Source: http://www.argenpress.info/2012_11_29_archive.html
Timestamp: 2013-12-08 16:12:22+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 11/29/12
El nuevo fallo del juez Griesa contra la Argentina actúa como detonante de una situación financiera explosiva para la administración Kirchner: el dilema de blanquear o no un nuevo default. (1)
Alcances del fallo Griesa
En este caso, la resolución del juez favorece a los acreedores por 1.450 MD (2) (1.333 MD por Capital y 117 por Intereses) pero esta sentencia abre la puerta inmediatamente a que, por conexidad, sea generalizada a todos los holdouts una vez sentada jurisprudencia.
Ello significa que si las condiciones de los juicios perdidos entran bajo esta cláusula – cosa que puede ser discutible pero que es válida en principio (hasta el año 2014) – los montos a pagar por la Argentina se multiplicarían y el país entraría en un nuevo default por imposibilidad de pago. (3)
Pero, por otro lado, resulta rara o sospechosa cierta parcialidad del juez contra la Argentina, por otras razones (4): a) la contundencia o impulsividad en la forma de manifestar su enojo por las declaraciones del gobierno Kirchner, b) un paquete de medidas muy duras, como son la extralimitación de disponer la sentencia y la ejecución de la sentencia a la vez, la fijación de un plazo perentorio (el 15.12, fecha en que deben abonarse unos 3.500 MD por cupones ligados al PBI) y por la totalidad del importe para el depósito de garantía, la aplicación de una cláusula aceleratoria a los reclamos acreedores (pago de la totalidad de los bonos y no solamente de los vencimientos hasta la fecha), además de interferir en los pagos de los bonistas que sí entraron en el Megacanje 2005-2010 (que afecta derechos de terceros); y c) una posible intencionalidad política, vinculada con el agravamiento de la situación financiera y política interna del gobierno Kirchner (8N, 20N, 8D) y también, eventualmente, a la presión de la colectividad judía en relación con el problema Irán-AMIA, dada la estrecha vinculación del fondo Singer (el mismo de la fragata) con las relaciones entre Israel y los Estados Unidos.
Un blanqueo del default
El dilema del gobierno K
El vaciamiento organizado de las reservas del BCRA durante el año 2001 (5) llevó a la Crisis de Deuda de ese año y al fin de la Convertibilidad, que se sostenía con endeudamiento externo.
Hoy el dilema de un nuevo default (6) vuelve a plantearse como opción lógica y necesaria frente a la actual Crisis de la Deuda, como una necesidad de blanqueo de la insolvencia argentina para poder atender los servicios de una deuda tan ilegítima como impagable.
La imposición legal de las exigencias de pago a los holdouts y su extensión a todos los bonistas que entraron en el canje 2005-2010 devendría así causal de default y serviría para blanquear una Crisis de Deuda que se esconde detrás de una solvencia fiscal que no existe. (7)
1) Como antecedentes inmediatos del problema de los holdouts analizado en el presente trabajo se considera de lectura necesaria otros dos artículos recientes del autor: “Holdouts: embargo de la fragata y fallo de Nueva York” (del 8.11.2012) y “Holdouts y Megacanje 2005” (del 16.11.2012).
2) Las abreviaturas MD/M$ significan siempre Millones de Dólares/Pesos y están consignadas con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
3) Según el último Informe de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía (MECON-SF) el total de la deuda era al 30.6.2012 de 194.000 MD: 182.700 de Deuda Performing o con cumplimiento del pago de Intereses y 11.200 MD de deuda todavía en default con los holdouts (de los que 6.500 MD por Capital y 4.700 por Intereses impagos acumulados desde el 2002).
4) Ver el trabajo de Javier Llorens sobre “Comentario respecto del inusitado fallo del juez Griesa y su posible trasfondo” (24.11.2012).
5) Ver el libro “La Argentina robada”, de Mario Cafiero y Javier Llorens (Macchi, 2002).
6) La palabra “default” significa “incumplimiento” y equivale a “cesación de pagos”.
7) Uno de los subproductos de este nuevo default sería la inmediata caída - por desvalorización generalizada - de los títulos públicos argentinos, una gran parte de los cuales están hoy en poder de Agencias o Entes del Estado (como la ANSES, el BCRA, el BNA y otros).
En opinión del autor de esta nota, la verdadera razón de la caída del efímero gobierno Rodríguez Saá no se debió al blanqueo del default, que a fines de 2001 era ya un hecho inevitable, sino al intento de investigar la Deuda y de poner en circulación una moneda paralela – el “Argentino” – que fue abortada para salir de la Crisis de Deuda de ese año con más Deuda: 34.300 MD iniciales para cubrir la pesificación asimétrica y vuelta al endeudamiento con Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BIRF y BID) y luego nueva reestructuración de Deuda (Oferta de Dubai y Megacanje 2005).
Al suspender el fallo del juez neoyorquino Griesa -que ordenaba depositar a la Argentina la totalidad de la deuda pendiente con una fracción de los “fondos buitre”- los camaristas de ese país tomaron nota de la capitulación argentina ante esos mismos especuladores. En la apelación que había presentado el día anterior, el kirchnerismo ofrecía reabrir un arreglo de la deuda externa para quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2009, y a quienes al gobierno había jurado dejarlos afuera de cualquier pago.
El fallo “suspensivo” abre un lapso de tres meses de negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”, que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su apoyo a esa derogación. O sea que el Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales.
Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta negociación tutelada por la justicia norteamericana, estará en danza una hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de la deuda impaga a los fondos buitre.
No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ´nacional´. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes”. (La Nación, 28.11). En la cola de esta exigencia de ¨normalización económica¨, está la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.
En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -y que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.
Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como completo rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo le otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda.
Se ha derrumbado uno de los pilares del ´modelo´oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.
A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares, y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.
Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con el Anses y el Banco Central. Pero precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local” que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía del Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó al Anses de 5135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de deuda se ha cobrado esta confiscación.
El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, y que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado al Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente, contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.
No están registrados en los anaqueles burocráticos del Estado. Por lo tanto, no existen.
Nada diferencia a Mabel y a su compañero de María Ovando, la misionera a quien hoy la in-justicia probablemente condene por abandono de persona doblemente agravado. Porque se le murió su niña de hambre en brazos y la enterró. Ella, analfabeta. Doce hijos y dos nietos en casa (“casa” es lata, lona y madera). A 25 kilómetros del hospital. Sus hijos no tuvieron documentos al menos hasta que el Estado visibilizó a su madre con ojo fulminante: la puso presa y la enjuició. De paso, casi tangencialmente, vio que había un montón de niños alrededor con hambre de siglos.
2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como "nuevo" cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como "nuevas". La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.
7. Otorga a las empresas semilleras el "poder de policía", ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.
Argentina: Concejales rechazaron la iniciativa vecinal sobre la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas
El Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas rechazó el proyecto de ordenanza presentado por los vecinos de esa localidad que pretendía ampliar la zona de resguardo ambiental y la realización de una consulta popular que decida sobre la instalación de Monsanto. La policía reprimió a manifestantes.
Malvinas Argentinas. El proyecto de ordenanza pretendía crear una zona de resguardo ambiental de “un radio de dos mil quinientos metros (2.500 m.) a partir del límite de la referida planta urbana o núcleos poblacionales y de cinco mil metros (5000 m) de cualquier establecimiento escolar y/o sanitario o hasta la distancia a la que llegare la jurisdicción territorial del Municipio…”
Durante la sesión, la policía reprimió con balazos de goma a los manifestantes que desde horas de la tarde se encontraban apostados en el exterior del edificio público para ingresar al recinto. Entre ellos, algunas integrantes del Grupo de Madres de Ituzaingó Anexo. Luego, llegaron refuerzos de infantería, que resguardaban el edificio mientras en su interior la “vergonzosa puesta en escena” continuaba su curso.
Luego de un breve debate, los concejales rechazaron el proyecto de ordenanza y los siete votaron unánimemente y sin más trámite por la negativa. Según los funcionarios, las normativas ambientales existentes “están a la altura de las necesidades actuales”.
De esta manera, con un nimio debate y con la presencia en el recinto de dos personas de la Asamblea de Malvinas Lucha por la vida, las iniciativas impulsadas por los vecinos de la localidad fueron rechazadas argumentando que ya existen normativas regulatorias. Los manifestantes sostienen que “los funcionarios son títeres del intendente Arzani y de Monsanto, y que dieron la espalda al pueblo”. En tanto, el intendente Arzani afirmó que por ahora “no hay autorización municipal” para la instalación de la multinacional semillera en el lugar y que la secretaría de Ambiente aún no se ha expedido sobre cuál será el impacto ambiental de la locación.
Al igual que en otros lugares del país como Chubut por ejemplo se repitió la metodología de atacar a las comunidades que se organizan contra emprendimientos extractivistas y depredadores por medio de “patotas” que responden a funcionarios como este caso que agredieron con piedras a los vecinos que se manifestaban en la calle.
La policía intervino separando a ambos grupos. Una joven de la Asamblea resultó herida en la cabeza por una pedrada. Cuando la llevaron al dispensario del pueblo, completamente vallado, se negaron a atenderla, por lo que tuvo que ir a un hospital en Córdoba ciudad, donde le suturaron la herida.
Finalmente, los integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, vecinos y organizaciones se retiraron de manera organizada, ante la mirada de las fuerzas policiales presentes en el lugar y de la patota que responde el intendente.
Argentina, Córdoba: La UNRC se expresó en contra de la instalación de Monsanto en Río Cuarto
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) consideró que la radicación de una planta de la multinacional representa un avance del modelo de acumulación y agronegocios que puede vulnerar la soberanía popular. “El poder económico incide fuertemente en las construcciones políticas y sociales. Las corporaciones no son neutrales…”, dijo el rector, Marcelo Ruiz.
Después de un debate de más de tres horas, el Consejo Superior de la UNRC aprobó por una amplia mayoría la resolución elaborada por la comisión ad hoc que durante un mes analizó las implicancias de la radicación de Monsanto en Río Cuarto.
A través del texto mencionado, la casa de altos estudios se manifestó en desacuerdo con la instalación de la multinacional y expresó una profunda crítica al modelo de los agronegocios por sus consecuencias socio ambientales y económicas. En ese marco, también se estableció la derogación de todo tipo de convenios y protocolos de trabajo que se encuentren vigentes
Asimismo, los consejeros solicitaron que se hagan públicos los estudios de impacto ambiental de la planta de Monsanto para ser analizados por especialistas de la universidad nacional y exigieron que se realice una audiencia pública, tal como lo exige la Ley de Ambiente, antes de que se apruebe el inicio de cualquier obra de esta empresa y sus asociados.
En el debate también intervinieron integrantes de la Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos y de Movimiento Universitario Sur, agrupación que había presentado el pedido un mes atrás al Consejo Superior para que la universidad se expresara en contra de la llegada de Monsanto.
Por otro lado, la resolución aprobada enumera las múltiples consecuencias que la expansión de la producción de cultivos transgénicos con uso de agroquímicos ha provocado en el país y en la provincia de Córdoba.
Citando diversas investigaciones del ámbito nacional e internacional, el documento afirma que el modelo de los agronegocios ha generado una profunda concentración de la tierra y la riqueza, provocado innumerables consecuencias ambientales –entre las que se destaca la devastación de los bosques nativos de la provincia-, y afectado la salud de las poblaciones expuestas a las fumigaciones.
Agronomía y Veterinaria, cuyos representantes estuvieron ausentes durante la sesión, habían solicitado que se prorrogue el tratamiento del tema de la instalación de Monsanto pero la mayoría de los consejeros rechazaron el pedido.
Finalmente, pasadas las 18 hs, 22 de lxs 25 miembrxs presentes en la sesión del Consejo Superior votaron la decisión de aprobar la resolución mediante la cual la universidad expresó su desacuerdo con la radicación de la multinacional.
Los tres concejeros restantes apoyaron una propuesta alternativa que establecía la necesidad de condicionar el rechazo de la UNRC al análisis de los estudios de impacto ambiental de la planta experimental y a los resultados de la audiencia pública que se realizaría para evaluar la problemática.
“El poder económico incide fuertemente en las construcciones políticas y sociales. Las corporaciones no son neutrales; recordemos, por ejemplo, el rol que algunas empresas tuvieron en la guerra de Vietnam y en la dictadura militar argentina”, reflexionó el rector de la UNRC Marcelo Ruiz en relación a las implicancias de la instalación de Monsanto en la región.
Además, destacó la importancia de que las universidades nacionales se comprometan para alertar a la población sobre estas problemáticas: “Si todas las universidades del país hubiéramos alertado sobre lo que pasaba en barrio Ituzaingó podríamos haber evitado todas esas muertes, pero tuvieron que ser los propios vecinos afectados quienes salieran a denunciar”, agregó el rector.
Megaminería, ¿con sangre entra?: “El gobernador tiene que renunciar porque es responsable de la violencia constante contra los chubutenses”
La Central de Trabajadores de la Argentina de Chubut repudió la salvaje agresión que sufrieron quienes se manifestaron frente a la Legislatura local por el No a la megamineria. El secretario general de la central, Sergio Charles pidió la renuncia del gobernador Martín Buzzi porque “es el único responsable de la violencia constante contra los chubutenses, ya que hasta a los policías los han apaleado por pedir aumento. Así es este gobierno ’nacional y popular’, pensar distinto es motivo de que te muelan a palos”, dice a ACTA.
-Esta vez no fue ni la Policía ni la Gendarmería la que golpeó.
Cuando rodeábamos la Legislatura con gente de las asambleas, compañeros de la CTA, el pueblo en general, debido a que la oposición a la megaminería es muy militada en toda la provincia, aparecieron alrededor de 300 matones con palos y cadenas. Golpearon niños, mujeres indefensas, ancianos. Tenemos una compañera de la Juventud a la que todavía le están haciendo análisis ya que le dieron duro en la cabeza.
La gente se refugio en la Legislatura que por supuesto, en medio de la batalla no pudo sesionar. La policía había dado zona liberada. Los partidos políticos piden la renuncia del secretario de gobierno, del titular de Justicia pero acá el que se tiene que ir es Martín Buzzi. El gobernador es el verdadero responsable de la violencia en la provincia. Hasta a los policías los apalearon por pedir aumento. En este gobierno "nacional y popular", pensar distinto es motivo de que te muelan a palos.
-Hablemos de qué se trataba y qué tiene preocupado a Buzzi?
Intentan aprobar un marco regulatorio trucho que permita violar la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto, el uso de cianuro. Esa ley se logró como resultado de enormes movilizaciones. Lo que pasa es que del otro lado están los intereses de las transnacionales. Los gobernadores suelen subir con el apoyo del pueblo, a veces con fraude, pero después les prestan oídos a las multinacionales más que a la gente. No vamos a dejar que hipotequen el presente y futuro de la provincia, con sus negociados.
-Qué papel juega en todo esto el ex agente de 601 de Inteligencia, Gerardo Martínez?
A la mañana montaron una enorme carpa. Hasta allí llegaron más de cien matones de la UOCRA. Los atendieron como reyes. Bien alimentados y descansados, agarraron los palos y las cadenas y fueron por nosotros. Eso es parte de un acuerdo entre Buzzi y Gerardo Martinez, el secretario general del gremio de la construcción.
Chiquitos de 15 años hospitalizados, golpeados por matones de la UOCRA. Buzzi tiene que responder por eso. ¿Vamos a esperar que haya algún muerto para reaccionar ante este tipo de actitudes?
-Qué propone la CTA?
Que consulten al pueblo. Si tienen alguna duda hagamos un plebiscito vinculante. Pero Buzzi y las transnacionales no quieren eso porque saben que a pesar de los millones que manejan, que inclusive silenciaron la represión en los grandes medios, nuestra gente no se deja engañar. No van a poder con el miedo. Han realizado encuestas y la mayoría de la población está en contra. Por eso buscan hacer esta especie de fraude con un marco regulatorio trucho. La minería a cielo abierto no va a pasar. Buzzi se tiene que ir y ¡basta de zona liberada y matones!.
Res non verba: La vaca no habla. Esa era la traducción que hacíamos de chicos del proverbio latino. No está muy lejos de su traducción verdadera: hechos, no palabras. La vaca no habla. Los hechos sí.
En definitiva: ni boleto sanitario, ni gratuidad, ni financiamiento del sector público, ni control de la investigación biomédica, ni despenalización del aborto, ni producción pública de medicamentos, ni prevención en salud de los trabajadores, ni Ley Nacional de Salud.
La vaca no hablará, pero los hechos gritan.
Argentina. Un negocio K en los casinos de Mendoza: “Ahorrando” con Cristóbal López en los casinos de Mendoza
Un nuevo encuadre impositivo de la empresa del empresario K que regentea casinos oficiales en el Este y en el Sur le permitirá ahorrarse más de un millón y medio de pesos al mes en concepto de IVA. La provincia recaudará más por Ingresos Brutos, pero pierde la AFIP. El juego, y las conexiones políticas.
Es difícil saber quién lo pidió primero: La Dirección de Rentas, el Instituto de Juegos y Casinos, o si fue todo a demanda –y a medida- de la empresa Traylon SA, una de las firmas de juego del empresario K y ahora propietario de medios oficialistas como Radio 10, Cristóbal López, quien regentea los anexos del casino oficial en Rivadavia, San Martín, Alvear y Malargüe. Pero lo cierto es que un nuevo encuadre impositivo en Mendoza le permitirá al zar del juego y de la obra pública “nac & pop” ahorrarse cerca de 1,1 millones de pesos al mes, según cálculos extraoficiales de fuentes del Instituto de Juegos y del gobierno que pidieron estricta reserva de sus nombres. Las nuevas ganancias de Cristóbal López en los casinos de Mendoza no son a costa de la provincia. De hecho, por Ingresos Brutos López pasará a pagar cerca de 400.000 pesos más al mes. La que pierde, en todo caso, es las AFIP. Ya este mes la firma Traylon SA no tributó IVA, luego de la trama legal que pasó por la Dirección General de Rentas, y el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, pero que se decidió en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. “Fue una decisión política. Pero Cristóbal no tiene relaciones directas en el gobierno de Mendoza. Estas cosas llegan vía Buenos Aires” contó alguien que conoce muy bien el entramado de cuanto ocurre en el edificio de la Avenida Peltier.
Empleados del casino, gente de carrera y con muchos años en la Casa de Juegos, fueron los que dieron la voz de alerta a los gremios primero y a legisladores de la oposición después. Dicen que este “encuadre” nuevo de la empresa de López para que pague más Ingresos Brutos y deje de pagar IVA “…es un regalo a cambio de nada…” Y sugieren que esta medida, expresada a través de la resolución 644 del directorio del Instituto, firmada el 30 de octubre de este año, es una “privatización encubierta” del juego en la provincia, porque la empresa pasó de alquilarle máquinas al Instituto, a ser un explotador del juego y operador a tiempo completo de los anexos.
La resolución del Instituto, que será observada con detenimiento por los legisladores de la oposición que componen las comisiones controlantes del negocio del juego, abre la puerta a que otros empresarios de máquinas tragamonedas hagan reclamos semejantes, y entonces este negocio pague menos impuestos nacionales. A los fines fiscales, alquilar máquinas es una actividad y paga el 21 % de IVA, y ser explotador de juego está exento de este tributo. “No hay mucho que la AFIP pueda hacer… es un cambio de categoría que es pertinente” explica otra fuente del gobierno, también en el mayor de los secretos. Es que nadie quiere levantar la voz para hablar de Cristóbal López. Sin embargo, un informe reservado elaborado por un miembro del directorio del Casino a pedido de este diario dice que hasta ahora ninguna de las empresas que explotan máquinas tragamonedas en Mendoza ha tramitado este cambio de categoría, lo que les permitiría ahorros millonarios.
El plan –parece que lo hay- toma dimensión cuando se pone sobre la mesa la cantidad de dinero que se juega en las tragamonedas en Mendoza. Una fuente oficial certificó para este medio que en el primer semestre de 2012 se jugaron aproximadamente 3.500 millones de pesos en las “maquinitas” de todos los casinos de la provincia. Proyectando esa cifra a la fecha, la gente ya se patinó 6.000 millones de pesos en el juego de bajo riesgo. Es de locos: la provincia no pudo conseguir plata en el mercado por menos del 25 % de esa suma. La represa Los Blancos que fue adjudicada a la constructora de José Cartellone costará cerca de eso. Sólo en las tragamonedas, las cifras que se juegan en Mendoza son escandalosas. Por eso extraña que se permitan nuevos encuadres impositivos de los prestadores para que paguen menos impuestos, y no más. En el caso de la empresa de López pagará unos 400.000 pesos más de Ingresos Brutos pero dejará de aportar un IVA mensual de 21 %, que significan 1.500.000 pesos. En diez años de concesión, y merced a las decisiones que se tomaron sólo con estos cuatro anexos en cuatro departamentos del interior mendocino, uno de los empresarios que más ha ganado con los Kirchner se habrá ahorrado de gastar en impuestos 132 millones de pesos.
“Antes las empresas de tragamonedas eran simplemente quienes alquilaban las máquinas al Instituto. Pero con este encuadre, lo que ocurre es que pasan a ser explotadores del juego. Ahora son socios del juego oficial. Es una privatización encubierta” cuenta un ex funcionario que conoce a la perfección los manejos del juego oficial.
Por otro lado aparece el dilema del huevo y la gallina. Desde el directorio del Instituto se informó que ellos hicieron el re-encuadre de la empresa de Cristóbal López a pedido de la Dirección General de Rentas. En el organismo recaudador de la provincia miran para otro lado y apuntan hacia arriba. Es obvio que perdonarle a López más de un millón de pesos por mes en impuestos no es una decisión administrativa. Es improbable que en la AFIP no estuviesen al tanto. Las consultas tanto telefónicas como por escrito a la recaudadora conducida por Ricardo Etchegaray no dieron resultado, aunque se interesaron por el tema y prometieron respuestas futuras.
En el Instituto de Juegos hay un expediente previo a la resolución 644 que benefició a López. Allí, la empresa muestra una ecuación en la que la suma de los impuestos que pagaba (3 % de Ingresos Brutos a la Provincia, 21 % de IVA, más Impuesto a las Ganancias) se vería afectada al punto de ir a la la quiebra, al llevar Ingresos Brutos al 20 %. Y se reservaba el derecho de iniciar acciones legales y de rescindir el contrato por culpa de la provincia. Según los considerandos de la resolución que beneficia a la empresa de Cristóbal López, que hizo suyos los argumentos de la propia firma, con el correr del tiempo las condiciones del acuerdo se fueron desnaturalizando, al punto que Traylon SA debía asumir cada vez más roles. No se trataba ya de alguien que simplemente alquilaba y mantenía máquinas. Se fueron transformando poco a poco en un explotador del juego, en un asociado al Estado. Acto seguido, aparecieron durante 2011 las constataciones de la Dirección de Rentas que impulsaron este “re encuadre” de la categoría fiscal de Traylon SA. Esta medida pedida por Rentas y aplicada por el Instituto terminó de configurar el beneficio “sin nada a cambio” dicen fuentes del organismo rector del juego en Mendoza.
El jubileo impositivo, aseguraron varios de los consultados, cambió las condiciones del contrato, algo que fue negado de manera terminante por la fuente del directorio.
Desde la otra vereda los informantes insisten: “Esta no es una renegociación, esto es un beneficio posterior a la renegociación, o más bien un regalo” dicen los informantes, aludiendo a la renovación del contrato acordada el año pasado. “No se les pidió inversión alguna, y la Presidenta del Instituto Nidia Martini no tiene autoridad para hacer esto, ella puede después de la solicitud escrita de la empresa, iniciar la tramitación pasando por Asesoría de Gobierno, Rentas y el Tribunal de Cuentas” nos cuentan. Pero las condiciones para Traylon ya habían sido exigidas en la renegociación del contrato, en honor a la verdad. La empresa informó que cumplió todo en seis meses.
La pregunta, sin respuesta por ahora, es cómo se puede hacer un expediente que culmina en un “ahorro” para la empresa de López de más de trece millones de pesos al año que la AFIP no va a cobrar, y en el organismo recaudador nacional, tan preocupado por el cepo cambiario y los dólares del colchón de Doña Rosa, no se les mueve un pelo.
En el ambiente del juego ya dicen que los demás actores vienen por lo mismo. Además de Traylon SA (que antes era Cirsa), en el negocio de las tragamonedas oficiales de Mendoza operan la firma de Vila-Manzano (Mendoza Central Entretenimiento) para el casino central, el presidente de Boca Daniel Angelici por los anexos de Uspallata y Tupungato, e IVISA por el de Tunuyán. En el organismo, la respuesta oficial es que no hay ningún otro expediente similar al de Traylon. Pero los empleados, que no creen en brujas, juran “que las hay… las hay…”
La resolución del Instituto (ver facsímil arriba) favoreciendo a López –aunque a Rentas también, lo que debe quedar claro- fue firmada por la presidenta Nidia Martini y por el director radical Miguel Bondino, quien inmediatamente después tomó una licencia, de acuerdo a los informes que circulan.
La medida es polémica por una simple razón: el servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas devino en “explotación del juego”, por lo que una actividad que tenía una carga impositiva importante porque así se diseñó años atrás para que el juego deje algo de renta social, pasó a estar exenta. No paga nada. Una decisión injusta cuando se ve que no hay modificaciones, por ejemplo, al Mínimo no Imponible de Ganancias. Es decir que hay impuesto al trabajo, pero no a la timba. No el que debería corresponder, por lo menos.
En el Instituto buscaron alejar fantasmas y aseguran que todo está en regla:
“Esto no es una recategorización sino un encuadramiento a la ley impositiva que realiza Rentas con los operadores privados en la explotación de las máquinas” dijeron. “Para nosotros como provincia esto significa un aumento del ingreso en un 17 por ciento” agregó la fuente del directorio.
-¿Esto no implica un cambio de objeto de contrato?- preguntamos.
-No, de ninguna manera, el contrato sigue exactamente en las mismas condiciones.
-¿Ya se le hizo algún pago con el nuevo esquema? ¿Traylon no entregó factura, si no un recibo?
-Se realizó un pago, ya que la normativa contable se adecuó a los requerimientos de Rentas.
-¿Se notifico al Tribunal de Cuentas, a Rentas y a la Asesoría General de Gobierno, de este cambio?
-Todos los organismos correspondientes han sido notificados de la resolución.
-¿Hay expedientes de otros operadores pidiendo lo mismo?
-No es el operador quien realiza el pedido sino Rentas quien solicita la adecuación de acuerdo a la ley impositiva…- fue la respuesta. Otra vez, el huevo y la gallina.
Cristóbal López empezó con casi nada en el sur del país y ahora es multimillonario. En un puñado de años hizo esa transformación de la mano de los Kirchner. Tiene inversiones en petróleo –con áreas incluso en Mendoza- construcción, lácteos, inmobiliarias, y casinos. Sus anexos del casino en esta provincia son un negocio chico en sus términos económicos, pero los más rentables entre los anexos oficiales... Su último “chiche” son las radios y canales de TV. Aunque la operación es claramente violatoria de la Ley de Medios, meses atrás compró la radio de AM más escuchada de Buenos Aires (Radio 10), y el segundo canal de noticias más visto, C5N. Su desembarco llegó con muchas polémicas, pero el empresario tiene ahora el multimedios privado más grande dedicado por entero a favorecer al oficialismo. Entonces…. ¿Cómo no le íbamos a dar una manito en Mendoza, si es un amigo?.
Argentina, Santa Fe: Piden que la jueza Cosidoy se aparte de un juicio por delitos de lesa humanidad: “Una amiga de genocidas no puede juzgarlos”
Argentina: Arrancó el juicio a 68 represores de la ESMA, incluidos pilotos de vuelos de la muerte
FARCO - PRENSA RED
Comenzó un nuevo juicio por crímenes de la dictadura cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Son 68 imputados en el banquillo, la mayoría de la Marina, entre ello los criminales ya condenados Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, y varios de los pilotos que realizaron los vuelos de la muerte en los que los detenidos desaparecidos eran arrojados vivos al mar.
En total se investigarán 789 hechos de secuestro, tortura, asesinato y robo de bebés, entre otros delitos. Se espera que declaren unos 900 testigos. En declaraciones a Informativo FARCO, Amy Rice de la agrupación HIJOS Capital expresó su felicidad ya que “es de los juicios más grandes que se van a vivir en la historia de los juicios por delitos de lesa humanidad”.
Los jueces que llevarán adelante el juicio son Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia, integrantes del Tribunal Oral Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires. Se espera que las audiencias se extiendan alrededor de dos años dada la gran cantidad de casos que serán ventilados y de testigos que deberán declarar.
Rice explicó que “son 68 imputados y son 789 los casos de compañeros tanto detenidos desaparecidos como sobrevivientes y niños nacidos en cautiverio que entran como casos, que serían las víctimas por las cuales desde hoy vamos a empezar a tener justicia”.
La integrante de HIJOS destacó también la importancia de que se juzgue a los pilotos de los denominados vuelos de la muerte porque “hoy va a ser la justicia la que diga que sí, efectivamente existió ese tipo de delitos y a su vez porque también va a ser un homenaje a esas Madres de Plaza de Mayo que fueron tiradas vivas al mar y que ese mar las devolvió y que hace algunos años, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, las pudimos recuperar y darles entierro donde ellas llevaron adelante su lucha, en la Iglesia de la Santa Cruz. Es un motivo más para estar felices”.
La ESMA fue el mayor centro de exterminio montado por la dictadura y se calcula que por allí pasaron unas 5 mil personas detenidas ilegalmente.
Jueza salteña ordena represión y detenciones sobre Okupas por que la insultaron
Fue durante el desalojo de unas cincuenta familias que ocupaban un baldío lindante a un complejo Deportivo ubicado al norte de la ciudad de Salta. El desalojo que termino con la represión y detención de cuatro ciudadanos fue ordenado por la Jueza Mónica Faber, que manifestó a la prensa que se sintió amenazada y por ello ordeno la represión.
El Desalojo y represión se realizo este miércoles al mediodía con la intervención de centenares de efectivos de la policía de Salta.
La utilización de la fuerza pública en casos de tomas de terrenos deja en evidencia, la inoperancia de las autoridades provinciales, y legislativas que no pueden dar solución ante la crisis habitacional que tiene Salta, con más de 30 mil familias que no tienen casa propia en esta provincia. Asumiendo la justicia el rol represor, criminalizando la crisis habitacional, como ya lo hicieran durante los cortes de ruta en el norte de la provincia de Salta, sobre población civil, que solicitaba se cumplieran sus derechos, al trabajo, a la salud y a la vivienda, claramente garantizados en la Constitución, pero no en la cotidianidad culpando de esta forma una vez más, a los débiles del sistema de un delito, que sobrepasa y deja inhibido al Código Penal y que los jueces no interpretativos de la realidad social, imponen el orden, a balas y palos avalando la injusticia y la exclusión.
Que intervenga para terminar con las interferencias de FM La Caterva 97.3 y de La Quinta Pata 93.3
La inmediata reserva del 33 % y la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares.
El PRS dueño de radio Libertad ordenó levantar un programa que rechaza la instalación de una fábrica de explosivos en el Galpón
El repudiable pedido de censura fue realizado por la Junta Directiva, del Partido renovador de Salta, que “ordena al director de FM Liberta Ariel Osores retire del aire de forma inmediata el programa Puntos de Vista conducido por el periodista Marcos Barrera”. En una nota firmada entre otros por Noemí Valdez, y Liliana Pérez.
La radio que paradójicamente, lleva el nombre de Libertad, fue creada con fondos del Partido renovador de Salta, y responde políticamente a este partido, fundado por el gobernador defecto Roberto Augusto Ulloa. El P.R.S hoy es aliado político del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, siendo Andrés Sottos el presidente del Partido Renovador de Salta y el vicegobernador de esta provincia.
A este escándalo de censura, solo entendido por la conformación política de quienes integran el P.R.S. y el pasado procesista de sus fundadores, trasciende el pueblo del Galpón, que viene resistiendo en su mayoría a la instalación de una fabrica de explosivos de capitales norteamericanos, que ya fue avalada por el Concejo deliberante, a pesar del pedido de rechazo de los pobladores que proponen realizar una consulta popular para que los habitantes del Galpón, haciendo uso de un pedido de democracia participativa como lo contempla la Constitución, decidan en las urnas el si o no a la instalación de la fabrica de explosivos.
Bolivia aumentará generación de energía eléctrica en 2013
Bolivia aumentará en unos 57 megavatios su generación de energía eléctrica en 2013 cuando entren en funcionamiento dos nuevas plantas, informó hoy el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, Richard Alcócer.
El directivo señaló que las reservas del Sistema Eléctrico boliviano se incrementarán en más de 57 megavatios en 2013, con la incorporación de al menos 17 megavatios de la planta de la ciudad de El Alto y 40 adicionales de la generadora de Bulo Bulo, en el central departamento de Cochabamba.
Alcócer dijo que hasta noviembre de este año, las reservas del país llegaron a más de 100 megavatios, tomando en cuenta que se generaron mil 218 y la demanda interna llegó a los mil 107.
Estas cifras son alentadoras, máxime si se tiene en cuenta que el consumo de energía eléctrica aumentó en un seis por ciento en lo que va del año en la nación suramericana.
De noviembre del año pasado hasta noviembre de este año la demanda de electricidad llegó a los mil 107 megavatios, 65 más que los mil 42 requeridos a finales de la gestión pasada, precisó Alcócer.
No obstante, el funcionario garantizó el suministro de electricidad a la población, al explicar que en paralelo al aumento en la demanda, la Autoridad incorporó este año 138 megavatios adicionales a las reservas del sistema para abastecer de energía a los bolivianos sin ninguna dificultad.
Por tanto, el crecimiento en la demanda, con la oferta está completamente asegurada, subrayó.
Menor desigualdad brasileña de las últimas tres décadas
Brasil logró en 2011 la menor desigualdad del ingreso entre ricos y pobres de las últimas tres décadas, aunque se mantiene como uno de los lugares del planeta con mayores brechas sociales, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
El índice que mide la desigualdad, Gini, fue de 0,508 en 2011, cuando en 1981 era de 0,583, un coeficiente que va de cero a uno.
En consecuencia, el gigante sudamericano, sexta economía del mundo, todavía está lejos del 0,305 que marcó en 2010 por ejemplo la desigualdad en la Unión Europea.
El IBGE divulgó la Síntesis de los Indicadores Sociales desde 2001 a 2011 y destacó que una señal de la caída de la distancia social entre brasileños fue la reducción de renta del 20% de los más ricos. De todos modos, el 40% más pobre ganaba apenas el 11% de la riqueza nacional.
La franja más pobre de la sociedad, la que en la década pasada ganó hasta 100 dólares mensuales por familia, expandió sus ganancias del 5,3% en 2011 al 31,5% en 2011, fruto de los programas de transferencia de renta como Bolsa Familia instaurados y masificados por el gobierno de Luiz Lula da Silva (2003-2010).
"Hubo mayores avances en la reducción de la desigualdad de raza que en la de género", dijo la investigadora Cristiane Soares, del IBGE.
En 2001, las mujeres ganaban el 69% de lo que lo hacían los hombres y eso en 2011 pasó a representar el 73%. En 2001 los negros ganaban el 50,5% de los blancos y en 2011 saltaron a 60%.
Senado chileno da luz verde a polémico proyecto sobre pesca
El Senado chileno aprobó hoy el proyecto de Ley de Pesca, documento que generó reiteradas protestas de pescadores artesanales y otros sectores sociales.
El texto recibió el visto bueno de la Cámara alta esta madrugada, luego de prolongadas sesiones, en las que uno de los temas más polémicos fue la duración de las licencias, que los críticos del texto consideran una fórmula para poner el patrimonio pesquero en manos privadas a perpetuidad.
La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, que meses atrás aprobó una primera versión del documento por 60 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones.
El proyecto de ley logró avanzar en el Senado gracias a un pacto entre un grupo de congresistas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista con el Gobierno.
En días recientes los senadores Guido Girardi, Eugenio Tuma y Alejandro Navarro anunciaron que de aprobarse la iniciativa acudirían al Tribunal Constitucional y Organismos Internacionales para interponer quejas.
"Está fundada en argumentos que no se corresponden con la realidad, genera un profundo problema de explotación, es un inmenso negocio al año que se le va a entregar sin condición a grandes empresas pesqueras y eso constituye lesión enorme al patrimonio nacional", señaló Girardi, del Partido por la Democracia.
En la Cámara baja el documento debe encontrar nuevamente el rechazo de algunos legisladores, aunque no constituyen mayoría.
El diputado Guillermo Teillier fustigó la cláusula que otorga licencias por 20 años que "finalmente beneficia a cuatro grandes consorcios privados controlados por siete familias multimillonarias, despojando al país de una riqueza que le pertenece y de sus beneficios que deberían ir a los trabajadores del sector y a toda la población".
En opinión de Teillier, la entrega del patrimonio pesquero al sector privado contradice el artículo primero del proyecto de ley, según el cual el Estado posee los derechos soberanos para la exploración, explotación y conservación de los recursos hidrobiológicos, pero en la práctica quedan en manos de empresarios.
"El país mira con estupor cómo se conforma esta mayoría entre senadores de la derecha y algunos de la oposición para aprobar normas que afectan a todas y todos los chilenos", manifestó el diputado comunista en referencia a un pacto.
Para la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, que agrupa a unos 120 mil hombres de mar, el proyecto desestima el significado de la pesca de arrastre y el respeto a las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a consorcios privados.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera alega que el documento pretende asegurar la sustentabilidad de los recursos marinos, así como el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización.
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