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Timestamp: 2019-12-14 14:45:25+00:00

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﻿ Auto 2009-00236 de julio 19 de 2010
AUTO 2009-00236 DE 19 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. CORRE A PARTIR DE LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA LA CUAL DETERMINA QUE NO EXISTIERON FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA ORDENAR LA DETENCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:SEGUNDA INSTANCIA, EJECUCIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, UNIDAD PROCESAL, CLASES DE CONDUCTA PUNIBLE, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CAPTURA INJUSTA
Auto 2009-00236 de julio 19 de 2010
Rad. 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410)
Actor: Carlos Augusto Quintero Ponguta
Referencia: Apelación del auto que rechazo la demanda
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra el auto del 11 de junio de 2009, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera A, rechazó la demanda por caducidad de la acción.
El 15 de mayo de 2009, los señores Carlos Augusto Quintero Ponguta, María Camila Quintero Guzmán, María Alejandra Quintero Guzmán y David Ricardo Quintero Guzmán, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Carlos Augusto Quintero Ponguta (fls. 2 a 26, cdno. 1).
Mediante providencia del 11 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera A(1), rechazó la demanda por caducidad de la acción de reparación directa.
Señaló que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del daño y que en el caso concreto este se configuró al día siguiente de la ejecutoria de la providencia proferida en primera instancia por medio de la cual se declaró prescrita la acción penal y se ordenó la cesación del procedimiento respecto del señor Quintero.
Explicó que el señor Quintero estuvo privado de la libertad desde el 2 de junio de 1992 hasta el 2 de julio de 1992, fecha en la cual resultó beneficiario de la libertad provisional, sin que su situación jurídica estuviera resuelta; que el 24 de febrero de 2006, el juez de primera instancia definió la situación jurídica del señor Quintero y declaró la cesación del procedimiento por prescripción penal, decisión que no fue recurrida por la Fiscalía General de la Nación, por el Ministerio Público o por el señor Quintero, sino por parte de los otros sindicados. Agregó:
“Estima la Sala, que la sentencia de segunda instancia de manera alguna podría modificar la condición del señor Carlos Augusto Quintero Ponguta, toda vez que, no se encuentra probado dentro del plenario que la misma haya sido controvertida por parte de su apoderado, por la Fiscalía General de la Nación, o por el Ministerio Público; en consecuencia en observancia del principio constitucional de la no reformatio in pejus, la condición de los no apelantes o apelantes únicos no puede ser agravada, en este caso, no puede ser modificada, por lo cual la demanda de reparación directa debió interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la providencia que declaró la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal y que le concedió de manera definitiva la libertad al accionante; esto es hasta el 2 de marzo de 2008.
Habida cuenta las precisiones hechas con antelación a 15 de mayo de 2009, fecha de interposición de la demanda, había operado el fenómeno jurídico de la caducidad” (fls. 29 a 30, cdno. ppal.).
La parte demandante solicitó revocar el auto mediante el cual se rechazó la demanda. Explicó que la afectación material del daño se extendió hasta la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia por cuanto el recurso de apelación interpuesto por los otros afectados contra la providencia de primera instancia se concedió en el efecto suspensivo, circunstancia que impidió la ejecutoria de la decisión del a quo, toda vez que aún no estaban en firme las diversas decisiones adoptadas “como las absolutorias, condenatorias y cesaciones de procedimiento, pues de lo contrario, hubiese sido que el pronunciamiento se efectuase de una manera en auto separado y así desde luego habría cobrado ejecutoria en los términos que advierte la Sala”. Agregó:
“Preguntémonos, si no se extendió el daño antijurídico, hasta el pronunciamiento del ad quem, veamos que ello se evidencia en el entendido que si Carlos Augusto Quintero Ponguta, hubiese solicitado certificación de su situación jurídica, para poder acceder a un cargo, no se hubiese pronunciado el a quo advirtiendo que la cesación se encontraba o no ejecutoriada, pues no existe la constancia de tal acto” (fls. 34 a 38, cdno. ppal.).
Previo a resolver se hacen las siguientes
La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del auto que rechazó la demanda en un proceso de reparación directa que se adelantó con fundamento en el título jurídico de imputación previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como es la privación injusta de la libertad, sin que en estos casos se tenga en cuenta la cuantía para determinar la competencia de esta corporación en segunda instancia(2).
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8º).
La caducidad se produce cuando el plazo concedido por la ley para ejercer la acción ha vencido; este término no es susceptible de interrupción ni de renuncia y opera aun en contra de la voluntad del titular de la acción una vez se presenten las circunstancias señaladas para ello, por lo cual constituye un presupuesto para el ejercicio del derecho de acción que dicho fenómeno no se haya configurado.
El término de caducidad se fija por el legislador sin consideración a situaciones personales y es totalmente invariable e improrrogable, razón por la cual la facultad de ejercer el derecho de acción inicia con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar tal plazo.
En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada. Así lo señaló la Sala:
“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial (destacado fuera del texto).
Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(3).
Con fundamento en lo anterior es dable concluir que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina que no existieron fundamentos jurídicos para ordenar la detención.
Respecto de la ejecutoria de las providencias, el Código de Procedimiento Civil dispone:
“ART. 331.—Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta” (destacado por fuera del texto original).
El Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, también contiene una disposición a través de la cual se regula la ejecutoria de las providencias:
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias(4), la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar esta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.
Con fundamento en las anteriores disposiciones legales es dable concluir que un proceso solo termina cuando queda ejecutoriada la sentencia, esto es, cuando queda en firme, bien porque no se hubieren interpuesto recursos contra ella o se hubieren decidido aquellos que hubieren sido interpuestos.
La parte demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Nación por la privación injusta de la libertad que padeció el señor Carlos Augusto Quintero Ponguta.
Como se explicó, en estos casos el término de caducidad se debe computar a partir del día siguiente a aquel en el cual quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual la persona privada de la libertad fue absuelta.
Para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por el tribunal a quo, según el cual el término de caducidad se debe contar a partir de la ejecutoria de la sentencia de primera instancia, tesis que fundamentó en el hecho de que dicha providencia resolvió la situación de varios procesados y que, como resultó favorable para el señor Quintero sin que hubiere recurrido la sentencia de primera instancia, debe entenderse que el superior jerárquico no podía reformar la decisión, caso en el cual el daño se habría consolidado a partir de ese momento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 600 de 2000, contentiva del Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha en la cual se dictaron las sentencias de primera y de segunda instancia dentro del proceso penal, “por cada conducta punible se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes”, lo que lleva a concluir que las conductas punibles conexas se investigan y juzgan conjuntamente.
Una vez proferida la sentencia de primera instancia, las partes que tengan interés jurídico en impugnarla podrán interponer el recurso de apelación, el cual se concederá en el efecto suspensivo (CPP, art. 193). Precluido el término para sustentarlo, se ordenará el traslado común a las partes que no hayan recurrido la sentencia (art. 194 ibíd.). En todo caso, la competencia del juez de segunda instancia “se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación” (art. 204 ibíd.).
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también ha afirmado que “las conductas punibles conexas deben ser investigadas y juzgadas conjuntamente, estableciéndose de este modo una unidad procesal (...)”(5).
Con fundamento en lo anterior es dable concluir que en los procesos penales en los cuales se estudien conductas punibles conexas existe unidad procesal y, por ello, cuando la sentencia de primera instancia resuelve varias situaciones de forma diversa y es impugnada por algunos de los que tienen interés jurídico, las diferentes decisiones que se adopten en ese mismo fallo —así no hubieren sido apeladas— solamente quedarán en firme con la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, tal como sucedió en este caso, en el cual se advierte lo siguiente:
• Por sentencia del 24 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá ordenó la cesación del procedimiento a favor del señor Carlos Augusto Quintero Ponguta, entre otras decisiones (fls. 5 a 74, cdno. 1).
• Mediante sentencia del 5 de febrero de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia por las personas que resultaron condenadas y resolvió “confirmar integralmente la sentencia recurrida”.
Aunque no obra sello o constancia de ejecutoria de la providencia de segunda instancia, se observa que esta se notificó personalmente al señor procurador judicial en lo penal ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial el 18 de abril de 2007, lo cual permitiría deducir que la sentencia quedó ejecutoriada el 24 de abril de 2007 (fls. 75 a 93, cdno. 1).
Así pues, si a partir del 25 de abril de 2007 inició el cómputo del término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136, numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, dicho plazo feneció el 25 de abril de 2009.
Sin embargo la Sala observa que en la demanda se afirmó que antes de que venciera el término de caducidad de la acción, la parte actora convocó a la demandada, el 11 de febrero de 2009, al trámite de conciliación prejudicial, el cual finalizó el 7 de mayo siguiente, sin que las partes hubieren llegado a un acuerdo.
Se tiene entonces que en el presente caso, en cuanto la solicitud de conciliación prejudicial se elevó el 11 de febrero de 2009, el término de caducidad de dos años se suspendió en ese momento y se reanudó el 7 de mayo de 2009, cuando se declaró cerrada la etapa de conciliación extrajudicial por falta de ánimo conciliatorio de las partes, razón por la cual el plazo para presentar la demanda oportunamente venció el 21 de julio de 2009, tal como se puede observar en el cuadro que se relaciona a continuación:
25 de abril de 2007 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Configuración del daño. Inicia el cómputo del término de caducidad de 2 años el cual vencería el 25 de abril de 2009. 25 de abril de 2009. Vencería el término de caducidad de la acción de reparación directa.
11 de febrero de 2009. Se suspende el término de caducidad por la presentación de la conciliación extrajudicial.
Para la caducidad de la acción faltarían 2 meses y 14 días 2 meses y 14 días
8 de mayo de 2009. Reanudación del término de caducidad por falta de ánimo conciliatorio de las partes. 21 de julio de 2009. Vence el término restante que estaba suspendido (2 meses y 14 días).
De la representación gráfica anterior se observa lo siguiente:
• El término de caducidad inicial estaba comprendido entre el 25 de abril de 2007 y el 25 de abril de 2009.
• Este término se suspendió el 11 de febrero de 2009, fecha en la cual se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial; a esa fecha faltaban 2 meses y 14 días para que caducara la acción de reparación directa.
• El término de caducidad se reanudó el 7 de mayo de 2009, día en el cual se declaró cerrada la etapa de conciliación prejudicial por la falta de ánimo conciliatorio de las partes; a partir de esa fecha se cuenta el término que faltaba para la caducidad de la acción, esto es 2 meses y 14 días, el cual venció el 21 de julio de 2009.
Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 15 de mayo de 2009, es evidente que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término previsto por la ley.
En consecuencia se revocará el auto apelado y, en su lugar, se admitirá la demanda.
1. REVOCAR el auto que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 11 de junio de 2009.
2. ADMITIR la demanda interpuesta por los señores Carlos Augusto Quintero Ponguta, María Camila Quintero Guzmán, María Alejandra Quintero Guzmán y David Ricardo Quintero Guzmán, en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.
3. NOTIFICAR PERSONALMENTE a los señores Fiscal General de la Nación y director ejecutivo de la administración judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, y en los términos del artículo 150 ibídem.
4. NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor agente del ministerio público, como lo señalan los artículos 127 y 207 del Código Contencioso Administrativo.
5. FIJAR en lista el proceso por el término de diez (10) días.
6. Las anteriores órdenes se cumplirán por el tribunal de origen, corporación que fijará los gastos del proceso; señalará la forma en la cual deberán consignarse esos recursos a órdenes de dicho tribunal administrativo y adoptará las decisiones que fueren necesarias para dar cumplimiento a la presente decisión.
Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Gladys Agudelo Ordóñez—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero.
(1) Uno de los magistrados que integra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca salvó su voto. Señaló que la fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia de primera instancia establece la cesación de la afectación material al derecho a la libertad, pero no determina el día a partir del cual se debe contar el término de caducidad porque tal providencia no finaliza el proceso y el superior puede modificar la situación del procesado que inicialmente fue absuelto a menos que se trate de apelante único; que la privación de la libertad cesa cuando el detenido adquiere nuevamente su libertad, pero la injusticia de la medida solamente se advierte cuando el procesado queda absuelto definitivamente, lo cual ocurre cuando la absolución de primera instancia queda en firme sin que se hubieren interpuesto los recursos pertinentes o cuando una vez impugnada la decisión, esta es resuelta. Agregó: “La cuestión se suscita debido a que en los proceso penales que aparecen involucradas varias personas y se dicta sentencia absolviendo a unos y condenando a otros, únicamente los condenados recurren en alzada, asumiendo los absueltos que su situación está consolidada e incólume, cuando en realidad el fallo de primera instancia solo cobra ejecutoria hasta que se pronuncie la decisión de segunda instancia, pues nada le impide al superior ocuparse de la situación penal de los absueltos y afectar su situación, si no fueron apelantes únicos. Adicionalmente, a menos que en el proceso penal se haya decretado el rompimiento de la unidad procesal, la ejecutoria de la sentencia de primera instancia opera igual para todos los sindicados, sean apelantes o no” (fls. 32 a 33, cdno. ppal).
(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 9 de septiembre de 2008. Radicado 2008-0009.
(3) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
(4) El artículo 169 del Código de Procedimiento Penal diferencia las diferentes clases de providencias que se profieren en el proceso penal: sentencias, autos interlocutorios, autos de sustanciación y resoluciones, las cuales pueden ser interlocutorias o de sustanciación.
(5) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 3 de junio de 2009. Radicado 31.912.

References: artículo 136
 artículo 89
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 169