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Timestamp: 2017-07-21 04:28:13+00:00

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BOC - 1994/104. Miércoles 24 de Agosto de 1994 - 1371
BOC Nº 104. Miércoles 24 de Agosto de 1994 - 1371
1371 - DECRETO 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico.
La Ley de Aguas aprobada por el Parlamento de Canarias el 26 de julio de 1990, siguiendo los precedentes de la Ley nacional de 1985, es especialmente cuidadosa con la protección de los recursos hidráulicos de las Islas, estableciendo en sus artículos 56 y siguientes las obligaciones que se derivan de la utilización de las aguas, sobre todo en cuanto se provoque la contaminación actual o potencial de las mismas. La exigencia generalizada de autorización para el vertido de aguas residuales, la prohibición de contaminación o degradación de los acuíferos, la acción inmediata contra los vertidos contaminantes, la garantía del correcto funcionamiento de las depuradoras, el canon de vertido y las previsiones para la reutilización de las aguas, conforman el esqueleto normativo de la Ley en esta materia.
La protección de las aguas contra los vertidos contaminantes es, como se ve, una tarea común, en la que las finalidades y directrices a las que se debe el Gobierno de Canarias están muy claras. El Reglamento de vertidos que se aprueba vertebra en un conjunto normativo operacional los mandatos recibidos. A nivel nacional, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, desarrolló en sus artículos 232 y siguientes los mismos mandatos, en el ámbito de sus competencias, a lo que hay que añadir las tareas acometidas por otras Comunidades Autónomas. A la luz de estas normas, de las comunitarias europeas y, por supuesto, de los condicionamientos técnicos de la depuración de aguas residuales, ha sido elaborado el presente Reglamento, sobre los siguientes ejes cardinales:
En tercer lugar, se trata de obtener la colaboración de los municipios. Esta colaboración es crucial en lo que se refiere a los servicios de alcantarillado y depuración, en los que hay que evitar a toda costa el mal funcionamiento. Los Ayuntamientos, al igual que los Consejos Insulares y el Gobierno de Canarias, están sujetos al Derecho y en el Reglamento se recuerda esta sujeción, atajando los casos extremos de desidia y abandono con mecanismos como la subrogación en la gestión de las instalaciones depuradoras indebidamente paralizadas o inoperantes. En cuarto lugar, el Reglamento llama a la sensatez de la iniciativa privada, que no debe pensar en ningún momento en suprimir costos de producción incumpliendo las obligaciones que le competen en el control y depuración de las aguas utilizadas. La peligrosidad de algunas actividades industriales es patente y, en general, es a la industria y no al uso doméstico ordinario de las aguas, a quien debe imputarse el mayor potencial de contaminación hidráulica. Por ello, las técnicas de autorización, fianzas, inspección y eventual intervención se utilizarán con especial intensidad sobre los grandes usuarios, tal como están definidos en el texto reglamentario.
En su virtud, oído el Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de julio de 1994,
Artículo único.- Se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, para desarrollo y aplicación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, cuyo texto se contiene en el anexo de este Decreto.
p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y TURISMO,
(Decretos del Presidente 118/1994, de 14 de julio y 128/1994, de 26 de julio; B.O.C. nº 88, de 20.7.94)y B.O.C. nº 93, de 29.7.94).
Artículo 2.- Autorización de vertidos.
- Tratamiento primario: proceso físico y/o químico que reduzca la DBO5 de las aguas de entrada o de los efluentes al menos un 20% y el total de sólidos en suspensión por lo menos el 50%.
Artículo 4.- Condiciones generales de admisibilidad de los vertidos.
Artículo 5.- Prohibición de incorporación a los vertidos de sustancias tóxicas o peligrosas.
1. Se prohíbe la incorporación a los vertidos de las sustancias afectadas por la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos, de 14 de mayo de 1986, y por las Directivas de la Comunidad Europea aprobadas en esta materia.
Artículo 6.- Condiciones restrictivas de los vertidos.
2. La autorización de la introducción en un vertido de alguna de las sustancias contaminantes que figuran en la Relación II del anexo II, podrá ser efectuada siempre que se demuestre que la concentración de dichas sustancias en el efluente, tras su dilución en el medio receptor, no produce contaminación o degradación irreversible del mismo. La comprobación de tal extremo podrá ser efectuada por la Administración en cualquier momento y con cargo al autor del vertido. 3. Los Planes Hidrológicos Insulares podrán delimitar zonas sensibles o establecer perímetros de protección de elementos determinados del dominio público hidráulico, en los que se prohíba el vertido de sustancias de las mencionadas en las Relaciones I y II del anexo II, cualquiera que sea su concentración en el efluente.
Artículo 7.- Del Gobierno.
Artículo 8.- De la Consejería competente en materia de aguas.
c) La canalización de la política de auxilios a obras hidráulicas o a instalaciones de plantas desaladoras y depuradoras. d) La intervención en la elaboración de los programas económicos del Gobierno de Canarias en cuantas acciones repercutan sobre el medio hídrico.
Artículo 9.- De los Consejos Insulares de Aguas.
Artículo 10.- De la Administración municipal.
Artículo 11.- Colaboración de la Administración municipal con la Administración hidráulica.
AUTORIZACIONES DE VERTIDOS. PROCEDIMIENTO
1. El procedimiento para obtener la preceptiva autorización administrativa de vertidos se iniciará mediante la presentación de una solicitud por el titular de la actividad, ante el Consejo Insular de Aguas correspondiente. Dicha solicitud contendrá, además de los datos generales exigidos por el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes extremos:
La solicitud que se curse ante la Administración municipal, a los efectos anteriomente indicados, habrá de contener, como mínimo, los requisitos exigidos por el apartado 1 de este artículo.
Artículo 14.- Estudio hidrogeológico.
Artículo 15.- Contenido de los estudios hidrogeológicos.
Artículo 16.- Elaboración de los Estudios hidrogeológicos.
Artículo 17.- Tramitación de las solicitudes.
1. Examinada la documentación y encontrada conforme, el Consejo Insular someterá las solicitudes, con la excepción de las mencionadas en el artículo 12.2 de este Reglamento, a información pública por un plazo de treinta días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios afectados. Dichos anuncios habrán de contener necesariamente una descripción sucinta del objeto de la solicitud, aclarándose si en la misma se interesa la constitución de servidumbre o declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios.
3. En el supuesto de que se formulen alegaciones durante el periodo de audiencia o de información pública, habrá de darse traslado de las mismas al peticionario, con la finalidad de que pueda manifestar su pronunciamiento en el plazo de diez días.
Artículo 18.- Contenido de las autorizaciones.
b) Determinación de las instalaciones de depuración o eliminación propuestas por el peticionario, que se estimen necesarias, así como las modificaciones o innovaciones que hayan de ser introducidas, para el logro los objetivos de calidad exigibles.
g) Las actuaciones y medidas que, en caso de emergencia, deban ser puestas en prácticas por el titular de la autorización.
Artículo 20.- Transmisión de las autorizaciones.
MODIFICABILIDAD, TRANSMISIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo 21.- Modificabilidad de autorizaciones.
1. Cuando las circunstancias que motivaron el otorgamiento de una autorización de vertidos se alteren por causa no imputable al autorizado, o sobrevengan otras que de haber existido en su momento hubieran justificado la imposición de obligaciones distintas, el Consejo Insular podrá modificar el condicionado del título autorizatorio, acomodándolo a los requerimientos de la nueva situación. Los perjuicios que puedan derivarse por causa de tales cambios no serán susceptibles de indemnización, si bien constituirán motivo de prelación de primer orden para acceder a los auxilios destinados a obras hidráulicas de iniciativa pública o privada, según el caso. 2. El cambio en la planificación hidrológica podrá determinar, asimismo, la modificación de las autorizaciones de vertidos sin derecho a indemnización, salvo que concurran las circunstancias previstas en el artículo 30.2 de la Ley de Aguas.
Artículo 22.- Procedimiento de las modificaciones.
2. En el supuesto de que la modificación propuesta altere sustancialmente el título primitivo, será preceptivo el sometimiento a información pública, por un plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y en los tablones de anuncios de los municipios afectados.
6. En el supuesto de que sea procedente la indemnización a los titulares de la autorización, y de que no exista avenencia en la determinación de su cuantía, se seguirán las actuaciones de conformidad con lo previsto respecto de la fijación de justiprecio en la legislación reguladora de la expropiación forzosa. Artículo 23.- Suspensión temporal de las autorizaciones.
Artículo 24.- Procedimiento en la suspensión temporal.
1. Una vez constatado por el Consejo Insular que las circunstancias que determinaron el otorgamiento de la autorización se han alterado de tal modo que se considere necesaria su suspensión temporal, se pondrá tal circunstancia en conocimiento de los interesados. En dicha notificación se habrá de precisar cuales son los hechos justificadores de la suspensión, así como el plazo máximo previsto para la misma.
4. En ningún caso la suspensión temporal de una autorización de vertidos podrá dilatarse por un periodo superior a los tres meses. Antes de la expiración de dicho plazo tendrá que haberse dictado resolución acordando la modificación del condicionado inicial de la autorización, o bien acordando remitir las actuaciones a la Consejería competente en materia de aguas, al objeto de que eleve al Gobierno de Canarias propuesta de suspensión definitiva de la autorización. Artículo 25.- Revocación.
3. Se considerarán casos especialmente graves de incumplimiento del condicionado aquellos en los que se produzcan daños importantes a cultivos, flora, fauna o puedan afectar sensiblemente a la salud pública, lo que se deriven del vertido de sustancias expresamente prohibidas, así como los vertidos realizados en lugares donde la planificación hidrológica lo prohíbe. Artículo 26.- Procedimiento de la revocación.
SUSPENSIÓN Y SUPRESIÓN DE VERTIDOS CONTAMINANTES NO AUTORIZADOS
Artículo 27.- Suspensión cautelar.
Artículo 28.- Medidas provisionales.
Artículo 30.- Clausura de las instalaciones.
Artículo 31.- Prohibición en determinadas zonas.
1. En el ejercicio de las competencia que le atribuye el artículo 65.2 de la Ley de Aguas, el Gobierno podrá prohibir en zonas concretas, previa audiencia del Consejo Insular respectivo, aquellas actividades y procesos cuyos efluentes, aun tratados, puedan constituir riesgo de contaminación grave de las aguas.
4. Finalizada la instrucción, la Consejería competente en materia de aguas elevará al Gobierno la propuesta de resolución que corresponda. Una vez dictada la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, le será comunicada a los interesados y a los Consejos Insulares para su inmediata ejecución.
Artículo 32.- Empresas colaboradoras.
1. La Consejería competente en materia de aguas establecerá las condiciones requeridas para que una empresa pueda actuar en colaboración con los Consejos Insulares. Éstos extenderán los títulos correspondientes para que las empresas que soliciten y obtengan la declaración de idoneidad puedan realizar los controles previstos en el presente Reglamento.
EMPRESAS DE VERTIDOS
Artículo 33.- Autorización.
Artículo 34.- Inscripción.
La Consejería competente en materia de aguas establecerá los requisitos necesarios a fin de que estas empresas puedan ser autorizadas para el desarrollo de dicha actividad, así como para su preceptiva inscripción en el Registro que a tal efecto han de llevar los Consejos Insulares. Artículo 35.- Ordenanzas y tarifas.
Artículo 36.- Fianza.
1. Las fianzas a que se refiere el artículo 33, apartado c), del presente Reglamento, deberán estar integradas por dos términos: el primero, para garantizar el establecimiento y ejecución de las obras e instalaciones, y, el segundo, para responder de la continuidad de los tratamientos. 2. El primer término no será inferior al 10% del importe del valor de la ejecución material de las obras e instalaciones y procederá su paulatina devolución según el avance de la realización de aquéllas.
Artículo 37.- Revocación de las autorizaciones.
Artículo 38.- Obligación general de depurar.
2. Los centros de consumo de agua se clasifican a tales efectos en grandes y pequeños usuarios, con los efectos que se indican en los artículos siguientes. Artículo 39.- Obligaciones de los grandes usuarios.
Artículo 40.- Obligaciones de los pequeños usuarios no domésticos.
Artículo 41.- Obligaciones de los usuarios domésticos.
Artículo 42.- Protección de los alcantarillados.
3. Con independencia de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye a los municipios la competencia en materia de suministro de agua, servicio de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, aquéllos están sometidos al mandamiento de supervisión general enunciado en el párrafo precedente, así como al ejercicio de la potestad de policía, velando por el cumplimiento de lo regulado en el presente Reglamento.
Artículo 43.- Subrogación en instalaciones depuradoras.
Artículo 44.- Intervención de instalaciones depuradoras. Procedimiento.
1. Se notificarán a los titulares de la autorización los hechos advertidos, para que en el plazo conferido se tomen las medidas necesarias o se introduzcan las modificaciones que permitan el perfecto funcionamiento de las instalaciones. 2. En el supuesto de que el interesado no cumplimente el requerimiento de que ha sido objeto, y tras el oportuno trámite de vista y audiencia, el Consejo Insular podrá acordar la gestión directa o indirecta de la estación depuradora durante el plazo que estime oportuno, el cual será susceptible de prórroga, a su criterio.
Artículo 45.- Registro de depuradoras y parámetros a cumplir.
Artículo 46.- Canon de vertido.
Artículo 47.- Unidad de Contaminación.
1. Se entiende por Unidad de Contaminación un patrón convencional de medida, que relaciona el total de elementos o sustancias contaminantes contenidos en un vertido cualquiera, y los valores medios de un tipo de aguas domésticas correspondiente a un número de habitantes y periodo.
- Materias en suspensión (MES): 90 gr/hab./día.
- Materias oxidables (MO): 61 gr/hab./día.
Artículo 48.- Determinación de la carga contaminante.
C = K x V en la que
K = Un coeficiente que depende del tipo de vertido y del grado de tratamiento previo a que haya sido sometido. Los valores de este coeficiente se incluyen en el anexo IV. Artículo 49.- Obligación de satisfacer el canon de vertido.
Artículo 50.- Convenios financiados con el canon de vertido.
Primera.- La regulación contenida en este Reglamento lo es sin perjuicio de otras competencias reconocidas por la legislación sectorial.
Segunda.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará el derecho supletorio previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Aguas.
Primera.- Transformación de las autorizaciones de vertidos preexistentes.
Una vez realizadas las comprobaciones y recabada la información adicional que se considere oportuna, la Administración hidráulica censará el vertido y emitirá nueva autorización, salvo que se acredite su incompatibilidad con la preservación del dominio público hidráulico o con la planificación hidrológica. En este último caso, se iniciará el procedimiento para la determinación de las alternativas que procedan, de conformidad con lo regulado en el artículo 21 del presente Reglamento.
Segunda.- Censo de vertidos.
Tercera.- Legalización de vertidos existentes no autorizados.
Cuarta.- Normas técnicas para el control de galerías, pozos y sondeos.
Quinta.- Normas provisionales para la elaboración de los estudios hidrológicos.
Hasta que la Consejería competente en materia de aguas, a propuesta de sus servicios técnicos, apruebe y publique una lista de instrucciones para la elaboración de los estudios hidrogeológicos, a la que se refiere el artículo 15.2 de este Reglamento, en dichos estudios se tendrán en cuenta:
Sexta.- Previsiones en tanto no existan los Consejos Insulares.
Hasta tanto no se produzca la adscripción de servicios, bienes, personal y recursos a los Consejos Insulares respectivos, derivada de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el ejercicio de las competencias atribuidas por este Decreto a los Consejos Insulares de Aguas serán ejercidas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria 6.2 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. La Consejería competente en materia de aguas, a la vista de los medios de que dispone y de las nuevas obligaciones establecidas en el presente Reglamento, en tanto actúe por sustitución de los Consejos Insulares, podrá diferir a la constitución de éstos las siguientes acciones:
Séptima.- Valor de la Unidad de Contaminación en el canon de vertido.
Hasta tanto los Planes Insulares no definan el valor de la Unidad de Contaminación, se fija con carácter general y transitorio el valor de la Unidad de Contaminación (U.C.) en quinientas mil (500.000) pesetas.
Octava.- Régimen transitorio para la ocupación de viviendas que se sirvan de fosas sépticas.
1. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. A N E X O I
Cloruro mecurioso (calomel)
Óxido de etileno A N E X O I I
RelaciÓn I de sustancias contaminantes cuya
toxicidad, persistencia o bioacumulaciÓn son manifiestas
7. Aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes. 8. Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o hundirse causando perjuicio a cualquier utilización de las aguas.
3.a) Los metales y metaloides siguientes y sus compuestos: 1. Zinc 11. Estaño
9. Molibdeno 19. Teluro
d) Compuestos organosilícicos tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originarlos en las aguas, excluidos los biológicamente inofensivos o que dentro del agua se transformen rápidamente en sustancias inofensivas. e) Compuestos inorgánicos del fósforo y fósforo elemental.
Demanda biológica de oxígeno DBO5
menor de 0,5 mg/l
menor de 160 mg/l
Contaminación bacteriológica E. coli
menor de 1.000/100 ml
entre 5,5 y 9,5
Secado en eras
mayor de 305
Secado por filtros banda o de vacío
entre 20 y 28% min.
Secado con filtros banda y prensa
entre 27 y 37% min.
Secado con filtros prensa
entre 38 y 50% min.
Cromo Vi (mg/l)
(G)	3 mg/l
Aldehidos (mg/l)
El coeficiente K se obtiene, para cada uno de los vertidos y tratamientos indicados, multiplicando las cifras del cuadro por diez elevado a menos cinco (10-5).
TIPO DE VERTIDO TIPO DE TRATAMIENTO
Sin trat. Trat. Prim.	Id. Secund. Con Terc.
Urbano, sin industria
4 - 5 3 - 4 1 - 2 0,5 - 1
Id., industrial, media	4,5 - 6 3,5 - 4,5	1,5 - 2,5	0,5 - 1
Id., intensa
5 - 7 4 - 5,5 2 - 3,5 0,5 - 1
Industrial directo (1)
9 - 9 6 - 7 2 - 3 1 - 2
Industrial directo (2)	13 - 13 10 - 11 3 - 6 1 - 2
Industrial directo (3)	17 - 17 14 - 15 4 - 6 1 - 2
Los números incluidos entre paréntesis a continuación de la expresión vertidos industriales hacen referencia al tipo de industria según la clasificación de actividades incluida como anexo al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas podrá adaptar esta lista a las circunstancias de la industria canaria mediante Orden Departamental, con informe de los Centros Directivos competentes en las materias de industria y medio ambiente.
Parámetros que deben contener los análisis químicos de las muestras de agua a que se refiere la Disposición Transitoria Quinta de este Reglamento, expresados en las unidades de medida que se relacionan:
Conductividad eléctrica a 18-C, en microsiemens por centímetro. Demanda química de oxígeno (DQO), en miligramos por litro.
Cationes del hierro

References: Real Decreto 

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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 70

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 12

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 30

Artículo 22
 Artículo 23

Artículo 24
 resolución 
 Artículo 25
 Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 30

Artículo 31
 artículo 65
 resolución 

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 Artículo 35

Artículo 36
 artículo 33

Artículo 37

Artículo 38
 Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 Artículo 49

Artículo 50
 artículo 21
 artículo 15
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