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Timestamp: 2019-03-26 06:34:46+00:00

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Expropiación por resolución a la vista
Norma de idoneidad prepublicada por la SBS es anticonstitucional confiscatoria y pone en riesgo estabilidad de microfinancierias.
Expropiación por resolución
La SBS ha pre-publicado el “Reglamaneto de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros” (llamado “Reglamento de idoneidad” en los pasillos del regulador-supervisor). En nuestra opción, dicha norma es anticonstitucional y, eventualmente, expropiatoria. Aunque entendemos que el objetivo de la SBS es eliminar toda posibilidad de ingreso de dinero de origen ilícito y personas ligadas al mismo al sistema financiero nacional. La normal parece ser tipo caso en el que el nombre del interés del empleado público: es decir, más que proteger al sistema de lavado de dinero parece diseñada para proteger a los funcionarios de la SBS de una eventual denuncia por complicidad del delito de lavado de dinero.
Nadie quiere el ingreso de capitales ilícitos o de delincuentes al sistema financiero y es cierto que en el mundo entero hay un gran esfuerzo por desarrollar criterios operacionales para asegurar la idoneidad de los accionistas, directores gestores del sistema financiero. Sin embargo, existen preceptos constitucionales como la presunción de inocencia o la propiedad privada que no pueden obviarse o siquiera limitarse y mucho menos atreves de un reglamento. La SBS, asumimos bajo la discrecionalidad que le otorga el marco legal vigente para evaluar la idoneidad de los operadores del sistema, pretende claro caso de exceso- arrogase funciones que le competen al Poder Judicial y, en todo caso, la congreso de la República mediante la dación de leyes para el desarrollo constitucional del concepto de las discrecionalidad que le asiste.
Es inaceptable que antes la sola apertura de una investigación preliminar, un gerente, director o accionista de una empresa financiera puede ser obligada a renunciar en 5 días. Solo por citar el caso de la “denuncia de moda“, existirían 70 144 investigaciones por el supuesto delito de lavado de dinero en el país (otra fuente nos ha señalado que son 110 000) y solo se habría dado 14 condenas.
A todas las luces, la denuncia por lavado de activos ha reemplazado a la denuncia por estafa como el arma predilecta de quienes recurren al lawfare (léase, “guerra de leguleyadas”) para alcanzar objeticos subalternos como la venganza ante un despido, la eliminación de una competidor en el mercado o la destrucción de un enemigo político. Créame, usted que nos lee, que nadie – podre o rico, político o empresario de cualquier tamaño- está libre hoy de una sacha denuncia por lavado de activos en el Perú (y eso también lo saben los funcionaros de la SBS y, por ellos, cabría la hipótesis por la que el reglamento sería un mecanismo de auto protección).
Es inaudito que ante la sola apertura de un investigación preliminar, un accionista sea obligado a vender sus participación en la entidad financiara en un racimo de 30 días (Artículo 21-Q).
Para empezar, esto tiene un carácter confiscatorio puede obligar al accionista, con toda seguridad, a vender sus acciones por debajo de su valor (no solo por el apuro sino por la carga negativa que la compra obligada por la SBS conlleva pues, en la lógica de la propia SBS, se estaría comprando con la contingencia de ser receptor de la disposición patrimonial de in sujeto percibido por el regulador como un delincuente: si usted aun así decidiese comprar o aun si usted aun así decidiese comprar o aun insiriese que e se trata de un inocente, ¿no castigaría el precio de la adquisición?). Por si esto fuese poco, el mismo artículo 21-Q en su inciso a) señala la prerrogativa de la SBS para suspender el ejercicio de sus derechos como accionistas u pata establecer que las acciones del titular cuestionado no sea computables para determinar el quorum y mayoristas necesarias para la juntas generales de accionistas. No hace falta ser, muy creativo, aunque si un verdadero delincuente, para que siendo accionista minoritario resuelva una eventual dispuesta con el mayoritario, acusándolo de lavado de activos para forzar una junta en la que el minoritario tome el control de la empresa (olvídense los minoritarios mafiosos del largo camino que implica un juicio por fraude en la administración de personas jurídicas).
Ahora bien, también podría usarse esta infeliz idea de la SBS como un mecanismo para abusar y deshacerse del “molesto” accionista minoritario. La caja de Pandora es pues un chancay de a veinte ante esta propuesta de reglamento.
Es un atentado contra la estabilidad de todo el sistema financiero que la SBS pretenda suspender, ante una investigación preliminar de un accionista, ante una investigación preliminar de un accionista, e computo de su participación para el cálculo del patrimonio efectivo de la empresa. Si, usted ha entendido bien: si algún competidor o enemigo de las acciones de una caja financiera es acusado de algún delito
.Norma de idoneidad prepublicada por la SBS es anticonstitucional confiscatoria y pone en riesgo estabilidad de microfinancierias.
Es un atentado contra la estabilidad de todo el sistema financiero que la SBS pretenda suspender, ante una investigación preliminar de un accionista, ante una investigación preliminar de un accionista, e computo de su participación para el cálculo del patrimonio efectivo de la empresa. Si, usted ha entendido bien: si algún competidor o enemigo de las acciones de una caja financiera es acusado de algún delito.
Enesto Julio Álvarez Miranda (ABOGADO)
Tras analizar el proyecto de resolución de la SBS, concluimos que vulnera diversos derechos constitucionales de todas aquellas personas que postulan a los cargos de organizador, accionistas, director, gerente y principales funcionarios de las empresas bajo supervisión de la Superintendencia, así como los de aquellos que ya son titulares de dichas acciones y caros. Por lo tanto nuestra propuesta versa sobre los siguientes puntos.(i) Que, se modifique por ley el marco de la objetividad legalidad y constitucionalidad la definición de “idoneidad moral” contenido en el inciso 0) del artículo 2, del artículo primero del proyecto de resolución.
(ii) Que, se elimine el Anexo I denominado “Cuestionario de idoneidad moral” del proyecto de resolución, o en su defecto se elige del cuestionario las preguntas relacionadas administrativas o judiciales o sanciones administrativas condenadas, por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y el principio de reserva, como el fin de la pena.(iii) Que, se elimine y/o modifique aspectos del procedimiento de evaluación previa y/ permanentemente que repose sobre la inconstitucional definiendo de identidad moral.(iv) Que, se elimine la irregular facultad de la SBS de investigar sobre la vida personal o llámesele fuentes privadas de la personas ineditico de cualquier fin.
(v) Que, se elimine la facultad de la SBS de advertir sospechas o suposiciones con fines de descalificar a los postulantes por ser una facultad estricta de órganos de investigación y no de la SBS.
“HAY EXCESOS EN LA NORMATIVA”
Luciana León Congresista PAP
Entendiendo que las “medidas prudenciales” son medidas destinadas a proteger al consumidor de servicios financieros o celar por la estabilidad del sistema financiero, ceo que si habría excesos en la normativa dada. Por ejemplo, en el tercer párrafo, y más allá que se repite las sanciones establecidas en los artículos 59 de la Ley General y 13-A de la Ley del SPP, creo que señaladas más allá de la norma marco (Ley 26702).
Asimismo, podría ser un exceso la suspensión de la participación del accionista en el “patrimonio efectivo” por qué disminuida la posibilidad que la participación pueda cubrir riesgo de mercado u operación en perjuicio de las empresas.
Lo mismo sucedería con la remoción automática de altos funcionarios, ya que más allá de no garantizar el debido procedimiento que le permita al director, gerente, etc. Subsanar presentar algún documento que acredite que si cumple con requisitos, entenderemos que con esto las empresas pierden independencia autonomía de gestión.
Finalmente, sería también un exceso que la Superintendencia pueda establecer otras “medidas prudenciales” (último párrafo)
porque se vulneraria, como mínimo, el principio de legalizada tipicidad de las sanciones, ya que se estaría sujeto al ánimo decisión “arbitraria” de la Superintendencia perdiendo con ellos predictibilidad conocimiento previo de las mimas (sanciones).
“ES UN PROYECTO INTERVENCIONISTA”
Karina Beteta Congresista FP
Es un proyecto intervencionista por que la SBS no puede tener la facultad de suspender a un accionista o miembros del directorio de una empresa del sistema financiero. Ellos solo debe corresponder la asamblea general de la sociedad como órgano máximo representado por los propietarios de la empresa.
De tal manera que vulnera la libertad de trabajo, contradicción, y de empresa establecidos en el artículo 2 incisos 14 y 15y el artículo 59 de la Constitución Política del Perú.
“ATENTARÍA CONTRA LA PROPIEDAD”
Sandro Zuñiga (Abogado)
La SBS mediante las diferentes leyes que han regulado las autorizaciones de las empresas a participar en el Mercado siempre tuvo la intención de ser muy cuidadoso de la solvencia de sus Gerentes y de sus Presidentes. Hoy, con este reglamento, lo extienden a sus accionistas. En mi opción, es totalmente valido y necesario, para el desarrollo del país, la solidez de sus instituciones financieras. Sin embargo, al pretender limitar a quienes transfieren su participación se estaría adentrando con el principal derecho de las personas que en la propiedad. Uno puede hacer con su propiedad lo que quiere siempre y cuando no sea lícito. Al parecer la SBS no ha contemplado que existen otros mecanismos para impedir que una persona no participe en Sistema Financiero, ya que debe existir una razón muy fuerte y con pruebe para determinar esta situación en una individuo.
“PROCEDEÍA UNA ACCION POPULAR”
Jorge Balbi (Abogado)
Definitivamente es una norma inconstitucional, por que en verdad es una limitación a lo que se está fijando en la Ley General de Sociedades y eso solo podría hacerlo una ley. Pero lo que no puede hacer un reglamento es establecer una sanción que no está tipificada en una ley. Si es que la ley no ha dicho “el reglamento determinaría las contingencias y las responsabilidades y las sanciones”; entonces si no está tipificado en la le que esa es la sanción en caso de incumplimiento el reglamento no puede fijar la limitación.
Eso es una cosa muy común y está mal, es inconstitucional y lo que precedería es una acción popular por la inconstitucionalidad de fijar una sanción que la ley no ha previsto, vía reglamento. Insistió no se pueden tipificar sanciones (en un reglamento) que la ley no ha contemplado.
“DESBORDA LA CONSTITUCIÓN”
Cesar Guzmán (Abogado)
El problema de fondo es el alcance de las normas “prudenciales”. Las normas prudenciales por definición son leyes y reglamentos que regulan la actividad financiera y que tiene como objetivo proteger al consumidor de servicios financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero. El tema es que el regulador es a su vez, el superviso. Y entonces se fusiona los roles, se dictan normas que, a las lux del derecho de propiedad consagrado constitucionalmente, lo desbordan en vía de fiscalización.
Bajo el artículo de norma prudencial, en rigor, pueden contrabandearse lo que sea y cometerse excesos como el que da el marco reglamentario que en cuestión, bajo el supuesto deseo de proteger al sistema y su estabilidad.
“VIOLENTA JERARQUÍA NORMATIVA”
Carlos Mesía Ramírez (Abogado)
La Resolución es ilegal porque amplia supuestos de la Ley SBS, violentando el principio de legalidad y jerarquía normativa; así como por lesionar el derecho a la propiedad, libertad de egresa y de asociación.
En caso de que se determine que un accionista, director o principal funcionario no cumple con los nuevos criterios arbitrarios y subjetivos de “idoneidad moral” que se quieren instalar mediante esta norma integral y al margen de la Ley, se estará generando directamente una desvaloración de dicha empresa, no por su actividad en el mercado, sino por la discrecionalidad de una agente en este caso, a voluntad de la Superintendencia de Banca y Seguros. LA resolución no debe ser aprobada ya que atenta contra el principio de legalidad. Además, se generaría una precariedad en la licencia de funcionamiento de la empresa del sistema financiero, lo que acarrearía la desestabilización y desvaloración de la empresa, generando nefastas consecuencias en el sistema.
Esta situación a su vez generaría un peligro en la estabilidad del sistema financiero, pues todas las empresas estarían sometidas a la arbitrariedad de la evaluación de la SBS de criterios subjetivos, ilegales e inconstitucionales; supeditando la permanecía de las empresas en el sistema financiero, lo que relativizaría la seguridad jurídica de las mismas, generando desconfianza a los usuarios del sistema. Finalmente, con ello, el Estado estaría violentando el principio de no intervención del Estado en la economía y libertad de empresa, pues las actividades asumidas a través de su regulación no estarían siendo neutrales y por el contrario estará generando consecuencias negativas en el sistema empresarial y financiero.
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References: resolución 
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 artículo 21
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 59
 Resolución 
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