Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201504249647984.HTML
Timestamp: 2019-04-25 22:28:36+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 424/2015
–Damos comienzo a la tarea vespertina dando la bienvenida a la señora Ministra de Desarrollo Social y al equipo que la acompaña.
Es un gusto recibirla, señora Ministra, y la dejamos en el uso de la palabra para que pueda exponer sobre el inciso, luego de lo cual pasaremos a considerar el articulado correspondiente.
SEÑORA MINISTRA.- Muy buenas tardes.
Agradezco que nos hayan recibido para poder trasladar algunas inquietudes así como los fundamentos de la propuesta de la cartera para el Presupuesto Nacional 2015-2019.
Como los señores Senadores saben, el Ministerio de Desarrollo Social está entrando en su tercera etapa, en su tercer quinquenio, y tiene por delante –en función de la evaluación de las tareas realizadas en el primero y en el segundo– tres ejes estratégicos, que se encuentran en un mismo nivel de importancia y que están interrelacionados.
El primero de ellos es el que nosotros denominamos vulneración de derechos que nos quedan; puede ser la pobreza que nos queda, pero tiene que ver, en realidad, con la vulneración de derechos que nos quedan: aquellos derechos que siguen siendo vulnerados, a pesar de que nosotros afirmamos –estamos convencidos de ello porque los datos así lo muestran– que tenemos un descenso importante, interesante, del nivel de la pobreza medida por ingresos. Sucede lo mismo con respecto a la indigencia o a la pobreza extrema, la exclusión social, también medida por ingresos.
Si bien en el año 2005 teníamos un 4% de indigencia y hoy estamos en un 0,4, un 0,3, o un 0,5 –y a los efectos no cambia demasiado el tema, por lo menos desde nuestro punto de vista y desde nuestra manera de abordarlo–, tenemos derechos vulnerados, que a veces puedan darse en una familia donde todos sus integrantes tengan un plato de comida sobre la mesa, que es la manera de medir gruesamente la línea de indigencia. Pero si en esa familia hay problemas habitacionales; si hay problemas de salud mental; si hay adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos o que tienen otro tipo de dificultades; si hay personas con discapacidad; si en su seno nacen niños y niñas con bajo peso o con problemas de nutrición –que no siempre tienen que ver con la falta de alimentación, sino que a veces son consecuencia de una mala alimentación–, podemos hacer una cantidad de esfuerzos –de hecho, los estamos haciendo, y de algunas cosas vamos a hablar acá– y sin embargo no llegar a atender una serie de derechos vulnerados. Esos derechos vulnerados son los que deberemos atacar y resolver en esta tercera etapa. De eso se trata el Presupuesto nacional: de un programa puesto en números, en objetivos y en metas a alcanzar.
El segundo eje estratégico del Ministerio –no en importancia, reitero– es la descentralización. Cuando hablamos de descentralización –muchos de los que están presentes lo saben porque participaron en la votación de la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social–, estamos pensando, como Ministerio nuevo, en que queda absolutamente claro –y no porque seamos más inteligentes ni más capaces, sino porque a medida que la sociedad cambia y se desarrolla, aprendemos cosas nuevas– que los puntos de referencia desde los cuales tenemos que actuar pertenecen a la vida real, y esta tiene lugar en los distintos puntos del territorio nacional. Tiene lugar de manera descentralizada, o así debería ser desde el punto de vista del Estado, en tanto las características de cada localidad y de cada departamento no son iguales. A pesar de que tenemos un país muy pequeño, todos los departamentos tienen características absolutamente peculiares, que varían de una localidad a otra, para bien o para mal, para favorecer determinadas cosas, y también para generar problemáticas.
De ahí que fuimos impulsores y defensores de un trabajo que hoy nos proponemos –para el que ya tenemos experiencia– de interrelación y concatenación de nuestras tareas con las intendencias de todo el país; en ese sentido, tenemos una experiencia de diez años exitosos en todos los departamentos. Tenemos un principio de trabajo que creemos adecuado para esta nueva etapa de la institucionalidad –en la que tenemos Municipios, Gobiernos Locales, Gobierno de Cercanías–, que son las oficinas.
Nosotros siempre insistimos en que «oficinas» suena a edificio y, en realidad, cuando nacimos, teníamos oficinas pero no edificio. Teníamos trabajadores y trabajadoras –en algunos casos, pases a Comisión fruto de la ley votada en este Parlamento–, y junto con ellos voluntarios, funcionarios públicos, jubilados y estudiantes; todos ellos fueron conformando la oficina territorial. Ahora tenemos equipos trabajando en los distintos territorios –y hoy es más así todavía porque fuimos avanzando– con el conjunto de programas del Ministerio de Desarrollo Social y con los temas trasversales que atienden a los cuatro Institutos. Tenemos Inmujeres, referente de género; el Instituto Nacional del Adulto Mayor –que fue una creación de este Parlamento en el primer quinquenio–; el Programa Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de la Juventud. Todo esto con su materialización, participación e incidencia en el territorio, que es donde están las personas y, por lo tanto, los hogares, las familias y los problemas a resolver.
Junto a ello, hay una interinstitucionalidad en el territorio a través de las mesas interinstitucionales de políticas sociales. Estas mesas, que son una necesidad del Estado, nacieron con el Mides. No es que nosotros fuéramos más sabios que otros, sino simplemente que teníamos la experiencia acumulada del Estado que muestra que si queremos actuar en un hogar sobre determinado problema en el que debe intervenir salud, vivienda, educación y las políticas sociales en su conjunto –tanto las universales como las focalizadas–, las instituciones del Estado se deben sentar en el territorio y ver de qué manera se puede hacer lo mejor y más potente para ese lugar, que a lo mejor no es idéntico a otro. Todos acá sabemos las diferencias enormes que puede haber en un mismo departamento entre dos localidades o entre la capital y las localidades pequeñas o medianas. Hay departamentos que son paradigmáticos en cuanto a su enorme diversidad. Por ejemplo, en Colonia, no tiene nada que ver Nueva Helvecia con Nueva Palmira, Carmelo, Juan Lacaze o Colonia del Sacramento, y a la hora de trabajar también juegan las viejas rivalidades que puede haber entre Tacuarembó y Pasos de los Toros, entre Bella Unión y Artigas, etcétera. No estoy diciendo nada que los señores Senadores no sepan.
Por lo tanto, el trabajo de llegada directa a las familias, a las personas y a la atención de sus derechos vulnerados, tiene que darse en un entretejido interinstitucional y social. A estos actores en una época los llamábamos «fuerzas vivas» y hoy los denominamos «organizaciones de la sociedad civil», pero en última instancia refieren a las políticas sociales en un territorio a un plazo inmediato y también a largo plazo, esto es, a plazo estratégico del país.
Podríamos extendernos sobre esto, pero simplemente queremos decir que el tercer eje estratégico –no en orden de importancia sino entrelazado con los otros dos– es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Por qué? Porque nos proponemos que sea la superación de las dos etapas anteriores. Acá hay un desafío que sabemos que no es sencillo y no lo tomamos alegremente como una consigna o un eslogan. Nosotros decimos que acá debemos ser mejores que lo que pudimos haber sido en la primera y en la segunda etapa del Mides; tenemos que superarnos a nosotros mismos. En ese sentido, hoy podemos pensar –luego entraremos más en profundidad en el tema– en un Sistema Nacional Integrado de Cuidados porque hay un conjunto de instituciones del Estado interactuando, planificando, programando y midiendo conjuntamente, y planteándose objetivos y metas conjuntas.
Asimismo, como los señores Senadores habrán visto en el Presupuesto, esto está plasmado en los distintos Incisos a los cuales les corresponde hacer determinada tarea. Dicho de otra manera, cada uno trabaja de acuerdo con su especialidad. En realidad, no se trata de crear un supersistema por encima del Estado y tampoco de sentarnos a decir «yo pongo esto, tú pones lo otro; yo arrimo esto y tú lo otro», sino de planificar en conjunto. Obviamente, el Ministerio de Desarrollo Social no sabe de salud, y por eso las cuestiones sanitarias las debe atender el Ministerio de Salud Pública, pero con tales y cuales características que hemos planificado conjuntamente. Los temas de infancia vinculados con el plan CAIF o similar, así como los centros de primera infancia, los tiene que manejar el INAU, del mismo modo que a los niños de educación inicial los debe atender el Consejo de Educación Inicial y Primaria. En definitiva, el BPS, la ANEP, los Ministerios de Economía y Finanzas, de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social y la OPP, así como el INAU, atenderán cada uno el área de su competencia.
Sobre la base de estos tres ejes estratégicos que fuimos definiendo para este período es que se construye la propuesta presupuestal. En ese sentido, quiero destacar la sistematización que hemos ido incorporando paulatinamente. Como se recordará, en su momento, cuando el Mides nació, trajo a su institucionalidad al Instituto Nacional de la Juventud, que pertenecía al Ministerio de Turismo y Deporte. También incorporó la institución que se llamaba La Familia y la Mujer, que se encontraba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y se convirtió en el Instituto de las Mujeres, además de otras incorporaciones que vamos a explicar cuando presentemos el esquema de nuestra propuesta para el quinquenio.
Por otro lado, tenemos aquellos aspectos que están vinculados y se encuentran en la base de nuestra línea presupuestal y que no son nuevos, sino la continuación de lo que estamos haciendo. Me refiero al trabajo con los elementos vinculados a transferencias; en el caso del Mides, lo que tiene que ver con las tarjetas de Uruguay Social, con la asistencia a la vejez y también –aunque no directamente por parte del Mides, sino por el Banco de Previsión Social– con las asignaciones familiares; respecto de estas, participamos en todo lo que tiene que ver con las caracterizaciones de los hogares, de las situaciones, etcétera.
Junto con eso hemos incorporado una serie de temas nuevos. Por ejemplo, hoy estuvimos en el lanzamiento de un plan nacional de voluntariado. Los señores Senadores que han estado durante años en el Parlamento, saben que una de las primeras leyes que se aprobaron en el 2005 fue la del voluntariado, a partir de la sugerencia de la sociedad organizada, que nos hizo ver que era bueno tener una ley que concretara el significado de voluntario, así como sus derechos y obligaciones. Esa ley está vigente, pero ahora hemos lanzado con mucho éxito en el día de hoy –el evento fue muy lindo y emocionante– el plan de voluntariado a nivel nacional, vinculado al tema del medioambiente, al de la educación, al cuidado de los niños y niñas, y a dar seguridad en cuanto a que a cada niño y niña que nace en el Uruguay reciba el set de bienvenida que Uruguay Crece Contigo otorga, tal como hablamos recién con su Directora. Lamentablemente, en este sentido, debo decir que hemos detectado algunas mutualistas donde algunos bebés de nuestro Ministerio no han recibido ese set, a pesar de que nosotros lo hemos entregado como corresponde. También esa es una tarea que la sociedad puede controlar y en la que puede colaborar. Como ustedes saben, todos los niños y niñas que nacen, sin excepción, reciben el set de bienvenida. Otro tema es el de aquellos que tienen otros problemas; en esos casos se refuerzan las prestaciones y aquellas cosas que se entregan. En muchos casos se entrega la practicuna, porque sabemos que en piso de tierra, hay parasitosis, y si hay parasitosis, hay anemia, para ser muy esquemática.
En ese sentido, entonces, tenemos distintas actividades que tienen que ver con un trabajo cada vez más focalizado en las personas, en los hogares, en las familias, en las situaciones en cada uno de los casos. Y cada vez más también tenemos la posibilidad –porque ese es el rol del Mides–, la capacidad de desarrollar políticas públicas universales.
Cuando hablamos del tema de género, estamos hablando de un tema universal; no es una política focalizada. Lamentablemente para nosotros, la violencia basada en género no les pasa solo a las mujeres pobres, sino que atraviesa el conjunto de la sociedad uruguaya. Mañana vamos a estar en Salto, en una actividad binacional sobre la trata y el tráfico de personas, y ese es un tema que atraviesa más de un sector social y tiene dimensiones muy importantes. En este sentido nosotros queremos colaborar; no es una tarea únicamente del Mides, sino que es también interinstitucional.
Por otro lado, están los temas vinculados a la inclusión laboral, al mundo del trabajo. En esta tercera etapa nos hemos propuesto convertir lo que eran experiencias fantásticas, puntuales, que tenían que ver con cómo una familia lograba salir a través de Uruguay Trabaja –programa con un subsidio, pero que empieza y termina, y la gente nos pregunta por qué no sigue–, en lo que llamamos trayectorias laborales, para ver de qué forma vamos logrando que el que pasó por Uruguay Trabaja pueda tener una salida en una cooperativa social, por ejemplo. Esa es una ley también votada por este Parlamento.
Después tenemos un ajuste para hacer –que está planteado en el articulado– en el monotributo social, también votado aquí. Esto es muy importante, porque de esta forma si la persona que tiene una posibilidad de trabajo está al día con ese monotributo social, está incluida en el mundo del trabajo y está en regla. A la vez, tiene boleta y tiene posibilidades de vender lo que produce o sus servicios y estar dentro del sistema, recibiendo a su vez los beneficios de este. En ese sentido tenemos planteado todo un plan vinculado con Inefop, con el Instituto Nacional del Cooperativismo y con UTU en las capacitaciones y en la acreditación de saberes. Son políticas del mundo del trabajo y que están absolutamente interrelacionadas, por lo que no es tarea exclusiva del Mides. Pero el Ministerio tiene un papel de articulador y de rector, tal como lo marca la ley de creación.
Así podemos sucesivamente seguir con una cantidad de tareas que tenemos entre manos. Estamos planteándonos una transformación de algo que fue muy bueno en su momento. Nosotros comenzamos el trabajo de levantar familias con niños que estaban en calle por no tener trabajo ni vivienda y estar en una situación absolutamente crítica. En la segunda etapa se pasó a tener hogares de 24 horas para mujeres con niños y niñas. Eso fue un avance, porque las 24 horas permiten otra atención, otro cuidado, la concurrencia de niños y niñas a la escuela. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. Estas mujeres con niños y niñas no son las típicas personas de calle, sino que ahí se mezcla la pobreza con la violencia basada en género, con salud mental –en muchos casos– y con consumo, en otros. En esta tercera etapa nos planteamos empezar la trayectoria de salida –con acompañamiento– de esas mujeres con niños a un hogar particular, donde habrá apoyo, acompañamiento y seguimiento. Ya podemos superar las 24 horas con techo y comida para pasar a un programa que las acompañe hacia la autonomía. Tenemos conciencia de que hay algunas a las que vamos a tener que acompañar hasta el último aliento, y sabemos que eso es así, no solo en el Uruguay. Por estas razones miramos el quinquenio en perspectiva y proyectándonos hacia el futuro.
Por otro lado, estamos trabajando en distintos aspectos que tienen que ver –como ya dije– con la vulneración de derechos. Acabamos de firmar un muy buen convenio con el futuro hospital –no sé cómo se va a llamar– del Edificio Libertad, específicamente con traumatología. Como bien saben los señores Senadores ahí el Mides, a través del Pronadis, tiene el taller de prótesis de miembros inferiores; se colocan las piernas –que no son cosméticas, como dice nuestra Directora, licenciada Grau–, que van a permitir a estas personas poder trasladarse. En el acuerdo con el área de traumatología del hospital vamos a potenciar las máquinas, las herramientas, los recursos humanos y las capacitaciones para seguir trabajando, porque en las recorridas por todo el país, sobre todo en las pequeñas localidades, encontramos una demanda insatisfecha con respecto a este tema.
El otro día estuvimos lanzando el estudio del lenguaje de señas para las familias y amigos de las personas sordas o hipoacúsicas. La idea es mejorar la comunicación entre ellos; no es para intérpretes.
Y así sucesivamente podríamos seguir hablando de todo el conjunto de políticas que tenemos, y lo haríamos con mucho gusto.
Queremos ir ahora a la presentación. Nos planteamos una presentación que es arbitraria, naturalmente, pero la agrupamos de la siguiente manera: en primer lugar, tenemos los programas y funciones que vienen y se van del Mides. Hay artículos específicos sobre este tema que queremos plantear, así como sobre mejoras en la gestión de los recursos humanos y sobre temas varios, como los relativos a cooperativas, que después explicaremos. Asimismo, nos referiremos al Presupuesto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados; al incremento presupuestal que corresponde al Ministerio de Desarrollo, no a todas las instituciones, porque cada una habrá presentado el suyo o lo hará cuando corresponda. En nuestro caso, presentaremos entonces lo que tiene que ver con el Mides, más allá de que el Director de la Secretaría del SNIC, sociólogo Julio Bagno, explicará la articulación y dónde está el dinero repartido.
La unidades, programas y funciones que vienen al Mides o se van de él constan en los artículos que van del 507 al 511.
Se transfiere el INDA del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Mides.
Voy a enumerar raudamente la propuesta.
Como decía, entre los programas y funciones que vienen al Mides está el INDA, que proviene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; por su parte, Uruguay Crece Contigo está formalmente en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ambos –INDA y Uruguay Crece Contigo–, de hecho, ya están trabajando en el Mides. Estamos planificando y trabajando juntos y son parte del equipo, pero formalmente pertenecen a otras reparticiones y vendrán al Mides si los señores Senadores lo consideran pertinente.
Después está la transferencia del Instituto Nacional de Ciegos, que también viene al Mides. Esto podríamos explicarlo después, cuando lleguemos al punto, pero tiene relación con la fiscalización, la regulación y la supervisión de los centros residenciales o de larga estadía o, para decirlo de manera m, casas de salud de los adultos mayores.
Después tenemos una serie de artículos que tienen que ver con los recursos humanos del Ministerio de Desarrollo Social, son propuestas que hacemos en ese sentido. Vamos a detenernos un minuto porque queremos decir que esto es parte de un largo trabajo para ir buscando la mejor forma en que pueda funcionar el Ministerio. No es miramos cómo arreglamos la casa para después ver qué hacemos con ella, sino que, en función de las tareas que tenemos por delante, analizamos cómo la arreglamos. Es decir, consideramos de qué forma podemos potenciar la institucionalidad porque, si bien hay organismos internacionales que la elogian y ponen a Uruguay entre los primeros lugares, somos muy autocríticos y queremos superarnos y mejorar en ese sentido.
En la pantalla estamos mostrando aspectos que tienen que ver con recursos humanos. Esto es muy importante y, como son propuestas aisladas, si les parece bien, las puedo enumerar. Una tiene que ver con intercambio de datos con el Banco de Previsión Social con respecto a los monotributistas. Es una solución a un problema que hoy tenemos y elaboramos, por mutuo acuerdo –obviamente– con el BPS. La otra tiene que ver –en acuerdo también y en función de leyes votadas por este Parlamento– con el número de socios que debe tener el Mides para el monotributo vinculado a las cooperativas y a las compras, según la ley relativa a la agricultura familiar que el Parlamento votó.
Hay otro aspecto, también vinculado a la Ley de Empleo Juvenil que se votó, y que tiene que ver con acumular más horas.
Aclaro que esta presentación es una especie de picadillo. Como decía, eso tiene que ver con el aumento de las horas vinculadas a las habilidades que adquieren los jóvenes a través de la Ley de Empleo Juvenil.
Después está lo relativo al Sistema Nacional Integrado de Cuidados y, si la señora Presidenta está de acuerdo, se presentará y luego ingresaremos al análisis de los artículos. Solicito que se dé la palabra al sociólogo Julio Bango, que está al frente de la Secretaría Nacional de Cuidados. Vale aclarar que estamos esperando la ley correspondiente.
SEÑORA PRESIDENTA.- De esta parte de la casa ya salió.
SEÑOR BANGO.- Buenas tardes a los Legisladores y Legisladoras; es un gusto estar en esta casa, que sentimos nuestra, y saludamos también a los funcionarios administrativos.
Vamos a describir lo que son los artículos 512, 513 y 514 que aluden –como bien decía la señora Ministra– a la ejecución del Presupuesto asignado para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que, estrictamente, tiene que llevar adelante el Ministerio de Desarrollo Social.
Si le parece bien a la Presidenta, me gustaría dejar –como lo hice en ocasión de asistir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes– un cuadro que sistematice todo el presupuesto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. De alguna manera, se da una paradoja porque en virtud de la construcción presupuestal los Senadores tienen un planillado y una serie de cuadros con el presupuesto repartido por incisos, pero en el caso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados durante seis meses estuvimos trabajando con los Ministros de Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, Salud Pública, el Director de la OPP, la Presidenta del INAU, los presidentes del BPS y del Codicén, junto con la Directora de Inmujeres en la construcción del Plan Nacional de Cuidados y del presupuesto correspondiente.
En el cuadro resumen aparece un presupuesto final para el año 2016 de $ 1:005: 962.000 –unos $ 1:006:000.000 según lo votado por la Cámara de Representantes– y de $ 1:835:000.000 para 2017. Ahí están comprendidas todas las acciones que se van a ejecutar por parte de ANEP, el BPS, el INAU y el Ministerio de Desarrollo Social, así como otros Ministerios que componen el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Creo que eso puede colaborar a la hora de dimensionar, por parte de los Legisladores, lo que es el Presupuesto total en una única matriz, para que alivie el trabajo de análisis que están realizando en forma desagregada.
En lo que tiene que ver con los artículos del Inciso 15 de nuestro Ministerio, puedo decir que el proyecto 122 corresponde al programa de becas de inclusión socioeducativas; el proyecto 123, al programa de asistentes personales para la dependencia severa; el proyecto 124 son los montos por conceptos de gastos de funcionamiento del programa de teleasistencia; el proyecto 125 corresponde al programa de apoyo de cuidados permanentes, más conocido como programa de bonos para las residencias de larga estadía, también conocidas como residenciales, hogares o casas de salud. El proyecto 129 corresponde al fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
En lo que refiere al rubro inversiones, el proyecto 833 tiene que ver con los centros de día o centros diurnos para personas con dependencia moderada, que se van a implementar a partir de 2017, como consta en las asignaciones que tienen en su poder. El proyecto 834 corresponde al fortalecimiento de las capacidades del sistema y el proyecto 835, a la inversión que se va a realizar para el programa de teleasistencia. Todo ello compone el total que se ve asignado en los artículos 512 y 513. El artículo 514 refiere a la partida que se aplica, del Instituto Nacional de Alimentación, para dar alimentación en los nuevos centros de cuidados de primera infancia, en particular, los CAIF que, como se sabe, INDA asiste con la partida de alimentación correspondiente. En la medida en que el Instituto Nacional de Alimentación pasa a formar parte de nuestro Ministerio, corresponde incluir estas partidas de alimentación que van dirigidas a los centros de primera infancia.
Esto es lo que tiene que ver con las asignaciones presupuestales que están en el articulado que tienen a estudio. Nosotros quedamos a disposición de las consultas que quieran hacer los señores Senadores. Si lo entienden pertinente, podemos hacer una exposición, acotada a sus necesidades, sobre los fundamentos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, informando qué fundamenta la existencia de este sistema, el porqué de esta asignación y cuáles van a ser las cosas que vamos a realizar a partir de que contemos con el presupuesto que los Legisladores van a aprobar para 2016. Como esta es una discusión estrictamente presupuestal, dejo el tema por aquí, pero si los señores Senadores creen necesario hacer consultas en general o en particular, estamos a disposición.
SEÑORA ALONSO.- Agradecemos la visita de la señora Ministra y de todo el equipo que la acompaña –en especial, al sociólogo Julio Bango, compañero de esta Casa–, con quienes hemos compartido trabajo en la Legislatura pasada.
Aprovechando la oportunidad, antes de detenernos en el análisis del articulado –que, por supuesto, es muy importante–, queremos decir algunas cosas a modo de reflexión sobre temas que nos preocupan y que hemos conversado, incluso, con la señora Ministra, y me consta que es preocupación del equipo que ha estado en esta cartera desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social.
En esta reflexión sentimos que, pese a lo que hemos avanzado en los últimos años en la mejora de los indicadores sociales –a que se hacía referencia en la presentación– dado el crecimiento económico, el Uruguay continúa teniendo problemas estructurales graves, vinculados especialmente a la población en la que el Gobierno se propone hacer énfasis en este período: la primera infancia. Cabe destacar que nos alegramos por ello y coincidimos plenamente.
En un país como el nuestro, en el que cada vez hay menos nacimientos –y parece que esa va a ser la tendencia– debe mejorar absolutamente el accionar del Estado, en particular, en lo que tiene que ver con las políticas sociales, educativas y de salud dirigidas a esta población. En los últimos años estas áreas continúan en el debe. Como decía, en un país como el nuestro, en el cual cada vez tenemos menos nacimientos, hay que conceptualizar que si la tercera parte de los niños están por debajo de la línea de pobreza, vamos a tener un problema muy importante y seguramente luego será tarde para revertirlo. En esta realidad, seguimos teniendo infantilización de la pobreza y ello nos tiene que comprometer e interpelar a todos quienes estamos en esto. No alcanza con decir que se va a invertir en la primera infancia porque eso sería caer en un lugar común.
Hace unos meses mantuvimos una discusión con esta cartera en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión sobre un tema –no importa la discusión en sí misma, sino el tema de fondo– que tiene que ver con que el 4,5% de los menores de tres años de nuestro país pasan hambre. Estamos hablando de que tenemos 8.000 niños que pasan hambre. A esto se lo llama inseguridad alimentaria severa. Duele decirlo y reconocerlo, pero esa es la realidad. El 31% de los niños de nuestro país tiene anemia y estamos por encima del 40% en los niños entre tres y once meses. Estos datos que arrojó la Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil duelen e interpelan y, especialmente en esta tercera etapa –a que hacía referencia la señora Ministra–, el tercer período de Gobierno, tienen que hacernos reflexionar. Estos niños y esta situación de vulnerabilidad preocupan. Recuerdo que la señora Ministra decía que preocupaba aún más si efectivamente no se estaba atendiendo esta situación y había una omisión absoluta por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en el caso de que esto estuviera ocurriendo. Pues bien, esto está ocurriendo en el día de hoy. Lo más importante de estas cifras y porcentajes que se ponen sobre la mesa es que detrás de esos números hay niños, hay madres que no saben de encuestas, que no entienden de partidos políticos, que no saben de banderas partidarias. Volvemos a insistir en la intención –lo sabe la señora Ministra porque ya lo hemos hablado–, y es importante analizarlo en el ámbito del Presupuesto porque es central saber cuáles van a ser las prioridades en particular. Aclaro que coincido con los tres ejes a los que se hacía referencia, con las vulnerabilidades que aún existen; insisto, esto tiene que ver con las vulnerabilidades que siguen existiendo en nuestro país. Ese es el primer eje que tenemos que atender, pero preocupa todavía más porque quizá en los próximos años no tendremos el mismo escenario económico y seguramente aumentará, entre otros factores, la desocupación, lo que no creo que ayude a mejorar los indicadores que debemos superar. Por eso, tenemos que ser mucho más precisos para superar las inequidades que, lamentablemente, hoy subsisten.
Con nuestra mejor voluntad –la señora Ministra lo sabe–, en particular en este eje de las vulneraciones que aún subsisten, hacemos un fortísimo llamado de atención en lo que tiene que ver con el diseño y el seguimiento en la focalización de las políticas sociales y sobre el destino final de los recursos que el Estado otorga a través de los distintos programas que conocemos. A su vez, dejamos clara –y volvemos a insistir en ello– nuestra disposición para colaborar en ese sentido. Creo que hay que repensar muchos de estos programas y al respecto hemos hecho algunas propuestas, en particular en lo que tiene que ver con las madres en la etapa del embarazo y en lo que refiere a los niños, sobre todo en los primeros mil días de vida, que son fundamentales.
Cuando uno analiza la encuesta, además de la impotencia que genera, ve datos que también nos tienen que hacer pensar en cómo podemos mejorar. El 97% de quienes respondieron a esta encuesta son madres, muchas de ellas jefas de hogar, muchas de ellas solas, y solo la mitad piensa que no existen opciones de cuidado para ellas y para sus hijos en las zonas donde viven, que son las más vulnerables.
Recuerdo cuando se hacía la explicación del programa Uruguay crece contigo, por parte de su Directora –y creo que es una buena noticia que se prevea en el Presupuesto su pasaje desde la OPP al Ministerio de Desarrollo Social–, que nunca entendimos, y seguramente sea una buena oportunidad para saberlo, por qué funcionó como programa piloto dentro de Presidencia cuando, definitivamente, como programa social, no correspondía. Como decía, funcionaba en el ámbito de Presidencia y se suponía que iba a ser un programa con inicio y finalización: empezó en el año 2012 y la idea era que finalizara en este año. En ese sentido, también nos gustaría saber cómo piensan implementar o fortalecer, de aquí en más, el programa Uruguay crece contigo, que cubre al 10% del quintil más bajo, así como el programa Cercanías, que cubre al 5% de los hogares que están bajo la línea de pobreza.
Por lo menos, queremos analizar y evaluar los cambios que se pretende implementar mirando hacia adelante porque –como ustedes saben, y lo hemos discutido con la señora Ministra muchas veces– este también es un tema de fondo; me refiero a cómo medir la pobreza. Se ha hecho la medición de la indigencia a partir de los ingresos, pero consideramos –lo hemos dicho en varias oportunidades– que es insuficiente porque habría que medir otras cosas. Medir la vulnerabilidad y la exclusión de las personas implica una dimensión mucho más amplia. No vamos a dar un debate en esta instancia, pero es un tema que también hace al fondo de la cuestión. Muchas veces las familias pueden alcanzar ese nivel de ingreso, pero las condiciones en que viven y el acceso a la salud y a la educación están lejos de alcanzar niveles de dignidad. Además, hay muchísimas más familias en esa situación de lo que dicen los datos, si se miden por ingresos. Cuando se analizan las encuestas en función de las necesidades básicas insatisfechas, cambian radicalmente los resultados y quizás esa sea la razón por la que se ha abandonado este criterio.
Desde ese lugar, la cuestión social creo que sigue siendo un gran desafío. Para mirar objetivamente la realidad, especialmente de la exclusión y de la marginalidad, deben tenerse en cuenta otras variables –hoy la Ministra hacía referencia a ellas– que no forman parte del relato del Gobierno o de lo que alguno de sus referentes muestran.
Para solucionar los problemas, nosotros entendemos que primero tenemos que reconocerlos. De esta manera, podremos abordarlos con responsabilidad y con compromiso.
Quiero referirme al segundo eje a que hacía referencia la señora Ministra: el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Ustedes saben que en esta Casa dimos un debate sobre el sistema de cuidados y, como decía la señora Presidenta, lo aprobamos por unanimidad. Desde el Partido Nacional sumamos los votos porque entendimos la importancia que tiene cuidar a las poblaciones más vulnerables, a las personas dependientes: a la primera infancia, a los niños, a las personas con discapacidad dependientes y a los adultos dependientes. Si algo nos une a este sistema, es lo que tiene que ver con la dependencia.
Obviamente, estamos de acuerdo con una herramienta como esta. ¡¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con una herramienta que apuesta a la justicia social?! Sin embargo, los que no lo estuvieron, los que le dijeron que no, los que impidieron que esta herramienta comenzara con fuerza, lamentablemente, fueron los de la propia fuerza política. En un principio le recortaron todo y después volvieron para atrás, pero le devolvieron solo una parte al buque insignia de este período, a lo que, considero, es la política social más importante de este período.
Además, le quitaron una parte importante. Siempre se corta por el lado más débil: por aquellos que no salen a protestar. La verdad –seguramente el sociólogo Julio Bango nos lo puede decir, porque recuerdo cuando lo mencionó en una entrevista– es que le recortaron a la discapacidad, en particular a la severa. Y esto, definitivamente, no habla de justicia social.
Entonces, mi primera pregunta es: ¿cómo eso va a afectar en este primer período, en particular, a esta población, que viene esperando desde hace años, que hace años que está relegada? Recuerdo que en la Cámara de Diputados trabajamos en una ley para que se reglamentara este tema –la Ley Nº 18.651–, sobre todo el artículo 25 referido a los asistentes personales. Sin embargo, aun hoy, en muchos casos siguen esperando, a pesar de que se reglamentó ese artículo. Lo hemos dicho en varias oportunidades: ¡cuidado con toda esa expectativa positiva que se fue generando desde la campaña electoral, e incluso antes, ya que el sistema de cuidados, como sistema, comenzó mucho antes! Todo comenzó con un diálogo social, luego se creó un plan piloto al que Mujica le prestó tan poca atención, que ni siquiera le dio recursos, pero había expectativas de que este Gobierno sí los dispusiera. Bueno, pues, en cuanto a lo que temíamos que pasara cuando planteamos el compromiso de que esto tuviera la importancia que merece, parece que –lamentablemente– no nos equivocamos. Nosotros anticipamos que queremos trabajar en la discusión que se dé en esta Cámara para que se vuelvan a recuperar los recursos que le sacaron al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en particular, a los capítulos sobre los cuales seguramente el sociólogo Bango nos pueda iluminar y advertir cuando analicemos el articulado. Nosotros teníamos reparos con respecto a la instrumentación del Sistema y, especialmente, al financiamiento, sobre lo que consultamos en muchísimas oportunidades. El Gobierno reconoció –hace pocos días el equipo económico estuvo acá– que la situación económica que encontró era mucho peor de la que esperaba. El Ministro expresó claramente que vino con un Presupuesto desfinanciado.
SEÑOR MICHELINI.- No dijo eso.
SEÑORA ALONSO.- Vino con un Presupuesto desfinanciado, claro que sí, en USD 2:000:000.000 que representa un déficit fiscal del 3,5% del Producto Bruto Interno. La economía está en desaceleración, aunque el señor Senador Michelini quiera negar la realidad; siempre hay que mirarla con objetividad para poder resolver los problemas, si no, difícilmente podremos avanzar en ese sentido.
SEÑOR MICHELINI.- No le adjudique al señor Ministro palabras que no dijo.
SEÑORA ALONSO.- Por lo tanto, señora Presidenta, la pregunta también tiene que ver con qué va a pasar con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en los próximos años, teniendo en cuenta este escenario. Con un Presupuesto recortado, ¿cómo cambia el cronograma –porque en esto también hay que ser precisos– y los tiempos que estaban planteados? ¿Va a brindar las prestaciones que se habían comprometido? ¿Podremos tener los detalles de la implementación de este sistema, más allá de la aprobación de esta ley en el Parlamento? Nos gustaría conocer, no solo el planillado, sino un detalle acerca del plan del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Hace unos minutos decíamos que, lamentablemente, hay sectores del Frente Amplio que están saboteando, no solo a su fuerza política, sino al país y, en particular, a los más débiles. Queremos decirlo con claridad…
SEÑOR MICHELINI.- ¡Miren si nosotros dijéramos que los blancos están saboteando al país! Por favor, señora Presidenta, usted tiene que cumplir su rol.
SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Senador: desde acá yo voy a asumir la responsabilidad que me confirieron. Si usted quiere responder una alusión, pida la palabra.
SEÑOR MICHELINI.- No, señora Presidenta, pero que se llame al orden a la señora Senadora.
SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señor Senador, yo voy a dirigir desde acá, si usted lo sabe hacer mejor, le ofrezco la Mesa. Vamos a tratar de mantener el cariño, la formalidad y la precisión con que nos habíamos comprometido a trabajar.
SEÑOR MICHELINI.- Esas palabras no son cariñosas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Esta es una apelación a todos y todas: que el cariño nos invada.
SEÑORA ALONSO.- Con cariño y con respeto, como siempre lo he hecho, pero también con compromiso y responsabilidad, quiero decir que cariño es lo que le ha faltado a la fuerza de Gobierno para darles a quienes debería haberles dado y acá se votó en contra y les sacaron los recursos.
Siguiendo en la misma línea, señora Presidenta, quiero plantear al señor Senador Michelini y a toda la fuerza política del Frente Amplio que cuando en esta Comisión tengamos que analizar los artículos a que estamos haciendo referencia, quizá podamos recapacitar y devolver los recursos que estaban previstos para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Sería una muy buena decisión, y desde ya adelanto que la acompañamos. Además, nos gustaría saber quiénes son los Legisladores que, quizás, no están dispuestos a devolverle al Sistema de Cuidados lo que estaba previsto.
SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir, el señor Senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Si ustedes están dispuestos a votar el Presupuesto, hablamos. Ahora bien, si ustedes no van a votar el Presupuesto y todavía nos dicen que no podemos tener déficit, que tenemos que bajar los gastos, que tenemos que bajar los recursos y, a la vez, asignarle recursos a la educación y al Sistema Nacional Integrado de Cuidados –que es una propuesta del Frente Amplio; no la vi en el programa del Partido Nacional–, no nos parece adecuado que nos den cátedra sobre cómo llevar adelante el plan de cuidados o el Ministerio de Desarrollo Social, que también es una iniciativa nuestra.
Me parece que lo mejor es preguntarle a la Ministra y que ella conteste, porque para dar clase sobre eso hay que ir con cuidado
SEÑORA ALONSO.- Nosotros vamos a estar en todo lo que sea necesario para colaborar en lo que entendemos que podemos acompañar un presupuesto, pero no para votar más sueldos o adjudicación de cargos. Hay muchísimas cosas que se podrían evitar y reasignar, y es desde ese lugar que el Partido Nacional va a acompañar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
También nos gustaría saber qué va a pasar después del 2017, 2018 y 2019, porque en el bienio que se contempla en el proyecto de ley se da prioridad a la primera infancia, y mucho menos a la discapacidad y a los adultos mayores. Lo grueso viene después, cuando el compromiso político ya ha sido contraído. Por eso, una de las preguntas que quiero hacer es: ¿cómo se van a asumir esos compromisos?
Otra inquietud que tengo tiene que ver con cuestiones más concretas, y es: ¿cómo se articula con los asistentes personales, con la Ley Nº 18.651? Es decir, ¿quién tiene los recursos? La señora Ministra decía que los sirve el BPS, pero no nos queda claro. En este sentido, como dijimos cuando tuvimos la discusión, hay cuestiones sobre la implementación del sistema que nos generan dudas.
Además, tengo otra consulta que tiene que ver con la ejecución presupuestal, que no es menor. Si bien el otro día cuando vino el INAU le hicimos la consulta sobre los recursos para la primera infancia, a través de esta ley que se va a crear se va a establecer una nueva institucionalidad –el sociólogo Julio Bango va a ser el Secretario de la Secretaría Nacional de Cuidados– que no va a ser meramente para supervisión o coordinación.
La Secretaría Nacional de Cuidados que se crea como un Órgano del Ministerio de Desarrollo Social va a tener nuevas potestades, que no solamente le van a permitir coordinar los distintos esfuerzos y programas presupuestales o extrapresupuestales, sino que el Secretario puede implementar programas. Esta ley le acuerda facultades vinculadas a la ejecución de los programas –si no es así, que me corrija el sociólogo Bango–, y ahí se plantea el riesgo de algo que nosotros también venimos advirtiendo, y es la duplicidad en cuanto a la ejecución presupuestal. No solo tenemos dudas con relación a la duplicidad o superposición de tareas, sino, además, sobre la ejecución presupuestal.
La Secretaría Nacional de Cuidados es un Órgano del Ministerio de Desarrollo Social diferente al INAU y, más allá de la vinculación institucional que puede existir entre ambos, son personas jurídicas de derecho público distintas; por lo tanto, me preocupa que se produzca una suerte de duplicidad en la función.
No voy a detenerme en cada una de las potestades que este proyecto de ley le da a la Secretaría Nacional de Cuidados, pero va a tener iniciativa presupuestal, no frente al Parlamento, pero sí hacia la interna del Poder Ejecutivo, con lo cual podrá intervenir en rubros presupuestales, por ejemplo, en esos que se aprueban para el INAU en cuanto a autorizar o no trasposiciones de rubros, establecer límites o asesorar al Poder Ejecutivo en materia presupuestal, en relación a los programas. Ese es un tema que también nos genera ciertas preocupaciones.
Luego, tenemos consultas relacionadas con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y en particular con el recorte que hubo. A partir de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes hasta hoy, se nos plantean dudas respecto a la formación, que es un tema central en este sistema. ¿Cómo piensan llegar a formar a la gente? ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Qué instituciones van a hacerlo? ¿Cómo tienen previsto estandarizar estos servicios? Actualmente hay recursos humanos con diferentes niveles de capacitación, tema no menor que, insisto, nos preocupa.
Otro aspecto está vinculado con el capítulo que quizás sea el más importante: el de la primera infancia. El Estado tiene un papel muy importante: garantizar el acceso universal a servicios de cuidados de calidad; eso es lo que se busca. En lo que tiene que ver con el cuidado de niños, no se trata simplemente de tener más niños con cobertura, sino de tenerlos bien, cuidados y con los estímulos que todos, como padres, pretendemos que nuestros hijos reciban en una etapa tan relevante de la vida. Ahora, en este nuevo escenario, de austeridad y de recortes, ¿cómo creen que se van a afectar los servicios? ¿Cuántos centros CAIF fueron planificados para el 2016, 2017 y 2018? Más o menos sabemos cuántos CAIF existen, pero nos gustaría que el equipo del Mides nos diera la cifra exacta. ¿En qué porcentaje se va a incrementar el número de CAIF a partir de la aprobación del presupuesto? También me gustaría saber si en esta búsqueda de descentralización quedan todos contenidos a nivel de departamentos, cómo quedan distribuidos y, sobre todo, de cuántos niños se habla en este proceso. Hago estas preguntas porque tengo algunas dudas. En el período anterior no se cumplieron las metas de creación de CAIF que se habían comprometido. Tengo las Rendiciones de Cuentas de 2012, 2013 y la de 2014 –que no habla nada de eso–, y no se cumplió con lo establecido. Entonces, quisiera saber, si se prevé la creación de esos CAIF, cuántos serían y si con eso se estaría cubriendo a ese porcentaje de niños que se dice que sería mayor.
Cuando analicemos el articulado podremos ir viendo cada uno de los Incisos, pero quiero redondear la idea diciendo que, de la forma que está planteado, el Sistema Nacional Integrado de Salud es una especie de saludo a la bandera. Seguramente escucharemos al sociólogo Julio Bango que nos podrá ilustrar sobre este tema, pero nos gustaría que esto fuera diferente. Nosotros estamos –como hemos dicho– para buscar los mejores caminos y la Ministra sabe que va a contar con todo nuestro apoyo. Esperemos que haya el mismo esfuerzo y apoyo de los distintos grupos que conforman la fuerza política que gobierna.
Haremos las siguientes consultas durante el análisis del articulado.
SEÑOR HEBER.- Es un gusto recibir a la señora Ministra. Luego de la intervención de la Senadora Alonso, no vamos a hacer otros comentarios sobre los grandes objetivos del Ministerio porque explicó muy bien la idea de nuestra fuerza política. Recuerdo que yo también era Legislador cuando se planteó la creación del Ministerio de Desarrollo Social, y la votamos en esa oportunidad, más allá de que en cada instancia electoral se dice que si llegamos a ganar nosotros vamos eliminar ese Ministerio y a cortar las asistencias. Lo cierto es que aquí siempre levantamos nuestra mano para apoyar las tareas que generen la ayuda social en una muy buena idea, que fue del Frente Amplio y que, como tal, la hemos apoyado y la seguiremos apoyando, como ha indicado la señora Senadora Alonso.
Quiero hacer algunas preguntas a la señora Ministra que son de otro orden y que tienden a clarificar los planillados que tiene este Ministerio; realmente, me gustaría poder analizar esa información con la Ministra y sus asesores, a los efectos de poder entenderlos, ya que hay algunos aspectos que de verdad nos resultan difíciles de comprender. Asimismo, cuando lleguemos a la instancia de considerar el articulado, nos gustaría hacer una suerte de análisis de algunas disposiciones que nos resultan preocupantes.
En primer término, quiero hacer un comentario de carácter general. Nos parecen correctas las expresiones de la señora Ministra cuando señala que tiene que arreglar la casa. Me parece que ese concepto es correcto. Sé que cuando se creó el Ministerio ella debió enfrentar dificultades muy grandes, y eso puedo afirmarlo porque vivimos las instancias de las Rendiciones de Cuentas cuando la Ministra asumió la titularidad de la Cartera en el primer Gobierno del Frente Amplio. Sabemos las dificultades que implicó crear un Ministerio de este porte y, en términos generales, apoyamos la inclusión de estos programas que hacen a la centralidad y la coordinación de un trabajo que es horizontal, como se dice ahora, y para cuya concreción es necesario lograr la coordinación de todos los actores en un trabajo que debe hacerse en equipo para poder llegar con contundencia a los objetivos planteados. Creo que durante los cinco años en que la señora Arismendi no fue Ministra, se desarregló la casa, y algunos artículos de este Presupuesto así lo demuestran. No es nuestra intención generar una discusión acerca del pasado, porque ya no tiene sentido, pero lo cierto es que algunos artículos que presenta la Ministra y en su momento analizaremos procuran ordenar un gran desorden que hubo en estos cinco años pasados al frente del Ministerio de Desarrollo Social.
En esta instancia, quiero hacer algunas preguntas sobre las planillas del Tomo III, correspondiente a Gastos Corrientes e Inversiones, que el Poder Ejecutivo nos envía para que entendamos los números. Obviamente, las palabras deben traducirse en números concretos para sostener los programas. Hay tres grandes programas de acción: uno de ellos es el de las políticas transversales de desarrollo social, tal como se plantea en el planillado; otro es el de la Red de Asistencia Integral y Social y otro el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Protección Social, que después de las respuestas que nos dará la Ministra a las preguntas planteadas por la señora Senadora Alonso, nos permitirán conocer en qué consisten los números finales de estas iniciativas.
En una de las planillas, en el cuadro 13, hay desagregados muchos de estos programas. En primer lugar nos llaman la atención algunas cifras de los programas 344, 345 y 346, que son los que tienen que ver con la educación inicial, educación primaria y educación media. No sé si están bien estos cuadros, porque hay números que no me cierran y quizás haya habido un error en la formulación. Pero lo cierto es que en estos programas había una cifra de $ 500.000 en el año vigente, $ 4:500.000 en la educación primaria y $ 45:000.000 en la educación media. Sin embargo, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, es $ 0. Entonces, me gustaría saber si la señora Ministra entiende que estos son programas que no es necesario continuar. En realidad, en el caso de la educación media, baja de $ 45:000.000 a $ 4:000.000 a partir del año 2016.
Después hay políticas transversales de desarrollo social que tienen un gran incremento: de $ 128:000.000 a casi $ 300:000.000. Me parece que sería importante conocer en detalle cuál es la apuesta de la señora Ministra con estas políticas, que seguramente serán más que justificadas.
En el caso de la Red de Asistencia e Integración Social, hay casi $ 2:800.000 y pasa a $ 5:600.000. Nos parece que es una concentración muy importante.
Respecto del SNIC, ya se ha hecho referencia a él.
Por otro lado, en el caso de la política de empleo, la cifra es de $ 84:000.000 y pasa a $ 94:000.000.
Me gustaría que la señora Ministra nos explicara a qué se deben estos cambios; si son parte de un reordenamiento y si hay programas que se entiende que no deben continuar.
En el caso del cuadro 14, me parece que debe tener errores. Tengo entendido que el Centro de Atención de CAIF ahora pasa a este Ministerio, y también se propone la transferencia de los programas de calle y atención a mujeres y niños. En estos casos es lógico que no haya nada vigente y quizás tengamos que buscar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Todos estos programas de asistencia social son explicables; no tengo preguntas para hacer en este caso.
En el programa 559, que refiere a transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro, transferencias para fortalecimiento y asistencia al INJU y a organizaciones de carácter social que tienen gastos, me parece que hay un error porque la planilla me está diciendo que no hay nada vigente en el ejercicio 2015. Entonces, repito, me parece que debe haber un error; no es que pasa de cero a 429:000.000. Supongo que debe haber algún error y lo planteo para ver si podemos tener los números a los efectos de conocer si hubo crecimiento o mantenimiento, es decir, para saber si es la misma plata y entender la planilla. Repito: me parece que no está bien.
En cuanto al tema de becas, convenios INJU, hay una planilla que dice que el Presupuesto vigente pasa de 1:500.000 a 9:000.000. ¿Se piensa que antes había faltante y ahora se precisa más plata? ¿Hay una mayor proyección de becas? ¿Estábamos en una situación deficitaria? ¿No estábamos atendiendo a toda la población que queríamos becar y que de alguna manera tenía derecho? ¿Hay alguna política en ese sentido? Nos gustaría que la señora Ministra pudiera, por lo menos, hacer un planteo.
La ayuda alimentaria –pensiones no contribuyentes por vejez o invalidez– aparece en el 2016 con 126:000.000. No sé si esto está encuadrado dentro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y por eso aparece ahora, o directamente no había recursos en el presupuesto vigente.
En cuanto a la tarjeta alimentaria, a mi juicio también hay un error porque se está diciendo que el presupuesto vigente es de 106:000.000 y que en el 2016 será de 1.700:000.000. Por lo que pudimos averiguar, me parece que la cifra es 1.500:000.000, que ahora se incrementa a 1.700:000.000. Pudimos apreciar que en la ejecución 2014 la cifra por concepto de tarjetas alimentarias ascendía a 1.500:000.000, que ahora pasaría a 1.700:000.000. O sea, hay un incremento que nos parece bien. Además, queremos preguntar a la señora Ministra cuántas tarjetas alimentarias estamos dando en este momento y cuánta ayuda estamos brindado por esta vía y por la asistencia a la vejez, que pasa a ser 244:000.000.
Con respecto al tema de las asistencias, todos hemos tenido contacto con mucha gente que recibe la asistencia que brinda el Mides. Hemos visto casos en los que nos alegra que se los asista porque precisan; en ese sentido apoyamos la política, pero nos hemos encontrados con algunas situaciones en donde podemos ir avanzando en este sentido. Seguramente hay miles de ejemplos, pero en lo personal vi más de un caso de madres solteras, a veces con 8 o 9 hijos. Tuve oportunidad de estar dos veces con una mujer joven, que tenía 9 hijos y estaba siendo asistida por el Ministerio de Desarrollo Social, quien me dijo algo que, por lo menos, me parece importante comentar hoy aquí. Me dijo: «No me puedo ir del Ministerio de Desarrollo Social porque si yo mañana consigo un trabajo pierdo, naturalmente, la asistencia. Estoy en un trabajo informal pero me gustaría que el sistema me diera la oportunidad de ir al mercado laboral y, en el caso de que no me vaya bien, poder volver al sistema». Creo que es importante instrumentar esto; quizás lo estén haciendo o ya esté hecho, pero tal vez las personas no lo sepan suficientemente. Me refiero a que puedan irse y volver al sistema, porque ese es un drama que hemos visto en mucha gente que, teniendo necesidades y muchos problemas, no pueden regresar al sistema o tienen temor de que no se los deje volver. Me parece que esto sería una evolución, y ojalá ya esté contemplado, pero creo que es un tema para atender porque puede ser una forma de ir concentrándose en la gente que, en realidad, no puede trabajar o no tiene aptitudes para ello, reintegrando a la sociedad a aquellos que sí pueden desarrollar alguna tarea, ya que no hay mejor política social que el trabajo.
Queríamos hacer un comentario en ese sentido para poder avanzar, dejando pendiente, señora Presidenta, el análisis de los artículos que nos preocupan; llegado el momento, haremos las preguntas del caso.
SEÑORA MINISTRA.- Hay muchas cosas para conversar y creo que eso es muy bueno. Según me acotan, no se espera otra delegación luego de la nuestra, por lo que tenemos todo el tiempo para explicarnos.
En primer lugar, quiero agradecer la actitud de la señora Senadora Alonso; la ha demostrado en todo este tiempo, tanto en el acuerdo como en el desacuerdo. Trabajar, discutir, enfrentar posturas, ver puntos de vista o, a veces, poniéndose al tanto, en general, unas a otras –pero también unos a otros– con respecto a los distintos temas, es una manera muy buena de ir fortaleciendo todas las políticas públicas. O sea que, en ese sentido, sabemos de su preocupación pues nos la ha trasmitido en las Comisiones en las que hemos estado y también personalmente. Realmente valoramos eso y aspiramos a trabajar siempre así.
Hoy dije que trabajamos muy bien con todas las Intendencias del país, sin importar el color de la fuerza política que haya ganado porque nos ocupamos, en el territorio, de las necesidades que tiene la población. Lo mismo sucede ahora con los Municipios y aspiramos a que siga siendo así, a pesar de que tenemos algunos problemitas en algunos lados, sobre los que después podríamos conversar.
Voy a hacer algunas afirmaciones y luego voy a pedir a algunos compañeros que expliquen ciertas cosas. Voy a empezar por un tema que para nosotros es bien importante y que tiene que ver con las transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas. De esto estamos hablando cuando nos referimos a las asignaciones familiares, a la asistencia a la vejez y a las tarjetas de alimentación. En el caso del Mides, al día de hoy puedo decir que tenemos la TUS –Tarjeta Uruguay Social–, y esto es parte de lo que después explicaremos acerca de los planillados. Ya en la segunda etapa hubo una tendencia a convertir en tarjeta las transferencias que se hacían en especie por el INDA, pero para eso hay que tener en cuenta muchas cosas, y en ese sentido estamos trabajando. Estamos cruzando bases de datos teniendo en cuenta, sobre todo, conceptos de nutrición y alimentación por aquellos que necesitan una alimentación particular, y el caso típico son los celíacos. Por ejemplo, no podemos pensar que el almacén de Caraguatá va a tener los alimentos específicos que necesita un celíaco. Hay otras enfermedades que requieren de una dieta balanceada que prohíbe algunas cosas, pero no otras. En ese caso sí se podría trabajar con la tarjeta. Dentro del debate –aclaro que no está presupuestado así, pero figuraba en nuestro programa, que fue aprobado y que ahora es el programa de gobierno– hay un trabajo que apunta a la unificación de las transferencias.
En el mundo se ha comprobado que las tarjetas de alimentación –nuestros especialistas han trabajado intensamente en esto– son la transferencia monetaria más condicionada –sería la TUS del Ministerio de Desarrollo Social– porque se trata de una pequeña transferencia. El Senador Heber hablaba de una madre con nueve hijos, pero ella llega a recibir poco más de cuatro pesos teniendo tarjeta doble de alimentación. Además, se dice que esa tarjeta es para comprar comida y útiles de limpieza, pero si quiere ponerle confites a la torta de cumpleaños del hijo, sería discutible si eso es un comestible o no. Lo puse como un ejemplo muy pequeño, como lo hizo el Senador, porque compartimos esa preocupación.
Con el actual Director del INDA, que es miembro de nuestro equipo y que, además, estuvo en el nacimiento de las tarjetas de Uruguay Social, el doctor Gerardo Lorbeer –lamentablemente hoy no pudo venir–, trabajamos mucho en el tema y ahora estamos viendo de qué manera potenciamos lo que los médicos diagnostican como riesgo nutricional y recomiendan que la persona tenga un refuerzo, ya sea en especie o mediante la tarjeta. En el caso de los celíacos pensamos que se debe trabajar con el Correo uruguayo. A estas personas hay que mandarles un paquete y mediante el Correo ahorramos al no tener que contar con camiones y funcionarios para hacer el traslado, lo que generaría un encarecimiento para poder entregar la comida a la persona. Sobre todo esto seguimos trabajando.
No quiero hacerme la distraída, pero cuando hablamos de tercera etapa estamos diciendo que como la sociedad se transforma –nosotros trabajamos para que la sociedad se transforme y lo hace, aunque puede ser opinable políticamente si es mejor o peor–, también se deben transformar las políticas a la luz de la realidad. Por tanto, cuando hablamos de tercera etapa, superando las dos anteriores, también estamos hablando de superarnos a nosotros mismos. Cuando decimos que hay que ordenar la casa, lo hacemos en función de los nuevos desafíos que tenemos, que son otros porque nosotros mismos colaboramos para transformar esa realidad.
Por otra parte, quiero decir –luego vamos a entrar en los detalles de planillado– que, tal como expresáramos al inicio de nuestra intervención, compartimos las preocupaciones que señalaba la señora Senadora Alonso en cuanto a la medición a partir de ingresos. Actualmente se puede medir como lo hacía el INE en sus comienzos, porque no lo hacía mal. Los señores Senadores saben que nunca pusimos en tela de juicio los datos del INE; lo que sí dijimos siempre es que el INE mide de acuerdo a ingresos y en aquel entonces tomaba en cuenta poblaciones mayores a 5.000 habitantes. Esto generó, por ejemplo, que al empezar a trabajar con el Índice de Carencias Críticas –que es una medida multidimensional de la pobreza que no toma solo los ingresos–, que se construye por el Instituto de Economía, nos dimos cuenta de que las personas solas que vivían al borde de un pueblo o estaban en poblaciones menores de 5.000 habitantes, no eran atrapadas por el algoritmo. ¿Por qué? Porque estaba hecho para poder comparar y hacer la serie a imagen y semejanza de cómo medía el INE –que, para los fines que tenía en ese entonces, lo hacía de manera correcta–, pero no era efectivo para que el Ministerio de Desarrollo Social pudiera atrapar realmente la complejidad de la situación. Podemos dar ejemplos: encontramos expeones rurales que nunca habían hecho un aporte, que habían perdido el trabajo, que eran analfabetos y que no tenían familia, que la medición anterior no lo atrapaba y los tenía registrados como si fueran Rockefeller. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social, trabajando conjuntamente con el Instituto de Economía, llegó a la conclusión de que había que hacer algo para que esa realidad se transformara en función de lo que queríamos medir. Por eso el Índice de Carencias Críticas es complejo y toma la multidimensionalidad. Voy a poner ejemplos sencillos para que se vea lo que queremos expresar. Cuando trabajamos con el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social los clasificadores nunca habían accedido a un Ingreso Ciudadano –o muy rara vez lo habían hecho– porque por ingresos no entraban. Eso no quiere decir que vivieran en buenas condiciones; de hecho vivían en condiciones muy complejas. Sin embargo, para lo que estábamos haciendo en ese momento no ingresaban.
Voy a citar ahora un ejemplo de abril o mayo de este año, cuando hicimos un ejercicio en el que aislamos el factor hacinamiento para el Índice de Carencias Críticas porque en el conjunto pesaba mucho. Al aislar ese factor, automáticamente entraron mil hogares compuestos por una mujer con un niño. Obviamente, el Índice de Carencias Críticas no los atrapaba por el peso del factor hacinamiento. O sea que se agregaron mil tarjetas de alimentación para dos mil personas: la madre y el niño.
Podemos hacer otro tipo de apreciaciones, pero queremos decir que –y esto es parte de otro artículo–cuando nuestros jóvenes salen con sus Ceibalitas a hacer la visita a las casas, hacen un relevo de todos los factores: se mira cómo está la casa, si hay saneamiento, si tienen comodidades, si hay agua potable y electricidad, de qué materiales está hecha la vivienda, si tienen muebles, si tienen una única cama para todos los que viven allí. Hay una cantidad de cosas que se miden y que forman parte de este tema.
Quiero decir que nosotros invitamos a la señora Senadora Alonso, quien accedió con mucho gusto, a que viera, con su equipo –la Senadora presentó esta misma inquietud cuando estuvo en el Mides–, a ver cómo se trabaja y cómo se mide con el Índice de Carencias Críticas, cómo se aplica, cómo es el trabajo de campo, cómo ese trabajo luego alimenta las bases de datos, de qué manera y cómo después se puede acceder a estos datos. Por ejemplo, puedo poner el nombre de Verónica Alonso para ver qué situación tiene, si tiene hijos, que se le hizo una visita en tal fecha o que tiene una visita programada para tal otra, etcétera; ahí aparece todo. Incluso, si pongo mi nombre va a figurar que estoy en el BPS, pero no tengo visita programada ni pedido de nada. Esto también es parte de la interinstitucionalidad.
Disculpen que utilice una expresión poco parlamentaria o política, pero hay que estar en la lona, en la recontra lona para poder acceder a la tarjeta doble. Este es un tema a discutir. Pero lo cierto es que estamos convencidos de que podríamos trabajar más con este mecanismo. De hecho, parte de la explicación de algunas aparentes inconsistencias que encuentra el señor Senador Heber en el planillado tienen que ver con el trabajo que se realiza junto con INDA, ya que queremos ver cómo potenciamos la cantidad, pero también la calidad de la alimentación de los uruguayos y las uruguayas en general. No se trata solo de transferir dinero, de entregar alimentos o de abrir un comedor, ya sea en una escuela, en un liceo, en un CAIF o en una comunidad. Lo digo porque, efectivamente, cuando hablamos de esto decimos que hay 60.000 tarjetas activas de transferencias de Uruguay social, de las cuales 40.000 son dobles; dicho de otra manera, hay 40.000 familias que están absolutamente mal. Doy un ejemplo porque el otro día estuvimos negociando con Mevir. Esta organización nos puede plantear: «De este conjunto de viviendas les damos una para aquellos con los que ustedes están trabajando en el programa Cercanías o Uruguay crece contigo, ya que en cada lugar la oficina está acompañando el caso y los campos de Dinem –Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo– han evaluado que tienen necesidad de vivienda y el problema de fondo a resolver es ese». Entonces, a la familia con la que estamos trabajando se le adjudica una casa de Mevir y luego se le hace una visita, observamos que tiene la vivienda en condiciones y que su situación ha mejorado, pero nos señalan: «Los ladrillos no se comen». No tenemos más que responder que tiene razón.
Ahora bien, estas son las normas que nos dimos, es lo que establece la ley y la estamos cumpliendo. Digo esto porque el debate es a dos bandas: por un lado –me alegro muchísimo de ello–, la Bancada del Partido Nacional o parte de esta plantea la necesidad de llegar a más, que es lo que nosotros queremos pero, por otro lado, vemos que en los medios de prensa se dice: «Les dan a los pobres y no les exigen nada», etcétera. La pregunta es: ¿a dónde fue a parar la reducción que se hizo? ¡Están trabajando! No sé si todos los señores Senadores –perdonen que parece una disquisición colateral, pero no lo es– disfrutaron como nosotros en la rural, en ese lugar en donde se exhibe la mejor producción que tiene el país en ese sector, porque allí también nosotros tuvimos la exhibición de la mejor producción que tienen las emprendedoras y los emprendedores del Mides, que son apoyados por el programa Cooperativas Sociales, o están amparados como monotributistas o trabajan en el marco del programa Emprendimientos Productivos, cuyos recursos se transfieren a través de microfinanzas BROU. Realmente, esos productos eran de tal calidad –que tienen la marca ProVas, o sea, Programa Valor Social–, que las empresas realizaron grandes compras para regalos empresariales. Esa es la salida.
El señor Senador Heber decía que la mejor política social es el trabajo. Sí y no, porque a veces uno tiene trabajo, pero puede tener otros problemas, como por ejemplo ceguera o necesidad de prótesis. El problema puede ser la falta de trabajo, pero es necesario apoyar a este sector de población de distintas maneras. En el Mides tenemos compañeros y compañeras ciegos, así como con problemas de traslado, pero contamos con mecanismos de accesibilidad. Eso tiene que ser así, no solo en el Mides, sino en todas partes.
Ciertamente es un tema muy complejo, pero nos alegra que se aborde en esa complejidad.
Antes de que haga uso de la palabra Julio Bango, quisiera que la magister Mariela Solari, Directora de Uruguay Crece Contigo, expusiera sobre los temas de la encuesta y de la alimentación. En realidad, esto ya fue dicho en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión –la señora Presidenta lo recordará–, pero hay algunos Senadores y Senadoras que no estuvieron presentes.
SEÑORA SOLARI.- Dadas las preguntas realizadas por la señora Senadora Alonso, voy a dividir mi exposición en tres partes. Se nos preguntaba acerca de por qué Uruguay Crece Contigo estaba en las órbitas de la OPP y su pasaje al Mides, así como algunos datos sobre la primera infancia.
En 2012, Uruguay Crece Contigo como programa estaba en la órbita de la OPP. Aparece como una propuesta piloto que toma como experiencia los antecedentes de Canelones Crece Contigo y Chile Crece Contigo. A partir de ese año y hasta 2014, se extiende a nivel nacional y logra atender 12.000 mujeres embarazadas y niños menores de cuatro años. En virtud de un riguroso sistema de monitoreo de las familias mediante duplas socio-sanitarias –que trabajan once meses con las familias en alto riesgo–, como dijo la señora Ministra, se logra obtener resultados en los niveles de desnutrición y alimentación de los niños, en la anemia, en pautas de crianza, en inclusión social de las familias y, fundamentalmente, en la baja de la mortalidad infantil. Esos datos, que tienen que ver con los resultados en ese período, están disponibles y podemos compartirlos cuando los señores Senadores lo consideren necesario.
También en esa etapa una de las principales metas que se propone el programa es agudizar y focalizar el estudio de las necesidades y problemas que tiene la primera infancia en nuestro país. Es así que surge la Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil a que hacía mención la señora Senadora, que se realiza junto con el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad de la República. Uno de los datos que surge es que el 4% de los niños menores de cuatro años está en condiciones de inseguridad alimentaria grave. Como bien decía la señora Ministra, esto incluye problemas que tienen que ver con qué comen y cómo comen los niños. Por un lado, tenemos problemas de alimentación por exceso; somos uno de los países que tiene mayor número de niños menores de cuatro años con problemas de obesidad. Por otro, también tenemos niños que tienen problemas de talla y crecimiento por déficit de alimentación.
A partir de que Uruguay Crece Contigo está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, en los últimos meses, junto con el Ministerio de Salud Pública y con INDA, se ha trabajado para fortalecer algunas acciones ya existentes y focalizar otras, con base en este estudio que nos permitió tener mayor claridad en cuanto a cómo se dan los problemas en la primera infancia.
Quiero destacar tres aspectos relevantes en el pasaje del programa Uruguay Crece Contigo a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
El primero tiene que ver con que es un Ministerio que tiene vocación de articular políticas sociales. En ese marco abordamos la problemática actual de la primera infancia, que no es la misma que en el año 2005 y 2010. En otras palabras, tiene que ver con particularidades que hacen a esa etapa de la vida, pero también con otras relacionadas con la conformación de la familia que ha cambiado; con los cuidados; con las pautas de crianza, de alimentación y con la circulación de los espacios públicos, y con el lugar que como sociedad le damos a la primera infancia. Esto hace que no haya una sola institución que pueda dar respuesta, sino que se requiere de un trabajo integral. Es fácil decirlo, pero a la hora de implementar esa política social es necesario que todas las instituciones trabajemos con un solo eje en común. El Ministerio de Desarrollo Social tiene en su órbita al Consejo Nacional de Políticas Sociales que le permite, a partir de este período y a través de la Comisión de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, tomar las tres etapas como trayectoria: primera infancia, infancia y adolescencia. Los distintos organismos nos ocupamos de complementar las acciones y los recursos destinados a resolver las principales brechas que siguen quedando en estas tres etapas
El siguiente desafío, tiene que ver también con la inserción institucional. En este sentido, cabe resaltar que Uruguay nunca ha tenido tantos recursos humanos como en los últimos años destinados al trabajo en el territorio con las familias y, especialmente, con las más vulnerables. Tanto el programa Uruguay Crece Contigo como Jóvenes en Red y Cercanías están trabajando con familias a las que no se había podido llegar años atrás. La trayectoria de estas familias indica su situación de exclusión es de larga data. Esto hace que las propuestas de intervención no sean ni mágicas, ni rápidas y que requiera de varios actores. Por eso, poder trabajar desde el Ministerio de Desarrollo Social, como Organismo articulador, junto con otros actores permite dar un salto cualitativo en lo que hace a los modelos de intervención en la primera infancia. No se trata solo de qué se hace, sino cómo se hace. Esta modalidad nos ha permitido trabajar en conjunto con los CAIF, con los centros diurnos y con centros de salud, especialmente, con el Hospital Pereira Rossell y con los centros de maternidad. De este modo, hemos puesto el acento en los modelos de intervención en los que trabajamos con las familias que tienen niños en situación de mayor riesgo. Estas son las acciones más focalizadas que, en consonancia con lo que decía la señora Senadora Alonso tienen que ver con la búsqueda de una mejor puntería en cuanto a dónde y cómo llegamos, y, en particular, en llegar antes. Cuando hablamos de fortalecer el trabajo que se hizo en la primera etapa de Uruguay Crece Contigo, hablamos de que en esta etapa corresponde fortalecer el trabajo en los centros de maternidad y en el Hospital Pereira Rossell, como uno de los lugares donde nacen la mayor cantidad de niños en situación de riesgo.
Insisto que esto requiere de un fuerte trabajo de coordinación. Por eso, el hecho de que Uruguay Crece Contigo esté en la órbita del Mides le permite articular con ASSE, con el Ministerio de Salud Pública, con el Banco de Previsión Social y con otros actores con competencia en la primera infancia.
Por último, con respecto a las distintas modalidades de trabajo, quiero destacar que el trabajo que mayormente hace el programa Uruguay Crece Contigo –como es de conocimiento de los señores Senadores– tiene que ver con el acompañamiento en el hogar como metodología. Este programa de acompañamiento familiar en el hogar es uno de los que tiene mayor profesionalización de sus recursos humanos dentro de los países de América Latina. La profesionalización y el modelo de trabajo hacen que se vean los resultados que hoy tenemos en la intervención con las familias. Modelo con el que, como recién decía, además del acompañamiento familiar, se piensa aumentar la cobertura de las familias. Pero esto no quiere decir que hagamos una regla de tres. No quiere decir que si yo con una dupla atendía a 40 familias ahora voy a necesitar dos para atender a 80. En consonancia con lo que decía en cuanto a revisar los modelos de intervención, justamente, lo que estamos haciendo tiene que ver con otras metodologías de trabajo con algunas familias, y ello implica: el trabajo en el hogar; el trabajo grupal con otras familias que tienen otro nivel de inclusión social, como forma de fortalecer las redes de inclusión social de estas familias, además, la realización de trabajos con otros actores como los centros educativos, tanto de educación inicial como media, teniendo en cuenta que en estos casos la mayoría de los padres y las madres son adolescentes, y muchos de ellos se han desvinculado del sistema educativo.
En la misma línea, hemos extendido a todo el país el trabajo con las mujeres privadas de libertad, que están embarazadas y tienen niños menores de cuatro años, así como con las adolescentes que están en el Sirpa, que están embarazadas y tienen niños pequeños. Esa es otra modalidad de trabajo que, en el marco de la integralidad, podemos fortalecer.
En lo que hace al componente más universal –como hoy hacía referencia la Ministra–, consideramos que las políticas de primera infancia deben focalizarse, especialmente, en los más vulnerables, pero mediante acciones universales. En ese sentido, vamos a seguir trabajando con todos los niños, desde el nacimiento, y con las mujeres embarazadas, en todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Salud Pública.
En cuanto a las acciones universales, consideramos que son un llamado a la comunidad para que, como país, nos hagamos cargo de que la crianza y el cuidado, no solo refiere a la crianza y el cuidado de mis niños y que otros se ocupen de los otros, sino a todos los niños –porque todos son nuestros niños– y eso implica trabajar con todas las familias.
En síntesis, las acciones pensadas para este período implican un fuerte componente de focalización y, además, seguir trabajando en las acciones universales para la primera infancia.
Finalmente, quiero hacer una invitación a los señores Senadores. A partir del 30 de noviembre y el 1, 2 y 3 de diciembre, se realizará el seminario De Primera y Para Siempre, en un trabajo conjunto entre el INAU, el Ministerio de Salud Pública, el MEC y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que recoge otros eventos a desarrollarse durante el mes de noviembre a nivel territorial, donde la pauta es que la crianza y el cuidado es una responsabilidad de toda la comunidad para que, justamente, como estábamos diciendo, todos los uruguayos y uruguayas podamos tener a la primera infancia como una prioridad, como lo son tanto para el Gobierno como para el Ministerio. En ese marco, Uruguay Crece Contigo y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados tienen como prioridad a la primera infancia.
SEÑORA ALONSO.- Agradezco a la Directora de Uruguay Crece Contigo su explicación, porque nos queda más claro aún y nos confirma que el lugar en el que está el programa es donde debería estar definitivamente e incluso donde tendría que haber estado antes. Eso me alegra especialmente.
En cuanto al artículo 508, que transfiere el programa Uruguay Crece Contigo, que actualmente está ubicado en Presidencia de la República, al Ministerio de Desarrollo Social habla del programa entero, con sus bienes, con sus derechos y obligaciones, y con sus funcionarios. Me gustaría preguntar, cuál es el número de funcionarios que hoy integran el programa Uruguay Crece Contigo.
SEÑORA SOLARI.- Son casi 248. En este sentido, es importante destacar que menos de un 10% forma parte de la Unidad Técnica Central que dirige el programa; el resto son operadores, supervisores, médicos parteros y nutricionistas, que trabajan en el territorio, algunos que junto con ASSE y otros con el INDA. Me parece que eso refleja una ecuación rigurosa de los recursos, que permite que el que dirige sea un grupo muy pequeño, mientras que el resto está conformado por quienes efectivamente trabajan en el territorio con las familias y con los servicios con los que tenemos que trabajar.
SEÑOR GRAÑA.- Buenas tardes Senadores y Senadoras.
En cuanto al planillado que figura en la página 13 –a que hacía referencia el Senador Heber– como todos deben saber, en el primer período de gobierno de 2005-2010 hubo una discusión que culminó en la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, más conocida como la ENIA. Ese proceso tenía dos componentes muy fuertes dirigidos a la primera infancia y a los adolescentes. Si uno recorre en el Presupuesto la relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la ANEP, descubre que hay planes que han sido coejecutados desde su nacimiento y el ejemplo más claro es el Programa Maestros Comunitarios, que nace recogiendo una tradición histórica de lo que fueron las Misiones Pedagógicas llevadas adelante, entre otros, por el maestro Soler. En realidad, se empiezan a institucionalizar, como práctica, acciones de innovación en la tarea de docente y eso se aplica en varias áreas porque también se da en la educación media, primero con los acuerdos de familia para apoyar la educación. En el segundo período de Gobierno comenzaron los programas Compromiso Educativo, Aulas Comunitarias y Tránsito Educativo que apoya el pasaje de los chicos de primaria hacia secundaria o UTU. Cada año la ANEP toma parte de ese presupuesto. Este es el fin de esa etapa y la ANEP pasa a tomar parte del presupuesto de todas estas políticas y programas.
SEÑORA MINISTRA.- La Directora General, economista Mazucchi va a explicar el resto del planillado.
SEÑORA MAZUCCHI.- En 2015 estamos con un crédito de apertura y esto no incluye refuerzos ni trasposiciones, pero en 2016 figura la línea de base de 2016 con esas cosas incluidas; por eso el salto parece bastante más grande de lo que es en realidad.
Con respecto a la pregunta formulada por el Senador sobre las transferencias para fortalecimiento del 559, quiero decir que en 2015 esas transferencias están en el objeto 299. Hay un artículo –que luego explicaremos punto por punto– que dice que a partir de la promulgación de esta ley el Ministerio de Desarrollo Social no contratará más personas individuales a través de OSC. Para cambiar las formas de contratación y regularizarlas nos comprometemos a trancar ese dinero en estos tres nuevos rubros. Si bien no existían los números, la plata estaba y le pagábamos por gastos de funcionamiento 299. Lo que hacemos con estos nuevos números «inventados» para 2016, es asegurar que vamos a gastar eso y nada más, que es lo que hoy se gasta en contrataciones a través de OSC.
SEÑORA MINISTRA.- Cedo la palabra al licenciado Bango para responder las preguntas sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
SEÑOR BANGO.- Los señores Senadores realizaron una serie de consultas que nos parecen muy pertinentes y contribuyen a que podamos explicar en detalle un montón de cuestiones que venimos trabajando en silencio desde hace unos siete u ocho meses y que no es nuestra intención dar a publicidad porque no se trata de hacer marketing político con el trabajo sino de ir preparando lo que va a ser la implementación en toda su complejidad del Sistema Nacional Integrado de Cuidados a partir del 2 de enero de 2016.
Vamos a aprovechar las preguntas que nos hizo la señora Senadora Alonso, a fin de poder contextualizar debidamente de qué estamos hablando cuando nos referimos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuáles son sus fundamentos y por qué el gobierno del Frente Amplio propone su creación. Queremos decir que estamos muy felices como gobierno y como Poder Ejecutivo de que la ley que ya tiene la aprobación de la Cámara de Representantes cuente con el apoyo de todos los partidos políticos. Sentimos que desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos una espalda ancha para poder enfrentar este desafío y sabemos que contamos, repito, con el apoyo de todo el sistema político.
Quiero comentar que en el día de ayer estuvimos conversando con el Intendente de Cerro Largo, actual Presidente del Congreso Nacional de Intendentes y acordamos que apenas se vote la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados él va a pasar a integrar la Junta Nacional de Cuidados, porque este Parlamento va a resolver que el Congreso sea parte de esa Junta que es el Organismo de la gobernanza política del sistema. Por lo tanto, hasta el mes de julio el Intendente de Cerro Largo va a integrar el sistema desde su inicio y va a asumir la responsabilidad institucional que corresponde.
La señora Senadora Alonso había hecho una serie de preguntas, una tenía que ver con aspectos puntuales de lo que es el presupuesto proyectado, las decisiones tomadas por la Cámara de Representantes y qué consecuencias tienen los cambios presupuestales que se realizaron sobre algunos de los programas que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados prevé hacer. Asimismo, ha hecho otras preguntas que nos parecen relevantes y que tienen que ver con cuál es la planificación quinquenal, cuáles son las metas del sistema y, en particular, lo vinculado con los objetivos para el tema de la primera infancia, con el programa de asistentes personales y cuál va a ser su formulación a la luz de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Por otro lado, la señora Senadora ponía particular énfasis en la política de formación de recursos humanos que, me adelanto a decir, es un factor crítico, tanto como el de la disponibilidad de recursos económicos. Obviamente, la disponibilidad de dinero es una restricción inicial para la implementación de toda política pública, pero en este caso en particular si se cuenta con la plata pero no con los recursos humanos calificados para poder desarrollar la política, entonces no sirve de mucho tener el dinero. Por consiguiente, el factor de formación de los recursos humanos es crítico y vamos a aprovechar esta oportunidad para decir cuáles son las decisiones que hemos tomado en estos meses y cuáles son las cosas que ya estamos realizando y que vamos a realizar en esta materia.
Finalmente, se han hecho preguntas acerca del rol que puede cumplir la Secretaría Nacional Integrado de Cuidados del Mides y si es posible –había incertidumbre en cuanto a esto– que haya duplicidad en lo que tiene que ver con la direccionalidad del gasto o de la inversión. Trataremos, entonces, de disipar rápidamente esta incertidumbre.
Siempre decimos que para pensar en este sistema, en principio hay que definir claramente qué es el cuidado y cuáles son los límites que va a tener con el sistema educativo, con el de salud y con el de seguridad social, no para construir una política aislacionista del sistema, sino porque la precisión de esos límites será la que permita construir los puentes y un diálogo muy fluido con los restantes pilares del sistema de protección social. Por eso es necesario poder definir con precisión lo que va a ser la política pública y para eso debemos tener claro la definición inicial de cuidado y que no se trata de cuidado en salud, por ejemplo.
Entonces, el cuidado lo tomamos a la vez como un derecho y como una función social. En la ley que está en el Parlamento y que va a sancionar la creación del sistema, quizás la cuestión más importante y más relevante que los Legisladores van a realizar es instituir la posibilidad de un nuevo derecho para todas las personas en el Uruguay, habitantes de esta república, que estén en situación de dependencia. Y ese es el derecho a ser cuidado. Hoy la gente no tiene el derecho a ser cuidada. Con esta ley que el Parlamento va a aprobar, va a instalar un nuevo derecho y, por lo tanto, la posibilidad de reivindicarlo de parte de las personas que están en situación de dependencia.
Esto nos remite a una segunda precisión conceptual: cuál es la definición de dependencia. Después nosotros vamos a dejar esta presentación en PDF para que quienes quieran ahondar en ella se puedan ilustrar o puedan profundizar el análisis. Pero nosotros decimos que la dependencia se define como la imposibilidad total o parcial de parte de una persona de desarrollar actividades de la vida diaria. Cuando un individuo no puede desarrollar actividades básicas de la vida diaria en su totalidad y tiene que ser necesariamente sustituida por otra, estamos ante una situación de dependencia severa. Las actividades básicas de la vida diaria son, por ejemplo, levantarse, vestirse, comer, bañarse, salir de la casa, es decir, valerse por sí mismo, para decirlo rápido y mal. No voy a profundizar en esto, pero en la presentación se detalla cómo se define la dependencia, los distintos grados de dependencia que existen y también las definiciones –que no armamos nosotros, sino que están validadas internacionalmente– de las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales, y las actividades avanzadas de la vida diaria. En función de que la persona pueda realizarlas o no, total o parcialmente, es que se define una gradualidad de la situación de dependencia: puede ser leve, moderada o severa.
No hay que confundir, decimos siempre, personas con dependencia y personas con discapacidad, algo que usualmente sucede. Aquí está presente la Directora de Pronadis que podría explicarlo mucho mejor que nosotros, porque es la entendida en el tema, pero las personas con discapacidad pueden ser dependientes o autoválidas. El sistema de cuidados no va a orientar la política de discapacidad; eso lo tiene que hacer, en nuestro Ministerio, el Programa Nacional de Discapacidad. Lo que desde el sistema de cuidados vamos a desarrollar es la política de cuidados para personas en dependencia, que pueden ser personas con discapacidad o personas mayores. Así como hay personas mayores que no son dependientes, hay personas con discapacidad de cualquier edad que tampoco lo son.
Estas precisiones, estos cortes gruesos y exactos, son muy relevantes. No es un problema conceptual ni de armar un buen seminario, sino que son importantes porque si tenemos esto, después, a la hora de llevar adelante la política pública y, sobre todo, de asignar los recursos, que es lo que los señores Senadores están haciendo, lo podemos hacer con precisión, con eficacia y con eficiencia. Por eso, esta no es una cuestión menor.
Decía que la definición del cuidado comporta una dimensión de derechos y la consideración del cuidado como una función social. ¿Qué queremos decir con esto? Los señores Senadores saben que el Uruguay está en una fase de transición demográfica avanzada, la fase 4. Esto supone una baja histórica de la tasa de fecundidad y de la tasa de mortalidad y un alta de la tasa de esperanza de vida. Esto define un dibujo de la estructura de edades de la sociedad uruguaya con un sesgo hacia las edades más viejas. Y esto, me apresuro a decir, no es un problema, sino un activo que tiene la sociedad uruguaya, porque la calidad de vida y el bienestar de las sociedades se miden en función, entre otras cosas, de la cantidad de años que logran vivir las personas. El hecho de que una sociedad aumente la esperanza de vida habla bien de esa sociedad. Aquí la señora Ministra se refirió a la vulnerabilidad que nos queda, pero las sociedades que tienen una alta esperanza de vida tienen una mejor calidad de vida promedio.
El Uruguay no es un caso aislado, en el 2050 China va a tener una pirámide demográfica muy similar a la que tiene nuestro país o Paraguay, que está al lado y es una sociedad inminentemente joven. El Gobierno chino acaba de anunciar hoy que va a liberar la posibilidad de tener un segundo hijo para intentar afectar el rápido proceso de envejecimiento que tiene su sociedad. Entonces, no es un problema, es un activo de la sociedad que genera efectos, uno de ellos es que crecen las necesidades de cuidado, porque aumenta la cantidad de personas a ser cuidadas.
Hay que decir que en el otro extremo de las personas dependientes –como bien reseñaba nuestra compañera Mariela Solari–, están las niñas y los niños de 0 a 3 años –que van a ser la prioridad de las políticas de cuidado del Gobierno en este quinquenio– que están en una situación de dependencia distinta. En realidad, esta situación de dependencia se debe a que no han conquistado plenamente aún la autonomía, porque están en el arranque de la vida y es ahí donde tenemos que cuidarlos y protegerlos –y creo que en eso todos estamos de acuerdo– para que puedan ganar autonomía personal y desarrollar a pleno sus potencialidades.
Entonces, por un lado están las personas que van a tener el derecho a ser cuidadas, a partir de que se estatuya la ley, pero del otro lado están las que se van a encargar de cuidar. Este grupo se puede dividir en dos grandes segmentos: el de las personas que hacen un trabajo no remunerado y el de las que hacen un trabajo remunerado. ¿Quiénes son? Por lejos, las mujeres que son, justamente, quienes están resolviendo ese déficit creciente de cuidado de la sociedad uruguaya a través de su trabajo no remunerado. Estudios que se han costeado, muestran lo que aportaría al PIB el trabajo no remunerado de las mujeres en la familia. Si se tomaran en el sistema de cuentas nacionales y se incluyeran como una cuenta satélite, representaría el 22% del PIB en un total de USD 60.000:000.000. Es decir que estamos hablando de un aporte de USD 14.000:000.000 por parte de las mujeres a partir de su trabajo no remunerado y la sociedad no lo visualiza, no se da cuenta del aporte que ellas están realizando. Por eso, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no es solo la provisión de determinados servicios de calidad para la primera infancia y para las personas dependientes, tengan discapacidad o vejez, sino que también es parte de una batalla cultural, de una política de género por la reducción de las desigualdades de género o, si se quiere ver por la positiva, por la igualdad de género. Entonces, un objetivo central, estructural del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es pelear, tener desde la política social un caballo de batalla fuerte en búsqueda de la reducción de las desigualdades de género.
Dicho esto, podemos empezar a meternos de lleno en lo que va a ser la política de cuidados que vamos a implementar en este quinquenio. Hay que decir, y nosotros lo hemos dicho, que la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados supone generar un nuevo pilar del sistema de protección social. Como ven en la transparencia, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, el sistema de protección social uruguayo se ha erigido sobre tres pilares: la educación, la salud y la seguridad social. Si esos tres pilares fueran las patas de un banco, el sistema de cuidados sería el tirante que le da estabilidad al sistema de protección social uruguayo. Lo transversal sería la educación, la salud y la seguridad social. Por eso no construimos un Ministerio del cuidado, porque la cuestión del cuidado es transversal a la acción de varios organismos del Poder Ejecutivo y por eso la Secretaría Nacional de Cuidados es parte del Mides, porque es el organismo que coordina la política social y debe estar ahí. Por esa razón no construimos una nueva institucionalidad, sino que vamos a articular la ya existente, a través de la ley que los señores Senadores van a votar.
Para ingresar a responder las preguntas realizadas por la señora Senadora Alonso voy a repasar los principios que van a formar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados: solidaridad, universalidad, corresponsabilidad y autonomía. No vamos a detallar esto porque los señores Senadores lo conocen de sobra, pero queremos decir que, en el caso, por ejemplo, de la universalidad, la política de cuidados no es para los sectores en situación de pobreza. La única condición que define el ingreso de los habitantes de Uruguay al Sistema Nacional Integrado de Cuidados es su situación de dependencia o ser niños y niñas –en este caso, para este quinquenio- de 0 a 3 años y nada más. No estamos hablando de una política para los sectores más vulnerables que, por supuesto, van a ser atendidos como corresponde en el marco de la política de cuidados. No es una política exclusiva para los sectores en situación de vulnerabilidad o pobreza, sino en situación de dependencia.
La corresponsabilidad tiene que ver con un debate que seguramente va a asomar en el Pleno de la Cámara de Representantes. Días atrás estuvimos en una Comisión en la que se habló de que la corresponsabilidad es un principio muy importante. Hablamos de corresponsabilidad entre varones y mujeres en el cuidado de las familias y, también, de corresponsabilidad entre Estado, mercado, sociedad y familias. Que el Estado inicie un sistema de cuidados y una política en ese sentido no debe verse como una sustitución de la responsabilidad de las familias en el cuidado de sus hijos e hijas o de sus personas mayores o en situación de dependencia. La responsabilidad de las familias es indelegable, lo que hará el Sistema Nacional Integrado de Cuidados va a ser una política pública para aliviar la carga de cuidados apuntando a permitir que las familias gocen de un mayor bienestar y puedan dedicarse a otras actividades, sobre todo, en lo que tiene que ver con las personas con dependencia severa del cuidado exclusivo de sus seres queridos.
Entonces, hay que ver el tema en ese sentido y por eso planteamos la cuestión de la corresponsabilidad. Algún Diputado nos ha planteado por qué no le pagamos a la madre para que cuide al hijo y así asegurar que el niño permanezca con la madre en la familia. Consideramos que así remacharíamos la desigualdad de género, por un lado y, además, que eso sería mercantilizar el vínculo padre e hijo y no queremos eso. Apuntamos a políticas públicas para aliviar la carga de cuidados de las familias, particularmente, de las mujeres que son las que asumen esa responsabilidad y, también –como me señala, con mucha razón, la señora Ministra–, las niñas y las adolescentes.
La construcción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados no va a suponer solamente estas cuestiones; esto es muy importante para entender la asignación presupuestal que los señores Senadores van a considerar y luego a definir. No es solamente hacer más CAIF, más jardines o el programa de asistentes personales –que, por supuesto, es muy relevante–, sino encarar la creación de un sistema con estos componentes: las políticas de regulación, las de formación –en lo que vamos a profundizar–, la gestión de la información y el conocimiento y las políticas de comunicación.
Voy a poner solo dos ejemplos en materia de política regulatoria. El primero tiene que ver con la regulación, por ejemplo, de las residencias de larga estadía, mal llamadas casas de salud, porque son servicios de cuidados sociosanitarios. Con el Ministerio de Salud Pública tenemos un enorme desafío en cuanto a que esa cartera cumpla con su función de hacer la fiscalización sanitaria de estas residencias. En estos momentos tendríamos que cerrar un tercio de los centros residenciales que existen en todo el país y no lo vamos a hacer porque el Uruguay no tendría condiciones de poner a esas personas en otro lugar, pero sí estamos comprometidos –y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados genera instrumentos económicos para eso– en hacer un plan por el que vamos a formar a los recursos humanos de estas residencias y a hacer una política de bonos para sacar gente y ponerla en otras residencias que marchen bien. Ese es el proyecto 125 que los señores Senadores tienen en el planillado.
También se pretende que estas residencias, estas casas de larga estadía se comprometan a hacer un programa de mejoras para que no sea una condena que las personas tengan que ir allí, donde viven en condiciones lamentables y sufren conculcación de sus derechos humanos. Pero saben muy bien los señores Senadores que esto no es solo decir que lo resolvemos ya, sino que hay que tener un plan, y en estos cinco años nos proponemos generar las políticas regulatorias y de supervisión para llevarlo adelante. Voy a dar un segundo ejemplo. En materia de supervisión de las políticas de los servicios de cuidado de primera infancia tenemos cinco sistemas de supervisión: dos tiene ANEP, uno para los jardines públicos y otro los jardines privados; dos tiene el INAU, uno para los CAIF y otro para los centros diurnos y uno tiene el Ministerio de Educación y Cultura para las mal llamadas guarderías privadas. Los Senadores deben saber que en estos últimos seis meses venimos avanzando en un trabajo de articulación con estos organismos para tener al final del quinquenio dos sistemas de supervisión, porque la existencia de cinco sistemas tiene que ver con que las políticas públicas se han pensado desde los servicios y no desde las personas. Entonces, uno de los desafíos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es intentar revertir la lógica de la gestión en la política pública, pasando de la lógica de los servicios a la lógica de las personas.
En materia de formación vamos a referirnos a lo que está preparado. Para hacer esa inversión estamos preparando el portal del cuidado, que es una plataforma física y virtual que nos permitirá unificar, simplificar las vías de acceso y de información y la exigibilidad de derechos de todas las personas que sean sujetos de las políticas de cuidados. Es decir los que tienen el derecho a ser cuidados y las trabajadoras del cuidado. Lo que vamos a hacer con parte del presupuesto asignado para el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es generar un proceso de ingreso. Por ejemplo, una persona de 83 años que vive en Fraile Muerto, donde estuvimos ayer, si siente que cada vez le cuesta resolver su vida básica, va a poder llamar a un 0800 o su hijo va a poder llenar una sugerencia o formulario de solicitud a través de la web o esa persona va a poder ir a una oficina del BPS, a un centro MEC o a una oficina del Mides para hacer su planteo. También, por ejemplo, del programa Uruguay Crece Contigo, donde se está haciendo un trabajo con una madre, un niño o una niña, se puede alertar que esa señora forma parte de la familia y, entonces, se nos va a mandar al portal del cuidado el planteo de que eventualmente hay una persona que requiere un servicio del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Se trata de generar una estructura de recepción de la demandas, pero también una estructura para salir a buscar a la gente y, para ello, vamos a aprovechar los programas que ya tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social y en el resto de la estructura del estado para no duplicar esfuerzos, presupuestos ni generar más recursos humanos de manera ineficiente. Por tanto, con el portal del cuidado vamos a intentar desarrollar la entrada de los usuarios al sistema. Aquí empezamos a contestar alguna de las preguntas de la Senadora Alonso.
En la pantalla verán un esquema con las prestaciones. Aclaro que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es bastante más que esto, porque aquí están los servicios que van a tener un incremento presupuestal si los Senadores así lo definen. Las prestaciones están divididas en dos: primera infancia y personas dependientes. Con respecto a la primera infancia vemos columnas con las edades: 0 a 1 año, es decir bebas y bebes, de uno a dos años y tres años. En el caso de bebas y bebes venimos trabajando intensamente. Ya contamos con los mecanismos de la ley aprobada en 2013 sobre licencias parentales que aumenta las semanas de licencia por maternidad, que aumenta en forma progresiva hasta 2016 los días de licencia paternal y los meses del niño en los que se aumenta el medio horario del varón o la mujer por su cuidado.
No hemos previsto –lo discutiremos en la rendición de cuentas de 2017 porque ya hay una progresividad asegurada hasta 2016 inclusive–, pero en la rendición de cuentas de 2017 plantearemos que se incremente el instrumento de medio horario por cuidado porque eso nos permitirá trabajar mejor la corresponsabilidad de género. Debemos decir que en eso estamos bastante mal porque el 92% de las mujeres optan por este medio horario del cuidado y, por ello, hay que hacer un trabajo muy fuerte en materia de corresponsabilidad de género. Para que tengan una idea, aumentar una semana la licencia maternal le cuesta al país USD 5:000.000 promedialmente; aumentar un día de licencia paternal le sale al país USD 500.000 anualmente y aumentar un mes más de medio horario por cuidado de padre o madre le representa unos USD 5:000.000 al Estado por año. Si las condiciones del país lo habilitan, nos vamos a jugar –los señores Senadores lo verán en el 2017–, a promover un incremento del medio horario por cuidado y la extensión en los meses del niño, para llegar a alrededor de diez meses en el 2020. A su vez, continuaremos con la estimulación oportuna en niñas y niños, tal como lo expresara nuestra compañera Mariela Solari. A esos efectos, estamos trabajando coordinadamente con el INAU, con Uruguay Crece Contigo y con el Ministerio de Salud Pública, en materia de experiencias oportunas para niños y niñas de cero a un año. Vamos a implementar un nuevo modelo de casas de cuidados comunitarios, aprovechando experiencias que ya existen en la sociedad en las que vecinas cuidan a más de un niño de otras personas que salen a trabajar. Vamos a darle formalidad a estas situaciones, a analizar las condiciones de las casas donde se cuidan a esos niños, vamos a transferir recursos y a informar a esas personas para que lo hagan en mejores condiciones.
En el caso de uno y dos años, el país tiene la experiencia del Plan CAIF, que es un logro de la sociedad y de todos los gobiernos desde la reinstitucionalización democrática hasta ahora. En treinta años, en el caso de los niños y las niñas de un año hemos tenido un modelo de atención semanal. Con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados vamos a intentar llevar una atención diaria, es decir que vamos a quintuplicar la intensidad del cuidado de los niños y niñas de un año, además de aumentar la cobertura, es decir, la cantidad de niños y niñas que van a formar parte del Plan CAIF. Para ello, en este quinquenio nos proponemos generar 140 nuevos centros CAIF que van a atender, cada uno, a 108 niños: 36 en modalidad de estimulación oportuna y los restantes 72 con servicio de veinte y de cuarenta horas semanales. También vamos a aumentar la cobertura de niños y niñas de dos años en esos 140 nuevos centros CAIF y a ampliar alrededor de 50 CAIF existentes. Hay que decir que para estos primeros dos años está prevista la concreción de 30 de estos 140 CAIF, en virtud del presupuesto que tenemos inicialmente para estos dos años. En la Rendición de Cuentas de 2017 se proveerán los recursos que se requieran para completar la programación quinquenal.
En materia de niños y niñas de tres años, el objetivo es alcanzar en este quinquenio la universalización de la oferta mediante el ingreso de 8.000 niñas y niños de tres años a los jardines de la ANEP. Esto nos llevará a ser el único país de América Latina que haya universalizado la oferta para los niños y niñas de tres años. Asimismo, vamos a llegar a un 77% de la oferta de los niños de dos años. Si tomamos las metas de infancia en general –esta era una de las preguntas formuladas–, con la fuerte inversión que ha realizado el país desde 1985 hasta el presente, se ha logrado que el 47% de las niñas y de los niños uruguayos de cero a tres años, de toda condición socioeconómica, esté cubierto por algún servicio de cuidado. Si logramos la planificación quinquenal –eso dependerá de los recursos que el Parlamento disponga–, vamos a poder pasar del 47% en 2015 al 64% de la cobertura de la primera infancia, de cero a tres años, en 2020. Esto, por supuesto, representa un enorme desafío presupuestal y de gestión.
La señora Senadora Alonso hacía alusión a los guarismos alcanzados en el quinquenio anterior. Queremos decir que no estamos haciendo una planificación voluntarista. Recuerdo que en el período de gobierno pasado se invirtió –en un año y medio, casi dos– en la construcción de un fideicomiso entre la CND, la ANEP y el INAU, con el fin de gestionar las infraestructuras educativas, pero la demora de la construcción de ese mecanismo nos retrasó prácticamente dos años de gestión en materia de construcción de infraestructuras educativas. Eso ya pasó, el fideicomiso está y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de aumentar nuestra capacidad de gestión en este quinquenio. Vamos a trabajar duramente para la concreción de estas metas.
También vamos a promover lo que hemos dado en llamar las becas de integración social, mientras no haya una oferta pública de servicios de cuidado de primera infancia. Por ejemplo: si una familia necesita enviar a su hijo a un centro de educación inicial privado y no tiene dinero, con esta iniciativa ese niño puede ser becado. De todas formas, vamos a unir esta política de aumento de una cobertura a una política de mejoramiento de la calidad de los servicios. Estamos trabajando con el INAU, con el Ministerio de Educación y Cultura, y con la ANEP en la categorización de las mal llamadas guarderías privadas en tres niveles, para poder decirles, por ejemplo –no son números reales–: si usted está en el nivel A en la calidad de sus servicios, va a tener 10 becas; si tiene un nivel B, tendrá 15, y si está en el nivel C, va a tener 20 becas. Esto va a permitir atar una política de aumento de la cobertura a una política de estímulo de la mejora de la calidad en los servicios privados de cuidado de la primera infancia. De eso se van a encargar los planes de mejoramiento, con la supervisión del INAU y del Ministerio de Educación y Cultura.
Voy a pasar ahora a las metas para la población integrada por personas dependientes. Como se puede ver en el cuadro, la persona dependiente se define en los servicios en función de los niveles de severidad de su dependencia. Para el caso de la dependencia severa, vamos a llevar adelante el programa de asistentes personales –que ya vamos a explicar– y para la dependencia leve y moderada se prevén los servicios de teleasistencia y los de centros diurnos o centros de día que vamos a generar a partir del año 2017. Habrán observado que en el rubro correspondiente hay cero peso para el año 2016, pero eso tiene que ver con una decisión de planificación, dado que vamos a comenzar en 2017. En su momento vamos a apelar a las intendencias y a los municipios de todo el país, porque no vamos a invertir en infraestructura física para la creación de centros diurnos. Creemos que en la sociedad hay mucha infraestructura física que podemos utilizar, ya sea de organizaciones sociales como de Gobiernos departamentales y municipios, para llevar adelante, en sociedad y entre los distintos niveles de gobierno, esta política de centros diurnos. Allí podrán ir las personas en situación de dependencia moderada y no solo socializar, lo que es algo muy importante, sino también contar con profesionales que los estimulen cognitivamente mediante ejercicios y estimulación física a fin de retrasar la entrada de esas personas en una dependencia más severa.
Asimismo, están los servicios de teleasistencia para aquellas personas con una dependencia leve y moderada. Aquí, en el programa de asistentes personales quiero aprovechar para hacer un desarrollo más en profundidad de lo que es y de lo que va a ser este programa a partir del año 2016. Como bien decía la señora Senadora Alonso, el programa de asistentes personales que se empezó a realizar entre el BPS y el Mides en el año 2014 obedece al mandato del Decreto que reglamenta el artículo 25 de la ley sobre discapacidad. Hasta el momento, en ese programa que es llevado a cabo por esas dos instituciones se prevé el siguiente mecanismo. En primer lugar, es para las personas con discapacidad severa que cobran pensión por invalidez; de alguna manera, a partir del registro de los trabajadores del cuidado y aquellas personas que requieren de cuidados, se junta la oferta con la demanda y se hace una transferencia. La persona que es cuidada asume una relación laboral con la que lo cuida y el Estado, a través del BPS, establece una transferencia de dinero para permitir este servicio.
Los cambios se van a hacer en función de aquel que alegue cuidados, porque esto no va dirigido solamente a las personas dependientes por discapacidad sino a todas aquellas con dependencia severa y tienen que ver con que, en primer lugar, no se va a requerir cobrar pensión por invalidez. Todas las personas que entiendan que están en esta situación van a ser visitadas, se va a aplicar el baremo de dependencia, que es un índice validado internacionalmente que permite establecer los niveles de dependencia; si se constata que la dependencia es severa, la persona podrá acceder a un asistente personal. Además, vamos a ampliar las vías por las cuales se puede contratar un asistente personal; vamos a mantener la que mencioné, es decir, la transferencia de recursos a la persona que contrata, pero también vamos a incluir –está previsto en este Presupuesto– el pago de los costos que generan el aguinaldo y el salario vacacional. Digo esto porque en nuestra recorrida por todo el país hemos constatado que muchas personas no solicitan este servicio porque después no se pueden hacer cargo del pago del salario vacacional y el aguinaldo. La previsión presupuestal que hemos hecho contempla las transferencias por estos conceptos. Además, vamos a generar dos posibilidades más para contratar asistentes personales. Una es mediante acuerdos con empresas del sector privado que brindan servicios de cuidado. Ya estamos conversando y reuniéndonos con las empresas del sector para que, si la persona no quiere contratar su asistente personal, pueda requerir los servicios de una empresa de ese ramo en el mercado. También vamos a alentar –estamos trabajando en eso– la generación y promoción de cooperativas de trabajo de asistentes personales como alternativa. En realidad, no asignamos ningún orden de prioridad; para nosotros es muy importante el desarrollo de la economía social y, filosóficamente, estamos convencidos de que tiene un potencial enorme en este país.
Entonces, esas van a ser las tres formas a partir de las cuales vamos a poder desarrollar la provisión de los asistentes personales, pero para eso hay que tenerlos formados. Por tanto, voy a pasar a referirme a la estrategia de formación, que también solicitaba la señora Senadora Alonso.
Durante estos meses de trabajo, en silencio, de manera articulada entre todos los organismos públicos que van a formar parte del sistema de cuidados –es decir, la ANEP a través de la UTU, el Inefop, el Ministerio de Trabajo, el BPS, el Centro de Formación y Estudios del INAU y el Ministerio de Desarrollo Social–, hemos construido una estrategia de formación que se va a dividir en dos. Una parte tiene que ver con la primera infancia. En este caso, el responsable de la formación de los técnicos de infancia, tal como viene siendo hasta ahora, va a ser el Centro de Formación y Estudios del INAU. Los señores Senadores pueden ver en las columnas los tipos de formación que se pueden ofrecer –con la posibilidad de que estas personas que se forman en educación inicial puedan, incluso, obtener una licenciatura en educación infantil– y la asignación de las horas. Obviamente, estamos inyectando recursos al Centro de Formación y Estudios del INAU –tal como pueden ver en el planillado presupuestal– para que pueda cumplir con las tareas de formación de los técnicos en primera infancia en todo el país.
En lo que tiene que ver con la formación de aquellos que van a atender a personas en situación de dependencia, amparados en la experiencia que se tiene entre el BPS, el Mides y organizaciones privadas, resolvimos generar un curso básico de noventa horas –los que se venían haciendo eran de treinta– y un sistema de acreditación de competencias. Hay personas que ya están trabajando, que son idóneas o que tienen cursos realizados, por lo que a través de la UTU se va a hacer un proceso de certificación de competencias. Suponiendo que se requieren diez competencias para desarrollar adecuadamente la tarea de asistente personal, si alguien tiene siete, deberá completar las que le faltan. ¿Cuál va a ser la modalidad a través de la que se va a impartir esta formación? El Inefop va a hacer una licitación entre entidades de capacitación en todo el país para la formación de asistentes personales. Estas entidades deberán demostrar que están acreditadas para hacer esta formación a través de una certificación que va a otorgar el Ministerio de Educación y Cultura. A su vez, la curricula, que ya está acordada y se va a aplicar en todo el país para todos los casos, va a estar validada por el Consejo de UTU. Por lo tanto, las credenciales de formación de las personas van a estar validadas por el sistema educativo formal.
Nosotros creemos que este es un paso muy relevante en la dignificación, valorización y profesionalización de la tarea de los trabajadores y las trabajadoras del cuidado.
SEÑORA MINISTRA.- Quiero señalar que frente a esto también se genera un nuevo problema, como sucede siempre que planteamos resolver determinadas cosas, pero es un buen problema porque pone arriba de la mesa lo que señalaba el sociólogo Bango en el sentido de qué son los cuidados y qué definición tenemos de cuidado: si se trata de un tema sanitario y, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de enfermería –y aclaro que no estamos hablando de eso–, o si incorpora saberes o cosas a cierto nivel de las auxiliares de enfermería, como bañar a la persona o sacarle una sonda, no ya colocársela porque ese sí es un trabajo especializado. Esto nos genera un gran desafío porque hay un fino hilo que divide entre una formación y la otra. Esto hace que al día de hoy el mercado ‑que siempre va más rápido que las disposiciones legales y presupuestales– esté ofreciendo una gama de cursos a nivel privado –por los que a veces cobran cifras muy importantes– para capacitar a cuidadores, pero no sabemos qué curricula tienen ni qué va a significar cuando aparezcan con esa acreditación. Además, compiten –por lo menos teóricamente– con determinados niveles de capacitación de la UTU o de la propia formación terciaria.
Este es un tema complejo, delicado, que venimos trabajando y que hemos dejado prácticamente para el final de este año a fin de ir cerrando algunas líneas, porque está atado –los señores Senadores también van a tener que tratar esta cuestión– claramente con la pregunta de a qué sector de los Consejos de Salarios van a pertenecer estos trabajadores y trabajadoras, a qué grupo y subgrupo.
Quiere decir que tenemos planteados una serie de dificultades y problemas a resolver; son desafíos que asumimos con mucho gusto. En realidad, si hacemos las cosas bien –que es lo que queremos–, también hay que dar respuesta a, por ejemplo, si realmente le damos a esto el nivel que tiene, si ubicamos al asistente personal en lo que significa, de modo que pase a ser realmente una capacitación que cada vez apunte a mayor calidad.
SEÑOR BANGO.- El respiro que me dio la señora Ministra me permitió repasar algunas cuestiones que también me parece importante comunicarles a los señores Senadores. Me refiero al modo de financiamiento y a los sistemas de copago que pretendemos implementar en materia de algunos de los servicios de cuidado, en particular, el de asistentes personales y el de teleasistencia.
En estos momentos estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública en lo que, justamente, van a ser los mecanismos, la definición de la regulación de los servicios en una Comisión que delegó la Junta Nacional de Cuidados –que está funcionado de hecho desde el lunes pasado, esperando la aprobación de la ley– para establecer un mecanismo de copago. Nosotros decíamos que una de las orientaciones de la política de cuidados va a ser el financiamiento solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con estas metas presupuestales que los señores Senadores tienen para considerar, hemos hecho el cálculo como si estuviéramos subsidiando al 100% de las personas que van a tener, por ejemplo, servicio de asistente personal. Pero nosotros vamos a incluir un mecanismo de copago. ¿Qué es esto? Si una persona necesita un asistente personal y no tiene recursos, se le va a subsidiar el 100% del costo de ese asistente personal. Pero si la persona puede pagar, por ejemplo, la mitad, entonces le transferiremos la mitad, porque eso va a permitir que otra persona que también puede pagar la mitad se beneficie con otro subsidio del 50%. De esa manera, con los recursos que tendríamos para una persona podemos duplicar la cobertura. También si una persona puede pagarse el servicio en un 100%, lo seguirá pagando y la pregunta que cabría en este caso sería: «¿En qué me voy a beneficiar yo si voy a tener que pagar el 100% del asistente personal?» La respuesta tiene dos componentes: primero, que va a haber un servicio de asistente personal que le va a llegar y que hoy está limitado a cierta cantidad de personas; y, segundo, que se va beneficiar porque la política de formación va a permitir que las personas que cuidan tengan determinada formación para brindar el servicio con un cierto estándar de calidad. Eso es lo que vamos a ir construyendo en estos años a través del desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esta nos parece una precisión importante porque hace directamente a lo que es la consideración de la materia presupuestal.
Pasemos ahora directamente a las metas para el quinquenio. Como saben –esto es para todo el Presupuesto y para todos los incisos–, tenemos un Presupuesto armado en dos tiempos. Hemos efectuado una planificación quinquenal que tiene algunas de estas metas que anuncié y otras; por ejemplo, para completar metas, si todo va bien, estamos proponiendo llegar al 60% de las personas con dependencia severa al fin del quinquenio. Obviamente, en un quinquenio no se puede cubrir a todas las personas que van a tener el derecho a ser cuidadas, pero en el caso de la dependencia severa la meta sería llegar al 60% y los mecanismos de copago podrían habilitar la eventual ampliación de esa cobertura. En todo caso, eso va a depender –al igual que para los demás incisos– de las decisiones presupuestales que se tomen ahora y, luego, en el 2017, en el segundo tiempo del Presupuesto.
Hemos hecho una planificación quinquenal; estos son nuestros objetivos. Sabemos que el desarrollo de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados no puede ser sometido a voluntarismos. Estamos teniendo una perspectiva realista en cuanto al esfuerzo de la gestión y por eso hemos hecho esta planificación; después la vida dirá, pero sobre todo va a depender de cuál sea la asignación presupuestal.
Respecto a la pregunta que hacía la señora Senadora Alonso sobre cómo inciden las decisiones tomadas en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto asignado al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, queremos señalar que afectó particularmente al proyecto 123 que los señores Senadores tienen en consideración y que corresponde al programa de asistentes personales. Nosotros teníamos una previsión de $ 400:000.000 para el primer año y la definición del Parlamento fue destinar $ 200:000.000 para el año 2016, lo que nos va a permitir comenzar a desarrollar todas las acciones del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Inicialmente se había generado alguna duda porque, en la medida en que no iba a haber una asignación presupuestal para ese rubro, no íbamos a poder comenzar en el 2016 –sí íbamos a poder comenzar en el 2017–, pero eso fue subsanado. Entonces, vamos a comenzar a partir del 2016; tendremos que hacer una nueva evaluación de las metas para el primer año en función de los recursos que finalmente se dispongan, pero esa es una decisión que tomará este Parlamento. Por lo tanto, no hay más comentarios que hacer. Nosotros nos ajustaremos a las decisiones que el Parlamento tome; lo bueno es que estamos en condiciones de comenzar con toda la programación de las acciones del sistema ya desde el año 2016, obviamente, con un condicionamiento en las metas en función de los recursos que se asignen.
SEÑORA ALONSO.- ¿Afecta entonces definitivamente ese recorte las metas establecidas?
SEÑOR BANGO.- La respuesta es sí, afecta. Si planificamos $ 400:000.000 pero vamos a tener $ 200:000.000 para el primer año, las metas para 2016 se verán afectadas. Esto no significa que no podamos compaginar y trasladar a la programación de los años 2017, 2018 y 2019 lo que no pudimos hacer en el 2016. Pero reitero que en el año 2016 indudablemente las metas se afectan.
SEÑORA PRESIDENTA.- Comenzamos el tratamiento del articulado. El primero es el 507, que antes era el 492.
SEÑORA MINISTRA.- Como dije al principio, acá tenemos la transferencia del INDA al Mides, con sus bienes, derechos y obligaciones. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social era una Unidad Ejecutora y nosotros optamos por no cambiarlo, por lo menos en un primer momento. Para no tener desacomodos de ninguna especie ni perder por el camino personas que atendemos, decidimos que pase al Mides tal como está en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con los puestos de trabajo, créditos asociados y el personal que presta funciones en el INDA.
En el artículo 508 se transfiere de Presidencia de la República –o de la OPP– al Mides el programa Uruguay Crece Contigo, sus bienes, derechos y obligaciones, puestos de trabajo y créditos. Los funcionarios y quienes presten funciones en Uruguay Crece Contigo seguirán manteniendo el mismo vínculo en iguales condiciones en el Ministerio de Desarrollo Social, pudiendo aplicarse los criterios y procedimientos establecidos en los artículos 519, 520 y 521.
SEÑORA PRESIDENTA.- En el proyecto de ley que tenemos a estudio la referencia es a los artículos 516, 517 y 518.
SEÑORA MINISTRA.- Está bien lo que dice la señora Presidenta; tenemos que corregirlos.
El artículo 509 cancela la personería jurídica del Instituto Nacional de Ciegos «General Artigas» y transfiere sus bienes, derechos y obligaciones al Ministerio de Desarrollo Social.
Los artículos 510 y 511 tienen que ver con los establecimientos de servicios de cuidado del adulto mayor. Las competencias de supervisión, regulación y fiscalización en materia social corresponderán al Mides. Por su parte, la parte sanitaria, así como la habilitación, serán competencia del Ministerio de Salud Pública. Este artículo se mejoró en la Cámara de Representantes porque el enviado por nosotros no era claro. Consideramos que estos son establecimientos sociosanitarios; hay un componente social muy importante que tiene que ver con la vida de las personas, sus familias y los temas que nos surgen permanentemente en el trabajo que hacemos junto con el Ministerio de Salud Pública. El Mides también trabaja en las denuncias que recibe el Ministerio del Interior, el tema de las jubilaciones y pensiones de las personas, etcétera. Todo eso es social y nos corresponde a nosotros. Después está la parte de «ojo clínico» –creo que bien corresponde el término–, que está relacionada con el Ministerio de Salud Pública.
SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero hacer una pregunta con respecto a este artículo.
En la Cámara de Representantes se agregó un inciso que dice: «Estos establecimientos deberán estar inscriptos en el registro de establecimientos del Ministerio de Desarrollo Social y contar con el certificado que este emite». Me gustaría saber cómo se piensa instrumentar esto. ¿Habrá un registro que estará dentro de la Dirección del Adulto Mayor? ¿Cuál es el contenido de esa certificación que tiene que dar el Mides para que se obtenga la habilitación del Ministerio de Salud Pública?
En el presupuesto pasado, cuando nos tocó trabajar en el artículo 298, todo fue al revés, es decir, se hacía énfasis en que fuera el Mides el que trabajara en los aspectos de fiscalización sanitaria, pero al adoptarse esta nueva dinámica debería quedar claro qué competencia tendrá cada Ministerio.
SEÑORA MINISTRA.- Es muy buena la pregunta del señor Senador.
Desde que el Parlamento votó en aquella oportunidad hasta el día de hoy, hemos trabajado, y cuando digo «hemos» me refiero a nosotros como gobierno, en la etapa anterior y en esta. El Instituto Nacional del Adulto Mayor –Inmayores, que funciona en la órbita del Mides–, ha visitado los establecimientos y hoy tenemos un registro completo, a diferencia de lo que ocurría antes cuando presentaba carencias. Ese registro refleja quiénes existen en la vida real. De a poco hemos llegado a conformar ese registro. Hemos trabajado en el terreno y hemos llegado a ver que hay una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la parte social. Hace unos momentos el sociólogo Bango explicaba lo relativo a la parte de los cuidados de las personas mayores, y por eso se sabe que en esos establecimientos hay personas mayores dependientes y personas mayores no dependientes. Estas últimas son aquellas que pueden realizar las actividades de la vida diaria, pero tienen un problema residencial y con algunos elementos que requieren cuidados sanitarios. Efectivamente, a medida que vamos envejeciendo aparecen enfermedades que, aunque nos permiten salir a pasear o valernos por nosotros mismos, hacen que necesitemos cuidados médicos.
¿Qué es lo que hemos encontrado a medida que avanzamos en el trabajo? Por un lado, una parte que nosotros fiscalizamos, en la que están registradas unas 15.000 o 16.000 personas y de las que conocemos quiénes son, cómo se llaman, en qué establecimiento están, qué problemas tienen y qué nivel de dependencia presentan. También trabajamos con la comunidad, con las oficinas, pero hay una parte que es sanitaria –en el sentido médico del término–, que requiere de atención médica. Pido que me disculpen, pero como maestra puedo explicar mejor esto a través de ejemplos. Si encontramos una persona que tiene determinadas cicatrices o heridas, si es visitada por un equipo social –integrado por psicólogos o asistentes sociales–, resulta imposible determinar si se trata de éscaras, si no recibe la atención de higiene que requiere, si tiene alguna enfermedad o si se cayó, se produjo un hematoma y el incidente es reciente. Se trata de situaciones que pueden diagnosticar solo los especialistas de la salud y en modo alguno pueden hacerlo los equipos sociales. Por esa razón, es necesario trabajar en forma colectiva y, para este tipo de casos, concretamente en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Hemos conversado mucho sobre el tema de las certificaciones, quizás, sería preciso estudiarlo en el futuro. El técnico que obligatoriamente debería tener un residencial es un médico. Es decir, se le exige que tenga un médico, no un asistente social. Esto lo hemos conversado en esos términos con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, cuando va preso alguien responsable de la violación de los derechos humanos de esas personas mayores, es el o la dueña, no el técnico médico que vio y supo, o no supo porque no está y aparece solo el nombre. Este es un tema del Ministerio de Salud Pública.
Hace dos semanas, en un departamento del interior del país, cerramos un establecimiento en forma conjunta el Mides y Salud Pública Departamental, porque había irregularidades de tipo social que habíamos detectado y sospechas, por nuestra parte, de otras irregularidades pero que no éramos capaces de detectar.
Al revés, sucede que nos llegan denuncias que nos deriva el Ministerio del Interior. En esos casos, tenemos que determinar qué clase de equipo va a analizar la situación. Algunas, son cien por ciento sociales. Pero, otras, están relacionadas con la vejez, que, aunque no es una enfermedad, trae consigo enfermedades.
Hay otros casos de lugares que se han cerrado donde la atención médica la siguió la Departamental de Salud Pública y nosotros nos instalamos para que las familias se hicieran cargo, porque existían familias que se podían hacer cargo. Si estuviera nuestra Directora del Instituto Nacional de Adultos Mayores diría que encontramos «menores», o sea, los menores de 65 años. Incluso, a veces encontramos que hay personas con discapacidad que están en estos establecimientos, y en esos casos ya hay un problema social o problemas de salud mental de personas menores de 65 años.
En definitiva, en este tiempo hemos concretado muchos cierres, pero, en otros casos, como se decía recién, para cerrar los establecimientos debemos resolver qué hacer con las personas. En algunos departamentos hemos trabajado hasta con INDA y con el Sistema Nacional de Emergencias, que nos apoyó en la Semana de Turismo, por ejemplo, cuando se cerraron dos establecimientos y los dueños fueron presos. En ese momento el INDA estaba cerrado, porque era Semana de Turismo, y terminamos trabajando con el Sinae, con la comida del cuartel, etcétera.
También encontramos que las personas que cuidan a veces son analfabetos y son los que dan los medicamentos. Es decir, no distinguen los medicamentos por sus nombres, porque no saben leer; los distinguen por los colores.
Pero en todos estos casos, repito, como bien nos decía el abogado del Ministerio de Salud Pública, el médico no es el que va preso. Cuando pasa algo, van presos los dueños. Hemos tenido en estos tiempos procesamientos, porque además nosotros noticiamos a la Justicia cuando suponemos que hay violación de derechos humanos.
No sé si contesté la pregunta.
SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Cuál es la certificación a la que hace referencia el artículo?
SEÑORA MINISTRA.- Tiene que haber una certificación por parte del Ministerio de Salud Pública y del Mides. Por eso digo que es un trabajo conjunto. Tiene que ver con los expedientes, con que el documento físico y, en el futuro, con expediente electrónico. Por ahora solo nosotros tenemos expediente electrónico.
El artículo 515 refiere a la mejora en la gestión de los recursos humanos del Mides. Este tema fue señalado por la Directora general, señora Graciela Mazucchi, pero quiero enfatizarlo. Es un artículo con el que estamos muy de acuerdo, lo elaboramos, lo propusimos y lo trabajamos con servicio civil. En fin, la redacción es de puño y letra de Economía y Finanzas, la Contaduría General de la Nación y el Mides; después, fue afinada por los Organismos especializados. A partir de esta ley el Mides no podrá contratar más personal permanente a través de organizaciones de la sociedad civil u otras instituciones en forma individual; sí se mantienen los convenios con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir que se mantienen los convenios? La Directora, Graciela Mazucchi puede contar por qué, pero hay una profunda y seria fundamentación de por qué pensamos que estos servicios se tienen que seguir brindando con la contratación de servicios, o sea, no tiene que estar a cargo de personal del Ministerio.
Convenios con la organización de la sociedad civil, también son los refugios. Nosotros licitamos y la organización pone el edificio, el mobiliario y los técnicos, de acuerdo con las determinaciones de la licitación. Pero es un servicio que nosotros controlamos y orientamos, pero es llevado adelante y efectuado por una organización de la sociedad civil y pretendemos que eso se mantenga así. Les recuerdo que lo hacen con sus propios trabajadores.
El dinero que hoy se usa para estos contratos se reasigna en nuevos objetos de gastos que no podrán ser reforzados. Esta fue la explicación que dio la Directora General a la pregunta del señor Senador Heber. En ese caso, aparecen uno numeritos novedosos donde pusimos lo que nosotros llamamos –y lo hablamos con Economía y Finanzas–cubitos de hielo. Son dineros que quedaron ahí y no podrán ser reforzados, se reasignarán.
Con respecto al artículo 516, quienes realicen tareas permanentes con organización de la sociedad civil u otras organizaciones –es decir que estén contratados– por 18 meses ininterrumpidos al 28 de febrero de 2015 serán contratados como provisoriato con particularidades respecto a la Ley Nº 19.121. Lo queremos aclarar muy bien porque este es un tema que hemos trabajado y debatido mucho, incluso, en estos meses lo hemos modificado, hemos revisado todo el funcionamiento en esta tercera etapa hacia los nuevos objetivos, hacia todo lo que tenemos que hacer y la realidad nos indica que 10 años en la vida de una persona 10 años es mucho, pero en la de una institución no es nada.
Entonces, el artículo habla de que aquellas personas que están trabajando, que tienen 18 meses ininterrumpidos o más de trabajo en el Mides, serán los que pasan a provisoriato. Después voy a explicar por qué.
La idea es que a los seis meses dan una prueba de oposición y méritos evaluada por un tribunal externo: Universidad de la República, Oficina Nacional del Servicio Civil, etcétera. Se crea una Comisión de análisis –con el Mides y la Oficina Nacional del Servicio Civil– para revisar, caso a caso, las condiciones, e ingresan en el último grado del escalafón; de esto se exceptúan las cooperativas sociales o de trabajo.
Quiero decir esto para que conste en la versión taquigráfica, no por los señores Senadores que están presentes, sino porque se dicen cosas en los medios que después, en esta sociedad de la hiperinformación, se repica acríticamente en las redes sociales.
Aquí se trata de personas que trabajaron y trabajan en el Mides de manera ininterrumpida. No hablamos de que entren directamente al Mides, sino que proponemos que pasen a provisoriato por una razón absolutamente práctica, que es la necesidad de que esos dineros que habíamos congelado en el rubro de gastos se puedan pasar al rubro 0; es para eso exclusivamente. Reitero: a los 6 meses –ya tienen 18 meses o más y esta es la diferencia con la Ley Nº 19.121– dan prueba de oposición y méritos evaluada por un tribunal externo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hicimos ya en otras oportunidades: que el contador dé prueba de que sabe contabilidad; el abogado, de que sabe de leyes; que quien es asistente social dé pruebas de su profesión, el sociólogo también, etcétera. Tenemos un número importantísimo de profesionales universitarios y, por eso, ponemos a la UdelaR como uno de los elementos importantes del tribunal externo.
Quizás esto no esté muy bien redactado y, en ese sentido, estamos abiertos a que se modifique totalmente la redacción, pero decimos que el que pierde se va y queda una vacante financiada. Esto es lo que nosotros hemos realizado. Obviamente, las personas ingresan por el último grado del escalafón y las cooperativas sociales o de trabajo no participan en esto.
¿De qué estamos hablando aquí? De reconocer, por un lado, a las personas que han trabajado durante un tiempo importante –hablamos de los 18 meses porque este, fundamentalmente, es el lapso en el caso de los pasantes– y de que hagan pruebas de oposición y méritos. En la versión de la Cámara de Representantes se habla de concurso; nos han manifestado que la diferencia entre prueba y concurso es que este último es abierto, pero para nosotros es igual.
En estos casos nos referimos a prueba de oposición y mérito evaluada, como dije, corregido por ese tribunal externo; el Mides no tiene nada que ver con los temarios, con las pruebas ni con nada de eso.
Esto lo quiero decir claramente para que conste en la versión taquigráfica porque, repito, algunos medios de prensa lo difunden y luego lo repican las redes sociales acríticamente. La gente lee un titular y después dice: «¡Qué horrible! La Ministra de Desarrollo Social metió 1.400 personas “a dedo” en el Mides» y nadie entiende, luego, por qué la Ministra no está contenta y tampoco los trabajadores. Ahí hay una incongruencia total porque resulta que los trabajadores no están contentos y la Ministra tampoco. Entonces, si pretendía meter a 1.400 personas «a dedo» y lo hizo, la pregunta es por qué se queja.
En realidad, eso es absolutamente falso y parto de la base de que en el Senado esto se va a entender porque la lectura del artículo es absolutamente clara. Si no lo es, se puede aclarar, sin duda; se puede explicitar que el que pierde se va, que genera una vacante, en fin, se puede ser todo lo abundante que se quiera sobre esto pero, para nosotros –obviamente, desde nuestro punto de vista–, el tema es de una transparencia absoluta.
SEÑOR HEBER.- Me voy a referir a este artículo que también tiene que ver con el 517 y el 518, relativos a tres modalidades de ingreso al Ministerio de Desarrollo Social. En la Cámara de Diputados, en nombre del Partido Nacional, intervino el Diputado Gandini que fue muy claro en su exposición –tenemos la versión taquigráfica que nos genera muchas dudas sobre estos artículos– y dijo que en la Ley de Presupuesto de 2010 se estableció un orden, los nuevos modelos de contratos. Entonces, se pretende regularizar un desorden que se dio entre 2010 y 2015. La Ley de Presupuesto de 2010 organizaba todos los modelos contractuales: contrato temporal de derecho público, contrato laboral, contrato artístico, provisoriatos, becarios, pasantes.
El artículo 516 confirma que hubo una irregularidad en el tema. Aclaro que no es irregular lo que se pretende hacer, pero demuestra que hubo irregularidad en el pasado. Esto nos lleva a pensar mucho en los artículos. Cuando estábamos dispuestos a votar los USD 260:000.000 que pide el Ministerio de Desarrollo Social, esto hizo que nos planteemos un cuestionamiento sobre la gestión anterior que fue muy irregular. Parece que se convocaba a organizaciones de la sociedad civil y se hacían convenios con ellas. Se llamaba a aspirantes, se hacía una suerte de concurso –no era de ventanilla única del sistema de reclutamiento y selección de personal, creada en la Ley de Presupuesto, que se encuentra en la Oficina Nacional del Servicio Civil– con un tribunal del propio Ministerio. Algo increíble porque se votó una ley, pero el ministro de entonces estableció un sistema paralelo de ingresos: se seleccionaba a la gente, se le daba un papelito y se le decía, por ejemplo, que tenía que ir al Claeh, una de las ONG que trabajan con el Ministerio, y tenía 104 funcionarios. Esto no me parece mal; lo que sí me parece mal es este sistema de ingresos. También está el Centro de Participación Popular, que es una ONG que tiene 208 funcionarios. Estas personas eran contratadas por esas organizaciones y de esa manera se proveían funcionarios al Mides por los que cobraban y se quedarían con su ganancia o plusvalía, como dijo el Diputado Gandini. Ese muchacho era dependiente de una organización de la sociedad civil –algunas se crearon para ese sistema–, pero nunca le vieron la cara a nadie allí. Cobraban el sueldo de esa organización, que se lo pasaba al Mides. Se trataba de una triangulación para justificar una tercerización que creaba una relación de dependencia real y directa de esa persona con el Ministerio. Su Jefe era el Ministerio, pero no quien lo contrataba. Es por este motivo que el Ministerio se llenó de funcionarios.
La señora Ministra tiene razón: se exige dieciocho meses, pero no así en el artículo 517, que establece otra modalidad de ingreso. El artículo 517, expresa: «Facúltase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social" a realizar contratos de trabajo». ¿Cuál es la diferencia? Que no fueron contratados por una ONG. A todo esto, el señor Diputado Gandini pregunta por qué no se le replicó en Comisión –motivo por el cual reitero la preocupación–, no sabe cómo fueron contratados. Los de esa categoría no venían de otro lado, estaban en el Ministerio. Está claro que no hicieron un concurso porque no consta que haya habido concurso para el ingreso. Estoy haciendo referencia a los artículos 516 y 517.
Por otra parte, el artículo 518 faculta al Ministerio de Desarrollo Social a realizar contratos de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92, que regula el personal con contrato de trabajo formalizado por escrito. A su vez, establece que se puede regularizar cualquier tipo de relación de trabajo y que pueden entrar los becarios, los pasantes, incluso con cambio de fecha. En el artículo 516 se establece una fecha concreta, que era al 28 de febrero, pero en el artículo 517 habla de que pueden estar sin fecha. Esto implica que en estos momentos se puede estar contratando personal.
Lamentablemente, a nuestro juicio, lo que propone el Ministerio de Desarrollo Social en estos artículos es algo negativo. Hemos escuchado muy buenas exposiciones y entendemos el rol y el objetivo del Presupuesto. Supongo que esto es algo notoriamente irregular –no estoy diciendo que la señora Ministra de Desarrollo Social sea la culpable de ello, si lo hubiera hecho, estoy seguro que no tendría ningún problema en decirlo directamente–, el caso es que el ministro anterior –que fue el que creó todo este sistema– ha generado la necesidad de arreglar el desorden y la irregularidad de ingresos que ha habido en el Ministerio de Desarrollo Social.
Insisto: esto fue denunciado por el señor Diputado Gandini en la Cámara de Representantes, pero no tuvo una respuesta acorde como para esclarecer una situación notoriamente irregular.
SEÑOR PARDIÑAS.- En primer lugar, estamos discutiendo un articulado que tuvo una mirada del Poder Ejecutivo, que fue quien hizo la propuesta que fue considerada en la Cámara de Representantes y se le hicieron modificaciones. Esto no es ningún invento raro. Aquí se ha generado una situación a lo largo de varios años de administración, de la cual nos hacemos responsables, no la estamos eludiendo. Se trata de una responsabilidad que hubo que afrontar porque había que implementar las políticas públicas que el Frente Amplio comprometió en términos de política social, es decir, la generación de un Ministerio que surgió de pases en Comisión. Un Ministerio que en el segundo mandato del Frente Amplio fue de los que estuvo designado para llevar adelante una reestructura funcional que, por supuesto, se encaminó y, lamentablemente –como muchas de las cosas que ocurren, de las cuales el Gobierno es responsable–, no cristalizó con todas las metas cumplidas. Esto sucedió debido a las dificultades que se generan en algunos procesos.
En primer lugar, hay que mencionar el tema de la contratación de los funcionarios, del personal, porque de acuerdo con el planteo que hace el señor Senador Heber, parecería que el único mecanismo por el cual se solucionaron los problemas de demanda de atención en el Mides fue el de los contratos con la sociedad civil. No fue el único, porque hubo llamados a través de la ventanilla única y recordemos que también este fue un mecanismo que comenzó a funcionar consolidadamente a partir del año 2013. En ese momento, el Ministerio de Desarrollo Social ya llevaba ocho años de creado; ocho años de generar políticas públicas para atender problemas sociales en el país; ocho años en los cuales también se permitió que gran parte de la población superara los niveles de pobreza. Asimismo, se hizo posible que gran parte de los proyectos educativos se consolidaran también con programas como el de Maestros Comunitarios; se logró que gran parte de la formalización del trabajo en nuestra sociedad, que estaba bastante desestructurada, se encauzara a través de las cooperativas sociales y de trabajo. O sea que ya habían transcurrido ocho años de gestión cuando se creó el sistema de ventanilla única, es decir que lo que se encaminó por medio de los llamados, los perfiles y los concursos de este mecanismo, permitió armar una parte de la estructura del Mides, pero la otra tuvo que seguir con el mismo procedimiento que se usaba desde tiempo atrás y contratar gente para afrontar la realización de esas políticas públicas.
No fue un invento maquiavélico; se podrá acordar o disentir con él, es sujeto de críticas –no hay duda–, pero lo que determina que hoy estemos discutiendo es una alternativa para ver cómo se regulariza esa situación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que las políticas públicas que el Mides tiene la obligación de llevar a cabo y debe desplegar en todo el territorio nacional tienen un cometido, un objetivo y metas a cumplir. Por supuesto que coincidimos con que hay que cumplir esas metas en estos cinco años, así que esta es la alternativa para contar con el personal. Las políticas públicas necesitan de dos componentes: uno es la sociedad civil, sus organizaciones y el otro es el involucramiento de la ciudadanía, y eso lo estamos logrando. Es cierto que hay organizaciones civiles que contratan personas que atienden otros servicios, la propia Ministra daba el ejemplo de la atención a la violencia de género, tarea que no hace directamente el personal del Mides porque hay otra modalidad que involucra a la sociedad y genera un mejor contexto. Lo cierto es que para algunas cosas hubo que derivar, con el involucramiento de las organizaciones, el contrato de personal y muchos de ellos –por ello es la propuesta– realizan las tareas permanentes de un funcionario público. Entonces, ¡busquemos la forma de solucionarlo, de implementarlo! Ya el Frente Amplio, en el año 2005, tuvo que encarar esta gestión, lo hizo a través de una norma presupuestal y se llevó adelante en muchos organismos del Estado, con la regularización de contratos que desfiguraban la realidad. Había contratos de «operador PC», es decir que entraban para operar computadoras, sin embargo, hacían tareas administrativas o de servicio, algunos hasta realizaban tareas semitécnicas. Recordemos las comisiones paritarias que implementaron toda esta regularización que estuvo amparada por una norma presupuestal.
Precisamente, esto es lo que propone el Ejecutivo y la Cámara de Representantes hizo un ajuste a la redacción de esa iniciativa porque, como es lógico, los parlamentarios tenemos la libertad de acompañar, de plantear modificaciones, de tener discrepancias y de sugerir críticas. Insisto en que no hay nada espurio, ni cosas raras en las contrataciones que hacía la ONG.
No creo que haya sido la intención del relato del señor Senador Heber, pero eso permite distintas interpretaciones. Si hay algo que hemos querido –recuérdese todo el debate que se dio en la Legislatura pasada para aprobar un nuevo estatuto del funcionario, que hacía más de cuarenta años que no se modificaba– es que no haya «tarjetazos» en el ingreso al Estado. Queremos democratizar el ingreso a la función pública, porque debe estar jerarquizada. Entonces, no puede estar en tela de juicio; no puede ser que sea necesario ser amigo de un político para ingresar al Estado.
SEÑORA MINISTRA.- Solo quiero agregar un par de cosas a lo que decía el señor Senador Pardiñas.
No voy a emitir opinión, pero quiero explicar lo siguiente. Muchas cosas de las que dijo el Diputado Gandini no tuvieron respuesta, incluso en Sala. Dado que ahora tenemos la posibilidad, seguimos por pantalla la sesión mientras se discutía nuestro Inciso para ver lo que se decía sobre los distintos artículos y quiero decir que me sentí sumamente ofendida por expresiones del señor Diputado Gandini, quien con seguridad no pensó que yo podía estar escuchando lo que él decía, con nombre y apellido. Efectivamente, nadie le contestó, pero quiero que quede claro que hay determinadas ofensas personales que no realicé. He sido muy dura –puedo seguir siéndolo– desde el punto de vista político, pero no en el destrato personal.
En segundo lugar, quiero referirme a las organizaciones de la sociedad civil. No puedo permitir, por ejemplo, que se hable del Claeh sin contestar nada. El señor Senador Heber decía que se dijo eso y nadie contestó nada. Entonces, yo voy a contestar. Son organizaciones de larga trayectoria en el país, con un determinado prestigio, y no se puede cuestionar para qué sirven. Podemos estar de acuerdo o no; podemos estar de acuerdo en que tenga Universidad o no; todo eso es discutible, ideológico, político, pero no se puede discutir el hecho de que son organizaciones con una larga trayectoria.
En tercer lugar, quiero decir que esas organizaciones eran convocadas por licitaciones y, por eso, están incluidas en el rubro gastos. O sea que se hacían convocatorias a licitación en las que se presentaban organizaciones, como se sigue haciendo y, en algunos servicios, se va a seguir haciendo. También quiero decir que en algunos lugares del interior aparecen algunas organizaciones que no son conocidas porque no forman parte de una organización madre que abarque todo el país. Por ejemplo, para el acompañamiento del programa Uruguay Trabaja en pequeñísimas localidades, muchas veces participan en el llamado a licitación organizaciones de la sociedad civil que son exclusivamente del departamento. Incluso, a veces se presenta una sola, pero eso no quiere decir que sea malo; lo que sucede es que en ese lugar hay solo una organización dispuesta a trabajar en ese tema. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, porque hay mucha gente implicada, de una manera u otra. Sé que el Senador Heber –que conozco hace muchos años– lo está haciendo con cuidado, pero no debemos olvidar que están implicadas muchas organizaciones y personas. Insisto: hay localidades del interior en las que tenemos problemas para instrumentar algunos programas, como el de Uruguay Trabaja, porque no hay técnicos. Ahora lo estamos pensando, por ejemplo, para el trabajo con Mevir. Si ponemos una sala cuna para los bebés, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un psicomotricista instalado ahí? No, no lo vamos a tener, entre otras cosas, porque no alcanzan en el Uruguay. Vamos a tener que acudir a las intendencias, a salud pública, pero también a las organizaciones pequeñitas que hay en esos lugares y que cumplen una función social, que son sumamente respetables, pero que a lo mejor no las conoce nadie fuera de esa localidad.
Por otro lado, estamos planteando que el artículo que señala que de aquí en adelante no se va a poder contratar a través de las organizaciones de la sociedad civil en esta tercera etapa, la Cámara de Diputados lo aprobó, lo defendemos fervorosamente e insistimos en que ese artículo está bien y queremos que siga. Los tres casos o formas que planteaba el señor Senador Heber responden a tres realidades, aunque es discutible. Y vaya si nosotros lo discutimos con el sindicato. Nosotros desde el mes de marzo empezamos las discusiones con el sindicato, en las que fuimos cediendo unos y otros para determinar, en el marco de la ley de negociación colectiva –como muy bien me acota la señora subsecretaria–, cuáles eran las tareas sustantivas. Pongamos como ejemplo a la Dirección General de Secretaría, que es la más fácil, que no puede funcionar sin tareas básicas, permanentes e imprescindibles como las del contador, las del economista, las del abogado y las del informático. En otras direcciones serán los psicólogos o sociólogos. En las mediciones el Mides tiene –tal como se señalaba acá–, una pléyade de sociólogos, economistas e informáticos jóvenes, que son fantásticos, que tienen ganas y cuya edad promedio es de 29 años. Pagamos 300 guarderías de 0 a 3 años, lo que quiere decir que tenemos 300 bebés al día de hoy y otros en camino. Esto muestra que hay un equipo muy joven, con ganas y fuerza, profesionales en su enrome mayoría, que realmente brindan un trabajo sumamente importante.
En cuanto al último de los artículos –también estamos de acuerdo con que sea así– decimos que nosotros tenemos tareas que por su naturaleza presentan movilidad y son realizadas en programas transitorios. Hacemos una selección por concurso de méritos y antecedentes, para que sea ágil, porque debemos tener una lista de prelación. En este sentido, voy a dar un ejemplo bien concreto que recién se planteaba. Las duplas de Uruguay Crece Contigo o Jóvenes en Red son de una enorme movilidad –sobre todo en este último programa–, porque tienen otra oferta laboral, se van a realizar otra tarea, ya que son buenos y calificados. Son tareas que nosotros pensamos que pueden ir modificándose, porque no son para que la misma persona las realice por el resto de sus días. Entonces, esos programas también pueden ser modificados y transformados. Por lo tanto, precisamos gente que sí pase por una selección, pero que tengamos una lista de prelación que nos permita que a medida que se van yendo podamos rotar y cubrir esos lugares.
Voy a poner un ejemplo del programa Jóvenes en Red. Nosotros retiramos a los 27 muchachos y muchachas de los centros de empleo porque no estaban funcionando, pero los conservamos porque como esas duplas se van cayendo de a uno, porque van a otro trabajo, porque acumulan experiencia, porque tienen saber, las completamos con el otro que sacamos del centro de empleo, para que siempre sean dos. También podemos hacer una larga sobre qué tipo de situaciones enfrentan. Hace muy poco, unos jóvenes que estaban siendo atendidos por Jóvenes en Red, con los que se estaba llevando adelante un trabajo de integración social y educativa en el sentido de abandonar ciertas lógicas de zonas muy difíciles, fueron baleados cuando estaban en la parada del ómnibus, y a uno lo mataron. Eso implicó que tuviéramos que sacar a esa dupla de la zona porque, además, con todas las ganas del mundo –pero fue un gran error–, los acompañaron al juzgado. Es decir, ellos hicieron cosas que les agradecemos de corazón pero como les dijimos: fue un disparate. Ahí hubo que cambiar.
SEÑORA SUBSECRETARIA.- Además, nosotros no nos vamos a retirar.
SEÑORA MINISTRA.- A propósito de eso, está muy bien lo que dice la Subsecretaria. Nosotros hemos resuelto que el Estado no se va, que en aquellas zonas peligrosas o difíciles donde de repente en una policlínica alguien nos dice que se va porque atender ahí es muy peligroso, nosotros les decimos: «nosotros no nos vamos; nosotros nos quedamos». Porque si el Estado se retira, ¿a quién le dejamos el campo libre?
Después, los tenemos en lo que pronto va a pasar a ser el título de una novela «Los campos de Dinem», que son aquellos que salen todos los días a los hogares a hacer las encuestas y ver si les toca o no la tarjeta o si cambió la condición. Como muy atinadamente planteaba el señor Senador Heber, si la persona mejoró la condición y se le saca la tarjeta, pero llega un momento que le va peor, hay que volver a dársela, pero para eso hay que hacer la visita. Y si una vecina nos manda un papel –recibimos correos, cartas, etcétera– diciendo que fulano tiene la tarjeta y que tiene de todo, hay que ir a revisar. En general, esas denuncias son infundadas pero, a veces, no es así. Para eso hay que ir y hacer la visita nuevamente. A esos muchachos y muchachas nosotros les planteamos si se veían 20 años haciendo el mismo trabajo. No; esos trabajos son permanentes pero para un personal que va rotando.
Por último –quiero decirlo para que conste en la versión taquigráfica–, cuando formaba parte de la oposición o, mejor dicho, cuando nosotros formábamos parte de la oposición como izquierda defendíamos la negociación colectiva a nivel público y privado; defendíamos los Consejos de Salarios; defendíamos las mejoras laborales en el marco de la negociación colectiva. Nosotros tuvimos un proceso que venía de la Administración anterior –como muy bien decía el señor Senador Pardiñas–, de negociación colectiva. Una vez que asumimos, continuamos la negociación colectiva que estaba en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y llegamos a determinadas instancias en las que firmamos las actas y las registramos en ese Ministerio. Lo último que registramos fueron los artículos de este presupuesto que en acuerdo con el MEF, la Contaduría General de la Nación, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la propuesta presupuestal, habían sido el final del acuerdo entre el sindicato y las autoridades del Poder Ejecutivo y los mismos se registraron como el producto de la negociación colectiva, también en la Dirección Nacional de Trabajo.
Esto lo digo porque queremos señalar que defendemos esa negociación colectiva y por eso hoy dijimos en esta primera reunión –obviamente, el Parlamento es el que decide, porque en el Uruguay hay separación de poderes– que nosotros, como integrantes del Poder Ejecutivo que defendemos la negociación colectiva estamos defendiendo esos artículos que, repito, fueron fruto de esa negociación colectiva, que fueron registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, como la Contaduría General de la Nación y la Oficina Nacional del Servicio Civil nos dieron las herramientas para plasmarlo en artículos. En varios de estos casos, la Cámara de Representantes hizo mejoras que dejaron el texto mucho más claro. En otros casos, pusimos vocablos equivocados y la modificación mejoró la redacción como, por ejemplo, cuando pusimos «personas» en lugar de «funciones» o «perfiles» y podía entenderse que se trataba de personas específicas. Estamos muy de acuerdo en los cambios que se hacen para mejorar.
Por otra parte, queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de que esto es el resultado de un largo trabajo; de meses en el caso de esta Administración y de un par de años en la anterior. Como dijo el señor Senador Pardiñas, en el período pasado hubo otra propuesta que no fructificó. En aquel momento se dijo que la Rendición de Cuentas no era el lugar apropiado para hacerlo y que el correcto era el Presupuesto nacional, que es este caso.
SEÑOR HEBER.- Valoro mucho los esfuerzos de la Ministra para hablar de la solución y no de la génesis del problema. Somos hombres políticos y entendemos, valoramos y respetamos eso. Nunca vamos a entrar en temas de carácter personal, porque no es nuestro estilo.
Sobre las consideraciones de carácter político, lamento que el Senador Pardiñas no esté presente, porque quiero decir que este no es el ámbito para discutirlo. Lo vamos a discutir, pero en el Plenario.
SEÑOR MICHELINI.- Lo sospechábamos.
SEÑOR HEBER.- Hicimos comentarios de artículos que son muy polémicos y por más que se trate de un acuerdo con el sindicato, creemos que se debe discutir la génesis de esto, no con la señora Ministra, sino con la fuerza política que respaldó en su oportunidad al ministro que cometió estos desarreglos.
SEÑORA MINISTRA.- El artículo 519 establece que los pases en Comisión con más de tres años en el Mides al 28 de febrero de 2015, podrán optar por su incorporación definitiva al Ministerio. Esto libera la vacante en el lugar de origen y habilita al funcionario a continuar. A partir de esto, queremos hacer los concursos de ascenso para la carrera funcional. Además, hay que tener en cuenta que todos damos pases en Comisión; nosotros también lo hacemos y hay gente, aunque poca, que sale del Mides.
Nosotros aspiramos –y en alguna oportunidad lo defendimos– que los funcionarios sean del Estado y no se necesite todo este sistema de pases en Comisión, pero para eso se precisa que para igual función haya igual remuneración. Obviamente hoy se dan pases en Comisión, en algunos lugares más que en otros. Eso genera faltantes y la imposibilidad de poner a disponibilidad las vacantes presupuestales.
El artículo 520 refiere a la recategorización en una escala única.
El artículo 521 ordena créditos sin costo, pasando de unos objetos a otros, de modo que se puedan gestionar mejor.
El artículo 522 ordena cargos que quedaron mal nombrados. Esto es algo que también llamó la atención, tal como escuchamos durante esta sesión. La disposición dice lo siguiente: «Transfórmanse en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", programa 401, "Red de Asistencia e Integración Social", un cargo de Asesor X, Serie Profesional, escalafón A, grado 4, en un cargo de Asesor X, Serie Abogado, escalafón A, grado 4 y un cargo de Especializado, Serie Ciencias Sociales, escalafón D, grado 1, en un cargo Especialista, Serie Profesional, escalafón D, grado 1.» Se trata de dos cargos específicos que por quedar mal nombrados no pudieron regularizarse, a pesar de haber cumplido con todo el proceso de provisoriato que marca la Ley Nº 19.121.
Por otra parte, se renombran Directores, que es algo que nos encanta hacer a todos cuando se pasa de una administración a la otra. También a los Directores les encanta cambiar el nombre de sus direcciones, pero repito que esto es un mal del Estado y tal vez no solo del Estado.
Por otro lado, el artículo 524 habla del cargo de Director de Desarrollo Social, para el que no se nombró a nadie, porque le correspondía un sueldo mayor que el del resto de los Directores. Voy a explicar por qué ese cargo tenía asignado un sueldo mayor, por las dudas. En realidad, tenía un mayor sueldo porque se trataba de una Unidad Ejecutora, en virtud de una reestructura que se había hecho anteriormente. Por lo tanto, como nuestra idea es que todos los Directores ganen lo mismo –todos tienen enormes responsabilidades que no son medibles en función de que se trate de una unidad ejecutora o no– dejamos sin cubrir ese cargo. Entonces, lo que se propone en esta disposición es que se transforme ese cargo en Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral. Asimismo, se crea el cargo de Director Nacional de Protección Integral en Situación de Vulneración, que nada tiene que ver con cuidados; aclaro esto porque lo escuché en el debate que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes. Allí se cuestionó la creación de un cargo de Director de Protección Integral –en este momento es una Directora la titular de esa Dirección–, pero en realidad solamente cambiamos una división por una dirección nacional. Quiero destacar que esta Dirección Nacional que sea crea por este artículo es la que se ocupa del tema de tarjetas de alimentación, de personas en situación de calle, de refugios y del trabajo con personas que sufren vulneración de derechos. Creo que solamente con decir que esa Dirección tiene a cargo el tema de las tarjetas, el de los refugios y el de calle, entre otras, alcanza para comprender toda la tarea que ese Director debe abordar.
Por otra parte, creamos el cargo de Director Nacional de Uruguay Crece Contigo, que en realidad no es nuevo, sino que hoy está en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –todavía sigue ahí– y tiene una compensación. Por este artículo, ese cargo pasa a la Dirección Nacional de Uruguay Crece Contigo. Quiero decir que todo esto suma cero, porque no se trata de dinero nuevo sino de recursos que se redistribuyen para cubrir esos cambios.
Después hay otras disposiciones que ya había explicado. Una de ellas establece que el BPS proporcionará en forma mensual al Ministerio de Desarrollo Social información sobre los monotributistas Mides; la otra modifica el número máximo de socios para poder optar por el monotributo Mides.
Si me permite, señora Presidenta, le cedería la palabra a Mariela Fodde, porque su Dirección es la que tiene a cargo todos los temas vinculados a cooperativas, emprendimientos, Uruguay Trabaja, monotributo, etcétera, es decir, todo lo que es el mundo del trabajo y la integración laboral. Por eso se llama Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral.
SEÑORA FODDE.- Estos dos artículos no tienen incremento presupuestal.
La primera de estas disposiciones apunta a hacer cumplir la ley de formalización del monotributo social. Hoy por hoy tenemos más de 3.000 monotributistas formalizados, que forman parte de la trayectoria laboral a la que hacía referencia la señora Ministra, en clave de inserción laboral, y no estamos teniendo la información que requerimos, porque la ley establece que anualmente le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social constatar si las personas que están pagando ese monotributo –que tiene una diferencia con el monotributo común– cumplen con la contrapartida de enviar a sus niños a la escuela, realizarse controles de salud, etcétera. Nos parece que es clave, a la hora de dar cumplimiento a la ley, que el Ministerio de Desarrollo Social pueda tener esta información mensualmente.
El otro artículo tiene que ver con que los monotributistas son de hasta cinco integrantes y la ley de cooperativas sociales exige cinco integrantes o más. Nos parece que esta es una modalidad que implica recuperar, potenciar y dar posibilidades a estas personas para que puedan comercializar de otras formas.
Son dos artículos que son muy importantes a la hora de la implementación de las leyes.
SEÑORA MINISTRA.- Por último, el artículo 741 también es muy sencillo y es acordado interinstitucionalmente. Concretamente, se establece que la carga de formación en empresas asociadas a la ley de empleo juvenil se hace mayor. Hoy en la modalidad de taller y práctica es de no más de 60 horas, y se propone que sea de hasta 120 horas, porque pensamos que es más adecuado para la capacitación de los jóvenes y para habilidades que se requieran y puedan adquirirse dentro de la empresa.
Me acota la Directora general, con razón, que esto fue acordado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque la ley de empleo juvenil implica al INJU, al Mides y al MTSS, de la misma manera que lo que planteaba la Directora Mariela Fodde es acordado con el Banco de Previsión Social, en el sentido de la ley de protección de datos. La idea es que, como en tantos temas que tenemos en común con el Banco de Previsión Social, en este caso podamos acceder directamente a la información, y el BPS está de acuerdo también.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay intervenciones o comentarios sobre el inciso, agradecemos a la señora Ministra por su presencia en la sesión de hoy.
(Son las 19:14).

References: artículo 514
 artículo 25
in fine
 artículo 508
 artículo 25
 artículo 508
 artículo 509
 artículo 298
 artículo 515
 artículo 516
 artículo 516
 artículo 517
 artículo 517
 artículo 518
 artículo 92
 artículo 516
 artículo 517
 artículo 519
 artículo 520
 artículo 521
 artículo 522
 artículo 524
 artículo 741