Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2012/as201211179.htm
Timestamp: 2019-03-19 17:05:24+00:00

Document:
201207-Sala Penal Primera-1-179
AUTO SUPREMO Nº 179/2012
Sucre, 16 de julio de 2012
DELITO: estupro, violación.
CONSIDERANDO: Que el recurso interpuesto tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1.- Sustanciado el caso por el Tribunal de Sentencia Tercero de la ciudad de El Alto, dictó Sentencia Nro. 94/2011 en fecha 18 de octubre de 2011, declarando al imputado Irineo Valerio Ajnota Calle autor del delito de estupro imponiéndole la pena privativa de libertad de reclusión de cuatro años y seis meses en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, más costas a favor del Estado y la reparación del daño civil a favor de la víctima; absolviéndolo de culpa y pena de la comisión del delito de violación, sin costas por ser excusable(fs. 560 a 565); 2.- Fallo que fue objeto de recurso de apelación restringida por el imputado (fs. 589 a 591), y el Tribunal de Alzada por Auto de Vista Nro. 17/2012 de 27 de febrero de 2012, declaró la improcedencia del recurso, confirmando la Sentencia apelada; 3.- Contra el mencionado Auto de Vista, el imputado interpuso recurso de casación que es motivo de autos.
Que el recurrente acusó que el Tribunal de Alzada: a) Incurrió en contradicción al emitir la resolución impugnada con el Auto Supremo Nro. 37/07, porque al hacer una recapitulación de las razones que ocasionaron retardación de justicia en forma expresa, acepta que el principio de continuidad fue violado, recayendo de esa manera en nulidad absoluta señalada en el art. 370 inc. 1), concordante con el art. 334 ambos del Código de Procedimiento Penal. El Auto Supremo invocado, establece la obligación que tiene el Tribunal de Apelación de revisar de oficio, si los Jueces observaron la leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, mencionó como concordantes los Autos Supremos Nros. 239/2005 y 179/2007; b) También incurrió en contradicción con el mismo precedente invocado y el Auto Supremo Nro. 483 de 3 de octubre de 2001, en lo relacionado a la introducción en juicio y valoración en Sentencia de la prueba pericial de ADN, que determina la supuesta paternidad del hijo de la víctima, la misma que no fue producida conforme las reglas señaladas en el art. 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; oportunamente se solicitó su exclusión probatoria y se hizo reserva del derecho de apelar. En el caso concreto el Auto de Vista no reparó el daño sufrido contraviniendo el precedente invocado que señala el procedimiento para la validez de la prueba pericial; c) Contradice también los Autos Supremos Nros. 341/2006 y 37/2007 que siguen la línea jurisprudencial del principio de legalidad de la prueba, por valorar en Sentencia el informe del policía asignado al caso, sin que éste fuera ratificado por su autor, el que sirvió como base de la Sentencia al igual que la prueba de ADN, circunstancia que se hizo notar en apelación restringida, por vulnerar el art. 370 de la Ley Nro 1970; d) De igual forma contradice al Auto Supremo Nro. 37/2007, que establece el principio de legalidad, no solo a nivel probatorio, sino además, la obligación de los jueces y tribunales de revisar de oficio la legalidad en la tramitación y conclusión del proceso, aplicable de manera genérica al Auto de Vista impugnado, que contradice abiertamente el principio de congruencia establecido en el art. 362 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el delito investigado y luego acusado formalmente es el de violación, tipo penal que tiene diferencias cualitativas en relación al delito de estupro; al no atender esa invocación y cambiar el tipo penal en Sentencia y al ser ratificado y no corregido en apelación, se vulneró el principio de legalidad, afectando también el derecho a la defensa.
CONSIDERANDO: Que conforme el Auto de Admisión Nro. 153/2012 de 26 de junio de 2012, el análisis del presente recurso, se circunscribe a la verificación de las denuncias efectuadas en la citada resolución, las que se encuentran relacionadas con la aparente contradicción incurrida por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a momento de emitir el Auto de Vista Nro. 17/2012 con el Auto Supremo Nro. 37/2007 de 27 de enero de 2007; en consecuencia, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arriba en el presente caso:
Habiendo sido admitido como única resolución en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 37/2007 de 27 de enero de 2007, se verifica que el mismo fue tramitado en un proceso penal seguido por el delito de asesinato, cuyos motivos fueron: a) Violación al derecho al Juez Natural, regular y competente; b) Vulneración a los principios de continuidad y celeridad por suspensiones de audiencias de juicio oral por trece, dieciocho, quince y veintiséis días; c) Falta de fundamentación en la resolución del Tribunal de Sentencia respecto al valor otorgado a la prueba; d) Falta de valoración de la prueba conforme la sana crítica, mala aplicación del art. 83 concordado con el art. 360 inc. 1, ambos del Código de Procedimiento Penal; e) Violación del art. 355 concordante con el art. 333 del Código de Procedimiento Penal, por no haberse incorporado la prueba documental conforme su lectura, vulnerando el art. 369 de la misma normativa legal; f) Vulneración al art. 371 inc. 7) del Código de Procedimiento Penal que constriñe a la lectura del acta de juicio oral; g) Violación del art. 363 del Código de Procedimiento Penal por no haberse establecido la autoría, debió ser absuelto; h) Violación del art. 20 del Código de Procedimiento Penal por su inobservancia; i) Incorrecta valoración del art. 14 del Código de Procedimiento Penal respecto al dolo y su inconcurrencia en el proceso. Ante las denuncias, la entonces Corte Suprema de Justicia, resolvió anulando el Auto de Vista bajo el fundamento de que las suspensiones de audiencias, generaron vulneración a los principios de celeridad y continuidad, estableciendo doctrina legal sobre el caso sin referirse a las demás denuncias, señalando que se vulnera el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral cuando se suspende la audiencia por un lapso mayor a diez días y por más de una vez, en el entendido de que las suspensiones más allá de los límites razonables señalados expresamente por la norma penal, ocasionan dispersión de la prueba y los jueces se ven influenciados por factores externos que sustraen de la necesaria credibilidad humana.
En atención a la primera denuncia, que señala que el Auto de Vista impugnado incurre en contradicción con el precedente invocado, al aceptar de forma expresa que el principio de continuidad fue violado ocasionando retardación de justicia, recayendo de esa manera en nulidad absoluta establecida en el art. 370 inc. 1), concordante con el art. 334 ambos del Código de Procedimiento Penal, señalando además que el Auto Supremo invocado, establece la obligación que tiene el Tribunal de Apelación de revisar de oficio, si los Jueces observaron las Leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos. Con la finalidad de resolver dicha denuncia es menester realizar las siguientes precisiones:
Respecto al Auto Supremo Nro. 37/2007, invocado en calidad de precedente contradictorio, cabe aclarar que el mismo fue modulado por el A.S. Nro. 106 de 25 de febrero de 2011 que señala: "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema establece entre otros en el Auto Supremo No. 37 de 27 de enero de 2007, que por mandato del art. 335 y art. 336 del Código de Procedimiento Penal, es posible suspender la audiencia del juicio oral únicamente por una vez y por el lapso no mayor a 10 días, y que en los casos de suspensiones sucesivas procede la nulidad de obrados; no es menos evidente que dicho entendimiento debe ser modulado, para evitar dilaciones innecesarias en el proceso. De ahí que en los casos en los que a solicitud de partes, se suspende la audiencia del juicio oral por más de una vez, excepcionalmente, el Tribunal de Alzada podrá ingresar al análisis de fondo, con la finalidad de no restringir el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa, como acontece en autos y en aplicación al principio de celeridad procesal, cuando a su criterio pese a las suspensiones reiteradas del A-quo, no se presente dispersión de la prueba y no sea necesaria la realización de un nuevo juicio.
Pues si bien en el caso de Autos el juzgador realizó numerosas suspensiones y en algunos casos por más de 10 días, en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, constituyendo en cierta medida actos dilatorios, empero no es menos cierto que no se evidencia dispersión de pruebas, por lo que el Tribunal de Alzada, puede apartarse excepcionalmente en el caso concreto de la jurisprudencia señalada en mérito al principio de celeridad, sin dejar de ejercitar las facultades que le confiere la Ley, e ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada para resolver concretamente la situación jurídica del imputado. Más aún cuando en el caso de litis el Tribunal de Alzada, como se tiene dicho anuló obrados tomando en cuenta datos procesales que no corresponden al último juicio sustanciado ante el Juzgado de Sentencia Primero en lo Penal.
Tomando en cuenta que las normas procesales que efectivizan derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, son de orden público y de cumplimiento obligatorio."
Por otra parte, es preciso señalar que el juicio oral, destinado a la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, presenta varias características, entre las cuales se destaca la forma contradictoria, oral, pública y continua; el mismo que a su vez se halla sujeto a los principios de inmediación y concentración, exigiendo que se desarrolle con la presencia de los sujetos procesales sin interrupción, permitiendo que entre la práctica probatoria y el pronunciamiento de la sentencia exista una aproximación temporal inmediata. Así la norma prevista en el art. 334 del Código de Procedimiento Penal, establece que iniciado el juicio se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte Sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en la normativa procesal penal. La audiencia se realizará sin interrupción todas las horas hábiles del día. El Juez o el Presidente del Tribunal, ordenarán los recesos diarios, fijando la hora en que ésta se reinicie; sin embargo, conforme ya ha sido considerado por éste Tribunal Supremo, en el Auto Supremo Nro. 93 de 24 de marzo de 2011, se deben tomar en cuenta las circunstancias especiales del actual Sistema Procesal Penal y el sistema de gestión implementado en las antiguas Cortes de Distrito, hoy Tribunales Departamentales de Justicia, cuya carga procesal rebasa la posibilidad humana de cumplir con ciertas actuaciones procesales en los plazos determinados por Ley, obligando a los Juzgados y Tribunales de Sentencia, en la mayoría de los casos, ha desarrollar juicios de manera paralela, lo que dificulta en la práctica diaria cumplir con el señalamiento de audiencias en espacios cortos, más aún si de manera cotidiana se presentan causales de suspensión de audiencias (art. 335 del Código de Procedimiento Penal), lo que dificulta aún mas el rol de turno adecuado de audiencias, circunstancias que bajo ningún aspecto permite que se menoscabe la información que como efecto de la inmediación han percibido los juzgadores o se provoque la dispersión de la prueba y su valoración.
Habiendo sido modulada la resolución citada en calidad de precedente contradictorio, facultad atribuida a este máximo Tribunal de Justicia por el art. 420 del Código de Procedimiento Penal, se deja sentado que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la resolución mencionada, toda vez que los razonamientos expresados en el A.S. Nro. 37/2007 de 27 de enero, fueron modulados por los Autos Supremos Nros. 106 de 25 de febrero de 2011 y 93 de 24 de marzo de 20011, los que obedecen a las circunstancias actuales por las que atraviesa nuestro sistema procesal penal, así, dichas resoluciones han establecido que las suspensiones de audiencias de juicio oral, se pueden realizar por más de una vez, atendiendo las solicitudes de las partes con la finalidad de no restringir los derechos de acceso a la justicia, a la defensa y también a la igualdad de las partes, permitiendo inclusive señalar audiencias fuera del plazo señalado por el art. 336 del Código de Procedimiento Penal, tomando en cuenta las circunstancias del sistema procesal actual, el cual se halla saturado, condicionando que dichas suspensiones de audiencias no generen dispersión de la prueba. En el caso de autos, de la revisión de antecedentes se verifica que el Tribunal de mérito, a diferencia de lo acontecido en el precedente invocado, no incumplió lo dispuesto por el art. 336 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que las audiencias en las cuales se declararon los recesos y las suspensiones, se señalaron dentro el plazo de diez días, siendo la única suspensión de audiencia de juicio oral por un plazo mayor, la suspensión llevada como consecuencia del trámite de las recusaciones planteadas por el imputado. De igual manera, se evidencia, que las suspensiones de audiencias se generaron por la incomparecencia tanto del Ministerio Público como de los abogados de la defensa, del imputado, inclusive del abogado del acusador particular y de una Juez Ciudadana, suspensiones realizadas en apego al derecho de igualdad entre las partes, precautelando el derecho a la defensa; consecuentemente, el imputado, mal puede reclamar la vulneración al principio de continuidad, cuando las dilaciones se produjeron por causas también atribuibles a su persona y a su defensa. Por otra parte, habiéndose tramitado de manera regular las audiencias desde fecha 26 de agosto de 2011, fecha en la cual se comenzó con la etapa del trámite de excepciones e incidentes, la declaración del imputado, la fundamentación de la defensa, la producción e introducción de la prueba del Ministerio Público y demás actuaciones procesales inherentes a la audiencia de Juicio Oral, se establece que la información generada y los elementos probatorios obtenidos por los miembros del Tribunal, como consecuencia de la inmediación y contradicción de los medios probatorios de cargo como de descargo, no sufrieron menoscabo o dispersión, pues los plazos señalados de una audiencia a la otra, fueron plazos razonables, admitidos por Ley; en consecuencia, la presente alegación deviene en infundada.
Respecto a la segunda denuncia contra el Auto de Vista impugnado, se establece que tampoco contradice al A.S. Nro. 37/07, toda vez que dicho Auto, no resuelve un caso similar, si bien es cierto que en la denuncia realizada en el precedente señalado como contradictorio, se reclamó la vulneración al art. 355 del Código de Procedimiento Penal por no haberse observado el procedimiento legal para la incorporación de la prueba documental por su lectura y que en resolución, dicha alegación no fue resuelta, pues el único fundamento para dejar sin efecto el Auto de Vista, fue la vulneración a los principios de celeridad y continuidad; en cambio, la denuncia realizada en el caso de autos difiere en cuanto al caso alegado y resuelto, pues el impetrante reclamó la introducción en juicio y valoración en Sentencia de la prueba pericial de ADN, que determina su paternidad respecto al hijo de la víctima, prueba pericial que a su entender se realizó incumpliendo las reglas señaladas en el art. 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, la presente denuncia resulta también infundada.
Al igual que el motivo anterior, este tercer motivo también resulta infundado, por cuanto el impetrante, no tomó en cuenta que el único hecho resuelto por el precedente invocado, a pesar de existir varias alegaciones, fue el referido a la infracción contra los principios de continuidad y celeridad, en mérito al cual se dejó sin efecto el Auto de Vista, dictándose la doctrina legal adecuada, que ya fue considerada en la alegación correspondiente. Por otra parte, a mayor abundamiento se aclara que, la alegación no resulta similar en cuanto a los hechos con ninguna de las denuncias realizadas en el precedente.
Respecto a la cuarta denuncia, se establece que tampoco hay contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el A.S. 37/2007, pues la resolución invocada como precedente, únicamente resuelve denuncias referentes a la vulneración al principio de continuidad, y no, aspectos inherentes a la vulneración del principio de congruencia respecto al hecho acusado y al delito condenado, pues se acusó el delito de violación y en Sentencia fue condenado por el delito de estupro, y al no ser corregido en apelación, a entender del impetrante, vulnera el principio de legalidad y su derecho a la defensa. En atención a las infracciones denunciadas respecto a la congruencia, al principio de legalidad y el derecho a la defensa, de la revisión de antecedentes, se establece que la acusación presentada por el Ministerio Público (fs. 2), se presentó por el delito de estupro, en cambio la acusación particular, presentó acusación por el delito de violación (fs 65), y es sobre la base de ambas acusaciones que se dicta Auto de Apertura de Juicio Oral (fs 110), consecuentemente, el impetrante no tiene razón al afirmar que fue condenado por un delito por el que no fue acusado y por el que no tuvo oportunidad de defenderse, de lo que se advierte que no se restringió ningún derecho del recurrente, consecuentemente, esta alegación también deviene en infundada.
De todo lo examinado, se establece que el Recurso de Casación planteado, carece de sustento legal que haga válida su pretensión.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo segundo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Irineo Valerio Ajnota Calle (fs. 624 a 627), impugnando el Auto de Vista Nro. 17/2012 emitido el 27 de febrero de 2012 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 613 a 617), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Justo Quispe Callisaya contra Irineo Valerio Ajnota Calle por la presunta comisión de los delitos de estupro y violación tipificados por los arts. 308 y 309 del Código Penal.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución