Source: http://reforalia.com/es/operacion-edu/58-que-es/101-operacion-edu-la-mayor-malversacion-de-fondos-de-la-historia
Timestamp: 2018-08-22 01:05:27+00:00

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Los fondos malversados para los Cursos FOP podrían superar los 6.000 millones de euros desde 2004. La nueva línea de investigación está centrando inicialmente sus pesquisas en los años 2009 a 2011 (para evitar que prescriban), en los que la trama habría malversado fondos públicos por una cantidad superior a los 2.000 millones de euros, pero las actuaciones delictivas podrían haberse extendido a lo largo de los últimos 10 años. Con esta nueva cantidad, el total malversado (con o sin prescripción) en los Cursos FPO podría llegar a ser 5 veces superior al "Fondo de Reptiles" del caso de los ERE, y que ya provocó la salida de la Junta de su ex Presidente José Antonio Griñán. De hecho, el fraude en Málaga podría haberse iniciado en 2004-2005, cuando tomó posesión de su cargo Juan Carlos Lomeña, como Delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga. El 2 de agosto de 2011 (a 6 meses vista de las elecciones autonómicas) fue cesado sin que se ofreciera un motivo oficial de su sustitución.
Durante los últimos 5 años la Junta recibió 2.875 millones de euros del Fondo Social Europeo para Cursos FPO. Esos fondos fueron completados con otros 860 millones de euros aportados por la Administración del Estado. En total, más de 3.700 millones de euros que están ahora bajo el foco de una investigación que ya empieza a dar los primeros resultados.
Se sospecha que centenares de empresas de toda Andalucía han recibido fondos públicos para organizar Cursos FPO irregulares y que no reunían los requisitos necesarios para poder ser subvencionados.
Existe una "trama civil" de empresas y entidades que reciben subvenciones millonarias a la formación de desempleados y ocupados andaluces, que presentan bien irregularidades denunciadas judicialmente o que son difícilmente explicables de no mediar la presencia del PSOE andaluz en alguna forma:
a) El caso Ojeda:
El caso más escandaloso es el del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Ángel Ojeda Avilés, que ha recibido en sus empresas, fundaciones y asociaciones más de 50 millones de euros para la formación, algunos de los cuales fueron instrumentados en el caso de la empresa Delphi en Cádiz. Está investigado por la Guardia Civil y por el juzgado de Algeciras.
Simultáneamente, en esas fechas, se había producido el conflicto de Delphi. En aquel momento Ojeda Avilés entró de lleno en el negocio de la subvención, constituyendo el 1/1/2009 tres entidades que serán las futuras receptoras de varios millones de euros en subvenciones para la Formación y el Empleo. Las tres sociedades fueron (como se ve, todas ellas con el mismo domicilio):
b) El caso Muñoz Zamora
Otro caso significativo es el de las empresas de la familia de Benjamín Muñoz Zamora, socio de Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz y de Javier Pérez Royo, asesor de Manuel Chaves y columnista de El País. estas empresas recibieron varios millones de euros destinados a la formación si bien fueron denunciadas ante la Fiscalía de Sevilla, que aún no se sabe si ha investigado el caso, hace ya casi un año pro no cumplir los requisitos para percibir tales subvenciones. El pasado 21 de junio de 2013, un antiguo socio interpuso en la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra diferentes empresas controladas por la familia de Benjamín Muñoz Zamora por incumplir los requisitos necesarios para percibir subvenciones de formación para el empleo, subvenciones que, sin embargo, les fueron concedidas generosamente. En esta primera denuncia se refirió a la empresa Serprosa. Luego hubo varias más relacionadas con otras empresas de la familia.
Antonio Muñoz López es padre de los apoderados Benjamín Muñoz Zamora y María Concepción Muñoz Zamora y es administrador único de Serprosa, que se nutre exclusivamente de ingresos provenientes en forma de subvenciones de la Junta de Andalucía y que tiene su domicilio social no en Andalucía, sino en Madrid, calle Francisco de Rojas, 9.
Sorprendentemente mantiene numerosas incidencias de impago frente a la Seguridad Social, Hacienda y otros organismos públicos y no deposita sus cuentas en el Registro Mercantil. Tampoco parece real su capital social de 121.164,04 euros por cuanto no pagaba sus deudas a la Seguridad Social, Hacienda, Diputación, etc...
c) El caso Sivianes
Es un llamativo caso de recepción multimillonaria de subvenciones a la formación. El conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en Sevilla, empresas en las que participa su familia y además, Juan Luis Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a dedo por el actual alcalde socialista de la localidad, recibió más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.
Tiene el domicilio de la actividad en c/ Zaragoza de Sevilla donde aparecen domiciliadas otras sociedades relacionadas con la formación y que reciben tambièn subvenciones. Curiosamente, José Sivianes como persona física tiene sólo dos administrativos y con esta infraestructura laboral , recibió 2.324.990 €, por Resolución de 31-1-2011 . Debería haber cumplido los requisitos de la convocatoria de fecha 14/7/2010: tener personal docente, estar registrado como entidad de Formación Profesional para el Empleo, tener autorización expresa para la coexistencia de dos entidades beneficiarias de subvención en el mismo domicilio, memoria del proyecto, experiencia anterior, etc.
La empresa Formación Integral para el Empleo, CIF B 91165258, con actividad desde 2002 es propiedad de Ana María Rodríguez, cónyuge de Sivianes Sánchez, y socia con él en la empresa Sivianes Rodríguez SL B-91600403 ( C/ Zaragoza nº 33). En la misma resolución que la anterior recibió 2.211.237 €. Curiosamente se dio de alta en su actividad el 31/8/2010 y la Resolución de convocatoria era de fecha 14/7/2010 y se publicó en el BOJA de 27/7/2010. O sea, que la empresa estaba "inactiva" esperando, al parecer, la subvención. Durante la mayor parte del tiempo sólo ha dispuesto de una trabajador administrativo sin rastro alguno de profesores.
La UDEF ha pasado a la 2ª fase de investigación de la OPERACIÓN EDU
La magnitud de la investigación ha provocado que el Ministerio del Interior haya decidido dar un nuevo lugar de trabajo a los agentes, con el doble de metros cuadrados que el actual espacio que ocupan en una céntrica calle de Madrid. El amplio inmueble también será el lugar donde la Dirección General de la Policía destinará nuevos funcionarios, con el fin de reforzar a los que actualmente trabajan en el caso. La Sección de Investigación de la Seguridad Social cuenta actualmente con 16 agentes divididos en tres grupos operativos. El objetivo es que finalmente haya 32 policías en este departamento.
La UDEF también pone el foco sobre la propia Junta de Andalucía ya que según la investigación, las empresas que impartían los seminarios no recibían el 25% final del importe de las subvenciones. Los agentes de la UDEF barajan las posibilidades de que, o bien alguien del propio SAE se haya quedado con el dinero, o bien que haya podido ir a parar a mediadores o asesores externos vinculados a la Junta de Andalucía.
La Fiscalía dirige por el momento la investigación policial a la espera de que sea asignado un juzgado competente.
Los Cursos FPO estaban dirigidos a la inserción laboral y se centraban en el sector de la hostelería, la restauración, la estética o la informática. Tras tomar declaración a los alumnos que asistieron a los seminarios, ahora está interrogando a los profesores que impartieron las clases de los Cursos FPO, los cuales denuncian que las empresas de formación designadas a dedo por la Junta no cumplían los requisitos para recibir las ayudas, no entregaban el material que tenía obligación de proporcionar a los alumnos, y que ni siquiera les pagaron su sueldo.
Las empresas tenían la obligación de contratar al 60% de los alumnos que asistieran a las clases, así como suministrar las herramientas necesarias para desarrollar la docencia. Entre estos útiles, estaban la comida en el caso de seminarios de cocina o los secadores y productos de belleza cuando la formación era de peluquería o estética. Sin embargo, según el testimonio de los profesores y alumnos, eran estos últimos los que tenían que abonar el material de su propio bolsillo, lo cual llevaba a que la empresa se ahorrara un dinero que, según la UDEF se sumaba al resto de irregularidades que presuntamente éstas cometían y finalmente arrojaba un montante considerable.
Los profesores han prestado declaración entre ayer durante todo el día y la mañana de hoy en la Comisaría dependiente de la UDEF, y que coordina la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, los agentes continúan centrados en el análisis de las empresas que se han beneficiado de la concesión fraudulenta de ayudas destinadas a la inserción laboral.
2.- EN EL FRAUDE HAN COLABORADO LOS ALTOS CARGOS DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA:
Colaboración necesaria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía
La mecánica o "modus operandi" del presunto fraude habría contado con la colaboración imprescindible de multitud de cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía, el organismo encargado de gestionar los fondos, y que colaboró en el fraude no sólo con las designaciones en los concursos sino además limitando el alcance de las inspecciones. Sobre el papel, el 75% de la cuantía total de la subvención era transferido a las entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una auditoría posterior de la ayuda. Sin embargo la UDEF han advertido que las inspecciones no se realizaron o lo hicieron sin ningún tipo de criterio.
Los años sometidos a investigación coinciden con la última etapa de Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía (la abandonó en abril de 2009) y con los primeros años de José Antonio Griñán en ese cargo. Asimismo, los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) eran los Consejeros de Empleo Antonio Fernández García (2004-2010) y Manuel Recio (2010-2012).
De hecho, a finales de 2011, y con la inminente llegada de las elecciones autonómicas, en las que las encuestas vaticinaban una rotunda victoria del PP, multitud de estos cargos fueron cesados o trasladados a otros departamentos de la Junta de Andalucía, a la vez que se procedía a la destrucción masiva de documentación que podría incriminar directamente al PSOE. La Cámara de Cuentas (órgano autonómico de fiscalización presupuestaria) ha alertado en su 2º informe (febrero 20014) sobre «Fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo relativo a los ejercicios 2009 y 2010» que el SAE no había controlado el destino real del dinero. Pero la Cámara de Cuentas ya fue ignorada en 2004, cuando en un primer informe advirtió de gravísimas anomalías en la utilización de estas partidas de la Unión Europea y la Administración del Estado. Ahora, además de insistir en que no se habían subsanado los agujeros de 2004, vuelve a denunciar al SAE, afirmado además que que el 90% de las acciones formativas que había promovido no conducían a la obtención de ningún tipo de título. Las conclusiones de la Cámara de Cuentas son tan devastadoras y elocuentes que es difícil mencionar en tan pocas líneas mayor número de tropelías administrativas.
Si la Justicia acaba confirmando los hechos que han trascendido hasta la fecha, este caso superaría en implantación territorial y número de implicados a todos los escándalos de corrupción que han afectado hasta ahora a Andalucía. Por lo pronto, los investigadores de Empleo e Interior sostienen que los dirigentes del PSOE habrían utilizado las transferencias multimillonarias de la Unión Europea y la Administración del Estado para alimentar año tras año una malla de relaciones clientelares con la que habrían fabricado un número ingente de lealtades electorales en todos los rincones de la comunidad. De hecho, según la investigación prácticamente el 100% de los receptores de las ayudas están afiliados al PSOE, a IU o a sus sindicatos. Los Delegados de Empleo de cada provincia se habrían encargado de desviar los fondos para el desempleo a sociedades mercantiles, asociaciones y sindicatos cercanos al partido socialista. La UDEF ha descubierto que los beneficiarios de las ayudas no cumplieron los objetivos del programa o, directamente, nunca ejecutaron las formaciones para las que habían sido subvencionados.
La cifra de centros formativos que habría participado en el fraude podría superar el millar, y el número de alumnos implicados en la trama que habrían obtenido certificaciones, becas u otro tipo de compensaciones económicas por figurar en cursos a los que nunca asistieron puede otorgar otro funesto récord a este caso. La filial educativa de UGT Andalucía afirma haber programado 30.000 cursos en toda Andalucía, entre 2009 y 2010 . Los investigadores de la Tesorería de la Seguridad Social y la UDEF afirman que la mayoría son parte de este fraude masivo.
La puesta en marcha del fraude necesitaba previamente de una base jurídica. Y esta modificación llegó a finales de 2009 en forma de Orden de 23/10/2009, aprobada justo 6 meses después de la llegada a la Presidencia de José Antonio Griñán, para redefinir por completo los procedimientos para la tramitación de las ayudas a los Cursos FPO. Según la investigación, "la Junta de Andalucía utilizó esta Orden para crear agujeros legales que permitiesen institucionalizar el fraude masivo en los Cursos de Formación Ocupacional, eliminando además cualquier posibilidad de control sobre estas ayudas" . La Orden lleva la firma de Antonio Fernández García, nombrado Consejero de Empleo en 2004 por Chaves y mantenido luego en el puesto por Griñán, e imputado en 2012 por el caso de los ERE, hasta la fecha, el mayor escándalo de corrupción vinculado con los gobiernos socialistas de la Junta. Fernández se convirtió en 2012 en el primer exconsejero andaluz en ingresar en prisión por una presunta malversación de fondos públicos. Aunque ha salido de prisión tras abonar una fianza de 450.000 euros, se le acusa además de prevaricación y tráfico de influencias.
Curiosamente Fernández, antes de ser nombrado Consejero, trabajó como abogado para UGT y CCOO, dos de las organizaciones más favorecidas por las ayudas a la formación de parados. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya ha iniciado los trámites para solicitar la imputación por el mismo escándalo del predecesor de Fernández en la Consejería de Empleo, el también socialista José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso.
Hasta que se aprobó esa Orden, los fondos se entregaban tras la realización de los cursos. Sin embargo, a partir de esa fecha la Junta comenzó a repartir anticipos millonarios de forma incontrolada. Sobre el papel, las empresas interesados en acceder a este tipo de ayudas debían reunir una larga lista de requisitos. Pero los investigadores han detectado que el SAE, el organismo encargado de fiscalizar estos fondos hasta 2013, daba generalmente por buena toda la documentación que le llegaba. El SAE se limitaba a pedir a los solicitantes que declararan por escrito que cumplían los preceptos de la nueva orden, y el 75% de la subvención era ingresado automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
La Orden de la Consejería de Empleo dejaba el 25% restante pendiente de la presentación de una auditoría tras la finalización de los cursos. Sin embargo, los agentes de la UDEF han comprobado que las empresas implicadas renunciaban por sistema a cobrar ese último 25% o remitían falsas auditorías para conseguir el total de la ayuda. En casi ninguno de los casos estudiados hasta ahora el SAE habría actuado de oficio contra esas compañías o asociaciones sospechosas para averiguar el destino real que tuvieron los fondos de formación, y en menos supuestos aún se ha detectado que la Junta reclamara a esos beneficiarios la devolución total de la ayuda.
Desde la puesta en marcha de la Orden de 23/10/2009 que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, la exoneración «en tiempo y forma» de la justificación de las subvenciones concedidas para la formación ha sido una práctica generalizada en la Junta de Andalucía. Esta práctica, institucionalizada en el Gobierno andaluz, eximía a las organizaciones e instituciones perceptoras de los fondos públicos de esperar el término de la farragosa tarea administrativa de justificar el dinero recibido para así optar a nuevas ayudas en convocatorias sucesivas. En su artículo 99, establece que la Junta anticipa el 75 por ciento del pago de la subvención a los beneficiarios y que «una vez justificado al menos el 25% del total subvencionado mediante la oportuna presentación de los documentos acreditativos de la ejecución y de los gastos pagados, se podrá tramitar hasta el 25% restante». La OPERACIÓN EDU apunta que esta práctica administrativa ha sido aprovechada por algunos beneficiarios de las subvenciones para no cumplimentar el último trámite ante la Administración y, por tanto, ha facilitado el presunto desvío de fondos investigado.
Griñán burló la obligación de publicar las ayudas para cursos clavándolas en el corcho de un tablón, en un pasillo de la Consejería de Empleo
Esta práctica ha dificultado la inspección de las diferentes resoluciones limitando su acceso a la identidad de los beneficiarios, ya que los datos de la OPERACIÓN EDU que maneja la UDEF se refieren por el momento a las convocatorias que fueron publicadas íntegramente en el BOJA.
La UDEF han indicado que la Junta de Andalucía escondió intencionadamente las convocatorias o el resultado de estas ayudas para que sólo pudieran enterarse empresas afines al PSOE. La investigación han comprobado que los altos cargos de la Consejería de Empleo burlaron la obligación de publicar las convocatorias en el BOJA en un elevado número de ocasiones (aún por cuantificar) colocando las convocatorias o su resultado en el corcho de un tablón de anuncios visible durante pocos días. En estos otros casos, se limitó a publicar en el BOJA el aviso de que acababa de aprobar una nueva resolución de subvenciones para cursos o de que había resuelto alguna de las convocatorias anteriores. Las personas que querían acceder a esa información estaban obligados a desplazarse hasta las dependencias centrales que el departamento de Empleo tiene en Sevilla. Así queda establecido por ejemplo en dos adjudicaciones aprobadas el 14 de enero de 2011 y publicadas ambas por el BOJA el 23 de marzo de 2011. En concreto, esas dos resoluciones anunciaban en su segundo punto que “el contenido íntegro de dicha resolución de 20 de diciembre de 2010 estará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Empleo, sita en la Avda. de Hytasa, 14, de Sevilla, a partir del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y durante los 20 días hábiles siguientes”. Transcurrido ese plazo, las dos convocatorias fueron retiradas del corcho.
La UDEF asegura que ese “mecanismo fue utilizado por los máximos responsables de la red fraudulenta para que los fondos de formación acabaran sólo en manos de personas próximas al Ejecutivo de la Junta”. “La colocación de las resoluciones en un tablón les permitía reducir drásticamente el número de solicitantes sin incumplir la Ley General de Subvenciones y el artículo 107 de la orden de 23 de octubre de 2009”. Con esta práctica, dificultaban las reclamaciones de los centros de formación que se habían quedado fuera del reparto y ocultaban el nombre de los agraciados. “Ellos mismos se encargaban de informar de que la convocatoria estaba abierta a las empresas y sindicatos que querían que se quedaran con el dinero”.
La Junta de Andalucía pagaba el doble de la cantidad legal. Destinó 1.100.000 euros en un curso de helicópteros. La mitad ha desaparecido.
La Junta de Andalucía pagó a profesores y empresas que teóricamente impartían cursos de formación para desempleados el doble de lo legalmente estipulado (38,79 euros por alumno y hora, cuando la normativa indica un máximo de 19,5 euros por alumno y hora) , según la investigación de la UDEF, que también investiga desfases en los costes de docencia -el dinero abonado a formadores- ya que en un mismo año se han recogido pagos de 120, 130 e incluso 190 euros por hora frente a otros de 23 ó 28 euros por hora por la misma formación y sin razón aparente.
Después de que la Cámara de Cuentas alertara en su informe sobre «Fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo relativo a los ejercicios 2009 y 2010», la Fiscalía Superior Andaluza, cuyo responsable es Jesús García Calderón, encargó a la Policía en Marzo de 2014 que indagara dichas irregularidades y que elaborara un informe sobre el descontrol en las subvenciones del SAE para la formación. En este sentido, la UDEF tiene sobre la mesa casos muy llamativos sobre cómo la Junta pagaba hasta el doble del tope que marcaba la ley. Así, por ejemplo, «en 2009 una única empresa dedicó 275.440 euros en un curso de iniciación de piloto comercial de helicóptero, facturando 38,79 euros/hora por alumno, pese a que el módulo máximo previsto en la normativa era de 19,5 euros/hora por alumno. El SAE invirtió entre 2006 y 2009 un total de 1.096.321,44 euros en el curso de pilotos de helicópteros. Por tanto, hubo una desviación de la ayuda de 524.971,44 euros, desconociéndose su paradero», indica la Cámara de Cuentas. Una desviación que ahora estudia la Fiscalía.
Otro aspecto que se ha remitido a la UDEF para su investigación es el relativo a las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que recibió en 2009-2010 50 millones de euros para cursos que se encuentran paralizados o ni siquiera se han iniciado.
La Cámara de Cuentas también ha denunciado ilegalidades en el procedimiento de concesión de estas ayudas: mientras que la Ley contempla como norma el régimen de «concurrencia competitiva», en los años 2009 y 2010 la mayoría se dieron por el procedimiento de «concurrencia no competitiva». Es decir, que se dieron las subvenciones a través de convenios de colaboración sin necesidad de justificación, únicamente por acuerdos del Consejo de Gobierno. Pero además el 68% de esas resoluciones se modificaron luego sin razonamiento alguno.
Los dos informes de la Cámara de Cuentas
El primero de ellos data de 2002 y se refiere a las subvenciones que la Junta de Andalucía concedió en 1998 para el desarrollo de programas de formación para el empleo. En aquel informe ya se significaron numerosas irregularidades y se evidenció que casi la mitad del dinero destinado a la formación de parados y ocupados quedaba, en realidad, en las arcas sindicales y empresariales como gastos de gestión.
El segundo informe, de principios de 2014, es demoledor sobre el uso del dinero destinado a la formación profesional por el favoritismo hacia UGT, CCOO y CEA: la Junta de Andalucía sigue entregando a las tres entidades el dinero que considera oportuno sin más justificación. En el período 2009-2010 entregó a:
UGT: 63,5 millones para 4.330 cursos.
CCOO: 63 millones para 3.373 cursos.
CEA: 83 millones para 3.869 cursos.
Además, el órgano fiscalizador andaluz reveló también la escasa utilidad de los cursos subvencionados. Sólo el 11% de los cursos financiados por la Junta de Andalucía en 2009 y 2010 permitió a los alumnos obtener una certificación de capacitación profesional. Por si fuera poco, de los 798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a formación en 2009 y 2010, 433 millones estaban en el momento de redactar el informe pendientes de justificar.
La ley establece la imposibilidad de entregar nuevas subvenciones a entidades que no hayan justificado en tiempo y forma las entregas anteriores. Sin embargo, la Junta de Andalucía exoneró de este requisito a 466 entidades en 2009 y 378 en 2010, al objeto de que pudieran seguir recibiendo dinero público para organizar cursos de formación.
La Cámara de Cuentas puso finalmente de manifiesto el llamativo caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), al que se transfirió un total de 80 millones de euros en diversas entregas durante 2009 y 2010 sin que se haya acreditado su destino, con 400 cursos pagados cuya realización ni ha sido llevada a cabo ni se sabe cuándo va a tener lugar.
La investigación empezará por el año 2010
La UDEF ya ha interrogado a cientos de alumnos inscritos en los Cursos de Formación Profesional Ocupacional (Cursos FPO) subvencionados por la Junta de Andalucía a través del SAE en el año 2010. Y casi el 90% de ellos nunca participó en ellos o lo hizo sin reunir las condiciones requeridas para que los centros de formación lograran ayudas públicas. Sin embargo, todos ellos figuraban inscritos en la documentación que tramitaron los centros para poder recibir las subvenciones del fondo para Cursos FPO. Algunos incluso de ellos han reconocido recibir dinero a cambio de figurar en varios cursos del mismo centro, con temática totalmente dispar. En dichos cursos figuraba un posterior compromiso de contratación que nunca se produjo.
Siempre el mismo "modus operandi"
Los agentes de la UDEF que dirigen la operación desde la Comisaría central de Madrid han trabajado conjuntamente con la Seguridad Social, y explican en su informe que el SAE garantizaba (una vez concluidos los cursos) la contratación de los asistentes en una empresa durante un periodo de seis meses, compromiso de contratación que en la mayoría de las ocasiones nunca se produjo. Una vez acabado el curso no se contrataba a nadie y el dinero acababa en manos de empresas fantasma creadas al efecto precisamente por miembros del SAE (poniendo como titulares a familiares o amigos directos, con sedes ficticias, y una simple página web para disimular el fraude). Tras recibir las ayudas, las empresas se liquidaban, y se empezaba de nuevo para las ayudas del siguiente año.
La UDEF empiezan a intuir ramificaciones por toda Andalucía, y está sorprendida de lo descubierto durante año y medio de investigación. El 17/04/2014 afirmaron que «es pronto para dar cifras de empresas o particulares implicados. La documentación acumulada es enorme. Necesitaríamos semanas repasándola para dar un número aunque fuera estimado». Señalan además que «la OPERACIÓN EDU tiene ramificaciones en toda Andalucía, pero los casos en territorio gaditano son los más numerosos junto a los investigados en Granada, Jaén y Málaga». El resultado es tan alarmante como el resto de dimensiones de la posible estafa. «El 90% de las ayudas concedidas presenta alguna irregularidad, está bajo sospecha o presenta claros indicios de haberse concedido sin propiciar la contratación de nadie. En los mejores casos, de menos desempleados de los que era obligatorio al recibir la subvención», agrega la fuente, que destaca que «el dinero nunca llegaba a propiciar la contratación de parados que daban los cursos. Percibían el dinero pero luego no contrataban a nadie, se lo habrían repartido con conseguidores, intermediarios que les animaban y asesoraban para conseguir las ayudas de la Junta».
¿Quiénes se han llevado el dinero de los parados andaluces?
Para evitar que el volumen del caso desborde la capacidad de la UDEF y de la Fiscalía, la "Operación Edu" se ha centrado inicialmente en la provincia de Málaga, la demarcación a la que apuntaron las primeras pistas, pero ha recopilado numerosos testimonios, indicios y pruebas documentales que prueban que el fraude de los cursos de formación se habría producido en toda Andalucía de forma masiva, y que existen centenares de centros de formación implicados en toda la comunidad. Las siguientes provincias a investigar (en las próximas horas) serán Almería y Granada, y en Sevilla la Juez Alaya ya ha solicitado información sobre el caso.
En Málaga, a todos los centros investigados (excepto 5) se les ha incoado expediente por recibir las ayudas sin reunir las condiciones necesarias para presentarse al concurso. Los representantes del Ministerio Público se han hecho cargo de la operación, pero posiblemente pase en breve a manos de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ante la dimensión del caso. El fiscal Jefe de Málaga dispone ya de un pormenorizado dossier con el "modus operandi" de los centros de formación en el desvío de estos fondos para la formación de desempleados. Los cursos (desde el 2007 al 2010) se organizaban supuestamente en Fuengirola, Vélez Málaga, Antequera, Ronda, Estepona, etc... Muchos de estos cursos no llegaban a tener lugar, o se convertían en meras excursiones de recreo, pero las empresas organizadoras de los mismos cobraban las subvenciones y las justificaban elaborando listados modificados. Una vez que los cursos habían acabado, las entidades se disolvían rápidamente para eludir los controles y las responsabilidades. Muchas de las empresas agraciadas por estas ayudas, de hecho, se han liquidado o han desaparecido.
Cinco de las empresas que están siendo investigadas recibieron las ayudas varios días después de su creación. Una de ellas, constituida el 4 de octubre de 2007 recibió de inmediato 150.000€ del SAE para los Cursos FPO de 2007 a 2011. Esta empresa (que podría superar los 300.000 euros de facturación) solo ha presentado sus cuentas anuales en el año 2008 según los datos del Registro Mercantil. Las demás empresas se constituyeron en 2009 y recibieron cuantiosas subvenciones. Una de ellas fue constituida en marzo de 2009 y de inmediato recibió 131.625 euros. Otra se constituyó en mayo de 2009 y recibió 63.000 euros. Una tercera se creó en enero de 2009 y facturó más de 300.000 euros. Según el Registro Mercantil, ninguna de ellas ha presentado jamás sus cuentas.
Es llamativo que solo 3 empresas de las primeras 17 que están siendo objeto de estudio (todas de Málaga, salvo una de Cádiz y otra de Granada), han presentado las cuentas correspondientes a 2012. Aunque no todas las sociedades limitadas tienen que presentar obligatoriamente sus cuentas, ya que depende de una serie de requisitos, la práctica mayoría lo hacen por cuestiones de transparencia. Las cantidades subvencionadas que están siendo objeto de investigación oscilan entre los 60.000 y los 150.000 euros. La UDEF ha descubierto que muchas de estas empresas no cumplen los requisitos legales para recibir las subvenciones y que incluso algunas de ellas no hicieron ni los cursos, aunque sí cobraron ese 75% de subvención. Los presuntos delitos investigados son fraude en subvenciones y falsedad. Entre las empresas analizadas hay una especializada en carpintería, otra en peluquería, una que, según su objeto social, se dedica al alquiler de maquinaria y equipo de oficina, o una autónoma cuya actividad oficial es el comercio al por menor de aparatos electrodomésticos. Varias de estas compañías tienen menos de cinco empleados y escasas ventas.
La empresas utilizaron datos de vendedores ambulantes, de feriantes e incluso de sus propios familiares, amigos y empleados para rellenar los listados con los centenares de nombres de alumnos que necesitaban para justificar las subvenciones. El avance de la investigación muestra que también emplearon DNI y nombres de taxistas en cursos de teleformación que no se impartieron o en los que, al menos, los participantes no fueron los que figuran en las listas.
La existencia de estudiantes falsos en los cursos de formación no es algo nuevo. La Cámara de Cuentas destapó en un informe referente al periodo 2005-2007 graves irregularidades en la asistencia a clase: personas que hacían el mismo día dos cursos, DNI falsos, tarjetas de identificación sin foto ni rúbrica, firmas falsificadas, aulas vacías... Los fiscalizadores públicos señalan que en ese trienio, la Fundación Tripartita repartió fondos por valor de 35 millones de euros -la mitad procedentes de Europa- para cursos con 258.005 participantes, pero solo los realizaron 55.784 personas; es decir cada uno de estos estudiantes-trabajadores se apuntó y realizó teóricamente una media de cinco cursos. La normativa establece que ningún alumno puede recibir más de 270 horas de formación y que tampoco podrá realizar dos veces el mismo curso. Sin embargo, solo en 2007, los auditores públicos detectaron que 1.215 alumnos hicieron caso omiso de esta regulación.
Si definitivamente se demuestra que el fraude llega a los 6.000 millones, y teniendo en cuenta que hay 1 millón de parados en Andalucía, estamos hablando de una malversación de 6.000 € por cada parado andaluz. Habría que preguntarles a estos si prefieren la situación actual, o los 6.000 € en metálico como ayuda.
3.- BRUSELAS PIDE EXPLICACIONES (POR SEGUNDA VEZ EN 2014) SOBRE EL USO EN ANDALUCÍA DE LOS FONDOS SOCIALES EUROPEOS:
La Comisión Europea pide a la Junta de Andalucía que clarifique las subvenciones comunitarias que se destinan a cursos de formación a desempleados, ante la investigación policial y de la Fiscalía sobre un supuesto fraude en el reparto de los fondos públicos, entre los que podría haber dinero de la UE.
El portavoz de la Comisión en España, Dimitri Barúa, ha asegurado que los servicios comunitarios han iniciado los trámites para pedir formalmente a la Junta que explique el destino de las ayudas a formación y aclare si entre esos fondos hay partida europea.
4.- RESPUESTA DEL PSOE AL ESCÁNDALO:
El PSOE pide a Fernández Díaz que aclare el uso de ‘comisarios’ para vigilar la UDEF
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Interior, Antonio Trevín Lombán, ha reclamado al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que aclare en el Congreso de los Diputados si está utilizando a José Luis Olivera, Comisario Jefe del CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, unidad policial dedicada a la lucha contra la corrupción, el blanqueo y el fraude), para supervisar o ejercer una labor de control sobre las investigaciones de la UDEF, a pesar de que ambos organismos no tienen ninguna relación orgánica.
El diputado socialista ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas al Ministro del Interior sobre el control que José Luis Olivera y Marcelino Martín-Blas Aranda (Jefe de Asuntos Internos) están haciendo del trabajo de la UDEF. “Es necesario que el ministro del Interior deje claro que en estos casos está actuando guiado por el interés general de todos los ciudadanos y no por un interés puramente guiado por motivos partidistas”, asegura el diputado del PSOE. “Fernández Díaz está tomando decisiones con respecto a la UDEF que debe explicar en el Congreso”.
La exoneración en la justificación de las ayudas sirve para "esquivar" la Ley General de Hacienda Pública Andaluza
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha justificado el pago del 75% de las ayudas por adelantado en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. Una flexibilización de los controles de la que se han podido aprovechar las empresas investigadas. La misma Orden que regula las ayudas argumenta que este tipo de subvenciones «tienen una gran repercusión en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma fomentando la formación de los trabajadores y trabajadoras» y que por ese motivo se eximían a los perceptores de las ayudas de los requisitos exigidos por la Ley General de Subvenciones –como «disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial...».
Pero la Ley General de Hacienda Pública andaluza señala que «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario». Es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a UGT Andalucía recientemente tras el escándalo de "las facturas falsas", ya que la Junta le ha congelado una ayuda de un programa para Empleo porque está revisando el de otro ejercicio donde se intuye que pueden existir irregularidades. Es ahí donde la exoneración de «la obligación de justificación en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad» impedía que el proceso se parara.
La exoneración es una práctica legal a la que se debe recurrir de manera excepcional, debiendo existir una «resolución motivada» para aprobar esta limitación. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz abusaba de esta práctica. Así lo ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en un reciente informe sobre «Fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo relativo a los ejercicios 2009 y 2010» y por el que se ha interesado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. En esta auditoría, que coincide con el periodo investigado dentro de la OPERACIÓN EDU, se alertaba de que las resoluciones de exoneración en 2009 y 2010 afectaron a 466 y 378 perceptores, por importe de 70,24 millones de euros y 226,9 millones respectivamente. Esta cifra contempla las entidades incluidas en las exoneraciones colectivas. Hay que añadir que la Administración andaluza también ha emitido otras «individuales para determinados perceptores» y, en algunos casos, alerta la Cámara de Cuentas, «no hay archivo documental sobre las resoluciones de exoneración y los expedientes a los cuales afectaron».
Conscientes de esta problemática, el Ejecutivo andaluz ultima una nueva normativa para el reparto de fondos que no contemplará la exoneración. El problema es que durante años no ha sido así.
Todo es un gran montaje contra Andalucía
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, cree que las informaciones sobre un fraude en los fondos de formación responden a "un gran montaje del Gobierno central y a una burda operación para atacar al Ejecutivo andaluz deformando la realidad de manera espuria".
En su blog personal, Vázquez dice que la noticia sobre un supuesto fraude masivo en los fondos de formación se ha convertido con el paso de las horas en "una patraña, en una filtración interesada y tendenciosa. El Ministerio del Interior, o algunos de sus componentes, han intentado hacer de ariete contra Andalucía y contra la Junta difundiendo una gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas".
Asegura Vázquez que la Fiscalía "ha tenido que salir al paso de la intoxicación periodística aclarando que se investiga el uso que 17 empresas han podido dar a las subvenciones, que no la forma de concederlas, por lo que no se trata de un asunto generalizado".
Parece obvio que la posición de la Junta de Andalucía pasa por defender la legalidad de la Orden de 23/10/2009, algo que según algunos juristas consultados parece indefendible. La Orden crea un agujero legal para evitar el cumplimiento de la Ley General de Hacienda Pública, y así exonerar a los solicitantes la justificación del gasto de las ayudas recibidas. Pero para ello debe existir una causa justificada. Y la causa argumentada por la Junta ha sido "acelerar el procedimiento administrativo de las concesiones", que no es causa justificada para evitar el control de Hacienda. Si además, como indican los informes de la UDEF, la causa de la exoneración fuese en realidad abrir una puerta a la malversación de miles de millones de euros, la dimensión del fraude es tal que obligaría incluso a Susana Díaz a convocar elecciones anticipadas y le impediría además presentar su candidatura.
Pero la Cámara de Cuentas recuerda la existencia de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "declarando nulos los acuerdos de 2005 por los que se autorizaba la concesión de subvenciones en materia de formación ocupacional a UGT, CCOO y CEA". Las sentencias fueron confirmadas posteriormente por sendas resoluciones del Tribunal Supremo, pero la Junta de Andalucía siguió concediendo las subvenciones por el mismo procedimiento y no tiene intención de investigar las ayudas entregadas según esos acuerdos, ni siquiera para conocer a sus responsables políticos.
Más aún teniendo en cuenta que las ayudas se dieron en su mayoría por el procedimiento de «concurrencia no competitiva» en vez de «concurrencia competitiva», mediante resoluciones directas del Consejo de Gobierno a través de convenios de colaboración sin necesidad de justificación. Resoluciones que además el propio Consejo modificaba posteriormente sin razonar el cambio. Es la propia Junta de Andalucía (a través del SAE), y no la Cámara de Cuentas o la Fiscalía Superior, quien tenía la obligación de controlar y auditar los cursos. No es creíble que un "curso de iniciación al pilotaje de helicópteros" permita desviar más de medio millón de euros (mediante el pago a sus "profesores" del doble del máximo legal) haya pasado desapercibido para el SAE durante los cuatro años que se celebró. Y que en ningún caso haya actuado de oficio contra las empresas que durante los últimos años desaparecían después de recibir el 75% del importe por adelantado, para no tener que justificar su gasto. El informe de la UDEF implica a centenares de altos cargos en Empleo de la Junta de Andalucía, funcionarios, y sindicalistas. Dueños de academias y falsos alumnos que se beneficiaron de subvenciones presuntamente malversadas.
El PP andaluz solicita crear una comisión de investigación
Tras la denuncia de la Seguridad Social, la Consejería de Educación (que sustituye al SAE como responsable de los Cursos FPO) ha iniciado una revisión de todas las subvenciones concedidas para la formación a parados desde el año 2007. Las anteriores no las va a investigar porque de existir responsabilidades legales habrían prescrito (parecen olvidarse de las responsabilidades políticas). Pero aún no ha denunciado a ninguna empresa ante los juzgados porque antes deben concluir los expedientes y analizar si hay algún ilícito penal. Hasta entonces, no podrá saberse si consigue recuperar cantidad alguna de los más de 6.000 millones desviados.
Desde marzo de 2012 no se han concedido más ayudas para los cursos FPO, por falta de fondos. Para evitar nuevas malversaciones, la Consejería quiere que las próximas convocatorias sean por el procedimiento de concurrencia (antes el SAE las adjudicaba directamente), atendiendo al criterio de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas.
El PP-A ha solicitado la creación de una comisión de investigación, y su Secretaria General, Dolores López, acusó a la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, de esconderse, a lo que la Presidenta ha contestado que "ha sido el Gobierno central el que ha aprovechado el vacío informativo de la Semana Santa para atacar al PSOE andaluz a la entrada de la campaña de las elecciones europeas". Ante las acusaciones de la Junta al Gobierno, Báñez pidió la colaboración de todas las instituciones y argumentó que en otras comunidades también se están investigando, caso de la Operación Relisto, si bien es verdad que en esas comunidades no están implicados los gobiernos autónomos.
Los empresarios de estas academias, algunos arruinados o hipotecados, han planteado demandas ante los juzgados reclamando 17 millones de euros
Mientras los sindicatos guardan silencio, la patronal que representa a las academias y centros privados de formación -Cecap- reclama a la Junta de Andalucía 17 millones de euros correspondientes a las ayudas para la formación de desempleados otorgadas entre 2009 y 2011 sólo en Málaga y Sevilla (las dos provincias que más volumen de subvenciones en materia de formación perciben cada año en la región).
Las cantidades reclamadas coinciden en el tiempo con el periodo que investiga la UDEF en la llamada OPERACIÓN EDU y, en algunos casos, los impagos han forzado a los empresarios a plantear demandas ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
En Málaga, la cantidad adeudada por la Junta a los empresarios dedicados a la formación se aproxima a los 8 millones de euros. En Sevilla, a los 9 millones. La presidenta de la Cecap, Beatriz Barbeyto, confirmó que "muchas empresas están cerrando porque no aguantan". Algunos de los propietarios de las academias o centros dedicados a la formación vieron incluso cómo les embargaban sus bienes o viviendas, que habían empleado en avalar las naves o instalaciones de sus empresas.
Fuentes: Diario Expansión, Diario El Mundo, Diario El País, Diario ABC, Diario El Confidencial, Diario Libertad Digital, Agencia EFE, Diario Newesp, La Cope, lainformacion.com

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 artículo 107