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Timestamp: 2018-03-24 17:39:23+00:00

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tema 15 [73001] | Derecho Constitucional I (UMA) | Unybook
tema 15 (2015)
Fecha de subida 04/05/2016
Apuntes elaborados personalmente combinando apuntes de clase con manuales. Muy claros y bien organizados.
Tema 15. El Decreto Ley y el Decreto legislativo.
Ambos tienen en común que son normas de ley que proceden del Gobierno a diferencia de las normas vistas anteriormente.
Pero, en el sistema de fuentes tienen la misma posición que la ley, por tanto no son reglamentos. Ambas, suponen el ejercicio por parte del Gobierno de una potestad legislativa, cuyo depositario son las Cortes Generales y no el Gobierno.
DECRETO LEY El decreto ley supone una forma de participación del Gobierno en la potestad legislativa del Estado. El depositario natural de esta potestad con las Cortes Generales, el Gobierno ejerce dicha potestad cuando elabora un decreto ley. El Gobierno tiene un carácter excepcional que va a hacer que la posibilidad del Gobierno de formar decretos leyes se crea rodeada de una serie de limitaciones y garantías contenidas en el artículo 86 Constitución.
Aquí hay que tener en cuenta que la definición que se hace de los decretos leyes es como disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno. De aquí se derivan una serie de cuestiones: o o Son disposiciones legislativas, y por tanto, no son leyes. Tienen rango de ley aunque no lo sean.
Solo el Gobierno como órgano colegiado puede dictar un decreto ley, es decir, el Consejo de Ministros. Por tanto, no podrán hacerlo el Presidente ni ninguno de sus ministros de forma individual.
o Además, tienen carácter provisional, es decir, una vigencia limitada en el tiempo, a diferencia de las demás normas del ordenamiento jurídico, que nacen con una vocación de vigencia en el tiempo. Están sometidos a una especie de condición resolutoria, de tal manera que si no la cumplen pierden su vigencia. En caso contrario, seguirán produciendo efectos.
La explicación de este carácter provisional la encontramos en el artículo 86.1, en el que se establece que la vigencia provisional es de 30 días a partir de su publicación. En ese plazo, el Consejo de Ministros tiene que pronunciarse sobre su convalidación o derogación.
 Si lo convalida expresamente, es una especie de visto bueno. Entonces deja de ser una norma provisional y pasa a ser una norma indefinida. Tendrá efectos en el tiempo de manera indefinida hasta que sea derogada o modificada por otra norma posterior.
 Si no se pronuncia expresamente sobre su convalidación o lo deroga expresamente, el decreto ley deja de producir efectos jurídicos al finalizar el plazo de los 30 días.
De este artículo se derivan otras cuestiones importantes sobre los Decretos leyes.
A. LÍMITES: los límites a los que la Constitución sujeta el decreto ley son formales y materiales: a.
Límite formal: se trata del presupuesto habilitante, es decir, la situación que permite al Gobierno dictar un decreto ley, que tiene que ser una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Esta situación le corresponde apreciarla en principio al Gobierno, puesto que es el que va a dictarlo, por lo que no necesita de la autorización de ningún otro órgano. No obstante, esta apreciación está sujeta a dos tipos de control:  Un primer control lo realiza el Congreso de los Diputados, y es un control de tipo político, es decir, que se basa en criterios de oportunidad política, y no estrictamente jurídicos. Este control se realiza una vez que el decreto ley se ha dictado y está produciendo efectos, concretamente en el trámite de convalidación o no del decreto ley, es decir, en el plazo de 30 días desde su publicación. Uno de los criterios que guiará esta decisión será verificar que efectivamente se dio esa situación de extraordinaria y urgente necesidad.
 Existe también un control de tipo jurídico, es decir, de ajuste o no a la norma jurídica, que realiza el Tribunal Constitucional.
Actúa de modo muy parecido al supuesto de las leyes de armonización. Establece un criterio general abstracto que después aplica a cada supuesto concreto para confirmar si se daba o no el presupuesto habilitante. Se basa en la idoneidad de la norma para el fin pretendido, de manera que si hay otra norma más adecuada para conseguir lo mismo, entonces no se da el presupuesto habilitante y el decreto es inconstitucional, porque al igual que las leyes de armonización, el decreto tiene un carácter excepcional. Ambos suponen una alteración en la distribución de competencias. En el caso del decreto, el Gobierno ejerce una potestad legislativa que en principio no le corresponde. Si lo que pretende conseguir el Gobierno (dar respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad) se podía conseguir con una ley, el decreto no será idóneo.
Descartamos que las leyes tramitadas conforme al procedimiento legislativo ordinario no serán idóneas, puesto que tardan tiempo en ser tramitadas. Por tanto, las únicas válidas serán las tramitadas mediante el procedimiento de urgencia.
1 El razonamiento que sigue el Tribunal Constitucional en el caso concreto del decreto ley es el siguiente: en principio se establece que no se debe identificar la situación de urgente y extraordinaria necesidad con los estados excepcionales, es decir, de alarma, excepción y sitio, puesto que estos están regulados en el artículo 116, de forma diferencia al artículo 86, por lo que tienen una vía distinta.
Límite material: se refiere a materias que no pueden ser reguladas a través de un decreto ley. Este límite es acumulativo al anterior. Por tanto, un decreto, para ser constitucional, tiene que cumplir los dos requisitos: cumplir el presupuesto habilitante y respetar las materias que le están prohibidas. Esas materias son: 1.
Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
Régimen de las Comunidades Autónomas.
Derecho electoral general.
Estas cuatro materias conforman la reserva negativa de decreto ley. El Tribunal Constitucional ha establecido una doble delimitación:  Delimitación geográfica: cuáles son los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
 Verdadera delimitación: qué tipo de regulación le está prohibido al decreto ley.
En cuanto a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha acogido una interpretación literal de lo que dice el artículo 86.1, es decir, los del Título I. Sin embargo, no todo lo contenido en el Título I le está prohibido al Decreto ley, sino solo aquello que sea un derecho, un deber o una libertad, porque también hay otras cosas, como por ejemplo, mandatos.
Por tanto, lo que le prohíbe exactamente en relación con los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos no es cualquier regulación, sino una cosa muy concreta: afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional entiende el término AFECTAR como regular las condiciones generales del ejercicio de ese derecho. Si se entendiera como incidir de cualquier manera, los decretos leyes estarían prácticamente prohibidos o inoperativos, puesto que no les dejaría campo de actuación.
¿Cómo se relacionan entre sí la reserva positiva de Ley Orgánica y la reserva negativa de Decreto Ley? No coinciden en las materias. Lo que nos podemos plantear es si un Decreto Ley se puede dictar sobre una materia que esté reservada a la Ley Orgánica. La respuesta sería que no, a pesar de que no esté incluida en la lista de materias vedadas al Decreto Ley. Por tanto, la perspectiva no es lo que está prohibido al DL, sino lo que está reservado a Ley Orgánica. Por tanto, la reserva positiva de Ley Orgánica constituye un límite adicional a las materias que expresamente aparecen enumeradas en el 86.1.
Otro supuesto es la relación entre DL y ley ordinaria. Además de tener en cuenta el límite que le supone la reserva positiva a favor del resto de normas jurídicas, tiene específicamente un límite negativo, de manera que si la materia de que se trate puede ser regulada indistintamente por ambas normas, se resuelve aplicando el principio de cronología, por tanto tendremos que tener en cuenta cuál es la norma posterior en el tiempo. Sin embargo, si la materia está prohibida específicamente al DL, porque está dentro de esas materias que no puede regular, se resuelve aplicando el principio de competencia.
Conflicto entre ley ordinaria anterior y DL posterior: B. CONVALIDACIÓN: 86.2 CE: el DL deberá ser sometido a debate y votación. Solo interviene el Congreso de los Diputados en la convalidación. El plazo es de 30 días después de promulgación. Cuando el Congreso de los Diputados convalida el DL lo único que está eliminando es su carácter provisional. Solo incide en su vigencia, puesto que sin esta convalidación, el DL perdía su vigencia a los 30 días. Por tanto, va a seguir produciendo efectos jurídicos, y además a partir de entonces de manera indefinida en el tiempo.
Sin embargo, no se afecta a su naturaleza jurídica, de manera que sigue siendo una norma con carácter de ley, ni tampoco afecta a los posibles vicios de inconstitucionalidad en los que haya podido incurrir el DL. Esto significa que no lo valida: si era inconstitucionalidad por algún motivo (ej. se afectaba alguno de los derechos del Título I, no se daba el presupuesto habilitante, etc.), eso sigue igual aunque haya sido convalidado.
CONVERSIÓN: 86.3: durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes Generales podrán tramitarlo como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. El texto del DL, puede utilizarse como proyecto de ley, puesto que ambos tienen origen gubernamental, para su tramitación parlamentaria como una ley, de manera que el texto resultante será el de una ley. Por tanto, aquí sí hay una transformación de su naturaleza jurídica: de norma gubernamental a parlamentaria, es decir, de DL a ley.
2 La ley resultante no está sometida a los límites del artículo 86, porque esos límites están previstos para el DL, por tanto, aunque la ley tenga su origen en él, la norma resultante ya es la de ley, y por tanto seguirá el régimen jurídico propio de la ley. Ésta es la diferencia fundamental entre el trámite de convalidación y el de conversión. Además, la ley no tiene que ser idéntica al DL, y por tanto, el proyecto de ley está sujeto a modificaciones. La entrada en vigor a la ley provoca como efectos la derogación automática del DL precedente.
DECRETOS LEGISLATIVOS a) INTRODUCCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA  REGULACIÓN: Los decretos legislativos aparecen regulados en nuestra Constitución en los artículos 82 a 85. Tienen una regulación más compleja que la de los decretos leyes.
Artículo 82: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley.
A este fenómeno se le conoce con el nombre de delegación legislativa, que la hacen las Cortes Generales, que son el titular de la potestad legislativa, a favor del Gobierno. Esa delegación se hace a través de una ley. A su vez, el Gobierno, cuando ejerce dicha delegación, dicta normas que reciben el nombre de legislación delegada, y en nuestro caso, recibe el nombre específico de decreto legislativo.
Se trata de un fenómeno frecuente, y reconocido por casi todas las legislaciones, también a lo largo de la Historia. Las razones son múltiples:  Cada vez es mayor el intervencionismo estatal y las materias reservadas a la ley. Por tanto, el Parlamento está sobrecargado.
 El carácter excesivamente técnico y complejo que hay que regular legislativamente. Entonces se considera que el Gobierno es un órgano que está más preparado para cumplir esa función.
El Código Civil es una ejemplo de norma aprobada mediante una delegación legislativa que en su momento las Cortes Generales hicieron a favor del Gobierno, y éste lo aprobó a través de un Decreto legislativo.
 PROBLEMA: Esto supone una alteración en la división de poderes, puesto que el titular original de esta potestad legislativa son las Cortes Generales. Dado éste carácter excepcional, es por lo que la Constitución rodea esta cuestión de una serie de límites, para evitar que las Cortes Generales deleguen esta potestad en el Gobierno de forma fraudulenta.
La delegación legislativa hace uso de ella delegándolo en otro órgano diferente. Desde el punto de vista de las Cortes Generales estamos ante una delegación legislativa. Desde el punto de vista del Gobierno, la norma que éste elabora producto de la delegación que se ha hecho a su favor, es una norma con rango de ley, es decir, que no se considera una ley, en este caso, porque no proceden de las Cortes Generales, pero tienen la misma posición en el sistema de fuentes que las leyes. Esto tiene ya una primera consecuencia, siempre que estemos en un conflicto entre un decreto legislativo y otra ley, se resuelve mediante cualquier pio excluyendo el de jerarquía, ya que tienen el mismo rango legal.
Cuando el Gobierno dicta un decreto legislativo, lo que está ejerciendo una potestad legislativa, que posee en ese caso concreto porque se lo ha delegado las Cortes Generales, por lo tanto si el Gobierno dicta un decreto ley, no ejerce su potestad reglamentaria, porque no elabora un reglamento sino una norma con rango de ley.
Su propio nombre trata de conjugar ambos aspectos: decreto (norma procedente del Gobierno) legislativo (norma con rango de ley).
b) CLASES DE DECRETOS LEGISLATIVOS La Constitución distingue dos clases de decretos legislativos, que implican a su vez dos tipos de delegación legislativa. Lo hace a través de una ley de delegación, que será distinta en función del objetivo que se tenga:  Mediante una ley de Bases: da como un resultado un decreto legislativo que recibe el nombre de texto articulado. La finalidad sería que el Gobierno regule ex novo una materia sobre la que no hay disposición legislativa, o si la hay, que no la tenga en cuenta.
 Mediante una ley ordinaria: da lugar a un texto refundido. El objetivo sería refundir varios textos legales sobre una misma materia en uno solo. Suele hacerse cuando una materia ha quedado regulado en una serie de textos muy diversos que se han ido derogando unos a otros, dando lugar a una situación caótica que produce inseguridad jurídica. El problema se soluciona sistematizando la materia en un solo texto.
3 A pesar de la terminología diferente, el régimen jurídico del decreto legislativo es el mismo con independencia de su denominación. Ambas son la misma fuente del derecho: leyes ordinarias.
Por tanto, aunque se hable de ley de Bases, no se trata de una ley distinta. Se denomina así por su contenido, puesto que como la materia no está regulada, en la ley de delegación se sientan las bases o limitaciones que tendrá que respetar el Gobierno a la hora de regular la materia ex novo.
c) LÍMITES En la medida en que el decreto legislativo es en cierto modo una norma excepcional, la Constitución ha rodeado su ejercicio de una serie de limitaciones, para evitar el fraude por ambas partes.
 Por parte de las Cortes Generales, puesto que no es admisible que deleguen su competencia legislativa como una especie de cheque en blanco.
 Por parte del Gobierno, puesto que tienen que respetar una serie de límites a la hora de elaborar el decreto.
Esos límites se encuentran en la Constitución, en los artículos 82 y 83.
LIMITES COMUNES:  Límite material: El Decreto legislativo no puede referirse a ninguna materia de las reservadas para la Ley Orgánica. Por tanto, en caso de conflicto entre ambas normas, con independencia de cuál sea anterior o posterior en el tiempo, se resolvería siempre a favor del principio de competencia, analizando si es o no materia reservada para la Ley Orgánica.
 Solo puede delegarse a favor del Gobierno como órgano colegiado, es decir, el Consejo de Ministros.
 A su vez, el Gobierno no puede subdelegar en una autoridad diferente, ni la ley de delegación puede autorizar al Gobierno a hacerlo.
 Tiene que ser para materias determinadas y con un plazo fijado para su ejercicio, que en ningún caso podrá ser indeterminado.
 La delegación legislativa ha de hacerse de forma expresa. No podrá entenderse concedida de modo implícito.
LÍMITES ESPECÍFICOS:  Tiene que estar delimitado el objeto y el alcance de la delegación.
 Referido al texto refundido: Tiene que estar delimitado el ámbito normativo al que se refiere la delegación. Además, tiene que especificar si esa delegación tiene por objeto formular simplemente un texto único, o si el Gobierno tiene un margen de maniobra mayor, porque puede modificar, aclarar o armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
d) EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA. SU REVOCACIÓN Es importante la fijación del plazo para poner en práctica la delegación. Pasado ese plazo sin que el Gobierno lo haya llevado a cabo, el hipotético decreto legislativo es constitucionalmente nulo.
La revocación consiste en recuperar la potestad legislativa que delegaron. La llevan a cabo las Cortes Generales y puede ser de dos tipos:  Implícita: cuando las Cortes Generales lo que hacen es aprobar una ley cuyo contenido coincide total o parcialmente con el objeto de una delegación legislativa anterior. Las Cortes deciden que al final van a regular por sí mismas la materia que en principio habían cedido al Gobierno. Éste puede oponerse a esta revocación implícita vetando la tramitación de dicha ley. En ese caso, podrá presentarse una proposición de ley para derogar parcial o totalmente la ley de delegación.
 Expresa: entra en juego cuando el Gobierno se opone a la revocación implícita. En este caso, las Cortes Generales aprueban una ley cuyo contenido es derogar expresamente la ley de delegación anterior en el tiempo.
e) EL CONTROL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS Hay dos clases de control:  Control parlamentario: lo llevan a cabo las Cortes Generales. la ley de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Lo que se plantea es que en ningún caso ese control podrá afectar a la validez o vigencia de la norma, porque el decreto legislativo es una norma válida desde el momento en que entra en vigor tras la elaboración del Gobierno.
Por tanto, el control posterior no afecta a su eficacia. Tan sólo tendrá efectos políticos, pero no jurídicos.
4 Por tanto, en ningún caso el control podrá consistir en que las cámaras tuviesen que elaborar ningún dictamen vinculante respecto al texto elaborado por el Gobierno, de manera que el dictamen vinculase al Gobierno y este no pudiese aprobar la norma si el dictamen no fuese favorable a la norma. Se alteraría la naturaleza del decreto como norma gubernamental.
Tampoco podrá consistir en una especie de visto bueno al texto final elaborado por el Gobierno. No puede ser un trámite de convalidación, como ocurre en el decreto ley.
Además, no es una norma condicionada en el tiempo, sino que nace con vocación de estar vigente en el tiempo de manera indefinida. Otra cosa es que las Cortes Generales puedan elaborar una ley posterior que derogue al decreto legislativo, porque esto ya no está dentro del control, sino que es parte de la sucesión normal de normas en el tiempo.
Lo que se ha previsto es que el control consistirá en que los grupos parlamentarios podrán, dentro de un plazo, plantear objeciones sobre el uso que el Gobierno ha hecho de la delegación. Si no hubiera reparos, se elabora un informe que se vota en el Pleno y que tendrá los efectos previstos en la ley de delegación. Esos efectos serán en todo caso políticos, pero no jurídicos.
No pueden consistir en dejar sin vigencia al decreto legislativo.
 Control jurisdiccional: la polémica se plantea por los órganos que son competentes para llevar a cabo el control del decreto legislativo. ¿Sólo el Tribunal Constitucional, sólo la jurisdicción ordinaria, o ambos órganos? Ésta polémica surge en la propio Constitución, porque habla de tribunales en plural, por lo que se entiende que no se refiere únicamente al Tribunal Constitucional.
La mayoría de la doctrina constitucionalista entiende que el único órgano competente es el Tribunal Constitucional.
CONFLICTOS: - Ley Orgánica anterior – Decreto Legislativo posterior Se trata de un conflicto complejo, que tiene dos soluciones posibles: 1.
Solución definitiva, que es la que dice el Tribunal Constitucional. Es la más simple, porque se basa únicamente en el principio de competencia. ¿La materia sobre la que trata ambas normas jurídicas está reservada a la Ley Orgánica? a. Si está reservada, prevalece la Ley Orgánica, independientemente de cuál sea anterior o posterior en el tiempo.
b. En caso contrario, prevalece el decreto legislativo, por ser posterior en el tiempo.
Podemos aplicar el principio de cronología porque la Ley Orgánica que ha sido degradada de rango, tiene al final el mismo rango que el decreto, serían normas equivalentes.
- Solución provisional, que está en manos de los tribunales. La solución va a depender de un solo criterio: según si los tribunales entienden o no que la Ley Orgánica haya sido válidamente dictada dentro de su ámbito de competencias, o si por el contrario se excede y regula otras materias que no le están reservadas.
a. Si entiende que es válida, y solo regula las materias que tiene reservada según el artículo 81, por lo que resuelve mediante el principio de competencia, y se aplica la Ley Orgánica anterior en el tiempo. se trata de la aplicación preferente de la Ley Orgánica, que desplaza al decreto, aunque no afecta a su validez, solo que no se aplica en ese caso. En cambio, cuando lo decide el Tribunal Constitucional, la aplicación de la Ley Orgánica sí conlleva la anulación del decreto.
b. Si el juez o tribunal entiende que la Ley Orgánica se ha excedido y no ha respetado el artículo 81 Constitución, plantean la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que él decida, puesto que no puede resolverlo por sí mismo.
Decreto Legislativo anterior – Ley Orgánica posterior: a pesar de entender que la Ley Orgánica se haya excedido, el juez o tribunal puede resolver por sí mismo aplicando la prevalencia de la Ley Orgánica. Eso no afecta a la validez del decreto, simplemente lo inaplica en ese caso concreto. Prevalece por ser la norma posterior.
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References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 116
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86

Artículo 82
 artículo 81
 artículo 81