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Timestamp: 2020-07-14 21:48:38+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 1145/01 de Corte Constitucional, 31 de Octubre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615464
Expediente LAT-204
Revisión constitucional de la Ley 646 del 19 de febrero de 2001 "por medio de la cual se aprueban el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986)."
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el día 23 de febrero de 2001 copia auténtica de la Ley 646 del 19 de febrero de 2001 "por medio de la cual se aprueban el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983)" y el "Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986)."
"LEY No. 646 19 FEB. 2001
Por medio de la cual se aprueban el "CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986).
Vistos los textos de "CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), que a la letra dicen:
por Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, llamado en adelante Sistema Armonizado: la nomenclatura que comprenda las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las Reglas Generales para interpretación del Sistema Armonizado que figuran en el anexo al presente Convenio:
por nomenclatura arancelaria: La nomenclatura establecida según la legislación de una Parte contratante para la percepción de los derechos arancelarios a la importación;
por nomenclaturas estadísticas: Las nomenclaturas elaboradas por una Parte contratante para registrar los datos que han de servir para la presentación de las estadísticas del comercio de importación y exportación;
por nomenclatura arancelaria y estadística combinadas: La nomenclatura combinada que integra la arancelaria y la estadística, reglamentariamente sancionada por una Parte contratante para la declaración de las mercancías a la importación;
por Convenio que crea el Consejo: El Convenio por el que se crea el Consejo de Cooperación Aduanera, dado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950;
por Consejo: El Consejo de Cooperación Aduanera al que se refiere el apartado e) anterior;
por S. General: El S. General del Consejo;
por ratificación: La ratificación propiamente dicha, la aceptación o la aprobación
Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el artículo 4:
Las Partes contratantes se comprometen, salvo que apliquen las disposiciones del apartado c) siguiente, a que sus nomenclaturas arancelaria y estadística se ajusten al Sistema Armonizado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para cada Parte. Se comprometen, por tanto, en la elaboración de sus nomenclaturas arancelaria y estadística:
Utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado sin adición ni modificación, así como los códigos numéricos correspondientes;
A aplicar las Reglas generales para la interpretación del sistema Armonizado así como todas las Notas de las secciones, capítulos y subpartidas y a no modificar el alcance de las secciones, de los capítulos, partidas o subpartidas del Sistema Armonizado;
A seguir el orden de numeración del Sistema Armonizado;
las Partes contratantes pondrán también a disposición del público las estadísticas del comercio de importación y exportación siguiendo el código de seis cifras del Sistema Armonizado o, por su propia iniciativa, con un nivel más detallado, en la medida en que tal publicación no quede excluida por razones excepcionales, tales como el carácter confidencial de las informaciones de orden comercial o la seguridad nacional;
Ninguna disposición del presente artículo obliga a las Partes contratantes a utilizar las subpartidas del Sistema Armonizado en la nomenclatura arancelaria, siempre que respeten las obligaciones prescrita (sic) en los apartados a) 1oº., a) 2º., a) 3º., anteriores en la nomenclatura arancelaria y estadística combinada.
Respetando las obligaciones previstas en el apartado 1 a) del presente artículo, las Partes contratantes podrán introducir las adaptaciones de texto que sean indispensables para dar validez al Sistema Armonizado en relación con la legislación nacional.
Ninguna disposición del presente artículo prohibe a las Partes contratantes, crear, en su propia nomenclatura arancelaria o estadística, subdivisiones para la clasificación de mercancías a un nivel más detallado que el del Sistema Armonizado, siempre que tales subdivisiones se añadan y codifiquen a un nivel superior al del código numérico de seis cifras que figura en el anexo al presente Convenio.
Cualquier país en desarrollo que sea Parte contratante puede diferir la aplicación de una parte o del conjunto de las subpartidas del Sistema Armonizado, durante el tiempo que fuera necesario, teniendo en cuenta la estructura de su comercio internacional o sus posibilidades administrativas.
Cualquier país en desarrollo que sea Parte contratante y opte por la aplicación parcial del Sistema Armonizado de acuerdo con las disposiciones del presente artículo, se compromete a hacer lo necesario para aplicar el Sistema Armonizado completo con sus seis cifras en el período de cinco años que siga a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para dicho país o en cualquier otra fecha que estime necesaria, teniendo en cuenta las disposiciones del apartado 1 del presente artículo.
Cualquier país en desarrollo que sea Parte contratante y opte por la utilización parcial del Sistema Armonizado de acuerdo con las disposiciones del presente artículo aplicará todas las subpartidas de dos guiones de una subpartida de un guión o ninguna, o bien todas las subpartidas de un guión de una partida o ninguna. En estos casos de aplicación parcial, la sexta cifra o las cifras quinta y sexta correspondiente a la parte de código del Sistema Armonizado que no se aplique serán reemplazadas por "0" o "00", respectivamente.
Al convertirse en Parte contratante, cualquier país en desarrollo que opte por la aplicación parcial del Sistema Armonizado de acuerdo con las, disposiciones del presente artículo notificará, al S. General, las subpartidas que no aplique en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para dicho país y le notificará también las subpartidas que va a aplicar posteriormente.
Al convertirse en Parte contratante, cualquier país en desarrollo que opte por la aplicación parcial del Sistema Armonizado de acuerdo con las disposiciones del presente artículo podrá notificar, al S. General, que se compromete formalmente a aplicar el Sistema Armonizado completo con sus seis cifras en el período de tres años que siga a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio respecto de dicho país.
Cualquier país en desarrollo que sea Parte contratante y aplique parcialmente el Sistema Armonizado conforme a las disposiciones del presente artículo quedará exento de las obligaciones que impone el artículo 3 en lo que se refiere a las subpartidas que no aplique.
De acuerdo con el presente Convenio, se crea un comité denominado Comité del Sistema Armonizado, compuesto por representantes de cada una de las Partes contratantes.
El Comité del Sistema Armonizado se reunirá, en general, por lo menos, dos veces al año.
Las reuniones serán convocadas por el S. General y tendrán lugar en la sede del Consejo, salvo decisión en contrario de las Partes contratantes.
En el seno del Comité del Sistema Armonizado, cada Parte contratante tendrá derecho a un voto; sin embargo, a efectos del presente Convenio y sin perjuicio de cualquier otro que se concluya en el futuro, cuando una Unión aduanera o económica, así como uno o varios de sus Estados miembros sean Partes contratantes, estas Partes contratantes tendrán en conjunto un solo voto. Del mismo modo, cuando todos los Estados miembros de una Unión aduanera o económica que pueda ser Parte contratante según las disposiciones del artículo 11 b) sean ya Partes contratantes tendrán en conjunto un solo voto.
El Comité del Sistema Armonizado elegirá su P., así como uno o varios V..
El Comité redactará su propio reglamento por decisión de una mayoría de dos tercios de los votos de sus miembros. Dicho reglamento se someterá a la aprobación del Consejo.
El Comité invitará a participar en sus trabajos, si lo estima conveniente, con carácter de observadores, a organizaciones intergubernamentales u otras organizaciones internacionales.
El Comité creará, llegado el caso, subcomités o grupos de trabajo, teniendo en cuenta, principalmente, lo dispuesto en el aparado 1 a) del artículo 7 y determinará la composición, los derechos relativos al voto y el reglamento interno de dichos órganos.
Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 8, el Comité ejercerá las siguientes funciones:
proponer cualquier proyecto de enmienda al presente Convenio que estime conveniente, teniendo en cuenta, principalmente, las necesidades de los usuarios y la evolución de las técnicas o de las estructuras del comercio internacional.;
redactar notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios para la interpretación del Sistema Armonizado;
formular recomendaciones para asegurar la interpretación y aplicación uniformes del Sistema Armonizado;
reunir y difundir cualquier información relativa a la aplicación del Sistema Armonizado;
proporcionar, de oficio o a petición, informaciones o consejos sobre cualquier cuestión relativa a la clasificación de mercancías en el Sistema Armonizado a las Partes contratantes, a los Estados miembros del Consejo, así como a organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones internacionales que el Comité estime apropiadas;
presentar en cada sesión del Consejo un informe de sus actividades, incluidas las propuestas de enmiendas, notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios;
ejercer, en lo que se refiere al Sistema Armonizado, cualquier potestad o función que el Consejo o las Partes contratantes puedan juzgar convenientes.
Las decisiones administrativas del Comité del Sistema Armonizado que tengan implicaciones presupuestarias se someterán a la aprobación del Consejo.
El Consejo examinará las propuestas de enmienda al presente Convenio elaboradas por el Comité del Sistema Armonizado y las recomendará a las Partes contratantes de acuerdo con el procedimiento del artículo 16, salvo que un Estado miembro del Consejo que sea parte contratante del presente Convenio pida que todas o parte de dichas propuestas se devuelvan al Comité para un nuevo examen.
Las Notas explicativas, los Criterios de clasificación y demás criterios relativos a la interpretación del Sistema Armonizado y las recomendaciones encaminadas a asegurar la interpretación y aplicación uniforme del Sistema Armonizado que hayan sido redactados durante una sesión del Comité del Sistema Armonizado, conforme a las disposiciones del apartado 1 del artículo 7, se considerarán aprobadas por el Consejo si, antes de finalizar el segundo mes que siga al de la clausura de dicha sesión, ninguna Parte contratante del presente Convenio hubiera presentado al S. General una petición para que el asunto sea sometido al Consejo.
Cuando el Consejo deba ocuparse de un asunto de acuerdo con las disposiciones del apartado 2 del presente artículo, aprobará las citadas Notas explicativas, Criterios de clasificación y demás criterios y recomendaciones, salvo que un Estado Miembro del Consejo que sea Parte contratante del presente Convenio pida que se devuelva todo o parte al Comité para nuevo examen.
Cualquier diferencia entre las Partes contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio se resolverá, en lo posible, por vía de negociaciones directas entre dichas Partes.
Cualquier diferencia que no se resuelva por esta vía será presentada por las Partes en desacuerdo ante el Comité del Sistema Armonizado que la examinará y hará las recomendaciones pertinentes con vistas a su resolución.
Si el comité del Sistema Armonizado no puede resolver la diferencia, la presentará ante el Consejo que hará las recomendaciones pertinentes conforme al apartado 3 del artículo 3 del Convenio por el que se crea el Consejo.
Las Partes en desacuerdo podrán convenir por anticipado la aceptación de las recomendaciones del Comité o del Consejo.
Los Estados miembros del Consejo;
Las Uniones aduaneras o económicas a las que se haya transferido la competencia para concluir tratados sobre todas o algunas de las materias reguladas por el presente Convenio; y
Cualquier Estado al que el S. General dirija una invitación con este fin conforme a las instrucciones del Consejo.
Cualquier Estado o Unión aduanera o económica que cumpla las condiciones requeridas podrá ser Parte contratante del presente Convenio:
firmándolo sin reserva de ratificación;
depositando un instrumento de ratificación después de haberlo firmado a reserva de ratificación; o
adhiriéndose a él después de que el Convenio haya dejado de estar abierto a la firma.
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados y Uniones aduaneras o económicas a las que alude el artículo 11 hasta el 31 de diciembre de 1986 en la sede del Consejo en Bruselas. A partir de dicha fecha, estará abierto a la adhesión.
Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán ante el S. General.
El presente Convenio entrará en vigor el 1º. De enero que siga con un plazo mínimo de doce meses y máximo de veinticuatro meses - a la fecha en que un mínimo de diecisiete Estados o Uniones aduaneras o económicas a los que se alude en el artículo 11 anterior lo hayan firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado el instrumento de ratificación o de adhesión, pero nunca antes del 1º. De enero de 1987.
Para cualquier Estado o Unión aduanera o económica que firme el presente Convenio sin reserva de ratificación, que lo ratifique o que se adhiera al mismo después de haberse alcanzado el número mínimo requerido en el apartado 1 del presente artículo, el Convenio entrará en vigor el 1º. De enero que siga, - con un plazo mínimo de doce meses y máximo de veinticuatro meses- a la fecha en que, si no se precisa alguna más cercana, dicho Estado o dicha Unión aduanera o económica haya firmado el Convenio sin reserva de ratificación o haya depositado el instrumento de ratificación o de adhesión. Sin embargo, la fecha de entrada en vigor derivada de las disposiciones de este apartado no podrá ser anterior a la prevista en el apartado 1 del presente artículo.
Cuando un Estado llegue a ser Parte contratante del presente Convenio o posteriormente, podrá notificar al S. General que este Convenio se extiende al conjunto o a algunos de los territorios cuyas relaciones internacionales están a su cargo designándolos en la notificación. Esta notificación surtirá efectos el 1º. De enero que siga - con un plazo mínimo de doce meses y máximo de veinticuatro meses- a la fecha en que la reciba el S. General, salvo si se indica en la misma una fecha más cercana. Sin embargo, el presente Convenio no podrá ser aplicable a dichos territorios antes de su entrada en vigor respeto (sic) del Estado interesado.
El presente Convenio dejará de ser aplicable al territorio designado en la fecha en que las relaciones internacionales de dicho territorio dejen de estar bajo la responsabilidad de la Parte contratante, o en cualquier fecha anterior que se notifique al S. General en las condiciones previstas en el artículo 15.
El presente Convenio es de duración ilimitada. No obstante, cualquier Parte contratante podrá denunciarlo y la denuncia surtirá efectos un año después de la recepción del instrumento de denuncia por el S. General, salvo que se fije en el mismo una fecha posterior.
El Consejo podrá recomendar a las Partes contratantes enmiendas al presente Convenio.
Cualquier Parte contratante podrá notificar al S. General que formula una objeción a una enmienda recomendada y podrá retirarla posteriormente en el plazo indicado en el apartado 3 del presente artículo.
Cualquier enmienda recomendada se considera aceptada a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el S. General haya notificado dicha enmienda, siempre que al término de dicho plazo no exista ninguna objeción.
Las enmiendas aceptadas entrarán en vigor para todas las Partes contratantes en una de las fechas siguientes:
El 1 de enero del segundo año que siga a la fecha de notificación, si la enmienda recomendada fue notificada antes del 1 de abril.
El 1 de enero del tercer año que siga a la fecha de notificación, si la enmienda recomendada fue notificada el 1 de abril o posteriormente.
En la fecha contemplada en el aparato (sic) 4 del presente artículo, las nomenclaturas estadísticas de las Partes contratantes, así como la nomenclatura arancelaria o la nomenclatura arancelaria y estadística combinadas en el caso previsto en el apartado 1 c) del artículo 3, deberán estar ya de acuerdo con el Sistema Armonizado enmendado.
Debe entenderse que cualquier Estado o Unión aduanera o económica que firme el presente Convenio sin reserva de ratificación, que lo ratifique o que se adhiera ha aceptado las enmiendas que en la fecha en que dicho Estado o dicha Unión accedan al Convenio hayan entrado en vigor o hayan asido (sic) aceptadas de acuerdo con las disposiciones del apartado 3 del presente artículo.
respecto a la parte del Sistema Armonizado que aplique conforme a las disposiciones del presente Convenio; o
hasta la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para una Parte contratante conforme a las disposiciones del artículo 13, respecto a la parte del Sistema Armonizado que estará obligada a aplicar en dicha fecha de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio; o
respecto a todo el Sistema Armonizado, siempre que (sic) haya comprometido formalmente a aplicar el Sistema Armonizado completo, con sus seis cifras, en el plazo de tres años indicado en el apartado 5 artículo 4 y hasta la expiración de dicho plazo.
El S. General comunicará a las Partes contratantes, a los demás Estados signatarios, a los Estados miembros del Consejo que no sean Partes contratantes del presente Convenio y al S. General de Naciones Unidas:
Las notificaciones recibidas de acuerdo con el artículo 4;
Las firmas, ratificaciones y adhesiones que se contempla (sic) en el artículo 12;
La fecha en que el presente Convenio entre en vigor de acuerdo con el artículo 13;
Las notificaciones recibidas de acuerdo con el artículo 14;
Las denuncias recibidas de acuerdo con el artículo 15;
Las enmiendas al presente Convenio recomendadas de acuerdo con el artículo 16;
Las objeciones formuladas a las enmiendas recomendadas de acuerdo con el artículo 16, así como su eventual retirada;
Las enmiendas aceptadas de acuerdo con el artículo 16, así como la fecha de su entrada en vigor.
De acuerdo con el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas, el presente Convenio se registrará en la Secretaría de Naciones Unidas a petición del S. General del Consejo.
Dado en Bruselas, el 14 de junio de 1983, en lengua francesa e inglesa, dando fe ambos textos, en un solo ejemplar el cual se deposita ante el S. General del Consejo que remitirá copias certificadas a todos los Estados y a todas las Uniones aduaneras o económicas que se contemplan en el artículo 11.
El S. General del Consejo de Cooperación Aduanera certifica que la presente es copia fiel del original depositado en los archivos del Consejo de Cooperación Aduanera.
El apartado 1 del artículo 13 del Convenio Internacional del sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el 14 de junio de 1983 (denominado en adelante "Convenio") se sustituirá (sic) por el siguiente:
"1. El presente Convenio entrará en vigor el 1 de Enero que siga inmediatamente, después de tres meses por lo menos, a la fecha en que un mínimo de diecisiete Estados o Uniones (sic) aduaneras o económicas a los que se alude en el artículo 11 anterior lo hayan firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado el instrumento de ratificación o de adhesión pero no antes del 1 de enero de 1988".
El presente Protocolo entrará en vigor al mismo tiempo que el Convenio con la condición de que un mínimo de diecisiete Estados o Uniones aduaneras o económicas a las que alude el artículo 11 del Convenio hayan depositado el instrumento de aceptación del Protocolo ante el S. General del Consejo de Cooperación Aduanera. Sin embargo, ningún Estado o Unión aduanera o económica podrá depositar el instrumento de aceptación del presente Protocolo, sí previamente no ha firmado o no firma al mismo tiempo el Convenio sin reserva de ratificación, o no ha depositado o no deposita al mismo tiempo el instrumento de ratificación o de adhesión al Convenio.
Cualquier Estado o Unión aduanera o económica que llegue a ser Parte contratante del convenio después de la entrada en vigor del presente Protocolo de acuerdo con el apartado A (sic) anterior será contratante del Convenio enmendado por el Protocolo.
(Fdo.) M.F.C.S..
ARTICULO PRIMERO: Apruébanse el "CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986).
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS", dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS," dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), que por el artículo primero de esta Ley se aprueban, obligarán al País a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
M.E. ROSERO
Dada en Bogotá, D.C., a 19 FEB. 2001
M.L.R.D.R..
La doctora J.M.L.O., actuando en su calidad de apoderada especial del citado Ministerio, interviene en el proceso de la referencia para solicitar la declaratoria de exequibilidad de la ley, del Convenio y del Protocolo de Enmienda objeto de revisión, toda vez que señala que éstos se adecuan a lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución Política y cumplen los lineamientos establecidos en los artículos 189-2 y 150-16 ibídem.
2.1. El señor ministro, doctor J.M.S., participa en el proceso de la referencia y solicita se declare exequible la Ley 664 de 2001 "por medio de la cual se aprueban el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983)" y el "Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986)", en tanto que la Ley materia de examen respeta los principios específicos de las relaciones exteriores, establecidos en los artículos 3º, 9º, 93, 150-16, 189-2 y 6, 226 y 227 de la Constitución Política.
Para llegar a esa afirmación, el señor ministro hace un recuento histórico sobre la normatividad hasta ahora vigente en el manejo de la nomenclatura, para lo cual cita, entre otras normas, la Ley 8ª de 1973 Por medio de la cual se aprobó el Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina de Naciones- y la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Mediante la cual se aprobó el texto único de nomenclatura común de sus países miembros y que entró en vigencia el 1º de enero de 1996. que dispuso la utilización de la nomenclatura común de la NANDINA, a la que está ligado el Arancel de Aduanas de Colombia y que, por estar basada en el sistema armonizado, hace de éste la matriz del Arancel Nacional.
2.2. Adicionalmente, el doctor A.G.C., actuando como apoderado de este mismo Ministerio, interviene en el proceso para defender la constitucionalidad de la Ley 646 de 2001 sub examine.
En alusión específica de la Ley 646 de 2001, manifiesta que la encuentra conforme con el trámite propio que se da a las leyes aprobatorias en el Congreso, y en su contenido estima el respeto otorgado a los principios constitucionales de soberanía (art. 3º), autodeterminación (9º), equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (arts. 226 y 227) como instrumentos para promover y consolidar la integración económica (art. 150, num. 16), representación del Estado en cabeza del P. de la República, a quien compete dirigir las relaciones internacionales y celebrar tratados y convenios con otros Estados y entidades de derecho internacional (art. 189, num. 2º).
3.1. El señor Viceministro encargado de las funciones del despacho de este Ministerio, doctor S.R.A., interviene para justificar la constitucionalidad de la Ley 664 de 2001 aprobatoria de los instrumentos bajo estudio.
Brevemente se refiere a los antecedentes del Convenio y del Protocolo de Enmienda, así como a su contenido, e indica que dichos instrumentos cumplieron "con los lineamientos establecidos en los artículos 189-2 y 150-16" de la Constitución Política. También afirma que con ellos se busca facilitar el comercio internacional, por lo que armonizan con los artículos 226 y 227 de la Carta Política, y logran de ese modo desarrollar los principios y directrices establecidos en el mismo ordenamiento.
3.2. El doctor A.P.A., actuando en nombre y representación del Ministerio, toma parte en el proceso de la referencia, con el fin de defender la constitucionalidad de la Ley 646 de 2001, en tanto que estima que cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 189, numeral 2º y 150, numeral 16 de la Constitución Política.
De otra parte, en la Vista fiscal se manifiesta que el P. de la República, en ejercicio de la facultad que le otorga la Constitución Política (art. 189, num. 25 en concordancia con el 150 num. 19, lit. c), y de acuerdo con las necesidades de la economía del país, puede, como lo ha hecho, adoptar nomenclaturas que permiten la codificación y descripción de mercancías. Y que, de conformidad con el artículo 150, num. 16 superior, dicha facultad puede ser transferida a organismos de carácter internacional, para promover o consolidar la integración económica con otros Estados. Según lo advierte, el Estado colombiano puede transferir parcialmente determinadas facultades como la que desarrollan los instrumentos internacionales bajo estudio. Ante los avances de la globalización, es altamente conveniente para el Estado facultar a un organismo internacional como la Organización Mundial de Aduanas para que adopte un sistema Armonizado de Codificación y Descripción de mercancías. Así las cosas, una vez se produzca la adhesión del Estado colombiano a los instrumentos en estudio se podrá utilizar la nomenclatura mayormente aceptada por los Estados, al paso que en el nivel interno quedaría con un único sistema que evite confusiones y costos en operaciones nacionales.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad del "Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983)" y del "Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986)", así como de la Ley 646 del 19 de febrero de 2001 que los aprueba, toda vez que el control que ejerce la Corte sobre estos jurídicos es integral, pleno y automático.
Examen de constitucionalidad del Convenio, el Protocolo de Enmienda y de su ley aprobatoria
Con base en los documentos allegados al expediente, se pudo determinar que el P. de la República, Dr. A.P.A., en su calidad de Jefe de Estado, dio la aprobación ejecutiva al Convenio y al Protocolo de Enmienda objeto de estudio y ordenó someterlos al respectivo trámite legislativo ante el Congreso de la República, el 21 de julio del año 1999, con el fin de dar inicio al trámite de aprobación interna para la adhesión a dichos instrumentos internacionales, toda vez que el Estado colombiano no participó en la etapa de negociación de los mismos, ni en su suscripción. Por esta razón, la Corte no procederá a realizar un pronunciamiento sobre la representación del Estado colombiano en la negociación y celebración del respectivo acuerdo, así como sobre la competencia de los funcionarios que intervinieron.
Sin embargo, debe mencionarse que en el Convenio Internacional que ocupa la atención de la Corte, en los artículos 12 (nums. 2 y 3) y 13 (num.1) da cuenta de la posibilidad de que los Estados puedan obligarse a través del mismo manifestando su consentimiento mediante la respectiva adhesión, de conformidad con las normas y principios del derecho internacional establecidas en la Convención de Viena de 1969 (arts. 11 y 15) sobre el Derecho de los Tratados entre Estados Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985., lo que se encuentra conforme con nuestra Carta Política (art. 9o.)
2.1.2.2. El primer debate al mencionado proyecto de ley se surtió ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, con base en la ponencia puesta en conocimiento de los señores Senadores de conformidad con el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992 Según autorización otorgada por el entonces P. de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República y constancia de entrega de documentos de esa Comisión del 16 de mayo de 2000 ( documentos allegados al expediente y contenidos en los folios 519 -523)., el día 16 de mayo de 2000 y, posteriormente, publicada en la Gaceta del Congreso, Año IX No. 149 del 18 de mayo de 2000 (págs. 3 y 4). El proyecto de ley fue aprobado unánimemente mediante quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores miembros de la Comisión, el día 17 de mayo de 2000, según consta en el Acta No. 29 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso, Año IX No. 397 del 29 de septiembre de 2000 (pág. 4) y en la certificación expedida por el secretario general de la misma el 23 de marzo de 2001.
2.1.2.4. Radicado el proyecto de ley en mención en la Cámara de Representantes, con el número 029/00-Cámara, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer debate, con base en la ponencia puesta en conocimiento de sus miembros según el trámite autorizado en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992 Según autorización otorgada por el entonces presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y el control de entrega de documentos del 6 de octubre de 2000 (Certificación del S. General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que reposa en el expediente a folios 527-528). y posteriormente publicada en la Gaceta del Congreso Año IX No. 423, del 18 de octubre de 2000, (pág. 4 y 5). Dicho proyecto de ley fue aprobado con la asistencia de 15 representantes y en forma unánime, en sesión del 11 de octubre de 2000, según constancia suscrita por el secretario general de esa Comisión el 29 de marzo de 2001.
2.1.2.6. El día 19 de febrero de 2001, el P. de la República, D.A.P.A., sancionó la ley aprobatoria del Convenio y del Protocolo de Enmienda objeto de revisión, bajo el número 646 de 2001 y la remitió a la Corte Constitucional para su revisión. Esta fue recibida el día 23 de febrero de ese mismo año, dentro del término máximo de 6 días señalados para el efecto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política.
Según lo consideran y manifiestan las Partes contratantes, la evolución de las técnicas y estructuras del comercio internacional y el grado de detalle requerido por los gobiernos y los medios comerciales para fines arancelarios y estadísticos determinan la necesidad de efectuar modificaciones al Convenio de la Nomenclatura para la clasificación de mercancías en los aranceles de aduanas (dado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950). Para dar respuesta a las necesidades aludidas a través de una nomenclatura arancelaria y estadística combinada que pueda ser usada en el comercio internacional, las Partes contratantes acuerdan expedir el presente convenio para incorporar dicho Sistema Armonizado a los sistemas comerciales de designación y clasificación de mercancías. De esta manera, esperan favorecer el establecimiento de una correlación entre las estadísticas del comercio de importación y exportación y las estadísticas de producción, en tanto que "debe mantenerse una estrecha correlación entre el Sistema Armonizado y la Clasificación uniforme para el comercio internacional de Naciones Unidas".
Ahora bien, el clausulado que integra el Convenio desarrolla los presupuestos generales fijados en el Preámbulo. Efectivamente, se establecen una serie de definiciones que rigen la aplicación del mismo, relacionadas con el Sistema Armonizado, la nomenclatura arancelaria, las nomenclaturas estadísticas, la nomenclatura arancelaria y estadística combinadas, el Consejo de Cooperación Aduanera, el S. General y lo que debe entenderse por ratificación del Convenio (art. 1o.). Así mismo, se extiende al anexo del Convenio, como parte integrante del mismo, toda referencia establecida para éste (art. 2o.) y se estipulan las obligaciones de las Partes contratantes, entre las cuales se destaca el compromiso de las mismas de ajustar sus nomenclaturas arancelaria y estadística al Sistema Armonizado a adoptar, a partir de la fecha de entrada en vigor del instrumento internacional para cada Parte, así como de introducir ajustes indispensables para dar validez al Sistema en relación con la legislación nacional (art. 3o.).
El texto del articulado del Convenio hace especial énfasis en garantizar a las Partes contratantes que las mismas no asumen ningún compromiso en relación con el "tipo de los derechos arancelarios" (art. 9o.). Se dispone, igualmente, que la resolución de las diferencias que surjan entre dichas Partes sobre la interpretación o aplicación del Convenio, se hará preferiblemente mediante negociaciones directas entre ellas o, de lo contrario, con la intervención tanto el Comité del Sistema Armonizado como del Consejo, para que formulen las recomendaciones pertinentes en aras de alcanzar un acuerdo (art. 10o.).
Es importante resaltar que podrán ser Parte contratante los Estados miembros del Consejo, las Uniones aduaneras o económicas que tengan competencia para concluir tratados sobre todas o algunas de las materias reguladas por el Convenio o los Estados invitados por el S. General conforme a las instrucciones del Consejo (art. 11o.). El procedimiento para constituirse en Parte contratante contempla desde la firma sin reserva de ratificación, el depósito de un instrumento de ratificación después de la firma a reserva de ratificación y la adhesión a partir del momento en que el Convenio deje de estar abierto para la firma (hasta el 31 de diciembre de 1986) (art. 12), este último mecanismo que sería el utilizado por el Estado colombiano.
Los artículos subsiguientes y finales del Convenio se refieren a su entrada en vigor (art. 13o.), a la aplicación por los territorios dependientes (esto es al conjunto o algunos de los territorios cuyas relaciones internacionales están a cargo de una Parte contratante, art. 14o.), a la facultad de denuncia de las Partes contratantes (art. 15o.), al procedimiento de enmienda (art. 16o.), a los derechos de las partes contratantes con respecto al Sistema Armonizado (art. 17o.), a la prohibición de efectuar reservas al Convenio (art. 18o.), a las notificaciones que deberá efectuar el S. General para la ejecución del Convenio (art. 19o.) y al registro del Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas (art. 20o.).
Igualmente, el clausulado del Convenio sub examine tiene respaldo en aquellos cánones constitucionales que reconocen al P. de la República la dirección de las relaciones internacionales (CP, art. 189-2), frente a compromisos que guiarían al Estado colombiano a desarrollar, agilizar, tecnificar y facilitar su comercio exterior. Es de reiterar que según el ordenamiento superior colombiano, el P. de la República, como suprema autoridad administrativa y jefe de Estado, puede modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas así como regular el comercio exterior, de conformidad con los objetivos y criterios que le fije el Congreso de la República, por razones de política comercial, en la respectiva ley marco (CP, arts. 189-25 y 150-19-c).
Sin embargo, debe aclararse que la prohibición que se establece en el artículo 18 del Convenio, en cuanto a la formulación de reservas al articulado, debe indicarse que ésta no contradice la Norma Fundamental, pues en otras oportunidades, la Corte Vid. Sentencias C-154 de 1999 y C-991 de 2000, entre otras. ha señalado que "la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su formación o que posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores". En el presente caso tal disposición es aplicable en el Convenio sub examine a todas las Partes contratantes, lo que concuerda con los principios de igualdad, equidad y reciprocidad en que se funda en Colombia la celebración de los tratados (CP, art. 227).
Efectivamente, el Estado colombiano forma parte de la Organización Mundial de Aduanas -OMA, por disposición de la Ley 10 de 1992 que aprobó el Convenio que creó en ese momento el Consejo de Cooperación Aduanera En la actualidad Organización Mundial de Aduanas - OMA., firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950. El objetivo del mismo es el de garantizar "el más alto grado de armonía y uniformidad" en los sistemas aduaneros de los gobiernos signatarios de dicho Convenio y en especial "el estudio de problemas inherentes al desarrollo y al progreso de la técnica aduanera y a la legislación aduanera relacionada con la misma".
Vista desde otra perspectiva política y económica la comentada adhesión al Convenio sub examine, ésta llevaría a reafirmar en un ámbito internacional, mucho más amplio, las decisiones adoptadas en el marco de la integración andina, en un verdadero propósito integracionista con las demás naciones del orbe. En efecto, a través de la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Acuerdo aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 8ª de 1973. (hoy en día la Comunidad Andina de Naciones) se aprobó el texto único de la Nomenclatura Común para los países miembros del Acuerdo de Cartagena (denominada NANDINA), el cual entró en vigencia el 1° de enero de 1996. Dicha nomenclatura se utiliza como base de las estadísticas de comercio exterior de los países miembros, así como para cualquier otro instrumento que se establezca en relación con el comercio intrasubregional o internacional (arts. 1o. y 2o.). Los países miembros recurren al uso de la NANDINA como sustento de la elaboración de sus Aranceles Nacionales, respetando en su integridad el conjunto de reglas interpretativas, notas legales, notas complementarias, textos de partidas y de subpartidas y códigos de ocho dígitos que la componen (art. 3o.).
Como resultado de lo anterior, el Arancel de Aduanas colombiano se ajusta a la Nomenclatura Común de la NANDINA, la que a su vez tiene fundamento en el Sistema Armonizado que contiene el Convenio puesto a consideración de la Corte, "hecho [que] constituye un argumento contundente para que el país se adhiera al Convenio sobre el Sistema Armonizado", como se asevera en la exposición de motivos Gaceta del Congreso No. 417, del 8 de noviembre de 1999, p. 5. que acompañó al proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Convenio en estudio, ya que con la respectiva adhesión, el Estado colombiano se convertiría en destinatario de mayores ventajas, como en efecto ocurriría en materia de asistencia técnica para la capacitación y formación de personal, en los términos previamente mencionados, así como la posibilidad de contar con las atribuciones de país miembro del Convenio para el desarrollo de los objetivos que persigue el mismo.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES el "Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983)" y el "Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986)."
Tercero.- Ordenar la comunicación de la presente sentencia al P. de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.
Revisión Constitucional de la Ley 646 de 2001, "por medio de la cual se aprueban el `el Convencio Internacional del Sistema Armonizado de designación y Codificación de mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986)".
Los suscritos magistrados nos apartamos de la decisión mayoritaria de la Corte Constitucional. Respetuosa pero objetivamente, exponemos los motivos de nuestra discrepancia. Consideramos que esta Corporación avaló nuevamente la aprobación de otro tratado internacional, sin que se hubiera publicado previamente el informe de ponencia respectivo en la Gaceta del Congreso, indispensable para darle primer debate y decidir acerca de la aprobación del tratado (Ley 5ª de 1992, art. 157). Como se observa en el aparte denominado "2.1.2. Trámite legislativo para la expedición de la Ley 646 de 2001", en el último párrafo de la página 19 de la Sentencia de la cual nos apartamos, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el día diecisiete (17) de mayo de 2000, mientras que el informe de ponencia para dicho debate fue publicado sólo hasta el día siguiente en la Gaceta del Congreso No. 149, pp. 3-4. El motivo que nos lleva a salvar nuestro voto en esta oportunidad es exactamente igual al que nos llevó a hacerlo en la Sentencia C-953 de 2001, y por ese motivo transcribimos in integrum los argumentos esbozados en dicha oportunidad.
de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 13 de Mayo de 1997

References: artículo 4
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 4
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 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
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 artículo 102
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 150
 artículo 241
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 241
 resolución 
 artículo 18
 artículo 241