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Timestamp: 2018-03-20 13:44:59+00:00

Document:
﻿ Auto 2015-00007 de mayo 14 de 2015
AUTO 2015-00007 DE 14 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:ACTO ELECTORAL- OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD. EN MATERIA ELECTORAL, A EXCEPCIÓN DE LOS ACTOS DE ELECCIÓN DE VOTO POPULAR, LOS ACTOS (NOMBRAMIENTO, LLAMAMIENTO, ELECCIÓN DE CUERPO COLEGIADO) DEBEN SER OBJETO DE PUBLICACIÓN, PESE A QUE SU CONTENIDO SEA PARTICULAR Y CONCRETO SEGÚN LO REZA EL PARÁGRAFO DEL CITADO ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CONSIDERACIÓN A LA NATURALEZA ESPECIAL DE AQUELLOS. POR SU PARTE, LA DECLARACIÓN DE ELECCIÓN POR VOTO POPULAR DEBERÁ SURTIRSE EN AUDIENCIA PÚBLICA, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL INICIA EL TÉRMINO DE CADUCIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, UNIVERSIDAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Auto 2015-00007 de mayo 14 de 2015
Rad. 11001-03-28-000-2015-00007-00
Rad. Interno: 2015-0007
Actora: Natalia Calderón Páez
Demandado: Adolfo León Atehortúa Cruz – Rector de la Universidad Pedagógica Nacional
Se pronuncia la Sala sobre: (i) la admisión de la demanda electoral contra el Acuerdo 15 del 12 de junio de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018”; y, (ii) la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.
En ejercicio de la acción electoral (CPACA, art. 139), la señora Natalia Calderón Páez interpuso demanda contra el Acuerdo 15 del 12 de junio de 2014 que declaró la elección del señor Adolfo León Atehortúa Cruz como rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Adicionalmente, a título de medida cautelar solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
Como sustento de su demanda, la parte actora señaló que la elección del demandado vulneró el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y el preámbulo y los artículos 1º y 209 de la Constitución, al no publicarse en el Diario Oficial los acuerdos 10 del 2 de abril de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar al rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018” y 15 del 12 de junio de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018”.
Esta Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional de la elección demandada, por lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el numeral 4º del artículo 149 del mismo estatuto(1).
Para efectos de admitir la demanda electoral, es preciso verificar el cumplimiento de los requisitos formales indicados en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los anexos relacionados en el artículo 166 ibídem, la debida acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas en la forma señalada en el artículo 281, si es del caso, y su presentación en el plazo previsto en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del mismo código.
La demanda que ocupa la atención de la Sala se ajusta formalmente a las exigencias de los referidos artículos 162 y 166, pues están debidamente designadas las partes, la pretensión fue formulada de manera clara y precisa, narra los hechos que la fundamenta, identifica las normas violadas y explica el concepto de la violación, anexa pruebas, suministra las direcciones para las notificaciones personales de las partes y obra en el expediente copia del acto acusado, contenido en el Acuerdo 15 del 12 de junio de 2014 que declaró la elección del señor Adolfo León Atehortúa Cruz como rector de la Universidad Pedagógica Nacional (fl. 14).
En efecto, el acto acusado se publicó el 20 de febrero de 2015 y la demanda se presentó el 7 de abril de 2015, esto es, dentro de los 30 días hábiles(2) siguientes a la emisión de aquel.
3.1. La suspensión provisional se gobierna actualmente por lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en estos términos:
Según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos electorales de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado.
3.2.1. El escrito en el cual la demandante solicitó la suspensión provisional del acto acusado, visible a folio 8 del expediente, indica que “es evidente y confesa la transgresión de las normas de mayor jerarquía invocadas(3) toda vez que no se publicó la convocatoria en el Diario Oficial”.
Sobre la procedencia de la suspensión de los efectos del acusado señaló que “aparece presente del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, esto es, de la respuesta al derecho de petición del secretario general de la universidad”.
Por otra parte, adujo que “en el presente caso, efectuado el análisis de confrontación de los actos demandados con estas disposiciones, y estudiadas las pruebas documentales allegadas con la demanda, se advierte la disconformidad del Acuerdo 15 de 2014 con la normatividad”.
3.2.2. Traslado de la solicitud de suspensión provisional.
Por auto de 10 de abril de 2015, el consejero ponente ordenó comunicar la solicitud de suspensión provisional de la elección de Adolfo León Atehortúa Cruz como rector de la Universidad Pedagógica Nacional, al demandado, al consejo superior universitario de la Universidad Pedagógica Nacional y al Ministerio Público, y les concedió el término de tres (3) días para que expusieran sus consideraciones sobre los fundamentos de la precitada medida.
3.2.3. El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, indicó que la solicitud de medida cautelar no está llamada a prosperar por cuanto del material probatorio hasta ahora recaudado no se puede establecer la vulneración de las normas invocadas como infringidas en la demanda.
Argumentó que si bien la demandante allega copia de un correo electrónico donde al parecer el secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional le responde un derecho de petición donde se indica que no se ha realizado publicación en el diario oficial, dicho documento no es prueba idónea de la inexistencia de la publicación aludida, pues del mismo no se puede concluir eficazmente que: i) haya sido suscrito por esta autoridad, ii) la persona que lo suscribe es quien dice ser; o iii) el correo del cual se remite pertenece fehacientemente al secretario general de la universidad.
Concluyó que la copia de lo que parece ser un comunicado del Ministerio de Educación Nacional en donde se indica que dicha entidad solicitó la revocatoria del acto administrativo por medio del cual se establecía el reglamento para designar rector de la Universidad Pedagógica Nacional, por su falta de publicación en el diario oficial, no da certeza de lo allí afirmado, toda vez que lo allegado al plenario es la impresión de lo que probablemente es un comunicado de prensa publicado en la página web del ministerio, más no es una certificación que haga esta autoridad, ni se sabe quién lo firma o suscribe, es decir, no existe veracidad de lo que allí se pretende informar.
3.2.4. La Universidad Pedagógica Nacional, mediante apoderado judicial, indicó que el proceso de designación de rector de esa institución está reglamentado por el Acuerdo 35 de 2005 “Por el cual se modifica el Acuerdo 107 de 1993 y se expide el nuevo estatuto general de la Universidad Pedagógica Nacional”, y no en el Acuerdo 10 de 2014, como erróneamente lo considera la demandante.
Adujo que si el acto administrativo demandado es el Acuerdo 15 de 2014, resulta desacertado que una de las razones para solicitar la suspensión provisional sea que “no se publicó la convocatoria” contenida en el Acuerdo 10 de 2014, pues esta no es una norma de carácter general sino que se trata del desarrollo de lo reglado en el artículo 20 del Acuerdo 35 de 2005, norma general y superior que contempla el procedimiento para la designación de rector de la universidad.
Argumentó que la demandante además de no exponer las razones que justifiquen la procedencia de la suspensión provisional del acto acusado, tampoco comparó la norma superior —i.e. el Acuerdo 35 de 2005— con el Acuerdo 15 de 2014, toda vez que dicha comparación la realizó con el Acuerdo 10 de ese mismo año, acto que no reglamenta la designación de rector de la institución sino que, específicamente, determina la convocatoria para el periodo 2014-2018.
Finalmente, señaló que: i) se realizó la publicación del cronograma que definía el procedimiento para la elección de rector de la institución en el periódico El Tiempo, el 13 de abril de 2014, con lo que se garantizó su divulgación a efectos de que quienes estuvieran interesados en participar en la convocatoria así lo hicieran; y, ii) el acto demandado, contrario a lo afirmado por la actora, sí fue publicado en el Diario Oficial en la edición 49.431 del viernes 20 de febrero de 2015. Para corroborar su dicho aportó la respectiva constancia de publicación.
3.2.5. El demandado guardó silencio.
La accionante solicitó la suspensión provisional del acto acusado con fundamento en lo expresado en la demanda(4), justificó la medida precautelar en el desconocimiento de los artículos 119(5) de la Ley 489 de 1998 y 65(6) de la Ley 1437 de 2011, toda vez que dichas leyes ordenan a las entidades, incluidas las autónomas como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, a publicar sus actos administrativos generales en el Diario Oficial. En el caso bajo estudio, a juicio de la actora, tanto el acto enjuiciado como el Acuerdo 10 del 2 de abril de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar al rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018” no fueron publicados.
Además, en su parecer, se vulneró el preámbulo de la Constitución y su artículo 1º, los cuales suponen “centralización política, unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y, en general, unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional”.
La señora Calderón Páez puso de presente el fallo proferido por esta Sección el 25 de octubre de 2007 en el que se declaró la nulidad de la elección del rector del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Infotep, en el que se indicó:
“El ordenamiento constitucional colombiano repudia la idea de las actuaciones administrativas secretas u ocultas a los administrados, como así lo dio a entender el constituyente al haber consagrado en el artículo 209 superior, como principio fundamental de la función administrativa, el de la publicidad, altamente necesario para que los asociados se enteren oportunamente de la forma como despliega su actividad la administración, y si así lo deciden, activen su derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), interponiendo las acciones legales en su contra, para la defensa del ordenamiento jurídico. Todo ello, sin duda, contribuye a hacer más transparente el proceder de la administración”.
Los documentos relevantes que obran en el expediente se relacionan a continuación:
– Acuerdo 10 del 2 de abril de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar al rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018” (fls. 10 a 13)
– Acuerdo 15 del 12 de junio de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018”. (fl. 14)
– Impresión de un mensaje electrónico en el que presuntamente el secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional contestó derecho de petición a la señora Natalia Calderón:
“Rv: Respuesta – Derecho de Petición (2014ER10650)
El Sábado 3 de enero de 2015 21:25, Natalia calderyfffffffffff3n (sic) paez
<nataliacp91@yahoo.com> escribió:
El Martes, 30 de diciembre, 2014 11:21:40, Helberth Augusto Choachi González
<hchoachi@pedagogica.edu.co> escribió:
Bogotá, 29 de Diciembre de 2014
Natalia Calderón Páez
Teléfono: 3214633176
Dirección: Calle 91 B Nº 60ª – 45
nataliacp91@yahoo.com
Asunto: Respuesta – Derecho de Petición 2014ER10650
En atención al derecho de petición radicado el 09 de diciembre de 2014, (2014ER10650), dirigido a la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, se procede a dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:
1. “Se me informe si la convocatoria o el cronograma de elección del proceso en el que resultó designado Rector fue publicado en el diario oficial. Cualquiera que sea la respuesta, se me informe el sustento jurídico…”
De acuerdo a lo anterior, se informa que no se realizó publicación en el diario oficial. Sin embargo el soporte jurídico de la decisión de las directivas en su momento, puede ser consultado conforme a lo establecido en la ley 30 de 1992 y en los acuerdos 035 de 2005 y 010 de 2014 expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional.
2. “Solicito copia del Acuerdo en el que se aprobó el cronograma o convocatoria y constancia de pago de su publicación en el diario oficial…” y en el punto tres establece “Solicito copia del Acuerdo en el que se designó como Rector y la constancia de pago de la publicación…”
Se informa que en el Acuerdo 011 del 02 de abril de 2014 fijó el calendario para designar al Rector de la Universidad Pedagógica Nacional periodo 2014-2018; y el Acuerdo 015 del 12 de junio de 2014 realizó la designación del Rector.
La anterior normatividad puede ser consultada y descargada en la siguiente dirección, http://www.pedagogica.edu.co/buscadornormativo.
Por otra parte las copias de las constancias de pago de las publicaciones conforme a los procedimientos establecidos normativamente en la Universidad Pedagógica Nacional pueden ser reclamados en la oficina de caja menor, ubicada en la calle 72 Nº 11-86, Edificio P, primer piso de la ciudad de Bogotá, a partir del 26 de enero de 2015, periodo en el cual finalizan las vacaciones colectivas de los funcionarios de la universidad.
En consideración entiéndase dada la respuesta por la Universidad Pedagógica Nacional al Derecho de petición con radicación (2014ER10650) de fecha 09 de diciembre de 2014.
Helberth Choachi
Secretario General”. (Fls. 15 y 16)
– Impresión de un comunicado del Ministerio de Educación Nacional, respecto de vicios acaecidos en el proceso de elección del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (fl. 17)
– Copia de noticia periodística publicada en el diario El Tiempo titulada “Autonomía universitaria: por qué sí”. (fls. 18 y 19)
– Copia parcial del Diario Oficial 46.129 del 21 de diciembre de 2005, en el que se publicó el Acuerdo 35 de 2005 “Por el cual se modifica el Acuerdo 107 de 1993 y se expide el nuevo estatuto general de la Universidad pedagógica Nacional”. (Fls. 55 a 60)
– Fotocopia de una página del diario El Tiempo del 13 de abril de 2014 en el que se observa publicación titulada “reglamento y calendario designación rector 2014-2018” de la Universidad Pedagógica Nacional. (Fl. 63)
– Copia parcial del Diario Oficial 49.431 del 20 de febrero de 2015, en el que se publicó el Acuerdo 15 de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018”. (Fls. 64 y 65)
La Sala entonces analizará si los anteriores documentos acreditan debidamente la supuesta infracción de las normas indicadas como violadas por la actora, esto es, si los acuerdos 10 del 2 de abril de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar al rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018” y 15 del 12 de junio de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018” no se publicaron en el Diario Oficial.
De la supuesta falta de publicación del Acuerdo 15 del 12 de junio de 2014 proferido por el CSU de la Universidad Pedagógica Nacional, es decir, de aquel a través del cual se efectuó la elección del actual rector de dicha institución
Respecto de la publicación de los actos administrativos particulares como el Acuerdo 15 del 12 de junio de 2014 que designó al demandado como rector de la Universidad Pedagógica Nacional, esta Sala en diferentes oportunidades ha señalado que la publicación de este tipo de actos constituye un requisito de eficacia u oponibilidad frente a terceros, más no constituye un vicio de legalidad que afecte su validez(7).
Lo anterior encuentra soporte normativo en el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone(8):
“ART. 72.—Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales”.
Aunado a lo anterior, de conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, folios 64 y 65, observa la Sala que al plenario fue allegada copia parcial del Diario Oficial 49.431 del 20 de febrero de 2015, en el que se publicó el Acuerdo 15 de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018”, de forma que, la supuesta irregularidad alegada por la demandante fue probada en contrario, es decir, para la Sección, no hay duda de que dicha publicación, contrario a lo alegado por la actora, sí tuvo lugar.
De la supuesta falta de publicación del Acuerdo 10 del 2 de abril de 2014 proferido por el CSU de la Universidad Pedagógica Nacional
Sea lo primero advertir que el ámbito de aplicación del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 cobija “a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades”.
Los actos definitivos son aquellos que concluyen la actuación administrativa, es decir, contienen la decisión propiamente dicha o, como lo indica el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son aquellos “que decid[e]n directa o indirectamente el fondo del asunto o ha[ce]n imposible continuar la actuación”.
Por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta corporación, los que “contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo”(9).
Por su parte, desde el punto de vista de su contenido, los actos administrativos pueden ser generales o particulares. Los primeros son aquellos actos creadores de situaciones jurídicas objetivas o reglamentarias, y que se refieren a una pluralidad de sujetos indeterminados; “comprendiendo todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizados por su generalidad y que tienen como fundamento directo la Constitución Política o la ley”(10); mientras que son particulares o individuales los actos creadores de situaciones jurídicas subjetivas o concretas, y que hacen referencia a personas determinadas individualmente.
De esta manera, dependiendo del tipo de acto administrativo, la ley ha instituido la forma en que las decisiones deben ser conocidas por sus destinatarios, para dar cabal cumplimiento a la obligación de publicidad. Así, los actos administrativos de contenido general siguen la regla de publicación en el Diario Oficial a que se refiere el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mientras que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del mismo código, “los actos administrativos de carácter particular [y que] pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse”.
En materia electoral, a excepción de los actos de elección de voto popular, los actos (nombramiento, llamamiento, elección de cuerpo colegiado) deben ser objeto de publicación, pese a que su contenido sea particular y concreto según lo reza el parágrafo del citado artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consideración a la naturaleza especial de aquellos. Por su parte, la declaración de elección por voto popular deberá surtirse en audiencia pública, momento a partir del cual inicia el término de caducidad(11).
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que si bien el Acuerdo 10 de 2014, mediante el cual el CSU de la Universidad Pedagógica Nacional estableció el cronograma para la elección del rector de dicha institución es de incidencia general, no es un acto administrativo que diera por finalizado el procedimiento electoral aludido. Es decir, no tiene el carácter de ser un acto definitivo, sino de trámite y, a su vez, de carácter general.
En efecto, tal determinación administrativa corresponde a un acto: (i) de trámite que constituye la etapa inicial del procedimiento que se impone para llevar a cabo la elección del citado funcionario, luego, no decide el fondo del asunto ni hace imposible continuarlo(12), es decir, solo pretende dar impulso a la decisión final de índole electoral e, igualmente, (ii) es de carácter general toda vez que su finalidad era la de convocar y dar a conocer a la comunidad el inicio del procedimiento de elección que se demanda.
En consecuencia, al Acuerdo 10 de 2014 le es aplicable el régimen de publicación y notificación a que se refiere el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala no puede pasar por alto el hecho de que la finalidad de la publicación de este acuerdo es que cualquier persona interesada en la elección del cargo de rector de la Universidad Pedagógica Nacional conociera y, eventualmente, participara en el procedimiento electoral aludido.
En este contexto se advierte que, si bien el Acuerdo 10 de 2014 en principio no fue publicado en el Diario Oficial, lo cierto es que su divulgación se llevó a cabo el 13 de abril de 2014 en el diario El Tiempo.
Por estas razones, para la Sala, al menos por el momento, no se concretan los elementos para suspender provisionalmente el acto de elección que se demandó.
PRIMERO. ADMITIR la demanda de nulidad electoral promovida por la señora Natalia Calderón Páez contra la designación de Adolfo León Atehortúa Cruz como rector de la Universidad Pedagógica Nacional, por lo que se dispone:
1. NOTIFICAR a Adolfo León Atehortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. NOTIFICAR personalmente al consejo superior universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.
3. NOTIFICAR personalmente al señor agente del Ministerio Público ante esta Sección como lo dispone el numeral 3º del artículo 277 del CPACA.
5. NOTIFICAR por estado a la parte actora.
6. INFORMAR a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del CPACA.
7. COMUNICAR esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277 y 279 del CPACA.
SEGUNDO. NO DECRETAR la suspensión provisional del Acuerdo 15 de 2014 “Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el período 2015-2018”.
(1) Según el artículo 4º del Acuerdo 35 del 13 de diciembre de 2005 “por el cual se modifica el Acuerdo 107 de 1993 y se expide el nuevo estatuto general de la Universidad Pedagógica Nacional”, el carácter de Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional “radica en su compromiso de pensar la educación y de contribuir al desarrollo educativo y cultural de las diferentes regiones del país desde una perspectiva de Nación”.
(2) De conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, los términos de días son hábiles. La norma dispone: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho (…)”.
(3) La Sala evidencia que la accionante realiza una remisión al concepto de violación de la demanda.
(4) Para la Sala, como se advirtió, en el capítulo de la sustentación de la medida cautelar, existe una remisión a los fundamentos de la demanda.
(5) ART. 119.—Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:
(6) ART. 65.—Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz.
En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.
PAR.—También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.
(7) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 29 de mayo 2014. Radicación 11001-03-28-000-2011-00059-00. Actor: Hernando José Daza Plata. Demandado: Instituto de Formación Técnica Profesional — Infotep — de San Juan del Cesar - La Guajira.
(8) Si bien la norma se refiere a “notificación” de providencias, esta es aplicable al caso concreto, pese a que los actos electorales de carácter particular no se notifica sino que se publica.
(9) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, Rad. 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00.
(10) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Tomo II. U. Externado: Bogotá, 2006.
(11) Literal a) del numeral 2º del artículo 164 CPACA.
(12) Sobre el particular, ver auto de 12 de julio de 2013, Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicado 11001-03-28-000-2013-00032-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.
Con el acostumbrado respeto, manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en la decisión de la Sala con la cual fue admitida la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Adolfo León Atehortúa Cruz como rector Universidad Pedagógica Nacional, y simultáneamente, negada la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.
De entrada advierto que mi escrito aclaratorio no se relaciona con el sentido en que fueron dictadas las decisiones antes señaladas por la Sala el pasado 19 de mayo de 2015, pues las comparto, sino con el (i) trámite que a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado le imprimió el magistrado ponente del auto, respecto del cual tengo objeciones en la medida en que considero, no se compadece con el establecido en la normativa que lo regula y, (ii) la obligatoriedad de publicar en el diario oficial los actos generales de las entidades oficiales.
(i) Trámite dado a la solicitud de suspensión provisional.
No comparto las razones por las que previa decisión sobre la declaratoria o no de la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados en el proceso electoral, sea procedente dar traslado del escrito con el cual se solicita la medida cautelar (la demanda o el documento aparte) al demandado o a los demás intervinientes.
Para empezar debo indicar que el soporte de tales actuaciones judiciales antes de resolver la medida cautelar lo encuentra el magistrado ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro, en que es en garantía del derecho de defensa y contradicción, especialmente del demandado, que se “comuniquen” los fundamentos de la medida cautelar.
Pues bien, no obstante comprendo las razones de orden garantista que da el consejero ponente para sustentar su decisión, ya que yo misma las acojo con similar fin en el trámite de los recursos de apelación que se formulan en contra de las providencias con las que son decididas en primera instancia las solicitudes de suspensión provisional, asunto sobre el que me pronunciaré más adelante; no las comparto tratándose del procedimiento a seguir una vez es formulada la petición con la demanda, simultáneamente o en escrito aparte, pues en tal momento procesal la resolución de la petición de medida cautelar en materia electoral cuenta con un desarrollo especial y diferente al ordinario, como procederé a explicar.
En la tradición legal colombiana la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos(1) ha tenido lugar cuando se trata de actos electorales cuya legalidad es cuestionada en el proceso especial electoral. Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde se incluyeron varias alternativas distintas a la de “Suspensión provisional”(2), las cuales se clasificaron según su naturaleza preventiva, conservativa y anticipativa, y se pueden decretar según el derecho que se reclama(3) y que operan no solo para los procesos ordinarios, sino que además, se hicieron extensibles para la protección de derechos colectivos a través de acciones populares(4) y de derechos fundamentales por medio de la acción de tutela(5).
Así las cosas, debo resaltar que para el trámite de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, ya desde la vigencia del Código Contencioso Administrativo, el legislador había dado un trato diferente en el procedimiento de esta medida cautelar para los eventos en que la solicitud estuviese dirigida a censurar actuaciones de las autoridades electorales.
Esto por cuanto la naturaleza de la acción de nulidad electoral, de carácter pública, permite que cualquier persona, actuando en interés general, pueda solicitar la nulidad de los actos electorales, sea con el propósito de esclarecer la forma en que se realizó una elección o para determinar si los lineamientos fijados en la Constitución y la ley fueron obedecidos. Consecuentemente, es en virtud del mandato contenido en el parágrafo del artículo 264 de la Constitución Política(6), según el cual la jurisdicción contencioso administrativa debe decidir la acción de nulidad electoral en el término máximo de 1 año, o en el de 6 meses para los casos que se tramitan en un proceso de única instancia, que el legislador estableció un proceso especial cuyo objeto es determinar, a la mayor brevedad, la legalidad de los actos.
Así pues, en la medida en que el contencioso electoral propende por la preservación de la legalidad en abstracto, de manera que no se realiza un juicio para la defensa de un derecho subjetivo o con el que se pretenda el restablecimiento de alguno de tal naturaleza, sino que se adelanta con el propósito de proteger la institucionalidad y la gobernabilidad para conferirle certeza a las designaciones o elecciones y seguridad en la legitimidad de los dignatarios que los ciudadanos apoyan en las urnas, es que existe un interés general en que los procesos electorales sean definidos con prontitud, ya que prevalece la necesidad de la consolidación de situaciones jurídicas de manera que se tenga seguridad de sus consecuencias y se analice prontamente la legitimidad en el acceso a la función pública del candidato. Es por ello que, por ejemplo, este proceso cuenta con un término de caducidad corto respecto del establecido para los demás medios de control(7), o como en el caso que nos ocupa, que el trámite de la solicitud de la medida cautelar sea tan precisa en cuanto a su oportunidad y a la forma en que se resuelve en una etapa tan incipiente del proceso donde ni siquiera se ha trabado la litis(8).
Entonces, son las especiales condiciones del proceso de nulidad electoral las que determinan que su procedimiento sea el que establece el legislador y no otro; de manera que, deba presentarse con la demanda, o en escrito aparte antes del vencimiento del término de caducidad, como lo ha determinado la jurisprudencia de esta Sección, pues su resolución se producirá, únicamente, con el auto admisorio de la demanda(9), el cual debe expedirse dentro de los 3 días siguientes al reparto del proceso(10).
Lo anterior implica, además, que para resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto electoral demandado, no puede, so pretexto de garantizar los derechos del demandado o los intervinientes, omitirse el trámite cuya enunciación trae consigo de la forma más fehaciente la denominación de norma de orden público, expresión del interés general, pues de esta forma se desnaturaliza la acción electoral y con ello los perentorios términos establecidos en la Constitución para su finalización.
A esta altura vale la pena indicar que son estas mismas características de la solicitud de suspensión provisional en el proceso electoral, las que, guardando las diferencias procesales pertinentes, fueron incorporadas por el legislador al abanico de posibilidades con las que cuenta el juez en los procesos ordinarios, al consagrar las denominadas medidas cautelares de urgencia(11).
En el caso de la acción electoral, es entonces el interés general sobre el derecho de defensa inmediato del demandado lo que prevalece, de manera que la normativa que regula la formulación y resolución de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado, ha establecido que debe hacerse sin ordenar el traslado del escrito o de las razones en que se sustenta previa decisión, pues, además, la garantía de los derechos de la persona cuyo nombramiento o elección es cuestionada, se refleja en la posibilidad de cuestionar la decisión en ejercicio de los recursos de reposición si se trata de un proceso de única instancia o de apelación si es de primera.
Ahora bien, como advertí en precedencia, cuando se trata del trámite de los recursos de apelación que se interpongan en contra del auto con el cual se resuelve la suspensión provisional en primera instancia, mi criterio coincide con el del consejero, doctor Alberto Yepes Barreiro, pues así como lo indiqué en providencia previa a aquella de 27 de marzo de 2014(12), con la cual la Sala decidió el recurso de apelación formulado por el accionante contra el numeral 6º de la parte resolutiva del auto fechado el 23 de enero de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del numeral 2º del Decreto 1858 de 29 de agosto de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se nombró “... en interinidad al doctor Alonso Hurtado Gómez, (...), como Notario Primero del Círculo de Palmira en el departamento del Valle del Cauca, mientras se realiza el respectivo concurso”; con el ánimo de “respetar y proteger los derechos fundamentales de los sujetos procesales” es prudente en esa oportunidad procesal correr traslado del escrito de apelación que presentó el actor a los demandados así como al agente del Ministerio Público delegado ante esta Sección.
Como sustento de tal decisión en ese auto fechado el 25 de febrero de 2014, expuse entre otros los siguientes argumentos:
En este punto, resulta imprescindible para el despacho advertir que si bien la suspensión provisional solicitada con la demanda electoral se decide en el auto admisorio y sin correr traslado de la petición, lo que significa que el demandado no tiene oportunidad de oponerse a los argumentos de la solicitud, pues por la naturaleza de esta acción electoral debe tener un trámite célere y fallarse en los términos que establece la Constitución Política en el parágrafo del artículo 264; lo cierto es que tal situación no es óbice para que se traslade el escrito de apelación durante el trámite de la segunda instancia, pues: i) el desarrollo del proceso electoral no se ve interrumpido por la apelación del auto con el que se resolvió la medida cautelar, ya que continúa ante el juez de conocimiento; ii) la demanda ha sido admitida por el juez; y, iii) los sujetos procesales, especialmente la parte demandada tiene derecho a ejercer su defensa, sea porque se trata de la autoridad que expidió el acto o porque es quien fue designado o elegido.
En vista de lo anterior, el despacho considera primordial que durante el trámite del recurso de apelación que se ha formulado en contra del auto que decidió la solicitud de suspensión provisional del acto cuya nulidad se demanda, y a pesar de que no exista norma que así lo disponga en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el demandado pueda intervenir para ejercer su derecho de defensa, pues de esta forma se respetan y protegen los derechos fundamentales de los sujetos procesales, incluido los del Ministerio Público que también fue notificado del auto admisorio.
Así las cosas, considera el despacho que ante la posibilidad de apelar el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional, sea que este acceda o no a ello, y por inexistencia de norma en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que se ajuste concretamente al trámite de los procesos electorales en los eventos acá analizados, es a partir de garantizar el debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política que, previa decisión del recurso por la Sala de la Sección Quinta, se debe correr traslado del escrito de impugnación a la parte demandada para que ejerza su derecho de defensa.
En tal providencia de 25 de febrero de 2014, también puse en evidencia diferencias propias del trámite de las medidas cautelares en el procedimiento ordinario y en el especial electoral, que hacían imposible aplicar las disposiciones generales para el caso de aquellas de naturaleza electoral que se adelantaran en segunda instancia. Al respecto se indicó en la decisión en cita:
No obstante, el despacho advierte que por la especialidad del trámite de los procesos electorales, en particular porque la decisión sobre la suspensión provisional del acto demandado se profiere en auto donde simultáneamente se decide la admisión de la demanda, se hace imposible que cualquiera de las normas examinadas [haciendo referencia a las relacionadas con las medidas cautelares y aquellas de los recursos ordinarios,] se ajuste por completo a la situación que ahora nos ocupa, lo que significa que, en los términos del artículo 296 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no resultan ser compatibles con el trámite de los procesos electorales.
Lo anterior, porque de un lado la normativa que rige el trámite de las medidas cautelares no prevé la apelación como recurso en contra de la decisión con la cual se negó la petición de suspensión provisional y tampoco indica el trámite para los casos en que a tal solicitud se accedió; y del otro, porque el trámite de los recursos de apelación en contra de las decisiones judiciales susceptibles de ello, establece el traslado del escrito de impugnación antes de que el juez de primera instancia lo conceda, evento de difícil consecución en materia electoral, en la medida en que la admisión de la demanda es notificada por estado al actor y personalmente al demandado, de manera que es probable que para el momento en que, como en este caso, el apelante presentó el recurso de alzada, el accionado aún no haya sido notificado del auto con el que fue aceptada la demanda, por lo tanto, tampoco se le podría correr traslado del escrito toda vez que no ha sido vinculado formalmente al proceso.
El escenario descrito permite evidenciar la falta de claridad y el vacío normativo existente para tramitar los recursos de apelación formulados en contra de las providencias con las cuales son decididos las solicitudes de suspensión provisional de los efectos de los actos electorales.
Pues bien, las anteriores razones son suficientes para soportar mi discrepancia en cuanto a que sea puesto en conocimiento del accionado y de los demás intervinientes, en el trámite de la primera o única instancia, los argumentos que soportan la pretensión de que sea ordenada una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto electoral demandado, pues, en síntesis, no existe norma que así lo prevea.
(ii) la obligatoriedad de publicar en el diario oficial los actos generales de las entidades oficiales.
El fallo frente al cual aclaro mi voto, plantea frente al Acuerdo 10 de 2014 —mediante el cual el CSU de la Universidad Pedagógica Nacional estableció el reglamento para designar al rector de dicha institución— que es un acto, de conformidad con sus características que tiene doble condición, es de trámite y a su vez de carácter general, y que por esta última característica se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(13) con lo que estoy plenamente de acuerdo. Sin embargo frente a la conclusión relacionada con que la finalidad de la publicación de este acuerdo es que cualquier persona interesada en la elección del cargo la conociera y eventualmente participara en el procedimiento electoral aludido, y en este caso específico, aunque no fue publicado en el diario oficial, se llevó a cabo en el diario El Tiempo, no se dan los elementos para suspender el acto de elección, considero respetuosamente hacer las siguientes precisiones:
a. El artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es claro y no admite interpretación diferente: los actos generales (no se distingue entre actos de trámite o definitivos) de las entidades del orden nacional no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, sin embargo, si por fuerza mayor no es posible hacerlo se da la opción de cumplir con dicho requisito con la publicación en un medio masivo de comunicación eficaz.
b. La jurisprudencia de esta Sección ha estudiado en múltiples oportunidades el tema y ha considerado que la publicación en un medio masivo de comunicación no suple el requisito de publicación en el Diario Oficial, así(14):
“De otro lado, no puede tenerse por satisfecho el requisito de la publicidad a nivel nacional con la eventual publicación que oportunamente se haga en un periódico de tal cobertura, ya que el legislador solamente reconoce en el Diario Oficial la capacidad para hacer oponibles a los interesados el contenido de los actos administrativos de carácter general, sin que ello impida, como se dijo líneas arriba, que por decisión de la propia administración también se haga en los aquí denominados medios alternativos (...)”(15).
(...) La citada evolución normativa permite a la Sala concluir lo siguiente: – Que el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, si bien está vigente, ha sufrido importantes modificaciones en lo que respecta a la forma de publicar los actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades y órganos del orden nacional, ya que en la actualidad no se puede hacer solamente acudiendo a los medios alternativos como “el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto”, puesto que necesariamente debe hacerse por medio del Diario Oficial, lo cual no impide que la entidad pública, si así lo decide, además de la obligada publicación en el Diario Oficial, lo haga en esos medios alternativos, pues así se garantizaría aún más la publicidad de sus actuaciones. – Que la obligatoriedad de los actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades y órganos del orden nacional, frente a los particulares, ya no puede predicarse de la publicación en esos medios alternativos, pues solamente se produce cuando se practica la publicación en el Diario Oficial. Es decir, la eficacia u oponibilidad de esos actos tan solo surge cuando la publicación ha sido realizada en el Diario Oficial, de modo que aunque la publicación se surta en los medios alternativos aludidos, su eficacia respecto de terceros interesados no podrá tenerse por cumplida. – Que lo regulado en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, sobre el deber y la forma de publicar los actos administrativos de carácter general expedidos por las demás entidades, esto es, por las entidades del nivel territorial, tanto del sector central como del descentralizado, se mantiene incólume”(16).
c. De igual manera, esta Sección ha considerado que la falta de publicación del acto administrativo de carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros, y se constituye en requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto, pero para el acto de carácter particular que se expida con fundamento en él, esto es, el posterior acto de elección, se erige en presupuesto de validez, así:
“Ahora, el requisito de la publicidad solamente puede catalogarse como presupuesto de eficacia frente al mismo acto, ya que en cuanto al acto administrativo de carácter particular que se expida con base en él, se erige en presupuesto de validez, en la medida que, por regla general, las decisiones administrativas deben ser puestas en conocimiento de los asociados, como parte integrante de las diferentes actuaciones administrativas. Por ello, la garantía del debido proceso, referida a la expedición regular de los actos de la administración, queda satisfecha si junto a los procedimientos legal y anteladamente previstos, se acata el importantísimo deber de hacer públicas las decisiones de carácter general que tengan incidencia directa en el acto particular con el que deba culminar esa actuación”(17).
Entonces, si bien es cierto en el caso concreto no se cumplió con el requisito de publicación en el diario oficial establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, del acto general que da inicio al proceso eleccionario es al momento de estudiar el fondo del asunto, esto es en la sentencia, que se debe analizar si esta carencia del requisito afectó o no la validez del posterior acto de elección, ya que, tal como lo indiqué en reiteradas oportunidades, esta Sección ha señalado que, con la publicación en otro medio, no puede tenerse por satisfecho el requisito y el acto de carácter particular que se expida con fundamento en un acto general que no ha sido publicado en el diario oficial no es válido.
En estos términos aclaro mi voto.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, consejera de Estado.
(1) Tuvo su primera aparición con el desarrollo legal de la Ley 130 de 1913 —primer Código de lo Contencioso Administrativo— y luego en la Carta de 1886, a la que se introdujo mediante Acto Legislativo 1 de 1945, disponiéndose que solo procedía para ciertos procesos ordinarios que se adelantaran ante esta jurisdicción, es decir, aquellos orientados al control de legalidad de actos administrativos. Actualmente la Constitución Política lo consagra en el artículo 238 que dice: “ART. 238.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.
(2) “La suspensión provisional es una medida cautelar de carácter material, como quiera que, con el decreto de aquella, se suspenden los atributos de fuerza ejecutiva y ejecutoria del acto administrativo, con la finalidad de proteger los derechos subjetivos o colectivos que se pueden ver conculcados con la aplicación o concreción del acto administrativo cuya constitucionalidad o legalidad se cuestiona” (C.E., Sec. Tercera, A. dic. 1º/2008, M.P. Enrique Gil Botero).
(3) El artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que las medidas deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda y señaló que el juez o magistrado, podrá decretar una o varias de las siguientes:
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el juez o magistrado ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé ligar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello, fuere posible el juez o magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes obligaciones de hacer o no hacer.
(4) Se advierte que su procedencia ya se había establecido desde la Ley 472 de 1998, normativa que confirió al juez la potestad de decretar, de oficio o a solicitud de parte debidamente motivada, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado (art. 25).
(5) Procedencia reconocida desde el Decreto-Ley 2591 de 1991, que en su en su artículo 7º estableció la adopción de “medidas provisionales”, cuando el “juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho”, caso en el cual “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”. Así mismo, el juez podrá de oficio o a petición de parte: “dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”. Dicha normativa en su artículo 8º, determinó la posibilidad de ejercer simultáneamente la tutela como mecanismo transitorio y las acciones contencioso administrativas a que hubiere lugar, permitiendo además, que el juez constitucional, de estimarlo procedente, ordene suspender o inaplicar temporalmente el acto administrativo, respecto de la situación jurídica concreta cuyo amparo se solicita.
(6) Dice la norma: “ART. 264.—Modificado por el artículo 14, Acto Legislativo 1 de 2003. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez.
En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá exceder de seis (6) meses” (resaltado fuera del texto).
(7) Para tener claridad al respecto, acudir al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(8) Así lo establece el último inciso del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual indica que la solicitud de suspensión provisional se ha de resolver con el auto admisorio de la demanda.
(9) Sucede diferente en el proceso ordinario pues la solicitud de las medidas cautelares, en general, puede hacerse desde la presentación de la demanda en cualquier estado del proceso y deberán ser tramitadas cuando se acompaña con la demanda. Su trámite es así: se correrá traslado en forma simultánea con el auto que la admite, y se concederá un término de 5 días a la parte demandada, para que se pronuncie. Y luego se resolverá dentro de los 10 días siguientes.
Por su parte, cuando la solicitud de la medida se presente dentro del proceso, la secretaría dará traslado al despacho en los términos del artículo 108 del Código de Procedimiento Civil, y el traslado a la contraparte se hará por el término de 5 días vencidos los cuales, se decidirá dentro de los 10 días siguientes.
(10) Dice el artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Trámite de la demanda. Recibida la demanda deberá ser repartida a más tardar el día siguiente hábil y se decidirá sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes.
Contra el auto que rechace la demanda procede el recurso de súplica ante el resto de los magistrados o de reposición ante el juez administrativo en los procesos de única instancia y el de apelación en los de primera, los cuales deberán presentarse debidamente sustentados dentro de los dos (2) días siguientes al de la notificación de la decisión”.
(11) Dice el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
(12) Rad. 76001233300020130131601. Actor: Oscar Rodríguez Baquero. Ddo: Notario Primero de Palmira. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
(13) ART. 65.—Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.
(14) Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2009-00005-00, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Demandado: rector Universidad Surcolombiana. 6 de agosto de 2009, M.P. Rad. 11001-03-28-000-2010-00001-00. Demandado: miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 8 de julio de 2010, M.P. Susana Buitrago Valencia. Rad. 11001032800020110005900, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 29 de mayo de 2014. Demandado: rector Infotep.
(15) Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2009-00005-00, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Demandado: rector Universidad Surcolombiana. 6 de agosto de 2009, M.P.
(16) Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2010-00001-00. Demandado: miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 8 de julio de 2010, M.P. Susana Buitrago Valencia.
(17) Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2010-00006-00. Contra: rector Universidad Popular del Cesar, M.P. Hernández Pinzón. Sentencia del 7 de marzo de 2011.

References: ARTÍCULO 65
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 artículo 20
 artículo 1
 artículo 209
 artículo 72
 artículo 65
 artículo 43
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
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 artículo 277
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 4
 artículo 121
 artículo 164
 resolución 
 artículo 264
 resolución 
 resolución 
 artículo 264
 artículo 29
 artículo 296
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 artículo 65
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 artículo 43
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