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Timestamp: 2020-01-28 12:55:39+00:00

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Las fuentes de ingreso durante el s. XX
LAS FUENTES DE INGRESO ECONÓMICO DURANTE EL SIGLO XX : EL EJEMPLO DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE. Carmen Gil Pertusa
Este estudio es una aproximación a las fuentes de ingreso de las corporaciones provinciales, a través de los documentos generados y conservados en la Diputación de Albacete durante el S. XX.
La gestión económica de un período tan amplio genera un volumen muy grande de documentos, lo que obliga a renunciar al análisis exhaustivo de todos los tipos documentales en beneficio de una mayor y mejor eficacia.
Las dificultades se incrementan por la disgregación del fondo de la Diputación entre el archivo de esta institución y el Histórico Provincial, pues parte del mismo se depositó en este último en el año 1967. Por otra parte, el texto publicado en el libro en torno al cual se ha organizado esta jornada técnica, se estructura alrededor de las ordenanzas fiscales, por ser éste el documento principal que da lugar a la imposición provincial y a la documentación que de la misma se deriva: padrones y listas cobratorias, recibos, expedientes de cobranza en vía de apremio, expedientes de recaudadores, etc...
1.- LA HACIENDA PROVINCIAL ANTES DEL ESTATUTO DE CALVO SOTELO.
El siglo XX empieza bajo el signo de la crisis económica de los ayuntamientos como consecuencia del proceso desamortizador que supuso la enajenación de gran parte del patrimonio municipal; crisis a la que debe unirse la política y social que se produce tras la pérdida del Imperio Colonial, de la que el gobierno de la Nación se declaraba exento de responsabilidad mediante la promulgación de la Ley de 17 de mayo de 1898, y por el asesinato de Cánovas del Castillo, artífice y mantenedor de la Restauración. Esta situación motivó, entre otras medidas, la reforma de la hacienda realizada por Fernández Villaverde a través de la Ley de Presupuestos para 1900.
El período comprendido entre esta fecha y las de publicación de los Estatutos Municipal y Provincial está plagado de intentos de reforma de las leyes municipal y provincial, entre los que se pueden destacar:
- El Proyecto de Ley Municipal de 19 de octubre de 1901, cuyo capítulo III estaba dedicado a la Hacienda Municipal.
- La Ley de Bases del 22 de octubre de 1902, del Ministro de la Gobernación D. Segismundo Moret, en el que se excluía a la administración provincial.
- El Proyecto Maura de 1903, que incluye en el mismo texto a la administración provincial y a la municipal y que, fundamentalmente, renueva el sistema electoral en un intento de terminar con el caciquismo, mal endémico en ambas administraciones locales; este proyecto se ocupa de la administración provincial a partir de la base décimo-octava, creando una elección de sufragio directo, pero de voto limitado, y reduciendo el número de diputados. La caída del gobierno de Maura no permitió que este proyecto saliese adelante.
- Proyecto de Ley para la reforma de la Hacienda Municipal del 14 de junio de 1905, que intenta buscar una solución al incremento de las dificultades económicas de los ayuntamientos.
- Proyecto de Ley de Bases presentado por Romanones en 1906 (muy similar al de 1902) que planteaba liberar a los ayuntamientos de la tutela de las diputaciones, ya que la opinión del Partido Liberal era que éstas últimas se encontraban más necesitadas de tutelaje que los propios ayuntamientos.
-El segundo proyecto de Maura, presentado y debatido durante los años 1907 y 1909, era, en materia de Hacienda Municipal, insuficiente; la Hacienda Provincial se constituía por las rentas, arbitrios, recargos, percepciones y derechos, valores y propiedades que pertenecían a la Provincia. Los recursos se nutrían, aparte de los ingresos propios y arbitrios especiales históricos, de los recargos sobre las contribuciones e impuestos del Estado. El gobierno cae el 21 de octubre de 1909 y, el día 16 de noviembre del mismo año, el presidido por Segismundo Moret publica un Real Decreto restableciendo la Ley Municipal de 1877.
- Siendo Presidente del Consejo José Canalejas, el 7 de noviembre de 1910 se presentó un proyecto de ley para la regulación de las haciendas municipales, y, el 12 de junio de 1911 se suprimió el impuesto de consumos, estableciéndose en su sustitución arbitrios municipales sobre solares sin edificar, inquilinatos, bebidas espirituosas, espumosas y alcoholes, y sobre carnes frescas y saladas.
- El 31 de diciembre de 1917, Juan Ventosa, entonces ministro de hacienda, publica en la Gaceta de Madrid un Real Decreto regulando las haciendas locales, en el que se recogían y conservaban los planteamientos del proyecto de 1910, que permitía la imposición de contribuciones especiales en aquellos casos en los que se producía un aumento del valor de la finca como consecuencia de obras o instalaciones, o cuando las obras costeadas por el ayuntamiento beneficiasen a personas determinadas.
- En 1918, el 11 de septiembre, se publicó un Real Decreto del Ministerio de Hacienda por el que se volvía a modificar el sistema impositivo municipal y los medios para la exacción del impuesto de consumos, y es también durante este año de 1918 cuando se vuelve a llevar a cabo un nuevo proyecto de reforma de la Ley Municipal que, pasado el tiempo, se incorporaría casi íntegramente al Estatuto; el año 1919 aún verá dos nuevos proyectos de reforma durante los gobiernos de Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones, y de Joaquín Sánchez de Toca.
Durante este período inicial del siglo XX, los ingresos de la Diputación de Albacete procedentes de las rentas y productos de todos sus bienes y servicios, y los de la beneficencia, sólo alcanzaban el 10% de los gastos presupuestados. El déficit consiguiente se cubría por medio de los repartimientos entre los pueblos, con asignación de la cantidad que a cada uno le correspondía satisfacer. El repartimiento tomaba como base las contribuciones directas (territorial e industrial) e indirectas (consumos) pagadas al tesoro por los pueblos. El procedimiento seguido para equilibrar los presupuestos era sencillo: una vez establecidos los gastos e ingresos el déficit resultante se cubría con la totalidad del repartimiento. No obstante, su cobro resultaba muy difícil convirtiéndose en práctica habitual el aplazamiento de las deudas; por ello, la Diputación actuaba por la vía de apremio contra los ayuntamientos, arbitrando fórmulas como la creación de un cuerpo de "comisionados de apremio" o el "arrendamiento de la recaudación".
El sistema de ingresos implantado por la Ley de 20 de agosto de 1870 y completado con la de 29 de agosto de 1882, basó las aportaciones de los recursos económicos en las rentas u otros beneficios extraídos de los bienes de la Diputación y, el resto, del repartimiento entre los pueblos, en proporción a lo que por contribuciones directas e impuestos de consumo pagaba cada uno al Tesoro. Ejemplo:
85.5835
El cupo por repartimiento supone el 87% del total de los ingresos. El equilibrio presupuestario se buscaba intentando reducir gastos públicos, por lo que sólo se acudía a un empréstito en situaciones límite, como la que se produjo en 1906, cuando se emitieron 230.000 pesetas en obligaciones amortizables para el pago de acreedores y del personal administrativo.
En el año 1900, el Presupuesto refundido contaba con los siguientes capítulos y partidas de ingreso:
1.1. Rentas y censos de propiedades
1.2. Intereses de efectos públicos
2. Portazgos y barcajes
2.1. Portazgos
2.2. Pontazgos
2.3. Barcajes
3. Donativos, legados y mandas
3.1. Donativos, legados y mandas
4. Repartimientos
4.1. Repartimiento entre los pueblos
415. 777
5. Instrucción Pública
5.1. Ingresos propios establecimientos del ramo
6.1. Ingresos propios establecimientos del ramo (presupuesto adicional)
14.391,36
7. Ingresos extraordinarios
7.1. Ingresos extraordinario
8. Arbitrios especiales
8.1. Arbitrios especiales
9. Empréstitos
9.1.Empréstitos contratados
10. Enajenación
10.1. venta de propiedades
11. Resultas
11.2. Créditos pendientes de recaudación (presupuesto adicional)
1.789.914,42
2.262.811, 58
La partida destinada a Beneficencia se desglosaba en ingresos procedentes del Hospital Provincial (5.468,74), las resultas de ese centro por años anteriores (6.389,62) y los derivados de la Casa de Misericordia. En este presupuesto los ingresos extraordinarios también dependen de las aportaciones de los pueblos " cuyos viñedos fueran atacados por la filoxera, calculándose el total a razón de una peseta por hectárea", cantidad que resultaba insuficiente pues el número de hectáreas plantadas era superior. En 1902, cuando la filoxera ya era una realidad en la provincia, se procedió a un ajuste, también mediante repartimiento, por valor de 75.936 pesetas.
Por su parte en el PRESUPUESTO DE GASTOS se habían previsto las siguientes partidas e importes:
2. Administración Provincial. Material
2. Bis Servicios generales
22.436,22
567.560, 74
7. Corrección Pública
9. Nuevos establecimientos
10. Carreteras
11. Obras diversas
12. Otros gastos
13. Resultas
771.613,49
1.614.853, 2
Conviene observar que el presupuesto provincial para el año 1900 arroja un superávit de 647.958, 36 pesetas.
En la sesión plenaria celebrada el 24 de noviembre de 1921, la Diputación de Albacete debatió la consulta formulada por Cambó, quien antes de abordar la reforma económica que lleva su nombre, planteó la conveniencia de sustituir el contingente provincial por la cesión de tributos del Estado o la creación de arbitrios propios.
En el Pleno indicado, el Gobernador Civil propuso la supresión del contingente provincial y la cesión de 600.000 pesetas procedentes de contribuciones directas del Estado. Además, pidió la creación de arbitrios como el del timbre en documentos de cambio de las entidades bancarias y un impuesto sobre el juego. También solicitaron la desaparición de cargas como la enseñanza, cárceles, censo electoral y quintas. Sin embargo, la reforma de Cambó no logró consolidarse y en agosto de 1922 el Presidente de la Diputación, José María Massa, propuso gravar las concesiones de saltos de agua y el transporte de maderas por vía fluvial.
En los presupuestos de la Diputación del período que se estudia, las cargas siempre excedieron a los recursos disponibles, distribuyéndose el 41% a Beneficencia, el 14% a Servicios Generales (que comprendía las partidas de quintas, bagages y elecciones) y lucha antifiloxera. El 12% a Administración que básicamente comprendía los gastos de personal, otro 12% se destinaba a Instrucción pública que comprendía la instrucción pública propiamente dicha, el Instituto de 2ª Enseñanza y Biblioteca y, por último, aproximadamente el 8% del presupuesto se destinaba a Obras Públicas.
2.- EL ESTATUTO PROVINCIAL DE 1925.
Con los antecedentes del Proyecto de ley de 7 de noviembre de 1910 y el Proyecto de Exacciones de 1918, el Estatuto de Calvo Sotelo estableció por vez primera los recursos propios de las Diputaciones, creando un sistema de ingresos propio de la Administración Local. Se instituyeron arbitrios sobre el consumo de cerveza y licores, aprovechamiento de saltos de agua, transporte fluvial, sello provincial, etc... Se sustituyó el contingente provincial por la cuota municipal forzosa consistente en el 80% ó 90 % de las aportaciones municipales que los ayuntamientos tenían en los impuestos estatales.
Los ingresos se duplicaron durante el año económico de 1925 - 1926 con respecto al presupuesto del año anterior, suponiendo las transferencias del Estado un aporte de casi el 50%, en contraste con el período anterior en el que no aportaba nada. El presupuesto se distribuía de la siguiente forma: el 19% impuestos cedidos por el Estado, el 31% subvenciones para caminos, el 26% recursos municipales y el 9% recargos sobre el timbre y derechos reales.
El Libro Segundo del Estatuto está dedicado a las Haciendas Provinciales, y dentro de éste el Título II está referido concretamente a los ingresos provinciales que, en el artículo 209, se clasifican en:
1. Rentas, productos o intereses que rindan cualesquiera bienes, títulos, créditos o valores pertenecientes a la provincia o a establecimientos que dependan de ella.
2. Rendimientos de obras o servicios públicos, o de institutos que sean costeados u organizados por la Diputación.
3. Subvenciones o auxilios que para obras o servicios determinados sean concedidos por el Estado o por otras corporaciones locales.
4. Las exacciones provinciales que clasifica en:
4.1.- Contribuciones.- Tributos de las personas o clases especialmente interesadas en determinadas obras, instalaciones o servicios provinciales.
4.2.- Derechos y tasas- Tributos por el uso de determinados bienes, instalaciones o servicios provinciales de utilidad pública y que benefician especialmente a personas determinadas o se provoquen por éstas. Se desarrolla en los artículos 219/221. Comprende:
4.2.1. Las tasas de administración por los documentos que expidan o de los que entienda la Administración Provincial o las Autoridades Provinciales a instancia de parte.
4.2.2. Los servicios de laboratorios provinciales u otros establecimientos de sanidad, higiene, agricultura, enseñanza, comunicaciones y demás creados o sostenidos por la Diputación.
4.2.3. Asistencias y estancias en los hospitales, dispensarios, manicomios y establecimientos provinciales, cuando se trate de personas pudientes o cuyos gastos deban sufragarse por entidades que lo sean.
4.2.4. Enseñanzas generales, técnicas o profesionales.
4.2.5. Visitas a museos y exposiciones.
4.2.6. Derechos y tasas sobre Aprovechamientos especiales de que puedan ser objeto las propiedades, instalaciones o servicios destinados a uso público o de común aprovechamiento.
4.3.- Impuestos y arbitrios autorizados por la Ley, señalándose en el artículo 217 que todas las exacciones provinciales debían ser objeto de una ordenanza fiscal aprobada en pleno.
4.4.- Las multas, en los casos y cuantías que autoricen la ley y sus reglamentos.
Los recursos económicos procedentes de impuestos y arbitrios se materializaron en dos vertientes: por un lado, los cedidos total o parcialmente por el Estado y los Ayuntamientos; y por otro, los llamados recargos provinciales sobre impuestos estatales y municipales.
En el art. 225 y siguientes del Estatuto, el Estado cede el 5% de su cuota sobre la contribución territorial y el impuesto de cédulas personales.
Por su parte, los Ayuntamientos cedieron los siguientes recursos (artículos 230 y siguientes):
1º.- La aportación municipal forzosa: se fija entre el 80% y el 90% sobre el porcentaje del 10% al 20% del presupuesto de gastos que servía de base al contingente provincial.
Esta aportación se extraía de la participación en los impuestos y contribuciones del Estado cedidos a los Ayuntamientos y en los recargos autorizados a éstos.
2º.- El 20% de las cuotas para el Tesoro por contribución urbana e industrial.
3º.- El sobrante de las dieciséis centésimas de recargo sobre la contribución territorial aplicadas a los gastos de instrucción primaria.
4º.- Los recargos legales sobre la contribución industrial.
5º.- El recargo del impuesto sobre el consumo de gas y electricidad.
6º.- El arbitrio sobre el producto neto de las compañías anónimas y comanditarias por acciones no gravadas en la contribución industrial y de comercio.
7º.- El 20% de las rentas de propios, el 10% sobre el arbitrio de pesas y medidas y el 10% de los aprovechamientos forestales.
8º.- Las diferencias en la percepción municipal sobre el impuesto de cédulas personales en el año 1924-1925 y los sucesivos.
Si los recursos aportados por los Ayuntamientos no fuesen suficientes, las Diputaciones podrían obtener la diferencia por medio de repartimientos. Sirva de ejemplo el aprobado en 1928 para " las 3.718.168 ptas. asignadas como cupo de contribución sobre la riqueza urbana amillarada".
Otras fuentes de ingresos eran los RECARGOS PROVINCIALES (artículos 235/247) y el CRÉDITO PROVINCIAL (artículos 248/260). Los primeros se establecían en las siguientes cuantías y por los siguientes conceptos:
1º.- Hasta el 100% sobre el arbitrio municipal en solares sin edificar.
2º.- Hasta el 100% sobre el arbitrio de terrenos incultos.
3º.- El 20% sobre las cuotas del impuesto sobre derechos reales y transmisión de bienes.
4º.- El 10% sobre el impuesto de Timbre del Estado con las excepciones que se marcan.
El CRÉDITO PROVINCIAL era la facultad de las diputaciones para emitir empréstitos, mediante la emisión de letras de cambio o pagarés que sólo podían realizarse cuando el producto se destinase a la creación de servicios propios o a la realización de gastos de primer establecimiento para obras de la misma naturaleza, siempre en calidad de obligaciones extraordinarias.
Sirva de ejemplo las actas del año 1928, sesión del 30 de junio, en la que se aprueba la emisión de títulos por parte del Banco de Crédito Local de España a cuenta de la Mancomunidad de Diputaciones, con el nombre de cédulas de crédito local inter - provincial. Emisión especial para Vías y Obras provinciales. Las cédulas contaban con la garantía del Estado por medio del Ministerio de Fomento, el cual consignó en su presupuesto de gastos la cantidad anual que correspondiese para amortización e intereses. El plazo era de 30 años con una carencia de 5, un interés del 5% liquidable cada trimestre y un valor nominal de 500 ptas. por cada cédula.
Con la finalidad de atender el servicio de intereses y amortización de empréstitos legalmente acordados, las diputaciones podían establecer recargos sobre el contingente provincial, sobre los arbitrios provinciales vigentes, sobre el de soltería del impuesto de cédulas, sobre las cuotas de las contribuciones rústica y pecuaria, etcétera...
En las actas de 1928 , la Diputación concede al Ayuntamiento de Molinicos un anticipo de 5.000 ptas para los gastos de construcción del camino vecinal de Molinicos a la Carretera de Elche de la Sierra y a las Fábricas, ofreciendo como garantía un recargo voluntario sobre la contribución territorial.
Por último, LAS MULTAS establecidas en caso de fraude en las exacciones provinciales en la cuantía del duplo al quíntuplo de las cantidades defraudadas, sin perjuicio de las cuantías fijadas en las respectivas ordenanzas y que, en cualquier caso, no podían exceder de 250 ptas.
En la memoria del presupuesto de ingresos elaborado para el (2º semestre) de 1926 se explica que por Decreto Ley de 23 de junio de ese año se restableció el año natural para los servicios del Estado, disponiendo que el económico comience el uno de enero, por lo que el segundo semestre de 1926 constituye un ejercicio especial en el que observamos las siguientes fuentes de ingreso:
Capítulo 1º.- Rentas
Artículo 1.3. Intereses de efectos públicos y demás valores (constaba de 3 partidas que eran "producto del 4% de las inscripciones emitidas a favor de la Beneficencia Provincial y de los Títulos de la Deuda Perpetua"): 666, 72
Artículo 1.4. Boletín Oficial de la Provincia e Imprenta: Cálculo sobre la venta de ejemplares, suscripciones y derechos de inserción: 7.500
Capítulo 2º.- Bienes Provinciales
Artículo 2.2. Enajenaciones. 25.000 (venta del solar del antiguo hospital).
Capítulo 3º.- Subvenciones y Donativos
Artículo 3.1. Del Estado.- 359.385. (Para obras en caminos: 356.365 y gastos de personal e inspección técnica: 3.020)
Capítulo 4º.- Legados y mandas
Capítulo 5º.- Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones
Artículo 5.1. Eventuales, participación del 25% en las multas que imponga el Gobernador Civil para atenciones benéficas: 250'00.
Artículo 5.2. Extraordinarios (importe del repartimiento entre los pueblos que tienen viñedo. Servicio antifiloxérico a razón de una peseta por hectárea) 34.573'50.
Artículo 5.3. Indemnizaciones. Cálculo sobre la recaudación de otras provincias por estancias de alienados o indigentes en los establecimientos de ésta: 500'00 total cap. 5º: 35.323'50
Capítulo 6º.- Contribuciones especiales
Capítulo 7º.- Derechos y tasas: 1.250
Artículo 7.1. Por prestación de servicios: Por lo que se calcula recaudar de asistencias y estancias en los Establecimientos de la Beneficencia creados y sostenidos por la Diputación: 1.250'00.
Capítulo 8º.- Arbitrios Especiales
Capítulo 9º.- Impuestos y recursos cedidos por el Estado: 162.500
Artículo 9.1. Contribución territorial: 37.500 (cálculo de lo que producirá el 5% de las cuotas del tesoro sobre la riqueza rústica y pecuaria cedido por el Estado).
Artículo 9.2. Cédulas Personales: 125.000. Cálculo de lo que producirá el impuesto cedido por el Estado, teniendo en cuenta el importe de lo recaudado por el tesoro y el Ayuntamiento de la capital en 1924, deducida la cantidad equivalente al 50% de lo percibido por los ayuntamientos en dicho año y el otro 50% de dicha suma que se destina a nutrir la aportación forzosa ordinaria de cada ayuntamiento.
Capítulo 10º.- Cesiones de recursos municipales: 294.053'59
Artículo 10.1. Aportación municipal forzosa: 294.053'59
Capítulo 11º.- Recargos provinciales: 98.515'50
Artículo 11.3. Derechos reales y transmisiones de bienes y timbre. 98.515'50
Capítulo 12º.- Traspasos de obras y servicios públicos
Capítulo 13.- Crédito provincial
Capítulo 14.- Recursos especiales: 30.022'12
Artículo 14.2. Brigada sanitaria e instituto provincial de higiene: 30.022'12 (procedente del importe del repartimiento especial girado a los ayuntamientos para el sostenimiento del instituto provincial de higiene a razón del 1% del presupuesto de ingresos de cada ayuntamiento).
Capítulo 15.- Multas: 400
Artículo 15.1. Derechos reales y timbres: 250 (procedentes del cálculo del importe al que ascenderán las multas que se impongan por este concepto).
Artículo 15.2.- Otras multas: 150
Capítulo 16.- Mancomunidades provinciales
Capítulo 17.- Reintegros
Capítulo 18.- Fianzas y depósitos
Capítulo 19.- Resultas
Por Real Orden de la Presidencia del Directorio Militar de fecha 5 de mayo de 1925, se dispuso, aunque con carácter provisional, la observancia del Reglamento del Comité y Caja Central de Fondos Provinciales; su finalidad era el control del movimiento de fondos que produjesen los ingresos de los recargos sobre el impuesto de Derechos Reales y el Timbre. A partir del artículo 4º el texto enumera minuciosamente los libros de contabilidad, talonarios y rendimientos de cuentas obligatorios.
Hasta la promulgación del decreto de 25 de enero de 1946, las Haciendas Locales siguieron rigiéndose por el Estatuto Municipal: día 16 de junio de 1931, el Ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional dictó un decreto sobre revisión y clasificación de las disposiciones emanadas de la Dictadura, aunque prácticamente dejaba vigente la totalidad de los Estatutos municipal y provincial.
Con la llegada de Diego Martínez Barrio al Ministerio de la Gobernación el 12 de septiembre de 1933 y su posterior acceso a la Presidencia del Gobierno se comienza a tramitar la elaboración de un anteproyecto de Ley Municipal que, sin embargo, no llegó a materializarse. En 1934, Salazar Alonso redactó un proyecto, sin seguir las pautas marcadas por su antecesor, que se publicó el 17 de julio de ese año. El texto articulado de este Ley de Bases vio la luz el 31 de octubre de dicho año.
Durante la Guerra Civil las arcas provinciales dependieron de la concesión de créditos por el Banco de Crédito Local de España o del establecimiento de nuevos impuestos como el del sello pro- beneficencia, el recargo de soltería y el gravamen sobre las consumiciones en fondas, hoteles y posadas, y por decreto de 3 de junio de 1938 se facultó a las corporaciones para articular presupuestos adicionales y el establecimiento de arbitrios, tasas, impuestos o recargos que, no estando previstos en el Estatuto, fueren posible en el ámbito de la provincia, con libertad para elegir materia de imposición, base contributiva y tipo de gravamen.
Fue también en 1938 cuando el Ministerio del Interior, por una Orden de fecha 4 de noviembre, creó una comisión para el estudio de un proyecto de Ley de Gobierno y Administración Local, que culminaría en la Ley de Bases de 14 de julio de 1945.
En 1940, durante el mandato de Enrique Ruiz Oñate, la Diputación de Albacete impuso un recargo sobre la décima de lo recaudado por la contribución, fondos destinados a la lucha contra el paro, y las exacciones provinciales sobre el timbre y el esparto y la uva.
3.- LA LEY DE BASES DE 1945 Y EL TEXTO ARTICULADO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1950.
En materia de Haciendas Locales, la Ley de Bases de 1945 (articulada por Decreto de 16 de diciembre de 1950) pretendía incrementar los ingresos de los municipios hasta en un 30% y los de la provincia hasta en un 42%. Algunos autores creen ver en la supresión del repartimiento general una merma de la autonomía municipal, ya que dejaba las haciendas a merced de los ingresos que les efectuase el Ministerio de Hacienda.
La base vigésima segunda, destinada a " la imposición municipal", suprimió cinco ingresos municipales: pesas y medidas, inquilinatos, producto neto de las Sociedades y Compañías no gravadas por la Contribución Industrial y de Comercio, el arbitrio sobre productos de la tierra y el repartimiento general de utilidades. Para compensar el posible déficit que esta supresión acarrearía se crea el "Fondo de las Corporaciones Locales", también conocido como "cupo de compensación", que se calculaba en base a la media de ingresos efectivos durante el último trienio.
La base cuadragésima octava de la Ley de 1945 está dedicada a los recursos de la Hacienda de las Provincias:
1.- Los productos de su patrimonio.
2.- El rendimiento de sus servicios y explotaciones.
3.- Las subvenciones, auxilios o donativos que se obtengan con destino a obras o servicios provinciales.
4.- El importe de las exacciones provinciales. Éstas vienen desarrolladas en el Título II del Texto Articulado, Capítulo V:
a) Los derechos y tasas por aprovechamientos especiales o por la prestación de servicios.
b) Las contribuciones especiales por obras, instalaciones o servicios.
c) Los impuestos legalmente autorizados.
d) Multas en la cuantía y casos que se autoricen.
La base cuadragésima novena de esta Ley regulaba la "imposición provincial", que quedaba constituida por :
a) Los arbitrios ordinarios y extraordinarios que conserven sus formas consuetudinarias y que estuviesen autorizados por el gobierno.
b) Por los arbitrios sobre la riqueza radicante en las diputaciones que lo tuviesen autorizado.
c) por los recargos sobre contribuciones o impuestos del Estado que se autorizan. Estos oscilaban entre el 20% y el 40% de las cuotas del Tesoro sobre las contribuciones Rústica, Industrial y de Comercio (previamente reducidas entre un 20 y 25%).
Esta Ley suprime la Aportación Municipal Forzosa y las participaciones de las provincias en las contribuciones e impuestos del Estado, con excepción de las que concede la Ley de 16 de septiembre de 1941, en la Contribución Rústica, por servicios de conservación y depuración de los documentos fiscales. Se ceden a los ayuntamientos los recargos provinciales sobre solares sin edificar, y traviesas de los frontones y otros espectáculos públicos. El arbitrio municipal sobre los terrenos incultos pasa a formar parte de la Hacienda de las Provincias.
Las bases quincuagésima primera y segunda están dedicadas al "Fondo de Compensación Provincial" y a los "Recursos Especiales para Amortización de Empréstitos". El primero se crea con la finalidad ya indicada cuando se habló de la supresión de arbitrios municipales y, el segundo, permite disponer a las diputaciones de los siguientes recursos:
a) El producto de la venta de bienes patrimoniales.
b) Exacciones ordinarias que no tengan establecidas, o la diferencia entre los tipos señalados como recursos ordinarios y los autorizados en la ley.
c) Un recargo del 10% sobre los derechos y tasas y arbitrios provinciales.
d) Los productos de obras o servicios que se establezcan con cargo al presupuesto extraordinario, si no son utilizados como ingresos ordinarios.
e) Un recargo del 10% sobre la Contribución territorial, rústica y pecuaria.
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1.946
1. Rentas.
1.1. Propiedades.
1.2. Censos.
1.3. Intereses de efectos públicos y demás valores.
1.4. Boletín Oficial e Imprenta provincial.
1.5. Otras rentas.
1.833,44
2. Bienes provinciales.
2.1. Aprovechamiento.
2.2. Enajenaciones.
3. Subvenciones y donativos.
3.1. Del Estado.
3.2. De Corporaciones locales.
3.3. Donativos.
434.486,80
22.906,14
4. Legados y mandas.
4.1. Legados y mandas.
5. Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones.
5.1. Eventuales.
5.2. Extraordinarios.
5.3. Indemnizaciones.
6. Contribuciones especiales.
6.1. Por obras e instalaciones o servicios de la Corporación.
7. Derechos y tasas.
7.1. Por prestación de servicios.
7.2. Por aprovechamientos especiales.
8. Arbitrios especiales.
8.1. Ordinarios y extraordinarios.
8.2. Imposiciones o percepciones.
237.229,31
9. Impuestos y recursos cedidos por el Estado.
9.1. Contribución territorial.
9.2. Cédulas personales.
9.3. Contribución Industrial y de Comercio.
9.4. Excedente de la recaudación de recargos.
9.5. Fondo de compensación.
1.547.671,11
784.233.23
10. Cesiones de recursos municipales.
10.1. Aportación municipal.
10.2. Arbitrios sobre traviesas en los frontones.
11. Recargos provinciales.
11.1. Solares sin edificar.
11.2. Terrenos incultos.
11.3. Derechos reales y transmisión de bienes y timbre.
12. Traspaso de obras y servicios públicos.
12.1. Recursos del Estado.
12.2. Otros ingresos.
288.260,72
13. Crédito provincial.
13.1. Operaciones de crédito provincial.
14. Recursos especiales.
14.1. Recursos especiales para empréstitos.
14.2. Brigada sanitaria e Instituto de Higiene.
15. Multas.
15.1. Derechos reales y timbres.
15.2. Otras multas.
16. Mancomunidades interprovinciales.
16.1. Para obras e instalaciones de servicios.
17. Reintegros.
17.1. Por pagos indebidos.
17.2. Por otros conceptos.
18. Fianzas y depósitos.
18.1. Por los constituidos en la Caja provincial.
19. Resultas.
19.1. Existencia en Caja.
19.2. Créditos pendientes de cobro de presupuestos cerrados y liquidados.
TOTAL GENERAL DE INGRESOS...
5.212.470,75
La llamada reforma de 1945 - 1946 no podía hacer frente a los problemas derivados de la recuperación de la guerra civil y de los conflictos mundiales. El fondo de compensación no resolvía la situación y el nuevo diseño impositivo sobre la riqueza radicante provocó un descenso vertiginoso en esta fuente de ingresos.
La Diputación de Albacete no fue una excepción y durante este período persiste la penuria económica, lo que supuso la incapacidad de la Institución provincial para abordar cualquier empresa. Sirva de ejemplo cuando en el año 1951 se decide actuar por la vía de apremio contra los ayuntamientos que no habían satisfecho sus cuotas a la Diputación o cuando en 1953 hubo de condonar, ante la imposibilidad de cobrarla, la deuda que los municipios tenían contraída por estancias en centros benéficos, por importe de 2.000.000 de pesetas.
La Ley de 7 de noviembre de 1910 y el Proyecto de exacciones de 1918, son los antecedentes de los derechos y tasas regulados en el artículo 601 y siguientes del Texto Articulado de 1950 y que enumerados son:
a) Las tasas de administración por los documentos que expidan o de los que entienda la Administración Provincial.
b) Los servicios de laboratorios provinciales o cualesquiera otros establecimientos de sanidad, higiene, agricultura, enseñanza, comunicaciones y demás creados y sostenidos por la Diputación.
c) Asistencias y estancias en los hospitales, dispensarios, manicomios y establecimientos provinciales, cuando se trate de personas pudientes o cuyos gastos deban sufragarse por otras entidades.
d) Enseñanzas generales, técnicas o profesionales.
f) Cualesquiera otros de naturaleza análoga.
4. - LEY DE 3 DE DICIEMBRE DE 1953 SOBRE MODIFICACIÓN DE LA DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL DE 17 DE JULIO DE 1945 Y TEXTO ARTICULADO Y REFUNDIDO DE 24 DE JUNIO DE 1955.
Entre los años 1952 y 1955 se aprueban los reglamentos municipales, ya que hasta entonces se encontraban vigentes los emanados del Estatuto de Calvo Sotelo, el de Haciendas Locales se aprobó con fecha 4 de agosto de 1952.
El 3 de diciembre de 1953 entró en vigor una nueva Ley de Régimen Local que dio lugar, posteriormente, al Texto articulado y Refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y de 3 de diciembre de 1953, aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955. Estas leyes de 1953 y 1955 robustecieron la hacienda provincial.
La ley de Bases de 3 de diciembre de 1953, desarrollada por Decreto de 18 del mismo mes supuso la reforma de la reforma realizada en 1950, por lo que fue llamada de contrarreforma. Crea el "recurso nivelador", para municipios de hasta 20.000 habitantes, que sustituye al de "compensación" que había fracasado estrepitosamente. El recurso nivelador lo ingresaba anualmente la diputación provincial según el déficit que cada ayuntamiento hubiese previsto. La base sexta disponía que la hacienda provincial se constituiría por los recursos que tuviese establecidos no suprimidos por esta ley y por:
a) El arbitrio sobre la riqueza provincial, que es desarrollado en la Base séptima y artículos 622 al 632 del Texto Articulado. Este arbitrio fue suprimido por La Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario.
b) El Arbitrio sobre el producto neto de las explotaciones industriales y comerciales de Sociedades y compañías, desarrollado en la Base octava y en los artículos 633 al 648 del Texto Articulado.
c) Arbitrio sobre rodaje y arrastre de vehículos, artículo 649 al 651 del Texto Articulado.
Otras fuentes de ingreso previstas son: el Recargo sobre la contribución industrial y de comercio (artículo 610 TR), la Participación en la Contribución Territorial, riqueza rústica y pecuaria (art. 653 TR) y los impuestos especiales (art. 654 TR).
En la Diputación de Albacete los ingresos del período comprendido entre 1939 y 1959 se derivan de 4 partidas fundamentales: los ingresos procedentes del Estado, de gran importancia al principio y que se mantienen alrededor de la misma cifra durante los primeros años 50; los municipales, los arbitrios especiales, y los recargos provinciales que permitirán llegar casi hasta la autofinanciación.
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1.956
46.864,80
2.353.452,40
8. Arbitrios provinciales.
8.1. Arbitrio sobre la riqueza provincial.
8.2. Arbitrio sobre el producto neto.
8.3.Arbitrio sobre rodaje.
14.764.709,67
9.Recargos y participaciones en tributos del Estado.
9.1. Recargo sobre la contribución Industrial y de Comercio.
9.3. Apuestas Mutuas Deportivo- benéficas.
10. Recursos procedentes de servicios del Estado.
10.1. Recursos procedentes de servicios del Estado.
609.717,79
27.331.144,66
La Ley 48/1966 de 23 de julio, Parcial de Régimen Local, crea nuevos ingresos municipales y refuerza el rendimiento de algunos impuestos municipales (contribuciones especiales). Los recursos arbitrados por la Ley de 1955 se habían demostrado insuficientes para atender al creciente volumen y calidad de los servicios, obligando a las entidades locales a acudir a la vía del crédito lo que originaba unas cargas financieras que comprometían los recursos a muy largo plazo. El período de los años sesenta supone el final de la independencia tributaria de las entidades locales que, merced a las leyes de 24 de diciembre de 1962 y de 23 de julio de 1966, pasan a nutrirse principalmente de las obligaciones del Estado. En cuanto a los ingresos procedentes del patrimonio local y de las tasas suponen una cantidad mínima.
En 1967 la Diputación pensó incrementar sus ingresos modificando la calificación jurídica de algunos de sus bienes que pasan a patrimoniales desde dominio público. Los ingresos por impuestos indirectos (arbitrio provincial de rodaje, participación en los ingresos del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas) pasaron de suponer un 74% en 1959 a 6,5% en 1975. Los pagos del arbitrio sobre la riqueza provincial podían realizarse conjuntamente por los habitantes de un municipio, a través de la formación de un gremio fiscal vinculado a las hermandades sindicales de labradores y ganaderos.
El declive de los impuestos directos coincide con el aumento de las cantidades por conceptos de subvenciones y participaciones en ingresos del Estado (15% en 1959 al 86% en 1975). Durante este período fue esencial como fuente de financiación el Banco de Crédito Local de España (que había sido nacionalizado en 1962), que incrementa notoriamente los niveles de contratación de préstamos con las corporaciones locales y con las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, sobre todo en relación con los planes de Cooperación.
5 . LEY DE BASES 41/1975.
Con los dos proyectos que la precedieron, en 1971 y 1974, la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local de 1975 dedica las bases vigésimo primera a la trigésimo cuarta a los recursos de las corporaciones locales que quedan constituidos de la siguiente forma:
d) Imposición local autónoma: El impuesto sobre solares, el de radicación, de circulación de vehículos, de incremento del valor de los terrenos, de gastos suntuarios y sobre la publicidad, y, en determinadas circunstancias, las prestaciones personal y de transporte.
e) Recargo sobre los impuestos estatales.
f) Participación en los impuestos estatales.
g) Ingresos procedentes de las operaciones de crédito.
En el caso de las mancomunidades, agrupaciones y consorcios, se podrá establecer tasas, o contribuciones especiales, por las actividades que realicen o por las obras que ejecuten.
La base 32 disponía que las Diputaciones provinciales podían imponer tasas y contribuciones especiales, y la trigésimo tercera fijaba los recargos y participaciones provinciales en impuestos del Estado: Sobre la cuota fija del impuesto industrial o de licencia del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, y sobre las operaciones sujetas al impuesto general sobre trafico de empresas, excepto las de importación y exportación...
La Ley 41/1975 modificó los presupuestos de las Corporaciones prescindiendo de los actuales especiales y extraordinarios, sin perjuicio de mantener el distinto tratamiento de los gastos, según tengan o no carácter consutivo.
El Titulo II. (Art. 130 a 153) del R.D. 3250/1976 ( por el que se ponen en vigor las disposiciones de la Ley 41/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local, relativas a ingresos de las Corporaciones Locales, y se dictan normas provisionales para su aplicación) está dedicado a la Hacienda Provincial. El articulo 130 enumera los recursos de las Haciendas Provinciales, siendo su texto casi identico al del art. 1º del texto articulado a excepción al apartado relativo a la imposición municipal autónoma. En los art. 138 y 139, se recogen los distintos tipos de tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales, y por prestación de servicios o realización de actividades. Forman parte del primer grupo, entre otras, la instalación de rejas, lucernarios, ocupación del vuelo de las carreteras, caminos y vías provinciales, etc....
Son tasas por prestación de servicios o por realización de actividades la autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos el escudo de la provincia; el servicio de extinción de incendios, los laboratorios provinciales, etc....
Las contribuciones especiales provinciales, se imponen por :
a) El establecimiento y mejora del servicio de incendios.
c) Obras de captación, embalses, deposito de aguas para el abastecimiento.
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1.976
1.1. Sobre el producto y renta.
1.2. Sobre el Capital
286.540.024
2.1. Impuestos indirectos.
3. Tasas y otros ingresos.
3.1. Tasas por prestación de servicios.
3.2. Tasas por aprovechamientos especiales.
3.3. Contribuciones especiales.
3.4. Arbitrios con fines no fiscales.
3.5. Ingresos por concesiones administrativas.
3.6. Otros ingresos similares.
4. Subvenciones y participaciones en ingresos.
4.1. Del Estado.
4.2. De Corporaciones Locales.
4.3. De otros Organismos Públicos.
4.4. De servicios de economía autónoma.
4.5. De particulares.
80.913.020
5.1. Intereses.
5.2. Participación en beneficio de empresas.
5.3. Renta de inmuebles.
5.4. Otros Ingresos.
6 .Extraordinarios y de capital.
6.1. Enajenación de bienes no productores de ingresos.
6.2. Enajenación de bienes productores de ingresos.
6.3. Venta de valores y participación en capital de empresas.
6.4. Emisión de deuda emitida.
6.5. Anticipos y prestamos de entes públicos.
6.6. Anticipos y prestamos de entidades de crédito.
6.7. Aportaciones de otros presupuestos.
6.8. Reembolso de deuda.
7. Eventuales e imprevistos.
7.1. Reintegros.
7.2. Multas.
7.4. Imprevistos.
3.669.043
8. Resultas.
8.1. Existencia en Caja en 31 de diciembre anterior.
8.2. Pendiente de cobro procedente del último ejercicio.
8.3. Pendiente de cobro procedente de ejercicios anteriores.
384.327.932
6.- LEY 39/1988 DE HACIENDAS LOCALES.
En el art. 57 se enumeran los recursos de las Haciendas Locales:
1º.- Los ingresos procedentes de su patrimonio y los demás de derecho privado.
2º.- Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos, y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas.
3º.- Las participaciones en los tributos del Estado y Comunidades Autónomas.
4º.- Las subvenciones.
5º.- Los percibidos en concepto de precios públicos.
6º.- El producto de las operaciones de crédito.
7º.- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
8º.- Las demás prestaciones de derecho público.
El tratamiento que la ley da es diferente según los casos, clasificándolos en tres categorías:
a) Los recursos que son de aplicación directa al ámbito municipal y las normas reguladoras de los mismos:
- Ingresos de derecho privado.
- El producto de las operaciones de crédito.
- Las demás prestaciones de derecho público.
b) Los recursos regulados generalmente en el Título I:
- Las tasas.
- Las contribuciones especiales.
- los precios públicos.
c) Los recursos regulados específicamente en el Título II, circunscritos exclusivamente al ámbito municipal:
- La participación en los tributos del Estado.
- Prestación personal y de transporte.
Para el resto, la ley concede prerrogativas a los entes locales para la cobranza y efectividad de sus recursos (art. 2.2.)
Tributos Propios (art. 58 al 111)
- Las tasas (art.58): "... por prestación de servicios o realización de actividades de la competencia municipal". Ver sección Tercera, Cap.3º, del Título I.
- Las contribuciones especiales (art.59): "... por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales". Sección cuarta, Cap.3º, T´titulo I).
Impuestos (art.60 al 111)
2.- Impuesto sobre actividades económicas.
3.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Así mismo, podrán establecer y exigir el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Los municipios son las únicas entidades locales que pueden exigir impuestos, y, éstos, pueden ser clasificados en obligatorios y potestativos.
Son obligatorios aquellos que para su exacción no precisan de acuerdo de imposición alguno y deben ser exigidos por la totalidad de los Ayuntamientos; son:
- El impuesto sobre bienes Inmuebles.
- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Los impuestos voluntarios son aquellos que para su exacción precisan de acuerdo expreso; son en particular:
- Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.
Se fijan por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal.
Los Ayuntamientos de población no superior a los cinco mil habitantes podrán imponer estas prestaciones para la realización de obras de la competencia municipal. Estas prestaciones pueden ser aplicadas simultáneamente.
Para fijar los períodos de establecimiento se debe tener en cuenta que no coincida con el periodo de máxima actividad laboral. A la prestación personal se encuentran sujetos todos los residentes en el municipio con las excepciones que marca el art.119; el período de la prestación no excederá de 15 días al año, ni de tres consecutivos, y podrá ser redimido en metálico por importe del doble del salario mínimo interprofesional.
La prestación de transporte es general para todas las personas físicas y jurídicas, residentes o no, que tengan elementos de transporte en el término municipal a efectos de explotaciones empresariales.
Se puede redimir en metálico por el triple del salario mínimo, y el tiempo será de 5 días al año.
Los RECURSOS DE LAS PROVINCIAS quedan formados por :
a) Tasas y precios públicos. Exigibles por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia municipal. Modificado por la Ley 25/1998 de 13 de julio.
b) Contribuciones especiales. Por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios.
c) Recargos de las provincias.
1.- Sobre el impuesto de actividades económicas. Máximo el 40% sobre la cuota mínima. La gestión del recargo se realiza, conjuntamente con el impuesto, por el organismo que tenga atribuida la recaudación.
2.- Participación en los tributos del Estado.
- Las destinadas a financiar los planes provinciales de obras y servicios de competencia municipal.
- Las participaciones en las apuestas mutuas deportivas del Estado.
d) Precios públicos.
Podrán establecerlos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, y por la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público provincial.
e) Otros recursos.
- Cuando gestionen servicios propios de las Comunidades Autónomas.
- Cuando asuman por cuenta de los Ayuntamientos la recaudación de los impuestos sobre bienes inmuebles y actividades económicas, podrán efectuar operaciones de tesorería con el único fin de anticipar a los Ayuntamientos la recaudación, hasta un 75 por 100 del importe de la recaudación presumible.
7.- EL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN.
La disposición adicional decimotercera de la Ley de Presupuestos de 1983 trasladó a los Ayuntamientos la titularidad de la recaudación, en periodo voluntario, de las contribuciones territoriales sobre rústica, pecuaria y urbana; así como las licencias fiscales de actividades comerciales e industriales y de actividades profesionales y de artistas, en lo que respecta a las deudas que se recaudan mediante recibo. Por lo tanto, la organización del servicio corresponde, en su calidad de titulares a los Ayuntamientos, de ahí el carácter voluntario del servicio provincial
Los estatutos de este Servicio se publicaron en el B.O.P. de fecha 15 de abril de 1985. Se constituye en un régimen de gestión directa, independiente de los demás servicios provinciales. Su fin es la cobranza de los tributos de carácter real, arbitrios y cuotas de las entidades locales, según se concierte. También la recaudación de las imposiciones provinciales, así como la cobranza de los impuestos estatales.
El Servicio está dirigido por un Comité formado por:
- El Presidente de Diputación.
- El Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda
- El Diputado Presidente de la Comisión de Régimen Interior.
- El Jefe del Servicio
- Un representante de los municipios.
Las competencias de este Comité son:
1º.- La organización por zonas de la provincia a efectos de recaudación.
2º.- Nombrar recaudadores interinos.
3º.- Aprobar la plantilla.
4º.- Nombrar el personal y disponer de su sustitución, traslado, cese y excedencias.
5º.- Concesión de beneficios económicos y ayudas.
6º.- Resolución de expedientes disciplinarios.
7º.- Redactar el proyecto de presupuesto.
8º.- Fijar las categorías de las zonas recaudatorias.
9º.- Aprobar las fianzas depositadas por los recaudadores, etc...
El miércoles 18 de noviembre de 1992 se publicaron en el B.O.P los Estatutos del "Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete" en los que se establece que es objeto de la gestión de este Organismo:
1.- La recaudación de ingresos propios de la Diputación.
2.- La gestión liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público de las entidades locales.
3.- La recaudación de los recursos de otras entidades de derecho público dentro del ámbito de la provincia.
4.- La realización de cualquier otra actividad conexa o complementaria de las anteriores y cuyo ejercicio resulte necesario para lograr una mayor efectividad de las mismas.
- El Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno está presidido por el Presidente de la Diputación, por un Vicepresidente y por tres vocales, diputados provinciales. Son miembros con voz pero sin voto; El Secretario, El Interventor y el Tesorero de la Corporación Provincial, así como el Gerente del Organismo Autónomo.
8 .- IMPUESTOS Y ARBITRIOS SOBRE LOS QUE LAS DIPUTACIONES TIENEN O HAN TENIDO RECARGO O PARTICIPACIÓN.
1) Impuesto sobre actividades económicas
Es un tributo de carácter directo y real, cuyo hecho imponible es el ejercicio, en el territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Se consideran actividades empresariales las agrícolas, forestales, pesqueras, industriales, comerciales, de servicios y mineras.
La formación de la matrícula de este impuesto la realiza la administración tributaria del Estado, así como la calificación económica y el señalamiento de las cuotas; así, también entiende sobre las reclamaciones que se puedan interponer.
2) Arbitrio sobre terrenos incultos
Recargo provincial desde el Estatuto de 1925 (art.408 y ss.). También viene desarrollado en el art. 612 y siguientes de la Ley Articulada de Régimen Local de 1950. Gravaba los terrenos que, no teniendo consideración de solares y siendo susceptibles de explotación agrícola, forestal o ganadera, no fueran objeto de aprovechamiento o lo fueran de modo insuficiente.
Se devengaba trimestralmente, recayendo sobre el propietario de los bienes gravados o sobre el poseedor en concepto de dueño. En el art.620 de este último texto se preveía que el propietario otorgase a favor de la Diputación una promesa de venta.
Quedaban exentos del arbitrio:
a.- El Estado Español.
b.- Los bienes del Patrimonio Nacional.
c.- La provincia y los municipios que la forman .
d.- Las mancomunidades y agrupaciones de los municipios de las provincias.
e.- Los terrenos comprendidos en las demarcaciones de las concesiones mineras y los que estuvieran afectos a sus explotaciones.
f.- Las salinas comprendidas en la contribución territorial.
El Estatuto autorizaba hasta un recargo del 100% por este concepto, pudiendo llegar a absorberlo en el caso de que los Ayuntamientos no impusiesen el arbitrio. Posteriormente, pasó a las Haciendas provinciales según la ordenación de las Haciendas Locales, bases 22 y 49.
3.- Arbitrio sobre las compañías anónimas y comanditarias por acciones , no gravadas en la contribución territorial y de comercio
Este recurso, cedido a las Diputaciones en el Estatuto de 1925, está desarrollado en los art. 393 al 406 del Estatuto Municipal.
Tiene como sujeto pasivo las explotaciones industriales y comerciales de las compañías anónimas y comanditarias, excepto las de seguros que ejerzan alguna actividad en el término municipal de la imposición.
La base de la imposición es el rendimiento neto anual. Las compañías, industrias o comercios que ejerzan en dos o más términos serán gravadas en cada uno por el producto que en él obtengan.
La administración y recaudación corre a cargo de la Hacienda Pública, en armonía con la R.O. de 30 de enero de 1923, ante la que deben presentar las compañías, cada 3 años, las relaciones correspondientes.
Las liquidaciones del arbitrio deben ajustarse a los preceptos de la Ley del Impuesto de Utilidades y a la Instrucción de Recaudación y Apremio de 18 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29).
La entrega a los Ayuntamientos de las cantidades recaudadas se hará por trimestres vencidos.
En el Libro Auxiliar de operaciones del Tesoro de la Provincia, se llevará una cuenta por el importe de los ingresos que se verifiquen por este concepto, que se aplicará como "5 por ciento de administración, investigación y cobranza de recargos municipales".
Este arbitrio se autorizó en la Ley de Presupuestos del año económico de 1920-1921.
4.- Pesas y medidas
La disposición transitoria 16º del Estatuto, otorga un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para ajustar este arbitrio a las disposiciones del Estatuto.
El R.D. de 25 de junio de 1926, en el art. 2, establecía que el arbitrio de pesas y medidas solo podría exigirse en las transacciones que definen los art. 2 y 29.
Para ajustar los Ayuntamientos el arbitrio a esta ley debían transformarlo; es decir, convertirlo en derecho o tasa y, por lo tanto, no cobrar mayor cantidad que la que costase la prestación del servicio.
5.- Solares sin edificar
Ley de 12 de junio de 1911, sobre sustitución del impuesto de consumo, art.22 al 32 y art. 380, 386, 407 y 556 del Estatuto.
Se consideran solares los terrenos edificables enclavados en el término municipal.
Los jardines anejos no tienen la consideración de solar, pero cuando un jardín o terreno es independiente de la vivienda debe ser considerado como solar. En el estatuto es un recargo.
6.- Timbre del Estado.
Por la pragmática publicada el 13 de diciembre de 1636, durante el reinado de Felipe IV, se creó el impuesto del papel sellado.
Desde el 1 de enero de 1637 se comenzó a emplear en las actuaciones de los tribunales y en la redacción de escrituras, estableciéndose 4 clases: sello mayor, segundo, tercero y cuarto. Al poco tiempo se crearon dos clases más de papel, uno para los despachos de oficio y otro para los pobres de solemnidad.
La Ley de 31 de diciembre de 1881 aprobó y puso en ejecución el proyecto de Ley provisional que reformaba la renta del Sello y Timbre del Estado.
Este impuesto grava los documentos públicos y privados acreditativos de actos o contratos, y los documentos de tráfico mercantil.
El Estatuto de 1925 marcaba un recargo del 10% sobre este impuesto.
7.- Impuesto sobre la riqueza radicante
Constituye el hecho imponible del impuesto de radicación la utilización o disfrute, para fines industriales o comerciales y para el ejercicio de actividades profesionales, de locales de cualquier naturaleza, sitos en el término municipal. Se exigía en las capitales de provincia y municipios con una población de derecho superior a 100.000 habitantes. Quedan exentos los hospitales del ministerio o concertados, las actividades benéfico docentes de carácter publico o privado, etc...
9. ORDENANZAS FISCALES DE LOS ARBITRIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE DURANTE EL SIGLO XX.
ARBITRIO SOBRE EL ESPARTO Y UVA
Objeto de este arbitrio era el cultivo de esparto y uva para su comercialización considerados como riqueza radicante.
Sujetos a este impuesto todos los particulares o entidades que cultiven el producto y subsidiariamente, los almacenistas y fabricantes o industriales.
En 1943 (BOE 1 enero 1944) se suprime el arbitrio sobre riqueza radicante de aquellos productos que figuraban gravados con impuestos estatales de características análogas como ocurre con los vitivinícolas.
ARBITRIO SOBRE EL TIMBRE PROVINCIAL
Están sujetos a este arbitrio todos los documentos que expida la Administración Provincial, con excepción de los de establecimientos benéficos, pobres, asuntos oficiales y retribuciones del personal. Por lo tanto, queda como sujeto pasivo las personas a las que la Administración expida documentación.
Se reformó en base al decreto de 25 de enero de 1946.
IMPUESTO SOBRE CEDULAS PERSONALES
Impuesto Provincial desde el 1 de enero de 1926. Estaban sujetos a este impuesto todos los españoles y extranjeros mayores de 14 años domiciliados en la provincia, excepto:
1.- Pobres de solemnidad
2.- Religiosas de clausura e Hijas de la Caridad
3.- Los penados durante el tiempo de su reclusión
4.- Los dementes recluidos en manicomios
5.- Las clases de tropa del Ejercito y la Armada y asimilados mientras permanezcan en activo.
La recaudación corre a cargo de los Ayuntamientos quienes elaboran los padrones y liquidan ante la Diputación.
El impuesto de cédulas personales gravaba las rentas del trabajo, las contribuciones directas y los alquileres, estableciéndose una tarifa por cada uno de los conceptos expresados. Las personas que no estaban incluidas en ninguno de ellos estaban gravadas con una tarifa especial.
Esta ordenanza se modificó en 1928, año en el que también la Diputación de Albacete se hizo cargo directamente de la exacción del impuesto, fue suprimido por la Ley de 19 de enero de 1943.
Grava todos los productos obtenidos naturalmente o por transformación industrial, susceptibles de tráfico comercial:
a) Productos naturales (aceituna, repollo, avena...)
b) Ganadería (bovino, lanar, caprino...)
c) Fuerza hidráulica
d) Energía eléctrica. De origen hidráulico o térmico
e) Productos transformados industrialmente (aceite, aguarrás, alcohol, alfarería, aparatos mecánicos...)
La obligación de contribuir nace en el momento de producirse, obtenerse o aprovecharse de la especie o riqueza sujeta a este arbitrio, cualquiera sea su destino o aplicación. Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas a cuyo nombre se realice la producción.
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL REAL CONSERVATORIO
Su objeto es la utilización del Centro Docente; su sujeto pasivo, los alumnos. Fue reformada en 1976.
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CENTROS MÉDICOS Y ASISTENCIALES
Sujeto: los usuarios que no tienen carácter benéfico; reformada en 1959, 1964 y 1967, con la innovación en 1971 de establecer cuatro tarifas para recoger las diferencias socio-económicas.
Objeto: el uso de los servicios sanitarios. La modificación del año 1971 se produce por las inversiones efectuadas y por el aumento de los usuarios.
TASAS POR ESTANCIA EN ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS
Aprobada en 1.925 su objeto eran las estancias, asistencia, medicación, alimentación e intervenciones quirúrgicas.
Sujeto pasivo: los usuarios, a excepción de demente e indigentes pobres, los Ayuntamientos de la provincia abonaran las cuotas de sus pobres. En 1951 se exime a los Ayuntamientos de pagar por pobres y dementes ingresados por su petición.
TASAS POR EL IMPORTE DE SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS PUBLICADOS EN EL B.O.P.
La obligatoriedad de editar el BOP se estableció por R.O. de 20 de abril de 1833.
Tasa percibida por la venta, suscripciones e inserción de anuncios en el boletín. Todos los anuncios publicados en el BOP debían estar autorizados por el Gobernador Civil. Estaban excluidos del pago algunos funcionarios y autoridades; así como los Ayuntamientos de la provincia.
Las subastas judiciales, provinciales y municipales quedaban excluidas del previo pago; así como la contratación de suministros para el ejército.
Fue modificada esta ordenanza, entre otros, en el año 1928 y en enero de 1946 se publica un Decreto que obliga a su reforma; posteriormente también lo fue, entre otros años, en 1964, 1970, 1975 y 1980.
La ordenanza fiscal, en la modificación de que es objeto en 1970, diferencia entre las inserciones de pago obligatorio, de pago previo y de pago diferido.
Son inserciones de pago obligatorio las referentes a subastas, concursos, convocatorias, pliegos de condiciones, devoluciones de fianzas... y, en general, todas aquellas que provengan de expedientes o asuntos que se tramiten a instancia de parte o motivados por un interés particular, salvo que sea gratuito por expreso precepto legal.
Las inserciones de pago previo, cuando el importe exacto del coste del servicio es conocido, dan lugar a la constitución de depósitos y se consideran de pago diferido aquellas derivadas de los asuntos judiciales en los que los interesados están declarados legalmente pobres y los abintestatos tramitados de oficio; las cuotas derivadas de estos dos tipos se satisfacen por los interesados en los procedimientos que resultasen beneficiados. También están considerados de pago diferido:
- Los asuntos criminales si hubiera condena en costa; las subastas, concursos, contratos y demás servicios oficiales, que serán satisfechos por los rematantes o contratistas; etc...
Quedan excluidos del pago de inserción las disposiciones del Gobierno y las procedentes de autoridades o Centros oficiales que tengan reconocido este derecho por precepto legal.
TASAS POR CONSERVACIÓN DE CAMINOS SUBVENCIONADOS
Se basa en el Decreto-Ley de 12 de febrero de 1954, los sujetos pasivos son los Ayuntamientos y Diputaciones interesadas en la construcción de caminos.
Su objeto: los caminos que se construyan con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-Ley.
ARBITRIO PROVINCIAL DE RODAJE Y ARRASTRE POR VÍAS PROVINCIALES
En 1949 la Ordenanza fiscal de este arbitrio exceptuaba los vehículos a motor. Se reforma a raíz de la Ley de Régimen Local de 1955.
El objeto del arbitrio es toda clase de vehículos no sujetos al pago de la Patente Nacional. Excepciones : vehículos afectos a los servicios militares y de vigilancia; así como los de carácter publico explotados directamente por el Estado, el municipio, la provincia de la imposición o por la mancomunidad o agrupación provincial.
También estaban exceptuados los dedicados a transportes urbanos, salvo que circulen por vías provinciales.
Sujeto pasivo, los propietarios de los vehículos con las excepciones señaladas.
APORTACIÓN MUNICIPAL FORZOSA ORDINARIA
Aprobada en sesión del 27 de julio de 1925, están sujetos los Ayuntamientos de la provincia al pago de esta exacción y su objeto contribuir a la Hacienda Provincial.
En 1928 se fijó el límite máximo de aportación según la escala elaborada al efecto:
- El 90% del contingente que se les repartió en 1924-1925, cuando la cuota no haya excedido del 10% del presupuesto de ingresos.
- El 85% del contingente, cuando la cuota haya excedido del 10% sin rebasar el 20%.
- El 80% cuando la cuota haya rebasado el 20%. Para ello, en este año se realizó un repartimiento complementario.
Fue suprimida por la Ley de 1950,se encontraba regulada por los artículos 230 al 233 del Estatuto provincial.
ARBITRIO SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS
Sujetos a este impuesto las compañías, sociedades y particulares poseedores de aprovechamientos hidráulicos en la provincia.
Se exceptúan de este arbitrio todo aprovechamiento de esta naturaleza que posea el Estado, las Mancomunidades y Entidades Locales que radiquen en la provincia. La obligación de contribuir nace en el momento de transformar en energía eléctrica el caudal de las aguas públicas.
RECARGO MUNICIPAL SOBRE EL IMPUESTO ESTATAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Se exceptúan, los espectáculos para los que no se exigían entrada y los que tenían por objeto exposición de arte, industria, agrícolas, pecuarias y todos aquellos cuyo fin no era el lucro.
La base de percepción la constituyen las cuotas que satisfacen los espectáculos públicos al Estado.
EXACCIÓN POR EL APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTOS
La referencia que tenemos es copia de la ordenanza por este concepto de Murcia.
Su objeto es la recaudación por todas las guías que se expidan por las consejerías de abastecimientos para circular dentro de la provincia. Como excepción las guías para establecimientos oficiales con destino a los pobres de solemnidad.
DERECHOS DE CUSTODIA DE LOS DEPÓSITOS Y FIANZAS DEFINITIVAS CONSTITUIDAS EN LA CAJA DE LA CORPORACIÓN
Aprobada el 18 de diciembre de 1929. Sujetos, los licitadores y contratistas y su objeto, los derechos de custodia del dinero.
ARBITRIO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE AZUFRE
Impuesto en el año 1942 sobre la producción de azufre en la provincia, tanto de propiedad común como privada, excepto las que realice el Estado, los municipios y organismos. Sujeto al mismo todas las empresas y particulares. Suprimido en 1943.
TASA POR SERVICIOS Y SERVIDUMBRE EN LOS CAMINOS VECINALES A CARGO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
Aprobada en 1.933, su objeto lo constituían:
1.- Permisos para edificaciones y obras
2.- Permisos para instalaciones y canalizaciones.
3.- Canon anual por servidumbre y servicios en caminos vecinales.
4.- Indemnizaciones por tapado de zanjas o calas en las zonas de urbanización en caminos.
5.- Derechos por utilización de apisonadoras, tanques, bombas, cilindros de tracción animal, carros y cubas propiedad de la Corporación.
Sujeto: Todos los interesados en realizar o utilizar alguno de los servicios o realizar obras.
Considera zona de urbanización de los caminos vecinales, la ocupada por éstos y sus cunetas, más un ancho de 2 metros a partir de la arista exterior de la cuneta o del pie del terraplén o de la arista superior del desmonte.
Se considera zona de servidumbre la comprendida entre el límite anterior y los 25 metros contados en la misma forma que aquel.
PARTICIPACIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL RUSTICA
Según el Real Decreto de 20 de marzo de 1925, se establece una participación del 5 por ciento que trimestralmente Hacienda ingresará en las arcas provinciales. La Ley de 3O de diciembre de 1943 elevó este porcentaje al 7,5.
REPARTIMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE
Aprobada en 1.925, establecía a cada Ayuntamiento de la provincia una cuota de 1 por ciento del presupuesto de ingresos de este centro.
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ESCUELAS DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS
Su objeto es la utilización de los servicios de la Escuela y de la residencia. Los alumnos eran el sujeto de la tasa, que fue creada en 1972 y modificada en 1974 y 1976.
Se excluían de la exacción los derechos de matrícula y examen que correspondían a la Facultad de Medicina de Murcia.
También se podía conceder, con carácter excepcional, la exención total de los derechos siempre que se acreditase documentalmente la carencia de recursos de la alumna y sus familiares. En el supuesto de escasa capacidad económica y elevado nivel académico se podía optar a una bonificación del 50%.
TASAS POR ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS PROVINCIALES Y ASISTENCIA A ESCUELAS PROVINCIALES ESPECIALIZADAS.
Sujeto pasivo: aquellas personas que no reúnan las condiciones precisas para ser incluidas en el padrón benéfico.
Creada a raíz de la puesta en servicio de la Escuela Especializada de Sordomudos, contempla los servicios prestados por dicha escuela con carácter extraordinario y fuera de los horarios promovidos a iniciativa particular de los interesados.
No obstante, la Diputación podía acordar la asistencia a estas clases extraordinarias de sus acogidos gratuitos, sin pago de tasa alguna.
La ordenanza regula que solo podían ser recibidos en los establecimientos como internos de pago:
1.- Los mayores de 18 años que hayan sido benéficos.
2.- Los sordomudos que no tuviesen residencia en la capital y debiesen asistir a clases especializadas.
3.- Los menores que sin derecho a estancia gratuita fueren ingresados a instancia de los Ayuntamientos o cualquier organismo encargado de la vigilancia de la juventud y que asumen el pago de los derechos.
Se contemplan bonificaciones de hasta un 50% para los hijos de familia numerosa y de funcionarios provinciales y municipales.
Esta ordenanza se aprobó el 27 de septiembre de 1968 junto a las de asistencia sanitaria, aprovechamientos especiales de carreteras y caminos vecinales y por prestación de maquinaria de la Sección de Vías y Obras.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA EXACCIÓN DE DERECHOS Y TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
Aprobada en sesión del 30 de octubre de 1967, su objeto es el uso de los centros sanitarios de la Diputación siempre que los servicios se presten a personas pudientes o cuyos gastos deban sufragarse por personas o entidades que lo sean. Quedan excluidos del ámbito de la ordenanza los siguientes:
- Los prestados de oficio por la Diputación derivados de la asistencia gratuita a la que esta obligada.
- Los prestados a requerimiento de órganos o servicios públicos de carácter jurisdiccional o administrativo.
- Los prestados a personas no pudientes o de escasa capacidad económica, siempre que no exista obligación de sufragar directamente, indemnizar o compensar los gastos por parte de personas con tal capacidad. A efectos de esta ordenanza se entiende por personas de escasa capacidad económica las que figuren en los padrones de la beneficencia municipal.
Constituye el sujeto pasivo la persona natural o jurídica que está obligada a contribuir por el uso de los servicios.
La reforma de 1967, está orientada a prevenir los servicios que se prestarán en el hospital Psiquiátrico; es decir, intenta darle un carácter general abandonando el criterio de la ordenanza anterior que reglamentaba en función el tipo de establecimiento. Efectivamente, la ordenanza publicada en el B.O.P de 13 de febrero de 1942 distinguía las tasas por estancias en el Hospital Provincial de San Julián, en el Departamento de Dementes, en el Departamento de Maternidad y en la Casa de Huérfanos y Desamparados.
Las estancias en el Hospital Provincial de San Julián se clasificaban en "Estancias militares" y "Otras estancias" y éstas a su vez en "De régimen ordinario" (cuando los interesados pudiesen costearse los gastos que generaban), "Mozos en observación" (pendientes de fallo como consecuencia de los reemplazos), "Obreros lesionados por accidente" (las estancias que generasen correrían a cargo de sus patronos o compañías aseguradoras) y " Responsabilidad civil" (aquellos que ingresaran en el hospital por padecer enfermedad o lesión producida por hecho delictivos).
Se denominaban pensionistas a los dementes recluidos que para su alimentación y estancia se hallaren separados del grupo general de asilados. Según las circunstancias de cada uno se establecía una tarifa. En todos los casos, corría por cuenta del pensionista el vestuario, el aseo y la limpieza.
El pabellón de Maternidad estaba destinado a albergar a mujeres embarazadas que serían asistidas por una sola vez, excepto las ingresadas que estaban obligadas al pago de una tarifa por asistencia y lavado de ropa.
Del abono de las estancias generadas en la Casa de Huérfanos y Desamparados por los Pobres e Indigentes se hacía cargo la Corporación respectiva, salvo que la procedencia de éstos fuera desconocida.
ARBITRIO SOBRE EL PRODUCTO NETO DE LAS EXPLOTACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LAS SOCIEDADES Y COMPAÑÍAS.
Son objeto todas las sociedades y compañías con establecimiento o delegación en la provincia que no estén gravadas con la contribución industrial, con la excepción de las compañías de seguros.
TASA POR ANÁLISIS QUÍMICOS EN LA GRANJA ESCUELA
Aprobada en 1954 grava los análisis que se realicen en el centro y es sujeto del mismo todo aquel que los solicite.
RECARGO SOBRE LA DÉCIMA
Basado en la Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de abril de 1942, se impuso con la finalidad de remediar el paro obrero.
EXACCIÓN DE DERECHOS Y TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD
Aprobada en 1985, su objeto son los derechos y tasas por la prestación en el centro de los servicios sanitarios por estancias en hospitales, cirugía, prevención del cáncer femenino, educación materna.
Sujeto pasivo: Las personas que utilicen los servicios excepto las que estén incluidas en los padrones de beneficencia y las mujeres residente más de dos años en relación a la tasa por prevención del cáncer femenino.
EXACCIÓN DE DERECHOS Y TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN Y POR EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL
Aprobada en 1985, su objeto: Los servicios médicos prestados en el hospital Psiquiátrico, bien en régimen de ingreso o extrahospitalario.
Sujeto pasivo: Los usuarios del servicio; en el supuesto de producirse el tratamiento a requerimiento de órganos o servicios de la Administración pública, civil o militar, administración local, seguridad social o mutualismo laboral, sin que exista obligación de asistencia gratuita, quedaron obligados al pago los citados organismos.
Si el ingreso o tratamiento se produce a requerimiento de alguna compañía o sociedad privada, está queda obligada al pago de las tasas devengadas.
Quedan exentas las personas incluidas en el padrón de beneficencia de los municipios de la provincia de Albacete, siempre que tengan una residencia mínima de dos años.
También quedan exentas las personas incluidas en la unidad familiar, cuyos ingresos totales y mensuales sean inferiores al salario mínimo interprofesional y no tengan derecho a asistencia médica.
PRECIOS PÚBLICOS POR VENTA DE DISCOS COMPACTOS Y CASSETTES EDITADOS POR ESTA DIPUTACIÓN
En 1995 se establecen los precios por la venta de los discos compactos o cassettes que pueda editar la Diputación por la grabación de actos, festivales o concursos musicales que realice o en los que colabore o participe la Diputación.
Como sujeto pasivo quedan los adquirientes de los citados productos. La venta de los productos se realiza mediante entregas en depósito a los comerciantes que lo soliciten quienes perciban un cargo en concepto de comisión.
RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Suprime la licencia fiscal desde el 1-01-1992, su entrada en vigor establece un recargo sobre las cuotas mínimas municipales con un máximo del 40%.
Constituye el hecho imponible el desarrollo o ejercicio de cualquier actividad empresarial, profesional o artística sometido al impuesto. En consecuencia, los sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas que desarrollen esta actividad. Están exentos del recargo provincial las mismas entidades, organismos, sujetos pasivos, asociaciones, fundaciones y beneficiarios que lo sean del Impuesto de Actividades Económicas.
El 31 de octubre de 1991 la Diputación suscribió con la Delegación de Hacienda de Albacete un convenio de cooperación para la implantación del I.A.E.
El convenio se realiza ante la necesidad de realizar los censos municipales para la implantación del impuesto, la Diputación actúa en nombre y representación de algunos de estos Ayuntamientos a fin de "cumplimentar, imprimir y recepcionar las declaraciones de alta en el I.A.E"
Este impuesto sustituyó a la licencia fiscal entró en vigor el 1-01-1992.
ORDENANZA PARA LA EXACCIÓN DE DERECHOS POR DESGASTE DE MAQUINARIA.
Desde 1930. La maquinaria propiedad de la Diputación destinada a la construcción y conservación de caminos vecinales se entregaba a los contratistas de las obras y, en consecuencia, sufría un desgaste del que no se resarcía la Administración Provincial ya que los contratistas sólo se hacían cargo de las reparaciones por desarreglos. La ordenanza establecía un depósito de garantía para posibles reparaciones.
EXACCIÓN PROVINCIAL POR ESTANCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA POR CUENTA DE CORPORACIONES INTERESADAS O DE PARTICULARES
Publicado en el B.O.P de 2 de enero de 1928. Considera esta ordenanza como sujeto pasivo a los dementes recluidos en la Casa de Misericordia para observación que poseyesen bienes; así como a todos los recluidos por particulares.
También gravaba a los Ayuntamientos que, solicitasen el ingreso de dementes de su término municipal. La tarifa variaba en función de que éstos fuesen o no indigentes.
Las tasas por estancias de los obreros, como consecuencia de accidentes de trabajo, corrían por cuenta de los patronos. Las de los médicos sin recursos (siempre que hubiesen ejercido la profesión con anterioridad) serían gratuitas y en calidad de enfermos distinguidos.
Esta ordenanza derogó el Reglamento de Beneficencia.
Según consta en la nota 666 del volumen de Abellá Régimen Local publicado en 1955, esta tasa cobrada a los Ayuntamientos por estancias en manicomios fue recurrida por un Ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contenciosos, el cual revocó el acuerdo, por entenderse que desde la R.O. de 8 de marzo de 1840 existía el deber de las Diputaciones provinciales de costear los gastos de reclusión de enfermos dementes.
ORDENANZA PARA LA EXACCIÓN DEL IMPORTE DE SUSCRIPCIONES AL BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE LA GRANJA ESCUELA
Aprobado en Pleno de 24 de julio de 1952, regula los derechos de tasas por la publicación del boletín de Información de la Granja Escuela de Agricultura; constituye su objeto:
- Las suscripciones voluntarias al boletín y la de aquellos que estuvieran obligados a sufragar y que no quedaran expresamente exentos en la ordenanza.
- Los anuncios de todas clases que se publiquen en dicho boletín, salvo los de la Diputación y aquellos que expresamente exima la Corporación.
- La venta de ejemplares sueltos.
Quedan exentos del pago de suscripciones: El Estado, las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos de la Provincia de Albacete, la Cámara Oficial Sindical Agraria y Hermandades Sindicales de la provincia.
ORDENANZAS FISCALES Y TASAS VIGENTES:
- 1989/1995. Ordenanza fiscal reguladora de tasas por la prestación de servicios del Área de Política Territorial.
- 1989/1990. Ordenanza fiscal reguladora de la exacción de derechos y tasas por la prestación de servicios de publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.
- 1989/1990. Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas por utilización de los servicios provinciales de extinción de incendios y de protección de personas y bienes.
- 1989/1990. Ordenanza reguladora de la exacción de contribuciones especiales provinciales.
- 1991/1996. Ordenanza fiscal reguladora del recargo provincial sobre el impuesto de Actividades Económicas.
- 2000/2001. Precio público por asistencia a representaciones de espectáculos escénicos y culturales en general, organizadas por esta Diputación.
- 1989/1990. Precios públicos por la prestación de servicios públicos en el Centro de Atención a la Salud.
- 1989/1990. Precios públicos por la prestación de servicios en y por el Hospital Psiquiátrico Provincial.
- 1989/2001. Precio público por prestación de servicios en el colegio Virgen Milagrosa, Residencia Juvenil y Colegio Giner de los Rios.
- 1989/1996. Precios públicos por la prestación de los servicios de internado o media pensión del Colegio Virgen Milagrosa y Residencia Juvenil y por enseñanzas especiales en el Colegio Giner de los Rios.
- 1989/1990. Precio público por aprovechamiento de carreteras y caminos vecinales.
- 1995. Ordenanza reguladora de precios públicos por venta de discos compactos y cassettes editados por esta Diputación.
- 1996/2000. Ordenanza reguladora de precios públicos por asistencia a actividades culturales, deportivas y sociales organizadas por esta Diputación.
9.- DEFINICIONES.
CONTINGENTE PROVINCIAL: Período de vigencia de 1870 a 1925. Aplicado a partir de la Ley Provincial de 1870. Repartimiento entre los pueblos de la Provincia en proporción a lo que por contribuciones directas pagaban al Tesoro.
TRIBUTOS: Ingreso de derecho público que se origina por la aplicación de la Ley, a diferencia de los ingresos de derecho privado, que nacen de un negocio jurídico privado como una venta o un arrendamiento.
1.- TASAS. Ingreso de derecho público que se origina por la prestación de un servicio público, de consumo divisible que reporta, aunque de modo secundario, un beneficio general para la colectividad y cuya cuantía es igual al coste del servicio.
2.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Son los ingresos públicos obtenidos por la realización de una obra o prestación de un servicio. El art. 26 de la Ley General Tributaria las define como "aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos".
3.- IMPUESTOS. Ingreso obtenido en proporción a la capacidad contributiva de todos los que se hallan sometidos a la soberanía fiscal del Estado y dirigido a cubrir los costes de los servicios públicos, cuyo consumo es indivisible.
El art.26 de la Ley General Tributaria los define como "el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho imponible esta constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta".
El apartado 2 del mismo artículo, añade: "participan de la naturaleza de los impuestos las denominadas exacciones parafiscales cuando se exijan sin especial consideración a servicios o actos de la Administración que beneficien o afecten al sujeto pasivo".
En derecho hipotecario es un requisito previo para que el acto o contrato tenga posibilidad de ser inscrito. Es decir, todo acto que pretenda acceder a los libros registrales deberá contener el justificante de haber satisfecho los impuestos que lo graven, o bien acreditar su exención.
Los actos y contratos "inter vivos" o por "mortis causa" están sujetos al llamado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como al Impuesto de Sucesiones. Por semejanza con la normativa que establece el art. 254 de la Ley Hipotecaria, el arbitrio municipal de Plusvalía, en el art. 519 de la L.R.L. y en el texto refundido de 24 de junio de 1954, establecieron la prohibición de inscribir en el registro de la propiedad documento alguno determinante de contribuir al arbitrio de la plusvalía sin que se acreditase su pago.
Esta normativa fue sustituida por la Orden de 5 de abril de 1951 y el art. 110 del Reglamento de Haciendas Locales que establecieron el sistema de nota marginal de afección y que ha sido suprimido por la L.H.L. y la resolución de la Dirección General de Registros de diciembre de 1989.
3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS
La más frecuente es la que distingue entre directos e indirectos. No hay unanimidad en cuanto al criterio de distinción; las teorías más extendidas son:
1º.- Son impuestos directos: aquellos que recaen directa y definitivamente sobre el sujeto pasivo, sin posibilidad de repercusión, e impuestos indirectos, aquellos que el sujeto pasivo puede trasladarlos o repercutirlos sobre otra persona.
2º.- Impuestos directos: son aquellos que gravan cosas o situaciones duraderas, y dan lugar a una obligación periódica tributaria e impuestos indirectos, aquellos que se ligan a acontecimientos pasajeros, de tal forma que en los impuestos directos es posible la formación de una matrícula, padrón o registro de contribuyentes.
3º.- Los impuestos directos gravan una manifestación inmediata de la capacidad contributiva (el patrimonio o la renta) y los indirectos gravan una manifestación indirecta o mediata de la capacidad contributiva (el consumo de la renta).
Los impuestos directos pueden ser personales o subjetivos y reales u objetivos.
- Los impuestos personales gravan el conjunto de las rentas de cada contribuyente. Sus características son:
1.- Gravan la suma algebraica de todas las rentas que, por cualquier concepto, reciba cada contribuyente.
2.- Establecen una discriminación cuantitativa de las rentas, a través de los tipos progresivos y mínimos exentos.
3º.- Tienen en cuenta las condiciones personales de cada contribuyente, fijando deducciones o recargos.
- Los impuestos reales son los que gravan las rentas con independencia de las circunstancias personales del sujeto pasivo. Sus características son las siguientes:
1º.- Gravan separadamente cada una de las rentas que obtiene el contribuyente (casas, tierras, acciones) a diferencia de los impuestos personales que gravan todas las rentas en bloque.
2º.- Hacen abstracción de las circunstancias personales del perceptor de las rentas.
3º.- Tienen tipos proporcionales y no progresivos.
Por su parte, los impuestos indirectos pueden clasificarse en tres grupos:
1º.- Impuestos de consumo
2º.- Impuestos de circulación, grava la parte de la renta que se destina a bienes de inversión.
3º.- Impuestos de tráfico, gravan el transito material de los bienes sin que exista un cambio de titularidad (aranceles aduaneros).
3.2. TIPOS DE IMPUESTOS ESTATALES
1.- Impuesto de compensación de gravámenes interiores:
Indirecto. Se percibía con ocasión de la importación de mercancías, cuya finalidad económica es situar a las mercancías extranjeras en situación de competitividad respecto a los productos nacionales.
Estaba regulado por Decreto 2169/1964, de 9 de julio, hasta el 1 de enero de 1986, fecha en que fue derogado por la Ley 30/1985 de 2 de agosto, reguladora de I.V.A.
2.- Impuesto sobre el lujo.
Indirecto. Grava el consumo en determinados casos; concretamente, adquisiciones interiores o mediante importación de tabaco, vehículos, joyería, peletería y objetos similares; así como la tenencia y disfrute de aeronaves o embarcaciones. Regulado por el Real Decreto Legislativo 875/1981 de 27 de marzo, siendo suprimido por la Ley 30/1985 de 2 de agosto.
3.- Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
Tributo directo de naturaleza personal que, con carácter excepcional y transitorio, se exige en todo el territorio nacional, gravando el patrimonio neto de las personas físicas. Está regulado por la Ley 50/1977 de 14 de noviembre sobre medidas urgentes de reforma fiscal.
4.- Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.
Tributo indirecto que grava las ventas, obras, servicios y demás contratos habituales en el tráfico de empresas y de las explotaciones mercantiles, agrarias, forestales, ganaderas o mixtas y las importaciones. Este gravamen tiene carácter general y multifásico en cascada, es decir, considera todas las operaciones de transformación y comercialización de bienes independientemente unas de otras, exigiendo el impuesto por cada una de ellas. Estaba regulado por el Decreto 3314/1966 de 29 de diciembre, derogado por la Ley 30/1985 del I.V.A.
5.- Impuesto sobre el Valor añadido.
De naturaleza indirecta, recae sobre el consumo y grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales y las importaciones de bienes. Está regulado por la Ley 30/1985.
6.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tributo de carácter directo y de naturaleza personal, grava las rentas de las personas físicas. Esta regulado por la Ley 44/1978 de 8 de septiembre.
7.- Impuesto sobre sociedades.
Directo y de naturaleza personal, grava las rentas o beneficios de las sociedades y demás entidades jurídicas no sometidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, está regulado por la Ley 61/1978 de 27 de diciembre.
8.- Impuesto sobre sucesiones.
Tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava las adquisiciones patrimoniales "mortis causa" y los bienes de determinadas personas jurídicas mediante una tarifa progresiva, teniéndose en cuenta no solo la cuantía sino también el grado de parentesco del causante con el heredero. Está regulado por la Ley 29/1987 de 18 de diciembre.
9.- Impuestos Especiales.
Indirectos, gravan la fabricación, importación y, en su caso, la circulación de determinados productos, así como la venta o importación de artículos objeto de monopolio fiscal:
a) El impuesto sobre alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas
b) Impuestos sobre el petróleo, derivados y similares
c) Impuesto sobre las labores del tabaco.
Regulados por la Ley 39/1979 de 30 de noviembre; las normas de esta Ley relativas a bebidas refrescantes quedaron derogadas por la Ley 30/1985 del I.V.A.
10.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tributo de naturaleza indirecta que grava las transmisiones patrimoniales onerosas (trasmisiones, derechos reales, fianzas, arrendamientos, pensiones...), las operaciones de las sociedades (constitución, aumento o disminución de capital, fusión, etc...) y los actos jurídicos documentados (documentos notariales, mercantiles, judiciales, etc...). Regulado por el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980 de 30 de diciembre.
9. 2.- TRIBUTOS CON FINES NO FISCALES
Tienen su precedente en la denominación de "arbitrios con fines no fiscales", aparecen recogidos como recursos de la Hacienda Municipal en el Real Decreto 781/1986 de 18 de abril; considerándolos como aquellos que, no persiguiendo una finalidad netamente fiscal ni figurando entre los autorizados expresamente por la Ley, hayan de servir al ayuntamiento que los imponga para evitar fraudes, mistificaciones o adulteraciones en la venta de artículos de primera necesidad, para coadyugar al cumplimiento de las ordenanzas de policía urbana y rural o de disposiciones en materia sanitaria, para contribución a la corrección de las costumbres y para prevenir perjuicios a los intereses generales.
10.- FUENTES Y DOCUMENTOS CONSULTADOS.
- Diccionario jurídico Espasa. Madrid: Espasa.- Calpe; Fundación Tomás Moro, 1991 (Obra de las que se han extraído las definiciones de la primera parte).
- Estatuto municipal del 8 de marzo de 1924. Extensamente anotado, comentado y concordado con los reglamentos complementarios y con el Estatuto Provincial. 4º Ed. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, 1930.
- Coscuella Montaner, José y Orduña Rebolla, Enrique. Legislación de administración local (1900-1975). 3 v. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1981.
- Vila Serra, José.- Manual práctico de la recaudación a apremios. Valencia: Imprenta Vila y Martínez, 1900.
- Régimen Local.- I .Ley de Bases de 1945. - II. Texto Refundido de la Ley de 1955.-
III. Disposiciones complementarias. 3 Ed. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, 1956.
- Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
- 1900. Presupuesto de ingresos y gastos de la Excma. Diputación de Albacete. caja 5142,3
- 1925. Ordenanza para la exacción de la aportación municipal forzosa ordinaria, formada en cumplimiento de lo que dispone el artículo 217 del Estatuto Provincial, aprobada en sesión del 27 de julio de 1925.
- 1925. Ordenanza para la exacción del importe de las suscripciones al Boletín Oficial de la Provincia y de los anuncios que en él se publiquen, aprobada en sesión del 27 de julio de 1925.
- 1926. Presupuesto ordinario para el segundo semestre de dicho año.
- 1929. Ordenanza para la exacción del Impuesto de Cédulas Personales, aprobada en sesión celebrada el 18 de diciembre de 1929.
- 1929. Ordenanza para la percepción de los derechos de custodia de los depósitos y fianzas definitivas que hayan de constituirse en la Caja de esta Corporación, aprobada en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 1929.
- 1929. Ordenanza para la exacción provincial por estancias en los Establecimientos de Beneficencia, por cuenta propia de Corporaciones interesadas o de particulares, aprobada el 18 de diciembre de 1929.
- 1930/1955. Expte de la ordenanza fiscal para la implantación de depósitos de garantía por el uso de maquinaria de la sección de Vías y obras (Ley 8769,1).
- 1932. Ordenanza para los servicios y servidumbres en los caminos vecinales a cargo de esta Exma. Diputación Provincial, aprobada en sesión del día 29 de diciembre de 1932.
- 1933/1947. Expte. de la ordenanza fiscal para la exacción de tasas por servicios y servidumbres en caminos vecinales (Ley 8769,1).
- 1934. Ordenanza para percepción del arbitrio sobre energía eléctrica producida en la Provincia por aprovechamientos hidráulicos, aprobado en sesión del 29 de diciembre de 1934.
- 1942. Ordenanza para la exacción del arbitrio sobre la producción de azufre en la Provincia, B.O.P de 20 de abril de 1942.
- 1942. Ordenanza para la exacción del Impuesto Provincial sobre la uva que se produzca en la provincia de Albacete. B.O.P de 10 de julio de 1942.
- 1942. Ordenanza para la exacción del timbre provincial (B.O.P. 2 de marzo de 1942).
- 1942. Ordenanza para la exacción provincial por estancias en los establecimientos de Beneficencia, (B.O.P 13-02-1942).
- 1949. Ordenanza para la exacción del arbitrio provincial de rodaje (Ley 88, 14).
- 1951. Ordenanza para la percepción de derechos de matrícula del Real Conservatorio Elemental de Música (Pleno de 29 de agosto de 1951).
- 1954. Ordenanza reguladora del arbitrio sobre la riqueza provincial (Ley 4525,2).
- 1954. Ordenanza para la exacción del arbitrio sobre conservación de caminos vecinales. (Ley 88,13)
- 1954. Ordenanza para la exacción del arbitrio sobre la riqueza provincial. (Legajo 670,7).
- 1954. Ordenanza para la exacción del arbitrio sobre análisis químicos que se realicen en los laboratorios de la Granja Escuela de Agricultura (Legajo 88,15).
- 1954. Expte para la formación y aprobación de la ordenanza fiscal que regirá la percepción del arbitrio sobre riqueza provincial según lo establecido en el Decreto de 18 de diciembre de 1953 (Legajo 661,20).
- 1954. Expte instruido con motivo de la prorroga de la ordenanza del arbitrio sobre riqueza provincial. (Legajo 661,19).
- 1954. Modificación de la ordenanza fiscal referente a derechos y tasas por prestación de servicios en la Escuela de A.T.S. (Legajo 150,13).
- 1954. Expte. para la modificación de la ordenanza fiscal del B.O.P. (Legajo 4753,5).
- 1955. Expte para la modificación de la ordenanza fiscal sobre el producto neto de las explotaciones comerciales e industriales.
- 1956. Ordenanza reguladora del arbitrio sobre riqueza provincial. (Legajo 661,21).
- 1959. Expte. para la modificación de la ordenanza por prestación de servicios sanitarios a enfermos distinguidos (Legajo 88,10).
- 1959. Expte. para modificación de la ordenanza del arbitrio sobre la riqueza provincial (Legajo 661,17).
- 1959. Ordenanza para la exacción de arbitrios provinciales: Ordenanza para la exacción del timbre, para la exacción del importe de la suscripción al B.O.P, para la conservación de caminos subvencionados. -. Ejemplar impreso, D.L.1959.
- 1959. Tarifas de honorarios para los enfermos que ingresen con el carácter de distinguidos (Ley 88,10).
- 1964. Expte. para la modificación de la ordenanza fiscal por estancias de enfermos distinguidos en el Hospital Provincial de San Julián. (Ley 88,9)
- 1964. Expte. para la modificación de la ordenanza por prestación de servicios del B.O.P (Legajo 88,6).
- 1964. Expte. para modificación de la ordenanza por prestación de servicios sanitarios a enfermos distinguidos (Legajo 88,9).
- 1967. Expte para modificación de la ordenanza para prestación de servicios sanitarios (Legajo 88,8).
- 1967/1968. Expte para la ordenanza fiscal reguladora de la exacción de derechos y tasas por prestación de servicios sanitarios. (Ley 88,7 y 8)
- 1970. Expte. Para la modificación de las ordenanzas fiscales por prestación de servicios en el B.O.P, estancias en establecimientos provinciales y asistencia a escuelas provinciales especializadas y por prestación de la tasa en el Hospital Provincial de San Julián. (Ley 88,4).
- 1971. Expte para modificación de la ordenanza por prestación de servicios en los Centros médicos asistenciales. (Legajo 88,5).
- 1972. Ordenanza fiscal para la exacción de derechos y tasas por prestación de servicios en la Escuela de Enfermería. (Legajo 150,6).
- 1976. Expte. para la modificación de la tasa por prestación de servicios en la Escuela de A.T.S (Legajo 88,2).
- 1976. Expte. para la modificación de la tasa por servicios del prestados en el Conservatorio de Música y Escuela de Danza. (Legajo 88,3).
- 1985. Ordenanza fiscal para la exacción de derechos y tasas por prestación de servicios en el Centro de Atención a la Salud y Hospital Psiquiátrico (Ley. 3.119,19).
- 1985. Expte. para la modificación de la tasa del Centro de Atención a la Salud y Hospital psiquiátrico. (Legajo 3111,19).
- 1991.- Expte para la implantación del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, determinación de su porcentaje y aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente. (Legajo 10779,6).
- 1991. Expte. para la implantación del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas y aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente (Ley 10.779,6).
- 1992. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (Ley 10.781,1)
- 1993. Expte. de modificación de la ordenanza reguladora del recargo provincial sobre el impuesto de actividades económicas (Legajo 10780,1).
- Abellá Poblet, Manuel. "Ingresos de las corporaciones locales". Madrid: El Consultor, 1977
- García Ruipérez, Mariano "Documentación económica municipal de los siglos XIX y XX: Libros, Estados y Cuentas" en los Archivos de la Administración Local. Cuadernos de Archivos de y Bibliotecas de Castilla - La Mancha.1. Toledo: Anabad Castilla - La Mancha, 1994.
- Requena, Manuel y otros. Historia de la Diputación de Albacete. Albacete: Diputación Provincial, 1993.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 209
 artículo 217

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15
 artículo 4
 artículo 601
 artículo 649
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 217