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Timestamp: 2019-06-18 06:52:11+00:00

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Registro Oficial. 17 de FEBRERO del 2003
Lunes, 17 de febrero del 2003 - R. O. No. 23
003 Confórmase el Consejo Consultivo\n de Brucelosis y Tuberculosis
008\n Constitúyese\n un fideicomiso mercantil de administración con la maquinaria\n y equipos donados por el gobierno italiano para el Proyecto PLANHOFA
031 Delégase al abogado\n Alberto Emilio Pincay Morla, Subsecretario de Coordinación\n Política, para que a nombre del señor Ministro,\n integre y presida el Consejo Nacional de Rehabilitación\n Social
051 Delégase al señor\n Subsecretario General de Salud, para que a nombre del señor\n Ministro, presida la Comisión Nacional de Escalafón\n Médico
064\n Ratificase\n el ámbito, alcance y contenido del Acuerdo Ministerial\n Nº 01726 del 13 de octubre de 1999, referente a la desconcentración\n de la administración y gestión de personal.5
COMITEDE\n CONSULTARIA:
001-2003 Expídese el Instructivo de gestión\n para el cobro del aporte obligatorio del cinco por mil previsto\n en el artículo 36 de la Ley de Consultoría.
CONSEJO\n DEL INSTITUTO NACIONAL GALAPAGOS:
12-CI-2002\n Apruébase\n el Plan Regional para la Con-servación y Desarrollo Sustentable\n de la Provincia de Galápagos.
13-CI-2002\n Acéptase\n el pedido del señor Alcalde del Gobierno Municipal de\n Santa Cruz y autorizase al Gerente del INGALA, para que transfiera\n los recursos
14-CI-2002 Apruébase el pedido\n del señor Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón\n Isabela, con relación a asignación presupuestaria.
CONSEJO\n NACIONAL DE REHABILITACION:
-\n Expídese el Reglamento de prestación de servicios.
- Expídese\n el Reglamento para la contratación de servicios especializado\n para la vigilancia y seguridad de los interno de los centros\n de rehabilitación social y detención provisional\n del país
DIRECCION\n NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL:
014\n Suspéndense\n los efectos de la delegación conferida a favor de los\n directores de los centros de Rehabilitación Social y Detención\n Provisional del país
015 Suprímense cuarenta puestos de\n la Estructura Ocupacional.
016 Suprímense, en una segunda fase,\n veinte puestos de la Estructura Ocupacional.
018\n Rehabilitase\n al señor Angel Emiterio Chico Ocampo, para ocupar puesto\n público
019 Ubicase al personal de acuerdo a la lista\n de asignaciones vigente
020 Créase el Area de Aseguramiento\n de la Calidad
331 Doctor Humberto Aguilar Aguilar\n en contra de la Ministra Fiscal General.
332 Gloria Teresa de Jesús Narváez\n Trávez en contra del IESS.
333 Luis Eduardo Cando Benítez en contra\n del IESS
334 Marcia Duque Mancheno en contra del IESS
336\n Doctor Ignacio\n Zambrano Benítez en contra del Presidente del Congreso\n y otro
338\n Centro Ecuatoriano\n Norteamericano CEN en contra del IESS
339\n Jorge Ernesto\n Hernández Villacís en contra del Instituto Nacional\n de Estadística y Censos INEC.
342\n José\n Manuel Morales Llumiquinga en contra del IESS
343\n Maria Augusta\n Martínez Rueda en contra del IESS
344\n Jorge Estuardo\n Cueva Cordero en contra del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.
345 Francisco Tibau Ponce en contra\n del IESS.
346\n Rita Iglesias\n Salgado en contra de IESS
347 Iván Ugalde Jerves en\n contra del Ministro de Energía y Minas.
348\n César\n Augusto Arias en contra del IESS.
349 Francisco Troya en contra del\n IESS
358 Gloria Juárez Lucero\n en contra del Consejo Provincial del Azuay.
359\n Abogado Abdón\n Calderón Franco en contra de la Empresa Cantonal do Agua\n Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG).
361Colombia del Pilar Erazo López\n en contra del Secretario General de la Presidencia de la República\n y otro
- Cantón Yantzaza: Para la aplicación y\n cobro de las contribuciones especiales de mejoras
- Cantón Nangaritza: Que reforma a la Ordenanza que\n reglamenta el suministro, uso, cobro de tasas por servicios y\n cobro de tarifas por consumo en metros cúbicos de agua\n potable de la ciudad de Guayzimi
- Cantón Baba: Que reforma a la Ordenanza\n que regula la integración y funcionamiento de los comités\n de: Contrataciones por Licitación y Concurso Público\n de Ofertas, de Adquisiciones y de Contratos\n \n
No.\n 003
Que, las enfermedades zoonósicas constituyen un problema\n en salud pública y en salud animal y que limitan el valor\n agregado de los productos de origen pecuario;
Que, diferentes asociaciones de ganaderos, productores independientes,\n sectores industriales, académicos y de investigación\n han venido manteniendo reuniones, seminarios, talleres y se han\n constituido en sendas comisiones de trabajo, relacionadas con\n la brucelosis y tuberculosis;
Que, es de interés de los grupos profesionales, técnico-científicos,\n productores, industriales y consumidores, implementar un proyecto\n de vigilancia y control de estas enfermedades a nivel nacional;
Que, durante el transcurso de los silos 2001 y 2002, el Ministerio\n de Agricultura y Ganadería a través del Servicio\n Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, ha coordinado diversas\n reuniones técnicas científicas con las instituciones\n y organizaciones antes indicadas, con el apoyo de organismos\n de cooperación técnica internacional; y,
En uso de las atribuciones legales que la confieren los artículos\n 176 y 179 numeral 6 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador,
Art. 1.- Conformar el Concejo Consultivo de Brucelosis y Tuberculosis,\n con el propósito de establecer políticas para la\n vigilancia y control de estas enfermedades.
Art. 2.- El Consejo Consultivo estará conformado por:
a)	El Ministro de Agricultura y Ganadería o su representante\n quien lo presidirá;
b)	El Director Ejecutivo del SESA;
c)	El Director del Centro Internacional de Zoonosis. CIZ;
d)	El representante de la Asociación de Ganaderos de\n la Sierra y el Oriente, AGSO
e)	El representante de la Asociación de Ganaderos del\n Litoral y Galápagos, AGLG;
f)	El representante de la Asociación Holstein Friesian\n del Ecuador;
g)	El representante de la Asociación de Ganaderos de\n Santo Domingo de los Colorados;
h)	El Presidente de la Cooperativa Ganadera de Chone;
i)	El Presidente de la Federación de Veterinarios del\n Ecuador o su representante;
j)	El Presidente de la Asociación de Razas Lecheras\n del Ecuador;
k)	El delegado de la Asociación de Productores Lácteos\n del Ecuador, AIPLE,
l)	El delegado de las asociaciones no pertenecientes a AIPLE;
m)	El representante del Instituto Interamericano de Cooperación\n para la Agricultura, IICA en el Ecuador;
n)	El representante de la Organización Mundial de la\n Salud, Organización Panamericana de la Salud (OMS, OPS)\n o su delegado; y,
o)	El Director de la Comisión Nacional de Erradicación\n de la Fiebre Aftosa CONEFA.
Art. 3.- Si este Consejo Consultivo requiere de la participación\n de organismos públicos y privados, se solicitará\n a éstos su integración o participación en\n el mismo.
Art. 4.- El Consejo Consultivo de la Brucelosis y Tuberculosis,\n estará facultado para conformar el Directorio, encargado\n de poner en funcionamiento las acciones del Proyecto Nacional\n de Brucelosis y Tuberculosis.
Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia, desde\n la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 10 de enero de 2003.
f.) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.\n
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- Es fiel copia del\n original.- Lo certifico.- f.) Director
\n Administrativo Financiero.- M.A.G.- Fecha: 13 de enero de 2003.
\n MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Que es deber del Gobierno Nacional fomentar la fruticultura\n y la horticultura en la zona central del país;
Que los gobiernos de Ecuador e Italia, mediante convenios\n del 13 de agosto de 1986, acordaron llevar adelante el Proyecto\n Industrial PLANHOFA en la ciudad de Ambato;
Que parte fundamental de dicho proyecto es que la maquinaria\n y equipos sean donados por el Gobierno Italiano al Gobierno Ecuatoriano\n a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería;\n
Que la intención del donante es que esa planta industrial\n sirva a los pequeños fruticultores y horticultores, en\n la zona central del país;
Que el 9 de julio de 2002 se suscribió el acta de entrega\n y recepción de maquinaria y equipos, así como el\n cierre del proyecto "Programa para la comercialización\n de algunos productos alimenticios perecederos e intervención\n en las áreas prioritarias de la provincias de Tungurahua,\n Bolívar y Pichincha"; y,
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo\n 176 y el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución\n de la República,
Art. 1.- Constituir un fideicomiso mercantil de administración\n con la maquinaria y equipos donados por el gobierno italiano\n para el Proyecto PLANHOFA.
Art. 2.- Disponer que dicho fideicomiso mercantil sea administrado\n por la Corporación Financiera Nacional institución\n pública facultada para actuar como Fiduciario Mercantil.
Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- Es fiel copia del\n original.- Lo certifico.- f:) Director Administrativo Financiero.-\n M.A.G.- Fecha: 13 de enero de 2003.
\n MINISTRO DE GOBIERNO, POLICIA, MUNICIPALIDADES Y CULTOS
Que, es indispensable dar mayor agilidad al despacho de las\n labores inherentes a esta Cartera de Estado;
Que, de conformidad con el artículo 4 del Código\n de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,\n el Ministro de Gobierno o su delegado, integra y preside el Consejo\n Nacional de Rehabilitación Social; y,
En uso de las facultades que le confieren el numeral 6 del\n Art. 179 de la Constitución Política del Estado\n y el Art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Delegar al abogado Alberto Emilio Pincay Morla, Subsecretario\n de Coordinación Política, para que a mi nombre\n y representación integre y presida el Consejo Nacional\n de Rehabilitación Social.
Art. 2.- El Ab. Alberto Emilio Pincay Morla, Subsecretario\n de Coordinación Política, responderá por\n los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación.
Art. 3.- Se deja sin efecto los acuerdos ministeriales que\n se opongan al presente instrumento.
Art. 4.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de\n Quito, a 31 de enero de 2003.
f.) Mario Canessa Oneto, Ministro de Gobierno, Policía,\n Municipalidades y Cultos.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA.- Certifico que el presente\n documento es fiel copia del original que reposa en el archivo\n de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito,\n 3 de febrero de 2003.- f.) Ilegible.-Servicios Instituciones.\n
Que, mediante Ley No. 166, publicada en el Registro Oficial\n No. 984 de 22 de julio de 1992, se expide la Ley de Escalafón\n para Médicos;
Que, mediante Ley No. 54, publicada en el Registro Oficial\n No. 247 de 30 de enero de 1998 se expide, la Ley Reformatoria\n a la Ley de Escalafón para Médicos;
Que, en su artículo 15 de la Ley No. 166 se establece\n la conformación de la Comisión Nacional de Escalafón,\n y en su literal a) determina que quien la presidirá será\n el señor Ministro de Salud Pública o su delegado;\n y,
Art. 1.- Delegar al señor Subsecretario General de\n Salud para que en mi nombre y representación presida la\n Comisión Nacional de Escalafón Médico.
Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo encárguese\n la Subsecretaría General de Salud del Ministerio de Salud\n Pública, el mismo que rige a partir de esta fecha sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, 24 de enero de 2003.
f.) Dr. Francisco Andino Rodríguez, Ministro de Salud\n Pública.
Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.\n
Lo certifico, en Quito, a 3 de febrero de 2003.
f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza Orquera, Jefa de Documentación\n y Archivo, Ministerio de Salud Pública.
Que, la Constitución Política de la República,\n a través del Art. 225, determina que el Estado debe impulsar\n la descentralización y la desconcentración para\n garantizar el desarrollo armónico del país, la\n distribución justa de los ingresos públicos y de\n la riqueza y el fortalecimiento de la participación ciudadana;
Que, los artículos 3, segundo inciso, y 26 de la Ley\n Especial de Descentralización del Estado y de Participación\n Social, prevén la desconcentración de funciones\n como una obligación de cada entidad y organismo del sector\n público;
Que, con Acuerdo Ministerial No. 00126 de fecha 27 de agosto\n de 1998 se ha iniciado en el Ministerio de Salud Pública\n el proceso de la desconcentración de la gestión\n y administración de los recursos humanos de salud en el\n país.
Que, con Acuerdo Ministerial No. 01726 de fecha 13 de octubre\n de 1999, se ha unificado en todo el país la base legal\n de la desconcentración de la gestión y administración\n de los recursos humanos de las veinte y dos direcciones provinciales\n de salud e institutos especializados, regulando en igualdad de\n condiciones tanto las competencias cuanto las directrices;
Que, es necesario impulsar y fortalecer la desconcentración\n en los diferentes niveles de gestión del Ministerio de\n Salud Pública, como una herramienta que garantiza una\n eficiente gestión y administración de los recursos\n humanos;
Que, el Art. 18 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, estipula que los\n ministros de Estado son competentes para el despacho de todos\n los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización\n alguna del Presidente de la República; y,
En ejercicio de las atribuciones concedidas por los Arts.\n 176 y 179 de la Constitución Política de la República\n y en el 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Ratificar el ámbito, alcance y contenido del\n Acuerdo Ministerial No. 01726 del 13 de octubre de 1999 referente\n a la desconcentración de la administración y gestión\n de personal de esta Cartera de Estado.
Art. 2.- Para la designación de las autoridades nominadoras\n del nivel local: directores de hospitales y jefes de área\n que son de competencia de los señores directores provinciales\n de salud, además de los señores directores de los\n institutos especializados, competencia del señor Subsecretario\n de Medicina Tropical, deberán tener de manera obligatoria\n el visto bueno del titular de este Portafolio.
Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n encárguese a la Dirección de Gestión de\n Personal y a las autoridades nominadoras de salud del país,\n dependientes del Ministerio de Salud Pública.
Art. 4.- Dar por concluido el Acuerdo Ministerial No. 0691\n del 30 de octubre de 2002.
Art. 5.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días\n del mes de enero de 2003.
f.) Dr. Francisco Xavier Andino Rodríguez, Ministro\n de Salud Pública.
Nº 001-2003
EL COMITE DE CONSULTARIA
Que la Ley de Consultoría en su Capítulo IX,\n instituyó el fondo de consultoría con el objeto\n de contar con recursos permanentes destinados al fomento, promoción\n y capacitación de la consultoría nacional;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo\n 36 de la Ley de Consultoría, el fondo de consultoría\n se nutre con el aporte obligatorio del cinco por mil del valor\n de cada contrato de consultoría que corresponda a las\n cuantías establecidas en las letras b y e del artículo\n 12 de la referida ley;
Que no todas las entidades a las que se rige la Ley de Consultaría\n dan cumplimiento a la norma citada en el considerando anterior,\n por lo que es necesario establecer los mecanismos que permita\n a la Secretaría Técnica del Comité de Consultoría,\n recuperar para el fondo de consultoría los recursos que\n por ley le deben ser entregados; y,
El siguiente Instructivo de gestión para el cobro del\n aporte obligatorio del cinco por mil previsto en el artículo\n 36 de la Ley de Consultoría.
Art. 1. La gestión de cobro del aporte obligatorio\n estará a cargo de la Secretaría Técnica\n del Comité de Consultoría a través de los\n funcionarios expresamente autorizados por el Secretario Técnico\n y ella deberá dirigirse a cualquier entidad del sector\n público conforme lo describe el artículo 118 de\n la Constitución Política de la República,\n obligada a cumplir con la norma contenida en el inciso a. del\n artículo 36 de la Ley de Consultoría y que se encontrare\n incursa en incumplimiento de dicha norma.
Art. 2. La Secretaria Técnica del Comité de\n Consultaría empleará los mecanismos idóneos\n tendientes a obtener información sobre retenciones del\n aporte obligatorio, debiendo solicitar periódicamente\n que los organismos de control del Estado verifiquen estas retenciones\n y adopten las acciones tendientes a que estos aportes se los\n entregue al fondo de consultaría.
Con este objeto,- la Secretaria Técnica solicitará\n periódicamente a la Contraloría General del Estado\n un listado de los informes emitidos sobre los proyectos, contratos\n de consultoría, cuya suscripción requiera previamente\n de tal informe, conforme lo establece la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado. La petición\n recabará datos sobre entidad contratante; consultor contratista,\n sea éste consultor individual, compañía,\n asociación o consorcio, fama consultora u otra denominación\n que adopte el consultor contratista; monto y objeto de cada contrato\n de consultoría sujeto de retención; periodicidad\n de pagos y más detalles que permita a la Secretaría\n Técnica proceder a recabar la entrega de los valores que,\n en concepto de aporte obligatorio deban ser entregados al fondo\n de consultoría.
La gestión para obtener esta información, así\n como su análisis y verificación estará a\n cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Consultoría.
Art. 3. De la información analizada y procesada, se\n establecerá una lista de las entidades a las que se debe\n solicitar la entrega del aporte obligatorio.
El Secretario Técnico dirigirá una comunicación\n escrita al representante legal o titular de cada entidad que\n no haya cumplido con la entrega del aporte obligatorio, señalando\n cada uno de los- contratos, monto y valores que deben ser entregados\n al fondo de consultoría en forma inmediata.
Art. 4. Una vez obtenida la información sobre valores\n pendientes de entrega al fondo de consultoría, la Secretaría\n Técnica dispondrá del plazo de 10 días para\n proceder a la notificación descrita en el inciso anterior.\n Si en el plazo de 60 días, la que la Secretaria Técnica\n no fuere atendida en su requerimiento o recibiere respuesta,\n notificará en forma inmediata al Contralor General del\n Estado, solicitándole adopte las medidas que procedan,\n debiendo el Secretario Técnico iniciar por su parte las\n acciones a las que se refiere el presente instructivo.
Art. 5. En la Secretaría Técnica se llevará\n un registro completo de las entidades que adeuden el aporte obligatorio,\n con el detalle de cada contrato y de los valores cancelados o\n pendientes de entrega al fondo de consultoría. E»\n este registro deberán constar los nombres de los representantes\n legales o titulares, direcciones y más detalles que permitan\n su identificación y el seguimiento de las gestiones de\n cobro del aporte obligatorio.
Art. 6. Aparte de la notificación escrita prevista\n en el artículo 3 de este instructivo, el Secretario Técnico\n o el personal de la Secretaria realizarán permanentemente\n gestiones personales o telefónicas tendientes a obtener\n la entrega al fondo de consultoría de todos los aportes\n obligatorios pendientes de entrega. El detalle de las gestiones\n se llevará en un registro especial.
Art. 7. De no existir resultados favorables en el plazo de\n 30 días de entregada al destinatario la notificación\n escrita, el Secretario Técnico o el personal de la Secretaria\n Técnica por él autorizado podrá trasladarse\n fuera de la ciudad de Quito con fines de recuperación\n del aporte de una o más entidades obligadas a ello, siempre\n que los valores por recuperar representen al menos diez veces\n más que el costo de la movilización del personal.\n
Art. 8. Si los resultados obtenidos de las notificaciones,\n requerimientos verbales o escritos y visitas personales fueren\n negativos, el Secretario Técnico iniciará las acciones\n administrativas, judiciales o extrajudiciales que sean pertinentes\n encaminadas a recuperar los valores adeudados en concepto de\n aporte obligatorio.
Art. 9. El Secretario Técnico informará trimestralmente\n al Comité de Consultaría sobre el estado de la\n recepción del aporte obligatorio por parte del fondo de\n consultoría, así como de las acciones y resultados\n obtenidos en las gestiones de cobro.
Art. 10. Los registros contables del fondo de consultaría\n y de los valores que se recuperen en aplicación del presente\n instructivo se los llevará de acuerdo a las normas de\n control vigentes.
Art. 11. Todo consultor deberá proporcionar oportunamente\n la información que le solicite la Secretaría Técnica\n del Comité de Consultoría, respecto de los valores\n que, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo\n 36 de la Ley de Consultoría, le hubiere retenido una entidad\n del sector público.
Art. 12. La Secretaria Técnica del Comité de\n Consultoría llevará un registro de entidades del\n sector público que no han cumplido con la obligación\n legal constante en la disposición legal citada en el artículo\n anterior.
Las acciones de cobro que deba emprender la Secretaría\n Técnica del Comité de Consultaría, deberán\n también incluir los aportes que durante los últimos\n cinco años, contados desde la fecha de aprobación\n del presente instructivo, debieron haber realizado las entidades\n del sector público.
El presente instructivo entrará en vigencia a partir\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.\n
El texto de este instructivo fue aprobado por el Comité\n de Consultoría en sesión realizada el 6 de enero\n de 2003. Lo certifico.
f.) Econ. Cornelio Tamariz, Secretario del Comité de\n Consultoría, Ene.
No. 12-CI-2002
Que, la Constitución Política de la República\n en su artículo 38, dispone que existirán regímenes\n especiales de administración territorial por consideraciones\n demográficas y ambientales;
Que, para la protección de las áreas sujetas\n a régimen especial, podrán limitarse dentro de\n ellas los derechos de migración interna, trabajo o cualquier\n otra actividad que pueda afectar al medio ambiente;
Que, el artículo 239 de la misma norma legal dispone\n que la provincia de Galápagos tendrá un régimen\n especial;
Que, el Instituto Nacional Galápagos o el que haga\n sus veces, realizará la planificación provincial,\n aprobará los presupuestos de las entidades del régimen\n seccional dependiente y autónomo y controlará\n su ejecución. La planificación realizada por el\n INGALA, será única y obligatoria;
Que, el Plan Regional para la Provincia de Galápagos\n ha sido elaborado por el INGALA. con la participación\n de las entidades públicas y privadas, locales y nacionales,\n organizaciones sociales y comunidad en general; y,
En uso de sus atribuciones legales que le confiere el numeral\n 3 del artículo 6 de la Ley de Régimen Especial\n para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia\n de Galápagos,
Artículo único.- Aprobar el Plan Regional\n para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia\n de Galápagos.
Dado y firmado en el salón de la Biblioteca del Gobierno\n Municipal del Cantón Santa Cruz, a los veinticuatro días\n del mes de octubre del año dos mil dos.
f.) Dr. Fabián Parra Criollo, Presidente del Consejo.\n
f.) Ing. Oscar Aguirre Abad, Secretario.
Certifico.- Que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos de la institución.
Puerto Baquerizo Moreno, enero 3 de 2003.
No. 13-CI-2002
Que, vista la solicitud del señor Alcalde del Gobierno\n Municipal del Cantón Santa Cruz, con oficio No. 1809-GMSC-2002\n de mayo 2 de 2002, mediante el cual solicita al señor\n Gerente del INGALA, que la asignación de diez mil dólares\n realizada por el Consejo del INGALA mediante Resolución\n No. 05-CI-2002 de 22 de marzo de 2002 para la adquisición\n de un vehículo hydrocleaner, se la destine para la adquisición\n de repuestos y más implementos para reparar maquinaria\n que será utilizada en el Proyecto Parque Industrial de\n Santa Cruz; y,
Que, el Consejo del INGALA, luego de analizar el pedido del\n señor Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón\n Santa Cruz, y por cuanto, el Proyecto del Parque Industrial,\n es una obra importante para el desarrollo del cantón,
Artículo único.- Aceptar el pedido del\n señor Alcalde del Gobierno Municipal de Santa Cruz, y,\n autorizar al Gerente del Instituto Nacional Galápagos,\n transfiera los recursos para el fin solicitado.
No. 14-CI-2002
\n GALAPAGOS
Que, vista la solicitud del señor Alcalde del Gobierno\n Municipal del Cantón Isabela, con oficio No. 122 GMI-02\n de agosto 9 de 2002, mediante el cual solicita al señor\n Gerente del INGALA, que la asignación de veinticinco mil\n dólares aprobada por el Consejo del INGALA mediante Resolución\n No. 05-CI-2002 de 22 de marzo de 2002, para la adquisición\n de un vehículo recolector de basura, se la destine para\n mantenimiento del parque automotor del Gobierno Municipal Isabela;\n
Que, el Consejo del INGALA, luego de analizar el pedido del\n señor Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón\n Isabela, y por cuanto, su pedido se orienta a la reparación\n del parque automotor que - servirá para realizar obras\n prioritarias para servir a la comunidad del cantón; y,
En uso de sus atribuciones, legales,
Artículo único.- Aprobar el pedido del\n señor Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón\n Isabela, detallo en el primer considerando.
EL CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL
Que la Dirección Nacional de Rehabilitación\n Social es una entidad creada por ley para el ejercicio de la\n potestad estatal de ejecutar las penas y rehabilitar a los internos\n de los centros de rehabilitación social y detención\n provisional del país;
Que por el proceso de modernización y reestructuración\n que se encuentra en ejecución en la Dirección Nacional\n de Rehabilitación Social, con la consiguiente optimización\n de las labores que desarrolla el personal, es necesario, contar\n con mecanismos que posibiliten brindar un ágil y eficiente\n servicio;
Que para el cabal cumplimiento de la misión de la Dirección\n Nacional de Rehabilitación Social, es indispensable contar\n con recursos materiales e instalaciones adecuadas para atender\n en debida forma a las personas que por diferentes razones, han\n sido privadas de la libertad;
Que para el efecto, es necesario buscar y lograr mecanismos\n de prestación de servicios por parte de la iniciativa\n privada, con las debidas seguridades y garantías;
Que el inciso segundo del artículo 208 de la Constitución\n Política de la República, expresamente dispone\n que los centros de detención contarán con los recursos\n materiales y las instalaciones- adecuadas para atender la salud\n física y psíquica de los internos. Los mismos estarán\n administrados por instituciones estatales o privadas sin fines\n de lucro, super vigiladas por el Estado; y,
En uso de la atribución que le confiere el literal\n h) del artículo 10 del Código de Ejecución\n de Penas y Rehabilitación Social,
Expedir el siguiente: REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS\n PARA LA DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL.
1.- BASE LEGAL:
El presente reglamento tiene como fundamento técnico\n jurídico, lo prescrito en el segundo parágrafo\n del artículo No. 208 de la Constitución Política\n del Ecuador, que a la letra dispone: "Los centros de detención\n contarán con los recursos materiales y las instalaciones\n adecuadas para atender la salud física y psíquica\n de los internos. Estarán administrados por instituciones\n estatales o privadas sin fines de lucro, súper vigiladas\n por el Estado."; y, lo dispuesto en el literal b) del artículo\n 42 de la Ley de Modernización del Estado, que textualmente\n dice: "La delegación total o parcial, o la transferencia\n definitiva al sector privado, de -la gestión que desarrollan".
2.- AMBITO DE APLICACION:
Por el presente reglamento, se establecen las normas y condiciones\n especificas para la prestación de servicios en la Dirección\n Nacional de Rehabilitación -Social, tanto para las entidades\n del sector público, en forma directa o por delegación\n a la iniciativa privada, como por las personas naturales o jurídicas\n del sector privado y demás modalidades de delegación\n a la iniciativa privada, previstas en el artículo 43 de\n la Ley de Modernización del Estado.
3.-	DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION SOCIAL:
Son las actividades de prestación pública, privada\n o mixta que se desarrollan en la jurisdicción del Consejo\n Nacional de Rehabilitación Social, que en adelante se\n denominará CNRS, por las personas naturales o jurídicas\n autorizadas para el efecto.
Los servicios de rehabilitación social, en sus diferentes\n fases o modalidades, podrán prestarse por:
·	El Consejo Nacional de Rehabilitación.
·	Por delegación del CNRS a la iniciativa privada.
·	Por personas privadas y en las instalaciones de los\n centros de rehabilitación social.
·	Por un contratado, concesionario o permisionario.
a)	Servicios en los Centros de Rehabilitación Social:\n Consisten en la gestión y ejecución de las actividades\n de ayuda en el ingreso, estadía y egreso de los detenidos;\n y,
b) Servicios Complementarios: Son aquellas actividades\n que sirve de apoyo o complementan los servicios en los centros\n de rehabilitación social.
4.- FORMAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION\n SOCIAL:
Los servicios en los centros de rehabilitación social,\n que sean delegados a la iniciativa privada, se prestarán\n por personas jurídicas, debidamente inscritas y calificadas\n como contratistas o consultores, por la Dirección Nacional\n de Rehabilitación Social.
Los servicios complementarios, se prestarán por personas\n naturales o jurídicas privadas que se matriculen como\n empresas de servicios complementarios, que en adelante se denominarán\n Ese, tal. - como se definen en el presente reglamento.
5.- MODALIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DELEGACION\n DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION SOCIAL A LA INICIATIVA PRIVADA:
La prestación de servicios de rehabilitación\n social por delegación a la iniciativa privada, podrá\n realizarse a través de las modalidades de autorización,\n concesión o permiso y las demás que señala\n la Ley de Modernización del Estado.
5.1.- Autorización.- Es un acto administrativo\n del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, mediante\n el cual éste faculta a las personas naturales o jurídicas\n que hubieren cumplido los requisitos establecidos en el numeral\n 4 de este reglamento, la prestación de un servicio específico,\n dentro de las áreas de sus instalaciones y bajo las condiciones\n de eficiencia y seguridad establecidas por el mismo CNRS.
La prestación de servicios específicos de rehabilitación\n social, a través de esta modalidad, será aplicable\n en el caso de que no se ocupe o explote en forma privativa áreas\n e instalaciones de los centros de rehabilitación social.
La Dirección Nacional de Rehabilitación Social,\n establecerá las condiciones y garantías específicas,\n según la complejidad y nivel de eficiencia requerido para\n cada servicio, que aseguren niveles adecuados de rendimiento,\n seguridad y eficiencia.
Será autorizada la persona natural o jurídica\n que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos por\n el CNRS para la prestación de un servicio específico,\n luego de lo cual obtendrá un certificado de la DNRS para\n ejercer sus actividades.
5.2.- Concesión.- Es la modalidad de prestación\n de servicios penitenciarios o de rehabilitación social,\n por parte de personas jurídicas distintas de las autoridades\n del régimen, a través del otorgamiento del derecho\n a cumplir sus actividades en forma privativa y temporal en zonas\n e instalaciones de los centros de rehabilitación social,\n con el objeto de rehabilitar, mejorar o ampliar los servicios\n existentes y brindar nuevos o conexos por delegación del\n CNRS y por un plazo no mayor a cinco (5) años.
Las concesiones se otorgarán mediante un contrato,\n siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Modernización\n del Estado y su Reglamento de Aplicación.
Los concesionarios, como prestadores de servicios de rehabilitación\n social, deberán cumplir, en todo caso, los requisitos\n establecidos y obtener la correspondiente calificación\n otorgada por la Dirección Nacional de Rehabilitación\n Social.
Los derechos y obligaciones del concesionario y de las autoridades\n del sistema, se establecerán, de acuerdo a la naturaleza\n de la concesión en los respectivos contratos.
5.3.- Permiso.- Es el acto administrativo por medio\n del cual el CNRS, faculta a un contratista o consultor a ocupar\n en forma privativa y temporal, áreas e instalaciones del\n sistema, con el objeto de prestar servicios de rehabilitación\n social o conexos, por un lapso no mayor a cinco años,\n previo el cumplimiento de requisitos y normas legales.
El permiso se otorgará mediante un certificado de "permiso",\n por el que su titular podrá emplazar instalaciones compatibles\n con:
·	El servicio especifico de rehabilitación social\n a desarrollar en la zona ocupada.
·	Las normas establecidas en el Código de Ejecución\n de Penas y Rehabilitación Social.
·	Las condiciones de operación.
En casos especiales y según la naturaleza del servicio,\n el CNRS, podrá exigir y/o aceptar inversiones para la\n construcción o montaje de inmuebles e instalaciones en\n las zonas a permisionar, que tiendan a rehabilitar, mejorar y/o\n ampliar las ya existentes, para asegurar la prestación\n de un servicio de rehabilitación social, eficiente y confiable.
Los permisos que otorgue el CNRS, en el ámbito de su\n jurisdicción, serán siempre precarios, así\n como renovables antes de la expiración del plazo contractual\n por el sólo acto unilateral del CNRS, mediante resolución\n fundada de sus miembros, por incumplimiento de las condiciones\n y garantía constantes en el certificado de permiso y por\n la necesidad de destinar zonas y áreas permisionadas a\n uso general, en razón de la planificación y desarrollo\n del sistema penitenciario nacional.
El permiso que conlleva a la ocupación de áreas\n o instalaciones del sistema, se otorgará siempre a través\n de un concurso público, siguiendo los siguientes criterios\n y procedimientos principales:
a)	La Dirección Nacional de Rehabilitación\n Social, establecerá las unidades o zonas a ser permisionadas,\n previo a un estudio sobre la operacionabilidad, eficiencia y\n economías de escala;
b)	Elaboración por parte de la Dirección\n Nacional de Rehabilitación Social, de las bases generales\n y técnicas del concurso público de ocupación\n de las áreas e instalaciones del sistema, en las cuales\n se establecerá claramente las condiciones y garantías\n de participación y adjudicación;
c)	Aprobación de las bases del concurso por\n parte del CNRS;
d)	Convocatoria mediante publicaciones, durante tres\n (3) días, en un diario de amplia circulación nacional;
e)	Establecimiento de un Comité Técnico\n de Evaluación, designado por el Director Nacional de Rehabilitación\n Social, el que estudiará las propuestas y emitirá\n el informe en base a la calificación de los criterios\n de selección previamente indicados en las bases, que incluirá\n la evaluación sobre el nivel y calidad del servicio ofrecido\n y sobre la adjudicación de las unidades o zonas a permisionar;\n
f)	Los permisionarios, como prestadores de servicios\n de rehabilitación social, deberán cumplir, en todo\n caso, los requisitos establecidos para los contratistas o consultores.\n Y obtener la correspondiente autorización; y,
g)	El CNRS, por intermedio del Director Nacional de\n Rehabilitación Social, expedirá el permiso en base\n a la aprobación de sus miembros. El adjudicatario del\n permiso, suscribirá la aceptación incondicional\n de los derechos y obligaciones, que constará en un anexo\n especial, que se adjuntará al certificado de permiso,\n y que será parte integrante del mismo.
El anexo en mención, imprescindiblemente, deberá\n incluir:
·	Indicación exacta de la clase de servicio\n específico autorizado y su iniciación;
·	El plazo del permiso;
·	Las características de los servicios con determinación\n de los niveles o especificaciones de rendimientos;
·	Las tarifas máximas autorizadas;
·	Los contratos de seguros que el titular del permiso\n debe contratar y mantener;
·	La obligación de los permisionarios de prestar\n los servicios de rehabilitación social, en forma obligatoria,\n continua, regular, uniforme, en condiciones de igualdad y generalidad;
·	Los derechos del permisionario a ser indemnizado,\n de ser el caso, sobre los valores invertidos;
·	El valor de los derechos a cancelar o recibir de\n la Dirección Nacional de Rehabilitación Social;
·	Las causales de terminación y/o revocatoria\n del permiso; y,
·	Las obligaciones de carácter reglamentario\n que el permisionario debe cumplir en forma permanente y/o periódica.\n
6.-	DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA PRESTACION DE\n SERVICIOS DE REHABILITACION SOCIAL:
a)	Cuando la demanda de los servicios de rehabilitación\n social, no sea cubierta por la iniciativa privada y hasta tanto\n esto se produjere, el CNRS, deberá prestar los servicios\n correspondientes en forma subsidiaria, mediante la contratación\n de empresas, a las que pagará por sus servicios. Solo\n en caso excepcional y con la autorización de los miembros\n del CNRS, se podrá prestar estos servicios con los recursos\n propios de la Dirección Nacional de Rehabilitación\n Social;
b)	Las actividades auxiliares y

References: artículo 36
 artículo 179
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 118
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 239
 artículo 6
 artículo 208
in fine
 artículo 10
in fine
 artículo 43