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Timestamp: 2020-02-24 14:23:51+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Enero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 31686496
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Enero de 2002
Ponente: ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO RODRÍGUEZ A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL CASTILLERO (PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO POR MARIBEL ABADÍA MERCADO) CONTRA EL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
En grado de apelación conoce esta Sala Plena de la Corte Suprema la acción de habeas corpus preventivo interpuesto por el licenciado D.R., a favor del señor V.M. CASTILLO contra el JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.
El apoderado judicial fundamenta su recurso en que la orden de desacato y apremio corporal dictada por la Juez y confirmada por el Tribunal Superior es ilegal, porque se establece que su mandante adeuda la suma de B/.576.94 en concepto de pensiones atrasadas, más el monto del retroactivo, lo cual indica que dicho desacato no sólo contempla el mes vencido, sino que recae sobre toda la morosidad, lo cual es contradictorio con la jurisprudencia que ha señalado que, únicamente se podrá decretar desacato y apremio corporal en materia de alimentos por el mes vencido y no así por la totalidad de la morosidad.
Por su parte, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al declarar legal la orden de detención decretada, sostuvo lo siguiente:
El Tribunal de habeas corpus considera que de la lectura del expediente al cual accede la orden impugnada se desprende con meridiana claridad que el señor V.C. ha incumplido con las obligaciones de alimento que le fueron impuestas por las autoridades jurisdiccionales competentes. Si bien es cierto que por propia admisión del Tribunal Superior en la causa, se advierte que la investigación sobre la situación socioeconómica del señor CASTILLO se encuentra incompleta, no menos cierto resulta que este último por su actuación remisa al pago, no ha demostrado la intención de enfrentar sus obligaciones alimenticias, habida cuenta del registro de las consignaciones realizadas al que se ha hecho referencia.
El artículo 1932 (sic) del Código Judicial da pie para la declaratoria de desacato en materia civil cuando sin causa legal se rehúse dar al alimentista los alimentos ordenados por el juez. El Tribunal concluye que la situación descrita en párrafos anteriores permite tener por demostrada esta causa, por lo que no se encuentra base para censurar la legalidad de la orden acusada.
(fs.24)
En este momento corresponde determinar si la medida cautelar aplicada cumple con los requisitos que establecen los artículos 2140 y 2162 del Código Judicial.
Al revisar las constancias procesales se constata que el 2 de febrero de 2001, compareció ante el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia de Panamá la señora M.A. MERCADO con el fin de interponer proceso de alimentos a favor de sus hijos YERITZA y V.I.C. ABADIA en contra del señor V.C..
Mediante resolución No.107-01 S.F de 18 de mayo de 2001 la Juez Segunda de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá fijó de manera provisional el pago por parte del señor V. CASTILLO de una pensión alimenticia en la suma de cincuenta balboas mensuales a favor de los menores YERITZA y V.I.C.A. y en cincuenta balboas mensuales en concepto de ayuda prenatal al menor ABADIA (no nacido). Así mismo, se estableció en concepto de retroactivo de la cuantía de la ayuda prenatal la suma de ciento setenta y cinco balboas (B/.175.00) pagaderos a razón de diez balboas mensuales, hasta su total cancelación. Advirtióse que el incumplimiento de estos pagos se tomaría como desacato al Tribunal.(fs.26-32).
El apoderado judicial del señor CASTILLO apeló contra dicha resolución y, a través de la resolución No.22-P.A. R de 30 de agosto de 2001, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia ajustó la decisión de primera instancia y le fijó a cada menor pensión por la suma de B/.33.33 y en concepto de ayuda prenatal la suma de B/.33.33, lo que arroja precisamente la suma total impuesta por la Juez de Primera instancia que fue de B/.100.00 mensuales.
Allí mismo se estableció que debería pagar en concepto de pensión retroactiva por ayuda prenatal la suma de B/.99.99 balboas, a razón de B/.10.00 mensuales hasta cubrir la morosidad.(fs.52-63)
A foja 68 del expediente se observa la resolución de 9 de octubre de 2001 mediante la cual el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró en desacato al señor V.C. y, en consecuencia, ordenó su apremio corporal hasta por treinta (30) días de arresto mientras dure su renuencia al pago de la cuota alimenticia establecida en favor de los hijos de la señora M.A..
Allí se señaló que, a la fecha de dictada la mencionada resolución de desacato, el señor CASTILLO tenía una morosidad que ascendía a la suma de B/.576.94 en concepto de pensión alimenticia y ayuda prenatal.
El artículo 811 del Código de la Familia señala lo siguiente:
El juzgador de primera instancia de oficio, o a petición de parte, sancionará de inmediato por desacato al obligado en proceso de alimento, hasta con treinta (30) días de arresto a partir de la notificación de la resolución respectiva. Esta sanción durará mientras se mantenga la renuencia en los siguientes casos:
1. Cuando no se consigne la cuota alimenticia en las fechas y condiciones decretadas;
2. Cuando de mala fe elude el pago de las cuotas alimenticias. Se presume la mala fe cuando el obligado renuncie o abandone un trabajo eludiendo su obligación, o cuando su conducta y los hechos así lo pongan de manifiesto; y,
3. Cuando el demandado traspase sus bienes después de que haya sido condenado a dar alimentos, si con ese traspaso elude su obligación.
En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al Secretario de Juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la sanción.
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha establecido la diferencia entre el procedimiento a seguir para los casos de pensiones alimenticias atrasadas y el procedimiento para el caso en el que simplemente no se ha cumplido con el mes corriente y además de ello se adeudan los meses anteriores.
En el caso que nos ocupa y luego de un análisis de las piezas procesales que componen el antecedente, el Pleno comparte el criterio del Segundo Tribunal Superior ya que el Señor CASTILLO no ha cumplido con lo ordenado en la resolución de 30 de agosto de 2001, que fijó en la suma de cien balboas mensuales la pensión alimenticia a los menores YERITZA y V.I.C. y la ayuda prenatal al menor ABADIA (no nacido); y en la que se señaló que también debía cancelar la pensión retroactiva por ayuda prenatal por la suma de B/.99.99 balboas a razón, de B/.10.00 mensuales hasta cubrir la morosidad.
Se aprecia en el expediente correspondiente a la pensión de alimentos a foja 67 el siguiente Informe Secretarial:
Informo a Usted que de acuerdo a diligencia realizada en la Sección de Tesorería, se pudo comprobar que el señor V.M.C., no ha hecho depósito alguno después del 27 de junio de 2001.
Igualmente le informo que el señor V.M.C.D., ha debido consignar a la fecha la suma de B/.333.30 en concepto de pensión alimenticia y solamente ha depositado la suma de B/.23.00, lo que nos indica que tiene una morosidad de B/.310.30 al 30 de septiembre del presente año.
Por otro lado, el señor CASTILLO no ha consignado cuantía en concepto de ayuda prenatal, por lo que adeuda la suma de B/.266.64, por lo que nos indica que el mismo mantiene una morosidad de B/.576.94 en concepto de pensión alimenticia y ayuda prenatal.
(fs.67 del antec.)
De este informe se colige que, desde que se emitió la resolución de primera instancia el 18 de mayo de 2001 en la que se fijó en la suma de B/.100.00 mensuales la pensión alimenticia, el señor CASTILLO sólo ha cancelado la suma de B/.23.00, incumpliendo así con el pago mensual que debió consignar por la pensión alimenticia estipulada.(fs.46)
La única constancia de un pago adicional hace referencia a la copia simple presentada con la demanda de habeas corpus, demostrativa de un pago por B/.30.00 el 6 de noviembre de 2001, es decir con posterioridad a la emisión de la resolución de desacato demandada.
En materia de alimentos, la figura del desacato se proyecta más allá de la deuda alimentaria, toda vez que supone la actitud de desobediencia, de falta de sometimiento e irrespeto a la orden emitida por el Juez.
Por lo tanto, el Pleno considera legal la orden de arresto decretada en contra del señor V.M. CASTILLO y, por lo tanto debe confirmarse la resolución apelada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de veintitrés (23) de noviembre de 2001, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que DECLARO LEGAL la orden de detención dispuesta contra el señor V.M.C..
(fdo.) A.C.C.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 6 de Octubre de 1993 (caso Demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 06 de Octubre de 1993)

References: artículo 1932
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 811
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