Source: https://es.scribd.com/doc/26644646/Privatizacion-de-La-Empresas-Publicas-Ventajas-y
Timestamp: 2016-10-01 07:03:01+00:00

Document:
NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasPrivatización de la Empresas Públicas. Ventajas y desventajas I.INTRODUCCIÓN
situación y el peligro de anarquía", señaló. "Es indispensable que todo el pueblo se sienta protagonista en la edificación de una nueva Argentina y que rechace la tentación del odio y la violencia, que hiere y mata". C. BOLIVIA Bolivia logró progresos sustanciales en su innovativo programa de capitalizaciones, iniciado en 1995. De las seis empresas incluidas en el programa, solamente una estaba pendiente de capitalización a fines de 1996 (una empresa de fundición de aluminio y antimonio, que se espera capitalizar próximamente). D. BRASIL 1. Generalidades El suministro de la mayoría de los servicios de las empresas públicas en Brasil fue, en el pasado, proporcionados por compañías privadas, principalmente de origen extranjero. Los servicios de agua, alcantarillado, gas, la generación y distribución de energía eléctrica, de telefonía y transporte público (tranvías) en las principales ciudades brasileñas estuvieron desde el siglo XIX hasta la década de los sesenta del siglo pasado, en manos de compañías controladas por capital inglés, francés, estadounidense y canadiense. Sin embargo, una política poco realista de precios y la proximidad en la finalización de las concesiones desalentó la reinversión, originando un deterioro severo en la calidad de los servicios en la década de los cincuenta. Como los concesionarios se vieron imposibilitados de mantener la calidad de los servicios, el gobierno inició los procesos de nacionalización. Desde entonces, casi todos los servicios de las empresas públicas han sido suministrados por las compañías propiedad del Estado. 2. Consejo Nacional de Privatización (CND) De acuerdo con las tendencias mundiales de globalización de la economía y de eliminación de barreras a la producción, se creó El Consejo Nacional de Privatización, (CND) que dirige el Programa Nacional de Privatización, (PND) y que está compuesta por Ministros de Estado, presidido por el Ministro de Planificación y Presupuestos, el que tomó decisiones que ampliaron el programa. a) El Programa Nacional de Privatización, PND tiene los siguientes objetivos. • Redefinir la posición estratégica del Estado en la economía, transfiriendo a la iniciativa privada actividades indebidamente explotadas por el sector público. • Contribuir a la reducción de la deuda pública. 0 Permitir que se vuelva a invertir en las empresas y actividades que vayan a ser privatizadas. • Contribuir a la modernización del parque industrial de Brasil, ampliando su competitividad y reforzando la capacidad empresarial de los diversos sectores de la economía. • Permitir que la administración pública concentre sus esfuerzos en las actividades en las que la presencia del Estado es fundamental. • Contribuir al fortalecimento del mercado de capitales, a través del incremento de valores mobiliarios y la democratización de la propiedad del capital de las empresas que integran el PND. La reestructuración del sector público se ha convertido en una condición necesaria, aunque insuficiente, para retomar el proceso de crecimiento sostenido y para el mantenimiento de la estabilidad económica. Uno de los pilares de este proceso está relacionado con el establecimiento de un nuevo patrón de cooperación entre la iniciativa privada y el Estado. b) Historia de la Privatización. La privatización en Brasil vivió un primer momento, entre 1981 y 1989, que se caracterizó por la reprivatización de empresas que, por diferentes motivos, habían sido expropiadas. La intención del
Gobierno fue, básicamente, deshacerse de las empresas que llegaron a sus manos, principalmente debido a fracasos empresariales. Esta fase afectó a empresas pequeñas, privatizándose treinta y ocho de ellas. En 1990, la privatización se convirtió en parte integrante de las reformas estructurales realizadas por el Gobierno. En esta segunda fase, el PND centró sus esfuerzos en la venta de las empresas estatales de los sectores siderúrgico, petroquímico y de fertilizantes. Este periodo estuvo marcado por la casi exclusiva utilización de títulos de deuda pública federal, como medio de pago de las acciones. En 1994, se inició una tercera fase en el proceso de privatización. El énfasis recayó en aspectos como, por ejemplo, la utilización de moneda corriente en mayor porcentaje, el impacto fiscal, la amplitud de la distribución de acciones y las formas innovadoras de oferta pública. Para ampliar y democratizar el programa de privatizaciones se adoptaron otras medidas como la venta de participaciones minoritarias de la Unión y la eliminación de la discriminación de los inversores extranjeros, permitiendo la participación de éstos hasta con el 100% del capital. c) Agenda de Trabajo del PND En esta fase, con el Gobierno del Presidente Fernando Henrique Cardoso, el PND avanza en el sentido de superar la importante traba, para el crecimiento económico de Brasil, que suponen los servicios de infraestructura, en especial el de energía eléctrica, transportes y telecomunicaciones. Este proceso requiere la consolidación de unos instrumentos reguladores bien definidos, con leyes claras y transparentes, capaces de infundir mayor seguridad a los inversores y de garantizar la calidad y la continuidad de los servicios prestados a la población. Consecuentemente, fueron incluidas en el PND, la Eletrobras y sus subsidiarias, Furnas, Eletronorte, Eletrosul y la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco. Debido a la complejidad del sistema eléctrico brasileño, se contrató a un consorcio de consultores para estudiar y proponer qué forma darle al sector. La "Companhia Vale do Río Doce", una de las mayores empresas mineras del mundo, también fue incluida en el PND. En resumen, el Consejo Nacional de Privatización decidió poner en marcha, como principales actividades el programa de concesiones del sector eléctrico; el de concesiones y arrendamiento del sector portuario; la transferencia al sector privado del control de las acciones de la "Companhia Vale do Río Doce"; y la privatización del sector ferroviario. d) Aspecto legal El Artículo 175 de la Constitución Brasileña de 1988 señala que la prestación de los servicios públicos estará precedida por concesión del Estado, autorización o licencia y se reserva la concesión a los servicios más complejos, tales como generación de energía eléctrica y telefonía. Con relación a las EE.PP. la Constitución experimentó cambios sustanciales en agosto de 1988 y estipuló dos clases de restricciones. • Restricciones al control por empresas privadas, independientemente del origen del capital. • Restricciones específicas al control extranjero. Sin embargo, estas limitaciones constitucionales fueron totalmente abolidas el 15 de agosto de 1995 y se realizaron las siguientes enmiendas:
La Enmienda Constitucional Nro. 5 eliminó el Artículo 25, el cual señalaba que las concesiones para el suministro de las tuberías de gas sólo podían ser proporcionadas por las compañías propiedad del Estado. • La Enmienda Constitucional Nro. 6 abrió la posibilidad a compañías establecidas en Brasil para la exploración y la generación de energía hidroeléctrica. • La Enmienda Constitucional Nro. 7 eliminó las restricciones sobre la travesía de barcos extranjeros en las costas y navegación fluvial. 0 La Enmienda Constitucional Nro. 8 modificó el Artículo 21, sección XI, autorizando la concesión de teléfonos, telégrafos y servicios de telecomunicación a empresas sin tomar en cuenta el origen del capital. Es importante destacar que el concepto de empresa pública está siendo ampliado para que incluya no sólo actividades tradicionales, sino también que abarque otras actividades para que sean objeto de concesión, tales como la construcción y reparación de carreteras, puentes y aeropuertos. Cabe señalar que se han concluido las ofertas para operar la autopista que une a las dos principales ciudades brasileñas (Río y San Pablo), así como la construcción de caminos urbanos en Río de Janeiro. e) Resumen Desde la creación del Programa Nacional de Privatización, PND (Programa Nacional de Desestatización), en 1990, se han transferido al sector privado cuarenta y cuatro empresas y participaciones en acciones estatales federales, la mayoría de ellas en los sectores siderúrgicos, químico y petroquímico, de fertilizantes y eléctrico. Además, se han traspasado a la iniciativa privada, por concesión, dos trechos de la Red Ferroviaria Federal, RFFSA, la Red Oeste y la Centro-Este. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES está llevando a cabo el programa de privatización brasileño. Los resultados consolidados de este proceso son los siguientes. Resultado de la venta de las empresas estatales Deuda transferida a la iniciativa privada Resultado total del proceso de privatización US US US 12.300 millones 4.500 millones 16.800 millones
f) Conclusión parcial La privatización ha dado como resultado, el aumento de la competitividad y de la productividad de las empresas involucradas en el proceso. Ha producido efectos directos y positivos sobre los precios sectoriales y la economía de las regiones donde dichas empresas se localizan. Ha modernizado la economía reduciendo la presencia del Gobierno Federal en el proceso productivo del país, transfiriendo a la iniciativa privada la responsabilidad de las inversiones necesarias para su expansión. La necesidad de privatizar empresas públicas deriva, también, de la administración deficiente, originadas por la utilización de técnicas gerenciales desfasadas y de administraciones no profesionales, las que han dado lugar a una gestión poco eficiente y de baja productividad.
E. CHILE 1. Generalidades Tras un largo período de desarrollo económico impulsado por el Estado, Chile adoptó a mediados de los años setenta del siglo XX, otra estrategia de desarrollo radicalmente distinta, basada en los mecanismos del mercado, el sector privado y la liberalización comercial. En este contexto, se asignó alta prioridad a la privatización de un gran número de empresas estatales. Actualmente, el Estado controla sólo EE.PP. estratégicas (por ejemplo, el cobre) y los monopolios naturales. Sobre la base del estudio de las experiencias de privatización de seis empresas chilenas (banca, acero, telecomunicaciones, industria forestal y electricidad) se señala que los resultados de la privatización dependen de la forma en que ésta se lleva a cabo y del marco de política económica. 2. EE.PP. privatizadas • Banco del Estado • Corporación del Cobre (CODELCO) • Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 0 Correos 0 Algunas sanitarias (de agua potable). Sus Directores son designados por el gobierno de turno y son de confianza del presidente de la República. Duran mientras cuentan con la confianza del presidente, salvo que renuncien voluntariamente. Son cambiados cuando hay un cambio de gobierno. Una gran cantidad de EE.PP. como las relacionadas con al ámbito eléctrico, fueron privatizadas durante los años 1988 y 1989, bajo la formula de capitalismo popular, es decir ofreciéndole la primera opción de compra de acciones a sus empleados y trabajadores. 3. Conclusión parcial El Presidente Lagos decidió no continuar con las ventas de las EE.PP. ya que los beneficios, actualmente no son tan importantes, con relación a las consecuencias que provoca (transparencia, credibilidad, etc.) F. COLOMBIA 1. Generalidades En Colombia, según la información suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios existen 2.220 empresas que prestan servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, recolección de basuras, gas, alcantarillado de aguas pluviales y aguas servidas, etc. 2. Aspecto legal Jurídicamente existen tres tipos de empresas. 0 Privadas, cuyo capital proviene exclusivamente de este sector. 1 Mixtos, con capital estatal, la mayor parte son recursos municipales y capital privado. • Comunitarias, cooperativas o comunales que prestan su servicio sobre todo en pequeños pueblos y son de propiedad comunal. Existen en el país 592 empresas con participación de capital privado; 483 son totalmente privadas y 109 son Sociedades de Economía Mixta. De acuerdo a la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Servicios Públicos en desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, debe mantener actualizada la información de las empresas de servicios públicos, sin embargo y a pesar de contar con un formato que debe ser diligenciado por todas
las empresas, esta información se encuentra incompleta. De tal forma, que se desconoce cuanta es la población que es cubierta por cada uno de los servicios. Se pueden encontrar estimativos de acuerdo a los datos suministrados por el Censo de 1993. El gobierno Colombiano y las autoridades locales de la ciudad de Cartagena decidieron después de realizar un proceso licitatorio la privatización de las Empresas Publicas Municipales de Cartagena. La empresa escogida resultó ser la Multinacional Aguas de Barcelona que en conjunto con el municipio conformó una empresa de capital mixto. En la actualidad Aguas de Cartagena tiene un total de 100.000 clientes. Siendo sus ventajas. • Haber realizado alianzas estratégicas con socios como el Grupo Agbar (Aguas de Barcelona, España) y Lysa (Lyonnayse des Eaux Services Associes, Francia). • Contar con representaciones de equipos con tecnología de punta. • Contar con recurso humano con gran experiencia y compromiso. • Tener presencia internacional y actualización continua en investigación y desarrollo. • • • • • Siendo sus objetivos. Garantizar la calidad del servicio. Establecer la lealtad de los clientes, anticiparse a sus necesidades y superar sus expectativas. Brindar un excelente ambiente de trabajo, velar por el bienestar y crear oportunidades al recurso humano. Cristalizar alianzas estratégicas como factor clave para el desarrollo del negocio. Fomentar una relación perdurable y beneficiosa con los proveedores.
Logrando las siguientes soluciones. • Soluciones para el sector de servicios Públicos. • Soluciones de Captura portátil de información. • Comunicaciones. • Automatización. 0 Suministro de equipos de Captura portátil de información. • Suministro de equipos portátiles de impresión. 3. Conclusión parcial El Plan de Privatización no ha podido demostrar hasta ahora los beneficios esperados, en virtud de no contar con la información al día y el país estar en permanente enfrentamiento con los grupos guerrilleros y narcotraficantes. G. COSTA RICA 1. Generalidades En el país hay opiniones encontradas con respecto a la privatización de sus empresas públicas, como lo han hecho varios países latinoamericanos con su simple venta. Hay corrientes de pensamiento que defienden capitalizar como una opción más rentable, siempre que puedan captar recursos en bolsa, vender algunas acciones, invertir en el extranjero y crecer. Que su presupuesto no sea parte del presupuesto nacional, que no tengan restricciones del FMI, que paguen impuestos altos, que compitan con otras empresas, que diversifiquen, en fin, que sean grandes empresas nacionales. Hay sectores
costarricenses que se opondrían, por necedad ideológica o porque la eficiencia y tamaño de estas empresas pueden arruinar mezquinas ambiciones privadas. Los partidarios de no venderlas piensan que es mejor aprovechar la oportunidad de generar riqueza aunque les paguen un buen precio. Las instituciones autónomas más grandes y ricas se ubican en el sector servicios: telefonía, seguros y banca. Siendo, “instituciones autónomas”, no funcionan como empresas, lo que les dificulta su sobrevivencia en un mundo liberalizado. Además, el Estado saca recursos de estas instituciones para cubrir parte de su déficit fiscal y la legislación y principios que se les aplican no les permiten ser competitivas. 2. Conclusión parcial El país aún no ha encarado la privatización de sus EE.PP. H. ECUADOR 1. Generalidades El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), que venia funcionando desde mayo de 1961, cuando se promulgó la Ley Básica de Electrificación, se halla en proceso de liquidación y concluyó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999. El INECEL ha desarrollado durante su periodo de vida, las grandes centrales de generación, el sistema nacional de transmisión y obras de distribución, pues según la Ley mencionada, tenía bajo su responsabilidad todas las actividades inherentes al sector eléctrico, esto es: regulación, planificación, aprobación de tarifas, construcción, operación; y era el accionista mayoritario en 18 de las empresas eléctricas que realizan la distribución de electricidad del país. 2. Aspecto legal En virtud del Art. 26 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) y por resolución del COMOSEL, las instalaciones actuales de generación y las de transmisión que son de propiedad del Estado, por intermedio de INECEL, han sido transferidas a favor de seis empresas de generación y una de transmisión, que se han conformado como sociedades anónimas. Las Empresas Generadoras, la Transmisora y las Distribuidoras, que tienen participación accionaria del Sector Público, tendrán en el futuro participación del Sector Privado, pues el 51% de las acciones podrán ser vendidas al sector privado. Hasta el 10% de dichas acciones se pondrán a disposición de los trabajadores y extrabajadores del Sector Eléctrico. Se crea el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), constituido por los generadores, distribuidores y grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional Interconectado (SNI). El MEM abarcará la totalidad de las transacciones de suministros eléctrico que se celebren entre generadores; entre generadores y distribuidores; y entre generadores y grandes consumidores. Igualmente en este mercado se realizaran las transacciones de exportación o importación de energía y potencia. 3. Distribución de las EE.PP. a) Sector eléctrico El Sector eléctrico ecuatoriano ha sido reestructurado y actualmente se halla en un proceso de adaptación al nuevo marco legal y regulatorio vigente desde octubre de 1996. La Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus reformas posteriores promueven la inversión privada en las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, permitiendo la participación de hasta el 51 % en el capital accionario que pertenece al Fondo de Solidaridad.
El Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM), con la asesoría del consorcio liderado por el Banco de Inversión Salomon Smith Barney Inc. está ejecutando el proceso para realizar la oferta pública de acciones de las empresas eléctricas en el tercer trimestre del 2001. El sector eléctrico en Ecuador ofrece al inversionista un gran potencial de crecimiento, tanto en el consumo de energía que se prevé del 7.6% promedio anual para los próximos 10 años, así como en la tasa de electrificación y consumo per cápita, estimulados con un crecimiento de la economía del país que se espera sea del 3.7 % para el 2001 y del 4.0 % para el 2002. La inversión privada en el sector es atractiva considerando una rentabilidad adicional por el manejo eficiente de las empresas y las posibilidades futuras que ofrece el mercado eléctrico ecuatoriano por su ubicación estratégica en el área andina. a) Telecomunicaciones El proceso de modernización de las telecomunicaciones en el Ecuador se basa en 3 elementos fundamentales. • La apertura de los servicios de telecomunicaciones a la competencia, lo cual traerá como consecuencia un alto beneficio para los usuarios de estos servicios, a reflejarse en tarifas justas, calidad de los productos y variedad en la oferta. 0 La búsqueda de inversión privada en servicios basados en última tecnología en telecomunicaciones. En este sentido, se procederá a desarrollar procesos de licitación pública para adjudicar bandas de frecuencias para servicios de telecomunicaciones móviles (PCS), servicios de banda ancha (LMDS) y servicios de acceso inalámbrico fijo (FWA). • La administración privada de Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. Es importante buscar una mejora significativa en la eficiencia operativa de estas empresas, con el fin de que alcancen un nivel atractivo para los inversionistas privados. a) Puertos En la actual conformación de los mercados portuarios de la región, es indispensable prever la mayor competitividad posible. Para el efecto, en países como Colombia, Perú y Chile, los puertos han sido objeto de concesiones segregadas y completas. La favorable experiencia y los resultados obtenidos, alientan también adoptar esta línea de acción para los puertos comerciales ecuatorianos, que no deben permanecer fuera del marco competitivo que es indispensable para el cumplimiento de los fines y objetivos de promover el comercio exterior del país La Constitución Política de la República del Ecuador consagra que la administración pública se organizará y desarrollará de manera descentralizada y desconcentrada y que el Gobierno Central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente. b) Agua potable El Estado, aunque mantiene la responsabilidad por la provisión permanente y con estándares mínimos de calidad del servicio de agua potable y saneamiento como norma constitucional, también tiene como política de modernización proteger los derechos de los usuarios. Para ello, ha previsto mecanismos que garantizan la equidad de las tarifas de los servicios, dentro de un proceso de sinceramiento de la economía con el propósito de adecuarla al nuevo contexto que implica la dolarización y, al mismo tiempo, a las normas que en este sentido demandan las tendencias de la globalización de la economía.
Para impulsar, dinamizar y promover la participación de la iniciativa privada en el sector, el Estado constituirá una normativa reglamentaria del sector que establezca y defina un marco elemental de seguridad jurídica en este sentido. El cual deberá ser implementado por la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). c) Vialidad A más de las disposiciones de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada y su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas ha puesto en vigencia la Política Nacional de Concesiones Viales desde el año 1998, mediante la cual el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Obras Públicas, ha definido como su principal objetivo proveer servicios viales eficientes mediante la realización de transparentes procesos de concesión al sector privado. La importancia del mejoramiento del servicio del transporte terrestre, aunada a las obligaciones asumidas por el Estado Ecuatoriano a través de los Convenios de Integración Andina, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, Desarrollo Fronterizo y la ubicación geográfica del país, constituyen entre otros el fundamento para la política nacional de concesiones viales, liderada por del Ministerio de Obras Públicas. El Estado, a través de su ente rector en materia vial, con la supervisión del CONAM, ha contratado estudios de consultoría con firmas internacionales que determinarán la demanda vehicular que fundamentará la viabilidad de las concesiones de las carreteras de la red estatal identificadas como corredores viales en el Plan Vial. El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, y de los entes descentralizados: Consejos Provinciales y Municipios, construye, mantiene o delega al sector privado, las vías de la red provincial y la red local y caminos vecinales. Dos Consejos Provinciales, el de Pichincha y Guayas han concesionado varios tramos de carreteras. Existen a la fecha 1.219 Kms. de vías adjudicadas concesionadas. Se encuentran en estudio la constitución de un Fondo de Mantenimiento Vial, con modalidades de participación de la iniciativa privada, a través de Contratos de Administradores Viales y participación de Microempresas Comunitarias, el cual recibe la colaboración y facilitación del CONAM. Vías Concesionadas Rumichaca - Guayabamba Aloag - Latacunga - Riobamba Sto Domingo Babahoyo Jujan Naranjal - Peaje - El Guabo Autopista General Rumiñahui Quito Durán - Tambo - Bucay Durán - Jujan Durán - Boliche - Bucay Km. 26 - Naranjal Guayaquil - El Empalme Kms. 256 153 214 70 12 140 90 120 54 135 Compañía Panavial Panavial DHM DHM Tribasa / Colisa Concegua Conorte Conorte Conorte Conorte
d) Hidrocarburos El sector de hidrocarburos constituye la fuente principal de recursos del Ecuador. Entre enero y septiembre del 2000, las exportaciones de petróleo representaron el 44% del total de exportaciones nacionales, manteniéndose como el primer rubro en ventas al exterior. Sin embargo, la producción hidrocarburífera ecuatoriana ha mantenido una tendencia declinante en los últimos años. Para corregir dicha tendencia, el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de mecanismos para fomentar la participación privada nacional y extranjera en el sector; lo que exige redefinir el papel que actualmente juega el Estado, estableciendo un marco legal y económico más confiable y atractivo a) Aeropuertos Por disposición de la Ley de Aviación Civil, corresponde al Estado la planificación, operación, regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano. El Estado ejerce sus atribuciones a través del Consejo Nacional de Aviación Civil, organismo adscrito a la Presidencia de la República, como el regulador encargado de la normativa y política aeronáutica y aeroportuaria del país. A su vez corresponde a la Dirección General de Aviación Civil, (DAC), el control de la seguridad técnico-operativa de la Aviación Civil. Sobre la base de lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil, la Presidencia de la República autorizó a las Municipalidades de Quito y Guayaquil para que construyan, administren y mantengan los actuales y nuevos aeropuertos internacionales de esas localidades, mediante su delegación a empresas mixtas o privadas, por medio de las modalidades de concesión, asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual prevista en la Ley de Modernización del Estado. Consecuentemente, dichas Municipalidades son actualmente las responsables de dirigir y ejecutar los procesos de delegación de la construcción, operación y administración de los actuales y nuevos aeropuertos de Quito y Guayaquil respectivamente, mediante la concesión u otra modalidad de participación privada de estas ciudades, procesos que cuentan con la colaboración, apoyo y supervisión del CONAM acorde a la Ley. Ambos Municipios han constituido entidades especiales para llevar a cabo los procesos detallados. • La Corporación para los Aeropuertos de Quito. • La Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. En los dos casos se trata de entes jurídicamente autónomos, con representación legal propia y directorios conformados por funcionarios municipales, particulares y del gobierno central. Actualmente tanto la Corporación como la Fundación deberán definir y comunicar públicamente las estrategias que se proponen llevar a cabo para cumplir con sus objetivos. 2. Conclusión parcial Ecuador está comenzando su etapa de privatización de sus EE.PP. Ofrece a la venta el 51% de su capital, también ha dolarizado su moneda, por lo que está enfrentado a un desafío importante. I. EL SALVADOR 1. Generalidades Existe un gran interés del capital extranjero en la privatización de las represas hidroeléctricas, propiedad del estado, para la generación de energía hidroeléctrica, así como el estudio que el gobierno esta
haciendo sobre la propuesta planteada por el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que en la opinión pública se sostiene que no es conveniente que el estado privatice las represas hidroeléctricas. 2. EE.PP. privatizadas Actualmente son cinco empresas en el área de energía eléctrica, que han sido privatizadas. (i) Deusem Eeo Clesa Delsur Caess Total Numero de consumidores 38.832 145.365 206.009 215.526 420.781 1.026.513
3. EE.PP. creadas Las siguientes empresas fueron creadas a partir de 1970 y las Superintendencias desde el período de transición del gobierno a partir de 1993, prácticamente después de los Acuerdos de Paz. 0 • • • • • • Comisión Ejecutiva Eléctrica del Río Lempa (CEL). Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Fondo de Inversiones para la Seguridad Social y el Desarrollo Local (FISDL). Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Superintendencia del Sistema de Ahorros y Pensiones (SSAP).
Sus Directores son nombrados por el Presidente de la República y cesan por su orden. El ingreso y ascenso se realiza como en toda repartición pública, pero es normal que se contrate a personal con capacidad para ocupar las vacantes producidas. La empresa realiza la propuesta con la documentación del interesado al Ministerio de Hacienda y es éste quien autoriza su ingreso. 4. Conclusión parcial El usuario está conforme con los servicios de Electricidad y Telecomunicaciones por su variedad y eficiencia. Al igual que con las Administraciones de Pensiones, al existir una mayor transparencia en el manejo de los ahorros de retiro y éstos a su vez están siendo entregados entre uno y tres meses, antes se demoraba un año y medio con apoyo político. J. ESPAÑA 1. Generalidades Las operaciones de privatización de empresas públicas, empiezan a ser significativas en España a partir de 1985, tres años después de tomar posesión el primer gobierno del PSOE. A diferencia de países como Gran Bretaña, Francia o Italia, este proceso de privatizaciones no fue precedido de una ley “ad hoc”, sino que cada privatización ha constituido, y constituye, una decisión gubernamental específica. Esto ha
sido posible porque la gran mayoría de las EE.PP. españolas tenían y tienen la forma jurídica de “Sociedades Anónimas”, por lo que están sujetas al derecho privado en sus relaciones mercantiles; y sus propietarios (normalmente holdings públicos de control) no necesitan autorización legal alguna para vender total o parcialmente las acciones de esas EE.PP. estatales. Hay excepciones, algunas de ellas notables, como por ejemplo Renfe, Correos, o los Aeropuertos; pero en general la mayoría de las EE.PP. estatales han dependido siempre de alguno de los “holdings” públicos de control, que son quienes han actuado o actuaban como accionistas de aquellas. Hacia 1985 existían en total unas 130 EE.PP. directas, y alrededor de 850 indirectas (filiales y subfiliales de las anteriores), además de las EE.PP. de los gobiernos autónomos y las EE.PP. municipales. Catorce años después el panorama ha cambiado drásticamente pues la mayor parte de las grandes EE.PP. estatales han sido privatizadas total o parcialmente. No obstante, a finales de 1999 quedaban algunas grandes EE.PP. (líneas aéreas, construcción, aeronáutica, ferrocarril; además de las más tradicionales como Correos, Aeropuertos, Puertos, etcétera), y varias decenas de otras no tan importantes. A lo que hay que añadir las municipales (especialmente importantes en el transporte público) y las creadas por los gobiernos autónomos, las cuales es de destacar que no solo no han sido objetos de privatizaciones relevantes sino que se ha incrementado notablemente su número, en el mismo período 1985-1999, en general en todas las Comunidades Autónomas. Hay que destacar en este breve resumen que en lo que podríamos llamar la primera etapa del proceso de privatizaciones bajo gobiernos del partido socialista, de 1985 a 1992 aproximadamente, más importante que las privatizaciones en sí fue la reestructuración de todo el sector público empresarial español. Se introdujo o reforzó una mentalidad empresarial y de rentabilidad en los “holdings públicos” de control y en general en la dirección de las propias EE.PP. Se reorganizaron sectores productivos enteros, fusionando numerosas empresas, con el objetivo político explícito de constituir empresas o grupos sectoriales dinámicos y competitivos a escala internacional; en aluminio, siderurgia, industrias alimentarias, petróleo, banca, electrónica y electricidad. La idea dominante, también explicitada entonces por el gobierno, era que tales “nuevas empresas” (verdaderos grupos empresariales modernos, en un país con pocos ejemplos de ese tipo) continuasen como EE.PP. y tratasen de aportar financiación (dividendos) al presupuesto estatal. El buque insignia y pieza más significativa de esta política fue la creación en 1992 del grupo público multi-sectorial Teneo en el que se agruparon todas las empresas (ya reestructuradas y fusionadas) del INI que eran rentables o que tenían una clara viabilidad empresarial en el mercado. Se formó así un grupo empresarial multisectorial (por supuesto el mayor de España) al estilo de los grandes grupos internacionales, y con una visión bien clara: “rentabilidad y expansión internacional, y competitividad en el mercado global” paralelamente a este proceso de reestructuración y de expansión de grandes EE.PP., orientado al afianzamiento futuro. Algunas de las “nuevas EE.PP.” resultantes de la reorganización mencionada aplicaron una notable política expansiva, comprando nuevas empresas e iniciando una decidida expansión internacional; otras EE.PP. fueron efectivamente privatizadas, por entender el gobierno que podían tener viabilidad pero no
por sí solas sino en el seno de un grupo empresarial internacional del mismo sector (este es el caso de la producción de automóviles Seat, de camiones Enasa y varias EE.PP. de bienes de equipo). Y, finalmente, algunas EE.PP. generalmente pequeñas, fueron liquidadas por ser consideradas económicamente inviables. Por supuesto, el saneamiento económico previo de las EE.PP. “con futuro” que se privatizaron (y en menor medida, el de las que se liquidaron), exigieron importantes aportaciones públicas, financiadas principalmente por los propios “holdings públicos” (con los ingresos procedentes de dividendos y de la venta de acciones de las EE.PP. rentables), pero también con cargo al presupuesto estatal. Con todo este proceso de expansión en ciertas áreas y de privatización en otras el sector público empresarial tenía hacia 1992 un peso económico similar al de 1985. Sin embargo, entre 1992 y 1996 empiezan a ser importantes las ventas en bolsa de paquetes de acciones de esas “nuevas EE.PP.“, en general muy rentables; y esa política se aceleró con el cambio de gobierno consecuencia de las elecciones de marzo de 1996 que dieron el poder al Partido Popular. 2. Balance de las políticas de privatización de Empresas Públicas a) Principales empresas privatizadas. Resultará útil distinguir dos grandes bloques: • Las EE.PP. que han sido vendidas directamente mediante acuerdo con una empresa o grupo económico privado, generalmente del mismo sector productivo (venta directa). • Y las EE.PP. de las que se han ido vendiendo sucesivos paquetes de acciones en bolsa (ventas mediante oferta pública). Las primeras son principalmente industriales, y gran parte de ellas presentaban pérdidas antes de privatizarse. Las segundas son las que la prensa económica ha calificado coloquialmente como “las joyas de la corona”, por tratarse de grandes empresas con alta rentabilidad, fuerte posición de mercado y proyección internacional. Han sido 41 empresas en total, en general son de menor importancia relativa y, además, la venta fue llevada a cabo por la correspondiente empresa matriz. Simultáneamente a las privatizaciones anteriores y especialmente entre 1985 y 1991 se lleva a cabo el proceso de reestructuraciones y fusiones internas que se ha mencionado antes: • Nueve EE.PP. del sector del petroquímico y del gas fueron absorbidas por Repsol, que pasó así a ser no solo la primera empresa del sector sino también la primera empresa industrial española. • Cinco EE.PP. del sector del aluminio fueron fusionadas en Inespal. • Seis EE.PP. del sector de la electrónica fueron absorbidas por Indra. • Ocho EE.PP. del sector de la alimentación fueron adquiridas por Tabacalera, que pasó así a diversificar sus actividades, intentando constituirse en un gran grupo alimentario. Paralelamente, las acciones de todas las empresas públicas eléctricas fueron adscritas patrimonialmente a la más importante, Endesa, pasando ésta a ocupar una posición de dominio en el sector eléctrico español. Algo parecido se llevó a cabo con los diferentes bancos públicos que fueron fusionados en una nueva sociedad creada al efecto en 1991, Argentaria. Y las EE.PP. de la siderurgia (las principales: Ensidesa, AHV y Siderurgia del Mediterráneo) fueron fusionadas en una nueva E.P. creada al efecto; Corporación Siderúrgica Integral (Aceralia). Y no es por casualidad que el grueso de estas grandes “nuevas” EE.PP. surgidas, reforzadas o ampliadas como consecuencia de los procesos de reestructuración-concentración anteriores, son las que han
protagonizado la fase posterior de privatizaciones (hasta 1999), caracterizada por la venta de sucesivos paquetes de acciones de estas empresas en el mercado bursátil. Así, junto a las EE.PP. que antes hemos visto que han sido objetos de venta total, las actuaciones de privatización en España han consistido, además, en ventas parciales del capital de estas grandes EE.PP. cuyas acciones, que por su buena rentabilidad, han recibido en general una muy buena acogida por parte de los inversores privados. Unas ventas parciales en Bolsa (mediante Oferta Pública de Venta, OPV) que al irse repitiendo comportan la privatización total de la empresa, como así ha ocurrido con los casos más significativos La característica común y destacada de las empresas anteriores, como ya se ha indicado, es que eran EE.PP. con un historial y perspectivas de alta rentabilidad, con una fuerte implantación en sus mercados, con significativa proyección internacional, y que en realidad han ido constituyendo cada una de ellas verdaderos grupos empresariales a lo largo de los últimos años mediante sucesivas compras, absorciones y tomas de participaciones en otras empresas. Especialmente los casos de Repsol, Argentaria, Telefónica y Endesa. 3. Utilización de los ingresos por privatizaciones. Como puede deducirse de lo señalado al principio, no existe una relación directa entre el producto obtenido en la venta de EE.PP. o de participaciones en EE.PP. y el Presupuesto General del Estado, debido a que dichas desinversiones son llevadas a cabo por los “holdings públicos”. Son, por lo tanto, en estas entidades públicas de control a las que ingresan realmente el importe obtenido con las operaciones de privatización. En consecuencia, conviene distinguir entre los fondos obtenidos por las ventas de acciones (en Bolsa o directamente), de una parte y de otra, lo que efectivamente reflejan los Presupuestos del Estado como ingresos procedentes de la enajenación de EE.PP. a fin de tratar de determinar qué importe de los primeros forman parte de los segundos. Las EE.PP. privatizadas mediante venta directa estaban operando con pérdidas en el momento de su privatización, por lo que el Estado (o, de una forma más inmediata, el “holding” de control correspondiente) se liberó de la necesidad de seguir cubriendo a éstas o de financiar la reestructuración/modernización de dichas empresas. Concretamente, de 39 empresas, 23 presentaban pérdidas en los dos o tres años inmediatamente anteriores a la privatización, destacando en este sentido, tanto por su magnitud empresarial como por las pérdidas que venían presentando, los casos de Seat, Enasa, Pegaso, Maquinista, y Ateinsa. Al adquirir el control total de Sevillana de Electricidad y Fecsa. Y con sus inversiones internacionales ha adquirido porcentajes dominantes en diversas EE.PP. eléctricas que han sido privatizadas; entre ellas: • Jorf Lasfar de Marruecos. • La argentina Edenor. • La portuguesa Pego. • La peruana Edelnor. • Y más recientemente (1997), las dos compañías eléctricas colombianas más importantes, Codensa y Emgesa, • Así como el grupo (privado) eléctrico chileno Enersis.
Por otra parte Endesa ha pasado a controlar (1997) un porcentaje importante del segundo operador de telefonía básica español, Retevisión, y tiene participaciones significativas en otras compañías (como Aguas de Barcelona) ajenas al negocio eléctrico. Y en cuanto a Telefónica, además de un crecimiento notable de sus actividades domésticas (con el “boom” de los teléfonos móviles y las nuevas redes y servicios de transmisión de datos), ha ido adquiriendo, a través de su filial Telefónica Internacional, porcentajes de control en varias compañías telefónicas nacionales que han sido privatizadas; principalmente las de Argentina (Tasa), Colombia (Codelco), Perú, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, y Rumania. Ahora bien, en los tres casos comentados, y según las cuentas de estas empresas, en los últimos 12 años el Estado no ha tenido que efectuar aportación de capital alguna. La financiación de las grandes inversiones que su expansión les ha supuesto la han llevado a cabo con recursos propios, sin aportaciones de capital, es decir, con la reinversión de parte de sus propios beneficios (y lo mismo es extensible a Argentaria y a Tabacalera). Su alta rentabilidad les ha permitido generar unos “cash flow” proporcionalmente muy importantes que les ha dado una enorme capacidad de autofinanciación. Una capacidad financiera que (como puede ejemplificar el caso concreto de Endesa) ha sido notablemente superior a sus necesidades estrictas como empresas, como lo demuestra el hecho de que estas empresas han ido entrando, efectuando fuertes inversiones, en una dinámica de diversificación sectorial, la cual se corresponde más con la típica política inversora de cualquier grupo financiero potente que con adquisiciones que respondan a la búsqueda de economías de escala o de economías de alcance. 4. Conclusión parcial Como en otros países, en España ha habido dos tipos de privatizaciones, cada una con repercusiones bien diferentes sobre las cuentas del sector público estatal: • Por una parte la venta de ciertas EE.PP. que o bien venían presentando pérdidas o bien requerían nuevas inversiones de capital, pero que en cualquier caso tenían una viabilidad económica razonable en su sector. • Por otra parte, la venta, normalmente por fases, de las acciones de las grandes EE.PP. con una posición monopolista o dominante en sus respectivos sectores, y con alta rentabilidad; las cuales, a su vez, coinciden con las empresas más grandes y que brindan mayores beneficios al país. Y este segundo bloque es notoriamente el que representa el mayor volumen de privatizaciones, no en número de empresas sino en magnitud económica (cualquiera que sea el indicador que tomemos). Estas Privatizaciones, constituyen las grandes desinversiones que han dominado el proceso privatizador especialmente desde 1993, y son las que permiten hablar de desmantelamiento casi total del sector público empresarial español. La mayor parte de EE.PP. deficitarias privatizadas, lo han sido en lo que podríamos llamar la primera fase del proceso de privatizaciones: entre 1985 y 1994; mientras que las desinversiones consistentes en la venta en Bolsa de participaciones de las grandes EE.PP. rentables, toman importancia a partir de 1993, acelerándose bruscamente en 1997 (primer año entero de gobierno del PP) y en 1998. La hipótesis analítica de que los gobiernos en general privatizan, para acabar con la gestión de pérdidas de las EE.PP. y en definitiva, para aumentar la eficiencia económica de esas empresas y la competitividad de la economía, no explica el grueso de las privatizaciones llevadas a cabo en España.
Tanto si tomamos como indicador el valor añadido como los resultados (positivos o negativos), la parte más substancial de las privatizaciones llevadas a cabo se explica fundamentalmente por un objetivo gubernamental puramente recaudatorio. De hecho, si solo se hubiesen privatizado las EE.PP. deficitarias (aceptando la simplificación de que por operar con pérdidas se podía sospechar que estaban funcionando de forma ineficiente) entonces el peso del sector público empresarial sería no inferior sino incluso superior a finales de 1998 que en 1985, debido a la estrategia de expansión que en los primeros años 90 iniciaron las grandes EE.PP. como Repsol, Telefónica, Argentaria o Endesa, luego privatizadas por etapas. Pero la realidad es que el peso del sector público empresarial en la economía ha disminuido de forma notable (especialmente en el período 1996-98) debido precisamente a la privatización total de esas grandes EE.PP. con alta rentabilidad, fuerte posición de mercado y proyección internacional. Los beneficios anuales de estas EE.PP. “rentables” privatizadas equivalen a 5,3 veces la suma de las pérdidas estimadas para las EE.PP. “deficitarias” privatizadas y de cuya carga se habría liberado el Estado. El objetivo no único pero si dominante puede decirse que ha sido, pues, el de recaudar fondos para el Presupuesto del Estado; si bien ello ha sido a costa de una renuncia a unos ingresos netos Las privatizaciones de las grandes EE.PP. españolas ejecutadas por el Gobierno del Presidente Aznar entre 1996 y 1998 han cambiado el mercado de servicios en España. En tres años de intensa tarea privatizadora, los ministerios de Economía e Industria han vendido participaciones de 43 EE.PP. por valor de casi 4.3 billones de pesetas Las privatizaciones del PP tienen características muy acusadas. La primera de ellas es la extraordinaria velocidad con que el Estado se desprendió de las EE.PP., después de que en uno de los primeros Consejos de Ministros de la legislatura (junio de 1996) se aprobara un pseudoplan de privatización cuyo contenido técnico repetía simplemente la distinción clásica entre las empresas que podían ser vendidas inmediatamente, las que registraban beneficios, las que requerían una reconversión financiera previa para atraer a posibles inversores y las que debían privatizarse a más largo plazo (las ruinosas, como los astilleros públicos o Santa Bárbara). Este vértigo privatizador, hasta el momento sólo se han vendido las empresas con beneficios y todavía permanece en el sector público la gestión de las empresas en quiebra. la velocidad de privatización ha sido superior a la de liberalización de los mercados de servicios públicos, en el supuesto de que el Gobierno tuviera la voluntad política de liberalizarlos realmente, de la que no hay constancia, los monopolios u oligopolios públicos simplemente se han convertido en privados. Las privatizaciones al parecer tampoco han beneficiado a los consumidores. Como los oligopolios de hecho se han mantenido, mediante el control férreo de las redes de distribución en petróleo, telecomunicaciones, gas y electricidad, la competencia no ha entrado en esos mercados y los descensos de precios o tarifas que se han producido han sido discrecionales e inorgánicos. K. HONDURAS 1. Generalidades Todas empezaron como unidades desconcentradas de un Ministerio, excepto el servicio de acueductos y alcantarillados que inicialmente eran municipales y están volviendo a las municipalidades y la Empresa de Telecomunicaciones que pertenecía a una transnacional y fue nacionalizada.
Sus directores son designados por una Junta Directiva que tiene cada empresa, conformada por los Ministros del sector y en algunos casos representantes de la empresa privada y los sindicatos, su duración en el cargo es de cuatro años, pero pueden ser removidos por la Junta Directiva. Los cargos de Dirección están considerados como cargos políticos y pueden ser removidos sin mayor formulismo. Los cargos técnicos y administrativos se regulan por el Código de Comercio. 3. Conclusión parcial El estado ha privatizado los Aeropuertos, la lectura de medidores y cobro de energía, pero no se ven los beneficios y si el incremento del costo de su servicio. Por lo que si privatizara aquellas empresas públicas como la Enee, Hondutel, Sanaa, los usuarios verían incrementar sus costos, sin redundar en la mejora del servicio. Todo esto es porque los mencionados servicios no tienen competencia, por lo que pasa de un monopolio estatal a uno privado. El usuario las percibe como ineficientes y caras. L. MALASIA 1. Generalidades Hasta la crisis de 1997, la bonanza económica en que vivía el país, produjo numerosos millonarios como consecuencia de la privatización de las empresas públicas. La elección de los concesionarios y las empresas privatizadas fue objeto de críticas públicas, especialmente la privatización de empresas públicas que daban ganancias. El proceso de privatización careció de transparencia desde el principio. Las empresas públicas se entregaron al primer postor, ya fueran personas o compañías privadas, a menudo sin licitación pública. Las privatizaciones beneficiaron principalmente a aquellas personas vinculadas al gobierno, lo cual generó acusaciones de corrupción, “amiguismo” y nepotismo. La falta de transparencia dificulta comprobar dichas acusaciones. 2. Conclusión parcial La reciente crisis económica en el país y la región les proporcionó la oportunidad para aprender de los errores pasados. Aunque han vivido directamente los peligros de la liberalización sin controles, les queda mucho por corregir sobre una forma más equitativa y ecológica de desarrollo.
M. MEXICO 1. Generalidades El tema de la posible privatización del sector eléctrico es muy discutido en el país. Obvio, las posiciones se han radicalizado. Los trabajadores, la izquierda y algunos sectores de técnicos y profesionales, así como de consumidores se muestran claramente contrarios a la privatización. Los sectores empresariales y los progubernamentales se manifiestan por la privatización. Se manejan ideas encontradas. Así mientras el gobierno quiere justificar la medida como la "única forma" de garantizar las inversiones necesarias para tener la energía que se requerirá en los próximos 20 años y habla de que se requerirán 25 mil millones de dólares, otro documento de ingenieros y técnicos de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirma que solo se requerirán 11.5 mil millones de dólares. Todos los días se manifiestan puntos de vista en pro y en contra. Últimamente representantes del gobierno afirmaron que de no privatizarse el servicio tendría que encarecerse. 2. Encuesta de opinión En una encuesta hecha por AMEDEC en 1999 se preguntó a los entrevistados, si las empresas eléctricas deberían ser del gobierno o privadas y, el 68% manifestó que debería conservarse gubernamentales y el 32% que deberían ser privadas. Las principales razones de estas preferencias fueron: Entre los que dijeron que debería ser del gobierno. • Porque resultan más baratas las tarifas. • Tienen mejor experiencia en el servicio. • Es patrimonio de todos los mexicanos. Entre los que prefieren que el servicio sea privado destacaron. 0 Se daría mejor servicio. 1 Habría competencia. 2 No habría corrupción. Cabe señalar que la muestra estuvo integrada mayoritariamente por jefes de familia de clase media. Las razones esgrimidas por el gobierno para privatizar los servicios son casi monotemáticas: “el gobierno no dispone de dinero para hacer las inversiones necesarias”. A su vez los sectores empresariales que apoyan las privatizaciones afirman que es "negativa y anti libre empresa la participación del gobierno en ellas." 3. Razones del Gobierno para privatizar El gobierno enfatiza que la privatización tiene como fin: • Garantizar el suministro. • Continuar proporcionando el servicio. • Atraer más inversiones. • Ampliar la cobertura. 0 Crear nuevos y mejores empleos. • Contar con más recursos para educación, salud, agua y combate a la pobreza.
0 Reafirmar la rectoría del Estado en el sector eléctrico fortalecido con más participación y competencia. En la mayoría de los casos las discusiones son bizantinas y extremadamente politizadas y se olvidan los puntos centrales de interés para el usuario: calidad del servicio y precio justo. El Presidente Fox al entregar el Premio Nacional de Calidad, entre otras cosas expresó: “Queremos ser un Gobierno de clase mundial, queremos ser un Gobierno de calidad y estamos trabajando todos los días para lograrlo. El lenguaje que todos debemos hablar es el de la Calidad Total. Las oportunidades son de quienes saben producir, de quienes se convierten en líderes y de quienes están comprometidos con la excelencia. El mundo actual no se detiene por nada ni por nadie. Al contrario, exige de todos una mentalidad abierta, visión estratégica, capacidad para innovar, para trabajar en condiciones óptimas de productividad, no importa cuáles sean las circunstancias. Quienes cuentan con procesos de mejoramiento continuo, aseguran la competitividad tan necesaria en un entorno globalizado. Como Gobierno estamos comprometidos a fondo con esta nueva cultura. Desde el primer día hemos trabajado para hacer de la administración pública un ejemplo de eficiencia, profesionalismo y capacidad de respuesta. Estamos haciendo las cosas con visión estratégica, siendo ágiles y flexibles, competitivos e inteligentes, abiertos y transparentes. Hemos buscado la equidad en el acceso, la calidad en el servicio y la universalidad en la cobertura. En tiempos de apertura, México requiere una cultura empresarial orientada a la competitividad. En el Programa de Desarrollo Empresarial, se establecen mecanismos que tienen el propósito de asegurar el éxito en la competitividad internacional”. El Secretario de Energía expresó: “Como parte de su planeación estratégica, la Secretaría de Energía creará una política energética de Estado a largo plazo, que trascienda los periodos sexenales y provea de transparencia y certidumbre a todos los participantes del sector energético”, aseguró el titular de Energía, ingeniero Ernesto Martens Rebolledo. “La energía seguirá siendo una de las actividades económicas más importantes de México y la fuente principal de ingreso público. Para lograr los objetivos de cubrir satisfactoriamente la demanda derivada del crecimiento económico y demográfico de los próximos años y de transformar a las empresas del sector energético en entidades competitivas a nivel internacional”, subrayó que “se requiere una reforma estructural del sector, que además le permita alcanzar su máximo potencial a fin de transformar la riqueza energética de México en riqueza para todos los mejicanos. Los requerimientos de inversión del sector para el periodo 2001-2006 serán de 120 mil millones de dólares, que representan 20 mil millones de dólares anuales”. No obstante, precisó que “los recursos del sector público resultarán insuficientes por lo que será necesario complementarlos con capital social y privado”. En ese sentido, explicó que “para exploración y producción de petróleo se necesitarán 48 mil millones de dólares; en tanto que la modernización del subsector eléctrico demandará 34 mil millones; 20 mil millones para gas natural, y 18 mil millones de dólares para refinación. En electricidad se incrementará en 70%, la de gas LP en 35%; la de gas en 120 %, y en cuanto a combustibles líquidos como gasolina, diesel y queroseno, crecerá en 45%”. Actualmente, aclaró, “para satisfacer la demanda actual de productos refinados, el país requiere importar 27% de gasolinas, 19% de combustóleo y 28% de gas LP”. De éste último, recordó que “México es el primer consumidor mundial, que necesita importar 120 mil barriles diarios del combustible”. El Secretario fue enfático al señalar que “en el proceso de modernización no se privatizará ningún activo de las empresas públicas del sector energético”.
a) Comisión Federal de Electricidad (CFE) Es la empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para 19.31 millones de clientes, lo que representa casi 80 millones de mejicanos. Un compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia a los clientes, garantizando altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo. Clientes por sector Servicios Agrícola Comercial Industrial Domestico 0,65 % 0,49 % 10,32 % 0,59 % 87,95 %
La CFE ofrece el servicio de energía eléctrica en la mayor parte del país, con excepción del Distrito Federal y algunas poblaciones cercanas a éste, donde el servicio está a cargo de Luz y Fuerza del Centro. CFE es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La CFE por medio de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada se encuentra realizando la promoción y contratación de proyectos de infraestructura eléctrica, en las modalidades de Productor Externo de Energía (PEE) y Obra Pública Financiada (OPF), que requiere para soportar el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) a cargo de la CFE. Con esto perfecciona los esquemas técnico-jurídico-financieros para que la inversión privada en este sector sea atractiva. Los proyectos de infraestructura eléctrica que la CFE ha determinado sean con capital privado y que ha venido licitando en los últimos tres años, obedecen a la necesidad de asegurar el suministro de energía eléctrica en un horizonte al año 2007. b) Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa, el cual tendrá las atribuciones que le confiere el Decreto de creación y el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. c) Comisión Reguladora de Energía (CRE) El Ejecutivo Federal promovió una iniciativa de Ley para llevar a cabo la reforma institucional necesaria para apoyar el desarrollo del nuevo marco para la industria del gas natural. El objetivo principal de esta reforma institucional era definir y asignar claramente las funciones y atribuciones de las dependencias y entidades involucradas en el desarrollo del gas natural y la energía eléctrica. Se fortalecieron las funciones de propietario de la Secretaría de Energía, encargada de definir la política energética del país; de la toma de decisiones relativas a la explotación del subsuelo acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y de supervisar las operaciones de las entidades del sector. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro conservaron sus funciones de operadores.
Las funciones de regulación se asignaron a la CRE a través de la expedición, en 1995, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Esta Ley transformó a la CRE, de ser un órgano consultivo en materia de electricidad, como lo estableció su decreto de creación en 1993, a uno desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México. La redistribución de funciones entre las distintas dependencias y entidades permitió definir, para cada una de ellas, objetivos específicos que fueran congruentes con sus atribuciones respectivas. El Congreso de la Unión promulgó la Ley de la CRE en octubre de 1995. A partir de esa fecha, la CRE se constituyó como autoridad reguladora en la materia e inició un proceso de definición, organización y desarrollo institucional acorde a las funciones, atribuciones y responsabilidades otorgadas por el Congreso. La Ley fortaleció el marco institucional, dio operatividad a los cambios legales, y claridad, transparencia y estabilidad al marco regulador de la industria eléctrica y de gas natural. Asimismo, amplió la autoridad de la CRE en materia de gas natural y energía eléctrica, y concentró en ella atribuciones que se encontraban dispersas en otros ordenamientos, dependencias y entidades. (1) Antecedentes La Ley determina las actividades del sector público y privado que se encuentran sujetas a regulación. Las actividades reguladas definidas en la Ley de la CRE son las siguientes: • El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público. • La generación, exportación e importación de energía que realicen los particulares. 0 La adquisición de energía eléctrica para el servicio público. • Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía entre entidades que tienen a su cargo el servicio público, y entre éstas y los particulares. 0 Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo. • El transporte y almacenamiento de gas natural que no estén relacionados con la explotación, producción o procesamiento. 0 La distribución de gas natural. • El transporte y distribución de gas licuado de petróleo mediante ductos. Los principales instrumentos de regulación que la Ley brinda a la CRE son: • Otorgar permisos. • Autorizar precios y tarifas. • Aprobar términos y condiciones para la prestación de los servicios. • Expedir disposiciones administrativas de carácter general (directivas). • Dirimir controversias. • Requerir información. • Aplicar sanciones, entre otros. Además, la Ley establece disposiciones de carácter orgánico para la propia CRE. La Comisión se constituye como un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, cuyas decisiones son tomadas en forma colegiada por los cinco comisionados que la integran. (2) Misión La Comisión Reguladora de Energía contribuye a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomenta una sana competencia, protege los intereses de los usuarios, propicia una adecuada cobertura
nacional y atiende a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. La CRE se ha propuesto promover el desarrollo eficiente de los sectores del gas y la energía eléctrica en beneficio de los usuarios. Para llevar a cabo este objetivo, la Comisión regulará los monopolios naturales y legales en las industrias eléctricas y de gas natural en México. La actividad reguladora de la CRE deberá conducirse de manera transparente, imparcial y uniforme, con base en normas claras y estables. La CRE ha desarrollado cinco principios básicos de operación que distinguen su actividad reguladora: • Claridad. La Comisión establece reglas sencillas y precisas para las actividades reguladas. • Estabilidad. Las reglas son acordes con la visión de largo plazo de la industria para promover las inversiones requeridas. • Transparencia. Las decisiones se toman mediante un cuerpo de comisionados, que deliberan en forma colegiada y sus resoluciones se inscriben en un registro público. • Equidad. La aplicación de la Ley no distingue entre operadores públicos y privados, las disposiciones son de aplicación general y se aplican criterios de análisis uniformes de manera consistente y predecible. • Autonomía. Las decisiones de la Comisión se toman de acuerdo a los objetivos y visión de largo plazo establecidos en las disposiciones legales aplicables, independientemente de condiciones políticas. La CRE ejerce su autoridad reguladora apoyada en procesos ágiles, la calidad técnica de su personal, el empleo de tecnologías de información y sistemas administrativos modernos y una cultura de innovación y mejora organizacional constante. De esta forma, la CRE responde de manera activa y flexible a la transformación estructural de los mercados de gas natural y de energía eléctrica en México. A partir de estas bases, la CRE ha desarrollado la estructura organizacional y los sistemas operativos con que se lleva a cabo la actividad reguladora. En breve tiempo, la Comisión ha emitido diversas directivas para perfeccionar la regulación y ha realizado una activa labor de difusión del nuevo entorno de la industria del gas natural. d) Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de impulsar el desarrollo de aeropuertos mediante su operación, construcción, suministro de combustibles y administración, acciones que concibe como instrumentos de apoyo al desarrollo del país y de sus diferentes regiones. Todas estas acciones son coordinadas a través de sus áreas de Administración, Jurídico, Finanzas y Comunicación Social. (1) Misión Contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país, impulsando una red aérea eficiente y promoviendo la actividad y desarrollo de la industria aeroportuaria nacional, con una visión de alcance internacional, mediante la identificación, estructuración e implementación de nuevos proyectos aeroportuarios. Por ello, entre sus tareas más importantes se encuentra la de promocionar cada una de las unidades aeroportuarias a su cargo, con énfasis en tres líneas de negocio: Consultoría, Operación Aeroportuaria y Suministro de Combustibles.
e) Dirección General de Información y Análisis de Mercados (InfoAserca) La responsabilidad de crear los sistemas de información recayó en la Dirección General de Información y Análisis de Mercados, quien con el objetivo de dar una información integral a través de diversos medios: • El escrito en sus diversas modalidades 0 Electrónico 1 El audiovisual El sistema basado en medios electrónicos, es su característica principal la de difundir información confiable, útil y puntual sobre mercados agropecuarios nacionales e internacionales en sus diversas modalidades, a un amplio universo de usuarios, a través de páginas de Internet. Este magno proyecto inicia sus funciones en enero de 1998 y contempla la siguiente información: • Cotizaciones de los mercados de futuros y de contado de trigo, maíz, soya, pasta soya, aceite soya, canola, algodón, café, cacao, cebada, arroz, avena, azúcar, jugo de naranja, ganado vacuno, y porcino en pie y en cortes. • Precios de referencia de trigo, maíz, sorgo y soya. • Costos de cobertura de trigo, maíz, sorgo, soya, algodón y jugo de naranja. • Costo de fletes. • Panorama nacional de granos, oleaginosas y pecuarios. • Climas. • Precios en centrales de abasto de granos, oleaginosas, frutas, hortalizas, pecuarios y flores. • Precios en mercados terminales de EE.UU. de frutas, hortalizas, pecuarios y flores. En lo que respecta al sistema audiovisual se crea el Sistema Integral de Comunicación al Sector Agropecuario (SICSA), que proporcionara información diaria, veraz e inmediata sobre el comportamiento de los mercados agropecuarios, tanto nacionales como internacionales, con cobertura nacional a través de un televisor, alcanzando en el periodo de 1991 a 1994 un total de 108 páginas, con un auditorio aproximado de 9.000 receptores en el territorio nacional. 5. Conclusión parcial México está desarrollando una estrategia para los próximos 20 años en los servicios que brindan las EE.PP. apuntando a la Mejora Continua, teniendo como objetivo la satisfacción del usuario. No obstante el 14 de febrero del presente año el gobierno redujo el subsidio a las tarifas eléctricas lo que, en realidad implica un aumento de la factura que el consumidor paga mensualmente. La medida ha causado mucho disgusto en la población y diversas reacciones de la oposición, que acusa al gobierno de impulsar medidas antipopulares. P or su parte el gobierno reitera que no privatizara el servicio y que pondrá en practica esquemas de financiamiento que permitan la inversión privada, sin ceder el dominio sobre el servicio. N. NICARAGUA 1. Generalidades Durante los últimos años, Nicaragua ha estado llevando a cabo un proceso de reforma del Estado que involucra cambios acelerados en toda la administración pública.
Entre las acciones más destacadas, apoyadas por la cooperación internacional están las reformas en el sector comercio, incluyendo la privatización de monopolios estatales. 2. Instituto Nicaragüense de Energía (INE) El Ente regulador de Energía es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y las empresas privadas que están operando en el sector son: las empresas generadoras, como: Empresa Enérgica de Corinto, Tipitapa, Censar, Nicaragua Sugar. Las empresas que están en proceso de privatización son las siguientes. Empresas de Distribución DISNORTE DISSUR Empresas de Generación GECSA (Planta de Managua y las Brisas) GEOSA (Planta Nicaragua y Chinandega) HIDROGESA (Centroamérica y Santa Bárbara) El INE aún se encuentran en proceso de licitación.
El estado actual del proceso de privatización de las empresas del sector eléctrico. La Empresa Española Unión Fenosa, compró el día 12 de septiembre del 2000, el 95 % de las acciones del área de distribución de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), fue la primera empresa privatizada en Nicaragua, las empresas son: DISNORTE y DISSUR, a un precio de 115 millones de dólares. Al final en el proceso de licitación sólo participó esta empresa española. La privatización de esta empresa, según algunos expertos y sindicalistas de este sector, va a tener resultados negativos para los consumidores, productores, empresarios y otros sectores sociales del país, ya que afirman que el INE no podrá controlar a la entidad monopólica privada de distribución de energía, y en vez de cumplir con su papel de Ente Regulador, sólo tendrá capacidad de aprobar las propuesta que le haga la Empresa Operadora, entre ellas las políticas sobre las tarifas. 3. Conclusión parcial Nicaragua ha comenzado la venta de sus EE:PP. sin un plan de privatización. El monopolio público, ineficiente pasará a uno privado hegemónico. O. PANAMA 1. Generalidades Para reactivar la economía, a mediados de 1997, el gobierno culminó una primera fase de reformas económicas incluyendo la venta al sector privado de la mitad de las acciones de la compañía de telecomunicaciones, la privatización de los puertos de Cristóbal y Balboa. La política comercial estará orientada a reducir el costo de vida y el programa de inversión pública se orientará hacia la inversión en los sectores sociales, por la liberación de recursos debido a la privatización de empresas públicas. 2. Antecedentes de las privatizaciones El gobierno avanzó significativamente en los cambios necesarios para proporcionar servicios públicos confiables con tarifas razonables para apoyar el crecimiento de la inversión privada. En abril de 1997 se vendió, mediante oferta pública, el 49 por ciento de las acciones de la empresa de telecomunicaciones. En 1996, se concesionaron al sector privado los puertos de Cristóbal y Balboa y el ferrocarril transístmico.
En el sector de energía la ley marco que otorga al ejecutivo facultades para reestructurar y privatizar el IRHE fue aprobada al fin de diciembre de 1996. Esto permitió iniciar el proceso de segmentación del mercado eléctrico. En el sector de agua potable y saneamiento, la ley marco para la privatización fue aprobada por la Asamblea Legislativa en enero de 1997. Durante 1997 también se hicieron avances para otorgar en concesión administrativa otras empresas públicas, tales como el hipódromo, los casinos nacionales y el centro de convenciones internacionales de Atlapa. Actualmente están en construcción dos importantes instalaciones portuarias en el Atlántico, los puertos de Cristóbal y Balboa aumentarán su capacidad de manejo de carga en contenedores y junto con el ferrocarril transístmico, ya en 1998 se empezó a desarrollar un sistema multimodal de transporte de carga. A nivel de pre-factibilidad se está considerando la construcción de otro puerto en el área de Farfán (Pacífico). También existen propuestas para ampliar el aeropuerto de France Field (Colón, junto a la Zona Libre de Colón), lo que aumentaría considerablemente la eficiencia del país en el comercio mundial. Fuera de la región metropolitana, este año se construyó el puerto de Chiriquí Grande en el Atlántico, lo que facilitará las exportaciones agrícolas, especialmente de bananos. 3. Conclusión parcial Panamá ha vendido el 49% del capital de sus EE.PP. lo que le permite mantener el control de éstas. P. PERÚ 1. Generalidades Perú, ha privatizado y/o concesionado gran parte de sus EE.PP. con capitales privados permitido que sus empleados compren hasta el 10% de las acciones de las empresas en que trabajan. 2. En los tres niveles del servicio de energía hay empresas publicas. A nivel de generación Electroperú, EGEMSA EGASA EGESUR A nivel de Transmisión ETECEN ETESUR A nivel de Distribución Electro Nor Oeste Electro Norte Electro Norte Medio Electro Centro EMSE COELVISA Electro Sur Oeste Electro Sur Electro Sur Este
a) Las siguientes empresas son controladas por el Estado: Empresa del agua. Control de puertos. Aduanas. Petróleos (explotación y procesos). Seguro social (en competencia con empresas privadas).
Con la excepción de Petróleos (que fue privatizada en el gobierno del Gral. Velasco Alvarado, cuya tendencia fue socialista/estatista), el resto de la empresas fueron creadas con carácter público. Electrosur, Electrosur Este y Electrosur Oeste, están en vías de privatización con excepción de Petróleos por considerarse de nivel estratégico. Con estas tres empresas se estaría completando la operación pro agentes privados de la distribución de electricidad en el Perú en casi 90%, restando sólo las empresas operadoras de la selva: Electro Oriente y Electro Ucayali. Se ha señalado también la concesión de la Central hidroeléctrica de Machu Picchu, indicándose que hay 8 empresas interesadas, entre ellas 2 peruanas. Adicionalmente, se explicó que el concesionario que gane deberá rehabilitar la central con ciertas condiciones, incrementar la capacidad instalada de la central y dar mayor participación a través de acciones del Estado. Cabe señalar que recientemente el Estado peruano otorgó la primera concesión del año a la empresa Red Eléctrica de España, quien se adjudicó el Sistema Eléctrico del Sur, por 32 años, se estima una inversión de 92.5 millones de dólares a recuperarse en el cobro de la tarifa eléctrica señalada por la Comisión lo que significa a mayor inversión mayor tarifa. Cabe indicar que otra de las empresas finalistas fue la canadiense Hydro Quebec quien presentó una oferta económica de 82.92 millones de dólares, cifra superior a la española que presentó una de 74 millones 480 mil dólares. La ganadora, especializada en transmisión eléctrica, deberá operar líneas de Socabaya-MoqueguaTacna-Puno sumando un total de 441 Kms. El contrato señala que al finalizar el período de concesión, la empresa se obliga a devolver las obras al Estado peruano para que éste las vuelva a subastar quedando obligada a ese tiempo Red Eléctrica de España a construir y mantener el sistema. b) El programa de privatización busca promover la eficiencia y competitividad global de las empresas peruanas. • • • • 0 • • 0 0 • • 0 • • (1) Objetivos empresariales Viabilidad y prosperidad de las empresas en el largo plazo. Rápida recuperación operativa. (1) Objetivos legales Establecer marcos regulatorios modernos. Asegurar la transferencia de propiedad en las unidades privatizadas. Asegurar la irreversibilidad del programa. Transparencia y agilidad del proceso. (1) Objetivos económico-financieros Generación de empleo productivo. Incremento de la inversión nacional y extranjera. Crecimiento de la producción. Generación de divisas. Generación de ingresos fiscales. Incremento de la competencia. Incremento en la calidad y cobertura de los servicios públicos. Propiciar la difusión masiva de la propiedad de las empresas.
El programa de concesiones incrementará la cantidad y calidad de la infraestructura del país con la participación del capital privado (1) Objetivos sociales 0 Modernizar el Estado asociándose inteligentemente con el sector privado, dejando atrás su antiguo rol de proveedor exclusivo de infraestructura y servicios públicos. • Elevar la justicia distributiva del país posibilitando el uso de la infraestructura y los servicios públicos por quienes los utilizan directamente. • Contribuir al combate contra la pobreza aumentando y mejorando la dotación y calidad de la infraestructura y los servicios públicos. • Recuperar el retraso en la dotación y calidad de la infraestructura y los servicios públicos con relación a los países de América Latina. (1) Objetivos económicos • Incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura productiva del país. • Promover y conseguir la participación del sector privado en el financiamiento, construcción y gestión de la infraestructura y los servicios públicos del país. 0 Desarrollar un mercado competitivo de obras de infraestructura y de servicios públicos. • Aumentar el valor y la cantidad de activos del Estado, que nunca pierde los derechos de propiedad de las inversiones. • Liberar recursos fiscales para orientarlos a programas de inversión social y lucha contra la pobreza. 0 Generar economías externas a las empresas que permitan reducir sus costos para aumentar la competitividad del Perú y el nivel de competencia interna. • Estimular el traslado de las ganancias de productividad y la reducción de costos a los consumidores a través de menores precios. (2) Beneficios Alcanzados El gobierno ha privatizado una buena parte de los activos del sector público habiendo completado mas de 220 procesos de privatización en diversos sectores de la industria, en cuanto a los beneficios asociados a los de los procesos de privatización y concesión podemos mencionar: 0 El Estado se ha liberado de la gestión directa de empresas que le ocasionaban pérdidas y generaban déficit fiscal, las cuales ahora, bajo una administración privada, son productivas y exitosas. Gracias a esto, el Estado cuenta con mayores recursos para destinarlos a las áreas sociales que tiene la obligación de atender, como son la educación, salud, seguridad y justicia; así como los programas de lucha contra la pobreza. • Se ha mejorado notablemente la calidad y ampliado la cobertura de los servicios públicos a tarifas competitivas que, en algunos casos, se han reducido en términos reales gracias a una administración eficiente, la incorporación de moderna tecnología y mejoras en la propia infraestructura. 0 Se ha generado empleo productivo a mediano y largo plazo. • La capacidad productiva del país se ha reforzado, como consecuencia de las inversiones realizadas en años recientes por el sector privado. Ejemplos de esta innovación son los sectores de telecomunicaciones, minería y electricidad. Además, las empresas son ahora más fuertes, competitivas, con un mejor conocimiento de los mercados externos y con amplias posibilidades para la obtención de los capitales necesarios para continuar su expansión.
Finalmente, la privatización no sólo permitió transferir empresas, sino que convirtió a sus propios trabajadores y a un gran número de peruanos en accionistas de las mismas a través del Sistema de Participación Ciudadana. La legislación garantizó el derecho de preferencia de los trabajadores, quienes tuvieron derecho de adquirir hasta el 10% de las acciones. Datos recogidos hasta 1998 señalan que unos 16 mil trabajadores habían ejercido su derecho de compra por el equivalente a U$ 236 millones. En el caso del Sistema de Participación Ciudadana, 410 mil peruanos se convirtieron en propietarios de acciones sólidas y rentables en empresas como Telefónica S.A., Luz del Sur, Banco Continental, constituyendo la aplicación de este sistema un caso ejemplar en América Latina. Los logros de la privatización han sido notorios, por lo que se ha constituido en un factor clave para el éxito del programa económico. • • • • • • • (3) El programa peruano de privatización ha permitido: Racionalizar las empresas en proceso de privatización. Generar recursos suficientes para asegurar el financiamiento del plan de inversión social del gobierno. Atraer significativos compromisos de inversión. Mejorar la percepción de riesgo del inversionista extranjero. Promover la imagen del país como destino de inversión. Desarrollar el mercado nacional de capitales. Fomentar la competencia.
Los logros de este proceso han conseguido introducir al Perú en el mercado mundial de concesiones. • • • (4) El programa peruano de concesiones ha permitido: Identificar y definir una lista prioritaria de proyectos para ser entregados al sector privado. Perfeccionar, lanzar y estructurar 18 procesos de concesión. Culminar exitosamente nueve procesos de concesión: Transporte y distribución del Gas de Camisea, Red nacional de ferrocarriles Teleférico de Machu Picchu, Banda B de Telefonía Móvil Terminal portuario de Matarani, Línea de Transmisión Eléctrica Mantaro Socabaya, Línea Reforzamiento Eléctrica del Sur, Río Chillón, Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. Concretar inversión directa para la ejecución de los proyectos otorgados en concesión. Atraer altos compromisos de inversión privada. Mejorar la percepción de riesgo de los inversionistas extranjeros. Materializar alianzas entre empresas nacionales y extranjeras en los concursos y la ejecución de los proyectos. Promover la imagen del país como destino de la inversión. Desarrollar el mercado y la competencia en el mercado de obras de infraestructura y servicios públicos.
Sus Directores son denominados como puestos de confianza y su designación corresponde al sector al que pertenece (Ministerios) y son removidos a criterio de estos organismos. Su ingreso y ascenso dentro de la empresa son similares a los de cualquier empresa privada, pero es notorio el manejo de influencias.
2. Conclusión parcial La política adoptada en Perú, está orientada a que las EE.PP. se desarrollen en forma eficaz y eficiente, en beneficio del usuario. El tiempo determinará si se alcanzan estos objetivos. Q. PUERTO RICO 1. Generalidades Puerto Rico compró la compañía telefónica a la ITT Corp. en 1974, cuando la propiedad privada significaba servicios de baja calidad y pocas líneas rurales. En dos décadas hizo una gran inversión para modernizar y extender las líneas en toda la isla. Pero las nóminas de personal fueron abarrotadas con designaciones políticas y la calidad del servicio estaba muy por debajo del servicio standard brindado en los Estados Unidos. En 1996, cuando el Congreso aprobó una ley que desreguló la industria telefónica autorizando la competencia, el gobierno decidió su venta. Fue vendida en U$ 2.000 millones otorgándole a GTE una participación mayoritaria en la décima mayor empresa operadora local de los Estados Unidos, una moderna compañía con redes completamente digitalizadas para llamadas dentro de la isla. Antes de la compra, Puerto Rico Telephone era un virtual monopolio, con ganancias que superaron los $ 1.200 millones en 1997. 2. Privatización de Puerto Rico Telephone Pero allí vino la primera lección en privatización. El principal grupo de operaciones bancarias de la isla, Popular Inc., se asoció con la GTE y acordó comprar el 10 por ciento de la compañía de teléfonos de Puerto Rico y compartir esa participación con empleados telefónicos e inversores locales. Además, el gobierno le entregaba un 3% a los empleados. Eso dejaba la mayoría de las acciones en manos locales, con un 7% en poder de los trabajadores, una estructura que sofocó la oposición nacionalista. En su primer día de trabajo, Slater convocó una reunión de administración a la que concurrieron más de 140 ejecutivos, cuyo propósito era disipar miedos y rumores. Reiteró las promesas de que no habría despidos masivos, anunció que las tarifas residenciales permanecerían congeladas por tres años y que la compañía invertiría $ 1.000 millones para modernizarse. Rápidamente ofreció paquetes de retiro anticipado, que fueron aceptados por 1100 empleados. También redujo los nueve niveles de administración a cinco, para aproximarse más a los empleados. Además, Slater emprendió una serie de reuniones a través de la isla para llevarle seguridad a los trabajadores y enfatizar la necesidad de brindar servicio a los clientes. "Muchos de los trabajadores que están en la línea de frente me dijeron, “nunca antes había visto a un presidente de la compañía y jamás había estrechado su mano ", contó Slater. En los primeros seis meses, las órdenes de servicio que aguardaban ser cumplidas cayeron un 22% y las instalaciones telefónicas completadas dentro de 10 días crecieron un tercio, informó la compañía. GTE tiene poco margen para errores, dado que rivales de la talla de la AT&T Corp., Centennial y Sprint Corp. se han instalado en la isla. Puerto Rico Telephone maneja casi dos tercios del servicio de larga distancia dentro de Puerto Rico, aproximadamente un tercio del mercado de telefonía celular y más del 15 por ciento de los servicios locales de internet, detalló Slater. Pero el verdadero desafío fue cambiar la actitud de los empleados. La mentalidad, desarrollada durante el período en que era un monopolio manejado por el estado, se resumía de la siguiente manera: "Somos los únicos aquí, tómalo o déjalo", expresó Slater. "No se puede subestimar el poder del cambio de lo público a lo privado", explicó.
"Siempre llevará más tiempo del que se haya calculado. Por lo tanto lo que debe hacerse es concentrarse en la gente y asegurarse de que se comprende el aspecto humano del cambio: la negación, el enojo, la curva usual del cambio. El entrenamiento y la comunicación son las cosas más importantes". La comunicación demuestra ser clave en Puerto Rico, debido a sus vibrantes medios, entre los que se cuentan media docena de diarios, docenas de estaciones de radio y programas de televisión, solamente en San Juan. "Hay mucho sensacionalismo en la isla sobre todo lo que sucede, porque todos andan escarbando para lograr una noticia de primera plana", argumentó Slater. Para reducir las tensiones, por ejemplo, los administradores emiten boletines tras las reuniones con los sindicatos sobre las nuevas negociaciones colectivas de contratación. Los boletines resumen el estado de las negociaciones, disminuyendo los debates en los medios. Los dirigentes sindicales opinan que la comunicación fomenta el respeto. La GTE "tiene una visión diferente del gobierno”, explicó a los reporteros tras la venta Annie Cruz, presidenta de la Hermandad Independiente de Trabajadores Telefónicos. "Ellos ven a los sindicatos como facilitadores", añadió. Como resultado de la privatización, Puerto Rico mejoró las relaciones con los trabajadores y el servicio a los clientes. "Los sindicatos comprendieron que este es un juego completamente nuevo, y están aprendiendo a jugarlo", opinó el economista Antonio Villamil, presidente de la consultora económica Estudios Técnicos". "La compañía de teléfonos es ahora mucho más ágil para enfrentar en una situación competitiva" 3. Conclusión parcial Puerto Rico, con su integración a EE.UU. siendo un Estado Independiente lo hace un tanto atípico en la región. No obstante la experiencia aprendida con la participación de su empresa telefónica, abona el camino para futuras privatizaciones. R. RUSIA 1. Generalidades Hay que recordar que los países que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) venían de gobiernos y economías comunistas. Todo el mundo reconocía lo malo que era el comunismo (planificación centralizada, precios distorsionados, falta de incentivos, ausencia de propiedad privada). Teniendo en cuenta todos esos problemas, es claro que, con el cambio a la economía de mercado, la producción debió haber aumentado. En realidad no sólo debió haber aumentado, sino que debió haber despegado vertiginosamente. Pero, ¿que fue lo que ocurrió? la producción cayó alrededor de un 40%, la pobreza pasó de un 2% al 40%, hoy más del 50% de los niños viven en la pobreza. Y todos estos resultados se debieron sobre todo a una dependencia excesiva de malos modelos económicos, al peso de lo ideológico y creo también a la satisfacción de demandas de algunos grupos poderosos que reclamaron políticas equivocadas. Preocupación por los acreedores, la mezcla de malas fórmulas económicas, ideología e intereses de grupos de presión, todo ello es una combinación que puede producir verdaderos problemas. La consecuencia fue que la privatización, que puede ser una fuerza muy positiva cuando está bien hecha, se convirtió en un factor recesivo. En vez de generar nueva riqueza, la privatización llevó a la dilapidación de los activos que pertenecían al Estado. La apertura del mercado de capitales permitió que los compradores de las ex empresas del Estado tomaran ganancias y las invirtieran en Nueva York y Chipre. De esta manera, la economía no creció sino que entró en una profunda depresión.
2. Conclusión parcial La rápida privatización urgida a Moscú por el FMI y el Departamento del Tesoro había permitido que un pequeño grupo de oligarcas ganara el control de los activos del Estado. El FMI y el Tesoro habían modificado los incentivos económicos en Rusia, lo que está bien, pero de manera equivocada S. URUGUAY 1. Generalidades Las EE.PP. en forma general, han sido creadas con carácter privado y al no lograr la rentabilidad esperada han pasado a la órbita del Estado, por ser adquiridas por éste. En 1982 el Poder Ejecutivo eleva al Poder Legislativo un proyecto de ley para que estas empresas puedan ser privatizadas. El Poder Legislativo aprueba una ley, la que en líneas generales permitía que el 51% del capital de las empresas pudiera ser adquirido por capitales privados. Esta ley es plebiscitada por la ciudadanía que no compartió la decisión del Poder Político, logrando la mayoría necesaria para que ésta quedara sin efecto. 2. Las EE.PP. se dividen en: 0 Entes Autónomos; Asociación de Ferrocarriles del Estado (AFE), Primera Línea de Navegación Aérea (PLUNA), Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), Banco Central (BC), Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Banco de Seguros del Estado (BSE) y Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) 1 Servicios Descentralizados; Administración Nacional de Puertos (ANP), Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) a) AFE La Asociación de Ferrocarriles del Estado (AFE), siempre fue un pilar del proceso de crecimiento y expansión económica y social del país. Sin embargo como ha sucedido en otros países, los trenes dejaron de ser un símbolo de desarrollo pujante de una nación, para pasar a ser un lastre para toda la sociedad. Hoy sin embargo ha comenzado en todo el mundo una fase de “renacimiento”, pautado por fuertes inversiones de los países desarrollados al comprobar en él beneficios no valorados (contaminan menos el aire, pueden cargar cuatro veces su capacidad sin ampliar su red, descongestionan el tránsito carretero, consume menos combustible, utiliza menos espacio para montar su infraestructura, las inversiones en vías y máquinas se amortizan en plazos muy largos). Uruguay no es ajeno a esta política y ha emprendido un plan de recuperación de sus vías, mediante concesiones a privados. b) ANCAP El artículo 1º de la Ley 8764 del 15 de octubre de 1931, dispuso la creación de un ente industrial del Estado, que "se denominará Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland"(ANCAP), con el cometido de "explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados y de fabricar portland" El organismo ingresa a la industria de los combustibles mediante la importación y reventa de combustibles líquidos refinados, logrando una sensible rebaja en los precios vigentes. El depósito de inflamables de La Teja es transformado en una planta de envasado y expedición de combustibles. En 1933, ANCAP adquiere su primer buque a la Administración Nacional de Puertos, que rebautiza con el nombre de "ANCAP Primero". En 1934, ANCAP inaugura en el departamento de Paysandú la primera planta auxiliar de combustibles del interior de la República y adquiere el buque petrolero de cabotaje, de 750 toneladas (Audax) que rebautiza como "ANCAP Segundo".
En 1935, con la colaboración de YPF de Argentina, se inicia el montaje de la Refinería de combustibles y el adiestramiento del personal técnico. En 1937, se inaugura oficialmente la Refinería de La Teja con una capacidad de refinación de 600 metros cúbicos diarios y cesan las importaciones de productos elaborados que venía efectuando ANCAP y al año siguiente firma un convenio con las compañías privadas distribuidoras de combustibles, estableciéndose que la Refinería de La Teja procesará todo el petróleo crudo que se importe, con lo cual los combustibles de ANCAP cubren el 100% del consumo nacional y cesa las importaciones de destilados. En el 39 por modificaciones introducidas en la unidad de Topping permiten elevar la capacidad de refinación a 1.000 metros cúbicos diarios de crudo. En 1946, para ampliar la flota petrolera, adquiere tres buques en Estados Unidos. Dos de ellos ("ANCAP Tercero" y "ANCAP Cuarto"), son gemelos, de 16.512 toneladas de peso muerto y son destinados a viajes de ultramar. El tercer buque ("ANCAP Quinto") de 1.019 toneladas de peso muerto es utilizado para bunkers y puertos del litoral. En 1950, aumenta la capacidad de procesamiento de la Refinería de La Teja a 4.100 metros cúbicos de petróleo crudo por día. Tres años más tarde se aumenta nuevamente la capacidad de refinación de la Refinería de La Teja a 4.300 metros cúbicos de petróleo crudo diarios. En 1961, se inaugura la ampliación de la Refinería de La Teja, elevando la capacidad total de procesamiento a 6.500 metros cúbicos diarios de petróleo crudo entre las unidades de Topping I, II y III. En 1956, se adquiere en Alemania el buque tanque "ANCAP Sexto", de 2.472 toneladas de peso muerto, con destino al transporte de combustibles al Litoral. El 17 de agosto se produce la primera bolsa de portland en la Fábrica de Minas, que tiene una capacidad de producción de 120 mil toneladas anuales. En 1970, se elabora el Plan Energético un estudio que permite determinar las posibilidades de producción de combustibles con las actuales instalaciones y las necesidades futuras. Este plan incluye: • Terminal de recepción de almacenamiento de petróleo crudo en el Este, consistente en una boya de amarre para petroleros de hasta 150.000 toneladas de peso muerto y un parque de tanques con capacidad para 268.000 metros cúbicos de petróleo. • Oleoducto desde la Planta de Almacenamiento hasta la Refinería de La Teja. • Modernización de unidades de refinación en las instalaciones de La Teja. • Ampliación de la capacidad de refinación y de equipos auxiliares. • Terminal de La Tablada para almacenaje y expedición de productos terminados. • Poliducto desde la Refinería de La Teja a la Terminal de La Tablada. En 1978, se inauguran la Terminal del Este en José Ignacio, en el departamento de Maldonado y la Planta de Almacenaje y Expedición en La Tablada. En 1982, se inaugura la ampliación de la Terminal del Este, con la construcción de cuatro nuevos tanques. En 1997, ANCAP, Acodike y Riogas constituyen Gasur, empresa instalada con la finalidad de distribuir gas en el interior del país. En este convenio confluyen varias de las líneas de acción que pautan la transformación de ANCAP, como su decisión de participar en todo lo relacionado con el gas, su política de alianzas y en esta ocasión en particular, el constituir la primera empresa con participación privada y pública. ANCAP y Petrobrás acordaron asociarse para trabajar en conjunto en áreas tales como gas natural, lubricantes y refinación de petróleo y sus derivados. ANCAP consolida la alianza estratégica con Mobil, en lo que representó la primera asociación de una empresa pública uruguaya con una multinacional. Por este acuerdo, ANCAP podrá duplicar la producción de lubricantes y al mismo tiempo, permitirá a la compañía estadounidense ingresar al mercado regional.
En 1998, ANCAP firma convenio con la empresa privada argentina Sol Petróleo. El acuerdo marco establece que ANCAP venderá combustible en Buenos Aires y zonas urbanas aledañas, por el plazo de 15 años a partir de una fecha estimada en principio, en mediados del año 2001 También suscribe un convenio con la compañía argentina de cemento Loma Negra, por el que nace una nueva empresa: Cementos del Plata SA, esta empresa tendrá a su cargo la comercialización de la totalidad de la producción de cemento ANCAP en Uruguay y la Argentina, al tiempo que Loma Negra dará asesoramiento a la empresa uruguaya en las áreas operativas, incluyendo la recomendación de nuevas inversiones. En acto realizado en la Planta ANCAP de Paysandú, se concreta la interconexión de gas natural entre Uruguay y Argentina. En el tramo uruguayo del gasoducto ANCAP será operador exclusivo y propietario del cruce sobre el puente Gral. José Artigas y si bien la distribución estará en manos del sector privado, la empresa tiene derecho a participar hasta el 45% del capital accionario en sociedad con el consorcio ganador de la licitación para distribuir el gas por redes en todo el interior. ANCAP obtiene la certificación del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) por la calidad de los cementos que fabrica. ANCAP inició el proceso tendiente a incorporar su División Alcoholes al régimen de economía mixta, al realizar un llamado a empresas que quieran asociarse con ella para la fabricación de alcohol de grano. c) ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), empresa de vanguardia prestadora de servicios de telecomunicaciones, ha incorporado soluciones tecnológicas de última generación en la búsqueda de la excelencia al servicio del cliente. La gran gama de servicios y el desarrollo de todos los negocios basados en las tecnologías de telecomunicaciones y de información, posibilita la satisfacción de los clientes y el crecimiento de toda la sociedad. d) BSE El Seguro comienza a desarrollarse en Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX. Después de la Guerra Grande y acompañando el proceso de recuperación del país, se instalaron las primeras compañías extranjeras de seguros las cuales compitieron con las aseguradoras nacionales creadas a partir de 1854. La corriente ideológica y las tendencias económicas predominantes en la época llevaron a que en 1911, a efectos de regular el sector privado, se creara una entidad estatal denominada Banco de Seguros del Estado a la que se le concedió en régimen de monopolio gran parte de la industria aseguradora del país. En 1995, como consecuencia de los cambios producidos en el mundo y, especialmente en la región del Mercosur, se promulgó la Ley 16.426 por la cual se procedió a la desmonopolización de los seguros, iniciándose un proceso de desregulación en un mercado abierto al acceso de empresas extranjeras. En ese régimen de sana competencia el Banco de Seguros del Estado continúa manteniendo su liderazgo. El Banco de Seguros de Estado (BSE) es líder del mercado uruguayo siendo la empresa que brinda más variedad de coberturas de seguros, tanto en Ramos Generales como en Vida. En función de ello desarrolla una continua actividad de innovación para ofrecer productos y servicios que se adapten a las necesidades del cliente.
e) BROU El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), fundado en 1896, es el banco más importante en Uruguay. Desde su creación, ha jugado en forma ininterrumpida, un rol decisivo en el desarrollo económico del País, manteniendo por más de un siglo una sólida imagen avalada por el Estado Uruguayo, así como por su nivel de patrimonio y su reconocimiento internacional. Hoy día, el Banco República (que cuenta con 112 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional y 5 sucursales en el exterior) está concretando la revitalización de su mejor tradición como institución financiera de fomento, comercial y social, a través de la incorporación de tecnología de última generación, de la modernización de su operativa y de la capacitación de sus recursos humanos. Todo ello en beneficio del cliente, centro de su atención. La creación del Banco de la República Oriental del Uruguay constituyó la culminación de un largo proceso cuyos inicios están vinculados con la fundación del Banco Nacional en el año 1887 y su breve historia hasta su quiebra en el año 1890. Después de la profunda crisis de ese año, el Uruguay tomó conciencia de que el país necesitaba un banco nacional estructurado y defendido por su estatuto legal, por los gobiernos y por los administradores del Instituto, del peligro de vincularlo a las vicisitudes financieras del Estado. El deseo general era que un nuevo organismo nacional de crédito revitalizara la economía del país fomentando el desenvolvimiento de las energías relacionadas con la actividad comercial e industrial. Hombres públicos, industriales y comerciantes estaban convencidos que ése era el medio de estimular las fuerzas económicas del país. La Asamblea General promulgó la Ley que diera origen al Banco el 4 de agosto de 1896. El 22 de octubre de 1896, a las diez de la mañana, fueron abiertas las grandes puertas del edificio ubicado en la esquina formada por la intersección de las calles Cerrito y Zabala (Montevideo), donde antiguamente funcionara el Banco Nacional. Desde ese momento, "entre esperanzas y temores" el BROU, con tan sólo 54 funcionarios, inicia sus operaciones. Hoy sigue siendo el principal Banco de Desarrollo, con sucursales en todo el país y en el extranjero. f) PLUNA Primera Línea de Navegación Aérea (PLUNA), fue fundada el 20 de noviembre de 1936, por dos jóvenes uruguayos los hermanos Jorge y Alberto Marquez Vaeza, realizando su primer vuelo uniendo Montevideo, con las ciudades del interior del país. Contaba en ese entonces con dos flamantes De Havilland DRAGONFLIES de cinco asientos, a los que se les apodó CHURRINCHE, por su llamativo color bermellón, similar al del pájaro de igual nombre y SAN ALBERTO en honor al padre de los hermanos Marquez Vaeza. El primer año de actividad de PLUNA fue todo un éxito, cerró con 2.000 horas de vuelos, 2.600 pasajeros, 20.150 kgs. de carga, 20.000 cartas, 70.000 diarios y 1.700 kgs. de encomiendas.Llevando la bandera uruguaya por los cielos del mundo, en la década de los cuarenta inaugura su primer vuelo internacional a la ciudad de Porto Alegre, Brasil y luego incorpora vuelos a Asunción del Paraguay y extiende la ruta de Porto Alegre hasta San Pablo. Inicia también los vuelos a Buenos Aires, inaugura el vuelo a Santa Cruz, Bolivia y tiempo después comienza a cubrir las ciudades de Rosario y Córdoba en la República Argentina. Años más tarde realiza vuelos a Río de Janeiro, y a mediados de los ochenta comienza los vuelos hacia el viejo continente en la línea Montevideo-Buenos Aires-Madrid. Al mismo tiempo se incorpora Santiago de Chile como nueva escala y abre una sucursal off line en Tel Aviv.
Hoy con una flota de Boeing 737-200 Advanced, Boeing 767-200, y más de 100 salidas semanales llega a las ciudades de Asunción, Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Porto Alegre, Punta del Este, Río de Janeiro, Salvador, San Pablo y Santiago de Chile. Ofrece a sus usuarios una cordial atención y excelente servicio de abordo. Además cuenta con el sistema de millaje SMILES, que engloba diferentes servicios y beneficios principalmente en Montevideo. En 1994 se asocia a Varig, pero su situación financiera no ha mejorado, en estos momentos está en busca de capitales que le permitan continuar operando. g) ANP En el marco del Programa de Calidad que está impulsando, la Administración Nacional de Puertos (ANP) ha definido su Visión para el Puerto de Montevideo. Asimismo también ha quedado establecida la Misión que regirá todas las acciones que se tomen de aquí en más en la gestión de nuestro puerto capitalino. Por la importancia que tienen tales definiciones para todos los funcionarios de ANP y para la Comunidad Portuaria en general, se transcriben los textos a continuación. Visión Constituir un polo de desarrollo para el Uruguay consagrándose como el puerto preferido de la región, por la calidad de sus servicios. Misión Administrar, conservar y desarrollar el Puerto de Montevideo generando, mediante una organización eficiente orientada a la satisfacción de los clientes, una actividad creciente y sustentable que lo distinga por la calidad de sus servicios y por su contribución a la excelencia en la cadena del transporte multimodal. (1) Comité de Calidad del Puerto de Montevideo El día 17 de mayo de 2001, se dio por constituido el comité de calidad del puerto de Montevideo. El Comité está integrado por representantes de Instituciones Privadas y Públicas que tienen responsabilidades e intereses de gran importancia en el ámbito territorial del Puerto de Montevideo. De los acuerdos alcanzados por la mayor autoridad de cada Institución, se tiene como objetivo que el Puerto sea una realidad palpable de eficacia y eficiencia en la gestión del servicio. La finalidad es que empresas independientes en sus competencias, funciones y responsabilidades, estén comprometidas y amalgamadas, apuntando a la calidad del producto final de la actividad portuaria, al "producto-servicio" que percibe el cliente. En el marco estatutario y dentro de sus amplios cometidos, el Comité de Calidad, tomó como uno de sus principales esfuerzos hacer suyos los objetivos de la Comunidad Portuaria de Montevideo a corto medio y largo plazo en el marco del Plan de Calidad. Para facilitar un rápido relacionamiento con el Comité de Calidad, a todos los integrantes de la Comunidad Portuaria, se pone a disposición una Casilla de Correo, por donde se podrá hacer llegar información, sugerencias, críticas y comentarios que serán canalizados al seno del Comité de Calidad.
3. Conclusión parcial Uruguay no es ajeno a los problemas del resto de los países, el peso de la Administración Pública dificulta el desarrollo del país. El gobierno pretende lograr el apoyo político que le permita hacer las modificaciones necesarias en las EE.PP. para que éstas funcionen en forma eficiente, eficaz y cumplan con la finalidad para la que fueron creadas, en beneficio del usuario, sin ser subvencionadas por el Estado. T. VENEZUELA 1. Generalidades El 30Nov97 el Congreso de la República aprobó la Ley de Privatización, con ella le da un marco jurídico a la acción que el Estado desarrolle con los bienes o servicios del sector publico, definiendo que es “sector publico”, quien es el responsable de la “ejecución de la Política de Privatización” y que se debe hacer con “los Recursos Provenientes de la Privatización”. En las dos ultimas décadas los distintos gobiernos llevaron adelante un Proceso de Privatización de las EE.PP. apreciadas como altamente ineficientes en términos de producción y rendimiento laboral. Sin embargo aquellas consideradas Estratégicas (como Petróleos de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana) continúan bajo control del Estado. 2. Conclusión parcial Con la asunción del Presidente Chávez al gobierno, éste ha propuesto regular las ventas de las EE.PP. proponiendo distintas reformas a la legislación del país, las que han sido aprobadas por el Poder Legislativo, buscando que las consideradas estratégicas continúen bajo el control del Estado. Las mismas están en desarrollo y aún es muy pronto para evaluar sus resultados. U. Privatización; el impacto humano Los gobiernos han continuado las privatizaciones para paliar las pérdidas de las EE.PP., generar ingresos mediante la venta de activos, aumentar la eficacia o establecer la base de una economía de mercado. La mayoría de las evaluaciones sobre el éxito o el fracaso de la privatización se han hecho teniendo en cuenta estos objetivos. Sólo en algunas se han examinado los efectos de la privatización para los trabajadores, pero en el informe “El trabajo en el mundo” 1995 de la Oficina Internacional de Trabajo se trata de restablecer el equilibrio considerando los efectos de la privatización sobre el empleo y sobre la protección social e informando al mismo tiempo de las medidas adoptadas por los gobiernos para afrontar las consecuencias sociales negativas. Medir las consecuencias de la privatización para el empleo es una operación delicada. La venta de EE.PP. forma normalmente parte de un proceso más largo de ajuste estructural, y cada uno de sus elementos influye en el empleo total, por lo que es difícil aislar los efectos específicos de la privatización. Y la situación puede no resultar mucho más clara, incluso estudiando determinadas empresas. Comparar simplemente los niveles de empleo antes y después de una venta puede ser engañoso. Las cifras "anteriores" se habrán reducido normalmente antes de proceder a la venta, al tratar el gobierno de hacer más atractivas las empresas para los compradores privados deshaciéndose de trabajadores sobrantes, por ejemplo, o congelando la contratación. Las cifras "posteriores", por otro lado, pueden seguir siendo artificialmente altas si una de las condiciones de la venta es que los nuevos propietarios no pueden despedir trabajadores en un período de tiempo determinado. Según la experiencia de muchos países, la privatización es más probable en empresas de sectores en que las condiciones del mercado son muy favorables que en aquellas que operan en industrias en declive. Un
buen ejemplo es la privatización de British Airways. Los países en desarrollo han tenido experiencias similares. En Nepal, por ejemplo, tres empresas con relativo éxito (de ladrillos, cuero y papel) se privatizaron en 1993, y en dos de ellas aumentaron la producción y la inversión sin reducir el empleo. Del mismo modo, en Chile, la privatización de CTT, el mayor proveedor de comunicaciones, no provocó pérdidas de empleo, y en el caso de CHILGENER, una compañía de generación de electricidad, el empleo aumentó. La reducción al mínimo de los despidos se ha debido con frecuencia a negociaciones con los sindicatos. En el caso de TELMEX, la compañía de telecomunicaciones mexicana, privatizada en 1990, los sindicatos impidieron grandes cantidades de despidos entre los 65.000 empleados de la empresa, aceptando una flexibilidad mucho mayor en las condiciones de trabajo. En las actitudes de los sindicatos en México ha influido indudablemente la experiencia con la compañía aérea nacional, Aeroméxico, en que, ante una huelga en oposición a la privatización, el Gobierno liquidó la compañía permitiendo así a los compradores empezar de nuevo con otro personal (mucho menos numeroso). Los trabajadores han opinado incluso más en el proceso en algunas de las economías en transición. En Polonia, por ejemplo, la ley sobre privatización de empresas estatales concede a los empleados sustanciales derechos sobre posibles compradores. En una fábrica de dulces, los trabajadores optaron por un socio capitalista suizo en lugar de uno británico, puesto que el primero no sólo ofrecía mejor precio sino también mejoras salariales y garantías de seguridad en el empleo. La privatización no tiene por qué revestir la forma de venta de EE.PP.; también puede hacerse subcontratando servicios públicos. Este ha sido el procedimiento dominante en EE.UU., donde el Gobierno no ha tenido nunca mucha intervención directa en la industria. A este respecto, el Informe dice que si bien con la contratación en el exterior algunos trabajadores han perdido sus empleos, los efectos han sido relativamente reducidos: según un estudio de subcontratación realizado por el Gobierno estadounidense en 1990, sólo el 7% de los trabajadores fueron despedidos: el 58% encontraron trabajo con el contratista privado; el 24% pasaron a otros puestos estatales, y el 7% se jubilaron. Sin embargo, en otros casos el informe indica que la privatización ha costado el empleo a muchas personas. En Ghana, por ejemplo, a finales de 1993 se privatizaron o liquidaron unas 86 empresas, y el Informe estima que de los 20.000 empleados transferidos del sector público al privado unos 5.000 podían haber perdido inicialmente sus empleos. En Pakistán, donde la privatización se inició en 1991, se señala que en el primer año los nuevos propietarios despidieron al 43% de los trabajadores. Del mismo modo, en Brasil no sólo hubo despidos antes de la privatización, sino también después. Los despidos (bien antes de la privatización o como consecuencia de ella) pueden dar lugar a grandes dificultades, y el informe examina también los esfuerzos del gobierno para tratar este aspecto. Muchos han ofrecido incentivos económicos para la jubilación anticipada, o indemnizaciones de despido. En Guinea, por ejemplo, mediante un sistema de ceses voluntarios se ofrecen cantidades de hasta US 3.300 durante un período de 30 meses. Tales planes pueden ser muy onerosos. En Ghana, el Gobierno asume la responsabilidad de pagar a los trabajadores despedidos por compañías privadas, y en 1991 esas obligaciones, junto a las asumidas con los acreedores, representaron la mitad de los beneficios brutos obtenidos de las ventas de empresas. Los trabajadores despedidos en países industrializados podrán solicitar prestaciones de desempleo, pero los de otros países no tienen tanta suerte. A veces, el seguro de desempleo no existe o es muy limitado. En las economías en transición, por ejemplo, las prestaciones de desempleo duran como máximo 12 meses.
Otra forma en que los gobiernos han tratado de facilitar el paso del sector público al privado es mediante "políticas de mercado de trabajo activos", para ayudar a los trabajadores a encontrar otro empleo. En Nepal, por ejemplo, esto abarca la formación y préstamos en condiciones favorables para ayudar a la gente a trabajar por cuenta propia. En Japón, tras la privatización de la compañía nacional de ferrocarriles, aproximadamente la tercera parte de los 92.000 trabajadores fueron transferidos a la compañía liquidadora que había de buscarles otro empleo por un período de tres años. Los sueldos de los trabajadores que permanecieron en compañías después de privatizadas muchas veces mejoraron. Pero, según señala el informe, esto puede tener como contrapartida una mayor inseguridad. En el Reino Unido, por ejemplo, los trabajadores transferidos a contratistas del servicio de salud privado sufrieron pérdidas de vacaciones, jubilación, primas y derechos de remuneración en caso de enfermedad, y a veces tuvieron que trabajar a tiempo parcial, con la correspondiente pérdida de derechos. El informe “El trabajo en el mundo” de la OIT concluye diciendo que si bien los trabajadores pueden perder al principio a causa de la privatización, ésta puede tener a la larga un efecto positivo. Pero destaca que la mejor manera de lograrlo es abordar debidamente desde el comienzo los problemas de los asalariados. La experiencia de los programas de más éxito es que la consulta y participación verdaderas no sólo suavizan el proceso sino que, movilizando la cooperación de los trabajadores, las perspectivas de un buen resultado son mejores. V. Diez mandamientos para la sustentabilidad de la participación privada Las ventajas económicas de la participación del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura son aparentemente obvias. Por ello, los países han iniciado un cambio hacia los nuevos esquemas. Sin embargo, es concebible pensar que la participación del sector privado introduzca problemas y costos que excedan los beneficios esperados. Termina siendo una cuestión empírica y muy seguramente se documentarán casos en los que el cambio de esquema ha sido beneficioso para la sociedad y casos en los que el cambio ha sido perjudicial. A pesar de ello, la poca evidencia recopilada sugiere que con la incorporación del sector privado las ventajas superan los inconvenientes. Pero las experiencias son relativamente recientes y es prematuro sacar conclusiones definitivas y generalizables. Sin embargo, las experiencias permiten afirmar que el cumplimiento de determinadas reglas aumenta la probabilidad del éxito de la incorporación del sector privado. Estas reglas se han agrupado en diez mandamientos. Al igual que sus homólogos de la iglesia católica, estas diez reglas no lo son todo, pero son el camino para acceder a los beneficios de la participación privada en las infraestructuras. • • • • • • • • Obtener el compromiso del gobierno y el consenso político de las fuerzas políticas que den mayoría en el Congreso. Informar al público del proceso a seguir, de sus ventajas y sus costos. Desarrollar la participación en un marco jurídico completo y flexible, con reglas de juego claras y transparentes. Hacer el proceso de asignación sin quemar etapas y seleccionar al grupo mas capacitado para la construcción, operación y financiamiento. Poner los mejores funcionarios en los entes reguladores, tener independencia del gobierno y del sector privado y tener la capacidad equiparable al sector privado. Asumir el compromiso y comprometer al sector privado en el éxito de la operación. No mezclar objetivos sociales con los comerciales. Repartir con justicia los costos y beneficios.
• Dar al sector privado los incentivos necesarios para su participación, pero solo los necesarios. 0 No permitir que los esquemas de mitigación de riesgos de un proyecto atenten contra el proceso de participación. W. Algunos pasos a seguir al privatizar un bien público. El acto de privatizar un bien público siempre es una acción polémica, por lo que su transparencia debe ser una de las primeras preocupaciones. Los siguientes son algunos pasos posibles a ser tomados por los responsables de su ejecución. • Contratar servicios de evaluadores independientes y otros profesionales para que efectúen los estudios de evaluación, valoración y proposición de estrategias de transferencia de cada una de las entidades y empresas del sector público sujetas a privatización. • Definir las estrategias correspondientes y el plazo para la conciliación de pasivos tributarios, considerando las recomendaciones del órgano publico responsable. • En base a la definición de las estrategias aprobar los planes específicos para la privatización de cada una de las empresas o entidades públicas sujetas al proceso. • De acuerdo con el plan específico, la máxima autoridad ejecutiva de la empresa o entidad pública emite la resolución correspondiente para su reordenamiento. 0 Dependiendo de la estrategia de privatización aprobada por el órgano publico responsable, se procede con la elaboración del pliego de condiciones en caso de licitación o las bases de la subasta en caso de una subasta pública. El pliego de condiciones establece el marco técnico-jurídico para la presentación de propuestas por parte de los posibles inversionistas. • Las convocatorias para la subasta y/o licitación pública deben ser publicadas tres veces discontinuas en periódicos de circulación nacional y un periódico de circulación regional. En la hora, fecha y lugar fijado en el pliego de condiciones o bases de la subasta se procede con la subasta y/o licitación pública. X. Políticas de Calidad en la Administración Publica Las orientaciones para desarrollar políticas de calidad en la Administración Pública plantea los aspectos más relevantes en este sector sobre la base de las conclusiones extraídas de la Técnica de Grupo Nominal celebrada en la República Dominicana el 25 de febrero de 2000. De acuerdo con tales conclusiones, los aspectos distintivos más importantes de las organizaciones públicas que deben tenerse en cuenta para aplicar políticas de calidad son: 0 • • La naturaleza de los destinatarios de la acción administrativa. La implementación de las políticas públicas; el liderazgo. La implicación de los empleados públicos.
1. La naturaleza de los destinatarios de la acción administrativa. Los clientes externos de la Administración Pública (destinatarios de sus actividades) no constituyen un grupo único ni uniforme, sino heterogéneo. El término ciudadano/cliente utilizado en el Modelo Iberoamericano trata de enfatizar la relación dual entre la administración pública y los miembros del público, relación que se manifiesta tanto en forma de prestación de servicios cuanto en cumplimiento/ejecución de las funciones estatales de legislación, reglamentación y tutela de derechos.
Los ciudadanos/clientes son los beneficiarios de las actividades desarrolladas por la organización y no son sólo los usuarios directos o consumidores de los servicios. Por otra parte, para las organizaciones públicas no se da normalmente la dinámica de la competencia. El sector privado se ve sometido al juicio diario del mercado, mientras que el sector público lo está al juicio periódico de la ciudadanía. Las condiciones de acceso también inciden en la singularidad de la relación administración-ciudadano. Así, en unos casos se abona un precio, real o subvencionado, por el servicio y, en otros, éste es gratuito. Las organizaciones de la administración pública deben equilibrar su deber hacia las necesidades de la ciudadanía en su conjunto con la respuesta a las demandas concretas de sus usuarios directos. En este sentido, el interés general no es algo abstracto, sino la agregación de legítimos intereses particulares. La motivación eminentemente mercantil de la gestión de calidad en las empresas se sustituye en las organizaciones públicas por la motivación social, el "contrato mercantil" privado por el "contrato legal y social" público. La razón última de la calidad en la Administración no es el beneficio económico sino la justicia distributiva y la cohesión social. Unos servicios públicos ineficaces e ineficientes, sin calidad, ahondan precisamente la desigualdad. • Utilizar métodos científicos de investigación del entorno para identificar distintos clientes y sus necesidades, así como las interacciones entre diferentes sectores interesados. • Diseñar los servicios e innovar de acuerdo con las necesidades de los clientes. • Suministrar información relevante a la sociedad y a los clientes sobre los servicios prestados. • Mejorar la accesibilidad a los servicios: simplificación, "ventanillas únicas", horarios de apertura, etc. • Identificar los procesos clave que desarrolla la organización para generar sus productos y efectos. 0 Facilitar la comunicación, la consulta y la participación a través de canales como los comités, la gestión de quejas y sugerencias, etc. • Fomentar y gestionar las relaciones continuas con clientes y ciudadanos (contactos proactivos con usuarios, relaciones de asociación con organizaciones cívicas, etc.). 2. La implementación de las políticas públicas: El liderazgo. Por líderes de una organización pública se entiende a los miembros del Equipo Ejecutivo (directores, altos funcionarios, gestores directivos) que trabajan, con responsabilidad ejecutiva en la actividad diaria, para conseguir metas orientadas al ciudadano, equilibradas con objetivos políticos o que afectan a otros sectores. El Modelo Iberoamericano de Gestión de Calidad circunscribe el liderazgo al ámbito gestor o gerencial. No pretende evaluar la "calidad" de las políticas "gubernamentales", sino la gestión de la excelencia dentro de la organización y el modo en que se formulan las políticas en términos de análisis, prospectiva y planificación estratégica. La evaluación de la organización está separada de las políticas públicas, que se elaboran fuera de su esfera de responsabilidad. Las cuestiones relativas a las políticas sólo son pertinentes en la medida en la que la organización interactúa con el ámbito político y tenga una responsabilidad explícita en la formulación o implementación de una política. Ahora bien, no siempre es fácil diferenciar los ámbitos "político" y "gerencial" en la gestión pública, ya que la Administración Pública forma parte del sistema político de un país y el proceso de toma de decisiones y de gestión de las políticas y programas públicos no responde al modelo racional teórico propio del sector privado.
En la Administración Pública se da una alta rotación de los directivos, lo que trae como consecuencia discontinuidad en el desarrollo de políticas y programas, especialmente, los de calidad, que por su propia naturaleza requieren un impulso sostenido. Los altos funcionarios y directivos públicos no asumen la necesaria voluntad para poner en marcha las decisiones políticas y esa desconexión entre los ámbitos político y gestor origina disparidad de criterios y "empirisimo" en la aplicación de las políticas. Así, la falta de integración entre la definición de políticas y su implementación desemboca en la búsqueda de resultados a corto y medio plazo, aparentemente visibles y rentables, pero ajenos a una coherente planificación estratégica. • Incorporar a la Agenda gubernamental (de las autoridades públicas) la gestión de calidad para mejorar la Administración. • Impulso político continuado a la implantación de la calidad. • Confianza y delegación, en los directivos públicos para desarrollar políticas. • Desarrollar una carrera profesional directiva. • Elaborar y difundir la visión y misión de la organización y trasladarlo a la planificación estratégica y operativa teniendo en cuenta a todos los afectados. • Desarrollar el sistema de gestión organizacional, asegurando el desenvolvimiento de una cultura de innovación y aprendizaje en todos los niveles. • Alentar y reconocer el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. • Implicarse activamente con personas y entidades interesadas, participando en actividades y constituyendo alianzas y redes. 0 Aplicar sistemas normalizados para la gestión de procesos, medioambientales, de seguridad e higiene, etc. (normas ISO). Posibilitar la participación de los clientes/ciudadanos en la valoración de los servicios como forma de involucrar al público en la evaluación de las políticas y reforzar la dirección política y la rendición de cuentas de las mismas. 3. La implicación de los empleados públicos. El personal de una organización comprende a todos sus empleados y aquellos otros que directa o indirectamente sirven a los clientes/ciudadanos. El desempeño del personal de una organización pública estará probablemente condicionado por las restricciones a la libertad de acción que imponen las políticas generales en materia de recursos humanos, de retribuciones, etc., debiendo actuar la organización dentro de esas restricciones para optimizar el potencial de las personas. Las relaciones laborales en la función pública son jurídicamente más rígidas y el empleo normalmente es de carácter vitalicio, lo que favorece, no ya la inamovilidad sino la inmovilidad y la despreocupación o ausencia de compromiso del funcionario La experiencia de las buenas prácticas, por una parte, y los modelos de gestión de calidad concretamente el Modelo Iberoamericano, por otra, brindan una serie de ejemplos y orientaciones para incidir positivamente sobre los elementos antes descritos de cara a mejorar el rendimiento de las organizaciones públicas. A continuación se proponen algunas acciones constructivas en relación con cada uno de las tres grandes dimensiones caracterizadoras de la Administración Pública. • Desarrollar una política explícita de gestión de recursos humanos, sustentada en principios como las capacidades y aptitudes, la formación, la flexibilidad, la evaluación del desempeño, etc.
Desarrollar e implantar políticas de formación partiendo de las necesidades de la organización y el personal para incrementar su capacidad, conocimientos y desempeño. Educación en valores éticos (imparcialidad, compromiso con el servicio público, etc.). Fomentar la innovación y la creatividad de las personas. Fomentar la implicación a través del diálogo y la información, así como estimular la responsabilidad y el reconocimiento estableciendo fórmulas específicas para ello. Promover el trabajo en equipo para lograr la integración de las personas en la organización y mejores resultados para ésta (Grupos de Mejora, etc.). Atender a las necesidades de las personas para ayudarles en su acceso y desenvolvimiento en la organización, aplicar medidas de trato igualitario y antidiscriminatorio para los diferentes grupos de empleados y fomentar la conciencia hacia cuestiones de salud, seguridad, medio ambiente, etc. Diseñar y desarrollar carreras administrativas vinculadas a criterios de desempeño, gestión del conocimiento, etc.
III. ANALISIS A partir de la última década del siglo 20 varios países han vendido sus empresas publicas con la esperanza de lograr mayor eficiencia de éstas que se transfieran a la población, “liberarse” de una “carga” burocráticamente pesada, ineficiente y deficitaria. Volcando en las arcas del Estado el producido de ésta venta. Lamentablemente la realidad es otra, éstas fueron vendidas a precios del mercado (por debajo de su valor real), y el Estado no mejoró sus recursos, perjudicando a quienes dice defender. Sus ciudadanos. El tema es por demás polémico, necesitándose siempre un gran acuerdo político para que sus “representantes, líderes, e intérpretes” del sentir de los ciudadanos, que son los integrantes del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de cada país actúen en beneficio Nacional, no de sus intereses políticos inmediatos. De acuerdo al estudio realizado podemos constatar que la situación de las EE.PP. es muy similar en todos los países. Siendo el “factor humano” el elemento fundamental para que éstas puedan operar en beneficio de sus usuarios. Razón única para la que fueron creadas. El dirigente de empresa tiene que considerarse un hombre público. Como lo señala el viejo derecho administrativo, está la empresa pública, pero está también la empresa de interés público. Es igual que el caso de las escuelas privadas. El dirigente empresario tiene que tener una percepción sistémica y no unidimensional. Si no, se termina en la visión del astronauta y de la cebra, con una mirada absolutamente economicista y no solidaria. Las EE.PP. cumplen una misión social no económica. Su desempeño debe ser eficiente, eficaz y dando como resultado la satisfacción total del usuario. Lo que hace que una empresa se diferencie y le permita desempeñarse muy bien es en definitiva, el contar con una estrategia sólida y exclusiva. La estrategia tiene que ver con la creación de una posición única y distintiva para la empresa, debe basarse en las actividades y no en las capacidades, en reflexionar en las cosas que hace la empresa en relación con la ventaja competitiva. En el mundo se percibe hoy una tensión entre la globalización y la fragmentación o localismos, un proceso que surge como reacción y que toma a aquélla como una amenaza al hombre concreto, a la familia, a los valores más locales y visibles hay dos visiones: una competitiva, que profundiza el
conflicto, y otra complementaria, que presenta a esta fragmentación como parte de un mismo proceso, que tiene dos caras en constante movimiento. Todos nos preocupamos por la globalización, y tendemos a “cerrar nuestras fronteras” como un reflejo natural de “seguridad”, por el contrario debemos tomarlo como un hecho cultural y no un fenómeno de la naturaleza. Más que temerle como una amenaza fatal, hay que tomar las riendas y gobernarla, porque de lo contrario se podría convertir en un fenómeno salvaje, debemos enfocarla con una visión sistémica, que incorpore a todo el sistema y a todas las dimensiones políticas, económicas, culturales y éticas. Los que la defienden, expresan que con la globalización hay libertad de acción y pocos deberes hacia el prójimo, que ya no son tan próximos porque se los ve de lejos. En cambio, sus críticos más ácidos observan que se está creando una nueva clase capitalista internacional, igual y privilegiada, en los países ricos y en los sectores ricos de países pobres. El mundo tiene un nuevo mapa, que no es de Estados nacionales, sino de regiones. Hoy el mundo tiene 30 y tantas regiones y no 194 Estados Si no funcionamos hacia adentro, somos débiles hacia fuera. Debemos ser orgánicos hacia adentro y fuertes hacia fuera. Debemos desarrollar la capacidad de ser, independientes del acontecer político de todos los días. Debemos tener presente que todos somos dueños y clientes de algo todos los días, tendiendo a ser exigentes cuando actuamos en el primer caso y condescendientes en el segundo. Los líderes del Grupo de los 8 en Génova, en su comunicado final expresaron: "Estamos decididos a que la globalización funcione para todos nuestros ciudadanos, en especial para aquellos de los países pobres. La integración de estas naciones en la economía global es la vía más segura de responder a sus aspiraciones fundamentales". Michel CAMDESSUS Director Gerente del FMI, al retirarse del organismo con un discurso crítico, entre otras cosas expresó “la pobreza es el mayor tormento de nuestro tiempo, el foso creciente entre ricos y pobres en el seno de las naciones y el abismo entre las naciones más prósperas y las más desheredadas son; Moralmente escandaloso, económicamente desastrosos y potencial y socialmente explosivos. La mundialización ha funcionado hasta ahora, según los caprichos de fuerzas técnicas y financieras más o menos autónomas. Es imperioso una reforma profunda del edificio financiero mundial. Pero mientras se expresan estas “opiniones” los grandes capitales están “atentos” a la posibilidad de beneficiarse con las decisiones políticas de cada Estado, sin importarles a quienes van a perjudicar. Debemos tener presente que el capital sólo quiere incrementarse, buscando la región del planeta más proclive a sus beneficios. Por lo que debemos encontrar soluciones que se ajusten a nuestras necesidades, que brinden soluciones a nuestros conciudadanos. No con retóricas, sino con hechos. IV. CONCLUSIÓN
El público no espera mucho de las empresas públicas, porque lo identifica con todo lo negativo, pero si bien se queja de su ineficiencia, procura beneficiarse individualmente con todo aquello que provoca ineficiencia, pidiendo nombramientos para él y personas de su núcleo de influencia, trabajando poco si
es empleado, cobrando precios abusivos si es proveedor, burlando el pago de las deudas con las empresas, si está a su alcance. Se debe situar el punto de mira de la empresa en la satisfacción de la necesidad del usuario. A. Ventajas de que las EE.PP. Sean privatizadas. 0 1 2 3 4 Los objetivos de la empresa no serán alterados por conveniencias políticas de momento. La rentabilidad estará en función directa de su eficiencia siempre que tengan competencia real. El ingreso a las mismas será por necesidades reales de éstas y no por cuota política. Disminuye el gasto del Estado aumentando sus ingresos. Permite al Estado orientarse en sus funciones específicas (seguridad, salud, educación) B. Desventajas de que las EE.PP. Sean privatizadas. 1. Su razón social es relegada por la prioridad económica. 2. El Estado tendrá dificultades para controlar los eventuales monopolios. 3. Las deudas que el Estado contrae con éstas las debe saldar en fecha y no obtendrá recursos de las mismas. 4. El Estado no podrá incidir en las tarifas. 5. Aumento considerable en la tasa de desempleo o en otros organismos del Estado. V. RECOMENDACIONES
• Transformación de las Empresas Públicas en sociedad de economía mixta. Sólo a través de una figura jurídica de este tipo es posible agilizar la gestión comercial combinar los objetivos de rentabilidad y control estatal y obtener capitales que permitan el financiamiento de la empresa. En éstas el capital del Estado no puede ser menor al 51% de las acciones, las que se cotizarán en la Bolsa. • Determinación clara y precisa de objetivos. Es un elemento esencial para cualquier acción administrativa, determinando metas concretas para alcanzarlos. • • Los Directores deben ser designados teniendo en cuenta su idoneidad técnica para el cargo. Que no exista superposición de esfuerzos del Estado en la misma área.
Controlar a la empresa mediante el presupuesto, dotándola de una real autonomía administrativa y financiera. Permitirle que fije sus propios precios, aplicando las medidas correspondientes en los excesos constatados.
0 Asegurar que estas sociedades cuenten con auditorias independientes, designadas por el Poder Ejecutivo a quien elevarán sus informes. • 0 Establecer los parámetros adecuados para realizar una precalificación de los potenciales socios privados y las normas que regirán su elección final. Los funcionarios públicos podrán optar entre: Recibir 24 sueldos como compensación de despido. Los que tengan causal jubilatoria, 12 sueldos y jubilarse. Ser redistribuidos en otros organismos del Estado. Ingresar a la nueva empresa, si es aceptado, bajo el régimen de derecho privado, manteniendo sus retribuciones, adaptándose a la nueva organización de la empresa.
0 El Estado debe preservar el ejercicio de la libertad de elección de los consumidores, evitando la formación de monopolios de hecho y cuando no fuera posible por razones técnicas o prácticas establecer las garantías que aseguren su control. • Todo ingreso, que se realice por mérito y oposición para la función que desempeñará. (Al querer desburocratizar y transformar la administración, se le debe dar a sus recursos humanos el valor que estos tienen en la prestación de sus servicios.) El Directorio debe estar integrado por tres miembros, la Presidencia la ocupa el designado por el Poder Ejecutivo (quien tendrá doble voto), un Delegado de los accionistas minoritarios (siempre que superen el 30% de las acciones) y un Delegado de los empleados (éste debe ser elegido mediante voto secreto obligatorio, supervisado por la Corte Electoral, entre todos aquellos empleados con más de 25 años de antigüedad ininterrumpida en la empresa, cada designación debe contar con el 51% de los votos emitidos). Todos los cargos deben tener designados hasta el segundo suplente, y debe ser completado inmediatamente de producirse las vacantes. Los integrantes del directorio no podrán aspirar a ningún cargo electivo o representación del país en el exterior por un plazo similar al que ocuparon el cargo. Este período será de 8 años (o una vez y media el tiempo entre elecciones nacionales) para permitir una mayor continuidad en las políticas y desarrollo de la empresa. La designación del Presidente, debe ser aprobada por los 3/5 de los integrantes de la Asamblea General y destituido por igual quórum. Su renovación debe realizarse por tercios, de tal forma que permita la continuidad de las políticas establecidas. Para ser reelegidos deben pasar como mínimo un período para ocupar su cargo. La intervención preventiva del Tribunal de Cuentas (o los Contadores que hagan sus veces) en materia de gastos y pagos y en todo lo relativo a la gestión financiera de las EE.PP. deberá producirse en un plazo no mayor de cuatro días hábiles, contados desde que se solicitó. Si vencido este plazo, no se contestó, se interpreta que no hubo objeciones.
El directorio designado deberá antes de los 30 días de asumir sus funciones, llevar un plan de acción para dicho período con proyección de futuro. Paguen los impuestos como cualquier empresa privada. Capacitar a sus recursos humanos, asegurándose su permanencia en la empresa por un plazo mínimo de cinco veces el tiempo empleado en su especialización. Profunda revisión y eliminación de las funciones superfluas e ineficientes del Estado. Fomentar la cooperación entre Universidad y empresas y/o laboratorios públicos. Tender a que en un plazo no mayor a dos décadas pasen a control privado todas las empresas públicas que no tengan importancia estratégica.
"Maquiavelo nos advertía que nada es más difícil de manejar, más peligroso de conducir o de más incierto éxito que liderar la introducción de un nuevo orden de cosas. “Es que el innovador, tiene en su contra a todos los que se beneficiaban de las antiguas condiciones y un apoyo apenas tibio de los que se habrán de beneficiar del nuevo orden”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Las empresas públicas en el Uruguay. Jorge A. Silva Cencio. Editado en 1985 (Profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de Uruguay) Referente a Uruguay, información de cada Empresa Pública, e Información Oficial del Gobierno. Apuntes de prensa. J. Vergésn. 330 • 1999 / VI economía industrial figura 1 cambios en los «holdings» de control de las empresas estatales desde 1956 jul. 1992 "La situación del empleo y la protección social a raíz de la privatización de empresas y servicios públicos", en El Trabajo en el mundo 1995, Ginebra, OIT International Financial Law Review. Latín América. Special Supplement. Abril 1996. Instituto para la Integración de América Latina. INTAL Personas consultadas Gral. Marcos Bonilla. Compañeros de la Clase LXI. Economista Inés Bustillo. Dr. Pablo Genta. A su vez quiero resaltar la colaboración y compañerismo brindado por el Sr. Cnel. Nestor Rubio, asesor del suscrito.
Leer más sobre este usuarioPirámides de población 2000-2050Piramides de poblacion de españa Instrucciones Para Inter Pre Tar Cuadro PrivatizacionesInstrucciones Para Inter Pre Tar Cuadro PrivatizacionesToyotismo Lucha de ClasesPara La Revista “Espacios” Noé Agustín ArenasREPORTE JORNADA ACERCA DE LAMIGRACIÒN EN ZACATECASEL FIN DE LA GUERRA FRÍA En la webTaller de Elaboración de Reactivos  ExamenChihuahua 2009hilariointegradoElaboraci.. Estrat Pat Complement AriaEXPOSICIÓN SOBRE EL LIBRO EL IMPERIO ANTE LA01ARENASLos frentes y los ciclonesparalelo19ºLa geografía y su evaluacionPARALELO 19º 27-1Resuelva Los Siguientes Ejercicios Para El Divers Id Ad Geografica Mundial:j,02039,/048,8948/0$0:7/,/ 3903/03/40470!708:5:0894/0!039e434National Priorities ProjectNEOLIBERALISMO Y LUMPEMBUROCRACIALas Reprivatizaciones Como Proceso a Nivel MundialEstados Unidos. Economía de Guerra REPORTE ECONÒMICO17 de Marzo, 2003Bases Militares USAAmerican Empire as Will and IdeaDocumentos de Trabajo Para El del Curso de Profes[1]Final
Privatización de La Empresas Públicas. Ventajas y por tepalcates17K visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoLa Privatización en El Salvadorpor cveritoENSAYO DE PRIVATIZACIONpor siesco8508EMPRESAS PRIVATIZADASpor Vanesa Ramos ChávezLa Modernizacion Del Estadopor Moi AlvarezSociales Unidad 3por Kevin GarcíaDIFERENCIAS ENTRA EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADASpor Eduardo Fabian OsorioPresidentes de El Salvadorpor Aguilar182REESTRUCTURACION EMPRESARIALpor JherlerPRIVATIZACIONES EN PERU.ENSAYOpor Fernando DelgadoModelo de Industrializacion en El Salvadorpor Jessica Cecilia LopezDolarización de Ecuadorpor alejo061210LT_segundo_bachillerato_0_[1]por Glenda TrejoLos Beneficios de Privatizar YPFpor Daniel RedondoPRIVATIZACIONES Y CONCESIONES EN EL PERÚpor Fernando ArechagaMercado comun centroamericanopor Erick R. VasquezProyecto Telecomunicaciones Ice Costa Ricapor Rosa Isela Castillo BriceñoSimilar to Privatización de La Empresas Públicas. Ventajas yLa Privatización en El SalvadorENSAYO DE PRIVATIZACIONEMPRESAS PRIVATIZADASLa Modernizacion Del EstadoSociales Unidad 3DIFERENCIAS ENTRA EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADASPresidentes de El SalvadorREESTRUCTURACION EMPRESARIALPRIVATIZACIONES EN PERU.ENSAYOModelo de Industrializacion en El SalvadorDolarización de EcuadorLT_segundo_bachillerato_0_[1]Los Beneficios de Privatizar YPFPRIVATIZACIONES Y CONCESIONES EN EL PERÚMercado comun centroamericanoProyecto Telecomunicaciones Ice Costa RicaESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓNPrivatización de Servicios Aeroportuarios

References: Artículo 175
 Artículo 25
 Artículo 21
 resolución 
e contrario
 artículo 1
 resolución