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Timestamp: 2019-03-22 02:13:34+00:00

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Ley de Montes Vecinales en Mano Común (Ley 55/1980, de 11 de noviembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127165
Ley de Montes Vecinales en Mano Común (Ley 55/1980, de 11 de noviembre)
Publicado en: BOE Num. 280 (1980)
ARTICULADO. - arts. 1 a 15
Norma citada en: 437 sentencias, 60 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, un formulario, 28 resoluciones administrativas, 17 noticias
ARTICULADO Artículos 1 a 15
Se regirán por esta Ley los Montes de naturaleza especial que, con independencia de su origen, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas y vengan aprovechándose consuetudinariamente en mano común por los miembros de aquellas en su condición de vecinos.
Artículo citado en: 84 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas, 2 noticias
Tres. Con carácter temporal, las comunidades titulares de los Montes podrán establecer sobre estos, hasta un plazo máximo de treinta años, derechos de superficie con destino a instalaciones, edificaciones o plantaciones.
Cinco. La contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión, en el de un canon periódico, en la adjudicación de parte del vuelo en varias de éstas modalidades a la vez, o en otras diferentes. En todo caso, la Comunidad titular del Monte hará suya, a la extinción del derecho de superficie, la propiedad de todo lo edificado, instalado o plantado, sin que deba satisfacer indemnización alguna, cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiese constituido aquel derecho.
Seis. La extinción del derecho de superficie por recurso del término provocará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.
Siete. Si por cualquier otra causa se reunieran en la misma persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeran sobre uno y otro derecho continuaran gravándolos separadamente.
Artículo citado en: 15 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico
Uno. La Comunidad regulará, por medio de estatutos, el ejercicio de los derechos de los partícipes, los órganos de representación de administración o de gestión, sus facultades, la responsabilidad de los componentes y la impugnación de sus actos, así como las demás cuestiones que estime pertinentes respecto al Monte, dentro de los límites establecidos por las Leyes.
Dos. La aprobación, reforma o revocación de los estatutos se formalizara ante el órgano más inmediato de la Justicia municipal, en cuyo territorio radique el Monte. El procedimiento de aprobación de los primeros será promovido por cualquiera de los partícipes, acompañando relación de todos los demás, para su citación, y el proyecto de estatutos. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de estos documentos por el Juzgado correspondiente, deberá someterlos a información pública por término de un mes, para conocimiento de cuantos se consideren con derecho a formar parte de la Comunidad y para que puedan comparecer y tomar parte en el proceso de aprobación. En la misma providencia señalara el juez el DIA y la hora, dentro de los Díez siguientes a la expiración del término para la información pública, en que habrá de celebrarse la comparecencia para la deliberación y aprobación, en su caso, de los estatutos, y mandara citar para su asistencia a la misma a cuantos figuren en la relación presentada, sin acompañar copia de esta ni del proyecto de aquellos, pero previniéndoles que podrán examinarlos en secretaria durante las horas de despacho. La comparecencia para la deliberación y aprobación en su caso tendrá lugar en el propio juzgado, salvo que este considerase conveniente constituirse en lugar mas adecuado para facilitar la concurrencia de los participantes.
Las actuaciones a que de lugar este apartado serán gratuitas y el juez, en el plazo de ocho días siguientes a la comparecencia en que se produjera acuerdo al respecto, remitirá testimonio de los estatutos a la delegación correspondiente del Ministerio de agricultura.
La reforma y la revocación de los estatutos se acordarán por la asamblea de la Comunidad, con el quórum exigido en el apartado dos del artículo siguiente. El representante legal de la Comunidad habrá de presentar, en el plazo de los ocho días desde la celebración de la asamblea, certificación de los acuerdos de reforma o revocación al Juzgado correspondiente, a fin de que este remita testimonio a la delegación del Ministerio de agricultura dentro de igual término.
Tres. Los estatutos o sus modificaciones comenzaran a producir efectos al día siguiente de su recepción en la delegación provincial de agricultura, donde quedaran en registro público.
Artículo citado en: 24 sentencias, un artículo doctrinal, 3 noticias
Tres. La regulación del disfrute, uso o cesión de aprovechamientos y convenios de explotación con la administración pública, entidades sociales, mancomunidades, cooperativas o particulares, y los actos de administración en General requerirán el acuerdo de la mayoría de los partícipes, salvo que los estatutos exijan un quórum mas elevado.
Cinco. Los arrendamientos que recaigan sobre esta clase de Montes se regirán por el Código Civil con las siguientes especialidades:
El periodo contractual no podrá ser superior a quince años, y
Las mejoras e instalaciones que pueda realizar el arrendatario quedaran de propiedad de la Comunidad vecinal al terminar el plazo pactado sin compensación alguna para aquel.
Artículo citado en: 17 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
Uno. La gestión administrativa del Monte, la ejecución de los acuerdos de la Comunidad y la representación de la misma en sus relaciones con terceros corresponderán a los órganos establecidos a tal fin en los estatutos. En tanto estos no surtan efecto, ejercerá esas facultades una junta provisional, compuesta por un presidente y dos vocales, elegidos de entre los partícipes, cada dos años, que deberá, en especial, impulsar la redacción y aprobación de los estatutos conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto.
Dos. Tanto antes como después de la aprobación de los estatutos, cualquiera de los partícipes podrá comparecer en juicio en asuntos que afecten a los derechos de la Comunidad, ya para defenderlos, en cuyo caso las resoluciones que se dicten a su favor aprovecharán a la Comunidad, sin que perjudiquen a esta las contrarias.
Los estatutos regularán quien ha de representar a cada "Casa abierta con humos" en todo lo concerniente al Monte, así como la forma de acreditar esa representación. En su defecto, la Comunidad vecinal se entenderá validamente con quien designen expresamente los miembros mayores de edad de cada familia o, si no lo hicieren, con quien asuma de hecho la Dirección de la explotación familiar en cada casa.
Cuando se extinga la agrupación vecinal titular, al ente local menor de que se dote la Comunidad autónoma correspondiente o, en su defecto, el municipio en cuyo territorio radique el Monte, regulará su disfrute y conservación, en las condiciones establecidas para los bienes comunales, con deberes inherentes de vigilancia y buen administración hasta que se restablezca la Comunidad vecinal.
Para la Defensa del Monte durante esta situación transitoria, la entidad local correspondiente podrá ejercitar todas las acciones judiciales atinentes a la propiedad que representa y los medios jurídicos que la legislación local le confiera respecto a sus propios bienes.
Si al cabo de treinta años no se restaurase la agrupación vecinal, el bien pasará definitivamente al patrimonio de la entidad local administradora con el carácter de comunal.
Presidente: el representante designado por el órgano ejecutivo de la Comunidad autónoma o, si esta no existiera o no tuviera transferidas las competencias y medios correspondientes, el Gobernador Civil de la provincia.
Uno. Los expedientes de clasificación de los Montes vecinales en mano común se iniciaran por acuerdo del jurado, de oficio, o a instancia de vecinos con derecho a aprovechamiento, de la administración agraria, de las cámaras agrarias o de las organizaciones sindicales agrarias.
Tres. Iniciado el expediente de clasificación, ningún terreno afectado por aquel podrá ser objeto de enajenación, división o gravamen hasta que recaiga la oportuna resolución por el jurado, a cuyo efecto se practicará la correspondiente anotación en el registro de la propiedad. Cualquier aprovechamiento sobre los Montes que no sea de los expresados en el apartado cuatro del artículo quinto será objeto de publicación en la forma prevenida en el último párrafo del apartado anterior y los vecinos de la Comunidad interesada podrán asistir a las subastas y participar en su caso en ellas.
Cuatro. Los beneficios netos que resulten de los aprovechamientos durante la tramitación del expediente y los devengados antes de iniciarse este que se hallen en Poder del ICONA se depositarán en la Caja General de depósitos, a resultas de dicha clasificación o declaración judicial de titularidad, salvo acuerdo expreso en otro sentido entre la Comunidad de vecinos presuntamente titular del dominio del Monte y el ayuntamiento en cuyo término radique.
Cinco. Una vez firme la clasificación del Monte como vecinal en mano común y reconocida, en su caso, la titularidad dominical a favor de la Comunidad de vecinos, se procederá a la entrega a la misma del depósito a que se refiere el párrafo anterior.
Seis. Desde que se inicien los correspondientes expedientes de investigación, los ayuntamientos, a petición de los vecinos, podrán suspender la exacción de todo tipo de canon o precio municipal en los aprovechamientos a los que se refiere el párrafo cuatro del artículo quinto. Si dichos expedientes tuvieran un resultado negativo en cuanto a la calificación como Monte vecinal de mano común, quedaran sometidos al régimen anterior a aquella iniciación.
Ocho. Las resoluciones del jurado pondrán fin a la vía administrativa, serán ejecutivas y podrán ser directamente impugnadas en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
El Ministerio de agricultura, en el plazo máximo de tres años, realizará la oportuna investigación de los Montes radicados en cada provincia con jurado de Montes vecinales en mano común constituido, a fin de promover la clasificación como tales de los que correspondan, sin perjuicio de que posteriormente se amplíe la lista obtenida si se tuviera noticia de la existencia de otros Montes de esta clase no investigados. En las provincias en que no este constituido el jurado, el plazo de tres años se contara a partir de su Constitución.
Con los Montes cuya clasificación sea firme, se formaran por el Ministerio de agricultura unas relaciones especiales debidamente ordenadas, que tendrán virtualidad plena para el mejor ejercicio de las facultades técnicas que correspondan a sus servicios.
Dos. Excluir el Monte del inventario de bienes municipales o del catálogo de la utilidad pública, si en ellos figurase.
Tres. Servir de título inmatrículador suficiente para el registro de la propiedad. En caso de contradicción entre la resolución del jurado y lo que conste en el registro, se estará a lo previsto para tales supuestos en la Ley de Montes y su reglamento en concordancia con lo dispuesto en la Ley y reglamento hipotecario.
Las certificaciones que se expidan para inmatrículación registral, de los Montes contendrán los requisitos del artículo doscientos seis de la Ley hipotecaría y concordantes de su reglamento. Dichas certificaciones estarán exentas de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y serán gratuitas las primeras inscripciones de tales Montes y las cancelaciones a que haya lugar con tal motivo.
Tres. Prestar a las comunidades titulares los servicios de divulgación que se consideren necesarios y los de asesoramiento y auxilio técnico que los interesados les soliciten.
Seis. Confeccionar, en el plazo de cuatro años un Plan General de aprovechamiento de Montes vecinales en mano común, con las dotaciones técnica, financiera y presupuestaria necesarias, fijación de la etapas de ejecución y sistemas de actuación para llevarlo a cabo con la conformidad de las correspondientes comunidades.
Las comunidades autónomas, los gobernadores civiles, las autoridades y servicios agrarios, los alcaldes y las corporaciones locales, así como las personas e instituciones que conozcan de cualquier acto que atente o ponga en peligro la conservación o la integridad de un Monte de los regulados en esta Ley, no pondrán en conocimiento del Ministerio fiscal, y este ejercitará las acciones civiles y penales que sean adecuadas para restablecer la situación jurídica correcta y perseguir los actos que la contradigan.
Las mismas autoridades, organismos y particulares darán cuenta de los actos perturbadores que tengan lugar contra los Montes vecinales en mano común a la jefatura de los servicios provinciales del ICONA y esta ejercitará, respecto a dichos Montes, las mismas facultades de preservación, correctivas y sancionadoras previstas, con relación a los Montes catalogados en el título VI de la Ley de Montes de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete y en las disposiciones reglamentarias que lo desarrollan, por los procedimientos previstos en la citada normativa, y siendo preceptiva la oportuna audiencia de la Comunidad titular.
Por excepción a lo dispuesto en el artículo trece, tres, de esta Ley, las resoluciones de los jurados provinciales tendrán eficacia durante el plazo de cinco años a partir de su firmeza, para rectificar las inmatrículaciones contradictorias del registro de la propiedad, salvo que las mismas se hayan practicado en virtud de sentencia dictada en juicio declarativo.
Las comunidades que al tiempo de entrar en vigor la presente Ley hubiesen iniciado el procedimiento de aprobación de sus ordenanzas con arreglo a la legislación anterior podrán optar por la continuación del tramite iniciado o bien por comenzarlo de nuevo, según el procedimiento instaurado en esta Ley.
En tanto no se haga uso de la facultad reglamentaria conferida en la primera disposición final, será de aplicación el reglamento de veintiséis de febrero de mil novecientos setenta, en todo lo que no este en contradicción con esta Ley.
Los negocios jurídicos realizados sin intervención de la Comunidad titular del Monte, antes de la entrada en vigor de esta Ley o de la clasificación de aquel, se someterán a las siguientes normas:
Las ocupaciones o servidumbres concedidas por la administración del Estado sobre Montes que estuviesen incluidos en el catálogo de los de utilidad pública o por la administración local bajo la consideración de bienes comunales o de propios, subsistirán en los términos de la concesión, entrando a percibir la Comunidad titular el canon o indemnización que se devengue a partir de la entrada en vigor de esta Ley y pudiendo aquella exigir la actualización de las mismas o la expropiación de la concesión, en la forma que se determine reglamentariamente, cuando la ocupación tenga por objeto la realización de actividades comerciales, industriales o agrarias. La presente regulación no obsta a que la Comunidad titular ejercite las acciones de impugnación que se deriven de la legislación reguladora de tales concesiones, así como de caducidad de las mismas por incumplimiento del condicionado establecido.
Acerca de los consorcios o convenios concertados por la administración forestal, con intervención o no de las diputaciones provinciales, la Comunidad titular del Monte adoptará cualquiera de las opciones siguientes:
Tercera. Convertir el antiguo consorcio en un convenio de los establecidos en Ley cinco / mil novecientos setenta y siete. De cuatro de enero, de fomento de producción forestal, o cualquier otro de los que permita la legislación vigente en cada momento. En este último supuesto, el convenio se concertara directamente entre la Comunidad propietaria y el ICONA.
Las cantidades que, según las opciones de la Comunidad, se reintegre al Estado o hayan de constituir las partidas iniciales de las cuentas de anticipo de los nuevos convenios, serán la diferencia entre la totalidad de los gastos realizados en el Monte con motivo del anterior consorcio o convenio y la totalidad de los ingresos procedentes de los aprovechamientos realizados, con excepción de los percibidos por la parte que haya intervenido en aquel como supuesto propietario del suelo.
El ICONA podrá reducir, total o parcialmente, tales partidas iniciales, siempre que el Plan de aprovechamiento del Monte, o de parte de este, así lo aconseje por razones de interés agrario.
Los demás son inexistentes en derecho.
El plazo establecido en la disposición transitoria segunda del reglamento para la aplicación de la Ley cinco / mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, de fomento de producción forestal, aprobado por Real Decreto mil doscientos setenta y nueve / mil novecientos setenta y ocho, de dos de mayo, para solicitar la conversión de consorcios en convenios, con aplicación de los beneficios referidos en dicha disposición, se contara, para los Montes regulados en esta Ley, desde la fecha de su entrada en vigor, si en ella ya estuvieran clasificados como vecinales en mano común, y en otro caso, desde adquiriera firmeza la correspondiente declaración del jurado provincial en tal sentido.
Queda derogada la Ley 52/ 1968, de veintisiete de julio, sobre Montes vecinales en mano común.
Real Decreto 1014/1985, de 25 de Mayo, sobre Traspaso de Funciones y Servicios del Estado a la Comunidad autonoma del Pais vasco en materia de Universidades.
Real Decreto por el que en Cumplimiento de lo Previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el Empleo Selectivo y las Medidas de Fomento del Empleo de los Trabajadores Minusválidos (Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto