Source: https://www.scribd.com/doc/151493441/Auto-No-Diligencias-Adade
Timestamp: 2018-05-22 10:25:53+00:00

Document:
Auto No Diligencias Adade
UDEF-BLA Nº 22.510/13” AUTO En Madrid, a tres de julio de dos mil trece. HECHOS PRIMERO.- El pasado día 13.06.2013 tuvo entrada en este Juzgado, escrito presentado por la representación procesal de ADADE, por el que se interesaba como diligencia de investigación, la declaración testifical de José María Aznar López SEGUNDO.- Evacuado el traslado conferido, por el Ministerio Fiscal se ha emitido dictamen en que se informa en sentido negativo a la práctica de tal diligencia, sobre la base de los argumentos que literalmente dicen:
“Primero.- La razón por la que la acusación popular (A.D.A.D.E.) solicita la declaración testifical de José María Aznar López, es ‘para que, por un lado, confirme o no lo declarado por el Sr. del Burgo en lo que a él concierne, y por otro lado, explique y justifique la razón de ser de esos sobresueldos que percibió, algunos incluso siendo ya Presidente del Gobierno.’ (Párrafo último, ordinal Segundo del escrito de solicitud), ‘y si todos ellos [los sobresueldos] los declaró a la Hacienda Pública.’ (Párrafo último, apartado A, ordinal Tercero del escrito de solicitud). En el ordinal Cuarto, nos habla también la parte solicitante de ‘aclarar los aspectos que venimos relatando en la medida que cuestionan su conducta’ –la del testigo-. Segundo.- Se hace por la solicitante una remisión a la doctrina jurisprudencial, recordando los requisitos que
han de concurrir en las diligencias a practicar para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. Requisitos que recoge nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 311 y nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 281 y 283, al referirse al objeto, necesidad, pertinencia y utilidad de las pruebas. Nada objetamos a las referencias doctrinales que realiza la parte, salvo por lo que respecta a la concreta aplicación al caso. Entendemos que no concurren los requisitos para llevarla a cabo en la medida en que no es necesaria, pues no aporta nada nuevo al procedimiento, ni resulta relevante o útil para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Tercero.- Para que el Magistrado Instructor pueda valorar los motivos de nuestra oposición a la práctica de la
diligencia propuesta es necesario hacer un breve examen de los hechos que con la misma se quieren acreditar, situarlos cronológicamente y relacionarlos con los que son objeto de investigación. I. En primer lugar, se pretende verificar con el testimonio del testigo la veracidad o no de lo declarado por Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, en lo referente a si fue José María Aznar López quién, como presidente del partido, acordó el abono de una compensación a Calixto Ayesa Dianda. Se incide, en el último párrafo del apartado B, del ordinal Cuatro del escrito, ‘en conocer si el Sr. del Burgo mintió o no’. Los acontecimientos que motivaron las declaraciones testificales de Jaime Ignacio del Burgo y de Calixto Ayesa, fueron: 1. Las manifestaciones realizadas por Jaime Ignacio del Burgo, recogidas en un acta notarial de fecha 14 de marzo de 2013, presentada en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, en las que reconocía haber recibido del Partido Popular 500.000 pesetas, el 28 de julio de 2001, que
entregó a Elena Murillo como ayuda para el pago del alquiler de una vivienda con motivo del atentado de ETA sufrido el 15 de abril del 2001 en Villava. Estas manifestaciones las realizó el testigo tras la publicación en prensa de los denominados ‘Papeles de Bárcenas’, en los que figuraba su nombre como perceptor de aquella cantidad, en una anotación fechada en julio de 2001. 2. El comunicado emitido por Calixto Ayesa el 3 de febrero de 2013, publicado en el Diario de Navarra, en el que reconocía haber sido el perceptor de los 3.900.000 pesetas que aparecen anotados, en los que él llamaba ‘apuntes de Bárcenas’ durante los años 1991 y 1992, a nombre de Jaime Ignacio del Burgo. La exposición pública de las anteriores manifestaciones de Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa, provocó su llamamiento a la causa para prestar declaración como testigos por unos hechos que, atendida la fecha en que acontecieron, carecían de relevancia penal pero podían cooperar junto con otras diligencias acordadas a comprobar la verisimilitud de los denominados ‘Papeles de Bárcenas’ o contabilidad ‘B’ del Partido Popular. Por tanto, los hechos sobre los que prestaron su testimonio los anteriores testigos no eran, ni pueden ser objeto del procedimiento, dado el tiempo en que tuvieron lugar. Sí podían tener, de confirmarse ante el Magistrado Instructor, un valor de indicio a los efectos dichos. Se pretende por la parte solicitante, con el testimonio del testigo propuesto, verificar si Jaime Ignacio del Burgo mintió en su declaración. No nos dice en su escrito cuáles son los motivos en los que apoya la desconfianza hacia el testimonio de Jaime Ignacio del Burgo y qué hechos concretos pueden contradecir el mismo y dejarlo en evidencia. Si analizamos la declaración de este último, no encontramos contradicción alguna ni motivo de desconfianza en lo manifestado, su testimonio resultó coherente con la declaración de Calixto Ayesa, dando sentido y explicación a los apuntes que les afectaban. Es más, Calixto Ayesa aportó un dato del que se carecía: los pagos que recibió se extendieron temporalmente hasta julio de 1995. En definitiva, no encontramos motivo alguno que nos haga dudar de la afirmación realizada por Jaime Ignacio del Burgo, relativa a que fue José María Aznar López quién acordó el pago a Calixto Ayesa, como compensación mensual por el quebranto económico que le generaba cerrar su consulta profesional como dermatólogo para el ejercicio de un cargo público que le propusieron. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, estimamos que los hechos y motivos por los que se solicita la declaración de José María Aznar López, no justifican la necesidad de la diligencia propuesta al no aportar, a lo ya determinado, ningún conocimiento adicional, relevante y necesario sobre lo que constituye el objeto de investigación, II. En segundo lugar, quiere la parte solicitante que el testigo ‘confirme, en su caso, los sobresueldos por él percibidos, concepto en que lo han sido, razón de ser de los que percibió cuando ya era Presidente del Gobierno, y si todos ellos los declaró a la Hacienda Pública’, y así, dice la parte solicitante, ‘aclarar los aspectos que venimos relatando en la medida que cuestionan su conducta’ Antecede a su petición el relato de hechos que hace en el ordinal Segundo de su escrito, cuando atribuye a José María Aznar la percepción de unos pagos reflejados en los ‘papeles de Bárcenas’, bajo el concepto ‘Entrega J.M.’, en los meses de abril a agosto de 1990, por un importe total de 1.530.000 pesetas. Se añade, que en la contabilidad oficial del Partido Popular aparecen abonados al testigo propuesto 782.695,12 euros entre los años 1990 a 1996. Los anteriores hechos –pago de las cantidades registradas en la contabilidad oficial-, sobre los que quiere la peticionaria que testifique José María Aznar López, no revelan a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución. Además, tal y como refieren en su escrito, las cantidades que dicen percibidas por el testigo fueron contabilizadas y declaradas a la hacienda pública hasta donde se puede comprobar con la documentación e información aportada a la causa, cantidades que no tienen ningún reflejo en los ‘papeles
de Bárcenas’, por lo que ni tan siquiera es útil a los efectos de obtener algún indicio sobre la verosimilitud de dichos documentos. Respecto de las otras cantidades, las que se corresponden con la anotación de ‘Entrega J.M.’, ningún elemento o indicio resulta de la causa que permita afirmar que dichas iniciales se correspondan con las del testigo, y en cualquier caso ningún efecto tendría ello en el ámbito de la investigación que se lleva a cabo. Por tanto, los hechos y motivos que expone la acusación popular, para justificar la práctica de la diligencia, claramente se apartan del objeto de investigación por lo que no resultan ni necesaria ni útil. Las razones que esgrime dicha acusación muestran un interés que se aparta del que ha de presidir la instrucción judicial de esclarecer los hechos presuntamente delictivos que conforman su objeto. Su interés se centra más bien en someter la conducta del testigo a la censura y valoración, al menos, de las partes, en relación con los hechos en que fundamenta su petición, lo que excede de la función del proceso penal. TERCERO.- Asimismo, en fecha 17.06.2013, por la misma representación procesal de ADADE que ejerce la acusación popular en la presente causa, se ha interesado en escrito presentado al efecto que se requiera a varias personas que figuran en anexo al mismo para que acrediten la declaración fiscal correspondiente a las cantidades que también aportan en cuadro adjunto referida al concepto denominado “Gastos de Representación”, dirigiendo oficio al Congreso de los Diputados y al Senado para que se aporten sus declaraciones actuales o anteriores. CUARTO.- Por el Ministerio Fiscal se ha presentado en el día de la fecha escrito en que se informa que procede denegar la práctica de las diligencias solicitadas por los motivos que literalmente expresa:
“Primero.- Solicita la acusación popular que el Magistrado Instructor acuerde requerir a las 40 personas que figuran en el cuadro anexo a su escrito «para que acrediten en el plazo prudencial que el juzgado señale, la declaración fiscal, si la hicieron, correspondiente a las cantidades que en el Cuadro adjunto figura por ellos eventualmente recibidas en la columna referida al concepto ‘Gastos de Representación’ o en la columna los ‘papeles de Barcenas’. Solicita también la parte ‘se dirija oficio al Congreso de los Diputados y al Senado para que respecto de las 39 personas citadas que son o bien han sido parlamentarios (se exime a Miguel Ángel Rodríguez por no constamos haberlo sido), se aporten sus declaraciones, actuales o anteriores, de actividades, bienes y rentas, efectuadas ante las citadas Cortes Generales...’
Las 40 personas a que se refiere la acusación popular son: ACEBES PANIAGUA, Ángel Jesús; ALVAREZ CASCOS, Francisco; ARAGONÉS MENDIGUCHIA, Carlos; ARENAS BOCANEGRA, Javier; ARIAS CAÑETE, Miguel; AYLLON MANSO, José Luís; AZNAR LÓPEZ, José María; BARCENAS GUTIÉRREZ, Luís; BERMUDEZ DE CASTRO, José A; COSPEDAL GARCÍA, Ma Dolores; ELORRIAGA PISARIK, Gabriel; FERNANDEZ DÍAZ, Jorge; FLORIANO CORRALES, Carlos; GARCÍA ESCUDERO, Pió; GONZÁLEZ PONS, Esteban; HERNANDO FRAILE, Rafael; LAPUERTA QUINTERO, Álvaro; LASSALLE RUIZ, José María; MATO ADROVER, Ana; MAYOR OREJA, Jaime; MERINO LÓPEZ, Rafael; MICHAVILA NUÑEZ, José María; MONTORO ROMERO, Cristóbal; MORAGAS SÁNCHEZ, Jorge; MORENO BONILLA, Juan Manuel; NADAL BELDA, Alvaro María; PASTOR JULIÁN, Ana; RAJOY BREY, Mariano; RATO FIGAREDO, Rodrigo; ROBLES FRAGA, José María; ROBLES OROZCO, Gonzalo; RODRÍGUEZ, Miguel Ángel; RODRÍGUEZ HERRER, Ma Elvira; RODRÍGUEZ PONGA, Rafael; SAENZ DE SANTAMARÍA, Soraya; SÁNCHEZ CAMACHO, Alicia; SEPULVEDA RECIO, Jesús; TOCINO BISCAROLASAGA, Isabel; TRILLO FIGUEROA, Federico y VERA PRO, Juan Carlos. A la finalidad perseguida con la práctica de las diligencias propuestas se refiere la parte solicitante, de manera reiterada, a lo largo de su escrito. Así, en el párrafo segundo del ordinal Segundo, se justifica la necesidad de
obtener información de los perceptores de pagos del Partido Popular, pues ‘Con ello se tendría la necesaria ilustración sobre la corrección del proceder de unos, los pagadores (el P.P.) y de los otros (los perceptores), de cara a averiguar cuál fue el tratamiento fiscal de las cantidades en cuestión.’ En el párrafo siguiente se incide a modo de aclaración del anterior y para contrastar con la información, de pagos efectuados, proporcionada por la AEAT y el Partido Popular, en ‘conocer si los beneficiados por esos pagos, por un lado los reconocen y por otro, si han declarado fiscalmente todas sus percepciones...’ Por último, en el párrafo segundo del ordinal Quinto dice la acusación popular que es la Justicia la ‘que debe comprobar si las respectivas obligaciones fiscales se cumplieron efectivamente’, y en el párrafo tercero ‘que ha de bastar con requerirles para que acrediten ante el Juzgado el efectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales por las cantidades que hayan podido percibir de tan peculiar manera en los periodos de 1990 a 2011...’ Sobre la razón de la elección de esas concretas personas y no de otras, únicamente encontramos expresado el motivo de ser ‘cuarenta de los más relevantes perceptores’ -vid párrafo segundo, ordinal Tercero-. Desconocemos si la relevancia determinante de su elección los es en atención a las cuantías percibidas o a la entidad de los cargos públicos y en el Partido Popular que ocupan o han ocupado los seleccionados.
Segundo.- Teniendo en cuenta los antecedentes de la solicitud que mencionamos en el número anterior, procede
ahora verificar si las diligencias interesadas soportan el filtro o examen de concurrencia de los requisitos necesarios para acordar su práctica. A estos requisitos se refiere nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 311 y nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 281 y 283, al hacer mención al objeto, necesidad, pertinencia y utilidad de las pruebas. Conviene recordar que, en tanto el Magistrado Instructor no adopte resolución alguna en otro sentido, el objeto del procedimiento por lo que respecta a infracciones tributarias, sólo afecta a la repercusión que en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de los ejercicios de 2007 y 2008, pudieran tener para el Partido Popular las anotaciones realizadas en los denominados ‘papeles de Barcenas’ o contabilidad ‘B’ de dicho partido, de confirmarse la existencia de los hechos que reflejan. En ese ámbito de actuación, entendemos que las diligencias solicitadas son impertinentes, teniendo en cuenta la finalidad perseguida y la aparente arbitrariedad en la elección de las personas afectadas. Se sitúan de esta manera, las diligencias pedidas, fuera del objeto del procedimiento. Efectivamente, el fin reiterado y pretendido por la parte con la práctica de las diligencias es comprobar si las personas afectadas por su petición han cumplido con sus obligaciones fiscales en el período de 1990 a 2011. Indudablemente, la ausencia de un criterio de elección jurídicamente válido de las personas afectadas, que nos permita evaluar correctamente la pertinencia y utilidad de las diligencias propuestas, se erige en el primer impedimento y causa de oposición a su práctica. En segundo lugar, esta pieza separada no tiene por objeto investigar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las 40 personas que se relacionan. Únicamente, el imputado Luis Barcenas es objeto de investigación por fraude fiscal en la pieza principal, lo que impide en cualquier caso que puedan perseguirse en esta pieza separada dichos delitos. Sobre el resto de personas no hay elemento indiciarlo alguno que nos haga pensar en la existencia de delito fiscal, teniendo en cuenta además que las cantidades que por los distintos conceptos se detallan por la acusación popular, en modo alguno generarían cuotas que pudieran situarnos en la esfera de la referida infracción penal. En cualquier caso, y además de lo expuesto, observamos también que hay un exceso en la petición que no se justifica ni con el objeto de investigación, ni, como pretende hacer ver en su escrito, con el período al que afecta la petición de información contable a la AEAT y al Partido Popular. Y ello, porque de una parte, la elección de los sujetos atendiendo, como dice, a la relevancia de los perceptores hace que se dirija la petición de información y comprobación: a perceptores que no figuran en los denominados ‘papeles de Barcenas’, 29 de los 40 relacionados; y sobre ejercicios, no sólo ya prescritos a los efectos administrativos y penales, sino de ejercicios en los que las 11 personas que si aparecen en los referidos documentos no tienen atribuidos pagos en los mismos. Nada obsta a que si la acusación popular tiene conocimiento de hechos que pudieran revelar incumplimientos fiscales los ponga, atendiendo a su naturaleza, bien en conocimiento del Instructor para que los valore y decida sobre su
relevancia penal y relación o conexión con esta pieza, bien en conocimiento de la administración tributaria para que realice las actuaciones de comprobación procedentes a que hubiere lugar. Por tanto, los hechos y motivos que expone la acusación popular, para justificar la práctica de la diligencia, claramente se apartan del objeto de investigación por lo que resultan impertinentes. Y, al igual que manifestamos en un informe precedente, su interés parece centrarse más en someter a examen y desaprobación la conducta de las personas cuya investigación se pretende que al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.” RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: “El Juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales”. Habiéndose ya referido este instructor a la necesaria ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a la actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la proporcionalidad entre la medida que se propone y el resultado que se persigue, a la luz de la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con cita de otras anteriores, así como de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de noviembre de 1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990), al objeto de ponderarse la pertinencia, necesidad y posibilidad de las diligencias probatorias interesadas al juzgador, en orden a resolver sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, todo ello en los términos que ya han sido expuestos en resoluciones precedentes dictadas en la presente causa. SEGUNDO.- En lo que respecto a la solicitud de declaración de José María Aznar López, interesada por la representación procesal de ADADE en ejercicio de la acusación popular, se trata de justificar la misma en atención a la necesidad de confirmar las declaraciones previamente emitidas por el testigo Jaime Ignacio del Burgo Tajadura en la presente Pieza Separada, precisando a tal efecto que la diligencia es relevante para conocer si las mismas se ajustaron a la realidad. Asimismo se pretende con la diligencia interesada indagar sobre “la razón de ser de esos sobresueldos” que se dicen percibidos en el pasado por el testigo propuesto, así como “si todos ellos los declaró a la Hacienda Pública”. Atendidas las alegaciones invocadas por la parte procesal instante de la diligencia en su escrito, la declaración testifical interesada debe ser denegada, al no advertir este instructor en los motivos esgrimidos por la parte proponente razón o fundamento suficiente que justifique la necesidad, idoneidad o razonabilidad de su práctica, en los términos señalados por el Ministerio Fiscal en su dictamen precedente. En este sentido, un análisis de la motivación y resultado de la diligencia testifical practicada sobre el precitado Jaime Ignacio del Burgo determina, por un lado, que tal diligencia vino justificada por la necesidad e idoneidad de tal testimonio, junto con otros que fueron acordados, para comprobar la verosimilitud de las anotaciones contenidas en los documentos publicados por el Diario El País y que dan origen a la incoación de la presente Pieza Separada, sin que los hechos en sí sobre los que versó el testimonio constituyan el objeto de las actuaciones ni pueda reconocerse a los mismos relevancia penal, habida cuenta de la fecha de su ocurrencia. Por otra parte, la declaración prestada por el Sr. Del Burgo resultó firme, consistente y coherente con el testimonio también prestado por el testigo Calixto Ayesa, coincidiendo además lo declarado por el Sr. Del Burgo con las manifestaciones previamente recogidas en acta notarial de fecha 14.03.2013 e incorporada al procedimiento, y asimismo con manifestaciones públicas realizadas con anterioridad por los Sres. Del Burgo y Ayesa, todo lo cual determina una ausencia de duda o incertidumbre sobre la aparente veracidad de la declaración prestada por el Sr. Del Burgo, lo que permite concluir en la irrelevancia e innecesariedad de la declaración propuesta respecto de José
María Aznar López, al no justificar la entidad solicitante de forma suficiente la relevancia y pertinencia de tal testimonio al objeto de la investigación en curso. Adicionalmente a lo anterior, y por lo que respecta a la necesidad de la declaración testifical interesada para confirmar la recepción de los denominados “sobresueldos” y su declaración a la Hacienda Pública, previa indicación de los datos derivados de pagos al testigo en la contabilidad oficial del Partido Popular entre los años 1990 a 1996, nuevamente nos encontramos ante una diligencia de investigación que parece apartarse del objeto de la misma, por cuanto además de no desprenderse de los hechos relatados actividad alguna de naturaleza indiciariamente delictiva, atendido también el tiempo pretérito a que tal actividad se refiere, reconoce la propia acusación solicitante en su escrito que las cantidades que se dicen percibidas por el testigo fueron contabilizadas y declaradas a la Hacienda Pública hasta dónde se puede comprobar con la documentación e información aportada a la causa, en el sentido señalado por el Ministerio Fiscal en su dictamen. Y por último, las referidas cantidades carecen de cualquier reflejo en los soportes documentales indiciariamente atribuidos al imputado Sr. Bárcenas, lo que en última instancia revela la falta de utilidad o pertinencia de la testifical propuesta en aras a la obtención de indicios adicionales a los ya existentes sobre la verosimilitud de los referidos documentos. Corolario de todo lo anterior, procede también acoger en la presente resolución lo dicho por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Auto de fecha 5.05.11 dictado en el Rollo de Sala Apelación contra autos 94/2011, derivado de causa independiente a la presente, recogiendo la cita jurisprudencial de la STC 89/1986 en cuanto que el derecho a la prueba no comprende un derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, “de manera que, estando el objeto del proceso perfilado al nivel indiciario que es exigible por ahora, no hay necesidad de que declaren más testigos, con lo que, operando así, de alguna manera, se seguirán las pautas que el art. 363 de la L.E.Civil estable sobre limitación de testigos llamados a declarar sobre un mismo hecho”. Ello sin perjuicio de la valoración independiente que debe realizarse sobre la pertinencia o utilidad de ulteriores diligencias – testificales o de otra índole -, que bien de oficio o a instancia de parte resulte oportuno practicar en averiguación de los hechos objeto de instrucción. TERCERO.- Por lo que se refiere a las diligencias interesadas por la representación procesal de ADADE relativas a los requerimientos a efectuar a las personas indicadas en su escrito, respecto de sus declaraciones fiscales y percepciones bajo el concepto de “Gastos de Representación”, y otras adicionales especificadas en su escrito, deben ser traídas nuevamente a colación las conclusiones recogidas en el razonamiento jurídico precedente en cuanto a la falta de invocación por la acusación popular de motivos suficientes que determinen la necesidad e idoneidad de las diligencias interesadas en orden al objeto de la investigación judicial en curso. En este sentido, debe partirse de la correcta delimitación del objeto de la presente Pieza Separada, que en modo alguno pueda abarcar una investigación patrimonial y fiscal como la planteada por la acusación popular, máxime a la vista de la arbitrariedad o falta de justificación en la elección del número de personas que vendrían afectadas por el requerimiento interesado (a tal respecto se hace únicamente referencia a “40 de los más relevantes perceptores”, sin mayor mención o explicación), así como de la inconcreción del objeto o finalidad perseguidos por las diligencias interesadas y su vinculación a los hechos objeto de indagación en la presente causa. Debe así recordarse como la presente Pieza Separada, en los términos ya recogidos entre otras en resoluciones de 7 y 15 de Marzo de 2013, tiene por objeto la determinación de las consecuencias y relevancia jurídico-penal derivada de las anotaciones contenidas en los soportes documentales que dieron origen a su incoación, y que indiciariamente aparecen atribuidos al imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, siendo objeto de investigación tanto las consecuencias de índole penal que pudieren conllevar los hechos puestos de manifiesto a través de aquellos
documentos, para el caso de acreditarse la certeza de los datos derivados de los apuntes contables en ellos contenidos así como la presunta llevanza de una contabilidad “B” u oculta respecto del Partido Popular, y ello tanto desde el punto de vista tributario (arts. 305 y ss. CP) fundamentalmente en lo referente a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 (a la vista de que, los anteriores ejercicios fiscales aparecerían a priori afectados por el instituto de la prescripción)-, como contable (artículo 310 del Código Penal); constituyendo también objeto de investigación los hechos relatados en el cuerpo del escrito de querella interpuesto por Izquierda Unida y otros y admitido por auto de 11.03.2013 del Juzgado Central de Instrucción Número Tres, en lo que se refiere a la contratación pública vinculada a administraciones del Partido Popular durante el periodo temporal fijado en aquella resolución y la presunta percepción de dádivas o remuneraciones procedentes de los beneficiados por las diferentes adjudicaciones objeto de investigación (señalando a tal respecto el Auto de 27 de marzo de 2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que “nos movemos en un ámbito muy provisional de una red (según la querella admitida en 11 de marzo de 2013) que a través de donativos a determinado partido político pudiera conseguir ventajas ilícitas en la adjudicación de construcciones, burlando los procedimientos de licitación o sin licitar directamente). Significándose que posteriormente se han acumulado a las presentes actuaciones querellas interpuestas por diferentes acusaciones populares, en relato de hechos parcialmente coincidente con los previamente investigados en la causa. Por otra parte, y en lo atinente al objeto de las presentes actuaciones, debe también recordarse cómo el Auto de 7 de junio de 2013 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional razonaba, respecto del contenido de las presentes actuaciones, sobre “la posible existencia de una contabilidad “B” del Partido Popular, que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que indiciariamente podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial”. En consecuencia y sin perjuicio de que en el curso de la instrucción pudieran aparecer hechos con indiciaria relevancia penal conexos con los anteriores, y dejando al margen la investigación tributaria que en relación a alguno de los imputados en la presente Pieza Separada se viene siguiendo en la Pieza Principal -así respecto de Luis Bárcenas Gutiérrez o Pablo Crespo Sabaris-, no existe constancia, ni tampoco se aporta por la acusación popular proponente de las diligencias, de elemento indiciario alguno que lleve a la presunción de comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública por parte de alguna de las personas cuya investigación tributaria se pretende en las presentes actuaciones, teniendo además en cuenta como indica el Ministerio Fiscal en su informe que las cantidades que por los distintos conceptos se detallan por la acusación popular no resultarían generadoras de cuotas que supongan infracción penal, y asimismo se estaría haciendo referencia a perceptores que en muchos casos no figuran en los soportes documentales analizados, a ejercicios fiscales ya prescritos a efectos administrativos y penales, así como por último a ejercicios en los que las personas de las que sí se recoge constancia en los referidos documentos no tienen atribuidos pagos en los mismos. En virtud de lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, PARTE DISPOSITIVA 1.- No ha lugar a la práctica de la declaración testifical solicitada por la representación procesal de ADADE en su escrito presentado en fecha 13.06.2013, en virtud de los razonamientos jurídicos contenidos en la presente resolución.
2.- No ha lugar a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la citada representación procesal de ADADE en escrito presentado en fecha 17.06.2013, en virtud de lo expuesto en los razonamientos jurídicos de la presente resolución. Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días a partir de su notificación ante este mismo Juzgado, y en su caso, recurso de apelación, que podrá ser interpuesto conjuntamente con el de reforma o con carácter subsidiario, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 5.
Documents Similar To Auto No Diligencias Adade
Fernandez+Benitez+The+moment+of+testimonio+is+over
c_etica_cc_cc
Borrador del Plan de Bescansa filtrado por error
Renuncia de Cristina Cifuentes a la presidencia del PP de Madrid
Sentencia de la Audiencia de Zaragoza que rebaja la pena al violador de una menor por estar borracho
Programa de la jornada dedicada a los másteres organizada por 'La Uni en la Calle'
El discurso completo del presidente en funciones de Madrid, Ángel Garrido, del Dos de Mayo
Documento de Anticapitalistas
Firmantes Cargos Públicos en Apoyo
Carta de "renuncia" al máster
Borrador Plan para liderar Podemos de Carolina Bescansa
Escrit de felicitació al President de la Generalitat
Comunicado de Cristina Cifuentes sobre su máster
Documento en la que se reconoce que la Sección de Información Interna del Estado Mayor ha recibido informes sobre la cabo Teresa Franco.
Apertura Expediente de la URJC por el caso del máster de Cristina Cifuentes
Sentencia Pablo Hasel
00-201702465.pdf
Actas convalidación Cifuentes
Comunicado de Prensa la URJC

References: artículo 311
 artículo 311
 resolución 
 artículo 311
 resolución 
 resolución 
 resolución