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Timestamp: 2019-02-18 18:05:52+00:00

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Toda la "pantomima" de los Diputados a favor de la Fotovoltaica en el Congreso.
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Muchos de los argumentos de los Grupos Parlamentarios a favor de la fotovoltaica, que ponian en evidencia su NO a la retroactividad y su incoherencia en la votación final.Todo estaba preparado como en un teatro.
REAL DECRETO-LEY 14/2010, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 130/000037.)
Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En concreto, del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
Para la presentación del real decreto, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 14/2010, del 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Con este propósito y durante el curso de mi intervención me propongo explicar las razones que justifican la urgencia de convalidar una norma cuya aprobación encuentra su justificación en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico.
Señorías, esta necesidad tiene su origen en la profunda crisis económica y financiera global que estamos padeciendo, una crisis que está exigiendo a todos los gobiernos, especialmente en Europa, reformas estructurales que aseguren un futuro de crecimiento y de progreso sin pérdida de bienestar. España no es una excepción.
Por ello, desde la responsabilidad, el sentido de Estado y la defensa del interés ciudadano y de las empresas, estamos acometiendo un conjunto de reformas difíciles pero indudablemente necesarias para crear las condiciones que se requieren para generar empleo y asegurar el futuro de nuestra economía. De entre todas estas reformas, especialmente prioritaria resulta la de un sistema eléctrico que acumula una serie de desequilibrios y debilidades, que era y es imprescindible corregir cuanto antes, ya que la situación se ha vuelto insostenible por la evolución del déficit y la deuda tarifaria acumulada sin titulizar.
Como todos saben, señorías, desde 2009 el Gobierno viene trabajando para la adopción de un conjunto de medidas cuyo denominador común es la racionalización de los costes regulados y la reducción del déficit de tarifa. De entre ellas quiero destacar la aprobación del Real Decreto-ley 6/2009, por el que se estableció una senda de reducción del déficit de tarifa hasta su completa eliminación en 2013. Se creó un prerregistro para las energías renovables, con el fin de evitar una entrada en el sistema de plantas por encima de los objetivos previstos, y se instituyó el mecanismo del bono social, para proteger de los necesarios ajustes de la tarifa a los consumidores
más vulnerables: los hogares con poca potencia instalada, los perceptores de la pensión mínima, los hogares con todos sus miembros en paro y las familias numerosas. Estas actuaciones de 2009, orientadas a reducir los costes del sistema, han tenido continuidad durante este año pasado 2010, en primer lugar, con la consecución de un acuerdo con el sector eólico, por el que se reducen temporalmente sus primas en un 35 por ciento y se limita permanentemente el número de horas con derecho a prima. En segundo lugar, mediante un acuerdo con el sector termosolar, por el que se elimina la opción de retribución a precio de mercado más prima para todas las plantas inscritas en el prerregistro durante un año, se fija un retraso en la entrada en operación de las plantas inscritas en el prerregistro y se limita permanentemente el número de horas con derecho a prima en función de las distintas tecnologías. En tercer lugar, la aprobación de una nueva normativa para las plantas solares fotovoltaicas a futuro, que reduce las primas en un 5 por ciento para las instalaciones de techo pequeño, en un 25 por ciento para las de techo mediano y en un 45 por ciento para las de suelo.
Todas estas medidas han nacido del diálogo, tanto con los sectores afectados como con las principales fuerzas políticas. Pero estas medidas de 2009 y 2010 no han sido suficientes. Los desequilibrios se han acentuado como consecuencia de la aparición de una serie de circunstancias adversas, en algunos casos excepcionales, de las que me gustaría resaltar dos. Por una parte, el crecimiento por encima de lo previsto de algunos de los costes regulados a lo largo de 2010, en especial de las primas del régimen especial, y, por otra parte, la evolución de la demanda de electricidad, que en 2009 sufrió una caída del 4,7 por ciento. Se trata de la primera caída de la demanda eléctrica tras 25 años de incrementos sostenidos próximos al 4 por ciento anual. Estas disminuciones de la demanda eléctrica reducen los ingresos del sistema y suponen que los costes fijos tienen que pagarse entre menos usuarios de electricidad, lo que eleva el coste por usuario. Estas dos circunstancias han elevado el déficit tarifario e hicieron que las medidas adoptadas hasta ahora para garantizar la reducción progresiva del déficit de tarifa de una forma equilibrada entre todos los agentes del sector fueran insuficientes. Por ello, la necesidad de aprobar de manera urgente nuevas medidas de ahorro de costes y generación de nuevos ingresos para el sistema que evite la desestabilización de nuestro sistema eléctrico o subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica.
El Real Decreto-ley 14/2010, que se somete a convalidación, mantiene el objetivo de eliminación de la aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir de 2013. Para ello prevé la puesta en marcha de un conjunto de medidas que, con carácter inmediato, permiten solventar la actual situación y fortalecer la posición del sistema eléctrico en los mercados financieros y de deuda, un aspecto especialmente relevante en estos difíciles momentos, como estoy absolutamente seguro convendrán sus señorías conmigo. Las medidas comprendidas en este real decreto-ley reparten esfuerzos para reducir el déficit tarifario entre todos los agentes del sector eléctrico, un esfuerzo que mayoritariamente ya están realizando los consumidores, los hogares, las empresas y las administraciones a través de la tarifa eléctrica, un esfuerzo en el que todos deben participar y en el que nadie debe quedar excluido, porque de la solvencia de nuestro sistema eléctrico nos beneficiamos y nos beneficiaremos todos.
Entre las medidas que comprende este real decreto-ley, por ello y en primer lugar, se encuentra el establecimiento por primera vez de un peaje a la generación a cargo de las compañías eléctricas. Hasta ahora, la generación eléctrica estaba exenta de financiar las redes,
aunque se trate de una actividad que contribuye a aumentar el coste de las mismas, porque exige la construcción de las conexiones necesarias para realizar el suministro eléctrico. Para equilibrar esta situación, el presente real decreto-ley establece un peaje de 0,5 euros por megavatio/hora, que pagarán los generadores, tanto los del régimen ordinario como los del régimen especial.
Esta medida supondrá un incremento de los ingresos permanentes del sistema de 150 millones de euros anuales. Además, en segundo lugar —y si finalmente se convalida este real decreto-ley—, desde el 1 de enero de 2011 las empresas eléctricas asumirán durante tres ejercicios el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, se va a traducir en un ahorro total para los consumidores de 670 millones de euros: 270 millones de euros en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones de euros en 2013.
Por otra parte, y en tercer lugar, también hay que destacar que para 5 millones de hogares —los de los consumidores más vulnerables—, la convalidación de esta norma supone la ampliación del bono social hasta el 31 de diciembre de 2013, siendo financiada esta ampliación del bono social íntegramente por las empresas eléctricas.
Quiero recordar a sus señorías que de facto el bono social supone la congelación de las tarifas eléctricas en los precios que estaban vigentes en el primer semestre de 2009 para los consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios en su primera residencia, así como para las familias numerosas, los perceptores de pensiones mínimas y para aquellos hogares que tengan a todos sus miembros en paro. En cuarto lugar, este real decreto-ley también incluye un ajuste de la retribución fotovoltaica. Se trata de una reducción temporal, razonable, proporcionada y necesaria, que va a contribuir, como el resto de las medidas, a garantizar el futuro de nuestro sistema eléctrico.
Señorías, el sector de la energía solar fotovoltaica era el único de los grandes sectores de las energías renovables que aún no había hecho un esfuerzo para ayudar a una reducción gradual y ordenada del déficit de tarifa, y no lo había hecho a pesar de su importante papel en los costes del sistema. Cabe recordar que el sector fotovoltaico absorbe el 40 por ciento del sobrecoste del régimen especial, representando tan solo el 6 por ciento de la producción renovable y el 2 por ciento de la producción total del sistema eléctrico. En estas circunstancias y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el sector fotovoltaico, pero siguiendo lo pactado con el resto de los sectores, eólico y termosolar, se propone limitar las horas de funcionamiento con derecho a tarifa de las plantas fotovoltaicas a partir de 2014, año en el que se pondrá en marcha un límite de horas equivalente al funcionamiento actual, límite que es aceptado por el sector.
Ello no quiere decir que el resto de las horas no se remuneren; de hecho, la producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista, favoreciendo la competitividad. Y para el periodo 2011-2013, solo durante tres años, se limitan las horas con derecho a percibir la tarifa a las horas previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010. Son las horas que estaban vigentes en 2007, cuando estos proyectos presentaron sus autorizaciones, calcularon sus rentabilidades y buscaron la financiación. Con esta limitación temporal se va a conseguir un ahorro de 740 millones de euros anuales durante el periodo 2011-2013. Es un esfuerzo razonable porque, como compensación, las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a tarifa, que de esta forma pasa de veinticinco a veintiocho años. Por otra parte, también quiero significar que con esta medida estamos en línea con las acciones emprendidas en otros países como Francia, Alemania o la República Checa para abordar el incremento del coste de la energía fotovoltaica y garantizar la solvencia de nuestros sistemas eléctricos.
Señorías, este ajuste temporal no es retroactivo y no pone en riesgo la viabilidad de las instalaciones porque se mantiene un volumen importante de entrada de ingresos en los próximos tres años, con un flujo de caja de más de 2.000 millones de euros anuales. Además se compensa la disminución de los ingresos con los tres años adicionales del derecho a cobro de tarifa. Con esta compensación se permite, en aquellos casos que sea necesario, adaptar el perfil de los flujos de caja de forma que se mantengan en niveles razonables los ratios de cobertura de los proyectos. Somos conscientes de que ello puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez en los proyectos, algo que desde el Gobierno queremos facilitar, evitando que problemas coyunturales de liquidez generen problemas a unas inversiones que son solventes y rentables.
En este sentido quiero agradecer las aportaciones de los distintos grupos de esta Cámara, en especial al PNV y a CiU, por el trabajo hecho con el Grupo Socialista para buscar soluciones a los eventuales problemas de liquidez que puedan surgir, sobre todo a los proyectos de menor tamaño. También quiero agradecer a la Confederación Española de Cajas de Ahorros, a la CECA, su colaboración a la hora de transmitir a sus afiliados que la solvencia de los proyectos no se ve mermada por este ajuste temporal y por facilitar eventuales inyecciones de liquidez en los proyectos. Nada más lejos de nuestro deseo que buscar un quebranto a ningún proyecto fotovoltaico. Queremos y buscamos un ajuste temporal y razonable. En este sentido no quiero dejar de mencionar la disponibilidad de distintas líneas de crédito oficiales y no oficiales que pueden ayudar a adaptar los flujos de caja de los proyectos al nuevo esquema temporal que se introduce con este real decreto-ley. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se compromete a difundir la disponibilidad de estas líneas de crédito, así como a retomar el diálogo constructivo con el sector.
Para concluir, señora presidenta, la norma que se somete a la consideración de sus señorías, por una parte, modifica los límites máximos de déficit de tarifa cada año para adecuarlos a las desviaciones de forma que se cumpla el calendario de eliminación del déficit tarifario, manteniendo su completa eliminación en el año 2013 y, por otra parte, reconoce la titulización del déficit de tarifa mediante el aval del Estado para minimizar su impacto en los consumidores y permitir que se acceda a las mejores condiciones de mercado. En su conjunto las medidas comprendidas en esta norma van a suponer un ahorro de más de 4.600 millones de euros en los próximos tres años: 1.660 millones en 2011, 1.510 millones de euros en 2012 y 1.446 millones de euros en 2013; un ahorro que va a evitar subidas de la tarifa eléctrica, como la que hemos tenido que aprobar, a nuestro pesar, el pasado 1 de enero, una subida del 9,8 por ciento excepcional e irrepetible, y un ahorro en la tarifa que especialmente en la actual coyuntura es vital para la viabilidad futura de nuestro sistema eléctrico y, por ende, de nuestra economía y de nuestro empleo. Por ello solicito a sus señorías que en el ejercicio de la responsabilidad que tienen encomendada convaliden esta norma para que entre todos sigamos construyendo país y construyendo futuro en interés de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas.
Ningún grupo ha mostrado su disposición a utilizar el turno en contra de la convalidación de este real decreto.
Por tanto, pasaremos al turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto empezamos con la señora Barkos.
Intervengo para fijar la posición de Nafarroa Bai en torno al Real Decreto 14/2010, y empezaré por donde finalizaba el ministro, en interés lógicamente de todos los sectores y de todos los grupos que el ministro ha citado. Nuestra posición va a ser en contra por los mismos motivos, pero exactamente al revés, y además con un no en términos rotundos, porque de este real decreto, ministro, entendemos que surge el espíritu por el que sí o sí la tarifa eléctrica finalmente ha subido un 10 por ciento; no rotundo a un real decreto porque contiene elementos como esa disposición adicional primera, que decide hacer tabla rasa de quienes hicieron de las energías alternativas un entorno de ahorro familiar, tabla rasa con quienes utilizaron esa puerta, pero por atrás, para hacer ejercicio de economía especulativa; y no en términos rotundos, porque elementos como la disposición transitoria segunda ahondan en esa mezcla injusta, muy injusta, algo que ustedes mismos ya reconocían en el mes de julio en un texto que podían haber terminado consensuando con el sector, aunque finalmente no fue así. Por eso, anuncio el voto en contra de Nafarroa Bai al real decreto, y anuncio también, presidenta, para que así conste, que solicitaremos su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señora Barkos.
Señorías, el año pasado UPN presentó en esta Cámara en defensa de las energías renovables una interpelación urgente en el mes de junio para conocer los planes del Gobierno en esta materia; una semana más tarde, se debatió una moción, que todos los grupos votaron a favor, una declaración política exigiendo al Gobierno, entre otros mandatos, que clarificara el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica de régimen especial y sancionara los incumplimientos ilegales donde se hubieran producido, también pidiendo respeto a los derechos adquiridos, garantía de la sostenibilidad y de la rentabilidad razonable de las inversiones y respeto a la seguridad jurídica de los proyectos en marcha. En julio, tras el debate sobre el estado de la Nación, presentamos una propuesta de resolución en la que también pedíamos la ratificación de esta moción presentada en junio, que también fue aprobada y apoyada por el Grupo Socialista. El 21 de julio preguntamos nuevamente al presidente del Gobierno sobre esta cuestión y le dijimos que no deseábamos que el pacto sobre energía se consiguiera a costa de los pequeños productores de energía solar que habían cumplido sus obligaciones, desde luego en Navarra. El 18 de diciembre conseguimos el apoyo de todos los grupos para incluir en el informe de la subcomisión un párrafo similar sobre renovables a los que ya se habían aprobado en esta Cámara. Pero el 23 de diciembre, siquiera una semana después del informe, el Gobierno aprobó este real decreto, en el que se recoge un recorte de horas para el sector fotovoltaico que puede provocar a nuestro juicio la ruina a un número muy considerable de pequeños productores de energía fotovoltaica, como así nos lo han hecho llegar los afectados a través de miles y miles de e-mails. El 28 de diciembre registramos una petición de comparecencia del ministro para que procediera a explicar en sede parlamentaria el contenido de este real decreto, comparecencia que está pendiente.
Hemos recibido a muchos afectados en este tiempo y conocemos su honda preocupación por este tema. UPN —ya lo hemos dicho— no comparte este recortazo y por eso votaremos en contra de su convalidación y a favor de su tramitación como proyecto de ley…
Señor Salvador, ha acabado su tiempo.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Salvador.
Intervengo para advertir con brevedad, pero con la misma firmeza, que votaremos en contra de este real decreto, que es una chapuza desde el punto de vista legislativo y una muestra de incapacidad política. En primer lugar, sorprende que las medidas hoy sean urgentes cuando hace cuatro días se negaba su necesidad a pesar de las advertencias. Lo que viene a contarnos este decreto es que iban a terminar con el déficit en 2013.
Ahora nos explican, porque el papel lo soporta todo, por qué no ha sido posible que en este momento haya menos déficit que el previsto. Y resulta que no ha sido posible debido a las favorables condiciones climatológicas que han llevado a mayor producción eléctrica desde fuentes renovables. Es decir, que ustedes ponen molinillos y placas solares y luego rezan para que ni haya sol ni haya viento. En fin, una chapuza. Hágase la oscuridad, llegue el decreto del señor ministro de Industria, y hágase —insisto— la oscuridad.
Señora Díez, muchas gracias.
Señor ministro, señorías, Coalición Canaria considera que este real decreto-ley establece medidas discriminatorias con Canarias para la corrección del déficit tarifario.
Por tanto, entendemos que se debería negociar una medida diferenciadora con el archipiélago. Esta iniciativa carga el ahorro de los costes de la energía en la producción de energía fotovoltaica en las zonas de mayor radiación solar, en lugar de distribuirlo a lo largo de la cadena de producción y distribución. En el caso de las plantas fotovoltaicas acogidas al real decreto de 2007, que es el caso de la mayoría de las plantas instaladas en Canarias, la limitación es a 1.250 horas hasta el año 2013.
En las islas, la mayoría de las instalaciones generan unas 1.800 horas de media. Un real decreto de 2006 establece cinco zonas climáticas, según la radiación solar media de España, de forma que la zona I tendría reconocidas 1.232 horas equivalentes, mientras que la zona V, a la que pertenecen las islas Canarias, tiene 1.753. Por tanto, señor ministro, la medida de limitar a 1.250 horas es claramente discriminatoria con nuestra comunidad autónoma, ya que a las regiones situadas en la zona I no se les limita en absoluto y, por tanto, no contribuyen a la reducción del déficit, mientras que Canarias es la que más contribuiría en un porcentaje de horas sin derecho a prima. El efecto que esta limitación tiene para las empresas establecidas en el archipiélago es del 29 por ciento, mientras que a las establecidas en el norte no les afecta la limitación.
A la hora de valorar en términos globales el ahorro que supone para el sistema eléctrico la limitación de horas en Canarias, hay que tener en cuenta que allí hay instalados únicamente 80 megavatios, señor ministro, frente a los 3.400 instalados en la totalidad del Estado.
Por tanto, la contribución a la corrección del déficit no sería significativa en el caso de nuestra comunidad. Sin embargo, para nosotros sí supone una contribución importante a la diversificación de una economía muy centrada en el sector terciario. Incidiendo en lo anterior,
también hay que tener en cuenta que el coste de generación de energía en régimen ordinario es casi cuatro veces mayor en Canarias que en el resto del Estado. Por tanto, la prima supone un diferencial menor y el coste para el sistema eléctrico de la generación fotovoltaica es mucho menor en las islas que en el resto del territorio nacional.
Las islas dependen prácticamente del petróleo para la generación de la electricidad. No tiene diversificadas sus fuentes energéticas como es el caso de la península o del continente. Por tanto, la contribución de las renovables es fundamental en el caso del archipiélago para conseguir un modelo energético sostenible basado en la diversificación energética y en la autosuficiencia. Cualquier medida que como esta cercene las posibilidades de desarrollo de las energías renovables en el archipiélago, principalmente la eólica y la solar, supone un paso atrás en la consecución del imprescindible escenario de diversificación energética. Hay que tener en cuenta también que organismos locales como el cabildo de Tenerife han promovido la instalación de plantas fotovoltaicas como una contribución a la obtención de un modelo mencionado en el punto anterior.
Las inversiones realizadas por pequeños promotores se ven seriamente comprometidas con estas medidas, así como la apuesta de las corporaciones canarias por la promoción de las energías renovables que, por otra parte, proporcionan a los inversores una rentabilidad similar a la que obtienen los gestores del sistema del transporte eléctrico. Por todo ello, Coalición Canaria va a votar en contra de esta iniciativa del Gobierno y va a pedir que se tramite como proyecto de ley para tener la oportunidad de introducir las correcciones necesarias. Nos tranquiliza que usted pueda garantizar la adaptación del sistema financiero y de las operaciones que financiaron estas instalaciones al nuevo plazo legal. Pero he de decirle que tratar igual a diferentes no es justicia.
Además, Canarias tiene un problema de dependencia del petróleo muy importante, y las cuentas no las debe ver solo desde su ministerio, sino en lo que significa la garantía de suministro y, segundo, el coste global para el Estado, porque usted sabe el coste que tiene el sistema eléctrico en Canarias.
Nosotros confiamos en que se tramite como proyecto de ley y en que, con esa política que está definida en el Plan energético de Canarias por consenso y apoyado por todos los grupos políticos de Canarias, incluido el suyo, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, el Gobierno pueda corregir el error que ha cometido al igualar en este periodo transitorio de los tres años, cuando usted sabe
que a partir del tercer año vuelven a considerarse las zonas energéticas y había que haberlo considerado en la política de reducción del déficit que compartimos, teniendo en cuenta que en Canarias existen mil pequeños operadores y no grandes plantas.
Gracias, señora Oramas.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora
Señor ministro, señorías, dado que debatimos la adopción de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario, permítanme que enumere algunas propuestas a este respecto. En primer lugar, modifiquen la ley eléctrica de 1997, en virtud de la cual el precio de la energía no refleja el coste real de producción a partir de cada tecnología, sino que el kilovatio más caro es el que marca el precio de todos. Así, la energía producida por centrales totalmente amortizadas como las hidroeléctricas o nucleares se pagan al precio de las más caras, y esto es lo que explica que, pese al supuesto déficit tarifario, los beneficios de las compañías eléctricas sean hoy mayores
y es también lo que explica que el precio de la electricidad en el Estado español sea más caro que en Estados de nuestro entorno mucho más desarrollados. En segundo lugar, modifiquen el decreto del carbón, cuyo impacto en el déficit tarifario y en la subida reciente de la luz ni el Gobierno se atreve a negar, aparte de sus evidentes perjuicios para Galicia. Y, en tercer lugar, dejen de estigmatizar a las renovables.
Nos preocupa el cambio radical del discurso del Gobierno también en este tema. De presumir de ser los campeones mundiales de las renovables pasan ustedes ahora a convertirlas en las culpables de todos los males.
Olvidan que las renovables son las responsables de que España haya dejado de ser importadora de electricidad en términos netos. Olvidan su aportación a reducir las emisiones de CO2, que también tienen un impacto económico, o su contribución a reducir la dependencia del petróleo, que también está en el origen del llamado déficit tarifario.
Señor ministro, nosotros no discutimos que en el sector fotovoltaico se haya podido generar cierta burbuja especulativa, debido entre otras cosas a la falta de previsión y planificación de su Gobierno. No discutimos que haya que modificar el marco regulador para nuevas
instalaciones, pero no es admisible que ese marco regulador se modifique para las instalaciones ya existentes, introduciendo una grave inseguridad jurídica y afectando gravemente a la rentabilidad de muchos inversores y al futuro de muchos trabajadores. Por esta razón el BNG rotundamente votará en contra de la convalidación y exigirá su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, tiene la palabra la señora Buenaventura.
Ministro, señorías, el Gobierno argumenta —y antes también el señor ministro así lo ha explicado— que la intención de este real decreto es la disminución del déficit tarifario, pero no sabemos por qué centran ustedes todos los esfuerzos en una serie de tecnologías y se olvidan de otras. Aquí las renovables aparecen como las causantes del déficit y ustedes se olvidan de muchos otros elementos. El mercado mayorista permite a las grandes compañías, incluso en periodos de crisis como el actual, conseguir beneficios espectaculares. También se olvidan de la subida de los precios internacionales del gas natural, los apoyos al consumo de carbón nacional más caro que el importado y una subasta de futuros manifiestamente inflacionista. Si hoy se limita el mercado y la demanda de las renovables, lo que acabará pasando será la muerte de una industria puntera y líder en el planeta.
Gracias a la energía solar, España llegó a situarse en 2008 a la cabeza de un mercado mundial de alta tecnología, atrayendo inversiones de todo el mundo. Pero el frenazo que ha ido aplicando el Gobierno desde entonces ha hecho que se hayan perdido empleos en el sector y que otros países como Alemania hayan recuperado el liderazgo en el año 2010, instalando más potencia fotovoltaica que ningún país en el mundo. Por otra parte, ustedes también olvidan las emisiones de CO2 en el análisis del sistema eléctrico y no tienen en cuenta la subida del precio de los carburantes, que seguro que se va a producir en los próximos años. No sabemos cuánto pero seguro que se produce.
Como la mayor parte del tiempo son las centrales de gas de ciclo combinado las que fijan el precio, es fácil entender que la subida en los precios internacionales del gas haya traído aparejada una subida del precio de la electricidad en España y esta subida del precio del mercado mayorista ha supuesto un aumento espectacular en los márgenes de beneficio de centrales como las hidroeléctricas o las nucleares, construidas hace muchos años y amortizadas dentro del llamado marco legal estable que rigió hasta el año 1997 en condiciones muy favorables.
Dichas centrales solo incurren en unos costos variables muy bajos, pero cobran igual que las centrales del gas. ¿Por qué se resisten a sacar estas tecnologías del pool? Se lo hemos propuesto muchísimas veces, que se rijan por un mecanismo que tenga en cuenta los costes en los que realmente incurren y que dejen de obtener beneficios caídos del cielo. No solo lo decimos nosotros…
La señora BUENAVENTURA PUIG: Ya les decían en el libro blanco que encargaron ustedes al señor Pérez Arriaga en el año 2005 que así lo hicieran, y no lo han hecho. El incremento de las renovables ha hecho que los que invirtieron en centrales de ciclo combinado hayan acusado un descenso en sus beneficios y ahí está esta propuesta que ustedes traen a convalidar, cuantas más renovables ha habido menos han ganado los del gas. ¿Por qué siempre se atreven con los más débiles? No les vamos a negar que las primas a las renovables han aumentado mucho y es muy probable que se deba a una regulación llevada a cabo en 2008 y que fue una apuesta que ustedes hicieron por la energía solar en el suelo, pero no es justo que ahora quieran implementar medidas retroactivas que lo único que van a conseguir es acabar con esta tecnología. Ni es justo ni entendemos por qué no se han dedicado a atajar el fraude que ha habido en la aplicación de las primas del Real Decreto 661/2007, a las que algunos no tenían derecho y las han estado cobrando. Tampoco sabemos por qué no se han ejecutado los avales de los proyectos adjudicados y no realizados.
Nos parece que querer arreglar el problema del déficit tarifario con el recorte a la fotovoltaica es empezar la casa por el tejado. No hay ninguna duda de que los perdedores de este decreto que han traído hoy para su convalidación son los pequeños propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Se les ha reducido el derecho a percibir la prima a un número determinado de horas al año, esto supone una merma de ingresos del orden de 740 millones de euros al año durante los próximos tres años. También hay otros perdedores de la difícil situación del sector eléctrico, que son los usuarios del sector, pero no todos por igual. Cabe distinguir los grandes consumidores industriales y el resto, pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En consecuencia, no podemos hacer otra cosa que votar en contra de este real decreto que no nos deja otra opción. Les pedimos que antes de implementar las medidas del real decreto de recorte a la fotovoltaica usen el sentido común, revisen la regulación, estudien comparativamente las primas a las renovables, establezcan un marco para las energías renovables que incluya retribuciones decrecientes en el tiempo, acaben con el fraude de las instalaciones acogidas indebidamente a las retribuciones del año 2008 y ejecuten los avales tanto de los proyectos de centrales de ciclo combinado como de las fotovoltaicas que no se han realizado y están adjudicadas.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao.
Señorías, señor ministro, Esquerra Republicana va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley para el que al parecer el Gobierno ya tiene el apoyo comprometido del equipo médico habitual de Convergència i Unió y del PNV. Lo digo en los términos de la negociación que usted explicaba hace unos instantes y en los que nuestro grupo parlamentario no ha tenido ninguna intervención. En segundo lugar, a estas alturas no cabe ninguna duda de que la liberalización del mercado eléctrico llevada a cabo durante estos últimos años ha sido un rotundo fracaso, señor ministro, si se atiende tanto a los resultados como a su nivel de aceptación ciudadana. Solo hay que ver que el 95 por ciento de clientes que podían haber optado por una tarifa con precio de mercado han recurrido a la tarifa de último recurso que viene fijando el Gobierno —un día hablaremos de ello—, que lo viene haciendo además de una forma opaca, poco rigurosa, generando grandes beneficios para las eléctricas y que sigue alimentando de forma muy clara este déficit tarifario abultado, que es lo que teóricamente está en el origen de este real decreto-ley.
La paradoja es que con la liberalización que impulsó el PP, y que ustedes han continuado de forma entusiasta, las eléctricas han duplicado sus beneficios y el déficit de tarifa ha pasado a los 12.000 millones de euros cada año.
En este contexto, el impulso a las energías renovables nos ha parecido siempre una buena medida, un gran acierto, que va a permitir no solo reducir la factura, sino también la dependencia energética de acuerdo con los compromisos a nivel europeo 2020. El incremento de la capacidad renovable ha tenido efectos importantes en el mix energético y, por consiguiente, señor ministro, aunque no me escuche, también sobre algunas empresas del sector eléctrico porque supone una menor utilización de las centrales de combustible fósil, sobre todo de gas natural. De ahí que las eléctricas vengan culpando desde hace ya algún tiempo —y todo el mundo lo sabe— de forma clara a las renovables del déficit de tarifa, que tiene muchísimas otras causas, que por falta de tiempo no puedo ahora explicar.
En concreto, ¿qué es lo que hoy estamos debatiendo?
Debemos convenir que la generación fotovoltaica está lejos todavía de ser competitiva como lo es la eólica, pero nuestro grupo quiere continuar manteniéndola de forma clara porque es un componente importantísimo del futuro de generación de energía limpia y sostenible.
Ya se redujeron en su día unas primas que quizá fueron, como se ha dicho también, ciertamente abultadas siguiendo la tendencia a nivel mundial y atendiendo además a la disminución de costes. Pero lo que hoy se nos plantea con este recorte drástico para el periodo 20112013 es, para nosotros, a todas luces excesivo, además de que supone cambiar las reglas del juego a media partida y experimentar unos cambios de forma respectiva que generan no solo incertidumbre e inseguridad jurídica, sino que aseguran al Gobierno una altísima litigiosidad porque el propio sector fotovoltaico ya amenaza con interponer hasta más de 600.000 pleitos por este motivo y, sobre todo, porque, tal y como se plantea en este decreto-ley, va a plantear un problema grave, casi diría que la ruina y la quiebra, sobre todo para miles de familias y de pequeñas empresas que confiaron en la expectativa cierta que en su día dio el Gobierno en su política energética. En el sector fotovoltaico, señor ministro, hay que distinguir dos supuestos muy claros.
Uno es el proyecto que impulsaron legítimamente, y con la expectativa dada por el Gobierno, pequeños inversores, ahorradores y muchos agricultores —hoy nos acompañan muchos payeses a través de algunos sindicatos representativos, como la Unión de Payeses de Llar— y, por otro lado, los grandes proyectos de fondo de inversión de bancos que inicialmente —por cierto, le pararon a usted los pies, luego no sé lo que pasó para impulsar nuevamente este proyecto— fueron los que hicieron de esto un producto financiero especulativo. Por tanto, hay dos supuestos. Nosotros nos preocupamos lógicamente de los damnificados, de los pequeños agricultores,de los pequeños ahorradores e inversores. Por tanto, vamos a votar en contra de este decreto-ley y vamos a plantear que se tramite como proyecto de ley y seguidamente, si no prospera esta petición, vamos e intentar influir en la negociación en el Senado en el trámite de la ley de economía sostenible, básicamente para buscar una solución específica para este sector de pequeños inversores afectados, una solución que no sea retroactiva, una solución que dé seguridad jurídica y que no sea discriminatoria. Señor ministro, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos de la moratoria nuclear fracasada?
¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos también de los costes de la minería del carbón en León? ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos, todavía hoy, de los costes de transición a la liberalización y no tenemos que hacernos cargo de este problema, que tiene además un limitado impacto económico, como son estos pequeños inversores en el sector de la fotovoltaica? Eso es lo que le pido en nombre de Esquerra en este momento, señor ministro, además de repetir, señorías, que vamos a votar en contra de este decreto-ley. Emplazo al ministro también a poder seguir hablando de esta cuestión, si no hoy, al menos en el trámite en el Senado de la ley de economía sostenible.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro, señoras diputadas, señores diputados, la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. El cambio climático, el incremento de la dependencia energética y precios más elevados son retos a los que hay que enfrentarse y que necesitan de propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo a los consumidores sino también al sector de la energía, que es estratégico en el sistema productivo. La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico introdujo la liberalización en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Sin embargo la actividad de comercialización se ha encontrado de hecho muy condicionada por el sistema tarifario. De este modo la diferencia entre tarifas reguladas y los precios de la energía ha puesto en cuestión el objetivo principal que se buscaba en los precios de mercado para conseguir una mayor eficiencia y ha generado efectos perjudiciales que se van agravando conforme avanza el tiempo deteriorando la base misma de la liberalización, los sistemas eléctricos y paralelamente induciendo a una creencia errónea respecto al precio de un bien escaso como es la energía, lo que no contribuye a favorecer el ahorro y la eficiencia energéticas. El creciente déficit tarifario está produciendo graves problemas que en el contexto actual de crisis financiera internacional están afectando profundamente al sistema y ponen en riesgo no solo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico sino la sostenibilidad del propio sistema eléctrico. Este desajuste resulta insostenible y tiene graves consecuencias al deteriorar la seguridad y capacidad de financiación de las inversiones necesarias para el suministro de electricidad en los niveles de calidad y seguridad que demandan los ciudadanos.
Para solucionar dicha situación se aprobó el Real Decreto 6/2009, por el que se adoptaron determinadas medidas en el sector energético y se aprobó el bono social, estableciendo a su vez límites para acotar el incremento del déficit tarifario abordando además un
mecanismo de financiación del mismo. De este modo, el citado real decreto-ley establecía a partir del año 2013 el principio de suficiencia de los peajes de acceso para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladoras, de modo que a partir de ese año el déficit tarifario fuera cero.
Desde la aprobación del citado real decreto-ley se han producido una serie de circunstancias y se han adoptado medidas que han tenido una incidencia directa sobre la previsión del déficit tarifario del sistema eléctrico y que han determinado que los límites máximos del déficit ex ante establecidos en la ya citada disposición adicional vigésimo primera se hayan visto ampliamente superados.
El impacto de la crisis global que atraviesa la economía española ha supuesto una significativa caída de la demanda de energía eléctrica, mientras que del lado de la oferta han tenido incidencia aspectos como la evolución del precio de los combustibles en los mercados internacionales durante el año 2010 o las favorables condiciones climatológicas, que han llevado a mayor producción eléctrica desde fuentes renovables. Asimismo, desde el punto de vista regulatorio, no se han adoptado medidas que hayan permitido el control del déficit tarifario como exigía el Real Decreto-ley 6/2009, entre ellas los ajustes necesarios en las tarifas de acceso.
Baste recordar el episodio del ajuste de julio, con el informe positivo de la Comisión Nacional de la Energía.
No se aplicó sobre la base de no se sabe qué supuesto pacto con el Partido Popular, que a la postre no existió, lo cual supuso dejar de recaudar aproximadamente 800 millones de euros al año y que ahora hay que corregir.
En consecuencia, todas las anteriores cuestiones, entre otras, llevan a abordar con carácter urgente la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico mediante el presente real decreto-ley.
Las correcciones necesarias a implementar y los desajustes a corregir son el desajuste temporal estimado para el año 2010 de las liquidaciones de actividades reguladas, el cual debía reconocerse obligatoriamente, como se ha señalado en la correspondiente orden de revisión
de tarifas y peajes de acceso, para el 1 de enero de 2011 y que no se ha llevado a cabo. De ahí la necesidad de elevar los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en 2010, previstos inicialmente en 3.000 millones de euros, hasta una cuantía adicional máxima de 2.500 millones, los cuales tendrán la consideración de déficit de ingresos y por lo tanto generarán derechos de cobro que podrán ser cedidos por sus titulares al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. Además, para preservar el impacto futuro de esta medida sobre los consumidores se amplía el bono social establecido en dicho real decreto-ley con
efecto de 1 de enero de 2014 y asimismo se elevan los límites máximos del déficit que se establecieron en el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, para los años 2011 y 2012.
Pero con dichas medidas no se solucionan los problemas del sector. Por ello nuestro grupo ha requerido al Gobierno medidas adicionales para asegurar que se mantenga el objetivo de eliminación del déficit en el sistema eléctrico a partir de 2013. En caso contrario carecerían de eficacia las medidas del real decreto. Las mismas deberían ir enfocadas de tal forma que todos los agentes del sector contribuyeran con un esfuerzo adicional y compartido a la reducción del déficit del sistema eléctrico. Entre dichas medidas de esfuerzo adicional y compartido por todos los agentes podríamos señalar el pago por el uso de las redes de transporte y distribución por parte de los productores de energía eléctrica, el esfuerzo que tendrán que realizar las empresas eléctricas que financien el Plan de acción sobre energía, estrategia de ahorro y eficiencia energética para los años 2008-2012 y medidas para que los reguladores del régimen especial realicen también una contribución para mitigar los sobrecostes del sistema, contribución que debe ser proporcional a las características de cada tecnología, a su grado de participación en la generación de esos sobrecostes y al margen existente en la retribución, cuya rentabilidad razonable debe quedar en todo caso garantizada.
La aprobación de los reales decretos que contemplan los pactos alcanzados con sectores eólicos, termosolares y de cogeneración contribuyen a ese entendimiento y necesidad de ajuste para poder solventar los problemas del presente sin que en el futuro sea necesario tomar medidas adicionales.
Dentro de estas medidas de contribución de todos los sectores a la reducción de costes, el sector de la energía solar fotovoltaica es el único de los grandes sectores de energías renovables que no ha llegado a un acuerdo con el fin de asegurar la solvencia y sostenibilidad del sistema eléctrico. El Gobierno, mediante este real decreto-ley, pretende suplir la falta de acuerdo con el sector, acuerdo que a nuestro juicio hubiera sido totalmente deseable. En el ánimo de buscar un punto de encuentro, nuestro grupo parlamentario ha presentado en el Senado unas enmiendas al proyecto de ley de economía sostenible con el fin de llegar a un acuerdo con el Gobierno, que exigiéndole un esfuerzo económico solidario al sector, no le genere en la medida de lo posible problemas que pongan en riesgo las inversiones realizadas y eviten la huida de inversores por falta de seguridad jurídica. Miles de ciudadanos, pequeños inversores y también grandes inversores están claramente afectados.
Instamos en ese sentido al Gobierno a que siga trabajando con el Grupo de Convergència i Unió, con el resto de los grupos que ahora parece que se quieren apuntar, con Esquerra Republicana y con el Grupo Parlamentario Vasco para buscar acuerdos satisfactorios, aunque sea en el Senado. Estamos en ello. Creemos que ese comportamiento es más constructivo que el del rompe y rasga, a pesar de que corramos el riesgo de ser tildados de equipo médico habitual. Ese esfuerzo, que debe realizar también el sector fotovoltaico, es sin duda necesario —tal y como ha recordado el propio ministro, recibe aproximadamente el 40 por ciento del total de las primas de energías renovables—, pero, insisto, ese esfuerzo debe ser similar al realizado por el resto de subsectores de energías renovables.
A pesar de lo anterior, creemos que es absolutamente urgente y necesario aprobar este decreto al que se ve abocado el Gobierno como consecuencia de la falta de previsión, dado que el otorgamiento del aval de la Administración General del Estado solo era válido para la titulización en 2010 y la Ley Presupuestos Generales del Estado para 2011 no lo contempla. Por último, si el presente real decreto-ley no se aprobara, sería imposible evitar los aumentos de tarifas, que afectarían a consumidores y empresas mermando su competitividad. La colocación del déficit tarifario, que recordemos que alcanza cifras cercanas a las que se manejan para rescatar países en la situación actual, se pondría en entredicho y podría poner en grave riesgo a las empresas del sector eléctrico que están soportando dicha deuda en sus balances.
El Grupo Parlamentario Vasco, como siempre, ha trabajado con ahínco para que el sector energético en general y el eléctrico en particular tengan un horizonte despejado de forma que redunde no solo en beneficio de los ciudadanos que nos han elegido sino también en el de las empresas, a la vez que defiende que el sistema sea sostenible medioambientalmente y que en esta tarea nos comprometamos todos. Somos conscientes de que el sector energético tiene a afrontar importantes retos de futuro que no acaban con las medidas que hoy se aprueban, sino que requieren, como ya señalamos en la ponencia sobre política energética, una visión estratégica a largo plazo. Para concluir y en coherencia con lo señalado,
nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a la convalidación de este real decreto-ley, y a la espera, como decía antes, de llegar a un acuerdo satisfactorio —que creemos que será posible en el Senado— en relación con el tema fotovoltaico, va a votar en contra de su tramitación como proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, señor ministro, este real decreto cuya convalidación hoy estamos debatiendo es el resultado desde nuestro punto de vista de una errática política energética del Gobierno en estos últimos años que nos ha llevado a una situación delicada, con un déficit tarifario que alcanza más de 20.000 millones de euros. Lamentablemente España ha perdido estos últimos años en un estéril debate energético, que a diferencia de los países desarrollados y de los que están en vías de desarrollo, ha impedido apostar por todas las energías disponibles al alcance de este país, prescindiendo o dejando de lado energías que ahora se están viendo como imprescindibles para el futuro mix energético como es el caso de la energía nuclear. Por ello, señorías, instamos al Gobierno a que en un plazo prudencial realice todos los cambios normativos pertinentes que se desprenden de las conclusiones de la subcomisión de análisis energético para los próximos veinticinco años que se ha reunido en el Congreso, conclusiones que fueron apoyadas por una mayoría importante de diputados y que están a disposición del Gobierno. El Gobierno tiene en estos momentos la hoja de ruta para los próximos veinticinco años, y desde Convergència i Unió le instamos a que aproveche esta hoja de ruta, que es producto de un trabajo de más de dos años de muchos diputados de esta Cámara, a iniciativa de dos propuestas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que ahora es el momento de aprovechar esta hoja de ruta, de consensuarla y traerla al Parlamento para conseguir este pacto energético que consideramos imprescindible a todas luces.
Paso ya directamente a las consideraciones sobre este real decreto que hoy debatimos. Contiene aspectos positivos, con los que lógicamente estamos de acuerdo, y lamentablemente también aspectos negativos, como la modificación del Real Decreto relativo al sector fotovoltaico, que desde nuestro punto de vista es un error. Más adelante me referiré al mismo. En primer lugar consideramos muy positivo que se garantice la sostenibilidad económica del sistema energético a medio y largo plazo.
Esto está perfectamente delimitado en el real decreto.
En segundo lugar nos parece positivo que se garantice la ampliación del bono social hasta primeros de enero del año 2014 para los consumidores más vulnerables, como los pensionistas, los parados, las familias numerosas y las viudas. Es un aspecto positivo que vale la pena recalcar. En tercer lugar vemos muy positivo el compromiso de eliminar el déficit tarifario concretamente a finales del año 2013, algo que veníamos reivindicando desde el año 2009 y que hasta la fecha no había sido posible. En teoría, con el marco legislativo que hoy se va a convalidar, probablemente se pueda eliminar el déficit tarifario a principios del año 2014. Finalmente también creemos que es interesante garantizar la titulización del fondo del déficit del sistema eléctrico español.
Pensamos que este es también un aspecto relevante que vale la pena remarcar.
Paso ahora a referirme a los aspectos negativos, que lógicamente van a impedir que nuestro grupo parlamentario pueda votar favorablemente este real decreto.
Quizás el más relevante es la modificación de retribución del sector fotovoltaico, desde nuestro punto de vista muy discutible por los siguientes motivos, en primer lugar, señorías, porque creemos que este cambio de legislación respecto a instalaciones acogidas a regímenes anteriores introduce graves dudas jurídicas sobre su legalidad, tanto por su carácter retroactivo, señor ministro, como por atentar contra el principio de seguridad jurídica. Estos son dos aspectos que nos preocupan mucho. En segundo lugar este aspecto es negativo porque constituye un cambio de las reglas del juego a mitad del partido que sinceramente consideramos actos o actitudes de gobierno poco serías, no correctas y me atrevería a decir que inaceptables desde un punto de vista jurídico. A este sector fotovoltaico han acudido inversiones procedentes de empresas y de fondos de inversión, así como de familias y de empresas muy pequeñas, que partiendo de la base de que invertían con la seguridad jurídica del Estado, hacían una inversión a medio y largo plazo que en muchos casos, señor ministro, eran inversiones financieras complementarias de planes de pensiones con el objetivo de que al cabo de diez o doce años, después de haber invertido una parte importante de sus ahorros, consiguieran unas rentabilidades interesantes. Si estas
inversiones no se hubieran realizado con el aval del Estado, probablemente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no haría esta manifestación tan contundente, ya que creemos que no es justo que muchas familias, pequeñas y medianas empresas, ahorradores y muchos fondos de inversión que no son españoles hayan invertido, con la garantía jurídica del Estado, en unas condiciones, en un mercado, en un producto financiero, en unas instalaciones fotovoltaicas y ahora se encuentren con que a mitad del partido estas condiciones se han cambiado. Por este motivo Convergència i Unió ha negociado con el Gobierno y en las enmiendas sobre el proyecto de ley de economía sostenible que se van a debatir próximamente en el Senado, ha planteado una serie de reivindicaciones y de aspectos que recogen todas las inquietudes del sector fotovoltaico.
Hemos intentado recogerlas con seis enmiendas que estamos debatiendo con el ministro de Industria, con quien tengo que decir públicamente que hemos conseguido un grado de complicidad interesante y que como ya ha dicho en su intervención ve posible que algunas de estas reivindicaciones importantes se puedan plasmar en estas enmiendas que —repito— ha presentado Convergència i Unió en el Senado, con las mismas sugerencias que ha planteado el Grupo Vasco, sobre las que vamos a intentar seguir negociando con el Gobierno para resolver seis situaciones que consideramos muy graves y que está en la mano del Gobierno poder subsanar.
Creemos que para los pequeños y medianos inversores, para las pequeñas y medianas empresas y para las familias que han confiado en el Gobierno sería interesante adecuar la financiación de las instalaciones a las nuevas condiciones de retribución de la actividad de la producción eléctrica mediante fuentes de origen fotovoltaico.
Sería muy importante que el ICO jugara un papel relevante para la refinanciación de estas empresas, que durante los tres primeros años van a ver reducidos en un 30 por ciento los ingresos procedentes de las primas fotovoltaicas. Hay otro aspecto relevante, señor ministro, sobre el que podríamos llegar a un acuerdo. Ustedes plantean tres años más de primas, veintiséis, veintisiete y veintiocho años de primas al cien por cien. En otra enmienda que hemos presentado, manifestamos que sería bueno llegar a los treinta años, con lo que, en vez de ser veinticinco más tres, serían veinticinco más cinco; cinco años de primas al cien por cien para los últimos cinco años de vida de estas centrales, con lo cual, de cara a los planes de negocio, las entidades financieras financiarían con más seguridad estos dos años más que les pedimos en estas enmiendas. Probablemente el valor de estas instalaciones sería compensado con esta reducción del 30 por ciento en los tres primeros años.
Otro aspecto que preocupa también mucho a los inversores y a las pequeñas y medianas empresas es que este real decreto no se pueda modificar con posterioridad.
Por ello hemos planteado una enmienda que es de blindaje para que en el futuro real decreto, una vez propuesta y aceptada nuestra modificación en el Senado, se recoja que estas primas no se puedan modificar en los próximos veinticinco años, con lo que les daríamos una garantía y una seguridad jurídica que no tienen hasta la fecha.
También hemos presentado otra enmienda para modificar la limitación de las horas equivalentes de funcionamiento para el año 2011-2013. Hemos propuesto la mejora en el cálculo de las horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas sobre la base de una similitud entre la potencia nominal y la potencia pico. Finalmente, hemos planteado la elaboración de una nueva clasificación de zonas climáticas que en ningún momento puede plantear dificultades en el real decreto que ustedes traen a convalidación esta mañana en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto vamos a abstenernos en la votación con la esperanza de que en las próximas semanas consigamos negociar estas enmiendas que han presentado Convergència i Unió y el Grupo Vasco para buscar una solución efectiva y darles una satisfacción a estos señores que han invertido con el aval del Estado y a los que a mitad del partido se les han cambiado las reglas del juego.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, respecto a este Real Decreto-ley llamado de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario, la posición de mi grupo será la de no apoyar su convalidación y pedir su tramitación como proyecto de ley para corregir las graves deficiencias en el punto
principal en el que estamos en desacuerdo, que es el tratamiento de la energía fotovoltaica, en su tramitación parlamentaria posterior. Me ha sorprendido mucho la intervención del portavoz del Grupo Vasco así como la del portavoz de Convergència i Unió. Apoyen la tramitación, señores, porque este es el lugar para corregir el decreto-ley, no el Senado. En el Senado se podrá poner lo que ustedes quieran, pero, por coherencia, en función de lo que ustedes han dicho respecto al contenido, deberían apoyar la tramitación de la norma como proyecto de ley y acompañarnos no solo en la corrección sino en la supresión de la parte de la fotovoltaica, puesto que corresponde a una norma con rango reglamentario y no con rango de ley, y es responsabilidad del Gobierno aprobarla y no trasladar esa responsabilidad a la Cámara.
Se lo digo, señores nacionalistas, porque tienen la oportunidad de hacer rectificar esta norma votando a favor de la tramitación y eso es lo que deberían hacer con intención de modificarla sustancialmente. En nuestro caso ya les adelantamos que lo que queremos es la supresión para que el Gobierno haga un reglamento bien consensuado —lo que desde el principio tendría que haber sido su obligación—; si no, no entiendo el ejercicio parlamentario que estamos haciendo aquí: convalidamos, se mantiene todo en vigor y lo dejamos todo para otra norma que no tiene nada que ver con esta en el Senado.
¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos un problema con el déficit tarifario? Tenemos un problema enorme en el sector energético español, especialmente en el sector eléctrico. Según los datos de Eurostat de hace un par de meses, la comparación de los precios de España con el resto de Europa no resiste. Para consumidores industriales España es el cuarto país más caro dentro del conjunto de la Unión Europea a veintisiete:
11,10 euros por cada 100 kilovatios/hora. El precio de Francia es de 6,87, el de Finlandia 6,65, el de Alemania 9, el de Portugal 8,96. Nos hemos salido totalmente del mapa, y el resto de los países no tiene un déficit tarifario que cubrir; es decir, esto es sin cubrir los
costes reconocidos del sistema. Esto es insostenible.
España ya es el cuarto país más caro, prácticamente el doble que algunos de nuestros principales competidores, y vez y media mayor que la media de los países de la Unión Europea. Esto respecto a los consumidores industriales.
Para los domésticos somos los sextos más caros, con cifras similares que no voy exponer aquí.
España tiene una energía cara y encima no es lo suficientemente cara para como se han diseñado y establecido los elementos fundamentales de la política energética que han dado lugar a los costes actuales del sistema.
Esto directamente no nos lo podemos permitir y como no nos lo podemos permitir, necesitamos una reforma integral del sector que revise de arriba abajo las premisas sobre las cuales se ha hecho la política energética en España. Esto es lo que no trae este decreto-ley, no trae esa reforma integral que reduzca o por lo menos contenga unos costes que a todas luces han sacado a España fuera de la competitividad energética europea.
Junto a esos costes y a esos precios altísimos tenemos una deuda acumulada que para final del año pasado se habrá situado en 25.000 millones de euros, de los cuales —lo quiero recordar en esta Cámara para que quede bien recogido en el «Diario de Sesiones»— 1.500 fueron la deuda acumulada hasta el año 2003; el resto se ha acumulado a partir del año 2004. Lo digo para que se vean las responsabilidades cuantitativas en esta cuestión y, sobre todo, que el déficit del año 2003 fue cero; en el año 2004 fue cero y a partir de 2005 empieza a subir de manera disparatada, porque se hizo una política muy demagógica, se hizo una política en la que se aumentaban los costes de manera desorbitada y no se trasladaban a los precios finales, y ahora que nos encontramos en una situación de dificultad de financiación de todos los sectores económicos, incluido el eléctrico, la situación directamente le ha estallado en las manos al Gobierno que creó el problema.
El real decreto-ley dice: por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario.
No, no lo corrige, en todo caso en algunos aspectos lo contiene y en la mayor parte, lo traslada. Tenemos una medida de corrección de los techos de déficit; era inevitable, porque si trasladamos la obligación que había de reducir el déficit tal y como quedó en el año 2010 directamente a tarifas y peajes, la electricidad podía subir un 40 por ciento, y eso evidentemente nadie está dispuesto a hacerlo. Esto tiene que ir por rango de ley, correcto, lo metemos en el decreto-ley. En cuanto a los avales para la titulización, da liquidez al sector, pero no arregla el problema, sencillamente lo traslada; con lo cual no estamos corrigiendo el déficit tarifario. Por lo que se refiere a los peajes, compartir los peajes a la generación, sí los reduce: 150 millones en 5.000 y pico de déficit, hombre, es algo, pero muy poquito. Veo que me asiente el señor ministro cuando estoy hablando en estos términos. La E4, 670 millones en tres años. Nuevamente, estamos hablando de 200 y pico millones por año. Está bien, algo ayuda, pero todavía nos quedan 5.000 y pico por resolver, señor ministro. Esto es muchísimo camino, es una piedrecita en el camino, pero queda muchísimo por recorrer. En cuanto a la fotovoltaica, aquí ya reduce algo más: 740 millones, pero ¡ojo!, solo por tres años y a través de una norma que en el caso de los otros sectores —la termosolar, la eólica y la cogeneración— se ha hecho con acuerdo de los sectores y por real decreto. Y ¿ahora por qué aparece aquí con rango de ley? De entrada, señor ministro, le está usted pidiendo al Parlamento que decida si le parecen adecuadas o no un número de horas específicas para una instalación, por ejemplo, fija de dos ejes para una zona solar determinada, que es un aspecto tremendamente técnico. Eso le corresponde definirlo al Gobierno en su actividad reglamentaria y aceptar la responsabilidad de esa actividad reglamentaria. Pero parece que el Gobierno no quiere aceptar esa responsabilidad y se la quiere trasladar a los grupos políticos. Por tanto, es una norma que tiene un rango equivocado, el rango no es correcto, tendría que ser el Gobierno el que la asumiese con su propia responsabilidad; está impuesta; tiene unos elementos de arbitrariedad, porque si bien en el funcionamiento ordinario distingue por diferentes zonas, según la intensidad solar —que es lo lógico, no hace el mismo sol en Galicia que en Almería, y en eso estamos todos de acuerdo—, sin embargo en el periodo transitorio no lo hace, algo que ha generado muchísima discusión y hasta cierto punto se puede comprender. El Gobierno tenía que haber tomado sus decisiones, el Gobierno tenía que haber buscado un consenso y el Gobierno tenía que haber asumido su responsabilidad, que es lo que no hace en este decreto-ley. Lo mismo digo de los grupos nacionalistas.
Si consideran que esta parte de regulación de la energía fotovoltaica no es correcta, tendrían que apoyar la tramitación y en todo caso la supresión y devolución al Gobierno puesto que no estamos de acuerdo ni con el rango ni con el contenido de esta norma.
Para terminar, quiero hacer una reflexión. Menos mal que este Gobierno era el Gobierno más verde del planeta, igual que era el Gobierno más social del planeta y el que más se preocupaba por todas estas cuestiones del planeta tierra, porque el palo que le han dado ustedes a las políticas sociales y el que le están dando ahora a las energías renovables es épico. Los discursos se hunden cuando la realidad se hunde, y a este Gobierno se le ha hundido la realidad social, la realidad medioambiental y todas las demás, porque lo que toca, lo destruye. Muchas gracias. (Aplausos.)
Quiero dar la bienvenida a los representantes profesionales y sindicales del sector de fotovoltaica que se encuentran con nosotros esta mañana.
Señorías, señor ministro, voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para decir que vamos a convalidar este real decreto-ley, que es muy importante y muy necesario porque persigue dos objetivos claros.
En primer lugar, reducir los costes regulados del sistema y con ello acabar de una vez con el déficit de tarifa, así como limitar al máximo posible las posibles subidas de la luz. De hecho, los costes de peaje —que es en lo único que puede intervenir el Gobierno durante este mes de enero— ya se han congelado, y en lo que se refiere a la otra parte, la que corresponde al precio de la energía en el mercado a través de la subasta, lógicamente el Gobierno no puede hacer otra cosa que cumplir la ley y trasladar ese coste al recibo de la luz, porque todos entenderán que el Gobierno no puede influir en el coste de la energía en el mercado.
Preguntaba el señor Nadal por qué hemos llegado hasta aquí. Pues hemos llegado hasta aquí porque ustedes en el año 2000 aprobaron un déficit de tarifa porque no se atrevieron a subir el recibo de la luz y firmaron a escondidas, sin que los ciudadanos lo supiesen, una hipoteca que suponía que los ciudadanos tenían que pagar la parte que no se subía, es decir, el principal, con intereses en los próximos años, y ahora estamos en 20.000 millones de euros. Y no es cierto que España tenga el recibo de la luz superior a otros países de la Unión Europea. Lo tenemos por debajo de países como Alemania o Dinamarca, que han apostado por las energías renovables, o como, por ejemplo, Italia o Suecia.
En segundo lugar, este real decreto persigue el objetivo de repartir los costes del ajuste del déficit tarifario entre todos los sectores implicados, y no solo los consumidores, como lo venían haciendo hasta ahora. La Administración, el Gobierno ya ha hecho su esfuerzo. En este momento está pagando el sobrecoste de producción en Canarias, en Baleares, en Ceuta o Melilla, y ahora se pide un esfuerzo también a los sectores energéticos tradicionales y al sector energético de las energías renovables.
Este real decreto contempla medidas —escuchen bien— para ahorrar 4.600 millones de euros al sistema, como por ejemplo ampliar la vigencia del bono social para que llegue hasta el año 2013 completo, de tal forma que paguen las compañías eléctricas los 150 millones que supone esta medida y así beneficiar a aquellos sectores más vulnerables como las pensiones mínimas, las familias numerosas, los hogares que tengan a todos sus miembros en el desempleo o aquellas personas que tengan una potencia contratada inferior a 3 kilovatios.
De esa manera se congelará el recibo de la luz para estos sectores más vulnerables hasta el día 1 de enero del año 2014. Por cierto, ya lo tienen congelado desde el año 2009. Esta es una medida de protección social que beneficia a cinco millones de hogares en España.
En tercer lugar, las compañías eléctricas pagarán a través de este real decreto las políticas de ahorro y de eficiencia energética para el periodo 2011-2013.
Suponen 670 millones de euros que hasta ahora pagaban los consumidores porque se cargaba a la tarifa.
En cuarto lugar, por primera vez en España se establece una tasa, que van a pagar las compañías eléctricas tanto del sector tradicional como del sector de renovables y de cogeneración, por generar electricidad, de 0,5 euros por megavatio/hora. Se trata de un esfuerzo para que no recaiga exclusivamente en los consumidores, como venía siendo hasta ahora y, por tanto, suponga un ingreso al sistema de 453 millones de euros en tres años.
En quinto lugar, hay que repartir los costes del ajuste del déficit tarifario entre todos los sectores implicados para que no sean los propios consumidores quienes lo asuman en su totalidad. Hemos hablado de las compañías eléctricas y también de los sectores de las renovables, como ya han hecho el subsector de la eólica y el subsector solar, que a través de los oportunos acuerdos está en estos
momentos reflejado en una normativa. Ahora se trata también de que el sector de la fotovoltaica contribuya a la reducción de la retribución para que se limiten las horas que tienen derecho a cobrar prima, lo cual no supone que no puedan producir más, pero todo lo que se produzca de más lo tienen que vender con arreglo al mercado mayorista.
El ahorro por esta medida será de 740 millones de euros. No hay que olvidar que esta tecnología era la única del sector de las renovables que no tenía limitación de horas en las primas, que supone el 40 por ciento de lo que se recibe de las primas en el conjunto de las renovables y que produce al sistema el 6 por ciento del conjunto de las renovables o el 2 por ciento del conjunto total del sistema. Es cierto que se produce una reducción temporal de tres años y también es cierto que hay una ampliación de tres años más de la retribución que no tenían, de veinticinco a veintiocho años. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado con el ministerio y con el resto de grupos, especialmente CiU y el Partido Nacionalista Vasco, así como con las asociaciones fotovoltaicas, y estoy seguro de que tendremos puntos de encuentro para que en otros ámbitos parlamentarios que están tratando sobre el sector de la fotovoltaica podamos llegar a acuerdos. Quiero agradecer la intervención del ministro porque es positivo que haya negociado, que haya
hablado con la CECA, con el sector financiero, para garantizar la viabilidad de los proyectos que, por cierto, ya en las líneas que están aprobadas y vigentes de mediación del ICO este sector también puede verse beneficiado.
Además, esta medida no la tomamos de forma aislada.
Como ha dicho el señor ministro, es una medida que ya se ha aprobado en términos parecidos en la República Checa. En Alemania, en el mes de julio se produjo una reducción extraordinaria de las primas de la fotovoltaica y actualmente se ha incrementado el cargo de las renovables a los ciudadanos en una media del 72 por ciento; serían 5 euros al mes o, por ejemplo, un 14 por ciento de subida de un consumidor medio español. O, por ejemplo, en Francia, que se ha hecho una moratoria de tres meses que en la práctica es una moratoria indefinida.
Por tanto, este real decreto contribuye, en primer lugar, a eliminar el déficit de tarifa, ese sistema perverso que creó el Partido Popular en el año 2000. En segundo lugar, va a facilitar que se pueda titulizar el total del déficit tarifario en el año 2011, que se puedan reducir los costes del sistema eléctrico y que no recaigan exclusivamente en los consumidores sino que también lo paguen las eléctricas y el conjunto de los sectores eléctricos.
Y después de este esfuerzo que ha hecho el Gobierno socialista durante estos últimos años para que se puedan implantar y desarrollar las energías renovables y que hoy seamos un país líder en energías renovables, que ahora podamos seguir apostando por este tipo de energías porque tenemos unos compromisos europeos para el año 2020 de que el 20 por ciento de la energía proceda de energías renovables. Seguro que todos juntos lo conseguiremos.
Solicitar informacion de donde me puedo asociar o donde me puedo apuntar para apoyar
Estoy intentando acceder y mandando correos a los diferentes medios de comunicacion para que se sensibilicen con nuestro problema y salga a la luz publica y en los medios la informacion real de que esta pasado con sector fotovoltaico, como nos han engañado y no segada creando opinion, pareciendo que somos los causantes de la subida de la luz.
De la misma manera intentar unirnos a todos aquellos sectores como la hosteleria que estan siendo machacados por este gobierno y no estan siendo defendidos por nadie como nosotros, dibidiendonos a todos y haciendo la guerra cada uno por su cuenta parece que el gobierno puede seguir ignorandonos ¿ podrian con todos juntos si nos unimos?
1-Revosolar solar shop 223 2-Saclima solar fotovoltaica 181 3-Lidersolar 76 4-Rios renovables 73 5-Zytech solar (fabricante placas solares) 67 6-Censolar 59 7-Krannich solar 53 8-Promein abogados 43 9-Galivoltaica s.l. 33 10-Ecogal energia 30

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