Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A010A-04.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:19:20+00:00

Document:
A010A-04
Auto 010A/04
Referencia: expediente ICC-772
Conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura - Sala de Conjueces.
Acción de tutela promovida por Vicente Solórzano Triviño contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil cuatro (2004).
Vicente Solórzano Triviño interpuso el 31 de julio de 2003 acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la defensa, al acceso a la justicia y al trabajo con la sentencia del 7 de mayo de 2003 proferida por esa corporación, mediante la cual se confirmó la sanción a impuesta que le impide su ejercicio profesional como abogado; providencia judicial que a su juicio configura una vía de hecho.
El escrito de tutela fue radicado en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la que mediante auto del 4 de agosto de 2003 consideró que en aplicación del numeral 2 del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, el expediente debía ser remitido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por haberse presentado la acción contra dicha corporación.
Recibido el expediente el 6 de agosto de 2003 en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, cada uno de los siete magistrados que la integran manifestó su impedimento para conocer de la solicitud de tutela. Por esta razón, se decidió la conformación de una Sala de Conjueces para que adoptara la decisión correspondiente.
Surtido el trámite de sorteo y designación de los conjueces, éstos resolvieron, mediante auto del 6 de noviembre de 2003 aceptar los impedimentos presentados por los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, así mismo, inaplicaron el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 por considerar no sólo que el mismo fue producto de un exceso en la facultad reglamentaria del Presidente de la República sino porque su observancia quebrantaría la garantía de la doble instancia, teniendo en cuenta que "esta Colegiatura ejerce sus competencias en su solo cuerpo, integrado por la totalidad de sus siete magistrados, lo cual tornaría nugatorio el derecho a impugnar el fallo de tutela."[1]
Por lo anterior, se ordenó la devolución del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, corporación que por auto del 2 de diciembre de 2003 insistió en su posición, en el sentido de aplicar el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 apoyándose para ello en pronunciamiento similar del 28 de enero de 2003 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, la mencionada Sala Penal propuso conflicto de competencia y remitió el expediente nuevamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura - Sala de Conjueces.
A través del auto de 18 de diciembre de 2003, la Sala de Conjueces reiteró los argumentos por los cuales no debía asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, razón por la cual aceptó el conflicto de competencia y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional para que se determinara la autoridad judicial que debía resolver la acción impetrada.
La controversia procesal planteada en el presente asunto tuvo como origen la interpretación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", norma respecto de la cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002[2], declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1 del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º del mencionado acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad.
Como se advierte, son las reglas allí fijadas las que, en principio, determinaban la autoridad judicial que debía asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada. En este sentido, le correspondería a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidir, en este caso, la acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.[3]
No obstante, la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos proferidos aun con posterioridad a la mencionada sentencia del Consejo de Estado, ha considerado de manera uniforme que la citada disposición resulta inaplicable en los eventos en que la acción de tutela se dirija contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de las providencias que en ejercicio de sus funciones disciplinarias profieran.
En efecto, mediante Auto 134A de 2002[4] esta Corporación, al dirimir el conflicto de competencia que se presentó en dicha oportunidad entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, precisó:
En el mismo sentido, en el Auto 193 de 2002,[9] a través del cual se decidió la controversia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se expresó lo siguiente:
Por Auto 232A de 2002[11] se dirimió el aparente conflicto de competencia que se presentó, en aquella ocasión, entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón (Huila) y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en dicha providencia se señaló[12]:
A partir de los anteriores precedentes los cuales han sido reiterados, entre otros, en los Autos 302 de 2002[13], 016[14], 020[15], 028[16], 087A[17], 095[18], 098[19], 116[20] y 153 de 2003[21], se advierte cómo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con el fin de cumplir con el mandato consagrado en el artículo 2º de la Carta Política, y proteger efectiva y materialmente garantías fundamentales como el debido proceso (Art. 29 Superior) y la impugnación de las sentencias de tutela (Art. 31 e inciso segundo del artículo 86 in fine, ídem), ha inaplicado la regla fijada en el numeral 2 del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, cuando la conducta que presuntamente viola derechos fundamentales está contenida en una providencia judicial proferida por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de alguno de los Consejos Seccionales de la Judicatura o por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que según lo dispone dicho acto administrativo, sería esta última Corporación Judicial la encargada de decidir en esos casos, tanto en primera como en segunda instancia, la solicitud de amparo constitucional.
No obstante, el valor normativo de esta regla jurisprudencial, en algunos despachos judiciales se siguen promoviendo de forma superflua conflictos de competencia cuando la autoridad accionada es uno de los Consejos Seccionales o el Consejo Superior de la Judicatura en sus Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, respectivamente, desconociendo no sólo el deber constitucional que tienen todas las autoridades en el Estado social de derecho de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sino que con esa conducta podrían, eventualmente, configurarse dilaciones no justificadas para resolver con prontitud las acciones de tutela[22] y violaciones al derecho de acceso a la eficaz administración de justicia.[23]
En este sentido cabe recordar, que en múltiples decisiones[24] en las cuales la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ha formulado colisión de competencias negativa con fundamento en la aplicación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 en eventos en los que se dirige la acción contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional ha precisado que dicho acto administrativo resulta materialmente inaplicable, por las razones expuestas, motivo por el cual siempre ha ordenado a la citada Sala Penal asumir el conocimiento de la acción constitucional.
En el Estado social de derecho la interpretación de las disposiciones jurídicas no puede efectuarse desde una perspectiva eminentemente formal o simplemente gramatical ya que los jueces deben constatar las condiciones jurídicas materiales para su aplicación. Así, si bien es cierto el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 autoriza modificar el reglamento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de prever la conformación de salas, secciones o subsecciones para tramitar la segunda instancia, las mismas no han sido creadas hasta la fecha, lo que implica la total inexistencia de los presupuestos para una eventual impugnación en el trámite de las acciones de tutela que se inician ante el Consejo Superior de la Judicatura.
De esta manera resulta irrazonable que se pretenda mantener una interpretación que en la actualidad ya se encuentra desechada puesto que ello no sólo predica la falta de coherencia e inconsistencia jurídica de las decisiones judiciales que se adopten en ese sentido, sino que podría, eventualmente, configurar una violación a otros derechos fundamentales de las personas que acuden a la jurisdicción de tutela en busca de una protección inmediata de sus garantías constitucionales (Art. 86 C.P.).
Desde esta perspectiva, el conflicto planteado en la actualidad lo es tan sólo en apariencia, por cuanto en casos como el de la referencia, el juez de tutela que conoció a prevención de la solicitud de protección constitucional debió acudir a las reglas generales que prescribe el artículo 37 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
En consecuencia, se remitirá el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que sin más dilaciones, adopte en primera instancia la decisión que corresponda en la acción de tutela de la referencia y se garantice así, de forma efectiva, el derecho a la impugnación, si llegare a hacerse uso de este recurso.[25]
ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que asuma, de forma inmediata, el conocimiento de la tutela de la referencia.
Salvamento de voto al Auto 010A/04
Peticionario: Vicente Solórzano Triviño
[1] Folio 123 del cuaderno de primera instancia.
[4] Expediente I.C.C.-429.
[8] Esta posición también fue sostenida por la Corte Constitucional en el Auto 135A de 2002 (expediente I.C.C.-438), mediante el cual se dirimió el aparente conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
[10] En el mismo sentido el Auto 241 de 2002 (Expediente I.C.C. 536) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, mediante el cual se resolvió un conflicto de competencia entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
[12] Estas consideraciones se reiteraron en los Autos 255 de 2002 (expediente ICC.540) y 286 de 2002 (expediente I.C.C. 576) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[13] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[15] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[17] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Corte Constitucional. Auto 072 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, Auto 042 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, Autos 071 de 2002, Auto 074 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil y Auto 042 y152 de 2003.
[23] Como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-190 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) “el acceso a la administración de justicia, no debe entenderse en un sentido puramente formal, en cuya virtud pueda una persona acudir a los tribunales, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución – ya por vía activa, ora por la pasiva- la obtenga oportunamente.”
[24] Cfr. Autos 014, 016 y 087A de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; 031y 044 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y 052 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, entre otros.
[25] Cfr. Artículo 31 del Decreto-ley 2591 de 1991.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 86
in fine
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 37
 resolución 
 Artículo 31