Source: https://www.slideshare.net/fcerong/mi-segunda-denuncia-ante-el-tribunal-europeo-de-justicia-por-la-violacion-de-los-derechos-humanos-por-la-incomunicacin-con-mi-hijo-y-mi-exilio-forzoso
Timestamp: 2020-07-14 08:59:04+00:00

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¡Mi segunda denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, pidiendo l…
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Mi segunda denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, por la violación de los derechos humanos, en mi persona, y en mi hijo menor de edad, por la incomunicación entre ambos, y la prevaricación de la Justicia Española, que conculcó todos nuestros derechos humanos, y me obligó a mi exilio forzoso, por la Ley Integral de la Violencia de Género (LIVG), al anular anticonstitucionalmente (artículo 24 de la Constitución del Reino de España), mi derecho a la presunción de inocencia, y amparando el perjurio y las falsas denuncias cometidas por su madre, y la familia materna, no aceptando los Tribunales de Justicia españoles las pruebas flagrantes de mi inocencia, ni las declaraciones de los testigos, "por mi ausencia de España", aunque estaba representado por mi abogada y mi procuradora de oficio.
@Perfume feromonas Pues no prosperó, porque me cerró el paso la abogada española, que era la traductora y censora, y además feminista, y la archivaron a la demanda. Y en España, me abandonó también la abogada de oficio, y no pude recurrir al Tribunal Supremo.
Perfume feromonas at Perfume feromonas
Esperemos que prospere y tengas mucha suerte
YourTornillo
1. ¡Mi denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, pidiendo la derogación de la Ley Integral de la Violencia del Género, por la violación de los derechos humanos, por la incomunicación con mi hijo, y mi exilio forzoso! (Link to the English Version: http://www.slideshare.net/fcerong/francisco-antonio-ceron- garcia-tedhs-application-form)
2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 1/11 Número de referencia: Si Ud. ya ha recibido por parte del Tribunal un número de referencia para estas quejas, indíquelo: 78090/13 A. Demandante (particular) Esta sección solo concierne a los demandantes (personas físicas). Francisco Antonio Cerón García Dirección y correo electrónico (si procede): fcerong@gmail.com 4.400 Salta República Argentina
3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 3/11 D. Estado(s) contra el cual (o los cuales) se presenta la demanda: ESP - España Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 4/11 Objeto de la demanda: Toda la información relativa a los hechos, a las quejas y al respeto de la regla del agotamiento de los recursos internos así como el plazo de seis meses (artículo 35 § 1 del Convenio) deben figurar en esta sección (apartados E, F y G) del formulario de demanda (artículo 47 § 2 a) del reglamento del Tribunal). El demandante puede completar estas informaciones adjuntando al formulario de demanda un documento de un máximo de 20 páginas (artículo 47 § 2 b) del reglamento). En este número de páginas no se incluyen las decisiones y documentos adjuntos al formulario.
4. E. Exposición de los hechos: Cuando puse mi primera demanda el día 20/11/13 ante el Tribunal Europeo de los derechos humanos de Estrasburgo (TEDH), (Documento adjunto n°22 del 20/11/13), reclamé solamente por negarme el Reino de España la justicia gratuita, que solicitaba para reclamar judicialmente por la incomunicación con mi hijo. Pero como ignoraba el resultado de la sentencia del divorcio (donde me quitaron la patria potestad), pues dicha sentencia no me fue comunicada, lo mismo que la celebración de dicho Juicio, no pude reclamar ante el TEDH por haberme sido quitada la patria potestad por el Estado de España, que es lo que estoy ahora demandando.
5. Durante el proceso de mi primera demanda ante el TEDH, se me volvió a conceder arbitrariamente por parte del Reino de España, la justicia gratuita, por carta a ICAMUR del Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de España (Documento adjunto n°17 del 19/06/13), luego de habérmela negado anteriormente por ICAMUR (Documento adjunto n°18 del 08/11/13, de la anulación de oficio y archivo, por el Oficial Letrado del Colegio de Abogados de Murcia, de la petición de justicia gratuita, según el artículo 14 de la Ley 1/96, y del artículo número 10 del Real Decreto 996/2003, del 25 de julio), y así fue entonces que contra mi voluntad, terminé violando el artículo n° 35 del convenio del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (CTEDH), (Documento n°24 del 03/08/15).
6. Ahora, tengo como "hechos nuevos", además del conocimiento de la pérdida de la patria potestad de mi hijo Daniel Cerón Escudero (Documento adjunto n°23 del 25/01/2012 que recién conocí el 30/12/13), decía, tengo también como “nuevos hechos”, tres nuevas sentencias judiciales, la ya citada del divorcio (Documento adjunto n°23 del 25/01/2012 que recién conocí el 30/12/13), la de la primera apelación (Documento adjunto n°25 del 11/05/15), y la de la segunda apelación en la Audiencia Provincial (Documento adjunto n°26 del 02/10/15). Además, también ahora recién pude saber casi cinco años después, que perdí la patria potestad, porque no fui notificado de la celebración del juicio del divorcio, y no fui notificado por el perjurio flagrante de mi ex esposa, y la falta de rigor en el procedimiento del Juez de primera instancia, en hacer averiguar con la policía mi paradero (usando la presunción de culpabilidad del artículo primero de la Ley Integral de la Violencia del Género -LIVG-), que no era desconocido, sino conocido por mi registro en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España (firmado antes de irme con DNI Electrónico de la FNMT) (Documento adjunto n°6 del 10/12/09), al contrario de como declaró falsamente mi ex esposa, ya que mi ex esposa también firmó los albaranes del envío de mis libros por DHL a la Argentina (Documento adjunto n°5 del 09/12/09). Adjunto la copia de dichos documentos.
7. El primer Juez, fue el mismo segundo Juez de la primera apelación, y anuló la presentación de las pruebas y los testigos (por el carácter inquisitorial del procedimiento y por la anulación de la presunción de inocencia del artículo primero de la LIVG), diciendo literalmente en la sentencia: "que porque yo estaba ausente del tribunal", aunque me representaban mi procuradora y abogada de oficio. Luego en mi apelación a la Audiencia, esta ratificó al Juez, abundando en la presunción de culpabilidad, tratándome como un delincuente convicto, y ratificando el perjurio de mi ex mujer, y la prevaricación del Juez de las instancias previas. Todo esto pudo suceder porque además de aplicarme el artículo primero de la ley de la violencia del género, anulándome la presunción de inocencia en el juicio del divorcio, decía pudo suceder también por el procedimiento inquisitorial de la prueba, que le da la facultad absoluta inmensa, solamente al Juez de primera instancia, de aceptar o rechazar las pruebas de la defensa, y que fue lo que impidió que los tribunales superiores hasta al Audiencia, revisaran las pruebas, porque como también me ha indicado por escrito mi abogada de oficio, la potestad es del tribunal de primera instancia que juzgó el divorcio, bajo el procedimiento inquisitorial y el artículo primero de la ley de la violencia del género.
8. Ahora tampoco puedo recurrir a los tribunales superiores, con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ni tampoco con otro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de España, pues sin el acuerdo del abogado de oficio (Documento adjunto n°27 del 15/10/15), que me indica que no asumirá mi defensa, y que no reúno los requisitos para dichos recursos, pues no se pueden revisar las pruebas de mi inocencia cuya potestad absoluta es la del primer Juez del primer juicio del divorcio, y como soy pobre de solemnidad, me es imposible pagar un abogado particular para formular dichas demandas, y he agotado así, todas las vías judiciales a mi alcance para recurrir contra el Reino de España, por la violación de múltiples artículos del convenio europeo de los derechos humanos, y de la misma Constitución Española, entre otros el artículo número 24, de la presunción de la inocencia. Además también lo solicito, porque las injusticias que ha generado la LIVG y el procedimiento inquisitorial son de tal magnitud, que hay ya en España como digo, más de un millón de huérfanos de padres vivos, y también hay ya en España además, más de cien mil padres que se han suicidado por la persecución de la LIVG y de la Justicia del Reino de España, siendo inocentes de toda culpa y cargo, habiendo hecho así el Reino de España, legalmente pero violando todos los derechos humanos, el mayor genocidio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
9. Así pues, lo que demando contra España, es el procedimiento inquisitorial, que permitió que el Juez anulase las pruebas de mi inocencia, y también demando a la ley integral del género (LIVG), en todos sus artículos, y en concreto en su artículo primero, que impidió mi presunción de inocencia, siendo culpable de antemano, previamente a todos los juicios, pues mi ex esposa me hizo meter en el calabozo por "insultos" o violencia "psicológica", de lo cual no me han sido tampoco facilitadas las actuaciones y no puedo aportarlas en esta mi demanda ante el TEDH, y como luego al salir del calabozo en libertad, mi ex esposa intentó matarme delante de mi hijo de seis años con un gran cuchillo de cocina, de lo cual tampoco tengo las pruebas que pudiera aportar, pues fue en la intimidad del hogar, ya que no me habían puesto una orden de alejamiento (pues agredí nunca a mi ex esposa), firmé entonces una propuesta de divorcio "amistosa", o de mutuo acuerdo (Documento n°4 del 17/11/2009), documento que adjunto también, y me exilié forzosamente en la Argentina por la persecución de mi ex esposa, de la Ley Integral de la Violencia del Género (LIVG), de la Justicia de España, y del Reino de España. No puedo demostrar el intento de asesinato de ella, pero no hay prueba ninguna, ni testigos, de que yo la hubiera llegado a maltratar alguna vez. Nunca lo hice, ni la agredí de manera ninguna, ni físicamente, ni psicológicamente, como mi ex esposa me denunció falsamente para presionarme a firmar una demanda de divorcio, y quedarse automáticamente con todos mis bienes, y peor aún, con la guardia y custodia de mi hijo de seis años en ese entonces.
10. En mi primera demanda pedía, y ahora me reitero firmemente en ello: Solicito se me restituya la patria potestad de mi hijo Daniel Cerón Escudero, quitada por un error judicial con prevaricación del Juez, y perjurio de mi ex esposa, para poder volver a comunicarme con mi hijo menor de edad, derecho humano fundamental, conculcado por la Justicia de España, y por el Reino de España, a mi persona, y a mi hijo menor de edad.
11. Solicito se revoque, se derogue, y se anule, definitivamente, y para siempre, la ley anticonstitucional, la Ley Integral de la Violencia del Género (LIVG), por la violación de los derechos humanos sobre mi persona, ley que violó y anuló mi derecho constitucional a la presunción de inocencia, a un juicio justo, y a una vida digna y libre, ley por la cual he terminado viviendo como un verdadero mendigo, en el exilio forzoso, para no continuar en la cárcel, por el perjurio de mi ex mujer y la prevaricación de la Justicia del Reino de España; ley que también violó los derechos humanos de mi hijo, menor de edad, Daniel Cerón Escudero, ley que violó entre otros, su derecho a tener un padre; y ley que violó además su derecho humano de ver a sus dos hermanos mayores, Sergio David Cerón Soria y Rubén Darío Cerón Soria (y los derechos humanos de sus hermanos mayores de ver a su hermano menor), habiendo sido separado Daniel Cerón Escudero con esta terrible injusticia, de ver y hablar también con sus dos hermanos mayores.
12. Solicito esa revocación, derogación, y anulación, de la Ley Integral de la Violencia del Género (LIVG), porque su injusticia manifiesta, ha provocado que en España haya ya un millón de padres que no pueden ver a sus hijos, ni comunicarse con ellos, y que haya un millón de hijos, niños menores de edad, que no pueden comunicarse con sus padres, porque sus derechos a tener un padre, han sido conculcados por la prevaricación generalizada, de la justicia española, y de un millón de madres, y de sus familiares maternos, que cometieron perjurio de forma generalizada formulando falsas denuncias, usando la ausencia de la presunción de inocencia que establece dicha ley, en una violación flagrante, de los derechos humanos, y de la constitución del Reino de España. ¡Y este genocidio se hizo por parte de las madres (además de para quedarse con los bienes de los padres dejándolos en la más absoluta de las miserias), por parte de las abogadas y bufetes feministas (y feminazistas), por el fabuloso “negocio” de las subvenciones europeas a España, de más de cincuenta mil millones de euros anuales!
13. Sé que aun cuando hubiera una sentencia favorable a mi petición, el mal y el gravísimo daño a mi hijo menor de edad, ya está hecho para siempre, y sin remedio, ni retroceso ninguno. El que mi hijo se haya perdido la presencia de su padre en toda su niñez, y que ahora se la esté perdiendo también en toda su adolescencia, ya le ha marcado su vida hasta el presente, y se la marcará en su futuro para siempre… Pero, si mi hijo sin un padre que lo eduque, ya no tiene remedio ninguno, ni hay satisfacción equitativa ninguna, pero si se llegase a admitir mi demanda, pido para mi hijo (y también para sus dos hermanos y para mi persona) una compensación equivalente al uno por mil del valor total de las subvenciones por el género otorgadas a España durante más de una década, de cincuenta mil millones de euros anuales, que por diez años de “ayuda” para violar todos los derechos humanos de los padres y de los niños, hacen un montante total de quinientos mil millones de euros…
14. Esta satisfacción equitativa que reclamo, nunca podrá llegar a compensarle por su gran pérdida, y el gravísimo perjuicio moral, educativo, emocional, personal, y de toda índole en los derechos humanos, sufrido por mi hijo, niño menor de edad, privado de sus hermanos, y huérfano de padre vivo, y sufrido también por sus dos hermanos, y sufrido finalmente también por mi propia persona, en la privación de mi paternidad y de mi hijo, y en el exilio forzoso que me vi obligado a emprender, por la persecución de la LIVG con el perjurio de mi ex esposa, y de la prevaricación flagrante de la Justicia del Reino España. Y pido también por ser de justicia, que al menos, no haya nunca más, ni un solo caso más, ni uno nuevo solo, en que los niños sean privados de la presencia y la comunicación con su padre, por una ley anticonstitucional, y que viola todos los derechos humanos de los hombres, por causa de una ley tan injusta, como la Ley Integral de la Violencia del Género (LIVG).
15. ¡Lea gratis y online, en el enlace adjunto de más abajo, la tetralogía de cuatro libros que escribí, con más de tres mil quinientas páginas, y más de trescientas cincuenta mil palabras, con toda mi historia completa de mi emigración, y de mi exilio forzoso, y la historia de mi amado hijo Daniel, que quedó huérfano de padre vivo, contra mi voluntad y mi deseo...!: Trilogía de "La Promesa" (en ISSUU) (Adjunto copia también de estos libros en el DVD) http://issuu.com/franciscoantoniocerongarcia/stacks/ca 3cd68a1ed446209eebddb0c6f12a6a Finalmente, he agregado a este documento un anexo de doce páginas, con algunas consideraciones jurídicas y de la jurisprudencia, de las violaciones de la Ley Integral de la Violencia del Género, a las leyes y a la Constitución del Reino de España, al Convenio Europeo de los Derechos Humanos firmado por España, y a los convenios y protocolos de los derechos humanos firmados también por España con la ONU.
16. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 7/11 F. Exposición de la(s) violación(es) alegada(s) del Convenio y/o de sus Protocolos y de los argumentos al respecto Artículo invocado (y explicación): Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales Roma, 4.XI.1950 Violación del artículo número 1 Violación del artículo número 3 Violación del artículo número 5 Violación del artículo número 6 Violación del artículo número 8 Violación del artículo número 9
17. Violación del artículo número 10 Violación del artículo número 13 Violación del artículo número 14 Violación del artículo número 17 Violación del artículo número 34 Violación del artículo número 41 Protocolo n° 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales Estrasburgo, 22.XI.1984 Violación del artículo número 3, Protocolo n° 7 Violación del artículo número 5, Protocolo n° 7
18. Protocolo n° 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales Roma, 4.XI.2000 Violación del artículo número 1, Protocolo n° 12 Explicación: Violación del artículo número 1: España no respetó los derechos humanos de mi hijo, ni los míos. Violación del artículo número 3: Fui sometido durante mi detención y durante el procedimiento a tratos inhumanos o degradantes. Violación del artículo número 5: Fui privado de mi libertad mediante arresto o detención ilegal, y no tuve derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronunciase en breve plazo sobre la legalidad de mi detención y ordenase mi puesta en libertad. Tampoco fui informado de los motivos de mi detención.
19. Violación del artículo número 6: Derecho a un proceso equitativo No tuve el derecho a que mi causa fuera oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidiera los litigios sobre mis derechos y obligaciones de carácter civil. Violación del artículo número 10: Libertad de expresión Se violó mi derecho a la libertad de expresión y de opinión, ya que fui incomunicado durante el procedimiento, y encerrado en el calabozo junto con delincuentes ya convictos. Violación del artículo número 13: Derecho a un recurso efectivo Se violó mi derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional, además de que las violaciones fueron cometidas por personas que actuaron en el ejercicio de sus funciones oficiales.
20. Violación del artículo número 14: Prohibición de discriminación El goce de los derechos y libertades me fue conculcado absolutamente, por mi pertenencia a una minoría nacional, la de ser padre, y por mi condición de hombre. Violación del artículo número 17: Prohibición del abuso de derecho El Reino de España se ha dedicado sistemáticamente a la actividad de perseguir a todos los padres como yo mismo, realizando actos tendentes a la destrucción de todos mis derechos y libertades reconocidas en el presente Convenio. En particular, con la anulación de la presunción de mi inocencia, al legislar a sabiendas y prevaricando la LIVG y otras leyes que la conculcaron.
21. Violación del artículo número 34: Demandas individuales Me es negado sistemáticamente a mí y a un millón más de padres españoles, mi derecho a que el TEDH pueda conocer de mi demanda respecto de las múltiples violaciones del Reino de España a mis derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Y no cesa de poner todas las trabas posibles al ejercicio eficaz de este derecho, impidiéndome por ejemplo recurrir al Supremo y al Constitucional; y si pudiera hacerlo, la misma Justicia de España también fallaría en mi contra, como lo ha hecho hasta el presente, para encubrir sus propias prevaricaciones. Violación del artículo número 41: Reclamo para mí y para mis tres hijos una satisfacción equitativa. Violación del artículo número 3, Protocolo n° 7: Exijo mi derecho a indemnización por el grave error judicial cometido contra mi persona y con las de mis tres hijos.
22. Violación del artículo número 5, Protocolo n° 7: Igualdad entre esposos No he gozado tampoco como cónyuge de igualdad de derechos y de obligaciones civiles con mi ex esposa, y tampoco en mis relaciones con mi hijo en la disolución del matrimonio; sólo he sufrido errores judiciales. Violación del artículo número 1, Protocolo n° 12: Prohibición general de la discriminación Por mi pertenencia a una minoría nacional, el conjunto de todos los hombres que ostentan la condición de padres, fui objeto de discriminación por parte de las autoridades públicas, judiciales, ejecutivas, y legislativas.
23. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 8/11 G. Para cada queja, le ruego confirme que se han interpuesto todos los recursos efectivos disponibles en el país de que se trate, incluyendo las vías de apelación, e indique la fecha en la que la decisión interna definitiva ha sido dictada y notificada, con el fin de demostrar que se ha respetado el plazo de seis meses. Queja (Recursos interpuestos y fecha de la decisión definitiva): Denegación por el Defensor del Pueblo de España de la justicia. Denegación por el Reino de España de la justicia gratuita. Denegación de mi derecho a recurrir a los Tribunales Europeos al no tener un juicio justo.
24. Primera denegación por el Reino de España de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Segunda denegación por el Reino de España de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Tercera denegación por el Reino de España de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Denegación por el Reino de España de mi derecho a recurrir a los Tribunales Supremo y Constitucional al no tener un juicio justo. Recursos interpuestos y fecha de la decisión definitiva: Denegación por el Defensor del Pueblo de España de la justicia. Primer pedido de justicia al Defensor del Pueblo de España, del 26/11/2012. (Documento 13). Carta pidiendo justicia al Defensor del Pueblo de España, del 30/12/2012. (Documento 14). Carta al Defensor del Pueblo alegando contra el archivo, del 12/11/2013. (Documento 20).
25. Denegación por el Reino de España de la justicia gratuita. Carta pidiendo la justicia gratuita al Colegio de Abogados, del 10/06/2013. (Documento 15). Carta de ICAMUR, exigiéndome la sentencia del divorcio que no poseía, del 30/10/2013. (Doc. 17). Día 8 de noviembre de 2013, anulación de oficio, y archivo, por el Oficial Letrado del Colegio de Abogados de Murcia, de la petición de justicia gratuita, según el artículo 14, de la Ley 1/96, y del artículo número 10, del Real Decreto 996/2003, del 25 de julio. (Documento 18). Carta a ICAMUR alegando contra el archivo de mi pedido de justicia, del 11/11/2013. (Doc. 19). Carta al Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, del 19/06/2013. (Documento 16). Carta de ICAMUR, de otorgamiento de justicia gratuita, del 20/11/2013. (Documento 21). Denegación de mi derecho a recurrir a los Tribunales Europeos al no tener un juicio justo. Demanda contra España por el archivo de mi pedido de justicia, del 20/11/13. (Documento 22). La carta del TEDH rechazando mi demanda que conocí el día 03/08/2015. (Documento 24).
26. Primera denegación por el Reino de España de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. La sentencia del divorcio del 25/01/2012, que conocí el día 30/12/2013. (Documento 23). Segunda denegación por el Reino de España de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Sentencia de la primera apelación, y documentos aportados al juicio, del 11/05/2015. (Documento 25) Tercera denegación por el Reino de España de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Sentencia de la segunda apelación a la Audiencia, del 02/10/2015. (Documento 26). Denegación por el Reino de España de mi derecho a recurrir a los Tribunales Supremo y Constitucional al no tener un juicio justo. Carta de ICAMUR justificando no recurrir ante el Supremo y el Constitucional, del 15/10/15. (Documento 27).
27. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 9/11 ¿Disponía Ud. de un recurso que no haya ejercitado? Sí ¿En caso afirmativo, de qué recurso se trata y por qué no lo ha ejercitado? Ahora tampoco puedo recurrir a los tribunales superiores, con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ni tampoco con otro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de España, pues sin el acuerdo del abogado de oficio (Documento adjunto n°27 del 15/10/15), que me indica que no asumirá mi defensa, y que no reúno los requisitos para dichos recursos, pues no se pueden revisar las pruebas de mi inocencia cuya potestad absoluta es la del primer Juez del primer juicio del divorcio, y como soy pobre de solemnidad, me es imposible pagar un abogado particular para formular dichas demandas, y he agotado así, todas las vías judiciales a mi alcance para recurrir contra el Reino de España, por la violación de múltiples artículos del convenio europeo de los derechos humanos, y de la misma Constitución Española, entre otros el artículo número 24, de la presunción de la inocencia.
28. H. Informaciones relativas a otras instancias internacionales que estén conociendo o hayan conocido del caso (si procede). No. Indique si el demandante ha sometido ante otra instancia internacional de investigación o de acuerdo alguno de las quejas de la presente demanda. En caso afirmativo, facilite información detallada al respecto (quejas invocadas, nombre de la instancia internacional de que se trate, fecha y naturaleza de las decisiones que eventualmente se hayan dictado). No. ¿Ha presentado ya el demandante otras demandas ante el Tribunal? Sí. En caso afirmativo, indique el/los números de demanda(s). 78090/13
29. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 10/11 I. Lista de documentos adjuntos: Debe incluirse copia completa y legible de todos los documentos. Los documentos adjuntos no serán devueltos. Por lo tanto, en su propio interés, no remita originales al Tribunal sino únicamente copias. Ud. debe OBLIGATORIAMENTE: - ordenar debidamente los documentos por fecha y procedimiento, - numerar las páginas consecutivamente - NO grapar, unir o pegar los documentos. A continuación, indique cronológicamente los documentos aportados con una breve descripción. 1) Mi DNI de España, y dos fotos en blanco y negro, con mi hijo y sus hermanos. 3 hojas. 2) Mi justificante de Demanda de Empleo firmado en España del 11/06/2009. 3) Mi justificante de Demanda de Empleo en firmado en España del 23/10/2009. 4) Solicitud “amistosa” del divorcio firmada por mí, y por mi ex esposa, del 17/11/2009. 4 hojas.
30. 5) Albarán de DHL del envío firmado por mi ex esposa a la Argentina, del 09/12/2009. 2 hojas. 6) Registro de salida y destino en el MAEC, con DNI Electrónico, del 10/12/2009. 2 hojas. 7) Tarjeta de embarque y pasaje de Iberia a la Argentina, de ida y vuelta, del 10/12/2009. 2 hojas. 8) Mi pasaporte, con mi entrada temporal de “turista”, a la Argentina del 10/12/2009. 2 hojas. 9) Certificado de residencia de la Policía del 30/12/2009, con el mismo domicilio dado a DHL. 10) Mi justificante de Demanda de Empleo en España del 26/07/2010, firmado desde la Argentina 11) .Mi DNI de Argentina, expedido el 16/03/2011. 2 hojas. 12) Certificado de Matrimonio en la Argentina, del 11/07/2012. 2 hojas. 13) Primer pedido de justicia al Defensor del Pueblo de España, del 26/11/2012. 4 hojas. 14) Carta pidiendo justicia al Defensor del Pueblo de España, del 30/12/2012. 30 hojas. 15) Carta pidiendo la justicia gratuita por mi pobreza, al Colegio de Abogados, 10/06/2013. 3 hojas. 16) Carta al Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de España, del 19/06/2013. 3 hojas.
31. 17) Carta de ICAMUR, pidiéndome la sentencia del divorcio que no poseía, 30/10/2013. 10 hojas. 18) Carta de ICAMUR, comunicándome que no existían archivos judiciales de mi procedimiento del divorcio, rechazando mi pedido de justicia gratuita y archivándolo, del 08/11/2013. 19) Carta a ICAMUR alegando contra el archivo de mi pedido de justicia, del 11/11/2013. 2 hojas. 20) Carta al Defensor del Pueblo alegando contra el archivo de mi pedido, del 12/11/2013. 2 hojas. 21) Carta de ICAMUR, de otorgamiento de justicia gratuita, que me llegó después del 20/11/2013. 22) Demanda contra España por el archivo de mi pedido de justicia al TEDH, 20/11/13. 8 hojas. 23) La sentencia del divorcio del 25/01/2012, que recién pude conocer el día 13/12/2013. 10 hojas. 24) La carta del TEDH rechazando mi demanda que recién pude conocer el día 03/08/2015. 3 hojas. 25) Sentencia de la primera apelación, y documentos aportados al juicio, del 11/05/2015. 35 hojas. 26) Sentencia de la segunda apelación a la Audiencia, del 02/10/2015. 8 hojas. 27) Carta de ICAMUR justificando no recurrir ante el Supremo y el Constitucional, del 15/10/15. 5 hojas. 28) Un CD con todos los documentos indicados, firmados electrónicamente con certificado FNMT.
32. Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Formulario de demanda 11/11 Comentarios ¿Tiene Ud. otros comentarios que formular con respecto a su demanda? Adjunto un DVD, con la copia de esta misma demanda y de todos los documentos, firmados electrónicamente con DNI Digital de la FNMT. De mi demanda anterior, no tuve ninguna comunicación hasta que reclamando me notificaron vía mail, y no vía postal, recién dos años después. Ruego entonces, que si mi demanda actual no es admitida por el TEDH, que se me lo comunique a mi mail: fcerong@gmail.com, o con un envío certificado a mi dirección postal. El formulario de demanda cumplimentado debe ser firmado y enviado por correo a: Monsieur le Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme Conseil de l’Europe 67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE
33. Algunas consideraciones jurídicas y de la jurisprudencia, de las violaciones de la Ley Integral de la Violencia del Género, a las leyes y a la Constitución del Reino de España, al Convenio Europeo de los Derechos Humanos firmado por España, y a los convenios y protocolos de los derechos humanos firmados también por España con la ONU. El Estado debe garantizar una protección específica con arreglo al derecho a la no discriminación, lo que no ocurrió en mi caso, lo que implica un examen minucioso del CEDH, y la posición del TEDH sobre la acción afirmativa. El artículo 14 del CEDH garantiza la igualdad y el TEDH ha asegurado manifiestamente la protección de este derecho. Además, el Protocolo n° 12 del CEDH amplía aún más el sentido del artículo 14 para extender el principio de no discriminación a "cualquier derecho establecido por la ley limitado a los derechos de la Convención". Se violó mi derecho a un juicio justo en virtud del artículo 6 del CEDH.
34. En las acciones de las autoridades (la policía) desde la primera instancia de la denuncia de mi ex esposa, se procedió a mi arresto, detención y posterior comparecencia ante la acusación, lo que es incompatible con el precepto constitucional de España del hábeas corpus. Esto limita también la preservación de la santidad de la presunción de inocencia, un derecho que está alojado en virtud del artículo 6 (2) 4 del CEDH. Cuando mi ex esposa me acusó de agresión “psicológica” (violencia doméstica), fui arrestado, detenido, mandado al calabozo, y procesado ante un juez antes de las 48 horas, quedando en libertad porque accedí a firmar un acuerdo “amistoso” de divorcio con mi ex esposa. Esto sucedió porque fui inmediatamente considerado culpable, no en cambio presuntamente inocente, hasta que pudiera demostrar mi inocencia, lo que constituyó una flagrante violación del artículo 24 (2) de la Constitución Española. Fue violado mi derecho de hábeas corpus, consagrado en el artículo 17 (1) 3 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 6/1984. A la luz de esta disposición constitucional, que supuestamente garantiza la libertad de todos los ciudadanos contra las detenciones ilegales, esto plantea preguntas acerca de la violación de mis derechos humanos, al arrestar y detener a una persona sin pruebas de un delito, a excepción de la acusación verbal de mi ex esposa.
35. Esto pudo suceder porque en virtud del artículo 1 de la Ley 1/2004, una mujer no necesita proporcionar las pruebas; sólo su palabra es suficiente para desencadenar una terrible experiencia legal para el varón acusado. El artículo 167 del Código Penal español castiga la detención arbitraria o la detención ilegal de un individuo por el Estado o sus agentes. El inminente arresto y la detención de mi persona, sobre la base de la denuncia de mi ex mujer, sin ser creíble o incluso sin evidencia ninguna, equivale a una violación de esta disposición y del régimen constitucional; e incluso, también, del artículo 13 del CEDH. A la luz de esto, la naturaleza sustantiva y procesal de la aplicación de la Ley de Violencia de Género viola estos principios jurídicos, ya que otorga un peso excesivo a la palabra de la víctima. La naturaleza intrínseca del artículo 167 de la disposición española del Código Penal es que se trata de un delito de detención ilegal o secuestro cometido por un funcionario público o autoridad. Por lo tanto, el autor sólo puede ser una persona con autoridad, un funcionario público en el ejercicio de su deber de detener a una persona de conformidad con los requisitos legales o prácticas ilegales como tipificadas en los artículos 163, 164, 165 y 166 del Código Penal.
36. El procedimiento de la Ley 1/2004, que permite la detención casi arbitraria de los acusados bajo la Ley española sobre la Violencia de Género permite abusos flagrantes adicionales del derecho de los hombres a la protección y tratamiento equivalente a la de las mujeres en un incidente o delito similar. El arresto y la detención de sospechosos en casos de violencia doméstica - sin evidencia de un delito - viola el derecho del individuo a la libertad. El derecho de hábeas corpus en virtud del artículo 17 (1) de la Constitución Española como regulado y conservado en los artículos 163 a 167 de la norma penal se ha violado de manera sistemática en el ejercicio práctico de la Ley 1/2004. El artículo 7.576 de la Ley Orgánica Española 38/2002 regula la naturaleza de los casos en que se aplican juicios sumarios, mientras que el artículo 795 (2) (a) 7 incorpora pruebas de vía rápida en casos de abuso doméstico y relacionados con la violencia a través del artículo 37 de la Ley de Violencia de Género modificación del artículo 153 del Código Penal. El elemento intrínseco respecto a las pruebas de vía rápida es el artículo 6, disposición de la CEDH, que protege el derecho a un juicio justo. El TEDH ha defendido la inviolabilidad y la pertinencia de esta disposición en el proceso penal.
37. Un ejemplo de ello es Karalevicuis contra Lituania, en el que el Tribunal de Derechos Humanos señaló que "el artículo 6 del CEDH se ocupa esencialmente de si un solicitante se le concedió amplias oportunidades para exponer su caso y de impugnar las pruebas que consideraba falsas, y no con los tribunales nacionales tomando una decisión correcta o incorrecta". Por lo tanto, un juicio rápido tiene consecuencias estigmáticas para los acusados en la sociedad, y en la mayoría de los casos, en ausencia de evidencia de delito, es lo que denota la malversación judicial, practicada en particular en mi caso y el de muchos otros inocentes. El artículo 24 de la Constitución española garantiza la presunción de inocencia. Sin embargo, la violación de este principio está permitido con la promulgación del artículo 1 de la Ley 1/2004, que tipifica la esencia misma de la ley, las modificaciones en el artículo 153 del Código Penal español, y los artículos 299 y 777 del procedimiento criminal de la justicia, que permiten la violación de este principio. Puesto que la palabra y denuncia de una mujer es sagrada y más importante por la Ley 1/2004, que el derecho que tenemos los acusados a la presunción de inocencia, lo cual se traduce en una presunción de culpabilidad. Además, el artículo 13 de la Ley de Igualdad, que se considera "aplicable en otras áreas de la ley", ha dañado aún más este sistema de la prueba.
38. Como se mencionó anteriormente, el artículo 24 (2) de la Constitución Española establece que el demandante tiene la carga de la prueba, tanto en el suministro de evidencia creíble o motivos razonables para la investigación de la denuncia. De esta manera, la presunción de inocencia establecida por la Constitución española es derribada. Para reiterar, esta medida se aplica a menudo cuando un hombre es el demandante y en virtud del artículo 617 del Código Penal. La Ley de Violencia de Género se desvía de esta doctrina constitucional y permite cambiar la carga de la prueba a los acusados cuando el demandante es una mujer, y la presunción de inocencia se invierte a una presunción de culpabilidad. Para los ciudadanos españoles el procedimiento de investigación penal adopta un sistema inquisitivo de la prueba, que es la columna vertebral de procedimiento de la ley penal. Este procedimiento pone el juez en el centro de todo el proceso.
39. Aunque existen disposiciones que permiten la recusación de malos jueces, un mal juez, como sucedió en mi caso, tiene una proclividad a agravar la defensa de los acusados descartando ciertas pruebas que podría favorecer a la defensa. El "rol subsidiario" de la defensa y de la acusación abogados en un sistema inquisitivo de la prueba que deja al juez en el "papel central" en el examen de pruebas y testigos y le faculta para tomar decisiones sobre la admisibilidad o no de determinadas pruebas. Esta potestad con respecto a la iniciación de los procedimientos judiciales se encapsula en la disposición del juez para tomar una decisión ventajosa o desventajosa para el acusado. El artículo 299 de la ley del procedimiento criminal define el procedimiento de investigación preliminar penal como "las acciones que se dirigen a prepararse para el juicio y las prácticas para la obtención y el establecimiento de la comisión de los delitos con las circunstancias que puedan influir en la clasificación, y la culpabilidad de los delincuentes, para garantizar sus responsabilidades individuales y pecuniarias de los mismos”.
40. En este contexto los derechos procesales de los acusados a menudo se ven comprometidos. Sustancialmente, en virtud de la Ley de Violencia de Género, los tribunales especializados tienden a adoptar un enfoque más inquisitivo que el sistema acusatorio de la prueba, lo que da una enorme importancia a la declaración de la presunta víctima. Este sistema de la prueba da lugar al problema de la discriminación y juicios injustos, sobre todo en este tipo de procedimientos de investigación previa al juicio que inclinan a jueces especializados a "dar demasiado peso a la prueba" del acusador. Ley 1/2004 ha fomentado el sistema inquisitivo de la prueba en los procedimientos de violencia doméstica a través de la clasificación expresa de los hombres como sujetos de la ley. Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH ha establecido que "en una causa penal, en particular, el respeto de los derechos de defensa exige que, en principio, todas las pruebas deben ser producidas en presencia del acusado en una audiencia pública donde puede ser impugnada por vía de procedimiento contradictorio".
41. Con todo, el sistema acusatorio se aplica comúnmente durante una audiencia pública, pero bajo el estricto control del juez que preside, que a menudo impone restricciones sobre el interrogatorio del abogado de la defensa de la víctima como una forma de protección. Además, los informes de los jueces de instrucción en los tribunales especializados son para decidir el resultado de una audiencia pública ya que el examen de las pruebas es la única competencia de este tribunal. Por esta razón, existen violaciones continuas y permanentes del derecho a un juicio justo cuando el acusado se carga con la responsabilidad de presentar pruebas de su inocencia. Así se producen numerosas omisiones, errores judiciales flagrantes y anomalías en el funcionamiento de la administración de justicia - en la protección de los derechos de las víctimas, así como en los derechos de los acusados a la justicia - que infringen el derecho a la libertad como se indica en Artículo 5 (1) de la CEDH. Y en las malas prácticas judiciales, el artículo 12 117 de la Constitución española debe aplicarse con el fin de proporcionar una reparación efectiva por los daños sufridos por muchos hombres que han experimentado la Ley 1/2004 en la práctica.
42. La prerrogativa CEDH sobre el derecho a la vida familiar incluye el derecho a la intimidad, que es fundamental para la preservación de los derechos de las mujeres y los hombres bajo la protección de los derechos humanos. El artículo 8 (1) de la CEDH establece la inviolabilidad de la vida familiar y la vida privada en sus espacios privados e interacciones. Posteriormente, el artículo 8 (2) prohíbe explícitamente los estados de cualquier "interferencia" de estos derechos, salvo en los casos "necesarios en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional y la seguridad pública" o para el ejercicio de la obligación positiva del Estado a otros ciudadanos. El artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, modificado por el artículo 57 de la Ley 1/2004, dio a los tribunales especializados en violencia de género jurisdicción exclusiva para tratar los asuntos civiles. Sin embargo, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, modificada en el artículo 44 de la Ley 1/2004, otorgó poderes jurisdiccionales expresos a los jueces de los tribunales especializados en las decisiones con respecto a la ley sobre la separación, el divorcio, la custodia de los hijos, la adopción y las decisiones administrativas en materia de protección de menores.
43. En vista de la situación anterior de penas por delitos domésticos-relacionados con la violencia que se extienden desde las medidas punitivas al destierro de ejercer la patria potestad, la Ley 1/2004 contiene una norma sustantiva que viola a los derechos de los hombres y los derechos del niño a la vida familiar. El artículo 81 (2) del Código de Procedimiento Civil en relación con la separación y el divorcio en su versión modificada en la Ley 15/2005 (Ley del Divorcio rápido, establece el divorcio rápido y define las condiciones que reúnen los requisitos para la aplicación de "la ley de divorcio rápido” en los casos de violencia doméstica. Esta Ley contiene expresiones vagas con condiciones que están establecidas con el propósito de facilitar el divorcio rápido en los casos de las especificaciones contempladas en la ley. Sin embargo, la cuestión de fondo de esta ley es su aplicación como medida adicional y / o prolongada contra la violencia doméstica. Por lo tanto, se utiliza en los casos de divorcio civiles – en forma de incapacitar al ejercicio de la patria potestad en los procesos de divorcio y juicios - para castigar aún más los hombres por el delito de violencia doméstica por los que ya sido juzgados por la ley penal.
44. Como se dijo anteriormente, varias leyes del TEDH indican una oposición doctrinal a la doble sanción bajo el CEDH. Para reforzar aún más este argumento relativo a la no conformidad de la cosa juzgada en el CEDH, el TEDH, en Thlimmenos contra Grecia, sostuvo que "la Corte considera que la imposición de una sanción mayor a la demandante fue desproporcionada". Además, en Sergey Zolotukhin contra Rusia, el TEDH sostuvo que "el objetivo del artículo 4 del Protocolo nº 7 es prohibir la repetición de procesos penales que han sido celebrados por una decisión "final". Esta interpretación también se observa en el Informe explicativo del Protocolo No 7, que remite a su vez al Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales: una "decisión es definitiva" si, de acuerdo con la expresión tradicional, ha adquirido el con fuerza el carácter de cosa juzgada. Este es el caso cuando sea irrevocable, es decir, cuando no hay recursos ordinarios adicionales están disponibles o cuando las partes han agotado dichos recursos o han permitido que el plazo para su vencimiento sin que hagan uso de ellos. Este enfoque está arraigado en la jurisprudencia de la Corte.
45. A la luz de esto, no hay ninguna justificación para la aplicación de la Ley 1/2004, en el derecho de familia en el que temas polémicos como la separación, el divorcio y la custodia de los hijos están regulados. La cuestión de la separación, divorcio y custodia de los hijos: Una revisión del mecanismo consecuencia de la incorporación de las acciones penales, civiles y de familia en casos de ayudas de violencia de género en el establecimiento de las características de la Ley 1/2004 y su conformidad con el CEDH. Cabe destacar que esta combinación de recursos judiciales - a menudos desencadenados por teléfono con la llamada de una mujer a la policía - está en contra, no sólo del CEDH, sino también de otros regímenes internacionales de derechos humanos como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. El artículo 65 de la Ley 1/2004 establece que los tribunales especializados para "suspender a los presuntos autores de actos de violencia de género el ejercicio de la patria potestad, la custodia o tutela con respecto a los menores". La aplicación de esta disposición es a discreción del juez y la solicitud de la víctima.
46. Los argumentos empleados por los tribunales en la adjudicación de los derechos de custodia a la madre están subrayados en el artículo 3 (3) de la Ley 15/2005 prerrogativas y en base a "la protección adecuada de los intereses del niño". En la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las diferentes expresiones también se utilizan para expresar el mismo concepto vago de "el mejor interés del niño". Sin embargo, en ausencia de una definición clara del significado detrás del interés superior del niño, la separación de un niño de su padre puede ser interpretado como una clara violación de este principio. La Convención aboga por el respeto del derecho del niño a "la familia, a la intimidad", etc. Sin embargo, las consecuencias de las decisiones judiciales para separar a un niño del padre por el derecho del niño al disfrute de la vida familiar parecen ser ignorados. De hecho, las cláusulas previstas en el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño son claras al expresar circunstancias de las que la separación de un niño de uno de sus padres es permisible. La tendencia en proliferación del divorcio rápido facilitado por la Ley 1/2004, apuntala el abuso generalizado de los niños bajo la ley española.
47. La misma Constitución, en el artículo 14, junto con las disposiciones del CEDH, 14 prohíbe la discriminación, estableciendo así una limitación en la medida en que el Estado podría ir en la regulación de la función de la sociedad según lo estipulado en las disposiciones del artículo 9 (2). Además, parte de las medidas pueden haber sembrado la desigualdad en las raíces democráticas de la sociedad, que la consagra en detrimento de los hombres. Esta medida se encuentra en el artículo 16 de la Ley 3/2007. El arresto, la detención y comparecencia de los sospechosos con poca o ninguna evidencia no cumplen con los derechos protegidos en virtud del artículo 5 (1) de la CEDH. Incluso la tipificación de los delitos contra el honor del individuo, tales como la calumnia - conforme a la Ley 1/2004 - agrava la violación de los derechos de los hombres.
48. Conscientes de la dificultad de probar la comisión de estos delitos o la inocencia del acusado, la ley prevé la evidencia que se deriva por medio de un sistema inquisitivo de la prueba. El juez en cada caso, por lo tanto, ejerce un gran poder en la admisión o rechazo de la evidencia o declaraciones de testigos. En consecuencia, los hombres injustamente acusados experimentan graves dificultades en la defensa de su inocencia bajo esta ley debido a que el peso de la evidencia dada a la palabra de la presunta víctima crea una presunción automática de la culpabilidad del acusado. Esto va en contra de la obligación de la carga de la prueba en el lado de la acusación tal como se expresa en el artículo 24 (2) de la Constitución Española y en el artículo 6 (2) del CEDH. La constitucionalidad de la Ley 1 / 004, a la que el Tribunal Constitucional dictaminó como constitucional, contrasta sin embargo, con el conflicto con la CEDH en varios de sus artículos, como los artículos 14, 6, 5 (1) y 8, por las siguientes razones: Primero, no hay igualdad en el proceso. Segundo, el proceso no garantiza un juicio justo.
49. Tercero, sólo los hombres se ven privados de su derecho a la libertad; y, por último, el proceso suele ser muy lento y nocivo, romper o poner en peligro la relación entre padres e hijos hasta que el tribunal resuelva el asunto penal. Estas leyes no representan la acción afirmativa legítima porque son inequívocamente discriminatorias contra los hombres. En última instancia, no respetan el proceso de igualdad y, por lo tanto, están en contra de, o en conflicto, con la Convención Europea de Derechos Humanos.
50. Lea también un caso paradigmático de la aberración jurídica que han originado estas leyes feministas de derecho penal de autor, y que violan entre otros derechos humanos y constitucionales, la presunción de inocencia: La toma del poder por el feminismo: ¡Un millón y medio ya de huérfanos, por la igualdad del género! http://issuu.com/franciscoantoniocerongarcia/docs/la_p romesa_iv.docx/1 ¡La ley de igualdad de género, ha hecho el mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, con un millón de huérfanos en España! “¡No te vayas, papá...!” (Vídeo): http://youtu.be/7kRzyaillck
51. Daniel y yo, cuando éramos felices juntos…
52. Daniel con sus dos hermanos mayores, Sergio y Rubén, cuando eran felices juntos…
53. ¡Recalco enfáticamente!: “Las leyes feministas son inequívocamente discriminatorias contra los hombres, no respetan el proceso de igualdad, y están en contra de la Convención Europea y de la ONU, de los Derechos Humanos. Hay suficientes fundamentos jurídicos para creer que estas leyes feministas están en grave conflicto el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH) en varios de sus artículos, como los artículos 14, 6, 5 (1) y 8, por las siguientes razones: Primero, no hay igualdad en los procesos judiciales. Segundo, no hay garantía de un juicio justo. Tercero, sólo los hombres se ven privados de su derecho a la libertad; y, por último, el proceso suele ser muy lento y nocivo, y romper la relación entre padres e hijos.”
54. Lea al respecto: Igualdad del Género y Leyes de Violencia en España: ¡Su incumplimiento con el Convenio Europeo y de la ONU, de los Derechos Humanos! http://www.slideshare.net/fcerong/igualdad-de-genero- y-leyes-de-violencia-en-espana-y-su-incumplimiento-con-el- convenio-europeo-de-derechos-humanos ¡Lea gratis y online, en el enlace adjunto de más abajo, la tetralogía de cuatro libros que escribí, con más de tres mil quinientas páginas, y más de trescientas cincuenta mil palabras, con toda mi historia completa de mi emigración, y de mi exilio forzoso, y la historia de mi amado hijo Daniel, que quedó huérfano de padre vivo, contra mi voluntad y mi deseo...!: Trilogía de "La Promesa" http://issuu.com/franciscoantoniocerongarcia/stacks/ca 3cd68a1ed446209eebddb0c6f12a6a
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 Real Decreto 
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 artículo 17
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 Artículo 5
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