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173178512 Tema 01 Constitucion Corona Cortes TC | Cortes Generales | Derecho Constitucional
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Constitución. Corona. Cortes Generales. Tribunal Constitucional
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO. LAS ATRIBUCIONES DE LA CORONA. LAS CORTES GENERALES: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.
‐ I ‐ LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO
INTRODUCCIÓN La Constitución de 1978 es nuestra Ley Fundamental. Como tal tiene un valor normativo y vinculante directo y es de aplicación por Jueces y Tribunales. Como norma superior, tiene un rango prevalente sobre las restantes normas del Ordenamiento Jurídico español.
La Constitución se estructura en:
- Un Preámbulo,
- Un Título Preliminar y Diez Títulos, con un total de 169 artículos.
La vigente Constitución fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado el 31 de octubre de 1978. Se ratificó por el pueblo mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978. El Rey la sancionó ante las Cortes el día 27 de diciembre de 1978. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre de 1978. Y entró en vigor el día de su publicación: 29 de diciembre de 1978.
Primera reforma: El 27 de agosto de 1992 el Rey sancionó y promulgó la primera reforma de la Constitución, que fue publicada en el BOE el día 28, dando una nueva redacción al art. 13.2, referente al derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales, que a partir de dicha reforma, ha pasado a ser “activo y pasivo”.
Segunda reforma: Ésta afectó al artículo 135, dando nueva redacción al precepto con el objeto de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Publicas, así como reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social. La reforma fue sancionada y promulgada por el Rey el 27 de septiembre de 2011, publicándose en el BOE el mismo día.
La denominación de los Títulos, es la siguiente:
 TÍTULO PRELIMINAR.‐ Principios generales (Arts. 1 ‐9).
 TÍTULO I.‐ De los Derechos y Deberes Fundamentales (Arts. 10 ‐ 55).
 TÍTULO II.‐ De la Corona (Arts. 56 ‐ 65).
 TÍTULO III.‐ De las Cortes Generales (Arts. 66 ‐ 96).
 TÍTULO IV.‐ Del Gobierno y de la Administración (Arts. 97 ‐107).
 TÍTULO V.‐ De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Arts. 108 ‐
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 TÍTULO VI.‐ Del Poder Judicial (Arts. 117 ‐127).
 TÍTULO VII.‐ Economía y Hacienda (Arts. 128 ‐136).
 TÍTULO VIII.‐ De la organización territorial del Estado (Arts. 137 ‐158).
 TÍTULO IX.‐ Del Tribunal Constitucional (Arts. 159 ‐ 165).
 TÍTULO X.‐ De la reforma constitucional (Arts. 166 ‐ 169).
‐ EL PREÁMBULO.
El Preámbulo contiene una enumeración de valores y principios que están después desarrollados en el texto constitucional. Es un texto sin fuerza jurídica de obligar en términos directos, aunque con un gran valor declaratorio.
‐ EL TÍTULO PRELIMINAR.
Lo forman los artículos 1 a 9, ambos inclusive, y contiene los principios fundamentales que
sirven de base a toda la Constitución.
Artículo 1: Forma del Estado “1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo 2: La nación española La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
El artículo 3: Lengua oficial.
objeto de especial respeto y protección.”
El artículo 5: Capitalidad
“1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2 Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
El artículo 4: Bandera “1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.”
El artículo 6: Partidos políticos “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”
El artículo 7: Sindicatos y asociaciones empresariales “Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”
El artículo 8: Fuerzas Armadas “1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
presente Constitución.”
El artículo 9: Estado de Derecho
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
‐ EL TÍTULO I: DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES Es el Título más amplio de la Constitución. A lo largo de su articulado (artículos 10 al 55, ambos inclusive), se reconocen y garantizan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos.
El artículo 12: mayoría de edad
“Los españoles son mayores de edad a los 18 años.”
El Capítulo I, intitulado “de los españoles y los extranjeros” (arts. 11 a 13), se refiere a la
nacionalidad española, la mayoría de edad y los derechos de los extranjeros y de los españoles
El artículo 11: Nacionalidad española “1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con
cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.”
El artículo 13: derechos de los extranjeros y de los españoles “1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al
principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
gozar del derecho de asilo.”
b) El Capítulo II, intitulado “derechos y libertades”, comienza con el derecho a la igualdad
de los españoles (art. 14), y comprende dos secciones:
 la Sección Primera que se dedica a regular “los derechos fundamentales y las libertades públicas”, y
 la Sección Segunda, que regula “los derechos y deberes de los ciudadanos”.
La distinción es importante en cuanto los derechos reconocidos en la Sección Primera (también denominados derechos humanos) tienen un sistema especial de protección a través del recurso de amparo.
c) El Capítulo III, de “los principios rectores de la política social y económica”.
Aunque se denominan derechos, son realmente principios, en cuanto su eficacia se limita a informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
El Capítulo IV, “de las garantías de las libertades y derechos fundamentales”, regula, en
el art. 53, por una parte, los procedimientos para la protección de los derechos reconocidos en el Capítulo II de este mismo Título y por otra, establece el carácter informativo del Capítulo III del propio Título; y en el art. 54, crea la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título.
Y el Capítulo V, intitulado “de la suspensión de los derechos y libertades”, contiene sólo
el art. 55, que contempla los supuestos de suspensión de determinados derechos fundamentales. La suspensión de estos derechos y libertades puede ser de dos tipos: individual y colectiva. Para la suspensión individual se requiere Ley Orgánica para que determine la forma y los
‐ EL TÍTULO II: DE LA CORONA
‐ EL TÍTULO III: DE LAS CORTES GENERALES
‐ EL TÍTULO IV: DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
como órgano supremo de carácter consultivo.
casos, en relación con investigaciones de bandas armadas o grupos terroristas. La suspensión colectiva tendrá lugar cuando se acuerde la declaración de los estados excepción o de sitio.
Regula la figura del Rey, sus funciones, juramento, la sucesión de la Corona, la Regencia, la Tutela del Rey, el refrendo de sus actos y el Presupuesto y organización de la Casa Real.
Establece la composición, organización y atribuciones de las Cortes Generales. Se regula el procedimiento para la elaboración de las leyes, el estatuto de los Diputados y Senadores y el régimen de los Tratados internaciones.
Regula la composición y funciones del Gobierno de España, el nombramiento y cese de su Presidente, Vicepresidente y Ministros, así como su responsabilidad criminal. Con respecto a la Administración establece sus principios de actuación y organización, el control jurisdiccional y la responsabilidad patrimonial de la misma. Regula el Consejo de Estado
‐ EL TÍTULO V: DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES
Establece la responsabilidad del Gobierno de la nación ante el Congreso de los Diputados; regula la cuestión de confianza, la moción de censura, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cámaras; asimismo, reconoce el derecho de información de las Cámaras a través de interpelaciones y preguntas, y regula los estados de alarma, excepción y sitio.
‐ EL TÍTULO VI: DEL PODER JUDICIAL
Regula los principios básicos del Poder Judicial: principio de independencia judicial, de inamovilidad de jueces y magistrados, de exclusividad jurisdiccional y de unidad jurisdiccional; la colaboración con la justicia, etc.
‐ EL TÍTULO VII: ECONOMÍA Y HACIENDA
Este Título establece el principio de subordinación de la riqueza al interés general y el principio de legalidad en materia tributaria. Regula también el Tribunal de Cuentas y el régimen de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
EL TÍTULO VIII: DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Regula los principios de organización territorial del Estado, la Administración Local y las Comunidades Autónomas. También regula las competencias exclusivas del Estado, así como las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas.
‐ EL TÍTULO IX: DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Regula la composición, estatuto, nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional; las competencias y funciones de este Tribunal; la legitimación para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo y la cuestión de inconstitucionalidad.
‐ EL TÍTULO X: DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Establece la Constitución el procedimiento para su propia reforma.
Son características de la Corona, que:
‐ II ‐ LAS ATRIBUCIONES DE LA CORONA
La Constitución denomina el Título II “De la Corona” y comprende los arts. 56 a 65. La configuración de la Jefatura del Estado (“o Corona”, como se le denomina), es la propia de toda Monarquía Parlamentaria, en la que al Rey se le conceden exclusivamente poderes moderadores, así como la función de mantener la continuidad representativa del Estado, pero no decisiones de gobierno. El Rey no está entre los poderes políticos.
a) Es vitalicia (salvo abdicación, el Rey permanece en el cargo hasta su fallecimiento). b) Es hereditaria.
Notas esenciales de la Corona (art.56) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente las Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. ( nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de su Casa )”
Proclamación y juramento (Art. 61) El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.
SUCESIÓN (art. 57) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el caso de mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión de la Corona por sí y sus descendientes.
a) Cuando el Rey sea menor de edad, y
b) Por incapacidad sobrevenida (inhabilitación) del Rey.
Regencia (art. 59) Se distinguen dos supuestos en los que se pasaría a ejercer la regencia:
Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
Tutela (art. 60) Tendría lugar durante la minoría de edad del Rey. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las
Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política.
LAS FUNCIONES DE LA CORONA Conforme al artículo 62 de la Constitución corresponde al Rey:
Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del
Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Y según el artículo 63 también tiene las siguientes funciones:
1) El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 2) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y
Y por último, el artículo 65.2 de la Constitución dispone que “el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.”
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en relación con el cónyuge del titular de la Corona, el artículo 58 de la Constitución establece que “La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.”
El refrendo La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados careciendo de validez sin dicho refrendo (art. 56.3 CE). Se establece en este precepto la irresponsabilidad del Rey, es decir, la imposibilidad de exigirle responsabilidad política por el ejercicio de sus funciones constitucionales: de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Y se condiciona la validez de sus actos políticos al refrendo.
Por su parte, el art. 64 CE establece que los actos del Rey serán refrendados por:
‐ El Presidente del Gobierno
‐ Los Ministros competentes, en su caso.
‐ El Presidente del Congreso: La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno
y la disolución de las Cámaras prevista en el artículo 99 ‐ cuando ningún candidato a Presidente
del Gobierno logre la confianza del Congreso ‐.
La regla general del refrendo admite como excepción el nombramiento y separación por el Rey de los miembros civiles y militares de su Casa (artículo 65.2).
Otro supuesto que la Constitución excluye del refrendo, por entenderlo también un acto personalísimo, es la distribución que el Rey hace libremente de la cantidad global que los Presupuestos Generales del Estado le asignan para el sostenimiento de su Familia y su Casa (art. 65).
‐ III ‐ LAS CORTES GENERALES: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES
INTRODUCCIÓN La Constitución dedica el Título III a las Cortes Generales y, comprende los arts. 66 al 96. Se halla estructurado en los tres Capítulos siguientes:
 Capítulo Primero: De las Cámaras.
 Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes.
 Capítulo Tercero: De los Tratados Internacionales.
Las Cortes Generales son las encargadas de manifestar y representar la voluntad del pueblo, que democráticamente las elige.
Dispone el art. 66 CE que:
lo prevea el Reglamento
Estatuto jurídico de sus miembros
“Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables.”
Como notas que caracterizan a las Cortes Generales, podemos señalar:
Son un órgano de representación y participación del pueblo español.
Ejercen la potestad legislativa del Estado (elaboración y aprobación de las leyes).
Establecen y aprueban autónomamente sus propios presupuestos
Son un órgano de actuación permanente, colegiado, deliberante e inviolable.
Sus actuaciones son públicas, salvo acuerdo en contrario por mayoría absoluta o cuando
En cuanto a los miembros de las Cámaras, establece la Constitución en el art. 67 que:
‐ Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de
‐ Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
‐ Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
Por otra parte, el artículo 70 CE remite a la ley electoral para determinar las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, significando que comprenderán en todo caso:
En cuanto a la remuneración de los Diputados y Senadores, éstos percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Los Diputados y los Senadores disponen de dos importantes prerrogativas que la
Constitución les reconoce, no con carácter de privilegio personal, sino para proteger el ejercicio de sus funciones. Se trata de la inviolabilidad e inmunidad (art. 71):
Inviolabilidad: Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones; es decir, supone la exención de responsabilidad
de éstos por tales opiniones.
Inmunidad: Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán
asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán se
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Las Cortes Generales tienen una composición bicameral: Congreso de los Diputados y
Según Constitución: entre 300 y 400
LOREG: Establece 350
Mínimo inicial por provincia: 2
1 cada Comunidad Autónoma más otro por cada
Congreso de los Diputados Establece el artículo 68.1 CE que “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.” En la actualidad, el número de Diputados es de 350, fijados por la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.
Para la elección de los Diputados, señala el art. 68.2 CE, que la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por 1 Diputado . La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La citada Ley Electoral ha asignado a cada provincia un mínimo inicial de 2 Diputados.
Los 248 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al procedimiento previsto en la misma Ley.
La elección se verificará en cada circunscripción (provincia) atendiendo a criterios de representación proporcional (art. 68.3 CE), de tal forma que cada lista obtiene un número de escaños en función de los votos recibidos. Según el art. 163.1.a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, no se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.
Senado El artículo 69 CE configura el Senado como la Cámara de representación territorial. En cuanto a la elección de los Senadores, en cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
No obstante, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo:
‐ Tres Senadores a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y ‐ Un Senador a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza ‐ Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
Conforme a esto, el número de Senadores elegidos por sufragio universal es de 208.
Además, las Comunidades Autónomas, según dispone el artículo 69.5 de la Constitución, designarán un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos; que asegurarán en todo caso, la adecuada representación proporcional.
Por último, el artículo 69.6 establece que “El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.”
ATRIBUCIONES 1. ‐ FUNCIÓN LEGISLATIVA Es la función esencial de las Cortes Generales el ejercer la potestad legislativa, es decir, elaborar y aprobar las leyes.
Ambas Cámaras (Congreso y Senado) tienen participación en el procedimiento legislativo, aunque no en términos de igualdad. Por ello, el procedimiento de aprobación de textos es semejante en cada Cámara, pero no idéntico, y se habla de un bicameralismo imperfecto con predominio del Congreso de los Diputados.
La Constitución distingue entre las que denomina Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias, y otras disposiciones normativas con valor de ley.
Voto favorable de la mayoría
absoluta del Congreso , en una
votación final sobre el conjunto
DECRETOS ‐ LEGISLATIVOS
Dicta el Gobierno, previa
delegación de las Cortes de la
potestad legislativa mediante Ley
de bases (nuevo texto) o ley
ordinaria (refundición)
DECRETOS ‐ LEYES
Dicta Gobierno casos urgentes.
Congreso debe convalidar en 30
Leyes Orgánicas Son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas requiere voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las materias objeto de Ley Orgánica están excluidas de la iniciativa popular y de la regulación por Decretos‐ legislativos y Decretos‐leyes.
Disposiciones con valor de Ley a) Decretos legislativos. Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias que no sean objeto de Ley Orgánica. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se denominan Decretos Legislativos. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación
La delegación legislativa deberá otorgarse por:
‐ ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
‐ ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo.
Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance la delegación legislativa y
los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Las leyes de bases no podrán:
‐ Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
‐ Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos
Los Decretos‐ leyes no podrán afectar:
A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del Título I de la Constitución.
b) Decretos ‐ leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos ‐ leyes.
Los Decretos‐ leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. Durante este plazo las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
2. ‐ FUNCIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO. El Gobierno está sometido al control de las Cortes Generales (art 66.2 CE). El control parlamentario no sólo se efectúa al comienzo y al término de la vida de los Gobiernos, sino que se mantiene durante toda su actuación.
El Senado ejerce esta función, que comprende, en sentido amplio, las facultades de obtener información del Gobierno, someter a debate contradictorio su actuación e instarle a orientar su política en una determinada línea, se plasma en una serie de instrumentos regulados en el Reglamento: las preguntas, las interpelaciones, las mociones, los debates sobre las comunicaciones e informes remitidos por el Gobierno, las comparecencias y las comisiones de investigación y especiales.
Por su parte, el Congreso tiene un mayor protagonismo en el desarrollo de esta función. Así, la intervención del Congreso es decisiva para la formación del Gobierno y puede también provocar su cese a través de diversos medios. El Gobierno responde de su gestión política ante el Congreso de los Diputados, responsabilidad que tiene carácter solidario y, en consecuencia, se extiende al conjunto de sus miembros. Estas funciones de control al Gobierno que corresponden al Congreso de los Diputados son las siguientes:
a) Investidura del Gobierno. Se regula en el art. 99 de la Constitución.
Tras cada renovación electoral del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos de
cese del Gobierno (pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento de su

References: artículo 135

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 65
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 65
 artículo 58
 artículo 99
 artículo 70
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69