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Timestamp: 2019-09-17 16:53:57+00:00

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Tribunal Aduanero Nacional Expediente 2009-014 Sentencia 2009-100 Voto 2009-130
Expediente 2009-014
Sentencia 2009-100
Voto 2009-130
SENTENCIA 2009-100. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de junio del año dos mil nueve.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor MUO cédula 01-0000-0000 en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad PCR, S. A. cédula de persona jurídica número 3-101-000000, contra lo resuelto por el Director General de Aduanas mediante resolución de su despacho número RES-DN-1359-2007 del 09/07/2007.
I.- Que mediante resolución número RES-DN-750-2007 del 25 de abril del año 2007, la Dirección General de Aduanas inicia procedimiento ordinario contra el importador PCR S. A. , cédula jurídica 3-00000000 y contra la Agencia de Aduanas AAA S. A., código 000, ésta última como responsable solidario y en su condición de representante legal del importador, por la supuesta errónea determinación de la obligación tributaria aduanera, y consecuente diferencia de tributos dejados de percibir por el Fisco en la nacionalización de la mercancía amparada a la declaración aduanera de importación definitiva Nº 000000 de fecha 18 de julio de 2003.
Señala la Dirección General de Aduanas que el presente procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada ante el Departamento de Denuncias y Operativos Especiales, en la que se solicitó investigar si el certificado de Origen aportado por la PCR S. A., en la declaración aduanera de importación Nº 000000 del 18 de julio de 2003, reúne todas las condiciones señaladas en el Tratado de Libre Comercio con México. Que en razón de tal denuncia da inicio a la investigación preliminar, concluyendo el Departamento de Verificación Técnica en su oficio DNP-DV-006-2004 del 15 de enero de 2004, que el certificado de Origen procedente de México, amparado a la declaración aduanera de importación definitiva de referencia, no corresponde con el acordado por las partes, y establecido en el Anexo A del Reglamento para la aplicación de los procedimientos de verificación de Origen del Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, Decreto Ejecutivo Nº 23931-H del 6 de enero de 1995, toda vez que presenta como inconsistencia el hecho de que: “el encabezado del certificado de origen autorizado tiene la leyenda “Instrucciones al Reverso”, y “este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmienda”, el adjunto a la declaración aduanera de cita omite ambas, leyendas… Los campos 2, 8, 9, y 10 del certificado anexo a la declaración aduanera no concuerda, en estructura y descripción, con lo establecido en el certificado de origen autorizado y su instructivo para el llenado del certificado de origen”. Por lo anterior, la Dirección General de Aduanas concluye que de presentarse las inconsistencias señaladas en el certificado de origen, este no será válido, resultando por ende improcedente el trato arancelario preferencial aplicado, debiéndose proceder al cobro de la preferencia concedida (Artículo 6-03 del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos). Por lo anterior se considera que la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera lo es por suma de ¢3.307.289,54 (Tres millones trescientos siete mil doscientos ochenta y nueve colones con 54 céntimos, y no como se declaró por el monto de ¢1,788,735.06. Que de confirmarse los hechos indicados, existe una posible diferencia en el pago de los tributos aduaneros del importador PCR S. A., cédula jurídica número 3-000000000, que asciende a la suma de ¢1.518.554,48 (Un millón quinientos dieciocho mil quinientos cincuenta y cuatro colones con 48/100) a favor del Fisco (folios 243-261).
II.- En escrito de fecha 29 de mayo de 2007, recibido por la Dirección General de Aduanas el día 30 de mayo de 2007, visible a folios 267 a 270 del expediente de marras, los señores MUO, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de PCR S. A., y ; BML, actuando en su condición de Apoderado General sin límite de suma de AAA S. A., con cédula jurídica Nº 3-101-000000 interponen formal reclamo administrativo en contra del acto de apertura e inicio de procedimiento ordinario dictado mediante resolución RES-DN-750-2007 de cita supra.
Señalan los interesados que conforme a derecho, tiempo y forma se presentan los siguientes alegatos contra dicho procedimiento.
En primer término reiteran los argumentos presentados en escrito de fecha de recibido por la Dirección General de Aduanas del 23 de noviembre de 2005 y visible a folios 208 a 210. En cuanto a lo referente a las pruebas de descargo presentadas en el escrito que nos ocupa, reconocen los recurrentes que se presentó el certificado de origen con errores en el formato; esto debido a que el exportador al momento de confeccionar dicho certificado utilizó cuatro casillas (2, 8, 9 y 10), pero con información distinta al formato establecido en el anexo del capítulo VI del acuerdo mencionado al principio. A pesar de ello, consideran que no se cometió con esto una defraudación ni una pretensión que no pueda ser acreditable, toda vez que la ausencia de tal formalismo no desvirtúa el hecho de que el origen de las mercancías fueron declaradas en el certificado, ya que el exportador no falta a la verdad al indicar que las mercancías son originarias de México, hecho que se demuestra al adjuntar el certificado de origen con el formato oficial, en alegatos presentados en fecha de 23 de julio de 2005.
Al respecto también continúan sus alegatos manifestando lo siguiente: ”6. El objetivo del porqué debe existir un certificado de origen es porque, las partes pretenden tutelar el hecho de que las mercancías que se exportan se ajusten a las disposiciones negociadas en el capítulo V, sea que cumplan con lo dispuesto en el artículo 5- 03 del acuerdo, que establece los bienes que se consideran originarios, por lo que la pretensión de la administración por dejar sin efecto el beneficio arancelario del que fueron objeto las mercancías importadas en la declaración aduanera de importación definitiva Nº 000000, no parece coherente con la realidad que se ha demostrado, porque reiteramos, las mercancías son originarias de México, y que el formato haya presentado errores de forma y no de fondo no puede castigar al libre comercio”.
Señala que la administración incurre en un error al denegar el trato arancelario preferencial para las mercancías, consistente en condicionar el término de validez al de identidad con el formato, porque hay conformidad del documento con la normativa, el Decreto Nº 23931, el cual especifica que debe cumplirse con los instructivos del llenado, en este caso hemos cumplido con la información, el documento es sustancialmente válido, porque comprueba el origen de las mercancías, a pesar de que el formato no se haya respetado en toda su globalidad.
Concluyen sus alegatos los recurrentes argumentando que el auxiliar de la función pública, al revisar los documentos que sirvieron de soporte a la declaración aduanera, tal como lo establece el artículo 93 de la Ley General de la Administración Pública; debió verificar la exactitud y veracidad de lo declarado por PCR S. A. y así haber reconocido el error y notificarlo de inmediato para su corrección, estableciendo así un paralelismo entre la actuación de un funcionario aduanero de pasar por alto tal detalle, y en la que incurre tanto el agente aduanero y el importador, ya que al ser conocedores de la materia, al tratar con el exportador han de saber el formato utilizado normalmente ha de ajustarse al formato requerido por el acuerdo, por lo que lo acontecido aquí es atribuible únicamente a un error material, produciéndose por ende discrepancias de forma y no de fondo, sin que esto haya de ser motivo para provocar una vulneración tributaria aduanera. Por todo lo anterior, concluyen los interesados en el apartado de Petitoria de su escrito de descargos, solicitando se considere como error del exportador la utilización de un formato con cuatro casillas distintas al formato oficial, sin que esto produzca la cancelación del beneficio arancelario aplicado a las mercancías importadas en la declaración aduanera de importación definitiva de referencia (folios 267-270).
III.- Que mediante resolución número RES-DN-1359-2007 del 09/07/2007 el Director General de Aduanas dictó acto final del procedimiento ordinario iniciado con resolución RES-DN-750-2007 del 25/04/2007 tendiente a verificar la determinación de la obligación tributaria aduanera de la declaración aduanera a la importación 000000 del día 18 de julio de 2003 de la Aduana Central, específicamente si el Certificado de origen aportado reúne los requisitos señalados en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto Ejecutivo N° 23931-H del 06/01/1995 para otorgar la preferencia arancelaria y consecuentemente precisar la existencia de posibles diferencias en el pago de los tributos al Fisco, disponiendo, en lo de interés, de la siguiente manera:
“1. Negar el trato arancelario preferencial a las mercancías importadas por la empresa PCR S. A. amparadas a la declaración aduanera 000000 de fecha 18 de julio de 2007 de la Aduana Central.
3. Dada la no aplicación del trato arancelario preferencial y la determinación de las alícuotas correspondientes, existe una diferencia en el pago de los tributos al Fisco …que asciende a la suma de ¢1.518.554,48...” (folios 279-304).
IV.- Que MUO cédula 000000000 en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad PCR, S. A. cédula de persona jurídica número 3-101-000000, contra lo resuelto por el Director General de Aduanas mediante resolución de su despacho número RES-DN-1359-2007 del 09/07/2007 y, a través de escrito fechado el 23 de julio de 2007 y presentado el día 24 inmediato siguiente interpone los recursos ordinarios, reitera los argumentos de cita en el segundo de los resultándoos y solicita, se considere como error del exportador la utilización de un formato con cuatro casillas distintas al formato oficial, sin que esto produzca la cancelación del beneficio arancelario aplicado a las mercancías importadas con la declaración 000000 del 18 de julio de 2003 (folios 309-312).
V.- Que mediante resolución RES-DN-010-2009 del 12/01/2009 la Dirección General de Aduanas, conoce del recurso de reconsideración y, en lo de interés, resuelve declarar sin lugar el recurso y emplazar al interesado para ante el superior (folios 331-337).
VI.- Con escrito de presentación el día 03/02/2009 los señores RGS y AVA en su calidad de apoderado especial de la sociedad PCR, S. A., el primero y de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad AAA S. A. el segundo se apersonan a esta instancia y solicitan se anule y revoque en todos sus extremos la resolución RES-DN-010-2009 , así como todos lo actos que la preceden, por ser contrarios a derecho.
Específicamente señalan los interesados que interponen RECURSO DE APELACIÓN ante el TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL, contra lo resuelto por la Dirección General de Aduanas en resolución RES-DN-010-.2009 del 12 de enero de 2009, en la cual dicha instancia resuelve el Recurso de Reconsideración. Señalan que, tanto el acto final como la resolución que conoce y resuelve el Recurso de Reconsideración que ahora se impugna, contienen serios vicios que conllevan a la nulidad del acto administrativo, por apreciar en ellos evidentes quebrantos al principio de constitucionalidad del Debido Proceso. Argumentan que el acto administrativo debe estar conformado por los elementos establecidos en el ordenamiento jurídico, para tenerse como válido. Que tales motivos consisten en el motivo y el fin, los cuales conforman el contenido, el que deberá ser lícito, posible, claro y preciso, en ausencia de lo cual se viciará el acto dictado al efecto. Basan lo anterior en las disposiciones contenidas en la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, artículos 130.2 131,132, y 132.1 .de la citada ley.
También, establecen que deben señalarse los fundamentos de hecho que motivan la adopción del acto administrativo, en ausencia de lo cual se deja al administrado en estado de indefensión ante la Administración, citando y transcribiendo en lo que es de su interés los artículos 136.1 y 223 de la Ley antes citada. Con base en este sustento legal desarrollan los siguientes argumentos con el objeto de poner en evidencia el vicio de nulidad absoluta en que se incurrió en dicho proceso.
Indican que la Dirección General de Aduanas notifica en el acto final RES-DN-1359-2007 y en el Recurso de Reconsideración RES-DN-010-2009; lo siguiente : “… con respecto a la información contenida en los certificados de origen y en las facturas comerciales, considera esta Dirección que no lleva razón los interesados en manifestar que de conformidad con la factura comercial la mercancía descrita es originaria de México, lo anterior por cuanto en las facturas comerciales números 214664 de fecha 04-07-03 y 214738 de fecha 04-07-03 se indica claramente al pie de las mismas la siguiente leyenda : “…estos productos tecnológicos ó programas fueron exportados de los Estados Unidos Americanos de acuerdo con las normas de la administración de exportaciones. Se prohíbe cambiar el destino de los mismos en violación de leyes Estadounidenses. Declaramos que los datos aquí contenidos son exactos y verdaderos “. Con base en lo anterior, no es procedente determinar que las mercancías consignadas en las facturas de cita y que fueron ingresadas al país sean originarias de México, respecto a la información contenida en los certificados de origen y en las facturas”.(Página 4 de RES-DN-010-2009).”
Con vista en lo anterior, afirman los recurrentes que la administración procede en esta etapa procesal a introducir un argumento nuevo que nunca había sido expuesto como parte de este procedimiento administrativo. Señalan que, la administración ilegalmente amplía el alcance de uno de los elementos que deben constituir el acto administrativo válido- el motivo -, con lo que modifica arbitrariamente el acto intimatorio, dejando a los recurrentes en un claro y evidente estado de indefensión ya que no se tuvo la oportunidad procesal para ejercer la legítima defensa. Citan y transcriben lo que interesa de la página cuatro de la resolución citada lo siguiente:” no es de recibo considerar que el error en el formulario del certificado de Origen es un error de forma y no de fondo…ni se determina de forma exacta que las mercancías sean originarias de México, por ende no deben gozar del trato arancelario preferencial”. Es así como, el comportamiento de rechazar el certificado de Origen por el Fondo, cuando inicialmente fue rechazado únicamente por la forma, la administración está trastocando y modificando el motivo del acto, considerado como el antecedente de hecho y de derecho que hace posible o necesaria la emisión del acto administrativo. En este sentido la norma aplicable (antecedente de derecho) debe adecuarse al supuesto fáctico ( antecedente de hecho ). Así, el hecho debe coincidir con el supuesto que establece la norma para que exista un motivo jurídico para proceder con el acto. Entonces al ser el acto disconforme con el ordenamiento jurídico es por lo tanto nulo (citan al respecto el artículo 158 L.G.A.P), al encontrarse gravemente viciado en dos de sus elementos: el motivo, que ha sido trastocado de manera arbitraria e infundada; y, como consecuencia de ello, el procedimiento, en cuanto a la variación del cuadro fáctico del acto constituye un evidente quebranto del derecho de defensa.
Por lo demás, reiteran en todos sus extremos los alegatos presentados en escrito de fecha 23 de julio de 2007, en el que se interpone Recurso de Reconsideración, alegatos que consideran los interesados aplicables también ahora respecto a la postura de la Dirección General de Aduanas en RES-DN-010-2009. Concluyen los recurrentes su escrito de descargos, solicitando a este tribunal, en su apartado de petitoria, se anule y revoque en todos sus extremos la resolución RES-DN-010-2009, así como todos los actos que le proceden, por ser contrarios a Derecho (folios 341- 345).
VII.- Que en la tramitación del recurso se han respetado las formalidades legales.
Redacta el licenciado Reyes Vargas; y,
I.- Objeto de la Litis. Determinar si es procedente o no la denegatoria del trato arancelario preferencial realizada por la Dirección General de Aduanas, a las mercancías importadas por la empresa PCR S. A. amparadas a la declaración aduanera 000000 de fecha 18 de julio de 2003 de la Aduana Central.
II.- Admisibilidad del recurso. El recurso fue interpuesto inicialmente vía fax el día 23 de julio de 2007 (folio 326-330), es decir, dentro del tiempo establecido por la legislación aduanera o sea en el plazo de 3 días siguientes a la notificación de la resolución, hecho verificado el día 18 de julio de 2007, su original fue presentado el día inmediato siguiente a saber 24 de julio, dentro del plazo establecido por el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consta lo anterior en folios 309-312 de los autos, razón por la cual se tiene por presentado en tiempo el recurso- elada.ia aduanera determinada en la resolucioas en el sentido de negar su solicitud que puso; tiene hueco, palanca cambios .
En cuanto a la capacidad procesal de los recurrentes, se encuentra debidamente acreditada la calidad de los mismos, según certificaciones notariales de folios 271, 272, por lo que procede este Tribunal a tener por bien admitido el recurso de apelación.
III.- Sobre la nulidad absoluta de lo actuado. En primer término este Tribunal como contralor de legalidad se avoca a revisar la actuación administrativa, a efecto de determinar si en la especie la Administración ha emitido sus actos con validez y eficacia en apego a la normativa vigente y al principio de legalidad de conformidad con los hechos del expediente.
Señala el recurrente un vicio de nulidad que estima como de previo y especial pronunciamiento a saber que la administración inició el procedimiento para verificar la determinación de la obligación tributaria aduanera de la declaración aduanera a la importación 00000 del día 18 de julio de 2003 de la Aduana Central, específicamente en lo concerniente a si el Certificado de Origen aportado reúne los requisitos señalados en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto Ejecutivo N° 23931-H el 06/01/19. Indica que al considerar la administración en el acto final aspectos de fondo, como que las mercancías no son originarias de México en virtud de la leyenda que al pie de las facturas existe, está yendo más allá de los hechos por los cuales se inició el procedimiento y respecto de los cuales no se le otorgó defensa. De forma tal que, sobre estos nuevos hechos se le niega el debido proceso.
Considera el Tribunal que lleva razón el recurrente en cuanto al vicio señalado. En efecto al trabar la litis con el dictado del acto inicial del procedimiento la administración la identificó y circunscribió como tendiente a verificar la determinación de la obligación tributaria aduanera de la declaración aduanera a la importación 000000 del día 18 de julio de 2003 de la Aduana Central, específicamente si el Certificado de origen aportado reúne los requisitos señalados en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto Ejecutivo N° 23931-H el 06/01/1995 para otorgar la preferencia arancelaria y consecuentemente, precisar la existencia de posibles diferencias en el pago de los tributos al Fisco. Tal cual lo indica el recurrente se limitó la misma a un aspecto de forma del certificado que incide en su validez. En efecto en el acto inicial indicó la Dirección como fundamentos de hecho los siguientes: “… el certificado de Origen procedente de México, amparado a la declaración aduanera de importación definitiva de referencia, no corresponde con el acordado por las partes, y establecido en el Anexo A del Reglamento para la aplicación de los procedimientos de verificación de Origen del Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, Decreto Ejecutivo Nº 23931-H del 6 de enero de 1995, toda vez que presenta como inconsistencia el hecho de que: “el encabezado del certificado de origen autorizado tiene la leyenda “Instrucciones al Reverso”, y “este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmienda”, el adjunto a la declaración aduanera de cita omite ambas, leyendas… Los campos 2, 8, 9, y 10 del certificado anexo a la declaración aduanera no concuerda, en estructura y descripción, con lo establecido en el certificado de origen autorizado y su instructivo para el llenado del certificado de origen”. Por lo anterior, la Dirección General de Aduanas concluye que de presentarse las inconsistencias señaladas en el certificado de origen, este no será válido. De manera que, al argumentar la Dirección General de Aduanas, en el tercero de los considerandos, y a partir de la página 3 de la resolución mediante la cual se dicta el acto final, sobre el origen mismo de la mercancía, con independencia ya de las cuestiones meramente formales, es decir de la validez del certificado, lo hace sobre hechos nuevos sobre los cuales al recurrente no se le ha dado la oportunidad de esgrimir alegatos y producir prueba en franca violación del principio contradictorio que debe regir el debido proceso. En efecto, considera la administración que “Con respecto a la información contenida en los certificados de origen y en las facturas comerciales, considera esta Dirección que no llevan razón los interesados en manifestar que de conformidad con la factura comercial la mercancía descrita es originaria de Mexico, lo anterior por cuanto en las facturas comerciales números… se indica claramente al pie de las mismas la siguiente leyenda… Con base en lo anterior, no es procedente determinar que las mercancías consignadas en las facturas de cita… sean originarias de México…”.
Tal cual lo señalan expresamente los recurrentes, en el acto inicial se imputa un defecto formal del certificado de origen, en tanto al dictarse el acto final se considera no solo ese aspecto formal sino y además se motiva respecto de aspectos de fondo, a saber sobre el origen mismo de la mercancía, consideraciones que se estiman fundamentales por la administración para denegar el trato arancelario preferencial. Por otro lado observa esta instancia la falta de conocimiento de las alegaciones del interesado especialmente las referidas a la facultad de subsanar el error mediante la presentación de un certificado correcto en cuanto a su forma conforme se dispone en el Tratado. Por lo anterior, resulta nula la resolución venida en alzada y así debe declararse.
Recordemos que todo acto administrativo como declaración de voluntad unilateral realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa, refleja una voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento jurídico.1 Sin embargo, su existencia y validez depende de que en él concurran algunos elementos esenciales dispuestos por la ley, que se clasifican en formales y materiales. Tenemos así que los elementos materiales son el motivo, el contenido y el fin; y los formales refieren al sujeto y al procedimiento (forma) del acto administrativo.2
Aplicando lo expuesto al caso concreto, estima el Colegiado que en el presente caso el procedimiento se abrió por incumplimientos formales, es que el acto final, al considerar elementos nuevos, que no fueron imputados desde la apertura del mismo se ha violado una formalidad sustancial del procedimiento ordinario, y su omisión como ocurre en la especie, debe ser sancionada con la nulidad absoluta de lo actuado, dada la indefensión que su no realización genera al recurrente, según lo dispuesto por los artículos 223 y 351 de la LGAP que en su orden disponen:
“Artículo 223.-
2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. “(el resaltado es nuestro)
“Artículo 351.-
3. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se ordenará que se retrotraiga el expediente al momento en que el vicio fue cometido, salvo posibilidad de saneamiento o ratificación.” (el resaltado es nuestro)
En consecuencia, no puede este Tribunal, según sus competencias y limitaciones como órgano contralor de legalidad, más que estimar que existe nulidad en las presentes actuaciones y anular todo lo actuado a partir del acto final inclusive, conforme con los artículos 128 y siguientes, y artículos 165 a 172, 223 de la LGAP.
Por innecesario no se entran a considerar los demás argumentos de la parte ni el fondo del asunto en virtud de lo resuelto.
Con fundamento en el artículo 104 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, artículos 204 a 210 de la Ley General de Aduanas y demás normas y consideraciones de hecho y de derecho citados en sentencia, y por unanimidad se declara la nulidad de la resolución venida en alzada y se ordena la devolución de los autos a la oficina de origen.
Notifíquese ……
Alejandra Céspedes Zamora Elizabeth Barrantes Coto
Floribel Chávez Arce Franklin Velásquez Díaz
Shirley Contreras Briceño Dick Rafael Reyes Vargas
1 Ver artículo 130 LGAP
2 Véanse al respecto los dictámenes N° C-011-2005 del 14-1-2005, C-123-2005 del 4-4-2005, de la Procuraduría General de la República (en adelante la Procuraduría),

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 93
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 158
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 104
 resolución 
 artículo 130