Source: https://comentariossobrevivienda.com/2016/03/07/ley-vivienda-protegida-cantabria-ley-6-2015-modificaciones/
Timestamp: 2020-01-21 14:36:46+00:00

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Pinceladas sobre la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria (XI). Modificaciones introducidas por la Ley 6/2015, de 28 de diciembre. – Comentarios sobre contratos administrativos y vivienda.
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La Ley 6/2015, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, ha modificado la Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria, con efectos desde el 1 de enero 2016. Algunas de las modificaciones son meras correcciones técnicas a incorrecciones detectadas, otras, por el contrario, tienen un gran calado.
A efectos sistemáticos, la presente entrada abordará estas modificaciones desde una doble perspectiva: en primer lugar, se detallarán aquellas modificaciones de artículos ya vigentes utilizando para ello la clásica técnica de comparar artículos , mecanismo muy visual; en segundo lugar, aquellas modificaciones que suponen la introducción de un nueva política referida a la emergencia habitacional.
Primero. Modificaciones de artículos.
REDACCIÓN ORIGINARIA
◊ Nota: error tipográfico. Consaguinidad debe leerse como consanguinidad.
1. Las viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación que se califiquen a partir de la entrada en vigor de la presente ley, cuando los adquirentes sean unidades familiares cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, calculados y ponderados de acuerdo a lo establecido por la disposición adicional decimotercera y cumplan los requisitos para ser usuarios de las viviendas exigidos en el artículo 4, serán calificadas además del tipo “régimen especial” siempre que el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,5 veces el módulo básico autonómico y se adquieran para ser destinadas a domicilio habitual y permanente de sus propietarios.
1. Las viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación que se califiquen a partir de la entrada en vigor de la presente ley, cuando los adquirentes sean unidades familiares cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, calculados y ponderados de acuerdo a lo establecido por la Disposición Adicional Decimosegunda y cumplan los requisitos para ser usuarios de las viviendas exigidos en el artículo 4, serán calificadas además del tipo “régimen especial” siempre que el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,5 veces el módulo básico autonómico y se adquieran para ser destinadas a domicilio habitual y permanente de sus propietarios.
La justificación de las modificaciones según la exposición de motivos de la Ley 6/2015, 28 diciembre.
♦ La modificación del artículo 16 obedece a la necesidad de unificar el procedimiento de descalificación: la ley establece que puede iniciarse de oficio o a instancia de parte, lo que conlleva distintas consecuencias en orden al silencio administrativo y a la caducidad del procedimiento.
Por otra parte, la descalificación de las viviendas protegidas no aparece configurada en la Ley como un derecho de los ciudadanos. Antes bien, la Ley anuda tal posibilidad a la apreciación de razones de interés público vinculadas a las necesidades de política de vivienda. Una vez que las necesidades de política de vivienda permiten la descalificación, ésta se condiciona al previo reintegro de las ayudas económicas percibidas y de las bonificaciones y exenciones tributarias, lo que a menudo se convierte en un proceso largo debido a que en él intervienen las Administraciones implicadas: estatal, autonómica y local, con distintas áreas: tributos, subvenciones, vivienda; y entidades colaboradoras (bancos que subsidian intereses hipotecarios y abonan ayudas estatales directas) etc., que deben resolver acerca de la liquidación de los reintegros.
La configuración de la descalificación como un procedimiento en el que la falta de resolución en plazo conlleva un silencio administrativo positivo no armoniza con la apreciación de razones de interés público ni con el deber de reintegro de fondos públicos como son los derivados de los reintegros de subvenciones y bonificaciones, por lo que es necesaria la modificación del artículo 16 estableciendo los efectos negativos del silencio administrativo, de forma que una resolución tardía no conlleve la pérdida de los recursos económicos de los reintegros y el perjuicio del interés público en materia de vivienda.
♦ La modificación de la Disposición Adicional Primera obedece a que la misma remite para el cálculo de los ingresos de los adquirentes de las viviendas a las reglas establecidas en la «Disposición Adicional Decimotercera», en lugar de referirse a la «Disposición Adicional Duodécima», que es la que regula dicha materia.
♦ La Disposición Transitoria Segunda se modifica en su apartado 3, en lo relativo a los ingresos familiares de los adquirentes de viviendas que sigan la normativa reguladora de los regímenes de viviendas vigentes en el momento de la aprobación del planeamiento, ya que al referirse a los «ingresos familiares de los adquirentes de viviendas de régimen especial» señala que «no podrán exceder de 3,5 veces el IPREM» cuando según la disposición adicional primera de la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria y la normativa aplicable a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido el multiplicador debe ser de 2,5 veces el IPREM.
Segundo. Modificaciones que suponen la introducción de una nueva política referida a la emergencia habitacional.
Artículo 57 . Situaciones de emergencia Habitacional
Artículo 58 . Fondo de Emergencia Habitacional
Artículo 59 . Medidas para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional
Artículo 60 . Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional
Artículo 61 . Ayudas en situación de emergencia habitacional
e) Las bases reguladoras podrán exceptuar a los beneficiarios, del cumplimiento de las letras b), e), g) y h) del apartado segundo del artículo 12 de la Leyde Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Veamos la justificación de la introducción de esta nueva política:
El objeto de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre , de Vivienda Protegida de Cantabria es fomentar el acceso a la vivienda, particularmente de los ciudadanos que necesitan especiales medidas de fomento para acceder a ella. Con este fin la Ley creó un parque público de vivienda en alquiler destinado al arrendamiento para personas con dificultades de acceso a la vivienda, entre las que se encuentran las familias y ciudadanos que atraviesan situaciones de emergencia en el ámbito de la vivienda.
Las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional necesitan medidas en muchos casos extraordinarias para poder acceder de nuevo a una vivienda, una vez perdida la que servía de domicilio habitual.
Las situaciones de emergencia pueden deberse a motivos diversos. Algunas derivan de procedimientos judiciales y extrajudiciales que conllevan la pérdida de la vivienda habitual, tales como ejecuciones hipotecarias o procedimientos de reclamación de renta. En otros casos, vienen motivadas por la pérdida de la vivienda como consecuencia de fenómenos extraordinarios tales como incendios, derrumbes, etc. Por último, las dificultades para acceder en la actualidad a una vivienda ocasionan que algunas familias se vean abocadas a habitar en infraviviendas y otros espacios que, ni reúnen ni pueden reunir las condiciones para ser destinados a morada humana.
En muchos casos las situaciones citadas conllevan no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino que van acompañadas además de deudas de diversa índole, que dificultan o impiden, directa o indirectamente, el acceso a otra vivienda o el cumplimiento de las obligaciones que derivan del disfrute de una vivienda que sustituya aquella cuya posesión se ha perdido.
La estadística sobre ejecuciones hipotecarias elaborada por el Instituto Nacional de Estadística desde el año 2014, pone de manifiesto que en el año 2014 se inscribieron en los Registros de la Propiedad de Cantabria certificaciones por ejecuciones hipotecarias correspondientes a 216 viviendas de personas físicas, de las que 71 correspondían al primer trimestre, 63 en el segundo trimestre, 27 en el tercer trimestre, y 55 corresponden al cuatro trimestre. En el año 2015 fueron inscritas 62 en el primer trimestre y 80 en el segundo trimestre.
Los datos expuestos ponen de manifiesto que concurren en la actualidad circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la introducción de medidas destinadas a hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional que pueden producirse como consecuencia de la finalización de los procedimientos de ejecución hipotecaria y de procesos judiciales por impago de renta de vivienda de personas físicas (de los que se desconocen las cifras) en nuestro ordenamiento jurídico de manera inmediata.
Como resultado de las consideraciones anteriores, se hace necesaria la creación de un fondo de emergencia habitacional, como vehículo capaz de dar una respuesta eficaz a necesidades que planteen las situaciones de emergencia habitacional y garantizar la eficacia de las medidas adoptadas.
Partiendo de dichas premisas, se hace necesario que la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, establezca medidas para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 16
 resolución 
 artículo 16
 resolución 

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 12