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Timestamp: 2019-09-19 14:44:45+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 22, de 26/05/2004
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Nombramiento ... (Página 3)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de la Presidencia de la Comisión no permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Nombramiento ... (Página 3)
130/000001 Real Decreto-Ley 1/2004, de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Convalidación ... (Página 3)
162/000002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a proceder a la inmediata devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat Republicana anteriores al inicio de la guerra civil española depositados en el Archivo de Salamanca. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página 4)
162/000020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), por la que se insta al Gobierno a retornar y depositar en el Archivo Nacional de Cataluña los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Enmiendas ... (Página 6)
Retirada ... (Página 8)
162/000028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para depositar los documentos catalanes
del Archivo General de la Guerra Civil Española en los archivos de la Generalitat de Catalunya. Enmiendas ... (Página 6)
162/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones. Enmiendas ... (Página 8)
Aprobación con modificaciones ... (Página 10)
162/000074 Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, de Esquerra Republicana (ERC) y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se insta al Gobierno a que inicie un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Aprobación ... (Página 8)
172/000007 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la problemática de la violencia de género ... (Página 11)
172/000009 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política industrial ... (Página 11)
173/000001 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea. Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página 12)
Aprobación con modificaciones ... (Página 15)
173/000002 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la política de extranjería. Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página 16)
Aprobación con modificaciones ... (Página 21)
173/000003 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 22)
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 14 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a las personas que a continuación se relacionan, con los efectos que para cada uno se señalan y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC):
- Don Miquel Martín Gamisans (efectos de 24 de mayo de 2004).
- Don Jordi Casadevall Fuster (efectos de 5 de mayo de 2004).
- Doña María Llorach Cartañà (efectos de 19 de mayo de 2004).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
299/000005
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 18 de mayo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.0 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a don Diego Lamelas Pombriego, a propuesta del Excmo. Sr.
D. Juan Morano Masa, con efectos de 19 de mayo de 2004 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión no permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
130/000001
Se publica a continuación el Real Decreto-Ley 1/2004, de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
REAL DECRETO-LEY 1/2004, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE APLAZA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO
La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, ha llevado a cabo una profunda reordenación del transporte por ferrocarril de competencia estatal, que se basa en la apertura progresiva de dicho modo de transporte, acompasada a los ritmos y plazos que establezcan las normas del Derecho comunitario, a la competencia entre empresas y agrupaciones internacionales de empresas establecidas en la Unión Europea y en la completa separación de las actividades de administración de la infraestructura ferroviaria y las de explotación de los servicios de transporte.
En el plano organizativo, la reforma legal conlleva la extinción de la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, la transformación de Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la creación de dos nuevos organismos públicos, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, encargado de la proyección, construcción y mantenimiento de las infraestructuras y de la gestión de sus sistemas de control y seguridad, y RENFE-Operadora, responsable de la prestación de servicios de transporte.
La consecución de estos objetivos sin mermas para la eficacia y la seguridad del transporte ferroviario requiere, además, un amplio conjunto de normas de desarrollo de la Ley 39/2003, expresamente previstas en ella, cuya aprobación simultánea o en fechas inmediatas a la de la entrada en vigor de la ley resulta estrictamente necesaria para completar, con garantías de certeza y de seguridad jurídicas, el nuevo régimen jurídico del sector ferroviario.
En efecto, la propia ley, que no contiene determinación alguna acerca de la organización interna y de las reglas de funcionamiento de las dos nuevas entidades públicas empresariales por ella creadas, prevé que, antes del inicio de su vigencia, el Gobierno deberá aprobar los estatutos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y de RENFE-Operadora, convirtiendo de esta forma a tales normas en piezas indispensables para la aplicación de la ley.
Al propio tiempo, la planificación, construcción y uso de la infraestructura ferroviaria, el otorgamiento de licencias a las empresas ferroviarias y el acceso de las mismas a la infraestructura, el funcionamiento del Comité de Regulación Ferroviaria, las atribuciones y normas de actuación de la inspección ferroviaria, las condiciones de seguridad que ha de reunir el material rodante para circular por la Red Ferroviaria de Interés General, los cánones por la utilización de las infraestructuras ferrroviarias o los requisitos de cualificación y especialización exigibles al personal ferroviario son, todos ellos, elementos esenciales para la implantación del nuevo modelo de ordenación del transporte ferroviario. La Ley 39/2003 ha abordado la regulación de tales materias enunciando reglas, directrices y principios básicos necesariamente generales, que requieren, para alcanzar plena eficacia, ser concretados y pormenorizados mediante la aprobación de las normas reglamentarias a las que la ley reenvía en cada caso.
Con la finalidad de permitir que, antes del inmediato inicio de la vigencia de la ley, se complete el marco jurídico regulador del nuevo modelo de ordenación del sector ferroviario estatal con la aprobación de las normas de desarrollo que resulten imprescindibles para asegurar su aplicación ordenada, resulta imprescindible demorar, con urgencia y durante un plazo prudencial, la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2003.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de mayo de 2004,
Artículo único. Prórroga de la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario.
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2004 el plazo establecido en el apartado 1 de la disposición final tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, para la entrada en vigor de la misma.
Este Real Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid a 7 de mayo de 2004.
162/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a proceder a la inmediata devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat Republicana anteriores al inicio de la guerra civil española depositados en el Archivo de Salamanca, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 6, de 26 de abril de 2004.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para depositar los documentos catalanes del Archivo General de la Guerra Civil española en los archivos de la Generalitat de Catalunya, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a proceder a la inmediata devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat republicana anteriores al inicio de la Guerra Civil española depositados en el Archivo de Salamanca, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) y a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a retornar y depositar en el Archivo Nacional de Catalunya los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalitat republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) (núms. expte. 162/000002, 162/000020 y 162/000028).
Inicie un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de los cauces institucionales oportunos, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. El inicio de las conversaciones tendrá lugar en el plazo de un mes y la resolución definitiva se comunicará al Congreso de los Diputados antes de que finalice el presente año.
Dicho acuerdo deberá conciliar las legítimas aspiraciones de diversas instituciones catalanas y de otras instituciones, entre ellas, el Parlamento de Catalunya y las Cortes Valencianas, con la unidad del actual Archivo General. Para ello habrá de tenerse en cuenta la opinión de los organismos oportunos del Estado, singularmente del Patronato del Archivo y Junta Superior de Archiveros, así como de las Universidades e instituciones que ambas partes consideren oportuno consultar.
El Gobierno adoptará igualmente las medidas necesarias para que el Archivo de Salamanca disponga de los fondos y recursos técnicos necesarios para convertirse en el Centro de Documentación e Investigación sobre la Guerra Civil española."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Alfredo Pérez Rubalcaba, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a proceder a la inmediata devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat Republicana anteriores al inicio de la guerra civil española depositados en el Archivo de Salamanca.
1. Preservar la función del Archivo como servicio público y el derecho de acceso a los fondos documentales.
2. Promover el plan de digitalización de los fondos documentales del Archivo General de la Guerra Civil Española integrado en el Proyecto de Archivos Españoles en Red (AER), con la finalidad de difundir y preservar la documentación original y su difusión en Internet.
3. Avanzar en la política de cooperación con las comunidades autónomas mediante la reprografía e informatización de los fondos del Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca.
4. Continuar la actividad del Archivo y del Centro de Estudios y Documentación de la Guerra Civil como Centro Coordinador o "ventanilla única" con el fin de atender las solicitudes de expedientes y documentos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil, a efectos de reclamaciones y ejercicio de derechos por parte de los supervivientes de la represión y de sus herederos.
5. Arbitrar las medidas presupuestarias necesarias para culminar la tarea de procesar y organizar los documentos
del Archivo General de la Guerra Civil Española, que constituye un Patrimonio Común de todos los españoles.
6. Impulsar las líneas de actuación de los acuerdos aprobados por el Patronato del Archivo.
7. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del informe final elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos de archivos no democráticos desaparecidos, creado por el Consejo Internacional de Archivos con el patrocinio de la UNESCO."
En coherencia con el informe del Grupo de Expertos del Consejo Internacional de Archivos-UNESCO y con los acuerdos adoptados por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española.
Palacio del Congreso de los Diputados,18 de mayo de 2004.-Miguel Ángel Cortés Martín, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000020 y 162/000028
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), por la que se insta al Gobierno a retornar y depositar en el Archivo Nacional de Cataluña los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca (núm.
expte. 162/000020), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 6, de 26 de abril de 2004, y a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para depositar los documentos catalanes del Archivo General de la Guerra Civil Española en los archivos de la Generalitat de Catalunya (núm.
expte. 162/000028), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 6, de 26 de abril de 2004.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 124.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para depositar los documentos catalanes del Archivo General de la Guerra Civil española en los archivos de la Generalitat de Catalunya, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a proceder a la inmediata devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat republicana anteriores al inicio de la Guerra Civil española depositados en el Archivo de Salamanca, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) y a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a retornar y depositar en el Archivo Nacional de Catalunya los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalitat republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), (núms. expte. 162/000002, 162/000020 y 162/000028).
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de los Diputados tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, por la que se insta al Gobierno a retornar y depositar en el Archivo Nacional de Cataluña los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca.
5. Arbitrar las medidas presupuestarias necesarias para culminar la tarea de procesar y organizar los documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española, que constituye un Patrimonio Común de todos los españoles.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de los Diputados tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para depositar los documentos catalanes del Archivo General de la Guerra Civil española en los archivos de la Generalitat de Catalunya.
7. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del informe final elaborado por el Grupo
de Trabajo de Expertos de archivos no democráticos desaparecidos, creado por el Consejo Internacional de Archivos con el patrocinio de la UNESCO."
162/000020, 162/000028 y 162/000074
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), por la que se insta al Gobierno a retornar y depositar en el Archivo Nacional de Cataluña los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca (núm. expte. 162/000020), y de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para depositar los documentos catalanes del Archivo General de la Guerra Civil Española en los archivos de la Generalitat de Catalunya (núm. expte. 162/000028), ha acordado tener por retiradas las citadas iniciativas y aprobar el siguiente texto (nuevo núm. expte. 162/000074):
162/000032
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 6, de 26 de abril de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Popular, para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones.
"El Congreso de los Diputados declara su compromiso firme de garantizar la igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales.
Del mismo modo, declara la igualdad de todas las nacionalidades y regiones sin más distinción que el ejercicio de su autogobierno y las que derivan de los
hechos diferenciales constitucionalmente reconocidos, que son la cultura, la lengua, los derechos forales y la insularidad alejada.
De este principio se deriva la imposibilidad de que pueden existir asimetrías que establezcan otras diferencias en cuanto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos españoles, sea cual sea su lugar de residencia."
El Estado español, es de todos conocido, es un Estado compuesto en el que el poder político se distribuye entre dos instancias, una central y otras territoriales. Esa descentralización o autonomía se denomina política porque implica la asunción de competencias normativas, de decisión política, por lo que es consustancial a ese modelo la existencia de diferencias tanto entre los derechos y obligaciones de los ciudadanos como entre los territorios en función del signo político que gobierne en cada Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.
La igualdad de unos y otras se debe mover entre la autonomía, la diversidad y la uniformidad, por lo que hay que distinguir la igualdad básica de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, que es competencia del Estado, según establece el artículo 149.1 de la CE y del normal desenvolvimiento del autogobierno de cada Comunidad. Además también condiciona ese autogobierno, los hechos diferenciales existentes en determinados territorios reconocidos constitucionalmente, y por ello mismo, se estima necesario explicitarlos: lengua (art. 3.2), cultura (149.2), derechos forales (art. 149.1, 8 y DA 1.a), e insularidad alejada (art. 138.1 y DA 3.a).
En definitiva, si bien ha de existir una igualdad básica entre los ciudadanos del Estado español y entre las CCAA, el principio de autonomía y los hechos diferenciales de determinados territorios provocan que exista cierta asimetría en el modelo territorial del Estado, y consiguientemente en los derechos y deberes de esos territorios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Uxue Barkos Berruezo, diputada de Nafarroa Bai, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de sustitución al articulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular con número de expediente 162/000032, para su debate en Pleno.
"El Congreso de los Diputados declara su compromiso firme de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales.
Del mismo modo, declara el derecho de todos los pueblos del Estado español a disponer por sí mismos. En virtud de este derecho determinarán libremente su régimen político y asegurarán libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Este principio se deriva del cumplimiento de la resolución de la VII Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución de 28 de septiembre de 1976)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez Sánchez, diputado por A Coruña (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones.
Se propone sustituir los párrafos segundo y tercero de la parte resolutiva por el siguiente texto:
"Del mismo modo, insta al Gobierno a respetar la pluralidad social, cultural y política, concretada en la diferenciación entre nacionalidades y regiones, aceptando la demanda de mayor autogobierno formalizada en la elaboración de nuevos Estatutos de Autonomía o en la reforma de los actuales, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular "para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones" para su debate en Pleno.
Se propone la sustitución de la Proposición no de Ley por la siguiente:
En el pasado debate de investidura todos los grupos parlamentarios recogieron en sus intervenciones sus respectivas reflexiones en relación con la organización territorial del Estado, así como sobre la diversidad cultural y lingüística del mismo.
Éste va a ser uno de los grandes temas de debate de esta legislatura, a la vista de las iniciativas parlamentarias que se están llevando a cabo en los distintos parlamentos autonómicos.
Por esta razón, es conveniente recoger en esta Proposición no de Ley los principios básicos sobre los que debe estar sustentado el debate parlamentario sobre el mismo.
1. El Congreso de los Diputados declara su compromiso firme de respeto a la estructura plurinacional, pluricultural y plurilingüística del Estado español.
2. Del mismo modo, declara su compromiso de respetar y amparar los derechos históricos de los territorios forales.
3. De conformidad con el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos, recogido internacionalmente, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificados por el Estado español, el Congreso de los Diputados se compromete a respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de los distintos Pueblos del Estado español a decidir su propio futuro, expresada de forma pacífica y democrática.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones, del Grupo Parlamentario Popular.
"El Congreso de los Diputados declara su compromiso firme de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 138 y 139 de nuestra Constitución.
Del mismo modo reafirma la pluralidad cultural, social y política de nuestras nacionalidades y regiones, cuyo marco de autogobierno ha sido fijado en sus propios y respectivos estatutos, en ejecución del principio de autonomía, reconocido por la Constitución y reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Este autogobierno de nacionalidades y regiones puede expresarse a través del cumplimiento de los actuales Estatutos y de las reformas a los mismos, siguiendo en todo caso los procedimientos legalmente establecidos, las normas constitucionales que impidan los privilegios económicos o sociales y el principio del máximo consenso entre las fuerzas políticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la igualdad de todas las nacionalidades y regiones, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 6, de 26 de abril de 2004, ha acordado lo siguiente:
"El Congreso de los Diputados declara su compromiso firme de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento
de los deberes constitucionales, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución.
Del mismo modo reafirma la pluralidad cultural, social y política -y también la insularidad- de nuestras nacionalidades y regiones, cuyo marco de autogobierno ha sido fijado en sus propios y respectivos estatutos, en ejecución del principio de autonomía, reconocido por la Constitución y reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Este autogobierno de nacionalidades y regiones puede expresarse a través del cumplimiento de los actuales Estatutos y de las reformas a los mismos, siguiendo en todo caso los procedimientos legalmente establecidos, las normas constitucionales que impiden los privilegios económicos o sociales y el principio del máximo consenso entre las fuerzas políticas."
172/000007
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la problemática de la violencia de género, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente interpelación urgente sobre la problemática de la violencia de género, para su debate en el Pleno de la Cámara.
El Parlamento ha sido ya eje de trabajo sobre el maltrato a las mujeres, dentro de una subcomisión específica cuyo resultado fue la redacción de una serie de resoluciones que especificaban la necesidad de proceder a una actuación integral, que estuviera dotada de suficientes recursos y que abarcara una acción coordinada de las distintas administraciones. Las actuaciones deberían desarrollarse en los campos de la prevención, el incremento de la autonomía de la mujer en la decisión y en la eficacia de la Administración a nivel policial, judicial y social.
El Pleno de la Cámara aprobó el 30 de julio de 2003, en sesión extraordinaria, la Orden de Protección.
A pesar de todas estas acciones, las medidas anunciadas no han servido para frenar el incremento de la violencia hacia las mujeres y los hijos.
Una violencia que afecta a todos los tramos de edad y todos los estratos sociales, y que ha despertado en nuestra sociedad una gran sensibilidad y una opinión generalizada de que debe actuarse para frenarla desde el Gobierno con la máximo urgencia, tal y como demuestran los resultados de la encuesta del CIS.
Este grupo parlamentario manifiesta su preocupación por la evolución del fenómeno de la violencia de género que, a nuestro entender, no es más que la punta del iceberg de una sociedad que ha convivido y tolerado durante muchos años la ley del más fuerte, la intolerancia, la desigualdad y las diferentes formas de violencia en la sociedad.
Nos preocupa también la falta de medidas concretas y eficaces en los ámbitos judicial, policial y fundamentalmente social y preventivo. Si continúan retrasándose estas medidas derivará en un sentimiento de impotencia y en que esta problemática se convierta en un fenómeno con el que nos acostumbraremos a vivir. Esto sería un fracaso para una sociedad comprometida con los valores del respeto, la convivencia, la solidaridad, la justicia y la igualdad.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente, para su debate en Pleno, para que explique las medidas y propuestas que su Gobierno tiene pensado desarrollar para incidir de manera eficaz en la problemática de la violencia de género y del entorno familiar de la víctima y cuáles son los plazos y el calendario de su aplicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Carmen García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
172/000009
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política industrial, cuyo texto se inserta a continuación
de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del artículo 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre política industrial para su debate en el próximo Pleno, que sustituye a la presentada con fecha 12 de mayo, núm. de registro 1786.
Continuar aproximándonos al objetivo de pleno empleo y a la convergencia en renta familiar con la Unión Europea, sin renunciar a las prestaciones del Estado de bienestar, obligan a un crecimiento sostenido en nuestra economía, que permita alcanzar estos objetivos.
El crecimiento real de la economía debe por tanto sostenerse sobre la adecuada asignación de recursos por parte de los distintos sectores productivos de nuestro país, que permitan ganar mercado para nuestros productos.
Siendo la Unión Europea el principal mercado, la ampliación de ella en estos momentos significa una magnífica oportunidad para lograr el crecimiento sostenido de nuestra actividad económica y especialmente de nuestro sector industrial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar en relación a la política industrial que haga posible la contribución de este sector al crecimiento sostenido de nuestra economía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000001
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea y de las enmiendas presentadas a la misma.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea.
1. Acoge con satisfacción y confianza los diferentes procesos de avance de la Unión Europea, los cuales tienen su concreción más reciente en la ampliación de la Unión Europea con la incorporación de 10 nuevos Estados miembros y la culminación de los trabajos de la Convención Europea que debe llevar a la próxima aprobación de un Proyecto de Tratado Constitucional conocido como "Constitución Europea".
2. Reitera la voluntad de la mayoría de las fuerzas parlamentarias de la Cámara de vincular, de forma prioritaria, la política exterior española con la política exterior común de la Unión Europea.
3. Insta al Gobierno a impulsar una política activa de apoyo a la ampliación y a su vez de defensa de los intereses de la economía española ante la ampliación, lo cual, entre otras actuaciones, conlleva:
a) Defender una política regional europea que priorice las actuaciones para las regiones Objetivo 1 vigentes antes de la ampliación, pero que también contemple programaciones específicas para las regiones hoy consideradas de Objetivo 2 (Aragón, Illes Balears, Catalunya, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco).
En todo caso, la reforma de la política regional europea para adaptarla a la ampliación deberá garantizar un período transitorio para aquellas regiones Objetivo 1 y Objetivo 2 que dejen de serlo a partir del año 2006.
b) Impulsar un plan específico, con la colaboración de las Comunidades Autónomas, a los efectos de reforzar la presencia política, cultural y económica española en los nuevos Estados miembros.
c) Analizar los efectos de la ampliación sobre los diferentes sectores de la economía española y especialmente sobre aquellos sectores industriales y de servicios que puedan ser más sensibles, a los efectos de impulsar medidas de apoyo a estos sectores.
4. Ante la próxima aprobación del Proyecto de Tratado Constitucional, lamenta el escaso progreso realizado en el reconocimiento de los pueblos de Europa, compatible con el reconocimiento de los ciudadanos y de los Estados, ello comporta una desvalorización de la auténtica realidad cultural y política europea, donde junto a los Estados existen naciones sin Estado propio y entidades políticas sub-estatales -con legitimidad democrática y, en muchos casos, amplias competencias legislativas-, que son a menudo, los verdaderos protagonistas del desarrollo y ejecución de la normativa europea en sus respectivos ámbitos de competencia, por lo que insta al Gobierno a:
a) Promover, con urgencia, el reconocimiento de las llamadas regiones con competencias legislativas en el Proyecto de Constitución Europea, de acuerdo con la propia aplicación del principio de subsidiariedad.
b) Establecer mecanismos que permitan a las regiones con competencias legislativas a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en especial para dirimir litigios derivados de la aplicación del principio de subsidiariedad aplicado a las regiones, según reconoce el Protocolo que propone la Convención para el Proyecto de Tratado Constitucional.
5. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, concretado en el Protocolo, anexo al Proyecto de Tratado Constitucional, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, el Congreso de los Diputados asume el compromiso de incorporar a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en los procesos de consulta y de aplicación del "mecanismo de alerta previa", promovidos por las instituciones comunitarias, sobre las materias en las que éstas posean competencias.
A su vez, insta al Gobierno a aplicar también el principio de subsidiariedad regulando la consulta y participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de conformación de la posición española en aquellas materias en que las Comunidades Autónomas sean competentes.
6. Insta al Gobierno a propiciar una posición institucional del consenso en la Unión Europea de 25 miembros, si bien garantizando que se otorgue al Estado español el peso que le corresponde, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo.
7. Insta al Gobierno a impulsar el reconocimiento de los derechos de los millones de ciudadanos del Estado que utilizan una lengua oficial distinta del castellano, y en este sentido:
a) Solicitar al Consejo de la Unión Europea la incorporación del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea con el consiguiente reconocimiento de su oficialidad.
b) Propiciar la incorporación en el Proyecto de Tratado Constitucional del catalán, el gallego y el euskera, con la finalidad de que los derechos reconocidos en los artículos II-8 y III-12 puedan ser ejercidos por catalanes, gallegos y vascos en sus respectivas lenguas oficiales en sus territorios, en igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos europeos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Catalán, sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea.
Añadir al final del apartado a) del punto 3 lo que sigue:
"... así como un tratamiento específico para Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) reconocido en el artículo 299.2 del actual Tratado de la UE y en el 330 del Proyecto de Tratado Constitucional."
Especificar la posición de Canarias que ni es Objetivo 1 ni 2, sino RUP, lo que requiere un tratamiento singular dados los inconvenientes estructurales de estos territorios reconocidos al máximo nivel (actual TUE y Proyecto de Tratado Constitucional).
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Olaia Fernández Dávila, Diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), relativa a posición del Gobierno ante la Unión Europea.
En la letra c) del apartado 3, a continuación de "... sectores industriales...", se añade:
"... agroganaderos, pesqueros..."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-María Olaia Fernández Dávila, Diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado de la moción, consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea.
A los puntos 4 y 5.
Se propone la adición de los siguientes textos a la moción:
"4. Ante la próxima aprobación (...).
a) Promover, con urgencia (...).
b) Establecer mecanismos (...).
c) Reconocer el principio de ampliación interna de la Unión Europea, de aquellas entidades territoriales hoy en el seno de la UE que, en virtud del ejercicio democrático del derecho de autodeterminación puedan adquirir condición de estados independientes.
5. En cumplimiento del principio de subsidiariedad (...).
A su vez, insta al Gobierno a aplicar también (...).
Insta igualmente al Gobierno a articular el procedimiento que permite a las Comunidades Autónomas su presencia en el Consejo de Ministros cuando se refiera a competencias exclusivas de las mismas."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
1. Acoge con satisfacción y confianza los diferentes procesos de avance de la Unión Europea, los cuales tienen su concreción más reciente en la ampliación de la Unión Europea con la incorporación de 10 nuevos Estados miembros y la culminación de los trabajos de la Convención Europea que debe llevar a la próxima aprobación por parte de la Conferencia Intergubernamental de un Tratado Constitucional.
2. Reitera la voluntad de las fuerzas parlamentarias de la Cámara de vincular, de forma prioritaria, la política exterior española con la política exterior común de la Unión Europea.
3. Insta al Gobierno a impulsar una política activa de apoyo a la ampliación y a su vez de defensa de los intereses de la economía española ante la ampliación, impulsando el fortalecimiento del principio de cohesión y de la política regional de la Unión Europea. Incluyendo períodos transitorios para todas aquellas regiones que dejen de ser objetivo 1.
4. Ante la próxima aprobación del Proyecto de Tratado Constitucional, insta al Gobierno:
a) A promover el pleno desarrollo de la dimensión regional y de la Unión, en el marco de la "nueva gobernanza", así como potenciar el papel de las regiones en los asuntos de la Unión aprovechando y profundizando los mecanismos establecidos en el Proyecto de Tratado Constitucional y en sus protocolos, en especial el relativo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
b) A desarrollar las posibilidades que ofrece el punto séptimo del Protocolo sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad para que el Gobierno interponga ante el Tribunal Europeo de Justicia los recursos por incumplimiento del principio de subsidiariedad que le transmitan las Cortes Generales o una de sus Cámaras. Aplicar, asimismo, el acuerdo de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Comunidad Europea de 11 de diciembre de 1997 que permite a las Comunidades Autónomas solicitar al Gobierno que interponga recurso para
impugnar normas comunitarias que afecten a sus competencias o intereses.
5. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, concretado en el Protocolo, anexo al Proyecto de Tratado Constitucional, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, el Congreso de los Diputados considera necesario incorporar al Parlamento de las Comunidades Autónomas a los procesos de consulta y de aplicación del "mecanismo de alerta previa", promovidos por las instituciones comunitarias, sobre las materias en las que aquéllas tengan atribuidas competencias.
Debe también reformarse el actual modelo regulador de la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea en aquellas materias de su competencia.
6. Insta al Gobierno a propiciar una posición institucional de consenso en la Unión Europea ampliada y a que, en la defensa de los intereses de España, adopte una actitud constructiva que conduzca al éxito de la negociación y a la aprobación de la Constitución Europea, garantizando el peso que le corresponde a España en las instituciones europeas.
7. Insta al Gobierno a impulsar el reconocimiento en la Unión Europea de los derechos de los ciudadanos españoles que utilizan una lengua oficial distinta del castellano y, en este sentido, que solicite a la U.E. un adecuado reconocimiento, en el marco de su régimen lingüístico, para las demás lenguas que tienen carácter cooficial en una o más Comunidades Autónomas.
8. El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a los esfuerzos que el Gobierno está realizando para incorporar a las lenguas que tienen carácter oficial específicamente en una o más Comunidades Autónomas para que los derechos reconocidos en los artículos II-8 y III-12 puedan ser ejercidos por los ciudadanos de las Comunidades Autónomas que cuentan con más de una lengua oficial, en cualquiera de las lenguas oficiales en sus territorios y, por tanto, en igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos europeos."
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de Joan Puigcercós i Boixassa, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la moción de CiU, sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea.
De sustitución del punto 7.
"7. Insta al Gobierno español a impulsar el reconocimiento de los derechos de los millones de ciudadanos y ciudadanas del Estado que utilizan una lengua oficial distinta del castellano. En este sentido, se solicitará y se harán los trámites y esfuerzos oportunos para la inclusión explícita del catalán, el gallego y el euskera en la lista de lenguas del artículo IV.10 del Proyecto de Constitución de la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea, ha acordado lo siguiente:
2. Reitera la voluntad de las fuerzas parlamentarias de la Cámara de vincular, de forma prioritaria, la política exterior española con la política común de la Unión Europea.
3. Insta al Gobierno a impulsar una política activa de apoyo a la ampliación y a su vez de defensa de los intereses de la economía española ante la ampliación, impulsando el fortalecimiento del principio de cohesión y de la política regional de la Unión Europea. Incluyendo períodos transitorios para todas aquellas regiones que dejen de ser objetivo 1, así como un tratamiento específico para Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) reconocido en el artículo 299.2 del actual Tratado de la UE y en el 330 del Proyecto de Tratado Constitucional.
a) A promover el pleno desarrollo de la dimensión regional y de la Unión, en el marco de la "nueva
gobernanza", así como potenciar el papel de las regiones en los asuntos de la Unión aprovechando y profundizando los mecanismos establecidos en el Proyecto de Tratado Constitucional y en sus protocolos, en especial el relativo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
b) A desarrollar las posibilidades que ofrece el punto séptimo del Protocolo sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad para que el Gobierno interponga ante el Tribunal Europeo de Justicia los recursos por incumplimiento del principio de subsidiariedad que le transmitan las Cortes Generales o una de sus Cámaras. Aplicar, asimismo, el acuerdo de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Comunidad Europea de 11 de diciembre de 1997 que permite a las Comunidades Autónomas solicitar al Gobierno que interponga recurso para impugnar normas comunitarias que afecten a sus competencias o intereses.
Debe también reformarse el actual modelo regulador de la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea en aquellas materias de su competencia
6. Insta al Gobierno a propiciar una posición institucional de consenso en la Unión Europea ampliada, y a que, en la defensa de los intereses de España, adopte una actitud constructiva que conduzca al éxito de la negociación y a la aprobación de la Constitución Europea, garantizando el peso que le corresponde a España en las instituciones europeas.
8. El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a los esfuerzos que el Gobierno está realizando para incorporar a las lenguas que tienen carácter oficial específicamente en una o más Comunidades Autónomas para que los derechos reconocidos en los artículos II-8 y III-12 puedan ser ejercidos por los ciudadanos de las Comunidades Autónomas que cuentan con más de una lengua oficial en cualquiera de las lenguas oficiales en sus territorios y, por tanto, en igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos europeos."
173/000002
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) sobre la política de extranjería y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política de inmigración del Gobierno.
La transformación del Estado español en tierra de recepción de población inmigrante extranjera ha conllevado la aparición de un conjunto de problemas relacionados con la adecuación del marco legislativo a este proceso demográfico. La complejidad que se deriva de este fenómeno, en el que intervienen factores de índole económico, conjuntamente con otros de carácter político que afectan a los derechos de ciudadanía, y otros de índole cultural por razón de las características de heterogeneidad de la población inmigrada.
La necesidad de establecer fórmulas de funcionalidad que adecuen las competencias reservadas al Estado a los entes autonómicos y locales que han asumido la acogida de su nueva población.
El anhelo que guía el pensamiento social y político progresista de favorecer la integración y la socialización de las personas a nuestra sociedad.
El imperativo que emana de la necesidad de combatir la explotación económica y el tráfico de personas inmigrantes.
Y en consecuencia con uno de los objetivos prioritarios de Gobierno de Catalunya, del cual forma parte Esquerra Republicana de Catalunya, como es el de dar respuesta a los retos sociales, económicos y culturales que genera el fenómeno de la inmigración extranjera en el Principal de Catalunya, y sobre la base inicial reflejada en el apartado 5.8 del Acord Catalanista i d' Esquerres firmado por las tres organizaciones políticas que configuran el Govern de la Generalitat de Catalunya.
En favor de un conjunto de medidas que deben contribuir a hacer extensible estas mismas propuestas iniciales a los restantes territorios de los Países Catalanes y a las nacionalidades y regiones del Estado español receptoras de población inmigrante.
Es por todo ello que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Introducir los cambios legislativos y/o normativos necesarios a fin:
1. Ampliar los supuestos para la obtención de un visado temporal para poder acceder a la contratación laboral.
2. Favorecer la regularización de los permisos de trabajo y residencia a aquellos ciudadanos que denuncien su sometimiento a trabajos ilegales.
3. Avanzar de forma decidida hacia el cumplimiento del derecho de participación política de las personas inmigradas en las elecciones locales.
4. Posibilitar la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de españoles emigrados o exiliados.
Comprometer las actuaciones gubernamentales en:
1. Coordinar la gestión de los flujos internos de población inmigrante con la previa concertación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
2. Declarar prioritaria la intensificación de los planes de cooperación exterior destinados a reducir los flujos de inmigrantes socioeconómicos, con especial interés a los relacionados con el Magreb.
3. Incrementar los recursos del Programa Global de Regulación y Coordinación (GRECO) a establecer convenios con las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.
4. Dotar de forma urgente las oficinas gubernativas encargadas de los expedientes de regularización a fin de evitar su colapso administrativo, mejorar el trato a las personas que acuden a tramitar sus demandas y agilizar los trámites de regularización o renovación de permisos.
5. Incluir las Comunidades Autónomas en los trabajos de elaboración del futuro Reglamento de ejecución de la actual Ley de Extranjería.
6. Planificar la creación de un fondo económico estatal a fin de traspasar los recursos suficientes a cada una de las Comunidades Autónomas en función del número de personas extranjeras residentes para financiar las políticas de acogida.
7. Reforzar las medidas de control e inspección de trabajo para la erradicación de la explotación laboral ilegal.
8. Elaborar un informe sobre las fórmulas posibles para el afloramiento del trabajo doméstico y de asistencia geriátrica clandestino llevado a cabo por trabajadores inmigrantes.
Posibilitar la transferencia a las Comunidades Autónomas que así lo requieran de:
1. Competencias en materia de inspección laboral y las dotaciones suficientes de inspectores laborales.
2. Competencias referentes a las funciones de la tramitación de las autorizaciones administrativas de residencia.
3. Competencias referentes a las oficinas de extranjeros con la finalidad de descentralizar las actuaciones administrativas y así mejorar las necesidades de mano de obra y los agentes sociales y económicos del territorio.
4. Competencias para la elaboración de sus propios flujos de población inmigrante.
5. Aportación del fondo voluntario del IRPF para fines solidarios o religiosos al efecto de la financiación de aquellas comunidades religiosas cuyo arraigo en la sociedad democrática urge en beneficio de la cohesión social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre política de inmigración.
Promover un amplio acuerdo institucional, político y social con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, las fuerzas políticas con representación parlamentaría, las organizaciones empresariales, sindicales y sociales implicadas en la integración de las personas inmigradas, en política de inmigración orientado a:
1. Organizar eficazmente la gestión de los flujos migratorios, con la activa participación de las Comunidades Autónomas.
2. Incrementar los recursos materiales y humanos que atienden todas las actuaciones relacionadas con la situación administrativa de las personas de origen extranjero que se hallen en España.
3. Desarrollar los supuestos legales hoy existentes para permitir que las personas extranjeras que demuestren su arraigo puedan regularizar su situación administrativa.
4. Crear un Fondo Estatal para la Integración de las Personas Inmigradas, que permita hacer frente a las nuevas necesidades que el fenómeno migratorio genera, distribuido entre las diversas Comunidades Autónomas en función del porcentaje de población inmigrada sobre el total estatal.
5. La vinculación entre la política de inmigración y la política de cooperación internacional al desarrollo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre política de inmigración de Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario de ERC.
En el apartado de motivación.
Después del segundo punto aparte (que termina en "... heterogeneidad de la población inmigrada"), añadir un punto con el siguiente texto:
"La inadecuación de la normativa legal que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el Estado, con la consecuencia de un número sin precedentes de inmigrantes en situación irregular (diversas fuentes lo calculan en un millón de personas) y de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional."
En el apartado de "Introducir los cambios legislativos...", añadir al principio los siguientes puntos:
"1. Derogación inmediata de aquellos artículos y disposiciones de la Ley Orgánica 14/2003 (que modifica la Ley Orgánica 8/2000, que, a su vez, modifica la 4/2000), actualmente impugnados ante el Tribunal Constitucional, en los aspectos siguientes:
a) El no reconocimiento de derechos fundamentales como el de Asociación, de Reunión, de Manifestación y de Huelga (Recurso de inconstitucionalidad -pendiente de resolución- contra la Ley Orgánica 8/2000, cuyos términos se reproducen íntegramente en la Ley Orgánica 14/2003).
b) Los contenidos en el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2003, presentado ante el TC por el Parlamento Vasco (y en los innumerables informes presentados al Defensor del Pueblo por muy diversas entidades y organizaciones sociales), relativos a:
? Las obligaciones de los transportistas (art. 1 apartado 35).
? El acceso a la información y la colaboración entre Administraciones (art. 1 apartado 40).
? El acceso a los datos del padrón municipal (art. 1 apartado 5).
? Las Garantías Jurídicas en los Procedimientos Administrativos (art. 1 apartados 38 y 39).
? La devolución y expulsión de extranjeros (art. 1 apartados 31 y 34).
? Las medidas de seguridad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (art. 1 apartado 32).
2. Establecer procedimientos ágiles que permitan la regularización de la creciente "bolsa" de personas en situación administrativa irregular, con una interpretación amplia del "arraigo" dotando de permisos a quienes demuestren estar insertos en el mercado laboral, mediante el reconocimiento y documentación de los "inexpulsables", teniendo en cuenta los casos que evidencian razones de carácter humanitario o de tratamiento médico, la documentación de menores tutelados que no han podido ser reagrupados con sus familias, etc."
Sustituir el punto 3 del apartado "Introducir los cambios legislativos y/o normativos necesarios a fin:" por
"3. Reconocer de forma efectiva el derecho de voto para las personas inmigrantes en todas las elecciones, a partir de un mínimo de un año de permanencia para las elecciones municipales, y de tres años para el resto."
Suprimir los puntos 2 y 3 del apartado "Comprometer las actuaciones gubernamentales en:"
Añadir dos puntos nuevos en el apartado "Comprometer las actuaciones gubernamentales en:", con el siguiente texto:
"? Desarrollar los mecanismos ordinarios que permitan la regularización de los inmigrantes o personas que están en situación irregular y que se hallan insertadas en nuestro mercado laboral y de aquellos que muestren una situación de desarraigo.
? Redefinir el concepto de arraigo de la actual ley para darle un concepto más amplio."
El punto 5 del apartado "Comprometer las actuaciones gubernamentales en:" quedaría redactado de la siguiente manera:
"5. lncluir a las Comunidades Autónomas en los trabajos de elaboración del Reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería (y no de la actual Ley de Extranjería)."
Suprimir los puntos 2 y 4 del apartado "Posibilitar la transferencia a las Comunidades Autónomas...": entendemos que las competencias en materia de residencia y de flujos migratorios deben ser estatales.
Suprimir en el punto 5 del apartado "Posibilitar la transferencia a las comunidades autónomas que así lo requieran de:" la expresión
"o religiosos"
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 134.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre la política de extranjería.
Abrir un amplio proceso de diálogo con todos los Grupos Parlamentarios, con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes con el fin de obtener un gran Pacto de Estado que fije las líneas básicas de la política migratoria a medio y largo plazo. El Pacto se inscribirá en la política y la normativa de la Unión Europea en esta materia, y respetará los Convenios y Tratados firmados por España.
? En materia normativa:
1. Ampliar el visado de búsqueda de trabajo, con una duración significativamente mayor al visado de turista.
2. Abrir un período de consultas con todos los Grupos Parlamentarios, con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes para obtener un Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 14/2003, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, y su integración social que se ajuste a la realidad del fenómeno migratorio y a sus consecuencias,
en especial dando una respuesta adecuada a la situación documental de los inmigrantes que viven y trabajan en España irregularmente.
? En materia de gestión de los flujos migratorios e integración:
1. Coordinar la gestión de los flujos internos de población emigrante previa concertación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
2. Intensificar la cooperación al desarrollo, contando para ello con la colaboración y el impulso de la Unión Europea, con los objetivos de reducir los flujos de inmigrantes socioeconómicos y garantizar el derecho de esas personas a trabajar y vivir en su propio país. A tal efecto se deberán tener especialmente en cuenta los países del Magreb.
3. Formular en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos un Plan Global para la coordinación y ejecución de las políticas de integración de los inmigrantes. Este Plan deberá estar dotado de los recursos suficientes para su ejecución.
4. Dotar a las Oficinas de Extranjeros, así como al resto de dependencias relacionadas con la Administración migratoria de recursos humanos y materiales suficientes para evitar su colapso administrativo, mejorando la calidad de su servicio y el trato a los administrados; así como agilizar la gestión administrativa de los procesos de documentación, en concreto del denominado régimen general, la renovación de los diversos permisos y autorizaciones de trabajo y residencia, y la reagrupación familiar.
5. Reforzar las medidas de control e inspección de trabajo para erradicar la explotación laboral y evitar la utilización de los inmigrantes por mafias u organizaciones que se lucran de la situación de necesidad y desamparo en que se encuentran los mismos.
6. Diseño de Planes integrales de Actuación Preferente en zonas de elevada presión migratoria que por situación geográfica reciben una mayor afluencia de inmigrantes irregulares.
? En materia de cooperación entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos:
El Pacto de Estado supondrá el inicio de una etapa en la que Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos coordinarán, cooperarán y compartirán aquellas funciones y competencias que posibiliten una gestión más eficaz de los flujos migratorios y respondan a una distribución más acorde de las competencias migratorias en el Estado de las Autonomías. A tal efecto el Gobierno promoverá:
1. Que los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas y la Inspección de Trabajo combatan la vulneración de la legislación laboral para garantizar los derechos de los trabajadores extranjeros, mejorando la eficacia y aumentando los medios materiales y humanos.
2. La potenciación de las funciones del Consejo Superior de Política de Inmigración, para elaborar recomendaciones y proponer reformas sobre la mejora y perfeccionamiento de las políticas migratorias, sobre la gestión de las migraciones, sobre la agilización de los procesos de documentación de los inmigrantes, y para perfeccionar las políticas de integración en la sociedad de acogida.
3. La fijación de común acuerdo con las Comunidades Autónomas e interlocutores sociales del contingente anual de trabajadores extranjeros, mejorando la conexión entre la oferta de mano de obra extranjera y la demanda del tejido productivo, y compartiendo con las Comunidades Autónomas la gestión en los procesos de formación y selección de los inmigrantes objeto del contingente."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de Interpelación Urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la política de extranjería.
1. Ordenar los flujos migratorios, adaptándolos a nuestra capacidad de acogida y potenciando las vías de contratación en origen, y luchando decididamente contras las mafias y las redes de inmigración ilegal.
2. Respaldar las políticas de integración impulsadas desde las distintas Administraciones Públicas, que garanticen la inserción social y laboral de los inmigrantes.
3. Seguir avanzando en la política de cooperación abierta con los países de emigración, desarrollando los convenios que ya se han suscrito en este ámbito
y adoptando nuevos acuerdos que garanticen el pleno apoyo de esos países a una inmigración regulada y ordenada dentro de la política común de la Unión Europea.
4. Desarrollar el marco normativo a través del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, garantizándose su aprobación en el plazo más breve posible y concretando:
a) Mejora de gestión mediante un procedimiento ágil.
b) Determinación de los supuestos concretos de arraigo.
c) Contemplar la situación nacional de empleo como instrumento para la concesión/denegación de autorizaciones de trabajo, incorporando mecanismos que den respuesta a las necesidades laborales de carácter geográfico o de actividad.
5. Clarificar las competencias de las distintas Administraciones, basándolas en la cooperación y colaboración institucional."
La política de inmigración española debe situarse en el marco que estableció la Ley 4/2000, con las modificaciones aprobadas en la pasada Legislatura con el consenso y apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Miguel Ángel Cortés Martín, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la política de extranjería, ha acordado lo siguiente:
- En materia normativa:
2. Abrir un período de consultas con todos los Grupos Parlamentarios, con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes para obtener un Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 14/2003, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, y su integración social que se ajuste a la realidad del fenómeno migratorio y a sus consecuencias, en especial dando una respuesta adecuada a la situación documental de los inmigrantes que viven y trabajan en España irregularmente.
3. Avanzar, previo consenso social y político, hacia el derecho de participación política de los residentes legales permanentes en las elecciones locales.
- En materia de gestión de los flujos migratorios e integración:
1. Coordinar la gestión de los flujos internos de población inmigrante previa concertación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
6. Estudiar en coordinación con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas fórmulas para aflorar el trabajo domestico y los
servicios domiciliarios de atención personal y geriátrica con el fin de dotar al sector de mayor transparencia y garantizar los derechos de los trabajadores.
7. Diseño de Planes Integrales de Actuación Preferente en zonas de elevada presión migratoria que por situación geográfica reciben una mayor afluencia de inmigrantes irregulares.
- En materia de cooperación y colaboración entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos:
3. La fijación de común acuerdo con las Comunidades Autónomas e interlocutores sociales del contingente anual de trabajadores extranjeros, mejorando la conexión entre la oferta de mano de obra extranjera y la demanda del tejido productivo, y compartiendo con las Comunidades Autónomas la gestión en los procesos de formación y selección de los inmigrantes objeto del contingente.
4. Su corresponsabilidad financiera en las políticas de integración que desarrollan las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos mediante la elaboración de un estudio para la creación de un fondo estatal a fin de financiar las políticas de integración y acogida de las Comunidades Autónomas, según el número de personas extranjeras residentes en las mismas, respetando las competencias exclusivas en materia de integración y servicios sociales que corresponden a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos."
173/000003
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo l84 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que el Gobierno piensa adoptar en relación con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro.
Celebrado el debate de la Interpelación Urgente, el Grupo Parlamentario Popular considera que:
El Plan Hidrológico Nacional es un Plan fruto del diálogo, del consenso y del rigor técnico que aporta la solución definitiva, global y moderna al problema del agua en España. El Plan Hidrológico incorpora los principios de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea como son, entre otros, alcanzar el buen estado ecológico de las aguas y la recuperación de costes. Asimismo, el 84 por 100 de las inversiones del Plan Hidrológico Nacional se destinan a actuaciones de carácter ambiental.
El Plan Hidrológico Nacional obtuvo el respaldo del 82 por 100 del Consejo Nacional del Agua, de 13 de las 17 Comunidades Autónomas y de todas las Comunidades de Regantes, porque beneficia a todos los ciudadanos.
Asimismo, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, fue aprobada en el Parlamento con un amplísimo apoyo.
Por otro lado, el trasvase del Ebro, previsto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, ha sido considerado por el Consejo Nacional del Agua como la alternativa más eficiente y adecuada para solucionar los graves problemas hídricos de las cuencas españolas que no pueden encontrar solución a sus déficit de agua en sus respectivos ámbitos. El trasvase del Ebro cuenta, además, con todas las garantías ambientales merced a su Evaluación de Impacto Ambiental.
Por todo lo anterior, se formula la siguiente:
Continuar con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del Ebro, en los términos que recoge la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Labordeta (CHA), presenta la siguiente enmienda a la Moción del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas que el Gobierno piensa adoptar en relación con la ejecución del PHN y el trasvase del Ebro.
Sustituir toda la parte dispositiva de la Moción por el siguiente texto:
"El Pleno del congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las actuaciones adecuadas para dejar sin efecto todas las obras tendentes a la ejecución del trasvase del Ebro. Abriendo, urgentemente, un proceso de diálogo, entre todas las partes afectadas, para que, bajo los principios recogidos en la denominada "nueva cultura del agua", se pueda rediseñar un nuevo Plan Hidrológico, ajustado a las necesidades de todas las zonas implicadas, que no suponga un enfrentamiento entre los territorios afectados y que permita la racionalidad en la gestión hidráulica bajo los criterios recogidos en la normativa europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 124
 resolución 
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 124
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 149
 resolución 
 artículo 124
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 299
 artículo 184
 artículo 299
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 134
 artículo 184
 artículo 97