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Timestamp: 2017-07-27 07:21:36+00:00

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Catalina Peña Prado
1 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS OBSERVACIONES GENERALES.- Se reforma el párrafo primero, así como las fracciones III y IV y se adiciona la fracción V del artículo 9 por artículo primero, y se reforma el segundo párrafo del artículo 10 por artículo segundo del Decreto No. 158 publicado en el Tierra y Libertad No de fecha 2013/01/03. Vigencia 2013/01/04. - Se derogan el artículo 12 y el artículo Transitorio Segundo por artículo único del Decreto No. 220 publicado en el Tierra y Libertad No de fecha 2013/01/03. Vigencia 2013/01/04. - Se reforman el artículo 2; la fracción I del artículo 5; las fracciones II y IV del artículo 9; la fracción I del artículo 10; el tercer párrafo del artículo 13; las fracciones V y VIII del artículo 14; la fracción I del artículo 16; el artículo 25; el artículo 29; el segundo párrafo del artículo 31; el artículo 32; el artículo 34; el cuarto párrafo del artículo 42; el primer párrafo del artículo 43; el artículo 45; el artículo 46; el artículo 47; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 14, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos para ser tercero y cuarto; un segundo párrafo al artículo 15 por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No. 5243, Alcance de fecha 2014/12/10.2 MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED: Que el Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, I. Antecedentes de la iniciativa Con fecha diez de diciembre de la presente anualidad, fue recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen la iniciativa que se enuncia, presentada por el Maestro MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, Gobernador del Estado de Morelos. Con fecha doce de diciembre del año en curso, se celebró sesión de la Comisión dictaminadora en la que, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen correspondiente para ser sometido a la consideración de este Congreso. II. Materia de la iniciativa Expedir la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos. III. CONSIDERACIONES La iniciativa que nos ocupa señala que las recientes reformas al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conservan las figuras de decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, y las complementa al crear una nueva herramienta consistente en la extinción del dominio de bienes, cuyas características y alcances se plasman de manera precisa en el propio texto constitucional, y que a la letra se cita: 2 de 323 Artículo 22.- En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. Asimismo, contempla que la extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal, y que no implica la imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del debido proceso. Se coincide con el iniciador al considerar la necesidad de expedir la Ley de Extinción de Dominio a favor del Estado de Morelos, con el fin de que los instrumentos del delito, entendidos éstos como los bienes que se utilizan para la 3 de 324 comisión de un hecho ilícito, sean decomisados y aprovechados para el pago de los daños u perjuicios causados con motivo de la Comisión del ilícito o del seguimiento del procedimiento penal, a través del fondo referido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir la siguiente: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, de interés social, y de observancia obligatoria, y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. ARTÍCULO *2. Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Bienes, a aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de ser adquiridos por particulares; II. Delito, al hecho, acto u omisión ilícito a que se refiere la fracción III; III. Hecho, acto u omisión ilícito, a los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de la descripción típica de los delitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, aun cuando no se haya determinado quien o quienes participaron en él o el carácter de su participación; IV. Instrumento del delito, al bien que se utiliza para la comisión de una conducta o hecho ilícito; V. Juez, al administrador de justicia competente para conocer de la acción de extinción de dominio; VI. Mezcla de bienes, a la suma o aplicación de dos o más bienes, lícitos o ilícitos pertenecientes a una o más personas; 4 de 325 VII. Ministerio Público, al representante social o fiscal de la Fiscalía General del Estado de Morelos; VIII. Instrumentos o elementos del delito, a los bienes sobre el que se realiza el hecho ilícito o su producción directa o indirecta; IX. Ocultar, a la acción de esconder, sustraer, disimular o transformar bienes que son producto del delito o de la conducta de los sujetos activos; X. Producto del delito, a los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un hecho ilícito, y XI. Víctima u ofendido, a la persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del hecho ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la persona que sufrió daño, perjuicio o afectación como consecuencia de dichos hechos. REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: Para efectos de esta ley se entenderá por: 1.- Bienes. Todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de ser adquiridos por particulares; 1. Delito. Hecho, acto u omisión ilícito a que se refiere la fracción III; 2. Hecho, acto u omisión ilícito. Elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de la descripción típica de los delitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, aún cuando no se haya determinado quien o quienes participaron en él o el carácter de su participación; 3. Instrumento del delito. Bien que se utiliza para la comisión de una conducta o hecho ilícito; 4. Juez. Administrador de justicia, competente para conocer de la acción de extinción de dominio; 5. Mezcla de bienes. Suma o aplicación de dos o más bienes, lícitos o ilícitos pertenecientes a una o más personas; 6. Ministerio Público. Representante social o fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos; 7. Instrumentos o elementos del delito. Bienes sobre el que se realiza el hecho ilícito o su producción directa o indirecta; 8. Ocultar. Acción de esconder, sustraer, disimular o transformar bienes que son producto del delito o de la conducta de los sujetos activos; 9. Producto del delito. Bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un hecho ilícito, y Víctima u ofendido. Titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del hecho ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la persona que sufrió daño, perjuicio o afectación como consecuencia de dichos hechos. ARTÍCULO 3. La extinción de dominio es la declaración judicial de: 5 de 326 I. Inexistencia de derechos sobre bienes producto del delito; o II. Pérdida de derechos sobre los bienes, en los supuestos y condiciones previstos en esta Ley. En ambos casos, la declaración judicial tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie para su dueño, ni para quien se ostente o se comporte como tal. ARTÍCULO 4. Se entiende que una persona se comporta u ostenta como dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, cuando: I. Tenga la posesión de los bienes, o II. Tenga poder material de decisión o de disposición sobre el uso o destino de los bienes. ARTÍCULO *5. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; II. En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y III. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos; ARTÍCULO 6. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que el Ministerio Público o la autoridad judicial resuelva que han causado abandono a favor del Estado de Morelos, así como de aquellos respecto de los cuales la autoridad judicial correspondiente resuelva su decomiso, con carácter de cosa juzgada. 6 de 327 Artículo 7. Durante el procedimiento, el Juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, las partes podrán solicitar la orientación del juez sobre el procedimiento que ante éste se desarrolla, como cómputos, plazos y circunstancias para la promoción y el desahogo de pruebas, y otras cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la debida marcha del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo que la autoridad judicial deba resolver en los autos o en la sentencia. La información la dará el juez en audiencia pública con presencia de las partes. El juez rechazará de plano, los recursos o promociones notoriamente frívolos o improcedentes, fundada y motivada su resolución se notificará 24 horas después de dictada. La autoridad judicial, y en su caso el Ministerio Público, podrán imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en los términos del ordenamiento supletorio correspondiente. ARTÍCULO 8. Sólo serán causales de nulidad en el procedimiento de extinción de dominio: I. La falta de competencia del juez, o II. La falta de notificación prevista en los artículos 18 y 19 de esta Ley. TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO PRIMERO PRESUPUESTOS PROCÉSALES ARTÍCULO *9. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente, cuando existan elementos suficientes para determinar que sucedieron los hechos ilícitos en cualquiera de los siguientes casos: I. Delincuencia Organizada, previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos; 7 de 328 II. Secuestro, previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Robo de vehículos, previsto en el Código Penal para el Estado de Morelos; IV. Trata de personas o equiparables, previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y V. Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, en los casos del ejercicio de la competencia concurrente a que se refiere el artículo 474 de dicha Ley. Para los efectos de esta Ley se entiende que existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, cuando se reúnan indicios respecto de los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de los delitos a que se refieren las fracciones anteriores, aún cuando no se haya determinado quienes intervinieron en él o el carácter de su participación. REFORMA VIGENTE.- Reformadas las fracciones II y IV por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decían: II. Secuestro, previsto en el Código Penal para el Estado de Morelos; IV. Trata de personas o equiparables previstos en el Código Penal para el Estado de Morelos; y REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo primero y la fracción III y adicionada la fracción V por artículo Primero del Decreto No. 158 publicado en el Tierra y Libertad No de fecha 2013/01/03. Vigencia 2013/01/04. Antes decían: La extinción de dominio procederá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente, cuando existan elementos suficientes para determinar que sucedieron los hechos ilícitos en los casos de: II. Robo de vehículos, previsto en el Código Penal para el Estado de Morelos, y REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformada la fracción IV por artículo primero del Decreto No. 158 publicado en el Tierra y Libertad No de fecha 2013/01/03. Vigencia 2013/01/04. Antes decía: IV. Trata de personas o equiparables del Código Penal para el Estado de Morelos. ARTÍCULO *10. Procederá la extinción de dominio de los bienes relacionados o vinculados con los hechos ilícitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito; aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. 8 de 329 II. Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, o IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delincuencia organizada y de los delitos patrimoniales y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. Para los efectos de esta Ley, los delitos de secuestro, trata de personas, robo de vehículos y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, se considerarán delitos patrimoniales. La extinción de dominio procederá aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No. 5243, Alcance de fecha 2014/12/10. Antes decía: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito; REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo segundo por artículo segundo del Decreto No. 158 publicado en el Tierra y Libertad, No. 5055, de fecha 2013/01/03. Vigencia 2013/01/04. Antes decía: Para los efectos de esta Ley, los delitos de secuestro, trata de personas y robo de vehículos, cuando generen un beneficio económico o persigan ese fin, se considerarán delitos patrimoniales. ARTÍCULO 11. El procedimiento de extinción de dominio es autónomo del de materia penal. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente. Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, así como en los juicios de amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se adopten en el procedimiento de extinción de dominio. 9 de 3210 ARTÍCULO *12. Derogado REFORMA VIGENTE.- Derogado por artículo único del Decreto No. 220 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, No. 5055, de fecha 2013/01/03. Vigencia 2013/01/04. Antes decía: El Poder Judicial del Estado contará con los jueces especializados en extinción de dominio que estime necesarios. CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ARTÍCULO *13. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción aplicables a los delitos señalados en el artículo 9 de esta Ley. El Ministerio Público podrá desistir de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que la sentencia quede firme, en los términos que determine el Fiscal General del Estado de Morelos o el servidor público en quien delegue tal facultad. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo tercero por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: El Ministerio Público podrá desistir de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que la sentencia quede firme, en los términos que determine el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos o el servidor público en quien delegue tal facultad. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. ARTÍCULO *14. En la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones: I. Recabar los medios de prueba sobre la existencia de elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, como se establece en el artículo 9 de esta Ley; 10 de 3211 II. Reunir los elementos que permitan identificar y localizar los bienes a que se refiere esta Ley, así como practicar todas las diligencias necesarias para la identificación del dueño, de quien se ostente, se comporte como tal o de ambos; III. Recabar los medios de prueba de los que se desprenda la relación de los bienes con los hechos ilícitos, en términos de lo dispuesto por esta Ley; IV. Asegurar y en su caso administrar como depositario los bienes materia de la acción, cuando exista peligro de menoscabo, pérdida, sustracción o destrucción; V. Requerir información o documentación del Sistema Financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de la Secretaria de Obras Públicas del Estado y de los Catastros Municipales, así como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria u otras autoridades competentes en materia fiscal. Los requerimientos de información se formularán por el Fiscal General del Estado de Morelos o por los servidores públicos en quienes delegue esta facultad. Se deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con base en esta fracción; VI. Requerir información y documentación al Registro Público de la Propiedad, Tesorerías Locales, Catastros Estatales y Archivos de Notarías y a las demás autoridades competentes; VII. Solicitar otra información a las autoridades competentes, y VIII. Las demás que le otorga esta Ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables. Cuando el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de que va a celebrarse o se está celebrando un acto civil, mercantil o cualquier otro acto jurídico, que tenga como objeto alguno de los bienes señalados en el artículo 10 de la presente Ley, solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes para tutelar derechos de terceros de buena fe, que intervengan en dichos actos. El Ministerio Público podrá ejercer las atribuciones anteriores actuando en el expediente que al efecto genere, sin perjuicio de las actuaciones que realice en la carpeta de investigación. 11 de 3212 El Ministerio Público podrá acordar el aseguramiento de bienes e instrumentos correspondientes para preservar la materia de la acción de extinción de dominio, en cualquier momento en que tenga conocimiento de que va a celebrarse o se está celebrando cualquier acto jurídico que tenga por objeto alguno de los bienes señalados en el artículo 9 de la presente Ley. REFORMA VIGENTE.- Reformadas las fracciones V y VIII, y adicionado un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos para ser tercero y cuarto por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad No Alcance de fecha 2014/12/10. Antes decían: V. Requerir información o documentación del Sistema Financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro del Instituto del Registro Publico de la Propiedad, de la Secretaria de Obras Publicas del Estado y de los Catastros Municipales, así como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria u otras autoridades competentes en materia fiscal. Los requerimientos de información se formularán por el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos o por los servidores públicos en quienes delegue esta facultad. Se deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con base en esta fracción; VIII. Las demás que le otorga esta Ley, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO *15. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en las actuaciones conducentes del Ministerio Público o, en su caso, del procedimiento o proceso penal por los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, cuando de la investigación realizada por el Ministerio Público se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo 10 de esta Ley. El Ministerio Público podrá ejercitar la acción de extinción de dominio cuando reúna los elementos y supuestos referidos. También procederá la acción respecto de los bienes y objetos de sucesiones hereditarias legítima o intestamentaria, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 10 de esta Ley, en cualquier etapa del procedimiento sucesorio correspondiente. REFORMA VIGENTE.- Adicionado un párrafo segundo por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. ARTÍCULO *16. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: 12 de 3213 I. El actor, que será el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio podrá ser ejercitada por un agente del Ministerio Público distinto del que tenga a su cargo la investigación del delito o la intervención en el proceso penal. II. El demandado, que será el dueño, quien se ostente o comporte como tal, o ambos, y III. El o los terceros afectados, que será todo aquél que se considere afectado por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. El demandado y el tercero afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados, en los términos de la Ley. En cualquier caso, los efectos procésales serán los mismos. REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: I. El actor, que será el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio podrá ser ejercitada por un agente del Ministerio Público distinto del que tenga a su cargo la integración de la averiguación previa o la intervención en el proceso penal; CAPÍTULO TERCERO DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARTÍCULO 17. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, que deberá contener los siguientes requisitos: I. El juzgado de extinción de dominio; II. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones; II. Los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando su ubicación y demás datos para su localización, o bien, la referencia de que los bienes se perdieron para los efectos previstos en el artículo 27 de esta Ley. En caso de mezcla de bienes, la extinción de dominio se solicitará sobre el total de la misma; III. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes en la averiguación previa, el acta en la que conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en los registros públicos que correspondan y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria 13 de 3214 de abandono y la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal; IV. El nombre y domicilio del dueño, de quien se ostente o comporte como tal, o de ambos, si fuesen conocidos; V. Las actuaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, y VI. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en los términos que establece esta Ley. ARTÍCULO 18. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca, el Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre su admisión; ordenará la notificación de ésta al demandado o a su representante legal, así como la publicación del edicto a que se refiere la fracción II del artículo 19. El Juez, en el auto de admisión, señalará los bienes materia del juicio y al o a los demandados, y concederá el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. Igualmente, otorgará el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, para llamar a juicio a todo aquél tercero afectado que tenga interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio, a fin de que se apersone y conteste la demanda. En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia, dentro de los treinta días hábiles siguientes. Contra el auto de admisión de la demanda no procederá recurso alguno; contra el que no la admita procederá la apelación. ARTÍCULO 19. Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue: I. Personalmente al demandado de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido. Si no es posible identificar al demandado o su domicilio, la notificación se hará por el edicto señalado en la fracción II de este artículo; 14 de 3215 b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se notifique y de la demanda, recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, en su caso, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberá dejar constancia en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, de negarse a recibirla o firmarla, la notificación se realizará en ese mismo acto, fijando copia de la resolución en un lugar visible del domicilio, y d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones. II. Por edicto, en todos los casos. Dicho edicto se publicará por una sola ocasión en el Tierra y Libertad, así como en un periódico de mayor circulación en el Estado, y deberá contener un resumen de la demanda, la identificación de los bienes materia del juicio, así como del auto de admisión de la demanda, precisando el plazo para apersonarse y para la contestación de la demanda, así como la fecha programada para la celebración de la audiencia. La notificación personal surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su publicación. ARTÍCULO 20. El Juez deberá realizar las diligencias necesarias para que se notifique a los demandados o terceros afectados en un plazo de 24 horas contados a partir del día siguiente de la expedición del auto admisorio. ARTÍCULO 21. El demandado y el tercero afectado deberán señalar domicilio en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio, para oír y recibir notificaciones y documentos, desde el escrito de contestación de demanda o en el primer acto procesal de apersonamiento al juicio. ARTÍCULO 22. Todo tercero afectado que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles contados a partir de aquél en que haya surtido efectos la notificación, a efecto de acreditar su interés jurídico. El juez resolverá en un plazo 15 de 3216 de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la acreditación respectiva y, en su caso, autorizará el conocimiento sobre el contenido de la demanda en las oficinas del juzgado. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del auto señalado en el párrafo anterior, podrá imponerse de los autos y deberá contestar la demanda. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado o del tercero afectado, que se tramitarán sin suspensión del procedimiento, así como el ofrecimiento de las pruebas, debiendo aportar las que estén a su disposición. Podrá solicitar al Juez su orientación en audiencia respectiva para tal efecto, de no hacerlo, precluirá su derecho. ARTÍCULO 23. Si el demandado y los terceros afectados no contestan la demanda en el término establecido en esta ley, se entenderá que consienten los hechos y pedimentos expuestos por el Ministerio Público. Si el propietario, quien se ostente o comporte como tal, aceptare la pretensión ministerial, el juez dará vista al Ministerio Público para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En estos casos, así como en aquellos en que las partes lleguen a un acuerdo sobre los bienes materia de la extinción de dominio, el juez resolverá de acuerdo a las proposiciones que se le hagan y conforme a la legislación aplicable. ARTÍCULO 24. Las pruebas ofrecidas en la demanda y en la contestación se admitirán o rechazarán, según sea el caso, en el auto que se tengan por presentadas; si es necesario, se ordenará su preparación, y se desahogarán en la audiencia. La ausencia de cualquiera de las partes no impedirá la celebración de la audiencia, siempre y cuando las partes hayan sido debidamente notificadas. El Juez podrá ordenar por causa justificada la suspensión de la audiencia y fijará fecha para su continuación. Al término de la audiencia, las partes contarán con un plazo de cinco días hábiles comunes para presentar alegatos. 16 de 3217 CAPÍTULO CUARTO De las medidas cautelares ARTÍCULO *25. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio a fin de evitar que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción, que sean ocultados o mezclados o se realice acto traslativo de dominio, sobre aquellos bienes de los que existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que es alguno de los señalados en el artículo 10 de esta Ley y relacionados con alguno de los delitos señalados en el artículo 9 de este ordenamiento. Las medidas cautelares podrán consistir en: I. El aseguramiento de bienes; II. El embargo precautorio de bienes, o III. El deposito y la administración. Las medidas cautelares dictadas por el Juez, cuando se trate de bienes inmuebles, se inscribirán ante la autoridad encargada del registro público de la propiedad que corresponda, y en caso de bienes muebles, se informarán a través del oficio respectivo, a las instancias correspondientes. En todos los supuestos se determinarán los alcances de las medidas cautelares que se decretan. REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y, en su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere esta Ley. Son medidas cautelares: IV. El aseguramiento de bienes; V. El embargo precautorio de bienes, o VI. El deposito y la administración. ARTÍCULO 26. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que estén identificados, con independencia de que éstos hayan sido asegurados por el Ministerio Público. ARTÍCULO 27. El Juez ordenará embargo precautorio cuando los bienes no hayan sido asegurados en la averiguación previa. Se podrán embargar bienes por 17 de 3218 valor equivalente cuando hubieren sido consumidos o extinguidos por aquél contra quien se entable la acción de extinción de dominio o por terceros vinculados a él, se hubieren perdido en los términos el Código Civil para el Estado de Morelos, siempre que se tengan indicios fundados de que existieron o se trate de bienes que constituyan garantías de créditos preferentes. ARTÍCULO 28. El aseguramiento y el embargo precautorio deberán ser anotados en los Registros Públicos correspondientes. ARTÍCULO *29. El Juez acordará la medida cautelar que resulte procedente en el auto de admisión de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento, a petición del Ministerio Público, se podrá solicitar la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras, el uso de la fuerza pública y el arresto para su ejecución. El demandado o afectado por la medida cautelar no podrá transmitir la posesión, enajenar ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el tiempo que dure aquélla, ni permitir que un tercero lo haga. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: El Juez acordará la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento a petición del Ministerio Público y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras, el uso de la fuerza pública y el arresto para su ejecución. El demandado o afectado por la medida cautelar no podrá transmitir la posesión, enajenar ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el tiempo que dure aquélla, ni permitir que un tercero lo haga. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. ARTÍCULO 30. El demandado o tercero afectado no podrá ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar. Contra el auto que ordene el aseguramiento o embargo precautorio de bienes no procede recurso alguno. ARTÍCULO *31. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en 18 de 3219 procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas, subsistirá la medida cautelar que haya impuesto el Juez competente. REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo segundo por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas, subsistirá la medida cautelar que haya impuesto el Juez de extinción de dominio. ARTÍCULO *32. Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Morelos a efecto de que se disponga de los mismos. REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a la Código Penal para el Estado de Morelos a efecto de que se disponga de los mismos en términos de éste. Para tales efectos, se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente. CAPÍTULO QUINTO DE LA PRUEBA ARTÍCULO 33. Las actuaciones del Ministerio Público, señaladas en el artículo 15 de esta Ley, que se adjunten a la demanda, se considerarán como documentos públicos y tendrán pleno valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que ofrezca el demandado y los terceros afectados para desvirtuar lo asentado en éstas. Los hechos y circunstancias descritos en las declaraciones y los dictámenes periciales contenidos en las actuaciones del Ministerio Público se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario. ARTÍCULO *34. El demandado y el tercero afectado podrán ofrecer todo tipo de pruebas siempre que tengan relación con la litis y no sean contrarias a derecho, en términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 19 de 3220 excepto la confesional a cargo de la autoridad. En caso de que ofrezca constancias de la investigación o procedimiento penal por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, deberá solicitarlas por conducto del Juez. El Juez se cerciorará de que las constancias de la carpeta de investigación o del expediente del procedimiento penal, ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. En todo caso, el Juez escuchará al Ministerio Público y podrá realizar personalmente inspección ocular de la averiguación previa, para determinar las constancias que habrán de agregarse al procedimiento de extinción de dominio. El Juez ordenará que las constancias de la carpeta de investigación del expediente del procedimiento penal que admita como prueba sean debidamente resguardadas para preservar su secrecía. El Juez requerirá a través de orden judicial fundada y motivada a cualquier persona física o moral, la entrega de información protegida por cualquier secreto legal, cuando ésta haya sido admitida como prueba en el procedimiento de extinción de dominio. En caso de incumplimiento a la orden, el Juez podrá ordenar las medidas de apremio correspondientes, o incluso, recabarla directamente con auxilio de la fuerza pública. REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 2048, publicado en el Tierra y Libertad, No Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decía: El demandado y el tercero afectado podrán ofrecer todo tipo de pruebas siempre que tengan relación con la litis y no sean contrarias a derecho, en términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, excepto la confesional a cargo de la autoridad. En caso de que ofrezca constancias de la averiguación previa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, deberá solicitarlas por conducto del Juez. El Juez se cerciorará de que las constancias de la averiguación previa ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. En todo caso, el Juez escuchará al Ministerio Público y podrá realizar personalmente inspección ocular de la averiguación previa, para determinar las constancias que habrán de agregarse al procedimiento de extinción de dominio. El Juez ordenará que las constancias de la averiguación previa que admita como prueba sean debidamente resguardadas para preservar su secrecía. 20 de 32 Mostrar más
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