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Timestamp: 2018-07-16 16:18:34+00:00

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AUTO 2012-00315 DE 02 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:SE NIEGA SUSPENSIÓN DE PARÁGRAFO QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA SALAS DE DECISIÓN DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE BOGOTÁ. LO ANTERIOR A TRAVÉS DE UN AUTO RESPECTO DEL PARÁGRAFO “CON EL DESPACHO DE MAGISTRADO DE DESCONGESTIÓN CREADO SE COMPLETARÁN VEINTIÚN (21) DESPACHOS DE MAGISTRADO, QUIENES CONFORMARÁN SALAS FIJAS DE DECISIÓN”, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1° DEL ACUERDO PSAA12-9683 DEL 2012, PROFERIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. PARA EL DEMANDANTE, LA DISPOSICIÓN ACUSADA ES CONTRARIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO LEY 1265 DE 1970 Y AL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 270 DE 1996. NO OBSTANTE, PARA LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA LAS FACULTADES OTORGADAS AL CONSEJO SUPERIOR POR LA LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA NORMATIVA QUE LA REFORMÓ, LEY 1385 DEL 2009, LE PERMITEN A DICHA CORPORACIÓN MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE LA SALAS DE DECISIÓN DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DEL DISTRITO JUDICIAL CON EL OBJETIVO DE EJECUTAR EL PLAN NACIONAL DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL. ASÍ, SE CONCLUYE QUE NO HAY NINGUNA RAZÓN JURÍDICA QUE AMERITE SUSPENDER DE FORMA PROVISIONAL LOS EFECTOS DE LA NORMA DEMANDADA, MIENTRAS LA ACCIÓN DE NULIDAD SIGUE SU CURSO PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LEY ESTATUTARIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA, ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD
Sentencia 2012-00315 de 2 de febrero de 2016
Rad.: 11001 0324 000 2012 00315 00
Actor: Roberto Salgado Zamudio
Bogotá, D. C., dos de febrero de dos mil dieciséis.
4.1. Consideraciones de las medidas cautelares en el CPACA
La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que era la única medida cautelar prevista en el CCA, continuó en el CPACA. En efecto:
4.2.2. El anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), establecía que esta medida estaba sujeta a que la contradicción con las disposiciones invocadas como fundamento de la solicitud de suspensión fuera manifiesta y apreciada por confrontación directa con el acto demandado. Así, no permitía que el Juez pudiera realizar un estudio del caso, pues la trasgresión debía ser ostensible, y como tal, no podía implicar esfuerzo analítico alguno.
4.2.4. El CPACA(4) define un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional –tanto en acciones de nulidad simple como de nulidad y restablecimiento del derecho– y define de forma general los requerimientos que debe hacer el Juez en los demás eventos. En efecto el inciso primero del Artículo 231 del CPACA, ordena:
4.2.5. Como la jurisprudencia ha resaltado, se trata de “una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que (…) habilita al Juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas al efecto”(5). Esto, por cuanto en el marco de la nueva normatividad establecida en el CPACA, para la suspensión provisional se prescindió de la “manifiesta infracción” hasta allí vigente, lo cual se ha interpretado en el sentido que “la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al Juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”(6).
4.2.6. En este sentido se observa que, para que se decrete la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.
4.2.7. Lógicamente esta regulación especial de la suspensión provisional no puede significar que en los juicios de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho únicamente resulte procedente esta medida cautelar. Dado el principio general sentado por el código(7) respecto de la posibilidad de decretar las medidas que mejor se ajusten a las particularidades del caso cuando quiera que se cumplan los requisitos previstos para ello se impone entender que la suspensión provisional de un acto administrativo puede verse acompañada de otras medidas previas: sería el caso, por ejemplo, de una de tipo suspensivo de la actuación si se está, por hipótesis, frente a la solicitud de suspensión de la licencia ambiental para la construcción de una obra, cuya paralización podrá también requerirse; o de tipo anticipativo si se está, por ejemplo, frente a una reclamación contra un acto que deniega el reconocimiento de un derecho, cuya suspensión se solicita, y se acompaña del pedido de anticipación de reconocimiento provisional del derecho.
5.1. El actor solicitó la suspensión provisional del parágrafo único del artículo 1 del Acuerdo Nº PSAA12-9683 de 2012, el cual estableció salas fijas de decisión para la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. El actor considera que la anterior disposición contradice lo establecido en los artículos 7 del Decreto-Ley 1265 de 1970 y 19 de la Ley 270 de 1996, que según él, establecieron salas rotativas.
5.2. Las disposiciones que el actor considera vulneradas señalan lo siguiente:
Artículo 7º del Decreto-Ley 1265 de 1970: Las salas de los tribunales superiores ejercerán sus funciones jurisdiccionales en salas de decisión, que se integrarán en cada asunto por el magistrado a quien le corresponda en el repartimiento y por los dos que le sigan en orden alfabético de apellidos. Cuando el número de magistrados de aquéllas sea inferior a tres, las decisiones se adoptarán en sala dual, que se formará, si ello fuere necesario, integrando las salas civil y laboral.
Artículo 19 de la Ley 270 de 1996: Los Tribunales Superiores son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.
5.3. La disposición censurada fue expedida por el Consejero Superior de la Judicatura en ejercicio de su deber de implementar el Plan Nacional de Descongestión Judicial. Este plan fue creado por la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, con el objetivo de superar los graves problemas de congestión judicial por los que atraviesa buena parte de la administración judicial.
5.4. Esta Ley le otorgó la facultad al Consejo Superior de la Judicatura de redistribuir los asuntos que los tribunales y juzgados tenga para fallo, de crear los cargos de jueces y magistrados de apoyo para atender cargas por congestión de los despachos permanentes (artículo 15).
5.5. A su vez el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 le otorgó al Consejo Superior la función de:
9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley. (…) (Negrillas de la Sala).
5.6. El Despacho considera que, en principio, las facultades otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) y la Ley que la reformó (1385 de 2009) le permiten a esta Corporación modificar la estructura de la salas de decisión de los tribunales superiores del distrito judicial con el objetivo de ejecutar el Plan Nacional de Descongestión Judicial. Por lo anterior, se llega a la conclusión de que no hay razón que amerite suspender de forma provisional los efectos de la norma demandada.
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. No. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. No. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Rad. No. 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

References: ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 7
 ARTÍCULO 19
 Artículo 231
 artículo 1

Artículo 7

Artículo 19
 artículo 85