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Timestamp: 2019-08-20 05:32:41+00:00

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Mostrando del 151 al 160 de 200 resultados
ROJ: STS 181/2010 - ECLI:ES:TS:2010:181
Nº Recurso: 3838/2004
Resumen: Decreto 197/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, que regula las condiciones de distribución, dispensación y utilización de medicamentos veterinarios y de preparación, comercialización y utilización de piensos de medicamentos. Declara la pérdida sobrevenida del recurso de casación, pues ya ha sido anulado por sentencia firme el artículo 20.1, párrafo primero, del Decreto autonómico 197/1998, de 9 de diciembre, ahora impugnado en el presente recurso de casación.
ROJ: STS 7311/2009 - ECLI:ES:TS:2009:7311
Nº Recurso: 376/2008
Resumen: La Sala estima la casación y parcialmente el contencioso. El motivo primero ha de ser estimado pues al permitir la resolución administrativa impugnada con el beneplácito del Tribunal de instancia la sustitución de unos medicamentos por otros, siempre y cuando sean de los que se denominan "equivalentes farmacéuticos", según preveen en la elaboración del Programa de Intervención Terapéutica, lejos de establecer un catálogo informativo a disposición de los médicos, fija sin cobertura legal una imposición en una parte de la resolución de la Consellería de Sanitat que permite "la prescripción de los medicamentos podrá ser sustituida por otro facultativo en aras a conseguir una mayor eficiencia en la prescripción en base a un Programa de Intercambio Terapéutico". Estimación parcial del contencioso, pues no es conforme a derecho la resolución administrativa en cuanto permite que "la prescripción de los medicamentos podrá ser sustituida por otro facultativo en aras a conseguir una mayor eficiencia en la prescripción en base al Programa de Intercambio Terapéutico".
ROJ: STS 6532/2009 - ECLI:ES:TS:2009:6532
Nº Recurso: 3131/2005
Resumen: Diversas Órdenes de una Consejería de Sanidad acordaron adscribir ciertos botiquines a la oficina de farmacia más próxima, preferentemente dentro de su Zona de Salud. Reacciona frente a ello el farmaceútico que había sido titular de los mismos durante años, al considerar que tenía un derecho consolidado a su titularidad, que le había sido expropiado. No participa del mismo criterio la Sala, que apela al carácter de función pública y derecho-deber para el farmaceútico del servicio de botiquín, así como a la competencia autonómica para la planificación de las oficinas de farmacia con vistas a obtener una adecuada asistencia farmaceútica.
ROJ: STS 6075/2008 - ECLI:ES:TS:2008:6075
Nº Recurso: 2853/2006
Resumen: La Sentencia comienza confirmando la congruencia de la resolución de instancia: 1º) La incongruencia interna implica una contradicción entre lo razonado y el fallo subsiguiente, vicio no denunciado, pues la parte recurrente invoca en realidad una motivación insuficiente, y, en el caso, podrá ser parco el razonamiento pero da cumplida respuesta a la pretensión al afirmar que no se ofrecieron elementos de prueba que desvirtuaran la regulación administrativa. 2º) En cuanto a la incongruencia omisiva, la falta de consideración expresa de un determinado medio de prueba no es por sí suficiente para apreciarla y, además, en el caso, el cotejo de su contenido demostraría que no hay error patente en su valoración. En cuanto a los alegatos de fondo, aduce el recurso que el Decreto impugnado no se ajusta a los principios impuestos por la legislación estatal básica en cuanto a los criterios para delimitar las Áreas de Salud y subsiguiente planificación farmacéutica, pero, para obtener su anulación, no basta con esgrimir genéricamente que una norma reglamentaria contraría determinados preceptos legales, sino que sería preciso razonar individualizadamente, y por ende, acreditar, la citada colisión.
ROJ: STS 2939/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2939
Nº Recurso: 5008/2016
Resumen: Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden SSI 1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. El TS realiza algunas consideraciones sobre el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por los sistemas nacionales de salud como medio de control del gasto farmacéutico. Se trata de la cuantía máxima con la que se financiarán las presentaciones de medicamentos incluidos en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a dichos fondos públicos. Estos conjuntos incluirán todas las presentaciones de medicamentos financiadas que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración. Considera el TS que la Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC) ha resultado insuficiente para establecer la identidad entre los principios activos de los medicamentos incluidos en el grupo H 84. Cuando la denominación del principio activo que figura en la ficha técnica del medicamento es completamente distinta a la que figura en el conjunto de referencia del que forma parte el medicamento, como acontece en este caso, la Administración ha de justificar por qué ha cambiado dicha denominación. Así pues se declara la nulidad de la inclusión del medicamento denominado Refacto, en sus distintas presentaciones, en el grupo H84 del anexo de la citada Orden.
ROJ: STSJ AS 2558/2015 - ECLI:ES:TSJAS:2015:2558
Nº Recurso: 107/2014
Resumen: En fase de conclusiones el recurrente dice llamar la atención del Tribunal por si existiera vulneración del art. 49.1 de la Ley Procesal por la circunstancia de comparecer una persona como codemandado manteniendo la conformidad a derecho de la resolución recurrida que a la vez se impugna en otro proceso, en el indicado precepto no existe prohibición o incompatibilidad alguna que impida que una misma persona, en procesos diferentes, mantener posiciones diferentes. No cabe estimar identidad alguna entre el acto que aquí se recurre y el que fue objeto de recurso en las sentencias antes referenciadas a fin de poder apreciar las excepciones de litispendencia o de cosa juzgada, ni firmeza del acto administrativo, al no existir identidad entre ellos al ser el acuerdo que ahora se discute consecuencia a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que anulaba y dejaba sin efecto el acto administrativo originario. Recayendo el objeto del recurso en la resolución recurrida resultan extrañas las referencias que se hacen en el mismo a las listas que deben de publicarse, así como a la determinación de las tasas para poder concursar, cuestión por otra parte resulta en la sentencia de la Sala de 01-04-2003 y confirmada por la STS de 30-05-2012. Tampoco pueden acogerse las alegaciones que se hacen respecto de la incorrecta aplicación de la deducción del 20 % de los méritos reconocidos por el ejercicio en el Principado de Asturias. Confirmación valoración distintos méritos de la Comisión.
ROJ: STS 5136/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5136
Nº Recurso: 22/2005
Resumen: Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el R.D. 2402/2004. La disposición impugnada se dicta en desarrollo del art. 104 de la Ley 25/1990, del Medicamento. La omisión del preceptivo trámite de audiencia que se denuncia no es tal. El deber de oír a las organizaciones sectoriales representativas en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales no alcanza a aquellas organizaciones que son de creación meramente voluntaria. La conformidad con la Constitución de la regulación que el R.D. 2402/2004 hace de los márgenes de las oficinas de farmacia correspondientes a recetas de especialidades farmacéuticas dispensadas con cargo a fondos públicos ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de mayo de 2014. La reclamación indemnizatoria por las pérdidas económicas generadas por la aplicación de la disposición final 2ª del Real Decreto 2402/2004 carece de fundamento, habida cuenta que dicho precepto reglamentario debe reputarse ajustado a derecho, existiendo, por tanto, un deber jurídico de soportar las consecuencias de su aplicación. El planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se rechaza, no sólo porque en ningún momento anterior a lo largo del presente proceso habían los recurrentes invocado ninguna norma de derecho europeo, sino también porque la referencia al mismo que ahora hacen es puramente genérica.
ROJ: STS 1836/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1836
Nº Recurso: 4317/2004
Resumen: Acuerdo-Marco de Condiciones de Concertación de las Oficinas de Farmacia, aprobado por el Gobierno de Navarra mediante resolución de 13 de mayo de 2002. La sentencia de casación razona que la inconstitucionalidad de los artículos 29 y 30.4, inciso final, de la Ley Foral 12/2000, no supone la inconstitucionalidad del régimen de concierto con las oficinas de farmacia, y que aunque resulta necesaria la uniformidad derivada de la financiación pública del medicamento según el sistema de precios de referencia o equivalente y que la dispensación de medicamentos no puede ser objeto de un sistema de concierto que permita una adhesión voluntaria al mismo por parte de los farmacéutico; sin embargo, añade que las Comunidades Autónomas pueden establecer la regulación complementaria respecto de este último punto, siempre que respeten el núcleo esencial del deber de dispensación establecido por la norma básica, y mejorar la regulación uniforme mínima, siempre que se respeten los mínimos establecidos por la norma básica estatal. Por todo ello, estima el recurso de casación y declara la nulidad del Acuerdo Marco en todas aquellas previsiones que establezcan o estén vinculadas al régimen dual regulado en la Ley 12/2000 respecto de la dispensación de medicamentos y de las condiciones económicas en la atención farmacéutica en los términos expuestos.
ROJ: STS 3197/2012 - ECLI:ES:TS:2012:3197
Nº Recurso: 1269/2011
Resumen: Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos de Medicamentos, sus Precios de Referencia, y se revisan los Precios de Referencia determinados por Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, y por Orden SC0/3867/2007, de 27 de diciembre. Desestimación del recurso de casación, en el que se cuestiona únicamente el régimen jurídico correspondiente a la llamada "dosis diaria definida", pues no es necesario concretar de modo previo una metodología específica que hubiera de ser empleada para cuantificar las dosis diarias definidas, y no se alcanza a ver la dificultad real de la recurrente para conocer y concretar si las dosis diarias definidas podían obedecer o no a un uso arbitrario de la potestad administrativa.
ROJ: STS 7076/2010 - ECLI:ES:TS:2010:7076
Nº Recurso: 5867/2009
Resumen: Resolución de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos por la que se acordó requerir al laboratorio actor a fin de que ingresase la cantidad de 390.814,40 euros, derivados de la diferencia entre el techo máximo de gasto a que se había comprometido el laboratorio y el realmente producido en el ejercicio de ese año en relación con su producto Omeprazol Mabo 40 mg. Desestimación. En primer lugar, respecto de la alegación de nulidad del acuerdo recurrido al no estar incluido en el orden del día, porque del punto del orden del día ruegos y preguntas del Acta de 5 de octubre de 2004 se desprende la existencia de un acuerdo de reclamación ya decidido y conocido anteriormente por la Comisión, que había aceptado las propuestas de los laboratorios y que, por tanto, no precisaba para su exigencia de una nueva discusión o deliberación en la Comisión sino de la ejecución del mismo. En segundo lugar, porque la prestación económica discutida no tiene naturaleza impositiva. En tercer lugar, porque aunque no hubo contrato de la Administración en cuanto tal, sí hubo un compromiso del laboratorio recurrente fruto de una proposición que hizo a la Administración y que fue aceptada, por lo que sobrepasados los valores de crecimiento a que se refería el acuerdo y excedido el límite marcado, la consecuencia lógica es quee se produjesen las reclamaciones por la Administración de las cantidades comprometidas por el laboratorio.

References: artículo 20
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 Real Decreto 
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