Source: https://es.scribd.com/doc/114539651/ANALISIS-COMPARATIVO-DE-LAS-REFORMAS-DEL-CODIGO-ORGANICO-PROCESAL-PENAL-VENEZOLANO-1
Timestamp: 2016-12-09 17:30:36+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REFORMAS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANOEl Código Orgánico Procesal Penal de 1998, fue aprobado por el extinto Congreso de la República de Venezuela y, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.208, de fecha 23 de enero de 1998, derogando el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal. La entrada en vigencia del COPP permitió el cambio del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, respetuoso de los principios y garantías constitucionales y procesales; los cuales eran violentados en el anterior sistema inquisitivo, representado por el ya mencionado Código de Enjuiciamiento Criminal. Es menester resaltar que este último, no se correspondía con las innovaciones que en materia de derechos humanos, principios y garantías establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Razón por la cual, la necesidad de adaptar la nueva ley adjetiva a estos preceptos constitucionales. Desde su entrada en vigencia hasta la presente fecha el Código Orgánico Procesal Penal ha sido objeto de varias reformas, las cuales analizaremos a continuación: 1.- Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal del Año 2000 (G.O. Extraordinario Nº 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000) En esta reforma parcial del COPP se modificaron cinco artículos de la ley adjetiva penal de 1998, a saber: Se modificó el artículo 34, Sección Primera, Capítulo III, Titulo I del Libro Primero, relacionado con el Principio de Oportunidad de las Alternativas a la Prosecución del Proceso. Artículo 1.- Se modifica el artículo 34 de la forma siguiente:
“Artículo 34. Procedencia. Cuando el hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos culposos que no hayan ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas, el juez podrá, desde la fase preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, verificando que quienes concurran al acuerdo, haya n prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o víctimas el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo. En todo caso, si el imputado ha cometido un hecho punible de la misma índole de otro que haya cometido con anterioridad y que haya sido objeto de un acuerdo reparatorio, efectivamente cumplido, la acción penal derivada del nuevo hecho punible no se extinguirá con el cumplimiento de un acuerdo reparatorio, pero el juez, en este caso, podrá rebajar hasta las dos terceras partes, la pena aplicable al hecho. A los efectos de este artículo, se considerarán hechos punibles de la misma índole, aquellos que violan la misma disposición legal; aquellos comprendidos bajo el mismo título del Código Penal o de la ley correspondiente; o aquellos que tengan afinidad en sus móviles o consecuencias con independencia de la ley que los tipifique, siempre que atenten contra el mismo bien jurídico.” Lo subrayado fue lo agregado. Como puede observarse en la modificación de este artículo, si el imputado es objeto de un nuevo acuerdo reparatorio por la comisión de un hecho punible de la misma índole que dio origen al anterior, la acción penal del nuevo hecho punible no se extinguirá con el cumplimiento de este nuevo acuerdo, ya que en este caso el juez sólo podrá rebajar la pena hasta las dos terceras partes. Se cambiaron algunos vocablos del artículo 257 del Capítulo II, Título VIII, relacionados con la aprensión en flagrancia, para adaptar el texto a los nuevos conceptos jurídicos. En este sentido, se emplea el término “sospechoso” por “imputado” y” sorprendido”. De igual manera, se sustituyen los términos “Constitución de la República de Venezuela” por “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, “Senadores y Diputados del Congreso de la República” por Diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados”, suprimiéndose, también, la frase “Constituciones Estadales”.
Se modificó el artículo 259, Capítulo III, Título VIII, relacionado con la privación judicial preventiva de libertad, al cual se agregó lo siguiente:
(…) “Cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad menor de
cinco años en su límite máximo y el imputado tenga antecedentes penales; y, en todo caso, cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad mayor de cinco años en su límite máximo, el juez de control convocará a las partes y a las víctimas, si las hubiere, a una audiencia oral para decidir. La audiencia se realizará dentro de las setenta y dos horas siguientes a la solicitud del fiscal. El recurso de apelación que interponga el Ministerio Público contra la decisión que acuerde la libertad del imputado, tendrá efecto suspensivo. En este caso, la Corte de Apelaciones fijará una audiencia oral para conocer y resolver dicho recurso, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones.” En otras palabras, en el caso de que el imputado cometiera un hecho punible cuya pena excediera los cinco años en su límite máximo, o la pena fuera menor de cinco años en su límite máximo, pero éste tuviese antecedentes penales; el juez de control convocaba a las partes a una audiencia ora l, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la solicitud del fiscal, para decidir sobre la privativa de libertad, Ahora bien, si éste decretaba una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, el fiscal podía ejercer recurso de apelación y la Corte de Apelaciones debía resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las actuaciones. Esta medida tenía efecto suspensivo. Pero qué sucedía si no se llenaban los requisitos expuestos en el caso anterior; es decir, si la pena era menor de cinco años y el imputado tenía buena conducta pre delictual. En este caso el juez debería decretar una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad. Se reformó el artículo 374, del Título II, relacionado con el Procedimiento Abreviado, donde se aumentó el lapso, de veinticuatro horas a setenta y dos horas, para que el Juez de Control decidiera si liberaba al aprendido o decretaba privación preventiva de libertad.
Se modificó el artículo 376, del Título III, relacionado con el Procedimiento por Admisión de los Hechos, en los siguientes aspectos: - El imputado sólo podía admitir los hechos después de admitida la acusación o antes del debate, en el caso del procedimiento abreviado. - El juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. - Se agregó a los delitos de violencia contra las personas, los delitos contra el patrimonio público y los previstos en la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuyas penas no excedieran de ocho años en su límite máximo; pudiéndose rebajar la pena aplicable a los mismos hasta en un tercio. En todo caso, las penas impuestas no podían ser menores al límite mínimo de las mismas. 2.- Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal del Año 2001(G.O. Extraordinario Nº 5.558, de fecha 14-11-2001) En esta reforma se realizaron las siguientes reformas al COPP del 2000: En el artículo 253 (ahora 244), se añadió una “excepción” en cuanto a la proporcionalidad del mantenimiento de las medidas de coerción personal, a través de la cual el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar que dichas medidas se prolongaran por más de dos años, sin exceder de la pena mínima prevista para el delito. En el artículo 259 (ahora 250), se modificó el tiempo de detención preventiva durante la investigación, de veinticinco (25) días, pasó a ser de cuarenta y cinco (45), cuyo fundamento se encuentra en las razones de Estado, en tanto se ha considerado que el plazo de veinte (20) días era muy corto. En lo que respecta al peligro de fuga, conforme a lo previsto en el artículo
251 (antes 260), además de agregar una nueva circunstancia para su estimación, propia de un Derecho Penal de Autor, como lo es la conducta pre delictual del imputado , se amplió el alcance normativo del peligro de fuga. En el artículo 256 (antes 265) La modificación de esta norma se encuentra en el ordinal 9º del artículo 256, el cual prevé que el Tribunal, en cuanto al deber de sustituir la privación preventiva de libertad por otra medida cautelar menos gravosa, podrá imponer “... Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.” En el artículo 268 (ahora 259) Se modificó lo relacionado con la caución juratoria, en el entendido de la promesas de “... someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y abstenerse de cometer nuevos delitos ...”, particularmente la de “...abstenerse de cometer nuevos delitos ...”, debe señalarse, que dicha promesa tiene como fundamento el peligro de reiteración delictiva que, indudablemente, se fundamenta en una presunción ilegítima de culpabilidad. En segundo lugar, es importante precisar que la exigencia de la referida promesa deviene innecesaria e incoherente en virtud de lo previsto en el primer aparte del artículo 256 del COPP, a tenor del cual puede otorgarse una nueva medida cautelar sustitutiva. Fueron reformados los artículos 269 y 271 (ahora 260 y 262) con la finalidad de extender el alcance de las obligaciones de la caución personal y los efectos de la sanción sin cumplimiento a la imposición de todas las medidas cautelares sustitutivas, para el posterior decreto de la medida de privación judicial preventiva de libertad. Se elimina, mediante el artículo 264 (antes 273), el derecho de recurrir de la negativa del tribunal de revocar o sustituir las medidas cautelares, con fundamento en que “... este recurso no se justificaba porque, pese a la negativa a ser revocada
o sustituida una medida cautelar por parte del juez, su revisión puede ser solicitada por el imputado “... las veces que lo considere pertinente ...” 3.- Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal del Año 2006 (G.O. Extraordinario Nº 38.536, de fecha 4-10-2006) La nueva Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, vigente desde el 04-10-2006, realizó algunas modificaciones al sistema previsto para el cumplimiento de la pena relacionado con la Fase de Ejecución de Sentencia. En un primer término se deroga el artículo 493, el cual fue desaplicado como medida cautelar por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 08-04-2005, bajo el Nº 460. Por otra parte, el contenido del artículo 501 (ahora 500) fue modificado quedando redactado de la siguiente manera: Artículo 501. El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta. El destino al establecimiento abierto podrá ser
acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta. La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado haya cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena impuesta.
Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados deben concurrir las siguientes circunstancias:
1. Que el penado no tenga antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole anteriores a aquella a la que se solicita el beneficio; 2. Que no haya cometido algún delito o falta sometidos a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena;
3. Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado preferentemente por un Psiquiatra Forense o un médico psiquiatra, integrado por no menos de tres
profesionales, quienes en forma conjunta suscribirán el informe. Estos funcionarios serán designados por el ministerio con competencia en la materia, así mismo, podrán incorporar como asistentes dentro del equipo a estudiantes del último año de las carreras de derecho, psicología, trabajo social y criminología, o médicos cursantes de la especialización en psiquiatría, que a tal efecto puedan ser designados; 4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado no hubiese sido revocada por el Juez de ejecución con anterioridad.
Estas circunstancias se aplicarán única y exclusivamente a las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas señaladas en este artículo. El artículo 508 (ahora 507) también fue modificado; de tal forma que para la redención de la pena por el trabajo y el estudio, ya no se requeriría que el penado hubiese cumplido la mitad de la pena impuesta, sino que la misma comenzará a computarse a partir del mismo momento que en aquel empezase a cumplirla. 4.- Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal del Año 2008 (G.O. Extraordinario Nº 5.894, de fecha 26-10-2008) En la reforma se planteó la modificación de trece artículos de la mencionada norma, específicamente los artículos referidos a las citaciones y notificaciones (del 183 al, 189), estableciendo que las mismas fuesen realizadas de forma expedita, imponiéndose plazos concretos para ello. "Que se garantice que las citaciones y notificaciones sean realizadas rápidamente, pero también de acuerdo con las pautas que le son inherentes a los institutos procesales".
Se incorporó un nuevo artículo sobre la Citación Personal, proponiendo como texto "La citación personal se hará mediante boleta con la orden de comparecencia expedida por el tribunal, entregada por el alguacil o los órganos de investigación a la persona o personas cuya comparecencia sea requerida, en su domicilio, residencia o lugar donde trabaja copia de la misma, y se le exigirá
recibo, firmado por el citado, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo deberá expresar el lugar, la fecha y la hora de la citación. El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones se hará constar por secretaría".
cambió el artículo 327 que se refiere a la audiencia que en caso de diferimiento la misma debe ser fijada
preliminar, estableciendo
nuevamente en un plazo que no podrá exceder los 20 días.
También se modificó el artículo 301 con la finalidad de ampliar el lapso del cual dispone el Ministerio Público para proceder a formular la desestimación de la denuncia o querella.
Otro de los artículos modificados es el 323 donde se establece que para dictar el sobreseimiento, deberá convocarse a las partes y a la víctima, a una audiencia oral.
Además, para ofrecer una mayor seguridad
jurídica a la ciudadanía
frente a las irregularidades que se constatan en la actuación de las partes en el proceso, a efectos de obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso, se propuso la modificación del artículo 244.
Igualmente se modificó el artículo 392, referido a la figura de la extradición activa, ampliando el ámbito de acción de esa figura, de manera que existiera la posibilidad de solicitar la extradición cuando se haya dictado medida
judicial privativa de libertad en contra del imputado.
De la misma forma, en los casos que un gobierno extranjero solicite la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, y sea necesario solicitar la aprehensión del imputado, se propone la modificación del
artículo 396 para incluir que el detenido sea presentado ante el Juzgado de Control que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado del motivo de la misma y proceda a la designación de su defensa. 5.- Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal del Año 2009 (G.O. Extraordinario Nº 5.930, de fecha 4-9-2009) Se modifica el Código Orgánico Procesal Penal del 2008, en los siguientes términos: - Autoridad del Juez o Jueza: Se anexa al artículo 5 un cuarto párrafo donde se establece la obligación del Juez o Jueza de notificar, inmediatamente, al Ministerio Público cuando se cometa un hecho punible en desacato de una orden judicial, emanada de su despacho. - Supuestos del Principio de Oportunidad en las Alternativas a la Prosecución del Proceso: Se reformó el artículo 37, numeral 1, aumentando el límite de la pena, de tres años a cinco años, para que el Fiscal del Ministerio Público prescinda total o parcialmente de la acción penal. De igual forma, se anexó un párrafo donde se describe las causales de exclusión para la aplicación de esta norma , las cuales son: delitos de lesa humanidad, delitos contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, delitos contra el sistema financiero, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos. - De la Suspensión Condicional del Proceso: Se modificó el artículo 42, en relación al límite máximo de la pena para la solicitud, por parte del imputado, de la suspensión condicional del proceso, pasando de tres años a cuatro años.
A través del anexo de un nuevo párrafo, se describe las causales de exclusión de este derecho del imputado, las cuales son: delitos de lesa humanidad, delitos contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, delitos contra el sistema financiero, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos. Se reformó el artículo 46, cambiándose el término imputado por acusado o acusada. También se establece que si el acusado, una vez notificado, no se presenta a la audiencia, el Juez no suspenderá el acto. - De la Competencia por Conexión: Se anexa al artículo 74 una cuarta excepción, la cual establece: “Cuando exista pluralidad de imputados o imputadas, y la audiencia se haya diferido en más de dos ocasiones por inasistencia de algunos de ellos o ellas” el Tribunal podrá ordenar la separación de las causas acumuladas. - Del Imputado: Se cambió el último aparte de artículo 124, donde se señala que el imputado adquiere la calidad de acusado una vez admitida la acusación, y no con el auto de apertura a juicio. - Nuevo Nombramiento del Defensor: Se agrega al artículo 143, un nuevo párrafo, donde se resalta que la inasistencia injustificada de la defensa a la celebración de dos actos, se entenderá como renuncia y, se procederá a nombrar un nuevo defensor. - Del Tribunal Mixto: Se cambió el lapso establecido en el artículo 163 para la selección de los escabinos, de quince días antes del inicio del juicio oral a cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones. De igual modo, se cambió el número de seleccionados, de ocho a dieciséis
Se modificó el artículo 164, para agregar la audiencia de depuración de los escabinos, en la cual se resolverá sobre las inhibiciones, recusaciones, excusas y constitución del tribunal mixto. Sostiene también el legislador que, después de dos audiencias (y no cinco como lo establecía el derogado artículo) sin poder constituirse el tribunal mixto, por ausencia de los escabinos, el Juez Presidente procederá a constituir el tribunal unipersonal. - Cadena de custodia: Se incorporan los artículos 202 A y 202 B relacionados con la cadena de custodia y área de resguardo de evidencias. En estas dos normas se desarrolla todo el procedimiento para la colecta y el resguardo de la evidencia física. - Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad: Se reformó el artículo 254, agregando como requisito que debe contener este auto, el sitio de reclusión y, estableciendo que la apelación del auto de privación judicial preventiva de libertad no suspende la ejecución de la medida. Se agrega un nuevo párrafo al artículo 255, el cual establece que el imputado o acusado permanecerá en el sitio de reclusión que ordene el Juez, no pudiendo ser trasladado de ese lugar sin autorización de este último. - Facultades del Ministerio Público: Se modificó el artículo 309, para establecer las responsabilidades de las empresas u organismos públicos o privados que presten servicios de bancarios o financieros, en suministrar información
requeridas por el Ministerio Público. - Cuestiones Incidentales: Se reformó el artículo 313, donde se señala que pasados seis meses sin que el Fiscal haya concluido la investigación, el imputado o la víctima podrán solicitar al Juez de Control la fijación de un lapso prudencial, no menor de treinta
días ni mayor de ciento veinte días, para dar por culminada la investigación. Para ello el Juez convocará, en el término de veinticuatro horas después de recibida la solicitud, a una audiencia, la cual deberá realizarse en los diez días siguiente a la convocatoria. - De la Fase Intermedia: Se modificó el plazo establecido en el artículo 327 para la realización de la audiencia preliminar, de no menor de diez días ni mayor de veinte, a un plazo no menor de quince días ni mayor de veinte. Quedan excluidos de la aplicación de esta norma los delitos de lesa humanidad, delitos contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, delitos contra el sistema financiero, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos. El legislador también estableció, en la reforma de esta norma, que la no comparecencia del imputado o imputada o su defensor o defensora a la audiencia no suspenderá el acto. Se reformó el artículo 328 de las facultades y cargas de las partes, agregando el legislador que las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 pueden realizarse de manera oral en la audiencia preliminar, tocando al Juez resolverlas en un lapso no mayor de cinco días. 6.- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal (G.O.Nº 6.078 Extraordinaria, de fecha 15-6-2012) Esta nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal contempla profundos cambios en nuestra ley adjetiva, a continuación se estudiaran algunos de ellos: - Con relación a los Supuestos del Principio de Oportunidad, se exceptúan aquellos delitos en los cuales el máximo de la pena excedan de ocho años de privación de libertad y, aquellos delitos que causan un mayor daño a la sociedad,
entre los que se encuentran el homicidio intencional; la violación; los delitos que atenten contra la integridad de niños, niñas y adolescentes; el secuestro; la corrupción; delincuencia organizada; entre otros. - Respecto a los requisitos para los Acuerdos Reparatorios, se amplían los supuestos para su procedencia, con la rebaja de la pena correspondiente. - Acerca de los requisitos para la Suspensión Condicional del Proceso, se establece que procede en delitos cuya pena no excedo de ocho años en su límite máximo, con excepción de los delitos de mayor gravedad que causan mayor daño a la sociedad, señalados anteriormente. - Con relación a las Causas de Extinción de la acción penal, se incluyó en los supuestos de prescripción, la excepción en los casos de: renuncia a ella por parte del imputado, cuando éste se encuentre evadido o prófugo de la justicia o en los delitos graves. - Se crean los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, los cuales conocerán de delitos menos graves, cuya pena no exceda de ocho años en su límite superior. - Se suprimió la figura de los Tribunales Mixtos y, por ende, los escabinos. - En lo atinente a la Recusación, se contempla la posibilidad que la víctima ejerza este recurso aunque no se haya querellado. - Puede emplearse indistintamente los términos imputado o imputada en cualquier fase del proceso. - El fiscal tiene cuarenta y cinco días, sin prorroga, para presentar el acto conclusivo; es decir; presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o archivar las actuaciones.
- En cuanto a la duración de la investigación, se establece un plazo de ocho meses para culminar con la investigación. Estableciendo un lapso mayor, entre uno y dos años, para los delitos más graves y de impacto social. - Con respecto al trámite para la solicitud del sobreseimiento, se eliminó la audiencia oral y se fijo un lapso de cuarenta y cinco días para que el Juez o Jueza decida al respecto. Es oportuno resaltar que algunos artículos de esta reforma tienen vigencia anticipada (ver la Disposición Final Segunda), en cambio, el resto del articulado, entran en vigencia el 1 de enero de 2013.
Víctor Hugo Sulbarán Fuenmayor C.I. Nº V- 10.030.289 Cursante del Módulo Fundamentos Histórico-Filosóficos del Derecho Procesal Penal. Sección: SP 12NOV (Trujillo)
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 Artículo 1
 artículo 34
 artículo 257
 artículo 259
 artículo 374
 artículo 376
 artículo 253
 artículo 259
 artículo
251
 artículo 256
 artículo 256
 artículo 268
 artículo 256
 artículo 264
 artículo 493
 artículo 501
 Artículo 501
 artículo 508
 artículo 327
 artículo 301
 artículo 244
 artículo 392

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 artículo 164
 artículo 254
 artículo 255
 artículo 309
 artículo 313
 artículo 327
 artículo 328