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Timestamp: 2018-09-20 03:34:46+00:00

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24. Otros aspectos ambientales nacionales
24.1. Biotecnología
24.2. Ruido y vibraciones
24.3. Contaminación atmosférica en interiores
24.4. Salud y seguridad laboral
24.5. Medios económicos para proteger el ambiente
24.6. Compras del gobierno
24.7. Tanques de almacenamiento subterráneo
24 Otros aspectos ambientales nacionales
24.1 Biotecnología
Panorama general. No existen en México leyes sobre el medio ambiente que específicamente regulen el desarrollo y uso de la biotecnología. Sin embargo, ciertos aspectos sobre productos biotecnológicos y productos de ingeniería biogenética, pudieran potencialmente recaer bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca o la Secretaría de Economía. Sin embargo, el aprovechamiento del material genético se considera de utilidad pública en el Artículo 2 (III) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA ).
Adicionalmente, el Artículo 3(V) de la LGEEPA define a la biotecnología como la totalidad de las aplicaciones tecnológicas que use recursos biológicos para crear diversos productos o usos.
Secretaría de Medio Ambiente y, Recursos Naturales. De acuerdo con el Artículo 28 de la LGEEPA, cualquier uso de la biotecnología que "pueda causar" un desequilibrio ecológico debe primero analizarse por medio de una evaluación de impacto ambiental (EIA). Además, el uso de la biotecnología puede requerir un permiso o una licencia al amparo de las leyes ambientales específicas de ciertos medios. Por ejemplo, un microbio utilizado en la limpia de residuos peligrosos pudiera requerir también un permiso para el manejo de residuos peligrosos, un permiso de descarga de aguas residuales, un permiso de sustancias tóxicas, etcétera.
Por otro lado, para colectar y aprovechar especies de flora y fauna con fines biotecnológicos se deberá de contar con la autorización de la SEMARNAT de acuerdo a los establecido en el Artículo 87BIS de la LGEEPA. El mismo precepto establece que no podrá autorizarse ningún aprovechamiento sin el conocimiento y aprobación de los dueños de las tierras en donde se encuentren tal fauna y flora. Además, los propietarios de tales tierras tienen un derecho a obtener una distribución de los beneficios obtenidos del aprovechamiento de tales especies.
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) es un órgano del poder Ejecutivo que se encarga de establecer las políticas y tomar las decisiones inherentes al manejo de los organismos vivos modificados por medios biotecnológicos para que sean inocuos a la salud del ser humano y no pongan en riesgo los cultivos básicos de la economía campesina o bien la biodiversidad de nuestro país.
La bioseguridad tiene como punto central la adopción de medidas para la protección a la salud y al ambiente, derivadas del manejo y liberación de OGM's. Precisamente, la normatividad jurídica se aplica principalmente en los rubros de salud -humana, animal y vegetal- y ambiente.
La CIBIOGEM, a través de las Secretarías de Estado principalmente SAGARPA, SEMARNAT, SSA y del CONACYT, integrantes, aplican ciertas normas jurídicas relacionadas con bioseguridad. Las normas relativas a la salud, primordialmente se encuentran previstas en la Ley General de Salud, en cuatro de sus reglamentos (Investigación para la Salud, Insumos para la Salud, Control Sanitario de Productos y Servicios, y Publicidad), en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y en la NOM-FITO-056. Por lo que respecta a la protección al ambiente, las normas jurídicas relativas se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su reglamento en materia de impacto ambiental.
Otras dependencias que tambien forman parte de la CIBIOGEM son las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Economía (SE) y Educación Pública (SEP), no aplican normatividad específica en materia de bioseguridad, pero si a lo referente a disposiciones que regulan aspectos relacionados con bioseguridad, directa e indirectamente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica normatividad relacionada con el control sobre movimientos transfronterizos de bienes, aduanas, imposición tributaria (impuestos) y asistencia financiera, entre otros. La Secretaría de Economía (SE) hace lo correspondiente sobre normas jurídicas relacionadas con el comercio exterior, políticas comerciales nacionales e internacionales, colocación en el mercado de bienes y tratados comerciales internacionales, mientras que uno de los órganos gubernamentales sectorizados a esta dependencia el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), regula la propiedad industrial, y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) protege los derechos de los consumidores.
Por lo que respecta a la Secretaría de Educación Pública ésta se vincula con la bioseguridad al aplicar normas jurídicas relacionadas a la elaboración de políticas educativas nacionales a prácticamente todos los niveles, investigación y divulgación educativa y científica con CONACYT, entre otros.
Secretaría de Salud (SSA). Aunque en la actualidad no existe una lista completa de sustancias químicas que promueva la revisión previa a la producción de nuevas sustancias, se espera que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), expida dicha lista en un futuro próximo. Es probable que todas las sustancias biotecnológicas deban registrarse en una nueva lista de la Secretaría de Salud. En la actualidad todas las biotecnologías a ser usadas específicamente para fertilizantes y plaguicidas deben registrarse ante la CICOPLAFEST. Véase SE, la SAGAR, la y la Secretaría de Salud deben cumplir al autorizar Solicitudes y Otorgamiento de Licencias, Permisos y Registro de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley Federal de Sanidad Animal (en adelante Ley de Sanidad Animal) la SAGAR tiene autoridad sobre todos los productos biológicos que de manera general incluyen a todos los reactivos biológicos, sueros y vacunas utilizadas en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de enfermedades animales, así como todas las hormonas, y materiales biogenéticos usados para propósitos reproductivos. Por ello, la SAGAR tendría el control total sobre permisos y reglamento de la biotecnología utilizada en la producción ganadera. Además, la Ley Federal de Sanidad Vegetal (en adelante Ley de Sanidad Vegetal) confiere a la SAGAR la autoridad sobre todas las actividades fitosanitarias, que incluyen todas las actividades relacionadas con la producción, industrialización, movimiento o comercialización de vegetales, productos de vegetales o materias empleadas para la producción de vegetales.
Secretaría de Economía. Al amparo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la quedaría a cargo de los requisitos de etiquetado de los productos biotécnicos o de ingeniería biotécnica. Dichos requisitos incluirían normas relacionadas con la publicidad, empaque, garantías, seguridad y aseguramiento de la calidad de toda biotecnología para uso comercial.
24.2 Ruido y vibraciones
La Secretaría de Salud podrá también establecer zonas de restricción al ruido o a petición de una tercera parte. Estas zonas de restricción, que pueden ser temporales o permanentes, tienen el propósito de permitir normas contra el ruido más severas en áreas cercanas a hospitales o zonas residenciales.
Las sanciones por infracciones al reglamento del ruido dependen de la disposición específica que se haya contravenido. Las multas varían de uno a nueve años de prisiión y de trescientos a tres mil dias de salario mínimo de multa, de acuerdo a la severidad de la infracción y la frecuencia con que se ha cometido dicha infracción.
24.3 Contaminación atmosférica en interiores
Los asuntos relacionados con la contaminación de interiores están reglamentados principalmente como cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo bajo la Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo Ley del Trabajo) y el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en lo sucesivo Reglamento de Seguridad en el Trabajo). Además, el Reglamento de Ingeniería Sanitaria Relativa a Edificios (en lo sucesivo Reglamento Sanitario de Edificios) establece disposiciones de ventilación del aire en el interior de edificios. La administración y aplicación de los reglamentos de ventilación en los interiores de los lugares de trabajo cae bajo la jurisdicción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en lo sucesivo STPS), en tanto que las normas referentes a los edificios son aplicadas por la Secretaría de Salud.
La Ley del Trabajo no prevé per se disposiciones que rijan la contaminación atmosférica en interiores. Más bien, la Ley establece políticas generales relativas a los riesgos ocupacionales. El Reglamento de Seguridad en el Trabajo, que instrumenta la Ley del Trabajo, regula los contaminantes en el entorno laboral, incluidos los contaminantes del aire. Según el Reglamento de Seguridad en el Trabajo, los patrones deben reducir la contaminación del aire en el lugar de trabajo y dar a cada uno de los trabajadores el equipo protector correspondiente. Además, las disposiciones en materia de ventilación de las instalaciones se establecen en los artículos 35-50 del Reglamento de Sanidad en las Instalaciones de Trabajo. Las sanciones por infracciones en materia de contaminación en interiores son las mismas que se describen más adelante en la Sección 24.4 Seguridad y salud laborales.
24.4 Salud y seguridad laboral
Panorama general. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución mexicana), establece que todos los ciudadanos tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil y obliga a los patrones a instrumentar las medidas necesarias para asegurar la seguridad e higiene en el lugar de trabajo y para prevenir accidentes y enfermedades. Las disposiciones de salud y trabajo laborales del artículo 123 las instrumenta la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y, más específicamente, el Reglamento de Seguridad Laboral.
Ley General de Salud y Ley Federal del Trabajo. Establecen las disposiciones generales que sirven de fundamento para regular en materia de salud y seguridad en el trabajo. Todas las actividades que se desarrollen en el lugar de trabajo, sea comercial, industrial, profesional o de cualquiera otra clase, deben cumplir con las normas generales creadas por la Secretaría de Salud. El Artículo 129 de la Ley General de Salud encomienda a la Secretaría de Salud:
establecer los criterios sobre el uso y manejo de sustancias, máquinas, equipo, y herramientas a modo de reducir los riesgos a la salud relacionados con el trabajo, con especial atención al manejo de sustancias radioactivas;
determinar los tiempos máximos permisibles de exposición a la contaminación;
asegurar la aplicación de los controles sanitarios en los lugares de trabajo en concurrencia con los gobiernos estatales;
elaborar los estudios técnicos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades.
La Secretaría de Salud comparte con la Secretaría del Trabajo (STPS) la jurisdicción sobre los lugares de trabajo. Al igual que la Ley General de Salud, la Ley del Trabajo establece las disposiciones generales que regulan las condiciones en el lugar de trabajo y amplía las responsabilidades de los patrones para asegurar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. La Ley del Trabajo prevé la compensación por incapacidad a los trabajadores temporales o permanentes por todos los riesgos relacionados con el trabajo.
Reglamento de Seguridad Laboral. El Reglamento de Seguridad Laboral, que aplica la Secretaría del Trabajo (STPS) junto con la Secretaría de Salud, proporciona información detallada sobre las disposiciones generales de salud y seguridad laborales previstas en las leyes de Salud y del Trabajo. El Reglamento de Seguridad Laboral establece las disposiciones generales que rigen los contaminantes del ambiente de trabajo: Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo, que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores.
El Reglamento de Seguridad Laboral estipula que está prohibido que los trabajadores se expongan a niveles de ruido; radiación inonizante; radiación electromagnética no ioizante; contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos; presión ambiental anormal; condiciones de trabajo hiper o hipotermales, y niveles de iluminación que excedan los niveles máximos permisibles (NMP). El Reglamento de Seguridad Laboral también estipula normas generales para prevenir y controlar la exposición de trabajadores a la contaminación durante el manejo, el transporte y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes y tóxicas en el centro de trabajo.
Cuando los contaminantes exceden los NMP establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), los patrones tienen la obligación de instrumentar una serie de medidas correctivas que incluyen: (1) sustituir las sustancias químicas generadoras de contaminación con otras sustancias menos contaminantes; (2) reducir al máximo la generación de contaminantes, y (3) incorporar modificaciones en el proceso de trabajo o en las tecnologías de control. Si la naturaleza de la industria hace posible reducir o prevenir niveles de contaminación que excedan los NMP, los patrones deben emprender alguna de las medidas siguientes, o todas: (1) aislar las fuentes, procesos, equipo o áreas generadoras de contaminación; (2) aislar a los trabajadores; (3) limitar la duración y frecuencia de la exposición de los trabajadores a los contaminantes, y (4) equipar a los trabajadores con un equipo de protección adecuado. Los patrones deben también informar a los trabajadores sobre el riesgo y las medidas de seguridad que se han de seguir. La mayoría de las normas de seguridad e higiene laborales están comprendidas en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM) adoptadas por la Secretaría del Trabajo (STPS): de la NOM-001-STPS hasta la NOM-082-STPS adoptadas en 1993 y 1994.
Los patrones que excedan los LMP, o que no apliquen todas las medidas preventivas y correctivas requeridas para proteger la salud y la seguridad del trabajador, quedarán sujetos a multas en el rango de quince a trescientas veces el salario mínimo diario local. El cálculo de las multas se basa en los siguientes factores: (1) la gravedad de la violación; (2) violaciones previas, y (3) las circunstancias económicas del infractor. Asimismo, se establecen los procedimientos para audiencias administrativas y apelaciones.
24.5 Medios económicos para proteger el ambiente
Los instrumentos económicos ambientales que actualmente se utilizan en México incluyen permisos y cuotas de uso; incentivos fiscales, subsidios directos gubernamentales.
Código Fiscal de la Federación. El Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación contiene las disposiciones que autorizan al Ejecutivo Federal dirigir la política nacional mediante incentivos fiscales. El Ejecutivo podrá establecer exenciones o reducciones de impuestos indirectos a sectores específicos de la industria, sectores o regiones del país, con el objeto de alentar la inversión, producción, desarrollo y realización de ciertas actividades.
LGEEPA. La LGEEPA establece en su Artículo 22 BIS que serán consideradas prioridades para los propósitos de establecer incentivos fiscales la investigación de tecnología ambiental, el adecuado uso y preservación del agua, la reubicación de actividades industriales, el manejo de los recursos naturales y las demás actividades de mantenimiento y protección del medio ambiente. La, en concurrencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo SHCP), se encarga específicamente del desarrollo de instrumentos económicos e incentivos fiscales necesarios para promover el desarrollo equilibrado y la protección ambiental. En algunos casos, estos incentivos fiscales se incluyen en los reglamentos de instrumentación de la LGEEPA, como los artículos 7 y 12 del Reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
Cuotas sobre permisos y licencias. Todas las concesiones, permisos, licencias de operaciones y otras autorizaciones administrativas incluyen cuotas al usuario y costos administrativos. Las cuotas se establecen en la Ley Federal dederechos.
Como un medio de promoción del cumplimiento con las leyes ambientales, se establecen exenciones, por ejemplo, a las cuotas por uso de agua y descarga, cuando el permisionario instala ciertas tecnologías limpias.
Deducciones fiscales. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece un impuesto gravable general del 34% sobre el ingreso bruto ajustado de todas las personas físicas y organismos con establecimiento permanente o residencia en México. El ingreso bruto ajustado incluye la suma de todo el ingreso bruto menos las deducciones permitidas. En 1995, la Ley del Impuesto sobre la Renta se modificó a fin de otorgar una deducción fiscal específica por bienes tangibles de tecnología limpia en los casos de (1) equipo instrumentado para prevenir y controlar la contaminación ambiental y (2) equipo de conversión a gas natural. Las tecnologías limpias pueden obtener una deducción inmediata del 95% en el mismo año o en el año siguiente a la adquisición del equipo o a una deducción del 100% por amortización sobre la vida útil del equipo.
Subsidios directos. Además de las deducciones al impuesto para la instrumentación de tecnologías limpias, la protección ambiental se promueve a través de subsidios directos gubernamentales. Los subsidios se otorgan a programas específicos coordinados bajo el plan sexenal, el Plan Nacional de Desarrollo al inicio de cada gobierno. En algunos casos se establece la inversión directa del gobierno bajo leyes sobre medios específicos.
24.6 Compras del gobierno
Los contratos de adquisiciones al gobierno se otorgan de acuerdo con los términos y condiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (en lo sucesivo Ley de Obras Públicas).En el Artículo 20 de la Ley de Obras Públicas se señala que todos los organismos y entidades que otorguen contratos para obras públicas, deben constatar que los proyectos no dañen al medio ambiente. Todo contratista deberá cumplir con lo dispuesto en torno a evaluaciones de impacto ambiental por las leyes de Obras Públicas y de la LGEEPA . Asimismo, todos los proyectos de obras públicas deben aplicar las tecnologías, equipo e instalaciones necesarias para preservar o restaurar el medio ambiente.
24.7 Tanques de almacenamiento subterráneo
Los tanques de almacenamiento subterráneo se sujetan a las disposiciones generales ambientales de la LGEEPA , el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos (en adelante Reglamento de Residuos Peligrosos) en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental (Reglamento de EIA). El propietario de un tanque de almacenamiento subterráneo que tenga una filtración y dañe el ambiente o altere el equilibrio ecológico está sujeto a la de LGEEPA y es responsable por los dañosque cause. Sin embargo, no existe una disposición específica que obligue a los propietarios a vigilar sus tanques de almacenamiento subterráneo. PEMEX emprendió voluntariamente un programa para modernizar sus gasolineras y reemplazar sus tanques de almacenamiento subterráneo con unidades nuevas.

References: Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 28
 Artículo 87
 Artículo 2
 artículo 123
 artículo 123
 Artículo 129
 Artículo 39
 Artículo 22
 Artículo 20