Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-I/2009/as200931148.htm
Timestamp: 2020-04-04 01:52:25+00:00

Document:
200905-Sala Social Primera-1-148
Expediente Nº 118/04
AUTO SUPREMO Nº 148 - Contencioso Tributario Sucre, 12 de mayo de 2009.
PARTES: COPENAC LTDA. y Aduana CUMBRE SRL. c/ Aduana Regional Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 202-203 vta., interpuesto por Mauricio Nallar Antelo y Pablo Mier Garrón, en representación de las Empresas Compañía Petrolera Nacional Ltda. (COPENAC LTDA) y Agencia Despachante de Aduanas "Cumbre S.R.L.", contra el Auto de Vista Nº 409, de 20 de julio de 2004, cursante a fs. 198-199 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por las empresas que representan los recurrentes, contra La Aduana Nacional Regional Santa Cruz, la respuesta de fs. 205-206, el auto que concede el recurso (fs. 207), el dictamen fiscal de fs. 210-211, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que, planteada la demanda contencioso tributaria de fs. 51-55, el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, del Distrito Judicial de Santa Cruz, resolviendo un incidente de nulidad de obrados y declinatoria de competencia solicitada por la Gerencia de Aduanas Regional Santa Cruz, emitió la Resolución Nº 21 de 12 de febrero de 2004 (fs. 161-163), por la que declaró procedente la declinatoria interpuesta y anuló obrados hasta el Auto de Admisión con la demanda de fs. 56, ordenando se remitan los antecedentes procesales a la Administración Tributaria Aduanera para que inicie el procedimiento que establece el art. 210 de la Ley General de Aduanas Nº 1990.
En grado de apelación formulada por los representantes de las empresas demandantes (fs. 164-165), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 409 de 20 de julio de 2004 (fs. 198-199), en base a las SS.CC. Nos. 071/2002-R y 598/2002-R de 18 de enero y 23 de mayo respectivamente, confirmó la resolución recurrida, empero, dejó sin efecto la remisión de antecedentes ante la administración aduanera para que inicie el procedimiento instituido por el art. 210 de la Ley Nº 1990, porque no podía disponerse la ejecución de ningún procedimiento, al haber declarado su incompetencia.
La indicada resolución motivó el recurso de casación en el fondo, formulado por los representantes de las empresas demandantes (fs. 202-203), en el que denunciaron que:
1.- La nulidad determinada por el juez a quo, que fue confirmada por el tribunal ad quem, es incorrecta, porque la demanda contencioso tributaria impugna la Resolución Determinativa Nº GR-GSZ-03 No. 007/03 de 17 de febrero de 2003, emitida dentro de un proceso sumario determinativo seguido y tramitado conforme a las previsiones contenidas en los arts. 171, 172 y 173 del Cód. Trib, y que en aplicación del art. 174 de la misma norma, dentro de 15 días de notificados con la resolución final, el contribuyente puede impugnarla eligiendo la vía que corresponda, ya sea mediante el recurso de revocatoria o la demanda contencioso tributaria como ocurrió en el caso presente.
Este aspecto implica que al determinarse la nulidad de obrados por la declinatoria de competencia, se incurrió en una flagrante violación al principio del debido proceso y el derecho de defensa del contribuyente, porque se realizó una inadecuada valoración de las SS.CC. citadas en el auto de vista, circunstancias que hicieron que se declare la incompetencia, incumpliendo las previsiones contenidas en los arts. 234, 237 inc. 6) y 238 del Cód. Trib., porque el proceso se encontraba en el estado en que las partes debían formular sus alegatos en conclusiones, sin que dicha incompetencia hubiera sido reclamada con anterioridad, pese a que la entidad demandada, tuvo conocimiento de esa jurisprudencia constitucional, aún antes de emitir la Resolución Determinativa impugnada, por ello, al no haber sido alegada a tiempo de contestar la demanda, el incidente resulta extemporáneo por haber operado la preclusión.
2.- No se consideró el art. 157 B, de la Ley de Organización Judicial, que asigna competencia a los jueces en materia administrativa para conocer y decidir en primera instancia los procesos contenciosos tributarios originados en actos que determinen tributos y en general de las relaciones jurídicas emergentes de la aplicación de leyes tributarias.
3.- Los arts. 251, parágrafo I) del Cód. Pdto. Civ. y 248 del Cód. Trib., Ley Nº 1340, señalan que la nulidad debe estar prevista en la Ley y que ésta, es procedente si existiera un quebrantamiento u omisión de requisitos o formalidad exigidas en el procedimiento, por eso, al no existir en autos dichas omisiones, no debió determinarse la nulidad de obrados.
4.- Se incurrió en una valoración inadecuada de las Sentencias Constitucionales en las que funda su pretensión la administración aduanera, porque se refieren a otros hechos en los que se iniciaron acciones legales en base a disposiciones inexistentes, por ello el Tribunal Constitucional, reconociendo que se vulneró el debido proceso, por la existencia de una clara incompetencia, otorgó las tutelas solicitadas.
En autos, el juez a quo, aplicando dicha jurisprudencia debió emitir sentencia dejando sin efecto tanto la Nota de Cargo, como la Resolución Determinativa, por la falta de competencia de la autoridad que las dictó, de lo contrario se dejaría al contribuyente en estado de indefensión.
5.- Concluyeron solicitando que se case el auto de vista recurrido y disponga la prosecución del proceso hasta emitirse sentencia.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su resolución, previo análisis de los antecedentes del proceso:
1.- En ese entendido de la revisión de lo obrado se establece que la Gerencia Regional de Aduana Nacional - Regional Santa Cruz, emitió la Resolución Administrativa GR-GSZ-03-Nº 007/03 de 17 de febrero de 2003, en la que determinó de oficio que al existir omisión en el pago de tributos de IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados), contra las empresas COPENAC Ltda., y la Agencia Despachante de Aduanas Cumbre S.R.L., por la suma de Bs. 1.113.202, deuda que sería actualizada, al momento de su cancelación conforme prevén los arts. 58 y 59 del Cód. Trib. (Ley Nº 1340), más la multa del 100% del tributo omitido actualizado de acuerdo al art. 101 del mencionado Código y otros accesorios de ley, hecho que motivó su impugnación por parte de las empresas indicadas conforme establece el art. 174 inc. 2), del Cód. Trib., Ley Nº 1340, y al no haber sido respondida oportunamente, pese a su citación legal, se trabó en su rebeldía la relación procesal abriendo mediante auto de 26 de abril de 2003 término probatorio de treinta días improrrogables (fs. 58 vta.).
Luego, mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2003, la Aduana Regional Santa Cruz, se apersonó, respondió a la demanda, ofreció pruebas y en el Otrosí Segundo, sin expresar que oponía excepción alguna, afirmó que el juez de la causa no tiene competencia, en aplicación del las SS.CC. Nº 71/2002-R de 18 de enero de 2002 y 598/2002-R, conforme con anterioridad en un caso similar determinó el mismo juez (fs. 124-126).
Clausurado el término probatorio (fs. 134 vta.), mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2003 (fs. 135-137) la institución demandada solicitó la anulación de obrados y la declinatoria de competencia.
Por resolución de 12 de febrero de 2004 (fs. 161-163), el Juez declaró procedente la declinatoria interpuesta por la Aduana Regional Santa Cruz y anuló obrados hasta el auto de admisión con la demanda, disponiendo que se remitan los antecedentes procesales a la administración tributaria aduanera para que inicie el procedimiento que establece el art. 210 de la Ley General de Aduanas (L.G.A.), determinación que conforme consta precedentemente, fue confirmada parcialmente en alzada, al haberse dejado sin efecto la orden de seguirse el procedimiento instituido en el art. 210 de la L.G.A.
2.- Considerando dichos antecedentes, respecto de la ratio decidendi de las SS. CC. 71/2002-R y 598/2002-R, aparejadas al expediente como prueba de la supuesta irregularidad al tramitarla en un Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, se establece que se refieren a un tema distinto en relación al caso de autos, toda vez que la Resolución Administrativa GR-GSZ-03-Nº007/03 de fecha 17 de febrero de 2003 (fs. 2-3), la existencia de una "omisión de pago de tributos de IEHD", habiendo determinado de oficio por conocimiento con base cierta de la materia imponible las obligaciones impositivas que serían actualizadas al momento de su cancelación en concordancia con los arts. 58 y 59 del Cód. Trib., imponiendo además la multa del 100% del tributo omitido actualizado de acuerdo al artículo 101 del Código Tributario y demás accesorios de ley.
3.- Al haber sido emitida la referida R.A. sustentada en las normas precedentemente citadas, conforme prevé el art. 174 del Cód. Trib. existen únicamente dos vías para impugnarla: la administrativa o la jurisdiccional, habiendo precisamente accionado los demandantes la última vía citada, eso es impugnarla en la vía jurisdiccional, porque según la jurisprudencia constitucional, el proceso al que se hizo referencia en la SC Nº 71/2002-R de 18 de enero de 2002, la Aduana Regional Santa Cruz, emitió el Auto Inicial Administrativo 184/2000 de 3 de octubre de 2000, en base a disposiciones abrogadas habiendo posteriormente pronunciado la Resolución Administrativa Nº 03/409/01, por la que declaró probado el delito de contrabando en base a normas del Código Tributario abrogado, hecho que es totalmente distinto al caso de autos.
En definitiva, se advierte que el tribunal ad quem, al confirmar la resolución de primera instancia, refiriéndose a la jurisprudencia constitucional adjuntada al proceso, no ha realizando un exhaustivo análisis sobre lo solicitado en el Recurso de Amparo Constitucional que menciona y que presenta como prueba la administración aduanera, confundiendo el fondo de lo demandado, por el que se dictó el Auto Inicial Administrativo y la Resolución Administrativa que declara probado el delito de contrabando en base a la norma tributaria vigente en esa oportunidad, que no se puede aplicar en el presente caso, que existe una Resolución Administrativa, que determina la existencia de una omisión de pago de tributos de IEHD, que fue impugnada conforme determina el Cód. Trib., Ley Nº 1340, actualmente vigente, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Nº 0076/2004, de 16 de julio de 2004, que declaró la constitucionalidad temporal de un año de la disposición final novena del Nuevo Código Tributario, que abrogó la Ley 1340 y dejó sin efecto el proceso contencioso tributario que lo contenía, en tanto el Poder Legislativo subsane en un año, el vacío procesal inherente a la ausencia de un proceso contencioso tributario, bajo alternativa de expulsión del ordenamiento jurídico nacional de la indicada disposición final novena del Nuevo Código Tributario, circunstancia que efectivamente sucedió al no cumplirse la exhortación efectuada, habiéndose restituido el proceso contencioso tributario que prevé la Ley Nº 1340.
4.- La Aduana Regional Santa Cruz, al emitir la resolución administrativa que ahora se impugna, saliendo del marco penal, se adecuó al ámbito administrativo, porque no emitió ningún Auto Inicial Administrativo, habiendo administrativamente calificado la defraudación como una omisión en el pago del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), por ello no se puede ahora determinar que el juez de grado es incompetente y que debe anularse obrados hasta la admisión de la demanda, por cuanto la única autoridad llamada por ley para conocer este tipo de procesos es el juez de materia administrativa, coactiva fiscal y tributaria.
5.- La jurisprudencia constitucional presentada como prueba en el caso de autos, no es vinculante al caso presente, porque la ratio decidendi o razón de la decisión, es diferente a los hechos y derechos motivo de actual controversia, implicando con ello, que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem, no valoraron correctamente lo demandado, habiendo determinado indebidamente la nulidad de obrados, dejando en indefensión a las empresas demandantes, al no considerar que a la fecha de sus determinaciones, por mandato de la Disposición Transitoria Sexta numeral 3), del Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 1970), ya no se encontraban vigentes los juzgados de sentencia en materia aduanera.
Por lo referido, no existe motivo para declinar competencia y anular obrados hasta la admisión de la demanda, si en la Resolución Administrativa GR-GSZ-03-Nº 007/03, de 17 de febrero de 2003, emitida por la administración aduanera regional Santa Cruz, en ningún momento se sugirió iniciar acción penal por ilícitos tributarios.
6.- En este marco legal, corresponde dar aplicación los arts. 271 num. 4) y 274, num. 1 del Cód. Pdto. Civ., en aplicación de la norma remisiva prevista por el art. 297 del Cód. Trib. Ley Nº 1340.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 60 de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 210-211, CASA el Auto de Vista Nº 409, de 20 de julio de 2004 cursante a fs. 198-199, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz y deliberando en el fondo, dispone que el juez a quo continúe con la tramitación del proceso contencioso tributario hasta su conclusión, sin multa por ser excusable.
Para resolución, previas convocatorias de fs. 212, 214 y 216, intervienen los Ministros Hugo R. Suárez Calbimonte, Ángel Irusta Pérez y Teófilo Tarquino Mújica, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda, Ministro y Presidente de la Sala Penal Primera, respectivamente, quienes apoyaron la disidencia formulada por el Ministro Jaime Ampuero García, sin embargo, al haber cesado este último en sus funciones, se constituyó en segundo relator el Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte. La primera relatora fue de voto disidente en sentido que se declare infundado el recurso de casación.
PRIMERA RELATORA: Ministra Beatriz Alcira Sandoval Bascopé
SEGUNDO RELATOR:Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte
Fdo. Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte
Dr. Angel Irusta Pérez
Dr. Teófilo Tarquino Mújica
Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco
Sucre, 12 de mayo de 2009
Proveído: L. Enrique Vargas Lemaitre.- Secretario de Cámara.

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 artículo 101
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