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Timestamp: 2020-02-23 15:05:00+00:00

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Guia Normativa-Trata de Personas OIM UNICEF | Trata de personas | Migración humana
Guia Normativa-Trata de Personas OIM UNICEF
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF Sección de Protección de la Infancia Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Ciudad del Saber, Edificio 102 Apartado 0843-03045 Panamá, Republica de Panamá Tel.: +507.301.7400 Fax.: +507.317.0258 E-mail: tacro@uniceflac.org Internet: http://www.unicef.org http://www.unicef.org/lac
ISBN: 978-92-806-4237-7
Todos los derechos reservados 2007
Diseño de portada a cargo de OIM
Diseño general supervisado por UNICEF Sección de Comunicación y Sección de Protección de la Infancia Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Esta publicación no ha sido sometida a una revisión editorial formal
Organización Internacional para las Migraciones OIM Unidad contra la Trata de Personas Oficina Regional para Centroamérica y México
Avenida Central, Calles 27-29, Casa No. 2775 San José, Apdo. 122-2050, Costa Rica Tel.: +506.221.5348 Fax.: +506.222.0590 E-mail: mrfsanjose@iom.int Internet: www.iom.or.cr
Las opiniones y análisis expresados en la presente publicación no reflejan necesariamente la visión o políticas oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones ni del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL Guía Normativa
Índice de instrumentos de derecho internacional y compromisos políticos
Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes: conceptos generales
Tipos de instrumentos internacionales
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.1
Principios generales de los derechos humanos aplicables
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en
los instrumentos internacionales aplicables a la trata de personas
al tráfico ilícito de migrantes
Instrumentos regionales de derechos humanos
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.2
Órganos de Protección del Sistema Interamericano
Instrumentos de derechos humanos relacionados específicamente con el género
Instrumentos de derechos humanos relacionados específicamente con el género en el ámbito internacional
Disposiciones clave de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Obligaciones establecidas por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aplicables a la trata de mujeres
Obligaciones establecidas en la Recomendación General Nº 19 aplicables a la trata de mujeres
Implementación y monitoreo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
El Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Resumen de mecanismos previstos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo facultativo para proteger a las mujeres contra la trata
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.3
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Instrumentos de derechos humanos relacionados específicamente con el género en el ámbito regional
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
Las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.4
Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
Derechos y obligaciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Protocolo facultativo aplicables a la trata y el tráfico ilícito de niños, niñas y adolescentes
El Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación y la Recomendación 190
Compromisos internacionales y regionales relacionados con la trata de niños, niñas y adolescentes
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
La Declaración y el Programa de Acción de Estocolmo
El Compromiso Mundial de Yokohama
El Compromiso para una Estrategia contra la Explotación Sexual Comercial y otras Formas de Violencia Sexual a la Infancia y la Adolescencia en la región de América Latina y el Caribe
La Reunión de Seguimiento del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.5
Instrumentos internacionales sobre trata de personas
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños
Disposiciones y recomendaciones establecidas en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo sobre trata de personas y los Principios y directrices recomendados aplicables a la trata de personas
La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.6
Instrumentos internacionales sobre migración
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
Los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
Derechos adicionales de los trabajadores migratorios documentados o regulares y sus familiares
Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores migratorios y sus familiares
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.7
CAPÍTULO VII: Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el ámbito regional
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.8
La Tercera Cumbre de las Américas
Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno
La Conferencia Regional sobre Migración
La Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional:
CAPÍTULO VIII: Instrumentos sobre la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud
Marco jurídico contra la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud
La Convención sobre la Esclavitud
Instrumentos regionales contra la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud
Cuadro de ratificaciones y adhesiones No.9
Optimizando la respuesta jurídica a la trata de personas
Consideraciones para optimizar la respuesta jurídica a la trata de personas
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son problemas complejos, multifacéticos y muchas veces confusos por los nexos y a la vez las diferencias que existen entre ambos. La comunidad internacional reconoce que existen estas actividades delictivas, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que van en aumento, por lo que es necesario actuar pronta y eficazmente para su prevención y eliminación.
La globalización y las nuevas tecnologías van haciendo más sofisticados los sistemas para evadir las normas, y a la vez, más fácil el acceso a actividades ilegales. De esta forma, actualmente nos encontramos
con que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son actividades muchas veces ligadas a grandes
y estructuradas redes de crimen organizado transnacionales con un gran poder económico producto de los enormes beneficios derivados de estos delitos.
La región de América Latina y el Caribe no escapa a estos fenómenos delictivos, compartiendo la preocupación mundial manifestada por gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. La pobreza, las disparidades económicas, la falta de acceso a los servicios básicos y a oportunidades de vida digna para grandes sectores de población; junto a la comercialización de la explotación sexual y laboral, la consideración especialmente de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres como objetos de comercio, la tolerancia y la pasividad de la sociedad ante violaciones de los derechos humanos, y la existencia de una demanda de este tipo de servicios de explotación, son cuestiones que están vigentes en América Latina y el Caribe y directamente relacionadas con estas actividades ilegales.
La complejidad es obvia, tanto por el carácter multifacético y causal del problema como por su clandestinidad y por la ausencia de información sistematizada desagregada y confiable sobre la materia. Sin embargo, a nuestro favor tenemos que son numerosos los instrumentos internacionales que reconocen y amparan los derechos humanos y proponen mecanismos para la prevención y erradicación de las violaciones a los mismos, y para la protección de las víctimas. Además son múltiples los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional, regional e internacional para suscribir acuerdos, compromisos y planes de acción que generen líneas estratégicas y mecanismos concretos de actuación para la prevención y eliminación de estos delitos.
A iniciativa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina Regional para Centroamérica y México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se presenta esta Guía normativa sobre instrumentos jurídicos y compromisos políticos internacionales y regionales sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La Guía esta dirigida a todas las personas profesionales, miembros de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e individuos que trabajen en pro de los derechos de la niñez y de las mujeres y quieran contribuir a la prevención y combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y a la protección de las víctimas.
Los objetivos de este documento son por un lado, explicar la naturaleza multidimensional de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la necesidad de una respuesta multifacética utilizando todo el catálogo de instrumentos legales y políticos aplicables; y por el otro, dar a conocer la gama completa de instrumentos legales y de otra índole disponibles para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
En definitiva, esta Guía pretende aportar elementos de argumentación para abogados(as) y otros profesionales que defiendan causas relacionadas con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,
pautas de actuación para funcionarios judiciales, policiales, migratorios, consulares, de protección a víctimas
y otros; así como para las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. La Guía intenta
además dar a conocer a las propias víctimas los derechos que les amparan y los deberes del Estado para con ellas y facilitar al legislador nacional su labor de adecuación de las normas del Estado a los compromisos internacionales.
Se ha puesto énfasis especial en los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes, por ser mayoritariamente las víctimas, pero los hombres tampoco escapan a este tipo de delitos. Asimismo, a pesar de que se enuncia tanto el entramado normativo internacional como el marco
regional, la Guía se circunscribe a la región de América Latina y el Caribe y concretamente, a la subregión de Centroamérica y México.
Para la elaboración de esta Guía, sirvió como modelo la publicación titulada “Combating Human Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices” elaborada por The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Naciones Unidas en 2003, de ella se han tomado textos y referencias.
Esperamos que esta Guía resulte útil para hacer más efectiva la aplicación de los instrumentos legales y compromisos políticos disponibles para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y para mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes y las mujeres víctimas.
Jose Pires Representante Regional Oficina Regional para Centroamérica y México Organización Internacional para las Migraciones
Nils Kastberg Director Regional Oficina Regional para América Latina y el Caribe Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
CIDFP
CIPSEVM
CIPST
Organización Internacional del Trabajo/Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
PCADH-1
PCADH-2
El capítulo principal que se refiere a cada uno de los tratados es el que aparece señalado en negrita.
Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas (Cap. V)
Carta de la Organización de los Estados Americanos (Cap. II)
Carta de las Naciones Unidas (Cap. II, III, VI)
Carta de Peticiones a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de Iberoamérica y el Caribe, Reunión de Seguimiento del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Cap. IV)
Carta Internacional de Derechos Humanos (Cap. II)
Compromiso Mundial de Yokohama contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños (Cap. IV)
Compromiso para una Estrategia contra la Explotación Sexual Comercial y otras Formas de Violencia Sexual a la Infancia y la Adolescencia en la Región de América Latina y el Caribe - Compromiso de Montevideo - Consulta Gubernamental Regional sobre Explotación Sexual Infantil (Cap. IV)
Consenso de Lima, Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Cap. III)
Consenso de México, Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Cap. III)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Cap. I, II, VIII)
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cueles, Inhumanos o Degradantes (Cap. II, IV, VIII)
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Cap. I, III, IV, V, VI, VII, IX)
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Cap. I, II)
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Cap. VI)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Pará” (Cap. II, III, IV, VIII)
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Cap. II)
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Cap. II)
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (Cap. I, IV, VII, VIII)
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Cap. II)
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Cap. II, IV, VI, VIII)
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (Cap. VIII)
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo (Cap. VI, VII)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cap. II, III, IV, V,
Convención sobre la Esclavitud de la Sociedad de las Naciones (Cap. VIII)
Convención sobre los Derechos del Niño (Cap. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (Cap. VIII)
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas (Cap. V)
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres (Cap. V)
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (Cap. V)
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Cap. I, III, V, VIII)
Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Forzoso (Cap. VIII)
Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección del Salario (Cap. VIII)
Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (revisado) (Cap. VI, VIII)
Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (Cap. VIII)
Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Política Social (normas y objetivos básicos) (Cap. VIII)
Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Fijación de Salarios Mínimos (Cap. VIII)
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (Cap. IV)
Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias) (Cap. VI, VIII)
Convenio 166 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Repatriación de la Gente de Mar (revisado) (Cap.VI, VIII)
Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Agencias de Empleo Privadas (Cap. VI, VIII)
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (Cap. IV, VIII)
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Cap. II, VIII)
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño (Cap. IV)
Declaración de los Derechos del Niño (Cap. IV)
Declaración de Montevideo - “La Migración y sus Efectos sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” – XVI Cumbre Iberoamericana (Cap. VII)
Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (Cap. III, V)
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Cap. III, VIII)
Declaración Universal de Derechos Humanos (Cap. II, VII, VIII)
Declaración y Plan de Acción de Québec, Tercera Cumbre de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (Cap. VII)
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Cap. III, IV)
Declaración y Programa de Acción de Estocolmo contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños (Cap. IV)
Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Cap. II)
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Cap II, IV, V, VIII)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Cap. II, IV, VIII)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cap. II, IV, VIII)
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, Sexta Conferencia Regional sobre la Integración en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Cap. III)
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte (Cap. II)
Protocolo adicional a la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Cap. II)
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Cap. I, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Cap. I, V, VI, VII)
Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cap. II, III)
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (Cap. I, II, IV, V)
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Cap. I, II, IV, V, VIII)
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Cap. II)
Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud de la Sociedad de las Naciones (Cap. VIII)
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Cap. I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
Recomendación 61 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (Cap. VI)
Recomendación 62 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (colaboración entre Estados) (Cap. VI)
Recomendación 86 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (revisado) (Cap. VI)
Recomendación 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes (países insuficientemente desarrollados) (Cap. VI)
Recomendación 151 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (Cap. VI)
Recomendación 174 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Repatriación de la Gente de Mar (Cap. VI)
Recomendación 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil (Cap. IV, VIII)
Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Cap. II)
Un Mundo Apropiado para los Niños, Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la Infancia (Cap. I)
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES:
El siglo XX se caracterizó por el reconocimiento universal de un amplio abanico de derechos fundamentales de las personas en un conjunto de instrumentos internacionales que fomentan el respeto al ser humano y promueven su libertad. Sin embargo, a inicios del siglo XXI a pesar de los avances tecnológicos, la libertad efectiva de las personas sigue siendo un grave problema que aqueja a las diversas sociedades más allá de su crecimiento económico o de su grado de modernidad.
Los movimientos migratorios motivados por estados de necesidad y, a veces, entendidos como una lucha por la propia subsistencia, no se caracterizan solamente por un traslado pacífico de personas sino que son empañados por la generación de nuevas formas ilícitas de restricción a la libertad de los migrantes. En ocasiones, estos abusos han sido catalogados de formas análogas a la esclavitud y son fuentes de marginación que se manifiestan con especial gravedad en relación con las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.
La red tejida en torno a la migración internacional, la explotación laboral, la prostitución, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, constituye uno de los mayores complejos delincuenciales que salpica el presente de muchas personas en condiciones inhumanas de subsistencia y crea uno de los más importantes retos que tiene que afrontar la sociedad internacional. (Ver Figura 1, p.4)
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima que existe un total de 190 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 25 millones son latinoamericanos y caribeños. 1 En un contexto caracterizado por la falta de oportunidades económicas y sociales en los países de origen, la demanda de mano de obra en los países de destino, y las barreras a la migración legal, la migración irregular ha registrado un aumento sostenido. Las personas que migran de manera irregular corren el riesgo de no poder ejercer sus derechos y se vuelven vulnerables a todo tipo de explotación, incluida la trata de personas. 2
La trata de personas es una forma multidimensional de explotación que implica diferentes tipos de explotación incluidas las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la explotación de migrantes y trabajadores migratorios, la explotación laboral y sexual, la violencia y discriminación contra las mujeres y la explotación sexual, laboral y de otro tipo, de niños, niñas y adolescentes. Pero además la trata es en sí misma una forma de explotación.
La trata de personas se produce en un escenario de circunstancias interrelacionadas que aumentan la vulnerabilidad de los individuos y crean las condiciones que propician que ocurra. Este escenario incluye diferentes dimensiones: la pobreza, la discriminación por razón de genero, las situaciones de conflicto, las economías en transición, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción, las políticas de migración, las condiciones del mercado laboral, la falta de ciudadanía y la demanda.
La trata, la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes son conceptos interrelacionados. La trata de personas incluye la dimensión migratoria. A menudo ocurre en conexión con movimientos de personas de las zonas rurales a las urbanas o entre fronteras. Sin embargo, el traslado no es un elemento necesario para que se de la trata de personas. Lo esencial es que se produzca la explotación.
1 CELADE/CEPAL. Migración Internacional de Latinoamericanos y Caribeños en Iberoamérica: características, retos y oportunidades, CELADE/CEPAL, Santiago de Chile, 2006, p.7-8.
2 UNICEF, Migración e infancia. Temas de Políticas Públicas, UNICEF Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Panamá, 2006.
Figura 1. Dimensiones relacionadas con la trata
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Y FALTA DE
ECONOMÍAS EN
La primera labor que debemos abordar es la distinción de los diversos conceptos y fenómenos que concurren en el complejo mundo de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.
En el tratamiento teórico del problema, son varios los términos que se utilizan para describir las realidades que se intentan abordar, en muchos casos se utilizan las locuciones de forma intercambiable, sin remarcar ningún tipo de especificidad en el fenómeno referido, lo cual no siempre resulta correcto. Los conceptos “tráfico de migrantes”, “tráfico de personas”, “tráfico humano” y “trata de personas”, entre otros, se utilizan a menudo como sinónimos, pero no lo son, ya que nos estamos refiriendo a situaciones totalmente diferentes: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Desde una interpretación estrictamente gramatical, la definición del verbo “traficar”, que en su sentido legal positivo alude al comercio, a la compra y venta, en sentido negativo alude a la existencia de un comercio ilícito. Este concepto trasladado al contexto de la migración, y manteniendo su esencia comercial, alude al comercio ilegal de personas, que es lo que se conoce como tráfico ilícito de migrantes. Por su parte “trata”, que viene de “tratar, comerciar”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos”. 3
Tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes implican dos situaciones distintas,
3 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 23ª Edición, Madrid, 2003.
aunque con algunos elementos en común, y sus definiciones jurídicas más precisas surgen de los mismos textos normativos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 4 plantea una respuesta jurídica internacional frente al problema del crimen internacional organizado con un enfoque universal, y es el instrumento jurídico internacional más reciente y adecuado a estas situaciones. Tiene tres protocolos complementarios sobre la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas. A los fines de esta Guía, se trabajará con los dos primeros.
A través del tiempo, el concepto de trata de personas ha sido interpretado de diferentes maneras. El término de trata se utilizó inicialmente alrededor del año 1900 para hacer referencia a la “trata de blancas”, que configuraba un delito cuyas víctimas eran mujeres europeas que eran movilizadas para ser explotadas sexualmente, en alusión a que el sistema legitimaba de una u otra forma la trata de personas (mujeres u hombres) de otra raza que no fuera la blanca. Este concepto cayó en desuso a medida que ha ido evolucionando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la condena general a la esclavitud de cualquier ser humano sin distinción de raza, género, edad o cualquier otra condición. En 1910 se reconoció que la trata de personas, aún denominada trata de blancas, se presenta internamente en las naciones y que está estrechamente relacionada con la esclavitud. En 1949, en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, se utiliza por primera vez el concepto de “trata de personas”, pero no se logra definir el fenómeno en su totalidad. Debido a ello se decide crear un instrumento internacional que defina con mayor precisión que se entenderá por trata de personas. Esto ocurrió en Palermo, Italia en el año 2000 cuando se adoptó la citada Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
En este punto es necesario establecer definiciones claras para precisar las diferencias entre ambas figuras, ya que existe en el mundo hispanohablante una confusión entre las mismas, debido a la asociación natural de la traducción del inglés de la palabra trafficking por tráfico.
En las versiones finales de los dos protocolos de Palermo se aclara:
“trafficking” se tradujo como trata y no como tráfico “smuggling” se tradujo como tráfico y no como introducción clandestina o contrabando
1. Trata de personas
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 5 define la trata de personas en el artículo 3 apartado (a) de la siguiente forma:
“a) (…) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”
Conforme a esta definición “el fenómeno de trata debe ser identificado mediante tres elementos:
la acción -usualmente la transportación o tráfico-, los medios -engaño, rapto, coerción- y el propósito, siendo este último usualmente la explotación de la persona con fines de lucro”. 6
4 Al respecto, véase el capítulo V.
5 Al respecto, véase el capítulo V.
6 OIM, INSTRAW, UNODC. Conclusiones del Seminario Internacional sobre trata de seres humanos, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México, 2004.
Por su parte el apartado (b) del artículo 3 expresa:
“b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado.”
Esto implica que el hecho de que la víctima haya accedido a ser trasladada para realizar las labores de explotación, no le excluye como víctima ni como sujeto de la protección para este instrumento internacional. Es decir, el hecho de haber prestado su consentimiento por uno de los medios expuestos -engaño, uso de la fuerza, abuso de poder, de situación de vulnerabilidad etc.- lo torna inválido. Las notas interpretativas del Protocolo añaden que por situación de vulnerabilidad debe entenderse toda situación en que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso.
Y, los últimos apartados señalan:
“c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.”
Cuando estamos en presencia de niñas, niños o adolescentes, no se tomará en cuenta su “consentimiento” ya que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran hace que no se pueda hablar de “consentimiento” en el sentido estricto del término.
Figura 2. Definición de trata del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
TTrraattaa ==
con fines de Explotación
Explotación de la prostitución ajena
Otras formas de explotación sexual
Trabajos o servicios forzados Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud
Servidumbre Extracción de órganos
recurriendo a
Amenaza o uso de la fuerza o otras formas de coacción
Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
Artículo 3, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños
2. Tráfico ilícito de migrantes
Por su parte, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 7 define en el artículo 3 el tráfico ilícito de migrantes de la siguiente forma:
Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.”
Actualmente el tráfico ilícito de migrantes, es un negocio global que genera grandes ganancias
para los traficantes y el crimen organizado, crea serios problemas a los gobiernos de los países involucrados, pero sobre todo convierte a los migrantes en objeto de constantes abusos y explotación. Los traficantes se aprovechan de la débil regulación en esta materia en muchas partes del mundo, que poseen un nivel insuficiente de medidas coordinadas y eficaces para eliminar esta práctica, lo que combinado con la falta de conocimiento por parte de los migrantes de los peligros potenciales a los que se someten, o su disposición
a incurrir en los riesgos por su situación de necesidad, lo convierten en un tema problemático. De hecho algunos autores, han denominado al tráfico como “el comercio de la miseria humana”.
En todo proceso de migración, especialmente la irregular, inciden tres niveles diferentes de valoración
y toma de decisiones: las causas que motivan la salida del país, las causas que hacen elegir un país de
destino y, tercero, los elementos que escapan racionalmente del control del migrante y que se producen en
el proceso de traslado como es el idioma, información sobre el trabajo, etc., y que influyen decisivamente
en la victimización de la persona.
Cada vez más, un mayor número de personas en el mundo busca oportunidades de mejor nivel de vida, de escapar de la guerra, de la persecución, de la pobreza, del desempleo o incluso de las violaciones de los derechos humanos, a través de la migración. Es evidente que la falta de respuesta jurídico-sancionadora durante las últimas décadas en los países de América Central, junto con la incipiente persecución de la estancia irregular en los territorios, ha supuesto la elección de Centroamérica y México como vía de entrada
3. Tráfico internacional de niños, niñas y adolescentes
En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, 8
adoptada en México, en 1994, en su artículo 2 define el “tráfico internacional de menores” de la siguiente
“b) “Tráfico internacional de menores” significa la substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con propósitos o medios ilícitos.”
Para esta definición “menor” es todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años, y define “propósitos ilícitos” y “medios ilícitos” así:
“Propósitos ilícitos” incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle localizado.
“Medios ilícitos” incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre.”
7 Al respecto, véase el capítulo VI.
8 Al respecto, véase el capítulo VII.
Como puede observarse, a pesar de utilizar el vocablo “tráfico”, se corresponde básicamente con la definición de “trata” del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. A los efectos de esta Guía utilizaremos el término trata de niños, niñas y adolescentes tal
y como se define en el Protocolo mencionado, sin perjuicio de utilizar la Convención Interamericana sobre
Tráfico Internacional de Menores como base y fundamentación para las cuestiones a las que ella se refiere.
B. Características comunes y diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Es necesario definir con precisión conceptual estas figuras, ya que, de lo contrario, la existencia de lagunas e incongruencias normativas facilita la impunidad de las organizaciones del crimen organizado, las que pueden operar con mayor eficacia al sacar provecho de tal falencia jurídica, en especial, al configurar sus rutas de acción. De ahí la importancia de las definiciones esbozadas más arriba.
Se puede inferir que en estas definiciones existen al menos tres aspectos comunes, los cuales permiten distinguir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes entre sí y de otro tipo de actividad. Fundamentalmente, estos consisten en:
• la actividad como el acto de la captación, retención, facilitación o traslado de una persona;
• con empleo de medios ilícitos;
• con fines ilícitos.
Pero, ¿en qué se diferencian la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes?
En el tráfico ilícito, más allá de las condiciones degradantes en que puede llegar a desarrollarse,
involucran a migrantes que, en principio, se puede afirmar que han prestado su consentimiento para cruzar
la frontera. En cambio, en la trata de personas, las víctimas no han prestado consentimiento, o, en cualquier
caso, tal consentimiento está viciado por la acción de abuso o coerción del tratante 9 .
Normalmente, la necesidad de empleo y las barreras migratorias impuestas por los países a través de trámites de difícil cumplimiento, llevan a muchas personas a buscar otras opciones para cruzar las fronteras, y para ello se apoyan en terceros que pueden ayudarles a falsificar sus documentos, o pasar la frontera sin ser captados por los controles migratorios y policiales. Constituye este el caso típico de tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito finaliza cuando el migrante arriba al lugar de destino, mientras que la trata implica una situación de explotación, por lo cual la acción ilícita se extiende todo el tiempo que dure la explotación. El tráfico ilícito siempre es transnacional, implica cruce de frontera, pero también se penaliza la tentativa.
En cambio, la trata de personas puede ser internacional o nacional. Normalmente se produce un traslado físico de zonas rurales a urbanas, o bien, de una o varias fronteras, este desplazamiento, junto con el uso de medios ilícitos para la obtención del consentimiento y la finalidad de explotación, son los elementos fundamentales del delito. Sin embargo, no es preciso que se den todos estos elementos para que se configure el delito, pues basta la comisión de una de ellas para que se tenga por realizado el ilícito, en la medida en que concurran los medios coercitivos y que existan fines de explotación. 10
Las penalizaciones y las formas de tratar a la víctima en ambas situaciones, deben darse de modo diferenciado. En la trata de personas la víctima -el sujeto pasivo- es siempre una persona, es decir que estamos ante un delito contra la vida, la dignidad, la libertad en el que se incluyen elementos tales como la coacción, la violencia física y psíquica, el abuso, la explotación sexual y/o laboral, etc. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes el sujeto pasivo, es decir el titular del bien jurídico protegido, es el Estado. Ello así, ya que, en primer lugar, estamos frente a un cruce irregular de frontera, el cual, en todo caso, significa
9 Sobre el concepto del “tratante”, véase el capítulo V.
10 Geronimi, Eduardo. Aspectos jurídicos del tráfico y la trata de trabajadores migrantes, Perspectivas sobre Migraciones Laborales, Nº 2, OIT, Ginebra, 2002, p. 21.
una infracción administrativa con consecuencias no penales para las víctimas, en el peor de los casos las autoridades de aplicación disponen el retorno compulsivo a sus países de origen.
No obstante esto último, las informaciones recabadas por diferentes organizaciones e investigadores, nos muestran un panorama en el que el tráfico ilícito de migrantes excede ampliamente la mera cuestión migratoria y se transforma en un escenario de violaciones a los derechos humanos; en estos casos, puede llegar a convertirse en un supuesto de trata de personas.
Las diferencias principales entre ambas figuras pueden enumerarse del siguiente modo:
• Cruce irregular de fronteras
• Uso de documentos falsos
• Hay consentimiento (real o mediante engaño)
• Delito contra el Estado
• Puede haber o no un cruce de fronteras
• Desplazamientos legales o ilegales para explotación sexual, laboral, extracción de órganos, etc.
• No es necesario el uso de documentos falsos
• Hay restricción de movimientos
• Hay engaño y coerción: es involuntario
• Delito contra la persona
Es una cuestión fundamental para la defensa de los derechos de las personas, poder diferenciar entre las víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.
La correcta identificación de la víctima de trata de personas se puede obtener a partir de los elementos que componen su definición conceptual de un modo integral y simultáneo:
• La actividad: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas,
• Los medios: recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
• El propósito: con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Otro elemento que diferencia la trata de personas del tráfico ilícito de migrantes es el de los mecanismos de reclutamiento o contratación, y prestación de servicios. En el tráfico ilícito el ofrecimiento de un cruce seguro de las fronteras es un elemento fundamental. Puede darse a partir de la simple actividad de un agente ocasional o “guía” (también conocido como “coyote”), hasta la actividad más compleja de bandas internacionales que llevan migrantes de un continente a otro. Esto último es un complejo proceso que incluye la provisión de documentación, transporte, logística, alojamiento o empleo. Estas organizaciones suelen dedicarse tanto al tráfico ilícito de migrantes como a la trata de personas.
Para las situaciones de la trata de personas los mecanismos y actividades desplegadas son mayores. Hay restricción de movimiento, engaño y coerción, pero, además, a las víctimas se les suele cobrar el hospedaje, la alimentación y el vestuario, por lo que se desarrolla un mecanismo de acumulación de deudas. También, existen casos de tratantes que cambian los términos de los contratos iniciales y retienen documentos, dándose así origen a las condiciones de explotación.
Los sujetos activos de la trata pueden ser: tratantes ocasionales, pequeños grupos criminales a nivel regional, u organizaciones delictivas transnacionales. Estas redes operan mediante engaños, al prometer seguridad y mejores condiciones de vida, y es común que las víctimas sean forzadas a servidumbre sexual o laboral. Pueden ofrecer realizar la actividad del cruce de fronteras y en el transcurso o al arribo cometer violaciones a los derechos humanos contra la persona e iniciar su explotación; los más comunes, la servidumbre por deudas.
También encontramos sujetos que suelen brindar apoyo a los tratantes: miembros de familia y amigos que reclutan y a veces venden a las personas, líderes comunales, retornados que reclutan, productores de documentos falsos, dueños de medios de transporte y conductores, dueños de hotel, agencias de viajes y de empleos, y funcionarios corruptos.
En relación a las víctimas, nos encontramos con que sufren como consecuencia la violación de sus derechos humanos, el abuso, la situación irregular en el país de destino, el trato por las autoridades y la sociedad como delincuente (revictimización), peligros de daños psicológicos permanentes, y otros físicos hasta llegar incluso a la muerte.
Existen lugares con características propicias que hacen a las personas particularmente vulnerables a ser víctimas de trata de personas. Ellos son las maquilas y las fábricas, las fincas comerciales, las casas privadas, las industrias de servicios, los salones de masaje, las casas de prostitución u otros tipos de explotación.
También debe señalarse que existen incentivos comunes para los tratantes y traficantes. En primer lugar, los pocos riesgos en los casos de lagunas legales y falta de recursos y capacitación para la aplicación de la ley, y en segundo lugar, las grandes ganancias.
El desconocimiento general y la falta de información al respecto es clave en el tema. La carencia de datos estadísticos tiene como causa la naturaleza clandestina de la trata de personas, la renuencia y temor de las víctimas a revelar sus experiencias, y la carencia de uniformidad en definiciones y comprensión de los fenómenos.
Por otro lado, la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes involucra distintas acciones que deben contemplarse, como son la prevención, la atención a víctimas, la persecución de los delitos, la legislación y la cooperación judicial internacional.
III. TIPOS DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Los instrumentos jurídicos empleados para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en especial de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueden ser internacionales y regionales dependiendo de su ámbito físico de aplicación, y multilaterales y bilaterales, según la cantidad de Estados suscriptores.
• Internacionales: Cuando han sido suscritos y tienen vigencia en varios países independientemente si pertenecen o no a una misma región geográfica.
• Regionales: Cuando han sido suscritos y tienen aplicación solamente en países de una misma región.
• Multilaterales: Cuando han sido suscritos y tienen vigencia entre varios Estados.
• Bilaterales: Cuando han sido suscritos y rigen entre dos Estados.
Los instrumentos internacionales, regionales, multilaterales, bilaterales pueden adoptar diversas denominaciones como convenciones, tratados, convenios, acuerdos, pero siempre serán instrumentos internacionales y de carácter vinculante para los Estados que suscribieron y ratificaron el instrumento.
Con respecto a la jerarquía de los instrumentos internacionales dentro del orden jurídico-normativo interno, la misma se establece usualmente en las Constituciones de cada país que por lo general les otorgan un carácter supra legal, es decir por encima de las leyes nacionales. En cada orden jurídico nacional es distinto si estos instrumentos tienen jerarquía constitucional o están por debajo de la Constitución nacional, siendo la tendencia en América Latina otorgarle jerarquía constitucional a los tratados referidos a derechos humanos.
A. Tratados, Convenciones, Convenios internacionales y Protocolos
Los términos “Tratado”, “Convención” y “Convenio internacional” son equivalentes. Según Francisco Contreras Vaca “a los Tratados podemos definirlos como el acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional (Estados u organismos internacionales), que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones”. 11
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados lo define en su artículo 2, de la manera siguiente: “Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.
Esto quiere decir que un tratado, convención, o convenio internacional nace cuando dos o más países deciden suscribir un acuerdo sobre un tema que consideran importante y de repercusión para varios países y hacerlo obligatorio para aquellos que lo firmen. Este acuerdo se debe suscribir de conformidad con las normas de derecho internacional.
Por su parte, se distinguen dos momentos, la firma y la ratificación. La firma es la manifestación de
la voluntad de adherirse a un tratado en o ante sede internacional por quien está allí debidamente legitimado
por un Estado. La ratificación es el instrumento interno de cada país para que los acuerdos firmados internacionalmente tengan validez dentro de su territorio. Este procedimiento se establece internamente, dependiendo de cada país, puede consistir en la aprobación por una determinada mayoría en la Asamblea Legislativa Nacional entre otras formas. Algunos tratados, convenciones o convenios internacionales exigen que se dé un número determinado de ratificaciones por los Estados para que el acuerdo internacional entre en vigor para todos.
Los tratados, convenciones y convenios internacionales por tanto, generan obligaciones para los países que, traducidas en términos concretos deberán cristalizarse en las legislaciones nacionales y en
políticas públicas. Ello dependerá mucho del compromiso y voluntad política de cada Estado para responder
a las exigencias de estos acuerdos internacionales firmados y ratificados en su país.
Por último, los “Protocolos” son tratados, convenciones o convenios internacionales que normalmente se añaden a otros como anexos o complementos. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2000 fue completada por dos Protocolos facultativos, uno relativo a la participación de niños en conflictos armados y otro relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 12
Los tratados, convenciones, convenios internacionales o protocolos sobre derechos humanos, normalmente lo que establecen son estándares internacionales mínimos que los Estados deben respetar. Algunos de estos tratados establecen sistemas o mecanismos de monitoreo del cumplimiento de estos estándares por parte de los Estados que ratificaron estos acuerdos. Estos mecanismos difieren según el instrumento internacional que los creó y sus resoluciones o recomendaciones también poseen un distinto grado de obligatoriedad para los países. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño crea
11 Contreras Vaca, Francisco José, Derecho Internacional Privado. Parte Especial, Oxford University Press, México, 1998.
12 Al respecto, véase el capítulo IV.
como mecanismo de monitoreo de su cumplimiento, el Comité de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra, al que los Estados deberán presentar informes periódicos sobre su avance en el cumplimiento de dicha Convención. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos habilita un mecanismo de denuncia para las violaciones a dichos derechos, mediante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 con facultades para revisar acciones emanadas de autoridades públicas nacionales y dictar una resolución con implicaciones jurídicas obligatorias para el país. No obstante lo anterior, los países que suscriben los tratados, convenciones, convenios internacionales o protocolos pueden reservarse de no someterse a cortes internacionales, y esto trae como consecuencia que los países no pueden ser denunciados a nivel internacional por incumplimientos de obligaciones establecidas en dichos instrumentos internacionales.
B. Declaraciones, Planes de Acción, Plataformas y otros compromisos internacionales
Las Declaraciones son manifestaciones de voluntad de los Estados que no generan la obligatoriedad jurídica de los instrumentos vistos en el apartado anterior. Normalmente consisten en documentos que enuncian principios generales de buena voluntad. Son firmados por los Estados pero no les comprometen jurídicamente.
Los Planes o Programas de Acción y Plataformas nacen de la celebración de reuniones internacionales
sobre temas de preocupación internacional. Estas reuniones también pueden recibir distintas denominaciones como Cumbres, Conferencias Mundiales o Regionales, Sesiones Especiales, etc. Así como en los tratados
y declaraciones se enuncian derechos y obligaciones para los Estados, en los planes de acción se establecen las líneas estratégicas de acción para cumplir con los mismos, incluyéndose muchas veces metas concretas
y fechas de cumplimiento. Por ejemplo, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en favor de la Infancia en mayo de 2002 se suscribió el documento “Un Mundo Apropiado para los Niños” con metas específicas, prioridades y líneas estratégicas a seguir por los países respecto a la niñez. Asimismo, en las Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos que tuvieron
lugar hasta el momento, se han firmado planes de acción con la finalidad de coadyuvar a los países americanos a cumplir con los compromisos establecidos en dichas Cumbres.
Estos documentos, así como las Declaraciones, no generan una obligación jurídica apelable en tribunales u organismos de control de cumplimiento de las convenciones y tratados, pero sí un compromiso para el país. A través de ellas se manifiesta una voluntad política que deberá ser traducida en las acciones concretas determinadas por los Planes de Acción o Plataformas como un compromiso adquirido ante la comunidad internacional. Normalmente se prevén reuniones periódicas posteriores a fin de ver los avances
o retrocesos de cada país en los compromisos suscritos y en ellos tendrá que dar cuenta de las acciones realizadas.
IV. EXTRATERRITORIALIDAD
La soberanía nacional de los Estados exige la jurisdicción sobre sus propios asuntos sin la injerencia de ningún otro país. Ello significa que un Estado juzgará en sus tribunales aquellos delitos presuntamente cometidos en su propio territorio, sea nacional o extranjero quién los cometa, y que las sentencias que se dicten por los tribunales nacionales serán aplicadas dentro de dicho territorio.
Sin embargo, en algunos casos podrá establecerse que un Estado pueda juzgar actos cometidos fuera de su territorio nacional, o que las sentencias emitidas por sus tribunales también sean válidas en otro país. Para ello, sus legislaciones nacionales deberán preverlo y además, será indispensable la cooperación internacional para poder hacerlo efectivo. Por este motivo, algunos instrumentos internacionales contemplan esta posibilidad y las formas de cooperación judicial y policial que serán necesarias.
13 Al respecto, véase el capítulo II.
1. Tipos de extraterritorialidad
Existen tres criterios por los que un país puede decidir extender su jurisdicción, y por tanto, la facultad de juzgar actos cometidos fuera de su país. Serían los siguientes:
1. Cuando el presunto delincuente es de su nacionalidad (principio de personalidad).
2. Cuando aquello que se protege es un interés nacional superior (principio real o de protección).
3. Cuando se ha atentado contra intereses reconocidos como fundamentales por la comunidad internacional mediante tratados internacionales (principio de universalidad o justicia mundial).
Por estos tres tipos de motivos algunos instrumentos internacionales que analizaremos a continuación, cuando se trata de vulneraciones graves a los derechos humanos, establecen para los Estados la facultad de legislar de manera que puedan perseguir delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas u otros atentados graves a los derechos humanos y juzgar a los responsables aunque no se encuentren en su territorio al momento de cometer la acción delictiva.
Por otro lado, existe la territorialidad en el sentido de la efectividad de las sentencias dictadas por un juez nacional en el extranjero. También veremos cómo, en aras de una cooperación judicial entre países que permitan la efectiva persecución y condena de estos actos, algunos instrumentos instan a los países a cooperar conjuntamente para reconocer mutuamente los trámites procesales y de investigación de cada país.
2. Extraterritorialidad, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece en su artículo 15, los dos presupuestos necesarios para que los Estados puedan ejercer la extraterritorialidad.
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención.
Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.”
Artículo 15, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
En primer lugar establece la posibilidad de que un Estado extienda su jurisdicción a determinados supuestos. Se trata de los casos en los que la víctima o el agresor sean nacionales de su Estado, o bien éste último sea un apátrida con residencia habitual en su territorio. Asimismo, en los casos en los que una parte del delito sea cometida en el exterior pero con miras a cometer un delito grave en su propio territorio, sería por ejemplo, el caso de los actos de terrorismo preparados y organizados desde el extranjero.
En segundo lugar, establece la cooperación necesaria entre Estados a fin de obtener el enjuiciamiento de estos actos mediante la colaboración conjunta. Además del artículo aquí trascrito, existen otros artículos en esta Convención que hacen referencia a esta colaboración, como los artículos 19 al 22 o del 27 al 30.
Asimismo, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía dispone lo siguiente:
“1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente.”
Artículo 3, Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que enarbolen su pabellón.
Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 en los casos siguientes:
3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de sus nacionales.”
Artículo 4, Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
Nuevamente un instrumento internacional insta a los Estados Parte a legislar a fin de extender su jurisdicción a los casos en que la víctima o el agresor en este tipo de delitos sean de su nacionalidad. Este Protocolo también hace referencia explícita a conductas directamente relacionadas con la trata de niños, niñas y adolescentes. En los artículos siguientes se dispone además sobre la colaboración conjunta entre Estados a fin de hacer efectiva la persecución de estos delitos, su investigación, la extradición de los presuntos culpables y la atención a las víctimas, entre otras cuestiones.
B. Cuestiones importantes relacionadas con la extraterritorialidad
1. Integración en las normas nacionales
Para cumplir con lo estipulado en los instrumentos citados y poder, finalmente, castigar este tipo de delitos aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional, o bien, reconocer sentencias extranjeras, uno de los presupuestos básicos es que la ley nacional lo prevea. Por ello, a pesar de que los instrumentos recojan estas previsiones, no serán aplicables si las legislaciones nacionales no incluyen esta facultad para sus tribunales así como los procedimientos correspondientes.
Será necesario además que estas legislaciones sean concordantes con lo que estipulan los instrumentos internacionales a fin de que sean compatibles con las legislaciones nacionales de otros países. Si la calificación de los delitos no coincide, o lo que en un lugar se considera un delito en otro no lo es, será difícil lograr esta cooperación entre países. ¿Cómo perseguir a una persona por lenocinio en otro país si en aquél el lenocinio no constituye un delito, o está definido por otro tipo de conducta? O bien, ¿cómo castigar la trata de adolescentes de 17 años trasladados a un país donde se consideran adultos a partir de los 16 años? Por este motivo, es muy importante cumplir con los lineamientos internacionales para definir cada tipo de delito o la edad en la que una persona deja de considerarse niño, niña o adolescente. Es importante también mencionar que deben integrarse las normas en relación a las penas a imponer ya que si estas son menos graves y en otros países son mas graves, habrá problemas de aplicación, así como también, deberá establecerse qué bien jurídico es el afectado, ya que en algunos países se tiene a la trata de personas como un delito contra la humanidad y en otros es un delito contra la libertad sexual, situación similar sucede con el tráfico ilícito de migrantes.
Los instrumentos internacionales servirán para ponerse de acuerdo sobre qué conductas es necesario condenar, sus conceptos y definir criterios de colaboración conjunta para hacer efectiva dicha persecución y condena.
2. Límites de la extraterritorialidad
La jurisdicción es una manifestación de la soberanía nacional de un país, la cual es defendida celosamente por todos los Estados contra posibles injerencias extranjeras. Por ello, existen límites a la hora de extender dicha jurisdicción y criterios que deben justificarla. En el apartado IV A del presente capítulo se enunciaron dichos criterios.
En el caso de la jurisdicción universal (principio de universalidad), se da la posibilidad de que un Estado persiga conductas cometidas fuera de su territorio nacional incluso a pesar de que el presunto responsable de dicha acción no sea de su nacionalidad. Resultaría el grado máximo de la extraterritorialidad, y por ello se basa en la especial gravedad de ciertos actos como el genocidio, tortura u otros crímenes contra la humanidad de gran envergadura, por considerarse que atentan contra el sentido de justicia de cualquier país. La trata de personas no siempre es considerada como parte de esta categoría.
Sería deseable, sin embargo, extender el rango de conductas consideradas como susceptibles de jurisdicción universal, en especial, a aquellas relacionadas con la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes como la explotación sexual comercial, la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzados, entre otros. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional hacen un esfuerzo por extender la extraterritorialidad al máximo posible en base a estos fundamentos, sin embargo, es preciso que las legislaciones nacionales regulen esta facultad otorgada por dichos instrumentos internacionales.
3. Doble persecución
Una de las garantías mínimas del derecho penal es la de no ser castigado dos veces por el mismo delito, es el llamado principio de non bis in idem. En este sentido, si una persona fue juzgada y cumplió condena en un país por la comisión de alguno de los actos que contemplan las convenciones aquí estudiadas, no podrá volver a ser perseguida y juzgada en otro por el mismo acto.
Nuevamente la coincidencia de la calificación de los delitos y la penalización de los mismos adquiere relevancia en este aspecto, ya que de ello dependerá la elección del lugar para la comisión de este tipo de actos. La delincuencia elegirá su residencia y el ejercicio de estas acciones en aquellos países donde las legislaciones sean menos severas, o los sistemas judiciales más débiles para, en caso de ser descubiertos, sufrir las menores consecuencias. Un país puede perder la oportunidad de juzgar a uno de sus nacionales que cometió el delito fuera de su territorio, si ya fue juzgado en el mismo, y tendrá que aceptar el fallo judicial que se dictó aunque en su país hubiera sido diferente, sin poder volverlo a juzgar. Por eso es muy importante que todos los países vayan homogeneizando la calificación de los delitos y la penalización de los mismos de acuerdo a los instrumentos y compromisos internacionales.
Solamente en aquellos casos en los que no se concluyó el procedimiento judicial o la pena, por ejemplo porque el reo escapó de la justicia, si la persona acusada regresa a su país será susceptible de ser perseguida y juzgada en el mismo. En cualquier caso, la colaboración policial y judicial internacional será fundamental.
4. Extradición
Como parte de la cooperación internacional necesaria en materia de persecución y condena de las conductas relacionadas con la trata y el tráfico ilícito de mujeres, niños, niñas y adolescentes, los instrumentos enunciados, así como otros relacionados con el tema, intentan generar mecanismos para facilitar la extradición de aquellas personas acusadas de este tipo de delitos.
La extradición es el mecanismo que permite que una persona acusada de la comisión de un delito y buscada por las autoridades de un país distinto al de su residencia actual, pueda ser detenida y remitida al lugar donde se le busca, a fin de ser procesada.
Por tratarse de un acto potestativo de cada Estado, no siempre es concedido automáticamente, exigiéndose a veces un convenio bilateral o multilateral que habilite la extradición de personas entre dos o más países. En base a ello, los países pueden acordar facilitarse mutuamente los mecanismos de extradición en cuestiones específicas, como el terrorismo o la delincuencia organizada. En otras ocasiones, los países no autorizan la extradición en determinados casos, como forma de protección por ejemplo, cuando se trate de sus propios nacionales, o por otros motivos, que pueden ser políticos.
En materia de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y actividades relacionadas, casi todos los instrumentos internacionales han recogido una o varias cláusulas sobre la extradición, con el fin, en la mayoría de los casos, de ser suficientes para autorizar una extradición, sin necesidad de acudir a otro instrumento de extradición concreto. Es decir, que aún a pesar de que no exista una norma nacional o un tratado de extradición entre dos países que haga referencia explícita a estos actos como causa de extradición, si ambos han ratificado uno de los instrumentos de referencia (delincuencia organizada transnacional, trata de personas, tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, explotación sexual comercial, etc.), ello será suficiente para argumentar jurídicamente y proceder a la extradición.
En ese caso, los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, deben ser ejecutados por un grupo delictivo organizado; que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido y; siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible en el Estado Parte requirente y el Estado Parte requerido.
También hay que analizar qué se entiende por grupo delictivo organizado. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el artículo 2 apartado (a) lo define así: “Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.”
Esa definición nos hace ver que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no serían ejecutados por un grupo delictivo organizado cuando el mismo esté compuesto por una o dos personas. Por ejemplo, en el caso de unas trabajadoras domésticas, víctimas de trata de personas, que son contratadas en un país y son llevadas a otro país, por dos personas, pero al no conformar un grupo delictivo organizado según la definición anteriormente señalada, podría un Estado argumentar que no puede realizar la extradición ya que no se trata de un grupo delictivo organizado y por lo tanto no está contemplado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Por ende, es necesario analizar la definición citada con la legislación interna de cada país, ya que para algunos países es suficiente que haya dos personas para hablar de grupo delictivo organizado, y es aquí donde se puede establecer un conflicto entre los Estados. Por ello, es importante armonizar la legislación doméstica de cada país con los instrumentos internacionales.
Las violaciones de los derechos humanos deben ser entendidas, en el ámbito del tema específico que estudiamos, en su doble condición de causa y efecto de las circunstancias que ocasionan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Sólo en un contexto de permisividad hacia las violaciones de los derechos humanos, dichas actividades delictivas encuentran un terreno fértil para su desarrollo. Bajo situaciones de guerra, dictaduras, regímenes que ejercen el poder a través de la tortura y persecución, sociedades con costumbres discriminatorias y con alto grado de marginación, tanto cultural como económica, se degradan las condiciones de vida de las personas de tal modo que, con el fin de buscar cualquier tipo de salida a sus problemas, se tornan vulnerables a caer en situaciones de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes.
Es en estas situaciones de degradación social y económica que la figura del tratante o traficante emerge como un sujeto que intenta, con mayor o menor grado de explotación, lograr ventajas económicas, en base al deseo de emigrar de la potencial víctima o de buscar nuevas oportunidades de vida para salir del contexto opresivo en el que se encuentra.
Con lo dicho, y en caso de una ausencia de legislación y de garantías concretas para la realización
y vigencia de los derechos humanos se incrementa la vulnerabilidad. El principal factor que conduce a ello es
la desigualdad en la condición de ciudadanía y en el ejercicio real de los derechos. Es práctica común que a pesar de contar con una igualdad legalmente consagrada, exista una discriminación real hacia los sectores más débiles y desprotegidos, en especial en el campo de las relaciones de trabajo. Tales violaciones, ya sea tanto a partir de acciones de actores privados como públicos, crean condiciones que facilitan que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se produzcan o, ya producidas, persistan.
De todos modos, los hechos delictivos individuales que conforman la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes constituyen por sí solos violaciones de los derechos humanos. Ello es así al violar derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la vida, la seguridad, y permitir prácticas ilegales, según el caso, como la tortura o la esclavitud; todo lo cual ocurre en una sucesión de fraudes, engaños, abusos de poder, coerción, contratos ilegales, etc.
En la medida en que las mujeres, los niños y las niñas son los principales afectados, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son también una cuestión de estudio de género, y de violación a los derechos de las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.
También, en el caso de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el propósito para lo cual ello acontece, constituye a la vez y por sí solo, una flagrante violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al incluir los trabajos o servicios forzosos y de características esclavizantes, o directamente el sometimiento a servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud.
Ante todo, el Estado debe ser considerado responsable de la existencia de violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, porque la ausencia de una adecuación de la legislación nacional al sistema normativo internacional de los derechos humanos, es responsabilidad directa de los órganos de representación política legalmente establecidos en una sociedad. En segundo término, porque más allá de supuestas adecuaciones normativas, la carencia de eficacia de aquellas normas sólo puede obedecer
a una desidia, impericia, o bien ya, directamente, connivencia del Estado.
También cabe tener en cuenta que aún en el mismo desarrollo de la tarea estatal de prevención o persecución y sanción, pueden producirse violaciones de los derechos humanos. Por ello, el procedimiento legal -particularmente en el ámbito penal- debe ser considerado con especial cuidado y con criterio diferenciado, con el objeto de no causar revictimizaciones, debiendo plantearse como objetivo una política de protección de las víctimas y testigos de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.
En el presente capítulo se analizarán los derechos humanos afectados por la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, desde la óptica de los instrumentos suscritos a nivel internacional y regional en la materia.
II. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye un sistema normativo formado por un conjunto de instrumentos internacionales. Tal sistema de normas contiene importantes herramientas para combatir los temas de estudio. El presente capítulo busca identificar las claves pertinentes para acercarse a la cuestión de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes bajo la óptica normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, estaba vigente el concepto aceptado en aquel entonces de que el Derecho Internacional era el derecho que regía las relaciones entre Estados. De ahí, el entendimiento que sólo los Estados eran los sujetos del Derecho Internacional. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y tras las atrocidades experimentadas durante la misma el Derecho Internacional evolucionó hacia un sistema de protección de las personas a quienes reconoció como sujetos de derechos con posibilidades de actuar jurídicamente en el ámbito internacional.
Este cambio de paradigma se operó a través de una serie de instrumentos internacionales como son, declaraciones, pactos y convenios, que proclamaron y reconocieron los derechos humanos de los individuos, en su calidad de seres humanos y sin distinción alguna. La persona pasó a tener personalidad jurídica internacional.
Ello significó que los derechos humanos se universalizaron y las violaciones a los mismos pasaron de constituir un problema interno a un problema que interesa a toda la humanidad, y que afecta al sistema normativo internacional.
Los principales instrumentos que constituyen el sistema normativo de los derechos humanos a nivel internacional son:
• Carta de las Naciones Unidas, 1945
• Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966
• Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966
• Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, 1989
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979
• Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1999
• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984
• Convención sobre los Derechos del Niño, 1989
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 2000
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 2000
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 1990
• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998
A. La Carta de las Naciones Unidas
La Carta de las Naciones Unidas se firmó en junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos y entró en vigor en octubre de ese mismo año. Es el instrumento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se establecen sus propósitos y principios.
La Carta constituye el punto de partida del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es
la primera norma jurídica positiva que reconoce obligaciones para los Estados en relación con los derechos
El artículo 1 (3) de la Carta de las Naciones Unidas enuncia el propósito de “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. De ello se desprende que la importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos radica en la necesidad de su cumplimiento por parte de los Estados para lograr mantener la paz y seguridad internacional, con base en la igualdad de los pueblos y el respeto al derecho a su libre determinación.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en 1993 en Viena (Austria) se adoptó la Declaración y el Programa de Acción de Viena que reafirmaron el compromiso establecido en la Carta,
a través del solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todas las personas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y al Derecho Internacional. 1
B. La Declaración Universal de Derechos Humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional consideró que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” (Preámbulo). Por tanto, se llegó a la conclusión que era “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada como el principal instrumento de derechos humanos que consagra los derechos que corresponde a todos los seres humanos por el hecho de serlo.
La Declaración ha contribuido a la internacionalización de los derechos humanos y ha sido fuente de inspiración para las constituciones nacionales elaboradas en la posguerra que moldearon su catálogo de derechos fundamentales en armonía con los de la Declaración.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional la Declaración carece de obligatoriedad jurídica, es decir, no tiene carácter vinculante para los Estados al ser una declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y no un instrumento internacional (tratado, convención, etc.) sujeto a ratificación por cada Estado Parte.
1 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, A/CONF.157/23.
Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos esta considerado como Derecho Consuetudinario Internacional. Es decir, tiene el carácter de norma jus cogens que están definidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el artículo 53 de la siguiente forma:
“Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”). (…) Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.
C. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entraron en vigor en 1976. Ambos Pactos desarrollan los derechos proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene dos protocolos facultativos. El primero establece la posibilidad de que los individuos presenten reclamaciones individuales al Comité de Derechos Humanos sobre violaciones de los derechos consagrados en el Pacto por parte de los Estados Parte, siempre que dichos Estados hayan ratificado el Protocolo. El segundo esta destinado a abolir la pena de muerte.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos, conjunto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos conforman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son instrumentos internacionales y sus disposiciones vinculan jurídicamente a los Estados que son partes de los mismos.
Ambos Pactos crean sus propios mecanismos de vigilancia del cumplimiento de su contenido: el
Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Parte están obligados a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto
a los derechos reconocidos en los Pactos y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. 2
Los dos Comités están integrados por dieciocho expertos que son nacionales de los Estados Parte
pero que ejercen sus funciones a título personal. En la composición de los Comités se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización
y de los principales sistemas jurídicos. Los miembros de los Comités se elegirán por cuatro años.
Además del seguimiento de la aplicación de los Pactos, ambos Comités publican sus interpretaciones del contenido de los Pactos en las denominadas Observaciones Generales. Los comentarios orientan a los Estados Parte en la aplicación de las disposiciones de los Pactos así como en la preparación de sus informes. 3
2 Para más información sobre el proceso de presentación de informes ver artículo 40 y siguientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 16 y siguientes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3 Las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos se encuentran disponibles en Internet: http://www2.ohchr.org/ english/bodies/hrc/comments.htm y las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentran disponibles en Internet: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
D. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 y entró en vigor en 1987.
Su contenido consiste en la protección de los individuos contra la tortura que se define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un
acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. (Artículo 1, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)
La Convención también protege contra “otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos
actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en ejercicio de funciones oficiales,
o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona”. (Artículo 16, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un instrumento jurídico internacional y sus disposiciones tienen carácter vinculante para los Estados Parte.
La Convención crea el Comité contra la Tortura como su mecanismo de vigilancia del cumplimiento de su contenido. Los Estados Parte están obligados a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención. 4
El Comité contra la Tortura esta compuesto por diez expertos, que ejercerán sus funciones a título personal. Los expertos son elegidos por los Estados Parte teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.
E. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Con el objetivo de habilitar un instrumento internacional de enjuiciamiento de los más graves atentados contra la comunidad internacional que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad y teniendo como antecedentes el genocidio yugoslavo (1991-1995) y el genocidio ruandés (1994), se celebró en Roma una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. En cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se estableció la Corte Penal Internacional. Se trata del primer órgano judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los crímenes contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidos por individuos, no por Estados.
El Estatuto de Roma en su artículo 5 establece la competencia a la Corte Penal Internacional respecto de los siguientes crímenes:
• El crimen de genocidio
• Los crímenes de lesa humanidad
4 Para más información sobre el proceso de presentación de informes al Comité, ver artículos 17 y siguientes de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• Los crímenes de guerra
• El crimen de agresión
El artículo 7, al definir los crímenes de lesa humanidad, incluye, entre los actos que los constituyen, cuando se comentan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, los siguientes:
“a) Asesinato;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual gravedad comparable;
h) (….)
j) (…)
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”
Artículo 5, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
El párrafo segundo del mismo artículo define la esclavitud como el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en los casos de trata de personas, en particular mujeres y niños. Por tanto, sin duda la Corte Penal Internacional es competente para juzgar aquellos actos de trata de personas y en particular, de mujeres, niños y niñas.
De acuerdo al artículo 12 los Estados afirman la competencia de la Corte Penal Internacional al momento de adoptar el Estatuto de Roma. Asimismo, la Corte será competente cuando los presuntos crímenes hayan tenido lugar en territorio de un Estado Parte del Estatuto o sean imputables a un nacional de dicho Estado. Además, un país puede consentir en la competencia de la Corte en un caso concreto mediante declaración depositada en poder del Secretario.
La investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de los crímenes contemplados por el Estatuto de Roma puede ser iniciada por tres cauces:
• Por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular;
• Por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y
• De oficio por el Fiscal de la Corte.
III. CUADRO DE RATIFICACIONES Y ADHESIONES
Cuadro Nº 1. América Central, Belice y México: Ratificación o adhesión a instrumentos internacionales sobre derechos humanos
PIDCP (1)
PIDESC (2)
Convención contra la Tortura (3)
Estatuto de
jun 1996 a
may 1992 a
may 1988 a
ene 1990 a
dic 1996 a
mar 1981 a
mar 1980 a
PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Convención contra la Tortura: Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Estatuto de Roma: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
= no ratificado
= adhesión Fuentes:
(1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/4.htm, 30/9/2007 (2) http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm, 30/9/2007 (3) http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm, 30/9/2007 (4) http://www.icc-cpi.int/region&id=5.html, 30/9/2007
IV. PRINCIPIOS GENERALES DE LOS DERECHOS HUMANOS APLICABLES A LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
A. Aplicación universal y protección contra la discriminación
Todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”
Artículo 2, Declaración Universal de Derechos Humanos
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Artículo 2 (1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Artículo 2 (2), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Los Estados están obligados a proteger los derechos reconocidos en estos instrumentos sin ningún tipo de discriminación.
B. Igualdad de derechos entre mujeres y hombres
Los Estados Parte deben garantizar el ejercicio de los derechos de un modo igualitario para mujeres
y hombres. Sobre este punto, el artículo 3 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales comprometen a los Estados Parte a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos consagrados en ambos instrumentos.
En la Observación General Nº 28 del Comité de Derechos Humanos, el Comité dispone aquello que los Estados deben hacer para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
lograr la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. (Observación General Nº 28 (3) del Comité
de Derechos Humanos)
Primero, los artículos 2 y 3 del Pacto citado obligan a los Estados a “adoptar medidas (
Tales medidas incluyen:
• Remover los obstáculos para lograr la igualdad en el ejercicio de tales derechos.
• Educar a la población y a las autoridades del Estado en materia de derechos humanos.
• Ajustar la legislación nacional en orden a hacer efectivos los derechos.
• Adoptar medidas de protección necesarias con el fin de garantizar la eficacia de los derechos de la mujer.
En segundo lugar, los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen
a los Estados “adoptar todas las medidas necesarias, incluida la prohibición de la discriminación por
razones de sexo, para poner término a los actos discriminatorios, que obsten el pleno disfrute de los derechos, tanto en el sector público como en el privado”. (Observación General Nº 28 (4) del Comité de
Tercero, los Estados deben asegurar que la tradición, la religión o la cultura no sean utilizadas como justificación de violaciones al derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley. (Observación General Nº 28 (5) del Comité de Derechos Humanos)
Cuarto, el artículo 3 del mismo Pacto le exige al Estado garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados.
Por último, se prohíbe a los Estados restringir, menoscabar o derogar ninguno de los derechos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, en virtud de que el Pacto no los reconoce o lo hace en menor grado.
C. Adaptación de la legislación y otras medidas
Los Estados deben adaptar su legislación nacional, así como tomar otras medidas para proteger
todos los derechos consagrados en los Pactos aquí señalados. El artículo 2 (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los compromete a “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos”. El artículo 2 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete al Estado “a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
Sin embargo, en interpretación del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos apunta que la sola adopción de medidas constitucionales o legislativas con frecuencia no es suficiente. Por ello, los Estados están obligados a realizar actividades específicas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. Parte de esta obligación implica el acceso a la información por parte de los individuos acerca de sus derechos. (Observación General N° 3 del Comité de Derechos Humanos)
D. Existencia de recursos efectivos
Los Estados deben proveer a los individuos de recursos efectivos cuando algunos de sus derechos consagrados en cualquiera de los Pactos son violados. El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así lo reconocen.
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”
Artículo 8, Declaración Universal de Derechos Humanos
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
Artículo 2 (3), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
E. Cooperación y asistencia internacional
Los Estados deben cooperar entre sí y proveerse mutuamente asistencia con el objeto de asegurar el cumplimiento de ambos Pactos Internacionales. En especial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2 (1)) exige a los Estados Parte adoptar “medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
El artículo 23 del citado Pacto también señala que “las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados”.
V. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APLICABLES A LA TRATA DE PERSONAS Y AL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes violan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estos derechos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
A. Derecho a la dignidad, a la libertad y a la igualdad
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes menoscaban la libertad de las personas, así como también sus derechos a la dignidad y a la igualdad, a través del uso de varias formas de coerción y coacción.
B. Derecho a la libre determinación y al propio desarrollo económico, social y cultural
El artículo 1 (1) de ambos Pactos Internacionales citados garantiza de igual manera el derecho de los pueblos a establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes atentan contra la capacidad de los pueblos de ejercer estos derechos.
El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho a la seguridad social y a obtener, mediante los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, en función de la organización y los recursos de cada Estado. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también establece los derechos a la seguridad social.
Artículo 22, Declaración Universal de Derechos Humanos
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social.”
Artículo 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
C. Derecho a la vida
Los artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho a la vida.
Artículo 3, Declaración Universal de Derechos Humanos
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”
Artículo 6, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
D. Derecho a no ser torturado y a no recibir tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La tortura está específicamente prohibida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos disponen:
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
Artículo 5, Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 7, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes implica en muchos casos tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y por tanto viola este derecho.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos citado no define el significado de las palabras “tortura”, “cruel”, “inhumano” y “degradante” y el Comité de Derechos Humanos se ha negado a hacerlo en tanto ello podría limitar el concepto y consecuente subsunción normativa de hechos. Sin embargo, la definición de la tortura está contenida en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tal como hemos mencionado anteriormente. 5
En este orden de ideas, el Comité de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia ejercida contra las mujeres puede constituir un caso de tortura. 6 La trata de personas está considerada como una forma de violencia contra la mujer. 7 También, el Comité reconoce que el término tortura incluye al sufrimiento psíquico y el emocional, así como el castigo corporal. 8
5 Véase apartado II D en este capítulo.
6 Observación General N° 28 del Comité de Derechos Humanos: “El Comité, a fin de evaluar el cumplimiento del artículo 7 del Pacto, así como del artículo 24, en que se prevé la protección especial del niño, necesita información sobre las leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con inclusión de la violación”.
7 Artículo 2 (b) de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
8 Observación General N° 20 (5) del Comité de Derechos Humanos: “La prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral. Es más, a juicio del Comité, la provisión debe hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria. A este respecto, conviene subrayar que el artículo 7 protege, en particular, a los niños, a los alumnos y a los pacientes de los establecimientos de enseñanza y las instituciones médicas”.
El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la tortura, ya sea ejercida por actores públicos como privados. En las situaciones de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes es común el protagonismo de sujetos privados, tanto como es posible detectar la acción de agentes públicos, en especial personal de fuerzas de seguridad -policía, destacamentos, cuerpo de patrulla fronteriza-, quienes actúan en violación a las leyes de sus propios Estados. Por ello, el Pacto específicamente menciona a ambos tipos de actores, y requiere la acción positiva de los Estados Parte para proteger a los individuos de la tortura. 9
A su vez, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también prohíbe ordenar, tolerar o perpetrar actos prohibidos y requiere a los Estados Parte detectar a los actores responsables de tales hechos. Por consiguiente, quienes se nieguen a obedecer órdenes que impliquen tortura no deberán ser castigados ni sometidos a tratamiento desfavorable alguno. 10
Por otra parte, los Estados deben adoptar medidas para evitar revictimizar a los individuos que están siendo rescatados de situaciones de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes, especialmente en ocasión de la repatriación y retorno al lugar de origen. 11 Para ello, “el personal encargado de aplicar la ley, el personal médico, los funcionarios de policía y cualesquiera otras personas que intervienen en la custodia o el trato de toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión deberán recibir una instrucción y formación adecuada. Los Estados Partes deberán informar al Comité de la instrucción y formación impartidas y de la manera en que la prohibición consignada en el artículo 7 forma parte integrante de las reglas operativas y las normas éticas que deben respetar esas personas”. (Observación General N° 20 (10) del Comité de Derechos Humanos)
Con respecto a las medidas requeridas al Estado, el Comité de Derechos Humanos “observa que, (…) no basta con prohibir ese trato o castigo o con declararlo delito. Los Estados Partes deberán informar al Comité sobre las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que adopten para prevenir y castigar los actos de tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en todo el territorio sometido a su jurisdicción”. (Observación General N° 20 (8) del Comité de Derechos Humanos)
Los Estados deben también proveer de un cauce o recurso efectivo de denuncia como lo requiere el artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto incluye:
• Garantías de la inmediata finalización de todos los actos prohibidos por el artículo 7.
• Concesión de una reparación adecuada.
• Reconocimiento en la legislación nacional del derecho a reclamar ante las autoridades contra los maltratos prohibidos en el artículo citado.
• Rapidez, eficacia e imparcialidad en la investigación de las autoridades, ante los reclamos presentados, así como la adopción de las medidas adecuadas que garanticen la reparación efectiva. 12
Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que los Estados realicen una tarea de difusión de la información relevante, hacia la totalidad de la población, concerniente a la prohibición de la tortura y de los tratos prohibidos en el artículo 7. (Observación General N° 20 (10) del Comité de Derechos Humanos)
9 Observación General N° 20 (2) del Comité de Derechos Humanos: “El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado”.
10 Observación General N° 20 (13) del Comité de Derechos Humanos.
11 Observación General N° 20 (9) del Comité de Derechos Humanos.
12 Observación General N° 20 (14) del Comité de Derechos Humanos.
2. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante la Convención contra la Tortura, en su artículo 1 define la tortura como:
“Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”
Artículo 1, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
La Convención contra la Tortura en su artículo 4 (1) exige al Estado penalizar la tortura, así como también su tentativa, y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en aquella.
El artículo 2 de la Convención contra la Tortura exige al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
El artículo 12 de la Convención contra la Tortura establece que el Estado deberá velar porque, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.
El artículo 13 de la Convención contra la Tortura establece que el Estado deberá velar porque toda
persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho
a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades
competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio.
El artículo 14 de la Convención contra la Tortura exige que el Estado deberá velar porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa
y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.
El artículo 16 de la Convención contra la Tortura le exige al Estado el compromiso de prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en la Convención, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.
E. Prohibición de la esclavitud, servidumbre, trata de esclavos o trabajo forzoso
El artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la prohibición de la esclavitud:
Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
Nadie estará sometido a servidumbre.
(a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.”
Artículo 8, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Las víctimas de trata son mantenidas bajo condiciones de esclavitud, servidumbre y prácticas análogas a la esclavitud, o trabajo forzoso. El Comité de Derechos Humanos reconoce como violaciones al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la trata y la explotación sexual con fines comerciales de mujeres y niños. 13
“Los Estados Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en virtud del artículo 8, deberán informar al Comité acerca de las medidas adoptadas para erradicar la trata de mujeres y niños dentro del país o fuera de sus fronteras, así como la prostitución forzada. Deberán también proporcionar información acerca de las medidas adoptadas para proteger a mujeres y niños, incluidos los extranjeros, de la esclavitud, encubierta entre otras cosas en la forma de servicios domésticos o servicios personales de otra índole.
Los Estados Partes en que se recluta a las mujeres y a los niños y los Estados Partes que los reciben deberán proporcionar información acerca de las medidas adoptadas en los planos nacional o internacional para impedir que se vulneren los derechos de unas y otras.”
Observación General N° 28 (12) del Comité de Derechos Humanos
F. Derecho a la libertad y seguridad: prohibición de las detenciones arbitrarias
Los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho a la libertad y seguridad personal, y protegen contra los abusos y arbitrariedades que le afectan.
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”
Artículo 9, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”
Artículo 9, Declaración Universal de Derechos Humanos
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes frecuentemente significan la privación ilegítima de la libertad y seguridad. Los Estados Parte deben adoptar las medidas necesarias para que las acciones de prevención, rescate, rehabilitación, retorno y reintegración no priven ilegítimamente de su libertad a las víctimas. 14
13 Ver Observación General N° 28 (12) del Comité de Derechos Humanos.
14 Ver Observación General N° 9 (1) del Comité de Derechos Humanos: “El párrafo 1 del artículo 10 del Pacto establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas.”
Artículo 10, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Comité de Derechos Humanos explica que esta norma debe ser aplicada sin distinción de ninguna clase, tal como raza, color, sexo, lenguaje, religión, política o de opinión, nacionalidad, u origen social, de patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. La aplicación universal de la norma, “no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte”. (Observación General N° 21 (4) del Comité de Derechos Humanos)
De acuerdo al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado está obligado a:
• Adoptar las medidas concretas por parte de las autoridades competentes para monitorear la aplicación efectiva del sistema normativo regulador del tratamiento de las personas privadas de su libertad.
• Tener un sistema adecuado para supervisar el régimen penitenciario.
• Adoptar las medidas específicas para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y realizar una supervisión imparcial.
• Entrenar e instruir adecuadamente al personal que tiene autoridad sobre las personas privadas de su libertad.
• Tener personal estrictamente informado y adherido de tales disposiciones en el cumplimiento de sus obligaciones.
• Proveer a las personas detenidas del acceso a tal información y tener un sistema normativo adecuado que procure que las normas sean cumplidas, así como un mecanismo de recursos adecuados si éstas son ignoradas y obtener una adecuada compensación en caso de una eventual violación. 15
G. Derecho a no ser encarcelado a causa de incumplimiento contractual
“Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.”
Artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La trata de persona puede implicar la privación de libertad hasta que se haya terminado de pagar una deuda, deuda que suele ser ilegal.
H. Derecho a la nacionalidad
15 Observación General N° 21 (6) y (7) del Comité de Derechos Humanos.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.”
Artículo 15, Declaración Universal de Derechos Humanos
Los Estados Parte no deben privar arbitrariamente a ningún individuo de su nacionalidad, ni tampoco negarle el derecho a cambiarla. Es importante comprender que la ausencia de nacionalidad torna a los individuos más vulnerables a ser víctimas de situaciones de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En este punto, cabe agregar que la categoría de apátrida frecuentemente justifica condiciones de vida inferiores para los individuos así considerados, en relación al resto de la población.
I. Derecho a la libertad de movimiento y residencia; derecho a retornar al país de origen
Los artículos 13 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 12 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho a la libertad de movimiento y residencia.
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.”
Artículo 13 (1), Declaración Universal de Derechos Humanos
“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.”
Artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Los artículos 13 (2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 12 (2) y (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho de todo individuo a dejar cualquier país, incluido el propio, y retornar al de origen.
“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.”
Artículo 13 (2), Declaración Universal de Derechos Humanos
Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando ésas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.”
Estos derechos son aplicables a las víctimas de trata que han entrado ilegalmente en un país y cuya situación no ha sido regularizada.
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes implican en muchos casos la imposibilidad de las víctimas de abandonar sus lugares de trabajo o residencia, o forzarlas a permanecer en lugares que no fueron de su libre elección. Además en muchos casos se produce la confiscación de los documentos de identificación por parte de los tratantes y traficantes. Las autoridades fronterizas pueden ser cómplices en este tipo de actividades. Los Estados deben proteger a las personas de las violaciones de estos derechos, ya sea por parte de actores privados o públicos; así como realizar las tareas conducentes a detectar y evitar complicidades por parte de personal de fuerzas de seguridad, en especial, las patrullas fronterizas. 16
Los Estados deben asegurar que las medidas adoptadas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes no vulneren el derecho a la libertad de movimiento y residencia y el derecho a retornar al país de origen. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos sostiene que es incompatible con el artículo 12 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el derecho de la mujer a circular libremente y elegir su lugar de residencia, sea decidido, ya sea por vía legal o de hecho, por otra persona, incluido un familiar. 17 El Comité encuentra que es violatorio de la normativa internacional, en particular de la norma citada, la circunstancia de exigirle a la mujer para abandonar el país, el consentimiento o escolta de un sujeto masculino.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos observa que “los Estados Parte deberán proporcionar información acerca de las disposiciones legislativas o las prácticas que restrinjan el derecho de la mujer a la libertad de circulación, por ejemplo, el ejercicio de atribuciones del marido sobre la esposa o atribuciones del padre sobre las hijas adultas y las exigencias de hecho o de derecho que impidan a la mujer viajar, como el consentimiento de un tercero para que se expida un pasaporte u otro tipo de documento de viaje a una mujer adulta”. 18 Estas restricciones de movimiento y de libertad para emigrar hacen a las personas más vulnerables a la trata.
Los Estados no pueden incluir entre las medidas para prevenir la trata de personas aquellas que hacen depender la libertad para abandonar el país “de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanecer fuera del país”. (Observación General N° 27 (8) del Comité de Derechos Humanos) En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también otorga a los individuos el derecho a elegir libremente el lugar de destino. (Observación General N° 27 (8) del Comité de Derechos Humanos) Por tanto, las medidas de prevención de la trata no pueden nunca incluir la imposibilidad de que determinado tipo de personas, por ejemplo mujeres jóvenes, viajen a un país que es conocido como un país de destino de trata.
En términos de repatriación, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ofrece a la víctima de la trata el derecho a elegir el país al cual quiere ser repatriada, sujeto solamente a la aceptación por parte de dicho Estado. (Observación General N° 27 (8) del Comité de Derechos Humanos)
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce también el derecho de toda persona a obtener aquella documentación necesaria y pertinente para viajar y abandonar el país. La negación de estos documentos, en particular el pasaporte, empuja a las personas a emigrar de forma irregular y esto las hace vulnerables a la trata.
16 Observación General N° 27 (6) del Comité de Derechos Humanos: “El Estado Parte debe velar porque se protejan los derechos garantizados por el artículo 12, no sólo de la injerencia pública, sino también de la privada”.
17 Observación General N° 27 (6) del Comité de Derechos Humanos. Ver también la Observación General N° 27 (18 ) del Comité de Derechos Humanos: “El Comité ha observado, en varias ocasiones, al examinar informes de los Estados, que las medidas que impiden a las mujeres su libertad de circulación o salir del país sin contar con el consentimiento o la compañía de un varón constituyen una violación del artículo 12”.
18 Observación General N° 28 (16) del Comité de Derechos Humanos.
2. Desplazamiento interno
El Comité de Derechos Humanos entiende que el derecho que tiene toda persona a elegir libremente su lugar de residencia, incluye la protección contra toda forma de desplazamiento interno forzado, así como también que los Estados Parte deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que no se impida “la entrada y permanencia de una persona en una parte específica del territorio”. (Observación General N° 27 (7) del Comité de Derechos Humanos)
Hay que tener en cuenta que el desplazamiento interno y la restricción de libertad de movimiento tornan más vulnerable a las personas a ser víctimas de situaciones de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes.
3. Derecho a ingresar al propio país
El Comité de Derechos Humanos establece que el derecho a ingresar al propio país, puede ser ejercido por aquellas personas que, desde un punto de vista formal, carecen de nacionalidad.
“En el texto del párrafo 4 del artículo 12 no se hace diferencia entre nacionales y extranjeros (“nadie”). Así pues, los titulares de ese derecho sólo pueden determinarse interpretando las palabras “su propio país”. El alcance de la expresión “su propio país” es más amplio que el de “país de su nacionalidad”. No se limita a la nacionalidad en el sentido formal, es decir, a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización; comprende, cuando menos, a la persona que, debido a vínculos especiales o a pretensiones en relación con un país determinado, no puede ser considerada como un simple extranjero. Este sería el caso, por ejemplo, de los nacionales de un país que hubieran sido privados en él de su nacionalidad en violación del derecho internacional y de las personas cuyo país se haya incorporado o transferido a otra entidad nacional cuya nacionalidad se les deniega. El texto del párrafo 4 del artículo 12 permite una interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías de residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de residencia. Como es posible que otros factores, en ciertas circunstancias, puedan traducirse en el establecimiento de vínculos estrechos y duraderos entre una persona y un país, los Estados Parte deben incluir en sus informes datos sobre el derecho de los residentes permanentes a regresar a su país de residencia.” (Observación General N° 27 (20) del Comité de Derechos Humanos)
4. Limitaciones a estos derechos
El artículo 12 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad de movimiento, la libertad de elegir el lugar de residencia, y el derecho a dejar cualquier país no “podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.
El Comité de Derechos Humanos ofrece orientaciones para determinar la validez de estas restricciones. En primer lugar, las limitaciones no deben anular el principio de la libertad de circulación. (Observación General N° 27 (2) del Comité de Derechos Humanos) Segundo, las restricciones deben ser precisas, no deben conculcar la esencia del derecho; no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción y deben utilizar criterios precisos y no otorgar discrecionalidad a los encargados de su aplicación. 19 Por último, las restricciones deben ser apropiadas y guiarse por el principio de proporcionalidad. 20
19 Observación General N° 27 (13) del Comité de Derechos Humanos: “Al aprobar leyes que prevean restricciones permitidas en virtud del párrafo 3 del artículo 12, los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (…); no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación”.
20 Observación General N° 27 (14) del Comité de Derechos Humanos: “El párrafo 3 del artículo 12 indica claramente que no basta con que las restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse”.
Este tema está directamente relacionado con las normativas migratorias nacionales, las cuales, deberán atender a estos principios y serán fundamentales para evitar y prevenir las situaciones de tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
El Comité de Derechos Humanos establece que no se puede privar arbitrariamente a una persona del derecho a entrar en su propio país. 21
J. Derechos relacionados con la expulsión de extranjeros
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza a los extranjeros que se hallen legalmente en el territorio de un Estado el derecho a no ser expulsados arbitrariamente.
“El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter a su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.”
Artículo 13, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Tal derecho es relevante para las medidas de repatriación. El Comité de Derechos Humanos, en relación a la cuestión específica de género, exige a los Estados a garantizar que las mujeres extranjeras gocen de los mismos derechos, en especial a argumentar contra su expulsión y a tener accesos a la revisión de su caso. 22
K. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
Artículo 6, Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 16, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Los Estados deben reconocer a las víctimas de trata como sujetos de derecho durante toda la secuencia de la trata.
El Comité de Derechos Humanos hace énfasis especial en el derecho de las mujeres a tener personalidad jurídica:
21 Observación General N° 27 (21) del Comité de Derechos Humanos: “En ningún caso se puede privar arbitrariamente a una
persona del derecho a entrar en su propio país. La referencia al concepto de arbitrariedad en este contexto tiene por objeto subrayar que se aplica a toda actuación del Estado, legislativa, administrativa o judicial; garantiza que incluso las injerencias previstas por la ley estén en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto, y sean, en todo caso, razonables en las circunstancias particulares. El Comité considera que hay pocas circunstancias, si es que hay alguna, en que la privación del derecho a entrar en su propio país puede ser razonable. Un Estado Parte no debe impedir arbitrariamente
a una persona el regreso a su propio país por la vía de despojarla de su nacionalidad o de expulsarla a un tercer país”.
22 Observación General N° 28 (17) del Comité de Derechos Humanos: “Los Estados Parte deben velar porque se reconozca
a las mujeres extranjeras en condiciones de igualdad, el derecho a presentar argumentos contra su expulsión y a lograr que
su situación sea revisada en la forma prevista en el artículo 13. En este contexto, las mujeres extranjeras deberán tener
derecho a aducir argumentos basados en infracciones del Pacto que afecten concretamente a la mujer (…)”.
“El derecho que enuncia el artículo 16 en el sentido de que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica es particularmente pertinente en el caso de la mujer, que suele verlo vulnerado en razón de su sexo o su estado civil. Este derecho supone que no se puede restringir en razón del estado civil o por otra causa discriminatoria la capacidad de la mujer para ejercer el derecho de propiedad, concertar un contrato o ejercer otros derechos civiles. Supone también que la mujer no puede ser tratada como un objeto que se entrega a su familia junto con la propiedad del marido difunto. Los Estados deben proporcionar información acerca de las leyes o prácticas que impidan que la mujer sea tratada como persona jurídica de pleno derecho o actúe como tal, así como de las medidas adoptadas para erradicar las leyes o prácticas que permitan esa situación.” (Observación General N° 28 (19) del Comité de Derechos Humanos)
En América Latina existen regulaciones civiles y penales cuya terminología parece referirse más bien a objetos que a personas, cuando se refieren a mujeres, y sobre todo, a niños, niñas y adolescentes.Amodo de ejemplo, se encuentra con mucha frecuencia la utilización del término mercantil “depósito”, para referirse al traslado físico de niños, niñas y adolescentes a un lugar determinado. 23
L. Derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley
El derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley se encuentran garantizados de la siguiente forma:
Artículo 7, Declaración Universal de Derechos Humanos
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Artículo 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Comité de Derechos Humanos también ha hecho la siguiente observación, que es extensible a las medidas que los Estados adopten para combatir la trata de personas, con el fin de evitar discriminaciones por razón de género, nacionalidad, origen social u otros diversos factores, ya sea que provengan de actores privados como de actores públicos:
“Los Estados Parte deberán revisar su legislación y sus prácticas y tomar la iniciativa en la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para erradicar la discriminación contra la mujer en todas las materias prohibiendo, por ejemplo, la discriminación por particulares en ámbitos tales como el empleo, la educación, la actividad política y el suministro de alojamiento, bienes o servicios. Los Estados Parte deberán informar acerca de estas medidas, así como de los recursos que pueden utilizar las víctimas de discriminación de esa índole.” (Observación General N° 28 (31) del Comité de Derechos Humanos)
23 Sirva de ejemplo el artículo 889 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, en México, que establece: “Podrá decretarse el depósito de menores o incapacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o a tutela y que fueren maltratados por sus padres o tutores o reciban de éstos ejemplos perniciosos a juicio del juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las leyes, y de huérfanos o incapacitados que queden en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuvieren”.
Kofi Annan, el Secretario General de las Naciones Unidas, ha hecho la conexión entre discriminación y trata de personas. Kofi Annan sostuvo que:
La discriminación racial, étnica o por motivos de género deniega posibilidades básicas de escoger
el rumbo de su vida a muchas mujeres y niñas en todo el mundo. La vulnerabilidad de las mujeres a la trata y a otras formas de explotación se debe a su precaria condición jurídica, social y económica. Como la inmensa mayoría de las personas sometidas a la trata son mujeres, normalmente se considera que la trata de personas es consecuencia de la discriminación por motivos de sexo. No obstante, se hace cada vez más palmario que la marginación racial y social constituye un importante factor de riesgo de trata y determina el trato que se da a las mujeres objeto de ella en los países de destino. (…) Los estudios en que se han analizado las causas de la migración revelan que la discriminación y la violación de derechos económicos y sociales básicos son una motivación importante (y a menudo primordial), en particular en el caso de los migrantes en situación irregular.” 24
La aplicación efectiva del derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley ayuda a prevenir la trata de personas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos advierte que:
“En virtud del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, amparado por el artículo 26, los Estados deben tomar medidas contra la discriminación por agentes públicos y privados en todos los ámbitos. La discriminación contra la mujer en las leyes de seguridad social (…), así como en el ámbito de la ciudadanía o en el de los derechos de los extranjeros en un país (…), constituye una infracción del artículo 26. La comisión de los llamados “crímenes de honor” que permanecen impunes constituye una violación grave del Pacto y, en particular, de los artículos 6, 14 y 26. Las leyes que imponen penas más severas a la mujer que al hombre en caso de adulterio u otros delitos infringen también el requisito de la igualdad de trato. Al examinar informes de Estados Parte, el Comité ha observado también en muchos casos que hay una gran proporción de mujeres que trabajan en ámbitos no amparados por la legislación laboral y que las costumbres y tradiciones imperantes discriminan contra la mujer, especialmente en cuanto a las posibilidades de un empleo mejor remunerado y al derecho a igual remuneración por un trabajo de igual valor.” (Observación General N° 28 (31) del Comité de Derechos Humanos)
M. Derecho a la privacidad
El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho a la privacidad.
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
Artículo 12, Declaración Universal de Derechos Humanos
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”
Artículo 17, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
24 Naciones Unidas, La introducción clandestina y la trata de personas y la protección de sus derechos humanos, Nota del Secretario General, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 2001, (E/CN.4/Sub.2/2001/26).
Los Estados deben proteger al derecho a la privacidad frente a cualquier injerencia por parte de actores públicos. Los Estados deben adoptar medidas legislativas o de otra índole para hacer efectiva la prohibición de esas injerencias y la protección de estos derechos. (Observación General N° 16 (1) del Comité de Derechos Humanos)
Las medidas contra la trata de personas no deben afectar arbitrariamente a su vida privada. A modo de ejemplo, el Comité de Derechos Humanos establece que el derecho de las mujeres a ejercer el derecho a la privacidad en pie de igualdad con los hombres es violado cuando “se tiene en cuenta la vida sexual de una mujer al decidir el alcance de sus derechos y de la protección que le ofrece la ley, incluida la protección contra la violación”. (Observación General N° 28 (20) del Comité de Derechos Humanos)
N. Derechos relativos al matrimonio
El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen el derecho al matrimonio y a crear una familia. Estos dos artículos junto con el artículo 10 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que el matrimonio solo tendrá validez cuando concurra el consentimiento libre y pleno de ambos contrayentes.
“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”
Artículo 16, Declaración Universal de Derechos Humanos
Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.
El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
Los Estados Parte en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposicion que aseguren la protección necesaria a los hijos.”
Artículo 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
“El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.”
Artículo 10 (1), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
La trata de personas frecuentemente niega a sus víctimas el ejercicio del derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia. Además, algunas prácticas vinculadas con la trata como el matrimonio forzado y el “robo” o “venta” de novias violan el derecho a contraer matrimonio libremente y con pleno
consentimiento. Los Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para proteger este derecho. (Observación General N° 19 (3) del Comité de Derechos Humanos)
“Para dar de una manera eficaz la protección prevista en el artículo 23 del Pacto, es preciso que los Estados Parte adopten medidas de carácter legislativo, administrativo o de otro tipo. Los Estados Parte deberían suministrar información detallada sobre el carácter de esas medidas y sobre los medios utilizados para asegurar su aplicación efectiva.” (Observación General N° 19 (3) del Comité de Derechos Humanos)
Los Estados deben también asegurar que no debe haber discriminación alguna basada en el sexo en cuanto a la adquisición o pérdida de la nacionalidad por razón del matrimonio.
Asimismo, deberá salvaguardarse el derecho de cada cónyuge a seguir utilizando su propio apellido o a participar en condiciones de igualdad en la elección de un nuevo apellido. (Observación General N° 19 (7) del Comité de Derechos Humanos) La pérdida de la nacionalidad torna a los individuos más vulnerables a caer en situaciones de trata de personas.
El Comité de Derechos Humanos sostiene lo siguiente en relación al libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio:
“Los Estados están obligados a reconocer el mismo trato al hombre y a la mujer con respecto al matrimonio de conformidad con el artículo 23, cuyo texto ha sido desarrollado en la Observación General Nº 19 (1990). El hombre y la mujer tienen el derecho de contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento y los Estados están obligados a proteger el disfrute de ese derecho en pie de igualdad. Hay muchos factores que pueden obstar para que la mujer pueda tomar libremente la decisión de casarse. Uno de ellos se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, que debería ser fijada por el Estado sobre la base de la igualdad de criterios para el hombre y la mujer. Esos criterios deben garantizar a la mujer la posibilidad de adoptar una decisión informada y exenta de coacción. En algunos Estados, un segundo factor puede consistir en que, según el derecho escrito o consuetudinario, un tutor, generalmente varón, sea quien consienta en el matrimonio en lugar de la propia mujer, con lo cual se impide a ésta la posibilidad de elegir libremente.” (Observación General N° 28 (23) del Comité de Derechos Humanos)
O. Derecho a la educación
El artículo 26 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la educación”. También reconoce este derecho el artículo 13 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La trata de personas priva del ejercicio de este derecho a sus víctimas. La falta de educación hace
a las personas más vulnerables a la trata. Los Estados deben prevenir esta vulnerabilidad adoptando las
medidas previstas en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, la educación debe formar parte de las medidas adoptadas para la rehabilitación de las víctimas de trata.
P. Derecho a la propiedad
El artículo 17 (2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho a la propiedad.
“Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”
Artículo 17 (2), Declaración Universal de Derechos Humanos
La trata de personas frecuentemente priva a sus víctimas del derecho a la propiedad, incluyendo
el derecho a su propio salario.
Q. Derecho a un nivel de vida adecuado
El artículo 25 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantizan el derecho a tener un nivel de vida adecuado. El artículo 11 (2) del Pacto establece las medidas que deben adoptarse para su garantía.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Artículo 25 (1), Declaración Universal de Derechos Humanos
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”
Artículo 11 (1), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
La trata de personas generalmente niega la posibilidad de acceder a un nivel de vida adecuado. A
la vez, la ausencia de la efectividad de estos derechos torna a las personas más vulnerables a ser víctimas
de la trata o a acceder a su traslado por vías ilícitas a otros lugares con mejores oportunidades.
R. Derechos relativos al trabajo
El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho al trabajo y el derecho
a elegir libremente su trabajo. El artículo 24 de la Declaración Universal y el artículo 7 del Pacto también establecen derechos relativos a los salarios, el horario y las condiciones de trabajo.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”
Artículo 23, Declaración Universal de Derechos Humanos
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.”
Artículo 6 (1), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto.
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”
Artículo 7, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.”
Artículo 24, Declaración Universal de Derechos Humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen determinados derechos de los trabajadores que se violan en situaciones de trata de personas. El artículo 6 (2) del Pacto obliga a los Estados a adoptar, como mínimo, las siguientes medidas para asegurar el pleno ejercicio del derecho al trabajo:
• Orientación y formación técnico-profesional.
• La preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante.
• La ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
El artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 (d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagran el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones pagadas.
El efectivo cumplimiento de todos estos derechos impediría la migración de trabajadores en búsqueda de mejores condiciones de empleo, y con ello, la posibilidad del tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, se reducirían las situaciones de explotación laboral y el riesgo de ser víctima de la trata de personas.
S. Derecho a la salud física y mental
El artículo 12 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
A fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, el artículo 12 (2) (b) obliga a los Estados Parte a adoptar medidas tendientes al “mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente”. Mientras que en el artículo 12 (2) (c) obliga a “la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”. Cabe incluir en esta última obligación, la lucha contra el VIH/SIDA.
T. Derecho a un orden social e internacional
El artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza un orden social e internacional.
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.”
Artículo 28, Declaración Universal de Derechos Humanos
La ausencia de un orden social e internacional, incluyendo las situaciones de conflicto y la violación de los derechos humanos hacen a las personas más vulnerables a la trata y a caer en manos de redes de delincuencia internacionales. La realización plena del derecho a un orden social e internacional contribuirá en gran medida a prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
VI. INSTRUMENTOS REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones inter-gubernamentales regionales han creado instrumentos jurídicos y mecanismos específicos de monitoreo de los derechos humanos para una región determinada. Estos sistemas regionales de derechos humanos funcionan paralelamente al sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. Todos estos instrumentos incluyen garantías para la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los Estados que forman parte de esos sistemas tienen además su propia legislación nacional y constituciones que pueden incluir la protección de estos derechos.
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se ha desarrollado en el marco de la Organización de los Estados Americanos que es una organización inter-gubernamental creada en 1948 definida como una agencia regional según el artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas.
Los instrumentos regionales de derechos humanos son:
• Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1948
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948
• Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, 1969
• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales o “Protocolo de San Salvador”, 1988
• Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, 1990
• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belem do Pará”, 1994
A. La Carta de la Organización de los Estados Americanos
Paralelamente a la suscripción por parte de los Estados Americanos de la Carta de las Naciones Unidas, los mismos Estados decidieron en base a los vínculos geográficos y los intereses comunes existentes crear la Organización de los Estados Americanos. La Carta de la Organización de los Estados Americanos fue suscrita en Bogotá en 1948, con motivo de la IX Conferencia Internacional Americana, y fue reformada sucesivamente por el “Protocolo de Buenos Aires” en 1967, por el “Protocolo de Cartagena de Indias” en 1985, por el “Protocolo de Washington en 1992”, y por el “Protocolo de Managua en 1993”.
El artículo 1 de la Carta establece que la Organización de los Estados Americanos se crea “para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional”.
Las reformas subsiguientes producidas a través de los Protocolos mencionados, han reforzado algunos aspectos de la Carta que históricamente se han hecho relevantes como el aseguramiento de la paz de los pueblos, el respeto internacional de los gobiernos democráticamente constituidos, el combate a la pobreza y las disparidades económicas, entre otros.
B. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, en mayo de 1948. También conocida como la “Carta de Bogotá”. La Declaración contiene un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Incluye también una serie de deberes establecidos como obligaciones de los individuos con respecto a la sociedad en la que viven. Como Declaración no vincula jurídicamente a los Estados.
El artículo 2 de la Declaración Americana establece que “todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.
La Declaración Americana establece el derecho que toda persona tiene a la protección legal contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar (artículo 5).
También establece el derecho de toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como de todo niño, a la protección, cuidado y ayuda especiales (artículo 7). Por último, establece el derecho de toda persona a fijar residencia en el territorio del Estado del que se es nacional, de transitar libremente por él y no abandonarlo sino por su voluntad (artículo 8).
Por otra parte, la Declaración Americana consagra los derechos a la preservación de la salud y al bienestar, y el derecho al trabajo en condiciones dignas y a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, asegure un nivel de vida conveniente para la persona y su familia (artículos 11 y 14).
La Declaración Americana consagra el derecho al descanso y a su aprovechamiento en beneficio del mejoramiento de la persona (artículo 15). Establece también que “toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales” (artículo 17).
Por último, la Declaración consagra los derechos de nacionalidad y de asilo. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela” (artículo 19) y “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales” (artículo 27).
C. La Convención Americana sobre Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada “Pacto de San José”, fue adoptada el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, entró en vigor el 18 de julio de 1978.
La Convención acoge en forma expresa los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Establece también lineamientos más claros para el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículos 34 a 51), creada por la Carta de los Estados Americanos, y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 33). Ambos órganos se comentan más abajo.
En su preámbulo reafirma el propósito de los Estados americanos de consolidar en el continente, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
En el artículo 1 de la Convención se establece que los Estados Parte “se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos (
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
sin discriminación alguna por motivos de raza,
a toda persona (
A continuación se hace referencia a las disposiciones de la Convención relacionadas con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
El artículo 3 consagra que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Mientras que el artículo 6 establece que:
Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.”
Artículo 6, Convención Americana sobre Derechos Humanos
En el artículo 7 la Convención consagra el derecho a la libertad y seguridad personales. También se establecen los derechos a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, y a la libertad de pensamiento y expresión (artículos 11, 12 y 13).
En relación al matrimonio, el artículo 17 establece que “no puede celebrarse sin el libre y pleno
consentimiento de los contrayentes (
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”.
Los Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar
A su vez, en el artículo 20 se consagra el derecho a la nacionalidad, en el sentido de que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
En el artículo 22 se establece el derecho de circulación y de residencia: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”.
El artículo 24 enuncia que “todas las personas (…) tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley”. Mientras que en el artículo 25 establece que “(1) toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido (
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que
Por otro lado, en el artículo 26 de la Convención se compromete a los Estados Parte a adoptar medidas “para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles”.
D. El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador, fue suscrito por
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en San Salvador, El Salvador, el 17 de
noviembre de 1988. Entró en vigor en noviembre de 1999.
En su preámbulo, el Protocolo establece la necesidad de reafirmar y perfeccionar el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los siguientes artículos están directamente relacionados con la protección de las personas frente
a la trata y el tráfico ilícito de migrantes.
En el artículo 1 del Protocolo los Estados Parte se comprometen a “adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconoce en el presente Protocolo”.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 3).
El artículo 6 del Protocolo establece el derecho al trabajo, “el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada”. En este orden, el artículo 7 del Protocolo compromete a los Estados Parte a suponer, dentro del concepto del derecho al trabajo, el derecho a tener condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias, en particular:
“a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción;
e. La seguridad e higiene en el trabajo;
f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.”
El artículo 8 del Protocolo garantiza “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses”.
El Protocolo, en su artículo 10, establece el derecho a la salud, “entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. También, consagra los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación y a la educación (artículos 11, 12 y 13). En el artículo 16 se establece el derecho de la niñez, “todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre”.
Los Estados Parte se comprometen a presentar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos informes respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el Protocolo (artículo 19).
E. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1985, y entró en vigor en 1987.
En el artículo 2 de la Convención se define el término tortura como:
todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos
físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”
Artículo 2, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
En el artículo 3 de la Convención se describe quiénes pueden ser considerados como sujetos activos del delito de tortura:
“a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.”
En el artículo 5 de la Convención se dispone que “no se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.
Los artículos 6 y 7 de la Convención establecen que los Estados Parte deben tipificar como delitos las conductas descritas anteriormente y capacitar a los agentes de la policía y otros funcionarios públicos en la prohibición del empleo de la tortura.
F. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1994 y entró en vigor en marzo de 1996.
El artículo 1 de la Convención obliga a los Estados Parte a:
“a) no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo.”
El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada de personas como:
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”
Artículo 2, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
VII. CUADRO DE RATIFICACIONES Y ADHESIONES
Cuadro Nº 2. América Central, Belice y México: Ratificación o adhesión a instrumentos interamericanos sobre derechos humanos
CADH (1)
PCADH-1 (2)
PCADH-2 (3)
CIPST (4)
CIPSEVM (5)
CIDFP (6)
nov 1996 a
jun 2007 a
jun1991
CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos
PCADH-1: Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
PCADH-2: Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte
CIPST: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
CIPSEVM: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
CIDFP: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

References: artículo 3
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 6

Artículo 15

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 40
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7

Artículo 5
 artículo 12

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 2

Artículo 8

Artículo 2
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 9

Artículo 22

Artículo 9

Artículo 3

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 7

Artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 24
 Artículo 2
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 8

Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9

Artículo 9

Artículo 9
 artículo 10

Artículo 10
 artículo 10

Artículo 11

Artículo 15

Artículo 13

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13

Artículo 13
 artículo 6
 artículo 16

Artículo 6
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 16

Artículo 7

Artículo 26
 artículo 889
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 17

Artículo 12

Artículo 17
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 10

Artículo 16

Artículo 23

Artículo 10
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 26
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 25

Artículo 11
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 7

Artículo 23

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 24
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 28

Artículo 28
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6

Artículo 6
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 2

Artículo 2