Source: https://yepezvaca.com/category/noticia/
Timestamp: 2020-08-10 15:09:44+00:00

Document:
Noticia | YEPEZ&VACA
Jun 30, 2020 | Noticia
Diego Yépez Garcés y Gisela Vaca Jaramillo
Con las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿se amplió lo que puede entenderse como la definición de dolo?
Antes de la última reforma realizada al COIP, se entendía que una persona actuaba con dolo al momento de buscar causar daño, pero ahora los legisladores han establecido que para determinar que una persona actúa con dolo, la misma debe conocer los elementos objetivos del tipo penal y realizar la conducta de manera voluntaria.
Ahora el Código Orgánico Integral Penal COIP determina los elementos que deben existir para que pueda alegarse “cumplimieto de deber legal” por parte de los miembros de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria.
Para buscar excluir el elemento de antijuridicidad alegado en el cumplimiento de un deber legal, los miembros de la Policía Nacional y quienes formen parte de la seguridad penitenciaria, tendrán que cumplir con los requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 30.1 que fue incorporado en la última reforma esto es:
Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo;
Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza; y,
Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico.
El error de prohibición ahora es parte del Código Orgánico Integral Penal
Dentro del artículo 35 del COIP, donde se encontraban las causas de inculpabilidad, ahora se encuentra también recogido el error de prohibición invencible junto con los trastornos mentales.
Además, junto con la inclusión de esta causa de inculpabilidad, se incorporó también al COIP el artículo 35.1, donde se establece que opera un error de prohibición invencible cuando la persona por error o ignorancia invencible no puede prever la ilicitud de la conducta.
Jun 5, 2020 | Noticia
Por medio de la Resolución No. 057-2020, el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso la reactivación de las actividades jurisdiccionales, en las dependencias judiciales a nivel nacional, para el despacho y conocimiento de causas.
La reactivación de las actividades jurisdiccionales se regirá por el siguiente cronograma:
Penal; Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar: 4 de junio de 2020.
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: 8 de junio de 2020.
Adolescentes Infractores; Garantías Penitenciarias; Tránsito y Laboral: 11 de junio de 2020
Civil e Inquilinato; Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario: 15 de junio de 2020.
En los casos de las Unidades Multicompetentes, también se regirán al cronograma establecido.
¿Las ventanillas virtuales continuarán funcionando a partir de la reactivación del servicio de justicia?
Acorde con la resolución No. No. 057-2020 del Consejo de la Judicatura, la ventanilla virtual continuará habilitada para la recepción de escritos electrónicos pertenecientes a los procesos en trámite. La recepción se ajustará al cronograma de reactivación de actividades jurisdiccionales.
Por otro lado, para la presentación de todo tipo de acto de proposición e ingreso de nuevas causas, se habilitarán ventanillas físicas en cada dependencia judicial. La recepción tendrá que regirse al cronograma de reactivación de actividades jurisdiccionales.
La Corte Nacional de Justicia habilita los plazos y términos.
Mediante Resolución No. 07-2020, el pleno de la Corte Nacional de Justicia dispuso se habiliten los plazos y términos para la presentación de nuevas acciones ante la Corte Nacional y las Cortes Provinciales. Los organismos de justicia, tendrán que regirse al cronograma de reactivación progresiva de actividades, emitido por el Consejo de la Judicatura.
La presente resolución regirá a nivel nacional desde el 04 de junio de 2020.
May 20, 2020 | Noticia
MEDIDAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó con 73 votos el proyecto de apoyo humanitario enviado por la Presidencia de la República. En un máximo de 30 días el presidente deberá vetarlo o aprobarlo.
Los centros de desarrollo infantil e instituciones educativas particulares, fiscomisionales, municipales y de educación superior; no podrán suspender la asistencia, ni el registro de asistencia y ni evaluaciones por retraso en pagos mientras dure el estado de excepción.
De manera excepcional, el gobierno nacional entregará ayuda compensatoria monetaria o no monetaria para cubrir el déficit de este año en guarderías, centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios; traduciéndose el mismo en una disminución del valor a pagar por concepto de pensiones.
El Ministerio de Educación por su parte, tendrá 30 días a partir de la publicación de la ley para emitir reglamentos para la implementación de la educación en modalidad virtual a nivel nacional.
Las instituciones de educación superior particulares deberán ampliar en un 10% de lo ya establecido en el art. 77 de la Ley Orgánica de educación superior, las becas entregadas a los estudiantes previamente matriculados.
Se fomentarán alianzas entre centros educativas privados y públicos, nacionales y extranjeros para que todos los estudiantes a nivel nacional tengan acceso a una educación virtual de calidad.
Durante la emergencia sanitaria y hasta sesenta días después de su conclusión no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios; excepto, si existe peligro de destrucción, ruina del edificio o el uso del inmueble para actividades ilegales.
Para acogerse al beneficio de no desahucio, los arrendatarios deberán cancelar al menos el 20% de los cánones pendientes y en caso de ser locales comerciales, se deberá demostrar que sus ingresos han sido afectados en al menos un 30% en relación al mes de febrero.
Se prohíbe el incremento en valores, tarifas y tasas de servicios básicos, telecomunicaciones e internet durante la vigencia de estado de excepción y hasta un año después.
No es permitido el corte de servicios básicos, telecomunicaciones e internet por falta de pago durante la vigencia del estado de excepción y hasta dos meses después de terminado; además de que las instituciones reguladoras deberán iniciar el cobro de valores adeudados en doce cuotas iguales sin intereses, multas o recargos.
Para los usuarios que se encuentren dentro de los dos quintiles de niveles de ingresos se les rebajará un 10% en el valor total del consumo de electricidad de los meses de
marzo, abril, mayo y junio 2020; además de rebajas en cargos por energía en horas de demanda mínima.
Las coberturas de seguros de asistencia médica no podrán ser cancelados ni suspendidos si los contratantes, usuarios, beneficiarios o asegurados adeudan ó si se retrasan en el pago de hasta tres meses consecutivos, mientras dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria; además de que los pagos se prorratearán para los meses de vigencia del contrato sin que exista intereses por mora.
El IESS extenderá la cobertura de la prestación de salud hasta 60 días adicionales a lo establecido en ley por el cese de aportaciones. Los favorecidos serán los afiliados que han quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos por la emergencia sanitaria.
Las personas naturales, micro y pequeñas empresas que han cerrado actividades durante la emergencia sanitaria podrán realizar el pago de obligaciones correspondientes a marzo, abril, mayo y junio sin intereses, multas ni recargos, además de no generar responsabilidad patronal.
Las entidades financieras ofrecerán condiciones especiales y líneas de crédito para el rápido desembolso así como períodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de intereses preferenciales.
Se entregará el beneficio de reducción del 50% de los valores de intereses recibidos por pagos de préstamos del impuesto a la renta a aquellas instituciones del sistema financiero que entreguen créditos a las MIPYMES superiores a 25.000,00
Se suspende el cobro de multas e intereses de los procesos de matriculación y revisión vehicular generados durante la vigencia del estado de excepción. Tanto la ANT como el SRI emitirán disposiciones para la reprogramación y recalendarización de cobros y procesos de matriculación y revisión técnica mecánica.
Las condiciones económicas de la relación laboral podrán modificarse únicamente si existe común acuerdo entre trabajadores y empleadores, acuerdo que deberá ser comunicado al Ministerio de trabajo una vez haya sido suscrito por ambas partes; con la finalidad de preservar fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad a los trabajadores.
Para que los acuerdos tengan validez los empleadores deberán presentar al trabajador los estados financieros de la empresa, deberán usar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia sin distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos se encuentren vigentes ni reducir el capital de la empresa.
En caso de que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa, y no se haya logrado llegar a un común acuerdo entre trabajadores y empleadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación de la empresa.
El uso doloso de los recursos de la empresa para beneficio de accionistas o administradores será causal de quiebra fraudulenta y por ende dará como resultado la anulación del acuerdo y el inicio de un proceso penal bajo los lineamientos del COIP.
Se podrá celebrar el contrato especial emergente cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la empresa en caso de mayor demanda, ampliación o extensión del negocio, servicio o productos; este deberá ser pactado en un tiempo definido de hasta dos años con una jornada laboral parcial o completa de mínimo 20 y máximo 40 horas semanales, distribuidas en 6 días a la semana sin sobrepasar las 8 horas diarias con una remuneración y beneficios de ley proporcional a la jornada pactada.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo de 50% debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción, y el aporte a la seguridad social deberá pagarse sobre la jornada reducida.
En caso de despidos las indemnizaciones y bonificaciones por desahucio, se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada.
Durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 aquellos afiliados al IESS en relación de dependencia que pasaren a una situación de desempleo podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo; acreditando 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas de las cuales 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia; además, estar sin empleo en un periodo no menor de 10 días. El servicio deberá solicitarse a partir del día 8 de desempleo hasta 45 días posteriores. Entre los requisitos se encuentra no ser jubilado y además verificarse el aviso de salida previo.
Para aquellos trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria bajo contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo, previo al concurso de méritos y oposición se los declarará ganadores del respectivo concurso y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.
De mutuo acuerdo los deudores podrán celebrar con sus acreedores acuerdos pre concursales de carácter excepcional donde se establezcan condiciones, plazos, reducción, capitalización o reestructuración de las obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. Los efectos serán los previstos en el Crt. 2362 del CC. Dichas negociaciones podrán ser acordadas en mediación.
Quien desee acceder a un acuerdo pre concursal deberá realizar una declaración juramentada ante notario público donde se detallen todas las obligaciones, identificación del acreedor, partes relacionadas al deudor y plan de reestructuración.
Para que el acuerdo preconcursal tenga validez debe llegarse a un acuerdo con los acreedores que representen al menos el 51% de las acreencias, surtiendo efecto desde el momento en que el mismo sea suscrito. Dicho acuerdo, será vinculante para acreedores disidentes y no concurrentes.
Desde el año 2020 hasta el 2023, los créditos privilegiados de primera clase, se pagarán en el siguiente orden: créditos de alimentos, todo lo que deba por ley el empleador al trabajador en razón del trabajo, costas judiciales, gastos de la enfermedad en los que haya incurrido el deudor fallecido, expensas del funeral del deudor difunto, créditos a acreedores y proveedores, derechos del IESS, derechos del Estado y demás instituciones estatales que señala la Constitución, artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia.
Los sujetos pasivos de IR podrán realizar anticipos voluntarios a favor del fisco, en cuyo caso se reconocerá a su favor los intereses correspondientes calculados desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria.
Tanto el SRI como aduanas deberán presentar ante la Asamblea Nacional informes sobre las acciones adoptadas para reducir la evasión y elusión en el pago de tributos y aranceles, optimizando la recaudación de ingresos para el fisco.
El Ministerio de Finanzas y Ministerio de Salud Pública deberán gestionar la creación de puestos necesarios para la incorporación de médicos que devenguen becas de especialización en medicina familiar y comunitaria. El tiempo devengado se calculará en relación al año de servicio, en cuyo caso será contado como dos años.

References: artículo 30
 artículo 35
 artículo 35
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución