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Timestamp: 2018-03-18 00:19:37+00:00

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Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 13:50
Versión Estenográfica de las comparecencias de las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora María del Pilar Ortega Martínez.
ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ: Agradezco la presencia de todas y todos, misma que realza este ejercicio democrático de designación del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.
El día de hoy comparezco ante ustedes con el propósito de expresar mi intención de participar en este proceso de selección, en el marco de las elecciones del 2018.
Hoy, nuestra democracia y nuestro sistema político enfrentan un reto de proporciones mayúsculas, que requiere instituciones sólidas y personas comprometidas con el ideal democrático para llevar a cabo la preparación, desarrollo, vigilancia y posterior calificación de la elección más grande que va a vivir nuestro país en términos cuantitativos y cualitativos; pues más de 85 millones de personas estarán en aptitud de emitir su voto elegir a quienes ocuparán los 3 mil 416 cargos en contienda.
Aunado a ello, al día de hoy la atención que brinda la FEPADE se ha diversificado en más tipos penales. Aquellos que cometen delitos han perfeccionado e implementado las formas y los mecanismos, teniendo formas más sofisticadas para su realización y con ello no sólo burlan la Ley Penal Electoral; sino que atacan al Estado constitucional de derecho en su conjunto.
Con esta misma preocupación asistí a este honorable Senado hace tres años. Al día de hoy, mantengo la firme convicción de fungir como titular de la FEPADE, institución cuyo propósito principal consiste en asegurar la libertad político-electoral de todas y todos los mexicanos; previniendo y persiguiendo conductas delictivas que busquen socavar un valor tan importante como lo es el ejercicio libre de los valores democráticos.
Inicié mi desarrollo profesional hace más de 22 años y desde entonces, he tenido un genuino interés que podría llamar pasión, en dos grandes áreas del derecho: el derecho penal y el derecho electoral; siempre desarrollándome en la práctica profesional en alguna de esas dos áreas, tanto en la parte profesional como en instituciones académicas especializadas.
En años recientes la experiencia, crecimiento personal y profesional que me ha dado trabajar como director general jurídico en materia de delitos electorales; son la garantía que les ofrezco para ocupar la titularidad de la FEPADE, que sumada a una conducción ética e integral en los diversos cargos que he ocupado; da cabal cumplimiento a los requisitos previstos en la convocatoria aprobada por este Pleno, de esta representación política.
En ese sentido, puedo asegurar que estoy consciente de los desafíos que actualmente enfrenta la FEPADE. Y de la misma forma, conozco cuáles son las acciones que se deben implementar para brindar a la ciudadanía los resultados que hoy demanda nuestro país en materia de justicia penal electoral.
Resalto algunas de las acciones más importantes del proyecto de trabajo integral, que reforzaré e impulsaré en caso de contar con su confianza; mismas que fungirán como mejoras indispensables para el funcionamiento óptimo de la Fiscalía:
Se deberá impulsar la creación de un área específica que promueva los medios alternativos de solución de controversias. Asimismo, se deberá presentar un informe mensual de actividades, dirigido a diversas instituciones y no sólo al Instituto Nacional Electoral; al tratarse de temas democráticos, son más los actores y son más las voces que deben tener conocimiento de los resultados de la Fiscalía.
De igual manera, se deben focalizar las conductas delictivas más comunes por entidad federativa, para poder contar con análisis de riesgo y combatir de manera plena los delitos.
Se debe reforzar, por otro lado, el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para de esta manera, masificar los mensajes de prevención del delito.
Consolidar la relación con las autoridades electorales federales y locales, con el fin de establecer vínculos que promuevan la prevención de los delitos electorales de manera permanente, atendiendo la situación social, económica y política de cada entidad y cada momento; así como la incidencia delictiva electoral de cada entidad federativa.
Promover el uso del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres. Eso, entre algunas otras.
Las acciones mencionadas no sólo requieren del conocimiento técnico de la materia penal; no sólo se requiere ser un jurista, sino que es necesario contar con un servidor público con la convicción de servir de manera plena y responsable a la ciudadanía, a las instituciones y a la nación.
Aseguro que mi actuación se rige por la Constitución, el marco legal y reglamentario aplicables; así como los valores democráticos y de la función ministerial. Verdad, objetividad, honestidad, responsabilidad, confidencialidad y protección de datos personales, diligencia, independencia y ética; manteniéndose por encima de los intereses y presiones que pueda generar la consecución del poder político, debiendo garantizar la adecuada integración de las investigaciones, así como el respeto a los principios de legalidad y debido proceso, y a los establecidos en el artículo 20 constitucional, presunción de inocencia, esclarecimiento de los hechos, procuración de que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito sean reparados.
Por otro lado, les comento que no tengo ningún tipo de interés con partido político, institución pública o privada o persona alguna.
En consecuencia, mi actuación y decisiones no se encuentran sujetas a alguna de ellas.
Las responsabilidades que en el ámbito público se he desempeñado, se han llevado a cabo en el adecuado ejercicio de mi profesión y con apego a la ley.
La legalidad y la legitimidad de los resultados de las elecciones y de quienes resulten elegidos, dependerán en buena medida de la actuación conjunta e individual, en el marco de las actuaciones de las autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia electorales.
En 2014, esta honorable Cámara de Senadores dio origen a la reforma constitucional en materia político-electoral, que convirtió a la Fiscalía en un órgano de relevancia constitucional; esto, a 20 años de su creación.
De igual forma, con la reforma, se instala un nuevo mecanismo para la designación de su titular, mismo que refleja con claridad el modelo de pesos y contrapesos y separación de poderes, lo que asegura un avance en el fortalecimiento de la institución.
La designación de Fiscal Electoral recae en sus manos. Es por ello que, aun cuando reconozco el trabajo y la trayectoria del resto de los aspirantes, considero oportuno precisar que, en esta etapa del proceso electoral, cualquier perfil ajeno a la Fiscalía puede implicar un estancamiento o desaceleración en los trabajos de la institución de manera natural.
Las obligaciones y responsabilidades son muchas, y la exigencia de la ciudadanía va más allá. Se requiere de habilidades que sólo se desarrollan dentro de la dinámica propia de una institución.
Es por ello que respetuosamente solicito su confianza para dirigir la Fiscalía.
Finalmente, no me queda más que agradecer su atención por la oportunidad de formar parte de este proceso de selección que será clave para la vida electoral del México actual.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muchas gracias, maestro Porte Petit.
Pasaríamos a la parte de las preguntas, toda vez que hay un orden establecido, pero no habiendo senadores ni del Partido Verde ni del PRD, en un momento se incorporará la presidenta, entonces tocaría el turno de PT-MORENA.
Varias preguntas, si me lo permite, licenciado Porte. Este nombramiento no se da en el vacío, se da como consecuencia de un proceso complejo y un proceso, por lo menos para nosotros en el Senado fue muy difícil.
Por lo tanto, a mí me importaría mucho su opinión como jurista y todas las preguntas que haré, no es el interés conocer su investigación ni alguna cuestión que esté impedida por la ley, entonces todas son opiniones meramente jurídicas.
Y no puedo hacer a un lado, sobre todo usted siendo parte de la Fiscalía, el caso de la remoción.
¿Usted considera como jurista que la remoción del Fiscal anterior fue adecuada?
Obviamente nunca he hecho ni voy a hacer defensa de nadie, no es la idea, pero lo que sí podría decir, y esto lo digo como abogado, es que lo deseable en estos casos, y si no usted me lo refuta por favor, es que siendo una función protegida y, toda vez que la destitución es una de las sanciones consideradas en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por lo tanto sujeto a proceso, ¿no era lo correcto generar una sustanciación de una carpeta a través de la visitaduría, la Contraloría Interna, remitirlo, se fincara una responsabilidad y se diera la destitución?
Y la segunda pregunta que estaría relacionada, ¿cuántos ministerios públicos conoce usted que hayan sido cesados por violaciones al debido proceso? Lo cual, quiero señalar, nos interesa su opinión jurídica sobre el tema.
El segundo tema también es el elefante en la habitación cuando hablamos de FEPADE, es Odebrecht. En todos los países donde se han detectado las actividades, más de 12 en América Latina, en todos los casos hay sentenciados por delitos electorales, por delitos contra las elecciones por esta función, siendo México el único país que no cuenta con un detenido en esto, cuando hay por lo menos declaraciones que yo conozca en cuatro países, declaraciones ministeriales, no ante medios, declaraciones ante autoridad.
Incluso aquí, el Procurador Cervantes anunció, en una reunión con la Comisión de Justicia, la pronta conclusión del cargo.
Entonces, el tema es, toda vez que forma parte de la institución y si se siente a gusto, si se siente contento con lo que ha pasado, con Odebrecht en el caso de la Fiscalía.
Y esto me lleva a una reflexión también, todo esto obviamente usted está en la libertad de responderlo o no, no quiero ser invasivo, pero finalmente estará usted de acuerdo que estos son los delitos electorales, son la base de la corrupción en México.
¿Por qué? Porque la corrupción sólo se hace desde el poder y los delitos electorales son los que potencian al poder para hacer estas cosas.
Pero la no persecución de los delitos electorales es la mayor devastación de las instituciones, porque es la corrupción que protege a la corrupción. ¿Usted compartiría ese criterio?
Tercera pregunta, como todas, es su potestad contestarla o no, pero ¿usted pidió permiso a alguien o consensó su decisión de participar en este proceso?
Otra pregunta, usted habla ahorita, no la trae, pero ya me vino a la cabeza, de que se podría generar un estancamiento si hay un movimiento en FEPADE, pero ayer estuvimos escuchando con mucha atención a muchos participantes, muchos mostraron un gran expertis o datos muy sólidos y lo que nos reseñan es una situación de preocupación, cuando en algunos casos lo reseñado parecía una catástrofe.
Alguien señalaba que había un atraso que no se abatiría en 7 años, citando documentos de la Auditoría Superior de la Federación. Nos hablan de diferentes problemas que usted conoce.
¿Por qué el Estado Mexicano debería de apostar a continuar esta ruta cuando la mayoría de los especialistas o de quienes han aspirado han planteado, con cierta evidencia, este tipo de problemas?
Por último, el tema de la independencia, no tenía el gusto de conocerlo hasta hoy, pero procuro ser muy meticuloso en mi trabajo como académico y como senador.
Y bueno, las diversas notas en los medios que usted tiene obviamente y lo digo para si es el caso lo refute, algún vínculo con un grupo político y a través de unos despachos de abogados, no voy a entrar en estos detalles.
¿Esto no es como una especie de epifanía de independencia? ¿Usted adjuraría de cualquier otra lealtad, no tiene ninguna, afirmaría que no tiene ninguna lealtad política a ningún grupo?
Y, por último, ya en lo académico, dos curiosidades, no sé si usted conozca el texto de Javier Patiño “Camarena”, de los Cuadernos de Debate del INE, porque ahí hay unos parrafitos muy parecidos en su texto, que no están citados.
Y por último y me disculpo por la extensión, una curiosidad académica: ¿cómo es el libro original de Hans Kelsen, de “la Teoría General del Derecho” de 1945? Lo digo porque lo cita y nosotros que estudiamos en la UAM, lo estudiamos en textos no el original en inglés y del 45.
Por eso la pregunta, cualquiera que tenga ese libro sería un tesoro jurídico. Entonces, sería interesante cómo es ese libro.
Por mi parte serían todas las preguntas. Tendría la palabra la senadora Ivonne.
SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: No hubo necesidad que vinieran otros, de otros grupos. Me da mucho gusto.
Primero, buenos días y bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenido sea también usted, compareciente.
Usted está ocupando este encargo porque así lo marca la ley, y hace algunos años también lo vimos pasar por aquí por el Senado, aspirando a esta misma posición, como el día de hoy, a ser Fiscal de la FEPADE.
Hemos estado atentas a su trayectoria, a su currículum, y yo quisiera en algún momento hacerle dos preguntas muy concretas.
La primera, el proceso electoral ya inició y de alguna manera queremos saber; usted ahorita está como encargado de la Fiscalía.
De manera muy puntual, cuáles serían las acciones que usted haría llegando, si así el Senado lo permitiría, como Fiscal General, dentro de la FEPADE, cuáles serían las acciones puntuales que usted realizaría para poder garantizar este proceso electoral, que ya inició, y que lo que la gente pide es legitimidad, que sea un proceso donde la FEPADE se maneje de manera autónoma, independiente, y además con resultados, que al final es lo que la gente está esperando.
Y dentro de su exposición, usted habló de las expectativas sociales que debe de cumplir el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tratándose de delitos electorales.
De qué manera podemos garantizar esta expectativa que tiene la sociedad y que usted ha mencionado ahorita, en lo que nos ha compartido.
Por sus respuestas muchas gracias y bienvenido.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Gracias senadora.
Tendría el turno el Comité de Acompañamiento. Entiendo que sería el doctor Zarazúa, ¿verdad?
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Gracias senador.
Revisamos con especial cuidado, también, los datos que aparecen en su currícula, y por el desempeño que ha tenido en el área, nos parece que estamos ante una gente conocedora de la materia.
Como usted sabe, en el año 2014, la Reforma Constitucional del año 2014, incorporó, dentro de los principios rectores constitucionales en la materia electoral, el principio de máxima publicidad, no de publicidad, sino de máxima publicidad.
Y la pregunta concreta es la siguiente: ¿Qué entendemos entonces por máxima publicidad?, porque el hacer público la actuación de una autoridad, tiene un parámetro, pero el legislador señaló una máxima publicidad, como principio rector en la materia.
Y, ¿cómo se aplica este principio en el ámbito de los delitos electorales? ¿Es posible cumplir con el principio de máxima publicidad, tratándose de delitos electorales?
Esa es la pregunta concreta.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Gracias doctor.
Tiene la palabra el licenciado Porte Petit, hasta por 10 minutos.
ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ: Gracias, claro que sí, iré respondiendo no necesariamente en orden, pero iré danto respuesta puntual.
Respecto al libro de Hans Kelsen, he de decirle, orgullosamente heredé una biblioteca de mi abuelo, una biblioteca de más de 15 mil volúmenes especializados en derecho; la otra parte, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Nacional Autónoma de México, en una donación que se hizo de su biblioteca personal.
Tengo libros desde 1750, 1600, aproximadamente, en materia legal, en francés y en otros idiomas, también, que no lo hablo, pero es una biblioteca vasta y con gusto los invitaría a conocerla, porque para mí es algo que es un orgullo.
Por lo que hace a la independencia. Sí, tengo independencia absoluta y completa, lo debo decir de esta manera. No tengo vínculo con ningún Partido Político.
¿Por qué continuar un trabajo, cuando han dicho que no? Bueno, como dije hace rato en las palabras que leí, soy respetuoso del pensamiento y de la ideología de cada uno de los compañeros que han comparecido y no puedo cuestionar lo que piensen o consideren.
Yo hablo desde la experiencia, desde el conocimiento que tengo, la experiencia viva que he desarrollado en estos tres años; no estoy hablando a tientas de lo que hay, sé lo que tenemos, mil 884 averiguaciones previas del sistema anterior; 2 mil 415 del sistema nuevo en carpetas de investigación.
Llevamos abatiendo el rezago en tres años de 5 mil averiguaciones previas, mismas que en gran medida han pasado o corresponden pasar por la Dirección General Jurídica, en la cual me encuentro; y hemos abatido de 5 mil a estas mil 884 averiguaciones previas.
Y se tiene un proyecto para terminarlas, de ser posible en abril-mayo, el primer semestre del año que entra debiera estar terminado el rezago por lo que hace al sistema anterior.
Por lo que hace al sistema nuevo, al sistema acusatorio, es muy importante trabajar, y será tal vez y lo voy a asociar, una de las preguntas, ¿qué acciones implementaría de manera directa?
Se han iniciado muchos números de atención, lo importante y lo relevante no es iniciar números de atención; el problema es resolver carpetas de investigación, ese es el problema, la salida. La entrada, tenemos la capacidad de recibir: tenemos FEPADENET, FEPADETEL, FEPADEMOVIL y se pueden presentar en tiempo real, yo estando aquí y los demás compañeros en otros lugares. Se pueden ir presentando las denuncias y estas suben al sistema de manera inmediata.
Este no es ningún problema, el número, en volumen no es tema. El tema es cómo darle salida; y una de las acciones inmediatas es eso, tenemos que tener claridad y puntualidad que para iniciar el proceso electoral ya en su etapa de campaña, que es donde vendrá más fuerte el número de denuncias, se acrecienta –por la experiencia que tenemos– a partir del mes de febrero, empezarán a aumentar el número de denuncias, con la experiencia que llevamos de otros tres procesos electorales.
Y ello nos va a llevar a que si no tenemos en la institución al personal –con la carga de trabajo– adecuado para que pueda resolver con prontitud los temas que le corresponden, no habrá posibilidad. Ese es el reto que tenemos. Tenemos un equipo de trabajo en la Fiscalía, de poco más de 300 personas, las cuales 125 aproximadamente son ministerios públicos, personal sustantivo y el resto es personal administrativo.
Pienso en una Fiscalía más sustantiva que administrativa, nuestra labor es investigar, no administrar. Pienso en una Procuraduría eficiente, que utilice el Sistema de Justicia Penal que nos ha dado herramientas técnicas-jurídicas que nos permiten resolver por diversas vías, los problemas.
Es decir, hoy no es exigencia o fin último del derecho penal, del derecho procesal penal el imponer penas de prisión y el meter a la gente a la cárcel. Hay salidas alternas, hay mecanismos, hay formas para solucionar controversias a partir de reconocimiento de culpabilidad; a partir de muchos elementos que nos permiten investigar y que ello nos va a permitir resarcir a la sociedad en la medida de lo posible, el daño causado.
Digo en la medida de lo posible, porque los delitos electorales son una deuda pendiente que se tiene, con estos delitos, la reparación del daño; este tipo de delitos es difícil de reparar de manera inmediata porque el sujeto tiene una dualidad, el sujeto pasivo sobre quien recae el delito, tiene una dualidad al recaer sobre la sociedad en su conjunto. Y también recae sobre los individuos en lo particular.
Y entonces, este nuevo modelo lo que nos permite es tener salidas para que se pueda de cierta manera, garantizar que siga operando el sistema.
Respecto a la remoción de mi antecesor o del antecesor, yo de encargado como la Fiscalía, he de decirlo de manera correcta; respetuosamente señalo que no es algo que esté dentro del marco de atribuciones de su servidor. Sé que la pregunta es como jurista.
Como jurista, le diría: yo no tengo los elementos porque yo no fui notificado de ese expediente y yo no subsané ni llevé; y sería una declaración sin elementos que no debiera contestar yo.
Lo que puedo decir es que soy un hombre que confía en las instituciones y los mecanismos que haya utilizado en su momento la Procuraduría General de la República, tuvieron el contrapeso –como lo dije en el discurso– de este Senado de la República; donde se tomaron las determinaciones que también se consideraron oportunas.
Respecto del caso Odebrecht, que pregunta. Decía, tenemos cerca de 4 mil y tantos expedientes en su conjunto; sé que hay temas que socialmente causan mayor alarma, mediáticamente son más sonados; hay otros 4 mil 999 tal vez que nadie conozca dentro de la Fiscalía. No por ello quiere decir que es una Fiscalía que no tiene asuntos importantes.
Todo lo que lesiona o pone en peligro al bien jurídico en esta última instancia, en esta última ratio, que es el derecho penal, es porque hay algo muy grave que está pasando, son casos graves. En este caso particular y en los demás, tenga la certeza de que se está trabajando y que se están llevando las diligencias necesarias, en acompañamiento con las instancias nacionales e internacionales que se tenga que hacer, de manera transversal y en todos los ámbitos de gobierno.
Decía, incluso el doctor Cervantes ha hecho una declaración, soy respetuoso de la declaración del doctor Cervantes, nosotros investigamos delitos contenidos en una ley especial, la Ley General en materia de Delitos Electorales, y entonces la investigación que nosotros tenemos es por un delito electoral, no por delito de alguna otra naturaleza, y no conozco las declaraciones más que por los medios de comunicación.
La corrupción es un tema focal, no sé si su origen sea ahí, sería cuestión de un análisis y de un debate. Existe el modelo de una fiscalía anticorrupción que urge que sea puesta en marcha y que dé las herramientas técnicas, las fortalezas institucionales que permita que trabajemos articuladamente y de manera transversal todas las instituciones para poder garantizar esos resultados.
Yo no tengo facultades para investigar corrupción, no es un delito electoral la corrupción. Estaría incurriendo yo en un ilícito de meterme en un área que no es de mi naturaleza.
No platique con nadie, lo dijo respetuosamente, con mi esposa y mis hijos, que son los más afectados que pueda tomar uno en la vida personal, con nadie más platico mi vida personal.
Estoy orgulloso de pertenecer a la FEPADE, no lo han preguntado pero lo digo. Estoy orgulloso de pertenecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales porque es una gran institución, y todos los que estamos ahí sabemos del trabajo.
Yo creo que nadie está donde no quiere estar, nadie está donde no confía.
Yo estoy ahí porque es lo que quiero, siempre he trabajado libremente donde he querido y con quien he querido, lo puedo decir. Siempre he trabajado con quien admiro, nunca he aceptado trabajar en alguien que no admiro.
En todo momento con quienes he estado, podrán revisar mi hoja curricular, es gente que tiene un valor social en el ámbito de sus atribuciones o de las labores que desempeña.
Señora senadora, el proceso ya inició, ¿y qué acciones inmediatas se deben realizar?
Qué acciones se deben realizar y se están realizando. Tenemos el proceso; nosotros para enfrentar este proceso no podemos hacerlo solos. La Ley nos establece en el marco de coordinación, la obligación de trabajar coordinadamente con las entidades en materia de procuración de justicia de cada entidad federativa, ya sea con las fiscalías generales o las que cuenten con fiscalía especializada, porque todavía no cuentan todas con ellos, a pesar de los exhortos que este Senado ha realizado en diversas ocasiones a las entidades federativas; hay 19 que cuentan y las demás están en mora todavía.
Para ello, hemos creado un punto de acuerdo que he de decir que desarrollé, se presentó y fue aprobado el día de ayer en la Conferencia Nacional de Procuradores, para que cada entidad federativa proporcione, a partir del tipo de dirección que tendrán, el número de distritos federales con que cuentan, la incidencia delictiva y electoral que tiene y la población; un número mínimo de ministerios públicos que deberán ser profesionalizados en el tema específico de delitos electorales para que vayan a la muralla, instalaciones de la Procuraduría General de la República, que es el instituto de formación, donde reciban una capacitación homologada con un número mínimo de agentes de ministerio público y un máximo, dependiendo de estos números que he dicho para medir la incidencia, para medir estos datos.
Por ello, lo importante es poner en marcha esto de manera inmediata y poder generar los marcos de coordinación, tanto con las fiscalías como con los organismos públicos locales electorales, con los tribunales electorales y con cada uno de los actores políticos que intervengan en el proceso electoral.
Para dar transparencia y máxima publicidad, aprovecho para contestar la respuesta, la máxima publicidad no representa únicamente a carpetas de investigación o averiguaciones previas, habla en el marco completo de actuación del ministerio público.
La fiscalía, como toda área, tiene datos sensibles o tiene datos de reserva de ley que no podemos, o reserva de investigación, sigilo, presunción de inocencia, que no podemos violentar, porque caeríamos en una hipótesis de violación al debido proceso con consecuencias que la propia Corte ha resuelto de manera que invalide actuaciones por completo. Esta es una actividad que debemos realizar.
Otra actividad es seguir generando espacios de difusión.
Decíamos que hay que potenciar, hay que maximizar las herramientas tecnológicas que tenemos para poder trabajar. Tenemos muchas herramientas hoy día.
¿El dinero es necesario? Sí, para muchas cosas; ¿El recurso es necesario? Sí, pero la imaginación es más necesaria para construir y las herramientas ciclónicas han logrado reducir en gran cantidad los costos de operación de los que son las aplicaciones o las actividades de capacitación, podemos llegar a más lugares, de manera más rápida y sin mover a tanta gente.
También he de decir que se presentó otro punto de acuerdo en la Conferencia Nacional, además de esa coordinación con las procuradurías, se presentó otro punto de acuerdo, donde se presenta ya el modelo de despliegue que se tendrá en acompañamiento.
Y a partir de ahí, la FEPADE ha presentado un modelo donde estaremos presentes en las 32 entidades federativas, una persona de la Fiscalía por cada entidad, para poder representar, en la parte administrativa, a la institución.
Además, tendremos cinco coordinadores regionales por coordinación política por circunscripción política, para que estén presentes los coordinadores en cada una de esas cinco regiones.
Además, tendremos presente en cada una de las juntas locales del Instituto Nacional Electoral, agente del Ministerio Público y/o administrativo de la propia Fiscalía, con el apoyo de las propias áreas de la Procuraduría General de la República.
La FEPADE no es sola, la FEPADE es autónoma, como dice la norma, técnica y de gestión, pero trabaja transversalmente con las áreas de la Procuraduría y hemos trabajado en procesos anteriores con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y de la propia Subprocuraduría de Control de Procesos Regionales y Amparo.
Hemos tenido el apoyo de los ministerios públicos, de la Policía Ministerial y de los Servicios Periciales que han sido necesarios. Entonces, tendremos todo este apoyo, ha sido presentado y ha sido aprobado en la Conferencia, ante la presencia de los procuradores de todo el país.
Finalmente, por lo que hace, doctor, a lo de la máxima publicidad y legalidad, es una pregunta muy interesante, gracias, sobre todo en tratándose de esta materia.
Creo que vivimos en un mundo entre penalistas y abogados electorales y muchos actores que no son abogados y pareciera que la interpretación de la materia electoral, que es muy amplia, que permite oxigenar, que nos da muchas herramientas para poder trabajar e ir buscando criterios nuevos, que nos permitan llegar precisamente a impartir esa justicia electoral, porque es la democracia lo que está en juego, pareciera ser que de regreso es lo mismo que debiera regir en la materia penal.
Y la materia penal, pro contrario, tiene principios muy estrictos, apego a la legalidad es la palabra, legalidad en su parte sustantiva y en su parte procesal y debido proceso en la parte procesal y de ahí deviene todo nuestro marco de actuación y lo que podemos hacer.
Nos es que uno quiera o no quiera hacer o decir. Se debe ceñir a lo que está en el marco de actuación que la propia norma nos faculta. Nosotros tenemos en nuestra Ley Reglamentaria de la Procuraduría General de la República, artículos 22 y 23, si no mal recuerdo, las facultades de la Fiscalía.
Y el Fiscal debe supervisar que se realicen las actividades, no de llevar a cabo las investigaciones de manera directa, supervisar que se realicen las investigaciones con apego a esos principios y que cada uno de los agentes del Ministerio Público trabaje con apego a los principios que rigen la actividad ministerial.
Y entonces, en esa medida se puede conjuntar máxima publicidad con legalidad, es este versus, diría yo, pareciera que están como encontrados.
La máxima publicad ha encontrado un aliado en los mecanismos de transparencia, vía acceso a la información pública. Recibimos más de cinco, seis solicitudes diarias de muchos temas y la información es pública y está ahí.
Y a partir de ahí se genera mucha información que es útil. Lo demás pues es algo que se encuentra reservado, como dice la propia norma, reserva de investigación para las carpetas, en lo que es la parte sustantiva.
Todo lo demás es información pública, en la que rige la máxima publicidad y que puede conocer cualquier persona.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias Alejandro, por su participación en este proceso para elegir Fiscal titular de la FEPADE.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuaríamos entonces con el siguiente aspirante. Es Nelson Bellos Solís,
¿Sí está presente?
NELSON BELLOS SOLÍS: Con su permiso, buenos días, gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muy buenos días, Nelson Bellos Solís.
Tiene usted 10 minutos para hacer su presentación, en los términos de la Convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política.
Le pedimos ser respetuoso con el tiempo, posteriormente habrá una ronda de preguntas de los legisladores y del Comité Ciudadano, y finalmente usted tendrá otros 10 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos que le formulen.
NELSON BELLOS SOLÍS: De conformidad con la Convocatoria, quiero empezar hablando sobre la prevención de los delitos electorales.
Considero que la prevención es fundamental, pues descansa en el conocimiento de esas conductas indebidas que debe tener la población, al margen de que exista desde hace tiempo el principio de que la ignorancia de la ley no exime a nadie de su cumplimiento.
La realidad nos impone la respuesta de que sí hay ignorancia de la ley, no solamente en las comunidades alejadas, o marginadas, étnica, cultural o económicamente, inclusive en grandes ciudades hay ignorancia de las normas que nos regulan la conducta. Obviamente, esa situación subraya las comunidades más vulnerables.
La prevención no solamente debe contemplar la no comisión de los delitos, sino la no repetición de los delitos en cualquier materia.
Yo me permití hacer una leída pronta del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y encontré en los beneficios, que por fortuna están haciéndose en beneficio de los derechos humanos y de las personas, para que no llenen las cárceles, un beneficio entre los mecanismos de conclusión anticipada de los procesos, pero me llama la atención la suspensión condicional del proceso, que requiere como requisito que las penas con las que se sancionan las conductas de los infractores, en su término medio aritmético, no pasen de los cinco años.
Cuando no pasen de los cinco años tienen derecho a ese beneficio de la suspensión condicional, y la consecuencia del otorgamiento y en su momento de la aprobación de los requisitos de la suspensión condicionada, traerá como consecuencia una declaración de extinción de la acción penal, o una declaración de sobreseimiento. Desde siempre, estas resoluciones se han considerado, han equivalido a sentencias absolutorias.
Y eso lo relaciono con los delitos con la situación actual que se contemplan en la única y la primera ley especial de la materia, que es la ley vigente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De las 14 hipótesis, de los 14 artículos que se contemplan en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cinco de esos artículos prevén conductas que tienen como sanción, exceden el término medio aritmético de cinco años, o sea, no sería para ellos el beneficio de la situación condicional del proceso, y de los otros nueve artículos, no exceden de ese término aritmético.
Entonces sí podría, en principio y sí tiene el derecho, al beneficio de conclusión anticipada del proceso. Lo que se preocupa, sin ánimo de decir crítico, más sano.
Los nueve artículos que prevén muchas hipótesis delictivas, contienen las conductas que regularmente se observan en los procesos electorales, en la votación con la credencial, la anulación en las casillas, el acarreo, etcétera; muchas conductas que normalmente prevalecen sobre las otras en cuanto a la violación de un adecuado proceso electoral.
Eso me trae en cuanto a la prevención de la repetición de los delitos electorales, una inquietud en el sentido de que si en esos nueve artículos está la mayoría de las hipótesis de las acciones ilícitas; al cumplirse con las condiciones que se exigen, el juez de control debe dictar una resolución de sobreseimiento o de extinción de la acción penal. Insisto, esas equivalen a una libertad condicional y se equiparan a una sentencia ejecutoriada de sentencia absolutoria.
Y consecuentemente a esa sentencia absolutoria, no deben dejar jurídicamente ningún antecedente penal en el expediente de la persona, del sujeto activo del delito. Eso para mí implica una imposibilidad, en principio, de que para próximas elecciones no se pueda aplicar la figura de la reincidencia, porque no quedó justamente antecedente de la conducta ilícita.
La idea no es que tengan antecedentes penales, la idea es que disfruten de los beneficios; pero sí que quede constancia de que violentar la norma, en este caso la norma electoral, y para cuando la vuelvan a cometer, sí se pueda aplicar una pena más severa, no grave, pero una más severa para que sea realmente una actitud, una conducta de la autoridad que permita inhibir tanto la comisión como la repetición de los actos ilícitos electorales, en este caso.
¿Por qué lo razono de esta manera?
La Constitución y la ley señalan como obligación del Ministerio Público el promover medidas, mecanismos de solución anticipada de los problemas; y la defensa está obligada también. Entonces, ¿cómo pueden negarse en su momento un beneficio de ese tipo, si lo tiene como obligación el Ministerio Público de pedirla, promoverla, y el defensor también de promoverla.
Creo que eso implicaría, más adelante o elecciones futuras, el aplicar la figura de la reincidencia porque no quedó huella; cuando debiera quedar huella, no sanción, pero una huella de que sí hubo un acto ilícito. De otra forma, no hay como el sistema antiguo, pero con esta específica de supervisión no se puede porque hay una sentencia absolutoria que equivalen las dos: tanto el sobreseimiento como la declaratoria de extinción de la acción penal.
No puede haber reincidencia, pues, y en consecuencia no puede haber antecedentes de que alguien es reincidente de un delito electoral u otro tipo de delitos.
Esto solamente como comentario, para efectos de que en su oportunidad los especialistas, los que conocen, los académicos y los que tienen mucha experiencia en las cuestiones jurídicas o electorales; pudieran hacer en su momento. Claro, cuando constitucionalmente se permita legislar en materia electoral, que no es el caso porque son 90 días antes del inicio del proceso electoral; para que se viera si es necesario que quede huella, nada más, no para que se les trate mal.
Quiero dejar constancia, en lo personal, de que coincido con la mayoría de las personas que respetan los derechos humanos y estoy absoluta y totalmente de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio. Estoy cierto que nos va a permitir fomentar la capacitación de jóvenes abogados que llegan a tener capacidad jurídica en el debate, para que con esa capacidad jurídica en el debate puedan convencer a través de la transparencia de un proceso penal a la población, de que hay más nivel y hay más preparación, y hay la mejor intención de ser mejores en la procuración y la administración de justicia para poder conseguir y no mejorar, o tal vez mejorar, si es que ya está, la confianza de la población en la procuración y la administración de justicia que tanta falta aparentemente hace a las instituciones.
En el formato me piden los puntos más importantes del plan de trabajo, creo que sería cuestión de, en primer término, lo de siempre, revisar el rezago que existe en relación al sistema anterior, desahogarlo para que los agentes de ministerio público se puedan dedicar y capacitar para atender ya las carpetas de investigación que corresponden al sistema que ya está en etapa de consolidación de este sistema.
En cuanto a que hace la idoneidad para el cargo, me permito, con todo respeto, manifestarles que he trabajado de manera institucional en gobiernos emanados de diferentes partidos, y he sido juez penal en Acapulco; he sido dos veces Subsecretario de Gobierno, Subsecretario de Asuntos Jurídicos, procurador de justicia de mi estado, Secretario de Acuerdos del Consejo Tutelar para Menores del D.F., consejero de la Sala Superior del Consejo de Menores, que es otro sistema, delegado de la (inaudible) en Benito Juárez, en Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tláhuac.
Fui el primer fiscal electoral del Distrito Federal, fui fiscal para asuntos fiscales, fui fiscal para asuntos especiales, director jurídico de la FEPADE; antes fui coordinador de asesores de la titular de la FEPADE y director jurídico de la FEPADE. Y un tiempo también fui asesor de una consejera electoral.
Independientemente de otros cargos en diversos gobiernos y partidos, PRI, PAN, PRD, y soy un servidor público, soy un apasionado de la justicia y considero que la aplicación de la justicia es el único camino para lograr que se concrete y que pueda prevalecer la confianza en la ley.
Yo no tengo más ambición que tener la satisfacción de seguir participando todavía en la construcción de un México en que la ley aplicada con sentido humano pero con firmeza, de verdad sea el instrumento para conseguir la paz y la justicia que tanto reclaman nuestros conciudadanos, a quienes debemos servir con diligencia y con honestidad.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias por su presentación.
Iniciaremos ahora las preguntas.
Le cedo la palabra al senador Luis Humberto Fernández.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenos días, don Nelson.
Tomamos nota de sus propuestas. Su exposición ha sido muy clara, yo no tendría preguntas y nada más le agradecemos su participación y su confianza en el proceso.
Yo, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solamente le preguntaría cuáles son los tres problemas que usted está viendo como más graves, si usted fuera designado como fiscal para atender en la FEPADE actualmente.
Y tomando en consideración que el lapso de este nombramiento concluye a finales del 2018, y que es un lapso breve, ¿cuáles son las acciones que desarrollaría para solucionar esta problemática?
Gracias por sus respuestas. Le doy la palabra a la senadora Ivonne Álvarez.
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Gracias, Presidenta.
Bienvenido. Yo le quisiera preguntar de manera muy concreta, usted hablaba de la prevención sobre los delitos electorales.
El proceso electoral ya inició, y yo quisiera saber, si usted fuera nombrado fiscal de la FEPADE, ¿cuáles serían sus primeras medidas y acciones para identificar, para sancionar y para prevenir estos delitos electorales en el proceso electorales que estamos viviendo y que estamos por vivir el próximo año también?
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Le damos la palabra al Comité Ciudadano.
COMITÉ CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO: Gracias senadora Presidenta.
Licenciado Bellos, atendiendo al tema eje sobre el que versó su comparecencia, este Comité Ciudadano de Acompañamiento le pregunta si esta figura de la suspensión condicional de la que tanto nos ha hablado, es un derecho del imputado o es una potestad del Fiscal su actualización.
Si esta suspensión representa un derecho del imputado o si, por otro lado, es potestad del Fiscal su realización, su implementación.
Tiene usted 10 minutos para formular sus respuestas.
NELSON BELLOS SOLÍS: Cómo no, gracias.
Estos tres problemas, obviamente para poder resolver los problemas que implican el proceso electoral que ya comenzó, se requiere que haya una coordinación inmediata con el titular de la Procuraduría.
La Fiscalía no es una dependencia aparte, es una dependencia de la Procuraduría General de la República. Tiene autonomía técnica, tiene autonomía para decir, pero de ninguna manera es una institución al margen del único que tiene la capacidad, el monopolio del ejercicio de la acción penal, que es la institución del Ministerio Público.
Para ello tengo la idea de que es necesario llevar a cabo pláticas para que las dirigencias, para integrar las carpetas de investigación, sean las menos posibles y de manera más económica.
Para ese efecto habría la necesidad de platicar tanto con los órganos internos de control de la Procuraduría como con el Poder Judicial para establecer cierto tipo de diligencias básicas, que pudieran integrar de manera indudable el cuerpo del delito y acelerar la integración de las averiguaciones en el menor tiempo y con el menor costo posible.
Yo soy partidario de que es necesario no gastar tanto, siempre se requiere pedir empleados, para poder sacar el rezago y todo, pero una experiencia en el Distrito federal no teníamos a nadie en todo el Distrito Federal especializado en delitos electorales.
Creemos que todos los agentes del Ministerio Público, con el sólo hecho de estar ahí, tienen la capacidad suficiente para acreditar los elementos de un tipo y hacer las primeras diligencias y turnarlos por incompetencia y así le hicimos, a la Fiscalía Especializada.
No puede haber personal suficiente y/o estar personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en cada entidad, si no hay recursos, en cada entidad para que se resuelva.
Hay suficiente capacidad en los agentes del Ministerio Público en la institución para ser auxiliares. Inclusive los del fuero común, por disposición legal, todos son auxiliares, las policías municipales, las policías estatales y federales y los jueces, también en su competencia, y los agentes del Ministerio Público están obligados, por ley, a auxiliar al Ministerio Público.
Cuando hay gente que no quiere trabajar en las agencias del Ministerio Público, dice, no es mío, no reciben siquiera la renuncia y la batean a otra agencia.
No, la idea es que cualquier agencia del Ministerio Público y en cualquier parte de los estados, reciba las denuncias y se vean obligados, como los obliga la ley, a realizar las primeras diligencias, si no hay que realizarlas, turnarlas por incompetencia a quien corresponda.
No se puede tener otra institución paralela a la PGR en el área de delitos electorales.
Ahora, las elecciones van a ser concurrentes, esta vez va a haber mucho trabajo, seguramente, y se requiere hacer un esfuerzo por abatir el rezago del antiguo sistema y dedicar la mayor cantidad de agentes del ministerio público para solventar el problema de las carpetas que corresponden al sistema que está consolidándose.
Y es necesario, pues, también, con las pláticas y con las coordinaciones, establecer mecanismos para colaborar en los estados y no estar gastando; si no hay dinero, no gastar; si hay dinero, magnífico, que haya dos, tres, agencias del ministerio público en cada distrito electoral.
Pero cuando pasen estas elecciones, ¿qué va a pasar con ese personal, va a ser un personal eventual, capacitado temporalmente para seis meses, o un año digamos, que tarde el desahogo?
Hay muchas veces en que hay adversidades, pero porque son atraídas, fueron atraídas, siendo de competencias realmente locales y aquí hay que ser estrictos y muy limitativos en cuanto a la atracción de las averiguaciones previas, o de las carpetas de investigación ahora, hacia la Fiscalía Federal, si no, no acabaríamos nunca.
Medidas y acciones para prevenir.
Senador, nunca aprendí taquigrafía, ahora bien, acciones para perseguir.
Obviamente, lo que se requiere para perseguir es una buena actuación de la policía, es el conocimiento, si es una conducta que, por fortuna en el ámbito de materia electoral, todos los delitos son dolosos, ahí no hay que esperar a que venga el querellante.
Tan pronto se tenga conocimiento del hecho, se puede y se debe iniciar la averiguación y se busca obviamente al agraviado, que es en este caso el Estado o el INE, en las elecciones.
Pero se siguen de oficio y las medidas para prevenir eso pues son obviamente las que he comentado. Prevenir, quiere decir que no se lleven a cabo; volvemos otra vez a la difusión, en todos los medios posibles, no siempre la cuestión económica, permite difundir como se quiere, no panfletos que se leen solamente en épocas electorales, o cercanas a las épocas electorales. La difusión debe ser permanente, como debiera ser en todos los delitos.
La gente debe hacer conciencia de cuáles son las actividades, las conductas que tienen sanciones y sobre todo que se apliquen las sanciones.
Cuando una ley establece conducta, pero la gente ve que no se sanciona, pues si no es un estímulo para la impunidad o para la acción, pues es una letra muerta, son leyes vigentes, pero no positivas; la ley debe aplicarse, no solamente estar vigente.
Entonces la prevención de todo es aplicar la ley para que la gente se dé cuenta que sí hay sanciones y que sí se deben cumplir, de otra manera no hay la ejemplaridad que tiene naturalmente una sanción y no repercute en una conducta respetuosa de las normas.
La suspensión condicional, obviamente es el juez de control el que la debe de autorizar. La ley, el Código Nacional, establece los requisitos y la obligación, ese es el meollo, la establecen como obligación del agente del ministerio público, o del ministerio público como institución, y del defensor, de promover la suspensión condicional en el proceso.
Y yo digo cómo puede negarse un agente del ministerio público, cómo puede oponerse a la concesión de una suspensión condicional, cuando la ley lo está obligando a promoverla, y el defensor está obligado a promoverla, y si no cumple con esa obligación, se supone en principio que incurre en una responsabilidad administrativa.
Si se da eso, el juez, valorando los requisitos que establezcan y una vez supervisadas las medidas y cumplidas las medidas que se establezcan, se ve obligado y está obligado a decretar, o la extinción de la acción penal, o el sobreseimiento, que al caso es exactamente igual, dicho desde siempre por la ley, a una sentencia absolutoria, y si hay sentencia absolutoria, pues no puede haber jurídicamente ni justamente, un antecedente penal por una conducta que sí se realizó, pero que no queda huella para tomarse en cuenta como reincidente en conductas posteriores.
Si se arregla eso en su oportunidad constitucional, no se puede legislar ahora; pudiera ser que se pudiera prevenir un poquito la repetición de conductas electorales en contra de la ley.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias por su participación, Nelson Bellos Solís. Le agradecemos haber participado en este proceso para la designación del titular de la FEPADE.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos entonces con la comparecencia de Antonio Sorela Castillo, ¿está presente?
Maestro Antonio Sorela Castillo, bienvenido al Senado de la República.
Tiene usted 10 minutos para hacer su presentación en los términos que fue señalado en la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política. Posteriormente habrá una ronda de preguntas y finalmente, tendrá usted de nuevo 10 minutos para poder responder.
ANTONIO SORELA CASTILLO: Qué tal, muy buenos días senadora, senador. Académicos y público en general.
En primera, quiero agradecer que hayan abierto esta posibilidad, esta convocatoria a personas como yo, que considero que soy parte de un grupo de esta ciudadanía que no han tenido oportunidad de aspirar a un cargo de tal importancia.
Tengo 31 años de edad. Mi nombre es Antonio Sorela Castillo, soy del estado de Morelos. Soy un apasionado por el derecho, en especial me he especializado en materia penal, electoral y derechos humanos. Tengo una Maestría en Derecho Procesal Penal, una Preespecialidad en Penal y un Doctorado que he culminado y realmente investigaciones realizadas en derechos humanos.
He escrito en diversas revistas relacionadas con derecho electoral, derechos humanos y derecho penal. He escrito últimamente en obras literarias. He ganado un concurso en la Universidad de Santiago Compostela, España, este año, donde he sido el mexicano seleccionado para estar dentro de una obra internacional.
Fui certificado como docente especializado en derechos humanos y sistema penal, por la extinta CETEC, dependiente de la Secretaría de Gobernación. He capacitado aproximadamente con 400 cursos o más, en sistema de justicia penal mexicano, derechos humanos y derecho electoral.
Fui consejero electoral en dos procesos electorales, conozco el sistema electoral y también considero que tengo una reconocida honorabilidad en virtud de ser reconocido por diversas asociaciones con preseas, en especial el Congreso del estado de Morelos, consideró este año otorgarme la presea, el grado académico e investigación; y es por ello que he comparecido hoy con ustedes, porque creo que tengo la oportunidad de aspirar a ser titular de esta Fiscalía de tan grande importancia.
Ahora bien, el pequeño ensayo que presenté, lo hice dos días antes de cerrar la convocatoria, y lo único que hice fue precisar los sujetos que pueden cometer delitos electorales y también las hipótesis en los que ellos, como pueden ser candidato, coordinador de campaña, funcionarios públicos, funcionario electoral, de campañas; cuáles son los tipos penales que ellos pueden cometer, que en muchos casos desconocen.
En este ensayo hice unas propuestas muy relacionadas con el proyecto que traigo de trabajo, que es el tema de prevención del delito, el tema de difusión, el tema de investigación y persecución, y también de capacitación y actualización.
Por cuanto hace al proyecto de trabajo, en caso de que yo fuera designado como Fiscal, y también por cuanto hace a propuestas encaminadas a la prevención del delito, de acuerdo a las facultades que el Fiscal tiene debidamente establecidas; hice unas propuestas relacionadas en estas cuatro vertientes:
Primero es difusión. Creo que es importante que haya difusión en todo el país, que la gente sepa que hoy en día existe una Ley General en materia de delitos electorales, que antes no conocían. En muchas comunidades la gente ignora que hay tipos penales que en caso de que realicen unas conductas, pueden ser sancionadas por la ley.
Es importante realizar foros de conocimiento en todo el país, coordinando con las autoridades electorales y también con autoridades municipales, estatales, y por obviedad con la Federación.
Propongo habilitar agencias del ministerio público itinerantes. Creo que es importante llevar la justicia al justiciable, hasta donde estén, no que estén solamente oficinas de la Fiscalía en un lugar reservado, y que en muchos casos se convierte en obstáculo para que puedan denunciar.
Creo yo que es importante analizar los instrumentos tan importantes, como es el FEPADEMÓVIL, que hoy en día no funciona. He intentado una semana completa entrar y no funciona. La página de Internet tampoco funciona. He llamado al teléfono que está habilitado para presentar denuncias y no responde nadie.
Realmente es una mentira que haya acceso inmediato a las personas que quieran denunciar.
Si eso está pasando ahora, ¿qué va a pasar formalmente en el proceso electoral ya en las campañas electorales?
Yo creo que es importante revisar, y mi propuesta es hacer un análisis, contratar a personas capacitadas para que puedan analizar estas deficiencias y poder resolverlas.
Por cuento hace a la capacitación y actualización, derivado de la reforma constitucional en materia de justicia penal mexicana del 18 de junio del 2008, hoy en día cambiamos el Sistema Procesal Penal.
He hablado con los funcionarios públicos de la fiscalía de la FEPADE, ignoran complemente el sistema; siguen todavía rezagados con el sistema tradicional.
Yo creo que soy especialista en Sistema Procesal Penal; he actualizado a ministerios públicos, asesores jurídicos, peritos, jueces, policía en general, y necesitamos que conozcan todos y cada uno de los principios rectores del Sistema Procesal Penal, hoy lo ignoran.
Porque si hacemos una investigación, pueden considerarla buena, pero no sabemos esos conocimientos para llevarlo ante el órgano jurisdiccional, aunque la investigación sea buena, se van a perder los asuntos.
Es importante que, tanto los policías como el Ministerio Público se capaciten en tema de procesamiento de indicios.
Mucha gente ignora que si no hay un debido procesamiento de recolección, de embalaje, de sellado, etiquetado, cuando lleguemos a juicio esas pruebas se van a declarar nulas, y aunque la investigación sea buena se va a perder el asunto.
Hay que tener mucho cuidado en el tema de capacitación.
Yo me comprometo de manera personal a capacitar al personal de mi fiscalía, en caso de que fuera, y llevar esta capacitación a todo el país.
Yo donde he estado, he podido trabajar sin dineros. He capacitado de manera personal y con amigos, compañeros de academia que han apoyado a capacitar.
Sé que la Fiscalía, por cuanto hace a recursos económicos, no es tan solvente. Por eso yo creo que si nosotros tenemos un poco de voluntad lo podemos hacer.
También propongo la adopción de un protocolo por cuanto hace a las operaciones encubiertas.
Hoy en día, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos autoriza como acto de investigación que los policías puedan investigar vestidos de civiles, pero si no tenemos un protocolo, por más que las investigaciones puedan estar buenas, en el órgano jurisdiccional van a declarar nulas esas investigaciones.
Y es algo que es de vital importancia y que podemos, relacionadas con el tema de prevención del delito, poder abonar a proteger este proceso electoral que ya inició.
Creo que también es importante fomentar la denuncia. Yo por eso he estado muy atento a cómo denuncio. Me dicen que está FEPADEMÓVIL, Internet, llamada telefónica, pero si no hay posibilidad de acceder no tiene caso. Por eso yo creo que es de vital importancia el fomentar la denuncia, pero que sea eficaz la respuesta.
Los funcionarios públicos deben atender de manera educada a la ciudadanía.
La mayoría del servidor público es grosero con el ciudadano, y el ciudadano de esta manera lo que hace es ya no querer ir a denunciar.
Probidad. Insistiré en la revisión de los convenios que se han celebrado con universidades, con tribunales electorales, ¿para qué? Para poder continuar con los trabajos de capacitación y difusión.
Yo creo que hay que respetar la autonomía del ministerio público. El ministerio público debe ser autónomo, sin embargo, su servidor, he tenido la oportunidad de trabajar también en la fiscalía del estado de Morelos, y he podido trabajar de manera coordinada con los agentes del ministerio público, con los demás auxiliares, y poder realizar mesas de trabajo.
Directamente me comprometo a estar, digo, no en todos los asuntos pero sí estar vigilando que se lleven a cabo el respeto a los derechos humanos.
Por último, finalizaré diciendo que creo absolutamente en el respeto a los derechos humanos en el Estado Mexicano. Todas las autoridades tenemos la obligación de promover esos derechos humanos, y no nada más de promoverlos, de protegerlos, de respetarlos y, finalmente, garantizarlos en todo tiempo y en todo lugar.
Por el momento sería toda mi participación. Muchas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias por su presentación, Antonio Sorela Castillo, vamos a iniciar con la etapa de preguntas.
Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Buenos días don Antonio, bienvenido.
Bueno, primero que nada, siendo, yo creo, el más joven de los participantes, debemos de agradecer la confianza en el proceso y el esfuerzo para participar, además de que también saludamos la pasión que se nota en tu exposición.
Dos preguntas muy concretas. Una, ¿cuáles serían las principales limitaciones de la justicia electoral en México, a tu leal saber y entender?
Y dos, me llama mucho la atención y ojalá nos pudieras profundizar más, en esta experiencia con las herramientas que la FEPADE anuncia de acceso, porque bueno, una en el ámbito de las tecnologías, una cosa es instalar, otra cosa es usar y otra cosa es responder.
Entonces, pues esto se mide por los resultados, no por los esfuerzos. Entonces, de esa experiencia que realizó, ¿qué nos podría compartir de eso? Creo que sería de gran utilidad.
Nuevamente gracias por la participación.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, yo también formularé dos preguntas.
La primera. Me llama la atención, dentro de currículum que actualmente está usted dentro de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, y en ese sentido, solamente me gustaría que me dijera ¿cuáles son las razones por las que usted considera que garantizaría una independencia de cualquier corriente política, de ser designado como titular de la FEPADE?
Y segundo, también me gustaría que me comentara ¿cuál es la problemática que usted, además de lo que ya nos ha expuesto, la problemática que tendría que atender de ser designado como titular de la FEPADE en los primeros 30 días? Porque hablar de cien días en un proceso, en un cargo que es tan breve, pues creo que es demasiado tiempo y cómo lo haría.
SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: Muy buenos días, bienvenido al Senado de la República.
Pues yo quisiera preguntarle dos cosas: con mucha atención creo que para todos es importante siempre que la gente pueda acceder a la justicia y que la gente pueda tener la forma más eficiente y más fácil para poder denunciar cuando hay un delito.
Obviamente sí considero que siempre debe de haber este tipo de métodos, para que la ciudadanía pueda tener más acceso a eso.
Sin embargo, comparto lo que decía Luis Humberto, mi compañero hace un minuto, es muy buena toda la parte de la denuncia, pero lo que la gente quiere no solamente es denunciar, sino que se le resuelva esa denuncia.
Entonces, hay dos temas, el primero es ¿cómo usted haría para poder abatir el rezago que se encuentra hoy en la FEPADE y si sabe cuál es el rezago que tienen ahorita en esta institución?
Segundo, ¿cuáles son las estrategias que usted haría si fuera nombrado como Fiscal de la FEPADE aquí en el Senado de la República, para poder dar una respuesta eficiente y rápida a la población.
Y ¿cuáles son los delitos más recurrentes electorales que hoy suceden en nuestro país?
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Comité Ciudadano, le damos la palabra.
COMITÉ CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO: Muchas gracias, sí quisiera también elogiar el entusiasmo que se ve en la participación.
No quisiera decir que es producto de la juventud, porque el entusiasmo lo podemos tener todos, pero se agradece la pasión con la que se desempeña.
Déjeme llevar las preguntas a un tema más vinculado con ya lo que usted en su cargo tendría que, de alguna manera, orientar a la FEPADE en su toma de resoluciones.
Y me refiero a un debate que se ha abierto mucho en relación a ciertos límites o posibilidades de participación de la FEPADE para resolver ciertos casos en particular.
Y me refiero básicamente al artículo 134 constitucional, en sus párrafos séptimo y octavo, que su aplicación ha generado debates en el seno del Consejo General del INE, en la resolución de sentencias en el Tribunal Electoral, y por su materia también quisiéramos ver cuál sería la orientación, o cuál sería su interpretación de qué es lo que le tocaría hacer a la FEPADE, cuando se presentaban denuncias de infracción a los párrafos séptimo y octavo del Artículo 134 Constitucional.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Tiene usted la palabra, por 10 minutos, para formular sus respuestas.
ANTONIO SORELA CASTILLO: Muchas gracias.
Por cuanto hace a lo que comenta el senador, yo creo que las limitaciones en la justicia electoral en México, definitivamente yo creo que hemos dado oportunidad a la gente que realice acciones delictivas, sin que haya una vía de investigación.
Insisto, en el tema de la capacitación de los servidores públicos, creo que es muy constante el que permitamos que entren al Estado Mexicano ciertas personas y que en su momento lo denominado turismo electoral, creo que hemos permitido que entren personas, creo que no hay una debida prevención del delito y eso es lo que creo que tenemos que atacar por cuanto hace a la prevención del delito.
Yo les comentaba de las herramientas que no funcionan, el FEPADEMOVIL, la página de Internet, el teléfono 01 800, he hecho las llamadas, yo he buscado porque creo que es importante que los investigadores nos metamos en el tema de la practicidad, buscar, y no nos han contestado, y por más que tengamos -entre comillas- el acceso, esto es imposible lograrlo.
Y una vez que podamos denunciar, el caso de la propuesta que yo tengo de las agencias del ministerio público itinerante, pues por obviedad darle seguimiento a la carpeta de investigación.
Creo que debe de haber un asesor jurídico que esté apoyando a la víctima, y en el caso de los asuntos que son iniciados de oficio, que en todos los casos debería de serlo, darle seguimiento.
Comparto la propuesta de algunas personas de rendir un informe mensual por parte de la Fiscalía, que hablamos de máxima publicidad, creo que eso es bueno.
Ahora bien, en mi carácter de Director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, tengo que decir que me ofrecieron, recientemente, porque no tengo ni un año en la Dirección, en virtud de que tengo conocimientos en materia de derechos humanos, y no estoy relacionado con ningún Partido Político. Creo que pueden ver abiertamente mi currículum, no tengo ninguna relación con ningún actor electoral.
Y creo que yo puedo garantizar porque he reflejado muy poco a lo mejor, vida profesional, que no estoy relacionado con nadie, no tengo ninguna carpeta de investigación iniciada, o averiguación previa, creo que gozo de una reputación reconocida en el país.
¿Cuál es la problemática que debo afrontar llegando a la FEPADE y que me dan un término de 30 días?
Creo yo que, en principio, hay que abatir el rezago. Tenemos que buscar; no recuerdo si son más de mil 400 carpetas de averiguaciones previas, perdón, del sistema tradicional, creo que son más de dos mil carpetas de investigación iniciadas con el nuevo sistema, a partir de esta entrada en vigor del Sistema Procesal Penal.
Y bueno, trabajar; yo sí, yo había propuesto 45 días como proyecto, de poder abatir rezago del 25 por ciento en 45 días. Creo que podemos.
Yo estuve en la agencia del ministerio público, en especial abatiendo rezago; conozco y sé a realizar la facultad de investigar, el no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal y tal cual el criterio de oportunidad, creo que puede ser.
También apuesto por las salidas alternas, creo que es importante, de qué sirve tener tantas carpetas de investigación si no se les da efectividad.
En algunos casos son denuncias que no tienen una línea de investigación y aunque queramos va a ser imposible llevar ante el órgano jurisdiccional.
Y creo que tampoco yo voy a tolerar que los agentes del ministerio público vayan a hacer el ridículo ante un juez. Si hay una investigación, que no hay línea de investigación, se tiene que emitir una determinación de no ejercicio.
Los delitos recurrentes en el país, sin duda es cómo funcionarios públicos obligan a sus servidores públicos, a sus trabajadores, a ir a mítines, a ir a votar por un candidato, el turismo electoral, el no te doy este programa si no votas por mi Partido.
Yo creo que son los delitos más recurrentes en el país y hay que evitarlos.
Y con el tema de prevención de informarle a la ciudadanía que no tiene por qué ir a los mítines, que no tiene por qué, por ejemplo, yo desconocía, desconocen muchos ciudadanos prestadores de servicios, que es un delito en caso de realizar un trabajo a un partido político si no está dado de alta en el padrón como proveedor del órgano electoral. Mucha gente lo ignora y es por eso, tengo la idea de que tenemos que llevar foros de consulta, foros de conocimiento para que la ciudadanía se entere.
El conocimiento es lo más importante y eso es tema de prevención del delito.
Por cuanto hace a lo que me comenta el doctor del Comité que acompaña esta Comisión, creo que es importante reafirmar que el Estado mexicano ha adoptado instrumentos internacionales que tenemos la obligación de invocarlos, creo, independientemente de nuestras normatividades estatales, a nivel nacional; tenemos la oportunidad de invocar control difuso de convencionalidad o algún otro mecanismo de defensa, como es el principio pro homine, o los mismos cuatro principios de los derechos humanos, que hablamos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Y en ese caso, creo que la Fiscalía que es especializada, pudiera en su momento invocar y poder trabajar en ese tema.
No sé si haya alguna duda. Les agradezco mucho.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias por su participación y le deseamos éxito, Antonio Sorela Castillo.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos con la participación de Eugenio Reyes Contreras, si lo invitan a pasar, por favor.
Doctor Eugenio Reyes Contreras, bienvenido al Senado de la República.
Tiene usted 10 minutos para realizar su presentación inicial, en los términos establecidos en la convocatoria de la Junta de Coordinación Política. Posteriormente pasaremos a la etapa de preguntas por parte de los legisladores y también del Comité de Acompañamiento Ciudadano; y finalmente le daremos de nuevo la palabra por 10 minutos para que emita sus respuestas.
EUGENIO REYES CONTRERAS: Muchas gracias.
Primeramente buenos días, señoras senadoras, señor senador. Público en general.
Sean mis primeras palabras para agradecer la oportunidad que se me brinda en participar en esta comunicación institucional, creo yo es parte de una vida democrática de este país para la elección del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Ciñéndome a los puntos de la convocatoria, primeramente puedo empezar por decir que el proyecto de mi trabajo que expondré, está basado en los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
En este contexto, afirmo que es imprescindible la existencia de un órgano de vanguardia, autónomo e independiente; institución moderna que funcione con eficacia, eficiencia y transparencia. Pero que también actúe en ejercicio de claridad analítica, dando cuenta a la sociedad de sus logros y así generar certidumbre a la población sobre el valor de su voto, incentivando su confianza.
Para ello, una de las bases fundamentales de mi propuesta es lograr la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, en coadyuvancia con los tres niveles de gobierno y evitar la comisión de delitos de mayor incidencia en la materia.
Asimismo, estimo necesaria una constante comunicación con el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación, a efecto de tener conocimiento de los posibles conflictos en las entidades federativas, en una estrategia para inhibir la comisión de delitos.
De igual forma, resulta indispensable fomentar la participación de la comunidad en general, instituciones académicas y de organizaciones sociales en materia de política de prevención de conductas, como parte de campaña de una educación cívica.
También es de gran relevancia lograr una difusión real y eficaz para que se tenga pleno conocimiento de las conductas que constituyen delitos electorales, para combatirlos de forma real, privilegiando en todo momento las acciones preventivas.
Además, se debe enfatizar en la capacitación científica y personal, en cuyo cargo tenga la tarea de realizar la investigación y prosecución de los delitos; a través de la implementación de un sistema nacional de formación, actualización y profesionalización, con el objetivo de realizar investigaciones con sustentos reales, con elementos de prueba contundentes, que sean efectivos y eficaces, con las cuales se demuestre el hecho que acredite una conducta que la ley señala como delito.
Ahora bien, en relación a la pertinencia e idoneidad de mi candidatura a ocupar el cargo de fiscal, expreso que se encuentra legitimada con los más de 29 años de carrera judicial, en los que siempre ha privilegiado los valores de la ética judicial, que son acordes a los principios rectores de la función pública en lo general, tales como la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia de un servidor público, cuya aplicación garantizará que la fiscalía pueda cumplir eficazmente su tarea y lo haga con el nivel técnico, la profundidad y el rigor que la sociedad y la ley exigen.
Con la autonomía que impone nuestra Constitución y los tratados internacionales a los que México se ha sometido, actitudes que, estoy convencido, no se logran con menciones espontáneas sino con probada experiencia en la práctica, como la que me soporta a lo largo de estas tres últimas décadas.
Tales características, señoras senadoras, señor senador, público en general, pueden estar seguros, será la pauta de mi desempeño en el cargo al que aspiro.
Estoy seguro que en un Estado constitucional y democrático del respeto al sufragio y a los derechos fundamentales, son la piedra angular sobre la cual se debe cimentar un Estado funcional, es decir, que sirva a la sociedad y no a los intereses de otro índole; trabajo que desde la fiscalía estableceré como espíritu y principio.
En el desempeño como funcionario público, en innumerables ocasiones como juez de distrito, magistrado de circuito, he determinado sobre la procedencia o negativa de las solicitudes de órdenes de aprehensión que en su momento me fueron solicitadas.
Con ello, pongo de manifiesto que en múltiples ocasiones he revisado el trabajo de las fiscalías en la integración de una averiguación previa o carpetas de investigación, con lo cual acredito conocimientos en la función de un fiscal.
Con tal experiencia, puedo asegurar que con mi desempeño como fiscal podría obtener un mayor grado de probabilidad, una sentencia de condena, que es el fin perseguido por una institución de representación social en la persecución de la comisión de hechos que la ley prevé como delito.
Mi trayectoria avala una larga e importante experiencia como juzgador, sustentando precedentes jurídicos por la formación de nuestro sistema penal, desde la perspectiva del derecho y siempre preservando el recto ejercicio de la función.
En este sentido, mi experiencia como juzgador trae virtudes coincidentes que debe tener el aspirante a titular de la FEPADE, debido a que mi responsabilidad, prudencia, respeto, honestidad, transparencia y claridad en toda actuación del desempeño público.
Por lo tanto, es evidente que, de ser elegido titular de la FEPADE, aportaré mi experiencia y vasta trayectoria que tengo en una de las instituciones que conforman nuestro sistema de justicia, lo que garantiza que realizaré la investigación y procuración de los delitos, persecución en materia electoral, de una forma científica, analítica, eficaz y eficiente.
Así, tengo la plena convicción de que contribuiré para la FEPADE, sea considerada como un órgano de vanguardia en la prevención, investigación, persecución de los delitos electorales, moderno, con eficacia y con eficiencia y además con transparencia, acorde a las condiciones actuales que requieren para garantizar la democracia electoral, y sobre todo con la firme convicción de actuar con la imparcialidad con la que me he conducido a lo largo de mi trayectoria, lo que garantizaría el pleno ejercicio de la función que requiere el cargo al que aspiro ocupar.
Finalmente, como propuestas más importantes para combatir la comisión de los delitos electorales, estimo que deben desarrollarse estrategias de capacitación, difusión y divulgación de los delitos electorales, que lleguen hasta el seno de los grupos más vulnerables, con la información suficiente que permita estimular el conocimiento de los hechos que constituyen delitos electorales y fomentar la cultura de la denuncia.
Para lograr tal cometido, me propongo realizar acciones tendientes a divulgar e impartir cursos de capacitación a los diversos actores electorales en relación a la educación cívica y a la cultura de la democracia, a fin de poder aproximarnos a un ideal estándar de la prevención del delito electoral, tales como foros, congresos, talleres y material impreso.
También considero es indispensable capacitar a las organizaciones políticas, a los partidos políticos nacionales, organismos de protección de derechos humanos, universidades públicas, y sobre todo a los funcionarios de casillas para fomentar en todo momento la cultura de la legalidad y de la denuncia.
Establecer mecanismos eficaces para recibir sugerencias y quejas, y brindar, orientar respecto a la forma de presentar las denuncias, garantizando a los gobernados la atención debida.
Realizar las acciones necesarias para el debido desarrollo de las investigaciones y estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos existentes, que son la importante unidad para la existencia de un dato de prueba.
Asimismo, en cuanto a la labor del Fiscal en el proceso sin duda es imprescindible, pues es el representante de la sociedad y el que debe velar por la debida integración y aportación de las pruebas, esto es, que la incorporación se realice en tiempos y formas debidos, así como la capacitación suficiente en materia de litigación oral, pues sólo en esa medida se podría aumentar el número de sentencias condenatorias y con ello abatir la impunidad, como fin perseguido por la institución.
Fomentar la secrecía sobre la información que se tenga de las investigaciones en curso, a fin de evitar el entorpecimiento y la polarización social.
Por último, quiero enfatizar que el espíritu que profundizaré en la FEPADE, de ser elegido como Fiscal y que será mi objetivo de todos los días sin mayor compromiso, será generar confianza al ciudadano, para que perciba como en realidad es la FEPADE, una institución que está a la defensa de la legalidad electoral, del interés público y los derechos de los ciudadanos.
Así remarco categóricamente que todas las instancias deben procurar dejar a la Fiscalía fuera de la contienda política y yo, desde ahí, procuraré blindarla de cualquier debate político o electoral.,
Concluyo, mu candidatura no se basa en pronósticos de fe o el voluntarismo, sino con la fuerza independiente de mi convicción, en la razón de mi desempeño, en la apertura a la crítica y en la justicia como primicia última, elementos que acompañan mi conciencia humana desde hace casi 30 años al servicio público de la administración de justicia.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias doctor Reyes Contreras.
Le doy la palabra ahora al senador Luis Humberto Fernández, para que formule sus preguntas.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Bienvenido doctor.
Nuevamente gracias por la confianza para participar en el proceso.
Tres cosas muy rápidas. Primero, no nos pasa desapercibido hoy que su tesis doctoral es en Derecho Electoral, cosa que registramos y hay un tema que me llama la atención.
Hay un amparo que se le negó a una comunidad otomí por un proyecto de Higa. Esto lo pregunto porque es importante para nosotros, los referentes, de trayectoria y es sin ánimo de prejuicio, sino para abonar a la claridad.
Pero obviamente en el papel de oposición oímos Higa y pues nos trae a la memoria casa y este tipo de cosas, entonces nunca nos pasa desapercibido este tipo de temas.
Entonces, me gustaría mucho que nos compartiera cuáles fueron os criterios para negar el amparo a esta comunidad otomí. Los medios consignan, yo lo estoy sacando de los medios, de un argumento en el sentido de que en la Ciudad de México ya no había pueblos indígenas, que la gente vive en un ambiente urbano y va a la universidad y no usa indumentaria tradicional indígena.
Obviamente lo comento en el ánimo de poderlo aclarar.
Y, por último, en su programa de trabajo, usted comenta de la realización de congresos y foros, pero ya encima no sé si dé tiempo de hacer congresos y foros, pues ya estando en proceso electoral, pero bueno, sería bueno que nos compartiera cómo realizaría estos congresos y foros cuando se ha hablado de la escasez de tiempo y de recursos.
Esas serían básicamente mis preguntas, doctor, muchas gracias.
Yo también quisiera formularle una pregunta. Como usted sabe, el sistema de nulidades, establecido en nuestras disposiciones electorales, previene que una vez que haya un rebase de los topes, si este excede del cinco por ciento traerá como consecuencia la nulidad de la elección.
Y esto vemos que en la práctica cada vez que pasa un proceso electoral y los resultados son cerrados, un fuerte litigio entre los partidos políticos y los institutos y el Tribunal Electoral para determinar este rebase de topes y una vez que se determina, puede o no traer como consecuencia la nulidad.
Sin embargo, al final pareciera que ese rebase que sí se acredita, generalmente se acredita, no sabemos de dónde vino, y no hay líneas de investigación para determinar incluso si pudiera originarse en un financiamiento ilícito, y esto supondría que pareciera que hubiese un vacío en este proceso.
¿Usted cómo ve esta situación y qué propuesta se le ocurriría para solucionar este problema?
¿Derivaría de una cuestión legislativa o pudiera ser también un tema que pudiera atender la Fiscalía a su cargo.
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Gracias. Muy buenos días y bienvenido nuevamente al Senado. Ya lo hemos visto participar en otras ocasiones también, en otras aspiraciones que ha tenido usted, y sabemos de capacidad y leyendo su trayectoria y todo, pues de la experiencia que tiene.
Yo quisiera preguntarle cómo le haría si el Senado, en algún momento, lo nombrara a usted Fiscal de la FEPADE, para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de esta Fiscalía, y cuáles son los principales retos que usted encuentra, si tuviera la oportunidad de llegar a ésta misma.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Gracias.
Doctor Reyes: queremos conocer algún criterio en un punto específico, una pregunta muy concisa.
Desde su perspectiva, cuáles son los bienes jurídicos tutelados, con la tipificación de hechos ilícitos como delitos electorales. Puede usted ampliar en sus razonamientos. Gracias.
EUGENIO REYES CONTRERAS: Muchas gracias por las preguntas.
En el orden, trataré de contestar lo más claro posible.
En cuanto a la primera pregunta en relación a mi opinión en los aspectos en que se tomaron en cuenta para negar el amparo a esta comunidad otomí, les digo, con todo respeto, no podría opinar porque no conozco el caso.
Sería muy aventurado poder dar una crítica, aunque sea positiva o sana, pero sobre elementos que solamente hace mucho tiempo escuché en noticias, que ahora no recuerdo en particularidad, y además en profundidad no sé sobre el asunto como para poder darme mi opinión y si hubiera un asunto mío de poco tiempo para acá, pues con gusto compartiría la forma de pensar, pues atendiendo a que resolvimos casi 2 mil 600 asuntos anuales, entonces es un gran número como para poder hablar, sobre todo de un amparo que no fue parte del estudio íntegro en el Colegiado donde formo parte. Le pido una disculpa.
En el Internet hablan de un asunto, que yo fallé en el 2008 o 2009. Le puedo decir que eso es falso. Eso es falso porque, en principio, yo ni siquiera fui ponente; una.
Dos. No se veló sobre el aspecto de las comunidades indígenas, sino sobre una delimitación de tierras. Grosso modo se lo estoy diciendo porque estamos hablando de 10 años casi, pero en realidad lo que están diciendo es que se negó el amparo que, porque se desconocieron derechos indígenas, eso es falso. Resolvimos en Colegiado; inclusive yo ni siquiera fui el ponente.
Pero no obstante estoy integrando y soy responsable de la decisión que se toma, pero no fue un tema de indígenas sino fue un tema de limitación de tierras solamente.
Otras de las preguntas que me hace es en relación a que una de las propuestas que hago es hacer foros y los tiempos nos comen.
Definitivamente yo parto de una base de una integración de una Fiscalía integral, no nada más por el tiempo que se aproxima, sino como una integralidad.
Creo que la mayor parte de la gente votante, necesita saber que existe una Fiscalía Especializada, y necesita saber qué conductas, que a la mejor los ven como un común denominador cada vez que hay elecciones y que no saben que éstas pueden tipificar un delito.
Por lo tanto, estos foros que están dentro de un plan que me parecería prudentes es, como lo dije en la exposición, penetrar a cualquier rincón recóndito, donde se les dé la información de qué hechos y conductas que habitualmente, y sobre todo en entidades federativas que ya están plenamente identificadas por autoridades del Gobierno, donde se pueden cometer más ese tipo de ilícitos electorales, poder concientizarlos, darles la explicación realmente de que su voto es libre, que es directo y que es secreto, y que cualquier conducta que vean ajena a ellos, sepan que tienen a dónde acudir para ser escuchados. Esa es realmente la propuesta, pero como una generalidad.
Entiendo que los tiempos son muy breves para el trabajo arduo que se le presenta a la Fiscalía.
Sin embargo, bueno, esto precisamente lo que traigo en mente de ser nombrado, pues poner en marcha aptitudes y experiencias, ¿cómo cuáles? Yo siempre he sostenido: la base del éxito es el orden.
Penetrar en la institución, ver cómo funciona, identificar las áreas donde no pudieran estar explotadas adecuadamente; porque me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de leer un poco acerca del último informe de labores del Fiscal de este año; y sobre todo me remití de enero a junio de este año, en donde se habla de que se presentaron alrededor de mil 300 denuncias, de las cuales se habla de que consignó 984, casi mil consignaciones de esas mil 300.
Sin embargo, cuando consigna, porque habla de consignaciones, estaba hablando del rezago que tenía de acuerdo al sistema tradicional; solamente obtuvo el 47 por ciento de órdenes de aprehensión emitidas y negaron 500 y tantas. Ahí, por ejemplo, hay un factor de que había que analizar por qué el trabajo de una Fiscalía no tiene una prosperidad con un grado de porcentaje satisfactorio, porque aquí es negativo.
Pero ahí no acaba el tema, porque de esas 470 y tantas órdenes de aprehensión que se emitieron; hay una estadística que dice que solamente se cumplieron 161, o sea, pendientes por cumplirse 315. Pero de esas 161, solamente obtuvieron proceso 98; entonces estamos hablando de que hubo mil 300 denuncias, mil consignaciones, solamente llegaron a proceso 98 y de esas 98, solamente se dictaron sentencias 50. Y de esas 50 que se fueron al amparo, se concedió el 10 por ciento.
Entonces estamos hablando, de acuerdo a la estadística, que es pública, que de mil 300 denuncias que se presentaron en 6 meses y de la estadística que se saca, solamente se llegó a una sentencia cosa juzgada, sancionable el hecho, a un 0.4 por ciento. Es una de las preocupaciones y a mí me llamó mucho la atención de que había que formar estrategias al interior; cuáles son las mayores incidencias que no prosperaron en esas solicitudes de órdenes de aprehensión; cuál es la incidencia que no prosperaron ya en la persecución del proceso, que llegaron solamente a emitirse sentencias condenatorias 50, y el 50 por ciento se decretó libertad.
Entonces, todo ello me lleva a una gran reflexión, de que de tener la oportunidad de estar presidiendo esta Fiscalía, notar y ver realmente esa incidencia en que estriba, para poner mayor énfasis y tener mayores resultados en la labor; porque una labor tan ardua se está reduciendo a un 0.4 por ciento y estoy hablando nada más del primer semestre de este año, que solamente hubo cuatro elecciones para gobernador. No me imagino qué número de denuncias habrá el próximo año, que es un número que rebaza 200, 300 por ciento, que va a haber elecciones.
En la generalidad, hacer talleres precisamente para hablar sobre la cultura de la prevención, porque para reducir denuncias y dos, que si hay un hecho que la ley castiga como delito, bueno, tenga la información de que hay una autoridad a la que puedan acudir y poner la atención debida para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
En cuanto a la siguiente pregunta, señora senadora Pilar, me pregunta del tope de rebase de campaña y en materia, bueno, en tribunales electorales se decreta la nulidad; ¿de dónde sale este dinero?
Una pregunta es que si es una cuestión legislativa. Creo que no, creo que aquí es una instrumentación que verdaderamente cae en lo mismo de tener un despliegue ministerial en las campañas y en la jornada electoral, para efecto de detectar de dónde está viniendo ese extra de dinero y que se está ocupando.
Creo que problema no es de la ley, sino de la autoridad, de que actúe con un protocolo de investigación eficiente, para poder detectar ese dinero que ingresa a ese candidato o precandidato, y ver de dónde está saliendo para así perseguir el delito correspondiente.
Concretamente creo que no es una cuestión legislativa sino de operatividad de la autoridad.
Enseguida, recuerdo la pregunta de la senadora Ivonne, me pregunta que qué capacidades técnicas, operativas y retos se tienen. Creo que en la respuesta que he mencionado anteriormente es precisamente hacer que el trabajo de esta Fiscalía tenga los frutos deseados.
Que si se decide, de acuerdo al sistema tradicional, consignar una averiguación, o de acuerdo al nuevo sistema pedir audiencia previa para solicitar una orden de aprehensión, que previamente el trabajo de la Fiscalía esté realizado con eficiencia y eficacia, ¿para qué? Para tener la mayor probabilidad de que prospere y que se libre esa orden de aprehensión.
Por otro lado, mencioné también la capacitación para aquellos ministeriales que intervienen en los juicios orales, que es el litigio de la oralidad.
Muchas veces también se pierden, o más que se pierdan no se tienen unas sentencias favorables en representación de la sociedad porque no se integran las pruebas correctamente, no se integran en tiempo, no está capacitada la gente del ministerio público con este nuevo sistema que es, creo yo, una de las ventajas para poder darle celeridad a un conflicto.
Sin embargo, sí se necesita una capacidad y capacitación confiable, especializada, para que todo el trabajo que viene desde la integración de una carpeta, sea defendida y se logre su fin del proceso.
Por último, en cuanto al bien jurídico que se protege con estos delitos, considero que es la libertad del voto, que es un derecho humano que tiene todo ciudadano y que precisamente todo va en detrimento de un resultado confiable electoral, y que si no es un bien jurídico tutelado de manera directa, se habla de la norma y una teoría, es de manera indirecta, porque no le causa un perjuicio directo pero sí indirecto al momento de que está siendo tergiversado su voluntad en una elección.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Le agradecemos mucho su participación en este proceso para elegir al nuevo titular de la FEPADE.
EUGENIO REYES CONTRERAS: Gracias. Buenas tardes.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos ahora con la presencia de Carlos Enrique Bueno Pérez, si está presente, ya viene para acá.
Carlos Enrique Bueno Pérez, bienvenido al Senado de la República.
Tiene usted diez minutos para hacer la presentación general, en los términos de la convocatoria y del acuerdo emitido por la Comisión de Justicia. Le pedimos sea respetuoso con el tiempo.
A continuación, pasaremos a las preguntas que le formularán los legisladores y también el Comité de Acompañamiento, y finalmente le cederemos nuevamente la palabra para que pueda dar respuesta a esas preguntas.
CARLOS ENRIQUE BUENO PÉREZ: Correcto.
Senadores, senadoras, personal de universidades y académicos relacionados con los delitos electorales, buenos días todavía.
A continuación, voy a exponer los puntos torales del ensayo que realicé sobre la prevención, intervención, persecución y sanción de los delitos electorales.
Posteriormente iniciaré con los tres puntos que se señalan en la convocatoria. El primero de ellos es el relacionado con la prevención.
En México se ha establecido una política criminal en relación a todos los delitos que es mucho mejor prevenir que llegar al final de un proceso penal que le llamamos los penalistas la última ratio.
Debido a esa política criminal en materia electoral se han realizado diversos esfuerzos para abatir la impunidad de estos delitos. Sin embargo, hasta hoy no ha sido posible erradicarlos.
De acuerdo a una encuesta que realizó el INEGI el mes pasado, se estableció que en 95 por ciento de los delitos en general quedan impunes; no escapan a esta realidad los delitos electorales.
Eso quiere decir que cualquier individuo que violente la Ley Electoral tiene una posibilidad de real de ser sancionado del cinco por ciento, es muy alto, es donde tenemos que trabajar las instituciones de procuración de justicia, para hacer más eficiente la investigación y que esos delitos no queden impunes.
Ciertamente hay que proponer medidas tangibles, concretas, para disminuir el delito. Nosotros, en nuestro proyecto hicimos unos objetivos particulares.
En lo general es fomentar, tanto en partidos como en la sociedad, el juego limpio. ¿Cómo se haría? A través de conferencias, simposios, a efecto de que tengan conocimiento de la legalidad, de qué es un delito electoral, de qué es una sanción.
También sería conveniente tener una equidad e igualdad en cuanto a los recursos y todos los candidatos, precandidatos, partidos políticos tuvieran la misma partida presupuestal, fácilmente se podrían dar cuenta, la gente que está inmersa, si algún ente violó la norma.
Porque bueno, los spots, la mercadotecnia tiene un costo y cuando se rebasa en demasía es fácilmente visualizable al personal que integra.
También estamos proponiendo, como prevención, una integración del Sistema de Procuración de Justicia Electoral. estos tres entes que elaboramos juntos son: el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la FEPADE, para que cada uno delos que los representan estemos coordinados para llevar a cabo, en un simposio, por ejemplo, hablarles de la responsabilidad administrativa en que pueden incurrir, por lo que hace a los delitos penales la responsabilidad que pudieran adquirir por una violación a la norma electoral.
También tenemos que identificar claramente los factores que determinan al individuo a cometer los delitos electorales. Sabemos que hay factores económicos, factores sociales, factores de poder. Una vez que los tenemos bien determinados, hay que proyectar medidas a corto y largo plazo.
Desgraciadamente el proceso electoral del 2018 está a la vuelta de la esquina. Esto obedecería a una política a largo plazo. Sin embargo, tenemos que trabajar con lo que tenemos.
Otra propuesta que estamos haciendo es que, en la materia de prevención, las sanciones que tienen los delitos, cuando hablamos de funcionarios públicos, existe una sanción que para mí es limitada, que en nada refleja el espíritu de la norma, cuando señalan una suspensión de dos hasta cinco años cuando lo inhabilitan para estar en un cargo público.
Nosotros consideramos, yo considero en lo particular, que se debería de inhabilitar para un cargo público tanto federal como local indefinidamente.
Ahora bien, vamos a pasar a otro tema relacionado con la investigación de los delitos.
Es claro, la Constitución en su Artículo 21 Constitucional, establece quiénes son los encargados de la persecución de los delitos, que en este caso con la modificación del nuevo sistema es el ministerio público y la policía, que actuará al mando de ésta.
Es importante establecer que no existe en México en realidad una investigación científica por varios factores.
Uno de ellos es el gran cúmulo de anteriormente averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación.
Como dato general les puedo decir que la Fiscalía, hoy en día, su plantilla en su organigrama es espectacular, cuenta con 72 mandos y tiene una plantilla de ministerios públicos de menos de 80.
Esto qué indica. Que cada jefe tiene 1.3 por ciento de ministerios públicos. Es imposible generar una disminución de la impunidad con esa desproporción; obviamente que todos solicitan mayores recursos.
Lo que convendría aquí es incorporar a la estructura porque también son ministerios públicos, para que integren porque con una plantilla de máximo 80 ministerios públicos, las investigaciones nos corresponden a una realidad.
Por otro lado, en cuanto a la investigación, se necesita una experticia, no solamente en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, sino en lo tradicional, en la teoría del delito.
De nada sirve un orador, de nada sirve una persona que conozca los principios generales del proceso penal acusatorio, si no conoce los elementos del tipo, si no sabe cómo llevar una investigación adecuada, a dónde pedir, qué área es la que tiene qué tocar, cómo se realiza.
Bueno, esto requiere de técnica y de táctica, que eso se logra a través de experiencia, en mi caso, yo tengo 24 años laborando en la Procuraduría General de la República, tengo pertenencia, conozco, desde los inicios, la FEPADE.
En 1994, cuando se creó, tuve la oportunidad de colaborar con el doctor Franco Guzmán, que fue el primer Fiscal, ¿verdad?
Hubo una modificación 17 años después en la Reforma que se hizo a los tipos penales, el 10 de febrero del 2014.
Ahora bien, por lo que hace a las sanciones, tenemos que analizar que la intención del legislador, al plasmar los tipos penales en comento, de la ley, hizo un gran esfuerzo pero se quedó corto en algunas sanciones, esto tomando en consideración el bien jurídico que protegen los delitos electorales, como un tratadista en la materia lo señala, me voy a referir al licenciado Díaz Santana Héctor, señala que los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre y secreto, evitar presiones, coacciones o conductas que alteren la unidad popular.
Es indiscutible que para manejar éstos, son muy pocos los tipos penales que abarcan, estamos hablando de 19, pero hay que tener conocimientos específicos, específicos como les repito, no solamente en el nuevo Sistema, sino en teoría del delito, en conocer específicamente cada uno de los supuestos.
Porque esta Ley especial deriva desde luego de los tipos básicos, cualquiera de los tipos especiales que tenemos previstos, son tipos básicos, peculado, fraude, que cuando el que integra conoce exactamente los elementos, le es fácil identificar, simplemente hay que ver la hipótesis correcta. Eso es en cuanto al trabajo, el ensayo que realicé.
Por otra parte estamos, de acuerdo al programa, señalando…
Se terminó el tiempo, no sé si estoy en lo correcto, de la exposición del ensayo. Posteriormente, decía la convocatoria, que tengo que tratar tres puntos: a) son los puntos más importantes en los que basará el proyecto de la Fiscalía.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Sí, pero puede concluir y tal vez en la segunda participación, si le queda tiempo, lo puede abordar.
CARLOS ENRIQUE BUENO PÉREZ: Ah, porque lo tenía preparado así. Entonces tuve una confusión, preparé 10 minutos esto y tenía los puntos…
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Diez minutos en total, sí. Gracias.
Pasamos entonces a la etapa de preguntas. Senador Luis Humberto Fernández, adelante.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenas tardes, licenciado Bueno.
Una pregunta muy concreta, y aquí debo hacer una apostilla general. Parte del trabajo como senadores en estos procesos de auscultación, es precisamente auscultar, es buscar las características; y lo digo no sólo en su caso sino en particular de prácticamente todos los participantes.
Entonces, lo digo esto porque no tiene ninguna intencionalidad más que conocer más de la personalidad de todos y cada uno.
En este caso, me gustaría que nos comentara, hay unas notas que cuando realizamos nuestro trabajo, al igual que todos los miembros de la Comisión, es muy meticuloso; sobre el tema que se menciona en varios medios una negativa de la PGR de informar sobre un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde presuntamente confirmaban el lavado de dinero en transacciones relacionadas con la campaña presidencial de Vicente Fox.
Debo decir en justicia, que no lo mencionan nada más a usted, mencionan a otras tres personas, bueno, no voy a entrar en más detalles; pero la PGR respondió que no podía responder al INAI porque no se dejó en triplicado el documento y que no se mandó.
Entonces, esto finalmente para la función de Fiscal de FEPADE sí es un antecedente que creo que no sería correcto de nosotros conocerlo y no compartirlo. Y además que finalmente la intención cuando hacemos todos estos planteamientos, como se ha visto a lo largo de todas las comparecencias, la idea es que refuten, confirmen o aclaren todos los participantes, cada uno de ellos.
Muchísimas gracias, licenciado Bueno.
CARLOS ENRIQUE BUENO PÉREZ: Perdón, paso a aclarar la duda…
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Perdón, vamos a formular las preguntas en una sola intervención y al final tendrá 10 minutos para contestar.
Yo le formularía otra pregunta. A ver, dos preguntas en una: hay una fuerte crisis de credibilidad en los órganos de procuración de justicia y de seguridad pública actualmente; y usted viene, toda su trayectoria profesional la ha desempeñado en la Procuraduría General de la República, de quien se está demandando en este momento un cambio institucional.
Hay una reforma constitucional que establece ya la Constitución un organismo constitucional autónomo. Se está planteando además reformar ese diseño constitucional y todo el modelo de procuración de justicia, justamente por la crisis en que se encuentra el modelo actual.
Además, nos encontramos ante una situación complicada: no hay titular de la Procuraduría General de la República y las dos fiscalías especializadas que se crearon, previendo esta transición hacia una Fiscalía General, se encuentran sin titular; esto genera señales negativas todavía mayores ante la opinión pública.
Y ante esta falta de credibilidad, hoy la atención pública también está en procesos como este, en donde el Congreso, el Senado tendrá que decidir sobre un nuevo fiscal para la atención de los delitos electorales.
De ser usted titular de esta Fiscalía, ¿cómo o cuál sería su plan de acción para tratar de revertir esta falta de credibilidad en las instituciones? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo enfrentaría este reto?
Y también me gustaría saber si conoce el protocolo para combatir la violencia política contra las mujeres, del cual entre quienes participaron en su suscripción está justamente la FEPADE.
¿Cómo enfrentará usted como titular, de ser así, los casos cada vez más frecuentes de violencia política contra las mujeres en los procesos electorales? Dado que uno de los cambios recientes es la introducción de la paridad y la participación cada vez más frecuente de mujeres, y los fenómenos de violencia también se arrecian en muchas regiones de nuestro país.
Serían las dos preguntas. Gracias por sus respuestas.
Le cedo la palabra a mi compañera Ivonne Álvarez.
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Muchas gracias Presidenta.
Leyendo su currículum, nos damos cuenta que la mayoría de su carrera y de su trayectoria profesional, ha sido en diferentes cargos dentro de la Procuraduría.
Como conoce bien esta área, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles considera usted que son las principales problemáticas que hoy enfrenta la FEPADE y sus áreas de oportunidad? Porque al final eso es lo que tenemos que ver, cómo las vamos a resolver y en este tiempo tan corto pero suficiente, cuáles son estas áreas de oportunidad.
Siguiente. ¿Cuáles son los principios que usted considera debe regir la actuación de la autoridad investigadora en el nuevo Procedimiento Penal Acusatorio?
Y, en esta Ley General de Delitos Electorales, ¿cuál considera usted que es el tipo penal más novedoso que se implementó en esta ley?
Por sus respuestas, muchísimas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Le damos la palabra al Comité.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Gracias, Presidenta.
Una pregunta en donde la respuesta que el Comité espera, sea vinculando la legislación penal, en especial la Ley Nacional de Procedimientos Penales, vinculada a la Ley General sobre Delitos Electorales.
¿Puede la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales iniciar una averiguación o una investigación, una fase de investigación sin que exista denuncia, querella, parte de la autoridad competente o una queja?
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Adelante.
CARLOS ENRIQUE BUENO PÉREZ: Quiero hacer una puntualización.
Aquí señalan que trabajé como supervisor de la Comisión Nacional Bancaria, bueno, el propio currículum lo establece, jamás he trabajado en la Comisión Nacional Bancaria.
¿He tenido mucho trato con la Comisión Nacional Bancaria? Sí. Algún tiempo estuve adscrito a la Fiscalía de Delitos Fiscales y de Banca y el trato con la Comisión Nacional Bancaria es cotidiano.
Segundo. También fui titular de esa área y por ese motivo conozco perfectamente la operación.
Con respecto a la campaña y regularidades, yo he integrado diversas averiguaciones previas en esa área de difícil solución. Afortunadamente hemos seguido los principios que nos marca, en ese entonces, que el Código Federal de Procedimientos Penales señala en su artículo 16 la secrecía a una indagatoria.
Indiscutiblemente que si piden un informe relacionado con el Presidente, con cualquier ciudadano de a pie, es imposible que la representación social la brinde.
Hoy en día, el mismo Código Nacional de Procedimientos nos impone esa limitación. En el caso de Odebrecht es imposible que la autoridad rinda los informes para establecer algún tipo de responsabilidad de alguna persona, porque hoy nos tenemos que ceñir a los principios que señalan los derechos humanos, que uno de los pilares de esto es la dignidad, es imposible estar revelando encaminados a una investigación.
Esto es en cuanto a la pregunta que me hace el señor senador.
Segunda, hay una crisis de credibilidad en las procuradurías de justicia, sí es cierto, es innegable, cuando un agente del Ministerio Público de la Federación o local interviene en un acto de corrupción, marca a muchos compañeros, pero no es eslogan del presidente, pero lo bueno no se cuenta.
Hay muchas averiguaciones previas, muchos procesos penales, que con las limitaciones que se tienen, salen adelante. Hablamos de revertir la situación, es posible revertirla, ¿con qué? Con profesionalismo.
Con darle el mayor tiempo, aquí mi currículum lo demuestra, tengo 24 años en la institución. Las personas que nos han representado desgraciadamente no pertenecen, como en el Poder Judicial, que tienen una trayectoria para llegar a ser, en su caso, ministros, que es lo máximo que pudieran.
Aquí el Servicio Civil de Carrera se ve truncado, porque cuando llega una persona que tiene una trayectoria escolar superior, entre comillas, que las personas que laboran en la institución, llega y plantea situaciones que en la teoría son pues muy alentadoras, pero en la práctica, cuando un agente del Ministerio Público tiene que realizar una consignación, una solicitud a un juez de control, que dentro de las 48 horas lo tiene que hacer para no incurrir en responsabilidad, que no tiene personal ministerial que le apoye, que la computadora no sirve, que el médico que tiene que certificar al detenido no lo encuentra.
Todas esas pequeñas cosas las tiene que soportar y darles solución. Ahí es cuando la representación social muchas veces, porque están aquí y creo que algunos no lo saben, tienen que sacar de su recurso para ir a certificar a un indiciado a la Cruz Roja, porque no llegó el médico y tenemos que constatar su integridad física, cuando entra, y cuando sale.
Si no nos dan los medios es imposible revertir esta situación. ¿Se puede? Sí se puede, hay mucha gente que tiene lo que le llaman actitud de servicio.
Siempre se va a sobreponer a la falta de algún incentivo. Forzosamente para cambiarlo necesitamos tener un servicio de carrera que cumpla con el espíritu que esté dentro del sistema pueda acceder, a través de exámenes, a una posición mejor, como en el Poder Judicial.
Y lo repito, hoy en día muchos magistrados y ministros empezaron de secretarios y han llegado al máximo. En la Procuraduría General de la República no hay ningún procurador que haya sido secretario, todos llegan por su trayectoria laboral, por tener especialidades, bueno, por infinidad de cosas, pero no llega la gente que tiene el servicio de carrera.
Esto es en cuanto a la crisis. El protocolo para las mujeres, bueno, existen varios tratados, tanto internacionales que protegen a la mujer, desde luego que todas esas reglas las han transformado en protocolos de actuación para el Ministerio Público.
¿Qué es esto? Son las diligencias mínimas que debe uno realizar para la protección, en este caso, de la mujer, de uno de los entes que tiene mayor facilidad de ser pensado. ¿Por qué? Porque el nombre tiene mayor fuerza, entre otras, que una mujer.
El problema en la sociedad mexicana, de las personas que son misóginas, ¿verdad?, todo esto ha fomentado estos protocolos.
Me decía, yo nunca he estado; hay unas unidades especializadas de equidad de género, le soy honesto senadora, no he estado pero bueno, el proceso es el mismo.
De todos los cúmulos de normatividad que tenemos en materia internacional y los tratadistas nacionales, se hace una base para seguirla en cuanto a la investigación de las mujeres.
Otra de las preguntas fue qué afecta principalmente a la FEPADE.
Afecta principalmente a la FEPADE la falta de personal, pero también afecta principalmente a la FEPADE que existan 72 mandos, que en realidad no tengo idea si conocen o no el nuevo proceso.
Si el Director General de Averiguaciones Previas, si el Director General de Control de Procesos, que es capaz de determinar un tipo penal, de hacer una consignación en el viejo sistema, de formular una imputación, de hacer un alegato de apertura, de hacer un alegato de cierre de instrucción, de formular conclusiones en el caso de procesos.
Eso es lo que necesitamos, gente que tenga conocimientos y experiencia en el sistema, en el anterior y en el actual, porque de nada sirve tener un jefe que tenga una maestría en administración y que la solución a un problema sea es que hágalo, yo le instruyo para que conforme a tal artículo y sin violar los derechos humanos, realice esta carpeta de investigación.
Si la persona que da esa instrucción no conoce, no tiene idea del tipo penal ni de lo que le está diciendo, porque son instrucciones huecas y se plasman en un documento al señalar un Director General, de acuerdo a sus atribuciones, el delito que corresponda intégrelo. Desde ahí pues qué les puedo decir.
El ministerio público que está a cargo, bueno, pues se siente resentido. Si la persona que es su superior jerárquico no puede clasificar esa conducta, ese hecho delictivo en un tipo penal, bueno, por eso es que está afectado, por eso está afectada la credibilidad.
Cuando en una comparecencia, cuando el ciudadano de a pie, como muchos que han tenido que acudir a una agencia del ministerio público lo primero que pasa es que en la sala de espera le ponen una lista, usted escribe y se tiene que esperar ocho horas, desde ahí está resentido.
Si no hay el personal suficiente, es imposible revertirlo. Con lo que hay se intenta y pidiéndoles a los compañeros que actúen como si fuera la otra persona porque, yo tengo 24 años, repito, en la institución, también he sido violentado por la delincuencia cuando voy con mi homólogo del Fuero Común, me causa risa decir qué barbaridad, la sociedad percibe cómo me está tratando, entonces yo quiero tratar a ustedes como me gustaría que me trataran.
Eso lo tenemos que aterrizar con todos mis compañeros. Y hay muchos en realidad que sí lo hacen.
Otra de las preguntas. Los principios del nuevo sistema en la ley.
El nuevo sistema, para los tratadistas y para los que operamos, es nuevo, existen corrientes en contra y en pro, por ahí se habla de asociaciones que están en contra, la ANTAC, por ejemplo, que dicen que es una puerta giratoria.
Hay que darle tiempo al sistema, hay que mejorarlo, lo tenemos que ajustar a las necesidades nacionales.
Nosotros tenemos capacidad, tenemos profesionales con calidad y capacidad para revertir esta situación. Simplemente hay que darles tiempo y de verdad, un Fiscal que vino a dar los cursos en la institución, señalaba: un fiscal en Estados Unidos lleva tres carpetas de investigación; simplemente en la delegación Distrito Federal, hay agentes del Ministerio Público que tienen 400.
Es imposible llevar una investigación científica apegada a la norma, eso es imposible; ¿cómo se puede hacer?
Depurando, abatiendo el rezago. El rezago no se abate con buenas intenciones, se abate con programas de abatimiento, con personal calificado, con técnica, con cronogramas; por ejemplo, la FEPADE tiene 4 mil expedientes con 80 ministerios públicos hay un informe de la Auditoría Superior de la Federación en el año 2015, que señala que para abatir las averiguaciones que tenía en el 2015, se necesitaban de 7 a 8 años. Es imposible que la FEPADE actúe si no se revierte esa situación.
¿Cómo se revierte ahora? Efectivamente, los 72 mandos que se pongan a abatir el rezago, también son servidores públicos, también tienen conocimientos.
Tenía aquí las propuestas más importantes para hacer que la FEPADE operara de una forma adecuada. Sin embargo por el tiempo, nada más quiero resumir que considero que tengo la capacidad de transformar y de llevar a buen puerto las investigaciones de la FEPADE, porque toda mi trayectoria ha sido la integración de averiguaciones previas, procesos; he estado en distintas áreas de la institución y cuento con la expertise tanto en el sistema pasado como en el actual, para revertir la situación.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias por su participación y si gusta también hacernos llegar el escrito de sus propuestas, con mucho gusto.
Agradecemos que haya participado en este proceso para seleccionar al nuevo titular de la FEPADE. Muchas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos con la comparecencia de Eduardo Alfonso Guerrero Martínez.
Muy buenas tardes Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, bienvenido al Senado.
Tiene usted diez minutos para hacer su presentación general en los términos de la convocatoria y del acuerdo de la Comisión. Posteriormente haremos una ronda de preguntas y finalmente le volveremos a dar la palabra para que dé respuesta a estas preguntas.
Le pedimos, sea respetuoso con el tiempo. Puede estar verificando el avance del mismo en las dos partes laterales del salón, hay un cronómetro que le indicará su tiempo.
EDUARDO ALFONSO GUERRERO MARTÍNEZ: Gracias. Buen día, casi ya tarde, tengan quienes están presente en esta honorable sede, en especial a las y los integrantes de la muy importante Comisión de Justicia del Senado de la República.
Es para mí de suma importancia que ustedes sepan quién soy. Provengo de una familia numerosa y pobre, el séptimo de once hermanos, cuyos valores fundamentales han sido, son y serán el servicio, alegre y generoso, y a veces sacrificado; la honestidad y el gran amor a México que se ha traducido en cada una de mis actividades, ya que obras son amores y no buenas razones.
Mis padres, oriundos de San Luis Potosí, pero mi papá con raíces en Tixtla y en Iguala, Guerrero, emparentado, según me decía, con el prócer de la independencia.
Él, líder estudiantil en la Preparatoria Nacional en 1929 y vocero del Comité Nacional de Huelga por la Autonomía Universitaria de 1933.
Momentos fundamentales en la Gesta Heroica Académica, que es fundamental para la razón de la República, que es la universidad.
De mi madre, les puedo decir con orgullo que fue una mujer ejemplar, docente en escuela secundaria y maestra de vida.
Soy académico desde hace 40 años, y he hecho un cálculo del número de alumnos que he tenido de esa fecha acá, y un promedio sería de unos 400 por año, porque daba actividades académicas simultáneamente en la Universidad Nacional y en alguna universidad privada. Las inicié en el estado de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara.
Tengo por norma aplaudir lo bueno, venga de quien venga, y criticar lo malo, venga de quien venga.
Cuando critico lo hago de manera constructiva, nunca destructiva, porque me doy cuenta que desde mi cede académica o en la Judicatura, puedo hacer daño a mi país si lo hago de manera destructiva.
Bajo los referentes vitales arriba señalados, he formado a mi propia familia.
Personalmente, considero que mi independencia está íntegra, nunca he sido tapadera de nadie.
A mis 70 años, pero con pleno vigor, soy fiel a mis convicciones y no estoy instalado en una zona de confort, pues México nos une.
Me he exigido mucho a lo largo de mi vida, para dar siempre lo mejor de mí en servicio a los demás.
En mi vida hay mucho más azul que nubes negras. Nadie en el foro me puede señalar que he sido dócil ante la dádiva o la consigna.
Desde el punto de vista electoral, fui convocado por la Secretaría de Gobernación a finales de los 80´s, ante la necesidad que había por la crítica constructiva de erigir un Tribunal Electoral que resolviera ante la incompetencia de la Corte las controversias de índole electoral, y así surgió el Tribunal Contencioso Electoral, al que incluso me permití hacer propuestas de algunos magistrados.
Posteriormente, en el trascurso del proceso electoral de 1994, integrando el Consejo General del IFE como representante de un partido político que no existía, pero representante contratado por conocimientos constitucionales y electorales, se instituyó como exigencia la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, instituciones que han contribuido en la paz social del país.
¿Qué visualizo yo del acontecer político actual en México?
Estamos ante un proceso inédito, por muchas circunstancias que sería largo enumerar.
¿Qué me propondría yo, de llegar a la Fiscalía Especial?
Hay tres cosas que yo creo que son importantes señalar:
Uno. Forjar un mapa político del país, porque hay distintas entidades federativas, algunas con permanencia de un partido, otros con alternancia, otros con la llegada de un partido que revocó la ciudadanía y llegada de otro.
Esto es muy importante para saber cuál es la primera fuerza, la segunda fuerza y la tercera fuerza en una entidad federativa. ¿Por qué? Porque se avecina una elección federal y es muy importante tener conocimiento de lo que pasa en cada entidad federativa.
Por decisión personal, me propuse conocer las 32 entidades federativas, he estado físicamente y así aprender de la gran riqueza de México, cómo son sus habitantes, sus bellezas naturales y la composición política, social, económica, de cada estado de la Unión.
Adicionalmente, ¿qué es lo que yo haría? Un mapa de riesgo electoral, recoger las experiencias que están documentadas a partir de las denuncias, de las querellas, de las indagatorias, con el objetivo de tener una idea más clara de los focos rojos, donde pudiera incidir la delincuencia electoral, llamémosla así, de grupos o personas.
Y me doy cuenta también que es importante una capacitación, la estructura de la FEPADE no da para abarcar toda la República. Por eso los convenios de colaboración, el acercarse el titular de la FEPADE con los procuradores de justicia de las entidades federativas, de los fedatarios públicos, porque está señalado en la Ley Electoral que son auxiliares para dar fe el día de la jornada electoral, el día del sufragio, auxiliares para dar noticia de alguna irregularidad que pudiera alcanzar el rango de delito.
Tengo que señalar que en ocasiones hay un entorno de conductas alrededor del delito que, sin ser delictivas, van acompañando lo que posteriormente pudiera ser un delito ye so hay que cuidarlo.
Antes las limitaciones presupuestales, económicas, por las circunstancias consabidas del país y de las entidades federativas, de los municipios, ¿qué me propondría hacer?
Acudir a cada entidad federativa, entrevistarme con los rectores o directores de escuelas de derechos, públicas y privadas, con el objeto de invitar a los prestadores de servicio social y hagan un servicio social atractivo, comprometiéndose en la vida del país y de esta manera intentar cubrir las deficiencias de personal, por motivos presupuestales, que pudiera tener la Fiscalía Especial de Delitos Electorales.
Otra cosa que me gustaría apuntar en beneficio de la propuesta de mi persona, yo no solicité venir acompañado de nadie, no tengo filias ni tengo fobias.
¿Por qué no quise venir acompañado de nadie? Porque no tengo ningún compromiso con nadie, lo tengo con mi país y no es demagogia lo que estoy diciendo, lo he demostrado, insisto, nadie me puede señalar con el dedo, que yo he tenido una actitud de espaldas a mi patria.
En consecuencia, rectifico, sí tengo filias, amo mucho a mi país y tengo fobia a la impunidad, que es lacerante en este país en todos los órdenes.
Por último, quiero señalar, mi participación como magistrado me permite darle un plus a la actividad que hacen las procuradurías, porque cuando se integra una averiguación previa, muchas están pendientes en la actual Fiscalía, o una carpeta de investigación no vienen con los elementos correspondientes y entonces causa impunidad, lo que es trágico para el país.
El conocimiento que desde la Judicatura tengo para decir qué se tiene que corregir en las antiguas averiguaciones previas y ahora en las carpetas de investigación, nos daría una posibilidad adicional para evitar la impunidad electoral.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias por su participación.
Pasamos ahora a las preguntas. Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Nada más agradecer su participación Magistrado. En esta ronda, yo no tendría preguntas. Ha sido muy claro.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Yo simplemente preguntarle:
De ser usted designado Fiscal de Delitos Electorales, ¿cuáles considera que serían los delitos que serían el reto para la FEPADE, tomando en consideración los momentos que vive el país, la crisis de credibilidad de las instituciones y, bueno, también lo que está pasando en el ambiente político electoral en México? ¿Cuáles son esos delitos que representaría…
EDUARDO ALFONSO GUERRERO MARTÍNEZ: …la compra del voto y la coacción del voto.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: ¿Me permite terminar?
Vamos a dar oportunidad a las preguntas y después usted va a dar las respuestas.
Básicamente sería mi pregunta. Le doy la palabra a la senadora Ivonne Álvarez.
SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: Gracias Presidenta.
Solamente preguntarle y agradecerle que esté aquí con nosotros compareciendo.
De ocupar el cargo de titular de la FEPADE, ¿cuál sería el programa a seguir y de qué forma garantizaría la transparencia y la legalidad en las próximas elecciones del 2018?
Si quiere, falta que pregunte el Comité, y luego ya puede responder.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Este Comité ha elaborado una serie de preguntas, cuya finalidad es, de alguna manera, asomarnos al conocimiento que por formación y actividad profesional tienen los aspirantes, y también un aspecto muy importante es el conocimiento del criterio sobre alguno de los tópicos específicos. Es el caso, entonces, de la pregunta, y se refiere a lo siguiente.
La legislación electoral contempla, por un lado, la existencia de infracciones y la específica en materia de delitos electorales, evidentemente la comisión de delitos.
En ese sentido, en materia de ilícitos electorales y en relación a la participación de los Ministros de Culto, en su opinión, cuándo se trataría de una infracción y cuándo de un delito.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Tiene usted la palabra, por 10 minutos, para dar respuesta a las preguntas.
EDUARDO ALFONSO GUERRERO MARTÍNEZ: Muchas gracias.
Ante la pregunta de la Presidente de la Comisión, me salió el exabrupto, estoy en contra de la compra del voto, sistemáticamente.
Y hablo yo, porque toda la geografía del país está gobernando un Partido, otro está gobernando otro Partido, y otro. Entonces, ese afán de conservar el poder, pudiera mover a muchas fuerzas políticas a la compra o a la coacción del voto, al recoger las credenciales para que otros hagan ese trabajo.
Y yo creo que el derecho humano fundamental de la democracia, es que cada quien elija lo que es su preferencia, su decisión, porque se juega su futuro. No un momentáneamente una despensa, se juega el futuro de México.
Por otro lado, qué haría yo, comentaba a tono de pregunta la senadora, de, en caso de llegar a la FEPADE, ¿una revisión?
En 1994 hicimos una Reforma Electoral, promovida desde el seno del Consejo General del IFE.
Un gran constitucionalista, como era Jorge Carpizo, asumió el reto, asumió el reto y sacamos una elección que fue harto difícil por la violencia política que se generó ese año.
En consecuencia, yo revisaría, todavía con poco tiempo la estructura de la FEPADE, ver cómo se puede reestructurar para garantizar que, transparencia, certeza, y sobre todo la paz social que genera cuando alguien comete un delito es consignado a las autoridades, y sobre todo sancionado por los tribunales.
Para eso necesitaremos una convocatoria al Poder Judicial de la Federación, para que asuma, con entereza, las denuncias que son presentadas a manera de carpetas de investigación y luego en las posteriores investigaciones, cuando está uno en el proceso del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Me preguntaba, del Comité Académico, sobre una infracción y un delito de un ministro de los cultos. Cuando un ministro del culto, desde el púlpito o desde donde él hace sus enseñanzas, exhorta a la población de que “este es el bueno”, “este color es el bueno”, está cometiendo un delito. Hay resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.
Y la infracción pudiera ser cuando en corto a una persona, que pudiera ser líder o no líder, por debajo pudiera estar haciendo alguna cosa de este estilo o permitir que al entorno de los núcleos donde se difunden las distintas fes, hay un registro en la Secretaría de Gobernación de muchísimas asociaciones religiosas, que en corto pudiera hacer algún señalamiento y no pudiera tener en un momento determinado, la plena comunicación con muchísima gente.
Para mí el delito sería, cuando desde el púlpito hiciera alguna alocución referente a la posibilidad de votar por un candidato o por un partido.
¿Qué es lo que sí tienen que hacer los ministros de los cultos?
Yo escuché que cuando teníamos el problema del H1N1, dijeron: “señores, vamos a suspender los cultos” o cuando “hay que ir a vacunar a los niños”. Creo que eso es en beneficio del país, lo otro sería en perjuicio porque nos estaríamos incluyendo en la conciencia religiosa de las personas y eso no se vale.
Por mí sería todo.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias por su participación en este proceso para la designación del nuevo titular de la FEPADE.
Le agradecemos su tiempo y su participación.
Teníamos, después de la presentación del siguiente participante, un receso de una hora.
Estamos proponiendo a los integrantes de la Comisión adelantar el proceso, derivado de que hemos ahorrado tiempo en la participación de los aspirantes; no ha llegado el siguiente y entonces vamos a hacer un receso de una hora, y nos reintegramos y terminamos con los que faltan.

References: artículo 20
 resolución 
 artículo 134
 resolución 
 Artículo 134
 Artículo 21
 artículo 16
 resolución