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Timestamp: 2020-08-07 10:38:07+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Noviembre de 2003. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Serie C No. 101 - Jurisprudencia - VLEX 428298390
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Noviembre de 2003. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Serie C No. 101
Caso: Myrna Mack Chang Vs. Guatemala
Caso M.M.C. Vs. Guatemala
Sentencia de 25 de noviembre de 2003
En el caso M.M.C.,
presente, además*,
M.E.V.R., S.,
de conformidad con los artículos 29, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) dicta la presente Sentencia.
El 19 de junio de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia Nº 10.636, recibida en la Secretaría de la Comisión el 12 de septiembre de 1990.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) en conjunción con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana en perjuicio de M.E.M.C. (en adelante “M.M.C.”) y sus familiares, “en razón de la ejecución extrajudicial de M.M.C. [ocurrida] el 11 de septiembre de 1990 en Ciudad de Guatemala”.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar todas la reparaciones pecuniarias y no pecuniarias indicadas en la demanda. Por último, solicitó que la Corte Interamericana ordene a Guatemala el pago de las costas originadas en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como a nivel internacional ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
Según la Comisión, Guatemala es responsable de la privación arbitraria del derecho a la vida de M.M.C., toda vez que el asesinato de la víctima, perpetrado el día 11 de septiembre de 1990, fue consecuencia de una operación de inteligencia militar, que obedeció a un plan previo y cuidadosamente elaborado por el alto mando del Estado Mayor Presidencial. Dicho plan consistió, en primer lugar, en seleccionar a la víctima de manera precisa debido a su actividad profesional; en segundo lugar, en asesinar brutalmente a M.M.C.; y en tercer lugar, en encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato, entorpecer la investigación judicial y dejar en la medida de lo posible el asesinato inmerso en la impunidad. La Comisión agregó que el Estado no ha utilizado todos los medios a su disposición para realizar una investigación seria y efectiva que sirva de base para el esclarecimiento completo de los hechos, el procesamiento, juzgamiento y sanción de todos los responsables, tanto autores materiales como intelectuales, dentro de un plazo razonable. Esta situación se ha visto agravada por la existencia y tolerancia por parte del Estado guatemalteco de mecanismos de hecho y de derecho que obstaculizan una adecuada administración de justicia.
Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención.
El 12 de septiembre de 1990 la Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana y desde abril de 1991 el caso fue seguido por Lawyers Committee for Human Rights y Georgetown University. Asimismo, durante la tramitación diversos bufetes de abogados estadounidenses participaron junto a Lawyers Committee for Human Rights como copeticionarios.
El 17 de septiembre de 1990 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el Nº 10.636.
El 5 de marzo de 1996 la Comisión aprobó el Informe Nº 10/96 mediante el cual declaró admisible el caso. A su vez, se puso a disposición de las partes con el fin de llegar a una solución amistosa del asunto, de conformidad con el artículo 48.f) de la Convención Americana.
El 3 de marzo de 2000 el Estado guatemalteco reconoció su “responsabilidad institucional” en el presente caso, durante la celebración de una audiencia realizada en la sede de la Comisión Interamericana. En esta misma fecha, el Estado y los peticionarios lograron un compromiso a fin de impulsar el proceso penal en el fuero interno, para lo cual constituyeron una comisión de verificación en la cual convinieron “unificar voluntades mediante la reactivación de la investigación correspondiente y el impulso del proceso judicial seguido en Guatemala”.
El 26 de mayo de 2000 los peticionarios y el Estado suscribieron un acuerdo sobre la modalidad en que debía llevarse a cabo la verificación y, el 22 de junio del mismo año, suscribieron un acuerdo sobre el marco e inicio de la “verificación”, el impulso a la reactivación del proceso judicial, los informes y las acciones de verificación e impulso procesal, la comunicación entre las partes y la publicación de dichos informes.
El 25 y 26 de julio de 2000 la Comisión Interamericana designó oficialmente a A.B.T. y a G.V.S. como los verificadores.
El 23 de agosto y 4 de octubre de 2000 los verificadores presentaron ante la Comisión su primer y segundo informe, respectivamente. En el último informe, los verificadores concluyeron “que el proceso contra los militares acusados como autores intelectuales del asesinato de la antropóloga M.E.M.C. se inició en el año 1994 y a esta fecha no podemos predecir que tenga una futura marcha sin tropiezos judiciales, porque tal como se ha perfilado la causa desde su inicio se ha hecho uso de toda clase de impugnaciones que obstaculizan el cumplimiento del debido proceso”.
El 5 de octubre de 2000 durante una audiencia ante la Comisión, G.V.S. dio a conocer el segundo informe de la verificación del proceso penal. En la misma audiencia, los peticionarios expresaron que no veían una voluntad y compromiso serio por parte del Estado de avanzar en el caso con el fin de juzgar y sancionar efectivamente a los autores intelectuales del asesinato de M.M.C., por lo que no seguirían considerando la posibilidad de llegar a una solución amistosa en este caso.
El 8 de marzo de 2001 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 39/01, en el cual concluyó lo siguiente:
[e]l reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado guatemalteco tiene pleno valor jurídico conforme a los principios de derecho internacional y lo obligan a reparar efectivamente las violaciones cometidas por éste conforme a lo señalado en la Convención Americana. A más de un año de haberse efectuado el reconocimiento de responsabilidad el Estado guatemalteco no ha emprendido ninguna acción efectiva a fin de levantar el manto de impunidad que aún existe contra los autores intelectuales de la ejecución extrajudicial de M.M.. Esta inacción por parte del Estado guatemalteco lleva a la Comisión a sostener que el Estado de Guatemala sigue careciendo de una voluntad seria para investigar y sancionar efectivamente a todos los responsables del asesinato de M.M.C. conforme a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Con base en estas conclusiones la Comisión recomendó al Estado:
Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva a fin de juzgar y sancionar a todos los partícipes del asesinato de M.M.C..
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de M.M.C. reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
Remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen el presente caso a la impunidad.
Sustituir a la brevedad el Estado Mayor Presidencial en cumplimiento de lo acordado y señalado en los Acuerdos de Paz.
El 19 de marzo de 2001 la Comisión transmitió el informe anteriormente señalado al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones formuladas. El 18 de mayo del mismo año el Estado solicitó a la Comisión una prórroga de diez días para la presentación de su informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones, la cual fue otorgada.
El 30 de mayo de 2001 el Estado presentó su respuesta al Informe N° 39/01 de la Comisión.
El 14 de junio de 2001 la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte.
La Comisión presentó la demanda ante la Corte el 19 de junio de 2001 y adjuntó 52 anexos. Asimismo, la Comisión remitió diversos documentos, emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con el proceso penal interno y artículos de prensa.
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, la Comisión Interamericana designó como Delegado a C.G., y como asesor jurídico a A.D.. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, la Comisión indicó el nombre y la dirección de los familiares de M.M.C. e informó que éstos estarían representadas por la hermana de la víctima, H.M.C..
El 26 de julio de 2001 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó al Estado junto con sus anexos, y le informó sobre los plazos para contestarla y nombrar su representación en el proceso. Además, ese mismo día la Secretaría informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del presente caso.
En esa misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.4, 35.1.d) y 35.1.e) del Reglamento, la demanda se notificó a los representantes de los familiares de la víctima, y...

References: artículo 63
 artículo 51
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 22
 artículo 33