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Timestamp: 2020-04-05 16:59:23+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2003. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Serie C No. 103 - Jurisprudencia - VLEX 428298418
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2003. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Serie C No. 103
Fecha de Resolución: 27 de Noviembre de 2003
Caso: Maritza Urrutia Vs. Guatemala
Solicitante: Haití
Caso M.U. Vs. Guatemala
Sentencia de 27 de noviembre de 2003
En el caso M.U.,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:
A.A.C.T., P.;
S.G.R., V.;
H.S.P., Juez;
M.P.G., J.;
A.A.B., J.;
C.V. de R.R., J.; y
A.M.G., J. ad hoc;
presente, además((,
M.E.V.R., S.;
de conformidad con los artículos 29, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la presente Sentencia.
El 9 de enero de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia Nº 11.043, recibida en la Secretaría de la Comisión el 28 de julio de 1992.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la Convención Interamericana contra la Tortura”) en perjuicio de M.N.U.G. (en adelante “la presunta víctima” o “M.U.”), en razón de la supuesta detención arbitraria y tortura de la que fue víctima al permanecer retenida en un centro clandestino de detención durante ocho días y ser obligada a emitir a la opinión pública un comunicado previamente preparado por sus captores.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar todas las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias indicadas en la demanda por las violaciones cometidas en perjuicio de M.U. y sus familiares. Por último, solicitó que la Corte Interamericana ordenara al Estado el pago de las costas originadas en la tramitación del caso a nivel internacional, ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención. Guatemala es, además, Estado Parte en la Convención Interamericana contra la Tortura desde el 29 de enero de 1987.
El 27 de julio de 1992 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (en adelante “CALDH”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 28 de julio de 1992 la Comisión abrió el caso Nº 11.043 y transmitió las partes pertinentes de dicha denuncia al Estado, solicitándole que suministrara información sobre los hechos dentro de un plazo de 90 días.
El 9 de agosto de 2000 el Presidente de la República de Guatemala, doctor A.P., en el marco del proceso de solución amistosa de varios casos que se encontraban en trámite ante la Comisión, reconoció la “responsabilidad institucional” del Estado guatemalteco en el caso M.U.. A su vez, aceptó los hechos que motivaron la denuncia ante la Comisión Interamericana, indicando que se iniciaría un proceso de solución amistosa. No obstante lo anterior, las gestiones encaminadas a lograr un arreglo amistoso fracasaron y el 2 de marzo de 2001, durante la audiencia pública celebrada en este caso, los peticionarios solicitaron a la Comisión que se pronunciara sobre el fondo del asunto.
El 1º de octubre de 2001, tras analizar las posiciones de las partes y considerando concluida la etapa de la solución amistosa, la Comisión aprobó el Informe de fondo Nº 71/01, que en su parte dispositiva recomendó:
Llevar a cabo una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de M.U.G..
Llevar a cabo una investigación seria e imparcial para establecer el grado de participación de funcionarios del Estado en las conductas punibles y/o faltas disciplinarias que se hayan podido configurar mediante el encubrimiento de la detención arbitraria de M.U., así como la inactividad de la investigación de los hechos que motivan el presente informe; y en su caso, aplicar las sanciones penales y administrativas que correspondan.
Adoptar las medidas necesarias para que M.N.U.G. reciba una adecuada y pronta reparación por las violaciones aquí establecidas.
El 9 de octubre de 2001 la Comisión transmitió dicho informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para cumplir las recomendaciones allí formuladas. Mediante comunicación de fecha 13 de diciembre de 2001, el Estado informó que a fin de dar cumplimiento a la recomendación referente a la investigación de los hechos, el informe de la Comisión había sido enviado al Ministerio Público para que se diera inicio a las acciones que considerara pertinentes. En cuanto a la reparación económica, el Estado señaló que “est[aba] evaluando el […] caso, con el fin de poder llegar a un feliz término la compensación que se debe hacer efectiva a la beneficiaria”.
El 8 de enero de 2002, ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso ante la Corte Interamericana.
La Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte el 9 de enero de 2002 y adjuntó como prueba 25 anexos que contienen 26 documentos[1].
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, la Comisión designó como D. a los señores C.G. y S.C.. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, la Comisión indicó el nombre y la dirección de la presunta víctima y de sus familiares e informó que éstos estarían representados por el señor F.L.R. y la señora S.K., del CALDH.
El 22 de enero de 2002 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), después del examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta al Estado, junto con sus anexos, y le informó sobre los plazos para contestarla y nombrar su representación en el proceso. Además, ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. En esa misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.1.d) y 35.1.e) del Reglamento, la demanda se notificó al CALDH, en las personas de Frank La Rue y S.K., en su condición de denunciante original y representante de la presunta víctima, y se le informó que contaba con un plazo de 30 días para que presentara el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
El 4 de febrero de 2002 el Estado comunicó que había designado al licenciado J.G.L., Embajador de Guatemala ante el Gobierno de la República de Costa Rica, como Agente; al señor E.D.B.G., P.S. y C., como Agente Alterno; y al licenciado A.M.G. como J. ad hoc .
El 20 de febrero de 2002 los representantes de la presunta víctima presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas junto con 7 anexos que contenían 7 documentos[2]. En dicho escrito solicitaron a la Corte que declare que el Estado había violado los artículos 1.1, 5, 7, 13, 8 y 25 de la Convención Americana, de acuerdo con la demanda presentada por la Comisión y, además, el artículo 11 de la citada Convención, ya que la presunta víctima fue objeto de “injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, la de su familia y en su correspondencia […]”. Asimismo, solicitaron que la Corte declare que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Además, solicitaron las reparaciones correspondientes y el pago de costas y gastos. Por último, en dicho escrito se informó que M.U. designó a F.A.L.A., en su calidad de asesor legal del CALDH, como “abogado interviniente” ante la Corte.
El 18 de marzo de 2002 la Comisión Interamericana presentó su escrito de observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de la presunta víctima, en el cual tomó nota de lo señalado por dichos representantes y reiteró la solicitud de que la Corte declare que el Estado es responsable por violación de los artículos 7, 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana en conjunción con el artículo 1.1 de la misma.
El 21 de marzo de 2002 el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda, en el cual se remitió a la declaración del Presidente de Guatemala de 9 de agosto de 2000, referente a la aceptación de la “responsabilidad institucional del Estado” (supra párr. 6). Asimismo, el Estado solicitó que se estableciera una alternativa de solución amistosa, y de no ser posible, la Corte emitiera la sentencia respectiva sin necesidad de audiencias ni otro tipo de diligencias, e hizo algunas consideraciones sobre las reparaciones solicitadas.
El 8 de noviembre de 2002 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P., solicitó a la Comisión y a los representantes de la presunta víctima presentar a la Corte Interamericana la lista definitiva de testigos y peritos ofrecidos para la audiencia pública, para lo cual se les otorgó un plazo hasta el 21 de noviembre de 2002.
El 20 de noviembre de 2002 los representantes de la presunta víctima presentaron la lista definitiva de testigos y el señalamiento del perito ofrecidos para la audiencia pública. Asimismo, el 3 de diciembre del mismo año la Comisión...
Decisión del Panel Administrativo nº D2012-2449 de Tribunal Arbitral de la OMPI, 28 de Enero de 2013 (caso Sport 2000 Brand AG v. sport2000)

References: artículo 63
 artículo 51
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 1