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Timestamp: 2018-10-18 03:34:06+00:00

Document:
Tutela No. 29.879
JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS
Aprobado Acta No. 26
Sería procedente que la Sala se pronunciara sobre la acción de tutela interpuesta por JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS, en procura de amparo para sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, vulnerados, según afirma, con las sentencias de primero y segundo grados dictadas por el JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO y la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR, uno y otra de Ibagué, habiéndose recurrido extraordinariamente en casación el fallo de segunda instancia, empero la demanda fue inadmitida por esta Corporación.
1. De la reseña procesal plasmada en el escrito de solicitud de amparo constitucional, así como de evidencia allegada al plenario se extrae que el 15 de octubre de 2000, ELVER TIFARO LÓPEZ recibió un disparo en la pierna, por parte de JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS, quien posteriormente repitió la descarga del arma ocasionando la muerte de aquél.
2. El 22 de marzo de 2002, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué condenó a JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS a 25 años y 4 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años, al hallarlo autor penalmente responsable del concurso de delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, imputado en la resolución de acusación.
3. La sentencia fue recurrida en apelación. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la suya del 14 de octubre de 2004, resolvió confirmarla íntegramente.
4. Contra el fallo de segundo grado, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación.
5. Por auto1 del 3 de agosto de 2005, esta Sala resolvió “INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS, por lo anotado en la motivación de este proveído. En consecuencia se DECLARA DESIERTO el recurso.”
6. Además, atendiendo la preceptiva del artículo 216 de la Ley 600 de 2000, estimó esta Corporación que tampoco se configuraba alguna circunstancia que, previo el trámite correspondiente, ameritara la intervención de la Sala de Casación Penal, atendiendo a que la norma en cita permite casar la sentencia oficiosamente cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales, lo que no se advirtió en el proceso penal adelantado contra JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS.
“Esto último, si se da en considerar que de la revisión de lo actuado tampoco se observa violación de garantías fundamentales que tornen viable el ejercicio de la oficiosidad por parte de la Sala.” (Se destaca)
7. Ahora, el accionante considera que las autoridades judiciales demandadas le han vulnerado sus garantías fundamentales, porque (i) no debió disponerse la ruptura de la unidad procesal con respecto al otro acusado, convocado a juicio sólo por el delito de porte ilegal de arma de fuego; (ii) la sentencia se fundamentó en prueba falsa; (iii) no se probó que la víctima hubiese estado indefensa o en circunstancias de inferioridad como para que se hubiera deducido la causal específica de agravación del homicidio (art. 104–7° el C.P.); (iv) no se respetó el principio de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, pues, fue llamado a juicio por homicidio agravado y por atentar contra la seguridad pública, no obstante resultó condenado por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.
8. En síntesis, JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS pretende modificar los efectos de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito accionado, misma que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, habiendo quedado debidamente ejecutoriada, porque esta Corporación resolvió inadmitir la demanda de casación que interpuso contra la providencia de segunda instancia, advirtiendo, además, que no se apreciaba la vulneración de garantías fundamentales como para proceder al estudio de la casación oficiosa.
De acuerdo con lo consignado en precedencia, resulta claro que la demanda de tutela presentada por JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS, involucra la actuación de esta Sala, porque comprometió su criterio al pronunciarse sobre el extraordinario recurso, quedando amparadas las decisiones dictadas en las dos instancias, por el principio de la inescindibilidad.
De conformidad con el artículo 1-2, 2 del Decreto 1382 de 2000:
“Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente Decreto.”
Al quedar vinculada a este trámite en condición de demandada la Sala de Casación Penal, por haber comprometido con anterioridad el criterio, deberá decretar la nulidad de lo actuado, para ordenar la remisión del expediente, por competencia, a la Sala de Casación Civil, acorde con lo previsto por el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el reglamento interno de esta Corporación.
DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de la acción de tutela interpuesta por JOHN JAIRO RUIZ GARCÉS y, en su lugar, REMITIR la actuación por competencia a la Sala de Casación Civil, acorde con lo previsto por el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el reglamento interno de esta Corporación.
Comuníquese sobre la determinación al accionante.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
1 Radicado 23.589 del 3 de agosto de 2005

References: resolución 
 artículo 216
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1