Source: http://www.scribd.com/doc/106418045/Derecho-de-Peticion
Timestamp: 2015-10-04 17:56:12+00:00

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P. 1Derecho de PeticionDerecho de PeticionRatings: (0)|Views: 7|Likes: 1Published by Laura Cruz BeristainMore info:Categories:Topics, Art & DesignPublished by: Laura Cruz Beristain on Sep 20, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/106418045/Derecho-de-Peticion02/07/2014pdftextoriginal Concepto
El derecho de petición constituye la facultad que tiene toda persona para dirigirse, por escrito,a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés.El derecho de petición se complementa con el derecho a obtener una pronta respuesta.El derecho de petición (y libertad a la vez) se fundamenta en el principio de que la Administración no puede coartar el derecho de los administrados a dirigirse a los órganospúblicos.En relación con el contenido esencial del derecho de petición y respuesta, la SalaConstitucional ha señalado que:
"El sentido correcto de la libertad de petición y pronta resolución debe concebirse como el derecho de toda persona a dirigirse, sea en forma individual o colectiva, ante la Administracióny el correlativo deber jurídico de ésta de contestar a las pretensiones de los interesados, noimporta cómo, pero contestando siempre... Implica el obtener siempre la oportuna respuesta,sin denegación de ninguna especie y conforme a la Ley, siendo el deber de la administraciónel pronunciarse siempre sobre la reclamación del particular" ( Voto No. 372-95).
Desde ésta perspectiva, en la hipótesis de que la petición formulada no sea de recibo, o bien,sea jurídicamente improcedente, la Administración debe comunicar por escrito, al interesado,el rechazo de su gestión, con indicación expresa de las razones que lo motivan. Sobre elparticular, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente:
"El derecho establecido en el artículo 27 Constitucional hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho aobtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable -en otras palabras es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide (...) (Voto No. 887-93).
En concordancia con lo antes señalado, el derecho de petición y pronta respuesta, constituyeel derecho a pedir y no el derecho a obtener lo pedido. Ello es así, en virtud de que no es lomismo hallarse facultado para pedir algo y obtener una respuesta (favorable o no), que tener derecho a aquello que se pide.En suma, el derecho de petición y pronta respuesta surge del principio general de justiciapronta y cumplida que rige nuestro ordenamiento jurídico y establece dos obligaciones jurídicas para la Administración, a saber: 1) la de aceptar y recibir la petición y 2) la decontestarla en tiempo y forma.
Regulación en nuestro ordenamiento jurídico
Nuestra Constitución Política recoge el derecho de petición y pronta respuesta en su artículo27, el cual literalmente señala lo siguiente:
"27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución"Por su parte, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, indica lo siguiente:
"32.-Cuando el Amparo se refiera al derecho de petición y pronta resolución, establecido en elartículo 27 de la Constitución Política y no hubiere plazo señalado para contestar, seentenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fechaen que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que en ladecisión del recurso se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente eseplazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto" Así las cosas, el derecho de petición y pronta respuesta, protegido en el artículo 27 de laConstitución Política y desarrollado en el artículo 32 de la Ley de la JurisdicciónConstitucional, impone al funcionario público la obligación jurídica de responder las peticionesde cualquier persona.Salvo que el ordenamiento jurídico disponga un plazo distinto para responder alguna gestiónen particular, la respuesta debe darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepciónde la petición, como lo ordena el artículo 32 citado. Si la respuesta no pudiere brindarse por razones justificadas, la Administración se encuentra en la obligación jurídica de comunicar algestionante, dentro del mismo plazo de los 10 días hábiles, las razones por las cuales nopuede dar respuesta a lo pedido, explicación que deberá ser escrita, clara, profusa, detallada yrazonable.Igual situación ocurre, en el caso de que la Administración o el funcionario público destinatariode la petición deba consultar a algún otro órgano, dependencia o instancia, de previo a dar respuesta al solicitante. En tal caso, la Administración debe informar al interesado, dentro del
término de los diez días hábiles, acerca del trámite que se le ha dado a su gestión y el tiempoestimado que requerirá para responder su petición. En relación con éste aspecto, la SalaConstitucional ha señalado:
"La Administración debe resolver las solicitudes que se le planten dentro del término que alefecto establece la Ley, de modo que, si por alguna razón no puede hacerlo debe poner deello en conocimiento del interesado e indicarle, al menos, el trámite que se le ha dado a sugestión y la posible fecha en que se resolverá" (Voto No. 2755-94).
El Derecho de Petición en relación con el principio de legalidad
Las instituciones públicas se encuentran sujetas al denominado "Principio de Legalidad",según el cual, los entes y los funcionarios públicos únicamente pueden ejecutar aquellasactuaciones respecto de las cuales exista una norma jurídica que lo autorice (Vid. artículo 11de la Constitución Política, en relación con el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública).En virtud de lo anterior, la obligación de los funcionarios públicos de responder las peticionesde los administrados, deviene en una obligación jurídica. Al respeto, la Sala Constitucional haseñalado:
"El derecho de petición es un atributo del derecho genérico consagrado en el artículo 11 denuestra Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos actuar fuera de la Ley y por elloes su deber responder a la gestiones o peticiones que haga cualquier persona (..)" (Voto No.1533-91).
El ejercicio del Derecho de Petición y pronta respuesta
En términos generales, podemos afirmar que, para ejercer el derecho de petición y prontarespuesta, basta la formalización escrita de la petición ante la autoridad pública que se trate.Lo anterior, en virtud de que, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas del derecho, paraejercer éste derecho, no se requiere ni siquiera de derecho subjetivo, interés legítimo o justificación alguna. En relación con el particular, la Sala Constitucional ha señalado que:
"No se requiere de interés legítimo para ejercer el derecho de petición, que consagra elartículo 27 de la Constitución Política, ni es tampoco, tal interés, requisito para obtener respuesta. Mas específicamente, una persona puede plantear sus solicitudes ante el Estado,sin necesidad de éste interés y tiene el derecho de recibir la respuesta que jurídicamentecorresponda" (Voto No. 740-95).Es importante reiterar que el derecho tutelado es el "derecho a pedir" y no necesariamente a"obtener lo pedido", lo cual significa que la Administración no necesariamente se encuentraobligada a brindar una contestación favorable a las pretensiones del gestionante. En virtud delo anterior, toda solicitud debe ser valorada por la administración a efecto de determinar laprocedencia o improcedencia de la petición. Aún en los casos en que existan razones suficientes que justifiquen el rechazo de la petición,la Administración se encuentra en la obligación jurídica de responder, dentro del plazo de los10 días hábiles, el rechazo de la gestión, con indicación expresa de los motivos de hecho y losrazonamientos jurídicos que lo justifican. En relación con el particular, la Sala Constitucionalseñaló que:
"El deber de los entes públicos es contestar siempre, no importa en qué sentido, pero dandorespuesta a las solicitudes hechas, requisito con el que se cumplió en el caso;consecuentemente, si los gestionantes no están satisfechos con la respuesta, por considerar que la misma no es tan efectiva, pueden pedir la aclaración correspondiente (...)" (Voto No.1502-91).
La petición "pura y simple" de información
Nuestra jurisprudencia constitucional, ha diferenciado entre lo que constituye una petición puray simple y un planteamiento de fondo. En ese sentido, la Sala Constitucional, ha señalado:
"En forma reiterada esta Sala ha indicado que el artículo 27 constitucional faculta a losciudadanos para dirigirse, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin deexponer un asunto de su interés y que esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta. Las gestiones que los ciudadanos hacen ente los órganos públicos pueden
estar dirigidas a hacer un planteamiento de fondo, o bien, a obtener información (pura ysimple). En el primer supuesto, la petición deberá ajustarse a los requisitos establecidos por la Ley y el interesado deberá atenerse a los plazos con que cuenta la Administración pararesolver aquellas pretensiones, lo que podrá hacer en el sentido que corresponda, es decir, segarantiza el derecho a pedir más no la obtención de lo pedido. En el segundo supuesto, elplazo para informar al ciudadano aquello que resulta de su interés, cuando no hubiere otroplazo señalado, es el que establece el artículo 32 de la Ley que rige esta jurisdicción" (VotoNo. 440-94). Así las cosas, el plazo de los diez días hábiles resulta aplicable únicamente en aquellassolicitudes de información "puras y simples" para las cuales el ordenamiento jurídico nohubiere señalado un plazo concreto para responderlas.En el caso de gestiones que tengan un plazo específico para ser atendidas (ya sea mayor omenor), el gestionante debe atenerse a esos plazos que las normas concretas le conceden ala Administración para pronunciarse.Consecuentemente, en tratándose de Recursos Administrativos de apelación interpuestoscontra resoluciones de las autoridades y organismos de la Universidad, el término de los diezdías antes referido no es aplicable, toda vez que, de conformidad con lo estipulado en elartículo 222 del Estatuto Orgánico, éstos deben ser resueltos en un plazo no mayor de veintedías naturales, después de recibido oficialmente el recurso.Igual situación se presenta en el caso de reclamos, recursos y peticiones, para que la Administración se pronuncie en determinado sentido, así como en procesos administrativos ydisciplinarios, respecto de los cuales se aplican los términos señalados en la Ley o en elrespectivo Reglamento. La Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:
"El derecho de petición y respuesta a que se refiere el artículo 27 de la Constitución Política, sibien genéricamente se aplica a cualquier petición frente a la Administración, se concreta en elartículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en un sentido más restringido, comoderecho a ser informado, sea la petición pura, puesto que la citada norma claramente serefiere a los casos en que no exista plazo legalmente señalado para contestar, resultandoentonces que en las materias de reclamos, recursos o peticiones para que la Administraciónse pronuncie en determinado sentido, esa actividad está plenamente reglada en la LeyGeneral de la Administración Pública y, en su caso, en la Ley Reguladora de la JurisdicciónContencioso Administrativa, en sus normas y principios ahí se señalan los plazos y lasconsecuencias del silencio (...)" (Voto No. 305-96).
Conveniencia de una respuesta escrita
En virtud que el derecho de petición y pronta respuesta podría ser objeto de control jurisdiccional -en el caso de que el interesado interponga un Recurso de Amparo en el queaduzca violación de éste derecho- es recomendable que la respuesta a toda petición seahecha siempre en forma escrita, de manera tal que, en caso de ser necesario, laadministración pueda demostrar, mediante prueba documental, que la gestión del interesadofue atendida en tiempo y forma. Sobre éste particular, la Sala Constitucional, ha señalado:
"Este tribunal considera que efectivamente transcurrió sobradamente el plazo otorgado por laley para contestar, incurriendo las autoridades recurridas en una evidente violación al derechode petición tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política, pues a pesar de haber transcurrido un plazo suficiente y razonable para contestar la petición del recurrente, no lohicieron. Según el dicho de los recurridos, en el informe solicitado, sí se contestó alrepresentado del accionante pero en forma verbal; sin embargo, por no existir forma deconstatar que efectivamente se hubiere dado respuesta al accionante dicho argumento no esde recibo (...)" (Voto No. 6869-94).
Forma de comunicación de la respuesta
En tratándose de solicitudes formuladas por funcionarios de la propia Institución, salvoindicación expresa en contrario, la comunicación puede dirigirse a la oficina o dependenciauniversitaria en la que dicho funcionario labora.En caso de que la solicitud sea formulada por una persona ajena a la Institución, enconcordancia con la normativa rectora, el gestionante debe señalar un domicilio, residencia,oficina o fax, al cual se le deba remitir la respuesta. No obstante lo anterior, ante la posibilidadde que el solicitante no señale, en forma expresa, un lugar o medio electrónico idóneo para
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