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Timestamp: 2020-06-01 19:58:50+00:00

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Salud, derecho y política – Mogambo
09/04/2020 8 min to read
Salud, derecho y política
Category : geopolítica, mundo, neoliberalismo, opinión, salud
La OMS cada vez más discutida como único organismo capaz de combatir la pandemia: medidas contradictorias, derechos civiles cercenados inútilmente y desaciertos a la hora de administrar recursos.
Por Azul Giménez.
“La vida va a ser mucho más complicada y mucho menos bella” dijo en una entrevista Sergio Romagnani, profesor emérito de la Universidad de Florencia, y uno de los inmunólogos italianos más celebrados del presente, gracias a su aporte en el control de la pandemia de Coronavirus en la región de Véneto, cuyas víctimas mortales han sido significativamente menores a las del resto de Italia. Como muchos otros especialistas, Romagnani es crítico de las medidas impartidas por parte de la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de ser un organismo burocrático que se ha alejado del trabajo de campo, propiciando la adopción de normativas ineficaces a nivel gubernamental. “Los políticos están siendo muy criticados, pero la verdad es que han tomado decisiones aconsejados por lo que les decían los técnicos de allí”, aseguró, enfatizando lo desacertado que resultó hacer test sólo en personas con síntomas (“los asintomáticos son mayoría y son los que más contagios generan”), no subrayar que los espacios cerrados son mucho más peligrosos que el aire libre y desalentar el uso de barbijos.
“Véneto está controlando el coronavirus por no seguir a la OMS. Ahora están cambiando el discurso, pero llegan tarde.” Para este científico italiano de 81 años que se autoconfinó mucho antes que el resto por formar parte de un grupo vulnerable, la OMS tampoco tuvo en cuenta los aspectos económicos y cumplió un rol definitorio a la hora de malgastar el dinero: “¿Cuánto cuesta un test? ¿Una decena de euros? ¿Algo más? Lo digo porque tener en terapia intensiva a un paciente durante 20 días en Italia cuesta entre 50.000 y 60.000 euros”. Los costos son equivalentes en casi todo el mundo, pero la discusión sobre privilegiar la inversión en testeos para no confinar masiva e inútilmente sigue sin laudarse. Sin embargo, debido al avance de la pandemia, las voces que instan a no ceñirse exclusivamente a la OMS también aumentan. Muchos hablan de la necesidad de reconfigurar las medidas sanitarias en función de las economías regionales y, en lugares con economías deprimidas como América Latina, cobra fuerza la idea de encontrar un camino que no provoque la exclusión definitiva de los sectores populares. Mucho se habló en la prensa independiente de la imposibilidad de mantener las distancias físicas necesarias en los ambientes mínimos de los barrios de emergencia, o de lavarse permanentemente las manos cuando no se tiene agua corriente.
¿Qué sabemos sobre la OMS en el presente?
A nivel masivo, casi nadie conoce a sus jefes ni sabe cuáles sus funciones específicamente. Su sello sirve para viralizar preceptos o recomendaciones como “amamantar hasta los dos años” o “llevar una dieta balanceada”, pero no mucho más. Pocos están al tanto de las críticas crecientes de la comunidad sanitaria internacional ante la politización de un organismo pensado para regirse por criterios científicos y pocos entienden bien cuáles son sus relaciones con las multinacionales farmacéuticas. Pero con más de un millón y medio de infectados, cerca de 87.000 muertos y más de medio mundo en cuarentena, cada vez más voces piden la cabeza del actual director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El 23 de enero, la OMS convocó un comité de urgencia en su sede central de Ginebra en tanto China ponía en cuarentena a los 11 millones de habitantes de Wuhan y la organización debía decidir si declaraba el nuevo coronavirus “emergencia de salud pública global” pero en vez de dar la voz de alarma, decidió esperar. Días después, Tedros viajó a Pekín para reunirse con Xi Jinping y dio al mundo un mensaje tranquilizador. Hoy, muchos gobiernos insisten con tomarla como el único agente capaz de garantizar el éxito contra la pandemia.
Algunos aspectos jurídicos sobre el decreto que llevó a la cuarentena en nuestro país
Según explica el abogado Leandro Morzone, la figura de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” se ha traducido en un Toque de Queda Total en todo el territorio nacional:
“Se denomina toque de queda a la medida que establece un gobierno en situaciones excepcionales para limitar la libre circulación por las calles y la permanencia en los espacios públicos.”
Por lo tanto, explica Morzone, esta figura establecida por decreto del Poder Ejecutivo no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico; tampoco se encuentra fundada en nuestra Constitución Nacional ni en los tratados internacionales que la integran y forman parte del bloque constitucional. Tal suspensión de los derechos constitucionales se encuentra fundada en una interpretación del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (tratado que no forma parte de nuestro bloque constitucional) en su artículo 12 inciso 3.
Esta situación afecta gravemente todos los derechos civiles y económicos básicos por ella establecidos, como son el derecho a circular libremente, el derecho a trabajar, a salir y entrar de su país. Al mismo tiempo, el decreto no respeta los preceptos, ni el espíritu del Pacto en que se funda, ya que vulnera de manera total los principios que este busca garantizar al tiempo que establece las “restricciones” que éste admite sólo excepcionalmente, pero sin que éstas se encuentren fundadas en ley, como se exige en dicho Pacto.
Por el momento, Argentina se encuentra completamente alineada a las directivas de la OMS. Afortunadamente, contagios y muertes son mínimos en comparación a países como Italia, Francia, España y Estados Unidos, pero se abren cada vez más interrogantes relacionados al futuro de una economía paralizada por el confinamiento. Los detractores del gobierno se preguntan si las colas en los bancos el 4 de abril detonarán una ola de contagios o si probarán que el aislamiento no es una medida tan central como se comunica, en tanto el oficialismo insiste en que la cuarentena se extenderá, acorde a lo que la OMS recomienda para nosotros y para el mundo.
Desde el 20 de marzo, rige un decreto presidencial denominado “Aislamiento Social preventivo y obligatorio” (297/2020) por el cual se suspendió, entre otros, el Artículo 14 de la Constitución que establece los siguientes derechos: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”. Tal suspensión de los derechos constitucionales se funda en una interpretación del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (tratado que no forma parte de nuestro bloque constitucional) en su artículo 12 inciso 3. El Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo dice textualmente: “En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inciso 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”. Surge de dicho artículo que los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo las previstas por la Ley. Algunos de los derechos mencionados en el Artículo 12 son:
Por todo esto es fácil inferir que la figura de “Aislamiento Social Preventivo Obligatorio” no se encuentra fundada en ley ni en la Constitución, al tiempo que afecta derechos civiles y económicos básicos al no ceñirse a los preceptos del Pacto en que se funda. Es fácil ver como la injerencia de la OMS va más allá de lo sanitario y afecta aspectos civiles, políticos, legales y económicos. Para Romagnani, el control de un virus letal cuya vacuna “podrá aparecer recién en un año y es posible que no inmunice del todo”, no está en manos de un organismo que, además, es controlado en un 70 por ciento por farmacéuticas que no obran desinteresadamente, sino en invertir con inteligencia los recursos y en no confiar excesivamente en el encierro indiscriminado, que termina por coartar derechos básicos y dañar irreparablemente la economía de todos los sectores que no sean muy altos. “Hay que hacer test en todas las categorías que pueden ser vector de contagio por el trabajo que desarrollan; médicos, policías, farmacéuticos, personal de supermercados. ¡En Lombardía no se los hacían ni a los médicos! ¡En los hospitales no se hacían a nadie! Lo peor es que seguían las recomendaciones de la OMS, que decía que había que hacer test solo a los que tenían síntomas (…) También desalentaban el uso de barbijos”.
Romagnani parece haber entendido que en momentos de crisis el juicio crítico sobre las instituciones globales no debería suspenderse, ni soslayarse la posibilidad de desarrollar políticas propias, para aferrarse a recetas cuyo mayor fundamento está en el prestigio de una sigla. Estas políticas no pueden pensarse por fuera de las coyunturas nacionales: ¿hasta qué punto, en un país con la tradición histórica de la Argentina, es conveniente suspender las garantías constitucionales para otorgar en cambio un poder discrecional a las fuerzas de seguridad? Así como ciertos aislamientos o “cuarentenas” funcionaron como un “cortafuego” clave para detener la expansión de la pandemia, podríamos someter a un test profundo a los modelos promovidos a escala global.
Tags: aislamiento,argentina,constitución,crisis,cuarentena,derechos,economía,oms,pandemia,salud,Sergio Romagnani
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References: artículo 12
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