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Timestamp: 2020-08-06 13:10:24+00:00

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 484, de 27/04/1995
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 484 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 31 celebrada el jueves, 27 de abril de 1995
ORDEN DEL DIA: Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley por la que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza («Ses Salinas»), las Islas des Freus y las Salinas de Formentera. (BOCG serie B, número 64-1, de 4-3-94. Número de expediente 122/000052). (Página 14740) Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre proposición de ley por la que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza («Ses Salinas»), las Islas des Freus y las Salinas de Formentera. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie B, número 64-1, de 4-3-94.
Número de expediente 122/000052). (Página 14740) Proposiciones no de ley: --Relativa a la modificación de la forma de participación de la Unión Europea (UE) en el seno de la Organización de las Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO). Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. (BOCG serie D, número 217, de 10-4-95. Número de expediente 161/000440). (Página 14744)
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--Relativa a las medidas a adoptar en favor del sector apícola nacional.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 216, de 10-4-95. Número de expediente 161/000433). (Página 14748) --Relativa a rectificación de las bases comarcales de las zonas cerealistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 216, de 10-4-95. Número de expediente 161/000444). (Página 14752)
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE DECLARA RESERVA NATURAL LAS SALINAS DE IBIZA («SES SALINAS»), LAS ISLAS DES FREUS Y LAS SALINAS DE FORMENTERA. (Número de expediente 122/000052.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión. Ya conocen SS. SS. el orden del día para hoy. El primer punto es la ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley por la que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza («Ses Salinas»), las islas des Freus y las Salinas de Formentera.
¿Ratifica la Comisión esta Ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE: PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE DECLARA RESERVA NATURAL LAS SALINAS DE IBIZA («SES SALINAS»), LAS ISLAS DES FREUS Y LAS SALINAS DE FORMENTERA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 122/000052.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, de esta misma proposición de ley. Como saben SS. SS., en los trabajos de Ponencia se incorporaron las únicas enmiendas que se presentaron a la misma, y quizá sea la primera vez que nos llega a la Comisión un texto sin enmiendas para su aprobación. Por tanto, en este trámite, y antes de pasar a la votación, voy a dar un turno de palabra a todos los grupos parlamentarios para fijar su posición; en primer lugar, si les parece, al grupo proponente de la proposición, Izquierda Unida, y después a los demás grupos de menor a mayor.
Señor Alcaraz, tiene la palabra para fijar su posición respecto al informe de la Ponencia.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, tras la toma en consideración de la proposición de ley, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la declaración de reserva natural de las Salinas de Ibiza, las islas des Freus y las Salinas de Formentera y el debate correspondiente en la Ponencia, donde sintetizamos las enmiendas del Grupo Socialista junto con el texto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pasamos hoy a la aprobación en esta Comisión de la proposición de ley citada.
Para nosotros es un momento importante, no sólo por la lucha parlamentaria que ha supuesto esta proposición de ley, que por fin --a lo que parece-- será aprobada a partir de hoy, sino también por la lucha social que ha tenido lugar en el territorio correspondiente. Se abre, por tanto, hoy una brecha muy positiva, muy esperanzadora, en esta batalla de casi veinte años, batalla que expresaba una convergencia social y política de una serie de organizaciones ecologistas respecto a las cuales Izquierda Unida no sólo era un elemento más, sino también un instrumento constante, político y parlamentario, a la hora de transmitir, de defender, de luchar por, de proponer el sentir y las elaboraciones de la plataforma cívica constituida al efecto.
Con la aprobación de esta proposición de ley se supera también una situación histórica que, a nuestro juicio, era injusta y que hasta cierto punto estaba enquistada en la memoria colectiva de Ibiza, de Formentera, etcétera, ya que esta zona, que era propiedad pública en principio, pasó posteriormente a propiedad de la salinera y finalmente a manos privadas.
Existía, como dije en el Pleno, una especie de cicatriz histórica que sólo ahora se ve curada, hasta cierto punto, cuando se aprueba la declaración de reserva natural, y se ve ecológicamente superada esta cicatriz para las Salinas de Ibiza y Formentera y las islas des Freus.
Por tanto, sólo una protección ecológica del equilibrio medioambiental real, como se plantea en el texto de la proposición de ley, podía superar esta cicatriz histórica. Al mismo tiempo, conseguimos invertir una tendencia política que a lo largo de una serie de años, a partir de 1977, intentaba sistemáticamente bajar el posible techo de protección medioambiental, reducirlo e incluso anularlo. En 1977 se habló de la necesidad de declarar toda esta zona parque natural; en 1982 se habló de reserva natural; hubo una reducción a través de la Ley de Espacios Naturales, y en 1992 Izquierda Unida presentó por primera vez este
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texto de proposición de ley que después ha seguido perfeccionando. Cuando el Partido Socialista estaba en la oposición también presentó, antes de 1982, un texto de proposición de ley parecido en muchos de sus términos al que ahora se va a aprobar, pero posteriormente el Partido Socialista --creemos-- no insistió lo suficiente en este tema, al que ahora se incorpora. Pensamos que el Partido Socialista acierta cuando se separa en esta cuestión de Convergència i Unió y del Partido Popular, porque estos dos grupos mantienen en ésta y en otras --ya lo vimos en la referida a Cabrera-- una política que, a nuestro juicio, puede conducir a una desprotección medioambiental real de toda la comunidad autónoma. Por tanto, a partir de hoy puede empezar una nueva fase política desde la izquierda, desde los intereses ecológicos, que supera el intento de, so capa de la autonomía balear, so capa de los intereses del Parlamento balear, proteger una política que no es de defensa del equilibrio medioambiental y que, a nuestro modo de ver, está impulsada por otros intereses de «desarrollismo» a ultranza y por intereses que rozan lo especulativo.
En la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y de la Fauna Silvestres, se contempla la competencia del Estado para desarrollar reservas naturales, máxime cuando en este caso estamos ante un auténtico monumento cultural y natural; cultural porque se trata de un caso concreto de desarrollo sostenible, donde se conjuga el desarrollo natural de la economía de la zona con el mantenimiento de la protección, también natural, del equilibrio ecológico. La industria de la sal, su trabajo y la economía concreta de la zona no han entrado nunca en contradicción con este equilibrio, un hecho muy infrecuente de integración de actividades humanas con el medio ambiente que, por tanto, había que proteger también de una manera singular y a partir de una iniciativa política indeclinable y que ahora va a tener, por decirlo así, su triunfo en esta sesión de la Comisión de Agricultura. Efectivamente, el área de las Salinas de Ibiza y Formentera constituye uno de los sistemas naturales más ricos y diversos de la Comunidad balear, incluso del Mediterráneo español. Contribuye a esto de forma decisiva la insularidad, que acelera los procesos de microevolución, dando lugar a variedad de formas endémicas únicas en el mundo y que justifican aún más esta política de protección y esta política ecológica de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Esperemos, señor Presidente, señorías, que no se interponga ninguna dilatación artificial en el Senado ni ningún intento de veto --yo creo que no-- y que, en todo caso, cuando vuelva aquí el texto de la proposición de ley lo recobremos en su actual virtualidad. En cualquier caso, nosotros pensamos que hasta que se apruebe definitivamente este texto la gente en Ibiza y en Formentera no debiera desmovilizarse, teniendo en cuenta una serie de obstáculos que hasta ahora ha habido que superar y que todavía queda la recta final en la que es importante no bajar la guardia.
En definitiva, con independencia de las posiciones legítimas de los grupos que se oponen, nosotros pensamos que objetivamente no son los intereses de la soberanía popular de Baleares ni los intereses del Parlamento los que se pueden oponer a este intento por ahora, pero casi alcanzado, de protección de las Salinas de Ibiza y Formentera, sino que fundamentalmente se oponen intereses económicos. Intereses económicos que a veces se ha dicho que se señalan desde la representación, a través de la mayoría absoluta, del pueblo de las islas Baleares. Pensamos que no hay realmente mayoría absoluta y que, en todo caso, para ver la opinión real de los habitantes --los ciudadanos y las ciudadanas-- de las islas Baleares habría que organizar un referéndum para saber si efectivamente --y pensamos que sí-- el texto de nuestra proposición de ley se corresponde o no con la conciencia colectiva de la zona. Por tanto, saludamos en esta iniciativa el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, cuyas enmiendas nos parecían plenamente concordantes con la lógica interna del texto que hemos presentado. Repito que nos parece un momento muy importante, incluso --no sé si decirlo-- histórico, teniendo en cuenta los problemas culturales, políticos e históricos que salda la aprobación de esta proposición de ley con respecto a los intereses ecológicos de la zona.
Señor Presidente, quiero terminar diciendo de nuevo que Izquierda Unida ha servido de instrumento político y parlamentario a toda la lucha social, tal como se ha tejido, tal como se ha coordinado, de estos últimos 20 años y que, desde ese punto de vista, nuestro protagonismo aparece muy en concordancia con toda la lucha que hasta ahora se ha mantenido por los distintos grupos ecologistas de la zona.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Simó.
El señor SIMO Y BURGUES: He de comenzar manifestando que nuestro Grupo suscribe en su totalidad las razones que se dan en la exposición de motivos de esta proposición de ley. El área de las Salinas de Ibiza y Formentera constituye, ciertamente, uno de los sistemas naturales más ricos y diversos de la Comunidad balear y, como se dice en el citado preámbulo, la integración entre las actividades humanas tradicionales y el medio ambiente natural alcanza la categoría de modélica. No quisiéramos, por tanto, que la oposición de nuestro Grupo al texto legal que hoy nos ocupa se interpretase erróneamente, buscando en nuestra actitud una falta de sensibilidad ante las medidas tendentes a la conservación de los parajes naturales, como son los que en esta proposición de ley se consideran y se trata de preservar.
Nuestra oposición, como ya dijimos en el momento de admitirse a trámite, se basa en un principio que el Grupo Catalán ha venido respetando y ateniéndose desde siempre: la no injerencia en las competencias propias de las comunidades autónomas. Si aceptamos el Estado de las Autonomías y el reparto de poderes que comporta debemos ser rigurosos. La Comunidad de las islas Baleares, en concreto su Parlamento, tiene su propia capacidad legislativa, derivada de la correspondiente transferencia de competencias en esta materia. Este ha sido siempre el comportamiento de nuestro Grupo cuando se ha presentado un caso de invasión de competencias, independientemente del fondo de la cuestión de que se trate, en la cual nosotros no
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entramos. Compartimos la bondad y el buen fin que la presente proposición de ley persigue --como he dicho anteriormente-- pero nos opusimos a su tramitación primero y a su aprobación ahora por seguir fieles a esa norma de conducta a que me he referido. Cierto es que en el artículo 1.º de la proposición se dice que esta declaración de reserva natural de las Salinas de Ibiza y Formentera se basa en lo establecido en los artículos 14 y 21 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de espacios naturales, pero, como saben SS. SS., tenemos impugnada esta ley y nos hallamos pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que añadiría una contradicción más si nuestro Grupo diese su aprobación al texto que nos ocupa. Por tanto, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señoras y señores Diputados, a nadie de los que asistieron al Pleno que se celebró el pasado 14 de noviembre va a extrañar, en la tarde de hoy, la postura del Partido Popular con respecto a esta proposición de ley. En coherencia con la postura que ya adelantamos en el debate sobre esta proposición de ley, mantenemos que el Parlamento nacional no tiene competencias para debatir, para estudiar ni para aprobar la ley que hoy se tramita. En consecuencia, así hicimos constar nuestra postura en el informe de la Ponencia que acaba de ratificar esta Comisión.
¿Cuáles son los motivos que justifican nuestra postura? Nuestros motivos son no sólo de índole jurídica sino también de índole política. La razón jurídica es que la proposición de ley que hoy debatimos se basa, según su artículo 1.º, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, concretamente en su artículo 21.3. Pues bien, señorías, sepan que ese artículo está recurrido ante el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas del País Vasco, de Andalucía, de Canarias, de Cataluña y de Galicia, por considerar todas ellas que conculca el artículo 148 de la Constitución Española. ¿Qué dice ese controvertido artículo 21.3, base, como he dicho, de la proposición de ley que ha presentado Izquierda Unida? El artículo 21.3 atribuye, con carácter general, la competencia para declarar parques y reservas naturales a las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados. Pero observen, señorías, que esta regla tiene dos excepciones: cuando el espacio natural se encuentre situado en el término de dos o más comunidades autónomas o cuando el espacio natural tenga por objeto la protección de bienes de los señalados en el artículo 3.º de la Ley de Costas, es decir, bienes de dominio público. Y es en esta excepción en la que no están de acuerdo las comunidades que antes he mencionado y que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad.
Este artículo 21.3, al atribuir la declaración y gestión de los espacios protegidos al Estado, por el mero hecho de tratarse de bienes de dominio público, vulnera, además del artículo 148 de la Constitución, el artículo 10 del Estatuto de autonomía de las islas Baleares y la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 148 de la Constitución reconoce que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de ordenación del territorio. ¿Y en qué concepto pueden asumirlas, señorías? en el concepto que determinen sus respectivos estatutos de autonomía. ¿Y qué dice el Estatuto de autonomía de las islas Baleares? Les leo, señorías, el contenido del artículo 10.3 de nuestro Estatuto, que dice: La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva --repito, exclusiva-- en ordenación del territorio, litoral incluido --insisto, litoral incluido--, urbanismo y vivienda. He dicho también que va en contra de la jurisprudencia constitucional porque como ustedes saben la sentencia 149/91 de 4 de julio, declaró inconstitucional y nulo el artículo 34 de la Ley de Costas, que otorgaba competencias a la Administración del Estado para dotarse de normas de protección, invadiendo competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio. Creo pues, señorías, que el tema, a la vista de la Constitución, del Estatuto de autonomía de las islas Baleares y de la jurisprudencia constitucional, está bien claro.
Además, fíjense ustedes que ese artículo 2.º, que sorprendentemente en la fase de enmiendas no ha sido enmendado por ninguno de los grupos, establece una zona periférica de protección en base al artículo 18 de la Ley 4/89. Esto sí, señorías, con todo respeto, me atrevería a decir que es una aberración jurídica. Porque aunque diéramos por bueno --que no lo damos-- ese artículo 21.3, que antes les comentaba y que está recurrido por seis comunidades autónomas, aun en ese hipotético y negado caso, sólo resultaría aplicable a los bienes de dominio público, por lo que en ningún caso, por descontado, tendría el Estado competencia para establecer la zona periférica de protección, a que se refiere el artículo 2.º de la proposición de ley, por exceder de dicho ámbito.
En cuanto a las razones políticas, señorías, es curioso observar que cuando suenan los tambores electorales cada territorio denota unos síntomas. Cada vez que suenan los tambores electorales en las islas de Ibiza y Formentera o, mejor dicho, en la Comunidad Autónoma de Baleares, hay partidos políticos que se apresuran a desempolvar el tema de las Salinas de Ibiza y Formentera. Así ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas del año 1991; así ocurrió en las elecciones generales del año 1993; así ocurrió en las elecciones europeas del año 1994 y, lógicamente, no podía faltar ahora en puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. Una cosa he de decirles, y es que hay que reconocer que tienen ustedes más moral que el Alcoyano, porque a pesar de que en todas las elecciones lo están ustedes intentando no han conseguido jamás ganar unas elecciones. ¿Por qué se saca siempre usted tema en época electoral? Ya lo dijo el portavoz del Grupo Socialista en una anterior intervención con motivo de una proposición no de ley que presentó ese grupo. Textualmente dijo: Señorías, no estaríamos aquí hablando de las Salinas de Ibiza y Formentera si no fueran propiedad de la familia política del Presidente de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, señor Cañellas. (Rumores.) Yo añado, señorías,
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que hoy tampoco estaríamos aquí hablando de las Salinas de Ibiza y Formentera si no fuera por esa misma circunstancia. Esa es la única y triste razón de esta proposición.
El Parlamento de las islas Baleares, mediante la Ley 5/1985, de 2 de mayo, declaró las Salinas de Ibiza y Formentera e islotes adyacentes como área natural de especial interés. Esta ley fue posteriormente subsumida en la Ley de espacios naturales de 1991. Con ello quiero decirles que las Salinas de Ibiza y Formentera están suficientemente protegidas a juicio de quien ostenta la voluntad mayoritaria del Parlamento de las islas Baleares. Pero, ¿qué ocurre, señorías? Resulta que partidos políticos que en Baleares jamás han tenido representación, como Izquierda Unida que no tiene ni un solo concejal, ni un solo diputado en el Parlamento balear, o partidos políticos que no han alcanzado jamás cuotas suficientes de representación para decidir en el Parlamento balear, acuden ahora al Parlamento de la nación para conseguir aquí lo que el pueblo de Baleares ha rechazado. Así entienden lamentablemente algunos el Estado de las autonomías, secuestrando la voluntad del pueblo balear, puenteando al Parlamento de las islas Baleares y buscando un título competencial estatal que permita regular las Salinas de Ibiza y Formentera de forma distinta a la voluntad mayoritaria del Parlamento de las islas Baleares.
Hoy, señorías, hay quien por un pobre interés electoralista ha hurtado competencias al Parlamento de una comunidad autónoma. Esa comunidad autónoma es la de las islas Baleares. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, en este último trámite de esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados quisiera iniciar mi intervención explicando a SS. SS. la división que dos actos que coinciden hoy en el tiempo produce en mí. Por un lado, la deseada celebración de este acto, debatir para su aprobación la ley que permita proteger las Salinas de Ibiza y Formentera definitivamente y, por otra parte, la concesión del título de doctor honoris causa al insigne poeta y escritor ibicenco Mariá Villangómez, cuya obra ha sido ya reconocida dentro de todo el ámbito de la lengua catalana. Ruego a todos los presentes que desconocen la relación entre ambos actos que me disculpen, pero es que el poeta Villangómez ha basado la mayor parte de su obra en la naturaleza del entorno en que vive y las Salinas tienen una presencia importante en la misma. Por ello, señorías, y como homenaje a una persona dedicada a lo largo de su vida a la literatura y cultura catalanas, me van a permitir en esta casa de todos citar aquí un fragmento de uno de sus versos. (El señor Costa Costa da lectura a unos versos en catalán.) Llegados a este punto, señorías, es el momento de recordar quién y desde cuándo quiere proteger Ses Salinas. El 28 de abril de 1982, el Diputado socialista y hoy candidato a presidir la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, Francesc Triay, comparaba con acierto la lucha por proteger Ses Salinas con el suplicio de Sísifo. Hacía con ello referencia a que en cada ocasión en que las Salinas parecían protegidas ocurría algún hecho que provocaba que todo tuviese que empezar de nuevo. La lucha por la protección de las Salinas de Ibiza y Formentera había empezado hacía ya años, en la segunda mitad de los años setenta, en plena transición democrática, cuando ante el intento de los propietarios de urbanizar esa importante área natural la sociedad pitiusa se reveló constituyendo la plataforma Salvem Ses Salinas y protagonizando la manifestación más numerosa de toda la transición democrática en las islas de Ibiza y Formentera.
La protección de las Salinas ha canalizado desde sus inicios la confrontación izquierda derecha en las islas Pitiusas, ha supuesto la división entre los depredadores de la naturaleza y los conservacionistas, la separación entre los defensores de lo público y lo privado respectivamente. Retornando a la mitología griega, cada vez que parecía que lo público, lo de todos, triunfaba, la derecha conseguía imponer sus tesis y retrotraía otra vez la gestión al principio. No en balde la derecha ha tenido aliados y cómplices con un gran peso específico en la política y en la economía de las islas Baleares, como el propio Presidente del Partido Popular y de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, señor Cañellas, que yo cité como responsable de que estuviéramos debatiendo todavía hoy este tema, porque si no hubieran sido suyas, evidentemente, las Salinas estarían protegidas ya hace más de un decenio. (Rumores.) Sólo la propiedad de parte de este territorio de parientes muy cercanos, de la esposa del señor Cañellas ha hecho que todavía estemos discutiendo la conservación de esta importante área natural, un humedal de los de mayor importancia en todo el Mediterráneo occidental. He dicho que estas personas, importantes económica y políticamente, no han dudado en la utilización de los medios públicos para asegurarse sus intereses privados. El lúcido análisis de Norberto Bobbio sobre izquierda y derecha podría haberse inspirado perfectamente en este conflicto de intereses que seguramente no acaba hoy aquí y del que tendremos futuras entregas si las coyunturas políticas lo permiten.
Hoy aquí en este momento, seguramente en este último trámite en el Congreso de los Diputados, una vez más quiero recordar que el protagonismo de mi grupo, el protagonismo del PSOE sólo quiere ser el protagonismo de una voz, de la voz de toda una generación de personas que, avanzadas a su tiempo, lucharon hace ya quince años por la protección de este importante espacio natural. Quiere ser la voz de todos los ibicencos y formenterenses, de todos los baleáricos, de todos los españoles que creen en la conservación de la naturaleza, que creen en dejar a futuras generaciones aquel patrimonio sobre el que se sustenta la economía y el hacer de la humanidad. Queremos en estos momentos simplemente hacer oír su voz, que no está aquí presente, en este trámite y, por tanto, convertirnos en su voz sabiendo que tenemos para ello su conformidad.
Sin embargo, la proposición de ley que hoy tratamos tiene elementos que debemos considerar. En primer lugar, ha sufrido importantes modificaciones en su tramitación; modificaciones que afectan a todo su contenido, al conjunto
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de sus artículos, incluida la exposición de motivos que se adecua al nuevo texto. En el artículo 1 se acerca más al objeto de la protección, especialmente en lo que se refiere a contribuir al desarrollo del estudio, la difusión y la investigación de todos los valores naturales.
En el ámbito territorial de la reserva se amplía a una importante zona de Formentera, cuya protección está amenazada por intereses de los propietarios que quieren urbanizarla. Se crea un área de influencia socioeconómica en un nuevo artículo, el 2 bis, que permite compensaciones a los dos municipios afectados por esta ley, el de Formentera y el de San José; se mejora sustancialmente el régimen jurídico de protección, especialmente en dos aspectos, en las transacciones intervivos, por tanto, el derecho de retracto de la Administración; se declara de utilidad pública todo el espacio protegido; se mejoran los órganos de gestión y se da participación a todos los sectores implicados en la protección de este importante espacio natural en la composición de su Patronato; se especifica claramente cuáles son los instrumentos de programación y planificación; se establece un régimen económico que mejora sensiblemente el previsto en la anterior proposición de ley de Izquierda Unida; se establece asimismo un régimen sancionador y se mejoran las disposiciones adicionales y las disposiciones finales.
En conjunto, tenemos el instrumento que concita la voluntad de la mayoría de esta Cámara, que concita sin duda una muy amplia mayoría de los ciudadanos de Ibiza y Formentera detrás de lo que hoy aquí se aprueba: la protección definitiva de las Salinas de Ibiza y Formentera. Por esto mi Grupo siente una especial satisfacción; una satisfacción que queremos compartir con todos los ibicencos y formenterenses que han luchado para que esta protección sea hoy realidad.
El señor PRESIDENTE: Dado que no se han presentado enmiendas, si los Grupos no solicitan lo contrario votaríamos en bloque el texto del articulado y después la exposición de motivos.
El señor COSTA COSTA: Para una cuestión de orden.
Hay una nota del letrado de modificaciones gramaticales básicamente al texto, que no afecta a su contenido. Pediría que fuese incorporado al dictamen de la Comisión.
El señor ALCARAZ MASATS: Queremos manifestarnos en el mismo sentido, puesto que nos parece que mejora bastante la estructura gramatical y semántica del texto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación en estos términos.
Votamos el texto articulado de la proposición de ley y después la exposición de motivos. (Pausa).
Votamos, a continuación, la exposición de motivos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Con esta aprobación, dado que esta Comisión tenía competencia legislativa plena, se dará cuenta al Presidente del Congreso para su posterior traslado al Senado.
--RELATIVA A LA MODIFICACION DE LA FORMA DE PARTICIPACION DE LA UNION EUROPEA (UE) EN EL SENO DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO NOROCCIDENTAL (NAFO). PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV).
(Número de expediente 161/000440.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la proposición no de ley, relativa a la modificación de la forma de participación de la Unión Europea en el seno de la NAFO.
La proposición es del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra para defenderla el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La proposición no de ley que hoy debatimos, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, figura en el contexto de los diferentes debates que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas. La semana anterior tuvimos dos debates con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el Ministro de Asuntos Exteriores. La semana anterior hubo una interpelación. En el día de ayer hubo otra interpelación. En definitiva, son cuestiones que han surgido a lo largo de debates anteriores planteadas por diferentes grupos parlamentarios, donde se plasmó una propuesta respecto de la cual hay una gran coincidencia entre los grupos políticos de la Cámara y el Gobierno, tal como el señor Solana, Ministro de Asuntos Exteriores, dijo en su comparecencia el pasado día 4, en el sentido de que era necesario caminar hacia una modificación del sistema de toma de decisiones de la NAFO.
Teniendo en cuenta, señor Ministro, que la política pesquera comunitaria es una de las materias más comunitarizadas, junto con la agricultura, desde el Tratado de Roma el año 1957, en la medida en que eso supone la existencia de un mínimo común denominador en materia de estructuras, de mercados, de recursos, lo que eso implica es el establecimiento de un marco de autonomía, de un ámbito de desarrollo por parte de cada Estado, de las diferentes políticas de desarrollo de las mismas. No obstante, a la hora de la representación y participación de la Unión Europea en foros internacionales, ésta es una de las materias exclusivas
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de la Unión. Mientras que en estructuras o mercados se producen disgregaciones o repartos competenciales en función del ámbito de los mismos, en materia de representación la competencia es exclusiva y, por lo tanto, los Estados miembros de la Unión no son competentes en base al Tratado de Roma y la posterior modificación del Acta Unica y el Tratado de Maastricht.
Es por ello por lo que a veces se han producido disfunciones, desajustes importantes a la hora de la toma de decisiones en organismos pesqueros internacionales; o últimamente en NAFO, donde la realidad pesquera, la realidad política, la trascendencia, el peso político-pesquero de la Unión Europea no se ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en la medida en que la reglamentación, el sistema de estatutos de NAFO establece una representación a través de entes únicos. En este sentido, la Unión Europea es considerada como un único ente, con personalidad jurídica internacional a la hora de la representación. Eso ha supuesto que se le atribuya la condición de parte contratante y, por lo tanto, en el mecanismo de toma de decisiones se haya producido ese desfase, esa disfunción y una desprotección de los intereses pesqueros europeos e, inducidamente, de los intereses pesqueros españoles.
No voy a recordar las reuniones que ha habido a lo largo de los últimos años con los diferentes problemas que se ocasionaron en la década de los años ochenta, de 1985 a 1988, y que la Unión Europea puso de manifiesto.
En definitiva, trascienden al debate de hoy, señor Ministro, los intereses que estaban en juego en dichas tomas de decisiones en el foro de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental.
Quiero manifestar, señor Presidente --y me remito a los últimos acuerdos de la NAFO--, que ha sido muy llamativo el caso de países miembros de la Europa moderna, como pueden ser Noruega o Dinamarca. En el caso de Dinamarca llama más la atención, porque es miembro de la Unión Europea, pero participa como parte contratante distinta de la NAFO y aparte del resto de la Unión Europea en la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental, en la medida en que defiende intereses concretos de zonas geográficas o regionales bajo su jurisdicción, como pueden ser las islas Feroe o Groenlandia. Es como si España tuviera una doble representación como unión en defensa, por ejemplo, de una zona geográfica específica, como pudieran ser las Islas Canarias. En ese caso, Dinamarca se alió con una posición favorable a las tesis de Canadá, absteniéndose en la votación cuando es miembro de la Unión Europea.
También llama la atención la postura de Noruega, que se alía llamativamente con Canadá, que, siendo miembro del Espacio Económico Europeo, vota favorablemente los intereses canadienses cuando este país goza de todas las preferencias arancelarias que la Unión Europea le ha otorgado y, correspondientemente, también el Estado español, y cuando sus productos pesqueros, tanto los propiamente noruegos como los de Rusia descargados en Noruega, entran como productos noruegos con todas las preferencias arancelarias.
Para evitar estos desfases y que el peso político y pesquero de la Unión Europea no sea tenido en cuenta en esta toma de decisiones --aunque existe una representación política de quince Estados por parte de la Comisión Europea, el peso pesquero está representado por lo menos por el Reino Unido, Alemania, Francia, España y Portugal--, consideramos que el mismo debe ser tenido en cuenta, sobre todo si tenemos presente que en los antiguos países miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al disgregarse dicho Estado, tienen votos separado los países bálticos: Letonia, Lituania y Estonia.
Lo que pretendemos, señor Presidente, es la corrección de esa disfunción, ya que a lo largo de los debates los diferentes grupos, junto con el Gobierno, hemos mostrado la necesidad de proceder a un ajuste de la misma. En ese sentido, hemos presentado hoy una enmienda de corrección en la que expresamos nuestra postura, que también expuso el Grupo Socialista el martes pasado y que coincide con nuestra visión de esta cuestión, favorable a la posible modificación de la ponderación de los intereses pesqueros y políticos europeos eliminando la referencia a la diversidad de voto, porque eso puede originarnos dificultades e incluso imposibilidad en la medida en que la personalidad jurídica única, el ente único, no va a poder desaparecer y, por tanto, la voz tiene que ser en ese caso reflejo de dicho ente y de los acuerdos de toma de decisiones.
Por ello, no podría plasmarse ese voto separado del resto de los países en función de los intereses que defiendan.
Nuestra enmienda va en ese sentido. Veo que hay enmiendas de otros grupos que van en la misma línea, y con ello, termino, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, daría la palabra al representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Como muy bien ha manifestado el portavoz del Grupo proponente, el señor Gatzagaetxebarría, partimos de un acuerdo básico entre el conjunto de los grupos parlamentarios de que el sistema de toma de decisiones en NAFO debe ser cambiado. El objetivo que se persigue con esta proposición no de ley y con las enmiendas subyacentes es definir cómo debe ser ese sistema de toma de posición.
También compartimos la opinión, que ha manifestado el señor Gatzagaetxebarría, de que debe haber una única voz que represente a la Unión Europea en la NAFO, como en cualquier otro organismo en el que estuviera representada la Unión Europea como bloque político, máxime en una formación como la nuestra que es claramente europeísta y que si algo tiene que achacar a la situación en que se encuentra la unidad europea es precisamente la falta de contextura y de armazón política. En consecuencia, reivindicamos que la Unión Europea tenga mayor contenido político. Por todo lo expuesto, nos parece consecuente que haya una única voz de la Unión Europea.
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Ahora bien, defendido esto, el sistema de votación por el cual la Unión Europea debería tener tantos votos, a la hora de contabilizarlos, como número de países con intereses pesqueros a los que representa, a nuestro juicio no debe dar una libertad de voto a los diferentes países pesqueros. La única posibilidad que se abre ante una propuesta de esta naturaleza es la del voto ponderado. Consideramos que hay razones políticas más que suficientes para que esto sea así. En primer lugar, porque si el voto es ponderado viene a ratificar, a incrementar la unión política de los países que están representados y que tienen como portavoz a un único representante de la Unión Europea. En segundo lugar, no he de ocultar a SS. SS. la profunda desconfianza que le merecen a mi Grupo Parlamentario las actitudes que han tenido algunos países en el conflicto sobre el fletán. Políticamente nos parecería un error que desde este Parlamento se presentara una propuesta que en su momento pudiera dar vía libre a que Gran Bretaña ejerciera su voto en contra de los intereses de España, en contra, incluso, del discurso que hubiera implementado el representante de la Unión Europea, y nosotros no vamos a caer en dicho error.
Por tanto, la enmienda que presenta mi Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va en el sentido de que únicamente se plantee el voto ponderado y que, en consecuencia, queden completamente adscritos al discurso del representante de la Unión Europea en NAFO la totalidad de los países de la Unión Europea que tienen intereses pesqueros.
Como SS. SS. pueden imaginar, esta desconfianza que nosotros manifestamos sobre la actitud de Gran Bretaña no es gratuita sino que se basa en discursos de carácter xenófobo que se han venido realizando en el Parlamento de este país incluso por altos responsables del Gobierno de este país; discursos xenófobos y de desprecio a las posiciones españolas y nosotros no queremos contribuir a que terminen transformándose en un voto en contra de los intereses de España y, en última instancia, en contra del proceso de unidad política en Europa.
Por tanto, solicito a los diferentes grupos parlamentarios y al propio Grupo proponente que tengan en consideración la enmienda que presenta mi Grupo Parlamentario en la creencia de que presentamos la posición más correcta en cuanto a cómo debe ser el criterio de votación en NAFO.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista también ha presentado una enmienda. El señor Moragues tiene la palabra para defenderla.
El señor MORAGUES GOMILA: Una vez que el Grupo Parlamentario proponente autoenmienda su propuesta de resolución, las enmiendas que han presentado, tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida, carecen de la contundencia argumental que podrían tener al principio del debate.
Obviamente, la postura del Grupo Socialista en contra del texto original que presentaba el Grupo Parlamentario Vasco de solicitar el cambio del sistema de votación en la NAFO mediante la fórmula de voto ponderado y con diversidad de voto para los países miembros de la Unión, era algo que no podía tener el respaldo del Grupo Socialista.
Una vez que el Grupo proponente presenta la autoenmienda, hemos de decir que sin que nos satisfaga totalmente, sí va a contar con el apoyo del Grupo Socialista. Y digo que no nos satisface totalmente porque insiste en la disposición de la fórmula de voto ponderado y creo que esto constriñe excesivamente las alternativas que debería estudiar la Unión Europea sobre el sistema de voto actual en el organismo de gestión de las pesquerías de la NAFO. Así y todo, sustancialmente el texto que ha presentado es igual al de nuestra enmienda y vamos a darle el apoyo a la autoenmienda del Grupo Nacionalista Vasco.
No estoy absolutamente convencido de que el fallo en el funcionamiento de la NAFO se deba tanto al reglamento que regula las votaciones de ese organismo como a fallos en cuanto al trabajo, al papel que deben desarrollar los representantes de la Unión Europea cuando se debate en el seno de la NAFO cualquier decisión que en este caso compete a Estados miembros. Está claro que estas decisiones competen principalmente a Portugal y a España, y mi impresión es que los servicios diplomáticos de la Unión Europea que representan los intereses globales de la Unión Europea en este caso no se han tomado las cosas con la responsabilidad que requerían los cambios introducidos en la última reunión de septiembre. Como ya han comentado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, no se puede tolerar que países que están representados en el voto único de la Unión Europea, como Dinamarca, a la hora de votar por territorios extracomunitarios, se abstengan. A mi entender, esto es absolutamente intolerable. No es explicable que países que participan con nosotros del Espacio Económico Europeo como Islandia y Noruega puedan votar en contra de las decisiones que la Unión Europea adopten, y me estoy refiriendo a Noruega y a Islandia en concreto. Es bastante incomprensible que países como Rusia, que tienen un trato de favor enorme desde la Unión Europea, también puedan votar en contra de las decisiones defendidas por la Unión Europea.
Como he dicho antes, y acabo ya, señorías, a mi entender no falla tanto el Reglamento que regula el funcionamiento de la NAFO como los servicios diplomáticos, los representantes diplomáticos que la Unión Europea tiene destacados en este organismo multilateral.
Sin ser excesivamente optimista en cuanto a la necesidad y a la conveniencia de modificar el sistema de toma de decisiones, sí quiero decir que el Grupo Socialista va a votar favorablemente y pedir --si sirve para algo esta toma de postura desde el Parlamento español-- a los representantes de la Unión Europea que en el organismo de gestión de la NAFO dediquen mayor atención a los temas, aunque sólo se ciñan a los intereses de dos países del sur. Hay que intentar cortar la supremacía permanente de los intereses de los países del norte sobre los intereses de los países de la Unión Europea.
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En nombre del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muy brevemente quiero decir que también nuestro Grupo considera injusto el sistema de representación existente actualmente en el seno de la NAFO y que, por tanto, es preciso modificarlo teniendo en cuenta la potencialidad pesquera de la Unión Europea en estas aguas, coincidente con la que tiene cada uno de los países con intereses pesqueros en la zona.
Así nos hemos pronunciado en los diferentes debates que han proliferado en estos últimos meses con motivo del conflicto de Canadá y, en congruencia con ello, votaremos favorablemente la resolución final que nos ofrece el portavoz del Grupo Vasco y en la que propone el voto ponderado, término que no sé si se acuñó durante estos días, pero que en principio fue muy bien aceptado por nuestro Grupo en cuanto apareció en esta Comisión o en el Pleno.
Lo votaremos favorablemente, además, con la esperanza de que sea aceptado en la Unión Europea y también en el seno de la NAFO, para que de ahora en adelante la propia NAFO sea un organismo auténticamente representativo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Digo Presidente porque durante esta tarde han intentado ascenderle de categoría, a Ministro nada más y nada menos.
El señor PRESIDENTE: Por mí encantado. (Risas.)
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Sí, ya supongo. Además, no tengo la menor duda de que defendería mejor los intereses pesqueros que el actual Ministro. Estoy totalmente convencido.
El señor PRESIDENTE: Eso tampoco. (Risas.)
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: La propuesta que trae el señor Gatzagaetxebarría, en representación del Grupo Parlamentario Vasco, está llena de buenas intenciones y como tal, lógicamente, la vamos a apoyar.
Digo buenas intenciones porque sería deseable que la Unión Europea tuviera un voto cualificado en los organismos a los que pertenece. Ya sabemos que nos podrán decir que en la OTAN, la ONU o cualquier otra institución internacional, la Unión Europea está representada como tal organismo y que tiene sólo un voto único. Está claro.
Hasta ahora se decía que había un voto único de la Unión Europea en los organismos a los que pertenecía, debido a que existía un «fair-play», que había un juego limpio, que estaba todo más o menos consensuado. Sin embargo, el tema del fletán ha descubierto que hay intereses ante la NAFO que en algunos casos podríamos calificar de bastardos, en los cuales unos países están incidiendo en busca de su propio beneficio, lo cual hasta cierto punto también es lógico y razonable.
Decíamos que esta propuesta tiene buenas intenciones, como es llevar al seno de la Unión Europea la idea de que tenga un voto ponderado, pero también es cierto que dentro de la propia Unión Europea tenemos que insistir en que este voto ponderado exista dentro de ella misma, no como al principio pretendía la propuesta del Grupo Vasco, que pudiese tener distintos votos dentro de un organismo, porque eso sería inviable. Repito que dentro de ella misma tendrían que tener relativa importancia los intereses que se están debatiendo en cada tema. No es lo mismo que se debata el tema pesquero, en el cual dos de los países de la Unión Europea, Portugal y España, tienen intereses importantes, cuya renta en determinadas regiones está vinculada a la pesca, que otros temas que pueden tener más importancia para Italia, Francia o Alemania.
La propuesta del Grupo Vasco se debe a que la Unión Europea en un momento determinado se abstiene cuando se fija el TAC para la NAFO en 27.000 toneladas. Si en ese momento la Unión Europea se hubiese opuesto, la cuestión posiblemente sería distinta a la que estamos tratando en este momento.
Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha insinuado algo. No es tan importante que la Unión Europea tenga un voto ponderado en las decisiones de los organismos internacionales a los que pertenezca, sino que nuestros diplomáticos, nuestros representantes ante la Unión Europea tengan en cuenta lo que se va a debatir en cada momento y en cada organismo.
Es increíble que nuestros diplomáticos, por lo menos hasta el momento --no sabemos si lo han hecho o no--, no hayan protestado o no hayan hecho hincapié en la negativa o en la abstención a la aceptación de las 27.000 toneladas del TAC famoso de la NAFO, porque, señorías, había otros informes científicos en los cuales se podía fijar el TAC en 40.000 toneladas, con lo que todas las discusiones y el aburrimiento que hemos dado a SS. SS. con el fletán no hubiese sido tal si en lugar de fijarse el TAC en 27.000 toneladas, se hubiese fijado en 40.000.
Eso yo no lo imputo al voto ponderado de la Unión Europea sino, fundamentalmente, a que nuestros representantes ante la Unión Europea o nuestros diplomáticos no han estado, como se dice vulgarmente, al loro en este tema y no han tenido en cuenta la repercusión que podía tener para los intereses españoles.
Por eso digo que la propuesta del Grupo Vasco, que se ha autoenmendado, va a ser apoyada por nuestro Grupo, pero, repito, que tiene buenas intenciones. Como, sin duda, es que a nuestros diplomáticos y a nuestros representantes en la Unión Europea se les tenga que indicar o exigírseles que defiendan los intereses españoles en cada momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quizás el subconsciente nos traicione a algunos portavoces en algunas ocasiones, pero creo que sería del gusto de
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todos los grupos parlamentarios que usted, señor Presidente, hubiera llegado a ser Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la medida en que tiene usted una gran sensibilidad agrícola, una acelerada evolución hacia el interés pesquero y, en definitiva, una enorme sensibilidad autonómica.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, a la cuestión.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, tomando el hilo de mi compañero, señor Mantilla, me congratularía, junto con él, si algún día usted puede llegar a esas instancias. (Risas.) Entrando en serio, señor Presidente (Risas.), el sentir de la Cámara, la simpatía que usted genera, ha trascendido en esta ocasión. (Rumores.) Entrando en el fondo de la cuestión, quiero decir que nuestro Grupo Parlamentario agradece la posición adoptada por cada uno de los grupos parlamentarios --Socialista, Popular, Izquierda Unida y Catalán-- y quería recordar que la iniciativa en esta Cámara sobre tal cuestión fue efectuada por el portavoz del Grupo Catalán, señor Vidal, que fue el primer parlamentario que propuso en la Cámara la ponderación del voto.
Nos felicitamos de que podamos conseguir un consenso sobre esta cuestión.
También quiero indicar al portavoz de Izquierda Unida que, como recogemos con nuestra autoenmienda el interés y la filosofía que pretendían con la suya, entendemos que es la nuestra la que debe someterse a votación. (El señor Moragues Gomila pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, ¿entiendo que retira la enmienda?
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, es por la cuestión colateral del Ministerio y su posible ascenso. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Es sólo para decir que el Grupo Socialista se siente muy bien representado por el Ministro que tenemos, aunque, por supuesto, nos gustaría mucho tener dos ministros y usted podría ser tranquilamente el segundo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No insistan. Creo que es mejor que no continuemos en esta dirección.
¿El Grupo de Izquierda Unida acepta la proposición no de ley, con la autoenmienda del Grupo Vasco, tal como ha indicado el señor Gatzagaetxebarría? (Asentimiento.) Votamos la proposición no de ley autoenmendada, del Grupo Vasco.
--RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN FAVOR DEL SECTOR APICOLA NACIONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000433.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las medidas a adoptar en favor del sector apícola nacional.
Para defender dicha proposición no de ley, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, vamos a hablar ahora de abejas, de colmenas y de apicultura, pero como cuestión previa quisiera decir, no en nombre de mi Grupo, sino a título personal, que aunque el señor Pau fuera también ministro estoy seguro de que no nos llovería. (Risas.) Entrando ya a comentar el sector apícola y precisamente como justificación de la defensa que haré de la proposición no de ley que presenta mi Grupo, debo decir que de las cifras que nos facilita el Ministerio de este subsector hay aproximadamente tres millones de colmenas, con una producción estimada de unas 50.000 toneladas de miel y unas 2.000 de cera. En cuanto al valor de la producción, hay una estimación de unos 10.000 millones de pesetas que, tras la nuda producción --aparte del sector elaborador y todos los procesos de comercialización--, la cifra final de facturación de este subsector esté en una estimación final de unos 20.000 millones de pesetas, que de por sí justifican el que desde aquí intentemos mejorar todas aquellas medidas que inciden en la apicultura.
Hay que tener en cuenta esta cifra, al margen de la producción, comercialización y elaboración puesto que existe, además, una industria colateral para la fabricación de colmenas y material en general para la apicultura porque, además --y esto es lo realmente importante, señorías--, la apicultura está asentada en toda España, con una especial importancia en las dos Castillas, en Extremadura, Andalucía y Comunidad valenciana. Dentro de estas regiones, hay que señalar que tiene una especial importancia en algunas comarcas que producen una miel con una calidad contrastada, con unas propiedades características y muy específicas que han acreditado sus productos melíferos en todos los mercados, españoles, europeos y mundiales.
La apicultura, como es sabido, es la actividad de miles de profesionales a la que se dedican, a tiempo parcial, miles de agricultores que ven en ella un complemento económico a su actividad agraria. Hay que destacar algunas comarcas como, por ejemplo, la Alcarria, a caballo entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, que son ejemplos de tecnología y manejo de colmenas, que han unido sus esfuerzos en la comercialización y que, en definitiva, han apostado por una actividad arraigada secularmente, como una de las formas de desarrollo endógeno y sostenible, llegando, incluso, a comercializar la miel con denominación de origen.
En este estado de cosas, el principal problema de la miel en la Unión Europea es la masiva importación de países
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terceros de una miel que aunque ciertamente es muy barata, es muy mala; la podíamos calificar, sencilla y llanamente, de pésima. Esta miel no tiene el debido contraste de calidad. Estas importaciones han hundido los precios de nuestro mercado y están haciendo que la cabaña apícola y el número de colmenas descienda en España, y en general en Europa, de una manera notable y progresiva. Todo ello está perjudicando de una manera muy sensible a los apicultores españoles que, como hemos dicho, o bien viven de su actividad apícola en exclusiva o bien obtienen unos ingresos adicionales en la unidad familiar dentro de su dedicación a la agricultura o a la ganadería. Pensemos, además, que este perjuicio económico se está produciendo en aquellas zonas que son ya de por sí muy deprimidas y que, además, tienen un alarmante descenso de la población.
Quisiera, asimismo, señorías, señor Presidente, citar otro tema no menor que conviene recordar cuando se habla de apicultura, cual es el de la polinización. Es sabido que muchas especies vegetales, tanto cultivadas como silvestres, son entomógamas, es decir, para la propagación y mantenimiento de la especie requieren la polinización mediante los insectos y, especialmente, a través de las abejas. Pues bien, la notable disminución del número de abejas se ha traducido paralelamente en una disminución en las cosechas --en el caso de plantas cultivadas--, y en la regresión de numerosas especies y familias vegetales silvestres. Esta habiendo, por tanto, una progresiva degradación de los ecosistemas al romperse la cadena atrófica, con la casi desaparición de algunas plantas que requieren el efecto polinizador de las abejas para su multiplicación.
Como bien saben SS. SS. y, si no, modestamente yo lo cito, en algunas comarcas españolas ha descendido de manera alarmante la flora perteneciente, sobre todo, a especies y familias como las rosáceas, las labiadas, compuestas o cistáceas, con el consiguiente desequilibrio ecológico que afecta a insectos y aves. En definitiva, la disminución de la cabaña apícola incide en la misma proporción en una regresión, no deseada, de la biodiversidad en nuestros ecosistemas.
Con esta situación y para evitar el deterioro de nuestra economía así como de nuestra biología, entendemos que desde aquí debemos apoyar --y así lo hacemos-- la apicultura, de manera genérica, con medidas concisas y urgentes que la dinamicen. En concreto en nuestra proposición no de ley pedimos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solicite y obtenga de las pertinentes instancias de la Unión Europea un apoyo a la mejora técnica de las explotaciones apícolas; un apoyo a la mejora genética de la cabaña apícola, así como una sanidad adecuada, con especial mención a la eliminación de la varroasis; un apoyo a la comercialización, de tal manera que las importaciones deben quedar total y absolutamente eliminadas mediante la correspondiente cláusula de salvaguardia. Al menos y en todo caso, la miel procedente de países terceros debería sufrir unos controles sanitarios que en la práctica impidan su entrada, porque nos está viniendo miel de países que no ofrecen ninguna garantía sanitaria, con lo cual posiblemente estemos contaminando nuestra propia cabaña apícola. Una especial protección a la miel con denominación de origen y un mecanismo comunitario para que el sector sea debidamente defendido, propiciando un progreso que no se produce --y, sin embargo lo deseamos-- y evitando la línea decadente en la que se encuentra. Para fomentar esa diversidad biológica y producirse la polinización adecuada mediante las abejas, se debería fomentar e instaurar, donde no lo esté, la llamada prima de polinización que los apicultores tantas veces han reclamado y muchas veces no han obtenido, al menos en la cuantía que lo deseaban.
Por todo lo anteriormente expuesto, pido en esta Comisión el voto favorable para la proposición no de ley que he presentado en nombre del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición. Para su defensa, tiene la palabra el señor Soto.
EL señor SOTO MARTIN: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera positiva y constructiva la proposición no de ley relativa a las medidas a adoptar en favor de la apicultura, que ha presentado y defendido con bastante erudición el representante del Grupo Popular.
Estarán de acuerdo conmigo en que yo economice tiempo y energía a la hora de señalar la importancia ecológica y la incidencia socioeconómica del sector apícola. Es cierto que tanto en España como en el conjunto de la Unión, la apicultura no va bien. Esta crisis tiene como elementos fundamentales --como ya se ha dicho-- las importaciones de mieles de baja calidad y los problemas de sanidad animal, en concreto la varroasis.
A juicio de nuestro Grupo, las propuestas deben incluir normas de calidad, mecanismos de conocimiento del mercado, una compensación de la pérdida de renta mediante una ayuda directa, así como ayudas al asociacionismo para mejorar la estructuración del sector y facilitar la acción comunitaria en la lucha contra las enfermedades, la colaboración entre los centros apícolas de la Unión y la promoción y mejora en la calidad de la miel.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que para vencer los obstáculos todavía existentes para lograr esas ayudas deberíamos continuar en la dirección que ya viene trabajando la Comisión Europea, a propuesta del Consejo de Ministros de Agricultura de los días 23 y 24 de octubre de 1994, o sea, en el esfuerzo por dotar a la apicultura de un reglamento específico. Ahora mismo se está a la espera de un proyecto de reglamento que está elaborando la Comisión para su discusión y aprobación posterior en su caso. La situación actual, en particular con la entrada en vigor del GATT, hace muy difícil o prácticamente imposible conseguir una organización común de mercado para este producto.
Estas son las razones que consideramos de peso como para que propongamos seguir incidiendo en la línea de conseguir la aprobación de un reglamento específico para la apicultura, de un reglamento de ayuda a la apicultura que contenga básicamente los componentes que hemos venido enunciando. Por ello, aun coincidiendo plenamente
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con el contenido de la proposición no de ley del Grupo Popular, hemos presentado una enmienda de sustitución al apartado 1 de dicha proposición que literalmente dice así: La aprobación de un reglamento específico y de ayudas al sector apícola, cuyo objetivo sea la defensa de la importancia económica y ecológica del mismo.
Señorías, insistimos en la vía del reglamento, por lo que significa de camino abierto ya en gran medida por los mecanismos comunitarios.
Estimamos que un acuerdo ampliamente mayoritario de nuestra Comisión de Agricultura, empujando en el mismo sentido, sería muy positivo para lograr cuanto antes ayudas para la apicultura española, que es de lo que, en última instancia, trata la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar su posición respecto a este tema? En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, quiero, en primer lugar, dar mi opinión con respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, y vaya por delante mi apoyo absoluto a esta iniciativa por su oportunidad y por el contenido de la misma en defensa del sector apícola nacional, que tiene más importancia de lo que muchas veces se puede llegar a pensar dentro del conjunto de la agricultura española.
El sector de la apicultura es un sector de nuestra agricultura cuyas funciones principales son la actividad de producción, la contribución al equilibrio ecológico, a la economía y al desarrollo rural. la función de producción y el papel positivo para el entorno son interdependientes en razón de la actividad polinizadora de las abejas.
Unión Valenciana va a apoyar esta proposición no de ley en defensa del sector apícola por cuanto, al igual que otros sectores de nuestra agricultura, ganadería y pesca, atraviesa un difícil momento. La actual situación de la apicultura española y europea aconseja una profunda reflexión, así como la adopción de medidas decididas en apoyo de tan delicado sector. A pesar de que su contribución a la producción final agraria no es muy importante, sí que tiene que ser considerada, por cuanto que para aquellas comunidades o comarcas que se dedican a esta actividad supone un importante revulsivo económico.
El sector apícola en el contexto de la Comunidad Valenciana (primera productora de miel del Estado español), al igual que en otras comunidades del Estado, tiene una importancia económica y social muy relevante; la Comunidad Valenciana produce alrededor de 10.000 toneladas de miel, con unas 400.000 colmenas, aunque los datos oficiales de la Consellería las cifran en algo más de 300.000, y junto con otras producciones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Galicia conforma un importante sector para la actividad agrícola y ganadera.
Recientemente se han reunido en Don Benito (Extremadura) los responsables de apicultura de las administraciones autonómicas donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la miel. Como han comentado los representantes del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, la problemática es muy amplia y variada y requiere de actuaciones urgentes, firmes y decididas, algunas de las cuales se recogen en la iniciativa acertada del Grupo Parlamentario Popular.
Unión Valenciana no quería dejar pasar esta ocasión, además de adherirse a todos y cada uno de los puntos que se proponen y, aunque consideramos oportuna la enmienda del Grupo Socialista por cuanto puede ser más ágil y más importante el que en estos momentos se adopte un reglamento más que una OCM, proponemos que se intente llegar al fondo de los verdaderos problemas del sector de la apicultura y, por ello, proponemos que se realicen verdaderos esfuerzos en lo referente a la sanidad apícola y la trashumancia.
Los responsables de apicultura de las administraciones autonómicas han propuesto diversas iniciativas de las que quiero hacerme eco para que consten en la Comisión de Agricultura y nos sirvan de reflexión para que no sea hoy el único día que se hable del sector apícola nacional y sean motivo de discusión en sucesivas comisiones. Pensamos que, en el tema de la sanidad apícola, la Administración central debe regular la trashumancia en el territorio nacional para que se permitan realizar los traslados de las colmenas con garantías, así como que se incida en la creación de un programa sanitario común para luchar contra la varroasis, enfermedad que está ocasionando graves perjuicios al sector apícola.
Solicitamos, en consonancia con la enmienda del Grupo Socialista, la reglamentación del sector por parte de la Unión Europea, por cuanto deben garantizarse las rentas de los apicultores y sobre todo debe defenderse con firmeza este sector ante las importaciones masivas de países terceros; para ello deben incluirse las cláusulas de salvaguardia para evitar perjuicios de importaciones anormales y masivas de miel. Baste decir, por si alguno de los miembros de esta Comisión no lo conoce, que las importaciones de China están siendo masivas, pero el problema va aún más allá, porque tengo que decirles que mucha de la miel que entra de China contiene residuos con veneno. Aunque esto parezca una alarma, no lo es, puesto que se han hecho análisis, y, en el puerto de Valencia, recientemente, se prohibió la descarga de unas grandes cantidades de miel procedente de China por no cumplir los requisitos sanitarios para su consumo humano. Por tanto, yo quiero advertir que ya no es sólo que las importaciones masivas de miel de China, Argentina, Méjico o Japón estén poniendo en peligro el sistema de producción apícola español, sino que alguna de esta miel que entra de países terceros no reúne los requisitos sanitarios que la sociedad española tiene que exigir a los productos para consumo humano.
Asimismo, quiero hacer hincapié en que deben arbitrarse ayudas y subvenciones en régimen de igualdad, tales como prima a la polinización, prima al mantenimiento del censo y primas a la formación. Y quiero resaltar aquí un tema que quizá desconozcan SS. SS. --el señor Madero me comentaba esta mañana que lo desconocía-- y es que existe discriminación respecto a apicultores de distintas
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comarcas del Estado español. Quiero hacer hincapié en ello, puesto que mientras que en Guadalajara cada apicultor cobra 2.300 pesetas por colmena y recibe a fondo perdido hasta el 75 por ciento, con créditos a un 4 por ciento de interés para maquinaria o utillaje, otras comunidades del Estado español no reciben las mismas ayudas ni las mismas ventajas, a pesar de que también son comunidades del Estado español. Quiero llamar la atención sobre la discriminación existente entre los apicultores de las distintas zonas del Estado español. Los apicultores valencianos han denunciado en la reunión de Don Benito que no existe igualdad de trato entre las distintas zonas productoras de miel. Las diferentes comunidades autónomas productoras de miel (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia) reciben ayudas destinadas al sostenimiento de las rentas, mientras que este tipo de subvenciones no están contempladas para la Comunidad Valenciana.
Quiero asimismo llamar la atención de los miembros de la Comisión en el sentido de que hay que ampliar las indemnizaciones compensatorias a las zonas de montaña donde hay colmenas, zonas eminentemente desfavorecidas y que viven única y exclusivamente de la actividad apícola. Y sobre todo quiero poner de manifiesto una de las principales demandas del sector, aunque quizá sería más propio de otra comisión, naturalmente relacionada con el sector agrícola; lo que solicita el sector es una reforma de la Seguridad Social agraria y su inclusión en el régimen especial agrario por cuenta propia, a fin de que, a nivel nacional, se encuadre a los apicultores en el régimen especial agrario de forma análoga al del resto de agricultores y ganaderos.
Hay que hacer una política firme y decidida en las denominaciones de origen genéricas del sector de la miel y para ello podía ser oportuno la creación de una comisión apícola nacional, por cuanto este sector precisa de un estudio a fondo de las necesidades y problemas que hoy en día le afectan. Sobre todo, yo quiero remarcar esas ayudas al sector de la miel para hacer frente a la competitividad de las importaciones procedentes de terceros países.
Espero que la de hoy no sea la única Comisión donde se hable del sector apícola y que después del consenso que estoy seguro que se va a obtener en esta proposición no de ley sigamos hablando del sector apícola nacional, porque es muy importante para muchas comunidades, en particular muchas poblaciones valencianas (Montroy, Real de Montroy, Montserrat, Carcaixent) y otros municipios de Castellón, que viven única y exclusivamente de la actividad de la miel. Por lo tanto, apelo a esta sensibilidad para que en lo sucesivo se empiece a hablar del sector apícola nacional con la misma intensidad con que se ha hablado del sector pesquero o del sector agrícola en general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VIDAL I SARDO: Celebro poder anunciar el voto favorable de nuestro Grupo a la proposición no de ley del Partido Popular, tan convincentemente defendida por su portavoz don José Madero, especialmente después de conocer que se aceptará la enmienda al punto primero del Grupo Socialista, en el sentido de corregir la creación de una hipotética OCM por un más factible reglamento europeo.
He dicho que celebraba la aprobación de la proposición no de ley también como símbolo de que esta Comisión es sensible a todos los problemas de todos los sectores, independientemente de su ubicación o su importancia económica, ecológica o social. Esto es especialmente válido en estos días en que parecemos concentrados en los grandes problemas del sector pesquero y el vitivinícola, y es bueno que la apicultura tenga también aquí un lugar y una atención preeminente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero para decir si acepta o no la enmienda.
El señor MADERO JARABO: Quiero agradecer las palabras amables y el tono de los señores Soto, Vidal y Chiquillo. Unicamente y hablando de abejas, quisiera decirle a este último, a mi entrañable compañero de Unión Valenciana, que lo que no podemos hacer aquí en esta normativa es poner aguijones a lo que hacen en cada comunidad autónoma. Yo no sé si el señor Bono es más apícola que el señor Lerma y no sé si cobran más, no sé que prima, los de Carcaixent que los de Pastrana o Don Benito o Tordesillas.
Dentro de lo que nos corresponde en esta Comisión y al hilo del texto de la proposición no de ley que presenta mi Grupo y que he expuesto en mi primera intervención, sí quisiera decir que me parece oportuna la enmienda que el Grupo Socialista, a través del señor Soto, presenta al texto de la proposición no de ley, y efectivamente, en vez de una OCM nos parece más prudente en los tiempos que corren y más asequible en la situación actual que se pida un reglamento específico de ayudas al sector apícola, con los mismos objetivos que habíamos planteado al otro mecanismo. En todo caso, quiero que quede bien claro --y creo que es el espíritu de esta Comisión-- que en ese reglamento se incluyan, como se ha dicho repetidas veces, cláusulas de salvaguardia en evitación de importaciones, un control estricto de la sanidad de esas importaciones, una prima de polinización y que luego cada comunidad autónoma suplemente con las cantidades que entienda oportunas; una ayuda a la sanidad, ayudas a la renta, incluido --y me parece muy oportuno--el fomento que se está haciendo del asociacionismo y que podría recogerse perfectamente en este reglamento que aquí se solicita en esta proposición no de ley. En general creo que dentro de este reglamento se justifica pedir medidas de apoyo en defensa del medio ambiente, tal como todos hemos expresado, puesto que traducido en esa cláusula de polinización los apicultores realmente están contribuyendo de manera importante al sostenimiento y mejora de los ecosistemas y del medio ambiente en general. En definitiva, además, son medidas que deben estar contempladas en este reglamento y que no contradicen lo más mínimo los acuerdos del GATT, pero sobre todo hay que incidir en la eliminación, a ser posible
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de raíz, de importaciones de miel que yo he llamado de mala calidad y que efectivamente quizá requieran una investigación más a fondo para ver qué es lo que estamos importando.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a la votación de esta proposición no de ley con la enmienda incorporada del Grupo Socialista.
--RELATIVA A RECTIFICACION DE LAS BASES COMARCALES DE LAS ZONAS CEREALISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000444.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos finalmente al último punto del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley relativa a la rectificación de las bases comarcales de las zonas cerealistas. La proposición es del Grupo Popular. Para defenderla, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Yo creo que es oportuno, señor Presidente, que a finales del mes de abril, antes de que la Unión Europea finalice los trabajos anunciados después de tres años de aplicación de la reforma de la política agraria común, trabajos por los que, se nos informó, se iban a realizar importantes modificaciones en la regulación de las bases regionales (cantidades máximas garantizadas, rendimientos de cereales en las distintas unidades territoriales), es bueno --repito-- que en el seno de la Comisión de Agricultura y como un intento de aportar nuestro trabajo a las decisiones y a las representaciones que el Gobierno y el Ministerio de Agricultura español tendrá que llevar a efecto en el seno de esas anunciadas convocatorias en la Unión Europea, pudiéramos hacer la consideración de lo que han significado los tres años de aplicación de la reforma a la política agraria común en el sector de cultivos herbáceos y lo que ha supuesto en demérito de nuestros intereses más inmediatos.
No creo que sea necesario recordar en la Comisión la importancia de los cultivos herbáceos en España. Cerca de nueve millones de hectáreas en todo el territorio nacional están dedicadas al mismo. Hay una realidad productiva en todas y cada una de las regiones españolas. Ninguna comunidad española, ninguna región, ninguna provincia española carece de superficie de cultivos herbáceos. El valor de la misma sobrepasa el medio billón de pesetas. Estamos hablando, por tanto, de cerca del 20 por ciento de la producción final agraria. Estamos hablando igualmente de productos que significan monocultivo y de infinidad de regiones españolas que no tienen otra alternativa, por las limitaciones de clima y suelo, y donde toda su economía agraria gira alrededor de los cultivos herbáceos.
España es deficitaria de cereales. Somos importadores netos de cereales procedentes de la Unión Europea e incluso de terceros países. Tenemos un déficit estructural y, por lo tanto, somos el primer país que favorece la desaparición de los stocks y de los excedentes comunitarios. Ningún país como España en el contexto comunitario absorbe excedentes de cereales, absorbe excedentes de productos de oleaginosas, y además, desgraciadamente, somos deficitarios en nuestra normalización en la alimentación ganadera, y ahí están las cifras de las importaciones de productos sustitutivos de cereales, derivados del maíz, etcétera. Por lo tanto, no somos favorecedores ni creadores de excedentes comunitarios y es conveniente que tengamos clara esta afirmación a la hora de valorar cómo fue tratada España, cómo fue tratada su cultura cerealista, cómo fueron tratadas en el año 1992 las expectativas de producción, de lo que se desprenderá la filosofía que se contiene en nuestra proposición no de ley.
Nosotros entendemos que en 1992 se adoptaron decisiones que no se ajustaban a la realidad productiva española. En 1992 hubo un ajuste desde arriba a la hora de asignar las cantidades máximas garantizadas y los rendimientos que se asignaban a las distintas comarcas en las que se dividió la cultura cerealista española. El haber aceptado el tope máximo de 20 millones de toneladas, que por lo tanto tenía que traducirse en ocho millones de hectáreas de cultivo de secano, más el millón de hectáreas de oleaginosas que después de los compromisos del GATT hemos podido rescatar, ha limitado fuertemente nuestra capacidad productora. De ahí que los rendimientos asignados a las diversas comarcas hayan provocado desde el principio una reacción muy negativa por parte de los agricultores.
No creo que sea necesario recordar en este momento los distintos planteamientos que se han hecho públicos con movilizaciones e incluso con entrevistas con las autoridades del Ministerio de Agricultura o con planteamientos en esta Cámara en la Comisión de Agricultura. Los casos de las comarcas de Azuaga, Cuenca, Soria, La Mancha, Aragón, etcétera, ilustran el que la práctica totalidad de las comarcas cerealistas y de cultivos herbáceos españoles han rechazado las asignaciones, los rendimientos comarcales que se establecieron en la normativa por estar muy alejados de la realidad, y esa realidad, señores Diputados, señores miembros de la Comisión, está a punto de modificarse durante este verano según los trabajos que se llevan a efecto y que están muy adelantados, en el seno de la Unión Europea.
¿Qué pretende el Grupo Parlamentario Popular a través de esta iniciativa? Pretendemos que nuestro Gobierno (y creo que hemos dado muestras a lo largo de estas últimas semanas de que lo que pretendemos es apoyar al Gobierno español a la hora de los planteamientos que en defensa de nuestros intereses debe hacer en el seno de la Unión Europea, y los ejemplos de la pesca o del vino hoy en el debate de este mediodía pueden ilustrar nuestros planteamientos), con el apoyo de la Cámara, lleve a efecto la defensa de nuestros intereses en las líneas que hemos plasmado
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en nuestra proposición no de ley y que entendemos se ajustan a la realidad que está siendo demandada por la inmensa mayoría de los protagonistas de esta actividad agropecuaria.
Creemos, señorías, que debemos unificar las superficies máximas garantizadas de cultivos herbáceos en regadío, no en tanto superficies --las conocidas 410.000 hectáreas de maíz y las ochocientas y pico mil hectáreas de otros herbáceos de regadío, unificación que se ha obtenido en algunas circunstancias con motivo de la sequía--, sino, lo que es más importante, la unificación de las toneladas que se producen en ambas divisiones y jugar, por tanto, en el trasvase de toneladas, no solamente de hectáreas, a la hora de las circunstancias adversas --léase sequías--.
No es de recibo, señorías, que, no habiendo sembrado el año pasado 160.000 hectáreas reservadas en el epígrafe maíz, hayamos entrado en penalización en cultivos herbáceos de regadío y que los agricultores cultivadores de oleaginosas en regadío en España hayan tenido que hacer frente a un suplemento de sanción del 11 por ciento porque se había superado la cantidad máxima garantizada, cuando todos sabemos que la superación se había producido porque la carencia de agua en las cuencas fluviales y en los acuíferos había recomendado obtener cierta rentabilidad a la hora de explotación de la tierra en aquel cultivo refugio que suponen las oleaginosas, y mientras, repito, no habíamos utilizado 160.000 hectáreas de maíz que, a un rendimiento medio de siete toneladas y media, nos daban un margen de garantía de más de un millón de toneladas sin utilización.
En segundo lugar, creemos --y es el clamor general en toda España-- que se tienen que elevar los rendimientos medios asignados a las hectáreas de cereales en todas y cada una de las comarcas españolas. Ninguna comarca está de acuerdo con el rendimiento asignado, todas las comarcas pueden demostrar, bien en referencias a sus seguros agrarios, los rendimientos garantizados en las propias pólizas de los seguros agrarios, bien por los datos estadísticos del Senpa, en las oficinas del antiguo Servicio Nacional del Trigo, en cualquier dato que se quiera manejar, que el tratamiento, la limitación, la cantidad garantizada, queda muy por debajo de su potencial productor, y además las cantidades asignadas están incentivando la desprofesionalización. Al agricultor cuyo potencial productor le permitía alcanzar los 2.000 ó 2.200 kilos y se le han asignado 1.200 ó 1.400 kilos se le está invitando a que se desprofesionalice, a que no tenga interés alguno en superar su actividad y que tenga esa situación de atonía que tanto hemos criticado en el seno de la Comisión.
Por tanto, pretendemos que, aprovechando la renegociación a la que se va a hacer frente durante este próximo verano, el Gobierno plantee urgentemente la necesidad de aumentar los rendimientos medios por hectárea, y además e íntimamente ligado con lo anterior se aproveche la no solicitud, la no utilización de cerca de 500.000 hectáreas que determinadas comarcas, regiones y, en definitiva, agricultores españoles no han utilizado durante los tres últimos años y que han provocado que perdamos dinero, ayudas directas del fondo comunitario por encima de los 10.000 millones de pesetas, o lo que es igual, que no hayamos podido utilizar un potencial productor de más de 1.250.000 hectáreas. No vamos a entrar en el fondo de la cuestión, por qué figuraron esas 500.000 hectáreas y por qué no las utilizan los agricultores. Quizás estén dedicadas a otras actividades productivas, quizás estén transformadas en pastos o quizás estén en superficie forestal, lo que demuestra de alguna forma que los datos estadísticos españoles no estaban ajustados y que se repitieron algunos guarismos que figuraban en anteriores anuarios estadísticos, pero que no se correspondían con la realidad, y desgraciadamente estamos perdiendo esa gran oportunidad de atraer los fondos y las ayudas correspondientes a esas 500.000 hectáreas no utilizadas.
Finalmente, señorías, creemos que lo que ha sucedido durante estos dos últimos años, que hayamos sido penalizados por superar determinadas cantidades máximas en cuanto al número de hectáreas, nunca en cuanto al número de toneladas que potencialmente podían producirse en esas hectáreas, ese sistema tiene que cambiarse. Desgraciadamente, nuestro clima está como está; desgraciadamente, no tenemos una normalidad pluviométrica que nos permitiera decir «tantas hectáreas igual a tantas toneladas» y con escasísimos márgenes de error; desgraciadamente, nuestras circunstancias climáticas nos llevan a la paradoja de tener unas expectativas este año --ya se han medido por algunos agentes sociales-- de obtener unos rendimientos de cereales próximos a los diez millones de toneladas, cuando el potencial productor español, de conformidad con las cantidades asignadas teóricamente a la hectárea española, nos hubiera permitido acercarnos a los veinte millones de toneladas, y quizá, produciendo el 50 por ciento de nuestro potencial productor, entremos en sanción. Posiblemente, algunas bases regionales, algunas bases de comunidades autónomas de cantidades garantizadas se sobrepasen, y podría producirse la paradoja de que, produciendo la mitad de las toneladas, entremos en sanción en algunas comunidades autónomas. Creemos que esa situación de cálculo debe cambiarse y que, por tanto, lo que tiene que hacer nuestro Gobierno, con el apoyo de esta Cámara, es que en todo momento la cantidad máxima garantizada, la que se obtenga después de la reelaboración que se va a realizar este verano, se traduzca en toneladas y que esas toneladas sean las que sirvan para medir si la agricultura española se ha pasado o no, si ha sido solidaria con el resto de las agriculturas comunitarias o, por el contrario, hemos pagado, como siempre, por nuestras dificultades climatológicas, en solitario las circunstancias adversas que impiden las producciones que teníamos teóricamente garantizadas.
En definitiva, señorías, lo que pretendemos es que esta Cámara se pronuncie en relación a instar al Gobierno a que asuma la gravedad del momento cerealista y de los cultivos herbáceos que en España existe, que tenga conciencia de la importancia social y económica de estos cultivos en amplísimas comarcas españolas, que sea solidario con las reacciones y con las protestas que se han producido en todas y cada una de las comarcas españolas, algunas con cortes de carreteras, como la protagonizada últimamente en Extremadura, algunas que se han traducido aquí en instancias
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parlamentarias por compañeros de mi Grupo Parlamentario, otras con encierros en delegaciones de agricultura... En definitiva, no hay ninguna comarca española que haya asumido pacíficamente las asignaciones que se nos han hecho y, por tanto, creemos que estamos ante una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.
Yo conozco, señor Presidente, porque así se me ha hecho llegar, la enmienda que el Partido Socialista nos hace a los puntos segundo y tercero de nuestra proposición. En aras a intentar obtener un documento solidario de toda la Cámara, nosotros asumimos el texto que para los puntos 2 y 3 de nuestra proposición supone el nuevo texto que nos propone el Partido Socialista, y por tanto la defensa de nuestra proposición quedaría circunscrita a los no menos importantes puntos 1 y 4 de la misma.
El señor PRESIDENTE: Como S. S. ha indicado, hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista que ha sido entregada a esta Mesa y que creo que con la aceptación de todos los grupos se puede defender. Para defenderla, la señora Sánchez tiene la palabra.
La señora SANCHEZ DIAZ: Como bien decía el portavoz del Grupo Popular, todos los grupos tienen una enmienda parcial que presenta el Grupo Socialista relativa a la sustitución de los puntos 2 y 3. Esta sustitución la hacemos en base a que somos conscientes, al igual que decía el portavoz del Grupo Popular, de que, tras tres años de aplicación de la reforma de la política agraria comunitaria, en relación con los cultivos herbáceos, nos encontramos con la aparición de unos desajustes estructurales en las superficies de base establecidas para el regadío y para el secano. En el caso del regadío, suponen un rebasamiento sistemático, no siempre debido a los efectos de transferencias de cultivo, sino más bien están motivados por el bajo nivel de agua disponible para el riego, y suelen alcanzar, como bien decía el portavoz del Grupo Popular, unas 150.000 hectáreas. Sin embargo, en el secano nos encontramos con varios desajustes, quizá tan importantes o más que los anteriores. Hay un conjunto de regiones donde los agricultores no han solicitado ayudas para la superficie de base de que disponen; hay otras regiones en las que los agricultores han solicitado ayudas para una superficie superior a la base de la que disponen, y estos dos motivos han dado como resultado que haya unas 500.000 hectáreas que no se hayan beneficiado de su inclusión en el sistema de ayudas. Tenemos un tercer aspecto, sumamente importante, que afecta a los rendimientos asignados a determinadas comarcas agrarias, que tienen que ser eliminados mediante el ajuste adecuado con su capacidad productiva.
Por ello, conscientes de esta problemática y sabiendo que los primeros tres años de la reforma de la PAC siempre suelen traer estas modificaciones, hemos propuesto esta enmienda parcial que viene a decir, textualmente, que en un período máximo de cuatro meses se ponga en marcha la resolución aprobada por esta Comisión de Agricultura el pasado 30 de noviembre, en especial la modificación de la superficie máxima garantizada, así como el ajuste de los rendimientos medios por hectárea de cereal de secano, de acuerdo con la realidad productiva española.
Sin embargo, no podemos aceptar los puntos 1 y 4 de esta proposición no de ley, sobre la base, el primero, de que no creemos conveniente la igualación de las superficies para el regadío del maíz con otros cultivos, y el último punto porque la Unión Europea tiene asignado un rendimiento a las hectáreas en general. Por tanto, en principio, creemos conveniente que se mantenga así.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en este debate? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Vidal tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: La Comisión de Agricultura aprobó el pasado mes de noviembre una iniciativa parecida a la que hoy debatimos, para que fueran las comunidades autónomas quienes pactaran entre ellas y con el Ministerio una propuesta de rectificación de las bases comarcales en las zonas cerealícolas. Hemos conocido que se hallan muy avanzadas estas negociaciones y que, en todo caso, deberían finalizar con el tiempo suficiente para que los nuevos rendimientos y cupos asignados a cada una de ellas puedan ser aprovechados antes de la próxima campaña de sementera. Al decir esto ya nos posicionamos en contra del punto 1, anunciando, en cambio, nuestro voto favorable al texto aceptado por el portavoz del Grupo Popular, de sustitución de los puntos 2 y 3.
La excepción que se pide en la enmienda de adición o punto 4, a nuestro juicio, es bienintencionada, pero la creemos poco defendible en la Unión Europea, y también creemos que podría interferir en los resultados factibles de lo que se acuerda hoy en Comisión, en sustitución de los puntos 2 y 3.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Gatzaetxebarría.
El señor GATZAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo Parlamentario también quiere manifestar que no está de acuerdo con el planteamiento que se hace en el punto 1 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que ese planteamiento de la unificación de las superficies máximas no es acorde con el modelo de gestión que existe en cuanto a la regionalización de los cereales, de los cultivos herbáceos, y, por tanto, nuestro Grupo Parlamentario no lo va a apoyar.
En relación a los puntos 2 y 3 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la cual nuestra opinión es que pretende aproximar lo que en la misma se solicita con el planteamiento del Grupo Popular.
Esto nos parece oportuno y estaríamos dispuestos a apoyar las pretensiones que se contienen en los puntos 2 y 3 del texto del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez, brevemente.
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El señor RAMIREZ GONZALEZ: Simplemente, señor Presidente, porque creo que de las intervenciones de los representantes del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió se desprende un error, independientemente del juicio que les merezca nuestro posicionamiento.
La superficie máxima garantizada de cultivos herbáceos en regadío no está regionalizada, es una base nacional y, por tanto, difícilmente podríamos interferir con nuestra pretensión la competencia de las comunidades autónomas, como parece que se ha desprendido de algunas intervenciones.
Es una base nacional que está artificialmente dividida entre tanto número de hectáreas de maíz y tanto de otros cultivos herbáceos de regadío, pero no hay una base regional. Lo único que hemos pretendido es que se puedan trasvasar no sólo hectáreas sino toneladas. Yo me felicito, por ejemplo, señor Presidente, de que Cataluña haya obtenido, a diferencia del resto de España, un aumento de rendimiento en su hectárea de maíz de 2.000 kilos, aunque no se haya beneficiado el resto de las hectáreas de maíz de España, pero ése es un éxito de Convergència, de Cataluña, de la Generalidad, y quizá un fracaso de las otras comunidades autónomas españolas que no han podido aumentar de 6.800 a 8.800 kilos el rendimiento por hectárea. Pero nadie está pretendiendo inmiscuirse en la vida de cada una de las comunidades autónomas, que sí, en cambio, participan en la base regional de los cultivos de secano, que tienen en sí una base de cada comunidad autónoma. Hemos pretendido hacer que se pudieran trasvasar hectáreas y kilos, para evitar las sanciones --las vergonzosas sanciones-- que hemos sufrido recientemente. Por tanto, señor Presidente, aclarada esta cuestión y aceptando el texto que nos propone el Partido Socialista para los puntos 2 y 3 de nuestra proposición, solicitamos votación separada, para poder identificar una y otra postura.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente quería plantear a todos los grupos la posibilidad de hacer esta votación por separado. Como saben SS. SS., normalmente, excepto que haya un acuerdo por parte de todos los grupos, no lo hacemos así. Por consiguiente, si hay un acuerdo procederíamos a la votación de los puntos 1 y 4 de la proposición y después procederíamos a la votación de la enmienda del Grupo Socialista que sustituye los puntos 2 y 3 de la proposición del Grupo Popular.
¿Hay acuerdo en este sentido? (Asentimiento.) Votamos los puntos 1 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 20.
Votamos a continuación la enmienda del Grupo Socialista que sustituye los puntos 2 y 3 de la proposición del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada esta propuesta.

References: artículo 1
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 artículo 21
 artículo 148
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 artículo 3
 artículo 21
 artículo 148
 artículo 10
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 artículo 34
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
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