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Timestamp: 2018-07-20 10:38:39+00:00

Document:
Justicia y Transparencia - 04045-2015-PHD/TC
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/04045-2015-HD.pdf
EXP N° 04045-2015-PHD/TC
RAFAEL ELÍAS INGA Y OTRO
En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo se agrega el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión del pleno de fecha 11 de octubre de 2016.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Elías Inga y José Facundo Morales contra la resolución de fojas 81, de fecha 4 de mayo de 2015, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente la demanda de hábeas data.
Con fecha 5 de setiembre de 2014, don Rafael Elías Inga y don José Facundo Morales interponen demanda de habeas data contra don José del Carmen Ayala Pingo, en su calidad de secretario general del Sindicato de Trabajadores Minoristas de Pescado de Piura y Anexos (Sitminpep) a fin de que, en virtud de su derecho de autodeterminación informativa, se le entregue copia fedateada de los siguientes documentos:
Acta de la Asamblea General en la cual el emplazado fue elegido secretario general del Sitminpep.
Acta del Comité Electoral del año 2013.
Acta de los años anteriores en los que el emplazado fue secretario general del Sitminpep.
Vigencia del poder actual del emplazado.
Manifiesta que, mediante documento de fecha 21 de agosto de 2014, solicitó la información requerida; sin embargo, no se le ha otorgado dicha información hasta aquel momento.
Con fecha 13 de octubre de 2014, el demandado contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, ya que los documentos solicitados no son de carácter público, sino privado, por lo que solo pueden acceder a ello los afiliados al sindicato que cumplan con sus obligaciones sindicales, lo cual no ocurre en el presente caso, pues los demandantes están incumpliendo con cancelar puntualmente sus aportaciones como afiliados al sindicato.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura mediante Resolución 3, de fecha 28 de octubre de 2014, declaró improcedente la demanda, pues un sindicato no es una entidad de la Administración Pública conforme a lo establecido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que no se encuentra obligado a entregar la información solicitada.
La Sala superior confirmó la apelada y declaró improcedente la demanda en atención al hecho de que la pretensión no se encuentra dentro del supuesto de exigencia de información pública, dado que el Sitmimpep no brinda servicios públicos ni efectúa función administrativa. Asimismo, señala que no puede ampararse lo pretendido bajo el supuesto de tutela de la autodeterminación informativa, puesto que, si bien es cierto, conforme a lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente N.° 00202-2009- PHD/TC, cualquier persona puede solicitar información creada en torno a la actividad que realiza o realizó, en el presente caso, no se sabe si los recurrentes participaron en los actos cuyas copias desean obtener, ni tampoco desde cuándo son afiliados al sindicato.
1. De acuerdo con el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de su derecho, y que el demandado se ratifique en su incumplimiento o no lo conteste dentro del plazo establecido, al respecto advierte que ha sido cumplido por los accionantes conforme se aprecia de autos (fundamento 4).
2. A través del presente proceso, los demandantes solicitan que, en virtud de su derecho de autodeterminación informativa, se les entregue copia fedateada de los siguientes documentos:
3. El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, según los cuales:
4. Al respecto, cabe señalar que los sindicatos son organizaciones o asociaciones "integradas por personas que, ejerciendo el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de labores", se unen para alcanzar los mismos objetivos (cfr. sentencia recaída en el Expediente N.° 0008-2005-PI/TC, fundamento 28). Por lo tanto, los sindicatos no son entidades públicas ni se encuentran bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 043-2003-PCM. En esa línea, una demanda de hábeas data dirigida contra un sindicato debe enfocarse desde la perspectiva de si existe vulneración del derecho de autodeterminación informativa.
5. En el presente caso, los demandantes pretenden que se les entregue copia certificada de una serie de documentos relativos a la marcha institucional del sindicato del cual forman parte. En todo sindicato, los afiliados o los órganos que los representan adoptan acuerdos que se plasman en actas. Asimismo, la acreditación de la legitimidad para el ejercicio de labores de representación de los trabajadores sindicalizados (v. g., secretario general del sindicato), se logra a través de la existencia de un poder vigente. Por lo tanto, se trata de una información que atañe directamente a cualquier afiliado al Sitmimpep, pues obedece al ámbito de la marcha institucional que todo afiliado está en facultad de conocer, por lo que corresponde estimar la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho de autodeterminación informativa.
6. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el hecho de que los demandantes, según afirma el emplazado, no se encuentren al día en sus aportaciones, no significa ni debe significar un recorte a su derecho a la autodeterminación informativa. En cualquier caso, de la copia de los estatutos del Sitminpep (folios 16 a 33) no se aprecia qué efecto concreto acarrea el incumplimiento del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, pues el artículo 16 del estatuto se limita a mencionar que, en el citado supuesto, "(...) serán sancionados con amonestación, censura e inhabilitación para ejercer cargos directivos, separación y expulsión definitiva según sea el caso, de acuerdo a la determinación del órgano directivo sancionante (...)". En el caso de autos, no se acredita que los demandantes se encuentren sancionados en el ejercicio de sus derechos como afiliados.
7. Por consiguiente, el emplazado debe cumplir con entregar a los demandantes la información solicitada, asumiendo el pago que corresponda.
8. Finalmente, en atención a que se encuentra acreditada la vulneración del citado derecho constitucional, corresponde ordenar que la parte demandada asuma el pago de los costos y costas procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.
1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa.
2. ORDENAR al emplazado brindar la información requerida.
3. ORDENAR al emplazado el pago de costos y costas procesales a favor de los recurrentes.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 56