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Timestamp: 2019-04-26 15:54:49+00:00

Document:
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza - Fallo Nº 14.592
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO
EN LAS GESTIONES DE COBRANZA DE CRÉDITOS
Fallo 14592. Condena la falta de una actuación diligente del abogado que provocó la pérdida de créditos que el Hospital tenía contra Obras Sociales. El Tribunal entendió punible con multa y formuló cargo al Dr. F., letrado en el Hospital Lagomaggiore. La vía crítica del Tribunal desmenuza los fundamentos de la sentencia en el Inicio de juicio con documentación inhábil y prescripta, el Perjuicio al Estado por regulación de honorarios al abogado de la contraparte, por incidente de caducidad de instancia, la Prescripción de la acción para el cobro de créditos, el Análisis de la teoría de la “pérdida de chance” ante un crédito prescripto contra una obra social concursada, el Desorden administrativo y falta de procedimientos escritos en la asignación de créditos para cobranza por vía judicial y su seguimiento. (El Tribunal de Cuentas de Mendoza ha dictado con fecha 27 de Setiembre el Fallo Nº 14.592 (Expte. Nº 430-PS-03)
Fdo Salvador Farruggia, Mario Angelini, Roberto Ros, Francisco Barbazza, Alberto Zevallos
Texto completo del fallo Nº 14.592
Mendoza, 27 de setiembre de 2.005.
VISTO en el Acuerdo de la fecha el Expte. Nº 430-PS-03, PIEZA SEPARADA DEL EXPTE. Nº 221-A-01 HOSPITAL LAGOMAGGIORE del que
1) Que estas actuaciones se formaron conforme a lo resuelto en el Dispositivo 7º, Considerando VIII, del Fallo Nº 14.157, de fecha 13/08/2003
2) Que a fs. 03 se dispone correr la vista correspondiente, notificándose a los responsables según constancias de fs. 88/95.
3) Que los responsables a fs. 97/109, 111/251, 288/290 y 306 acompañan documentación.
4) Que girados los antecedentes recibidos a estudio de la Dirección de Cuentas respectiva, la Revisión que tuvo a su cargo el mismo, produce informes a fs.
5) Que, atento a la falta de documentación, el Tribunal mediante Acuerdo Nº 3725 emplazó a los responsables según consta a fs. 276/286.
6) Que a fs. 254, 291/292, 301/302, 308, 312/319 y 325/328 la Secretaría Relatora produce dictámenes, quedando las actuaciones en estado de resolver; y
I. Que, con relación a los expedientes incluidos en la observación 12. Rubro Créditos-juicios como parte actora, punto a) , la Secretaría Relatora respecto del Expediente nº 144.539 “Hospital Luis Lagomaggiore c/ Obra Social de Panaderos p/ ejec.”, expresa que “Los informes y descargos que obran en la presente pieza separada dan cuenta que en esta causa se obtuvo sentencia favorable la que quedó firme....., que se inició la etapa de ejecución de sentencia y se cobró parcialmente la acreencia.....” Que al 20-12-01quedaba “....un saldo insoluto según liquidación de $14.500. Que el Tribunal ordenó trabar embargo por esa suma, sobre los fondos que tuviera a cobrar la demandada en AFIP. No se indica fecha del pedido, del decreto que lo ordena ni del diligenciamiento del oficio y tampoco de su reiteración, lo que resulta fundamental para determinar el tiempo de inacción. Sí, se indicó que por nota de fecha 14-10-03 la AFIP contestó el oficio al Juzgado (en el que se ordenaba trabar embargo) informando que había sido notificada de la apertura del concurso preventivo de la demandada, presentado el 1º de febrero de 2.001 y que tramitaba por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9 Secretaría Nº 17 de Capital Federal. El pedido de verificación tardía debió deducirse dentro de los dos años de la presentación, a fin de evitar la prescripción (art.56 Ley 24.522) El último profesional que intervino en el expediente, según se pudo inferir de los informes sobre este proceso es el Dr. Alfredo Deshays (retiró fondos el 19-02-02). Durante su gestión se habría operado la prescripción.
Secretaría Relatora entiende que el perjuicio de la cuentadante se reduce a la pérdida de chance exclusivamente al no insinuar ni tempestiva ni tardíamente el crédito en el concurso. No puede asegurarse a priori que éste hubiese sido admitido en el proceso falencial. La sentencia favorable recaída en un juicio ejecutivo....., no es indicativa de una posterior admisión en un concurso donde la petición de verificación debe formularse como una verdadera demanda ordinaria, con todas sus implicancias. Entiende por otra parte que en la omisión de la insinuación ha tenido una especial relevancia el aparente incumplimiento de la concursada que, en su presentación o no detalló todos los juicios que tramitaban en su contra como debía ( art. 11 inc. 5 Ley 24522) o lo hizo en forma incompleta, no incluyendo estos autos Nº 144.539, o bien el síndico que no hizo conocer la apertura del proceso universal, enviando cartas a los acreedores como lo impone el art. 29 de la ley antes citada...... Sin duda esta circunstancia impidió el conocimiento oportuno de la causa..... Se desconoce a quién correspondía formular la insinuación respectiva. No obra reglamentación o instructivo alguno que indique que correspondía hacerlo al último profesional que compareció en representación del actor en la ejecución singular, independientemente del alcance del poder que el Hospital le hubiere otorgado, lo que a nuestro juicio impide su sanción.
Se advierte una gran falta de control interno y de claridad en la atribución de las responsabilidades a cada uno de los profesionales abogados del Hospital, por lo que esta Secretaría aconseja la aplicación de multa a los responsables administrativos de conformidad con lo prescripto por el art. 42 primera parte de la Ley 1.003. con la instrucción de en el futuro, delimitar claramente las funciones de los profesionales abogados y controlar adecuadamente su gestión”
El Tribunal tiene en cuenta las contestaciones de los abogados Quesada y Deshays obrantes a fs. 112 vta., en las que mencionan que “...se va a solicitar la verificación tardía del crédito y la dispensa de la prescripción fundándola en....” el artículo 3980 del Código Civil; que se estaba tramitando un Poder General para Juicios a nombre de un abogado de Fiscalía de Estado que trabaja en Buenos Aires para tal fin; que el Dr. Alfredo Deshays, que fue el último que intervino en el juicio de referencia, expresa que “.....intervino en forma gratuita y como colaboración de buena voluntad, toda vez que..... fue contratado exclusivamente para las defensas judiciales de mala praxis médicas y las defensas judiciales laborales y no para gestión de cobranzas.”; y que según consta a fs. 250, por Resolución Nº 224 se incluye en gestión judicial el crédito tratado.
En función de lo considerado ut-supra el Tribunal instruye a los responsables de la administración del organismo cuentadante a los efectos de que reglamenten con precisión las funciones del sector jurídico, de los encargados de los mismos y de la oportunidad y forma de su control. Asimismo, instruye a los abogados que se desempeñen en el Hospital, para el caso de que sus atribuciones y funciones no estén claramente expresadas, soliciten la explicitación de las mismas. Esta instrucción deberá ser comunicada a los mismos por la administración del nosocomio. Asimismo los instruye para que continúen con las acciones judiciales de recupero de la acreencia y/o en su caso procedan a dar fundadamente de baja el crédito.
Con relación al Expediente nº 144.541 “Hospital Luis Lagomaggiore c/ Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (O.S.M.A.T.A.) originario del 3º Juzgado Civil, la Secretaría Relatora en su dictamen final expresa que: “Fue iniciado el 13 de febrero de 1.998. Se demandaron prestaciones de beneficios médicos emitidas entre los años 1.992 y 1.996 por $ 5.615,71. Los demandados fueron requeridos de pago el 13-03-98 y opusieron defensas al progreso de la acción, las que fueron decretadas corriendo el traslado pertinente a la parte actora, el 25-03-98. Esta no respondió y no instó más el proceso cuya carga le correspondía y el 23-11-00 el sindicato planteó la caducidad de la instancia, la que se operó al año de la última actuación útil que lo impulsó (art. 78 C.P.C.). Se considera último acto útil, el decreto ordenando el traslado de las defensas opuestas contra las pretensiones de la actora...... La caducidad se operó mientras se encontraba vigente el poder otorgado al Dr. Falconi, mandatario en esas actuaciones. Su mandato fue revocado el 21-09-00. La sentencia que hizo lugar al incidente y condenó en costas al Hospital-actor apareció en lista el 06-09-02. Se regularon honorarios que se encuentran firmes, y fueron notificados por cédula al Hospital-actor el 16-09-02. Los que se detallan a continuación son los regulados a los profesionales de la demandada: Dr Efraín Quevedo Mendoza (h) $ 337 y Dr. Orlando Guillén $168 y $ 168 en sus calidades de patrocinante y procurador respectivamente...... Los honorarios quedaron firmes el tercer día hábil posterior a la notificación, ocurrida el 16-09-02. La deuda por honorarios en contra del cuentadante generada en esta causa prescribe a los diez años conforme el art. 4023 del C.C. No hay carta de pago agregada al expediente que en fotocopia obra en este Tribunal, ni constancia de que el Hospital haya pagado, por ello, en lo que respecta a los honorarios, Secretaría Relatora aconseja esperar a que la prescripción se opere, si antes no se le demanda al Hospital y este debe pagarlos, ya que entonces se materializará el perjuicio. Si el cuentadante debe hacer frente a ellos, corresponderá la aplicación de cargo al responsable Dr. Falconi, por lo que se estima debería tener por no aprobada la cuenta en este punto e instruir al cuentadante que informe a este Tribunal en cada ejercicio si debió pagar y el importe desembolsado
En lo que respecta al crédito, podría haberse preservado y evitar su prescripción intentando nuevamente la acción, previo pago de las costas reguladas y firmes. Asesoría Letrada del Hospital aconsejó no volver a demandar fundado en que se había operado la prescripción de la acreencia según el art. 4032 inc. 4 del C.C. “Se prescribe por dos años la obligación de pagar:... 4. A los médicos y cirujanos, boticarios y demás que ejercen la profesión de curar, sus visitas, operaciones y medicamentos. El tiempo corre desde los actos que crearon la deuda”
Siguiendo el encuadre dado a las obligaciones demandadas por la Asesoría Letrada del Hospital los créditos se habrían prescripto con antelación a la interposición de la demanda, (prestaciones de beneficios médicos emitidas entre los años 92 y 96) por lo que el único perjuicio que se habría configurado sería el de la condena en costas”.
En su ampliación de dictamen respecto de este punto la Secretaría Relatora expresa “....Se estima que habría existido mala praxis al demandar créditos prescriptos y accionar por la vía ejecutiva con documentación inhábil. (Ver los informes precedentemente mencionados en los que indican que “...no se han acompañado facturas sino resúmenes de las mismas, no consta en los acuse de recibo de la obra social la aclaración de la firma de la persona que recibe la documentación ni su número de documento ni su domicilio particular, por lo tanto las facturas no se encuentran debidamente conformadas para ser ejecutadas…En consecuencia no se podría haber citado judicialmente a la persona que firmó las facturas toda vez que dichas facturas no aclaraban el nombre y apellido de la persona que recibió la documentación y no se consignó en la factura ni el domicilio ni el número de documento del firmante. Estas circunstancias hacen inhábil tal documentación y por lo tanto no es susceptible de ser ejecutada judicialmente. Por lo tanto, por encontrarse esta causa judicial caduca y las facturas prescriptas y con defectos que las hacen inhábiles para ser ejecutadas judicialmente se estima que debe registrarse contablemente como incobrable el crédito correspondiente a esta causa judicial..” (ver fs.113 vta., 174 vta. y 175).
Se ha considerado que a pesar de la mala praxis observada, atento la incobrabilidad señalada por los abogados del Hospital, el único perjuicio económico que habría sufrido el cuentadante por causa del abogado será el pago de las costas a que ha sido condenado, si es que debe oblarlas. Por ello se aconsejó no tener por aprobada la cuenta en este punto e instruir al organismo que informe a este Tribunal en cada ejercicio si debió pagar, y el importe desembolsado, pues allí se materializará el perjuicio y corresponderá la aplicación de cargo al Dr. Falconi.”
Es de destacar que el Dr. Falconi nada argumentó en su defensa respecto a la documentación inhábil. Tampoco a que el crédito se encontraba prescripto, en cuyo caso debía, por lo menos, demostrar que advirtió a los directivos del Hospital esta situación y que los mismos, no obstante la advertencia, le dieron la instrucción de iniciar el juicio. Se interpreta que es una mínima obligación de cualquier abogado poner en conocimiento del titular del crédito la situación de prescripción a la que se halla sujeto. Es decir, en este caso, debía advertir a las autoridades que si se iniciaba la acción de cobro podría haber sido interpuesta la acción de prescripción par parte de la demandada.
El Tribunal entiende que la actuación del funcionario interviniente, Dr. Falconi, le ha causado un perjuicio al Hospital, como consecuencia de la deuda generada por honorarios regulados a favor de los abogados de la parte demandada, motivados en la acción en el incidente de caducidad de instancia interpuesto y ganado.
Desde el punto de vista de la ciencia contable, se ha operado una disminución patrimonial. Existe una deuda cierta y exigible (regulación de honorarios por un juez) que ha originado una pérdida por gastos (honorarios), que se traduce en una disminución patrimonial. Tal disminución debería haberse reflejado en el balance del hospital mediante la registración de los honorarios a pagar.
No obstante, desde la competencia del Tribunal, que es juzgar la responsabilidad contable, debido a que esa deuda no ha sido pagada, no se ha producido el perjuicio patrimonial. En el momento que aquel hecho ocurriere (el pago de los honorarios) se producirá el perjuicio.
Si bien desde el derecho financiero existe una deuda cierta, devengada y exigible, por lo que contablemente debe registrarse (con la consiguiente disminución patrimonial), desde un análisis de la responsabilidad contable, hasta que no se produzca la efectiva salida de fondos, el perjuicio no se ha consumado. Si pasan 10 años y no se reclaman los honorarios regulados, se operaría la prescripción de esa deuda y, como consecuencia de ello, desde la ciencia contable correspondería revertir el asiento original, dando de baja la deuda y en concordancia se produciría un incremento patrimonial, con lo que no habría existido perjuicio.
Es dable destacar que los honorarios regulados lo son sobre los montos originales, y que podrían verse incrementados por posibles actualizaciones y/o intereses que los abogados beneficiarios reclamasen, por lo que el monto de los mismos a la fecha es indeterminado.
Si bien esos honorarios regulados deberían ser soportados por el abogado que con su negligente accionar dejó caer el juicio por caducidad de instancia, hasta que no se paguen efectivamente, no se le pueden reclamar. En el supuesto que se le formulara el cargo al Dr. Falconi y fuera por éste hecho efectivo, el Hospital se encontraría con un dinero excedente hasta que le reclamasen los honorarios regulados, lo que podría implicar en principio un enriquecimiento sin causa a favor del Estado. Siguiendo con el supuesto, si los honorarios nunca fuesen reclamados, el Hospital debería devolver ese dinero al profesional.
En conclusión, el Tribunal entiende que el Dr. Falconi, con su accionar ha expuesto al Hospital a un perjuicio no meramente conjetural sino ciertamente probable, que a la fecha aún no ha sido materializado y cuyo monto es indeterminado, hecho que recién se producirá cuando se efectivice el pago de los honorarios. Por ende, no liberará de responsabilidad, dejando en suspenso la posible formulación de cargo a la espera de que ese hecho se produzca.
Por lo expuesto, se instruye a las autoridades del Hospital para que procedan a contabilizar la deuda por honorarios e informen en cada ejercicio posterior si lo han cancelado y, en su caso, las acciones legales que hayan iniciado para el recupero de los importes pagados. Asimismo, el Contador Revisor de los ejercicios siguientes deberá informar al respecto.
El Tribunal, además, respecto de este juicio, atento a que el Dr. Falconi actuó con negligencia al haber iniciado una demanda por créditos prescriptos y con documentación inhábil y por haber dejado caer dicha demanda por inacción (caducidad de instancia), decide aplicarle la sanción de multa prevista por el artículo 42 de la Ley 1003 y sus modificatorias, para el caso de procedimientos administrativos irregulares.
Con relación al punto b) de la observación, caducidad de juicios, autos Nº 114.225 “Hospital Luis Lagomaggiore c/ OSPAGH OSUTGRE p/ ejec.”, la Secretaría Relatora expresa que “.....de los informes y descargos producidos por los responsables se destaca que la causa se habría iniciado el 18-05-99, que desde entonces no registró acto útil, por lo que la caducidad se habría operado de acuerdo a ello al año de esa fecha, el 18-05-00 (art. 78 C.P.C.). Informó Asesoría Letrada del Hospital que el expediente se encuentra extraviado (ver fs. 111/116) y que el crédito demandado se prescribió. El abogado a cargo era el Dr. Falconi y ocurrió durante la vigencia de su mandato, si nos atenemos a lo señalado por un informe interno del Hospital que obra a fs.117/121.
En cambio si tenemos en cuenta lo dicho por el abogado auditor del HTC, la última actuación útil es de fecha 23-03-00 (ver fs.4) y en consecuencia la caducidad se habría operado con posterioridad a la revocación del mandato al Dr. Falconi. No se detalla la documentación demandada. Surge a fs. 4 que se demandó un crédito de $ 26.219,23. El desconocer fecha de las operaciones nos impide determinar cuándo se operó la prescripción de la acción a la que alude Asesoría Letrada del Hospital, ni qué profesional resulta responsable de ella. No surge de los informes que obran en esta pieza, que el Tribunal donde tramitó el expediente, haya declarado la caducidad de la instancia ni condenado en costas al Hospital, tampoco que se hayan pagado honorarios. Se advierte una gran falla de control interno, de los procesos en trámite y su evolución por lo que esta Secretaría aconseja la aplicación de multa de conformidad con lo prescripto por el art. 42 primera parte de la Ley 1.003 a los responsables de la Administración del Hospital.....”
El Tribunal, respecto de este caso reitera las instrucciones impartidas ut-supra.
II. Con relación a la observación 13. Obra Social Ferroviaria - prescripción de créditos, la Secretaría Relatora en su dictamen expresa “... que la cuentadante se presentó a verificar en el concurso de la obra social del personal Ferroviario en Capital Federal créditos por $ 3.882,20 cuando el monto informado como adeudado por el sector facturación era muy superior ($ 158.912,88). Que el Dr. Fernando Falconi había iniciado los autos Nº 75.560 Hospital Lagomaggiore C/ O.S. del Personal Ferroviario y/o Instituto de Servicios Sociales para Personal Ferroviario p/ ejec. en el que se demandaban créditos por $ 73.112,91 y que la causa se perdió por caducidad de instancia, durante la vigencia del mandato que se le había otorgado.(la caducidad se planteó el 26 de julio de 1.999). (Esto ocurrió dos ejercicios anteriores al que se encuentra bajo examen). Que en el año 2.000 no fueron insinuados la totalidad de los créditos debidos al Hospital (se verificaron operaciones por $ 3.882,20) en el concurso del Instituto de Servicios Sociales para el personal ferroviario, habiéndose operado la prescripción de las acciones en agosto de 2.002 (art. 56 Ley 24.522).
...El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los DOS (2) años de la presentación en concurso. Vencido ese plazo prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor.
El informe producido por Asesoría letrada de ese Hospital indica (fs.115) que la documentación con que se contaba era insuficiente e inhábil para verificar la acreencia. Como en el primer caso analizado, se entiende que el perjuicio de la cuentadante se reduce a la pérdida de la chance exclusivamente.(en la hipótesis de que se hubiera admitido la acreencia pese a los defectos de la documentación que la instrumentaba) No puede asegurarse a priori que el crédito hubiese sido admitido en el proceso falencial, más aún considerando las deficiencias de la documentación que la Asesoría puntualiza y la prescripción que, indica se habría operado por aplicación del art. 4032 inc. 4 del C.C. El informe producido por Asesoría Letrada del Hospital que obra 111/126 señala que en esos autos se había demandado con un resumen de facturas emitido sin fecha (ver fs. 114 vta.) lo que debilita aún más la posibilidad de la admisión de la acreencia en un proceso falencial. De conformidad con todo lo expuesto se advierten serias fallas de control interno en cuanto a la confección y preservación de la documentación que instrumentaba las operaciones y de seguimiento de las causas; falta de registro de deudores y su estado de situación. Por todo lo expuesto esta Secretaría, aconseja la aplicación de multa al Director Ejecutivo y/o Interventor, al Gerente Administrativo y al abogado durante cuya gestión se operó la caducidad de instancia que trajo como consecuencia la prescipción de la acción, con la instrucción en el futuro de delimitar claramente las funciones de administrativos y abogados y controlar adecuadamente su gestión en posteriores ejercicios.”
El Tribunal, compartiendo el criterio de la Secretaría Relatora, resuelve aplicar a los responsables la sanción prevista en el art. 42 de la Ley 1003 (to). Asimismo, les reitera la instrucción dada en el Considerando anterior.
III. Que, con relación a la observación 15. OSPEMOM-prescripción de créditos, la Secretaría Relatora en su dictamen final expresa que “.... existían dos procesos contra OSPEMOM, uno que tramitaba en el 7º Juzgado Civil atraído al concurso por $ 64.800 y otro que tramitaba ante el 21º Juzgado Civil, archivado y caduco. Que la deuda demandada en estas actuaciones había sido reconocida por la demandada en un convenio de pago en diez cuotas con vencimiento la primera el 31-05-99. Que de éstas el Hospital cobró completas las dos primeras y parcialmente la tercera quedando un saldo insoluto de $49.745,00. Abierto el concurso de la demandada el expediente fue remitido al Juzgado donde éste tramitaba. Surge del informe de Asesoría Letrada del Hospital (fs. 111/116) que los abogados no pudieron ubicar el expediente en el Juzgado de Procesos Concursales Se determinó conforme el libro de préstamos del año 2.000 que había sido retirado por el Dr. Falconi el 18-04-00 y devuelto el 26-03-02. La prescripción se operó el 29-11-00 (dos años después de solicitar la demandada su concurso art. 56 Ley 24.522). Asesoría Letrada indica que esto no ocasionó perjuicio, toda vez que el crédito no era susceptible de ser verificado por cuanto fue demandado con un resumen de facturas y no con las facturas mismas, no siendo esta documentación hábil para acreditar la causa de la obligación.
Esta Secretaría entiende que si bien es preciso en la insinuación acreditar la causa de la obligación, pues el pedido tiene el carácter de una verdadera demanda ordinaria, en el caso, se había celebrado un convenio donde la demandada había reconocido la deuda y dado principio de ejecución pagando algunas cuotas, por ello no se puede asegurar que el crédito no habría resultado admisible. No obstante entiende que el accionar del profesional ocasionó la pérdida de la chance para el Hospital. Se advierte una gran falla de control interno y desorden administrativo. Resulta llamativa la falta de registro del convenio de pago firmado y cumplido parcialmente, por lo que se sugiere la aplicación de multa de conformidad con lo prescripto por el art. 42 primera parte de la Ley 1.003.
A los fines de determinar el alcance de la chance perdida se señala que en el proceso concursal se homologó el 29-06-01 el siguiente acuerdo: Pago del cuarenta por ciento del capital en diez años, en cuotas anuales con vencimiento la primera a partir del tercer año de la homologación. Siendo los pagos anuales, el vencimiento de la primera cuota se operará el 29-06-05. Por lo tanto la chance que el Hospital perdió con la omisión de la verificación fue la posibilidad de percibir su crédito en ese porcentaje y condiciones siempre claro está, que el pago a los acreedores, efectivamente se haga efectivo”.
El Tribunal, a los efectos de analizar la “pérdida de chance” a que alude la Secretaría Relatora, ha considerado algunas citas del “Tratado de Derecho de Daño”, tomo IV de Félix A. Trigo Represas y Marcelo J. López Mesa, en que se consigna: “ La "chance" frustrada no importa más que privar a alguien de la oportunidad de participar en un hecho o un evento de resultado incierto, aunque probable en grado serio e implica reclamar la imposibilidad de entrar en la disputa o evento del cual se habría definido la obtención o no del beneficio; por ello, el monto de la indemnización por el daño se determina por la pérdida de la oportunidad, lo cual es naturalmente menor.
Brillantemente ha decidido la Suprema Corte mendocina que "en el daño constituido por la pérdida de 'chance' coexisten un elemento de certeza y uno de incertidumbre. Certeza, de que, de no mediar el evento dañoso, el damnificado habría mantenido la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o evitar una pérdida patrimonial. Incertidumbre sobre si, manteniéndose la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto de la 'chance', la ganancia se habría obtenido. De tal manera, lo que se indemniza es la privación de la esperanza de obtener un beneficio, y no el beneficio esperado como tal"
La indemnización otorgada por pérdida de chance apunta a un daño futuro, a un eventual beneficio malogrado que es indemnizable en cuanto implica una "probabilidad suficiente" de beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable. Es viable la reparación por pérdida de "chance" si, conforme las verificaciones periciales, no se configuró un perjuicio hipotético o conjetural sino la efectiva frustración de una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente de que, de no haber mediado el evento dañoso, el damnificado habría mantenido la expectativa futura que le permitiría obtener una ganancia o evitar la pérdida patrimonial.
El análisis de la "pérdida de chance" confronta dos extremos cuando se trata de casos límites; de un lado, aquello que podría calificarse como "castillos en el aire" y del otro, la predecible —por la razonable— expectativa de contar con determinada utilidad.
La pérdida de la chance es resarcible cuando importa una "probabilidad suficiente" de obtener un beneficio económico que resulta frustrado por culpa ajena, no siendo indemnizable si representa una posibilidad general y vaga.....
Sin embargo, no presenta dudas que la indemnización por pérdida de “chance” no puede identificarse con el eventual beneficio perdido, sino que lo resarcible es la “chance” misma, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta.
Por último cabe aclarar que, en el ámbito de la responsabilidad contractual, la pérdida de una “chance” es una consecuencia mediata previsible y , por lo tanto, sólo resarcible en caso de incumplimiento malicioso”. (El subrayado es nuestro).
Si aplicamos, en el ámbito de competencia del Tribunal de Cuentas, este criterio de la “pérdida de chance”, podría darse el caso de un crédito del Estado en el que un abogado o el administrador de una repartición, juntos o separadamente, en connivencia o no, por negligencia o intencionalmente, no ejecutaran las acciones útiles tendientes a su cobranza, y el crédito se prescribiera. En ese caso, en esta teoría, lo que se ha perdido es la chance de cobrar y no un bien del Estado (crédito), y como la pérdida de chance se debe indemnizar, correspondería acudir a la justicia para ello. Creemos que, desde la competencia del Tribunal, que juzga la responsabilidad contable, se ha perdido un bien del Estado y habría que formular cargo. Salvo que se demuestre documentadamente y en forma fehaciente que aún si se hubieran ejecutado todas las gestiones útiles necesarias, hubiera habido una imposibilidad del cobro total o parcial del crédito.
Una cosa es “un crédito” y otra es “la posibilidad de cobro de un crédito”. Lo que jurídicamente existe y contablemente se valúa y se registra es “un crédito” y no “una chance de cobro”. Si ese crédito se pierde por haber dejado pasar la posibilidad de intentar su cobro, estamos frente a una pérdida patrimonial y como consecuencia existe un responsable de la misma. Distinto sería el caso, como ya se dijo, si se demuestra (documentadamente y en forma fehaciente) que ese crédito no podía ser cobrado.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal entiende que al haberse constituido el deudor en concurso, la acreencia original a cobrar por parte del Hospital se ve reducida al acuerdo homologado. No obstante, desde el punto de vista de la responsabilidad contable, no pone en duda la admisibilidad del crédito, por cuanto como bien lo dice la Secretaría Relatora “.....se había celebrado un convenio donde la demandada había reconocido la deuda y dado principio de ejecución pagando algunas cuotas, por ello no se puede asegurar que el crédito no habría resultado admisible”, y por tanto no sería aplicable para este caso la teoría de la “pérdida de chance”.
Por el contrario, no quedan dudas sobre el perjuicio ocasionado al Estado por el abogado actuante, Dr. Falconi, al haber dejado caer (se desconoce si por negligencia, mala praxis o intencionalmente) la posibilidad de verificación del crédito y de su posterior cobranza en función del acuerdo celebrado en el concurso.
Ha quedado documentadamente probado que sólo hubiera sido posible cobrar el crédito parcialmente y en el tiempo, en función del acuerdo homologado (el 40% del monto original de $ 49.745,00, es decir la suma de $ 19.898,00 y en 10 cuotas anuales iguales y consecutivas de $ 1.989,80 cada una, a partir del 29/6/2005). Es por ello que el Tribunal formulará cargo al responsable directo de la pérdida del crédito, Dr. Falconi, quien con su inacción produjo el perjuicio (retiró el expediente del juzgado y lo devolvió cuando ya se había prescripto la acción de verificación). El mismo se establece en el monto del crédito que hubiera podido ser cobrado y a pagar en el tiempo que se fijó en el convenio de homologación, y que implica el real perjuicio ocasionado al Hospital.
IV. El Tribunal comparte lo dictaminado por Secretaría Relatora en cuanto a la prescripción opuesta por el Dr. Falconi al formular su descargo señalando “..... que el fallo 14.157 dispuso la apertura de esta pieza separada por considerar que faltaba información documentada para acreditar situaciones que debían evaluarse en el juicio de cuentas, considerando en consecuencia la cuenta no integrada en ese aspecto. El responsable señaló que Tribunal debe pronunciarse sobre las cuentas en el término de un año a partir de su presentación. El plazo al que alude, debe contarse desde la integración de la misma, hecho que no ha sucedido en el caso de marras. Surge del expediente que no obstante los esfuerzos del Tribunal, no se logró obtener toda la documentación requerida. (ver fs. 276 Acuerdo 3725, fs. 294, 295, 299, 300). Por ello se considera que el planteo formulado debe ser rechazado.”
V. Que, con relación a la actuación de los abogados intervinientes, en especial la del Dr. Falconi, en el gestionamiento de los juicios tratados en los Considerandos anteriores, el Tribunal decide, en concordancia con la Resolución Nº 225/03 del Hospital (puso en conocimiento de la Justicia Penal y de Fiscalía de Estado irregularidades investigadas en el expediente 3508-H-02 iniciado en función del Fallo Nº 13.996), poner estos hechos en conocimiento del señor Fiscal de Estado de acuerdo a lo previsto por el artículo 52 de la Ley Nº 1003.
Por ello, cumplido el trámite que la Ley Nº 1.003 (t.o.) dispone para el juicio de cuentas, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
Artículo 1º: Formular cargo al responsable Dr. Fernando Luis Falconi (Abogado) según lo expresado en el Considerando III, por la suma de $ 19.898,00, a pagar de la siguiente forma: $ 1.989,80 dentro de los 30 (treinta) días de notificado, y los restantes $ 17.908,20 en 9 (nueve) cuotas anuales iguales y consecutivas de $ 1.989,80 cada una, con vencimiento a partir del 29/06/2006. Se lo emplaza desde su notificación para que deposite dichas sumas en los tiempos especificados, en el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Corriente Nº 628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la orden de "Hon.Tribunal de Cuentas- TC AUR" , y para que remita al Tribunal los respectivos comprobantes de los depósitos. Los montos depositados por el concepto señalado, deberán ser girados por el Tribunal a la Tesorería del Hospital Lagomaggiore, en el plazo previsto en el Acuerdo Nº 3098.
Artículo 2º: Aplicar a los responsables multa por los conceptos y montos que se detallan: Dr. Fernando Luis Falconi (Abogado) una multa de UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200,00 ) por los hechos referidos en los Considerandos I y II, Dr. Miguel Ángel Amadeo Pastor (Director Ejecutivo y/o Interventor) y Cont. Gerardo Héctor Giménez (Gerente Administrativo) una multa de SEISCIENTOS PESOS ($ 600,00) a cada uno, por los hechos referidos en el Considerando II y emplazarlos en 30 (treinta) días a contar desde su notificación para que depositen dichas sumas en el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Corriente Nº 628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la orden de "Hon. Tribunal de Cuentas- TC AUR" , y para que remitan al Tribunal los respectivos comprobantes de depósitos. El monto depositado por el concepto señalado deberá ser girado por el Tribunal a la Dirección General de Rentas en el plazo previsto en el Acuerdo Nº 3098.

References: artículo 3980
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 52

Artículo 1

Artículo 2