Source: https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/Dixi/20%2828%29/20%2828%293/20%2828%293.html
Timestamp: 2020-08-15 19:01:42+00:00

Document:
DOI: 10.16925/2357-5891.2018.02.05
Las vías de hecho estudiantiles y los derechos a la defensa y el debido proceso del profesorado universitario: un análisis del “derecho” al veto por parte de los estudiantes1
The de facto procedures of student action and the rights to defense and due process of the university teaching staff, an analysis of the “right” to veto by students
As vias de fato estudantis e os direitos à defesa e ao devido processo do professorado universitário
William Eugene Ulrich Astaiza+
Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia
william.ulricha@campusucc.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-4652-4486
Ingrid Jimena Campo Baena+
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, Abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, maestrante en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca
ingrid.campob@campusucc.edu.co
Recibido: 25 de julio del 2018 Aprobado: 3 de septiembre del 2018 Disponible en línea: 5 de enero del 2019
Cómo citar: Las vías de hecho estudiantiles y los derechos a la defensa y el debido proceso del profesorado universitario: un análisis del “derecho” al veto por parte de los estudiantes. dixi 28. Julio 2018. doi: https://doi.org/10.16925/2357-5891.2018.02.0
Introducción: en las relaciones del estudiantado universitario tanto en el ámbito público como en el privado a menudo se presentan inconformidades, bien sea metodológicas o bien personales, que ponen en evidencia la debilidad de los sistemas educativos de categoría universitaria en cuanto al manejo de conflictos y su oportuna resolución. Esto ha creado procedimientos de facto como el “veto que se torna en una vía de hecho”.
Objetivo: determinar por medio de la jurisprudencia y la ley un procedimiento disciplinario jurídico obediente a los derechos fundamentales que rija las diferencias del estudiantado con el profesorado y viceversa.
Metodología: mediante el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la aplicación de procedimientos determinados en la ley colombiana se buscará hacer una propuesta de procedimiento viable para resolver las diferencias que surgen entre el estudiantado y el profesorado.
Resultados: se propone una forma de juicio que permita, de acuerdo con los manuales de convivencia o reglamentos disciplinarios existentes, ejercer la defensa, la contradicción, la presentación y la práctica de pruebas, además del derecho a un veredicto en condiciones de imparcialidad e igualdad con la opción de presentar los recursos que se estimen necesarios.
Conclusiones: se anima a los profesores y estudiantes universitarios a plantear este tipo de situaciones en sus reuniones internas, de modo que se genere discusión, a fin de lograr un consenso que permita la visibilización de este problema y que, claro está, se busquen soluciones jurídicas a ellos a fin de evitar que este tipo de situaciones se perpetúen como mecanismo de acción de facto.
Palabras clave: debido proceso, derecho a la defensa, estudiantado, universidad, via de hecho
Introduction: In the relations between university students, both in the public and private spheres, there are often nonconformities, either methodological or personal, that show the weakness of university education systems regarding the handling of conflicts and their timely resolution. This has created de facto procedures like the "veto that becomes a de facto path."
Objective: to determine, through jurisprudence and the law, a legal disciplinary procedure that complies with the fundamental rights that govern the differences between the student and the teacher, and vice versa.
Methodology: through an analysis of the jurisprudence of the Constitutional Court and the application of procedures determined in Colombian law, a proposal is made for a viable procedure to solve the differences that arise between students and teachers.
Outcome: a form of judgment is proposed that allows, in accordance with existing living arrangements or disciplinary regulations, to exercise the defense, contradiction, presentation and practice of evidence, as well as the right to a verdict in conditions of impartiality and with the option of presenting the resources that are needed.
Conclusions: teachers and university students are encouraged to propose such situations in their internal meetings, so that discussion is generated in order to reach a consensus that allows the visibility of this problem and, of course, legal to prevent such situations from being perpetuated as a de facto mechanism of action.
Keywords: due process, right to defense, pupil, university, via de facto: uma análise do “direito” ao veto por parte dos estudantes
Introdução: nas relações dos estudantes universitários, tanto no âmbito público quanto no privado, com frequência, apresentam-se inconformidades, sejam metodológicas, sejam pessoais, que evidenciam a debilidade dos sistemas educativos de categoria universitária quanto ao manejo de conflitos e sua oportuna resolução. Isso tem criado procedimentos de facto como o “veto que se torna numa via de fato”.
Objetivo: determinar, por meio da jurisprudência e da lei, um procedimento disciplinar jurídico obediente aos direitos fundamentais que rege as diferenças do alunado com o professorado e vice-versa. Metodologia: mediante a análise da jurisprudência da Corte Constitucional e da aplicação de procedimentos determinados na lei colombiana, busca-se fazer uma proposta de procedimento viável para resolver as diferenças que surgem entre os estudantes e o professorado.
Resultado: propõe-se uma forma de julgamento que permita, de acordo com os manuais de convivência ou regulamentos disciplinares existentes, exercer a defesa, a contradição, a apresentação e a prática de provas, além do direito a um veredito em condições de imparcialidade e igualdade com a opção de apresentar os recursos que forem necessários.
Conclusões: estimula-se professores e estudantes universitários a proporem esse tipo de situações em suas reuniões internas, de modo que seja gerada discussão, a fim de conseguir um consenso que permita a visibilidade desse problema e que, claro está, sejam buscadas soluções jurídicas a eles para evitar que esse tipo de situações seja perpetuado como mecanismo de ação de facto.
Palavras chave: devido processo, direito à defesa, alunado, universidade, via de fato
El presente artículo presenta un análisis del mecanismo del “veto” que, de alguna manera, ha tomado carrera dentro de las instituciones universitarias, en las cuales a través de la presión de los estudiantes frente a inconformidades que resultan de la inconformidad con la metodología de acercamiento a las temáticas o cuestiones ideológicas que a menudo influencian una catedra, proceden a manifestarse en ocasiones de forma justificada en contra de aquel maestro que, no obstante sus falencias o sus virtudes, se ve inmerso en un proceso que, bajo la presión que ejerce el estudiantado frente a las directivas, pone a los primeros en una situación desventajosa en cuanto a su defensa, ya que la imposición ejercida por un grupo numeroso de estudiantes tiende a provocar reacciones rápidas y poco juiciosas que evitan el ejercicio y la defensa de derechos constitucionalmente amparados.
Aun a pesar de la evidente “vía de hecho” que se vive frente a estas situaciones, existe un asomo de legitimidad en el tema de las reclamaciones estudiantiles y sus derechos, pues puede que esté inmersa en su solicitud una petición que sea real y deba ser oída, pero, frente a la acción mediante la cual se da a conocer dicha solicitud se encuentra un vicio imperdonable: el no agotamiento de las instancias institucionales para ser oídos, lo cual deshace o posterga la verdadera y consecuente solución de su problema.
Se hace necesario un fortalecimiento de los mecanismos de acción con los que cuentan los estudiantes al hacer sus solicitudes, es decir, propugnar por su íntegro conocimiento y juiciosa aplicación, ya que de no hacerlo se desconoce la institucionalidad de la universidad y, además, se vulneran derechos del profesorado de constitucional protección atrás mencionados. Ahora bien, no es menester del presente artículo parcializar las falencias en un solo lado y destacar virtudes, además de los mecanismos de defensa y los derechos de la otra; plantea, simplemente, una situación que merece atención y cuidado por parte de las universidades.
Se propondrá un mecanismo de defensa que, de forma obligatoria, deberá garantizar la universidad a los docentes cuando se presenten situaciones “anómalas” como lo son las peticiones de grupo de manera verbal, y que desconocen los conductos regulares que deben agotarse para la búsqueda de una solución a la problemática que se presenta, de forma tal que de presentarse un problema o una reclamación de parte del estudiantado deberá darse curso a un proceso que permita la verdadera y efectiva defensa del acusado. Así este, de considerarlo necesario, prepare sus argumentos y pruebas con el fin de desvirtuar, si a ello hubiere lugar, los argumentos presentados en su contra.
De esta manera, debe propugnarse por un sistema en el que no exista una inclinación de la balanza para ninguno de los lados del conflicto, en el cual puede garantizarse el derecho a quienes accionan a que sus quejas se escuchen e investiguen con rigor y firmeza; pero no solo esto, sino también el derecho que se procure la oportunidad y los medios a quienes son acusados de defenderse de forma justa y permita descartar presiones, bien sean económicas o directivas, en aras de garantizar un proceso justo que lleve a una decisión célere y apegada a principios constitucionales y procesales, lo cual evitará en un futuro acciones judiciales costosas y demoradas.
II. EL DERECHO A PRESENTAR QUEJAS Y EL DERECHO A LA DEFENSA
En Colombia, el derecho a presentar quejas se asimila al derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, que para el caso presente puede hacerse frente a las autoridades de tipo privado si es menester, en el que se pondrá en conocimiento de ella alguna inconformidad o situación irregular de la que se tenga conocimiento, aunado al material probatorio con el que se cuenta y evidencie tal actuación. Con base en esta, y de considerarse que con ella se infringe algún tipo de normativa, se procede a la apertura de una investigación formal; evidentemente, las quejas no solo podrán ser por escrito, valdrán de igual forma las quejas verbales bajo el entendido del artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, la cual reglamenta lo atinente a las peticiones de este tipo.2
Ese derecho a presentar quejas —que para el caso les asiste a los estudiantes—3 deberá estudiarse por parte del superior jerárquico, del profesor o el ente encargado de lo disciplinario (quien determinará si existe alguna posible infracción de los reglamentos que tenga la institución), y de contar con un manual o reglamento que indique cómo proceder deberá seguirse este.
La queja, en cuanto derecho constitucionalmente amparado (lo cual no es más que una manifestación del derecho de petición contenido en el artículo 23 superior), le es propia al estudiantado, de manera que sin mediar ninguna formalidad ni obstáculo podrán poner en conocimiento de las autoridades competentes en el ámbito universitario situaciones que podrían llevar a investigaciones disciplinarias. Puede el estudiante tan solo participar, por analogía, cuando se requiera una ampliación de su queja, un aporte de pruebas adicional al inicial o quizás inquirir al respecto el archivo de esta, como lo dispone la Ley 734 de 2002.
La Corte Constitucional ha sido enfática respecto al derecho de petición:
La Corte Constitucional se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, “resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas.4
Naturalmente, la inconformidad que tienen los estudiantes debe ser amparada y oportunamente atendida, ya que goza de un amparo constitucional que no obliga a despachar esta como favorable en todos los casos, pero que sí exige que se dé respuesta dentro de término.5 De nuevo la Corte Constitucional procede a aclarar los derechos del estudiantado:
Los derechos y libertades que gozan los alumnos, se refieren en primer lugar a la educación, pero también incluyen otro tipo de derechos y libertades que se ejercen con mayor o menor restricción, como la libertad de expresión, de conciencia, el libre desarro- llo de la personalidad, la dignidad, la integridad, el derecho a la igualdad, a la intimidad, a la honra, el derecho de petición, el debido proceso, entre los más representativos.6
Naturalmente, una acusación merecerá una correlativa acción de defensa por quien ha sido “culpado” de alguna acción que tipifique conducta descrita dentro de un código de conducta o manual de convivencia del que disponga la universidad, lo cual llevaría a una investigación y demás actuaciones que aquel disponga, cuestión que obviamente tiene asidero constitucional en el artículo 29 superior y está más allá de discusión de si es pertinente aplicarlo. Ahora bien, los medios de defensa que despliegue el acusado dependerán de la conducta que se haya endilgado y podrá hacer uso de los medios de prueba legalmente establecidos, así como todos aquellos obtenidos con violación a las ritualidades propias del proceso mismo serán nulos7.
Queda claro entonces que se está, en este caso, frente a un procedimiento de corte disciplinario “interno” de la institución, el cual no por el hecho de ser interno podrá desobedecer las normas y las ritualidades generales que establecen las normas colombianas, es decir, le son aplicables todas las ventajas, las cargas y las presunciones que podrían aplicarse en un proceso de corte público y bajo la observancia e investigación de un ente estatal, porque sería antinatural un procedimiento que desconozca estos rudimentos procesales y establezca uno en su lugar que desoiga lo que es norma general, tal y como lo establece la Corte Constitucional:
La jurisprudencia constitucional define el derecho a la defensa como la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga.8
Así, se hace evidente que deberá un proceso de corte disciplinario en una universidad garantizar al docente a quien se investiga su oportunidad de presentar descargos, de presentar pruebas de considerarlo prudente y necesario o de que se soliciten y practiquen aquellas que considere este necesario; solo así podrá decirse que un proceso está ajustado a los lineamientos constitucionales y legales que para la materia se disponen en Colombia.9
III. EL VETO Y LAS VÍAS DE HECHO ESTUDIANTILES
La definición de veto que trae la Real Academia es la de “Poner el veto a una proposición, acuerdo o medida.”10 Para el caso actual no recae sobre una medida de tipo legislativo, recae más bien sobre la decisión de una universidad de asignar a una materia determinada a un profesor en consideración a sus capacidades, experiencia y curriculum, lo cual es una decisión autónoma y basada en criterios de calidad; esto no es caprichoso y obedece a esa autonomía especial que tiene una entidad como la universitaria de regularse de forma independiente. Ahora bien, la problemática frente al tema en estudio aparece cuando el cuerpo estudiantil hace uso de ese “veto” en contra de una medida de asignación profesoral a una materia determinada, resultando en un exabrupto legal que no tiene regulación alguna y que resulta ser atípico, por decir lo menos.
La práctica del “veto” estudiantil resulta una manifestación del mencionado derecho a la queja, el cual tiene fundamento constitucional y obliga a las autoridades universitarias a recibirla y a estudiarla de forma juiciosa y con atención a los términos de la ley misma, proponiendo, como se hizo, la creación de un proceso que resultará del análisis de la petición y que desembocará en una investigación si el fundamento de la queja se basa en algún tipo de hecho que constituya la tipificación de una conducta descrita en la normatividad disciplinaria interna.
Sin embargo, surge un adicional que de forma obligatoria debe observarse. Este debe hacerse si la reclamación o queja está basada en criterios subjetivos o personales de quienes reclaman este “veto”; se habla de quienes porque este ejercicio es uno de masas, en el cual se hace una solicitud de cambio de un profesor con base en argumentos que desbordan lo legal y llegan a configurarse como quejas de naturaleza personal sin fundamento, las cuales, de atenderse, hieren el pundonor de un profesor porque no le permiten siquiera pronunciarse frente a una acusación que carece de peso argumentativo, la cual solo resulta favorecida bien sea por la presión de las masas o bien porque estos amenazan con acciones que tenderán a socavar la institución.
El debido proceso, la defensa y la dignidad del profesorado exige que frente a acciones de naturaleza intempestivas como esta se atienda un procedimiento que puede ser conciliatorio, es decir, uno que busque una solución amistosa y comprometida por las partes, permita revisar y, de ser pertinente, mejorar ciertas actitudes que pueden minar las relaciones estudiante-profesor. Ahora bien, de no ser posible esta solución alternativa de conflicto, deberá acudirse a un procedimiento que permita a esta voz de “veto” de los estudiantes ser atendida, así como a la de quien resulta afectado por este proceder.11
Una propuesta de atención a una situación de estas puede ser tomar esta reclamación estudiantil como una especie de “cargo” frente a una situación detonante y, como lo exige la Constitución, permitir que se despliegue un ejercicio de defensa de quien resultare encartado con reclamaciones extra-académicas. Esto en razón a que proceder a aceptar, sin más a ello, reclamaciones sin un verdadero fundamento probatorio desvirtúa de tajo el verdadero sentido de una universidad, que es el de la formación y la educación profesional.
El ejercicio de masas es peligroso para las decisiones en cualquier ámbito ya que las presiones a través de vías de hecho no son de recibo en un sistema jurídico como el colombiano, y, podría decirse, son un mecanismo “antijurídico” de lograr un objetivo, ya que se presenta un “tire y afloje” que derrumba la razón de ser de las autoridades, pues las vías procesales o, en su defecto, aquellas que atienden a derechos fundamentales de las partes en conflicto deben ser la norma de aplicación cuando existen conflictos. Así, la razón de ser de la normatividad existente es la de indicar los procedimientos adecuados para cada caso y, de no existir estas directrices, deberá en todo caso acudirse a la norma de normas y sus garantías mínimas, dado que no puede haber nada ajeno a esta.
El ejercicio del “veto” resulta entonces una vía de hecho que en su momento la Corte Constitucional ha trató:
La jurisprudencia, desarrollando el concepto de la vía de hecho, ha destacado que únicamente se configura sobre la base de una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico, lo cual repercute en que, distorsionado el sentido del proceso, las garantías constitucionales de quienes son afectados por la determinación judicial —que entonces pierde la intangibilidad que le es propia— encuentren en el amparo la única fórmula orientada a realizar, en su caso, el concepto material de la justicia.12
Le es ajeno al derecho el mecanismo del “veto” por constituir este una vía de hecho bajo el entendido de que no puede catalogarse este ni siquiera como un derecho por parte de los estudiantes; sí lo es el de presentar peticiones de manera respetuosa, formal y desligada de presiones que desfavorecen la correcta solución de controversias en el ámbito universitario.
Mal hace una universidad y sus directivas al ceder ante la presión de un grupo que por falta de mejor palabra se “amotina” en busca de ser oído, ya que en un verdadero Estado social de derecho no hay lugar a la permisividad en la violación de derechos de naturaleza individual sin una verdadera ponderación y consideración acerca de las implicaciones que tienen este tipo de conductas. Cuando resulte justificado esto deberá hacerse en un proceso con plenas garantías y en el que puedan ser oídas las partes sin la solución de continuidad que representa actuar con amenazas y otros galimatías, pues no se descarta contengan legítimas reclamaciones, pero ante su naturaleza grosera no pueden ser atendidas hasta que se repare su anormal proceder y se busque llegar a canales propios y amparados por normas que garanticen una recta y justa solución.
Está claro que no es jurídicamente aceptable que se imponga la voluntad de un grupo que acude a las autoridades de forma tumultuosa y desordenada, el cual además no atiende a los requerimientos que exige la normatividad para presentar quejas, al ser esto uno de los requisitos establecidos para iniciar cualquier tipo de actuación.13 Sin embargo, si se deja de lado lo enrevesado y disfuncional que resulta proceder sin el amparo de las normas, un objetivo del presente artículo es ser propositivos frente a un procedimiento que abarque de forma integral la manera en que debe procederse en estos casos.
A. Un posible procedimiento para subsanar las vías de hecho estudiantiles
Prima facie debe atenderse a que no puede haber ningún tipo de aceptación, ni tácita ni activa de vías de hecho en una universidad, bien sea esta pública o bien privada. Esto porque resulta en una burla y un mecanismo de presión inaceptable para un procedimiento serio, en el que no hay lugar para la permisibilidad en cuanto al desconocimiento de derechos de naturaleza fundamental. Visto y atendido esto deberá iniciarse el proceso con una queja formal, ya sea esta verbal o escrita, de naturaleza particular o general; en aras del orden podrá —si es una queja general que se nombre a un representante, quizás el representante de los estudiantes (si existiere esta figura), o nombrándose uno ad hoc para el propósito—, llevarse la petición a la instancia correcta que será el superior jerárquico del profesor, por lo general el decano o director de la facultad, sea cual fuere su título, a fin de que este haga recibo de ella y estudie su contenido.
Una vez recepcionada la queja, deberá estudiarse lo que se solicita, y las pruebas que se alleguen a ella. Está claro que las peticiones temerarias, oscuras o infundadas deberán, de no poderse corregir por quien las presentó, archivarse, ya que no contendrán los fundamentos necesarios para ser atendidas. Ahora bien, aquellas que cumplan con los fundamentos probatorios y fácticos necesarios para fundamentar una queja deberán ser investigadas a fondo y, como resultado de esto, solo podrá haber dos caminos: uno será dar inicio a una actuación de tipo disciplinario con base en las pruebas y los argumentos arrimados; la otra el archivo de la queja y la notificación de esto al peticionario en atención al principio de la publicidad.
Iniciado el proceso de naturaleza disciplinaria en contra de un docente deberá el funcionario que instruya, quizás el mismo decano o quien sea designado para ello, presentar un pliego de cargos con la descripción, clara y precisa, de qué disposición de la norma disciplinaria que rige este tipo de situaciones se está vulnerando, así como las pruebas con que cuente para ello. Es claro que el funcionario instructor podrá solicitar pruebas de considerarlo pertinente para fundamentar su investigación.
Se debe entonces presentar por parte del profesor investigado un pliego de descargos dentro de un término prudencial para ello, en el que allegue sus propias pruebas y solicite la práctica de aquellas que considere necesarias, y a partir de esto debe el funcionario instructor hacer un análisis de los argumentos tanto de cargos como de descargos y determinar si se procede a sancionar, así como de qué forma se sancionará. De no proceder dicha sanción al archivo y absolución del encartado con el sobreseimiento de cualquier acción posterior sobre el tema en mención, se garantizan de esta manera los derechos de defensa, a presentar quejas y a que estas se investiguen como corresponde.
La opción de una segunda instancia es constitucionalmente deseable, ya que esto garantizará que la decisión se estudie en instancias superiores, para lo cual deberán presentarse en un término concedido para tal efecto argumentos claros y precisos acerca de qué puntos de la decisión de primera instancia generan inconformidad y la razón jurídica por la cual existe dicha discordancia, estudiándose esta y pronunciándose la instancia de alzada que confirme o niegue la apelación.
Este procedimiento, de quererse así, lo surte mejor un profesional del derecho, ya que la argumentación será mejor encaminada con un profesional que comprenda y sepa llevar trámites de este tipo. Sin embargo, de no poderse acceder a este tipo de defensa técnica, podrá surtirse de forma personal, garantizándose que el lenguaje y los trámites sean claros y abordables para todos, abogados o no.
Resulta en extremo deseable de igual manera que pudiera hacerse el presente procedimiento en audiencias públicas, lo cual redundaría en beneficios (por cuestiones de tiempo y de costos), ya que sería mucho más expedito este, y en el caso de que la defensa se surta a manos propias, es decir, sin contar con un abogado, instruyéndose de los mecanismos de defensa con que cuenta la persona y la forma de garantizar que pueda ejercerlos sin obstáculo alguno.
Es así como podría, de forma tentativa, atenderse a una queja presentada y que tenga el mérito suficiente para llegar a un procedimiento de tipo disciplinario. Claro está que no todas las quejas poseen el valor suficiente para llegar a esto y podrán, a través de un procedimiento, breve y sumario, conciliarse14 las diferencias y suscribirse actas de acuerdo que surtirán como reglas y compromisos de salida para el conflicto, el cual se dará por subsanado en cuanto a cuestiones baladíes, sin lugar a que de persistir pueda procederse (como ya se señaló).
Naturalmente, este asomo de procedimiento deberá analizarse de acuerdo con las necesidades de cada institución y, visto esto, se analizará si puede aplicarse o no. Con este ejercicio descriptivo y propositivo se busca plantear que debe —y en este caso no es facultativo— procederse de acuerdo con las garantías que establece la Constitución Política, ya que de no hacerlo puede derivar en acciones de amparo como, por ejemplo, tutelas o, si resultare que la decisión institucional es prescindir de los servicios del profesor que resultó desfavorecido por una acción de “veto” por parte de los estudiantes, podría pretender una acción de tipo laboral ante un despido injustificado.
Analizado a fondo el problema que presenta sucumbir a medidas de presión por parte de las instituciones y cómo esto afecta derechos constitucionalmente amparados, está claro que permitir este tipo de actuaciones puede generar una patológica inclinación de aquellos que presencian este tipo de situaciones a querer repetirlas, ya que la “impunidad” o la “inacción” de las autoridades universitarias de actuar de forma decidida frente a situaciones que requieren, con toda evidencia, investigación y contradicción, resultan en futuras disputas que ante el precedente de debilidad en los procedimientos de solución de conflictos minan la dignidad tanto del profesorado como el institucional. Esto en razón a que no puede afirmarse que una institución es fuerte si no es capaz de resolver sus disputas con la garantía de un mínimo de derechos para todos.
Vista la necesidad de un diseño de sistema de acción frente a las vías de hecho es un muy deseable proceder institucional, ya que no basta solo con tomar decisiones que “mitiguen” los devastadores efectos de la presión coactiva que ejercen las peticiones del estudiantado frente a un profesor; debe procederse con firmeza frente a las situaciones que generen responsabilidad disciplinaria a manos de profesores, sin perder de vista que no todas las quejas poseen el mérito suficiente para ser consideradas fundamento de aperturara de una investigación formal, de modo que deben desestimarse y procederse a su archivo.15
La necesidad de una reglamentación, bien sea a nivel de facultad o bien institucional genera unos lineamientos que deben difundirse de forma amplia y consciente entre profesorado y estudiantado, ya que la única política que garantiza la continuidad y el éxito de procedimientos de esta naturaleza es su amplia difusión y respeto a la hora de utilizarse, ya que planteará reglas de juego claras y exigibles a todas las partes involucradas, evitándose así malos entendidos, tal y como lo ha entendido la Corte Constitucional:
En aras de garantizar y hacer efectivo las garantías consagradas en la Constitución Política, la jurisprudencia ha sostenido que es “indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de este poder y que permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra justificación la existencia y la exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que hacen parte del ente correspondiente”. De igual forma, se ha especificado que en los reglamentos a los que se alude “es necesario que cada uno de las etapas procesales estén previamente definidas, pues, de lo contrario, la imposición de sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de solucionar los conflictos de los implicados”. Además, ha agregado que tales procedimientos deben asegurar al menos: La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.16
Frente a aquellos asuntos que no tengan el mérito suficiente para llegar a una investigación en toda su extensión, tal y como se planteó atrás, es recomendable crear un mecanismo alternativo de solución de conflictos, porque el hecho de que no haya recibido alguna de las partes un castigo deja un sinsabor y, a veces, un sentido de ausencia de justicia que no debe dejarse de lado por más respeto que se tenga en las instituciones. Por esto, debe plantearse una especie de “conciliación” que permita a las partes presentar sus consideraciones y en el que se pueda fijar cuáles son los puntos de desacuerdo, mediando en este proceso un tercero que fungirá como árbitro, y quien planteará a su turno posibilidades de arreglo. De esta manera, se logra un acta con los compromisos que emerjan de esta audiencia y sirvan como mapa de solución de conflicto para las partes, ya que esta contendrá los acuerdos y las prohibiciones para las partes.
La armonía en las relaciones del estudiantado con los docentes es fundamental para la supervivencia de una institución de talante universitario y deben basarse siempre en el respeto a la independencia de las partes. También, en que, ocasionalmente, el ejercicio pedagógico genera dificultades cuando es muy manifiesta la asimetría en las relaciones, es decir, cuando una de las partes es demasiado fuerte frente a la otra y se explota de forma excesiva esta situación, con lo cual se producen “roces” que desencadenan un malestar que debe ser atendido. Esto, sin descuidar la libertad de catedra que tienen los docentes, pues, sin pretender desconocer derechos de otras partes, tiene para sí un amplísimo espectro, tal y como lo dispone la Corte Constitucional:
La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeñe su magisterio. Es evidente que tratándose de materias o de áreas en las que la investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este derecho puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que, en el campo general de la enseñanza, también el derecho en mención garantice la autonomía e independencia del docente. La función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la libertad de cátedra, junto a las facultades que se acaba de describir, incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar.17
La Corte ha sido muy clara en cuanto a este derecho y establece que aun cuando de su aplicación pueda generar dificultades debe buscarse un método que permita su libre desarrollo; además, los demás que se contrapongan a este. Continúa la Corte:
Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales, la libertad de cátedra —como por lo demás se predica de cualquier otro derecho constitucional—, no puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros principios y valores constitucionales de la misma jerarquía. Las facultades que en principio se asocian a cada derecho fundamental, deben en las diferentes situaciones concretas armonizarse con las que se derivan de las restantes posiciones y situaciones amparadas por otras normas de la misma Constitución. Las colisiones de un derecho fundamental con otro, según el criterio adoptado por esta Corte, se deben resolver en lo posible mediante fórmulas que concilien el ejercicio de ambos derechos, lo que implica aceptar restricciones puesto que de lo contrario el acomodamiento recíproco sería imposible de obtener y, en su lugar, tendría que optarse por la solución extrema —que mientras se pueda deberá evitarse— de sacrificar un derecho para dar prelación a otro.18
Amén de lo mencionado por la Corte Constitucional, queda muy claro entonces que no solo está en juego el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, sino una batería de derechos que juegan un rol esencial en cualquier disputa y no pueden desatenderse so pena de vulnerar derechos que resultan constitucionalmente amparados. Así las cosas, se espera con lo mencionado haber hecho un aporte a la delicada temática de las relaciones profesorado-estudiantes, las cuales no tienen necesidad de ser conflictivas y asimétricas, ya que pueden ser estas propositivas y amistosas, pues no se busca tener que acceder a mecanismos de represión de parte y parte sino, más bien, a mecanismos amigables y comprometedores que ayuden a mejorar este tipo de situaciones.
Existe la necesidad de crear una reglamentación en las universidades tanto públicas como privadas que fomente la utilización de mecanismos institucionales de solución de conflictos, bien sea a través del uso de mecanismos alternativos o bien mediante mecanismos sancionadores, atendiendo en ambos casos a los derechos fundamentales de las partes y evitando cualquier atropello en este sentido.
Deben erradicarse las vías de hecho como mecanismo legitimador de las pretensiones del estudiantado, es decir, el mecanismo del “veto” debe ser visto como una anomalía jurídica que, der ser aceptada, resulta un precedente peligroso y potencialmente duplicador de futuras vías de hecho, lo cual debilita la institucionalidad de una institución universitaria.
El mecanismo idóneo de manifestar inconformidades tanto de estudiantes como de profesores debe ser el de la queja, la cual, estudiada y analizada, es necesario que contenga los elementos y el mérito suficiente, es decir, contrastada con una norma previa debe resultar inequívoca y claramente ajustada a ella para justificar que se lleve a una instancia de tipo sancionatorio, ya que de esta no resultar suficiente se debe desechar y archivar.
Se anima a los profesores y estudiantes universitarios a plantear este tipo de situaciones en sus reuniones internas, de modo que se genere discusión a fin de lograr un consenso que permita la visibilización de este problema y, claro está, se busquen soluciones jurídicas a ellos a fin de evitar que este tipo de situaciones se perpetúen como mecanismo de acción de facto.
Agradezco la sempiterna colaboración de mis colegas docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, a quienes extiendo esta humilde opinión acerca de un tema que nos compete a todos. Espero con este escrito también llevar esta discusión a quienes me concedan el honor de leer este escrito.
“Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código”. Véase Ley Estatutaria 1755. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. do 49559.
El entendido de los procesos es que podrán iniciarse por medio de queja provenga de quien provenga. Para efectos de este trabajo se tendrá como fuente de inicio la queja presentada por los estudiantes, ya sea esta verbal o escrita.
Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-332 de 2015. (MP Alberto Rojas Ríos: junio 1 de 2015).
Establece la Corte Constitucional: “Esta Corporación ha señalado que la respuesta que se brinde debe cumplir, por lo menos, con os siguientes requisitos: (i) debe ser concedida de manera pronta y oportuna dentro del término legal; (ii) su contenido debe dar una solución de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia; y (iii) la decisión que se adopte debe ser puesta en conocimiento del interesado con prontitud”. Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA t-138 de 2017. (MP Luis Guillermo Guerrero: marzo 2 de 2017).
Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA t-407 de 2012. (MP Mauricio González Cuervo: mayo 31 de 2017).
“Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.
Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-018 de 2017. (MP Gabriel Eduardo Mendoza: enero 20 de 2017).
Establece la Corte: “Como elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, se han señalado, entre otros, ‘(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus’”. Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-401 de 2013. (MP Mauricio González Cuervo: julio 3 de 2013).
Véasehttp://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=vetar
Frente al derecho a la defensa de corte disciplinario establece la Corte: “En acatamiento al debido proceso y en ejercicio del derecho de defensa, el disciplinado tiene derecho a que, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, sea oído, pueda hacer valer sus propias razones y argumentos, pueda controvertir y objetar las pruebas en su contra, así como solicitar la práctica y evaluación de las que estiman favorables para la resolución definitiva del caso. Por ende, mediante el respeto de tales derechos, se busca “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que ‘constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico’”. Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-499 de 2013. (MP Luis Ernesto Vargas Silva: julio 26 de 2013).
Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-555 de 1999. (MP Jose Gregorio Hernández).
La Corte establece: “La conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de conflictos se ha definido como ‘un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral —conciliador— quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su aprobación’. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian.” Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-598 de 2011. (MP Jose Gregorio Hernández: agosto 2 de 1999).
De acuerdo con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, el término del que se dispone para adelantar la averiguación preliminar es de seis meses. De acuerdo con lo que ha definido la Corte Constitucional, este término es improrrogable, entre otras cosas porque la ley no ha previsto que se pueda extender. Si cumplidos los seis meses no se han logrado identificar los presuntos responsables o no se han podido establecer los hechos denunciados, procede ordenar el archivo de las diligencias.
Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-593 de 2104. (MP Jorge Ignacio Pretelt: agosto 20 de 2014).
Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-588 de 1998. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: octubre 20 de 1998).
Id. Pág.16
El mecanismo idóneo de manifestar inconformidades tanto de estudiantes como de profesores debe ser el de la queja, la cual, estudiada y analizada, es necesario que contenga los elementos y el mérito suficiente, es decir, contrastada con una
Constitución Política de Colombia. [Const]. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-332 de 2015. (MP Alberto Rojas Ríos: junio 1 de 2015).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-138 de 2017. (MP Luis Guillermo Guerrero: marzo 2 de 2017).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-407 de 2012. (MP Mauricio González Cuervo: mayo 31 de 2017).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-018 de 2017. (MP Gabriel Eduardo Mendoza: enero 20 de 2017).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-401 de 2013. (MP Mauricio González Cuervo: julio 3 de 2013).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-499 de 2013. (MP Luis Ernesto Vargas Silva: julio 26 de 2013).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-555 de 1999. (MP Jose Gregorio Hernández: agosto 2 de 1999).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-593 de 2104. (MP Jorge Ignacio Pretelt: agosto 20 de 2014).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia t-588 de 1998. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: octubre 20 de 1998).
Ley Estatutaria 1755. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. do 49559.
Ley 734 de febrero 05 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico. Febrero 5 de 2002. do 44699.
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Enero 18 de 2011. do 47956.

References: artículo 15
 artículo 23
 artículo 29
 Artículo 165
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 150