Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L727.html
Timestamp: 2019-04-23 06:36:58+00:00

Document:
as20151L727
AUTO SUPREMO Nº 727/2015-RRC-L
Expediente : La Paz 161/2010
Parte Acusadora : Rodolfo Hinojosa Ledezma
Parte Imputada : Rolando Antonio Fuentes Huanca
Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2010 cursante de fs. 695 a 715, Rolando Antonio Fuentes Huanca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 80/2010 de 11 de octubre de fs. 612 a 614, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; dentro del proceso penal seguido por Rodolfo Hinojosa Ledezma contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por la Sentencia 01/2010 de 15 de enero (fs. 538 a 541), el Juez Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Rolando Antonio Fuentes Huanca, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión, más daños civiles a calificarse conforme a procedimiento.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado, formuló recurso de apelación restringida (fs. 561 a 577 vta.), resuelto por Auto de Vista 80/2010 de 11 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 405/2015-RA-L de 04 de agosto (fs.729 a 734), se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuáles, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Bajo el subtítulo “DEFECTO ABSOLUTO POR INCONGRUENCIA OMISIVA (FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN RESPECTO LOS AGRAVIOS ALEGADO – PUNTO CUARTO Y QUINTO DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA) ACTUACION CITRA PETITA O EX SILENTIO. (sic), denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado, omitió pronunciarse a los fundamentos alegados como agravios en la apelación restringida, vulnerando de esta forma sus derechos y garantías constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso; en el considerando III numeral 2 incisos a) hasta el g), se limitó a analizar siete de los nueve agravios expuestos en el recurso de apelación restringida incurriendo en incongruencia omisiva de los motivos cuarto y quinto, consistentes en errónea aplicación de ley adjetiva con relación al art. 370 inc. 6) del CPP y la referida a la sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba y en hechos inexistentes o no acreditados, motivos que no merecieron el pronunciamiento respectivo en forma individualizada y fundamentada, no obstante haber sido también reclamados vía complementación y enmienda, impidiendo de esta forma conocer las razones que llevó al Tribunal de alzada, tomar la decisión de declarar improcedente el recurso de apelación restringida.
Citó como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007 y 411 de 20 de octubre de 2006.
Con base a los argumentos que expone, solicita que previos los trámites de rigor se admita el recurso y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vita impugnado y se disponga la emisión de nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 405/2015-RA-L de 04 de agosto, cursante de fs. 729 a 734, este Tribunal admitió el primer motivo del recurso de casación formulado por Rolando Antonio Fuentes Huanca, para el análisis de fondo de la denuncia precisada en el acápite I.1.1. de la presente Resolución.
En la parte de la fundamentación jurídica, la Sentencia describe que el 30 de noviembre de 1999, Rodolfo Hinojosa Ledesma adquirió de Rolando Antonio Fuentes Huanca, un lote de terreno de 1000 Mts2. metros de superficie, ubicado en el lugar denominado Larka Pata, Cantón Achocalla de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, con la garantía de que se encontraba alodial, que el comprador a momento de proceder al registro en Derechos Reales, se entera de que sobre el bien existen anotaciones en forma posterior a la venta, además de que el bien fue adjudicado a terceras personas. Que los elementos de prueba, establecen que el imputado, ha permitido el gravamen del terreno que no era de su propiedad en forma posterior a la venta, sin honrar las obligaciones, impidiendo al querellante perfeccionar su derecho propietario, ni haber realizado ninguna acción para evitar la ejecución del gravamen y la inscripción definitiva del terreno en favor de una institución, aspectos que fueron evidenciados con la prueba documental y testifical producida en el juicio oral. Para la subsunción normativa del imputado al tipo penal de Estelionato, establece la existencia de un documento de compra venta de lote de terreno suscrito por Rolando Antonio Fuentes Huanca y asimismo un documento de préstamo de dinero suscrito por el imputado con la institución FFP-FIE SA que a su incumplimiento, derivó en una demanda ejecutiva disponiéndose un gravamen judicial y posterior inscripción definitiva del terreno a nombre de dicha entidad, de que igualmente se establece que el imputado conocía tales antecedentes configurando su actuación dolosa, que configuran los elementos constitutivos del tipo penal de Estelionato, habiendo dispuesto la Sentencia en la parte resolutiva disponer la Autoría del imputado e impone la pena de tres años y seis meses de reclusión por la comisión del delito previsto y sancionado por el art. 337 del CP.
El imputado Rolando Antonio Fuentes Huanca, mediante memorial de recurso de apelación restringida estableció los siguientes agravios:
1) Defectos de Sentencia por errónea aplicación de ley sustantiva en cuanto a la tipicidad; toda vez, que no ha existido acción menos se ha subsumido su conducta al tipo penal de Estelionato.
2) Defectos de Sentencia por inobservancia de ley sustantiva, con relación al art. 13 del CPP, por no haberse compulsado en la Sentencia el elemento de la culpa como requisito mínimo de la reprochabilidad, siendo que la naturaleza del delito de estelionato es de tipo doloso ante la inexistencia de acción, que no se ha demostrado el elemento del dolo y porque su persona no conocía a momento de la transferencia de ninguna restricción hasta el año 2002, siendo que la hipoteca judicial no emerge de su voluntad por tratarse de una decisión judicial.
3) Existe errónea aplicación de ley adjetiva con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, ya que en la Sentencia existe insuficiente fundamentación que no específica donde se hubiere consumado el hecho delictivo, igualmente no existe materia justiciable, porque cuando realizó la transferencia el bien se encontraba alodial.
4) Errónea aplicación de ley adjetiva en relación al art. 370 inc. 6) del CPP, porque la Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, así como no se realizó la valoración de la prueba extraordinaria de descargo. No existe valoración con respecto a las pruebas PD30, consistente en la certificación de derechos reales que simplemente fue nominada sin realizar el ejercicio de la sana crítica con relación a la actividad lógica e intelectiva de dicho documento, cuando lo correcto era la desvirtuación completa de la tipicidad. Prueba PD33, consistente en la certificación de la FFP-FIE SA, que establece la no existencia de hipoteca respecto al préstamo de dinero realizado.
5) Errónea aplicación de ley adjetiva en relación al art. 370 inc. 6) del CPP, en razón a que la Sentencia se basa en hechos inexistentes y no acreditados conforme a los parámetros exigidos por ley, realizando afirmaciones sin sustento y sin que exista elemento probatorio alguno para sostener que su persona ha permitido el gravamen, cuando era obligación del querellante realizar su registro a efectos de la oponibilidad ante terceros, de acuerdo al art. 1538 del Código Civil (CC), que denota la falta de diligencia del comprador; asimismo, la aseveración de que tenía conocimiento del gravamen no se encuentra respaldada, ya que al momento de la transferencia no había forma de conocer de la existencia de hipoteca porque no existía ninguna relación obligacional.
6) Existe defecto procesal absoluto por falta de pronunciamiento de los fundamentos de la Sentencia más allá de los tres días, vulnerando el art. 361 del CPP.
7) Errónea aplicación de ley adjetiva en relación a los arts. 335 y 336 del CPP, por vulneración a los principios de inmediación y continuidad por haberse suspendido el juicio en varias oportunidades más allá del plazo previsto por la norma.
8) Que se declaró la improcedencia de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, sin realizarse una fundamentación y valoración, limitándose a manifestar que se procedió a la declaración de rebeldía en la etapa preparatoria, sin haber tomado en cuenta que dicha actuación quedó sin efecto porque se dispuso la reposición de obrados; por lo que, la disposición de rechazo de la excepción se basa en un actuado inexistente porque la mencionada rebeldía fue declarada nula.
9) Finalmente, afirmó que existe defecto procesal absoluto por la falta de consideración de inviabilidad de la vía penal para perseguir el cumplimiento de obligaciones, cuando el fondo del caso tiene como sustento obligaciones contractuales civiles no punibles de acuerdo al principio de última ratio del derecho penal.
El Auto de Vista 624/2011 de 22 de junio, declaró la improcedencia de los fundamentos del recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado y dispuso la confirmación de la Sentencia, en base a los siguientes fundamentos:
Los aspectos cuestionados en el recurso, tratan de errores in procedendo e in judicando respecto a la errónea aplicación del art. 337 del CP, la fundamentación realizada por el apelante no condice con la doctrina y línea jurisprudencial sentada para el caso realizando un cuestionamiento exiguo. Respecto a la inobservancia del art. 13 del CP, que en la fundamentación jurídica realizada por el juzgador, estableció el juicio de reproche y la atribuibilidad, categoría considerado como evidente. Sobre el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, señaló que se halla debidamente fundamentada y cumple con el requisito del art. 360 del CPP, siendo que las pruebas se encuentran descritas y valoradas cumpliendo con la norma establecida en el art. 173 del CPP. En lo referente al término de la lectura de la Sentencia, señaló que no es evidente que se dio fuera del plazo previsto en el art. 361 segunda parte del CPP, siendo la observación impertinente y falto de fundamentación y prueba. Con relación a la vulneración del principio de inmediación, de la revisión de las actas de registro del juicio oral, estableció que se desarrolló con normalidad, sin que las suspensiones vulneren derechos fundamentales ni el principio de continuidad. Respecto a la extinción de la acción penal, adujo que no se tomó en cuenta la declaratoria de rebeldía, que implica nuevo cómputo de plazo, sin haber transcurrido el término del art. 29 inc. 2) del CPP. Finalmente sobre la inviabilidad de la acción penal para perseguir el cumplimiento de obligaciones, establece que no se realizó el reclamo oportuno para su saneamiento, ni efectuó la reserva de recurrir, siendo el cuestionamiento impertinente; que la Sentencia cumple con los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP, no habiéndose presentado precedente contradictorio ni anunciado su presentación, concluyendo que la Juez actuó con criterio procesal adecuado resultando el recurso inviable.
Este Tribunal admitió el presente recurso de casación, aperturando su competencia a fin de verificar los cuestionamientos esbozados en el motivo admitido, referido a la denuncia de incongruencia omisiva en que incurrió el Tribunal de alzada al no haberse pronunciado respecto de todos los fundamentos expresados en el recurso de apelación restringida; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada, mediante la labor de contraste entre los precedentes citados y el Auto de Vista recurrido.
En primer término, el recurrente invocó el precedente establecido en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, dictado en el proceso penal por el delito de Cheque en Descubierto, que en Sentencia declaró la autoría de la imputada, y le impuso la pena de tres años y ocho meses de reclusión, misma que fue confirmada en recurso de apelación. Interpuesto el recurso de casación, el Supremo Tribunal de Justicia, con relación a uno de los motivos de casación pertinentes al caso, sostuvo que ante la denuncia de vulneración de normas procesales y sustantivas sin expresar cual la aplicación que pretende y calificar que el reclamo no cumple con el artículo 408; primera parte del CPP y otorgado al recurrente el plazo del artículo 399 del CPP, luego presentado el respectivo memorial, obliga a la Corte de alzada a pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, no pudiendo ampararse en defectos formales a objeto de eludir dicho pronunciamiento, ya que el Tribunal de alzada al admitir el recurso de apelación restringida debió ingresar al fondo del asunto de acuerdo a los artículos 413 con relación al art. 398 y 407 del CPP. Por otro lado, dejó establecido que no constituye requisito para la apelación restringida la invocación de precedentes contradictorios, menos que estos sean acompañados al recurso, por otra parte el artículo 416 referido a la casación no puede ser aplicado por el Tribunal de alzada carecer de competencia para conocer dicho recurso; por lo que, al no haberse emitido una resolución conforme exigen las normas previstas, implica violación al debido proceso y al derecho a la defensa del imputado, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.
Que el Tribunal de apelación no puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, actividad expresamente prohibida por el artículo 396 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal”.
Asimismo, citó el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, que en respuesta a los argumentos expresados en el recurso de casación, determinó que el Tribunal de alzada, no sometió su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, al no haber emitido una resolución conforme exigen las normas previstas en los arts. 124 y 398 del CPP, constituyéndose el Auto de Vista recurrido en una resolución arbitraria; habiendo esbozado la siguiente doctrina legal aplicable: “Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.
Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación”.
III.2. La incongruencia omisiva y el derecho de acceso a la justicia.
El Estado boliviano, a través de los administradores de justicia tiene como una de sus finalidades conforme señala el art. 9 inc. 4) de la Constitución Política del Estado (CPE), garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución; a cuyo efecto el art. 115.I de la Norma Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, conforme el siguiente texto: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.
En ese contexto, se entiende el acceso a la justicia como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un Juez o Tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones sin dilaciones indebidas; cuyo contenido esencial consiste en el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.
De manera que, la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para su concurrencia: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hubieren formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se hubiese pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida; sino, además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.
Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el Juez o Tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se habría traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.
La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007 invocado como precedente por la recurrente; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso; por lo cual, "...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo" (Alsina, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada y motivada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP, textualmente refiere: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada.
El motivo en análisis, denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado respecto de todos los agravios argumentados en el recurso de apelación restringida, en particular los motivos cuarto y quinto, no obstante haberse reiterado el reclamo vía complementación, limitándose al análisis de siete de los nueve agravios expuestos en el recurso de alzada, sin realizar el fundamento correspondiente, dejando en la incertidumbre de conocer las razones y el sentido que llevó al tribunal a declarar improcedente el recurso de apelación restringida.
En ese sentido, se constata que el recurso de apelación restringida formulado por el recurrente a partir del punto II EXPRESIÓN DE AGRAVIOS, relacionó claramente nueve motivos, advirtiéndose que en los motivos cuarto y quinto, atribuyó de forma común la existencia de errónea aplicación de ley adjetiva por presentar el defecto de sentencia establecido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, en primer lugar por la existencia de defectuosa valoración de la prueba que señala y omitir la valoración y consideración de la prueba extraordinaria producidos en el juicio oral; y, que la condena se basa en hechos inexistentes y no acreditados por falta del elemento probatorio que establezca que su persona permitió el gravamen sobre el terreno vendido años antes. Por su parte el Auto de Vista impugnado, en el punto 2 del tercer Considerando, estableció que los cuestionamientos del recurso de apelación restringida, tratan de errores in procedendo e in iudicando, habiendo en siete incisos respondido a tales cuestionamientos que examinados, ninguno refiere específicamente a los puntos referidos del recurso de apelación restringida; sin embargo, el recurrente impetró complementación y enmienda al Auto de Vista impugnado en apoyo del art. 125 del CPP, extrañando falta de pronunciamiento respecto de los motivos cuarto y quinto mencionados; mediante Auto de fecha 20 de octubre de 2010, de fs. 618, el Tribunal de alzada respondió en el siguiente sentido: “…Al parecer el solicitante no ha leído detenidamente el último considerando, en sus cinco numerales e incisos, toda vez que este tribunal estableció a través de la sentencia cuestionada que el juez de la causa bajo el rótulo DE LA ENUNCIACION FACTICA DE LA QUERELLA Y ACUSACIÓN PARTICULAR que el hecho objeto del proceso penal se halla claramente expresado. De la misma manera, sobre la errónea aplicación de ley adjetiva la resolución pronunciada por esta sala en el num. 2) inc. a) del último considerando hace la aclaración doctrinal de lo que debe entenderse por errónea aplicación de ley” (sic).
Contextualizada la problemática planteada en el recurso, es menester señalar que este Tribunal Supremo de Justicia, de forma reiterada y uniforme ha establecido doctrina legal aplicable, en sentido de que los fallos judiciales deben contener fundamentación expresa, clara y completa, cuidando que la motivación sea legítima y lógica, habiendo concluido, que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual, constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera los arts. 124 y 398 del CPP, porque dicho precepto legal exige la fundamentación de las resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada; en el caso de autos, se evidencia que el Tribunal de alzada a tiempo de responder a los cuestionamientos expresados en los nueve puntos del recurso de apelación restringida, omitió referirse a los motivos cuarto y quinto, referidos la presunta errónea aplicación de ley adjetiva basados en la situación defectuosa de Sentencia previstos en art. 370 inc. 6) del CPP, por defectuosa valoración de la prueba que menciona y omisión de valoración de prueba extraordinaria y, el establecimiento de que la Sentencia se basa en hechos inexistentes y no acreditados; motivos que no fueron analizados menos respondidos en la forma adecuada legal pertinente, así como tampoco puede considerarse como la respuesta adecuada al Auto que replica la solicitud de complementación, que confusa y arbitrariamente desestima dicha solicitud pretendiendo vanamente dar por entendida que los aspectos extrañados por el apelante se encuentran inmersos en parte de los incisos de respuesta del Auto de Vista impugnado.
Ello significa que el Tribunal de alzada, al no absolver todos y cada uno de los puntos cuestionados con la debida motivación y fundamentación en base a argumentos jurídicos sólidos e individualizados, incurrió en el vicio de incongruencia omisiva o (citra petita o ex silentio) por falta de un pronunciamiento positivo o negativo a la pretensión planteada por el apelante, impidiendo de esta forma evidenciar la existencia o no de las cuestiones denunciadas, deduciéndose igualmente de que el Auto de Vista impugnado carece de correcta y adecuada fundamentación, en infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, sin que del conjunto del Auto de Vista impugnado pueda inferirse una respuesta expresa o táctica a los puntos extrañados del recurso de apelación como es su obligación; de esta manera contradice el contenido de los fallos invocados como precedentes contradictorios por el recurrente, que hacen expresa referencia al deber de la autoridad jurisdiccional de dictar resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye defecto de resolución inconvalidable o vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación, como ocurre en el caso presente, que significa vulneración a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, constituyendo efectivamente defecto absoluto a tenor del art. 169 inciso 3) del CPP, no susceptible de convalidación, que amerita la aplicación del art. 419 del CPP y dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas sean subsanadas.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rolando Antonio Fuentes Huanca, de fs. 695 a 715; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 80/2010 de 11 de octubre, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

References: artículo 408
 artículo 399
 artículo 416
 resolución 
 artículo 396
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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