Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20181009s0034%20final7295418.html
Timestamp: 2019-04-18 11:08:59+00:00

Document:
34ª Sesión Ordinaria del 9 de octubre de 2018
N.º 34 - TOMO 586 - 9 DE OCTUBRE DE 2018
•	con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el tratamiento de la plombemia en el país y el cierre de la policlínica especializada del Centro Hospitalario Pereira Rossell;
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con la mortandad de peces registrada en varios puntos del país.
–	El señor senador Besozzi solicita se curse un pedido de informes con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a todos los ministerios y sus dependencias, y a todos los entes autónomos y servicios descentralizados, relacionado con juicios contra el Estado.
–	El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la Comisión de Apoyo al Hospital Maciel.
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el Fondo de Tutela Social Policial, destinado al Fondo Nacional de Vivienda;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionado con la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2017.
–	La señora senadora Eguiluz solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto Nacional de las Mujeres, relacionado con los avances prácticos proyectados o efectuados para la aplicación de la Ley n.º 19580, de 22 de diciembre de 2017, sobre violencia hacia las mujeres basada en género;
•	con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionado con el funcionamiento del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres.
6) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Mieres, Bordaberry, Passada, Castillo, Pintado, Camy, Delgado, Moreira y Tourné.
–	Quedan convocados los señores senadores Ramos, Eguiluz, Ferreira, Vellozas, Baráibar, Iturralde, Draper, Paternain y Pardiñas.
7)	Paso Centurión y Sierra de Ríos
–	Manifestaciones del señor senador Pardiñas.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Dinama y al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Cerro Largo.
8)	Bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba
–	Manifestaciones del señor senador De León.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Cuba en Uruguay.
9)	Visitas de alumnos liceales al Palacio Legislativo
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Colegio Nacional José Pedro Varela.
10)	Asunto de economía interna de esta casa
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y a Imprenta del Senado.
11)	Tareas de vigilancia y apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en zonas fronterizas
–	Proyecto de ley por el que se las encomienda a las Fuerzas Armadas.
12)	Sesenta años de la Confederación Judeocristiana del Uruguay
–	Solicitud de los señores senadores Moreira, Amorín, Delgado y Bianchi para que un orador, cuyo nombre oportunamente se comunicará, realice una exposición de veinte minutos sobre el tema, en fecha a coordinar.
13)	Día Mundial de la Alimentación
–	Solicitud de los señores senadores Moreira, Amorín, Delgado y Bianchi para que el señor senador Cardoso realice una exposición de veinte minutos sobre el tema, en fecha a coordinar.
15)	Proyecto presentado
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se declara de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública por parte de los funcionarios de todas las personas públicas estatales y no estatales.
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve levantar la sesión; pasar los puntos pendientes a las sesiones regulares de la semana próxima, excepto el tercero, que a solicitud del señor senador Martínez Huelmo pasa para noviembre; y suspender la sesión del día 10 de octubre.
«Montevideo, 5 de octubre de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 9 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se encomienda a las Fuerzas Armadas las tareas de vigilancia y apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en zonas fronterizas;
Carp. n.º 1078/2018 - rep. n.º 715/18 y anexo I
2.º) por el que se designa Rodolfo Nater Stutz la Escuela n.º 109, de Costas de Polonia, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 978/2017 - rep. n.º 717/18
3.º) por el que se designa Aníbal Sampayo el Liceo n.º 3 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
Carp. n.º 1156/2018 - rep. n.º 718/18
4.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:
– en calidad de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard;
Carp. n.º 1130/2018 - rep. n.º 716/18
– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a la doctora Viviana Natalia Posada Molinari;
Carp. n.º 1148/2018 - rep. n.º 721/18
– en calidad de fiscalas letradas adscriptas, escalafón N, a las doctoras María Viriginia Sigona D´Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart y Paola González Sánchez;
Carp. n.º 1149/2018 - rep. n.º 720/18
– en calidad de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Alejandro Javier Machado Padilla;
Carp. n.º 1153/2018 - rep. n.º 722/18
– en calidad de fiscalas letradas adscriptas, escalafón N, a las doctoras Yamila Cabrera Muñoz, Claudia Amoedo Echenique y Gisel Lluberas Pereira.
Carp. n.º 1154/2018 - rep. n.º 719/18
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, Eguiluz, García, Garín, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Ramos, Saravia, Silveira y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Bordaberry, Heber, Lacalle Pou, Mieres, Pintado y Tourné.
•	por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos;
•	por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa Loryser S. A.
•	por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores de la citricultura afectados a la cosecha o al packing;
•	por el que se autoriza la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya; y la entrada y salida de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina a nuestro país, con motivo de la participación en los ejercicios militares combinados Río 2018 y Tanque 2018;
•	por el que se modifican las normas de los desalojos colectivos y el régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales;
•	por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta doce meses, el subsidio por desempleo para los extrabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce;
•	por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta doce meses, el subsidio por desempleo para los extrabajadores de la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel S. A.), Liderliv S. A. y Comital Uruguay S. A.;
•	por el que se autoriza la salida del país del velero escuela Capitán Miranda, su plana mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar el XXX Viaje de Instrucción entre el 10 de octubre y el 20 de diciembre de 2018, visitando puertos de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina.
•	por el que aprueba el Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación;
•	por el que se designa Doctor Samuel Bertón el nuevo hospital departamental, en construcción, de la ciudad de Colonia del Sacramento, departamento de Colonia.
•	por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Singapur para la prestación de servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, suscrito en la ciudad de Singapur, República de Singapur, el 2 de octubre de 2013;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, suscrito en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 14 de noviembre de 2017.
•	Por el que se amplía la jurisdicción de la Armada nacional en las aguas del río Negro, incluyendo sus islas.
•	Por el que se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias led para alumbrado público.
•	Por el que se establecen incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo.
•	Por el que se modifica la Ley n.º 18832, de 28 de octubre de 2011, Creación de la Unidad Alimentaria de Montevideo.
Además, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se modifica la normativa vigente en materia de seguros.
•	a fin de designar para el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard;
•	a fin de designar para el cargo de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras Yamila Raquel Cabrera Muñoz, Claudia Estela Amoedo Echenique y Gisel Evangelina Lluberas Pereira;
•	a fin de designar para el cargo de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a la doctora Viviana Natalia Posada Molinari;
•	a fin de designar para el cargo de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras María Virginia Sigona D’Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart y Paola Valeria González Sánchez;
•	a fin de designar para el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Alejandro Javier Machado Padilla.
La Comisión de Defensa Nacional eleva informado un proyecto de ley por el que se encomienda a las Fuerzas Armadas las tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza.
•	por el que se designa Aníbal Sampayo el Liceo n.º 3 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se designa Rodolfo Nater Stutz la Escuela n.º 109 de Costas de Polonia, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de venia del Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
La Comisión de Defensa Nacional eleva informado un proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya integrado por treinta y cinco efectivos del personal superior y personal subalterno y tres aeronaves, para participar en el ejercicio específico combinado Cruzex Flight 2018, a llevarse a cabo en el estado de Río Grande del Norte, República Federativa del Brasil, entre el 17 de noviembre y el 1.° de diciembre de 2018.
El presidente de la Asamblea Nacional del Estado de Kuwait remite nota de saludo con motivo de la celebración de la independencia de nuestro país.
El presidente de la Asamblea Nacional de la República de Armenia remite nota de saludo con motivo de la celebración del Día de la Independencia de nuestro país.
El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Jorge Larrañaga, relacionado con antecedentes administrativos de un funcionario de la ANEP.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LARRAÑAGA.
El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pedro Bordaberry, relacionado con la rehabilitación de reclusos.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el estado de eutrofización de las aguas superficiales y potabilización del agua.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Guillermo Besozzi solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a todos los ministerios y sus dependencias y a todos los entes autónomos y servicios descentralizados, relacionado con juicios contra el Estado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la Comisión de Apoyo al Hospital Maciel.
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Carlos Cardoso solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Cecilia Eguiluz solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del día 2 de octubre faltó con aviso la señora senadora Eguiluz.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 4 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Alonso y Paternain.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 3 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Cardoso, Paternain y Peña.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 4 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del día 3 de octubre faltó con aviso la señora senadora Tourné.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 1.º de octubre faltaron con aviso los señores senadores Alonso y Cardoso.
A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 2 de octubre faltó con aviso el señor senador Castillo.
A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 2 de octubre faltó con aviso el señor senador Cardoso.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de octubre de 2018
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004 –por razones particulares–, para los días 9, 10, 11 y 12 de octubre del corriente.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares, durante los días 9 y 10 de octubre del presente año.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, martes 2 de octubre de 2018
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º, literal C), de la Ley n.º 17827, del 11 al 18 de octubre del presente año, con motivo de participar en la 139.ª Asamblea de la UIP a realizarse en Ginebra, Suiza.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 9 de octubre de 2018
Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, del 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, el día 10 del corriente.
Juan Castillo. Senador».
Se comunica que los señores Eduardo Lorier, Doreen Ibarra y Óscar Andrade han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Elena Vellozas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 8 de octubre de 2018
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el día martes 9 hasta el día jueves 11 de octubre inclusive, del corriente año.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia desde el 11 al 19 de octubre inclusive.
Motiva dicha solicitud la convocatoria adjunta para participar en la 139.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas a llevarse a cabo en Ginebra, Suiza.
Solicito dicha licencia al amparo del literal C) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827.
Carlos D. Camy. Senador».
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 20 al 25 de octubre inclusive.
7) PASO CENTURIÓN Y SIERRA DE RÍOS
Tiene la palabra el señor senador Pardiñas.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: queremos reafirmar un proceso que se viene dando en nuestro país en el que están involucrados el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno departamental de Cerro Largo y toda una comunidad preocupada por los temas ambientales.
Desde el 20 de setiembre de 2018 está en consideración el Proyecto de Selección y Delimitación del Área Paso Centurión y Sierra de Ríos, a los efectos de incorporar esta área al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En el día de hoy queremos poner énfasis en este tema porque el pasado 2 de octubre, o sea, pocos días después de puesto esto de manifiesto, se realizó una reunión en la propia localidad de Centurión, que contó con la presencia de muchas vecinas y vecinos de la zona y del propio director de la Dinama, que concurrió acompañado por un equipo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas para reafirmar este proceso por el que se integraría a Centurión y Sierra de Ríos al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas bajo la figura de paisaje protegido, que está establecida en la Ley n.º 17234.
Simplemente quiero destacar que este es un largo proceso que se inicia en el año 1997 con las acciones del Probides, Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este, que identifica allí una zona de amplio potencial de valor natural y cultural.
En el año 1999 se crea una organización de la comunidad y de gente de Cerro Largo para la protección de este lugar. Luego se avanza con acciones del Gobierno departamental, ya que en el año 2007, a través del Decreto 24/07, se designa esta área como reserva departamental, incorporando una superficie de unas 26.854 hectáreas, de las cuales 7662 estaban identificadas como zona núcleo.
Posteriormente, estas acciones derivan justamente en el interés de que se integre esta área al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en el año 2010 comienza el proceso de análisis, acorde a lo que establecen las normas. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dinama dan cuenta de este interés en 2011, en la vigesimoséptima sesión de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas. También en el año 2011 se aprueba un nuevo decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo, a partir del informe de la oficina de ordenamiento territorial de la intendencia, por el que se designan y se aplican, de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, medidas cautelares para esa zona –a través del Decreto 34/11–, que posteriormente se consolidan cuando se aprueban las directrices de ordenamiento departamental por el Decreto 61/16, mediante el que esta área de Centurión y Sierra de Ríos queda determinada como suelo natural protegido.
Esta es una condición de la ley que da la potestad a los Gobiernos departamentales y es la base por la que hoy se consolida esta propuesta que realiza el ministerio y que viene siendo considerada a partir de la puesta de manifiesto. Creo que es muy importante que se tenga presente que este es un proceso que ha involucrado fuertemente a la sociedad civil, a los pobladores de la zona y, por supuesto, a instituciones de gobierno de distintos estamentos.
El área propuesta tiene 37.273 hectáreas y corresponde a un área protegida de 28.442 hectáreas y un área adyacente de 8831 hectáreas. Pero lo importante de esto, señora presidenta, es que, según el informe de la propia Dinama y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se incorporan una ecorregión, cinco ecosistemas amenazados y treinta y siete especies amenazadas. Por ese motivo esto es una prioridad para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Queremos destacar este proceso que viene llevando adelante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dinama y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el involucramiento de la población local.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Dinama y al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como al Gobierno departamental de Cerro Largo, o sea, a su Intendencia y a su Junta departamental.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador Pardiñas.
Damos la bienvenida a los alumnos y alumnas de 3.er año de liceo del Colegio Nacional José Pedro Varela de Montevideo.
8) BLOQUEO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS A CUBA
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador De León.
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: el 31 de octubre próximo la Asamblea General de las Naciones Unidas votará un proyecto de resolución que reclamará nuevamente el cese de la política genocida contra Cuba. Tiene como principal objetivo poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace casi seis décadas.
Según datos oficiales, los daños económicos acumulados en estos casi sesenta años ascienden a cerca de USD 950.000:000.000. Estimaciones oficiales realizadas recientemente indican que en el período que va de abril de 2017 a marzo de 2018, esta política hostil norteamericana que se ha recrudecido y continúa aplicándose con todo rigor, causó pérdidas a Cuba calculadas en unos USD 4.000:000.000.
La administración Trump impuso un serio retroceso a los avances en las relaciones bilaterales que se habían logrado a partir de 2015 bajo los Gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro. Este retroceso en las relaciones comienza con la firma del presidente Trump, en junio de 2017, de un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba. Ese documento refrendó, entre sus objetivos, el endurecimiento del bloqueo. Estas nuevas sanciones causaron una disminución sensible en las visitas provenientes de Estados Unidos y obstaculizaron aún más las relaciones económicas y comerciales de empresas cubanas con potenciales socios estadounidenses y de terceros países. Dicho sea de paso, hay empresas uruguayas que están teniendo dificultades con algunas inversiones previstas en el país caribeño.
Los afectados han sido los sectores de mayor impacto social, como los de la alimentación, la salud, la educación, el derecho al desarrollo; asimismo, se han visto dañados el comercio exterior y las finanzas. Para Cuba, esa política estadounidense es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos a todo el pueblo cubano, y se la califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948. Además, esta acción es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y un obstáculo para la cooperación internacional.
Este 31 de octubre la Asamblea General de la ONU votará por vigesimoséptima vez consecutiva un proyecto de resolución que reclama el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba. O sea que con este 31 de octubre van a ser veintisiete las veces que ha habido en este sentido un rechazo mayoritario del principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas. Esto ocurre desde el año 1992. En las últimas tres ocasiones, 191 de los 193 Estados miembros de la ONU apoyaron el proyecto. La votación de 2017 solo registró la oposición de Estados Unidos y de Israel. Por eso este 31 de octubre la totalidad de la comunidad internacional deberá entender que lo único que este bloqueo ha hecho es separar a los pueblos, dividir a las familias y generar enormes dificultades a un pueblo que ha definido con convicción y fortaleza su proyecto político.
Como ya señalamos, será la vigesimoséptima vez que se realizará la votación de esta iniciativa. Esperamos que sea la última y que el pueblo cubano, solidario, internacionalista, logre definitivamente seguir un proceso de desarrollo sin obstáculos ni injerencias.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Cuba en Uruguay.
9) VISITAS DE ALUMNOS LICEALES AL PALACIO LEGISLATIVO
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Baráibar.
SEÑOR BARÁIBAR.- En primer término, me sumo al saludo que ha extendido la señora presidenta a los alumnos de tercer año de liceo del Colegio Nacional José Pedro Varela, que están en la barra. Estamos asistiendo a un hecho al que, a veces, por cotidiano y habitual, no se le da la debida importancia que tiene: que jóvenes de liceos de todo el país visiten esta casa. Sin duda, y por obvias razones, para los liceos de Montevideo es más fácil concurrir. Siempre que encuentro a esos grupos me pongo a conversar, a dialogar con ellos, aunque sea unos minutos. Considero que es una práctica muy importante, que acerca el Poder Legislativo a la sociedad y, sobre todo, a los jóvenes que se están formando. Creo que es una buena oportunidad para que se acerquen a la Constitución. Las normas sobre el Poder Legislativo comienzan en el artículo 83 de la Carta, y la Cámara de Senadores, a la que ahora están asistiendo estos alumnos, está mencionada en el artículo 84. Es bueno que se informen de que están presenciando una sesión ordinaria del Senado.
A su vez, me parece que no sería un exceso plantear a la oficina de Protocolo y Relaciones Públicas de la Comisión Administrativa, encargada de recibir a las delegaciones, que se invite a los senadores y diputados que quieran concurrir a acompañar a las delegaciones que visitan el Parlamento –generalmente han pedido autorización e invitación con anticipación y no es una tarea muy extensa–, porque eso también ayudaría a generar una relación, naturalmente reconociendo la importancia que tienen los funcionarios del Poder Legislativo. Queremos reconocer entonces al Colegio Nacional José Pedro Varela y a toda la enseñanza por llevar a cabo esta práctica.
En su momento voy a solicitar que estas palabras sean remitidas a los destinos que indicaré.
10) ASUNTO DE ECONOMÍA INTERNA DE ESTA CASA
SEÑOR BARÁIBAR.- En segundo lugar, quiero referirme a una cuestión de economía interna. Tengo en mi poder un bloc de papel reutilizado. Es un bloc con papel en blanco realizado por la Imprenta del Senado y que contiene hojas que sobraron, que no se usaron, y que de otra manera se hubieran tirado en cantidades muy importantes; lo sé muy bien porque muchas veces hago una revisación de ese material que se deja. Estos blocs resultan entonces de gran utilidad para hacer anotaciones y demás.
Saludo a la Imprenta del Senado por haber tomado esta iniciativa. Creo que debe continuarse con esta tarea, porque todo el material de desperdicio, que no se usa –y que es mucho– se puede utilizar adecuadamente. Una de las formas de hacerlo es esta. Esto podría hacerse en cantidades y entregarse a modo de regalo, por ejemplo, a los alumnos que hoy nos visitan.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de las palabras que pronuncié en la primera parte de mi intervención se envíe al Colegio Nacional José Pedro Varela en reconocimiento a la iniciativa de hacer que sus alumnos concurran al Palacio Legislativo. Sé que esta práctica es habitual; no obstante, no está de más hacer un reconocimiento.
Solicito asimismo que la versión taquigráfica de la segunda parte de mi exposición sea remitida a la Comisión Administrativa, a la Imprenta del Senado y a quien corresponda, que tuvieron la feliz iniciativa de aprovechar el material.
Manifiesto al Senado y a la Comisión Administrativa que es mi deseo que esta práctica, que veo que se ha hecho con alegría, se continúe e, incluso, se le dé una dimensión mayor para aprovechar un material que se vendería al kilo –vamos a decirlo así–, pero que de esta manera tiene una utilización mucho más interesante.
11) TAREAS DE VIGILANCIA Y APOYO A LOS ORGANISMOS CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN ZONAS FRONTERIZAS
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se encomienda a las Fuerzas Armadas las tareas de vigilancia y apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en zonas fronterizas. (Carp. n.º 1078/2018 - rep. n.º 715/18 y anexo I)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: este es un proyecto importante y diría que también delicado. Nuestra Comisión de Defensa Nacional lo ha examinado con particular detenimiento en pos de la ponderación, el equilibrio y, fundamentalmente, de las garantías institucionales que deben tener todos los temas que tratan sobre la relación de los institutos armados con la sociedad.
Señora presidenta: rastreando este tema en los tiempos más cercanos, constatamos que se origina en un decreto del Poder Ejecutivo del 8 de enero de 2018, que en los considerandos dice «que es pertinente complementar las capacidades del Estado en las zonas de frontera, encomendando a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país, previniendo amenazas que afecten la integridad del territorio y sus recursos estratégicos».
El Poder Ejecutivo afirma, en ese decreto del 8 de enero –que va en el mismo sentido que el proyecto que mandó luego– «que la permeabilidad de las fronteras, constituye una debilidad estructural del Estado debido a la falta de su presencia en la zona, generando oportunidades para los agentes de delitos transnacionales en diversas formas; afectando la seguridad, el desarrollo y la imagen institucional del país». Son todos conceptos que quien habla y la comisión comparten.
Asimismo, establece «que este cometido específico de las Fuerzas Armadas se torna necesario, sin detrimento de su misión fundamental, acorde a lo dispuesto en la Constitución de la República, en la Ley N° 18.650 -Marco de Defensa Nacional- de 19 de febrero de 2010, en el Decreto-Ley N° 14.157 -Orgánico de las Fuerzas Armadas- de 21 de febrero de 1974 y demás Leyes Orgánicas de las Fuerzas […]».
El artículo 1.º de ese decreto del 8 de enero –hago referencia a él para entrar luego al proyecto de ley– encomendaba a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia y apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia, con la finalidad de preservar la soberanía.
El artículo 2.º le otorgaba dos tareas a las fuerzas: patrullajes y tareas de control con la participación preceptiva de otras dependencias de la administración –Aduanas, Ministerio del Interior, etcétera– y, a su vez, las tareas de reconocimiento con el propósito de obtener información.
El artículo 3.º decía: «En caso de detectar una presunta irregularidad o ilícito, su actuación se limitará a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente, según el caso».
Seguramente, el Poder Ejecutivo entendió luego –hay antecedentes en la prensa y también en el legislativo– que era necesario dar rango de ley a esta norma que, como dije, al mes de enero era un decreto. Entonces, el 5 de marzo remite el proyecto de ley, con la misma argumentación y parámetros que aparecían en la exposición de motivos del decreto de enero, vinculados a la permeabilidad tantas veces criticada de nuestras fronteras, señalando que eso constituye una debilidad estructural del Estado y que, por lo tanto, el objeto de la iniciativa es asegurar las fronteras desde todo punto de vista, así como prevenir y disuadir potenciales amenazas a la seguridad, etcétera.
Este proyecto de ley se comenzó a examinar con la presencia de los representantes del ministerio, pero a renglón seguido el presidente de la comisión, señor senador García, pidió que se convocara al fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, cuya presentación –con la que no se contó en la Cámara de Representantes– creo que dio vuelta el eje de análisis y razonamiento de este proyecto de ley. En su comparecencia del 25 de junio ante la Comisión de Defensa Nacional, el fiscal hizo una introducción bastante sugestiva y dijo que había que leer detenidamente este proyecto de ley, tanto por las cosas que dice como por todo aquello que no dice y queda sobrevolando. Esa prevención, más alguna otra que se había planteado en la comisión por parte de su presidente –estoy relatando cómo se fue dando todo–, determinó que la bancada del Frente Amplio decidiera detener el proceso para examinar la iniciativa más detalladamente. Obviamente, este proyecto de ley había sido aprobado en la Cámara de Representantes y contaba con una visión positiva de parte del Poder Ejecutivo, por lo que para nosotros ya era cosa juzgada. Sin embargo, luego de escuchar al fiscal Jorge Díaz, el eje de razonamiento comenzó a cambiar, y si bien todos estábamos de acuerdo con el fondo del asunto en cuanto a la problemática de las fronteras, hicimos todos los esfuerzos para perfeccionar el texto.
Fue así que arribamos a importantes definiciones.
Debo decir que el corazón de este proyecto de ley está en el artículo 3.º, sobre todo en su literal C). Si los señores senadores observan el texto original del Poder Ejecutivo, verán que no quedaba muy claro qué sucedía en ocasión de una «Detención en caso de flagrante delito». A continuación se establecía: «En caso de detectar una presunta irregularidad, su actuación se comunicará de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente, según el caso,…». Allí había una suerte de discrecionalidad que, incluso, colidía con el Código del Proceso Penal, que en su artículo 49 –modificado recientemente– indicaba que la Prefectura Nacional Naval y la Fuerza Aérea debían remitirse directamente al ministerio público, pero no mencionaba al Ejército. Se suscitaban así dos categorías diferentes que hacían difícil la comprensión de este proyecto de ley. La Armada y la Fuerza Aérea son auxiliares de la Justicia, pero no quedaba claro de qué modo podían serlo si no aparecía claramente la referencia al ministerio público en este artículo. Podrán decir que se está hilando fino, pero lo cierto es que se trata de un tema muy delicado y, por lo tanto, la comisión demoró un poco más en producir el informe pero solucionó este aspecto, luego de muchas deliberaciones e intercambio de opiniones.
Voy a mencionar algunas de las particularidades que expresó el fiscal Díaz en un informe muy claro que hizo durante su comparecencia ante la comisión. Con respecto al artículo 3.º dice: «¿Qué significa la “identificación de personas”? A nuestro entender, el artículo 55 del Código del Proceso Penal que regula el procedimiento establecido para el control de identidad sería aplicable tanto para la fuerza policial como para la fuerza militar que intervenga. Ahí no hay ninguna discusión porque el artículo del Código del Proceso Penal no distingue entre la autoridad administrativa que intervenga, o sea que cualquiera sea ella deberá ajustarse a lo que dispone ese artículo.
Por otra parte, cabe preguntarse qué significa “control de vehículos”, si alude a controlar la patente o implica un registro del vehículo. Si refiere al registro del vehículo, hay otra disposición del Código del Proceso Penal –cuya modificación se propone en el texto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que están a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación–, el artículo 59,» –la hemos analizado en sala recientemente, con un informe del señor senador Carrera– «que tiene que ver con el registro personal vestimenta, equipaje y vehículo. Evidentemente, cualquiera sea el texto final de este artículo 59, el actual o el que resulte de la discusión parlamentaria, las Fuerzas Armadas que procedan al control o al registro de los vehículos deberán ajustarse a ese procedimiento».
Luego, cuando llega al literal C) dice: «Hasta ahí, si no hay nada irregular, uno podría decir que no habría ningún tipo de problema,» –aclaro que se estaba analizando el texto aprobado en la Cámara de Representantes– «siempre y cuando el personal militar se ajuste al procedimiento legalmente establecido. El problema radica en el literal C) que refiere a la “Detención en caso de flagrante delito”. Cuando hablamos de detención estamos directamente frente a una tarea de investigación criminal, una tarea que naturalmente desarrollan quienes son auxiliares de la Justicia. Según la Constitución de la república, solamente se puede detener con una orden judicial; nadie puede ser detenido infraganti delito y ahí se comprenden las dos opciones: flagrancia propia o flagrancia impropia, que están reguladas en el código, y orden escrita del juez competente. En este último caso, no habría problema, pero el militar tampoco podría detener a la persona porque la competencia sería solo para casos de delito flagrante, y acá no se habla del caso de tener una orden escrita, que debería especificarse si se pretende incluirla».
A continuación, el fiscal Díaz dijo algo que creo que fue lo que generó el cambio en la visión de los integrantes de la comisión. Él expresaba: «El problema es qué pasa después que se detiene a la persona. Leí la versión taquigráfica de la comparecencia del señor ministro y su asesora y decían que habían discutido con las Fuerzas Armadas que ellos no querían ser auxiliares de la Justicia». Y más adelante agrega: «No me queda claro cómo se puede no ser auxiliar de la Justicia y tener facultades para detener. Si tengo facultades para detener infraganti delito, de alguna manera estoy siendo auxiliar de la Justicia, independientemente del procedimiento posterior. En el último párrafo del artículo 3.º se dice que “se comunicará de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente”. El “organismo competente” no es el organismo administrativo competente, sino el organismo competente. De la lectura de este párrafo podría inferirse que debería darse cuenta a la fiscalía, que también tiene competencia en ese caso. Por lo que leí de la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro no es lo que se pretende. Debería especificarse porque si dice “autoridad policial u organismo competente” se podría entender que debería darle cuenta directamente a la fiscalía».
Luego siguen un sinfín de argumentaciones muy esclarecedoras sobre imperfecciones que traía el proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes y, por qué no decirlo, también el original enviado por el Poder Ejecutivo.
Queremos decir que como parlamentarios tenemos que ser muy celosos de estos temas que tienen que ver con la libertad ambulatoria, sobre todo porque para mantener el equilibrio institucional sabemos bien que todo debe estar dentro de un cauce, sin que ello implique que en algún momento pueda salirse de él. Por lo tanto, la discrecionalidad en este tema no corresponde. La comisión hizo algunos cambios en el texto del proyecto de ley que no fueron muy grandes pero sí importantes como acto legislativo.
Reiteramos que la iniciativa que los señores senadores tienen en su poder sufrió algunas modificaciones, fundamentalmente en el artículo 3.º. El literal C) de este artículo habla de «Detención» y nosotros habíamos agregado la palabra «(arresto)» entre paréntesis, pero en sala vamos a hacer algunas otras modificaciones que cuentan con la aprobación de los miembros de la comisión. Lo que ocurrió fue que después de aprobado el proyecto de ley, el Ministerio de Defensa Nacional realizó algunas sugerencias que no alteran su sustancia pero perfeccionan la redacción, por lo que lo conversamos ayer en comisión y vamos a tratar de mejorar el texto, dejando alguna constancia al respecto.
En la parte final del artículo 3.º está el gran logro de la comisión y también –por qué no decirlo– del Ministerio de Defensa Nacional, con el que se ha tenido un contacto permanente. Allí se establece: «En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez de turno, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos». En buen romance, esto quiere decir que el Ejército nacional también pasa a ser auxiliar de la Justicia porque en su primera acción remite, no de manera discrecional a cualquier organismo del Estado –que pueden ser todos–, sino directamente al ministerio público. Es importante señalar esto, así como también que tanto el Ministerio de Defensa Nacional como la comisión están de acuerdo en este tema.
Obviamente, trabajaron en el proyecto abogados del Ejército y ha sido muy positivo que todas las partes estén de acuerdo en un tema central porque, como dijimos anteriormente, los aspectos en cuestión tienen que ver con la libertad ambulatoria, lo que no es un tema menor.
Si no se me pide alguna otra aclaración, estaría finalizando mi exposición.
Resumiendo, diré que hicimos algunas modificaciones: el artículo 1.º quedaría tal cual está; en el artículo 2.º hay una supresión que explicaremos en su momento; en el artículo 3.º pediremos la supresión de la palabra «arresto», lo que también explicaría en su momento, y los artículos 4.º, 5.º y 6.º quedarían tal como vinieron de la Cámara de Representantes, puesto que la comisión no los modificó porque no formaban parte del centro de la discusión.
Por ahora es cuanto tenía para señalar.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: el proyecto de ley que estamos analizando tiene varias particularidades.
Para completar el buen informe que realizó el señor senador Martínez Huelmo en nombre de la Comisión de Defensa Nacional quisiera señalar –por verdad histórica– que este proyecto de ley tiene su origen como tal –antes había un decreto del Poder Ejecutivo– en una iniciativa del diputado Trobo, del Partido Nacional, quien a principios de febrero de este año convocó al señor ministro de Defensa Nacional en virtud del decreto que se había emitido. El diputado Trobo, con buen tino, planteó que para encomendar este tipo de misiones a las Fuerzas Armadas se debía legislar, a efectos de que no fuera materia administrativa. Posteriormente, el señor senador Mieres presentó un proyecto de ley en el mismo sentido y, como síntesis, se culminó con esta iniciativa que remitió el Poder Ejecutivo y que hoy estamos analizando.
Dicho esto, señalo que se trata de un cambio radical en materia de seguridad y de defensa. No es un proyecto de ley que pueda pasar desapercibido porque, de aprobarse, sin duda va a generar un cambio de ciento ochenta grados en las concepciones que hasta el momento se tienen en materia de seguridad interna. En el mundo entero, históricamente, los conceptos de seguridad y de defensa se analizaron por separado, de manera independiente: uno con respecto a la frontera, y el otro, fronteras para adentro. Sin embargo, con lógica, hoy en el mundo entero y en el Parlamento uruguayo se analizan ambos conceptos de manera indivisible. ¿Por qué? Porque la venta de drogas en Uruguay –exceptuando el cannabis regulado– es considerado narcotráfico porque atraviesa la frontera, dado que no se produce en territorio nacional; y al atravesar la frontera pasa a ser un tema de seguridad interna porque tiene un efecto directo en nuestra seguridad. Es un delito trasnacional. Podemos hablar en el mismo sentido del tráfico de armas y del tráfico de divisas, pues atraviesan la frontera y terminan generando problemas de seguridad interna. Por lo tanto, la división de misiones que tradicionalmente existió entre la Policía y las Fuerzas Armadas ha perdido los límites que tenía.
Se trata de una discusión teórica que algunos todavía sostienen, pero que en la práctica –entendámonos– ya nadie puede mantener. Es más, la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto que hoy el Senado está analizando y que con algunas modificaciones seguramente se aprobará en el día de hoy.
Estamos ejecutando cambios importantes, que van más lejos aún de los que aprobó semanas atrás Argentina. El Gobierno del presidente Macri autorizó –por vía administrativa, es decir, con un decreto– la participación de las Fuerzas Armadas en el norte argentino, como apoyo logístico a la Gendarmería. Brasil ya lo tiene constituido en su carta principal para la franja de frontera, que tiene ciento cincuenta kilómetros –acá estamos hablando de veinte kilómetros–, pero aparte también tiene establecido por ley la participación de las Fuerzas Armadas.
Hoy vamos a establecer legalmente la jurisdicción de las Fuerzas Armadas de la frontera hacia adentro, en una franja de veinte kilómetros, exceptuando los centros poblados. Estamos yendo, incluso, más allá de lo que decretó el Gobierno de Macri hace un mes y medio en la República Argentina. Por lo tanto, es una discusión absolutamente superada por la vía de los hechos. En lo personal, lo comparto desde hace años; pero esto demuestra, además, que alcanza con la voluntad política para tomar estas decisiones. Es así: alcanza con la voluntad política, como la hubo años atrás –ratificada varias veces en materia legal– para que las Fuerzas Armadas custodiaran los perímetros carcelarios, sobre todo en el área metropolitana. En un principio hubo que hacerlo por decreto y posteriormente por ley –que fue varias veces ratificada, reitero–; incluso, en períodos de gobierno del Frente Amplio se planteó una extensión –que, por suerte, no llegó a aplicarse– que consistía en la militarización de las puertas, o sea, del perímetro hacia dentro de las cárceles. Eso no lo compartía –y reitero que, por suerte, no llegó a aplicarse–, pero sí la custodia del perímetro carcelario, que tuvo efectos positivos. Primero se planteó durante el Gobierno del doctor Sanguinetti y, posteriormente, en Gobiernos del Frente Amplio.
Repito que alcanza solo con la voluntad política –como va a suceder hoy–, entre otras razones porque estamos ante una situación compleja en materia de seguridad –lo que no es nuevo–, que se agrava cada vez más.
Hace pocos días analizamos esta situación y vimos que en nuestro país tenemos un problema serio, grave, o más bien gravísimo en materia de fronteras. Uruguay es un país que duerme de puertas abiertas. Cuando alguien toca el timbre en cualquiera de nuestras casas hacemos la tradicional pregunta: «¿Quién es?». El Estado uruguayo no pregunta «¿Quién es?» porque ni siquiera le tocan el timbre; pasan de largo. Pasan de largo con droga, pasan de largo con plata sucia y corrupta, pasan de largo con tráfico de lo que sea, y no sabemos hasta qué extremo llegan porque no tenemos un control.
Por eso hemos insistido –y vuelvo a hacerlo ahora, como lo hice hace una semana o diez días atrás cuando estábamos considerando otra normativa– en que es urgente que la bancada oficialista nos dé la posibilidad de tratar el proyecto de ley que contiene medidas contra el terrorismo. Los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional venimos pidiendo a gritos: «¡Por favor, bancada oficialista, tráigannos ese proyecto de ley, que la Comisión de Asuntos Internacionales tiene mucho trabajo y en la nuestra tenemos tiempo para analizarlo!». Es un tema conexo y absolutamente central, y hemos pedido esto una, dos, diez veces. Y, por favor, ¡Dios quiera que no tengamos que lamentar no haberlo aprobado! ¡Ojalá que no tengamos que hacerlo! ¡Dios quiera que no tengamos que lamentarnos por haber hecho dormir este proyecto innecesariamente, por no haber tenido la voluntad política para acelerar su tratamiento! Lo que estamos pidiendo es, simplemente, aprobar un proyecto de ley que envió el propio Poder Ejecutivo.
Entonces, que las Fuerzas Armadas participen –como lo harán a partir de la sanción de este proyecto de ley, que seguramente hoy será aprobado en el Senado– y colaboren con las tareas de seguridad interna en las fronteras, en una franja de veinte kilómetros hacia adentro de nuestro país, es algo fundamental, entre otras cosas porque libera recursos humanos de la Policía para diferentes tareas y refuerza áreas en las que actualmente no tenemos capacidad de operar. Tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras; actualmente la Prefectura tiene a cargo la vigilancia de una extensión de hasta ciento cincuenta metros a partir de la línea de base, es decir de las costas, como la Policía aeronáutica la tiene en los aeropuertos y zonas de tránsito aeronáutico. Otros países ya lo hacen, pero nosotros estamos dando un paso más en ese sentido. También tienen a cargo tareas de represión del abigeato, del contrabando, del tráfico de drogas y de prevención del terrorismo y preparación de actividades terroristas.
Agradezco al señor senador Martínez Huelmo que haya señalado –con la honestidad intelectual que lo caracteriza– que nosotros tuvimos una iniciativa que el oficialismo accedió a modificar y que hoy se plasma. No estábamos dispuestos a votar el proyecto de ley tal como venía de la Cámara de Representantes porque quebraba el conducto del mando, en virtud de que sometía a las Fuerzas Armadas –a las cuales les pedíamos que contribuyeran en tareas de seguridad interna– al mando de la Policía; ese era un profundo error que fue corregido. Es claro que soldado manda a soldado, y policía manda a policía. El problema es cuando hay doble comando y no queda clara la línea de mando que debe tener una fuerza, sea la Policía o el Ejército. Además, se podía llegar a una situación sobre la cual consultamos al fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, quien nos respondió que se trataba de un extremo pero podía suceder. Tal como estaba redactado el proyecto de ley, podía ocurrir que ante un procedimiento específico en el que hubiera utilización de armas de fuego, con algún herido o algún muerto, se diera cuenta a la Policía, y esta ordenara detener a un soldado, en cuyo caso entraríamos en un problema complejo. De esta forma ha quedado corregido, porque no se quiebra el conducto del mando y, al mismo tiempo, el integrante de las Fuerzas Armadas, el militar que actúa, reporta directamente al fiscal de turno, sin intermediarios.
Al final de este proceso el proyecto de ley va a quedar aprobado con la modificación que nos sugieren –sobre la cual también hemos discutido en la Comisión de Defensa Nacional–, en el sentido de que se dé cuenta de cualquier episodio al fiscal actuante, de acuerdo con las nuevas normas jurídicas. Es decir que se preserva la autonomía y el conducto de mando de una fuerza que debe tener grabado en forma indeleble quién manda en cada circunstancia.
Agrego, también –sé que es un tema polémico pero no le vamos a esquivar el bulto; no solemos hacerlo–, que en la discusión de este proyecto de ley participó el Ejército, lo que últimamente ha generado sensibilidades notorias. No hace muchos días tuvimos un episodio a nivel nacional en el que se cuestionó la participación de las Fuerzas Armadas como consultante profesional porque se trata de una actividad o iniciativa que las afecta. Y advierto a los colegas que en este proyecto de ley, según declaración del Ministerio de Defensa Nacional, se incluyeron cosas y se descartaron otras por planteos del Ejército nacional. Por ejemplo, el señor ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez, en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 14 de mayo de 2018, expresó: «Sobre eso se estuvo trabajando en la comisión» –se refiere a la comisión creada por el ministerio, en la cual participaron el Ejército, el Codena, abogados de la cartera, etcétera– «encargada de la elaboración de este proyecto de ley. Con el acuerdo del Ejército –organismo con el que trabajamos más porque, en realidad, esto estuvo pensado, en un primer momento, para la zona de frontera seca y después se amplió al resto de la frontera–…». Obsérvese: «Con el acuerdo del Ejército».
Luego, una de las principales abogadas del Ministerio de Defensa Nacional, la doctora Nogueira, expresó: «Es así como ha dicho el señor ministro. En la comisión analizamos todas las variables, incluida esta de convertir al Ejército en auxiliar de la Justicia, pero ellos» –o sea, el Ejército– «declinaron esa posibilidad, no querían seguir ese procedimiento. Por nuestra parte, analizamos muy bien el nuevo Código del Proceso Penal porque ahí está muy regulado todo el tema de cuando se actúa en una función pública».
Esto quiere decir que hubo una participación en pie de igualdad. Lo plantearon, y como ellos no querían, no se incluyó. Además, hasta en la última corrección que mandó el Ministerio de Defensa Nacional –que se va a analizar ahora en sala; el señor senador Martínez Huelmo anunció que va a plantearlo más tarde– se dice que «en la reunión mantenida en el día de la fecha» –de esto hace una semana– «con el Ejército nacional se recogió la inquietud de eliminar la expresión “arresto”, ya que esta tiene una connotación distinta». O sea que colegislaron; se sacaron cosas sin que hubiera un erizo de piel muy importante, por lo que se ve.
Nosotros siempre sostuvimos –como cuando se discutió el tema de la caja militar– que había que llamar a un cuerpo profesional para que nos diera su visión y después veíamos qué hacer. Pero nos dijeron: «De ninguna manera; acá solo viene el Ministerio de Defensa Nacional y es el que habla». Bueno, aviso a los navegantes que en este proyecto de ley el Ejército actuó, participó, sugirió, puso y sacó, según se señaló por parte del Ministerio de Defensa Nacional.
Agrego, señora presidenta, que es muy importante que hoy analicemos este tema porque es notorio que ha habido un cambio radical en las bandas criminales que actúan en Uruguay. Se están constituyendo ejércitos de bolsillo –¡ejércitos de bolsillo!– de una envergadura asombrosa, con armamento pesado, con capacidad de fuego, de destrucción, con capacidad letal. ¡Son verdaderos ejércitos! Y vamos a entendernos, señora presidenta, verdaderos ejércitos que se están financiando, entre otras cosas, con el robo de los cajeros automáticos.
No sé de cuánto dinero estamos hablando porque realmente no llevo la cuenta, pero hasta hace pocas semanas se iban sumando los montos robados y creo que a esta altura ya se llegó a millones de dólares. Hace unos minutos miré un comunicado de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior –Unicom– que indica que se han violentado sesenta y dos cajeros automáticos, de los cuales veinticuatro fueron atracos efectivos y treinta y pico quedaron en tentativa, o algo por el estilo. O sea que ¡hay millones de dólares que van directamente a financiar bandas criminales que atentarán contra los uruguayos!
Sinceramente no puedo entender, señora presidenta, cómo puede suceder que en un país chico como el nuestro los servicios de inteligencia no detecten estas cosas, cuando hay sistemas de escuchas telefónicas obtenidas por El Guardián y cámaras hasta debajo de las baldosas. ¡Le están tomando el pelo al Estado! ¡Hay bandas criminales que le están tomando el pelo a las fuerzas de seguridad, al Ministerio del Interior! Roban, en promedio, unos cinco cajeros por mes, ya que en un año van más de sesenta. Además, son robos preocupantes por el porte de armas; son ejércitos de bolsillo y no solo se equipan en las armerías.
Pedí recién a mi secretaría que me alcanzara la respuesta a un pedido de informes que formulé hace dos o tres años al Ministerio del Interior, porque veo que las bandas criminales se están nutriendo de, por lo menos, dos vertientes: los robos a las armerías –que están surgiendo ahora– y también a las fuerzas de seguridad. En realidad los pedidos de informes fueron dos: uno lo presenté el 10 de febrero de 2016 y fue respondido el 4 de mayo de ese año, sobre la cantidad de armas hurtadas y rapiñadas a la Policía, además de las extraviadas; y el otro, de junio de este año, todavía está sin contestar. Si alguno de los señores senadores tiene comunicación con el ministerio, le pido que avise que es importante contar con esa información.
Comento aquí, señora presidenta, que en la respuesta al primer pedido de informes –hay una copia en Presidencia o en Secretaría del Senado– se señala que desde 2013 a febrero de 2016 fueron 283 las armas hurtadas y rapiñadas a las fuerzas de seguridad, o extraviadas por estas. Y entendámonos, señora presidenta: el rubro «extravío» es rubro «frontera»; todos entienden de lo que estoy hablando.
Según este informe, grosso modo –no calculé el promedio matemático–, desaparecieron alrededor de noventa armas por año, la mayoría de ellas de calibre 9 milímetros, aunque también calibre 38 y 357, ya que son las de uso policial. Concretamente, en el año 2013 fueron ochenta y siete armas; en el año 2014, noventa y ocho armas; en el 2015, ochenta armas; y en los primeros dos meses del año 2016 –hasta que se recibe el informe–, dieciocho armas. En total, fueron doscientas ochenta y tres armas en un período de tres años y dos meses.
Como señalé, en junio de este año realicé un nuevo pedido de informes –que, reitero, aún no ha sido contestado– cuando sucedió algo que también preocupa: la entrada a dependencias policiales, como la ocurrida en Rocha, que por lo que tengo entendido no era la primera. Pregunté sobre este tipo de fenómenos y también pedí que me enviaran la actualización de las armas hurtadas y rapiñadas a la policía, y las extraviadas por esta, desde 2016 a la fecha.
Señora presidenta: tenemos una situación grave en materia de bandas criminales, que –vuelvo a reiterar– se han transformado en ejércitos de bolsillo, con armamento pesado y también con financiamiento pesado. La particularidad de esta situación –hago una anotación al margen– es que el Ministerio del Interior, con razón, tomó medidas para prevenir estos robos, como por ejemplo el famoso entintado de los billetes en las redes de cajeros automáticos. Lo que resulta medio increíble, señora presidenta, es que la red privada de cajeros automáticos tenga este sistema y la del Banco República no, o por lo menos no lo tienen varios de ellos. Según se nos informa, no lo tenía el cajero que fue robado en la madrugada de hoy en Sauce, como tampoco el atacado setenta y dos horas antes, también en el departamento de Canelones, creo que en Cerrillos. Como señalé, ninguno de estos tenía sistema de entintado, lo que realmente llama la atención. Da la impresión de que el Estado tiene que exigir a los privados, con razón, lo que también debería hacer en las dependencias de su administración.
Por eso, señora presidenta, apoyamos este proyecto de ley: porque coincidimos con el Gobierno y porque es lo que venimos reclamando aquí y en la Cámara de Representantes.
Vuelvo a reiterar que este es un cambio radical en las concepciones de seguridad pública y de seguridad interna, dado que se extendería una práctica que ya se venía dando, pero en algunas circunstancias muy particulares, como en el perímetro carcelario, en prefectura, en el aeropuerto, etcétera; ahora se propone extenderla a miles de hectáreas del territorio uruguayo. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 3.º de este proyecto de ley, el Ejército nacional participará, hasta veinte kilómetros hacia adentro de la frontera, en tareas propias de la seguridad interna, típicamente policiales –¡típicamente policiales!–, como patrullaje, identificación de personas, control vehicular y detención en caso de flagrante delito.
De esta manera estamos terminando, de una vez por todas y a buen tiempo, con las discusiones teóricas. Hay que avisar a los comités que lo que se aprobará en el día de hoy es lo que históricamente se dijo que no se haría. ¡Bienvenido! Bienvenido, porque creo que es bueno cambiar. Cuando los países están en situaciones críticas, los Gobiernos deben recurrir a todos sus recursos humanos. Y en una república como la nuestra, democrática, bajo un Estado de derecho, este puede pedir a sus funcionarios y servidores públicos que contribuyan a controlar situaciones críticas; y las Fuerzas Armadas democráticas deben contribuir si se les pide bajo un mandato legal y constitucional.
Entendámonos, señora presidenta –y cierro mi exposición–, esto tampoco es novedad. Los artículos 18 y 20 de la Ley Marco de Defensa Nacional –aprobada en 2010 o 2011, pero sin duda bajo el segundo Gobierno del Frente Amplio–, previeron expresamente que las Fuerzas Armadas pudieran ser convocadas cuando fuera necesario. Esto lo dice claramente el artículo 18, y más claramente aún el artículo 20, que expresa: «Artículo 20.- En tiempos de paz y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán –las Fuerzas Armadas– prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas –leo nuevamente: especialidad, relevancia social o conveniencia pública– y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental». Esta fue la puerta abierta que dejamos todos los partidos políticos para que se convocara, cuando fuera necesario, a las Fuerzas Armadas para diferentes tareas que no son las de su dominio principal: la soberanía y la integridad territorial. Aunque advierto: ¡la integridad territorial hoy también está violentada cuando bandas criminales atraviesan la frontera como Perico por su casa y el Estado no pregunta ni quiénes son! Pasan y trafican armas, divisas y drogas. Y vuelvo a reiterar y a reclamar: apurémonos para que no tengamos también tráfico de terroristas –de personas, me agrega el senador Cardoso–, apurémonos y preveamos que no tengamos que lamentarnos de no haber previsto tomar las medidas necesarias en un mundo que se ha globalizado todo para lo bueno y también para lo tremendo.
Muchas gracias, señora presidenta. Cuando se ingrese a la discusión particular, señalaremos algunas modificaciones que se han planteado.
SEÑORA PRESIDENTE.- Nos visitan alumnos y alumnas de 2.º y 3.º año del colegio La Divina Providencia. ¡Bienvenidos!
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: el proyecto de ley que está a consideración del Cuerpo y que fue bastante controvertido en la Cámara de Representantes otorga a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia y control de la seguridad pública. En ese sentido, el objetivo final del proyecto no puede estar más en las antípodas de lo que, creo yo, debe ser la necesaria separación entre el rol de las Fuerzas Armadas y el de la Policía.
El 8 de enero el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que tenía como objetivo lo que se establece en este proyecto. Al mismo tiempo, en el 2016, en ocasión de disputarse los Juegos Olímpicos Río 2016, hubo una resolución para que las Fuerzas Armadas pudieran actuar en la frontera. Por lo tanto, hay una resolución y un decreto que son los antecedentes normativos del proyecto, con cuyas finalidades estoy absolutamente en desacuerdo, pero que voy a votar por disciplina partidaria y en reconocimiento a la labor que realizó el senador Martínez Huelmo, con quien trabajé para volver a redactar el artículo 3.º de tal manera que las Fuerzas Armadas tuvieran que dar cuenta de sus actuaciones a la fiscalía, aspecto que no estaba en la redacción original del proyecto y que constituye una violación no solamente a los principios del Código del Proceso Penal que votamos recientemente, sino también a los principios constitucionales.
Hoy las Fuerzas Armadas tienen jurisdicción sobre la soberanía e independencia de nuestro país. Es una jurisdicción que involucra a todas las fuerzas, aunque algunas tienen jurisdicción especial, como es el caso de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional.
Voy a parafrasear al fiscal de corte, que dice que regular las relaciones entre las instituciones de un Estado que están autorizadas a portar armas siempre es una cuestión delicada. ¡Regular las relaciones entre las instituciones armadas del Uruguay siempre es una cuestión delicada y las competencias tienen que ser específicas! ¡No puedo tener mayores puntos de diferencia con quien me precedió en el uso de la palabra, respecto de la amplitud que debe tener esta adjudicación de competencia! ¡No, no, no! ¡La adjudicación de funciones y la regulación tienen que ser completamente específicas, porque estamos hablando de instituciones armadas del Estado! ¡Y no solamente estamos hablando de las instituciones armadas del Estado sino de sus relaciones con los ciudadanos que pueden ser sometidos a la intervención de dichas instituciones! El Uruguay tiene una historia horrible respecto a esto, tiene una horrible historia en relación con la militarización de la seguridad pública y tiene una horrible historia en relación con la actuación de sus cuerpos armados respecto a los civiles indefensos. Todo el mundo sabe a lo que me refiero. Está tipificado en la ley: se llama dictadura, terrorismo de Estado, etcétera. Así que perdónenme que sea absolutamente susceptible respecto de este vínculo entre los cuerpos armados y los ciudadanos. Es superdelicado, señora presidenta, porque es y sigue siendo una contradicción entre seguridad y libertad. Hay litros de tinta escritos sobre esto desde fines del siglo xvii.
Pese a los notables fracasos y a la larga historia de violaciones de los derechos humanos, la militarización de la seguridad pública avanza en América Latina, y miro la cara de Bolsonaro acá. No es casual que tengamos un militar candidato a presidente con un militar candidato a vice en el país que, después de Colombia, es el que más militarizada tiene su seguridad pública. Pero no es Europa, ¡eh! Quien efectúa el control de la guardia de la frontera en España es la Guardia Civil, ¡no son los militares! Esto es una tradición latinoamericana: primero fue Colombia, le siguieron México y Brasil, y ahora lo está intentando Argentina. La militarización avanza en América Latina ante la demanda de seguridad de las sociedades. Avanza la seguridad en relación con la libertad.
Señora presidenta: como principio, no puedo estar más que absolutamente en contra de la perspectiva de militarización de la seguridad pública.
Colocar a las Fuerzas Armadas con potestades de auxiliares de la Justicia en la franja de los veinte kilómetros no poblados de la frontera es una manera de empezar a cederles terreno en materia de seguridad pública. En este sentido, sí, claro que tiene razón el senador preopinante, que nos provocaba advirtiendo que teníamos que explicar esto en los comités de base. Es una provocación.
SEÑOR GARCÍA.- Es una invitación.
SEÑORA MOREIRA.- ¡Es una provocación –de chiquita mi padre me dijo que no respondiera a las provocaciones–, pero eso no obsta a la verdad última del argumento: dar, por ley, a las Fuerzas Armadas estas potestades de auxiliares de la Justicia es un avance y una cesión de terreno en materia de seguridad pública! No cabe duda.
El argumento es el narcotráfico, el apoyo al combate del narcotráfico en las zonas de frontera. Ahora bien, las organizaciones de narcos no son ejércitos, ¿verdad?, ni pequeños ni grandes. ¡No son ejércitos! No cuentan con sistemas de armas mayores ni despliegan tácticas militares. Y aun en el caso de que esto sucediera, el Gobierno contaría para lidiar con ello con las fuerzas militarizadas o intermedias que ya existen dentro de la propia Policía y el Ministerio del Interior, que para eso hemos incrementado recursos, recursos humanos, capacitación y presupuesto a lo largo de estos años.
En las circunstancias actuales se requiere, ante todo, capacidad de investigación criminal y expertise en materia de asistencia a la Justicia para desarticular estructuras delictivas. Un análisis serio exhibe que el lavado de activos y el narcotráfico es lo que funciona conjuntamente y las Fuerzas Armadas no están preparadas, no estudian esto. Ningún programa de estudio en las Fuerzas Armadas contempla estas cuestiones, lo que demuestra la total desvinculación entre la formación de quienes se preparan para la guerra y la de quienes luchan contra la criminalidad.
La redacción original que vino del Poder Ejecutivo era terrible. Cuando cedemos a las Fuerzas Armadas estas funciones en la seguridad pública tipificamos tres: el patrullaje, la identificación de personas y control de vehículos, y la detención o arresto en caso de flagrante delito.
El estudio, el trabajo concienzudo y la investigación del señor senador Martínez Huelmo sobre el artículo 3.º llevan a la modificación mediante la cual cualquiera de estas acciones deberá ser comunicada al fiscal o al juez de turno. Hoy esto se va a cambiar, en atención a las normas del nuevo Código del Proceso Penal, sustituyendo «juez de turno» por «el fiscal». Estoy de acuerdo con esta modificación, pero insisto en que estamos innovando y colocando a las Fuerzas Armadas en el rol de auxiliares de la Justicia. Desde el momento en que detienen pasan a ser auxiliares. Por eso era muy importante que existiera la comunicación a la fiscalía o al juzgado competente porque, si no, vamos en caminos contrarios: por un lado aprobamos el nuevo Código del Proceso Penal con sus garantías y por otro, ¡en la versión original dejábamos que las Fuerzas Armadas detuvieran personas comunicándolo a las autoridades competentes! ¿Cuál es la autoridad competente? ¿La Dirección Nacional de Aduanas? No.
De la misma manera, aprovecho para pasar un aviso sobre la ley integral antiterrorismo, para que se lea bien, ya que su artículo 12 hace que el Uruguay, sin que ello pase por el Parlamento, tenga que adherir a las listas de terroristas que, como se imaginarán, emanan básicamente de las que determinan los Estados Unidos de América. Reitero: esto sucede sin pasar por el Parlamento. ¡Es absolutamente inconstitucional! ¡Acá todo debe internalizarse! Digo esto porque la ley antiterrorismo estuvo involucrada en esta discusión –no sé cómo–, por lo que aprovecho y hago mis observaciones.
Señora presidenta: siempre estuve a favor de dotar de más recursos humanos, presupuestales, de inteligencia y de equipamiento al Ministerio del Interior. Los programas del Frente Amplio colocan la tarea de la represión, de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera, en el Ministerio del Interior. Hay una tendencia en América Latina a la militarización de la seguridad pública –de hecho, nosotros ya tenemos instalada esta discusión– y, por lo tanto, no me parece coherente votar este proyecto. Lo hago por disciplina partidaria y porque la modificación deja algún resguardo garantista con respecto a estas funciones y, además, por respeto a mis compañeros.
SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: voy a ser muy breve.
Acá no hay provocación alguna, sino una invitación a terminar con el doble discurso, a no decir una cosa en un lugar y después votar diferente. Quiero dejar en claro aquí que el discurso que se hace en el sentido de separar la actividad de las Fuerzas Armadas de la Policía en materia de seguridad interna, no condice –ni es verdad – con lo que se vota en esta sala por parte del oficialismo. Repito: no es una provocación, sino una invitación a terminar con ese doble discurso, esto es, decir una cosa en un lugar y otra, en uno distinto.
Uno no tiene muchas iniciativas –me comprenden las generales de la ley–, pero si tiene una al menos pide que se la respeten y no que se la adjudiquen a otro. Lamento decir a la señora senadora Moreira que por más que haya trabajado con el señor senador Martínez Huelmo, si lo hizo –no lo dudo–, le aviso que llegó tarde. La modificación–se está riendo porque sabe que estoy diciendo la verdad– del artículo 3.º del proyecto de ley que estamos considerando no es del señor senador Martínez Huelmo, sino de quien habla. Así que me alegro enormemente de que la señora senadora Constanza Moreira haya coincidido conmigo –no es frecuente esto, ni que yo tenga iniciativa ni que la señora senadora coincida conmigo–, pero es la verdad. Así que bienvenida por segunda vez. Salió de sala, pero se lo pueden comentar.
VARIOS SEÑORES SENADORES.- ¡No; está presente!
SEÑOR GARCÍA.- ¿Dónde?
SEÑORA PAYSSÉ.- Está hablando con el señor senador Delgado.
SEÑOR GARCÍA.- ¡Se me cambió!
SEÑOR LARRAÑAGA.- La señora senadora siempre está.
SEÑOR GARCÍA.- A pesar de que sea un blanco móvil.
SEÑORA PRESIDENTE.- ¡Silencio, por favor! Escuchemos al señor senador que está haciendo uso de la palabra.
SEÑOR GARCÍA.- Si me permiten, a pesar de la tortícolis voy a leer dos párrafos de mi intervención en la Comisión de Defensa Nacional, el día 4 de junio, para que cuando la señora senadora Moreira agradezca las iniciativas lo haga al autor correspondiente.
Decía así: «SEÑOR PRESIDENTE» –en este caso, de la Comisión de Defensa Nacional, que es quien está leyendo en este momento– «Me aclara la secretaría» –digo– «que el texto se reparte con las consideraciones del caso porque a veces los proyectos de ley a comparar no tienen conexión entre sí y, por lo tanto, no es fácil armar un comparativo.
Recuerdo que hace quince días compareció el señor ministro de Defensa Nacional a esta comisión a fin de considerar este proyecto de ley y, además, he solicitado algún informe a la oficina de Estudios Legislativos». Agrego que después puse ese tema a consideración de la citada Comisión de Defensa Nacional. Sigo la lectura: «Quisiera plantear lo siguiente. Comenzamos a considerar este proyecto de ley casi simultáneamente a la remisión de las modificaciones al Código del Proceso Penal por parte del Poder Ejecutivo, que está tratando la Comisión de Constitución y Legislación». Reitero la fecha: esto fue el 4 de junio. Sigo: «Allí se trata de solucionar lo relativo a la primera investigación, es decir, a cómo procede la Policía con respecto a la Fiscalía. Este fue un tema de debate» –y agrego algo sobre lo que les pido atención, si les parece bien escuchar– «Creo que este proyecto de ley que da jurisdicción a las Fuerzas Armadas en estos veinte kilómetros requeriría ser compatibilizado con el procedimiento que debe seguir la Policía cuando actúa ante la eventualidad de delitos. Quiere decir que no puede haber un estatuto para cuando participa un miembro de las Fuerzas Armadas y otro para cuando actúa un policía en la represión de un delito. No sé si no sería oportuno convocar al señor fiscal de corte para que opine sobre la compatibilización de los dos procedimientos: el de los militares dentro de los veinte kilómetros y el de la Policía».
Para concluir, yo decía: «Asimismo, estoy pensando en algo sobre lo que también consulté al señor ministro. Me refiero a la noticia del crimen. En el proyecto original del Poder Ejecutivo se dispone que los militares deben dar cuenta a la Policía, pero insisto –como le decía al señor ministro– en que, a mi juicio, el contacto tiene que ser directamente con la Fiscalía General de la Nación. En el inciso segundo del artículo 3.º se expresa: “En caso de detectar una presunta irregularidad, su actuación se comunicará de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente”». Y agregaba yo: «Tal vez los señores senadores recuerden que cuando concurrió el señor ministro –también estaba la abogada–» –me refería a la abogada Nogueira– «le pregunté por qué no se decía directamente: “a la fiscalía”. En este caso y con la nueva legislación, podemos referirnos a la fiscalía, aunque antes correspondía a la Justicia.
Me gustaría aclarar estos dos aspectos antes de seguir avanzando en el tratamiento del tema». A los efectos de que quede claro, he leído estos párrafos para dejar en claro que la señora senadora Moreira coincidió con el señor senador Martínez Huelmo, pero antes coincidió conmigo.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: quiero decir que en circunstancias administrativas me ha tocado participar en el análisis de este proyecto de ley que crea tareas de vigilancia y de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en zonas fronterizas que me animo a decir –sin duda– que tiene gran trascendencia y genera un cambio importante. Se ha hablado de cambio radical, aunque yo prefiero decir que se trata de un cambio importante.
Simplemente, voy a mencionar –voy a ser breve porque así me lo han pedido mis compañeros de bancada– títulos de capítulos sobre los que podría extenderme largamente, pero –como dije– no lo haré aunque los pongo a disposición de quien quiera revisar la documentación, que todos saben que conservo desde hace muchos años. Me vienen a la mente las relaciones que me ha tocado mantener con las Fuerzas Armadas fundamentalmente como parlamentario, pero también podría decir como militante político en el año 1972, cuando la bancada del Frente Amplio tuvo que votar en contra de la prórroga de las medidas prontas de seguridad y de la ley de estado peligroso. En esa ocasión nuestra bancada, que era muy minoritaria, se batió con fuerza para oponerse a una ley que, sin duda, significaba un avance del poder militar sobre el poder político. En aquel momento, votamos en soledad desde la oposición.
También recuerdo lo sucedido en febrero de 1973 con los famosos comunicados 4 y 7. Debo decir –tal vez estoy haciendo declaraciones que no he hecho públicamente– que estuve radicalmente en contra de la significación de esos comunicados. También debo decir que dentro de mi fuerza política hubo opiniones diversas y no voy a meterme en qué opinaban sobre esa materia el Partido Nacional y el Partido Colorado, porque no lo tengo demasiado claro. Dentro de mi fuerza política algunos entendían que los comunicados 4 y 7 abrían una puerta para un proceso de participación de las Fuerzas Armadas en medio de un cambio de las condiciones económicas y políticas que se estaban dando en el Uruguay, pero nosotros estuvimos en contra. Luego vino el 27 de junio de 1973 y todos estuvimos en contra. Y voy a saltearme todo el período de la dictadura, del que también podría decir muchas cosas, para pasar a junio de 1984 y a las discusiones para lograr los acuerdos del Pacto del Club Naval. Esa fue otra instancia trascendente, de mucha discusión, a la que una fuerza política muy importante que hoy integra este Parlamento se opuso –y estoy mirando a senadores del Partido Nacional; todos sabemos la razón, pero no viene al caso mencionarla– pero que contó con el apoyo del Partido Colorado, del Frente Amplio y de la Unión Cívica. Si hoy leyéramos esos acuerdos del Pacto del Club Naval, veríamos que no tenían el más mínimo rigor institucional; eran acuerdos de hecho que violaban una cantidad de normas constitucionales y legales. Es más, se aceptaron condiciones que en otros países hubieran sido imposibles de considerar, como que en las elecciones no pudieran participar dirigentes de algunos partidos políticos que estaban presos o proscriptos. Sin embargo, participamos y tuvimos un resultado minoritario, pero importante. En esa oportunidad ganó el presidente Julio María Sanguinetti, pero permitió avanzar hasta el día de hoy en que seguimos siendo la primera fuerza política.
En una etapa más reciente, tuve una participación en la Comisión de Defensa Nacional como presidente y vicepresidente, lo que me permitió tener un frecuente diálogo con las Fuerzas Armadas en distintos eventos. Traté de cumplir con casi todas las invitaciones que me formulaban, ya sea desde el Comando del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. Además, la Armada nacional me invitó a integrar la delegación que visitó la Minustah en Haití y durante quince días estuve conviviendo en destacamentos militares. También participé junto con las Fuerzas Armadas y los entonces senadores Nin Novoa –hoy ministro–, Viera y Penadés en la Monusco en el Congo, donde tuvimos la oportunidad de apreciar el trabajo, la disciplina y el profesionalismo con que nuestras fuerzas desarrollaban su tarea. Finalmente, hice una visita a la Antártida que, fundamentalmente, está a cargo de organismos militares, donde desarrollamos un vínculo muy importante, del que podría comentar muchas experiencias.
Quiero decir que no estoy improvisando en función de una experiencia, porque he escuchado con mucha atención el mensaje del miembro informante, el señor senador Martínez Huelmo, que comparto por su fineza, precisión y prolijidad para manejar conceptos muy sensibles y muy difíciles de aceptar. También escuché la exposición del senador García –que comparto, con algunos matices– y la posición contraria de la senadora Moreira que, si bien manifestó su desacuerdo, sabemos que por disciplina partidaria lo va a votar, cosa que me alegra, pero no me sorprende, porque en muchas ocasiones me tocó votar proyectos de ley por disciplina partidaria. Así pues, creo que es una práctica normal que, lamentablemente, no es acatada por todos los miembros de nuestra fuerza política y nos genera la situación que hoy tenemos en la Cámara de Representantes.
En resumen, señora presidenta, creo que son de mucha trascendencia las exposiciones realizadas por el miembro informante, el senador comentarista y la senadora Moreira, quien manifestó un punto de vista diverso sobre el tema.
Quiero decir que este proyecto abre todo un proceso de participación de las Fuerzas Armadas en una tarea específica que está dicha y fue suficientemente tratada. He leído la versión taquigráfica del informe brindado por el fiscal de corte, Jorge Díaz, en la sesión de la comisión del 25 de julio de 2018, que matiza muchos aspectos. Él mismo señala en más de una ocasión –creo que lo dijo media docena de veces– que es un tema delicado, y yo comparto que lo es. Creo que es un tema delicado, es un paso imprescindible. La argumentación que hizo el senador García sobre los nuevos problemas que tenemos justifica absolutamente que hoy se tomen las medidas del caso y se asuma la nueva realidad. Hoy no estamos en la realidad de 1978 ni en la de 1984; estamos en la realidad del 2018, con un nuevo mundo globalizado en el que las fronteras han cambiado absolutamente la significación que tenían en el pasado. Ya no son aquellas fronteras rígidas, muy marcadas, donde de un lado había un país y del otro, otro; ahora, con el narcotráfico y el lavado de dinero, eso ya no es así. ¡Todos sabemos eso! ¡No estoy diciendo ninguna novedad! Nuestra frontera, por un lado, empieza en Colonia –también podemos empezarla en Montevideo– y va hasta Quaraí, donde cuando hay escasez de agua se cruza el río Uruguay caminando y donde de noche no hay controles o, mejor dicho, no hay control. Y la otra frontera, que va desde Quaraí hasta el Chuy, nos hace un país absolutamente expuesto a todo.
Recientemente se han hecho declaraciones que me preocupan mucho –que no traje hoy, pero las tengo a mano–, porque se señala que Uruguay sigue teniendo elementos para ser considerado un paraíso fiscal. No estoy de acuerdo con eso; yo defiendo las medidas que se tomaron por nuestro Gobierno. A mí me tocó ser el miembro informante del tratado de intercambio de información con la República Argentina, que fue largamente discutido y que tuvo una tremenda oposición, pero que hoy es pacíficamente aceptado y creo que la vida ha demostrado que se ha usado razonablemente. Justamente, las valijas y los aviones de que tanto se habla y todo lo que tenemos en Carmelo demuestran que estamos ante otra realidad.
Creo que las Fuerzas Armadas pueden brindar un servicio disciplinado y no ignoro toda la información política; incluso, comparto plenamente las palabras del expresidente y exsenador Mujica, hoy gran figura del mundo cinematográfico. Supongo que muchos acá habrán visto la película La noche de 12 años, que vi y que recomiendo, porque, más allá de que se comparta o no, realmente es un documento que muestra parte del Uruguay del presente y del pasado.
Finalmente, señora presidenta, vamos a votar con mucha convicción. Sabemos que tiene riesgos. Por supuesto que los tiene, pero yo creo en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo con lo que dijera el expresidente y exministro Mujica, así como con el decreto de Tabaré Vázquez y con el comandante Manini Ríos. Si bien es una posición muy salomónica, expresa, en definitiva, la caracterización de un cuadro que ha generado polémica y discusión entre todos.
Señora presidenta: las circunstancias ocasionales me dieron la oportunidad de participar en este debate y aclaro que estoy diciendo todo de memoria; no traje ni un papel escrito porque cuando llegué no sabía que iba a participar. Voy a hacerle caso a la senadora Moreira y, entonces, termino mi exposición, porque tenemos otros temas muy importantes para votar.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: ¡gran discurso el del señor senador Baráibar! Lo felicito. En un porcentaje muy alto, estoy de acuerdo con lo que ha expresado.
Vamos a apoyar este proyecto de ley porque estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas colaboren en las tareas de seguridad. Es público y notorio que estamos impulsando un proyecto de reforma para crear una guardia nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas como una segunda fuerza que coordine la lucha contra la delincuencia. Es un modelo que se aplica en numerosos países de Europa y también en Chile. Desde esa perspectiva, saludamos esta iniciativa del Gobierno, que admite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la tarea de la seguridad.
Como se ha dicho, este proyecto de ley tiene como antecedentes el Decreto n.º 6/18, de 8 de enero de 2018, que establecía por vía reglamentaria algo que era mejor establecer por ley. Previo a este proyecto de ley del Gobierno, han existido proyectos del Partido Colorado, del Partido Nacional e, incluso, del Partido Independiente.
Pero vayamos a lo realmente importante: apoyamos que se recurra a las Fuerzas Armadas para que desempeñe funciones de policía. Además, lo harán en una superficie superior a los treinta mil kilómetros cuadrados. Reitero: lo harán en una superficie superior a los treinta mil kilómetros cuadrados, porcentaje muy importante de los casi ciento ochenta mil kilómetros cuadrados de la superficie terrestre del país.
El artículo 1.º establece: «Encomiéndase a las Fuerzas Armadas» –a todas– «la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la “zona fronteriza” que se define en el artículo siguiente». La zona fronteriza es de una extensión de, nada más y nada menos, veinte kilómetros.
El artículo 2.º define la zona fronteriza como «la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso, quedando excluidos los centros poblados». O sea que se trata de toda la frontera, no la limita solamente a la frontera seca.
El artículo 3.º establece los cometidos de las Fuerzas Armadas: «Quedan comprendidas dentro de las tareas indicadas en el artículo 1.º las siguientes:
A) Patrullaje.
B) Identificación de personas y control de vehículos.
C) Detención (arresto) en caso de flagrante delito.
En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez de turno, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos».
Señora presidenta: ¡bienvenidas las Fuerzas Armadas a las funciones policiales! ¡Bienvenidas al club! Vamos a ser claros: acá estamos votando una ley –que aparentemente va a ser votada por unanimidad– en la que otorgamos funciones policiales a las Fuerzas Armadas. Aquí se ha repasado la modificación que ha operado en la discusión en comisión, de modo que la comunicación sea directa con la fiscalía, como lo indicó el señor senador comentarista, Javier García.
El artículo 4.º refiere a los casos en que deba usarse la fuerza, los medios materiales de coacción y los requisitos para ello. Concretamente, dice: «… deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso». Es la misma redacción de la Ley n.º 18315 sobre procedimiento policial.
Como vemos, señora presidenta, a las Fuerzas Armadas se les está dando potestades más amplias que la que nosotros proponemos en la reforma. Aquí se encomienda a todas las Fuerzas Armadas –no a una guardia nacional compuesta por 2000 efectivos militares– en una superficie que superará los treinta mil kilómetros cuadrados, tomando en cuenta los veinte kilómetros de frontera y el perímetro de más de mil quinientos kilómetros que tiene de la República Oriental del Uruguay.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha expresado que, me parece, es lo que subyace en la legítima pretensión del Poder Ejecutivo. Comprendo al Poder Ejecutivo y, seguramente, respaldo su intención de advertir –como dijo el señor senador Javier García– que la frontera es un colador; siempre lo fue.
Hace años, en la «república de Salto» –dicho esto con mucho afecto por ese estupendo pedazo de territorio del país, vecino a mi departamento– en una bajante del río Uruguay –seguramente, el señor senador Coutinho lo recordará– quedó al descubierto un caño por el que pasaba combustible bombeado de una margen a otra del río. Entonces, tenemos un colador; por supuesto, que lo tenemos.
Hace bien el Poder Ejecutivo en llevar adelante esta iniciativa porque estamos ante una emergencia y tenemos que hacer algo. Ante la emergencia, tenemos que utilizar militares que estén calificados, que conozcan la disciplina y la jerarquía, que estén estructurados y que estén instruidos en el manejo de los implementos necesarios para combatir la delincuencia. Muchos ya cuentan con esa experiencia porque, por ejemplo, la Prefectura Nacional Naval cumple funciones de policía en más de mil kilómetros de franja costera y los militares también cumplen esa función en la Policía aeroportuaria y en la guardia perimetral de cárceles. Podríamos citar otras experiencias. Se trata, entonces, de usar adecuadamente los recursos del Estado y, también, de ir en contra de aquello, que se repite y repite, de que los militares no están formados para eso. Vamos a no magnificar, porque a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos para el ingreso a la Policía se le da una instrucción de seis meses y, si aprueba los cursos, le ponen un uniforme, un arma en la cintura y puede llevar adelante las funciones policiales.
Entonces, me parece de un fuerte sesgo ideológico pensar que los militares adiestrados en esa línea no puedan llevar adelante funciones de policía. ¿Por qué cualquiera puede asumir estas funciones y no los militares? Con todo respeto y sin intención de provocar a nadie –lo digo de antemano–, considero que ese es un preconcepto antiguo que denota un prejuicio ideológico. Además, en este proyecto de ley es el propio Gobierno el que admite que pueden cumplir funciones de policía, y quiero recordar que en su momento también los llamó a cubrir vacantes de la Policía nacional.
En el año 2011, durante el gobierno del presidente Mujica y mediante el Decreto n.º 212/11, pasaron en el entorno de doscientos cincuenta efectivos militares a la Policía. En realidad, se hizo un llamado más amplio y esperaban quinientos, pero pasaron entre doscientos cincuenta y trescientos. Estos militares pasaron a ser policías y, que yo recuerde, no hubo ninguna queja sobre su adaptación a las funciones ni situaciones que denotaran complejidad en este tema.
El considerando I) del Decreto n.º 212, de 2011, establecía: «Que se entiende conveniente, en el marco de la racionalización de los recursos humanos de la Administración, que las vacantes mencionadas en el Visto sean ocupadas en primera instancia por quienes ya pertenecen a la plantilla de funcionarios públicos, en especial, en el Ministerio de Defensa Nacional». Por su parte, el artículo 2.º del decreto, que refería a la formación para la nueva función, decía: «Los postulantes seleccionados deberán cumplir con la formación en materia policial que determine el Ministerio del Interior, durante la cual, los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional se considerarán en “Comisión” en aquella Secretaría de Estado». Esto sucedió en un Gobierno del Frente Amplio. Hubo funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional que pasaron al Ministerio del Interior. Por lo tanto, es posible la adaptación a las nuevas funciones policiales, al punto que hay policías que originalmente eran militares.
Por lo tanto, señora presidenta, creo que tenemos que sacarnos los prejuicios por los que se pretende avanzar mirando permanentemente por el espejo retrovisor, porque nos reventamos con lo que viene adelante; esa es la realidad. Una sociedad que aspira a progresar no puede sostenerse en el actual estado de convivencia ciudadana y de inseguridad. Un Estado moderno debe tener la capacidad de reinventarse y desarrollar nuevos mecanismos que provoquen estados de situación superiores en calidad a los contemporáneos. Y las Fuerzas Armadas, como institución, son parte del Estado y de la sociedad y, a mi juicio, deben participar en la construcción de una mejor convivencia.
El Estado no puede marginar a las Fuerzas Armadas en base a prejuicios. Se argumenta que el fundamento del proyecto de ley que estamos considerando es que atiende la problemática de la permeabilidad de nuestra frontera. Señores: son permeables nuestras fronteras, pero también hay una enorme perforación en la seguridad de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, porque la delincuencia nos está ganando. Tenemos una situación grave y nos estamos acostumbrando a las cosas que están pasando. Anualizadamente, entre setiembre de 2017 y setiembre de 2018, hubo más de trescientos noventa homicidios, y en lo que va de este año hubo más homicidios que durante 2017. Estos índices de delincuencia son alarmantes. También anualizadamente, quizás lleguemos a las treinta mil rapiñas, por lo que habría un aumento de un 57 % y, como todos sabemos, la rapiña es un delito que puede tener como consecuencia las lesiones y el homicidio.
Entonces, hoy tenemos un problema de convivencia. Por supuesto que debemos apelar a las políticas sociales y de rehabilitación, a la educación y a llenar de Estado los barrios más problemáticos para que con esa presencia podamos combatir la inequidad, la injusticia y las tremendas dificultades que existen.
Ahora bien, señora presidenta, las funciones salen de esta ley. Con toda franqueza, no comparto esa suerte de polarización conceptual entre militarización y pérdida de la libertad en el marco del Estado de derecho. No estoy de acuerdo con eso, porque no necesariamente la militarización conlleva la pérdida de la libertad. ¡No es así! ¡No tiene por qué ser necesariamente así! En nuestro país hubo una militarización con pérdida de libertades durante el Gobierno de facto –ahí sí–, pero no después. Ahora no hay pérdida de libertades por la militarización.
Pero, además, hemos llegado al punto en donde un Gobierno de izquierda, del Frente Amplio, acepta que los militares cumplan funciones de policía. Lo acepta. Y me parece que está bien. Esto no es una crítica; por el contrario, me parece que es un cambio importante ver cómo las instituciones –algunas de ellas fundacionales del país– pueden colaborar en una lucha que es de todos, porque la delincuencia no ataca a blancos, a colorados, a frentistas o a independientes; ataca a todos los ciudadanos.
No quiero establecer una polémica con una señora senadora a quien estimo y aprecio, más allá de que muchas veces no estemos de acuerdo, pero sí señalar que la Guardia Civil en España no es una fuerza policial; es una fuerza militar. Su origen se remonta a 1844, que fue cuando se fundó. La Guardia Civil española es militar y coexiste, en el funcionamiento, con la Policía, al igual que en muchos países de Europa, como Francia, Italia y Portugal, entre otros. Y aquí seguimos pensando con el espejo retrovisor de lo que pasó en la dictadura militar.
Entonces, tampoco puedo convalidar que atribuir algunas funciones policiales a los militares, como lo está haciendo este proyecto de ley, sea llevar adelante un proceso de militarización. Militarizar es sustituir una fuerza por otra, que es lo que ha pasado en muchas partes de los territorios de México, de Colombia, de Brasil. No puedo decir al Gobierno que está militarizando la seguridad pública porque en una zona de frontera de veinte kilómetros esté confiriendo funciones policiales a todos los militares. Me parece que, más temprano que tarde, vamos a tener que acudir a un mecanismo de segunda fuerza en el que utilicemos, obviamente, de manera prevalente, el Ministerio del Interior, pero también les otorguemos funciones policiales a algunos militares. Y eso es lo que está reconociendo este proyecto de ley. Está reconociendo, precisamente, el otorgamiento de esas facultades, y es claro que, al conferir funciones policiales a los militares, se está recorriendo un camino de acierto, porque es imposible, aun dentro de nuestra propia pequeñez, tener seguridad interna con los parámetros que actualmente existen y con los riesgos que debemos afrontar hoy en el país.
Es por esto, señora presidenta, que vamos a respaldar este proyecto de ley. Mucho se ha criticado nuestra iniciativa –según la cual el mandato sería constitucional, en caso de que se someta a consideración de la ciudadanía y se apruebe por el cuerpo electoral–, mucho se ha escrito, mucho se va a escribir y mucho se va a criticar, pero la realidad es como es, y si no la enfrentamos con firmeza, van a terminar con la convivencia y la paz pública en nuestro país.
SEÑOR COUTINHO.- Desde la bancada del Partido Colorado vamos a apoyar este proyecto de ley –aunque no vamos a ingresar en el contexto del debate– porque estamos convencidos de que va en línea con lo que hemos venido proponiendo desde hace un buen tiempo en el marco del proyecto de ley presentado en su momento por el señor senador Bordaberry.
Más allá de que podríamos hacer algunos otros aportes o modificaciones, e incluso intentar dar algunos pasos más en lo que refiere a otros conceptos, terminamos manteniendo una misma línea como partido e impulsando estos avances que se están dando hacia la concreción de ese proyecto de ley presentado por el señor senador Bordaberry. El Poder Ejecutivo tomó como propias varias de esas iniciativas y envió un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes y va a ser votado aquí en el día de hoy.
En la comisión se tuvo mucha paciencia y se realizaron todos los aportes que había que hacer. Desde allí nuestro partido trabajó con seriedad, con responsabilidad. Aportamos todo lo que teníamos que aportar, dimos los debates que teníamos que dar, y también hicimos los comparativos que teníamos que hacer. Todo esto fue entregado, trabajado y elaborado, insisto, con la seriedad y la responsabilidad que corresponde a un partido como el nuestro.
En ese marco, vamos a votar este proyecto de ley porque creemos que va en línea con lo que se propuso en su momento.
Nosotros planteamos la posibilidad de que los militares no solamente pudieran intervenir o participar en la frontera, sino también en embajadas y en otros organismos. Y estábamos pensando en los riesgos que existen o en lo que puede suceder en la frontera, pero también en dar al Ministerio del Interior la posibilidad y la oportunidad de liberar personal para otras tareas más específicas, que seguramente el país está necesitando.
A su vez, cuando se generó alguna que otra duda, para nosotros fue muy clara la intervención del fiscal de corte, Jorge Díaz. Los legisladores oficialistas se tomaron los plazos que necesitaban; se consultó al Poder Ejecutivo, al ministerio, y hemos tenido toda la paciencia para impulsar este proyecto de ley y venir hoy a votarlo por consenso, para dar un paso hacia donde creemos que debemos ir. En ese sentido, vamos a apoyarlo porque contiene muchas más ideas en las que siempre creímos que algunas otras en las que podamos tener discrepancias.
Insisto en que estamos ante un proyecto de ley en el que se trabajó con seriedad y responsabilidad en la Comisión de Defensa Nacional, y somos conscientes de que este es el camino a seguir. Consideramos que estos proyectos que nos unen, que no nos provocan diferencias, en muchos casos tendrían que ser aprobados con mayor rapidez y fluidez que aquellos en los que tenemos discrepancias. Fue muy largo el proceso en comisión y terminó siendo largo hoy el debate aquí. Nosotros queríamos proponer algunas modificaciones, pero optamos por no hacerlo y, seguramente, cuando pase a la Cámara de Representantes haremos los aportes correspondientes, pero si el miembro informante plantea las modificaciones ahora, seguramente será otra la cuestión.
Por el convencimiento de que este es el proceso que hay que seguir –va en línea con los conceptos puntuales de un proyecto que presentó hace años el señor senador Bordaberry y que seguramente será archivado dado que el Poder Ejecutivo lo tomó en sus grandes rasgos como propio–, adelanto que el Partido Colorado va a votar afirmativamente el proyecto de ley.
SEÑOR SILVEIRA.- Pido la palabra.
SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: dado que el señor senador Larrañaga ha expresado lo que pienso sobre todo este proceso –que, para mí, empieza con un planteo que hice en la cámara hace dieciséis años–, quiero decir que dejaré establecida mi posición en el fundamento de voto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si ningún otro senador desea hacer uso de la palabra, se la concedemos al señor senador Martínez Huelmo para cerrar el debate.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: obviamente, ha sido muy interesante lo expresado por los señores senadores. En línea con lo que manifestó el señor senador Coutinho pensamos que hay que redondear y finalizar el debate, pues ya todos consignaron su pensamiento.
Por lo tanto, proponemos que se suprima la lectura y se voten en bloque los artículos 1.º, 4.º, 5.º y 6.º tal como vienen de la comisión.
Para los artículos 2.º y 3.º vamos a plantear algunas modificaciones que no son de sustancia, sino que apuntan a dejar más prolijo el texto.
Quiero decir que la comisión se expresó oportunamente sobre el proyecto de ley que hoy tenemos a consideración, pero el ministerio tuvo una demora bastante pronunciada para enviarnos su opinión sobre algunos elementos que se estaban discutiendo, por lo que su aporte llegó cuando la comisión ya se había pronunciado y la secretaría estaba abocada a incluirlo en el orden del día de la sesión, por lo que resultaba imposible revertir la situación.
Reitero que nuestra propuesta consiste en votar los artículos 1.º, 4.º, 5.º y 6.º, y luego plantear algunos ajustes para los artículos 2.º y 3.º.
Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos 1.º, 4.º, 5.º y 6.º y se voten en bloque.
En consideración los artículos 1.º, 4.º, 5.º y 6.º.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en el día de ayer, tras haber recibido un poco tardíamente los aportes del ministerio, en la Comisión de Defensa Nacional se acordó eliminar el segundo inciso del artículo 2.º. De esta forma, el artículo quedaría redactado solo con el inciso primero, que establece: «Fíjase como “zona fronteriza”, la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso, quedando excluidos los centros poblados».
Se ha propuesto la eliminación del inciso segundo en atención a lo que se dialogó con el señor fiscal de corte, ya que los procedimientos y normas aplicables a las tareas que se encomiendan están contemplados en el Código del Proceso Penal, y el Poder Ejecutivo no puede, por decreto, establecer un procedimiento diferente al previsto en esa normativa. Esa es la fundamentación de la mencionada eliminación.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: por economía procesal me voy a referir a las modificaciones que se pretende introducir.
Vamos a votar afirmativamente las sugerencias planteadas por el Ministerio de Defensa Nacional –sobre las que hemos conversado en la comisión–, tanto la que acaba de relatar el señor senador Martínez Huelmo, por los fundamentos que él expresó, como también la propuesta de eliminación del término «arresto», que figura entre paréntesis en el literal C) del artículo 3.º. En definitiva, coincidimos con lo planteado por el Ministerio de Defensa Nacional.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar el artículo 2.º por incisos.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: con respecto a este artículo 3.º proponemos que se elimine el término «arresto» que figura entre paréntesis en el literal C). En torno a este tema se generó una discusión de tipo doctrinario, ya que existen distintas interpretaciones sobre el arresto. Como nuestra intención no es hacer de este asunto un «¡Patria o muerte!», aceptamos la sugerencia de quitar esa expresión del texto. En función de ello, el literal C) establecería: «C) Detención en caso de flagrante delito».
El último inciso de esta norma expresa: «En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente o juez de turno, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos». La idea aquí es eliminar la expresión «o juez de turno» –fui yo quien más insistió en esto–, basados en la referencia al juez que hace la Constitución de la república en sus artículos 14 y 15. Lo que sucede es que, por un sentido práctico –y obviamente teniendo en cuenta los cambios introducidos en el Código del Proceso Penal–, la presencia del fiscal debe ser encuadrada dentro del nuevo CPP, tomando en cuenta las modificaciones que esto implica. Si algún día se decide reformar la Constitución, habrá que ajustar también esta parte.
La comisión recomienda votar esta disposición con estas dos modificaciones.
SEÑORA PRESIDENTE.- Las modificaciones propuestas consisten en eliminar del literal C) el término «arresto» y, en el último inciso, la expresión «o juez de turno».
La redacción del inciso final quedaría de la siguiente manera: «En caso de detectar una presunta irregularidad las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal…». La Mesa consulta al señor senador cómo continúa la disposición.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- «… al fiscal competente, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos».
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º con las modificaciones propuestas.
SEÑOR SILVEIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: dije que no quería permanecer en silencio en este debate porque es un tema que me toca de cerca.
Hace dieciséis años, en 2002, hicimos un planteo en la Cámara de Representantes que iba en el sentido de lo que hoy, aquí, se está debatiendo. Motivados por otras circunstancias, que tenían que ver con las dificultades que el Estado atravesaba y sus problemas para proveer vacantes y contar con un número suficiente de policías, propusimos –y en aquel momento tuvimos el respaldo del Poder Ejecutivo– recurrir al apoyo y a la presencia del Ejército.
El tema se mantiene en los mismos términos: lo que estamos defendiendo hoy es la utilización, por un Estado pobre, por un país con limitados recursos, de todas las disponibilidades que tenemos a mano; es no renunciar a nada de toda la infraestructura que tenemos y mucho menos renunciar a eso por una cuestión ideológica o por un planteo que, en todo caso, lo que hace es ofender profundamente nuestro sistema democrático y el respeto que le debemos a una institución como las Fuerzas Armadas. Señora presidenta: negarnos a utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de este tipo por una cuestión ideológica o por el temor a lo que eso pueda suponer, me parece que es faltar el respeto a una institución como el Ejército.
Quería dejar establecido que el debate debe darse acá y que es este el debate que el Uruguay tiene que darse sobre el tema de las Fuerzas Armadas; no debe darse en las redes ni tratarse en función de opiniones vertidas en los comités, en las mesas políticas o en los directorios. ¡Es acá! Y este debate lo estamos dando ahora, después de que hace veinte años lo dimos con respecto al tema de la custodia de las cárceles. Recién hoy venimos a hablar de un tema que, insisto, solamente tiene sentido en lo estrictamente referido a las cuestiones técnicas –que tienen que ver con la forma en que las Fuerzas Armadas deben desempeñar esa tarea–, y nunca por la duda de que las Fuerzas Armadas del Uruguay puedan desempeñar esa labor ni por el riesgo de alguna otra derivación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que el Senado de la república autorice a desarrollar una exposición por el término de veinte minutos, en fecha a coordinar, sobre los 60 años de vida de la Confederación Judeocristiana del Uruguay. Oportunamente se comunicará el orador». (Firman la señora senadora Moreira y los señores senadores Amorín, Delgado y Bianchi).
13) DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
Los abajo firmantes mocionamos para que el Senado de la república autorice al señor senador José Carlos Cardoso a desarrollar una exposición por el término de veinte minutos, según el artículo 171 del Reglamento del Cuerpo, en fecha a coordinar, sobre el “Día Mundial de la Alimentación”, que se celebra el 16 de octubre, teniendo en cuenta los fundamentos de la nota que se adjunta». (Firman la señora senadora Moreira y los señores senadores Delgado, Cardoso, Amorín y Bianchi).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada	.
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 11 de octubre del corriente.
Por la presente, solicito licencia el día martes 16 de octubre de 2018, por motivos personales.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 11 de octubre.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública por parte de los funcionarios de todas las personas públicas estatales y no estatales.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: formulo moción en el sentido de que se levante la sesión, que los puntos pendientes de consideración pasen a las sesiones regulares de la semana próxima y que se suspenda la sesión del día de mañana.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: acepto lo que plantea la señora senadora Moreira, pero deseo hacer una solicitud a usted y a la Secretaría. Como tengo que concurrir a la Unión Interparlamentaria, no voy a poder estar presente en la próxima sesión, pero me interesaría hablar sobre la designación del Liceo n.º 3 de Paysandú con el nombre de Aníbal Sampayo –tema que me encomendó la Comisión de Educación y Cultura– y poder hacer un homenaje a este ilustre ciudadano. Por lo tanto, solicito que ese asunto se trate en la primera sesión del mes de noviembre.
SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Es decir que lo que usted propone es que el tema referido a Aníbal Sampayo, en vez de considerarlo en la próxima sesión, se considere en una de noviembre?
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Exactamente, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la senadora Moreira, relativa a levantar la sesión del día de hoy, transferir todos los puntos pendientes para la sesión de la próxima semana –menos el relativo a la designación del Liceo n.º 3 de Paysandú con el nombre de Aníbal Sampayo, que pasaría para noviembre– y suspender la sesión del día de mañana.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 12:09, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Camy, Cardoso, Carrera, Delgado, Eguiluz, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Pardiñas, Passada, Ramos, Saravia y Silveira).

References: artículo 118
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 resolución 
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 artículo 83
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 artículo 49
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 artículo 55
 artículo 59
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 resolución 
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 artículo 4
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 artículo 171
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