Source: http://revista.cpacf.org.ar/Revista007/index.php?option=com_content&view=article&id=62:responsabilidad-medico-anestesista&catid=38:revista1
Timestamp: 2017-10-17 23:53:38+00:00

Document:
Fundamentos de la recurrente
Contra lo decidido por la Cámara mencionada, Citibank N.A. interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la queja, que resultó formalmente admisible.
Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte precisa que en cuanto a la resolución del caso interesa el precepto del art. 26 de la ley 25.326 en su inc. 4 que establece: “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.
Señala el Tribunal que dos cosas trascienden con suficiente nitidez. Una de ellas es que la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que transcurrido cierto tiempo, los datos significativos para evaluar su solvencia económico-financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado.
Por ello, contrariamente a lo que sostiene la apelante no puede interpretarse ni del texto de la ley y de la génesis de la misma que el plazo de 5 años deba quedar postergado mientras la deuda sea exigible por no haberse operado la prescripción, pues los legisladores originariamente habían propuesto un plazo de 10 años, él que coincidiría con la prescripción, pero luego decidieron establecer un plazo menor -5 años-. En el caso sub examine se trata de la aplicación del plazo de 5 años, pues como surge de autos las obligaciones no habrían sido canceladas. Uno de los conceptos adeudados responde al saldo de la tarjeta de crédito “Diners” que se mantiene impago desde el 16 de noviembre de 1995 y el saldo de la tarjeta de crédito “Mastercard” impago desde el mes de noviembre de 1996.
Como consecuencia de esta información enviada por el Citibank N.A. a la Central de Deudores del Sistema Financiero se registró en ésta que el actor se encontraba en “situación 5”, es decir deudor “irrecuperable” en relación a ambas deudas por las cuales mantiene un atraso en el pago de dichas obligaciones superior a un año, conforme las Comunicaciones del BCRA relativas a la clasificación de deudores y al régimen informativo que deben cumplir las entidades financieras. El dato señalado “situación 5” ha sido ingresado mensualmente durante años a la Central de Deudores del Sistema Financiero sin ninguna variante.
“En este sentido, [dice la Corte] cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, “la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, esta expresión debe ser entendida como el último dato –en su sentido cronológico- que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326, se trate de datos “significativos” para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados”. En este orden de ideas, se adelanta que, no podrá considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si –como ha ocurrido en el sub examine- se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.”
En el caso, expresa el Alto Tribunal, “la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 –en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”-, y del mes de noviembre de 1997- en el caso de la tarjeta de crédito “Mastercard”- fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles.” En tales supuestos, al inicio de la demanda, el plazo de cinco años se hallaba superado, razón por la cual corresponderá suprimir dicha información de la Central de Deudores del Sistema Financiero y la demandada deberá solicitar al Banco Central de la República Argentina que practique las modificaciones en tal sentido en la base de datos señalada en los términos del art. 16, 2do. Párr. del Decreto N° 1558/2001.
Nuestra opinión. Consideraciones destacadas en el fallo de la Corte Suprema
En nuestro país el “derecho al olvido” se encuentra normado por la ley 25.326, art. 26, inc. 4, estableciendo: “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.” Por su lado la reglamentación del decreto 1558/01, para el mismo artículo e inciso en la parte pertinente, dispone: “para apreciar la solvencia económica financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26 inciso 4, de la ley 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.”
Por otro lado destaca la preocupación de los legisladores al sancionar la ley, pues aquellos tuvieron en miras que el mantenimiento de la información adversa de los deudores por largos períodos de tiempo les imposibilitaba el reingreso al circuito comercial debido a que ocasionaba una suerte de inhabilitación al deudor. Por ello, dice la Corte que no puede pensarse que del texto de la ley y de su génesis, el plazo de 5 años deba quedar postergado mientras la deuda sea exigible, es decir hasta que se haya operado la prescripción.
Tal como en el caso “Catania”, fallo dictado por la CSJN el 8 de noviembre de 2011 acerca del derecho al olvido, el Alto Tribunal desvincula la exigibilidad de la deuda con el cómputo del plazo para la aplicación del derecho al olvido. Habíamos sostenido con anterioridad esta postura sustentando que “la ley hace una distinción entre aquellas personas que cancelaron o extinguieron su obligación reduciéndoles el plazo a dos años, mientras que aquellos que no hayan cumplido con tales requisitos (cumplimiento de la obligación) deben permanecer cinco años en los registros o bancos de datos, sin diferenciar si las deudas anteriores al plazo señalado continúan siendo exigibles o han dejado de serlo.”
Expresa la Corte Suprema que el párrafo del art. 26 del decreto 1558/01 donde dispone “…a partir de la fecha de la última información adversa que revele que dicha deuda era exigible”, adolece de “imprecisión y poca claridad” acerca del momento en que comienza a correr el plazo de los cinco años, motivo por el cual ello “debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. También se refiere a que dicho párrafo no ha sido impugnado por inconstitucional. En relación a ello, hace tiempo que venimos afirmando que el texto del decreto en la parte indicada, ha modificado sustancialmente el tenor de la LPDP -art. 26 inc. 4- , por lo que propiciamos la impugnación por inconstitucionalidad de la parte pertinente del art. 26 del decreto 1558/2001, por apartarse de las prescripciones de la ley 25.326, reglamentaria del art. 43, párr. 3º, de la Constitución Nacional. La referencia expresada por la Corte en cuanto a que “-cuya constitucionalidad no ha sido impugnada-” podemos interpretarla como una apertura a ejercer este derecho tendiente a lograr que definitivamente se obtenga la declaración de inconstitucionalidad de la parte cuestionada estableciéndose con mayor certeza el momento desde el cual debe computarse el plazo de cinco años si no se ha regularizado la obligación o dos años si ésta se ha normalizado, para que opere el “derecho al olvido”, el que en nuestra opinión debería ser desde que la deuda se hizo exigible, es decir cuando comenzó la mora del deudor.
Y con respecto al caso en análisis considera que “la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 –en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”-, y del mes de noviembre de 1997- en el caso de la tarjeta de crédito “Mastercard”- fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles.” Es decir que la Corte reconoce en este caso que se deben contar seis años desde que se produjo la mora por el hecho de que la “situación 5” fue asignada al año de producirse la mora conforme lo establecen las Comunicaciones del BCRA de Clasificación de deudores , pues desde que la deuda se hizo exigible la situación fue cambiando desde la calificación “1” a la “5” tal como lo dispone la reglamentación citada. En alusión a esta interpretación de la Corte destacamos la opinión de Molina Quiroga, quién manifiesta que “se ha planteado que para evitar esta “prolongación” se podría impugnar el dato de mora en forma general, por ser esto lo que está sujeto al derecho al olvido, sin admitir que la reglamentación del BCRA puede –en su aplicación– modificar el plazo de caducidad de la LPDPA. Es decir que el dato atacado es la mora, y se cuenta desde el comienzo de la mora.”… “En nuestra opinión, estos supuestos deben interpretarse de acuerdo a la LPDPA y al espíritu del legislador, que claramente fijó un plazo de 5 años en materia de información financiera, lo que en modo alguno afecta las actividades del BCRA con fines de supervisión bancaria.”
Por último, la Corte señala que en el caso que estamos comentando el plazo de prescripción es el de diez años, por lo que en la actualidad dichas deudas estarían prescriptas. Con este fundamento rescata el principio de “finalidad para el cual se hubieran obtenido o recolectado los datos” establecido por el decreto 1558/01 en su art. 4º, párrafo 3ro., motivo por el cual dicha información debe ser suprimida sin necesidad de que el titular lo requiera cuando la misma ha perdido vigencia para los fines indicados.
Los fallos de la Corte garantizan el “derecho al olvido” en relación a la postura jurisprudencial y doctrinaria que postula la postergación sine die o la falta de exigibilidad de la obligación para computar el plazo. No obstante ello, la Corte introduce una nueva hipótesis sobre el momento en que debe calcularse el plazo de cinco o dos años según lo que corresponda, considerando que es a partir del año en que se produjo la mora ya que a partir de allí comenzará a ser informado a la Central de Deudores del BCRA conforme lo establece la reglamentación de dicho órgano rector.
Pues, entonces el momento a partir de cuando comienza a computarse el plazo para ejercer el “derecho al olvido” es un tema que continúa abierto y por el que deberemos continuar trabajando hasta que acontezca una solución acorde a la voluntad de los legisladores al dictar la ley de Protección de los Datos Personales.

References: resolución 
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26