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Timestamp: 2018-10-18 14:38:31+00:00

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Publicamos la resolución del CSD en relación al carácter de seleccionables de deportistas implicados en procedimientos sobre dopaje - Abogados Hernani Publicamos la resolución del CSD en relación al carácter de seleccionables de deportistas implicados en procedimientos sobre dopaje - Abogados Hernani
RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2011, DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE SELECCIONES ESPAÑOLAS EN COMPETICIONES INTERNACIONALES, ASÍ COMO PARA SU FINANCIACIÓN.
La lucha contra el dopaje en el deporte es un reto constante que afecta a todas las Administraciones Públicas con competencias en materia deportiva. El Consejo Superior de Deportes lleva ya años empeñado en esa lucha, que se ha convertido en una prioridad insoslayable. La Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte supuso un hito esencial, pero nos encontramos en un proceso que evoluciona constantemente. De ahí que la norma deba ser mejorada y adaptada a las necesidades de cada momento para así resultar coherente con los textos internacionales homogeneizadores de la lucha contra el dopaje.
La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, ratificada por España el 21 de octubre de 2006, otorgó carta de naturaleza al Código Mundial Antidopaje, que es la norma esencial en esta materia en el ámbito internacional. El Código ha sido recientemente modificado y eso ha venido a exigir la correlativa propuesta de reforma de la Ley Orgánica 7/2006, para que España siga disponiendo de los resortes normativos que le permitan estar a la cabeza de la lucha contra el dopaje.
Es lógico que el ordenamiento jurídico español se adapte a las previsiones de las normas internacionales en la forma más rápida posible. Además, resulta preciso para seguir optando a la organización de las más importantes competiciones internacionales.
La protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje son los bienes jurídicos generales cuya protección es la causa y fin del complejo normativo nacional e internacional a que nos referimos. Conforme al Código, los Estados Parte están obligados a adoptar medidas específicas para restringir la disponibilidad de sustancias o métodos prohibidos entre los atletas, comprendidas las medidas contra su tráfico; a facilitar los controles antidopaje y respaldar los programas nacionales de análisis; a retirar el apoyo económico a los deportistas y personal de apoyo que hayan infringido la normativa antidopaje, o bien de las organizaciones deportivas que no se ajusten al Código y a respaldar la oferta de educación antidopaje entre los deportistas y la comunidad deportiva en general.
Conviene tener presente que de acuerdo con las previsiones del Código y de la legislación española, una de las consecuencias relevantes de la imposición de sanciones consiste en la anulación de los resultados obtenidos en una competición durante la cual se haya detectado una muestra positiva (anulación automática de los resultados individuales), así como también la anulación de todos los demás resultados obtenidos en competición desde la fecha en que se recoja una muestra positiva (durante la competición o fuera de la competición) o desde la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje, con todas las consecuencias que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o suspensión.
Las consecuencias de una muestra positiva que afecte a un deportista que representa a nuestro país mediante su participación en una Selección española se producen pues no sólo para el deportista, sino también para la selección –especialmente en deportes individuales-. Y se materializan específicamente en la anulación de resultados y retirada de medallas y premios, pero también en un deterioro de la lucha contra el dopaje y de la imagen del país. De ahí que deban ponerse todos los medios para que esto no pueda ocurrir, por las consecuencias injustas que se producirían para todos.
Por otra parte, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, autorizar o denegar la participación de las selecciones españolas en las competiciones internacionales (art. 8.i Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte). Conforme al art. 4.2.f) del Real Decreto 2195/2004, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes, esta competencia corresponde al Presidente del Consejo.
El Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, regula las actividades y representaciones deportivas internacionales. En su art. 1 reitera el régimen de autorización previa, salvo para Juegos Olímpicos y Juegos del Mediterráneo, aclarando que, en cualquier caso, la autorización del Consejo Superior de Deportes deberá ir precedida de la conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por su parte, los arts. 12 y siguientes del Real Decreto 2075/1982 se refieren al régimen de financiación, con una especial intervención del Consejo Superior de Deportes.
Con base en lo anterior, parece necesario establecer con claridad, transparencia y seguridad jurídica los criterios relacionados con la lucha contra el dopaje en el deporte que determinarán las decisiones del Presidente del Consejo Superior de Deportes con respecto a la autorización de la participación de selecciones nacionales españolas en competiciones internacionales y sus límites.
La presente Resolución no tiene carácter normativo, sino que se limita a instruir a las Federaciones españolas sobre cómo va a actuar el Consejo Superior de Deportes –a través de su Presidente- en el ejercicio de una competencia que le corresponde, suponiendo además una autolimitación para el Presidente del Consejo, que se compromete a actuar en el futuro de acuerdo con los criterios que ahora se hacen públicos.
La Resolución se refiere a determinados deportistas -que son todos aquéllos incursos en cualquier procedimiento relacionado con el dopaje deportivo, ya sea en España o fuera de España- cuya inclusión en una selección nacional determinará la no autorización de la participación de dicha selección en competiciones internacionales. Se trata de los siguientes:
Deportistas que se encuentren imputados en procesos penales seguidos por delitos comprendidos en el art. 361 bis del Código Penal y que se identifican expresamente en la resolución formal del órgano judicial por la que el deportista aparezca como imputado.
Deportistas contra los que se dirija un procedimiento disciplinario o administrativo en materia de dopaje, tanto en España como fuera de España. Se trata de los deportistas contra los que se haya iniciado un procedimiento en materia de dopaje por parte de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje del Consejo Superior de Deportes, de una Federación española, de una Federación Internacional, así como de cualquier otra institución que actúe en el ámbito internacional (por ejemplo, órganos competentes de Estados extranjeros o aquellas entidades que puedan ser nombradas por varios países con el fin de que actúen como organización antidopaje regional para ellos, tal y como prevé el Código Mundial Antidopaje). En consecuencia, no se refiere a aquellos deportistas que han estado sujetos a un procedimiento administrativo o federativo concluido con una resolución no sancionadora, aun cuando existan recursos pendientes contra dicha resolución ante cualesquiera órganos jurisdiccionales o arbitrales.
Deportistas que aparezcan mencionados en resoluciones judiciales dictadas por Jueces del orden jurisdiccional penal en las que se afirme la existencia de indicios racionales de infracciones administrativas o deportivas cometidas por ellos en materia de dopaje deportivo. Son aquéllos contra quienes no se sigue proceso por delito, pero que aparecen incluidos en resoluciones judiciales como sujetos pasivos de dopaje.
No se autorizará la participación de las selecciones nacionales españolas que incluyan deportistas incursos en cualquier procedimiento relacionado con el dopaje deportivo, ya sea en España o fuera de España. Esta previsión incluye a todos aquellos deportistas que se encuentren imputados en procesos penales seguidos por delitos comprendidos en el art. 361 bis del Código Penal; a aquéllos contra quienes se dirija un procedimiento disciplinario o administrativo en materia de dopaje, tanto en España como fuera de España, incluyendo los procedimientos tramitados por Federaciones e Instituciones de ámbito internacional; así como a los que aparezcan mencionados en resoluciones judiciales dictadas por Jueces del orden jurisdiccional penal en las que se afirme la existencia de indicios racionales de infracciones administrativas o deportivas cometidas por ello en materia de dopaje deportivo.
El Consejo Superior de Deportes no financiará la participación de las selecciones nacionales españolas en competiciones internacionales cuando incluyan deportistas incursos en cualquier proceso o procedimiento de los enumerados en el apartado anterior.
El incumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución será sancionado de acuerdo con las previsiones de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Deportiva.
En Madrid, a 30 de junio de 2011.
Puedes descargar la resolución en PDF pinchando aquí
Tags: CSD, deportistas, dopaje, Resoluciones
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