Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831155.html
Timestamp: 2019-11-20 04:43:01+00:00

Document:
as201831155
Auto Supremo Nº 155
Expediente : 181/2016-CA
Demandante : Esteban Alberto Ríos Escobar
Demandado : Ministerio de Salu d
Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico de 8 de marzo de 2016.
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa (Expediente N° 181/2016) interpuesta por Esteban Alberto Ríos Escobar contra el Ministerio de Salud, de fs. 142 a 148, el auto de admisión de 26 de julio de 2016, fs. 151, la respuesta de la entidad demandada de fs. 171 a 185, la réplica de fs. 237 a 244vta., la dúplica de fs. 251 a 258 vta., el decreto de Autos de fs. 259, el sorteo de 27 de marzo de 2018 de fs. 260 vta., y
Que, la Ley N° 025 del Órgano Judicial prevé la nulidad de oficio de los actuaciones procesales determinada por los Tribunales, limitándose aquellos asuntos previstos por ley.
Revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el demandante solicita la revocatoria de la Resolución Jerárquica de 8 de marzo de 2016 y su auto de aclaración y complementación, ambas emitidas por la Ministra de la Cartera de Estado de Salud, al considerar que al haberse rechazado sin mayor trámite la excepción de incompetencia planteada en las instancias de revocatoria y jerárquica, aduciendo el Ministerio de Salud que ambos recursos no fueron planteados dentro del plazo previsto por el art. 22 de Decreto Supremo N° 23318-A, norma que considera no aplicable en su calidad de Asesor Legal del Seguro Social Universitario, vulnerándose de esa manera su derecho al debido proceso en sus elementos de juez natural y derecho a defensa.
En su respuesta de fs. 171 a 185, el Ministrito de Salud ha informado que aún no se agotó el procedimiento en la vía administrativa, toda vez que rechazado el recurso jerárquico y declarada no ha lugar la solicitud de aclaración y complementación, el Ministerio de Salud emitió la Resolución de Proceso Administrativo Interno N° 05/16, el mismo día que fue devuelto el expediente, proceso que fue notificado el 23 de mayo de 2016 al Dr. Esteban Ríos Escobar, Asesor Legal del Seguro Social Universitario, a cuya notificación el ahora demandante interpuso recurso de revocatoria contra la misma, aceptando de esta manera la competencia de esa cartera de Estado para su procesamiento, emitiéndose la Resolución de Recurso de Revocatoria N° 02/2016 de 2 de junio de 2016, en la que se dispone revocar en parte la Resolución Impugnación, disponiendo la sanción de suspensión de 15 días sin goce de haberes, la cual a la fecha de presentación de respuesta del Ministerio de Salud a la demanda, no fue impugnada; estos hechos fueron confirmados por el ahora demandante mediante memorial de réplica de fs. 237 a 244 vta., aspecto que evidencia la no conclusión de la instancia administrativa.
El sistema de Control Gubernamental, Ley N° 1178, en el capítulo correspondiente a la Responsabilidad por la Función Pública, estatuye que la responsabilidad por la función pública puede ser administrativa, ejecutiva, penal y civil. El art. 29 de la señalada Ley N° 1178 establece que la responsabilidad administrativa se originará cuando la acción u omisión contravenga el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público; misma que se determinará por proceso interno de cada entidad.
En el marco del Sistema de Control Gubernamental, mediante Decreto Supremo N° 23318—, se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, la que consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad administrativa o su exclusión.
La Constitución Política del Estado a través de su art. 122, establece que, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley, en el contexto de dicha prohibición, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, estatuye la procedencia del proceso contencioso administrativo exigiendo la existencia previa de oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.
Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, prevé en su art. 1, inc c) (Objeto de la Ley), Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; asimismo; el art. 3, parágrafo II, inc. d) de la citada ley, excluye de forma expresa del ámbito de su aplicación “los Regímenes agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, que se regirán por sus propios procedimientos”, de cuyo entendimiento se advierte que dicha exclusión expresa, está referida al Sistema de Control Gubernamental establecido por la ley N° 1178 SAFCO y sus subsistemas, que incluye el régimen de responsabilidad por la función pública aprobada por el Decreto Supremo N° 23318-A, materia del caso de autos.
En caso análogo, la Sentencia Constitucional 0870/2004-R, de 8 de junio de 2004 ha señalado: “Del análisis de las normas referidas se concluye que, las normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tiene por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237, y no así las normas supletorias establecidas para el procedimiento sancionador correctivo por la Ley de Procedimiento Administrativo, como equívocamente pretende la recurrente, ya que las normas de esta última son de aplicación general en la relación de la administración con sus administrados y no con sus servidores públicos; pues se reitera que, por mandato expresa de la norma prevista por el art. 80.II. de la LPA, el procedimiento sancionador contenido en dicha ley, tendrá carácter supletorio, lo que supone que será aplicado sólo ante ausencia de una norma expresa en el Reglamento específico.”(sic)
De todo lo referido se evidencia que, la normativa aplicable a los procesos administrativos internos de las entidades del sector público, en el cual se encuentra inmerso el caso de autos, cuyo fin es el determinar la responsabilidad administrativa del servidor público, es aquella prevista por el Decreto Supremo N° 23318-A, y sus modificaciones, derivando como consecuencia que las normas establecidas para el procedimiento sancionador previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo, que fueron accionadas erradamente por el demandante son de aplicación general en la relación de la administración, con sus administrados, y no a las relaciones laborales con sus servidores públicos, competencia erróneamente interpretada por el demandante, atribuyendo a éste órgano jurisdiccional una función apartada por el art. 778 del Código de Procedimiento Civil y art. 3, parágrafo II, d) de la Ley de Procedimiento Administrativo, normas de cumplimiento obligatorio no libradas a la voluntad de las partes, aspectos legales que inhiben a este tribunal ingresar a revisar el fondo de la demanda y emitir un fallo; situación que deviene en su inadmisibilidad.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de sus funciones, en base a los fundamentos señalados y en aplicación del art. 17 de la LOJ N° 025, ANULA obrados, hasta el decreto de admisión de la demanda de fs. 151, inclusive y declara la INADMISIBILIDAD de la demanda deducida por Esteban Alberto Ríos Escobar de fs. 142 a 148, salvado el derecho del demandante para accionar la vía legal correspondiente conforme a derecho.
Procédase al desglose de la documentación presentada por el demandante y la autoridad demandada, quedando en su lugar fotocopia simple y la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención, y posterior archivo de obrados.

References: Resolución 
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