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Timestamp: 2018-08-17 22:25:48+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-00035/40382 DE ABRIL 5 DE 2017
SENTENCIA 2005-00035 DE 05 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:NO EXISTE TARIFA LEGAL EN LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. SE PRECISA QUE LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, NO EXISTE TARIFA LEGALNO OBSTANTE, AL PROCESO DEBEN ALLEGARSE LAS PRUEBAS SUFICIENTES QUE ACREDITEN EL HECHO IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN, AL IGUAL QUE EL DAÑO Y EL NEXO CAUSAL. SI BIEN EL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ESTABLECE QUE LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DEMANDADA PUEDE SER CONSIDERADA COMO UN INDICIO GRAVE EN SU CONTRA LO CIERTO ES, QUE ESTE INDICIO, POR SÍ SOLO, NO CONSTITUYE PLENA PRUEBA, POR QUE COMO LA NORMA LO INDICA SE TRATA DE UN ELEMENTO INDICIARIO QUE DEBE SER VALORADO EN CONJUNTO CON EL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRE EN EL PROCESO. NO BASTA LA AUSENCIA DE DEFENSA DE LA DEMANDADA EN UN PROCESO PARA TENER POR DEMOSTRADO EL HECHO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE ÉL Y EL DAÑO CUYA INDEMNIZACIÓN SE RECLAMA. CABE AGREGAR QUE LA CORPORACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS OMISIONES EN QUE INCURREN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN DESARROLLO DE UN PROCESO JUDICIAL, HA PRECISADO QUE EL JUEZ NO PUDE DEDUCIR RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PORQUE ELLO EQUIVALDRÍA A DARLE A TAL INASISTENCIA EL TRATAMIENTO DE UNA CONFESIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CON ELLO SE DESCONOCERÍA EL MANDATO DEL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL .
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2005-00035/40382 de abril 5 de 2017
Rad.: 25000-23-26-000-2005-00035-01 (40382)
Actor: Juan Carlos Chivatá Salamanca y otros
Temas: No se demostró la falla en el servicio / carga de la prueba
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de septiembre de 2010.
La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) cuestión previa. Valoración de los documentos allegados en copia simple; ii) verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine, como lo son la competencia, la legitimación en la causa y la caducidad; iii) análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente; iv) caso concreto: responsabilidad de la Policía Nacional por las lesiones ocasionadas a la víctima del daño y la carga de la prueba.
El Tribunal Administrativo de primera instancia en la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2010 manifestó que no otorgaría valor probatorio a los documentos allegados en copia simple.
2. Requisitos de procedibilidad
El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de septiembre de 201010.
2.2. Ejercicio oportuno de la acción
Las lesiones del señor Juan Carlos Chivatá Salamanca ocurrieron el 25 de febrero de 2003, por lo cual, la demanda se formuló dentro de los dos años siguientes a ese hecho, comoquiera que se presentó el 5 de enero de 200511.
Respecto del demandante Juan Carlos Chivatá Salamanca se tiene que él fue la víctima directa del daño, razón por la cual se encuentra acreditada su legitimación para comparecer a este proceso.
En relación con el señor Juan de Jesús Chivatá Alfonso, quien, según la demanda, sería el padre de la víctima del daño, encuentra la Sala que no se demostró su parentesco, porque con la demanda no se allegó el registro civil de nacimiento del señor Juan Carlos Chivatá Salamanca.
Así las cosas, se debe declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Juan de Jesús Chivatá Alfonso.
3. Valoración probatoria
— El 28 de febrero de 2003, el señor Juan Carlos Chivatá Salamanca ingresó al servicio de cirugía general del Hospital Universitario San Rafael, toda vez que presentaba un “trauma abdominal cerrado”. Así se plasmó en la historia clínica del paciente12:
“Enfermedad actual: paciente con cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en trauma contundente en abdomen (patadas) asociado a esto presenta dolor abdominal y múltiples episodios de emesis color verde-amarillento, último episodio de deposición negra. recibió tratamiento en cami con analgésicos. el dolor se intensifica y localiza en epigastrio e hipocondrio izquierdo. hoy deposición normal …”.
— El 3 de marzo de 2003, se le dio salida a la víctima del daño y en la evolución clínica se consignó13:
“Ingresa paciente con cuadro clínico anotado, sin taquicardia, con defensa muscular en abdomen voluntaria, dolor a la palpación en epigastrio, hipocondrio y flanco izquierdo, blumberg (+), puñopercusión lumbar bilateral positiva, hemograma con leucocitosis, hgb de 7, hto de 22% eco con líquido libre en fosa hepatorrenal, esplenorrenal y goteras parietocólicas bilateral, fondo de saco de douglas 800 cc. se decide llevar a salas de cirugía, se realiza laparotimía exploratoria encontrando hemoperitoneo de 1500cc en cavidad abdominal, sangre antigua, laceración hepática a nivel del sitio de inserción del ligamento falciforme al higado, abudantes coagulos en el lecho y a nivel de epiplon. se evacua el hemoperitoneo, se realiza hepatorrafía. paciente con evolución favorable sin sirs. sin sintomatología de ortostatismo, tolerando vía oral, deambulación positiva. Se da salida”.
— El 10 de marzo de 2003, el señor Chivatá Salamanca interpuso ante la Procuraduría General de la Nación una queja en contra de los agentes de policía de la Estación Quinta de Tequendama de Usme por los hechos ocurridos el 25 de febrero de 200314.
— Posteriormente, la víctima del daño interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos que se relataron en la demanda15.
— El 11 de marzo de 2003, el señor Chivatá Salamanca acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, allí se le fijó una incapacidad de 45 días16, en aquella oportunidad se dijo:
“… Anamésis
“Refiere que fue agredido por policías el 25 de febrero 2003 y que fue valorado el 27 de febrero 2003 en la sede central del instituto. al día siguiente 28 de febrero de 2003 fue atendido en la Clínica San Rafael de esta. aporta fotocopia de epicrisis de la clin. san Rafael número 772096 fecha de ingreso 28 de feb. 2003. dx de ingreso trauma abdominal cerrado, egreso idem + hemoperitoneo por trauma hepático …”.
— El 17 de mayo de 2004, la Fiscalía 257 adscrita a la Unidad Primera de Delitos Contra la Seguridad Pública, Salud Pública y otros de Bogotá D.C. certificó que en ese Despacho cursó una investigación penal en contra del señor Juan Carlos Chivatá Salamanca y otros por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en hechos ocurridos el 25 de febrero de 2003.
Así mismo se certificó que el 3 de julio de 2003 se calificó el mérito del sumario y se precluyó la investigación penal a favor de la víctima del daño.
— El 30 de octubre de 2004, el señor Chivatá Salamanca asistió al servicio de urgencias del Hospital de Bosa, toda vez que presentó dolor abdominal tipo cólico y vómito17.
— El 4 de noviembre de 2004, se le programó a la víctima directa del daño una cirugía, pues se determinó que presentaba una obstrucción intestinal por bridas, razón por la cual se le practicó: “laparotomía exploratoria 7121, liberación de bridas 7170, apendicectomía 7730, lavado de cavidad 7140 …”18.
— El 8 de junio de 2007, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá determinó que el señor Chivatá Salamanca presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 28,41% y calificó el origen como enfermedad común19.
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra que el 25 de febrero de 2003 el señor Juan Carlos Chivatá Salamanca recibió un golpe contundente en su abdomen, lo cual le ocasionó un trauma abdominal cerrado; posteriormente, el 8 de junio de 2007, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. determinó que dicha persona presentaba una pérdida de su capacidad laboral del 28,41% y calificó el origen como enfermedad común.
Ahora bien, configurado el daño, la Sala analizará si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido o no a la Administración Pública y, por tanto, si constituye deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.
Pues bien, se demostró en el proceso que el 25 de febrero de 2003 la víctima directa del daño recibió unos golpes en su abdomen, razón por la cual tres días después acudió al servicio de cirugía general del Hospital Universitario San Rafael y los médicos tratantes le dieron salida el 3 de marzo de ese mismo año.
El 11 de marzo de 2003 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá le dictaminó una incapacidad de 45 días a la víctima del daño.
Posteriormente, el señor Juan Carlos Chivatá Salamanca presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia penal en contra de los agentes de la Policía de la Estación Quinta de Tequendama de Usme por los mismos hechos que se narraron en el libelo interlocutorio.
Igualmente, se tiene probado que en contra del señor Juan Carlos Chivatá Salamanca cursó un proceso penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual culminó con resolución de preclusión el 3 de julio de 2003.
Así mismo, se acreditó que al señor Chivatá Salamanca se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 28.41% y como calificación del origen se estableció que era una enfermedad común.
A juicio de la Sala, el daño padecido por el señor Chivatá Salamanca no puede ser atribuido a la parte demandada, dado que no obra en el expediente elemento de prueba con el cual se acredite que efectivamente fueron agentes de la Policía Nacional quienes golpearon a la víctima del daño en su abdomen y le produjeron las lesiones por las cuales se demandó.
En efecto, en el proceso no se probó que el señor Chivatá Salamanca estuvo retenido en alguna estación policía y que allí lo hubiesen golpeado y torturado, es decir, no se acreditó en el presente asunto que la víctima del daño estuvo bajo la guarda de la entidad demandada.
A lo anterior se agrega que aunque al proceso se allegó una queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia penal en contra de los agentes de la Estación Quinta de Tequendama de Usme en la que se relataron los mismos hechos que se narraron en el libelo introductorio, lo cierto es que esos elementos de juicio no son suficientes para estructurar de ellos una falla en el servicio, pues esos relatos corresponden a declaraciones que la misma víctima realizó sin que se encuentren soportados con otros medios de prueba.
En ese mismo sentido, resulta necesario señalar que en el expediente obra una certificación expedida por la Fiscalía 257 adscrita a la Unidad Primera de Delitos contra la Seguridad Pública, Salud Pública y otros de Bogotá, en la que se certificó que en contra de la víctima del daño se inició un proceso penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en hechos ocurridos el 25 de febrero de 2003, el cual culminó con la preclusión de la investigación; sin embargo, de ese documento no es posible extraer que agentes de la Policía Nacional hubieran golpeado al señor, pues allí no se dice nada al respecto, es más, no es posible establecer los fundamentos que se tuvieron para precluir la investigación, toda vez que en ese medio de prueba no se hizo alusión a ese aspecto.
Nótese cómo en la demanda se señaló que la víctima directa del daño recibió un golpe en la nariz y que fue torturado hasta que se desmayó; sin embargo, en la historia clínica no aparecen registradas esas situaciones y tampoco que como consecuencia de ello hubiere perdido el conocimiento.
Así las cosas, no es posible endilgar responsabilidad a la entidad demandada, por cuanto, se reitera, no se demostró en el proceso que agentes de la Policía Nacional hubiesen golpeado y torturado a la víctima del daño.
Por consiguiente, la Sala no encuentra elementos probatorios que permitan inferir en el presente caso la existencia de una falla del servicio imputable a la entidad demandada, de tal suerte que al no acreditarse la imputación del daño antijurídico al Estado resulta claro que no se configuró uno de los elementos estructurantes exigidos para comprometer la responsabilidad patrimonial de la Administración, motivo por el cual se confirmará el fallo apelado.
A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria20 que le impone la norma legal en cita, toda vez que, se reitera, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir el hecho dañoso al ente público demandado.
Ahora bien, la parte actora en su recurso de apelación señaló que pese a que la Policía Nacional contestó de manera extemporánea la demanda, lo cual según el Código de Procedimiento Civil constituía un indicio grave en su contra, el Tribunal Administrativo de primera instancia no hizo pronunciamiento alguno al respecto.
En relación con la no contestación de la demanda se debe aclarar que por esa sola circunstancia no se pueden tener por acreditados los hechos de la demanda, porque, si bien es cierto que esa situación configura un indicio en su contra, ello no es plena prueba de la responsabilidad.
Así lo consideró la Subsección en un caso similar al que ahora se debate:
“ ‘[E]n los casos de responsabilidad patrimonial del Estado, no existe tarifa legal; no obstante, al proceso deben allegarse las pruebas suficientes del hecho imputable a la administración, del daño y del nexo causal. Si bien el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil establece que la falta de pronunciamiento de la entidad demandada puede ser considerado como un indicio grave en su contra, lo cierto es, (sic) que éste (sic) indicio, por sí solo, no constituye plena prueba, porque como la norma lo indica se trata de un elemento indiciario que debe ser valorado en conjunto con el material probatorio que obre en el proceso. No basta la ausencia de defensa de la demandada en un proceso para tener por demostrado el hecho de la administración y la relación de causalidad entre él y el daño cuya indemnización se reclama’.
“Cabe agregar que la Sala, en relación con las omisiones en que incurren las entidades públicas en desarrollo de un proceso judicial, ha precisado que el juez no puede deducir responsabilidad de la entidad porque ello equivaldría a darle a tal inasistencia el tratamiento de una confesión de responsabilidad y con ello se desconocería el mandado del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil”21.
Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho que en la demanda la parte actora hubiese fundamentado la imputación a la entidad demandada sobre la base de que unos agentes de la Policía Nacional golpearon al señor Chivatá Salamanca, lo cual le generó una pérdida de la capacidad laboral y, por tanto, debían resarcirse los perjuicios ocasionados; sin embargo, en la sustentación del recurso de alzada, la parte actora modificó la causa petendi para efectos de imputar el daño a un supuesto “falso positivo” por parte de los agentes de la Policía Nacional para darle una aparente legalidad a la captura de la víctima del daño, toda vez que según su dicho, los uniformados desde un inicio construyeron pruebas ilegales para que la respectiva autoridad judicializara al señor Chivatá Salamanca.
Al respecto conviene precisar que esa modificación no se encuentra permitida por el ordenamiento jurídico, por cuanto en el recurso de alzada no es posible realizar tales modificaciones, dado que el Código Procedimiento Civil22 prevé que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primera instancia y en esas condiciones la confirme, la revoque o la reforme y no que los demandantes adicionen o modifiquen sus demandas y de esa forma sorprendan a su contraparte con nuevos cargos respecto de los cuales no tuvo oportunidad de defenderse ni solicitar o aportar pruebas.
Por consiguiente, se confirmará la sentencia apelada, pero por las razones expuestas dentro de esta decisión.
1. Confirmar la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de septiembre de 2010.
10 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005 - 500 S.M.L.M.V., por perjuicios morales se solicitó el equivalente a 1000 S.M.L.M.V. para cada uno de los demandantes.
11 Fls. 1 a 35 cdno. 1.
12 Fl. 4, cdno. 2. Historia clínica del señor Juan Carlos Chivata Salamanca.
13 Fl. 5, cdno. 2. Historia clínica del señor Juan Carlos Chivata Salamanca.
14 Fl. 1, cdno. 2. Documento que sería la queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación.
15 Fl. 10, cdno. 2. Se aclara que en el documento no se consignó la fecha en la cual se interpuso la denuncia.
16 Fl. 10, cdno. 2. Documento del 11 de marzo de 2003 expedido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá.
17 Fl. 18 a 36, cdno. 2. Historia clínica del señor Juan Carlos Chivatá Salamanca.
18 Fl. 37, cdno. 2. Documento denominado informe quirúrgico, expedido por el Hospital de Bosa.
19 Fls. 2 a 5, cdno. 3. Dictamen pericial practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, el 8 de junio de 2007.
20 De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: ‘carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables’ ” Ídem. pág 406.
21 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18.499. M.P. dr. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, sentencia del 27 de mayo de 2015, exp. 34.927. M.P. dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
22 “Artículo 350. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme.

References: ARTÍCULO 95
 ARTÍCULO 199
 resolución 
 artículo 177
 artículo 95
 artículo 199