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Timestamp: 2020-01-29 01:09:03+00:00

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HERAS ABOGADOS BILBAO: mayo 2019
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en miércoles, mayo 22, 2019
¿QUIÉN TIENE LA COMPETENCIA PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES?
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en martes, mayo 21, 2019
Texto recogido para nuestros lectores en el Diario de Noticias Jurídicas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una reciente sentencia (Sala Primera, sentencia de 8 de mayo de 2019, Asunto C-25/18) en la que resuelve una cuestión que puede darse en la práctica en las comunidades de vecinos. ¿Dónde hay que poner la demanda para reclamar la deuda generada por unos propietarios que ahora viven en otro país? ¿qué tribunal es competente para conocer del asunto?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la obligación cuyo cumplimiento se exige tiene su origen en un acuerdo adoptado por la junta general de propietarios del inmueble. Mediante dicho acuerdo se fija el importe de las cuotas anuales del presupuesto de la comunidad para el mantenimiento de los elementos comunes de ese inmueble.
En su resolución, el tribunal de justicia europeo interpreta el artículo 7.1 a) del Reglamento 1215/2012/UE, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y establece que un litigio que tiene por objeto una obligación de pago derivada de un acuerdo de la junta general de propietarios de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, que ha sido aprobado por la mayoría de sus miembros pero que vincula a todos ellos, pertenece a la esfera de la “materia contractual”. Por tanto, se puede demandar al moroso ante el tribunal del país en el que deba cumplirse la obligación.
Regla general versus regla especial
La regla general contenida en el artículo 4 del Reglamento citado, la competencia es de los órganos jurisdiccionales del Estado en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado. Sin embargo, este precepto también contiene excepciones, que la ley enumera de forma taxativa, y que, explica el tribunal, deben interpretarse restrictivamente.
El artículo 4 establece la ley aplicable a falta de elección en distintos supuestos. Se duda entre el apartado b) y c) del precepto respecto del objeto del caso litigioso, que establecen:
"b) el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual;
c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble"
El TJUE señala que el litigio planteado en el asunto principal no tiene por objeto un derecho real inmobiliario, recogido en la letra c) del apartado primero del artículo 4 del Reglamento, sino una prestación de servicios, en el sentido de la letra b) del apartado 1 de dicho artículo. La acción de la que conoce el órgano jurisdiccional tiene por objeto, aclara el tribunal de justicia,"la ejecución de una obligación de pago de la contribución de los interesados a las cargas del inmueble en el que tienen su propiedad y cuyo importe quedó fijado por la junta general de propietarios".
Sin embargo, el tribunal de justicia precisa que esta competencia no engloba la totalidad de las acciones relativas a los derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquellas que, al mismo tiempo, se incluyan en el ámbito de aplicación del Reglamento y estén destinadas, por una parte, a determinar la extensión, el contenido, la propiedad o la posesión de un bien inmueble o la existencia de otros derechos reales sobre ese tipo de bienes y, por otra, a garantizar a los titulares de esos derechos la protección de las facultades vinculadas a sus títulos
Por lo que se refiere a la regla de competencia especial prevista en el citado artículo 7.1 a), que establece que una persona domiciliada en un Estado podrá ser demandada en otro Estado, en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda, el Tribunal de Justicia ha declarado que la celebración de un contrato no es un requisito de aplicación de esta disposición.
Si se exige, en cambio, que los demandados hayan asumido libremente una obligación jurídica respecto a otra. En el caso de la cuotas comunitarias, razona el tribunal, los demandados asumieron con la compra del piso la obligación como propietarios de contribuir a los gastos de sostenimiento del inmueble. Tampoco es relevante, explica el TJUE, que el propietario deudor no participara en la aprobación del acuerdo o que se opusiera al mismo. En definitiva, al adquirir y conservar la condición de copropietario de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, consiente en someterse a los acuerdos aprobados por la junta general de propietarios del mismo.
Por tanto, la demanda por la que se reclama una deuda contraída con la comunidad de propietarios es calificada como de materia contractual y por tanto, puede ser ejercitada en los tribunales del país donde debe pagarse.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en lunes, mayo 20, 2019
Pese a la reforma que se anunciaba hace un par de años, a día de hoy, el art. 333 del Código Civil sigue diciendo que “Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles” es decir, que nuestro perro, nuestro gato, pájaro, o tortuga, tiene la consideración de un bien mueble.
En cuanto al procedimiento adecuado a seguir, la sentencia AP de León SP/SENT/1001665 considera inapropiado adoptar un régimen de visitas en un proceso de separación matrimonial tal como se propone, en línea similar a las medidas relativas previstas en la ley para con los hijos comunes.
Por su parte, la sentencia de la AP Barcelona con referencia SP/SENT/779953 también reitera que la pretensión del recurrente sobre la mascota familiar debe tramitarse en un proceso distinto al procedimiento matrimonial, y en concreto en juicio declarativo.
En este caso nos encontramos con la resolución del Juzgado de 1.ª Instancia Badajoz de referencia SP/SENT/523265 que viene a decir entre sus fundamentos que en la medida en que el perro objeto del litigio fue encontrado constante la convivencia, ha de entenderse que ese perro pasó a ser de los dos. Y siendo copropietarios del perro en litigio, la solución propugnada de la tenencia compartida parece la correcta
La SAP Málaga SP/SENT/1001833 señala que adoptada en la sentencia una alternancia trimestral, dicha alternancia, es el mal menor frente a las otras soluciones propuestas, como determinar la tenencia exclusiva a uno u otro cónyuge.
La AP Segovia en su sentencia SP/SENT/1001519 deniega la adopción de medidas judiciales en torno a los perros comunes al considerarlos como bienes semovientes, integrantes del patrimonio ganancial, y cuyo reparto o destino habrá de decidirse en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial existente entre los cónyuges.
La SAP Málaga SP/SENT/1001833 establece que la perra siga conviviendo por trimestres alternos con cada uno de sus dueños bajo el sistema establecido en el auto de medidas provisionales, y ello sin perjuicio de que las partes puedan acordar un sistema de estancias a favor del dueño cuando la posesión de la perra le corresponda al otro.
La sentencia de la AP de León SP/SENT/1001665 avala los pactos relativos a mascotas que pueden ser obviamente incluidos en un convenio regulador, teniendo en cuenta que la ratificación de un acuerdo sobre visitas del perro no implica derecho alguno que pueda ser ejecutado y en consecuencia no se incluirá en la sentencia que se dicte, y añade “ sin perjuicio de la validez que tiene entre los propietarios”. Es decir, otorga plena eficacia a los acuerdos privados.
La AP Segovia en su sentencia SP/SENT/1001519 también aconseja que los litigantes lleguen a un acuerdo previo que permita a ambos el disfrute y la compañía de ambos animales a los que, según parece, les unen vínculos afectivos de gran intensidad.
Pues hay unanimidad respecto a que en un régimen de gananciales, se podría acordar dentro de la liquidación de los bienes gananciales la copropiedad del animal y una tenencia compartida, al igual que podríamos hacer como con la vivienda que ha sido domicilio conyugal, o una plaza de garaje para uso de ambos ex cónyuges
Si el conflicto se sitúa sobre la determinación del dueño del animal, se instará un proceso declarativo y determinado su propietario, el otro cónyuge no tendrá ningún derecho sobre el animal.
Si hubiera hijos en común, y dependiendo de la sensibilidad del juez, se podría incluir que en el régimen de visitas al menos, acompañe al menor, y siempre prevaleciendo el interés superior de éste.
Pero no hay que darlo todo por perdido, si tu perro, gato, pájaro, tortuga u otro animal, significa mucho más para ti que una silla, cabe la posibilidad de hallar una solución extrajudicial, que además es aceptada por los Tribunales, tal como hemos visto en el apartado anterior. Hablamos de mediación.
A lo largo de este blog se han descrito las posibilidades que ofrece esta herramienta para dirimir conflictos donde prima un alto componente emocional, y no cabe duda, de que ver qué sucede con el miembro más peludo de nuestra familia lo es.
La mediación, además de ser voluntaria, propugna un lugar neutro y seguro donde exponer cada una de nuestras preocupaciones y darles una solución a través del diálogo que ayuda a recomponer el mediador, porque en esos momentos, los nervios y tensiones están a flor de piel. Escuchando a las partes implicadas se pueden plantear todas las soluciones que se les ocurra, de modo que haya opciones de encontrar la que sea más satisfactoria. Además este diálogo abierto ayuda a tener una visión conjunta del problema para valorar y determinar los verdaderos intereses y necesidades de cada parte involucrada.
La persona mediadora colabora para que no se pierda ninguna de las perspectivas, se preocupa de que no se olvide el bienestar del animal, o el de los implicados en su cuidado, de modo que nadie tenga que prescindir de su compañía.
Además, la flexibilidad que caracteriza a la mediación hace posible que se llegue a acuerdos imaginativos que puedan satisfacer distintos intereses de las partes, más allá de una sentencia, y permite resolver problemas grandes o pequeños.
Pero lo que es más importante, las decisiones no las toma un tercero, que ni siquiera conoce a las partes, sino ellas mismas, que conocen de primera mano cuál es el origen del conflicto. Por ello, además, hay un nivel de compromiso más alto en estos acuerdos.
También, las partes, aunque tengan que renunciar en algunas cuestiones, no sienten esa pérdida o vacío, habrán buscado un acuerdo que atienda a las necesidades particulares de los implicados, que son más realistas y adecuadas a las necesidades iniciales
Y por si fuera poco, la posibilidad de ser escuchado por la otra parte reduce la tensión emocional y el litigio, sobre todo en las relaciones familiares. Estas tensiones emocionales acostumbran a tener un reflejo físico al ser somatizadas, por lo que la salud de las partes también sale beneficiada.
Si él pudiera elegir, no dudaría en probar una sesión de mediación.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en viernes, mayo 17, 2019
Tal como expresa la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, “Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.
Los requisitos que deben darse en toda mediación son: voluntariedad, libre disposición, igualdad de partes, imparcialidad y neutralidad de las personas mediadoras y confidencialidad de todas las partes.
La mediación puede darse en cualquier ámbito jurisdiccional, sin embargo, en este caso voy a referirme a la mediación familiar y por extensión al ámbito de la violencia y las implicaciones que puede tener, a la mediación penal.
La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 44 modificó el art. 87 ter de la Ley 6/1985, de 1 de Julio del Poder Judicial, en cuanto a las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que termina en su apartado 5 diciendo “En todos estos casos está vedada la mediación”. Como sabemos, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes tanto en el orden penal como en el civil cuando concurra “alguno de los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género”.
Así, aunque no todas las leyes y reglamentos de Mediación Familiar aludan a la prohibición de la mediación en casos de violencia de género, la misma está vedada por la propia ley integral contra Violencia de Género y por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otra parte, el Convenio de Estambul en su artículo 48 contiene una prohibición de mediación refiriéndose a la mediación obligatoria “Prohibición de modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o imposición de condenas”, con lo cual, no se prohíbe la mediación, pero sí que esta sea un modo alternativo obligatorio de resolución de conflictos. En nuestro país, como sabemos el proceso de mediación es voluntaria.
Las razones que no se explican en el articulado de la normativa sí se pueden traslucir de las características o requisitos de la mediación.
En la violencia de género se genera una relación de poder y sumisión entre maltratador y víctima que impide la mediación. Así, no sabríamos si hay voluntariedad en una mediación en que una de las partes, la víctima, puede estar sometida a la otra, si las personas mediadoras no están seguras de la voluntariedad, nunca deberían llevar a cabo una mediación. En segundo lugar, la libre disposición, el derecho civil es disponible, pero no así el derecho penal, por tanto, no podríamos hablar de libre disposición mientras esté pendiente un proceso penal. En tercer lugar, la igualdad de partes. Este es casi el requisito más difícil de cumplir. En un supuesto de violencia de género, doméstica y familiar, el desequilibrio que se da entre las partes que han establecido una relación de poder entre ellas impide llegar a acuerdos válidos.
Para que fuera posible la mediación en estos casos, sería necesaria una evaluación psicológica previa de las partes, para ver el alcance de la desigualdad o desequilibrio y, en su caso, una terapia de empoderamiento de la víctima y, sin duda, una terapia también con la persona que ha llevado a cabo conducta delictiva. Debe romperse la relación de poder-sumisión que rige la relación con las partes para que esta pueda ser en igualdad y así poder negociar acuerdos en los términos establecidos para una mediación correcta.
Esto sería en cuanto a los requisitos de la mediación familiar en sí, pero también hay que tener en cuenta que, si se ha cometido un delito de los de violencia de género, además de la pena principal, se impondrá una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación del condenado con la víctima, por tanto, sería imposible la mediación mientras estén vigentes estas penas. Si el delito está siendo investigado, es posible también que en función del riesgo objetivo que se constate, se imponga una medida de alejamiento que también haga imposible la mediación. La mediación necesita de las partes y una persona mediadora, que “estará en medio” de estas para facilitar que sean ellas mismas las que lleguen a un acuerdo. Si las partes en el conflicto no pueden estar presentes por una imposible comunicación y acercamiento, no hay posibilidad de estar en medio de nada ni nadie.
Me pregunto, en este caso, si sería posible llevar a cabo una mediación cuando las prohibiciones no estuvieran en vigor. Una vez resuelto el proceso penal, si no hubiera condena se levantarían las medidas de protección y —siempre de manera voluntaria y en igualdad de partes— ya sería posible llevar a cabo una mediación. Y si hubiera condena, habría que esperar a la pérdida de vigor de las medidas, momento en que habría que evaluar la posibilidad de resolver los conflictos que queden pendientes mediante la mediación familiar.
Entendemos la prohibición general de mediación en supuestos de violencia por las causas analizadas más arriba. Sin embargo, cuando se está ante un proceso de separación o divorcio y surge una única conducta de maltrato en la que no se ha establecido un desequilibrio de partes, pero es aplicable la ley, se priva a estas de resolver el conflicto familiar a través del proceso de mediación en el que se van a establecer nuevos y mejores canales de comunicación y se va a atender no solo a las necesidades de las partes sino a las de sus descendientes, en caso de que los hubiera. Especialmente, habrá una víctima y un agresor, pero se priva a ambas de este método de resolución de conflictos en el que podrían decidir en común sobre los acuerdos a tomar. De alguna manera, esta protección del Estado que se lleva a cabo a nivel general para cualquier caso de violencia física, psíquica o verbal, produce una revictimización, ya que impide a la víctima ser parte de su propio proceso y tomar sus decisiones, pues ya se ha tomado por ella la decisión de que es una víctima y una institución pasará a decidir por ella.
Tampoco es mi intención posicionarme en este sentido sino llamar la atención sobre de qué forma las medidas coercitivas frente a la violencia de género no solo perjudican a la parte que las ha provocado sino también a la víctima. Y por supuesto, en casos de delitos graves o de maltrato habitual, considero imposible e innecesario plantear una mediación familiar para resolver ningún asunto entre las partes.
La mediación penal se ha implantado en España principalmente en materia de menores responsables, lo que se llama justicia restaurativa. Es una posibilidad para que la víctima se vea restaurada en sus derechos tras la comisión del delito; por un lado, porque la persona que ha cometido el delito le pediría perdón y, por otro lado, porque se facilita el proceso de responsabilidad civil derivada del delito. Pero la mediación penal no afecta en realidad más que al delito cometido (o a los delitos si son varios), y no tendría efectos sobre el conflicto civil; por lo tanto, no resolvería el ámbito de la mediación familiar.
En todo caso, no es una mala solución la mediación penal siempre que hubiera también una evaluación psicológica previa para estar seguros de que ambas partes están preparadas para llevar a cabo el proceso mediador y de esta manera podrían decidir de qué manera resarcir el daño producido.
Ante la pregunta de si es posible llevar a cabo de alguna manera una mediación en un supuesto de violencia de género, quedaría la posibilidad de llevar esta a cabo mediante “caucus” o reuniones individuales de la persona mediadora con cada una de las partes, a fin de resolver el conflicto y tomar acuerdos con estas por separado. Las reacciones han sido diversas y me gustaría compartirlas porque entiendo que plantear estas dudas no nos lleva a resolverlas, pero sí a avanzar en su solución, muchas veces creando nuevas preguntas que un día, espero, podamos contestar.
Algunas personas mediadoras han entendido que esto no podría llamarse mediación —no estás en medio de dos partes si no se reúnen— sino encuentros restaurativos. Además, consideran que para llevar esto a cabo el victimario debería reconocer el delito, estar arrepentido y tener voluntad de reparar el daño y la víctima tendría que estar preparada emocionalmente para afrontar el proceso. Otras personas hablan de negociación asistida y no mediación al no poder la persona medidora hacer de intermediaria en el encuentro de las partes, por no haber encuentro real. Otra respuesta con la que no podría estar más de acuerdo es: hay que tener mucho cuidado y muchísima experiencia. También alguien tiene en cuenta la distinción entre una conducta única de maltrato y un maltrato habitual, caso en que nunca llevaría a cabo una mediación.
Actualmente, tal y como está regulada la mediación y lo que dice la Ley, no es posible realizar ningún tipo de mediación entre personas que están involucradas en un proceso de violencia de género, doméstica o familiar. En el caso de que según las circunstancias se valorara la posibilidad de hacer mediaciones familiares, creo que deberían llevarse a cabo por personas muy cualificadas con formación no solo en mediación familiar sino en violencia de género, que pudieran hacer frente a cualquier vicisitud que pudiera darse en el proceso mediación. Incluso creo que sería necesario llevarse siempre a cabo en comediación, es decir, con la presencia de, al menos, dos personas mediadoras.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en miércoles, mayo 15, 2019
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en lunes, mayo 13, 2019

References: artículo 7
 artículo 4
 artículo 4
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 artículo 7
 resolución 
 artículo 44
 artículo 48
 resolución 
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