Source: https://antologia.stopthewall.org/integracion-a-punta-de-pistola/
Timestamp: 2020-02-24 10:29:42+00:00

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Integración a punta de pistola – Resistencia, no Muros
Integración a punta de pistola
Integración a punta de pistola*
La Línea de control en Cachemira que marca la frontera entre Pakistán e India.
Desde el 5 de agosto de 2019, los cachemires de todo el mundo han llevado a cabo protestas para dejar constancia ante la comunidad internacional de que los movimientos que India está desarrollando en Cachemira son imprudentes y desestabilizadores. Estas iniciativas de la Unión de India amenazan la identidad y la existencia del pueblo de Cachemira. El 5 de agosto, en un movimiento carente de escrúpulos además de inconstitucional, el Gobierno de India ha presentado una serie de proyectos de ley ante el Parlamento con el objetivo de provocar un cambio demográfico. Estos proyectos de ley anulan el efecto del artículo 370 al hacerlo inoperante,1 y pretenden bifurcar el Estado de Jammu y Cachemira en la Unión de Territorios de Jammu y Cachemira-Ladakh. Ambos objetivos son absolutamente arbitrarios y abiertamente inconstitucionales porque dan lugar a una total privación del derecho al voto del pueblo de Jammu y de Cachemira. Simultáneamente, desde el 5 de agosto de 2019, el Gobierno de India ha cortado todas las líneas de comunicación con Cachemira. Nuestras voces están siendo amordazadas para que no quede constancia de nuestra disidencia. En el momento en que escribo, esta medida ha creado un muro entre los cachemires y la comunidad global que se está convirtiendo en una crisis humanitaria generalizada.
El objetivo principal es provocar un cambio demográfico forzoso y controlar los recursos naturales de Cachemira. El pueblo de Cachemira teme que nos desposean de nuestras tierras y que se construyan asentamientos militarizados en nuestros barrios similares a los de Israel. Cachemira es la zona más militarizada del mundo: hay un soldado armado por cada 7 civiles. El propio Ministerio del Interior de India afirma que el número de rebeldes armados en Cachemira oscila entre 70 y 200. La mayoría son menores de entre 15 y 25 años. Este abusivo número de soldados indios está destinado principalmente a controlar a la población de Cachemira, que lleva siete décadas movilizándose en protestas civiles generalizadas contra el gobierno de India.
La ausencia de rendición de cuentas por las terribles acciones que se han producido en los últimos 30 años de guerra en Cachemira demuestra que existe una clara obstrucción a la justicia para los cachemires a escala nacional e internacional. Cachemira está gobernada por una estructura legislativa draconiana que otorga inmunidad legal a las fuerzas armadas indias; una legislación que ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos: violaciones generalizadas, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. Al crear una estructura de inmunidad legal para los soldados se produce una clara obstrucción a la justicia para los cachemires. Así lo evidencia que en todos estos años no se haya producido ni una sola sentencia de cárcel para ningún soldado indio a pesar de las siguientes estadísticas del conflicto: entre 70 mil y cien mil muertos, diez mil desaparecidos, decenas de miles de casos de tortura, detenciones arbitrarias e indefinidas, y miles de casos de violación.
El Gobierno de India ha prohibido desde los últimos 60 días todas las comunicaciones en Cachemira – telefonía, internet y correo postal. El 16 de septiembre, un órgano del Tribunal Supremo 2 encabezado por el Presidente de la Corte Suprema de India, atendió en vista algunos de los asuntos señalados 3 relativos a la prohibición de las comunicaciones en Cachemira. Uno a uno, los abogados expusieron reiteradamente diferentes interpretaciones sobre el mismo tema, como que no existe orden alguna ni comunicación oficial del Gobierno que sea de dominio público informando a la población de por qué se ha impuesto esta prohibición o de cuánto tiempo durará. Los hospitales no tienen internet ni teléfonos operativos, los pacientes no pueden acceder a la atención médica; no se pueden pedir medicamentos sin internet y la gente no puede saber si sus seres queridos se encuentran bien. Hace apenas unos días un terremoto sacudió una zona de Cachemira pero nadie que viviera fuera de allí pudo siquiera ponerse en contacto con sus familiares para preguntar sobre su estado. Se trata de un castigo colectivo contra la libertad de expresión infligido a Cachemira y, sin embargo, la ley y la orden en virtud de las cuales se ha aprobado están envueltas de misterio y oscuridad. Irónicamente, en junio de 2014, después de un mes en el cargo, el Primer Ministro Narendra Modi afirmó que “nuestra democracia no se sostendrá si no podemos garantizar la libertad de expresión”. 4
La estructura de internet es demasiado vasta para ser definida simplemente como una herramienta de comunicación. Afecta a todas las actividades posibles, muchas de las cuales no son “comunicativas” en el sentido humano de la comunicación. En este sentido, estas prohibiciones indefinidas deben considerarse arbitrarias, indiscriminadas y una violación de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Hay que recordarle al pueblo de India que el artículo 370 es el resultado de un tratado internacional que se firmó cuando el país aún formaba parte de la Corona británica, y que esta iniciativa equivale a una anexión ilegal de Jammu y Cachemira. Como tal, los cachemires estamos siendo privados del derecho a decidir nuestro propio futuro. En este contexto, el pueblo de Cachemira insta a las instituciones democráticas de India y a la ciudadanía de todo el mundo a que cumplan con su deber de proteger las garantías otorgadas al pueblo de Cachemira y eviten un efecto dominó en el subcontinente que pueda tener consecuencias de mayor calado.
Cachemira está sin gobierno electo desde hace más de un año. Todas las decisiones son adoptadas por un representante del Gobierno de India y por él designado. Los últimos 60 días hemos sido testigos del caos y la confusión deliberadamente creados por el gobierno de India para Cachemira. Caos que tiene por objeto crear una sensación de pánico. Todas las comunicaciones han sido cortadas; se ha interrumpido la teléfonía móvil, la banda ancha, la línea fija e internet. Desde hace un mes se ha restringido el transporte civil en todas las carreteras para dejar espacio a la movilización de tropas. En este tiempo, la semana pasada, el gobierno indio trasladó a la región 180 mil efectivos paramilitares y militares, según han informado los medios de comunicación indios, que se suman a los 700 mil ya presentes en Cachemira. A ello le siguió una orden sin precedentes de solicitar a los turistas y a los peregrinos de Amarnath Yatra5 que abandonasen el valle mientras se ponían en circulación rumores de guerra. Dirigentes reconocidos de los principales partidos políticos del Estado, incluidos tres ex ministros – Faruq Abdula, Omar Abdula y Mehbuba Mufti – han sido detenidos o puestos bajo arresto domiciliario. Se han prohibido organizaciones como Jamaat-e-Islami y el Frente de Liberación de Jammu y Cachemira, y los dirigentes separatistas han sido encarcelados y sometidos a un litigio cuya causa se remonta a hace 30 años. Estas medidas no dejan ningún atisbo de duda a la opinión política de Cachemira sobre el riesgo de expresar las preocupaciones populares contra una medida de agresión totalmente inconstitucional.
El 5 de agosto, por medio de una Orden Presidencial aprobada en virtud del artículo 370, el Gobierno de India modificó unilateralmente el propio artículo 370 y la Orden Presidencial de 1954 sin el consentimiento del gobierno del Estado, tal y como dispone el mismo artículo 370. En esencia, el Gobierno de India se está sirviendo del artículo 370 para despojarlo de su propia esencia al utilizar incorrectamente una cláusula de habilitación del artículo para rechazar el propio artículo. La Orden de 2019 promulgada en virtud de la cláusula 1 del artículo 370 se basa en una interpretación errónea de la letra d) del apartado 1 del artículo 370. En el pasado, el Tribunal Supremo de India ya dejó clara su posición sobre el artículo 370. Se ha establecido que el Artículo 370 dejará de operar bajo la subcláusula (3) sólo cuando la Asamblea Constituyente del Estado formule una recomendación a tal efecto. La iniciativa actual supone una violación del compromiso constitucional contraído con el pueblo de Cachemira. Esta iniciativa no se ha obtenido con el consentimiento para alterar los límites de Jammu y Cachemira. Por lo tanto, instamos al Tribunal Supremo de la India a que tome conocimiento de la cuestión y dicte una orden inmediata de suspensión de las actuaciones.
Al desmembrar el Estado de Jammu y Cachemira y al no dar espacio al diálogo pacífico, el Gobierno de India empuja a los cachemires hacia una vía alternativa. El último año ha sido el más sangriento en Cachemira en más de una década, hasta el punto de llevar a dos potencias nucleares, India y Pakistán, al borde de la guerra a principios de año. Hoy, el Gobierno indio hace caso omiso de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Cachemira. Los actos de agresión y la amenaza de la fuerza violan la Carta de Naciones Unidas y llevan a dos naciones con armamento nuclear al borde del enfrentamiento bélico. Esto requiere la atención inmediata de la comunidad mundial.
El pueblo de Cachemira exige lo siguiente:
Hacemos un llamamiento a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que convoquen una sesión extraordinaria de urgencia de la Asamblea General a fin de abordar de inmediato este quebrantamiento de la paz. Además, hacemos un llamamiento a los Estados miembros de la región para que se dirijan a la Corte Internacional de Justicia a fin de obtener medidas provisionales urgentes que eviten la escalada de nuevas violaciones del derecho internacional.
Si ningún Estado se dirige a la Corte Internacional de Justicia, reclamamos a la propia Asamblea General de Naciones Unidas que solicite una opinión consultiva a tal efecto.
Instamos al Tribunal Supremo de India a que tome conocimiento de la grave situación.
Esta interpretación deliberada y maliciosa de las disposiciones de la Constitución de India constituye un ataque flagrante contra el estado de derecho en el país.
Instamos al pueblo consciente de India a que rechace las medidas del Gobierno y a que se oponga a esta medida escandalosa que socava su propia libertad por la que tanto ha luchado.
Por último, instamos a indios, a pakistaníes y a la comunidad mundial a que respeten los deseos del pueblo de Cachemira y creen un espacio para que los cachemires decidamos nuestro propio futuro.
1 Nota de los editores: El artículo 370 garantizaba un “estatuto especial” al Estado de Ammu y Cachemira. Los cambios constitucionales introducidos por el gobierno indio eliminan dicho “estattuto especial” y anulan su autonomía relativa y su capacidad de elaborar sus propias leyes sobre la propiedad, el empleo, la residencia, etc. Con esta disposición eliminada, y con Nueva Delhi invitando ya a la inversión privada, la naturaleza demográfica de la región se verá alterada de manera permanente siguiendo el ejemplo israelí de creación de “hechos sobre el terreno” mediante asentamientos coloniales ilegales en el territorio palestino ocupado.
2 “Supreme Court to hear pleas against Article 370 move, Kashmir curbs today”, Press Trust of India,, 16 de septiembre, 2019.
3 “Kashmir media restrictions, political detentions: SC to hear multiple pleas on Article 370 today”, India Today Web Desk, 16 de septiembre, 2019
4 “Stifling Dissent – The Criminalization of Peaceful Expression in India“, Human Rights Watch, 24 de Mayo 2016,
5 Nota de los editores: Amarnath Yatra es una peregrinación hindú a la cueva de Amarnath, situada en Jammu y Cachemira.
* Este artículo es un extracto adaptado de una declaración de la Kashmir Reading Room, una sociedad de activistas, abogados, académicos, periodistas y estudiantes que organizan talleres y eventos sobre Cachemira.

References: artículo 370
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