Source: http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/Gonzalo/ONU.html
Timestamp: 2017-09-25 09:54:06+00:00

Document:
Comunicación con respecto a Guzmán vs. Perú
Sometido en representación del Dr. Abimael Guzmán al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas Sobre Detención Arbitraria
por Leonard I. Weinglass, Esq. y Profesor Peter Erlinder
10 de enero 1998
Seccion I: Identidad de la persona arrestada o detenida Nombre de familia: Guzmán Reynoso
Primer nombre: Manuel Rubén Abimael
Fecha de nacimiento: El Dr. Guzmán nació el 3 de diciembre 1934 en Arequipa, Perú
Profesión y /o actividad (si se cree ser pertinente al arresto/ detención):
Abogado, Doctorado en Filosofia y Profesor Universitario, reconocido comunista y marxista-leninista-maoísta
Sección II: Arresto
Fecha de arresto: 12 de septiembre 1992
Lugar de arresto:
Lima, Perú, en una casa ubicada en la Calle Uno, Numero 459, Urbanización Los Sauces, Surquillo
Fuerzas quienes efectuaron el arresto o se creen haberlo llevado a cabo:
Miembros del Directorio Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DINCOTE)
¿Mostraron una orden de arresto u otra decisión por alguna autoridad pública?
Los agentes que efectuaron el arresto no presentaron ninguna orden de arresto y no hubo participacion de ningún fiscal.
La autoridad que emitió la orden de arresto o decisión: Ninguna.
Legislación pertinente aplicada (si conocida):
Ninguna ley fue citada o invocada para justificar el arresto.
Sección III: La Detención
Fecha de detención: 12 de septiembre 1992
Duración de detención: La detención ha sido continua desde el arresto original al presente, más de cinco años.
Fuerzas que mantienen al detenido bajo custodia:
El Dr. Guzmán está actualmente bajo la custodia de miembros de la Marina del Perú en la Base Naval del Callao.
Inmediatamente después del arresto, cuartel general de la DINCOTE en Lima, intersección de las Avenidas Colon y Alfonso Ugarte.
Durante el "proceso" irregular al cual fue sometido, el Dr. Guzmán fue llevado a una prisión en la Isla de San Lorenzo donde lo mantuvieron detenido después de haber sido ilegalmente condenado a cadena perpetua.
El 3 de abril 1993 el Dr. Guzmán fue trasladado a la Base Naval para Operaciones Especiales en el Callao y fue encerrado en una celda subterránea especialmente construida donde ha permanecido hasta el presente.
Autoridades que ordenaron la detención:
El Dr. Guzmán fue enjuiciado y sentenciado por el Tribunal Militar Especial de la Zona Judicial Naval.
Razón por la detención imputada por las autoridades:
El Dr. Guzmán no fue acusado de ningún acto específico.
Legislación pertinente que se aplicó (si conocida):
El Dr. Guzmán fue acusado y condenado por el delito de "traición a la patria" de acuerdo al anti-constitucional Decreto Ley 25.659, Artículo 2(a) (y no por la acusación como definida por el Artículo 1 de esta ley).
Seccion IV: Describa las circunstancias del arresto y /o la detención e indique las razones precisas por qué Ud. considera que el arresto o la detención fueron arbitrarias:
Como será demostrado, el juicio, la sentencia y el encarcelamiento del Dr. Abimael Guzmán, a lo largo de todo el proceso, se ha efectuado en violación directa de normas internacionales para un juicio imparcial y justo, y en violación de las propias leyes domésticas del Perú. Nosotros sostenemos que debido a las numerosas violaciones de normas internacionales, el juicio y el encarcelamiento del Dr. Abimael Guzmán constituyen una detención arbitraria como definido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas Sobre Detención Arbitraria en su informe del 21 de enero 1992.
Los antecedentes a la detención arbitraria de Abimael Guzmán comienzan con el auto-golpe del 5 de abril 1992, por el Presidente Alberto Fujimori, quien con la ayuda completa de los militares cerró el Congreso, abolió la Constitución del Perú, y puso el poder judicial bajo control directo del ejecutivo después del asalto y saqueo por los militares a todas las intalaciones judiciales. El Presidente Fujimori procedió a despedir numerosos jueces y a reemplazarlos con gente que responden directamente al ejecutivo y quienes mantienen sus puestos provisionalmente, sujetos a ser decomisionados por el ejecutivo en cualquier momento. El Sr. Fujimori estableció, por decreto, sin la aprobación del Congreso, los anti-constitucionales e inválidos Decretos Leyes; estos Decretos Leyes le niegan los derechos mas básicos a los ciudadanos, incluyendo esos derechos directamente e indirectamente relacionados con la libertad del individuo.
En junio del 1992 se puso en vigor la ley anti-terrorista (el Decreto Ley 25.474) y en agosto 1992 se declaró la ley de traición (el Decreto Ley 25.649). El primero de estos decretos estableció el sistema de "jueces sin rostro" que oculta las identidades de los jueces y los fiscales y elimina la posibilidad de establecer responsabilidad ante el público del poder judicial.
Con sus violaciones numerosas de normas internacionales, estas leyes y el sistema judicial nuevamente establecido bajo el control directo del Ejecutivo ha servido para que millares de gente hayan tenido que confrontar detenciones arbitrarias a manos del gobierno en los últimos 5 años. El caso de Abimael Guzmán fue el primero de estos casos de abuso flagrante de normas internacionales y de hecho este caso fue usado por el gobierno para establecer nuevos precedentes legales que luego han sido aplicados a otros millares de personas. Enumeraremos las violaciones que han ocurrido en el caso del Dr. Guzmán.
(1) Antes del Juicio
El arresto se dió mediante un violento allanamiento, sin autorización legal, al domicilio antes indicado, donde fueron maltratados físicamente a casi todos los detenidos. En las horas siguientes fue conducido a las dependencias de la DINCOTE, donde se le pidió al Dr. Guzman desnudarse para una supuesta "inspección rutinaria". Ese hecho fue irregularmente filmado por los agentes del arresto y mostrado luego a la prensa con una clara intención de humillarle.
El 26 de septiembre 1992 el Presidente Alberto Fujimori ordenó que el Dr. Guzmán y los otros arrestados con él fueran juzgados bajo la jurisdicción militar basándose en los anti-constitucionales Decretos Leyes 25.659 y 25.708. Pero el Artículo 282 de la Constitución Política del Perú del 1979, todavía en vigor durante ese tiempo, claramente establece que la Corte Militar el Código Militar de Justicia no pueden ser aplicados a un civil salvo en casos de traición a la patria en momentos de guerra con el extranjero, que no es el caso en la situación de guerra interna que existe en el Perú.
El Sr. Fujimori también ordenó que tuvieran un juicio sumario según las normas procesales del Código Militar, Título II: "el juicio en el sitio de operaciones ", así violando los derechos siguientes: la garantía judicial completa reconocida en la Constituciín Política del Perú, Artículo No. 282; el derecho de ser juzgado según las normas del proceso legal establecido, el derecho a la defensa y el derecho de ser juzgado por la jurisdicción establecida por la ley.
De las normas citadas, como el D.L. 25.659, y teniendo como precendente el hecho de que la jurisdicción militar tiene como ratio juris el de ser exclusiva de lo castrense, como lo reconoce el Derecho Interno Peruano; cuestionamos la competencia de dicho fuero para el juzgamiento del Dr. Guzman por ser una persona civil. La argumentación de que el "tipo delictual" denominado "traición a la patria" legitima la competencia de dicho fuero es a nuestro entender inadmisible; en primer lugar porque asumimos como nuestra la conclusión y crítica unánime de la doctrina que señala que tal fuero es incompetente para el juzgamiento de civiles; la substracción del Dr. Guzmán al fuero militar es un acto deliberado de negación de su derecho a acceder a una jurisdicción competente, independiente e imparcial; situación que particularmente se ha producido para garantizar de facto que sea condenado desconociéndole en la práctica sus derechos y garantías judiciales; por ello confirmando la injusticia, ilegalidad, y arbitrariedad de su detención, procesamiento, y condena.
El juicio de un civil por una corte militar infringe la garantía de juicio por un tribunal imparcial, independiente, y competente establecido en el Artículo 10 del DUDH y el Artículo 14 del ICCPR. Como señala el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una violación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles" que las personas acusados de traición sean juzgados por la misma fuerza militar que los detuvo y los acusó, que los miembros de las cortes militares son oficiales activos, que la mayoría de ellos no han recibido ningún entrenamiento legal y que, además, no hay provisión para que los condenados sean revisados por un tribunal más alto. " .........
..... El Dr. Alfredo Crespo, el primer abogado del Dr. Guzmán, dijo que esta situación es "una violación del principio jurídico que especifica que 'Nadie puede ser juez y parte a la vez.'"
Además, el Decreto Ley 25.708, que regula las actuaciones del delito de "traición a la patria" y que fue publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 10 de septiembre 1992 no contiene fecha de vigencia por lo que de conformidad con el artículo 195 de la Constitución Política del Perú de 1979 (incuestionablemente en vigor en dicho momento), solo puede aplicarse 16 días después de su publicaciín, es decir el día 26 de septiembre 1992. Sin embargo por la presencia de un Fiscal de la Marina, en la manifestación policial del Dr. Guzmán realizada con fecha 22 de septiembre 1992, a este ya se le ha sometido a un procedimiento que todavía no era aplicable a su caso, sinó en todo caso a aquellos detenidos a partir del día 26 de septiembre 1992. Esta esto en violación del Artículo 15 del ICCPR que garantiza el derecho de irretroactividad.
Cuando el 24 de septiembre 1992 el Dr. Guzmán fue traido ante miembros de la prensa doméstica e internacional, vestido en ropa rayada de prisión y restringido en una jaula de hierro en un intento orquestado de humillarlo. Este fue un intento deliberado de robarle su dignidad ante el mundo y a hacerle aparecer como un presidiario. Esta exhibición infringió el derecho del Dr. Guzmán a ser tratado con la humanidad y el respecto para la dignidad inherente a la persona humana que se protege en el Artículo 10 (1) del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (ICCPR) y Artículo 5 (2) de la Convención Americana de Derechos Humanos (ACHR). Fue también una violación a su derecho de ser presumido inocente hasta ser condenado que se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos (UDHR) el Artículo 11 y el ICCPR Artículo 14 (2).......
(2) El Juicio
El juicio del Dr. Guzmán, que ocurrió en el contexto de ley marcial a lo largo del Perú, tuvo lugar en la base militar en la Isla de San Lorenzo. Los jueces (y todos los demás en la sala del tribunal salvo el acusado y su abogado) fueron oficiales de la Marina, y actuaron bajo el mando del Presidente Fujimori como comandante en jefe, haciéndoles no competentes para conducir un juicio imparcial y justo del Dr. Guzmán. Este tribunal militar se condujo en el secreto más estricto, violando la garantía de un juicio público y abierto como se plantea en el Artículo 10 del DUDH que establece el derecho a una audiencia pública y justa por un tribunal imparcial e independiente.
Los jueces y sus asistentes todos estaban vestidos de capuchas negras. Los oficiales de la corte se identificaron no por nombre sinó solamente por números, y hablaron solamente por dispositivos electrónicos que alteraban las voces. .........
El Presidente Fujimori ordenó que el Dr. Guzmán y los otros también arrestados junto a él el 12 de septiembre 1992, fueran detenidos en aislamiento total, con ninguna comunicación, ni siquiera con sus abogados. Los abogados les pidieron a las autoridades judiciales ayuda en conseguir acceso a sus clientes, entonces el 14 de septiembre 1992, la Fiscal General de la República del Perú, la Dra. Blanca Nélida Colan Maguino, le dijo al Dr. Crespo que ella "no podía hacer nada para ayudar" porque "la orden del gobierno era de no intervenir." El Presidente de la Corte Suprema, el Dr. Luis Cerpa Segura, le dió la misma respuesta al Dr. Crespo. El Dr. Crespo hizo un pedido directo al Jefe de la DINCOTE que el derecho de defensa fuera garantizado y que se le permitiera entrevistarse con su patrocinado. Finalmente se le permitió al Dr. Crespo 15 minutos con su cliente para preparar su defensa y solamente por teléfono desde el otro extremo de la sala; ésta fue la primera y última vez que a ellos se les permitió discutir el caso. Durante dicha entrevista el derecho universalmente reconocido de privacidad fue infringido por la vigilancia de los agentes de la policía así como también por la colocación de micrófonos ocultos para grabarlos. Todo esto fue una transgresión severa del derecho del Dr. Guzmán a comunicarse con el consejero legal elegido por él, como se garantiza en el Artículo 14 (3b) del ICCPR y Artículo 8 (2d) de la CADH, así como también una violación del derecho a la defensa y a ser asistido en la defensa por un consejero legal, lo que es garantizado por el Principio II (par. 1 y 17) del Cuerpo de Principios para la Protección de Toda Persona Bajo Cualquier Forma de Detención o Arresto ( "Cuerpo de Principios" ).
Se le avisó al Dr. Alfredo Crespo, el abogado del Dr. Guzmán, la fecha del juicio solamente dos días antes. A pesar de pedidos repetidos, se le negó acceso a los archivos del caso en numerosas ocasiones y finalmente se le permitió solamente 12 horas para revisar 8 volúmenes de materiales y preparar sus argumentos. Esto fue una violación al requerimiento de que se le dé al acusado el tiempo para la preparación de su defensa que se garantiza en el ICCPR, Artículo 14 (3b).
El Dr. Crespo enfrentó una política sistemática de acosamiento, siendo sometido a vigilancia 24 horas al día y también amenazas de muerte. Camino al juicio, los soldados que condujeron al Dr. Crespo, a quien le habían vendado los ojos, a través de campos de minas y le decían, "Tenga cuidado, Doctor, camine lentamente, tenga cuidado con las minas." Durante el juicio se condujó al Dr. Crespo con sus ojos vendados a la sala del tribunal y se le obligó a sentarse detrás de un panel de vidrio grueso. Todo esto fue parte de una política de infringir severamenta sobre la capacidad del Dr. Crespo de defender a su cliente y estuvo en violación del derecho universalmente protegido de presentar una defensa.
En ningún momento antes del juicio y sentenciamiento se le informó al Dr. Guzmán de cargos específicos contra él. Solamente después del juicio es que el Dr. Crespo fue permitido brevemente a ver una copia de la denuncia, a la cual se instruyó que respondiera inmediatamente por escrito si deseaba apelar la convicción del Dr. Guzmán. Hasta el presente la denuncia se ha mantenido en secreto y no se le ha permitido al abogado conocer su contenido, no se ha aclarado exactamente cuales fueron las acusaciones contra el Dr. Guzmán, aunque la prensa peruana ha dicho que no hubieron ningunos cargos específicos. Esto estuvo en violación al Artículo 567 del Código de Justicia Militar del Perú. Estuvo también en violación de las normas internacionalmente establecidas y garantizadas por la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 8, que afirma que todo aquel que ha sido acusado de un crimen tiene el derecho de ciertas garantías mínimas, incluyendo "comprobada y detallada comunicación de la acusación formulada." Este derecho también lo garantiza el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, Artículo 9 (2).
Bajo las instrucciones del Presidente Fujimori, el Comando Conjunto de Las Fuerzas Armadas y el Consejo Supremo de Justicia Militar, el juez ordenó que el Dr. Guzmán se mantuviera sentado durante el juicio entero en una silla adjuntada en una jaula de acero especialmente construida. Se le interrogó exclusivamente sobre sus convicciones ideológicas y políticas, con lo que quedó demostrado que tales convicciones fueron el único objetivo de dicho "juicio"; hecho que constituye una violación al derecho de no ser juzgado por las convicciones personales de cualquier índole, que reconocen tanto las normas peruanas como la Declaración Universal (Artículos 18 y 19) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 18 y 19). En ningún momento tuvo la oportunidad el Dr. Crespo de presentar testigos o de interrogar a cualquier testigo del gobierno sobre la evidencia sometida contra el Dr. Guzmán. Esto está en violación del ICCPR Artículo 14 (3e) que estipula que el acusado tiene el derecho a examinar, o a que sean examinados, los testigos contra él y a conseguir que asistan y sean examinados testigos a su favor bajo las mismas condiciones que los testigos en contra él. De hecho el juicio fue una mera formalidad y tuvo todas las marcas de un juicio político debido a que la sentencia en contra del Dr. Guzmán se dio exclusivamente en base a sus convicciones ideológicas y políticas.
En 7 de octubre, 1992 se anunció el esperado veredicto: culpable de "traición a la patria." El anuncio de la decisión fue entregado a la prensa nacional e internacional por medio de un "Comunicado Oficial" de la Corte Suprema de Justicia Militar varias horas antes de que el Juez Instructor rindiera oficialmente su sentencia en la audiencia programada para ese fin. Esta situación comprobó una vez más la falta de autonomía del juez que emitió la sentencia. La verdad es que el Presidente Fujimori ya había anunciado la fecha y el contenido de la sentencia antes aún de haberse llevado acabo el juicio, declarando que la sentencia de cadena perpetua se expediría el 7 de octubre 1992, y que la sentencia de la Segunda Instancia el 27 de octubre 1992 confirmaría la sentencia de la primera instancia. Claramente demostrando el carácter totalmente arbitrario e ilegal de este juicio, efectuado de acuerdo a las ordenes del Señor Fujimori.
(3) Después del juicio
El 9 de octubre 1992 el Dr. Crespo, abogado del Dr. Guzmán, presentó una apelación a la Corte Naval de Apelaciones pidiendo que se anulara el juicio y la condena contra el Dr. Guzmán (y contra dos otros sentenciado con él) en base a irregularidades procesales.
El 13 de octubre 1992 el Dr. Crespo presentó una apelación ante el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Una semana después, el Consejo Supremo Militar de Justicia reafirmó la decisión. El gobierno anunció que todas las apelaciones posibles se habían agotado y que la condena era definitiva.
La última vez que el Dr. Crespo vio al Dr. Guzmán fue el 11 de octubre 1992 en el momento de hacer su defensa oral ante el tribunal militar. Fue el último contacto con el Dr. Guzmán de parte de alguien trabajando en su defensa y que no está ya en la custodia de las autoridades. Fue antes de entrar el Dr. Guzmán en el periodo de su detención en aislamiento (un período que ha durado mas de 5 años).
Con el Dr. Guzmán condenado y detenido incomunicado, el Consejo Supremo Militar peruano entonces le informó al Dr. Crespo el 24 de octubre que él ya no podía ser el abogado del Dr. Guzmám. Esto violó el derecho del Dr. Guzmán de ser asistido por el consejero legal elejido por él, y de comunicarse libremente y en privado con su consejero.
El 11 de enero 1993, el propio Dr. Crespo fue arrestado por la DINCOTE después de haber recibido numerosas amenazas contra su vida. Dentro de poco fue llevado frente a un tribunal militar parecido al del Dr. Guzmán en su ilegalidad. Fue condenado de "traición" y sentenciado a cadena perpetua. Hay mucha evidencia que indica que el acosamiento y el arresto del Dr. Crespo fueron por el "crimen" de representar al Dr. Guzmán.
El arresto y la detención del Dr. Alfredo Crespo dejó al Dr. Guzmán en la condición de no tener ningún consejero legal. Ante esta difícil situación, el Dr. Carlos Gamero Quispe, colega del Dr. Alfredo Crespo, se ofreció como dispuesto a continuar la defensa del Dr. Guzmán. Subsecuentemente los parientes del Dr. Guzman, el Sr. y Sra. Carlos la Torre formalmente pidieron los servicios de los abogados Carlos Gamero Quispe y Ernesto Messa Delgado para que tomaran la defensa legal del Dr. Guzmán en subsecuentes acciones legales frente a las cortes del Perú. Estos abogados también han sufrido amenazas y acosamiento.
[NOTE: Para mas detalles sobre el arresto y juicio del Dr. Crespo, y sobre las amenazas y hostigamiento contra otros miembros de la Asociación de Abogados Democráticos, vea la accompañante Communication in the Matter of All Prisoners Convicted Under the Anti-Terrorism Laws.]
A causa de las violaciones extremas contra los derechos del Dr. Guzmán, y a causa del acosamiento severo contra todos los abogados peruanos quienes han intentado representarlo a él y a otros acusados de traición, vino a ser necesario que abogados afuera del país se aliaran a la defensa. En abril 1993, los Drs. Gamero y Messa presentaron una petición a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. En esa peticíon autorizan a los abogados estadounidenses, Peter Erlinder y Leonard Weinglass y a otros abogados que participaron en la Primera Delegación Legal al Perú a que se juntaran al esfuerzo de la defensa legal sabiendo que sería imposible que ellos [los abogados peruanos] pudieran presentar esa petición personalmente frente a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. Otros abogados de otros países también han sido autorizados por el abogado Weinglass para que asistan en la defensa del Dr. Guzmán.
El 3 de abril 1993 el Dr. Guzmán fue traslado a una prisión nuevamente construida y especialmente diseñada para crear un ambiente de privación y aislamiento total. El diseño de las celdas y su construcción completamente subterránea aseguran que el contacto, aún visual, entre presos y todo el mundo (incluyendo los guardias) se reduzca al mínimo en absoluto. Las celdas no tienen ventilación, agua, o electricidad, y el clima de la región es de alta humedad. En suma la prisión se diseñó con el propósito de asegurarle al Dr. Guzmán una "muerte lenta y segura" como dijo Sr. Fujimori en abril del 1993 en sus declaraciones efectuadas a la prensa Argentina y que fueron también transmitidas por el Canal 13 de Televisión en Lima. El Sr. Fujimori ha descrito la prisión donde está detenido el Dr. Guzmán como una "tumba para vivos." Estas condiciones de detención constituyen un tratamiento degradador y cruel que se prohibe por los Artículos 7 y 10 del ICCPR; el aislamiento en que se mantiene al Dr. Guzmán está en violación del Principio 19 del Cuerpo de Principios y también infringe su derecho a consultar con su consejero legal según lo garantiza el Artículo 14 del ICCPR.
El correo dirigido a, y proveniente de los presos está controlado estrictamente por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), al Dr. Guzmám no se le ha permitido ningún tipo de correspondencia, y carece de medios indispensables de como realizarla, entre otros papel y lápiz, situación que se aplica a todos los presos políticos en el Perú. El mismo Presidente Fujimori controla toda forma de posible comunicación. No hay acceso a libros, revistas, periódicos, TV o radio (Se le han negado también al Dr. Guzmán sus espejuelos). Según el propio gobierno, la única información accesible a estos presos es por medio de videos editados. El Presidente Fujimori ha declarado abiertamente a la prensa que el Dr. Guzmán está recibiendo "una dieta de información," que no permite que el Dr. Guzmán tenga ningún acceso a conocimiento de ningunas noticias del mundo (p. ej., cobertura de prensa u otras fuentes de noticias independientes de sus apresadores), y así lo mantienen inconsciente de los desarrollos reales en el Perú y el mundo. Estas condiciones violan el Artículo 13 del ACHR y de los Principios 19 y 28 del Cuerpo de Principios.
Los que han sido condenados de terrorismo o de traición están, según las provisiones de los Decretos Ley 25.475 y 25.659, retenidos en aislamiento completo por el primer año de su detención sin ninguna visita, ni siquiera de sus familias, y no se les permite ningún
tiempo fuera de la celda. Después del primer año de aislamiento total, se les permite a estos presos 25 minutos al día de luz solar y caminata por los patios, y se les permite una visita mensual de media hora con miembros de su familia inmediata. En el caso del Dr. Guzmán, la Fiscalía del Perú anunció el 7 de septiembre 1993 que el Dr. Guzmán comenzaría a recibir visitas el 12 de septiembre 1993. Sin embargo, desde 11 de octubre, 1992, con la excepción de visitas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), se ha mantenido al Dr. Guzmán en aislamiento completo con ningunas visitas de miembros de su familia, doctores, o abogados. Esto está violando el Principio 19 del Cuerpo de Principios que protege el derecho del detenido o persona encarcelada de ser visitado por miembros de su familia y de comunicar con el mundo exterior.
Cada pedido [detallado mas adelante en la Sección V] por sus abogados que han intentado a visitarlo, ha sido negado...........
Tal situación de aislamiento absoluto e incomunicación continua por más de 5 años constituye por si sola una condición arbitraria de detención, ilegal ya que no existe ninguna norma en el Derecho Interno Peruano que la establezca, además de ser una inhumana forma de tratamiento contraria al Art. 10 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que además ha sido expresamente condenada por el Comité de Derechos Humanos de N.U. (casos Llubreras c. Uruguay, Gómez de Voituret c. Uruguay, Informe de 1984; caso Conerig c Uruguay Nº 139 /1983, entre otros), al igualmente proscrita por las Reglas Mínimas para el tratamiento a los detenidos (32 n 1,2 ; 37 y 39); que inclusive en el presente caso se da también como una negación del derecho de visita familiar, de asistencia de abogado defensor, y de atención de médico facultativo.
El Dr. Guzmán sufre de psoriasis, una condición de la piel que requiere tratamiento y medicamentos constantes. Según ha sido informado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha hecho visitas e intentos a visitas regulares o semi-regulares al Dr. Guzmán, aunque se puede presumir que la prohibición por el gobierno el 17 de diciembre 1996 (finalmente revocado el 2 de diciembre 1997, según informes noticieros de Reuters y Prensa Asociada) de todas visitas de parte del CICR a los prisioneros acusados de terrorismo y de traición se le aplicó al Dr. Guzmán. El CICR normalmente no emite informes públicos sobre sus visitas o sobre el estado de salud de aquellos quienes visita, sin embargo en una reunion julio 1995 con el abogado Peter Erlinder y especiialista en dermatología Dr. Stefanos Papageorgiou, miembros de una delegación internacional que intentó ver al Dr. Guzmán en Lima, un representante superior del CICR expresó estar preocupado por el estado de salud del Dr. Guzmán. Aparte del CICR, no se le ha permitido a ningún médico independiente visitar o darle tratamiento médico al Dr. Guzmán.
El Sr. Fujimori ha emitido repetidas amenazas directas contra la vida del Dr. Guzmán. El 8 de diciembre 1992 en un discurso hecho en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el Sr. Fujimori dijo:
"No voy a tolerar bajo mi gobierno ningunas guarantías personales por la seguridad del Sr. Abimael Guzmán para darle tratamiento a su enfermedad."
En julio 1993 en una reunión internacional oficial en Brazil, el Sr. Fujimori le anunció a la prensa:
"Si yo tuviera un fusil le metería un tiro a Abimael Guzmán."
En una entrevista muy reconocida con el periódico Brasileño O Globo el 21 de mayo 1995, el Sr. Fujimori hizo las siguientes declaraciones:
"El [Abimael Guzmán] esta muy enfermo. Sufre de psoriasis... y está muy deprimido."
"Abimael estará muerto dentro de tres años."
"Nadie tiene una vida larga en la prisión donde está recluido."
Esta entrevista, fue en el contexto de declaraciones adicionales que hizo el Sr. Fujimori reiterando su intención de mantener las condiciones de aislamiento del Dr. Guzmán. Psoriasis no se podría considerar una condición fatal a menos que las condiciones de vivienda del paciente sean miserables y la enfermedad se permite que progrese sin tratamiento. El Dr. Stefanos Papageorgiou declaró que "Solo un examen médico completo podría revelar por qué el Presidente Fujimori dice el Dr. Guzmán solo le quedan tres años de vida." La declaración del Sr. Fujimori da a cononcer que las condiciones que sufre el Dr. Guzmán, y que el Sr. Fujimori promete mantener, no son compatibles con las normas internacionales para el tratamiento humano de presos y para la provisión de tratamiento médico a presos. Este tratamiento está en violación del Artículo 5 del ACHR que estipula que "cada persona tiene derecho de respeto a su honradez moral, mental, y física." Está también en violación del Principio 24 del Cuerpo de Principios que garantiza la atención médica apropiada a la persona encarcelada.
En la ausencia de cualquier constatación independiente de la condición médica del Dr. Guzmán, la declaración del Presidente Fujimori del 21 de mayo 1995, provoca zozobra extrema sobre la salud del Dr. Guzmám y la carencia de tratamiento médico. En diciembre 1997 el Dr. Papageorgiou declaró que:
"En el caso del Dr. Guzmán, enterrado mas de cinco años en una celda subterranea -- describida por el propio Presidente Fujimori como 'una tumba para vivos'-- depriviéndole de adecuada atención médica y nutrición, elementales condiciones sanitarias, luz solar, y protección de la humedad, el frío, el calor, el mero hecho de que todavía está vivo es asombroso... Yo creo firmemente que (a) la amenaza a la vida del Dr. Guzmán es inminente y (b) que tal vez ya han occurrido lesiones psychosomáticas irreversibles, como secuela de sus condiciones médicas sin tratamiento..." [Vea Appendice E.]
El 5 de abril 1992 el Presidente Fujimori efectuó un "autogolpe" mediante el cual ilegalmente suspendió la Constitución Política en vigor. El Sr. Fujimori consecutivamente promulgó los Decretos Leyes 25.475, 25.659 y 25.708 que violaron la Constitución Política del Perú y los acuerdos internacionales a los cuales el Perú es un signatario: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y la Convención Americana de Derechos Humanos. En este contexto, se han cometido graves violaciones de la Constitución Peruana y de normas internacionales en el caso del Dr. Abimael Guzmán.
En el Anexo I del informe de fecha 21 de enero 1992, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas Sobre la Detención Arbitraria ha establecido los principios que aplican en considerar los casos sometidos al Grupo de Trabajo. Como detallado arriba, el juicio y la detención de Abimael Guzmán infringen los siguientes principios de la categoría III en lo que concierne a "los casos en que la falta de cumplimiento de todo o parte de las provisiones internacionales relacionados al derecho a un juicio justo es tal que confiere sobre la privación de libertad, de cualquier tipo, un caracter arbitrario":
A5: casos en que se le niega a una persona detenida su derecho de defenderse a si mismo y ser ayudado por un consejero
A9: casos de prolongación excesiva de detención incomunicada
A11: casos en que se niega a una persona detenida su derecho de comunicarse y consultar con su consejero legal
A12: casos en que se le niega a una persona detenida el derecho de comunicarse con la familia y con el afuera
B1: casos en que se le niega a una persona detenida el derecho de ser presumido inocente
C1a: juicio que no es por un tribunal imparcial, independiente y competente
C1b: juicio en que no se le informa al acusado en forma detallada de las cargas en su contra
C1c: al acusado no se le da condiciones y tiempo adecuado para preparar su defensa
C1e: juicio en que se le niega a una persona el derecho de examinar los testigos en su contra y ni de presentar testigos en su favor
C1h: juicio en que la persona es presumido culpable hasta comprobado inocente
En vista de estas violaciones, y en vista de los hechos antes señalados, el juicio y la detención del Dr. Guzman han sido manifiestamente arbitrarios, ilegales, e injustos, orquestados deliberadamente desde los mas altos niveles del Ejecutivo, incluyendo mismo Sr. Fujimori.
Desde 1980 ha habido en el Perú un conflicto de carácter interno: a un lado el Partido Comunista del Perú, y al otro lado las Fuerzas Armadas del Perú. En esta situación, el Dr. Guzmán, ha sido sometido a un juicio a manos de las fuerzas armadas que han efectuado la guerra interna anti-subversiva en el Perú, por lo que carecen de la imparcialidad e independencia imprescindibles. Un juicio imparcial y justo no es posible siendo las fuerzas armadas jueces y parte a la vez.
Además el Dr. Guzmán ha sido sometido a cruel aislamiento e incomunicación absoluta por más de 5 años, habiéndole negado inclusive la visita familiar, la sistencia letrada, y la atención médica facultativa imprescindible, todo ello está en violación clara de sus derechos y constituyendo esto de por sí condiciones arbitrarias de detención.
La conducta del juicio, la convicción, el sentenciamiento, y el encarcelamiento del Dr. Guzmán, como se ha expuesto arriba, han producido numerosas violaciones de los derechos del Dr. Guzmán según la ley de convenios, y de la ley de costumbre. Ni el Presidente Fujimori, ni ninguna corte Peruana ha argumentado que alguna emergencia pública haya servido de base como para permitir que se derroguen estos derechos. Pero en el caso de que se citen las condiciones de ley marcial que prevalecieron durante el periodo del arresto, juicio, y detención del Dr. Guzmán como tal emergencia, ciertos derechos siguen siendo no-derogables: el derecho de no ser torturado y de no recibir tratamiento o castigo cruel, inhumano, o degradante (Artículo 7 del ICCPR y el Principio 6 del Cuerpo de Principios), el derecho a un juicio justo (Artículo 8, CADH), y el derecho a tener libre acceso a un consejero legal. En todo caso, la independencia del poder judicial y de la profesión legal tiene que permanecer intacta aún durante un estado de emergencia. La conducta del juicio en este caso violó los Artículos 7 y 10 de las Mínimas Normas de Paris para los Derechos Humanos en Estados de Emergencia, 1984.
Nosotros respetuosamente pedimos que el Grupo de Trabajo investigue estas violaciones y encuentre que Abimael Guzmán ha sido una víctima de detención arbitraria. Le pedimos al Grupo de Trabajo que encuentre que la condición de aislamiento continuo por más de cinco años del Dr. Guzmán es arbitrario, ilegal e injusto.
Además pedimos que el Grupo de Trabjo le recomienda al Gobierno Peruano:
a. La restitución plena de los Derechos conculcados al Dr. Guzmán, que con respecto a estos, en cualquier acción legal en su contra, se le reconozca y conceda su derecho a un juicio justo y público por un tribunal competente e imparcial, con la asistencia de sus abogados defensores.
b. Que a sus abogados se les permita acceso a él y que se le provée el tiempo y las condiciones para consultar con sus abogados en privado.
c. Que cese inmediatamente su aislamiento y no abilidad de comunicarse con el mundo exterior y que se le conceden visitas de sus familiares, doctores, y otros.
d. Que reciba, en adición, inmediatas y regulares visitas de médicos independientes, y cualquier y toda medicina o tratamientos recomendados por tales médicos, y otros.
e. Que declaren la detención, el juicio, y la sentencia del Dr. Guzmán nulos en base a violaciones de normas nacionales e internacionales.
Sección V: Indique pasos internos, incluyendo remedios domésticos, tomados especialmente con las autoridades administrativas y legales, particularmente con el propósito de establecer la detención y los resultados o las razones por qué tales pasos o remedios fueron ineficaces o por qué no fueron tomados:
Los pasos siguientes se han tomado para intentar de remediar las injusticias cometidas contra Abimael Guzmán y para que sus abogados ganen acceso a él:
El 30 de septiembre 1992 el Dr. Alfredo Crespo apeló al Juez Instructor de Lima a revocar la orden de que el Dr. Guzmán tuviera un juicio frente a la corte militar, basándose en que la corte militar no podía ser un tribunal imparcial ni justo. La apelación se negó.
El 9 de octubre 1992, dos días después de la sentencia de Abimael Guzmán, el Dr. Crespo le entregó una apelación al Presidente del Consejo de la Marina pidiendo anulación de la sentencia por el Juez Instructor.
El 13 de octubre 1992 el Dr. Crespo apeló al Consejo Supremo de Justicia Militar para anular la sentencia en la primera instancia y disponer se reponga la causa al estado de actuación de pruebas y luego se dé cumplimiento a las disposiciones legales que han sido violadas. Dentro de una semana el Consejo Supremo de Justicia Militar negó esta apelación, sostuvo la sentencia, y declaró que todas las apelaciones habían sido agotadas.
Entre septiembre 1992 y julio 1995, seis delegaciones internacionales de eminentes abogados, médicos, y trabajadores de derechos humanos han viajado a Lima para exigir que el gobierno peruano respete los derechos del Dr. Guzmán y para intentar verlo:
Primera Delegación Internacional: Septiembre 1992
* Anne-Marie Blanchet-Parodi, abogada de presos políticos (Francia)
* Peter Erlinder, Presidente-electo del National Lawyer's Guild (USA)
* Martin Heiming, abogado de presos políticos (Alemania)
* Heriberto Ocasio, Vocero Nacional, Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú (USA)
* Leonard Weinglass, abogado de presos políticos (USA)
Segunda Delegación Internacional: Octubre 1992
* Nina Baehr, autora de Abortion Without Apology (USA)
* Rainer Koch, abogado de presos políticos (Alemania)
* William Martin, profesor de filosofía (USA)
* Massimo de Santi, coordinador del foro internacional People's United Nations (Italia)
* María Navarro, traductora de la delegación (USA)
* Giovanna Pagani, profesora y presidenta de la seccion italiana de la Women's International League for Peace and Freedom (Italia)
* Ragip Zarakolu, periodista (Turquía)
Tercera Delegación Internacional: Noviembre 1992
* Reggie Majors, periodista y autor de libros sobre Black Liberation (USA)
* Mary B. Cox, abogada, periodista, miembro del National Conference of Black Lawyers (USA)
* Craig Everson, abogado de Sevicios Legales Aborigenes, Ltd. (Australia)
Cuarta Delegación Internacional: Abril 1993
* Francesc Arnau, abogado y miembro del Colegio de Abogados, Barcelona (España)
* Pilar Noriega, abogada de derechos humanos (México)
* Yuri Kochiyama, activista por los derechos humanos de los presos políticos (USA)
* Phil Farnham, miembro del IEC-USA
* Michael Harrington, traductor de la delegación (Inglaterra)
Quinta Delegación Internacional: Octubre 1993
* Mario Bustamante, periodista, activista y sindicalista (México)
* Peter Erlinder, Presidente del National Lawyer's Guild, Profesor de Leyes (USA)
* Haluk Gerger, miembro fundador, la Organización de Derechos Humanos de Turquía, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas, profesor de relaciones internacionales, periodista (Turquía)
* Carolyn Hadfield, miembro del IEC-US (USA)
* Eduardo Umaña Mendoza, abogado, juez del Tribunal Popular Permanente, Consejo de Organizaciones Mundiales Contra la Tortura, profesor de La Universidad Externado de Colombia (Colombia)
* María Gomez Pava, traductora (Colombia)
Sexta Delegación Internacional: Julio 1995
* Peter Erlinder, President of the National Lawyer's Guild (USA)
* Juan José Landinez, abogado de presos políticos (Colombia)
* S. Papageorgiou, M.D., especialista en dermatología, retirado Teniente General de las Fuerzas Aereas (Grecia)
* El Reverendo Michael Yasutake, Director de Interfaith Prisoners of Conscience Project, National Council of Churches (USA)
* María Gomez Pava, traductora de la delegación (Colombia)
La primera delegación, incluyendo los abogados estadounidenses, Leonard Weinglass y Peter Erlinder, intentó observar el juicio del Dr. Guzmán, pero este intento se negó.
En abril 1993, el Dr. Jorge Avendano, Presidente del Colegio de Abogados de Lima, intercedió en nombre de la cuarta delegación internacional para pedir que el Presidente de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia se encuentraran con los miembros de la delegación para discutir el caso del Dr. Guzmán. Este pedido se rehusó.
El 30 de abril 1993 se entregó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre del Dr. Abimael Guzmán y los otros arrestados junto a él. La denuncia fue entregada por los abogados peruanos Dr. Gamero Quispe y Dr. Messa Delgado quienes habían sido pedidos por los parientes del Dr. Guzmán que asumieran la defensa de Abimael Guzmán después del arresto del Dr. Alfredo Crespo.
En octubre 1993 los abogados estadounidenses Peter Erlinder y Leonard Weinglass argumentaron a favor de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los Abogados Erlinder y Weinglass han seguido representando al Dr. Guzmán ante la Comisión desde aquel tiempo.
En octubre 1993 los abogados Peter Erlinder y Martin Heiming, miembros de la quinta delegación internacional, presentaron petiticiones formales al Presidente Fujimori, al Consejo Supremo de Justicia Militar, y a la Corte Suprema de Justicia Militar. El día 28 de octubre 1993, los abogados Erlinder y Heiming fueron a la Base Naval en el Callao donde se ubicaba el Dr. Guzmán y pidieron que los comandantes Navales les permitieran ver a su cliente. Se les aseguró que tal visita era posible, pero que se requería permiso de la Corte Suprema de Justicia Militar. Los abogados peticionaron formalmente a la Corte Suprema de Justicia Militar y se les informó que la corte escucharía su pedido. Esa misma noche, el Sr. Fujimori apareció en la televisión peruana denunciando el pedido, reconociendo al Profesor Erlinder por nombre como consejero legal del Dr. Guzmán, pero diciendo que solo el Sr. Fujimori personalmente podía autorizar tal visita. Durante el resto de su estadía en el Perú los abogados nunca recibieron mas respuesta a su pedido de ver a su cliente; le informaron a la Corte que volverían al Perú a ver al Dr. Guzmán en cuanto se les avisara que tal visita se había autorizado. Hasta ahora esto no ha acontecido.
A principios del 1994, los abogados Gamero Quispe y Messa Delgado se enteraron que al Dr. Guzmán lo habían nombrado en 11 casos pendientes en las cortes civiles, uno involucrando a 93 personas que habían sido acusados de trabajar en marzo 1993 en el periódico El Diario. En este último caso, al Dr. Guzmán lo acusaban de ser el "autor intelectual" de alegados crímenes de "terrorismo" de que los otros demandados eran acusados. Los Drs. Gamero y Messa intentaron encontrarse con su cliente a fin de discutir los casos pendientes. La posibilidad existía de que el gobierno podría usar la pena de muerte (que se había incorporado en la Constitución Peruana de octubre 1993) contra el Dr. Guzmán y era muy importante que ellos hablaran con su cliente para preparar su defensa.
El 18 de febrero 1994 los abogados Gamero y Messa fueron a la Corte Delictiva Especial en la prisión Miguel Castro Castro donde estaban llevando a cabo audiencias sobre el caso que involucra a los 93 demandados, para pedirle al Juez Instuctor Especial de la Marina y al Director la Prisión Militar de la Base Naval del Callao autorización para una visita con su cliente, el Dr. Guzmán. Doce días transcurrieron sin tener respuesta alguna a esta petición. Los consejeros reiteraron la solicitud ante el Juez Instructor Especial de la Marina el 2 de marzo 1994, y nuevamente el día 14 de marzo 1994 solicitaron al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Ninguna respuesta fue recibida por los consejeros a estas solicitudes.
El 15 de marzo 1994 los abogados Gamero y Messa entregaron una Acción de Garantía Constitucional de Habeas Corpus con el Presidente de la Sala Penal de Turno de la Corte Superior de Lima afirmando que se violaban los derechos de defensa de su cliente, y pidiendo que se le permitiera comunicarse libre y privadamente con sus abogados y que fuera visitado por un médico y recibiera medicinas incondicionalmente, y que terminaran los humillantes ataques sobre su dignidad. [Vease Apendice G.]
Una jueza fue asignada a desempeñar una investigación de estas alegaciones. En su investigación, que duró dos días, la jueza dijo que ella había sido prevenida por los militares de visitar al Dr. Guzmán personalmente para investigar las alegaciones "debido a las condiciones especiales bajo las cuales se encarcelaba al Dr. Guzmán y también a causa de las mismas medidas de seguridad que se habían adoptado específicamente para su detención." Además, la jueza alegó que la Base Naval donde el Dr. Guzmán estaba recluido "ha sufrido una inundación por el Río Rimac, que ha cortado los medios de acceso y comunicaciones."
La jueza declaró que a ella tampoco se le permitió entrevistar a las autoridades acusadas de violar los derechos del Dr. Guzmán. Declaró que había sido imposible entrevistar a estos funcionarios porque "los procedimientos de seguridad para ganar acceso desde la sede son difíciles," y en consecuencia ella aceptó una declaración de parte de un secretario en respuesta a las alegaciones.
Basándose en esto, después de haber sido bloqueada de efectuar cualquier investigación directa de las alegaciones, la jueza emitió su decisión el 17 de marzo de que la petición de habeas corpus era "improcedente". Declaró que debido a que el Dr. Guzmán había sido detenido bajo tan alta seguridad para su propia protección, era dudable que el gobierno hubiera infringido sus derechos.
En febrero y marzo del 1994, los abogados, Drs. Enrique González Ruiz (México) y Juan José Landinez (Colombia), viajaron a Lima en representación del abogado Leonard Weinglass con el propósito de asistir en las preparaciones del caso ahora ante la CIDH. Ellos viajaron para ayudarle a los abogados peruanos en el trabajo de intentar de obtener acceso a su cliente. El 2 de marzo 1994, el Dr. Landinez entregó un pedido al Juez Instructor Especial de la Marina, al Presidente Fujimori, y al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, pidiendo una entrevista con el Dr. Guzmán para discutir la acción que se estaba tomando a su favor ante la CIDH. No recibió ninguna respuesta a estas solicitudes y reiteró dichas solicitudes el 16 de marzo, tampoco recibiendo respuesta alguna.
El 19 de julio 1995 Peter Erlinder (EEUU) y Juan José Landinez (Colombia) abogados miembros de la sexta delegación internacional viajaron a la Base Naval del Callao para intentar visitar al Dr. Guzmán. Se les rehusó la entrada por el Comandante oficial quien les informó que él no estaba autorizado a permitir la visita y que ellos necesitaban la autorización de la Corte Militar Suprema.
Los miembros de la sexta delegación entonces reiteraron los pedidos oficiales de poder visitar al Dr. Guzmán que habían sido entregados por miembros del equipo legal de la quinta delegación internacional, así como también por los Drs. Landinez (de Colombia) y González (de México). Hicieron estos pedidos al Presidente Fujimori, a la Corte Suprema de Justicia, y a la Corte Militar Suprema. También le entregaron un nuevo pedido al Consejo Supremo de Justicia Militar. No recibieron ninguna respuesta.
La sección VI: Dirección y nombre completo de la persona (s) sometiendo la información
Nosotros somos los abogados internacionales que representan al Dr. Guzmán en su petición ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, autorizados a representarlo en todas las cortes nacionales e internacionales por los Drs. Carlos Gamero Quispe y Ernesto Messa Delgado y por la familia del Dr. Abimael Guzmán, el Dr. Carlos Rolando la Torre Cardena y la Sra. Delia Carrasco de la Torre.
[firma/fecha]:

References: Artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 282
 Artículo 10
 Artículo 14
 artículo 195
 Artículo 15
 Artículo 10
 Artículo 5
 Artículo 11
 Artículo 14
 Artículo 10
 Artículo 14
 Artículo 8
 Artículo 14
 Artículo 567
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 13
 Artículo 5