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Timestamp: 2018-08-19 11:33:33+00:00

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DERECHO Y JUSTICIA: FRUTOS PARA LA PAZ DE LAS NACIONES | María Antonieta Navarrete Ramos
DERECHO Y JUSTICIA: FRUTOS PARA LA PAZ DE LAS NACIONES
El fundamento y razón de todo Derecho radica en que el ser humano es persona; persona con dignidad; por tanto, es dueño de su propio ser y a la vez este dominio sobre su ser, origina la pertenencia sobre todo cuanto lo constituye como ser humano, es decir; vida, libertad, integridad física, pensamiento, relación con Dios, relación con la sociedad, relación con el arte y la cultura, y la lista pudiera ser casi interminable.
El título del presente artículo traza un camino que considero pudiera ser entre otros, el idóneo para llegar a la anhelada meta de la Paz que en la actualidad están buscando naciones de nuestro Planeta Tierra, en sus distintos puntos cardinales en este siglo XXI.
El Derecho como el andamiaje que trata de llevar a la Justicia como meta; y ésta a su vez, al ser una realidad obtenida por medio del Derecho, traerá la Paz a los individuos y a las naciones.
El objetivo de este trabajo es despertar el interés por el respeto al Derecho interno de los propios Estados democráticos, y que estos a la vez respeten el Derecho Internacional como miembros de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la ayuda humanitaria y respeto a los Derechos Humanos de los Tratados Internacionales como clara manifestación de solidaridad global.
No se pretende tratar el tema a profundidad; pero sí, sembrar una semilla más para la búsqueda y cuidado del tesoro preciado del ser humano: la Paz en el propio país, y en el mundo.
El Derecho como ciencia tiene interés en la solución de controversias habidas entre los seres humanos, así como las que hay en todas las naciones del mundo; por ello, es menester que tanto en el Derecho interno como en el Internacional, se tenga la noble meta de la creación de un orden jurídico que se dirija hacia la Justicia; así como un sistema judicial en cuya impartición de Justicia se realice en la perspectiva de conseguir, de lograr lo que verdaderamente pretende el Derecho: hacer Justicia. Esto es lo que puede contribuir en gran manera a la Paz interna de un Estado y su relación pacífica con los demás, cuidando celosamente y cultivando la permanencia de esta Paz.
La Justicia puede ser considerada como una herencia de la filosofía griega; de esa pléyade de filósofos de la polis griega que nos legaron su pensamiento y concepto sobre democracia y lo que se desprende de ella.
Considero la Justicia como el principio universal que trasciende el tiempo y el espacio, porque ella ha sido deseada y lo es en todo tiempo, en todo el mundo y en todas partes, pues su eficacia produce la Paz aun sin que el ser humano conozca su concepto, sólo sus efectos.
El ser humano permanentemente está perfeccionando su Derecho creado conforme a las circunstancias y tiempos que se viven, esto con el afán de llegar a la Justicia; pero vemos en la realidad que esta Justicia tan anhelada no se despliega totalmente ante la humanidad.
En los tiempos que vivimos, de vida compleja y conflictiva, no siempre es posible conseguir la Paz; de ahí que el Derecho prevea en múltiples disposiciones obtenerla, disponiendo los mecanismos que permitan alcanzar tal fin; empero, sigue presentándose la inseguridad, la intranquilidad, la falta de Paz, que el Derecho y su eficaz aplicación deberían otorgar.
Entendamos que el Derecho y la Justicia deben ser inseparables; uno es el camino; la otra es la meta, el fin de ese camino; ambos se complementan, pero no siempre están juntos.
Para disfrutar de la Paz que afanosamente busca el ser humano, se hace imprescindible la obediencia a una Constitución democrática, a la ley, a reglamentos por parte de todos los que están dentro del mismo orden jurídico; incluidos los que crean el Derecho, los que imparten la justicia; y además cuidar que se realicen plenamente la ejecución de las resoluciones y sentencias.
Asimismo se hace necesario recordar que todo el orden jurídico debe estar acorde a la Constitución, y tomar seriamente el respeto a los Derechos Humanos que deberán ser protegidos y garantizados por el Estado mismo a través de la autoridad competente para ello.
QUÉ ES EL DERECHO, Y QUÉ ES LA JUSTICIA
La razón por la que expreso conjuntamente el Derecho y la Justicia es porque no los concibo separados; son conceptos vinculantes; y “su posible separación conceptual implica un desgajamiento peligroso para explicar y entender la pertinencia del derecho como ciencia” (Cisneros, 2005:3).
El concepto de Derecho es tan amplio que no podría encerrarse en una sola descripción; no obstante, existen parámetros que nos conducen a entender y conocer lo que al Derecho se refiere.
Para Recasens, jurista y filósofo del Derecho en sus múltiples derivaciones del Derecho como ciencia jurídica, dice lo siguiente:
El Derecho no es un valor puro, ni es una mera norma con ciertas características especiales, ni es un simple hecho social con notas particulares. Derecho es una obra humana social (hecho) de forma normativa encaminada a la realización de unos valores.
Los hombres hacen Derecho porque tienen necesidad de él; lo hacen al estímulo de unas necesidades, y apuntando a la consecución de unos propósitos con cuyo cumplimiento satisfacen esas urgencias (Recasens, 2003: 159).
“El Derecho son los valores justos o naturales —justicia— cuyo contenido se expresa en normas vigentes o formales —vigencia— y que traducen en hechos eficaces o reales —eficacia.”
(Flores, 1996:115).
Ergo, el Derecho es creado por el hombre en determinada época histórica, a través del poder público con fines específicos que deben satisfacer necesidades internas y externas; las primeras en el propio Estado, y las segundas para los países del mundo con los que se podría tener o se tienen relaciones culturales, comerciales, laborales, migratorias o de otra índole, que deben estar sujetas a normas jurídicas; es decir, sometidas al propio Derecho para evitar el desorden, arbitrariedad e injusticia.
Debemos asimismo considerar que cada Estado tiene su propio Derecho conforme a su cultura, historia, costumbres, y demás factores que para ellos son indispensables integrar a su propio orden jurídico. Es así que decimos Derecho mexicano, Derecho alemán, Derecho peruano, etcétera.
El Derecho es materia, es creación, es un conjunto de normas, es objetivo, es ciencia; es creado por el hombre, para el hombre, y debe tener como objetivo el bienestar de todo ser humano, basado en la búsqueda de la Justicia para llegar a la paz, y en el respeto a los Derechos Humanos para la convivencia de una nación, y de ésta con todas las naciones del mundo.
En un escrito del jurista Jaime Cárdenas Gracia se lee:
En nuestra tradición, el derecho debía ser estatal, de origen legislativo, imperativo y de aplicación mecánica. Ninguna de esas cuatro características es correcta. El derecho no se origina sólo en los órganos del Estado (también en la sociedad, por ejemplo comunidades indígenas), el derecho más importante no está en la ley sino en la Constitución, las principales normas del sistema como la soberanía popular carecen de sanción, y la interpretación de normas constitucionales no es una operación mecánica ni silogística, sino una que recurre a la ponderación entre principios contrapuestos (Cárdenas G, J, 2007: 150).
Entonces, la nueva realidad evidencia que el Derecho no siempre tiene origen Estatal, sino que lo hay también de grupos sociales, de sindicatos, por ejemplo; aunque todo Estado de Derecho lo debe crear para regular todas sus acciones así como las de su población para la convivencia pacífica.
Dentro del Derecho existen dos ramas importantes como son el Derecho sustantivo o material, y el
Derecho adjetivo, formal o instrumental. [1] El primero es un conjunto de normas sustantivas que contienen las leyes según la materia que trate; civil, penal, administrativa, por dar algunos ejemplos; el segundo, son normas que “prescriben las condiciones y los procedimientos para la creación y aplicación de las primeras, así como la integración y competencia de los órganos del Estado que deben intervenir en dichos procedimientos” (Ovalle Favela J, 2006:36).
Respecto a la propuesta conceptual de Justicia es variada, Por lo que se hace necesario expresar que la Justicia entendida como “el primer requisito de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”, ha encontrado en el filósofo John Rawls una profundización original (Abbagnano, 2010).
Asimismo se dice que: “El concepto justicia no se mueve solo ni se queda ahí, en el sujeto, pues se mueve en las interrelaciones del hombre entre los hombres, es decir en la sociedad. De ahí las dificultades metodológicas para conceptualizarlo y definirlo” (Cisneros, 2005:3).
Considero que desde la perspectiva de la búsqueda de la Paz por el hombre; la Justicia es el principio y el fin de todas las instituciones humanas, como el Derecho es previa condición a todo juicio legal.
Es importante considerar que el Derecho nace por la imperiosa necesidad de regular el comportamiento de la humanidad en sus actividades personales, familiares, sociales, públicas, privadas, con el fin de poder llegar a la Justicia en todos los ámbitos de actividad humana.
Situemos el problema: Desde épocas milenarias a la fecha, contamos con la presencia de guerras entre los hombres y entre las naciones del mundo; pero la gran mayoría de la humanidad busca lo contrario a la guerra: la Paz.
Para encontrar soluciones debe ser buscada la raíz del problema. Y para el caso que nos ocupa, es menester decir, que las causas pueden ser numerosas, tales como el poder abusivo, la riqueza de las naciones mal distribuida, la pobreza, la enfermedad y podríamos continuar con diversas causas, por lo que la solución también implicaría acabar con cada una de ellas o mitigarlas; y para ello, existe un fundamento superior para la solución de estos problemas y es precisamente el Derecho y la Justicia; el Derecho que debe tener como finalidad el regular los actos de todos los hombres; es decir, los que ejercen el gobierno a través de la función pública y los de la sociedad misma para la convivencia y el bienestar humano; considerando que tomado de la mano del Derecho está la Justicia como el culmen de la satisfacción individual y social cuyos efectos serán la Paz en el propio país, y la Paz entre las naciones. El jurista Peter Häberle (2009:24) ha expresado que “el hombre sabe por su naturaleza, que tiene tendencias de abusar del poder”.
Esta es la razón por la que se nombró en primer lugar el abuso del poder; y seguidamente se encuentran los demás males, por lo que se hace indispensable la existencia de una Constitución y leyes democráticas en las que incluyan normas que beneficien al mayor número de la población respectiva, preponderando aquellas normas que respeten y protejan tanto los Derechos Humanos como la solidaridad con las naciones; esta última en la medida de lo posible.
La injusticia se combate con la Justicia, y a la Justicia se llega a través del Derecho; y ambos, pueden hacer cumplir el goce y el disfrute de la Paz en las naciones.
Se ha visto a través de los siglos, que sin la Paz sólo hay desastre, muerte, inseguridad, hambruna, enfermedades y guerras que parecen no tener fin.
La importancia de la Justicia en la sociedad de un Estado, así como en todas las naciones de la Tierra es incuestionable. Es el gran elemento que contribuye eficazmente a la Paz de las naciones, teniendo en cuenta que el Derecho constituye el andamiaje para poder llegar a la Justicia.
LA PAZ: SU EXISTENCIA REQUIERE DE PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSALES
El Diccionario de la Real Academia Española define la Paz como “Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia”.
Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de Paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los
conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la
negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La Declaración y el Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución A/53/243) identifican ocho ámbitos de acción para los
actores al nivel local, nacional e internacional que proponen:
Indefectiblemente la Declaración y Programa de Acción de las Naciones Unidas para una cultura de Paz local, nacional e internacional a través de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), tiene que ser sostenido y regulado por el Derecho, para establecer los medios económicos, y que exista el mandato legal de su ejercicio, así como medios de otra índole que lleven a la realización de los programas que cada Estado debe cumplir teniendo como meta el desarrollo que trae consigo Paz y bienestar. La correcta aplicación del Derecho traerá Justicia y la Justicia propicia en gran manera la Paz. Por tanto, es incuestionable que el Derecho y Justicia producen frutos para la paz de las naciones; empero, es indispensable también para el desarrollo de los pueblos y su Paz, la existencia de un sano sistema de Justicia con calidad en el que sea una realidad la igualdad entre pobres y ricos en relación a la Procuración e Impartición de la Justicia.
Mientras el Sistema de Impartición de Justicia que es el que sostiene al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, o simplemente al Estado Democrático de Derecho, no sea lo suficientemente sano, transparente, democrático, eficaz y justo, no habrá Paz ni en lo individual, familiar, social, nacional ni internacional; por lo que se hace indispensable una revisión de este sistema y enderezar y corregir lo que sea necesario.
Los valores siempre hay que revisarlos como se revisa un patrimonio; cuidarlos, no dejarlos confiadamente en las manos de sus administradores, sino que se deben mantener en un estado óptimo con fundamento en el principio de la responsabilidad del propio Estado.
La Paz tiene su concepción con principios y valores en las mentes y corazones de los hombres inculcados y fortalecidos con programas educativos, culturales, de desarrollo económico para evitar y mitigar esas desigualdades tan profundas que se viven en algunas sociedades, todo esto con una visión democrática y su evidente manifestación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para mejorar su nivel de vida. Asimismo como ya quedó expresado, la función jurisdiccional debe ser cuidadosamente revisada con la finalidad de mantenerla en su plenitud y eficacia; pues si un Estado se precia y ha escogido ser un Estado Democrático de Derecho, que verdaderamente lo sea en su función con resultados eficaces y justos para todos. Recordemos que el acceso a la justicia, y la obtención de la misma, son Derechos Humanos irreversibles.
La Paz se cultiva, y conforme al cultivo persistente en sus distintos programas que la Organización de las Naciones Unidas refiere a través de la UNESCO, y otros programas de propia iniciativa con fines específicos de las naciones para beneficio social, nacional e internacional; la cosecha será sin duda abundante y muy satisfactoria.
Para el investigador jurídico Flores ( 1996 :79) los conceptos de sociedad y cultura se auto implican toda vez que el ser humano es un ente teleológico propuesto a la consecución de fines que al realizarlos en su vida cotidiana tienen diferentes manifestaciones, y la suma de éstas dentro de la sociedad es lo que se denomina genéricamente como cultura.
Entonces, la cultura es el resultado de la acción humana en sus diversas manifestaciones dentro de la sociedad.
Por consiguiente, el fomento a la cultura constitucional se hace imperativo para que la sociedad conozca acerca del orden jurídico con el que cuenta, y sepa de sus derechos constitucionales más importantes, teniendo por pleno conocimiento que ninguna ley ni reglamento deben contravenir la Constitución, que es la raíz del orden jurídico, derivándose de ella las leyes sustantivas de lo penal, lo civil, y de todas las materias del Derecho; así como las leyes adjetivas o procedimentales que van a dirigir el proceso y los procedimientos del juicio para las leyes sustantivas del Derecho, pues la falta de conocimiento por parte de la sociedad sobre el Derecho Constitucional que le asiste, lo pierde, y lo deja en la total indefensión; además es muy difícil y hasta imposible amar y defender lo que se desconoce.
La Paz sólo será posible con normas jurídicas que conduzcan a la Justicia, y el respeto irrestricto a ellas. Respecto a la justicia, son los juzgadores en cuyos juicios y resoluciones debe estar presente el respeto a los Derechos Humanos, y para esta impartición de Justicia en manos de los juzgadores, es imprescindible el debido proceso —due process— establecido como un Derecho Humano en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; razón por la que se debe acudir a ella invocando estos artículos con relación al debido proceso, que debe estar presente en todas las ramas del Derecho sea civil o de cualquier índole, y el debido proceso lleva implícito el juicio justo.
El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas establece:
El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas en clara exposición hace referencia al mantenimiento de la Paz, la seguridad internacional, la Paz universal, el fomento de relaciones de amistad entre las naciones, la cooperación internacional, el respeto a los Derechos Humanos; y el vocablo Paz es el más reiterativo; es uno de los propósitos establecido en primer lugar.
Lo anterior, sólo puede ser resultado de un orden jurídico que establezca dichos propósitos a través de normas viables que realmente generen Justicia, y para esto tiene que entrar en acción la aplicación justa y correcta de la propia norma a través de los operadores jurídicos. [2]
BREVE COMENTARIO SOBRE EL ESTADO Y LA NACIÓN
En el presente trabajo se incluye el vocablo naciones; por ende, se habrá de comentar acerca del significado de nación. El Doctor en Derecho y Filósofo Agustín Basave (2005: 105) lo define como “un conjunto de hombres que, hablando la misma lengua, se acomodan a las mismas costumbres y se hallan dotados de las mismas cualidades morales, que los diferencian de otros grupos de igual naturaleza. Estamos pues ante un concepto sociológico”.
El concepto de nación tiene raíces más profundas que las del Estado; toda vez que éste puede surgir en cualquier tiempo, mientras que la nación requiere una tradición y continuidad a prueba aun de vicisitudes históricas que no impiden la unidad moral indisoluble.
El Estado lo constituye el pueblo, territorio, gobierno, bien público, caracterizados por su personalidad moral y jurídica, soberanía, subordinación del Estado al Derecho (Basave, 2005: 69).
Lo anterior se entiende por el hecho de que la nación cubre esencialmente lo sociológico, mientras que el Estado lleva implícito lo jurídico y lo político, y está constreñido a un delimitado territorio; pero no sería posible la existencia del Estado sin la población, que a su vez posee una nacionalidad; así la población del Estado Mexicano, por ejemplo, posee la nacionalidad mexicana; y millones de nacionales mexicanos pueden estar habitando en otro Estado que no sea el Estado Mexicano.
Lo susodicho podría explicar el porqué de la importancia que debe tener un Estado como nación; ya que si la población de aquél está dividida en grupos y tribus con distintos intereses que propician la guerra y exterminio entre ellos mismos, no constituyen la unidad, tradición y permanencia que caracteriza a la nación.
Se dice en el corpus de este trabajo acerca de tres elementos llenos de gran valor: el Derecho, la Justicia y la Paz. Los tres están perfectamente unidos; el retiro o la ausencia de uno de ellos desharán lo que llamo la Trilogía de la convivencia humana.
Lo anterior porque la existencia humana siempre ha requerido de algo y de alguien que les otorgue certeza de vivir confiado dentro de su círculo familiar, así como en sociedad y aun fuera de su territorio patrio. Esta imperiosa necesidad la viene a cubrir el Estado a través del Derecho y la impartición de Justicia; y el Derecho va a ordenar por medio de normas jurídicas la vida de dicho Estado, habiendo establecido en primer orden la propia Constitución de la cual habrán de producirse las leyes y reglamentos con apego irrestricto a ella.
La gran importancia que reviste el respeto a los Derechos Humanos es tan clara y fundamental, que con uno solo de los derechos que no sea respetado, puede implicar desequilibrio para la Paz.
El Derecho, la Justicia y la Paz; esta Trilogía de la convivencia humana, debe estar revestida con principios democráticos en los que deben incluirse los temas de economía, política, cultura, historia, educación, entre otros; y no constreñir la democracia a la emisión del sufragio universal, sino considerarla como un sistema de vida en el que la población tenga una participación activa y voluntaria; y sobre todo, que tenga conocimiento mínimo o máximo de la Constitución para conocer la raíz del ordenamiento jurídico en el que vive, y así esté en mejores condiciones ante la problemática que enfrenta, porque “ el derecho no puede ser el obstáculo al cambio social sino el promotor del mismo, la palanca fundamental para nuestro desarrollo en sociedad” (Cárdenas G, j. (2007: 146).
Es innegable el hecho de que la Paz como efecto de la Justicia, y ésta derivada del Derecho, debe iniciar en el propio país, y verse reflejada en el concierto de las naciones; para ello, es menester que se garantice el acceso a la Justicia.
La humanidad distribuida entre las diferentes naciones, tiene Derecho a la Paz; sin ella, no es posible un buen desarrollo y bienestar personal, familiar, social, nacional y mundial.
Veamos algunos Principios de la paz: la libertad y el respeto a la vida humana teniendo como referente primordial el respeto a los Derechos Humanos.
Los principios (Cárdenas G, J. 2007) ordenan observar una conducta en la mayor medida posible; un principio no puede invalidar a otro, y de existir colisión entre ellos, se busca la concordancia de principios en el orden jurídico que corresponda.
Podríamos enunciar más principios para la paz; sin embargo, vamos a encontrar que de estos dos principios se desprenden valores universales.
El principio de la libertad es inherente al ser humano. De este principio se derivan valores universales como la libertad de creencias, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de conciencia, y otras libertades. Pero esta libertad no puede ser plena, no es completa sin la Paz; por tanto, la Paz se siembra en el terreno de la libertad con responsabilidad, porque la Paz, no sólo es lo que se aparenta estar en paz, sino que toda persona goce de libertad para expresar los valores que la propia libertad conlleva. La sumisión, la esclavitud en sus diversas manifestaciones, podrá mostrar una falsa paz; una paz que no es tal; sino temor, miedo; y estos dos elementos contrarios a los valores, roban la libertad de estos seres humanos que la desean ardientemente porque dentro de su ser saben que les pertenece; y ciertamente así es, porque el principio de la libertad es inherente al ser humano; y sin ella tratarán de obtenerla aun en riesgo de guerra; por lo que se desprende y se entiende que la Paz sólo puede habitar donde existe la libertad responsable.
El principio de respeto a la vida humana. El que no respeta la vida de su semejante, no se respeta así mismo. Este principio produce valores tales como la solidaridad, en la que al adherirnos a la causa de la persona podríamos ayudar a restablecer su salud y hasta salvar su propia vida; otro valor universal derivado de este principio es la generosidad, nacida para cubrir la necesidad del otro hasta donde sea posible, y que está relacionada con la propia solidaridad.
La vida misma y el desarrollo comunitario y nacional nos van presentando oportunidades para poner de manifiesto los valores que se desprenden de los principios; los principios pueden ser ambiciosos y ensancharse con el paso del tiempo conforme a las demandas sociales y los fines perseguidos por el Derecho; así al principio de libertad, se han agregado el de la expresión, de tránsito, por citar algunos, y podrían agregarse otros variados valores que vengan a fortalecer y ampliar el principio de libertad —con responsabilidad— y lo mismo puede realizarse con otros principios.
Los principios son vocablos básicos inamovibles con una rica semántica y gran apreciación, a los que se les puede ir agregando un valor con base en las necesidades que deban ser cubiertas.
Es muy notorio en el artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas el establecimiento acerca del “desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Al respecto, actualmente los Estados Democráticos de Derecho incluyen los Derechos Humanos en su respectivo orden jurídico, porque sin duda alguna el respeto y sobre todo la garantía de su protección, constituyen un elemento importante para preservar la Paz.
El Derecho Mexicano no quedó al margen de ello, y precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos inicia su normatividad garantizando la protección y goce de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Sin duda, al realizarse el mandato constitucional de garantizar la protección de los Derechos Humanos, habrá de contribuir grandemente a la impartición de Justicia, y por ende a la Paz, habida cuenta que ya el Estado Mexicano tiene en su sistema jurídico la importante inclusión del cumplimiento de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
A partir de la reforma del artículo 1° constitucional mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, dentro del Derecho Procesal Constitucional Mexicano se agrega al existente control de constitucionalidad, el control de convencionalidad; [3] este último incluye la consideración de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que el Estado Mexicano ha signado, por parte de todo juzgador sea constitucional u ordinario [4], así como la del particular para acudir a la defensa y garantía si han sido conculcados uno o más de estos derechos.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece[…].
En cuanto al ejercicio del segundo párrafo de este artículo 1° constitucional, habrá de considerarse en todo el abanico u opciones jurídicas: Constitución, tratado(s) internacional(es) sobre derechos humanos, leyes federales, leyes estatales para un solo caso concreto si existiesen todos estos instrumentos jurídicos para ello; entonces, la norma que mejor favorezca la sentencia del particular habrá de dar cumplimiento al principio pro persona que manda la Constitución, junto con las otras normas jurídicas que la fortalezcan, apoyen y favorezcan la protección más amplia, como lo ordena este 2° párrafo constitucional:
Haciendo un agregado a lo anterior, resulta importante recordar que en el párrafo tercero de este artículo 1° constitucional, se obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, y el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos con fundamento en la ley. Expresado lo anterior, se hace necesaria una definición que de justicia constitucional es muy considerada: [5]
“Como el conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales se encomienda a determinados Órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma carta fundamental” (Morales-Paulín, 2001: 337-338).
Para el caso que nos ocupa sobre la Justicia, el Estado Mexicano, cuenta con la aplicación de la Justicia Constitucional —que se reitera— habrá de aplicarse en los juicios constitucionales correspondientes, con la consideración para cada caso del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos según convenga, con fundamento en el artículo 1° constitucional aludido, que garantiza la protección de los distintos Derechos Humanos.
En relación con lo anterior se hace necesario hacer mención de dos declaraciones de pueblos distintos y muy lejanos el uno del otro que han influido en el desarrollo y características de lo que se conoce como Derechos Humanos, sin soslayar la mención de que existen más.
Se trata de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, [6] y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789.
La primera de ellas con fecha 12 de junio de 1776 en el número I establece:
Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad.
Son muy interesantes los vocablos y frases que figuran en la primera declaración: hombres, libres, independientes, derechos innatos, sociedad, pacto, el goce de la vida y de la libertad, la propiedad, obtener la felicidad y la seguridad. Considero que estas últimas se relacionan con la felicidad personal, familiar, social y del pueblo en general. Asimismo se da para todos los hombres la igualdad de libertad e independencia con derechos innatos que en estado de sociedad no pueden privar o desposeer a las futuras generaciones por ningún pacto[7].
Desde otra perspectiva, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano [8] , en su preámbulo y artículo 1°, se lee:
Artículo 1°. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.
Ambas declaraciones sean de América o de Francia, coinciden en la igualdad de derechos para todos los hombres, privilegiando la libertad.
Considero que los Derechos Humanos han sido objeto de defensa desde tiempo inmemorial; son defendidos y justificados por el propio ser humano, cuya inteligencia y carácter les advierte sobre lo que intrínsecamente poseen; y que es de invaluable atributo su dignidad, así como su libertad; nadie más le habla de estos valores; el ser humano los lleva dentro de sí; y los reconoce, los defiende y los valora altamente. Ningún ente o persona les va a otorgar estos derechos; les corresponde a todo ser humano como herencia de su propia naturaleza.
Se hace necesario aludir a distintos conceptos de Derechos humanos.
Entre otras definiciones realizadas por el jurista Jorge CARPIZO (2009:28) encontramos también que los Derechos Humanos están vinculados con la separación de poderes para que exista un
balance en las competencias y se controlen entre sí.
Siguiendo a Álvarez Ledesma (1998: 16) se concluye que el concepto “Derechos Humanos” es multidimensional según la red de actividades en las que se invoca y cuyo uso cambia porque las actividades no son idénticas.
Esto es así porque el concepto de Derechos Humanos es considerado como una bandera de los Estados Constitucionales y Democráticos de Derecho en la propia división de poderes; y por ello, son incluidos en los discursos políticos del Poder Ejecutivo, en las normas constitucionales y legales del Poder Legislativo, y en la impartición de justicia por parte de los juzgadores constitucionales, así como de los ordinarios, al tener que obedecer el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que en la impartición de justicia sean considerados los Derechos Humanos de los Tratados Internacionales de los que México forme parte; sin soslayar el hecho de que la Constitución mexicana contiene también Derechos Fundamentales y éstos como aquéllos tienen el carácter de expansivos, y el principio de progresividad; pues se agregan derechos y libertades conforme a las necesidades de la vida social, política y cultural a través de la legislación.
Considero que los Derechos Humanos son un conjunto de declaraciones que tienen como propósito el respeto a la dignidad del ser humano, elevando su calidad de vida humana, y que han sido vertidas en distintas épocas y en distintos idiomas constituyéndose como patrimonio de la humanidad, siendo incluidas en las constituciones de los Estados Democráticos de Derecho.
Después de lo expresado resulta congruente traer un pensamiento de Enríquez Soto (2004: 223) “…las democracias evolucionan en la medida en que se permite el pluralismo político como la forma de cohabitación de intereses no siempre coincidentes entre sí”.
La protección y garantía de los Derechos Humanos ha propiciado el constituir en diversas regiones del mundo un sistema que los haga efectivos; Europa, tiene el suyo, por ejemplo; y América también tiene el suyo propio.
El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sede en Washington, D.C.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con sede en Costa Rica.
Asimismo se aprueba el documento que rige y fortalece dicho sistema, y que es la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, de la que se derivan diversos protocolos y convenciones sobre la temática de los Derechos Humanos aprobados en distintos países sede.
Respecto al Estado Mexicano, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar; así como los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, son tomados y obedecen al contenido de sentencias, constituyendo estas resoluciones una apreciable guía para todos los Estados que han signado el reconocimiento de esta Corte; por tanto, leer la sentencia del Caso González y otras (“campo algodonero”) vs. México, cuya sentencia tiene fecha de 16 de noviembre de 2009, así como otras sentencias contra México y otros Estados parte, resulta muy productivo tanto para los propios Estados como para los particulares que defienden Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo antes expuesto ha dado origen a que la jurisprudencia mexicana pueda ser más amplia al determinar el Poder Judicial de la Federación que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientadores, aun cuando el Estado Mexicano no sea parte del caso que genera dichas jurisprudencias [9].
Las presentes y milenarias guerras entre los hombres y las naciones, han traído destrucción, muerte y desaliento; pero también la urgente búsqueda de soluciones a estos problemas humanitarios que parecen no tener fin; y aunque así sea, existen grandes posibilidades de encontrar aquello que pudiera poner término a tan deplorable situación a través del Derecho y la Justicia con lineamientos democráticos que pudieran dar el fruto de la anhelada Paz en las naciones.
La Justicia es un principio del que se desprenden las virtudes capaces de lograr los efectos dados a luz por ella misma; y uno de los principales efectos de la Justicia es la Paz social, y al considerarla plenamente cada nación, el resultado sería la Paz mundial, por lo que el Derecho y la Justicia como práctica cotidiana efectiva y diligente, elevará el nivel de vida de la sociedad mundial al efecto de Paz producido por estas inseparables instituciones: Derecho y Justicia.
Todos los Estados deben ser Estados de Derecho; pero este Derecho debe contener valores y principios democráticos; de igualdad, de libertad, de respeto a la vida, entre otros; empero, el básico principio legal lo constituye el respeto a la dignidad de la persona; es decir, a sus Derechos Humanos; al ordenamiento jurídico que a su vez integren los principios mencionados y otros, además de los valores que se desprenden de cada uno de ellos.
Debemos enfocar nuestros esfuerzos para la creación de un Derecho acorde con la realidad que se vive, procurando la búsqueda de una Paz otorgada por la Justicia, porque no puede haber Paz sin Justicia, ni Justicia sin Derecho. Es decir, por medio del Derecho se busca y se imparte la Justicia, que es la cúspide de la satisfacción individual y social que puede traducirse en Paz; ergo, el Derecho y la Justicia, son fruto de Paz en las naciones.
Abbagnano, Nicola (2004), Diccionario de Filosofía, México, Fondo de Cultura Económica.
Álvarez-Ledesma, Mario (1998), Acerca del concepto “derechos humanos”, Mé- xico, McGraw-Hill.
Basave-Fernández del Valle, Agustín (2005), Teoría del estado, fundamentos de filosofía política, México, Editorial Trillas.
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[1] Considero notoria la diferencia de naturaleza de ambas legislaciones, pues mientras la norma sustantiva está conformada por supuestos que pudieran materializarse en una persona o no; la norma adjetiva, ordena de qué manera habrán de realizarse las actuaciones y a qué órgano jurisdiccional del Estado se debe acudir para la realización del proceso judicial que inicia con la acción del que acude al Derecho en una jurisdicción competente, y concluye con la sentencia y su ejecución.
[2] Santiago Nieto Castillo (2007), menciona que el operador jurídico valora las disposiciones relacionadas con el caso, y le imprime a su resolución algún tipo de concepción en torno al Derecho. Cada operador jurídico conforme a sus experiencias y convicciones personales imprime a su resolución, y a las diversas actividades del ámbito jurídico una determinada concepción del Derecho.
[3] Sentencia de 21 de enero de 2010, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de México. Amparo Directo 505/2009. Este Tribunal ejerció un control de convencionalidad, y en la sinopsis del trabajo jurídico al respecto, señala que “El control de convencionalidad debe realizarse entre las normas de derecho interno y la mencionada Convención Americana”.
Es decir, Verificar que la norma interna se ajuste a las convenciones o Tratados sobre Derechos Humanos.
[4] En la sesión del 12 de julio de 2011, cuando se realizó la votación sobre el Considerando Octavo que se refiere al control de convencionalidad, se decidió por mayoría de 7 votos, que de conformidad con el párrafo 339 de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Radilla Pacheco, “el Poder Judicial de la Federación debe ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. Además, el Tribunal Pleno resolvió, por mayoría de 7 votos, que la obligación de realizar el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado Mexicano.
[5] Se trata del Jurista mexicano Héctor Fix Zamudio primero en Latinoamérica en otorgar avances y firme desarrollo al Derecho Procesal Constitucional y a todo lo que ello contiene, definiendo a la Justicia Constitucional referida en este trabajo. El autor Morales- Paulín, dedica su artículo al jurista mencionado.
[6] 12 de junio de 1776. “Hecha por los representantes del Buen pueblo de Virginia, reunidos en la Convención plena y libre, como derechos que les perteneces a ellos y a su posteridad como la base y el fundamento de su gobierno”.
[7] El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) dice acerca de pacto: Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado.
[8] Aprobada por la Asamblea Nacional Francesa, el 26 de agosto de 1789.
[9] Se encuentra en el documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya incluido en la nota 4 y bibliografía. Asimismo, por mayoría de 6 votos, se determinó que los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte IDH son orientadores para el Poder Judicial de la Federación cuando México no sea parte de los casos en los que se generó dicha jurisprudencia.
El presente artículo también lo podrá encontrar en la siguiente dirección electrónica:
Posted by Maria Antonieta Navarrete Ramos on Nov 17, 2015 in Derechos Humanos | Comentarios Desactivados en DERECHO Y JUSTICIA: FRUTOS PARA LA PAZ DE LAS NACIONES

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