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﻿ SENTENCIA SL15310-2014 DE NOVIEMBRE 5 DE 2014
SENTENCIA SL15310-2014 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:SOBRE PENSIONES QUE NO SE RIGEN POR LA LEY 100 DE 1993 NO SE CAUSAN INTERESES MORATORIOS. ES IMPROCEDENTE EL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES MORATORIOS, SOBRE REAJUSTES PENSIONALES, Y SOBRE PENSIONES QUE NO SE RIGEN POR LA LEY 100 DE 1993. EN ESTE ORDEN LOS INTERESES A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 141 DE ESTA LEY SE IMPONEN CUANDO SE TRATA DE UNA PENSIÓN QUE DEBÍA RECONOCERSE CON SUJECIÓN A SU NORMATIVIDAD INTEGRAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO, RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO, LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO
Sentencia SL15310-2014 de noviembre 5 de 2014
Rad.: 42599
SL15310-2014
Propuesto por la Federación Nacional de Cafeteros, y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte; por la causal primera de casación, formula tres cargos, oportunamente replicados por el demandante.
Solicita que se case totalmente el fallo de segundo grado, para que como Tribunal de instancia, la Corte revoque el del juzgado y, en su lugar, le imparta absolución. En su defecto, pide la casación parcial de la decisión del ad quem, en cuanto por la sentencia complementaria le impuso el pago de las condenas deducidas en el fallo complementado, “y, una vez constituida en sede de instancia, revoque la referida sentencia y, en su lugar, la absuelva, confirmando el numeral séptimo (7º) de la sentencia de 25 de enero de 2008, proferida –en este mismo asunto– por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá (cargo tercero)—. En subsidio de todo lo anterior, pide que se case la sentencia gravada, en cuanto confirmó el numeral 3º de la de primer grado y, una vez constituida en sede de instancia, revoque los intereses moratorios y, en su lugar, la absuelva de los mismos.
Por vía indirecta, denuncia aplicación indebida de los artículos “8º de la Ley 171 de 1961; 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 18, 36, 141 de la Ley 100 de 1.993, 177 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código Procesal del Trabajo”. Imputa al tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el promedio mensual de los devengos obtenidos por el señor (…) Castellanos en el último año de servicios, fue la suma de US$1.010.40.
2. No dar por demostrado, estándolo, que la suma de US$1.010.40, obedece al salario que percibió el demandante en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1990 al 11 de julio de 1990.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada adeuda diferencias pensionales al actor.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la (…) demandada adeuda intereses moratorios sobre una inexistente diferencia pensional.
Estos desatinos, asevera, provienen de la equivocada apreciación de la liquidación de salarios de folio 136.
La demostración comienza por advertir que acepta que la norma aplicable para calcular el IBL de la pensión es el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “en concordancia con los artículos 260 del Código Sustantivo y 18 de la Ley 100 de 1.993”, así como la proporción y el porcentaje de la pensión y el valor del cambio oficial del dólar americano.
Sostiene que el Tribunal se equivocó al estimar que durante el último año el trabajador obtuvo un promedio de ingresos de US$ 1.010.40, “cantidad que resulta ser a la vez, el ingreso base de liquidación pensional, para aplicar la proporción, respecto del tiempo de servicios y el porcentaje del 75% previa conversión a moneda legal colombiana”, toda vez que en el renglón de observaciones de la liquidación de salarios (fl. 136), precisa que “se cancela el sueldo correspondiente del 16 de junio al 11 de julio de 1990 y así lo contempla, el mismo documento, en la columna concepto”. Dicho salario, de aproximadamente un mes, alcanza los US$403.87 dólares americanos, al que “se le adiciona el componente del 22% de prima de antigüedad, es decir US$88.85 y la remuneración por el extra, de ese período, por valor de US$517.68, para un total de (de) US$1.10.40, pero en ningún momento, ese guarismo, obedece al promedio salarial devengado en el último año de servicios como en forma notoriamente equivocada lo entendió el Tribunal cuando confirmó la sentencia de primera instancia para ese efecto al folio 397”.
Destaca que la sumatoria de esos 3 conceptos asciende a US$1010.40, que fue el valor que se ordenó pagar, de suerte que no fue este el promedio mensual devengado entre el 11 de julio de 1989 y el 12 de julio de 1990, que corresponde al último año laborado, cuantía que, en realidad, no resultó demostrada.
VIII. Oposición
El actor sostiene que se presenta “desatino de la proposición jurídica”, pues la recurrente carece de “legitimación en la causa” para pedir que se revoque totalmente la sentencia del “ad quo”, toda vez que la CIFM no recurrió en casación.
Reprocha que la impugnante atribuya al fallo “situaciones fácticas que nunca esta contemplo (sic) en cuanto (que) expresa que el porcentaje del ingreso base de liquidación de la pensión lo fue el 75%, cuando en realidad, fue el 60.40%»; agrega que la censura no destruye el soporte fáctico constituido por el acta de conciliación rubricada por las partes y que no revisara diligentemente «la totalidad de la prueba que corre a folios 136, 136 vto., 364 y 364 vto.”, que dan cuenta de que entre el 13 de julio de 1989 y el 12 de julio de 1990, el accionante devengó US$13.801.23.
Para efectos de confirmar la condena impuesta en primera instancia a la CIFM, en liquidación, y ante la alzada propuesta por esta sociedad, el Tribunal no examinó el monto del salario devengado por el actor, que sirvió de base al fallador de la instancia inicial, sino que de conformidad con el desacuerdo de dicha entidad, enfocó su atención en definir si la pensión se calculaba con el ingreso que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o con el que determinaron las partes en el acta de conciliación, y fue así como concluyó que era el último promedio devengado por la tasa de cambio oficial vigente a la fecha de configuración de los requisitos de la jubilación.
Al prohijar la condena, el ad quem hizo suyo el ejercicio aritmético desplegado por el juez de primera instancia, dado que en la sentencia que desató la alzada –la complementaria– el tribunal se limitó a extender las condenas deducidas contra la CIFM, en liquidación, lo cual significa que también avaló, ínsitamente, el quantum obtenido por el a quo.
Lo precedente no significa, sin embargo, que el cargo tenga vocación de prosperidad. En primer lugar, porque si bien, el Juzgado no evidenció que el rubro de USD$403.87 que sumó a USD$88.85 y a USD$517.63. para obtener una base de USD$1.010.40, correspondía al salario causado entre el 16 de junio y el 11 de julio de 1990, lo cierto es que al reverso de la misma documental de folio 136 se observa que la demandada registró el «valor devengado último año del servicio» para liquidar la cesantía, así: sueldo 5.313.90, prima de antigüedad 1.122.12, extras 3.696.92, 517.68, alimentación y alojamiento 2.529.33, viáticos y/o suplementos 77.31, y prima de servicios 1.061.63; así obtuvo un ingreso de USD$13.801.23, es decir que mensualmente correspondía a un promedio de USD$1.150.10, que es una suma superior a (USD$1.010.40), aquella de la que partió el fallador de primer grado, y que no revisó el ad quem.
Por vía directa, denuncia aplicación indebida de los artículos 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
Al considerar improcedente la condena por intereses moratorios, aduce que el colegiado de alzada pasó por alto que a Castellanos no se le aplica la Ley 100 de 1993, sino la 171 de 1961, es decir su situación se gobierna por una normatividad que no contempla ningún tipo de interés por mora, de donde deviene palmario el desacierto jurídico enrostrado. Copia pasajes de las sentencias 35472 de 8 de abril de 2009 y 18963 –sin fecha–, y cita una extensa lista de pronunciamientos de esta Sala de la Corte, según los cuales en este escenario no es viable imponer intereses por mora.
XI. Oposición
Aduce que el Tribunal no se apoyó en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues ni siquiera lo mencionó, de suerte que debió denunciarse infracción directa de dicho precepto legal; expone que al aceptar el supuesto fáctico de causarse la pensión en vigencia de aquella regla jurídica, se torna indestructible la imposición de los intereses.
Asevera que la invocación de la sentencia «C-601 de 2000» que hace la impugnante, comporta un apoyo a la decisión del Tribunal y que los intereses de mora propenden por la protección de las personas de la 3ª edad, en la medida en que impiden el envilecimiento del valor real de las mesadas pensionales. Copia pasajes de la sentencia 27716 de esta Sala de la Corte y de la referida por su contradictora, así como del fallo de revisión de tutela 098 de 1997.
Además de condenar a la CIFM, en liquidación, a reajustar la pensión de jubilación del demandante, en el numeral 3º de la sentencia dictada el 26 de enero de 2008, el juzgador de la instancia inicial le impuso la obligación de pagar “intereses moratorios a la tasa máxima legal sobre las diferencias dinerarias resultantes entre el monto de la mesada pensional que viene pagando la entidad demandada y el reconocido a través del presente fallo, (…) que se liquidarán desde la fecha [de] exigibilidad de cada una de las mesadas a partir del 1º de junio de 2005 y hasta cuando se cancelen en forma integral las mismas”.
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de la condenada y del accionante, el tribunal confirmó lo resuelto por el a quo; a su vez, en la sentencia aditiva dispuso extender las condenas impuestas en primera instancia a la federación.
Sin duda, los intereses moratorios fulminados desde la primera instancia fueron los establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social no hay norma jurídica que consagre esta especie de réditos en caso de tardanza en el pago de una de estas obligaciones. De allí que el ad quem cometió el dislate jurídico que le enrostra la impugnante, puesto que de suerte que en este caso no se trata de una pensión reconocida con base en la Ley 100 de 1993, ni en el régimen de transición por parte del ISS, tal cual lo tiene adoctrinado la jurisprudencia, con mayor razón si las condenas impuestas corresponden a reajustes pensionales. En este ítem se casará la sentencia del Tribunal.
A juicio de la censura, el ad quem violó indirectamente, por aplicación indebida “los artículos 148 de la Ley 222 de 1995; 8º de la Ley 153 de 1887; 8º de la Ley 171 de 1961; 66 del Código Civil; 176 del Código de Procedimiento Civil; 19 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 18, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993; y, 145 del Código Procesal del Trabajo”.
El quebranto endilgado, dice, fue consecuencia del error de hecho manifiesto consistente en “tener por demostrado, sin estarlo, que la liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. ocurrió por actuaciones derivadas de la matriz o controlante, en este caso, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia”.
En la demostración, reproduce un fragmento de las motivaciones de la sentencia complementaria y se duele de que su autor coligiera que no se desvirtuó la presunción del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, cuando según el Acta No. 92 de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (fls. 320 a 340), especialmente en la sesión de 1º de septiembre de 1999, que transcribe, el tema central fue la situación patrimonial y financiera de la CIFM, lo cual no evidenció el juzgador, que en la sesión del día 3 siguiente, se hicieron comentarios acerca de que las afugias económicas vienen desde el retiro del socio venezolano y las dificultades económicas del país por los años 1996 a 1999, “factores determinantes de la liquidación de dicha empresa, que la Federación Nacional de Cafeteros trató de conjurar –particularmente con la expresa finalidad de atender prioritariamente la pesada carga laboral –incluido el tema pensional– con las propuestas que en esta fecha expuso (…)”. Reproduce algunas de las propuestas debatidas en la Asamblea y discurre así:
De suerte que, a contrapelo de lo deducido por el sentenciador de segundo grado, la Federación Nacional de Cafeteros cumplió satisfactoriamente con la carga que, al tenor del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, le correspondía, por cuanto de la simple lectura del contenido de la precitada acta se establece, con claridad meridiana, que la liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., no fue ocasionada por la actividad o por la conducta de la controlante, es decir, de la Federación Nacional de Cafeteros, sino por causas diferentes y, por lo tanto, ajenas a ella, como la crisis económica que afectó al país por los años 1996 a 1998 –lo que constituyó un hecho notorio– y por el retiro del socio venezolano, y luego del ecuatoriano, que produjo un grave desequilibrio en el patrimonio económico y financiero de la sociedad, agravada por la pesada carga laboral y pensional que desde años atrás la agobiaban, razón por la cual la inviabilidad de sostenerla era absolutamente patente y por ello, sus accionistas estaban en la obligación de adoptar –ante la inviabilidad de mantenerla– las medidas necesarias para tratar [de] responder por sus abultados pasivos, especialmente aquellos que resultaban de su pesada carga laboral, incluida la pensional, soluciones propuestas por la socia mayoritaria, la Federación Nacional de Cafeteros, para salvar dicha situación, de las cuales da cuenta la prueba dejada de apreciar por el ad quem, cuya preterición dio lugar –en frente de la Federación Nacional de Cafeteros– a tenerla como responsable subsidiaria del pago de aquellos pasivos, bajo la presunción de responsabilidad subsidiaria de que trata el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, precepto que, por lo tanto resultó indebidamente aplicado al presente caso.
La preterición de la aludida prueba documental, cuya omisión determinó la comisión del yerro de facto que aquí se denuncia, dio lugar, indirectamente, al quebranto de los textos legales sustanciales que se indican en el encabezamiento del cargo, particularmente del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y de los 18, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto de no haber incurrido en dicha preterición, el ad quem habría proferido un fallo sustancialmente diferente del que aquí se combate, es decir, absolutorio para los intereses de la Federación Nacional de Cafeteros, tal como se dispuso en los fallos de primero y segundo grado, antes de la sentencia complementaria.
XIV. Oposición
Estima mal seleccionada la senda de ataque, en tanto lo concerniente a la carga de la prueba debe cuestionarse por la vía directa y destaca que el acta de la Asamblea de Accionistas, que se acusa por errónea valoración, carece de firmas, de donde se sigue que no tiene el carácter de documento auténtico que lo inviste de calificado con aptitud de estructurar un error de hecho manifiesto en casación, sino que se trata de un documento declarativo emanado de terceros.
Luego, se ocupó de argumentaciones tendientes a demostrar la necesidad de mantener la responsabilidad subsidiaria extendida a la federación en el fallo complementario del tribunal, para lo cual cita y trascribe pasajes de las sentencias C-510 de 1997, SU 1023 de 2001, así como una de la Sala de Casación Civil de 3 de agosto de 2006.
No controvierte la censura la inferencia del Tribunal relativa a la condición de controlante o matriz de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, respecto de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., en liquidación, sino que acusa al juez de la alzada de equivocarse al dar por probado que la liquidación de la segunda obedeció a actuaciones de la primera.
Para la Sala, está claro que el tribunal para deducirle responsabilidad subsidiaria a la federación, una vez estableció el carácter de controlante de la federación sobre la CIFM, partió de la aplicación del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; en otras palabras, hizo producir efectos a la presunción legal allí consagrada, según la cual:
Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por causa diferente.
Tal presunción, que estimó el ad quem, no puede ser desvirtuada por el único documento que censura el recurrente, correspondiente al Acta de la Asamblea General de Accionistas, pues si se examina en detalle el texto del acta de marras, se trata de un documento declarativo no manuscrito y que carece de firma.
Así las cosas ante la deficiencia probatoria anotada, no es viable deslindar la existencia de un error manifiesto y por ello el cargo fracasa.
Son multitud las sentencias en las que esta Sala de la Corte ha reiterado que en casos como el presente, no es viable imponer los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En primer lugar, dado que se trata de reajustes pensionales, por ejemplo CSJ SL 3270-2014 de 5 de marzo de 2014; y porque la prestación no fue concedida con base en las normas de la Ley 100 de 1993, ni en el régimen de transición a cargo del ISS, verbigracia CSJ SL12202 de 10 de septiembre de 2014, para solo mencionar dos pronunciamientos recientes.
En consecuencia, se revocará el numeral 3º de la sentencia de primera instancia, en cuanto impuso condena por concepto de intereses moratorios; en su, lugar se absuelve de esta pretensión.
Por la prosperidad parcial del recurso, no se imponen costas en casación. En las instancias, a cargo de las demandadas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia emitida el 31 de julio de 2008, complementada por la de 29 de mayo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral promovido por Luis Eduardo Castellanos contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en liquidación, y la Federación Nacional de Cafeteros, en cuanto confirmó la condena por intereses moratorios impuesta en la sentencia de primer grado. En sede de instancia, revoca el numeral 3º de la sentencia dictada el 25 de enero de 2008 y, en su lugar, absuelve a las demandadas de la pretensión por intereses moratorios.

References: ARTÍCULO 141
 artículo 8
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 260
 artículo 148
 artículo 141