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Timestamp: 2019-01-18 03:24:29+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1219/2004, 23-11-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1219/2004 de 23 de Noviembre de 2006
Núm. Resolución: 00/1219/2004
En la Villa de Madrid, a 23 de noviembre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, promovida por la Sociedad X (como sucesora universal de la mercantil Y), como sociedad dominante del Grupo Consolidado ..., y en su nombre y representación D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de recurso de reposición, de fecha 1 de marzo de 2004, dictado por la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, relativo al Impuesto sobre Sociedades, Régimen de Tributación Consolidada, ejercicio 1997, por importe de 4.555.196,68 €.
PRIMERO: Con fecha 27 de noviembre de 2003, la Oficina Nacional de Inspección incoó a la entidad reclamante, acta A02 (de disconformidad), número ..., por el Impuesto y ejercicio de referencia, mediante la que se completa la propuesta de regularización realizada en acta previa de conformidad A01 número ... incoada en la misma fecha. En el acta de disconformidad, el actuario hizo constar, en síntesis, lo siguiente: A) La fecha de inicio de las actuaciones inspectoras fue el día 11/06/2001 y a los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 637 días por dilaciones imputables al sujeto pasivo; B) Por acuerdo del Inspector Jefe de 08/05/2002, notificado el siguiente día 10, el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras se amplió a los veinticuatro meses previstos en el artículo 29.1 de la Ley 1/98; C) El Grupo Consolidado ... está integrado en el ejercicio objeto de comprobación por las entidades, como sociedad dominante, Y (en adelante Y), y como sociedades dominadas, Z, W, V, S. La sociedad Y, en su calidad de sociedad dominante del grupo consolidado ... presentó la declaración por el IS de dicho grupo, correspondiente al ejercicio 1997; D) Con fecha 30 de julio de 1999 la sociedad X absorbió a las entidades Y y R, fijándose como fecha de retroacción contable la de 1 de enero de 1999; E) De las actuaciones practicadas y demás antecedentes se proponen las siguientes modificaciones:
Se propone incrementar la base imponible declarada en 183.111.637 pesetas por:
1º) No aceptarse como gasto fiscalmente deducible el importe facturado por T AIE por prestación de servicios, entidad de la que Y posee el 99,6%. La Inspección no acepta la deducción de las cantidades facturadas en concepto de apoyo a la gestión por no cumplir los requisitos exigidos en el artículo 16.5 de la Ley 43/1995.
2º) Provisión por depreciación de acciones de sociedades que tributan en régimen de transparencia fiscal.
Y que era titular, a 31 de diciembre de 1996, del 60% de las acciones de Q, entidad sometida al régimen de transparencia fiscal, dotó una provisión por depreciación de las citadas acciones de 44.877.941 pesetas en el año 1997, sin realizar ajuste alguno en relación con este concepto.
Igualmente, Y era titular del 60% de las acciones de P, entidad sometida al régimen de transparencia fiscal y dotó en 1997 una provisión por depreciación de las citadas acciones de 6.790.302 pesetas sin realizar ajuste alguno al resultado contable.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LIS y siguiendo los presupuestos de la Sentencia de la AN de 11 de mayo de 2000 y reiteradas resoluciones del TEAC, no se admiten como gasto fiscalmente deducible las citadas provisiones.
3º) Se aumenta la cifra compensada por el contribuyente por bases imponibles negativas, aumento derivado de las regularizaciones practicadas. Figura detalle de los importes compensados y los pendientes de compensar en el acta.
Se propone incrementar la base imponible declarada en 343.861.503 pesetas (2.066.649,26 €) por:
1º) Ingreso extraordinario: Z disminuyó su carga tributaria por la utilización de bases imponibles negativas de la sociedad dominante, no registrándose débitos ni créditos entre las compañías como consecuencia de ello. Z ha obtenido un incremento de patrimonio (donación por condonación de deuda) contabilizado en la cuenta 8273 pero que no fue incluido posteriormente en la base imponible del IS. Propone un aumento de 722.290.429 pesetas en concepto de beneficio excepcional o por ajuste positivo al resultado contable, por IS.
2º) Provisión por prestación complementaria: Z dotó esta provisión en 1994 por 1.361.789.503 pesetas; la Inspección regularizó el citado ejercicio considerando no deducible esta provisión (acta A02, nº ..., incoada el 4/9/98). En 1997 se minora esta provisión complementaria en 378.428.926 pesetas ascendiendo a 983.360.577 pesetas. Habiendo regularizado esta provisión en 1994, por tratarse de una provisión extraordinaria, se debe practicar un ajuste fiscal positivo por 983.360.577 pesetas y otro negativo por 1.361.789.503 pesetas al resultado contable.
Asimismo, como consecuencia de las actuaciones realizadas procede realizar los siguientes ajustes a las eliminaciones e incorporaciones de resultados practicadas por el obligado tributario:
1º) No procede la eliminación practicada por dividendos percibidos por la dominante pues la entidad pagadora había traspasado la prima de emisión de acciones a reservas con anterioridad a la distribución del dividendo, según lo dispuesto en los artículos 86 y 28.4 de la LIS.
2º) No se admite una eliminación por operaciones internas que la entidad practicó en su autoliquidación (minoró la base consolidada 1.120.381.351 pesetas y la aumentó en 541.443 pesetas), pues la operación realizada (aportación no dineraria a una ampliación de capital) no generó ningún resultado contable que proceda eliminar, según lo dispuesto en el artículo 86 de la LIS.
Como consecuencia de las actuaciones realizadas la base imponible comprobada del grupo es de 2.585.625.411 pesetas (15.539.921,69 €).
La deuda tributaria propuesta ascendió a 6.536.611,27 € de las cuales 5.051.184,89 € corresponden a la cuota y 1.485.426,38 € a los intereses de demora.
SEGUNDO: Emitido por el actuario el preceptivo informe ampliatorio, fundamentando la propuesta de liquidación contenida en el acta, se presentan alegaciones por la sociedad el 26 de diciembre de 2003. A la vista del acta, informe y alegaciones el Inspector Jefe Adjunto al Jefe ONI dictó acuerdo de liquidación tributaria, el 30 de enero de 2004, eliminando lo relativo a la regularización de un ajuste positivo al resultado contable por IS por importe de 722.290.926 pesetas en la base imponible de la sociedad Z al no coincidir el reparto efectivo de la carga tributaria con el que resulta de aplicación de las normas contables. Se confirma todo lo demás, resultando, en consecuencia, una deuda tributaria de 4.555.196,68 € de las cuales 3.515.430,19 € corresponden a la cuota y 1.045.285,99 € a los intereses de demora. Se notifica el 3 de febrero de 2004.
TERCERO: Disconforme con la liquidación anterior, el hoy recurrente, interpone, el 20 de febrero de 2004, recurso de reposición. Con fecha 1 de marzo de 2004 se notifica a la interesada acuerdo de la misma fecha, del Inspector Jefe Adjunto al Jefe ONI, por el que se desestima en su totalidad el recurso de reposición, confirmándose la liquidación impugnada.
CUARTO: Disconforme con el mismo, la interesada interpone, el 4 de marzo de 2004, reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, donde se le asigna el número de registro 1219-04. Puesto de manifiesto el expediente se han formulado, en síntesis, las siguientes alegaciones:
1º) Duración de las actuaciones inspectoras: si las actuaciones se iniciaron el 11 de junio de 2001 y el acuerdo de ampliación de actuaciones se notificó el 10 de mayo de 2002, es evidente que, si al tiempo transcurrido hasta la fecha de ampliación de actuaciones (335 días) se le minoran las dilaciones que la Inspección le imputa hasta esa misma fecha (184 días), no había transcurrido el plazo mínimo de seis meses exigido en el artículo 29 de la Ley 1/98 para ampliar actuaciones. Por tanto, considera el procedimiento inspector nulo. Asimismo, y como ya manifestó en la diligencia nº 50 de 22 de octubre de 2003, no está de acuerdo con la dilación imputable a él por el retraso en la aportación de documentación, ya que ello no interrumpió en ningún momento el procedimiento inspector, habida cuenta que la inspección acudía semanalmente a la sede de la entidad y se le entregaba toda la documentación que solicitaba con las excepciones mencionadas. Esta documentación que se le aportaba era más que suficiente para que las actuaciones siguieran su curso.
2º) Importe facturado por T AIE a Y por prestación de servicios: el artículo 16.5 de la LIS no resulta aplicable a los servicios prestados por una Agrupación de Interés Económico (AIE) residente en España a sus socios residentes en España. Debe tenerse en cuenta que una regla como la contenida en el artículo 16.5 de la LIS difícilmente puede aplicarse a supuestos en los que interviene una entidad sin animo de lucro, como son por imperativo legal las AIE. Añade que las AIE son entidades sometidas al régimen de tributación especial contemplado en la LIS, en el que no se hace mención alguna a la necesidad de suscribir un contrato entre la AIE y sus miembros para que los servicios facturados por la primera tengan la consideración de deducible. Por lo que respecta a la previsión de un criterio de distribución de gastos en los Estatutos de T señala que es reiterada la doctrina del DGT que señala que el reembolso (facturación) de los gastos de la AIE a sus miembros se realizará conforme a lo dispuesto en los Estatutos, tal y como sucede en el caso de T. Pero es que aún, en el caso de que fuese aplicable el artículo 16.5 de la LIS entiende que cumple los requisitos para la deducibilidad de los gastos, a saber, especificación de la naturaleza de los servicios a prestar y establecimiento de los métodos de distribución de los gastos atendiendo a criterios de continuidad y racionalidad.
3º) Ingreso extraordinario derivado del aprovechamiento por Z de base imponibles negativas y deducciones de Y: a) no es cierto, a pesar de lo que consta en la Memoria de la compañía del ejercicio 1996, que Z usara bases imponibles negativas procedentes de Y durante dicho ejercicio. Y no generó bases imponibles negativas en el ejercicio 1996, si bien, en dicho ejercicio, primero en que tributan en régimen de consolidación fiscal, detentaba bases imponibles negativas que procedían de ejercicios anteriores a su integración en el Grupo de Sociedades y, en régimen de consolidación fiscal, las pérdidas generadas en ejercicios anteriores a la integración en un Grupo sólo pueden ser objeto de compensación con las bases imponibles positivas generadas por dicha entidad. Por ello, es inviable que Y pudiera efectuar cesión alguna de las bases imponibles negativas que había generado antes de tributar en régimen de consolidación fiscal a otra entidad integrante del Grupo. Todo ello queda demostrado en la declaración individual del IS de Y y en la declaración consolidada del grupo del ejercicio 1996. Es cierto, que la regularización efectuada por la Inspección por este concepto, trae causa de lo erróneamente dispuesto en el punto 11 de la Memoria que acompaña las Cuentas Anuales de la Compañía. Y no es menos cierto que dichas Cuentas Anuales fueron suscritas por los Administradores. No obstante, entiende que lo que pretendieron señalar los auditores es que el efecto de las eliminaciones provocó que se redujera la base imponible consolidada del grupo lo que implicó que todas las sociedades que aportaron bases imponibles positivas se beneficiaran de ello; b) Aun en el hipotético supuesto de que se hubiere producido una cesión de bases imponibles negativas, dicha operativa no supondría que se tributara por dicho concepto, pues chocaría con la esencia del régimen de consolidación fiscal; c) La DGT en sus resoluciones de fecha 10 de marzo de 1994 y 7 de julio de 1993, en un supuesto idéntico al presente, señaló que el efecto impositivo derivado de bases imponibles negativas en alguna sociedad del grupo, que son compensadas por el conjunto de sociedades que lo integran, supone la contabilización de un crédito y un débito recíproco entre la sociedad a la que corresponde la pérdida y las Sociedades que la compensan, que no tiene efectos respecto a la cuota tributaria consolidad del grupo; d) El pretendido ingreso extraordinario se habría producido como consecuencia de una operación entre dos sociedades del grupo fiscal, con lo que la regularización efectuada constituye una vulneración de lo dispuesto en el artículo 86 de la LIS. Finalmente señala que aun en el caso de que hubiera existido una cesión de bases imponibles negativas y deducciones, en cuya virtud nos encontraríamos ante una liberalidad que ha producido una cancelación de una obligación de contenido económico, el resultado se habría puesto de manifiesto entre dos compañías del mismo Grupo y, en consecuencia, debería ser objeto de la correspondiente eliminación.
4º) Provisión extraordinaria dotada en 1994 por Z y regularizada por la Inspección: En coherencia con la disconformidad manifestada en su momento por Z respecto a la referida provisión en el acta A02 nº ..., manifiesta su disconformidad con el ajuste negativo realizado por la Inspección en 1997.
5º) Eliminación de dividendos distribuidos por Z: Es procedente la eliminación realizada en la medida que conforme al artículo 86 de la LIS los dividendos repartidos entre sociedades pertenecientes a un grupo de consolidación fiscal deberán ser eliminados salvo que sean de aplicación las restricciones del artículo 28.4 y, en este caso, no son aplicables ya que las rentas distribuidas en forma de dividendos son rentas sometidas a previa tributación.
6º) Eliminación de la renta derivada de la aportación no dineraria del inmueble sito en ...: Considera que la renta integrable en la base imponible (que no en la cuenta de pérdidas y ganancias) que se genere en una transmisión de elementos del inmovilizado entre sociedades integrantes de un mismo grupo fiscal debe ser objeto de eliminación según lo dispuesto en el artículo 86.2 de la LIS. Cita diversas consultas de la DGT.
Con fecha 14 de marzo, 23 de noviembre y 23 de diciembre de 2005 presenta nuevos escritos aportando, en relación con las alegaciones tercera y sexta, resoluciones a consultas formuladas a la DGT.
PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantean las siguientes cuestiones: 1º) Nulidad del procedimiento inspector; 2º) Deducibilidad de los gastos facturados por T AIE; 3º) Procedencia o no de la eliminación realizada en concepto de dividendos internos; 4º) Procedencia o no de la eliminación realizada por operaciones internas; 5º) Si procede o no la Provisión Técnica complementaria y; 6º) Procedencia o no del ingreso extraordinario derivado del aprovechamiento por Z de bases imponibles negativas de Y en virtud de un acuerdo privado.
SEGUNDO: En primer lugar sostiene la reclamante la nulidad del procedimiento inspector. Alega que si se tienen en cuenta las dilaciones que la Inspección imputa al contribuyente, el acuerdo de ampliación de actuaciones se dictó antes del transcurso del plazo contemplado en el artículo 29.1 de la Ley 1/1998. Considera la reclamante que las actuaciones inspectoras se iniciaron el 11 de junio de 2001 y que la ampliación de actuaciones se notificó el 10 de mayo de 2002, siendo evidente que si al tiempo transcurrido hasta la fecha de la ampliación (335 días) se le minoran las dilaciones que la Inspección imputa al contribuyente hasta esa fecha (184 días), no había transcurrido el plazo mínimo de seis meses exigido en el artículo 29 de la Ley 1/98. La reclamante no cuestiona propiamente la posibilidad de adoptar dicho acuerdo sino que lo que cuestiona es su ineficacia a la fecha en que fue dictado.
El artículo 29.1 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes establece: "1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias: (...)".
Dichas circunstancias fueron posteriormente concretadas en el RD 136/2000, de 4 de febrero, el cual introdujo en el RGIT el artículo 31.ter, que estableció en su apartado 1º que el plazo general de duración de las actuaciones inspectoras podrá ser ampliado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: "a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional. A estos efectos, y sin perjuicio de su necesaria apreciación a la vista de las circunstancias del caso concreto objeto de comprobación, podrá considerarse que las actuaciones revisten especial complejidad cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos: (...)".
El propio precepto, en los apartados siguientes regula el procedimiento para la adopción del correspondiente acuerdo, el cual será motivado y se notificará al interesado, si bien no será susceptible de recurso. En el apartado 3 del mismo artículo se establece que "el acuerdo del Inspector-Jefe no podrá dictarse en tanto no hayan transcurrido al menos seis meses desde el inicio de las actuaciones, al objeto de que, durante dicho plazo pueda apreciarse la necesidad de ampliar su duración. A estos efectos, no se tomarán en consideración las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al interesado que concurran en la actuación".
Pues bien, nada aduce la interesada sobre la motivación del acuerdo de ampliación que debe considerarse suficientemente motivado, toda vez que se adoptó a la vista de la tributación del sujeto pasivo por el régimen especial de grupos consolidados, además del volumen de sus operaciones y dispersión geográfica, ajustándose así la Administración, a los preceptos indicados y, a su vez, al artículo 54 de la Ley 30/1992. Sin embargo, lo que cuestiona es la eficacia del acuerdo por haberse dictado antes de transcurridos seis meses desde el inicio de actuaciones.
Este Tribunal no comparte la pretensión de la reclamante, toda vez que las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante comunicación notificada el 11 de junio de 2001 y, en fecha 8 de mayo de 2002 , tras los trámites legales oportunos, el Jefe de la ONI adoptó un acuerdo de ampliación "por otros doce meses más de las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación...", que encuentra plena cobertura en el artículo 29 de la Ley 1/98, mediante el que se acuerda la ampliación del plazo de duración de las mencionadas actuaciones inspectoras a veinticuatro meses en relación con los conceptos impositivos y ejercicios objetos de aquéllas. Es evidente, que entre la fecha de inicio de las actuaciones inspectoras, el 11 de junio de 2001, y la fecha en que se dicta el acuerdo de ampliación, el 8 de mayo de 2002, han transcurrido más de seis meses, sin que, deban tenerse en consideración, a estos efectos las dilaciones imputables al contribuyente tal y como pretende la interesada, pues como señala el artículo 31 ter del RGI en su apartado 3 "....A estos efectos, no se tomarán en consideración las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al interesado que concurran en la actuación".
Expresión bien diferente a las utilizadas por el artículo 31 del mismo Reglamento que refiriéndose al plazo mínimo de actuaciones establece que "no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los periodos de interrupción injustificada...".
Así, a los efectos de determinar si se producen las circunstancias que justifican la ampliación del plazo de duración de las actuaciones tiene sentido la exigencia de que hayan transcurrido al menos 6 meses desde que se iniciaron las actuaciones de forma que la inspección actuante pueda haber valorado suficientemente la existencia de aquellos, lo que puede producirse con independencia de que además se hayan producido causas que paralicen el cómputo del plazo de actuaciones.
TERCERO: Una vez señalada la eficacia del acuerdo de ampliación de actuaciones, procede examinar el segundo motivo de nulidad alegado por la reclamante que fundamenta en que no deben imputarse dilaciones al sujeto pasivo siempre y cuando la inspección pueda seguir comprobando e investigando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En relación con dicha cuestión, consta en el expediente que se han producido dilaciones imputables al contribuyente, con causa en las solicitudes de aplazamiento realizadas por el propio contribuyente y en el retraso en la cumplimentación de los requerimientos de la Inspección. En ambos casos, constan documentadas en diligencias.
El artículo 31 del RGIT, en su redacción dada por el RD 136/2000, establece: "Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos se llevarán a cabo en un plazo máximo de 12 meses contados desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento. A efectos de este plazo, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los períodos de interrupción justificada en los términos que se especifican en el artículo 31 bis de este reglamento".
El artículo 31 bis del RGIT, en su redacción dada por el RD 136/2000, establece en sus apartados 2 y 4: "2. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales. (..). 4. La interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no impedirá la práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse".
Pues bien, tal y como señala el artículo 31 bis del RGIT en su apartado 4 la interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras por dilaciones imputables al contribuyente no impedirá la práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse, esto es, pueden imputarse dilaciones al sujeto pasivo y continuar las actuaciones inspectoras.
De manera que teniendo en cuenta las dilaciones imputables al contribuyente, que figuran detalladas en el expediente, y la ampliación de plazo efectuada, ha de concluirse señalando que las actuaciones inspectoras no sobrepasaron el tiempo máximo de duración previsto en el ordenamiento jurídico.
CUARTO: En cuanto a la siguiente cuestión planteada relativa a la procedencia o no de la regularización practicada en relación con las cantidades facturadas por T AIE a Y en concepto de prestación de servicios, hay que señalar que Y contabilizó (cuenta 6498 "servicios profesionales independientes") y dedujo en su declaración del Impuesto sobre Sociedades gastos por importe de 2.028.816.432 pesetas derivados de los servicios prestados por la entidad T AIE a la entidad Y. La Inspección considera que estos gastos (concretados en servicios de apoyo a la gestión) no son fiscalmente deducibles ya que no cumplen los requisitos exigidos en el artículo 16.5 de la Ley 43/1995. Por su parte la reclamante alega que el artículo 16.5 de la LIS no resulta aplicable a los servicios prestados por una Agrupación de Interés Económico residente en España a sus socios residentes en España.
Para una mejor comprensión de la cuestión de fondo que plantea esta reclamación procede exponer los hechos más relevantes:
1º) Y era titular en el ejercicio objeto de comprobación del 99,6% de la Agrupación de Interés Económico T AIE (en adelante Agrupación), correspondiendo el restante 0,4% a Z.
Los socios de la Agrupación, Y y Z, forman parte del Grupo Consolidado ...
2º) Según consta en diligencia de fecha 31 de mayo de 2002, la actividad de la Agrupación consiste en la prestación a sus socios de servicios "que se refieran a planificación, organización y ejecución de trabajos de carácter informático, elaboración de programas de trabajo, estudios de mercado y lanzamiento de productos de socios, así como la confección y análisis de estadísticas relacionadas con las actividades de éstos, la prestación de servicios periciales ..." (artículo 2 de los Estatutos).
Asimismo consta en la Memoria de los ejercicios 1996, 1997 y 1998 de la Agrupación que "la actividad de la Agrupación consiste en la prestación de servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas y su explotación y asesoramiento informático a sus socios, así como servicios de peritación de siniestros y de transacción con los accidentados, relativos al negocio de sus socios Y y Z".
La actividad desarrollada por sus socios es la seguros generales, seguros de vida y reaseguro.
3º) La Agrupación presta servicios a los socios por lo cual realiza la correspondiente facturación, aspecto regulado en el artículo 23 de los Estatutos (diligencia de 31 de mayo de 2002): "La Agrupación facturará a sus socios, conforme a las normas contables vigentes y a los principios contables generalmente aceptados y siempre conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 24.1 de la Ley 12/1991". La Ley 12/1991, de 29 de abril, de AIE, establece el régimen aplicable a este tipo de entidad, el artículo 2.2 dispone: "La Agrupación de Interés Económico no tiene ánimo de lucro para sí misma"; y el artículo 24.1 que se refería a la Tributación por el Impuesto sobre Sociedades ha sido derogado por la Ley 43/95.
4º) T AIE, ha tributado en el IS según el régimen especial previsto en el artículo 66 de la Ley 43/1995, régimen semejante al de transparencia fiscal con las particularidades fundamentales de que las Agrupaciones de Interés económico no tributan por el IS e imputan a sus socios tanto las bases imponibles positivas como las negativas.
Y incluye los datos correspondiente a las entidades transparentes participadas en el periodo impositivo en que tiene lugar la aprobación de sus cuentas, es decir, al año siguiente en que se han generado. Figura en el informe detalle de los elementos tributarios imputados así como sus importes.
5º) Consta en la Memoria de los ejercicios 1996, 1997 y 1998 de T AIE que "la repercusión de los costes a los socios se realiza re
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