Source: https://boletinjuridico.gtt.es/ley-general-tributaria-resumen-principales-novedades/
Timestamp: 2018-12-10 22:43:00+00:00

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Ley General Tributaria: Resumen principales novedades.
PRIMER GRUPO. MODIFICACIONES DE DIVERSA ÍNDOLEI. Interpretación de las normas tributarias (Art. 12.3 de la LGT)Se modifica el art. 12.3 de la Ley con el objeto de atribuir la facultad de dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias, además de al Ministro de Hacienda, como se contemplaba con anterioridad a la reforma, a los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el art. 88.5 de la LGT. Es decir, se reconoce de forma expresa, -dado que implícitamente ya venía reconocida en la normativa anterior- la facultad interpretativa y aclaratoria de la Dirección General de Tributos. Además, se establece el carácter vinculante de las mismas para los órganos encargados de aplicación de los tributos.
– En primer lugar, se trata de distinguir en la Ley entre la prescripción del derecho a liquidar (regulada en el art. 66 de la Ley) y la del derecho a comprobar e investigar. Para ello, el nuevo artículo 66.bis precisa que la prescripción de derechos regulada en el art. 66 no afectará al derecho de la Administración a comprobar e investigar regulado en el artículo 115 de la LGT.
– Salvo en los supuestos de créditos fiscales, se establece la posibilidad de la Administración de comprobar e investigar los elementos de la obligación tributaria referente a periodos ya prescritos, cuando los mismos tengan eficacia en ejercicios no prescritos.
– Además, se reconoce en el artículo 115.2 de la Ley la facultad de la Administración para calificar hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios con origen en periodos ya prescritos pero que surten efectos en periodos no prescritos. Es decir, la imprescriptibilidad del derecho a comprobar se extiende a la facultad de calificación atribuida a la Administración, pudiéndose declarar incluso el conflicto en la aplicación de la norma o la simulación.
– Tratándose de créditos fiscales – bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación-, el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación prescribe a los 10 años contados desde el día siguiente a la finalización del plazo establecido de declaración correspondiente al ejercicio o periodo en que se generó el derecho.
– No obstante lo anterior, y salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, más allá de esos 10 años, el contribuyente seguirá teniendo la obligación de aportar las liquidaciones o autoliquidaciones en las que se incluyeron dichas bases, cuotas o deducciones y la contabilidad. Eso sí, siempre en el curso de un procedimiento de comprobación e investigación referente a un ejercicio no prescrito en el que se producen las compensaciones o aplicaciones.
– Ahora bien, la comprobación y, en su caso, la corrección o regularización de estos créditos fiscales (bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación), solo podrá tener lugar en el curso de un procedimiento de comprobación referente a obligaciones y periodos que no se encuentren prescritos.
– El plazo de inicio del procedimiento sancionador, en el caso en que este no se hubiera iniciado.
– El plazo máximo de terminación del procedimiento sancionador, si este se hubiera ya iniciado.
– Como fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar en la estimación indirecta se señalan las siguientes o los signos, índices y módulos si el obligado pudo haberse aplicado el método de estimación objetiva.
– Se precisa que la estimación indirecta puede aplicarse:
– Se admite la deducibilidad de las cuotas soportadas del IVA, en el método de estimación indirecta aunque no se disponga de las facturas o documentos que, con carácter general exige la normativa del Impuesto, siempre y cuando la Administración obtenga datos o indicios que demuestren que el obligado tributario ha soportado efectivamente el impuesto correspondiente.
– Se establece que ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de estimación indirecta puede deducirse en un ejercicio distinto.
– Dado que la estimación de bases y cuotas se hace de forma anual, en tributos como el IVA, con periodos de liquidación inferiores al año, la cuota anual estimada se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que el obligado justifique que procede un reparto temporal diferente.
– Se establece una presunción de representación voluntaria cuando la representación hubiera sido admitida por la Administración tributaria en el procedimiento en el que se dictó el acto impugnado. En estos casos, no será necesario aportar alguno de los medios establecidos en el artículo 46.2 de la LGT. Esta modificación será de aplicación a las reclamaciones y recursos interpuestos desde la entrada en vigor de la Ley de modificación.
– De acuerdo con el impulso que se quiere dar a los medios electrónicos en las relaciones con la Administración tributaria, se reconoce la posibilidad de notificar por medios electrónicos todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan término a una reclamación económico-administrativa.
– En materia de costas, se recoge la posibilidad de exigir costas ante la inadmisión del recurso o reclamación, no sólo ante la desestimación del mismo como estaba previsto hasta ahora. En todo caso, las costas del procedimiento serán exigidas a la persona a la que resulte imputable la temeridad y mala fe que motivó la condena en costas.
– En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquél en que produzca sus efectos, eliminando así el plazo de un mes existente en la redacción actual. Asimismo, se recoge que si con posterioridad a la interposición de la reclamación económico-administrativa, y antes de su resolución, se dictara resolución expresa, ésta será remitida al Tribunal y notificada al interesado, debiéndole conceder un plazo de un mes para que pueda formular ante el Tribunal las alegaciones que estime convenientes.
– La interposición de la reclamación se realizará obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que haya dictado el acto reclamable cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones (artículo 235.5 de la LGT). Esta modificación será de aplicación a las reclamaciones y recursos interpuestos desde la entrada en vigor de la Ley de modificación.
– La puesta de manifiesto del expediente electrónico podrá tener lugar por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pudiéndose presentar por estos medios las alegaciones y pruebas.
– Se recoge de forma expresa la posibilidad de plantear por el Tribunal cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque reglamentariamente se desarrollará el procedimiento a seguir, el precepto legal establece que, cuando se hubiese planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE, se suspenderá el procedimiento económico-administrativo hasta que se reciba la resolución que resuelva la cuestión prejudicial planteada. Asimismo, se suspenderá el curso de aquellos procedimientos económicos-administrativos para cuya resolución sea preciso conocer el resultado de la cuestión prejudicial planteada.
– Con excepción del supuesto en el que la resolución aprecia defectos formales (supuesto en el que se ordena la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal), los actos de ejecución no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación. Se produce una disgregación entre el procedimiento de ejecución y el procedimiento de aplicación de tributos del que emanaron los actos recurridos y anulados.
– Respecto a las resoluciones de los TEA dictadas en las reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, artículo 227.4 de la LGT, se establece su carácter vinculante, una vez hayan adquirido firmeza, para la Administración tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos tenidos en cuenta para resolver. Por ello, estas resoluciones serán comunicadas a la Administración competente.
– Se establece, en el apartado 6º del artículo 239 de la LGT, la posibilidad de expedir factura por parte del reclamante y destinatario de la operación cuando no la hubiera expedido el obligado a ello, en el plazo legalmente establecido, por la resolución del Tribunal. Esta actuación será posible para las resoluciones que se dicten desde la entrada en vigor de la Ley de modificación de la LGT.
– El recurso de anulación, recogido hasta la fecha en el apartado 6 del artículo 239 de la LGT, pasa a ser regulado de forma independiente en un nuevo precepto, en el artículo 241.bis de la Ley.
– Recurso de alzada ordinario (art. 241 de la LGT)
– Recurso de anulación (art. 241 bis de la LGT)
– Recurso contra la ejecución (art. 241 ter de la LGT)
– Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (art. 242 de la LGT)
– Recurso extraordinario de revisión (art. 244 de la LGT)
– Se reduce el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado a un único supuesto de reclamación unipersonal: reclamaciones económico-administrativas de cuantía inferior a la determinada reglamentariamente.
– Se elimina la vinculación exclusiva a órganos unipersonales.
– Se recoge de forma expresa la posible puesta de manifiesto del expediente al interesado, previa interposición de la reclamación, para la formulación de sus alegaciones, debiendo comparecer ante el órgano que dictó el acto impugnado durante el plazo de interposición de la reclamación.
– Se elimina la referencia a la posibilidad de que el órgano económico-administrativo convocara la celebración de una vista oral en la que el interesado pudiera fundamentar sus alegaciones.
XXXVI. Recaudación de la deuda liquidada en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública – Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación (Arts. 255 y 256 de la LGT – Disposición final primera)
– Una vez iniciado el procedimiento penal de delito fiscal, el juez de lo penal decidirá sobre la adopción o no de las medidas cautelares previstas en el artículo 81 de la Ley General Tributaria.
– En caso de acceder a la suspensión solicitada, el juez de lo penal fijar el alcance de la garantía y el plazo para hacerlo.
« Impuesto sobre Actividades Económica (Consulta V2362-15, de 24 de julio de 2015, de la Subdirección General de Tributos Locales).
Sentencia 144/2015, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 3 de Zaragoza, Rec. 123/2015, de 13 Julio. Ponente: Martín Osante, Luis Carlos. »
Concursal Providencia de apremio Apremio Sujetos pasivos Administración electrónica cuestion de inconstitucionalidad Procedimientos de revisión Intereses y recargos Responsables procedimiento sancionador Caducidad Devolución de ingresos indebidos Telefonía móvil Prescripción Catastro liquidación Notificaciones tasas Devengo y periodo impositivo IBI Administración Local Costas Procedimiento Administrativo IIVTNU Beneficios fiscales Notificaciones electrónicas TEAC Pago valor catastral Recursos Recaudación Sanción Ordenanzas Aplazamiento-fraccionamiento base imponible Suspensión Contratos públicos superficie Exención Protección de datos Deuda tributaria No sujeción Inspección IAE Sancionador

References: artículo 66
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 227
 artículo 239
 resolución 
 artículo 239
 artículo 241
 artículo 81