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Timestamp: 2016-12-08 07:52:50+00:00

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[Sentencia T-0736-13] – Libre transito
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ALBERTO ROJAS RIOS.
Bogotá D.C. diecisiete (17 ) de octubre de dos mil trece (2013).
El señor Alirio Tique Portilla, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Prado (Tolima) para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal, a la salud y al trabajo. Hechos
5. Indicó el peticionario “cuando he estado enfermo no he podido acceder a los servicios de salud ya que el accionado impide que cualquier carro entre a sacarme para ir al hospital, tengo que caminar pese a la enfermedad que padezca y cuando es grave, nos toca salir pidiendo permiso por otros predios, por caminos muy difíciles y duros” además señaló, “los vecinos que me daban permiso ya no lo hacen y perdido trabajo, ya nadie quiere darme a cuidar ganadito, ni comprarme ni venderme porque no tengo por donde pasar el ganado, la leche ya no me la compran los del camión de la leche porque no pueden entrar a recogerla y yo no tengo la fuerza ni la ayuda suficiente para sacar hasta el broche donde el accionado cerro el paso, los timbos de leche.” 6. El dieciséis (16) de junio de dos mil doce (2012) el señor Tique Portilla junto con otros vecinos, tomaron la decisión de iniciar un proceso policivo por perturbación a la servidumbre de tránsito, el cual en primera instancia rechazó el amparo policivo a la servidumbre de tránsito solicitada por los querellantes Alirio Tique Portilla y Desideria Sánchez; sin embargo, en segunda instancia fue declarado nulo por errores en le proceso por parte de la funcionaria encargada, motivo por el cual, el Alcalde Municipal ordenó rehacer todo el proceso sin que hasta la fecha se haya surtido ninguna actuación.
•	Cédula de ciudadanía del señor Alirio Tique Portilla
•	Copia de la Resolución No 002 del tres (3) de febrero de dos mil doce (2012), por medio de la cual, se resuelve la Querella interpuesta por los señores Alirio Tique Portilla, Edgar Tique Sánchez y la señora Desideria Sánchez Botache.
•	Recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los querellantes, contra el Acto Administrativo- Resolución No 002 del tres (3) de febrero de dos mil doce (2012).
•	Auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), por medio del cual se decreta la nulidad de todo lo actuado en el proceso policivo por perturbación de servidumbre de tránsito
•	Copia del informe rendido por los peritos dentro del Proceso Policivo por Perturbación a Servidumbre de Tránsito vehicular (Folio 30 a 40)
Así mismo, mediante oficio No. 0222 del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), se ordenó vincular al señor Edgar Tique Sánchez, Trinidad Tique Prieto y María Nancy Tique Prieto. El veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), se dispuso vincular al señor Germán Alfonso García Santos, en calidad de Litisconsorcio necesario, conforme a los artículos 51 y 83 del Código de procedimiento Civil, modificado este último por el artículo 1°, mod. 35, del Decreto 2282 de 1989, por lo tanto se accede a la recepción del testimonio una vez se haga presente al Despacho. 1.- Dirección Administrativa de Justicia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Prado.
El veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), el señor Ever Tique Prieto en ejercicio de su derecho a la defensa, procedió a contestar el escrito de tutela, en el cual manifestó que siempre a existido servidumbre para cualquier persona y animales y cuando sea de forma peatonal, mas no vehicular. Agregó que tomo la decisión de cerrar el broche, por cuanto el accionante de forma abusiva y arbitraria decide ingresar en sus predios que no adquieren la calidad de servidumbre vehicular, actuación que le estaba ocasionando un daño irremediable, pues estaba deteriorando el terreno. Sin embargo, aclaró que ha estado dispuesto a permitir el acceso vehicular en extremos casos de emergencia.
En consecuencia, indicó que no es la acción de tutela el mecanismo para dirimir el conflicto, por cuanto no se han agotado las vías judiciales que se debe aplicar en estos casos, pues actualmente cursa en su contra un Proceso Civil Policivo por Perturbación a Servidumbre de Tránsito. 3.-Alcalde del Municipio de Prado (Tolima)
El veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) las señoras Trinidad Prieto de Tique y María Nancy Tique Prieto, manifestaron que: “Cuando se adquirió el predio no existía servidumbre vehicular ni siquiera hasta el lote motivo de la litis por cuanto solo existía servidumbre peatonal por cuanto todo el recorrido que se hacía hasta la carretera principal era a pie o a caballo porque eran caminos de herradura, mi esposo y mi padre, decide construir un callejón a mejor ducho una vía de acceso de tipo vehicular hasta su finca denominada LA QUINTA para beneficiarse de ese servicio y de paso beneficiar a los vecinos que tenían sus predios atrás de la finca.
El día veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado Promiscuo Municipal realizó la recepción del testimonio del señor Germán Alfonso García Santos, en el cual señaló: “Pues lo que me consta, es que en el año 2000, entre a administrar la secesión de mi papá en la cual yo entraba en un carrito que tenía en ese tiempo existía Don Pastor Tique, propietario de la finca que colinda, él por varias ocasiones me llamó la atención porque yo tenía que cruzar por predios de él para llegar a mi finca, pidiéndome el favor que no entrara cuando lloviera porque le causaba daños en el pasto. fue así como yo no volví a entrar porque el me lo pedía a pesar de ser el dueño del predio colindante con el de él, sin embargo entraban carros de servicio publico por ese lugar, eso es hace 10 o 12 años, y había dificultades porque hubo un tiempo que llovió hace años y los carros entraban y dañaban el pasto porque patinaban y dañaban el pasto tanto por donde Don Pastor pasaba el carro y por el predio mío, ya que no existía ninguna banca de asfalto, porque eso es un potrero. Don pastor pedía reiteradamente a los colindantes de por ahí que no pasaran cuando llovía porque lo está afirmando es hasta la puerta del potrero de él. Pasaban por la finca de él y por la mía sin ningún permiso, pues ninguno de ellos ha pagado ningún derecho de tránsito por parar por ahí por predios que son privados. Sin embargo los que me han pedido el favor como don Edgar Tique que iba a hacer una construcción en la casa él, en concreto, ya que la casa era de bahareque, pasando por otros predios aledaños al mío, le concedí el permiso para que entrara los materiales necesarios para la construcción, pero eso fue un permiso temporal mientras entraba los materiales. Lo otro es que cuando haiga (sic) una urgencia, sacar un enfermo o un animal, pues que pidan el favor uno los dejador porque es una urgencia, así fue como el finado Pastor les dio permiso. Ahora se han presentado dificultades porque ellos demandaron, Don Edgar, don Alirio, no me acuerdo quien mas de allá, entonces ahora quedaron fue incomunicados por que Ever echó candado donde termina el afirmado y entonces no pueden pasar sin que les abran porque eso tiene candado y las cercas de colindancia son de Ever, no son mías. Lo otro es que por ahí ha sido una servidumbre de camino que va hacia el cerro llamado El Valle, para otros predios por donde llevan el ganado y sacan madera y ha sido toda la vida esa servidumbre por ahí.”
Resalta el informe que “según lo indicado por las personas que atendieron la diligencia cuando llegan del mercado con la remesa, les toca cargarlo en sus hombros, desde el broche donde está el obstáculo hasta cada una de las residencias de las personas que habitan el sector. De igual forma, el señor Maximiliano Sánchez Botache es una persona de la tercera edad que se encuentra incapacitado para caminar y debe ser llevado hasta el broche en una carretilla utilizadas en construcción o en una hamaca. Al igual que la señora Desideria Sánchez Botache, hermana del antes citado que por ser persona de la tercera edad le toca caminar las vías antes señaladas para poder llegar a su casa.” II CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.- En esta oportunidad, la Corte conoce el caso del señor Alirio Tique Portilla, a quien se le ha prohibido el uso de la servidumbre de tránsito, constituida hace mas de 50 años por el padre del señor Ever Tique Prieto hoy dueño del predio y accionado, por el cual pasa la servidumbre de tránsito. Decisión que ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo vital, pues se ha visto en la obligación de cargar la remeza (mercado) que realiza cada ocho (8) días, ya nadie quiere darle a cuidar el ganado, ni comprarle ni venderle porque no tienen por donde pasar el ganado, la leche ya no se la compran porque no pueden entrar a recogerla y no tiene la fuerza suficiente para sacarla hasta el broche. Por su parte, el señor Ever Tique Prieto manifestó que tomó la decisión de cerrar el paso por cuanto el accionante de forma abusiva y arbitraria decide ingresar en sus predios que no adquieren la calidad de servidumbre vehicular, actuación que le estaba ocasionando un daño irremediable, pues estaba deteriorando el terreno. El juez de tutela de primera instancia concede la acción de tutela como mecanismo transitorio al establecer de la situación fáctica planteada la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, salud y libre circulación; sin embargo, el juez de segunda instancia, revocó la decisión al no encontrar demostrado la vulneración de los derechos fundamentales alegado por el accionante.
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, como un mecanismo sumario y preferente, que busca proteger los Derechos constitucionales fundamentales de las personas “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” .Sin embargo, el parágrafo 5 de la disposición citada, establece la procedencia de esta acción contra particulares cuando: i) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, ii) cuando la conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo; o i) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
“9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.”
Al respecto, la Corte constitucional en Sentencia T-277 de 1999, M.P., Alfredo Beltrán Sierra, indicó: “El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular. iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro.”(Subrayado y negrilla fuera de texto).
“(…) concluye la Sala la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando se presenten situaciones de indefensión y recuerda que, para determinar si un ciudadano se encuentra en esta condición, el juez debe valorar “las circunstancias de hecho presentes en el proceso que permitan inferir una DESVENTAJA ILEGÍTIMA que vulnera los derechos fundamentales” y “calcular el grado de sumisión y la suficiencia y efectividad que le brindarían otros medios de defensa judicial”.
El legislador ha establecido que la acción de tutela no procede cuando el interesado, cuenta con otros medios judiciales, salvo que la interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando aquel medio no resulta eficaz ni idóneo. Caso en el cual, el juez de tutela entrara a estudiar y determinar los factores del caso en concreto, como lo son: i) la edad para ser considerado sujeto especial de protección;(ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos, para decretar o no su procedibilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta el carácter subsidiario de la acción tutela, tal como lo expresado la Corte en reiteradas jurisprudencias “la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De allí que, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía, debió agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador. Es así, como el Decreto 2195 de 1999 establece en su artículo 8°, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, para evitar un perjuicio irremediable. Entendido este último como aquella afectación inminente, urgente y grave.
“A).El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio. (Subrayado fuera del texto).” En consecuencia, solo en aquellos casos en los cuales los medios judiciales ordinarios resultan ser ineficaces, la acción de tutela pasará de ser un mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales, a un mecanismo idóneo de protección constitucional. Sujetos de especial protección
Tratándose de sujetos de especial protección, esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos históricamente.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados. Caso concreto
De acuerdo con la situación fáctica reseñada, encuentra esta Sala que la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede contra particulares en los casos establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, señalando como una de las causales de procedencia el estado de indefensión del solicitante respecto del particular contra el cual se interpuso la acción.
Así mismo, en Sentencia T-341 de 2012 M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se indicó: (…) la Corte sin el ánimo de ser exhaustiva, ha establecido algunos supuestos en los que existe estado de indefensión, como por ejemplo, (i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos, que permitan conjurar la vulneración iusfundamental por parte de un particular; (ii) personas que se hallan en situación de marginación social y económica, (iii) personas de la tercera edad, (iv) discapacitados (v) menores de edad.” Observa la Sala que el señor Alirio Tique Portilla se encuentra en estado de indefensión frente a la actuación realizada por el señor Ever Tique Prieto, pues además de ser una persona de setenta y ocho (78) años de edad, de la cual se puede inferir un estado de debilidad manifiesta y por ende, un Sujeto de especial protección, se encuentra imposibilitado para solucionar de manera inmediata la situación planteada.
Dicha imposibilidad se ve reflejada, en que si bien cuanta con otros mecanismos de defensa judicial, como es el proceso policivo por perturbación a la servidumbre, que actualmente se encuentra en curso, este no ha sido efectivo, ya que lleva más de dos (2) años sin resultado alguno, debido a errores cometidos por los funcionarios de instancias, actuaciones ajenas al accionante; que ha ocasionado una serie de afecciones a sus derechos fundamentales.
Por otro parte, el cierre de la servidumbre de tránsito a ocasionado, un detrimento económico al accionante, pues sus labores profesionales de cría de ganado, venta de leche y cultivo, se han visto restringidas, debido a que los vehículos en los cuales se transporta la mercancía, ya no tienen por donde pasar, situación que ha afectado su mínimo vital y el de su núcleo familiar. Es de recordar, que la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha indicado que cuando un bien no puede explotarse adecuadamente, por inconvenientes naturales del predio, como la falta de comunicación con la vía pública, el Estado debe intervenir para exigir la eficacia de la función social de la propiedad; al respecto, en Sentencia C-544 de 2007 se señaló: “la exigencia legal relativa a que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse cuando el predio dominante se encuentra totalmente incomunicado con la vía pública, sin que pueda considerarse la idoneidad, grado de dificultad o costo de la vía existente, desconoce la función social de la propiedad no sólo desde el punto de vista subjetivo del titular del predio sirviente que no puede ejercer plenamente su derecho, sino del interés social o colectivo que implica la adecuada y correcta explotación de la tierra.”
Es de resaltar que debido al escenario por el que esta pasando el accionante, se ha visto en la obligación de cargar los insumos que requiere para el consumo personal y laboral, desde la vía pública hasta su predio, esto es 500 metros, así lo manifestó en el escrito de tutela “cerrar la servidumbre de tránsito me ha obligado a realizar acciones inhumanas para movilizarme, para sostenerme, para trabajar y para garantizar mi mínimo vital, teniendo que hacer periféricas, pasarme por otros potreros vecinos, cargar el mercado, los insumos, las cosas que necesito en mis hombros, pues debido a mi edad no puede andar en bestias”,(sic) situación que esta afectando sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al trabajo y al mínimo vital.
La anterior manifestación fue confirmada en la declaración del señor Germán Alfonso García Santos al expresar “pues la afección la ha tenido por no poder entrar los fines de semana que es que va el carro para allá y llevan el mercado, la sal para el ganado y les toca echársela al hombro desde donde termina la carretera embalsamada hasta la casa de él que son unos 500 metros.” (Sic)
Es de resaltar, que en el informe pericial se indicó: “el carreteable que pasa por el predio del señor Ever Tique Prieto se encuentra con material de arrastre hasta antes de llegar al broche del obstáculo reseñado, de ahí en adelante en este momento solo existe los vestigios que existió una servidumbre de tránsito vehicular y es la apropiada para acceder a las tres viviendas que se reseñaron en precedencia (Desideria Sánchez Botache, Luz Tavera y Alirio Tique Portilla)” (Subrayado fuera de texto)
De lo anterior, arguye la Sala, que al no contar el accionante ni los vecinos perjudicados con un camino alterno al del señor Ever Tique Prieto, que tenga las condiciones adecuadas y apropiadas para transitar de manera vehicular hasta sus predios, teniendo que realizar acciones que afectan su dignidad humana, obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad; así lo manifestó esta Corporación en una caso con situaciones fácticas iguales al caso en estudio, señalando en ese momento que “la actuación en que incurrió Elver García al cerrar el camino, obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad humana, en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado Social de Derecho, y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad.”
En consecuencia se ORDENARÁ al señor Ever Tique Prieto, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, retire cualquier obstáculo que impida el libre tránsito del accionante y los vecinos, por el camino que ellos acostumbran usar. IV DECISIÓN
TRECERO. ADVERTIR al señor Alirio Tique Portilla, que los efectos de esta Sentencia se mantendrán mientras las autoridades judiciales competentes deciden en forma definitiva sobre su solicitud. ALBERTO ROJAS RIOS

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 86
 artículo 42