Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20170629s00211765907.html
Timestamp: 2018-11-16 18:10:04+00:00

Document:
21ª Sesión Extraordinaria del 29 de junio de 2017
N.º 21 - TOMO 565 - 29 DE JUNIO DE 2017
21.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
4) y 14) Proyectos presentados
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se declara de interés general la creación de Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente de la República Oriental del Uruguay.
–	El señor senador Mieres solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionados con las medidas tomadas frente a las inundaciones en el litoral de nuestro país;
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con actividades de perforación vinculadas a la eventual existencia de hidrocarburos en los departamentos de Salto y Paysandú.
– El señor senador Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio del Interior:
•	relacionado con el Fondo de Tutela Social Policial establecido en el artículo 161 de la Ley n.º 19355;
• relacionado con varios aspectos vinculados a los funcionarios policiales;
• relacionado con derechos y obligaciones de los funcionarios de dicho ministerio.
6)	Solicitud de archivo de carpetas
•	Por moción de los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el Senado resuelve archivar las carpetas n.os 600/2016, 672/2016, 713/2016 y 825/2017.
7)	Exposición escrita
–	El señor senador García solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio del Interior, relacionada con el CAIF a cargo de la Obra Social Juan XXIII y Hermana Carmen, en la ciudad de Montevideo.
8)	Reiteración de pedido de informes
–	A solicitud del señor senador Camy, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con inspecciones realizadas en las zonas francas por parte de la Dirección General Impositiva en los años 2011 y 2012.
–	Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la última convocatoria.
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Michelini, Cardoso, Lacalle Pou, Aviaga, Alonso, Passada, Bianchi y De León.
–	Quedan convocados los señores senadores Gallicchio, Saravia, Castaingdebat, Asiaín, López Villalba, Lazo, Matiaude y Carballo.
11)	Guardia perimetral en unidades de internación para personas privadas de libertad
–	Por moción de los señores senadores Amorín, Delgado y Tourné, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de ley por el que se prorrogan sus funciones transitorias en dichas unidades.
12)	Código del Proceso Penal
–	Por moción de los señores senadores Tourné, Delgado y Amorín, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de ley por el que se prorroga su entrada en vigencia.
13)	Medios de pago electrónicos
–	Por moción de los señores senadores Tourné, Delgado y Amorín, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de las previsiones contenidas en los incisos primero a quinto del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, en la redacción dada por la Ley n.º 19478.
15)	Maestra Directora Elvira Muniz Taborda
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la escuela n.º 76 de la localidad de Totoral del Sauce, departamento de Canelones.
16)	Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 19 de junio de 2017
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo jueves 29 de junio, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
– Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se designa con el nombre Maestra Directora Elvira Muniz Taborda la escuela n.º 76 de la localidad de Totoral del Sauce, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
Carp. n.º 820/2017 - rep. n.º 454/17
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Castaingdebat, Coutinho, Delgado, García, Garín, Larrañaga, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Moreira, Mujica, Otheguy, Payssé, Pintado, Posada, Saravia, Silveira, Topolansky, Tourné y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga, Bianchi, Cardoso, De León, Heber, Lacalle Pou, Mieres y Passada.
(Son las 10:03).
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Finlandia sobre asistencia mutua y cooperación en materia aduanera, suscrito en Helsinki, República de Finlandia, el 13 de febrero de 2017;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en Moscú, Federación de Rusia, el 16 de febrero de 2017;
•	por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Palestina, suscrito en Ramalla, Estado de Palestina, el 3 de diciembre de 2016.
Por el que se designa Ruta del Éxodo-Paso del Soldado el puente sobre el río Santa Lucía, ubicado en la ruta nacional n.º 11, José Batlle y Ordóñez, departamento de Canelones.
Por el que se designa Profesor Miguel Banchero Noaín el liceo n.º 2 de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Eduación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
Por el que se transfieren del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Intendencia de Salto varios bienes inmuebles ubicados en zona suburbana, localidad catastral de la ciudad de Salto, departamento de Salto.
•	por los que solicita la venia correspondiente:
•	de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a fin de acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la República Federal de Alemania al señor Gabriel Bellón Marrapodi.
De conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a fin de designar a varios doctores en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N.
•	por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios de posgrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Bolivia, hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, el 5 de diciembre de 2002;
•	por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas de los ciento cincuenta años de la creación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay;
•	por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del cincuenta aniversario del Congreso de Unificación Sindical;
•	por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas del centenario de la creación del tango La cumparsita;
•	por el que se establece el 14 de setiembre de cada año el Día del Escritor Nacional;
•	por el que se concede una pensión graciable al señor Andrés Moskovics;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana sobre cooperación en el sector defensa, suscrito por la República Italiana el 10 de noviembre de 2016, y por la República Oriental del Uruguay el 14 de diciembre de 2016;
•	por el que se aprueba el Acuerdo marco de comercio y cooperación económica entre el Mercosur y la República Tunecina, suscrito en la ciudad de Paraná, República Argentina, el 16 de diciembre de 2014.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuestas de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a los siguientes pedidos de informes:
•	solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con los procedimientos de designación de cargos gerenciales.
Solicitado por el señor senador Carlos Enciso, de fecha 25 de febrero de 2015, relacionado con los gastos de publicidad efectuados durante el período 2005-2015.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR ENCISO.
Solicitado por la señora senadora Viviana Pesce, de fecha 11 de octubre de 2016, relacionado con la situación de las viviendas ubicadas en la rambla portuaria en las proximidades de la calle Colombia.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA PESCE.
Asimismo, remite respuesta de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con la contratación de empresas de transporte carretero por parte de ALUR.
El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con las denuncias recibidas en las seccionales policiales de los balnearios con acceso a playas en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha.
•	por el que se prorroga hasta el 1.º de febrero de 2021 la facultad del Poder Ejecutivo para encomendar la función de guardia perimetral en unidades de internación para personas privadas de libertad, al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
Por el que se prorroga la entrada en vigencia de las previsiones contenidas en los incisos primero y quinto del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por la Ley n.º 19478, de 5 de enero de 2017, relacionados con medios de pago electrónicos.
Asimismo, remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Gastón Cossia, relacionadas con la necesidad de implementar una campaña de vacunación antirrábica de carácter nacional.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
La Presidencia de la Cámara de Senadores comunica que se han dictado las siguientes resoluciones:
•	n.º 160/2017, de fecha 16 de junio de 2017, por la cual se designa en el cargo de administrativo III - escalafón C - Secretaría de la Cámara de Senadores, a partir de la fecha de la resolución, a los funcionarios María Sofía Martorano, Verónica Boiso, Mauricio Peretta, Ángela Mateus, Germán Geis y Martín Risso;
•	n.º 164/2017, por la cual se modifica la Resolución de la Presidencia del Senado n.º 417/08, de fecha 30 de diciembre de 2008, en la redacción dada por la resolución del mismo organismo n.º 107/011, de fecha 4 de agosto de 2011, sobre bases generales para los próximos concursos de ingresos.
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aconseja al Cuerpo, por haberse reemplazado por proyectos de minuta de comunicación por requerir iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, el archivo de las siguientes carpetas:
•	n.º 600/2016, relacionada con un proyecto de ley por el que se habilita a los profesionales universitarios no incluidos dentro del régimen jubilatorio de la Caja de Profesionales Universitarios, para que puedan continuar ejerciendo su profesión, posteriormente a su jubilación, como trabajadores independientes;
•	n.º 672/2016, relacionada con un proyecto de ley por el que se modifica el régimen de licencia por paternidad para el caso de fallecimiento o incapacidad absoluta de la madre en el momento del parto o durante el período del puerperio;
•	n.º 713/2016, relacionada con un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3.º de la Ley n.º 19161, de 1.º de noviembre de 2013, referida a subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada;
•	n.º 825/2017, relacionada con un proyecto de ley por el que se establece la bonificación en el cómputo jubilatorio de los trabajadores que prestan servicios en hogares de ancianos y/o instituciones que atienden personas con discapacidad física o mental.
La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se designa Maestra Directora Elvira Muniz Taborda la escuela n.º 76 de la localidad de Totoral del Sauce, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se declara el último lunes de setiembre de cada año como Día del Futuro.
El señor senador Carlos Camy solicita la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con inspecciones realizadas en las zonas francas por parte de la Dirección General Impositiva en los años 2011 y 2012.
El señor senador Javier García solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al Ministerio del Interior, relacionada con el CAIF a cargo de la Obra Social Juan XXIII y Hermana Carmen, en la ciudad de Montevideo.
La Junta Departamental de Canelones remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Silvia de Borba, relacionada con el tema “Abuso sexual infantil en el Uruguay”.
•	de las palabras pronunciadas por el señor edil Américo Lima, relacionadas con la situación económica del departamento y del país;
•	de las palabras pronunciadas por la señora edila Magdalena de Zumarán, relacionadas con la aprobación de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, Acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos, y con el cierre de agencias del Banco de la República Oriental del Uruguay.
De las palabras pronunciadas por la señora edila Natalia Freire, relacionadas con la utilización de bolsas plásticas.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
La Facultad de Medicina de la Universidad de la República remite copia de una resolución del consejo por la que hace suyo el informe del profesor doctor Hugo Rodríguez respecto al “Pronunciamiento del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre la práctica de exámenes corporales periciales sin consentimiento”.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores senadores Patricia Ayala, Pedro Bordaberry, Carlos Camy, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, Constanza Moreira, Daniela Payssé y Julio Silveira presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.
•	con destino a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionados con las medidas tomadas frente a las inundaciones en el litoral de nuestro país;
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio del Interior:
•	relacionado con el Fondo de Tutela Social Policial establecido en el artículo 161 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015;
•	relacionado con varios aspectos vinculados a los funcionarios policiales;
•	relacionado con derechos y obligaciones de los funcionarios de dicho ministerio.
6) SOLICITUD DE ARCHIVO DE CARPETAS
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, de la que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados, por la que pide el archivo de las carpetas n.os 600/2016, 672/2016, 713/2016 y 825/2017.
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
Se va a votar si se remite al Ministerio del Interior la exposición escrita presentada por el señor senador Javier García.
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Camy, del que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión extraordinaria del 21 de junio no se registraron inasistencias.
10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 26 de junio de 2017
Por la presente y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley n.º 17827, inciso D), solicito a usted se me conceda licencia desde el día 10 hasta el día 15 de julio inclusive, del corriente año.
La misma tiene por objeto corresponder a la invitación de la Secretaría General de la Internacional Socialista, la cual se adjunta, para asistir en calidad de vicepresidente a la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, que en esta oportunidad recibirá al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a celebrarse en la ciudad de Nueva York, EEUU.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de junio de 2017
De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia por el día 29 de junio de 2017, por motivos personales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el 29 de junio de 2017, por motivos personales.
De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia el día 29 del corriente por motivos personales.
Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 28 de junio de 2017
Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, para la sesión extraordinaria del día 29 del corriente.
Sin otro particular, lo saludo con la más alta estima.
Se comunica que el señor Daniel Peña ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 29 de junio de 2017
Solicito al Cuerpo que me conceda licencia por el día de hoy, 29 de junio de 2017, por motivos personales.
Se comunica que los señores Gonzalo Mujica, Zulimar Ferreira y Andrés Berterreche han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Sandra Lazo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 29 de junio de 2017.
Sin otro motivo, saludo al señor presidente muy atentamente.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, del 14 de setiembre de 2004, por razones personales, el día 29 de junio de 2017.
Se comunica que el señor Julio Calzada y la señora Beatriz Ramírez han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Felipe Carballo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
11) GUARDIA PERIMETRAL EN UNIDADES DE INTERNACIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente, y se distribuya en sala el siguiente proyecto de ley:
•	por el que se prorroga hasta el 1.º de febrero de 2021 la facultad del Poder Ejecutivo para encomendar la función de guardia perimetral en unidades de internación para personas privadas de libertad, al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional (Carpeta n.º 840/2017)». (Firman los senadores Amorín y Delgado y la señora senadora Tourné).
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción que se acaba de leer.
Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que prorroga hasta el 1.º de febrero de 2021 la facultad del Poder Ejecutivo para encomendar la función de guardia perimetral en unidades de internación para personas privadas de libertad, al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. (Carpeta n.º 840/2017 - rep. n.° 457/17)».
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: si bien vamos a votar el proyecto de ley en discusión, queremos hacer una breve intervención sobre el tema porque creemos que, por repetido que ha sido desde hace varios años, en este caso se solicita una prórroga hasta una fecha particular, puesto que trasciende el período de gobierno, pero sobre esto haremos una mención más adelante.
A nadie escapa que la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia del perímetro de algunas cárceles, sobre todo en el sur del Uruguay, ha sido muy discutida y ha motivado cambios de opinión entre los partidos políticos. Esto data del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, ya que fue la primera vez, si no recuerdo mal, que se encomendó esta función. Incluso, hubo algún evento –en momentos en que no existía ley, en que no había amparo legal– vinculado a un soldado que hizo uso de su arma de fuego disparando contra un recluso que se fugaba. Esto motivó tener que salir rápidamente a cubrir esa situación para protegerlo, pues estaba cumpliendo una orden dada por sus mandos naturales, y no existía el amparo de una ley que permitiera a las Fuerzas Armadas participar en actividades que notoriamente son de seguridad pública.
Este es un ejemplo muy notorio de una actividad cumplida por las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. No está vinculada a la soberanía nacional; está vinculada, desde que se implementó, años atrás, a evitar la fuga de reclusos de las cárceles, tarea que notoriamente debería cumplir la Policía. Todos sabemos que, una vez que se encomendó esta función a la Fuerzas Armadas, fueron excepcionales las fugas de reclusos por los perímetros carcelarios. ¡Excepcionales! No quiero jugar de memoria, pero fueron excepcionales. ¿Por qué sucedió esto? Por algo que es de comprensión inmediata: en el perímetro de la cárcel y en la custodia no está el contacto con el preso y, por lo tanto, las posibilidades de corrupción, de corromper al que está cuidando el perímetro, son prácticamente nulas. Lo que se buscó con esto fue poner en el perímetro carcelario, a distancia –absolutamente libre de contacto con el preso–, a gente que controlara o que evitara las fugas.
Todos sabemos también que muchas de las fugas –a ver, estamos sin números sobre la mesa, pero la información pública lo dice– han sido por la puerta de las cárceles y no saltando las vallas y los perímetros alambrados existentes.
Por lo tanto, la tarea encomendada a las Fuerzas Armadas de cuidar el perímetro –como decía el señor presidente– es de seguridad pública. Digo esto porque muchas veces nos enroscamos en debates bizantinos, teóricos, como si los conceptos de seguridad y de defensa no estuvieran, como están en el mundo entero, absolutamente vinculados hoy en día. La concepción moderna implica vincular los conceptos de seguridad pública y defensa nacional. ¡No están separados por una enciclopedia!
Esta participación es a pedido de todos los partidos políticos, es decir, del Parlamento. Lo que quiero decir es que se hace con todos los partidos políticos ordenando dicha participación, habiéndose modificado la opinión que estos o alguno de ellos tenían sobre esta cuestión. Y hoy se constituyó en algo tan particular, que vamos a votar un proyecto de ley donde el Parlamento prorroga, por encima del final de este período, la fecha en que las Fuerzas Armadas van a cuidar el perímetro. O sea que decimos al próximo Gobierno: «Independientemente de lo que usted piensa, va a haber una ley que va a implicar que sigan participando las Fuerzas Armadas haciéndose cargo del perímetro».
Creo que lo lógico –advierto que comparto esto y que es una tarea que hay que prorrogar en el tiempo– hubiera sido poner una fecha que comprometiera la voluntad de este Parlamento y de este Gobierno y no trascendiera su período de actuación. Advierto que estoy de acuerdo con este proyecto de ley y que lo voy a votar, pero me parece que hubiera correspondido actuar con ese criterio.
Es bueno que votemos esto por unanimidad –creo que así se hará– o por una enorme mayoría, como decíamos en mis épocas de la FEUU: por la «casi unanimidad», pero, en fin, veremos. En tiempos en que se habla de privilegios de las Fuerzas Armadas, es bueno que se tenga en cuenta que esta tarea de cuidar el ex-Comcar es encomendada a soldados que vienen de todo el país –de Artigas, de Tacuarembó, de Río Negro, de Paysandú, ¡de todo el país!– y se quedan diez o quince días aquí, en el sur, lejos de sus familias, en una caseta durante ocho horas, en un campamento. ¡Son los mismos soldados de los que aquí se dice que tienen privilegios! ¡Con una mano hablamos de sus privilegios y con la otra les damos estas órdenes!
Y agrego, señor presidente: se fue más lejos en los Gobiernos del Frente Amplio –me parece que es importante mencionarlo; y no lo hago por buscar una veta política sino porque es la realidad–, porque la última o la penúltima vez que se votó la prórroga, en el 2010, era una ley más comprensiva, más abarcativa de este tema ya que el Gobierno del Frente Amplio no solo extendió la custodia de los perímetros, sino que ordenó que las Fuerzas Armadas cuidaran además las puertas de las cárceles, pero recuerdo que nunca se aplicó, pese a ser una ley vigente. El Partido Nacional no votó esa misión. ¡Cómo será la cosa que el Frente Amplio no estaba de acuerdo con que cuidaran el perímetro, luego pasó a votar que lo cuidaran y después no solo estaba de acuerdo con que cuidaran el perímetro, sino que mandó una ley para que cuidaran las puertas! Nosotros dijimos: «¡Es un error que cuiden las puertas!». ¡No se puede tener a un militar con doble comando! No se puede tener a un militar sin saber a quién responde, si a su mando natural: el Ejército o el arma que sea y el Ministerio de Defensa Nacional, o a la Policía. ¡No es bueno que haya gente armada con doble comando! Además, advertíamos que cuando al mismo cuerpo que custodia el perímetro se lo ponía a cuidar las puertas, se estaba borrando con el codo lo que fue la intención inicial: adjudicar a fuerzas diferentes el cuidado de puertas y perímetros, que era el lugar de contacto con el preso y el factor de eventual corrupción. Si al mismo militar que va a cuidar el perímetro se lo pone en la puerta, se lo expone a la corrupción; por lo tanto, se puede llegar a tener el efecto exactamente contrario al que se busca: no lograr controlar la puerta y hacer permeable el perímetro.
Reitero: el Partido Nacional no votó esa segunda misión –advierto que, sinceramente, no sé si fue todo el Partido Nacional o su mayoría, tendría que ver las versiones taquigráficas–, pero es una ley que está vigente y que determina que las Fuerzas Armadas también custodien las puertas de los recintos carcelarios. ¡No se cumplió por una razón que era obvia! No solo nosotros no estábamos de acuerdo, sino que el Ministerio del Interior, que dirige el actual ministro Bonomi, tampoco lo estaba. No es buena cosa que haya una ley que sea a la vez derecho positivo y derecho muerto; si no se va a hacer cumplir la ley que determina que las Fuerzas Armadas cuiden las puertas de las cárceles –advierto, como dije recién: nosotros no estamos de acuerdo–, sería bueno que el Gobierno pidiera su derogación. No es bueno tener leyes que, aun sabiendo que no se cumplen, sigan integrando el derecho positivo.
Hago estas reflexiones a título personal porque el proyecto de ley ingresó con carácter urgente y, por tanto, no tuvimos tiempo de tratarlo en la Comisión de Defensa Nacional –advierto: no por un tema de administración de dicha comisión ni de su presidente– ni tampoco, obviamente, en la reunión de bancada de nuestro partido, pero en virtud de que estoy vinculado a estos temas e integro esa comisión, realizo dichas anotaciones.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: solamente quiero dar alguna información y hacer un llamado de atención.
Por este proyecto de ley se prorroga hasta el 1.º de febrero de 2021 esa facultad del Poder Ejecutivo porque es el plazo establecido para la creación, como servicio descentralizado, del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Hay un proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación desde febrero de 2015 por el que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado. Me parece que sería bueno priorizar su tratamiento y no esperar a que llegue el año 2019 y que en el 2020 se instale el nuevo Gobierno para ver si en el año 2021 se puede poner a funcionar esto. Me refiero a que se hagan las cosas con un poco de tiempo, quizás en la comisión de seguridad, que tiene menos trabajo que la de Constitución y Legislación. ¿Por qué digo esto? Porque esto se viene posponiendo desde el año 1971 en el Uruguay. En 1971 se pasó transitoriamente la competencia de las cárceles al Ministerio del Interior; allá por el año 1996 se creó una comisión honoraria, y en 1997, el entonces diputado Daniel Díaz Maynard presentó un proyecto para crear, como servicio descentralizado, el Instituto Nacional de Rehabilitación. En la Ley n.º 18719, de 2010, se volvió a establecer que debía quedar como servicio descentralizado. En el 2015 presentamos un proyecto de ley y hoy estamos prorrogando las funciones transitorias de la guardia perimetral hasta el 2021, que es cuando –supuestamente– se va a poner a funcionar. Creo que sería bueno –si llevamos tantos años como país esperando esto– que se incluya entre los temas sobre los que tenemos que trabajar y, quizás, tenerlo pronto al final de este período a los efectos de que entre efectivamente en vigencia en 2021 para que entonces no tengamos que volver a prorrogar esas funciones porque todavía no tenemos la ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Prorrógase hasta el 1º de febrero de 2021 la facultad del Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de funciones transitorias de guardia perimetral en aquellas Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad a determinar».
12) CÓDIGO DEL PROCESO PENAL
SEÑOR PRESIDENTE.-Léase otra moción llegada a la Mesa.
•	por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal (Carpeta n.º 839/2017)». (Firman la señora senadora Daisy Tourné y los señores senadores Delgado y Amorín).
Se pasa, pues, a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal. (Carp. n.º 839/2017 - rep. n.° 458/17)».
SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: la prórroga de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal es una decisión que hemos tomado todos los partidos teniendo en consideración, especialmente, las modificaciones que se deben realizar al Código de la Niñez y la Adolescencia a efectos de compatibilizar los dos procesos penales: en jóvenes y en adultos.
Teniendo en cuenta que estamos ante una reforma de la Justicia muy importante, que tenemos una agenda legislativa pendiente y que en este tiempo hemos votado algunos proyectos –con sus disposiciones transitorias–, entre los que se incluye el de las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, que también debe ser votado en la Cámara de Representantes, hemos acordado prorrogar la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal hasta el 1.º de noviembre, es decir dentro de este año, porque no queríamos dar la señal de que la prórroga pudiera extenderse más.
Como dije al principio, esta decisión fue tomada en virtud de un acuerdo entre todos los partidos. Dado que la fecha original de entrada en vigencia también había surgido de un acuerdo entre todos los partidos, lo que hemos hecho es respetar el mismo procedimiento.
Por otra parte, hemos solicitado el carácter de grave y urgente, debido a que el nuevo código entraría en vigencia el próximo 16 de julio y esto aún debe ser votado por la Cámara de Representantes.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 403 de la ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, en la redacción dada por el artículo 7º de la ley Nº 19.436, de 23 de setiembre de 2016, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 403. (Vigencia).- El presente Código entrará en vigencia el 1º de noviembre de 2017”».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2.º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación».
13) MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente y se distribuya en sala el siguiente proyecto de ley:
•	por el que se prorroga la entrada en vigencia de las previsiones contenidas en los incisos primero y quinto del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por la Ley n.º 19478, de 5 de enero de 2017, relacionados con medios de pago electrónicos. (Carpeta n.º 841/2017)».
Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de las previsiones contenidas en los incisos primero y quinto del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por la Ley n.º 19478, de 5 de enero de 2017, relacionados con medios de pago electrónicos (Carpeta n.º 841/2017 - rep. n.° 456/17)».
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: este proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes, refiere a la prórroga de lo que llamamos la inclusión financiera, que entraría a regir a partir del sábado próximo. Si bien en primera instancia el Gobierno tomó esta decisión por medio de un decreto, en la Comisión de Hacienda –o la de Constitución y Legislación, no recuerdo cuál de ellas, ya que integro las dos–, se recibió a la Asociación de Escribanos del Uruguay y a otros profesionales que entendían que, en rigor, el decreto no tenía fuerza de ley, por lo que se podía poner en cuestión la seguridad jurídica a partir del 1.º de julio próximo. Es así que, luego de conversar con todos los partidos, con el Poder Ejecutivo y con los profesionales, se concluyó que –más allá de la opinión de cada uno; en mi caso pensaba que bastaba con el decreto–, si había dudas, no se podía permitir que persistieran dando lugar a que se debiera construir un marco jurídico con posterioridad, en lugar de hacerlo antes.
En consecuencia, la Cámara de Representantes, en donde ingresó este proyecto de ley la semana pasada, lo votó en el día de hoy y ahora estamos haciendo lo propio en el Senado para que la entrada en vigencia de los artículos 35 –en sus incisos primero y quinto–, 36, 40 y 41 de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por la Ley n.º 19478, sea a partir del 1.º de enero de 2018.
En el artículo 3.º de este proyecto se dispone: «La presente ley entrará en vigencia el 1.º de julio de 2017», de forma tal que no haya ninguna duda, por los efectos de las demoras burocráticas que se producen a veces luego de la promulgación de las leyes. Pienso que de esta forma no quedan dudas, se salvan todos los aspectos jurídicos y se otorga seguridad a quienes deben hacer transacciones a partir del 1.º de julio próximo.
Es cuanto debía informar.
SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: en efecto, estamos considerando este proyecto de ley, que ya fuera aprobado en la Cámara de Representantes. En la Comisión de Hacienda, la semana pasada recibimos a la Asociación de Escribanos del Uruguay, así como una serie de informes con respecto a un decreto del Poder Ejecutivo del 5 de junio por el que se prorrogaba la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera.
A nosotros y a otros colegas del Senado esto nos generaba muchas dudas, por lo que solicitamos a la secretaría de la Comisión de Hacienda que elaborara un compilado y obtuvimos también un informe de los asesores legislativos, sobre todo de la División Jurídica del Poder Legislativo, quienes fueron contestes y contundentes en que no se podía prorrogar nuevamente por decreto la entrada en vigencia de esta ley, pues esa vía ya estaba agotada. Dicha potestad había sido incluida en el artículo 45 original de la Ley de Inclusión Financiera.
Los escribanos fueron muy contundentes al plantear algunos riesgos que se podían generar, sobre todo con dobles interpretaciones que podrían dar lugar a efectos peores a los de la propia Ley de Inclusión Financiera, como el de la inseguridad jurídica. En ese sentido, redactamos una propuesta de proyecto de ley y este fue consultado –como dice el senador Michelini– con los diferentes partidos. El Ministerio de Economía y Finanzas tenía otra posición, pues opinaba que esto se podía hacer por decreto. Pero, en definitiva, predominó el sentido común y acordamos, ante la incertidumbre y las dudas, tratar de avanzar por la vía legal y establecer la prórroga correspondiente. Es más, no solo prorrogamos la entrada en vigencia de algunos artículos, sino que se vuelve a dar potestad al Poder Ejecutivo para que por sí mismo, en este caso sí, por decreto –vía que ya estaba agotada–, pueda prorrogar la entrada en vigencia hasta por un año adicional. Obviamente, lo que se prorroga es la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41, que tienen que ver con restricciones al uso de efectivo en algunas transacciones y a la obligación de usar determinados medios de pago electrónicos.
Para recordar brevemente, el artículo 35 establece: «… el pago de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), cualesquiera sean los sujetos contratantes, no podrá realizarse con efectivo. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros». Esto, traducido a pesos, equivale aproximadamente a $ 145.200.
El segundo inciso de este artículo dispone: «Facúltase al Poder Ejecutivo a restringir el uso del efectivo, en las condiciones que establezca la reglamentación, en aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida, con la finalidad de tutelar la integridad física de las personas que trabajan en dichas actividades, así como de sus usuarios».
A continuación, el siguiente inciso, expresa: «Facúltase al Poder Ejecutivo a habilitar, a solicitud de parte, a que los establecimientos que enajenen bienes o presten servicios puedan restringir la aceptación del efectivo para el cobro de tales operaciones, a efectos de proteger la integridad física de las personas que trabajan en dichos establecimientos, así como de sus usuarios».
Por su parte, el artículo 36 establece: «… el pago en dinero de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas), cualesquiera sean los sujetos contratantes, solo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques de pago diferido cruzados no a la orden». Este monto equivale a $ 1:060.000.
Por su parte, el artículo 40 refiere a que cualquier negocio sobre bienes inmuebles cuyo importe total supere el equivalente a las 40.000 unidades indexadas deberá cumplirse a través de las formas de pago mencionadas en los artículos anteriores, es decir, medios de pago electrónicos, cheques comunes o de pago diferido.
Por último, el artículo 41 –cuya entrada en vigencia estamos prorrogando– hace referencia a lo mismo que el 40, pero vinculado a vehículos motorizados.
Con este proyecto de ley, señor presidente, estaríamos llevando el plazo de entrada en vigencia de estos cuatro artículos –reitero: 35, 36, 40 y 41– a partir del 1.º de enero de 2018.
El artículo 45 de la Ley de Inclusión Financiera, n.º 19210, otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de «prorrogar por un año la entrada en vigencia de lo previsto en los artículos 35, 36 y 39 a 43 de la presente ley». Asimismo, hay una serie de actos administrativos del Poder Ejecutivo –decretos, e incluso algunas leyes que no voy a relatar porque sería muy tedioso– que fueron prorrogando la entrada en vigencia, utilizando esta potestad establecida en el artículo 45.
Sin embargo, la última ley que se votó –la Ley n.º 19478, promulgada el 5 de enero de 2017, que modifica la ley original– sustituyó los artículos 35, 36, 40 y 41, y estableció una nueva fecha de entrada en vigencia, que había quedado estipulada para el 1.º de julio de 2017, pero no modificó ni sustituyó el artículo 45 de la Ley n.º 19210 –que es la original–, por el que se otorgaba al Poder Ejecutivo, por el plazo de un año, la potestad de establecer prórrogas por la vía del decreto.
Se han constatado interpretaciones sobre leyes y decretos que cuestionan la legalidad de prorrogar nuevamente la vigencia de estos artículos mediante el decreto del Poder Ejecutivo. Ya hay uno vigente, del 5 de junio.
Entendemos que la potestad delegada en el Poder Ejecutivo por parte del artículo 45 ha sido agotada y, por ende, necesitaba una nueva ley.
En el mismo sentido, y con bastante contundencia, se pronuncia la asesoría legislativa, la División Jurídica del Poder Legislativo, que termina diciendo que, en suma, de acuerdo al orden jurídico vigente y a la evolución legislativa de la Ley de Inclusión Financiera, la única posibilidad legal de prorrogar la entrada en vigencia de las normas objeto de consulta es mediante la aprobación de una ley.
Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar la prórroga de la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41, y también la del límite que establecía el artículo 45. En consecuencia, una vez que entren en vigencia los artículos que mencioné –si se aprueba esta ley–, el 1.º de enero de 2018, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad –por la vía de decreto– de prorrogar la entrada en vigencia durante un año, sin la necesidad de un marco legal habilitante.
Quiero agregar además que, tal como expresó el señor senador Michelini, se establece una fecha de entrada en vigencia del proyecto en consideración –a sugerencia de la Asociación de Escribanos del Uruguay–, que será el 1.º de julio de 2017. Todos sabemos que existen plazos para la comunicación, la promulgación y las publicaciones, por lo que queremos evitar la inseguridad jurídica que puede generar un período ventana. Fue por esa razón que quisimos plasmarlo a texto expreso.
Obviamente, señor presidente, nosotros vamos a acompañar estas modificaciones, pero eso no quiere decir que coincidamos con lo que dice el texto ni con el tema de fondo. Esa es la cuestión. No vamos a dar el debate ahora –ya lo hicimos muchas veces–, sino que simplemente vamos a mencionar algunos puntos que nos parecen importantes en función de la realidad y de las experiencias que conocemos todos los días al recorrer el país, donde cada vez se suscitan más problemas en la aplicación de esta ley, que obliga a la gente y a la actividad económica a incluirse, pero no les brinda las condiciones para que puedan hacerlo.
Se han presentado algunos proyectos de ley, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, relativos al tema aranceles. Hay uno presentado por el señor senador Lacalle Pou para hacer optativo el sistema. Incluso, se ha propuesto –hay algún proyecto al respecto– la posibilidad de establecer un sistema mixto por un período. Pero, en definitiva, hoy la sociedad ve que se establecen normas sobre la inclusión financiera, sin que se discutan los objetivos de fondo. Podemos compartir las buenas intenciones y el objetivo general, pero, sin pretender ingresar hoy en ese tema, consideramos que es necesario una discusión mucho más de fondo, pues ha quedado claro que el Uruguay en la actualidad no está preparado para que esta ley entre en vigencia en los términos que se establecen. Las señales, tanto del Banco República como de la banca privada, tienen que ver con el cierre de sucursales, particularmente en el interior del país. En el caso del Banco República, quedan abiertas las sucursales que trabajan menos días a la semana, lo que se suma a que muchos cajeros están topeados, por lo que se deja a los usuarios sin la posibilidad de extraer dinero. La verdad es que hay muchas localidades en las que no hay cajeros habilitantes, y la verdad, también, es que muchas veces hay cajeros, pero estos no tienen dinero.
Hace unos días estuvimos en José Pedro Varela: hacía cinco días que los cajeros de esa localidad no tenían dinero.
Entonces, una cosa es un proyecto de ley que puede estar bien intencionado en el papel y otra, plasmarlo en la realidad, pues es allí donde aparecen estas complicaciones que hacen que la gente, aunque coincida, comparta y quiera adecuarse a las nuevas normas, no pueda concretarlo porque no tiene condiciones democráticas equitativas, de igualdad de oportunidades, para poder cumplir los preceptos de la Ley de Inclusión Financiera.
Esto sin tomar en cuenta algunos otros aspectos que han estado arriba de la mesa y que son atendibles, planteados en particular por representantes de los centros comerciales, las agremiaciones agropecuarias y las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, a lo largo y ancho del país, donde se cuestiona la aplicación de esta ley y se sostiene, además, que les genera un perjuicio vinculado a la actividad y al empleo, al mismo tiempo que les quita ventajas comparativas y competitivas con las grandes superficies. Obviamente, el tema principal tiene que ver con los aranceles, que los condicionan y determinan que deban trasladarlo al consumidor. A esto se agrega que muchas veces las grandes superficies, por un tema de escala, negocian aranceles diferenciales lo que, por supuesto, es una ventaja que luego trasladan al consumidor.
El otro tema importante tiene que ver con la acreditación del monto de las operaciones, debido a que en algunos casos tiene una demora de unos días, a lo que se agrega que no todos los pequeños y medianos comercios del Uruguay tienen espalda financiera como para poder bancar los días entre la operación y la acreditación del monto. Además, el uso de los plásticos ha tenido un mayor incremento –y eso sí me preocupa– en las tarjetas de crédito que en las de débito. Lamentablemente, Uruguay no tiene –es el otro debe que tenemos vinculado a esta ley y sobre todo a su filosofía– una educación y una cultura financiera que permita acompasar la entrada en vigencia de esta normativa. Hay muchos cuestionamientos de fondo sobre esta ley y hay centros comerciales que han presentado acciones de inconstitucionalidad. Es más, en estos días están apareciendo algunas papeletas con las que los centros comerciales y mesas de desarrollo de todo el país están impulsando la iniciativa de plebiscitar esta Ley de Inclusión Financiera en la próxima elección nacional.
Por lo tanto, hay una situación fermental porque hay quienes sienten –sin discutir el tema de fondo– que esta ley, tal como está redactada, los perjudica y, además, aunque quieran aplicarla, no están en condiciones de hacerlo. Algunos responsables de centros comerciales del este del país me decían que quisieron hacer una prueba piloto en comercios pequeños, pidiendo que todo se vendiera con tarjetas de crédito o débito; sucedió que si una persona iba a comprar un litro de leche y quería pagar con tarjeta al comercio le servía más regalárselo que aceptar el pago por vía electrónica, dado que el costo de esa operación es mayor que lo que cuesta el litro de leche. Guste o no, esta es la realidad.
Más allá de lo que vayamos a votar hoy, que es importante para ganar tiempo y no tener la espada de Damocles de que el sábado comience a regir un nuevo régimen que no estamos en condiciones de cumplir –aunque muchos quieran hacerlo–, es verdad que la realidad irá perforando esta ley. De hecho, el Parlamento ya aprobó algunas leyes que la perforan; hace poco tiempo el Senado votó un proyecto de ley propuesto por el señor senador Mieres y analizado en la Comisión de Hacienda, por el que se quitaba la obligatoriedad de inclusión a aquellas poblaciones con menos de 2000 habitantes, que no tuvieran condiciones para trabajar con dinero electrónico en relación al pago de salarios, jubilaciones, pensiones y algunos otros beneficios.
Por otro lado, debo decir que el uruguayo es muy creativo. Por ejemplo, el otro día estuve en la localidad de Cardal, donde hay una gran cantidad de personas mayores, jubilados y pensionistas, y me enteré de que por la falta de cajeros –no hay suficiente cantidad, tienen topes para pagar y además falta dinero– deben ir a cobrar a San Ramón. Entonces, aparecieron algunos creativos, conocidos como comisionistas de inclusión financiera, que les piden las tarjetas y los pines, van a San Ramón, retiran las jubilaciones y pensiones y luego les cobran una comisión por el trabajo. También hace unos días me dijeron en Melo que algunos choferes de ómnibus que trabajan en las líneas del interior de Cerro Largo, en muchas localidades pequeñas recogen las tarjetas y los pines, en la ciudad sacan el dinero, y cuando pasan de vuelta lo entregan, obviamente cobrando una comisión.
Por lo tanto, si este proyecto de ley es genuino y la intención es que la gente esté bancarizada e incluida en un sistema, las condiciones tienen que ser diferentes.
En Montevideo sucede algo similar, porque en muchos barrios no hay condiciones de fácil acceso para las extracciones o el uso de los plásticos.
Por todo esto, vamos a acompañar la iniciativa sin discutir el tema de fondo que, a mi juicio, está muy alejado de la realidad uruguaya y, tal como está implementado y redactado, va a generar más complicaciones que beneficios. Creemos que la aprobación de esta prórroga de seis meses permitirá seguir trabajando en la desgravación de los aranceles y en mecanismos de igualdad de oportunidades para que la gente pueda acceder a la inclusión financiera. Además, se faculta al Poder Ejecutivo a dar otra prórroga de un año por la vía del decreto, con lo que, quizás, en ese período logremos modificar algunos aspectos del proyecto de ley y permitir que esto sea aplicable y, sobre todo, democrático.
SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: me voy a referir al tema que estamos considerando, que es la prórroga del plazo para la aplicación de esta ley. La discusión original radicaba en si podía hacerse por decreto del Poder Ejecutivo. La realidad es que eso ya perdió vigencia, pero de todos modos quiero decir que estoy seguro de que no podía hacerse por decreto; hubiera sido ilegal emitir un decreto ordenando una prórroga que no está prevista por ley. O sea, un decreto del Poder Ejecutivo hubiese sido ilegal, pero el tema ya se solucionó; todos estamos de acuerdo en que tenemos que votar una ley y vamos a votarla.
Además, me parece bien que se haya agregado el artículo 2.º que habilita al Poder Ejecutivo –ahora sí– a otorgar una prórroga por decreto. Eso es lo que estamos considerando y lo que tenemos que votar; por tanto, no vamos a ingresar en la discusión de fondo sobre inclusión financiera porque ya la dimos en su momento.
Hoy es esto: se precisaba una ley, la tenemos a consideración y nosotros vamos a acompañarla.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 1º de enero de 2018 la entrada en vigencia de las previsiones contenidas en los incisos primero y quinto del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por la Ley Nº 19.478, de 5 de enero de 2017».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar hasta el 1º de enero de 2019 la entrada en vigencia de lo previsto en los incisos primero y quinto del artículo 35 y en los artículos 36, 40 y 41 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por la Ley Nº 19.478, de 5 de enero de 2017».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 3º.- La presente ley entrará en vigencia el 1º de julio de 2017».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores senadores Patricia Ayala, Marcos Carámbula, Daniel Garín, Sandra Lazo, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, Constanza Moreira, Marcos Otheguy, Daniela Payssé, Enrique Pintado, Lucía Topolansky y Mónica Xavier presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés general la creación de Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente de la República Oriental del Uruguay.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre Maestra Directora Elvira Muniz Taborda la escuela n.º 76 de la localidad de Totoral del Sauce, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 820/2017 - rep. n.º 454/17)».
SEÑOR CARÁMBULA.- Señor presidente: proponemos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, por el cual se designa la escuela n.º 76 de la localidad de Totoral del Sauce, en Canelones, con el nombre Maestra Directora Elvira Muniz Taborda.
Esta propuesta fue enviada en el año 2012 y en aquel momento contó con la iniciativa de los vecinos, los alumnos y los integrantes de la Asociación Civil Integrada Totoral y con el apoyo de la Comisión de Fomento. Además, tuvo un informe favorable de las autoridades de la ANEP, y ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, por iniciativa del diputado Mahía.
La solicitud se fundamenta en la relevancia de la labor de la maestra directora Elvira Muniz Taborda en esa zona, quien se recibió en el año 1957 y desempeñó el cargo de maestra directora en Totoral desde 1967 hasta 1977, cuando por razones ajenas a su voluntad debió cesar en la tarea.
Luego de eso, Elvira Muniz volvió a la escuela, que en ese momento estaba funcionando en un local arrendado, y junto con los alumnos y vecinos de toda la zona, trabajando activamente con la Comisión de Fomento, lograron adquirir el predio en el cual está instalada.
Hoy esta escuela es orgullo en la zona y está totalmente integrada con los niños y los jóvenes de la comunidad: se dictan clases nocturnas de alfabetización; se realizó una campaña de información y vacunación masiva; se trabajó con el grupo Cruz Roja Juvenil y también en una campaña preventiva a nivel médico y de salud para la zona. En materia de deporte se creó la escuelita n.º 76 de baby fútbol. Además, se editó el periódico El Chajá, que fue la primera meta para seguir trabajando en comunicación en una zona tan emblemática de la ruta n.º 7 como lo es Totoral del Sauce, que forma parte de la historia canaria. Finalmente, en medio de tantas actividades, trabajos de esta docente fueron publicados en las Jornadas de Promoción del Bienestar Social de la Infancia.
En 1993, después de haberse retirado de la docencia, la maestra directora Elvira Muniz Taborda fallece un 8 de junio.
Por todas estas razones, la Comisión de Educación y Cultura del Senado entendió que correspondía acompañar el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes y votar la designación de la escuela n.º 76 de Totoral del Sauce con el nombre Maestra Directora Elvira Muniz Taborda.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Maestra Directora Elvira Muniz Taborda” la Escuela N° 76 de la localidad de Totoral del Sauce, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».
(Así se hace, a las 11:12, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Carámbula, Carballo, Castaingdebat, Coutinho, Garín, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Moreira, Otheguy, Payssé, Pintado, Saravia, Silveira, Topolansky y Xavier).

References: artículo 161
 artículo 35
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 35
 Resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 172
 resolución 
 artículo 118
 artículo 161
 artículo 1
 artículo 1
e contrario
 artículo 403
 artículo 7
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 35