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Tribunal Superior de Justicia. TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia num. 848/2015 de 15 julio JUR\2015\ PDF
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Vanesa Casado Mendoza
1 Tribunal Superior de Justicia TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia num. 848/2015 de 15 julio JUR\2015\ Extinción de la deuda y garantías del crédito tributario. Impuestos Especiales. Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso contencioso-administrativo 552/2013 Ponente: IIlma. Sra. Mª Rosario Ornosa Fernández Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta C/ General Castaños, 1, Planta NIG: / Procedimiento Ordinario 552/2013 Demandante: MARAL SHIPPING S.L. PROCURADOR D./Dña. JACOBO GARCIA GARCIA Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda Sr. ABOGADO DEL ESTADO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA SENTENCIA 848
2 RECURSO NÚM.: PROCURADOR D.: JACOBO GARCIA GARCIA Ilmos. Sres.: Presidente D. José Alberto Gallego Laguna Magistrados D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo Dña. María Rosario Ornosa Fernández Dña. María Antonia de la Peña Elías En la Villa de Madrid a 15 de Julio de 2015 VISTO por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso administrativo núm. 552/2013, interpuesto por MARAL SHIPPING SL, representada por el Procurador D. Jacobo García García, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de fecha 22 de febrero de 2013 en las reclamaciones 28/11734/10 y 11715/10, en las que ha sido parte la Administración General del Estado representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución citada. SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. TERCERO.- Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada. CUARTO. - En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Rosario Ornosa Fernández, quien expresa el parecer de la Sala.
3 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se recurre por la parte actora la Resolución desestimatoria del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 22 de febrero de 2013 en las reclamaciones 28/11734/10 y 11715/10, en la cual se desestimó la reclamación económico administrativa correspondiente a la liquidación provisional, derivada de acta en disconformidad, relativa al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicios 2005 a 2008, por importe de ,16 y contra resolución sancionadora, derivada de la anterior liquidación, por importe de ,87. La parte actora alega en la demanda que la cuestión controvertida en estos autos es que las actuaciones inspectoras de la administración se iniciaron el 13 de abril de 2009, una vez transcurrido el plazo de prescripción señalado en el artículo 65 de la ley 38/1992 ( RCL 1992, 2787 y RCL 1993, 150) de Impuestos Especiales y los artículos 66 y 67 del mismo cuerpo legal. Para ello entiende que la solución a la controversia pasa por la determinación y precisión del dies a quo de dicho plazo, y señala que el cómputo del plazo de prescripción se debe de realizar desde la fecha del devengo del tributo que nos ocupa y que el devengo se produce en el momento en el que el titular presentase la solicitud de matriculación. Por otra parte, señala que el artículo 65 ha sido precisamente modificado en el sentido de que actualmente se dice que el dies a quo es el día de la primera matriculación de las embarcaciones, eliminando deliberadamente la palabra "definitiva" y con ello se disipan las dudas respecto al momento que debe iniciarse el cómputo de los plazos. Por ello, entiende que el dies a quo debe de considerarse en este caso la inscripción de la primera matriculación en el registro de buques que tuvo lugar el 12 de agosto de 2004 en el Registro de Buques de la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca, la cual pasó a ser definitiva mediante la inscripción practicada el día 13 de diciembre de 2005, mientras que las actuaciones inspectoras de iniciaron el día 13 de abril de De ahí que no esté de acuerdo con la interpretación que hace la Agencia Tributaria de la Orden Ministerial de 26 de marzo de 2001 y la Orden EHA/1981/2005 ( RCL 2005, 1346 ), que se expresa en los mismos términos, respecto a que, según ella, la matriculación definitiva determinaría el final del plazo establecido para la presentación de la correspondiente autoliquidación iniciándose así el plazo de prescripción del derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Solicita también la anulación de la sanción al haber prescrito el derecho a liquidar la deuda tributaria. La defensa de la Administración General del Estado, al contestar a la demanda, solicita la confirmación de la Resolución del TEAR y entiende que no se ha producido la prescripción del derecho de la administración a liquidar la deuda tributaria de acuerdo con lo establecido en el art. 65 de la ley 38/1992 de Impuestos Especiales, solicitando también la confirmación de la citada resolución respecto del acuerdo sancionador al no existir alegación en contra de la misma en la demanda. SEGUNDO.- La cuestión planteada en este recurso consiste en determinar el dies a quo a efectos del cómputo del plazo de cuatro años de prescripción, previsto en el art. 66 LGT ( RCL 2003, 2945 ), del derecho de la administración a liquidar la deuda tributaria, ya que mientras que la AEAT entendió que no se había producido la prescripción alegada por la entidad actora, ya que el dies a quo del cómputo del plazo debía de entenderse que lo constituía la matriculación definitiva de la embarcación, el 13 de diciembre de 2005, la entidad actora entiende que el dies a quo debe de considerarse aquel en el que se realizó la primera
4 inscripción de la misma, el 12 de agosto de 2004, y de ahí que el 13 de abril de 2009, fecha que se iniciaron las actuaciones inspectoras, ya habría finalizado dicho plazo. Para examinar la cuestión que nos ocupa debemos de tener en cuenta la redacción inicial del art b) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre ( RCL 1992, 2787 y RCL 1993, 150), de Impuestos Especiales (BOE de 29 de diciembre), aplicable a los ejercicios 2005, 2006 y 2007,.según el cual constituye el hecho imponible del tributo: "b) La primera matriculación definitiva de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de siete metros y medio de eslora máxima, en el Registro de Matrícula de Buques." La redacción de este precepto cambió en virtud de los apartados 1 y 2 redactados por disp. adic. octava. primero.uno de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre ( RCL 2007, 2066 ), en su redacción dada por la disp. adic. sexagésima segunda de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre ( RCL 2007, 2354 y RCL 2008, 701) con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y quedó de la siguiente forma: "b) La primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de ocho metros de eslora, en el registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en caso de no ser inscribibles en dicho registro, la primera matriculación en el registro de la correspondiente Federación deportiva. Estará sujeta en todo caso, cualquiera que sea su eslora, la primera matriculación de las motos náuticas definidas en el epígrafe 4.º del artículo 70.1" Es cierto que en la segunda redacción se suprime la palabra "definitiva", lo cual no haría más que confirmar la tesis de la administración de que el dies a quo en el ejercicio 2004 era el de la matriculación definitiva de la embarcación. En todo caso, una cosa son los diferentes trámites que debían de realizarse para efectuar la matriculación de la embarcación, que comenzaban con la primera inscripción de la misma, y otra era el momento en el que la embarcación estaba definitivamente matriculada a partir de cuya fecha podía entenderse que finalizaba el plazo para la presentación de la correspondiente autoliquidación. El art. 67 LGT establece respecto del cómputo de los plazos de prescripción que: "1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas: En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación." Por ello, si el artículo 71 de la Ley 38/1992 determinaba que el pago de la autoliquidación se debía de realizar según se estableciese reglamentariamente por el Ministerio de Economía y Hacienda, había que acudir, tal como hizo la administración, a la Orden de 26 de marzo de 2001 (la Orden EHA/1981/2005 ( RCL 2005, 1346 ), posterior a la anterior, se expresa en los mismos términos) que en su apartado ocho señalaba que debía de presentarse la autoliquidación antes del día en que la matriculación se produjese, con lo que es evidente que el día de la matriculación definitiva era el último para presentar la autoliquidación del tributo que nos ocupa, con lo que, según el art. 67 LGT, ese día comenzaba el dies a quo del plazo de prescripción del derecho de la administración a liquidar la deuda tributaria, y si en el caso presente fue el 13 de diciembre de 2005, el 13 de abril de 2009, fecha de notificación del comienzo de las actuaciones inspectoras, aún no había finalizado el plazo de cuatro años que tenía la administración para liquidar la deuda tributaria.
5 Todo lo expresado hace que deba ser desestimado íntegramente el recurso y de confirmarse la Resolución del TEAR en lo que atañe a la liquidación impugnada, debiendo de serlo al mismo tiempo respecto de la sanción impuesta, derivada de la liquidación, ya que en la demanda no se hace más referencia a la misma que la de entender que debe ser anulada al declararse prescrito el derecho de la administración a liquidar, que, como hemos visto, no se ha llegado a declarar. TERCERO - Según lo previsto en el artículo LJ las costas procesales deben ser impuestas a la recurrente al ser desestimado íntegramente el recurso. FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por MARAL SHIPPING SL, representada por el Procurador D. Jacobo García García, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional, de fecha 22 de febrero de 2013, en las reclamaciones 28/11734/10 y 11715/10, la cual confirmamos íntegramente, con imposición de las costas procesales causadas a la entidad actora. Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578 y 2635), expresando que contra la misma no cabe recurso. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el día en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 65
 artículo 65
 Resolución 
 resolución 
 artículo 70
 artículo 71
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 248