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BOE.es - Documento BOE-A-2013-7203
Documento BOE-A-2013-7203
Sala Segunda. Sentencia 127/2013, de 3 de junio de 2013. Recurso de amparo 2763-2011. Promovido por don M. G., en relación con una Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña dictada en procedimiento sobre relaciones paternofiliales. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho y motivada): pronunciamiento sobre competencia judicial internacional acorde con el criterio del interés superior del menor; improcedencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 2013, páginas 15 a 28 (14 págs.)
BOE-A-2013-7203
Tras la conclusión del procedimiento 237-2009, el procedimiento 75-2009 siguió su curso y, por Auto de 27 de abril de 2009, el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de A Coruña se declaró competente con la siguiente motivación: «la parte plantea o arguye su posicionamiento de entender que han de ser competentes los tribunales de Bélgica, en que se ha producido un traslado ilegal de la misma [la menor] y a[l] respecto, reiteramos, este tribunal ya se ha pronunciado en sentido contrario y al socaire de dicho pronunciamiento hemos de entender que somos competentes conforme establece el art. 22.3 LOPJ» (fundamento jurídico único). Contra esta resolución el recurrente formuló incidente de nulidad de actuaciones, que fue desestimado por Auto de 16 de junio de 2009.
El 17 de junio de 2009 el recurrente presentó escrito ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de A Coruña por el que solicitaba la suspensión del procedimiento 75-09. Argumentaba que se había trasladado la decisión de no retorno al Tribunal belga en aplicación del art. 11.6 del Reglamento 2201/2003 y que era el Tribunal belga el competente. La solicitud fue denegada por Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de A Coruña, de 7 de julio de 2009. El Auto descartaba dicha interpretación del Reglamento, añadiendo «que ya por Auto de 27 de abril de 2009 se declaró la competencia de los tribunales españoles para conocer del procedimiento de guarda y custodia de la menor». El recurrente interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por Auto de 31 de julio de 2009.
El 7 de agosto de 2009 el recurrente promovió demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, sobre la base del art. 11.7 del Reglamento 2201/2003. El recurrente solicitaba, entre otras, el retorno inmediato de la menor, la atribución de la guarda y custodia al padre y la imposición de multas coercitivas a la madre en caso de incumplimiento. Por Sentencia de 20 de octubre de 2009 el Tribunal belga acordó dichas medidas. La madre de la menor interpuso recurso de apelación. Por su parte, el padre, con fecha 22 de octubre de 2009, presentó escrito ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de A Coruña aportando la Sentencia belga y solicitando la suspensión del procedimiento 75-2009. La solicitud de suspensión fue denegada por providencia de 6 de noviembre de 2009, «al no concurrir causa legal que la ampare, ya que por Auto de 20 de abril de 2009 se ha declarado que no ha habido traslado ilegal ni sustracción internacional de la menor, así como por auto de fecha 27 de abril de 2009 se ha declarado la competencia de este Juzgado para conocer de la demanda promovida por la representación procesal de doña [S.B.B.]».
d) El procedimiento 75-2009 desembocó en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de A Coruña, de 11 de noviembre de 2009. El Juzgado, a la vista de las circunstancias, «estima más ajustado a los intereses de la menor que continúe bajo la guarda y custodia de la madre», establece la patria potestad compartida, un régimen de visitas para el padre y una pensión de alimentos a favor de la menor.
Así, toma en consideración que la madre se ha vuelto a casar y tiene otro hijo, familia en la que vive la menor; que en estas circunstancias es ilusorio esperar que la madre se traslade a Bruselas. Pondera entonces la posibilidad de que la menor se trasladara sola a Bruselas, lo que descarta pues «no parece corresponder al interés de la niña», que tiene 3 años y perdería la presencia de la madre, «el principal progenitor de referencia», con la que siempre ha vivido, sin que el padre haya vivido nunca permanentemente con ella. Por el contrario, en España vive en una familia, con un hermano, lo que parece más propicio para su desarrollo social que una familia monoparental; en suma: «separar a [L.] del entorno maternal en el que vive ahora desde hace un año y medio, para encontrarse confiada, en otro país, a un padre con quien no vivió nunca, sin posibilidad de ver a su madre en otros momentos que durante los fines de semana y las vacaciones, implica un riesgo serio de grave traumatismo de la niña».
El Tribunal de Apelación belga también valora que, aunque sostiene que el desplazamiento de la menor fue ilícito, «no se puede sin embargo sancionar el comportamiento reprehensible de la Sra. [B.B.] en detrimento del interés de la niña» y descarta que sólo si la niña vive con el padre se puedan asegurar los derechos del otro progenitor: «Se puede suponer que la actitud poco constructiva de la Sra. [B.B.] se puede vincular con la escalada del conflicto entre las partes y con la multiplicación de los procedimientos judiciales tanto en España como en Bélgica, y que fue dictada en gran parte por su temor a ver al Sr. [G.] llevarse a la niña con él a Bélgica, a falta de marco donde ejercer el derecho de visita. Se puede razonablemente esperar que la atribución por la presente decisión de la guarda y custodia de la pequeña [L.] a la Sra. [B.B.] permitirá aliviar el conflicto, y que la Sra. [B.B.] –o en su defecto, los órganos judiciales españoles, en adelante competentes– tendrán a bien restaurar vínculos normales entre L. y su padre y de asignar a este último un derecho de visita respetuoso con su lugar y su papel de padre». Concluye la Sentencia: «Por lo demás, el tribunal considera que actualmente los órganos jurisdiccionales españoles son los más indicados para pronunciarse sobre el derecho de visita del Sr. [G.], en aplicación del art. 15 del Reglamento Bruselas II bis».
Respecto a la competencia judicial internacional, cuestión resuelta en el fundamento jurídico 2, la Sentencia se sostiene en los siguientes argumentos. En primer lugar, «aun cuando sea dudoso si era a los tribunales belgas o a los tribunales españoles a los que le correspondía la competencia para resolver el presente procedimiento de relaciones paterno filiales –para lo cual es suficiente con leer los distintos escritos presentados por la parte demandante y demandada y por el Ministerio Fiscal, así como las diferentes resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 y por el tribunal belga– y aun cuando los tribunales belgas, y más en concreto, la Sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas, Sala Tercera, de fecha 17 de junio de 2010, consideren que la competencia para conocer del presente litigio… les corresponde a los tribunales de ese país, no es menos cierto que, a pesar de ello, ni siquiera el Tribunal de Apelación de Bruselas considera que la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 10, objeto del presente recurso, sea nula… Es decir la Sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas de 17 de junio de 2010 reconoce que el presente procedimiento continúa en trámite, no cuestionando su validez». En segundo lugar, la Sentencia belga no establece un régimen de visitas para el padre y, como ella misma constata, la Sentencia española de Primera Instancia sí, a lo que añade: «Por lo demás, el tribunal [belga] considera que actualmente los órganos jurisdiccionales españoles son los más indicados para pronunciarse sobre el derecho de visita del Sr. [G.], en aplicación del art. 15 del Reglamento». Por lo tanto, dice la Audiencia Provincial, «al no pronunciarse los tribunales belgas sobre el derecho de visita del Sr. [G.] con su hija [L.], de aceptarse la pretensión de declarar la nulidad de la Sentencia de instancia, nos encontraríamos con que ningún tribunal, ni español, ni belga, regularía dicho régimen de visitas con lo que se conculcarían al mismo tiempo tanto el derecho del padre a mantener relaciones con su hija menor, como los de ésta a crecer conociendo y conviviendo con su padre, a pesar de los problemas que se plantean con la distancia geográfica en que se encuentran el uno del otro».
El fundamento jurídico 2 concluye así: «Dada la situación actual del conflicto –tener que decidir los tribunales españoles sobre el régimen de visitas que le corresponde al [G.] con su hija menor– que hace innecesario que tengamos que pronunciarnos sobre la competencia ab initio de los tribunales de uno u otro país, entendemos que este tribunal –además de pronunciarse sobre el régimen de visitas, pensión alimenticia, etc.– debe también decidir, con anterioridad, sobre la guarda y custodia de la hija menor [L.].»
Respecto a la atribución de guarda y custodia de la menor, el fundamento jurídico, 3 reproduce literal e íntegramente (a salvo una frase en un evidente error material de trascripción) la fundamentación jurídica de la Sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas de 17 de junio de 2010 (que se ha resumido en el apartado e) de estos Antecedentes), a lo que añade únicamente lo siguiente: «Teniendo en cuenta todas las circunstancias que se relatan en la resolución del Tribunal belga, así como las razones expuestas por la sentencia de instancia, que la menor [L.] está próximo [sic] a cumplir 4 años y que desde su nacimiento ha vivido en compañía de su madre, no se le presenta ninguna duda a este tribunal de que la guarda y custodia de la menor debe ser atribuida a su madre doña [S.B.B.].»
3. El recurrente denuncia la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en la vertiente de derecho fundamental a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho, con invocación del art. 120.3 CE y doctrina constitucional sobre motivación y fundamentación en Derecho. También denuncia vulneración del «derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia» (art. 39.1 CE), «derecho a la protección integral de los hijos» (art. 39.2 CE), «derecho de los niños a gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos» (art. 39.4 CE), en conexión con el art. 10.2 CE. Alega que los órganos judiciales han inaplicado indebidamente el Reglamento 2201/2003 y que los tribunales españoles no eran competentes para conocer de la demanda de relaciones paternofiliales pues, sostiene, en el caso media la sustracción internacional de la menor y, en dicha circunstancia, conforme al Reglamento son competentes los tribunales belgas. A su juicio, los órganos judiciales han resuelto con una selección de la norma aplicable arbitraria, manifiestamente irrazonable y fruto de error patente que demanda la intervención de este Tribunal. En concreto, respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial, califica de «fundamentación incongruente, errónea, arbitraria e irrazonable», la que le lleva a conocer del procedimiento con el argumento de que el Tribunal belga no se ha pronunciado sobre el derecho de visitas, «a pesar de reconocer que los tribunales españoles no tenían competencia».
El recurrente solicita que este Tribunal plantee cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del Reglamento 2201/2003, en los siguientes términos: «En el momento en que los tribunales españoles entraron a conocer sobre el fondo del asunto –regulación de la relación paternofilial entre el señor [G.] y su hija– carecían de competencia internacional para ello. ¿Esa falta de jurisdicción y competencia se mantiene durante la tramitación de todo el procedimiento? Es decir, ¿la falta de jurisdicción y competencia sigue existiendo en el momento en que la Audiencia Provincial de A Coruña dictó la Sentencia de 25 de enero de 2011? O por el contrario, ¿el transcurso del tiempo hace que los tribunales españoles sean internacionalmente competentes y la falta de jurisdicción y competencia que existía inicialmente desaparece?»
El recurso de amparo incluye un apartado en el que, bajo la rúbrica «relevancia constitucional» y con invocación del art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que se reproduce, se reitera la vulneración de derechos fundamentales denunciada. Dado que dicha vulneración tendría su origen en «la violación palmaria de los Tratados internacionales y Convenios suscritos por España, superiores a la ley interna, como lo es el Reglamento 2201/2003», sostiene el recurrente, se «plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, además de unas consecuencias políticas generales». También manifiesta, con invocación del ATC 188/2008, de 21 de julio, y la STC 155/2009, de 25 de junio, que el requisito establecido en el art. 49.1 en relación con el art. 50.1 b) LOTC «no puede servir para mermar la protección de los derechos fundamentales tanto en sede de tribunales ordinarios como ante la propia jurisdicción constitucional, alterando la naturaleza del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».
7. La representación procesal del demandante de amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro de este Tribunal el día 10 de octubre de 2012, en el que se ratifica íntegramente en la demanda de amparo y reitera los argumentos allí expuestos.
La contraparte sostiene que el recurso de amparo debe ser inadmitido. Alega que el recurso está incurso en la causa de inadmisión del art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1.a) y c) LOTC por falta de agotamiento de la vía judicial previa y falta de invocación pues las vulneraciones de derechos denunciadas se circunscriben a la motivación de la Sentencia de la Audiencia Provincial, por lo que el recurrente no pudo acudir a este Tribunal directamente, sin antes plantear incidente de nulidad de actuaciones, preceptivo en el caso, según los términos del art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Igualmente, la contraparte defiende que ni el recurrente ha justificado la especial trascendencia constitucional, ni dicha especial trascendencia concurre en la demanda. Argumenta que el recurso incluye un apartado sobre «relevancia constitucional», con cita de los arts. 49.1 y 50.1.b) LOTC, pero sin referencia concreta al caso de autos, con la única alusión a que «plantea una cuestión jurídica relevante y de gran repercusión social, además de unas consecuencias políticas generales», cuando, a su juicio, la admisión a trámite de los recursos de amparo no se puede condicionar en función de las repercusiones sociales o políticas que puedan existir. Asimismo, el recurso de amparo se constriñe a una queja por motivación, sobre lo que existe abundante doctrina constitucional, por lo que no plantea ninguna cuestión nueva a este Tribunal.
El Ministerio Fiscal considera que la fundamentación de la Sentencia no es constitucionalmente censurable pues contiene una motivación que no es arbitraria ni irrazonable. En este sentido, valora que la solución adoptada por la Audiencia Provincial, a la que el recurrente tilda de arbitraria, «es igual» a la adoptada por el Tribunal de Apelación belga, y que el Tribunal belga, aun considerándose inicialmente competente, estima más conveniente que actúe el juez español, de conformidad con el art. 15 del Reglamento 2201/2003. El Ministerio Fiscal también subraya la toma en consideración del paso del tiempo, que no es un argumento baladí, y el protagonismo en la motivación del interés del menor, que «debe ser considerado en línea preferente».
En cuanto al planteamiento de cuestión prejudicial, el Ministerio Fiscal sostiene su improcedencia porque no se propone como referida a un concreto precepto, lo que raya en el debate doctrinal, incompatible con la naturaleza de la cuestión prejudicial. Además, la cuestión prejudicial ha de ser necesaria para el fallo y, dado que se propone al Tribunal Constitucional, ha de suponer la confrontación entre un artículo de la Constitución y una norma de Derecho comunitario, de suerte que, como ocurre en el caso de autos, «cualquier otro planteamiento para resolver dudas legales tendría un carácter infraconstitucional y debería haberse planteado en la vía jurisdiccional ordinaria».
a) En relación con la justificación de la especial trascendencia constitucional ha de recordarse que conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el recurso de amparo no puede ser admitido a trámite si el recurrente no cumple –además de los restantes requisitos procesales previstos en los arts. 42 a 44 LOTC– la ineludible exigencia impuesta por el art. 49.1 in fine LOTC de justificar en la demanda de amparo la especial trascendencia constitucional del recurso (por todas, SSTC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2; y 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2; AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 1; 289/2008 y 290/2008, ambos de 22 de septiembre, FJ 1).
Este Tribunal –como destacábamos en la STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3– ha ido realizando numerosas precisiones en cuanto al modo de dar cumplimiento a esta exigencia, destacando fundamentalmente que es algo distinto de razonar sobre la existencia de la vulneración de un derecho fundamental, de modo que en la demanda ha de disociarse adecuadamente la argumentación tendente a justificar la existencia de lesión de un derecho fundamental de aquella dirigida a justificar la especial trascendencia constitucional, exigiendo al recurrente un «esfuerzo argumental» que ponga en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el art. 50.1.b) LOTC, precepto este último, según el cual, la especial trascendencia del recurso se apreciará atendiendo a «su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales». A lo que ha de añadirse que en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, el Tribunal ha identificado, sin ánimo exhaustivo, determinados supuestos en los que concurriría esa especial trascendencia constitucional, avanzando en la interpretación del art. 50.1.b) LOTC y facilitando a los recurrentes el cumplimiento de la carga justificativa que impone el art. 49.1 LOTC.
En el caso de autos, el recurso de amparo disocia adecuadamente la argumentación tendente a justificar la existencia de la lesión de la dirigida a justificar la especial trascendencia: dedica un apartado específico a la especial trascendencia constitucional (páginas 22 y 23 de la demanda de amparo) en el que, no sólo se reiteran argumentos utilizados en sustento de la lesión sino que también se incorporan otros, referidos a la especial trascendencia como requisito distinto de aquella. Igualmente se constata en el recurso de amparo un esfuerzo argumental para conectar las vulneraciones denunciadas y los criterios establecidos en el art. 50.1.b) LOTC y en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 (STC 170/2011, de 3 de noviembre, FJ 3); conexión tanto material como formal, pues el recurrente invoca expresamente el apartado g) «cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales».
Dicho lo cual, en relación con la especial trascendencia constitucional ha de recordarse que corresponde únicamente a este Tribunal Constitucional apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa «especial trascendencia constitucional», esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a «su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» (por todas, STC 95/2010, de 15 de noviembre, FJ 4). El carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de «especial trascendencia constitucional», como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación, confieren a este Tribunal un amplio margen decisorio para estimar cuándo el contenido de un recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional. Como es obvio, la decisión liminar de admisión a trámite del recurso al apreciar el cumplimiento del citado requisito no limita las facultades del Tribunal sobre la decisión final de estimación o desestimación del asunto (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2). Pues bien, en la fase de admisión del presente recurso de amparo este Tribunal concluyó que concurría la especial trascendencia constitucional exigida para su admisión a trámite, sin que encontremos razones para modificar esa inicial apreciación en el momento procesal en que ahora nos hallamos, habida cuenta del perfil específico que presenta el caso de autos, resultante de su complejidad y los intereses en presencia, y la singularidad del criterio de competencia judicial internacional exteriorizado.
b) La contraparte alega también que el recurso de amparo incurre en falta de agotamiento de la vía judicial previa y falta de invocación previa del derecho fundamental vulnerado tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello (art. 50.1.a) en relación con el art. 44.1.a) y c) LOTC. Su argumentación parte de la premisa de que las vulneraciones de derechos denunciadas se circunscriben a la Sentencia de la Audiencia Provincial, por lo que el recurrente no pudo acudir a este Tribunal directamente, sin antes plantear incidente de nulidad de actuaciones, preceptivo, de conformidad con el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este Tribunal, precisó en la STC 214/1999, de 29 de noviembre, que «cuando lo que se debate es, como sucede en este caso, la selección, interpretación y aplicación de un precepto legal que no afecta a los contenidos típicos del art. 24.1 C.E. o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento» y, más adelante, afirmó que «es cierto que, en puridad lógica, no es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que motivación y razonamiento que por su grado de arbitrariedad o irrazonabilidad debe tenerse por inexistente; pero también es cierto que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas» (FJ 4), criterios éstos que hemos reiterado posteriormente (por todas, SSTC 96/2006, de 27 de marzo, FJ 6; y más recientemente 105/2009, de 4 de mayo, FJ 2).
Dada en Madrid, a tres de junio de dos mil trece.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Firmado y rubricado.

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