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Timestamp: 2018-01-21 06:36:06+00:00

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El Consejo autoriza un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva regulación estatal de horarios y rebajas comerciales | Diario Axarquía
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El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 27 y 28 de esta norma estatal vulneran y dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios, rebajas y ordenación del comercio minorista, además de suponer un perjuicio para las pymes comerciales de la comunidad.
Junto con estas disposiciones, la Junta recurrirá también el artículo 8, que altera el marco competencial al fijar unilateralmente el régimen de vacaciones y permisos de los empleados públicos en todas las comunidades autónomas.
Respecto al sector comercial, el Ejecutivo andaluz impugnará el artículo 27 del Real Decreto-Ley, que modifica diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación. Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias exclusivas y directas, supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar los domingos y festivos de libre apertura y la declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.
Similar invasión competencial supone el artículo 28 de la norma estatal. Este precepto será recurrido por introducir medidas de liberalización en materia de rebajas que rompen el actual modelo comercial y que, en cualquier caso, sólo corresponderían a la comunidad autónoma.
En su acuerdo de autorización, el Gobierno andaluz recuerda que el propio Constitucional ha establecido límites teóricos a la competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía. Así, en sus sentencias 186/1988 y 133/1997, el alto tribunal subraya que esta atribución no puede incluir “cualquier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general”, pues “se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico”. Además de la invasión de competencias, la Junta también advierte de la posible vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española por el uso abusivo, arbitrario e inadecuado del instrumento del Real Decreto-Ley, para el que la Carta Magna exige la concurrencia de “extraordinaria y urgente necesidad” y de una conexión justificada entre la situación de urgencia y las medidas concretas que se adoptan. A juicio del Gobierno andaluz, ni la nueva regulación de los horarios comerciales contenida en el artículo 27 del Real Decreto-Ley 20/2012 ni la referida a las rebajas y la ordenación del comercio minorista, recogida en el artículo 28, reúnen estos requisitos constitucionales.
Por un lado, la coyuntura económica que invoca la norma estatal carece por completo de la nota de imprevisibilidad que justificaría la urgencia, pues responde a una situación de crisis internacional que dura ya más de cuatro años. En este sentido, el Consejo subraya que las medidas de liberalización que se introducen podrían haber sido aprobadas, con igual eficacia, mediante una ley formal aprobada por las Cortes Generales.
Además, el Gobierno andaluz señala que el supuesto de extraordinaria y urgente necesidad también queda invalidado por la demora que la propia norma estatal hace, hasta 2013, de la aplicación del nuevo régimen de calendarios de apertura de comercios y de rebajas. Dado que esta regulación no modifica de manera instantánea la situación jurídica existente, tampoco guarda conexión con una necesidad perentoria.
Perjuicios a las pymes
Entre otros cambios normativos, el Real Decreto-Ley fija en 90 el número de horas de apertura semanal de los establecimientos comerciales en días laborables y en la horquilla de 10-16 la cifra de los domingos y festivos autorizados.
La medida, que beneficia a las grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio, contrasta con las 72 horas y ocho festivos establecidos, respectivamente, por la vigente Ley de Comercio Interior de Andalucía, norma que garantiza también la libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los 24 municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.
En cuanto a las rebajas, la norma estatal permite a los comerciantes determinar libremente los periodos y su duración, que hasta ahora estaban regulados y restringidos a dos anuales, uno en verano y otro en invierno. Además, elimina las limitaciones temporales para la puesta en venta de productos en promoción. La Junta considera que todo ello perjudica al comercio minorista, que no podrá hacer frente a la capacidad de las grandes superficies para mantener en el tiempo estrategias basadas en la reducción de precios. Según el Gobierno andaluz, estas medidas rompen también el equilibrio de competencia del actual modelo comercial y no garantizan la convivencia de una pluralidad de formatos, como ocurría hasta ahora.
El sector comercial representa en torno al 8% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a 165.000 establecimientos y ocupa a 430.000 personas (el 16,3% de la población ocupada andaluza), con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
Además de las dos disposiciones relativas al comercio, el recurso autorizado por el Consejo de Gobierno incluye también la impugnación del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, que modifica el Estatuto Básico del Empleado para establecer un modelo uniforme de vacaciones y permisos en todas las comunidades autónomas. El Ejecutivo andaluz subraya que esta regulación no sólo merma derechos laborales reconocidos hasta ahora, especialmente en lo referido a permisos por maternidad (cuatro semanas menos que en Andalucía), sino que también vacía de contenido las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica.
Según el Consejo, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, las bases aprobadas por el Estado deben conectarse con las atribuciones de las comunidades autónomas, por lo que la fijación unilateral de un régimen único y uniforme para todas las administraciones supone una clara alteración del marco competencial.
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 artículo 86
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