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Timestamp: 2017-02-20 05:33:10+00:00

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1_9788490538166 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
LA CALIFICACIÓN EN EL
©	Sebastià Frau i Gaià
ISBN: 978-84-9053-816-6
Introducción..................................................................................	11
I.	El sistema de calificación en la Ley Concursal.......................	15
I.1.	Las finalidades de la calificación del concurso.............	15
II.2.	La prejudicialidad penal en la calificación.....................	21
II.	La cláusula general, los sujetos pasivos de la declaración
de culpabilidad y las presunciones........................................	27
II.1.	La cláusula general........................................................	27
II.2.	Los sujetos pasivos de la declaración de culpabilidad.	34
II.3.	Las presunciones iuris et de iure...................................	39
II.4.	Las presunciones iuris tantum........................................	44
II.5.	La casuística de los tribunales.......................................	57
III.	La responsabilidad concursal por déficit................................	71
III.1.	Antecedentes y características de la responsabilidad
concursal por déficit.......................................................	71
A)	Antecedentes............................................................	71
B)	Características..........................................................	76
III.2.	La discutida naturaleza de la responsabilidad concursal por déficit..................................................................	79
A)	Preliminar..................................................................	79
B)	La tesis de las audiencias provinciales....................	81
C)	La doctrina del Tribunal Supremo. Los votos particulares......................................................................	89
D)	Conclusiones............................................................	98
IV.	La complicidad concursal.......................................................	105
IV.1.	Las características de la complicidad concursal...........	105
IV.2.	Los efectos de la declaración de complicidad..............	107
V.	La calificación concursal desde la perspectiva procesal.......	111
V.1.	Preliminar........................................................................	111
V.2.	La formación de la sección sexta...................................	113
V.3.	La personación y la condición de parte.........................	118
V.4.	El informe de la administración concursal.....................	122
V.5.	El dictamen del Ministerio Fiscal....................................	128
V.6.	La titularidad de la acción..............................................	130
V.7.	La oposición a la calificación.........................................	132
V.8.	La sentencia de calificación...........................................	133
V.9.	La ejecución de la sentencia de calificación y los recursos.............................................................................	137
V.10.	La sustitución de los inhabilitados.................................	139
V.11.	La calificación en caso de intervención administrativa.. 141
VI.	Las responsabilidades societarias ante la responsabilidad
concursal.................................................................................	143
VI.1.	Los diferentes tipos de responsabilidades societarias.. 143
VI.2.	La acción social de responsabilidad.............................	145
VI.3.	La acción individual de responsabilidad.......................	147
VI.4.	La responsabilidad de los administradores por no promover la disolución de la sociedad................................	148
VI.5.	La eventual intersección de las responsabilidades societarias con la responsabilidad concursal....................	150
VII.	Conclusiones.........................................................................	153
Primera..................................................................................	153
Segunda................................................................................	153
Tercera..................................................................................	154
Cuarta....................................................................................	155
Quinta....................................................................................	155
Sexta......................................................................................	156
Bibliografía....................................................................................	157
A)	Monografías y manuales...................................................	157
B)	Revistas, repertorios, artículos y tesis doctorales............	158
Este libro pretende ofrecer una panorámica general sobre
la llamada calificación del concurso de acreedores. Se tratará
de discernir, por lo tanto, qué es y a qué intereses sirve la calificación, cuándo se abre la sección, por qué se abre, cómo
se tramita, contra quién y qué pronunciamientos puede o debe
contener la sentencia que se dicte. La materia objeto de estudio
se contemplará desde la perspectiva substantiva y procesal, no
en vano ambas regulaciones se entremezclan en la Ley Concursal y se condicionan recíprocamente, de tal manera que no será
posible un conocimiento útil de la materia —o con voluntad de
serlo— más que a través de ese doble examen.
En la vigente Ley Concursal las responsabilidades que nacen del concurso o que se imponen en él no siempre centran
su atención en la insolvencia. El entendimiento lógico/sistemático de las cosas parece que recomendaría que fuese así —es
decir: que la apertura de la pieza de calificación se vinculase
íntimamente con los motivos productores de la insolvencia—,
pero no lo es. En efecto, si el concurso de acreedores, en tanto
que procedimiento judicial, se ha abierto y se ha seguido porque un tribunal ha apreciado que alguien estaba en situación
de insolvencia, la insolvencia, junto con el gravamen excesivo
o ilícitamente causado a los acreedores, debería ser el único
punto de partida para establecer responsabilidades.
Ante una situación de insolvencia que, al final del proceso,
resulta que reúne las dos características de haberse producido, por un lado, de forma no fortuita y, por el otro, con merma
desproporcionada de los derechos de cobro de los acreedores,
la reacción legal es oportuna. En esos supuestos procederá
sancionar a los responsables o, si se prefiere, compensar a los
perjudicados. Pero cuando ello no se produce, es decir, cuando
la reacción legal no se vincula con la insolvencia previamente
declarada porque o bien puede no tener ninguna relación con
ella, o bien porque se prescinde de averiguar si la tiene o no,
la incoherencia del sistema se patentiza. En esos numerosos
casos, pues, no se sanciona la insolvencia causada con dolo o
con temeridad grave, sino algo diferente.
De entre las materias objeto de estudio destaca, por su
complejidad y transcendencia práctica, la denominada responsabilidad concursal por déficit, a la que con infundada insistencia se alude con el calificativo de novedosa (para cuya
consideración como tal, en su caso, debería relativizarse el
valor de la herencia recibida desde la legislación derogada
en cuanto a sus supuestos fácticos, figuras procesales y terminología). Con esa normativa, en fin, se quiere reprender al
empresario que haya sido poco escrupuloso en la gestión de
su negocio o que haya incumplido sus deberes en el seno del
concurso y, al propio tiempo, resarcir al acreedor dañado en
su crédito. La problemática que suscita esa responsabilidad,
que es exigible únicamente en los concursos en los que se haya abierto la fase de liquidación, es honda. Básicamente porque sus fundamentos normativos procesales y sustantivos son
profundamente inseguros. Pero, además, porque con esa responsabilidad se incrementan los supuestos jurídico-fácticos
por medio de los cuales un administrador social puede verse
compelido a sufragar las consecuencias de su actuación dolosa o negligente, con el riesgo adicional de que las diferentes
responsabilidades societarias y concursales se superpongan
y dupliquen.
La Ley Concursal quiso remediar la situación precedente,
que algún autor había identificado como caos normativo. Lo
era, sin duda. Pero la realidad actual, no obstante las buenas
intenciones, es la de un texto legal del que está ausente el orden y la claridad. En la falta, pues, de una normativa nítida y
bien estructurada que obedezca a principios identificables se
halla la explicación del desconcierto que preside el sistema. Se
carece de referencias normativas sólidas y, por ello mismo, los
preceptos son susceptibles de ser interpretados de mil formas
diferentes. Al respecto, algunos destacados trabajos académicos desarrollados en el ámbito del estudio de la motivación de
las sentencias han puesto de relieve que esa labor interpretativa resulta, desde el punto de vista lógico, una elección arbitraria en tanto que los métodos de interpretación tradicionales
no consiguen obtener pautas unívocas (existen enunciaciones
de hasta setenta cánones interpretativos diferentes aceptados
como criterios correctos acerca de cómo interpretar una ley).
La calificación en el concurso de acreedores. Una visión crítica
Parece obligado retroceder en el tiempo para evocar que
ya en el S XVI Juan Luis Vives propugnaba que las leyes fuesen claras, fáciles y pocas para que sepa cada cual a punto
fijo cómo ha de vivir y no que por la oscuridad de las leyes
lo ignore y por su número excesivo no pueda la memoria retenerlas. En idéntico orden de cosas, Meléndez Valdez anhelaba a finales del S XVIII que las leyes fuesen pocas, claras,
breves y sencillas. Podría argüirse que las realidades sociales
y económicas sobre las que se proyectaban aquellos juicios
tienen escasa similitud con un mundo como el actual, complejo e interrelacionado hasta el extremo. Pero el ansia por la
claridad, concisión y sencillez de las leyes debería hallarse
presente también hoy entre nosotros, porque nada explica en
términos de razón su laberíntica construcción actual, presidida por la dejadez y el olvido flagrante de la correcta técnica
Cuando se recuerda que los tribunales deben interpretar la
ley y que esa labor indelegable consiste en subsumir el supuesto de hecho en el tipo normativo aplicable, se olvida poner de
relieve acto seguido que los tribunales deben interpretar y aplicar la ley al caso concreto, pero no deberían legislar. Dícese lo
anterior porque la inercia que provoca la repetición acrítica de
las misma ideas hace que se denomine labor interpretativa a lo
que no es más que la creación judicial del derecho. Acudir al
socorrido subterfugio de la voluntad del legislador para tratar
de hallar en ella las claves más o menos ocultas que permitan
afirmar una cosa y también su contraria equivale, cuando se trata, como en nuestro caso, de tener que aplicar una regulación
manifiestamente incoherente que alberga escasos elementos
de cohesión en su seno, equivale, decimos, a legislar a partir
de los ideas de cada tribunal sobre el derecho que debería ser.
La seguridad jurídica es, con toda evidencia, la primera víctima
de un estado de cosas como el descrito.
Así pues, cabe demandar leyes claras, correctamente elaboradas, que sean coherentes en sí mismas y con el resto del
ordenamiento y sobre cuya aplicación concreta al caso concreto todos cuantos intervienen en cualquier proceso litigioso puedan aventurar, con un razonable índice de acierto, cuál vaya a
ser el resultado de su plasmación judicial. Y ello solamente será
posible, se insiste, a partir de unas leyes que se redacten con la
imprescindible precisión lingüística y conceptual, que obedezcan a un orden interno bien estructurado en el que cada elemento se explique, sin disonancias y con precisión, en función
del otro. Y todo el conjunto, a su vez, en función de los objetivos
que se quieran conseguir.
I. El sistema de calificación en la Ley
I.1.	Las finalidades de la calificación del concurso
La Ley Concursal dedica a la calificación del concurso su
Título VI, tributario en buena medida de la legislación anterior,
singularmente la legislación sobre las quiebras. Este tributo se
evidencia de diversas maneras, ya en cuestiones de orden terminológico/conceptual, ya de contenido material1. A través de
la sección de calificación, pues, —que se abrirá solamente en
los casos de convenio gravoso o en cualquier supuesto de liquidación— se persigue, en un plano meramente teórico, conocer
cuáles han sido las razones que han provocado la insolvencia
de la empresa concursada. Igualmente, se querrá dilucidar a
quién o a quiénes, en su caso, cabe atribuir la responsabilidad
de esa insolvencia y con qué consecuencias (patrimoniales y
de otro género).
No obstante, esa escueta enunciación teórica de los fines de
la calificación concursal —averiguar las causas y hallar al responsable de la insolvencia— no supera el plano teórico-formal.
En efecto, en la mayoría de los casos de los artículos 164.2
y 165 solamente con una visión voluntarista podrá concluirse
que las presunciones allí contempladas se relacionan necesariamente con la insolvencia o con su agravación. Y ello a pesar
de que la insolvencia es precisamente la razón que justifica que
el procedimiento concursal se instaure y se mantenga en vigor,
no en vano constituye su indispensable presupuesto objetivo
(artículo 2 de la Ley Concursal). Como lo patentiza, además,
Un ejemplo lo hallamos en que se denomine informe al escrito por el que
la administración concursal promueve la apertura de la sección de calificación e, inherentemente, solicita la declaración de responsabilidad frente
a alguien. Informe era, en efecto, la denominación del escrito que el comisario de la quiebra había de remitir al juez (artículo 1382 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881, derogada). Otro ejemplo de esa herencia del
pasado lo constituyen las presunciones del artículo 164.2, que nos remiten
a los derogados artículos 890 y 891 del Código de Comercio. Y, en fin,
buena parte de la regulación de la responsabilidad concursal por déficit,
que trataremos en el capítulo III.
que el artículo 5-bis.5 excluya de la obligatoriedad de solicitar
la declaración del concurso al deudor que hubiera superado
su situación de insolvencia y que la satisfacción de todos los
créditos reconocidos sea una de las causas de conclusión del
concurso en cualquier estado del procedimiento2.
Si convenimos que sin insolvencia no hay concurso, también
cabría convenir que la calificación del concurso, a saber, la declaración de responsabilidad de alguien, debería vincularse de
forma exclusiva con las causas productoras de la insolvencia.
Sin insolvencia no hay proceso concursal; ergo, sin una eventual vinculación de la calificación con la insolvencia declarada
tampoco debería abrirse la sección. Y en ese orden de cosas,
a saber, vincular la apertura de la sección de calificación con la
averiguación de las causas de la insolvencia, se inscribe el criterio prácticamente unánime de los tribunales cuando enuncian
las finalidades de la calificación. Reiteramos que esa vinculación es, en el mundo real, poca cosa más que un desiderátum
y/o la expresión de un planteamiento exclusivamente teórico3.
Se comprueba, en efecto, que la realidad práctica es bien
distinta en atención a que a la sección de calificación en muchos casos le interesará poco o nada conocer los motivos por
Epígrafe 1.4º del artículo 176 de la Ley Concursal: Causas de conclusión.
Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en
los siguientes casos: 4º. En cualquier estado del procedimiento, cuando
se compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los créditos
reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro
medio, o que ya no existe la situación de insolvencia.
HERNANDO, J., Calificación del concurso y coexistencia de las responsabilidades concursal y societaria [editorial Bosch, Barcelona 2013, pg.
22], constituye un ejemplo de la asunción del enunciado teórico de las
finalidades de la calificación cuando señala que: Esta primera mención
impuesta por la Ley a la sentencia de calificación se cohonesta con la finalidad o razón de ser de la sección de calificación, consistente en analizar
la conducta del concursado y determinar si la misma merece el reproche
jurídico que el legislador ha situado en la existencia de una actuación
dolosa o culposa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia. Es decir, la existencia, dentro del juicio universal del concurso,
de la sección de calificación tiene por objeto determinar si la insolvencia
del deudor que ha motivado la declaración judicial del concurso es consecuencia de actos u omisiones que deban ser objeto de sanción […/…]
Por tanto, el objeto de la sección de calificación es determinar la causa
de la insolvencia y, más concretamente, si el deudor ha obrado con dolo o
culpa grave en la causación o agravación de la insolvencia (164.1 LC).
los que la empresa concursada accedió a la situación de insolvencia. De tal modo que se patentiza así una incoherencia entre
la enunciación legal genérica del artículo 164.1 y la realidad
de los pronunciamientos de los tribunales, condicionados en
extremo por las presunciones legales. Lejos, por lo tanto, de
una situación en la que o bien el único criterio válido para atribuir responsabilidades fuese el genérico del 164.1, o bien, alternativamente, que esa enunciación general tuviese un enlace
exacto y preciso, no sólo aparente, con las presunciones que
se recogen en el 164.2 y en el 165, de tal manera que aquella cláusula operase como condicionante real de la apertura de
la sección. No obstante y como veremos con mayor extensión
más abajo, los tribunales emiten, en efecto, razonamientos que
persisten en vincular la sección de calificación con la averiguación de las causas productoras de la insolvencia4.
En consecuencia, cuando el artículo 164.1 señala que el
concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado
dolo o culpa grave del deudor…, aquí se halla presente sin
paliativos la vinculación normativa de la declaración de culpabilidad con la causación de la insolvencia. Constituye la cláusula general que algunos autores propugnaron que albergaba
la vocación de la suficiencia. Pero el resto del articulado no es
fiel a ese principio y discurre, como tendremos oportunidad
de valorar, por otros parajes en los que es posible que esa
vinculación exista y es posible que no exista. Lo que de cualquier manera es incuestionable es que a partir de las presunciones del 164.2 o del 165 puede declararse una determinada
culpabilidad sin que al condenado se le atribuya previamente
Mencionamos al efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007 (sección 15ª; sentencia 173/2007; ponente
Sr. Sancho Gargallo; FD tercero), cuando afirma que: la finalidad propia de
la calificación civil del concurso… es depurar la responsabilidad civil del
deudor en la causación o agravación de la insolvencia. Y la de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 26 de julio de 2012 (sección 1ª; ponente
D. Jacinto José Pérez Benítez), la cual sostiene que [FD cuarto]. …la calificación concursal presenta como finalidad la de analizar las causas de
la insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor o de otros
sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la generación
o agravamiento de aquel estado…
responsabilidad por título alguno en la causación de la insolvencia.
No obstante, un particular del artículo 172-bis —que regula la llamada responsabilidad concursal por déficit—, según el
texto reformado por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo,
tal vez obligue a matizar los asertos anteriores. Nos referimos al
último inciso del primer párrafo del epígrafe 1(…en la medida
que la conducta que ha determinado la calificación culpable
haya generado o agravado la insolvencia), que parece regido,
como frase principal, por la que reza que “el juez podrá condenar”. Con ese inciso se habría introducido un novedoso elemento legal en la regulación de las responsabilidades dimanantes
de la sección de calificación, aunque de efectos limitados al
concreto ámbito de aquellas responsabilidades exigibles cuando se ha abierto la fase de liquidación. Ese elemento consistiría
en vincular el reproche de la conducta enjuiciada con la insolvencia, cuya vinculación afectaría ya a la propia determinación
de la declaración de culpabilidad, ya a la cuantificación de la
condena5.
Con una extensión de su función que excede del ámbito jurídico privado, se atribuye a la calificación del concurso un papel
represor del empresario cuya actuación merezca ser considerada dañina para el buen orden económico, por lo que podrá
serle proscrita la administración de intereses ajenos y la representación de terceros (artículo 172.2.2º de la Ley Concursal).
En puridad, esa represión solamente podrá proyectarse sobre
el empresario concursado cuando se trate de una persona na-
Parece oportuno poner de relieve que las razones de urgencia que con
tanto énfasis se arguyen para justificar la modificación legal por la vía del
decreto-ley nada tiene que ver con la introducción de ese nuevo inciso (…
en la medida que…). Se afecta con ello, al menos potencialmente, a un
aspecto clave de la sección de calificación, bien faltada, por cierto, de
ideas y conceptos claros y bien sobrada, por el contrario, de significados
plurivalentes, ambiguos y/o confusos. Notemos, por lo demás, que la modificación operada en el 172-bis carece de relación —o no se intuye en
qué puede tenerla— con la necesidad de potenciar la refinanciación de
las empresas en crisis, que es el argumento central en el que se ampara
la reforma de la Ley Concursal llevada a término por el Real Decreto-ley
4/2014. Y añadamos aún que, significativamente, en el preámbulo de ese
Real Decreto-ley no se contiene la más mínima referencia a las modificaciones que se practican en la sección de calificación del concurso.
tural. En el supuesto de que la concursada sea una persona
jurídica —cuyo supuesto es, con mucho, el más frecuente en
la práctica—, el reproche se extenderá hacia los administradores, apoderados o liquidadores de la sociedad y socios de la
entidad concursada con idénticas consecuencias de carácter
público (172.2.1º).
Los tribunales —en la versión más precisa sobre el tema—
han atribuido a la sección de calificación la finalidad conjunta
de proteger el interés general y el de los acreedores. La enunciación de esa doble protección como objetivo de la sección de
calificación es realista y sintetiza, a nuestro entender de forma
correcta, aquello que debería alcanzarse, al menos tendencialmente. En estos términos se expresa, verbigracia, la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de febrero de 20086
(FD noveno):
De esa tutela de los intereses de los acreedores resulta también, indirectamente, una protección de los intereses generales por medio de la introducción de unas mínimas pautas éticas en el tráfico económico y la función
de prevención general que supone la aplicación de ese régimen agravado de
responsabilidad civil a los supuestos de conductas empresariales reprochables asociadas a concursos con graves déficits patrimoniales…
Aunque suponga avanzar en el tratamiento de una cuestión
reservada para más adelante, señalemos que esa sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid nos anuncia, en el párrafo transcrito, su concepto de la responsabilidad concursal. En
efecto, si se trata de proteger a los acreedores —cuya protección se consigue mediante el acrecimiento de la masa activa del
concurso con el numerario que resulte de las responsabilidades
que se establezcan en la sección de calificación—, el logro de
esa finalidad pasará por encima de otras consideraciones. Ello,
a la postre, representa el primer argumento para objetivar la
Recurso 255/2007. Ponente, Sr. Sarazá Jimena. En similar orden de cosas,
GARCÍA-CRUCES, J.A., La calificación del concurso [editorial ThomsonAranzadi, Cizur Menor 2004, pg. 108], cuando sostiene que para dilucidar
los efectos que puedan predicarse de la calificación de culpabilidad de
un concurso se ha de proceder a la adecuada valoración de los intereses que resulten afectados. Añade que esa afectación se vincula con la
insolvencia y que por ello lo que la sección de calificación ha de tratar de
conseguir es que se minoren los efectos negativos para los acreedores
que normalmente se anudan a la insolvencia de su deudor común.
responsabilidad concursal y convertirla en una responsabilidad
de carácter sancionatorio.
El primer artículo del Título VI (el 163) clasifica en dos categorías las posibles calificaciones del concurso, a saber, fortuito
o culpable (y añade que la calificación que se pronuncie no
vinculará a los tribunales del orden jurisdiccional penal)7. Notemos que en ese artículo y a lo largo de todo el texto legal la
calificación se remite al concurso y no a la insolvencia. Se intuye
que ello obedece a un traslado mimético y poco reflexivo desde
la legislación derogada. En efecto, allí tenía sentido hablar de la
quiebra fraudulenta, culpable o fortuita porque la quiebra constituía una noción legal de carácter material y definía la situación
del comerciante que sobreseía el pago de sus obligaciones de
un modo general y definitivo. Pero no puede decirse lo mismo
de la acepción concurso en tanto que el concurso define, sobre
todo, un determinado proceso judicial, por lo que no parece
pertinente que la eventual declaración de culpabilidad se pronuncie en relación con un proceso.
En consecuencia, parecería más riguroso, nos permitimos
sostener, que la declaración de culpabilidad se remitiese a la
producción de la insolvencia y no a un concurso, que no deja
de ser, se insiste, un proceso. Desde la perspectiva meramente
lingüística, en efecto, la acepción concurso identifica la reunión
o la concurrencia de personas o acontecimientos y el concurso
de acreedores significará, por lo tanto, la concurrencia de esos
acreedores en un proceso jurisdiccional abierto con el fin de
posibilitar la efectividad de sus derechos. El lenguaje puesto al
servicio de la claridad ayudaría a entender que lo que se pretende es dilucidar si a la situación de insolvencia se ha llegado
de forma fortuita o, por el contrario, a consecuencia de la intervención causal de alguien identificable. Un concurso, como suma de actuaciones procesales, no puede ser culpable ni dejar
de serlo, ya que, en definitiva, lo que subyace a todo concurso
y es el motivo teórico de su existencia es una previa situación
Artículo 163. Calificación del concurso. 1. El concurso se calificará como
fortuito o como culpable. 2. La calificación no vinculará a los jueces y
tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de
actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito.
Sea como fuere, la calificación alternativa —o concurso fortuito o concurso culpable— que señala el artículo 163 solamente se producirá de una manera explícita si la sección de calificación llega a abrirse. El tribunal, en ese supuesto de ausencia
de apertura de la sección, no emitiría ninguna calificación. Por
lo tanto, cuando la Ley habla de que el concurso se calificará
de una u otra manera ha de entenderse que ello solamente sucederá cuando la sección de calificación se haya abierto, pero
no en el caso contrario8. Y como resulta del segundo párrafo del
artículo 167.1, la sección de calificación no se abrirá siempre:
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la
formación de la sección sexta cuando tenga lugar la aprobación judicial de
un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de
una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos
o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.
II.2.	La prejudicialidad penal en la calificación
El epígrafe que trata de la prejudicialidad en la sección de
calificación (el 2 del artículo 163) habla de que aquello que se
acuerde en ella no vinculará a los tribunales del orden jurisdiccional penal en relación con las actuaciones del deudor que
pudieran ser constitutivas de delito. Habría que precisar que lo
que se debería considerar son, al margen de las actuaciones
del deudor, las de los administradores y liquidadores de la sociedad concursada en el supuesto de que el concurso se refiriese a una persona jurídica. Y ello en atención a que con la literalidad del texto actual la Ley Concursal parece que solamente
contempla que el proceso penal se dirija en contra del deudor
que sea persona natural, con omisión de aquellos supuestos en
los que los encausados sean los administradores y/o liquidadores de una determinada sociedad mercantil.
A diferencia de lo que sucede en la actual Ley Concursal que no define
el concurso fortuito más que por exclusión, la quiebra fortuita sí se definía
expresamente en la legislación derogada. En los términos que proclamaba el artículo 887 del Código de Comercio: Se entenderá por quiebra fortuita la del comerciante a quien sobrevinieren infortunios que, debiendo
estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer,
en todo o en parte, sus deudas.
La prejudicialidad implica la existencia de una cuestión prejudicial y de una cuestión principal que dependen entre sí y
cuya dependencia va más allá de la simple influencia recíproca.
Por lo que se refiere a la prejudicialidad penal de que habla
el artículo que comentamos, la Ley Concursal se separa del
principio general de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial9. Así lo puso de relieve, por ejemplo, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de julio de
200810 cuando significó que, efectivamente, el artículo 189.1 de
la Ley Concursal constituye una de las excepciones previstas
en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
[FD segundo]
La fase de declaración del concurso ha de ser considerada también como
integrante del procedimiento concursal, por lo que conteniendo la Ley Concursal una norma específica, es ésta, y no la prevista con carácter general en
el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la aplicable. Como ha puesto
de manifiesto la doctrina más autorizada, la previsión del artículo 189.1 de la
Ley Concursal constituye una de las excepciones genéricamente previstas en
el último inciso del artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al principio general de que la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que
El artículo 40.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando en
un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia
de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al
ejercicio de la acción penal. La cuestión prejudicial así presentada podrá
provocar la suspensión del proceso civil si concurren las circunstancias
de los epígrafes 2 y 4. De su parte, el artículo 10 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial señala que: 1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden
jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente. 2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal
de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione
directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes
corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca.
De la sección 28ª; auto 181/2008; recurso de apelación 246/2008; ponente, Sr. Sarazá Jimena. Esa resolución expresa su sorpresa porque el auto
apelado no contemple siquiera en sus razonamientos (aunque sea para
llegar a una conclusión distinta a la que llega esta Sala) el citado artículo
189 de la Ley Concursal…pese a que fue expresamente invocado por el
Sr. Letrado del solicitante del concurso…
Cabe significar que el epígrafe 4 del artículo 260 del Código Penal (enmarcado dentro del capítulo de las insolvencias punibles) recoge el mismo mandato de no vinculación, según sigue: En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal.
aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, sin
perjuicio de la competencia exclusiva del juez penal para declarar la existencia del delito y la responsabilidad criminal…
…la regla es, por lo tanto, la no suspensión del procedimiento concursal
por la pendencia de un procedimiento criminal sobre hechos relacionados
con el concurso o con influencia en éste, pese a que las diligencias penales
puedan afectar a la veracidad o legitimidad de un crédito, como es el caso.
De su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava
de 3 de diciembre de 201011 resuelve la cuestión de prejudicialidad planteada en el sentido de dar primacía a la Ley Concursal
(artículo 189.1), en tanto que norma especial, sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 40), en tanto que norma general. Añade
que la Ley Concursal alberga un precepto (el 163.2), enmarcado
en la sección de calificación, que también elude la vinculación entre sí de las resoluciones de los órdenes penal y civil, con referencia expresa a la “calificación”. Por lo demás, ese mismo mandato
de ausencia de vinculación ya estaba presente en la Exposición
de Motivos de la Ley Concursal (VIII), en los siguientes términos:
Los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a
la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las
conductas que pudieran ser constitutivas de delitos. La ley mantiene la neta
separación de ilícitos civiles y penales en esta materia.
Al margen del epígrafe 2 del artículo 163, también se pronuncia de forma similar y con idénticas consecuencias el artículo
189.1, ubicado en el Título VIII, dedicado a las “Normas procesales generales”… En efecto, si en el 189 se habla de que la
incoación de procedimientos penales relacionados con el concurso no provocará la suspensión de la tramitación de éste,
en el 163 se dice que la calificación no vinculará a los jueces
y tribunales del orden jurisdiccional penal. En un lugar, pues, la
prejudicialidad se concreta en la no suspensión de los procesos
concursales; y en el otro, en la independencia de los pronunciamientos dictados por los tribunales mercantiles en relación con
los del orden jurisdiccional penal12.
Recurso 392/2010; sentencia 565/2010. Ponente, Sr. Madaria Azcoitia.
Tal vez una mayor coordinación de las cuestiones procesales de la Ley
Concursal hubiera promovido la unificación del mismo principio dual (no
La regulación actual contrasta con la vigente hasta la entrada
en vigor de la Ley Concursal, pues el artículo 896 del Código de
Comercio condicionaba la viabilidad de proceder por los delitos
de quiebra culpable o fraudulenta a dos declaraciones previas
del juez civil, a saber: la declaración de quiebra y la de haber
méritos para proceder criminalmente13. No obstante, el artículo
260.4º del Código Penal de 1995 dispuso que en ningún caso,
la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la
jurisdicción penal. Con esa plasmación legal el Código Penal
confirmaba la falta de vigencia efectiva del artículo del Código
de Comercio señalado.
La privación del efecto suspensivo de la prejudicialidad penal es coherente con dos de los principios que presiden el proceso concursal, cuales son el de celeridad y el de separación
de los efectos civiles y penales de la insolvencia14. La figura
constituye una excepción a la norma general de suspensión
del proceso civil por prejudicialidad penal, cuya excepción se
ampara en la posibilidad contemplada en el artículo 10.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. De cualquier forma, cabe
mencionar los conflictos que en la práctica pueden presentarse
—y de hecho se presentan— con la tramitación simultánea, no
condicionada e independiente de dos procesos —el concursal
y el penal— en el que se enjuiciarán las mismas conductas aunque bajo ópticas jurídicas diversas
suspensión e independencia de los pronunciamientos) en un único artículo genérico. Pero, según tendremos oportunidad de comprobar, la repetición asistemática de preceptos en diferentes lugares de la Ley Concursal
Artículo 896 del Código de Comercio (derogado por la disposición derogatoria única 3.3 de la Ley Concursal): En ningún caso, ni a instancia de
parte ni de oficio, se procederá por los delitos de quiebra culpable fraudulenta sin que antes el juez o tribunal haya hecho la declaración de quiebra
y la de haber méritos para proceder criminalmente.
SENÉS C., “Comentario al artículo 189”, Comentario de la Ley Concursal,
Rojo y Beltrán (directores), Campuzano, coordinadora, [editorial Thomson/Civitas; Madrid, 2004; pgs. 2771 y ss. del tomo II), en este sentido.
El principio de celeridad también aparece reseñado en la Exposición de
Motivos (X) de la Ley Concursal: La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y simplicidad…/… La celeridad de este procedimiento [se refiere al incidente
concursal] se complementa con un adecuado sistema de recursos…
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References: artículo 164
 artículo 5
 artículo 176
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 172

Artículo 163
 artículo 163

artículo 167
 artículo 163
 artículo 887
 artículo 189
 artículo 10
 artículo 40
 artículo 189
 artículo 10
 artículo 40
 artículo 10
 resolución 
 artículo
189
 artículo 260
 artículo 163
 artículo
189
 artículo 896
 artículo
260
 artículo 10

Artículo 896
 artículo 189