Source: http://justiciabol.blogspot.com/2018/10/
Timestamp: 2019-10-16 10:26:41+00:00

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Justicia en Bolivia: October 2018
Audio Entrevista a Juan Lanchipa el Nuevo Fiscal General de Bolivia
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Video Presidente del Colegio de Abogados replica a la Juez Castro
LEY N° 960 - LEY TRANSITORIA PARA EL PROCESO DE PRESELECCIÓN Y ELECCIÓN DE MÁXIMAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
LEY TRANSITORIA PARA EL PROCESO DE PRESELECCIÓN Y ELECCIÓN
DE MÁXIMAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto disponer un régimen excepcional y transitorio para:
a) El proceso de preselección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, de la gestión 2017.
b) El proceso de elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, de la gestión 2017.
ARTÍCULO 2. (CONVOCATORIA A ELECCIONES).
I. Se convoca a elecciones para la elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial, para el 3 de diciembre de 2017.
II. La Asamblea Legislativa Plurinacional adecuará los plazos del proceso de preselección de manera que noventa (90) días antes de la elección del 3 de diciembre de 2017, remita al Tribunal Supremo Electoral la lista de preseleccionadas y preseleccionados del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.
III. El Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el cronograma electoral y los procesos administrativos a los alcances y plazos establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 3. (CRITERIOS DE GÉNERO Y PLURINACIONALIDAD). La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que del total de personas preseleccionadas para el Tribunal Constitucional Plurinacional y para el Tribunal Supremo de Justicia, el 50% sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con auto identificación indígena originario campesina.
ARTÍCULO 4. (ORGANIZACIÓN DE LA VOTACIÓN).
I. El Tribunal Supremo Electoral, luego de recibidas las nóminas de candidatas y candidatos preseleccionados, organizará el proceso electoral del 3 de diciembre de 2017, en función a las siguientes previsiones:
a) Tribunal Supremo de Justicia.
La elección se realizará en circunscripción departamental. La lista estará integrada por cuatro (4) personas en cada Departamento. En cada circunscripción departamental se elegirá a una (1) Magistrada o Magistrado titular y una (1) Magistrada o Magistrado suplente. La Magistrada o el Magistrado titular será la o el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos. La Magistrada o el Magistrado suplente será la o el siguiente en votación.
b) Tribunal Constitucional Plurinacional.
La elección se realizará en circunscripción departamental. La lista estará integrada por cuatro (4) personas en cada Departamento. En cada circunscripción departamental se elegirá a una (1) Magistrada o Magistrado titular y una (1) Magistrda o Magistrado suplente. La Magistrada o el Magistrado titular será la o el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos. La Magistrada o el Magistrado suplente será la o el siguiente en votación.
c) Tribunal Agroambiental.
La elección se realizará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por catorce (14) candidatas y candidatos. Las Magistradas o Magistrados titulares serán las y los cinco (5) que obtengan el mayor número de votos válidos y las Magistradas o Magistrados suplentes serán las y los siguientes cinco (5) más votados.
d) Consejo de la Magistratura.
La elección se realizará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por diez (10) candidatas y candidatos. Las Consejeras o Consejeros titulares serán las y los tres (3) que obtengan el mayor número de votos válidos y las Consejeras o Consejeros suplentes serán las y los siguientes tres (3) más votados.
II. El orden de ubicación de las y los postulantes en la franja correspondiente de la papeleta electoral, se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.
III. El Tribunal Supremo Electoral habilitará dos papeletas, una para la circunscripción nacional correspondiente al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, y otra para la circunscripción departamental correspondiente al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia.
IV. Las y los electores emitirán un solo voto por cada institución.
V. El recuento de votos y cómputo oficial se realizará por institución.
ÚNICA. La Ley N° 929 de 27 de abril de 2017, se aplicará en lo que no esté regulado en la presente Ley.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Luis Alberto Arce Catacora, Héctor Enrique Arce Zaconeta.
Video Romel Cardozo salio de la carcel, junto a sus abogados nos explica que paso?
Por inclumplimiento de deberes Piden cárcel para exjuez Pacajes
El Ministerio Público imputó a la exjuez del Juzgado Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, involucrada en la sentencia ilegal contra el médico Jhiery Fernández en el caso “bebé Alexander”, por el delito de incumplimiento de deberes y pidió su detención preventiva, la abogada espera su audiencia de medidas cautelares. Entretanto, el fiscal Ramiro Prieto dijo ayer que la Fiscalía recién pedirá un informe sobre la salud de la exjuez.
El fiscal del Distrito,Edwin Blanco, afirmó que analizaron las declaraciones de Pacajes y el cuaderno de investigaciones del caso y resolvieron imputarla por haber incumplido con sus deberes en el proceso del caso bebé Alexander, cuando ejercía como presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia
“Se ha solicitado la imputación formal (contra la exjueza), se está pidiendo la detención preventiva de la misma porque consideramos que hay riesgos”, declaró el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, según declaró a la agencia noticiosa Erbol
Pacajes enfrenta las secuelas de haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por una supuesta violación al bebé Alexander, hecho que reveló en una grabación de audio. Por esa razón el Consejo de la Magistratura la destituyó del cargo como presidente del Tribunal Décimo de Sentencia e inició un proceso penal y disciplinario por incumplimiento de deberes.
“Se ha logrado detectar la probabilidad de autoría por el delito de incumplimiento de deberes por haberse revelado ciertos aspectos de un proceso que tenía reserva legal”, mencionó el fiscal Blanco tras señalar que el Ministerio Público no protegerá a nadie, mientras que la presunta responsabilidad de Pacajes se resolverá en el transcurso de las investigaciones.
La pasada semana, la exjuez declaró por este caso en el psiquiátrico donde acusó a Romel Cardozo de haberla drogado en varias ocasiones para grabar sus encuentros donde compartieron bebidas alcohólicas cuando ambos sostenían una relación sentimental.
En pasadas horas, el abogado de Pacajes, Moisés Ponce de León, declaró que médicos del psiquiátrico le dieron de alta para que continúe con el tratamiento en su domicilio. Entretanto, para los siguientes días se espera hora y fecha de la audiencia de medidas cautelares donde se resolverá su situación legal.
Caso “bebé Alexander” Fiscalía amedrenta a denunciante
En evidente abuso de autoridad y atropello a los derechos del denunciante de la ilegal sentencia contra el médico Jhiery Fernández, el Ministerio Público aprehendió ayer a Romel Cardozo, acusado de violencia familiar contra la exjuez Patricia Pacajes. La medida fue calificada como “bochornosa” por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral. “El Ministerio público y Jueces quieren mostrar su poderío y atemorizar a la gente para que no denuncie”, dijo enfático al remarcar que después de este atropello nadie más se animará a denunciar a los operadores de justicia.
“La justicia en nuestro país es asquerosa. Ahora la gente con qué confianza denunciará algún Juez o Fiscal, sabiendo que los que denuncien serán detenidos, una vergüenza cómo se maneja el Ministerio Público, obviamente el fiscal Blanco tiene mucho que ver con esto, no se olviden que este caso hizo caer su candidatura a Fiscal General”, afirmó.
Por otro lado, la abogada Zuleika Lanza aseveró que la medida es sólo un acto armado y de venganza, al tratarse de una denuncia familiar, lo primero que debería establecerse es el vínculo de familiaridad entre Cardozo y la exjuez, explicó.
“Ellos no eran casados y si hubieran tenido alguna relación (esa relación) debería comprobarse, si ella hubiera sufrido violencia psicológica, que no creo, se hubiera verificado. Ella ya venía mal de la cabeza al asumir una posición en contra de un inocente”, puntualizó.
Manifestó que llama la atención que hechos ocurridos en mayo fueran denunciados en septiembre, cuando se siente amenazada.
“Denuncia cuando se le ha descubierto un acto delictivo al dictar una resolución sin tener contexto, sin haber valorado la prueba como debe ser, y haber sentenciado a un inocente a 20 años de cárcel. Quien yo creo que debería estar aprehendida es Pacajes, pero por ironías de la vida, el aprehendido es el que develó los hechos delinctivos y ella está feliz durmiendo en su cama”, enfatizó.
En ese contexto, lamentó que Pacajes, cuando estaba bajo su cautiverio de enfermedad psiquiátrica, hace una denuncia, misma que progresa.
“Cómo pueden creer a una persona que ella misma cree estar loca y un abogado (Moisés Ponce de León) que es un reo rematado”, apuntó.
Por otro lado, dijo que estas recientes acciones son las últimas señales de las “atrocidades” del fiscal general, Ramiro Guerrero, y el fiscal departamental Edwin Blanco.
“Ellos quieren mandar una señal, quieren dar un mensaje a la sociedad que la gente que apoya y que busca la libertad de inocentes va a ser castigada de esta forma”, aseveró.
Aseguró que se trataría de una venganza contra Cardozo porque desenmascaró una asociación “delictuosa” de fiscales y jueces.
“Es una mujer que no tiene moral y menos dignidad para establecer una denuncia de este tipo”, refirió.
Romel Cardozo es el ciudadano que reveló un audio donde la exjuez Patricia Pacajes admite haber condenado a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández sin pruebas en el caso “bebé Alexander”.
En diferentes declaraciones Cardozo manifestó que temía el extremo y que estaba dispuesto a afrontar lo que viniera.
Cardozo fue convocado a declarar ante el Ministerio Público al promediar las 9.00 horas de ayer, después de casi tres horas fue notificado con su aprehensión por violencia familiar.
“Personas que de verdad deberían estar detenidas están completamente libres y aquí me tienen, por haber denunciado un ilícito y la manera sucia cómo se maneja nuestra justicia. Heme aquí, estoy en la cárcel, detenido”, apuntó.
Por otro lado, la defensa legal de Cardozo manifestó que la resolución de aprehensión contra su defendido es ilegal ya que se equivocaron hasta en el nombre.
“Se equivocan hasta en el nombre, también en la relación de los hechos que hace la doctora Pacajes en su declaración, aspectos totalmente irregulares, no desarrollan una relación fáctica de los hechos”, explicó Boris Espinoza, también abogado de Cardozo.
Por otro lado, la abogada Paola Arias, que defiende a Cardozo, aseveró que de acuerdo a procedimiento el caso se pondrá en conocimiento de un juez cautelar, quien determinará la situación jurídica de Cardozo.
APREHENDIDO CON OTRO NOMBRE
Romel Cardozo, el ciudadano que denunció la ilegalidad de la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, entonces presidido por la exjuez Patricia Pacajes A. fue aprehendido por disposición del Ministerio Público con una Resolución dispuesta para otro ciudadano.
Video El médico Jhiery Fernandez habla sobre la detención de Romel Cardozo y teme por su vida
Audioo Romel Cardozo el que grabo el audio, encarcelado!!! ahora hablan sus abogados!!!
Video Caso Reynaldo Ramirez: El Estado aun no indemniza a Reynaldo
Mayoría del MAS elije a Juan Lanchipa como fiscal general del Estado
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó ayer que el juez Roberto Mérida, miembro del Tribunal Décimo de Sentencia, que condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, podría ser destituido de confirmarse que tuvo responsabilidad en la retardación de justicia en el caso bebé Alexander, ya que tiene un antecedente por falta grave.
“Mérida tiene antecedentes disciplinarios, ya tiene sanción por ello y de confirmarse otra falta grave, al concluir el proceso disciplinario que se le inició por retardación de justicia, automáticamente viene la destitución por la suma de dos faltas graves”, explicó.
Por otro lado, aseguró que el proceso disciplinario que inició, la semana pasada, contra los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida concluirá en 30 días aproximadamente.
Gonzalo Alcón, se presentó ayer ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, para brindar un informe oral en torno a la auditoría técnico- jurídica que se realiza a la sentencia 05/2018 del 27 de marzo con la que el Tribunal Décimo de Sentencia, condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández y con dos años de cárcel a otras dos personas.
Alcón explicó que la auditoría técnica jurídica tiene un plazo de trabajo que vence este 28 de octubre.
“Con esa auditoría se determinará si los jueces Roberto Mérida y Gladys Guerrero tienen responsabilidad en el caso”, dijo.
Ante la insistencia de miembros de la Comisión que pidieron a la autoridad que se aparte de sus funciones a los jueces Mérida y Guerrero para evitar que sigan resolviendo sentencias injustas, Alcón aclaró que este y otros casos serán tratados este miércoles en Sala Plena.
El 17 de septiembre, se reveló un audio de la expresidente del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, quien en una reunión privada reveló que el médico Fernández es inocente y que hubo presión política, para ser declarado culpable del hecho.
Caso bebé Alexander Testigos son amenazados
La forense María Ángela Terán, quien descartó abuso sexual en el menor Alexander, y Romel Cardozo, quien difundió un audio donde la exjuez Patricia Pacajes aseguró que condenaron al médico Jhiery Fernández siendo inocente, denunciaron que reciben amenazas de muerte a través de llamadas anónimas, por lo que pidieron garantías de la Policía Nacional.
Terán aseguró a la Red ATB que recibe amenazas de anónimos por lo que el Ministerio de Gobierno le brindó custodia y recibe protección de la Policía y reiteró estar predispuesta a defender su informe en el caso del bebé Alexander cuando y donde las autoridades llamadas por ley, así lo requieran.
La perito forense se ratificó en su informe de necropsia donde descartó que el bebé Alexander haya sufrido algún tipo de agresión sexual.
A su turno, Boris Espinoza, abogado de Rommel Cardozo, quien grabó a la exjuez Patricia Pacajes donde reconoce haber sentenciado a Fernández siendo inocente, aseveró que también pedirá garantías para su defendido por las amenazas de muerte que recibe.
“Rommel Cardozo ha sido amenazado de muerte por teléfono. Se dio cuando salimos de una entrevista en un medio de comunicación, estábamos en el taxi y lo llamaron, eso pasó antes que le dieran arresto domiciliario a Jhiery”, puntualizó.
A tiempo de aclarar que a la fecha no fueron citados a declarar por la denuncia de amenazas que la exjuez Pacajes hizo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), aseguró que pedirán garantías por las reiteradas amenazas que recibe su defendido.
A su vez, el abogado de Fernández, informó ayer que cumplieron con todos los trámites legales solicitados por la Sala Penal Tercera de La Paz para que el galeno acceda a la detención domiciliaria.
Explicó que el trámite está en el Tribunal Décimo de Sentencia conformado por los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, quienes deben analizar y emitir el mandamiento de libertad.
“Ahora solamente queda por verificar, seguramente, la solvencia de nuestros garantes (y) el domicilio de Jhiery y hemos pedido el oficio para migraciones, son trámites netamente administrativos que esperemos se cumplan hasta el día martes (hoy)”, dijo Cristian Alanes.
De acuerdo con lo previsto, Fernández podría dejar el penal de San Pedro mañana, miércoles.
Por otro lado, Alanes informó que preparan la documentación que demuestra la inocencia del médico, información que será presentada ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, instancia en la que a la fecha presentaron un informe oral al fiscal general, Ramiro Guerrero, y al presidente del Consejo Magistratura, Gonzalo Alcón, y se prevé que también requerirán las declaraciones del médico Fernández, mediante su abogado, y de la perito María Ángela Terán.
A su vez, el fiscal Ramiro Prieto informó que esta instancia también prevé llamar a declarar a Rommel Cardozo y a la amiga de la exjuez Patricia Pacajes, Verónica Juárez, por el caso del audio difundido donde se reveló que el médico Fernández es inocente.
“Esta semana estamos a la espera de convocar a los señores Cardozo y Juárez para que vengan a declarar”, anunció.
Por otro lado, el fiscal Prieto manifestó que solicitarán un nuevo informe médico al Hospital Psiquiátrico de Miraflores y una nueva pericia al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para conocer el estado de salud mental y emocional de la exjuez Patricia Pacajes.
“Queremos ver su estado de salud porque de acuerdo al informe del IDIF se encontraría con una depresión grave, y queremos ver si esto ha mejorado para poderle tomar la declaración correspondiente”, afirmó.
A la fecha, Pacajes continúa internada en el Hospital Psiquiátrico, dependiente de la Caja Petrolera de Salud, que le diagnosticó una fuerte depresión.
El titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el vicepresidente Álvaro García Linera, convocó para este martes a la décima cuarta sesión ordinaria para la designación del nuevo Fiscal General del Estado, en reemplazo de Ramiro Guerrero, que el 23 de octubre próximo deja el cargo después de seis años en la administración del Ministerio Público.
“Por instrucciones del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, se convoca a las senadoras y senadores, a las diputadas y diputados a instalar la décima cuarta sesión ordinaria de la asamblea a realizarse el martes a horas 8:00 (...), designación del nuevo Fiscal General del Estado”, remarca un comunicado institucional.
De esa lista seis postulantes cuentan con la puntuación más alta, Mirael Salguero (79.41), Juan Lanchipa (79.36), Laslo Juan de la Cruz Vilte Vargas (79.25), Constantino Coca (71.83), Iván Montellano (74.5) y William Alave Laura (72.55), quienes tendrían nexos con los diferentes niveles del gobierno del Movimiento al Socialismo.
Repensar cómo designar jueces Indignación en autoridades jurídicas
“Manifiesto mi total disgusto ante la existencia de este tipo de jueces (…) el efecto en el sistema judicial es absolutamente nefasto”, dijo enfático el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Revilla, al ser consultado sobre la crisis que enfrenta el sistema judicial que se vio reflejada en el bullado caso bebé Alexander.
El magistrado afirmó que actualmente están ejerciendo la sensible tarea de jueces personas que no deberían ser, con saldos lapidarios para todo el sistema. Por tanto, se debe repensar la designación de los operadores de justicia.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, refirió la insuficiencia del número de jueces frente a la carga procesal, además de que la mayoría de estos funcionarios no son institucionalizados de carrera.
“Actualmente, tenemos 1004 jueces a nivel nacional, excepto 160, todos tiene carácter transitorio”, refirió a tiempo de recordar que para esta gestión el ente contralor convocó a postulaciones para jueces de carrera, en cuyo criterio la designación por méritos hará que los nuevos operadores de justicia hagan pertenencia de la institución y asuman un buen ejercicio de la ley.
Alcón señaló que los jueces interinos, por su condición de “eventuales o transitorios” no manifiestan una actitud positiva, salvo excepciones. “Tenemos jueces probos con mucha sensibilidad social pero también hay malos jueces”, señaló.
En este contexto, dijo que el Consejo de la Magistratura trabaja en el proceso de selección de 103 nuevos jueces a fin de contar con mejores profesionales.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, remarcó que las deficiencias del sistema judicial son las mismas de hace década, por ello una de las decisiones que tomó el actual Gobierno fortalecer la independencia del Ministerio Público, antes dependiente del Ministerio de Gobierno.
“Cuando hablamos del sistema judicial hablamos de las mismas críticas, dilación, falta de transparencia, consorcios de extorsión, presiones y eso no tiene mucho sentido a estas alturas”, apuntó.
Romero, a manera de ejemplo, dijo que tomaría como un caso paradigmático el que enfrenta el médico Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel por un delito que no le ha sido probado, donde también se vulnera los valores colectivos.
“Un proceso marcado por muchas contradicciones (…) podría ser un caso paradigmático que oriente una profunda reflexión y evaluación en cuanto al sistema jurídico”, apuntó.
El sistema jurídico boliviano actúa al margen de los principios internacionales del Derecho, las leyes no responden a la realidad nacional, no respeta el derecho a la defensa, presume la culpabilidad, los jueces son personas que dejan lapidarias consecuencias para el país. A este diagnóstico, desde el ámbito académico plantean que la ley es el instrumento de los gobernantes para el domino, son criterios con los que coinciden autoridades nacionales y abogados.
Frente a este diagnóstico, “repensar en nuevo sistema jurídico, que involucra tanto a operadores como a una nueva normativa, es prioridad para el ejercicio del derecho a la justicia del ciudadano que también debe ser para los gobernantes”, coinciden la jurista de materia penal María Teresa Montaño F. y el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp), Isrrael Centellas. Sin embargo, para el director de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Eusebio Gironda, nada cambiará.
En criterio de Montaño, las leyes y códigos bolivianos están mal elaborados, al menos en el ámbito penal, porque no tienen concepción de la realidad nacional, lo que no desdice derechos universales ni internacionales, que permitan entender las causas de los delitos y desarrollar políticas preventivas.
“Los abogados en el ejercicio de la profesión no tienen las garantías de uno de los derechos más importantes como es el de la defensa. Penosamente, en Bolivia se presume la culpabilidad, se carece de análisis, por mucho que todas las pruebas fueran idóneas en juicio estas no son consideradas” remarcó la jurista a tiempo de cuestionar a los operadores de justicia que les es más fácil “sentenciar que analizar y valorar”. “El emblemático caso bebé Alexander, disecciona esta realidad en cada uno de sus aspectos”, señaló.
Desde el análisis de Israel Centellas (Icalp), el sistema jurídico boliviano está corrompido, todo el andamiaje para el ejercicio del Derecho debe ser reconstruido de forma colectiva, desde el propio Estado, con el aporte de los abogados, todos los involucrados y desde la misma sociedad.
“Es así de crítica la situación, ha tocado aspectos normativos, culturales, hasta de principios. El Estado debe invertir importantes recursos y esa decisión debe ser tomada lo antes posibles. El caso del médico Fernández (bebé Alexander) no es el único hay cientos de Jhierys. Si no hay unos pesitos para el oficial de diligencias el caso no avanza. Necesitamos generar nuevos mecanismos”, apuntó Centellas.
Bajo la actual lógica del sistema judicial boliviano, a decir de Montaño, los jueces tiene premura de responder a quiénes les dan órdenes y carentes de toda valoración muchas veces a una sociedad morbosa.
“Los juzgados parecen centros de agresión psicológica donde no se evalúan pruebas de cargo y descargo, salvando excepciones. Si los jueces no reciben el dinero que solicitan los envían a la cárcel con detención preventiva. Los jueces y fiscales se miden en porcentajes con relación a los litigantes y evalúan su condición socioeconómica y las influencias puedan tener.
En este contexto, la tarea más difícil dentro del sistema jurídico tiene que ver con la elección de jueces, en el que la injerencia política es un aspecto determinante.
Por su parte, el jurista Eusebio Gironda asegura que “nada cambiará, y sustenta que el concepto de conjunto de normas no hace a la esencia de la justica”. “Es un ámbito de la convivencia humana que siempre ha estado en conflicto y hagan lo que hagan siempre va estar en conflicto, podría mejorar algo pero no se puede esperar más” explicó.
Bajo esta lógica señala que tanto “en el socialismo como en el capitalismo, en países desarrollados y subdesarrollados como el nuestro los operadores de justicia van a operar de la misma manera. Una cosa es lo que uno quiere y otra es la realidad”.
“La población litigante creció en proporciones que jamás se previó. Tiene que asignarse más jueces y según las autoridades nacionales no hay más presupuesto para el Poder Judicial. Los litigantes tienen que suplicar por atención”, remarcó la abogada penalista Teresa Montaño.
“La crisis del sistema judicial es estructural. La Cumbre de Justicia realizada por el Gobierno no ha resuelto nada, el problema toca aspectos normativos, culturales y hasta de principios”.
Sistema judicial se debate entre confusión y dudas
La sentencia a un médico sin pruebas, cuatro cambios de comisión de fiscales, la destitución de una jueza y el proceso disciplinario contra otros dos han sembrado confusión y dudas en el sistema judicial por la muerte del bebé Alexander, que a cuatro años del hecho no se sabe quién lo violó.
Desde su nacimiento, en abril de 2014, Alexander sufrió un calvario puesto que sus padres, consumidos por el alcohol, lo abandonaron a su suerte.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses falleció por causa de un sangrado en la región anal, según el informe de la Fiscalía. El médico Jhiery Fernández fue desde un inicio el principal sospechoso de un presunto abuso sexual, porque era el único varón que tuvo acceso a él. Además que en la región afectada de Alexander se encontró el antígeno prostático específico (PSA, por su sigla en inglés), al igual que en el prepucio del doctor Fernández.
El proceso contra el médico duró más de tres años; en el trámite se cambió a tres comisiones de fiscales que investigaban el caso porque al parecer había la necesidad de recolectar pruebas más contundentes para acusar formalmente a Fernández. En marzo de esta gestión, el galeno fue sentenciado a 20 años de prisión por los miembros del Tribunal Décimo, la exjueza Patricia Pacajes y sus colegas Gladys Guerrero y Roberto Mérida.
Sin embargo, la acusación fue cuestionada por la defensa del investigado desde el inicio y la condena fue puesta en duda luego de que en un audio —difundido por un medio de comunicación— se escucha a la exjueza Pacajes revelando que Fernández era inocente.
Ese hecho desencadenó cuestionamientos al Ministerio Público y al sistema judicial en su conjunto. Además que obligó la inmediata actuación del Consejo de la Magistratura.
Patricia Pacajes fue destituida de su cargo luego de que se la acusó de faltas gravísimas al haber hecho público un caso que había sido declarado en reserva por ella misma. Los abogados del galeno reactivaron el proceso para pedir la liberación de su cliente.
El 24 de septiembre, la defensa del médico apeló la sentencia para que Fernández se defienda en libertad, pero dicha petición fue rechazada en una primera instancia por el mismo tribunal que lo mandó a la cárcel.
El miércoles pasado, Américo Araníbar, presidente de la Magistratura de La Paz, indicó que se inició un proceso por la vía disciplinaria a los jueces Guerrero y Mérida ante el Tribunal de Alzada por retardación de justicia, porque no entregaron los cuadernos de control de la sentencia ni el de la apelación. Esta instancia se pronunciará hasta hoy o mañana para definir si corresponde la suspensión de ambos jueces.
El mismo miércoles, en una nueva apelación, esta vez ante la Sala Penal Tercera, Jhiery Fernández consiguió su libertad luego de haber estado recluido tres años y 11 meses en el penal de San Pedro. En esta audiencia se demostró que no había prueba biológica que establezca que el galeno fuese quien abusó sexualmente del bebé Alexander.
Debido a la polémica que generó la “falta de pruebas contundentes en la sentencia” —según el ministro de Gobierno, Carlos Romero—, el viernes el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, determinó cambiar por cuarta vez a la comisión de fiscales que investiga el caso, con el objetivo de evitar que haya más controversias en torno a la valoración de pruebas.
“Sin embargo, es preocupante que se descuide, por todos estos hechos, la tarea de identificar al autor de la violación a Alexander”, expresó la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Judicial de la Cámara de Diputados, Mireya Montaño.
El Gobierno encontró vacíos en la sentencia
Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Héctor Arce, cuestionaron las pruebas presentadas en el juicio contra el médico Jhiery Fernández porque carecían de fundamentación.
“La justicia ha condenado a un médico por supuesta violación, pero apareció un conjunto de elementos contradictorios que hacen dudar inclusive de que las pruebas periciales se hayan trabajado con objetividad, que se produjeron plenamente y que el caso se manejó en los términos que señala la normativa procedimental”, indicó Romero.
Por su parte, Arce señaló que ahora que la acusación contra el médico ha sido puesta en duda, no se descarta la posibilidad de que más adelante se desarrolle un nuevo juicio, “empezando de cero”.
“Hay los mecanismos legales; tendrá que ser seguramente un nuevo juicio (denominado de reenvío) o los mecanismos que las autoridades jurisdiccionales consideren. Corresponderá a ellas manifestarse sobre el destino que deba tener el doctor (Jhiery) Fernández y actuarán en el marco de la imparcialidad y tranquilidad”, manifestó. El ministro Romero agregó que si el galeno es inocente, “ojalá su defensa pueda demostrarlo”.
La Asamblea Legislativa elige mañana al Fiscal General
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue citado para mañana, a las 08.00, para elegir al nuevo Fiscal General del Estado.
La presidencia de la ALP emitió una convocatoria a la decimocuarta sesión ordinaria, cuyo único punto será la designación de la nueva autoridad, en reemplazo de Ramiro Guerrero, que dejará el cargo el 23 de octubre.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Cárdenas señaló que el proceso de selección de los 26 candidatos fue transparente y que el nuevo titular será elegido con base en la meritocracia y la ética, entre otros aspectos que se considerarán al momento de la votación.
“La oposición trató de desacreditar este proceso, pero queremos decir a la población que tuvimos buenos postulantes. De la nueva autoridad hay que conocer sus antecedentes, saber sus atributos, valores de carácter ético y moral. Verificar, por ejemplo, si tiene antecedentes en su colegio de abogados”, mencionó el legislador.
La Comisión Mixta de Justicia Plural fue la encargada de llevar adelante la preselección, en la que además intervino una representación de las universidades públicas bolivianas, que estuvo a cargo de la elaboración de las preguntas para los exámenes de evaluación.
Bienes vacantes Preocupación por reformas al Código Civil
Las modificaciones a la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), mediante Ley Nº 1103/218 del 25 de septiembre de 2018 que dispone la posibilidad de intervención del Estado a bienes vacantes, generó la preocupación y zozobra en la ciudadanía ante el posible riesgo de pérdida del patrimonio privado.
Las reformas que dispone la Ley Nº1103/18 establece modificaciones al artículo 482 del Código Procesal Civil, que facultaría a cualquier persona denunciar ante la autoridad judicial competente la existencia de bienes desocupados con el fin de que el sistema público tome posesión del inmueble.
De acuerdo con registros de archivo del Código de Procedimiento Civil de 1975, esta norma regulaba la condición de bienes vacantes en favor del Estado cuando un bien quedada sin heredero titular. Según la normativa vigente sería el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado la instancia que actuaría en representación del Estado.
Mediante las redes sociales, y a este medio de comunicación, varios ciudadanos expresaron su preocupación por el riesgo que podría implicar esta disposición en desmedro de la propiedad privada ante la eventualidad de tener un inmueble deshabitado, por lo que plantearon la necesidad de una urgente aclaración por parte de las autoridades competentes.
Caso bebé Alexander Demandan procesar a jueces y fiscales
Guerrero informará sobre caso Alexander
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, informó que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, fue convocado para mañana a brindar un informe oral en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por el caso del bebé Alexander.
“Yo solicité junto con el diputado Rafael Quispe que se inicie un proceso de fiscalización y por suerte la Comisión de Constitución ha aceptado y definió para mañana (viernes) la presencia del Fiscal General del Estado”, indicó el legislador en contacto con los medios.
Guerrero está convocado para las 10.00 y según la petición de informe, deberá responder 12 preguntas sobre irregularidades en el proceso investigativo del caso Alexander.
“Lo que se pretende es poner en evidencia las contradicciones y cómo se manejó este caso. Hay fiscales como la señora Susana Boyan que han tomado de forma personal el caso”, afirmó.
Junto al Fiscal General también fue convocado el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, pero para el próximo lunes.
El caso del bebé Alexander generó una gran polémica en el país porque en septiembre de este año se filtró un audio en el que la entonces juez Patricia Pacajes reveló que uno de los procesados (médico Jhiery Fernández) por la supuesta violación y muerte del menor fue condenado sin pruebas.
Legislativo elegirá a nuevo fiscal el 9
La Asamblea Legislativa elegirá al nuevo Fiscal General del Estado el 9 de octubre, tras la convocatoria a sesión de ambas cámaras informó el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), David Ramos.
“De acuerdo con el calendario, la sesión estaría siendo programada para el día martes 9 de octubre de manera tentativa a no ser que exista una situación de fuerza mayor pero de no ser así, se agendará de forma oficial para esa fecha”, afirmó el legislador.
Video Colegio de Abogados sobre la Justicia en Bolivia y la especulación de los Bienes Vacantes
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Investigan a una abogada y a un fiscal por extorsión
Agentes de la FELCC de Desaguadero aprendieron ayer a la abogada Viky I. y arrestaron al fiscal Alexis Vilela porque aparentemente la autoridad pidió —mediante la jurista— Bs 5.000 a Marixa Condori, ciudadana de nacionalidad peruana, para favorecerla en un caso por violencia intrafamiliar.
Rafael Yusco, jefe de la División Manejo en Control de Crisis de la fuerza anticrimen, indicó que se aprehendió a la abogada porque se la encontró con Bs 3.000 que le había entregado el martes la víctima.
“El fiscal fue liberado porque la otra fiscal de turno demoró demasiado y pasaron las ocho horas de arresto sin que declare”, dijo.
Labels: Abogados, Corrupcion, Fiscales
Los jueces Guerrero y Mérida son acusados de retardación de justicia
El Consejo de la Magistratura presentó hoy una denuncia por la vía disciplinaria contra los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, por la presunta comisión del delito de retardación de la justicia.
Américo Araníbar, presidente de la Magistratura de La Paz, dijo que la Unidad de Control y Fiscalización de esta instancia confirmó que las autoridades no remitieron al Tribunal de Alzada los cuadernos de control respecto a la sentencia de 20 años de prisión contra el médico Jhiery Fernández, acusado de abusar sexualmente del bebé Alexander, ni los de las apelaciones de este caso.
“Por esta razón hemos planteado esta denuncia para que se les aplique una sanción por la vía disciplinaria”.
Esta instancia es la encargada de estudiar los casos mediante la revisión de todos los procedimientos que se efectúan para sentencias, apelaciones y acciones de libertad, entre otros procesos judiciales.
Asimismo, dijo que si en el proceso investigativo por esta denuncia se detecta que ellos cometieron otras irregularidades, se solicitará la suspensión de ambos, ya sea temporal o definitiva.
Gladys Guerrero y Roberto Mérida ratificaron el encarcelamiento de Jhiery Fernández el 24 de septiembre, a pesar de que la exjueza Patricia Pacajes, expresidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, reveló el mes pasado en un audio que el galeno fue condenado siendo inocente.
Estado de Pacajes frena investigación
Los dos estudios periciales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizados a la exjueza Patricia Pacajes, quien sentenció a Fernández, determinaron que se encuentra en un estado de depresión y aún no está en condiciones para declarar respecto al audio en el que revela información del caso Alexander.
El fiscal Ramiro Prieto informó que las pericias realizadas por el IDIF el miércoles y viernes de la semana pasada confirmaron que la exjueza atraviesa por este cuadro emocional y se esperará hasta que sea dada de alta para tomarle su declaración.
Pacajes reveló información sobre el caso del bebé Alexander en un audio, que fue difundido por un medio de comunicación, a pesar de que ella lo había declarado en reserva cuando presidía el Tribunal Décimo.
La exjueza continúa internada en el Hospital Psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud (CNS) desde el 24 de septiembre, cuando intentó quitarse la vida porque al parecer tenía mucha presión por el caso Alexander.
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