Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24312
Timestamp: 2020-02-29 04:24:00+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 11/2015
SENTENCIA 11/2015, de 5 de febrero
ECLI:ES:TC:2015:11
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 5 de enero de 2012, el Gobierno de Canarias interpone recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Dicha Ley ha sido objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 240, de 5 de octubre de 2011.
2. Mediante providencia de 31 de enero de 2012 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo, se acordó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que tuvo lugar en el número 32 del día 7 de febrero siguiente.
3. El día 6 de febrero de 2012 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se dirigió al Tribunal personándose en el proceso y solicitó una prórroga del plazo por ocho días para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos que pendían ante esa Abogacía del Estado.
4. El día 7 de febrero de 2012 el Pleno de este Tribunal acordó incorporar a las actuaciones el antedicho escrito del Abogado del Estado y concederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones.
5. Con fecha 9 de febrero de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso y ofrecer su colaboración.
6. El día 15 de febrero de 2012, se registró en este Tribunal un escrito del Presidente del Senado comunicando el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7. Con fecha 6 de marzo de 2012, el Abogado del Estado, en la representación y defensa que legalmente ostenta, presentó escrito, oponiéndose al recurso de inconstitucionalidad planteado y formulando las alegaciones que resumidamente se exponen.
a) Señala, en primer lugar y a efectos de lo dispuesto en el art. 33.2 LOTC, que el día 13 de diciembre de 2011, el Gobierno de Canarias, a través de la figura del Comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales, figura creada por Decreto 317/2011, de 24 de noviembre, en la Presidencia de Gobierno de Canarias, dirigió a la Dirección General de Desarrollo Autonómico del entonces Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, una solicitud para la apertura de las negociaciones previstas en el citado artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por entender que la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y, en concreto, su artículo 6 implicaba una extralimitación competencial del Estado. En el momento de formularse la solicitud el Gobierno del Estado estaba en funciones quedando en suspenso la contestación por éste, sin que el Gobierno entrante adoptara decisión alguna al respecto, por lo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias formuló recurso de inconstitucionalidad en el último día del plazo para su presentación.
b) Continúa la Abogacía del Estado recordando precedentes normativos de la Ley 35/2011 y concretamente de su artículo 6 ahora impugnado, con cita de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, recordando que la base competencial de su artículo 4, regulador de las explotaciones familiares, se encuentra en el art. 149.1.13 CE, recordando asimismo la Ley Orgánica 3/2007, de 23 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, en cuyo desarrollo parcial, fue dictado el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, sin que conste que dicha norma reglamentaria haya sido objeto de impugnación alguna por la Comunidad Autónoma de Canarias.
c) Alega la Abogacía del Estado que el objeto de la Ley impugnada es potenciar la institución de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, en favor de la mujer trabajadora en el medio rural, removiendo los obstáculos de rango legal existentes mediante la modificación y novación del ordenamiento jurídico, pero sin apartarse del diseño establecido en el Real Decreto 297/2009, respecto del que existe una práctica continuidad material y formal en la materia registral regulada por el precepto legal impugnado, dado que es la comunicación de la declaración de voluntad que los interesados realizan a la Comunidad Autónoma la que constituye la titularidad compartida, como así disponía el Real Decreto repetido, estableciendo la Ley impugnada que la producción de efectos jurídicos de la titularidad compartida se retrotrae al momento de su comunicación a la Comunidad Autónoma, que la inscribirá en un registro propio constitutivo y dará cuenta a un registro estatal de naturaleza declarativa, a efectos informativos y de coordinación.
d) Finalmente, el Abogado del Estado entiende que no ha existido extralimitación por el Estado del título competencial del artículo 149.1 13, pues el Estado puede y debe establecer, con carácter básico, la obligatoriedad registral de determinadas actividades en relación con registros radicados en la Comunidad Autónoma, definiendo el contenido estructural de los mismos de forma que respondan todos ellos a unos requisitos mínimos que permitan un tratamiento uniforme, en este caso de la institución de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias en toda España, evitando así contradicciones y disfunciones en el sistema.
8. Por providencia de 3 de febrero de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente de Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Gobierno de Canarias contra artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
“Artículo 6. Registro de titularidad compartida.
4. El Registro correspondiente de gestión autonómica expedirá un certificado en el que consten, como mínimo, los datos a que se refiere el apartado 2.”
a) Porque si la titularidad compartida constituye un régimen entre particulares que ha de tener su reconocimiento público ante las Administraciones públicas, le corresponderá al Estado crear el registro de esas titularidades de acuerdo con las competencias que ostenta en materia de legislación civil (art. 149.1.8 CE), ya que produce efectos jurídicos sobre los derechos civiles de los titulares de la explotación.
b) Porque, al pretender ampararse en la competencia para establecer las bases de la planificación general de la economía (art. 149.1.13 CE), el legislador estatal invade el ámbito competencial autonómico al desconocer que la invocación de este título presupone la existencia de un sector de la economía que trata de ordenar y regular con carácter básico para el conjunto del territorio, desconociendo que, sobre el sector agrario, las Comunidades Autónomas ostentan competencias exclusivas reconocidas constitucional y estatutariamente, excediéndose de lo que este Tribunal ha admitido como bases de la ordenación general de la economía.
2. Una vez delimitadas las posiciones de las partes en este proceso constitucional y resumidos los argumentos sobre los que se fundamentan, ha de comenzarse el análisis de la específica problemática competencial suscitada poniendo resumidamente de manifiesto el marco legislativo en que ésta se encuadra.
3. Establecido el marco normativo y delimitado el título competencial que se cita en la Ley impugnada, hemos de ceñir ahora nuestro estudio al análisis de la controversia competencial planteada. A tal fin, se impone dilucidar en primer lugar si, verdaderamente, es el título del art. 149.1.13 CE que expresa la Ley 35/2011 el que ampara el mandato recogido en el artículo 6, o si, como indica la Comunidad Autónoma recurrente, la creación de un registro sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida es un ejercicio de la competencia estatal recogida en el art. 149.1.8 CE en materia de legislación civil y que, en ningún caso, debería haber vinculado a las Comunidades Autónomas en la creación de registros territoriales. Por tanto, se trata de determinar, en lo que se refiere a la regulación de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, si nos encontramos ante una materia de derecho privado o no, pues, según se afirma en el recurso, parece deducirse de su configuración normativa esta naturaleza jurídica. Por ello, debemos comenzar por determinar el encuadre competencial del precepto impugnado.
“1. La explotación agraria de titularidad compartida es la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria.
2. La constitución de la titularidad compartida de una explotación agraria no alterará el régimen jurídico de los bienes y derechos que la conformen ni el régimen jurídico matrimonial o pactos patrimoniales de las parejas de hecho ni el régimen sucesorio, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo IV de esta Ley.”
Así, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal “los registros a que se refiere el art. 149.1.8 de la Constitución son los referentes fundamentalmente a materias de derecho privado como se infiere de su contexto y no a otros registros que …, aunque tengan repercusiones en ese campo del Derecho, tienen por objeto materias ajenas a él cual es un aspecto de la legislación sobre montes” (STC 71/1983, de 29 de julio, FJ 2). Y en la STC 103/1999, de 3 de junio, aclaró que “al delimitar el título competencial ‘ordenación de los registros públicos’, en la STC 71/1983, lo entendimos referido fundamentalmente a los referentes a materias de derecho privado, según el contexto en que se inscribe y, en la misma fecha (29 de julio), incardinamos el Registro mercantil, no en el título competencial de ordenación de los registros (art. 149.1.8 C.E.), sino en el de legislación mercantil (STC 72/1983, fundamento jurídico 8). Esa es, en definitiva, la distribución de competencias que efectúa la Constitución española que, en el citado núm. 8 del art. 149.1, atribuye al Estado la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan; pero, reservando al Estado ‘en todo caso’, entre otras materias, la ordenación de los registros. Por lo que no cabe entender sino que los registros a que dicha ordenación se refiere son exclusivamente los de carácter civil. En aplicación de ese criterio en múltiples resoluciones hemos ido incardinando los diferentes registros públicos, excepto los de carácter civil, en las materias a las que hacen referencia (vid., por todas, STC 197/1996, fundamento jurídico 12)” [STC 103/1999, de 3 de junio, FJ 3].
4. Una vez hemos descartado que el precepto impugnado resulte encuadrable en la competencia estatal recogida en el art. 149.1.8 CE, debemos proseguir con el examen de la alegada invasión de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de agricultura y ganadería por el hecho de haberse previsto la creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida.
5. A la luz de la doctrina constitucional expuesta y, al objeto de resolver la controversia competencial planteada, debemos examinar si es posible encuadrar el precepto de la norma estatal impugnado en el título competencial sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), para lo cual debemos examinar, en primer lugar, la finalidad de la norma estatal en la que se inserta aquel.
6. Afirmado lo anterior, debemos proceder, a continuación, a examinar si el art. 6 de la Ley 35/2011, ahora impugnado, se puede concretamente fundar en la referida competencia estatal sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE).
Pues bien, además de la previsión formal de que el citado precepto tiene su fundamento constitucional en la competencia básica del Estado recogida en el art. 149.1.13 CE (disposición final cuarta, apartado 5 de la Ley 35/2011), desde el plano material también debe reconocerse dicho título competencial pues la creación de un registro en cada Comunidad Autónoma sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida que exige el citado precepto, encuentra igualmente su fundamento en la competencia del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). En efecto, la previsión de un registro en cada Comunidad Autónoma para que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias produzca toda su eficacia jurídica guarda directa relación con la dirección de la economía al constituir un elemento relevante de la finalidad que persigue la norma impugnada, esto es la de erigirse en un factor de cambio de las estructuras agrarias, pues se configura como una garantía fundamental para que alcance aquella efectividad. Así, la inscripción en el registro, dada la función instrumental que desempeña en relación con la finalidad de la norma estatal, resulta necesaria para el cumplimiento de los objetivos estatales perseguidos con la instauración de la nueva figura de la titularidad compartida, ya que, a través de dicho registro, se trata de asegurar la posibilidad de acceder a los beneficios que prevea la propia Ley y las disposiciones reglamentarias subsiguientes (en parecidos términos nos pronunciamos en la STC 112/2013, de 9 de mayo, en relación con los registros públicos de demandantes de vivienda protegida).
La inscripción en el registro de la Comunidad Autónoma no es sino un elemento que, junto al cumplimiento de otros requisitos que reglamentariamente se determinarán para cada tipo de beneficio que se instituya, opera como una condición previa para el otorgamiento de cualesquiera ayudas o beneficios por parte del Estado [así, la propia Ley 35/2011 se refiere, por ejemplo, a beneficios fiscales (artículo 9), a medidas en materia de Seguridad Social (artículo 10), a la posibilidad de acceder como beneficiarios directos de las ayudas agrarias correspondientes al régimen de pago único de la política agrícola común (artículo 11.2), o al acceso a medidas de fomento para su constitución, a la consideración de explotaciones agrarias prioritarias a los efectos de la Ley 19/1995, de 4 de julio, así como al acceso a un trato preferente en la percepción de subvenciones financiadas por la Administración General del Estado (artículo 12, apartados 1 a 3).
En este punto debemos recordar la doctrina de este Tribunal de la cual “se desprende, de un lado que ‘es constitucionalmente posible la creación de un Registro único para todo el Estado que garantice la centralización de todos los datos a los estrictos efectos de información y publicidad’ y, a este fin, ‘fijar las directrices técnicas y de coordinación necesarias’ para garantizar su centralización. Aunque también hemos dicho, de otro, que en estas cuestiones ‘el Estado debe aceptar como vinculantes las propuestas de inscripción y de autorización o de cancelación y revocación que efectúen las Comunidades Autónomas que ostentan las competencias ejecutivas’ en la materia. Pues si las facultades del Estado están circunscritas a la potestad de normación para la creación de un Registro único, estas otras facultades, de índole ejecutiva, ‘exceden de su ámbito de actuación competencialmente posible’ (STC 243/1994, fundamento jurídico 6)” [STC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12].
7. Afirmada la constitucionalidad de que el Estado prevea en el artículo 6 un registro administrativo en cada Comunidad Autónoma sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida resta por examinar la alegación del Gobierno de Canarias relativa a que el minucioso detalle de la regulación estatal excede de lo que pueda considerarse materialmente básico ex art. 149.1.13 CE.
8. Por todo lo razonado debemos llegar a la conclusión de que el art. 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, responde, con apoyo en la competencia del Estado ex art. 149.1.13 CE, a la idea de establecer una normativa básica sobre el diseño del nuevo sistema de inscripción previa con carácter constitutivo de los titularidades compartidas de explotaciones agrarias que contempla la citada norma, así como de los registros autonómicos que se crean a su tenor, al objeto de servir de presupuesto indispensable para el reconocimiento de los derechos y beneficios que prevé la Ley, sin que el contenido de dicho precepto sobrepase los límites competenciales que nuestra doctrina constitucional reconoce al Estado en este ámbito.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 76-2012
Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Competencias sobre legislación civil y ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal estatal que prevé la creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida (STC 112/2013).
El Gobierno de Canarias impugna el artículo de la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias que impone la creación de registros autonómicos reguladores de este tipo de explotaciones.
Se desestima el recurso. La Sentencia declara que el Estado puede intervenir en las materias de agricultura y ganadería en virtud de su competencia de ordenación general de la economía. Según se desprende de la Ley, la titularidad compartida tiene un tratamiento prioritario en la asignación de medidas de fomento, incentivos, beneficios y demás subvenciones impulsadas por el Estado. Por tanto, existe una relación directa entre el registro y el objetivo estatal básico de ordenación y coordinación de la planificación económica, ya que el registro es un instrumento de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y su inscripción en él opera como una condición previa para el otorgamiento de los beneficios referidos, garantizando igual trato a todos los interesados en el territorio nacional, además de asegurar la homogeneidad en el sistema, estructura, organización interna y funciones de los sujetos de la titularidad agraria compartida.
Establecer una normativa básica sobre el diseño del sistema de inscripción previa, con carácter constitutivo, de las titularidades compartidas de explotaciones agrarias, así como de los registros autonómicos que se crean a su tenor, no excede los límites competenciales que la doctrina constitucional reconoce al Estado en este ámbito [FJ 7].
La competencia del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica fundamenta la creación de un registro en cada Comunidad Autónoma sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida, a fin de asegurar la posibilidad de acceder a los beneficios que las normas prevean (STC 112/2013) [FJ 6].
El establecimiento de registro administrativo en cada Comunidad Autónoma, instaurando como básico el carácter constitutivo de la inscripción en el mismo, es respetuoso con el ámbito de distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma [FJ 6].
Es plenamente constitucional que el Estado, a través del establecimiento de un régimen uniforme de inscripción así como de la determinación de los datos informativos que deban constar en el respectivo registro, trate de garantizar la homogeneidad de la materia registrada en todo el territorio nacional, con la finalidad de que ello también permita un tratamiento uniforme [FJ 7].
La obligación de inscripción en un registro público no infringe las competencias autonómicas puesto que se trata de establecer un requisito que deben cumplir los solicitantes y los requisitos para acceder a las ayudas constituyen uno de los aspectos centrales de toda regulación subvencional que se orientan a garantizar igualdad de trato a todos los interesados en el territorio nacional (STC 112/2013) [FJ 7].
La Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias fue válidamente dictada como medida dirigida a hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres en el sector agrario y conseguir el pleno reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito rural, a través del reconocimiento jurídico y económico derivado de su participación en la actividad agraria [FJ 2].
El art. 149.1 atribuye al Estado la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan; pero, reservando al Estado ‘en todo caso’, entre otras materias, la ordenación de los registros exclusivamente de carácter civil. (STC 103/1999) [FJ 2].
Los únicos efectos civiles del régimen de titularidad agraria compartida son los relativos a la liquidación económica que tenga lugar a la extinción de aquella titularidad que, sin embargo, no son esenciales a la legislación civil, pues no modifican régimen económico matrimonial ni sucesorio alguno, ni las normas de administración, representación y responsabilidad de la titularidad compartida [FJ 2].
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene reconocida en su Estatuto de Autonomía la competencia exclusiva sobre agricultura y ganadería, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal sin perjuicio de la competencia estatal general sobre la ordenación general de la economía [FJ 2].
La asunción de una competencia como ‘exclusiva’ sobre un subsector económico por parte de una Comunidad Autónoma en su Estatuto no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica (STC 74/2014) [FJ 2, 3].
El Estado retiene ciertas facultades de supervisión en aquellos aspectos sectoriales de la economía que pudieran ser objeto de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, que no pueden suponer desfiguración del reparto constitucional y estatutario de competencias (SSTC 77/2004, 74/2014) [FJ 4].
Ley 35/2011, de 4 de octubre. Titularidad compartida de las explotaciones agrarias
Artículo 38, ff. 4, 5
Artículo 131, ff. 4, 5
Artículo 149.1.11, ff. 4, 5
Artículo 149.1.13, ff. 3 a 8
Artículo 31.1 (redactado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre), ff. 4, 5
Preámbulo, párrafo final, f. 2
Artículo 6, ff. 1 a 3, 6 a 8
Artículo 7.4 , f. 2
Disposición final cuarta, apartado 5, f. 6
Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio. Se regula el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida
Competencias compartidasCompetencias compartidas, ff. 3 a 5
Competencias en materia de agriculturaCompetencias en materia de agricultura, ff. 1 a 3
Competencias en materia de ganaderíaCompetencias en materia de ganadería, ff. 1 a 3
Competencias en materia de planificación económicaCompetencias en materia de planificación económica, ff. 2 a 8
Cooperación en el ejercicio de competencias compartidasCooperación en el ejercicio de competencias compartidas, ff. 4 a 8
Igualdad de géneroIgualdad de género, f. 2
Intervención del Estado en la planificación económicaIntervención del Estado en la planificación económica, ff. 2 a 8
Planificación económicaPlanificación económica, ff. 2 a 8
Explotación agraria de titularidad compartidaExplotación agraria de titularidad compartida, ff. 3 a 8

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6

Artículo 38

Artículo 131

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 31

Artículo 6

Artículo 7