Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-534-08.htm
Timestamp: 2019-07-23 09:10:35+00:00

Document:
C-534-08
Sentencia C-534/08
ENMIENDA A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS
CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez en la representación de un Estado
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Subsanación de vicio identificado por la Corte Constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de los requisitos para su aprobación, luego del saneamiento de que fue objeto como consecuencia de lo ordenado por la Corte Constitucional
CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS-Objeto
La Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales es un instrumento de derecho internacional humanitario, concebido para limitar el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra que causen daños superfluos o extensos, duraderos y graves, o sufrimientos innecesarios y su enmienda busca extender el campo de aplicación de la Convención y de sus Protocolos I, III, IV, a los conflictos armados no internacionales, en aras de brindar protección integral a la población civil, y a los propios combatientes, contra los efectos de las hostilidades y las consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos, por lo que reiterando la posición adoptada en la sentencia C-156/99, la Corte procederá a declarar exequibles tanto la enmienda como la Ley 1072 de 2006, aprobatoria de dicha enmienda
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008).
1. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, envió fotocopia auténtica de la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
2. En Auto del veintiocho (28) de agosto de dos mil seis (2006), el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto. En la misma providencia, solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de las votaciones. Así mismo, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación de los plenos poderes de la persona que intervino en la suscripción del tratado.
De la misma manera, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
3. Efectuado el juicio de constitucionalidad correspondiente, la Sala Plena de esta Corporación, a través del Auto No. 119 de nueve (09) de mayo de dos mil siete (2007), encontró que en el trámite legislativo que antecedió a la aprobación de la Ley 1072 de 2006, concretamente durante el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se había incurrido en un vicio de procedimiento de naturaleza subsanable, “consistente en no haberse cumplido con el requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política”. En consecuencia, se ordenó en la parte resolutiva de dicha providencia lo siguiente:
“PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corporación, DEVUÉLVASE a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley número 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, con el fin de que subsane el vicio de procedimiento señalado en esta providencia.
TERCERO.- Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la Cámara de Representantes dispondrá hasta el 16 de diciembre de 2007, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo.
QUINTO.- Cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley correspondiente, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.”
4. Mediante escrito radicado en la Presidencia de la Corte Constitucional el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2007), el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió nuevamente a esta Corporación “fotocopia autenticada de la Ley 1072 de 31 de julio de 2006 (sancionada nuevamente en noviembre 21 de 2007)”.
5. De igual manera, en escrito del 17 de diciembre de 2007, radicado en la Secretaría General de esta Corporación el día 18 de enero de 2008, la Presidenta del Senado de la República remitió a esta Corporación la “Ley 1072 de 2006, sancionada nuevamente por el presidente de la República el 21 de noviembre de 2007”, anunciando que se encontraba “[d]ebidamente cumplido el trámite solicitado por la Honorable Corte Constitucional en Auto A -119 del 9 de mayo de 2007…”
6. Sin embargo, dado que no se habían remitido a esta Corporación las gacetas en las que constara el trámite legislativo que se surtió en relación con la Ley 1072 de 2006, orden que se había consignado en el numeral quinto del Auto No. 119 de 2007, a través de Auto de once (11) de diciembre de dos mil siete (2007), el Magistrado Sustanciador requirió al Presidente del Congreso de la República para que enviara los documentos señalados.
7. Finalmente, mediante escrito de dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008) el Subsecretario General del Senado de la República remitió a la Corte Constitucional las gacetas solicitadas.
Así las cosas, cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corporación a decidir sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
El texto de la norma inicialmente publicada en el Diario Oficial No. 46.346 de 31 de julio de 2006 y luego nuevamente publicada en el Diario Oficial 46.819 de 21 de noviembre de 2007, es el que se transcribe a continuación:
“LEY 1072 DE 2006
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.”
III. INTERVENCIONES[1]
De acuerdo con el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión constitucional de “La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza, y de la Ley 1072 de 2006 que la aprueba.
2. La revisión formal de la Ley 1072 de 31 de julio de 2006
Tal como se señaló en los antecedentes de esta providencia, una vez sometida al control de constitucionalidad, la Ley 1072 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, fue devuelta al Congreso de la República mediante el Auto No. 119 de nueve (09) de mayo de dos mil siete (2007), al encontrar esta Corporación que se incurrió en un vicio de forma durante el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,“consistente en no haberse cumplido con el requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política”.
Surtido el trámite encaminado a subsanar el aludido vicio, según lo ordenado en el Auto 119 de 2007, la ley aprobatoria de la enmienda de la referencia regresa al control constitucional de esta Corporación.
Corresponde entonces a la Corte Constitucional determinar de manera definitiva, si se cumplieron los presupuestos establecidos en la Carta para el trámite de las leyes aprobatorias de tratados internacionales y si se observaron las previsiones establecidas en el Auto 119 de 2007, para la subsanación del vicio indicado.
2.1. Del trámite constitucional surtido por el Acuerdo y por la ley aprobatoria
De las diligencias obrantes en el expediente se colige que el trámite dado al proyecto de ley No. 73/05 Senado, 264/06 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1072 de 2006, fue el siguiente:
2.1.1. La Negociación y la Celebración del Acuerdo
Teniendo en cuenta la información precedente, observa la Corte que respecto de la “Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, se encuentra cumplido el requisito de representación del Estado. Conforme se anotó, el aludido Memorando de Entendimiento fue suscrito por la Misión permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en Ginebra, en el marco de la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte, realizada en Ginebra, Suiza del 11 al 21 de diciembre, la cual, de acuerdo con el artículo 7.2.c) de la Convención de Viena de 1969, estaba legitimada para representar al Estado colombiano en la suscripción del tratado en razón de que se trata de “representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional”.
2.1.2. Trámite original del proyecto de ley aprobatoria
Tal como lo dispone el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, es el encargado de dirigir las relaciones internacionales y, en esa medida, es la autoridad facultada para celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que es necesario someter a la aprobación del Congreso de la República mediante ley.
Apoyada en las certificaciones que fueron remitidas por el Senado y la Cámara de Representantes, los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, la Corte pudo determinar que el trámite surtido originalmente en esa Corporación para la expedición de la Ley 1072 de 2006 fue el siguiente:
A Trámite en el Senado de la República
- El proyecto de ley aprobatoria de ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, comenzó su trámite en el Senado de la República, donde fue radicado el 28 de febrero de 2005 por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson, el Ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Alberto Uribe Echavarría y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Sandra del Rosario Suárez Pérez, correspondiéndole el número de radicación 73/05 Senado. El texto original del proyecto y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 561 del 25 de agosto de 2005 (Pág. 1-3, a folios 76-77 del Cuaderno de Pruebas 2).
- La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave e Isabel María Figueroa G. y publicada en la Gaceta del Congreso No. 824 del 18 de noviembre de 2005. (Pág. 7-10).
- En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 73/05 por parte de la Comisión Segunda del Senado fue anunciada el 29 de noviembre de 2005, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 30 de noviembre de 2005, tal como consta en el Acta No. 13 del 29 de noviembre del mismo año, publicada en la Gaceta No. 124 del 17 de mayo de 2006 (Pág. 2, a folio 3 del Cuaderno de Pruebas 4).
- La aprobación del Proyecto de Ley 73/05 por parte de la Comisión Segunda del Senado se cumplió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. Así, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 29 de noviembre de 2005, es decir, en la sesión del 30 de noviembre del mismo año, por votación unánime a favor de doce (12) de los trece (13) senadores que conforman la citada Comisión, tal y como consta en el Acta No. 14 de la misma, fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 124 de 2006.
- La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave e Isabel María Figueroa González y publicada en la Gaceta del Congreso No. 897 del 14 de diciembre de 2005 (Pág. 1-4, a folios 89-90 del Cuaderno de Pruebas 2).
- En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 73/05 en Plenaria de Senado fue anunciada en la sesión del 14 de diciembre de 2005, para llevarse a cabo en la siguiente sesión, tal como consta en el acta No. 34 de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 18 del 30 de enero de 2006 (Pág. 45-46, a folios 154-155 Cuaderno de Pruebas 3).
- La aprobación del Proyecto de Ley 73/05 por parte de la Plenaria del Senado ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 14 de diciembre de 2005, es decir, en la sesión del 15 de diciembre de 2005, por votación unánime a favor de noventa y tres (93) Senadores, tal y como consta en el Acta No. 35 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 19 del 30 de enero de 2006.
B Trámite en la Cámara de Representantes
- El proyecto de ley 73/05 - Senado, aprobatorio de ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, fue radicado en la Cámara de Representantes con el número 264/06 Cámara.
- La ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley 264/06 fue presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y publicada en la Gaceta del Congreso No. 126 del 18 de mayo de 2006. (Pág. 6-8, a folios 97-98 del Cuaderno de Pruebas 2).
- En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue anunciada en la sesión del 17 de mayo de 2006. Dicho anuncio tuvo lugar en sesión conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, ante el mensaje de urgencia presentado por el Gobierno Nacional para acelerar la aprobación del proyecto de ley 254/06 Senado, 271/06 Cámara, “Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la Defensa y Seguridad Nacional”[2].
- Aprobado el mencionado proyecto por ambas cámaras legislativas, en la misma sesión del 17 de mayo de 2006 las comisiones procedieron a realizar los anuncios y convocatorias, incluyendo, como ya se anotó, para el caso de la Comisión Segunda de la Cámara, el anuncio para votación del Proyecto de Ley 264/06. Sin embargo, dicho anuncio no incluyó la indicación de la sesión en la cual la votación del citado proyecto debía llevarse a cabo, ni tampoco era posible deducir tal hecho del contexto de la sesión. Así consta en el Acta No. 01 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 1 de septiembre de 2006 (Pág. 12 de la Gaceta, a folio 14 del Cuaderno de Pruebas 5), en la que se dejo constancia que, al dársele la palabra a la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, ésta se limitó a señalar “Anuncio proyectos de ley”, expresión que no permite precisar con cierto nivel de claridad una fecha determinada o determinable para llevar a cabo la discusión y aprobación del proyecto.
Terminada la sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes convocó a los miembros de dicha comisión para la sesión del 30 de mayo de 2006, tal como consta en el Acta No. 01 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 1° de septiembre de 2006. (Pág. 12 de la Gaceta, a folio 14 del Cuaderno de Pruebas 5).
- La aprobación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar en la sesión del 30 de mayo del mismo año, por votación unánime a favor de diecisiete (17) Representantes que conforman la citada Comisión, tal y como consta en el Acta No. 23 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 340 del 4 de septiembre de 2006.
- La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y publicada en la Gaceta del Congreso No. 175 del 8 de junio de 2006. (Pág. 27-28, a folios 42-43 del Cuaderno de Pruebas 1).
- En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto en la Plenaria de la Cámara fue anunciada el 7 de junio de 2006, para llevarse a cabo en la sesión siguiente, tal como consta en el acta No. 234 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 220 del 27 de junio de 2006 (Pág. 23, a folio 132 del Cuaderno de Pruebas 1).
- La aprobación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 7 de junio de 2006, es decir, en la sesión del 13 de junio del mismo año, por votación favorable de la mayoría de los Representantes presentes, tal y como consta en el Acta No. 235 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 229 de 2006.
- Finalmente, el día 31 de julio de 2006, el Presidente de la República sancionó la Ley 1072, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
2.1.3. Detección del vicio
Con posterioridad al trámite legislativo descrito, la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional el 8 de agosto de 2006, copia de la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, con el objeto de adelantar el trámite de revisión constitucional, previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
Dentro del trámite de revisión constitucional, la Corte concluyó lo siguiente:
- Que el proyecto 73/05 Senado – 264/06 Cámara, que concluyó con la expedición de la Ley 1072 de 2006, inició su trámite en el Senado de la República, tal y como lo dispone el artículo 241-10 de la Carta. Además, en virtud de lo establecido en el artículo 157 Superior, el referido proyecto fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P. art. 157-1), se aprobó en primer debate en las correspondientes Comisiones Segundas de Senado y Cámara (C.P. art. 157-2), fue aprobado en segundo debate en las Plenarias de cada Cámara (C.P. art. 157-3) y recibió la debida sanción presidencial (C.P. art. 157-4).
- Que entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un lapso no inferior a los ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 Superior. En efecto, mientras que la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 30 de noviembre de 2004, la ponencia para segundo debate en la Plenaria fue presentada el 15 de diciembre del mismo año. Asimismo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara se llevó a cabo el 30 de mayo de 2006, en tanto que la ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara fue presentada el 13 de junio de 2006.
- Que entre la aprobación del proyecto en el Senado, 15 de diciembre de 2005, y la iniciación del debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, 30 de mayo de 2006, transcurrió un tiempo no inferior a los quince días, tal como lo ordena el artículo 160 de la Constitución Política.
- Que las sesiones en las comisiones y plenarias de ambas Cámaras se llevaron a cabo observando el quórum requerido, y que el proyecto fue aprobado por mayoría de los congresistas asistentes, tal como consta en las Actas referenciadas en el acápite anterior y como lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones y plenarias anexas al expediente.
No obstante lo anterior, en el proceso de control constitucional, esta Corporación identificó en la Ley 1072 de 2006 un vicio de procedimiento durante el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,“consistente en no haberse cumplido con el requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política”. En efecto, mediante Auto 119 de 2007 la Corte manifestó:
“A partir de las consideraciones expuestas y de acuerdo con la descripción del proceso de formación de la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, constata la Corte que en el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes no se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el inciso 5° del artículo 160 Superior, toda vez que el Proyecto de Ley 264/06 Cámara, que concluyó con la expedición de la citada ley, fue votado en la sesión del 30 de mayo de 2006, sin que previamente se hubiere anunciado que en dicha sesión se realizaría la votación y sin que tal hecho hubiere podido deducirse del contexto.
Como complemento de lo anterior, también se encuentra acreditado en el Acta 01 del 17 de mayo de 2006, que durante el curso de la reunión no se hizo ninguna otra referencia a la sesión en que habrían de ser debatidos y votados los proyectos anunciados, con lo cual se descarta de plano la posibilidad de que tal hecho pudiera deducirse del contexto de la reunión. Sobre esto último, se observa en la precitada acta que luego de la manifestación de la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, en el sentido de señalar: “Anuncio proyectos de ley”, la misma funcionaria procedió a enumerar una serie de proyectos -entre los que se cuenta el que ahora es objeto de análisis- para luego proceder, de forma inmediata, a dar por terminada la sesión y a convocar para la siguiente.”
Con base en tal consideración, y siguiendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la Corte concluyó que el vicio enunciado era de carácter subsanable por haber ocurrido en la Cámara de Representantes y no en la Cámara donde por expresa disposición constitucional debe iniciarse el trámite del proyecto, esto es, en el Senado de la República (C.P. art. 154).
En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, a fin de que fuera repuesta la actuación, para lo cual se le concedió un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del Auto en mención; de acuerdo con dicha providencia, la fecha límite en la que debían cumplirse las etapas posteriores del proceso legislativo era el día 16 de diciembre de 2007.
Por último, la Corte dispuso que el Presidente de la República debía sancionar el respectivo proyecto de ley dentro de los términos constitucionales y, posteriormente, remitir a la Corte Constitucional la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
2.1.4. Trámite legislativo de la ley aprobatoria realizado por el Congreso de la República en cumplimiento del Auto 119 de 2007
Mediante oficio de 29 de mayo de 2007, la Secretaría de la Corte Constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el Auto 119 de 2007, remitió al Presidente de la Cámara de Representantes copia de la Ley 1072 de 2006, la cual fue recibida en la misma fecha en esa Corporación[3].
En cumplimiento de dicho Auto, la Cámara de Representantes adelantó el siguiente trámite para subsanar el vicio de forma identificado en la Ley 1072 de 2006, ocurrido durante el trámite del tercer debate en la Comisión Segunda de dicha Corporación, “consistente en no haberse cumplido con el requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política”:
- Como quiera que el vicio de forma tuvo lugar a partir de no haberse hecho en legal forma el anuncio para votación del proyecto, se mantuvo la publicación del proyecto de ley original. Así, la ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley 264/06, “La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, fue presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y publicada en la Gaceta del Congreso No. 126 del 18 de mayo de 2006. (Pág. 6-8, a folios 97-98 del Cuaderno de Pruebas 2).
- En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada en la sesión del jueves 14 de junio de 2007, para ser votada en la siguiente sesión, tal y como consta en el Acta No. 37 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 538 de 23 de octubre de 2007 (Pág. 13 de la Gaceta). El siguiente es el texto del anuncio:
Anuncio de proyectos de ley para discusión y votación en la próxima sesión de Comisión para darles primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003.
(...) 2. Para subsanar vicio de procedimiento de acuerdo con el Auto número 119 del 9 de mayo de 2007, emanado de la Corte Constitucional.
Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, 264 de 2006 Cámara, por medio del cual se aprueba la Enmienda al artículo 1º de la Convención Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de examen de los Estados Parte en la Convención, el 21 de diciembre de 2001, en Ginebra, Suiza.
Publicación ponencia primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso número 126 de 2006. (…)”
Posteriormente, el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes convocó la siguiente sesión para el día martes 19 de junio de 2007, quedando claro que el anuncio para votación del proyecto se hizo para la sesión del martes 19 de junio. Sobre el particular, se dijo expresamente:
Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes. (…)[4].
- La aprobación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Comisión Segunda de la Cámara, tuvo lugar de acuerdo con el anuncio realizado en la sesión inmediatamente anterior. Por tanto, el proyecto fue aprobado en la sesión del martes 19 de junio de 2007, por votación unánime a favor de trece (13) Representantes, tal y como consta en el Acta No. 38 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 538 de 2007 (Pág. 19 de la Gaceta). Este hecho se destaca en el mencionado documento en los siguientes términos:
Segundo proyecto de ley para subsanar vicio de procedimiento, de acuerdo con el Auto número 119 del 9 de mayo de 2007, emanado de la Corte Constitucional.
Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, 264 de 2006 Cámara, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1° de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la Convención el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco; Ministro de Defensa, doctor Jorge Echavarría; Ministra de Ambiente, doctora Sandra Suárez.
Ponentes: honorables Senadores Manuel Ramiro Velásquez, Isabel María Figueroa; honorable Representante Carlos Ramiro Chavarro.
Publicación del proyecto: Gaceta del Congreso número 561 de 2005.
Publicación ponencia en primer debate en Senado: Gaceta del Congreso número 824 de 2005.
Publicación ponencia segundo debate en Senado: Gaceta del Congreso número 898 de 2005.
Publicación ponencia primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso número 126 de 2006.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo Realpe:
En qué consistió el vicio y cuál es la misión de esta Comisión sobre este proyecto, señora Secretaria.
El vicio consistió en que el anuncio que se hizo por parte de la Secretaria en su momento no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Constitución, principio de publicidad, en donde el Presidente de la Comisión siempre debe decir con claridad con una fecha cierta o determinable, por lo menos cuándo se iría a votar el proyecto de ley. La sentencia es más o menos, señor Presidente, el Auto de 35 páginas; le resumo, la Corte dice que es un vicio subsanable y que se debe hacer es desde el momento, que no hay necesidad de repetir la publicación sino repetir el anuncio, es desde ese momento en adelante que debe volverse a surtir el trámite, señor Presidente.
Muy bien, entonces leamos la proposición con que termina el informe de esa ponencia.
Por las consideraciones anteriormente expuestas en la ponencia favorable que presentamos, dese primer debate al Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptado en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza, conforme al texto presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y aprobado en Plenaria del Senado.
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
En consideración el informe de la ponencia leído. Abro la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Se cierra. ¿Aprueba la Comisión Segunda el informe de ponencia leído?
Aprobado el informe de ponencia leído, señor Presidente.
Cuántos artículos tiene, informe si hay alguna proposición sobre los mismos.
Señor Presidente, son tres artículos y hasta el momento no existe ninguna proposición sustitutiva o modificativa, señor Presidente.
En consideración el articulado de ese proyecto. Abro la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Se cierra. ¿Aprueba la Comisión Segunda el articulado leído?
Aprobado el articulado puesto en consideración, señor Presidente.
Título del proyecto, señora Secretaria.
Por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza.
En consideración el título del proyecto. Abro la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Se cierra. ¿Aprueba la Comisión Segunda el título del proyecto leído?
Aprobado el título del proyecto leído, señor Presidente.
¿Quiere la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que este proyecto pase al siguiente debate en la Plenaria y se convierta en ley de la República?
Sí lo quiere, señor Presidente.
¿No hay ponente designado, verdad?
Entonces, designamos a la doctora Fabiola Olaya como ponente para la Plenaria de la Cámara. Siguiente punto del Orden del Día. (…)”
- La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara fue presentada por la Representante Fabiola Olaya Rivera y publicada en la Gaceta del Congreso No. 379 de agosto 14 de 2007. (Pág.8-10, a folios 48-50 del Cuaderno de Pruebas 6).
- En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto en la Plenaria de la Cámara fue anunciada el martes 14 de agosto de 2007, para llevarse a cabo en la sesión siguiente, tal como consta en el acta No. 64 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 422 del 31 de agosto de 2007 (Pág. 24). El texto del anuncio es el que sigue:
“El Secretario General de la Cámara de Representantes, doctor Angelino Lizcano Rivera, informa:
Señor Presidente, en el siguiente punto proposiciones y varios de primero cumpliendo sus instrucciones, vamos a anunciar los proyectos para la próxima sesión Plenaria ¿qué es?
Dirige la sesión el Primer Vicepresidente Bérner Zambrano Erazo:
El próximo martes, señor Secretario y honorables Parlamentarios, estaríamos convocando, anunciando el proyecto que el Ponente aceptó, lo mismo el proyecto del Representante Flórez, más los que usted anuncie, señor Secretario.
El Secretario General de la Cámara de Representantes, doctor Angelino Lizcano Rivera, informa:
Anuncio de Proyectos para el martes 21 a las 3 de la tarde son los siguientes:
La Subsecretaria Auxiliar de la Cámara de Representantes, doctora Flor Marina Daza procede a anunciar los proyectos de ley.
(...) Proyectos para segundo debate:
- Corrección de vicio de procedimiento según Auto A-119 de 2007 de la Corte Constitucional al Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 73 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1° de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
- Adoptada en la segunda Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención del 21 de diciembre de 2001, en Ginebra, Suiza. (…)”
Y, posteriormente, el Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes, quien dirigía la sesión, ordenó convocar la siguiente sesión para el día martes 21 de agosto de 2007. Sobre el particular se señaló expresamente:
“Dirige la sesión el Primer Vicepresidente Bérner Zambrano Erazo:
Una vez agotado el Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 6:55 p. m., y se convoca para el próximo martes 21 de agosto de 2007, a las 3:00 p.m.”
- La aprobación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes ocurrió de acuerdo con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 14 de agosto de 2007, es decir, en la sesión del 21 de agosto del mismo año, por votación favorable de la mayoría de los Representantes presentes, tal y como consta en el Acta No. 65 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 451 de septiembre 14 de 2007.
Lo referente a la consideración y votación del proyecto, quedó consignado en la respectiva Acta, de la siguiente manera (Pág. 10-11 de la Gaceta):
Aprobado, Presidente
Corrección de vicios de procedimiento. Esto es cumpliendo un instructivo, mediante providencia de la Corte Constitucional.
Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 067 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la convención sobre prohibiciones o restricciones de el empleo de ciertas armas convencionales, que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Adoptada en la segunda conferencia de examen de los estados, parte en la convención el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra.
Devuelto con Auto número 119 de 2007 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, para subsanar vicio del procedimiento de la Ley 1072 del 31 de julio de 2006.
Por las anteriores consideraciones, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes, se dé segundo debate al Proyecto de ley 73 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo primero, de la convención, sobre prohibición o restricción de empleo de ciertas armas convencionales.
Fabiola Ocaña.
Presidente puede someter el informe de ponencia, subsanando unos vicios de procedimiento.
En consideración el informe con que termina subsanando los vicios que se han presentado, continúa su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueban la Cámara?
Secretaría General, doctor Angelino Lizcano R., informa:
Aprobado Presidente
Tres artículos, los puede someter en bloque.
En consideración los artículos mencionados, continúa su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueban?
El título señor Secretario.
Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la convención, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
Adoptada en la segunda conferencia, del 21 de diciembre de 2001, en Suiza.
Está leído el título Presidente.
En consideración el título leído, continúa su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la Cámara?
¿Quiere la Cámara que el Proyecto de ley sea ley de la República?
Así lo quiere Presidente.
Siguiente texto Proyecto para segundo debate (…).”
- Llegado a este punto el trámite legislativo, el Secretario General de la Cámara de Representantes remitió el expediente contentivo del Proyecto de Ley 264/06 a la Presidencia del Senado de la República, con el fin de disponer lo pertinente a su sanción.
Sin embargo, mediante oficio de 05 de septiembre de 2007 el Jefe de la Sección Leyes del Senado de la República devolvió el expediente del proyecto a la Cámara de Representantes, por cuanto “el texto definitivo aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes es diferente al texto sancionado por el Gobierno Nacional como la Ley 1072 de 2006 y la Corte Constitucional mediante Auto 119 de 2007, expediente LAT-292, ordenó la corrección de un vicio de procedimiento subsanable por el Congreso, que consiste en repetir el trámite en consideración, discusión y votación del proyecto tanto en Comisión Segunda como en Plenaria de Cámara dando cumplimiento al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, sin hacerle modificaciones al mismo.”[5]
Las diferencias existentes entre el texto de la Ley 1072 de 2006 sancionado por el Gobierno Nacional y el aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes consistían, específicamente, en errores menores de digitación sobre algunos contenidos de los artículos 1° y 2° de la citada ley. Respecto del artículo 1°, fueron dos los errores detectados: (i) el primero de ellos en una de las letras de la palabra con que inicia dicho artículo, pues mientras en el proyecto que fue sancionado por el Gobierno como la Ley 1072 de 2006 se había consignado la palabra “Apruébese”, en el proyecto aprobado nuevamente por la Plenaria de la Cámara de Representantes se había escrito la palabra “Apruébase”. El (ii) segundo de ellos se presentó con respecto a una comilla (”) que precede a la palabra ‘INDISCRIMINADOS’ ” en el texto sancionado por el Gobierno como la Ley 1072 de 2006, y que no aparece en el proyecto aprobado por la Plenaria de la Cámara. En relación con el artículo 2° los errores de digitación fueron tres: (i) los dos primeros en relación con el uso de signos de puntuación, ya que mientras en el proyecto sancionado por el Gobierno como la Ley 1072 de 2006 las palabras “INDISCRIMINADOS,” y “Suiza,” estaban seguidas de una coma (,), en el proyecto aprobado nuevamente por la Plenaria de la Cámara de Representantes se habían escrito las palabras “INDISCRIMINADOS.” y “Suiza.” seguidas de un punto (.). Finalmente, el tercer error de digitación se advierte en relación con el término “primero”, en la medida en que en el proyecto sancionado por el Gobierno como la Ley 1072 de 2006 aparece escrito en palabras “primero”, lo que no ocurre que en el proyecto aprobado nuevamente por la Plenaria de la Cámara de Representantes donde aparece escrito en números “1°”. Los mencionados errores pueden apreciarse mejor en el siguiente cuadro:
Texto sancionado por el Gobierno Nacional
Texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes
“ARTÍCULO PRIMERO. Apruébase la “ENMIENDA AL ARTÍCULO I DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza.”
“ARTÍCULO PRIMERO. Apruébese la “Enmienda al artículo 1 de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la segunda conferencia de examen de los estados parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza.”
“ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “ENMIENDA AL ARTÍCULO I DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.”
“ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7ª de 1944, la “Enmienda al artículo I de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”. adoptada en la segunda conferencia de examen de los estados parte en la convención , el veintiuno (21) de diciembre de dos mil Uno (2001), en Ginebra, Suiza. Que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.”
Con esas observaciones el expediente fue recibido nuevamente por el Secretario General de la Cámara de Representantes el día 05 de septiembre de 2007 y remitido el día 06 del mismo mes y año (mediante Oficio No. S.G.2.2009/07) al Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, con el fin de que se corrigiera el texto de la ponencia presentada para cuarto debate[6].
Mediante Oficio de 18 de septiembre de 2007, la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes remitió al Secretario General de la Cámara el expediente del Proyecto 264/06, junto con la copia de la ponencia corregida y del articulado aprobado en la Comisión el 19 de junio de 2007, “para repetir su trámite en la plenaria de la Corporación”.[7]
- Nuevamente se efectuó la publicación de la ponencia presentada para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara por la Representante Fabiola Olaya Rivera, tal como consta en la Gaceta del Congreso No. 464 de septiembre 20 de 2007. (Pág. 1-3, a folios 15-17 del Cuaderno de Pruebas 6). En esa publicación se hizo la siguiente precisión:
“Una vez analizado el tema del Oficio número S.G.2.2009 del 6 de septiembre de 2007, remitido por la Secretaría General de la Cámara a esta comisión y revisado el expediente y el acta de la sesión donde se aprobó en primer debate, confirmamos que el texto autorizado para Segundo debate correspondiente al Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, 264 de 2006 Cámara, por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al artículo 1° de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptado en la segunda conferencia de examen de los estados parte en la convención, el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza” y que hace parte de los documentos de la ponencia para segundo debate, radicada en esa Secretaría el día 9 de agosto de 2007, fue erróneamente digitado terminológica y gramaticalmente, razón por la cual se hace necesario la repetición del trámite en segundo debate a dicho proyecto de ley con las nuevas especificaciones tal y cual fueron aprobadas en la sesión del día 19 de junio de 2007 en la Comisión Segunda de la Cámara.
(…)El Presidente,
Pilar Rodríguez Arias.”
- La votación del Proyecto 264/06 en la Plenaria de la Cámara, fue anunciada el martes 25 de septiembre de 2007 para llevarse a cabo en la sesión siguiente del día martes 2 de octubre del mismo año. Así consta en el Acta No. 73 de 25 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso No. 550 de 1° de noviembre de 2007 (Pág. 28). El texto del anuncio es el que sigue:
“Dirige la Sesión el Vicepresidente, honorable Representante Bérner León Zambrano Erazo:
Antes de las proposiciones, señor Secretario por favor anuncie los proyectos para el próximo martes a las tres de la tarde.
El Secretario General, doctor Angelino Lizcano Rivera, informa:
Presidente, pero antes de los anuncios solicítele a la Plenaria si quiere declararse en sesión permanente.
Dirige la Sesión el Vicepresidente, honorable Representante Bérner León Zambrano Erazo:
¿Quiere la Plenaria declararse en sesión permanente?
La Subsecretaria Auxiliar, doctora Flor Marina Daza, procede con la lectura:
(…) Corrección vicio de procedimiento, Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1° de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, que pueden considerarse excesivamente nocivas o efectos indiscriminados adoptada en la segunda conferencia de examen de los estados parte en la convención, el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra Suiza.
(…) Están anunciados los proyectos para la próxima sesión del día martes, señor Presidente.
El próximo martes a las tres de la tarde, 2 de octubre. (…)”
- La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley 264/06 de acuerdo con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En efecto, el proyecto fue aprobado en la sesión del día martes 2 de octubre de 2007, por votación favorable de la mayoría de los Representantes presentes, tal y como consta en el Acta No. 75 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 540 de 24 de octubre de 2007. Este hecho quedó consignado en los siguientes términos:
(…) V
Corrección Vicio de Procedimiento
· Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba “la Enmienda al artículo 1° de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001) en Ginebra, Suiza.
NOTA: En la plenaria del 21 de agosto de esta Corporación se aprobó la corrección para subsanar el vicio de procedimiento de este proyecto, la anterior venía con errores mecanográficos involuntarios de la Comisión Segunda, se somete nuevamente la corrección del vicio de procedimiento.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson; Ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Alberto Uribe Echavarría y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Sandra Suárez Pérez.
Ponente: honorable Representante Fabiola Olaya Rivera.
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 561 de 2005.
Publicación ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso número 824 de 2005.
Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta del Congreso número 379 de 2007.
Aprobado en Comisión: junio 19 de 2007.
(…) Secretario General doctor Angelino Lizcano R. informa:
Corrección de vicios de procedimiento.
Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1° de la convención sobre prohibiciones y restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, que puedan considerarse sencillamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptado en la Segunda Conferencia de examen de los Estados parte, en la convención del 21 de diciembre del 2001 en Ginebra Suiza.
En la Plenaria del 21 de agosto de esta Corporación, se aprobó la corrección para subsanar el vicio de procedimiento de este proyecto, la anterior prevenía con errores mecanográficos involuntarios de la Comisión Segunda, se somete nuevamente la corrección del vicio de procedimiento, publicado en la Gaceta 464 de 2007.
Puede someter Presidente el informe, corrigiendo un vicio de procedimiento.
Dirección de la sesión por la Presidencia doctor Oscar Arboleda Palacio:
En consideración el informe de corrección del vicio de procedimiento leído por la Secretaría, pregunto si aprueban el informe?
Secretaría General doctor Angelino Lizcano R. informa.
Ha sido aprobado Presidente. (…)”
- El proyecto fue recibido en la Presidencia de la República el día 13 de noviembre de 2007, y el día 21 de noviembre de 2007 el Presidente de la República sancionó la Ley 1072 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
2.2. Cumplimiento de lo ordenado por la Corte en el Auto 119 del nueve (9) de mayo de dos mil siete (2007) y del procedimiento legislativo en general.
De acuerdo con el anterior recuento legislativo, para la Corte es claro que el Congreso de la República subsanó el vicio de forma en que incurrió durante el trámite legislativo que antecedió a la aprobación de la Ley 1072 de 2006 y, en general, cumplió con lo ordenado en el Auto 119 de 2007. Se recuerda que en el mencionado Auto la Corte ordenó:
En efecto, en cumplimiento de dicho Auto, el Congreso llevó a cabo las siguientes actuaciones:
(i) adelantó el trámite legislativo subsiguiente al momento en que se generó el vicio de forma, repitiendo el proceso legislativo del Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, 264 de 2006 Cámara, en lo correspondiente al tercero y cuarto debate en la Comisión Segunda y Plenaria de la Cámara de Representantes.
(ii) Cumplió con el requisito de anuncio para votación en los términos previstos por la propia Constitución y la jurisprudencia constitucional, pues tanto en comisión como en plenaria, los anuncios para votación del citado proyecto se realizaron de forma clara y en la sesión inmediatamente anterior a aquella en la que finalmente fue votado. Tal situación se presentó también en la repetición del cuarto debate, a causa de los errores de digitación que ya fueron referenciados, pues allí también se hizo el respectivo anuncio en la sesión inmediatamente anterior a aquella en la que finalmente fue votado el proyecto de ley.
(iii) Se surtieron dichas etapas dentro de los plazos fijados por la Corte Constitucional. Inicialmente, el proyecto fue votado en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que se produjo la notificación del Auto, ya que la decisión le fue notificada al Congreso el día 29 de mayo de 2007 y el proyecto fue votado en la citada Comisión el día 19 de junio del mismo año. De igual manera, la Cámara de Representantes adelantó las etapas posteriores del proceso legislativo dentro del plazo fijado en el Auto, esto es, hasta antes del 16 de diciembre de 2007, toda vez que el proyecto fue finalmente votado en la Plenaria de la Cámara en cuarto debate en la sesión del día martes 2 de octubre de 2007, fue enviado a sanción presidencial el día 13 de noviembre de 2007, y finalmente fue sancionado por el Presidente de la República el día 21 de noviembre de 2007, como la Ley 1072 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
(iv) Tanto el Presidente del Congreso como el Presidente de la República remitieron a la Corte la ley correspondiente para decidir sobre su constitucionalidad. En efecto, luego de subsanado el vicio de forma declarado en el Auto 119 de 2007, en cumplimiento a lo ordenado en dicho auto, mediante oficios recibidos los días 8 de noviembre de 2007 y 18 de enero de 2008, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y la señora Presidente del Senado de la República, respectivamente, remitieron a esta Corporación fotocopia de la Ley 1072 de 31 de julio de 2006, sancionada nuevamente en noviembre 21 de 2007, y el expediente del proyecto de ley N° 73/05 SENADO – 264/06 CÁMARA, para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad.
Ahora bien, en la medida en que la decisión adoptada por esta Corporación hizo necesario repetir el proceso legislativo a partir del tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la Corte debe constatar la constitucionalidad de dicho trámite, en aspectos distintos a lo relacionado con el requisito de anuncio.
Al respecto, encuentra la Corte que el referido proyecto fue debidamente publicado en la Gaceta del Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva y en la plenaria (C.P. art. 157-1), se aprobó en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara (C.P. art. 157-2), fue aprobado en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes (C.P. art. 157-3) y recibió la debida sanción presidencial (C.P. art. 157-4).
De igual manera, entre el tercero y el cuarto debate en la Cámara de Representantes transcurrió un lapso no inferior a los ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 Superior. En efecto, mientras que la aprobación en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar el día 19 de junio de 2007, la ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara fue presentada y aprobada el día 21 de agosto del mismo año, y en la medida en que el cuarto debate fue repetido por haberse presentados errores de digitación en la ponencia, finalmente la ponencia para segundo debate fue presentada y aprobada nuevamente el día 2 de octubre de 2007.
Por otra parte, no sobra precisar que entre la aprobación del proyecto en el Senado, 15 de diciembre de 2005, y la iniciación del tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, luego de detectado y corregido el vicio de forma, 19 de junio de 2007, transcurrió un tiempo no inferior a los quince días, según lo dispone el artículo 160 de la Constitución Política.
Se agrega a lo anterior, que las sesiones en la Comisión Segunda y en la Plenaria de la Cámara de Representantes se llevaron a cabo observando el quórum requerido, y que el proyecto fue aprobado por mayoría de los congresistas asistentes, tal como consta en las Actas referenciadas en el acápite anterior y como lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de la comisión y plenaria anexas al expediente.
Finalmente, en cuanto el proyecto fue enviado a sanción presidencial el día 13 de noviembre de 2007, y sancionado por el Presidente de la República el día 21 de noviembre de 2007, conservando el mismo número de ley que se le había asignado antes de la devolución del proyecto al Congreso, el 1072 de 2006, es claro que se cumplió con el término de seis días que exige el artículo 166 de la Carta para la sanción presidencial, así como también con la exigencia que sobre el punto incluyó el Auto 119 de 2007, en el sentido de respetar dicho término y “conservar el mismo número de la ley aprobatoria que se devuelve”.
En los términos expuestos, esta Corporación concluye que la ley 1072 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, cumplió con el procedimiento previsto por la Constitución para la aprobación de las leyes aprobatorias de tratados y con los requisitos establecidos en el Auto 119 de 2007 proferido por la Corte Constitucional.
Así las cosas, procede entonces la Corte a estudiar la constitucionalidad de la Enmienda y de su ley aprobatoria sometida a revisión desde el punto de vista de su contenido material.
3. Examen material de la Enmienda sometida a revisión constitucional
3.1. Finalidad y contenido de la Enmienda
La enmienda que es objeto de estudio en la presente causa, fue adoptada el 21 de diciembre de 2001, en Ginebra, Suiza, en el marco de la Segunda Conferencia de Examen de los Estados partes en la “Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha también en Ginebra el 10 de octubre de 1980. Dicha enmienda tiene como propósito específico ampliar el ámbito de aplicación de la citada Convención “a los conflictos armados no internacionales”. Así lo consagra expresamente el instrumento que se revisa, al expresar:
“Los Estados partes en la Segunda Conferencia de Examen, celebrada del 11 al 21 de diciembre de 2001, adoptaron la siguiente decisión de enmendar el artículo I de la Convención para ampliar el ámbito de su aplicación a los conflictos armados no internacionales”.
Cabe recordar que la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, es un instrumento de derecho internacional humanitario, concebido para limitar el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra que causen daños superfluos o extensos, duraderos y graves, o sufrimientos innecesarios. Dicha convención consta de cuatro protocolos anexos, así:
El Protocolo I, “Sobre Fragmentos no localizables”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), con la Convención;
El Protocolo II, “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra;
El Protocolo III, “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convención;
Y el Protocolo Adicional -considerado como IV-, “Sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, con sus Protocolos anexos, fue suscrita por Colombia e incorporada al derecho interno mediante la Ley 469 de 1998. Tales instrumentos y su ley aprobatoria se sometieron al control integral, previo y automático de constitucionalidad y fueron declarados exequibles por esta Corporación en la Sentencia C-156 de 1999 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). El Estado colombiano depositó el instrumento de ratificación el día 6 de marzo de 2000 y la Convención con los protocolos anexos entró en vigencia en Colombia el día 6 de septiembre del mismo año, siendo promulgada mediante el Decreto 2104 del 19 de octubre de 2000.
Atendiendo al ámbito expreso de aplicación de la citada Convención (art.1°), la misma y sus Protocolos anexos sólo rigen para los conflictos de carácter internacional, con excepción del Protocolo II, que se refiere a las prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, el cual es aplicable en los conflictos armados internacionales e internos (art. 1°).
En ese contexto, se reitera, “La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, sometida en esta oportunidad al control integral, previo y automático de constitucionalidad, busca entonces extender el campo de aplicación de la Convención y de sus Protocolos I, III, IV, a los conflictos armados no internacionales, en aras de brindar protección integral a la población civil, y a los propios combatientes, contra los efectos de las hostilidades y las consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos, a través de limitar el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra que causen daños superfluos o extensos, duraderos y graves, o sufrimientos innecesarios.
La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, consta a su vez de siete parágrafos. En los primeros seis parágrafos se regula lo referente al ámbito de aplicación de la Convención y de sus Protocolos Adicionales, y en el último parágrafo se consagran las reglas de interpretación de las disposiciones de la enmienda bajo estudio, así:
- Los parágrafos 1° y 2° disponen que tales instrumentos se aplicarán a las situaciones a que se refieren los artículo 2° y 3° comunes a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, incluidas las situaciones descritas en el párrafo 4 del artículo 1° del Protocolo Adicional I a esos Convenios. El mismo numeral 2° aclara que la Convención y sus Protocolos anexos no se aplicarán a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores tales como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.
- El parágrafo 3° consagra la obligación para cada parte en un conflicto que tengan lugar en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, de aplicar las prohibiciones y restricciones de la Convención y de sus Protocolos adicionales.
- Los parágrafos 4° y 5° contemplan la prohibición de invocar disposición alguna de la Convención o de sus Protocolos anexos: (i) con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos(numeral 4°); o (ii) para justificar la intervención, directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto (numeral 5°).
- El parágrafo 6° aclara que la aplicación de las disposiciones de la Convención y sus Protocolos anexos a las partes en un conflicto que no sean Altas Partes Contratantes, que hayan aceptado la presente Convención y sus Protocolos anexos, no modificará su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa, ya sea expresa o implícitamente.
- Finalmente, el parágrafo 7° establece que las disposiciones de los párrafos 2o a 6o del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los Protocolos adicionales adoptados después del 1o de enero de 2002, que pudieran aplicarse, ni excluirán o modificarán el ámbito de su aplicación en relación con el presente artículo.
3.2. Constitucionalidad de la enmienda. Reiteración de jurisprudencia
Como se anotó en el apartado anterior, la finalidad de la Enmienda que se revisa es ampliar el ámbito de aplicación de la “Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, y de sus protocolos anexos I, III, IV, a los conflictos armados no internacionales. Ello, sobre la base de que tales instrumentos sólo regían para los conflictos de carácter internacional, con excepción del Protocolo II, que se refiere a las prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, el cual resulta también aplicable a los conflictos armados internos.
Pues bien, respecto de la mencionada Convención y de sus Protocolos anexos I, II, III y IV, esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia C-156 de 1999, con ocasión del control de constitucionalidad que ejerció sobre tales instrumentos y sobre su ley aprobatoria -la Ley 496 de 1998-, en la cual, además, los declaró “exequibles” por encontrarlos ajustados a la Carta Política.
En dicho pronunciamiento, la Corte sostuvo que la Convención de Ginebra de 1980 y los Protocolos I, II, III y IV que la desarrollan, son instrumentos de derecho internacional humanitario, idóneos y efectivos para reducir los graves y nocivos efectos que genera una confrontación armada y para establecer límites a la crueldad del conflicto, siendo su objetivo específico la protección de la población civil y de los combatientes, mediante la prohibición o restricción en el uso de minas, armas y otros artefactos afines que causen daños superfluos o extensos, duraderos y graves, o sufrimientos innecesarios.
Bajo ese entendido, consideró que tales instrumentos, además de coincidir con los valores, principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, su aprobación y ratificación constituían una manifestación de obediencia de los poderes constituidos a los mandatos de la Carta y una garantía para la protección de los derechos humanos, mediante la regularización y humanización de la guerra.
El Tribunal explicó su decisión en los siguientes términos:
“Ahora bien, la Convención y sus cuatro Protocolos persiguen la humanización de la guerra en épocas como la actual, donde con ocasión del progreso científico y tecnológico de la humanidad, se han concebido los más sofisticados y crueles elementos de destrucción y eliminación masiva del género humano, como lo son las minas, las armas trampa y otros artefactos o armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, así como las armas químicas, biológicas, incendiarias (lanzallamas fougasses, proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas, entre otros) y armas láser que causen ceguera.
“Ahora bien, el Derecho Internacional Humanitario ha sido concebido como un mecanismo de protección de la persona humana, sea ésta partícipe o no del conflicto armado.
En consecuencia, las normas incluidas en los instrumentos internacionales sub examine son mecanismos idóneos y efectivos para disminuir los graves, nocivos y dolorosos efectos que conlleva una guerra, así como para establecer límites a la crueldad de la confrontación armada, interna o externa, tanto para los combatientes como para la población civil, los bienes civiles y el medio ambiente, y para regular el conflicto o la guerra externa o interna.”
A propósito del alcance del Convenio y sus Protocolos, en el sentido que éstos sólo rigen para los conflictos internacionales, con excepción del Protocolo II que aplica igualmente a los conflictos internos, en el fallo que se cita, la Corte tuvo oportunidad de referirse concretamente al tema de que se ocupa la enmienda bajo revisión, cual es precisamente el relacionado con ampliar el ámbito de aplicación de la “Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, y de sus protocolos anexos I, III, IV, a los conflictos armados no internacionales.
Sobre ese particular, en la Sentencia C-156 de 1999 la Corte resaltó la importancia de que el Convenio con todos sus Protocolos anexos se hicieran extensivos también a los conflictos de orden interno, destacando que para el caso colombiano la medida se ajustaba plenamente a la Constitución, en cuanto le da efectividad a los principios consagrados en el artículo 1° de la Carta Política y logra hacer efectivos los fines del Estado enunciados en el artículo 2° del mismo ordenamiento Superior. Haciendo alusión a un pronunciamiento anterior, la Sentencia C-225 de 1995, la Corte hizo expresa referencia al principio de obligatoriedad del derecho internacional humanitario en todos los conflictos armados, externos e internos, para concluir que, en uno y orto caso, se trata de medidas que buscan hacer efectivos los derechos constitucionales fundamentales que toda persona, participe directamente o no del conflicto armado, tiene a su vida e integridad personal, moral o física, y al respeto de su dignidad humana, así como a la paz, a la seguridad personal y a circular libremente por el territorio nacional.
Aclaró que, en el caso colombiano, la obligación de acatar y respetar las normas de derecho humanitario es especialmente relevante, toda vez que el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”; con lo cual, no solo opera una incorporación automática de este derecho al ordenamiento jurídico interno, sino que, además, éste adquiere un alcance de validez y de aplicación permanente y continua que compromete a todos los actores del conflicto.
Precisó al respecto, que la Convención y sus Protocolos persiguen objetivos que resultan igualmente aplicables a los conflictos armados externos o internos: la humanización de la guerra, motivo por el cual no resultaba razonable restringir su ámbito de aplicación y no extenderlos a los conflictos armados no internacionales, pues en ambos escenarios se dan los supuestos de hecho que se pretenden regular mediante tales instrumentos internacionales.
El tema fue desarrollado por la Corte en la precitada Sentencia C-156 de 1999, en la forma que se expone a continuación:
“Respecto a los Protocolos I "sobre fragmentos no localizables", III "sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias", y el IV "sobre armas láser cegadoras", sus disposiciones son aplicables únicamente en los eventos en que exista una guerra declarada o cualquier otro conflicto armado entre Estados; en caso que se libre una lucha en contra de la dominación colonial; o finalmente, en el evento de una ocupación total o parcial del territorio de uno de ellos. En consecuencia, dado su ámbito de aplicación expresamente señalado en los Protocolos, se excluye de su radio de acción cualquier conflicto armado interno.
No obstante, esta Corporación[8], con ocasión de la revisión de la Declaración sobre las normas relativas a la conducción de hostilidades en los conflictos armados no internacionales, suscrita en Taormina, Italia el 7 de abril de 1990, se pronunció acerca de la obligatoriedad del derecho internacional humanitario en todos los conflictos armados. Sobre este punto, la Corte señaló :
Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro­cidad, pues ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al respecto, esta Corte ya había señalado que "en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva[9]".
En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". Esto significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens.[10]" Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones elementales de humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto".
Así las cosas, la Corte, reiterando la posición adoptada en la Sentencia C-156 de 1999, concluye que “La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, mediante la cual se busca ampliar el ámbito de aplicación de la citada Convención y sus Protocolos anexos “a los conflictos armados no internacionales”, se ajusta a la Constitución Política en la medida que armoniza con los principios y valores allí contenidos.
Sobre las cláusulas que hacen parte de la referida Enmienda y que complementan su finalidad, como ya se dijo, las mismas se limitan a regular lo referente al ámbito de aplicación de la Convención y de sus Protocolos Adicionales, y en la última se consagran las reglas de interpretación de las disposiciones de la propia Enmienda. Revisado su contenido, la Corte no observa que éstas se opongan a la Constitución Política y, por el contrario, encuentra que resultan respetuosas de la soberanía de los Estados parte, en este caso del Estado colombiano.
Las medidas adoptadas en los parágrafos 4° y 5° son precisamente una muestra de la amplia protección prodigada por la Enmienda a la soberanía de los Estados, pues en ellas se dispone expresamente que no puede invocarse disposición alguna de la Convención o de sus Protocolos “con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”; ni tampoco “para justificar la intervención, directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto”.
A ese mismo propósito coadyuva el parágrafo 6° al disponer que la aplicación de las disposiciones de la Convención y sus Protocolos a las partes en un conflicto, que no sean Altas Partes Contratantes y que hayan aceptado tales instrumentos, no modificará su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa, ya sea expresa o implícitamente. Este mandato garantiza que el derecho humanitario no afecte la soberanía de los Estados, pues significa que su aplicación en un conflicto armado interno no conlleva el reconocimiento de beligerancia de los rebeldes o alzados en armas, como tampoco la determinación de la condición jurídica de un territorio en disputa. El punto ya había sido tratado por la Corte en la citada Sentencia C-156 de 1999, al referirse a una norma de similar contenido integrada al Protocolo II, coincidiendo en señalar que la aplicación del derecho humanitario a los conflictos internos no altera la condición jurídica de las partes contendientes.[11]
Cabe resaltar, igualmente, que, en la medida en que por mandato expreso de los artículos 2° y 9° de la Constitución Política, le corresponde al Estado defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y desarrollar las relaciones exteriores con respeto de la soberanía nacional, no es posible invocar la Convención y sus Protocolos anexos para entrar a determinar la condición jurídica de un territorio en disputa, tal y como lo reconoce el citado parágrafo 6° de la Enmienda bajo revisión.
Por las razones expuestas, reiterando la posición adoptada en la Sentencia C-156 de 1999, la Corte Constitucional procederá a declarar exequibles, tanto la “La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, como la Ley 1072 de 2006, aprobatoria de dicha Enmienda.
Declarar EXEQUIBLES “La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, y la Ley 1072 de 2006, mediante la cual se aprueba dicha Enmienda.
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-534 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA-No depende del gobierno de turno (Salvamento de voto)
El estudio de fondo de la ley y la enmienda que se aprueba de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, pone de presente un problema de relevancia constitucional, relativo al tratamiento del tema de la beligerancia, tema respecto del cual considero que la calidad de beligerante que es reconocida en el derecho internacional no depende ni puede depender del gobierno de turno, sino que cada Estado evalúa y decide si reconoce ese carácter de beligerante a un determinado actor político, como ocurrió en el caso de los sandinistas a quienes Colombia reconoció en su momento ese carácter.
Revisión Constitucional de la Ley 1072 del 31 de Julio de 2006 “Por medio de la cual se aprueba ´La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados´ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001) en Ginebra, Suiza”.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto considero que la Ley 1072 de 2006 adolece de vicios de inconstitucionalidad tanto de procedimiento como de fondo. En cuanto al estudio de forma, el suscrito magistrado considera que la Ley 1072 de 2006 adolece de un vicio de procedimiento insubsanable, por haberse omitido en la Plenaria de la Cámara de Representantes el aviso de votación del proyecto de manera determinada y precisa tanto respecto de su objeto como de la fecha de la sesión correspondiente, los cuales no fueron señalados en debida forma por el Secretario General de dicha Cámara. Por tanto no se cumplió en debida forma con los anuncios para votación de que trata el inciso final del artículo 160 de la Carta Política, acorde con el principio democrático y de publicidad del procedimiento legislativo. Por consiguiente, a mi juicio, la citada ley ha debido ser declarada inexequible.
De otra parte y en relación con el estudio de fondo de la ley que nos ocupa y la enmienda que se aprueba de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, considero que este tratado pone de presente un problema de relevancia constitucional, relativo al tratamiento del tema de la beligerancia, tema respecto del cual considero que la calidad de beligerante que es reconocida en el derecho internacional no depende ni puede depender del gobierno de turno, sino que cada Estado evalúa y decide si reconoce ese carácter de beligerante a un determinado actor político, como ocurrió en el caso de los sandinistas a quienes Colombia reconoció en su momento ese carácter.
En cuanto al vicio de procedimiento insubsanable ya anotado, cometido en la aprobación de la Ley 1072 de 2006 en la plenaria de la Cámara, al no haberse realizado en la forma que establece el artículo 160 de la Constitución el anunció previo de la votación, me permito reiterar los argumentos con base en los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo para votación con el lleno de todas las exigencias constitucionales es fundamental para la validez de las normas jurídicas y su falta constituye un vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en primer lugar, al problema de teoría del derecho respecto de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo para votación de los proyectos como requisito constitucional.
Se hace necesario entonces tomar una postura clara de teoría y filosofía del derecho, en relación con el concepto de norma jurídica, el cual entraña el concepto de validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva necesariamente la pregunta por el modo de producción jurídico-institucional de las normas. De este modo, tenemos que en un sistema jurídico es fundamental determinar en primer término, qué es norma jurídica, elemento básico y esencial del derecho, como el concepto de “célula” para la biología. Por ello, la primera parte de teoría del derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación de lo que es norma jurídica, parte esencial de la cual, es la pregunta de cuándo un enunciado normativo hace parte del sistema jurídico, o en otros términos, a la pregunta por la validez de los preceptos jurídicos[12]. Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte estática del derecho[13].
No obstante, el derecho no está compuesto por una sola norma sino por una pluralidad de normas jurídicas. En consecuencia, la segunda parte de la teoría del derecho es la que se refiere a la teoría del ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica de las normas[14]. En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas, para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Esta característica propia de las normas jurídicas como válidas, es lo que llevó a Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece al mundo del “deber ser” y no al mundo del “ser”, ya que la pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica, es decir, por la existencia deontológica, y no la pregunta por la existencia fenomenológica de las cosas, lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a sostener que por ello mismo la lógica formal no funciona para el derecho, por cuanto su finalidad es la constatación de una correspondencia con un fenómeno del mundo del ser, mientras que en cambio en el derecho de lo que se trata es de constatar si una norma es válida, es decir de si existe en el mundo del derecho o del “deber ser” y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y prevén los presupuestos para su producción jurídica[15]. Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto, hay que recordar que el sistema jurídico es como el ave fénix que se crea y se reproduce a sí mismo, y contiene por tanto normas que estipulan la forma de la reproducción de las normas jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas secundarias”[16]. Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de reconocimiento y validez jurídica”[17].
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta regla es jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County Council de Oxfordshire? Sí: porque fue dictada en ejercicio de potestades conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los criterios para apreciar la validez de la ordenanza. Puede no haber necesidad práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo. Podemos cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[18]
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia,[19] el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios constitucionales primordiales para la actividad legislativa. En efecto, el anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 40 C.P.
( … ) La Sala insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[20](Negrilla fuera de texto)
[1] Los resúmenes, tanto de las intervenciones como del concepto del Procurador General de la Nación que a continuación se exponen, corresponden a los contenidos en el Auto 119 de 2007, en el que se realizó el análisis de constitucionalidad correspondiente al control formal que debe adelantar esta Corporación, hasta el momento de la ruptura de la secuencia temporal del anuncio previo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, punto a partir del cual se retoma el proceso.
[2] Pág. 2. Gaceta 333 de 2006.
[3] Folio 163 del cuaderno principal. El Auto 119 de 9 de mayo de 2007 fue notificado mediante estado No. 73 del 29 de mayo de 2007.
[4] Página 16 de la Gaceta del Congreso No. 538 de 2007.
[5] Folio 36 del cuaderno No. 6.
[6] Folio 35 del cuaderno No. 6.
[7] Folio 27 del cuaderno No. 6.
[8] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-225 de 1995. MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[9] Corte Constitucional. Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[10] Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[11] Sobre el tema dijo la Corte en la Sentencia C-156 de 1999: “En relación con el Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, cuyo ámbito de aplicación se extiende tanto a confrontaciones entre Estados como a conflictos internos, conviene traer a colación lo expresado por la Corte en la sentencia No. C-225 de 1995 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero), según la cual: ‘en un conflicto armado no internacional, los alzados en armas son sujetos de derecho internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas humanitarias, ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las partes del conflicto. Pero esos rebeldes no devienen, por la sola aplicación del derecho humanitario, sujetos de derecho internacional público, puesto que siguen sometidos al derecho penal interno del Estado respectivo, y pueden ser penados por haber tomado las armas e incurrido en perturbación del orden público. Como dice el jurista chileno Hernán Montealegre, "el derecho humanitario coexiste con el derecho interno, el que recibe su aplicación general, y no afecta la condición jurídica de las partes contendientes respecto a su posición legal o ilegal ante el recurso a la fuerza.[11]’ ”
[12] Sobre el concepto y la validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo, Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[13] Norberto Bobbio, Teoría del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[14] Ibidem, Págs. 143-265.
[15] Sobre este tema consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[16] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[17] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 125-137.
[18] Ibidem, Pág. 133.
[19] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04, C-333/05, C-400/05, y C-473/05.
[20] Corte Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.

References: artículo 241
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 160
 artículo 1

Artículo 3
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 189
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 166
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 40
 artículo 160