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Timestamp: 2019-09-17 00:44:03+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 766/2007 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 766/07
CAUSA: HÁBEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR LAS DEFENSORAS PUBLICAS ABOGADAS ALICIA INÉS AUGSTEN Y PATRICIA ROSANNA BERNAL A FAVOR DE VÍCTOR DANIEL PAIVA EN LA CAUSA: "JUAN PIÓ HELVIDIO PAIVA ESCOBAR, VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, HUMBERTO FERNANDO CASACCIA. DANIEL ARECO, EDER SÁNCHEZ, ISMAEL ALCARAZ Y JORGE D. PENAYO S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OMISIÓN DE AUXILIO N° 8518/04".-
En Asunción del Paraguay, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil siete, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y VÍCTOR MANUEL NUÑEZ, quien integra esta Sala Penal en reemplazo del Dr. WILDO RIENZI GALEANO, bajo la presidencia de la primera, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: HÁBEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR LAS DEFENSORAS PUBLICAS ABOGADAS ALICIA INÉS AUGSTEN Y PATRICIA ROSSANA BERNAL A FAVOR DE VÍCTOR DANIEL PAIVA en la causa: "JUAN PIÓ HELVIDIO PAIVA ESCOBAR, VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, HUMBERTO FERNANDO CASACCIA, DANIEL ARECO, EDER SÁNCHEZ, ISMAEL ALCARAZ Y JORGE D. PENAYO S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OMISIÓN DE AUXILIO Nº 8518/04", a fin de resolver la Garantía Constitucional planteada, de conformidad al Art. 133 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1.500/99.-
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear la siguiente:-
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y NUÑEZ.-
A la Cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: Las defensoras públicas, Abogadas Alicia Inés Augsten y Patricia Rosanna Bernal, en el ejercicio de la defensa técnica del acusado Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, solicita la garantía constitucional de Habeas Corpus Reparador a favor de su representado. En el contexto de los argumentos que los motivan a implementar el Habeas Corpus Reparador - luego de recapitular sobre los antecedentes del hecho en que se encuentra involucrado sus defendido - explican, según síntesis, que antes del planteo de la garantía constitucional han requerido al Tribunal de Sentencia la revocatoria del auto de prisión, sin haber obtenido resolución que se expida al respecto. En tal sentido, por un lado y bajo el epígrafe de "En relación a la Revocatoria y Resolución Ficta", afirman que el mismo ya ha cumplido tres años de prisión preventiva, pese a los reiterados pedidos de libertad realizados por la defensa del mismo. Refieren que en fecha 30 de enero de 2007 la defensa ha planteado un incidente de revocatoria de auto de prisión, petición que ha merecido la correspondiente tramitación por parte de la Presidenta del Tribunal de Sentencia.-
Posteriormente, por A.I. N 10 de fecha 05 de febrero de 2007, la Presidenta del Tribunal de Sentencia resolvió no hacer lugar al Incidente de Revocación del Auto de Prisión y en consecuencia mantener la prisión preventiva del acusado VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA. Tal decisión fue objeto del Recurso de Apelación General por parte de la defensa. El Tribunal de Apelaciones en lo Criminal - Primera Sala - , por A.I. N° 12 de fecha 20 de febrero de 2007, declaró la nulidad del interlocutorio apelado. Al respecto, sostienen que por el efecto de la nulidad declarada se tiene como inexistente la denegación del pedido de la defensa, no así el planteamiento de la revocatoria, que a la fecha sigue pendiente de trámite y resolución, respectivamente. Es por ello, aducen, que han solicitado la aplicación del Articulo 141 del C.P.P. (Resolución Ficta) y presentado dos urgimientos, sin que a la fecha exista pronunciamiento judicial en uno u otro sentido.-
Entienden que han existido diversos obstáculos procesales (inhibiciones, recusaciones, etc.) por el cual el Tribunal de Sentencia conformado para la causa, tal vez no haya podido resolver el planteamiento formulado; sin embargo, ello es producto del sistema judicial vigente y no puede el acusado sufrir por ello las consecuencias de ese hecho con privación de libertad que a esta altura ya se ha convertido en una pena anticipada. Observan que si bien a la fecha se encuentran recusados dos Miembros del Tribunal de Sentencia, ello no es obstáculo para dilatar la resolución del pedido de libertad, siendo una opción convocar a los suplentes o conformar un Tribunal a los efectos de la presente resolución por tratarse de una cuestión meramente procesal sin que se juzgue la cuestión de fondo.-
Por otra parte, bajo la rubrica de "La Garantía Constitucional del Habeas Corpus Reparador" y luego de transcribir el texto constitucional que hace a la materia, sostienen que se ven obligadas a promoverla en razón de que sus representado se encuentra privado de su libertad , mientras la causa se encuentra paralizada sine die por la indefinición de las recusaciones planteadas y la serie de inhibiciones de otros magistrados que han sido desinsaculados y que se han apartado del entendimiento del presente juicio.-
Consideran que el planteamiento es procedente y traen a colación la opinión vertida por el Ministro Blanco en el Acuerdo y Sentencia N° 663 de fecha 23 de julio de 2007, con trascripción parcial del voto emitido. Tras reiterar que sus defendido DANIEL PAIVA ESPINOZA a la fecha ha cumplido tres años de privación de libertad, siendo su consecuencia una pena anticipada, situación que se encuentra en abierta contradicción a los Artículos 9, 11, 17 incs. 1 y 3 y 19 de la Constitución Nacional, con extracto del contenido de las respectivas normativas constitucionales invocadas.-
Aducen que similares reglas se encuentran establecidas en el los Tratados y Pactos Internacionales, como la contenida en la Ley N° 1/89 por la que se ratifica el Pacto de San José de Costa Rica, reproduciendo los Artículos 7, 25 y 29 del referido instrumento internacional. Igual invocación sustentan en relación a la Ley N° 5/92 por la que se ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, resaltando los Artículos 9.1, 9.3 y 9.4, del referenciado cuerpo legal. Alegan que del contexto expuesto, surge latente la violación de la norma procesal que operativiza las garantías enunciadas y que se encuentra prevista en el Articulo 236 del C.P.P., que consagra el carácter temporal de la medida cautelar de carácter personal (prisión preventiva) realizada por el legislador, siendo el transcurso del tiempo un elemento que debe considerarse para revocar la prisión preventiva, independientemente de que subsistan o no los presupuestos que llevaron a decretarla.-
Desde el momento en que se confirma el carácter provisional y temporal de prisión preventiva, cualquier otra finalidad que se pretenda hacer cumplir a la misma durante el proceso, excedería los límites y objetivos que les son propios, no pudiendo atribuírsele la función de anticipar la pena. Sostienen que no es defendible la postura de que la prisión preventiva deba cumplir la función de calmar la alarma social que haya podido producir el hecho delictivo, cuando aun no se haya determinado al verdadero culpable. Subsiguientemente reproducen los fundamentos esgrimidos por el Ministro Bajac Albertini al emitir su voto en el Acuerdo y Sentencia N° 663 de fecha 23 de julio de 2007.-
Finalmente, arguyen que los principios y garantías que fundamentan el derecho procesal penal forman parte de los derechos humanos de Primera Generación por ser los primeros en ser declarados y reconocidos jurídicamente en todo el mundo, sobre la base del reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo hombre, su condición natural de ser libre e igual a otro humano, estos derechos humanos se hacen valer esencialmente frente al Estado quien no solamente debe abstenerse de violar sus derechos, si no que esta obligado a brindarle seguridad como un compromiso indelegable. Luego de transcribir una cita doctrinaria, peticionan el acogimiento favorable del planteamiento formulado y se disponga la inmediata libertad del Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA.(fs. 18/22)-
Dando inicio al procedimiento, por providencia de fecha 6 de agosto de 2007 (fs. 23) la Sala Penal, a los efectos previstos en el Artículo 20 inc. "a" y "b, numerales 1 y 4" de la Ley N° 1500/99, ha ordenando la constitución de Miembros de la Sala Penal en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú para el día 7 de agosto de 2007, a las 15:00 horas, a cuyo efecto, en el día y la hora indicada, el Director de la institución deberá poner a disposición al acusado. Asimismo, se ha ordenado la remisión de oficio al Presidente del Tribunal de Sentencia, Abog. Germán Torres, para que en el plazo de 24 horas, Informe circunstanciadamente a esta Sala Penal; a) sobre el momento de la privación de libertad y el lugar, la forma y condiciones en que ella se cumple; y b) si la privación de libertad se realizó por orden escrita de autoridad competente, individualizarlo y adjuntar copia autenticada de la misma, disponiéndose que se libren los correspondientes oficios, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Articulo 21 de la Ley N° 1500/99.-
En cumplimiento del Informe requerido por Oficio P. S. J. III N° 56 de fecha 6 de agosto del corriente año y recibido - según sello de cargo por el actuario del Tribunal de Sentencia en la misma fecha siendo las 11:50 horas (fs. 24), el titular del referido órgano colegiado evacuó el correspondiente informe por OFICIO N° 17 en fecha 7 de agosto de 2007, presentado en la Secretaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a las 09:30 hs., según lo certifica el sello de cargo rubricado por la Actuaría de la Sala Penal (fs.26), lo que acredita la temporaneidad de la presentación del Informe correspondiente, conforme lo exige el Articulo 20 de la Ley N° 1500/99.-
El Informe de referencia en relación al Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA y en la causa ut-supra individualizada, reporta lo que sigue: a) El ciudadano Víctor Daniel Paiva Espinoza, apodado Dani, paraguayo, mayor de edad, C.I. N° 728.030 guarda prisión preventiva ordenada por A.I. N° 1424 de fecha 04 de agosto de 2004 y guarda reclusión en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú , en libre comunicación y a disposición de este Tribunal de Sentencia; b) la citada resolución fue dictada por el Juez Penal de Garantías N° 2 Abog. Pedro Darío Portillo, secretaria Abog. Maria Elena Cañete, se adjunta copia autenticada de la misma.-.
Por su parte, el Director de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en cumplimiento del Oficio P.S.J. III N° 58 de fecha 6 de agosto de 2007 (fs. 25), ha puesto a disposición de los Miembros de la Sala Penal al acusado. En dicha audiencia, el Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA (fs. 30/31) , entre otras cosas, manifestó: "...hace mas 3 años que me encuentro recluido acá y yo soy una persona que sufre de diabetes juvenil y la misma consiste en el aspecto emotivo, psicológico de la persona y en innumerables ocasiones he pedido asistencia médica y se me rehusó la posibilidad de un consultorio odontológico. Se hicieron presientes acá el Medico forense, el médico de la Corte, el médico de la Fiscalía y todos coincidían en que necesitaba un tratamiento y decían que mi tema es mediático y por eso no me podían dar para que yo salga a atenderme y también en los últimos tiempos y aproximadamente un mes y medio atrás se manifestó unos forúnculos, no se exactamente el término médico y estoy con un tratamiento médico gracias a mi señora madre y esposa me estoy aplicando un antibiótico intramuscular para bajar la infección...".-
Seguidamente da lectura a un artículo del diario ABC, expresando: "...según el Abog. Enrique Kronawetter, con relación al Art. 236 del C.P.P. que no se contrapone a la Constitución, las leyes reglamentarias se deben aplicar porque se dictan para un momento determinado muy posterior a la constitución y demuestran el grado de avance de la legislación de un determinado país. Estecriterio internacional en materia de doctrina es lo que se conoce como reglamentación positiva o favorables a los derechos del justiciables (imputado) esta en directa consonancia con el art. 45 de la Constitución según el Dr. Kronawetter la Corte interpreta restrictivamente la constitución en perjuicio el imputado con se niega aplicar el art. 236 del C.P.P, esto esta prohibido cuando afecta el ejercicio de los derechos facultades y garantías de los justiciables (imputado)..".-
Prosigue: "El mandato del C.P.P. se plica de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial por otro lado afirma que existen exigencias que los estado que suscriben los tratados internacionales deben adecuar su legislación o implementar medidas para inmediata aplicación a los procesos tramitados , la prisión preventiva tiene un plazo máximo de duración y en ningún caso es equivalente a todo el proceso por que de lo contrario se convierte en pena anticipada y esto no solo contraviene a las constituciones de cada estado sino al mismo pacto de San José de Cosa Rica, también el doctor dice que no tiene dudas que toda persona con prisión preventiva de mas de dos años debe recuperar inmediatamente su libertad. Y solicita la agregación del Semanario judicial de ABC, p.9 del lunes 6 de agosto del 2.007.y también de lap. 24 de la Nación del domingo 29 de julio del 2.007 con el epígrafe análisis". Y sigue agregando "…como dice ahí el art. Leído que el plazo es de dos años y yo estoy hace mas de tres años y por eso solicito mi libertad.. ".-
Por providencia de fecha 8 de agosto de 2007, obrante a fs. 32, se procede a la integración del Sala Penal de Corte Suprema Justicia con el Sr. Ministro Víctor Manuel Núñez para entender en los autos, quien notificado de la citada providencia, manifiesta aceptar la integración. Subsiguientemente, en fecha 8 de agosto de 2007, se dicta la providencia de "Hágase saber el Conjuez", (fs. 32 de autos).-
ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS REPARADOR: Según surge de la compendiada línea argumentativa en que se sustenta la garantía constitucional planteada, esta presenta dos aristas, por una parte, las excesivas dilaciones procesales para el proveimiento de las articulaciones defensivas planteadas ante el órgano jurisdiccional que tramita la causa , impidiendo la resolución del incidente de la revocación del auto de prisión planteado a favor del justiciable y por ende, prolongando sin die la prisión preventiva que soporta; y por otra, que la prisión preventiva del acusado supera en exceso el plazo de duración previsto en el Articulo 236 del C.P.P., adquiriendo característica de pena anticipada. De ahí que la viabilidad o no del Habeas Corpus Reparador, será estudiada en función a los ítems que lo fundamentan y conforme a las normativas constitucionales y legales que rigen la materia.-
Entrando en materia, debe considerarse que el Hábeas Corpus Reparador constituye una garantía de rango constitucional. En efecto el Artículo 133 inciso 2 de la Constitución Nacional dispone que en virtud del Hábeas Corpus Reparador: "toda persona que se halle ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso...". En concordancia con la norma constitucional, el Art. 19 de la Ley N° 1500 preceptúa: "Procederá el hábeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona". Ese es el marco jurídico dentro del cual debe tornarse efectiva la presente garantía constitucional, sin perder de vista de que, por su naturaleza, es una vía excepcional por la que se busca enderezar la ilegalidad de una privación de libertad de gravedad institucional cuando se demuestra que los mecanismos procesales ordinarios rectamente empleados no han podido restablecer el imperio de la legalidad o que no es susceptible que lo hagan en el futuro, por lo que su ejercicio debe compatibilizarse con las disposiciones que fijan la competencia de los jueces del procedimiento.-
De lo expuesto se sigue, que los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la privación de la libertad por falencias del procedimiento de quien se halla sometido a un órgano jurisdiccional no pueden resolverse por la vía del hábeas corpus e incumben a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas resoluciones - en caso de existir agravios - deberán hacerse valer por los medios legales correspondientes determinados en la ley penal de forma por la que se rige la causa.
En efecto, el Hábeas Corpus, según surge del esquema estructural Entrando en materia, debe considerarse que el Hábeas Corpus Reparador constituye una garantía de rango constitucional. En efecto el Artículo 133 inciso 2 de la Constitución Nacional dispone que en virtud del Hábeas Corpus Reparador: "toda persona que se halle ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso...". En concordancia con la norma constitucional, el Art. 19 de la Ley N° 1500 preceptúa: "Procederá el hábeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona". Ese es el marco jurídico dentro del cual debe tornarse efectiva la presente garantía constitucional, sin perder de vista de que, por su naturaleza, es una vía excepcional por la que se busca enderezar la ilegalidad de una privación de libertad de gravedad institucional cuando se demuestra que los mecanismos procesales ordinarios rectamente empleados no han podido restablecer el imperio de la legalidad o que no es susceptible que lo hagan en el futuro, por lo que su ejercicio debe compatibilizarse con las disposiciones que fijan la competencia de los jueces del procedimiento.-
De lo expuesto se sigue, que Los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la privación de la libertad por falencias del procedimiento de quien se halla sometido a un órgano jurisdiccional no pueden resolverse por la vía del hábeas corpus e incumben a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas resoluciones - en caso de existir agravios - deberán hacerse valer por los medios legales correspondientes determinados en la ley penal de forma por la que se rige la causa. En efecto, el Hábeas Corpus, según surge del esquema estructural de su ley regulatoria, no puede servir para sustraer del juez de la causa un caso que esta tramitando, porque además de confirmar la existencia de una órgano que goza de plenitud jurisdiccional, el mismo sistema posee variados mecanismos procesales ordinarios que permiten tutelar con rapidez algún derecho o garantía del procesado que pueden verse afectados por aquel acto del órgano jurisdiccional interviniente; renunciar a tales remedios y extenderlo en el contexto de la garantía constitucional planteada, importa una pretendida sustitución del juez natural de la causa y de los procedimientos establecidos en la ley, que exceden el ámbito excepcional del Habeas Corpus.-
En tal sentido se pronuncia Germán J. Bidart Campos, El Derecho (Jurisprudencia General) Pág. 154, Tomo121, al afirmar: "......tomando en cuenta que el especial encaje del Habeas Corpus, dentro de nuestros institutos constitucionales y procesales , creemos que, el principio general - de muy contadas y especiales excepciones - indica que el habeas corpus, y el Tribunal que lo tramita y resuelve, no quedan habilitados para interferir encausas judiciales ajenas, cuyos defectos, irregularidades y vicios acaso de inconstitucionalidad han de hallar el correctivo por los carriles correspondientes al mismo proceso en el que se producen. "No parece que la ley haya sido articulada para supuestos como el de autos, porque la celeridad procesal no queda, como principio, bajo la custodia de jueces extraños al mismo proceso, ni su aseguramiento asigna competencia a tales jueces para reparar las demoras en que pueden incurrir otros jueces en tramites de su competencia. Siempre nos molesta que, objetivamente un proceso judicial se dilate más de lo razonable, tanto como que, subjetivamente, un justiciable siente la vivencia de que su causa no recibe curso rápido ni alcanza pronta decisión. Pero el Habeas Corpus no alcanza a convertirse en un motor que, desde fuera de un proceso, presta el remedio acelerado que tal proceso parece requerir....".-
Como afirma Evelio Fernandez Arevalos (Habeas Corpus, Régimen Constitucional y Legal en el Paraguay, Edic. Intercontinental, Pag. 62: ".. El resultado normativo de la actuación de magistrados judiciales, es decir, las resoluciones judiciales (sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, etc.):tampoco el habeas corpus es el medio idóneo para cuestionar esas resoluciones judiciales; frente a ellas, además de los recursos normales que prevén los códigos de fondo y procesales (recursos de reposición, de apelación, de nulidad, de queja, etc.), solo cabria una acción de garantía de inconstitucionalidad (Art. 132, C.N.). Esto implica que nuestro régimen constitucional, apartándose del criterio de algunos autores, rechaza la posibilidad de que el habeas corpus afecte, modifique o deje sin efecto cualquier tipo de resolución judicial...".-
Así se explica que los argumentos defensivos vinculados a las demoras jurisdiccionales denunciadas no se compadecen de la ratio legis que orienta e informa al Habeas Corpus, lo que amerita sustentar la improcedencia del Habeas Corpus Reparador fundado en tales motivos. El desenlace jurisdiccional que postulo es consecuente con la línea jurisprudencial que sobre la materia tiene elaborada esta Sala Penal. En efecto, en el Acuerdo y Sentencia N° 848 de fecha 30 de agosto de 2006, en la causa: "Habeas Corpus Reparador presentado por el Abog. Jorge García Gini a favor del Sr. Antonio Rolón Mendieta", se ha expresado:".....La garantía del habeas corpus no es una vía para obtener la resolución de cuestiones procesales puesta a consideración del órgano jurisdiccional competente, no puede se utilizado como subsidiario de planteos incidentales en la causa principal, cuando estos últimos resultan adversos o existe cierta demora en la resolución de los mismos. Para ello, la propia norma procesal establece los remedios a fin de impugnar aquellas resoluciones que pudieran causar agravioso en su caso solicitar celeridad al órgano actuante. En la presente causa existe una petición de revocatoria de prisión presentada ante el órgano, que si bien esta pendiente de resolución, debe ser definida por el mismo órgano y no por la presente vía...". En igual sentido y mas recientemente, me he expedido en el Acuerdo y Sentencia N° 677 de fecha 31 de julio de 2007, dictada en el: "Expediente; Habeas Corpus Reparador planteado a favor de Lino Cesar Oviedo Silva".-
Desde la segunda perspectiva; esto es en función al exceso de la duración de la medida cautelar privativa de libertad (prisión preventiva) que soporta el justiciable, a la cual se le atribuye carácter de pena anticipada y denunciada con vehemencia por los promotores de la garantía constitucional articulada. Enfocada la cuestión desde la óptica preindicada, surge del Informe del Juez requerido que por A.I. 1424 de fecha 04 de agosto de 2004 (cuya copia autenticada se halla agregada al Informe) el Juzgado Penal de Garantías a cargo del Juez Pedro Darío Portillo, siendo competente para ello, ha dictado auto de prisión en contra del Sr. VÍCTOR PAIVA ESPINOZA, observándose que para tal efecto , ha considerado todos y cada uno de los presupuestos legales que lo justifican , calificando el hecho atribuido al imputado dentro de lo previsto y penado en el Artículo 105 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el Articulo 29 inc. 2 del mismo cuerpo legal, cumpliendo así la exigencia de orden constitucional instalada en el Artículo 19 de la C.N., por lo tanto, la prisión preventiva dictada resulta ser producto de un acto emanado de autoridad competente y plasmada en orden judicial escrita.-
Lo observado precedentemente tiene relevancia para el examen del exceso de la duración de la prisión preventiva, por superación del plazo de dos años, que ha sido alegada, puesto que de acuerdo a la calificación jurídica del hecho determinado en el auto respectivo, la tipología penal atribuida al Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA y que hasta la fecha se mantiene invariable (Articulo 105 del C.P. -Homicidio Doloso-), describe una oscilación de la sanción penal que parte de una pena mínima de cinco años y que puede llegar a una máxima de quince años. Por consiguiente la duración de la prisión preventiva del justiciable se encuentra encuadrada dentro de los limites permitidos por la cláusula constitucional que lo regula y que hasta ahora lo justifica, en tanto que la privación de libertad del justiciable no ha alcanzado, hasta la fecha, la pena mínima que corresponde al hecho punible calificado.-
Debe admitirse que el planteamiento defensivo formulado no es una novedad, ni tampoco lo constituye la aplicación prevaleciente, por parte de esta Sala Penal, del Articulo 19 de la Constitución Nacional del año 1992, por virtud del cual - por voluntad soberana del órgano constituyente - el lapso temporal de la prisión preventiva esta fijada sobre la base de la pena mínima que corresponde el hecho punible calificado , al prescribir lo que sigue:" La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongara por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho, efectuada en el auto respectivo.”.-
Los mismos - principios de razonabilidad y proporcionalidad - a su vez, hacen que la duración de la prisión preventiva que es consecuente con la cuantía de la pena mínima que corresponde al hecho punible calificado a tenor de la ley penal de fondo, esté fuera del contexto de la pena anticipada; una interpretación contraria conduciría a concluir de que el mismo órgano constituyente - al dosificar constitucionalmente la duración de la prisión preventiva - ha incurrido en el despropósito de fijarlo sobre pautas temporales que convierten a la prisión preventiva en categoría de pena anticipada. Cuando que el postulado constitucional en estudio deja vislumbrar una idea de justicia que impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el hecho punible sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de manera tal que ninguno de los respectivos derechos en conflicto sea sacrificado en detrimento de uno u otro.-
Como razona Santiago Mir Puig, en su obra "El derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho", Edic. 1994, Pag. 37 :" ..el derecho penal de un Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado social) , entendidos aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para sus bienes jurídicos - bienes no en sentido naturalista ni ético individual, sino como posibilidades de participación en los sistemas sociales fundamentales - y en la medida en que los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático)...".-
Respecto al instituto del Habeas Corpus, Néstor Pedro Sagúes -Derecho Procesal Constitucional- Hábeas Corpus. Buenos Aires: Astrea, 1988 pág. 143 - sostiene que "en su origen histórico surge como remedio contra una detención. Sin arresto, el hábeas corpus parecería no tener razón de ser, ya que es un remedio, precisamente, contra aprehensiones ilegales. Su meta natural, por los demás estriba en disponer una libertad..". Por su parte, Germán Bidart Campos (Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, EDIAR, 1985) lo como la garantía que protege la libertad física. Manifiesta: "que es la garantía deparada contra actos que privan de la libertad o la restrinjan sin causa o sin forma legal, o con arbitrariedad".-
En consecuencia, por las razones expuestas precedentemente, la medida cautelar privativa de libertad cuestionada no resulta ilegitima ni arbitraria, sino que se funda en causas especificas establecidas en las normas legales que lo autorizan y en función a una orden escrita de autoridad competente, las que concuerdan con las normas constitucionales previstas en los Artículos 11, 12 y 19 de la Constitución Nacional, por lo que NO CORRESPONDE el otorgamiento de la garantía constitucional solicitada por las Defensoras Públicas, Abogadas Alicia Inés Augsten y Patricia Rosanna Bernal a favor del Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, habida cuenta que por la preceptiva prevista en el Articulo 26 de la Ley N° 1500/99, se impone el rechazo del Habeas Corpus Reparador estando de por medio una medida cautelar privativa de libertad decretada en una causa penal sustanciada ante juez competente.-
Por tanto, a tenor de los fundamentos esgrimidos, la norma constitucional que rige la materia (Art. 133 inc. 2) y a las disposiciones constitucionales (Arts. 11, 12 y 19) y legales citadas (Art. 19, 26 y concordantes de la Ley N° 1500/99), la doctrina apuntada y los precedentes judiciales invocados, corresponde NO HACER LUGAR a la garantía constitucional planteada. Voto en el sentido y con los alcances expuestos.-
A SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: Comparto el sentido del voto de la Ministra preopinante y agrego: Las Abogadas Alicia Augsten de Sosa y Patricia Bernal Kaufeler, Defensoras Públicas Penales de la Capital, plantean la Garantía Constitucional de Habeas Corpus Reparador a favor de su defendido el SR. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA con sustento en el artículo 133 de la Constitución Nacional y la Ley 1500/99. Como argumento central de su exposición señalan entre otras cuestiones: "Que por el presente escrito venimos a solicitar la aplicación de la Garantía Constitucional de Habeas Corpus Reparador a favor de nuestro representado el Señor VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, conforme las claras disposiciones del artículo 137, 133, 9, 11, 17 y 19 de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 7.2, 7.6, 25 y 29 de la Ley 1/89 y los artículos 9.1, 9.3, 9.4 y 14.2 de la Ley N° 5/92 que ratifican el Pacto de San José y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, respectivamente; asi mismo en el art. 3 y sgtes. de la Ley1500, que reglamenta LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL HABEAS CORPUS, y basado en los siguientes fundamentos que pasamos a exponer: Que, el hecho que nos ocupa tuvo su origen a partir del siniestro del Supermercado Ycuá Bolaños V sito en las calles Avenida José Gervasio Artigas y Santísima Trinidad de esta capital, ocurrido el día 01 de agosto de 2004, donde nuestro defendido el Señor VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA se desempeñaba como empleado. El mismo ha sido involucrado en la investigación criminal conforme lo sostiene el Ministerio Público (...) y se encuentra privado de su libertad desde la fecha del siniestro. Que, nuestra parte, antes del planteamiento de esta garantía constitucional ha requerido al propio Tribunal de Sentencia la revocatoria del auto de prisión, sin haber obtenido resolución que se expida al respecto".-
Prosiguen diciendo: "Que, efectivamente a la fecha e lSeñor VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA ha cumplido ya tres años de prisión preventiva, pese a los reiterados pedidos de libertad realizados por la defensa técnica del mismo. En ese sentido, ponemos a conocimiento de W.EE. que la defensa técnica ha planteado un incidente de revocatoria de auto de prisión en fecha 30 de enero del año 2007 (...). Que, por A.I. N° 10 de fecha 05 de febrero de 2007, la misma Presidenta del Tribunal de Sentencias, Abogada MARÍA DODY BAEZ NUÑEZ resolvió No Hacer Lugar al Incidente de Revocación de Auto de Prisión y en consecuencia mantener la prisión preventiva que pesa sobre el acusado VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA. Dicha resolución fue objeto del Recurso de Apelación General interpuesto (...). Que, el Excmo. Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Primera Sala, (...) por A.L N° 12 de fecha 20 de febrero de 2007, resolvió: DECLARAR LA NULIDAD del A.L N° 10 de fecha 05 de febrero de 2007, dictada en nombre del Tribunal de Sentencia y en forma unipersonal por la Abogada MARÍA DODY BAEZ NUÑEZ(...). Que, nos vemos obligadas a insistir en el planteamiento de libertad por esta vía de rango constitucional, en razón de que nuestro representado se encuentra privado de su libertad, mientras la causa de se encuentra paralizada "sine die" por la indefinición de las recusaciones planteadas contra los magistrados que intervienen, y la serie de inhibiciones de otros tantos Magistrados que han sido desinsaculados y que se han apartado del entendimiento del juicio que nos ocupa (...). Que, en ese sentido referimos nuevamente que nuestro defendido VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA a la fecha ha cumplido ya TRES AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, siendo como consecuencia de ello, expuesto a una pena anticipada, en abierta contradicción de lo dispuesto en los artículos 9, 11, 17 inc. 1 y 3, y 19 de la Constitución Nacional. Que, en este contexto, surge latente la violación de la norma procesal que operativiza las garantías enunciadas más arriba, y que se encuentra prevista en el artículo 236 del Código Procesal Penal, que expresa: PROPORCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD: La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la Ley, ni exceder del plazo que fija esta Código para la terminación del procedimiento o durar más de dos años" (...). Que, la consagración del carácter de temporalidad realizada por el legislador en la Ley 1286 -Código Procesal Penal-hace depender la duración de una medida cautelar de carácter personal "como se la prisión preventiva" de un hecho objetivo; que nada tienen que ver con los presupuestos que llevaron a dictarla, este es: el transcurso del tiempo. De conformidad con el mandato legal, este también es un elemento que debe considerarse para revocar la medida privativa de libertad, independientemente de que subsistan o no los presupuestos que llevaron a decretarla. Que, con esto se confirma el carácter excepcional y temporal de la prisión preventiva. Por lo que cualquier otro tipo de finalidad que se pretenda hacer cumplir a la misma durante el proceso, excederla, sin duda alguna, los límites y objetivos que le son propios. NOPUEDE ATRIBUIRSE A LA PRISIÓN PREVENTIVA LA FUNCIÓN DE ANTICIPAR LA PENA...". Finalmente, solicitan se haga lugar al planteamiento y consecuentemente se disponga la libertad de su defendido Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA.-
Por su parte, el procesado VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, en ocasión de la audiencia fijada a los efectos de ser oído ha señalado: "La verdad dicen que es absoluta y la mentira tiene principio y fin y vengo a reiterar mi pedido de libertad por la sencilla razón, yo en el momento de registrarse el siniestro en el supermercado yo no me encontraba presente, me imputaron por supuestamente dar una orden por telefonía móvil y se hicieron los cruces de llamadas y no pudieron confirmar la teoría de que yo había dado una orden y luego en el transcurso del juicio dijeron que yo di una orden preestablecida y al no poder confirmar esa hipótesis, dijeron que yo di un a orden verbal dentro del supermercado a sabiendas de que se estaba incendiando. En este estado la Presidenta recuerda al Sr. Paiva que sus manifestaciones deben referirse en este acto específicamente con relación al pedido de habeas corpus reparador solicitado por las defensoras públicas. En este estado el Sr. Paiva manifiesta: hace más 3 años que me encuentro recluido acá y yo soy una persona que sufre de diabetes juvenil y la misma consiste en el aspecto emotivo, psicológico de la persona y en innumerables ocasiones he pedido asistencia médica y se me rehusó la posibilidad de un consultorio odontológico. Se hicieron presentes acá el Medico forense, el médico de la Corte, el médico de la Fiscalía y todos coincidían en que necesitaba un tratamiento y decían que mi tema es mediático y por eso no me podían dar para que yo salga a atenderme y también en los últimos tiempos aproximadamente un mes y medio atrás se manifestó unos forúnculos, no se exactamente el término médico y estoy con un tratamiento médico gracias a mi señora madre y esposa me estoy aplicando un antibiótico intramuscular para bajar la infección. Seguidamente da lectura a un artículo del diario ABC, en el cual según el Abog. Enrique Kronawetter, con relación al Art. 236 del C.P.P. que no se contrapone a la Constitución, las leyes reglamentarias se deben aplicar porque se dictan para un momento determinado muy posterior a la constitución y demuestran el grado de avance de la legislación de un determinado país. Este criterio internacional en materia de doctrina es lo que se conoce como reglamentación positiva o favorables a los derechos del justiciables (imputado) esta en directa consonancia con el art. 45 de la Constitución según el Dr. Kronawetter la Corte interpreta restrictivamente la constitución en perjuicio el imputado con se niega aplicar el art. 236 del C.P.P, esto esta prohibido cuando afecta el ejercicio de los derechos facultades y garantías de los justiciables (imputado). El mandato del CP.P. se aplica de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial por otro lado afirma que existen exigencias que los estado que suscriben los tratados internacionales deben adecuar su legislación o implementar medidas para inmediata aplicación a los procesos tramitados , la prisión preventiva tiene un plazo máximo de duración y en ningún caso es equivalente a todo el proceso por que de lo contrario se convierte en pena anticipada y esto no solo contraviene a las constituciones de cada estado sino al mismo pacto de San José de Cosa Rica, también el doctor dice que no tiene dudas que toda persona con prisión preventiva de mas de dos años debe recuperar inmediatamente su libertad. Y solicita la agregación del Semanario judicial de ABC, p. 9 del lunes 6 de agosto del 2.007.y también de la p. 24 de la Nación del domingo 29 de julio del 2.007 con el epígrafe análisis. Y sigue agregando como dice ahí el art. leído que el plazo es de dos años y yo estoy hace mas de tres años y por eso solicito mi libertad'.-
Que, el artículo 133 de la Constitución Nacional establece: "Esta garantía podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por interpósita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripción judicial respectiva. El Hábeas Corpus podrá ser: a) ...b) Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención".-
En concordancia, la Ley N° 1500, en su artículo 19 dispone cuanto sigue: "Procederá el hábeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona".-
Las abogadas defensoras solicitan la libertad de su defendido por supuesta privación ilegítima de libertad. Su planteamiento está incurso en primer lugar, en la no resolución hasta el día de la fecha, de un incidente de revocatoria de auto de prisión preventiva, planteado en fecha 30 de enero de 2007 por los defensores públicos que ejercían la defensa de su defendido y, básicamente en la hipótesis que su defendido se encuentra privado de libertad desde hace más de tres años, lo que dejaría traslucir la adecuación fáctica a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Procesal Penal y al artículo 19 de la Constitución Nacional. En ese orden de ideas, examinadas las instrumentales adjuntadas por las abogadas defensoras y asimismo las remitidas por el Presidente del Tribunal de Sentencia, Abog. Germán Torres Mendoza, se advierten los aspectos que a continuación se analizan:-
En la presente causa, el SR. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA fue imputado por los Representantes del Ministerio Público por el hecho punible de Homicidio Doloso, y en ese contexto el Juzgado Penal de Garantías N° 2 a cargo del Juez Pedro Darío Portillo dictó el A.I. N° 1424 de fecha 04 de agosto de 2004 en virtud del cual resolvió: "Calificar provisoriamente la conducta del imputado VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA dentro de las disposiciones del art. 105 inc. 1o del C.P. en concordancia con lo previsto en el art. 29 inc. 2o del mismo cuerpo legal, DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA del imputado VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA.."; en este sentido, se advierte que la privación de libertad del mismo fue dispuesta por autoridad competente -Juez Penal de Garantías- por A. I. N° 1424 de fecha 04 de agosto de 2004. Posteriormente, por A.I. N° 1091 de fecha 16 de junio de 2005 la causa fue elevada a Juicio Oral y Público -acusación fiscal mediante- calificando la conducta del encausado en las disposiciones de los artículos 105 inc. 1o (Homicidio doloso) y 112 (Lesión Grave).-
En este sentido, y entrando en materia se tiene que los presupuestos legales del Hábeas Corpus reparador requieren la presencia de una ilegalidad en la privación de libertad de la persona, en otras palabras la persona debe estarlo en virtud a una orden que no proviene de quien tiene competencia para ordenar medidas de esa naturaleza. La privación de libertad tiene que ser "arbitraria" esto es por el sólo capricho de un particular o autoridad pública, sin competencia para disponerla, que no obstante cercena la libertad de otra persona sin autorización legal para hacerlo.-
Confrontados los antecedentes del caso, conforme se ha podido apreciar, el ciudadano VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA se encuentra privado de libertad por orden de autoridad competente -Juez de Garantías-. La privación de libertad del encausado no tiene un origen ilegal, muy por el contrario, fue dictada en el marco de la tramitación de un proceso penal, por un órgano jurisdiccional con competencia para hacerlo.-
Ahora bien, con relación a la afectación del artículo 236 del Código Procesal Penal, y manteniendo la línea jurisprudencial -considerando que esta Sala se expidió en otras causas similares en las cuales le cupo analizar la problemática relativa a la duración máxima de la prisión preventiva-, se debe señalar a los efectos de dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Art. 19 de la Carta Magna, que existe una calificación provisoria del hecho que fuera atribuido a VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, realizada por el Juez de la Etapa Intermedia, quien, por A.I. N° 1091 de fecha 16 de junio de 2005 incursó provisoriamente la conducta del procesado dentro de lo preceptuado en los artículos 105 inc. 1o (Homicidio doloso) y 112 (Lesión Grave) del Código Penal.-
A partir de la jurisprudencia sentada por la Sala Penal con referencia al plazo máximo permitido para la duración de la prisión preventiva y en vista de que la pena mínima en expectativa prevista para la justiciable para el hecho punible más grave que se le atribuye (Homicidio doloso) es de cinco años, se concluye que: no procede el otorgamiento de la libertad por el hecho de hallarse el encausado recluido desde hace más de tres años, conforme lo expusiera la defensa, ya que aún no se ha cumplido el plazo requerido por la norma constitucional para su concesión.-
El criterio que antecede no es aplicado en forma aislada al presente caso, ya en procesos anteriores con características similares a los de la presente causa (Regidos por la Ley N° 1286/98 y con autos de elevación a juicio oral y público), esta Sala Penal a través de fallos constantes y uniformes ha dispuesto: "...A tenor de lo expuesto y considerando que Miguel Fernando Cantero se halla recluido desde el 26 de enero de 2004, se concluye que a la fecha, la pena mínima prevista (cinco años) no se halla cumplida, con lo cual no se ha inobservado la norma constitucional que dispone: "La prisión preventiva sólo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho, efectuada en el auto respectivo..." (Ac. y Sent. N° 916 del 12 de octubre de 2005 en la causa: Hábeas Corpus Genérico a favor de Miguel Fernando Cantero);... "Pues existiendo una causa penal en contra del peticionante, el mismo solo puede echar mano a las acciones o recursos pertinentes previstos por nuestra ley procesal, por lo que la medida restrictiva de libertad no es ilegal, es más, fue confirmada por el auto de apertura a juicio, y no habiendo transcurrido el plazo mínimo establecido para igual delito..." (Ac. y Sent. N° 995 de fecha 18 de octubre de 2005 en la causa: Hábeas Corpus Reparador a favor de Eladio Muñoz García);..."Que, (...) debemos manifestar que manteniendo la proporcionalidad exigida con la relación a la expectativa de condena, que en este caso particular se puede elevar a 25 años de privación de libertad, la prisión preventiva que pesa sobre el encausado EDGAR CUEVAS, es absolutamente legal, pues la misma emana de autoridad competente y con una pena mínima en relación al hecho punible, de 5 años, a demás debemos tener en cuenta que en los autos principales se ha fijado fecha para la realización del Juicio Oral y Público a través del A.I. N° 167 del 12 de setiembre de 2005, tal como consta afs. 231 (tomo II de autos/' (Ac. y Sent. N° 1044 de fecha 11 de noviembre de 2005 en la causa: Hábeas Corpus Reparador a favor de Javier Martínez Giménez); "...Bien es sabido que el Instituto del Hábeas Corpus Reparador está dirigido a rectificar la circunstancia de que cualquier persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad la recupere inmediatamente, constituyéndose esta condición en requisito fundamental para la procedencia de la presente garantía constitucional, circunstancia que de ninguna manera se observa en el caso que nos ocupa. Pues existiendo una causa penal en contra del peticionante, el mismo solo puede echar mano a las acciones o recursos pertinentes previstos por nuestra ley procesal, por lo que la medida restrictiva de libertad no es ilegal, es más, fue confirmada por el auto de apertura a juicio y no habiendo transcurrido el plazo mínimo establecido para igual delito..." (Ac. y Sent. N° 1736 de fecha 29 de diciembre de 2006 en la causa: Hábeas Corpus Reparador a favor de Domingo Cabrera).-
Por otro lado, se ha mencionado además, lo señalado por el que suscribe, en el exordio del Acuerdo y Sentencia N° 663 de fecha 23 de julio del 2007, dictado en el Hábeas Corpus Reparador planteado en relación al ciudadano LINO CESAR OVIEDO SILVA en la causa conocida como el "caso Magnicidio" y en tal sentido cabe aclarar a las defensoras, que en dicha ocasión la garantía constitucional fue acogida favorablemente por el voto en mayoría de los miembros de esta Sala, tomando) en consideración el incumplimiento de las formalidades previstas en la ley que reglamenta la garantía constitucional de Hábeas Corpus (Art. 21 Ley N° 1500/99); es decir, conforme a los fundamentos plasmados por la mayoría de esta Sala Penal, no se han analizado los motivos de fondo. Si bien es cierto, se ha hecho referencia a la proporcionalidad de la privación de libertad, no es menos cierto que todas las manifestaciones vertidas en aquella ocasión fueron referidas siempre considerando la normativa prevista en la ley que regula la garantía constitucional y las particularidades concretas y peculiares del caso sometido a estudio.-
Finalmente, y en virtud a las manifestaciones vertidas por las abogadas de la defensa, con respecto al pedido de resolución ficta en virtud al artículo 141 del Código Procesal Penal, es oportuno mencionar que la garantía constitucional del hábeas corpus, por vía de principio, no es un instituto previsto para requerir celeridad procesal en las medidas cautelares, como tampoco puede utilizarse a la esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como un órgano supletorio ante quien recurrir en los casos de resolución adversa a los intereses de las partes, como una tercera instancia y provocar de esta manera pronunciamientos que pueden catalogarse como intrusivos a la labor de los órganos jurisdiccionales de instancia.-
Por todo lo expuesto y en estas condiciones, habida cuenta la inexistencia de ilegalidad en la privación de libertad o de circunstancias que deban ser rectificadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1500, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden, el Habeas Corpus Reparador planteado por la defensa de VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, debe ser rechazado por improcedente. ES MI VOTO.-
A su turno, el Dr. NUÑEZ manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.-
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue:-
SENTENCIA NÚMERO: 766.-
Asunción, 8 de agosto del 2.007.
VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la;-
1- NO HACER LUGAR al Habeas Corpus Reparador planteado por las Defensoras Públicas, Abogadas Alicia Inés Augsten y Patricia Rosanna Bernal a favor del Sr. VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA en la causa caratulada: "JUAN PIÓ HELVIDIO PAIVA ESCOBAR, VÍCTOR DANIEL PAIVA ESPINOZA, HUMBERTO FERNANDO CASACCIA, DANIEL ARECO, EDER SÁNCHEZ, ISMAEL ALCARAZ Y JORGE D. PENAYO S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OMISIÓN DE AUXILIO. N° 8518/04", conforme las consideraciones vertidas en el exordio de la presente resolución.-

References: resolución 
 Resolución 
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 Artículo 20
 resolución 
 resolución 
 Artículo 133
 Artículo 133
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 Artículo 105
 Artículo 19
 artículo 133
 artículo 137
 resolución 
 resolución 
 artículo 236
 artículo 133
 artículo 19
 resolución 
 artículo 236
 artículo 19
 artículo 236
 resolución 
 artículo 141
 resolución 
 artículo 19