Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/cs-CZ/Resolucion/Show/231
Timestamp: 2019-05-26 20:59:26+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 103/1983
SENTENCIA 103/1983, de 22 de noviembre
(BOE núm. 298, de 14 de prosince de 1983)
ECLI:ES:TC:1983:103
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 301/1982, planteada por la Magistratura de Trabajo núm.1 de Madrid, en autos seguidos a instancia de don Tomás Ruiz Cabañas contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre reclamación de prestaciones de muerte y de viudedad a causa del fallecimiento de su esposa. Han sido partes el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Luis Díez- Picazo, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Don Tomás Ruiz Cabañas es desde 1969 pensionista por invalidez permanente absoluta, estuvo adscrito a la antigua Mutualidad Laboral Siderometalúrgica y percibe en concepto de invalidez una pensión de la Seguridad Social. El señor Ruiz Cabañas estuvo casado con doña Nieves Gómez Durán, con la que convivió hasta el fallecimiento de dicha señora. Doña Nieves Gómez Durán fue, en su momento, declarada en situación de invalidez, en grado de incapacidad permanente absoluta, y se le reconoció el derecho de percibir una pensión vitalicia con efectos económicos a partir del día primero de diciembre de 1973.
2. Doña Nieves Gómez Durán falleció en Madrid el día 2 de julio de 1980. En ese momento don Tomás Ruiz Cabañas se dirigió al Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitando la prestación de viudedad causada por el fallecimiento de su esposa, por serle a su juicio debida y ser además compatible con la que por invalidez venía percibiendo el mismo.
La Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por Resolución fechada el 24 de septiembre de 1981, notificó al señor Ruiz Cabañas que se le había denegado la prestación de viudedad solicitada, en razón -se decía- a que el solicitante tiene medios de subsistencia citándose expresamente que es pensionista de invalidez. En apoyo de tal resolución se citó el apartado segundo del art. 7 de la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967.
Contra la mencionada Resolución interpuso don Tomás Ruiz Cabañas recurso de reposición ante el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En su mencionado escrito, el señor Ruiz Cabañas consideraba que él cumplía los requisitos del art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social para percibir pensión de viudedad toda vez que había convivido con su fallecida esposa y se encontraba a cargo de ella, ya que para subsistir ambos necesitaban acumular las dos pensiones. En el mismo escrito, el señor Ruiz Cabañas consideraba que el art. 7.2 de la Orden de 13 de febrero de 1967 había que considerarlo derogado y aplicable en cambio el art. 10 de la citada Orden Ministerial que establece la compatibilidad de la pensión de viudedad con las rentas de trabajo o con otras pensiones.
La mencionada reclamación fue desestimada por la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en vista de ello, con fecha 11 de diciembre de 1981, don Tomás Ruiz Cabañas formuló demanda ante la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Madrid contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social reclamando el reconocimiento con efectos retroactivos al momento del fallecimiento de su esposa del derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia.
3. Por escrito fechado el 5 de junio de 1982 don Tomás Ruiz Cabañas solicitó del Magistrado de Trabajo núm. 1 de Madrid que planteara cuestión de inconstitucionalidad contra el art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, como contrario a los arts. 14 y 41 de la Constitución Española.
De la «igualdad en la Ley» se ha dicho que «una disposición es contraria al art. 4 de la Constitución Federal cuando carece de base objetiva o sólida, sin sentido ni fin, o establece distinciones sin justificación razonable en los hechos» («Arrþt Bachman», de 31 de marzo de 1966). Asimismo que «una disposición viola el art. 4 de la Constitución Federal bien al establecer entre varios casos distinciones jurídicas no justificadas en ningún hecho importante, bien al someter a un régimen idéntico situaciones que presenten tales diferencias que hagan necesario un tratamiento diferente» («Arrþt Bullet», de 23 de enero de 1963). Finalmente que «El principio de igualdad de la Constitución Federal exige que las situaciones se traten de manera similar cuando sean similares y de manera diferente en cuanto sean diferentes; incumbe por tanto a las autoridades legislativas la adopción de las reglas excepcionales que se aparten de la regulación general, cuando así lo exija la diferencia de las situaciones» («Arrþt Graber», de 23 de mayo de 1962).
En el caso que ahora se discute, no puede ponerse en tela de juicio que el art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social es aplicable al caso que el Magistrado de Trabajo núm. 1 de Madrid tiene que decidir, dado que, según resulta de los antecedentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, demandado en el proceso a quo, opuso precisamente este artículo a la pretensión inicial de don Tomás Ruiz Cabañas. Y es inconcuso que el fallo sobre la pretensión del señor Ruiz Cabañas será uno u otro según que el art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social sea constitucionalmente válido o no lo sea, sin que a nosotros nos sea dable decidir si el razonamiento para resolver la pretensión del señor Ruiz Cabañas pudiera haber sido otro, aunque sea cierto que el señor Ruiz Cabañas demandó la pensión de viudedad por considerar que en él concurrían todos los requisitos impuestos por la legalidad vigente y que una interpretación no excesivamente literal hubiera podido conducir a una conclusión afirmativa.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Jerónimo Arozamena Sierra, al que se adhiere el también Magistrado don Francisco Pera Verdaguer, a la Sentencia de 22 de noviembre de 1983, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 301/1982
2. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Rubio Llorente a la Sentencia de 22 de noviembre de 1983, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 301/1982
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 301-1982
Fecha de resolución 22. 11. 1983
En relación con el art. 160.2 de la Ley General de la Seguridad Social,
Texto Refundido aprobado por Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo. Votos particulares
Son requisitos de admisión de una cuestión de inconstitucionalidad los siguientes: 1) que la Ley cuya constitucionalidad se cuestione sea aplicable al caso que deba decidir el Juez o Tribunal proponente de la cuestión; 2) que el fallo que haya de dictarse en el proceso «a quo» dependa de la validez o falta de validez de la norma cuestionada o, lo que es lo mismo, que exista una directa relación entre validez o invalidez de la norma y fallo a dictar; 3) que al plantearse o proponerse la cuestión se ofrezca una fundamentación suficiente de la inconstitucionalidad y de la relación entre la norma cuestionada y el fallo, fundamentación que no ha de estar constituida por una exposición exhaustiva de la totalidad de las razones que en el asunto puedan jugar, sino por aquellos argumentos que deban considerarse racionalmente suficientes para que la cuestión pueda ser tomada en cuenta o, como en otra sede dice la Ley de este Tribunal, que se justifique una decisión del Tribunal por poseer la materia un contenido constitucional.
No se exige, en cambio, que la norma cuestionada sea la única posible para resolver el caso, ni tampoco que el caso no pudiera resolverse por otras vías, con otras normas o con otros razonamientos, porque no compete a este Tribunal enjuiciar la fundamentación que el Juez «a quo» haya hecho más que en aquellos casos en que resulte notoriamente inadecuada en relación con lo que es generalmente admitido en Derecho.
El art. 14 de la Constitución, al consagrar el principio llamado de «igualdad ante la Ley» ha impuesto un límite a la potestad del legislador y ha otorgado un derecho subjetivo. Consiste el primero en que las normas legales no creen entre los ciudadanos situaciones desiguales o discriminatorias, y el segundo en el poder de poner en marcha los mecanismos jurídicos idóneos para restablecer la igualdad rota.
Cuando frente a situaciones iguales o aparentemente iguales se produzca una impugnación fundada en el art. 14, corresponde a quienes asumen la defensa de la legalidad impugnada y, por consiguiente, la defensa de la desigualdad creada por tal legalidad, la carga de ofrecer el fundamento de esa diferencia que cubra los requisitos de racionalidad y de necesidad en orden a la protección de los fines y valores constitucionalmente dignos y, en su caso, propuestos por el legislador.
El art. 160.2 de la Ley General de Seguridad Social supone un trato desigual en perjuicio del varón, desde el momento en que el fallecimiento de éste es determinante en todo caso de pensión de viudedad en favor de su esposa, mientras que el de ésta solamente lo es si concurren las exigencias específicas que allí se señalan, pues sólo ellas determinan que sea idéntica la consecuencia. El trato desigual en perjuicio del varón es un hecho indiscutible desde el momento en que en identidad de circunstancias el legislador atribuye secuelas distintas.
La norma no se justifica atendiendo, como pretende el Abogado del Estado, al parámetro de la situación de necesidad a que se refiere el art. 41 de la Constitución. Dicho precepto establece un mínimo constitucionalmente garantizado, pero no impide que el legislador amplíe el ámbito de la protección. Concretamente, en el supuesto de pensión de viudedad de las viudas la situación o estado de necesidad no es tomada en cuenta, aunque sí lo es en la de los viudos. Ello vulnera el principio de igualdad, pues si el derecho discutido se funda en la situación de necesidad, ésta debe existir para todos los eventuales titulares y si el derecho puede carecer de ese fundamento debe ocurrir así para todos sus titulares.
La situación más beneficiosa de las viudas se concreta en dos puntos capitales: a) el automatismo en la producción de la consecuencia jurídica, sin necesidad de la intermediación de trámites o de comprobaciones, y b) la presunción de necesidad de la pensión que es «iuris et de iure». Pero si el automatismo y la simplificación de los trámites, con su secuela de economía procesal, es un bien jurídico deseable, no es un interés al que deba sacrificarse un valor de rango constitucional superior, y la hipotética presunción, «iuris et de iure», de necesidad de la mujer, que se quiere fundar en datos sociológicos y en la realidad histórica, tampoco ofrece por sí sola un fundamento suficiente, y es, además, justamente lo contrario de la igualdad preconizada por el art. 14.
Artículo 160.1 inciso "la viuda" (anula)
Artículo 160.2 (anula)
Artículo 160, ff. 1, 5, 6, VP I, VP II
Artículo 160.1, ff. 5 a 7, VP I
Artículo 160.2, ff. 2, 5 a 7, VP I
Artículo 9.2, VP I, VP II
Artículo 14, f. 5, VP I, VP II
Artículo 14 (igualdad en la aplicación de la ley), ff. 2, 5, 6, VP I
Artículo 41, ff. 4, 6, VP I
Artículo 53.3, VP I
Artículo 39.1, VP I
Carga de la justificación del tratamiento diferenciadoCarga de la justificación del tratamiento diferenciado, f. 5
Discriminación por razón de sexoDiscriminación por razón de sexo, ff. 5, 6
Igualdad de géneroIgualdad de género, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Principio de igualdadPrincipio de igualdad, Contenido, f. 5
Adecuación entre cuota y prestaciónAdecuación entre cuota y prestación, f. 3
Pensión de viudedadPensión de viudedad, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pensión de viudedadPensión de viudedad, Requisitos, f. 2
Prestaciones de la Seguridad SocialPrestaciones de la Seguridad Social, f. 3
Situaciones de necesidadSituaciones de necesidad, ff. 4, 6

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 

Artículo 160

Artículo 160

Artículo 160

Artículo 160

Artículo 160

Artículo 9

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 41

Artículo 53

Artículo 39