Source: https://www.scribd.com/document/104306857/Dictamen-Tribunal-Electoral-Ciudadano
Timestamp: 2018-03-21 17:00:45+00:00

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DICTAMEN CIUDADANO RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE NO VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE ELECCIONES AUTÉNTICAS Y SUFRAGIO LIBRE. TRIBUNAL ELECTORAL CIUDADANO.
México, Distrito Federal, a veintinueve de agosto del año dos mil doce. VISTOS los Juicios de Inconformidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentados por la organización ciudadana Patria 12, por la Coalición Electoral Movimiento Progresista, así como por otros ciudadanos y organizaciones, solicitando la declaración de no validez de la elección presidencial, por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre; VISTO también que la democracia encuentra en el proceso electoral un momento crucial de su legitimación, y que por tanto, es imperativo garantizar los principios rectores del proceso electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcial y objetividad, así como los principios constitucionales de libertad, autenticidad y periodicidad; VISTO que aunque la facultad legal de garantizar dichos principios recae en las instituciones electorales, los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas tenemos un papel y responsabilidad preponderante, en lo concerniente al ejercicio y defensa de nuestros derechos humanos, en este caso nuestro derecho al voto; VISTA la inminente posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sin ser exhaustivo en su mandato de interpretación jurídica para favorecer la protección más amplia de los derechos humanos; sin atender su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
ELECTORAL CIUDADANO Y PRONUNCIAMOS EL SIGUIENTE DICTAMEN CIUDADANO RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE NO VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
PRIMERO. QUE HAY HECHOS QUE CONSTITUYERON VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES DURANTE LA PRECAMPAÑA, CAMPAÑA Y ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2012. El párrafo segundo del artículo 41 constitucional establece los principios rectores de la renovación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”. Durante la precampaña, campaña y elección presidencial 2012, se perpetraron violaciones que tuvieron como consecuencia la inequidad en la contienda electoral, y que por tanto, violentaron los principios de libertad y autenticidad señalados anteriormente. Algunos de esos hechos son: i. El Consejo General del Instituto Federal Electoral no difundió ni informó, resultados en forma oportuna, de conformidad con la ley, los del monitoreo de las transmisiones de las
precampañas y campañas en los espacios noticiosos. ii. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo relativo a compra y coacción del voto, se limitó a pronunciarse en el sentido de que su competencia era crear conciencia pública y un marco social favorable para su denuncia. iii. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos no realizó la contabilidad y registro de todos los bienes que se distribuyeron en las precampañas y campañas, como propaganda. iv. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos no realizó auditorías de forma continua, para verificar el
origen y destino de los recursos que se utilizaron en la campaña electoral. v. Con fecha 30 de marzo iniciaron las campañas electorales, desde el primer minuto de ese día, el candidato de la coalición “Compromiso por México” hizo un gran despliegue propagandístico que propició la compra e inducción del voto. vi. A diferencia de las otras coaliciones, en contra de lo dispuesto por el artículo 98 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, incisos 3 y 4, a la coalición “Compromiso por México” se le otorgó dos veces participación en el 30% de distribución igualitaria de acceso a tiempo en radio y televisión, lo que permitió que dicha coalición superara 3 a 1 los tiempos asignados a la coalición “Movimiento Progresista”, ocasionando inequidad en la elección presidencial. vii. Las encuestas y sondeos de opinión que transmitieron los medios de comunicación no dieron información veraz, al contener márgenes de error fuera de lo permitido, esto en comparación con los resultados de la elección presidencial, favoreciendo en todo momento al candidato presidencial de la coalición “Compromiso por México”, y creando un clima construcción social de un ganador, que aunado a la falta de transparencia de los recursos millonarios con que se pagaron dichas encuestas, hace presumir un vinculo entre la coalición “Compromiso por México” y las casas encuestadoras. viii. Estas encuestan fueron incluso utilizadas en spots del candidato presidencial de la coalición “Compromiso por México”, número de registro RV01259-12, lo que refuerza la presunción de que las empresas encuestadoras están vinculadas a dicha coalición. ix. Desde el 16 de abril del 2012 se presentaron distintas denuncias y quejas ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en contra de la coalición “Compromiso por México” y su candidato presidencial, por rebasar el tope de gastos de campaña, al emplear recursos superiores a los $1, 892, 987, 873.00 MN. x. Durante los períodos de precampaña y campaña, la coalición “Compromiso por México” adquirió propaganda encubierta en
radio, televisión y revistas, por medio del formato de entrevistas y hechos noticiosos, para la promoción personal del C. Enrique Peña Nieto. xi. José Luis Ponce de Aquino, presidente de la empresa estadounidense Frontera Televisión Networks (FTN) y propietario de Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia S.A. de C.V., en la queja de fecha 15 de junio de 2012 en contra de la coalición “Compromiso por México” por financiamiento encubierto, dio testimonio de datos, fechas, nombres y circunstancias que arrojan una serie de indicios que apuntan a que los servicios de publicidad que presta dicho testigo en los Estados Unidos de América, fueron utilizados para encubrir la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros para la campaña de Enrique Peña Nieto, por un monto de 56 millones de dólares de procedencia desconocida. xii. El 25 de junio de 2012, el Partido Acción Nacional presentó una queja, SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012, donde denunció el sistema financiero que utilizo la coalición “Compromiso por México” a partir de cuentas Monex por medio de las cuales se aportó una cantidad mayor a los $700, 000, 000 MN, para la operación de sus delegados distritales, de sus representantes generales y representantes de casillas, el día de la jornada electoral. xiii. La coalición “Compromiso por México” financió actos de violencia y provocación como el ocurrido el 8 de junio de 2012 en el Estadio Azteca, en donde miembros del Partido Revolucionario Institucional provenientes del Estado de México se organizaron para confrontarse con miembros del grupo denominado #YoSoy132. Los miembros del PRI utilizaron 494 autobuses con propaganda rotulada a favor de Enrique Peña Nieto, contando con brigadistas que repartieron comida, boletos y camisas, recursos que ascienden a los $12, 739, 200.00 MN. xiv. La coalición “Compromiso por México” realizó actos de presión y coacción durante la campaña electoral presidencial, ofreciendo beneficios en descuentos en establecimientos mercantiles, otorgamiento de llamadas gratuitas, descarga de canciones, tarjetas Monex y tarjetas de prepago de la tienda Soriana como
recompensas o dádivas a cambio del su voto, lo que motivó la presentación de distintas quejas por parte del Partido de la Revolución Democrática, con fechas 21 y 28 de junio de 2012. xv. Con fecha 25 de julio de 2012 se hizo del dominio público el operativo Ágora, por virtud del cual el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado acarreo 5 millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto, con un costo superior a los $ 237, 307, 125. 00 MN. xvi. El día de la jornada electoral la coalición “Compromiso por México” realizó de manera sistemática e ilegal una serie de actos de presión a los electores, promoviendo el voto a su favor por medio de llamadas telefónicas y mensajes a teléfonos celulares, y promoviendo el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México. xvii. Otra práctica que utilizó la coalición “Compromiso por México” para ejercer presión y coacción en el voto de los electores fue la utilización de los llamados “halconcitos”, niños que vigilaban que el elector efectivamente cruzaba su boleta a favor del Partido Revolucionario Institucional. xviii. El 3 de julio la organización especializada en observación electoral “Alianza Cívica” dio a conocer que, de acuerdo a su observación, en 21% de las casillas existieron reportes de violación al voto secreto y 18% de los ciudadanos encuestados fueron presionados para ir a votar. xix. Existieron anomalías en las actas de escrutinio y computo, consistente en la detección de diferencias numéricas en la votación total efectiva entre las elecciones de Presidente, Diputados y Senadores, en violación del artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 71, 671 casillas de 143, 437 instaladas a nivel nacional, mostraron diferencias aritméticas de la votación total emitida, por lo que no puede considerarse como error humano las diferencias en casi la mitad de las casillas instaladas. xx. El rango del porcentaje de casillas con inconsistencias aritméticas en comparación con el total de las instaladas en cada entidad federativa va entre 31% el mínimo a un máximo de 73%.
xxi. El 50% del total de las casillas siguen presentando
inconsistencias aritméticas en la votación total emitida entre las tres elecciones federales, pese a que el 63% de estas fueron sometidas a recuento en los consejos distritales, quedando 37% sin subsanar las anomalías y 25% presentan rangos en el diferencial de votos que van de 6 a 1000. xxii. En 24 entidades federativas, las casillas con inconsistencias aritméticas representan entre un 50 a un 73% del total de las instaladas y computadas.
SEGUNDO. QUE LOS HECHOS DESCRITOS EN LA CONSIDERACIÓN PRIMERA VIOLENTARON DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES.
El Tribunal Electoral Ciudadano considera que los hechos descritos en la consideración primera constituyen violaciones que tienen el carácter de graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral, debido a que se ejecutaron durante todo el proceso electoral 2012, de forma continua, teniendo como resultado posicionar de forma inequitativa al candidato presidencial de la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto. El Tribunal Electoral Ciudadano estima que la inequidad se actualizó desde el momento en que se permitió por parte de las autoridades electorales, que los medios masivos de comunicación dieran una proyección positiva desmedida y parcial al candidato presidencial Enrique Peña Nieto, más aún, si se toma en consideración que de conformidad con la exposición de motivos de la reforma constitucional, en materia electoral, de fecha 13 de noviembre de 2007, uno de sus objetivos rectores fue impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación. Para cumplir con dichos objetivos, entre otras acciones, se consideró necesario fijar limites menores al financiamiento privado a los partidos políticos debido al riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en el ámbito electoral.
A pesar de que la parcialidad de los principales medios de comunicación era evidente, las autoridades electorales no intervinieron pese a las continuas quejas que presentó la coalición “Movimiento Progresista”. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo y fracción I, se establece que la libertad es un elemento indispensable y esencial de toda elección democrática, sin la cual no puede estimarse que sea válida. Un rasgo central de la libertad de sufragio es que el elector defina y asuma una preferencia sin presión y coacción. Los actos ilícitos perpetrados por la coalición “Movimiento Progresista” buscaron viciar la voluntad de los votantes, a través del manejo indebido de los contenidos de los medios de comunicación, la contratación directa o indirecta de los mismos, el uso propagandístico de las encuestas y estudios de intención del voto entre la población. El Tribunal Electoral Ciudadano encuentra elementos que evidencian los efectos producidos por las campañas electorales. El manejo parcial de los contenidos en medios de comunicación afectó el derecho humano de ejercer el voto en condiciones de libertad, por cuanto condicionan la capacidad de análisis y comparación, que todo ciudadano y ciudadana debe tener sobre los hechos que en la realidad, se registran de los actores políticos. La selectividad y la parcialidad con la que los medios de comunicación impresos y electrónicos registraron a lo largo del proceso los actos de campaña de los y la candidata, fueron determinantes en la construcción social de la opinión pública, favorable al candidato de la Alianza Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, y negativa al candidato de la Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de la campaña fue determinante, en lo relativo a la violación de los principios de autenticidad y libertad, la contratación, elaboración, difusión y control de las encuestas electorales más difundidas en el país. De forma concreta es posible identificar cuatro supuestos que afectaron de manera directa el derecho humano de votar, en condiciones de libertad y autenticidad: I. Las encuestas electorales tomaron en algunos casos la forma de propaganda velada. La dinámica de los intereses particulares y de grupo ha generado nuevas modalidades de
cubrir la publicidad política. Siendo esto un grave problema no previsto en la legislación electoral, e incluso fomentado por esta misma. Por lo que mientras no se encuentren criterios claros para regular la propaganda velada y su posible impacto en la jornada electoral se utilizan varios instrumentos para realizarla al margen de lo que la ley permite. En este supuesto se encuentra el uso de las encuestas como instrumento de publicidad o propaganda de un partido o candidato, de manera evidente diversas casas encuestadoras presentaron al candidato del PRI como puntero con más de 20 puntos de diferencia de su competidor más cercano. II. Las encuestas formaron opinión pública e incidieron en la construcción social de un ganador. Se transgredió el derecho a votar en elecciones auténticas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Durante 180 días diversos medios de comunicación electrónica generaron condiciones para la construcción social de un ganador. Las encuestas pretender ser fotografías que muestran las preferencias de una sociedad en ciertos instantes. Las encuestas requieren de una metodología adecuada que garantice una muestra representativa, para que coincida perfectamente con las preferencias de la ciudadanía. Las preferencias evolucionan con el tiempo, pues se trata de entidades con un dinamismo que refleja los cambios coyunturales en el contexto. Por lo tanto, una constante en un instrumento que mide distintos momentos políticos, teóricamente no podría darse en el marco de una coyuntura tan volátil, como la electoral, distinguida fundamentalmente por el contraste, la diferencia y la confrontación. III. De manera especial puede destacarse al Grupo Mileno, que contrató a la empresa GEA-ISA para hacer una encuesta de tipo tracking electoral. Durante 180 días en televisión restringida y medios impresos presentaron los resultados, registrando una preferencia de entre 15 y 20 puntos porcentuales a favor de Enrique Peña Nieto, por encima del segundo lugar. Lo mismo sucedió con la encuesta Mitofsky y
otras. Estas preferencias contribuyeron a la construcción social de un ganador, condicionando la opinión pública. Los resultados electorales probaron que la tendencia no tenía sustento, al punto de que el titular del noticiero, Ciro Gómez Leyva, pidió una disculpa en un posicionamiento editorial del Grupo Milenio. IV. Las encuestas electorales generaron un efecto perverso que desincentivó el voto e incidieron en la construcción social de un perdedor. La difusión de una tendencia favorable al candidato de la Alianza Compromiso por México, tuvo efectos para desincentivar el voto por el candidato de la Coalición Movimiento Progresista, que desde junio, se ubicaba indiscutiblemente en el segundo lugar. Los estudios demoscópicos han abundado en este tipo de efectos. V. Las encuestas electorales y específicamente las casas y empresas encuestadoras no fueron reguladas por la autoridad electoral. El Instituto Federal Electoral fue omiso en la regulación de la metodología de las casas encuestadoras. De forma tal que en la difusión de las encuestas no se informó puntualmente de la taza de no respuesta, la cual está estrechamente vinculada con la limitación de la representatividad de la muestra, como han demostrado diversos estudios demoscópicos. Las encuestas que fueron presentadas a lo largo de la campaña electoral vulneraron la equidad y la libertad, en el marco de la cual se ejerció el voto de los y las ciudadanas. La importancia de los medios masivos de comunicación influye en la forma de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en la que se conoce y se comprende la realidad que nos rodea. Por esta razón se restringe la libertad de expresión en radio y televisión, a fin de propiciar la equidad en la contienda. En ese sentido la propaganda velada, las encuestas con una solidez metodológica cuestionable, o con uso propagandístico, no solo son ilegales sino que distorsiona la competencia, privándola de equidad y de autenticidad, violando el derecho a votar con libertad y con las garantías que debía proteger el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior no puede pasar desapercibido que el uso inmoderado de recursos por parte de la coalición “Compromiso por México” dejo a los demás partidos y coaliciones en un estado de desventaja prohibido por las leyes electorales, lo que sujetó a los electores a un sistema de recompensa por voto. Estas violaciones son graves también, debido a que la coalición “Compromiso por México” ejecutó de forma repetida una serie de hechos delictivos, mismos que se precisan en el considerando primero de este Dictamen, que por la magnitud de recursos humanos y económicos empleados fueron determinantes para el resultado de la elección, en forma ejemplificativa se enuncian algunos de ellos: i. La coalición “Compromiso por México” rebasó el tope de gastos de campaña al emplear recursos superiores a los $1, 892, 987, 873.00 MN, es decir, el undécuplo del tope establecido por el Instituto Federal Electoral, $167, 260, 766 MN; ii. La coalición “Compromiso por México “ superó 3 a 1 los tiempos asignados a la coalición “Movimiento Progresista”, en contra de lo dispuesto por el artículo 98 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; iii. La coalición “Compromiso por México” utilizó mediante spots, las encuestas y sondeos de los principales medios de comunicación, que favorecían con información que no era veraz a su candidato presidencial, número de registro RV01259-12; iv. Durante los períodos de precampaña y campaña, la coalición “Compromiso por México” adquirió propaganda encubierta en radio, televisión y revistas, por medio del formato de entrevistas y hechos noticiosos, para la promoción personal del C. Enrique Peña Nieto; v. La coalición “Compromiso por México” encubrió la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros para la campaña de Enrique Peña Nieto, por un monto de 56 millones de dólares de procedencia desconocida; Con base en el artículo 229 del COFIPE y sabiendo que el tope de campaña permitido para las elecciones presidenciales estuvo fijado en 383,388,905.17 para la Coalición Compromiso por México y vistos los recurso
presentados por el PAN en contra de esta en los cuales denuncia el gasto por aproximadamente 700 millones de pesos para financiar su operación electoral a través de diferentes sistemas electrónicos de fondeo, así como la estimación del Movimiento Progresista de 1,892,987,873.00 en propaganda y actos de campaña, y la denuncia de medios nacionales e internacionales prestigiados con respecto a la compra encubierta, con montos no estimados, de tiempos y espacios en medios masivos de comunicación, podemos concluir que el tope de campaña fue rebasado infinitamente por la Coalición Compromiso por México, resultando en un proceso electoral inequitativo. Ante las sospechas, evidencias, pruebas, y denuncias de compra y coacción de votos en las recientes elecciones federales, tales como el financiamiento de Grupo Financiero Monex, monederos electrónicos de Soriana, transferencias interbancarias a personas físicas muchas, democrática en las citadas elecciones. y morales, entre otras considero (consideramos) que claramente existió una inequidad Y, tomando en cuenta un sinnúmero de
denuncias ciudadanas (individuales) y de organizaciones diversas, expresadas y manifestadas ante las diversas instancias jurídicas, independientemente de los medios electrónicos y redes sociales, debo (debemos) considerar la Invalidación de las elecciones. Esta invalidación obedece a que la contienda fue parcial e injusta en el sentido expresado con anterioridad, ya que ante las manifestaciones expresadas previamente, pueden con cierta claridad evidenciar una preferencia ilegitima a la hora de haber ejecutado el sufragio.
Ante las sospechas, evidencias, y registros en el monto erogado en la campaña de la coalición por el Compromiso por México, considero (consideramos) que el candidato por la coalición citada es inelegible de acuerdo al articulo 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esto derivado del no cumplimiento en los topes de campaña previstos para una elección a nivel federal. El rebasar los topes de campaña es una irregularidad que afecta indirectamente al libre sufragio, en virtud de que incide de manera directa en la preferencia, a la hora de ejecutar el voto, ya que la influencia generada a través de las distintas formas en que se usaron los recursos excedentes incidieron en la preferencia electoral. La coalición “Compromiso por México” realizó actos de presión y coacción durante la campaña electoral presidencial, ofreciendo beneficios como recompensas o dádivas a cambio del voto, lo que motivo la presentación de
distintas quejas por parte del Partido de la Revolución Democrática con fechas 21 y 28 de junio de 2012. Mediante tales hechos, la coalición “Compromiso por México” vulneró lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 41 constitucional que establece como principios rectores de la renovación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la libertad y autenticidad en las elecciones, al coaccionar y presionar a los electores mediante violencia y recompensas. El Tribunal Electoral Ciudadano estima que las violaciones son graves, pues además del artículo 41, también se violaron los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981); Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948). Artículos que se describen en el apartado 3) del presente documento.
TERCERO. QUE HAY ELEMENTOS JURÍDICOS QUE PERMITEN INTERPRETAR QUE LA VIOLACIÓN A VALORES FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL EL PRNCIPIO DE ELECCIÓN LIBRE Y AUTÉNTICA, ES UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES. A efecto de realizar la calificación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente el marco constitucional y legal conforme al cual han de verificarse los requisitos de tal elección. El párrafo segundo del artículo 41 constitucional establece los principios rectores de la renovación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:” Una elección libre y autentica es una garantía del derecho humano de votar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad competente para promover, respetar y garantizar éste derecho. El artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, establece que todo derecho debe estar garantizado por un recurso efectivo ante tribunales competentes:
“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” La Sala Superior del Tribunal Electoral es competente para garantizar y proteger el derecho a votar de forma libre y autentica en las elecciones federales; conocer sobre las impugnaciones de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como para declarar su nulidad. El derecho de votar constituye un derecho humano, su ejercicio y el resultado de su ejercicio deben ser garantizados por las autoridades electorales competentes. Por ser un derecho humano se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo la protección más amplia, es el mandato que establece el artículo 1º constitucional: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” Éste es el criterio hermenéutico denominado principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo el carácter fundamental de los derechos humanos, lo que implica que debe acudirse a la normas más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos, y a la norma o la interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. El derecho de votar se regula en los siguientes artículos: Artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares;” Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981): “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.” Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.” Artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948): “Toda persona, legalmente capacitad, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de particular en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.” Artículo I de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981): “Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.”
El artículo 99, fracción II, párrafo 2, de la Carta Magna, autoriza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar la nulidad de las elecciones, en él se consigna el mandato de que: “Sólo lo podrá hacer por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.” Es una norma que constituye una garantía del derecho a votar; como tal, debe interpretarse en un sentido amplio y no restringido para preservar su ejercicio y su resultado. Declarar nulidades por los supuestos exclusivamente previstas en la ley, no puede excluir la supremacía constitucional, ni las causales legales pueden ir en contra de la protección efectiva de los derechos humanos. La facultad de establecer las causales de nulidad corresponde al Congreso de la Unión; la ejerció al expedir la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en su artículo 77 Bis, enumera las causales de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicano. El legislador fue exhaustivos, sólo previó algunos supuestos. La facultad fue ejercida correctamente; estableció un conjunto de reglas que prevén los supuesto de nulidad; por su carácter de reglas, están inmersas en construcciones jurídicas más generales, de mayor jerarquía normativa, que son los principios constitucionales. Independientemente de lo anterior los principios constitucionales son normas con mayor generalidad que las normas secundarias, y de un nivel jerárquico superior. En materia de elecciones el principio constitucional es: “Las elecciones deben ser libres, autenticas y periódicas.” (artículo 41 constitucional). Como norma fundamental, también es un mandato para todos, autoridades y gobernados; por éste y otros fundamentos supremos: “Toda autoridad está obligada a garantizar los derechos humanos y el resultado de su ejercicio; el resultado del ejercicio del derecho a votar son las elecciones libres, autenticas y periódicas.” El contenido sustancial del principio examinado es de mayor generalidad que las reglas previstas en el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; es un supuesto del más alto nivel jerárquico, no previsto en la ley secundaria. Los actos son nulos por carecer de elementos esenciales o de validez que impiden su perfecto nacimiento. Uno de los elemento esencial del
acto es su adecuación plena a la normatividad vigente, la contravención a ésta es una causal de nulidad; cuando la nulidad que se quebrante es de orden fundamental la nulidad es de pleno derecho; éste es el principio que rige a las nulidades. La nulidad examinada aplica también para la elección presidencial. El Tribunal Electoral ha fijado algunos criterios sobre el sistema de nulidad de las elecciones, entre ellos: • Para que una elección carezca de efectos jurídico resulta necesario que las conductas acreditadas constituyan violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral respectivo NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SON SANCIONADAS POR A SÍ TRAVÉS MISMAS, DE PARA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INSUFICIENTES, ACTUALIZARLA. Sala Superior. Cuarta Época. Tesis III/2010. • Con base en interpretaciones sistemáticas se han reconocido causas de nulidad especificas en constituciones locales, además de las causales previstas en ley. NULIDAD DE ELECCIÓN DE GOBERNADOR. ES ESPECÍFICA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA. Sala Superior. Tercera Época. Tesis XXX/2004. • Para que se sustente la nulidad de una elección, las irregularidades o violaciones deben ser determinantes. El carácter determinante de la violación supone la concurrencia de dos elementos: un factor cualitativo y otro cuantitativo. La Sala Superior, en la Tesis XXX/2004, de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD, describió el factor cualitativo: “El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar
que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral);” • Conforme a éste criterio, la Sala Superior reconoce que la violación a valores fundamentales, en especial al principio de elección libre y auténtica, es un factor determinante para la nulidad de una elección. • El criterio cualitativo, para la nulidad de una elección, no es esencial si existen factores cuantitativos de gran trascendencia como lo es la violación a principios constitucionales. La Sala Superior, en la Jurisprudencia 39/2002, de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO, ha confirmado esto: “Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó vencedor en una específica casilla.” El Tribunal Electoral no sólo está obligado a aplicar las causales de nulidad establecidas en la ley sino que debe declarar nulas las elecciones que sean contrarias al principio constitucional de elecciones libres, auténticas y periódicas. Además, está obligado a garantizar el derecho al voto y el resultado de su ejercicio, para lo cual debe realizar un control difuso de constitucionalidad; aplicar tal control implica declarar que ciertos principios constitucionales fundamentales han sido vulnerados y que se actualiza la nulidad de la elección. El Tribunal Electoral ha sostenido que las violaciones a 17
principios fundamentales son causales de nulidad de elecciones: SUP-JRC165/2008 y ST-JRC-117/2001. Para garantizar el derecho a votar y su resultado (elecciones libres y auténticas) se ejerce el control de la convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, por lo cual no se observa la exhaustividad de las causales previstas en el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que constituye un obstáculo para hacer efectivos los derechos fundamentales del quejoso. Al respecto resultan aplicables las siguientes tesis emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Registro No. 160589 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 535 Tesis: P. LXVII/2011(9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo
con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. Registro No. 160525 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 552 Tesis: P. LXIX/2011(9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica
de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. Registro No. 160480 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 557 Tesis: P. LXX/2011 (9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas.
Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.
Toda disposición que constituya un obstáculo para hacer efectivos los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano debe ser desaplicada pues de lo contrario se vulnera las siguientes disposiciones: El artículo 133 de la Constitución que establece lo siguiente: “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Observancia de los tratados.
26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por lo anterior, el Estado Mexicano al celebrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se comprometió a cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en dichos instrumentos internacionales. Las disposiciones invocadas constituyen garantías en materia de derechos humanos y por lo tanto deben interpretarse en observancia al principio pro-persona establecido por el artículo 1° constitucional: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Con base en lo expuesto, es evidente que el Estado Mexicano y todas las autoridades que lo conforman, asumieron la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en las disposiciones citadas, por lo que es un deber desaplicar TODA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER LEGAL que constituya un obstáculo para resolver el presente recurso, máxime que en términos del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las disposiciones de derecho interno del Estado Mexicano, no excluyen a las autoridades Mexicanas del cumplimiento de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos que México tienen celebrados. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Derivado de la resolución del expediente “varios” 912/2010, la H. Suprema Corte emitió criterios en materia de control difuso convencional, con los que estableció el parámetro de análisis de este tipo de control, que deberán ejercer todos los jueces del país, mismo que se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el
Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. Esta resolución fue motivada principalmente por la reforma al artículo primero constitucional de fecha 10 de junio de 2011 mediante la cual se estableció que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y se sujetó a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De lo anterior se deriva que actualmente por mandato constitucional todas las autoridades y principalmente los jueces de nuestro país están obligados a hacer respetar lo establecido en nuestra carta magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos más allá de lo establecido por la normatividad secundaria. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad de ejercer un control constitucional difuso de la Carta Magna le fue reconocida desde el año 2007. Lo anterior faculta y obliga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dejar de aplicar normas secundarias en respeto a lo dispuesto por la Carta Magna en materia electoral imponiendo sanciones a los responsables de violaciones a nuestra constitución. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala Superior de dicho Tribunal Electoral en la sentencia SUPJRC-165/2008. El referente último para conservar la legitimidad del Estado es la Constitución y los responsables para verificar que las autoridades cumplan con ésta son los órganos jurisdiccionales. La defensa de la Constitución, como posibilidad de lograr la estabilidad del sistema institucional y del orden jurídico, encuentra su expresión inmediata en confiar a los jueces la tarea de verificar que
los actos de las autoridades se sometan a las prescripciones constitucionales. Ésta es la tarea del Tribunal Electoral. En este caso, es la Sala Superior del Tribunal Electoral la competente para garantizar y proteger el derecho a votar de forma libre y autentica en las elecciones federales; conocer sobre las impugnaciones de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como para declarar su nulidad. El que el artículo 99, fracción II, párr. 2, de la Carta Magna, determine que el Tribunal Electoral podrá declara la nulidad de las elecciones por las causales que expresamente se establezcan en las leyes, no significa que las violaciones directas a la Carta Magna no tengan sanción. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un ordenamiento que sienta las bases generales del sistema jurídico mexicano, no es un recetario que tenga la respuesta exacta a cada problema jurídico que se presente. En el presente caso con base en el artículo 1 y 133 de la Carta Magna, lo dispuesto en ella y en los Tratados Internacionales es ley Suprema. En consecuencia si de conformidad con el artículo 99 de la constitución federal, el Tribunal Electoral Federal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, no puede dejar sin sanción las violaciones directas que se dieron a distintas disposiciones constitucionales y convencionales. Como ya se mencionó, los actos son nulos por carecer de elementos esenciales o de validez que impiden su perfecto nacimiento. Uno de los elemento esencial del acto es su adecuación plena a la normatividad vigente, la contravención a ésta es una causal de nulidad; cuando la nulidad que se quebrante es de orden fundamental la nulidad es de pleno derecho; éste es el principio que rige a las nulidades. La nulidad examinada aplica también para la elección presidencial. De conformidad con los siguientes criterios del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación en el presente caso se debería resolver la nulidad de la elección presidencial 2012.:
• Sentencia SUP-JRC-165/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. • NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA. Sala Superior. Cuarta Época. Tesis III/2010. • NULIDAD DE ELECCIÓN DE GOBERNADOR. ES ESPECÍFICA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA. Sala Superior. Tercera Época. Tesis XXX/2004. • Tesis XXX/2004, de rubro: NULIDAD Y DE LA DE ELECCIÓN. DEL O FACTORES CARÁCTER CUALITATIVO DETERMINANTE CUANTITATIVO VIOLACIÓN
IRREGULARIDAD. • Jurisprudencia 39/2002: NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.
El Tribunal Electoral no sólo está obligado a aplicar las causales de nulidad establecidas en la ley sino que debe declarar nulas las elecciones que sean contrarias al principio constitucional de elecciones libres, auténticas y periódicas. Además, está obligado a garantizar el derecho al voto y el resultado de su ejercicio, para lo cual debe realizar un control difuso de constitucionalidad; aplicar tal control implica declarar que ciertos principios constitucionales fundamentales han sido vulnerados y que se actualiza la nulidad de la elección. El Tribunal Electoral ha sostenido que las violaciones a principios fundamentales son causales de nulidad de elecciones: SUP-JRC-165/2008 y ST-JRC-117/2001. Toda disposición que constituya un obstáculo para hacer efectivos los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano debe ser desaplicada pues de lo contrario se vulneran los artículos 1 y 133 constitucional federal y el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Si bien es cierto que a simple vista ninguno de los supuestos de nulidad que establece el artículo 77 bis de la LGSMIME se actualiza en el caso que nos ocupa, también lo es que el inciso c al no establecer de forma expresa los supuestos de inelegibilidad de un candidato presidencial, da cabida a la interpretación del mismo. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce que la coalición “Compromiso por México” rebasó los topes de campaña, tendría que también reconocer que se violaron los artículos 342 y 344 del COFIPE lo que da como consecuencia que el registro como candidato presidencial del C. Enrique Peña Nieto debía haber sido cancelado por el IFE haciéndolo inelegible, lo que anularía la elección.
DICTAMEN R E S O L U T I V O
CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES PRECEDENTES, EL TRIBUNAL ELECTORAL CIUDADANO RESUELVE: PRIMERO. Se declara inválida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Se instruye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme a la interpretación constitucional del presente Dictamen (considerando tres): I. Reconozca la violación a los elección presidencial 2012; II. Haga respetar lo establecido en nuestra carta magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos, más allá de los establecido por la normatividad secundaria; III. Ejerza su facultad de control constitucional difuso de la Carta Magna, para dejar de aplicar normas secundarias en respecto a lo dispuesto por la Carta Magna en materia electoral, imponiendo sanciones constitución; IV. Declare que ciertos principios constitucionales fundamentales han sido vulnerados y que actualice sus causales de nulidad, y que declare no válida la elección presidencial de 2012, por ser contraria al principio constitucional de elecciones auténitcas y sufragio libre. a los responsables de violaciones a nuestra principios constituciones de
elecciones auténticas y sufragio libre, perpetradas durante la
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 artículo 229
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 artículo 41
 Artículo 23
 Artículo 25
 artículo 41
 artículo 25
 artículo 1
 Artículo 35
 Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 25
 artículo 2
 artículo 99
 artículo 77
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 ARTÍCULO 59
 artículo 77
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 133
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 resolución 
 ARTÍCULO 133
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