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Timestamp: 2017-01-23 19:50:20+00:00

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Ley Organica de la Contraloria by Héctor Dávalos - issuu
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,
REFORMAS Y REGLAMENTO
Art. 1.- Objeto de la Ley.- La presente
Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría
General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado,
y regular su funcionamiento, con la
finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del
Estado y la utilización de recursos,
Que la Constitución Política de la República instituye cambios fundamentales en la competencia de la Contraloría
General del Estado como Organismo
Técnico Superior de Control;
preceptos constitucionales, las disposiciones relativas al control y auditoría en
el sector público;
Que se debe aplicar al Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría los principios constitucionales y, especialmente
los de legalidad, responsabilidad financiera, transparencia, economía, eficiencia y eficacia, junto con los criterios de
equidad, y, ética y las políticas de descentralización y desconcentración operativas;
“Art. 2.- Ámbito de aplicación de la
rigen para las instituciones del sector
público, determinadas en los artículos
225, 315 y a las personas jurídicas de
derecho privado previstas en el artículo
211 de la Constitución”.
Nota: Artículo 2, sustituido por el
artículo 1 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 1 de 11 de agosto del 2009.
* CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- …”Art.
225.- El sector público comprende:
Los organismos y dependencias de
las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado.
Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar
actividades económicas asumidas
Las personas jurídicas creadas por
acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para
la prestación de servicios públicos”.
“…Art. 315.- El estado constituirá
empresas públicas para la gestión de
sectores estratégicos, la prestación de
servicios públicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de
bienes públicos y el desarrollo de otras
Las empresas públicas estarán bajo la
regulación y el control específico de los
organismos pertinentes, de acuerdo con
la ley; funcionarán como sociedades de
derecho público, con personalidad
jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con
altos parámetros de calidad y criterios
empresariales, económicos, sociales y
Los excedentes podrán destinarse a la
inversión y reinversión en las mismas
empresas o sus subsidiarias, relaciona-
das o asociadas, de carácter público, en
niveles que garanticen su desarrollo.
Los excedentes que no fueran invertidos
o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.
La ley definirá la participación de las
empresas públicas en empresas mixtas
en las que el Estado siempre tendrá la
mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos”.
“…Art. 211.- La Contraloría General
del Estado es un organismo técnico
encargado del control de la utilización
de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones
del Estado y de las personas jurídicas
de derecho privado que dispongan de
Publicados en el Registro Oficial No.
449 de 20 de octubre del 2008.
Art. 3.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta ley se entenderán por recursos
públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos,
rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea
cual fuere la fuente de la que procedan,
inclusive los provenientes de préstamos,
donaciones y entregas que, a cualquier
entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos
que representen ese patrimonio, sean
transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de
con participación estatal.- “Para todos
los efectos contemplados en esta Ley,
están sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas
jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes,
público de que dispongan, cualesquiera
sea su monto, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso segundo del
artículo 211 de la Constitución Política
Se evitará la superposición de funciones
con otros organismos de control, sin
perjuicio de estar obligados de actuar en
el marco de sus competencias constitucionales y legales, de manera coordinada y/o simultánea”.
Nota: Incisos primero y segundo del
artículo 4, sustituidos por el artículo 1
de la Ley No. 2004-42 “Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado”,
publicada en el Registro Oficial No.
404 de 23 de agosto del 2004.
Cuando el Estado o sus instituciones
hayan delegado a empresas privadas la
ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos
públicos mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de propiedad accionaria, de certificados de aportación o de otros títulos o derechos, o
por cualquier otra forma contractual de
acuerdo con la ley, la vigilancia y control de la Contraloría General del Estado
no se extenderá a la persona o empresa
delegatoria, pero si, a la gestión referida
a esa delegación por parte de la institución del Estado delegante, sin perjuicio
de la eventual responsabilidad que la
Contraloría General del Estado pueda
determinar, conforme a lo establecido
DEL SISTEMA DE CONTROL,
FISCALIZACION Y AUDITORIA
COMPONENTES, MARCO
NORMATIVO Y OBJETO DEL
Art. 5.- Sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado.- Las
instituciones del Estado, sus dignatarios,
autoridades, funcionarios y demás ser-
vidores, actuarán dentro del Sistema de
Control, Fiscalización y Auditoría del
Estado, cuya aplicación propenderá a
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin
excepción, se responsabilicen y
rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de
los resultados obtenidos de su empleo;
Las atribuciones y objetivos de las
instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de
sus servidores, sean cumplidos a
cabalidad;
Cada institución del Estado asuma
la responsabilidad por la existencia
y mantenimiento de su propio sistema de control interno; y,
Se coordine y complemente con la
acción que otros órganos de control
externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público
y sus servidores.
Art. 6.- Componentes del sistema.- La
ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará
El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una
de las instituciones del Estado a las
que se refiere el artículo 2 de esta
El control externo que comprende:
El que compete a la Contraloría
General del Estado; y,
b) El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el
Art. 7.- Marco normativo general.Para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría General del Estado
adaptará, expedirá, aprobará y actualizará,
Normas de control interno que sirvan
de marco básico para que las instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno;
Políticas de auditoría gubernamental;
Normas de control y fiscalización
sobre el sector público, adaptadas de
Normas Internacionales y de las emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores;
Normas de auditoría gubernamental,
de carácter local e internacional en
sus modalidades de gestión, control
de obras, auditoría judicial, protección ambiental y auditoría de proyectos internacionales; y,
Reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, guías
metodológicas, instructivos y más
disposiciones necesarias para la
aplicación del sistema y la determinación de responsabilidades.
En el marco de las normas, políticas,
regulaciones, reglamentos, disposiciones
y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y
los manuales específicos para el control
de las operaciones a su cargo. La Contraloría General del Estado verificará la
pertinencia y la correcta aplicación de las
Art. 8.- Objeto del sistema de control.- Mediante el sistema de control,
fiscalización y auditoría se examinarán,
verificarán y evaluarán las siguientes
gestiones: administrativa, financiera,
operativa; y, cuando corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus
servidores. En el examen, verificación
y evaluación de estas gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño, y se incluirán
los comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las
operaciones y programas evaluados.
Art. 9.- Concepto y elementos del
control interno.- El control interno
constituye un proceso aplicado por la
máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen
los objetivos institucionales. Constituyen
elementos del control interno: el entorno
de control, la organización, la idoneidad
del personal, el cumplimiento de los
objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y
las medidas adoptadas para afrontarlos, el
sistema de información, el cumplimiento
de las normas jurídicas y técnicas; y, la
corrección oportuna de las deficiencias de
El control interno será responsabilidad de
cada institución del Estado y tendrá como
finalidad primordial crear las condiciones
para el ejercicio del control externo a
cargo de la Contraloría General del Estado.
Art. 10.- Actividades institucionales.Para un efectivo, eficiente y económico
control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o
de apoyo, financieras, operativas y ambientales.
Art. 11.- Aplicación del control interno.- Se tendrán en cuenta las normas
sobre funciones incompatibles, depósito
intacto e inmediato de lo recaudado,
otorgamiento de recibos, pagos con che-
que o mediante la red bancaria, distinción
entre ordenadores de gasto y ordenadores
de pago; y, el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro
Art. 12.- Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en
forma previa, continua y posterior:
a) Control previo.- Los servidores de
la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas,
antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad,
pertinencia y conformidad con los
planes y presupuestos institucionales;
b) Control continuo.- Los servidores
de la institución, en forma continua
inspeccionarán y constatarán la
oportunidad, calidad y cantidad de
obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad
con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas;
Control posterior.- La unidad de
auditoría interna será responsable
del control posterior interno ante las
respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.
Art. 13.- Contabilidad gubernamental.La Contabilidad Gubernamental, como
parte del sistema de control interno,
tendrá como finalidades establecer y
mantener en cada institución del Estado
un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que
integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos,
que incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al
sector público, y que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales
para la toma de decisiones, de conformidad con las políticas y normas que al
efecto expida el Ministerio de Economía
y Finanzas, o el que haga sus veces.
Nota: El Manual de Contabilidad Gubernamental fue expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Acuerdo No. 320 (Tomos I y II), publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 175 de 28 de diciembre del
Art. 14.- Auditoría interna.- Las instituciones del Estado, contarán con una
Unidad de Auditoría Interna, cuando se
justifique, que dependerá “técnica y administrativamente” de la Contraloría
General del Estado, que para su creación
o supresión emitirá informe previo. El
personal auditor, será nombrado, removido o trasladado por el Contralor General
del Estado y las remuneraciones y gastos
para el funcionamiento de las unidades de
auditoría interna serán cubiertos por las
propias instituciones del Estado a las que
ellas sirven y controlan.
personal de auditoría interna de gestión
deberá ser de carácter multidisciplinario.
Nota: Inciso primero del artículo 14,
reformado por los numerales 1 y 2 del
artículo 2 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No.
1 de 11 de agosto del 2009.
La auditoría interna se ejecutará de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de auditoría aplicables al sector
“Las máximas autoridades de las Unidades de Auditoría Interna, serán de libre
designación y remoción por parte del
Contralor General del Estado.
Las remuneraciones que corresponden a
las máximas autoridades de las Unidades
de Auditoría Interna de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados serán cubiertas por la Contraloría General del
Nota: Incisos segundo y tercero del
artículo 14, agregados por el numeral
3 del artículo 2 de la Ley Orgánica
Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro
Para ser nombrado y ejercer funciones de
dirección o jefatura de esa unidad se
requerirá ser profesional con título universitario y formación compatible con el
ejercicio y práctica de la auditoría financiera o de gestión.
Con el fin de prestar asesoría y realizar la
evaluación integral de la institución, el
Por disposición expresa del Contralor
General del Estado o de la máxima autoridad que ejerza la representación legal de
la Institución, la respectiva unidad de
auditoría interna ejecutará auditorías y
exámenes especiales, de conformidad con
lo establecido en esta Ley.
“Las entidades del sector público deberán prestar todas las facilidades operativas y logísticas para el adecuado desenvolvimiento de las Unidades de Auditoría
Nota: Inciso final del artículo 14, agregado por el numeral 4 del artículo 2 de
la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de la Contraloría General del
Estado, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto
Art. 15.- Independencia.- Los auditores
de esta unidad actuarán individual o
colectivamente, con criterio independiente respecto a la operación o actividad auditada y no intervendrán en la
autorización o aprobación de los procesos financieros, administrativos, operativos y ambientales.
Las prohibiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 25 de esta Ley, se
aplicarán en lo pertinente a los auditores
Art. 16.- Coordinación de labores.- La
Contraloría General del Estado prestará
su asesoría y asistencia técnica a las
unidades de auditoría interna de gestión
y orientará y coordinará la preparación
de su Plan Anual de Trabajo, el cual
deberá ser presentado a la Contraloría
General del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año.
Art. 17.- Informes.- Los informes de
las unidades de auditoría interna de
gestión, suscritos por el jefe de la unidad, serán dirigidos a la máxima autoridad de la institución a la que pertenezcan, la que será responsable de adoptar,
cuando corresponda, las medidas pertinentes.
gestión, para efecto de determinación de
las responsabilidades correspondientes,
enviarán a la Contraloría General del
Estado, ejemplares de sus informes, en
el término de ocho días contado desde la
fecha de suscripción, conjuntamente con
la documentación probatoria de los
hechos informados.
Alcance y Modalidades de Auditoría
Art. 18.- Alcance y ejecución de la
auditoría gubernamental.- El control
externo que realizará la Contraloría
General del Estado se ejercerá mediante
la auditoría gubernamental y el examen
especial, utilizando normas nacionales e
internacionales y técnicas de auditoría.
La auditoría gubernamental realizada
por la Contraloría General del Estado,
consiste en un sistema integrado de
asesoría, asistencia y prevención de
riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de
los administradores de los recursos
La auditoría gubernamental, no podrá
modificar las resoluciones adoptadas
por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o
competencias, cuando éstas hubieran
definido la situación o puesto término a
los reclamos de los particulares, pero
podrá examinar la actuación administrativa del servidor, de conformidad con la
Art. 19.- Examen especial.- Como
parte de la auditoría gubernamental el
examen especial verificará, estudiará y
evaluará aspectos limitados o de una
parte de las actividades relativas a la
gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la
ingeniería o afines, o de las disciplinas
específicas, de acuerdo con la materia
de examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener
comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Art. 20.- Auditoría financiera.- La
auditoría financiera informará respecto a
un período determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los
estados financieros de una institución
pública, ente contable, programa o proyecto; concluirá con la elaboración de
un informe profesional de auditoría, en
el que se incluirán las opiniones correspondientes.
En este tipo de fiscalización, se incluirán el examen del cumplimiento de
las normas legales, y la evaluación del
control interno de la parte auditada.
Art. 21.- Auditoría de gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el
control interno y la gestión, utilizando
recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de
programas y proyectos, con el fin de
determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de
economía, efectividad y eficiencia. Este
tipo de auditoría examinará y evaluará
los resultados originalmente esperados y
medidos de acuerdo con los indicadores
institucionales y de desempeño pertinentes.
Constituirán objeto de la auditoría de
gestión: el proceso administrativo, las
actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos,
materiales, financieros, ambientales,
tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y
metas institucionales.
A diferencia de la auditoría financiera,
el resultado de la fiscalización mediante
la auditoría de Gestión no implica la
emisión de una opinión profesional, sino
la elaboración de un informe amplio con
los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes.
Art. 22.- Auditoría de aspectos ambientales.- La Contraloría General del
Estado podrá en cualquier momento,
auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y
evaluaciones de impacto ambiental en
los términos establecidos en la Ley de
Gestión Ambiental, publicada en el
Registro Oficial No. 245 del 30 de julio
de 1999 y en el artículo 91 de la Constitución Política de la República.
CONCORDANCIA.- Ley No. 99-37 de
Gestión Ambiental.- (Parte Pertinente).- “..... Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier
momento, auditar los procedimientos de
realización y aprobación de los estudios
y evaluaciones de impacto ambiental,
determinando la validez y eficacia de
éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará
respecto de la eficiencia, efectividad y
economía de los planes de prevención,
control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas
para realizar los procesos de auditoría
de estudios de impacto ambiental”.
(Publicado en el Registro Oficial No.
245 de 30 de julio de 1.999).
Art. 23.- Auditoría de obras públicas
o de ingeniería.- Evaluará la administración de las obras en construcción, la
gestión de los contratistas, el manejo de
la contratación pública, la eficacia de los
sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y
los resultados físicos que se obtengan en
el programa o proyecto específico sometido a examen.
Normas Básicas de la Auditoría
Art. 24.- Planificación, ejecución y
evaluación.- El ejercicio de la auditoría
gubernamental será objeto de planificación previa y de evaluación posterior de
sus resultados, y se ejecutará de acuerdo
con las políticas y normas de auditoría y
demás regulaciones de esta ley.
Art. 25.- Independencia del personal de
auditoría.- El personal ejecutor de auditoría gubernamental mantendrá total
independencia respecto de las institucio-
nes del Estado y de las personas y actividades sujetas a su examen.
Los auditores de la Contraloría General
del Estado no efectuarán labores de auditoría en instituciones del Estado en las
que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto en
calidad de auditor interno. Tampoco
auditarán actividades realizadas por su
cónyuge, por sus parientes comprendidos
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cuando
existiere conflicto de intereses.
Art. 26.- Informes de auditoría y su
aprobación.- Los informes de auditoría
gubernamental, en sus diferentes clases
y modalidades, tendrán el contenido que
establezcan las normas de auditoría y
más regulaciones de esta Ley, incluyendo la opinión de los auditores, cuando
corresponda, y la referencia al período
examinado y serán tramitados en los
plazos establecidos en la ley y los reglamentos correspondientes, los mismos
que desde la emisión de la orden de
trabajo de la auditoría, hasta la aprobación del informe, como regla general, no
excederán de un año. Los informes,
luego de suscritos por el director de la
unidad administrativa pertinente, serán
aprobados por el Contralor General o su
delegado y enviados a las máximas
autoridades de las instituciones del
Estado examinadas.
acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior.
Art. 27.- Normas del control ambiental.- El examen y evaluación de los
aspectos ambientales, forman parte de la
fiscalización o auditoría externa que se
realiza a una institución ejecutora de
proyectos y programas con impacto
ambiental y en consecuencia, le son
aplicables las normas técnicas que rigen
a esta clase de auditoría, complementadas con las normas específicas en materia ambiental.
Auditoría por Compañías Privadas
Art. 28.- Calificación, selección, contratación y ejecución.- La Contraloría General del Estado, cuando así lo determinen convenios internacionales, o cuando
la materia a auditarse exija personal especializado del que no disponga, podrá
efectuar la auditoría gubernamental, mediante la contratación de compañías privadas de auditoría externa e independiente, aplicando procedimientos de calificación, selección y contratación, que establezcan las normas legales y reglamentarias pertinentes.
En los casos en que las instituciones del
Estado, requiriesen contratar a compañías
privadas para ejecutar la auditoría externa
de sus operaciones, solicitarán a la Contraloría General del Estado se proceda de
La compañía privada de auditoría y su
personal deberán reunir los requisitos y
cumplir con las disposiciones que se
especifiquen en las normas de auditoría
gubernamental, en esta ley y demás disposiciones legales.
La compañía será seleccionada de acuerdo a términos de referencia y a las bases
aprobados por la Contraloría General del
Estado y será supervisada por ésta.
El informe resultante de una auditoría
financiera será suscrito por el funcionario
que la hubiere practicado, quien será
contador público autorizado, y por el
representante legal de la compañía privada de auditoría; dicho informe se sujetará
a la aprobación prevista en el artículo 26
personal deberán guardar completa independencia respecto a las funciones, actividades e intereses de la institución del
Estado sujeta a examen y a sus servidores.
La Contraloría General del Estado mantendrá un registro actualizado de compañías privadas de auditoría externa
independientes, calificadas por su profesionalidad y debidamente facultadas
para ejercer sus actividades en el país.
Cuando los convenios internacionales,
especialmente los del sistema multilate-
ral de crédito, dispongan la contratación
directa de compañías privadas por parte
de la institución pública o el programa
de que se trate, se estará a lo dispuesto
en dichos convenios, sin perjuicio de la
acción de control de la Contraloría General del Estado.
Los costos de la auditoría externa privada correrán a cargo de la institución
SUPERIOR DE CONTROL
Art. 29.- De la Contraloría General del
Estado.- La Contraloría General del
Estado, como Organismo Técnico Superior de Control, es una persona jurídica de
derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida y representada legalmente por el
Art. 30.- Presupuesto.- La pro forma
del presupuesto anual de la Contraloría
General del Estado, se remitirá oportunamente al Ministerio de Economía y
Finanzas para su ulterior aprobación por
el Congreso Nacional, conforme a lo
dispuesto en los artículos 211, 258 y
259 de la Constitución Política de la
El presupuesto de la Contraloría General
del Estado se financiará con:
La transferencia del cinco por mil
de los ingresos presupuestados, de
todas las instituciones del Estado y,
en la parte proporcional de las personas jurídicas de derecho privado,
cuyo capital social, patrimonio,
fondo o participación tributaria esté
integrado con recursos públicos, y
que de conformidad con esta Ley,
se encuentran sometidas al control
de la Contraloría General del Estado. Exceptúanse del cobro de este
aporte exclusivamente los ingresos
provenientes de empréstitos internos y externos, los saldos iniciales
de caja, “los fondos recaudados a
favor de otras entidades y que deben ser transferidos a aquellas; y,
las recaudaciones y recuperaciones
de la AGD destinadas a pagar a los
perjudicados por la banca cerrada”,
los de: la Junta de Beneficencia de
Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana,
Sociedad de Lucha Contra el
Cáncer (SOLCA), y Sociedad Protectora de la Infancia. En el caso de
las universidades y escuelas politécnicas, se estará a lo que dispone
la Ley Orgánica de Educación Superior;
Nota: Literal a) del artículo 30, modificado por el artículo 2 de la Ley No.
2004-42 “Ley Orgánica Reformatoria
a la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado”, publicada en el
Registro Oficial No. 404 de 23 de
b) Los ingresos previstos en otras
disposiciones legales;
Los recursos de autogestión; y,
d) Otros ingresos.
del Estado no será afectado por transferencias aportes ni deducción alguna.
El Ministerio de Economía y Finanzas o
el organismo que haga sus veces, respecto a las instituciones del Estado que
conforman el Gobierno Central, transferirá de manera obligatoria y mensual a
través del Banco Central del Ecuador, el
valor del cinco por mil que corresponde
a la Contraloría General del Estado.
Para el aporte del cinco por mil de las
demás instituciones del Estado y privadas que tengan recursos públicos, se
procederá mediante la retención automática mensual por parte de los bancos depositarios privados y públicos, en
las alícuotas establecidas por la Contraloría General del Estado.
El pago y retención automática de los
valores que correspondan a la Contraloría General del Estado, deberá ser cumplido por los funcionarios y servidores
La Contraloría General del Estado está
facultada para realizar en forma periódica, en la correspondiente entidad, la
liquidación de los valores pagados o
adeudados por concepto del cinco por
mil, sobre la base de los ingresos reales.
Si por efecto de la modernización del
Estado o cualquier otro motivo la Contraloría General del Estado dejare de
percibir el aporte del cinco por mil, el
Gobierno Central asumirá su financiamiento a través del Presupuesto General
del Estado, a partir del siguiente ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo
El Contralor General expedirá el reglamento para la determinación y recaudación del aporte del cinco por mil.
Art. 31.- Funciones y atribuciones. La
Contraloría General del Estado, además
de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la
República, tendrá las siguientes:
Practicar auditoría externa, en
cualquiera de sus clases o modalidades, por sí o mediante la utilización de compañías privadas de auditoría, a todas las instituciones del
Estado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías
mercantiles , cuyo capital social,
patrimonio, fondo o participación
tributaria esté integrado, con recursos públicos; a las empresas
adscritas a una institución del Estado, o que se hubieren constituido
mediante ley, ordenanza o decreto,
así como, en el ámbito de su com-
petencia, al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas (ISSFA), y al
Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional (ISSPOL).
Nota: Numeral 1 modificado por el
artículo 3 de la Ley No. 2004-42 “Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de la Contraloría General
del Estado”, publicada en el Registro
Oficial No. 404 de 23 de agosto del
Examinar los ingresos públicos,
provenientes de diferentes fuentes
de financiamiento, el control de ingresos no interferirá en las facultades reglamentaria, determinadora,
resolutiva, sancionadora, recaudadora y otras propias de la administración tributaria;
Examinar los gastos, inversiones,
utilización, administración y custodia de recursos públicos;
Examinar y evaluar en términos de
costo y tiempo, la legalidad, economía, efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión pública;
Examinar y evaluar el sistema de
control interno de cada una de las
instituciones sujetas a su control;
Ejercer la función fiscalizadora en
las instituciones del Estado, mediante la predeterminación o glosa
y la determinación, para la oportuna
protección y seguridad de los recursos públicos;
Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención
contra actos de corrupción en las
entidades sujetas a su control;
Evaluar las labores de auditoría
externa efectuadas por compañías
privadas de auditoría;
Exigir y examinar las declaraciones
patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se presuma
enriquecimiento ilícito, en armonía
con lo preceptuado en el artículo
122 de la Constitución Política de la
República, de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto,
y notificar a los organismos electorales o a la autoridad nominadora
correspondiente, los casos de incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las medidas
legales pertinentes, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloría General del Estado en esta materia.
“Tratándose de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Ministro
Fiscal General del Estado, miembros
del Consejo Nacional de la Judicatura, ministros de las Cortes Superiores y Tribunales Distritales, conjueces de las Cortes de Justicia, jueces
de instancia, fiscales, registradores
de la propiedad, notarios, titulares y
suplentes, autoridades, funcionarios
y servidores del Servicio de Rentas
Internas y Corporación Aduanera
Ecuatoriana, Agencia de Garantía de
Depósitos y demás autoridades, funcionarios y servidores incluidos en
otras leyes, la declaración patrimonial juramentada deberá ser presentada a la Contraloría General del Estado, al inicio y al finalizar sus funciones y cada dos años, acompañando en este caso un historial de los
bienes adquiridos y transferidos durante este lapso; o, en un período
menor al señalado, cuando se separen de sus funciones en forma anticipada por cualquier causa. La investigación patrimonial se hará extensiva a los parientes comprendidos
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y al
cónyuge del funcionario declarante”;
Nota: Inciso segundo del numeral 9,
del artículo 31, sustituido por el
artículo 4 de la Ley No. 2004-42 “Ley
10. Evaluar los costos de los estudios,
prestación de servicios, adquisición
de bienes y construcción de obras
de las instituciones del Estado;
11. Registrar las cauciones rendidas por
los servidores públicos a favor de
las respectivas instituciones del Estado;
12. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los
informes de auditoría, exámenes
especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y
civiles culposas;
13. Decidir la intervención como parte
en los juicios civiles, penales, contencioso administrativos y otros relacionados con el manejo de los recursos públicos que son objeto de
control. La intervención del Contralor General no exime la responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la representación correspondiente;
14. Evaluará el sistema de control interno administrativo y económico
de la Función Judicial. En los procesos que se relacionen con recursos públicos podrá, únicamente a
pedido del Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, realizar el control de los mismos para evitar o
sancionar, de ser el caso, el cometimiento de irregularidades. El ejercicio de este control no interferirá
con la potestad judicial y la administración de la justicia;
15. “Actuar coordinadamente con el
Ministerio Público para iniciar y
proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo
de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de
control, causen daños y perjuicios
al interés público o a terceros, serán
civil y penalmente responsables”.
Nota: Numeral 15 del artículo 31,
sustituido por el artículo 5 de la Ley
No. 2004-42 “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, publicada
en el Registro Oficial No. 404 de 23 de
16. “Emitir informes razonados, como
requisito previo a la celebración de
todo contrato de las instituciones
del Estado, que afecte al recurso
público o implique egreso de recursos públicos, por un monto igual o
mayor al que señale la ley para el
concurso público de ofertas, haya
sido o no concursado o licitado.
El informe a que se refiere este numeral será expedido en el término
de quince días contado desde la fecha de recepción de la solicitud y
todos los documentos justificativos.
la falta de informe no impedirá la
celebración del contrato una vez
vencido el término señalado en este
No será necesario el informe de que
trata el presente numeral en los
contratos y convenios de deuda
pública interna o externa”;
Nota: Numeral 16 del artículo 31,
derogado, por el numeral 5 de las
Derogatorias de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación
Pública, expedida por la Asamblea
Constituyente, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395
de 4 de agosto del 2008.
17. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los contratos
que celebren las instituciones del
sector público, en base a la solicitud
y resolución emitida por la respectiva entidad contratante;
18. Juzgar y examinar los fondos reservados destinados a la “seguridad”
nacional, en armonía con lo establecido en la Constitución Política
de la República y según las regulaciones que se dicten para el efecto;
Nota: Numeral 18 del artículo 31,
reformado por el artículo 3 de la Ley
del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 1 de 11 de
19. Emitir opinión profesional respecto
de los estados financieros consolidados de las instituciones del Estado, que el Ministerio de Economía
y Finanzas o el organismo que haga
sus veces, presentará anualmente al
Congreso Nacional. Esta opinión
será puesta en conocimiento de la
Legislatura;
20. Informar anualmente al Congreso
Nacional y al Presidente de la República sobre las labores de control,
del ejercicio fiscal precedente;
21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología, nacional e internacional,
cuando las mismas signifiquen
egresos de recursos públicos;
22. Dictar regulaciones de carácter
general para la práctica de la auditoría gubernamental; la determinación de las responsabilidades de
que trata esta Ley; el control de la
administración de bienes del sector
público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de
23. Emitir y actualizar para su funcionamiento interno los reglamentos:
orgánico funcional; de administración de personal de su competencia
que incluirá la escala de “remuneraciones mensuales unificadas” y el
régimen propio de remuneraciones;
y, los demás que fueren necesarios;
Nota: Numeral 23 del artículo 31,
reformado por el artículo 6 de la Ley
24. Capacitar a los servidores públicos
y personas que lo soliciten en las
diversas modalidades de control y
auditoría de recursos públicos;
25. Asesorar obligatoriamente a las
instituciones del Estado, y a las personas jurídicas de derecho privado
sometidas a su control, a petición
de éstas, sin que la asesoría implique vinculación en la toma de decisiones; y, generar un banco de datos
sobre información de absolución de
consultas y de los criterios institucionales adoptados por el Contralor General;
26. Contratar los servicios de profesionales, cuando se trate de asuntos de
interés institucional que requieran
de experiencia o conocimientos especializados.
27. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue
o concesione sus facultades al sector privado, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de
la República y la ley;
28. Realizar el seguimiento y control
continuos de las obras públicas en
sus diferentes fases o etapas o en
cada una de ellas, hasta su ejecución total; de los ingresos, gastos e
inversiones; de la utilización de recursos; de la administración y custodia de bienes que tengan carácter
público. Tal clase de control por
ningún concepto constituirá participación o autorización de actos administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución o en-
tidad sujeta a examen;
29. Auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las
instituciones del Estado, con arreglo a las normas de auditoría de la
Contraloría General del Estado y de
las de la entidad financiadora; incluyendo las operaciones de ajuste
estructural y el destino último de
los créditos o préstamos concedidos
para el país;
30. Pronunciarse sobre los aspectos de
legalidad, economía, eficiencia,
efectividad y transparencia en el
empleo de los recursos y bienes
públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo y sobre los resultados
de la gestión institucional;
31. Requerir a las instituciones del
Estado estudios técnicos del ámbito
de su competencia, proforma del
Presupuesto General del Estado,
anexo de ingresos, informe sobre la
situación económica y fiscal del
país, datos estadísticos, informes y
otros documentos del sector público
que permitan cumplir con las atribuciones y funciones que constan
en la presente Ley;
32. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de
las instituciones y empresas que no
tengan capacidad legal para ejercer
la coactiva, en concordancia con lo
previsto en el artículo 57 de esta
33. Disponer la baja de los títulos de
crédito, cuya recaudación le corresponda a la Contraloría General del
Estado, siempre y cuando se demuestre que se hubieren hecho incobrables y cuya cuantía, incluidos
los intereses, no supere los cuarenta
34. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y de las
normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por
el perjuicio económico sufrido por
la entidad u organismo respectivo, a
causa de la acción u omisión de sus
servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante la determinación de hechos incriminados por
35. “Sugerir y orientar a las instituciones y organismos del sector público
en la implantación de medios informáticos para los procesos de
contratación pública”;
Nota: Numeral 35 del artículo 31, derogado por el numeral 5 de las Derogatoria de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto del
36. “Una vez ejecutoriada la resolución
que establezca la responsabilidad civil culposa, solicitar al juez correspondiente que dicte medidas cautelares civiles en contra de la autoridad,
dignatario, funcionario o servidor
público responsable, a fin de garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y precautelar los
intereses públicos”;
Nota: Numeral 36 agregado por el
artículo 8 de la Ley No. 2004-42 “Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del
37. “Observar los derechos constitucionales individuales y las garantías del
debido proceso en los informes que
emita; y”,
Nota: Numeral 37, agregado por el
Estado”, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 23 de agosto del 2004.
“38”. Ejercer las demás competencias,
atribuciones y funciones que le
confieran la Constitución Política
de la República, la ley, y los reglamentos.
Nota: Numeración sustituida por el
artículo 7 de la Ley No. 2004-42 “Ley
Art. 32.- Del Contralor General del
Estado.- El Contralor General del Estado es la máxima autoridad de control
gubernamental y auditoría de la gestión
pública. Ejercerá las atribuciones que la
Constitución Política de la República y
las leyes le confieran.
El período de gestión, los requisitos y la
forma de elección serán los previstos en
“Art. ... .- El Contralor General del Estado no podrá integrar de ninguna manera
los organismos públicos o privados que
contraten, administren o se financien en
todo o en parte con recursos públicos o
provenientes del erario nacional o los
perciban bajo cualquier acto, contrato o
modalidad, ya sea directamente o en
representación de terceros, o, si dichas
instituciones y organismos se encuentran
sujetos bajo cualquier circunstancia a la
regulación, control, supervisión, fiscalización, auditoria o emisión de informes por
parte de la Contraloría General del Estado, y, en ningún caso, de los comités u
órganos de contratación de éstos.
Esta disposición no excluye la potestad de
la Contraloría General del Estado de
ejercer el control preventivo o concurrente por sí mismo o a través de las auditorías internas de las instituciones. Tampoco
excluye el ejercicio de los exámenes de
auditoria de cuentas o de gestión posterio-
res, de conformidad con su Ley Orgánica”.
sentante o apoderado de personas
jurídicas, nacionales o extranjeras,
siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de obras
públicas, prestación de servicios
públicos o explotación de recursos
naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad
Nota: Artículo innumerado, agregado
por el artículo 1 de la Ley No. 2006-44,
Orgánica Reformatoria de la Ley
Estado, publicada en el Registro Oficial
No. 267 de 10 de mayo del 2006.
Art. 33.- Del Subcontralor General del
Estado.- El Subcontralor General del
Estado será designado por el Contralor
General. Reunirá los mismos requisitos y
tendrá las mismas prohibiciones legales
de aquel. Desempeñará las funciones que
establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución y aquellas que le
sean delegadas por el Contralor General.
Subrogará al Contralor General en caso
de ausencia temporal o definitiva, hasta la
designación del nuevo titular.
Art. 34.- Incompatibilidades e inhabilidades.- No podrá ser designado Contralor
El cónyuge o pariente dentro del
segundo de afinidad, del Presidente o
Vicepresidente de la República;
b) El que hubiere recibido sentencia
condenatoria o auto de llamamiento a
juicio, por delitos dolosos de acción
pública, sancionados con penas privativas de libertad;
El que tenga contrato con el Estado,
como persona natural o como repre-
d) Los miembros de la fuerza pública
en servicio activo; y,
Quien tenga intereses o represente a
terceros que los tuvieren en las áreas
que vayan a ser controladas o reguladas.
Art. 35.- De la estructura orgánico
funcional y del personal.- El Contralor
General expedirá y mantendrá actualizado
el Reglamento Orgánico Funcional, que
contendrá la estructura administrativa y
las funciones de las respectivas unidades
para el cumplimiento de los fines y objetivos de la Contraloría General.
El Contralor General, establecerá el sistema de mérito y carrera administrativa
en la Institución, nombrará, removerá y
destituirá a sus servidores de acuerdo con
la ley. Serán de libre nombramiento y
remoción: el Subcontralor, los Secretarios
General y Particulares, Coordinadores,
Asesores, Directores Nacionales y Regionales y Delegados Provinciales.
Los servidores de la Contraloría General
del Estado cumplirán obligatoriamente
con el Código de Ética que expedirá el
Contralor General. Las infracciones y el
quebrantamiento de sus normas, originarán las responsabilidades correspondientes.
Los traslados administrativos, que decida
el Contralor General, responderán a necesidades de servicio.
Art. 37.- Impugnación.- Las decisiones
del Contralor General, en materia de
administración de personal, serán definitivas en la vía administrativa, pero podrán
impugnarse en la vía contencioso administrativa, de acuerdo con la ley.
El personal de la Contraloría General del
Estado, en el ejercicio de sus funciones,
mantendrá reserva de los asuntos que
conoce y observarán la ética profesional.
La observancia del Código de Etica Profesional del Auditor Gubernamental,
expedido por el Contralor General, será
obligatoria para todo el personal de auditoría, el de las unidades de Auditoría
Interna y de las firmas privadas contratadas.
Art. 36.- Delegación y procuración.- El
Contralor General podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones y funciones a los
funcionarios de la Contraloría General del
Estado, que establezca el respectivo reglamento, quienes no podrán a su vez
volver a delegar, sin perjuicio de emitir
órdenes de trabajo. Los actos oficiales
ejecutados por los delegados, tendrán la
misma fuerza y efecto que los realizados
El delegado que actuare al margen de los
términos e instrucciones de la delegación
responderá personal y pecuniariamente,
por los actos realizados en ejercicio de su
Art. 38.- Presunción de legitimidad.Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las
instituciones del Estado y sus servidores, sujetos a esta Ley, son legítimas, a
menos que la Contraloría General del
Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare en contrario.
Art. 39.- Determinación de responsabilidades y seguimiento.- A base de los
resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en actas o informes, la
Contraloría General del Estado, tendrá
potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles
culposas e indicios de responsabilidad
Previamente a la determinación de responsabilidades administrativas y civiles
culposas que se desprendan de los informes elaborados por las auditorías inter-
nas, la Contraloría General del Estado
examinará el cumplimiento de los preceptos legales y de las normas de auditoría y
procederá a determinarlas con la debida
motivación, sustentándose en los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. De existir indicios de responsabilidad
penal, se procederá de acuerdo a lo previsto en los artículos 65, 66 y 67 de esta
En todos los casos, la evidencia que
sustente la determinación de responsabilidades, a más de suficiente, competente
y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la defensa en
La Contraloría General del Estado efectuará el seguimiento de la emisión y
cobro de los títulos de crédito originados en resoluciones ejecutoriadas.
Art. 40.- Responsabilidad por acción
u omisión.- Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de
las instituciones del Estado, actuarán
con la diligencia y empeño que emplean
generalmente en la administración de
sus propios negocios y actividades, caso
contrario responderán, por sus acciones
u omisiones, de conformidad con lo
Art. 41.-Ordenes Superiores.- Ningún
servidor, funcionario o empleado de las
instituciones del Estado, podrá ser relevado de su responsabilidad legal alegando el cumplimiento de órdenes superiores, con respecto al uso ilegal, inco-
rrecto o impropio de los recursos públicos de los cuales es responsable. Los
servidores públicos podrán objetar por
escrito, las órdenes de sus superiores,
expresando las razones para tal objeción. Si el superior insistiere por escrito,
las cumplirán, pero la responsabilidad
recaerá en el superior. Esta disposición
se aplicará en armonía con lo dispuesto
en la Ley de Servicio Civil y Carrera
CONCORDANCIA.- Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa
y de Unificación y Homologación de
las Remuneraciones del Sector Público.- “.....Art. 129.- Responsabilidad
por pago indebido.- La autoridad o
funcionario que disponga el pago de
remuneración a personas cuyo nombramiento, contrato, traslado, aumento
de remuneración o licencia o en general
cualquier acto administrativo que
hubiere sido efectuado en contravención
de la presente Ley Orgánica o de sus
reglamentos, será personal y pecuniariamente responsable de los valores
indebidamente pagados. En igual responsabilidad, incurrirán los pagadores,
tesoreros o administradores de caja de
las instituciones del Estado que efectuaren pagos en contravención a lo dispuesto en la presente Ley y quedarán
obligados al reintegro inmediato del
dinero que tales pagos representen”.
(Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 184 de 6 de octubre
Art. 42.-Responsabilidad directa.Los servidores de las instituciones del
Estado, encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, serán responsables, hasta por
culpa leve, cuando incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de
oportunidad, pertinencia o conformidad
con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren
de tales acciones u omisiones.
Art. 43.- Responsabilidad principal y
subsidiaria por pago indebido.- La
responsabilidad principal, en los casos
de pago indebido, recaerá sobre la persona natural o jurídica de derecho público o privado, beneficiaria de tal pago.
La responsabilidad subsidiaria recaerá
sobre los servidores, cuya acción culposa u omisión hubiere posibilitado el
pago indebido. En este caso, el responsable subsidiario gozará de los beneficios de orden y excusión previstos en la
Art. 44.- Responsabilidad solidaria.Habrá lugar para establecer responsabilidad solidaria cuando dos o más personas aparecieren como coautoras de la
acción, inacción u omisión administrativa que la origine.
Art. 45.- Responsabilidad administrativa culposa.- La responsabilidad administrativa culposa de las autoridades,
dignatarios, funcionarios y servidores de
las instituciones del Estado, se establecerá a base del análisis documentado del
grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que
se trate, y sobre el incumplimiento de
las atribuciones, funciones, deberes y
obligaciones que les competen por razón
de su cargo o de las estipulaciones contractuales, especialmente las previstas
en el Título III de esta ley.
Incurrirán en responsabilidad administrativa culposa las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores de las
instituciones del Estado que, por acción
u omisión, se encontraren comprendidos
en una o más de las causales siguientes:
No establecer ni aplicar indicadores de gestión y medidas de desempeño para evaluar la gestión institucional o sectorial y el rendimiento
individual de sus servidores;
Cometer abuso en el ejercicio de
su cargo;
Permitir la violación de la ley, de
normas específicas emitidas por las
instituciones del Estado, o de normas de carácter generalmente obligatorio expedidas por autoridad
competente, inclusive las relativas
al desempeño de cada cargo;
Exigir o recibir dinero, premios o
recompensas, por cumplir sus funciones con prontitud o preferencia,
por otorgar contratos a determinada
persona o suministrar información,
sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar;
No establecer o no aplicar con
sujeción a la ley y normas pertinentes, los subsistemas de determinación y recaudación, presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental;
sujeción a esta Ley y más normas
pertinentes los subsistemas de control interno y control externo;
sujeción a la ley y más normas pertinentes, los sistemas de planificación, administración de bienes y
servicios, inversiones públicas, administración de recursos humanos,
de gestión financiera y de información;
Contraer compromisos y obligaciones por cuenta de la institución
del Estado, a la que representan o
en la que prestan sus servicios, en
contravención con las normas respectivas y sin sujetarse a los dictámenes de la ley; o insistir ilegalmente en una orden que haya sido
objetada por el control previo;
No tomar inmediatamente
acciones correctivas necesarias en
conocimiento del informe del auditor interno o externo; o de consultas
absueltas por organismos de control;
10. No proporcionar oportunamente
la información pertinente o no prestar la colaboración requerida a los
auditores gubernamentales, y demás
organismos de control y fiscalización;
11. Incurrir en ilegal determinación
o recaudación de los ingresos del
Gobierno Central, y demás instituciones del Estado;
12. No efectuar el ingreso oportuno de
cualquier recurso financiero recibido;
13. Disponer o ejecutar, sin tener atribución, el cambio de planes, programas y estipulaciones relativas a
la ejecución de los contratos; y,
14. Las demás previstas en otras normas y disposiciones legales vigentes.
Art. 46.- Sanción por faltas administrativas.- Sin perjuicio de las responsabilidades civil culposa o penal a que
hubiere lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de
las instituciones del Estado “así como
personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las per-
sonas jurídicas y entidades de derecho
privado con participación estatal”, que
incurrieren en una o más de las causales
de responsabilidad administrativa culposa previstas en el artículo anterior,
originadas en los resultados de las auditorías, serán sancionados, “con multa de
“una a veinte remuneraciones básicas
unificadas del trabajador del sector
privado, al dignatario, autoridad, funcionario o servidor, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a
que hubiere lugar”, de acuerdo a la
gravedad de la falta cometida, pudiendo
además ser destituido del cargo, de
Nota: -Inciso primero del artículo 46,
reformado por los artículos 9 de la
Ley No. 2004-42 “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la
404 de 23 de agosto del 2004; y, por el
artículo 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro
Las sanciones se impondrán graduándolas entre el mínimo y el máximo señalados en el inciso anterior de este artículo,
debiendo considerarse los siguientes
criterios: la acción u omisión del servidor; la jerarquía del sujeto pasivo de la
sanción; la gravedad de la falta; la ineficiencia en la gestión según la importancia del interés protegido; el volumen
e importancia de los recursos compro-
metidos; el haber incurrido en el hecho
por primera vez o en forma reiterada.
Art. 47.- Sanción por contravención.Las personas naturales, los representantes legales de las personas jurídicas de
derecho privado o terceros que contravinieren a su obligación de comparecer
como testigos, de exhibir documentos o
registros, de proporcionar confirmaciones escritas sobre las operaciones y
transacciones que efectúen o hubieren
efectuado con las instituciones del Estado sujetas a examen, que hubieren sido
requeridos por los auditores gubernamentales debidamente autorizados,
serán sancionados por la Contraloría
General del Estado con multa de diez a
quinientos dólares, que será recaudada
por medio de la jurisdicción coactiva
conforme lo previsto en el artículo 57
de esta Ley. Dichas obligaciones les
serán exigibles dentro de lo que la
las leyes lo permitan.
Art. 48.- Ejecución e imposición de
sanciones.- Las sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del
Estado, de la que dependa el servidor, a
requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del
Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación de
Las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la Contraloría General del
Estado cuando la indicada autoridad
haya dejado de hacerlo, o cuando se
hubieren constituido en sujetos pasivos
de la sanción, o cuando deba imponérselas a personas de derecho privado o a
La Contraloría General del Estado, antes
de imponer la sanción de destitución,
notificará al implicado sobre la desviación detectada, concediéndole el plazo
improrrogable de hasta treinta días para
que ejerza su defensa. Vencido este
plazo, el Contralor General o los funcionarios de la Contraloría General del
Estado competentes para hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de
Para la imposición de sanciones provenientes de los exámenes de auditoría, no
será necesaria la instauración de un
sumario administrativo en la entidad
las demás leyes, la destitución del cargo,
o las dos sanciones impuestas a la vez,
no enervan la acción penal correspondiente.
Art. 51.- Recaudación de multas.- La
recaudación de las multas impuestas a
las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del
Estado, se efectuará por la propia entidad, organismo o empresa a la que pertenecen, mediante retención de las remuneraciones, o por el procedimiento
previsto en el artículo 57 de esta Ley,
Las multas impuestas a las personas
naturales, a los representantes legales de
las personas jurídicas de derecho privado, o a ex servidores públicos, serán
recaudadas directamente por el organismo encargado de la determinación y
recaudación de rentas de la respectiva
jurisdicción, para lo cual emitirá los
correspondientes títulos de crédito.
Art. 49.- Recursos.- Las decisiones
que impusieren sanción de destitución,
de acuerdo con este Capítulo son definitivas en la vía administrativa; pero
podrán impugnarse ante los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo, dentro del término de treinta
días contado desde el día siguiente al de
la notificación con la decisión de la
Art. 50.- Acción penal.- La imposición
de las multas previstas en esta Ley y en
Responsabilidad Civil Culposa
Art. 52.- Alcance.- La responsabilidad
civil culposa nace de una acción u omisión culposa aunque no intencional de
un servidor público o de un tercero,
autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales
directos o indirectos a los bienes y recursos públicos.
La responsabilidad civil culposa genera
una obligación jurídica indemnizatoria
del perjuicio económico ocasionado a
las instituciones del Estado, calculado a
la fecha en que éste se produjo, que nace
sin convención, proveniente de un acto
o hecho culpable del servidor público, o
de un tercero, cometido sin intención de
dañar, que se regula por las normas del
cuasidelito del Código Civil.
Procesalmente, en la instancia administrativa o judicial, debe probarse por
quien afirma la culpa en la emisión o
perfeccionamiento del acto o hecho
administrativo, que los mismos fueron
producto de acciones que denoten impericia, imprudencia, imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia.
Art. 53.- Predeterminación civil culposa y órdenes de reintegro.- La responsabilidad civil culposa se determinará en forma privativa por la Contraloría General del Estado, cuando por los
resultados de la auditoría gubernamental, se hubiere determinado que se ha
causado perjuicio económico al Estado
o a sus instituciones, como consecuencia de la acción u omisión culposa de
los servidores públicos, o de las personas naturales o jurídicas de derecho
Los perjuicios económicos causados en
la administración de bienes, asignaciones, subvenciones, participaciones ocasionales de recursos públicos, concedidas por el Estado o sus instituciones, a
las personas naturales o jurídicas de
derecho privado, estarán sujetos a las
disposiciones de la Sección 1 de este
Capítulo y al procedimiento previsto en
Cuando del examen aparezca la responsabilidad civil culposa de un tercero, se
establecerá la respectiva responsabilidad. Se entenderá por tercero, la persona natural o jurídica privadas, que, por
su acción u omisión, ocasionare perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, como consecuencia de su vinculación con los actos administrativos de
Dicho perjuicio se establecerá de la
Mediante la predeterminación o
glosa de responsabilidad civil culposa que será o serán notificadas a
la o las personas implicadas sean
servidores públicos o personas naturales o jurídicas de derecho privado, concediéndoles el plazo de
sesenta días para que las contesten
y presenten las pruebas correspondientes. Expirado este plazo, la
Contraloría General del Estado expedirá su resolución; y,
Mediante órdenes de reintegro,
en el caso de pago indebido. Se
tendrá por pago indebido cualquier
desembolso que se realizare sin
fundamento legal o contractual o
sin que el beneficiario hubiere entregado el bien, realizado la obra, o
prestado el servicio, o la hubiere
cumplido solo parcialmente. En
estos casos, la orden de reintegro
será expedida por la Contraloría
General del Estado y notificada a
los sujetos de la responsabilidad,
concediéndoles el plazo improrrogable de noventa días para que
efectúen el reintegro. Sin perjuicio
de lo expresado, en el transcurso
de dicho plazo, los sujetos de la
responsabilidad podrán solicitar a
la reconsideración de la orden de
reintegro, para lo cual deberán expresar por escrito los fundamentos
de hecho y de derecho y, de ser del
caso, adjuntarán las pruebas que
correspondan. La Contraloría General del Estado se pronunciará en
el plazo de treinta días contado a
partir de la recepción de la petición
y su resolución será definitiva, pero podrá impugnarse en la vía contencioso administrativa.
Ejecutoriada la resolución administrativa o el fallo judicial, según
el caso, si no se efectuare el reintegro, la Contraloría General del
Estado dispondrá la emisión del
título de crédito al organismo
competente o lo hará por sí misma
según lo dispuesto en el artículo 57
Art. 54.- Responsabilidad en los procesos de estudio, contratación y ejecución.- Las autoridades, dignatarios,
funcionarios y servidores que tengan a
su cargo la dirección de los estudios y
procesos previos a la celebración de los
contratos públicos, tales como de construcción, provisión, asesoría, servicios,
arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodato y permuta, serán responsables por su legal y correcta celebración; y aquellos a quienes correspondan
las funciones de supervisión, control,
calificación o dirección de la ejecución
de los contratos, serán responsables de
que sean ejecutadas con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas, costos y plazos
La Contraloría General del Estado establecerá las responsabilidades a que
hubiere lugar en esta materia.
Art. 55.- Notificación de órdenes de
reintegro, predeterminación de responsabilidad civil culposa, resoluciones y providencias.- La notificación de
órdenes de reintegro, predeterminación,
providencias y resoluciones de responsabilidad civil culposa, se harán en
persona, o por boleta dejada en el domicilio del interesado, o por correo certificado o por correo legalmente autorizado, o en el casillero judicial que se
hubiere señalado para el efecto.
En caso de desconocerse el domicilio, la
notificación se realizará por la prensa,
en forma individual o colectiva, dicha
publicación contendrá los nombres y
apellidos de los involucrados, las funciones que hayan ejercido y el valor de
la predeterminación de la responsabili-
dad civil culposa, o de las órdenes de
Cuando la notificación se produjere en
persona o por boleta, el plazo previsto
en el artículo 53 de esta Ley, se contará
desde el día hábil siguiente, y si se efectuare por correo certificado, o correo
legalmente autorizado, o por publicación por la prensa, ocho días después de
la fecha de la guía de correo o de la
publicación por la prensa.
Art. 57.- Ejecución coactiva de las
resoluciones confirmatorias ejecutoriadas.- Para la ejecución de las resoluciones ejecutoriadas de la Contraloría
General del Estado, que confirmen responsabilidades civiles culposas, se procederá de la siguiente manera:
tendrá competencia para emitir títulos de crédito y recaudar, incluso
mediante la jurisdicción coactiva,
las obligaciones provenientes de las
resoluciones ejecutoriadas expedidas por el Contralor General, por
efecto de la determinación de responsabilidad civil culposa, multas y
órdenes de reintegro de pagos indebidos con recursos públicos que establezcan obligaciones a favor del
Gobierno Central, así como de las
instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer
coactiva;
Se enviará a las municipalidades,
consejos provinciales y, en general,
a las instituciones del Estado que
tuvieren capacidad legal para ejercer
la coactiva, copias certificadas de
las resoluciones ejecutoriadas que
establezcan obligaciones a favor de
estas instituciones, para que se emita
el título de crédito correspondiente y
procedan a su recaudación, de
acuerdo con las leyes y regulaciones
propias de la materia; y,
La recaudación de las obligaciones a favor de las instituciones del
Las notificaciones de determinación de
responsabilidad civil culposa, en el caso
del recurso de revisión, se realizarán en
el domicilio que para el efecto señale el
Art. 56.- Contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas.- La resolución respecto de la determinación de
responsabilidad civil culposa se expedirá dentro del plazo de ciento ochenta
días, contado desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación. Si la determinación de la responsabilidad civil culposa incluyere
responsables solidarios, el plazo anterior
se contará desde la última fecha de la
La resolución original confirmará o
desvanecerá total o parcialmente la
predeterminación de responsabilidad
civil culposa, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en esta Ley y en el reglamento
que para el efecto dicte el Contralor
Estado sujetos a esta Ley, que no
sean del Gobierno Central y que no
la coactiva, se hará en la forma determinada en el numeral 1 de este
Una vez efectuado el pago, la Contraloría General del Estado entregará a la
entidad y organismo acreedor el valor
recaudado, previa la deducción del diez
por ciento (10%) de dicho valor a favor
de la Contraloría General del Estado,
conforme lo previsto en el artículo 36 de
la Ley de Racionalización Tributaria,
publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 321 de noviembre 18 de
Para ejecutar las resoluciones ejecutoriadas, que confirmen responsabilidades
civiles culposas, expedidas en contra de
personas naturales o jurídicas de derecho privado, originadas en la administración de bienes, asignaciones, subvenciones o participaciones ocasionales de
recursos públicos, se atenderá a la fuente de la que provengan los recursos o
beneficios y se observará lo previsto en
los numerales que anteceden, según
Los funcionarios recaudadores, comunicarán, mensualmente, a la Contraloría
General del Estado sobre la emisión
detallada de títulos de crédito, citaciones
con autos de pago y, en su caso, de las
recaudaciones efectuadas por concepto
de resoluciones ejecutoriadas confirmatorias. Igual obligación tendrán en los
casos previstos en el inciso segundo del
artículo 51 y en el numeral 2 del artículo
53 de esta Ley.
El ejercicio de la acción coactiva por
parte de la Contraloría General del Estado, se sujetará al Código Tributario y
subsidiariamente, al Código de Procedimiento Civil.
El trámite de las excepciones que interpongan los deudores, sus herederos o
fiadores, se sustanciará de conformidad
con las normas pertinentes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa la consignación a la que se
refiere el artículo 1020 del Código de
Procedimiento Civil, cuando la resolución se haya ejecutoriado en la Función
La Contraloría General del Estado ejercerá la acción coactiva para el cobro de
los títulos de crédito originados en resoluciones ejecutoriadas, emitidos o en
poder del Servicio de Rentas Internas,
siempre que ésta provea de la información suficiente para este fin.
CONCORDANCIA: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.(Reforma) CAPITULO..... De las
excepciones al procedimiento de ejecución y de su trámite.- “Art.....Al
procedimiento de ejecución de créditos
fiscales ,locales o seccionales o de las
instituciones públicas que proceden de
resoluciones firmes de la Contraloría
General, no podrán proponerse otras
excepciones que las siguientes: 1.- In-
competencia del funcionario ejecutor;
2.- Legitimidad de personería del coactivado; 3.- Inexistencia de la obligación; 4.- Extinción total o parcial de la
obligación por alguno de los modos
previstos en la Ley; 5.- Encontrarse en
trámite o pendiente de resolución en la
Contraloría General de la Nación un
reclamo administrativo, petición de
reapertura de cuentas u observaciones
formuladas respecto al título o al derecho para su emisión; 6.- Duplicación de
títulos respecto de una misma obligación y de una misma persona; y, 7.Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación
del título de crédito; por quebrantamiento de normas que rigen su emisión
o por falta de requisitos legales que
afecten la validez del título o del procedimiento.- No podrán oponerse las
excepciones 2º y 3º de este artículo,
cuando los hechos en que se fundamenten hubieren sido discutidos y resueltos
en la etapa administrativa o en la contenciosa en su caso”.
“Art.....Las excepciones se presentarán
ante el ejecutor, dentro de treinta días
contados desde el día siguiente al de la
notificación del auto de pago y su presentación suspenderá el procedimiento
de ejecución, mientras el Magistrado de
Sustanciación de la Sala a la que corresponda por sorteo, no disponga lo
contrario por el mérito de las excepciones deducidas, por la circunstancia de
hallarse vigente la caución rendida
para el desempeño de su cargo, si el
coactivado fuese o hubiere sido em-
pleado público, o por haberse rendido
fianza por el máximo que la Ley exige
para cargos semejantes de no haber
sido empleado caucionado.- La providencia del Magistrado de Sustanciación
que ordene la suspensión se notificará
al funcionario ejecutor, por oficio, sin
perjuicio de la notificación por boleta
en el domicilio que hubiere señalado”.“El funcionario ejecutor desechará de
plano las excepciones presentadas fuera
del término establecido en este artículo”.
“Art. ..... Si el ejecutor se negare a
recibir el escrito de excepciones, podrá
ser presentado a éste por intermedio de
cualquier autoridad administrativa o
judicial, la que dispondrá que, dentro
de veinte y cuatro horas, se notifique y
entregue al funcionario ejecutor el
mencionado escrito con la fe de presentación respectiva.- “En el mismo supuesto podrá presentarse directamente
el escrito de excepciones en el Tribunal
Contencioso-Administrativo; y, en tal
caso el Presidente de este Organismo
dispondrá que el Secretario General
notifique la presentación de excepciones, mediante oficio, al funcionario
ejecutor, ordenándole proceder como se
indica en el artículo siguiente”.
“Art. .....Presentadas las excepciones
en el término legal, o notificada su
recepción en los casos previstos en el
artículo anterior, el funcionario ejecutor remitirá al Tribunal ContenciosoAdministrativo, en el término de cinco
días, copia del proceso coactivo, de los
documentos anexos y de las excepciones
deducidas, con las observaciones que
estimare del caso”.- “En la misma
providencia que ordene la remisión al
Tribunal Contencioso-Administrativo, o
por oficio, el funcionario ejecutor señalará domicilio en Quito para sus notificaciones”.
“Art. .... Al escrito de excepciones son
aplicables, en lo que fuere pertinente,
las disposiciones de los artículos 30 y
32 de la Ley; y, si ninguna de las excepciones propuestas corresponde a las
permitidas en el artículo primero de
este Capítulo que por este Decreto se
manda añadir, o si el excepcionante no
las aclara o completa en el término que
se le hubiere concedido para el efecto,
la respectiva Sala del Tribunal las rechazará de plano, sin más sustanciación
y dispondrá la continuación de la causa”.
“Art. .....Recibidas las copias y más
documentos del proceso coactivo, y
verificado el sorteo entre las dos Salas,
el Magistrado de Sustanciación de la
que corresponda, mandará notificar el
particular al excepcionante y al ejecutor si hubiere señalado domicilio en la
sede del Tribunal. Mandará también
notificar las excepciones y la razón de
sorteo al Contralor General de la Nación y a la autoridad administrativa
interesada de la Institución acreedora
del crédito que se ejecuta, con quienes
se contará en la causa"”
“Art. .....Los notificados de las excepciones tendrán el término de cinco días
para que las contesten; y vencido este
plazo, con la contestación o sin ella, se
concederá término probatorio de haber
hechos que justificar. En caso contrario, se notificará a las partes para sentencia”.- “Vencido el término probatorio y actuadas las diligencias pedidas
por las partes a las que el Tribunal
hubiere dispuesto de oficio, se pronunciará sentencia en el término de doce
“Art. ..... Si los vicios referentes al
título de crédito o al procedimiento de
ejecución fueren subsanables, como los
que signifiquen errores de hecho o de
cálculo que no conlleven la nulidad, se
ordenará en la sentencia que la Autoridad correspondiente verifique la enmienda y, efectuada, que continúe la
“Art. .....Cuando de la proposición de
las excepciones o de la tramitación de
éstas apareciere manifiesta la intención
de sólo provocar un incidente que retrase la ejecución , en la sentencia que
las deseche se concederá en costas al
excepcionante y podrá imponérsele,
además, una multa de S/ 500.00 a S/
2.000.00”.
“Art. .....En todo lo que no estuviere
expresamente previsto en este Capítulo
se aplicarán las demás de este Código,
y en su falta, las normas que regulan el
Contencioso-Tributario y subsidiariamente las del Código de Procedimiento
CONCORDANCIA: Código de Procedimiento Civil.- (Parte Pertinente).“.....Art. 1020.- No se admitirán las
excepciones del deudor, sus herederos o
fiadores contra el procedimiento coactivo, sino después de consignada la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas. La consignación se
hará con arreglo al artículo 196 de la
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, a órdenes del recaudador.- La consignación no significa
pago.- La consignación no será exigible cuando las excepciones propuestas
versaren únicamente sobre falsificación
de documentos con que se apareja la
coactiva, o sobre prescripción de la
acción, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
(Publicados en el Registro Oficial No.
687 de 18 de mayo de 1987).
Administración Financiera y Control.“.....Art. 196.- Depositarios Oficiales.La cuenta corriente única del tesoro
nacional así como las cuentas de las
demás entidades y organismos del sector público no sujetos a ese régimen, se
mantendrán única y exclusivamente en
el Banco Central del Ecuador, como
depositario oficial de los recursos financieros públicos, y a nombre de dichas entidades y organismos. El número de cuentas bancarias será el mínimo
indispensable para sus operaciones.En los lugares en los que el Banco Central no tenga oficinas, el depositario
oficial será la sucursal o agencia del
Banco Nacional de Fomento que funcione en aquellos.- En los lugares en
que no tenga sucursal, agencia u oficina
el Banco Central del Ecuador ni el
Banco Nacional de Fomento, el Ministro de Finanzas nombrará como depositario oficial de los fondos públicos a
otro banco.- Los depositarios oficiales
presentarán, al fin de cada mes, o por
períodos menores, a petición de la Contraloría General, de la Tesorería de la
Nación o de otra autoridad competente,
un estado de la cuenta bancaria de cada
entidad y organismo del sector público,
directamente a los mismos y devolverán
los originales de los cheques cancelados que hayan sido pagados durante el
mes.- El Ministro de Finanzas expedirá
normas especiales para las cuentas
bancarias que los consulados mantengan en el exterior”.
337 de 16 de mayo de 1977.
CONCORDANCIA.- Ley No. 99-41 de
Racionalización Tributaria.- (Parte
Pertinente) “.....Art. 36.- Sustitúyase el
artículo 337, por el siguiente: “Ejecución de las resoluciones confirmatorias.- Para la ejecución de las resoluciones ejecutoriadas del Contralor
General, que confirmen glosas se procederá de la siguiente manera: 1. Se
otorga a la Contraloría General del
Estado la competencia para emitir títulos de crédito y recaudar, incluso mediante la jurisdicción coactiva, los ingresos provenientes de las resoluciones
ejecutoriadas expedidas por el Contra-
lor General, por efecto de la determinación de glosas conformadas, multas y
órdenes de reintegro de desembolsos
indebidos con recursos públicos, que
establezcan obligaciones a favor del
Gobierno Central, así como de las instituciones y empresas que no tengan
capacidad legal para ejercer la coactiva.- 2. La Contraloría General del Estado enviará a las municipalidades,
consejos provinciales, universidades; y,
en general a las instituciones y empresas que tengan capacidad legal para
ejercer la coactiva, copias certificadas
de las resoluciones ejecutoriadas y de
las determinaciones de responsabilidades administrativas, a favor de estas
instituciones, para que emitan el título
de crédito correspondiente y procedan a
su recaudación, de acuerdo con las
leyes y regulaciones propias de la materia.- La recaudación de las obligaciones
a favor de las entidades y organismos
sujetos a esta Ley, que no tengan capacidad legal para ejercer coactiva, será
realizada por la Contraloría General
del Estado; y, 3. Una vez efectuado el
pago, la Contraloría entregará a la
por ciento (10%) del valor recaudado a
favor de la Contraloría”.
del Estado, cuando no hubieren sido
impugnadas por los sujetos pasivos del
control, en el término previsto en el
artículo 70 de esta Ley; y, cuando
hubieren sido resueltas definitivamente,
según lo dispuesto en el artículo 63 de
Art. 59.- Rectificación de errores de
cálculo.- La Contraloría General del
Estado podrá rectificar, en cualquier
tiempo, dentro de los plazos de prescripción y caducidad, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o
de cálculo en los que se hubiere incurrido, tanto en la predeterminación de la
responsabilidad civil culposa, como en
las resoluciones y en las órdenes de
Art. 60.- Procedencia del recurso de
revisión.- Con excepción de las órdenes de reintegro, la Contraloría General
del Estado revisará las resoluciones
originales que expida, en todo lo concerniente a la determinación de responsabilidad civil culposa, de oficio o a
petición del directamente afectado por
aquellas, en los siguientes casos:
Cuando las resoluciones originales hubieren sido expedidas con
evidente error de hecho o de derecho, que apareciere de los documentos que constan en el propio
expediente o de disposiciones legales expresas;
Cuando después de haber sido
expedida la determinación de res-
(Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre de 1.999).
Art. 58.- Ejecutoria de las resoluciones.- Se entenderán ejecutoriadas las
resoluciones de la Contraloría General
ponsabilidad civil culposa, se tuviere conocimiento de documentos
ignorados al tiempo de dictar la resolución correspondiente;
Cuando en la determinación de
responsabilidad civil culposa, se
hubieren considerado documentos
falsos o nulos, declarados en sentencia ejecutoriada, anterior o posterior a la resolución recurrida; y,
Cuando se estableciere que para
expedir la resolución que es materia de la revisión, hayan mediado
uno o varios actos, cometidos por
los servidores públicos de la Contraloría General del Estado, tipificados como delitos y así declarados en sentencia ejecutoriada.
Art. 61.- Calificación del recurso de
revisión.- El recurso de revisión se
interpondrá ante el Contralor General o
ante la respectiva autoridad de la Contraloría General del Estado, determinada
en las normas internas reglamentarias,
dentro del plazo de sesenta días contado
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original. En el
plazo de treinta días, contado a partir de
la interposición del recurso, se analizará
que los fundamentos expuestos por el
peticionario guarden conformidad con
las causales previstas en el artículo
anterior. Si la prueba acompañada es
pertinente y, fuere procedente el recurso, se dispondrá mediante providencia el
otorgamiento del mismo; particular que
será notificado al recurrente y, de haber-
los, a los demás sujetos comprendidos
en la resolución original objeto de la
De la negativa del otorgamiento de la
revisión no habrá recurso alguno en la
vía administrativa, ni en la contenciosa,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esta Ley.
Art. 62.- Efecto del otorgamiento del
recurso.- La notificación de la providencia que concede el recurso de revisión, interrumpirá los plazos de caducidad y prescripción, previstos en esta
Ley, y suspenderá los efectos de la resolución original recurrida.
La revisión no constituye requisito previo para impugnar una resolución ante
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.
Art. 63.- Fallo del recurso de revisión
y ejecutoriedad de las resoluciones.Notificada la providencia que concede
el recurso de revisión, el Contralor General o su delegado, con base a los fundamentos y pruebas que se presenten, en
el plazo de sesenta días, contado a partir
de dicha notificación, dictará resolución
motivada, en la que confirme, revoque,
modifique o sustituya la resolución
original revisada.
El sujeto pasivo en la fase administrativa podrá allanarse y pagar los valores,
previa la liquidación correspondiente.
Se ejecutoría la resolución original si no
se hubiere acudido al contencioso admi-
nistrativo, o no se hubiere interpuesto el
recurso de revisión dentro del término o
plazo legal. Interpuesto el recurso de
revisión, la acción contencioso administrativa puede ser planteada dentro de los
sesenta días de haberse fallado dicho
recurso de revisión y, por tanto, una vez
agotada totalmente la fase administrativa.
Para que se inicie la recaudación o la
acción coactiva será necesario que las
del Estado se encuentren ejecutoriadas y
en el caso de haberse acudido a la Función Judicial, las sentencias de ésta
también se encuentren ejecutoriadas.
Art. 64.- Improcedencia del recurso.No procederá el recurso de revisión en
Art. 65.- Indicios de responsabilidad
penal determinados por la Contraloría General del Estado.- Cuando por
actas o informes y, en general, por los
resultados de la auditoría o de exámenes
especiales practicados por servidores de
la Contraloría General del Estado, se
establezcan indicios de responsabilidad
penal, por los hechos a los que se refieren el artículo 257 del Código Penal, los
artículos agregados a continuación de
éste, y el artículo innumerado agregado
a continuación del artículo 296, que
trata del enriquecimiento ilícito y otros
delitos, se procederá de la siguiente
El auditor Jefe de Equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor, hará conocer el informe respectivo al Contralor General o a
sus delegados, quienes luego de
aprobarlo lo remitirán al Ministerio
Público, con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción penal correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Penal. Dichos informes también serán remitidos a
las máximas autoridades de las instituciones auditadas;
El Fiscal de ser procedente resolverá el inicio de la instrucción en
los términos señalados en el artícu-
1. Cuando la causa
estuviere en
conocimiento o hubiere sido resuelta
por los Tribunales Distritales de lo
2. Si el proceso estuviere sustanciándose o hubiere sido resuelto por la
justicia ordinaria civil o penal;
3. Si desde la fecha en que se notificó
la resolución original hubieren
transcurrido más de sesenta días; y,
4. Cuando el correspondiente recurso
no fuere legal o documentadamente
lo 217 del Código de Procedimiento Penal y solicitará al juez las medidas cautelares que considere pertinentes, en defensa de los intereses
del Estado; y,
Copia certificada de la sentencia
ejecutoriada, será remitida al órgano competente en materia de administración de personal, para la inhabilitación permanente en el
desempeño de cargos y funciones
Código Penal.- (Parte Pertinente).“.....Art. 257.- Serán reprimidos con
reclusión mayor ordinaria de ocho a
doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y
toda persona encargada de un servicio
público, que, en beneficio propio o de
terceros, hubiere abusado de dineros
públicos o privados, de efectos que los
representen, piezas, títulos, documentos
bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su
cargo, ya consista el abuso en desfalco,
disposición arbitraria o cualquier otra
forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a
dieciséis años si la infracción se refiere
a fondos destinados a la defensa nacional”.
Nota: Inciso sustituido por el artículo
17 de la Ley No. 2001-47, reformatoria
al Código Penal y al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,
promulgada en el Registro Oficial No.
422 de 28 de septiembre del 2001. (Incluido)
Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los
previstos en el presupuesto respectivo,
cuando este hecho implique, además,
abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público.- Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejan fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y
privados. Igualmente están comprendidos los servidores de la Contraloría
General y de la Superintendencia de
Bancos que hubieren intervenido en
fiscalizaciones, auditorías o exámenes
especiales anteriores, siempre que los
informes emitidos implicaren complicidad o encubrimiento en el delito que se
pesquisa.- Los culpados contra quienes
se dictare sentencia condenatoria quedarán, además, perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o función públicos; para este efecto,
el juez de primera instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado,
el fallo a la Dirección Nacional de
Personal y a la autoridad nominadora
del respectivo servidor, e igualmente a
la Superintendencia de Bancos si se
tratare de un servidor bancario. El
Director Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos o
contratos otorgados a favor de tales
incapacitados, para lo cual se llevará
en la Dirección Nacional de Personal
un registro en que consten los nombres
de ellos. La acción penal prescribirá en
el doble del tiempo señalado en el artículo 101. Con la misma pena serán
sancionados los servidores de la Dirección General de Rentas y los servidores
de aduanas que hubieren intervenido en
Actos de Determinación.También
están comprendidos en las disposiciones
de este artículo los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de
las instituciones del sistema financiero
nacional privado, así como los miembros o vocales de los directorios y de
los consejos de administración de estas
entidades, que hubiesen contribuido al
cometimiento de estos ilícitos.
(Artículo sustituido por el Art. 396 de
Financiera y Control, Decreto Supremo No. 1429, publicado en el
Registro Oficial No. 337 de 16 de
Mayo de 1977).
(El Art. 16 del Decreto Supremo No.
2636, publicado en el Registro Oficial
No. 621 de 4 de julio de 1978, reforma el Art. 257, en cuanto al tiempo de
las penas, y suprimiendo la “malversación” como delito. Por Decreto
Legislativo s/n, publicado en Registro
Oficial No. 36 de 1º. de Octubre de
1979, se deroga el mentado Art. 16,
sin embargo, en el Art. 1º. no se lo
restablece al texto original, sino que
lo trata en el Art. 3, restableciendo las
penas originales. En consecuencia,
aparentemente hubo intención en el
Decreto Legislativo de eliminar la
“malversación” como tipificación de
delito. Se puntualiza como inquietud
(Artículo reformado por la Ley No.
93, publicada en el Suplemento del
764 de 22 de
(Artículo reformado por el Art. 19 de
la Ley No. 99-26, Reformatoria a la
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en
el Area Tributario Financiero; y, al
Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 190 de 13 de Mayo de
“Art. 257-A.- Serán reprimidos con
reclusión de cuatro a ocho años las
personas descritas en el artículo anterior que, abusando de sus calidades,
hubieren actuado dolosamente para
obtener o conceder créditos vinculados,
relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones. La
misma pena se aplicará a los beneficiarios que dolosamente hayan intervenido
para el cometimiento de este ilícito y a
quienes hayan prestado su nombre para
beneficio propio o de un tercero”.
(Artículo agregado por el Art. 20 de
Código Penal, publicada en el Regis-
tro Oficial No. 190 de 13 de Mayo de
“Art........ Las
por votación popular, los representantes o delegados del Presidente de la
República y de otros funcionarios fiscales o municipales en organismos del
Estado, autónomos o semiautónomos;
los funcionarios, empleados o servidores públicos de que cualquier forma
utilizaren en beneficio propio o de terceras personas cuando éste signifique
lucro o incremento patrimonial, trabajadores remunerados por el Estado o
por las Entidades del sector públicos o
bienes del sector público, serán reprimidos con la pena de uno a cinco años
de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil sucres”.
(Artículo agregado por la Ley No. 6,
Reformatoria al Código Penal y a la
Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No.
260 de 29 de Agosto de 1985).
“Art...... Con la misma pena serán sancionadas las personas señaladas en el
artículo anterior, que se hubieren aprovechado económicamente en beneficio
propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones
y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hubiesen estado en su
conocimiento o bajo su dependencia en
razón o con ocasión del cargo que ejercen o hubiesen ejercido”.
“Art..... La misma pena señalada
en los artículos anteriores se impondrá
a las personas elegidas por votación
popular, a los representantes o delegados y a los funcionarios, empleados o
servidores públicos que aprovechándose de la representación popular o del
cargo que ejercen se favorezcan o
hayan favorecido a personas naturales
o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de
negocios con el Estado o con cualquier
otro organismo del sector público.
Quedan comprendidos en la misma
disposición anterior y sujetos a igual
pena los directores, vocales o miembros
de los organismos administradores del
Estado o del sector público en general,
que, con su voto, hubiesen cooperado a
la comisión del delito al que se refiere
el inciso precedente”.
RESOLUCION S/N DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA.- (Parte
Pertinente) “.....Art. 1.- Corresponde
al Tribunal Penal el juzgamiento por
delito de peculado tipificado en el artículo 257 del Código Penal, con sujeción
al trámite señalado en el actual Código
de Procedimiento Penal y no al 105 de
9 de julio de 1972, en lo que quedó
vigente de acuerdo a los dispuesto en el
Decreto Supremo No. 888 publicado en
el Registro Oficial No. 631 del 4 de
septiembre de 1974, y luego derogado
desde que entró en vigencia el Código
de Procedimiento Penal publicado en el
Registro Oficial No. 511 del 10 de Junio
de 1983”.
572 de 26 de Noviembre de 1986).
“Art. 258.- Artículo suprimido por el
Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, No.
1429, publicado en Registro Oficial 337
de 16 de Mayo de 1997”.
“Art. 259.- Artículo suprimido por el
de 16 de Mayo de 1977”.
“Artículo Innumerado.- Constituye
enriquecimiento ilícito el incremento
injustificado del patrimonio de una
persona producido con ocasión o como
consecuencia del desempeño de un
cargo o función pública, que no sea el
resultado de su ingresos legalmente
(Artículo sustituido por el artículo 18
de la Ley No. 2001-47, reformatoria al
Código Penal y al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,
422 de 28 de septiembre del 2001).
“Artículo Innumerado.- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena
de dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito”.
(Artículo sustituido por el Art. 18 de
la Ley No. 2001-47, reformatoria al
“Artículo Innumerado.- Son aplicables
los dos artículos innumerados anteriores, a quienes como funcionarios o
empleados, manejen fondos de los Bancos Central, del Sistema de Crédito de
Fomento y Comerciales y del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social”.
(Artículo agregado por el artículo 2
de la Ley No. 6, Reformatoria al
Código Penal y a la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 260 de 29 de agosto de
1.985).
CONCORDANCIA: Código de Procedimiento Penal.- (Parte Pertinente).“.....Artículo 217.- Inicio de la instruc-
ción.- El Fiscal resolverá el inicio de la
instrucción en cuanto considere que
existen fundamentos suficientes para
imputar a una persona participación en
un hecho delictivo. Si como medida
cautelar o por tratarse de un delito
flagrante se hubiere privado de la libertad a alguna persona, el Fiscal deberá
dictar la resolución de inicio de la instrucción dentro de las veinticuatro
horas siguientes al momento de la aprehensión. La resolución del Fiscal contendrá: 1) La descripción del hecho
presuntamente punible; 2) Los datos
personales del imputado.- 3) Los elementos que le han servido de sustento
para hacer la imputación; 4) La fecha
de inicio de la instrucción; y, 5) El
nombre del Fiscal a cargo de la instrucción. El Fiscal notificará la resolución al Juez, quien dispondrá que se
notifique al imputado, al ofendido y a la
Oficina de la Defensoría Pública, para
que designe un defensor. Es obligación
del Fiscal poner a disposición del imputado, del ofendido y de sus defensores
todas las evidencias que tenga en su
poder, incluyendo las de naturaleza
exculpatoria, de manera que el imputado ejerza su derecho de examinar todos
los objetos, instrumentos y documentos
recogidos durante la investigación. Si
es requerido, el Fiscal deberá entregar
al imputado copias de todos los documentos relacionados con la infracción”.
Art. 66.- Indicios de responsabilidad
penal evidenciados por la auditoría
interna.- Si los hechos a los que se
refiere el artículo anterior fueren evidenciados por la unidad de auditoría
interna, el jefe de la misma comunicará
inmediatamente el particular a la Contraloría General del Estado y, en lo
demás, se observará el procedimiento
establecido en el mismo artículo.
Art. 67.- Otros indicios de responsabilidad penal.- Si por los resultados de
la auditoría gubernamental los auditores
evidenciaren indicios de responsabilidad
penal respecto de delitos contra la administración pública y otros que afecten
a los intereses del Estado y de sus instituciones, tales resultados se presentarán
al Ministerio Público para que ejercite
la acción penal correspondiente; y se
considerará el trámite previsto en el
artículo 65 de esta ley.
Art. 68.- Liquidación de daños y perjuicios.- Ejecutoriada la sentencia que
declare la responsabilidad penal del o de
los encausados, el juez o el Tribunal
procederá de igual manera que en los
casos en los cuales se hubiere deducido
acusación particular, a pesar de que ésta
no se hubiere presentado. Además,
observará lo previsto en el artículo 57 de
(Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 360 del 13 de enero
del 2000).
Art. 69.-Decisiones susceptibles y no
susceptibles de impugnación.- Podrán
impugnarse ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo,
las resoluciones de la Contraloría General del Estado, que impliquen establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas, conforme lo
dispuesto en los artículos 45 y 52 de
No podrán, en consecuencia, impugnarse
los informes de auditoría, de exámenes
especiales, los que consistan en dictámenes o informes que le corresponda emitir
de acuerdo con la ley, ni las actuaciones
que establecieren indicios de responsabilidad penal.
Art. 70.- “Acción contencioso administrativa.- En los casos en que las
decisiones de la Contraloría General del
Estado fueren susceptibles de impugnación ante los Tribunales Distritales de lo
Contencioso Administrativo, la respectiva demanda se podrá presentar a partir
del día siguiente al de la notificación de
la decisión que se impugna. Para la
presentación de la demanda y su contestación se observarán los términos y
plazos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
Nota: Inciso primero del artículo 70,
sustituido por el artículo 10 de la Ley
Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo citarán con la
demanda al Contralor General o al funcionario de quien provenga el acto; y,
sustanciarán y resolverán las causas con
sujeción a los términos establecidos en
esta Ley y al procedimiento previsto en
la Ley de la Jurisdicción Contencioso
CONCORDANCIAS.- Ley No. CL 35
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.- “..... Art. 1.- El recurso
contencioso administrativo puede interponerse por las personas naturales o
jurídicas contra los reglamentos, actos
y resoluciones de la Administración
Pública o de las personas jurídicas
semipúblicas, que causen estado, y
vulneren un derecho o interés directo
del demandante”.
“.....Art. 3.- El recurso contencioso
administrativo es de dos clases: de
plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo.- El recurso de plena
jurisdicción o subjetivo ampara un
derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no
reconocido total o parcialmente por el
acto administrativo de que se trata.- El
recurso de anulación, objetivo o por
exceso de poder, tutela el cumplimiento
de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse
por quien tenga interés directo para
deducir la acción, solicitando al Tribu-
nal la nulidad del acto impugnado por
adolecer de un vicio legal”.
NOTA: Respecto de un acto administrativo de carácter general, de un derecho subjetivo del recurrente. puede
interponerse recurso objetivo o de anulación cuando se pretende únicamente
el cumplimiento de la norma jurídica
objetiva; o recurso de plena jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el
(Disposición dada por la Resolución
del Tribunal Contencioso Administrativo, publicada en el Registro Oficial
No. 722 de 9 de julio de 1991).
“.....Art. 5.- Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son
susceptibles de recurso alguno en la vía
administrativa, sean definitivas o de
mero trámite, si estas últimas deciden,
directa o indirectamente, el fondo del
asunto, de modo que pongan término a
aquella o haga imposible su continuación.- La administración obra en ejercicio de sus facultades regladas cuando
debe ceñir sus actos a las disposiciones
de una ley, de un reglamento o de cualquier otro precepto administrativo.- Se
presume establecido el derecho a favor
del recurrente, cuando la disposición
que se cree infringida reconoce ese
(Publicadas en el Registro Oficial No.
338 de 18 de marzo de 1.968).
CONCORDANCIA: Ley No. 2001-56
Reformatoria al artículo 38 de la Ley
de Modernización del Estado y al artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.- “.....Art.
65.- El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa
será de noventa días en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que
se impugna.- En los casos que sean
materia del recurso contencioso de
anulación u objetivo se podrá proponer
la demanda hasta en el plazo de tres
años, a fin de garantizar la seguridad
jurídica. En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia
de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de
483 de 28 de diciembre del 2.001)
Art. 71.- Caducidad de las facultades
de la Contraloría General del Estado.- La facultad que corresponde a la
Contraloría General del Estado para
pronunciarse sobre las actividades de las
instituciones del Estado, y los actos de
las personas sujetas a esta Ley, así como
para determinar responsabilidades, caso
de haberlas, caducará en “siete” años
contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos.
Nota: Inciso primero del artículo 71,
reformado por el artículo 5 de la Ley
Se producirá la caducidad de la facultad
para resolver los recursos de revisión de
una resolución original, o de reconsideración de una orden de reintegro, cuando hubiere transcurrido un año desde la
notificación de la providencia respectiva
y no se hubiere expedido la resolución
que resuelva los recursos. En tal circunstancia las resoluciones originales
materia de tales recursos quedarán firmes.
“La Contraloría General del Estado se
pronunciará en el plazo no mayor a tres
años, respecto de la declaración patrimonial juramentada en los casos de los
ciudadanos elegidos por votación popular, presentada al término de sus funciones”.
Nota: Inciso agregado por el artículo
11 de la Ley No. 2004-42 “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado”, publicada en el Registro Oficial
No. 404 de 23 de agosto del 2004.
Art. 72.- Declaratoria de la caducidad.- En todos los casos, la caducidad
será declarada de oficio o a petición de
parte, por el Contralor General o por los
Tribunales Distritales de lo Contencioso
Administrativo, según se hubiere presentado el reclamo como acción o como
Art. 73.- Prescripción del cobro de
obligaciones y del ejercicio de las
acciones.- Las obligaciones nacidas de
responsabilidades civiles culposas de
que trata esta ley, prescribirán en diez
años contados desde la fecha en que la
determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere
ejecutoriado y será declarada por el
Contralor General, de oficio o a petición
de parte, o por los Tribunales Distritales
de lo Contencioso Administrativo; por
vía de impugnación o por vía de excepción al procedimiento de ejecución
Las obligaciones civiles originadas
como consecuencia de la comisión de
delitos de peculado, cohecho, concusión
y enriquecimiento ilícito, establecidos
en sentencia judicial ejecutoriada, serán
Mientras se sustancia la impugnación de
la predeterminación civil culposa o se
sustancia y falla sobre el recurso de
revisión, según el caso, se interrumpe el
plazo de prescripción establecido en el
primer inciso de este artículo.
Art. 74.- Interrupción de la prescripción.- La prescripción del cobro de
obligaciones se interrumpe por el reco-
nocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o por la
citación legal del auto de pago.
La citación con el auto de pago no interrumpirá la prescripción, cuando la
ejecución coactiva hubiere dejado de
continuarse por más de cinco años,
salvo que la suspensión hubiere sido
ordenada por decisión judicial.
Art. 75.- Responsabilidad por caducidad, prescripción y silencio administrativo.- Los funcionarios o servidores
de la Contraloría General del Estado, o
de las instituciones ejecutoras de obligaciones originadas en resoluciones de
la Contraloría General del Estado, por
cuya acción u omisión se produjeren la
caducidad, la prescripción o el silencio
administrativo, incurrirán en responsabilidad administrativa culposa, sin perjuicio de las demás responsabilidades a
nes o transacciones cuando les sean requeridas por escrito.
Art. 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables.- Los Ministros
de Estado y las máximas autoridades de
las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad.
Además se establecen las siguientes
atribuciones y obligaciones específicas:
1. Titular de la entidad:
Dirigir y asegurar la implantación,
funcionamiento y actualización del
sistema de control interno y de los
sistemas de administración financiera, planificación, organización,
información, de recursos humanos,
materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos;
Disponer que los responsables de
las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de
gestión, medidas de desempeño u
otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la
eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual de
los servidores;
Colaborar y disponer la cooperación del personal a su cargo con
los auditores gubernamentales y
aplicar las medidas correctivas establecidas en las recomendaciones
Art. 76.- Obligación de remitir información.- Las instituciones del Estado y
sus servidores, así como los personeros y
representantes de las personas jurídicas de
derecho privado sometidas al control de
la Contraloría General del Estado, en los
términos previstos en la presente Ley,
están obligadas a proporcionar a ésta,
exclusivamente para fines del examen de
auditoría, información sobre las operacio-
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias,
las regulaciones y demás disposiciones expedidas por la Contraloría
General del Estado;
Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente,
efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones;
Informar periódicamente a la comunidad sobre los resultados obtenidos de la gestión institucional,
comparándolos cuantitativa y cualitativamente con los indicadores,
criterios y medidas a que se refiere
el literal b) de este numeral;
Actuar con profesionalismo y
verificar que el personal a su cargo
proceda de la misma manera; y,
Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y
Autoridades de las unidades
administrativas y servidores
de la pertinente unidad y el rendimiento individual de los servidores y
mantener actualizada la información;
Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la misma manera.
Autoridades de la Unidad Financiera y servidores:
Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de administración financiera de la entidad, organismo o empresa del sector público;
b) Vigilar la incorporación de los
procesos específicos de control interno, dentro del sistema financiero;
d) Adoptar medidas para el funcionamiento del sistema de administración financiera;
Entregar oportunamente el proyecto
de presupuesto de la entidad, organismo o empresa del sector público
al órgano que debe aprobarlo,
cuando dicha función le esté atribuida, y colaborar en su perfeccionamiento;
Entregar con oportunidad la información financiera requerida, a los
distintos grados gerenciales inter-
Contribuir a la obtención de los fines
institucionales y administrar en el
área que les competa, los sistemas a
que se refiere el literal a) del numeral
b) Establecer y utilizar los indicadores
de gestión, medidas de desempeño u
otros factores para evaluar la gestión
Asegurar el funcionamiento del
control interno financiero;
nos y a los organismos que lo requieran;
Asesorar a la máxima autoridad o
titular para la adopción de decisiones en materia de administración
h) Asegurar la liquidación y pago
oportuno de toda obligación de la
entidad, organismo o empresa del
sector público;
Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la misma manera; y,
Cumplir las demás obligaciones
señaladas en la ley y en otras normas reglamentarias.
Autoridades de la Unidad de
Auditoría Interna de Gestión y
Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades
de la unidad a su cargo;
Supervisar la calidad de los exámenes efectuados;
proceda de la misma manera;
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias,
políticas, normas técnicas y las
demás regulaciones de la auditoría
gubernamental; y,
señaladas en la ley.
Art. 78.- Descripción de deberes de
funcionarios responsables de las unidades administrativas.- Las regulaciones que debe emitir la Contraloría
General del Estado, contendrán la descripción de deberes referentes al titular
de la entidad, de las unidades administrativa, financiera, de Auditoría Interna
y de los servidores de las instituciones
del Estado, con relación al correcto
manejo de los recursos públicos.
Art. 79.- Personal de auditoría y de
determinación de responsabilidades.Los servidores públicos que intervinieren en los procesos de auditoría gubernamental, predeterminación o glosa y de
civiles culposas o de indicios de responsabilidad penal, tendrán los siguientes
Desempeñar sus funciones con
independencia, profesionalismo y
objetividad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, especialmente con las disposiciones de esta
Ley, las normas de auditoría, el
respectivo Código de Etica profesional, las regulaciones y más disposiciones dictadas por la Contraloría General del Estado;
Aplicar en la predeterminación y
en la determinación de las responsabilidades administrativas y civiles culposas y en la de los indicios
de responsabilidad penal, las garantías constitucionales;
Guardar reserva de los hechos
que conocieren en el cumplimiento
de sus funciones y, cuando se trate
de información sujeta a sigilo o reserva, utilizarla sólo para los efectos previstos en la ley; y,
Según el caso, informar inmediatamente, por escrito, a su superior
jerárquico, sobre la comisión de
cualquier falta grave o hecho delictivo que verificaren con ocasión
del cumplimiento de sus labores.
Art. 80.-Obligación de informar de
otras instituciones de control.- Los
organismos de control previstos en la
Constitución Política de la República,
dentro del ámbito de sus competencias,
de conformidad con las leyes correspondientes, a través de sus máximas
autoridades, informarán a la Contraloría
General del Estado, los actos derivados
de los informes de inspección, supervisión y control, para precautelar los intereses del Estado y sus instituciones.
Art. 81.- Obligación de informar de
las instituciones del Sistema Financiero.- Las instituciones del sistema financiero públicas y privadas, por intermedio del órgano de control competente,
proporcionarán a la Contraloría General
del Estado, sin restricción alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por ésta con
motivo de la práctica de la auditoría.
Los depositarios oficiales o las instituciones financieras que en virtud de contrato asumieren obligaciones de recaudación o pago de las instituciones del
Estado, a requerimiento de los auditores
gubernamentales presentarán directamente información relativa a los saldos
de cuentas, operaciones de crédito,
valores pendientes de pago y otros servicios bancarios.
En caso de que los responsables de las
instituciones financieras negaren la
información a la que se refiere el inciso
segundo de este artículo, serán sujetos
de sanción por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, atendiendo
la petición del Contralor General del
Estado. La Superintendencia de Bancos
y Seguros, en el término de quince días
de recibida la petición, informará sobre
la sanción impuesta.
Art. 82.-Obligación de conservar
registros.- Las personas jurídicas de
derecho privado, que hayan recibido
asignaciones de recursos públicos para
financiar sus presupuestos, deberán
conservar por cinco años, la contabilidad, registros y respaldos suficientes,
para sustentar la correcta utilización de
DEROGATORIAS, REFORMAS Y
ción, con arreglo a las normas de esta Ley y lo previsto en el artículo 68
3. En faltante cubierto durante el curso
del examen, desde la fecha real o presunta en que se produjere el mismo,
hasta su recaudación;
Art. 83.- Desconcentración.- El Contralor General dictará los acuerdos y
regulaciones que sean necesarios para
que las direcciones regionales y las
delegaciones provinciales de la Contraloría General del Estado, apliquen procesos de desconcentración funcional,
territorial y de delegación de autoridad,
en áreas de su competencia.
Art. 84.- Intereses.- Los valores contenidos en los documentos u originados en
los actos que a continuación se señalan,
devengarán intereses calculados a la tasa
máxima de interés convencional que
establezca la institución legalmente
competente para hacerlo:
1. En resoluciones confirmatorias y
ejecutoriadas expedidas por la Contraloría General del Estado, desde la
fecha en que se ocasionó el perjuicio, hasta el momento de la recaudación;
2. En delitos, desde la fecha real o
presunta en que se produjere la infracción, y como consecuencia de
ella, el perjuicio económico al Estado, hasta el momento de la recauda-
4. En pago indebido, desde la fecha del
desembolso hasta la recuperación del
monto correspondiente; y,
5. En las multas, desde la fecha de notificación hasta la fecha de pago.
Art. 85.- Denegación tácita.- Las resoluciones de la Contraloría General del
Estado, sobre impugnación de responsabilidades civiles culposas y sobre
reconsideraciones de órdenes de reintegro, se someterán a los plazos previstos
en esta Ley. Su falta de expedición
causará el efecto de denegación tácita y
el interesado podrá ejercitar las acciones
previstas en la ley; sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan al
respectivo servidor por incumplimiento
de plazos, al tenor de lo previsto en el
artículo 212 de la Constitución Política
Las alegaciones que se formulen con
ocasión del proceso de auditoría, se
responderán, en lo que no haya sido
subsanado, en el informe de auditoría, a
la fecha de su emisión, en la parte pertinente al tema que trata dicho informe.
Art. 86.- Responsabilidad por ejercicio indebido de facultades de control.Las autoridades, funcionarios y servidores de la Contraloría General del Estado
que, en ejercicio indebido de sus facultades de control y de determinación de
responsabilidades, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros,
serán civil y penalmente responsables.
Las acciones para perseguir el resarcimiento de daños causados por el ejercicio indebido de facultades de control, se
sustanciarán ante los órganos jurisdiccionales competentes y prescribirán en
los plazos establecidos e la ley.
Art. 87.- Uso exclusivo de denominaciones.- Excepto la Contraloría General
del Estado, ninguna institución sometida
a su control podrá crear o mantener
unidades administrativas con la denominación de “Contraloría”, ni cargos
con la denominación de “Contralor”. El
uso de los vocablos “Auditoría Gubernamental” y “Auditor Gubernamental”,
así como el ejercicio de esta actividad
quedarán limitados a los exámenes
efectuados por la Contraloría General
del Estado y las unidades de auditoría
Art. 88.- Acceso irrestricto y declaraciones testimoniales.- En el proceso de
obtención de pruebas sobre los hechos y
materias sujetas a examen el Contralor
General y los auditores gubernamentales,
tendrán acceso irrestricto a registros,
archivos y demás documentos que sustenten la información, y cuando la naturaleza
de la auditoría lo requiera, a las operaciones en sí.
En caso de que los servidores de las
instituciones del Estado impidieren o no
facilitaren la actividad de control de los
recursos públicos la autoridad nominadora, a petición del Contralor General,
procederá a destituir al responsable y si
dicha autoridad no lo hiciere en el plazo
de treinta días, desde la fecha de la
solicitud, lo hará el Contralor General.
En caso de incumplimiento, por parte de
entidades de derecho privado cuyo capital social está integrado con recursos
públicos, el Contralor General solicitará
a la autoridad competente la imposición
de una multa de hasta cien salarios
mínimos vitales; y, si dicha autoridad no
lo hiciere en el plazo de treinta días,
desde la fecha de la solicitud, lo hará el
El Contralor General, los auditores
gubernamentales de la Contraloría General del Estado y los representantes del
Contralor General especialmente designados para ello, están facultados para
requerir la comparecencia de testigos y
exigir declaraciones juradas, en las
actuaciones que estén dentro de las
facultades de la Contraloría General del
Estado; podrán también exigir la presentación de documentos, tanto a personas
naturales como jurídicas, funcionarios,
ex funcionarios y terceros para fines de
las labores de control. En todos los
casos, la información y documentación
requerida, será proporcionada en un
plazo no mayor a diez días, contado
desde la fecha de recepción del requerimiento.
La persona que rehusare comparecer
como testigo o rendir declaración o
exhibir documentos, cuando así lo exija
un funcionario autorizado conforme a
esta Ley, será compelida por apremio
personal. La persona que incurra en
falso testimonio, en declaraciones rendidas ante un funcionario autorizado
para recibirlas conforme a esta Ley,
quedará sujeta a las acciones y penas
que establece la ley.
En lo demás se estará a lo dispuesto en
el artículo 24 de la Constitución Política
de la República, respecto del debido
Art. 89.- Personal ejecutor.- De acuerdo
a su naturaleza y alcance, la auditoría
gubernamental se ejecutará con equipos
multidisciplinarios integrados por profesionales de reconocida idoneidad individual y competencia.
Los informes de auditoría gubernamental
y de exámenes especiales que no impliquen la emisión de un dictamen profesional, serán suscritos por quien ejerciere la
jefatura o dirección de la pertinente unidad de auditoría externa en la Contraloría
La opinión profesional a los estados financieros será suscrita por un contador
público autorizado integrante del equipo
de auditoría de la Contraloría General del
Art. 90.- Notificación inicial, comunicación de resultados.- La auditoría gubernamental se realizará de acuerdo con el
plan de trabajo anual de la Contraloría
General del Estado, previamente a su
iniciación se notificará a las autoridades,
funcionarios, servidores, ex servidores y
demás personas vinculadas con el examen.
Si durante la realización de la auditoría
gubernamental apareciere personas
vinculadas con el examen que no hubieren sido notificadas desde el principio
en razón de que no era previsible su
participación o responsabilidad, éstas
deberán ser notificadas de manera inmediata, debiéndoseles brindar todas las
facilidades y términos excepcionales
para que ejerciten en debida forma el
derecho de defensa, sin que la falta de
notificación inicial provoque la nulidad
o impugnación, por este hecho, de los
resultados de auditoría. De ser necesario, los plazos para resolver se prorrogarán, previa la decisión motivada del
Contralor General del Estado, por el
tiempo necesario para garantizar el
cumplimiento de las garantías del debido proceso.
En el curso del examen los auditores
gubernamentales mantendrán comunicación con los servidores de la entidad,
organismo o empresa del sector público
auditada y demás personas relacionadas
con las actividades examinadas.
Al finalizar los trabajos de auditoría de
campo, se dejará constancia de que fue
cumplida la comunicación de resultados y
la conferencia final en los términos previstos por la ley y las normas profesionales sobre la materia.
Art. 91.- Discrepancias.- Las opiniones
divergentes entre los auditores gubernamentales y los servidores o ex servidores
de la institución del Estado auditada, o de
terceros relacionados, serán resueltas, en
lo posible, dentro del curso del examen y
de subsistir, constarán en el informe.
Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría,
una vez comunicadas a las instituciones
del Estado y a sus servidores, deben ser
aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio; serán objeto de
seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del
Art. 93.- Derecho a la defensa.- Las
personas naturales o jurídicas que tengan determinación de responsabilidad
civil culposa, ejercerán su derecho a la
defensa debidamente patrocinados por
un abogado en libre ejercicio profesional, que no tenga relación con la Contraloría General del Estado, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Federación de
Los doctores en jurisprudencia y abogados que presten sus servicios en la Contraloría General del Estado no podrán
ejercer su profesión en los términos
previstos en la Ley Orgánica de la Función Judicial.
CONCORDANCIA: Ley de Federación
de Abogados del Ecuador.- (Parte Pertinente) “..... Art. 50.- Se requerirá la
firma de un abogado inscrito en la
matrícula de un Colegio de Abogados,
en toda solicitud, pedimento, escrito,
memorial o piezas similares en que se
ventilan asuntos de derecho ante los
organismos e instituciones y dependencias del Estado o de las instituciones de
derecho privado con finalidad social o
pública, con inclusión de la Contraloría
General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, así como las dependencias subordinadas a dichas Superintendencias; y en las solicitudes,
memoriales o pedimentos encaminados
a obtener concesiones o privilegios por
parte de los referidos organismos, instituciones y dependencias”.
507 de 7 de marzo de 1974).
Art. 94.- Acción Popular.- Concédese
acción popular para denunciar irregularidades en la administración pública así
como en la Contraloría General del
Art. 95.- Emisión de regulaciones.- La
Contraloría General del Estado expedirá
las regulaciones de carácter general, los
reglamentos y las normas internas nece-
sarias para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 96.- Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado la prestación
de servicios públicos, en los términos
descritos en el inciso final del artículo 4
de esta Ley, la intervención y control de
la Contraloría General del Estado, no se
extenderá a la persona delegataria, pero
si a la gestión referida a esa delegación
por parte de la institución del Estado
delegante, sin perjuicio de la eventual
responsabilidad que la Contraloría General del Estado pueda determinar, conforme a lo establecido en esta ley.
Art. 97.- Las personas jurídicas de derecho privado referidas en el artículo 4
de esta Ley, se someterán a su propia
normatividad en materia de contratación, no estarán sujetas a los procedimientos previstos en la codificación de
la Ley de Contratación Pública, en la
Ley de Consultoría y en las demás leyes
y reglamentos que rigen la materia. Las
personas jurídicas antes referidas deberán incluir obligatoriamente en la
normatividad interna de contratación de
procesos para la selección y adjudicación de ofertas, cuyo texto y cumplimiento será materia de auditoría de la
Nota.- Las Codificaciones de las leyes
de Contratación Pública, publicada
en el Registro Oficial No. 272 de 22 de
febrero del 2001 y de Consultoría,
455 de 5 de noviembre del 2004, dero-
gadas por los numerales 1 y 2 de las
Art. 98.- Sin perjuicio de las facultades
que debe ejercer la Superintendencia de
Bancos y Seguros, la Contraloría General del Estado por sí o mediante la utilización de una firma auditora de reconocido prestigio y debidamente calificada
y autorizada para operar en el Ecuador,
realizará un examen anual del manejo y
de los estados financieros de los recursos de la reserva internacional de libre
disponibilidad, debiendo verificarse la
información que sustente su formulación, ejecución, liquidación y correspondencia contable, sustento legal y
La Contraloría General del Estado hará
conocer al Presidente de la República y
al Congreso Nacional sus resultados, el
informe final y el informe anual sobre el
manejo de la reserva de libre disponibilidad.
Art. 99.-Derogatorias.Deróganse
expresamente las siguientes disposiciones y cuerpos legales:
Las contenidas en los Títulos VI,
VII, VIII, IX, X, XI y XII, de la
Financiera y Control – LOAFYC,
expedida con Decreto Supremo
No. 1429, publicada en el Registro
Oficial No. 337 de 16 de mayo de
El artículo 15 de la Ley del Servicio Cooperativo de Instituciones
Agropecuarias, publicada en el
Registro Oficial 398 de 5 de marzo
de 1963;
El Decreto Supremo 2559, que
estableció fondos de carácter reservado para la represión del contrabando, publicado en el Registro
Oficial 398 de 18 de diciembre de
1964; y,
El Decreto Supremo No.254, publicado en el Registro Oficial No.
62 de 8 de abril de 1976, que establece normas para la administración interna de los documentos y
archivos de la Contraloría General
Reformas.-
1).- Refórmase el artículo 114 de la
Financiera y Control expedida con
Decreto Supremo No. 1429, publicada en el Registro Oficial 337 de
16 de mayo de 1977, según el siguiente tenor:
Al final del artículo 114 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera y Control, agréguese lo
siguiente: “..., excepto en las
compras de inmuebles en el extranjero que se regirán por lo establecido en el reglamento respectivo y que requerirán exclusivamente del informe previo y favorable
del Ministerio de Economía y Finanzas y del Procurador General
2).- Refórmanse las siguientes disposiciones legales, que contienen la
obligación de rendir o de remitir
cuentas a la Contraloría General
del Estado, así como la competencia de dicho organismo para finiquitarlas, en el sentido de que dicha entidad ejercerá el control externo mediante auditoría:
a) El artículo 4 de la Ley por la
que se expidieron disposiciones
referentes al funcionamiento
administrativo y mantenimiento del Palacio de Justicia contenida en el Decreto Supremo
927, publicado en el Registro
Oficial 243 de 8 de mayo de
b) El artículo 6 del Decreto Supremo 709, publicado en el
Registro Oficial 85 de 22 de
octubre de 1963, por el que se
expidió disposiciones relativas
al trámite y al despacho de las
asignaciones para el Servicio
Exterior de la República; y,
c) Las demás contenidas en otros
instrumentos jurídicos que contengan la obligación de rendición de cuentas, en la forma establecida en este artículo.
3).- En el artículo 8 del Decreto
Supremo 409, publicado en el Registro Oficial 50 de 9 de septiembre de 1963, por el que se reorganizó la Empresa de Ferrocarriles
del Estado, suprímase la frase: “incluyéndose en esta exención la tasa
del cuatro por mil para la Contraloría General de la Nación, determinada en la Ley General de Presupuestos del Estado.”
4).- En el numeral 40 del artículo 72 de
la Ley de Régimen Municipal,
publicada en el Suplemento del
Registro Oficial 331 de 15 de octubre de 1971, suprímase la frase:
“Mensualmente informará al Contralor General del Estado las bajas
5).- En el artículo 12 de la Ley para la
Preservación de Zonas de Reserva
y Parques Nacionales, expedida
por medio del Decreto Supremo
1306, publicado en el Registro
Oficial 301 de 2 de septiembre de
1971, sustitúyase la frase: “según
las normas de la Ley Orgánica de
Hacienda y más leyes y reglamentos vigentes. La Contraloría General de la Nación fiscalizará y juzgará las respectivas cuentas”, por:
“de conformidad con la ley”.
6).- En el inciso segundo del artículo
114 de la Ley Orgánica del Banco
de Fomento, expedida por Decreto
Supremo 327, publicado en el Registro Oficial 526 de 3 de abril de
1974, sustitúyase: “a la Contraloría
General del Estado”, por: “al ente
rector de la administración de los
recursos humanos en el sector
7).- En el artículo 10 de la Ley Notarial, expedida por Decreto Supremo 1404, publicado en el Registro
Oficial 158 de 11 de noviembre de
1966, sustituir: “la Contraloría General del Estado”, por: “el ente
8).- En el artículo 577 de la Ley de
Régimen Municipal publicada en
el Suplemento del Registro Oficial
331 de 15 de octubre de 1971,
suprímase la frase: “la correspondiente glosa de”, y a continuación
de la palabra: “Estado”, agréguese: “la que tramitará la responsabilidad que corresponda.”.
9).- En el literal p) del artículo 29 de la
Ley de Régimen Provincial, publicada en el Registro Oficial No. 288
de 20 de marzo de 2001, suprimir
la frase: “Mensualmente informará
al Contralor General del Estado
sobre las bajas ordenadas.”
10).- En el artículo 5 de la Ley 47, publicada en el Registro Oficial 281
de 22 de septiembre de 1989, sustitúyase la expresión: “verificará
anualmente”, por: “controlará.”
11).- En los artículos 87 y 94 de la Ley
de Pensiones de las Fuerzas Armadas, reformada por el Decreto Supremo 863, publicados en los Registros Oficiales 356 de 6 de noviembre de 1961 y 26 de julio de
1973, respectivamente, suprímase
la frase: “y el registrado de la Contraloría General de la Nación.”.
12).- En el artículo 5 del Decreto Ley de
Emergencia No. 7, publicado en el
Registro Oficial 377 de 8 de febrero de 1963, por el que se emitió la
Ley de alfabetización obligatoria
de adultos, suprímase la frase: “y
podrá solicitar al Contralor General de la Nación se abstenga de expedir los acuerdos de transferencia
de fondos para aquellas entidades
que se encontraren en mora”.
13).- En el inciso segundo del artículo
agregado por el artículo 3 del Decreto Supremo 933, publicado en
el Registro Oficial 113 de 6 de
septiembre de 1966, a continuación del artículo 83 de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior,
expedida por Decreto Supremo
2268 publicado en el Registro Oficial 353 de 15 de octubre de 1964,
sustitúyase: “La Contraloría General de la Nación”, por: “El ente
14).- En el artículo 160 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, expedida por medio del Decreto Supremo
2268, publicado en el Registro
Oficial 353 de 15 de octubre de
1964, sustitúyase: “a la Contraloría
General de la Nación”, por: “al ente rector de la administración de
los recursos humanos en el sector
15).- En el inciso segundo del artículo
197 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, expedida por Decreto
Supremo 2268, publicado en el
Registro Oficial 353 de 15 de octubre de 1964, sustitúyase: “La
Contraloría General de la Nación”,
por: “El ente rector de la administración de los recursos humanos en
el sector público”.
16).- En el artículo 3 del Decreto Supremo 2965, que norma el otorgamiento de pasaportes por parte de
las Gobernaciones provinciales,
710 de 14 de noviembre de 1978,
suprímase la frase: “En el manejo
y control de la cuenta especial a la
que se refiere el artículo anterior,
deberán cumplirse los requisitos
establecidos para las cuentas especiales de carácter reservado y los
instructivos dictados al efecto por
la Contraloría General de la Nación, o los que posteriormente dictare.”
blicada en el Registro Oficial 43 de
31 de octubre de 1968, sustitúyanse los términos: “La Contraloría
General del Estado”, por: “El pertinente ente encargado de la administración de los recursos humanos
en el sector público”.
17).- En el inciso segundo del artículo
24 del Decreto Supremo 1373, de
creación de la Autoridad Portuaria
de Manta, publicado en el Registro
Oficial 149 de 27 de octubre de
1966, suprímase la frase: “de solicitud previa a la Contraloría General de la Nación, y”.
21).- En el numeral 6 del artículo 2 de
la Codificación de la Ley de Defensa contra Incendios, publicada
en el Registro Oficial 815 de 19
de abril de 1979 – reformado por
el artículo 2 de la Ley 160, publicada en el Registro Oficial
984 de 22 julio de 1992-, sustitúyanse las palabras: “fiscalización
de” por: “práctica de auditorías
18).- Sustitúyase el texto del artículo 27
del Decreto Supremo 1373, de
1966, por el siguiente: “La determinación de los cargos caucionados se efectuará de conformidad
con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.”
19).- En el inciso segundo del artículo 3
de la Ley 90 de Seguridad Social
de la Policía Nacional, publicada
en el Registro Oficial 707 de 1 de
junio de 1995, suprímase la frase:
“No estará sujeto a la intervención
de la Contraloría General del Estado”.
20).- En los literales c) y d) del artículo
10 de la Ley 71-CL, de Federación
de Veterinarios del Ecuador, pu-
22).- En el artículo 4 del Decreto Supremo 1827, de creación del
Programa de Boticas Populares
del Ministerio de Salud, publicado en el Registro Oficial 374 de
20 de diciembre de 1971, sustitúyanse los términos: “la Contraloría General de la Nación”,
por: “el órgano pertinente encargado de la administración de los
23).- En el artículo 5 del Decreto
Supremo 1827 por el que se estableció el Programa de Boticas
Populares del Ministerio de Salud, publicado en el Registro
Oficial 374 de 20 de diciembre
de 1971, sustitúyase la frase:
“glosará de inmediato cualquier
pago efectuado”, por: “determinará la responsabilidad que corresponda”.
24).- En el artículo 8-A del Decreto
Supremo 1236, que estableció el
estímulo económico de eficiencia
administrativa en el Ministerio
de Finanzas, publicado en el Registro Oficial 147 de 25 de octubre de 1966 – dado por Acuerdo
Ministerial 256, publicado en el
Registro Oficial 379 de 26 de febrero de 1970 – sustitúyase “La
Contraloría General de la Nación” por: “el órgano pertinente
encargado de la administración
de los recursos humanos en el
25).- En el artículo 17 de los Estatutos
de la Empresa Pesquera Nacional, expedida por medio del Decreto Supremo 779, publicado en
el Registro Oficial 345 de 10 de
julio de 1973, sustitúyase la palabra: “aprobadas”, por: “registradas”.
26).- En el artículo primero de la
Codificación de los Estatutos del
IESS, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 431 de 7 de
mayo de 1990, elimínase la frase:
“no está sujeto a la intervención
PRIMERA.Glosas, resoluciones
y recursos de revisión en trámite.- Las
glosas, resoluciones y recursos de revisión que se encontraren en trámite a la
fecha de vigencia de esta Ley, continuarán sustanciándose de acuerdo con
las disposiciones de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control.
SEGUNDA.- Vigencia de reglamentos
y normas.- Los Reglamentos y normas
internos o de carácter general, expedidos por el Contralor General, continuarán vigentes en todo cuanto no se
opongan a las disposiciones de esta Ley,
hasta que sean sustituidos por otros,
conforme lo previsto en el artículo 95.
TERCERA.- Movimiento presupuestario.- La Contraloría General del Estado, para la aplicación de las normas
previstas en esta Ley, realizará la transformación y fortalecimiento institucional, para lo cual, podrá efectuar los
movimientos presupuestarios internos
CUARTA.- Auditorías Internas.Mediante la correspondiente reglamentación que dictará el Contralor General,
se garantiza el sistema de mérito y la
carrera administrativa del personal auditor de las auditorías internas de las instituciones del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 124 de la
Las designaciones que el Contralor
General deba hacer, según el artículo 14
de esta Ley, se realizará para las vacantes existentes o que se produzcan a
partir de la vigencia de esta Ley.
Respecto de los gobiernos seccionales
autónomos se respetará lo ordenado en
el primer inciso del artículo 14 de esta
QUINTA.- Compra de Inmuebles en
el exterior.- Los procesos de adquisición de bienes inmuebles en el extranjero que actualmente se encuentren en
trámite de legalización, se sujetarán a
las disposiciones reformatorias previstas
en el numeral 1 del artículo 100 de la
SEXTA.- Las personas señaladas en el
segundo inciso del numeral 9 del artículo 31 deberán presentar su declaración
patrimonial juramentada en el plazo de
treinta días contado a partir de la vigencia de esta ley.
PRIMERA.El Presidente de la
República, en el plazo máximo de noventa días dictará, en uso de su facultad
constitucional, el reglamento para la
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de la facultad regulatoria que la
otorga a la Contraloría General del Estado.
SEGUNDA.Las disposiciones de
la presente Ley, por su carácter de orgánicas, prevalecerán sobre las demás que
se le opongan, y entrarán en vigencia a
partir de su publicación en el Registro
Dada, en la ciudad de San Francisco de
Quito, Distrito Metropolitano, en la sala
de sesiones del Pleno del Congreso
Nacional del Ecuador, a los veinte y
nueve días del mes de mayo del año dos
mil dos.
H. José Cordero Acosta, Presidente
Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General
Promulgada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 595 del 12 de junio del 2002.
DISPOSICIÓN GENERAL DE LA
LEY No. 2006-44, ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PUBLICADA
EN EL REGISTRO OFICIAL No. 267
DE 10 DE MAYO DEL 2006.
“… De conformidad con las normas
establecidas en la Constitución Política
de la República, se garantiza la independencia de la Contraloría General del
Estado, en el aspecto administrativo y
en consecuencia, no dependerá de ninguna de las entidades que controla y
fiscaliza”.
FUENTES DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA CONTRALORIA GENERAL
Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en
el Registro Oficial No. 1 de 11 de
Ley No. 2002-73 “Orgánica de la
Registro Oficial No. 595 del 12 de
junio del 2002.
Ley No. 2004-42, “Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la
Ley No. 2006-44, “Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado”,
Ley S/N “Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública”,
expedida por la Asamblea Constituyente, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de
Ley S/N “Orgánica Reformatoria a
la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, publicada en el
No. 1 de 11 de agosto del 2009.
Ley Organica de la Contraloria
Héctor Dávalos

References: artículo
211
 Artículo 2

artículo 1

artículo 211

artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 14

artículo 2

artículo 14
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 91
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 2

artículo 3
 artículo
122
 artículo 31

artículo 4
 artículo 31
 artículo 5
 artículo 31
 resolución 
 artículo 31
 artículo 3
 artículo 31
 artículo 6
 artículo 57
 artículo 31
 resolución

artículo 8

artículo 7
 artículo 1
 artículo 46

artículo 4
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 36

artículo 51
 artículo
53
 artículo 1020
 resolución 
 resolución 
 artículo 196

artículo 337

artículo 70
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución

 resolución 
 artículo 257
 artículo 296
 resolución 
 artículo
17
 artículo 101
 artículo 257
 artículo 18
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 

artículo 65
 artículo 57
 artículo 70
 artículo 10
 Resolución

 artículo 38
 artículo 65
 resolución 
 artículo 71
 artículo 5
 resolución 
 resolución

 artículo
11
 artículo 68

artículo 212
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 72
 artículo 12
 artículo
114
 artículo 10
 artículo 577
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 83
 artículo 160
 artículo
197
 artículo 3
 artículo
24
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 3
 artículo
10
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 95
 artículo 124
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 100
 artículo 31