Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/5CD6C1655054D7E203257AEF0066CAD7
Timestamp: 2020-07-12 19:51:33+00:00

Document:
Resolución ENRE 0002/2013. (no publicada en B.O.) , miércoles 9 de enero de 2013, 31 p.
Citas Legales : Constitución nacional - artículo 042, Contrato de concesión (Edenor S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso f), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso g), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 3.2., Informe técnico DSP 0097/2012, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); o) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 72, Ley 24.240, Ley 24.240 - artículo 25, Ley 24.240 - artículo 40 bis, Ley 26.361, Ley 26.361 - artículo 25, Ley 26.361 - artículo 40 bis, Memorándum AJ 0062/2011, Reglamento de suministro - artículo 03 inciso e), Resolución ENRE 0002/1998, Resolución ENRE 0031/2011, Resolución ENRE 0032/2011, Resolución ENRE 0183/2012, Resolución ENRE 0292/1999, Resolución ENRE 0336/2012, Resolución ENRE 0336/2012 - artículo 01, Resolución ENRE 0336/2012 - artículo 02
Fallos Citados : CNCom. Sala B; fallo: "Cía. Minera San Luis c/ Lekerman Favio s/ ejecución" [12 de junio de 1998], CNCom. Sala B; fallo: "Molinos Río de la Plata S.A. c/ Vila José s/ ordinario" [4 de septiembre de 1986], CNCom. Sala A; fallo: "Banco de Crédito de Liniers S.A. c/ Banvia Juan s/ sumario" [14 de mayo de 1987], CNCiv. Sala F; fallo: "Beltrame H. Caminos R." [24 de junio de 1996], CNCiv. Sala E; fallo: "Sabbattini c/ Consorcio de Propietarios" [28 de abril de 1981], CNCom. Sala E; fallo: "Depart S.A. c/ Godemberg" [11 de noviembre de 1987], CNCom. Sala D; fallo: "Albanese S.A. c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ sumario" [7 de diciembre de 2010], CSJN; fallo: "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Resolución SEyP 71/96" (Expte. N° 750-002119/96) [5 de abril 2005], CNFed. Cont. Adm. Sala 1; fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 32/2011 s/ medida cautelar" (Expte. N° 33.580/2010). Causa N° 6.406/2011 [28 de abril de 2011], CNCiv. y Com. Fed. Sala 1; fallo: "Tagliapietra Leonardo Oscar y otro c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios" [13 de diciembre de 2007]
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: competencia del ENRE para expedirse en materia de daños y perjuicios aprobado por Dictamen AJ 357/2014 )
VISTO: la Resolución ENRE N° 336/2012 y el Expediente ENRE N° 37.456/2012, y
Que EDESUR S.A. -mediante su Nota GG/GAL Nª 1805/12, ingresada en Mesa de Entradas bajo el número 196.913/12 y agregada a fs. 186/212 del expediente del Visto- planteó Recurso de Reconsideración, con Alzada en Subsidio, contra la Resolución ENRE N° 336/2012, por cuyo artículo 1° se dispuso instruir sumario a esa distribuidora, con los alcances allí descriptos, y que por su artículo 2° se dispuso que “EDENOR S.A.” y “EDESUR S.A.” abonen un resarcimiento base de $180 a cada uno de los usuarios T1R que hubieran sido afectados por las interrupciones de suministro de energía eléctrica durante el período comprendido entre los días 29 de octubre y 14 de noviembre de 2012 inclusive, superiores a 12 horas corridas; para aquellas interrupciones superiores a las 24 horas corridas y hasta las 48 horas, el monto por resarcimiento base a reconocer se estableció en $350, y para cortes superiores a las 48 horas corridas, el valor base a resarcir fijado es de $ 450.
Que el recurso planteado por la distribuidora de autos se encuentra dentro de los plazos fijados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, razón por la cual procede pasar a continuación al análisis de las argumentaciones expuestas.
Que en su extensa presentación, la recurrente plantea –punto III apartado 1, de fs. 188 vta. a fs. 192- la nulidad de la Resolución recurrida con fundamento en lo que –a su juicio- constituye una vulneración de su derecho de defensa, en tanto que la Resolución ENRE N° 336/2012 habría sido dictada sin observar la garantía del debido proceso en violación de preceptos constitucionales, sosteniendo que “…el ENRE procedió a condenar a la Distribuidora sin antes abrir el proceso sumarial previo” y que “La condena sin cumplir con el procesos sumarial previo configura, además, un vicio en el procedimiento, o vicio en la forma…”.
Que asimismo, sostiene que el ENRE ha excedido su competencia en tanto pretende imponer un resarcimiento a favor de los usuarios sin que, a su juicio: “1) se hubiera demostrado qué usuarios reclamaron los supuestos daños, o que el ENRE se encuentre legitimado para accionar en nombre de ellos, 2) se hubieran identificado, mucho menos comprobado, los supuestos daños resarcidos a través de la Resolución recurrida y, 3) se hubiera probado la relación de causalidad entre los supuestos daños y las interrupciones en el suministro de energía eléctrica durante el período en cuestión”.
Que a pesar de aquel planteo de carácter procesal, en los apartados 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3. 3.4, 3.5, 4, 5, 6 y IV de su presentación, EDESUR S.A. se explaya ampliamente sobre los aspectos sustanciales de la Resolución recurrida –impugnándolos- acompañando en el punto VI. la prueba documental que estima hace a su derecho en sustento de su posición y ofrece informativa.
Que asimismo, solicita la suspensión de los efectos de la Resolución recurrida (Punto V), hace reserva del Caso Federal, y solicita se deje sin efecto la mentada Resolución y que se suspendan sus efectos hasta tanto se resuelvan los recursos.
Que es por ello, que se estima pertinente proceder, en esta instancia, al tratamiento de las argumentaciones y de la documentación probatoria presentada por EDESUR S.A., así como evaluar –en cuanto resulte pertinente- la demás prueba ofrecida.
Que en el punto III. 2. de su escrito, plantea la supuesta incompetencia del ENRE para resolver como lo hizo en la resolución en crisis.
Que al respecto, sostiene la recurrente que el ENRE carece de facultades jurisdiccionales para la determinación de daños civiles, acudiendo en auxilio de su pretensión al precedente del caso Ángel Estrada, resuelto oportunamente por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Que sobre el particular, se estima que debe descartarse en esta parte la argumentación de EDESUR S.A., ya que corresponde tener en cuenta que el fallo invocado –del año 2006- es de fecha anterior a las sustanciales modificaciones introducidas a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por la Ley modificatoria N° 26.361 (cuyo texto fue debatido y aprobado por el SENADO DE LA NACIÓN en diciembre de 2007).
Que la interpretación acotada de las facultades del ENRE, pretendida por la distribuidora, contradice palmariamente el espíritu y la letra de lo dispuesto en la referida reforma, ya que en relación a la posibilidad de aplicar medidas resarcitorias para los usuarios como las dispuestas por el ARTÍCULO 2 de la Resolución ENRE N° 336/2012, la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 experimentó relevantes modificaciones en sus institutos y en sus aspectos conceptuales, a partir del dictado de la Ley N° 26.361.
Que una de dichas modificaciones, fue la introducción de un nuevo texto para su ARTÍCULO 25°, el cual prevé ahora que “Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor”.
Que asimismo, complementariamente, el último párrafo del mentado nuevo texto del ARTÍCULO 25, determina que “Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley”.
Que estas prescripciones resultaron novedosas en relación al anterior texto, en tanto establecen que ahora la Ley de Defensa del Consumidor es directamente aplicable a aquellos servicios públicos con normativa específica, a la vez que habilita –dentro de sus ámbitos de incumbencia exclusivos- a las autoridades instituidas por una legislación específica a aplicar sus normas, a partir de un concepto de integración normativa.
Que ya con motivo de los resarcimientos dispuestos por las Resoluciones ENRE N° 31/2011 y 32/2011, con fundamento en la aplicación de la Ley N° 26.361, la Dirección de Asuntos Jurídicos hizo hincapié –por su utilidad para una mejor entelequia del espíritu de la reforma- en lo expresado por el legislador en oportunidad del pertinente debate parlamentario llevado a cabo en el Senado de la Nación.
Que en efecto, mediante el Memorándum DAJ Nº 62/2011, recaído en el Expediente ENRE N° 37.622/2011, se destacó que -constituido ese Cuerpo legislativo en comisión, en la sesión del 19 de diciembre de 2007- el Senador Naidenoff puntualizó que en la reforma “…se establece con mucha fuerza el principio de integración normativa, rescatando que estos servicios públicos domiciliarios, mas allá de la legislación concreta o específica, deben regirse por la Ley 24.240”.
Que así es que la reforma tuvo como uno de sus principios motores la incorporación a los marcos normativos que rigen cada servicio público en particular de las prescripciones de la Ley N° 24.240.
Que como consecuencia lógica de ello, desde una perspectiva sistémica, el Ente sostuvo que sus institutos resultan de aplicación obligatoria por parte del ENRE, en el marco de sus competencias específicas, en armonía con los consagrados en la Ley N° 24.065, cediendo su preeminencia estos últimos en caso de que los preceptos de la Ley N° 24.240 resultaran más favorables para el consumidor (Conf. ARTÍCULO 25, 3er párrafo, in fine, de esta ley). Ello, como antes se dijo, en el caso de que el usuario optara por dirigir su petición al ENRE, en los términos del último párrafo de ese artículo.
Que por tal razón, la adopción por parte del ENRE de medidas resarcitorias para los usuarios, con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor obtendría su justificación –como antes citábamos- en el propio ARTÍCULO 25, 3er y último párrafo de la Ley.
Que a este respecto, y volviendo al debate parlamentario de la Ley N° 26.361 llevado a cabo en el SENADO DE LA NACIÓN, el miembro informante –senador Fernández- expresaba que “El Proyecto de esta Cámara trabaja sobre el ámbito de los servicios públicos domiciliarios. Al respecto, hay un aporte muy importante y significativo que ha hecho el Senado, toda vez que establece en el artículo 10 la modificación del artículo 25 de la ley para que en caso de duda sobre la normativa aplicable deberá aplicarse la más favorable para el consumidor”.
Que en el caso de autos, tal como ocurriera en oportunidad de los casos considerados por las Resoluciones ENRE N° 31/2011 y N° 32/2011 resulta evidente que –para la situación concreta tratada- la preceptiva de la Ley de Defensa del Consumidor resulta más favorable que los institutos previstos en los respectivos Contratos de Concesión de las distribuidoras, en tanto que las disposiciones del Contrato de Concesión relativas a la determinación del monto bonificable por energía no suministrada, fueron establecidas en el contexto de las previsiones normales de producción de contingencias, fijándose plazos máximos admisibles de interrupción del servicio de distribución de electricidad y bonificándose solo interrupciones marginales que superen el estándar de referencia.
Que en el caso de autos, conforme los antecedentes incorporados al actuado (Conf. el Informe Técnico de fs. 98/100 y las publicaciones incorporadas a fs. 2/65), la gran cantidad de usuarios afectados y la duración de las interrupciones, pusieron en evidencia que los acontecimientos superaron las pautas previstas contractualmente, por lo que correspondía dar un tratamiento específico al tema. Ello, porque dado el menoscabo patrimonial producido a los usuarios, si el resarcimiento exigible quedara limitado a la multa preestablecida en el Contrato por afectación de la calidad de servicio técnico, sólo se cubriría una mínima proporción de los perjuicios sufridos, lo que permitiría a la Distribuidora incumplir con obligaciones esenciales, que repugnan al criterio de equidad que debe existir en sus relaciones con los usuarios.
Que debe, además, observarse que el ARTÍCULO 40 bis de la Ley N° 22.240 (agregado mediante la Ley N° 26.361) introduce en nuestra legislación la figura del Daño Directo, en tanto que establece la obligación de resarcir “todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”.
Que en tal sentido, en ocasión del ya citado debate parlamentario en el SENADO DE LA NACIÓN, el senador Fernández expresó que el novedoso instituto “….le permite a la autoridad administrativa determinar la existencia de un daño directo a usuarios y consumidores resultantes de la infracción del proveedor”. Destacaba, también, que “En realidad, estamos hablando de los usuarios y consumidores que por la escasa importancia del contrato, si no legislamos el daño directo, los perjuicios se generan en forma escalonada y repetida y nunca hay reparación para ellos”
Que coincidentemente, la senadora Escudero –en la misma sesión- afirmaba en relación a la introducción en nuestra normativa de la figura del Daño Directo que “Apoyamos esta situación porque creemos que tiene soporte constitucional en lo que establece el artículo 42 (NR: de la Constitución Nacional). Una justicia tardía no es justicia. Por eso nos parece que una reparación inmediata en el ámbito administrativo es importante y realmente protege los derechos de usuarios y consumidores”.
Que vale reiterar lo ya expuesto por el ENRE en los antecedentes citados, en cuanto a que del debate parlamentario de la Ley N° 26.361 surge con claridad meridiana que la intención del legislador no fue otra que reglamentar el ARTÍCULO 42 de la Constitución Nacional y brindar al usuario un medio idóneo para hacer valer su derecho, cuando la cuantía del daño involucrado hiciera ilusoria la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Que dicho ARTÍCULO 42 de la Constitución establece en su tercer párrafo que “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Que es por ello que no puede obviarse en autos lo dispuesto por el referido ARTÍCULO 40 bis de la Ley N° 24.240, introducido por la Ley N° 26.361, en cuanto expresamente establece la posibilidad de resarcir en instancia administrativa el daño directo al usuario o consumidor.
Que por otra parte, debe destacarse que la jurisdicción primaria administrativa (ARTÍCULO 72 Ley N° 24.065), comprende los conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces ordinarios, pero en virtud de la existencia de un régimen propio, como es el caso de la electricidad, incluyen determinados extremos comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo.
Que también corresponde recordar que el ARTÍCULO 2, inc. a) de la Ley Nº 24.065 que estableció el marco regulatorio de la energía eléctrica, fija como objetivo de la política nacional en la materia –y por ende, función prioritaria del ENRE- “Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios”, los cuales se verían vulnerados si el Ente no actuara con diligencia y eficacia ante eventos como los que originaron esta actuación.
Que por último –en cuanto a este aspecto de la defensa presentada por la recurrente- debe consignarse que la doctrina seguida por el ENRE, cuyos fundamentos se volcaron precedentemente, encontró respaldo en el ámbito de la Justicia a través de lo resuelto por la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, Sala I, en autos “Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 32/2011 s/ medida cautelar” (Expte. N° 33.580/2010. Causa N° 6.406/2011. Buenos Aires, 28 de abril de 2011).
Que en dicho resolutorio, la Cámara –en relación a la impugnación realizada por EDENOR S.A. de la Resolución ENRE N° 32/2011, en base a argumentos similares a los planteados aquí por la recurrente- opinó que:
“…Los argumentos de la accionante van dirigidos a cuestionar la facultad del Ente para disponer resarcimientos económicos a favor de los usuarios.
El ENRE sustentó su competencia en la ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y su complementaria ley N° 26.361.
A partir de la reforma introducida por esta última, se eliminó el término supletoriamente del artículo 25, aclaró expresamente que los servicios públicos domiciliarios se rigen por sus propios marcos regulatorios y por la presente ley, agregó la frase `En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable al consumidor´ e incorporó un último párrafo que contempla que `Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley´.
De aquí se desprende que la referida norma, resulta directamente aplicable para los entes reguladores.
Con la introducción del art. Art. 40 bis, el ente regulador aparecería facultado para determinar la existencia del daño directo, definido como todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.
En función de esta prerrogativa, no vislumbro en forma evidente la ausencia de facultades como pretende endilgar la accionante, quien no se hace cargo de los preceptos legales señalados. Es más, su crítica gira exclusivamente en torno a la doctrina emanada del Alto Tribunal en el caso “Ángel Estrada” que el Ente estaría desconociendo.
Al respecto, considero que más allá de lo que en definitiva se decida al momento de resolver el recurso directo, dicha jurisprudencia es anterior a la reforma introducida por la ley 26.361, y por lo tanto no recepciona las facultades jurisdiccionales incorporadas en esta normativa.
Frente a ello, la argumentación de la parte actora no resulta atendible, en la medida que a la luz de las normas transcriptas, prima facie el ente sería competente para determinar el monto de los perjuicios ocasionados a los usuarios afectados por la interrupción del servicio”
Que por lo expuesto y en consonancia con los principios receptados en el mentado fallo, debe descartarse en cuanto a este punto, la argumentación de “EDESUR S.A.” que aquí se analiza.
Que alega también la distribuidora la “inexistencia de reclamos concretos”, pretendiendo que “…la actuación del ENRE no podría haber sido general sino que hubiera requerido que previamente se recibieran reclamos puntuales por daños concretos y se hubiera corrido traslado a EDESUR”. A este respecto, corresponde remitirse sin más al informe producido por el Departamento de Atención de Usuarios de fecha 8/01/2013 y el Informe Técnico del Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de fecha 8/01/2013 de los cuales surge la masividad de los afectados; así como a lo reflejado por la prensa escrita –cuyas copias de sus publicaciones se agregaron al actuado- en cuanto a la extensión y alcances de las interrupciones, para desechar sus afirmaciones.
Que por otra parte, debe hacerse notar que aún desde mucho antes de la sanción de la Ley N° 25.361, el ENRE procedió con criterios similares a los aquí impugnados por “EDESUR S.A”, en cuanto a la posibilidad de resarcir a un universo de usuarios, en los casos en que las interrupciones excedieran los parámetros contemplados para condiciones de normalidad, previstos en los Contratos de Concesión.
Que en tal orden de conceptos, vale recordar aquí el precedente que constituye la Resolución ENRE N° 292/1999, por la cual se trató la responsabilidad de la distribuidora fuera de los límites previstos en el punto 3.2. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con fundamento en que la cantidad de usuarios afectados y la inusual extensión de las interrupciones pusieron en evidencia la ocurrencia de un hecho extraordinario que superó las pautas previstas por los Contratos de Concesión, razón por la cual, se juzgó, merecían un tratamiento especial (Conf. el denominado “Caso Azopardo”).
Que en dicha resolución, se consignó con toda claridad el carácter resarcitorio que revestía la fijación de un monto mínimo, que la Distribuidora debía pagar a cada usuario de la categoría de Tarifa 1R, pequeñas demandas, uso residencial (considerandos 11, 12 y 13 de la citada Resolución), como así también que, en los casos que los daños sufridos superaran ese monto mínimo prefijado, el cobro sería a cuenta del resarcimiento total (considerando 21 de la Resolución ENRE N° 292/99).
Que los pagos a cargo de EDESUR S.A. exigidos en dicha oportunidad no eran sanciones en el sentido técnico de la palabra, sino una estimación mínima de daños y perjuicios, susceptibles de incrementarse por la acreditación de los que superen los montos así fijados.
Que es por ello que debe rechazarse aquí la pretensión de la recurrente de utilizar el término “condena” (reiteradamente utilizado en el sentido de “sanción”) para referirse al resarcimiento establecido por el ARTÍCULO 2° de la resolución de marras.
Que el temperamento adoptado en la mentada Resolución ENRE N° 292/1999 –que, como ya se dijo, precedió a la modificación de la Ley N° 26.361 anteriormente comentada- fue finalmente aplicado por la distribuidora, “EDESUR S.A”, en cuya área de concesión había ocurrido el evento.
Que asimismo, y en materia de precedentes merece mencionarse –en el ámbito jurisprudencial y relativo al mérito que se haga de situaciones que exceden parámetros de normalidad- que la Sala I de la CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL, en relación al reclamo interpuesto por Leonardo Tagliapietra, junto con otros vecinos del barrio Güemes, de la localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, debido a la “deficiente prestación del servicio de energía eléctrica desde 1998 hasta principio de 2002”, resolvió que “Las molestias e incomodidades originadas a partir de las interrupciones o prestación defectuosa del servicio eléctrico, que duraron aproximadamente cuatro años, exceden las que de ordinario debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución temporaria de las obligaciones de la otra”.
Que sin perjuicio de que más adelante se volverá sobre este concepto, debe destacarse aquí que el resarcimiento impuesto por el ARTÍCULO 2° de la Resolución impugnada, obedece -con independencia de la existencia, o no, de circunstancias que hagan aplicable la fuerza mayor- a una estimación objetiva de la cantidad de horas en que los usuarios se vieron privados del servicio, conforme parámetros técnicos establecidos con anterioridad (ver al respecto, la copia del Informe de la Unidad de Auditoría Económico Financiera y Revisión Tarifaria de fs. 66/72, en la cual se determinaron dichos parámetros), que determinan la ocurrencia de la condición de excepcionalidad que dispara la adopción del referido procedimiento.
Que en el punto III. 3. de su presentación, “EDESUR S.A.” planteó el supuesto vicio en la causa y en el punto III. 3.2. se refiere al evento del 7/11/2012.
Que aduce la recurrente la ausencia de un análisis de los eventos invocados en la resolución de marras. Invoca en sustento de su afirmación que el informe técnico N° 97/12 resultaría insuficiente en cuanto al análisis de los hechos y que tiene sólo carácter preliminar.
Que a este respecto, en el Informe Técnico realizado mediante Memorándum DDCEE de fecha 8/01/2013 se señala que el Informe Preliminar de fs. 73/75, tiene su versión definitiva a fs. 98/100.
Que también impugna por insuficientes los cuadros obrantes a fs. 113/115 en los cuales se detalla el número de usuarios sin servicio y duración de las interrupciones, ya que –alega- carecería de fuente, sería errónea, incompleta e irrelevante a los fines de analizar la responsabilidad de “EDESUR S.A.”.
Que al respecto, en el mencionado Memorándum, el área ha dicho que : “ a) Se destaca que el carácter “preliminar” del informe de fs. 73/75 al que la distribuidora hace referencia para desvirtuarlo, tiene su versión definitiva a fs. 98/100.
En cuanto a los cuestionamientos de la distribuidora vinculados a las cifras referidas a los usuarios y alimentadores fuera de servicio y a la duración de las interrupciones (tablas de fs. 113/115), debe señalarse que la fuente de dichas cifras surge de información proporcionada por la propia distribuidora, por lo que es infundada la alegación de la carencia de fuente.
Se trata de la información cargada en la página del ENRE por EDESUR S.A., que por más de resultar preliminar y sujeta a confirmación, de ningún modo puede aceptarse que quien la provee pueda a la vez desvirtuarla. Por otra parte, su carácter preliminar y sujeto a confirmación no resulta significativamente alterado por la información consolidada que la distribuidora presenta al ENRE con posterioridad, en forma habitual, en cumplimiento de la normativa vigente.
b) Ahora bien, de acuerdo con la información aportada por la Distribuidora (punto I. a) segundo párrafo de este informe): tablas definidas en el modelo de datos establecido en la Resolución ENRE Nº 02/98, mensuales Nº 2, 3, 4, 5, 6, 8 y la referida a Exclusión Parcial/Solicitud del Cliente/Inconvenientes en instalaciones del Cliente, conteniendo la información correspondiente al citado período y la tabla semestral Nº 9, con datos consolidados, se exponen a continuación los siguientes cuadros….”
Que como conclusión de lo que surge de los mentados cuadros, consigna el Informe que “De la comparación de ambos cuadros se observa que la totalidad de los usuarios afectados registró, en promedio, aproximadamente dos interrupciones (1.924.280 afectaciones/usuario vs. 1.079.504 usuarios afectados)”.
Que asimismo, corrobora la entidad del impacto tenido en cuenta para el dictado de la medida impugnada, el cuadro comparativo de reclamos por falta de suministro –para iguales períodos de años anteriores- con el que se cierra el mentado Informe.
Que corresponde destacar, también, que el criterio propuesto por la resolución atacada, cuenta con las necesarias condiciones de razonabilidad y proporcionalidad entre el fin buscado –la protección del usuario- y el medio adoptado -la fijación de un resarcimiento en proporción al tiempo de duración de la interrupción conforme una pauta objetiva- que dan legitimidad a todo acto administrativo.
Que en este orden de conceptos debe recordarse lo expresado por Cassagne en cuanto a que “…la proporcionalidad integra el concepto de razonabilidad que ……es más amplio. La ausencia de proporción hace que el acto carezca de razón suficiente convirtiéndose en un acto afectado de irrazonabilidad (una de las formas de la arbitrariedad), siendo pasible de la tacha de inconstitucionalidad….. En los Estados Unidos, como anota Bianchi, se aplica la regla de la deferencia que, en principio, conduce a respetar el criterio de la Administración, en tanto sus decisiones sean razonables o no sean manifiestamente arbitrarias” (Conf. Cassagne Juan C., La Prohibición de Arbitrariedad y el Control de la Discrecionalidad Administrativa por el Poder Judicial en www.cassagne.com.ar, pag. 8).
Que lo expuesto es sin perjuicio de que, en el marco del sumario dispuesto por el ARTÍCULO 1º de la Resolución ENRE Nº 336/2012, se instruyera a las distribuidoras a determinar los usuarios afectados; determinación, por otra parte, que resulta imprescindible no sólo en función de lo que resulte del sumario que la norma ordena, sino también a los efectos de hacer operativos los resarcimientos que correspondan por el ARTÍCULO 2°.
Que en el punto III. 3.1. de su presentación “EDESUR S.A.” planteó Falta de consideración de la fuerza mayor por los fenómenos climáticos del 29/10/12 y 9/11/12 y en el 3.2 se refirió al evento del 7 de noviembre de 2012.
Que a este respecto, cabe rechazar la argumentación de la recurrente, en función de que –tal como surge de los términos del ARTÍCULO 1 de la Resolución recurrida- oportunamente se instruyó al Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias a fin que iniciara de inmediato el correspondiente procedimiento sumarial para que las distribuidoras “EDENOR S.A.” y “EDESUR S.A.” determinen los usuarios afectados, en cada caso, así como las bonificaciones que a cada uno de ellos corresponda reconocer en virtud de lo establecido en sus respectivos Contratos de Concesión, y que procedieran a acreditarlas a cuenta de las bonificaciones definitivas que resulten al momento de la evaluación de la calidad del servicio técnico en el Trigésimo Tercer semestre de control de la etapa 2, por las interrupciones de suministro ocurridas como consecuencia de las fallas que tuvieron lugar durante el período comprendido entre los días 29 de octubre de 2012 y el 14 de noviembre de 2012, inclusive.
Que por otra parte, por el ARTÍCULO 2º se estableció que “EDENOR S.A.” y “EDESUR S.A.” abonen un resarcimiento, conforme a las modalidades allí explicitadas, a cada uno de los usuarios T1R que hubieran sido afectados por las interrupciones de suministro de energía eléctrica durante el período comprendido entre los días 29 de octubre de 2012 y el 14 de noviembre de 2012.
Que dicho resarcimiento –de estricto carácter compensatorio- encuentra su sentido en la determinación que oportunamente hiciera el ENRE de la extensión de los períodos de interrupción a partir de los cuales se considera que dicha extensión supera los parámetros de normalidad contemplados en el Contrato de Concesión.
Que vale aquí reiterar lo ya señalado, en cuanto a que el resarcimiento impuesto por el ARTÍCULO 2° de la Resolución impugnada, obedece -con independencia de la existencia, o no, de circunstancias que hagan aplicable la fuerza mayor- a una estimación objetiva de la cantidad de horas en que los usuarios se vieron privados del servicio, conforme parámetros técnicos establecidos con anterioridad, que determinan la ocurrencia de la condición de excepcionalidad que dispara la adopción del referido procedimiento.
Que en tal orden de razonamiento, debe destacarse lo expuesto en el Memorándum DDCEE de fecha 8/01/13, en cuanto a que “…la duración de las interrupciones asociadas a cada uno de estos eventos, no se consideran justificadas a partir del transcurso de 12 horas desde su inicio, entendiéndose que dicho lapso temporal es el máximo compatible con un obrar razonablemente diligente por parte de la concesionaria para la atención de los mismos”.
Que por las mismas razones antes expuestas, resulta inocuo a los fines de la impugnación del ARTÍCULO 2° de la resolución en crisis, lo expuesto por “EDESUR S.A.” en relación al eventual desconocimiento de las causas del evento ocurrido el 7/11/12, lo que a su juicio invalidaría el resarcimiento dispuesto. Ello, en tanto –como ya se dijo- la responsabilidad de las distribuidoras emana de la tardanza en restituir el servicio, no de la calificación que se de al evento que lo interrumpió.
Que en el punto III. 3.3 y 3.4 de su presentación la recurrente invoca las medidas de fuerza del personal de la Distribuidora y de sus contratistas, a las que relaciona con cuestiones emanadas de la supuesta insuficiencia de la tarifa vigente.
Que en esta parte de su presentación, EDESUR S.A. introduce en forma impertinente, planteos que se han dirimido o aún siguen tramitándose en los ámbitos administrativos o judiciales pertinentes relacionados con el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral y la aplicación del Mecanismo de Monitoreo de Costos previsto en el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual; ello, como eximente de sus incumplimientos en relación al servicio. Atribuye, en tal orden de razonamiento, a un supuesto atraso tarifario –y su consecuente insuficiencia de ingresos- la falta de inversión y los conflictos laborales que “EDESUR S.A.” enfrenta con su personal o que sus contratistas mantienen con los propios.
Que pretende que tales conflictos tienen su origen en su imposibilidad de hacer frente a los reclamos salariales de ese personal y que tal circunstancia resiente la calidad de la prestación del servicio o la posibilidad de hacer frente, en condiciones deseables, a eventos como los de autos, obrando como eximente de sus obligaciones.
Que sobre el particular, corresponde recordar que la distribuidora está obligada a adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno y conforme al nivel de calidad establecido en el Subanexo 4, debiendo a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento (conf. art. 25 inc. g) del Contrato de Concesión). Asimismo, debe efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio definidos en el Subanexo 4 (conf. art. 25 inc. f) del Contrato de Concesión).
Que “EDESUR S.A.” no ha sido relevada de estas obligaciones; por el contrario, fue reiteradamente intimada (Vg. Nota del 11/12/2012, enviada en el marco de la Veeduría dispuesta por Resolución ENRE N° 183/2012) sin que hasta el presente se hayan satisfecho en su integridad las adecuaciones solicitadas.
Que es por ello que, sin perjuicio de la impertinencia de introducir el planteo dentro del presente marco de impugnación de lo dispuesto por la Resolución ENRE N° 336/2012, corresponde también rechazar el planteo de “EDESUR S.A.” en función de no ajustarse a sus obligaciones contraídas contractualmente en relación a un servicio público de indiscutible implicancia social.
Que en el punto III. 4. “EDESUR S.A.” plantea el supuesto vicio en el objeto de que adolecería la resolución cuestionada.
Que afirma la recurrente que, respecto de lo ordenado por el ARTÍCULO 2 de la Resolución en crisis- no se le dio posibilidad de esgrimir sus defensas, lo que constituiría un vicio de procedimiento.
Que corresponde remitirse en este punto a lo ya expuesto en párrafos precedentes, en orden a que lo dispuesto por el ARTÍCULO 2° de la Resolución N° 336/12 no es una “sanción” sino un “resarcimiento” a favor de los usuarios.
Que asimismo, es pertinente reiterar lo ya señalado, en cuanto a que la identificación de los usuarios afectados por los cortes y la extensión y duración de los mismos (condición de aplicación del resarcimiento del ARTÍCULO 2°) proviene –en definitiva- de la información que proporcionó (conforme el ARTÍCULO 1º) la propia distribuidora. Es decir que de dicha información surge –en definitiva- si se verificó, o no, la pauta objetiva fijada por el ENRE en los Expedientes ENRE N° 33.580/2010 y N° 33.540/2010 y replicada en los presentes.
Que es por ello que la nulidad planteada en autos por “EDESUR S.A.” no ha sido fundamentada en la ocurrencia de un perjuicio concreto a su derecho –debidamente individualizado- que haya sido invocado.
Que a este respecto, corresponde estar a lo opinado por la jurisprudencia en materia de nulidades de procedimiento (CNCom, D, 8932/2000. ALBANESE S.A. C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. S/ SUMARIO. JUZGADO 9 S.17) en cuanto a que “…uno de los presupuestos esenciales para la declaración de nulidad es el denominado "principio de trascendencia" (CNCiv., Sala D, in re: "Coll Collada A. c/ Municipalidad de la Capital", del 12.6.86, LL, 1986-D-174). Las nulidades existen en la medida que se ha ocasionado un perjuicio, debiendo limitar su procedencia a los supuestos en que el acto que se estima viciado sea susceptible de causar un agravio o perjuicio concreto al impugnante (CNCom., Sala E, in re: "Depart S.A. c/ Godemberg", del 11.11.87; LL, 1989-B-611).
“Esto es así, pues frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos, existe también la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (CNCiv., Sala E, in re: "Sabbattini c/ Consorcio de Propietarios", del 28.4.81, RED 15-671; íd. Sala F, in re: "Beltrame H. Caminos R.", del 24.6.96).
“En materia de nulidades el principio de trascendencia se encuentra ínsito, requiriendo que quien la invoque alegue y demuestre que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la invalidez, siendo que la invalidación debe responder a un fin práctico inconciliable con la índole de nulidad por la nulidad misma.
“Por ese motivo no procede la declaración de nulidad por razones meramente formales. Procurar la nulidad por la nulidad misma constituiría un formulismo inadmisible que conspiraría contra la recta administración de justicia. Aun en la hipótesis de que un acto procesal se haya cumplido sin observancia de los requisitos establecidos bajo pena de nulidad, la declaración es improcedente si el peticionante no demuestra la existencia tanto de un interés personal cuanto del perjuicio que le ha ocasionado el acto que resulta irregular (CNCom, Sala E, 5.12.91, LL 1992-D, pág. 128).
“En el caso de autos el nulidicente no explicó cuál es el perjuicio concreto que justifique la admisión del planteo, pues sólo dijo haber sido privado de la posibilidad de oponer los recursos que, en su caso, considere pertinentes, y de deducir recurso extraordinario (rectius: recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) contra la sentencia de fs. 1436; también invocó la afectación del derecho de defensa en juicio, siendo que la jurisprudencia, desde larga data, juzgó insuficiente la invocación genérica de una indefensión teórica como soporte del pedido de nulidad y efectiva prueba de la lesión al derecho de defensa en juicio (CNCom. Sala A, 14.5.87, "Banco de Crédito Liniers S.A. c/ Banvia, Juan s/ sum."; íd., Sala B, 4.9.86, "Molinos Río de la Plata S.A. c/ Vila, José s/ ordinario"; íd., 12.6.98, "Cía. Minera San Luis c/ Lekerman, Favio s/ ejec.")”.
Que en el presente caso, la mera invocación realizada por la distribuidora de una supuesta afectación de su derecho de defensa, por las razones dadas precedentemente, no puede prosperar, por lo que corresponde que sea rechazada.
Que también plantea “EDESUR S.A.” –en el punto III. 5- un supuesto vicio en la motivación del acto, afirmando que “…lo único que da sustento a la resolución impugnada …son una serie de artículos periodísticos sobre los eventos…y un informe técnico de tan sólo 3 páginas que se limita a describir la sucesión de hechos”.
Que como se ve, en este punto la recurrente incurre en una reiteración de afirmaciones que encuentran su refutación en lo expuesto en párrafos precedentes a los cuales nos remitimos, en mérito a la brevedad.
Que sin perjuicio de ello, conviene aquí puntualizar que debe rechazarse la pretensión de “EDESUR S.A.” de que la incorporación de publicaciones periodísticas al actuado constituya una prueba de la supuesta debilidad de las razones en base a las cuales el ENRE dispuso los resarcimientos de autos. Antes bien, la inclusión de las mismas ratifica –en todo caso- que la entidad y extensión de los cortes resultó un hecho público y notorio que el Ente, en cumplimiento del ya citado mandato que le establece el ARTÍCULO 2, inc. a) de la Ley N° 24.065 en cuanto a “Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios” no podía ignorar sin faltar a su obligación.
Que en cuanto al concepto de hecho notorio y sus alcances, debe recordarse que la Jurisprudencia tiene dicho que “Ese concepto ha sido recepcionado en numerosos precedentes jurisprudenciales nacionales y provinciales entre los cuales podemos citar los siguientes entre otros muchos: "Lo notorio existe - de modo suficiente para eximir de prueba a un hecho (permanente o transitorio) - cuando en el medio social donde tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del saber humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza sobre tal hecho, en forma que no deje dudas sobre su existencia presente o pasada, mediante sus conocimientos previos a la investigación privada que haga, o por las pruebas aducidas con ese propósito” (Conf. Sentencia nº 22587 de la Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Segunda Circunscripción, 23 de Abril de 2009) y que “…Demás está decir que la calificación de hecho público y notorio no solo se basa en las noticias dadas por los medios de comunicación sino que basta para comprobarlo el diario vivir del ciudadano común en su vida en sociedad…” (Conf. Sentencia nº 11256 de la Quinta Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 20 de Marzo de 2009).
Que las prolongadas y extendidas interrupciones del servicio eléctrico objeto de tratamiento en la resolución recurrida, habida cuenta su impacto social público y notorio que se expresó, entre otras, en nutridas manifestaciones de reclamo en el espacio público, indudablemente encuadran en tales extremos.
Que por las razones expuestas, debe rechazarse en este punto la argumentación de la distribuidora.
Que también plantea la recurrente la supuesta configuración de duplicidad de condenas (punto III. 6 de su escrito).
Que al respecto, afirma la distribuidora que el ENRE “…asumió la existencia de daños con único fundamento en la existencia de interrupciones en el suministro”.
Que en la misma línea de razonamiento, en el punto III. 3.5, plantea la falta de comprobación de los requisitos para la existencia de responsabilidad civil, lo que supondría –a su juicio- la necesaria desestimación de lo resuelto mediante el ARTÍCULO 2° de la resolución recurrida.
Que esta expresión emitida por un concesionario de un servicio público como el eléctrico, de la importancia y significación que reviste en materias tan disímiles como la salud pública, el acceso a elementales accesorios diarios de la vida humana contemporánea (ascensores, sistemas de refrigeración de alimentos, elementos básicos de cocina, sistemas de higiene, artefactos paliativos de las altas temperaturas estivales como ventiladores o acondicionadores de aire, etc.) o la seguridad ciudadana implican un desconocimiento palmario de la naturaleza de las obligaciones asumidas en su Contrato de Concesión.
Que parece pretender “EDESUR S.A.” que el ENRE debería haber iniciado, previo a emitir su resolución, un estudio pormenorizado acerca de las consecuencias que puede acarrear para un usuario -habitante de una metrópoli moderna- permanecer soportando con temperaturas superiores a 30º, por más de 12 horas, la privación del servicio eléctrico. Este novedoso estudio pretendido por la distribuidora, de carácter inédito, podría eventualmente haber llevado a la conclusión –siguiendo la línea lógica sugerida por ella y razonando por el absurdo- de que no se habría ocasionado daño (fuera del tenido en cuenta al establecerse las pautas del Contrato de Concesión para condiciones normales) a quienes padecieron las consecuencias de su inoperancia por más de 12 horas.
Que por otra parte, debe recordarse que el ARTÍCULO 3º de la resolución en crisis prevé que “El resarcimiento indicado en el Artículo precedente no comprende los daños producidos a las instalaciones y/o artefactos de propiedad del usuario, cuyo reconocimiento cuenta con un procedimiento específico que ha sido establecido en el Artículo 3, inciso e) del Reglamento de Suministro”, mientras que el ARTÍCULO 7º establece que “Lo dispuesto en este acto, de ningún modo obstará a los reclamos que, por cualquier otro concepto, los usuarios estimen conducente realizar en virtud de los daños y/o perjuicios eventualmente sufridos. El resarcimiento determinado en el Artículo 2, importará un pago a cuenta del crédito que eventualmente persiguiere por otra vía; no importando, en ningún caso, renuncia al resarcimiento integral que le pudiera corresponder a los usuarios”.
Que como antes de expresó, se trata aquí de hacer una estimación prudencial de daños, a cuenta de lo que pudiere resultar de una determinación perseguida por otra vía.
Que asimismo, cabe consignar, una vez más, que no hay duplicidad de sanciones como pretende “EDESUR S.A.”, porque de lo que se trata es de establecer un resarcimiento para el usuario, en defensa de elementales derechos suyos, de orden constitucional (art. 42 de la CN). Por lo demás, cabe remitirse a lo desarrollado precedentemente.
Que en el punto IV de su presentación, la recurrente invoca la aplicación al caso de la Exceptio non adimpleti contractus.
Que debe rechazarse de plano la pretensión de la recurrente de invocar este instituto (que presupone la existencia de incumplimientos contractuales por parte del Estado concedente, que rechazamos) para eximirse de sus responsabilidades. Ello, en razón de que –sin perjuicio de resultar a todas luces impertinente su planteo, por las razones expuestas anteriormente - va de suyo que no es aplicable dicha excepción a un Contrato de Concesión de la naturaleza e implicancias del de marras. En todo caso, si así lo considerara, puede “EDESUR S.A.” dejar la concesión –adecuándose para ello a los procedimientos contractuales y legales vigentes- pero jamás desentenderse de la obligación de prestar el servicio con mínimas condiciones de calidad.
Que en el ámbito doctrinario y acerca de la inaplicabilidad de la Exceptio non adimpleti contractus a concesiones como la de autos, Gordillo sostiene que “Es propio de estos contratos la inaplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus, esto es, la negación del derecho del concesionario o licenciatario a exceptuarse de cumplir con sus obligaciones si la administración no ha cumplido con las suyas propias. De acuerdo a este criterio, aunque la administración no cumpla con las obligaciones que ha asumido contractualmente, el contratista debe de todos modos cumplir fielmente con su parte del contrato: `El ha tomado a su cargo satisfacer una necesidad pública y debe hacerlo de cualquier manera y a costa de cualquier sacrificio´ (conf. Bercaitz: Teoría general de los contratos administrativos). Este criterio es sustancialmente diferente en los contratos administrativos que no importan monopolio o exclusividad, según veremos más adelante” (Conf. Gordillo A. “Contrato Administrativo”, Cap.XI, pag. 28. Publicado en www.gordillo.com.ar).
Que por las razones hasta aquí expuestas -evaluándose que la prueba ofrecida por la recurrente no agrega elementos que conmuevan lo oportunamente dispuesto por el acto atacado, en razón de que tiende a dar sustento a los argumentos cuyo tratamiento pormenorizado se efectuó en los párrafos precedentes- se estima que corresponde rechazar la reconsideración impetrada por “EDESUR S.A.”
Que asimismo y en base al análisis hasta aquí realizado, y al cual nos remitimos en mérito a la brevedad, se estima que corresponde denegar la solicitud de suspensión de los efectos de la resolución recurrida planteada por la recurrente.
Que también, corresponde tener en cuenta el Caso Federal planteado.
Que oportunamente, deberán elevarse los presentes para su tratamiento por la Alzada.
ARTICULO 1°.- Rechazar el recurso de reconsideración presentado por “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDESUR S.A.”) contra la Resolución ENRE N° 336/2012.
ARTÍCULO 2°.- Remítir las actuaciones a la SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN en virtud del recurso de alzada interpuesto subsidiariamente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese la presente a “EDESUR S.A.”
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.-
RESOLUCION ENRE Nº 2/2013
ACTA N° 1240
Acta ENRE 1240/2013
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo: "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Resolución SEyP 71/96" (Expte. n° 750-002119/96). Buenos Aires: [5 de abril 2005]
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, fallo: "Tagliapietra Leonardo Oscar y otro c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios" [13 de diciembre de 2007]

References: artículo 042
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 07
 artículo 02
 artículo 56
 artículo 63
 artículo 72
 artículo 25
 artículo 40
 artículo 25
 artículo 40
 artículo 03
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 artículo 01
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 artículo 02
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 ARTÍCULO 2
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in fine
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 artículo 10
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 ARTÍCULO 7
 Artículo 2
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