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Timestamp: 2020-08-12 17:44:59+00:00

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La objeción fiscal al gasto militar como derecho a la paz y de resistencia a las guerras | antimilitaristes - moc valència
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Fundamentación jurídica y política
Juan Carlos Rois Alonso
Este extenso texto fundamenta la objeción al gasto militar política y jurídicamente. De una manera detallada habla sobre una posible caracterización de la objeción al gasto militar como parte o garantía de un derecho colectivo a la paz y a un orden internacional justo, con contenidos de resistencia a las guerras.
LA OBJECIÓN FISCAL COMO DERECHO HUMANO
I. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL TEMA: LIMITACIONES, RECELOS Y ESCEPTICISMOS ACERCA DE LA OBJECIÓN FISCAL Y OTRAS HIERBAS COLATERALES
1.-Confusión y ambigüedad en el pórtico del edificio: Un derecho humano a la objeción fiscal despistado, embutido de paradojas y contradicciones.
a) La falta de mención expresa en los instrumentos jurídicos internacionales.
b) Las actuales tendencias positivadoras de los derechos humanos en el contexto del nuevo orden internacional recién estrenado.
c) ¿es posible que los estados admitan voluntariamente algún tipo de limitación (en forma jurídica) a los gastos militares?
d) La controversia en la doctrina jurídica: entre la negativa radical y la tolerancia parcial y matizada a un derecho de objeción fiscal.
e) Una mirada a los posicionamientos jurisprudenciales.
f) Los límites de la objeción fiscal como derecho autónomo no fundamental de determinación o de exclusión.
g) La argumentación de la objeción fiscal como derecho humano.
h) La argumentación de la OF como desobediencia y garantía del ejercicio de derechos humanos negados por la militarización.
i) Diferencias de "naturaleza", "alcance" y "contenidos" entre un derecho humano o, una desobediencia garantista por OF y una propuesta legislativa de "impuestos para la paz": O de como no confundir el collar con el perro.
j) Una recapitulación para perdidos en la maraña.
2.- La aspiración del derecho como emancipador y el engaño de la ley como jaula de oro: "Ser astutos como serpientes y suaves como palomas".
3.- Un intento de clasificación tendencioso pero esperemos que también válido.
a) Propuestas de acento institucional.
b) Propuestas de acento reformista.
c) Propuestas de acento alter-nativo.
II. LA OF COMO DERECHO HUMANO: LO QUE NO ES Y LO QUE PUEDE SER UN DERECHO HUMANO DE OF DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS/LAS RESISTENTES A LAS GUERRAS.
1.- Diatriba contra un planteamiento reduccionista del contenido y las justificaciones de un derecho "humano" a la OF
a) (Primera) critica al concepto tradicional de derechos humanos:
b) Crítica (segunda) al concepto reduccionista de los derechos humanos como derechos individuales.
c) Critica (aunque ponderada) a las fundamentaciones de conciencia y basadas en imperativos ético-religiosos.
d) (y la última) crítica a las notas tradicionales de los derechos humanos y a la pretensión de que toda necesidad social deba ser llamada derecho humano.
e) Un descanso en el camino.
2.- Hacia una búsqueda tentativa de elementos de la OF que quiere ser derecho humano o garantía de un derecho humano.
a) La visión realista y pluridisciplinar como discurso razonable en torno, al cual hacer nuestro constructo "ético" con pretensión normativa.
b) El carácter "añadido" del disenso como constructor de los nuevos derechos humanos.
c) Derechos de "primera", "segunda" y "tercera" generación.
d) La nota de la resistencia a la guerra como nota esencial (el paradigma Russell).
e) La opción por la paz y la búsqueda de un nuevo orden internacional.
f) Bosquejo de una paz con contenidos y papel de la OF en ese conjunto.
3.- Justificaciones jurídico políticas de la OF
a) Los fines del derecho son la construcción de la paz.
b) Los derechos humanos son incompatibles con el armamentismo.
c) La OF forma parte, siquiera como prevención, de un derecho humano a la paz, a un orden internacional justo y solidario.
d) La teoría de la soberanía y la justificación de la desobediencia.
e) La OF supone una forma de participación democrática en la determinación de la política de defensa
f) La OF supone una apelación a la responsabilidad personal en el hacer jurídico-político que enriquece al derecho.
g) No existe deber de contribuir a los gastos militares, sino obligación legal en sentido débil
4.- Hacia una caracterización jurídica de la OF
a) Mi preferencia por el acento "resistente a la guerra" y desobediente de esta opción.
b) Un derecho humano a la objeción fiscal.
I- PLANTEAMIENTO INICIAL DEL TEMA: LIMITACIONES, RECELOS Y ESCEPTICISMOS ACERCA DE LA OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR Y OTRAS HIERBAS COLATERALES
La consideración teórica de la objeción fiscal al gasto militar (OF) como derecho humano presenta grandes dificultades.
La propia ambigüedad y confusión conceptual de las distintas propuestas lanzadas a la opinión pública por los grupos y campañas de diversos países ("derecho humano a la objeción fiscal", "campañas de impuestos para la paz", "impuestos de conciencia", "legislación para la paz" y otros términos en nada idénticos, a los que se equipara sin embargo en algunos lugares) nos sirve como muestra de lo resbaladizo del terreno en que nos movemos.
Ciertamente no existe mención expresa a un derecho humano a la objeción fiscal -ni a sus contenidos concretos- en ninguna declaración o instrumento internacional de los hoy vigentes.
Ni siquiera parece que pueda llegar a deducirse tal posibilidad de los textos vigentes, por la sencilla razón de que nunca ha estado en el ánimo de los "legisladores internacionales" de antaño un supuesto derecho de esta índole.
b) Las actuales tendencias positivadoras de los derechos humanos en el contexto del nuevo orden internacional recién estrenado:
Tampoco la tendencia positivadora de los derechos humanos discurre por este camino, ya que los estados siguen manteniendo una concepción del orden jurídico internacional que privilegia el papel de los ejércitos, de la investigación militar y el gasto militar dentro de las concepciones e instrumentos de seguridad internacional o -lo que es más de lo mismo- porque en la actualidad las decisiones (en absoluto) en torno a la propia defensa, corresponden a los estados y sus expertos militares, y no a la voluntad de las ciudadanías, convertidas en estos temas en meros "espectadores" o "ciudadanos siervos", traídos y llevados bajo determinados intereses complejos fuera del alcance de su mano "ciudadana".
No parece, en este contexto, que los estados tengan una especial intención de "positivizar" un derecho amplio de objeción fiscal a los gastos militares, directamente ejercitable por los ciudadanos: Una tal posibilidad supera los límites de las prerrogativas prácticas del poder e implica una amenaza de disolución, o al menos de crisis, de unas políticas de defensa militaristas, férreamente consolidadas en nuestras sociedades de fines de siglo.
Por decirlo de otra manera, el conflicto entre unos más que discutibles derechos de los estados frente a los derechos (más que discutidos) de los ciudadanos, se resuelve en estos asuntos de la seguridad en favor de los primeros y en detrimento de los segundos sin ningún género de excusas.
No debemos olvidar igualmente que en la actualidad son los estados (más los grupos de presión de lo que eufemísticamente se conoce como complejo militar industrial) y no las sociedades, los verdaderos y únicos "legisladores positivos" de los derechos humanos y del "nuevo" orden internacional.
A lo más que, a la vista de la actual tendencia, podría llegarse, es a admitir propuestas de "control del gasto militar", de la tecnología militar y su difusión, o de la industria bélica en general, mediante instrumentos jurídicos internacionales de limitación o similares, o bien por medio de la inclusión de partidas presupuestarias específicas en favor de la paz o el desarrollo, similares a la famosa recomendación de destinar el 0,7% del PIB de las naciones ricas al desarrollo internacional, o bien como una especie de derecho de "elección compatible" del destino de la propia carga contributiva de determinados ciudadanos a fines de índole civil o militar.
Una vulgar razón de eficacia posibilista permitiría a los movimientos más dinámicos de nuestras sociedades avanzar en una línea de "impuestos para la paz", compatible con estas tendencias institucionalistas, aliándose a las fuerzas políticas más interesadas en una coyuntura de mayor control del gasto militar y de racionalización inteligente del peligro de la inversión militar:
A esta supuesta alianza pueden sentirse invitados, por razones obvias, otros grupos sociales y colectivos de perspectivas más bien fundamentalistas e incluso nostálgicas, situadas en supuestas edades de oro moral del género humano, al amparo de un más que discutible renacimiento de la moral; e incluso una parte no insignificante de los grupos de signo liberal, en busca de un pacto mantenedor del control del "statu quo" tecnológico-militar vigente o, sencillamente, por afinidad a los grandes ideales de la modernidad racionalista y sus propuestas humanistas.
En otro sentido, la afirmación doctrinal de un derecho a la objeción fiscal a los gastos militares es muy minoritaria y confusa en sus justificaciones, alcance o naturaleza.
Son contados con los dedos de una mano quienes se posicionan a favor de esta perspectiva y, desde luego, tal postura no es recibida de forma nada pacífica por la comunidad jurídica en general.
Tal vez un esfuerzo de ampliación doctrinal permitiría encuadrar una figura de estas características como una forma de objeción de conciencia (OC) en sentido amplio, ubicable de forma tácita como modalidad de ejercicio de la llamada libertad de conciencia (ya sea en su vertiente ideológica o religiosa), o en alguno de los derechos de la autonomía individual de signo liberal.
En mi opinión ambas posibilidades "de sesgo tradicional" reducen significativamente el alcance de la figura hacia términos individualistas o de un rigorismo moral hoy ya superados y felizmente encerrados en el baúl de los recuerdos.
Este derecho de índole liberal-religioso corre el riesgo de privilegiar, a la larga, la compatibilidad de dicha opción (como excepción) con su opuesta (como regla general) o, lo que es lo mismo, un cambio de continente para que nada varíe en el contenido.
Para ese viaje tal vez, no se necesitaban tales alforjas.
Es ingenuo, por lo que puede verse, plantearse excesivas ilusiones de transformación social con la reivindicación o el apoyo a un supuesto imperativo de conciencia individual ejemplarizante.
La propia trayectoria de defensa de la objeción fiscal ante los tribunales resulta ejemplarizadora: Así, por ejemplo, en USA se han producido diversas sentencias en las que se debatía la posibilidad de legitimidad de la objeción fiscal como ejercicio de un derecho individual (vid. "saying no to war in the technological age: Conscientious objection and the world peace tax fund act" Paul law review. Vol 31, n° 3, 1982, págs 498-507 o sentencias USA versus lee, etc) y el planteamiento judicial ha reaccionado siempre de forma negativa. En todo caso, las campañas USA se han fijado de forma muy especial en la justificación de la conciencia individual como argumento de peso cuando no exclusivo, con un silencio casi completo a las reivindicaciones políticas y a las propuestas desmilitarizadoras "erga omnes" de los/as resistentes a la guerra.
Por su parte, en Italia la Corte de Casación, en sentencia de 23 de Noviembre de 1985 ha llegado a considerar no solamente su ilicitud sino, por demás, su perseguibilidad en vía penal. Y ello a pesar de pequeñas victorias parciales en las que se ha autorizado una cierta permisibilidad o tolerancia.
Igualmente, en Alemania o en España (S. A. T. Bilbao de 29 de Septiembre de 1987, Zaragoza de 9 de Enero de 1988, o Madrid de 14 de Noviembre de 1990, S. T. S. de 1991) las alabanzas a la posición moral realizadas por los jueces no han sido óbice para que, a su vez, se declarase la ilicitud de la objeción fiscal que atenta contra el constructo general de contribución general a las cargas comunes, no equivalencia de ingresos-gastos y lesión a un bien jurídico superior.
La realidad es que, en líneas generales, la objeción fiscal no goza de-amparo legal ni judicial en ningún lugar y, más interesante, que las justificaciones que de la misma se dan en la sede judicial ni son unívocas, ni tampoco apropiadas, pues no hay una caracterización clara de la propia figura de la objeción fiscal más allá del propio discurso "ético" de signos profundamente moralizantes e incluso catequéticos.
f) Los límites de la objeción fiscal como derecho autónomo no fundamental de determinación o de exclusión:
Cabría considerar que nos encontramos ante un mero derecho autónomo no fundamental, caracterizado, más o menos, como derecho de determinación de los impuestos (derecho a decidir a qué partidas contribuir personalmente) o bien como derecho de exclusión (derecho de ser excluido de determinadas partidas presupuestarias incompatibles con nuestras ideas personales).
Esta posibilidad también es problemática teóricamente y, desde luego, muy reduccionista en el plano ideológico de los/las resistentes a la guerra si no se acompañe de otros tipos de apuestas "en paralelo".
Un tal derecho de determinación tendría dificultades de orden técnico importantes, pues la extensión de tal derecho puede suponer colisiones y conflictos importantes de bienes jurídicos también considerados importantes
(tanto o más que la licencia de objeción fiscal que se admitiese) en los ordenamientos nacionales, algunos de consecuencias contrarias a la promoción de valores de justicia.
Por otra parte permitiría una- compatibilidad cronificada de los impuestos para la paz con los impuestos para la guerra, restando legitimación social a las pretensiones de transformación de la propia objeción fiscal y añadiéndoselas a la institucionalización de una situación de "tablas jurídicas".
En cuanto al posible derecho de exclusión, por más que sirviese para amparar una cierta conciencia privada, puede venir al pelo también como excusa para lavar la buena conciencia de ciudadanos indispuestos a colaborar con el pago personal de impuestos militares pero bien dispuestos a permitir que sean otros de la propia sociedad quienes los sufraguen en su nombre.
¿Nos basta un derecho al escrúpulo moral farisaico como pretensión cabal de la objeción fiscal de resistentes a la guerra?
Por último, y aún a pesar de-las diferentes soluciones que se pudieran dar para solucionar estas colisiones, siempre está abierta la posibilidad, precisamente porque su regulación como un derecho autónomo no fundamental (cuyo contenido esencial no puede ser limitado o suspendido a voluntad del poder) es una especie de "concesión graciable del poder", de limitaciones arbitrarias de su ejercicio o contenido, pues, en definitiva, sería el legislador quien concedió esta especie de licencia legalizada.
Otra posibilidad de mayor alcance sería la de intentar argumentar la consideración de la objeción fiscal como un derecho humano (autónomo o como forma de ejercicio de un derecho humano ya enunciado) de mayor calado.
Sin embargo, esta posibilidad no está tampoco exenta de problemas, cuales son la consideración en torno a la propia naturaleza del dicho derecho autónomo (derecho de conciencia, libertad individual, licencia graciable del poder político, etc.), la determinación de su contenido, el juego de límites de dicho derecho. etc.
La justificación en este plano nos sitúa ante los mismos problemas, paradojas y ambigüedades con que se enfrentan hoy los derechos humanos en general (pues la realidad es que ni son derechos en sentido estricto, sino propuestas éticas con pretensiones de validez, ni universales, sino occidentales):
g.1. Porque un derecho humano a la objeción fiscal entendido "a la occidental" tiene el peligro de reduccionismo de éste a los términos individualistas y liberales antedichos, lo que dificulta sus potencialidades políticas desmilitarizadoras.
g.2. Porque nos puede conducir a planteamientos nada dialogantes con culturas (incluso jurídicas) distintas a la occidental, donde el concepto de derecho individual y subjetivo no es prevalente y sí, sin embargo, el de deber hacia la comunidad, hacia el grupo o la humanidad, etc, el de solidaridad, el de respeto o reconocimiento al otro desfavorecido, la de la vida por encima de todo, etc.
g.3. Un derecho humano a la objeción de conciencia de contenido político (un supuesto, por ejemplo, contenido del derecho a la paz con contenidos, derecho de las futuras generaciones ante la amenaza del presente, a la solidaridad, etc.) o un desarrollo de éste como derecho a un nuevo orden internacional, etc. implica también dificultades positivas y necesita un constructo teórico que apoye y argumente debidamente sus justificaciones, pues, el hecho es que la positivación de un derecho de resistencia como derecho humano históricamente realizable y la apelación al ejercicio directo del poder por los hombres y mujeres no goza de buena reputación en las culturas políticas al uso.
Sin embargo tal figura parece, a la larga, de un mayor calado y valor para los resistentes a la guerra que no proponen un derecho "compatible" con sus antagónicos (derecho a la guerra) sino la superación de las condiciones de militarización.
Cabe, por último, renunciar a la argumentación de la objeción fiscal como un derecho humano para pasar a considerarla como una mera apelación a un propósito de construir un orden internacional más justo y defender su utilización (de la objeción fiscal se entiende) como una herramienta garantista de la posibilidad de ejercer un derecho a la paz más etéreo (pero igualmente realizable y nada holista).
En este sentido, entroncaría (como signo de continuidad y ruptura con los derechos humanos positivados) con la propia proclamación preambular de la declaración de derechos humanos cuando sugiere la necesidad de la pervivencia de éstos y de su paradigma en el, orden político para evitar que los hombres utilicen el supremo (y puede que penúltimo) recurso a la resistencia frente a la tiranía.
Objeción fiscal que entonces aparece no como derecho, sino como garantía de ejercicio del derecho, basado en razones de diversa índole para conseguir una convivencia planetaria basada en el respeto al otro (y no solo en la occidental dignidad de la persona). y capaz de articularse en superación del paradigma del derecho fundado en .la coacción, en la violencia y en criterios, de legalidad dogmáticos que, como se ve en nuestras sociedades, introducen en sí la negación real de cuanto prometen.
Por último interesa hacer una ulterior clarificación que nos sirve para situarnos mejor en la pretensión de este documento, pues hay que dejar claro que no es lo mismo "objeción fiscal" como derecho o como garantía de derechos que "impuestos para la paz" o alguna otra proposición similar.
La distancia entre una y otras propuestas es, como si dijéramos, similar a la distancia entre el objetivo que nos trazamos y las diversas herramientas (y entonces debemos preguntarnos por su eficacia y coherencia para llegar a buen puerto) con que queremos ir atajando camino para llegar a ese objetivo.
j) Una recapitulación para perdidos en la maraña:
En resumen, parece que, como anunciamos al principio,, la consideración de la objeción fiscal como derecho humano obliga al menos a dos labores:
1) clarificar y descubrir las diferencias existentes entre las diversas propuestas, o mejor dicho, instrumentos con que los movimientos sociales y los diversos grupos han venido articulando sus campañas en pro de la desmilitarización en estos temas; diferenciando entre el horizonte global ("objeción fiscal" como derecho humano o como garantía) de las diferentes propuestas coyunturales válidas (o no) para arribar a dicho horizonte.
2) justificar, una vez encontrado ese pretendido horizonte global, su pertinencia, alcance, contenido y alternativas.
La lucha por la paz, como casi todas las búsquedas de emancipación que conocemos, no está exenta de simplificaciones y de mitologías propias, de éxitos y de fracasos, de anécdotas y de momentos significativos y necesarios de actualización y evocaciones.
En lo que me interesa analizar a. continuación, podemos decir que han existido cuatro grandes mitos con los que hombres y mujeres hemos pretendido arribar al mundo en paz:
a) A la paz se puede llegar por medio de la guerra (lógicamente de tal razón no voy a comentar nada por la obviedad de su falsía)
b) A la paz se llegará por medio del derecho.
c) A la paz se llegará por la conversión de las personas.
d) A la paz se llega por la educación.
No trato de despreciar los contenidos que las diversas tradiciones culturales han incorporado a estas perspectivas, ni de obviar su parte de verdad y su inestimable riqueza.
Quiero, sin embargo, alertar sobre la necesidad de aplicar un escéptico recelo a la unilateralidad con que podemos "creer" que "el derecho" (o "la conversión" o "la educación") son capaces de arribar a la paz deseada (y no a un mero simulacro de paz), ya sea por sí solas o en combinación recíproca.
Y en concreto, destacar que, efectivamente -y sin perder de vista el horizonte sanativo que el derecho pudiera aportar a la lucha por la paz- éste no deja de ser un instrumento que, en. infinidad de ocasiones, ha demostrado su eficacia como elemento de dominación.
Aún estamos lejos de considerar la guerra y su preparación como la antítesis del derecho (como demuestra por ejemplo la actual tendencia positivadora en el plano internacional, o la infinidad de normas jurídicas de los llamados "ius ad bello" y "ius in bellum" hoy más que nunca en vigor) y sin embargo, los juristas de todo signo y pelaje no dejan de alertarnos la facilidad con que el poder utiliza la herramienta de la ley para negar "reconociendo" el derecho que proclama, banalizando su alcance e inmunizándose contra sus pretensiones liberadoras (por ejemplo, las libertades "occidentalizadas" de expresión y de elección han pasado a convertirse en propaganda y manipulación al servicio de los poderes, la de elección o participación en consumo o sumisión, las libertades públicas en policía y vigilancia, etc).
Y con todo ello quiero llegar -porque considero del máximo interés el asunto- a plantear que si, efectivamente, queremos hacer del derecho un instrumento estratégico desmilitarizador, debemos romper toda pretensión de fiarnos demasiado de sus posibilidades últimas. Nuestro horizonte no es un derecho humano que nos justifique, sino un proceso desmilitarizador, donde también el logro del derecho abra caminos novedosos.
Consideremos nuestro -papel de meros operadores políticos en liza con otros de signo diferente (y pretensiones no siempre limpias). Esto supone lucha por cambiar las estructuras y el derecho, en vez de confianza en su carácter anterior a la sociedad política, a su capacidad mágica, ni a sus posibilidades de ordenación real o de cambio de las conductas de los seres humanos.
Con todo esto quiero ir a parar, precisamente, a la consideración del derecho como un instrumento más, pero no por cierto endeble, que nuestra razón estratégica debe saber emplear (sin que se vuelva en nuestra contra) para conseguir introducir mayores límites al militarismo hoy en activo.
Desde ahí se reivindica ahora para nosotros/as una razón inteligentemente estratégica, "astuta como la serpiente, pero suave como la paloma", capaz de incidir más en el contenido político desmilitarizador que en el continente formal legalizador, dispuesta a no bajar la guardia y a mantenerse en tensión inconformista frente a las pretensiones de eternidad de toda ley.
O, más directamente, proponer como pretensión de derecho propuestas al límite de lo tolerable jurídicamente, -de forma que no "consagremos" ningún "derecho" inalterable y eterno, sino, antes bien, hagamos de nuestras propuestas "de derecho" puentes y caminos pedagógicos para ir avanzando "sin pausa" hacia mayores cotas de desmilitarización gradual.
En este sentido quiero mostrar la desconfianza a toda consagración de unos supuestos derechos humanos como límite de nuestra acción.
Y ello por varios tipos de razonamientos:
a) Porque tras los derechos humanos (hoy en la imaginería planetaria) se esconde una burda ideología que hay que saber situar para que no se convierta en la "petitio principii" con que justificar cualquier cosa "a gusto del consumidor".
b) Porque no me puedo aún responder de forma convincente a la siguiente pregunta:
- Y si los esfuerzos y energías gastados por nosotros/as para conseguir la proclamación de algún tipo de derecho humano a la objeción fiscal reciben como respuesta un "no" ¿Priva eso de razones a nuestro empeño desmilitarizador? ¿No interesa seguir trabajando si no es con el parapeto de los derechos humanos metidos a calzador?
c) Porque, en este plano de fascinación por los derechos humanos, podemos caer víctimas de una paradoja que no puede escapársenos, pues también el sector de quienes justifican los ejércitos como instrumentos de defensa de los estados puede considerar la necesidad de introducir como "derecho humano" el derecho de estos a armarse militarmente para evitar ser agredidos por otros (si vis pacem para bellum es una máxima que goza de solera y reconocimiento en los ámbitos culturales y científicos).
Este tipo de razonamientos debe matizar realistamente el espejismo de los derechos humanos y de la importancia de conseguir un reconocimiento a un derecho humano a la objeción fiscal. Algo que puede tener un valor táctico y pedagógico interesante, pero que en ningún caso es "el horizonte" de los resistentes a la guerra: el hecho de lograr tal reconocimiento no garantiza la desmilitarización. social, porque no hay un mecanismo inmediato o automático "derecho"-"desmilitarización".
Hecha esta incursión en las precauciones que considero no debemos perder de vista, damos ahora un paso más en el elenco de escepticismos saludables que sabiamente debemos practicar para que no nos den (ni nos demos) gato por liebre.
Las diferentes propuestas que conozco en torno a los gastos militares se representan a nuestros ojos como una especie de revoltijo donde a veces nos enredamos con la mejor voluntad.
Parece interesante entonces buscar -algún criterio de clasificación de unas y otras que nos sirva para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas cosas.
Así, de una forma absolutamente discutible (como cualquier otra tipología por mucho que se diga al respecto) podemos clasificar las diferentes propuestas hipotéticamente previsibles respecto a la objeción a la contribución a los gastos militares en:
a) Propuestas de acento institucional. b) Propuestas de acento reformista c) Propuestas alter-nativas.
Las primeras suponen la asunción "institucional" (estatal, supranacional, internacional) de determinados rasgos en relación al control de los gastos militares. En ellas se integrarían (y existen) diversos acuerdos supranacionales de control de armamentos, gasto militar, transferencias de tecnología y material de doble aplicación, cooperación para el desarrollo, control y registro de exportaciones militares, embargos de armas, etc.
También encontraríamos algunas políticas y directrices dadas desde las instituciones nacionales (renuncia a la fabricación de determinados tipos de armamentos, planteamientos de ejércitos no ofensivos, control de la venta a determinados países de armamento o de tecnología de doble uso, etc).
Y cabria, como hipótesis, otro tipo de asunciones institucionales de legislaciones y políticas de atribución de determinadas partidas presupuestarias a fines de paz (entendida esta casi siempre como mantenimiento del statu quo) o desarrollo de relaciones solidarias, ya sea destinando determinados porcentajes presupuestarios a dichos fines, admitiendo un cierto derecho de determinación o de exclusión para los ciudadanos que se acogiesen a éste, etc.
La condición de admisibilidad de tal tipo de propuestas, aún en sus aspectos más novedosos, consiste en la posibilidad de que fuesen asumidas, y legisladas, por los órganos institucionales competentes y no creasen demasiados problemas a las políticas de seguridad definidas previamente en términos militares, pues todas estas propuestas se caracterizan por la aceptación institucional de compromisos de control dentro de un marco general de opción por la defensa armada y el statu quo en cuanto a la seguridad y la defensa por parte de las instituciones.
Favorecen, por ello, el mantenimiento de una política general de seguridad y defensa basada en los ejércitos y el gasto militar preciso para su mantenimiento.
Y como tales pretenden "integrar" no problemáticamente una cierta disidencia débil en el conjunto de obediencia fuerte, permitiendo una opción de determinación personal (la excepción a la regla general).
Las propuestas institucionales, por sí solas, difícilmente se pueden ofrecer como ejemplo alternativo a la vista de la actual panorámica de fuerzas a escala planetaria.
No vamos a realizar una crítica fácil ni superficial a tales propuestas, pues nuestra pretensión no es sino la de diferenciar la objeción fiscal de los resistentes a la guerra, cuyo horizonte general es, precisamente, abundar en la eficaz, gradual e irrenunciable desmilitarización, de ésta otra opción institucional, señalando, sencillamente, la diferencia la primera y las segundas: una cosa es la objeción fiscal como horizonte y otra distinta las propuestas institucionales (aún cuando estas sean del tipo "impuesto para la paz").
En determinados momentos pueden existir entre ambas coincidencias pero, también, discrepancias, pues la primera pretende trascender a la segunda.
Para la perspectiva de los resistentes a la guerra, cabe una cierta precaución respecto a las propuestas institucionales, que nos interroga sobre la coherencia de los apoyos con que a veces, de forma voluntarista e ingenua, nos prestamos a fomentar legislaciones que bien podrían ser de utilidad para fines relativamente distintos a los nuestros, pues cabrían como instrumentos que consolidasen la compatibilidad práctica de nuestras acciones con el mantenimiento de sistemas globales de seguridad militar.
¿No puede darse el caso de que nuestra objeción fiscal se desvirtuase de su horizonte para ser una mera forma de exención personal a la contribución económica con un sistema militar que, sin embargo, damos por bueno para el resto de los contribuyentes? ¿No puede considerarse un cierto fariseísmo más o menos considerable como una vía de elusión del pago de unos impuestos militares cronificados para todos (a excepción nuestra)?
Calificamos como tales a aquellas otras propuestas que pretenden reformas significativas con el propósito de ir construyendo un iter gradual y pacifico hacia un objetivo desmilitarizador.
Se trata de pretensiones "reformistas" en el sentido clásico del término, pues más allá de la compatibilidad con el statu quo vigente, pretenden introducir pequeñas "cuñas` que modifican algunas estructuras de forma intensa.
En cuanto tales, por principio, no son expresamente asumibles por las instituciones sin introducir un cierto cambio (reforma) en su lógica, por lo que es de suponer que las, propuestas "reformistas" necesitan ciertas alianzas políticas para vencer las inercias y resistencia de los intereses creados y propiciar el cambio.
El atractivo de las propuestas reformistas se basa en la creencia en transformaciones mediante reformas, pues una especie de ley histórica garantizaría hipotéticamente la marcha progresiva hacia mayores logros.
Sin embargo, la experiencia histórica no permite un optimismo ciego respecto al reformismo, pues, como se ha denunciado a menudo, la propia historia es discontinua y hay ejemplos sobrados en que la condición de que nada cambie es, precisamente, el constante cambio de todo en su superficie. Lo que en el refranero popular de mi abuela se denominaba como el efecto de "los mismos perros con distintos collares".
Nada garantiza que unas medidas "reformistas" predispongan más hacia un cambio global y gradual que hacia un cambio superficial y mantenedor, en lo esencial, de los intereses (pero ahora con un cierto marchamo de legitimidad suplementaria) del complejo militar industrial.
Y con esto no queremos despreciar las propuestas reformistas de, diverso signo que se nos pudieran ocurrir, sino, simplemente, alentar a que en la estrategia de los movimientos sociales afinemos la inteligencia para conseguir nuestros fines antes que hacer el juego a intereses de "otros.
En mi criterio, tal y como hoy se especifican, las propuestas de los, grupos sociales y religiosos acerca de los "impuestos para la paz" o de "legislaciones para la paz", así como otro tipo de figuras que reivindican cualquier especie de determinación impositiva (derecho de elección o de exclusión) ya sea en base a motivos de conciencia o similares, son propuestas "reformistas" en el sentido de buscar una reforma parcial del marco general de la defensa, que al menos permita sentar el principio de opinión de la ciudadanía en la elección de lo que hay que defender y el cómo.
Como tal merece una valoración ponderada, pues ciertamente la reforma en este caso introduce de sí la posibilidad de ulteriores avances (a la vez que hace retroceder, siquiera sea un leve trecho, al militarismo unilateral del momento) pero también cabe que la reforma acabe siendo una puerta cerrada si no se pone el suficiente cuidado para dar otros pasos posteriores.
Y ello obliga a una revisión sincera de gran parte de nuestro trabajo para no poner los caballos detrás de la carreta, pues, al parecer, en la lógica de determinadas propuestas reformistas al uso no se halla el horizonte desmilitarizador ni se cuenta con ulteriores pasos tácticos que inviten a la ciudadanía en general a ejercer su poder soberano de cara a los temas de defensa.
En este sentido, de nuevo, creo importante no mezclar las propuestas de impuestos para la paz con las propuestas de objeción fiscal "derecho humano", pues mientras las primeras son un camino (ya lo dijimos) reformista para conseguir otros logros, las segundas son un horizonte en sentido más fuerte para garantizar el derecho de todos a desembarazarse "ya y ahora" (aunque ese ahora no ocurra de momento) de los gastos militares y del militarismo de forma más completa.
Lógicamente al calificar las propuestas que designamos ahora cómo "alter-nativas" estamos reclamando una adhesión simpática a las mismas, pues lo alternativo goza en determinados ambientes de buena prensa.
Por eso es también necesario alentar del truco, pues no queremos aquí buscar simpatías con nuestros puntos de vista, sino contribuir a la crítica y a la verdad.
Son propuestas alternativas las que introducen factores "absolutamente otros" de los asumibles no problemáticamente por las instituciones.
Las propuestas alternativas suponen una incidencia "en la raíz" del problema bélico-militar: no la necesidad de controlar/recortar el gasto bélico, no la necesidad de armonizar éste con la opción privada de algunos ciudadanos, sino la necesidad de profundizar "ya y ahora" en un proceso irrenunciable hacia la desaparición de los ejércitos y del gasto militar, de la reconversión económica-industrial y el transarme, mediante la apelación a la ciudadanía a que niegue toda colaboración a la guerra, sus causas y su preparación.
Caben diversas propuestas puntuales que irían en esta línea, entre las cuales la objeción fiscal puede tener un papel preponderante y, en cierto modo, y con algunos matices, algunas de las propuestas de legislación para la paz y de impuestos para la paz.
No obstante, aprovechamos de nuevo para postular la diferencia de contenidos que, evidentemente, existe entre objeción fiscal como derecho humano y "impuestos para la paz" o cuestiones similares.
En este sentido, me quiero referir a las dos posibilidades que considero más alternativas o de raíz respecto al problema del gasto militar:
1- La objeción de conciencia como especificación de un derecho humano amplio a la paz con contenidos (objeción fiscal derecho humano).
2- La objeción fiscal en su vertiente de desobediencia civil como instrumento "en reivindicación" de un derecho a la paz con contenidos.
Una y otra, como veremos, van a la raíz del problema, y exigen un derecho del género humano a liberarse de uno de los peores engendros que ha salido de la humanidad: los ejércitos.
Es cierto, sin embargo, que también las propuestas alternativas del género de las que menciono tienen sus puntos débiles, pues se conocen ejemplos históricos para todos los gustos (desde las que abiertamente fracasaron, hasta las que fueron fácilmente manipuladas por el poder, las que se convirtieron en mero reformismo sin posibilidades de mayor trascendencia, etc).
Junto a su potencialidad alternativa, deben además señalarse otros riesgos de estas propuestas: por su carácter de desobediencia que implica la necesidad de motivar a• amplias capas de la población en su práctica, su vertiente de "no derecho" o de mera pretensión de futuro, - su utopismo intrínseco, que hacen de estas propuestas un camino dificultoso hacia el futuro.
Así y todo, en el presente trabajo se pretende argumentar que la objeción fiscal "derecho humano"/"desobediencia garantista" es una propuesta alternativa, a diferencia de los impuestos para la paz u otras que, sin embargo, pueden ser pasos intermedios.
a) Que cabe argumentar a favor de la objeción fiscal como derecho humano, siempre y cuando rebasemos los limites tradicionales de su comprensión.
b) Que debe entonces descartarse por reductora de su contenido cualquier propuesta de objeción fiscal meramente "imperativo de conciencia"
c) Que debe también descartarse como derecho humano a la objeción fiscal la propuesta de impuestos para la paz, que ni es objeción fiscal ni es posible como un derecho humano de tal índole.
d) Que debe profundizarse, más allá de la consideración como derecho humano de la objeción fiscal, en las características disidentes y desobedientes de la objeción fiscal como garantía y lucha plausible para conseguir políticamente un derecho humano a la paz con contenidos, cuyo límite se pone en la desmilitarización social.
Desde estas consideraciones anteriores, observamos que el derecho a la objeción fiscal, en último caso, no puede ni debe ser confundido con diversas campañas de rechazo o denuncia del gasto militar.
.La distancia entre una y otra cosa es similar a la existente entre, por ejemplo, el derecho humano a un nuevo orden jurídico internacional (art. 28 de la declaración de derechos humanos) y la implantación de normas jurídicas de libertad de mercado al estilo GATT, por poner un ejemplo esclarecedor.
1.- Diatriba contra un planteamiento reduccionista del contenido y las justificaciones de un derecho "humano" a la O. F:
Según hemos dicho arriba, se corre el riesgo de una concepción reduccionista de los derechos humanos y, en particular, de la OF como derecho humano.
Reduccionismo que desde mi punto de vista, se puede plantear-desde una doble consideración:
1) En cuanto al contenido, si la objeción fiscal se limitase a una licencia como "derecho de exclusión" (derecho a ser eximido de contribuir personalmente a los gastos militares del estado) o de determinación.
2) En cuanto a su fundamentación, si se limitase a una emanación del derecho de libertad de conciencia o religiosa.
Un derecho de objeción fiscal no debe, desde la perspectiva de los y las resistentes a la guerra, reducirse en ninguno de los sentidos expuestos, pues sus pretensiones son más y distintas, al procurar, al menos en las intenciones de los grupos que proponemos estas cosas, abrir la vía a una radical y completa desmilitarización, lo que pasa por un horizonte (aunque lejano tal vez) sin ejércitos ni gastos militares.
Algunas consideraciones acerca del mismo concepto de derechos humanos nos permitirán aclarar nuestra postura.
a) (Primera) critica al concepto tradicional de derechos humanos.
El concepto tradicional de derechos humanos es heredero de una ideología histórica y territorial concreta (la ideología moderna que arranca de la ilustración y de las revoluciones francesa y americanas de fines del S. XVIII). Ni que decir tiene que una correcta comprensión de esta categoría nos llevaría a profundizar, igualmente, en las tradiciones religiosas y filosóficas anteriores y coetáneas, pero no es este lugar para esta extensión.
La actual configuración de los diferentes catálogos vigentes sobre derechos humanos parte -también lo sabemos- de una idea del mundo heredera de la II Guerra Mundial y sus protagonistas. Es decir, es fruto de los intereses y de las representaciones de la realidad de los diversos pueblos del llamado mundo occidental.
Sus presupuestos más elementales se basan en las concepciones de la modernidad acerca de las ideas de "individuo", "dignidad humana", de los conceptos de "naturaleza humana", "sujeto" y "conciencia", etc; formas todas ellas de representación de la realidad marcadamente occidentales, pero no necesariamente compartidas por otras culturas.
Con ello quiere decirse que sus notas básicas (universalidad, inalienabilidad, absolutez, etc) han sido tamizadas por el rasero de occidente y sus comprensiones de la realidad, con una ignorancia muy relevante de los intereses, cosmovisiones y realidades de los mundos no occidentalizados (estoy-pensando en el mundo árabe, en la cultura hindú o china, en la realidad de los pueblos del llamado "tercer mundo", etc).
En este sentido, un concepto de derechos humanos que quisiera servir, a la causa de la desmilitarización planetaria debería ser superador de las concepciones etnocéntricas occidentales de los derechos humanos y volverse, por decirlo de una manera suave, más ecuménico.
Desalienta sobremanera, al menos a un servidor, comprobar como las distintas justificaciones escuchadas hasta ahora acerca de la objeción fiscal como derecho humano parten casi en exclusiva de las cosmovisiones occidentales, de los intereses occidentales, de las preocupaciones occidentales y, lo que es peor, de las ideologías occidentales de conciencia privada, individuo, dios occidental, etc: justo lo propio para que quienes no pertenecen a nuestro mundo de valores se sientan recelosos de un tal derecho que reduce el universo a occidente.
Habrá que pedir a nuestros sesudos compañeros de andanzas (ya sea -cuáqueros, anarquistas variopintos, liberales o objetores de conciencia de diverso pelaje) que dejen de mirar el propio ombligo a la hora de lanzar sus pretensiones, si no queremos correr el peligro de hablar de algo irrelevante para culturas con tanto derecho (o más) que las nuestras a exigir aquí y ahora instrumentos desmilitarizadores y de paz con contenidos.
Siguiendo con lo explicado arriba, los derechos humanos, desde una óptica de resistentes a las guerras, no pueden ser entendidos como derechos individuales en el sentido occidental clásico, pues tal concepción -y aún reconociendo la importancia histórica que ha jugado- privaría de lugar a infinidad de pueblos (estoy pensando en el mundo árabe, o en pueblos de Latinoamérica, o bien en la India, por ejemplo y, podemos decir, por extensión todo ese llamado "tercer mundo", pero también pueblos con identidad propia en Europa como pudieran ser los gitanos aún no intoxicados por la propaganda y la televisión) para los, que el individuo y el sujeto, en cuanto conceptos e ideas, les son ajenos cultural y jurídicamente hablando.
El individuo no existe sino como representación ideológica, como apelación sociológica, o como hipótesis política, pero el mundo de la realidad no está compuesto de individuos. Los derechos, por eso mismo, no pueden ser "de los individuos", que son unas entelequias convencionales pero tan visibles como los fantasmas.
Debemos, entonces, amplificar el término desde el individuo hacia las comunidades, hacia los pueblos, hacia la garantía de la vida en el planeta, hacia las futuras generaciones, de forma que serían éstos los titulares de dichos, derechos y no la abstracción occidental que supone "el individuo" u otras cosas por el estilo.
Y en este sentido, toda superación del concepto de individuo, en cuanto "titular" de los derechos humanos a la OF supone una apertura de posibilidades, porque, y esto es básico, no es que "YO" tenga derecho a que se me excluya de participar en gastos de tipo militar, sino que "nosotros", en cuanto que colectividad tenemos una responsabilidad ante la vida y ante las generaciones futuras y, por decirlo así, un derecho como comunidad a una paz con contenidos, lo que implica que el derecho de objeción fiscal es un derecho de todos frente a las agresiones del militarismo y (sobre todo) del orden internacional vigente en que los estados imponen las obligaciones de contribuir a los gastos militares.
Las categorías de sujeto y de derechos de los individuos en cuanto que límites frente a la actuación de los estados debe ceder ante visiones de los derechos humanos que contemplen más claramente las ideas de "responsabilidad comunitaria", "deberes y responsabilidades" hacia la vida en el planeta, "deberes" hacia la comunidad, "derechos de las comunidades y de las generaciones futuras frente a las políticas armamentistas de los estados, "alteridad" (frente a la tradicional dignidad personal), "deber de fraternidad", etc.
El hecho de que podamos considerarlo un derecho de la sociedad planetaria frente a los estados, ya lo veremos luego, y frente al orden internacional vigente que "impide" el desarrollo de los derechos humanos, permite hacer muy pocas concesiones a supuestos derecho a impuestos para la paz determinados desde los propios estados y compatibles con la generalidad de los gastos militares.
En cuanto que pretendemos que la nota de universalidad de los derechos humanos consista en la extensión de su ejercicio a los pueblos y culturas diversos, debemos ser muy celosos para no ofrecer fundamentaciones unilaterales basadas en imperativos de conciencia (ya sea por motivos ideológicos, religiosos o éticos) o en análisis demasiado esencialistas.
Nos vamos a fijar en tres aspectos con los que se explica lo que queremos decir al respecto:
• matizaciones a la fundamentación religiosa: un derecho humano a la OF debe superar una consideración de sí mismo en base a la libertad religiosa, pues la apelación a ésta implica un impertinente reduccionismo.
Esto no implica minusvalorar la riqueza de las tradiciones culturales o religiosas que de una manera más evidente se han mostrado punteras en la lucha por la paz y el testimonio de la noviolencia, pero, recogiendo su importante riqueza y respetando sus dignísimas aspiraciones, debemos centrar nuestras fundamentaciones en un sano relativismo ético, buscando puntos comunes y de encuentro, mínimos éticos comunes, entre todas las tradiciones y culturas.
Una apelación, por ejemplo, al fundamento último de la objeción como exigencia de deberes que impondría, supuestamente, el dios cristiano, no podría ser válida para este derecho humano, por la sencilla razón de que, por ejemplo, ese dios cristiano crea recelo en mundos diferentes.
Y ello no quiere decir, desde luego, que no sea loable que una inspiración creyente. o ética determinada impulse a miembros de diversas colectividades a trabajar por esta causa, pero una cosa son los motivos que llevan a asumir responsabilidades para con los demás y con la vida en el planeta, y otra cosa distinta que éstos puedan servir como "consenso ético" o racional en que se fundamente una concepción de los derechos humanos.
Y en este sentido, lo vamos a ir viendo a continuación, debemos hacer una diferenciación clara entre motivaciones y fundamentación jurídica, pues si bien ex cierto que en el plano de las motivaciones cualquier apelación a valores en sentido fuerte aparece como evidente, en el orden de las fundamentaciones jurídicas, estas mismas apelaciones no pueden surtir efecto alguno, pues no aparecen como razones jurídicas ni como argumentos compartibles por todos y todas como consenso "ético-jurídico".
• matizaciones a las fundamentaciones éticas en sentido fuerte o a éticas idealistas más allá de un "mínimo de consenso" en el pluralismo ecuménico.
Por otra parte, no parece tampoco conveniente justificar el derecho a la OF desde apelaciones a una supuesta ética (laica o religiosa) previa al estado, a un orden de valores (platónico) superiores y previos, o a una concepción del hombre ideal o ideológica, basadas en una supuesta (y falsa) naturaleza humana.
Abundar en las apelaciones éticas originarias o en un hipotético estado de naturaleza inicial no puede servirnos a los/las resistentes a la guerra para nuestra propuesta de objeción fiscal, pues estas apelaciones de "deberes en sentido fuerte" no hacen sino reducir los derechos humanos a meras ideologías ahistóricas y sembrar mayores dudas en estos tiempos de pluralidad y relativismo de concepciones morales.
Los refuerzos del componente moral en sentido fuerte implican un riesgo muy patente de reaccionarismo y de añoranzas por la perdida edad de oro moral premoderna, pero no basan suficientemente la expectativa emancipadora que quiere ser ésta opción de resistentes a las guerras.
No podemos reducir el derecho humano que venimos considerando a un mero "derecho moral" de carácter holístico ni descontextualizado. Y ello porque el hecho de nuestra justificación moral de un tal derecho sería ineficaz jurídicamente hablando si se quedara en esa especie de "imperativo" (o discurso sobre el sexo de los ángeles) sin las notas "normativas" e "históricas" del derecho.
O lo que es lo mismo, la objeción fiscal será derecho humano en cuanto que goce de normatividad y de garantías para su ejercicio, de reconocimiento y respeto internacional, etc.; pero no por su supuesto carácter etéreo de signo moral que, por su excelencia, debieran los estados tolerar al precio de ser considerados inmorales.
Por otra parte no existe unanimidad moral ni antropológica acerca de lo que se considera moralmente realizador de los hombres, humanizador, bueno o cualquier otro calificativo al uso.
El aspecto ético de los derechos humanos, por ello, debe considerarse desde una perspectiva superadora de estos reduccionismos.
La apelación ética del derecho que analizamos debe pretender, en definitiva:
a) poner en diálogo (en un diálogo plurietnico y pluricultural donde no hay "superiores" ni "inferiores") a las propias sociedades "diferentes" acerca de necesidades y pretensiones básicas de las comunidades y de la vida en el planeta, partiendo de datos y análisis pluridisciplinares que consideren, sobre todo, lo que la militarización (en este caso el gasto militar) supone en detrimento de las posibilidades de vida en el planeta.
b) proponer así la conveniencia de garantizar determinados comportamientos respetuosos con estas como pretensiones de derecho.
Es decir, se trata de convertir nuestras propuestas (y entonces sí, con su carga de moralidad critica) en diálogo con otras pretensiones y opciones, apelando a que las propias colectividades asuman determinadas iniciativas y las conviertan, por medio de su práctica y asunción, en "derechos humanos" con validez normativa.
Y ello obliga (en el iter que va desde la propuesta hasta su legalización) a preferir la divulgación-difusión de nuestras propuestas y la participación en las mismas de la gente por encima de un supuesto trabajo de Lobby hacia las elites políticas.
• matizaciones al carácter de un derecho humano de OF como modalidad de la libertad de conciencia.
Efectivamente, por lo que hasta ahora venimos predicando se entiende también que una objeción fiscal que pretenda ser un derecho humano de significado planetario y resistente. a la guerra deberá superar el reduccionismo del imperativo de conciencia clásico: la OF "derecho humano" no es para los y las resistentes a la guerra una especificación de la libertad de conciencia o religiosa (o no lo es principalmente).
La fundamentación de la OF como libertad de conciencia implica un retroceso evidente ya que nos conduce a una justificación como derecho de mera tolerancia, compatible (como excepción, si bien de un indudable valor testimonial) con el mantenimiento de un cierto "derecho" de los estados a mantener un nivel de gasto militar exigible a todos los que "no muestren" tal altura moral como para oponerse personalmente a contribuir con las cargas impuestas por el estado.
Nosotros pensamos que la justificación, por el contrario, de la OF como derecho debe darse desde un constructo argumental y de racionalidad ética que aboga por la pretensión de validez y exigibilidad universal de la apuesta por la una desmilitarización
No es para nosotros/as un problema de conciencia personal, sino de responsabilidad política colectiva ante el militarismo en su entramado de apoyos institucionales y financieros.
Por consiguiente, nuestra pretensión de arribar al mundo del derecho una legitimación de la objeción a los gastos militares no puede resolverse apelando al estrecho fundamento de la libertad de conciencia porque, a estas alturas del siglo que corren, tal planteamiento implica un reduccionismo evidente y, justo es reconocerlo, en un privilegio elitista y falso de quienes "tenemos conciencia" frente a la normalidad de la ciudadanía "inconsciente", que no se vería urgida a hacer respetar un derecho humano a no participar de los gastos militares porque no daría la talla precisa en esa especie de deber supererogatorio moral de la conciencia.
La libertad de conciencia implica, en todo caso, la libertad de todos/as a participar responsablemente de la construcción de la sociedad, pero no es justificación para la universalización de un derecho de objeción fiscal, porque este rebasa el límite de los sujetos privados para pasar a ser un derecho-deber de la colectividad frente al militarismo y sus imbricadas colaboraciones.
Intentaremos, puesto que ya vemos que el apartado de críticas va bien servido, ser breves al respecto:
Se ha venido diciendo tradicionalmente que los derechos humanos son la concreción histórica de las exigencias de la dignidad (o de la naturaleza) libre e igual de los seres humanos considerados en abstracto, que debe ser protegida y protegida por los sistemas jurídicos.
Por ello se recomienda que el catálogo de derechos humanos (precisamente para no convertirse en una banalización donde todo acaba siendo derecho humano gracias a la audacia de determinados lobbys políticos o sociales para conseguir introducir sus pretensiones en esa especie de cajón de sastre) se ciña a los más básicos, proponiéndose que se consideren como derechos humanos cuatro categorías de derechos.
a) Derecho a la vida (derecho que implicará luego una serie de medidas y técnicas de índole político-jurídico tendentes a garantizar la vida en su extensión máxima).
b) Derecho a la integridad/salud (que dará lugar a las medidas y técnicas apropiadas para garantizar este derecho genérico)
c) Libertades de autodeterminación
d) Derechos de "respeto a la naturaleza o a la paz".
Ciertamente, y por lo que respecta al problema de la ampliación del catálogo a infinidad de supuestos, nos encontramos con un problema de orden importante, pues no es deseable que los derechos humanos se conviertan en un interminable listado de anécdotas y si, más bien, que recoja una catalogación de principios con, pretensión de validez normativa que sirvan para avanzar en la configuración de un orden jurídico justo.
Es tal vez es esta una razón más para abogar no tanto por el reconocimiento expreso de esta objeción derecho humano en su especificidad, como para aportar por justificación de esta medida como herramienta en "garantía" de la realización/consecución de un derecho a la paz con contenidos (lo que implica un derecho celoso del respeto a la vida, que, necesita la plena protección de la salud y de la integridad, que se articula como libertad política y aparece, básicamente, como derecho hacia la naturaleza y las futuras generaciones).
Por otra parte, y dejando para más adelante el sofisma de si nos encontramos con la O.F, ante un verdadero derecho humano o ante un instrumento de rebelión garante de un derecho humano a la paz, debemos analizar, para matizarlas, las tres notas básicas que se han venido dando en torno al alcance de los derechos humanos (universalidad, absolutez e inalienabilidad) por cuanto que, a la vista de las actuales circunstancias, solamente en un sentido débil se puede hablar de la concurrencia de tales notas respecto a nuestro constructo de la OF:
• La nota de la universalidad.
Porque la universalidad traída de la mano del más puro kantismo ha decaído como característica de los derechos humanos y lo ha hecho en un doble sentido, por cuanto que el "sujeto universal" se ha roto en pedazos (pues hay derechos humanos que afectan solo a determinados titulares y, no a "todos los hombres") y porque el objeto de protección también nos obliga a hablar de una relativa universalidad
Respecto a la OF sólo en sentido débil se puede hablar de universalidad, pues solamente hay determinadas categorías de personas (y no de la misma forma) de quienes se puede predicar titularidad en el ejercicio de este derecho:
En sentido activo nos referimos a los agredidos (pueblos, culturas, personas) por la militarización, quienes ejercen sus responsabilidades desobedientes como derecho humano, que exige de otros en cuanto que sujetos pasivos (estados, complejo militar industrial, políticas de defensa y recaudación) un deber hacia los primeros y hacia la pervivencia de la paz (deber que impone una modificación de su actuación política, como abstención de comportarse de un cierto modo -recaudando para preparar la guerra, etc- anterior) y que se reivindica con pretensión de ser garantizada como no-colaboración.
La universalidad de este derecho -no exige un comportamiento uniforme en todos/as, sino el respeto a diversidad de comportamientos, exigibles como derecho a fin de garantizar que la desmilitarización "se vuelve universal" como norma a conseguir ya y ahora.
• La nota de la absolutez.
Nos encontramos de nuevo ante una desmesurada pretensión, en el sentido de que no pueden existir derechos absolutos, al encontrarse todos ellos limitados unos por otros para no convertir el régimen de derecho en una técnica imposible, trufada de paradojas.
Un derecho absoluto, por ejemplo, de libertad ideológica nos llevaría a considerar justificado como derecho humano el propio crimen político del oponente. Podemos ampliar el catálogo de paradojas.
Por ello debemos indagar el sentido de la absolutez para el derecho humano que estamos intentando definir. En este sentido entendemos que hay que sustituir el término absolutez por el de "prima facie", latinajo que quiere decir más o menos que es un derecho que, por principio, y salvo que alguna excepción justifique su relegación, debe prevalecer frente a otras pretensiones que entren en conflicto con el mismo.
Así nos encontramos con el llamado límite de este derecho, que nosotros solo podemos situar, después de sopesar mucho, en aquello que mejor preserve la paz con contenidos. El alcance de este límite, por ejemplo, implicara que el derecho de objeción fiscal no puede ser entendido como el derecho a negar colaboración a cualquier tipo de impuestos, sino solo a aquellos que agreden verdaderamente la paz, como por ejemplo los impuestos militares.
El limite de esta objeción aparece así como la lesión a bienes realmente importantes para la comunidad. Cuando el ejercicio de este tipo de desobediencia lesiona gravemente éstos, el carácter "fuerte" de este derecho debe decaer. Pero solamente en tal caso.
• La nota de inalienabilidad.
Dicha nota ha decaído completamente, pues inalienable supone algo así como que nunca prescribe, que nunca se puede renunciar, etc.
Ningún derecho, en la actualidad es inalienable en este sentido fuerte. La evidencia de este hecho nos obliga, sin más a rechazar la nota de cara al derecho que comentamos.
En consecuencia, cuando hablamos de derecho humano a la OF nos referimos a ésta considerándola como un derecho de índole fundamental (pero no absolutízándolo), es decir, como un derecho de carácter relativo, gradual, histórico, que se construye como estrategia respecto al conflicto de la militarización y como técnica desobediente de garantía del respeto al derecho a la paz, como un derecho "resistente" pero que puede ceder (pues no es pensamos ningún género de esencialismo idealista) ante bienes en conflicto que garanticen mejor la paz.
Un derecho resistente que no admite devaluaciones ni reduccionismos (p. ej. su neutralización o como derecho de exclusión o determinación) pero flexible y compatible con otras estrategias históricas para conseguir un mundo pacificado.
Con cuanto queda dicho me he despachado a gusto contra lo que considero un carácter reduccionista de un derecho humano a la OF (si es que tal derecho debe existir).
Creo con ello haber alertado acerca de aspectos que, por lo general, encuentro magnificados en las pretensiones de validez de un derecho de objeción fiscal de signo narcisista.
Las ponencias, los posicionamientos dogmáticos y científicos leídos para hacer este trabajo (y también gran parte de las actas de otras conferencias internacionales) maltratan desde la buena voluntad (no exenta a veces de desconocimiento, desinterés y -las menos ocasiones- desprecio etnocéntrico) y reducen/devalúan el concepto de objeción fiscal que quiere ser "resistente a la guerra" en sentido amplio, algo más y distinto a la mera acción individual por imperativo de conciencia.
La principal pretensión es que no seamos nosotros los que sembremos, el campo de estrechos vallados que nos sirvan para justificar, campañas -interesantes- pero limitadas en sus pretensiones.
Los/las resistentes a la guerra no nos podemos conformar con que nuestros pueblos "permitan" que podamos sustraernos a la contribución en los gastos militares mediante la legalización de licencias sin castigo.
La excusa de la dificultad de atraer gente a nuestras propuestas desobedientes supone una tal pereza mental que no merece mayor respuesta que la que viene del imparable testimonio de las víctimas de nuestra historia ¿merecen éstas menos liberación que seguridades nosotros/as?
Un derecho humano a la OF no„ puede reducirse a una expresión tan cicatera como la que criticamos porque seria una caricatura y la historia nos enseña mucho de anteriores errores. Por ejemplo, cuando los objetores de conciencia pretendimos que la legalización de la sustitución del servicio militar por una prestación civil serviría para "desmilitarizar" la sociedad y no -como ocurre- para la despolitización del carácter desmilitarizador de la opción de los objetores de conciencia.
A la vista tenemos, en este ejemplo, un resultado que nos debe iluminar en cuanto a las ambiciones de nuestra propuesta de objeción fiscal.
Sigo, a continuación, acercándome en círculos concéntricos a la consideración de la OF de la forma que pretendemos.
2. Hacia una búsqueda tentativa de elementos de la OF que quiere ser derecho humano o garantía de un derecho humano.
Nos situamos ahora en algunos rasgos que no debemos dejar de lado en la búsqueda difícil de articulación de esta plausible justificación jurídico-política de la O.F como derecho humano.
Vamos a destacar algunos aspectos "semilla" del árbol que estamos plantando y, a su vez, indagar en algunas justificaciones que validan tal pretensión en los planos de análisis económico, político, etc.
Así, los datos extraídos de diversos campos y análisis acerca del factor "gastos militares" y los efectos de éstos respecto a las pretensiones de respeto a la vida realizada en el planeta deben ser, en cierto sentido, los fundamentos con los que podemos superar el "test de reconocimiento" de nuestras perspectivas de hacer de la Objeción fiscal un derecho humano.
En este sentido, nos encontramos con que nuestra pretensión de "Objeción fiscal" es candidata a un reconocimiento como derecho humano de tercera generación.
Consideremos entonces que debemos exponer a la comunidad internacional (entendiendo esta no solo por el conjunto de pueblos y cosmovisiones preponderantes sino desde el diálogo y respeto con esa perspectiva ecuménica aludida) nuestras razones a fin de "aprobar el test" aludido, pues nada garantiza de antemano la credibilidad de nuestra propuesta ni el éxito de nuestra lucha, sino que debemos, como he dicho, hacernos creíbles y conseguir ese reconocimiento "en pugna con otras opciones distintas".
Así las cosas, como diremos más adelante, nuestra propuesta de "OF como derecho" no puede -partir de un supuesto carácter esencial de unos derechos morales o de unos valores universales previos e inalterables, sino de un análisis lo más objetivo posible del militarismo y del gasto militar; análisis al que debemos traer diversas perspectivas y enfoques, cuales son los efectos del militarismo en los planos político, económico, ecológico, social, etc; sus repercusiones respecto a los anhelos de un nuevo orden internacional, para la pervivencia real de los derechos humanos y de un orden basado en éstos, para los "derechos de las futuras generaciones", etc.
Y ello por una razón evidente: debemos convencer a quienes no comparten nuestras creencias ni nuestras valoraciones y para ello es necesario el discurso en base a argumentos flexibles y realistas, más allá de posicionamientos sobre valores, creencias, etc.
Será en base a una justificación extensa y flexible, superadora de reduccionismos y la unilateralidad de los enfoques criticados más arriba, la que, en nuestro criterio, puede ser razonablemente expuesta y consensuada como derecho humano.
Consecuentemente, nuestro análisis y constructo son pretensiones dialógicas, razonables, como meras búsquedas de legitimación crítico-jurídicas de esta opción.
Son razones para ser sopesadas en la pugna de razones y de ofertas políticas y sociales.
Son, por calificarlo más atinadamente, razones para la acción en pro de ese derecho a la desmilitarización tantas veces repetido.
En consonancia, con cuanto venimos destacando en este texto ya largo (y no se si profundo) debemos destacar una nota que en el proceso de positivación de los derechos humanos ha sido constante, cual es el carácter disensual de las pretensiones de novum de los nuevos derechos frente a los consagrados (y también neutralizados por los poderes).
Los derechos humanos, ya sea los positivos o los que pretenden su inclusión como tales, suponen un constructo político y afectan decisivamente al hacer político en general.
De ahí las resistencias que en este proceso largo por la positivación del derecho a la OF se tienen que producir, tanto en el plano de la discusión pública como, mucho más, de la acción práctica.
Como tantas veces ha sucedido antes con otros derechos, la positivación de un derecho humano con pretensiones desmilitarizadoras implica estrategias de disenso y desobediencia con la pretensión de forzar respuestas políticas de otra índole y de romper inmovilismos. De ahí también nuestro recelo a que se revista con, piel de cordero (en este caso del cordero de la OF) el lobo de los llamados "impuestos para la paz" que implican un disenso cero frente a los intereses de mantener el statu quo.
Por consiguiente hay que destacar el carácter político o de disenso que los derechos humanos deben incorporar en sí, en el sentido en que históricamente los derechos humanos se han constituido como pretensiones de determinados grupos o personas frente a situaciones previas garantizadas por el poder.
Con ello queremos incidir en el aspecto político de nuestra lucha y en la necesidad de entender (pero no solo) los derechos humanos como límites al poder o "derechos frente al estado" y que, precisamente por ello, deben articularse de forma bien contundente y, si se apura, desobediente, sin excesivas preocupaciones por la obediencia al poder, porque, como sabemos, lo que hoy es ley, mañana puede ser delito (si todo va bien).
Pero, a su vez, debemos considerar que en las actuales circunstancias, en que los estados aparecen como una realidad bien evidente, los derechos humanos deben ser entendidos. también como necesidades básicas urgidas de protección y garantías desde el poder.
En este sentido, funciona una dialéctica evidente y que interesa contemplar: los derechos humanos son límites al estado y al poder, elementos racionalizadores de éstos, a la vez que el poder aparece como fundamento de validez de los derechos y debemos reclamar y exigir de éste la suficiente garantía de dichos derechos.
De ahí que nuestro papel sea provocar el disenso pero, además, exigir un garantismo cada vez mayor a nuestras pretensiones.
El proceso de positivación de los diferentes derechos humanos ha dado lugar a que se hable de derechos de "primera generación", que vendrían a coincidir con los derechos individuales fruto del pensamiento liberal de fines del XVIII y del S. XIX, derechos de "segunda generación", que serían aproximadamente el fruto de la positivación de los derechos sociales y culturales bajo la inspiración socialista y derechos de "tercera generación", que vendrían a ser el fruto de los nuevos derechos, posteriores a la carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que vendrían vinculados a las aspiraciones de los pueblos descolonizados y a la nueva sensibilidad y urgencias planetarias (derechos a la solidaridad, a la ecología y la paz, etc.)
La clasificación establecida es más bien superficial, pero, por lo que respecta a nuestras pretensiones, si que sirve para encuadrar la objeción fiscal dentro de las pretensiones de validez surgidas en épocas recientes, como fruto de las nuevas urgencias planetarias en relación con la paz y la desmilitarización.
Situamos, por tanto, esta figura de la OF, como (aspiración o derecho) integrante de un derecho humano (amplio) a la paz. Así nos situamos más acertadamente ante las verdaderas razones (éticas, jurídicas, políticas, etc) y pretensiones (desmilitarización, lucha desde la sociedad civil frente al gasto militar impuesto por las políticas estatales, etc) de la OF de los y las resistentes a las guerras.
Surgen claras, por otro lado, las conexiones de esta OF con derechos ya consagrados en la carta de N.U., cuales son, principalmente, los derechos a la vida en sentido amplio, el derecho a un orden internacional justo y el propio derecho a la soberanía popular.
Siguiendo con nuestra búsqueda "tentativa" de elementos propios de esta figura de la OF "derecho humano", debemos resaltar el elemento esencial de la "resistencia a la guerra".
Una objeción fiscal "no resistente a la guerra" no tiene razón de ser como caracterización de este derecho
La preocupación de articular un compromiso político de rechazo, a la participación en los conflictos bélicos es hoy una herencia importante de la humanidad.
Sin ánimo de despreciar otras importantísimas tradiciones que animaron a lo largo de los siglos el rechazo de las guerras, queremos fijarnos en lo que pudiéramos llamar, impropiamente, "paradigma Einstein", por cuanto de significación puede tener a nuestro planteamiento.
En efecto, y en una época en que el constructo antimilitarista tiene un discurso muy elaborado acerca de la significación de las guerras y de los ejércitos, indagando propuestas de no colaboración con dichos instrumentos, el profesor A. Einstein formula, en una carta dirigida a la Liga de Resistentes a la Guerra, una reflexión que hoy podemos encontrar en la raíz de nuestras pretensiones de legalización de esta OF de la que estamos hablando.
Einstein considera que los ejércitos y el militarismo son los peores engendros que han surgido del género humano y que hay que abogar por su desaparición completa.
Pero no se queda ahí: entiende que es posible esto si la ciudadanía, "mediante actos efectivos" muestre a sus gobiernos y a quienes dirigen los planes militares estatales su negativa a participar en éstas y a colaborar en sus diversas medidas de preparación (léase tanto el enrolamiento, como la industria militar, etc).
Apela con ello al poder de la sociedad civil como inmediato agente de la desmilitarización, mediante su muestra (declaraciones públicas, objeción de conciencia, etc) de repulsa y su decisión de no participar en actos tan viles.
Apela al efectivo compromiso para restarle apoyos, mediante la no cooperación, a los sustentos de los ejércitos y de las guerras, en una especie de principio de "resistencia a la guerra, a su preparación y a sus causas".
Einstein entiende que el complejo "militar industrial" es fruto de oscuros intereses que solamente la acción decidida de la gente puede desenmascarar.
Es innegable la influencia de éstos posicionamientos en importantes reflexiones posteriores de los objetores de conciencia al servicio militar.
Sin embargo, siguiendo la reflexión de Einstein en su carta a la Liga de R. G., esta acción esencial de rechazó debería acompañarse la realización de algún tipo de compromiso "pedagógico" para que los gobiernos viesen que los pueblos, efectivamente, quieren defender otras cosas.
Se trataba de una medida táctica con la que poder encontrar aliados en el camino, a la vez que ir construyendo una concepción de la defensa alternativa, como defensa de los derechos humanos y no de las fronteras.
En este sentido, la OF puede cumplir esa función de incorporar el papel y las responsabilidades de la sociedad en el rechazo de la carrera de armamentos, para hacer ver a los estados la no disposición de los pueblos a mantener ingentes aparatos militares.
En este camino, el hecho de que los propios ciudadanos puedan derivar sus impuestos hacia fines "resistentes a la guerra" o de paz, que abiertamente sirven a la causa de la desmilitarización es, evidentemente, un paso táctico que interesa profundizar.
Sin embargo hay que diferenciar entre la posibilidad (realizada en forma de propuesta desde la sociedad civil) de derivar estos impuestos a fines de paz y la "obligatoriedad" incorporada a la legalización de este derecho, de realizar cualquier tipo de derivación.
En este sentido podemos observar cómo la propuesta "desde la sociedad" de realizar una acción pedagógica de defensa de otras cosas, ha sido convertida por los estados, en el caso de la OC al servicio militar, en una obligación "desvirtuadora" de la propia nota "resistente a la guerra" de esta figura.
Me explico: las legislaciones conocidas han convertido el buen consejo Einstein en una obligación legal de "sustituir" el S.M. por otro servicio "excepcional" al estado (generalmente de mayor penosidad) y que, en cierto modo, garantiza el propio carácter universal del servicio militar (que se impone sin remisión a los no objetores). Con ello, las posibilidades disidentes y de no colaboración con los ejércitos quedan mermadas en una especie de intercambio de obligaciones para el mantenimiento de la conscripción. A la vista está, si hiciésemos un balance del momento actual de la O. de C. al S. Militar en el mundo, que ésta no ha servido, sino muy mínimamente, para reducir el volumen y la legitimación política de los ejércitos.
Y esto, desde el propio plano del derecho, si considerásemos la OF como derecho humano, nos sitúa ante una paradoja jurídica importante: ¿Un derecho humano cuyo contenido consiste en realizar una obligación jurídica? ¿Un derecho humano en busca de mayores dosis de desmilitarización cuyo contenido consiste en sustituir (pero permitiendo para los demás) la pervivencia del gasto militar?
Por eso es necesario, si se reivindica un derecho humano de OF hacerlo desde la plenitud de su talante resistente a -la guerra, pues su objetivo, lejos de considerar suficiente la exclusión personal de la participación en los gastos militares, pretende una ejemplaridad y una llamada a los valores compartidos por la comunidad para que, incorporando como argumento de derecho su propia soberanía, obligue a los estados a dar respuesta a la no colaboración emprendida, de forma que estos varíen sus políticas
En este orden de cosas que venimos tratando, se va bosquejando una especie de criteriología, en cuanto a su alcance y pretensiones, de esta OF y que podríamos resumir de la siguiente manera:
• Que tiene una pretensión normativa como derecho de tercera generación.
• basada en razones objetivas y en análisis multidisciplinares acerca de lo que suponen los gastos militares.
• que persigue servir como cauce de desmilitarización social.
• propiciando una dinámica disidente e incorporando el papel de la no colaboración en sus contenidos y propuestas tácticas.
• y que por ello mismo se resiste a incardinarse dentro de los límites "compatibles" de un derecho de exclusión o determinación, para pretender ser, más bien, una legitimación de propuestas alternativas de desobediencia civil legítima desde el punto de vista de los derechos humanos.
Con todo, interesa apreciar cómo esta propuesta supone, por principio, una evidente opción por la construcción de un nuevo paradigma del hacer político, en cuya matriz se instalen definitivamente las pretensiones de justicia y de paz de nuestro planeta.
Ello quiere decir que la OF aparecerá como una estrategia con pretensiones de derecho que pretende servir a la tarea de la paz con contenidos.
Desde ese punto de vista es evidente su vinculación a dos de los derechos. proclamados en la Declaración universal de derechos Humanos, por cuanto que se inspira en ellos de forma decisiva:
• derecho a un nuevo orden económico y social internacional basado en relaciones justas (art. 28 de la Declaración de Derechos humanos, pero también "Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional", en Resolución 3201 de 1-5-1974; "Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional" Resolución 3202 de 1-5-1974; "carta de derechos y deberes económicos de los estados" Resolución 3281 de 12-12-1974, etc.)
• derecho a la rebelión contra un orden que no protege los derechos humanos (preámbulo de la Declaración de derechos humanos de 10-12-48, Resolución de la UNESCO 20/c/3/1.1./1 y su ulterior reunión de Fenetown de 3-7 marzo de 1981, diversas conferencias internacionales, etc)
Así, la declaración de la reunión de Fenetown aclara que
"el derecho a resistir a la opresión se encuentra en el centro de la lucha de los pueblos por el reconocimiento de sus derechos y se inspira en filosofías políticas basadas en principios democráticos"
f.1.- ¿un derecho a la paz más allá de las panoplias declarativas?
Por su parte, es evidente que la OF pretende ser parte del contenido de un derecho a la paz con contenidos, un derecho aún no suficientemente configurado pero que aparece en la perspectiva y en las aspiraciones de nuestro planeta. El derecho a la paz, reducido en los textos internacionales a meras declaraciones de buena voluntad, debe ir ganado peso propio en el proceso de construcción jurídica de la nueva sociedad planetaria.
La pujanza de las sociedades civiles y las ONGs en la conquista de logros de paz, por eso mismo, afecta también a los planteamientos jurídicos y abre actualmente diversas vías de reflexión acerca de la conveniencia de entender la paz como un pilar fundamental de la nueva construcción de la sociedad planetaria..
Las guerras, la violencia y, como consecuencia de ello los ejércitos, comienzan a perder toda razón para sentirse cómodos en el constructo de los derechos humanos y del derecho en general.
El derecho a la paz bosquejado apunta, en nuestro criterio, a la asunción traducida a categorías jurídicas de la acción noviolenta y también de su ética, mediante un constructo también jurídico-político de pacifismo activo, así como al replanteamiento de aspectos tales como la autoridad, la coacción, el uso de la fuerza, la soberanía y los contenidos del derecho a la defensa, los instrumentos de prevención general y particular, el concepto de sujeto de derechos, el respeto a la diferencia, la inclusión de la solidaridad y el desarrollo con contenidos jurídicos o el papel de la desobediencia en el sistema del derecho, entre otros más obvios, así como al rechazo incondicional y radical de diversos elementos hasta ahora incuestionados como herramientas de derecho internacional, entre los que señalamos principalmente las armas y los ejércitos, que habrán de sustituirse por otras alternativas de resolución de los conflictos, pues se trata, nada menos, de contribuir á la plasmación de un derecho y un orden político de promoción de la paz con contenidos.
Hablamos entonces de derecho a la "paz con contenidos" no sólo como consenso ético universal, sino como derecho en sentido propio y muy diferente de los tradicionales ius in belli o ius ad bello, configurado entonces como un verdadero sistema de prevenciones "contra guerra", como una especie de pacifismo activo pero traducido a categorías normativas de derecho.
Un derecho este que apela para su efectiva garantía a la promoción de los llamados derechos humanos, el respeto de la dignidad de la persona y la transformación de las estructuras sociopolíticas hacia un nuevo orden internacional justo.
Este derecho contaría a título de provisionalmente imprescindible, de garantía última, de una cierta apelación a la "resistencia" contra las prácticas (incluso jurídicas) que negasen esa opción jurídica de pacifismo activo referido. Y es ahí donde, nuevamente, la objeción fiscal cobra sentido en la lucha gradual por el derecho a la paz.
No es, en nuestro criterio, que la OF sea esencialmente un derecho humano, sino, más bien, una de las ineludibles garantías "de disenso legítimo" del presente para conseguir caminar hacia un derecho a la paz.
Un derecho a la paz que, al menos sobre el papel, apunta a criterios graduales de desmilitarización social y que, siquiera como declaración voluntarista, comienza a plasmarse en instrumentos internacionales de amplio significado ya sea desmilitarizador, ya promotor de valores y educación alternativos.
En este sentido hay ya pueblos que han avanzado algunos elementos novedosos, entre los que destacamos las reflexiones "constituyentes" de Colombia, que produjeron una proclamación constitucional del derecho a la paz (Art. 16 y 22), a la ecología (art.58.2 y 79), a la diversidad cultural y étnica (arts. 7 y 8), a la educación para la paz y en los derechos humanos (art. 41, 64 y 95) y prohibió la fabricación e importación de armas químicas, biológicas y nucleares (art. 81), o las de Paraguay, por las que se prohiben la tortura y el genocidio (art. 5), se potencia la ecología (arts. 7 y 8), de objeción de conciencia (art 37), la diversidad étnica (art. 62 y 63), la educación para la paz y la cooperación (art. 73)- o de la consecución de un orden internacional de respeto a los derechos humanos (art. 145-). Cabría hablar de otros ejemplos de derecho constitucional donde los empeños por la paz comienzan a organizarse también en formulaciones jurídicas.
f.2.- justificación de la OF "garantía de un derecho" desde diversos instrumentos jurídicos internacionales
Haciendo un repaso de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, podemos encontrar puntos á favor de la legitimación en el orden internacional de la objeción fiscal:
• El artículo 8 y 9 de la constitución de la extinta sociedad de naciones.
Dicho artículo establecía que el fin primordial de esta organización, verdadero antecedente de la ONU, era la de producir el desarme de los estados miembros.
Interesa esta referencia porque muestra cómo el derecho históricamente ha ido concretando propuestas en pro de la desmilitarización social, hasta el punto de convertirse esta en razón de ser de los primeros intentos de gobierno mundial (razón que reaparece en el actual contexto de replanteamiento de las Naciones Unidas).
Pero interesa también conocer éste hecho porque dicha pretensión y dicha Sociedad de Naciones fracasó en sus intentos voluntaristas.
En mi criterio la razón es evidente: el fracaso se debió a que se encomendó a los estados la potestad de producir este desarme y no se articularon medidas que apelasen a las sociedades civiles en tal compromiso.
La OF aportará, por consiguiente, el compromiso, más allá de los estados, de las sociedades en ir caminando hacia la desmilitarización y por esa razón debe ser incorporada como mecanismo al constructo jurídico internacional.
• El pacto de derechos sociales, económicos y culturales (resol. 2200 de 16 Diciembre, 1966). En su preámbulo se determina que
" ... no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales..."
"la carta de N. U. impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas"
Y el articulo 1 establece que todos los pueblos, y para ejercer el derecho de la libre determinación y al desarrollo
" pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales"
El artículo 2 de este pacto dispone a si vez que
"cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar las medidas para lograr progresivamente, por todos los medíos apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos humanos."
Los principios y el articulado de esta declaración, en general, posibilitan construir una, teoría proclive a la desmilitarización y a la desaparición de los gastos militares, en garantía de la pervivencia y el respeto de los derechos humanos.
• El pacto internacional de derechos civiles y políticos (resol. 2220 de 16 de Diciembre de 1969)
Del mismo podría igualmente deducirse una justificación razonable de la objeción fiscal contra los gastos militares, pues (art. 20) se viene a decir que la apología de la guerra y de su preparación debe ser prohibida por ley.
• La declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, de la A. G. de N.U., Resol. 2542 de 11 de Diciembre de 1969.
En esta se reconoce que
"es urgente consagrar a obras de paz y progreso social los recursos que se utilizan en armamentos, se malgastan en conflictos y devastaciones"
Y se nos explica que
• la paz y la seguridad internacional de una parte y el progreso social y el desarrollo económico de la otra, sin íntimamente interdependientes"
Entre las causas del parón producido en el progreso social y la cooperación internacional se encuentran los armamentos, por lo que
• es urgente consagrar a obras de paz y de progreso social recursos que se utilizan en armamentos y se malgastan en conflictos bélicos"
• la tarea principal de todos los estados y organizaciones internacionales es eliminar de la vida de la sociedad todos los males y obstáculos que entorpecen el progreso social, en particular males tales como la desigualdad, la explotación, la guerra, el colonialismo, el racismo... "
• La declaración de los principios de cooperación cultural internacional (resol. de la A. G. de la UNESCO de 4 Nov. 1966)
En ella, recordando lo anterior, se agrega (Art. IV) que son fines de la cooperación cultural internacional
"2.- desarrollar las relaciones pacificas y la amistad entre los pueblos"
"5.- mejorar en todas las regiones del mundo las condiciones de la vida espiritual y de su existencia material"
Y el art. VII
• La cooperación cultural deberá poner de relieve las ideas y los valores más adecuados para crear un clima de amistad y de paz..."
• La declaración sobre el fomento en la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos (resol. N.U. 2037 de 7 de diciembre de 1975)
En idéntica línea reafirma el papel protagonista de la juventud en la promoción de la paz y la fuerza que puede tener una educación de ésta en los ideales de paz y la desmilitarización.
Podríamos, en este sentido, referenciar otros textos jurídicos más modernos que nos hablan de la relación gastos militares/orden internacional injusto, de la necesidad de avanzar en la línea de la desmilitarización, de aportar recursos económicos malgastados en fines bélicos en la promoción de un nuevo orden internacional y del desarrollo y del papel de las sociedades en conseguir estos objetivos. De momento nos sirven como referencia las enunciadas.
En todo caso, queremos significar que los pronunciamientos programáticos de diversos instrumentos internacionales dan noticia del consenso ético y jurídico internacional en torno a la necesidad de reducir drásticamente los gastos militares y de avanzar hacia la desmilitarización.
Y estos objetivos enunciados, desde mi punto de vista son un, punto de partida importante en nuestra propuesta de objeción fiscal, por cuanto que, lejos de situarnos en el plano de la metafísica, nos hace partir de ideas compartidas planetariamente y permite un diálogo de nuestras propuestas a partir de las mismas.
En todo caso dejamos abierta en este parágrafo la pregunta de si la OF, consistente en la disidente negativa de participar con los gastos militares, que se realiza con la finalidad de apelar a los valores de la sociedad y de movilizar las conciencias para modificar las políticas armamentistas de los estados y obtener así mayores cotas de desmilitarización, es pensable como derecho humano o si es preferible su consideración como disidencia "en garantía" de un derecho humano.
Desde el punto de vista jurídico-político, son varias las argumentaciones desde las que justificar esta opción:
Cualquier teoría del derecho justifica éste como una técnica garante de la paz, ya sea porque pretende incorporar los contenidos de la justicia social, resolver los conflictos sociales de una forma razonable, o porque ofrece un marco de seguridad colectiva indudable.
Desde este fin del derecho, y haciendo un análisis de la sociedad de fin de siglo, parece adecuado decir que el derecho se debe plantear como uno de sus objetivos a medio plazo la participación como instrumento normativo en la desmilitarización social.
Son múltiples los campos científicos (económico, ecológico, etc.) desde los que es evidente la necesidad de desmilitarización.
El propio derecho se cuestiona hoy en día sus estrategias de resolución de conflictos desde lo que algún teórico ha caracterizado como "opción jurídica por la noviolencia", como. condición de posibilidad futura.
Es ésta una reflexión que tiene significación jurídica de primera magnitud, pues el objetivo del derecho es, nada menos, que estar a la base del constructo político que justifica a las propias comunidades política.
Por ello los estados no tienen legitimación alguna para imponer cargas que dificultan los derechos humanos, antes bien, deben remover los obstáculos para su plena eficacia.
Es este un razonamiento que considero suficientemente explicado.
Considero que la paz no debe dejarse en manos de los políticos y de los intereses estatales, sino que debe rebasar esta estrecha frontera, incorporando mecanismos de participación "en disidencia" de las propias comunidades.
Esto garantiza, según mi opinión, una profundización en la paz con contenidos "más allá" de las panoplias declarativas al uso.
Se trata de un derecho este de la paz ejercitable directamente por los ciudadanos, sin necesidad de un reconocimiento o un desarrollo legislativo previo del estado.
La OF aparecería como una forma de ejercicio directo del poder por parte de la ciudadanía, cuando el derecho y los estados, enfrentados a los problemas del armamentismo, se muestran incapaces de solventar este problema.
El ejercicio de la desobediencia civil, lógicamente, aparece como participación y ejercicio de, la soberanía por su titular y forma parte de la cultura democrática en un doble sentido:
a) Porque apela a la propia sociedad para que produzca un debate y un consenso real en temas "secuestrados" a la opinión pública y a la participación (y decididos por expertos y desde intereses de unos pocos)
b) Porque implica el ejercicio de una democracia directa que no debe ser desoído por -los gobiernos, so pena de estar negando una de las condiciones básicas del constructo democrático.
Aparece así la OF como un medio de participación directa y democrática en cuanto a la política impositiva.
Se considera comúnmente que el derecho-deber de defensa incumbe a toda la sociedad.
A partir de las ideas de los derechos humanos, debemos considerar que la defensa consistirá en la defensa de los derechos humanos.
En buena parte los estados privan a las ciudadanías del derecho a la defensa pues no permiten a éstas opinar sobre lo que hay que defender, el cómo y el quién, sino que las emplean en función de intereses militaristas de defensa (como soldados, como "recurso civil, como contribuyentes de las cargas militares).
La OF contribuye a una definición del derecho a la defensa de las sociedades, e implica un posicionamiento de éstas acerca de:
- El qué de la defensa (los derechos humanos frente al militarismo y la preparación de la guerra)
- El cómo de la defensa (la cooperación, los gastos sociales, la noviolencia, la participación popular, frente a las armas y los gastos militares)
- El quién de la defensa (la sociedad, frente a la elite)
En este sentido, la OF "resistente a la guerra" y en garantía de un derecho a la paz parte de un principio de responsabilidad y de conciencia que recupera el genuino sentido del derecho de objeción de conciencia.
Hemos hecho en otro momento de este escrito una critica al principio de libertad de conciencia como fundamento último de la OF por lo que de banalizador del genuino sentido "resistente a la guerra" de la OC: pudiera tener en su planteamiento más clásico.
Sin embargo, considerada la OC desde una comprensión política y desobediente de la conciencia, desde una pretensión resistente a la guerra, aporta un importante contenido al propio derecho que, por decirlo de alguna manera, "se vuelve sensible a las convicciones y se moraliza" en sentido pacifista.
La apelación a la responsabilidad personal en el cumplimiento del derecho nos habla por otra parte de la mayoría de edad de la comunidad política, en el sentido en que no "acata" la ley heterónoma por miedo o por conveniencia (motivos en todo caso bien repugnantes) sino que es capaz de respetarla en la libertad y de rechazarla desde los ideales altruistas de respeto hacia el otro.
Con ello queremos prevenir sobre el argumento central de los estados en torno a la contribución de todos y todas al sostenimiento de los ejércitos.
Se nos viene diciendo que esto es un deber, introduciéndonos en una interesada confusión de planos, al intentar "elevar" el sentido estricto de la contribución militar (obligación legal) a la categoría de deber. se habla de un deber de contribución en base a dos tipos de argumentos:
- El deber de todos y todas de contribuir a la defensa
- El deber de todos y todas a contribuir a las cargas comunes
Con tal estrategia se pretende justificar como indiscutible el gasto militar.
Lo cierto es que entre los deberes y las obligaciones hay diferencias básicas que no debemos perder de vista:
Porque los deberes existen con independencia de que el poder los determine o no.
Porque los deberes afectan a todos siempre.
Porque los deberes tienen su base en un derecho fundamental.
Las obligaciones, por contra, son determinadas por actos del poder y antes de que éste se produzca no existen, además afectan a determinadas categorías de sujetos y, por último, no se justifican en principios y derechos fundamentales, sino en razonamientos de conveniencia o de otro género.
Desde nuestro punto de vista la obligación de sostenimiento del gasto militar es un claro ejemplo de obligación legal impuesta por conveniencia de los menos, pues no puede apelar a un derecho a la defensa, cuando la defensa es defensa de los derechos humanos y no por cierto mediante formas tan antagónicas con estos principios como es la preparación de la guerra.
Una cosa sería deber de defensa y otra bien distinta obligación de gastos militares.
A su vez, no parece que los gastos militares tengan como fundamento un derecho básico o un principio de solidaridad o parecido. En este sentido, su falta de consonancia (y antagonismo incluso) con tales apelaciones nos hace descubrir, nuevamente, su significado.
Así las cosas, la escasa justificación democrática del mantenimiento de los ejércitos y del costoso gasto de preparación de guerra no admite comparación posible con la entidad superior del derecho a la paz auténtica, de un valor jurídico, en sentido genérico, muy superior.
Precisamente, y en apelación del deber de defensa, es por lo que las personas pueden realizar su objeción fiscal a los gastos militares, pues estos suponen una obligación legal que, de forma injustificada, restringe las libertades políticas, sociales y económicas de los pueblos, y que impiden la defensa de la paz.
La valoración de la obligación legal de contribución a los gastos militares en relación con la responsabilidad humana en el ejercicio del derecho de la paz obliga a plantear la justificación del deber de objetar fiscalmente a los primeros.
4- Hacia una caracterización jurídica de la OF
Nos resta ahora el intento de responder a la opción por un derecho humano o por una garantía, a los que antes nos hemos referido.
La respuesta a esta pregunta es de un significado relativo, por cuanto que, en la realidad, es difícil determinar la frontera entre uno y otro aspecto.
Pienso que pudiéramos hablar, de forma conciliadora, de una desobediencia que pretende la "legalización como derecho humano" de la paz con contenidos, pero, a su vez, se trata de un derecho en sí (o una desobediencia con legitimación jurídica), aunque de carácter provisional.
Se trataría entonces de la existencia de un derecho humano a la paz, dentro del cual se justificaría la objeción fiscal como una particularidad de su ejercicio.
Esta perspectiva permite a su vez no hablar de una ampliación del catálogo de derechos humanos proclamados en un sentido tan específico que acabase siendo casuística.
La OF gozaría del reconocimiento del derecho pero no como derecho humano en sí, sino como una manifestación del derecho a la paz con contenidos, en consonancia con el elenco de derechos humanos a los que éste derecho toca (vida, etc).
Considero, por principio, que el hecho de ser la objeción fiscal una cierta modalidad de resistencia al derecho establecido, "en busca" de una mayor desmilitarización, plasmada en forma de prevenciones jurídicas, responde mejor al carácter de desobediencia legítima "en garantía y en apelación de un derecho a la paz con contenidos".
El hecho de no ser un derecho humano no le privaría, por otra parte, de carácter jurídico, por cuanto que "el derecho" no solamente se compone de "leyes" y derechos humanos positivos, sino, además, de principios, reglas de resolución de conflictos entre bienes jurídicos, decisiones políticas y jurídicas, etc.
En este sentido, que no sea un derecho humano no supone su no participación de los derechos humanos, sino, simplemente, el cambio de sus enunciados positivos.
Aparece así la OF en mi criterio como una forma de desobediencia legitimada desde la apelación a los derechos humanos y que conjuga en sus justificaciones, un elenco de derechos a los que pretende dar voz:
- Derecho a la vida en sentido amplio.
- Derecho a la paz y a un orden internacional justo.
- Derecho a la solidaridad y al desarrollo.
- Derecho a la participación política
- Derecho-deber a la defensa
- Libertad ideológica resistente a la guerra
- Derecho a la contribución en las cargas económicas de los pueblos.
Forma de desobediencia que tiene apoyatura en los propios derechos humanos a los que, con la desobediencia, se pretende dar eficacia frente a la amenaza que suponen los gastos militares y que se justifica perfectamente desde el punto de vista de los fines de la comunidad política y desde los principios de participación democrática, pues pretende el cumplimiento de las promesas de la misma democracia.
Entiendo que esta OF es "garantía" del derecho a la paz con una doble vertiente:
a) En cuanto que estrategia desmilitarizadora, es decir, que se fija fundamentalmente en la pretensión de quitar poder a lo militar.
b) En cuanto que constructora de alternativa de paz, en cuanto que pone el acento no sólo en quitar poder, sino a la vez en construir un tipo de relaciones culturalmente pacificadoras en sentido más amplio.
La legitimación jurídica de esta desobediencia tiene un amplio alcance por obvias razones:
• Porque invita a la participación popular y a la incorporación "por contagio" de mucha gente bien celosa o miedosa del ejercicio de sus libertades cuando entran en conflicto con el poder.
• Porque enriquece el proceso constitucional de los pueblos incorporando las pretensiones éticas de la paz a los ordenamientos.
• Porque supone una apuesta por luchar por el respeto por los derechos humanos y por las necesidades básicas- de las comunidades, los pueblos, los seres humanos y la vida en el planeta.
• Porque permite reducir el campo del militarismo mediante acciones efectivas de no colaboración con el mismo.
La legitimación de esta desobediencia, con el tiempo, puede suponer la adopción por parte de los estados de diversas normas jurídicas más o menos desmilitarizadoras, cuales pueden ser los impuestos para la paz u otras.
En este sentido no debe la OF bajar la guardia, en tanto que desobediencia "garantía" del derecho a la paz en su doble vertiente ya referida:
- Porque deberá seguirse empleando algún tipo de desobediencia (o si se prefiere de objeción de conciencia en sentido resistente a la guerra y genuino) frente a los intentos legislativos que cronifiquen situaciones de mera reordenación del militarismo pero no permitan nuevos avances desmilitarizadores (por ejemplo, no basta con significativas reducciones de presupuesto militar o con la reorganización de los ejércitos a más reducidos y eficaces, sino que hay que seguir trabajando por su desaparición completa)
- Porque deberá seguir profundizando en su carácter alternativo y no permitir la sustitución de gastos militares por cualquier otro tipo de gastos, sino optando por aquellos de mayor eficacia "desmilitarizadora" y constructora de una paz auténtica (por ejemplo, no basta con la sustitución de partidas presupuestarias militares por otras que fomenten el consumo, la salud o la caridad, sino que habrá de buscarse a los recursos económicos una mayor eficacia en la desmilitarización, en la promoción de las ONGs emancipadoras de otros pueblos, en la construcción de relaciones internacionales pacíficas, etc).
En este sentido, queda fuera de su contenido la reducción de ésta a:
- Un derecho de exclusión, porque no se pretende la exclusión del pago de determinadas partidas presupuestarias, sino más bien la pretensión de la desaparición de dichas partidas y su sustitución por otras provechosas para la paz.
- Un derecho de determinación, porque no se trata de una pretensión de optar entre partidas presupuestarias militares o civiles, sino, más bien, de la exigencia de participación en la defensa de la paz y de la sociedad, exigiendo la desaparición global de las partidas militares y buscando la superación de las políticas de defensa basadas en la preparación de la guerra.
Si bien no se trata, según digo, de un derecho humano en sentido propio, si que puede merecer una mención expresa en el catálogo declarativo del derecho humano a la paz.
En este sentido, considero que es una figura provisional (pues no cabe una vez conseguida la desmilitarización) que pudiera aparecer como la expresión legitima de la objeción a contribuir con los impuestos militares de toda índole.
Hecho el enunciado completo del derecho a la paz, pudiera incluirse una mención legítimamente de la objeción fiscal en el sentido de introducir algo así como una declaración que admita que quienes presenten su negativa a colaborar con los gastos militares sean respetados por los estados en su objeción, para mantener a continuación que los estados tengan la obligación de reducir sus gastos militares en el porcentaje anual que suponga la objeción fiscal, debiendo destinar el monto de su reducción a fines de paz.
Una mención de este tipo consagraría la legitimidad de la objeción fiscal en cuanto que derecho a la paz y fijaría el limite de su admisión: precisamente el talante desmilitarizador, o lo que es lo mismo, el orden político de los derechos humanos.
De entrar la opción desobediente en conflicto con éste, debería rechazarse tal objeción.
Esta objeción fiscal supone la no intercambiabilidad de tributos, es decir, no se trata de sustituir la obligación objetada por otra análoga, sino de restar apoyos al militarismo mediante la reconversión de gastos militares en gastos civiles.
En este sentido, las opciones de "impuestos para la paz" incorporan un paquete de medidas distintas a la OF que tendría su raíz en el mismo derecho a la paz consagrado, pero que, en ningún caso, son intercambiables por ésta.
Una estrategia de impuestos para la paz que no sea mera sustitución incorpora desde el posicionamiento antedicho posibilidades estratégicas para el movimiento por la paz, siempre y cuando su propósito no sea la mera racionalización de los esfuerzos militares.
Pero, repetimos una vez más, más allá de los impuestos para la paz se encuentra el horizonte de la OF como desobediencia legítima y ejercicio de un derecho a la paz con contenidos.
La objeción al gasto militar como derecho a la paz y de resistencia a las guerras (Juan Carlos Rois)

References: Resolución 
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 artículo 8
 artículo 2
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