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Timestamp: 2018-12-13 19:42:30+00:00

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Se revoca la decisión de la a quo de rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la Fiscalía en favor de la Justicia Nacional y aceptar la competencia atribuida porque no resulta ajustada la exégesis practicada por la Magistrada respecto de los legajos del Máximo Tribunal local "Reynoso" y "Figueredo", toda vez que de su lectura se deprende las facultades que son propias de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 CN) respecto de los delitos de su competencia las que, en esos casos particulares y bajo los pormenores allí ventilados, se dispuso que se hicieran extensivas a supuestos que, aunque no habían sido formalmente transferidos a esta órbita, integraban alguno de los convenios de transferencia suscriptos, lo que no puede aplicarse sin más -en la inteligencia allí plasmada- al universo de delitos que no han sido siquiera previstos en tales acuerdos, como ocurre con el tipo penal de robo en trato. Como apuntara la Sra. Fiscal de Cámara, cabe destacar aquí que el fallo "Corrales” de la CSJN impuso el traspaso ordenado y gradual de las distintas competencias nacionales a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, específicamente, en lo que refiere a la ampliación de las competencias ya transferidas, remarcó que debía tener lugar un nuevo convenio de partes y su posterior ratificación legislativa para integrar la jurisdicción local, y tornarla expresamente operativa. Del precedente citado se colige sin dudas que el progreso de la transferencia de competencias en modo alguno puede quedar librado al exclusivo criterio jurisdiccional a riesgo de violentar los principios de juez natural y seguridad jurídica, entre otros.
Corresponde revocar la resolución mediante la cual se rechazó la excepción de incompetencia interpuesta por la fiscalía, y a su vez debe declararse la incompetencia del fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA, remitiendo la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción, en la cual se investiga el delito de usurpación en grado de tentativa -pesquisado por la fiscalia local-, y el hecho denunciado en el fuero criminal, el que habría sido subsumido en el ilícito de robo simple, consistente en el ingreso de forma violenta de aproximadamente seis personas en el domicilio de la víctima, en tanto de la lectura del legajo se desprende que prima facie se llevaron a cabo dos conductas que se habrían materializado en igual escenario de conflicto y con identidad -en gran parte- de los sujetos intervinientes, y la CSJN, en numerosos precedentes, ha establecido que cuando hay casos que presentan estrecha vinculación en los hechos, resulta conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal -el que posee la más amplia competencia para su conocimiento-.
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires - Sala II
Buenos Aires, 7 de Abril de 2017.-
Motivan la intervención de este tribunal los recursos de apelación deducidos por la fiscalía de grado a fs. 543/546 y por la defensa oficial a fs. 547/549 contra la resolución adoptada en la audiencia realizada a tenor del art. 197 del CPPCABA que, en cuanto fuera materia de agravios por los recurrentes, dispuso: “I- RECHAZAR LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA interpuesta por la Fiscalía en los términos del art. 195, inc. a) del CPP; II.- ACEPTAR LA COMPETENCIA atribuida por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°10, en la causa n° 27465/2016, caratulada “NN s/robo, amenazas, privación ilegal agravada y otros C.P.” y REMITIR la causa a la Fiscalía para que prosiga con la investigación” -fs. 537/541 vta.-
Para así decidir, la A quo manifestó que los hechos pesquisados en ambos sumarios, calificados como usurpación en grado de tentativa y robo simple, eran escindibles y concurrían de manera real entre sí; sin embargo debían ser investigados y juzgados de manera conjunta por hallarse estrechamente vinculados, al ocurrir en el marco de una misma situación conflictiva, existiendo no solo conexidad subjetiva sino también comunidad probatoria.
En lo que aquí interesa, la controversia se suscitó en punto al juez que debía conocer en los actuados. Así, la Dra. Escrich sostuvo que si bien el robo no se encontraba comprendido en los Convenios de Transferencia de Competencias Penales oportunamente celebrados, por lo que aún dicha figura se mantenía dentro de la esfera de la Justicia Nacional, lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia se había expedido en los legajos “Figueredo” y “Reynoso” pronunciándose a favor de que esta Ciudad de Buenos Aires ejerciera competencia respecto de ilícitos que aún no habían sido formalmente transferidos, como es el caso de las lesiones simples en el supuesto de concurrir con amenazas.
Asimismo, afirmó que declinar el conocimiento de la causa provocaría un dispendio jurisdiccional y una demora procesal incompatible con la buena administración de justicia, a lo que adunó que –como lo entendiera el juez de instrucción interviniente- no sólo la justicia local es la que previno sino que además –agregó- esta investigación se encontraba más avanzada. En suma, por las motivaciones apuntadas, y en la inteligencia de que la órbita local tenía jurisdicción para juzgar los delitos que –formalmente- no se hubieran traspasado, rechazó la excepción de incompetencia incoada por la fiscalía.
En la pieza recursiva, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que, a diferencia de la exégesis que llevara a cabo la Magistrada, en los fallos aludidos el TSJ hacía referencia a figuras legales respecto de las cuales si bien no se había materializado su transferencia, integraban alguno de los convenios aludidos –vgr. lesiones simples-, pero de ningún modo comprendía a todos los ilícitos –fs. 545 vta.-.
Expresó que ni el tipo simple de robo ni sus agravantes fueron contemplados hasta la fecha en ninguno de los acuerdos de mención, por lo que resultaba de aplicación obligatoria el art. 42 del CPPN, de conformidad con lo establecido en el art. 3° de la Ley nro. 26.702 y, en consecuencia, se debía resolver la competencia a favor de quien le corresponda el delito más grave, siendo indiscutible que en el caso de autos es el estipulado en el art. 166 del C.P. teniendo en cuenta su escala penal –cf. fs. 546-.
Dijo que en el sub lite nos encontramos ante la presencia de un tipo penal que además de tener una punición mayor a la prevista para la usurpación en tentativa, no forma parte de ninguno de los convenios referidos, tanto los que ya se encuentran reglamentados como los que aún no –cf. fs. cit.-
Como corolario de presentación solicitó que se revoque el decisorio en crisis.
La defensa recurrió el temperamento adoptado en sintonía con la argumentación vertida por el Sr. Fiscal, e indicó además que apartarse del criterio fijado por el Superior Tribunal en los precedentes “Reynoso” y “Figueredo” –cit.-, tal como lo hace el Juzgado en la resolución cuestionada bajo el argumento de evitar una posible contienda negativa de competencia, y por ende una dilación del proceso, constituía una vulneración a la garantía a ser juzgado por el juez natural de la causa en un plazo razonable y conducía a la paradójica circunstancia de utilizar esas garantías en contra de quien las detenta –fs. 548-.
Manifestó que frente a este panorama mal podía defenderse el conocimiento del fuero local, cuando en rigor de verdad, hoy se carece de competencia material para juzgar el delito de robo –fs. 549-.
Finalmente, citó el fallo “Corrales” de la CSJN donde los Sres. Ministros del Máximo Tribunal si bien exhortaron a las autoridades competentes a fin de que se adopten las medidas necesarias a efectos de garantizarle a la Ciudad de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en el ámbito jurisdiccional, sostuvieron que el “carácter nacional” de los tribunales ordinarios de la Capital Federal era meramente transitorio toda vez que su continuidad se (encontraba) supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias –cf. fs. 549 cit.- (El resaltado pertenece a la pieza recursiva).
La Fiscalía ante esta instancia mantuvo el recurso deducido por su par de grado y mejoró sus fundamentos, al tiempo que se expidió respecto del erigido por la defensa oficial –fs. 554/556-.
Corrido el traslado de rigor a la querella y a la defensa particular, ambas mantuvieron silencio, pese a hallarse debidamente notificadas –fs. 557/559 y 562/563-.
Por su parte, el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Emilio Capuccio, mantuvo el remedio incoado por la Dra. Paula Lagos, a cuyas consideraciones se remitió en honor a la brevedad, y por las razones plasmadas a fs. 564/vta. solicitó que se revoque la resolución cuestionada.
Finalmente, el titular de la Defensoría de Cámara N° 1 indicó que la defensoría de grado n° 22 no había recurrido el decisorio en crisis, por lo que nada debía agregar a lo ya expuesto por los apelantes –fs. 566-.
Los Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch dijeron:
I. En cuanto a la admisibilidad de las impugnaciones articuladas, se han cumplido los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su procedencia, pues los recurrentes cuentan con legitimidad para su deducción, presentaron sus respectivos escritos en tiempo y forma y el pronunciamiento contra el cual se dirigen es expresamente apelable (arts. 198 y 279 CPP).
II. Al momento de postular la incompetencia en razón de la materia, la fiscalía señaló que de las constancias del presente caso y de las reunidas en la causa n° 27465/2016 caratulada “NN s/robo, amenazas, privación ilegal agravada y otros C.P.”, que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, se desprendía la existencia de dos hechos: 1) el pesquisado por la fiscalía local que encuadraría prima facie en el delito de usurpación, en grado de tentativa, arts. 181 inc. 1° y 42 del C.P., por el cual resultan imputados como co- autores materiales Rodolfo Alcides Romero, Daniel Torcuato, José Luis Marín, Luis Alberto López y José Andrés González, y por partícipes necesarios Hernán Bianchi y José Juan Hodja (arts. 45 y 46 del C.P.). 2) El denunciado en el fuero criminal, el que habría sido subsumido en el ilícito de robo simple (art. 164 C.P.), consistente en el ingreso de forma violenta de aproximadamente seis personas de sexo masculino en el domicilio de Lachiara Ramírez, cuando su madre se encontraba descansando, quienes una vez en el interior de la vivienda comenzaron a amenazar a la Sra. Ramírez Benítez, oportunidad en que sustrajeron una computadora marca Lenovo, modelo 5070, un reproductor de dvd blue-ray marca Phillips, una Tablet Samsung de 10 pulgadas y la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) propiedad del hijo de la nombrada, siendo autores del mismo alguno/s de los señalados como co-autores del caso investigado por la fiscalía de este fuero.
Ahora bien, de la lectura del legajo se desprende que prima facie se habrían llevado a cabo dos conductas que se habrían materializado en igual escenario de conflicto y con identidad –en gran parte- de los sujetos intervinientes.
Sentado lo expuesto, cabe señalar que si bien este fuero posee competencia para investigar el delito de usurpación, carece de ella para el tipo penal de robo simple. La doctrina aplicada por esta Sala en diversos precedentes (causa n° 53801-00-CC/2009, “Zorrilla Achilla, Antonio Miguel”, rta. 19/11/2010; causa n° 20864-01-CC/2010, “Pitrelli, Carmelo”, rta. 07/12/2010 y, específicamente en la causa n° 4810-01-00/2012, caratulada “Incidente de Excepción en autos Wolchkovick, Priscila Sasha s/infr. art. 183, Daños - CP”, rta.: 24/8/2012) y una adecuada lectura del estándar de competencia determinado por la CSJN para su aplicación al caso bajo estudio, imponen la revocación de la resolución dictada por la juez de grado.
En efecto, debe recordarse que el Máximo Tribunal sostuvo en el caso “Longhi” que “[...] en virtud de la estrecha vinculación que presentan los hechos, resulta conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal (Fallos: 328:867). Por lo tanto, y más allá de que el mínimo de la escala penal contemplada para aquél delito (daño) sea inferior al establecido para la figura de lesiones leves (art. 89 del Código Penal), pienso que ante la circunstancia de no haberse traspasado esta última a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces, que ambos supuestos presuntamente delictivos sean juzgado por el fuero correccional que, en definitiva, posee la más amplia competencia para su conocimiento […]” (CSJN, Competencia 978 XLIV, “Longhi, Viviana Graciela s/lesiones dolosas”, rta.: 02/06/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal – la bastardilla nos pertenece–).
Luego, mantuvo el mismo criterio en dos casos de violencia doméstica (CSJN, Competencia 981 XLIV, “Vandenberg, Ricardo”, rta.: 02/06/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; Competencia 205 XLV, “Amarilla, Luis Alberto”, rta.: 11/08/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; y Competencia 475. XLVIII, “Cazón, Adella Claudia”, rta.: 27/12/12, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal).
También reiteró esa posición en procesos resueltos en el año 2010 (CSJN, Competencia 955 XLV, “Aguilera, Raquel”, rta.: 20/04/10, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; y Competencia 1062 XLIV, “Torres, Ernesto”, rta.: 08/06/2010, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal).
Así, el estándar fijado por la CSJN está constituido por los siguientes elementos: 1. la “estrecha vinculación de los hechos”; 2. la “mejor administración de justicia”; y 3. el “fuero de competencia más amplia”.
No puede obviarse que los sucesos pesquisados habrían ocurrido en un mismo contexto conflictivo, materializándose en perjuicio de las víctimas en igual ámbito témporo-espacial, con las mismas partes involucradas en gran parte de los tramos en que transitan los eventos, satisfaciéndose de esta manera la exigencia referida a la “estrecha vinculación de los hechos”.
En este sentido, no puede perderse de vista que en razón de la génesis del asunto en trato la investigación debe encausarse en un mismo ámbito, a efectos de que sea un solo Juez quien realice la valoración en conjunto de las pruebas habidas y a producirse, adopte las medidas que deban aplicarse, y oportunamente, juzgue la totalidad de los supuestos acaecidos en autos.
Con relación al tópico referido a garantizar la “mejor administración de justicia”, tal como se apuntara precedentemente, resulta claro que ello acontece si la pesquisa tramita ante un mismo Tribunal, debido a la vinculación de los episodios y a la correlativa similitud de la comunidad probatoria a desarrollarse.
Además, de esa forma se aseguran los principios de celeridad y economía procesal. Justamente, proceder en sentido contrario implicaría duplicar los procesos penales, en desmedro de la situación de los imputados que se pretende también tutelar.
Sentado ello, es dable destacar que es el fuero nacional el que goza de la “competencia más amplia”, de acuerdo a los parámetros fijados por la CSJN.
En efecto, en el fallo “Vandenberg” en el cual se investigaban los delitos de amenazas simples, lesiones leves, daños y violación de domicilio, la Corte expuso que “… más allá de que el mínimo de la escala penal contemplada para el delito de amenazas sea superior a los establecidos para las otras figuras penales, pienso que ante la circunstancia de no haberse traspasado las lesiones a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces, que todo los supuestos presuntamente delictivos sean juzgados por el fuero correccional que, en definitiva posee la más amplia competencia para su conocimiento” (ver en el mismo sentido CSJN, Competencia Nº 147 XLVII, “Pitrelli, Carmelo Oscar s/infr. art. 149 bis, amenazas del CP”; rta. 16/08/11, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal), más aún resulta de aplicación dicha premisa si –como aquí sucede- incluso el ilícito de robo simple posee una conminación penal más gravosa que la correspondiente al tipo penal de usurpación en grado de conato pesquisado.
De la misma manera, en un pronunciamiento ulterior (Alegre Héctor Edgardo y otro s/inf. art. 189 bis apartado (2) 4° párrafo y abuso de armas agravado o atenuado, CCC 44397/2011/6/CS1, del 16/02/2016) la CSJN, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal, sostuvo que “ante la circunstancia de no haberse traspasado el abuso de armas y la resistencia a la autoridad a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces que todos los supuestos presuntamente delictivos [entre ellos, las amenazas simples y la portación ilegítima de arma de uso civil, ambos de competencia local] sean juzgados por la justicia nacional que, en definitiva, posee la más amplia competencia para su conocimiento”.
Por lo demás, como señalaran los apelantes, no resulta ajustada la exégesis que practicara -en apoyo de su tesitura- la Magistrada respecto de los legajos del Máximo Tribunal local “Reynoso” y “Figueredo”, toda vez que de su lectura se deprende las facultades que son propias de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 CN) respecto de los delitos de su competencia las que, en esos casos particulares y bajo los pormenores allí ventilados, se dispuso que se hicieran extensivas a supuestos que, aunque no habían sido formalmente transferidos a esta órbita, integraban alguno de los convenios de transferencia suscriptos, lo que no puede aplicarse sin más –en la inteligencia allí plasmada- al universo de delitos que no han sido siquiera previstos en tales acuerdos, como ocurre con el tipo penal de robo en trato.
Como apuntara la Sra. Fiscal de Cámara, cabe destacar aquí que el fallo “Corrales”2 de la CSJN impuso el traspaso ordenado y gradual de las distintas competencias nacionales a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, específicamente, en lo que refiere a la ampliación de las competencias ya transferidas remarcó que debía tener lugar un nuevo convenio de partes y su posterior ratificación legislativa para integrar la jurisdicción local, y tornarla expresamente operativa. Del precedente citado se colige sin dudas que el progreso de la transferencia de competencias en modo alguno puede quedar librado al exclusivo criterio jurisdiccional a riesgo de violentar los principios de juez natural y seguridad jurídica, entre otros.
Sumado a cuanto aquí se expuso, corresponde adunar que a la fecha no se ha presentado en autos requisitoria de juicio, es decir, que al igual que como ocurriera en el sumario que tramitara en la justicia nacional, el legajo se encuentra aún en etapa de investigación.
Por los fundamentos vertidos precedentemente, habremos de revocar la resolución puesta en crisis en cuanto fuera materia de agravios por los recurrentes. Así lo votamos.
Por compartir los fundamentos brindados por los Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch adhiero a lo propuesto en el voto precedente. Así voto.
Habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:
I- REVOCAR la resolución obrante en el acta de audiencia de fs. 537/541 vta. que, en cuanto fuera materia de agravios, dispuso: “I- RECHAZAR LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA interpuesta por la Fiscalía en los términos del art. 195, inc. a) del CPP; II.- ACEPTAR LA COMPETENCIA atribuida por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°10, en la causa n° 27465/2016, caratulada ‘NN s/robo, amenazas, privación ilegal agravada y otros C.P.’ y REMITIR la causa a la Fiscalía para que prosiga con la investigación”.
II- DECLARAR LA INCOMPETENCIA DE ESTE FUERO para conocer en la totalidad de los hechos que constituyen este proceso y, en consecuencia, REMITIR los actuados al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10 declinante, a sus efectos.
Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente devuélvase el legajo a primera instancia quien deberá actuar conforme lo aquí decidido. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.
Fernando Bosch - Pablo A. Bacigalupo - Sergio Delgado
Provincia de Chubut / Adhesión a Ley Nacional N° 27.023 - Leyenda Obligatoria ¨Las Islas Malvinas son Argentinas¨ en Transporte Público (Ley Nº 31 - 18/08/2017)
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