Source: http://caara.com.ar/memoria-del-ejercicio-economico-financiero-2015-2016/
Timestamp: 2018-02-24 15:48:15+00:00

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MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015 / 2016
Durante el ejercicio de CAARA concluido el 30 de abril de 2016 el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) tuvo favorables novedades en términos de la ratificación administrativa y judicial de su vigencia, pero la producción continuó avanzando con lentitud a raíz de la renuencia de vastos sectores alcanzados por la obligación de contratación y por los bajos esfuerzos de las autoridades en materia de exigibilidad. El nuevo gobierno, asumido en diciembre de 2015, ratificó la vigencia y la trascendencia de la póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, que es el único instrumento que permite cumplir la obligación dispuesta en el Art 22 de la Ley 25.675, Ley General de Ambiente, y anunció su decisión de abocarse a la tarea de ampliar la oferta del mercado.
CAARA persistió durante el ejercicio en su tarea esclarecedora iniciada desde la implementación del SAO, en el año 2008, tratando de combatir la renuencia o desobediencia a la ley de parte de los obligados a la contratación, los que, a la fecha, cuentan con el estímulo de la falta de sanción administrativa por los incumplimientos.
Como se ha dicho, también ha habido cierta laxitud de parte de autoridades jurisdiccionales en cuanto a la aplicación de la exigibilidad o, en muchos casos directamente una nula voluntad de aplicarla, colocándose fuera de la ley que impuso una obligación de carácter federal.
Asimismo ha habido una absoluta desatención de la obligación de los organismos públicos responsables de las denuncias para activar la ejecución de siniestros o eventualidades que justificaran la acción de las aseguradoras.
Esto último impactó negativamente en la imagen de las aseguradoras, para las cuales el cumplimiento de sus compromisos en materia de atención de siniestros es su mejor carta de presentación y de construcción de prestigio.
En el último tramo del anterior gobierno la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dictó la Resolución (SAyDS N° 1135/15) que instituye un nuevo Reglamento de Investigaciones por Infracciones a Normas Ambientales en el que se incorpora al Código Penal como norma subsidiaria aplicable y establece que “cuando en el marco de las actuaciones sumariales la Dirección de Infracciones Ambientales estime que los hechos involucrados pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la misma deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal”.
La economía argentina quebró en 2015 diez ejercicios seguidos de retroceso, al registrar un crecimiento de 2,4%, según los valores difundidos por las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del nuevo gobierno, después de realizar una exhaustiva revisión de las magnitudes publicadas en los años anteriores. Tal crecimiento fue logrado mediante un fuerte aumento del gasto público -que ocasionó un déficit fiscal de 5,8%- y atraso cambiario, que fueron la base de la estrategia utilizada por el gobierno para estimular el consumo en un año electoral en el que la inflación se mantuvo en niveles elevados.
La actividad económica tuvo un comportamiento dispar. La agricultura y la ganadería registraron los valores más altos, con 6,4%; la construcción 5% y los servicios 2 por ciento. La industria, en cambio, tuvo un retroceso de 1%. Los indicadores sociales en materia de empleo y pobreza continuaron deteriorados El tipo de cambio oficial cerró el año con una paridad de US$ 1 = $ 9,80, que representó un alza de 14% y una brecha de 53% con el dólar paralelo, que a fin de 2015 se negociaba en torno a los $15.
Las elecciones fueron ganadas por la alianza opositora Cambiemos que erigió en presidente al Ing. Mauricio Macri. En los primeros meses de gestión el nuevo gobierno dio claras muestras de su intención de introducir cambios sustanciales en la política económica y en las relaciones internacionales.
El gobierno unificó y liberó el mercado cambiario y llegó a un rápido acuerdo con la mayoría de los acreedores externos. No obstante, la transición fue muy crítica, dado que la devaluación implícita en la unificación cambiaria ahondó la inflación, la recesión, la desocupación y la pobreza en los primeros meses de gobierno.
La actividad aseguradora en el período
En el ámbito del seguro en general
El inicio del primer semestre del corriente año 2016 encuentra al mercado asegurador en un proceso de cambio en la Superintendencia de Seguros de la Nación, con nuevas definiciones sobre su rol como Organismo de Control, enfocado en el cuidado de la solvencia de las aseguradoras, y con anuncios de normativas que hacen suponer modificaciones importantes para el sector, como es el caso vinculado al futuro del reaseguro local, que según las declaraciones recientes del Superintendente son de incrementos de sus capitales, de mayores exigencias de la retención propia, y de un porcentaje posible de liberalización de la colocación en forma directa con el exterior. Otras decisiones se dirigen a actualizar los montos de los seguros obligatorios, y procurar atenuar las cargas impositivas en los seguros de vida.
A su vez, en lo que hace a la evolución del mercado en el primer trimestre del ejercicio a marzo/2016, no se advierten aún situaciones generales distintas en el entorno en el cual se desenvolvió el sector en el primer semestre del ejercicio económico 2015/2016, ya que no ha habido modificación de los factores generales que son incidentes en el seguro como ser la inflación; los niveles de siniestralidad o judicialidad o el crecimiento de la economía o consumo. No obstante, el incremento de la prima emitida del mercado a marzo 2016, anualizado y en valores nominales, fue de un 38%. Como preocupación, debemos señalar por su alta siniestralidad los riesgos de trabajo que presenta una situación compleja y de imperiosa revisión para su subsistencia.
A nivel del resultado financiero hay un mejoramiento en el nivel de los porcentuales de rentabilidad obtenidos a marzo/2016 por las inversiones respectos del primer semestre que va a contribuir, en gran medida, a conformar los resultados finales del mercado al fin del actual ejercicio. Es el resultado de los ajustes macroeconómicos. Los datos conocidos de los balances a marzo/16 son de un 31% de la prima devengada, duplicando los obtenidos a igual fecha del año anterior.
En cuanto a las expectativas a futuro, son favorables para el mediano plazo en tanto se vean concretadas las medidas económicas anunciadas por el actual gobierno nacional.
Una de las razones fundamentales del alto incumplimiento de la obligación de contratar el SAO es porque no existe respaldo oficial para enfrentar los trascendidos que ponen en duda la vigencia de la normativa y también a la acción de asesores y consejeros que inducen a desconocer la obligación.
Por ende, es menester destacar que durante el período bajo análisis no volvió a haber novedades en relación con el resolutorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre de 2014, cuya derivación significa que continúan suspendidos los efectos del Decreto 1638/12 y que la Res. SSN 37160 sigue vigente.
El Decreto mencionado había introducido cambios fundamentales en el sistema original del SAO, bajo la pretensión de convertir una herramienta de gestión de política ambiental en un instrumento indemnizatorio. La Res SSN/37160 a su vez aprueba con carácter general y de aplicación uniforme para todas las entidades aseguradoras, las condiciones generales del “Seguro Obligatorio de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”
En materia de seguro ambiental, la primera señal del nuevo gobierno fue la jerarquización del área de Medio Ambiente, al elevarla de rango, creando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), cuyas autoridades inmediatamente iniciaron rondas de conversaciones con todas las partes involucradas en el sistema.
Al cabo de las primeras evaluaciones, el MAyDS definió una “hoja de ruta” que contemplaba los siguientes hitos:
– Crear un nuevo procedimiento para la presentación y registro de pólizas.
– Modificar la Resolución 999/14 de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
– Crear un registro de remediadores.
– Reglamentar el fondo de compensación establecido en la ley 25.675 para cuando no sea técnicamente posible remediar un daño ambiental.
– Poner operativo el procedimiento para la ejecución de las pólizas del SAO cuando corresponda hacerlo.
Asimismo el gobierno ratificó la vigencia y permanencia de la Póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva con respaldo comprometido de empresas remediadoras. Asimismo, se abocó al análisis de nuevos instrumentos de seguro y de garantías financieras múltiples que puedan introducirse en el mercado como alternativas para cumplir con la exigencia del Artículo 22 de la Ley 25.675, Ley General de Ambiente, y toda la normativa del SAO.
Es posible que las nuevas herramientas hagan necesaria la implementación de modificaciones en las leyes de fondo. Esta consideración vale especialmente para la cobertura de responsabilidad civil que en las actuales condiciones no podría cumplir con la exigencia de la mencionada ley de manera más beneficiosa que la opción presente en términos de remediación de un daño de incidencia colectiva con la inmediatez que exige el cuidado ambiental. En el actual marco jurídico de fondo se mantienen los elementos clásicos de atribución de responsabilidad que hacen al daño, la antijuridicidad, la relación de causalidad y el alcance de los rubros indemnizables, entre otros. A su vez, la Ley de Seguros, mantiene su jerarquía normativa en materia de seguro de responsabilidad civil como ley especial, en cuanto haga al seguro.
Cabe esperar que los eventuales instrumentos alternativos no resulten garantías que no respondan con la remediación inmediata del daño porque, de esa manera, se estaría actuando en contra del espíritu de la ley y carecería del sustento que dio motivo a la exigencia.
Una de las primeras medidas efectivas tras esos anuncios fue la Resolución MAyDS 206/2016 mediante la cual se ratificó que los sujetos alcanzados por el artículo 22 de la LGA, incluidos los comprendidos en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, deben presentar el SAO, precisando la oportunidad y el procedimiento para hacerlo. La norma reemplazó a la derogada Resolución SAyDS Nº 502/13, que establecía el procedimiento para la verificación del cumplimiento de la obligación dispuesta por el art. 22 de la LGA, en el marco del trámite para la obtención del Certificado Ambiental Anual que otorga la Dirección de Residuos Peligrosos, del MAyDS y para lo que debía contratarse, previamente, el SAO.
La medida indica que los establecimientos que cuenten con el Certificado Ambiental Anual extendido por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental deberán presentar ante la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA) una Declaración Jurada con determinación del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del establecimiento.
La norma establece que si el NCA declarado surgiera que la empresa califica como de 2° o 3° categoría según su riesgo ambiental, deberá presentar también la autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente, “desarrollado y firmado por profesional con perfil y alcance de título suficiente en la materia, y por el representante legal de la compañía aseguradora.”
Asimismo dispone que “los administrados” que ya cuenten con el Certificado Ambiental Anual conforme Ley 24.051 también deberán cumplir aquellas obligaciones “en un plazo perentorio de 20 días hábiles administrativos a partir de la notificación de la Resolución que otorga el Certificado Ambiental Anual” prorrogable por un nuevo plazo de 10 días hábiles administrativos bajo apercibimiento de iniciar las acciones sumariales que correspondan según el procedimiento administrativo establecido en la Resolución ex SAyDS N°1135/2015.”
Posteriormente mediante la Resolución 256/2016 el MAyDS modificó la Resolución SAyDS Nº 999/14, regulatoria del procedimiento para el otorgamiento de la Conformidad Ambiental, condición previa que deben cumplir las aseguradoras para operar en el mercado del seguro ambiental. CAARA había cuestionado aspectos de esa norma, porque limitaban el acceso de nuevos operadores al haber impuesto exigencias difíciles de cumplir para el otorgamiento del Conformidad. La nueva norma derogó a la Resolución 42/2011 de Ambiente, y a los artículos 3, 5, 6 y el Anexo II de la Resolución 999/2014.
La expectativa del gobierno es que con las modificaciones a la regulación adoptadas y las que tienen en proyecto las autoridades, nuevas aseguradoras manifiesten interés en sumarse a un mercado de alta especialización, caracterizado por el compromiso de intervención urgente al producirse el siniestro o la amenaza de siniestro, asumiendo como garante la obligación de la remediación inmediata en caso de defección del tomador de la póliza, promoviendo de tal forma una mayor pluralidad de empresas ofertantes y, por ende, más emisiones de pólizas y una reducción de las primas.
Actualmente, el mercado de la oferta del seguro ambiental está integrado por seis compañías habilitadas para ofrecer el Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, comúnmente denominado SAO, y otras diez reaseguradoras nacionales que las respaldan. Entre los autorizados se encuentran las compañías públicas Nación Seguros y Provincia Seguros. El nivel de actividad de cada una de las seis autorizadas a intervenir en este mercado por la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Superintendencia de Seguros de la Nación, corresponde a decisiones estratégicas y evaluaciones de cada una de esas empresas.
Entre Ríos ejecuta una póliza
Un hecho destacado para la evolución del sistema se produjo en coincidencia con el cierre del período cubierto por esta Memoria, en abril de 2016, cuando debió ser ejecutada una póliza del SAO en la provincia de Entre Ríos por instancia del gobierno provincial e intervención del MAyDS. La compañía aseguradora con la asistencia de la empresa remediadora comprometida en el contrato tuvo una rápida intervención que posibilitó prevenir un desastre ambiental y resguardar las fuentes de trabajo.
La propia Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Lic. Belén Esteves, destacó ante la prensa la importancia de la ejecución de la póliza porque permitió “prevenir los daños ambientales que podían provocarse debido a las inundaciones y el posible desborde de piletas con residuos peligrosos”. En el caso de Entre Ríos, que ha sido considerado paradigmático, a la empresa involucrada en el riesgo se le exigió contratar el SAO porque dada su actividad en la gestión de residuos peligrosos en esa y otras provincias, estaba alcanzada por la obligación y bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental nacional.
La intervención en Entre Ríos evidenció la cuantía social de la póliza de caución como herramienta de sustentabilidad del riesgo, dada su capacidad de actuar preventivamente sin necesidad de que se consume el siniestro sino cuando se insinúe la posibilidad de su ocurrencia, lo cual debería ser advertido por jurisdicciones que teniendo establecida la exigibilidad no la aplican por su sensibilidad a los argumentos de los obligados.
Las postergaciones de Santa Fe
En este sentido un caso notable es el de la Provincia de Santa Fe, donde en el año 2013 mediante el Decreto 1879 se definió la normativa complementario por la cual se ponía en vigencia la exigencia del SAO para personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que deseen obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, Informe Ambiental de Cumplimiento, permisos e inscripciones que otorga el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) en los términos de la Resolución N° 177/07, modificatorias, ampliatorias y complementarias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) sea igual o mayor a catorce (14) puntos. No obstante, y desde entonces, cada seis meses se vienen decretando prórrogas haciendo lugar a la solicitud de la Federación Industrial de Santa Fe que entre sus argumentos para la petición invoca “la limitada lista de compañías de seguros que ofrecen este tipo de cobertura”.
Debe señalarse que la Justicia en diversas jurisdicciones adoptó sanciones severas por violaciones a las normativas medioambientales, que contribuyen por su ejemplaridad al cumplimiento de la obligación del Art. 22 de la Ley General de Ambiente. Un caso paradigmático ocurrió en el último trimestre de 2015: la acción del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, doctor Marcelo Arnolfi, quien ordenó la suspensión de toda actividad u obra en el barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, que estaba en proceso de construcción. La medida fue dispuesta entre otras cuestiones por no haber presentado los desarrolladores la póliza y documentación relacionada con el Seguro Ambiental Obligatorio. Con posterioridad, el gobierno provincial suspendió mediante un decreto los efectos de la resolución que había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental para la obra de construcción del barrio privado.
El 1° de agosto de 2015 cobró vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por el Poder Legislativo en noviembre de 2014, cuyos 2671 artículos reemplazan a los más de 4500 de los textos sancionados en 1862 y 1869. El voluminoso trabajo sólo hace una mención expresa al ambiente en su Artículo 14, referido a los Derechos individuales y de incidencia colectiva, aunque sus disposiciones la comprenden a cada momento. Allí se dice que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”.
No obstante, el artículo 240 (“Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”), dispone que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes propios debe ser armónico con los derechos de incidencia colectiva. “Se introduce a través del artículo 240 en nuestra legislación civil y comercial, el concepto de ambiente y el macro fin del derecho ambiental, que no es otro que la sustentabilidad … “ (Cafferatta, op. cit.).
El redactor recoge en ese artículo un criterio ya expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1887 (Fallos 31:273; 14/05/1887), en la sentencia en la que absolvió a la Provincia de Buenos Aires en una acción iniciada por empresarios saladeristas que habían sido desalojados de la ribera del Riachuelo a raíz de que la acción contaminante de sus plantas había provocado graves problemas de salud a la comunidad. La Corte fue tajante en aquel fallo: “ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria”. Asimismo, establece el artículo 241 que, cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa de presupuestos mínimos que resulte aplicable. Opina el jurista antes citado que “… estos artículos 240 y 241 son la columna vertebral del sistema común de derecho ambiental dispuesto por el Código Civil y Comercial, toda vez que tratan de regular por un lado, la necesidad de implementar efectivamente las ideas, normativas y regulaciones previstas en leyes especiales de derecho ambiental de presupuestos mínimos, y por el otro, llama a todos aquellos que tengan que adoptar decisiones críticas en la cuestión —de colisión de principios—, a desarrollar un delicado juicio de ponderación o razonabilidad, en función de los bienes, intereses y derechos en juego, en casos de controversias, en el ejercicio de derechos individuales y derechos de incidencia colectiva.”.
También legisla el Código respecto de la tierra, uno de los recursos naturales que conforman el ambiente, en su artículo 18, donde prevé el derecho de las comunidades indígenas reconocidas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Si bien la mención expresa al ambiente es escueta en el nuevo Código, su presencia está implícita en numerosos artículos. Es que ningún andamiaje legal podría ignorar que el ambiente es el único daño referido en la Constitucional Nacional, que en su artículo 41 dispone que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
En ese sentido, el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), creado al amparo de la Ley N° 25.675, que vino a reglamentar lo establecido en el mencionado Art 41 CN, prevé instrumentos que se conectan directamente, como si hubieran sido coordinados, con articulados del naciente Código Civil y Comercial.
Por caso, el relacionado con los Art. 1710 a 1712, referidos a la “prevención del daño” y la “acción preventiva”. Precisamente el SAO muestra un celo especial respecto de la prevención, dado que para la contratación de la póliza se somete al establecimiento a asegurar a una auditoría especializada, denominada Situación Ambiental Inicial (SAI), en la que se determinan los factores de riesgo que deben ser remediados antes y/o durante la vigencia de la póliza, como actuación preventiva de eventuales siniestros.
El nuevo Código incorpora también criterios de prevención en su Art. 52, relacionado con afectaciones a la dignidad de la persona humana, y Art. 54, donde exime de la obligación de realizar actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
Plantea así un sistema de responsabilidad en el que la función resarcitoria o indemnizatoria no es la única aplicable, sino que promueve la prevención de los daños y ofrece una acción específica y exigible de tutela inhibitoria, con reglas y efectos claros.
Acoge de tal manera al sistema de responsabilidad contemplado en la Ley General de Ambiente (N° 25.675) –referido exclusivamente a la reparación del daño de incidencia colectiva- que se diferencia ampliamente del previsto en el derecho de fondo. Ello es así, fundamentalmente, porque el Código Civil que se extingue contiene un régimen resarcitorio para indemnizar a las personas, individualmente, por los daños y perjuicios ocasionados por el sujeto responsable.
En este régimen, la responsabilidad civil se diferencia según exista, o no, un vínculo contractual previo entre el responsable y la víctima del daño: en el primer caso habrá responsabilidad contractual y, en el segundo, extracontractual.
De todas formas, tal como lo establece la jurisprudencia (Cámara 7a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba. “Chañar Bonito S.A. c. Municipalidad de Mendiolaza”, 14/12/2005. En LLC 2006, 749), “las normas ambientales son de orden público y no son susceptibles de negociación o renuncia entre particulares” y “por su explícita fuente constitucional tampoco el Estado puede soslayar su cumplimiento consagrando excepciones particulares o provocando derogaciones singulares de disposiciones de alcance general. Por el contrario, la protección del entorno configura una obligación del Estado. Este orden público ecológico es la base ideológica que legitima y exige todas las medidas de control, regulación, vigilancia y prohibición de esas actividades, es decir, la llamada policía administrativa en lo ambiental”.
Además, por el artículo 1757 se introduce una reforma en los elementos de la responsabilidad objetiva, contemplada en la normativa ambiental, por cuanto toda persona deberá responder por el daño causado no sólo por el riesgo o vicio de las cosas sino también el causado por las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, no pudiendo eximirse por las autorizaciones administrativas para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.
Por cierto que las modificaciones y novedades introducidas en la normativa principal que rige el derecho privado en la República significarán un cambio trascendental en la vida de los argentinos y que la resolución del caso fue muy controversial en los ámbitos legislativo, políticos, académicos y religiosos, tanto por las formas como por el fondo, donde lo que ha estado en el centro de la discusión ha sido dividido por el eje de lo tradicional y lo así llamado progresista. De hecho se han hechos planteos por inconstitucionalidad de la ley N° 26944.
CAARA en Cuba
Tal como se anticipó en nuestra Memoria del ejercicio cerrado en abril 2014, en julio de 2015 CAARA presentó el SAO en II Congreso de Política, Derecho y Justicia Ambiental, desarrollado durante la X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en La Habana, Cuba, a la que asistieron representaciones de unos 50 países, con la participación de más de 1300 delegados.
La presentación estuvo a cargo de la Dra. Silvia Raninqueo, asesora legal ambiental de CAARA, quien destacó que la póliza ambiental argentina es una herramienta que garantiza al Estado el financiamiento de la recomposición del daño ambiental ocasionado por las actividades productivas, aplicando el Principio 16 de la Declaración de ECO RIO ’92, que promueve el criterio de que quien contamina debe cargar con los costos de esa contaminación, a la vez que previene ese daño, especialmente como consecuencia de la auditoría inicial que realiza la aseguradora para evaluar el riesgo asegurable y así definir el valor de la prima.
La Dra, Raninqueo apuntó que “el SAO ha sido diseñado para que, ante la ocurrencia de un siniestro ambiental, si el responsable de la actividad ambientalmente riesgosa, que es quien contrata la póliza, incumple su deber de recomponer el ambiente dañado, la tarea sea ejecutada, ineludiblemente, a través de empresas especializadas y habilitadas legalmente a esos efectos”.
La presentación de CAARA concitó el interés de la concurrencia en general por lo novedoso del sistema desarrollado con el propósito de proteger el interés del Estado, pero muy especialmente el de los juristas cubanos, en un momento en el que a raíz de la coyuntura internacional hay en perspectiva en su país de próximos y cuantiosos proyectos e inversiones, con los impactos ambientales consecuentes.
Por último CAARA desarrollo una intensa labor de comunicación a través de artículos periódicos en la revista Todo Riesgo, cada dos números se editó una columna sobre el SAO, gacetillas informativas en diversos medios de la actividad aseguradora como de otro tipo de especialización, participación informativa en programas específicos de seguros por televisión, disertaciones en parques industriales fundamentalmente de la Provincia de Buenos Aires, y participación activa en una Mesa de Trabajo formada por el MAyDS, y que actúa en su ámbito de gestión, para evaluar la evolución y desarrollo de la exigibilidad; estudiar los cambios normativos que pudieran corresponder, como también la ejecución de las pólizas ante incidentes que no fueron atendidos por los sujetos obligados.
También se participó con aporte asesor en Mesas de trabajos creadas en la ciudad de Tucumán (Prov. de Tucumán) y en el municipio de la ciudad de Salta (Prov. de Salta).
Estados Contables de CAARA al 30/04/2016.
Al igual que en ejercicio anteriores, los egresos se ajustaron de forma estricta al presupuesto de gastos proyectado para el ejercicio y que se cubre con las cuotas de las entidades afiliadas activas miembros de la Cámara
Por lo tanto el ejercicio económico financiero cerrado el 30/04/2016 muestra un superávit de $ 26.119,20, y el incremento de los gastos generales y de administración básicamente se originan en la actualización de los valores de honorarios, sueldos y cargas sociales.
CABA, 21 de julio de 2016.
Jorge Edgardo Furlan

References: Resolución 
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 Artículo 22
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 artículo 22
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 Artículo 14
 artículo 240
 artículo 240
 artículo 241
 artículo 18
 artículo 41
 artículo 1757
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