Source: https://www.cotufanews.com/sociedad/tag/Bol%C3%ADvar
Timestamp: 2019-08-20 05:01:02+00:00

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El precio de la carne fue acordado tras una reunión con el sector ganadero del estado Bolívar.
Luego de un encuentro con ganaderos del estado Bolívar y autoridades civiles y militares, se acordó fijar el precio de la carne a 30 y 35 bolívares soberanos, informó Tomás Guerra Roa, presidente de Fedeindustria Bolívar, quien expresó que los encuentros en Ciudad Bolívar y Upata sirvieron además para que los ganaderos solicitaran a los cuerpos de seguridad mayor seguridad en las fincas y carreteras por donde se trasladan los animales.
“A través de nuestros directores sectoriales Pedro Díaz y Juan Kobritz, acompañamos a la Gobernación del estado Bolívar en la búsqueda de soluciones al abigeato, contrabando e inseguridad en las vías de acceso, que tanto afectan a la actividad ganadera, generando un impacto en la cadena de distribución”, explicó.
Según reseña la nota de prensa, Fedeindustria Bolívar propuso el jueves un documento bien argumentado por parte del sector alimentos en el estado, para que sea evaluado y analizado por las instituciones en Caracas encargadas de elaborar los precios acordados, especialmente en el análisis de costos de los fletes para la carga.
“El presidente de Fedeindustria a escala nacional, Orlando Camacho, está presto a recibir este documento en el que se toman en cuenta las fiscalizaciones, escalas de precios, reposición de inventarios, descapitalización de las empresas y la hiperinflación, temas necesarios para su revisión. El secretario de Gobierno, G/D Edgar Delgado Merentes escuchó los argumentos de los empresarios, y acordamos que los detalles sean enviados a la instancia superior en Caracas”, detalló Guerra Roa.
Fedendustria Bolívar participó también en una reunión del sector turismo en la que se activaron cerca de 100 prestadores de servicio con sus propuestas para la Gobernación, el Consejo Legislativo y la Cámara Municipal de Caroní.
Para este jueves está previsto realizar un nuevo encuentro en el CTE Cachamay, entre la Gobernación, el CLEB y Fedeindustria, en ocasión del Día Internacional el Turismo. (Prensa Fedeindustria Bolívar)
Más de 80 emisoras integrarán la Cámara de la Radiodifusión de Bolívar.
“Tenemos la misión de generar una radiodifusión de calidad, de interés social en el ámbito del entretenimiento, con perspectivas de sostenibilidad y organización que mantengan la vigencia, potencia, efectividad, alcance y aseguren un futuro promisorio”. Así lo reveló este lunes Timoteo Martínez, nuevo presidente de la Cámara de la Radiodifusión del estado Bolívar, organización que integra a más de 80 emisoras que están operativas actualmente.
La actividad que formalizó la creación de la Cámara de la Radiodifusión en la entidad, contó con el apoyo de Fedecámaras Bolívar, a través de su vicepresidente José Alfredo Olivo; la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, presidida por David Bermúdez, y de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, liderada por el profesor y periodista Oscar Murillo.
Fernando Delgado (Onda), Tania García (Unión Radio), Orlando Rodríguez (Turística), David Medina (Sónica), Léster Sulbarán (Omega), y el abogado Genio Lobo, director ejecutivo de la nueva directiva, formaron parte de este renacimiento de una organización autónoma, con adscripción a la Cámara Venezolana de la Radiodifusión.
“La radiodifusión mantiene su vigencia, su potencia y efectividad, porque aún en la era digital, de la Internet, su alcance es inmensurable, sigue llegando hasta lo más recóndito de nuestro estado Bolívar, lo que garantiza un futuro promisorio como medio de comunicación al servicio de los bolivarenses en donde quiera que se encuentren”, destacó Martínez, director de News 105.3 FM.
Fernando Delgado, director de Onda 97.3 FM, recordó: “Tendremos una gestión de puertas abiertas y llamamos a todos los empresarios radiales a sumarse a este esfuerzo por reorganizarnos, trabajar de la mano por un mejor país, por la sostenibilidad de nuestras empresas, con visión de corresponsabilidad social”.
Los miembros de la Cámara de la Radiodifusión iniciarán una gira por todos los municipios del estado Bolívar, que les permitirá obtener un diagnóstico del estatus jurídico y operativo de las estaciones radiales, impulsar las actividades simultáneas que emprenderán, y atender todos los requerimientos de los radiodifusores para su integración y participación en la organización. (GMGcom)
Proliferan denuncias por ejecuciones extrajudiciales en Bolívar
José Gregorio Martínez, de 25 años, es uno de los casos de ejecuciones extrajudiciales por presunto abuso del Cicpc.
Aún proliferan casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, que violan derechos humanos y que atentan contra la calidad de vida ciudadana. José Gregorio Martínez, de 25 años, fue asesinado el 4 de septiembre, y familiares denunciaron a Codehciu presunto abuso de autoridad de funcionarios del Cicpc, relata la ONG.
Vecinos contaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) cómo José Gregorio Martínez fue asesinado con cuatro disparos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el martes 4 de septiembre a alrededor de las 5:00 AM.
El primo de Martínez, Eduardo García, salió a la calle a reclamar justicia para su familiar.
“Le quitaron la vida a un joven. No era ningún delincuente pero lo mataron como un perro. Llegó el Cicpc tumbando la puerta trasera, arrodillaron a los que estaban en la casa. Sin orden, sin nada. La madre suplicó y se arrodilló”, alertó García.
Familiares relataron a Codehciu cómo los funcionarios maltrataron a la madre del joven y a una niña de tres años que estaban en la casa cuando ocurrieron los hechos. A la mujer, quien suplicaba por la vida de su hijo, una funcionaria la jaló por el cabello. La pequeña observaba todo.
Lo contado por los familiares y vecinos evidencia una clara violación del derecho a la vida, el cual, de acuerdo con el Derecho Internacional es un prerrequisito para el ejercicio de los demás derechos, que de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido, y cuya obligación de protección y garantía está consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como en Tratados Internacionales de los cuales la República es parte, señaló Codehciu.
Otra de las garantías constitucionales violentada en este hecho es la presunción de inocencia, establecida en el artículo 49 constitucional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, que expresa que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia “mientras no se pruebe culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público”.
Por otro lado, como denuncian, los funcionarios entraron a la morada sin orden de allanamiento ni de detención. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 47 expresa que el hogar doméstico, el domicilio, y todo recinto privado, son inviolables: “No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”.
Testigos aseguraron que la persona que buscaba el Cicpc no era Martínez. Alegan que los funcionarios creyeron que era un tal de sobrenombre “El Siriaco”. Además, su familia relata que el joven asesinado vivía en Valencia, trabajaba como comerciante, y que cumplía 7 días de visita en Ciudad Guayana.
Su presunta ejecución por parte de los funcionarios es una vulneración al derecho a la vida, consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la constitución en los siguientes términos, puntualiza la ONG.
Además, el Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal expresa que: “cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.(Con información de Prensa Codehciu)
La violencia de género y la impunidad no cesan en Venezuela.
Los estados Monagas y Bolívar suman cada uno cinco femicidos entre julio y agosto de 2018. En ellos hay casos manchados de impunidad que la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró para el tercer informe sobre la violencia de género realizada por el Observatorio de Violencia Armada con enfoque de género (Ovaceg).
Bolívar registró un femicidio activo y cuatro pasivos. El primer caso se trató de Zulay Yalimar Tovar Bolívar, de 19 años, asesinada por su pareja sentimental en la parroquia Agua Salada, Municipio Heres, luego de una discusión. El victimario accionó un arma de fuego hacia el pecho de la mujer. Con respecto a los femicidios pasivos, Ovaceg reflejó el caso de una mujer de 19 años que falleció en Ciudad Bolívar al dar a luz, por presunta falta de atención médica.
El 7 de julio fue encontrado el cadáver de una mujer en el sector La Chalana de San Félix por un presunto intento de robo. Asimismo, Gladys Vera Melgar, de 23, el 12 de agosto recibió múltiples disparos de sujetos en moto, supuestamente por el mismo móvil que el caso anterior; esto ocurrió en el sector San Lorenzo. Heridas y vulneradas Más casos suman una radiografía de la anarquía e inseguridad que vive la región. Entre julio y agosto hubo 4 mujeres heridas por arma de fuego y una víctima de violencia sexual; según muestra el informe de Ovaceg. La perjudicada por caso de violencia sexual fue una mujer de 80 años en San Félix. Mientras que una de las heridas fue Argenia Ramírez, víctima de una balacera en el sector Castillito, Parroquia Cachamay del Municipio Caroní, el 9 de agosto, durante un intento de robo.
Las víctimas entre julio y agosto en el estado Bolívar tienen edades entre 19 y 80 años. La impunidad y la violencia también tocaron a figuras del sector político esta vez. Un femicidio que destacó en los medios de comunicación fue el de Rebeca Núñez, esposa del ex diputado Aldrin Torres. Ambos, luego de estar 11 días desaparecidos, aparecieron muertos en el municipio Heres. El informe relata que se presume “que fueron interceptados por sus captores y asesinados el mismo día, debido al estado de descomposición de sus cuerpos”.
El informe de Ovaceg contó dos femicidios activos y tres pasivos en el estado Monagas. También seis mujeres heridas y un caso de prostitución forzada. Las víctimas están entre 17 y 61 años de edad.
Aunada a la violencia descontrolada, en julio un operativo de seguridad realizado por funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló una banda de prostitución en Maturín, después de supuestas denuncias de vecinos del sector. Fue detenida una mujer de 22 años. El número total de víctimas es desconocido. Lo reflejado por Ovaceg también muestra impunidad y saña en Monagas. En la parroquia La Cocuizas, municipio Maturín, Yesenia Vega, de 61 años, fue asesinada junto a su hijo en un presunto intento de robo.
Codehciu exige a las autoridades competentes la implementación de la debida diligencia en los casos de desapariciones, Los dos últimos informes del Ovaceg demuestran que no han mermado los femicidios en las regiones estudiadas, y que estas expresan un ambiente hostil hacia la mujer: empeoran sus condiciones de vida y su seguridad.(Con información de Codehciu)
Hipódromo Viejo, sector olvidado en medio de las inundaciones en Bolívar
Denuncian que el Gobierno ha dejado al olvido a afectados por las inundaciones en Bolívar.
Dirigentes sociales y activistas de Voluntad Popular José Basanta, Richard Flores, Jorge Sambrano y Jaqueline Yari, denunciaron la crisis que padecen los vecinos del sector Hipódromo Viejo, una de las zonas olvidadas en medio de las inundaciones en Bolívar, producto de la crecida histórica del río Orinoco, en Ciudad Bolívar.
"Vecinos enfrentan a diario el peligró, en este sector fueron fuertemente afectados por las inundaciones, la comunidad necesita ayuda urgentemente", denunciaron los dirigentes, quienes calculan hay 280 familias que perdieron todos sus enseres.
Basanta asegura que los vecinos han realizado un censo casa por casa y pudieron verificarse que son 280 familias las afectadas en el sector.
"Es lamentable pero los entes gubernamentales se perdieron, le importa poco lo que sufre las familias del Sector que en muchos casos perdieron la inversión de toda una vida Casas, artefactos eléctricos, camas, puertas, techos, vehículos hoy los vecinos están a la deriva y sin respuesta alguna por parte de los entes competentes". Así fustigó Sambrano a referirse a la situación en el sector Hipódromo viejo, donde muchos de los damnificados manifestaron ser militantes del partido de gobierno y esto no los exoneró de sufrir la indiferencia de sus compañeros de partido.
"Hemos sido testigos de como la indolencia del gobernador y alcalde arrancan lágrimas, sufrimientos incluso a sus compañeros de partido en el Sector Hipódromo viejo, muchos de los afectados son militantes del partido de gobierno. Esto no los liberó del sufrimiento y la indiferencia del régimen".
La dirigente del municipio Heres, Jaqueline Yari, asegura que el tema es bastante serio y necesita de un plan para ayudar a todas las personas damnificadas por las inundaciones en Bolívar , Por lo que exige que la situación del sector Hipódromo Viejo, así como todos los sectores afectados sean atendidos.
"Hoy le decimos al Estado que asuma su responsabilidad y atienda a los miles de afectados, De forma sería Hacemos responsable a los gobernantes de la actual situación de indolencia, Exigimos un plan que permita vencer el riesgo en que nos encontramos los habitantes del Estado Bolívar. Los vecinos del Sector hipodromo necesitan Una ayuda urgente todas las familias requieren que sean reubicadas a viviendas dignas y seguras urgentemente", finalizó Yari.
Piloto de la avioneta siniestrada en Canaima tenía su licencia suspendida
Ángel Larrode era el piloto de la avioneta siniestrada en Canaima, propiedad de la empresa Corasur Venezuela.
El lunes fue hallada la avioneta siniestrada en Canaima al sur de Venezuela, desde el domingo 2 de septiembre, sin sobrevivientes. Ls cinco pasajeros eran miembros de una misma familia. El piloto Ángel Agreda volaba un Cessna C206, siglas YV3177. Según publicó El Cooperante, tenía su licencia de aviación suspendida.
De acuerdo con el portal, Larrode "hace algunos meses, Larrode fue contratado por una de las primeras empresas de taxi aéreo en Venezuela. El INAC dio la orden de certificarla de forma express a comienzos del presente año. Sin embargo, el piloto fue descubierto falsificando horas de vuelo para obtener una habilitación adicional, por lo que el Instituto Nacional de Aeronáutica lo suspendió como piloto. No obstante, siguió volando".
A pesar de las jornadas de búisqueda y que la aeronave fue encontrada en un tepuy en la zona conocida como callejón del diablo, en paredes de más de 800 metros de altura, cerca del Salto Ángel, los cuerpos no pudieron ser rescatados por las condiicones del tiempo y viento. Las labores continuarán durante el martes para el rescate de los cuerpos.
El portal Caraota Digital señaló que la primera búsqueda fue hecha a las 5:40 a.m. a cargo del capitán Julián Rodríguez, de la compañía Transmandu, en la que fueron encontrados los restos de la avioneta. La segunda búsqueda fue realizada a las 6:30 a.m a cargo del capitán Francisco Pizani, en un Cessna 206 de Transmandu. En esta fueron avistados los destrozos de la avioneta. Fue hasta las 9:00 a.m. cuando en un helicóptero de la Gobernación, junto con Protección Civil y el Servicio Aéreo de Rescate pudieron ver parte de los cuerpos.
Los fallecidos fueron identificados como Marlene Pino, Luis Guerra, Gabriel Guerra, Luis Guerra, Daniel Guerra, todos miembros de una misma familia y huéspedes de la posada Aramerú Lodge; y el piloto Ángel Larrode, de la empresa Corasur Venezuela.
El cessna salió el domingo a las 11:00 a.m. hacia la ruta Canaima-Uruyén, pero nunca aterrizó, hasta que fue reportada la detresfa.
Nelson Omar Carpio, quien fue visto por última vez el 17 de noviembre de 2015, luego de que funcionaros de la PEB se lo llevaran.
“Yo quiero que mi hijo regrese, porque lo estamos esperando, estamos desesperados, es lo que le pido a los organismos competentes, que mi hijo aparezca sea como sea, y que se haga justicia”, la voz de Eladia Guarisma, madre de Nelson Carpio, se quiebra incluso tras años de lucha.
Parece que se ha dicho de todo sobre el caso de Nelson Carpio luego de tres años de búsqueda; aun así sobran las preguntas y carecen respuestas. Su paradero se desconoce desde aquella mañana de 17 de noviembre de 2015, cuando montaba bicicleta en el sector de San José de Chirica, y fue detenido por un vehículo de la Policía del Estado Bolívar, registra la ONG Comisiòn para los Derechos Humanos y Ciudadanos (Codehciu).
Su madre, Eladia Guarisma, cuenta a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que recuerda con dolor cómo los vecinos le advirtieron que a su hijo lo habían agredido aquella mañana. Los testigos relataron que el joven mostró su cédula de identidad a los 4 funcionarios, sin resistirse, pero fue golpeado e introducido con violencia en la patrulla, cuya identificación mostraba “Centro de Coordinación Policial, Francisca Duarte”.
El artículo 12 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, exhorta a los Estados a disponer de las facultades y recursos necesarios “para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes”.
La realidad de los familiares de Carpio es otra. “A mí nadie me ha dicho nada. Y nada he sabido de mi hijo. No tenemos confianza hacia los organismos de seguridad. Las autoridades competentes no han hecho nada. Lo que hemos logrado ha sido por la constancia de nosotros los familiares; ellos no nos han brindado ayuda”, se desahoga la madre, quien buscó asesoría legal en Codehciu desde principios del 2016.
En el transcurso de ese año, fueron identificados e imputados dos funcionarios de la policía del estado, de los 4 que estaban en el vehículo: Davison José Vargas y Cristian José Santana Díaz. A pesar de esto, como indica la madre, aún se desconoce qué le pasó a Nelson Carpio.
En febrero de 2017 la exdirectora del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte, en San Félix, Yerania Vargas, fue arrestada como cómplice de desaparición forzosa de persona y agavillamiento. Pero actualmente no está privada de libertad ya que cumple funciones en otro Centro de Coordinación Policial, según información de la ONG.
Pero 2018 inició con sabores amargos para los familiares del joven que cumplirá, dentro de poco, 3 años desaparecido. La familia, con ayuda de la ONG, denunció impunidad ante el caso, luego de que El juez del Tribunal 1°, de Control del Circuito Judicial Penal extensión Bolívar, Carlos Orono, le otorgara medida de arresto domiciliario a Santana por supuestos dolores en una pierna.
Esta medida era una violación del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en su artículo 491, que dicta: “procede la libertad condicional en caso de que el penado o penada padezca una enfermedad grave o en fase terminal, previo diagnóstico de un o una especialista”.
La única novedad del caso de Nelson Carpio es que la libertad condicional de Santana fue revocada en el mes de agosto de 2018, “en virtud que la corte de apelaciones declaró el recurso de apelación por una desproporcionalidad entre el delito imputado y la medida otorgada al imputado”, como explica el equipo jurídico de Codehciu.
Hay 3 imputados. Casi 3 años de trámites. Aún prevalece el silencio. La familia intenta comprender cómo se desarrollan las averiguaciones con respecto al paradero de Carpio, quien fue maltratado por funcionarios del Estado y desapareció sin haber cumplido la mayoría de edad. Siguen sin respuestas. (Con información de Prensa Codehciu)
Más de 20 mil personas afectadas por inundaciones en Bolívar
Dirigentes de Voluntad Popular realizaron un recorrido por las zonas afectada spor las inundaciones en Bolívar.
El diputado a la Asamblea Nacional, Yon Goicochea, junto a miembros regionales de Voluntad Popular, realizaron un recorrido por el sector Hipódromo Viejo, donde constataron la falta de autoridad ante la situación que estos atraviesan por la creciente del río Orinoco. Más de 20 mil personas se han visto afectadas por las inundaciones en Bolívar.
Los dirigentes entregaron agua potable, medicinas y otros insumos a las familias afectadas con la finalidad de brindar un poco de alivio a quienes hoy lamentablemente han perdido todo y viven en medio de las aguas.
Autoridades del estado hasta el momento no tienen un plan preventivo para evitar que familias aledañas a los ríos sean perjudicadas en las épocas de lluvias, de manera que pierden enseres y deben trasladarse a los llamados “refugios” donde no reciben atención medica ni alimentaria para permanecer dentro de los mismo hasta que los río bajen su nivel, denuncó el partido.
El diputado Francisco Sucre exigió al Ejecutivo nacional atender las necesidades de los damnificados como alimentación, atención médica y social, como lo hace con Cuba que son atendidos y dotados con aviones Hércules de cantidades de insumos que “hoy en día necesitan familias de nuestro estado Bolívar”.
Por su parte, Goicochea, indicó que el país ha tenido la oportunidad de adquirir fondos suficientes para ser utilizados en situaciones como es la de la creciente del río Orinoco, sin embargo, son miles de familias a nivel regional que no son atendidas por ninguna de las autoridades del estado.
Goicochea afirmo que dirigentes de Voluntad Popular realizaran un censo de las tantas familias afectadas de manera de hacer presión y estas puedan ser atendidas y reubicadas según lo ameriten los casos. Anualmente los mismos sectores son afectados por su cercanía a los ríos y hasta ahora no existe autoridad que atienda un plan de reubicación para atacar el problema de raíz.

References: artículo 43
 artículo 49
 artículo 11
 artículo 47
 Artículo 8
 artículo 12
 artículo 491