Source: https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513/11?fecha_vigencia=1981-06-07
Timestamp: 2019-08-21 20:56:33+00:00

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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. - TITULO X. DE LA TUTELA, DE LA CURATELA Y DE LA GUARDA DE LOS MENORES O INCAPACITADOS | Iberley
Estado: Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 07 de Junio de 1981 hasta 08 de Junio de 1981
El Ministerio público deberá pedirla:
1º Cuando se trate de dementes y furiosos.
2º Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas en el artículo precedente, o cuando no hicieren uso de la facultad que les concede.
3º Cuando el cónyuge y los herederos del presunto incapaz sean menores o carezcan de la personalidad necesaria para comparecer en juicio.
En todos estos casos los Tribunales nombrarán defensor al presunto incapaz que no quiera o no pueda defenderse. En los demás, será defensor el Ministerio público.
Antes de declarar la incapacidad, los Tribunales oirán al consejo de familia y examinarán por sí mismos al denunciado como incapaz.
Modificación realizada (216 (se añade párrafo final)) por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE de 29-07-2015) en vigor desde 18-08-2015
Los parientes que hubiesen solicitado la declaración de incapacidad no podrán informar a los Tribunales como miembros del consejo de familia; pero tienen derecho a ser oídos por éste cuando lo soliciten.
La declaración de incapacidad deberá hacerse sumariamente. La que se refiera a sordomudos fijará la extensión y límites de la tutela según el grado de incapacidad de aquéllos.
Contra los autos que pongan término al expediente de incapacidad, podrán los interesados deducir demanda en juicio ordinario. El defensor de los incapacitados necesitará, sin embargo, autorización especial del consejo de familia.
Modificación realizada (219) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
La tutela de los locos y sordomudos corresponde:
1. Al cónyuge no separado legalmente o de hecho.
2. Al padre y a la madre, con preferencia del que ambos acuerden y, en otro caso, al que señale el juez, que tendrá en cuenta el interés del incapacitado y la relación afectiva del mismo con cada uno de sus progenitores.
3. A los hijos, con preferencia del que conviva con el incapacitado y del mayor sobre el menor.
4. A las personas señaladas en el artículo 211.
Sección Tercera De la tutela de los pródigos
La declaración de prodigalidad debe hacerse en juicio contradictorio.
La sentencia determinará los actos que quedan prohibidos al incapacitado, las facultades que haya de ejercer el tutor en su nombre, y los casos en que por uno o por otro habrá de ser consultado el consejo de familia.
Sólo pueden pedir la declaración de que habla el artículo anterior el cónyuge y los herederos forzosos del pródigo, y por excepción el Ministerio fiscal, por sí o a instancia de algún pariente de aquellos, cuando sean menores o estén incapacitados.
Cuando el demandado no compareciere en juicio la representará el Ministerio fiscal, y, si éste fuera parte en defensor nombrado por el Juez, sin perjuicio de lo determine la ley de Enjuiciamiento civil sobre los procedimientos en rebeldía.
Modificación realizada por LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de proteccion patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacion del Codigo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. (BOE de 19-11-2003) en vigor desde 20-11-2003
20/11/2003 (Vigente)
La declaración de prodigalidad no afecta a los derechos y deberes personales derivados del matrimonio y de la patria potestad, ni atribuye al tutor facultad alguna sobre la persona del pródigo.
El tutor administrará los bienes de los hijos que el pródigo haya tenido en anterior matrimonio.
El cónyuge del declarado prodigo administrara:
1. Los bienes de los hijos comunes.
2. Los bienes gananciales.
3. Aquellos administrados por el prodigo que por capitulaciones o escritura publica estuvieran especialmente afectados al levantamiento de las cargas del matrimonio. Para enajenar estos bienes necesitara autorización judicial.
Los actos del pródigo anteriores a la demanda de interdicción no podrán ser atacados por causa de prodigalidad.
La tutela de los pródigos corresponde:
1. Al padre y a la madre, con preferencia del que ambos acuerden y, en otro caso, al que señale el juez.
2. Al abuelo de menos edad.
3. Al mayor de los hijos emancipados.
Sección Cuarta De la tutela de los que sufren interdicción
Cuando sea firme la sentencia en que se haya impuesto la pena de interdicción, el Ministerio fiscal pedirá el cumplimiento de los artículos 203 y 293. Si no lo hiciere, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan.
También pueden pedirlo el cónyuge y los herederos ab intestato del penado.
Esta tutela se limitara a la administración de los bienes y a la representación en juicio del penado.
El tutor del penado esta obligado, además, a cuidar de la persona y bienes de los menores o incapacitados que se hallaren bajo la autoridad del sujeto a interdicción, hasta que se les provea de otro tutor.
La tutela de los que sufren interdicción se defiere por el orden establecido en el art. 220.
CAPÍTULO IV De la tutela dativa
No habiendo tutor testamentario, ni personas llamadas por la ley a ejercer la tutela vacante, corresponde al consejo de familia la elección de tutor en todos los casos del art. 200.
El Juez municipal que descuidare la reunión del consejo de familia en cualquier caso en que deba proveerse de tutor a los menores o incapacitados, será responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar su negligencia.
CAPÍTULO V Del protutor
Al consejo de familia corresponde nombrar protutor, cuando no lo hayan nombrado los que tienen derecho a elegir tutor para los menores.
El tutor no puede comenzar el ejercicio de la tutela sin que haya sido nombrado el protutor. El que dejare de reclamar este nombramiento, será removido de la tutela y responderá por los daños que sufra el menor.
El nombramiento de protutor no puede recaer en pariente de la misma línea del tutor.
El protutor está obligado:
1º A intervenir el inventario de los bienes del menor y la constitución de la fianza del tutor, cuando hubiere lugar a ella.
2º A sustentar los derechos del menor, en juicio y fuera de él, siempre que estén en oposición con los intereses del tutor.
3º A llamar la atención del consejo de familia sobre la gestión del tutor, cuando le parezca perjudicial a la persona o a los intereses del menor.
4º A promover la reunión del consejo de familia para el nombramiento de nuevo tutor, cuando la tutela quede vacante o abandonada.
5º A ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes.
El protutor será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan al menor por omisión o negligencia en el cumplimiento de estos deberes.
El protutor puede asistir a las deliberaciones del consejo de familia y tomar parte en ellas; pero no tiene derecho a votar.
CAPÍTULO VI De las personas inhábiles para ser tutores y protutores, y de su remoción
No pueden ser tutores ni protutores:
1º Los que están sujetos a tutela.
2º Los que hubiesen sido penados por los delitos de robo, hurto, receptación, estafa, falsedad, corrupción de menores, abandono de familia o escándalo público.
3º Los condenados a cualquier pena privativa de libertad mientras estén sufriendo la condena.
4º Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra tutela anterior.
5º Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.
6º Los quebrados y concursados no rehabilitados.
7º Las mujeres casadas que no hubieren obtenido licencia de su marido.
8º Los que, al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el menor sobre el estado civil.
9º Los que litiguen con el menor sobre la propiedad de sus bienes, a menos que el padre, o en su caso la madre, sabiéndolo, hayan dispuesto otra cosa.
10º Los parientes mencionados en el párrafo segundo del artículo 293 y el tutor testamentario, que no hubiesen cumplido la obligación que dicho artículo les impone.
11º Los religiosos profesos.
12º Los extranjeros que no residan en España.
Artículo insertado por Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela. (BOE de 26-10-1983) en vigor desde 15-11-1983
Serán removidos de la tutela:
1º Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno de los casos de incapacidad que mencionan los números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 12 y 13 del artículo precedente.
2º Los que se infieran en la administración de la tutela sin haber reunido el consejo de familia y pedido el nombramiento de protutor, o sin haber prestado la fianza cuando deban constituirla, e inscrito la hipotecaria.
3º Los que no formalicen el inventario en el término y de la manera establecida por la ley, o no la hagan con fidelidad.
4º Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela.
El consejo de familia no podrá declarar la incapacidad de los tutores y protutores, ni acordar su remoción, sin citarlos y orlos, si se presentaren.
Modificación realizada (239) por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE de 29-07-2015) en vigor desde 18-08-2015
Declarada la incapacidad, o acordad la remoción por el consejo de familia, se entenderá consentido el acuerdo, y se procederá a proveer la tutela vacante, cuando el tutor no formule su reclamación ante los Tribunales dentro de los quince días siguientes al en que se haya comunicado la resolución.
Cuando el tutor promueva contienda judicial, litigará el consejo a expensas del menor; pero podrán ser personalmente condenados en costas los Vocales, si hubiesen procedido con notoria malicia.
Cuando la resolución del consejo de familia sea favorable al tutor y haya sido adoptada por unanimidad, no se admitirá recurso alguno contra ella.
Si por causa de incapacidad no entrare el tutor en el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá a los cuidados de la tutela mientras se resuelve definitivamente sobre el impedimento.
Si el tutor hubiese ya entrado en el ejercicio del cargo, y el consejo de familia declarare la incapacidad o acordare la remoción del tutor, las determinaciones que adopte para proveer a los cuidados de la tutela, en el caso de promoverse litigio, no podrán ejecutarse sin la previa aprobación judicial.
CAPÍTULO VII De las excusas de la tutela y protutela
Pueden excusarse de la tutela y protutela:
1º Los Ministros del Gobierno de la Nación.
2º El Presidente de las Cortes, del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Consejo Supremo de Justicia Militar, del Tribunal de Cuentas del Reino, y del Consejo de Economía Nacional.
3º Los eclesiásticos.
4º Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio fiscal.
5º Los que ejerzan autoridad que dependa inmediatamente del Gobierno.
6º Los militares en activo servicio.
7º Los que tuvieren cinco o más hijos.
8º Los que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su subsistencia.
9º Los que, por el mal estado habitual de su salud, o por su deficiente instrucción, no pudieren cumolir bien los deberes del cargo.
10º Los mayores de sesenta años.
11º Los que fueren ya tutores o protutores de otra persona.
Los que no fueren parientes del menor o incapacitado no estarán obligados a aceptar la tutela, si en el territorio del Tribunal que la defiere existieren parientes dentro del sexto grado que puedan desempeñar aquél cargo.
Los excusados pueden, a petición del tutor o protutor, ser compelidos a admitir la tutela luego que hubiese cesado la causa de la exención.
No será admisible la excusa que no hubiese sido alegada ante el consejo de familia en la reunión dedicada a constituir la tutela.
Si el tutor no hubiere concurrido a la reunión del consejo ni tenido antes noticia de su nombramiento, deberá alegar la excusa dentro de los diez días siguientes al en que éste le hubiese sido notificado.
Si las causas de exención fueren posteriores a la aceptación de la tutela, el término para alegarlas empezará a contarse desde el día en que el tutor hubiese tenido conocimiento de ellas.
Las resoluciones en que el consejo de familia desestime las excusas, podrán ser impugnadas ante los Tribunales en el término de quince días.
El acuerdo del consejo de familia será sostenido por éste a expensas del menor; pero, si fuese confirmado, deberá condenarse en costas al que hubiese promovido la contienda.
Modificación realizada (249) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
Durante el juicio de excusa, el que la proponga estará obligado a ejercer su cargo. No haciéndolo así, el consejo de familia nombrará persona que le sustituya, quedando el sustituido responsable de la gestión del sustituto si fuere desechada la excusa.
El tutor testamentario que se excuse de la tutela, perderá lo que voluntariamente le hubiese dejado el que le nombró.
CAPÍTULO VIII Del afianzamiento de la tutela
El tutor, antes de que se le defiera el cargo, prestará fianza para asegurar el buen resultado de su gestión.
La fianza deberá ser hipotecaria o pignoraticia.
Sólo se admitirá la personal cuando fuese imposible constituir alguna de las anteriores. La garantía que presten los fiadores no impedirá la adopción de cualesquiera determinaciones útiles para la conservación de los bienes del menor o incapacitado.
La fianza deberá asegurar:
1º El importe de los bienes muebles que entren en poder del tutor.
2º Las rentas o productos que durante un año rindieren los bienes del menor o incapacitado.
3º Las utilidades que durante un año pueda percibir el menor de cualquier empresa mercantil o industrial.
Contra los acuerdos del consejo de familia señalando la cuantía, o haciendo la calificación de la fianza, podrá el tutor recurrir a los Tribunales; pero no entrará en posesión de su cargo sin haber prestado la que se le exija.
Mientras se constituye la fianza, el protutor ejercerá los actos administrativos que el consejo de familia crea indispensables para la conservación de los bienes y percepción de sus productos.
Modificación realizada (256) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
La fianza hipotecaria será inscrita en el Registro de la propiedad. La pignoraticia se constituirá depositando los efectos o valores en los establecimiento públicos destinados a este fin.
Deberán pedir la inscripción o el depósito:
1º El tutor.
2º El protutor.
3º Cualquiera de los Vocales del consejo de familia.
Los que omitieren esta diligencia serán responsables de los daños y perjuicios.
La fianza podrá aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de la tutela, según las vicisitudes que experimenten el caudal del menor o incapacitado y los valores en que aquélla esté constituida.
Modificación realizada (259) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
Están exentos de la obligación de afianzar la tutela:
1º El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que son llamados a la tutela de sus descendientes.
2º El tutor testamentario relevado por el padre o por la madre, en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará cuando con posterioridad a su nombramiento sobrevengan causas ignoradas por el testador, que hagan indispensable la fianza a juicio del consejo de familia.
3º El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños que hubiesen instituido heredero al menor o incapaz o dejádole manda de importancia. En este caso la exención quedará limitada a los bienes o rentas en que consista la herencia o el legado.
CAPÍTULO IX Del ejercicio de la tutela
El consejo de familia pondrá en posesión a los tutores y a los protutores.
El tutor representa al menor o incapacitado en todos los actos civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley pueden ejecutar por sí solos.
Los menores o incapacitados sujetos a tutela deben respeto y obediencia al tutor. Este podrá corregirlos moderadamente.
Modificación realizada (263) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
El tutor está obligado:
1º A alimentar y educar al menor o incapacitado con arreglo a su condición y con estricta sujeción a las disposiciones de sus padres, o a las que, en defecto de éstos, hubiera adoptado el consejo de familia.
2º A procurar, por cuantos medios proporcione la fortuna del loco, demente o sordomudo, que éstos adquieran o recobren su capacidad.
3º A hacer inventario de los bienes a que se extienda la tutela dentro del término que al efecto le señale el consejo de familia.
4º A administrar el caudal de los menores o incapacitados con la diligencia de un buen padre de familia.
5º A solicitar oportunamente la autorización del consejo de familia para todo lo que no pueda realizar sin ella.
6º A procurar la intervención del protutor en todos los casos en que le ley la declara necesaria.
Modificación realizada (264) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
El inventario se hará con intervención del protutor y con asistencia de dos testigos elegidos por el consejo de familia. Este decidirá, según la importancia del caudal, si deberá además autorizar el acto algún Notario.
Modificación realizada (265) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
Las alhajas, muebles preciosos, efectos públicos y valores mercantiles o industriales, que a juicio del consejo de familia no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados en un establecimiento destinado a este fin.
Los demás muebles y los semovientes, si no estuvieren tasados, se apreciarán por peritos que designe el consejo de familia.
El tutor que, requerido al efecto por Notario, por el protutor o por los testigos, no inscribiese en el inventario los créditos que tenga contra el menor, se entenderá que los renuncia.
Cuando acerca de la pensión alimenticia del menor o incapacitado nada hubiese resuelto el testamento de la persona por quien se hizo el nombramiento de tutor, el consejo de familia, en vista del inventario, decidirá la parte de rentas o productos que deba invertirse en aquella atención.
Esta resolución puede modificarse a medida que aumente disminuya el patrimonio de los menores o incapaces, o cambie la situación de éstos.
30/12/2007 (Vigente)
El tutor necesita autorización del consejo de familia:
1º Para imponer al menor los castigos de que tratan el número 2º del art. 155 y el art. 156
2º Para dar al menor una carrera u oficio determinado cuando esto no hubiese sido resuelto por los padres, y para modificar las disposiciones que éstos hubiesen adoptado.
3º Para recluir al incapaz en un establecimiento de salud, a menos que la tutela esté desempeñada por el padre, la madre o algún hijo.
4º Para continuar el comercio o la industria a que el incapacitado o sus ascendientes o los del menor hubiesen estado dedicados.
5º Para enajenar o gravar bienes que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción.
6º Para colocar el dinero sobrante en cada año después de cubiertas las obligaciones de la tutela.
7º Para proceder a la división de la herencia o de otra cosa que el menor o incapacitado poseyere en común.
8º Para retirar de su colocación cualquier capital que produzca intereses.
9º Para dar y tomar dinero a préstamo.
10º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las donaciones.
11º Para hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya administración comprenda la tutela.
12º Para transigir y comprometer en árbitros las cuestiones en que el menor o incapacitado estuviere interesado.
13º Para entablar demandas en nombre de los sujetos a tutela y para sostener los recursos de apelación y casación contra las sentencias en que hubiesen sido condenados.
Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios verbales.
El consejo de familia no podrá autorizar al tutor para enajenar o gravar los bienes del menor o incapacitado sino por causas de necesidad o utilidad, que el tutor hará constar debidamente.
La autorización recaerá sobre cosas determinadas.
El consejo de familia, antes de conceder autorización para gravar bienes inmuebles o constituir derechos reales a favor de terceros, podrá oír previamente el dictamen de peritos sobre las condiciones del gravamen y la posibilidad de mejorarlas.
Cuando se trate de bienes inmuebles, de derechos inscribibles, o de alhajas o muebles cuyo valor exceda de 1.000 pesetas, la enajenación se hará en pública subasta con intervención del tutor o protutor.
Los valores bursátiles, así los públicos como los mercantiles o industriales, serán vendidos por agente de Bolsa o corredor de comercio.
El tutor responde de los intereses legales del capital del menor cuando, por su omisión o negligencia, quedare improductivo o sin empleo.
La autorización para transigir o comprometer en árbitros deberá ser pedida por escrito, en que el tutor exprese todas las condiciones y ventajas de la transacción.
El consejo de familia podrá oír el dictamen de uno o más letrados, según la importancia del asunto, y concederá o negará la autorización. Si la otorgare, lo hará constar en el acta.
Se prohíbe a los tutores:
1º Donar o renunciar cosas o derechos pertenecientes al menor o incapacitado.
Las donaciones que por causa de matrimonio hiciesen los menores con aprobación de las personas que hayan de prestar su consentimiento para el matrimonio, serán válidas siempre que no excedan del límite señalado por la ley.
2º Cobrar de los deudores del menor o incapacitado, sin intervención del protutor, cantidades superiores a 5.000 pesetas, a no ser que procedan de intereses, rentas o frutos.
La paga hecha sin este requisito sólo aprovechará a los deudores cuando justifiquen que la cantidad percibida se ha invertido en utilidad del menor o incapacitado.
3º Hacerse pago, sin intervención del protutor, de los créditos que le correspondan.
4º Comprar por sí o por medio de otra persona los bienes del menor o incapacitado, a menos que expresamente hubiese sido autorizado para ello por el consejo de familia.
El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del menor o incapacitado.
Cuando ésta no hubiera sido fijada por les que nombraron al tutor testamentario, o cuando se trate de tutores legítimo o dativos, el consejo de familia la fijará teniendo en cuenta la importancia del caudal y el trabajo que ha de proporcionar su administración.
En ningún caso bajará la retribución del 4 ni excederá del 10 por 100 de las rentas o productos líquidos de los bienes.
Contra el acuerdo en que se fije la retribución del tutor podrá éste recurrir a los Tribunales.
Si el consejo de familia sostuviere su acuerdo, litigará a expensas del menor o incapacitado.
Concluye la tutela:
1º Por llegar el menor a la edad de dieciocho años, por la habilitación de edad y por la adopción.
2º Por haber cesado la causa que la motivó cuando se trata de incapaces, sujetos a interdicción o pródigos.
CAPÍTULO X De las cuentas de la tutela
El pariente colateral del menor o incapacitado y el extraño que no hubiesen obtenido el cargo de tutor con la asignación de frutos por alimentos, rendirá al consejo de familia cuentas anuales de su gestión.
Estas cuentas, examinadas por el protutor y censuradas por el consejo, serán depositadas en la Secretaría del Tribunal donde se hubiese registrado la tutela.
Si el tutor no se conformase con la resolución del consejo, podrá recurrir a los Tribunales, antes los cuales los intereses del menor o incapacitado serán defendidos por el protutor.
El tutor que sea reemplazado por otro estará obligado, y lo mismo sus herederos, a rendir cuenta general de la tutela al que le reemplace; cuya cuenta será examinada y censurada en la forma que previete el artículo precedente. El nuevo tutor será responsable al menor de los daños y perjuicios, si no pidiere y tomare las cuentas de su antecesor.
Acabada la tutela, el tutor o sus herederos está obligados a dar cuenta de su administración al que haya estado sometido a aquélla o a sus representantes o derecho habientes.
Las cuentas generales de la tutela serán censuradas e informadas por el consejo de familia dentro de un plazo que no excederá de seis meses.
Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos justificativos. Sólo podrá excusarse la justificación de los gastos menudos de que un diligente padre de familia no acostumbra a recoger recibos.
Los gastos de la rendición de cuentas correrán a cargo del menor o incapacitado.
Hasta pasados quince días después de la rendición de cuentas justificadas no podrán los causa habientes del menor, o éste, si ya fuere mayor, celebrar con el tutor convenio alguno que se relacione con la gestión de la tutela.
El consejo de familia, sin perjuicio de los arreglos que pasado ese plazo puedan hacer los interesados, deberá denunciar a los Tribunales cualesquiera delitos que se hubiesen cometido por el tutor en el ejercicio de la tutela.
El saldo que de las cuentas generales resultare a favor o en contra del tutor producirá interés legal.
En el primer caso, desde que el menor sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes.
En el segundo, desde la rendición de cuentas si hubiesen sido dadas dentro del término legal, y si no, desde que éste espire.
Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al menor por razón del ejercicio de la tutela, se extinguen a los cinco años de concluida ésta.
CAPÍTULO XI Del registro de las tutelas
En los Juzgados de primera instancia habrá uno o varios libros donde se tome razón de las tutelas constituidas durante el año en el respectivo territorio.
Estos libros estarán bajo el cuidado de un Secretario judicial, el cual hará los asientos gratuitamente.
El registro de cada tutela deberá contener:
1º El nombre, apellido, edad y domicilio del menor o incapaz, y la extensión y límite de la tutela, cuando haya sido judicialmente declarada la incapacidad.
2º El nombre, apellido, profesión y domicilio del tutor y la expresión de si es testamentario, legítimo o dativo.
3º El día en que hay sido deferida la tutela y prestada la fianza exigida al tutor, expresando, en su caso, la clase de bienes en que la haya constituido.
4º La pensión alimenticia que se haya asignado al menor o incapaz, o la declaración de que se han compensado frutos por alimentos.
Al pie de cada inscripción se hará constar, al comenzar el año judicial, si el tutor ha rendido cuentas de su gestión en el caso de que esté obligado a darlas.
Los Jueces examinarán anualmente estos registros y adoptarán las determinaciones necesarias en cada caso para defender los intereses de las personas sujetas a tutela.
TÍTULO X DEL CONSEJO DE FAMILIA
Sección Primera De la formación del consejo de familia
Si el Ministerio público o el Juez municipal tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna de las personas a que se refiere el art. 200, pedirá el primero y ordenará el segundo, de oficio y a excitación fiscal, según los casos, la constitución del consejo de familia.
Están obligados a poner en conocimiento del Juez municipal el hecho que da lugar a la tutela en el momento que lo supieren: el tutor testamentario, los parientes llamados a la tutela legítima, y los que por ley son Vocales del consejo, quedando responsables, si no lo hicieren, de la indemnización de daños y perjuicios.
El Juez municipal citará a las personas que deban formar el consejo de familia, haciéndoles saber el objeto de la reunión y el día, hora y sitio en que ha de tener lugar.
El consejo de familia se compondrá de las personas que el padre, o la madre en su caso, hubiesen designado en su testamento, y, en su defecto, de los ascendientes y descendientes, y de los hermanos del menor o incapacitado, cualquiera que sea su número y sexo. Si no llegaren a cinco, se completará con los parientes más próximos; y, si no los hubiere, o no estuvieren obligados a formar parte del consejo, el Juez nombrará en su lugar personas honradas, prefiriendo a los amigos de los padres del menor o incapacitado.
Si no hubiere ascendientes, descendientes, y hermanos, el Juez constituirá el consejo con los cinco parientes más próximos del menor o incapacitado, y cuando no hubiere parientes en todo o en parte, los suplirá con personas honradas, prefiriendo siempre a los amigos de los padres.
Modificación realizada por LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (BOE de 08-01-2000) en vigor desde 08-01-2001
Para el Consejo de Familia será preferido el grado más próximo al más remoto: en igualdad de grado, el varón a la mujer, y en igualdad de grado y sexo, la persona de más edad.
Los Tribunales podrán subsanar la nulidad que resulte de la inobservancia de los artículos anteriores, si no se debiere al dolo ni causare perjuicio a la persona o bienes del sujeto a tutela, pero reparando el error cometido en la formación del consejo.
No podrán ser obligados a formar parte del consejo de familia los parientes del menor o incapacitado llamados por la ley que no residieren dentro del radio de 30 kilómetros del Juzgado en que radicase la tutela; pero serán Vocales del consejo si voluntariamente se prestan a aceptar el cargo, para lo cual debe citarles el Juez municipal.
Las causas que excusan, inhabilitan y dan lugar a la remoción de los tutores y protutores, son aplicables a los Vocales del consejo de familia. No podrán tampoco ser Vocales las personas a quiénes el padre, o la madre en su caso, hubiesen excluido en su testamento de este cargo.
El tutor y el protutor no podrán ser a la vez Vocales del consejo de familia.
Modificación realizada (299) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
15/11/1983 (Versión Original)
La junta para la formación del consejo de familia será presidida por el Juez municipal. Los citados están obligados a comparecer personalmente o por medio de apoderado especial, que nunca podrá representar más que a una sola persona. Si no comparecieren, el Juez podrá imponerles una multa que no exceda de 50 pesetas.
Modificación realizada (300) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
Formado el consejo de familia por el Juez municipal, procederá aquél a dictar todas las medidas necesarias para atender a la persona y bienes del menor o incapacitado y constituir la tutela.
El consejo de familia para los hijos no matrimoniales se constituirá bajo las mismas reglas que el de los hijos matrimoniales, pero nombrando vocales a los parientes del padre o madre legalmente conocido.
Si la filiación no esta determinada, el consejo se formara con el fiscal del distrito, que será presidente, y cuatro vecinos honrados.
Modificación realizada (302) por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE de 03-07-2015) en vigor desde 23-07-2015
La Administración de cada Establecimiento de Beneficencia tendrá sobre los huérfanos menores acogidos todas las facultades que corresponden a los tutores y al consejo de familia.
Modificación realizada (303) por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE de 29-07-2015) en vigor desde 18-08-2015
Sección Segunda De la manera de proceder el consejo de familia
Será Presidente del consejo el Vocal que eligieren los demás.
1º Reunir el consejo cuando le pareciere conveniente o lo pidieren los Vocales o el tutor o el protutor, y presidir sus deliberaciones.
2º Redactar y fundar sus acuerdos, haciendo constar la opinión de cada uno de los Vocales, y que éstos autoricen el acta con su firma.
3º Ejecutar los acuerdos.
El consejo de familia no podrá adoptar resolución sobre los puntos que le fueren sometidos sin que estén presentes por lo menos tres Vocales.
Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría de votos.
El voto del Presidente decidirá en caso de empate.
Los Vocales del consejo de familia están obligados a asistir a las reuniones del mismo a que fueren convocados. Si no asistieren ni alegaren excusa legítima, el Presidente del consejo lo pondrá en conocimiento del Juez municipal, quien podrá imponerles una multa que no exceda de 50 pesetas.
Ningún Vocal del consejo de familia asistirá a su reunión, ni emitirá su voto, cuando se trate de negocio en que tengan interés él, sus descendientes, ascendientes o consorte; pero podrá ser oído, si el consejo lo estima conveniente.
El tutor y el protutor tienen obligación de asistir a las reuniones del consejo de familia, pero sin voto, cuando fueren citados. También podrán asistir siempre que el consejo se reúna a su instancia.
Tiene derecho a asistir y ser oído el sujeto a tutela, siempre que sea mayor de catorce años.
El consejo de familia conocerá de los negocios que sean de su competencia, conforme a las disposiciones de este Código.
De las decisiones del consejo de familia pueden alzarse ante el Juez de primera instancia los Vocales que hayan disentido de la mayoría al votarse el acuerdo, así como también el tutor, el protutor o cualquier pariente del menor u otro interesado en la decisión, salvo el caso del artículo 242.
Al terminar la tutela y disolverse por consecuencia el consejo de familia, entregará éste al que hubiese estado sujeto a tutela, o a quien represente sus derecho, las actas de sus sesiones.
Los Vocales del consejo de familia son responsables de los daños que por su malicia o negligencia culpable sufriere el sujeto a tutela.
El consejo de familia se disuelve en los mismos casos en que se extingue la tutela.

References: artículo 211
 artículo 293
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 242