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Timestamp: 2019-06-18 18:53:46+00:00

Document:
Ley 4/1999 de 26 de Nov (Se modifica la Ley 30/1992 Régimen Jurídico AAPP y Procedimiento Administrativo Común) | Iberley
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. - Boletín Oficial del Estado de 14-01-1999
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 14 de Abril de 1999
Fecha de entrada en vigor: 14/04/1999
Fecha de Publicación: 14/01/1999
La regulación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común constituye una pieza clave en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y en la satisfacción de los intereses generales a los que la Administración debe servir por mandato constitucional (103.1 CE) .Ambos aspectos están interrelacionados y, dada su importancia, aparecen contemplados en el artículo149.1.18. a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para regular «las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas» , por un lado, y directamente, por otro, el «procedimiento administrativo común» . Se pretende garantizar de esta manera una igualdad en las condiciones jurídicas básicas de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones públicas.
Sin embargo, durante su aplicación se han suscitado algunos problemas que han llevado a plantear desde diversos sectores la necesidad de su modificación. La proliferación de normas reguladoras de procedimientos administrativos, los problemas detectados en la regulación de ciertos artículos como los referidos al silencio administrativo, la revisión de los actos o la responsabilidad patrimonial , y la supresión del recurso de reposición son lugares comunes en las críticas formuladas a la Ley 30/1992, que justifican su reforma pensando en el buen funcionamiento de la Administración pública y, sobre todo, en los ciudadanos, que son los destinatarios de su actuación.
Sobre estos presupuestos, el objeto de esta Ley de reforma se circunscribe a modificar los aspectos más problemáticos de la Ley 30/1992, según la opinión de la doctrina y de los aplicadores del derecho: fundamentalmente, la regulación del silencio administrativo suprimiendo la certificación de acto presunto, el sistema de revisión de actos, la responsabilidad patrimonial y la regulación de la suspensión del acto administrativo.
En primer lugar, en el Título preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contenciosoadministrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contenciosoadministrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones públicas no puede ser alterada arbitrariamente.
La modificación correspondiente al artículo 6, referente a la atribución a los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos públicos de la competencia para la formalización de convenios de colaboración, tiene como finalidad recuperar un principio tradicional en el derecho público español y lograr la coherencia adecuada entre el contenido de este artículo con el artículo anterior y las funciones que a aquéllos atribuye la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) , la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Mediante la redacción del apartado 4 del artículo 38 se pretende impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios informáticos y telemáticos por parte de la Administración. Por su parte, el nuevo apartado 5 regula la expedición de copias de los documentos presentados ante la Administración, respondiendo a la necesidad de dar efectivo cumplimiento al derecho reconocido a los ciudadanos por el artículo 35 c) .
En cuanto al silencio administrativo, el artículo 43 prevé como regla general el silencio positivo, exceptuándose sólo cuando una norma con rango de Ley o norma comunitaria europea establezca lo contrario. No podemos olvidar que cuando se regula el silencio, en realidad se está tratando de establecer medidas preventivas contra patologías del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que diseña la propia Ley. Pues bien, esta situación de falta de respuesta por la Administración siempre indeseable nunca puede causar perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que, equilibrando los intereses en presencia, normalmente debe hacer valer el interés de quien ha cumplido correctamente con las obligaciones legalmente impuestas.
Se exceptúan de la regla general de silencio positivo lógicamente los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, los de revisión de actos administrativos y disposiciones generales, los iniciados de oficio, y los procedimientos de los que pudiera derivarse para los solicitantes o terceros la adquisición de facultades sobre el dominio o servicio público. Se trata de regular esta capital institución del procedimiento administrativo de forma equilibrada y razonable, por lo que se suprime la certificación de actos presuntos que, como es sabido, permitía a la Administración, una vez finalizados los plazos para resolver y antes de expedir la certificación o que transcurriera el plazo para expedirla, dictar un acto administrativo expreso aun cuando resultara contrario a los efectos del silencio ya producido. Por todo ello, el silencio administrativo positivo producirá un verdadero acto administrativo eficaz, que la Administración pública sólo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos en la Ley. Igualmente, se concibe el silencio administrativo negativo como ficción legal para permitir al ciudadano interesado acceder al recurso contenciosoadministrativo, aunque, en todo caso, la Administración pública tiene la obligación de resolver expresamente, de forma que si da la razón al ciudadano, se evitará el pleito.
Por su parte, el artículo 44 regula la inactividad de la Administración en los procedimientos iniciados de oficio. Se diferencian los casos en los que pudieran derivarse el reconocimiento o constitución de derechos o situaciones jurídicas individualizadas, en los cuales los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones (supuestos de subvenciones, concursos de traslado de funcionarios, etc.) , de los casos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, en los que los interesados podrán entender caducado el procedimiento.
En concordancia con las modificaciones de los artículos 42, 43 y 44 se modifica el régimen de cómputo de plazos contenido en el artículo 48.4 y se precisa la regulación de la ampliación de trámites contenida en el artículo 49. Finalmente, y de conformidad con los artículos 102, 72 y 136, en el artículo 54 se exigela motivación de la revisión de las disposiciones generales y de la adopción de medidas provisionales.
En el artículo 62.1 se precisa el supuesto de nulidad previsto en su letra a) ,eliminándose la expresión «contenido esencial» referida al ámbito de la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que constituye una delimitación vinculante para el legislador.
En el Título VI, junto a la reforma del artículo 71 para lograr la concordancia con el resto de las modificaciones, se actualiza la regulación de las medidas provisionales del artículo 72, introduciendo las previsiones necesarias para flexibilizar el momento de su adopción con las cautelas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Así se permite que, en los casos determinados por las Leyes sectoriales, se acuerden con carácter previo a la iniciación del procedimiento. En el mismo sentido, se introduce la posibilidad de modificación de dichas medidas en atención a la regla «rebus sic stantibus» .
De conformidad con este esquema, se modifican los casos de actos que agotan la vía administrativa, previstos en el artículo 109, y se suprime, recogiendo una petición bien unánime, la llamada comunicación previa a la Administración que debían formular los interesados antes de interponer el recurso contenciosoadministrativo prevista en el artículo 110.3, por ser, no sólo innecesaria, sino probablemente obstaculizadora de un proceso judicial ágil y breve.
En concordancia con el artículo 144, la nueva disposición adicional duodécima pone fin al problema relativo a la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre el orden competente para conocer de estos procesos cuando el daño se produce en relación con la asistencia sanitaria pública, atribuyéndolos a orden contenciosoadministrativo.
La disposición adicional decimoquinta regula, para el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, qué se entiende por registro del órgano competente para la tramitación del procedimiento, a los efectos del artículo 42.3 b) de la Ley 30/1992, con lo que se facilita el cómputo de los plazos por los ciudadanos.
La supresión del último inciso del primer párrafo de la disposición final de la Ley 30/1992 contribuye a asegurar más intensamente la seguridad jurídica en relaciones jurídicas entre Administración y ciudadanos, a la vez que los exonera, como es lógico, de cargas de orden burocrático otorgando eficacia directa al derecho reconocido en el artículo 35 f) .
1. «Artículo 3. Principios generales
2. «Artículo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones públicas
3. «Artículo 5. Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación
3. Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y amiembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El régimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno.
4. «Artículo 6. Convenios de colaboración
5. «Artículo 7. Planes y programas conjuntos
Los objetivos de interés común a cumplir. Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
6. «Artículo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas
7. «Artículo 13. Delegación de competencias
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado ,en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
8. «Artículo 36. Lengua de los procedimientos
9. «Artículo 38. Registros
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se
envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o aladealguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35 c) de esta Ley a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.
10. «Artículo 42. Obligación de resolver
11. «Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado
2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio
públicoo al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contenciosoadministrativo que resulte procedente.
12. «Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
13. «Artículo 48. Cómputo
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros
14. «Artículo 49. Ampliación
15. «Artículo 54. Motivación
16. «Artículo 58. Notificación
17. «Artículo 59. Práctica de la notificación
4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado , de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.
18. «Artículo 62. Nulidad de pleno derecho
c) Los que tengan un contenido imposible
19. «Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud
20. «Artículo 72. Medidas provisionales
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo
ocuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
21. «Artículo 102. Revisión de disposiciones y actos nulos
22. «Artículo 103. Declaración de lesividad de actos anulables
1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
23. «Artículo 105. Revocación de actos y rectificación de errores
24. «Artículo 107. Objeto y clases
2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y alos interesados en todo procedimiento administrativo.
4. Las reclamaciones económicoadministrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.»
25. «Artículo 108. Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1.»
26. «Artículo 109. Fin de la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa
a) Las resoluciones de los recursos de alzada
27. «Artículo 110. Interposición del recurso
1. La interposición del recurso deberá expresar
28. «Artículo 111. Suspensión de la ejecución
La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contenciosoadministrativa. Si el interesado interpusiera recurso contenciosoadministrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
29. «Artículo 114. Objeto
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente
30. «Artículo 115. Plazos
31. «Artículo 116. Objeto y naturaleza
1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
2. No se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.»
32. «Artículo 117. Plazos
1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
33. «Artículo 118. Objeto y plazos
1. a Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
2. a Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3. a Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4. a Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
34. «Artículo 119 Resolución
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosoadministrativa.»
35. «Artículo 127. Principio de legalidad
36. «Artículo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas
37. «Artículo 141. Indemnización
38. «Artículo 144. Responsabilidad de derecho privado. Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propiosde la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley.»
39. «Artículo 145. Exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas
40. «Artículo 146. Responsabilidad penal
Modificación realizada por CORRECCION de erratas de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacion de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. (BOE de 04-02-1999) en vigor desde 04-02-1999
Texto Original. Publicado el 14-01-1999 en vigor desde 14-04-1999
04/02/1999 (Vigente)
14/04/1999 (Versión Original)
1. «Disposición adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria
2. «Disposición adicional undécima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomáticas y oficinas consulares. Los procedimientos instados ante las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirán por su normativa específica, que se adecuará a los compromisos internacionales asumidos por España y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplicándose supletoriamente la presente Ley.»
3. «Disposición adicional duodécima. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria. La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contenciosoadministrativo en todo caso.»
4. «Disposición adicional decimotercera. Régimen de suscripción de convenios de colabora ción. En el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o dependientes, podrán celebrar los convenios previstos en el artículo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites establecidos, entre los que se incluirá necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El régimen de suscripción de los mismos y, en su caso, de su autorización, así como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustará al procedimiento que reglamentariamente se establezca.»
5. «Disposición adicional decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla. Lo dispuesto en el Título I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.»
6. «Disposición adicional decimoquinta. En el ámbito de la Administración General del Estado, y a los efectos del artículo 42.3 b) de esta Ley, se entiende por registro del órgano competente para la tramitación de una solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitación de la misma.
7. «Disposición adicional decimosexta. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo segundo, se entenderá por Administraciones públicas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes, así como las Juntas Generales de los Territorios Históricos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de personal y gestión patrimonial sujetos al derecho público.»
8. «Disposición adicional decimoséptima
3. La presente disposición tiene carácter básico de acuerdo con el artículo 149.1.18. ade la Constitución.»
9. «Disposición final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley. Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.»
1. Se modifica la rúbrica de la sección 2.a del capítulo II del Título VII, que pasará a denominarse «Recurso de alzada» , comprendiendo los artículos 114 y 115 de la Ley.
2. Se introduce una nueva sección 3.a en el capítulo II del Título VII, bajo la rúbrica «Recurso potestativo de reposición» , comprendiendo los artículos 116 y 117 de la Ley.
3. La sección 3. a del capítulo II del Título VII, pasa a ser sección 4. a, bajo la rúbrica de «Recurso extraordinario de revisión» , comprendiendo los artículos 118 y 119 de la Ley.
D.A. 1ª. Simplificación de procedimientos
D.T. 1ª. Subsistencia de normas preexistentes
1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones de desarrollo y aplicación de la presente Ley que resultennecesarias.
CORRECCION de erratas de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacion de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Fecha: 1999-02-04
Entrada en Vigor: 1999-04-14
Artículo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación.
Artículo 6. Convenios de colaboración.
Artículo 7. Planes y programas conjuntos.
Artículo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.
Artículo 13. Delegación de competencias.
Artículo 42. Obligación de resolver.
Artículo 49. Ampliación.
Artículo 54. Motivación.
Artículo 58. Notificación.
Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud.
Artículo 103. Revisión de actos anulables.
Artículo 107. Objeto y clases.
Artículo 108. Recurso extraordinario de revisión.
Artículo 109. Fin de la vía administrativa.
Artículo 110. Interposición del recurso.
Artículo 111. Suspensión de la ejecución.
Artículo 114. Objeto.
Artículo 115. Plazos.
Artículo 118. Objeto y plazos.
Artículo 127. Principio de legalidad.
D.A. 5ª. Procedimientos administrativos en materia tributaria.
D.A. 11ª. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomáticas y oficinas consulares.
D.A. 12ª. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria.
D.A. 13ª. Régimen de suscripción de convenios de colabora ción.
D.A. 14ª. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
D.A. 16ª. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco.
D.A. 17ª.
Sección 4. Recurso extraordinario de revisión.
Sección 3ª. Recurso potestativo de reposición.
Artículo 116. Objeto y naturaleza
14/04/1999 Redacción Vigente
desde 04/02/1999 hasta 14/04/1999

References: artículo149
 artículo 6
 artículo 38
 artículo 35
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 54
 artículo 62
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 109
 artículo 110
 artículo 144
 artículo 42
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 118
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución

 artículo 6
 artículo 42
 artículo 149

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 10

Artículo 13

Artículo 42

Artículo 49

Artículo 54

Artículo 58

Artículo 71

Artículo 103

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 118

Artículo 127

Artículo 116