Source: https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=63109&legiid=490
Timestamp: 2019-09-18 23:46:59+00:00

Document:
ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN CHILENA EN MATERIA DE DELITOS INFORMÁTICOS Y CIBERSEGURIDAD
LISTA DE ESPERA EN SENAME DE REGIÓN DE LOS LAGOS POR FALTA DE RECURSOS. OFICIO
MEDIDAS ADOPTADAS POR AUTORIDADES ANTE EMANACIÓN DE GASES DESDE ALCANTARILLADO DE VIVIENDAS Y ESCUELAS DE COMUNA DE COPIAPÓ. OFICIOS
NECESIDAD DE REGULAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN DE MEDIDORES ELÉCTRICOS INTELIGENTES. OFICIO
Sesión 2ª, en miércoles 13 de marzo de 2019
(De 16:24 a 19:30)
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán, y el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 94ª, ordinaria, en 5 de marzo de 2019, que no ha sido observada.
Remite antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti relativos al cumplimiento de la Ordenanza Comunal de Protección de los Humedales de Valdivia.
Envía informe final sobre auditoría a los recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación, salud y atención al menor.
Del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social:
Atiende preocupación del Senador señor De Urresti respecto de la paralización de las obras de construcción de un camino asfáltico en una vía de la comuna de Paillaco a cargo de una empresa sometida a un procedimiento de la ley sobre insolvencia.
Responde oficio del Senador señor Durana referido a la situación que afectó a los habitantes de la comuna de Arica debido al corte de agua potable ocurrido en diciembre de 2018.
Envía, a petición del Senador señor Navarro, una serie de antecedentes relativos a infracciones ambientales cometidas por la empresa Barrick Gold.
Se hace cargo de la inquietud planteada por el Senador señor De Urresti tocante a las denuncias efectuadas por los vecinos y el municipio de Los Lagos debido a una eventual contaminación de una vertiente del sector Las Juntas.
Informa, a solicitud del Senador señor Navarro, con respecto a estudio de impacto ambiental del vertedero industrial de Mocopulli, Dalcahue.
De la señora Directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:
Responde oficio de la Senadora señora Órdenes sobre procedimientos de fiscalización, sanciones aplicadas y denuncias y procesos penales iniciados por ese Servicio.
Atiende requerimiento del Senador señor Sandoval acerca de distintas materias relativas a la fuga de salmones en las Regiones de Los Lagos y de Aysén.
Absuelve inquietud del Senador señor Sandoval sobre el funcionamiento de los juzgados de policía local de las comunas de Alto del Carmen y de Freirina.
Informa acerca de las fiscalizaciones efectuadas a raíz de la denuncia formulada por el Club de Boteros de esa comuna, según lo solicitara el Senador señor De Urresti.
Del señor Fiscal Regional (S) de Aysén:
Adjunta estadísticas pedidas por el Senador señor Sandoval referidas a delitos sexuales ocurridos en esa Región entre los años 2012 y 2018.
Del señor Director Regional de Magallanes del Servicio de Evaluación Ambiental:
Absuelve consulta formulada por el Senador señor Bianchi relativa a los permisos ambientales de las concesiones de acuicultura autorizadas en la comuna de Cabo de Hornos.
Informa, a solicitud de la Senadora señora Allende, sobre los proyectos habitacionales contemplados para el terreno de propiedad institucional ubicado en Llolleo.
Contesta requerimiento del Senador señor Navarro tocante a relocalización de familias del sector El Triángulo, de la comuna de Hualpén.
Del señor Coordinador del Sename de la Región de Magallanes:
Da cuenta de las acciones realizadas por ese Servicio para paliar el déficit de residencias para menores de edad en dicha Región, al tenor de la inquietud formulada por el Senador señor Bianchi.
Del señor Jefe de Oficina de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de la Región de Valparaíso:
Responde solicitud planteada por el Senador señor Latorre referida a los efectos derivados de descargas de relave por parte de Codelco División Andina.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce en ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, normas para fortalecer el trabajo parlamentario (boletín N° 7.127-07).
De los Senadores señores Chahuán y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (boletín N° 12.467-15)
Del Senador señor Letelier, con la que inicia un proyecto de ley que facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte (boletín N° 12.468-18).
De los Senadores señor Quinteros; señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Sandoval y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya a los Ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda la formulación de una política nacional de subsidio al transporte público de adultos mayores, ampliando la rebaja hasta un 50 por ciento de la tarifa como ocurre actualmente en algunas ciudades (boletín N° S 2.053-12).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por medio de la cual informa que ha elegido Presidente al Senador señor Girardi.
De la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, con la que informa que ha elegido Presidenta a la Senadora señora Rincón.
De la Comisión de Economía, a través de la cual informa que ha elegido Presidente al Senador señor Durana.
De la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, por la que informa que ha elegido Presidente al Senador señor Pugh.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que informa que ha elegido Presidenta a la Senadora señora Muñoz.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, por la cual informa que ha elegido Presidente al Senador señor Chahuán.
De la Senadora señora Goic, para ausentarse del país a contar del 14 de marzo en curso.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, aumentando la sanción por el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de un vehículo motorizado (boletines Nos 7.341-15, 8.341-15, 9.846-15 y 12.066-15).
El señor QUINTANA (Presidente).- En la sesión del día de ayer se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión (boletín N° 11.747-03), respecto del cual corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Sugiero fijar como plazo hasta el lunes 8 de abril, a las 12.
El señor HARBOE.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en virtud de un acuerdo adoptado hoy día por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes, le solicito que recabe la autorización de la Sala para abrir un nuevo plazo, de una hora, para presentar indicaciones al proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a los solicitado?
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, solicito autorización para abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 18 del mes en curso, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre mitílidos (boletín N° 11.317-21).
Asimismo, pido que el proyecto relativo a las marejadas (boletín N° 11.311-21), respecto del cual se autorizó a la Comisión para discutirlo en general y particular en el primer informe, sea visto solo en general por dicho órgano técnico. Ello, a fin de que en la Sala sea discutida únicamente la idea de legislar.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger las dos peticiones que hizo el Senador Quinteros en nombre de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura?
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento del Senado al objeto de que, después de tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, el proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A." (Infisa), se autorice a la Comisión de Hacienda para funcionar paralelamente con la Sala a fin de votar la iniciativa sobre transformación digital administrativa del Estado (boletín N° 11.882-06).
Será una sesión corta, en que se tratarán algunas indicaciones que aprobamos ad referendum.
El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que a ese respecto la Comisión de Gobierno ya se pronunció y despachó su informe. Pero, efectivamente, falta analizar esos asuntos en la Comisión de Hacienda.
Hay también cierto interés del Ejecutivo -así me lo hizo ver el Ministro señor Blumel- en cuanto a mejorar el lugar de la tabla en que se encuentra el referido proyecto. Sin embargo, habría que despejar primero las cuestiones que planteó el Senador señor Lagos.
El señor QUINTANA (Presidente).- En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A.", con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Hacienda (segundo): sesión 74ª, en 28 de noviembre de 2018.
Sesiones 34ª, en 18 de julio de 2018 (queda para segunda discusión en general); 35ª, en 31 de julio de 2018 (se aprueba en general).
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 31 de julio de 2018.
La Comisión de Hacienda deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 permanentes y tercero y sexto transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional requerido, de que en la Sala estaban presentes 31 señores Senadores y Senadoras.
El señor INSULZA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor INSULZA.- Señor Presidente, yo habría esperado que el Ministro de Hacienda o algún otro Secretario de Estado estuviera presente para discutir este proyecto.
En tal sentido, quiero decir lo siguiente, que tiene que ver con algo que he señalado antes frente casos similares.
Estamos creando una nueva institución con financiamiento, con sede, con presupuesto.
Hace unos días leí el texto de esta iniciativa -reconozco ser medio lego sobre la materia; a lo mejor algunos de los Senadores que saben de estas cosas podrían informarnos sobre el particular-, y todavía no entiendo, por ejemplo, por qué el Banco del Estado no puede realizar aquello que se está estableciendo respecto de la referida institución.
En verdad, aún no comprendo muy bien el sentido de la normativa que se propone.
Ahora bien, quiero ser lo más franco posible, casi transparente en mi planteamiento, pues este proyecto lo presentó el Gobierno pasado, al cual yo apoyaba. Así que no estoy criticando a la actual Administración por haber continuado su tramitación, ni tampoco considero que las cuestiones que se están proponiendo acá sean descabelladas o inútiles.
Lo que no entiendo es por qué -y me gustaría que alguien me lo explicara- resulta necesaria una nueva institución y por qué las atribuciones que se están planteando mediante esta iniciativa no se entregan al Banco del Estado. Ello, porque esta institución bancaria efectúa cosas parecidas a las que hará la entidad que se está creando.
Probablemente, habrá que modificar algunos aspectos de la ley en proyecto.
El artículo 1 es importante, pues autoriza al Estado para desarrollar las actividades empresariales que indica y que no está realizando ahora. Eso está bien.
Sin embargo, la ejecución de aquello podría haber quedado en el Banco del Estado, y nos habríamos ahorrado toda esta discusión, toda la plata que se va a gastar acá y todos estos estatutos y normas que señalan cómo se elegirán los directores, cuáles serán sus atribuciones y las prohibiciones e incompatibilidades que tendrán, en fin.
¡Hasta cuándo seguimos creando organismos que en realidad no prestan ninguna utilidad!
El señor QUINTANA (Presidente).- Quiero decirle al Senador señor Insulza que el Ejecutivo está presente acá.
Entonces, atendiendo las palabras de Su Señoría, solicito autorización para que ingresen el Subsecretario de la Segpres, señor Claudio Alvarado, y el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno. Esto, con el objeto de despejar cualquier duda que se plantee sobre este proyecto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en realidad, yo iba a referirme a algo distinto de lo señalado por el Senador Insulza.
Ocurre que la discusión general de este proyecto ya la realizamos, y aprobamos la idea de legislar por unanimidad.
En su momento -precisamente, bajo la segunda Administración de la Presidenta Bachelet- se envió esta iniciativa a fin de crear la mencionada entidad con el propósito principal de que el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios -el famoso Fogape-, en lugar de que esté absorbido solo por el Banco del Estado, se pueda licitar. De esa manera, se persigue que las distintas instituciones financieras participen de ese proceso, lo que abre las posibilidades para determinar qué instituciones financieras ofrecen mayores y mejores garantías u oportunidades de negocios a los distintos emprendedores, a los diferentes empresarios.
Por eso, junto con establecer esta sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A.", la ley en proyecto plantea, no que desaparezca el Fogape, sino que sea parte de la capitalización de Infisa, de esta nueva entidad. Ello -reitero-, con el objeto de que se liciten esos recursos y se vea qué instituciones ofrecen las mejores oportunidades a los distintos emprendedores.
Quisiera saber, señor Presidente, si mis explicaciones satisfacen al Senador Insulza. Porque la Comisión aprobó por unanimidad todos los artículos de este proyecto, salvo el inciso segundo del número 5 del artículo 4 (si mal no recuerdo), respecto del cual propusimos agregar como entidades financieras a las cajas de compensación de asignación familiar.
El referido inciso señala que "Se consideran entidades financieras a instituciones financieras bancarias y no bancarias, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito,", etcétera. Nosotros propusimos intercalar, a continuación de la expresión "ahorro y crédito," la siguiente: "cajas de compensación de asignación familiar", las cuales no estaban contempladas originalmente.
La indicación respectiva fue aprobada por tres votos a favor y una abstención.
Señor Presidente, soy partidario de que incluyamos a las cajas de compensación de asignación familiar, pues en algún momento pudiera ser necesario, a través del mencionado Fondo de Garantía, apalancar ciertos recursos, en la medida que las cajas de compensación favorezcan con algún tipo de préstamo a determinados asociados.
Por eso, aun cuando no era indispensable señalarlo expresamente, estimé más adecuado que eso quedara establecido en la ley a que no quedara. Y esa es la única modificación que no viene aprobada por unanimidad.
Por eso, si el Senador Insulza ha quedado satisfecho con la explicación que he dado, quería sugerir que hiciéramos una sola votación, porque, salvo lo que señalé, todo lo demás viene acordado por unanimidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- Efectivamente, lo manifestado aquí por los Senadores señores Insulza y García da cuenta de lo que ha sido la discusión.
El planteamiento hecho por el Senador señor Insulza fue compartido por muchos Senadores durante la discusión en general. Ahora bien -el Senador señor García se nos adelanta un poco-, la iniciativa se encuentra en trámite de segundo informe y lo que corresponde es votarla en particular. Y, tal como señaló Su Señoría, habría que pronunciarse, en primer lugar, por las enmiendas unánimes.
En consecuencia, le pido a la señora Secretaria General que proceda a darles lectura.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Señor Presidente, no hay que leer las enmiendas unánimes, sino hacer presente que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas, que no es el caso.
Todas las enmiendas unánimes inciden en normas de quorum calificado, por lo que deben ser aprobadas con 22 votos favorables.
Asimismo, y con el mismo quorum (22 votos a favor), deben ser aprobados en particular los artículos 3 y 10 permanentes, que son normas de quorum calificado que no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe.
El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, daríamos por aprobadas las enmiendas unánimes.
El señor QUINTANA (Presidente).- Eso es lo reglamentario.
La señora PROVOSTE.- Antes, pido la palabra.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, tal como dijo la señora Secretaria, las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que se manifieste la intención de impugnar la proposición de la Comisión. Por lo mismo, he pedido la palabra.
Quiero retrotraer la discusión al momento de la votación en general en la Sala, el año 2018.
Este proyecto fue puesto en discusión en dos oportunidades acá, en la Sala, y el propio Subsecretario de Hacienda nos respondió, tras el requerimiento que varios parlamentarios hicimos respecto de que este sistema de financiamiento nada tenía que ver con un adicional que agregaron al proyecto de ley original en orden a incorporar créditos para los estudiantes.
En esa oportunidad -se puede leer en el Diario de Sesiones correspondiente-, el Subsecretario manifestó que en ningún caso esta nueva institucionalidad iba a abordar temas crediticios para estudiantes de educación superior. Desde ya solicito que se lea el Diario de dicha sesión.
Con posterioridad, ingresamos una indicación a la Comisión de Hacienda, junto con los Senadores Quintana, Latorre y otros. En ella se señalaba: "siempre que los recursos no se destinen al otorgamiento de financiamiento de la educación superior". Pero la Comisión la rechazó argumentando en ese momento que la nueva institucionalidad no tenía nada que ver con créditos para estudiantes. Sin embargo, en el proyecto vemos que se vuelve a decir que Infisa, dentro de sus funciones, va a "Otorgar préstamos a entidades financieras, cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones de crédito". Además, se establece que es otorgar y financiar los créditos para los estudiantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos ante el Ministerio de Educación.
Por lo tanto, primero, acá no se cumple lo que se dijo en la Sala. Segundo, se vuelve a insistir en un tema en circunstancias de que se afirmó que esta nueva institucionalidad financiera no tendría vinculación alguna con los créditos para los estudiantes.
A mi juicio, hay tres caminos: solicitar formalmente que el proyecto vaya a la Comisión de Educación; que se pueda renovar la indicación presentada en la Comisión de Hacienda, o que el Ejecutivo aclare, finalmente, cuál es su disposición y cuál será el propósito de esta nueva institucionalidad financiera respecto de los créditos a los estudiantes en nuestro país.
El señor LAGOS.- ¡Dele la palabra al Subsecretario!
El señor QUINTANA (Presidente).- Señora Senadora, desprendo de sus palabras que va a renovar la indicación. También existe la posibilidad, si la Sala así lo estima, de que el proyecto vaya a la Comisión de Educación.
El señor QUINTANA (Presidente).- No obstante, su planteamiento no impide que procedamos de acuerdo con lo que señalé al comienzo en el sentido de aprobar las enmiendas unánimes, pues aquello a lo que usted se refiere no está entre ellas.
Señora Secretaria, vamos a proceder a aprobar las enmiendas unánimes.
El señor COLOMA.- Ya están aprobadas.
El señor BIANCHI.- Así es. Ya se aprobaron.
El señor QUINTANA (Presidente).- Aprobamos las que no fueron objeto de indicaciones.
--Se dan por aprobadas las enmiendas unánimes (33 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió el quorum constitucional exigido.
El señor LETELIER.- Pedí la palabra, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Estamos a la espera de que se renueve la indicación con el planteamiento que formuló la Senadora señora Provoste.
Voy a dar la palabra a quienes la han solicitado, pero eso no significa que debamos paralizar el despacho de la iniciativa.
Las enmiendas unánimes debían aprobarse y eso fue lo que requirió la Mesa.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en este proyecto no se está legislando sobre el CAE ni sobre el financiamiento de la educación superior. Aquí estamos creando una nueva empresa del Estado. Es un paso tremendamente importante. Aquí no solo nos hacemos cargo de instrumentos preexistentes, como el Fogape y otros, sino que estamos creando un chasis para apalancar recursos destinados a diferentes tipos de inversiones.
Para eso estamos convocados.
Otro debate -muy legítimo- apunta a saber, en caso de existir un financiamiento con apoyo del Estado para la educación superior, quién va a administrar tales recursos, bajo qué condiciones financieras, con qué tipo de intereses.
Resulta evidente que esa discusión está sobre la mesa, como han dicho la Senadora Provoste y el propio Presidente de la Corporación. Ellos y muchos otros -recién lo hablaba con el Senador Latorre- no queremos que el financiamiento de la educación superior vuelva a prestarse para que se produzca una usura y una situación de empobrecimiento de aquellas familias que no tienen derecho a acceder a la gratuidad y que hoy no cuentan con los recursos para financiar la educación superior de sus hijos.
Es indudable que ese es un tema grueso: tiene que ver con el CAE, con quién va a administrar tales recursos, bajo qué tipo de principios.
Pero esa materia se va a discutir en el momento en que se vea el proyecto de ley pertinente. Ese fue el acuerdo unánime de la Comisión de Hacienda.
Si la Comisión de Educación, que está discutiendo el proyecto de ley del CAE, abre la puerta para que Infisa sea la institución que apalanque los recursos -espero que no lo haga-, se debatirá en su mérito. Es en esa iniciativa donde hay que hacer la discusión, no respecto de esta nueva empresa del Estado que cumple propósitos amplios. Es muy difícil que en la ley general que establece la institución que busca financiar créditos para instituciones financieras, que pueda apalancar situaciones -unos planteaban que cooperativas u otras entidades, que a la vez dan créditos, pudiesen ser apoyadas-, se limite el espectro de su quehacer.
Por ende, señor Presidente, ese fue el consenso unánime en nuestra Comisión. Por eso se rechazaron las indicaciones, no porque se esté diciendo -¡en ningún momento!, porque en eso no había unidad de criterio en la Comisión- que este sería el instrumento para financiar el CAE o crédito para la educación superior. No es algo que se esté poniendo sobre la mesa. Eso es algo que deberá resolver la Comisión de Educación, que está viendo el proyecto del CAE. En su momento lo discutiremos, en su mérito, aquí, en la Sala.
Muchos de nosotros que queremos que se apruebe la creación de esta institución por cierto somos muy críticos respecto de cuál será el nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, que no sea el de la gratuidad, o el CAE. Pero entendemos que ello se discutirá en su momento y en su mérito. Eso fue -no me corresponde a mí decirlo, pero lo señalo con todo respeto- lo que dijo el Subsecretario en la Comisión y aquí, en la Sala: depende de lo que decida el Congreso en su momento sobre el tema de educación superior.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en la misma línea del Senador Letelier -para que vea la transversalidad de la discusión-, quiero hacer una reflexión para la Senadora señora Provoste.
La historia de esta disposición tiene, por así decirlo, tres patas, y ninguna de ellas se relaciona con el tema de la educación.
Primero, hay una empresa pública llamada Sacor, de 1964, que hace quince años no tiene movimiento, sin perjuicio de lo cual está en el Presupuesto. La Primera Subcomisión de Presupuestos solicitó unánimemente al Gobierno anterior normalizar de alguna manera la institucionalidad de Sacor e incorporarla a una empresa que tuviera actividad, porque registra nada más que un activo.
El origen de la iniciativa, además, era terminar con el Fogain, que depende de Corfo, y con el Fogape, administrado por el Banco del Estado, generando, con estas tres vías, una empresa denominada "Infisa" que fuese la continuadora de esas instituciones.
Aquí también tiene mucho que ver el Banco Mundial, que hizo un planteamiento en cuanto a que Fogain, que maneja muchos recursos, está al alero de Corfo. No sé si el Subsecretario podrá ratificar o no, pero estamos hablando de 4 mil millones de dólares que funcionaban -lo vimos en la Primera Subcomisión de Presupuestos- bajo el amparo de Corfo. Era bien raro que este organismo tuviera bajo él una entidad de esta naturaleza.
Entonces, todas las recomendaciones -y tiene razón el Senador que me antecedió- apuntaban a que se creara una empresa del Estado continuadora de los objetivos de las entidades que la preceden, a la que se le podrán asignar otros objetivos. Esa es una discusión completamente distinta.
No es que uno vibre con el tema de esta empresa del Estado. Yo no vibro para nada, para ser franco. Pero entiendo...
El señor LAGOS.- ¡Usted tirita, Senador...!
El señor COLOMA.- No vibro. Lo constato.
El señor LAGOS.- ¡Se emociona...!
El señor COLOMA.- No me emociono. Pero veo que esta entidad es continuadora de Sacor, que existía; de Fogape, del Banco del Estado, que tenía su visión; y de Fogain, que pertenecía a Corfo.
Entonces, simplemente estamos ordenando las cosas desde un punto de vista contable, de fiscalización, del rol del Parlamento. Y, por tanto, existe una visión mucho más completa de lo que pueda ver este tipo de empresas, a través de la creación de Infisa.
Lo que eventualmente haga la nueva entidad en otros aspectos no tiene nada que ver con la ley en proyecto. Se podría haber hecho igual a través de Fogain o Fogape en su momento.
Entonces, aspiro a que la iniciativa sea aprobada. Aquí no hay un tema distinto del que está estrictamente planteado en el proyecto, que fue iniciativa del Gobierno anterior. Si ni siquiera es una inspiración de la nueva autoridad, es un mandato de implementación de lo que estaba propuesto. Cuando se plantea la necesidad de respetar la continuidad de Estado, eso es lo que está haciendo el Ejecutivo: tratando de dar la continuidad de Estado respecto de un proyecto de ley del Gobierno anterior para ordenar una estructura pública de mejor manera.
Por eso, solicito la aprobación de la iniciativa. Es lo razonable. Se discutió largamente en la Comisión respectiva. Y creo que debiera haber unanimidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ha llegado a la Mesa la indicación renovada de la Senadora señora Provoste. Se le dará lectura en su oportunidad, pues varios señores Senadores han pedido intervenir.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, había pedido la palabra con antelación.
Ya han intervenido varios señores Senadores que son miembros de la Comisión de Hacienda, pero quiero ratificar el espíritu del debate efectuado en la Comisión y que tuvo lugar acá, en la Sala, a propósito de la discusión en general de este proyecto.
La iniciativa persigue algo bien escaso en Chile en el último tiempo: crear una empresa del Estado, Infisa, que tomará el soporte -si ustedes quieren- que tenía Sacor.
El Senador Coloma señalaba que Sacor estaba vinculada con Corfo. Estaba tan vinculada que la sigla Sacor significa Sociedad Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción. Era de Corfo en su origen.
Este proyecto de ley, junto con crear esta nueva empresa del Estado, persigue básicamente dos cosas.
Por una parte, proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a través de una sociedad anónima estatal regida por las mismas normas financieras, contables y tributarias que las sociedades anónimas abiertas.
Y por otra parte, y de manera simultánea, establecer una solución administrativa permanente de los programas de garantía ofrecidos por Corfo, mejorando los estándares de gestión de riesgo, de regulación y supervisión y de gobierno corporativo.
Esta empresa persigue, en cierta medida, llenar un vacío, pero, al mismo tiempo, concentrar una labor de facilitación de los emprendimientos en Chile.
Hay una legítima preocupación -yo la comparto- respecto al rol que tienen las entidades privadas en el financiamiento de la educación superior, tema que se está discutiendo en paralelo -corríjanme si me equivoco- en la Comisión de Educación del Senado, en un proyecto de ley sobre financiamiento de la educación superior.
Yo entiendo que es en esa iniciativa donde uno puede pedir, exigir, hacer aprobar y tener la mayoría eventualmente para establecer las condiciones en que eso va a ocurrir. Eso es al margen de este proyecto, que es de carácter general.
Entendiendo las preocupaciones que tuvo en su oportunidad el actual Presidente de nuestra Corporación, el Senador Quintana, y la Senadora Provoste, creo que ellas estarán salvaguardadas en la medida que se legisle adecuadamente en el proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación.
En consecuencia, pido que aprobemos este proyecto, que es de aplicación general.
El señor QUINTANA (Presidente).- No podemos acceder aún a su solicitud, porque debemos resolver lo relativo a la indicación renovada.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como han mencionado mis colegas, desde el inicio de la tramitación de este proyecto, en la Comisión de Hacienda al menos, se planteó la posibilidad de que una institución como esta pudiera hacerse cargo del tema del crédito universitario con aval del Estado.
En la primera fase de la discusión quedó inmediatamente despejado que no era posible asumir eso en este proyecto de ley, ni menos por esta institución, cosa que han explicado claramente mis colegas Coloma, Lagos y Letelier.
Efectivamente, cuando se produjo el debate en la Sala, eso fue ratificado por las autoridades competentes del propio Ministerio, y todos entendimos que la discusión respecto del crédito para educación superior se debía producir en el marco del proyecto sobre financiamiento de la educación superior y no en esta iniciativa.
Los objetivos son absolutamente distintos.
Yo quería ratificar ese criterio, que por lo menos para nosotros y a la luz del debate que se hizo en la Sala quedó claramente establecido.
La Senadora Provoste y otros colegas han insistido pensando que lo que abunda no daña. Yo ayudé con mi firma para la renovación de la indicación que permitiera aclarar absolutamente lo que ya se ha discutido acá, si alguien tiene dudas. Pero no sé dónde podría incorporarse una indicación de este tipo, en qué artículo. Me dicen que en el artículo 4.
Francamente, creo que ello no es necesario. Con todo lo que se ha discutido, queda en la historia de la ley. Si los Senadores y los colegas insisten, y queda relativamente bien en el artículo 4, se podría acceder. Pero entiendo que el debate que ha surgido respecto de los créditos para la educación superior, de quién los va a administrar, de qué institución puede asumirlos, se va a dar en otro proyecto de ley.
La institución que se establece en esta iniciativa, como se ha dicho, busca otros fines, completamente distintos. Aquí se está generando una empresa que pueda ser mucho más eficiente y oportuna en la promoción, el financiamiento y el fomento a la innovación, al emprendimiento, a la pequeña y a la mediana empresa. Es decir, cumple objetivos completamente distintos y alejados de las inquietudes que puedan surgir de la discusión respecto del famoso CAE.
Es cuanto quería señalar, señor Presidente.
Voy a votar a favor del proyecto tal como está.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero partir señalando que estoy a favor del proyecto, pero eso no significa que nosotros no podamos plantear algunas dudas que nos surgen a raíz del debate que aquí hemos tenido.
Yo debo guiarme por lo que dice el articulado del proyecto para conocer cuáles son sus objetivos, sus competencias.
El artículo 1 señala la autorización para la creación por parte del Estado de la sociedad "Intermediación Financiera S.A.".
Y la autorización es amplia, sin restricciones. La autorización es para que esta sociedad anónima del Estado otorgue financiamiento y cobertura -esa es su finalidad- a entidades financieras. O sea, aquí estamos en presencia de lo que pudiéramos llamar una "banca de segundo piso".
La mencionada empresa del Estado les otorgará a las entidades financieras financiamiento -valga la redundancia- para que, a su vez, puedan refinanciar sus créditos u otorgar créditos, por ejemplo, a las pymes -en las condiciones con que los bancos operan tratándose de las pequeñas y medianas empresas-, cosa con la cual me manifiesto de acuerdo. No obstante, espero que la banca no se aproveche del dinero que recibirá del Estado para después traspasarles los costos a las pymes.
Tengo una cierta interrogante respecto de ese tema.
Y como para crear una sociedad anónima del Estado se requiere una ley de quorum calificado y estamos hablando de una norma de derecho público, debo entender que si la autorización que confiere el artículo 1 es sin restricciones, cosa que se corrobora en el artículo 5, donde se señalan cuáles son sus facultades, dicha sociedad anónima reúne todas las facultades de financiamiento y de cobertura, incluidos los créditos universitarios que puedan tener las entidades financieras.
Una manera de evitar esa situación sería que la norma señalara que la sociedad anónima posee todas las facultades de financiamiento y de cobertura "salvo los créditos universitarios". O al revés, si quisiéramos colocarlo en positivo, deberíamos establecer: "tiene facultades de financiamiento y de cobertura respecto de tales y tales y tales cosas".
En consecuencia, a mí me parece que esta institución puede hacerlo, cuenta con facultades amplias, no está restringida por este proyecto de ley, que -vuelvo a repetir- cuenta con mi apoyo. Pero digamos las cosas como son: aquí no hay restricciones para eso.
Lo segundo que me llama la atención es que se ha dicho que el Fogape sería subsumido por esta sociedad anónima. No creo que sea tan fácil señalar aquello, porque el Fogape es un fondo de garantía para pequeños empresarios, pero esto asegura que determinado porcentaje del capital de los créditos u operaciones bancarias sea financiado por dicho medio, cosa que -entiendo- esta sociedad anónima no puede hacer, porque el Fogape es, en última instancia, una suerte de subsidio. Y eso no se halla contemplado aquí.
Entonces, yo tengo esas dudas. Y aquí no podemos discutir entre nosotros. Me alegro de que haya llegado el señor Subsecretario de Hacienda, porque del debate entre el Parlamento y el Ejecutivo podemos encontrar una fórmula que nos permita legislar y que nos deje tranquilos a todos respecto a lo que estamos aprobando.
Por lo tanto, formulo esas prevenciones, que emanan de la reciente lectura del proyecto. Yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda, no es mi especialidad, pero tengo estas dudas y, por lo demás, considero legítimo plantearlas.
El señor QUINTANA (Presidente).- Considero que poco a poco se está despejando la discusión...
El señor COLOMA.- ¡No comente el debate, señor Presidente...!
El señor QUINTANA (Presidente).- La Mesa está para facilitar también...
El señor COLOMA.- ¡Pero no para comentar...!
El señor QUINTANA (Presidente).- ... el desarrollo de los proyectos. A mi entender, las cosas están más claras y no estimo que haya incompatibilidad en lo planteado por la Senadora señora Provoste.
Ya llegará el momento de dar lectura a la indicación presentada.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, considero que los miembros de la Comisión de Hacienda, que analizaron esta iniciativa en detalle, han sido sumamente claros: en este proyecto no se habla de créditos universitarios.
Obviamente -y respondo por su intermedio, señor Presidente, la inquietud del Senador Huenchumilla- que es amplio, porque uno podría preguntar: "¿Entonces, se puede hacer cargo de este, del otro y de un quinto crédito?". Claro. De lo contrario, tendríamos que incluir una lista muy larga de todas las cosas de que no puede hacerse cargo.
Pero lo que sí resulta evidente es que en el proyecto de ley que en este minuto se encuentra -hace mucho rato ya, en todo caso- en la Comisión de Educación, que considera el cambio del crédito con aval del Estado, vamos a definir qué institución operará el sistema. En esa iniciativa se especificará.
Porque, de otra manera, tendríamos que detallar en el articulado las cosas de las cuales no puede hacerse cargo esta sociedad financiera.
Como si dijéramos: "No puede hacerse cargo de los créditos tales y cuales". No sé, no se me ocurre ninguno en este minuto, pero tendríamos que incluir una lista inmensa de operaciones crediticias de las cuales no podría ocuparse.
¿Por qué justamente el crédito para educación si en el proyecto de ley que transforma el crédito con aval del Estado es donde vamos a definir -y va a pasar también por la Sala- qué institución se hace cargo de él?
Debo insistir en que este proyecto en específico no hace ninguna -¡ninguna!- mención acerca de eso. Y considero que de ahí nace toda la confusión.
Porque la Senadora Provoste -por su intermedio, señor Presidente- mencionó que la presente iniciativa aludía al crédito con aval del Estado. No es así. En ninguna parte nombra el crédito con aval del Estado; y lo ratificaba el Senador Letelier.
Por lo tanto, a mí me parecería una forma un poco extraña de legislar si señalamos: "y no se puede hacer cargo de este crédito" ¿Y qué pasa si tampoco queremos que se aboque a otra cosa, y no lo ponemos? ¿Significa que se puede hacer cargo de todo aquello que no excluimos de manera específica?
En verdad, estimo que no es una forma lógica de legislar. La forma clara de hacerlo es que en el proyecto de ley que genera el nuevo sistema de crédito con aval del Estado definamos qué institución administrará el sistema. Y si no queremos que sea una institución determinada sino que sea otra, bueno, será la que consignemos. Eso lo definirá la Sala; lo definirá la Comisión de Educación.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que estamos generando un problema donde no lo hay. La Comisión de Hacienda analizó el asunto porque fue planteado en la discusión en general. Y el Subsecretario de Hacienda lo explicó en ese momento. Aquí quedó la sensación de que él mintió. Señor Presidente, el Subsecretario no mintió, porque el proyecto que nos ocupa no tiene nada que ver con el crédito con aval del Estado.
Por lo tanto, no sé por qué deberíamos estar revisando lo que se dijo en su minuto en la Sala, porque lo mencionado por el Subsecretario es efectivo y lo han apoyado los miembros de la Comisión de Hacienda: la presente iniciativa no toca el tema del crédito con aval del Estado.
¿Qué texto legal sí contempla la institución que se hace cargo? El proyecto que transforma el crédito con aval del Estado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Muchas gracias, señor Presidente. Y, por su intermedio, saludo a los Senadores y las Senadoras presentes en la Sala.
Básicamente, estimo necesario, para los efectos prácticos del buen entender cuál ha sido la tramitación de este proyecto de ley, retrotraernos a lo que fue la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2018, el cual, por cierto, tuvo su tramitación durante los últimos meses de 2017.
En consideración exclusivamente al nivel de crecimiento que han experimentado durante los últimos ocho años estos programas de cobertura y financiamiento crediticio, en especial enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas, finalmente se propuso crear una sociedad anónima del Estado.
Pues bien, hoy día la Gerencia de Inversión y Financiamiento de
Corfo es la que finalmente tiene la administración de estos programas.
Busca darle una institucionalidad a este programa, que maneja un alto volumen de recursos, traspasándolo a una sociedad que tenga un buen gobierno corporativo. Y se espera que incida positivamente en la implementación de altos estándares de gestión adecuada en el riesgo del programa.
Es decir, a través de la constitución de una nueva sociedad anónima del Estado que vaya en la línea de generar estándares internacionales de debida gestión de riesgo, gobierno corporativo y contabilidad, se presenta una alternativa para que no sea la Gerencia de Inversión y Financiamiento de la Corfo la que tenga por objeto proveer, financiar los programas de cobertura crediticia enfocados en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y, tal como lo indicaban el Senador Letelier y el Senador Coloma -y lo corroboró la Senadora Von Baer-, el Ejecutivo ha continuado con la tramitación de la iniciativa, presentada en enero del 2018 por la Administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
Estamos en el segundo trámite constitucional. En ningún caso el artículo 4 considera facultades, desde el punto de vista de lo que significa el objeto social, para intervenir en la administración de los créditos de financiamiento solidario de estudiantes de educación superior.
Si, tal como lo indicó la Senadora Provoste, ello se planteó en la discusión del proyecto, fue exclusivamente porque dentro del mensaje del boletín N° 11.822-04 se hace una mención al respecto.
Y durante la tramitación hemos dejado muy en claro que son discusiones que están absoluta y completamente separadas. Continuando con el proyecto presentado por la Administración anterior, se trata de obtener la aprobación de esta nueva sociedad anónima del Estado. Pero en ningún caso la idea es otorgarle facultades de administración a Infisa desde el punto de vista del financiamiento solidario de los estudiantes de educación superior.
Por lo tanto, deseo reiterar que dicho elemento no está considerado dentro del artículo 4. Y, como Ejecutivo, pensamos que esta discusión debe llevarse a cabo en la Comisión de Educación y, después, en esta Sala, a efectos de considerar, a través del voto de los Senadores y Senadoras en su oportunidad, si se incorpora o no esa función.
Dicho lo anterior, me referiré al nivel de impacto que hoy tiene tanto Fogain, que está alojado en esta Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, como también Fogape o Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que está radicado en el BancoEstado.
Básicamente, nuestra intención como Ejecutivo es reunirlos en esta sociedad anónima por los mismos objetivos que fueron presentados en la Administración anterior. Es decir, tener un gobierno corporativo ad hoc. Aquello lo ha señalado el Banco Mundial en al menos tres informes. Uno de ellos (del año 2015) hace especial hincapié en la necesidad de analizar el diseño de una institucionalidad para que la Corfo promueva el desarrollo integral del sector financiero.
También existe uno del Ministerio de Economía, elaborado en los tiempos del exministro Céspedes, que señala que se debe "Revisar la institucionalidad requerida para coordinar y/o proveer financiamiento de segundo piso" -como se les llama a los programas de cobertura y refinanciamiento crediticio- "y garantías a intermediarios financieros, que identifique y trabaje en la reducción de fallas de mercado.".
Es decir, en virtud de las fallas de mercado...
El señor QUINTANA (Presidente).- Se acabó su tiempo, señor Subsecretario.
Le daré un par de minutos adicionales.
El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
Por otra parte, existe un estudio del Banco Mundial del año 2014, que indica: "Cada sistema público de garantías de crédito debe establecerse como una persona jurídica independiente sobre la base de un marco jurídico y regulatorio sólido y claramente definido para respaldar la eficaz implementación de sus operaciones y la consecución de sus objetivos de política.".
Cabe señalar que hoy día este sistema, que pretende subsanar fallas de mercado, de acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene una cobertura que llega a los 4.133 millones de dólares.
¿Quiénes son actualmente las instituciones, las sociedades, los micro, pequeños y medianos empresarios que se benefician a través de esta banca de segundo piso?
Son 168.245 empresas las que se benefician, ya sea en los programas de cobertura o de refinanciamiento. Ahora, obviamente es necesario hacer la distinción de que el 75 por ciento de estos casi 170 mil beneficiarios corresponde a microempresas; el 21 por ciento, a empresas pequeñas, y un 3,7 por ciento, a empresas medianas.
Ahora, no se trata solo de actividades de banca "de segundo piso" en un grupo atomizado de instituciones, sino que hay 91 intermediarios financieros que forman parte de este programa de cobertura crediticia.
Sin programas como los que han desarrollado, desde los años 90, Fogain en la Corfo; Fogape, en el BancoEstado; Cobex y otros, muchísimos micro, medianos y pequeños empresarios no habrían sido capaces de obtener un crédito en la banca.
Eso se debe, básicamente, a la cobertura crediticia que permite su acceso y su financiamiento.
El señor QUINTANA (Presidente).- Habiendo escuchado el planteamiento que ha hecho el señor Subsecretario, quiero preguntarles a los autores de la indicación si mantienen su interés en que sea votada.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, deseo valorar la intervención del señor Subsecretario. Él ha reiterado que esta nueva institucionalidad no se relaciona con los créditos, los beneficios y las ayudas estudiantiles.
Este punto es bien importante. Porque el presente debate enfrenta a aquellos que consideran a la educación como parte de la industria, como un bien de mercado, por lo que puede ser tratada como otros créditos para actividades productivas; y a quienes creemos que la educación es un derecho y que, en consecuencia, le corresponde un rol distinto al Estado en cuanto a organizar las ayudas estudiantiles.
Si bien es cierto que el proyecto inició su trámite en el Gobierno anterior, es en esta Administración en la que se hace referencia a la tramitación de créditos estudiantiles.
Son miles las familias que actualmente viven, de manera muy compleja, con la gran mochila que significa la deuda educativa. De ahí que considere importante aclarar que esta nueva institucionalidad no tiene que ver con tratar a la educación como un bien de mercado más.
Por eso, creo que es conveniente mantener la indicación al artículo 4, como estaba planteada, no obstante valorar la intervención que ha hecho el señor Subsecretario.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- La indicación renovada agrega en el artículo 4, número 4, la siguiente frase: "siempre que los recursos no se destinen al otorgamiento de financiamiento de la educación superior".
Se encuentra en la página 6 del boletín comparado.
También deseo hacer presente que esta es una norma de quorum calificado. En consecuencia, se requieren 22 votos para aprobarla.
El señor QUINTANA (Presidente).- En votación la indicación renovada.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quedó claro en la discusión anterior que la indicación, honestamente, no está bien diseñada.
Además, adolece de un problema adicional, que cada uno debe colocar en el balance.
La norma es general. Nosotros entendemos que cualquier actividad que quiera ser financiada por esta vía tiene que pasar por el Parlamento. Esa es la lógica.
Sin embargo, si se aprueba la indicación renovada de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, va a quedar claro que cualquier otra actividad no relacionada con la educación podrá ser financiada.
¡Es el argumento al revés!
O sea, en vez de darle un gran marco normativo a la entidad que se crea, se le establece uno pequeñísimo. Se dice: "Mire, en el fondo usted no puede financiar esto. Por tanto, podrá financiar todo el resto".
Honestamente, pienso que esa no es la fórmula correcta para validar el rol legislativo del Parlamento. En definitiva, implica entregar un cheque en blanco al Gobierno para hacer cualquier cosa desde esa perspectiva.
Entiendo lo que dijo el Senador Huenchumilla -lo oí con detención-, pero creo que su argumento incurre en un error conceptual entre lo genérico y lo específico.
Si queremos una norma amplia, la hacemos. Pero si la restringimos, cometemos un error exactamente a la inversa: crear una empresa que puede servir para cualquier cosa. Y ese no ha sido el objetivo de ninguno de los que estamos acá.
De buena fe han actuado quienes renuevan la indicación y dicen: "Esto no, porque no corresponde". Pero, entonces, ¿cuántas cosas se pueden hacer?
A partir de ello, cualquiera podría argumentar: "Mire, esto no está exceptuado. Lo lamento".
Por tanto, no pensemos solamente en el ahora, sino en el futuro.
Ese no es el objetivo para el cual fue creada esta empresa. Su propósito tiene que ver con otro tipo de cosas.
Yo rescato y defiendo las atribuciones del Parlamento.
Por eso, no me parece razonable entregar toda esa discrecionalidad a una empresa pública con un giro tan amplísimo, tanto que puede hacer cualquier cosa, menos lo que la ley le estaría prohibiendo.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, deseo que queden claros los términos del debate.
Es evidente que esta sociedad anónima no podría financiar los créditos a estudiantes universitarios, porque se trata de una banca de segundo piso que otorga préstamos a entidades financieras, las que, a su vez, podrían refinanciar operaciones de crédito -si así lo quieren- a personas particulares o a pequeñas y medianas empresas.
Entonces, si bien dicha sociedad no financiará créditos universitarios, podrá prestar recursos a instituciones financieras para que estas ofrezcan créditos a estudiantes.
Creo que el artículo 1 es realmente amplio.
Y el artículo 4 -denante dije 5-, tal como ha dicho el señor Subsecretario, establece claramente cuáles serán las facultades de la sociedad anónima que se crea.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, he escuchado con atención al Subsecretario, quien habla de 170 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Tengo en mis manos el primer y el segundo informe de la Comisión de Hacienda, y ahí no aparece opinión alguna de las asociaciones representantes de ese sector, para el que esta entidad administradora va a trabajar.
Por lo tanto, este proyecto fue hecho entre el Gobierno y los asesores de los parlamentarios.
Cabe preguntar con legítima convicción si esto va a servir para el objetivo que el Subsecretario nos plantea.
¿Cuál fue el diálogo que se sostuvo con los supuestos beneficiarios, con quienes van a recibir de bancos privados créditos financiados por el Estado? Audiencias públicas para saber si esta es la línea correcta y si estamos en sintonía con los beneficiarios y con la ciudadanía ¡no hubo!
Entiendo que este proyecto fue tramitado en la Comisión de Hacienda sin oír más opiniones que las del Ejecutivo y las de los Senadores y sus asesores.
Me parece que este mecanismo de construcción legislativa es equivocado.
A mí me interesa conocer el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios de Chile, para tener la absoluta certeza de que el diseño de la entidad que se crea les va a servir.
Cuando la Corfo fue banca de segundo piso otorgó miles de créditos, muchos de los cuales fueron vendidos después a BancoEstado al 13 por ciento.
¡Más de siete mil créditos fueron despachados y miles y miles de millones de pesos se perdieron!
Si esta sociedad anónima va a financiar a las pequeñas y medianas empresas, entonces preguntémosles si el mecanismo propuesto les va a servir.
Me hubiera gustado discutir un tema más de fondo. Lo planteamos hace muchos años cuando cerraron las minas del carbón.
¿Por qué el Estado no tiene capacidad empresarial para invertir en aquellas áreas donde los privados no quieren o no pueden hacerlo?
¿Por qué el Estado no se asocia con el sector privado para desarrollar bienes y llevar progreso a las regiones?
¿Por qué no? ¡Porque la Constitución del 80 prohíbe al Estado hacer inversiones productivas!
En Alemania, en España y en muchos otros países de Europa, el Estado puede invertir en desarrollo productivo y ser socio de los privados para generar riqueza.
Las Regiones -lo afirmo- están abandonadas, y no hay posibilidad de que surjan sin un actuar del Estado más eficiente, más decidido, como socio de los privados, para que asuma el riesgo de sacar adelante actividades que solo él puede emprender.
Ese es un problema político-ideológico y va a terminar cuando tengamos una Constitución al servicio de la ciudadanía y no una que la pisotea al amarrar de manos al Estado.
El modelo neoliberal, que muchos aquí sustentan -especialmente, la Derecha-, impide que el Estado pueda realizar actividades empresariales, como si fuera minusválido, como si no fuera capaz, en alianza con los privados, de generar riqueza.
Ese es un tremendo error que nos obliga a discutir sobre cómo financiamos a los privados. ¡Esto es plata para los bancos! ¿Cuánta plata? ¡No lo sé!
¡Esto es plata para los bancos, para la intermediación financiera!
¿Qué pasó con el CAE? Esa es la legítima duda de la Senadora Yasna Provoste.
Cuando les pasamos el negocio a los bancos durante el Gobierno del Presidente Lagos -en su oportunidad todos votamos a favor porque significaba una salida al financiamiento de muchos estudiantes que no tenían cómo solventar su educación universitaria-, estos cobraron el 6 por ciento -¡el 6 por ciento!-, lo cual endeudó a miles y miles de profesionales y sus familias.
¡Al final, ese fue un negocio millonario para los bancos!
Mi pregunta es cuál es el resguardo que estamos tomando en este proyecto de ley para que las platas del Estado no vayan a los bancos y evitemos que estos hagan un tremendo negocio financiero; en definitiva, para que los que ganen no sean las entidades bancarias, sino las pequeñas, medianas y microempresas.
¿Cuál es la lección que sacamos?
Como en los informes no aparece la opinión de los eventuales beneficiarios, no tengo cómo señalar mis prevenciones.
Este proyecto ha sido discutido solo en el estrecho margen del Ejecutivo y de la Comisión de Hacienda del Senado.
Señor Presidente, debemos manifestar las prevenciones.
Yo no estoy disponible para repetir lo que significó el CAE, que fue un mecanismo de urgencia.
Pienso que debe incluirse la prohibición expresa que contiene la indicación, pues la educación es un derecho y no un negocio.
El que los bancos sean parte del mecanismo de crédito para la educación superior tiene que quedar prohibido de marea explícita. De lo contrario, me van a decir: "Navarro, aprobaste la entidad financiera que administra este fondo, y ahora te niegas a que actúe".
No estoy disponible para esa opción, señor Presidente.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, primero, quiero hacer un poco de historia.
En la discusión del Presupuesto para el año 2018 -o sea, en octubre de 2017- se estableció que la empresa SACOR debía hacerse cargo de este sistema de garantías o "banca de segundo piso", como aquí bien se ha llamado.
En ese momento se firmó un protocolo de acuerdo, porque se consideró que la Ley de Presupuestos no era el instrumento adecuado para hacer ese tipo de transformaciones, que se requería una institucionalidad nueva y una legislación que permitiera crear esta sociedad y, por tanto, administrar estos recursos de garantía, destinados a los emprendedores, a las pymes.
Y así se acordó.
Estoy hablando de octubre y noviembre de 2017.
Por eso el proyecto ingresa al Congreso -ya se ha dicho- en enero de 2018. Desde entonces lo estamos tramitando, y ahora nos encontramos en la etapa de la votación particular.
En razón de la indicación renovada que se encuentra en votación, quiero agregar lo siguiente.
El nuevo crédito para financiar la educación superior se definirá en el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno del Presidente Piñera. Y una de las cosas que contempla -y ha sido, quizás, la más aplaudida- es que saca a la banca del financiamiento de la educación universitaria, algo que han estado demandando los movimientos estudiantiles desde hace muchos años.
Entonces, malamente la presente iniciativa el día de mañana podrá servir de banca de segundo piso en ese ámbito cuando quien tendrá que entregar y administrar los nuevos créditos de educación superior deberá ser una institución pública, un servicio público o una empresa pública creada por ley para tal efecto.
Ante la consulta que hace legítimamente el Senador Huenchumilla respecto de si cabe la posibilidad de que con estos recursos a futuro se apalanquen créditos universitarios, la respuesta es: ¡No! Ello, porque esos créditos deberán ser entregados no por la banca, sino por una institución pública, un servicio público o una empresa pública que creemos especialmente para ese fin.
Me parece importante hacer esa aclaración, señor Presidente.
Por lo mismo, considero que la indicación renovada no se sustenta y no es pertinente.
No existe posibilidad alguna de que esos recursos finalmente terminen apalancando a una entidad financiera para otorgar créditos universitarios.
El proyecto de ley que establece el nuevo crédito de educación superior busca precisamente sacar de este ámbito a la banca y a las instituciones financieras.
El señor NAVARRO.- ¿Cómo va a entregar los fondos, entonces?
El señor GARCÍA.- ¡A través de una entidad pública!
El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, voy a respaldar la creación de esta empresa del Estado, que tiene una lógica.
Yo soy contrario a que se financie el acceso a la educación superior a través del sistema financiero normal.
A mi juicio, ese experimento, esa experiencia, tuvo relación con un momento en la historia de nuestro país, antes de que existiera gratuidad, antes de que existieran los mecanismos con los que hoy cuenta la educación superior.
El proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Educación en esa materia tendrá que definir cómo se apoya a ese segmento.
Habrá que preguntarse si el Estado debe ayudar a financiar la educación superior a quienes no tienen acceso a la gratuidad, y si lo hace, en qué condiciones. Creo que debe hacerlo, pero no estoy disponible para que ello esté amarrado al mercado financiero.
Entiendo la inquietud que planteó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra respecto a la posibilidad de negociar o usar platas de esta empresa para esquilmar a los estudiantes. Eso se verá cuando discutamos la otra iniciativa. Quiero insistir en eso.
Lo que se está aprobando al crear esta nueva institucionalidad no es el financiamiento a la educación superior; no es la posibilidad de refinanciar créditos a otras entidades para educación superior, como algunos han insinuado.
Por ende, voy a mantener la posición que sostuvimos en la Comisión de Hacienda: el contenido de la indicación no es necesario.
En lo personal, lamento que se haya provocado este debate.
No sé si el culpable fue el Gobierno por la ambigüedad de una frase planteada aquí, en la Sala, que pudo haber dado la idea de que quizá sí se iba a financiar el CAE con este mecanismo. Eso ha generado las inquietudes.
Sin embargo, conforme al debate que hemos efectuado y a la información que poseemos sobre lo que se está discutiendo en la Comisión de Educación, es responsabilidad de los miembros de dicho órgano técnico asegurar que la vía de financiamiento para el acceso a la educación superior de quienes no tienen derecho a gratuidad excluye a la banca privada. ¡Es responsabilidad de ellos!
Y es bueno precisarlo, señor Presidente, para que este debate lo organicemos en ese contexto.
Respecto de la indicación renovada, considero que está absolutamente demás y no la voy a apoyar.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, creo que es importante que despejemos este punto. Pido que terminemos de votar la indicación renovada.
Prefiero intervenir en la discusión siguiente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, luego de escuchar a los Senadores que me antecedieron y a propósito de esta indicación, la verdad es que hay que precisar el artículo 4, número 4. Quizá se pueda salvar incluso la aprensión de la Senadora Provoste.
Si uno lee dicho numeral, constata que es una norma absolutamente general y que no está redactada con suficiente precisión. Señala: "Otorgar préstamos a entidades financieras, cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones de crédito.".
Tales operaciones de una entidad financiera o de una caja de compensación son múltiples. Es una cosa completamente abierta y puede que no tenga ninguna relación con los préstamos otorgados o garantizados por la empresa Intermediación Financiera S.A.
Por lo tanto, yo sugeriría que a este número 4, después de la palabra "crédito", le agregáramos una coma y la siguiente oración: "referido a los fondos garantizados por esta sociedad". Así se entendería clarísimamente que la facultad de otorgar préstamos a entidades financieras solo puede destinarse a refinanciar créditos de estas solo si se refieren a las garantías asociadas por la empresa Intermediación Financiera S.A.
De ese modo se aclara completamente el objetivo del numeral 4 del artículo 4, quedando salvadas las aprensiones de la Senadora Provoste y las inquietudes manifestadas por los Senadores Coloma y Letelier a este respecto.
Reitero: sería muy bueno precisar el referido número 4, agregándole la frase que leí. Así me parece que queda mucho más claro el propósito y el texto de la norma y el giro de los dineros de esta sociedad.
Recordemos que, al final del día, el gran aporte de Intermediación Financiera S.A. es mejorar la gobernanza de los fondos de garantía de la Corfo. Recordemos que esto se hace por recomendación del Banco Mundial. Hoy es simplemente una oficina de la Corfo. Si lo llevamos a sociedad anónima, deberá cumplir con todos los requisitos: poseer directores externos, publicar sus balances, en fin. En tal caso, la gobernanza mejora mucho más.
Por lo tanto, considero que precisar el artículo 4, numeral 4, le va a hacer bien al objetivo de esta sociedad anónima.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ya intervine en esta materia. Pero, como estamos votando la indicación renovada, quiero reiterar mi punto de vista para evitar que se malinterprete.
Comparto el tema de fondo: la preocupación de los Senadores que han presentado la indicación, sus aprensiones de que el sector privado, la banca, pueda participar en el financiamiento de la educación superior.
Yo comparto eso; también tengo esa preocupación. En consecuencia, espero que en el proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Educación ese tema sea zanjado de manera adecuada, que impongamos nuestra mayoría y tengamos una solución razonable.
Dicho eso, quiero resaltar que este proyecto de ley no es sobre la educación superior; es un proyecto general, para crear una empresa estatal. Rara vez me ha tocado participar -creo que es la primera desde que soy Senador- en la creación y aprobación de una empresa estatal. Parece que hubo una antes.
¡No, no fue la del Transantiago...!
Entonces, quiero decir, bien seriamente, que este es un proyecto de ley de carácter general y que, en consecuencia, la indicación en votación, que está bien inspirada y cuyo fondo comparto, no procede acá, en esta iniciativa. Lo menciono porque, si no, después se va a afirmar que hubo Senadores que la rechazaron y prefirieron que la banca financiara la educación superior. Por eso, quiero decirlo con toda claridad: ¡no quiero que la banca financie la educación superior! Pero creo que este proyecto de ley no es el instrumento adecuado para regular esa materia, sino uno que ya está presentado y que está tramitándose -entiendo que desde hace más de un año- en la Comisión de Educación del Senado. Y es ahí, entonces, donde tenemos que resolver la situación y es lo que vamos a apoyar.
El señor QUINTANA (Presidente).- Como no hay más inscritos, le pido a la Secretaria General que consulte.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?
--Se rechaza la indicación N° 2, renovada (21 votos por la negativa, 13 por la afirmativa y 2 abstenciones) .
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Kast, Lagos, Letelier, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Navarro, Quintana y Quinteros.
Se abstuvieron la señora Órdenes y el señor Pizarro.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Correspondería ver ahora la propuesta de la Comisión.
El señor GALILEA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, ¿desea intervenir antes de votar la última parte del proyecto?
El señor GALILEA.- Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra.
El señor GALILEA.- Me gustaría saber si es posible precisar el artículo 4, N° 4, en los términos que propuse hace un momento. No sé si se requeriría que esta propuesta fuera presentada como indicación renovada, ni tampoco si el Ejecutivo estaría de acuerdo.
El señor COLOMA.- ¡Dejémoslo tal como está, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).- Se requeriría unanimidad para aprobar lo que plantea el Senador señor Galilea.
¿Habría unanimidad para ello?
Entonces, tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Enseguida, la Sala debe pronunciarse sobre la proposición de la Comisión de Hacienda, acordada por mayoría de votos (3 a favor y una abstención), para intercalar, en el inciso segundo del artículo 4, a continuación de la expresión "ahorro y crédito", la siguiente: "cajas de compensación de asignación familiar,". La idea es agregar a estas cajas como entidades financieras.
El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es de público conocimiento que en el pasado las cajas de compensación, cuya finalidad es brindar servicios a todos sus afiliados, otorgaron créditos a personas de avanzada edad con altas tasas de interés, y que, a pesar de que hubo varios intentos por regular esta situación, ella persistió. Estoy hablando de préstamos de 80 mil pesos a cinco o seis años plazo. Es decir, los afiliados, a los cuales las cajas debían concederles beneficios, terminaban pagando cinco o seis veces la cantidad entregada en un crédito.
En su oportunidad, concurrimos a la Superintendencia y pedimos información por oficio a través de la Ley de Transparencia. ¡Dieciséis millones 600 mil pesos era el sueldo de los gerentes de las cajas de compensación, señor Presidente! O sea, ¿cuál es la regulación que las cajas de compensación tienen para el cumplimiento de sus objetivos?
Creo que ahí hay un espacio en el cual sería temerario permitirles acceder a este tipo de financiamiento, cuando no está regulado cómo entregan sus créditos. Por tanto, aun cuando se les impuso un número de años -no el porcentaje de los créditos-, hay escasa regulación sobre la materia.
Entiendo que la enumeración que figura en la norma considera a los organismos que podrán ser considerados entidades financieras para los efectos de su incorporación a los beneficios de Infisa, es decir, para que también puedan recibir recursos del Estado.
Lo que me queda claro, si esto es así, es que el dinero otorgado por el Estado va a ser traspasado a los afiliados. Pero las cajas ya operan como un banco y tienen escasa regulación, escasa fiscalización, y además muestran una historia que debiera hacernos dudar respecto a si son el mecanismo más adecuado para estos efectos.
Está claro que para muchos de sus afiliados el único mecanismo formal del sistema son las cajas de compensación, pero estas deben estar reguladas, deben tener normas que establezcan que no pueden generar utilidades, y que, si las obtienen, deben repartirlas, como efectivamente lo hacen en algunas ocasiones. Sin embargo, como digo, su mecanismo de otorgamiento de créditos requiere mayor fiscalización.
¿Hay indicaciones al respecto, señor Presidente, o estamos discutiendo el artículo con todos sus numerales? ¡Con todos sus numerales!
Ello resulta complejo, porque, en definitiva, se incorpora a las cajas de compensación de asignación familiar. ¿Por qué figuran en negritas? Se lo pregunto a los miembros de la Comisión de Hacienda.
Me indican que corresponde a una indicación, aprobada por 3 votos a favor y una abstención. No sé si alguno de sus autores podría explicarla, pues entiendo que dichas entidades no figuraban en el mensaje original. Y, efectivamente, se han incorporado a través de una indicación aprobada 3x1: 3 votos a favor y una abstención. Esto debiera aparecer en el informe.
Señor Presidente, manifiesto mis observaciones, mis dudas, sobre el funcionamiento de las cajas de compensación y sobre la necesidad de una mayor regulación para ellas. Si van a acceder a platas del Estado para prestárselas a sus afiliados, ahí no puede haber lucro; ahí lo que debe haber es un mero traspaso. El cobro de intereses tiene que estar total y absolutamente regulado, porque ya ni siquiera sería plata de las cajas, sino plata del Estado. Y si bien constituyen un mecanismo eficaz para llegar a quienes no tienen otra opción, se han cometido abusos terribles con muchas personas producto de la desregulación.
Señor Presidente, si están en la Sala los autores de la indicación, que permite el ingreso de las cajas como entidades financieras, sería muy bueno escucharlos.
No sé si estamos en condiciones de pedir votación separada de esta parte de la normativa. Si fuera así, la pediría desde ya. Y vuelvo a solicitar que algún miembro de la Comisión pudiera ilustrarnos en este tema.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, se va a votar separadamente solo la propuesta de incluir a las cajas de compensación de asignación familiar.
El señor NAVARRO.- ¡Perfecto!
Entonces, me gustaría escuchar a los autores de la indicación para ver cuáles son los argumentos a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Hay varios inscritos, todos los cuales van a contribuir con sus planteamientos.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, con respecto a la regulación de los créditos sociales que otorgan las cajas de compensación, cabe destacar que hace un par de años modificamos la tasa máxima convencional, de modo que dentro de nuestra legislación existen tasas especiales considerando el monto de los créditos. Específicamente, en cuanto a los préstamos dirigidos a trabajadores afiliados a las cajas de compensación y a numerosos adultos mayores también incorporados a ellas, se aplica una tasa máxima convencional especial sobre la cual se legisló no hace mucho tiempo. Se rebajaron las tasas máximas convencionales, ¡todas!, incluyendo la que rige para los créditos sociales que otorgan las cajas de compensación.
Por lo tanto, esa materia está regulada. Uno podría decir que no es suficiente, que las tasas aún siguen siendo demasiado altas, pero hay una regulación contenida en la ley.
En cuanto a la afirmación de que las cajas de compensación no tienen ninguna fiscalización, quiero recordar que ellas se encuentran fiscalizadas y supervisadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Algunos hemos recurrido a dicha Superintendencia para que verifique las condiciones de los créditos, principalmente de aquellos otorgados a adultos mayores, y por lo menos yo siempre he recibido respuestas oportunas y satisfactorias. Son muy celosos de que los cobros, especialmente a pensionados, pero también a los demás socios y trabajadores activos, sean los que corresponden y estén dentro del marco de la normativa legal.
Por esa razón, señor Presidente, y porque son instituciones que claramente otorgan crédito (eso nadie lo puede negar; por lo tanto, son instituciones financieras), es que yo mismo presenté la indicación N° 4 para incorporar a las cajas de compensación de asignación familiar, de tal manera que el día de mañana Infisa les pueda otorgar o refinanciar créditos como banca de segundo piso y así contar con tasas de interés inferiores y no tener que recurrir a la banca comercial, sino a esta empresa del Estado, que probablemente, como digo, les puede ofrecer mejores condiciones financieras. Me pareció mejor agregarlas a la ley que dejarlas excluidas.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Quién se opone?
El señor BIANCHI.- Bueno, ábrala, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, en votación la proposición de la Comisión para incorporar, en el inciso segundo del artículo 4, la expresión "cajas de compensación de asignación familiar".
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, yo me estaba oponiendo a que se abriera la votación, pero usted no me escuchó. Accedí por una razón muy simple: quiero que usted, la Secretaría o alguien nos explique si se está votando todo o se está votando de manera separada la incorporación de las cajas de compensación.
Entiendo que se está votando separadamente esto último, o sea, la incorporación de las cajas de compensación. Siendo así, voy a explicar por qué rechazo esta modificación.
Al igual que un colega que me antecedió en el uso de la palabra, yo he conocido -y estoy seguro de que muchas otras Senadoras y Senadores también- los abusivos cobros que las cajas de compensación, que no persiguen fines de lucro, hacen fundamentalmente a los adultos mayores. Es un abuso, una moledora en contra de personas que tienen un solo ingreso: sus pensiones. Se les entregan créditos; luego, entre cajas se los trasladan o se los compran, cobrándoles cantidades de dinero, de intereses, que superan cualquier situación. ¡Es un abuso!
Por lo tanto, señor Presidente, no tenemos una regulación, no hay una buena fiscalización. Esto lo hemos pedido reiteradamente: de qué manera podemos despejar dudas respecto al financiamiento de estas instituciones.
De manera muy especial quiero reclamar, a nombre de los adultos mayores, por los abusivos cobros e intereses que estas cajas de compensación les hacen a ellas y a ellos. Hay casos extraordinariamente graves, casos donde hemos conocido abusos que nos han hecho tener que reclamar públicamente por cobros totalmente indebidos.
Por eso, si solo estamos votando la modificación que incorpora a las cajas de compensación -y pido despejar esta duda-, obviamente que votaré en contra.
Estas instituciones accederán a mucho dinero. Por lo tanto, es deseable saber si, en el fondo, estamos votando solo su incorporación, porque, de ser así, voy a rechazar la proposición en base a la fundamentación que he hecho ver con respecto a los abusivos cobros que las cajas de compensación, que no persiguen fines de lucro, realizan fundamentalmente a las personas más desprotegidas, a los trabajadores desprotegidos y a los adultos mayores desprotegidos.
El señor QUINTANA (Presidente).- Están muy claros sus argumentos, señor Senador.
Le aclaro que solo estamos votando la incorporación de las cajas de compensación como entidades financieras. Fue una modificación aprobada por mayoría en la Comisión, y es la razón por la cual se está votando.
Ha pedido la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Seré muy breve, señor Presidente.
A propósito del punto que se ha tocado, quiero destacar que nosotros, como Ejecutivo, no estamos innovando. De hecho, actualmente las cajas de compensación están consideradas como intermediarios financieros para todo lo que se refiere a los programas de cobertura y refinanciamiento. Tan es así que el año 2010, a través de un acuerdo del Consejo Directivo de la Corfo, se estableció justamente que podrían participar, tanto del Fogain, que es un fondo de garantía, como de otros instrumentos que van en la línea de refinanciamiento, las "Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), Fundaciones, Corporaciones y Organismos No Gubernamentales, Sociedades Anónimas, Sociedades por Acciones que consideren en su administración la existencia de un Directorio, y otras Cooperativas distintas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito siempre que habitualmente otorguen créditos productivos de libre disponibilidad y Empresas de factoring o leasing que no tengan el carácter de bancarias".
Por lo tanto, señor Presidente, lo que ahora se hace es, básicamente, un reconocimiento de cómo ha venido operando la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo con relación a las cajas. Obviamente, no tenemos información específica de por qué el Ejecutivo anterior no lo consideró dentro del artículo 4: si ello obedeció a un error o a alguna razón de fondo.
Hoy día, las cajas de compensación participan como intermediarios financieros y la disposición del Ejecutivo es que, mientras más instituciones financieras existan, será mejor y más beneficioso para las micro, pequeñas y medianas empresas que ocupan este instrumento, clave para el acceso al crédito.
Aclaro que le di la palabra al señor Subsecretario estando en votación porque, efectivamente, era necesario que él hiciera algunas precisiones, sobre todo después de las últimas intervenciones que se efectuaron.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- No voy a intervenir, señor Presidente, por cuanto considero que el tema ha quedado suficientemente aclarado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, la única opción que han tenido algunas personas para acceder a crédito, sobre todo los jubilados, han sido las cajas de compensación.
Ahora, cuando los créditos se otorgan a jubilados, los cobros se descuentan por planilla. Por lo tanto, el pago es automático y el riesgo, absolutamente menor.
De ahí que valoro la indicación presentada por el Senador García, a quien le realicé una consulta que ahora le quiero reiterar al señor Subsecretario: ¿qué pasa con los seguros de desgravamen? Porque una cosa es el descuento por planilla, y otra, si ello está incorporado en los seguros de desgravamen, que representan, obviamente, una situación distinta.
Sí es claro que, si no existiesen las cajas de compensación, un gran número de personas tendría que recurrir, en muchos casos, al crédito informal.
El Senador Bianchi ha mencionado algo que, efectivamente, varias personas nos han hecho ver: que los intereses son muy altos.
Las cajas de compensación no persiguen fines de lucro y realizan mucha gestión social: apoyo para vacaciones, apoyo en distintas materias relacionadas con la familia, pero, en general, considero importante dejar absolutamente claro que podrán acceder a estos recursos.
Lo importante es que, en algunos casos, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, en que no existe ningún riesgo mayor para la cobranza, los intereses sean prácticamente cero, ya que el pago está absolutamente garantizado.
Le dejo planteada la consulta al señor Subsecretario, pero, en todo caso, creo que esta es una manera de ayudar a que no exista informalidad y también a las personas que no poseen acceso a la banca.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero hacer una precisión, porque la modificación se enmarca dentro del inciso que define qué se entiende por entidades financieras, el cual termina con la frase "y demás originadores de créditos".O sea, la norma que establece qué ha de considerarse entidad financiera es amplia, es general y es total. Puede tratarse de una entidad con fines de lucro o sin fines de lucro.
Por lo tanto, las cajas de compensación estarían incluidas en la definición del inciso aunque no se le hiciera la modificación en votación, más aún cuando sabemos que en el reglamento del Fogain ellas también están contempladas.
Por lo tanto, si bien estamos votando la modificación que las incorpora, de rechazarse esta, pudiera darse la paradoja de que siguieran formando parte de las entidades financieras, porque así lo establece exactamente el inciso.
Entonces, sería una votación redundante.
Evidentemente, uno tendrá que definir si vota a favor o en contra.
Solo estoy señalando claramente que, a mi juicio, incluso sin esta modificación, las cajas de compensación igualmente están contenidas en la definición de entidades financieras; en este caso, sin fines de lucro.
El señor QUINTANA (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entiendo que con esta modificación -y me corregirá el Ejecutivo- estamos habilitando a las cajas para entrar al mercado financiero, porque hasta ahora no lo pueden hacer.
Por eso pido la aclaración del Gobierno.
Hasta hoy pueden incursionar en el crédito social como instituciones de la seguridad social. Tienen una normativa específica para ese tipo de figura.
Respecto a lo que he escuchado de mis colegas, el ámbito de los abusos tiene que ver con el no cumplimiento de tal normativa. Hay entidades que efectivamente no cumplen con los estándares ni las regulaciones que se les imponen.
Obviamente, las sanciones, las regulaciones, tienen que imponerse y exigirse. Pero eso no significa que no abramos el espacio a incorporar a las cajas de compensación en esta discusión y a poner competencia en este mercado. Creo que esto hace falta, y de ahí la importancia de agregarlas.
Señor Presidente, repito que me gustaría que el Ejecutivo pudiera responder a esa inquietud.
Yo no estuve en el debate en la Comisión, y es relevante despejar esa duda.
Entiendo lo que plantea el Senador Huenchumilla en cuanto a que, aunque no se diga, aquello se puede sobreentender. Pero es importante que se mencione específicamente a las cajas de compensación -de ahí la explicación del Senador García acerca de estas instituciones en particular-, porque, si no, igual quedarán fuera.
--Se rechaza la proposición de la Comisión de Hacienda recaída en el inciso segundo del artículo 4 (19 votos a favor, 11 en contra y una abstención), por no reunirse el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Latorre, Navarro, Quintana y Quinteros.
Se abstuvo la señora Goic.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Huenchumilla.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Corresponde votar el artículo 4 del proyecto.
Es lo último sobre lo cual nos debemos pronunciar, y también es de quorum especial.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿es el artículo 4 permanente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Así es, Su Señoría.
--Se aprueba el artículo 4 (28 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Goic, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Senadora señora Aravena.
Boletín N° 12192-25
El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales, con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, con informe de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.192-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Seguridad Pública: sesión 87ª, en 9 de enero de 2019.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- El principal objetivo del proyecto es actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad y adecuarla tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como "Convenio de Budapest", del cual Chile es parte, cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, todo ello para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.
La Comisión de Seguridad Pública discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Insulza y Kast.
Cabe tener presente que los artículos 8°, inciso tercero; 11 y 13, así como los artículos 218 bis, 219 sustitutivo y el nuevo inciso sexto del artículo 222 (contenidos en los numerales 1), 2) y 3), letra b), del artículo 16, respectivamente) tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 41 a 48 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Presidente).- En la discusión general de la iniciativa, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, estoy dando este informe en calidad de Presidente dimisionario de la Comisión.
Como es sabido, la política nacional sobre ciberseguridad considera un conjunto de iniciativas legales relevantes, que configuran el marco sobre seguridad y definen la gobernanza en esta área. Actualmente, está en discusión en el Congreso Nacional la protección de datos personales, del mercado financiero, etcétera.
Tratándose de un asunto dinámico que discurre al compás del avance tecnológico, es necesario tener una política de Estado acorde con los convenios internacionales. Aquello permite el intercambio de información y mejores prácticas para investigar los ilícitos que se puedan cometer, los cuales día a día van naciendo, porque la creatividad también puede ser muy perjudicial.
Ahora bien, este proyecto, en términos sintéticos, tiene por objeto actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y de ciberseguridad (según las normas del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, llamado "Convenio de Budapest", del cual Chile es parte), como también respecto de la evolución de las tecnologías de la información, para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos delitos.
En ese marco, señor Presidente, el proyecto propone derogar la ley N° 19.223, sobre las figuras penales relativas a la informática, para establecer una normativa especial que se refiera a las nuevas formas delictivas, a partir de recientes desarrollos de esta área del conocimiento científico.
Contempla enmiendas tales como la reformulación de los tipos penales y su adecuación al Convenio de Budapest, en el ámbito del sabotaje y espionaje informático relacionados con el acceso ilícito a un sistema informático y con el ataque a la integridad del sistema y de los datos; de la interceptación o interferencia indebida y maliciosa de transmisiones no públicas entre sistemas informáticos y la captación ilícita de datos transportados; de la falsificación informática, y del fraude informático.
Además, se incluyen circunstancias modificatorias especiales de responsabilidad penal, y se incorporan reglas especiales para esta clase de procedimientos, junto con reformas al Código Procesal Penal.
Ahora bien, en la Comisión se hicieron ver con claridad las dificultades cada vez mayores que tiene la persecución de este tipo de delitos y la necesidad de estar permanentemente en procesos de transformación en este ámbito.
Asimismo, se dio cuenta de la relación que existe entre algunos de los ilícitos y el crimen organizado internacional, que, por los montos involucrados, generan actividades de lavado de dinero, de simulación de su origen, los cuales trascienden las fronteras nacionales.
Por lo tanto, los miembros de la Comisión consideramos la necesidad de actualizar la normativa y revisar algunos de los aspectos de la propuesta del Ejecutivo -presentada hace pocos meses- por sus implicancias jurídicas, las cuales tienen que ver con la encriptación, con el obstaculizar la acción de la justicia y con lo relativo a las obligaciones -bastante discutidas- de las empresas de telefonía y de telecomunicaciones en orden a mantener, durante cierto lapso y sin condiciones, datos relativos al tráfico de internet de sus clientes, lo cual ciertamente puede generar un problema sustantivo para la protección de la vida privada.
Nosotros esperamos que se introduzcan enmiendas a esta iniciativa en la discusión en particular, para alinearla con las exigencias contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales. Pero para ello es necesario aprobar la idea de legislar, la cual fue acogida por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Está inscrito el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, según el World Economic Forum, entre el 2008 y el 2018 (en los últimos diez años) los ciberataques se han multiplicado por 125.
De acuerdo a la OCDE, según un estudio del 2017, el año 2015 hubo 60 millones de incidentes reportados en materia de ciberseguridad.
En términos de recursos, dicha organización proyecta para el 2019 que el costo por el cibercrimen será de cerca de 2,1 trillones de dólares; y para el 2018 se estimó que las ventas de tecnologías de ciberseguridad llegarían a alrededor de 93 billones de dólares.
El problema que tenemos es que mientras el resto del mundo invirtió 105 mil millones de dólares, América Latina invirtió solo 4 mil millones de dólares.
Lo anterior nos deja en un grado de vulnerabilidad tecnológica muy muy complejo.
Pensemos en el caso chileno.
En abril del 2018 hubo un ataque al Ministerio de Transportes consistente en el robo de todos los datos de personas que buscaban pagar multas de tránsito, las cuales fueron contactadas por correo electrónico. Luego, en el mes de mayo, el Banco de Chile fue objeto de un robo cercano a los 10 millones de dólares. Posteriormente, en julio, 18 entidades financieras sufrieron el robo de millones de datos de tarjetas de crédito. Y, finalmente, casi al terminar el año 2018, el Grupo Consorcio sufrió un ciberataque que le costó cerca de 2 millones de dólares.
La inversión de entidades financieras en Chile en materia de ciberseguridad llega al 0,007 por ciento del PIB, mientras que la de sus homólogas internacionales es de 0,12 por ciento del PIB. Es decir, estamos bastante más abajo en este rubro que el promedio mundial.
Los efectos de los ciberataques son: daño reputacional; afectación de continuidad de servicios; riesgo operacional; pérdida de valoración de mercado, etcétera.
Una verdadera política pública en esta materia, con una estrategia nacional; con una ley de ciberseguridad -todavía en discusión en el Gobierno-; con una ley de infraestructura crítica; con una institucionalidad responsable; con una ley de protección de datos personales y, particularmente, con este proyecto de ley de delitos informáticos.
¿Por qué es tan importante una iniciativa de ley de delitos informáticos?
Porque permite actualizar la normativa vigente. Pensemos que la de nuestro país es del año 1993, ¡antes de que existiera Facebook, Twitter, las redes sociales y de que internet fuera de uso masivo!
De aquella época es la legislación que nos rige.
Los tipos penales están completamente desactualizados y la verdad es que no ayudan en ningún sentido a controlar los ataques del cibercrimen y tampoco a hacerse cargo de las nuevas realidades delictuales.
Es muy importante considerar que este proyecto de ley contempla diecisiete artículos permanentes y tres transitorios, los cuales proponen derogar la ley N° 19.223; reformular los tipos penales y su adecuación al Convenio de Budapest; establecer las circunstancias modificatorias especiales de responsabilidad, sea para atenuarla o para agravarla; incorporar reglas especiales para esta clase de procedimientos, junto con modificaciones al Código Procesal Penal, que permitan a los fiscales una eficaz investigación de este tipo de delitos.
Finalmente, se incluyen definiciones sobre "datos informáticos" y "sistema informático".
Quiero señalar, señor Presidente, que en un reciente encuentro que tuvimos en el marco del Diplomado de Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile un conjunto de académicos reflexionamos sobre esta materia, y surgieron varias dudas y recomendaciones para perfeccionar este proyecto, que obviamente abordaremos por la vía de las indicaciones durante su discusión en particular.
Por ejemplo, falta la definición de "bien jurídico protegido", porque la iniciativa usa una técnica fenomenológica, es decir, parte de casos y no de definiciones específicas; y del llamado "daño serio", contemplado en el mismo cuerpo legal propuesto.
Asimismo, falta incorporar criterios objetivos para la calificación de la seriedad del daño y agregar un catálogo de bienes jurídicos.
La Corte Suprema hizo observaciones también sobre el particular.
Recuerdo que el profesor Alejandro Hevia señaló que había que tener cuidado con la utilización de los conceptos, porque el legislador no es experto en materia de informática. Por tanto, el solo hecho de incorporar el concepto de sistemas computacionales podía generar la penalización de todos los académicos e investigadores que afectaran procesos informáticos para diseñar los mecanismos de defensa.
En consecuencia, es importante avanzar en este proyecto y hacerle correcciones en su discusión en particular.
Señor Presidente, yo celebro que el proyecto se encuentre en discusión. Espero que tengamos una pronta tramitación en la Comisión de Seguridad Pública, y que se dé un plazo adecuado para presentar indicaciones a fin de corregir aquellos aspectos relevantes.
No obstante, esto significa un tremendo avance, que va a ser complementario. Porque el proyecto de delitos informáticos que nos ocupa va de la mano con el de datos personales, el cual prontamente se pondrá en discusión en particular en la Comisión de Constitución del Senado, ya que lo que buscan los ciberdelincuentes es sustraer recursos económicos, pero también robar datos. El dato hoy día es un elemento muy transado en el mundo de la deep web y la dark web.
De ahí que toda medida de ciberseguridad que se perfeccione va a significar una mayor protección de los datos personales.
Por eso, señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable en esta etapa del proyecto y en la discusión en particular presentaremos indicaciones para poder perfeccionarlo.
Además, aprovecho de pedir, si es posible, que se abra la votación.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, sea de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora (boletín N° 12.443-08).
El proyecto de ley recién individualizado, entre cuyos autores se encuentran usted y quien habla, aparte de varias Senadoras y Senadores más, ha vuelto a cobrar importancia.
Hoy día la propia Ministra ha dado cuenta del interés en revertir la situación que se presenta. La gran mayoría de los Senadores, entre otros el señor García-Huidobro, la señora Provoste, el señor Guillier, etcétera, pertenecientes a la Comisión de Minería y Energía, votaron dicha iniciativa en general y en particular, manifestando su interés en que el Senado se pronunciara sobre esta materia.
Por lo tanto, ¿será posible colocar tal proyecto en primer lugar de la tabla del próximo martes?
Se trataría de su discusión en general y particular, si así le pareciera a la Sala.
El señor HARBOE.- Sí, por supuesto.
El señor NAVARRO.- No estoy de acuerdo, señor Presidente.
En la Sala se dio cuenta ayer de una iniciativa de ley que considero mucho más completa, más integral, más trabajada y reposada que la que se ha señalado. Por tanto, me gustaría que fuera vista por la Comisión de Minería y Energía.
Dicho proyecto contiene aspectos fundamentales, en cuanto a calidad, a voluntariedad y, particularmente, a privacidad, porque han de saber Sus Señorías que mediante estos medidores inteligentes es posible averiguar si hay personas en la casa, si alguien prendió la luz de un dormitorio. ¡Todo! Esa información, además, puede ser extraída por un hacker, tal como lo han señalado todos los informes internacionales, fundamentalmente de Holanda y Alemania.
Por lo tanto, yo estaría disponible para lo que se plantea. Sin embargo, quisiera que las materias que señalo se incorporaran también. Y una medida que podemos adoptar cuando hay varios proyectos similares sería refundirlos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, lo relativo a la tabla lo acordaremos en la reunión de Comités del próximo martes. En todo caso, pondremos el mayor esfuerzo para que podamos discutir una materia que afecta a muchas comunidades. Sin embargo, le recuerdo que hay varias iniciativas que se hallan en estado de ser consideradas por el Senado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continua la discusión general del proyecto que nos ocupa.
El señor HARBOE.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, le agradezco la posibilidad de intervenir respecto de esta iniciativa, la cual vamos a votar favorablemente.
En línea con lo expuesto por los Senadores Insulza y Harboe, debo decir que este proyecto implica una doble actualización.
La primera tiene que ver con la legislación vigente sobre delitos informáticos, que -según se señaló- data de 1993.
Como usted comprenderá, la cantidad de avances tecnológicos producidos en todos estos años son de enormes dimensiones como para que sigamos funcionando con una normativa que tiene un par de décadas de antigüedad.
La segunda nos permite empezar a dar cumplimiento al Convenio sobre Ciberdelincuencia, básicamente al denominado "Tratado de Budapest", que, entre paréntesis, es del año 2001.
Entonces, señor Presidente, estamos actualizando nuestra legislación en la materia en una doble perspectiva.
Ahora, ¿qué hace la ley en proyecto? Fundamentalmente, tres cosas.
En primer lugar, tipifica los delitos informáticos, particularmente los de perturbación informática, acceso ilícito, interceptación ilícita, daño informático, falsificación informática, fraude informático y abuso de dispositivos.
En verdad, en algunos casos se trata de delitos nuevos, y en otros, de actualizaciones de delitos que ya figuraban en nuestra legislación.
Sin embargo, como estamos votando en general el proyecto, cabe hacer notar que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, va a ser necesario perfeccionar significativamente los tipos penales de estos delitos durante la discusión particular.
En segundo lugar, crea un mecanismo de cooperación eficaz, el cual -valga la redundancia- puede resultar particularmente eficaz para perseguir tales delitos.
Y, en tercer lugar, plantea una modificación a la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, para que ellas también respondan cuando incurran en acciones que configuren los tipos penales consignados en la nueva legislación.
Señor Presidente, la ley en proyecto constituye un gran avance, pero será necesario introducirle perfeccionamientos durante la discusión en particular.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, el proyecto que estamos votando busca poner a tono nuestra legislación en materia de delitos informáticos, la cual -según se ha dicho- data de 1993, y, en la práctica, no ha sufrido ninguna modificación sustancial que permita perseguir los ilícitos que se cometen a través de medios electrónicos. Básicamente, por interpretaciones jurisprudenciales se han ido adecuando algunos tipos penales.
En esa línea, esta iniciativa busca actualizar la legislación chilena y cumplir con las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como "Convenio de Budapest".
Hoy nuestro país exhibe una alta tasa de conectividad a Internet (específicamente, la Región que represento, la de Antofagasta, tiene la más alta de Chile), y vemos cómo día a día muchos ciudadanos se nos acercan porque han sido víctimas de algún delito informático: fraude, robo de sus datos electrónicos, entre otros.
En esa línea, quiero destacar algunos aspectos del proyecto.
En primer término, se crean nuevos delitos informáticos, nuevas figuras penales.
Aquí quiero hacer un primer comentario, pues se optó por una fórmula de definición de conceptos que, a mi juicio, puede ser un poco compleja si buscamos mantener una legislación penal que permita perseguir los ilícitos que se cometen.
Esto, obviamente, lo señalaremos durante la discusión particular, y presentaremos algunas indicaciones para precisar los tipos penales que se están construyendo mediante la ley en proyecto.
En seguida, con respecto a la materia penal que se está regulando, tengo dos observaciones que me gustaría dejar planteadas desde ya.
La primera dice relación con la creación de la figura de "cooperación eficaz". Se establece una norma que le permite al Ministerio Público bajar la pena en un grado cuando exista cooperación eficaz. En tal sentido, se define qué se entiende por cooperación eficaz, quiénes pueden acceder a dicho beneficio, en fin.
Ello me provoca una serie de dudas, pues cuando uno hace una primera lectura de la norma pertinente tiende a entender que se trata de una atenuante en materia penal. Pero analizando más en detalle su texto parece más bien un mecanismo de negociación de penas del Ministerio Público con quien ha cometido el delito.
Entonces, esa es una materia que debemos resolver, porque al menos nuestro sistema procesal penal no está construido sobre la base del mecanismo de negociación de penas.
La segunda tiene que ver con la redacción de las agravantes que se proponen en el proyecto. A mi entender, varias de ellas están bastante mal construidas, con definiciones poco claras y que no se condicen con los tipos penales que se sancionan. Por ejemplo, se plantea como agravante la encriptación de datos con el objeto de impedir la acción de la justicia.
Todos sabemos que en nuestro país impedir la acción de la justicia no está sancionado penalmente. Lo que existe es la figura de la "obstrucción a la investigación", que se introdujo con ocasión de la reforma procesal penal.
Esos son los comentarios generales que deseo dejar consignados en materia penal.
Ahora bien, hay una cuestión adicional que me preocupa y que debe discutirse con tranquilidad tanto en la Comisión como en la Sala del Senado, que tiene que ver con las normas que modifican los artículos 219 y 222 del Código Procesal Penal en lo tocante a la interceptación de comunicaciones.
Efectivamente, el proyecto avanza en una definición bastante más amplia sobre qué se entiende por "interceptación de comunicaciones": no solo se refiere a las interceptaciones telefónicas o a las electrónicas, sino que establece una serie de conceptos que me parecen adecuados.
Sin embargo, creo que hay un error en la regulación que se propone al respecto, pues se confunden dos conceptos que no guardan relación. Por ejemplo, se regulan de la misma manera los llamados "datos de contenido" (se refieren a los mensajes que se envían, en fin), y se los compara con los metadatos, que es la información que uno puede obtener sobre la hora, el lugar en que se encontraba la persona que mandó el mensaje.
Tengo la impresión de que aquí debe establecerse una definición bastante fina y detallada sobre qué se entiende por cada uno de esos conceptos y cuál es la atribución que se está pidiendo.
Porque hay que recordar que hoy día el Código Procesal Penal distingue dos situaciones.
En primer lugar, en el caso del artículo 219, impone a las empresas de telecomunicaciones la obligación de entregar la información que tengan en su poder. Por ejemplo, el tráfico telefónico de una persona.
En segundo lugar, el artículo 222 del referido Código regula un aspecto distinto: la autorización de la interceptación de las comunicaciones.
Como viene el proyecto, no queda muy clara esa diferencia, que es bastante importante. Porque una cosa es la información que posee la empresa, y otra, la información que pueda obtener el Ministerio Público respecto de las interceptaciones.
Creo que esa materia debe definirse con claridad en la Comisión cuando discuta en particular esta iniciativa.
Por último, existe otro asunto que también ha de corregirse, que tiene que ver con la conservación de la información.
La ley en proyecto plantea que las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de conservar a lo menos por dos años la información que posean, sean metadatos o datos de contenidos.
Obviamente, aquello puede significar una afectación de las garantías constitucionales, especialmente las relacionadas con la privacidad. Por eso, estimo que debe haber una definición más clara sobre el particular.
Yo soy de los que creen que acá, más que establecer un plazo mínimo, debiéramos fijar un plazo máximo en que debe guardarse la información pertinente, cautelando, además, aquello que pueda afectar la intimidad de las personas.
Por todo lo expuesto, voto a favor de este proyecto, pues, sin duda, me parece un avance importante en una materia cuya regulación es absolutamente necesaria para la economía digital de nuestro país.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa tiene por objeto colocar al día nuestra legislación con relación al avance que ha experimentado la normativa en materia de delitos informáticos fundamentalmente en Europa. Y la vamos a votar favorablemente, pues nos parece que su idea matriz se halla vinculada con la modernización de nuestras leyes en lo que respecta a las nuevas tecnologías, las que en el resto del mundo se encuentran muy reguladas mediante el Convenio de Budapest, que entró en vigencia en 2004 y fue ratificado por Chile en 2017.
Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de que la vieja, obsoleta legislación de 1993 que regula esta materia pueda alcanzar hoy día un estándar internacional, de acuerdo con las normas del Convenio de Budapest.
Según la Policía de Investigaciones, en Chile los delitos informáticos aumentaron en 74 por ciento en 2017. Entonces, este proyecto viene a establecer normas que permitan enfrentar de manera mucho más moderna ese tipo de ilícitos.
Ciertamente, en la discusión particular tendremos que entrar a analizar lo relativo a las nuevas definiciones, a los nuevos delitos, a las adecuaciones, a las regulaciones procesales, es decir, a todo lo que han expresado acá los distintos Senadores.
Por consiguiente, la idea central que contiene esta iniciativa, esto es, la actualización de la legislación chilena en materia de delitos informáticos, merece ser votada afirmativamente. Reitero que en la discusión particular veremos el detalle de lo que se ha planteado en la Sala.
El señor PUGH.- Señor Presidente, es un muy buen anuncio saber que estamos a la altura del desafío de la sociedad digital segura.
Chile, al igual que el resto de los países que se están globalizando, se encuentra expuesto a riesgos que cruzan sus fronteras. Por eso es tan importante entender qué significa el ciberespacio, que es donde acontecen la mayoría de estos delitos.
El ciberespacio, en la práctica, no es la nube: son los cables de fibra óptica que van bajo el mar. El 99,9 por ciento del tiempo están ocurriendo ahí las transacciones. Finalmente, la evidencia del delito queda registrada en discos duros en los lugares donde se ha producido una sustracción, un cambio, o, incluso, en la memoria RAM de los computadores, la cual se pierde cuando ellos se apagan.
Hago presente esto, pues se trata de una materia netamente técnica.
Con el Senador Elizalde tuvimos la oportunidad de asistir, en representación del Congreso Nacional, al Parlamento Europeo para conocer el estado de avance con respecto a las nuevas tecnologías. Europa en este sentido se coloca a la vanguardia en cuanto a tratar de establecer un estándar internacional en la materia.
Chile, con su origen europeo, ha adherido perfectamente a todo, no solo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como "Convenio de Budapest", sino también al reglamento europeo de protección de datos.
Esos son los elementos esenciales de la nueva normativa sobre ciberseguridad. Por ello es tan importante entender su significado.
Proteger los datos personales es algo que está garantizado en la Constitución: ese fue uno de los grandes cambios que impulsó el Senado el año pasado. Pero ahora nos corresponde avanzar en la materia a fin de perseguir el delito donde ocurra.
Con este instrumento hoy día se obtienen esas dos cosas: convenios necesarios para que las policías puedan coordinarse y, lo que es más relevante, recursos que provee la Unión Europea para capacitar a nuestros fiscales, al Ministerio Público, a nuestras policías, que deben contar con los elementos y conocimientos necesarios al objeto de enfrentar esta nueva realidad.
La sociedad digital es compleja; está fuertemente vinculada con redes, con información. Y los datos se deben proteger.
Los criminales están actuando en ese escenario. Estos pueden ser adolescentes que parten incursionando en el campo de la tecnología y terminan haciendo mal uso de ella -la tecnología no es buena ni mala; eso va a depender de cómo sea utilizada-, así como actores estatales.
Ahí surge la necesidad de comprender que este fenómeno no lo debe analizar solo una Comisión, aquella que se ha designado para discutir los problemas de quienes transitan por la frontera digital, que no es la frontera física a la que estábamos acostumbrados (aquí mismo puede haber actores, a través de las redes wifi): desde los actores estatales hasta el ciberdelincuente.
El significado de aquello es un asunto que debe resolverse en Comisiones unidas de Seguridad Pública y de Defensa, entendiendo que el delito puede considerarse incluso una agresión al Estado de Chile.
Aquí hablamos de los ciberataques.
Es muy difícil, entonces, saber quién se halla detrás de un acto ilícito que se está cometiendo a través de sistemas informáticos, de redes. ¿Es un cibercriminal? ¿Es un hacker? ¿Es de nuestro país? ¿Viene del extranjero? ¿Es un actor estatal?
Esa es la complejidad que precisamente se pretende solucionar.
El Gobierno del Presidente Piñera va a avanzar en una nueva institucionalidad en materia de ciberseguridad, en una ley marco. Y para que la normativa que se plantee funcione se necesita como base el Convenio sobre ciberdelincuencia. Entiendo que posteriormente discutiremos en particular cada uno de sus artículos.
Se trata de un tema complejo, muy serio y oportuno, que le va a permitir a nuestro país ponerse en marcha digitalmente, pero no solo con la transformación digital, sino también con la ciberseguridad.
Esa sociedad digital segura es la que tenemos que construir.
Por eso necesitamos buenos instrumentos legislativos, buenas leyes, capaces de estar a la altura de lo que necesitamos; y también precisamos que ellos sean dinámicos, pues este proceso cambia, muta constantemente.
Nuestra institucionalidad viene del papel, y podemos proteger aquella información y las transacciones que se realizan con él. Pero hoy las transacciones electrónicas, la información que reciben las bases de datos, los procesos mundiales y globalizados nos obligan a estar a la altura.
El Convenio de Budapest, señor Presidente, nos permite estar dentro de los 56 países que van a la vanguardia en el mundo en la materia, porque somos signatarios. Por eso tenemos que hacer lo propio, e incorporarlo en nuestra legislación. Y lo más importante: que sea el estándar de trabajo de todos. Porque en ciberseguridad nadie falta; todos deben contribuir.
Si ocurre un delito, las policías tienen que estar preparadas para que los fiscales puedan dirigir las investigaciones, y el Poder Judicial ha de actuar donde sea, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero.
Por todo lo expuesto, creo que se trata de una importante iniciativa, y la voto a favor.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ciertamente, la actualización legislativa respecto de la protección de datos y, en particular, de los sistemas de comunicación es bienvenida. El Convenio de Budapest hace un aporte fundamental.
Pero de la lectura del informe de la Comisión especialista se aprecia un conjunto de elementos que van a tener que ser revisados; en especial, lo relacionado con la penalización de aquellos que busquen fragilidad en los sistemas y encripten programas o los escudriñen tratando de establecer vulneraciones que permitan perfeccionar la defensa.
El Coordinador Académico del Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile hizo presente que el Pentágono les paga a hackers para que ataquen sus sistemas de seguridad y encuentren vulnerabilidades con el objeto de mejorarlos. Es precisamente la debilidad de los sistemas de seguridad informática la que permite que se desarrollen estos mecanismos.
Por lo tanto, la legislación tiene que distinguir muy bien entre las acciones que permiten buscar debilidades en los sistemas y aquellas que pretenden violarlos o violentarlos.
Asimismo, el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile formuló un conjunto de observaciones sobre el particular.
Entonces, señor Presidente, habrá que cuidar muy bien que la normativa propuesta cumpla con el objetivo deseado.
En tal sentido, la pregunta es cómo estamos por casa. Porque se trata de un instrumento que sanciona, que establece penalidades. Y nuestra obligación no es solo cumplir con lo que estipula el referido Convenio, sino también actuar en consecuencia. De manera que sería bueno saber cuánto están invirtiendo en ciberseguridad el Congreso Nacional, el Estado de Chile, las Fuerzas Armadas.
Gracias al Senador Pugh tuve la posibilidad de estar un año en la Comisión de Defensa. Ahí escuchamos en más de una oportunidad a expertos que nos señalaron que la guerra moderna no necesita despegar ningún misil; que la guerra moderna significa inhabilitar la posibilidad del disparo de misiles, o contrariar o reventar las redes de telecomunicaciones e informáticas de los centros de operación de la defensa.
Creo, pues, que el Senado tendrá que conocer qué están utilizando en materia de protección las Fuerzas Armadas y los organismos del Estado.
Si vamos a establecer que son delitos la violación de los sistemas de seguridad y los ataques cibernéticos, no solo debemos sancionarlos, sino también prevenirlos.
Por eso espero que en el debate presupuestario de 2019 para el año 2020 podamos encontrar un espacio a fin de debatir con el Gobierno cuáles son las medidas de seguridad que se deben adoptar con respecto a la protección de datos de los diversos órganos estatales. Porque la banca privada, a propósito de que aquí ha sido citada, ha invertido en ese aspecto.
El Banco de Chile sufrió un ataque de este tipo, que reconoció en 100 millones, pero todo indica que fue mucho más.
La banca privada tendrá que resolver sus problemas.
Mi pregunta es qué hace el Estado de Chile para proteger sus bases de datos y en materia de ciberseguridad.
Voy a votar a favor del proyecto, teniendo presente que, en forma reiterada, cada vez que se discute un proyecto de Ley de Presupuestos hemos indicado -a pesar de la molestia de los Ministros de Hacienda de turno, que han sido varios- que debemos salir de los sistemas tradicionales, que hay que optar por el software libre, que no es gratuito, que es de código cerrado. Los software de código abierto, señor Presidente, son extremadamente vulnerables.
Asimismo, hemos realizado una campaña para que el Estado pueda generar su propio sistema de creación de programas, porque estamos capturados por Microsoft. ¡Capturados, señor Presidente! Cada vez que se compra un computador, ya sea en el Senado o en cualquiera de los otros organismos del Estado, sale más caro el programa, porque hay que pagar una patente anual por cada programa instalado en los computadores que se usan en el sistema público. Y el Estado insiste en no incorporar la creación de software libres, de código abierto, para que puedan ser modificados. Esto permitiría una mayor seguridad en todos los organismos públicos que manejan administración.
Voto a favor, señor Presidente, con la esperanza de que no discutamos solo sobre penalidad, sino también acerca de seguridad.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, en nuestro país, según la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet, realizada en diciembre de 2017 por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 87,4 por ciento de los hogares manifiesta tener acceso a internet.
En ese mismo sentido, algunos estudios también realizados por dicha Subsecretaría señalan que en el período que va entre diciembre de 2013 y septiembre de 2017 los accesos aumentaron en más de 9,3 millones.
En atención a lo anteriormente expuesto y a la luz de que el desarrollo de las economías a nivel mundial ha permitido, entre otras cosas, un mayor crecimiento en diversas actividades laborales, comerciales y de servicios, es necesario tener a la vista que tal crecimiento implica diversos riesgos.
Muchos de los riesgos observados se hallan en concordancia con bienes que jurídica y penalmente se consideran relevantes, pero a la vista de nuestro actual Derecho Penal se presentan también situaciones que no se encuentran tipificadas, es decir, que no están establecidas en el Código respectivo o en las leyes.
El Convenio de Budapest entró en vigencia en Chile el 28 de agosto de 2017. Este se refiere a la ciberdelincuencia, y más específicamente a la política criminal respecto de los ciberdelitos, y busca homologar los fundamentos y la legislación del Derecho Penal que existe para estas materias.
Lo anterior también implica el establecimiento de un sistema de cooperación internacional, lo que trae consigo mayor eficacia y rapidez. Es claro que hay naciones más desarrolladas y que han elaborado, efectivamente, mejores normativas en este ámbito. Su experiencia, sin duda, será eficaz en la medida en que la podamos adaptar a nuestro país.
El Convenio ha sido ratificado por más de 50 naciones y otras han sido invitadas a hacerse parte, dentro de las cuales se encuentra Chile.
Según antecedentes de la empresa NovaRed, durante el año 2018 Chile sufrió un aumento, que es preocupante, de 59 por ciento de ataques informáticos en relación con el año anterior. Si bien los expertos señalan que es importante prevenir estos delitos, también es relevante sancionar a quienes realizan estas acciones.
En el entendido de que hay una Comisión que está trabajando el tema de una próxima ley de ciberdelito, de ciberseguridad, es lógico que hoy día apoyemos esta iniciativa. Esperamos que pronto estemos discutiendo en detalle esa normativa. Probablemente, hace veinte años no hubiéramos pensado en el avance de este nuevo mecanismo, que prácticamente en muy poco tiempo más será el que gobierne la vida de las personas.
Por lo tanto, debemos ponernos a la vanguardia en estas materias si queremos ser un país desarrollado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de continuar dando la palabra, consulto a la Sala si le parece bien que fijemos como plazo para presentar indicaciones respecto de este proyecto el 15 de abril.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como ya se ha dicho, el Convenio de Budapest es importante. Por tanto, celebro la iniciativa que nos ocupa y lo relevante que ella resulta.
No cabe duda de que este es un proyecto muy relevante, y lo aprobaré en general.
Sin embargo, hay aspectos sensibles que me preocupan.
En particular, me preocupa la retención de comunicaciones del artículo 222 del Código Procesal Penal.
La disposición vigente en materia de retención de datos es más restrictiva y menos intrusiva que la propuesta en la iniciativa, porque establece solo un plazo de un año para la retención y solo se refiere al IP y no a los metadatos.
En cambio, según la propuesta del Ejecutivo, la retención de información podrá darse al menos por dos años -es decir, se fija un piso mínimo-, pudiendo optar la empresa por mantener los referidos datos en forma indefinida. La norma no establece, señor Presidente, una fecha límite.
Las empresas podrán guardar o retener, no solo un listado y registro actualizado de direcciones IP, sino también los números IP de las conexiones que realicemos los clientes; datos relativos al tráfico -origen, localización del punto de acceso a la red, destino, ruta, hora, fecha, duración- y los domicilios o residencias de sus clientes.
El punto crucial radica en que la metadata revela demasiado de la vida privada de las personas.
Y para establecer herramientas de persecución penal no es necesario tener todos los datos de las comunicaciones electrónicas de la totalidad de los habitantes guardados por las empresas de telecomunicaciones por al menos dos años.
Tampoco se limita o condiciona la retención a finalidad específica alguna.
De igual modo, no se contempla ninguna medida de protección preestablecida, por cuanto todavía no se ha dictado la ley de protección de datos personales. Esa es una normativa que -según he sabido- se está discutiendo en otra Comisión.
Sus retenedores no tienen deber de cuidado alguno y se hallan sometidos únicamente a las normas generales de responsabilidad extracontractual.
No se contemplan recursos judiciales ni responsabilidades civiles, penales y administrativas ante el incumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores.
La cuestión, entonces, radica en que, al no existir regulaciones marco, queda abierta la posibilidad de que los datos se utilicen de cualquier manera, sin que se distinga si la persona está o no involucrada en una investigación penal.
Por tanto, el artículo en cuestión significa una amenaza sustantiva para la protección de la vida privada
La indeterminación y amplitud de la norma constituye un riesgo fundamental que, incluso, podría adolecer de vicios de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades, señor Presidente -usted como miembro de la Comisión de Constitución lo sabe-, ha resuelto que las comunicaciones privadas, incluida la mensajería instantánea, revisten carácter confidencial.
En particular, me preocupa que estas normas puedan convertirse en un banco de datos propicio para el comercio ilícito de la información y en una posible nueva fuente para ciberacoso y para las nuevas formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.
El ciberacoso, como violencia de género, es una forma de limitación de la libertad de las personas acosadas y una manera de generar miedo y dominación en relaciones desiguales entre personas que tienen o han tenido una relación afectiva.
Incluso hemos visto que existen sitios de internet como "nido.org" donde se jactan de drogar, secuestrar, violar y extorsionar a mujeres, casi como un modo de conducta social.
Por tanto, es imprescindible que este proyecto de ley no solo incluya, sino que ponga énfasis en las víctimas de este flagelo; que se creen agravantes y medios de pruebas especiales, así como obligaciones específicas a las empresas, para la protección oportuna de niñas, adolescentes y mujeres.
Aquí existen al menos dos derechos fundamentales en juego.
El Estado no solo debe promover y proteger los datos personales, sino que también debe PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, a lo que se obligó suscribiendo la CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ.
Por tanto, debemos ocuparnos de ello en la discusión en particular. Por ejemplo, adoptando la solución a que llegaron en Alemania y que otorga facultades al Ministerio Público para que, respecto de un tipo de investigación particular y sin necesidad de autorización judicial, pueda solicitar a la empresa de telecomunicaciones que no borre un dato particular de determinado ámbito o de un grupo de personas en específico.
Señor Presidente, voto a favor en general, pero creo que en la discusión en particular deberemos abocarnos con detención a este proyecto.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, desde el 28 de agosto de 2017 es obligatorio para Chile -y está vigente- lo que dicta el Convenio de Budapest, el cual establece como exigencia poner al día el catálogo de delitos informáticos, o sea, aquellos que se cometen a través de internet y de otros sistemas similares.
Hace pocos días conmemoramos los 30 años de internet. Y, ciertamente, tal como lo señalaban los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, hoy día las coberturas hablan de un amplio acceso a dicha red.
Sin embargo, creemos que esta es la oportunidad propicia, tal como lo ha señalado la Corte Suprema, de generar un avance significativo en términos de la seguridad.
La seguridad es uno de los valores que está en el centro del Programa de Gobierno del Presidente Piñera, y por eso ha impulsado este nuevo catálogo de delitos o tipos penales que, sin lugar a dudas, van a tener una reformulación. Nos referimos, por ejemplo, a tipos como la perturbación informática, el acceso ilícito al sistema informático, la interferencia o interceptación a las trasmisiones no públicas, el daño informático, la falsificación informática, el fraude informático y el abuso de dispositivos.
La iniciativa, además, contempla una atenuante especial de cooperación eficaz para el esclarecimiento de estos hechos, y también agravantes que dicen relación con la utilización de la encriptación para obstaculizar la acción de la justicia, abusar de una posición de garante en razón de su cargo o función y la afectación de la prestación de servicios de utilidad pública en determinados delitos.
En cuanto al procedimiento, otorga legitimación activa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, por supuesto, a aquellos que van a asumir en el futuro las responsabilidades a nivel regional.
También establece el uso de técnicas especiales de investigación; una regla especial de comiso, y la preservación y custodia de la evidencia electrónica, según la instrucción del Fiscal Nacional.
Considera, además, modificaciones al Código Procesal Penal, entre ellas, la preservación provisoria de datos informáticos por parte de proveedores de acceso a internet, hasta la autorización judicial para su entrega; el procedimiento de entrega de copias de comunicaciones -previa autorización judicial- de datos o información acerca de las comunicaciones trasmitidas o recibidas por las empresas de telecomunicaciones, y se modifica la norma de intervención de las comunicaciones y conservación de los datos relativos al tráfico.
También se considera una modificación, sin lugar a dudas, sustantiva, que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tal como se ha avanzado en esta materia en temas como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el cohecho -aspiramos a que se incorpore también de manera decisiva, por ejemplo, el daño ambiental, ámbito en que esperamos hacer una modificación-, en este proyecto de ley se incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos informáticos, lo que, con seguridad, nos permitirá llegar hasta las últimas consecuencias.
La tipificación de ilícitos penales informáticos constituye siempre una situación compleja, que tenemos que revisar en la discusión en particular, tal como lo ha pedido la Corte Suprema. La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Seguridad Pública, y esperamos que se hagan correcciones y aportes durante el debate en particular.
Finalmente, quiero señalar que aquí hay una serie de temas que es necesario abordar, tal como señalaba en su exposición la Senadora Rincón.
Lo relativo a la protección de datos personales ha estado esperando largamente su tramitación en el Parlamento.
Los vertiginosos cambios que hoy día experimenta nuestra sociedad también hablan de la necesidad de ir ajustando rápidamente y poniendo a tono nuestra legislación.
El primer proyecto sobre protección de datos personales lo presentamos hace ya más de doce años en la Cámara de Diputados. De hecho, nos acompañó quien se encuentra dirigiendo la sesión, el Senador De Urresti.
Tenemos que ponernos a tono.
El derecho al olvido también lo incorporamos como una necesidad, en cuanto a establecer que determinados datos puedan ser borrados de los sistemas de búsqueda. Este aspecto también es importante, sobre todo cuando se trata de datos o informaciones falsas que claramente afectan la dignidad y la honra de las personas.
Tener un sistema que garantice la ciberseguridad también es una materia pendiente en nuestro Parlamento.
Por tanto, yo diría que estamos avanzando. Y esperamos incorporar otros tipos penales en esta iniciativa.
Aplaudo la voluntad del Gobierno del Presidente Piñera y de los parlamentarios del Oficialismo y de la Oposición en orden a incorporar normas claras respecto del ciberacoso, que, sin lugar a dudas, es uno de los temas recurrentes y complejos.
Finalmente, en relación con lo que planteó el Senador Navarro, hemos hablado durante mucho tiempo y hemos insistido en la discusión de la Ley de Presupuestos respecto del software libre. De una vez por todas tenemos que abrirnos a ese debate.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, la primera reflexión que uno tiene que hacerse en esta materia es por qué, siendo el Convenio de Budapest de 2001, lo aprobamos como país en 2017. Es una reflexión muy significativa, quizás, acerca de la falta de comprensión en la materia. Obviamente, uno debe hacer un mea culpa sobre el particular respecto de la relevancia de asumir el tema de la ciberseguridad como una prioridad real y no formal en nuestro país.
Cuando yo les preguntaba a algunos miembros de la Comisión de Seguridad, con toda razón me decían: "Aquí lo importante es dar pasos categóricos en términos de vincularse y estar en la línea de asumir estos desafíos, por difíciles que parezcan".
En verdad, resulta bien difícil de comprender para todos nosotros que hayan pasado 16 años -un período largo- sin que asumiéramos un desafío que el mundo estaba advirtiendo, por lo menos los que suscribieron el Convenio en esa instancia.
Entonces, lo primero es decir que aquí estamos extraordinariamente atrasados respecto de este tema.
Y ese puede ser uno de los fundamentos de por qué hoy día -no es una explicación única, porque ocurre en muchos países- estamos sometidos a un tema de ciberseguridad, o más bien de "ciberinseguridad", respecto del cual estamos actuando en distintos frentes. Lo veo en la Comisión de Economía, en la de Hacienda, en el Banco Central.
El Banco Central, en su último informe presentado ante el Senado, señaló a la ciberseguridad como el tema que más le inquietaba. Esto resulta bastante especial considerando que, en general, el Banco Central habla de las cuentas públicas.
Entonces, aquí hay un problema que tenemos que abordar como país: la ciberseguridad. Pero se instala cuando ya los efectos son insostenibles. Probablemente, sería distinto si hubiésemos abordado antes esta tarea. Obviamente, no es responsabilidad de unos ni de otros, es una responsabilidad de país.
Yo no puedo, eso sí, dejar de ver que aquí hay siete tipos penales distintos. Estos requieren una redacción más acorde con lo que debe ser una tipificación de este tipo de delitos, que, además, juegan con algunas instituciones que se han creado y que han sido objeto de una larga discusión en este mismo Senado.
La delación compensada es una materia que fue objeto de una tipificación muy compleja, en que hubo mucho esfuerzo de la Comisión de Constitución. Y uno puede revisar ese trabajo en materia de redacción de los tipos penales. Porque no basta con decir "el que ayudare". ¿Quién lo determina?, ¿cómo se determina?, ¿en qué instancia? Claro, hay algunas ideas, pero, obviamente, no son totales.
En un mundo que cambia por minuto, por segundo, uno empieza a usar cosas que van quedando en la historia. Por ejemplo, respecto de la interceptación ilícita, agregar que ese delito se comete en la medida que "indebida y maliciosamente intercepte o interfiera", tener copulativamente dos características jurídicas tan complejas y tan distintas como el "indebida" y "maliciosamente" obviamente complejiza mucho. Lo señalo porque basta que alguien declare haberlo hecho "maliciosamente" pero indicar que tenía una autorización formal para que eso deje de ser delito. O a la inversa: "Yo no debería haberlo hecho, lo hice, pero no fue malicioso". Sumar complejidades dificulta la aplicación práctica.
Pero yo me quedo con el paso que ha dado la Comisión de Seguridad en el sentido de ponernos al día en este tema, acomodar nuestra legislación al Convenio de Budapest. Creo que nos hace bien esta reflexión. Y la discusión en particular es una buena instancia para aprovechar estructuras jurídicas que se han conformado ahora último, como la Comisión para el Mercado Financiero, donde estos asuntos fueron muy profusamente debatidos. Creo que sería una buena experiencia poder replicarlo de alguna forma para que esto funcione.
No obstante, el proyecto que nos ocupa constituye un paso tardío, pero bueno, y eso hay que reconocerlo.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia o, como se ha denominado acá, "Convenio de Budapest", en realidad fue firmado en noviembre de 2001 -como bien señaló el Senador Juan Antonio Coloma- y ratificado por Chile recién hace dos años, en 2017. Sin embargo, ocho años antes de suscribirlo, nuestro país promulgó la ley N° 19.223, que precisamente tipifica figuras penales relativas a la informática.
La firma del Convenio de Budapest obedece a la necesidad de "prevenir los actos que pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, garantizando la tipificación como delito de dichos actos".
Sin bien es cierto que nuestro país cuenta con la ley N° 19.223 a que hice mención, su promulgación data del año 93, una época en la cual en Chile la internet era casi inexistente.
Veamos cifras de los últimos años:
-En 2014 se producían 52,2 accesos a internet por cada 100 habitantes; es decir, la mitad de la población contaba con conexión a las diferentes redes.
-Dos años después, en 2016, el nivel de la conexión llegó a 73,8 accesos por cada 100 habitantes.
Y, sin duda, en el año en curso el vertiginoso crecimiento de las conexiones a la red ha abierto la necesidad precisamente de avanzar en una legislación que le dé sentido, seguridad y resguardo al sistema, en un mundo donde aparentemente estamos cada vez más vulnerables a los ciberataques.
El Convenio de Budapest se halla en coincidencia con la Política Nacional de Ciberseguridad planteada para Chile, que señalaba cuatro aspectos significativos: primero, resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio; segundo, proteger la seguridad del país; tercero, promover la colaboración y coordinación entre instituciones, y cuarto, gestionar los riesgos del ciberespacio.
Ante la situación descrita, y especialmente por los peligros a los cuales hemos hecho mención y que se han expuesto aquí ampliamente, creemos que Chile tiene que ponerse a tono con las legislaciones, con la modernidad y además con la exigencia respecto de cómo vamos entregando resguardo y seguridad a quienes hoy día tan masivamente acceden a las redes, en un proceso que abarca a prácticamente todos los espectros sociales y a todos los rangos etarios de nuestra población.
Por tal motivo, creemos que este proyecto, que se halla en la instancia de su votación en general y que será objeto de indicaciones, de observaciones en su tramitación en particular, va absolutamente en la dirección adecuada de poner a tono a Chile en una materia tan significativa como es la seguridad en el ciberespacio, en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; y de responder también a los convenios suscritos por nuestro país en esta materia, en particular al de Budapest, que fue ratificado recién hace dos años.
Señor Presidente, no me cabe la menor duda de que esto constituye un avance y responde a una necesidad, por lo que votaremos a favor.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Aravena, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le recuerdo a la Sala que se fijó el 15 de abril como plazo para la presentación de indicaciones.
Al Concejo Comunal de Punta Arenas, solicitándole ejecutar ACCIONES DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA SOBRE EVENTUALES DELITOS COMETIDOS POR CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL PERÍODO 2017-2018, e informar sobre ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DICHA CORPORACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A ELLA POR LA CONTRALORÍA, SEAN ALTAMENTE COMPLEJAS, COMPLEJAS O MEDIANAMENTE COMPLEJAS.
Y al señor Superintendente de Pensiones, pidiéndole, EN EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA FIRMADO EN 2009, ATENCIÓN DIRECTA EN COMUNA DE PUERTO NATALES DE DUDAS Y REQUERIMIENTOS PREVISIONALES DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN SUR DE ARGENTINA.
Al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, a fin de que indique PROCEDIMIENTO PARA QUE SEÑORA MARÍA TERESA CANCINO ARANDA, DE POBLACIÓN GLORIAS NAVALES, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PUEDA OBTENER REEMBOLSO DE FONDOS PREVISIONALES DE SU CÓNYUGE FALLECIDO SIN JUBILAR.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole información sobre ESTADO DE SUMARIO POR DENUNCIA DE DOS ENFERMERAS PERFUSIONISTAS DE HOSPITAL DE TALCA EN CONTRA DE MÉDICO JEFE DE UNIDAD DE CIRUGÍA CARDÍACA, POR ACOSO LABORAL Y MALTRATO, Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, requiriéndole información sobre CONTROLES PREVENTIVOS DE IDENTIDAD REALIZADOS POR CARABINEROS EN ÚLTIMOS TRES AÑOS.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, para que remita LISTADO DE ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES INDÍGENAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO, e informe con respecto a SITUACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CHILE.
A la señora Ministra de Educación, solicitándole DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN QUE COLEGIO ALBERTO BLEST GANA (COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ) CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO; pidiéndole que remita ÍNDICE DE OBESIDAD Y SOBREPESO DE ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS; consultándole por CALORÍAS DE RACIONES ENTREGADAS POR JUNAEB, y planteándole diversas preguntas relativas a ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE HAN PERDIDO BENEFICIO DE GRATUIDAD.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole remitir COPIA DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE EMPRESA MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE CÁRCEL EL MANZANO, DE CONCEPCIÓN.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, preguntándole por NÚMERO DE DENUNCIAS POR MALAS PRÁCTICAS LABORALES EN FUNDACIÓN BALDOMERO LILLO.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole EVALUACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS DE CÁRCEL EL MANZANO, DE CONCEPCIÓN, FUNDAMENTALMENTE DE SECTORES EN QUE SE MANIPULAN ALIMENTOS.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y al señor Alcalde de Coronel, pidiéndoles REPARACIÓN DE CALLE DE PASAJE RÍO CURANILAHUE EN POBLACIÓN FRANK MARDONES.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, para que haga llegar ARGUMENTOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS PARA DECRETAR BLOQUEO DE TELÉFONOS CELULARES NO ADSCRITOS A NORMATIVA MULTIBANDA/SAE; y pidiéndole remitir COSTO Y PRODUCTOS RESULTANTES DE "ASESORÍA CREATIVA DE ALTO IMPACTO PARA CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE UN NUEVO ESTÁNDAR DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO" LICITADA POR CHILECOMPRA.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, para que envíe copia de todos los INFORMES DE IMPACTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO MINERO "LOS DOMOS", DE EMPRESA EQUUS MINING, IMPULSADO MEDIANTE SU DIVISIÓN SUDAMERICANA SOUTHERN GOLD.
Y al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, a fin de solicitarle información sobre NORMATIVAS DE REGULACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA BANCA HACIA CLIENTES Y NO CLIENTES.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En Incidentes, los Comités Partido por la Democracia e Independientes y Partido Renovación Nacional e Independientes no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, cuando el Presidente de la República asumió su cargo hace un año, una de sus primeras actividades públicas fue visitar un centro del Sename, donde definió lo que todos entendimos como una prioridad política y de gestión para su Gobierno.
"Los niños primero" afirmó con vehemencia, aludiendo de manera clara a la necesidad de reformular en forma y fondo el modo de encarar los problemas que afectan a la institución a cargo de enfrentar el delicado tema de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, sean estos víctimas de delitos o infractores de ley.
Sin duda, el asunto es complejo y su discusión no ha estado ajena a polémicas y diferencias. El caso es que, a la fecha, los problemas no han sido resueltos de acuerdo a lo que se había comprometido y a lo que la sociedad chilena esperaba.
En días recientes, hemos conocido información respecto de que en la Región de Los Lagos más de 600 menores de edad engrosan la lista de espera por atención debido a la falta de profesionales.
El problema es serio y ha sido reconocido incluso por las autoridades regionales del Sename. Lo que faltan son recursos para poder gestionar las listas de espera y, de esta manera, avanzar en la búsqueda de soluciones para los centenares de menores de edad que requieren de la atención especializada del Servicio.
En efecto, de acuerdo a información recogida por los medios de comunicación y ratificada por su propia Dirección Regional, la situación más crítica la experimenta la unidad a cargo de realizar peritajes psicológicos y sociales a niños y adolescentes, potenciales víctimas de vulneraciones graves de sus derechos. A la fecha, en esa situación se encuentran más de 400 usuarios.
El problema de la lista de espera en el Sename no es nuevo. Al contrario, forma parte de una larga nómina de dificultades y carencias manifiestas en el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, de la que todos estamos conscientes. Sabemos también que por mucho tiempo las soluciones propuestas no han apuntado al fondo del problema.
En enero pasado concluimos la tramitación del proyecto que establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores.
El propósito de tal iniciativa es reformar y modernizar la institucionalidad sobre protección de los niños, niñas y adolescentes de Chile; incorporar mejoras al sistema de atención existente, y disponer las medidas de control y transparencia necesarias para promover y mejorar el desarrollo de los menores, especialmente cuando ellos han sido vulnerados en sus derechos fundamentales.
Pues bien, es el momento de demostrar con hechos la veracidad de todas las declaraciones y los compromisos por mejorar la situación de los niños y adolescentes que por distintas razones llegan a las puertas del Sename.
Sobre esa base, y en atención al problema expuesto, señor Presidente, solicito que se oficie a la Dirección Nacional del Sename a fin de que informe sobre la forma y los tiempos en que serán resueltos los requerimientos de recursos de su Dirección Regional de Los Lagos, de modo tal de avanzar en la resolución de los casos pendientes en los diferentes programas que se encuentran en lista de espera.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, desde el año pasado, los vecinos y vecinas de El Palomar y de otros sectores de la comuna de Copiapó se han quejado por los malos olores que emanan desde las cámaras de alcantarillado de sus viviendas, lo que afecta también a las comunidades educativas emplazadas en el sector.
Durante el año pasado -e inclusive en 2017, cuando era Diputada-, solicitamos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que hiciera fiscalizaciones en el sector. Estuvimos en terreno junto a dirigentes vecinales de El Palomar.
Sin embargo, la situación descrita continuó. Por tal motivo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que valoro y al cual hago un público reconocimiento por su actuación, presentó un recurso en la respectiva Corte de Apelaciones.
En ese momento, la justicia ordenó al municipio de Copiapó que iniciara una serie de trabajos en diferentes establecimientos educacionales; particularmente, en el Liceo El Palomar, en la Escuela El Palomar y en la Escuela Las Brisas, de Copiapó.
La disposición de la Corte de Apelaciones estableció en una de sus partes que la Superintendencia de Servicios Sanitarios debía hacer mediciones y fiscalizaciones de los trabajos que estaba realizando el municipio copiapino.
Pues bien, señor Presidente, el viernes de la semana pasada, en una de esas fiscalizaciones, se identificó la emanación de gases en altísima concentración en dichos establecimientos educacionales. Y, de acuerdo a lo señalado por el ente fiscalizador, si se generan ciertas causas, estos gases pueden llegar a ser explosivos.
Dado el riesgo que significa para esa comunidad educativa, para los alumnos, las alumnas, y los trabajadores, el Superintendente de Servicios Sanitarios, representado en la región por el fiscalizador, envió de inmediato una nota a la municipalidad de Copiapó, a la Seremi de Salud, a la Seremi de Educación, a la Oficina Nacional de Emergencia y a Bomberos, dando cuenta de la presencia de estos gases, que con ciertas características podían ser explosivos, y del alto riesgo que significaban para la comunidad.
Sin embargo, a la comunidad educativa no se le informó nada de esto. Se reanudaron las clases el día lunes, el día martes. Y no fue sino a través de una orden de no innovar, presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recién el día de hoy se decidió suspenderlas.
En consecuencia, deseo oficiar a la señora Ministra de Educación para que informe al Parlamento cuáles fueron las medidas instruidas por la Seremi de Educación de Atacama una vez conocida esta situación, considerando, además, que hacer las clases normalmente significó poner en riesgo a los estudiantes frente a una información que ella conoció el día viernes, no obstante lo cual no se tomaron las medidas necesarias.
Solicitamos que la señora Ministra nos diga cuáles son las determinaciones que la Seremía de Atacama ha tomado frente a esta decisión y que nos envíe el medio de verificación que evidencie que la Seremi hizo algo, si es que lo hizo.
También solicito que se oficie al señor Ministro del Interior para que nos haga saber cuáles fueron las medidas que la Oficina Nacional de Emergencia tomó una vez conocida la información entregada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
De la misma forma, pido que se oficie al señor Subsecretario de Redes Asistenciales y al señor Subsecretario de Salud para que den a conocer cuáles son las medidas de fiscalización que la Cartera de Salud debe realizar en materias ambientales.
Solicito, asimismo, que se oficie al Ministerio de Educación, para que incorpore todo el apoyo que ha brindado al municipio de Copiapó, desde el punto de vista de los recursos económicos, a fin de superar esta situación que afecta a los establecimientos educacionales.
Finalmente, pido que la señora Ministra de Educación informe cuántas horas de clases fueron suspendidas el año 2018 en estos establecimientos educacionales (Liceo El Palomar, Escuela Las Brisas y Escuela El Palomar, de Copiapó) producto de las emanaciones descritas, y que nos dé a conocer cuáles fueron las acciones que su Cartera llevó adelante para corregir esta situación en el año escolar 2019.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, en conformidad con el Reglamento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Partido País Progresista e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, le pido sumar también el tiempo de la bancada del PPD, que me lo ha cedido de manera íntegra la Senadora Ximena Órdenes, a quien agradezco.
Señor Presidente, ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Se ha suscitado un debate nacional con motivo de los llamados "medidores inteligentes".
Las primeras preguntas que nos hicimos fueron: ¿son inteligentes para quién? ¿Para el usuario? ¿Para la empresa ENEL, que es propiedad del Estado italiano? Porque esta es una empresa internacional.
Son diversos los países que han instalado los medidores "inteligentes" y estos se han transformado en una política de Estado.
En Europa, en Asia y en América son muchas las naciones que acogen esta modernización a través del acceso a mayor tecnología, ante lo cual los usuarios deben adaptarse sin ninguna posibilidad de protesta.
Se calcula que para el año 2020, y sobre todo gracias al empuje de China, 780 millones de medidores eléctricos estarán instalados en residencias de todo el mundo.
Chile no ha estado ajeno a este fenómeno, señor Presidente.
Se ha probado de manera suficiente que hubo un error en el proceso de tramitación del proyecto que establecía la gratuidad del empalme y del medidor en casos fortuitos o de fuerza mayor (ante la ocurrencia de terremotos, inundaciones, tsunamis). En esas circunstancias, la empresa debe responsabilizarse de reponer el medidor y el empalme.
Además, el Congreso agregó que cuando se instalaba el medidor inteligente, este implicaba un costo para el usuario. Y considero que es una determinación que debemos reparar.
Cada cual ha hecho su mea culpa. En la Cámara de Diputados y en el Senado se ha abierto una discusión ciudadana que me parece legítima.
He reiterado en esta Sala que en la Comisión de Economía, junto con el Senador Tuma, cuando abordamos la modernización del Sernac, insistimos en que esta entidad debía ser capaz de fiscalizar y responder a los requerimientos de la ciudadanía frente a los abusos de las empresas eléctricas, sanitarias, de agua potable.
Desafortunadamente, esa indicación fue rechazada. Actualmente solo las Superintendencias pueden fiscalizar. Y no el Sernac, entidad que podría haber defendido los derechos de los usuarios.
En algún momento vamos a reponer esa iniciativa.
Se ha hablado de todo, menos de la experiencia internacional.
Y al consultar las fuentes internacionales, ¡oh, sorpresa!, nos enteramos de que las Universidades de Twente y de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, en Holanda; la Universidad de Bath, en el Reino Unido, y la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, han hecho diversos estudios que establecen la poca confiabilidad de las lecturas de estos medidores y la escasa seguridad que entregan al poder eventualmente ser hackeados. Lo anterior, a propósito del debate de la Ley de Ciberseguridad.
Así es. Estas universidades holandesas elaboraron el estudio Errores de medidores de energía estática causados por interferencia electromagnética, el que determinó que los llamados medidores inteligentes dan lecturas falsas del consumo ¡de hasta un 582 por ciento más alto! ¡582 por ciento de lectura falsa!
Es decir, ¡más cargo para el consumidor!
Efectivamente, los científicos establecieron que medidores que dan lecturas inexactas podrían haber sido instalados en más de 750 mil propiedades de Holanda, ya que su Gobierno -al igual que el nuestro- está impulsando su cambio. Y, además de marcar, en la mayoría de los casos, un mayor consumo respecto al que hubo efectivamente, el error se acrecienta si en las casas se utilizan aparatos modernos que ahorran energía, por un fallo en el diseño del medidor.
Señor Presidente, la Subsecretaria de Energía, en la Comisión respectiva de este Senado, señaló -y están los videos de la sesión, ante un requerimiento de quien habla- que los más de 300 mil medidores inteligentes que se han instalado en la Quinta Región y en la Región Metropolitana -una advertencia para los Senadores que las representan- no están certificados.
Y ante la pregunta: "Señora Ministra, ¿y si estos medidores no se ajustan a la norma que usted está elaborando?", se responde: "Bueno, las empresas tendrán que retirarlos".
La empresa ENEL no va a retirar los 300 mil medidores que ya ha instalado de manera arbitraria, impositiva y, en muchos casos, violando el derecho de propiedad de los usuarios que tenían un medidor mecánico.
Un plan piloto no se hace con 300 mil medidores, como indicó la Subsecretaria de Energía.
Por una situación similar, la universidad británica, luego de que su gobierno decidiera -al igual que el nuestro- implementar estos medidores inteligentes, por medio de experimentos llegó a la conclusión de que los millones de aparatos instalados en casas y departamentos británicos daban lecturas falsas, afectando el bolsillo de las familias.
Esta universidad fue más allá y creó su propio medidor, analizado y probado frente a toda eventualidad, pues las lecturas que hacen estos medidores pueden ser incorrectas.
La universidad de Estados Unidos, por su parte, pone el acento en la seguridad y, mediante diversos estudios y análisis, estableció que, dependiendo del modelo de medidor inteligente, algunos permiten recabar información personal para las empresas, ya que envían datos del consumo habitacional cada quince o veinte minutos -es decir, pueden saber exactamente qué luz está prendida, qué aparatos se hallan encendidos, si hay gente en la casa-, lo que permitiría establecer patrones y rutinas de las personas (cuándo ven televisión, cuándo usan la lavadora, etcétera).
Otros medidores son vulnerables al hackeo, lo que amenaza de manera individual su configuración o la red completa a la que se conectan.
Frente a esos antecedentes irrefutables, señor Presidente, debemos corregir lo obrado. Por ello, se han presentado ocho proyectos de ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Ayer se agregó una nueva iniciativa (boletín Nº 12.459-08), de mi autoría. Considero que es completísima, por lo que he pedido que se refunda con los otros proyectos en esta materia para dar curso a su tratamiento en el Senado.
En primer lugar, mi propuesta legislativa ordena que el cambio de medidor y de empalme debe ser voluntario para sus dueños. ¡Voluntario! Y quiero advertir que cualquier persona hoy día en Chile, propietaria de su humilde y antiguo medidor mecánico, puede negarse al cambio que ofrece ENEL. ¡Puede negarse!
Por lo mismo, vamos a desarrollar una campaña en la Región del Biobío, denominada "Yo no cambio mi medidor". Pondremos un sticker en cada uno de los medidores de los vecinos que no quieran realizar ese cambio, porque, en definitiva, no están dadas las garantías para que ello sea efectivo en pos de sus intereses.
En segundo término, el cambio debe ser gratuito, pues si el consumidor lo acepta, estará entregando un medidor que es de su propiedad y aceptando el descuento de 85 a 90 mil pesos, que es lo que cuesta el costo del nuevo medidor inteligente, con cargo a su bolsillo.
¿Pero quién es el dueño de ese medidor? ¡La empresa! Es decir, se estaría pagando a la empresa por un aparato que quedaría bajo su propiedad, porque la ley así lo establece.
¡Eso resulta absolutamente absurdo y contrario a los intereses de la ciudadanía!
En tercer lugar, las empresas deben compensar o pagar a los vecinos por los medidores y empalmes inutilizados que retiren, pues son propiedad de los usuarios.
Como a las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica les interesa el cambio de medidor y de empalme y promueven sus nuevos equipos -entre comillas- inteligentes como modelo de negocio, entonces son ellas las que deben compensar a los usuarios por los equipos inutilizados que acepten cambiar. Es decir, tienen que pagarle al usuario el medidor mecánico que van a retirar.
Y, por cierto, las empresas no podrán instalar equipos que carezcan de certificación.
Yo me preguntaba: ¿ENEL es capaz de ir a Roma y cambiar los medidores de los italianos sin certificarlos? La normativa de la Comunidad Económica Europea ¿aceptaría la instalación de un medidor de electricidad sin certificación?
¡Eso es absolutamente imposible, señor Presidente!
¡Pero se hace en Chile!
Lo realiza una empresa italiana que genera energía, por ejemplo, con la central Bocamina, que contamina gravemente la bahía de Coronel, la caleta Lo Rojas y todo su entorno.
Los Senadores no tenemos facultades de fiscalización -esta es exclusiva de los Diputados-, pero sí podemos denuncia y pedir información.
Por lo tanto, como ya tenemos suficientes antecedentes, si es necesario ir a Roma a denunciar lo que hace en Chile esta empresa del Estado italiano, ¡lo vamos a hacer!, con las ONG de dicho país, con los usuarios. ¡Porque no vamos a aceptar más abusos!
Pienso que esta situación debe quedar regulada.
Algo muy importante: en el proyecto establecemos una sanción criminal de tres a cinco años en caso de utilizar estos medidores como dispositivos de vigilancia y no como instrumentos destinados al cobro de la energía eléctrica.
Algunos dirán: "Eso es ciencia ficción; es novela; es Hollywood". ¡No, señor Presidente! Los nuevos medidores sirven para recabar información privada sin consentimiento del usuario -¡sin consentimiento!-, y nadie sabe quién utilizará esa información, tal como lo vimos a propósito del proyecto mediante el cual aprobamos el Convenio de Budapest.
¡Nadie sabe quién utilizará esa información!
¿Qué hace la empresa con esa información?
¿Cómo la resguarda?
¿Cuánto tiempo la mantiene?
¿Cuál es el seguimiento que se hace a las rutinas de los usuarios: qué aparatos usan, a qué hora apagan la luz, a qué hora la prenden?
En resumen, señor Presidente, se trata de información de carácter privado que hoy día no está resguardada y cuya utilización tampoco tiene sanción. Por eso vamos a incorporarla.
La ciudadanía debe resistir el cambio de medidor -¡puede y debe hacerlo!-, porque, una vez que se haga efectivo, se activará el derecho de propiedad de la empresa y el cobro en la boleta -todavía no sabemos cuánto costará- de 80 mil o 95 mil pesos.
El Presidente Piñera ha dicho que siempre es el usuario el que paga. Yo me niego a aceptar esa lógica presidencial.
En Chile uno de los mejores negocios es el de las empresas eléctricas, señor Presidente. Lo sabemos muy bien.
Antes de que llegara el Ministro Máximo Pacheco, el megawatts costaba 130 dólares y, cuando se fue, la regulación estableció 38 dólares. O sea, era posible ahorrar en costo energético. ¡Se podía! Pero no se había hecho. ¡Y se reguló!
Si bien los descuentos subieron progresivamente en los próximos años, pasamos de 130 a 38 dólares. Es decir, ¡las empresas obtuvieron una sobreganancia extraordinaria durante décadas sin que fueran reguladas!
Voluntariedad, gratuidad, indemnización al usuario, garantía de calidad, cobros justos y no vulneración de la privacidad son los elementos esenciales con los cuales tenemos que enfrentar este cambio de medidores.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministerio de Energía a fin de que nos informe cuál es el programa de control para los denominados "planes piloto de recambio de medidores inteligentes".
¡Se han instalado 300 mil medidores, señor Presidente! ¡Eso no es un plan piloto! ¡Eso es una colocación masiva!
Asimismo, solicito que el Ministerio nos informe sobre las fiscalizaciones que se están realizando a esos medidores, pues resulta una irresponsabilidad instalar aparatos no certificados. ¿Qué pasa si el medidor no resiste, si provoca un incendio? ¿Qué certificación tiene? ¿Quién lo revisó?
Cuando se instala, por ejemplo, un medidor de gas u otro elemento similar en un lugar privado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tiene que actuar.
Dicho organismo cuenta con facultades para ello, pero no dispone del personal suficiente para hacerlo. En la Región del Biobío, en la comuna de Concepción hay solo nueve funcionarios para fiscalizar más de 750 mil conexiones eléctricas, aparte de todo el sistema vinculado al combustible.
Si no fortalecemos la capacidad de fiscalización de la SEC, estamos dejando esto en manos de la empresa privada, que -como sabemos- no se preocupa del interés y del bien de los usuarios, sino de maximizar sus utilidades. Y en este caso lo ha demostrado.
Creo que en esta materia se cometió un abuso y debería ser sancionado el cambio arbitrario de 300 mil medidores, muchos de los cuales fueron instalados sin el consentimiento de los usuarios. En efecto, se ha mal informado a la ciudadanía. Muchos amigos de Santiago me han dicho: "Me cambiaron el medidor. Nos dijeron que había que cambiarlo".
La gente muchas veces desconoce sus derechos, señor Presidente.
Además, estas empresas, a las que uno les compra electricidad, agua potable, gas, son monopólicas y abusivas.
Por esa razón, señor Presidente, reitero aquí la firme decisión -y espero contar con su apoyo- de que repongamos lo que perdimos en la Comisión de Economía: que el SERNAC sirva efectivamente para defender a los usuarios frente a los abusos de las compañías de gas, de electricidad y de agua.
Mientras ello no ocurra, continuará el abuso contra los usuarios.
Por ello, solicito al Ministerio de Energía que nos entregue un detallado informe...
El señor NAVARRO.- Ahora usaré el de mi Comité, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ya fue sumado, Su Señoría.
Sin embargo, le daré un minuto adicional.
Por último, quiero que se me haga llegar un informe, región por región, acerca de la instalación de los nuevos medidores y se nos diga, especialmente, si hubo consentimiento voluntario para ello.
También deseo saber qué pasó con los medidores que se han retirado y que eran de propiedad de la gente. Si la empresa se los llevó, entonces se ha cometido un hurto.
¡Se llevaron el medidor que pertenecía al cliente! ¡No le pagaron por eso y, además, le instalaron otro por el cual le cobran!
Eso es lo que estamos intentando modificar con nuestro proyecto de ley, que esperamos sea debatido a la brevedad para corregir un conjunto de errores no forzados que se han cometido en el Parlamento.
Reitero: cada cual ha hecho su mea culpa, pero estamos a tiempo de corregir y defender a quienes representamos.
¡No cabe otra alternativa que los Senadores y los Diputados protejan a la gente!
Los poderosos, como ENEL, se defienden solos. Tienen abogados, tienen millones. ENEL cuenta con el Estado italiano para resguardarse.
¡A la gente la tiene que defender el Congreso!

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