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Timestamp: 2019-07-22 22:48:46+00:00

Document:
Portugal – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
La ley 102/2009 de 10 de septiembre establece las bases jurídicas de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo en Portugal, resultando de aplicación para:
• Todas las ramas de actividad en los sectores privados o cooperativos y sociales;
• Trabajadores por cuenta ajena, incluyendo nacionales y extranjeros con permiso legal de trabajo.
• Para las explotaciones familiares de pesca que no pertenecen a la flota de un armador o empresario equivalente, la actividad desarrollada por los artesanos de propias instalaciones, se les aplica el tratamiento dado a los trabajadores autónomos.
• El servicio doméstico y los trabajadores a domicilio
El cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo es una competencia de la Inspección del Trabajo portugués, que es hoy en día una parte del organismo llamado “Autoridad para las Condiciones de Trabajo” (ACT) y dependiente del Ministerio de la Solidaridad, Empleo y Seguridad Social según la ley 47/2012 sobre la nueva organización de la ACT (Inspección Laboral) y el Decreto ley 102/2000 por el que se aprueba el Estatuto de la Inspección General del Trabajo.
La ACT promueve la mejora de las condiciones de trabajo a través de la supervisión del cumplimiento de los estándares y legislación laboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como promover políticas para prevenir los riesgos laborales dentro de las relaciones laborales de las entidades privadas y públicas.
Es competencia del Inspector General asegurar la implementación de las medidas de la Estrategia Europea para la Seguridad y Salud y asegurar la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional Portuguesa de Seguridad y Salud.
El ACT es dirigido por el Inspector General, con la asistencia de dos Subinspectores Generales y participa el Consejo Asesor para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo.
El Consejo Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (CNHST) tiene por objetivo la promoción de la consulta y reparto de responsabilidades entre el Estado y los interlocutores sociales en la definición, supervisión de la implementación y la evaluación de políticas para la prevención de riesgos laborales y evitar y luchar contra los accidentes laborales.
Se pretendía con su creación contribuir con la formulación y aplicación de la política de seguridad nacional, salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, y la información sobre el plan nacional de salud y seguridad y de salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, entre otros objetivos.
El Consejo Económico y Social tiene como objetivo promover la participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de toma de decisiones en materia socio-económica, siendo el espacio de diálogo entre los interlocutores sociales y otros actores de la sociedad civil. En este contexto se producen dictámenes sobre proyectos legislativos y de política económica. Por otra parte, el Consejo promueve el diálogo social con miras a llegar a acuerdos en el área de trabajo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales, a través del Comité permanente para el Diálogo Social.
El Ministerio de la Solidaridad, Empleo y Seguridad Social es un departamento del Gobierno de Portugal , cuya misión es la definición, el fomento y la aplicación de políticas de solidaridad y seguridad social , la lucha contra la pobreza y la exclusión social, protección a la familia y a los nacimientos, niños y jóvenes en situación de riesgo, las personas mayores, la inclusión de las personas con discapacidad, para promover el voluntariado y la cooperación activa y la responsabilidad compartida con las entidades de la economía social.
La Dirección General de Salud (DGS) participa en la definición de la política de promoción y vigilancia de la salud en el trabajo, a través del Programa Nacional de Salud Ocupacional (PNSOC) que está en vigor desde 2013 hasta 2017.
La misión de la Inspección General del Ministerio de Solidaridad, Trabajo y Seguridad Social (IGMSSS) es evaluar la legalidad y regularidad de las medidas adoptadas por los departamentos y organismos del Ministerio de Solidaridad y Seguridad Social o sujetos bajo la autoridad del Ministerio, y evaluar su gestión y sus resultados, a través del control de auditoría técnica, rendimiento y financiera.
La actividad de la Inspección de Trabajo es plasmada en unos informes anuales que están a disposición de los ciudadanos en la web de la ACT.
El artículo 4 de la Ley 102/2009, modificado por la ley 3/2014, establece a los efectos de la dicha ley los siguientes conceptos:
a) Trabajador: Persona física que obtiene una retribución como contraprestación a un servicio prestado, ya sean trabajadores, aprendices, estudiantes o trabajadores en formación con dependencia económica del empresario, incluso si no están empleados bajo un contrato de trabajo.
La ley N° 7/2009 de 12 de febrero que aprueba la revisión del Código del Trabajo. establece en el artículo 4, que la normativa desarrollada a partir del artículo 254 y 285, en referencia a los accidentes y enfermedades de trabajo, también se aplica a:
 Trabajadores extranjeros: La legislación portuguesa ampara a los extranjeros con los mismos derechos y obligaciones e igual trato que los trabajadores nacionales, si disponen de permiso legal de trabajo en Portugal, sin poder ser discriminados en base a su nacionalidad, raza, territorio de origen o lengua, según el art. 4 y 24(1) de la ley 7/2009 del Código de Trabajo.
 Trabajadores domésticos: los principios de la ley 102/2009 son aplicables, debiendo el empleador tomar las adecuadas medidas de protección para proteger al trabajador de los riesgos relacionados con el lugar de trabajo, instrumentos y métodos de trabajo.
 Trabajadores a domicilio: los principios de la ley 102/2009 son aplicables, incluso si no son contratados bajo un contrato de trabajo.
 Trabajador autónomo: Persona física que ejerce una actividad laboral por cuenta propia. Los principios de la ley 102/2009 son aplicables.
 Trabajadores públicos: El marco normativo que ampara a los trabajadores públicos queda regulado a través de la ley 59/2008.
b) Empresario: Persona física o colectiva con uno o más trabajadores a su servicio y responsable de la empresa o establecimiento, o cuando se trata de organizaciones sin fines lucrativos, que sean responsables de la contratación de los trabajadores.
c) Representante de los trabajadores, o trabajador elegido para ejercer las funciones de representación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
d) Local de trabajo. Lugar donde el trabajador se encuentra o de donde o para donde deba dirigirse en virtud de su trabajo según las indicaciones del empresario.
e) Elementos básicos del trabajo. El local de trabajo, el ambiente de trabajo, las herramientas, las máquinas, equipos y materiales, las sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos y los procesos de trabajo.
f) Peligro. La propiedad intrínseca de una instalación, actividad, equipos, los agentes u otros elementos básicos del trabajo con potencial para producir daño.
g) Riesgo. Probabilidad de producirse un daño en función de las condiciones de utilización, exposición o interacción de los elementos básicos del trabajo que presenten un peligro.
h) Prevención. Conjunto de políticas y programas públicos, bien como disposiciones o medidas tomadas o previstas en la licencia y en todas las fases de actividades de la empresa, del local de trabajo o del servicio, que conlleven la eliminación o disminución de los riesgos profesionales a los que están potencialmente expuestos los trabajadores.
i) Auditoría. Actividad o conjunto de actividades desarrolladas por los organismos competentes para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo de los ministerios responsables de las áreas de trabajo y de salud, con objeto de verificar el cumplimiento de los supuestos y requisitos que dan origen a la autorización de prestación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, así como la calidad del servicio prestado.
j) Accidente laboral.
La ley N° 98/2009 de 4 de septiembre Se desarrolla en el capítulo II de esta Ley 98/2009 la definición y alcance del accidente de trabajo:
• Es un accidente de trabajo el que se produce en el lugar y tiempo de trabajo, produciendo lesiones corporales, trastorno funcional o enfermedad que produce una menor capacidad para trabajar o la muerte. También se considera accidente de trabajo, el ocurrido:
1. En la ruta utilizada normalmente y durante un período ininterrumpido de ida y retorno entre:
 El lugar de residencia y el lugar de trabajo;
 Cualquiera de los anteriormente mencionados y el lugar de pago de la contraprestación o el lugar donde al trabajador le brindan atención o tratamiento como consecuencia de accidentes en el trabajo;
 El lugar de trabajo y los comedores;
 Cuando, por determinación del empresario, el empleado presta algún servicio relacionado con su trabajo y las instalaciones que son su lugar de trabajo habitual;
2. Cuando el trayecto normal haya sufrido interrupciones o desviaciones determinadas por la satisfacción de las necesidades justificadas del trabajador, así como por razones de fuerza mayor o caso fortuito;
3. En el ámbito laboral, en el ejercicio del derecho de reunión o actividad que representa a los empleados;
4. Fuera de las instalaciones o del tiempo de trabajo, realizando servicios de los empresarios;
5. En la aplicación de servicios de forma espontánea y que puede resultar en un beneficio económico para el empresario;
6. En el lugar de trabajo, durante la formación impartida a los trabajadores, o en el exterior, o con consentimiento del empresario;
7. Durante la búsqueda de empleo en el caso de los trabajadores con el proceso de terminación del contrato de trabajo en curso;
8. En el lugar en el que reciben sus salarios;
9. En el lugar o local donde se va a proporcionar cualquier tipo de asistencia o tratamiento debido a un accidente de trabajo.
Accidentes In Itínere: Accidentes de trabajo también se consideran accidentes de viaje, transporte o movimiento en el que los trabajadores resultan lesionados y que surjan de o en el curso de la obra, es decir, cuando participan en la actividad económica.
k) Enfermedad laboral. Enfermedad contraída como resultado de una exposición a factores de riesgo procedentes de la actividad laboral.
La lista de enfermedades laborales se publica como anexo al decreto 76/2007.
La Ley 98/2009 de 4 de septiembre que regula el seguimiento e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación y la reinserción profesional, de conformidad con el artículo 284 del Código del Trabajo, aprobado por la Ley Nº 7/2009 de 12 de febrero, define como enfermedad laboral aquella lesión corporal, trastorno funcional o enfermedad que es consecuencia directa de la actividad desarrollada por el trabajador y no representa el desgaste normal del cuerpo.
La Ley nº 102/2009 de 10 de septiembre en el artículo 5 de la Sección II de principios generales y sistema de prevención de riesgos, establece que:
El empresario debe asegurar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud para que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos, y adicionalmente, en el artículo 15 de obligaciones generales, el empresario debe:
1. Garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos de su trabajo.
2. Asegurar de forma continua y permanente, el desarrollo de la actividad laboral en condiciones de seguridad y salud para el trabajador, teniendo en cuenta los principios generales de prevención:
b) Planificar la prevención como un sistema que integre la evolución técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones personales y la influencia de los factores ambientales.
c) Identificación de los riesgos en la concepción y construcción de las instalaciones, selección de los equipos, sustancias y productos con vista a la eliminación de los mismos, o cuando esto no sea posible, la reducción de sus efectos.
d) Integración de la Evaluación de riesgos en todas las actividades de la empresa y establecimiento de medidas de protección adecuadas.
e) Combatir los riesgos en el origen, eliminando o reduciendo en su defecto la exposición y aumentar los niveles de protección.
f) Garantizar, en los lugares de trabajo, que la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos y los factores psicosociales no constituyen un riesgo para la seguridad y salud del trabajador.
g) Adaptar el trabajo a la persona, en lo relativo a los puestos de trabajo, la elección de los equipos y los métodos de trabajo y producción, con vista a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, reduciendo los riesgos psicosociales.
h) Adaptación al estado de evolución de la técnica y las nuevas formas de organización del trabajo.
i) Sustitución de lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.
j) Priorizar las medidas de protección colectiva frente a la individual.
k) Elaboración y divulgación de instrucciones comprensibles y adecuadas para la actividad desarrollada por el trabajador.
3. Las medidas de prevención establecidas por el empresario deben ser acordes a los resultados de la Evaluación de Riesgos.
4. Para asignar tareas a un trabajador, el empresario debe tener en cuenta las habilidades y la formación adecuada de los trabajadores.
5. Ante la necesidad de acceder a zonas de riesgo elevado, el empresario debe permitir el acceso únicamente al trabajador con aptitudes y formación adecuadas, durante el mínimo tiempo necesario.
6. El empresario adoptará las medidas y dará las instrucciones para formar al trabajador en caso de que se produzca un riesgo grave e inminente que no pueda ser técnicamente evitado.
7 El empresario debe tener en cuenta la organización de los medios de prevención.
8. El empresario debe garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores.
9. El empresario debe establecer medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, y debe designar a los trabajadores encargados de su ejecución, así mismo debe informar de los contactos externos para llevar a cabo las atenciones en caso de emergencia.
10. El empresario debe organizar los servicios adecuados, bien internos o externos, que realicen las actividades técnicas de prevención, formación información.
11. La normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo de aplicación en la empresa, el lugar de trabajo o servicio de prevención, debe ser conocida por el propio empresario.
12. Los gastos que deriven de la aplicación de las medidas de prevención, vigilancia de la salud, etc., deben correr a cuenta del empresario, y nunca a cargo del trabajador.
El decreto nº 55/2010 de 21 de enero de 2010, establece la obligación de presentar anualmente un informe, con todas las actividades sociales de la empresa, este informe debe ser remitido al Ministerio de Solidaridad trabajo y seguridad social.
Este informe si el empresario tiene organizado o contrato un servicio de prevención lo debe realizar este servicio.
La Ley nº 7/2009de 12 de febrero, que revisa el Código del Trabajo, establece las bases legales para la negociación colectiva en el Título II denominado los Instrumentos reguladores del trabajo colectivo.
Así en el artículo 485 se indica que el Estado debe promover la negociación colectiva, por lo que los convenios colectivos se aplican a la mayor cantidad de trabajadores y empresarios.
El convenio colectivo obliga al empleador que suscriba o afiliado de empleadores celebrante de asociación, así como los trabajadores a su servicio que son miembros del celebrante sindical.
Los derechos y deberes de los trabajadores quedan reflejados en la Ley nº 102/2009 de 10 de septiembre. El empleado tiene derecho a realizar su trabajo en condiciones que respeten su seguridad y su salud.
El Capítulo III de la ley establece los derechos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, concretamente los artículos 18, 19 y 20 en referencia a la consulta, información y formación de los trabajadores respectivamente.
Por otro lado, las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, quedan recogidas en el artículo 17 de la Ley 102/2009, en concreto a lo referente a:
l) Cumplir con los requisitos de seguridad y salud relativos a su trabajo, que vienen estipulados en las leyes y/o convenios colectivos, así como con las instrucciones que a este fin le proporcione el empresario.
m) Velar por su propia seguridad y salud y la de otras personas que pudieran verse afectadas por sus acciones u omisiones.
n) Utilizar correctamente y de acuerdo con las instrucciones dadas por el empresario, las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas y otros equipos y recursos a su disposición, incluyendo los equipos de protección individual y colectiva.
o) Cooperar activamente con la empresa para mejorar la seguridad y salud en el sistema de gestión de riesgos del trabajo, tanto en lo referente a la información proporcionada por el empresario como en los exámenes médicos establecidos por el médico del trabajo.
p) Comunicar inmediatamente a su superior jerárquico o en su defecto trabajador designado de los fallos o deficiencias detectadas que puedan originar un riesgo grave e inminente o bien fallos o defectos descubiertos en los sistemas de protección.
q) En caso de riesgo grave e inminente debe tomar en cuenta las medidas e instrucciones comunicadas previamente por el empresario.
El empleado no puede ser sancionado por abandonar su puesto de trabajo, o un área peligrosa, en caso de peligro grave e inminente ni por haber adoptado medidas para su propia seguridad o la de los demás.
Las obligaciones del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo no excluyen a los empresarios de sus obligaciones generales, tal como se definen en el artículo 15.
Sin prejuicio de los dispuesto anteriormente, el trabajador que cometa una infracción intencionadamente ante sus deberes expuestos en este artículo, y dicha conducta haya contribuido a originar una situación de peligro, incurre en responsabilidad civil.
La ley nº 102/2009 de 10 de septiembre en la Sección II de principios generales y sistema de prevención de riesgos profesionales establece en el artículo 5, de principios generales, en su disposición 3ª que:
La prevención de riesgos laborales debe basarse en una correcta y permanente evaluación de riesgos y se desarrollará de acuerdo con los principios, políticas, normas y programas dirigidos en particular a:
a) El diseño e implementación de la estrategia nacional para la salud y la seguridad en el trabajo;
b) Definir las condiciones técnicas que deben cumplir en el diseño, fabricación, importación, venta, transferencia, instalación, organización, utilización y transformación de los componentes del material de trabajo sobre la base de la naturaleza y grado de los riesgos, así como la definición de las obligaciones de la persona responsable;
c) La determinación de las sustancias, agentes o procesos que deben prohibirse, limitarse o estar sujetos a autorización o control de la autoridad competente, así como la definición de exposición de los trabajadores, es decir los valores límites de los agentes químicos, físicos, así como normas biológicas y técnicas de muestreo, medición y evaluación resultados;
d) La promoción y el seguimiento de la salud de los trabajadores;
e) El aumento de la investigación científica y técnica aplicada en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, en particular en lo que respecta a la situación de emergencia y a los nuevos factores de riesgo;
f) La educación, la formación y la información para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo;
g) La sensibilización de la sociedad con el fin de crear una verdadera cultura de la prevención;
h) La eficiencia del sistema público de inspección del cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo.
El artículo 15, referente a las obligaciones generales del empresario establece su obligación de velar de forma continua, el ejercicio de las actividades en condiciones de seguridad y de salud para los trabajadores, teniendo en cuenta los principios generales de prevención que en dicho artículo se refiere.
El empresario a través de los servicios de prevención o trabajadores designados, si es el caso, debe proceder a realizar la evaluación de riesgos, y elaborar los respectivos informes.
El artículo 46 establece la obligación del empresario de conservar los datos y documentos generados en la Evaluación de riesgos, por lo menos 40 años después de finalizada la exposición.
Entre los documentos a conservar están:
• Los criterios, procedimientos y resultados de la Evaluación de riesgos.
• La identificación de los trabajadores expuestos con la indicación de la naturaleza y si es posible del agente o el grado de exposición a que cada trabajador está expuesto.
En el caso de cese de la actividad los registros deben ser depositados en la autoridad laboral competente, el Ministerio de Solidaridad, Trabajo y Seguridad Social, para asegurar la confidencialidad.
La Autoridad de Condiciones de Trabajo en Portugal ACT, pone a disposición de los profesionales y empresas en su web diversas herramientas para poder realizar la evaluación de riesgos, para facilitar la realización de la documentación preventiva y cumplir la normativa.
Estas herramientas de evaluación de riesgos son interactivas, gratuitas y se pueden utilizar en línea por todos los profesionales de la industria que desean evaluar los riesgos en su lugar de trabajo.
El informe final de la evaluación de riesgos, impreso a partir de las herramientas, debe ser firmado por técnico superior o técnico de seguridad en el empleo, o del empleador o empleado designado (en el caso del establecimiento o grupo de establecimientos separados a más de 50 kilómetros, emplear un máximo de 9 empleados).
La Ley nº 102/2009 de 10 de septiembre establece en su artículo 15 la obligación del empresario de la planificación de la prevención como un sistema coherente que abarque evolución de la tecnología, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales.
En el artículo 98 de la Ley 102/2009 se indica que dentro de las funciones que tiene un servicio de seguridad y salud en la empresa, cualquiera que sea la modalidad preventiva adoptada está la de planificar la prevención, integrando la misma en todos los niveles y actividades de la empresa, de forma que se establezcan las medidas de prevención oportunas.
La Ley nº 102/2009 de 10 de septiembre establece que los servicios de prevención deben entre otros documentos mantener actualizados, a efectos de consulta, la lista de medidas preventivas propuestas o recomendaciones formuladas a la empresa.
La organización de la actividad preventiva queda regulada en Portugal por el capítulo IX de la ley 102/2009 de 10 de septiembre, donde se establecen las bases legales mediante las disposiciones establecidas en los artículos 73 al 110. La ley 3/2014 del 28 de Enero, introduce la segunda modificación sobre la ley 102/2009, modificada por la ley 42/2012 de 28 de Agosto y establece los principios y las reglas para simplificar el libre acceso y ejercicio de las actividades de los Servicios Preventivos.
Concretamente en la sección “Organización de los servicios de seguridad y salud en el trabajo” de la Ley 102/2009, se define en el artículo 73 las disposiciones generales, por las que el empresario debe organizar el Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las modalidades previstas en dicho capítulo, considerándose infracción muy grave el incumplimiento de la disposición.
Los objetivos que deben cumplir los servicios de prevención son:
– Asegurar las condiciones de trabajo adecuadas de seguridad y salud física y mental de los trabajadores.
– Desarrollar las condiciones técnicas que aseguren la aplicación de las medidas de prevención definidas en el artículo 15 de la presente Ley.
– Informar y formar a los trabajadores sobre la seguridad y salud en el trabajo.
– Informar y consultar a los representantes de los trabajadores para asegurar la seguridad y salud en el trabajo o en su defecto, a los propios trabajadores.
En el artículo 73º-B, se definen las principales actividades del servicio de prevención.
El artículo 74 define las siguientes Modalidades de los Servicios de Prevención que una Organización puede adoptar:
2. Servicio Común
3. Servicio Externo.
La utilización de un servicio de prevención común o externo no exime al empresario de su responsabilidad específica en materia de seguridad y de salud que la Ley le atribuye.
En el artículo 77 de la Ley 102/2009, se especifica que si la empresa o establecimiento tiene un servicio común o externo, el empresario debe designar a un trabajador con la formación adecuada como representante en cada establecimiento, o en el que tenga un mayor número de trabajadores en al menos una de las empresas que esté distanciada en un radio de 50 Km, siempre y cuando el conjunto de empresas no supere los 400 trabajadores, que debe acompañar y cooperar en la ejecución de las actividades preventivas con los servicios de prevención.
El empresario debe notificar a la autoridad laboral la modalidad adoptada para la organización de la prevención, así como los cambios que se puedan producir en los 30 días siguientes a la verificación de y constitución del tipo de modalidad.
Los servicios de prevención organizados en cualquiera de estas modalidades deben contar con número suficiente de medios para poder desempeñar sus funciones.
1- Servicio De Prevención Interno.
Según el artículo 78, el servicio interno es instituido por el empresario y abarca exclusivamente a los trabajadores cuya seguridad y salud dependen de la empresa.
El servicio de prevención interno forma parte de la estructura de la empresa y funciona dependientemente del empresario.
En la disposición 3ª se establece que se constituirá un servicio interno siempre que:
• La empresa tenga por lo menos 400 trabajadores.
• Los establecimientos de la empresa disten hasta 50 Km del centro de mayores dimensiones, y que el total de trabajadores sumen por lo menos 400 trabajadores.
• Se realicen actividades de alto riesgo, y estén expuestos por lo menos 30 trabajadores.
El artículo 80 refiere la posibilidad de que el empresario puede solicitar una autorización de la autoridad laboral para obtener una exención sobre la obligación de establecer un servicio de prevención Interno cuando se presenten estadísticas de siniestralidad y enfermedades profesionales por debajo de la media del sector, y no existan registros de enfermedades profesionales, entre otros requisitos.
2. Actividades ejercidas por el empresario o por un trabajador designado.
En la empresa, establecimientos o conjunto de establecimientos distanciados hasta 50 Km del de mayor dimensión, y que empleen un número máximo de nueve trabajadores y siempre que la actividad no sea de alto riesgo, las actividades preventivas pueden ser llevadas a cabo por el propio empresario si tiene una formación adecuada y permanece habitualmente en las instalaciones según el artículo 81.
Igualmente, el empresario puede designar a un trabajador siempre que tenga una formación adecuada y disponga de medios y tiempo para realizar las funciones.
Que el empresario asuma la prevención o designe a un trabajador debe ser autorizado por la autoridad laboral competente, y esa autorización una vez concedida debe ser renovada cada cinco años. Para solicitar la renovación se debe tramitar la misma 60 días antes de su caducidad.
Este trámite se puede realizar por vía electrónica.
3- Servicio de Prevención Común.
El servicio de prevención común se constituye entre varias empresas o establecimientos pertenecientes a sociedades que no pertenezcan al mismo grupo ni estén sujetas por la disposición 3ª del artículo 78.
Para poder constituir un Servicio de Prevención Común, se debe realizar un acuerdo por escrito y solicitar autorización, para la autorización se debe entregar el informe favorable de los representantes de los trabajadores o de los propios trabajadores si carecen de representantes.
4- Servicio De Prevención Externo.
Se considera un servicio de prevención externo, tal como viene recogido en el artículo 83 de la Ley 102/2009, aquel que desarrolla la actividad preventiva de una empresa, mediante un contrato por escrito con el empresario.
Los servicios de prevención externos deben contar con la autorización pertinente de la autoridad laboral, para una o ambas áreas de seguridad y salud, para todos o algunos sectores de actividades, y para actividades de riesgo.
Deben contar para recibir autorización con una plantilla mínima y medios e instalaciones adecuadas.
La subsección 2ª se refiere a las Autorizaciones de los Servicios Externos, la subsección 3ª refiere al seguimiento y realización de auditorías de los servicios externos de prevención.
En el artículo 95 de la Ley 102/2009 se indica que la capacidad y la calidad de los servicios prestados por los servicios de prevención externos autorizados, es evaluada a través de auditorías, a partir de los requisitos referidos en la disposición 1ª del artículo 85.
Las auditorías se llevan a cabo a raíz de los informes a que se refiere el artículo anterior o por iniciativa del organismo para la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud respectivamente.
El artículo 88 sobre inspecciones, define la obligación del organismo con competencia sobre la seguridad y salud en el trabajo del ministerio responsable del área laboral y del área de la salud de verificar entre otros:
– Las condiciones de trabajo de los trabajadores
– Las instalaciones y condiciones de funcionamiento en el ámbito de la seguridad
– Las condiciones de subcontratación
– El funcionamiento de los servicios de prevención y equipamiento utilizado.
– Procedimientos de gestión y planificación de las actividades a realizar.
Además se establece el procedimiento, pago de tasas y plazos definidos en el procedimiento de inspección.
El artículo 89 menciona los requisitos para la realización de inspecciones de urgencia.
El Artículo 282 del Código del Trabajo Portugués recogido en la Ley 7/2009 recoge las disposiciones sobre la información, consulta y formación de los trabajadores. Entre los preceptos incluidos se encuentran:
1 – El empresario deberá informar a los trabajadores de los aspectos relativos a la protección de su salud y su seguridad y la de los demás.
2 – El empresario deberá consultar a su debido tiempo a los representantes de los trabajadores o de los propios empleados sobre la preparación y aplicación de medidas preventivas.
3 – El empresario deberá garantizar una formación adecuada, que permita a los trabajadores evitar los riesgos asociados a sus actividades y a los representantes de los trabajadores ejercer sus funciones de manera competente.
4 – En cada empresa, los trabajadores están representados en referencia a la seguridad y salud en el trabajo por los representantes elegidos para este fin o, en su defecto, por el comité de empresa.
En el artículo 20 de la Ley 102/2009 de 10 de septiembre se establecen las disposiciones relativas a la formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores:
1 – El empleado deberá recibir una formación adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el trabajo y el ejercicio de actividades alto riesgo.
2 – Los trabajadores asignados para velar por la seguridad y salud en el trabajo deben recibir a cargo del empresario la formación permanente para el desempeño de sus funciones.
3 – El empresario debe formar en número suficiente, dado el tamaño de la empresa y de los riesgos, a los trabajadores encargados de la aplicación de las medidas de primeros auxilios en lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores y proporcionarles material adecuado.
4 – Garantizar la formación de los empleados de la compañía en materia de seguridad y salud.
5 – A los efectos de los párrafos anteriores, el empresario y su Asociaciones representativas podrán solicitar el apoyo de los organismos públicos competentes cuando carezcan de los medios y las condiciones requeridas para completar la formación.
6 – Se considera delito grave la infracción de las disposiciones de los primeros cuatro puntos.
El artículo 19 de la Ley 102/2009 establece que.
El trabajador, así como a sus representantes para la seguridad y para la salud en la empresa, establecimiento o servicio, deben tener información sobre:
a) Las medidas a llevar a cabo para prevenir los riesgos referentes a la seguridad y salud en su puesto de trabajo y empresa;
b) Las medidas y las directrices a seguir en caso de peligro grave e inminente;
c) Las medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de accidente, así como los trabajadores o servicios encargada de su ejecución.
La información sobre los puntos anteriormente nombrados debe realizarse cuando:
a) Se produce la admisión en la empresa;
b) Cambio de trabajo o funciones;
c) La introducción de equipos de trabajo nuevos o la modificación de los ya existentes;
d) La adopción de una nueva tecnología;
e) Existan actividades que involucren a empleados de diferentes empresas.
El empresario deberá informar a los trabajadores con funciones específicas en el campo la seguridad y la salud en el trabajo de los asuntos mencionados.
El empresario debe informar a las autoridades y personal cualificado externo a la empresa, que estén dedicados a las actividades de seguridad y salud en el trabajo, sobre los factores que se sabe o se sospecha que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores.
Los trabajadores sea cual sea su tipo de contrato deben ser informados de los puntos anteriormente indicados.
Las disposiciones sobre la consulta y participación de los trabajadores se recogen en el artículo 18 de la Ley 102/2009de 10 de septiembre, donde se establece la obligación del empresario de consultar por escrito, al menos una vez al año y con suficiente antelación, bien directamente al personal o bien a sus representantes para obtener su opinión sobre las siguientes cuestiones:
a) La evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los grupos de trabajadores con riesgos especiales;
b) Las medidas de salud y seguridad antes de su ejecución o tan pronto como posible, en caso de urgente ejecución;
c) Las medidas que, por su impacto en las técnicas y funciones, tienen impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo;
d) El programa y la organización de la formación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo;
e) La designación del representante del empresario que colaborará con los servicios de prevención o la modalidad preventiva elegida;
f) El nombramiento y el despido de los trabajadores que desempeñan funciones específicas en las áreas de seguridad y salud en el trabajo;
g) La designación de los trabajadores responsables de la aplicación de las medidas de primeros auxilios, evacuación;
h) La modalidad de servicio preventivo a adoptar en la empresa, el uso de servicios externos o de un técnico cualificado para garantizar la realización de todos o parte de las actividades de seguridad y salud en el trabajo;
i) El equipo de protección que es necesario utilizar;
j) Riesgos y medidas preventivas a adoptar referentes a la seguridad y salud en el trabajo;
l) La lista anual de los accidentes mortales y que causa discapacidad para el trabajo superior a tres días hábiles, establecido a finales de marzo del año anterior;
m) Los informes de los accidentes de trabajo que se hace referencia en el párrafo anterior;
Los trabajadores o sus representantes deben aportar un informe que se expedirá dentro de los 15 días a partir de la fecha de la solicitud de consulta, pudiendo el empresario establecer un mayor plazo por la complejidad de los temas.
Para ello, los trabajadores o sus representantes deben tener acceso a las informaciones técnicas objeto de registro y a los datos médicos colectivos, no individualizados, así como a las informaciones técnicas provenientes de los servicios de inspección y otros organismos competentes en el dominio de la seguridad y salud en el trabajo.
Las consultas, sus respuestas y propuestas previstas deberán estar incluidas en el libro de registro establecido por la empresa.
En el Capítulo IV, concretamente en los artículos 21 a 40, se desarrollan las bases jurídicas a tener en cuenta en referencia a los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud.
Los Representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo deben ser elegidos por los trabajadores por votación directa y secreta de acuerdo con el principio de representación proporcional mediante el método de Hondt.
Sólo se ejecutan las listas presentadas por los sindicatos que tienen trabajadores representados en la empresa o listas con al menos el 20% de la fuerza laboral, ninguno de estos trabajadores puede suscribirse o ser parte de más de una lista.
A menos que se disponga lo contrario, en el acuerdo de negociación colectiva, los representantes de los empleados no podrán superar:
a) Las empresas con menos de 61 trabajadores – un representante;
b) Las empresas con 61 a 150 trabajadores – dos representantes;
c) las empresas con 151 a 300 trabajadores – tres representantes;
d) las empresas con 301 a 500 trabajadores – cuatro representantes;
e) Las empresas 501-1.000 trabajadores – cinco representativos
f) Las empresas 1.001-1.500 trabajadores – seis representantes;
g) Las empresas con más de 1.500 trabajadores – siete representantes.
El mandato de los representantes de los trabajadores es de tres años.
La sustitución de los representantes es sólo en caso de renuncia o incapacidad permanente, dejando en manos de los candidatos reales y suplentes por orden de lista.
Los representantes de los trabajadores tienen, para el desempeño de sus funciones, cinco horas al mes.
Competencia de los órganos de consulta y participación
La constitución de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por el artículo 23 de la Ley 102/2009, y se pueden crear siempre que lo recoja el convenio colectivo.
Por lo tanto la creación de la Comisión de Seguridad y Salud, depende en cada empresa del Convenio que le aplique, del número de trabajadores y los riesgos existentes.
Las pautas recomendadas por el Convenio Número 155 de la OIT, deberán ser tomadas en cuenta para garantizar que las Comisiones de Seguridad y Salud en cada empresa realizan las tres líneas básicas de actuación establecidas en este Convenio:
a) Promover la prevención.
b) Información y consulta.
La Ley 102/2009de 10 de septiembre, establece las siguientes disposiciones en materia de vigilancia de la salud en su artículo 44:
El empresario debe garantizar la vigilancia adecuada de la salud de trabajadores a través de controles de salud, debiéndose hacer un examen antes de la primera exposición, en el inicio de la actividad laboral, para que la evaluación revele si existen riesgos para la salud del trabajador.
La vigilancia de la salud debe aplicar conocimientos médicos actualizados y adecuados a las condiciones o circunstancias de cada trabajador. Se deberá adoptar por parte del servicio médico los protocolos adecuados al puesto de trabajo que se desarrolle. Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Registro de antecedentes médicos y profesionales de cada trabajador;
b) Entrevista personal con el trabajador;
c) El estado de la persona de la evaluación de la salud;
d) La vigilancia biológica cuando sea necesario;
e) Proyección de los efectos precoces y reversibles.
En el artículo 45 se establece la obligación del médico del trabajo de:
• Informar al trabajador del resultado de la vigilancia de la salud, así como informar de la posible necesidad de continuar la vigilancia de la salud después de finalizar la exposición, siendo un derecho del trabajador.
• El trabajador tiene derecho de acceso a su registro de salud y solicitar la revisión de ese resultado.
• Informar al empresario del resultado de la vigilancia de la salud y de aquellas medidas necesarias a adoptar en relación con la prevención de riesgos laborales, sin perjuicio del secreto profesional al que se encuentra vinculado.
Por otro lado, el empresario debe respetar la evaluación de los riesgos y adoptar aquellas medidas individuales o colectivas para la protección y/o prevención y si fuese necesario, encargar otra tarea compatible que no suponga al trabajador un riesgo de exposición y promover la vigilancia de la salud del trabajador en el tiempo.
Los registros derivados de la vigilancia de la salud deben ser conservados por el empresario por lo menos 40 años después de finalizada la exposición, tal como viene indicado en el artículo 46 de la Ley 102/2009.
El empresario debe asumir todos los gastos derivados, así como asegurar el funcionamiento del servicio de seguridad y salud y demás sistemas de prevención, incluyendo los exámenes de vigilancia de la salud, evaluación de las exposiciones a agentes, evaluaciones y todas las acciones necesarias en el ámbito de la promoción de la seguridad y salud, sin trasladar a los trabajadores ningún coste (artículo 15).
Los trabajadores deben cooperar activamente con la empresa, en la mejora de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, asimilando la información prestada por el empresario y compareciendo a las consultas y los exámenes determinados por el médico del trabajo. (artículo 17).
Los exámenes médicos pueden ser, según el artículo 108 de la Ley 102/2009:
• Exámenes de admisión: antes del inicio de la prestación del trabajo o si la incorporación se realiza con urgencia en los 15 días posteriores a la admisión.
• Exámenes periódicos anuales para los menores y para los trabajadores mayores de 50 años.
• Exámenes médicos bianuales: Para el resto de los trabajadores.
• Exámenes Ocasionales: Siempre que se produzcan alteraciones sustanciales en los componentes materiales del trabajo y puedan tener una repercusión nociva para el trabajador.
El Código del Trabajo prevé la aprobación de un modelo de ficha de aptitud, que debe ser cubierta por el médico del trabajo, en relación con los reconocimientos médicos de admisión, periódico u ocasional, según el Decreto 299/2007 de 16 de Mazo sobre Fichas de exámenes de salud
Las disposiciones generales en materia de emergencias y primeros auxilios, evacuación de los trabajadores y lucha contra incendios se recoge en el artículo 75 de la Ley 102/2009 que establece el Régimen jurídico de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y establece que la empresa o establecimiento, cualquiera que sea su modalidad de organización preventiva, debe tener una estructura interna que asegure las actividades de primeros auxilios, lucha contra incendios y de evacuación de los trabajadores como se refiere en el punto 9 del artículo 15, así como el rescate de trabajadores en situación de siniestro siempre que sea posible.
El artículo 15 establece que, entre las obligaciones del empresario, debe establecer en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, las medidas que deben ser adoptadas y la identificación de los trabajadores responsables de su aplicación, así como asegurar los contactos necesarios con las entidades externas competentes para realizar aquellas operaciones y las de emergencia médica.
El artículo 19 de la Ley 102/2009, establece que tanto los trabajadores como los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo deben disponer de información actualizada sobre las medidas de emergencia y primeros auxilios, evacuación de los trabajadores y lucha contra incendios, así como los trabajadores o servicios de emergencia encargados de ponerlos en práctica.
Respecto a la formación de los trabajadores, en el artículo 20, se refiere a la obligación del empresario de formar a un número suficiente de trabajadores teniendo en cuenta la dimensión de la empresa y los riesgos existentes para la aplicación de las medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, así como facilitarles el material adecuado y realizar una formación adecuada. Tal formación debe ser suficiente para que el trabajador pueda desarrollar su tarea en condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.
En el artículo 73 de la misma ley, se refiere que el servicio de seguridad y salud en el trabajo debe tomar las medidas necesarias para prevenir los riesgos profesionales y promover la seguridad y salud de los trabajadores, en concreto, colaborar en la realización del plano de emergencia interno, incluyendo los planos específicos para la lucha contra incendios, evacuación de las instalaciones y primeros auxilios.
El Decreto 987/1993 del 6 de Octubre establece las capacitaciones necesarias de los trabajadores, y en el artículo 5 expresa la necesidad de estar instruidos en el uso de los medios de extinción y lucha contra incendios.
El decreto establece, como una de las obligaciones de la empresa o centro de trabajo, disponer de vías de emergencia permanentemente disponibles y en perfectas condiciones de utilización.
Cada puesto de trabajo debe estar dispuesto de forma que, en caso de evacuación, ésta sea rápida y se garantice la máxima seguridad para los trabajadores.
Tanto el material de lucha contra incendios, como las vías de emergencia, etc. deben estar señalizados.
Según el Decreto-Ley 141/95 del 14 de Junio, el empresario debe garantizar que la accesibilidad y la claridad del mensaje de la señalización de seguridad y salud en el trabajo, sean adecuada, suficiente y esté bien conservada.
El Decreto 1456-A/95 del 11 de diciembre, que regula las prescripciones mínimas de colocación y utilización de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
En dicha normativa vienen detalladas entre otras las señales de salvamento o emergencia y lucha contra incendios.
Los principios generales sobre la coordinación de actividades empresariales se recogen en la sección II de la Ley 102/2009, a través del artículo 16 Actividades simultáneas o sucesivas en el mismo lugar de trabajo:
De esta manera cuando varias empresas, tienen a sus trabajadores en el mismo lugar de trabajo, los empresarios, deberán cooperar entre ellos para asegurar la protección de la seguridad y la salud.
Así en este artículo se indica que la empresa contratista de una obra o servicio, debe asegurarse de que las operaciones por parte de terceros en sus instalaciones o equipos no constituyen un riesgo para la seguridad y la salud, ni de sus propios trabajadores, ni los temporales, ni los asignados de manera ocasional o los contratados por las subcontratas.
La violación de este punto es considerado un delito muy grave.
La Ley nº 102/2009 de 10 de septiembre en el artículo 115 expone el régimen de sanciones según lo dispuesto en los artículos 548 al 566 del Código del Trabajo por lo que, en caso de cometer un delito calificado como muy grave, o que se produzca reincidencia, se aplicarán las sanciones previstas en el Código del Trabajo.
En caso de que además de la reincidencia se produjeran consecuencias muy graves para los trabajadores o bien una pérdida de beneficio económico, se pueden llegar aplicar las siguientes sanciones accesorias:
o Interrupción de la actividad en el establecimiento, unidad de la fábrica, etc. donde se verifique la infracción por un periodo de hasta dos años.
o Privación del derecho de participar en concursos públicos por un periodo de hasta 2 años.
La Ley nº 7/2009 de 12 de febrero define dentro del Código del Trabajo en su capítulo 2 toda infracción o violación de la normativa como delito (art. 548).
o Tipología de las sanciones: Para determinar la multa aplicable y teniendo en cuenta su relevancia, las infracciones laborales se clasifican en leves, graves y muy graves (art. 553).
o La cuantía de las multas se establecen en el artículo 554. Cada nivel de gravedad de las infracciones laborales corresponde una multa variable sobre la base del volumen de negocios de la compañía y el grado de culpabilidad del infractor.
o Graduación y sus criterios: Las multas máximas por faltas muy graves establecidas en el apartado 4 del artículo 554 se pueden doblar por el incumplimiento de las normas sobre trabajo infantil, la seguridad y la salud en el trabajo, o los derechos de la representación colectiva de los trabajadores y huelga (art. 556).
o En caso de violación de las normas de seguridad y salud, también son considerados los principios generales de prevención que deben cumplir las medidas de protección y la permanencia o transitoriedad de la ofensa, el número de trabajadores potencialmente afectados y medidas y las instrucciones por parte del empresario para eliminar peligros (artículo 559).
o La ley establece algunas sanciones no financieras (artículo 562):
Publicidad (registro público disponible en el sitio web de la Autoridad de las Condiciones de Trabajo “ACT” con la caracterización de la infracción, la identificación del infractor, el lugar de la infracción y la multa impuesta);
Prohibición del ejercicio de la actividad en el establecimiento que se cometió el delito, fábrica o parcela, por un período de hasta dos años;
La privación del derecho a presentar ofertas en licitaciones públicas por un período de hasta dos años.
La Ley 107/2009 que aprueba el régimen procesal aplicable a las infracciones laborales y de seguridad social. (Art. 10 (1 – d); Art. 13 (1) (2)) establece:
o La potestad de los inspectores del trabajo de imponer sanciones financieras ante la violación o negligencia del empresario de las disposiciones legales exigibles.
o Los inspectores de trabajo pueden requerir el cese del trabajo en el caso de que exista un peligro inminente sobre la seguridad o salud de los trabajadores.
El Código Penal establece multas y penas entre 3 y 8 años de prisión en las infracciones de la construcción, daños a las instalaciones y cese de servicios bajo ciertas circunstancias, según la ley 59/2007 por la que se dicta la 20º modificación del Código Penal en su artículo 277.
La ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un indicador significativo de la disfunción en el lugar de trabajo y en el respectivo entorno.
La información sobre los accidentes de trabajo permite a la ACT la realización de inspecciones sobre las condiciones de trabajo y, de esa forma, orientar y permitir a las empresas conocer mejor las necesidades de corrección de las medidas de prevención aplicadas en los lugares de trabajo.
Las inspecciones de trabajo tienen la finalidad de realizar un estudio sobre las medidas susceptibles de aplicación para evitar que los accidentes ocurran de nuevo, así como proponer, aplicar y supervisar la eficacia de las medidas de control de riesgos que resulten necesarias. La investigación persigue la obtención de un diagnóstico del accidente de trabajo en la empresa en cuestión y un análisis global de la situación del trabajo, ya que, en principio un accidente o enfermedad profesional proviene de múltiples causas.
• Notificación de accidentes: Los accidentes de trabajo deben ser comunicados a la ACT tal y como establece la norma. Los plazos para la notificación divergen en función de la gravedad del mismo: 24 horas para los accidentes graves o mortales y 48 horas para el resto, desde el momento en el que tiene constancia del accidente.
El trabajador accidentado también tiene la obligación de informar al empresario sobre ello, en los casos en los que el empleador no se encuentra en el mismo centro de trabajo. Dispone de 48 horas para ello.
• Registro de accidentes: Tal y como ocurre en nuestro país, existe la obligación de registrar aquellos accidentes de trabajo acaecidos en el seno de la empresa. La conservación de este registro se debe realizar según la normativa portuguesa a lo largo de 40 años. (art. 46, Ley 102/2009 del 10 de septiembre).
• Investigación de accidentes: Los accidentes de trabajo deben ser investigados con el objetivo de determinar las causas que lo motivaron en aras de revisar la evaluación de riesgos.
De este modo, la Ley 102/2009 de 10 de Septiembre que aprueba el régimen jurídico de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo establece que:
• El empresario debe comunicar al organismo competente para la promoción de la seguridad y la salud los accidentes mortales, o los que evidencien una situación particularmente grave.
La empresa debe notificar, registrar e investigar los accidentes y enfermedades profesionales producidas en la empresa con la finalidad de estudiar las causas, evaluar y establecer medidas preventivas (art. 5 y 6).
• El Ministerio de trabajo es el organismo con competencia para realizar las investigaciones oportunas, controlar y supervisar el cumplimiento de la legislación relativa a la seguridad y salud en el trabajo y aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracción, sin perjuicio de las competencias específicas de otras entidades (art. 14).
• El empresario debe consultar a los representantes de los trabajadores sobre la lista anual de los accidentes de trabajo mortales y los que ocasionen una incapacidad para el trabajo superior a tres días útiles (art. 18).
• El empresario debe conservar los archivos actualizados sobre los registros de accidentes o incidentes o enfermedades profesionales (art. 46).
• El servicio de seguridad y salud en el trabajo debe tomar las medidas necesarias para prevenir los riesgos profesionales y promover la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 73), en concreto:
o Analizar las causas de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, elaborando su respectivo informe.
o Listar los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que hayan ocasionado el cese de la actividad laboral de los trabajadores, bien como accidente o incidente de gravedad que afecte a la seguridad en el trabajo.
o Se deben analizar las causas de accidentes laborales o enfermedades profesionales y deben mantener un registro de las lesiones no mortales de los trabajadores, las muertes relacionadas con el trabajo, los sucesos peligrosos y enfermedades profesionales.
o Los registros se deben mantener y estar disponibles durante 5 años.
• Sin perjuicio de otras notificaciones requeridas por la ley, el empleador debe notificar al organismo competente para la Inspección de Trabajo los accidentes mortales, así como aquellos que demuestran lesiones personales graves, dentro de las 24 horas desde el accidente.
La notificación del accidente deberá incluir el nombre del trabajador lesionado y la descripción de los hechos y debe ir acompañada de la información y respectivos registros de las horas de trabajo realizadas por el empleado en los 30 días anteriores al accidente.
Constituye una violación grave la infracción de lo dispuesto en los párrafos anteriores (art. 111).
La legislación portuguesa establece las condiciones laborales y de protección de la seguridad y salud en el trabajo para menores de edad igual o mayor a 16 años a través de las siguientes disposiciones:
La Ley 102/2009 de 10 de Septiembre que aprueba el régimen jurídico de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo en su capítulo VIII establece las actividades prohibidas o cuyo desarrollo está condicionado para los trabajadores menores de edad.
• En la sección 1 se refieren las actividades, agentes, procesos y condiciones del trabajo prohibidos a menores de edad (art. 61 a 66).
• En la sección 2 se establecen aquellas actividades y condiciones de trabajo condicionados a menores con edad igual o superior a 16 año. (art. 67 a 72).
Estas actividades, procesos y condiciones de trabajo quedan sujetas a los principios generales dispuestos en el artículo 68.
Los menores de edad igual o superior a 16 años sólo pueden llevar a cabo las actividades, procesos y condiciones de trabajo sujetos a la exposición de agentes físicos, biológicos y/o químicos referidos en la presente sección.
A los efectos del párrafo anterior, además de lo dispuesto en a) y b) del apartado 1 del artículo 72 del Código del Trabajo, el empleador deberá evaluar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición del menor, las actividades y trabajos condicionados a los menores y tomar las medidas necesarias para evitar este riesgo, poniendo en conocimiento de estos hechos a los servicios de inspección de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, por medios electrónicos, es decir, por el mostrador de servicio electrónico único, a través del modelo de comunicación aprobado por la oficina del ministerio responsable del área de trabajo.
Se considera infracción administrativa leve, por parte del empresario, la no comunicación de los hechos referidos en el apartado anterior e infracción grave la violación de las demás obligaciones dispuestas en los puntos anteriores.
La Ley 7/2009 de 12 de Febrero establece las disposiciones del Código del trabajo que afecta a las condiciones de trabajo de los menores de edad.
La edad mínima de admisión en el trabajo es la de 16 años, sin embargo pueden realizar trabajos los menores de 16 años que hubieran concluido la escolaridad obligatoria y realicen trabajos leves o en las empresas familiares, siempre bajo supervisión directa de un adulto.
En los art. 66 a 83 de la sub-sección V y en concreto, en el artículo 66 se refiere a los principios generales relativos al trabajo de menores:
• El empresario debe proporcionar al menor las condiciones de trabajo más apropiadas para su edad y, en el desarrollo del trabajo, proteger su seguridad, salud, así como su desarrollo físico, mental y moral, su educación y formación, previniendo en especial cualquier riesgo derivado de su falta de experiencia o desconocimiento de los riesgos existentes o potenciales.
• El empresario deberá, en particular, evaluar los riesgos relacionados con el trabajo, antes de comenzar a trabajar el menor o antes de cualquier cambio importante en las condiciones de trabajo.
• El empresario debe informar al menor y a sus representantes legales de los riesgos identificados y las medidas adoptadas para su prevención.
• La emancipación del menor no afecta ni perjudica la aplicación de las normas relativas a la protección de la salud, la educación y la formación del trabajador menor.
• Constituye un delito muy grave la violación de los párrafos anteriores.
• La formación profesional del menor
• La admisión del menor al trabajo
• Admisión del menor sin cualificación profesional o estudios obligatorios Capacidad del menor para formalizar el contrato de trabajo y recibir una retribución
• Protección de la seguridad y salud del menor Se indica que el empresario debe someter al menor de edad exámenes de salud, antes de su inicio del trabajo para verificar la idoneidad del mismo para el trabajo y anualmente.
• Límites máximos de la jornada laboral del menor.
Se establece que el trabajo realizado por un menor no puede exceder las ocho horas diarias, ni las cuarenta horas semanales.
Para los menores de 16 años no se deben superar las siete horas diarias de trabajo.
• Exención de algunas formas de organización del tiempo de trabajo
• Exención de trabajar horas extras.
• Los menores no pueden realizar horas extraordinarias
• Exención de trabajar en periodo nocturno.
• Los menores tienen prohibido el trabajo las 20:00 horas de un día y las 07:00 del siguiente, siempre que tengan menos de 16 años. Los menores de edad con 16 o más años no podrán realizar trabajos desde las 22:00 a las 07:00 horas.
• Intervalos de descanso del menor, descanso mínimo diario y semanal del menor Infracciones por el empleo indebido del menor y la no cesión de la actividad del menor
Los derechos y protección de los trabajadores temporales están recogidos en los artículos 185 a 190 del Código del Trabajo, aprobado por la Ley Nº 7/2009, del 12 de febrero.
Las condiciones laborales de los trabajadores temporales se establecen en el artículo 185.
En el artículo 186 se recogen los principios de protección de la seguridad y salud en el trabajo temporal, donde se refiere que el trabajador temporal se beneficia del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa.
La Ley 102/2009 transpone y complementa la aplicación de la directiva europea 91/383/CEE del Consejo de 25 de junio, con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores que tienen una relación de trabajo por obra y servicio o temporal, en su versión modificada por la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio;
El artículo 16 de la Ley expone la obligación de cada empresario de asegurar la seguridad y salud de los trabajadores que realicen actividades simultáneas o sucesivas en un mismo lugar de trabajo, incluyendo a los trabajadores con carácter temporal.
Los derechos y protección de las mujeres embarazadas y lactantes están recogidos en la Constitución Portuguesa y en los artículos 58 a 65, de la Ley 7/2009 del Código del Trabajo:
• Permiso de trabajo a tiempo parcial o de un sistema de horario flexibles
La trabajadora embarazada y el trabajador con niños menores de 12 meses, no están obligados a trabajar horas extras.
• Exención de trabajar en periodo nocturno
Las mujeres embarazadas que soliciten la exención de trabajo nocturno deben informar con una antelación de 10 días, presentando un certificado médico.
• La empleada embarazada o en lactancia, tiene derecho a condiciones especiales de seguridad y salud en el lugar de trabajo con el fin de evitar la exposición a los riesgos
En la Ley 102/2009 aparecen enunciados, en los artículos 50 a 60 del Capítulo VII, las bases legales de protección a las mujeres embarazadas en referencia a la seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Las trabajadoras embarazadas deben ser protegidas de los riesgos y exposición a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan resultar perjudiciales para su salud y la del feto o lactante. Es en estos artículos donde se enumeran las actividades prohibidas para las trabajadoras embarazadas y lactantes:
• Se prohíbe a las trabajadoras embarazadas llevar a cabo actividades que constituyan, o en las que puedan estar expuestas a los siguientes agentes:
 la radiación ionizante;
 ambientes con alta presión, incluidas las cámaras hiperbáricas o buceo.
Cualquier actividad que pueda estar en contacto con los vectores de transmisión toxoplasma y el virus de la rubéola, a menos que haya evidencia de que una trabajadora embarazada tiene anticuerpos o inmunidad a estos agentes y está protegido suficientemente.
o Biológicos:
Actividades que puedan estar en contacto con:
 Las sustancias peligrosas clasificadas en una o más de las clases de peligro:
i) Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A o 1B;
ii) Toxicidad para la reproducción, o con efectos sobre la lactancia,
 El plomo y sus compuestos en la medida en que estos agentes pueden ser absorbidos por el cuerpo humano.
• Se prohíbe a las trabajadoras embarazadas y lactantes los trabajos subterráneos en minas.
Los trabajadores especialmente sensibles y/o minusválidos quedan sujetos a los principios generales, en cuanto al empleo, a través de la Ley 7/2009, del 12 de febrero referente al Código del Trabajo.
En las sub-secciones 6 y 7 se establecen los principios generales en materia de empleo de los trabajadores con capacidad de trabajo reducida (artículo 84) y de los trabajadores con discapacidad o enfermedad crónica (artículos 85 a 88).
En estos artículos se refiere a la obligación del empresario para facilitar el empleo del trabajador con la capacidad de trabajo reducida, con discapacidad o enfermedad crónica, estableciendo las condiciones de trabajo adecuadas, incluyendo la adaptación del puesto de trabajo, retribución y promoción de acciones o ayudar formación y desarrollo profesional del trabajador de forma adecuado y limitando la jornada laboral a las posibilidades personales de cada trabajador. Son de aplicación adicionalmente:
• Ley 7/2009 del 12 de febrero sobre la revisión del Código del Trabajo.
• Ley 102/2009 Sobre el Régimen jurídico de la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Toda persona física que ejerce una actividad profesional por cuenta propia, no vinculada a un contrato de trabajo, para llevar a cabo un trabajo promovido por un promotor o empresa, está sometida a los mismos riesgos para la seguridad y salud que los trabajadores por cuenta ajena y le resulta de obligado cumplimiento el Régimen jurídico de la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Código del Trabajo.
• Ley 102/2009 Sobre el Régimen jurídico de la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art.3) 1) (c); Art. 4 (b)).
o Es una ley que define los principios esenciales relativos a la promoción de la SST.
o Define los principios generales de prevención, las obligaciones de los empresarios, el modelo de elección de los representantes de los trabajadores, la protección de grupos particulares de trabajadores de, las actividades obligatorias de los servicios de SST y las modalidades de organización.
• Ley 98/2009, del 4 de septiembre que establece el Régimen de reparación de accidentes de trabajo y dolencias profesionales
• Decreto-Ley Nº 159/99 de 11 de marzo, que regula el seguro obligatorio de accidentes de trabajo para los autónomos, en virtud del artículo 3 de la Ley Nº 100/97. Los trabajadores autónomos deben estar cubiertos por un seguro obligatorio de accidentes de trabajo, que es válido en Portugal y en el resto de la UE cuando el trabajador no supere los 15 días de actividad en el estado miembro.
El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con su trabajo.
El empresario tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en base de los siguientes principios generales de prevención:
– Garantizar, en todos los lugares de trabajo, que la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos, u otros factores de riesgo, no constituyan un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores;
– Adaptar el puesto de trabajo a la persona, en lo relativo al diseño de los lugares de trabajo, la elección de los equipos de trabajo, los métodos de trabajo y de producción, para atenuar el trabajo monótono y adecuar el ritmo de trabajo y reducir su efecto sobre la salud.
Se define lugar de trabajo como todo lugar con puestos de trabajo ubicados ya sea en edificios o en otras partes de la empresa o establecimientos a los que el trabajador deba tener acceso en el ejercicio de sus funciones.
No se aplica a los sitios temporales y móviles, la minería, barcos de pesca, medios de transporte o que formen parte de una empresa agrícola o forestal situada fuera de los edificios de la empresa.
• Decreto Ley 347/93, del 1 de Octubre que establece el régimen jurídico del marco de seguridad y salud en el trabajo, que transpone la directiva 89/654/CEE, relativa a las prescripciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Ordenanza nº 987/93 del 06 de octubre 1993. Establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar de trabajo que transpone la directiva 89/654/CEE, relativa a las prescripciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
• Ley nº 102/2009 sobre el Régimen jurídico de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo. (Art. 15(1), (2) (f) (g)), y traspone la directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas destinadas a promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
Hay trabajos sobre los que no se aplica directamente la legislación expuesta debido a las características especiales de la actividad, y que disponen de una normativa específica bajo la cual se rige:
• Buques pesqueros:
o Decreto-Ley N° 116/97, de 12 de mayo que traspone la directiva europea 93/103/CE y establece los principios generales relativos a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de buques pesqueros.
o Ordenanza 356/98, de 24 de junio que describe de forma detallada las prescripciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de buques pesqueros.
• Atención médica a bordo de los buques
o Decreto-Ley Nº 274/95 de 23 de octubre
o Decreto-Ley N° 273/2003, de 29 de octubre, relativo a la Coordinación de seguridad. Regulación de las condiciones de salud y seguridad del trabajo en obras de construcción temporal o móvil.
o Decreto N° 101/96, de 3 de abril,
o Decreto 41821 del 11 de agosto de 1958,
o Decreto 46427 del 10 de julio 1965
• Industria extractiva:
o Decreto Ley 324/95, de 28 de noviembre relativo al reglamento de seguridad para la extracción mediante perforación:
o Ordenanza N° 197/96 de 4 de junio
o Ordenanza 198/96 de 4 de junio
o Decreto Nº 53/71, de 3 de febrero
o Decreto N° 702/80, de 22 de septiembre
• Comercios, oficinas y servicios
o Decreto-Ley N° 243/86, de 20 de agosto
• Fabricación de explosivos
o Decreto-Ley N° 139/2002, de 17 de mayo
La seguridad contra incendios en los edificios no sólo depende de un buen diseño y ejecución del proyecto de construcción del edificio. La entrada en vigor del Régimen Jurídico de Seguridad contra Incendios en Edificios (RJSCIE) establece las bases para garantizar el mantenimiento de las condiciones de seguridad contra incendios de los edificios, durante la vida útil edificio y el establecimiento de una estructura de respuesta ante emergencias. Este objetivo se logra a través de la aplicación del Plan de Autoprotección.
Todos los edificios y recintos deben disponer de un Plan de Autoprotección, sin embargo para los edificios residenciales no existen medidas obligatorias específicas según el artículo 198 del decreto 1532/2008.
Hay tres tipos principales de medidas de autoprotección:
• Medidas de prevención: procedimientos de prevención o planes de prevención, capacitación en seguridad y simulacros de incendio.
o Sesiones de formación: dirigidas a todos los empleados y los empleados de las entidades operativas. También incluye un entrenamiento especial para los empleados que tienen que ver con situaciones de alto riesgo de incendio o pertenecientes a los equipos de seguridad de la empresa.
o Los simulacros son pruebas del plan de emergencia interno y entrenamiento de los ocupantes.
• Las medidas de intervención en caso de incendio: los procedimientos de emergencia o planes de emergencia internos;
• Registros de seguridad: conjunto de informes de las encuestas o de la inspección, y lista de todas las acciones de mantenimiento y ocurrencias directa o indirectamente relacionadas con la seguridad contra incendios en edificios (SCIE).
El marco legal para la prevención y protección contra incendios en edificios queda recogido a través de la siguiente normativa:
• Decreto Ley 220/2008 de 12 de noviembre – Establece el régimen jurídico de la seguridad contra incendios en los edificios
• Ordenanza 1532/2008 de 29 de diciembre – Aprueba el Reglamento Técnico de Seguridad Contra Incendios en Edificios (SCIE) de acuerdo a la ley 220/2008 en su artículo 15.
• Decreto Nº 2074/2009 de 15 de enero – Criterios Técnicos para la determinación de la densidad de carga de fuego modificada.
• Ordenanza Nº 64/2009 de 22 de enero – Sistema de acreditación de los organismos para la emisión de resoluciones, la realización de estudios e inspecciones de las condiciones de SCIE (modificado por el Decreto núm. 136/2011, de 5 de abril).
• Decreto N° 610/2009 de 8 de junio – Reglamento del sistema informático para el procesamiento de los procedimientos SCIE.
• Decreto N° 773/2009 de 21 de julio – Registro de Empresas, entidades y la instalación de equipos en SCIE.
• Decreto N° 1054/2009 de 16 de septiembre – Valor de las tarifas por los servicios prestados por ANPC bajo el RJ-SCIE.
• Decreto Nº 10738/2011 de 30 de agosto – Define los requisitos de acreditación por la ANPC de los técnicos responsables de la venta, instalación y mantenimiento o de productos y equipos SCIE.
• Decreto Legislativo Regional nº 6/2015/A del 05 de marzo 2015 – Establece el marco jurídico de seguridad contra incendios en los edificios de las Azores
Las Normas Técnicas de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (RTIEBT), establecidas por la Ordenanza 949-A/2006, definen las normas por las cuales se realizan la instalación y operación de las instalaciones eléctricas.
Estas normas tienen por objeto garantizar la seguridad de todos los usuarios, asegurar unas condiciones mínimas de seguridad, y reducir al mínimo los daños personales y materiales.
Cabe destacar que para efectuar trabajos en instalaciones eléctricas, se deberá adoptar las normas de seguridad adecuadas. El personal que trabaje en las instalaciones eléctricas deberá estar capacitado conforme a la descripción de tareas del cargo que ocupa. Además se deberá advertir el riesgo eléctrico en los trabajos mediante una señalización adecuada.
Es de aplicación la siguiente legislación:
• Ordenanza nº 987/93 del 06 de octubre 1993. Establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, y por la que en su artículo 3 se expone que una instalación eléctrica no puede comportar riesgo de incendio o de explosión y debe asegurarse que su utilización no constituye un factor de riesgo para los trabajadores, por contacto directo o indirecto.
• Decreto-Ley núm. 236/2003 que transpone la Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo del Consejo de la de 16 de diciembre, relativo a las prescripciones mínimas destinadas a promover la mejora de la Seguridad y la Salud de los trabajadores susceptibles de ser expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas .
• Ley núm. 102/2009 sobre el Régimen jurídico de la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art. 79)
• Decreto Ley 42895/60, modificado por el Decreto 14/77 – Reglamento de Seguridad de subestaciones y puestos de transformación y seccionamiento.
• Decreto-Ley N° 740/74, de 26/12 – Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas e instalaciones colecticas en edificios.
• Decreto 90/84 – Reglamento de seguridad para redes de distribución de baja tensión.
• Decreto Ley 202/90 – Equipamiento eléctrico usado en atmósferas explosivas.
• Normas CEI 479-1 e 479-2: 1994 – Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano
• Norma IEC 529, 1989-1 – Índices de protección de recintos de equipos y materiales eléctricos
• Norma IEC 536, 1976 – Clasificación de los equipos eléctricos de protección contra descargas eléctricas en caso de fallo de aislamiento
• Norma EN 50110-1, 1996 – Los trabajos en instalaciones eléctricas
• Decreto-Ley N° 50/05 de 25 de febrero, sobre las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores, teniendo en cuenta la posibilidad de riesgos graves (emanación de gas de los humos tóxicos, incendios, ahogamiento, etc.)
• Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Uso de Energía Eléctrica (RSIUEE) que expone las condiciones técnicas que deben cumplir los establecimientos y las operaciones en las instalaciones eléctricas para la protección de las personas y las cosas y para salvaguardar los intereses colectivos.
• Decreto Nº 37/70, del 17/01 Primeros auxilios en lesiones producidas por corrientes eléctricas
La legislación portuguesa no recoge una normativa específica que regule el trabajo en espacios confinados, pero queda cubierta por la legislación relacionada con lugares de trabajo, equipos de trabajo, señalización, riesgo eléctrico, sustancias químicas y peligrosas, exposición a temperaturas elevadas, ATEX, equipos de protección individual, a través de los siguientes decretos.
Deben adoptarse las siguientes medidas preventivas:
o La planificación cuidadosa para llevar a cabo en el menor tiempo posible los trabajos.
o La asignación de al menos dos trabajadores para la realización del trabajo.
o Una buena organización del trabajo.
o La distribución adecuada de los equipos, de acuerdo con las distancias de seguridad entre ellos.
o Plan de emergencia, que abarca acciones de primeros auxilios y de evacuación en caso de que haya un accidente o enfermedad repentina.
o Evaluar la atmósfera, no sólo antes de entrar los trabajadores, sino durante los trabajos.
o Utilización de los EPIS recomendados
o Junto al trabajador detectores de gas (H2S, CO, SO2).
o Hacer, en la medida de lo posible, todo el trabajo desde el exterior.
o Permitir el acceso a espacios confinados sólo a los trabajadores autorizados.
La prevención de atmósferas explosivas debe hacerse a través de medidas técnicas y organizativas adecuadas a la naturaleza de las operaciones, teniendo en cuenta los principios de prevención establecidos en las normas aplicables en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo y la responsabilidad del empleador.
Si la naturaleza de la actividad no trata de evitar la formación de atmósferas explosivas, las medidas técnicas y organizativas deberán ser evitar la ignición de estas explosiones y mitigar los efectos nocivos de los mismos, con el fin de proteger la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores.
Estas medidas deben ser revisadas con una periodicidad no superior a un año o cada vez que se produzcan cambios.
El empleador debe, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, adoptar las medidas necesarias para garantizar que:
• Adecuado diseño de los lugares de trabajo con presencia de atmósferas que asegure la realización de los trabajos de manera segura.
• Adoptar los medios técnicos adecuados y la supervisión apropiada durante la presencia de trabajadores en entornos de trabajo con presencia de atmósferas con el objetivo de garantizar los trabajos en condiciones seguras.
En las zonas donde exista la presencia de atmósferas explosivas el empresario deberá:
• Proceder a su clasificación;
• Hacer cumplir los requisitos mínimos aplicables a las zonas peligrosas;
• Señalar los respectivos puntos de acceso, si las concentraciones fuesen susceptibles de constituir un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
• En las zonas clasificadas como peligrosas, el empresario tomará las medidas necesarias para garantizar que:
o Las posible fugas que pueden dar lugar a riesgo de explosión sean adecuadamente eliminadas o evacuadas a un lugar seguro a través de un método apropiado;
o Los trabajadores cuentan con la ropa de trabajo adecuada hecha de materiales que no causen descargas electrostáticas que puedan provocar un incendio en atmósferas explosivas;
o Las instalaciones, equipos, sistemas de protección y de los respectivos dispositivos de conexión que se pongan en servicio pueden usarse con seguridad en una atmósfera explosiva y sus conectores están claramente identificados ;
o Los trabajadores deben ser alertados por señales ópticas y/o acústicas ante la necesidad de salir del lugar de trabajo, si las condiciones de trabajo pueden producir una explosión;
o Las salidas de emergencia se mantienen en buenas condiciones para que en caso de peligro, los trabajadores puedan salir de las instalaciones de forma rápida y segura;
o Antes de trabajar en lugares que contienen atmósferas explosivas por primera vez, la seguridad de todas las instalaciones sea verificada por una persona con experiencia en el campo de la protección contra explosiones.
o Los trabajadores que prestan servicio en zonas de atmósferas explosivas disponen de capacitación adecuada para la protección contra explosiones. El empleador también debe proporcionar información y acceso a la consulta de los trabajadores y sus representantes en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto-Ley 236/2003
La normativa aplicable se recoge en la ley:
• Decreto-Ley nº 236/2003, de 30 de Septiembre de 2003 Establece las normas para la protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a atmósferas explosivas, y transpone la Directiva 1999/92 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre las disposiciones mínimas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores que podrían estar expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas.
• Decreto Ley 202/90 – Equipamiento eléctrico usado en atmósferas explosivas
Otra normativa relacionada con ambientes explosivos se recoge a través de los siguientes decretos:
• Decreto-Ley 376/84 de 30 de Noviembre, establece el marco normativo relativo a la fabricación, almacenamiento, comercio y utilización de productos explosivos.
• Decreto Ley 303/90 de 27 de Septiembre, establece el marco normativo relativo a la fabricación, almacenamiento, comercio y utilización de productos explosivos, en concreto los fuegos artificiales empleados como dispositivos de señalización.
• Decreto Ley 139/2002 de 17 de Mayo por la que se regula la normativa de seguridad de los locales de fabricación o almacenamiento de productos explosivos.
La normativa portuguesa recoge gran cantidad de normas técnicas referentes a las atmósferas explosivas, entre ellas:
• NP 3874-7: 1994 – Seguridad contra incendios. Terminología. Parte 7 – Medios de detección y supresión de explosiones
• NP EN 26184: 1994 – Sistemas de protección contra explosiones. Partes 1, 2 y 3.
• NP EN 26184-4: 1995 – Sistemas de protección contra explosiones. Partes 4. Determinación de la eficacia de los sistemas de supresión de las explosiones.
Riesgos relacionados con equipos de trabajo
La legislación portuguesa dispone de algunas referencias sobre la protección de los trabajadores de los riesgos procedentes de equipos de trabajo de forma específica, los siguientes decretos:
• Decreto-Ley 50/2005, de 25 de febrero de 2005, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva núm. 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo y deroga el Decreto-ley núm. 82/99, de 16 de marzo de 1999.
Este decreto establece la obligación de realizar un adecuado mantenimiento de equipos:
“Los empleadores están bajo el deber de mantener en un estado eficiente, con el fin de trabajar eficiente y en buen estado (incluyendo la limpieza) la maquinaria y equipos.”
• Decreto-Ley 331/93 de 25 de Septiembre, que traspone la directiva 89/655/CEE de 30 de Noviembre de 1989, relativa a las prescripciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
• Ley 221/2006 – Transposición de la directiva 2005/88/EC relativa a la emisión de ruido al ambiente por máquinas y herramientas y su uso en el exterior.
La siguiente normativa promueve las obligaciones en relación a la maquinaria propiamente que se exponen a continuación:
• Ley 103/2008 – Que transpone la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo del 17 de mayo de 2006, sobre maquinarias nuevas
• Ley 214/95 – Reglamento relativo a las condiciones de uso y la venta de maquinaria usada, para la eliminación de los riesgos para la salud y seguridad. Se deberá llevar a cabo o garantizará la realización de las pruebas y certificaciones necesarias, así como asegurar la formación e información adecuada de los trabajadores (y revisiones) sobre el uso para el que el equipo está diseñado.
• Ordenanza 172/2000 – artículo 3 de la Ley 214/95 – sobre maquinaria usada especialmente peligrosa
• Ley núm. 102/2009 Sobre el Régimen jurídico de la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art. 13)
Riesgos relacionados con la maquinaria y equipos de trabajo
La legislación portuguesa dispone de algunas referencias sobre la protección de los trabajadores de los riesgos procedentes de máquinas y equipos de forma específica, los siguientes decretos:
En la SECCIÓN III del Decreto-Ley 50/2005 se establecen los Requisitos adicionales para equipos móviles (carretillas, equipos autopropulsados).
En la Sección IV, se establecen los requisitos mínimos de seguridad para los equipos de elevación de cargas.
Ya en los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 se establecen las disposiciones generales para los trabajos en altura, incluyendo los andamios, escaleras, técnicas de ascenso descenso con cuerdas.
Este decreto establece la obligación de realizar un adecuado mantenimiento de la maquinaria y equipos:
“Los empleadores están bajo el deber de mantener en un estado eficiente, con el fin de trabajar eficiente y en buen estado (incluyendo la limpieza) la maquinaria y equipo.”
• Ordenanza núm. 988/93 por la que se establecen las prescripciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores en la utilización de equipos de protección individual.
• Decreto-Ley N° 320/2001 -12 diciembre transpone al derecho interno la Directiva 98/37 / CEE del Consejo, de 22 de junio que establece las reglas para la comercialización y la puesta en servicio de las máquinas.
La siguiente normativa promueve las obligaciones que se exponen a continuación:
• NP EN 292-1:1993 – Seguridad de las máquinas. Conceptos fundamentales, principios de diseño general. Parte 1 – Terminología básica, metodología.
• NP EN 292-2:1993 – Seguridad de las máquinas. Conceptos fundamentales, principios de diseño general. Parte 2 – Principios técnicos y especificaciones.
1. Obligación de los diseñadores y fabricantes de maquinaria en relación a la seguridad y salud de los usuarios de máquinas.
Cualquier persona que diseñe, fabrique, importe o suministre cualquier artículo para el uso en el trabajo tiene la obligación de garantizar que el equipo está diseñado y construido para que sea seguro y sin riesgos para la seguridad o salud en todo momento en los que se está instalando, utilizando, limpiando o manteniendo por un trabajador.
2. Obligación de los diseñadores, fabricantes, importadores o suministradores de maquinaria de proveer información sobre la maquinaria
Cualquier persona que diseña, fabrica, importaciones o suministre cualquier equipo para su uso en el trabajo está bajo la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que las personas que reciben la maquinaria, reciben información adecuada sobre el uso para el cual el equipo está diseñado o certificado, y sobre las condiciones necesarias para garantizar que su uso sea seguro y sin riesgos para la salud.
3. Obligación de comprar maquinaria certificada/ autorizada a proveedores autorizados/ certificados.
Los empresarios no están obligados por ley a comprar a proveedores autorizados, pero si establece diversas disposiciones legales que deben cumplir los equipos.
En relación con los equipos de protección individual y el vestuario de protección, la normativa portuguesa recoge:
• Que los equipos de protección individual deben ser utilizados cuando los riesgos existentes no pudieran ser evitados o suficientemente limitados por medios técnicos de protección colectiva o por medidas, métodos o procesos de organización del trabajo.
Los equipos de protección individual que se vayan a emplear simultáneamente deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia. (Decreto- Ley 348/93 del 01 de octubre)
• Las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores en el uso del equipo de protección personal.
Incluye en su Anexo I, el esquema a seguir para la elección de los EPI durante la Evaluación de Riesgos, los equipos de protección existentes por partes protegidas y los equipos de protección individual previsibles por sector. (Decreto 988/96 del 06 de octubre)
• La certificación de conformidad de los equipos de protección individual (EPI) en la Nota Técnica nº 16/2008.
• El listado de Normas Armonizadas en el ámbito de aplicación de la directiva relativa a los equipos de protección individual (Despacho nº 11 694/2000).
• Requerimientos técnicos de seguridad según la directiva de equipamiento de protección personal para preservar la salud y seguridad de los usuarios según se dispone en la directiva 89/686/EEC. (Ley 128/93 y su regulación técnica recogida en la Ordenanza 1131/93)
Adicionalmente, existe un extenso listado de normas técnicas que establecen las características mínimas que deben cumplir los EPIS, clasificadas según su aplicación:
• Protecciones auditivas
• Protección contra caídas en altura
• Vestuario de protección
La normativa para la manipulación manual de cargas establece la obligación del empresario de evitar la manipulación manual de cargas en la medida que sea posible si existe la posibilidad de lesiones. Si esto no se puede hacer, entonces se debe reducir el riesgo de lesión en la medida que sea posible, mediante una lista jerarquizada de medidas para reducir los riesgos de la manipulación manual de cargas.
La normativa portuguesa referente a la manipulación manual de cargas se recoge en los siguientes Decretos Ley:
• Decreto-Ley N° 330/93, de 25 de septiembre (transpone en legislación nacional la Directiva Nº 90/269 / CEE del Consejo, de 29 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en manipulación manual de cargas). Define este Decreto-Ley la manipulación manual de cargas como cualquier operación de transporte y sujeción de una carga por uno o más trabajadores, que, por sus características o condiciones ergonómicas desfavorables entrañe un riesgo para ellos, especialmente en la región baja de la espalda.
El empresario está obligado a evaluar el riesgo de los elementos de referencia de la manipulación manual de cargas y la seguridad y la salud de ese tipo de trabajo, teniendo en cuenta en particular:
a) Características de la carga:
• Cargas demasiadas pesadas – más de 30 kg en operaciones ocasionales y más de 20 kg en operaciones frecuentes;
• Cargas voluminosas o difíciles de llevar;
• Cargas en equilibrio inestable;
• Cargas colocadas de forma que sean manipuladas a una distancia del tronco con flexión o torsión del tronco;
• Cargas que probablemente debido a su apariencia y consistencia, pueden ocasionar lesiones a los trabajadores, sobre todo en caso de choque;
b) El esfuerzo físico requerido:
• Cuando es demasiado para el trabajador;
• Cuando puede ser realizado sólo por un movimiento de torsión del tronco;
• Movimiento repentino de la carga;
• Cuando se hace con el cuerpo en una posición inestable.
2 – El empresario adoptará las medidas adecuadas para prevenir o reducir el riesgo, en particular lesiones dorsolumbares.
3 – El empresario debe también tomar medidas apropiadas cuando la actividad implica:
• El esfuerzo físico que afecta, en particular, a la columna vertebral y frecuente o prolongada;
• Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación;
• Grandes distancias de elevación, descenso o transporte;
• Elementos que no pueden ser controlados por el trabajador.
La normativa de prevención de riesgos laborales relacionada con Pantallas de Visualización de Datos (PVD) establece una serie de medidas preventivas orientadas a aquellos trabajadores usuarios habituales de PVD, incluyendo la planificación de la actividad laboral, los riesgos y garantizar que los espacios de trabajo cumplen con los requisitos mínimos, quedando recogida fundamentalmente en el Decreto-Ley N° 349/93, 01 de octubre que transpone al derecho portugués la Directiva nacional Nº 90/270 / CEE del Consejo, de 29 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para trabajar con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. La pantalla de visualización del puesto de trabajo no debe ser una fuente de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
1 – Antes de empezar a trabajar con una pantalla de visualización de datos periódicamente y siempre que los trabajadores presenten trastornos visuales, los trabajadores deberían ser objeto de un reconocimiento médico de los ojos y la visión.
2 – Si los resultados demuestran su necesidad, los trabajadores deben recibir un examen ocular.
3 – Si los resultados de los exámenes médicos requieren aparatos correctivos normales, se facilitará a los trabajadores dispositivos correctores especiales diseñados para el tipo de trabajo.
Antes de la actividad, o cuando se producen cambios en el lugar de trabajo, los trabajadores deben recibir una formación adecuada sobre el uso de equipos que incluyen pantallas de visualización.
Adicionalmente, se dispone de la siguiente normativa relacionada con las pantallas de visualización de datos en los puestos de trabajo:
• Decreto – Ley N° 50/05 de 25 de febrero, que recogen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores. El empresario tiene como deber el tomar en cuenta los puestos de trabajo, la posición de los trabajadores durante la utilización de los puestos de trabajo teniendo en cuenta los principios ergonómicos.
• Decreto-Ley Nº 243/86 de 20 de agosto, que aprueba el Reglamento General de Higiene y seguridad en establecimientos comerciales, oficinas y servicios. El Reglamento General de Higiene y Seguridad en Tiendas, Oficina y Servicios, en armonía con el Convenio nº 120 de la Organización Internacional del Trabajo establece que en puestos de trabajo sedentarios (ordenadores, etc.) deben aportarse a los trabajadores asientos cómodos, funcionales y anatómicamente adaptados a los requisitos de trabajo y la duración.
• Decreto Nº 989/93, de 6 de octubre. En este Decreto se indican las características de los que deben disponer las pantallas, los teclados, mesas, sillas y software para un trabajo con pantallas de visualización de datos en condiciones de seguridad.
La legislación portuguesa dispone de regulación específica relacionada con la protección de los trabajadores de los riesgos relacionados a la exposición a agentes químicos en el trabajo.
• Ley 220/2012 – Implementación del Reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
• Decreto-Ley nº 290/2001 de 16 de noviembre. Establece las normas de protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición a agentes químicos.
El empresario deberá garantizar que las informaciones sobre las medidas de emergencia relacionadas con los agentes químicos peligrosos sean recibidas tanto por los trabajadores como por los servicios de prevención, así como los otros servicios internos o externos que puedan intervenir en caso de emergencia o accidente.
• Decreto-ley nº 305/2007, de 24 de agosto
Incorpora a la legislación nacional la Directiva 2006/15/CE, la Comisión, el 7 de febrero, se establece una segunda lista de valores límite de exposición profesional (indicativo) a los productos químicos para la aplicación de la Directiva 98 / 24 / CE del Consejo, de 7 de abril, que modifica el anexo del Decreto-Ley nº 290/2001, de 16 de noviembre.
• Decreto-Ley N° 254/2007 de 12 de julio 2007 Establece el régimen de prevención de accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas y la limitación de sus consecuencias para las personas y el medio ambiente, incorpora a la legislación nacional la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, que modifica la Directiva 96/82 / CE del Consejo, de 9 de diciembre, sobre el control de los riesgos asociados a los accidentes graves con sustancias peligrosas.
• Decreto-Ley nº 24/2012, de 6 de Febrero de 2012, que consolida los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores contra los riesgos para la seguridad y la salud debido a la exposición a los agentes químicos durante el trabajo y transpone al ordenamiento interno la Directiva 2009/161/UE.
• Ley 293/2009 DL – Asegura la transposición al Derecho portugués las obligaciones de Reglamento CE 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) y se crea la Agencia Europea de Sustancias Químicas
• Decreto-Ley nº 301/2000 que regula la protección de los trabajadores contra los riesgos ligados a la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• NP EN 1796:2004 – Seguridad y salud de los trabajadores – los valores límite de exposición a los agentes químicos profesionales existentes en el aire de los lugares de trabajo.
La legislación portuguesa dispone de regulación específica relacionada con la protección de los trabajadores de los riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos en el trabajo.
Durante las horas de trabajo, la temperatura en locales de trabajo deberá ser adecuada para los trabajadores, teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
La temperatura en las áreas de descanso, salas para el personal de guardia, instalaciones sanitarias, aseos, comedores y salas de primeros auxilios deberán ser adecuados al uso específico de estas salas.
Las ventanas, claraboyas y los tabiques acristalados que permiten una radiación solar excesiva en los lugares de trabajo deben ser evitados, en función de la naturaleza del trabajo y del lugar de trabajo.
• Ordenanza núm. 987/93 por la que se establecen las prescripciones mínimas de seguridad y salud en los locales de trabajo (Art. 7)
• Decreto-Ley nº 182/2006, de 6 de septiembre:
Este Decreto incorpora a la legislación nacional la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero, en los requisitos de seguridad y salud relativas a la exposición mínima de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
Establece los valores límite de exposición superior e inferior y se establece un conjunto de medidas que se aplicarán en los lugares de trabajo en los que se alcanzaron o superaron estos valores.
El valor límite de exposición diario es de 87 dB.
La normativa portuguesa recoge gran cantidad de normas técnicas referentes a Ruido, entre ellas
o NP 1673:1980 – La vibración mecánica. Evaluación de la reacción a la excitación global del cuerpo por las vibraciones.
o NP 1730-1: 1996 – Acústica. Descripción y medición del ruido ambiental.
o NP EN 352-1: 1996 – Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
o NP EN 458: 2006 – Protectores auditivos. Recomendaciones sobre la selección y cuidado en el uso y mantenimiento. Ficha Documento.
o NP 2041: 1986 – Acústica. Higiene y seguridad en el trabajo. Límites de Exposición del sistema mano-brazo a la vibración
o NP EN 27029: 1996 – Acústica. Por conducción aérea umbral de audición de acuerdo con la edad y el sexo de los individuos.
• Decreto-Ley nº 46/2006, de 24 de febrero:
Transpone la Directiva 2002/44 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en caso de exposición los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones).
Establece los valores límite de exposición y de acción de exposición valora las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo y todo el cuerpo y determina una serie de medidas preventivas que deben aplicarse cuando se alcanzaron o superaron estos valores.
La normativa portuguesa recoge alguna norma técnica referente a las vibraciones:
o NP 1673: 1980 – Vibraciones mecánicas. Evaluación de la reacción a la excitación mundial cuerpo por las vibraciones.
El empresario debe asegurar en todos los puestos de trabajo, que la exposición a agentes biológicos no supone un peligro a la salud y seguridad de los trabajadores.
La legislación portuguesa dispone de regulación específica relacionada con la protección de los trabajadores de los riesgos relacionados a la exposición a agentes biológicos en el trabajo.
• Ley 2/2001 que transpone la directiva D 98/81/EC relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente.
• Orden 1036/98 del 15 de diciembre, por la que se modifica la lista de los agentes biológicos clasificados a efectos de prevención de riesgos profesionales aprobada por la Orden 405/98 de 11 de Julio.
• Decreto-Ley 84/97 de 16 de abril 1997. Incorpora a la legislación nacional las Directivas del Consejo 90/679/CEE del Consejo de 26 de noviembre y 93/88/CEE del Consejo, de 12 de octubre, y la Directiva 95/30 / CE, 30 de junio, para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Sólo se incluyen los agentes infecciosos para las personas y que no son microorganismos genéticamente modificados.
• Ordenanza Nº 405/98, de 11 de julio 1998. Aprueba la clasificación de los agentes biológicos.
En Portugal, aunque el porcentaje de jubilados debido a enfermedades respiratorias producidas por la silicosis es aun importante, se ha observado una reducción gradual en el número de nuevos casos en los últimos años debido a la mejora de las condiciones de trabajo y la adopción de medidas para la reducción de la presencia de sílice en el lugar de trabajo.
No se encuentra referencias documentales relacionadas a este apartado.
En Portugal, se prohibió el uso y venta de amianto y aquellos productos que contienen amianto el 1 de enero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2003/18/CE, y transpuesta a la legislación portuguesa por el Decreto-Ley 101/2005, de 23 de junio .
La legislación portuguesa sobre la protección de los trabajadores contra la exposición al amianto en el lugar de trabajo se recoge a través de la siguiente normativa:
• Reglamento 40/2014 – Establece las normas para la correcta eliminación de los materiales que contienen asbesto, su transporte y gestión de residuos de amianto para la protección de las personas y medio ambiente.
• La Ley Nº 2/2011, de 09 de febrero 2011 Amianto. Establece los procedimientos y objetivos para la eliminación de productos que contienen fibras de amianto sigue presente en edificios, instalaciones y equipamientos públicos.
• Decreto-Ley N° 266/2007 de 24 de julio 2007 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al Amianto. Incorpora a la legislación nacional la Directiva 2003/18 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo de 19 de septiembre, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
Las actividades en el ejercicio de las cuales los trabajadores estén o puedan estar expuestas al polvo de amianto o productos que contienen amianto están sujetas a declaración obligatoria a la Autoridad Laboral.
La notificación mencionada en el párrafo anterior se hace al menos 30 días antes del inicio de los trabajos.
Las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes han sido revisadas y actualizadas por la Directiva Europea 2013/59/Euratom, del 5 de Diciembre de 2013, que deberá entrar en vigor antes del 6 de febrero de 2018, (en Portugal como Decreto-Ley, que derogará el actual 165/2002), derogando las directivas anteriores: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.
El marco legislativo portugués actual para la protección frente a la radiación ionizante es el siguiente:
• Ley 222/2008 (como 2ª modificación de la Ley 9/1990 y transpone parcialmente la parte D de la ley 96/29/Euratom)
• Ley 167/2002 – Marco jurídico para la autorización de servicios en el ámbito de la protección contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes
• Ley 165/2002 – Normativa básica de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes
• Decreto-Ley N° 165/2002 de 17 de julio 2002 Radiaciones Ionizantes:
Establece las competencias de los órganos en el ámbito de la protección contra las radiaciones ionizantes, así como los principios generales de protección y transpone al ordenamiento jurídico nacional las disposiciones pertinentes de la Directiva 96/29 / Euratom, del Consejo de 13 de mayo por el que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.
• Decreto-Ley nº 25/2010 de 30 de Agosto Establece los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores frente a los riesgos para la salud y la seguridad, debido a exposición durante el trabajo, las fuentes de radiación óptica artificial, que transpone la Directiva 2006/25 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril.
• Decreto Reglamentario del Ministerio de Salud núm. 29/1997 por el que se transpone al Orden jurídico interno la directiva nº 90/641/ EURATOM, del Consejo, de 4 de diciembre, que establece el régimen de Protección (Radiaciones ionizantes) de los trabajadores externos que intervienen en zonas controladas.
• Decreto Reglamentario núm. 3/92, por el que se Modifica el decreto núm. Reglamentario9/1990, sobre la Protección contra las Radiaciones ionizantes.
• Decreto-Ley nº 174/2002, traspone a la legislación portuguesa las disposiciones del Título IX, «Intervención», de la Directiva 96/29/Euratom, del Consejo de 13 de mayo, por el que se establecen normas de seguridad básicas para la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.
Las normas portuguesas relativas a Radiaciones Ionizantes/ No Ionizantes son:
• NP 442:1966 – Señalización de seguridad. Símbolo de radiación ionizante.
• NP 3774 (l988) Radiaciones no ionizantes, referente a:
 Protección para los ojos individual.
 Filtros para soldadura
 Técnicas relacionadas.
 Especificaciones de transmisión y uso recomendado.
• NP EN 1836: 1999 – Protección individual de los ojos. Gafas de sol y filtros de protección contras las radiaciones solares para uso general.
• NP EN 2007:2000 – Protección individual de los ojos. Filtros protectores de los ojos contra las radiaciones. Laser (Gafas de protección laser.)
Las Directivas Europeas que refieren a las dolencias musculares y óseas (que en la UE sufren más de la mitad de las personas aquejadas de problemas físicos relacionados con el trabajo, especialmente los trabajadores de mayor edad) se trasponen en Portugal en los siguientes Decretos-Ley:
• Decreto Ley nº 349/93 por el que se incorpora al orden jurídico interno la Directiva núm. 90/270/CEE del Consejo, de 30 de mayo, relativo a las prescripciones mínimas de seguridad y de salud respecto del trabajo con equipos dotados de pantalla de visualización. Transpone la directiva 90/270/CEE
• Decreto Ley nº 330/93 por el que se incorpora al orden jurídico interno la Directiva núm. 90/269/CEE, del Consejo, de 29 de mayo, relativo a las prescripciones mínimas de seguridad y salud en el movimiento manual de cargas.
Adicionalmente, se dispone de la siguiente normativa relacionada con la ergonomía de los puestos de trabajo:
• Ordenanza nº 989/93 por la que se establecen las prescripciones mínimas de seguridad y salud respecto del trabajo con equipos dotados de pantalla de visualización
• Decreto – Ley nº 50/05 de 25 de febrero, que recogen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores. El empresario tiene como deber el tomar en cuenta los puestos de trabajo, la posición de los trabajadores durante la utilización de los puestos de trabajo teniendo en cuenta los principios ergonómicos.
Los riesgos psicosociales quedan recogidos bajo las obligaciones generales de los empresarios. La ley establece la obligación de asegurar, en los lugares de trabajo, que los factores de riesgo psicosociales no son una amenaza de la seguridad y salud de los trabajadores bajo el Decreto-Ley 102/2009.
El empresario debe garantizar de manera continua y permanente, mediante el ejercicio de la actividad en condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta los principios generales de prevención, en referencia con la psicosociología:
– Garantizar, en el lugar de trabajo, que la exposición a factores de riesgo psicosociales no constituyen riesgo para seguridad y salud en el trabajo;
– Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta al diseño de puestos de trabajo, la elección de los equipos y métodos de trabajo y la producción, con el fin de, entre otras cosas, atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y reducir los riesgos psicosociales,
La gestión del estrés no sólo es una obligación moral y una buena inversión para los empleadores, sino un requisito legal establecido en la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, reforzada por los acuerdos marco con los interlocutores sociales sobre el estrés en el trabajo y sobre el acoso y violencia en el trabajo.
Por otro lado, la protección de los trabajadores frente situaciones de violencia en el trabajo queda recogida como una obligación del empresario en la ley Portuguesa, definiéndose como todo aquel comportamiento no deseado, incluida la discriminación con el propósito o efecto de interrumpir o avergonzar a la persona que afecta a la dignidad de la persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo en el Código del Trabajo por la ley 7/2009. Del mismo modo, se recoge en la misma ley la definición de acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o efecto de interrumpir o avergonzar a la persona que afecta a la dignidad de la persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Ambas situaciones se consideran falta muy grave y dan derecho a una indemnización pecuniaria y no pecuniaria por daños y perjuicios, de conformidad con la ley general.
Campaña de Evaluación de Riesgos Psicosociales
La Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT) llevó a cabo durante el año 2012 una Campaña de la Evaluación de Riesgos Psicosociales dirigida al sector de la salud (los públicos, privados, organizaciones benéficas, centros de rehabilitación del hospital cooperativas privadas y las unidades de cuidados continuos).
La campaña tuvo como objetivo promover la evaluación de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, y aumentar la calidad de las evaluaciones de riesgos existentes.
Se llevaron a cabo varias acciones de información y formación de los inspectores del trabajo en la utilización de diferentes herramientas técnicas como guías, encuestas y listas de control. El acoso y los riesgos asociados con el estrés y la violencia fueron los temas principales.
Según datos europeos, en 2007, sobre el 8% de los trabajadores portugueses afirmaron tener uno o varios problemas de salud vinculados al trabajo (la media de la UE fue del 8,7%), donde más del 48% de los casos afectaba al día a día y aproximadamente 50% finalizaba en una situación de absentismo. Cerca del 19% declaró que la afección se relacionaba con aspectos de salud mental, y alrededor del 50% a los aspectos relacionados con la salud física.
Más del 40% de los trabajadores de la rama del transporte y las telecomunicaciones en Portugal cree que el estrés afecta negativamente a su salud y seguridad.
Alrededor del 79% de los directivos europeos también están preocupados por el estrés del trabajo.
Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo el principal obstáculo para la prevención de los riesgos psicosociales en las empresas portuguesas es, sin duda, la falta de recursos (65% de los casos), a pesar de que son sensibles a los requisitos legales sobre la materia.
Si entramos con las características particulares de cada trabajador en la aplicación del Ministerio de Sanidad referente a vacunas y antipalúdicos, nos pueden llegar a recomendar:
• Hepatitis B: En función de las actividades de riesgo previstas de deberá valorar la recomendación de esta vacuna, si no ha pasado la enfermedad ni se han vacunado con anterioridad
Antes de desplazar a los trabajadores se debe efectuar la solicitud con el modelo de solicitud TA.300 «Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable».
Este modelo se cumplimentará cuando un empresario envíe a alguno de sus trabajadores a realizar la actividad temporalmente en otro país y en aplicación de las normas internacionales de Seguridad Social pueda ser de aplicación la legislación española de Seguridad Social. E igualmente el trabajador por cuenta propia que se traslade temporalmente a realizar su actividad a otro país y pueda seguir manteniendo su alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia de acuerdo con la norma internacional aplicable.
También se cumplimentará en el supuesto de realizar la actividad por cuenta ajena o propia simultánea o alternativamente en varios países de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza.
Además de este formulario TA-300 el trabajador deberá disponer de la tarjeta sanitaria europea (TSE) en vigor, para recibir la asistencia sanitaria en Portugal.
En relación con la atención en hospitales públicos, los ciudadanos españoles deberán viajar con la tarjeta sanitaria europea.
La asistencia es gratuita mediante la presentación de la citada tarjeta.
La solicitud de la TSE se realiza a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es), no siendo necesario disponer de certificado digital para acceder a este servicio, o presencialmente, en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), solicitando cita previa al CAISS elegido, o en las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la Marina (ISM), cuando sea necesario aportar documentación que acredite el derecho a exportar las prestaciones sanitarias.
Cuando no sea posible la emisión de la TSE, o si su desplazamiento es inminente podrá solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) de la TSE.
Las Condiciones de Seguridad Ciudadana son semejantes a las de España, aunque las zonas turísticas sufren de frecuentes hurtos, por lo que se recomienda extremar la precaución.
El índice de calidad de vida en Portugal es semejante a España, quedando Lisboa en el puesto 41 en el ranking a nivel mundial publicado por MERCER, por detrás de Barcelona situado en el puesto 38 y por delante de Madrid en el puesto 51.
Desde el Ministerio de Exteriores Español se informa a los ciudadanos que se desplacen a Portugal que deberán tomar precauciones con sus efectos personales en zonas turísticas (Lisboa, Oporto, Estoril, Cascais, Sintra, Algarve, Figueira da Foz, Valença do Minho) pues son frecuentes los hurtos (robos de carteras y otras pertenencias de menor cuantía, robos de objetos dentro de automóviles, estaciones de trenes, metro y autobuses, etc.). Esta recomendación es particularmente importante en la muy turística línea 28 y 15 del tranvía de Lisboa.
El organismo encargado de la Seguridad Pública, es la Policia Segurança Pública (PSP) que alerta y proporciona recomendaciones sobre hurtos en vehículos y carteristas, información accesible en http://www.psp.pt/
Objetos perdidos en Portugal.
El departamento de policía es el encargado de recoger las denuncias en el caso de objetos perdidos en Portugal.
Si has perdido u olvidado un objeto deberás dirigirte a los agente de policía.
Página web: www.psp.pt
• Numero de emergencia: 112
• Para información de algún número de teléfono nacional: 118
• Para información de algún número de teléfono internacional: 177
• Prefijo portugués:+351
Por cierre de los Consulados en Vila Real de Santo Antonio y Valença do Minho, se han modificado las demarcaciones consulares para Portugal.
La demarcación del antiguo Consulado en Vila Real de Santo Antonio ha sido asumida por el Consulado General de España en Lisboa, que tiene jurisdicción sobre los distritos de Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Evora, Beja, Faro (Algarve), Azores y Madeira.
La demarcación del antiguo Consulado en Valença do Minho ha sido asumida por el Consulado General de España en Oporto, que tiene jurisdicción sobre los distritos de Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Oporto, Vila Real, Bragança, Braga y Viana de Castelo.
En caso de emergencia, deberá dirigirse al Consulado General correspondiente.
Existe acuerdo de cobertura médica con países como España, Francia, o Andorra. Este acuerdo asegura que en caso de accidente o enfermedad, todos los ciudadanos de estos países podrán enviar las facturas de gastos médicos con un formulario de reembolso para cobrar. El formulario puede pedirse en la propia Seguridad Social Portuguesa.
Si se posee la tarjeta sanitaria Europea se puede presentar para agilizar el proceso de reembolso.
Existe una red de profesionales sanitarios españoles que prestan sus servicios en Portugal, agrupados dentro de la denominada red de profesionales sanitarios españoles en Portugal (red sep), cuyos datos de contacto se recogen en la página web: http://www.redsep.org/.
Estos profesionales de la salud localizados en varias ciudades de Portugal atienden a desplazados, residentes y turistas españoles en el país vecino.
Si no se lleva consigo la Tarjeta Sanitaria Europea o no se puede utilizar (por ejemplo, en un hospital privado en la que la TSE no tiene validez) puede que se exija el pago y después se deba solicitar el reembolso al volver a su país. Esto es aplicable tanto a los servicios de asistencia sanitaria pública como privada. No obstante, las condiciones pueden ser diferentes:
 solo se reembolsarán los tratamientos a los que tenga derecho en su país;
 Se devolverá solamente el coste del tratamiento en su país, que puede ser inferior al que en origen se pagó.
Si se requiere tratamiento urgente, la administración sanitaria local de España puede facilitar las gestiones enviando por fax o correo electrónico una prueba de cobertura de la seguridad social para evitar pagos por adelantado.
Con Tarjeta Sanitaria Europea
Si se necesita tratamiento médico durante la estancia en otro país de la UE, presentar la TSE puede simplificar la gestión del pago y reembolso del coste del tratamiento médico.
Con la Tarjeta Sanitaria Europea se puede recibir asistencia sanitaria y solicitar el reembolso de los gastos, en las mismas condiciones que los ciudadanos del país, en este caso Portugal.
Si el tratamiento es gratuito para los residentes del país, no se tendrá que pagar nada. Si el tratamiento es de pago, se puede solicitar el reembolso al organismo nacional del país y obtenerlo allí mismo, o solicitar el reembolso al organismo asegurador al regresar al país. Los gastos se reembolsarán según las normas y baremos del país donde se haya recibido tratamiento.
En Portugal se rigen por el modelo Beveridge, financiado mayoritariamente por impuestos. Todos estos países gozan de coberturas sanitarias, financiadas con impuestos, del 100% (Sistema de Servicio Nacional de Salud – SNS), en el cual todos los residentes tienen derecho a los servicios sanitarios y se financian mayoritariamente por impuestos. Se basa en la solidaridad o en el principio redistributivo y posibilita el acceso universal, bajo control del parlamento.
La climatología de Portugal es parecida a la española, por lo que en el centro norte de Portugal el clima suele ser lluvioso y en el sur de Portugal cálido y seco. En los archipiélagos se presenta un clima subtropical, por lo que es posible la presencia de tormentas tropicales.
Los boletines climatológicos del instituto portugués de mar y atmósfera, deben ser consultados por los trabajadores desplazados, para garantizar que no realizarán trabajos en condiciones meteorológicas extremas (fuertes vientos, lluvias, etc.) o desplazamientos en coche en situaciones de alerta.
El Instituto Portugués de mar y atmósfera, publica comunicados sobre la actividad sísmica de Portugal Continental e islas, se pueden consultar en el siguiente enlace:
• Documento de identificación personal
• Carné de conducir expedido en la Unión Europea y Certificado de seguro del Vehículo.
• Título del registro de propiedad del vehículo o documento equivalente
• Documento de identificación del vehículo (permiso de circulación) o documentos equivalentes.
La legislación portuguesa sólo permite utilizar un vehículo con matrícula de la UE durante 6 meses.
Si tu estancia en Portugal es inferior a seis meses, y mantienes tu residencia habitual en tu país, no hay obligación de matricular el vehículo ni de pagar impuestos en ese país: seguirá matriculado en tu país de residencia.
Si tu estancia en Portugal es inferior a seis meses y no has matriculado tu vehículo, legalmente no puedes ni prestarlo ni alquilarlo a residentes de ese país. Solo podrán conducirlo si vas tú también en el vehículo.
Si te vas a vivir a Portugal y te llevas el coche, tendrás que matricularlo y pagar los impuestos aplicables allí.
Algunos Estados miembros exigen que vuelvas a matricular tu vehículo en un plazo de seis meses a partir de tu inscripción como residente en el país. Antes de trasladarte a otro país, comprueba con la administración si se aplican allí plazos más cortos.
En algunos países, si te trasladas desde otro país de la UE puedes tener derecho a exención del impuesto de matriculación si cumples una serie de requisitos y plazos. Antes de trasladarte a otro país, ponte al habla con su administración nacional.
Si estás en Portugal para estudiar, puedes conducir tu coche sin necesidad de matricularlo o de pagar impuestos… mientras estés matriculado en un centro educativo del país.
Si eres trabajador autónomo, vives en el país A y trabajas en el país B, solo puedes utilizar tu vehículo de empresa en el país A sin matricularlo allí sí:
• el vehículo está a nombre de la empresa
• en el país A lo utilizas sobre todo para el trabajo y sólo a veces para asuntos personales
• la empresa tiene su sede social en otro país.
Para mayor información acerca de los procedimientos de pago:
50 km/hora – dentro de las poblaciones
90 km/hora – en vías normales
100 km/hora – en vías reservadas a automóviles
120 km/hora – en autopistas
En Portugal se reconocen las tarjetas de estacionamiento de modelo comunitario para personas con deficiencia, emitidas por cualquier estado miembro. Las plazas reservadas para este efecto se indican a través de señalización. Los supuestos de estacionamiento en otros lugares se permiten en caso de absoluta necesidad, siempre que sea por cortos períodos de tiempo y sin perjudicar la normal y libre circulación de peatones y de vehículos.
– Una tasa de alcohol entre 0,5 g/l y 0,8 g/l es una infracción grave y la Ley prevé la suspensión del permiso de conducir por un periodo de un mes hasta un año y una multa de 250 a 1.250 euros.
– Una tasa de alcohol entre 0,8 g/l y 1,2 g/l es una infracción muy grave, que conlleva la suspensión del permiso de conducir por un periodo de dos meses hasta dos años y una multa de 500 a 2.500 euros.
– Una tasa de alcohol igual o superior a 1,2 g/l es considerada delito y la Ley prevé una pena de prisión hasta un año o multa hasta 120 días e inhibición de conducción mínima de 3 meses y máxima de 3 años.
– tener más de 21 o 25 años, en función de las condiciones de alquiler de cada empresa;
– presentar una identificación (documento de identidad para los ciudadanos de la U.E. o pasaporte válido para las demás nacionalidades); – carné de conducir válido con más de un año de antigüedad.
Toll card Tarjeta previamente cargada con un valor fijo de 5, 10, 20 o 40 € a consumir en función de la circulación en los peajes exclusivamente electrónicos.
Obtención: – Welcome Points – Puntos de Bienvenida del Easy Toll, en www.portugaltolls.com, en las oficinas de los CTT (correos) o en http://portagens.ctt.pt / www.portugaltolls.com, áreas de servicio en Portugal y en España, Unidades Hoteleras adherentes y Oficinas de Turismo.
Toll service – título de prepago para vehículos ligeros, listo para usar, con un coste fijo de 20 €, con uso limitado durante 3 días o títulos de prepago con viaje previamente definida (Trayecto España – Aeropuerto de Porto, vía A28 o A41 (ida y vuelta) y Trayecto España – Aeropuerto de Faro, vía A22 (ida y vuelta).
Obtención: – Welcome Points do Easy Toll- Puntos de Bienvenida del Easy Toll en los puntos fronterizos localizados en EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 Chaves, A25 – Vilar Formoso y A22 – Vila Real de Santo António, Aeropuerto de Porto y Aeropuerto de Faro, IKEA Matosinhos, Áreas de servicio (A28 – Viana y Modivas, A25 – Celorico da Beira, A23 – Abrantes, A22 – Olhão, A24 – Vidago), Oficinas de correos y en http://portagens.ctt.pt /www.portugaltolls.com
Coste: 27,50 euros + débito directo en cuenta bancaria del valor de cada peaje utilizado por el vehículo.
Portugal ha desarrollado una cultura particular, pues ha estado bajo la influencia de las diferentes civilizaciones que cruzaron el Mediterráneo y Europa.
La Constitución Portuguesa garantiza la libertad religiosa, lo que se traduce en la presencia en Portugal de distintos cultos.
La mayoría de los portugueses se inscriben en la tradición católica. Según el censo de 2011: Cristianos (84,3%, de los que 81% católicos), Otras religiones (0,6%), no declarado (8,3%) y sin religión (6,8%).
El protestantismo en Portugal tiene varias denominaciones y provienen mayoritariamente de cultos con inspiración evangélica neopentecostal (por ejemplo, las Asambleas de Dios en Portugal y la Iglesia Maná) o de inmigración brasileña, por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios.
La comunidad judía en Portugal ha conseguido mantenerse hasta la actualidad.
De origen latino, el portugués es la tercera lengua europea más hablada en el mundo por casi 200 millones de personas.
En Portugal, una buena cantidad de ciudadanos tiene facilidad de comunicación en inglés, francés y español.
Día de la Libertad – 25 de abril
Día de los Trabajadores – 1 de mayo
Asunción de Nuestra Señora – 15 de agosto
En Portugal, existen principalmente dos tipos de enchufes:
– el tipo C, de patilla fina y sin toma de tierra, y
– el tipo F, también denominado “schuko”
Antes de desplazar a los trabajadores a Portugal, se recomienda registrar sus datos en el Registro de Viajeros informático del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad por la Unidad de Emergencia Consular.
COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DESPLAZADOS A LA ACT
La ACT, Autoridad para las Condiciones de Trabajo, es la institución competente en Portugal en prevención, seguridad, higiene y salud en el trabajo y tutela las disposiciones legales de los trabajadores desplazados.
Aunque en la norma portuguesa no se especifica la obligatoriedad de comunicar el desplazamiento a sus autoridades laborales, como ocurre en la norma española, recomendamos que se comunique a la ACT la identidad de los trabajadores que van a ser desplazados, la identidad de la empresa, el lugar de trabajo, comienzo y final del desplazamiento, etc.
VISADOS/ PERMISOS DE RESIDENCIA
Los ciudadanos de los Estados miembro de la Unión Europea no necesita visado para entrar y residir en Portugal por un periodo de hasta tres meses sin otras condiciones o formalidades, sin otra obligación que disponer de un documento nacional de identidad o pasaporte válido (DNI, pasaporte o tarjeta de ciudadano).
Para estancias superiores a tres meses de residencia, el ciudadano de la UE tiene que formalizar su derecho de residencia a través de un Certificado de Registro de ciudadano de la UE, solicitado ante el Ayuntamiento o la Policía Local de la zona de residencia y durante un período de 30 días tras el periodo de tres meses después de la entrada en Portugal, por lo que pasados tres meses en el país, pueden exigirte que te inscribas en la administración correspondiente y que solicitar dicho documento de residencia.
Se requiere un documento de identidad o pasaporte válido y:
– Empleados / trabajadores desplazados a otro país: Certificado de trabajo o confirmación de la contratación en la empresa
– Trabajadores autónomos: Justificante de la condición de autónomo
Después de tu inscripción, recibirás un certificado de registro que confirma tu derecho a residir en ese país.
El certificado debe tener una validez indefinida pero es posible que haya que notificar cualquier cambio de dirección a las autoridades locales.
El certificado de registro es válido por cinco años o por el período previsto de residencia si éste es inferior a cinco años.
Como ciudadano de la UE, se obtiene automáticamente el derecho de residencia permanente en otro país de la UE después de haber residido legalmente en el país durante al menos cinco años consecutivos.
Se puede entonces solicitar un permiso de residencia permanente, que confirma su derecho a vivir en este país de manera permanente y sin restricciones.
Los ciudadanos de la UE pueden trabajar, por lo general, sin permiso de trabajo en otro país de la UE.
Los trabajadores autónomos no necesitan en ningún caso permiso de trabajo en la UE.
– no necesitas permiso de trabajo, excepto si el desplazamiento es desde Croacia a Austria o Alemania, donde aún hay restricciones en algunos sectores;
– no necesitas el reconocimiento de tus cualificaciones profesionales; sin embargo, en el caso de algunas profesiones, sí es posible que tengas que presentar una declaración escrita ;
– tendrás que seguir pagando las cotizaciones a la administración de tu país de origen;
– estarás cubierto por la seguridad social de tu país ;
– en el país de destino tendrás que cumplir las normas locales, como pagar por servicios que en tu país de origen eran gratuitos (infórmate sobre los diferentes sistemas de seguridad social de la UE);
– en el momento de la jubilación, no tendrás que hacer papeleos con organismos de seguridad social de distintos países: la administración del país de destino no tendrá nada que ver.
Aunque las normas de la UE garantizan que sigues cubierto por la seguridad social de tu país, no existen leyes de ámbito europeo que establezcan qué país puede gravar tus ingresos durante el desplazamiento. Son las legislaciones nacionales o los acuerdos fiscales entre países los que señalan dónde hay que pagar los impuestos. Sin embargo, no siempre cubren todas las posibilidades y pueden variar considerablemente entre sí.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 254
in fine
 artículo 284
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 485
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 46
 artículo 15
 artículo 98
 artículo 73
 artículo 15
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 78
 artículo 83
 artículo 95
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 89
 Artículo 282
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 108
 artículo 75
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 73
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 115
 artículo 554
 artículo 554
 artículo 277
 artículo 68
 artículo 72
 artículo 66
 artículo 185
 artículo 186
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 198
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 3