Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0394:ES:NOT
Timestamp: 2013-05-26 08:55:58+00:00

Document:
EUR-Lex - 31999D0394 - ES
DO L 149 de 16.6.1999, p. 36/38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edición especial en checo: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en estonio: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en húngaro Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en lituano: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en letón: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en maltés: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en polaco: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en eslovaco: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en esloveno: Capítulo 01 Tomo 03 p. 115 - 117
edición especial en búlgaro: Capítulo 01 Tomo 02 p. 153 - 155
edición especial en rumano: Capítulo 01 Tomo 02 p. 153 - 155
HR.ES Capítulo 01 Tomo 002 p. 119 - 121
entr. en vigor: 01/06/1999; surte efecto ver art. 7
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 207,
Visto el Reglamento interno del Consejo y, en particular, el apartado 2 de su artículo 21,
(1) Considerando que el Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo 1999(1), así como el Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 del Consejo de 25 de mayo de 1999(2) relativos a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), prevén que la Oficina iniciará y llevará a cabo investigaciones administrativas en la instituciones, órganos y organismos creados por los Tratados CE y CEEA o sobre la base de los mismos;
(4) Considerando que conviene por ello que todas las instituciones, órganos y organismos, en virtud de su autonomía administrativa, confíen a la Oficina la misión de efectuar en su seno investigaciones administrativas destinadas a indagar los hechos graves, ligados al desempeño de actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, como las contempladas en el artículo 11, en los párrafos segundo y tercero del artículo 12, en los artículos 13, 14, 16 y en el párrafo primero del artículo 17 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y del Régimen aplicable a los otros agentes de las mismas (en lo sucesivo denominado "el Estatuto"), en detrimento de los intereses de dichas Comunidades, que pueda dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales, constituir un falta personal grave contemplada en el artículo 22 del Estatuto, o un incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario, para los miembros del Consejo y de sus instancias, en el marco de sus actividades en su condición de tales;
(5) Considerando que estas investigaciones deben efectuarse en condiciones equivalentes en todas las instituciones, órganos y organismos comunitarios, sin que la atribución de esta tarea a la Oficina afecte a la responsabilidad propia de las instituciones, órganos u organismos ni disminuya en modo alguno la protección jurídica de las personas interesadas;
(6) Considerando que, hasta tanto tenga lugar la modificación del Estatuto, conviene determinar las modalidades prácticas según las cuales los miembros de las instituciones y los órganos, los directivos de los organismos, así como los funcionarios y agentes de los mismos, colaboren en el correcto desarrollo de las investigaciones internas;
(7) Considerando que el Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como el Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 del Consejo, relativos a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de la Lucha Antifraude, establecen en el apartado 6 de su artículo 4 que cada institución, órgano y organismo adoptará una Decisión que incluirá, en particular, normas relativas a la obligación de los miembros o directivos, funcionarios y agentes de las instituciones, órganos y organismos de cooperar con los agentes de la Oficina y de informarles, a los procedimientos que deberán observar los agentes de la Oficina a la hora de realizar las investigaciones internas y las garantías de los derechos de las personas afectadas por las investigaciones internas;
(8) Considerando que el Acuerdo interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(3), compromete a las instituciones signatarias, así como a las instituciones, órganos y organismos que se adhieran al mismo a adoptar una decisión interna que se ajuste al modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo, y a apartarse de ella únicamente cuando las exigencias particulares que les sean propias lo hagan técnicamente necesario;
(9) Considerando que ninguna exigencia particular impone la necesidad técnica de apartarse de la decisión modelo en lo que se refiere a los funcionarios y demás agentes de la Secretaría General del Consejo (denominada en lo sucesivo "la Secretaría General");
(10) Considerando que conviene que el Consejo confíe a la Oficina la misión de llevar a cabo investigaciones administrativas en su seno, destinadas a detectar los hechos graves que puedan constituir un incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario a las personas que son miembros del Consejo y de sus instancias; que no obstante, a diferencia de las otras instituciones, los miembros del Consejo y de sus instancias, ejercen sustancialmente funciones de caracter nacional y quedan sometidos en el ejercicio de sus funciones al Derecho nacional; que, en consecuencia conviene limitar la aplicación de la presente Decisión a las actividades ejercidas por dichas personas en su calidad de mientros de la institución o de sus instancias;
(11) Considerando que la Oficina no tiene competencia jurisdiccional alguna y que sólo lleva a cabo investigaciones administrativas; que dichas investigaciones han de efectuarse respetando plenamente las disposiciones pertinentes de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, en particular el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades y de los textos destinados a su aplicación, así como del Estatuto;
(12) Considerando que las investigaciones se efectúan según las condiciones y modalidades que establecen los Reglamentos de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica; que, no obstante, esos Reglamentos no otorgan a la Oficina derecho de acceso alguno a los edificios que ocupan los Estados miembros, en particular sus Representaciones Permanentes;
(13) Considerando que la decisión interna prevista en el Acuerdo interinstitucional se limita estrictamente a precisar la obligación de cooperar con la Oficina y de informarla, la obligación del Servicio de Seguridad de asistir a los agentes de la Oficina y, recíprocamente, la obligación de ésta de informar a las personas investigadas por la Oficina,
El Secretario General, los servicios, así como cualquier funcionario o agente de la Secretaría General estarán obligados a cooperar plenamente con los agentes de la Oficina y a prestar toda la asistencia necesaria para la investigación. A tales efectos, facilitarán a los agentes de la Oficina cualquier información y explicación pertinente.
Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, en particular del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, así como de sus disposiciones de aplicación, los miembros del Consjeo, los Representantes Permanentes y los delegados de los Estados miembros cooperarán plenamente con la Oficina.
Todo funcionario o agente de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea que llegue a tener conocimiento de hechos que permitan presumir la existencia de posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades, o de hechos graves, ligados al desempeño de actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, que pueda dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales, o de un incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario a los miembros del Consejo y de sus instancias, en el marco de sus actividades en su condición de tales en el caso de que dicho incumplimiento acarree un perjuicio a los intereses de las Comunidades, lo comunicará inmediatamente a su Jefe de Servicio o a su Director General o, si lo considera oportuno, al Secretario General del Consejo, o directamente a la Oficina.
El Secretario General, los Directores Generales y Jefes de Servicio de la Secretaría General transmitirán inmediatamente a la Oficina cualquier hecho del que lleguen a tener conocimiento y que permita presumir la existencia de irregularidades contempladas en el párrafo primero.
Los funcionarios y agentes de la Secretaría General no deberán en ningún caso sufrir un trato no equitativo o discriminatorio por el hecho de haber efectuado una comunicación contemplada en los párrafos primero y segundo.
Los miembros del Consejo y los representantes permanentes que lleguen a tener conocimiento de hechos tales como los contemplados en el párrafo primero, lo comunicarán al Presidente del Consejo o, si lo consideran oportuno, directamente a la Oficina. Los delegados de los Estados miembros que lleguen a tener conocimiento de hechos contemplados en el párrafo primero lo comunicarán al representante permanente de su Estado miembro.
Asistencia del Servicio de Seguridad
A petición del Director de la Oficina, el Servicio de Seguridad de la Secretaría General del Consejo asistirá a los agentes de la Oficina en la ejecución material de las investigaciones.
En el supuesto de que se revele la posibilidad de implicación personal de un miembro del Consejo o de sus instancias, de un funcionario o de un agente de la Secretaría General, el interesado deberá ser infromado rápidamente, siempre y cuando ello no pueda menoscabar la investigación. En cualquier caso, no podrán establecerse al término de la investigación conclusiones en las que se cite nominalmente a una de esas personas, sin que el interesado haya podido ser oído sobre todos los hechos que le afecten.
En los casos que requieran el mantenimiento de un secreto absoluto a los efectos de la investigación y que exijan la utilización de medios de investigación que sean de la competencia de una autoridad judicial nacional, la obligación de dar a la persona en cuestión la oportunidad de ser oído podrá diferirse con el acuerdo del Presidente o del Secretario General, según proceda.
En caso de que, al cabo de una investigación interna, no pueda imputarse cargo alguno a la persona investigada, la investigación interna relativa al mismo se archivará por decisión del Director de la Oficina, que informará al interesado por escrito.
Toda solicitud formulada por una autoridad policial o judicial nacional tendente al levantamiento de la inmunidad de jurisdicción de un funcionario o agente de la Secretaría General, relativa a posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal, se transmitirá al Director de la Oficina para recabar su dictamen. Si una solicitud de levantamiento de la inmundad afecta a un miembro del Consejo o de sus instancias, se comunicará dicho extremo a la Oficina.
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de junio de 1999.
(2) DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.
(3) DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.

References: artículo 207
 artículo 21
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 4