Source: https://www.slideshare.net/dikerd/jvenes-y-derechos-legislacin-comparada-en-materia-de-juventud
Timestamp: 2017-03-28 07:45:00+00:00

Document:
Las personas jóvenes en Iberoamérica conforman el 37% del total de la población. Este peso demográfco en la región y su importancia socio-económica, cultural y política nos lleva a revisar y analizar en forma crítica las condiciones sociales y económicas de más de 150 millones de jóvenes y los marcos legales en términos de su efectividad a la hora de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y de favorecer el cumplimiento de su papel como sujetos estratégicos para el desarrollo de los diferentes Estados.
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) ha identifcado un vacío en los es-
tudios que abordan el tema de la legislación en materia de juventud. Por tal razón, y en el marco del eje de trabajo de la OIJ en el ámbito de las políticas públicas miradas desde la perspectiva de un enfoque de derechos como horizonte y criterio orientador fundamental para todas las acciones realizadas, se ha puesto en marcha este proyecto de publicación que tiene como objetivo reunir una serie de estudios de carácter nacional en los que se ofrecerá una mirada comparada de la legislación específca de juventud y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en el contexto socio-político específco de cada país.
Se busca que esta serie, titulada “Legislación en materia de juventud en Iberoamérica”, sea una referencia importante en el ámbito académico y político que permita adentrarse en el territorio de las leyes para y por los jóvenes, su efectividad y su coherencia con el contexto socio-político en las que se encuentran sumidas y con los compromisos de derechos humanos que contraen los Estados al ratifcar los tratados. La OIJ reconoce la complejidad de esta propuesta porque abarca una serie de aspectos de diversa índole. Por un lado, estos estudios de carácter jurídico incluyen también, de manera armónica, la descripción y análisis de la legislación con una mirada integral de ésta y su contexto socio-político. Por otro lado, aunque reúne estudios nacionales, tiene como referencia el horizonte iberoamericano, característica que se consigue gracias a la perspectiva comparada que fundamenta los estudios y que toma como referencia un tra-
tado internacional con ámbito de aplicación regional. Finalmente, se hace complejo por el hecho de agrupar en un mismo estudio la legislación orientada a dos grupos sociales de condición jurídica diferente –menores de edad entre 15 y 18 años y jóvenes mayores de edad hasta los 24 años.
A pesar de estos condicionantes, emprendemos la empresa con la colaboración de juris-
tas iberoamericanos que tienen una amplia y reconocida trayectoria y con el apoyo de instituciones que garantizarán el alto nivel de los estudios.
La OIJ busca aportar así al conocimiento sobre legislación en juventud en la región, y fortalecer los argumentos que permitan a los Estados sumarse a la Convención Iberoa-
Jóvenes y derechos – Legislación
comparada en materia de juventud
Jóvenes y derechos – Legislación comparada
Ana Elizabeth Cubias Medina
Técnica en Cooperación
Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Juventud
Paseo de Recoletos, 8, 1ª Planta
Teléfonos: (+34) 913 690 350 / 913 690 284
La OIJ agradece especialmente las aportaciones de Alejandro Morlachetti.
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón
Cañas”, con estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales de la Universidad “Car-
los III de Madrid” y diplomas de especialización realizados en Francia, Italia, Costa Rica y
Argentina. Abogada y notaria. Funcionaria diplomática de carrera. Ex miembro del Comi-
té de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
Especialista en Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Consultora Internacional.
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Las personas jóvenes en Iberoamérica conforman el 37% del total de la población. Este
peso demográfico en la región y su importancia socio-económica, cultural y política nos
lleva a revisar y analizar en forma crítica las condiciones sociales y económicas de más de
150 millones de jóvenes y los marcos legales en términos de su efectividad a la hora de
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y de favorecer el cumplimiento de su papel
como sujetos estratégicos para el desarrollo de los diferentes Estados.
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) ha identificado un vacío en los es-
tudios que abordan el tema de la legislación en materia de juventud. Por tal razón, y
en el marco del eje de trabajo de la OIJ en el ámbito de las políticas públicas miradas
desde la perspectiva de un enfoque de derechos como horizonte y criterio orientador
fundamental para todas las acciones realizadas, se ha puesto en marcha este proyecto
de publicación que tiene como objetivo reunir una serie de estudios de carácter nacional
en los que se ofrecerá una mirada comparada de la legislación específica de juventud y
la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en el contexto socio-político
Se busca que esta serie, titulada “Legislación en materia de juventud en Iberoamérica”,
sea una referencia importante en el ámbito académico y político que permita adentrarse
en el territorio de las leyes para y por los jóvenes, su efectividad y su coherencia con
el contexto socio-político en las que se encuentran sumidas y con los compromisos de
derechos humanos que contraen los Estados al ratificar los tratados.
La OIJ reconoce la complejidad de esta propuesta porque abarca una serie de aspectos
de diversa índole. Por un lado, estos estudios de carácter jurídico incluyen también, de
manera armónica, la descripción y análisis de la legislación con una mirada integral de
ésta y su contexto socio-político. Por otro lado, aunque reúne estudios nacionales, tiene
como referencia el horizonte iberoamericano, característica que se consigue gracias a la
perspectiva comparada que fundamenta los estudios y que toma como referencia un tra-
tado internacional con ámbito de aplicación regional. Finalmente, se hace complejo por
el hecho de agrupar en un mismo estudio la legislación orientada a dos grupos sociales
de condición jurídica diferente –menores de edad entre 15 y 18 años y jóvenes mayores
de edad hasta los 24 años.
tas iberoamericanos que tienen una amplia y reconocida trayectoria y con el apoyo de
instituciones que garantizarán el alto nivel de los estudios.
La OIJ busca aportar así al conocimiento sobre legislación en juventud en la región, y
fortalecer los argumentos que permitan a los Estados sumarse a la Convención Iberoa-
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I. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUVENTUD EN EL SALVADOR
El tema de la juventud aparece por primera vez en la agenda pública en el año 2004,
cuando se crea la Secretaría de la Juventud, entidad adscrita a la Presidencia de la Repú-
blica, la cual elaboró y aprobó el Plan Nacional de Juventud 2005-2015. Éste tenía tres
−Mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes,
−promover el desarrollo juvenil a todos los niveles, y
−atender a los grupos juveniles vulnerables y excluidos.
En este marco, se realizó en el 2008 la Encuesta Nacional de Juventud, a cargo del Insti-
tuto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), que recogió las opiniones, percepciones,
actitudes y formas de vida de 1,234 jóvenes de 15 a 24 años de edad a nivel nacional, y
obtuvo numerosos datos sobre la situación en la que se encuentra este grupo poblacio-
nal en el país.
Destacan los siguientes, tomados del Diálogo Nacional de Juventud 2008, a su vez inclui-
do en la Política Nacional de Juventud 2011 a 2024.
En cuanto al nivel educativo, la mayoría cuenta con algún nivel de educación (1.4% mani-
festó que no contaba con ningún tipo de educación formal). El estado familiar del 90%
de las y los jóvenes entrevistados es la soltería pero esta proporción se reduce al 57.6%
en jóvenes entre los 20 y 24 años, ya que prácticamente el 40% de éstos se encontraban
casados o acompañados al momento de la consulta. La mitad de las y los jóvenes que
declaró algún ingreso que se ubica por debajo de los 200 dólares como entrada familiar
mensual. En materia de cobertura de servicios básicos, nueve de cada diez jóvenes a nivel
nacional tienen acceso al servicio de luz eléctrica en sus hogares. 72.1% tiene acceso al
servicio de agua potable, pero este porcentaje se reduce casi a la mitad entre los habi-
tantes de las zonas rurales del país. Más de la mitad (53.4%) han tenido alguna expe-
riencia sexual. En relación con la dinámica de su sexualidad, tres de cada diez jóvenes a
nivel nacional declararon que nunca utilizan métodos anticonceptivos en sus relaciones
sexuales, 16.8% dijo que los utilizan pocas veces, 13.7% casi siempre y 39.6% siempre. En
otras palabras, 46.7% de los y las jóvenes activos sexualmente sólo en pocas ocasiones o
nunca se protegen con algún un método anticonceptivo. Finalmente, uno de cada cuatro
manifestó la intención de emigrar a otro país. El 48.1% de la población entrevistada no
tiene preferencia por ningún partido político.
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Ante esta situación, el Gobierno actual diseñó y aprobó el Plan Quinquenal de Desar-
rollo 2010-2014, y elaboró una estrategia de intervención fundamentada en los siguien-
tes instrumentos principales:
−El Sistema de Protección Social Universal y las políticas sociales estratégicas,
−el Sistema Financiero de Fomento para el Desarrollo,
−las políticas públicas macroeconómicas y sectoriales,
−la estrategia de desarrollo productivo,
−políticas de seguridad, de convivencia democrática y de proyección
−la inversión pública en programas y proyectos estratégicos.
La estrategia de intervención trazada considera de manera integral y transversal los
temas de género, de inclusión social de grupos vulnerables, de las micro, pequeñas y
medianas empresas, de participación ciudadana y de reforma del Estado. También incluye
de forma transversal a la perspectiva generacional, esto es, la atención a los diferentes
grupos etarios (niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez).
Posteriormente, con el nuevo gobierno del Presidente Mauricio Funes, la Secretaria de
la Juventud se convierte en Consejo Nacional de la Juventud y se inicia el proceso de
elaboración de la Política de Juventud, mediante el Diálogo Nacional con Juventudes,
llevado a cabo a partir de enero de 2010 (cuatro meses), en el cual participaron jóvenes
de los 262 municipios del país pertenecientes a diversos grupos y sectores juveniles,
tales como madres adolescentes, jóvenes privados de libertad, afectados por el VIH/
sida, aquellos provenientes de comunidades indígenas, repatriados y establecidos en
el exterior, entre otros. En conjunto, se contó con la presencia de 6,646 jóvenes (3,325
hombres y 3,321 mujeres).
Adicionalmente, se realizaron talleres con algunos grupos particulares, en los que se
abordaron temas específicos (madres adolescentes, jóvenes indígenas, jóvenes con ca-
pacidades diferentes, etc.). Se contó con la asistencia de 8,000 jóvenes en la generación
de los componentes necesarios para el diseño de la propuesta de Política Nacional de
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Entre los problemas identificados se encuentran los siguientes:
Desempleo Pobreza Falta de apoyo de
Jóvenes con VIH/
Discriminación VIH La delincuencia --
Jóvenes reeducados
Pandillas Las drogas Las adicciones --
Jóvenes indígenas La violencia Desempleo Privatización de
Jóvenes repatriados El desempleo Pandillas y crimen
Discriminación Inseguridad pública
políticas (gobierno)
Violencia --
Los vicios Falta de recursos
Violencia social --
La discriminación en
La delincuencia El desempleo --
Jóvenes rurales El desempleo Falta de atención
Jóvenes isleños Contaminación del
Inundaciones Falta de trabajo --
Jóvenes privados de
Mala alimentación Maltrato a las
Mala atención a la
Inseguridad Desintegración
Jóvenes de la ANSP La delincuencia Desempleo Pobreza --
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I.1 Diálogo Nacional de Juventud 2010
Las diversas causas y sus posibles soluciones podrían reducirse a dos áreas temáticas:
desempleo y pobreza, e inseguridad y violencia:
1.	Desempleo y pobreza: Falta de desarrollo del país, pocas oportunidades de em-
pleo, falta de becas de estudio, comodidad de las personas, falta de inversión extranjera,
corrupción, desintegración familiar, analfabetismo, falta de industrias, mucha emigración,
no hay confianza en las y los jóvenes.
2.	Inseguridad y violencia: drogas y bandidaje, crimen organizado, violencia intra-
familiar, malos ejemplos, corrupción en la Policía Nacional Civil (PNC), falta de valores
morales, pandillas y maras, pobreza, falta de patrullajes, pocos recursos para la PNC.
En el año 2012 se aprueba la Política Nacional de Juventud 2011-2024 y el respectivo
Plan de Acción 2011-2014, que cuenta con tres elementos claves para su implementación
efectiva: metas precisas a lograr en las diferentes áreas de intervención, responsabilida-
des institucionales claramente establecidas, y partidas presupuestarias efectivamente
En el mediano y largo plazo, la Política Nacional de Juventud pretende apoyar a las y los
jóvenes en la construcción de identidad y de autonomía, al mejorar la integración social
y la participación ciudadana de las nuevas generaciones y fomentar su cohesión social y
Por su parte, en el corto plazo el Plan de Acción se propone jerarquizar las políticas de
juventud en la agenda pública, mejorar la percepción social sobre las y los jóvenes (aco-
tando los estigmas y los estereotipos vigentes) y modernizar la gestión pública en este
campo con la articulación de los esfuerzos institucionales existentes.
Para lograr las finalidades mencionadas, la Política Nacional de Juventud asume que las
y los jóvenes son un grupo de riesgo, sujetos de derecho y al mismo tiempo actores
estratégicos del desarrollo, bajo modalidades y dimensiones diferentes.
Para estos efectos, la Política parte de las siguientes diferencias específicas: perspectiva
de género, perspectiva territorial, enfoque de equidad social y diversidad cultural y sexu-
al. Se procura el desarrollo de tres grandes procesos:
1. Construcción de identidad y autonomía de las y los jóvenes,
2. mejoramiento de su integración social y su participación ciudadana, y
3. fomento de la cohesión social y el sentido de pertenencia de las nuevas
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En el marco del Plan de Acción 2011-2014, y asumiendo a la diversidad como un valor, la
Política Nacional de Juventud procurará la obtención de tres grandes objetivos en este
1) Jerarquizar las políticas en la agenda pública;
2) mejorar las percepciones sociales sobre los jóvenes, y
3) modernizar la gestión pública.
Además, se pretende articular un conjunto de programas estratégicos destinados a favo-
recer a las personas adolescentes y jóvenes, gracias a medidas que permitan mejorar su
nivel educativo, su inserción laboral, su acceso a la salud, sus posibilidades de crecer y
madurar en entornos seguros y la posibilidad de participar activamente - como volunta-
rios del desarrollo y como ciudadanos - en el marco de las principales políticas públicas
Finalmente, en el año 2012, se aprueba la Ley General de Juventud, que contiene los
derechos y deberes de las y los jóvenes, así como la obligación del Estado de garantizar
y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. En este sentido
se incluyen las políticas públicas de:
− Promoción de la participación juvenil;
− prevención de la violencia y garantía de la seguridad;
− promoción de los derechos a la educación;
− promoción del empleo juvenil;
− protección de la salud integral;
− inclusión social, ambiental y cultural, y
− promoción de la recreación y el tiempo libre.
Dicha ley también aprueba la creación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) en
sustitución del CONJUVE, y cuya finalidad es formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cum-
plimiento de la Política Nacional de Juventud y de las políticas sectoriales que permitan
incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; se crea también el Consejo
Nacional de la Persona Joven, que tiene por objeto proponer, evaluar, promover y fungir
como contraloría social sobre las políticas públicas del Instituto Nacional de Juventud.
Cabe mencionar que el contenido de la ley valida las políticas y la institucionalidad pro-
puestas en la Política Nacional de Juventud.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA12
II. APROXIMACIÓN A LA LEGISLACIÓN NACIONAL
II.1 Normativa Nacional
La Ley General de Juventud considera “persona joven” a aquella comprendida en el rango
de los 15 a los 29 años de edad; por otro lado, la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia establece que la niñez comienza desde el instante de la concepción y llega
hasta los 12 años cumplidos, y se considera adolescente a quien tenga entre los 12 y los
Como observamos, en el ordenamiento jurídico salvadoreño se superponen las edades
durante la etapa de la adolescencia, debido a que la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia (LEPINA) establece diferencias entre niños, niñas y adolescentes
por rango de edades, y a su vez, la Ley General de Juventud (LGJ) inicia el ejercicio de
derechos de la población joven a partir de los 15 años de edad, cuando todavía está en
la etapa de la adolescencia. El resto de la normativa, al referirse a las y los adolescentes,
los enmarca en el término “menor de edad”, lo cual es aplicable también a las personas
Constitución de la República, 1983. La Constitución no contempla en ninguno de sus
preceptos el término de “personas jóvenes”; sin embargo, en el artículo 1 reconoce a la
persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado; puede interpretarse
por lo tanto que los derechos reconocidos en la Constitución son aplicables a las per-
sonas jóvenes también. Además, el artículo 34 establece que todo menor tiene derecho
a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral.1
Código de Familia, 1993. El Código de Familia establece el régimen jurídico de la fami-
lia, de los menores y de las personas adultas mayores y consecuentemente, regula las
relaciones de sus miembros y de éstos con la sociedad y con las entidades estatales.
Además, en el artículo 345 se da la definición de lo que se considera menor de edad: “Son
menores de edad toda persona natural que no hubiere cumplido dieciocho años. En caso
de duda, se presumirá la minoridad mientras no se pruebe lo contrario”.
Ley Procesal de Familia, 1994. Esta ley establece los principios fundamentales que de-
1	La Constitución de la República de 1983 establece el término de “menor”; sin embargo, actualmente es
utilizado el término “persona menor de edad”.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 13
ben desarrollarse en la legislación secundaria, a fin de garantizar la aplicación de las
leyes que regulen los derechos de familia y de menores, y desarrollar los principios de
la doctrina procesal moderna para lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos
Ley contra la Violencia Intrafamiliar, 1996. La finalidad de esta ley es prevenir, sancionar
y erradicar la violencia intrafamiliar, sin distinción de edades.
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 2010. Esta ley tiene por objeto
garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos, y facilitar el cumplimiento de los de-
beres de toda niña, niño y adolescente en El Salvador. En el artículo 3 se proporciona una
definición de niño, niña y adolescente: se considera a la persona niño o niña desde el ins-
tante mismo de la concepción hasta los doce años cumplidos, y adolescente a aquella con
una edad comprendida entre los doce años cumplidos y hasta los dieciocho años de edad.
El artículo 5 establece que los derechos, garantías y obligaciones reconocidos en la Ley
son aplicables a toda persona desde el instante de la concepción hasta que cumpla los
dieciocho años de edad, y serán ejercidos directamente por las niñas, niños y adolescen-
tes, tomando en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades, la dirección y
orientación apropiada de su madre y padre y las limitaciones establecidas en dicha Ley.
Asimismo, el artículo 59 regula la edad mínima de admisión al empleo a los 14 años,
para realizar actividades laborales en condiciones que garanticen su desarrollo integral;
es decir, con derecho a una remuneración y a las prestaciones sociales, y mientras no se
impida su derecho a la salud y educación; prohíbe también todo tipo de labor peligrosa y
nociva para la salud, así como las peores formas de trabajo infantil.
Con relación a los niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad, el artículo 36
expresa que la familia, el Estado y la sociedad se encuentran obligados a garantizar el
goce de una vida digna y a eliminar todo tipo de obstáculos.
Ley General de Juventud, 2012. Esta ley tiene la finalidad de establecer el marco jurídico
y la institucionalidad que dirija las acciones del Estado en la implementación de políti-
cas públicas, programas, estrategias y planes para el desarrollo integral de la población
joven y su vinculación a la participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional.
En el artículo 2 se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad de los
15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad, situ-
aciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular. Sin embargo, su ámbito
de aplicación no se restringe ni es incongruente con otras leyes, tratados o acuerdos
internacionales ratificados por El Salvador, y en él se establecen garantías y responsabi-
lidades civiles o penales y sistemas especiales de protección de derechos ciudadanos de
la población comprendida en este rango de edad. Esta ley será desarrollada con mayor
amplitud más adelante.
Código de Salud, 1998. El Código de Salud desarrolla los principios constitucionales
relacionados con la salud pública y asistencia social de los habitantes de la República
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA14
y las normas para su organización y funcionamiento. El artículo 48 obliga al Estado a
promover, proteger y recuperar la salud de la madre y del niño por todos los medios a
Código Penal, 1997. El Código Penal tiene como finalidad orientar a la normativa penal
en una concepción garantista, de alta efectividad, para evitar la violencia social y delin-
cuencial que vive nuestro país.
A partir del artículo 154 y hasta el 178, se regulan los delitos contra la libertad sexual,
la violación y otras agresiones sexuales, el estupro y otros ataques a la libertad sexual.
En el artículo 367-B se regula el delito de trata de personas, estableciendo penas más
severas cuando las víctimas son personas menores de 18 años.
Código Penal Procesal, 2009. Según el artículo 18, serán aplicadas las garantías y princi-
pios previstos en este Código y serán observados en todo procedimiento a consecuencia
del cual se pueda aplicar una sanción penal o cualquier disposición restrictiva de la liber-
tad, aunque se trate de medidas respecto a menores de edad; es decir, este Código será
aplicado de manera supletoria a la Ley Penal Juvenil.
Ley Penal Juvenil, 1994. Las personas sujetas a esta Ley son las mayores de doce años
de edad y menores de dieciocho, según el artículo 2. Tiene como objetivo regular los
derechos del menor a quien se le atribuya o declare ser autor o partícipe de la comisión
de una infracción penal; establecer los principios rectores que orienten la aplicación e
interpretación de la misma y de los desarrollos normativos e institucionales que se cre-
en para darle cumplimiento; determinar las medidas que deben aplicarse al menor que
cometa una infracción penal; establecer los procedimientos que garanticen los derechos
del menor sujeto a esta ley.
Se establece también que la duración de las medidas no excederá de cinco años, salvo
lo dispuesto para los menores que hubieren cumplido dieciséis años al momento de la
comisión del hecho (Art. 17). De manera supletoria se aplicará la Legislación Penal y el
Código Procesal Penal; también se aplicarán supletoriamente las leyes referentes a la
familia y el Código de Procedimientos Civiles (Art. 41).
Código de Trabajo, 1972. El Código de Trabajo en la sección tercera regula el trabajo de
los menores, y estipula - en los artículos 104, 105, 114, 115, 116 y 117 - que el trabajo de los
menores de dieciocho años debe ser especialmente adecuado a su edad, estado físico y
desarrollo, prohibiendo además los trabajos peligrosos y nocivos.
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 2011. Esta ley
garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de su preven-
ción, detección, atención y protección. Igualmente se aplicará en beneficio de las muje-
res, sin discriminación, exclusión, restricción o diferenciación basada en el sexo, la edad,
identidad sexual, estado familiar, procedencia rural o urbana, origen étnico, condición
económica, nacionalidad, religión o creencias, discapacidad física, psíquica o sensorial, o
cualquier causa análoga (Art. 3).
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Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, 2011.
Esta ley regula la integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias y con-
tribuciones de mujeres y hombres en las leyes, políticas y ejecutorias de las instituciones
del Estado y en otras organizaciones. Establece los criterios que orientan a la educación
para la igualdad y no discriminación de mujeres y hombres (Art. 17). De la misma forma,
garantiza el acceso universal de niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos, a informaci-
ón y educación científica y actualizada, adecuada al ciclo vital, oportuna, veraz, suficiente
y completa sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, auto cuidado y prevención de
riesgos en salud sexual y salud reproductiva, así como el acceso a los servicios públicos
de información, atención preventiva y curativa correspondientes (Art.26).
Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana, 2001. Los infantes y adolescentes no podrán ser privados
de los derechos que les son inherentes, de conformidad a las leyes del país, debiendo
gozar sin restricción alguna de los mismos. El Estado tiene la obligación de tutelar a los
infantes y adolescentes que se encuentren privados de su entorno familiar a causa de la
infección del VIH/sida (Arts. 6 y 7).
Ley General de Educación, 1996. Esta ley considera a la educación como un derecho y un
deber social para el niño, niña, joven o adulto que aparezca inscrito en alguna institución
educativa autorizada; el Estado es el encargado de promover y proteger dicha actividad
(Art. 88). El artículo 39 establece que será el Ministerio de Educación, a través de ins-
tituciones de educación formal y no formal, el encargado de promover e incrementar
acciones para el desarrollo de la educación artística en niños, jóvenes y adultos.
Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 2000. El
artículo 33 determina la obligatoriedad para los padres o encargados de los menores con
discapacidad de propiciar la rehabilitación desde edades tempranas, haciendo prevalecer
Ley del Servicio Militar y Reserva de la Fuerza Armada, 1992. Esta ley, en sus artículos 1
y 2, obliga a todos los salvadoreños a brindar servicio militar de conformidad con el artí-
culo 215 de la Constitución de la República. Es aplicable a todos los comprendidos entre
los dieciocho y treinta años de edad, sin distinción de sexo, condición social, económica o
religiosa, y en caso de necesidad, convoca a todos los salvadoreños aptos para actuar en
las tareas militares. También comprende a los menores entre dieciséis y dieciocho años
de edad, cuando voluntariamente soliciten prestar servicio militar.
II.2 Instrumentos Internacionales
El Salvador es parte de los principales instrumentos internacionales en materia de Dere-
chos Humanos, tanto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas como en el
de la Organización de Estados Americanos. Como tal, está comprometido a respetar los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de acuerdo a su normativa
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nacional, así como a proteger los derechos de determinados grupos vulnerables: las
mujeres, niños, niñas, adolescentes y población joven.
Entre los principales instrumentos internacionales vinculados con la temática en estudio,
y de los cuales El Salvador es Estado Parte, se encuentran los siguientes:
1) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
3) Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles,
4) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
5) Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación
6) Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.
7) Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
8) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
9) Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10) Protocolo de San Salvador/Convención Americana sobre Derechos
11) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém Do Pará)
12) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de
13) Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente de Niños y Mujeres.
14) Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las zonas
delimitadas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, de 11 de
15) Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
16) Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de
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De manera específica los instrumentos vinculados directamente con las y los adolescen-
tes y jóvenes son:
II.2.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
El artículo 6(5) del Pacto estipula que “no se impondrá la pena de muerte por delitos
cometidos por personas menores de 18 años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en
estado de gravidez”. El artículo 10,2.b) expresa que los menores procesados estarán se-
parados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor
celeridad posible para su enjuiciamiento.
II.2.2 Convención sobre los Derechos del Niño
El artículo 1 entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo
que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. La
Convención busca respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar
su aplicación a cada individuo sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna e indepen-
dientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus repre-
sentantes legales.
Los Estados Partes, además, tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que
el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, sus
tutores o sus familiares.
II.2.3 Protocolo Facultativo sobre Participación de los Niños en Conflictos Armados.
El artículo 1 establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente
en hostilidades.
II.2.4 Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil,
de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo (Art. 1).
II.2.5 Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir, Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente de Niños y Mujeres.
El objetivo de este Protocolo es “prevenir y combatir la trata de personas, prestando
especial atención a las mujeres y los niños, así como proteger y ayudar a las víctimas de
dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos, y promover la cooperación
entre los Estados Parte para lograr esos fines”. Por “niño” se entenderá a toda persona
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA18
II.2.6 Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las Zonas Delimitadas
por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992
Esta Convención tiene como fin que cada Estado Parte respete los derechos y libertades
de los nacionales de ambos Estados, que hayan quedado viviendo - o tengan derechos -
en los territorios de uno u otro Estado. Comprende a familias compuestas por adultos,
niños y niñas, adolescentes y población joven altamente vulnerable. Se entiende por
“parte” a El Salvador y Honduras.
Un artículo importante es el 8: “Los menores de dieciocho años determinarán su nacio-
nalidad dentro de los dos años siguientes al cumplimiento de dicha edad, plazo dentro
del cual podrán optar por la nacionalidad salvadoreña u hondureña. Mientras dichos me-
nores no hicieren uso del derecho de opción, conservarán la nacionalidad de sus padres”.
II.2.7 Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
El Convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado
contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita.
El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años (artículo 4).
II.2.8 Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de
Esta Convención establece garantías para las adopciones internacionales que tengan
lugar, en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos funda-
mentales que le reconoce el Derecho Internacional. Asimismo instaura un sistema de
cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías
y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños, y asegura el
reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con
el Convenio. El articulo 3 de la Convención deja de aplicarse si no se han otorgado las
aceptaciones a las que se refiere el Articulo 17, apartado c), antes de que el niño alcance
la edad de dieciocho años.
II.2.9 Informe del Comité de los Derechos del Niño sobre el Reporte de El Salvador,
Con relación a la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del
Niño realizó una serie de observaciones y recomendaciones (febrero 2010) al último
Informe presentado por el Estado de El Salvador (Tercero y Cuarto Informes Periódicos,
julio 2009), en cumplimiento de la Convención. Destacan algunas relacionadas con el
ámbito legislativo y que afectan a la población joven, tales como:
a) La legislación nacional todavía no se ajusta a la Convención en algunos ámbitos, por
ejemplo en relación con los castigos corporales, la edad mínima para contraer matri-
monio, el régimen de adopción y la administración de justicia juvenil. Se recomienda al
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 19
Estado Parte que siga armonizando su legislación para que se ajuste totalmente a los
principios y disposiciones de la Convención.
b) Que a partir de la distinción formal que hace el Estado parte entre niño (menor de 12
años) y adolescente (entre 12 y 18 años), existe la preocupación respecto a las disposicio-
nes del Código de Familia, en el cual todavía se permite que contraigan matrimonio niños
incluso de 14 años en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando han alcanzado
la pubertad, ya tienen un hijo o la niña está embarazada), y reitera al Estado Parte su
recomendación de que fije la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años para
En este sentido, es importante llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para dar
cumplimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos de Niño y así poder
proteger de manera adecuada a los niños, niñas, y a las y los adolescentes jóvenes.
En resumen, podemos decir que la normativa secundaria recientemente aprobada - Ley
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011); Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2011); Ley de Pro-
tección Integral de la Niñez y Adolescencia (2010) y Ley General de Juventud (2012) -
responden a la situación de la población joven en el país, y establecen un marco jurídico
especializado en materia de violencia doméstica, social y de género, de discriminación,
inseguridad, desempleo, pobreza, educación, salud y falta de protección que sufren los
niños, niñas, adolescentes, las y los jóvenes. Son éstos los principales problemas que
padecen estos grupos vulnerables, de acuerdo a los datos emanados de la Encuesta
Nacional de Juventud (2008) y en el Diálogo Nacional de Juventud (2010).
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA20
III. ANÁLISIS COMPARADO: LA LEY GENERAL DE JUVENTUD Y
III.1 Ley General de Juventud
El Salvador cuenta con la Ley General de la Juventud2
, aprobada en el mes de febrero del
2012, que cuenta con 39 artículos y 8 secciones, en los que se establece como finalidad
crear el marco jurídico e institucional que dirija las acciones del Estado en la implementa-
ción de políticas públicas, programas, estrategias y planes para el desarrollo integral de
la población joven. Su ámbito de aplicación es de los 15 a los 29 años de edad. También
se ha aprobado su Reglamento en julio del 2012.
I. Garantizar la participación política, social, cultural y económica, así como los derechos
fundamentales de la población joven.
II. Establecer una institucionalidad permanente mediante la creación del Instituto Nacio-
nal de la Juventud y el Consejo Nacional de la Persona Joven, como organismos guber-
namentales encargados de la promoción, aplicación y ejecución de las políticas públicas.
Sus principios rectores son la igualdad y no discriminación, la equidad de género y el rol
primario y fundamental de la familia.
Esta ley establece derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de otra
índole para la población joven, así como sus deberes, desarrollándolos a través de deter-
minadas políticas públicas, tales como:
− promoción de la recreación y el tiempo libre (ver Anexo I).
2	Decreto Legislativo Num. 910, de fecha 17 de noviembre del 2011, publicado en el Diario Oficial No. 24,
Tomo No. 394, del 6 de febrero del 2012.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 21
III.2 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un tratado internacional
de derechos humanos, firmado el 11 de octubre del 2005 en Badajoz, España, y que fue
impulsado por la Organización Iberoamericana de Juventud; entró en vigor en el año 2008.
La Convención contiene 44 artículos, cuyo propósito es regular los derechos de la pobla-
ción joven, comprendida entre los 15 y 24 años de edad. A la vez, promueve la creación
de una institucionalidad específica y permanente, dedicada a formular políticas y propo-
ner programas que alienten a la cultura de paz y respeto a los derechos humanos de la
Con relación a la Convención, en la actualidad El Salvador no es Estado Parte de la mis-
ma, pese a que en el pasado haya habido intentos por ratificar dicha Convención; debido
a las interpretaciones realizadas a la luz de la normativa constitucional y de los valores
contenidos en ella, el país no ha podido ser parte de este instrumento.
Sin embargo, hoy en día, con la reciente aprobación de la Ley General de Juventud, se
ha superado el vacío jurídico que existía en materia de protección de los derechos de la
A continuación se realiza un análisis comparativo entre la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes y la Ley General de Juventud para mostrar las similitudes y
diferencias en el ámbito de aplicación de las mismas.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA22
PARALELO ENTRE LA CIDJ Y LA LGJ
1. La presente Convención considera
bajo las expresiones “joven”, “jóvenes”
y “juventud” a todas las personas,
nacionales o residentes en algún país de
Iberoamérica, comprendidas entre los
15 y los 24 años de edad. Esa población
es sujeto y titular de los derechos que
esta Convención reconoce, sin perjuicio
de los que igualmente les beneficie a
los menores de edad por aplicación
de la Convención Internacional de los
Para los fines de la presente ley,
se considera joven a la persona
comprendida en el rango de
edad de los 15 a los 29 años, sin
distinción de nacionalidad, etnia,
género, religión, discapacidad,
situaciones de vulnerabilidad o
cualquier otra condición particular.
Lo regulado en el inciso anterior no
sustituye los límites establecidos
en otras leyes, tratados o acuerdos
internacionales ratificados por El
Salvador, en los que se establecen
garantías y responsabilidades civiles
o penales y sistemas
En la CIDJ, el margen de
protección es desde los 15
años hasta los 24 años de
es que en El Salvador se
extiende la calidad de joven
hasta la edad de 29 años.
Consecuentemente, se amplía
el campo de protección de 15
a 29 años de edad.
Artículo 2. Jóvenes y derechos
Los Estados Parte en la presente
Convención reconocen el derecho de
todos los jóvenes a gozar y disfrutar
de todos los derechos humanos, y se
comprometen a respetar y garantizar a
los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio
de sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, y culturales.
Los objetivos de la presente ley son
joven, así como promover el
en el marco del respeto a su
b) Favorecer la participación
política, social, cultural y
económica de la población joven
en condiciones de equidad y
c) Garantizar la existencia de
una institucionalidad pública que
elabore e implemente de forma
participativa, políticas públicas
dirigidas a la población joven para
La CIDJ reconoce el derecho de
la juventud a disfrutar de todos
los derechos humanos, y obliga
a los Estados partes a respetar
y garantizar el disfrute de los
La LGJ establece que la
ley garantiza los derechos
fundamentales de los jóvenes
y una serie de garantías de
además de elaborar políticas.
No menciona cuál institución
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 23
Artículo 5. Principio de no-
El goce de los derechos y libertades
reconocidos a los jóvenes en la
presente Convención no admite ninguna
discriminación fundada en la raza, el
color, el origen nacional, la pertenencia a
una minoría nacional, étnica o cultural, el
sexo, la orientación sexual, la lengua, la
religión, las opiniones, la condición social,
las aptitudes físicas, o la discapacidad,
el lugar donde se vive, los recursos
económicos o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social del joven
que pudiese ser invocada para establecer
discriminaciones que afecten la igualdad
de derechos y las oportunidades al goce
Artículo 4. Principio de igualdad
reconocidos a la población joven
en la presente ley no admite
ninguna distinción, exclusión o
discriminación fundada en criterios
tales como el género, idioma,
religión, filiación, nacionalidad,
etnia, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal,
de la población joven, que tengan
por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de sus derechos
fundamentales y los establecidos
precedente no se opone al
especiales de acción positiva a
favor de determinados grupos o
colectivos de jóvenes tendientes a
La LGJ no toma en
cuenta como factores de
discriminación la orientación
sexual ni el sexo de la
población joven, sino
únicamente el género. No
hace referencia a las minorías
nacionales, étnicas o culturales.
Se puede decir que la LGJ no
incluye todas las formas de
discriminación contempladas
en a CIDJ, la cual es mucho más
amplia en su protección.
Artículo 6. Derecho a la igualdad de
Artículo 5. Principio de equidad
En la CIDJ se le cataloga como
un derecho, en cambio en la
LGJ como un principio.
Artículo 7. Protagonismo de la familia. Artículo 6. Rol primario y
Se regula de manera similar.
Artículo 8. Adopción de medidas de
Los Estados Parte, reconocen los
derechos contemplados en esta
convención se comprometen a
promover, proteger y respetar los
mismos y a adoptar todas las medidas
índole, así como a asignar los recursos
que permitan hacer efectivo el goce
de los derechos que la convención
reconoce. Igualmente formularán y
evaluarán las políticas de juventud.
Es responsabilidad del Estado velar
por el pleno disfrute y ejercicio
de los derechos y deberes de la
población joven, reconocidos en la
Constitución, tratados o acuerdos
Salvador y los contenidos en la
presente ley, para lo cual creará,
ejecutará y dará seguimiento a
políticas públicas que garanticen
el desarrollo libre e integral de la
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA24
Artículo 9. Derecho a la vida y
regulación para casos de pena muerte.
Se regula el derecho a la vida en el
articulo 17 literal “d”
El Salvador, en el artículo 27
de la Constitución, regula la
pena de muerte en los casos
previstos por las leyes militares
durante el estado de guerra
internacional. El Código de
Justicia Militar regula este tema
y lo aplica para los casos de
traición entre miembros de
la Fuerza Armada en servicio
activo por delitos y faltas
puramente militares durante un
estado de guerra internacional,
y es aplicable a las personas
mayores de 18 años. Esto
es contradictorio con la
Convención que prohíbe la
pena de muerte para personas
Artículo 10. Derecho a la integridad
Artículo 9.Derechos de la
Se regulan de la misma
Artículo 11. Derecho a la protección
contra los abusos sexuales.
Los Estados Parte tomarán todas las
medidas necesarias para la prevención
de la explotación, el abuso y el turismo
sexual y de cualquier otro tipo de
violencia o maltrato sobre los jóvenes,
y promoverán la recuperación física,
psicológica, social y económica de las
Artículo 9. Derechos de la
q) Derecho a la educación sexual y
a la protección integral contra los
Se regula en ambos
instrumentos la protección
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 25
Artículo 12. Derecho a la objeción de
1. Los jóvenes tienen derecho a formular
objeción de conciencia frente al servicio
2. Los Estados Parte se comprometen
a promover las medidas legislativas
pertinentes para garantizar el ejercicio
de este derecho y avanzar en la
eliminación progresiva del servicio militar
3. Los Estados Parte se comprometen
a asegurar que los jóvenes menores
de 18 años no serán llamados a filas
ni involucrados, en modo alguno, en
Se ha reconocido el derecho
en el artículo 9 literal “g” de
la Ley General de Juventud
y en el Art. 18 del Pacto
Civiles y Políticos, pero no
objeción de conciencia frente
lo cual es contradictorio con el
Art. 215 de la Constitución, que
establece la obligatoriedad del
servicio militar para todos los
salvadoreños comprendidos
edad. A esta obligación le da
continuidad la Ley del Servicio
Militar y Reserva de la Fuerza
La Constitución no da otras
alternativas para sustituir el
servicio militar o eliminarlo por
1. Los Estados Parte reconocen el
derecho a la justicia de los jóvenes.
Ello implica el derecho a la denuncia,
la audiencia, la defensa, a un trato
justo y digno, a una justicia gratuita,
a la igualdad ante la ley y a todas las
3. Los jóvenes condenados por una
infracción a la ley penal tienen derecho
a un tratamiento digno que estimule su
respeto por los derechos humanos y que
tenga en cuenta su edad y la necesidad
de promover su resocialización a través
de medidas alternativas al cumplimiento
4. En todos los casos en que jóvenes
menores de edad se encuentren en
conflicto con la ley, se aplicarán las
normas del debido proceso y la tutela
judicial efectiva, de acuerdo a las normas
y principios del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. .
f) Derecho a la justicia, el cual
denuncia, audiencia, defensa, a un
trato justo y digno, de conformidad
La LGJ parte del contenido
de este artículo para el
establecimiento de este
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA26
Artículo 14. Derecho a la identidad y
1. Todo joven tiene derecho a: tener
una nacionalidad, a no ser privado de
ella y a adquirir otra voluntariamente,
y a su propia identidad, consistente
en la formación de su personalidad,
en atención a sus especificidades y
características de sexo, nacionalidad,
etnia, filiación, orientación sexual,
creencia y cultura.
i) Derecho a la identidad y
personalidad propias, a tener una
nacionalidad, y a adquirir otra
voluntariamente, de conformidad
a lo dispuesto en la Constitución.
La identidad propia comprende
además la formación de su
personalidad, en atención a sus
culturales, de género, nacionalidad,
etnia, filiación, creencia y religión.
no reconoce el derecho a la
identidad sexual (orientación
Artículo 15. Derecho al honor,
intimidad y a la propia imagen.
1. Los jóvenes tienen derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la
j) Derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar, a la propia
imagen y a que no se les discrimine
o estigmatice por su condición física
y mental, respetando su dignidad.
Ambos artículos parten del
mismo enunciado, pero la LGJ
es más extensiva al incluir el
y estigmatización, vinculándolo
con este tipo de derecho.
Artículo 16. Derecho a la libertad y
1. Los Estados Parte reconocen a los
Jóvenes, con la extensión expresada en el
y políticos, el derecho a su libertad y al
ejercicio de la misma, sin ser coartados
ni limitados en las actividades que
derivan de ella, prohibiéndose cualquier
medida que atente contra la libertad,
integridad y seguridad física y mental de
2. Consecuentes con el reconocimiento
y deber de protección del derecho a la
libertad y seguridad de los jóvenes, los
Estados Parte garantizan que los Jóvenes
no serán arrestados, detenidos, presos o
desterrados arbitrariamente.
h) establece el derecho a la
integridad personal en su dimensión
biológica, psicológica, afectiva,
espiritual, moral y sociocultural.
f) comprende el derecho a la
justicia que implica el derecho a la
Se cuenta con la Ley Penal
Juvenil que regula un régimen
especial para las detenciones
18 años de edad que entran
No obstante, no tenemos
de manera general, sino
únicamente a las libertades
Artículo 17. Libertad de pensamiento,
g) Derecho a la igualdad en
el disfrute de la libertad de
pensamiento, de conciencia, de
elección, de acción, de religión o
creencias, de expresión, de opinión,
de asociación, de libre circulación y
de participación activa en la política
Se regula de la misma manera.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 27
Artículo 18. Libertad de expresión,
k) Derecho a la libertad de opinión,
l) Derecho a la libertad de reunión
y asociación, así como a constituir
y participar en organizaciones y
foros juveniles donde se analicen
temas vinculados a la juventud y
puedan presentar propuestas de
políticas, programas y planes ante
las instancias públicas encargadas
de atender asuntos relativos al
El contenido de ambos
artículos es similar.
Artículo 19. Derecho a formar parte
1. Los jóvenes tienen el derecho a formar
parte activa de una familia que promueva
relaciones donde primen el afecto, el
respeto y la responsabilidad mutua entre
sus miembros y a estar protegidos de
todo tipo de maltrato o violencia.
2. Los jóvenes menores de edad
tienen derecho a ser oídos en caso de
divorcio o separación de sus padres
para efectos de atribución de su propia
guarda, así como, a que su voluntad sea
determinante en caso de adopción.
a crear y facilitar las condiciones
educativas, económicas, sociales y
culturales que fomenten los valores de
la familia, la cohesión y fortaleza de la
vida familiar y el sano desarrollo de los
jóvenes en su seno, a través de políticas
públicas y su adecuado financiamiento.
m) Derecho a formar parte activa
de una familia que los ame, apoye,
estimule y reconozca como
sujeto de derechos, promoviendo
su educación y orientación, con
relaciones donde prime el afecto,
la formación en valores, el respeto
y la responsabilidad mutua entre
sus miembros; así como el derecho
a ser protegidos de todo tipo de
maltrato o violencia familiar.
El Art. 7 “j” del Código de
Familia establece el deber del
juez de oír al menor cuando
hubiere cumplido doce años de
edad, en todos los procesos y
diligencias que le afecten; antes
de dicha edad, el Juez tendrá
contacto con el menor y de ser
posible dialogará con él.
LEPINA Art. 51 Derecho
de Acceso a la Justicia “k”:
establecer la garantía de
opinión de los NNA en todos
aquellos procesos judiciales y
cuya decisión les afecte de
Artículo 20. Derecho a la formación
1. Los jóvenes tienen derecho a la
libre elección de la pareja, a la vida
en común y a la constitución del
matrimonio dentro de un marco de
igualdad de sus miembros, así como a la
maternidad y paternidad responsables,
y a la disolución de aquel de acuerdo
a la capacidad civil establecida en la
2. Los Estados Parte promoverán todas
las medidas legislativas que garanticen la
conciliación de la vida laboral y familiar y
el ejercicio responsable de la paternidad
y maternidad y permitan su continuo
desarrollo personal, educativo, formativo
No se regula el derecho a la libre
De acuerdo al artículo 11 del
Código de Familia, el término
“libre elección de pareja”
está ceñido estrictamente
a la elección de pareja del
sexo opuesto, que implica la
relación entre un hombre y
una mujer en el matrimonio,
y no significa la unión entre
personas del mismo sexo bajo
esta institucionalidad,
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA28
Artículo 21. Participación de los
c) Derecho a la participación
política y democrática, así como
también a ser tomados en cuenta
y local, en el diseño, ejecución
y seguimiento de las políticas,
programas, planes, proyectos y
acciones dirigidas hacia la población
d) Derecho a la participación
efectiva, en todos los ámbitos de
la vida nacional, de las personas
La LGJ regula de manera más
extensiva este tipo de derecho.
o) Derecho a la educación.
Ambos instrumentos jurídicos
similar el derecho a la
Artículo 23. Derecho a la educación
1. Los Estados Parte reconocen que
el derecho a la educación también
comprende el derecho a la educación
personal, afectividad y expresión
comunicativa, así como la información
relativa la reproducción y sus
El Art. 32 de la LEPINA
establece el derecho a recibir
forma prioritaria por la madre
El Art. 86 m) de la LEPINA
igualmente regula este
derecho para las niñas, niños y
La LGJ retoma el derecho a la
El Ministerio de Salud cuenta
con la Política Nacional de
Artículo 24. Derecho a la cultura y
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida
cultural y a la libre creación y expresión
como parte de la garantía a la
propia identidad, la libre creación
y expresión, y al acceso, disfrute y
respeto de la producción artística y
La LGJ de igual forma toma en
cuenta el desarrollo cultural
como un derecho de la
población joven, y da la pauta
para la creación de políticas
públicas que velen por el
cumplimiento de este derecho,
al igual que en la CIDJ.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 29
derecho de los jóvenes a una salud
También se establece el derecho a la
confidencialidad en lo relativo a la salud
4. Los Estados Parte velarán por la plena
efectividad de este derecho adoptando y
aplicando políticas y programas de salud
integral, específicamente orientados a la
prevención de enfermedades, promoción
de la salud y estilos de vida saludable
entre los jóvenes. Se potenciarán las
políticas de erradicación del tráfico y
consumo de drogas nocivas para la salud.
r) Derecho a la salud integral y
de calidad, orientada hacia sus
necesidades específicas, que debe
entenderse como la resultante
de la interacción dinámica de
distintos factores espirituales,
biopsicosociales, económicos y
La LGJ no establece el derecho
de confidencialidad en materia
En el artículo 10 LGJ aparece
como deber el preservar
la salud, rechazando el
comercio, trafico y consumo
prohibidas por tratados
El Salvador y leyes secundarias.
1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo
y a una especial protección del mismo.
No desarrolla el derecho al trabajo. La LGJ no desarrolla el derecho
al trabajo de manera general.
Únicamente se habla del
derecho al primer empleo. La
LEPINA establece el derecho
de protección a las y los
Artículo 27. Derecho a las condiciones
igualdad de oportunidades y trato en
lo relativo a la inserción, remuneración,
promoción y condiciones en el trabajo, a
que existan programas que promuevan
el primer empleo, la capacitación
laboral y que se atienda de manera
especial a los jóvenes temporalmente
2. Los Estados Parte reconocen que los
jóvenes trabajadores deben gozar de
iguales derechos laborales y sindicales a
los reconocidos a todos los trabajadores.
3. Los Estados Parte reconocen
el derecho de los jóvenes a estar
protegidos contra la explotación
económica y contra todo trabajo que
ponga en peligro la salud, la educación y
el desarrollo físico y psicológico.
4. El trabajo para los jóvenes de 15 a
18 años, será motivo de una legislación
protectora especial de acuerdo a las
s) Derecho al primer empleo,
que les sea compatible con sus
y familiares, así como a las
condiciones de trabajo en igualdad
de oportunidades, trato en lo
relativo a la inserción, remuneración
y promoción; así como, a que
existan programas que promuevan
el trabajo decente, la capacitación
especial a la población joven
temporalmente desocupada.
En El Salvador existe un
compromiso clave del gobierno
en cuanto al primer empleo y
la creación de ventajas para la
población joven para acceder
al mismo; por ello se retoma
en la LGJ el derecho al primer
empleo como una forma de
priorizar este tema.
Por otro lado, el Art. 57 de
la LEPINA regula el derecho
de los adolescentes a la
protección en el trabajo,
dentro del sector formal e
informal; tienen además todos
los derechos que establece el
Código de Trabajo (Art. 58).
La edad mínima para la
admisión al empleo es de 14
años de edad (Art. 59).
El Salvador no es Estado Parte
del Convenio No. 102 de la OIT,
por lo que no puede adoptar
cumplir con dicho Convenio.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA30
Artículo 28. Derecho a la protección
protección social frente a situaciones de
enfermedad, accidente laboral, invalidez,
viudez y orfandad y todas aquellas
situaciones de falta o de disminución de
medios de subsistencia o de capacidad
No es regulado por esta Ley. La Ley de Sistema de Ahorro
para Pensiones, en su Art.
108, manifiesta que tendrán
derecho a la pensión por
sobrevivencia los hijos menores
de 18 años, los estudiantes
entre los 18 y 24 años, y los
que tengan alguna invalidez,
edad. También se cuenta con
la Ley de Seguro Social que
brinda protección a las y los
y del privado
Artículo 29. Derecho a la formación
1. Los jóvenes tienen derecho al acceso
no discriminatorio a la formación
profesional y técnica inicial, continua,
pertinente y de calidad, que permita su
t) Derecho a optar al acceso no
discriminatorio a la formación
profesional y técnica inicial,
continua, pertinente y de calidad,
que permita su incorporación al
La LGJ en el Art. 4 regula el
de manera general, y el
artículo 9 es congruente con la
1. Los jóvenes tienen el derecho a una
vivienda digna y de calidad que les
permita desarrollar su proyecto de vida
y sus relaciones de comunidad.
u) Derecho a tener una vivienda
digna y de calidad que les permita
y sus relaciones de familia y
Disposiciones congruentes.
Artículo 31. Derecho a un
medioambiente saludable.
1. Los jóvenes tienen derecho a vivir en
un ambiente sano y equilibrado.
v) Derecho a un medio ambiente
saludable y a vivir en un ambiente
natural, sano y equilibrado,
ecológicamente sustentable y
La LGJ agrega el concepto de
a través de un ambiente
Artículo 32. Derecho al ocio y
recreación y al tiempo libre, a viajar
y a conocer otras comunidades en
los ámbitos nacional, regional e
internacional, como mecanismo para
promover el intercambio cultural,
educativo, vivencial y lúdico, a fin de
alcanzar el conocimiento mutuo y el
respeto a la diversidad cultural y a la
n) Derecho al deporte, recreación,
descanso y esparcimiento como
parte del desarrollo y la salud
a viajar, ni al intercambio
cultural de los jóvenes a
través de becas, pasantías
y programas especiales de
educación superior y técnica.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 31
educación física y a la práctica de los
Se regula en la LGJ el deporte
vinculado con el derecho
a la recreación, descanso y
1. Los jóvenes tienen derecho al
desarrollo social, económico, político
y cultural y a ser considerados como
sujetos prioritarios de las iniciativas que
se implementen para tal fin.
Art. 9. Derechos de la población
a) Derecho al desarrollo humano
Se regula el derecho al
desarrollo humano de manera
integral en la LGJ.
Artículo 35. De los Organismos
Nacionales de Juventud.
Los Estados Parte se comprometen
a la creación de un organismo
gubernamental permanente, encargado
de diseñar, coordinar y evaluar políticas
públicas de juventud, a promover todas
las medidas legales y de cualquier otra
índole, a dotar a los organismos públicos
nacionales de juventud de la capacidad y
los recursos necesarios para que puedan
realizar el seguimiento del grado de
aplicación de los derechos reconocidos
en la presente Convención y en las
respectivas legislaciones nacionales y de
elaborar y difundir informes nacionales
anuales acerca de la evolución y
progresos realizados en la materia.
Créase el Instituto Nacional de
la Juventud como una institución
descentralizada de la Presidencia
de la República. Para los efectos de
esta Ley, el Instituto Nacional de la
Juventud, podrá denominarse “El
Artículo 24. El Instituto tendrá
a) Formular, dirigir, ejecutar y vigilar
Nacional de Juventud y de las
políticas sectoriales que permita
incorporar plenamente a los
jóvenes al desarrollo del país.
La CIDJ obliga a los Estados
Partes a crear su propio
permanente; la LGJ crea
la Juventud, el órgano
gubernamental encargado
de formular, dirigir, ejecutar y
Política Nacional de Juventud y
otras más sobre el tema.
Artículo 34. El Instituto contará
con un Consejo Nacional de la
Persona Joven, que tendrá por
objeto proponer, evaluar, promover
y hacer contraloría social sobre
las políticas públicas del Instituto
La LGJ crea el Consejo Nacional
de la Persona Joven, que tiene
por objeto proponer, evaluar y
hacer contraloría social sobre
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA32
Y CLAUSULAS FINALES
Artículo 38. Normas de
Lo dispuesto en la presente Convención
no afectará a las disposiciones y
normativas existentes que reconozcan
o amplíen los derechos de los jóvenes
enunciados en la misma y que puedan
estar recogidas en el derecho de un
Estado iberoamericano signatario o en
el derecho internacional vigente, con
respecto a dicho Estado.
Artículo 38. El Presidente de la
República emitirá el Reglamento
de Aplicación de esta Ley, en un
período que no exceda de noventa
días a partir de su vigencia.
La CIDJ no es restrictiva y deja
la brecha abierta para que los
Estados Partes que se adhieran
a la misma puedan legislar
extensivamente sobre el tema
Artículo 39. Firma, ratificación y
Artículo 39. El presente Decreto
entrará en vigencia ocho días
Decreto Legislativo No. 910, de
fecha 17 de noviembre del 2011,
No. 24, Tomo No. 394, del 6 de
Como observamos en el cuadro anterior, en cuanto al ámbito de aplicación existen di-
ferencias en las edades establecidas en los instrumentos. El más extensivo es la LGJ
respecto a la CIDJ, ya que la primera abarca a la población joven de 15 a 29 años de edad,
y la segunda hasta los 24 años de edad.
Con relación a los derechos de la población joven, podemos decir que algunos derechos
se han regulado de manera similar en ambas normativas, tales como: integridad perso-
nal, protección integral contra los abusos sexuales, justicia, honor, intimidad personal,
familiar y derecho a la propia imagen, libertad de pensamiento, libertad de conciencia,
libertad religiosa, libertad de expresión, de reunión y asociación, participación política y
democrática, educación, salud, desarrollo cultural, derecho al primer empleo, vivienda
digna, medio ambiente, desarrollo, deporte, recreación, descanso y esparcimiento.
Por otro lado, existen diferencias de tratamiento en relación con determinados derechos,
a) El derecho a la salud: la CIDJ establece para en este aspecto el derecho a la
confidencialidad, mismo que no es regulado por la LGJ,
b) El derecho al trabajo es regulado ampliamente en la CIDJ, ya que incluye
el derecho a la igualdad de oportunidades, inserción, remuneración,
promoción, capacitaciones y condiciones en el trabajo, así como igualdad
de derechos laborales y sindicales. En cambio, la LGJ se limita a regular el
derecho al primer empleo y no el derecho al trabajo de manera integral, al
enfocarse a la elaboración de una política pública sobre el primer empleo.
En este sentido, la legislación secundaria complementa a la LGJ, ya que la
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 33
LEPINA protege los derechos de la población joven trabajadora a partir de
los 14 años de edad, y el Código de Trabajo ejerce una protección general.
c) El derecho a la protección social. La LGJ no menciona ninguna disposición,
ya que este aspecto es regulado por la Ley del Sistema de Ahorros para
Pensiones y la Ley del Seguro Social para todas aquellas personas que
d) El derecho a la libertad y seguridad personal contenido en la CIDJ implica
una protección contra cualquier medida que atente contra la libertad,
integridad y seguridad física y mental de la población joven. La LGJ, en
cambio, relaciona este derecho únicamente con la integridad personal,
sin desarrollar el derecho a la libertad en este contexto. Respecto a las
detenciones, la Ley Penal Juvenil contiene una serie de derechos y garantías
para las personas comprendidas entre las edades de 12 a 18 años, y a las
cuales se atribuya o se les declare ser autores o partícipes en la comisión de
Finalmente, la CIDJ establece algunos derechos no contemplados en el ordenamiento
jurídico salvadoreño, tales como:
a) El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio (Art.12);
b) el derecho a la identidad sexual (Art. 14), y
c) el derecho a la libre elección de una pareja (Art. 20).
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA34
El tema de la juventud en El Salvador ha retomado primacía en la agenda pública, ya
que este importante sector representa el 28% de la población. En consecuencia, ha sido
incluido en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, de forma transversal desde
la perspectiva generacional, esto es, atendiendo a los diferentes grupos etarios (niñez,
adolescencia, juventud, adultez y vejez). Asimismo, este esfuerzo se consolida con la
aprobación de la Política Nacional de Juventud 2011-2024, y su respectivo Plan de Acción
2011-2014 para atender sus aspiraciones y necesidades.
A nivel constitucional, no hay disposiciones que establezcan expresamente la edad lí-
mite para considerar a una persona menor de edad. Es la normativa secundaria la que
responde a este tema que se regula en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Ado-
lescencia y en la Ley General de Juventud: la primera considera niño o niña quien este
comprendido entre las edades de 0 a 12 años de edad, y adolescente de 12 a 15 años; la
segunda, contempla que las personas entre 15 y 29 años deben considerarse parte de la
población joven del país.
Con relación al marco jurídico, se cuenta con una normativa especifica dirigida a la juven-
tud, la Ley General de Juventud, que contiene claramente una perspectiva de derechos,
ya que desarrolla derechos de carácter civil, político, económico, social, cultural y de
otras índoles, hace a un lado la visión según la cual las personas jóvenes son proble-
mas, y reafirma la doctrina según la cual son sujetos de derechos, personas capaces de
ejercer con responsabilidad sus derechos y deberes, así como actores estratégicos del
desarrollo del país. También se han incorporado normas específicas sobre adolescentes
y jóvenes en las leyes secundarias.
Por otro lado, la LGJ crea los mecanismos institucionales y la asignación presupuestaria
requerida para facilitar el goce y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, tales como
el Instituto Nacional de Juventud, cuya misión es ser la entidad rectora de las políticas
específicas y transversales en materia de juventud.
Mediante la participación de las y los jóvenes en la Junta Directiva del INJUVE y en el
Consejo Nacional de la Persona Joven se ha incorporado a la sociedad civil en estos meca-
nismos, con objeto de tomar en cuenta directamente las necesidades de los y las jóvenes
y cerciorarse de que se cumplan las políticas establecidas en la ley.
Un aspecto importante es que la LGJ adolece de mecanismos internos de protección
ante la violación de los derechos de la población joven, tal como lo tienen establecido
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 35
el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Instituto Salvadoreño para el Desar-
rollo de la Mujer.
Por otro lado, aunque El Salvador no es Estado Parte de la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, el contenido de la Ley General de Juventud en la mayoría de
sus apartados es coincidente con el de la Convención.
Existen disposiciones de la Convención que son discordantes, o no están presentes en la
a) El artículo 27 de la Constitución de la República que regula la pena de
muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de
guerra internacional, desarrollado por el Código de Justicia Militar, que
la establece para los casos de traición, permitiendo la imposición de esta
pena a las personas mayores de 18 años miembros de la Fuerza Armada en
servicio activo que hayan participado en una guerra internacional. Esto es
discordante con el Art. 9 de la CIDJ.
b) El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio
establecido en el artículo 12 de la CIDJ no es reconocido en nuestro
ordenamiento jurídico, en el cual solamente se ha reconocido el derecho
a la libertad de conciencia en el artículo 9 literal “g” de la Ley General
de Juventud y en el Art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, del cual El Salvador es Estado Parte. El artículo 215 de la
Constitución de la República establece la obligatoriedad del servicio militar
para todos los salvadoreños comprendidos entre los 18 y 30 años de edad,
y no da otra alternativa para sustituir el servicio militar o eliminarlo por
razones de conciencia, lo cual entra en contradicción con el derecho a la
objeción de conciencia contenido en el Art. 12 de la CIDJ.
c) El artículo 14 de la CIDJ sobre el derecho a la identidad y personalidad,
especialmente el derecho a la identidad sexual, no está contemplado en la
Constitución, en la Ley General de Juventud ni en otra ley secundaria.
d) El derecho a la libre elección de pareja (Art. 20) no es regulado por nuestra
Como observamos, la mayoría del contenido del CIDJ se encuentra en la Ley General de
Juventud, en cuanto a derechos y a la institucionalidad especifica que se mandata crear;
sin embargo, se presentan algunas dificultades de índole constitucional y de orden moral
que han impedido suscribirse a la Convención.
Un ejemplo de lo anterior es el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio, que entra en contradicción con la Constitución de la República, la cual no
contempla este derecho, que permite dejar de realizar el servicio militar ofreciendo para
ello una figura sustitutiva; es decir, no se establecen causas de exención del servicio mili-
tar obligatorio, para imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA36
Otro tema es el derecho a la identidad sexual, acerca del cual nuestro ordenamiento
legal no regula de manera expresa los derechos de las minorías sexuales, debido a que
entran en contradicción con valores religiosos y morales. Sin embargo, la falta de regula-
ción en este tema no entra en contradicción con la Constitución, ya que entre los valores
y principios fundamentales en ella vertidos se encuentra la igualdad y el principio de no
discriminación, que abarcan la protección de la población joven ante cualquier condición
particular que le afecte, esta mismo entre ellas.
Respecto a la libre elección de pareja se ha entendido que ésta comprende no sólo a
personas de sexo diferente sino del mismo, que pueden llegar a contraer matrimonio;
esto no es compatible con determinados valores inculcados en la sociedad salvadoreña.
Por otra parte, desde el punto de vista constitucional el tema de la familia es regulado
ampliamente y no se hace ningún tipo de diferenciación en cuanto al sexo y a la igualdad
jurídica de los cónyuges. Esta situación es normada en cambio en el Código de Familia,
donde se establece - en el artículo 11 - que el matrimonio es la unión legal entre un hom-
bre y una mujer, lo cual confirma que la elección de pareja sólo es limitada a personas del
sexo opuesto, por lo cual no pueden formalizar su relación otros tipos de pareja.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 37
La Ley General de Juventud entró en vigor en febrero del 2012. Es una ley reciente, y por
lo tanto es necesario vigilar su aplicación, especialmente en lo relacionado con lo siguiente:
1) Cumplimiento de las políticas públicas establecidas en la Ley.
2) Creación de una base de datos con indicadores y estadísticas
proporcionadas por las instituciones públicas.
3) Creación de programas y proyectos enfocados en la juventud.
4) Asignación presupuestaria adecuada a los objetivos contemplados por la Ley.
5) Incorporación del enfoque de los derechos de la población joven en las
6) Campañas de información sobre los derechos de las y los jóvenes dirigidas
a este grupo y a la población en general, así como sobre los mecanismos de
denuncia existentes ante la violación de sus derechos.
7) Funcionamiento de los mecanismos de participación y empoderamiento de
las y los jóvenes en las instancias estipuladas por la ley.
En consecuencia, es indispensable dar debido seguimiento al trabajo que realicen el INJU-
VE y el Consejo Nacional de la Persona Joven, con el fin de verificar el cumplimiento de
las atribuciones y funciones establecidas por la LGJ y su reglamento.
Respecto a la CIDJ se recomienda lo siguiente:
a) En cuanto al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio, es necesario reformar el artículo 215 de la Constitución de la
Republica para reconocer este tipo de derecho, y a su vez incorporar causas
de exenciones al servicio militar obligatorio, tal como la prestación social
sustitutoria; a su vez, debe reformarse en lo pertinente la Ley del Servicio
Militar y Reserva de la Fuerza Armada.
b) Con relación a los derechos a la identidad sexual y a la libre elección de
pareja, de acuerdo al artículo 144 de la Constitución de la República, una vez
que un tratado ha sido ratificado y ha entrado en vigor, constituye ley de la
República; por tanto, siguiendo la teoría monista, esos derechos pasarían a
formar parte de nuestra normativa jurídica interna, al adherir a la CIDJ. Es
importante tener en cuenta que deberá ser reformado también el Código de
Familia en materia de matrimonio.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA38
c) Respecto a la pena de muerte señalada en el artículo 9(2) de la CIDJ,
relacionado con el artículo 27 de la Constitución y el 54 del Código de
Justicia Militar, podemos decir que actualmente, al ser El Salvador Estado
Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se puede
imponer la pena de muerte a personas menores de 18 años de edad, mujeres
en estado de gravidez y a los mayores de 70 años de edad. Por lo tanto, al
adherir a la CIDJ, la protección contra la pena de muerte se ampliaría a favor
de las personas jóvenes hasta la edad de 24 años. Lo anterior no entra en
conflicto con la Constitución ni con las leyes secundarias vinculadas a la
temática, ya que aplicar el Código de Justicia Militar para casos de pena de
muerte a personas mayores de 18 años debe hacerse a la luz de la CIDJ.
Debemos tener presente que es indispensable contar con las reformas constitucionales
y legales antes expuestas para poder ser parte de la Convención.
Para ello, es necesario realizar un proceso de información y consulta con las y los jó-
venes y con representantes de las instituciones públicas y privadas vinculadas con este
tema, para discutir a profundidad el contenido de la CIDJ, la necesidad de la adhesión, las
dificultades políticas y jurídicas a enfrentar para su suscripción, y los pasos a seguir para
llegar a ser Estado Parte de la misma.
Consideramos que la adhesión a la CIDJ sería un paso importante en el reforzamiento
de los derechos de la persona joven, ya que se reconocerían derechos que no han sido
contemplados anteriormente por el ordenamiento jurídico salvadoreño, y se incorpora-
ría una herramienta más, de carácter internacional, para la promoción y defensa de los
CIDJ	Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
CONJUVE	Consejo Nacional de la Juventud
CONNA	Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
EHPM	Encuesta de Hogares de Propósito Múltiple
INJUVE	Instituto Nacional de la Juventud
IUDOP	Instituto Universitario de Opinión Pública
LGJ	Ley General de Juventud
VIH/sida	Virus de Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 39
IUDOP, Encuesta Nacional de Juventud, San Salvador, 2008.
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Informe de Observaciones y Recomendaciones
al reporte de El Salvador, 2010.
CONJUVE, Política Nacional de Juventud, 2010-2024, publicado en noviembre 2011.
DIGESTIC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
Constitución de la República, Decreto Legislativo No.38, de fecha 15 de diciembre de
1983, publicado en el Diario Oficial No. 234, Tomo No. 281, publicado el 16 de diciembre
Ley General de Juventud, Decreto Legislativo No. 910, de fecha 17 de noviembre del
2011, publicado en el Diario Oficial No. 24, Tomo No. 394, publicado el 6 de febrero del
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto Legislativo No. 839,
de fecha 23 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo No. 383,
publicado el 16 de abril del 2009.
Código de Salud, Decreto Legislativo No. 955, de fecha 28 de abril de 1988, publicado
en el Diario Oficial No. 86, Tomo No. 299, publicado el 15 de mayo del 1988.
Código Penal, Decreto Legislativo No. 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en
el Diario Oficial No. 105, Tomo No. 335, publicado el 10 de junio del 1997.
Código Penal Procesal, Decreto Legislativo No. 733, de fecha 22 de octubre de 2008,
publicado en el Diario Oficial No. 20, Tomo No. 382, publicado el 30 de enero del
2009.	Código de Trabajo, Decreto Legislativo No. 15 de fecha 23 de junio de 1972, publicado
en el Diario Oficial No. 142, Tomo No. 236, publicado el 31 de julio del 1972.
EL salvador Y LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA40
Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Decreto
Legislativo No. 520, de fecha 25 de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial
No. 02, Tomo No. 390, publicado el 4 de enero del 2011.
Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana, Decreto Legislativo No. 588, de fecha 24 de octubre de 2001, publicado en el
Diario Oficial No. 222, Tomo No. 353, publicado el 23 de noviembre de 2001.
Reglamento de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana, Decreto Ejecutivo N° 40, de 28 de abril de 2004, publicado
en el Diario Oficial No. 81, Tomo No. 363, publicado el 04 de mayo de 2004.
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres,
Decreto Legislativo No. 645, de fecha 17 de marzo de 2011, publicado en el Diario
Oficial No. 70, Tomo No. 391, publicado el 8 de abril de 2011.	Ley General de Educación, Decreto Legislativo No. 917, de fecha 12 de diciembre de
1996, publicado en el Diario Oficial No. 242, Tomo No. 333, publicado el 21 de diciembre
Ley contra la Violencia Intrafamiliar, Decreto Legislativo No. 902, de fecha 28 de
noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 333, publicado el
Código de Familia, Decreto Legislativo No. 677, de fecha 11 de octubre de 1993,
publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo No. 321, publicado el 13 de diciembre de
Ley Procesal de Familia, Decreto Legislativo No. 133 de fecha 14 de septiembre de 1994,
publicado en el Diario Oficial No. 173, Tomo No. 324, publicado el 20 de septiembre de
Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Decreto
Legislativo No. 888, de fecha 27 de abril de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 95,
Tomo No. 347, publicado el 24 de abril de 2000.	Ley Penal Juvenil, Decreto Legislativo No. 863 de fecha 27 de abril de 1994, publicado
en el Diario Oficial No. 106, Tomo No. 323, publicado el 6 de junio de 1994.
Ley del Servicio Militar y Reserva de la Fuerza Armada, Decreto Legislativo No. 298
de fecha 20 de julio de 1992, publicado en el Diario Oficial No. 144, Tomo No. 316,
publicado el 10 de agosto de 1992.
PROMOCIÓNDEL
LAVIOLENCIAY
GARANTÍADELA
LARECREACIÓNY
LasPolíticasde
a)Promoverla
participaciónplenade
lapoblaciónjovenenel
campocívico,político,
social,económico,
culturalyartístico.
b)Fortalecerlos
interaccióny
consultaparaquelas
perspectivas,opiniones
yrecomendaciones
jovenseantomadas
encuentaporlas
c)Facilitarelacceso
jovenalosmedios
decomunicacióny
alastecnologíasde
d)Promoverla
conformacióny
recreaciónydelusodel
tiempolibrebuscarán:
a)Promoveropciones
creativasdeusodel
tiempolibreafavor
deldesarrollointegral
joven,garantizando
laactivaparticipación
delasociedadenel
desarrollodeprogramas
derecreación,
esparcimientoy
descansoquepermitan
alapoblaciónjovensu
sanodesarrollo.
b)Fomentare
incorporarlasiniciativas
alapoblaciónjoven
recreaciónyusodel
tiempolibreenlos
queseejecuten.
c)Garantizarypromover
ellibreaccesoala
prácticadelasdiversas
Laspolíticasdeinclusión
socialycultural,
buscarán:
a)Establecerun
tratoespecialy
preferenteafavorde
lapoblaciónjoven,
suintegralidad,así
comootrassituaciones
dedesventajaode
vulnerabilidad,para
crearcondicionesde
igualdadrealyefectiva.
b)Garantizaracciones
positivasafavorde
lainclusiónsocial
yculturaldelas
personasjóvenescon
c)Asegurarenel
cumplimientoyejercicio
delosderechosy
deberesdelapoblación
jovenconlaequidadde
d)Propiciarlas
condicioneseducativas,
económicas,sociales
yculturalesque
lasaludintegral
a)Promover
integralesdesalud,
yeldesarrollo
adecuadosde
educaciónentodos
losámbitosdesalud.
b)Potenciar
mentalyatención
engeneralyen
particulardeaquellas
d)Promover
devida,mediante
prácticasadecuadas
desaneamiento,
higieneyeducación
juvenildeberán:
a)Crear,ejecutary
darseguimientoa
losprogramasque
garanticenelderechoal
primerempleoparala
poblaciónjoven,asícomo
garantizarlacreaciónde
oportunidadesdetrabajo
dirigidasaestapoblación,
considerandosiempresus
b)Adoptarlasmedidas
formulariniciativasy
estrategiasquepermitan
capacitarseparaacceder
ocrearopcionesde
empleoyfomentarel
estímuloalasempresas
privadasparapromover
actividadesdeinsercióny
calificacióneneltrabajo.
c)Garantizarelgocede
laigualdadenelejercicio
delosderechoslaborales
ysindicalesreconocidos
PROMOCIÓNDELOS
DERECHOSALA
Laspolíticaseducativasdirigidasa
lapoblaciónjovendeberán:
a)Promoverlosmecanismosque
garanticenunaeducaciónintegral,
continua,pertinenteydecalidad,
quefomentelaprácticadevalores,
elrespetoalosderechoshumanos,
laequidaddegéneroylaidentidad
nacionalycultural.
b)Garantizarunaeducación
oportuna,pertinente,equitativay
decalidad,entodoslosniveles,
fomentandolasartes,lasciencias
ylatécnicaenlatransmisiónde
laenseñanza,lainterculturalidad,
elrespetoalosdistintosgrupos
sociales,culturalesoétnicosyel
accesogeneralizadoalasnuevas
c)Crearydiseñarcontenidos
pedagógicosdigitalese
interactivos,asícomofomentarla
utilizaciónpositivadelasnuevas
d)Garantizarlaexistencia
yelaccesoalosserviciosy
programasdesaludyeducación
sexualintegralconelobjetode
fortalecerlatomadedecisiones
responsablesylaprevención
violenciaygarantía
delaseguridaddela
poblaciónjoven
a)Garantizarla
deprogramasde
prevencióndeviolencia,
mediantelapráctica
deunaculturade
pazconvalores,
actitudes,costumbres
ycomportamientos
individualesycolectivos
demediación,
prevencióndeconflictos
ylaprácticadeldiálogo
conrespetoytolerancia.
b)Protegerala
poblaciónjovende
cualquierformade
explotación,maltrato,
tortura,abusoo
negligenciaque
afectesuderechoala
integridadpersonal.
c)Promovereldebido
respetoalaidentidad
funcionamientolibre
deorganizaciones
juveniles,deacuerdo
alaley.
e)Educareinformar
sobrelosderechosy
deberesjuveniles.
f)Garantizarla
participacióndela
poblaciónjovenen
eldiseño,aplicación
yevaluacióndelas
políticas,programasy
planesnacionales.
g)Estimular
elintercambio
ylocaldelapoblación
jovenfacilitando
suparticipaciónen
forosoencuentros
juveniles,asícomo
fomentarlacreación
deespaciosdigitales
políticaypromociónde
h)Garantizarla
participaciónefectiva,
enlosdistintosámbitos
delavidanacional,de
laspersonasjóvenes
i)Promoverlafirma
deconvenioscon
otrasInstitucionesdel
Estadoparabrindar
aportandolosrecursos
físicos,económicosy
humanosnecesarios,
segúnloestablecidoen
lasleyesdelamateria.
d)Velarporelfomento
delasdistintasformas,
prácticasomodalidades
recreativasdeacuerdo
conlosintereses
yaptitudesdela
poblaciónjoven.
e)Establecerprogramas
recreativosvinculadosa
losprocesoseducativos
formalesynoformales.
f)Promoverel
poblaciónjovenenlos
programassociales,
culturalesyde
g)Incorporarenla
yeneldesarrollo
rurallasnecesidades
derecreacióndela
h)Promoverprogramas
quefomenteny
desarrollenlosvalores.
fomentenlosvalores
moralesdelafamilia,
lacohesiónyfortaleza
delavidafamiliaryel
sanodesarrollodela
poblaciónjovenensu
e)Facilitarelaccesode
lapoblaciónjovenauna
viviendadigna,mediante
laimplementaciónde
programasdecréditoy
ahorroquefacilitensu
adquisición.Asimismo,
crearlascondiciones
quepromuevanla
viviendasparalas
personasjóvenes,como
factorcoadyuvante
delóptimodesarrollo,
madurezydela
constitucióndelas
nuevasfamilias.
f)Asegurarel
cumplimientoalos
derechosculturales,
facilitandoprocesos,
programasyacciones
quegaranticenel
desarrollocultural,
elconocimientoy
difusióndelaidentidad
nacional,laprotección
delpatrimoniocultural
ylacreación,acceso
ydisfrutedelas
expresionesartísticas.La
sanitaria,asícomo
laorientación
sobrenutrición,
atenciónycuidado
especialdelasalud
e)Laprevención
yerradicaciónde
maltrato,abusoy
elestablecimiento
especializadapara
lasvíctimasdeestas
f)Posibilitarel
accesoaservicios
enlasleyesdelamateria.
d)Garantizarla
proteccióncontrala
explotacióneconómicay
contratodotrabajoque
pongaenpeligro
lasalud,laeducacióny
eldesarrolloespiritual,
físicoypsicológico
delapoblaciónjoven.
seadoptaránlasmedidas
necesariasparasuprimir
todaslasformasde
discriminacióncontrala
mujerjovenenelámbito
e)Impulsarprogramas
paralacapacitación
einserciónlaboralde
garantizandolaequidad
f)Fomentarlapromoción
depasantíaslaborales
enelsectorpúblicoy
privadoenfocadasenlas
necesidadesdedesarrollo
delpaís,conelobjeto
queelalumnadode
educacióntécnicay
tengaaccesoa
efectivascontando
conflexibilidadenlos
horariosyotorgando
deInfeccionesdeTransmisión
Sexual(ITS),entreellaselVIH/
sida,disminuiryprevenirlos
riesgosdeacosoyabusosexualy
prepararlesparaunamaternidady
paternidadresponsable,sanaysin
riesgos.Losserviciosyprogramas
implementadosgarantizaránel
respetoalderechoalavidadesde
elinstantedelaconcepción.
e)Crearmecanismosespeciales
parapotenciarygarantizarel
ingresodelapoblaciónjovenala
educaciónsuperiorencondiciones
deequidad,suscribiendoconvenios
conuniversidadesocentrosde
formaciónprivados,através
delotorgamientodeincentivos
paraelaumentodelacapacidad
deadmisióndelapoblación
f)Prevenir,sancionaryerradicar
todaslasformasyprácticasde
violenciaenlaeducación.
g)Prevenir,sancionaryerradicar
todaslasformasdecastigos
físicosopsicológicos,osanciones
disciplinariasdegradantesenlos
centroseducativos.
h)Promocionarycapacitarala
poblaciónjovenconliderazgo.
i)Garantizarellibreyeficaz
funcionamientodelosgobiernos
j)Establecermecanismospara
fortalecerlaintegracióny
direcciónestratégicadelaoferta
debecasquepermitadeterminar
delosjóvenes,velando
porlaerradicación
desituacionesque
losdiscriminenen
cualquieradelos
aspectosconcernientes
asupersona,adoptando
lasmedidasnecesarias
paraevitarcualquier
explotacióndesu
imagenoprácticas
encontradesu
condiciónfísica,mental
yespiritualquevayan
enmenoscabodesu
dignidadpersonal.
d)Adoptarlasmedidas
necesariasparala
tratadepersonasyla
explotaciónentodas
susformas,elturismo
sexualycualquier
otrotipodeviolencia,
abusoomaltrato
jovenypromoverla
recuperaciónfísicay
espiritual,psicológica,
socialyeconómicade
lasvíctimas.
especialesparala
proteccióndelos
delapoblaciónjoven
inmigrante,asícomo
paralaconcientización
apoyoenlosprocesos
delasorganizaciones
juvenilesy
especialmentecon
Gobernaciónpara
facilitarlainscripción
yFundaciones
enelregistro
j)Promovermediante
lacreaciónde
mecanismosidóneosla
participaciónactivade
lapoblaciónjovenen
importantesdelpaís.
garantíadelosderechos
culturalesdela
poblaciónjoven,incluye
establecermecanismos
paraelrespetoy
cumplimientodelos
ytrabajadorasdela
culturayelarte.
g)Formularprogramas
derechoaviviren
unmedioambiente
saludable,asícomo
fomentarlautilización
adecuadadelos
recursosnaturalescon
elobjetodesatisfacer
lasnecesidadesactuales
sincomprometer
losrequerimientos
delasgeneraciones
futuras,promoviendo
laconciencia,la
lasolidaridad,la
participaciónyla
educacióneinformación
ambientalentrela
incentivosalasempresas
g)Respetarycumplircon
losderechoslaborales
reconocidosenlas
leyesdelamateria,con
especialénfasisenla
h)Promoverconvenios
conelsistemafinanciero
públicoyprivado,para
eldesarrolloindividualo
colectivodelapoblación
jovenemprendedora,
microempresariao
cooperativista,con
otorgamientosdecrédito
coninteresesbajosy
programasdeayuda
lapoblaciónbeneficiariayeltipo
debeca,nacionaleinternacional,
priorizandoelaccesodelas
personasdeescasosrecursos
económicosyeldesempeño
k)Promocionarpasantíaslaborales
enlossectorespúblicoyprivado,
enfocadasenlasnecesidadesde
l)Promoverlainvestigación,
formaciónylacreacióncientífica,
técnicayartística.
m)Promoverquelosmediosde
comunicaciónemitanmensajes
educativosquereconozcany
suintegralidad,losderechosylas
necesidadesdelapoblaciónjoven.
n)Garantizarlapermanencia
delasjóvenesgestantesenlos
centrospúblicosdeeducación,
promoviendolanodiscriminación
araízdesuestadoysuderechoa
laeducaciónporsobrecualquier
situaciónpersonalofamiliar.
delosriesgose
implicacionessobrelos
ypolíticosdela
f)Realizaciónde
programasespecialesde
combatealaviolencia
generadaapartirdelos
ydelautilizaciónde
yredessociales
g)Garantizarelderecho
alaseguridadpública,
jurídicayciudadana,
contracualquiertipo
deabuso,asícomoel
derechoalaprontay
cumplidajusticia,con
especialénfasisen
elrespetoaldebido
procesoreguladoenlas
leyesdelamateria.

References: artículo 1
 artículo 34
 artículo 345
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 59
 artículo 36
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 154
 artículo 367
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 39

artículo 33
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 5

Artículo 7
 Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 27

Artículo 10

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 9

Artículo 12
 artículo 9

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 11

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 10

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

artículo 9

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 35

Artículo 24

Artículo 34

Artículo 38

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 39
 artículo 27
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 215
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 215
 artículo 144
 artículo 9
 artículo 27