Source: http://www.fiscus.com.ar/?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55
Timestamp: 2015-11-28 03:59:46+00:00

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FISCUS | Sitio colaborativo con recursos para el estudio de la fiscalidad. Creado por Sara Diana Telias y enriquecido con el aporte de docentes de tributación.
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Fideicomiso. Constitución
2015-11-26	constituido por la ley 14441.
Reducción de contribuciones patronales para Pymes. Fallo de CFSS que interpeta que prevalece por sobre una resolución de AFIP, la definición de Pymes realizada por la autoridad de aplicación, que es la Sepyme,
2015-11-17	FUENTE: Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 1
Expediente N°: CSS 021589/2012/CA001
Carátula: FUNDACION GALICIA SAUDE c/ AFIP s/IMPUGNACION DE DEUDA
Fecha de sentencia: 22/10/2015
Fecha de firma: 22/10/2015
Firmado por: DRA. MAFFEI – DR.CHIRINOS -DRA.PEREZ TOGNOLA, JUECES DE CAMARA
Disponible en www.cij.gov.ar
Análisis realizado por Sara Diana Telias
I.- Surge de autos que mediante la Resolución N° 705/2011 (DI CRSS), la AFIP-DGI no hace lugar a la solicitud de revisión presentada por la actora respecto de la Resolución Nº AFIP_ DGRSS DV JASS N 4463/2011 de acuerdo a lo expuesto en el dictamen que antecede.
II.- A fs.99/101, se le notificó a la contribuyente de lo resuelto, informándole que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada.
Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora recurre a esta instancia judicial, sin dar cumplimiento con el requisito del pago previo establecido por el art. 15 de la ley 18.820.
III.- La actora interpuso el recurso de apelación, el cual reúne los requisitos de admisibilidad y suficiente fundamentación art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto 1.285/58 según art. 26 de la ley 24.463. La recurrente solicita la eximición del depósito previo habida cuenta que acredita que la empresa se encuentra imposibilitada económicamente de afrontar la obligación por encontrarse en concurso preventivo, el que se encuentra tramitando en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20 Secretaría 40.
En oportunidad de disponerse la elevación de las actuaciones, la AFIP deja constancia que el apelante no acreditó el deposito previo de la deuda resultante de la resolución recurrida, según lo preceptúa la normativa de aplicación.
IV.- En ese contexto, la recurrente apela, manifestando que el decreto 814/01 establece las alícuotas correspondientes a las contribuciones sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social. El inc. a) del art. 2 fija la contribución en un 21 % para empleadores que reúnan determinadas características, mientras que el inc. b) la fija en 17% para los restantes empleadores. Agrega que la Resolución General 1095/2001 AFIP, define los requisitos que deberán cumplir los empleadores a los fines de su encuadramiento en alguno de los incisos del mencionado decreto.Manifiesta que la remisión efectuada por el decreto 1009/01 a la Resoución SPy ME Nº 24/2001 tiene por finalidad definir la actdivdidad principal del empleador, la forma de cálculo de sus ventas y que la Resolución SpyME 675/2002 elevó el monto de $48.000.000 a $86.400.000.
V.- Conforme se desprende de autos, los presentes actuados tienen su origen en el marco de la O.I 439332, mediante la cual el organismo fiscal determinó deuda en concepto de “Diferencias por alícuotas aplicadas a efecto de determina el total de contribuciones patronales (inc. a del art. 2 del decreto 814/2001”.
El TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2) Revocar la resolución recurrida, de acuerdo a las argumentaciones expuestas; 3) Costas por su orden.
SUMARIOS DE DOCTRINA
PROCEDIMIENTO PREVISIONAL. RECURSO DE APELACION ANTE LA CFSS. REQUISITO DE DEPOSITO PREVIO. DIVERSAS HIPOTESIS DE EXCEPCION. EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN CONCURSO PREVENTIVO. PROCEDENCIA DE LA EXCEPCION. FUNDAMENTO EN DOCTRINA DE LA CSJN. Respecto a la exigencia mencionada en el párrafo anterior, para la viabilidad de este tipo de reclamos, es condición el depósito previo que prevé el art. 15 de la ley 18.820. Dicho art. 15 de la ley 18.820 regula el recurso de apelación contra las resoluciones de la Dirección General Impositiva. Impone dicha norma que “…deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso”. Al respecto, la Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57, entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que tornaría ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento ( C.S.J.N.: Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/impugnación actas de inspección”, sent. del 25/3/86 y, específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, cons. IV). El supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos: 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (fallos 288:287 cons. 10°)”.
Ello así, la situación de la recurrente debe encuadrarse en la primerade las hipótesis de excepción de creación pretoriana del Alto Tribunal y atento a las constancias de autos, corresponde, en consecuencia, eximir a aquella del depósito previo exigido por el art. 15 de la ley 18.820 y declarar abierta la instancia judicial.
En igual sentido, se ha expedido esta sala en autos “LENCEMAR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/ IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN “, mediante Sentencia Definitiva N°: 12.201 del 8 de noviembre de 1.999.
INTERPRETACION DE LAS LEYES. PAUTAS HERMENEUTICAS. ARMONIA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO Sentado ello, la solución a la causa debe hallarse a partir de una correcta interpretación de las disposiciones legales, buscando no violentar su significado específico, procurando dar pleno efecto a la intención que tuvo el legislador al sancionarla -cuya inconsecuencia o falta de revisión jamás puede suponerse-, e intentando que la totalidad de sus preceptos armonicen con el ordenamiento jurídico restante, y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. En otras palabras, el juzgador debe aspirar a que su interpretación de las leyes las concilie unas con otras, por lo que ante casos que no se hallen expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorezca y no la que dificulte la armonía del ordenamiento jurídico (fallos 297:142, 300:1080, 303:248, 578, 600 y 957).
INTERPRETACION DE LAS LEYES. REMISION A NORMAS DICTADAS POR LA AUTORIDAD DE APLICACION. CONCEPTO DE PYMES. PREVALENCIA DE LAS RESOLUCONES DE LA SEPYME POR SOBRE LAS DICTADAS POR LA AFIP, A EFECTOS DE LA REDUCCION DE ALICUOTAS DE CONTRIBUCIONES PATRONALES DISPUESTAS POR EL DECRETO 814/01. IV.- En ese contexto, la recurrente apela, manifTeniendo en cuenta tales parámetros, observamos que el decreto 1009/01 fue dictado por el PEN a fin de precisar los sujetos incluidos en los incs. a y b del art. 2 del decreto 814/01, y por ende, beneficiarios de una reducción de las contribuciones patronales. En el primero de los decretos citados, en oportunidad de definir a los empleadores comprendidos en la ley 24.467 -relativa a las pequeñas y medianas empresas-, el Poder Ejecutivo decidió remitirse a la resolución 24/01 dictada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) dependiente del Ministerio de Economía. Cabe mencionar que, dicha remisión resulta ajustada toda vez que se recurre a la definición de PYME dada por el organismo que dentro de la administración central, posee la competencia específica en la materia, de conformidad con diversas disposiciones –art. 55 de la ley 25.300, 2 y 30 de la ley 24.467, Decretos 908/95, 943/97 y 25/03-; además, de mantenerse la armonía que debe primar en el ordenamiento jurídico, evitando disposiciones contradictorias. En conclusión, no hubiera resultado lógico que el PEN dictara un decreto definiendo a las pequeñas y medianas empresas de forma distinta a la que lo hace la secretaría con autoridad en la materia.
La SPYME, al dictar la resolución 24/01 dispuso que por PYME se entenderá a aquellos empleadores del sector comercio que registren un total de ventas anuales no superior a $ 48.000.000. Con posterioridad el mencionado organismo, bajo el argumento que la fluctuación del peso frente a las divisas extranjeras en un mercado libre y único de cambios, consideró necesario modificar los valores de ventas establecidos en la Resolución N° 24/2001, dictó la Resolución 675/02 elevando el tope anteriormente señalado a $86.400.000. A mayor abundamiento, del considerando de ésta se desprende que “…con relación a las recientes modificaciones en el régimen monetario –cambiario y sus implicancias en el mercado, resultó necesario modificar los valores de ventas establecidos en la Resolución 24/01”. Agregando que “… resulta conveniente elaborar una nueva definición de PYME…”.
De todo lo expuesto, se deduce que si bien no fue dispuesto explícitamente por norma alguna, la modificación dispuesta por la resolución 675/02 indudablemente ha tenido incidencia en el decreto 1009/01 -y consecuentemente en el 814/01-, ya que resolver lo contrario, implicaría convalidar la existencia de disposiciones contrapuestas, situación esta que no puede suponerse. En otras palabras, el concepto de pequeña y mediana empresa debe resultar único para todo el andamiaje jurídico, ya que lo opuesto generaría graves contradicciones, y consecuentemente, una clara inestabilidad jurídica para los contribuyentes.
En otro orden de cosas, efectuando una interpretación literal del art. 1 del decreto 1.009/01 observamos que el PEN, en oportunidad de redactar la citada disposición, tuvo en cuenta las modificaciones a la resolución 24/01 de la SPYME.
Efectivamente, se observa que la misma dispone que a los efectos de lo establecido en el art. 2 del decreto 814/01, resultan comprendido en el inciso a) del primer párrafo de la referida norma, aquellos empleadores cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio” de acuerdo a lo “….en la resolución 24 de fecha 15 de febrero de 2.001, y su modificatoria …”.
INTERPRETACION DE LAS LEYES. PAUTAS HERMENEUTICAS. CRONOLOGIA DE LAS NORMAS. NECESIDAD DE UNA INTERPRETACION ARMONICA Indudablemente, la norma bajo análisis utiliza el término “modificatoria” en singular, por el simple hecho que la fecha en que se dictó el decreto 1009/01 -13/08/2001-, la resolución 24 de la SPYME solo había sufrido una única modificación instrumentada el 26 de abril de 2001 –resolución 22/01-. Sin embargo ello no obsta a que efectuando una adecuada y armónica interpretación de las normas, permita considerar a las posteriores modificaciones a los fines del decreto 1.009/01, y consecuentemente 814/01.
INTERPRETACION DE LAS LEYES. PAUTAS HERMENEUTICAS. BENEFICIOS FISCALES. INTERPRETACION TELEOLOGICA. PROCEDENCIA. CASO DE REDUCCION DE ALICUOTAS DE CONTRIBUCIONES PATRONALES DISPUESTAS POR EL DECRETO 814/01. En este sentido, cabe agregar que las normas que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale a admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia” (conf. C.S.J.N., sent. del 10.03.92, “Camarero, Juan C.”; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 06.08.98, “Y.P.F. Bridas-Chauvco -Tierra del Fuego c/ D.G.I.”; ídem, Sala III, sent. del 03.05.01, “Fundación Pérez Companc c/ E.N. – D.G.I.” y sent. del 08.09.05, “Cartoon S.A. c/ D.G.I.”). En este entendimiento, el decreto 814/01 se dictó a fin que las pequeñas y medianas empresas se vieran favorecidas con una reducción en sus contribuciones patronales, por lo que efectuar interpretaciones con el fin de restringir el número de beneficiarios, resulta claramente contrario al espíritu de la ley.
En definitiva, la interpretación efectuada por el organismo fiscal de la normativa que considera aplicable –esto es decretos 814/01, 1009/01 la Resolución General AFIP 1095/01- en la resolución que en estos autos se recurre resulta desacertada, ya que sólo recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes para el ingreso de las contribuciones, correspondiendo que aplique además de la normativa citada el art. 1 de la Resolución 675/02 –derogado por la Disposición 147/2006 (SPYME) y Resolución 21/2010 (SPYME), que sustituye el art. 1 de la Resolución Nº 24/01, en cuanto al valor de ventas anuales. Ello así, toda vez que la circunstancia que la Resolución 1095/01 AFIP mencione el importe desactualizado, no resulta óbice para que el beneficio se extienda a partir de la vigencia de las citadas resoluciones.
Por todo lo expuesto, en el particular caso de autos se observa que, a los efectos del encuadramiento establecido en el art. 2 del Decreto 814/2001 surge de los balances agregados agregados a fs.61/301 el valor total anual de ventas que luce en la resolución –que no fueron observados ni discutidos en autos- no han superado los montos establecidos en la normativa citada precedentemente para el período cuestionado, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.
COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO AL APLICARSE LA DOCTRINA DE LA CSJN. PROCEDENCIA VII.- Finalmente, toda vez que en situaciones análogas este tribunal sostuvo reiteradamente, la aplicación de la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 300:895 y sus citas, las costas serán soportadas en el orden causado.
Guía de Trabajos Prácticos de Teoría y Técnica Impositiva I de la FCE-UBA
2015-11-16	La guía tiene soluciones.
URL: http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/tributacion/plan97/impositival/scalone/Materiales/teoria_y_tecnica_impositiva.pdf
2015-11-13	LINK PARA BAJAR EL PDF DE LA VERSION 2010 EN ESPAÑOL: modelo_ocde_2010_en_espanol sin comentarios
NOTA: URL PARA LEER LA VERSIÓN 2014 FULL ONLINE: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en#page1
URL PARA LEER Y BAJAR LA VERSIÓN 2014 CONDENSADA 2014 SIN COMENTARIOS: http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf
VERSION CONDENSADA 2014 EN PDF DISPONIBLE EN ESTE SITIO: http://www.fiscus.com.ar/wp-content/uploads/2015/11/modelo-ocde-2014-version-condensada-sin-comentarios.pdf
NOTAS RELACIONADAS: http://www.oecd.org/tax/treaties/2014-update-model-tax-convention.htm
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/oecd-july25-2014.pdf
Convenio Multilateral. Aplicacion de criterios disimiles en relación con la competencia originaria de la Corte
2015-11-11	URL: http://www.cronista.com/fiscal/La-aplicacion-de-criterios-disimiles-en-el-Convenio-Multilateral-y-la-competencia-originaria-de-la-Corte-20151109-0016.html
Cronista, octubre de 2015
En esta nota, se efectúa un análisis del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Gasnor S.A. c/ Provincia de Salta s/ acción declarativa de certeza”, advirtiendo su importancia para revertir una situación de gran inseguridad jurídica, creando una situación compleja, al disponer una solución adecuada a los tratamientos disímiles entre varias jurisdicciones respecto de la correcta asignación de los ingresos y gastos.
De modo liminar, puede resultar quizás sorprendente o cuando menos llamativo, dada la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “Papel Misionero” (1), encontrarnos con un pronunciamiento en donde se resuelve una cuestión relacionada con el Convenio Multilateral (CM) en instancia originaria.
En el fallo que se comenta – Gasnor S.A. c/ Provincia de Salta s/ acción declarativa de certeza, de fecha 15 de septiembre de 2015- y en el marco circunstancial que se detallará seguidamente, la CSJN resolvió abrir su competencia y tratar el tema controvertido, el cual consistió, en sustancia, en resolver el estado de incertidumbre respecto a la distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) entre las jurisdicciones en las cuales la actora desarrolla su actividad.
La cuestión en debate versó en determinar si Gasnor S.A. (Gasnor), licenciataria del servicio público de distribución de gas natural, que desarrolla su actividad en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán, siendo, por ende, contribuyente del CM, debía aplicar con relación a los ingresos provenientes de un contrato suscripto con la firma Pluspetrol Energy S.A. (Pluspetrol) el régimen general previsto en el artículo 2 o bien el régimen especial del artículo 9.
En resumidas cuentas y sin perjuicio de las consideraciones efectuadas por las demás provincias involucradas, Salta consideraba que Gasnor debía tributar como transportista de acuerdo al artículo 9 del CM, correspondiéndole tributar el 100 % de los ingresos derivados de la prestación en el lugar de origen del viaje. Sin embargo, la CSJN se pronunció a favor del contribuyente dejando sentado que el mismo no resulta ser una empresa transportista y por ende le correspondía tributar conforme al régimen general. Establece que “el régimen especial del artículo 9 () debe aplicarse exclusivamente a las empresas de transporte (como dice literalmente el texto) y no a la mera actividad de transporte en general” y que “debe afirmarse, que la propia letra de la ley crea una tipicidad subjetiva” (cnf. considerando 9).
Los servicios de transporte y distribución de gas por redes
La industria del gas natural, tal cual hoy se encuentra regulada en nuestro país, ha sido consecuencia del proceso de privatización iniciado en la década de 1990 con la ley 23.696 que declaró, entre otras cuestiones, sujetas a privatización las principales empresas de servicios públicos y actividades comerciales que eran prestadas por el Estado. En ese marco, en el año 1992 se dictó la ley 24.076 que regula el transporte y distribución de gas natural, a las cuales constituye como servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319, la producción, captación y tratamiento (2) (cnfr. art. 1) y a su vez sujeta a las empresas licenciatarias a la jurisdicción nacional de contralor -en las materias de estricta competencia regulatoria establecidas en el marco normativo específico del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
En cuanto al sistema de transporte, la calidad de transportista se adquiere, en lo que nos interesa, por la licencia otorgada por el PEN o bien mediante concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la ley 17.319. A su vez, el marco regulatorio de la industria define al “transporte” como el movimiento de gas, justamente, a través de un sistema de transporte integrado por gasoductos de alta presión.
Ahora bien, con mayor precisión, pero dentro del marco cognoscitivo que nos permiten estas páginas, el objeto de un sistema de transporte de gas natural consiste, en esencia, en el traslado del gas desde las cuencas hidrocarburíferas o zonas productoras hasta los principales puntos de consumo o zonas de entrega, tales como las grandes ciudades y centros fabriles. La diferencia de presiones a las que se encuentra sometido el fluido produce el desplazamiento del gas natural en los gasoductos entre dos puntos de este (puntos de alta presión en las zonas de inyección y menor presión en los centros de consumo) (3). Nuestro país cuenta con cuencas productoras que se encuentran lejos de las áreas de gran consumo y como consecuencia de ello, el gas producido tanto en las Cuencas del Noroeste, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral debe recorrer grandes distancias hasta llegar a los centros de mayor consumo, lo cual hace que el sistema de transporte nacional tome la forma de abanico o disposición radial, con un nodo o zona de entrega en común, denominado Anillo de Alta Presión en el Gran Buenos Aires.
Por otro lado, en cuanto al servicio público de distribución, y en lo que interesa respecto del fallo en comentario, entre las citadas empresas distribuidoras se encuentra Gasnor S.A., que presta el servicio público de distribución de gas natural conforme a la licencia otorgada por el PEN mediante decreto N° 2452/92.
Así, tanto el servicio de distribución como el de transporte poseen características propias, tanto físicas (mecánica de los gasoductos, presiones etc.) como normativas, lo cual hace que cada uno sea diferenciable del otro. En tal sentido y como corolario, debe tenerse presente que el distribuidor, en su carácter de tal, puede realizar operaciones de compra de gas natural pactando directamente con el productor o comercializador (cnfr. artículo12, ley 24.076) y que sin perjuicio de los derechos otorgados a los distribuidores por su habilitación, cualquier consumidor puede convenir la compra de gas natural directamente con los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de transacción (artículo 13, ley citada). Asimismo, de acuerdo con el Reglamento del Servicio de Distribución, aprobado por decreto PEN 2255/92, existen diversos tipos de contratos, de acuerdo con las condiciones especiales del servicio que correspondan, que las distribuidoras pueden suscribir; por ejemplo de venta de gas, de transporte de gas, y otros contratos reglamentados en dicha normativa, lo cual no implica que por su celebración se pierda la calidad de distribuidora otorgada por el PEN mediante la licencia respectiva o que el servicio público prestado sea otro que aquel para el cual fue habilitada.
El criterio de los órganos del CM en el transporte de gas
Sentado lo expuesto, referente a la industria del gas, resulta conveniente indicar que mediante la Resolución General 56/1995 de la Comisión Arbitral (CA), ratificada por la Resolución General 9/1995 de la Comisión Plenaria (CP), los órganos del CM establecieron que debía interpretarse con carácter general que “el servicio de transporte de gas por gasoductos” se hallaba comprendido en las disposiciones del artículo 9 CM, por lo que correspondía asignar el 100 % de los ingresos derivados de la prestación de dicho servicio a la jurisdicción de origen del viaje (4). Criterio éste que fue modificado mediante las Resoluciones Generales 2/2008 de la CA y 12/2008 de la CP, estableciendo la distribución de ingresos conforme el artículo 2 del CM (5). Sin embargo, las Resolución Generales 7/2009 de la CA y 8/2009 de la CP reestablecieron la vigencia del criterio sentado por las Resoluciones Generales 56/1995 y 9/1995.
Actualmente, este último criterio surge del artículo 40 de la Resolución General CA 1/2015 (ordenamiento de las Resoluciones Generales).
– El caso concreto planteado por Gasnor
La decisión de plantear un caso concreto devino pues casi ineludible para el contribuyente ante la determinación de oficio practicada por la Dirección General de Rentas de Salta por presuntas diferencias en el IIBB, en el entendimiento de que surgía del contrato celebrado con Pluspetrol que la obligación asumida por aquella era “transportar el gas, propiedad de ésta, desde el punto de cabecera del Gasoducto Norte (Campo Durán, Salta) hasta el punto de entrega () percibiendo una determinada contraprestación ()”, aduciendo que se trataba de “un servicio de transporte de gas, más allá de que no esté habilitada para ello de acuerdo con el art. 11 de la ley 24.076”. En consecuencia, el criterio fiscal radicaba en efectuar la liquidación del impuesto aplicando el artículo 9 del CM, atribuyéndose el total de la base imponible a la provincia como jurisdicción de origen donde se cargaba el gas, resultando inaplicable el régimen general del artículo 2, a través del cual el contribuyente había establecido la distribución de la base imponible entre Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, jurisdicciones en las que realizaba su actividad.
En ese contexto, Gasnor planteó el caso concreto ante la CA, que mediante la Resolución 24/2004 confirmó el criterio fisc

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo12
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 40
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 artículo 9
 artículo 2
 Resolución