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Timestamp: 2014-03-09 20:30:40+00:00

Document:
EUR-Lex - 32007D0252 - ES
Decisión del Consejo, de 19 de abril de 2007 , por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Derechos fundamentales y ciudadanía , integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia
DO L 110 de 27.4.2007, p. 33/39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
DO L 4M de 8.1.2008, p. 461/467 (MT)
del documento: 19/04/2007
entr. en vigor: 28/04/2007; surte efecto fecha publicación + 1 ver art. 17
entr. en vigor: 01/01/2007; aplicación ver art. 17
ciudadanía europea, derechos humanos, disposiciones sociales
propuesta de decisión sin destinatario
dictamen Parlamento Europeo; emitido el 14/12/2006
propuesta Comisión; COM 2007/0122 final
12006E308 Seleccionar todos los documentos que tienen éste como base jurídica
52005PC0122(02) adopción Modificado por:
rectif. por 32007D0252R(01) rectif. por 32007D0252R(02) Actos citados:
32007R0168 Seleccionar todos los documentos que citan este documento
por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico "Derechos fundamentales y ciudadanía", integrado en el programa general "Derechos fundamentales y justicia"
(1) La Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a todos los Estados miembros.
(2) En la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea [2], teniendo presente su estatuto jurídico y su ámbito de aplicación, y en las explicaciones que la acompañan, se reflejan los derechos que se derivan, en particular, de las tradiciones constitucionales y de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, el Tratado de la Unión Europea, los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(3) En noviembre de 2004, el Consejo Europeo reconoció la importancia de la comunicación para acercar a todos los ciudadanos al proyecto europeo fomentando una ciudadanía activa.
(4) En su Comunicación de 15 de octubre de 2003 al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión destacaba la importancia del papel que la sociedad civil desempeña tanto en la protección como en la promoción de los derechos fundamentales; la Comisión debería, por consiguiente, mantener un diálogo abierto, transparente y periódico con la sociedad civil.
(5) Según el Programa de La Haya, el refuerzo de la cooperación requiere un esfuerzo explícito para mejorar la comprensión mutua entre los órganos judiciales y los diferentes ordenamientos jurídicos. Las redes europeas de autoridades jurídicas nacionales deberían ser objeto de especial atención y respaldo a este respecto.
(6) La Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea contribuyen, mediante el mantenimiento de bases de datos pertinentes, al cambio de impresiones y de experiencias sobre cuestiones relativas a la jurisprudencia, la organización y el funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales y consultivas en relación con el Derecho comunitario. Debería ser posible cofinanciar las actividades de esta conferencia y de esta asociación en cuanto a los gastos contraídos en pro de un objetivo de interés europeo general. Sin embargo, tal cofinanciación no debería suponer que estas redes queden incluidas en un futuro programa, ni tampoco debería obstaculizar que otras redes europeas disfruten de apoyo para sus actividades de conformidad con la presente Decisión.
(7) Es conveniente subrayar la importancia de las acciones de información y comunicación sobre los derechos que la ciudadanía de la Unión confiere a sus ciudadanos para que estos conozcan mejor sus derechos y gocen de un fácil acceso a una información fiable.
(8) El fomento del diálogo interconfesional y multicultural en la Unión Europea contribuiría a preservar y fortalecer la paz y los derechos fundamentales.
(9) Los objetivos del programa deben ser complementarios de los de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales creada por el Reglamento (CE) no 168/2007 del Consejo [3] y deben centrarse en aquellos ámbitos en que puede aportarse un valor añadido europeo. Para ello, debe llevarse a cabo una coordinación adecuada.
(10) Con vistas a conseguir la complementariedad y el mejor uso posible de los recursos, debe evitarse todo solapamiento entre las actividades respaldadas por el programa y las de las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de los derechos fundamentales, como el Consejo de Europa, posibilitando a la vez las actividades conjuntas tendentes a alcanzar los objetivos del programa. Para ello debe llevarse a cabo una coordinación adecuada.
(11) De acuerdo con el principio de permitir que los países candidatos y los países de los Balcanes Occidentales participen en los programas comunitarios, consagrado en el Programa de Salónica, se debe permitir su participación, así como la de los países adherentes, en el programa. Esta participación debe estar condicionada al cumplimiento de las condiciones generales del acuerdo bilateral y a la contribución al presupuesto del programa. Cuando contribuya al logro de los objetivos de que se trate, también debe ser posible asociar a las autoridades, órganos y organizaciones no gubernamentales de los países que no participen en el programa a acciones específicas, en calidad de socios, sin ser por ello los beneficiarios principales del proyecto.
(12) Es importante adoptar también las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y el fraude y tomar las medidas necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [4], el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades [5], y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) [6].
(13) El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [7] (denominado en lo sucesivo "el Reglamento financiero"), y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 [8], que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deben aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, y la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.
(14) El Reglamento financiero exige que se adopte un acto de base para la ejecución de subvenciones de funcionamiento.
(15) De conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [9], deben adoptarse las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión, distinguiendo entre las medidas que han de adoptarse por el procedimiento de gestión y las que han de adoptarse por el procedimiento consultivo, ya que en algunos casos un comité consultivo puede resultar más adecuado con vistas a una mayor eficacia.
(16) Los objetivos del programa, en particular el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, la protección de los derechos fundamentales y de los derechos del ciudadano, a través de un diálogo interconfesional y multicultural, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos del programa, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. La Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(17) El Tratado no contempla, para la adopción de la presente Decisión, poderes de acción distintos de los establecidos en su artículo 308.
(18) A fin de garantizar la ejecución efectiva y oportuna del programa, la presente Decisión debe aplicarse desde el 1 de enero de 2007.
(19) El Comité Económico y Social Europeo ha emitido un dictamen [10].
1. En virtud de la presente Decisión se establece el programa específico "Derechos fundamentales y ciudadanía" (en lo sucesivo denominado "el programa"), integrado en el programa general "Derechos fundamentales y justicia".
3. El programa se ejecutará en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario.
1. El programa persigue los objetivos generales siguientes:
a) promover el desarrollo de una sociedad europea basada en el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, incluidos los derechos que emanan de la ciudadanía de la Unión;
b) reforzar la sociedad civil y fomentar un diálogo abierto, transparente y periódico con ella sobre los derechos fundamentales;
c) combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo y fomentar una mejor comprensión interconfesional e intercultural y una mayor tolerancia a través de toda la Comunidad Europea;
d) mejorar los contactos, el intercambio de información y las relaciones entre las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas y los profesionales del Derecho, a través del apoyo a la formación judicial, con vistas a una mejor comprensión mutua entre dichas autoridades y profesionales, entre otros medios.
2. Los objetivos generales del programa son complementarios de los perseguidos por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea creada mediante el Reglamento (CE) no 168/2007.
3. Los objetivos generales del programa contribuirán al desarrollo y la ejecución de políticas comunitarias dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales.
El programa tendrá los siguientes objetivos específicos:
a) promover los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea e informar a todos los ciudadanos sobre sus derechos, incluidos los que emanan de la ciudadanía de la Unión, con el fin de alentar a los ciudadanos de la Unión a participar activamente en la vida democrática de la Unión;
b) examinar, cuando sea necesario, el respeto de derechos fundamentales concretos en la Unión Europea y sus Estados miembros al aplicar la legislación comunitaria, y recabar dictámenes sobre cuestiones específicas vinculadas a los derechos fundamentales dentro de dichos límites;
c) apoyar a las organizaciones no gubernamentales y demás agentes de la sociedad civil con el fin de aumentar su capacidad para participar activamente en la promoción de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia;
d) crear las estructuras pertinentes para promover el diálogo interconfesional y multicultural a escala de la Unión Europea.
Con objeto de perseguir los objetivos generales y específicos enunciados en los artículos 2 y 3, el programa apoyará los siguientes tipos de acciones:
a) acciones específicas realizadas por la Comisión, tales como estudios e investigación, sondeos y encuestas de opiniones, formulación de indicadores y metodologías comunes, recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales, y actividades de análisis, seguimiento y evaluación;
b) proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por una autoridad u organismo de un Estado miembro o una organización internacional o no gubernamental, en los que participen al menos dos Estados miembros o al menos un Estado miembro y otro Estado, ya sea un país adherente o un país candidato, en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales;
c) acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales;
d) subvenciones de funcionamiento destinadas a cofinanciar los gastos relacionados con el programa de trabajo permanente de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y de la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea, la cual mantiene bases de datos que ofrecen un repertorio de sentencias de ámbito europeo relativas a la aplicación del Derecho comunitario, en la medida en que dichos gastos se contraen en pro de un objetivo de interés europeo general, a través del fomento de cambios de impresiones y experiencias sobre cuestiones relacionadas con la jurisprudencia, la organización y el funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales o consultivas en relación con el Derecho comunitario.
1. Las acciones del programa estarán abiertas a los siguientes países, denominados en lo sucesivo "países participantes": países adherentes, países candidatos y países de los Balcanes Occidentales que participan en el proceso de estabilización y asociación en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios ya celebrados o por celebrar con estos países.
2. A las acciones referidas en el artículo 4 podrán asociarse las autoridades, los órganos o las organizaciones no gubernamentales de países que no participan en el programa con arreglo al apartado 1, cuando ello pueda contribuir a preparar la adhesión de los países a que se refiere el apartado 1 o a contribuir al logro de los objetivos de las acciones de que se trate.
El programa se dirige a los ciudadanos de la Unión Europea, a los ciudadanos de los países participantes o a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión Europea, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos que desarrollan actividades de promoción de los objetivos del programa.
1. El programa estará abierto a la participación de, entre otros, organizaciones e instituciones públicas o privadas, universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades nacionales, regionales y locales, organizaciones internacionales y otras organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión Europea o en uno de los países participantes, con arreglo al artículo 5.
2. El programa permitirá el desarrollo de actividades conjuntas realizadas con organizaciones internacionales competentes en el ámbito de los derechos fundamentales, tales como el Consejo de Europa, sobre la base de contribuciones comunes y de acuerdo con las distintas disposiciones vigentes en cada institución u organización, a efectos de la consecución de los objetivos del programa.
2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos excepcionales y debidamente justificados, establecidos en el Reglamento financiero, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación se especificará en los programas de trabajo anuales.
3. Por otro lado, están previstos gastos para medidas de acompañamiento a través de licitaciones, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarán a la compra de bienes y servicios. Esto abarcará, entre otras cosas, los gastos en medidas de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.
1. La Comisión pondrá en práctica la asistencia comunitaria de acuerdo con el Reglamento financiero.
2. A efectos de la ejecución del programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites que establecen los objetivos generales enunciados en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas de acompañamiento previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.
3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 3.
4. Los procedimientos de evaluación y de adjudicación de subvenciones para acciones tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4;
b) la calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos;
d) incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.
5. Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, letras b) y c), se evaluarán a la luz de los siguientes criterios:
a) su coherencia con los objetivos del programa;
d) el impacto geográfico de las actividades previstas;
e) la implicación de los ciudadanos en la organización de los organismos en cuestión;
6. Las decisiones referentes a las acciones que se presenten al amparo del artículo 4, letras b) y c), serán adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 10, apartado 2.
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero, el principio de reducción gradual no se aplicará a la subvención de funcionamiento otorgada a la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y a la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea, en la medida en que persigan un objetivo de interés general europeo.
1. La Comisión estará asistida por un Comité (denominado en lo sucesivo "el Comité").
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
1. Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, en particular con los programas generales "Seguridad y defensa de las libertades" y "Solidaridad y gestión de los flujos migratorios" y con el programa "Progress". Se garantizará la complementariedad con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La información estadística sobre los derechos fundamentales y la ciudadanía se elaborará en colaboración con los Estados miembros a partir de los datos disponibles, recurriendo, según proceda, al Programa Estadístico Comunitario.
2. El programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, en particular con los programas generales "Seguridad y defensa de las libertades" y "Solidaridad y gestión de los flujos migratorios", con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de todos los programas.
3. Las operaciones financiadas al amparo de la presente Decisión no recibirán la ayuda para el mismo propósito de otros instrumentos financieros comunitarios. Se velará por que los beneficiarios de la presente Decisión proporcionen a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.
1. La Comisión velara por que para cualquier acción financiada por el programa, el beneficiario presente informes técnicos y financieros sobre el avance de las actividades. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse, además, un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.
2. La Comisión velará por que los contratos y acuerdos resultantes de la ejecución del programa prevean, en particular, la supervisión y el control financiero por parte de la Comisión (o de sus representantes autorizados), en caso necesario mediante controles in situ, incluso por muestreo, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.
3. La Comisión velará por que el beneficiario de la ayuda financiera conserve a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.
4. Sobre la base de los resultados de los informes y controles in situ a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión velará por que, en caso necesario, se adapten la cuantía o las condiciones de adjudicación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de los pagos.
5. La Comisión velará por que se tomen todas las demás medidas necesarias para verificar si las acciones financiadas se llevan a la práctica adecuadamente y de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión y en el Reglamento financiero.
1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con los Reglamentos (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 y (CE) no 1073/1999.
2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del programa, los Reglamentos (CE, Euratom) no 2988/95 y (Euratom, CE) no 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea o a presupuestos gestionados por ellas.
3. La Comisión velará por que el importe de la ayuda financiera concedida a una acción se reduzca, suspenda o recupere en caso de descubrir irregularidades, incluida la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, la decisión concreta o el contrato o el convenio por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o cuando tenga constancia de que, sin haber solicitado la autorización de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con la naturaleza o las condiciones de ejecución del proyecto.
4. En caso de incumplimiento de los plazos, o cuando el estado de realización de una acción solo permita justificar una parte de la ayuda financiera concedida, la Comisión velará por que el beneficiario presente sus observaciones dentro de un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión velará por que se cancele el resto de la ayuda financiera y exigirá el reembolso de las sumas ya pagadas.
5. La Comisión velará por que una suma indebidamente pagada le sea reembolsada. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.
2. La Comisión garantizará una evaluación periódica, externa e independiente del programa.
a) un informe anual sobre la ejecución del programa;
b) un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del programa, que refleje la labor realizada por los beneficiarios de subvenciones de funcionamiento previstas en el artículo 4, letra d), a más tardar el 31 de marzo de 2011;
Publicidad de las acciones
La Comisión publicará cada año una lista de las acciones financiadas con cargo al programa, junto con una breve descripción de cada proyecto.
Hecho en Luxemburgo, el 19 de abril de 2007.
[1] Dictamen emitido el 14 de diciembre de 2006 (no publicado aún en el Diario Oficial).
[2] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
[3] DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
[5] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
[6] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
[7] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).
[8] DO L 357 de 31.12.2002, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 1248/2006 (DO L 227 de 19.8.2006, p. 3).
[9] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
[10] DO C 69 de 21.3.2006, p. 1.

References: artículo 7
 artículo 5
 artículo 308
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 113
 artículo 4