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Timestamp: 2018-08-15 12:08:07+00:00

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Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de cambios (Vigente hasta el 06 de Julio de 2003).
Vigencia desde 13 de Marzo de 1980. Esta revisión vigente desde 14 de Noviembre de 1999 hasta 06 de Julio de 2003
Uno. Corresponderá al Gobierno en defensa de los intereses generales regular, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los actos, negocios, transacciones y operaciones a que se refiere el artículo anterior.
1. Los bienes inmuebles o muebles que estén sitos en el extranjero y los derechos establecidos sobre los mismos.
2. Las acciones, obligaciones, cuotas representativas de partes alícuotas de capital y participaciones en general en Sociedades y Empresas domiciliadas en país extranjero, así como cualquier otro título mobiliario.
Se entiende por bienes o derechos poseídos en España los definidos en el párrafo anterior, sitos en España, referentes a Sociedades y Empresas domiciliadas en España.
f) La tenencia en territorio español por parte de residentes o no residentes de medios de pago de cualquier clase y, en general, de títulos representativos de derechos cifrados en moneda extranjera, o en pesetas, por parte de no residentes; la tenencia en el extranjero por parte de residentes de cualesquiera de tales medios de pago y títulos, y la venta, a través del mercado español de divisas, de aquellos que los residentes posean o adquieran.
Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57.2 y 60.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea , se entenderá prohibida o limitada, en los términos que señalen las normas comunitarias, la realización de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro, pago o transferencia respecto a terceros países en relación con los cuales se hayan dictado Reglamentos comunitarios adoptando las medidas que correspondan.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, podrá, en tanto no se hayan adoptado las medidas a que se refiere el artículo 60.1 del citado Tratado, por razones políticas graves y por motivos de urgencia, tomar medidas unilaterales contra un tercer país en lo relativo a los movimientos de capitales y los pagos.
Número 3 del artículo 2 introducido por el número 1 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre).Vigencia: 14 noviembre 1999
Cuatro. El Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, podrá prohibir o limitar la realización de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro, pago o transferencia respecto a un Estado o grupo de Estados en aplicación de medidas adoptadas por organismos internacionales, distintos de la Comunidad Europea, de los que España sea miembro.
Número 4 del artículo 2 introducido por el número 2 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre).Vigencia: 14 noviembre 1999
Uno. Son residentes, a los efectos de la presente Ley, las personas físicas domiciliadas en territorio español o que residan principalmente en España, y las personas jurídicas con domicilio social en España.
Las personas físicas de nacionalidad española que residan en España tendrán la consideración de no residentes respecto al patrimonio constituido fuera de España, durante su residencia en el extranjero.
Tres. La cualidad de residentes o no residentes de los establecimientos y sucursales de las personas jurídicas españolas en el extranjero y de los de las personas jurídicas extranjeras, en España, se determinará reglamentariamente.
Dos. Las Entidades autorizadas quedan sujetas al deber de colaboración con los Organismos encargados del control de cambios y de la vigilancia de los delitos monetarios. Las Entidades que incumplan este deber podrán considerarse incursas en una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
Uno. Constituye infracción administrativa muy grave en materia de control de cambios la realización de actos, negocios, inversiones, transacciones en general u operaciones que hayan resultado prohibidas como consecuencia de las medidas adoptadas en virtud de lo señalado en los apartados tres y cuatro del artículo 2 de la presente Ley.
Número 1 del artículo 10 introducido en su actual redacción por el número 3 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre).Vigencia: 14 noviembre 1999
Dos. Constituye infracción administrativa grave en materia de control de cambios
a) Las conductas previstas en el artículo sexto de esta Ley cuando su cuantía supera las veinte mil pesetas, sin exceder de dos millones.
b) Cualquier otro acto de los previstos en el artículo segundo de esta Ley y no tipificado en su artículo sexto, cuando se haya ejecutado sin la autorización administrativa prescrita expresamente en las normas de control de cambios o con ella si hubiese sido obtenida ilícitamente.
Número 2 del artículo 10 renumerado por el número 4 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 1 del presente artículo.Vigencia: 14 noviembre 1999
Tres. Constituye infracción administrativa leve:
b) Los incumplimientos de los requerimientos efectuados, de modo expreso y por escrito, por los organismos competentes en el cumplimiento de sus funciones.
Número 3 del artículo 10 renumerado y redactado por el número 5 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre). Se corresponde con el anterior número 2 del presente artículo.Vigencia: 14 noviembre 1999
Cuatro. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa, que podrá ascender hasta el tanto del contenido económico de la operación.
Las infracciones leves se sancionarán con multa, que podrá ascender hasta el 5 por 100 del contenido económico de la operación.
Número 4 del artículo 10 renumerado y redactado por el número 6 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre). Se corresponde con el anterior número 3 del presente artículo. Vigencia: 14 noviembre 1999
Cinco. Como sanción accesoria podrá acordarse el comiso de la moneda española, divisas, objetos y cualquier otro de los elementos por cuyo medio se cometan las infracciones previstas en este capítulo.
Número 5 del artículo 10 renumerado por el número 7 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 4 del presente artículo.Vigencia: 14 noviembre 1999
Seis. La sanción se graduará teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en los hechos y en las personas responsables de los mismos, debiendo tomarse en consideración, en su caso, la repatriación del capital.
Número 6 del artículo 10 renumerado por el número 7 de la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 41/1999, 12 noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores («B.O.E.» 13 noviembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 5 del presente artículo.Vigencia: 14 noviembre 1999
Uno. Serán sancionados con multa de hasta un millón de pesetas, como autores de una infracción administrativa, los Administradores, Directivos o Empleados de las Entidades autorizadas referidas en el artículo quinto, que, por actos u omisiones negligentes en el ejercicio de sus funciones, hayan facilitado la comisión de alguna infracción Administrativa de las contenidas en esta Ley. Esta sanción será siempre inferior a la que corresponda a la infracción principal.
Uno. Corresponde a la Administración del Estado, a través de los órganos que tengan atribuida la competencia sustantiva especifica para la regulación y vigilancia del control de cambios con el exterior, el conocimiento de las infracciones administrativas previstas en el artículo diez de esta Ley.
En la actualidad véase el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27 noviembre).
En la actualidad véase el Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27 noviembre).
Véase asimismo los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa («B.O.E.» 14 julio).
Dos. Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley prescriben a los tres años y las sanciones correspondientes impuestas en virtud de resolución firme, a los cuatro años.
Uno. Si el infractor reconociera ante la Administración en el curso del procedimiento sancionador, y en todo caso antes de que se formule propuesta de resolución su responsabilidad por una infracción administrativa de control de cambios, cuya cuantía no exceda de veinte millones de pesetas, podrá solicitar de la Administración que interrumpa la tramitación del expediente ordinario, siempre que concurran las siguientes circunstancias.
Dos. El importe de la moneda española o divisas intervenidas podrá aplicarse, en su caso. a la constitución de la garantía mencionada en el número anterior.
Dos. Los funcionarios de los órganos administrativos competentes gozaran, en el ejercicio de sus funciones, de las facultades contenidas en el artículo dieciocho.
Uno. Corresponderá a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la alta dirección y el impulso, a través de los órganos correspondientes, de las actividades de investigación y prevención de los delitos monetarios e infracciones administrativas de control de cambios, procurando la debida coordinación de los Organismos de la Administración Pública para la consecución de tales fines, y garantizando el más eficaz auxilio en esta materia a los órganos judiciales.
Dos. Los órganos competentes de la Administración, así como los dependientes de la Comisión antes citada, llevarán a cabo a petición de los órganos judiciales, de otros órganos de la Administración, o por propia iniciativa, actuaciones de investigación cerca de los particulares que directa o indirectamente conduzcan al esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito o infracción administrativa o a la prevención de los mismos.
Uno. El personal encargado de realizar las actuaciones referidas en el artículo anterior podrá, en el ejercicio de sus funciones, tener acceso a los establecimientos o lugares en las que las personas físicas o jurídicas sometidas a investigación desarrollen actividades que pudieran ser constitutivas de delito monetario, con el fin de practicar registros y examinar toda clase de documentación que pudiera estar relacionada con los hechos.
Tres. Reglamentariamente se, dispondrá el procedimiento para realizar dichas actuaciones de investigación de forma que su eficacia no se logre en perjuicio de la dignidad y de los derechos de la persona.
Si efectuada por la Administración la correspondiente investigación se dedujeran de la misma indicios de la comisión de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley, el organismo competente lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, a la que remitirá cuantas actuaciones se hubieran practicado.

References: artículo 60
 artículo 60
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 resolución