniencias públicas, se trata
de cada vida afectada y de quienes dependen de esta persona”
(considerando 18).
Posteriormente, en dos análogos pronunciamientos del
Juzgado Federal en lo Contenciosoadministrativo de la Capital
Federal (1983 y 1985) en las causas “Kattan, Alberto E. c/ Estado
Nacional (Secretaría de Agricultura y Ganadería) s/venta de
agroquímico 2.4.5-T” y “Kattan, Alberto E. c/ Comité Federal
de Radiodifusión s/revocación de autorización a la publicidad
del tabaco”, se entendió que “este delicado tema debe decidir-
se a la luz de lo que norma el artículo 33 de la Constitución
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	341
Nacional en cuanto dispone que las declaraciones, derechos y
garantías que enumera la Ley Fundamental, no será entendido
como negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno. Esta norma recuerda un prin-
cipio fundamental, cual es aquel que advierte que el pueblo es
soberano; de allí que no pueda negársele el derecho a accionar
y defender las condiciones de vida, cuando éstas se ven amena-
zadas por hechos que puedan poner en peligro a la salud de las
personas o al ambiente en que se desempeñan. El sólo peligro o
posibilidad de que se desencadenen procesos de adquisición de
enfermedades que disminuyan la plenitud de la salud, habilita
la legitimatio ad causam activa a favor de cualquier habitante
del entorno ambiental, alcanzado por los efectos de un producto
que circula libremente en el comercio. Es aquí indispensable
poner en claro que el actor no acciona aquí como administrado
sino como titular de derechos humanos que son inherentes a
su condición de tal, y que no han sido delegados a quienes los
deban representar en las funciones de gobierno; de modo tal que
no pueda argumentarse contra su legitimación lo que dispone el
art. 22 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el
pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus represen-
tantes”. A partir de este razonamiento el juzgador hizo lugar a
la precautoria solicitada.
En “Morales, Victor H. Y Rinaldi J.J. c/Provincia de
Mendoza p/Acción de Amparo”, el 4° Juzgado Civil, Comercial
y Minas de Mendoza (1986) se sostuvo que “el derecho a vivir
en un ambiente sano y equilibrado es un atributo fundamental
de los individuos. Toda agresión al medio ambiente se traduce,
a la postre, en una amenaza a la vida misma, a la integridad
psicofísica del hombre que se sustenta en el equilibrio ecológico,
atributos aquellos integrativos del orden jurídico fundamental
que contiene una enumeración no clausa de los derechos per-
sonalísimos (art. 33 de la CN). ... El decreto impugnado por los
accionistas ordena el levantamiento de la veda deportiva en
la Laguna de Llancanelo sin el previo e indispensable estudio
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acerca del impacto ambiental, según se verá más adelante. Tal
medida nos coloca –a juzgar por la prueba rendida y que más
adelante se analizará- frente a la probabilidad cierta de la de-
gradación del entorno y del empobrecimiento de los recursos
naturales. Esto compromete consecuentemente en forma direc-
ta la calidad de la vida de los habitantes. Desde esta óptica, la
tutela del ambiente coincide con la protección al equilibrio psi-
cofísico del hombre y, como tal debe considerarse garantizada
constitucionalmente (art. 33 de la CN)”.
En “Bustos, Miguel c/Dirección de Fabricas Militares”
(1986), el Juzgado Federal nº 2 de La Plata (1986) afirmó que
“Es evidente que el daño ecológico tiene sanción legal en el de-
recho positivo, porque perjudica írritamente la vida, la salud y
la integridad psicofísica de quienes, por obligada proximidad,
reciben alguna sustancia contaminante. Esos derechos fun-
damentales tienen raíz constitucional en el art. 33 de la Ley
Fiundamental, y en segundo orden de prelación (art. 31) en el
Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de
Derechos Humanos (art. 4 inc. 1; 5 inc. 1 y 27 inc. 2)”.
Otro destacable caso resultó “Unión Comercial e Industrial
de Mendoza p/Acción de Amparo”, donde el 14° Juzgado Civil,
Comercial y Minas de Mendoza (1988) entendió que el derecho
que se decía violado en el caso era “el derecho a la preservación
del medio ambiente, con agravio al sistema de tránsito urbano,
y daño a los valores paisajísticos, culturales y ecológicos, que
se encuentran implícitamente reconocidos por los arts. 33 de la
Constitución Nacional y 47 de la Constitución de la Provincia
de Mendoza”. A pesar de conceder por ello legitimidad para ac-
cionar, en la causa el sentenciante desestimó la acción en lo
sustancial por no acreditarse la lesión a los valores ambientales
que se invocaban.
Intertanto causaba su impacto en los sistemas legislativos,
esta línea jurisprudencial fue engrosándose con numerosos pre-
cedentes que sabían ver la existencia de un derecho al ambiente
como una prerrogativa innata de los seres humanos, y por ello
implícita en la soberanía popular. Claro está que junto a esta
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	343
evolución jurisprudencial la doctrina no permaneció inmune,
sino que acompañó este progreso ya sea cuestionando o aplau-
diendo la pretoriana labor judicial.
5. La discusión doctrinal sobre el derecho al ambiente:
visibilidad de la ruptura del paradigma clásico
Con el advenimiento de la preocupación ambiental gene-
ralizada y las primeras decisiones judiciales en la materia, a
partir de la década de 1980 la discusión doctrinaria en relación
a la existencia de un derecho al ambiente se presentó desde un
enfoque eminentemente práctico, como es el propio del proceso
judicial de tutela.
El quid de la distintas posturas radicaban en el alcance o
naturaleza de la relación entre el hombre y el ambiente, ya que
si la misma constituía un derecho subjetivo resultaría merece-
dora de tutela judicial, mientras que si era un mero interés de
hecho –o incluso un interés legítimo en ciertos ordenamientos-
carecería de acción, es decir, del poder jurídico de obtener una
sentencia de un órgano jurisdiccional respecto a un derecho que
se considera vulnerado. En base a esas distintas perspectivas
parte de la doctrina sostenía la existencia de una prerrogativa
jurídicamente tutelable, mientras que otra vertiente de pensa-
miento sostenía –al menos inicialmente- que la aspiración a la
protección ambiental era un mero interés simple.
Destacamos el rol simbólico de este debate, de fuerte cho-
que argumental, ya que como explica Kuhn (2004, p. 87), el pe-
riodo anterior a la consolidación del nuevo paradigma regular-
mente está marcado por debates frecuentes y profundos sobre
métodos, problemas y normas de soluciones aceptables. Es esta
confrontación autoral la que refleja la ruptura del paradigma
clásico, de corte decimonónico, y el afloramiento de un nuevo
arquetipo que resultaba superador del individualismo liberal.
Los primeros sostenedores de la legitimación para proteger
el equilibro ecositémico argumentaban que el derecho de todo
habitante a defender su medio ambiente es un derecho natural
humano, protegido por la Constitución, y por ello quien acciona
344	M auricio P into - L iber M artín
en justicia por este derecho no lo hace como un “administrado”
que observa el incumplimiento del derecho objetivo por parte de
la Administración, sino como ser titular de derechos humanos
naturales. En estos casos no hay ausencia de lesión directa a un
interés o derecho, sino que esa lesión no es mensurable econó-
micamente, pero sí ecológicamente, siendo la salud y a la vida
afectadas un derecho subjetivo tan digno de protección jurídica
como los bienes patrimoniales (Cano, 1983).
Por su parte, entre quienes se oponían a reconocer legitima-
ción para accionar jurisdiccionalmente a cualquier persona con
motivo de necesidades de preservación ambiental, Marienhoff
(1983, 1986, 1993) entendía que en tales caso sólo existía un
interés simple que habilitaba a la reclamación administrativa.
En su concepción, consideraba que “se ha querido considerar
también al "interés difuso" como una diferenciada prerrogati-
va jurídica del individuo, entendiendo por tal al interés que no
pertenece a personas determinadas, ni a grupos determinados
de personas, sino a toda la sociedad, vale decir perteneciente al
pueblo todo. De modo que, en definitiva, quien asuma la defen-
sa de un supuesto "interés difuso" se estaría arrogando la tutela
de una derecho perteneciente al "pueblo". Por regla general, las
referencias a los intereses difusos aparecen cuando se habla del
medio ambiente y su defensa. Pero en nuestro derecho el inte-
rés difuso no constituye una categoría jurídica específica. Debe
considerárselo subsumido en la noción de "interés simple", reci-
biendo el tratamiento jurídico atinente a éste”.
En este concepto, Marienhoff argumentaba que los intere-
ses simples o de hecho –en los que incluía al interés por el am-
biente adecuado- sólo podían ser defendidos judicialmente por
el mismo Estado, negando que algún individuo pudiera arro-
garse representación para la defensa de algo que era de todo el
pueblo sin contravenir el principio de gobierno representativo
que impone el art. 22 de la Constitución Nacional.
También se escucharon otras voces destacada, como es la
opinión de Mairal (1984), quien comentando la controversia
doctrinaria entre Cano y Marienhoff con motivo del asunto de
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	345
las toninas observó cómo los juristas argentinos se apoyan en
un concepto restrictivos de derecho subjetivo que responde a
las teorías europeas a pesar de que el sistema constitucional y
legal argentino responde a la tradición y derecho norteameri-
cana, donde el derecho subjetivo ha evolucionado jurispruden-
cialmente a un concepto comprendedor del interés legítimo a
los fines de la legitimación. “La propuesta de ampliar la noción
de derecho subjetivo es viable con nuestra Constitución y nues-
tras leyes: ni aquélla ni éstas definen al derecho subjetivo a los
efectos de la legitimación. Se trata, en definitiva, de optar entre
una concepción estrecha, propia de sistemas jurídicos sustan-
cialmente diferentes del nuestro, o una concepción más compa-
tible con nuestro régimen constitucional que, además, satisface
los valores que la comunidad mayoritariamente comparte”
En esta controversia, la original trilogía de Jellinek –elabo-
rada bajo un pensamiento jurídico individualista en base al de-
recho subjetivo, al interés legítimo y al interés de hecho o sim-
ple- presentó alguna flaqueza que exigió su complementación
con una cuarta categoría: la de los “intereses difusos”, también
llamados derechos públicos subjetivos, derechos de incidencia
colectiva, etc. (Borassi, 1995; Rodríguez Salas, 1998; Caferatta,
Esta nueva categoría de conocimiento científico del dere-
cho vino a explicar que hay algunos intereses que no son de un
sujeto determinado sino que corresponden en su titularidad a
todos y cada uno de los individuos que se encuentran en deter-
minada situación, pero sin constituir una simple adición de pre-
rrogativas individuales; se los señaló como “aquellos que per-
tenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto
integrantes de grupos, clases sociales o categorías de personas,
ligadas en virtud de la pretensión de goce por parte de cada
uno de ellos, de una misma prerrogativa. De forma tal que la
satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada
individuo se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo
que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente a los
346	M auricio P into - L iber M artín
intereses de los integrantes del conjunto comunitario” (Flah &
Smayevisky, 1993).
Estos intereses son "aquellos que no son ya sólo de uno o
varios, sino, mejor, de todos los que conviven en un medio de-
terminado y cuya suerte en lo que concierne al enrarecimiento,
destrucción, degradación, vaciamiento o consumo sin reposi-
ción, angustia al conjunto en lo inmediato y en el porvenir vi-
tal de cada uno, sobremanera el de las próximas generaciones.
Enmarca, por consiguiente, verdaderos y perentorios intereses
de la sociedad" (Morello, 1978), y por ello pertenecen a una serie
no precisada de personas, o de muy difícil o imposible determi-
nación y que, además, no se hallan necesariamente unidas por
un vínculo jurídico previo concertado (Morello et al, 1982).
Claro que la tutela de estas prerrogativas fue conceptual-
mente resistida en un inicio por civilistas cultores del derecho
subjetivo como presupuesto de toda acción jurisdiccional, y por
administrativistas propiciadores de la trilogía de Jellinek, que
veían con desconfianza el reconocimiento de los intereses difu-
sos dentro de una nueva dimensión de democracia participativa.
Pero tal denominación como “difuso” no apuntaba a que
el interés en sí mismo era indeterminado. La doctrina precisó
que lo “difuso” de estos intereses no implicaba que los mismos
resultaran algo evanescente, volátil o etéreo, es decir, no impli-
caban un interés sin peso o entidad real, y por ello sin atención
jurídica en cuanto a su tutela, aspecto en nuestra opinión tras-
cendente si conceptualizamos al derecho subjetivo en relación
a un interés jurídicamente protegido y al poder que el derecho
otorga a los individuos para satisfacer dicho interés.
Por el contrario, tales intereses resultan “difusos” en el sen-
tido etimológico del término, lo que importa un interés “Ancho,
dilatado” (RAE, 2001) en cuanto a su extensión subjetiva. Como
explica en este sentido Rosatti (2004), de acuerdo a esta concep-
ción (difuso como dilatado) “un interés difuso sería una preten-
sión colectiva o supraindividual” consistente en un verdadero
derecho del conjunto de individuos, y no una mera aspiración o
pretensión de bajo tenor.
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	347
Con esto, la pretensión ambiental como interés difuso fue
sostenida progresivamente por la generalidad de la doctrina –
con su correlato jurisprudencial, como hemos visto- como una
verdadera prerrogativa exigible por todas las personas que pue-
den ser afectadas por una afección al entorno (Morello et al,
1982; Greco, 1984; Cano, 1979), con lo que su jerarquización
como derecho tutelable se consolidó y adquirió claridad concep-
tual, expandiendo la legitimación para su protección jurisdiccio-
nal como una consecuencia lógica.
En esta línea, las Novenas Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, celebradas en Mar del Plata entre el 10 y 13 de noviembre
de 1983, resolvieron que el derecho a la preservación ambien-
tal era una de las garantías implícitas en el artículo 33 de la
Constitución Nacional, y recomendaron legitimación para ha-
cerlas efectivas a cada uno de los miembros de la comunidad
(Carranza, 1984).
Posiblemente el trasfondo de esta evolución se refleja en
las palabras de Dromi (1994): “La concepción puramente forma-
lista ha pluralizado las situaciones subjetivas. Ha hecho de las
libertades varios derechos subjetivos, fuertes y débiles y hasta
les ha dado distintos nombres: derecho subjetivo propiamente
dicho, interés legítimo general, interés legítimo especial, interés
simple, interés difuso. Tales categorías jurídicas de situaciones
subjetivas, que fraccionan la libertad pública en diversos mo-
delos jurídicos operativos (de más a menos o de menos a nada)
según la pretensión y el alcance de lo reclamable, nacen de una
interpretación restrictiva que hace primar erróneamente la vo-
luntad del legislador, quién ha inventado las categorías jurídi-
cas de derecho subjetivo, intereses legítimo, simple y difuso, por
encima de la voluntad primaria del constituyente que ha insti-
tuido las categorías políticas: libertades públicas. Pretendemos
que el derecho subjetivo sea todo y siempre. Pretendemos un
Estado de derecho que consagre libertades públicas y que afian-
ce con seguridad y celeridad su tutela por medios procesales
idóneos para traducir en la realidad concreta la fuerza potencial
348	M auricio P into - L iber M artín
inmanente del individuo, que para la política se llama libertas,
y para el derecho, derecho subjetivo”.
La Reforma Constitucional de 1994 –como consolidación
positiva expresa del derecho al ambiente-, al igual que la evolu-
ción del constitucionalismo y derecho provincial, dará fin a cual-
quier cuestionamiento doctrinario sobre la existencia de la pre-
rrogativa de toda persona a una ambiente sano y equilibrado.
III. La regulación positiva del derecho al ambiente
1. Primera evolución en el constitucionalismo y dere-
cho público provincial
La delimitación que la doctrina y la jurisprudencia concre-
taban en relación al derecho que al ambiente repercutió en el
sistema normativo provincial que regulaba el acceso a la juris-
dicción para tutelar los intereses ambientales, tanto a nivel le-
gal como constitucional.
Con jerarquía legal, la Provincia de Santa Fe dictó en 1986
la Ley 10000, en la que se regulaba una acción judicial contra
cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administra-
tiva provincial, municipal o comunal o de entidades o personas
privadas en ejercicio de funciones públicas, que, violando dis-
posiciones del orden administrativo local, lesionaran intereses
simples o difusos de los habitantes de la Provincia en la tutela
de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y
del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preserva-
ción del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta
comercialización de mercaderías a la población y, en general, en
la defensa de valores similares de la comunidad.
Si bien esta norma no reconoce en forma expresa el dere-
cho al ambiente, regula un instituto de protección que sólo pue-
de entenderse en el marco del reconocimiento de tal derecho.
Posteriormente, en 1999, por Ley 11717 refiere expresamente
a un derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un am-
biente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano (art. 1 inc. b).
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	349
La legislación de la Provincia de San Juan en 1990 estable-
ció por Ley 6006 un procedimiento judicial para la protección
de los intereses difusos y derechos colectivos, considerando en-
tre las situaciones tutelables mediante acciones de protección
o reparación en especie al medio ambiente, a la conservación
del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, urba-
nísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísti-
cos (art. 1 inc. 1).
La Provincia de Mendoza en 1992 dictó la ley 5961, donde
se reconoció a todo habitante un derecho a gozar de un ambien-
te sano y ecológicamente equilibrado (art. 5 inc. d), establecién-
dose en su Título IV un procedimiento para la defensa jurisdic-
cional del ambiente.
La ley 1352 de la provincia de La Pampa (14/11/1991) regu-
la un procedimiento de Amparo para la protección de los intere-
ses difusos o derechos colectivos, fijando una legitimación am-
plia en materia ambiental que abarca incluso a todo particular
que accione en nombre de un interés colectivo (art. 7).
La ley 2.779 de la provincia de Río Negro (23/05/1994) re-
gula el procedimiento para el ejercicio del amparo para la pro-
tección de los intereses difusos y/o derechos colectivos. Esta ley
contiene disposiciones similares a las de la ley de la Provincia
de La Pampa, por lo que se hace extensible al caso lo señalado
El reconocimiento constitucional en los Estados provincia-
les del derecho en análisis comenzó en 1986. Ese año las provin-
cias de San Juan (art. 58), Jujuy (art. 22 y 43.3), La Rioja (art.
66) y Salta (art. 30) modificaron sus cartas magnas en reconoci-
miento del derecho al ambiente. En 1986 también modificaron
su carta las Provincia de Santiago del Estero (art. 30), aunque
su texto fue más tibio que el de las restantes, contemplando
únicamente un deber general en relación al ambiente.
En 1987 siguieron esta tendencia Córdoba (art. 66) y San
Luis (art. 47); en 1988 Río Negro (Art. 84); en 1990 Tucumán
(art. 41); en 1991 Tierra del Fuego (art. 25) y Formosa (art. 38).
350	M auricio P into - L iber M artín
En el contexto ideológico-jurídico que potenció la reforma
de la Constitución argentina que analizaremos infra, luego de
la Convención Constituyente nacional de 1994, el derecho al
ambiente se contempló en las Constituciones provinciales de
Chaco (1994), Chubut (1994), La Pampa (1994), Buenos Aires
(1994), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996), Santa Cruz
(1998), Corrientes (2001/2007) y Neuquén (2006).
2. Su reconocimiento constitucional expreso con alcan-
ce nacional (art. 41 y 43 CN)
La Constitución argentina sancionada en 1853 no contem-
plaba explícitamente el derecho al ambiente, aunque –como
se ha reseñado- la jurisprudencia y doctrina supo encontrar
tal prerrogativa implícita dentro de los llamados derechos no
En 1993, la Ley nacional 24309 declaró la necesidad de refor-
ma constitucional, dando formal inicio a dicho proceso, y delimi-
tó las atribuciones que ostentaría la Convención Constituyente.
En este sentido, y asumiendo las exigencias que en materia am-
biental había tenido que consumar la jurisprudencia y doctrina
antes analizada, habilitó a dicha Convención a debatir y resol-
ver sobre preservación del medio ambiente (art. 3).
La Convención Constituyente discutió diversos proyectos
fundados en un despacho por la mayoría y en diversos despa-
chos minoritarios. A pesar de estas divergencias, en todos los
casos los despachos coincidían en sus respectivas propuestas
de redacción en el texto del futuro artículo en lo que hace al
reconocimiento del derecho al ambiente (Convención Nacional
Constituyente, 1994a). A pesar de dicha coincidencia, otros as-
pectos del articulado que delimitaban la conformación de tal de-
recho no resultaron tan pacíficos, como puede apreciarse de las
posiciones y expresiones que los convencionales realizaron a lo
largo del debate.
Así, por ejemplo, las ideologías que presentaban una visión
crítica del antropocentrismo y las de mayor compromiso con la
solidaridad ambiental propiciaban un papel garante del Estado
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	351
en el aseguramiento del derecho al ambiente. En este sentido,
el cuarto despacho por la minoría -presentado por Schroeder y
otros-, aunque mantenía la generalidad del texto propuesto por
la mayoría en los restantes aspectos proyectados en la materia,
pretendía que el Estado, más que “proveer” (como establece el
texto propuesto por la mayoría y finalmente sancionado), “ga-
rantice” la utilización racional de los recursos naturales, la edu-
cación ambiental, la protección de las especies que configuran
la flora y fauna silvestres contra los métodos que lleven a su
depredación, el patrimonio natural y cultural, la diversidad ge-
nética, precautelando el interés nacional y el derecho a obtener
y recibir información adecuada.
Al fundar esta postura, el Convencional Schroeder introdujo
reflexiones sobre la necesidad de asociar la libertad a una respon-
sabilidad social para corregir el despropósito de la Humanidad,
lo que exigía reemplazar la visión del “desarrollo humano” por
la del “desarrollo sustentable” en cuanto el eje ecosistémico no
es el hombre. Con esta base de pensamiento, sostendrá que el
Estado no debe proveer sino garantizar lo ambiental, ya que pro-
veer no es asegurar a los ciudadanos el ejercicio del derecho, sino
sólo tomar acciones que no son definitivas (Convención Nacional
Constituyente, 1994a). Esta postura será reafirmada luego por
otros convencionales como Cafiero, Barcesat, Martínez Llano y el
mismo Schroeder (Convención Nacional Constituyente, 1994b),
los que pondrán énfasis en que proveer limita la actividad esta-
tal a disponer los medios para satisfacer lo que se procura, pero
no asegura un resultado tutelar.
Como contraparte, las posturas que colocaban al hombre
como elemento base de la discusión, o aquellas con ideales libe-
rales que imponían un límite al papel intervensionista estatal,
no sólo brindaron una visión filosófica distinta, sino que con-
secuentes con esta visión impulsaron un derecho al ambiente
encauzado en límites regulables legalmente –como ocurre con
la obligación de recomponer el daño ambiental “según lo esta-
blezca la ley” que adoptó el texto sancionado- y donde al Estado
352	M auricio P into - L iber M artín
corresponde una obligación de medios en cuanto “provee” a la
protección de este derecho.
En estas últimas posturas, destaca la Convencional Roulet,
que al fundamentar la postura del despacho mayoritario, sostu-
vo que lo que se quiere garantizar “no es una noción que se re-
fiere a los equilibrios naturales del ambiente intangible, aquel
donde el hombre no ha tenido ninguna actividad. Significa el
equilibrio de los ambientes transformados por el hombre”. La
Convencional Peltier, también en esta línea, sostuvo a su vez
que “no se debe olvidar que la protección del ambiente no tiene
por finalidad el cuidado de la naturaleza en sí mismo sino el
cuidado del hombre y el afianzamiento de su dignidad, que im-
pone la satisfacción de sus necesidades” (Convención Nacional
Constituyente, 1994a).
En definitiva, el artículo 41 del texto constitucional recogió
un régimen que contempla que “Todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarro-
llo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generacio-
nes futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la preserva-
ción del patrimonio natural y cultural y de la diversidad bioló-
gica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos ac-
tual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Junto con el reconocimiento expreso del derecho al ambien-
te en el texto constitucional, el artículo 43 de la Carta Magna
reafirmó la efectiva protección jurisdiccional de tal derecho, al
incluir lo “relativo a los derechos que protegen al ambiente”
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	353
dentro del régimen de la acción expedita y rápida de amparo
para la protección de los derechos y garantías constitucionales
De este modo, los artículos 41 y 43 del nuevo texto de la
Constitución Nacional reconocen el derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las ac-
tividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; como también el
consiguiente deber de preservarlo. Así, la República Argentina
se sumó a una tendencia presente en el Derecho Constitucional
comparado - Constituciones de Polonia, Yugoslavia, Portugal,
España, Portugal, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela, Corea del
Sur, Turquía, entre otros-, dando lugar a la positivización ex-
presa de prerrogativas individuales reconocidas por el derecho
a partir de la doctrina, la jurisprudencia y el orden normativo
IV. El derecho al ambiente y su configuración
1. Objeto y contenido del derecho al ambiente
El objeto del derecho de todos los habitantes es el ambiente
en los términos regulados en el artículo 41 de la Constitución
Nacional. La exégesis del mismo nos permitirá establecer el
contenido que corresponde a la prerrogativa ambiental que ha
sido reconocida en esa norma.
Como primer aspecto a resaltar, el ambiente al que se tiene
derecho no importa un entorno natural, prístino, propio de una
noción extrema que desconozca las necesidades productivas.
Claro está que la realidad ambiental argentina es muy distinta
a la de esa suerte de estado de naturaleza que encontró la co-
lonización española en el siglo XVI o incluso de aquella que se
presentó antes del desarrollo de los pueblos originarios, que ha
sido descripto desde el historicismo ecológico por Brailovsky &
Foguelman (2002) y Brailovsky (2006).
354	M auricio P into - L iber M artín
Por el contrario, el ambiente como objeto del derecho cons-
titucionalizado es el entorno antropizado, donde se desarrollan
las “actividades productivas”. En este concepto, recordamos las
distintas nociones que han definido a dicho ambiente, sea enu-
merando aspectos antrópicos dentro de sus componentes (Cano,
1978), o vinculando como ambiente a los sistemas o elementos
naturales y culturales (Moyano, 1990; Cevallos de Sisto, 1994).
La idea de un ambiente antropizado se colige con la refe-
rencia a su aptitud para el desarrollo humano. Se trata de un
ambiente que se conforma así para el desarrollo integral del
hombre en todas sus dimensiones (Quiroga Lavié, 1996a), en
cuanto la noción de desarrollo humano ha superado a las de
desarrollo económico o social; e implica crear, promover y di-
namizar condiciones sociales, económicas, políticas, culturales,
ambientales y jurídicas que favorezcan la capacidad de todas
las personas para su desarrollo (HSN, 1995).
Este desarrollo –más que el sustrato natural- debe atender
sustancialmente al individuo en su dimensión humana. Para
hablar de desarrollo humano es necesario contemplarlo en sus
facetas económica, social, cultural y ecológica, las cuales deben
actuar de consuno para evitar distorsiones que concluyan por
afectarlas a todas ellas. Cualquiera que fuesen los diagnósticos
que fundamentan las propuestas de políticas económicas en pro
de la sustentabilidad socio-ambiental de desarrollo, deben op-
tar por el desarrollo humano sostenible; todo plan de desarrollo
que no comience por poner en el centro de su preocupación al
ser humano y la posibilidad de su desarrollo integral, carece
de mayor fundamento. No se puede ignorar la íntima relación
existente entre desarrollo, calidad de vida y medio ambiente
(Bergel, 1992).
De ahí que el ambiente, por sí mismo, no es el objeto de
protección, sino en función del desarrollo humano mediante el
aprovechamiento social, cultural y productivo de los elementos
Por ello, si bien esta aptitud del ambiente constitucionali-
zado también incluye al desarrollo económico, no es sólo éste el
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	355
objetivo que el constituyente tuvo en vista, sino que es el hom-
bre el objeto principal de la protección (Quiroga Lavié, 1996b).
En forma coincidente con la Carta Mundial de la Naturaleza
aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1982, si bien
resulta ahora indispensable recordar que el hombre es parte
integrante de un ecosistema, que no está fuera ni por encima
sino dentro de él (Cano, 1985), y que si bien la naturaleza es un
valor y el hombre debe respetarla y ayudarla, el ser humano no
pierde por ello su centralidad. Toda comunidad biótica resulta
valiosa, pero en la cima de esta comunidad se halla precisamen-
te el hombre (Maddalena, 1992), tal cual reconoce el Principio 1
de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo adoptada
en la Conferencia de Río en 1992.
Pero a su vez, ese ambiente desarrollado humanamente se
encuentra condicionado a un grado de intervención que no lo
altere de modo tal que pierda su cualidad de sano y equilibrado,
cualidades que intrínsecamente no dejan de ser humanizantes
En este sentido, resalta lo expresado por la Convencional
Roulet al fundar el despacho mayoritario que dio lugar al actual
texto constitucional, donde refirió a la cualidad de “sano”, vin-
culándola no sólo a la preservación de los bienes ambientales
de los que depende el hombre, sino también a todos los ámbitos
construidos por el hombre: “sano significa una ciudad con cloa-
cas , con agua corriente, control del ruido y de las emanaciones,
y con espacios verdes suficientes en relación al espacio construi-
do, ... vivienda adecuada..., ámbito de trabajo adecuado..., es-
cuelas...”, etc. En relación a equilibrado sostuvo que “no es una
noción que se refiere a los equilibrios naturales del ambiente
intangible, aquel donde el hombre no ha tenido ninguna activi-
dad. Significa el equilibrio de los ambientes transformados por
el hombre...” (Convención Nacional Constituyente, 1994a)
Esto último, denota un marco de sustentabilidad en las
actividades antrópicas a efecto de que no comprometa tales
caracteres no sólo en consideración a los actuales habitantes,
sino también en relación a los potenciales o futuros. La norma
356	M auricio P into - L iber M artín
constitucional es expresa en este sentido, adoptando el princi-
pio del desarrollo duradero (Valls, 1994) al establecer que el
ambiente como objeto de la prerrogativa tutelada debe ser apto
“para que las actividades productivas satisfagan las necesida-
des presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Esta perspectiva humanista del ambiente ha llevado a sos-
tener que el derecho al ambiente contemplado en la Constitución
argentina importa el derecho de usar y gozar de los bienes am-
bientales, aunque estos bienes son jurídicamente tutelados en
cuanto requieren cualidades como sano y equilibrado. Y consi-
guientemente, el derecho de uso y goce es acompañado por el
deber de protección como una carga pública en cabeza de todos
los individuos (Casabene de Luna, 2005).
Es entonces que tal ambiente -donde los valores naturales,
culturales, sociales, económicos, etc, se complementan en fun-
ción de la integralidad humana-, no sólo importa un derecho al
mismo sino también un deber en su preservación. Y consecuen-
temente con esta obligación el daño ambiental según el texto
constitucional genera la obligación prioritaria de recomponer,
de volver las cosas al status quo ante.
2. La naturaleza colectiva del derecho al ambiente en
el régimen argentino
El derecho al ambiente que reconoce la Constitución argen-
tina ha sido identificado dentro de los derechos humanos de ter-
cera categoría, siendo consecuentemente un derecho subjetivo,
aunque su naturaleza presenta además un alcance colectivo.
Así, este derecho presenta en su naturaleza una doble face-
ta, donde convive lo individual con lo colectivo, lo que repercuti-
rá necesariamente en los mecanismos de legitimación a través
de los cuales el orden jurídico efectiviza a cada uno su derecho
subjetivo al ambiente.
La protección jurisdiccional que otorgó expresamente el ar-
tículo 43 de la Constitución Nacional de 1994, además de legi-
timar en el primer párrafo a toda persona que vea afectado su
derecho subjetivo al ambiente reconocido constitucionalmente,
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	357
reguló en el segundo párrafo el derecho al ambiente como “de-
recho de incidencia colectiva”, legitimando a los efectos de su
protección al afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines.
Este doble régimen fue considerado claramente por
Bustamante Alsina (1995), quien observó inicialmente que
cuando se ve turbado el derecho subjetivo de cada persona que
reconoce el art. 41 CN la legitimación corresponderá en el marco
del amparo común que regula el primer párrafo del art. 43 CN;
y sólo cuando sea afectado un valor colectivo que no implique
un derecho individual sino un derecho supraindividual de inci-
dencia colectiva –es decir, los llamados intereses difusos- cual-
quier persona que acredite un interés razonable y suficiente en
lo colectivo podrá ser legitimada en los términos del segundo
párrafo del art. 43 CN.
Cabe resaltar así que el afectado legitimado para accionar
por derechos de incidencia colectiva no es entonces quien osten-
ta un interés personal y directo en la cuestión, sino cada uno de
los individuos que –junto a otros interesados que conforman el
circulo de afectados titulares de la acción- presenta un interés
colectivo -aún cuando sea indirecto o reflejo- con respecto al
acto u omisión lesivo del ambiente (Gozaíni, 1996; García Pullé,
2002; Bidart Campos, 2004). Este tema lleva a la estructura de
los derechos subjetivos y del Estado que –como se refiere supra-
ha debido amoldarse a las nuevas exigencias que los valores
sociales y solidarios han impuesto al derecho.
Así, y debido a esa doble naturaleza del derecho al ambien-
te, el amparo ambiental resultó habilitado desde dos vertientes
complementarias: a “todos los habitantes” –según rezaba el art.
41 CN al reconocer este derecho como prerrogativa personal y
directa- en el marco del primer párrafo del art. 43 CN; y cuando
no existan intereses personales y directos en juego a “el afec-
tado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan
a esos fines” en los términos del segundo párrafo del art. 43 de
358	M auricio P into - L iber M artín
La Ley 25675, al regular la acción por daño ambiental, ha
reconocido esta doble naturaleza, ya que además de los legiti-
mados del art. 43 CN (ampliando la legitimación anómala del
defensor del Pueblo a otras autoridades), legitima a la persona
directamente damnificada por el hecho dañoso.
De esta forma, el régimen constitucional superó las forma-
listas posturas doctrinarias que restringían el acceso a la ju-
risdicción por temas colectivos y no sólo brindó tutela procesal
a las situaciones individuales, sino que además amparó a las
situaciones supraindividuales o colectivas mediante una técni-
ca mixta que consiste por una parte en apoderar a determina-
das instancias y asociaciones de representación colectiva de los
intereses afectados, y por otra de legitimar individualmente a
todos y cada uno de los afectados.
3. La naturaleza colectiva del derecho al ambiente y
su desarrollo jurisprudencial
La configuración del derecho al ambiente como derecho de
incidencia colectiva, trae consigo ciertas particularidades que
inciden sustancialmente en su alcance y configuración prácti-
ca, con contenidos mayores que la mera legitimación ampliada
que dispuso el texto constitucional. Conlleva mecanismos pro-
cesales que reestructuran los clásicos procesos de tutela que –
además de la legitimación- implican cambios sustanciales en
materia probatoria, en el rol judicial, e incluso en el alcance de
Gran parte de estos mecanismos, hoy han sido incorporados
al derecho vigente. Aunque otros han sido inducidos y subsisten
en base a una pretoriana labor jurisprudencial que acomodó las
características de los procesos de tutela a la naturaleza colecti-
va del derecho al ambiente, adoptando tempranamente meca-
nismos que recién fueron incorporados en el derecho positivo,
en algunos casos, con la Ley 25675 de 2002.
Una de las manifestaciones de ese proceso es el principio
precautorio, y su impacto en la acreditación de los hechos. De
acuerdo a tal máxima, cuando haya peligro de daño grave o
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	359
irreversible la ausencia de información o certeza científica no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de me-
didas eficaces, en función de los costos, para impedir la degra-
dación del medio ambiente. Mucho antes de que tal principio
fuera incorporado en el art. 4 de la Ley 25675, la jurisprudencia
aplicó su concepto: en el citado caso “Kattan” (1983), se conside-
ró que era “[...] irrelevante que la actora haya probado -o no- que
la caza de 14 delfines resulte depredatoria o altere el hábitat”,
anulándose autorizaciones adoptadas sin estudios previos ade-
cuados. Este criterio judicial, se replicó sistemáticamente hasta
que fue explicitado en el derecho positivo.
Otra manifestación de este proceso consistió en la flexibi-
lización del principio de congruencia, también por obra de la
jurisprudencia, la que entendió que podían disponerse medidas
de evitación del daño ambiental independientemente de que ello
sea solicitado. Resaltan en esta línea diversos precedentes de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (1988), Cámara
1º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, (1992 y
1995), Cámara Federal de San Martín (1997) y Suprema Corte
de la Provincia de Buenos Aires (1998). El derecho positivo trató
de receptar esta tendencia en el art. 32 de la Ley 25675, aunque
ello no tomó vigencia al ser vetado por el Poder Ejecutivo nacio-
nal a través del Decreto 2413/02; aunque su aplicación ha sido
continuada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires (2010) incluso a pesar de dicho veto.
Otra variante del proceso colectivo que materializa la tute-
la del derecho al ambiente refiere al efecto de la sentencia con
alcance erga omnes. La Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de La Plata (1994) fue la primera en entender que
frente a pretensiones referidas a daños ambientales la senten-
cia debe dictarse con efectos "erga omnes". Luego, esta caracte-
rística expansiva de las sentencias ambientales se ha reflejado
expresamente en el art. 33 de la Ley 25675, reforzado con la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2009)
que diferenció dogmáticamente los distintos tipos de derecho de
360	M auricio P into - L iber M artín
incidencia colectiva, y sostuvo que en tales supuesto el efecto de
la sentencia se manifiesta erga omnes.
Estos casos de activismo judicial, que interpretando el
sistema jurídico proporcionan soluciones que se adelantan a
la norma, muestra que el Poder Judicial actúa en base a prin-
cipios que contextualizan a las normas, generando un modelo
de Estado de Derecho configurado bajo una perspectiva que, al
decir de Dworkin (2012), se centra más en la consideración de
los derechos que en la de los reglamentos, poniéndose por eje la
consecución de la justicia sustantiva sobre la formalidad legal.
El derecho al ambiente es un derecho humano que en
Argentina presenta recepción constitucional expresa desde
1994 como una prerrogativa cuyo objeto y contenido importa un
ambiente antropizado, cualificado como sano y equilibrado, y
cuya finalidad es el desarrollo sustentable del hombre. Con an-
terioridad, fue reconocido por la doctrina y jurisprudencia como
una prerrogativa implícita de todo habitante que, proveniente
de la soberanía popular y la forma republicana –democrática-
de gobierno, era merecedora de tutela jurisdiccional.
Además del reconocimiento expreso por parte de la Carta
Magna nacional, el derecho provincial que caracteriza al ré-
gimen federal argentino resguardó la prerrogativa ambiental
como un derecho subjetivo tutelable.
La naturaleza de tal derecho que surge de la regulación
constitucional importa una doble faceta. La primera de ellas –
con sustento en los arts. 41 y primer párrafo del 43 CN- consiste
en una configuración de corte individual; mientras la segunda,
de tinte colectivo, ha sido contemplada por el segundo párrafo
del art. 43 CN para situaciones supraindividuales donde –ob-
viamente- los intereses pueden no ser personales ni directos.
La anticipación judicial que inició un proceso hacia la cons-
titucionalización explícita del derecho al ambiente no conclu-
yó allí, sino que la praxis jurisprudencial continuó generando
bases para una posterior regulación legal, con incidencia en la
E l ambiente como derecho humano tutelable en ...	361
valoración precautoria de la prueba, el alcance erga omnes de
las decisiones y la flexibilización del principio de congruencia.
La influencia del activismo judicial en la configuración
de dicha prerrogativa permite comprobar casuísticamente la
existencia de un Estado de Derecho construido en base a una
consideración de los derechos por sobre las normas, donde los
decisores adoptan un posicionamiento desde los principios am-
bientales en la interpretación normativa.
Las implicancias de este proceso son notorias, no sólo por
su mero impacto en las manifestaciones del derecho positivo,
dando lugar a una alternativa frente a incumplimientos legales
que en el pasado no podían ser cuestionados por los propios
afectados. Sino especialmente porque el alcance evolutivo que
dicho derecho ha adquirido en una constante redefinición judi-
cial, donde tal prerrogativa ha sido conceptualizada como un
elemento esencial del ser humano, de corte colectivo, con meca-
nismos de tutela diferenciales frente a los cánones tradicionales
que deben resultar eficaces más allá de las previsiones y limita-
ciones explícitas en el régimen vigente.
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Juzgado federal nº 2 de La Plata. 1986. Causa Bustos, Miguel c/
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2 de La Plata, sentencia del 30 de diciembre de 1986
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Juzgado n° 2 de Primera Instancia Federal Contencioso-
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Almada, Hugo N. c. Copetro S. A. y otro; Irazu, Margarita c.
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sentencia de 19 de mayo de 1998.
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References: artículo 41
de lege ferenda
 resolución 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 41