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Timestamp: 2020-07-07 09:41:58+00:00

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INICIATIVA DE REFORMA EN LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO - GRUPO PARLAMENTARIO PRI GUANAJUATO
DIPUTADA MARTHA ISABEL DELGADO ZÁRATE
Las y los suscritos, DIPUTADAS y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido en los artículos 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA con proyecto de DECRETO mediante la cual se adicionan un artículo 3 Bis; fracciones X y XI al artículo 5; un artículo 5 bis; un inciso c) a la fracción III del artículo 7, recorriéndose en su orden los subsecuentes; y, una sección cuarta compuesta por los artículos 20 Bis y 20 Ter, todos ellos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, en materia de violencia contra las personas adultas mayores; su registro e incorporación a la vida productiva; y, el derecho que tienen a la orientación sobre los servicios de geriatría, gerontología y tanatología, en atención a la siguiente:
Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna (incluida la edad).
Las personas adultas mayores, según las Organización Mundial de la Salud (OMS), son todas aquellas personas que tienen 60 años o más de edad.
En nuestro País todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Además de los derechos universales contenidos en esos ordenamientos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991.
Algunos puntos destacados de los principios son los siguientes:
Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
Poder vivir con dignidad y seguridad y estar libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales;
El Estado mexicano como autoridad garante de los derechos de las personas adultas mayores, debe establecer mecanismos que garanticen que los planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores de: Igualdad de oportunidades, participación, cuidados, autorrealización, dignidad, acceso a la justicia, enfoque de derechos y calidad de vida, y enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva.
El que estos derechos se hagan valer es indispensable para que los sujetos con edad avanzada accedan a una vida digna, es decir, los derechos otorgados a los adultos mayores van encaminados a que se les brinden las oportunidades necesarias para cubrir sus necesidades básicas, sean autosuficientes y puedan tomar sus propias decisiones relacionado con su persona e ingresos.
Los derechos deben ser respetados, no por lo que representan los adultos mayores, ni por lo que representaron, sino más bien por su calidad como individuos con dignidad, únicos e irrepetibles que forman parte de la sociedad mexicana.
En consideración a todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos hemos dado a la tarea de revisar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de eficientar la norma para garantizar los derechos y garantías a favor de las personas adultas mayores a efecto de seguir contribuyendo y propiciando un nivel de vida adecuado en torno al impulso de políticas públicas eficientes encaminadas para tales fines.
Así las cosas, en primer término, proponemos incorporar en el apartado correspondiente a los “Derechos de las personas adultas mayores: De alimentación, protección de la salud y a la familia”, el derecho a recibir orientación en materia de nutrición, higiene y servicios de geriatría, gerontología y tanatología en su caso, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal, adicionando el inciso c) a la fracción III del artículo 7, recorriéndose en su orden los subsecuentes.
Si bien es cierto, en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya se prevé el derecho a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal, sin embargo, consideramos necesaria su incorporación en la Ley local, pero con el complemento de que también tendrán derecho a la orientación en lo que corresponde a los servicios de geriatría, gerontología y tanatología, entendiendo está última como la disciplina que se encarga de los estudios encaminados a procurar una muerte digna con cuidados, paliativos biológicos, psicológicos y sociales.
Lo anterior, tomando en cuenta que los derechos que se prevén en la Ley Federal de la materia serán enunciativos más no limitativos.
También cabe precisar que la Ley local de las Personas Adultas Mayores considera como una obligación de la familia de la persona adulta mayor “Allegarse de elementos de información y orientación gerontológica y geriátrica necesaria para la asistencia permanente a las personas adultas mayores”, sin embargo, consideramos que recibir la orientación sobre los servicios de geriatría, gerontología y tanatología debe estar prevista como un derecho.
Otra de las propuestas que contiene nuestra iniciativa es lo relativo a incluir en la ley materia de la presente, los tipos de violencia que pueden actualizarse en contra de las personas adultas mayores, siendo las siguientes:
La violencia económica;
La violencia física;
La violencia patrimonial;
La violencia psicológica;
La violencia sexual; y,
La violencia en el ámbito digital.
Las primeras cinco mencionadas derivan de la reforma que se realizó a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del año 2018.
Cabe precisar que “El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha establecido que los derechos humanos de las personas deben estar protegidos en internet de la misma forma que en el mundo análogo. No son realidades separadas, y deben ser tratadas de forma conjunta tanto por las autoridades como por los demás miembros de la sociedad”.[1]
Por lo anterior, se propone la adición de la fracción XI al artículo 5, así como del artículo 5 bis a Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, en los cuales se insertan el concepto y los tipos de violencia señalados con antelación.
Además, en esta iniciativa que presentamos las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se plantea la adición de una sección cuarta, a la que hemos denominado “De la incorporación a la vida productiva de las personas adultas mayores”, que comprende los artículos 20 Bis y 20 Ter, que en lo sustancial señala que el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, así como las dependencias y entidades que los conforman, propiciarán la contratación, dentro de su plantilla laboral, de personas adultas mayores. Además, se propone que en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones fiscales, otorgarán subsidios y estímulos fiscales de acuerdo al número de empleados de personas adultas mayores que contraten las empresas, industrias, comercios o establecimientos.
Los adultos mayores, aun no estando es su etapa de auge, muchos de ellos siguen contribuyendo de manera muy importante en la economía nacional, ya que son un grupo demográfico de gran extensión; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en el país residen 15.4 millones de personas adultos mayores (12.3% de la población total de México), de los cuales 1.7 millones viven solas. De esta última cifra el 41.4% son económicamente activas[2].
Es así que en 2018 el INEGI, con base a la ENADID, se les preguntó a los adultos mayores cuáles eran su principal fuente de ingresos, a lo que se arrojó lo siguiente: el 36.7% de las personas manifestaron tener una pensión o jubilación; el 36.6% manifestó recibir ingresos por un programa de gobierno y el 34.4% tiene como fuente de ingreso su trabajo. De esto último se deprende que este extracto de la población sea un grupo vulnerable y que se enfrenta a diversas problemáticas dadas las fuentes de ingreso que, en muchos, son insuficientes.
El continúo trato desigual en centros de trabajo, en sus hogares y en su vida diaria hace que los problemas se potencialicen y las brechas de discriminación sigan creciendo de manera de exponencial. Es necesario que a través del continuo trabajo en conjunto sociedad – gobierno, esta brecha se vaya cerrando a través de la elaboración de campañas, programas, planes de acción, normatividad y la implementación de valores se concientice a la sociedad guanajuatense de la importancia de un trato digno a estas personas.
A las personas mayores se las percibe cada vez más como elementos que contribuyen al desarrollo; se considera que sus habilidades para mejorarse a sí mismas y a la sociedad se deberían integrar en las políticas y en los programas a todos los niveles.
El Estado de Guanajuato ha experimentado importantes transformaciones en materia del monto, estructura y composición de su población. Según la Dirección de Planeación del Estado, en Guanajuato residen en la entidad 5,067,217 personas, de ellas aproximadamente 423,395 forman parte del grupo de 60 años y más, lo que constituye aproximadamente 8.3% de la población general del estado.[3]
En Guanajuato se estima que la población adulta mayor asciende a 580 mil 767 personas, de las cuales el 46% (258 mil) son hombres y el 54% (299 mil) son mujeres. Según los resultados que arroja el cálculo del índice de envejecimiento, en el estado de Guanajuato hay 33 personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años. Abordando esta situación a nivel municipal, tenemos que el municipio que presenta el índice de envejecimiento más alto es Santiago Maravatío, que hay 74 personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que Purísima del Rincón, por el contrario, tiene 21 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años.
El contar con un trabajo o actividad laboral, brinda estabilidad y autonomía económica a los adultos mayores por lo que es importante considerar este ámbito al hablar de la población adulta mayor.
Las personas adultas mayores también padecen discriminación al ser vistos solamente como necesitados de medidas asistenciales, médicas y de protección social.
Es innegable que se requiere de políticas sociales, para que las personas adultas mayores sean integradas como sujetos que participan en el desarrollo económico y social del país.
En Guanajuato, el 6.2% de la población adulta mayor es vulnerable por ingresos, es decir, aproximadamente 35,883 personas. De este total, el 57% no recibe apoyo por programa de adultos mayores, esto es, aproximadamente 17 mil personas.
Es así que, con la propuesta se propiciará que el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos promuevan y fomenten la incorporación a la vida productiva de las personas adultas mayores, no obstante que la Ley local de las Personas Adultas Mayores considera como atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable: “Diseñar y promover acciones con el fin de estimular a la iniciativa privada para que las empresas integren a personas adultas mayores a sus plantillas laborales; así como, el promover el establecimiento y otorgamiento de incentivos o estímulos para las personas físicas o morales que contraten o consideren un mínimo de empleos para las personas adultas mayores, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables”.
Finalmente, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en armonía y apoyo a la incorporación a la vida productiva de las personas adultas mayores, consideramos necesaria la implementación del registro de las personas adultas mayores, a efecto de que el Poder Ejecutivo del Estado cuente con los datos básicos en relación a este sector de la población, logrando con ello, una adecuada planeación, desarrollo e implementación de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores.
Al contar con un registro de las personas adultas mayores se elaborará un diagnóstico, por población, municipio, y región, que les permita realizar una planeación en la que se contenga:
Las acciones a realizar atendiendo las necesidades reales de cada población, municipio o región;
La priorización de las acciones y actividades de las políticas públicas que deban implementarse;
La proyección de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su materialización;
Los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de resultados; y
Las medidas e instrumentos que se aplicarán para garantizar la efectividad, eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, las y los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:
Jurídico: Se materializa en virtud del ejercicio de la facultad de las y los iniciantes respecto de lo establecido en el artículo 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como en razón de las pretendidas propuestas de adiciones de diversos artículos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.
Administrativo: Implica que el Poder Ejecutivo del Estado deberá contar con el registro de las personas adultas mayores a efecto de tener una adecuada planeación, desarrollo e implementación de las políticas públicas dirigidas a este sector; e incluir como derechos de las personas adultas mayores la orientación en materia de nutrición, higiene y servicios de geriatría, gerontología y tanatología; y, propiciar la contratación de personas adultas mayores.
Social: Con la presente iniciativa se pretende ampliar los derechos de las personas adultas mayores, con la finalidad de contribuir al objeto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato que es reconocer, proteger y garantizar los derechos, sin distinción alguna, para propiciarles un nivel de vida adecuado y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un artículo 3 Bis; fracciones X y XI al artículo 5; un artículo 5 bis; un inciso c) a la fracción III del artículo 7, recorriéndose en su orden los subsecuentes; y, una sección cuarta compuesta por los artículos 20 Bis y 20 Ter, todos ellos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:
Registro de las personas adultas mayores
Artículo 3 Bis. El Poder Ejecutivo del Estado llevará un registro de la población adulta mayor que resida en el estado, que le permita una adecuada planeación, desarrollo e implementación de las políticas públicas dirigidas a este sector. En el registro deberán asentarse los siguientes datos:
Situación económica;
Situación laboral;
Condiciones y capacidades físicas;
Estado de salud; y
Posibles circunstancias particulares de vulnerabilidad o riesgo.
Aunado a lo anterior, de ser posible, el registro contendrá la información de cada persona adulta mayor relativa a habilidades, oficios, profesiones, escolaridad, desarrollo laboral, cultural, artístico, cívico, deportivo y todos aquellos datos que faciliten su plena integración social e incorporación a la vida productiva estatal.
La información a que se hace referencia en los párrafos anteriores, se sujetará a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Derivado de este registro, mismo que deberá actualizarse por lo menos cada dos años, se elaborará un diagnóstico, por población, municipio, y región, que les permita realizar una planeación en la que se contenga:
a) Las acciones a realizar atendiendo las necesidades reales de cada población, municipio o región;
b) La priorización de las acciones y actividades de las políticas públicas que deban implementarse;
c) La proyección de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su materialización;
d) Los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de resultados; y
e) Las medidas e instrumentos que se aplicarán para garantizar la efectividad, eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos.
X. Tanatología. Disciplina que se encarga de los estudios encaminados a procurar una muerte digna con cuidados, paliativos biológicos, psicológicos y sociales;
XI. Violencia contra las personas adultas mayores. Cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
Artículo 5 bis. Los tipos de violencia contra las personas adultas mayores son:
I. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;
II. Violencia en el ámbito digital: Es toda violencia que se realiza a través de las tecnologías de la información y comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital.
III. Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas;
IV. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado y motivado.
V. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
VI. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; y
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.
Artículo 7. Son derechos…
III. De alimentación, protección de la salud y a la familia:
A tener acceso…
A recibir atención…
A recibir orientación en materia de nutrición, higiene y servicios de geriatría, gerontología y tanatología en su caso, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal;
A que su familia…
De la incorporación a la vida productiva de las
Artículo 20 Bis. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, así como las dependencias y entidades que los conforman, propiciarán la contratación, dentro de su plantilla laboral, de personas adultas mayores.
Artículo 20 Ter. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones fiscales, otorgarán subsidios y estímulos fiscales de acuerdo al número de empleados de personas adultas mayores que contraten las empresas, industrias, comercios o establecimientos.
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Artículo segundo. El Poder Ejecutivo del Estado contará con un periodo de 365 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, para tener el registro de las personas adultas mayores.
Guanajuato, Gto., a 11 de junio del año 2020.
Consejo de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Sesión del 26 de junio de 2016. A/HRC/32/L.20. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf. ↑
INEGI, México (2019). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD (1º DE OCTUBRE). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. RECUPERADO EL 04 DE JUNIO DE 2020 DEL SITIO WEB: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf ↑
CENAPRECE. (2012). Encuesta Salud Bienestar y Envejecimiento SABE Guanajuato. 04 de junio del 2020, de Secretaria de Salud Sitio web: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EncuestaSABE_Guanajuato.pdf ↑

References: artículo 56
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
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 artículo 209
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Artículo 20

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