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Timestamp: 2018-08-14 15:28:15+00:00

Document:
Miércoles, 15 Abril 2015 14:49
Juez contitucional negó pedido de revocatoria de las medidas cautelares presentadas por los señores Concejales de mayoría [TORRES CORDOVA ANGEL , URDANIGO CEDEÑO MARY CARMEN , CORTEZ GRUEZO ERCILIA , SANCHEZ VALENCIA RIDER, ZAMBRANO ACOSTA GALO Y QUEZADA CORDOVA EDWIN].
Por tal razón el Ab. Jorge Montesdeoca continúa en sus funciones como Secretario General del GAD Quinindé.
Juicio No: 0895320150125
Casilla No: 27
A: CASANOVA MONTESINOS MANUEL LIZARDO
Dr / Ab:
En el Juicio Especial No. 0895320150125 que sigue [PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CASANOVA MONTESINOS MANUEL LIZARDO, MONTESDEOCA PATIÑO JORGE IGNACIO] en contra de [TORRES CORDOVA ANGEL , URDANIGO CEDEÑO MARY CARMEN , CORTEZ GRUEZO ERCILIA , SANCHEZ VALENCIA RIDER, ZAMBRANO ACOSTA GALO Y QUEZADA CORDOVA EDWIN, TORRES CORDOVA ANGEL , URDANIGO CEDEÑO MARY CARMEN , CORTEZ GRUEZO ERCILIA , SANCHEZ VALENCIA RIDER, ZAMBRANO ACOSTA GALO Y QUEZADA CORDOVA EDWIN] hay lo siguiente:
V I S T O S: El presente Expediente Constitucional se inició en base a la PETICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR (fs.37 a 48) presentada por el señor Ab. JORGE IGNACIO MONTESDEOCA PATIÑO, en contra de las siguientes personas: ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, MARY CARMEN URDANIGO CEDEÑO, ERCILIA TRIFINA CORTEZ GRUEZO, RIDER ROGELIO SÁNCHEZ VALENCIA, GALO SILVINO ZAMBRANO ACOSTA y EDWIN PAUL QUEZADA CÓRDOVA, en sus calidades de Vicealcalde y Concejales, amparándose en el Art.87 de la Constitución de la Republica y Art.26 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y sobre la base del principio constitucional IURA NOVIT CURIA; manifestando en lo principal sobre el riesgo inminente de amenaza a la violación de derecho y por lo constante en los documentos que anexó ”… que lo señores Concejales accionados arrogándose funciones privativas para el Ejecutivo del Concejo Municipal de Quinindé, que no les competen se auto-convocaron a sesión extraordinaria de Consejo el día 13 de febrero del 2015, y en dicha sesión en el TERCER PUNTO “DEJAN SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN QUE EL CONCEJO CANTONAL REALIZARA EN LA PERSONA DEL SEÑOR ABOGADO JORGE IGNACIO MONTESDEOCA PATIÑO PARA QUE DESEMPEÑE LA FUNCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL G.A.D.M QUININDÉ”., que dicha determinación de dar por culminada su designación se la ha hecho por no permitir el libre acceso a la información pública, sin que se haya demostrado que hubiere incurrido en alguna de las causales para despojársele de su cargo, que no existe acción judicial en su contra por acceso a la información, que se ha vulnerado sus derechos y garantías tuteladas constitucionalmente, que de acuerdo con lo previsto en el Art.229 de la Constitución de la Republica en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en su calidad de secretario designado con el Consejo Municipal de Quinindé, es servidor público que no es de libre nombramiento y remoción, que para imponérsele alguna sanción debe observarse lo previsto en los Art.41 de la LOSEP y 78 del Reglamente de la LOSEP, de ahí que se ha vulnerado los artículos 75 y 76 de la Ley Suprema del Estado, que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del procedimiento; contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, la presunción de inocencia; el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, el derecho al trabajo,...”. Mediante auto de fecha 26 de Febrero del 2015, a las 09h45 (fs.50 a 52), se aceptó a trámite dicha petición y ante la descripción de los hechos y por el análisis de los documentos presentados se resolvió Suspender los efectos del acto administrativo contenido en la antes referida resolución de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 13 de febrero del 2015, a partir de las 18h16, por los accionados en sus calidades de Vicealcalde y Concejales, respectivamente, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé; quedando la situación laboral del accionante Ab. JORGE IGNACIO MONTESDEOCA PATIÑO en el estado en que se encontraba antes de que se emita dicha resolución, medida cautelar que no es definitiva y con el plazo de ciento veinte días. a) Mediante escrito de fs. 71 a 77 los accionados luego de su extensa alegación solicitan la revocatoria de manera inmediata y definitiva de las medidas cautelares dispuestas en auto resolutorio, señalan casillero judicial y correo electrónico para futuras notificaciones. b) Mediante escrito de fs. 79 comparece el señor Ab. Fabricio Vázquez Valencia, abogado Regional de la Dirección Regional 1, a nombre del señor Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, señalando casillero judicial y correo electrónico para futuras notificaciones. c) De fs. 91 consta el informe remitido por el señor Dr. Marco Antonio Costa Vera, Delegado Provincial de Esmeraldas, de la Defensoría del Pueblo, informando sobre el seguimiento del cumplimiento de la resolución de la medida cautelar. d) Mediante escrito de fs.93 los accionados manifiestan que se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Juez Constitucional e insisten en su petición de revocatoria de las medidas cautelares. e) Mediante decreto de fecha 16 de marzo del 2015, las 15h43, (fs.95) la señora Jueza encargada en ese entonces atenta a la petición de los accionados y con la finalidad de tener elementos de convicción al momento de pronunciar la resolución respectiva en uso de las facultades legales del Art. 36 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, convocó a una AUDIENCIA para el día VIERNES, 3 DE ABRIL DEL 2015, a las 14h00, que por ser dicha fecha feriado Nacional (viernes santo), el suscrito Juez en aplicación de los principios previstos en el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, difirió la misma y de acuerdo al cronograma de audiencias señaladas por esta Unidad Judicial, mediante decreto de fecha 23 de marzo del 2015, las 16h55(fs.108), convoca a las partes a la AUDIENCIA para el día JUEVES, 09 DE ABRIL DEL 2015, a las 14h00. f) Mediante escrito de fs. 96 a 101 comparece el accionante y en su extensa alegación solicita se sirva rechazar el escrito de revocatoria de medidas cautelares solicitadas por los accionados por violentar el Art.35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. g) De fs. 103 consta el informe remitido por el señor Ab. Diego Luzuriaga Peña, Procurador Sindico del GADMCQ., informando que se ha dado cumplimiento a las Medidas Cautelares, que se encuentran preparando el informe solicitado por el señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Esmeraldas, adjuntando copia certificada de informe de seguimiento y acción de personal (fs.104 y 105). h) De fs.182 a 187 consta el acta de la audiencia en la cual los sujetos procesales realizaron sus alegaciones y replicas, y se ratificaron en sus respectivas pretensiones, por su parte, el señor Dr. MANUEL LIZARDO CASANOVA MONTESINOS Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, en su intervención solicita que en resolución se ratifique la medida cautelar; terminada las intervenciones de los sujetos procesales con fundamento en el inciso primero del Art.86 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispuso se oficie al señor Jefe del Comando Sectorial de la Policía Nacional del Cantón Quinindé, una vez que se dio cumplimiento en remitir dicho informe(fs.191 a 208) sobre la supervisión y cumplimiento de la medida cautelar emitida en esta acción Constitucional, se manda agregar el mismo a los autos conjuntamente con el escrito presentado por los accionados(fs.188), y siendo el estado de esta acción el de pronunciarme sobre la petición de los accionados, para hacerlo se considera.- PRIMERO: Una de las transformaciones profundas que contiene la actual Constitución de la República del Ecuador, es la que convirtió a las Garantías Constitucionales en acciones populares; y, transformo la antigua acción de amparo preventivo y reparatoria en dos acciones distintas al dividir la acción de medidas cautelares de carácter preventivo; y, la acción de protección de naturaleza reparatoria. Por lo tanto la medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales. SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Art.26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por su parte el Art.31 del referido cuerpo legal contempla el procedimiento que debe darse a la presente acción disponiéndose que el mismo será informal y sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases. El Art.33 ibídem dispone una vez que el Juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en la antes invocada Ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes, sin exigir pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere notificación formal a las personas o instituciones involucradas; y, que el Juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelares mediante resolución, sobre la cual no se podrá interponer recurso de apelación. Asimismo, el Art.36 del señalado cuerpo legal establece la facultad del juez constitucional de convocar audiencia a los involucrados para ordenar las medidas, modificarlas, supervisarlas o revocarlas. TERCERO: Con los antecedentes expuestos, del examen exhaustivo del expediente y del análisis de las exposiciones de las partes se establece: a) En la petición de la Medida Cautelar presentada con fecha 23 de febrero del 2015, a las 13h11 minutos, que por sorteo conoció esta Unidad Judicial, el accionante en lo principal refiere la amenaza inminente y grave de la violación de derechos fundamentales como son: la presunción de inocencia; que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del procedimiento; contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedara en indefensión; Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente; la seguridad jurídica; el debido proceso, el derecho al trabajo,…etc.; y con el fin de corroborar tales hechos presentó entre otros documentos copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de Consejo del día 13 de febrero del 2015, llevada a cabo por los accionados, en la que en el TERCER PUNTO “DEJAN SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN QUE EL CONCEJO CANTONAL REALIZARA EN LA PERSONA DEL SEÑOR ABOGADO JORGE IGNACIO MONTESDEOCA PATIÑO PARA QUE DESEMPEÑE LA FUNCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL G.A.D.M QUININDÉ”; y proceden en dicha sesión a designar una Secretaria General encargada, con inobservancia de lo previsto en los Arts.59, 60 literales b) y c); 319; 316, 357 del COOTAD., que a mas de atentar contra el principio de la seguridad jurídica “La seguridad jurídica es un valor inmanente del más alto contenido social, el cual está implícito en nuestro orden constitucional y legal vigente, que se proyecta en todos los ámbitos de las relaciones entre los individuos(CC. Sentencia SU-1219 de 2002 M.P. Jaime Córdova Triviño); el debido proceso que es una garantía Constitucional mediante la cual toda persona tiene derecho a un mínimo de garantías, para asegurar un proceso justo y equitativo que le permitan tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez (Art.76 CRE.), además, coloca en peligro inminente de desestabilización e inseguridad jurídica administrativa y legislativa al Órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, pues el secretario es responsable de dar fe de las decisiones y resoluciones que adopten dicho Órgano legislativo, y por tal su designación debe darse cumpliendo con las solemnidades sustanciales previstas en la ley. El Art.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone que “Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho…”, consecuentemente al encontrarse reunidos los requisitos previstos en la ley de la materia, era procedente la medida cautelar dictada dentro de este expediente, por encontrarse dentro de la competencia de este Juzgado el conocer y resolver la petición de medidas cautelares, conforme lo establece el Art.167 de la invocada Ley. Cabe recalcar que el hecho de haberse concedido la medida cautelar como lo establece el Art.28 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no constituye prejuzgamiento sobre la declaración del derecho, ni tienen valor probatorio en casos de acciones por violaciones de derechos, pues la función de las medidas cautelares no es declarar el derecho, sino únicamente protegerlo de manera preventiva, tal es así, que la tutela o protección que otorga no es definitiva, no se declara el derecho ni se resuelve un asunto de lato conocimiento, no significa en absoluto que se haya resuelto una situación de fondo y de modo definitivo, sino únicamente se protege el derecho amenazado o que está siendo vulnerado, previene, o interrumpe la violación de un derecho, como ha ocurrido en el presente caso, cuando se dispuso la medida cautelar; b) El Procurador Judicial de los accionados en la audiencia del día jueves 09 de abril del 2015(fs.182 a 187) en una parte de su extensa intervención refiere en cuanto a las medidas cautelares que no existe fundamento constitucional para su adopción, y entre sus argumentos relata: “…la LOSEP establece los mecanismos de ingreso al servicio público entre ellos ingresar a través de un concurso de méritos y oposición que no es el caso de Jorge Montesdeoca Patiño y el otro por mandato de la ley en el caso del señor secretario, pasa a ser designado por mandato de la ley Art. 57 letra p del COOTAD en el cual se establece que el órgano designador del secretario es el Consejo Cantonal, no el señor Alcalde pero este funcionario al ingresar por mandato legal es excluido de la carrera administrativa, es un funcionario que no está sujeto a régimen disciplinario y eso lo establece la LOSEP y en la Ley vigente y en la ley anterior que se llamaba LOSCA existe el Art. 85 que dice las autoridades nominadoras podrán designar y remover libremente a las y los servidores que ocupen los puestos señalados en el literal a y el literal h del Art. 83 de esta ley, el señor secretario se encuentra inmerso en el literal h y a continuación la inteligencia del legislador expone la remoción así efectuada no constituye destitución ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza, no se lo ha sancionado, ni destituido, se lo ha hecho como establece la ley,” mas adelante dice “…referente a la resolución inicial no existe ninguna resolución y más bien se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad…”; y nada dijo ni demostró si se dejo sin efecto la designación realizada por los accionados de la Secretaria General encargada del G.AD.M.Quinindé, en reemplazo del accionante; y por el contrario referente a la resolución 032 alcaldía 01-2015, emitida por el señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, declarando la nulidad de la resolución del acta de la sesión extraordinaria de Consejo del día 13 de febrero del 2015, llevada a cabo por los accionados, en la cual removieron de su cargo al accionante, refiere que el alcalde emitió un documento insensato, ilegítimo, ilícito; y sobre la observancia del debido proceso nada demostraron al respecto, máxime que la vulneración de dicho derecho constituye en un atentado grave a los derechos de las personas, conforme así se ha pronunciado la Corte Constitucional en el siguiente fallo cuya parte pertinente transcribo” El Debido Proceso es un conjunto de garantías que permiten tramitar adecuadamente cada procedimiento, asegurando la defensa. Estas condiciones mínimas son obligatorias y esenciales, desde el inicio de un proceso hasta la resolución judicial, manteniéndose inviolables durante toda la tramitación. Esta Corte se ha referido a este derecho constitucional como “el eje articulador de la validez procesal” cuya vulneración “constituye un atentado grave, no solo a los derechos de las personas en una causa, sino que representa una vulneración al Estado y a su seguridad jurídica puesto que precisamente estas normas del debido proceso son las que establecen los lineamientos que aseguran que una causa se ventile en apego al respeto de derechos constitucionales y a máximas garantías, como el acceso a los órganos jurisdiccionales y el respeto a los principios, valores y garantías constitucionales”(Sentencia 011-09-SEP-CC). El defensor del accionante en su alegación refiere entre otros hechos el derecho al debido proceso y se reafirma en su petición que se mantenga la medida cautelar. Por su parte el señor Dr. MANUEL LIZARDO CASANOVA MONTESINOS, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, por medio del Ab. Diego Patricio Luzuriaga Peña, Procurador Síndico de dicho Municipio, concluye su intervención solicitando”… en virtud de los elementos expuestos y el video rodado en el cual se establece con claridad el peligro señor juez que puede conllevar las revocatoria de las medidas solicitas por los concejales accionados, solicito señor juez que en resolución usted ratifique las mismas…”. La provisionalidad es una característica intrínseca de las medidas cautelares y subsisten hasta el momento que cambien los supuestos que dieron lugar a su otorgamiento de esta manera las medidas cautelares tiene una vida limitada en el tiempo, es decir, no tienen una vocación permanente. Por estas características y por las condiciones que se reúnen al ser otorgadas, las medidas cautelares son revocables, no alcanza la categoría de cosa juzgada, tomando como base las condiciones fácticas del momento del otorgamiento, el carácter inminentemente preventivo y provisional permite su modificación por causas sobrevinientes, al respecto el tratadista Piero Calamandrei, en su obra Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares dice “Las Medidas cautelares están sujetas a modificaciones correspondientes a una posterior variación de las circunstancias concretas, siempre que el juez considere que la medida cautelar inicialmente ordenada no está ya adecuada a la nueva situación de hecho creado durante ese tiempo”. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone en su Art.35 que la revocatoria de las medidas cautelares procederán solo cuando se haya evitado o interrumpido la Violación de derechos, hayan cesado los requisitos para su otorgamiento o se demuestre que no tenía fundamento. En este último caso la persona o institución contra la que se dictó la medida deberá justificar argumentadamente la falta de fundamento de la medida y solicitar al Juez su revocatoria; en el presente caso los accionados no han demostrado que no tenían fundamento las medidas, y más bien el representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, Alcalde señor Dr. MANUEL LIZARDO CASANOVA MONTESINOS, encargado del cumplimiento de la medida cautelar, por medio del Ab. Diego Patricio Luzuriaga Peña, Procurador Síndico de dicho Municipio, en la audiencia solicita”… en virtud de los elementos expuestos y el video rodado en el cual se establece con claridad el peligro señor juez que puede conllevar las revocatoria de las medidas solicitas por los concejales accionados, solicito señor juez que en resolución usted ratifique las mismas…”. Cabe recalcar que del informe remitido por el señor Jefe del Distrito de la Policía Nacional de Quinindé dando cumplimiento al mandato dispuesto en audiencia, recibido por la responsable de recepción de escritos con fecha 14 de abril del 2015, las 08h31, se informa y recomienda ”Mantener la presencia policial en las Instalaciones del GAD Quinindé con mayor énfasis cuando se van a realizar las sesiones extraordinarias de consejo, en donde se puede alterar el orden de las actividades a llevarse a efecto y a su vez continuar con los patrullajes preventivos tanto en los alrededores del Municipio de Quinindé como en el domicilio del Abg. Jorge Ignacio Montesdeoca”, incluso en el parte elevado al señor Jefe de la Sub Zona Esmeraldas entre otras cosas se informa de la auto convocatoria realizada por uno de los accionados a una sesión del Consejo Cantonal extraordinaria; adjuntando copias de fotografías para mayor conocimiento, siendo evidente que no han cesado los requisitos previstos en la ley y que conllevaron al otorgamiento de las medidas cautelares. Por las razones de hecho y derecho expuestas, el análisis de los documentos presentados el informe policial; referente a la petición de revocatoria de la medida cautelar solicitada por los accionados, con fundamento en lo dispuesto en los Arts.35 inciso segundo; y 36 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional el suscrito Juez en uso de las facultades legales que me competen al encontrarme en el presente caso como Juez Constitucional amparado en los principios de la Constitución de la República del Ecuador, en vigencia a partir del mes de Octubre del 2.008 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- R E S U E L V E.- I.- Negar la petición de revocatoria de la medida cautelar dispuesta en auto de fecha 26 de febrero del 2015, las 09h45(fs.50 a 52), en virtud que por las razones de hecho y derecho expuestas no procede la revocatoria de dichas medidas cautelares, consecuentemente las partes aténgase a lo dispuesto en dicho auto y al cumplimiento de las mismas. II.- Téngase en cuenta la autorización conferida por los accionados a sus defensores doctores Estuardo Salvador Salvador y Carlos Patricio Bedón Ortega, dentro de esta acción constitucional. III.- Cúmplase con lo dispuesto en el Art.38 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.
f: CRUZ YANEZ JOSE, JUEZ
ARIAS PROAÑO CLAUDIA PATRICIA
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