Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2009/06/
Timestamp: 2018-08-17 03:02:20+00:00

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DR. GUSTAVO ARAMBURU: junio 2009
LA USURA Y EL DERECHO
La USURA son los intereses u otras ventajas pecuniarias o susceptibles de ser calculadas en términos pecuniarios, exorbitantes o abusivas manifiestamente exageradas con la contraprestación recibida, y/o también los recaudos y/o las garantías desmedidas y perjudiciales. La misma se produce financieramente de tres maneras: a) tasas elevadas, b) anatocismo (intereses sobre intereses, en especial en conceptos improcedentes particularmente si duplican conceptos), y c) ratioferusismo (determinaciones excesivas).
La usura como delito esta regulada por el artículo 175 bis del Código Penal, que su primera parte dice: El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, .
El Anatocismo es la determinación de los intereses sobre los intereses por la capitalización de los mismos. Salvo acuerdo expreso está vedado legalmente por el artículo 623 del Código Civil. Esto también altera la esencia de la tasa de interés
En materia de descubierto bancario debemos distinguir entre el sobregiro no autorizado y el sobregiro autorizado. En el caso del sobregiro no autorizado –normalmente efectuado por necesidad–, las tasas por girar en descubierto son tasas de interés punitorias, por ende debe ser mayores que la tasa normal, pero igualmente no debería superar el 12% de interés anual efectivo.
En el caso de sobregiro autorizado, se estaría penando algo sobre lo que hay un acuerdo por un crédito y no un verdadero incumplimiento.
El ratioferusismo son las maneras de determinar o practicar conceptos inadecuados en las operaciones financieras. Son ejemplo típicos de ello los sistemas de amortización de préstamos que emplean el sistema denominado directo, especialmente cuanto mayor es el plazo otorgado, las gastos sin efectiva contraprestación, las determinaciones de intereses o penas sobre conceptos no vencidos, entre otros.
Los sistemas de cancelación de créditos en cuotas denominados alemán, español y francés son todos aplicados sobre los saldos pensientes de cancelación de la deuda por lo que son técnicamente razonables. El sistema directo que aplica los intereses sobre el valor originalmente prestado -y no sobre los saldos adeudados- es absolutamente inequitativo y abusivo, especialmente en operaciones a plazos extendidos
Debería replantear el crédito o el tipo de transacción realizada para establecerlo en términos equitativos y reclamar la compensación de los costos, daños y consecuencias sufridas.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:22 No hay comentarios:
COMO SE ACREDITA UN PAGO
El recibo y sus formalidades.
El pago es ante todo un acto voluntario y lícito que tiene por fin inmediato la cancelación de una obligación, el aniquilamiento del derecho del acreedor.
Todos sabemos que, especialmente cuando se trata de obligaciones legales (por ejemplo el pago de una cuota alimentaria, derivada de un contrato, etc.), el pago se efectúa contra entrega de un recibo o constancia documentada de su recepción por parte del acreedor.
En realidad, se admite generalmente que la cancelación total o parcial de una obligación legal puede probarse por quien la invoca por cualquier medio de prueba, incluso testigos (con excepción del juicio ejecutivo, en el que siempre se deberá probar con el documento de recibo). Sin embargo, llegado el caso ante el juez, éste será sumamente estricto en la apreciación de todo elemento de prueba que no sea el recibo.
Y aquí debemos recordar que ante un tribunal, no sólo es preciso tener la razón para hacer valer un derecho, sino y sobre todo probarlo, demostrarle al juez que así es, llevarlo al convencimiento de que aquello que aseveramos se ha producido de la forma que decimos y que nuestra demanda es ajustada al derecho.
De allí que la forma por excelencia de probar un pago y la cancelación de una obligación legal, es el recibo.Por supuesto que existen otros medios válidos para llevar al juez la certeza de nuestro cumplimiento.
Hace años (demasiados para mi gusto), recién recibido, un poderoso comerciante del Once me dio un muy buen consejo: "cuando cobre, trate de hacerlo en efectivo; cuando pague, hágalo siempre con cheque "no a la orden", ya que seguro que el recibo lo perderá, pero la constancia del cobro del cheque en el banco quedará registrada por el término de diez años".
Pero veamos cómo confeccionar un recibo.Desde ya que el recibo como tal, no tiene formalidad alguna, es decir que no está reglamentada la forma de confeccionarlo, pero vale la pena tener en cuenta algunas cuestiones mínimas que pueden evitar grandes dolores de cabeza, a saber:- debe constar la fecha y el lugar de emisión; esta mención probará que el pago se ha realizado en tiempo oportuno, o sea dentro del plazo acordado para realizarlo;- debe imputarse, es decir, debe expresarse la razón por la que se paga, ya sea por ejemplo el alquiler de la propiedad sita en tal lugar y correspondiente a tal mes, la cancelación de la cuota número tal del préstamo, el saldo de la compra de tal cosa, etc.;- también debe expresarse si se imputa a capital, a intereses o en el caso en que se haga a uno u otro, las cantidades que se asignan a cada uno;- se debe hacer constar la cantidad pagada, idealmente en letras y números;- si lo que se paga es el saldo de la obligación, idealmente se debe dejar constancia de tal situación; y por último- deberá ser firmado por el acreedor o su representante, y también conviene que aclare su firma de puño y letra.
Antes de terminar con esta entrega, cabe aclarar que la exigencia del otorgamiento de recibo por el acreedor es un derecho del que paga, tendiente a contar con la prueba de que ha cumplido su obligación y si el acreedor no quiere extenderlo se debe consignar el pago (depositarlo judicialmente).
LAS CUOTA ALIMENTARIAS
Las cuotas alimentarias nunca son definitivas
Hayan sido fijadas por sentencia o por homologación de acuerdo entre las partes, siempre existe la posibilidad de solicitar un reajuste, en más o en menos.
Son fundamentos para pedir aumento de cuota: a) la mayor edad de los hijos, respecto a la fecha en se fijó la inicial. b) el aumento de los ingresos del alimentante.
También existe la posibilidad de reclamar alimentos extraordinarios ante un hecho puntual que requiere la erogación de una suma importante de dinero, como por ej. una intervención quirúrgica del alimentado.
Son fundamentos para pedir disminución de cuota alimentaria:
a) la disminución de los ingresos del alimentante o la pérdida del trabajo (que igualmente no libera de la obligación alimentaria)b) el nacimiento de nuevos hijos, es decir, el aumento de las obligaciones alimentarias del alimentante. Este tema era bastante discutido en la jurisprudencia. Hace unos años se decía que el nacimiento de hijos extramatrimoniales no era motivo para disminuir la cuota alimentaria a los hijos matrimoniales.
Hoy en día, con los múltiples matrimonio e hijos de distintas uniones de hecho que tienen muchos hombres, sumado a la situación económica, los jueces son más proclives a repartir con un criterio más parejo y sin discriminar unos u otros hijos.
El aumento o disminución de cuota alimentaria es un juicio que tramita como incidente y requiere previamente mediación obligatoria.
Hasta tanto se dicte sentencia en uno u otro juicio, sigue vigente la cuota inicial.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 11:51 No hay comentarios:
TEMA VERAZ
No puedo sacar un préstamo o tarjeta de crédito dado que figuro en Veraz, Nosis, Codeme, Fidelitas, por una antigua deuda. Como hacer para salirse de una base de datos?
TIEMPO MAXIMO QUE PUEDEN TENERLO EN EL REGISTRO
PROBANDO EL PAGO DE LA DEUDA 2 AÑOS,
SIN PROBAR EL PAGO 5 AÑOS,
ERRONEAMENTE NADA.”
Art 26 inc.4. Ley 25.326 ”Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho“.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 10:46 No hay comentarios:
SITUACION DE LA JUSTICIA
La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay afirmó que con la cantidad de causas que ingresan a los tribunales y la falta de recursos "no se puede seguir trabajando" y reveló que "el Estado es el mayor litigante" en los juzgados.
"El colapso de la Justicia hace mucho que existe. El aumento de la litigiosidad es enorme y no se aumentan los tribunales. Y así no podemos seguir trabajando", dijo la magistrada a la prensa luego de la presentación de la Oficina de la Mujer del máximo tribunal.
De esta manera, Argibay volvió a alzar su voz sobre las carencias tribunalicias, como ocurrió meses atrás, cuando se enfrascó en una polémica en la que incluso intervino la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Tras ese debate público, en el que participaron otros jueces y funcionarios estatales, hubo un acuerdo con la Corte para proveer fondos para mejorar el servicio de Justicia, por ejemplo con la creación de juzgados y de empleos, según publicó la agencia DyN.
"Nosotros recibimos una cantidad enorme de causas por año y es imposible trabajar así. No hay ser humano que pueda", agregó la magistrada.Argibay dijo que por ese motivo "muchas veces la gente se queja de la lentitud de la Justicia, que es verdad: es lenta. Pero es lenta porque no tiene otro remedio que serlo, no puede ser de otra manera".La jueza sostuvo que esos problemas no son atribuibles al Poder Judicial sino que "es una cuestión de decisiones políticas".
Sobre el Estado, la magistrada dijo que "habría que tratar que litigara menos" ya que "es el mayor litigante en todas las agencias".La magistrada, a modo de ejemplo, sostuvo que uno de los problemas "graves" que hoy tienen es que "los tribunales orales no tienen lugar donde hacer audiencias".
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 10:37 No hay comentarios:
La celeridad en los procesos judiciales y la independencia y eficiencia de la Justicia del Trabajo adquiere esencial importancia en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral.
Y afirmo esto no solo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, considerando el factor tiempo, sino también desde el punto de vista cualitativo, esto es, en lo concerniente al contenido de las sentencias y al perfil del juez laboral.
La demora como disvalor del ordenSin dudas, la celeridad de los procesos judiciales es esencial en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en lo atinente al tiempo de la duración de los pleitos, la demora de los procesos es un disvalor del orden que produce denegatoria de Justicia. Pero también debe destacarse que la dilación de las causas judiciales –un fuero del trabajo “lento”- indirectamente fomenta despidos y conciliaciones en montos bajos.
a) Por un lado, propende indirectamente a generar despidos, ya que el empleador sabe de antemano que si despide al trabajador o incumple sus deberes y el trabajador se coloca en situación de despido indirecto, pagará lo que debe bastante tiempo después.
Por otro lado, produce conciliaciones en cifras menores a las que corresponden, ya que el trabajador que reclama muchas veces es un desocupado o un trabajador precario que necesita la indemnización para seguir viviendo.
La realidad indica que ese trabajador despedido, por imperio de la situación social (desocupación, subocupación y trabajo no registrado) no se puede reinsertar rápidamente en el sector formal de la economía, y no puede esperar el tiempo que demora un juicio laboral porque necesita el dinero para su subsistencia y la de su familia (crédito alimentario).
Así, termina conciliando en la práctica -y a pesar de la vigencia del art. 15 de la LCT que hace referencia a la justa composición de derechos e intereses- en montos bajos, acuciados por la necesidad económica. Por lo tanto, los montos indemnizatorios consagrados en las normas laborales en la práctica lo termina cobrando efectivamente solo un segmento de trabajadores en relación de dependencia: aquellos que litigan y pueden esperar el resultado del juicio.
A ello debe agregarse –lo que es más grave- que aun logrando una sentencia favorable solo logran percibirla cuando sus ex empleadores en ese momento todavía son solventes.
En efecto, la demora también produce que en muchos casos no llegue finalmente a lograr cobrar efectivamente el monto establecido en el pronunciamiento judicial, que así termina adquiriendo un mero carácter declarativo de derechos.
b) Por el contrario, si los procesos judiciales laborales tuviesen una corta duración la situación variaría sustancialmente. El empleador habrá de revisar su conducta antes de despedir sin causa justificada. Deberá estar seguro de la decisión de despedir con causa o bien meditará un despido sin justa causa ante la inminente condena judicial al pago de las indemnizaciones pertinentes en un plazo razonable.
Además, si prima la celeridad procesal –juicios breves- con tribunales que den respuestas rápidas a los planteos, el empleador con su propia conducta reducirá la posibilidad de despidos indirectos, ya que cumplirá más adecuadamente sus deberes contractuales que surgen de las normas laborales. Y esto es así porque sabrá que el trabajador obtendrá una respuesta de la justicia a sus planteos sin dilaciones.
También puede afirmarse que cuando ya se produjo el despido, en los procesos caracterizados por la celeridad procesal, será el propio empleador quien propenderá al trabajador arribar en forma inmediata a un acuerdo conciliatorio.
En efecto, será él quien intente conciliar y el ofrecimiento de dinero será más elevado porque sabrá que en corto tiempo deberá afrontar una condena judicial por un monto mayor. Y finalmente, habrá mayores posibilidades de que los montos de condena puedan ser efectivamente cobrados, ya sea cumpliendo el mandato judicial o bien porque las medidas de ejecución serán más efectivas; es decir, es “más cobrable” un juicio cuanto menos demora. Se debe fomentar los métodos adecuados de resolución de conflictos y profundizar las técnicas y herramientas para la gestión del conflicto laboral siempre con la debida intervención del Estado para revisar los acuerdos y homologándolos cuando constituyan una justa composición de derechos e intereses.
Obviamente que en épocas de crisis se debe extremar los recaudos para homologar y ser el producto de una conciente y meditada resolución, para evitar violaciones al principio de irrenunciabilidad de los derechos y al orden público laboral.
No solo la celeridad de los procesos judiciales es esencial en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral, sino también la independencia y eficiencia de la Justicia del Trabajo adquiere esencial importancia. Es decir, que no es suficiente contar con una justicia laboral rápida sino que resulta determinante el contenido de los fallos. Desde el punto de vista cualitativo adquiere relevancia el valor de los pronunciamientos judiciales como fuente de derecho: las doctrinas se expanden por las sentencias que la receptan.
a) Los fallos que receptaron doctrinas limitativas de los derechos de los trabajadores en distintas épocas tuvieron influencia negativa en la dinámica de las relaciones laborales, ya que dieron señales a los mercados y otorgaron una especie de “bill de indemnidad” a los empleadores para incumplir.Insisto, la gravedad mayor está en la jurisprudencia y no en la doctrina. Y esto es así, ya que –insisto- sin jueces que la recepten esas doctrinas no se hubiesen expandido. Un ejemplo negativo fue la interpretación limitativa del art. 12 de la LCT y del alcance de los acuerdos peyorativos que no vulneraban las normas imperativas.
También los fallos que luego de la crisis de 2001/2002 no receptaron el cambio de tasa en sentencias firmes, admitiendo la renuncia de derechos patrimoniales, afectando la garantía de la retribución justa y violentando el principio de afianzar la justicia. Ante esa situación de suma gravedad se imponía una respuesta jurisprudencial inmediata y concreta que mantuviese incolunme el valor patrimonial del crédito laboral y no que diera amparo al deudor moroso, que fue el responsable de los mayores daños.
Técnicamente puede afirmarse que lo que hacía cosa juzgada era el fundamento consagrado en la sentencia, no el porcentaje. Se podía interpretar de este modo y decidir mantener la obligación original corregida en su expresión nominal, ya que se cumplía con la esencia del pronunciamiento: la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo la solución real.
En cambio, un ejemplo positivo se verificó con los pronunciamientos judiciales referidos a la LRT. La doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Castillo”, “Vizzoti”, “Aquino” y “Milone” -y los que siguieron-. caracterizados por brindar adecuada protección a los derechos de los trabajadores, fueron motivados por las sentencias mayoritarias de los tribunales inferiores de todo el país que se expidieron en igual sentido.
Una doctrina judicial protectoria de los derechos esenciales, previsible, en permanente avance, reduce incumplimientos, marca los caminos a seguir y evita gastos innecesarios. Los pronunciamientos judiciales y el valor esencial de los jueces en épocas de crisis se erigen como fuente esencial del derecho del trabajo, brindando respuestas concretas e inmediatas a las situaciones que se van planteando.
b) De allí que la función de los jueces tenga un papel preponderante no solo en la dinámica de las relaciones laborales sino también como política laboral.Al decir de Carnelutti, “como la belleza de una música, la bondad de una ley no depende sólo de quien la compone, sino también de quien la ejecuta”.
El rol del Juez laboral en épocas de crisis adquiere aun mayor trascendencia.El juez no puede estar aislado. Debe actuar como gestor del orden y la paz, debe tener sensibilidad social y no puede estar divorciado de la situación real en que se desarrollan los conflictos laborales ni obviar las consecuencias de su pronunciamiento.
Ni el Derecho del Trabajo ni los jueces laborales deben ceder al “chantaje de la crisis” –al decir de Palomeque-.
La función del juez no es hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas sino hacer jurisprudencia, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho. La interpretación judicial debe equilibrar la desigualdad para que efectivamente, en la realidad, se mantenga la repotenciación de la voluntad del trabajador.
No se puede dar amparo jurisprudencial a la concepción económica del Derecho para la cual lo único importante es que las relaciones laborales no sean una desventaja competitiva para la productividad. El juez no puede renunciar concientemente al deber moral de administrar justicia. Como sostiene Fernández Moore, la sociedad no necesita jueces de agua (incoloros, inodoros e insípidos) sino realmente comprometidos: no es juez solo de la ley sino de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de las normas supralegales.
Sin justicia, entendida desde el punto de vista axiológico como virtud y valor ideal al servicio de la verdad objetiva y fin esencial del Estado, no hay sistema de convivencia.• La demora en la resolución de las causas judiciales y el contenido de las sentencias tienen incidencia directa en la dinámica de las relaciones laborales.
• Se debe bregar por una Justicia del Trabajo ágil y oportuna (celeridad procesal) pero también confiable y eficiente (seguridad jurídica): un servicio de Justicia más eficiente en tiempo y forma tiene directa incidencia sobre en la política laboral. •
Para lograr estos objetivos se debe propender a un procedimiento judicial simplificado, más flexible y despojado de excesos rituales, que no pueden prevalecer sobre lo sustancial; el exagerado apego a las formas es un abuso de derecho incompatible con un adecuado servicio de Justicia.•
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 14:01 No hay comentarios:
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó un exhaustivo estudio de cómo impactan en los derechos y la vida de los ciudadanos las decisiones del máximo tribunal nacional y elaboró para NOTICIAS un resumen de sus conclusiones más relevantes.
Desde 2003, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realiza un seguimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Año tras año, revisa cientos de sus decisiones con el fin de identificar las más importantes en materia de protección de derechos fundamentales y del funcionamiento del sistema democrático. Dicha labor se ha visto plasmada en la publicación de su informe La Corte y Los Derechos (Siglo XXI Editores - ADC), cuya versión más reciente acaba de ser publicada.
¿Cuáles son las razones que justifican un trabajo tan intenso? Este informe ofrece una respuesta a este interrogante, al tiempo que analiza los fallos y aspectos institucionales más destacados de la actualidad del máximo tribunal argentino.
La Corte Suprema de Justicia encabeza el poder judicial del Estado y –aunque no todos los ciudadanos estén conscientes de ello– sus decisiones tienen un impacto mayúsculo sobre la vida de las personas.
A su órbita llegan los conflictos políticos, institucionales, sociales, económicos y aun privados que afectan a los distintos individuos y grupos que componen la sociedad. A través de la interpretación de las cláusulas de la Constitución –en primer término– y de las restantes normas del sistema jurídico argentino, la Corte decide dichas controversias y ordena remedios para los casos en los que haya detectado la violación de derechos.
En última instancia, de una decisión de la Corte puede depender no sólo la prisión o libertad de una persona, la suma indemnizatoria debida por un despido arbitrario o la cuantía de los deberes alimentarios de un padre respecto de sus hijos, sino también el monto mínimo que deben respetar las jubilaciones, la existencia o falta de planificación estatal de políticas medioambientales o la extensión de los poderes del poder ejecutivo para legislar por decreto. Y más allá del resultado de las sentencias de la Corte en cada caso concreto, aunque éstas no son técnicamente obligatorias para los demás jueces del país, sí guían futuras decisiones de tribunales de todas las instancias. Así la jurisprudencia del máximo tribunal delinea y redefine las reglas del sistema jurídico-político nacional.
Dada la trascendencia institucional y política de las decisiones de la Corte, es de vital importancia que las personas conozcan su trabajo y a sus integrantes. Sólo de este modo es posible controlar tanto su accionar como el de los restantes poderes estatales a cargo de la ejecución de sus decisiones. Esto se apoya en otra razón: a diferencia de los legisladores o el Presidente, los jueces no revalidan sus cargos a través del voto popular. Por este motivo, la necesidad de que su desempeño sea valorado públicamente adquiere un especial relieve. La sociedad debe poder ejercer un contralor de la labor de los magistrados, y de la Corte Suprema en particular, para así dotar sus mandatos de legitimidad.
Cambios en los sistemas de designación de sus integrantes
Un cambio relevante respecto de conformaciones anteriores de la Corte reside en la forma en que sus integrantes fueron designados. Cuatro de sus actuales siete jueces fueron nombrados mediante el innovador mecanismo implementado por el Decreto 222 del año 2003. Ellos son el actual presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco (los restantes miembros del tribunal son Enrique Petracchi y Carlos Fayt, designados por Alfonsín en 1983, y Juan Carlos Maqueda, designado por Duhalde en 2002). Dicho decreto limitó las atribuciones del Presidente de modo que la elección de los nominados tuviera en cuenta su idoneidad, trayectoria y compromiso con la democracia y la vigencia de los derechos humanos, y priorizó la búsqueda del equilibrio de género, de región de procedencia y de especialidad de los magistrados en el tribunal.
En función de esta norma, y aunque aún no hay un real equilibrio de género en la Corte, hoy ésta se distingue de anteriores composiciones por estar parcialmente compuesta por mujeres. Resta a su vez cumplir con el equilibrio de especialidad puesto que desde 2003 sólo se designaron jueces con antecedentes en Derecho Penal o Civil.
Por otro lado, el nuevo procedimiento de designación dotó de publicidad todo el trámite previo al nombramiento de los jueces, permitió que se hicieran conocidos los antecedentes y opiniones de los futuros magistrados y dio un destacado papel a la participación de la sociedad civil. A esto contribuyó también la reforma del Reglamento Interno del Senado de la Nación, que antes de confirmar a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo entrevistó a cada uno de ellos en audiencias públicas. En ellas permitió que individuos y organizaciones de la sociedad civil presentaran preguntas de su interés sobre los más variados temas. Nunca antes se había dado tanta publicidad y transparencia a la discusión sobre a quién nombrar como magistrado de la máxima instancia judicial.
Como resultado de estos cambios, se ha favorecido la toma de conciencia de parte de la sociedad respecto de la importancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –toma de conciencia que ciertamente había comenzado antes, producto de la gran crisis de principios de siglo– y la deliberación pública. Esto ha sido así no sólo respecto del trabajo de la Corte, sino también acerca de diversas discusiones constitucionales (a través de la evaluación pública que se hizo de los antecedentes y las posiciones de los candidatos sobre diferentes asuntos). Asimismo, los nuevos procedimientos condujeron a la conformación de un tribunal compuesto por figuras idóneas, de prestigio y de reconocida trayectoria profesional y académica.
La apertura de la Corte a la sociedad
En su nueva conformación, la Corte ha tomado diversas medidas que facilitan el control de sus acciones y la acercan a la sociedad. Esto representa un cambio notorio en comparación con la falta de transparencia y apertura que caracterizó al tribunal durante la década pasada. En su sitio de Internet pueden encontrarse todas las decisiones que dicta, así como el texto completo de las sentencias que considera más relevantes. Allí también se puede conocer qué oficina de la Corte (o qué juez) tiene al momento un expediente, lo que busca a alejar sospechas sobre qué hacen los jueces con los casos y cuánto tiempo demoran en circularlos internamente. Para reforzar este trabajo, el tribunal ha creado un nuevo organismo (Centro de Información Judicial) para dar difusión a fallos y a las últimas noticias relacionadas con la Justicia. Su página de Internet (www.cij.gov.ar) se actualiza diariamente, y contiene información institucional y relativa a las últimas noticias vinculadas con temas judiciales; información sobre las sentencias más destacadas de distintos tribunales del país; los informes de prensa de la Corte Suprema y de otros tribunales nacionales y provinciales.
En la búsqueda de acortar distancias con la sociedad, la Corte también reglamentó la posibilidad de que individuos u organizaciones ajenos a un caso que esté tratando presenten opiniones y argumentos pertinentes para su resolución (en la forma de “Amigos del Tribunal” –Amici Curiae–). A su vez, el tribunal reguló la realización de audiencias públicas en las que se exponen, con cobertura periodística, los conflictos jurídicos y los planteos de las partes de ciertos casos que considera de especial relevancia. Esta forma de actuación del tribunal fomenta el debate en la sociedad sobre cuestiones de trascendencia pública y achica la distancia existente entre la población y las autoridades que tienen a su cargo la toma de decisiones. Así, en el último año la Corte convocó a cinco audiencias, que se celebraron a sala llena y sin que existan restricciones al ingreso del público y de la prensa. Estas medidas constituyen signos de apertura que construyen tanto legitimidad institucional como cultura jurídica ciudadana, pero ambos mecanismos debería perfeccionarse ya que la publicación de invitaciones a presentar Amici Curiae ha sido discontinua y la celebración de audiencias públicas es menos frecuente de lo esperable. Las reformas descriptas junto a los cambios en el sistema de designación de sus integrantes contribuyeron a que el máximo tribunal gradualmente adquiera mayor protagonismo dentro de nuestro sistema político y esté recobrando autoridad institucional. En este nuevo contexto, la Corte Suprema ha intervenido mediante sus fallos en discusiones de relevancia en término de reconocimiento y protección de derechos..
Fallos destacados (I): garantías individuales, derechos económicos y sociales, y libertad de expresión
A través de distintos fallos dictados en los últimos años, la Corte Suprema ha fortalecido las garantías individuales de raigambre liberal y el principio de no discriminación. Como ejemplo puede señalarse un caso en el que sostuvo el principio constitucional de igualdad entre nacionales y extranjeros, y desaprobó el requisito de 20 años de residencia continuada en el país fijado para que los extranjeros puedan acceder a pensiones por invalidez (“Reyes Aguilera”, 2007). Por otro lado, puso énfasis en el resguardo de los derechos de las personas pertenecientes a los grupos más desprotegidos de la sociedad. Por ejemplo, ordenó que se brindara asistencia a miembros de la comunidad Toba, en Chaco, quienes subsistían en condiciones de extrema pobreza y desnutrición –condiciones que ya habían producido al menos una veintena de muertes– (“Comunidad Toba”, 2007).
En el mismo sentido, reivindicó en varias oportunidades el derecho a la alimentación, ordenando que se cubrieran las necesidades nutricionales básicas de las personas afectadas (“Rodríguez”, “Esquivel” y “Quiñone”, 2006). En otra oportunidad, con relación con el derecho a la salud, sostuvo que las entidades de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resultan obligatorias para las obras sociales (“Cambiasso”, 2007). También sostuvo que son ilegales los períodos de espera (carencia) efectuados por las obras sociales y las empresas de medicina prepagas, para las prestaciones comprendidas en el Plan Médico Obligatorio (“Unión de Usuarios y Consumidores c. Euromédica”, 2008).
Por otra parte, la Corte amplió la protección del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, entendiendo que la decisión del gobierno de la provincia de Neuquén de retirar la publicidad oficial del diario Río Negro configura un supuesto de presión que afectaba indirecta e injustificadamente la libertad de prensa (“Río Negro”, 2007).
A pedido de la Corte, la provincia diseñó un nuevo esquema de distribución de publicidad basado en criterios objetivos, pero este fue rechazado por el tribunal por no cumplir con los estándares del fallo.
La Corte también resolvió la situación de Romina Tejerina, quien había sido condenada a 14 años de prisión por el homicidio de su hija recién nacida como consecuencia de una violación. El tribunal sostuvo que no debía entender en el asunto porque la apelación se basaba en un juicio sobre los hechos del caso (si Tejerina había actuado bajo una emoción violenta que atenuara su culpabilidad), evaluación normalmente ajena al recurso extraordinario ante la Corte Esta decisión hizo que Tejerina siguiera en prisión, algo que hubiese cambiado si se le reducía el monto de la condena (esta fue la solución propuesta por el ministro Maqueda en su voto disidente; por su parte, los jueces Zaffaroni y Fayt entendieron que debía ordenarse al tribunal que había dictado la condena que realizara un nuevo juicio en el que las circunstancias atenuantes fueran tenidas en cuenta) (caso “Tejerina”, 2008).
El Tribunal, además, continuó con su tendencia a garantizar la protección de los derechos de las personas sometidas a proceso penal, en general, brindando una fuerte protección a los derechos individuales. En el caso “Acosta” (2008), contradijo una consolidada jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal y, en una interpretación legal innovadora realizada a la luz de los principios constitucionales, sostuvo que cuando se juzgan delitos conminados con penas máximas superiores a los tres años de prisión, puede ser aplicada la suspensión del juicio a prueba –probation–(contrariamente a lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal, en el fallo plenario Kosuta), poniendo en jaque, además, la fuerza normativa de las decisiones plenarias del máximo tribunal penal (caso “Acosta”, 2008).
Uno de los casos resueltos por la Corte el año pasado que generó mayor controversia fue el referido al hábeas corpus presentado por la Fundación Sur. Esta solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad de la norma que regula los procedimientos “tutelares” a los que se somete a los niños y niñas menores de 16 años acusados de infringir la ley penal, y reclamaba su liberación. Por entender que se trataba de un asunto de trascendencia e interés público, la Corte había convocado a una audiencia pública para discutir el caso, pero luego la canceló sin explicar por qué. En su fallo, señaló que si bien existe una tensión entre el sistema impugnado y la Constitución, no corresponde a los jueces la creación de un régimen general que sustituya el actual. Por este motivo evitó pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión, argumentando, además, que la liberación de los niños colocaría a éstos en una peor situación que en la que están actualmente en los internados. En cambio, sí exhortó a los tres poderes del Estado (incluido el Poder Judicial) a adaptar la legislación e implementar políticas que se adecuen a la Constitución y los tratados internacionales (caso “García Méndez”, 2008).
Fallos destacados (II): casos de gran impacto político e institucional.
En los últimos dos años, la Corte Suprema ha intervenido en temas centrales de actualidad política nacional, con fallos que contribuyeron a la modificación de políticas públicas. Creemos importante destacar en esta sección las decisiones más trascendentes adoptadas por el máximo tribunal nacional, ya sea por su impacto en las instituciones del estado o por su trascendencia mediática.
En este sentido, un caso con gran repercusión fue el habeas corpus colectivo resuelto en favor de las personas que se encontraban detenidas en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires en condiciones de hacinamiento (caso “Verbitsky”, 2005). Aquí, en lugar de imponer una forma de remediar la situación inconstitucional que existía, el tribunal condujo distintas instancias públicas de discusión y diálogo con diferentes actores estatales y de la sociedad civil, en la búsqueda de que los poderes representativos estatales implementaran una reforma estructural de las políticas públicas penales y carcelarias. Si bien esta decisión del tribunal constituye un paso fundamental para el mejoramiento de las condiciones de detención en las cárceles argentinas, hay que destacar que hasta la fecha se han registrado escasos avances en la aplicación efectiva de medidas para remediar la situación.
De forma coherente con esta nueva modalidad de resolución de controversias complejas o estructurales, la Corte exhortó al Parlamento a que implementara dentro de un plazo razonable un régimen de movilidad que asegurara la actualización automática de las jubilaciones (caso “Badaro”, 2007).
El tribunal también le ordenó que en el plazo de un año diseñara un nuevo procedimiento para la designación de jueces sustitutos (aquellos que ocupan interinamente juzgados vacantes), agregando que el mecanismo debe prever la participación de los tres órganos que, por mandato constitucional, intervienen en la designación de jueces –el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado– (caso “Rosza”, 2007). Tanto en este caso como en el de la movilidad de las jubilaciones, en 2008 el Congreso dio cumplimiento a los mandatos de la Corte al sancionar sendas leyes.
Lo propio sucedió en materia ambiental: la Corte decidió intervenir en el conflicto que afecta la salud y la vida de más de cuatro millones de habitantes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires a raíz de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Para ello realizó numerosas audiencias públicas, y luego de escuchar a las partes afectadas, a los responsables políticos y a los demás interesados –y ante el incumplimiento de un plan de saneamiento oportunamente presentado por los gobiernos–, el tribunal dictó una sentencia innovadora que ordenó al gobierno la implementación de una exhaustiva política de saneamiento ambiental. Actualmente, un Juzgado Federal de Quilmes es el encargado de supervisar el cumplimiento de la misma (caso “Mendoza”, 2008).
Asimismo, el tribunal reafirmó su independencia de criterio respecto del gobierno nacional en los casos “Bussi” y “Patti”, de 2007 y 2008 respectivamente.
El ingreso de los diputados electos había sido rechazado en ambas oportunidades por la Cámara de Diputados de la Nación, en razón de su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En ambos casos, la Corte resolvió –por idénticos fundamentos, pues en “Patti” remitió a los antes brindados en “Bussi”, pese a que la cuestión ameritaba una argumentación diferenciada– que el Congreso de la Nación no puede impedir la asunción de un diputado electo fundado en razones de inhabilidad moral, ya que sólo le corresponde controlar que la asunción se desarrolle en cumplimiento de todas las formalidades que ordena la ley (esto es, revisar la legalidad de los títulos de los diputados electos y la autenticidad de sus diplomas).
El tribunal también ha intervenido en casos sensibles en materia de derechos humanos. En 2007, la Corte declaró la inconstitucionalidad de uno de los decretos de indulto dictados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem, que beneficiaba, entre otros, al general Santiago Omar Riveros. El tribunal sostuvo que cuando se juzgan crímenes de lesa humanidad, el principio de cosa juzgada debe ceder ante la obligación estatal –originada en el derecho internacional de los derechos humanos– de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores (caso “Mazzeo”, 2007). Los jueces Fayt y Argibay, sin embargo, votaron en disidencia. Esta última sostuvo que dado que en 1990 la Corte ya había confirmado la validez de este mismo decreto de indulto, revisar dicha decisión constituiría una violación al principio de cosa juzgada.
Por otro lado, luego de realizar una audiencia pública, la Corte declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de un decreto que eximían a los abogados del Estado de matricularse en colegios públicos y pagar aranceles. El caso es trascendente pues para dictar aquel decreto, el Poder Ejecutivo había declarado estar ejerciendo funciones delegadas por el Congreso. En su decisión, la Corte estableció pautas estrictas para limitar el alcance de las funciones legislativas que el Poder Ejecutivo puede ejercer por delegación del Parlamento. Sostuvo que este tipo de delegación puede admitirse sólo de modo excepcional y bajo ciertos recaudos; señaló que está prohibida la delegación sin criterios claros para su ejercicio y que cuando estos son demasiado vagos, sólo deben convalidarse aquellas actividades del Poder Ejecutivo que se demuestre que han concretado la política específica tenida en miras por el Congreso. (caso “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, 2008).
Por último, en un caso que tuvo una enorme repercusión política, a fines del año pasado, la Corte estableció que los afiliados a sindicatos que no gozan de personería gremial deben poder acceder a la representación de trabajadores, y explicó que la exclusividad de representación que la ley actual otorga a los sindicatos mayoritarios (con personería) no sólo afecta a los demás sindicatos (sin personería), sino también a los trabajadores en general, ya que esta preferencia que otorga la ley puede restringir indirectamente la libertad de los trabajadores para adherirse a organizaciones de su elección (caso “ATE”, 2008). Esta sentencia fue duramente criticada tanto por el Poder Ejecutivo como por la CGT.
Este informe acerca del de-sempeño de la Corte Suprema, de las reformas por ella impulsadas, y de sus sentencias más importantes de los últimos años nos muestra un tribunal preocupado por acercarse a la ciudadanía y por contribuir a la protección efectiva de los derechos de los individuos. Asimismo, sus esfuerzos denotan una firme intención de recuperar un rol político e institucional acorde con su jerarquía y sus atribuciones constitucionales. De manera creciente, el tribunal ha sido proclive a involucrarse de manera oportuna en discusiones políticamente sensibles, y a adoptar –en algunos casos– decisiones contrarias a las prioridades políticas de los otros poderes del Estado.
Sin embargo, aun quedan desafíos por delante, como asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias en aquellas causas que involucran temas complejos de políticas públicas (por ejemplo, cárceles y medio ambiente). En estos casos, el reconocimiento de derechos por la Corte no siempre se ha traducido en remedios efectivos en la práctica.
Por otro lado, el Tribunal tiene pendientes una serie de casos sensibles, como resolver acerca de la validez de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, determinar los límites del Presidente para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, y expedirse acerca de los ‘superpoderes’ del Poder Ejecutivo Nacional. También resta fijar un criterio definitivo respecto de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y asegurar una adecuada protección a los derechos sexuales y reproductivos. Por último, vale insistir en la necesidad de que todos los jueces del país paguen el Impuesto a las Ganancias, algo que no ocurre en la actualidad y que la Corte podría fácilmente revertir dejando sin efecto una acordada dictada por ella misma en los años noventa.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 16:26 No hay comentarios:
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2008 y encabezada por la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, atendió en ocho meses 5378 denuncias, que en el 85 por ciento de los casos pertenecen a mujeres.
Según la información de la OVD, el 87 por ciento de las personas denunciadas son hombres. Del total de casos atendidos se registraron 2733 denuncias de violencia psicológica, 2103 de agresiones físicas, 928 casos de violencia económica, y 503 denuncias de agresiones sexuales.
Antes de la creación de esta dependencia el informe de riesgo que se elaboraba tras la denuncia demorarba entre tres y cuatro meses. Ahora se realiza cuando la persona comienza a relatar su caso frente a una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Así, las medidas cautelares se toman en la Justicia a las 48 o 72 horas de la denuncia.
De esta forma, la OVD permite acelerar la posibilidad de dictar la exclusión del hogar del denunciado, así como también la prohibición de acercamiento y contacto. Cada juzgado dispone la medida y la hace efectiva con las comisarías con jurisdicción en cada domicilio.
Las derivaciones realizadas por la OVD fueron 2117 al fuero civil, 893 a asesoramiento jurídico gratuito, 1545 al fuero penal, 604 al servicio de salud, y 219 casos se registraron sin derivación, en los que la víctima decide luego no actuar.
Con el objetivo de combatir la violencia doméstica y dar seguridad a sus víctimas en todo el país, la Corte firmó también una serie de convenios de cooperación con los máximos tribunales de justicia de las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Además, suscribió acuerdos con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo contactarse con la Oficina de Violencia Doméstica
Atención las 24 horas del día todos los días del año (fines de semana y feriados incluidos) Dirección: Lavalle 1250 PB. Ciudad Autónoma de Buenos AiresTeléfonos: 4370-4600 internos 4510 al 4514 Correo Electrónico:ovd@csjn.gov.ar
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 16:11 No hay comentarios:
CAUSA JUDICIAL RIACHUELO
Causa Riachuelo: nuevas pericias detectaron que se sigue contaminando
La Justicia encargada de sanear la cuenca, luego del "fallo Mendoza", detectó que las tres curtiembres sobreseídas, continúan echando desechos tóxicos
El juez encargado de controlar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena limpiar el Riachuelo, detectó que tres curtiembres que habían sido sobreseídas porque una pericia determinó que sus efluentes no eran tóxicos, en realidad continuaban contaminando la cuenca con desperdicios de cromo diez veces superior a lo consignado.
Las nuevas pericias fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, sobre sus deshechos arrojados al Riachuelo, causa por la que habían sido exculpadas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.Sin embargo, y a raíz de una denuncia sobre una presunta connivencia entre un fiscal y varios estudios de abogados, el juez Armella resolvió realizar nuevos estudios para determinar si el sobreseimiento dictado anteriormente se correspondía con la realidad.
La página de Internet del Poder Judicial informó que a mediados de mayo y por pedido Armella, se recolectaron muestras líquidas y sólidas en los establecimientos y sus alrededores, a fin de realizar nuevas pericias para contrastarlas con las anteriores, que habían acreditado que las firmas en cuestión no contaminaban, según publicó DyN.
Esos controles determinaron que en ninguna de las pericias realizadas anteriormente figura el laboratorio donde se realizaron ni los protocolos utilizados. Además, se confirmó que el cromo hallado en las muestras recientes supera por diez veces las cantidades encontradas en los estudios anteriores.
Las medidas dispuestas por el juez Armella a quien la Corte Suprema le delegó el seguimiento del denominado "Fallo Mendoza", que ordena a los Estados nacional, bonaerense y a la Capital Federal sanear la cuenca Matanza Riachuelo- se enmarcan en una causa penal abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para limpiarle una causa en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos.
El denunciante argumentó que tras comunicarse con los letrados, éstos le solicitaron u$s 250.000 para archivar la investigación.
El fiscal ya fue apartado de la causa y junto con los abogados está siendo sometido a investigación, pero entretanto gozan de una exención de prisión concedida por el juez Armella.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:28 No hay comentarios:
Es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio.
Acceso a justicia no implica acceso a una sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías”, dijo la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Highton de Nolasco, durante la presentación del “Mapa de situación sobre los diversos métodos de acceso a justicia implementados en el ámbito del Poder Judicial de la República Argentina”, realizada en el Palacio de Justicia.
Acompañaron a Highton en el estrado el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni; la secretaria de Justicia de la Nación, Marcela Losardo; y la defensora General de la Nación, Stella Marís Martínez. Asistieron también Guillermo Montenegro, secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Leandro Despouy, presidente de la Auditoria General de la Nación.
Este trabajo es el fruto de las políticas de Estado del Poder Judicial que surgieron en la Conferencia Nacional de Jueces en 2007, con las que se comprometieron los magistrados de todo el país, expresó Highton.
El mapa, que está disponible on line en la página principal de la Corte (www.csjn.gov.ar), fue elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia que preside la doctora Highton e integran jueces nacionales, federales y provinciales de todo el país.
La ministra sostuvo que una política de justicia debe brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de protección de sus propios derechos, pero no necesariamente a través de la vía jurisdiccional. “Es necesario diseñar y alentar una protección accesible, plural y heterogénea, y no es menester –a veces ni siquiera conveniente- que sea a través del Poder Judicial como tal”, precisó.
Además destacó que los jueces deben asumir y cumplir un rol central y protagónico en la promoción del acceso a justicia. “El hecho de que se esté hablando de métodos alternativos de resolución de conflictos no significa que los jueces queden al margen de esta tarea. Es imprescindible que desde el Poder Judicial se promuevan programas que brinden la posibilidad a todas las personas por igual de acceder al conocimiento, al ejercicio y la defensa de sus derechos”.
El principal objetivo de la Comisión -explicó Highton- es la implementación de políticas públicas para promover e incentivar el acceso a justicia, con el fin de disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de justicia profundizando la inserción de métodos alternativos de resolución de conflictos.
Se presentó una amplia gama de soluciones alternativas como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al ciudadano, las casas de justicia y las oficinas de violencia doméstica, entre otras.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:37 No hay comentarios:
FUERO COMERCIAL ESTADISTICAS
Hubo una fuerte baja de los juicios ejecutivos
El total de juicios ejecutivos detuvo su tendencia alcista durante mayo alcanzando los 3.563 casos, lo que representa una disminución del 35,9% con respecto al mismo mes del año anterior.
La cantidad de dichas contiendas se había incrementado ininterrumpidamente, comparándolas con el mismo mes del año anterior, desde septiembre pasado. Por otro lado, también se destaca la fuerte caída experimentada por los pedidos de quiebra los cuales disminuyeron un 48,8% con respecto a mayo de 2008.
Los concursos, por su parte, han mostrado un marcado incremento durante el último mes, con un alza del 50,8% con respecto al mes de mayo de 2008 y, un alza del 61,8% si se lo compara contra los 55 casos exhibidos durante abril próximo pasado.
En cuanto a las quiebras, las mismas se han mantenido relativamente estables en comparación al mes pasado y se ha registrado un descenso del 25,2% con respecto a mayo del año anterior, según informa Datarisk.
En términos acumulados, los juicios comerciales se han expandido un 9,4% durante los primeros cinco meses del 2009, en comparación con el mismo lapso de 2008. La causa de esta expansión ha sido el fuerte incremento registrado por los juicios ejecutivos entre los meses de enero y abril de este año. Por otra parte, los juicios hipotecarios y prendarios también han registrado una fuerte expansión, con un alza del 78,5% en lo que va del año.
El fuerte aumento registrado en los juicios hipotecarios y prendarios y en los ejecutivos ha llevado a que los mismos representen una porción cada vez mayor del total de los juicios comerciales. Los juicios hipotecarios y prendarios han alcanzado la mayor proporción desde el año 2003, con un 11,2% del total de juicios comerciales.
El incremento de este tipo de causas señala un deterioro en las finanzas familiares donde, ante una disminución del ingreso real o una fuerte incertidumbre de cara al futuro, se decide posponer el pago de estas deudas.Riesgo comercialDurante el pasado mes de mayo el Indice de Riesgo Comercial experimentó su segunda baja consecutiva en relación al mes anterior. No obstante, si la comparación la realizamos contra mayo de 2008, se ha producido un alza del 12%. Diferentes factores permitieron que disminuyera el riesgo comercial desde los picos máximos alcanzados a fines de 2008 y principios de 2009.
Pero, el índice todavía se encuentra en valores elevados en relación a años anteriores. Nuevamente, el tipo de cambio se ha mantenido estable, destacándose los intentos del Banco Central por mantener la estabilidad en la divisa. Asimismo, la disminución en los ritmos de caída de la actividad industrial ha permitido una recuperación en el uso de la capacidad instalada, tal como surge del informe de Datarisk.
En los últimos meses se ha producido una caída en los niveles de litigiosidad, aunque se mantienen elevados en el acumulado de los primeros meses delaño. También se destaca un fuerte incremento en los valores de los cheques rechazados, los cuales registraron en mayo un alza del 30% interanual. De mantenerse esta tendencia, se podría esperar un incremento de la cantidad de litigios en los próximos meses.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:31 No hay comentarios:

References: artículo 175
 artículo 623
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