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﻿ Sentencia SC5366-2014 de mayo 5 de 2014
SENTENCIA SC5366-2014 DE 05 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:INTERÉS MORATORIO- CONTRATO DE SEGURO. LOS INTERESES MORATORIOS A CARGO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SON DISTINTOS CUANDO, EN VIRTUD DE LA RECLAMACIÓN, DEJA DE PAGAR EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DEL MISMO (ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 510 DE 1999).
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE SEGURO, INTERÉS MORATORIO, ENTIDAD ASEGURADORA, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA
Sentencia SC5366-2014 de mayo 5 de 2014
SC5366-2014
Ref.: C-1100131030142003-00527-01
Aprobada en Sala de cinco de noviembre de dos mil trece.
Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil catorce.
1. Recibida la excepción de prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, se supone que el sentenciador, inclusive sin proponérselo, encontró que el derecho reclamado era cierto e indiscutido, así exprofeso haya dicho que prefería el análisis de ese medio defensivo, porque por lógica no se puede extinguir, por el fenómeno aludido, lo que es inexistente.
1.1. La jurisprudencia de la Sala tiene explicado que la “(…) excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose.
“A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor.
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad.
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido ‘y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen' ”(1).
1.2. Y a no dudarlo, el sentenciador superó la existencia de la relación aseguraticia, en donde abreva el derecho indemnizatorio; el riesgo asegurado, esto es, el cumplimiento de las obligaciones provenientes del suministro y compraventa de productos lácteos; y la ocurrencia del siniestro, como es la falta de pago de las mercancías entregadas.
Lo primero, cuando, con vista en la póliza presentada, señaló que “se [había acreditado] en el plenario la existencia del contrato de seguro de cumplimiento” entre “La Holandesa Ltda., como afianzada”, a la sazón tomadora, y la “aseguradora”, la compañía “Confianza S.A.”, en la que, además, figuraba en calidad de “asegurada” la demandante “Colácteos Ltda.”.
El hecho asegurado, al decir, también de cara a dicho contrato que el interés de Colácteos Ltda., consistía en que “no se incum[plieran] las obligaciones contraídas por la afianzada” derivadas del “suministro y compraventa de productos lácteos”.
El acaecimiento del siniestro, al establecer, a partir de los anexos del dictamen pericial evacuado en el proceso arbitral, que La Holandesa Ltda., había dejado de pagar el precio de los productos, “por lo menos a partir del 26 de octubre de 2000”, fecha en la que la ahora demandante le informó la existencia de “obligaciones en mora de 30 y 60 días”.
1.3. Desde luego, la excepción de prescripción, necesariamente, también debe partir de la presencia de esas circunstancias, porque como ha quedado explicado, no se puede atajar o extinguir un derecho o una acción que son inexistentes.
Si el medio de defensa en cuestión, en efecto, atribuye a la parte actora el conocimiento del siniestro en determinada época, esto comprende todo lo demás. Para no ir lejos, obsérvese cómo, al replicar el cargo, la demandada acepta el “análisis acertado jurídico y legal” realizado por el sentenciador, incluidos los “oficios calendados [el] 26 de octubre en adelante”, respecto de los cuales, dice, el tribunal “no apreció erróneamente”.
2. En ese orden de ideas, la polémica, entonces, se reduce a establecer si el 26 de octubre de 2000, la demandante Colácteos Ltda., había conocido el “incumplimiento contractual” de la afianzada, La Holandesa Ltda., pues esa fue la fecha que tuvo en cuenta el ad quem para confrontarla con la de presentación de la demanda al reparto, el 31 de julio de 2003, y concluir trascurrido el término prescriptivo de dos años previsto en el artículo 1018, inciso 2º del Código de Comercio, concretamente, “dos (2) años y nueve (9) meses”.
2.1. Con ese propósito, lo primero que advierte la Corte es que en el proceso resulta pacífico, de una parte, el término de vigencia del contrato de seguro, un año, entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de septiembre de 2001; y de otra, que conforme al contrato garantizado, las obligaciones a que se refería debían honrarse “en un plazo máximo de sesenta y tres (63) [días] contados a partir de la fecha de facturación”.
2.2. Igualmente, a propósito del escrito de réplica, que para ese cometido resulta insustancial la nominación jurídica del contrato afianzado, porque así sea inadecuada, como se concluyó en el laudo arbitral, la calificación se vincula con la subsunción de la realidad ínsita en el mismo a la normatividad respectiva, cuyo alcance, en caso de controversia, es ajeno a los estipulantes.
En esa materia, al decir de la Corte, se debe “(…) preferir el contenido (…), ya que, como se comprenderá, se trata de un proceso de adecuación de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la que obviamente la labor es estrictamente jurídica”. Por esto, como allí mismo se indicó, los “(…) contratos son lo que son y no lo que digan los contratantes, indicando con ello que tienen una realidad y consiguiente alcance jurídico tal como existen, al margen de las calificaciones que los intervinientes les hayan atribuido o quieran atribuirle después”(2).
Así las cosas, en el sub judice, existe identidad entre las obligaciones del contrato garantizado, llámese de suministro o de agencia comercial, y las de la póliza de seguro. Mírese cómo el primero tenía por objeto el “suministro y compraventa de productos lácteos con la Comercializadora La Holandesa Ltda.”, mientras la segunda aludía a afianzar el cumplimiento de las obligaciones “surgidas del contrato referente al suministro de productos lácteos con la marca Colácteos y/o marcas propias”.
3. Sentado lo anterior, precisa la Sala, como en innumerables ocasiones ha explicado, que para que un error de hecho en la apreciación de las pruebas pueda estructurar en casación la violación indirecta de la ley sustancial, se requiere que sea protuberante, por lo tanto, detectable al rompe; y trascedente, esto es, incidente en la decisión.
Esa especie de error, dice la Corte, es manifiesto cuando se aprecia “(…) a simple vista, sin necesidad de esfuerzo en el razonamiento”, y determinante, cuando guarda “(…) relación de causa a efecto con la resolución judicial contenida en el fallo que se acusa, de tal manera que ésta sea producto del yerro”(3).
3.1. En el caso, el tribunal tuvo por conocido el siniestro, esto es, el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, por parte de la actora asegurada, el 26 de octubre de 2000, fecha en la cual, dijo, ella había remitido a la afianzada el estado de cuenta, haciéndole saber el monto del saldo debido.
Ahora, si la póliza de seguro entró a regir el 15 de septiembre de 2000, en tanto el pago de los productos, conforme al contrato amparado, debía efectuarse “en un plazo máximo de sesenta y tres (63) [días] contados a partir de la fecha de facturación”, surge de bulto que de esos medios jamás podía seguirse que el siniestro acaeció el 26 de octubre de 2000, ni que, por ende, ahí mismo lo conoció la asegurada, porque entre una y otra data no cabe el “plazo máximo” dicho.
El error de hecho, por lo tanto, en ese preciso aspecto, al decir del cargo, resulta “contraevidente”, amén de trascendente, puesto que como esa aprehensión, necesariamente, tenía que acaecer más allá del señalado hito, el tribunal de ahí no podía concluir, con incidencia en las normas que se citan como violadas, que a la fecha de la demanda, el 31 de julio de 2003, “habían trascurrido dos (2) años y nueve (9) meses”.
3.2. El ad quem, es cierto, también se refirió a otros requerimientos, expresados por la parte actora en oficios enviados a la afianzada, obligada al pago, los días 9 de noviembre y 11 de diciembre de 2000, 10 y 31 de julio de 2001.
Empero, si la póliza de cumplimiento amparaba el pago de las mercancías entregadas durante su vigencia técnica, de las comunicaciones de 10 de julio de 2001 y anteriores, con su anexos, las cuales se encuentran ubicadas por fuera del término extintivo de dos años, comparadas con el 31 de julio de 2003, fecha de presentación de la demanda al reparto, tampoco podía inferirse el despunte del término de prescripción.
En efecto, entendido como sucedido el siniestro en el momento en que se dejan de honrar las obligaciones, hecho incontrastablemente al alcance del acreedor, es claro que el pago de las facturas, así sea en mora, no es el hecho que edifica la realización del riesgo asegurado. Y el contenido de las comunicaciones en cuestión y sus anexos (fls. 471-476, 491-495 y 496-515, cdno. copias), lo que ponen de presente, en general, es el cumplimiento, y además, que no existen deudas pendientes superiores a sesenta y tres días.
Para empezar, el “estado de cuenta” del oficio de 9 de noviembre de 2000, alude a “consignaciones” de “noviembre 3” y de movimientos hasta “06/11/2000”, así como de una cartera “por vencer” y de otra “vencida” de “1-30” y de “1-60” días. Esto significa, de un lado, que desde el 15 de septiembre de 2000, fecha de vigencia de la póliza, hasta la data del escrito, no hay un término superior a sesenta y tres días; y de otro, que todo lo demás se encuentra pagado.
La satisfacción de las obligaciones anteriores, igualmente se predica del “estado de cuenta” del oficio de 11 de diciembre de 2000, porque allí se mencionan “consignaciones” a “7 de diciembre año 2000” y movimientos hasta “09/12/2000”, mas no un saldo insoluto distinto a una cartera “por vencer” y otra “vencida” de “1-30” y de “1-60” días.
Y el oficio de 10 de julio de 2001, dirigido por la “coordinadora de cartera” de la demandante, a la “jefe administrativa” de La Holandesa, simplemente muestra una “conciliación” entrambas realizada; en tanto su anexo, el “extracto del proveedor” a “14 junio 2001”, lo que refleja es la aplicación de ciertos “débitos” y “créditos”, pero sin indicar, pues no especifica, el monto de la cartera por vencer, ni el tiempo de la exigible.
Para esas últimas calendas, desde luego, tampoco puede afirmarse la existencia de una cartera insoluta superior a sesenta y tres días, porque en la comunicación de terminación del contrato garantizado, adiada el 31 de julio de 2001 (fl. 226, cdno. 1), la parte demandante alude es a una cartera por vencer y de otra vencida de “1-30” y de “1-60” días.
Lo dicho, seguramente, llevó a la aseguradora Confianza S.A., a no atribuir a la pretensora, Colácteos Ltda., al formular la excepción de prescripción, el conocimiento del siniestro en una fecha anterior a ese 10 de julio de 2001, inclusive, porque ese hecho lo ubica, en forma expresa, “desde el 30 de julio de 2001” (resaltado extexto(sic)), cuando se dio aviso a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro.
El tribunal, por lo tanto, no podía concluir como época del enteramiento del siniestro el 9 de noviembre y el 11 de diciembre de 2000, ni el 10 de julio de 2001. Pero como lo hizo, su equivocación resulta patente y trascendente, puesto que si en ninguno de los oficios se relacionaron obligaciones pendientes de cancelar, superiores a sesenta y tres días, esto denota, a falta de otra significación, que todo lo demás se encontraba honrado.
3.3. Como lo anterior es suficiente para derrumbar la sentencia impugnada, respecto de la fecha en que la actora conoció o debió conocer el siniestro, la Corte se ve relevada de estudiar los demás errores de facto denunciados, derivados de la prueba pericial trasladada, mayormente cuando el ad quem basó su decisión específicamente en las citadas comunicaciones.
En efecto, si bien el juzgador aludió al dictamen evacuado en el proceso arbitral, en donde la ahora demandada no intervino, lo hizo, a propósito del escrito de réplica, únicamente para mencionar los mismos “oficios a que hicieron referencia los expertos” y que en sentir del ad quem interesaban “para efectos de esta litis”, los cuales la propia parte opositora no rechaza, pues los trae a cuento para prohijar las conclusiones del tribunal.
4. En consecuencia, al abrirse paso el cargo, sin costas por haber prosperado el recurso de casación, procede la corporación, en sede de instancia, a resolver la apelación que interpuso la demandante contra el fallo desestimatorio del juzgado, luego de constatados los presupuestos procesales y verificada, en general, la validez formal del proceso.
1. Los requisitos atinentes a la existencia del contrato de seguro de cumplimiento, a la identificación del riesgo asegurado y al acaecimiento del siniestro, deben tenerse por superados, pues como quedó explicado al resolverse el recurso de casación, se imponían como presupuestos necesarios para formular y resolver la excepción de prescripción.
Se trata de circunstancias sobre las cuales no cabe duda que hay consensos. En coherencia con el libelo introductor, se encuentran subsumidas, por lo supra explicado, en los fundamentos del medio extintivo en cuestión.
De hecho, los contiene la decisión apelada, pues eso es lo que explica la conclusión, según la cual, en sentir del a quo, la realización del riesgo asegurado acaeció el 20 de octubre de 2001, después de expirar el término de vigencia de la póliza.
Al sustituir el ad quem lo anterior, por el estudio de la excepción liberatoria, se entiende, en contra del juzgado, que el incumplimiento de la sociedad afianzada, respecto de las obligaciones derivadas del negocio jurídico garantizado, había ocurrido entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de septiembre de 2001, esto es, dentro del año de vigencia del seguro.
2. En ese contexto, todo se reduce a establecer en qué fecha la sociedad demandante asegurada conoció el acaecimiento del siniestro, aspecto sobre el que, valga acotarlo, en el sub judice no admite discusión, porque es la misma convocada, al exponer los contornos del medio extintivo en cuestión, quien la ubica “el 30 de julio de 2001”.
2.1. Ese hecho, desde luego, es el que debe guiar la decisión, porque como la prescripción la gobierna el principio dispositivo, al punto que no se puede reconocer de oficio (CPC, art. 306), no es dado, por respeto a la regla de congruencia prevista en el artículo 305, ibídem, ejercer la actividad juzgadora fuera del marco factual planteado.
Por supuesto, si oficiosamente no se puede declarar la excepción de prescripción, tampoco es dable reconocerla, al decir la Corte, “con apoyo en hechos no alegados en la contestación de la demanda”, o a partir de “(…) circunstancias no propuestas por el excepcionante, como quiera que de no ser así, la precitada restricción carecería de función alguna”(4).
La razón de ser de lo anterior estriba en que si la excepción en comento, no obstante, corresponder a la estricta esfera privada del interesado, al punto que puede renunciarla, es recibida con base en hechos que no fueron propuestos, el derecho de defensa quedaría en entredicho, al sorprender y condenar a la parte contraria sobre una situación fáctica que no tuvo oportunidad de controvertir.
2.2. En el caso, la demandada aseguradora ubicó el despunte de la prescripción “el 30 de julio de 2001”, y la parte actora contra argumentó que el término extintivo de dos años no podía vencerse el 30 de julio de 2003, un día antes de presentarse la demanda al reparto, debido a la conciliación prejudicial en derecho adelantada entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2003, fallida entre otras cosas.
Ahora, como este último hecho es cierto, la excepción en comento está llamada al fracaso, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, en el entretanto, el término de prescripción anduvo suspendido, no por un día, que es el disputado, sino por otros más.
3. En la contestación del libelo, igualmente se alega que la sociedad demandante “pretende hacer valer el seguro por moras o incumplimientos del afianzado generados por fuera del contrato de seguro”. Y aunque no se identificaron las obligaciones a las cuales se refería, esto no obsta el análisis correspondiente, por cuanto se trata de hechos a los cuales no los cobija el principio dispositivo, de ahí que en el hipotético caso de estar probados, pueden ser reconocidos de oficio.
La Sala, sin embargo, en ese sentido, no encuentra ninguna circunstancia enervante, porque el pago al acreedor de algunas facturas expedidas, inclusive con intereses moratorios, antes, durante o después de la vigencia del seguro, no equivale a desatender los compromisos del afianzado, sino a honrarlos.
Por esto, para que el medio sea de recibo, debe estar acreditado que el saldo insoluto reclamado, o parte de él, que es lo que configura el incumplimiento, y por ende, la obligación correlativa de la compañía de seguros, no se generó entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de septiembre de 2001. No obstante, como a continuación se verá, nada aparece probado.
3.1. Al resolverse el error de hecho enarbolado alrededor de las comunicaciones de 10 de julio y 31 de julio de 2001, la Corte dejó sentado, a cuyas consideraciones por economía remite, en general, la inexistencia de obligaciones pendientes de pago superiores a sesenta y tres días.
Por tanto, si para esas fechas el saldo a cargo de la sociedad afianzada se entroncaba con algunas facturas “por vencer” y otras “vencidas” de “1-30” y de “1-60” días, esto descartaba por completo el cobro del seguro de cumplimiento por prestaciones surgidas antes del 15 de septiembre de 2000, fecha a partir de la cual empezó la vigencia técnica del seguro.
3.2. Es cierto que el extracto “sistema de cartera”, proveniente de Colácteos Ltda., allegado por Confianza S.A. una vez culminada la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fls. 193/195, cdno. 1), habla de movimientos “desde 12/05/2001 hasta: 01/01/02”.
Sin embargo, de ese documento no se puede concluir que todas las partidas insertadas se encuentran en mora de pagar, por cuanto los anexos presentados con la reclamación formal elevada el 3 de febrero de 2003, lo fueron, como se afirma, a manera “ejemplificativa”. Es más, en esa comunicación se discrimina una “cartera morosa” por valor de $ 429’939.928 y otra “cartera corriente” en el equivalente a $ 583’860.027.
En todo caso, los únicos registros del mentado anexo, con fecha posterior al 15 de septiembre de 2001, son las notas débito “01/01/2002” y “31/12/2001”, en su orden, por las sumas de $ 10’954.637 y $ 2’022.312.24. No obstante, si la cartera total que muestra el extracto es de $ 606’453.674.48, mal puede afirmarse que en el proceso se está efectivizando el seguro de cumplimiento por dichos rubros, considerando que lo demandado, como capital adeudado por la sociedad afianzada, se limita a $ 298’342.970.
4. Resta establecer si, además del siniestro, la sociedad demandante acreditó fehacientemente la cuantía del mismo, como lo exige el artículo 1077 del Código de Comercio, toda vez que no se trata de una garantía de valor admitido, sino de tope máximo.
4.1. Conforme a la carátula de la póliza, la aseguradora Confianza S.A., garantizó el “(…) cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato referente al suministro de productos lácteos con la marca Colácteos y/o marcas propias”, hasta por un valor total de $ 700’000.000.
Según la cláusula tercera de las condiciones generales del seguro, la “(…) responsabilidad de la compañía [aseguradora] no excederá en ningún caso [el] valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el afianzado [Comercializadora La Holandesa Ltda.] durante la vigencia de la póliza”, respecto de las “obligaciones contractuales”.
De acuerdo con el negocio jurídico garantizado, la precitada sociedad se obligó a pagar a la parte demandante, el precio de los productos suministrados (cláusula primera, parágrafo segundo), “(…) en un plazo máximo de sesenta y tres (63) [días] contados a partir de la fecha de facturación”.
4.2. El dictamen pericial practicado en el proceso arbitral, aclarado y complementado, pone de presente que el saldo a cargo de Comercializadora La Holandesa Ltda., con corte a 31 de julio de 2001, esto es, durante la vigencia del seguro de cumplimiento, sin intereses, ascendía a $ 372’928.713.
Pese a que ese medio fue evacuado en ausencia de la aseguradora Confianza S.A., dado que no intervino en dicha actuación, sí le es oponible. En primer lugar, porque como se observa en el auto de pruebas y en los folios 538 a 544, cdno. 1, esa misma parte solicitó su incorporación e igualmente, en respuesta al oficio librado por el juzgado, allegó “(…) toda la documentación y pruebas respecto del dictamen pericial rendido, en el trámite arbitral surtido ante la Cámara de Comercio de Pasto (…)”.
Como tiene explicado la Corte, “(…) no puede poner reparos ‘quien pidió la prueba trasladada’ (Sent. Cas. Civ., oct. 17/2006, exp. 11277), o si la prueba ‘se anexó a este proceso como prueba trasladada y así se hizo justamente a petición de la parte [demandada] (…) con lo cual [ésta] aceptó la validez de la prueba y no puede ahora renegar de ella’ (Sent. Cas. Civ., mar. 22/2007, exp. 5125)”—(5).
En segundo lugar, al haberse cumplido el requisito de contradicción, puesto que al ponerse en conocimiento de las partes y al tenerse como prueba, nadie la objetó. Por el contrario, la misma sociedad demandada, por conducto de su apoderada, precisamente, trajo a colación ese medio para solicitar que se confirmara la sentencia del juzgado, según se observa en el alegato presentado a propósito del recurso de apelación.
El dictamen pericial, en consecuencia, debe ser acogido en su integridad, porque fuera de lo dicho, se soporta en el examen y análisis de los soportes correspondientes, y porque las conclusiones se explican en forma clara y precisa.
4.3. El laudo arbitral igualmente contribuye a demostrar la cuantía concreta de la pérdida sufrida. Si bien se profirió en ausencia de la ahora demandada, pues no fue parte en dicho trámite, se repite, aquí no se trata de deducirle fuerza obligatoria en su contra, pues ninguna declaración o condena le fue impuesta, sino de valorarlo como medio de prueba, como en efecto lo es, en los términos del artículo 264 del Código de Procedimiento Civil.
Sí allí se dedujo el incumplimiento de la afianzada y la cuantía del mismo, luego de aplicar una compensación, nadie puede dudar del contenido de ese documento, en cuanto a su fecha, autor y decisiones adoptadas. En sentir de la Sala, la sentencia judicial, y como tal, el laudo arbitral es equivalente, “(…) en sí misma considerada, no obstante el mérito probatorio que se le asigna, tan solo acredita su existencia, lo que se resolvió en ella, cuál fue el despacho judicial que la profirió y cuándo”(6).
4.4. En ese orden, con base en el dictamen pericial evacuado en el proceso arbitral y en el laudo de 24 de junio de 2003, con las aclaraciones y complementaciones resueltas el 3 de julio del mismo año, debe dejarse por demostrada la cuantía del siniestro, en la suma de $ 298’342.970, valor que el Tribunal de Arbitramento condenó a pagar a la sociedad afianzada y que la demandante asegurada ahora reclama contra la compañía de seguros, con base en la póliza de cumplimiento, toda vez que en el expediente no milita otro medio que la desvirtúe o modifique.
5. En la demanda se solicitó el pago de los intereses de la anterior suma, teniendo como época de la mora la fijada por la justicia arbitral, esto es, el 30 de octubre de 2001, calculados a la fecha de presentación de la demanda en la suma de $ 158’641.388, y los causados con posterioridad “a la tasa máxima” comercial, hasta que se verifique su pago, según fallo pronunciado el día 24 de junio de 2003.
5.1. La sociedad afianzada, en el contrato garantizado (par. único de la cláusula octava), expresamente se obligó a reconocer, “en el caso de retraso en el pago de las facturas”, “(…) un interés moratorio equivalente al máximo autorizado legalmente por cada día de mora”.
Sin embargo, la pretensión no puede salir avante, porque la cobertura de la sociedad aseguradora excluyó el pago de otros perjuicios, derivados directa o indirectamente de la realización del riesgo asegurado, y el incumplimiento en el pago de las facturas, así como de los intereses moratorios solicitados, cuya finalidad es la de indemnizar al acreedor los daños causados por el retardo en honrar una obligación dineraria, tienen esa significación.
En la cláusula quinta de las condiciones generales del seguro, en efecto, respecto del alcance de la responsabilidad adquirida por la compañía aseguradora (C. de Co., art. 1056), se estipuló que el “amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento”.
5.2. Distintos son los intereses moratorios a cargo de la compañía de seguros cuando, en virtud de la reclamación, deja de pagar el valor de la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredita, judicial o extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo (C. de Co., art. 1080, modificado por la L. 510/99, art. 111). Sin embargo, como esos réditos no fueron demandados, la Sala, por respeto al principio de congruencia, no los puede reconocer de oficio.
6. Pese a que en el libelo no fue solicitado de manera expresa el reconocimiento de la corrección monetaria, respecto de la cuantía del daño resarcible, se entiende pedida en forma implícita, porque contrario a como se había sostenido, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no aplica como una especie del perjuicio, sino que obedece a la variación externa de una misma obligación, debido al envilecimiento periódico de las economías afectadas por el fenómeno de la inflación.
6.1. En palabras de la Corte, la “(…) pérdida del poder adquisitivo del dinero no calificaba como un arquetípico daño, como quiera que, de un lado, se trataba de un fenómeno que obedecía más a las circunstancias económicas —específicamente monetarias— que se presentaban en una sociedad en un determinado tiempo, que a una consecuencia vinculada a la infracción del deber de prestación por parte del deudor; y de la otra, porque su reconocimiento incidía en la determinación real de la cuantía de los perjuicios a indemnizar, pero no en el aspecto cualitativo de los mismos, dado que no había allí, en puridad, ningún bien jurídico del patrimonio del acreedor que hubiere sufrido lesión por causa de la conducta dañina del deudor”(7).
Si la actualización del signo monetario tiene su fundamento, al decir de la Sala, en principios “(…) como el de la inequidad, el de la plenitud del pago o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales”(8), la indemnización del perjuicio no quedaría cabalmente cumplida cuando se hace en dinero histórico. De ahí que su reconocimiento no implica introducir de oficio una pretensión al demandante, sino que se encuentra ínsita o implícita en la súplica resarcitoria, en sí misma considerada, debido a que se le fulmina actualizada y evita con ello que el pago nominal enriquezca injustamente a una de las partes de la relación sustancial en perjuicio de la otra.
La indexación, por lo tanto, se impone inclusive de oficio, porque como tiene sentado la Corte, esa “(…) condena en términos reales, en principio no significa acceder inconsultamente a una pretensión ajena a los lindes de la demanda, sino que (…) representa juzgar un factor inherente a la pretensión”(9), de ahí que así el demandante no la hubiere pedido, el “juez está facultado para decretarla aún de oficio, pues lo contrario supondría la aceptación de una situación inequitativa en contra del acreedor”(10).
6.2. En ese orden, la cuantía del siniestro debe pagarse en su valor real, con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, desde el 31 de julio de 2001, cuando acaeció el siniestro, que es uno de los métodos más usuales para actualizar el valor del dinero, cuya liquidación, con sujeción a esos parámetros, debe verificarse al momento del pago voluntario o en el proceso ejecutivo que se adelante para el cobro, como se prevé en el artículo 308, in fine, del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio, claro está, de los intereses moratorios comerciales aplicados al capital actualizado al momento de la firmeza de esta sentencia, los cuales deben ser liquidados a partir de esa misma ejecutoria.
7. En suma, el fallo apelado debe ser revocado, para en su lugar, negar la excepción de prescripción y cualquier otro hecho enervante del derecho reclamado por la sociedad actora, quien, en los términos dichos, recibirá las pretensiones invocadas, con reducción en ambas instancias de las costas causadas, en un 60%, dado el fracaso de la pretensión de intereses solicitados.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 14 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda., Colácteos Ltda., contra la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., en todo caso, sin imponer costas en casación por haber prosperado el recurso, y en sede de instancia REVOCA en toda sus partes la sentencia apelada de 7 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar;
1. Declarar infundada la excepción de prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de seguro y negar la existencia de cualquier otro hecho enervante que sea dable reconocer de oficio.
2. Frente al cumplimiento de los requisitos para el pago del siniestro de que se trata, se condena a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza S.A., a pagar a la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda., Colácteos Ltda., la suma de $ 298’342.970, con corrección monetaria, cuya liquidación se hará conforme a los parámetros sentados, hasta la firmeza de esta sentencia, y de ahí en adelante, sin perjuicio de los intereses moratorios que se causen sobre el capital actualizado.
3. Condenar a la parte demandada a pagar las costas de ambas instancias, en el equivalente al 60%. En la liquidación de segunda instancia, la secretaría de la Sala incluirá la suma de $ 14’000.000, por concepto de agencias en derecho.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.»
(1) Sentencia 109 de 11 de junio de 2001, expediente 6343, reiterando G.J. XLVI-623 y XCI-830.
(2) Sentencia de 19 de diciembre de 2011, expediente 2000-01474.
(3) Sentencia 095 de 14 de septiembre de 2004, expediente 06756, reiterando doctrina anterior.
(4) Sentencia de 13 de octubre de 1993, CCXXV-219/217.
(5) Sentencia de 24 de abril de 2008, expediente 0076, reiterando doctrina anterior.
(6) Sentencia 128 de 28 de septiembre de 2004, expediente 8865, reiterando doctrina anterior.
(7) Sentencia 225 de 12 de diciembre de 2005, expediente 1993-0248, reiterando doctrina anterior.
(8) Sentencia 033 de 14 de febrero de 2005, expediente 7095, entre otras.
(9) Sentencia 209 de 12 de agosto de 2005, expediente 09714.
(10) Sentencia de 18 de diciembre de 2012, expediente 00172.

References: ARTÍCULO 111
 artículo 1018
 resolución 
 artículo 305
 artículo 21
 artículo 101
 artículo 1077
 artículo 264
e contrario
 artículo 308
in fine