Source: http://www.libertadidioma.com/20170208.htm
Timestamp: 2019-02-21 09:42:42+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 8 Febrero 2017
Los nacionalismos, la primera cruz de España
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 8 Febrero 2017
El juicio que se sigue contra Artur Mas y dos de sus consejeras por los delitos de desobediencia y prevaricación, presuntamente cometidos al haber organizado un referendo secesionista prohibido por el Tribunal Constitucional expresamente, exige ya, sin dilación, hacerse una pregunta sobre el pasado, indispensable para un cabal entendimiento del presente y el futuro: ¿Cuánto ha sufrido este país a consecuencia de la constante extorsión nacionalista?
Y no me refiero ahora al terrorismo de ETA y las otras bandas criminales, que en Galicia o Cataluña cometieron sus atrocidades agazapados tras la bandera del nacionalismo independentista, aunque tal haya sido, sin duda, la manifestación más trágica y brutal de esa extorsión, vista con simpatía durante años por tantos que hoy se irritan si se les recuerda su actitud ignominiosa.
No, no hablo de la extorsión criminal, sino de aquella a la que, sin más violencia que en ocasiones la verbal, nos han sometido los partidos nacionalistas desde que la democracia se asentó. Hablo de la guerra de las banderas, destinada a evitar que la nacional ondease, como acontece en todo el mundo, en muchas instituciones oficiales. Hablo de un conflicto lingüístico creado y azuzado por los que no tienen más horizonte que expulsar a la lengua común de sus respectivos territorios. Hablo de la voracidad insaciable de los partidos nacionalistas por engordar con competencias e instituciones sin fin a sus comunidades, para debilitar así a un Estado considerado siempre el enemigo. Hablo de la imposibilidad de asentar un sistema de financiación autonómica estable por efecto de la falsía del nacionalismo. Hablo de la búsqueda incansable de agravios, de la reinvención de la historia, de la manipulación de los datos, de la impugnación de todo lo que nos une y el impulso a todo lo que podría separarnos. Hablo, en suma, de la permanente y exasperante deslealtad nacionalista hacia el proyecto de una España unida, plural y solidaria.
¿Cómo medir en coste económico, político y social todo lo ocurrido en el País Vasco y el resto de España tras la locura del Plan Ibarretxe? ¿Qué precio inmenso habrá de pagar Cataluña y España entera como consecuencia del delirio secesionista que tiene hoy al país en vilo y al borde mismo del abismo? ¿Quién repondrá la convivencia destrozada? ¿Quién restaurará la verdad tras tantos años de patrañas? ¿Quien resecará el pozo del odio que unos pocos han instalado entre amigos, familias y compañeros de trabajo?
Mas, Rigau y Ortega están siendo juzgados con todas las garantías por haber, presuntamente, delinquido. Así de sencillo. Ocurre todos los días en los modernos Estados de derecho. Muy pocos, sin embargo, han tenido que soportar una presión centrífuga y desleal siquiera comparable a la de los nacionalismos en España. Eso es lo que nos distingue de la mejor Europa democrática y no el hecho obvio de que quien es presunto culpable de un delito sea juzgado con arreglo a la ley por un tribunal independiente.
EDITORIAL El Mundo 8 Febrero 2017
www.latribunadelpaisvasco.com 8 Febrero 2017
HACE 25 AÑOS, EN MADRID
Homenaje a los militares asesinados por ETA en la plaza de la Cruz Verde
La Gaceta 8 Febrero 2017
El inspector general del Ejército, teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, presidió el pasado 3 de febrero un acto en homenaje a los militares asesinados por la banda terrorista ETA en un atentado perpetrado en la plaza de la Cruz Verde de Madrid, el 6 de febrero de 1992 -hace ahora 25 años-.
Los capitanes Juan Antonio Núñez Sánchez, Ramón Carlos Navia Refojo y Emilio Domingo Tejedor Fuentes; el soldado que conducía la furgoneta, Francisco Carrillo García; y el funcionario del Ejército de Tierra, Antonio Ricote Castillo, todos ellos destinados en la Capitanía General de Madrid, fueron recordados en una misa celebrada en la iglesia catedral castrense.
Posteriormente, en el mismo lugar en el que ocurrieron los hechos, otras autoridades -como el director de Acuartelamiento y comandante militar de Madrid, general Fernando Aznar Ladrón de Guevara-, familiares, amigos de las víctimas y vecinos de Madrid asistieron a un acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en el que las viudas y padres de los fallecidos ocuparon un lugar preferente.
Al son de los acordes de “La muerte no es el final” se colocó una corona de laurel junto a la placa que recuerda a los compañeros fallecidos y se realizó el “toque de oración”.
Aleix Vidal-Quadras gaceta.es 8 Febrero 2017
Cuando Artur Mas sentado en el banquillo el pasado lunes lanzó en su habitual tono ampuloso y engolado la pregunta de por qué el Constitucional no impidió la celebración de la consulta ilegal del 9-N, el Presidente del Tribunal que le juzga por un delito de desobediencia le recordó con firme amabilidad que no estaba en la sala para formular interrogantes retóricos, sino para responder a las preguntas del fiscal, de la defensa y de las acusaciones particulares, y añadió con forense precisión “si lo desea”. Efectivamente, el ex-presidente de la Generalitat tiene derecho a no contestar a los requerimientos de los letrados y así lo ha hecho con la acusación pública y con las particulares, limitándose a atender las cuestiones formuladas por su propio abogado.
La habitual propaganda de los separatistas intenta presentar ante la opinión catalana, española y mundial el proceso al que está siendo sometido Artur Mas y sus dos antiguas Consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, como una persecución política y por ello han montado a su alrededor un espectáculo fastuoso de multitudes airadas, banderas al viento, cánticos patrióticos, estaciones de via crucis nacionalista y posados de los acusados como víctimas de la opresión y héroes de la democracia y la libertad. Sin embargo, la realidad es mucho menos grandiosa y más prosaica. Los procesados no se encuentran declarando ante los magistrados por sus ideas, convicciones o actuaciones políticas que, por supuesto, en España son libres. Nuestro país, miembro de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la OTAN, no es Cuba, Corea del Norte ni Irán. Es un Estado de Derecho donde los ciudadanos gozan de todas las garantías ante la ley y de libertad de opinión, expresión, asociación y culto. Artur Mas ha podido presentarse a unas elecciones como cabeza de lista de la extinta CiU -desaparecida, al igual que Unió Mallorquina en su día en Baleares, ahogada en su desatada corrupción- con un programa que propugnaba la separación de Cataluña de España y la creación de un nuevo Estado soberano liquidando una de las Naciones más antiguas de nuestro continente con cinco siglos de unidad a sus espaldas. A pesar de que semejante proyecto es frontalmente contrario al orden constitucional vigente, económicamente suicida, socialmente destructivo y manifiestamente antieuropeo, el hoy jefe de filas del Partido Demócrata Europeo Catalán -mucha adjetivación para un objeto tan menguante- lo propuso a los ciudadanos y muchos de ellos le votaron para que lo llevara adelante. Por consiguiente, la represión que haya podido sufrir por sus posiciones políticas es nula. Tanto es así, que el Gobierno de la Nación ha soportado con estoica y pusilánime paciencia las bravatas, las falsedades y las insolencias de los nacionalistas durante años sin otra reacción que patéticos ofrecimientos de diálogo y recursos a los Tribunales para que éstos corrigiesen sus continuas tropelías.
Aquí no se discute un conflicto político, cuyo lugar natural para ser dirimido son los parlamentos, los medios de comunicación y las urnas. Lo que se está resolviendo es el cumplimiento o incumplimiento de la legalidad por parte de tres altos responsables institucionales en el ejercicio de sus funciones. Los separatistas han de entender de una vez que pueden trabajar sin descanso por la independencia de Cataluña, defender tal disparate en todos los foros que quieran y solicitar el apoyo de los electores con ese fin, pero con una salvedad imprescindible sin la cual su pretensión está condenada al fracaso: todo lo que hagan, digan y emprendan ha de situarse dentro del orden constitucional y legal en vigor. Si se desvían de la senda de la legalidad, se encontrarán, como les ha sucedido a Artur Mas y sus dos compañeras de desdicha, ante unos caballeros o damas con toga y bocamangas de encaje que les impondrán la sanción de la que sus conductas delictivas les hagan merecedores, sea ésta inhabilitación, multa o prisión. Y esa máquina, enorme, lenta, impávida e imparable, se denomina imperio de la ley y es inseparable de la voluntad de la mayoría a la hora de configurar una auténtica democracia. Nadie escapa a su rigor, por mucho que se clame que sólo se pretende consultar al pueblo soberano. El cumplimiento de la ley y la convocatoria de elecciones o de referéndums son elementos indisociables del sistema democrático y no se puede esgrimir el uno contra el otro o el otro contra el uno como torticeramente intentan los separatistas. El eslogan secesionista de que las urnas no se juzgan es, en este sentido, una falacia, porque sin respeto a la ley no hay democracia de la misma forma que sin democracia no hay respeto a la ley, sino su imposición tiránica.
El único método de que los separatistas consigan sus objetivos fuera de la ley es, obviamente, la rebelión violenta contra la Constitución y el Estado democrático. En otras palabras, el golpe mediante la fuerza. Pueden intentarlo, naturalmente, aunque si yo estuviera en su lugar lo pensaría mucho antes de lanzarme a esa piscina. Si ya en el aire se dan cuenta de que no hay agua, el choque con el cemento del fondo les puede dejar no ya sin independencia, sino también sin autonomía y sin un hueso sano.
Prevaricar es una ganga Isabel San Sebastián
Isabel San Sebastián ABC 8 Febrero 2017
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau se sientan en el banquillo arropados por la marea habitual de apesebrados del "prusés" llevados en autobuses hasta las puertas del tribunal con el cometido impúdico de presionar a los jueces. Los que en noviembre de 2014 eran los máximos representantes del Estado en Cataluña se enfrentan a una pena máxima de doce años de inhabilitación por tratar de subvertir el orden constitucional celebrando un referéndum de autodeterminación. Los delitos tipificados que se les imputan son dos: prevaricación, definido por la RAE como "faltar conscientemente [un funcionario] a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia", y desobediencia. La malversación de caudales públicos, íntimamente ligada a la prevaricación, al ser evidente la necesaria utilización de fondos públicos para organizar y llevar a cabo la consulta de marras, desapareció de la lista de cargos el pasado mes de julio, mientras se negociaba la composición de la Mesa del Congreso, a petición del Ministerio Fiscal. En caso de condena, ese delito habría llevado a la cárcel a los tres "mártires de la patria" que responden hoy de sus actos. Y semejante martirio excedería con creces lo que ellos u otros sediciosos están dispuestos a pagar por entrar en la Historia como los traidores que consiguieron romper la unidad de España.
En agradecimiento a esa benevolencia gubernamental (la Fiscalía depende directamente del Ejecutivo) los elegidos para la gloria de pilotar la vida parlamentaria desde la citada Mesa obtuvieron diez votos más de los previstos sumando los diputados del PP y los de Ciudadanos, evidentemente procedentes en su mayoría de las filas convergentes. Pero ésa no era la razón principal para librar a Mas y compañía de la mera posibilidad de pasar una temporada entre rejas. En realidad, los gurús de la "política pragmática", los maestros en el arte de sobrevivir a costa de poner los intereses por encima de los principios, habían llegado a la conclusión de que aplicar al expresident el mismo rasero que a cualquier otro español resultaría "contraproducente", echaría más leña al fuego independentista, atizaría sus llamas. O sea, que una vez más, la respuesta al desafío debía ser el apaciguamiento.
El Estado de Derecho, pensábamos, se caracteriza por el imperio de la Ley igual para todos, pero resulta que no. Lo que manda es la conveniencia, la coyuntura, eso que llamamos "política" y hoy se escribe con minúscula. Si te apellidas Pantoja y puedes servir de escarmiento, ten por seguro que a la mínima serás pasto de paparazzi esperándote, cámara en ristre, a las puertas del talego. Si eres un político amortizado o caído en desgracia en las filas de tu propio partido, como Rodrigo Rato, te despellejarán en la plaza pública por utilizar una tarjeta black, antes de pedirte una pena de seis años y cuatro meses de prisión. Si se te ocurre discrepar con Hacienda en la forma de tributar y la cantidad objeto de disputa supera los 120.000 euros, prepárate para una estancia de entre doce meses y cinco años "a la sombra", además de una multa que puede llegar a multiplicar por seis lo defraudado. Pero si tu delito es emplear el poder que te da tu cargo para tratar de quebrar la Nación a la que representas, entonces no pasa nada. Lo peor que puede ocurrirte es que te conviertan en mártir. Prevaricar, si eres separatista, es una auténtica ganga.
El Aguijón gaceta.es 8 Febrero 2017
¿Se imaginan ustedes a un presunto violador vitoreado a las puertas de un juzgado minutos antes de declarar tras ser citado?
No, Arturo Mas, no tiene que presentarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por colocar unas cajas de cartón un día cualquiera, por mucho que se empeñen en hacernos creer los medios de comunicación.
El español Arturo Mas, tal y como aparecía en el Registro Civil hasta el año 2000, responde a una imputación por desobediencia grave, prevaricación administrativa, malversación y usurpación de funciones en el circo del 9-N.
Acosar a la justicia no es algo nuevo en nuestro país de pandereta. En numerosas ocasiones hemos podido disfrutar de situaciones rocambolescas en las inmediaciones de las sedes judiciales. La figura del patriarca de un clan gitano amparado por su numerosa familia se ha visto reflejada en el montaje orquestado por Mas, Ortega y Rigau con la protección de la desaparecida Convergencia, la extrema izquierda radical de ERC y el perroflautismo adinerado de la CUP.
La coacción no ha acabado en los juzgados. Los funcionarios catalanes, fichados por la inteligencia soberanista, se han visto obligados a solicitar días de asuntos propios para no quedar marcados por la nueva Gestapo naZionalista al servicio de Puigdemont.
Igualmente, Dolores Agenjo, directora del instituto Pedraforca de l’Hospitalet, que no quiso entregar las llaves para participar en la farsa de la consulta, ha denunciado presiones de la Generalitat en la figura de Llobet, directora de los servicios territoriales de Enseyament en Barcelona comarca. Agenjo, acusada de cumplir con su obligación, es hoy una apestada dentro de la manipulada administración catalana.
Los independentistas piensan que están por encima del bien y el mal. En España, con mil defectos, la justicia es la encargada de decidir quién vulnera la ley.
Resulta llamativo el apoyo explícito de Unidos Podemos a los representantes de la derecha rancia catalana y la tibieza de un PSOE que navega a la deriva en toda España.
Mientras tanto, la Guardia Civil ha realizado una nueva operación contra la trama de financiación ilegal del 3% del Partido Demócrata de Catalunya que se ha cerrado con 18 detenidos.
No se confundan, Arturo Mas no es un mártir independentista, Arturo Mas es “el Protegido” por la cobardía de un pueblo. Una ciudadanía que guarda silencio cómplice ante la corrupción soberanista que saquea y ha saqueado a la región durante décadas, amparados por la bandera estelada que un triste día plagió un viajero desequilibrado.
Artur Mas no tiene quien le escriba Ramón Pérez-Maura
Ramón Pérez-Maura ABC 8 Febrero 2017
José García Domínguez Libertad Digital 8 Febrero 2017
Constitución de Italia, artículo 126: "Se acordarán por decreto razonado del Presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del Presidente de la Junta que hayan realizado actos contrarios a la ón o incurrido en violaciones graves de la ley". ón de Alemania, artículo 21: "Son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania". ón de Lituania, artículo 3: "El pueblo y cada ciudadano tienen el derecho a oponerse a cualquier atentado por la fuerza contra la independencia, la integridad del territorio o el orden constitucional del Estado de Lituania". ón de Francia, artículo 89: "Ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio". El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acaba de sentenciar con el más solemne y melodramático de los tonos en la tribuna de oradores del parlamento catalán que una democracia, la española por más señas, "que envía a juicio a los responsables del 9-N es una democracia que está enferma". El muy honorable (aún se les sigue designando así) ha olvidado mencionar, sin embargo, que esa enfermedad constituye una epidemia tan universal que se extiende por todas las democracias del planeta que disponen de una constitución escrita. Por todas, sin excepción. Tal es el alcance ecuménico de esa grave patología que denuncian nuestros airados separatistas domésticos.
El proceso a que está siendo sometido el expresidente de la Generalitat Artur Mas, una causa muy seria que no debiera ser objeto de frivolización a ojos de la opinión pública, está abocado a colocar a las instancias rectoras del Estado ante la misma disyuntiva que se suscitó a inicios de la década de los ochenta, cuando la quiebra fraudulenta de Banca Catalana llevó a que se forzase desde La Moncloa un apaño absolutorio en los tribunales, de tal modo que la persona de su principal inductor, Jordi Pujol, se librara de las previsibles consecuencias penales que a buen seguro acarrearía el desenlace normal del juicio. Y todo con el único fin de buscar la manida concordia con el catalanismo. Concordia imposible, como los casi cuatro lustros transcurridos desde entonces se han encargado de certificar. Aquel gesto de medrosa negligencia pusilánime por parte del Estado, lejos de suscitar en la corriente dominante del catalanismo el menor sentimiento de lealtad hacia el orden constitucional español, ese mismo que pocos años atrás acababa de garantizar un marco de autogobierno a Cataluña nunca antes conocido en la Historia, los dotó de una novedosa conciencia de impunidad que llevaría a que incrementasen de modo exponencial la audacia de sus acciones. Esa profunda deslealtad de los catalanistas, que simularon de modo cínico su asentimiento al orden constitucional mientras se ponían manos a la obra de inmediato para tratar de destruirlo, debería servir de aviso a navegantes a cuantos anden ahora tentados de repetir el mismo error que se cometió con Pujol.
Que el pasado 9 de noviembre de 2014 la conducta del presidente de la Generalitat fue constitutiva de varios delitos tipificados, asunto que estos días se dirime en el Palacio de Justicia de Barcelona, resulta algo tan clamorosamente evidente que incluso quienes se esfuerzan por defender lo contrario, como es el muy significativo caso del señor Vidal Folch desde las páginas de El País, rematan sus escritos exculpatorios solicitando un indulto para el aún acusado. Cuán profunda e intensa tiene que resultar su muy íntima certeza de que Mas es culpable para que, antes de iniciarse siquiera la primera sesión del juicio oral, empezasen ya a rogar un indulto gubernativo. Sin embargo, y como diría Talleyrand, librar de su pena a un Mas condenado en firme por la Justicia sería algo mucho peor que un crimen: sería un error. Y no un error cualquiera, sino un error imperdonable que llevaría a que, esta vez sí, se consumase la ausencia del Estado dentro del territorio de Cataluña durante la jornada que al final se elija para terminar de quebrar la legalidad española. Y ello por una razón simple. Los golpistas necesitarán la obediencia, amén de la complicidad activa, de varios centenares de funcionarios de carrera en nómina de la Generalitat para poder arbolar una escenografía institucional que ofrezca una mínima, elemental apariencia de referéndum real ante los observadores internacionales que, presentes en Cataluña o desde las pantallas de televisión, estén atentos a todo lo que aquí ocurra durante esa jornada.
No se olvide que una eventual declaración de independencia requeriría como condición sine qua non para su posible viabilidad efectiva que se produjese algún tipo de reconocimiento exterior. Los golpistas de la Generalitat, huelga decirlo, son plenamente conscientes de ello. Y de ahí su nuevo foco de presión sobre los funcionarios sometidos a su mando. La insistente recomendación oficial para que solicitasen un día de permiso a fin de poder acompañar a Mas hasta los juzgados fue el inicio de esa campaña dirigida a los empleados públicos de cara al gran día. Sin centenares de funcionarios organizando y controlando la compleja logística del desafío abierto al Estado, el asunto quedaría en otra performance escénica más, otro número vistoso, sí, pero irrelevante. Por eso la inhabilitación judicial de Mas se antoja tan imprescindible para hacer que los hipotéticos cómplices materiales en la asonada comiencen a sentir el aliento del Estado en la nuca. Los pequeños colaboracionistas, los chusqueros del procés, tienen que saber que también habrá consecuencias personales para ellos. Y muy graves. A los chupatintas de la Generalitat procede hacerles entender que se juegan el sueldo y el empleo en este envite. Y la única manera de que lo entiendan, la única, será viendo a su caudillo inhabilitado. No nos podemos permitir otro error.
Juan F. Arza vozpopuli.es 8 Febrero 2017
Son los catalanes de segunda.
Se lo han hecho saber de muchas maneras. Su opinión no cuenta. En Cataluña mandan los auténticos catalanes, sean de izquierdas o derechas. Y los auténticos catalanes no se sienten españoles.
Son una anomalía histórica, demográfica y cultural, invasores o traidores, “xarnegos” o “botiflers”. No son parte del pueblo catalán sino el “adversario del pueblo catalán”; no votan y apoyan a fuerzas políticas que “son de” Cataluña, sino que “están en” Cataluña. Son un obstáculo para el destino manifiesto de Cataluña, para que ésta recupere sus libertades y su esplendor.
Son invisibles para los medios de comunicación autóctonos. Si por casualidad consiguen hacerse un hueco, se les presenta con un rostro anticatalán y antidemocrático. Son los “fachas”, y los humoristas los dibujan con gafas oscuras y banderas con el águila de San Juan.
Las instituciones los ignoran. Ni las administraciones, ni los sindicatos, ni las patronales, ni las cámaras de comercio, ni los colegios profesionales, ni los clubes deportivos, ni las asociaciones de todo tipo los representan. Si voluntaria o forzosamente colaboran económicamente con alguna de ellas, no tienen los mismos derechos que otros contribuyentes. No forman parte de la “sociedad civil”.
Son peligrosos para la cohesión social. Se empeñan en sostener polémicas absurdas sobre la lengua y la educación. ¿De qué se quejan? ¡Bastante se habla ya el español en la televisión! ¡Demasiado se habla en la calle, y en los patios de los colegios! ¿Acaso quieren segregar a los niños, negarles la posibilidad de “integración” que el sistema les ofrece?
Sus símbolos, los que comparten con el resto de los españoles, no tienen cabida en Cataluña. Su himno, su bandera… es natural que sean objeto de burlas y humillaciones, reacciones “espontáneas” de los verdaderos catalanes en uso de su “libertad de expresión”.
Los llaman “colaboracionistas” y “quintacolumnistas”. Pero la realidad es que el Estado español nunca ha organizado un movimiento de “resistencia” en Cataluña. Muchos políticos españoles tampoco los consideran catalanes de verdad: cuando hablan de dialogar con “Cataluña”, de lo que ésta “quiere” o “pide” no piensan en ellos. Los tratan como un puñado de votos, un instrumento de presión desechable, moneda de cambio, carne de cañón.
¿Deberían aceptar las cosas como son? No faltan ejemplos de conversos que han llegado lejos gracias a la adopción de la fe nacionalista, y que disfrutan de los privilegios de formar parte de la Cataluña oficial… Pero no se resignan, no quieren pasar por el aro. Son obstinados.
Son la mayor esperanza para la libertad en Cataluña.
Cayetano González diariosigloxxi.com 8 Febrero 2017
MADRID, 6 (OTR/PRESS) La definición que el diccionario ideológico de la lengua española de la Real Academia otorga al término aquelarre: "conciliábulo de hechiceras", sirve para describir bastante bien lo que ha sucedido en la mañana del lunes 6 de febrero con motivo de la declaración ante los tribunales de justicia del ex-Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros dos miembros de su Gobierno, Joana Ortega e Irene Rigau, por la convocatoria ilegal por parte de la Generalitat del referéndum que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014.
Es evidente que los nacionalistas son unos maestros en organizar este tipo de montajes, donde se mezcla todo: el sentimentalismo, el victimismo, la bandera, el concepto de democracia, los eslóganes. Pero al final consiguen que la atención se centre en ellos y que no se hable de otra cosa al menos durante un cierto tiempo. Lo de menos es si se cometió un delito, si un cargo público como era Artur Mas prevaricó a conciencia que lo hacía al convocar una consulta que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. Y además habrá que recordar que el Presidente de la Generalitat es el máximo representante del Estado en su Comunidad. El pulso que los independentistas catalanes lanzaron hace ya cuatro años a ese Estado al que más tenía que defender sigue vivo y lo sucedido este lunes en Barcelona no hace más que confirmarlo. ¿Qué hará el Gobierno de España para pararlo? De momento, Rajoy sigue ofreciendo diálogo dentro de la ley. ¿Diálogo con alguien que no quiere saber nada de ti? Los independentistas están muertos de la risa y el resto de los españoles pagando de nuestros bolsillos sus gracias.
“A vos os corresponde destruir al infame político que convierte al crimen en virtud. La palabra político significaba, en su origen primitivo, ciudadano; y hoy, gracias a nuestra perversidad, ha llegado a significar el que engaña a los ciudadanos. Devolvedle, Señor, su antiguo significado” Voltaire
Miguel Massanet diariosigloxxi.com 8 Febrero 2017
El tema que, en estos días, está adquiriendo una importancia que nunca debiera de habérsele dado, que ha puesto de nuevo como una noticia trending topic o, en nuestro idioma, como tema del momento, para toda la prensa española y, preferentemente la catalana, ha sido el de la comparecencia ante el TSJC del expresidente de la Generalitat catalana, señor Artur Mas y dos de sus colaboradores, las señoras Ortega y Rigau; todos ellos investigados por la simulación de consulta popular que intentaron montar el 9N los separatistas catalanes, con la ayuda y financiación del gobierno catalán, para que los catalanes dieran un impulso, mediante su voto ( aunque no fuera con carácter oficial ni tuviese ninguna de las garantías de limpieza, control y seguridad de un verdadero referéndum con todos los requisitos legales) al proyecto de ruptura de la unidad de la nación, la democracia española, por parte de una minoría integrada en la ciudadanía de la autonomía catalana, empujada, dirigida y motivada por una serie de políticos prevaricadores y desleales con la Constitución que prometieron respetar y hacer cumplir, la del año 1978.
El circo que se ha montado, adrede y con la intención de convertirlo en un medio de propaganda ante las naciones de la CE y, de paso, con el objetivo de reavivar el espíritu nacionalista en aquellos catalanes que, como han recogido las encuestas más recientes, comenzaban a abandonar la idea de que, una separación de Cataluña de España, era algo provechoso para los habitantes de esta autonomía. La mascarada, perfectamente organizada y, curiosamente, apelando a lo que se le reprochaba a las grandes manifestaciones de apoyo al franquismo cuando mediante autocares, vehículos contratados y autobuses, se transportaba a miles de ciudadanos para llenar las plazas en las que tenía lugar el acto de exaltación del régimen; lo que han llevado a cabo sin el menor pudor con tal de que la comitiva de los encausados, a pie y con gran solemnidad, estuviera acogida durante el trayecto hacia el TSJC por unos miles de fanáticos independentistas, hondeando banderas y cantando himnos de apoyo a los “mártires” de la causa que acudían a ser juzgados “injustamente y por motivaciones políticas” ante uno de los tribunales del “oprobioso” Estado español.
Puede ser que, en el resto de España, los haya que no se lo puedan creer y que piensen que se exagera cuando se habla de cómo ha calado, en una parte importantísima del pueblo catalán, la idea de que, desde Madrid, se está manipulando la Justicia para atacar a Cataluña, para acusar injustamente a sus dirigentes y para ir en contra del pueblo catalán, de sus costumbres y de sus intereses. Existe la idea generalizada de que a Cataluña se la está tratando mal; que da más de lo que recibe, que es el objeto del desprecio del resto de españoles y que es cierto que, separados de España, vivirían mejor. Es obvio que están equivocados, que todo se debe a que se ha permitido, desde hace muchos años, que en las escuelas ( con el traspaso de las competencias en educación) los maestros hayan imbuido a sus alumnos un sentimiento de sentirse oprimidos desde el resto de España, la enseñanza de una Historia completamente manipulada ( a lo que ha contribuido la famosa Ley de la Memoria Histórica) y cargada de tópicos sobre los derechos imaginarios a ser una nación, algo que no ha encontrado apoyo en ninguna parte de la verdadera historia sobre las comunidades de Cataluña y Aragón, incluso, de cuando los reyes francos decidieron darle la categoría de nación a Aragón y, no obstante, el territorio catalán quedo convertido en condados supeditados a los reyes aragoneses.
Por desgracia, la debilidad de un gobierno en minoría, la poca confianza en que algunos de los partidos, tradicionalmente defensores de la Constitución y de la unidad de España, sean capaces de cerrar filas con el Gobierno, si fuera preciso apelar a medidas de más enjundia, de la aplicación del Artº 155 del Constitución o, incluso, de llegar a suspender la autonomía catalana y pasar a ser administrada directamente por el Estado español; nos hacen barruntar que, incluso en estos momentos en los que, los separatistas, están usando artillería de grueso calibre, vayan a tener la energía, la firmeza y el valor de decir ¡basta!, y de poner coto a tanta osadía, temeridad, desvergüenza, chulería e insolencia, antes de que ( ya vemos que los comunistas bolivarianos de Podemos, en plena batalla por la dirección del partido, no obstante ya se han decantado para apoyar el referéndum por el “derecho a decidir”) los tenaces dirigentes de la corriente independentista consigan aumentar, todavía más, el número de adictos a su causa.
Porque es cierto que, aun sabiendo que no lo permiten las leyes y que lo que están haciendo no es más que echarle un órdago al gobierno español, para intentar que cometa una equivocación o una torpeza que les permita explotarla en su favor; no parece que, de momento, estén dispuestos a entregar la plaza ni mucho menos a volver la espalda al “enemigo”, porque todos ellos saben que no tienen otro camino que el de seguir adelante, aunque el recorrido que les queda hasta el final, cada vez se está haciendo más corto y con un fin previsiblemente dramático. Vienen recordando, como grandes ejemplos a seguir, a sus antecesores Maciá y Companys, ambos se conformaron con una “república catalana” dentro de la nación española (algo como lo que, por mucho que se quejen, les viene proporcionado un Estatut que hasta, para los Länders alemanes, sería como una utopía irrealizable). Los señores Mas, Junqueras, Ortega, Rigau, etc. no se conforman con los derechos y facultades que les proporciona su estatuto autonómico y lo a que aspiran, en estos momentos, es a conseguir un autogobierno que les permitiera legislar y disponer de todos los impuestos para mangonearlos a su antojo.
En uno de los soportes mediáticos más fieles a su ideario, La Vanguardia, son páginas y páginas las que dedican, cada día, a fomentar y apoyar la causa independentistas ( por algo salen beneficiados con sustanciosas subvenciones a costa del erario público catalán) y, por añadidura, han puesto una propaganda a doble página de la Agencia Tributaria de Cataluña, anunciando la apertura de 15 nuevas oficinas propias para 15 municipios y anuncia una plantilla reforzada que alcanzará los 800 trabajadores a finales del corriente año. Y uno se pregunta, ante una situación tan complicada ¿en qué piensan nuestros gobernantes, del gobierno central, cuando en Cataluña van avanzando y dan por hecho que, en poco tiempo, los catalanes, seamos separatistas o no, vamos a tener que tributar directamente a su propia Hacienda? Es posible que no se decidan a actuar hasta que nos veamos obligados, los que residimos en tierras catalanas, a enfrentarnos ante el dilema de desobedecer a una de las dos administraciones, la catalana o la nacional, cuando ambas nos exijan que ingresemos nuestros tributos en una de ellas.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, como ciudadanos residentes en la autonomía catalana, cada día que pasa sentimos sobre nosotros la desagradable sensación de que, desde el resto de España, empiezan a desentenderse de nosotros y que, al fin, vamos a ser los que salgamos trasquilados de este desencuentro entre la autonomía catalana y el gobierno de la nación española. Lo que más nos escuece, lo que nos enrabieta y despierta nuestra ira es que, muchos catalanes y, ante todo, españoles, llevamos años anunciando que esta situación llegaría, que todo este carajo de conversaciones, de “diálogos” de sordos, de presuntos acuerdos bajo mano etc. no van a servir para nada más que para que los separatistas se entrenen dándole bofetadas simbólicas a nuestra pizpireta vicepresidenta, que parece que aún no se ha enterado de que, en Barcelona, no pinta nada y que le va ser imposible mantenerse mucho tiempo antes de que las hostilidades le obliguen a renunciar a su misión. Lo malo es que los plazos se extinguen, los procedimientos judiciales siguen su curso y las sentencias que puedan llegar a cerrarlos, sean las que sean, a favor o en contra de los encausados, van a tener el mismo letal efecto para las relaciones Cataluña y el resto de España. No es raro que, a medida que cunde el desánimo, entremos en una fase de tedium vitae.
Tenemos ya un recorrido de experiencias políticas y sociales suficientes para identificar con certeza científica los fenómenos totalitarios y el intervencionismo asfixiante en los procesos sociales y culturales. Tras casi cuarenta años de una democracia limitada en España, podemos reconocer sin error cuáles son las actitudes y hechos políticos que impiden desarrollarse a nuestras sociedades en libertad y hacer, desde esa percepción del problema, prevalecer los derechos individuales sobre grupos políticos y sociales que acosan a los ciudadanos.
No caben las actitudes contemporizadoras con las acciones atosigantes de grupos de poder y de presión que restringen las libertades e intervienen de forma agobiante en el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente y protegidos por los convenios internacionales.
En Navarra, el Gobierno Foral y ayuntamientos están intentando dirigir a los padres hacia el modelo educativo D (íntegramente en euskera, con el español como asignatura), y es evidente la intención con la que lo hacen, pues llueve sobre mojado. El modelo D, de inmersión total en euskera en la enseñanza, tiene razón de ser en aquellas zonas donde el euskera es la lengua de uso social mayoritario. Es la lengua del entorno en ese caso; pero no tiene sentido en un entorno donde el 88% de los ciudadanos desconocen el euskera porque no se ha hablado prácticamente nunca, como es en el caso de la mayor parte de Navarra. Sin embargo, ese interés tiene un sentido: manipular cognitivamente a los niños y orientarlos hacia el constructo nacionalista. Lo hemos visto ya en Cataluña y el País Vasco; como bien denuncia Félix Ruiz de Azúa cuando dice que “Nadie ha hecho nada para impedir que en Cataluña se eduque en el odio”. Yo añadiría al País Vasco, y hasta Baleares, Valencia y Galicia en la actualidad.
La acción de estos expertos en manipulación sociológica va dirigida, sobre todo, a aquellas zonas y localidades más atenazadas por el abertzalismo político, como son Burlada y Villava, entre otras, donde los ayuntamientos están gobernados por fuerzas políticas herederas de la cultura proetarra. El lema imperante en esa orientación política de las prematrículas escolares es “La fórmula perfecta”, como antaño fue en el País Vasco “Contágiate con el virus Ukan” o “No dejes que tu hijo sea analfabeto”, o barbaridades por el estilo que reducen el sentido común a la estupidez.
La intervención de esos y otros ayuntamientos intentando dirigir la demanda educativa hacia el modelo D, estigmatizando a los padres que no lo hacen, es un atentado perfecto a la obligada asepsia política que deberían tener en esta materia. Los ayuntamientos no tienen competencias educativas; además se deben al conjunto de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos esas instituciones; y en tercer término, la libertad de opción educativa pertenece a los padres. La intervención municipal o del Gobierno comunitario es inaceptable porque ese ejercicio de libertad educativa es un derecho y supone una agresión al principio de igualdad en la creación de centros y de propuestas educativas, también protegido por la Constitución. Aunque ya sabemos que los abertzales y los nacionalistas están contra los principios constitucionales porque en su genética no están contempladas las libertades y los derechos individuales.
Por ejemplo, en Burlada -y podríamos hablar en el mismo sentido en otros treinta pueblos en los que se están desarrollando estas campañas- el Ayuntamiento promueve la matriculación en el único centro con modelo D existente, habiendo otros cinco centros educativos que no tienen el euskera como lengua de enseñanza-aprendizaje.
El euskera es la tumba de muchos alumnos en sus procesos educativos. Hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de alumnos son de procedencia foránea, y el 15% de los alumnos tienen dificultades y disfunciones lingüísticas que obstruyen su desarrollo educacional (estadística reconocida oficialmente). Para los poderes públicos estos niños no existen, provocando un verdadero abandono en su obligación de atender el derecho a la educación de esos niños.
El actual Gobierno navarro ha establecido un Plan Estratégico de Política Lingüística presupuestado en seis millones de euros, “[…]con el objetivo de fomentar en los funcionarios, en cultura, en comunicación, en comercio, en cultura, y en el ámbito familiar; es decir que vamos a tener que pensar, que hablar, pensar, escribir, incluso que caminar y dormir con modelos euskéricos” según expresiones de Ana Ollo, burukide del Gobierno navarro. Y no se lo pierdan, siguió enunciando los objetivos políticos en estos términos: “Hay que reforzar el euskera por su prestigio y como un elemento de cohesión, de convivencia y de futuro. Sobre todo como motor económico”.
Es posible que yo no vea cómo se puede tener más cohesión convivencia, futuro y desarrollo económico a través del euskera que es una barrera de comunicación en un mundo globalizado, pero igual la Consejera nos lo sabe explicar. Lamento que mis limitaciones me impidan ver el bálsamo de Fierabrás que es el euskera. Yo más bien me inclino, por experiencia empírica, a que es una herramienta de adoctrinamiento a través de la selección del profesorado y de formación del espíritu nacionalista para la construcción nacional. A los hechos me remito. En Cataluña es escandalosamente evidente. Y en el País Vasco, también. Véase mi libro “Educación y Nacionalismo. Historia de un modelo” donde doy evidencias más que notables, y eso que desde que se publicó hay muchos más datos que lo prueban.
Con ese mismo proceso que está siguiendo hoy Navarra se implantó en el País Vasco la extensión del modelo D con carácter casi generalizado. Ello ha conllevado un aumento escandaloso del fracaso escolar, de unos resultados ruinosos evidenciados en los informes PISA de evaluación a pesar del ingente gasto presupuestario y de recursos, un adoctrinamiento escolar vergonzoso y vergonzante por la criba del profesorado, cada vez más afín a las tesis secesionistas, del aumento de los guetos con un incremento inaceptable de la segregación escolar, y una progresiva socialización que ha producido un aumento considerable del nacionalismo donde apenas existía, como en el caso de Alava. Bueno sería que eso se dijera en Navarra para vislumbrar por dónde van las cosas y no dejarse engañar. Pero para eso se necesita coraje y defensa de la verdad, cosa de la que carecen estos políticos timoratos e hipócritas del PP y del PSOE que no saben si van o si vienen, o, lo que es peor, les importa un real rábano.
Las trampas para disimular el cartel que insulta a los que no hablen gallego
Cambian el "Fala Galego, non sexas lelo" por "Fala galego, Ai-la-Le-lo; Ai-La-la", lo que Galicia Bilingüe considera "una burla"
lavozlibre 8 Febrero 2017
Madrid.- Al inicio del presente curso, el padre de una alumna del CPI Panxón, en Nigrán (Pontevedra), pidió al Inspector Jefe Provincial, Manuel Torres Vizcaya, que se retirara del colegio de su hija un cartel con el lema “Fala Galego, non sexas lelo” (Habla gallego, no seas lelo).. El cartel estaba colgado en el vestíbulo y publicado en la web del colegio, porque se le había concedido el premio a la promoción del gallego del Día das Letras.
Dado que el inspector no atendía la petición del pàdre, este se dirigió a Galicia Bilingüe, que presentó una queja ante la Valedora del Pueblo de Galicia. Tres meses más tarde, tras dos requerimientos, la Valedora logró que el Inspector Jefe Provincial respondiera, pero con un chusco informe que dio lugar a que ella emitiera un dictamen contundente en el que hacía constar que el lema “invita al uso del gallego utilizando un adjetivo despectivo” y que “no promueve el respeto a las opciones lingüísticas de los demás”.
Decía la Valedora que “el centro debe promover el respeto a la libertad de sus alumnos a expresarse en la lengua oficial de su preferencia. El hecho de invitar al uso del gallego usando un adjetivo despectivo para quien no lo hace puede resultar ofensivo a algunas personas y desde luego no promueve el respeto a las opciones lingüísticas de los demás, dentro del marco normativo”.
Pero ni siquiera tras el dictamen de la Valedora, Manuel Torres Vizcaya, o el Jefe Territorial de Educación, César P. Ares, pusieron interés en que el cartel fuera retirado. Cinco semanas después de haberse emitido el dictamen, el cartel seguía estando en el recibidor del centro y en su página web.
Finalmente, el cartel fue retirado del recibidor del centro, al ser sustituido por otro cartel, ganador de otro concurso diferente, pero todavía permaneció colgado en la web del colegio algún tiempo más, hasta que fue sustituido por otro, muy similar, en el que se puede leer “Fala galego, Ai-la-Le-lo; Ai-La-la”, como si fuera parte de una melodía, lo cual ha sido entendido por Galicia Bilingüe como "una burla" al dictamen de la Valedora.
La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, se ha dirigido al Conselleiro de Educación para que “ponga fin a este reto que los responsables de este centro público mantienen con la Valedora y con el padre de la alumna”, según reza un comunicado enviado por este colectivo.
Galicia Bilingüe, asímismo, denuncia la manera “poco apropiada” de abordar la promoción del gallego que hay en algunos colegios “desde comparando el español, lengua materna de tantos niños gallegos, con un eucalipto malvado que le chupa la vida al gallego, que es un roble, hasta diciendo que no merecen llamarse gallegos los que tienen como lengua propia el español”. Aseguran que “muchos padres se han quejado por ello a esta asociación, pero es difícil encontrar uno que sea capaz de presentar una queja por escrito ante la administración como el padre de esta niña”.

References: e contrario
 resolución 
 artículo 126
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 89