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Timestamp: 2019-09-15 18:48:29+00:00

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Resolución de TEAF Navarra, 990826, 30-04-2003 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990826 de 30 de Abril de 2003
Se solicita la declaración de improcedencia de la sanción impuesta por utilización de gasóleo no autorizado, ya que la muestra de carburante contiene el trazador y colorante en proporciones inferiores a las establecidas, y subsidiariamente su imposición en su grado mínimo. Se desestima el recurso. Lo sancionable es la simple utilización del gasóleo no autorizado (incluso a título de mera negligencia), siendo intrascendente la cantidad, y las concentraciones de colorante y trazadores inferiores a las previstas, achacables a la mezcla del producto con otro tipo de gasóleo. Por tanto procede la sanción impuesta, graduada correctamente según los criterios establecidos en la normativa aplicable.
Sanción por utilización de gasóleo no autorizado.
Visto escrito presentado por don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Vizcaya), en relación con sanción impuesta con motivo de infracción contra la normativa de Impuestos Especiales.
PRIMERO.- Mediante acta de denuncia número (...) suscrita por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, Puesto de (...), se constata que por el vehículo Furgoneta Volkswagen, matrícula (?), de titularidad del reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.
SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido al interesado el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible.
TERCERO.- Y contra dicho acto administrativo viene el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante depositado en Oficina de Correos en (...) de noviembre de 1999, señalando que la cantidad de producto intervenida por los agentes de la autoridad ha sido mínima, lo que demuestra lo circunstancial del uso del gasóleo bonificado; que debe imponérsele la mínima sanción que se prevé en la normativa vigente (100.000 pesetas y un mes de inmovilización del vehículo), atendiendo tanto a la circunstancia anteriormente descrita como a los criterios de graduación de la Ley General Tributaria, que, a su juicio, se cumplen en su plenitud en su persona; que, independientemente de lo anterior, pone de manifiesto, el, a su juicio, distinto rasero con el que se miden las actuaciones de unos y otros ciudadanos ante la justicia. Solicita, pues, sea reducida la sanción impuesta hasta el límite descrito con anterioridad.
CUARTO.- Con posterioridad, y mediante escrito depositado en Oficina de Correos en (?) de septiembre de 2000, recuerda el interesado la situación de pendencia de su reclamación, denunciando la actuación dilatoria de la Administración. Asimismo, en diversas ocasiones, acude al Defensor del Pueblo en demanda de amparo respecto de su situación, a lo que este Tribunal ha respondido con diversos informes en los que se hizo ver que la presente reclamación se estaba tramitando en el orden que cronológicamente le correspondía, aun cuando lo fuera ya transcurrido el plazo legalmente establecido para la resolución de esta clase de reclamaciones.
SEGUNDO.- No es pacífica en la doctrina administrativa ni la jurisprudencial de los Tribunales de Justicia la cuestión de la concurrencia de infracción tributaria en los supuestos en que, analizada la muestra de carburante hallada en el depósito de combustibles, ésta contenga unas concentraciones de trazador y colorante inferiores a las previstas en la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1993.
Así, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 31 de mayo de 1999, 31 de enero de 2000, 27 de abril de 2000, 13 de julio de 2000, 18 de junio de 2001, 14 de junio de 2001 y 22 de octubre de 2001 sostienen, al unísono, que en estos casos no existe infracción punible, razonando que ?el artículo 50.3 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, condiciona la aplicación de los tipos reducidos por el Impuesto sobre Hidrocarburos relativos al gasóleo, al cumplimiento de las condiciones que se establezcan reglamentariamente en cuanto a la adición de trazadores, siendo la O.M. anteriormente citada (la de 15 de octubre de 1993) la que llevó a cabo dicha tarea. Si examinada la muestra se comprueba que la proporción del trazador es inferior procede declarar que ninguna infracción se ha cometido? (Sentencia de 18 de junio de 2001, entre otras). En otras Sentencias anteriores a esta última citada dicho Tribunal se extendía en algunas otras consideraciones, concluyendo siempre que no procedía la imposición de sanción alguna: ?El artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, dispone que la utilización de gasóleo como carburante, con aplicación del tipo establecido en el epígrafe 1.4 de la tarifa 1ª del impuesto, quedará limitada a los motores de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, los motores fijos y los motores de maquinaria minera no apta para circular por las vías públicas, y, por tanto, la conducta del actor encaja en dicho precepto; no obstante ello, también debe tenerse presente que no existe responsabilidad sin culpa en el ámbito del «ius puniendi» y de la potestad sancionadora, y ello conlleva la necesidad de determinar la autoría de la acción o de la omisión sancionable, principio éste que es complementado por otro, configurado como garantía, en lo sustantivo y en lo procesal, cual es el que proclama la presunción de que toda persona acusada de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El derecho a la presunción de inocencia vincula a todos los poderes públicos y es de aplicación inmediata, en virtud de la libre apreciación de la prueba y de su carácter «iuris tantum», puede ser destruido siempre que medie una actividad probatoria suficiente producida con las garantías procesales de la que pueda deducirse la culpabilidad de quien invoca su inocencia. Esta vez, el material probatorio no es concluyente, no existe prueba suficiente que permita sostener la imputación que se efectúa al hoy actor a la vista del resultado de los análisis efectuados por la propia demandada, puesto que no se acredita que el vehículo utilizara realmente como combustible gasóleo bonificado? (Sentencia de 31 de mayo de 1999, entre otras). Y esa actividad probatoria que, a juicio del Tribunal, resultaba insuficiente venía dada precisamente por la existencia de análisis efectuados por el Laboratorio Central de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en los que se revelaban unas concentraciones de trazadores y colorantes en las muestras de carburante extraídas que se hallaban ?muy por debajo de los límites establecidos en dicha Orden Ministerial?.
Sin embargo, hay otra corriente contraria a la anterior, corriente en la que podemos enmarcar las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de septiembre de 1997 y 15 de abril de 1999 y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 13 de julio de 1998, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 21 de abril de 1999 y 11 de marzo de 2000, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de noviembre de 2000 y del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 30 de marzo de 2002. Y así las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central inciden en que ?lo relevante en el presente caso es, pues, la presencia en el carburante utilizado de trazadores y marcadores propios y definidores de un gasóleo que tributó en su día por un epígrafe bonificado y cuyo uso, en cualquier proporción, que la Ley ni fija ni impone, no se hallaba autorizada para el vehículo que lo utilizaba, hechos estos que se estiman probados y que deberían haber determinado la confirmación por el Tribunal Regional de instancia de la calificación y sanción de la infracción apreciada por la Oficina de Gestión, careciendo de interés el reducido porcentaje en la muestra analizada del marcador y colorante detectados, achacable sin duda a la mezcla del producto debatido con otro gasóleo sin marcar, pues, como anteriormente se ha señalado, las proporciones de aditivos establecidas por la Orden Ministerial 15 octubre 1993 constituyen un requisito inexcusable a los solos efectos de la tributación del gasóleo con aplicación del tipo reducido, sin que puedan exigirse, so pena de fomentar el fraude, para justificar posibles manipulaciones posteriores de los consumidores?. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada pone de manifiesto que el hecho de ?que la cantidad de trazadores sea inferior a la indicada en la norma reglamentaria (Orden Ministerial 29 junio 1990) se debe a la utilización conjunta con gasóleo de tipo distinto, pero ello no impide que haya resultado acreditado la utilización indebida de gasóleo bonificado. En consecuencia, los hechos están correctamente tipificados conforme al art. 55 de la Ley 38/1992, de 28 diciembre?. En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha indica que ?para la concurrencia del tipo no se exige que los marcadores y trazadores se encuentren en la proporción o porcentaje reglamentariamente establecidos, sino que se utilice un gasóleo bonificado al que se hayan incorporado dichos marcadores y trazadores. Estos han de aplicarse en dicha proporción para que pueda utilizarse como gasóleo bonificado, pero si se utiliza indebidamente, su presencia, aunque sea en otro porcentaje, sirve de constatación y prueba de dicha utilización, aun cuando sea parcial como ocurre cuando se mezcla con otro tipo de combustible. La culpabilidad en este tipo de infracciones no requiere de una especial intencionalidad o malicia, bastando que se hayan producido por simple inobservancia como acontece sin duda cuando se utiliza gasóleo bonificado contraviniendo las limitaciones y prohibiciones legalmente establecidas, sin que se haya probado por el actor el error que alega que en todo caso demostraría la concurrencia de una imprudencia o negligencia también sancionable? (Sentencia de 11 de marzo de 2000) y que ?la existencia de menos cantidad que la determinada por la Orden Ministerial reguladora (por cierto, que en dos de los casos sólo se trata de algo menos que la cantidad fijada reglamentariamente) puede deberse a la mezcla del carburante modificado con otro o a un uso anterior que ha dejado restos, de modo que la existencia de los marcadores demuestra sin duda un uso, ya en todo, ya en parte, de este producto? (Sentencia de 21 de abril de 1999). También el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha pronunciado sobre este particular, diciendo ?que la presencia de trazadores y marcadores en proporción inferior a la fijada por la OM de 15 de octubre de 1993, no excluye la comisión de la infracción puesto que, a diferencia de lo que sostiene en la demanda, debe distinguirse entre la especificación técnica que se establece a fin de que los fabricantes identifiquen este producto, por un lado, y la presencia del trazador o marcador, aun en cantidades inferiores a las propias de su fabricación, por otra parte, lo que corrobora el uso de este tipo de gasóleo marcado, puesto que lo que se sanciona es la utilización de cualquier cantidad de gasóleo con trazador, de modo que otra interpretación llevaría a la conclusión de que el uso de mezclas quedaría excluido del ámbito de las infracciones de que se trata?. Y, asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia señala que ?ha quedado suficientemente constatada la comisión de los hechos, pues como se desprende del análisis efectuado en el Laboratorio del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la muestra extraída contiene el trazador y el colorante del gasóleo B, aunque en concentraciones inferiores a las que establece la O.M. de 15 de octubre de 1993, lo que encuentra explicación lógica en que se repostara momentos antes con gasóleo A. Por consiguiente al contenerse en el depósito del vehículo el gasóleo B, aún de la manera expuesta, se cumple el elemento esencial del tipo?.
TERCERO.- A la vista del panorama doctrinal y jurisprudencial anterior, hemos de compartir la tesis de quienes sostienen que en casos como el examinado en que la muestra de carburante contiene unas concentraciones de colorantes y trazadores inferiores a las previstas en la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1993 se ha cometido la correspondiente infracción. En efecto: lo determinante a efectos de la comisión de la infracción es que se haya utilizado indebidamente gasóleo bonificado, siendo intrascendente tanto la cantidad de gasóleo utilizada así como el hecho de que se haya producido una mezcla con otros combustibles no marcados. Y lo cierto es que la presencia de colorantes y trazadores, aunque sea en proporciones muy bajas, denota la utilización en algún momento de dicho gasóleo bonificado. Es más: en el presente caso el ahora reclamante no niega que hubiera utilizado en algún momento gasóleo bonificado, si bien (según dice) en una cantidad muy pequeña, lo que unido al resto de pruebas que constan en la propia acta de denuncia (prueba de ensayo con resultado positivo y coloración roja del carburante extraído) deben conducir a la confirmación de la sanción impuesta.
CUARTO.- Por último, por lo que se refiere a la solicitud de que se apliquen en el caso los criterios de graduación de las sanciones previstos en la Ley General Tributaria, hay que indicar que aun cuando genéricamente el artículo 55.4 de la Ley 38/1992 establezca que la sanción podrá oscilar entre 100.000 y 2.000.000 de pesetas, lo cierto es que la Sección gestora ha impuesto la sanción en atención a los criterios de graduación previstos en el artículo 119 del Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. En concreto, en este caso, atendiendo a la potencia fiscal del vehículo (50 CV), incluso pudo llegar a imponerse una sanción superior (la mínima para este caso sería de 600.000 pesetas y tres meses de inmovilización del vehículo), por lo que la sanción impuesta (300.000 pesetas y dos meses de inmovilización del vehículo) se halla hasta por debajo de los mínimos que marca el precepto reglamentario para este supuesto. Y por refrendar con un pronunciamiento jurisdiccional lo hasta aquí expuesto, transcribimos aquí parte del contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 21 de septiembre de 1998: ?Por lo que se refiere a la graduación de la sanción, el órgano sancionador no ha hecho sino aplicar las generales de la Ley que no son, precisamente, las que se especifican en la Ley General Tributaria -como aduce el escrito de demanda-, sino las específicas que se contemplan en las disposiciones reguladoras de los Impuestos Especiales?. Por todo ello, no cabe sino confirmar la sanción impuesta en todos sus extremos.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por la que vino a imponerse sanción de 300.000 pesetas y precintado e inmovilización del vehículo Furgoneta Volkswagen, matrícula (?), por un período de dos meses, confirmándose dicha Resolución en sus propios términos.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 84/2004, 06-03-2008
Orden: Administrativo Fecha: 06/03/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Recurso: 84/2004
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 7138/2005, 04-11-2008
Orden: Administrativo Fecha: 04/11/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Frias Ponce, Emilio Num. Recurso: 7138/2005
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 272/2017, TSJ Baleares, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 388/2015, 19-06-2017
Orden: Administrativo Fecha: 19/06/2017 Tribunal: Tsj Baleares Ponente: Socias Fuster, Fernando Num. Sentencia: 272/2017 Num. Recurso: 388/2015
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Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 08/03/2006 Núm. Resolución: 040250
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 30/04/2003 Núm. Resolución: 990829
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 30/04/2003 Núm. Resolución: 990825

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 119
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