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Timestamp: 2019-05-21 00:58:04+00:00

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Artículo 2. Principios y objetivos.
Artículo 3. Mandato general.
Artículo 4. Ámbito de protección.
TÍTULO II. TÉCNICAS Y MEDIDAS DE DEFENSA.
Artículo 5. Clasificación del grado de protección y autorización de actividades.
Artículo 6. Aplicación a actividades en funcionamiento.
CAPÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Artículo 7. Ámbito.
Artículo 9. Efectos de la declaración de impacto.
CAPÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES.
Artículo 11. Actividades sujetas y procedimiento.
Artículo 12. Efectos.
CAPÍTULO IV. DE LA EVALUACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.
Artículo 14. Actividades sujetas y procedimiento.
Artículo 16. Contenido y publicidad del acuerdo.
Artículo 17. Facultades autonómicas en supuestos de delegación.
Artículo 18. Deber de información.
CAPÍTULO V. OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Artículo 20. Régimen de registros, catálogos e inventarios.
Artículo 21. Conexión con los instrumentos de planeamiento.
Artículo 22. Educación ambiental.
Artículo 23. Investigación.
Artículo 24. Información y participación ciudadana.
Artículo 25. Pacto ambiental.
TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 27. Administración ambiental.
Artículo 28. Consejo Gallego de Medio Ambiente.
TÍTULO IV. DISCIPLINA AMBIENTAL.
Artículo 29. Órganos de inspección.
Artículo 30. Inspección ambiental.
Artículo 31. Clases de inspección.
Artículo 32. Comprobación.
Artículo 37. Aplicación de las sanciones.
Artículo 38. Compatibilidad de sanciones.
CAPÍTULO III. RESPONSABILIDAD Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
Artículo 39. Sujeto responsable.
Artículo 40. Suspensión de actividades no autorizadas.
Artículo 41. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
Artículo 42. Restauración del medio e indemnización.
Artículo 43. Responsabilidad penal y administrativa.
Artículo 44. Remisión normativa.
Artículo 46. Vía del apremio.
Artículo 47. Recursos contra resoluciones sancionadoras.
Artículo 48. Incumplimiento de medidas cautelares.
Artículo 49. Resoluciones municipales no ajustables a derecho.
El Estatuto de Autonomía de Galicia, en el artículo 27, reconoce a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para aprobar las normas adicionales sobre protección del medio ambiente y el paisaje, en los términos del artículo 149.1.23 de la Constitución, y le atribuye, en otros preceptos, competencias diversas en relación con diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente, como son la ordenación del territorio y la sanidad, o sectores del medio físico, como el suelo y el agua, y actividades como la pesca y los vertidos industriales contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego.
Las especiales características del país gallego y la inexistencia de una Ley básica general estatal de medio ambiente, unidas a una creciente preocupación social sobre la materia, hacen adecuada la promulgación de una norma adicional de protección autonómica, que a su vez posibilite la aplicación de las exigencias ambientales de la CEE a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma gallega, dé una mínima coherencia a la regulación sectorial existente a fin de facilitar su aplicación y efectividad dentro de un modelo integrador y, en el marco de la legislación básica del Estado, permita establecer y realizar una política ambiental orientada a la defensa, protección y restauración de los valores ambientales propios de nuestra Comunidad.
Esta regulación se basa en los principios de prevención, de evaluación de impacto ambiental, de efectos ambientales e incidencia ambiental, de información pública, objetiva, permanente y completa como base de una efectiva participación ciudadana que posibilite el establecimiento de un pacto ambiental en la defensa de estos valores colectivos, de nivel de acción adecuada complementado con la subsidiariedad y colaboración de las instancias autonómica y local y de coordinación y unidad de acción mediante el adecuado diseño de la Administración ambiental en el ámbito autonómico.
Aunque las técnicas que permitan la aplicación de los anteriores principios han de apoyarse en la investigación científica y técnica y de ahí la necesidad de institucionalizar los contactos entre la Administración ambiental y la comunidad científica y técnica, fomentando una más estrecha y continua relación con la Universidad y con los centros de investigación, esta consideración habrá también de aplicarse a sectores sociales directamente implicados en la protección de los valores ecológicos, para que la Administración tenga conocimiento inmediato y permanente de estas inquietudes y también adopte las medidas más adecuadas para solucionarlas.
De este modo, a través de una norma adicional de protección autonómica y en el marco de una necesaria legislación básica, estará dándose cumplimiento al artículo 45 de la Constitución y a las exigencias ambientales derivadas del ingreso de España en la CEE dentro del ámbito de nuestra autonomía.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de protección ambiental de Galicia.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 27
 artículo 149
 artículo 45
 artículo 13
 artículo 24