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Timestamp: 2019-08-20 12:02:21+00:00

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19 | diciembre | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data. Improcedencia entrega boletas de pago
EXPEDIENTE Nro.: 1603-2010
DEMANDANTE: JORGE MONCADA MINO
DEMANDADO: RICARDO PONTE DURANGO
En Chiclayo, a los 17 días del mes de octubre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Jorge Moncada Mino contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de habeas data interpuesta contra el Magistrado Ricardo Ponte Durango.
La demanda del accionante (p. 4-12) formula habeas data contra la resolución del Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. Ricardo Ponte Durango, y en consecuencia solicita la entrega de copias fotostáticas fedateadas de las planillas de pago de los magistrados de esta Corte Superior de Justicia, años 2007, 2008 y 2009.
La parte demandada deduce excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado (p.17-18), toda vez que en la formulación de demanda no se ha emplazado al Procurador Público del Poder Judicial, teniendo en cuenta su condición de funcionario público. Dicha excepción es desestimada.
La contestación de la demanda (p. 28-31), a cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita la improcedencia de la misma, conforme al artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Considera que la información solicitada se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial, al cual el actor puede tener acceso.
La resolución apelada (p. 52-54) estima improcedente la demanda por considerar que la demanda no explica de manera concreta qué es lo que pretende, e indica que el peticionante no ha tenido en cuenta la información contenida en el Decreto de Urgencia N° 114-2001, que informa de una manera general los montos de remuneración, bono y gastos operativos de todos los Magistrados de la República.
La impugnación formulada por la parte demandante (p. 60-63) denuncia la falta de congruencia de la resolución por problemas de motivación. Sostiene que no es necesaria una justificación de requerimiento de la información solicitada pues ésta asume carácter público.
§ La información contenida en las boletas de pago
5. Reviste importancia la determinación de si la información contenida en una boleta de pago es de carácter público o privado[5], criterio sobre el cual la jurisprudencia constitucional ya se ha manifestado, inclusive asignándole el carácter de rubro vinculado a la autodeterminación informativa[6], derecho que también es protegido por el habeas data en tanto es una forma de acceso a la información pública pero respecto de la cual es importante determinar una potestad regulatoria procedimental, en cuanto es el ciudadano quien determina los niveles de información que considera importante brindar, en relación a la potestad general que confiere el derecho de acceso a la información pública. En rigor, brindar información y un nivel determinado de la misma, es el contrapeso propio del acceso a la información pública.
6. Resulta necesario, en ese orden de ideas, contrastar un pedido de información pública respecto de si la misma no constituye una forma de invasión a la privacidad personal y para ello resulta necesario remitirnos al contexto de restricciones que fija la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública[7] así como al desarrollo constitucional de la normativa referida.
7. El caso de autos no resulta atendible por los fundamentos conceptuales antes glosados en tanto obra ya en nuestra jurisprudencia constitucional un reconocimiento respecto a que la información contenida en las boletas de pago, es información que corresponde al espacio de privacidad personal, en tanto se asumen dos vertientes de examen: 1) No son en rigor objeto de acceso a la información pública los datos contenidos en las boletas de pago; y 2) Los titulares de las boletas de pago pueden determinar el nivel de información a entregar y si no existe consentimiento de aquellos, debemos asumir que corresponde a una decisión autónoma de un ciudadano en el nivel de ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa.
8. Sin perjuicio de ello, debe atenderse a que efectivamente el diario oficial “El Peruano” publica anualmente los ingresos referenciales de los funcionarios del Poder Judicial, revistiendo dicho ejercicio informativo una aproximación a que la ciudadanía tenga conocimiento de las políticas de transparencia de los ingresos de las magistrados. Tal derecho es ejercido, a criterio nuestro, dentro de un marco genérico de información.
9. El caso sub judice revela un pedido particular, ya no genérico, de la información de todos los magistrados de esta Corte en cuanto a la información de sus boletas de pago. Por tanto, nos encontramos frente a 2 supuestos distintos y por tanto, corresponde ratificar la improcedencia de la demanda.
[5] STC 00330-2009-PHD/TC. Caso Demetrio Ochoa
7. (…) en lo que respecta a la información sobre las boletas de pago solicitada por el demandante, cabe precisar que dicha información se encuentra enmarcada dentro de la excepción establecida en el artículo 15-B de la Ley N.º 27806, en tanto los detalles contenidos en las boletas de pago atañen, prima facie, a la esfera privada del funcionario público.
[6] STC 03808-2010-PHD/TC. Caso Jesús Barboza
14. (…) a juicio de este Colegiado la información relativa a las aportaciones a EsSalud correspondientes a don Hernán Gonzalo Barboza González durante su tiempo de servicios ante la Policía Nacional del Perú, es información referida a su intimidad, pues se trata de información vinculada a su remuneración, contenida en sus boletas de pago, (…) Se trata, pues, de información de carácter personal de don Hernán Gonzalo Barboza González, sobre la que tiene derecho a controlar su uso y revelación, en virtud del derecho a la autodeterminación informativa (Cfr. Expediente N° 4739-2007-PHD/TC, fundamento 3), por lo que no se encuentra dentro del campo del derecho de acceso a la información pública, conforme a la excepción señalada por el citado inciso 5 del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[7] D.S. Nº 043-2003-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 17º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial
(…) 5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Estado.
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References: resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 17
 Artículo 17
 artículo 2