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Neiva, diecinueve (19) de octubre de dos mil diez (2010).
Actor: JAIRO SILVA MUÑOZ Y OTROS
Demandado: Departamento del Huila.
Radicación: 41 001 23 31 000 1997 09982 01
Aprobada en Acta de la fecha N° 119.
A través de apoderado judicial y ejerciendo la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, los siguientes Señores JAIRO FERNANDO SILVA MUÑOZ, ALVARO HERNAN CARVAJAL C, SEGUNDO ANGEL VARGAS, MARIA GAVI ARDIALA DE PERDOMO, MARIA INES BERNAL DE GONZALEZ, CIELO CARDENAS SERRATO, EFREN CUBIDES CEBALLOS, MARIA ELCY CABRERA DE POLANÍA, EDILBERTO DIAZ QUINTERO, CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ, RICARDO GARZÓN DUSSAN, JESUS ERMO JOVEN GOMEZ, MIRYAN VEGA OSPINA, DAGOBERTO GOMEZ CORREA, ROSA BETRIZ TRUJILLO TRUJILLO, FLOR ANGELA MOTTA MILLAN, LUZ DARY HERNANDEZ VALENZUELA, MIREYA LINARES HERRERA, MARIA AIDE RAMIREZ DE OVIEDO, LUZ STELLA PARRA DE V., GUILLERMO SANTACRUZ B., GLORIA GLADIS TEJADA, ALCIDES PARRA R. GLADIS PERES R, JOSE ARMEL SUAREZ P, HUGO PERDOMO C, JAIRO BELTRAN TOVAR, JAHEL CORTES TORRES, GERADO TOVAR C, CECILIA PUENTES DE C, DORA RODRIGUEZ DE P, BERTHA MUÑOZ DE P, YINETH LLANOS C, EMIRO ENRIQUE ZAMBRANO E, AIDEA CECILIA CUENCA DE T, ELVIA CANO DE C, CLARA INES POLANÍA DE C, ROSA AMELIA CAMACHO DE V, ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE D, PASTOR EMILIO MOTTA E, NOHEMÍ COVALEDA A, NEYLA VER M, CECILIA POLANÍA S, DAGOBERTOTRUJILLO V, LUZ MARY GONZALEZ G, MARIA FANNY GARCIA DE C, MARIA YOLANDA M. DE JOVEL, JUAN ANTONIO ZABALETA Z, BRIGIDO VARGAS C, CASAREO JAVELA O, TITO POLANÍA F, NELSON ARDILA P, EDUARDO CASTILLO L, LUIS EDUARDO HERNANDEZ M, NOHORA MEDIAN VICTORIA, GLORIA VALENZUELA DE RUEDA, LUIS FERNANDO MURCIA N, JOSE FRANCISCO TOLEDO V, MARIA INES VANEGAS D, ESTHER ALDANAM, ANA BETRIZ ALARCON L, ELSA ANDRADE L, RAMIRO ANDRADE R, DOLLY ANACONA DE P, FLOR ALBA ALDANA G, FLOR IMELDA BARRAGAN C, ANA ELENA CARDONA DE L, CARLOS ARTURO CUENCA A, GABRIELA CABREA DE A, MARIA SANTOS CORREA G, YOLANDA DIAZ DE S, AMPARO DIAZ Q, MARIA NUBIA DUSSAN T, ENRIQUE DIAZ R, DORIS CHARRY DE C, JOSE ARGEMIRO CHAVARRO CH, MARLENY GARCIA DE S, LUCY GUZMAN DE PERDOMO, MARIA GLADYS LEON DE L, GUSTAVO LOPEZ H, GUSTAVO NOY ZEA, MARIA NIDIA PLAZAS, ESPERANZA ORTIZ DE C, ANA IRMA ORDOÑEZ M, ORLANDO POLANIA FIERRO, LUZ ESPERANZA ROJAS B, OLGA RAMIREZ C, CARLOS IVAN RUBIANO G, AURA ELISA STERLING A, BELLANID TOLEDO V, GONZALO ALARCON P, MARIA CRISTINA ANDRADE O, ALVARO MORALES T, MARIA TERESA TAPIERO O, MARTHA ELENA LOSADA, ELCY DEL SOCORRO JIMENEZ T, MANUEL ALFONSO MOSQUERA C, ROBERTO ANGEL ATHERTUA M, BARABARA ACOSTA O, GLORIA MIRYAM ABELLAS, LUZ MARIANA ARIAS G, SOFIA AREVALOA, PAULINA ALARCON DE P, AMPARO AREVALO DE N, DAVID CANGREJO J, ILDA MARIA CONDE DE T, MARIA DENIS CASTAÑO C, GENOVEVA CUELLAR BOTELLO, AMPARO BARRETO R, AMANDA CUENCA H, ROSALBA DIAZ Q, MARIA IRMA DURAN DE THOLA, CONSUELO GUTIERREZ G, GLORIA AMPARO GUTIERREZ DE OLAYA, NELSON GONZALEZ R, DORIS LUCERO FALLA DE S, CLARA IRIARTE DE Q, AURA MARIA MEJIA DE G, RODRIGO MURCIA P, OFELIA MUÑOZ DE ROJAS JOSE IGANCIO MUÑOZ B, FANNY QUESADA DE P, MARIA ARNOVIS QUIMBAYA T, DAVID PERDOMO A, INES PAREDES DE RAMOS, MARIA DEL CARMEN PERDOMO DE R, ELIECER PEÑA B, AQUILEO PERDOMO R, LINO DEL CARMEN ROJAS S, NOEL RAMIREZ ROJAS G, ANA LUCILA ROJAS DE M, GRACIELA ROJAS DE SILVA, STELLA RAMOS PERDOMO, JULIA NURY RIVERA R, LUZ ANABEL SIERRA C, MARIA LUISA SERRANO E, FANNY TORRES G, JOSE ALBERTO TOVAR M, MARIA EUNICE TRUJILLO V, BELEN TRUJILLO DE S, TERESA CONSUELO VANEGAS, CECILIA VALDERRAMA DE A, FLORALBA ZUÑIGA DE F, ASCENTH MEDINA A, NURY GALINDO FORERO Y MARTHA SALANTE TELLEZ DE R., solicitan a esta corporación que previo al trámite de un proceso ordinario laboral se declare en forma principal:
La nulidad de la Resolución No. 0454 de fecha 7 de julio de 1997, expedida por el Gobernador del Departamento del Huila, Dr. Jaime Losada Perdomo, por medio del cual se denegó la petición de reconocer y pagar mensualmente el 20% del sueldo actualmente devengado por los demandantes por concepto de la prima académica, así como la diferencia indexada de tal prima desde el 1° de enero de 1985, acto administrativo notificado el 15 de agosto de 1997.
A título de restablecimiento del Derecho, se condene a la entidad demandada, al reconocimiento y pago mensual de la prima académica en un 20% de la asignación básica mensual correspondiente al grado que acrediten en el Escalafón Nacional Docente, atendiendo los incrementos de la asignación básica mensual que se hayan producido desde al año de 1985 y a la variación de los grados en el Escalafón Nacional Docente que haya sido objeto cada uno de los demandantes a partir del 30 de marzo de 1984, además de la correspondiente indexación desde el 1° de enero de 1985 hasta la fecha en que se efectúe el pago.
1.1 PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
Que como consecuencia de la anulación del anterior acto administrativo y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada, al reconocimiento y pago mensual de la prima académica en un 20% de la asignación básica mensual correspondiente al grado que acrediten en el Escalafón Nacional Docente.
Que la demandada de cumplimiento a la sentencia que ponga fin a la presente, demanda dentro de los términos señalados en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
1.2 SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
Que como consecuencia de la anulación del anterior acto administrativo y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada, al reconocimiento y pago mensual de la prima académica en un 20% de la asignación básica mensual correspondiente al grado que acrediten en el Escalafón Nacional Docente, atendiendo la variación de los grados en el escalafón nacional docente que haya sido objeto cada uno de los demandantes.
Así mismo, se condene a la entidad territorial demandada al reconocimiento y pago de la diferencia indexada que a favor de cada uno de los demandantes resulte al reliquidar el monto de la prima académica desde el 1° de junio de 1.984 hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el pago.
1.3. PETICIÓN PREVIA AL FALLO
El apoderado actor solicita a la Corporación de lo Contencioso Administrativo, que en caso que el Tribunal estime que la resolución N° 454 de 7 de julio de 1997, acto administrativo demandado, efectivamente se fundamenta en el artículo 5º del decreto 242 de 1984, se haga un pronunciamiento previo sobre las siguientes excepciones:
1.3.1 Declarar probada la excepción de inconstitucionalidad del artículo 5° del Decreto No. 242 del 30 de marzo de 1984 de la Gobernación del Huila, en cuanto se interprete que la prima académica en adelante “no podrá exceder el valor resultante del equivalente al veinte pro ciento (20%) sobre la asignación básica mensual establecida para el periodo fiscal de 1984, según el grado que acrediten en el escalafón nacional docente”.
1.3.2 Declarar probada la excepción de ilegalidad del artículo 5° del Decreto No. 242 del 30 de marzo de 1984de la Gobernación del Huila, en cuanto se interprete que la cuantía de la prima académica en adelante “no podrá exceder el valor resultante del equivalente al veinte pro ciento (20%) sobre la asignación básica mensual establecida para el periodo fiscal de 1984, según el grado que acrediten en el escalafón nacional docente”.
1.4 De la Agencia Oficiosa:
En el líbelo demandatorio (f.72 a 76) el apoderado actor previo juramento presenta la referida demanda como agente oficioso en procura de 226 personas.
1.4.1 Trámite de la demanda:
Mediante Auto de fecha 11 de marzo de 1998, se inadmite la demanda toda vez que no se acompañaron con la misma poderes de las personas que aparentemente representa el apoderado actor (f.101 a 103).
Posteriormente y subsanada la misma mediante Auto de fecha 3 de abril de 1998, se admite la referida demanda y en consecuencia se ordena tener como agente oficioso de las 226 personas al Dr. Valderrama Yague. – f.191 a 192 – para lo cual el agente oficioso aporta la póliza mediante la cual garantiza la caución señala en el auto admisorio de la demanda – f.187 a 188.
En consecuencia y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 471 del C. P. C., mediante memoriales de fecha 5 de junio, 2 de julio, y 10 de septiembre de 1998, el Dr. Mario Alberto Valderrama, allega los correspondientes poderes de algunas de las personas por las cuales actúa como agente oficioso.
De lo anterior se sigue que mediante memorial de fecha 10 de septiembre de 1998, el apoderado actor solicita dar por terminado el proceso respecto a las personas que en calidad de agente oficioso presentó la demanda, toda vez que le fue imposible lograr su ubicación ya que aduce haber perdido toda comunicación con los mismos, el total de las personas que relaciona es de 39, f.381 a 382.
En consecuencia además de los enunciados en el líbelo demandatorio se tendrán por demandantes a las personas que indicó el agente oficioso en el memorial de fecha 5 de junio de 1998:
ROSA ALFARO LUGO, GERMAN DARIO ALVAREZ AZUERO, ALBERTO ALVAREZ CAMACHO, GUILLERMO LEON ALVEAR REALPE, RUBIELA ANDRADE DE P, GRACIELA AÑAZCO GUZMAN, JOSE HERMES BARRETO BERMUDEZ, LEONOR BASTIDAS JAVELA, ALBA NERY BENAVIDEZ MEDINA, MARIA TULIA DE FATIMA BETANCOURT, ESPERANZA BURBANO DE RAMOS, ALVARO CABRERA CUELLAR, AMIRA CABRERA POLANCO, MARIA TERESA CABRERA Z, MARGOTH CALDERON DE C, HUMBERTO CALDERON MOLINA, GUSTAVO CARDENAS CLEVES, ALBA MELIDA CARDOZO MEDINA, MARTHA CECILIA CASTAÑEDA C, MERCEDES CASTILLO ROJAS, ALICIA CASTILLO T, LUZ MARIA CHALA VALENCIA, LIGIA CHARRY DE T, PABLO JOSE CHARRY MORA, VILMA CHARRY YAÑEZ, EDUARDO CIFUENTES URRIAGO, MARIA NOHORA CORONADO DE CH, JULIA ROSA CUBILLOS LOPEZ, MARTHA CECILIA DIAZ CHARRY, JOSE IVAN DIAZ VALENCIA, RUBIELA DIAZ DE VALENCIA, LIGIA YOLANDA DURAN GUZMAN, GONZALO DURAN LOSADA, ABIGAIL DUSSAN CALDERON, LUNIO DUSSAN QUIROGA, OLGA ESPAÑA CARVAJAL, MARIA MARLENY HERMOSA DE L, MARIA HELENA ESPINOSA DE S, BERTHA ESPERANZA ESQUIVEL, BELEN FALLA PUENTES, CECILIA FIERRO DE LISCANO, NOHORA FIERRO PIÑERES, ELVA CECILIA FIGUEROA GOMEZ, MARIA NELCY FLOREZ DE G, NEIFLY GIRALDO ROCHA, ORLANDO GOMEZ BERMEO, ADOLFO GOMEZ CORREO, MELBA LUCIA GOMEZ CORREA, GLORIA GONZALEZ PERDOMO, ALVARO HERMES GUERRERO, MILDRED GUIO ORDOÑEZ, JAIME RICARDO GUI ORDOÑEZ, LUCILA GUTIERREZ DE BAHAMON, MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DIAZ, NOHEMY GUTIERREZ HERNANDEZ, MARIA NOHORA GUTIERREZ MARROQUIN, CESAR GUTIERREZ ROMERO, CIELO GUTIERREZ, ORLANDO GUZMAN, LUZ DARY HERNANDEZ VALENZUELA, ELIECER JIMENEZ MANRIQUE, MARINO EDGAR JURADO MORILLO, NUBIA LAMILLA GALINDO, CECILIA LOSADA DE F., MARIA TERESA LOZANO, JUDITH MARTINEZ CABRERA, GLORIA MAYOR DE M, EDUARDO MAYOR MARROQUIN, MERCEDES MEDINA DURAN, CONSUELO MENDEZ BARRIOS, NELLY MENDEZ BARRIOS, BETY MEÑACA MACIAS, JOSE DARIO MOLINA MUÑOZ, ALAIN MONTERO ALVAREZ, MARIA TERESA MORA ARIAS, HELENA MOYA, OLGA MUNARES DURAN, MARINO VALDEMAR MUÑOZ B., GILDARDO MUÑOZ CABRERA, ORLANDO MUÑOZ MILLAN, JESUS ANTONIO MUÑOZ, JORGE AQUILES NARVAEZ CORAL, LUZ MARINA ORTEGA OBANDO, MARIA HELENA ORTIZ G, ESPERANZA PAREDES MONJE, MARIA DOLORES PASTRANA DUSSAN, MARIA FLUVIA PATIÑO OSORIO, NELLY PERDOMO DE ROJAS, FERNANDO PERDOMO RODRIGUEZ, LIBARDO PEREZ CORDOBA, ELCY INGRID LUZ PLAZA DE A., TERESA POLANIA PERDOMO, JOSE ALBERTO PUENTES ALVARADO, ESPERANZA QUINTERO CH., MARIA B. QUINTERO ESPINOSA, BENJAMIN QUINTERO RAMIREZ, CLEMENCIA QUIZA DE O., ALFONSO RAMIREZ HERMOSA, JAVIER RAMIREZ PERDOMO, MANUEL ANTONIO RAMOS, JUAN DE LA ROSA REYES, GERARDO RIVERA BARREIRO, MARIA DE LOS ANGELES RIVERA, SONIA ROA T., DAMARIS RODRIGUEZ DE M., MARIELA RODRIGUEZ DE M., DORA MARINA RODRIGUEZ ORTIZ, ELCY ROJAS LAISECA, RAMIRO ROJAS POLO, ISRAEL ROJAS TAFUR, JAIME ROJAS TAFUR, MARIA NELLY RUIZ DE A., PEDRO MANUEL RUIZ PEREZ, MARLIO SAAVEDRA PERDOMO, CARLOS SALAS MOLINA, HECTOR ANGEL SANCHEZ, SAMUEL SANCHEZ QUIMBAYA, SONIA SIERRA C, INES SOLANO BONILLA, LUZ AMPARO SOTO DE M., ALDEMAR TELLO MUÑOZ, ELVIRA TOVAR GAONA, JAIME TRUJILLO CORTES, LAVARO TRUJILLO CUENCA, ROSALBA TRUJILLO DE SOTO, RAMON TRUJILLO OSSA, AGUEDA VALDERRAMA, FAUSTO ISIDRO VALDERRAMA R., MARIA INES VELASCO ALARCON, IVAN VICTORIA, MARIANA VILLAMIZAR BASTO.
Desde ahora se advierte que en lo que respecta a las personas relacionadas en los memoriales presentados posteriores al 30 de junio de 1998, no se tendrán en cuenta toda vez que fueron allegados extemporáneamente por el agente oficioso.
2.- HECHOS U OMISIONES:
Los poderdantes y demás personas agenciadas por el apoderado, están vinculadas al servicio del Departamento del Huila, desde antes de entrar en vigencia el Decreto No. 242 de 30 de marzo de 1984 de la Gobernación del Huila.
Los demandantes por tener la calidad de educadores con título de licenciados al servicio del Departamento del Huila, se les reconoció el disfrute de una prima académica establecida en el Decreto 025 de 1975, reformada por el Decreto No. 0744 de 1976, ambos de la Gobernación del Huila, consistente en un 20% del sueldo que devengan de acuerdo al grado que acrediten conforme al escalafón docente, monto de la prima que variaba en la medida en que hubiese incrementos del sueldo o cambio en el grado del escalafón.
Éste beneficio salarial reconocido por el Departamento del Huila a sus docentes con título de licenciado fue congelado a partir del 1° de abril de 1984, para nuevos docentes que acreditaran tal calidad, mediante el Decreto No. 242 del 30 de marzo de 1984, desapareciendo para el futuro el reconocimiento de dicha prestación.
Sin embargo frente al texto consignado en el artículo 5° del Decreto No. 242 de 30 de marzo de 1984, a partir de enero de 1985 se dio la antijurídica interpretación que el valor de la prima académica reconocida había sido congelado en el tiempo, esto es, continuaban devengándola los demandantes pero su monto sería de ahí en adelante el mismo que recibieron durante el periodo fiscal de 1984, según el grado que acreditaban en el escalafón nacional docente a 30 de marzo de 1984.
Es así como a partir del 1° de enero de 1985 los demandantes continuaron recibiendo la prima académica, pero por el valor liquidado en el año de 1984, esto es, desconociendo el incremento de las asignaciones básicas de los grados del escalafón nacional docente para el año de 1985, así como los incrementos ordenados por el Gobierno Nacional para los años subsiguientes.
En la hora de ahora (Sic) los demandantes, perciben por prima académica sumas que oscilan entre $5.050.oo, valores que corresponden al veinte por ciento (20%) de las asignaciones básicas mensual para los grados 6 ($25.250.oo) y 10 ($42.450.oo) del escalafón docente que tenían para el año de 1984 de acuerdo a lo señalado por el Decreto Ley 456 de 1984.
Los demandantes el 12 de junio de 1997 por intermedio del actual apoderado presentaron petición respetuosa ante el señor secretario de Educación del Departamento del Huila, con el fin de lograr se corrija la arbitrariedad que vienen sufriendo y así obtener el reconocimiento y pago mensual del 20% de la asignación básica mensual actualmente devengada por cada uno de ellos, por concepto de prima académica, así como el reconocimiento y pago de la diferencia indexada de tal prima dejada de percibir desde el 1° de enero de 1985.
El 15 de agosto de 1997, el apoderado de estas personas, se notificó personalmente del contenido de la Resolución No. 0454 de 7 de julio de 1997, emanada por la Gobernación del Huila, por medio de la cual se denegó la petición de reconocerles y pagarles mensualmente el 20% del sueldo actualmente devengado por concepto de la prima ya enunciada; entendiéndose agotada de esta manera la vía gubernativa.
3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN:
Se citan como fundamentos de la demanda y como normas violadas las siguientes:
De rango constitucional; los artículos 2, 4, 25, 53, 58, 67 y 209.
De rango legal; Artículos 9, 14 y 21 del C.S. del Trabajo, Ley 43 de 1975, Decreto Ley 2277 de 1979, 91 de 1989, Ley 115 de 1994, 4ª de 1992; además de las ordenanzas de caracter Departamental No. 015, expedida por la Asamblea Departamental del Huila, y Decretos No. 025 de 1975, 0744 de 1976 y 242 de 1984, todos emanados del Departamento del Huila.
Respecto a la normativa de rango constitucional refiere que estos estatuyen el ejercicio de la función administrativa por parte de los servidores públicos cimentada sobre principios fundamentales, tales como la protección y aseguramiento que las autoridades tienen hacia las personas residentes en el país; la responsabilidad calificada que asumen frente a sus actuaciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones y su sometimiento a la Constitución y a la Ley.
Considera que las normas arriba comentadas han sido infringidas por el gobierno departamental en el acto administrativo atacado y en pago de la mencionada prima que vienen haciendo desde 1985, por cuanto a mis mandantes se les ha venido desconociendo los derechos laborales adquiridos y protegidos por nuestra Carta Política desde 1991, así como por la Carta Política de 1886, (V. gr. Artículos 17, 20, 30, y 192), vigente para la época que se expidió el Decreto No. 242 de 30 de marzo de 1984 por la Gobernación del Huila.
Expone que en el acto administrativo demandado la prima académica la está pagando a los educadores reclamantes “en la cuantía fijada por el artículo 5° del Decreto No. 242 de fecha 30 de marzo de 1984 expedido por la Gobernación del Huila a todo aquellos educadores que estaban disfrutando de esta prestación a la fecha de expedición del Decreto No. 242 de 1984.” (el subrayado es del texto).
Agrega que esta afirmación de la demanda no es cierta y carece de fundamento jurídico, toda vez que dicho reconocimiento lo está efectuando a los demandantes sobre un valor por debajo del 20% de la asignación básica mensual que devengan desde 1985, contraviniendo de esta manera los artículos 53 y 58 de la Constitución Política que de manera expresa les garantizan los derechos laborales adquiridos de disfrutar de la prima académica sobre el valor que por disposición legal venía reajustando periódicamente en la medida que se incrementaba el monto de sus respectivas asignaciones básicas mensuales.
Arguye que la demandada sostiene en que el acto administrativo impugnado “el Consejo de Estado ha señalado que en materia prestacional las Asambleas Departamentales no pueden fijar condiciones más favorables que la ley, de tal forma que la Nación no puede asumir gastos decretados por ordenanzas y otros actos administrativos departamentales”.
Esta afirmación demandada lo único que genera es confusión, pues en manera alguna se le está pidiendo que sea la nación la que asuma el reconocimiento y pago de la prima académica, porque las disposiciones legales reguladoras de las escalas salariales y prestaciones sociales de los docentes nacionalizados (Ley 43 de 1975, Ley 91 de 1989) siempre han previsto que las entidades territoriales sean las que continúen reconociendo y pagando estos emolumentos, tal como lo viene haciendo la demandada con respecto a la prima académica que aquí se reclama.
En cuanto a las normas de carácter legal en especial las referidas del código sustantivo del trabajo, expone que las disposiciones laborales fueron desconocidas por la entidad demandada en el acto administrativo impugnado, pues no fueron tenidas en cuenta en la decisión que tomó con la Resolución No. 0454 de 7 de junio de 1997, se limita la entidad accionada a remitir a los demandantes a lo señalado en el artículo 5° del Decreto No. 242 de 30 de marzo de 1984, sin entrar a evaluar si la interpretación y aplicación que ha hecho de la citada disposición está ajustada a la Constitución y la Ley.
Que por este proceder, se están vulnerando diáfanos principios universales del derecho laboral, como son la irrenunciabilidad a los derechos y prerrogativas concedidos por la ley al trabajador, la prohibición de desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el in dubio pro operario. Principios de obligatorio no solo para los jueces sino también del empleador cuando de aplicar normas se trata.
En lo que respecta a las demás normas de rango legal, en síntesis aduce que la ley 4 de 1992, por la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos no ha sido la excepción. Dispuso en su artículo 2° que para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos se debe respetar los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general como de los regímenes especiales. Agregando que en ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales.
Indica aparte de la ley 115 de 1994 o ley general de educación, Art. 115, en donde dispone que el régimen salarial de los educadores de los servicios educativos estatales del orden departamental, Distrital o municipal se regirán por el Decreto Ley 2277 de 1979, la Ley 4 de 1992 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
En cuanto a las disposiciones legales creadoras de la prima académica también han sido infringidas por la demandada con la expedición de acto administrativo que se solicita su anulación, toda vez que se invocan para soportar dicha decisión, haciendo una arbitraria e injusta interpretación de las mismas.
En cuanto a la congelación de la cuantía de la prima académica de los demandantes en el 20% de su asignación básica mensual devengada en el periodo fiscal de 1984, esta debe interpretarse que se refiere únicamente para ese año, no para los siguientes.
Por cuanto los mencionados Decretos Nos. 025 de 1975 y 744 de 1976 que establecieron la prima académica no establecieron tal condición y por consiguiente, los demandantes la venían percibiendo de acuerdo a lo que correspondiera el 20% de su sueldo que devengaban al momento de su liquidación. Una limitación de esta naturaleza va en contradicción flagrante con las disposiciones constitucionales legales antes referenciadas como violadas, debido a que se están desconociendo derechos laborales adquiridos por los demandantes en los mencionados decretos departamentales.
Concluye haciendo un llamado a los H. Magistrados de esta Corporación que en la posibilidad en que el texto normativo se desprenda la interpretación dada por la demandada, solicita dar por terminado con el arbitrario e injusto desconocimiento de los derechos adquiridos por los demandados, dejen de aplicar el mencionado Art. 5° del Decreto 242 de 1984, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad que la viene acompañando desde su expedición y en consecuencia, acceda a las pretensiones de la demanda que en justicia considera a bien conceder a los demandantes.

References: Resolución 
 artículo 176
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 471
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
in dubio
 artículo 2