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Timestamp: 2019-12-14 21:17:28+00:00

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Selección de personal - Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
Reglamento del sistema de carrera judicial del Poder Judicial
Ingreso ordinario a la carrera Judicial
Ingreso extraordinario a la carrera Judicial
Manual regulador del subsistema de ingreso a la carrera judicial
Reglamento de regulación de incompatibilidades y uso indebido de influencias
1.9.5 La selección de jueces en el Órgano Judicial de Bolivia
2. Marco contextual 2.1 La administración de justicia en el Poder Judicial de Bolivia
2.2 La administración de justicia en el Órgano Judicial de Bolivia
2.3 Participación ciudadana y control social en Bolivia
2.3.1 La participación ciudadana en Bolivia
2.3.2 Modelos de control social Modelo de control social en la versión de arriba
Modelo de control social desde abajo
2.3.3 Ámbitos de ejercicio del control social
2.4 Pensamiento crítico respecto a la concepción e implementación del control social en Bolivia 2.4.1 El control social una “sociedad civil organizada” como estado
2.4.2. El control social como órgano paralelo al Estado
2.4.3 Peligros del control social aplicado a la selección de jueces
3. Marco conceptual 3.1 Concepto de Control Social
3.2 Algunas Definiciones
Capitulo II Diagnostico 1. Introducción
2. Encuesta aplicada ciudadanos de la ciudad de Sucre Que criterio le merece la administración de justicia en Bolivia
Cuál cree que es la razón de esta situación
¿Cómo cree que se designan a las juezas y jueces
1.9.1 Selección de personal
La Selección de personal es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que el cargo vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias del cargo o descripción del puesto). Así, el primer cuidado al hacer la selección de personal es conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado42.
La selección de personal es entonces una comparación entre las cualidades de cada candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre los candidatos comparados. También se define como la escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados aquellos que son los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en una institución, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal43.
La Selección de personal no es lo mismo que el reclutamiento conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Por tanto el Objetivo específico de la selección de personal es escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las necesidades de la Institución.
La selección busca solucionar entonces dos problemas fundamentales44:
Adecuación del hombre al cargo,
Las personas difieren tanto en la capacidad para aprender a realizar una tarea como en la ejecución de ella, una vez aprendida. Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento en la ejecución es tarea de la selección45.
La selección de personal en el marco del Poder Judicial, ahora Órgano judicial, está vinculada a la independencia judicial.
1.9.2 La Selección de personal y la independencia judicial
El proceso de selección de los servidores judiciales del Órgano judicial, se debe realizar en el marco del respeto del principio de la independencia judicial, que no solo alcanza al ámbito jurisdiccional sino también al administrativo.
El principio de la independencia judicial establece que el órgano judicial es independiente de los demás órganos del Estado, que en el desarrollo de su actividad judicial debe estar libre de injerencias o intromisiones de cualquier índole. Su sometimiento sólo debe ser a la Constitución y a la Ley. Es por tal razón que el art.3 inc. 2 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, señala que la independencia del Órgano Judicial, “significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público”.
Por tanto la selección del personal del Órgano Judicial, debe respetar este principio, que coloca límites a la intromisión de los otros poderes públicos, no solo en la actividad jurisdiccional del mismo sino en la administrativa, ámbito donde se efectúa la selección de los servidores judiciales.
Sin duda este principio es el más importante para el Órgano Judicial, en los ámbitos de su actuación arriba señalados, por cuanto permite que se cuente con tribunales de justicia imparciales, con jueces probos y con una justicia segura y efectiva. El respeto a este principio efectiviza la garantía de la vía judicial, es decir, el reconocimiento que la administración de justicia sólo puede corresponder a un tercero imparcial –jueces- que asegure los derechos y garantías de la persona sometida a proceso y que materialice los principios y valores propugnados en la Constitución.
1.9.3 La selección de personal y el principio de imparcialidad
Este principio implica contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un tercero que no tiene ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una posición objetiva al momento de resolverlo.
Es en este sentido que el art.3 inc. 3 de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, señala que la Imparcialidad, “implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia”.
La imparcialidad del juez constituye otro principio medular de la administración de justicia. Este principio, que a la vez constituye una garantía y un derecho de los justiciables, también ha sido desarrollado en forma reiterada por la jurisprudencia constitucional. Así, la SC 53/2005-R, de 20 de enero determinó que:
“el derecho a un juez imparcial e independiente, prohíbe el juzgamiento por una autoridad que no esté dotada de independencia e imparcialidad que caracterizan a los tribunales y que se traduce en la falta de interés del juez en los resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, desde el de los demás órganos que conforman el Estado (independencia externa); desde el de otros jueces, particularmente de los de grado superior (independencia interna); como desde el de las partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, que el juzgador que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento esté exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva en el momento de adoptar su decisión, y por lo mismo, no puede verse constreñido por ningún tipo de consideraciones que puedan ser entendidas como un propósito de favorecer a una de las partes en desmedro de la otra; por el contrario, su objetividad frente al proceso es lo que debe primar.
Consiguientemente, el derecho a un juez imparcial, está orientado a preservar la llamada imparcialidad objetiva en todo sistema procesal y en todas las instancias y jurisdicciones, sean ordinarias o extraordinarias, como una garantía; a cuyo fin, el legislador ha incorporado mecanismos que aseguren su control y que en nuestro sistema, se encuentran inmersos en el capítulo de la excusa y la recusación”.
Por tanto la selección de servidores judiciales debe enmarcarse en el respeto a la independencia judicial, cuyo corolario debe ser la imparcialidad. Es decir si los servidores judiciales no deben favores, estos podrán, en el caso de los jueces, resolver sin presiones de ningún tipo.
Tanto la independencia e imparcialidad de los tribunales son una exigencia de los tratados y pactos internacionales. Por ello no es compatible con la imparcialidad la constitución de tribunales “ad hoc”, para el juzgamiento de determinados hechos46.
1.9.4 La Selección de jueces en el Poder Judicial de Bolivia
Con el fin de contrastar el proceso de selección de servidores judiciales que propone la Constitución Política del Estado en actual vigencia, a continuación se expone los mecanismos utilizados durante la vigencia del Poder Judicial, en su última etapa correspondiente a la reforma de 1994.
Fue precisamente la reforma Constitucional de 1994, la que dio lugar a la creación del Consejo de la Judicatura, órgano Administrativo y Disciplinario del Poder Judicial de Bolivia, presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrado por cuatro miembros denominados Consejeros de la Judicatura, con título de abogado en Provisión Nacional y con diez años de ejercicio idóneo de la profesión o la cátedra universitaria.
Las competencias o atribuciones del Consejo de la Judicatura ser clasificaban de la siguiente manera: 1.En materia de políticas de desarrollo y planificación 2. En materia económica y financiera 3. En materia de recursos humanos 4. En materia de infraestructura 5. En materia disciplinaria y de control 6. En Materia reglamentaria 7. En materia de coordinación e información.
Para efectos del presente trabajo interesa recordar las facultades que la ley otorgaba al Consejo de la Judicatura en materia de Recursos Humanos. Conforme establece el artículo 13 parágrafo III de la Ley 1817, estas atribuciones eran las siguientes:
El artículo 21 de la Ley 1817 Ley del Consejo de la Judicatura, determinaba que: “La Gerencia de Recursos Humanos es la responsable de la administración de las funciones de control, inspección e implementación de los Sistemas de Carrera Judicial y de selección de personal”.
Cabe precisar que, estas atribuciones de selección de personal conferidas al Consejo de la Judicatura, y materializadas a través de la Gerencia de Recursos Humanos, se enmarcaron en la normativa contenida en el D.S. 26115, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, que corresponden al diseño de control estatal establecido por la Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales.
El artículo 7 del referido decreto señala que el “Sistema de Administración de Personal esta compuesto por varios subsistemas que se nombran a continuación:
Respecto al Subsistema de Dotación de Personal, el artículo 11 del D.S. 26115, define el mismo como el “conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la Planificación de Personal, en concordancia con la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual, la estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos”.
Los procesos que conforman el Subsistema de Dotación son los siguientes: Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos; Cuantificación de la Demanda de Personal; Análisis de la Oferta Interna de Personal; Formulación del Plan de Personal; Programación Operativa Anual Individual; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción o Integración y Evaluación de Confirmación.
El proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, señala el artículo 18 del D.S. 26115, consiste en “atraer candidatos idóneos a la Administración Pública. Se fundamenta en los principios de mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad de condiciones de selección. Se realizará mediante convocatorias internas y externas”.
Por tanto la selección debe proveer a la entidad pública el personal idóneo y capaz de contribuir eficientemente al logro de los objetivos institucionales. Es de esta manera que el Parágrafo II, del artículo 18 del D.S. 26115, indica que la selección de personal busca proveer a la entidad del potencial humano que mejor responda a las exigencias de los puestos establecidos en cada Programación Operativa Anual Individual (POAI).
a) Evaluación. En el proceso de selección de personal se realiza la comparación del perfil del puesto con la capacidad de los postulantes para lograr los resultados específicos y continuos a través de: evaluación curricular, de capacidad técnica y de cualidades personales. El resultado de cada una de estas etapas tendrá carácter público.
b) Comité de Selección. Como resultado del proceso de selección de personal se determina el ingreso de una persona a la entidad o la promoción del servidor público, para el efecto:
La selección de personal se llevar a cabo por medio de la conformación de un Comité de Selección, compuesto por un representante de la unidad encargada de la administración de personal, un representante de la unidad solicitante y un representante nominado por la máxima autoridad ejecutiva.
Para el proceso de reclutamiento y selección la entidad puede contratar una empresa especializada, la misma que debe estar certificada y autorizada por la Superintendencia de Servicio Civil.
En este caso la máxima autoridad ejecutiva nominará a tres personas que conformarán el Comité de Selección, que actuarán como contraparte, avalando el proceso. Recomendándose que dos de los representantes del comité sean funcionarios de carrera.
c) Informe de Resultados. Los resultados del proceso de selección serán plasmados en un informe escrito, que elaborará el Comité de Selección para elevar a consideración de la autoridad facultada para elegir al candidato.
d) Elección. La autoridad facultada de la entidad tiene a su cargo la elección del candidato que ocupará el puesto, basada en el informe de resultados, pudiendo elegir entre los candidatos que mayor puntaje hayan obtenido y cumplan con los requisitos del puesto, conforme a su reglamento específico.
e) Nombramiento. Se trata de establecer oficialmente la relación de trabajo entre la entidad y la persona que ingresa a la misma, o con el servidor público que fuera promovido.
Asumiendo la normativa arriba expuesta, el Plenario del Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo Nº 239/2003, Reglamento de Carrera Judicial, que dejó sin efecto Acuerdo N° 160/2000, de fecha 13 de diciembre de 2000, que normaba la Carrera Judicial en el Poder Judicial.
El Acuerdo Nº 239/2003, tenía por objeto normar el Sistema de la Carrera Judicial, los sub sistemas que la componen, el régimen laboral aplicable a los funcionarios del Poder Judicial y todos lo procedimientos administrativos correspondientes, en el marco de las previsiones constitucionales y legales. De forma particular en lo que interesa al presente trabajo, se hace mención a los mecanismos legales establecidos para el ingreso a la carrera judicial: ingreso ordinario e ingreso extraordinario
El artículo 23 del Acuerdo Nº 239/2003, Reglamento de Carrera Judicial establecía el siguiente procedimiento para el ingreso a la carrera judicial a partir de la capacitación otorgada en el Instituto de la Judicatura de Bolivia, en la categoría de Juez de Instrucción de provincia, que se reproduce a continuación:
“La Gerencia de Recursos Humanos elaborará y publicará con autorización y a nombre del Consejo de la Judicatura las convocatorias respectivas, en coordinación con el Instituto de la Judicatura, las mismas podrán ser locales y/o nacionales de acuerdo a la naturaleza del o los cargos a que se convoquen.
Una vez recibidos los expedientes, la comisión de evaluación procederá a la revisión de los mismos en lo relativo al cumplimiento de requisitos.
Posteriormente, se procederá a evaluar los méritos, de acuerdo a la documentación presentada en los expedientes con sujeción a parámetros que se determinen previamente.
El Manual regulador del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial aprobado por el
Pleno del Consejo de la Judicatura regula la composición de la Comisión de Evaluación, su funcionamiento, el procedimiento y los criterios para llevar a cabo la evaluación y la puntuación necesaria para superar la fase de evaluación”.
Respecto a los exámenes de oposición, a los cuales se debía someter el postulante, el artículo 24 del Acuerdo Nº 239/2003, Reglamento de Carrera Judicial, establecía:
“Todos los postulantes que hayan superado las fases de cumplimiento de requisitos y evaluación de méritos deben rendir un examen de oposición, en el que se evaluará el nivel de conocimientos jurídicos de los postulantes, de acuerdo a Manual.
El Manual regulador del Subsistema de Ingreso en la Carrera Judicial, regula la composición del Tribunal encargado de evaluar el examen de oposición, su funcionamiento y la forma de desarrollo de la oposición, que se sujetará a los principios generales de la Ley y de este Reglamento, y la puntuación necesaria para superar la fase de oposición”.
Los postulantes que hubieran vencido las etapas de selección, debían ingresar a un periodo de formación en el Instituto de la Judicatura de Bolivia, y una vez vencida esta etapa se elaboraban listas de postulantes a Jueces Instructores, incorporando a quienes hayan superado el proceso de capacitación en el Instituto de la Judicatura, para su posterior designación conforme señala el artículo 27 del Reglamento de Carrera Judicial.
Los jueces de instrucción de provincia deberán ser designados, en las acefalías o ítemes de nueva creación, de los postulantes capacitados por el Instituto de la Judicatura y que forman parte de la nómina respectiva. Únicamente en caso de que los jueces de provincia no se postulen o no cumplieren con el puntaje mínimo que lo habilite acceder a las nóminas y ser designados en los juzgados de instrucción de capital, los egresados del Instituto de la Judicatura podrán ser designados en juzgados de instrucción de capital.
Realizada la designación, el Órgano elector debe hacer conocer su decisión al Consejo de la Judicatura, para el envío de los títulos de designación respectivos.
El Órgano Elector no podrá designar a postulantes que no hayan cumplido con el proceso establecido en el presente reglamento y que no figuren en la nómina oficial enviada por el Consejo de la Judicatura.
Es decir, el Instituto de la Judicatura remitía listas con los nombres de los alumnos que vencieron el periodo de capacitación, para que la Gerencia de Recursos Humanos ponga en conocimiento del Plenario del Consejo de la Judicatura, instancia que a su vez debía remitir listas a las Salas Plenas de las Cortes Superiores quienes debían designar a los nuevos jueces en las acefalías existentes, conforme reglamento.
Por otra parte, existía en el Poder Judicial el ingreso extraordinario a la carrera judicial, el mismo que se regía a lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo Nº 239/2003, Reglamento de Carrera Judicial, que a continuación se reproduce:
“Este Sistema se refiere a una de cada cuatro acefalías a que establece el art. 17-II-III en la categoría de Vocales y Jueces de Partido; asimismo, a quienes no hubieran cumplido con los requisitos establecidos en la evaluación de acuerdo al art. 43-II del presente reglamento.
El proceso de ingreso extraordinario mediante concurso de méritos tendrá lugar en procedimiento independiente para las categorías de Juez de Partido y Vocal de Corte
Superior de Distrito. Se realizará mediante evaluación de los méritos y examen de oposición por un Tribunal Examinador, en la forma y las condiciones que determinen las bases de la convocatoria efectuada por el Consejo de la Judicatura con arreglo a este Reglamento y al Manual del Subsistema de Ingreso en la Carrera Judicial.
Para presentarse al concurso será menester cumplir con los requisitos de Ley.
En las bases se incluirá el puntaje que corresponda a los méritos consistentes en títulos y grados académicos obtenidos en relación con las disciplinas jurídicas, años de ejercicio profesional en relación con disciplinas jurídicas, realización acreditada de cursos de especialización, publicaciones científico-jurídicas y Docencia Universitaria.
La valoración de los méritos se ajustará en el baremo a las exigencias de formación jurídica correspondiente a la categoría a la que se refiera la capacitación en el concurso de que se trate”.
En lo que interesa al presente trabajo, debe quedar claro que en el Poder Judicial existían dos formas para ingresar a la carrera judicial, en otras palabras, dos formas para ejercer el cargo de juez: el ingreso ordinario y el ingreso extraordinario, ambos implicaban un proceso de selección que integraban las siguientes etapas explicitadas en el artículo 29, del Acuerdo Nº 239/2003, Reglamento de Carrera Judicial:
a) Convocatoria.- La Gerencia de Recursos Humanos elaborará y publicará con autorización y a nombre del Consejo de la Judicatura las convocatorias respectivas, en coordinación con el Instituto de la Judicatura, cuando corresponda, las mismas podrán ser locales y/o nacionales de acuerdo a la naturaleza del o de los cargos a que se convoquen.
b) Evaluación de Méritos.- Una vez recibidos los expedientes, la comisión de evaluación procederá a la revisión de los mismos de acuerdo a Manual, en lo relativo al cumplimiento de requisitos y verificará una primera evaluación respecto de los admitidos fijando un puntaje provisional según los méritos alegados y justificados.
c) Examen de Oposición.- Posteriormente, se procederá al examen de oposición con los aspirantes
d) Informe.- El resultado de la valoración de méritos y del examen de oposición realizado se recogerá en un acta motivada, la cual será remitida junto con la nómina de candidatos que hayan superado el concurso de méritos y examen de oposición.
Concluido el proceso de selección aplicable al ingreso ordinario como al extraordinario, la Gerencia de Recursos Humanos elaboraba nóminas que se ponían a conocimiento del Plenario del Consejo de la Judicatura, para que esta instancia remita a su vez las listas concensuadas entre los Consejeros, a conocimiento de las respectivas Salas Plenas de las de las Cortes Superiores del país, para que estas instancias a su vez procedan a elegir entre los las personas seleccionadas, designando a aquellas personas que consideren pertinentes en virtud de los criterios de consenso.
Cabe precisar que los postulantes al ingreso ordinario a la carrera judicial, que vencían el proceso de selección, previamente debían someterse a un proceso formativo en el Instituto de la Judicatura de Bolivia, y posteriormente el Plenario del Consejo de la Judicatura remitía listas a las Cortes Superiores para el procedimiento arriba mencionado.
Como se mencionó el artículo 23 del Acuerdo Nº 239/2003, Reglamento de Carrera Judicial, establecía que el Manual Regulador del Subsistema de ingreso a la Carrera Judicial, debía regular la composición de la Comisión de Evaluación, su funcionamiento, el procedimiento y los criterios para llevar a cabo la evaluación y la puntuación necesaria para superar la fase de evaluación.
Efectivamente, el artículo 14 del Manual Regulador del Subsistema de ingreso a la Carrera Judicial, determina que:
“I. La conformación de la Comisión de Evaluación de Méritos para el proceso de revisión de requisitos mínimos habilitantes y calificación de méritos, será determinada mediante Resolución por la Dirección General del Instituto de la Judicatura de Bolivia. Dicha Comisión estará integrada por:
Un representante del Plenario del Consejo de la Judicatura, acreditado por el Consejo de la Judicatura.
Un representante de la Gerencia de Recursos Humanos, acreditado por su Gerente.
El Director de Capacitación Jurisdiccional del Instituto de la Judicatura de Bolivia.
II. Los integrantes de la Comisión son los responsables directos de la revisión de requisitos mínimos habilitantes y calificación de méritos del total de las postulaciones presentadas, en cuyo caso, no podrán bajo ninguna circunstancia delegar sus responsabilidades y funciones a otros funcionarios”.
En aplicación del artículo 15 del Manual Regulador del Subsistema de ingreso a la Carrera Judicial, ésta Comisión de Evaluación de Méritos debía estar presidida, por el Director de Capacitación Jurisdiccional del Instituto de la Judicatura de Bolivia y la secretaría debía ser ejercida por el representante de la Gerencia de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, quien, además debía tener la responsabilidad de llenar las hojas de evaluación en el Sistema Informático Seleccionador, colaborado por personal técnico de apoyo del Instituto de la Judicatura.
Es preciso señalar que el proceso de selección de jueces estaba limitado por normas internas del Poder Judicial, así el artículo 1º del Reglamento de Regulación de Incompatibilidades y Uso Indebido de Influencias, definía que el nepotismo o el uso indebido de influencias, se constituía en la “desmedida preferencia y favoritismo familiar por dispensa de honores, dignidad, cargos y prebendas a los parientes, amigos, correligionarios políticos y otros, en cuyo mérito hacen designaciones en contradicción e inobservancia de normas establecidas para el efecto”.
En concordancia a esta definición, el Acuerdo 32/2000 Reglamento de Proceso Disciplinarios, abrogado, establecía en el artículo 16 que:
“Se considera nepotismo, el uso indebido de influencias y desmedida preferencia para lograr el ingreso al Poder Judicial, mediante nombramiento, elección, designación o posesión de parientes y otros dentro de los siguientes grados:
a) Consanguinidad hasta el cuarto grado
b) Afinidad hasta el segundo grado
c) Espiritual, proveniente de matrimonio y bautismo.
d) Correligionarios políticos, anteriores o actuales con quienes haya realizado trabajos políticos conocidos públicamente.
e) Unión libre o de hecho y parentesco que provenga de éstos, en los mismos grados de prohibición que para el matrimonio”.
El artículo 17 del referido reglamento, indicaba que también se consideraba nepotismo a:
a) El intercambio de nepotes con otras autoridades de otras instituciones públicas.
b) El cuoteo político.
c) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.
Es de lamentar que estas prescripciones legales que hubieran podido permitir una lucha eficaz con un mal que se apoderó del Poder Judicial, como es el nepotismo, fueron declaradas inconstitucionales a través de la Sentencia Constitucional Nº 050/2000, de 25 de julio de 2000.
Cabe precisar que esta determinación del Tribunal Constitucional, se basó en criterios de orden técnico legal, que en su oportunidad el Plenario del Consejo de la Judicatura, no habría tenido en cuenta a tiempo de emitir el referido reglamento, ingresando al ámbito de la nulidad, por cuanto se pretendió que el Reglamento pudiera crear normas que no estaban previstas en la Ley 1817, conforme se deduce de la citada SC 50/2000 cuyo texto se reproduce a continuación:
“Sin embargo, en cuanto al Reglamento aprobado por Acuerdo No. 32/2000 se evidencia que en su artículo 22 referido a las conductas que serán consideradas como faltas muy graves, graves y leves, introduce en su parágrafo I los incisos 15 al 24; en el parágrafo II, los incisos 11 al 18; y en el parágrafo III, los numerales 3 al 6 que son figuras que por una parte no están contempladas en los arts. 39, 40 y 41 de la Ley No. 1817, y que, por otra -respecto a las insertas en el parágrafo I- están tipificadas como delitos en el Código Penal; contraviniendo con tales añadidos lo dispuesto por el art. 29 de la Constitución Política del Estado, ya que a título de reglamento no puede modificarse el texto de una Ley, transgrediéndose así el art. 228 de la Ley Fundamental, ingresando en la nulidad prevista por el art. 31 de la misma”.
La Constitución Política del Estado, promulgada el 2009, crea el Consejo de la Magistratura, como instancia “responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión”.
La Constitución Política del Estado establece dos elementos que son de relevancia para el presente estudio:
a) El artículo 195 inciso 8, determina la atribución de “Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces de partido y de instrucción”.
Facultad constitucional que permite al Consejo de la Magistratura no solo llevar adelante los procesos de selección de los servidores judiciales para los cargos de jueces y juezas, sino además su designación. Atribución que en el Poder Judicial correspondía a las salas Plenas de las Cortes Superiores de los diferentes distritos judiciales del País, como se pudo constatar en el análisis precedente al presente subtitulo.
b) El artículo 193 in fine constitucional, determinan que el Consejo de la Magistratura se debe regir por el principio de participación ciudadana.
Prescripción de orden constitucional que halla su desarrollo en el artículo 183 parágrafo I, inciso 8 constitucional, que a la letra dispone como atribución del Consejo de la Magistratura, en materia de políticas de gestión “Desarrollar e implementar políticas de participación ciudadana y de Control Social con la incorporación de ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil organizada”.
Recogiendo esta disposición constitucional el artículo 183, parágrafo IV, inciso 2 de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial determina que en materia de Recursos Humanos, el Consejo de la Magistratura es competente para “Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces y las jueces titulares y suplentes de los Tribunales de Sentencia, de Partido que son los jueces públicos, en todas las materias, y de Instrucción en materia penal”
Por lo señalado el Consejo de la Magistratura es la instancia privilegiada por el texto constitucional y la ley del Órgano Judicial, para implementar la participación ciudadana y el control social, que se convierten en principios de la actuación del Órgano Administrativo Disciplinario
El artículo 214 de la ley 025 Ley del Órgano Judicial, señala el procedimiento de selección y designación de juezas y jueces titulares y suplentes, que es el siguiente:
“El Consejo de la Magistratura emitirá en los medios escritos de circulación nacional y/o departamental, según corresponda, convocatoria pública abierta, para que los profesionales abogados que cumplan los requisitos exigidos por ley, se postulen o sean postulados al cargo de jueza o juez y servidoras o servidores de apoyo judicial;
En las audiencias públicas habilitadas para la selección de las y los postulantes a juezas, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial, tendrán derecho a participar sin restricción alguna las organizaciones señaladas en el numeral precedente, a objeto de realizar acciones de observación y control social, con el alcance establecido en el numeral 9 del Artículo 242 de la Constitución Política del Estado”.
El artículo 178 de la Constitución Política del Estado, reconoce la existencia de la Carrera Judicial a la que otorga el carácter de garantía de la independencia judicial, conforme señala el parágrafo II inciso 1 del referido artículo constitucional:
“II. Constituyen garantías de la independencia judicial:
1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial”.
Por su parte el artículo 215 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, señal que:
Conforme señala el artículo 216 de la Ley 025, la carrera judicial comprende los Subsistemas de ingreso, evaluación y permanencia, capacitación, formación y cesación de funciones, los mismos que deben ser reglamentados.
El artículo 217 de la referida norma legal permite afirmar que se vislumbrar la permanencia de las dos formas de ingreso a la carera judicial: ingreso ordinario e ingreso extraordinario, conforme se puede apreciar a continuación:
El Subsistema de Ingreso a la carrera judicial es el proceso de selección que comprende las fases de concurso de méritos y exámenes de competencia o promoción de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado. ( el subrayado no consta en el texto de la ley)
Se debe señalar que a la fecha de elaboración del presente trabajo, el Consejo de la Magistratura, ha sustituido la ex Gerencia de Recursos humanos, por la Dirección de Recursos Humanos.
Por otra parte, la institución se encuentra en proceso de consolidar una nueva estructura a partir de las disposiciones Constitucionales y legales, una vez que la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) dependiente del Tribunal Supremo de Justicia, asumió varia competencias que correspondían al ex – Consejo de la Judicatura.
Posterior a esta labor de definición de la estructura orgánica y funcional, corresponderá la elaboración de los reglamentos que permitirán cumplir con las exigencias legales que emanan de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial. Por lo que no es posible hacer mención a ningún reglamento sobre el tema que es de interés a la presente tesis.
2.1 La administración de justicia en el Poder Judicial de Bolivia
El sistema judicial boliviano ha venido sufriendo los efectos de su herencia colonial del Estado Republicano, la misma que en criterio de Chivi, se traduce en no solo,
“la reproducción simple de mecanismos coloniales, sean estos institucionales y organizacionales, que para el caso da lo mismo, sino más bien como dispositivos excesivamente complejos y que encubren la colonialidad en envases atractivos como modernización, tecnología y globalización, además de un largo etc., de argumentos que hoy por hoy han entrado en desuso, tanto en el lenguaje político como en el técnico de las reformas judiciales”47.
Sobre la colonialidad en la administración de justicia, Alberto Binder, señalaba:
“(…) si vemos los 200 años de historia independiente que hemos tenido, ninguno de los países nos hemos podido sacar de encima el modelo colonial, inquisitorial de la administración de justicia (…) me parece que esta época es una enorme oportunidad para que pongamos en cuestión ese modelo y lo echemos debajo de una vez por todas…”48
En efecto desde el momento de iniciada la vida republicana, el sistema de justicia nació atrapado en las costumbres coloniales, tal como lo atestigua el Decreto de 15 de diciembre de 1825, en el que se disponía la “Creación de una Corte Superior de Justicia en La Paz con las mismas atribuciones que las antiguas audiencias”; en el mismo sentido el Decreto de 21 de diciembre del mismo año determinaba “Que se observe en La República la Ley de 9 de octubre de 1812 y demás decretos de las cortes españolas sobre la administración de justicia”. Hasta su consolidación con los Códigos Santa Cruz en la primera mitad del siglo XIX; el proceso codificador es la constatación más palpable de lo mencionado49.
La Convención Nacional de 1899 y el posicionamiento público de los juristas del siglo permiten un cambio en la visión racial y cultural, en el trato judicial a los pueblos indígenas, a los pobres del campo y la ciudad.
Luego en 1942, Manuel López Rey y Arrojo, posibilitó una mirada a los pueblos indígenas50, realizando estudios sobre las posibilidades del tratamiento penal, e incursionando en los ámbitos de la sucesión y su tratamiento en el anteproyecto oficial del Código Civil.
La década de los cincuenta, es importante porque se produce el adueñamiento de la justicia por los movimientistas en complicidad con los sujetos del proceso de campesinización.
Posteriormente en la década de los sesenta, se conformaron comisiones que generaron los denominados Códigos Banzer51, en una clara expresión de dependencia respecto a teorías jurídicas ajenas a nuestra realidad, además de la utilización del derecho penal para la consolidación del régimen dictatorial.
Durante la década de los noventa se produjo una intensa reforma jurídica y judicial52 en Bolivia, mediante la promulgación de códigos, leyes y decretos que permitieron sustentar jurídicamente el modelo neoliberal, adoptado por aquellos que gobernaban el país, dando lugar a lo que se denominó legalidad en falso. Instrumentos jurídicos que permitieron usar la ley fue para beneficiar a las transnacionales.
Es en este periodo que mediante la Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994, Ley de Reformas a la Constitución Política del Estado, que se introdujeron profundos cambios en la estructura del Poder Judicial, creándose nuevos órganos generando la siguiente estructura:
Tribunal Agrario Nacional,
Cortes Superiores de Distrito, los juzgados de partido y de instrucción en materia civil, comercial, penal, de sustancias controladas, de familia, del menor, del trabajo y seguridad social, de minería y administrativa, de contravenciones y de mínima cuantía.
Las Cortes Nacionales del Trabajo y de Minería, así como los tribunales en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria, se integraron en cada departamento a las Cortes Superiores de Distrito formando la Sala Social, de Minería y Administrativa, igualmente, por efectos de la Ley de Aduanas, se crearon los Tribunales Aduaneros de Sentencia, más tarde por mandato del nuevo Código de Minería la materia de minería sale del Poder Judicial.
Se consideraban parte del Poder Judicial, pero sin ejercer jurisdicción a los Registradores de Derechos Reales y los Notarios de Fe Pública, al igual que los Jueces de Vigilancia y todos los funcionarios del ramo judicial.
En esta década, se ponen en evidencia los mecanismos contemporáneos de dominación colonial, que vienen de la mano de la cooperación internacional, ONG´s internacionales con aliados locales, Universidades, Colegios de Abogados y el propio Poder Judicial.
Durante todo este proceso histórico del Estado Boliviano, la Administración de Justicia no logra desprenderse de su herencia colonial, y es desde que el Sr. Evo Morales Ayma, asume el gobierno de Bolivia, que la colonialidad manifiesta en la estructura del sistema judicial boliviano, busca ser erradicada, a través de la promulgación que la Constitución Política del Estado y la aprobación de las nuevas leyes orgánicas y estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con la aprobación de la Constitución Política del Estado, el 2009, se cambiaron las normas básicas del sistema judicial boliviano y la identidad de sus instituciones. Ya no se trata de un Estado neoliberal con una democracia formal; según el preámbulo de la Constitución, se quiere “construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”.
Se instituye un nuevo Sistema Judicial, que incluye la promulgación de un ordenamiento jurídico renovado que debe superar la falta de vinculación a la realidad social:
Bustos sostenía que el derecho y la ley en América Latina aparecían “como una actividad desligada de la relación social concreta, como un ámbito propio ajeno a una sociedad determinada, y más bien, como el esquema ideal de un determinado sistema global: el de la sociedad burguesa”. Concluía que “es por eso, pues, por lo que basta con un estudio puro o dogmático del mismo para poder, sin más, trasladar las leyes y códigos desde aquellas sociedades burguesas desarrolladas a las subdesarrolladas. En definitiva, el derecho se convierte en pura ideología [...], la ley pasa a ser un juego de abalorios, sin efectividad, y más bien, nuevamente una forma de dominación de determinados grupos de poder sobre la mayoría de la población o, a lo más nuevamente, una especie, en el mejor de los casos, de paternalismo ilustrado”.
El proceso de descolonización de la administración de justicia, pretende la creación de un derecho propio que responda a la realidad boliviana, exenta de los transplantes de normas jurídicas que entrañan un componente ideológico, a decir de José Martí, quien destaca la función ideológica del derecho como instrumento de dominación53.
Se trata de construir una nueva administración de justicia basada en criterios que emergen de las características de la población boliviana y sus necesidades; crear normas jurídicas e instituciones que se conviertan en protagonistas y efecto del proceso renovador erradicando los excesos, males y vicios del ex Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo, el empoderamiento de los grupos de poder, la construcción de verdaderas redes de protección, a través de la designación de personal judicial en dependencia jerárquica en virtud del favoritismo y manejo discrecional de los sistemas de selección de personal, para la designación de las personas que son de interés personal o de grupo, permitiendo el surgimiento de verdaderas estructuras de fidelidad y lealtad cerrada al elector, quien usando la normativa de forma aparente, habría posibilitado su designación en un determinado cargo en el poder Judicial.
Esta estructura se manifestaba, cuando en las listas elaboradas por el Consejo de la Judicatura se establecían los consensos necesarios entre consejeros, autoridades ajenas al Plenario del Consejo de la Judicatura, como Ministros y Vocales, para consignar en las mismas a los postulantes que eran de interés del grupo de poder.
De esta manera en las listas elaboradas por el Consejo de la Judicatura, las estructuras de Poder se aseguraban que personas afines a sus intereses puedan ser elegidas como Vocales, Jueces y personal de apoyo a la labor jurisdiccional.
Los Órganos de designación del Poder Judicial, como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para el caso de la elección de los Vocales de Cortes; y las Salas Plenas de las Cortes Superiores de justicia, para el caso de la elección de los jueces y personal de apoyo a la labor jurisdiccional, generaban consensos que permitían cerrar el proceso de creación de estructuras de dependencia, de preproducción de los grupos de poder, que se habían empoderado en el Poder Judicial.
Esta estructura así creada exigía para su continua permanencia y reproducción, que el Vocal elegido por el Ministro de la Corte Suprema, le deba lealtad absoluta, con las consabidas relaciones de reciprocidad por el favor realizado. De la misma manera los jueces y personal de apoyo a la labor jurisdiccional designados por los Vocales de la Salas Plenas de las Cortes Superiores, debían lealtad y agradecimiento al Vocal a quien debían el “favor”.
Como se puede deducir la estructura orgánica y funcional del Poder Judicial, expresaba la estructura de dependencia y lealtad de grupos de poder: los jueces y personal de apoyo a la labor jurisdiccional, a los vocales; y estos a los Ministros de la Corte Suprema. Una estructura con características casi militares.
En este contexto la imparcialidad, se convertía en un horizonte solo descrito en las normas, sin ningún vestigio en la realidad.
Este panorama en el Poder Judicial, era reflejo del colonialismo incrustado en el Poder Judicial, el mismo que desde la promulgación del texto constitucional del 2009, busca ser erradicado. Es por tal razón que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha aprobado leyes orgánicas que buscan este fin, entre ellas la Ley 025 Ley del organo judicial.
La ley del Órgano Judicial determina la estructura orgánica, funcional y jerárquica del nuevo Órgano Judicial. Normativa jurídica novedosa por cuanto por primera vez, se incluyen en su ámbito de aplicación los Tribunales de las Jurisdicciones Ordinaria, Agroambiental, Indígena Originaria Campesina y el Consejo de la Magistratura, antes la Ley de Organización judicial solo normaba la estructura orgánica funcional de la jurisdicción ordinaria.
El artículo 2 de la Ley 025, señala que el fundamento último del Órgano Judicial es el pluralismo54 y el pluralismo jurídico55, conceptos que recogen el reconocimiento constitucional y legal de la diversidad en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El Estado boliviano actual tiene una estructura dividida en cuatro Órganos: el Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, y el Órgano Electoral, con el mismo nivel jerárquico. Cabe precisar que la división de los órganos, doctrinal e históricamente, tiene por objetivo evitar que todo el poder público se concentre en una sola institución y que los cuatro órganos se controlen entre sí y actúen como contrapesos mutuos, sobre la base de una adecuada coordinación.
El Órgano Judicial como los tres restantes órganos del Estado Boliviano, son independientes, lo que quiere decir que ninguno puede tomar las atribuciones de otro. Pero, al mismo tiempo, como manda la Constitución Política del Estado y el artículo 2 de la Ley del Órgano Judicial, deben coordinar y cooperar entre ellos para una mejor marcha del Estado, sin por ello afectarse su independencia y separación.
Considerando la situación en la que se encontraba el Sistema Judicial se entiende que las reformas constitucionales y legales encaradas en el presente proceso de cambio debieron y deben estar orientadas a generar confianza pública en el Sistema Judicial lo que implica la confianza en la justicia, misma que debe ser independiente, imparcial, transparente, pronta y oportuna, impidiendo que el sistema genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción.
Las reformas más importantes que introduce la Constitución en actual vigencia, para superar la crisis del sistema judicial son las siguientes:
a) La integración de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina al Sistema Judicial, con igualdad de jerarquía que la Jurisdicción estatal y ejercida exclusivamente por las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos.
b) La constitucionalización y consolidación de la Jurisdicción Agroambiental, que inicialmente fue creada como jurisdicción agraria mediante la Ley Nº 1715, la Constitución amplía la competencia de esta jurisdicción a las materias forestal, ambiental y uso de recursos hídricos.
c) La elección por voto directo y sufragio universal de los magistrados de los altos Tribunales de Justicia del Estado, para otorgar legitimidad democrática directa y proscribir la injerencia política.
d) La modalidad de designación de los jueces de instancia, previendo que sean designados por el Consejo de la Magistratura, que en el pasado eran designados por las Cortes Superiores de Justicia.
e) La sustitución del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario del Órgano Judicial por el Consejo de la Magistratura, al que se le encomienda la función de control administrativo y disciplinario.
f) La supresión del control de legalidad sobre los actos administrativos que en la anterior Constitución estuvo encomendada a la Corte Suprema de Justicia por la vía de los procesos contencioso administrativos.
g) Se reduce el período de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental a 6 años sin derecho a la reelección.
En la misma lógica de reforma del sistema judicial, la ley 025, introduce los siguientes cambios:
1º La supresión de los valores y aranceles judiciales en la presentación y sustanciación de los procesos judiciales.
2º La previsión de que la selección de los postulantes a cargos del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental sea por meritocracia; vale decir, la comprobación objetiva de la idoneidad, referida a la formación profesional, la experiencia, las capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño del cargo, y la probidad referida al comportamiento ético moral del postulante.
3º La creación de los magistrados suplentes para reemplazar a los magistrados titulares del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental en los casos de ausencia temporal o acefalia definitiva; los magistrados suplentes reemplazarán a los conjueces del sistema anterior, lo que contribuirá a resolver los conflictos de intereses que se presentaban con la presencia de los conjueces, toda vez que éstos eran designados por la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Agrario Nacional de entre profesionales abogados en ejercicio libre de la profesión a quienes no les era aplicable el régimen de incompatibilidades.
4º La introducción de la conciliación como medio de solución inmediata de conflictos y de acceso directo a la justicia, como primera actuación procesal antes de ingresar al proceso contencioso.
5º El incremento del número de vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia en función al número de habitantes por cada Departamento.
6º Se introduce el Control Social en el proceso de postulación, preselección y selección de los candidatos a magistrados de los altos Tribunales de Justicia del Estado.
7º Se introduce la oralidad para la sustanciación de los procesos judiciales en sustitución del sistema escriturado.
Es de esperar que en la implementación del nuevo Órgano Judicial se provean de juzgados a los 337 municipios, se incrementen juzgados en las ciudades capitales de Departamento y ciudades intermedias con mayor población y elevado flujo procesal. Ello es de vital importancia si se toma en cuenta que la Ley Nº 025 ha eliminado los juzgados de instrucción, los que en materia civil y familiar atendían un importantísimo volumen de procesos judiciales, especialmente aquellos procesos voluntarios y sumarios; la supresión de esos juzgados supone la remisión de toda esa carga procesal a los Juzgados Públicos de Materia y Juzgados Públicos Mixtos, cuyo número debe ser incrementado en función a una cuantificación real de la carga y flujo procesal.
Lamentablemente, respecto a la organización territorial e institucional del Órgano Judicial, las reformas constitucionales y legales no han encarado el tema, lo que supone mantener incólume una deficiencia del sistema que incide en la falta de garantía para el acceso a la justicia, así como para el logro de una justicia pronta y oportuna.
Con relación a la garantía de una justicia independiente, la Constitución Política del Estado, establece la estabilidad e inamovilidad como garantía para la independencia de los jueces y magistrados, si bien es cierto que el art. 178.II.1) de la Constitución determina que como garantía de la independencia judicial el desempeño de los jueces estará sujeto a la carrera judicial; no es menos cierto que la Ley Nº 025, de un lado, reduce dicha carrera judicial a los jueces de instancia excluyendo de su alcance a los vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, toda vez que éstos tienen un período de mandato de cuatro años con derecho a una nueva designación; y, de otro, no prevé normas que regulen el Sistema de Carrera Judicial y los Subsistemas, como el de ingreso, de capacitación e información y de evaluación de desempeño.
Por otra parte el Sistema Judicial ofrece oportunidades de participación y de petición de cuentas por las y los ciudadanos sobre el servicio judicial, por cuanto las reformas constitucionales y legales han sentado también las bases para generar la participación ciudadana. Así, el art. 178.I de la Constitución proclama el principio de participación ciudadana como una de los criterios sobre los que se organiza la impartición de la justicia.
De otro lado, el art. 242 de la Constitución define como tareas de la participación y Control Social la de conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos del poder constituido, entre ellos del Órgano Judicial; denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, que podrá activarse en aquellos casos en los que los jueces o magistrados incurran en delitos en el ejercicio de sus funciones; colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan, en este caso será de los vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los jueces de instancia; y apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan, en este caso será para la elección de los magistrados de los altos Tribunales de Justicia.
Según los estudiosos del tema de la participación ciudadana, existen dos vertientes ampliamente reconocidas en su conceptualización:
1.- La tendencia neoliberal-participativa, que plantea reducir las atribuciones estatales y extender las relaciones de mercado, en esta corriente la participación es vista como individualista56, es decir que la participación depende de la acción y comportamiento personal e individual.
O como explica Milbrath y Goel “el hecho o no de participar será, pues, una función de factores personales, factores de posición social o factores contextuales, esto es, condiciones que influyen más o menos en este tipo de comportamiento individual que es la participación”57
2.- La segunda tendencia, está ligada a los nuevos movimientos sociales que tienen formas renovadas de acción colectiva, esta corriente sugiere la necesidad de extender los espacios democráticos y de ampliar la participación ciudadana. Su enfoque es comunitarista, “en esta perspectiva la sociedad civil alude a la integración y articulación de las fuerzas sociales por oposición a la sociedad mercantil y fragmentada”58
Tanto el proyecto neoliberal y el proyecto democratizador necesitan de una sociedad civil activa y propositiva para sus proyectos políticos de participación.
En Bolivia se podría dividir la experiencia reciente de los mecanismos de participación ciudadana en dos etapas. La primera que surge de las políticas neoliberales implementadas por recomendación del Consenso de Washington, en lo que se conoció como la reforma y modernización del Estado a través de la modificación de la Constitución Política, donde se aprobaron leyes que definieron el primer escenario de participación ciudadana: Ley de Participación Popular (LPP) en 1994 y finalmente la Ley de Descentralización Administrativa59.
Una segunda etapa surge el 18 de diciembre del 2005, con la elección del presidente Evo Morales Ayma, quien modifica sustancialmente la Constitución, y crea recientes leyes que dan un nuevo matiz a la participación ciudadana, que se expresan en la Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LAD), y la Ley del Régimen Electoral (LRE) promulgadas a mediados del 2010. Es en esta segunda etapa, donde se hará una rápida descripción de la nueva forma de participación en Bolivia.60
Para entender la nueva lógica de participación ciudadana en el Estado Plurinacional de Bolivia se debe hacer referencia por un lado a un concepto polisémico presente en la Ley de Régimen Electoral y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización: La democracia intercultural, que “se sustenta en la existencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas (…) con diferentes formas de deliberación democrática, distintos criterios de representación política y el reconocimiento de derechos individuales y colectivos” (LRE, Art. 2).61
Esta noción de interculturalidad reconoce una forma “nueva” de democracia que se sustenta en las estructuras ancestrales de las organizaciones indígenas, como por ejemplo es el caso de comunidades quechuas mediante el ayllu o la forma indígena de capitanía que es la estructura de organización de los indígenas guaraníes de la amazonia boliviana. Dichas estructuras ancestrales tienen como máxima forma de toma de decisiones a las asambleas locales o lo que muchos autores llaman la democracia comunitaria.
De acuerdo al Art.11 de la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, la “democracia intercultural, [esta] basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria” (Art.1). En ese marco, la participación ciudadana en Bolivia reconoce tres tipos de democracia.
Primero, la democracia directa que crea mecanismos concretos de participación ciudadana62:
a) El referendo (nacional, departamental y municipal), que puede ser convocado mediante iniciativa estatal o mediante iniciativa popular.
b) La revocatoria de mandato que procede por iniciativa popular
c) Las asambleas y cabildos que pueden originarse por iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
d) La consulta previa “[que] es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada” (LRE, Art. 39).
El segundo tipo de democracia que se reconoce es la representativa que mantiene sus mecanismos tradicionales de funcionamiento, como es el sufragio universal (voto), con la particularidad que en el nuevo texto constitucional se incluye la segunda vuelta para la elección presidencial, una figura que es reciente en la normatividad boliviana.
Por último, se halla la figura de la democracia comunitaria, que reconoce “las instituciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos [que] forman parte del Estado Plurinacional, por lo que se reconocen sus autoridades y sus normas y procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno” (LRE, Art. 91). La democracia comunitaria no requiere de normas escritas para su ejercicio, salvo decisión de las propias naciones o pueblos indígena originario campesinos, por ello el Órgano Electoral de Bolivia no exige a estos pueblos y naciones la presentación de normativas, estatutos, compendios de procedimientos o similares.
En conclusión estas tres formas de democracia dan perfil a lo que se denomina como democracia intercultural, y que se encuentra presente en las estructuras legislativas, ejecutivas, e inclusive judicial (justicia comunitaria) de la nueva administración territorial de Bolivia.
2.3.2 Modelos de control social
Modelo de control social en la versión de arriba
A través de la Ley de Participación Popular, el Estado creó al Comité de Vigilancia63; el Comité se convirtió en una oferta del Estado antes que una demanda social. Oferta que además fue permanentemente fortalecida “desde arriba” con sin fin de talleres de capacitación pero fundamentalmente con la cesión de recursos que el Estado impulsó a través de la constitución del Fondo de Control Social.
La expresión “Control Social”, se encuentra por primera vez en el artículo 14 de la ley de Participación Popular, cuando en referencia a la “ampliación de las competencias municipales”, el inciso l) señala como una nueva competencia la de “responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos de Control Social de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia”.
El artículo octavo de la Ley de Participación Popular, define los márgenes de ese control en términos muy precisos, vinculados al ámbito exclusivamente municipal64. Por cuanto, las preocupaciones centrales de la municipalización de ese cuño eran la privatización y eficientización de los servicios básicos y políticamente una estrategia de fragmentación de sujetos sociales, por medio de la compartimentación de sus prácticas políticas al espacio local-municipal.
Sin embargo se debe señalar que el hecho de que la Participación Popular, sirvió objetivamente para que sectores indígena-campesinos se empoderasen y coparan progresivamente una considerable cantidad de municipios, no era parte del proyecto político del núcleo dominante de la burguesía formada después de 1952 y ocurrió por factores ajenos a su cálculo.
En el primer Diálogo Nacional de 1997, se empezó a escuchar esporádicamente el uso de la expresión “Control Social” como un requerimiento de fiscalización de la “sociedad civil”65 sobre el estado, más allá del terreno municipal. Pero, el viraje decisivo explotó en las mesas del “Jubileo 2000” impulsado por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica y co auspiciado por las principales confederaciones sindicales, ONG y otras organizaciones sociales.
La motivación inmediata para exigir la creación de un Mecanismo de Control Social fue la necesidad de contar con una forma de supervisión de los recursos correspondientes al alivio de la deuda, pero al revisar los fundamentos de las conclusiones se advierte inmediatamente que el pronunciamiento tiene una proyección más amplia, como se observa en la caracterización que realizó del Mecanismo de Control Social66:
Instancia representativa de la sociedad civil reconocida mediante ley.
Incide en las políticas públicas para permitir un seguimiento y control de la gestión y el manejo de recursos fiscales en general.
Realiza monitoreo permanente de pertinencia de políticas, cumplimiento en su implementación, avances e impacto de programas.
Auditaría social, incorporando aspectos contable-administrativos, técnicos y socio-políticos.
Coordina el encuentro de diferentes sectores de la sociedad civil boliviana.
Está bajo la responsabilidad exclusiva de la sociedad civil.
Posteriormente, en la segunda versión del Diálogo Nacional, que da origen a la Ley del Diálogo (julio 2001), se crea el Mecanismo de Control Social, y es definido en el artículo 25, en los términos siguientes:
“Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se entenderá por Control Social el derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de Control Social.”
En seguida se aprecia que la definición es extremadamente amplia, lo que muy probablemente obedece a las evidencias de que existe una concentración tan elevada de expectativas y demandas que los poderes (especialmente ejecutivo y legislativo) no se atreven a desafiar frontalmente. Los artículos ulteriores de la ley acotan el espacio de acción del Control Social a la fiscalización especializada de los recursos provenientes de la condonación parcial de la deuda, pero el artículo transcrito refleja el espíritu del momento, así como el episodio concreto de la relación entre estado y sociedad.
La Constitución Política del Estado, es clara al momento de identificar los ámbitos estatales en los cuales debe funcionar el Control Social, estos abarcan prácticamente a todas las instituciones estatales, incluyendo al Poder Ejecutivo y a todas sus reparticiones, también a las cuatro entidades territoriales autónomas reconocidos por la Constitución, es decir los departamentos, los municipios, las regiones y las autonomías indígenas originarias. Pero el Control Social deberá ejercerse también en las entidades autárquicas (el caso más importante es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), descentralizadas y desconcentradas. Aun más: no sólo están abarcadas las instituciones estatales sino también “las empresas e instituciones públicas, mixtas o privadas que administren recursos fiscales”.
Finalmente, de acuerdo al inciso 6 del Art 242, una de las atribuciones del Control Social es “conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estados” y la Constitución define que los órganos del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo el Judicial y el Electoral mientras que las “funciones del estado” abarcan las funciones de control, a cargo de la Contraloría General del Estado, la función de defensa de la sociedad, a cargo de la defensoría del pueblo nacional y las contralorías departamentales, la función de defensa del Estado a cargo del la Procuraduría General del Estado. Por tanto, el ámbito de aplicación del control social en Bolivia, es de gran amplitud y envergadura, que probablemente no tiene parangón en otras Constituciones y leyes en la región latinoamericana.
Estas atribuciones rebasan las experiencias de Control Social en Bolivia, particularmente la labor de los Comités de Vigilancia establecidos en la Ley de Participación Popular, que se han reducían al ámbito municipal y cuyos resultados han sido bastante modestos67, pero también la experiencia del mecanismo del Control Social aplicado en el proceso denominado de “Diálogo Nacional”.
2.4 Pensamiento crítico respecto a la concepción e implementación del control social en Bolivia
2.4.1 El control social una “sociedad civil organizada” como estado
Diego Ayo68 realizando un análisis sobre alguna serie de anteproyectos de ley respecto al Mecanismo del Control Social señala:
“Me permito extractar algún párrafo que pone en evidencia el tipo de debate que se da en torno a este tema. Un debate pringado de frases altisonantes (“se inicia una nueva democracia verdaderamente participativa”), ideología a raudales (“los movimientos sociales serían los que asumen casi de forma natural este control y participación) además de un conjunto de deseos absolutamente pertinentes pero no por ello aplicables (“el control social debe ser el motor del funcionamiento estatal y estar incluso por encima de los poderes del Estado”). Pero todo este combo no tiene o tiene una articulación mínima como lo que sucede: las limitaciones del control real, la participación territorial en desmedro de aquella empresarial (por ejemplo), la cooptación de los controladores por el Estado, la transferencia de recursos para su funcionamiento entre otros aspectos que hacen a la esencia misma de una ley acorde a la necesidad no sólo de especular sino de convertir los anhelos en política pública. Real y asible. Muy poco de eso es lo que vemos”.
Por estas razones, indica que estas normas responden a consignas ideológicas alejadas de cualquier experiencia práctica, mientras que el modelo que antecedió fue desarrollando un cariz normativo menos ambicioso pero acorde a lo que se iba aprendiendo. Aprendizaje que demandaba concisas pero imprescindibles (micro) reformas.
Indica el autor que los problemas se deben a “una debilidad de origen constitucional. O, para ser más precisos, la CPE refleja una concepción política/filosófica de ver al país y la coyuntura particular que se vive, proclive al cambio radical. Se trata de una coyuntura revestida de revolución. Y en las revoluciones las cosas nacen de cero. Los orígenes no deben remontarse al pasado. Se inician hoy. La historia sólo sirve para recordarnos eras de oscurantismo que deben ser revertidas”.
Refiriéndose al pensamiento de fondo de estas posiciones, que reflejan la visión de la denominada “nueva izquierda señala”
“En tal sentido, cualquier reminiscencia a la “República” debe ser sustituida por la palabra “Estado Plurinacional”, recordándonos que el parto de una nueva Bolivia viene aparejado, o debería hacerlo, de nuevos nombres, actitudes y valores. En esa senda, todo tufo republicano debe extinguirse, bajo la certeza de que el estado calamitoso de Bolivia se debe a sus élites republicanas antinacionales y racistas y, por eso mismo, despreciables, cuyo único propósito fue lucrar a costa del pueblo. Este último, aunque acorralado, logra sobreponerse perfilándose como el último reducto nacionalista frente al embate oligárquico/imperial antinacional.69 En suma, la culpa del fracasado derrotero nacional corresponde a sus líderes.
Lo remarcable, para el tema que se analiza en el presente trabajo, es visibilizar el efecto de este pensamiento:
“si la culpa la tuvieron la élites republicanas y sus instituciones corruptas en desmedro del pueblo, entonces ahora le toca gobernar al pueblo”. Vale decir, se contraponen dos actores en juego: los gobernantes (culpables) frente a los gobernados (víctimas), donde si uno falla (los culpables) no queda mucho por elegir: toca el turno a las víctimas, que por su condición misma poseen la sensibilidad adecuada como para gobernar al país.
El resultado no es otro que la instalación en el imaginario de los proyectistas de la ley de un anhelo: el de lograr desde esa “sociedad civil organizada” lo que no lograron las instituciones republicanas (desde las élites que las manejaron).
No, en vano, se asigna a ésta (a la sociedad) responsabilidades que competen a un Estado. A todo un Estado, desde legislar, gobernar, hacer elecciones, sentar jurisprudencia, etc. En síntesis, el Estado republicano debe quedar reemplazado por el Estado del Pueblo que, en jerga de lo políticamente correcto, recibió el apelativo de “Estado Plurinacional” y en la Constitución se conoce como la “sociedad civil organizada”
Finalmente se pregunta ¿Qué significado tiene, entonces esta forma de concebir el control social? Y la respuesta que señala, resulta dilucidador:
“No hay dudas: se trata de un control social que deja de ser social adoptando características más próximas a la fiscalización además de toda la amplísima gama de labores estatales que se le asigna. Lo social se diluye tornándose estatal.
Por tanto las ideas de control social que se manejan pretenden erigir una “sociedad civil organizada” como Estado. No es sólo un apéndice que se aproxima del Estado, sino que se constituye, ella misma, en un proto-Estado. No lo reemplaza, es cierto, pero lo amordaza. Es un suprapoder que vigila, holísticamente, todo el complejo estatal. Es un ojo que ve “desde arriba”. Desde un “arriba” difuso, que quizás esté abajo. No lo sabemos. Nadar en aguas del deseo, como es el sello de la redacción de ley, impide saber cuándo abajo es abajo y arriba. Señala el autor.
Fruto de éste análisis, el autor llega a la siguiente conclusión:
“En suma, si bien el control se encuentra reconocido legalmente, su rol se desvirtúa al asumir, en forma “ambiciosa”, demasiadas tareas estatales (como la fiscalización, la gestión pública y otras relativas a los poderes legislativo, judicial y/o electoral). Estamos, pues, frente a un control invasor que deja su identidad de control social para vestir el ropaje de “Estado paralelo”. Monumental error que al final deja al control real en ascuas, para beneficio de un entorno palaciego oligárquico y, por eso mismo, discursiva pero no efectivamente participativo”.
En el artículo “El control Social en la Nueva Constitución Política del Estado”70, elaborado por la Dirección de asuntos económicos con apoyo de la asistente de la dirección de asuntos jurídicos, de la Confederación de Empresarios Privados de bolivia, en las conclusiones del estudio señala que:
“Las atribuciones conferidas constitucionalmente al Control Social son excesivamente amplias e incluso incompatibles entre la co-gestión, la fiscalización y la co-responsabilidad en el nombramiento de autoridades”.
En coincidencia al análisis de Diego Ayo señala:
“En varios ámbitos, el Control Social se presenta como una estructura paralela al Estado. Tiene capacidades, aunque indirectas, de legislación y de gestión administrativa, como el nombramiento de autoridades y la planificación, además de competencias de control, fiscalización y administración de justicia (también indirectamente), mediante su participación en la revocatoria de mandato. En consecuencia, la esencia democrática de distribución del Poder no es parte de lo que se percibe en la concepción de este Control Social.
El Poder que concentra esta instancia puede derivar en un escenario de captura del mismo por sectores de la sociedad que tradicionalmente han sido activos a favor de intereses particulares o políticos. En términos coloquiales, esto puede significar también la captura del Estado y la internalización de excesivas presiones sobre las decisiones estatales. En lo que hace a las actividades privadas, lo señalado es un factor muy preocupante que puede deteriorar la seguridad jurídica tan necesaria para la inversión”.
Un aspecto preocupante para el sector empresarial es que:
“Lo que propone la NCPE obedece a varios objetivos entremezclados. Por una parte se busca establecer un control para-estatal emergente de la sociedad civil. Esta instancia sería responsable de suplir aquello que no funciona internamente en el Estado. Pero además este control se extiende a privados por varios canales. Por otra parte, el diseño también parece responder a la necesidad de que la sociedad civil organizada sea parte de la gestión gubernamental, aspecto que es diferente y eventualmente contradictorio al primer objetivo”.
El documento señala que “Los controles fundamentales son los constitucionales que definen diversos tipos de frenos que limitan el Poder y establecen capacidades indelegables. El diseño de frenos y contra pesos del texto constitucional debería ser el mecanismo de primera línea en materia de control. En la visión que se presenta en este texto se sugiere que es más importante construir eficiencia, transparencia y responsabilidad al interior del Estado, antes que crear un órgano paralelo que no tiene porque ser el reservorio de legalidad y transparencia de la sociedad”.
Finaliza el documento indicando que:
“Si el Control Social nace de la desconfianza en el Estado y sus órganos, la recurrencia de la corrupción y hasta el cuestionamiento de la legitimidad de algunas autoridades, el Control Social que tiene menos legitimidad tendría muy pronto problemas de representatividad”.
Según un artículo publicado en el periódico los Tiempos, la incursión del control social al campo de la selección de jueces y magistrados, entraña los siguientes peligros conforme señalan los entrevistados:
“Según la senadora de Convergencia Nacional (CN), Centa Rek, es un “arma de doble filo” que puede traer problemas al mismo oficialismo porque se está abriendo la puerta a que las organizaciones sociales puedan tomar decisiones por encima de la evaluación meritocrática de los postulantes.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Edwin Rojas, comparte esta preocupación pues “todo indica que los méritos (profesionales) no valdrán mucho, sino el respaldo de una organización social o pueblo indígena que repercutirá en la función judicial, pues esta forma de selección no garantizará que los mejores abogados puedan ser elegidos como magistrados”71.
De todo lo expresado se puede deducir que las previsiones contenidas en la Constitución y las leyes en Proyecto relativas al Control Social y participación ciudadana, se prefigura un Control Social, paralelo al Estado, un proto-estado, o la conversión de la sociedad civil en estado, conforme señalan los autores arriba señalados. Es decir un suprapoder que competirá con el Estado generando una serie de presiones al mismo Estado, en el objetivo de lograr fines establecidos y que pueden ser en la práctica, intereses de grupos, ahora provenientes de la sociedad civil.
Por otra parte, el control social puede carecer de legitimidad, mucho más que las instancias estatales, debido al tema de la representatividad, Por cuanto, la representación estatal emerge del voto, a diferencia de la del control social, que puede ser impuesta por las organizaciones sociales.
Pero el problema fundamental, radica en la participación del control social en los proceso de selección de jueces del Órgano Judicial, carente de los elementos técnicos necesarios para poder realizar de manera óptima este proceso. Lo cual, podría dar lugar a colocar la meritocracia en segundo lugar, después de otros criterios como los que lamentablemente, se han impuesto en la selección de magistrados de los altos tribunales del órgano Judicial, a través de la elección popular del año 2011.
Respecto a estos aspectos, es menester señalar que la propuesta que se ha elaborado, propugna un control social con los suficientes conocimientos técnicos, a través de la participación de los Colegios de Abogados y las organizaciones de Abogados, que se hayan constituido sobre la base del decreto 100 promulgado por el Presidente Evo Morales Ayma. Estas organizaciones sabrán en su oportunidad exigir la preeminencia del criterio meritocrático sobre otros, permitiendo la cualificación del proceso. Situación que no cierra la participación de otras organizaciones sociales, las mismas que a través de la veeduría, podrán controlar el proceso.
Sobre el peligro de la transformación de la sociedad civil en un Estado paralelo, a través del mecanismo del Control social, este es un peligro que el presente trabajo trata de evitar a través de la contribución al fortalecimiento institucional, para el caso de análisis, del Consejo de la Magistratura.
El control social permitirá fortalecer las instancias de manejo de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, solo así se hará posible el mismo, por tanto no se tratará de una repartición cuasi estatal, que compita con las instancias institucionalmente establecidas.
3.1 Concepto de Control Social
En el objetivo de alcanzar una conceptualización adecuada del término Control Social, a continuación se presentan la revisión de algunos autores y sus perspectivas:
Para Keller y Calhoun, “El Control Social se refiere a los esfuerzos de un grupo o de una sociedad por la autorregulación (o por regularse a sí misma). La forma más poderosa de Control Social es la interiorización de las normas. Cuando la interiorización falla, intervienen los controles sociales informales y (especialmente en las sociedades modernas complejas) las sanciones formales”. 72
Para Duncan Mitchell, el Control Social “En su sentido amplio indica un aspecto de la discusión sociológica concerniente con el mantenimiento del orden y la estabilidad. En su sentido más estrecho puede ser usado denotando los variados medios especializados empleados para mantener el orden, tales como “Códigos, Cortes y Condestables” o puede ser usado para categorizar discusiones de instituciones sociales y su interrelaciones hasta donde ellas contribuyen específicamente con la estabilidad social, por ejemplo, instituciones legales, religiosas y políticas. El Control Social es uno de los sujetos fundamentales de la discusión sociológica y surge en todas las discusiones acerca de la naturaleza y causas de la estabilidad y el cambio social. Entre los antropólogos sociales la discusión se ha centrado este último tiempo alrededor de la comparación de las sociedades simples, algunas de las cuales despliegan medios formales de Control Social, mientras que otras indican una casi completa ausencia de ellos”. 73
Para Ernesto Moreno, el Control Social, “es el conjunto de mecanismo e instancia de los cuales toda sociedad, de una u otra forma, induce a sus miembros a comportarse acorde con las normas, valores y pautas culturales predominantes”. 74
Los autores arriba mencionados centran la conceptualización del término Control Social, en palabras como: autorregulación comportarse conforme a norma; mantenimiento del orden; estabilidad. Todas destinadas a mantener un sistema, un orden establecido, una rutina, una conducta.
Un segundo grupo, hace referencia a una nueva forma de comprender el Control Social vinculado a la idea de fiscalizar y hacer seguimiento a los servidores públicos.
Para Horton y Hunt, el Control Social, (o los controles sociales), son los medios por los cuales se hace que las personas desempeñen sus roles como se espera“ 75
“Se entiende como Control Social de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia para el logro de sus objetivos. 76
El Anteproyecto de Ley de Participación Popular y Control Social, en su artículo 53, entiende por Control Social, “toda práctica de vigilancia, seguimiento e intervención de la comunidad o ciudadanía y/o de sus órganos de representación, a la administración, por parte del Gobierno (servidores públicos), de los recursos económicos, humanos, logísticos, naturales y otros del Estado”77.
En la misma norma que se hizo referencia líneas arriba, se encuentran las siguientes definiciones que pueden ser de utilidad para el presente trabajo:
1. (Derechos) La participación y el Control Social constituyen derechos y obligaciones reconocidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional y por las leyes bolivianas.
2. (Democracia Participativa) La participación y el Control Social son modalidades o mecanismos de democracia participativa y directa, reconocidos por la Constitución y las leyes. En ningún caso, las diversas modalidades de Control Social podrán sustituir a los poderes legalmente constituidos.
3. (Definición de Control Social) El Control Social es el conjunto de acciones e iniciativas ciudadanas, sean estas ejercidas por personas naturales y/o por organizaciones sociales, con el fin de vigilar y evaluar los actos de la administración estatal, en todos sus órganos y niveles, para establecer responsabilidades y sanciones sobre el manejo de la gestión pública.
4. Definición de Participación Social) La participación social es el conjunto diverso de acciones de personas naturales y/o jurídicas destinadas a incidir efectivamente en las decisiones de las autoridades y funcionarios públicos, a través de procesos de deliberación pública y preservando el bien común.
5. (Obligaciones del Estado Plurinacional) El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus Órganos y niveles, conforme a la Constitución Política y las leyes, tiene la obligación de generar espacios y mecanismos institucionales para garantizar y facilitar el ejercicio pleno de la participación y el Control Social.
6. (Poder de Decisión) Son los recursos y medios legales, técnicos y administrativos que utilizan los ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio eficaz y eficiente de la participación y el Control Social.
7. (Rendición Pública de Cuentas) La rendición pública de cuentas es un proceso mediante el cual los funcionarios y autoridades públicas informan a la sociedad civil sobre los resultados y dificultades de la gestión pública. Estos procesos deben ser reglamentados y deben contar con espacios para que la sociedad civil pueda acceder a información sobre el tema tratado para deliberar libremente sobre los alcances y limitaciones de dichos informes.
8. (Acceso a información pública) El acceso a información pública relevante, actualizada y detallada es un derecho consagrado por la Constitución y las leyes vigentes. Es la condición imprescindible para ejercer el Control Social y la participación en la gestión pública. Las autoridades y funcionarios tienen obligaciones para proporcionar información relevante a los ciudadanos y ciudadanas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, los habitantes empadronados en el último censo del año 2001 eran 8.274.325 habitantes, de los cuales 4.123.850 son hombres y 4.150.475 son mujeres, sin embargo en la actualidad llegan a los aproximadamente 10.125.522 habitantes78.
Según la proyección del INE, desde el 2001 el país creció en cerca de un millón 500 mil habitantes. La Paz es la región más poblada, pero el crecimiento demográfico fue más rápido en Santa Cruz.
Para efectos del presente trabajo se hace usos de los datos del censo del 2001, llevado a adelante por Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, habiéndose logrados los siguientes datos demográficos de población respecto a la ciudad de Sucre:
Utilizando estos datos se determinó una muestra probabilística estratificada, respecto a la población urbana de la ciudad de Sucre. Por esta razón se aplico una encuesta en el centro de la ciudad y los cuatro puntos cardinales de la misma, ubicadas en los siguientes lugares: Plaza 25 de mayo, Plazuela San Ruanillo, Plazuela de la Recoleta y calles aledañas, Plazuela del cementerio, Zona de la Fabrica de cerveza Sureña y calles aledañas.
Los criterios de estratificación que se utilizaron, son los siguientes:
Ciudadanos de la ciudad de Sucre
Pertenencia a las diferentes zonas de la ciudad donde se aplica el cuestionario.
Para realizar la encuesta cuyos resultados se expresan a continuación se realizó una prueba de monitoreo, en la plaza 25 de mayo, que permitió establecer la pertinencia de las preguntas de la encuesta y la posibilidad de implementación de la encuesta a otras zonas de la capital.
2. Encuesta aplicada ciudadanos de la ciudad de Sucre
Que criterio le merece la administración de justicia en Bolivia
Criterio sobre la administración de justicia en Bolivia
Fuente: Encuesta a la población de la ciudad de Sucre, gestión 2012.
Del total de personas encuestadas el 42% considera que la administración de justicia en Bolivia es corrupta, 31% considera que en la administración de justicia boliviana existe retardación de justicia, un 21 5 considera que la justicia boliviana esta politizada y finalmente un 6% considera que la administración de justicia en Bolivia es eficiente y confiable.
Criterio sobre las razones del estado de la administración de justicia en Bolivia
Falta de imparcialidad de los jueces
Responde a los intereses del ejecutivo
El 34% de los encuestado responden que la razones por las cuales la administración de justicia se encuentra en esta situación se debe a la Falta de independencia del Poder Judicial hoy Órgano Judicial; para un 27% se debe a que el Órgano Judicial responde a los intereses del ejecutivo; 21% indica que se debe a la falta de imparcialidad de los jueces y un 18%. Señala que se debe a la falta de transparencia
3. ¿La Constitución Política del Estado señala que la Independencia del Órgano Judicial se asegura con el respeto a la carrera judicial, usted cree que los jueces son designados de forma transparente, respetando la carrera judicial?
Criterio sobre el respeto a la carrera judicial
Sobre el respeto a la carrera judicial como garantía de la independencia judicial, los encuestados señalan en un 79% que no se respeta, mientras que el 21% restante señala que si se respeta.
¿Cómo cree que se designan a las juezas y jueces?
Criterio sobre la designación de juezas y jueces
Se designa a quienes compran sus puestos
Se designa a los familiares y amigos
Se designan a los que instruye el ejecutivo
Mediante procesos de selección legales y transparentes
Respecto al criterio de cómo se designan a los jueces la población señala en un 45% que se designa a los familiares y amigos; un 24% que se designan a los que instruye el ejecutivo; un 16% que se designa a quienes compran sus puestos; y un 15% que las designaciones se realizan mediante procesos de selección legales y transparentes.

References: artículo 13
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 23
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 195
 artículo 193
in fine
 artículo 183
 artículo 183
 artículo 214
 Artículo 242
 artículo 178
 artículo 215
 artículo 216
 artículo 217
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 53