Source: http://www.eumed.net/rev/sg/03/eid.htm
Timestamp: 2018-05-27 17:45:58+00:00

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Directora de las Licenciaturas en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política de la Universidad Abierta Interamericana (Sede Rosario)
elsa.dalmasso@vaneduc.edu.ar
La posibilidad de estar representado políticamente, o de gobernar por medio de sus representantes, es un derecho fundamental, amparado constitucionalmente en casi todos los estados modernos. Sin embargo, la forma republicana representativa de gobierno, en muchos estados actuales, amerita una reflexión sobre la legitimación y la eficacia de ese derecho. En la actualidad los medios de comunicación masiva se erigen en nexo entre representados y representantes, coadyuvando al ejercicio cívico de los ciudadanos
Representación, Derecho Fundamental, Representado, Ciudadano, Representante.
The opportunity to be represented politically, or to govern through their representatives, is a fundamental right, constitutionally protected in almost all modern states. However, the republican form of representative government, in many states today, it warrants a discussion on the legitimacy and effectiveness of that right. At present the media set themselves up as a link between representatives and represented, contributing to the exercise of civic citizens
Representation, Fundamental Right, Represented, Citizen, Representative.
A capacidade de se fazer representar politicamente, ou a governar através de seus representantes, é um direito fundamental, constitucionalmente protegido, em quase todos os Estados modernos. No entanto, a forma republicana de governo representativo em muitos estados, hoje, merece uma discussão sobre a legitimidade e a eficácia desse direito. Atualmente, os meios de comunicação podem se definir como um vínculo entre representantes e representados, contribuindo para o exercício de civismo dos cidadãos.
Representação – Direito Fundamental – Representado – Cidadão – Representante
El concepto de representación está relacionado con la idea de democracia así como a las ideas de justicia y libertad. Sin embargo, en el transcurso de su historia, tanto el concepto como la práctica, poco tuvieron que ver con la democracia y la libertad.
Las constituciones modernas han organizado sus Estados en la forma representativa de gobierno y tanto se ha valorizado el concepto de representación que ha pasado a ser la forma generalizada de participación popular. Así es que prácticamente se ha reducido la garantía de participación de la cosa pública a la garantía de estar representado.
En la actualidad se puede observar un déficit generalizado en la práctica de este derecho. A punto tal que la representación política parece haber quedado reducida a una simple delegación de derechos, sin posibilidad de que los verdaderos titulares de esos derechos (los ciudadanos) puedan otorgar un mandato y solicitar rendición de cuentas por la gestión del apoderado.
Esta crisis de la representación política ha hecho aparecer un nuevo actor como mediador entre representante y representado: la mass media.
I. La representación como garantía del Derecho Fundamental de participación
La Constitución Argentina encabeza las Declaraciones, Derechos y Garantías, expresando en el artículo primero que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal…”, reforzando en el artículo 22 que “…el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades…”. Para dar un ejemplo de una Constitución europea, la Constitución española, en el artículo 23, garantiza el derecho de parti-cipación de este modo: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal…”. Casi todo el constitucionalismo moderno garantiza la participación de la ciudadanía en el gobierno a través de sus representantes.
De esta manera, el “estar representado” se cataloga como un Derecho Fundamental amparado por la máxima legislación, pero cabe analizar si este derecho está legitimado por el actor individual –el representado– y si realmente este instituto goza de la eficacia que ostenta.
Existen evidencias, en la actualidad y en la mayoría de los países, sobre la desconfianza instaurada en la ciudadanía hacia los partidos políticos, convertidos en el canal monopolizador de la representación política, demostrando que ésta encuentra reducida su legitimación sólo respecto de quién gobierna, pero no respecto del qué o del cómo. Esta fragilidad se ha ido acrecentando, llegando a afectar la certidumbre sobre quién es el representante. Un ejemplo claro de esto son las llamadas “candidaturas testimoniales”1 que se implementaran en las elecciones legislativas de Argentina en junio de 2009. Hecho que le ha quitado la necesaria legitimación al concepto de representación política.
Como derecho fundamental, debería gozar de las garantías que implican su ejercicio, sin embargo parece que todos los derechos han sido concedidos al representante, dejando de lado la figura del titular de este derecho, que es el ciudadano representado.
A partir de la desnaturalización del concepto de representación política, se debe pensar en la modificación o la reglamentación del instituto. No alentar su desaparición sino en su transformación, acompañada de una remodelación de los partidos políticos (si se los cree necesarios), de modo que puedan garantizar este derecho, comenzando esencialmente a dirigir la atención a la sociedad, como protagonista de una democracia participativa e interactiva, capaz de sentirse representada y con derecho a exigir rendición de cuentas sobre el cumplimiento del mandato otorgado.
II. El concepto de “representación” a través de la historia
Los antiguos griegos carecían de una palabra similar para denominar algunos actos que podrían compararse a un tipo de representación, que no era la política. Los romanos disponían de la palabra “representare” de la cual deriva “representación”, mas no la aplicaban aún a seres humanos que actúan por otros, o a sus instituciones políticas. Tales usos comienzan a hacer su aparición en los siglos XIII y XIV, en el latín y más tarde en el inglés, a medida que comenzaron a ser enviadas personas a participar de los Concilios de la Iglesia o al Parlamento. En un principio, lejos de ser considerado un privilegio o un derecho, la presencia en el parlamento era una carga y sólo con el paso del tiempo, la representación parlamentaria comienza a ser considerada un mecanismo de promoción de los intereses locales, como un control sobre el poder del rey.
Ya en el siglo XVII la representación había llegado a ser uno de los sagrados derechos tradicionales de los ingleses, por el que valía la pena luchar y, a partir de las Revoluciones Francesa y Americana, se transformó en uno de los “Derechos del Hombre”.
A partir de esos hechos históricos “representación” comienza a significar “representación popular”, guardando estrecha relación con la idea de auto-gobierno y con el derecho que cada hombre tiene de decir lo que piensa. Es así como llegó a encarnarse en las actuales instituciones.2
Thomas Hobbes ofrece un completo desarrollo de su significado, en el capítulo XVI de su obra sobre política Leviathan, sosteniendo que un representante es alguien autorizado para actuar, mientras que el representado se hace responsable de las consecuencias de esa acción. Se trata de una perspectiva muy a favor del representante, al que sus derechos le han sido ampliados y sus responsabilidades menguadas y, como contrapartida, el representado ha aumentado sus responsabilidades y ha renunciado a algunos derechos. También sostiene Hobbes que todo gobierno es representativo, en la medida que representa a sus individuos. Debe tenerse en cuenta que esta ficción del soberano autorizado por el pueblo para actuar en su nombre, fue pensada por este autor como una forma de legitimar el poder laico y garantizar el sistema monárquico, que él defendía: como única forma de que una sociedad pueda vivir en paz y en contra de la democracia, que la consideraba propia del “estado natural de los hombres”.
Para Edmund Burke la representación política es la representación del interés y ese interés posee una realidad objetiva, impersonal y desvinculada. Los representantes para este pensador son un grupo de elite que descubren y decretan lo que es mejor para la Nación. Son una “elite genuina”, “una aristocracia natural”, “una parte esencial e integral de cualquier gran cuerpo correctamente constituido” porque la masa del pueblo es incapaz de gobernarse a sí misma, dado que no está hecha para pensar o actuar sin guía ni dirección. Burke plantea “el interés” de la sociedad, en sentido amplio, no refiriéndose al simple interés subjetivo, resultando más importante que el formal, porque el pueblo puede equivocarse en su elección, pero los intereses basados en el sentido común, no. Sin embargo reconoce que la representación virtual (basada en el interés común) no puede tener una existencia larga o segura si no tiene un basamento en la representación real (por la elección).
Los teóricos del liberalismo opinaban que la representación era de “individuos” antes que de órganos corporativos, “intereses” o clases. En armonía con el individualismo existente en su perspectiva económica, la representación debía fundamentarse en personas racionales, independientes e individuales.
John Stuart Mill considera que el verdadero interés de cualquier hombre es su participación en el interés público y cuando persigue su interés egoísta está mal aconsejado, dado que es un “interés aparente”. Su interés “real”, en cambio, es de amplio registro, remoto, difícil de percibir, no sabe lo que será mejor para él, por lo tanto le incumbe, como votante, someterse a la sabiduría superior de sus representantes.
Rousseau, que rechaza la representación legislativa, se basa en que “es imposible querer por otros”, puede sí, “querer en lugar de otros”, lo que significaría una “representación formalista”, de la que no existe ningún motivo para suponer que la voluntad del representante vaya a coincidir con la voluntad del representado. Consecuentemente “tener la voluntad de alguien sustituida por la de otro” significa, simplemente, estar dominado por otro. La crítica de Rousseau, implica una contraposición entre “legitimidad” y “representación”, dado que esta última se asienta en el principio de la voluntad general, pero que prácticamente se puede convertir en criterio legitimador de la voluntad particular de los representantes.
Sin hacer juicio de valor, Max Weber, desde la sociología, sostiene que por “representación” se quiere significar que “la acción de algún miembro del grupo es imputada al resto, que considera dicha acción como legítima y vinculante para ellos”
Con esta rápida visión sobre el concepto de “representación” de diversos teóricos, se podrá observar que cada uno construyó dicho concepto de acuerdo al paradigma imperante y los intereses del momento histórico que le tocó vivir. Sin embargo esas concepciones ideológicas no difieren de las que imperan en la actualidad. Lo que llevaría a una primera y rápida apreciación sobre la eficacia del instituto. Sin embargo, por el hecho de que la representación política haya llegado hasta nuestros días, si bien demuestra su eficacia formal, no garantiza su legitimación desde los aspectos sociológicos y axiológicos.
III. La representación política en la actualidad
Representar significa hacer “presente” algo que no está presente; en un sentido literal: lo ausente. Existe siempre en la representación una tensión entre “ausencia-presencia” que sólo puede atenuarse en la medida que exista un pleno entendimiento entre ambos extremos a nivel relacional.
La etiqueta de “representante político” parece invitar a una apreciación crítica: ¿Es una ficción? ¿Es una fórmula vacía? ¿O es realmente la sustancia de la representación democrática?
El representante político actual, que es un legislador electo, no representa a sus votantes en cualquier asunto, ni tampoco lo hace por sí mismo aisladamente, sino que trabaja con otros representantes en un contexto institucionalizado y en una tarea específica –el gobierno de una Nación o de un Estado subnacional: provincial, municipal o regional– y en este punto general-mente aparecen conflictos entre intereses locales y generales.
No puede desconocerse, tampoco, que el representante moderno actúa dentro de una elaborada red de presiones, demandas y obligaciones.
En primer lugar, el representante político tiene un electorado y si es difícil determinar y representar los intereses o los deseos de un solo individuo, es infinitamente más difícil determinar y satisfacer los de miles de individuos, que a su vez pueden tener diversos intereses en conflicto.
En segundo lugar, y en el mejor de los casos, es un político profesional, un miembro de un partido político que debe ser sensible a su partido político y a diversos grupos e intereses públicos y privados.
En tercer lugar, el representante tiene sus opiniones y perspectivas, sintiendo que algunas medidas son intrínsecamente erróneas, inmorales o indeseables. Sus propias opiniones, incluso, pueden estar en cierta medida formadas por los líderes del partido o por otros colegas. Además, como miembro del legislativo, ocupa un cargo público al que corresponden ciertas obligaciones y expectativas.
Podría decirse, siguiendo a Fenichel Pitkin3 que en la actualidad “…representación significa actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos”. Sin embargo la realidad indica que por el mero hecho de que se esté dentro de un sistema representativo, no es garantía de que el ciudadano elector esté representando verdaderamente. Por esto, cuando el representado es el pueblo con su pretensión de tener voz y voto en los intereses que le atañe, llega a ser tan relevante que el representante debe perseguir siempre los intereses de los electores, por encima de sus compromisos o intereses.
Las primordiales preguntas que deben hacerse, entonces, tenderían a esclarecer si el representante conoce acabadamente los intereses y la problemática de sus representados y si existe comunicación entre los representados y el representante electo, para que pueda cumplir con las expectativas del elector. Todo parece indicar que no, pues el desarrollo democrático que culminó con la universalidad del sufragio se está enfrentando con un conjunto de obstáculos, que en su génesis no habían sido previstos,4 como ser:
- Expansión de circuitos tecnocráticos de decisión ajenos a la participación ciudadana.
-Burocratización y opacidad de las esferas públicas.
- Deficiencias en las instituciones democráticas para dar respuesta a las demandas de la sociedad civil.
- Los partidos políticos que en lugar de ser simplemente intermediarios que traducen a nivel estatal la voluntad política de la sociedad, se han ido convirtiendo en auténticos mu- ros de separación entre los electores y los elegidos.
- La sociedad de nuestros días, con gran volumen de información, no considera satisfacto- rio limitarse a optar entre lo que se le ofrece, sin participar en la opción de la oferta. Se pudo observar que la tendencia, al finalizar el siglo XX, ha sido entender la representatividad de las llamadas democracias indirectas como algo mítico e ilusorio. Apareciendo los medios de comunicación masiva como vínculos que permiten un nexo entre los representados y sus representantes.
La canalización, cada vez más frecuente, de las necesidades de la sociedad a través de programas televisivos o radiales, se ha convertido en la manera más eficaz de conseguir alguna respuesta de parte de los representantes políticos.
La mass media, como instrumento de reclamo y mediación entre el plano de la sociedad y el del Estado, desvirtúa la exigencia rousseauniana de libertad individual traducida en comunidad de intereses o de la comunicación entre representados y representantes en una democracia participativa, a través de la ética del discurso, como sugiere Habermas. Encontrándonos ante la paradoja de haber convertido a los medios de comunicación en los representantes no electos ante el poder, que está conformado precisamente por los representantes elegidos. Debiéndose tener conciencia, además, que las mayorías representadas también quedan desvirtuadas, dado que no todos los sectores ven reflejados sus intereses por los medios.
El concepto de representación política se configura, así, como una continua tensión entre el ideal y el logro. Sin embargo esta tensión no debería llevar a abandonar el ideal, retrocediendo a una definición operativa que acepta todo lo que hacen aquellos que comúnmente son designados como representantes, ni a abandonar su institucionalización y escapar de la realidad política. Esa tensión debe fundar el desafío de entrenar a individuos de forma tal que se comprometan en la consecución del interés público, en la genuina representación del ciudadano elector. Para que esto sea posible debe existir –como Habermas plantea5– una necesaria y verdadera comunicación entre el elector y sus representantes, que permita dar validez a la teoría de la representación política.
En la Constitución Argentina, los nuevos derechos y garantías incorporados en la reforma de 1994, introducen una serie de artículos de sentido programático –art. 36 a 43–. Específicamente en el artículo 36 in fine se indica que el Congreso sancionará una ley sobre ética para el ejercicio de la función pública, pero el déficit permanece y no existen voces que reclamen. Para Habermas6 esa carencia relacional entre representante y representado queda facilitada por la menor expectativa que el ciudadano tenga de sentirse presente ante el Estado.
Este déficit se puede llegar a entender si se analiza históricamente este instituto por tres razones fundamentales:
1. Tendencia a resolver la relación jurídica de representación en mera ideología, exenta de efectivo contenido jurídico-relacional:
Enfocado desde la realidad, nos queda la evidencia de que, en el mandato de representación, queda impedida la posibilidad de que el elector intervenga de algún modo en la fijación de los contenidos, quedando diluida su identidad en el común de la Nación. No está previsto ningún tipo de contacto o control intermedio o posterior tutelado por el Derecho y queda sin fijarse la responsabilidad del representante, es decir no existe la forma de que éste vuelva de alguna forma a sus representados.
En la Constitución Argentina, los nuevos derechos y garantías incorporados en la reforma de 1994, introducen una serie de artículos de sentido programático –art. 36 a 43–. Específicamente en el artículo 36 in fine se indica que el Congreso sancionará una ley sobre ética para el ejercicio de la función pública, pero el déficit permanece y no existen voces que reclamen. Quedando planteada, entonces, la tensión existente entre un discurso de ideología relacional y una realidad construida de espaldas a la idea de relación.
2. Tendencia a identificar reductivamente “representación” con “poder”
En la Edad Media la representación adoptó la disposición trilateral, los representantes que recibían el mandato o apoderamiento de unos representados para que actuasen su representación ante el Monarca, que significaba el “poder”.
En la Modernidad, cuando la burguesía plantea su acceso al poder, se planteó como una pugna entre el Parlamento, constituido en representación nacional y la Corona, a la que aquél disputa su soberanía.
En la actualidad los representantes, especialmente los oficialistas, no actúan “frente al poder” tratando de limitarlo, sino que, por sucesión, “son el poder”. Es decir que con el Parlamento actual la representación ha perdido su sentido triangular, propio de la Edad Media, para fundir en un solo lado “representación” y “poder”, dado que los representantes pasan a ser simultáneamente la representación como ciudadanos y el poder ante el cual la ciudadanía tendría que estar representada.
Sartori,7 hablando sobre los sistemas parlamentaristas, dice que “…estamos ante un hecho embarazoso: se ha llegado a un punto en el cual un órgano representativo acaba por representar a alguien (al pueblo, a la Nación) ante sí mismo. Aunque esto se ve un poco más atenuado en los sistemas presidencialistas, es difícil que los representantes detentadores del poder elaboren sus propias limitaciones”.
3. Tendencia a entender la representación como forma de inhibición o desentendimiento post electoral:
No debemos desconocer que toda representación conlleva un cierto principio aristocrático, que está en la esencia misma de la diferenciación entre representante y representado. Esto estaba “justificado” en los argumentos de la burguesía liberal del siglo XVIII, pero si en la actualidad se piensa que el diputado es un “especialista” mucho más capaz que nosotros, de querer por nosotros y de conocer nuestro auténtico interés, entonces se está a punto de legitimar la actitud del representante que, se atreva o no a decirlo con esta claridad, considera que para él carece de todo tipo de interés mantener con sus electores cualquier tipo de comunicación o contacto posterior a las elecciones.
A veces, y eso es lo más difícil de solucionar, “…ese desinterés post electoral, no es sólo de parte de los representantes, cosa que podría entenderse con mayor facilidad, dada la natural tendencia de la clase política de eliminar controles, sino que es la lógica de los representados la que, en estricta mentalidad burguesa, juega en el sentido de la desconexión posterior”.8
Este apretado análisis tiende a que nos planteemos ¿qué entendemos por el derecho de representación? ¿Elegimos a conciencia a quienes nos deben representar? ¿Nuestros representantes conocen nuestras expectativas y nosotros conocemos sus programas? ¿Tenemos derecho de exigir rendición de cuentas a nuestros representados? Según sean las respuestas podremos decidir si el derecho de representación política funciona o padece de graves deficiencias comunicacionales.
Si de acuerdo a nuestra hipótesis este instituto padece una crisis, no se trata de intentar sustituir los procedimientos de la democracia formal representativa sino, simplemente, de hacerlos funcionar adecuadamente. Fundamentar la representación política en procedimientos de democracia participativa, concebidos conforme al discurso de legitimación y justicia. Revisar, corregir y hacer avanzar las formas actuales de la representación, de manera que posibilite la incorporación de elementos relacionales. Por ejemplo, habría que generar fórmulas que aproximen a representantes y representados, evitando caer en las formas imperativas de relación, que el sistema no toleraría.
Tendrá que pensarse en el elector, no desde su indefensión y desde su aislamiento actual, sino en la posibilidad de organizar su potencial colectivo, lo que permitiría referir su intervención, incluso, a la vida interna de los partidos.
Como solución a esta deficiencia comunicativa en la representación política, Porras9 presenta dos posibles soluciones:
a) reforzar el circuito comunicativo existente –el de la representación política clásica– representado por los partidos políticos; o
b) reforzar la autonomía funcional de los distintos subsistemas que integran la compleja realidad contemporánea.
En el primer caso la institución de los partidos aumentaría su capacidad de conocimiento racional y de respuesta política, sin transformarse internamente; mientras que en el segundo, con la generación de diversos circuitos institucionales autónomos (provincias, regiones, municipios, asociaciones), con un mecanismo de intercomunicación pluralista y horizontal operaría un efecto relativo de descarga sobre el circuito representativo central (nacional).
Ambas posibilidades, y más aun implementadas en forma conjunta, permitirían tender el nexo desarticulado entre los representantes y sus representados, dando significación al acto eleccionario.
Sin embargo, en la actualidad, esta cuestión de la representación política, afectada por los vicios congénitos del liberalismo político, no puede prescindir del apoyo de la mass media, que se ha erigido en la voz y oído de la sociedad. Una especie de “representante de hecho” del pueblo elector relegado y desposeído de su mandato, con posibilidad de exigir rendición de cuentas, si no hubiera cumplimiento en el ejercicio de la función encomendada. Tal vez estemos ante un elemento que permita reconstruir el trípode que originó la representación ante el poder.
Para que esto pueda concretarse y mientras exista la figura de la representación política como es entendida hasta el presente, resultará de gran utilidad la participación de los medios de comunicación masiva, a través de un periodismo ético, tanto de carácter general como local, con libertad de expresión y puesto al servicio de la comunidad toda. Por otro lado, la participación ciudadana, respetuosa de sus derechos y deberes, organizada en sus sectores de interés, pero entendiendo las necesidades generales desde la óptica local, coadyuvará a la concientización social sobre la responsabilidad de dar su opinión mediante el acto eleccionario. Y ambos como medios eficaces de contralor de sus representantes.
Las entidades educativas tienen el gran desafío en la formación de los recursos humanos especializados y, junto a los medios de comunicación como formadores sociales de primer nivel, el trabajo de inducir al conocimiento de los derechos que el constitucionalismo social garantiza al pueblo.
Solo de esta forma, parece ser posible que la ciudadanía actual sea capaz de constituirse en defensora de sus derechos fundamentales y desarrollar sus capacidades para determinar su propio destino a través de sus representantes.
Fenichel Pitkin, Hanna (1985). El concepto de Representación. tudios Constitucionales.
Garrorena Morales, Angel (1991). Representación Política y Constitución Democrática. Madrid: Cuadernos Civitas.
Habermas, Jürgen (1998). Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Buenos Aires: Trotta.
Habermas, Jürgen (1978). L’espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris: Payot.
Olivas, Enrique (1991). El Problema de Legitimación en el Estado Social. Madrid: Trotta.
Porras Nadales, Antonio (1996). El debate sobre la crisis de la representación política. Madrid: Tecnos.
Sartori, Giovanni (1968). “Representional Systems”. En Sills, David L. (Ed.) International Encyclopaedia of the Social Sciences. Nueva York: The Macmillan and the Free Press.
FECHA DE RECEPCIÓN: MAYO DE 2009 FECHA DE ACEPTACIÓN Y REVISIÓN FINAL: JUNIO DE 2009

References: artículo 22
 artículo 23
 artículo 36
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 artículo 36
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