Source: https://www.slideshare.net/jangel-cu/corte-penal-internacional-8784181
Timestamp: 2018-06-20 15:43:24+00:00

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Reforma del principio de justicia u... by Lex Nova 4899 views
La justicia universal by byronabril 1611 views
Franz JonaThan at Peruvian Navy
Nemes Zeuqsav at Gpa, Southern, Sierra Leone
1. ESTATUTO DE ROMA “ CORTE PENAL INTERNACIONAL” HACIA UNA JUSTICIA UNIVERSAL
2. <ul><li>En la ciudad de Roma, se celebró una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, y cuya acta final, fue suscrita el día 17 de julio de 1998. </li></ul>LA VOTACIÓN FINAL FUE: 120 votos a favor; 7 en contra (E.E.U.U., China, Israel, Libia, Irak y Qatar); y 21 abstenciones. Entró en vigor el 1º de julio de 2002, con 60 ratificaciones.
3. APROBACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL <ul><li>Con la participación de 160 países , se firmó el Estatuto de Roma. Como consecuencia, los Estados firmantes se comprometieron a reformar sus leyes y procedimientos penales para dar cumplimiento a este nuevo compromiso y habilitar el control, la prevención y represión de cualquier lesión a los derechos fundamentales. </li></ul><ul><li>Al 5 de Abril de 2009 , 139 países han firmado Y 110 han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional: </li></ul><ul><li>30 de ellos son de países africanos , </li></ul><ul><li>13 de países asiáticos , </li></ul><ul><li>16 de E uropa del Este , </li></ul><ul><li>22 de Latinoamérica y el Caribe y </li></ul><ul><li>25 de Europa del Oeste y </li></ul><ul><li>otros países </li></ul><ul><li>Del 31 de mayo al 11 de junio del 2010, se realizó la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda. </li></ul><ul><li>Países que han firmado la Corte Penal Internacional </li></ul>El artículo 123.1 del Estatuto de Roma dispone: Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5 pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condiciones que ésta
4. <ul><li>El Estatuto de Roma no es sólo un tratado de derechos humanos, aunque su finalidad principal sea humanitaria, sino que es el esfuerzo de la comunidad internacional para establecer un órgano judicial supranacional que constituya una institución con personalidad internacional. </li></ul><ul><li>Tiene un lado político que es la Asamblea de Estados Partes ( arts. 1, 31 y 112 del Estatuto ). </li></ul><ul><li>Además, tiene un triple modelo de competencia: </li></ul>ASPECTOS GENERALES material jurisdiccional subjetivo
5. <ul><li>La Corte Penal es un organismo complementario de las jurisdicciones nacionales , y solamente es competente en caso de que el Estado no pueda o no quiera juzgar a personas acusadas de crímenes . El Estatuto de Roma establece la responsabilidad penal de tropas o dirigentes de países que hayan cometido crímenes contra La humanidad o genocidio, incluyendo militares o líderes de guerrillas o grupos informales que ataquen a poblaciones civiles en conflictos que no sean internacionales. </li></ul>¿QUÉ ES LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
8. <ul><li>La entrada en vigor del Convenio exigirá la ratificación de un mínimo de 60 países (art. 126). A partir de este momento la CPI ejercerá una jurisdicción obligatoria. </li></ul><ul><li>Los Estados Partes no podrán condicionar la actuación de la Corte. </li></ul><ul><li>Con ocasión de la firma y ratificación del Convenio no se puede formular reserva alguna al articulado íntegro del Estatuto (art. 120) . La única excepción es el art. 124. </li></ul><ul><li>Los límites espaciales de su jurisdicción quedan acotados por los territorios de los Estados Partes y de aquellos otros Estados que aceptaran su competencia [ art. 12.2.a) y 3 ] </li></ul>La potestad jurisdiccional de la CPI. Su relación con las jurisdicciones nacionales
9. <ul><li>La CPI entró en vigencia el 1º de julio de 2002, tras la ratificación del tratado por parte de 66 países miembros . Era necesaria la firma de por lo menos 60 estados para aprobar el tratado. </li></ul><ul><li>Sin embargo, varios países de peso no lo han hecho todavía, incluyendo China, Rusia, Israel, Irák y Estados Unidos . Este último incluso retiró su firma del Estatuto de Roma y ha establecido una campaña en contra de la CPI, argumentando que sus nacionales podrían ser objeto de persecuciones por motivos políticos. </li></ul>PAÍSES NO MIEMBROS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
10. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL <ul><li>Se ha ido incorporando al orden internacional, como respuesta a hechos bélicos de extraordinaria gravedad, pero sin permitirse un cabal desarrollo sistemático del contenido de este principio. </li></ul><ul><li>A la realización de este objetivo se orientan al marco más amplio de un principio de: </li></ul>Cooperación policial o judicial Jurisdicción universal <ul><li>El proceso de penalización internacional se centra en la incorporación en el orden internacional una serie de normas de naturaleza: </li></ul><ul><ul><li>a) Consuetudinarias y </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Convencional incriminadoras de ciertas conductas </li></ul></ul><ul><ul><li>cometidas por los individuos </li></ul></ul><ul><li>El objetivo del DPI es la protección de ciertos intereses que representan valores comúnmente compartidos por la comunidad internacional. </li></ul><ul><li>La responsabilidad internacional </li></ul><ul><li>del Estado es de carácter </li></ul><ul><li>reparatorio. </li></ul><ul><li>La responsabilidad del </li></ul><ul><li>individuo es de naturaleza penal </li></ul>
11. <ul><li>Los antecedentes a los delitos internacionales son de naturaleza consuetudinaria ( delicta iuris gentium ), tales como son el caso de: </li></ul><ul><ul><li>Piratería; </li></ul></ul><ul><ul><li>Los atentados a las personas internacionalmente protegidos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Violación del bloqueo; y </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrabando de guerra. </li></ul></ul><ul><li>El principio de responsabilidad individual se remite a dos ámbitos materiales delimitados en función del objeto con que éste principio ha recogido: en aras de la protección de la persona humana , o bien en relación, con la represión de ciertos comportamientos atentatorios de otros intereses comunes . </li></ul>PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL <ul><li>En el primer caso abarca un conjunto de figuras contempladas en: </li></ul><ul><ul><li>Derecho Internacional Humanitario ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Derecho Internacional de los Derechos Humanos ; </li></ul></ul><ul><li>Se integran en este apartado: </li></ul><ul><ul><li>Los crímenes de guerra ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Genocidio ; y </li></ul></ul><ul><ul><li>Crímenes contra la humanidad . </li></ul></ul><ul><li>En el caso del genocidio aparece tipificado en la Convención para la prevención y sanción del genocidio del 9 de noviembre de 1948 y lo relativo a los crímenes contra la humanidad a partir de la configuración de los Tribunales de Nüremberg y Tokio , y confirmado por los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda . </li></ul><ul><li>Ciertamente, las figuras mencionadas no agotan los supuestos de normas destinadas a sancionar comportamientos contrarios a la protección de la persona humana que pueden dar lugar a la responsabilidad penal del individuo, entre los que incluyen: a) Tortura; b) Apartheid; y c) Esclavitud. </li></ul>
12. <ul><li>La técnica de tipificación empleada en estos convenios no permite establecer con claridad si estamos ante crímenes internacionales en sentido estricto que generan la responsabilidad penal internacional del individuo. </li></ul><ul><li>La importancia del mecanismo de sanción que lleve aparejado el convenio, que suele ser el de la incorporación de un sistema de jurisdicción universal, basado en el principio aut dedere aut iudicare . Se incluyen en esta categoría los delitos: </li></ul><ul><ul><li>Contra la seguridad aérea internacional y la seguridad en el mar; </li></ul></ul><ul><ul><li>La piratería y contra personas internacionalmente protegidas; </li></ul></ul><ul><ul><li>El tráfico ilícito de estupefacientes; y </li></ul></ul><ul><ul><li>Otras figuras ligadas a distintas formas de terrorismo internacional. </li></ul></ul>PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL
13. <ul><li>El principio aut dedere aut iudicare es de naturaleza convencional y su desarrollo se ha visto propiciado por el incremento de la cooperación internacional destinada a asegurar la sanción de la responsabilidad internacional del individuo. Las características son: </li></ul><ul><ul><li>No sólo reconoce al Estado parte en el tratado de competencia para ejercer su jurisdicción sobre el presunto culpable que se encuentre en su territorio, con independencia de su nacionalidad o lugar de comisión del delito. </li></ul></ul><ul><ul><li>Además, lo sitúa en la disyuntiva jurídica sea de enjuiciar al culpable, sea de extraditarlo a algún otro Estado que tenga jurisdicción para juzgarlo y que así lo solicite. </li></ul></ul><ul><ul><li>De uniformidad en el plano convencional, siendo objeto de distintas redacciones que lo recogen con alcance variable, dependiendo de la posición del Estado de aprehensión. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Primero : que éste pueda decidir si entrega a esta persona a sus tribunales nacionales o si lo extradita; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segundo : que su obligación principal sea la de extraditarlo y el ejercicio de la jurisdicción en el plano interno sólo se plantee si la extradición puede ser legítimamente negada o no es solicitada; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tercero : si la sumisión a los tribunales nacionales puede considerarse en términos de obligación o potestad. </li></ul></ul></ul>Sus carencias son: PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL Las características son:
14. <ul><li>La consecuencia es respetar el principio: Nullum crimen sine lege . Este principio en el ámbito internacional se ve afectado en su dimensión material, en el derecho interno respecto a la previa determinación de la pena (ámbito formal). </li></ul>*Convención Europea para la Protección de los Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales *Declaración Universal de los Derechos del Hombre *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL Nullum crimen sine lege CEPDHLF (Art.7) DUDH (art. 11) PIDCyP (art. 15)
15. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL Un código de delitos y penas preexistentes a los hechos criminales Lo que hace falta es: Existencia previa de una Corte o tribunal internacional con competencia para juzgar dichos hechos respetando los principios de Legalidad Juez legal
16. La jurisdicción internacional puede distinguirse en las siguientes posibilidades: Tribunales establecidos, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Permanente de Derechos Humanos del Sistema europeo, ambos tienen por objeto establecer la actuación de los Estados en la protección de los derechos humanos, pero no juzgan sobre la responsabilidad individual Jurisdicción Universal, prevista en España la cual permite juzgar individuos por delitos graves cometidos contra bienes jurídicos universales . Tribunales ad hoc que son creados ex profeso y responden a estatutos específicos, como el caso de la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona Tribunales permanentes que también cuentan con un estatuto pero que se aplican a cualquier caso que sea de su competencia, como la CPI que además es complementaria de las jurisdicciones nacionales
17. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
18. Preámbulo Parte I: Del establecimiento de la corte (1-4) Parte II: De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable (5-21) Parte III: De los principios generales de derecho penal (22-33) Parte IV: De la Composición y administración de la corte (34-52) Parte V: De la investigación y el enjuiciamiento (53-61) Parte VI: Del Juicio (62-76) Parte VII: De las Penas (77- 80) Parte VIII: De la Apelación y la revisión (81-85) Parte IX: De la cooperación internacional y la asistencia judicial (86-102) Parte X: De la ejecución de la pena (103-111) Parte XI: De la Asamblea de los estados partes (112) Parte XII: De la financiación (113-118) Parte XIII: Cláusulas finales (119-128) EL ESTATUTO SE ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE FORMA:
19. <ul><li>Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. </li></ul><ul><li>PREÁMBULO </li></ul><ul><li>Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento, </li></ul><ul><li>Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, </li></ul><ul><li>Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad , </li></ul><ul><li>Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, </li></ul><ul><li>Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, </li></ul>ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
20. <ul><li>Los principios con los que se rige el Estatuto de Roma son los siguientes: </li></ul><ul><li>1. Corte penal permanente (art. 1) </li></ul><ul><li>2. Jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional (art. 1) </li></ul><ul><li>3. Carácter complementario de las jurisdicciones nacionales (art. 1) </li></ul><ul><li>4. La CPI tendrá responsabilidad jurídica internacional (art. 4) </li></ul><ul><li>5. Proceso penal acusatorio, oral y público (implícito) </li></ul><ul><li>6. Cosa Juzgada (art. 20) </li></ul><ul><li>7. Derecho aplicable (art. 21) </li></ul><ul><li>8. Nullum crimen sine lege (art. 22) </li></ul><ul><li>9. Nulla poena sine lege ( art. 23) </li></ul><ul><li>10. Irretroactividad rationae personae (art. 24)In dubio pro reo (art. 24) </li></ul><ul><li>11. Responsabilidad penal individual (art. 25) </li></ul><ul><li>12. Exclusión del procesamiento menores de 18 años (art. 26) </li></ul><ul><li>13. Improcedencia del cargo oficial (art. 27) </li></ul><ul><li>14. Responsabilidad de los jefes y otros superiores (art. 28) </li></ul><ul><li>15. Imprescriptibilidad (art. 29) </li></ul><ul><li>16. Elemento de intencionalidad (art. 30) </li></ul><ul><li>17. Circunstancias eximentes de responsabilidad (art. 31) </li></ul><ul><li>18. Error de hecho y error de derecho (art. 32) </li></ul><ul><li>19. Ordenes superiores y disposiciones legales (art. 33) </li></ul><ul><li>20. Independencia de los Magistrados (art. 40) </li></ul><ul><li>21. Presunción de Inocencia (art. 66) </li></ul>PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
21. ART. 1.-La Corte será una institución de carácter permanente(02/julio/2002) ART. 4.- Podrá ejercer sus funciones en el territorio de cualquier Edo. Parte ART. 5.- Los crímenes de su competencia son: a) Genocidio; b) Lesa humanidad; c) Guerra; y, d) Agresión ART. 17- Cuestiones de inadmisibilidad ART. 3.- La sede será en la Haya y podrá celebrar cesiones en otro lugar ART. 15.- El Fiscal podrá iniciar una investigación ART. 13.- Podrá ejercer su competencia por medio de: a) Un Edo. Parte remite al Fiscal. b) El Consejo de Seguridad c) El propio Fiscal
23. <ul><li>Estatuto de la Corte Penal Internacional . Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional </li></ul><ul><li>Reglas de Procedimiento y Pruebas </li></ul><ul><li>Reglamento de la Corte Penal Internacional </li></ul><ul><li>Elementos de los Crímenes, relacionada con los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma . </li></ul><ul><li>Enmiendas al Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada (Resolución ICC-ASP/4/Res.10) Aprobada por consenso en la cuarta sesión plenaria el 3 de diciembre de 2005. </li></ul><ul><li>Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional </li></ul><ul><li>Texto negociado del proyecto de Acuerdo de relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas </li></ul><ul><li>Reglamento del Personal de la Corte Penal Internacional (Anexo a ICC/AI/2005/003) </li></ul><ul><li>Código de conducta profesional de los abogados </li></ul><ul><li>Regulación sobre la verdad encontrada en las víctimas </li></ul><ul><li>Reglamento de la Secretaría, ICC-BD/03-01-06-Rev.1 (6 de marzo de 2006) </li></ul><ul><li>Acuerdo de cooperación y asistencia entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea </li></ul>INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE CONFORMAN A LA CPI
24. PERSONAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
25. <ul><li>El artículo 48 del Estatuto de Roma, prevé los Privilegios e inmunidades de todo el personal de la Corte: </li></ul><ul><li>1. La Corte gozará en el territorio de cada Edo Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. </li></ul><ul><li>2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y los secretarios gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones oficiales. </li></ul><ul><li>3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. </li></ul><ul><li>4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. </li></ul><ul><li>5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades: </li></ul><ul><ul><li>a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) En el caso del Secretario, por la Presidencia; </li></ul></ul><ul><ul><li>c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el Fiscal; </li></ul></ul><ul><ul><li>d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el Secretario. </li></ul></ul><ul><li>México ha publicado en el DOF el 26 de octubre del 2007, DECRETO Promulgatorio del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, firmado en la ciudad de Nueva York, el nueve de septiembre de dos mil dos </li></ul>PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
26. INTERVENCIÓN DEL FISCAL El Fiscal Principal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció su decisión de comenzar la primera investigación de los graves crímenes presuntamente cometidos en el territorio de la República Democrática del Congo (RDC) desde el 1 de julio de 2002 . La decisión de comenzar fue tomada después de una consideración cuidadosa de los requisitos de la jurisdicción y de admisibilidad del Estatuto de Roma. <ul><li>El artículo 42, contempla las facultades de la Fiscalía: </li></ul><ul><li>La Fiscalía actuará en forma independiente de la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte. </li></ul><ul><li>2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva. </li></ul><ul><li>3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de la Corte. </li></ul><ul><li>4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría de los miembros de la Asamblea de los Edos Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. </li></ul><ul><li>5. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional. </li></ul><ul><li>7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad . </li></ul><ul><li>9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños. </li></ul>
27. <ul><li>El Artículo 36 del Estatuto de Roma , señala las condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de los magistrados, a saber: </li></ul><ul><li>1. La Corte estará compuesta de 18 magistrados . </li></ul><ul><li>2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1 y señalará las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. </li></ul><ul><li>3. a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países; </li></ul><ul><li>b) Los candidatos a magistrados deberán tener: </li></ul><ul><li>i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte; </li></ul><ul><li>c) Los candidatos deberán tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de la Corte. </li></ul><ul><li>b) Un Edo Parte podrá proponer un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Edo Parte; </li></ul><ul><li>c) La Asamblea de los Edos Partes podrá decidir que se establezca un comité asesor para las candidaturas. </li></ul><ul><li>5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos: La lista A, quienes reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y La lista B, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3. El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de miembros de la Corte, por lo menos 9 magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista A y por lo menos 5 serán elegidos entre los de la lista B. </li></ul>CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS JUECES
28. <ul><li>6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión de la Asamblea de los Edos Partes </li></ul><ul><li>7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Edo. </li></ul><ul><li>8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Edos Partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya: i) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo; ii) Distribución geográfica equitativa; y iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres; b) Los Edos Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños. </li></ul><ul><li>9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados serán elegidos por un mandato de 9 años y, con sujeción al apartado c) y al párrafo 2 del art 37, no podrán ser reelegidos; </li></ul><ul><li>b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años , un tercio de los magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de seis años y el resto desempeñará un mandato de nueve años ; </li></ul><ul><li>c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo. </li></ul><ul><li>Art 40 Independencia de los magistrados </li></ul><ul><li>1. Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones. </li></ul><ul><li>2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia. </li></ul><ul><li>3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional. </li></ul><ul><li>4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la decisión. </li></ul>CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS JUECES
29. La Corte está integrada por 18 Jueces que son elegidos a partir de dos listas: Lista A: Consiste en candidatos con gran competencia en derecho penal y procesal, así como la experiencia necesaria como juez, fiscal, abogado u otra labor similar en procesos criminales La Corte está integrada por 18 Jueces que son elegidos a partir de dos listas Lista B: Consiste en candidatos con gran competencia en áreas de derecho internacional, tales como derecho humanitario internacional y la codificación de los derechos humanos, así como una extensa experiencia legal profesional que sea de relevancia para el trabajo judicial de la Corte J U E C E S Nacionalidad Grupos Regional Lista Judge Sang-Hyun SONG President Republic of Korea Asian States A Judge Fatoumata Dembele DIARRAFirst Vice-President Mali African States A Judge Hans-Peter KAULSecond Vice-President Germany WEOG B Judge Elizabeth ODIO BENITO Costa Rica GRULAC A Judge Akua KUENYEHIA Ghana African States B Judge Erkki KOURULA Finland WEOG B Judge Anita UŠACKA Latvia Eastern Europe B Judge Sir Adrian FULFORD United Kingdom WEOG A Judge Sylvia STEINER Brazil GRULAC A Judge Ekaterina TRENDAFILOVA Bulgaria Eastern Europe A Judge Daniel David Ntanda NSEREKO Uganda African States A Judge Bruno COTTE France WEOG A Judge Joyce ALUOCH Kenya African States A Judge Sanji Mmasenono MONAGENG Botswana African States B Judge Christine VAN DEN WYNGAERT Belgium WEOG A Judge Cuno TARFUSSER Italy WEOG A Judge Silvia Alejandra FERNÁNDEZ DE GURMENDI Argentina GRULAC A Judge Kuniko OZAKI Japan Asian States B Judge René BLATTMANN Bolivia GRULAC B
30. LOS CRÍMENES QUE SON DE LA COMPETENCIA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
31. 1. CRÍMENES DE GUERRA <ul><li>Según el artículo 8 del Estatuto, la CPI tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra , que incluyen la mayor parte de las violaciones graves del derecho internacional humanitario mencionadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977, cometidas tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales, para lo cual se entenderá crímenes de guerra como, art. 8.2. a) : “ Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente”: </li></ul><ul><ul><li>i) El homicidio intencional; </li></ul></ul><ul><ul><li>ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; </li></ul></ul><ul><ul><li>i ii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; </li></ul></ul><ul><ul><li>iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; </li></ul></ul><ul><ul><li>v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; </li></ul></ul><ul><ul><li>vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; </li></ul></ul><ul><ul><li>vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal; </li></ul></ul><ul><ul><li>viii) La toma de rehenes; </li></ul></ul><ul><ul><li>ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales, y que no sean objetivos militares; </li></ul></ul><ul><ul><li>xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; </li></ul></ul><ul><ul><li>xii) Declarar que no se dará cuartel; </li></ul></ul><ul><ul><li>xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; </li></ul></ul><ul><ul><li>xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo; </li></ul></ul><ul><ul><li>xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades </li></ul></ul>
32. 2. GENOCIDIO <ul><li>Regulación: Convención de 1948, 6 ECPI, 17 CDI’96, 4 ETPY y 2 ETPR . </li></ul><ul><li>Crimen más novedoso, pero más consolidado. </li></ul><ul><ul><li>Propuesto por Lemkin tras la Segunda Guerra Mundial , no se contemplaba como tal en Nuremberg y Tokio, aunque entronca con el delito de persecución por motivos políticos raciales o religiosos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Configuración estricta e inmodificada : reconducción hacia los crímenes contra la humanidad de los aspectos más discutidos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipo notablemente enriquecido por la jurisprudencia de los tribunales penales ad hoc . </li></ul></ul><ul><li>Definición: Artículo 6. “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por &quot;genocidio&quot; cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: </li></ul><ul><li>a) Matanza de miembros del grupo; </li></ul><ul><li>b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; </li></ul><ul><li>c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; </li></ul><ul><li>d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; </li></ul><ul><li>e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. </li></ul><ul><ul><li>Elemento material : Graves atentados contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad (asesinatos, lesiones graves, exterminio, impedir nacimientos o traslado de niños). </li></ul></ul><ul><ul><li>Elemento volitivo o teleológico : Intención específica de destruir el grupo del que forman parte las víctimas. </li></ul></ul>
33. 2. GENOCIDIO <ul><li>Elemento volitivo o finalista. </li></ul><ul><li>Móvil discriminatorio : </li></ul><ul><ul><li>Motivación basada, bien en la pertenencia de las víctimas a uno de los grupos previstos, bien en la falta de pertenencia al grupo mayoritario. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prueba del móvil discriminatorio : Conducta individual, pero también contexto de violencia generalizada. </li></ul></ul><ul><li>Grupos protegidos: </li></ul><ul><ul><li>Nacional, étnico, racial o religioso. </li></ul></ul><ul><ul><li>Precisión negativa : Frente a lo considerado por la SCJN , exclusión de los grupos políticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Precisión positiva (TPIR Akayeshu).- Todo grupo caracterizado por las notas de permanencia y estabilidad (grupos lingüísticos o sociales). </li></ul></ul><ul><li>Intención destructiva o de eliminación: </li></ul><ul><ul><li>Criterio cuantitativo que apunta a la naturaleza masiva o sistemática , sea en la ejecución o en la planificación. </li></ul></ul><ul><ul><li>La destrucción pretendida puede ser total o parcial. </li></ul></ul>
34. GENOCIDIO MEDIANTE MATANZA MEDIANTE LESIÓN GRAVE A LA INTEGRIDAD FÍSICA O MENTAL MEDIANTE SOMETIMIENTO INTENCIONAL A CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE HAYAN DE ACARREAR SU DESTRUCCIÓN FÍSICA MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR NACIMIENTOS MEDIANTE EL TRASLADO POR LA FUERZA DE NIÑOS CONDUCTA Dar muerte a una o más personas. Causar lesión grave a la integridad física o mental de una o más personas. Someter intencionalmente a una o más personas a ciertas condiciones de existencia. Imponer ciertas medidas contra una o más personas. Trasladar por la fuerza a una o más personas. NOTA La expresión &quot;dado muerte&quot; es intercambiable con la expresión &quot;causado la muerte&quot;. Esta conducta puede incluir, entre otros, actos de tortura, violaciones, violencia sexual o tratos inhumanos o degradantes. La expresión &quot;condiciones de existencia&quot; podrá incluir, entre otras cosas, el hecho de privar a esas personas de los recursos indispensables para la supervivencia, como alimentos o servicios médicos, o de expulsarlos sistemáticamente de sus hogares. Nota: La expresión &quot;por la fuerza&quot; no se limita a la fuerza física, sino que puede incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas o contra otra o aprovechando un entorno de coacción. CONSECUENCIA O CIRCUNSTANCIA Que las condiciones de existencia hayan tenido el propósito de acarrear la destrucción física, total o parcial, de ese grupo. Que las medidas impuestas hayan tenido el propósito de impedir nacimientos en el seno del grupo. Que el traslado haya tenido lugar de ese grupo a otro grupo. Que el autor supiera, o hubiera debido saber, que los trasladados eran menores de 18 años. Que esa persona hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. Que esa persona hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. Que esa persona hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. LA INTENCIÓN Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso . Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. CONTEXTO Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. NOTA La expresión &quot;en el contexto de&quot; incluiría los actos iniciales de una serie que comienza a perfilarse; La expresión &quot;manifiesta&quot; es una calificación objetiva. La expresión &quot;en el contexto de&quot; incluiría los actos iniciales de una serie que comienza a perfilarse; La expresión &quot;manifiesta&quot; es una calificación objetiva. La expresión &quot;en el contexto de&quot; incluiría los actos iniciales de una serie que comienza a perfilarse; La expresión &quot;manifiesta&quot; es una calificación objetiva. La expresión &quot;en el contexto de&quot; incluiría los actos iniciales de una serie que comienza a perfilarse; La expresión &quot;manifiesta&quot; es una calificación objetiva. La expresión &quot;en el contexto de&quot; incluiría los actos iniciales de una serie que comienza a perfilarse; La expresión &quot;manifiesta&quot; es una calificación objetiva.
35. 3. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD <ul><li>La CPI también ejercerá competencia respecto de los crímenes de lesa humanidad . Según el artículo 7 del Estatuto, estos crímenes comprenden cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil: </li></ul><ul><ul><li>asesinato; </li></ul></ul><ul><ul><li>Exterminio; </li></ul></ul><ul><ul><li>esclavitud; </li></ul></ul><ul><ul><li>deportación o traslado forzoso de población; </li></ul></ul><ul><ul><li>encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; y </li></ul></ul><ul><ul><li>Tortura; </li></ul></ul>
36. <ul><ul><li>violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; </li></ul></ul><ul><ul><li>persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Persecución por motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el artículo 7 del Estatuto con cualquier crimen de la competencia de la Corte; </li></ul></ul><ul><ul><li>desaparición forzada de personas; </li></ul></ul><ul><ul><li>el crimen de apartheid; Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. </li></ul></ul>3. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
37. <ul><li>El artículo 7 define los siguientes conceptos: </li></ul><ul><li>a) Por &quot;ataque contra una población civil&quot; se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Edo o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política; </li></ul><ul><li>b) El &quot;exterminio&quot; comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población; </li></ul><ul><li>c) Por &quot;esclavitud&quot; se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños; </li></ul><ul><li>d) Por &quot;deportación o traslado forzoso de población&quot; se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; </li></ul><ul><li>e) Por &quot;tortura&quot; se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; </li></ul>3. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
38. <ul><li>f) Por &quot;embarazo forzado&quot; se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo; </li></ul><ul><li>g) Por &quot;persecución&quot; se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; </li></ul><ul><li>h) Por &quot;el crimen de apartheid&quot; se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen; </li></ul><ul><li>i) Por &quot;desaparición forzada de personas&quot; se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Edo o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. </li></ul><ul><li>A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término &quot;género&quot; se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término &quot;género&quot; no tendrá más acepción que la que antecede. </li></ul>3. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
39. <ul><li>MEDIANTE Resolución RC/Res.6 aprobada por consenso, el 11 de junio de 2010, se realiza la primera Enmienda al Estatuto de Roma de la CPI relativas al crimen de agresión, señalado en el nuevo artículo 8 bis, quedando de la siguiente manera: </li></ul><ul><li>1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Edo, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las NU. </li></ul><ul><li>2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Edo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Edo, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las NU. De conformidad con la resolución 3314(XXIX) de la Asamblea Gral de las NU, de 14/12/1974, cualquiera de los actos siguientes, independiente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión: </li></ul>4. CRÍMENES DE AGRESIÓN a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Edo del territorio de otro Edo, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Edo o de parte de él; b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Edo, del territorio de otro Edo, o el empleo de cualesquiera armas por un Edo contra el territorio de otro Edo; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Edo por las fuerzas armadas de otro Edo; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Edo contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Edo, o contra su flota mercante o aérea; e) La utilización de fuerzas armadas de un Edo, que se encuentran en el territorio de otro Edo con el acuerdo del Edo receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo; f) La acción de un Edo que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Edo, sea utilizado por ese otro Edo para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Edo; g) El envío por un Edo, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Edo de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.
40. <ul><li>Asimismo, se incluye el Artículo 15 bis Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión (Remisión por un Edo, proprio motu ) </li></ul><ul><li>1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con los apartados a) y c) del art. 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo </li></ul><ul><li>2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Edos Partes. </li></ul><ul><li>3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente art., a condición de que se adopte una decisión después del 1º/01/2017 por la misma mayoría de Edos Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto. </li></ul><ul><li>4. La Corte podrá, de conformidad con el art. 12, ejercer su competencia sobre un crimen de agresión, resultante de un acto de agresión cometido por un Edo Parte, salvo que ese Edo Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia mediante el depósito de una declaración en poder del Scrio. La retirada de esa declaración podrá efectuarse en cualquier momento y el Edo Parte dispondrá de un plazo de tres años para tomarla en consideración. </li></ul><ul><li>5. Respecto de un Edo no Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión cuando éste sea cometido por los nacionales de ese Edo o en el territorio del mismo. </li></ul><ul><li>6. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Edo de que se trate. El Fiscal notificará al Scrio Gral de las NU la situación ante la Corte, adjuntando la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes. </li></ul><ul><li>7. Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar la investigación acerca de un crimen de agresión. </li></ul><ul><li>8. Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de 6 meses desde la fecha de notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión, siempre y cuando la SCP, de conformidad con el procedimiento contenido en el art. 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de agresión, y el Consejo de Seguridad no haya decidido lo contrario de conformidad con el art. 16. </li></ul><ul><li>9. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto. </li></ul>4. CRÍMENES DE AGRESIÓN
41. <ul><li>1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente: </li></ul><ul><li>a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de conformidad con el parrf. 1 del art 69; </li></ul><ul><li>b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas; </li></ul><ul><li>c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba; </li></ul><ul><li>d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida; </li></ul><ul><li>e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y </li></ul><ul><li>f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales. </li></ul><ul><li>2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo se regirán por el derecho interno del Estado requerido. </li></ul><ul><li>3. En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. </li></ul><ul><li>4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que se hace referencia en el presente artículo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales; </li></ul><ul><li>b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales asuntos con diligencia y asignarán medios suficientes para que las causas se sustancien en forma eficaz . </li></ul>DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (ARTÍCULO 70)
42. PROCEDIMIENTO Y SENTENCIA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
43. <ul><li>El artículo 13, regula la activación de la CPI, en relación con el papel que jugaría el Consejo de Seguridad, la legitimación de los Estados Parte ante la Corte, y sobre si el Fiscal, independientemente del Consejo de Seguridad y de los Estados Partes, tendría la facultad de iniciar una investigación. </li></ul><ul><li>Independientemente de quien active la jurisdicción de la Corte, ésta se activa siempre en relación con una situación, que se le remite, y no respecto de un caso concreto referido a un crimen o personas determinadas. </li></ul><ul><li>Será el Fiscal quien, tras realizar las investigaciones oportunas, ejercite la función acusatoria, acorde con el art. 14, párrafo 1º del Estatuto. </li></ul>MECANISMOS DE ACTIVACIÓN. LA PUESTA EN MARCHA DE LA CPI <ul><li>Así como por otras series de circunstancias previstas en los arts. 15.4, 16, 18.2 y 53.1 del Estatuto y en la regla 48. </li></ul><ul><li>Transferidas a la CPI estas funciones, su carácter complementario exige que se le atribuyan con respecto a un mismo ámbito personal , material , temporal y territorial . </li></ul>
44. <ul><li>1. Las limitaciones personales, temporales y territoriales de la jurisdicción abstracta de la CPI cuando la acción de activación es ejercitada por un Estado Parte o por la Fiscalía a instancia de la denuncia presentada por cualquier persona física o jurídica </li></ul><ul><li>a) Jurisdicción Personal .- Previsto en el art. 25, con la excluyente de menores de 18 años (art. 26); así como las inmunidades de jurisdicción y de ejecución por razón del cargo oficial (art. 27). </li></ul><ul><li>b) Jurisdicción Material . - El Preámbulo dispone que su objeto y fin inmediato es la creación de una CPI que “tenga competencia sobre los crímenes más graves de tascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Sobre esta premisa, los arts. 6 a 8 y 70 recogen los 94 tipos penales sobre los cuales la CPI ejerce su jurisdicción de conformidad con los art. 5, 11, 12 y 70. </li></ul><ul><li>c) Jurisdicción Temporal y Territorial .- El art. 126 dispone la entrada en vigor (1 de julio de 2002), el art. 24.1 prevé la irretroactividad. Para los casos en que el Consejo de Seguridad ejercitase la acción de activación, se lleva a cabo a través de los arts. 5.1., 11.1 y 12.1 </li></ul><ul><li>2. El sistema supletorio de atribución de jurisdicción abstracta a la CPI: </li></ul><ul><li>Está previsto en los arts. 11.2 12.3 del Estatuto, mediante los cuales introducen un sistema suplementario de atribución de jurisdicción ex-post facto y ad hoc a la CPI por los Estados que no son Parte del Estatuto en el momento en que se cometen en su territorio o por sus nacionales los delitos previstos en el Estatuto. </li></ul>PRESUPUESTOS PARA LA ACTIVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ABSTRACTA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
45. <ul><li>El procedimiento es dividido en la siguiente forma: </li></ul><ul><ul><li>Estructura en dos partes (instrucción y juicio), con posibilidad ulterior de apelación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esencial papel del Fiscal : investigar en la fase de instrucción, sostener la acusación en el juicio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inicio del procedimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Quién puede activar el procedimiento? (art. 13 ECPI). </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estado Parte, Consejo de Seguridad, o el Fiscal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En el caso de México , exclusivamente el Ejecutivo Federal, con autorización del Senado de la República. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Falta de legitimación de víctimas, OIG´s, u ONG´s: posibilidad de remitir información a la Fiscalía. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inicio de la investigación: Decisión exclusiva del Fiscal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De oficio (art. 15 ECPI): Solicitud de autorización a la Sala de Cuestiones Preliminales. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A instancia de Estado o CS ( art. 53 ECPI ): El Fiscal valora si hay fundamento suficiente , es admisible y si redunda en interés de la justicia, con posibilidad de recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares. </li></ul></ul></ul>CUESTIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
46. <ul><ul><li>Trámite de Dictámenes previos sobre la </li></ul></ul><ul><ul><li>admisibilidad (art. 18 ECPI) y posible </li></ul></ul><ul><ul><li>impugnación de la admisibilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>(art. 19 ECPI). </li></ul></ul><ul><ul><li>Investigación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabilidad del Fiscal, </li></ul></ul><ul><ul><li>con amplios poderes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visitas in loco . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solicitar la comparecencia e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>interrogatorio de sospechosos, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>víctimas y testigos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decisiones sobre secreto del sumario. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solicitar una orden de detención y/o comparecencia cuando indicios </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>suficientes y riesgo de fuga. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Control y supervisión de la </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sala de Cuestiones preliminares. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Finalización con una resolución de confirmación de los cargos por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Previa celebración de audiencia y en un plazo razonable desde entrega o comparecencia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constitución o remisión a una Sala de Primera Instancia. </li></ul></ul></ul>PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN
47. El artículo 54 del Estatuto de Roma regula las funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones. 1.a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes; b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, por razones de género y contra los niños; y c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto. 2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Edo. 3. El Fiscal podrá: a) Reunir y examinar pruebas; b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos; c) Solicitar la cooperación de un Edo u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato; e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas. El artículo 56 regula las disposiciones que podrá adoptar la SCP cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación 1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares; b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa. PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN
48. <ul><li>Regla 119 Libertad condicional </li></ul><ul><li>La Sala de Cuestiones Preliminares podrá imponer una o más condiciones restrictivas de la libertad de una persona, incluidas las siguientes: </li></ul><ul><li>a) No poder viajar más allá de los límites territoriales fijados por la Sala sin el consentimiento expreso de ésta; </li></ul><ul><li>b) No poder ir a los lugares ni asociarse con las personas que indique la Sala; </li></ul><ul><li>c) No poder ponerse en contacto directa ni indirectamente con víctimas o testigos; </li></ul><ul><li>d) No poder realizar ciertas actividades profesionales; </li></ul><ul><li>e) Tener que residir en determinada dirección fijada por la Sala; </li></ul><ul><li>f) Tener que responder cuando la cite una autoridad o una persona autorizada designada por la Sala; </li></ul><ul><li>g) Tener que depositar una fianza o dar garantías reales o personales, cuya cuantía, plazos y modalidades de pago determinará la Sala; </li></ul><ul><li>h) Tener que entregar al Secretario de la Corte todos los documentos de identidad, en particular el pasaporte. </li></ul><ul><li>3. Antes de imponer o modificar condiciones restrictivas de la libertad, la Sala de Cuestiones Preliminares consultará al Fiscal, al interesado, a los Estados que corresponda y a las víctimas que se hayan puesto en contacto con la Corte en esa causa y que, a juicio de la Sala, podrían correr peligro como resultado de la puesta en libertad o la modificación de las condiciones. </li></ul><ul><li>4. La Sala de Cuestiones Preliminares, si estuviere convencida de que la persona ha dejado de cumplir una o varias de las obligaciones impuestas podrá, por ese motivo, y a petición del Fiscal o de oficio, dictar una orden de detención en su contra . </li></ul><ul><li>Regla 120 Instrumentos para limitar los movimientos: No se utilizarán instrumentos para limitar los movimientos excepto como recaudo contra la fuga, para proteger al detenido a disposición de la Corte o a otras personas o por razones de seguridad. Dichos instrumentos se quitarán al momento de la comparecencia ante una Sala. </li></ul>PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN
50. <ul><li>Una vez confirmada la autenticidad de la información obtenida, el fiscal tiene tres alternativas: </li></ul><ul><ul><li>PRIMERO: El fiscal puede llegar a la conclusión de que existe un fundamento suficiente o razonable para abrir una investigación (artículos 15.3. y 53.1, a) del EstTPI y las RPP 48-50), con los elementos probatorios suficientes para creer que se ha cometido o se está cometiendo un hecho delictivo competente del Tribunal. </li></ul></ul><ul><ul><li>SEGUNDO: El fiscal puede llegar a la conclusión de que no existe un fundamento ni razonable ni suficiente para iniciar la investigación (artículo 53.2 del EstTPI y las RPP 104-110). </li></ul></ul><ul><ul><li>TERCERO: El fiscal llega a la conclusión de que hay fundamento suficiente o razonable y que la causa es admisible, pero entiende que perseguir el hecho “no redundaría en interés de la Justicia” , aun siendo consciente de la gravedad del crimen y conociendo el interés que pueden tener las víctimas, tal y como lo prevé el artículo 53.1, c) del EstTPI, razón por que acuerda no perseguir el hecho, comunicando su decisión a la Sala de Cuestiones Preliminares. </li></ul></ul><ul><ul><li>El principio acusatorio admite la posibilidad de ampliación o de modificación de los hechos punibles objeto del proceso, siempre que quede absolutamente garantizado que el acusado podrá defenderse frente a ello. </li></ul></ul><ul><ul><li>Artículo 56.1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares; </li></ul></ul>LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL
51. LA JURISDICCIÓN DE LA CPI ESTA DIVIDIDA EN TRES ETAPAS THE JUDGES ASSIGNED TO THE PRE-TRIAL DIVISION ARE: Juez Akua Kuenyehia, First Vice-President of the ICC, and Juez Hans-Peter Kaul Juez Mauro Politi Juez Fatoumata Diarra Juez Sylvia Steiner Juez Ekaterina Trendafilova Juez Fumiko Saiga THE JUDGES ASSIGNED TO THE TRIAL DIVISION ARE : Juez René Blattmann , Second Vice-President of the ICC, and Juez Elizabeth Odio-Benito Juez Anita Ušacka Juez Sir Adrian Fulford Juez Daniel David Ntanda Nsereko Juez Bruno Cotte THE JUDGES ASSIGNED TO THE APPEALS DIVISION ARE: Juez Philippe Kirsch, President of the ICC, and Juez Georghios M. Pikis Juez Navanethem Pillay Juez Sang-hyun Song Juez Erkki Kourula
52. <ul><li>Remisión, lugar de celebración y presencia del acusado. </li></ul><ul><ul><li>Regulación básicamente en Parte VI (62-76) ECPI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inicio de la segunda fase con remisión y asignación a Sala de 1ª instancia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Celebración en La Haya, salvo para una mejor práctica de las pruebas, por decisión adoptada por mayoría de 2/3 de los magistrados y con el beneplácito del Estado en cuestión (62 ECPI y 100 RPP). </li></ul></ul><ul><ul><li>No se admiten los juicios en rebeldía, si bien posibilidad excepcional de expulsión del acusado en caso de perturbación (63 ECPI). </li></ul></ul><ul><li>Confirmación de cargos y declaración de culpabilidad o inocencia (65 ECPI). </li></ul><ul><ul><li>Finalización del juicio si declaración de culpabilidad consciente, voluntaria y coherente con los cargos y pruebas presentadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo de acuerdo con los principios de contradicción e igualdad de armas, y en respeto de los derechos del juicio con todas las garantías (66-67). </li></ul></ul><ul><ul><li>Algunos problemas vinculados con posibles excepciones al principio de publicidad o al derecho a interrogar testigos por razones imperiosas de seguridad y protección de víctimas (68 ECPI) o de seguridad nacional (72 ECPI). </li></ul></ul>PROCEDIMIENTO: JUICIO
53. <ul><li>1. Derechos de las personas durante la Investigación: </li></ul><ul><ul><li>i) Nadie estará obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable </li></ul></ul><ul><ul><li>ii) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación, amenazas, torturas, ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. </li></ul></ul><ul><ul><li>iii) Derecho a un traductor en su idioma nativo </li></ul></ul><ul><ul><li>iv) Nadie será sometido a arrestos o detención arbitrarios, salvo lo dispuesto en el Estatuto </li></ul></ul><ul><li>2. Antes del interrogatorio: </li></ul><ul><ul><li>i) A ser informada de los motivos para creer que ha cometido un crimen de los previstos en el Estatuto </li></ul></ul><ul><ul><li>ii) A guardar silencio, sin que ello sea considerado como elemento en la determinación de su inocencia o culpabilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>iii) A ser asistida por un abogado de su preferencia, o de uno de oficio de forma gratuita. </li></ul></ul><ul><ul><li>iv) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado previamente a la asistencia letrada. </li></ul></ul>DERECHOS Y GARANTÍAS (ART. 55) DERECHOS DEL ACUSADO (ART. 67) <ul><li>Ser oído públicamente y a una audiencia justa e imparcial, así como las siguientes garantías en pie de igualdad: </li></ul><ul><ul><li>i) A ser informado sin demora y detallada, en un idioma que entienda y hable de la naturaleza, contenido y causa de los cargos de la acusación </li></ul></ul><ul><ul><li>ii) A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y plenamente con su defensor. </li></ul></ul><ul><ul><li>iii) A ser juzgado sin dilaciones indebidas. </li></ul></ul><ul><ul><li>iv) A hallarse presente durante el proceso y a defenderse personalmente o por medio de su abogado defensor, el cual puede ser gratuito si careciere de medios. </li></ul></ul><ul><ul><li>v) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, en igualdad de condiciones. Podrá oponer excepciones y a presentar pruebas admisibles </li></ul></ul><ul><ul><li>vi) Obtener asistencia de intérprete competente y contar con las traducciones adecuadas si en las actuaciones de la Corte o en documentos empleados se emplea un idioma que no comprende o habla. </li></ul></ul><ul><ul><li>vii) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, sin que ello pese en la determinación de su inocencia o culpabilidad. </li></ul></ul><ul><ul><li>viii) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento. </li></ul></ul><ul><ul><li>ix) A que no se invierta la carga de la prueba ni se le obligue a presentar contrapruebas. </li></ul></ul><ul><li>2. Además, el Fiscal está obligado a presentar a la defensa las pruebas con las cuales cuenta, tenga acceso o estén bajo su control, tan pronto sea posible; y que a su juicio, indiquen o tiendan a señalar la inocencia del acusado o atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad de las pruebas de cargo. </li></ul>
54. <ul><li>Norma 99.- Derechos generales de los detenidos </li></ul><ul><li>1. Todos los detenidos tendrán, entre otros, el derecho de: </li></ul><ul><ul><li>a) Participar en un programa de trabajo; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Mantener en su posesión prendas de vestir y efectos personales autorizados para su propio uso; </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Obtener material de lectura y escritura y otros artículos con fines recreativos y educativos; </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Mantenerse regularmente informado de las noticias por medio de periódicos, diarios y otras publicaciones, así como de difusiones de radio y televisión; </li></ul></ul><ul><ul><li>e) Hacer uso de un espacio común equipado con materiales de lectura y escritura, televisión, radio y computadora, que serán puestos a disposición general de todos los detenidos; </li></ul></ul><ul><ul><li>f) Practicar ejercicios al aire libre durante al menos una hora por día; </li></ul></ul><ul><ul><li>g) Participar en actividades deportivas; </li></ul></ul><ul><ul><li>h) Recibir correspondencia, encomiendas y paquetes; </li></ul></ul><ul><ul><li>i) Comunicarse por carta o por teléfono con su familia y otras personas. </li></ul></ul><ul><li>2. Los detalles pertinentes correspondientes a la solicitud prevista en el numeral 1 se establecerán en el Reglamento de la Secretaría, incluyendo cualquier restricción que sea necesaria en interés de la administración de justicia o el mantenimiento de la seguridad y el orden en el centro de detención </li></ul><ul><li>Norma 116.- Ejecución de multas, órdenes de decomiso y órdenes de reparación </li></ul><ul><li>1. A los efectos de la ejecución de multas, órdenes de decomiso y órdenes dereparación, la Presidencia, con la asistencia de la Secretaría cuando fuere procedente, dispondrá los acuerdos que sean necesarios para, entre otros: </li></ul><ul><ul><li>a) Recibir el pago de las multas descritas en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 77; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Recibir bienes o el producto de la venta de inmuebles o, cuando fuere procedente, otros bienes conforme se describe en el párrafo 3 del artículo 109; </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Dar cuenta de los intereses ganados sobre los fondos recibidos conforme a los literales a) y b) que anteceden; </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Asegurar que el dinero se transfiera al Fondo Fiduciario o a las víctimas, según corresponda. </li></ul></ul><ul><li>2. Con posterioridad a la transferencia o el depósito de los bienes o activos en el Fondo Fiduciario, como consecuencia de la ejecución de una orden de la Corte, la Presidencia, con sujeción al párrafo 2 del artículo 75 y a la regla 98, resolverá sudestino o asignación según se establece en la regla 221. </li></ul>REGLAMENTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Aprobado por los magistrados de la Corte el día 26 de mayo de 2004. Quinta sesión plenaria, en La Haya, 17- 28 de mayo de 2004.
55. <ul><li>INDEMNIZACIÓN DEL DETENIDO O DEL CONDENADO POR ERROR </li></ul><ul><li>El detenido o recluido ilegalmente o por error tiene derecho efectivo a ser indemnizado </li></ul><ul><li>El condenado por error judicial, luego de la anulación de la condena equivocada, salvo que el error le sea imputable, tendrá derecho a la indemnización. </li></ul><ul><li>El derecho a ser indemnizado cuando se absuelva o se sobresea la causa, debido a un error judicial grave y manifiesto </li></ul>INDEMNIZACIÓN DEL DETENIDO O DEL CONDENADO POR ERROR (ART. 85) DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS (ARTS. 68, 75 y 79) 1. Protección de seguridad, bienestar físico y psicológico., dignidad y vida privada de las víctimas, sin perjuicio de los derechos del acusado. 2. Confidencialidad de ciertas partes del juicio, como excepción al principio de publicidad. Uso de medios electrónicos u otros medios especiales. 3. Tomar en cuenta las opiniones de las víctimas en todo momento, sin perjuicio de los derechos de los acusados. 4. Crear la Dependencia de Asistencia a las Víctimas y Testigos. 5. Limitar la presentación de las pruebas en público, sin perjuicio de los derechos del acusado 6. Medidas de protección para los agentes y funcionarios de los Estados, así como de la información pertinente. 7. Derecho a restitución, indemnización y rehabilitación 8. Condenar con penas de restitución, indemnización y rehabilitación o uso del Fondo Fiduciario. 9. Estas normas no son en perjuicio de las reglas de derecho interno de los países.
56. <ul><li>El artículo 69 del Estatuto de Roma regula la Práctica de las pruebas , a saber: </li></ul><ul><li>1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio. </li></ul><ul><li>2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el art 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos. </li></ul><ul><li>3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el art 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos. </li></ul><ul><li>4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. </li></ul><ul><li>5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba. </li></ul><ul><li>6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos. </li></ul><ul><li>7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando: </li></ul><ul><li>a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o </li></ul><ul><li>b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él. </li></ul><ul><li>8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Edo, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Edo. </li></ul>LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL ESTATUTO DE ROMA
57. <ul><li>Las Reglas de Procedimiento y Pruebas constituyen un instrumento para la aplicación del Estatuto de Roma de la CPI , al cual está subordinado en todos los casos…En todos los casos, las RPP deben interpretarse conjuntamente con las disposiciones del Estatuto y con sujeción a ellas. A los efectos de los procesos en los países, las RPP de la CPI no afectarán a las normas procesales aplicables en un tribunal o en un sistema jurídico nacionales. </li></ul><ul><li>Regla 16.- Obligaciones del Srio. en relación con las víctimas y los testigos </li></ul><ul><li>a) Enviar avisos o notificaciones a las víctimas o a sus representantes legales; </li></ul><ul><li>b) Ayudarles a obtener asesoramiento letrado y a organizar su representación y proporcionar a sus representantes legales apoyo, asistencia e información adecuados…con miras a proteger sus derechos en todas las fases del procedimiento de conformidad con las reglas 89 a 91; </li></ul><ul><li>c) Ayudarles a participar en las distintas fases del procedimiento, de conformidad con las reglas 89 a 91; </li></ul><ul><li>d) Adoptar medidas que tengan en cuanta las cuestiones de género a fin de facilitar la participación de las víctimas de actos de violencia sexual en todas las fases del procedimiento. </li></ul><ul><li>2. Con respecto a las víctimas, los testigos y demás personas que estén en peligro por causa del testimonio dado por esos testigos, el Secretario desempeñará las siguientes funciones de conformidad con el Estatuto y las presentes Reglas: </li></ul><ul><li>a) Informarles de los derechos que les asisten con arreglo al Estatuto y las Reglas y de la existencia, funciones y disponibilidad de la Dependencia de Víctimas y Testigos; </li></ul><ul><li>b) Asegurarse de que tengan conocimiento oportuno, con sujeción a las disposiciones relativas a la confidencialidad, de las decisiones de la Corte que puedan afectar a sus intereses. </li></ul><ul><li>3. A los efectos del desempeño de sus funciones, el Secretario podrá llevar un registro especial de las víctimas que hayan comunicado su intención de participar en una causa determinada. </li></ul><ul><li>4. El Secretario podrá negociar con los Estados, en representación de la Corte, acuerdos relativos a la instalación en el territorio de un Estado de víctimas traumatizadas o amenazadas, testigos u otras personas que estén en peligro por causa del testimonio dado por esos testigos y a la prestación de servicios de apoyo a esas personas. Estos acuerdos podrán ser confidenciales. </li></ul>REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA
58. <ul><li>Regla 22.- Nombramiento de abogados defensores y condiciones que deben reunir: </li></ul><ul><ul><li>1. Los abogados defensores tendrán reconocida competencia en derecho internacional o en derecho y procedimiento penal, así como la experiencia pertinente necesaria, ya sea en calidad de juez, fiscal, abogado u otra función semejante en juicios penales. Tendrán un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Podrán contar con la asistencia de otras personas, incluidos profesores de derecho, que tengan la pericia necesaria. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Los abogados contratados por una persona que ejerza su derecho de nombrar abogado defensor de su elección con arreglo al Estatuto depositarán ante el Secretario su patrocinio y poder en la primera oportunidad posible. </li></ul></ul><ul><li>Regla 40.- Publicación de las decisiones en los idiomas oficiales de la Corte </li></ul><ul><li>Regla 69.- Acuerdos en cuanto a la prueba: El Fiscal y la defensa podrán convenir en que un supuesto hecho que conste en los cargos, en el contenido de un documento, en el testimonio previsto de un testigo o en otro medio de prueba no será impugnado y, en consecuencia, la Sala podrá considerarlo probado a menos que, a su juicio, se requiera en interés de la justicia, en particular el de las víctimas, una presentación más completa de los hechos denunciados. </li></ul><ul><li>Regla 104 Evaluación de la información por el Fiscal 1. De conformidad con el párrafo 1 del art 53, el Fiscal, cuando evalúe la información que haya recibido, determinará su veracidad. 2. Para estos efectos, el Fiscal podrá recabar información complementaria de Edos, órganos de las NU, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que estime adecuadas y podrá recibir declaraciones escritas u orales de testigos en la sede de la Corte. La práctica de este testimonio se regirá por el procedimiento descrito en la regla 47. </li></ul>REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA
59. <ul><li> Adopción por unanimidad o, si no es posible, por mayoría: </li></ul><ul><ul><li>Previa deliberación a puerta cerrada e indicando la opinión de la mayoría. </li></ul></ul><ul><ul><li>En caso de condena, determinación de la pena, atendiendo a la gravedad del crimen, circunstancias personales del condenado (78.2 ECPI), daño causado, medios empleados, grado de participación, y atenuantes y agravantes concurrentes (145 RPP). </li></ul></ul><ul><ul><li>Penas a imponer (art. 77 ECPI): </li></ul></ul><ul><ul><li>Privación de libertad por un máximo de 30 años, o a perpetuidad cuando extrema gravedad del crimen y circunstancias personales del condenado </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posibilidad de condicionar, en el momento de declarar la disposición a recibir condenados, la colaboración en la ejecución de condenas (103.1.b). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisión de oficio por la CPI una vez cumplidos 2/3 o 25 años. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Penas complementarias: multas y decomiso de bienes. </li></ul></ul><ul><ul><li>No pena de muerte. </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Respeta el nullum poena sine lege ?. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reparación (75 ECPI): </li></ul></ul><ul><ul><li>Restitución, indemnización y rehabilitación. </li></ul></ul>PROCEDIMIENTO: SENTENCIA
60. <ul><li>Regla 139 Decisión sobre la declaración de culpabilidad </li></ul><ul><li> 1. Tras haber procedido de conformidad con el párrafo 1 del artículo 65, la Sala de Primera Instancia, para decidir si ha de proceder de conformidad con el párrafo 4 del artículo 65, podrá invitar al Fiscal y a la defensa a formular observaciones. </li></ul><ul><li>2. Seguidamente, la Sala de Primera Instancia adoptará su decisión sobre la declaración de culpabilidad e indicará sus motivos, de los que quedará constancia en el expediente </li></ul><ul><li>Regla 142 Deliberaciones </li></ul><ul><li>Después de los alegatos finales, la Sala de Primera Instancia se retirará a deliberar a puerta cerrada. La Sala comunicará a quienes hayan participado en el proceso la fecha en que dará a conocer su fallo. El fallo será dictado dentro de un plazo razonable después de que la Sala se haya retirado a deliberar. </li></ul><ul><li>2. Cuando haya más de un cargo, la Sala de Primera Instancia fallará por separado cada uno de ellos. Cuando haya más de un acusado, la Sala fallará por separado los cargos contra cada acusado. </li></ul>PROCEDIMIENTO: SENTENCIA
61. <ul><li> Cuestiones generales. </li></ul><ul><ul><li>Regulados en parte VIII (arts. 81-85). </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia en todo caso a Sala de Apelaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tan solo Apelación y revisión. </li></ul></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Apelación . </li></ul><ul><ul><li>Objeto .- Fallos relativos a absolución o condena, y pena. Resoluciones interlocutorias sobre competencia y admisibilidad, autorización o denegación de libertad… </li></ul></ul><ul><ul><li>Legitimación . - Fiscal y condenado, exclusivamente, en fallos principales. Otros interesados –Estados, testigos…- en resoluciones interlocutorias. </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivos . - Error de hecho, error de Derecho, vicios de procedimiento o cualquier motivo que afecte a la justicia o regularidad del proceso o del fallo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sentencia de apelación : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mayoría y opiniones separadas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estimación: Enmendar, revocar u ordenar nuevo juicio. Prohibición de reformatio in peius cuando recurso del condenado. </li></ul></ul></ul>PROCEDIMIENTO: RECURSOS
62. <ul><li>Revisión (art. 84 ECPI). </li></ul><ul><ul><li>Objeto .- Sentencias condenatorias definitivas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Legitimación .- Condenado, el Fiscal en su nombre o, en caso de fallecimiento de aquél sus más directos familiares. </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivos : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nuevas pruebas no disponibles y decisivas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descubrimiento de la falsedad de la prueba de cargo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incumplimiento grave de sus funciones por uno o varios jueces. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pronunciamientos en caso de estimación. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resolución por la Sala de Apelaciones. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Remisión del asunto a la Sala de Primera Instancia original. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constitución de una nueva Sala de primera instancia. </li></ul></ul></ul><ul><li>Ejecución (Parte X, 103-111). </li></ul><ul><ul><li>Modelo inspirado en tribunales ad hoc : ejecución en Estado parte , de acuerdo con su legislación, pero bajo supervisión de la CPI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solo la CPI puede reducir condenas (110 ECPI). </li></ul></ul>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN
63. De carácter subjetivo: porque resulta indiferente el lugar en que hubieran acaecido los hechos cuando el imputado resulta nacional de alguno de los Estados Partes, en cuyo caso la Corte se manifiesta jurisdiccionalmente competente para su enjuiciamiento [art. 12.2.b)]. Límites espaciales de su jurisdicción Con arreglo al Estatuto y en virtud de la autoridad del Consejo para acordar las medidas que fueran precisas en “en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”, ese órgano puede presentar ante la CPI unos hechos típicos. De manera ocasional, por cuanto tales fronteras se diluyen si el Consejo de Seguridad insta su actuación en un caso concreto [art. 13.b)] Esto acerca el régimen legal de la CPI a los Tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se pone en marcha inmediatamente la maquinaria procedimental, sin que la Corte se pare en consideración alguna del carácter de parte o no parte del Estado que pudiera verse implicado mediatamente.
65. 1. CASO CONGO (ANTECEDENTES) <ul><li>El conflicto, que presenta esta Nación tiene poco más de 10 años de antigüedad, provocando la muerte de más de cuatro millones de vidas, principalmente civiles . </li></ul><ul><li>Los estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales han denunciado miles de muertes por asesinatos en masa y ejecuciones sumarias en la RDC desde 2002. </li></ul><ul><li>La jurisdicción de la Corte extiende a los crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002 , cuando el Estatuto de Roma de la CPI entró en vigor. Para ello, l Los informes alegan un patrón de violación, tortura, desplazamiento forzado y del uso ilegal de niños soldados </li></ul>Tanto el gobierno y las fuerzas armadas como los grupos armados de oposición congoleños han cometido numerosos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Niños y niñas han sufrido especialmente sus efectos, y existen numerosos informes de asesinato, violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual. La cultura de impunidad imperante ha protegido a los autores de la acción de la justicia.
66. <ul><li>La CPI inició el 9 de noviembre de 2006 , una audiencia preliminar para determinar si hay suficientes pruebas para juzgar a Thomas Lubanga Dyilo , quien era el presidente de la Unión de los Patriotas Congoleños y comandante en jefe del ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, una de las milicias más peligrosas de Ituri. </li></ul><ul><li>Lubanga Dyilo fue detenido y llevado a la CPI el 17 de marzo de 2006, acusado en aplicación del artículo 8 del Estatuto de Roma, de crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo desde julio de 2002 , además de reclutar niños menores de 15 años para la milicia que lideraba en Ituri , República Democrática del Congo, y hacerlos participar activamente en las hostilidades . </li></ul><ul><li>El fiscal en Jefe, Luis Moreno Ocampo, presentó documentos, testimonios de las víctimas y de testigos. Lubango Dyilo y su abogado tuvieron la oportunidad de cuestionar los cargos. De lo cual, tres jueces que presiden la audiencia tuvieron 60 días para pronunciarse sobre los méritos del caso. </li></ul><ul><li>El 31 de enero 2007 , que juez francés Claude Jorda confirma los cargos, lo cual representa la primera condena por este delito en el sistema de justicia penal internacional. </li></ul>CASO THOMAS LUBANGA DYILO
67. CASO JEAN-PIERRE BEMBA La Corte Penal Internacional abrió el proceso judicial contra Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de República Democrática de Congo acusado de crímenes de guerra , principalmente por violaciones cometidas por sus tropas en República Centroafricana , y quien fue detenido en Bruselas en 2008, y que puede ser condenado a cadena perpetua. Se prevé que el proceso judicial, que durará varios meses, se inicie con una declaración inicial de la acusación, que presentará un resumen de los cargos contra Bemba, de 48 años, que se declara inocente. Este opositor congoleño, candidato derrotado en la elección presidencial de 2006 en la RDC, está acusado de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, a saber violaciones, saqueos y asesinatos cometidos en 2002 y 2003 en la República Centroafricana por su milicia, el Movimiento de Liberación del Congo. Proceso judicial: 1. Unas 400 violaciones fueron cometidas, según la acusación, en Bangui, la capital centroafricana. La CPI autorizó la participación en el proceso judicial contra Bemba de 759 víctimas , y debe examinar las demandas interpuestas por unas 500 personas . A decir del Fiscal de la Corte, &quot; Al principio, pensamos que Bemba y Patassé eran los responsables, pero los elementos de prueba demuestran que las tropas que cometieron los crímenes estaban bajo el control de Bemba “. es juzgado por la CPI como &quot;jefe militar&quot;: se le reprocha haber conocido los crímenes cometidos por sus tropas y no haber tomado las medidas para impedirlos.. 2. Según la defensa del ex vicepresidente de la RDC, las tropas del MLC combatieron &quot;con uniforme y bajo bandera centroafricana&quot;. &quot;Son las autoridades centroafricanas las que estaban encargadas de su dirección efectiva y de la disciplina&quot;, afirmó uno de los abogados de Bemba, Aimé Kilolo. 3.- Jean-Pierre Bemba, que huyó de la RDC en 2007, fue detenido por una orden de arresto de la CPI, encargada del caso tras una demanda interpuesta en 2004 por François Bozizé, en el poder en la República Centroafricana desde 2003. 4.- En detención provisional desde su arresto, Bemba no fue reconocido indigente por la CPI. Sus haberes y sus bienes fueron congelados a solicitud del tribunal, que adelanta el dinero para los gastos de su defensa, de unos 30.150 euros por mes (USD 41.000).
68. 2. CASO UGANDA (ANTECEDENTES) <ul><li>En 18 años, el conflicto del norte de Uganda se ha cobrado la vida de millares de civiles. La situación empeoró durante 2003. </li></ul><ul><li>El conflicto ha sido causa de desplazamiento masivo de la población, homicidios arbitrarios, mutilaciones, secuestros y reclutamiento forzoso. En particular, el Ejercito de Resistencia del Señor ha sido acusado de secuestrar a niños para utilizarlos como combatientes y como esclavos sexuales, llevándolos a veces a Sudán. </li></ul>
69. <ul><li>El trato dispensado a los niños secuestrados que regresan posteriormente también ha sido objeto de una gran polémica: se ha denunciado que las fuerzas de seguridad ugandesas vuelven a adiestrar a algunos militarmente para utilizarlos en los combates contra el Ejército de Resistencia del Señor. </li></ul>2. CASO UGANDA
70. <ul><li>El jueves 29 de julio de 2004, se dio inicio a una investigación en la Corte Penal Internacional, sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el norte de Uganda. </li></ul><ul><li>Dicha investigación se llevó a cabo a raíz de la primera remisión hecha a la Corte por un Estado, que realizó el gobierno de Uganda el 29 de enero de 2004. El fiscal recibió información de muy diversas fuentes. </li></ul><ul><li>Este caso ha de ser considerado como un primer paso en los esfuerzos por hacer justicia a las decenas de miles de víctimas de estos delitos ; así como compartir y salvaguardar pruebas, y detener y entregar sin demora a las personas contra las que la Corte dicte acta de acusación formal. </li></ul>INTERVENCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
71. PLAN DE ACCIÓN <ul><li>Al respecto se busca implementar un plan de acción a efecto de garantizar que los tribunales pueden funcionar de manera efectiva en todas las parte del país, que se protege la seguridad de las víctimas y los testigos y que las familias de las víctimas pueden obtener la reparación plena a que tienen derecho en virtud del derecho y las normas internacionales. </li></ul>En primer lugar, debe modificar el proyecto de ley de 2004 sobre la CPI, en el que se deben definir los delitos del Estatuto de Roma de la Corte como delitos comprendidos en derecho interno y prever una cooperación plena con la Corte y con ello no recurrir a la pena de muerte. En segundo lugar , el gobierno de Uganda deber ratificar y aplicar lo antes posible el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI, que es un instrumento esencial para garantizar que la Corte puede realizar investigaciones sin impedimentos indebidos. En tercer lugar, el Parlamento no debe ratificar el acuerdo ilegal de impunidad firmado con Estados Unidos y el gobierno no debe aplicarlo. En virtud de este acuerdo, Uganda se compromete a no entregar a la CPI a ciudadanos estadounidenses
72. 3. CASO DARFUR, SUDÁN <ul><li>En un lugar remoto de la provincia de Darfur, Sudán , se hace responsable a Musa Hilal Jefe de la Tribu Jaluldel Norte de Sudán. </li></ul><ul><li>Los yanyauid , los jinetes que a lomos de caballos y camellos, arrasaron las aldeas de Darfur y mataron a más de 200.000 personas entre 2003 y 2004 , sólo sirvieron de peones. </li></ul>
73. <ul><li>Cuando aún no se habían apagado los ecos de los cascos de los caballos árabes aterrorizando las aldeas africanas, el Consejo de Seguridad de la ONU encomendó a la Corte Internacional de La Haya investigar quiénes son los máximos responsables de aquella matanza. </li></ul>3. CASO DARFUR, SUDÁN El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya , al frente de un equipo de 25 personas , fue quien presentó en febrero del 2007 , las pruebas y los nombres de los principales responsables. Durante los últimos meses su equipo ha entrevistado a más de 100 víctimas en 17 países . Y a ninguna de ellas en Darfur . Hay que tener en cuenta que el conflicto allí no se ha extinguido del todo. Al contrario. Se ha extendido al Chad y a la República Centroafricana&quot;, explica el fiscal. La mayoría de las entrevistas realizadas por los investigadores de La Haya han durado un promedio de dos días y han sido grabadas en vídeos . Hubo violaciones y asesinatos en masa. Antes de las entrevistas los colaboradores del fiscal jefe de La Haya emplean los servicios de varios psicólogos. Y después, ofrecen protección a cada una de las víctimas. Una vez ya hecho la mayor parte del trabajo, sólo queda designar a los mayores responsables de la matanza.
74. <ul><li>El fiscal de la CPI, ha pedido desde el 7 de junio de 2007 , al Consejo de Seguridad de la ONU que lidere el llamamiento a las autoridades de Sudán para que arreste a su actual ministro de Asuntos Humanitarios , quien está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la región de Darfur. Y asimismo, es de esperar que todos los Estados respeten la orden de detención contra el ministro Ahmad Harun en caso de que entre en su territorio en algún momento. </li></ul><ul><li>Palabras de Ahmad Harun en 2003, en una reunión pública, declaró que “ al haber sido nombrado jefe de la seguridad en Darfur había recibido todo el poder y la autoridad para matar o perdonar a quien fuera en esa región para salvaguardar la paz y la seguridad ”, </li></ul><ul><li>Además de Harun , la CPI solicitó el arresto de Ali Kushayb , líder de las milicias progubernamentales Janjaweed , que han cometido y continúan cometiendo atrocidades contra la población civil en Darfur. El escrito de acusación, basado en las pruebas recogidas durante los últimos 20 meses. </li></ul><ul><li>Según la evidencia recopilada por la Corte, Harun y Kushyb son imputables de 51 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. </li></ul><ul><li>Las órdenes de arresto contra estos individuos fue emitida por la CPI el pasado 27 de abril. </li></ul>
77. <ul><li>El 26 de noviembre de 2009 , el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo solicitó autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares II para comenzar una investigación con respecto a los presuntos crímenes cometidos en Kenia, luego del estallido de la violencia post-electoral a finales de 2007, principios de 2008 . Los magistrados deben ahora considerar si existe fundamento suficiente para proceder o no con una investigación. Es la primera vez que el Fiscal hace uso de su facultad de proprio motu . </li></ul><ul><li>El fiscal de la CPI, presenta casos contra seis altos funcionarios del gobierno de Kenya –incluido el viceprimer ministro– por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad y solicita a esa instancia jurídica que se les cite a declarar. Según la información recabada por Moreno Ocampo, los seis funcionarios serían los responsables intelectuales de la violencia suscitada tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2007, que dejó unos 1.200 muertos y 3.500 heridos , además de causar el desplazamiento de 600.000 personas y atropellar gravemente los derechos humanos de miles de kenianos. </li></ul>4. CASO KENIA
78. <ul><li>El fiscal de la Corte Penal Internacional busca la manera de juzgar a mandos militares de Israel bajo la acusación de crímenes de guerra </li></ul><ul><li>El 2 de enero de 2009, el Ministro de Justicia de Palestina, declaró: </li></ul><ul><li>“ Por este medio, el Gobierno de Palestina reorganiza la jurisdicción de la Corte con el propósito de que identifique, persiga y juzgue los autores y cómplices de crímenes cometidos en el territorio de Palestina desde el 1 de julio de 2002. En consecuencia el Gobierno de Palestina cooperará con la Corte acorde con las excepciones y dilaciones del capítulo 9. esta declaración es hecha por una duración indefinida” </li></ul><ul><li>“ The Government of Palestine hereby recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of crimes committed on the territory of Palestine since 1 July 2002. As a consequence, the Government of Palestine will cooperate with the Court without delay or exceptions in conformity with Chapter 9. This declaration is made for an indeterminate duration…” </li></ul>¿INTERÉS EN PALESTINA?
80. <ul><li>El Fiscal Luis Moreno Ocampo, confirma que su oficina ha iniciado un examen preliminar de los incidentes de octubre del 2010, en Corea del Sur para determinar si constituyen crímenes de guerra. Estos son el bombardeo norcoreano de la isla de Yeonpyeong, que resultó en la muerte de marineros y civiles surcoreanos, y el hundimiento de un barco de guerra surcoreano por un torpedo supuestamente disparado por Corea del Norte, en el que fallecieron 46 personas. </li></ul><ul><li>Corea del Sur ha sido Estado parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, la Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidio cometidos en su territorio. </li></ul><ul><li>En la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma, que dio origen a ese tribunal, Ban señala que la comunidad internacional ha entrado en una “nueva era de responsabilidad” y que ya no puede haber ningún tipo inmunidad para los crímenes. “Pero no nos equivoquemos, para luchar contra la impunidad, debemos permanecer en la ofensiva. En momentos en que la justicia internacional está bajo ataque en muchos lugares, debemos reforzar nuestro empeño en terminar con la era de la impunidad y asegurar que en esta nueva era los perpetradores respondan por sus crímenes”, declara el Secretario General. Asimismo, agrega que esa instancia jurídica todavía no cuenta con la ratificación universal de los países y que afronta varios desafíos, como los malentendidos acerca de cuándo, dónde y cómo debe actuar esta Corte </li></ul>¿COREA DEL SUR?
81. <ul><li>La CPI examina posibles crímenes contra la humanidad que
Trabajo en hoteles bares y restaurantes

References: artículo 123
 artículo 5
In dubio
 artículo 48
 artículo 42
 Artículo 36
 artículo 8
 Artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 15
 artículo 13
 resolución 
 artículo 54
 artículo 56
 artículo 53
 artículo 77
 artículo 109
 artículo 75
 artículo 69
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 8