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Timestamp: 2018-04-24 15:57:33+00:00

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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 25680 1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h
11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, el punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. El recurso de revisión se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, respecto del cual esta Primera Sala reasumió su competencia originaria.
12. En el caso, es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso oportunamente, en virtud de ello fue analizado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien determinó que el recurso de revisión se presentó oportunamente.
13. El recurso de revisión resulta procedente, en virtud de que se interpuso por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 1413/2013, en contra de la sentencia dictada en dicho juicio, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, por lo que se surten los extremos del punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año.
14. Previo a entrar al estudio de los agravios hechos valer por la parte recurrente, esta Primera Sala considera pertinente hacer una reseña de las cuestiones necesarias para resolver el presente asunto.
15. Antecedentes. Según se desprende de los antecedentes narrados en la demanda original, el quejoso manifiesta ser homosexual y ubicarse en el ámbito espacial del Estado de Colima. Tales hechos no fueron controvertidos en el proceso de amparo, al no haber sido referidos por la autoridad responsable en su informe justificado. De hecho, en relación con la afirmación del quejoso de ser homosexual, la sentencia lo considera como "una confesión expresa con plena eficacia".
16. En este orden de ideas, el quejoso impugna los Decretos Nos. 142 y 155, que reforman, respectivamente, el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 116 artículos del Código Civil para el Estado de Colima y 12 artículos del Código de Procedimientos Civiles Local.
17. El artículo constitucional referido establece que en dicha entidad se reconocen las relaciones conyugales, las cuales se dividen en matrimonio, que se entiende como aquel contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una mujer, mientras que el enlace conyugal es aquel que se celebra entre dos personas del mismo sexo. Los artículos referidos al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles Locales fueron reformados para sustituir el concepto de matrimonio por el de relaciones conyugales. El quejoso combate las normas en su carácter de autoaplicativas, ya que afirma que le genera una afectación directa en su contra al discriminarlo a él y "a todos y cada uno de los homosexuales", por motivo de su preferencia sexual, lo cual contraviene el principio de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 1o. constitucional.
18. Agrega el quejoso -y el Juez de Distrito lo tiene también como acto reclamado- que el artículo 391 del Código Civil de la entidad tiene una omisión legislativa, al no incluir a las parejas homoparentales a través del "enlace conyugal" en los supuestos de adopción.
19. Demanda de amparo. El quejoso planteó los siguientes argumentos en los conceptos de violación:
a) De manera preliminar, el quejoso considera que los artículos que se impugnan son autoaplicativos, ya que por su sola entrada en vigor causan agravios y afectaciones al quejoso. El contenido de dichas normas viola los derechos constitucionales y convencionales, afectando su esfera jurídica, en virtud de la especial situación frente al orden jurídico protegido por la Constitución, pues se trata de violaciones que afectan el interés legítimo individual en materia de derechos humanos que integran la esfera propia del derecho de todos los homosexuales. Basa su argumento en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 y 22, primer párrafo y fracción I, de la misma.
b) Primero. Los Decretos 142 y 155 representan "una involución", en relación con el principio de igualdad y no discriminación, por lo que debe haber un pronunciamiento en cuanto al alcance del principio de progresividad y debe hacerse una interpretación de la norma en el marco de los artículos 1o. y 4o. constitucionales.
c) Segundo. Se viola en su perjuicio el derecho humano a la dignidad humana, el cual es "base y cimiento de los derechos fundamentales".
Los actos reclamados son ilegales, puesto que no respetan la dignidad humana.
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y a la dignidad personal hacen necesario hacer una amplia consideración referente al quejoso como homosexual, pues el núcleo esencial de tales derechos es la libre autodeterminación sexual, que comprende el "proceso de autónoma asunción y decisión" sobre su sexualidad, como opción no sometida a la interferencia o a la dirección del Estado, "por tratarse de un campo que no le incumbe, que no causa daño a terceros y que está amparado por el artículo 1o. constitucional y múltiples instrumentos internacionales".
Es necesario situarse en el campo de un grupo minoritario, sometido a prejuicios fóbicos. Aun cuando la sexualidad heterosexual es el patrón de conducta más generalizado y "una gran mayoría condene socialmente el comportamiento homosexual", la ley no puede prohibirlo ni sancionarlo respecto de ninguna persona homosexual, "porque el derecho fundamental a la libre opción sexual impide imponer o plasmar a través de la ley la opción sexual mayoritaria". Por tanto, "un consenso mayoritario no puede avalar el que se ... relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría".
d) Tercero. Los decretos combatidos violan el principio de no discriminación, reconocido en el artículo 1o. constitucional, al establecer dos uniones legales diversas, basadas en la opción sexual. Así pues, aun cuando ambas uniones -entre heterosexuales y entre homosexuales- suponen "una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular con clara vocación de permanencia", es relevante para cada una de dichas opciones "el ejercicio de (la) sexualidad y el género de los contrayentes".
El artículo 1o. constitucional contempla el derecho a no ser discriminado y su titularidad corresponde a las personas, en lo individual, y a las parejas, en la medida en que forman un núcleo familiar. Además, el artículo 3o. de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima también prohíbe la discriminación por motivo de preferencia sexual.
El artículo 147 de la Constitución del Estado de Colima es discriminatorio, porque distingue matrimonio de enlace conyugal bajo una categoría sospechosa y, por otro lado, restringe o excluye a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos y materiales del matrimonio.
e) Cuarto. El legislador creó una figura jurídica diferente del matrimonio, por considerar a las uniones del mismo sexo de naturaleza diversa a las uniones heterosexuales, por razón de su sexo, género y preferencias sexuales. Ello viola la igualdad ante la ley.
Con dicha distinción se priva a las uniones entre personas del mismo sexo de los beneficios expresivos del matrimonio, lo que implica discriminación y distinción de trato. Tal exclusión y distinción implica la creación de un régimen de "separados pero iguales", con lo cual se perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales.
f) Quinto. Las modificaciones y adiciones a la Constitución Local, y a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles Locales, privan y menoscaban al quejoso "y a toda persona que integre una familia homoparental" de los beneficios expresivos y materiales del matrimonio. Dichas modificaciones y adiciones son inconstitucionales, al vulnerar el derecho de toda persona, así como de los homosexuales que potencialmente puedan conformar una familia de ser tratados en pie de igualdad y recibir la tutela jurídica y protección legal debida.
Al pretender equiparar en igualdad de derechos y obligaciones al matrimonio y al enlace conyugal con la incorporación de esta última al ámbito local, se ignora que los beneficios materiales y expresivos del matrimonio se encuentran dispersos en todo el sistema jurídico nacional. Dicha circunstancia hace imposible equiparar las figuras jurídicas, por lo que se viola el derecho de igualdad ante la ley.
g) Sexto. Las disposiciones referidas en los decretos, así como la omisión de reformar el artículo 391, restringe y menoscaba el derecho individual y colectivo contenidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, al omitirse incluir a los enlaces conyugales en los supuestos para adoptar menores de edad. Ello vulnera el artículo 4o. constitucional, que protege todos los tipos de familia.
h) Séptimo. La autoridad legislativa ha incurrido en una omisión legislativa en tres ámbitos: primero, al expedir los Decretos 142 y 155 favoreciendo a las parejas heterosexuales respecto de las homosexuales; segundo, al establecer preceptos que excluyen expresa y tácitamente a un grupo de personas "familias homoparentales", respecto de los beneficios que se les concede a las familias conformadas por heterosexuales y, tercero, al regular las instituciones de matrimonios y enlaces conyugales omitiendo un elemento o condición esencial.
La legislación que se combate favorece a que los órganos del poder público establezcan condiciones desiguales ante circunstancias iguales.
20. Sentencia de amparo. Las principales razones que otorgó el Juzgado de Distrito del conocimiento para sobreseer en el juicio de amparo fueron, entre otras, las que siguen:
a) El Juez de Distrito precisó como actos reclamados: i) artículo 147 de la Constitución Local; ii) artículos del Código Civil de Colima; iii) artículos del Código de Procedimientos Civiles de Colima; iv) la omisión legislativa de reformar el artículo 391 del Código Civil Local. Asimismo, precisó, como autoridades responsables, al Congreso Estatal, al gobernador y al secretario general de Gobierno Local.
b) Posteriormente, el Juez realizó un análisis de la procedencia del juicio de amparo y consideró que se daba, en el caso, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo cual, conlleva al sobreseimiento del asunto.
c) Para llegar a dicha conclusión, hizo un análisis de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, y agregó que para la procedencia del juicio de amparo es necesaria una lesión directa en los intereses jurídicos o una afectación indebida derivada de una ley o acto de autoridad.
d) Estableció que cuando una norma -como las combatidas- "por la naturaleza misma de los términos en que es concebida no produce por sí misma un agravio, es lógico que contra ella en ese momento es improcedente el ejercicio de la acción constitucional, porque indudablemente ... permanece ausente la causa próxima de la misma."
e) Luego de transcribir las normas impugnadas, consideró que de la interpretación sistemática y gramatical de las mismas, y de la naturaleza jurídica de las mismas, "todas sin excepción son de naturaleza heteroaplicativa", pues requieren de un acto de aplicación.
f) Por tanto, el quejoso debió justificar, para acreditar el acto concreto de aplicación de las normas, que por ser homosexual en la relación conyugal que pretende establecer, no se le permitió unirse en matrimonio con otra persona. Agregó que la determinación del quejoso como homosexual es una "confesión expresa con plena eficacia", lo cual, sin embargo, no demuestra que el quejoso esté en algún supuesto de las normas combatidas. Añadió que las normas no le producen "por sí solas" agravio alguno al quejoso, sino que su reclamo se basa "únicamente en expectativas y no en situaciones actualizadas y concretas, lo que pugna con la técnica de amparo".
g) En síntesis, las normas impugnadas no afectan el interés jurídico del quejoso, porque siendo heteroaplicativas, no se probó la aplicación en su detrimento, por lo que procede el sobreseimiento.
h) Por otro lado, el Juez de Distrito hace referencia al argumento del quejoso, en cuanto a que las normas impugnadas son autoaplicativas y afectan el interés jurídico legítimo individual de todos los homosexuales. Al respecto, realiza las siguientes consideraciones:
i) La excepción al goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución tienen una excepción, puesto que el ejercicio de los mismos no podrán restringirse ni suspenderse "salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece", y agrega que las normas se interpretarán de conformidad con la ley Constitución y los tratados internacionales. Así pues, si bien la autoridad debe ejercer el control de convencionalidad, ello no implica evitar reglas y disposiciones de amparo. Por tanto, es necesario que se cumpla con los requisitos de admisibilidad exigidos por el derecho interno.
j) En consecuencia, al ser un principio de procedencia que las normas reclamadas causen perjuicios en la esfera jurídica del justiciable y como, para en el caso, se requiere la existencia de un acto de aplicación, se considera infundado el argumento del quejoso.
k) Finalmente, respecto del acto reclamado referente a la omisión legislativa de reformar el artículo 391 del Código Civil Local, el Juez consideró que se actualizaba la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues consideró que el juicio de amparo es improcedente contra una omisión legislativa.
21. Recurso de revisión. En el apartado de agravios, el recurrente sostuvo los razonamientos que se sintetizan a continuación:
a) Primero. Le agravia la indebida apreciación de la demanda, con violación del artículo 78 de la Ley de Amparo, que obliga a apreciar el acto reclamado como fue emitido y faltando a los principios de congruencia y exhaustividad. El sobreseimiento se fundó exclusivamente en la ausencia de interés jurídico del quejoso y el Juez pasó por alto que el quejoso alegó ser titular de interés legítimo.
Los decretos impugnados contienen normas de carácter general que son lesivas de sus derechos humanos, pues sus efectos jurídicos irradiados colateralmente le privan de múltiples beneficios por la situación de homosexual del quejoso y trae consigo una afectación a su esfera jurídica, tal como expresó en su demanda de amparo.
b) Segundo. Se viola en su perjuicio el derecho humano de acceso a la justicia, garantías de audiencia y tutela jurisdiccional, de conformidad con los artículos 14 y 17 constitucionales, y con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, el Juez natural está legalmente obligado a interpretar el derecho interno y los tratados internacionales, acorde con el principio pro persona, ejerciendo el control de convencionalidad, sin supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, irrazonables y carentes de proporcionalidad.
c) Tercero. El Juez de Distrito violó el principio de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y el principio pro persona. Si bien existe la obligación constitucional de velar por la interpretación más extensiva, en el caso concreto, el Juez inobservó tales principios e impuso formalidades carentes de razonabilidad que obstaculizaron la tutela de los derechos humanos.
22. La materia del presente asunto consiste en evaluar si fue correcta la determinación de sobreseimiento establecida en la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, consistente en la falta de interés legítimo del quejoso para impugnar las normas modificadas y adicionadas por los Decretos 143 y 155, relativas al artículo 147 de la Constitución Local, a 116 artículos del Código Civil y a 12 del Código de Procedimientos Civiles Locales, determinación que se basó en la premisa de que se trata de normas heteroaplicativas, por lo que era necesario que el quejoso demostrara la existencia de un acto de aplicación. Dicha sentencia concluyó que el quejoso no demostró que, al tratar de celebrar el contrato de matrimonio, la autoridad correspondiente se hubiera negado a realizarlo. Añadió que, atender a los alegatos del quejoso, implicaría autorizar el ejercicio de una acción fundándola "únicamente en expectativas y no en situaciones actualizadas y concretas".
23. Para combatir lo anterior, el quejoso desarrolla la línea de argumentación consistente en que la legislación combatida implica un acto de discriminación y violación al derecho de igualdad y no discriminación, y a la dignidad humana, derechos reconocidos en la Constitución Federal, a favor de quienes se identifican con una orientación sexual diferente a la heterosexual.
24. Para contestar los motivos de agravio de los recurrentes, esta Primera Sala estima necesario abordar, primeramente, el concepto de interés legítimo, necesario para lograr la procedencia del juicio de amparo, introducido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, a partir de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011. Al respecto, si bien ya existen criterios generales construidos en los precedentes de esta Suprema Corte que han ido delimitando su alcance, la interpretación del mismo es una tarea progresiva que impulsa a esta Suprema Corte a que, en el presente caso, reitere una clasificación jurisprudencial derivada de la resolución de casos, cuyo centro gravitacional era el concepto de interés jurídico, a saber, las normas autoaplicativas y heteroaplicativas.
25. La categoría conceptual que distingue ambos tipos de normas se ha utilizado para ordenar los efectos de las normas generales sobre la esfera de derechos de las personas, es decir, dicha distinción se estableció sobre la base del umbral de trascendencia de una norma a un derecho subjetivo (interés jurídico). Por tanto, se estableció que algunas normas generan perjuicio desde su entrada en vigor, mientras que otras requieren de un acto de aplicación.
26. Así pues, frente a la impugnación del recurrente en el presente caso, es necesario abordar el tema de las condiciones de aplicación del concepto de interés legítimo en el amparo contra leyes, lo cual requiere una evaluación del esquema jurisprudencial construido para ordenar las posibilidades de afectación de las normas en las personas.
27. El desarrollo de las consideraciones de la Primera Sala en este apartado se dividirá en los siguientes puntos: (a) se repasarán los criterios existentes sobre el concepto de interés legítimo; (b) se analizará el marco conceptual de las normas heteroaplicativas y las autoaplicativas; (c) se propondrá una adaptación conceptual de este criterio de clasificación al concepto de interés legítimo; y, (d) se analizará el caso concreto para determinar si los quejosos tienen interés legítimo para impugnar la ley combatida, para lo que se analizará la naturaleza particular de la afectación de la estigmatización generada por una norma que transmite un mensaje discriminatorio.
a) Interés legítimo
28. El artículo 107, fracción I, constitucional(1) establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico.
29. Dicha norma constitucional establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico.
30. Al respecto, esta Primera Sala se ha pronunciado sobre el significado constitucional del concepto de interés legítimo, al resolver el amparo en revisión 366/2012, el cinco de septiembre de dos mil doce.(2) En dicha ocasión, esta Sala precisó que el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple.
31. El interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Así, se concluyó que el interés legítimo es aquel interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso.
32. En el precedente citado también se diferenció al interés simple o jurídicamente irrelevante como aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado y, por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Al respecto, resulta aplicable la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE."(3)
33. Del anterior párrafo se desprende que el interés legítimo debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra.(4)
34. Además, esta Primera Sala, en la contradicción de tesis 553/2012,(5) estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio personal e indirecto(6) -en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico-.
35. De lo anteriormente expuesto, esta Sala concluyó que los Jueces constitucionales deben considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas en cada caso, pues justamente, por la intensidad del intercambio de negocios jurídicos en un Estado constitucional de derecho, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que resientan los quejosos -de manera indirecta, pero con la entidad suficiente para afirmar la existencia de un agravio personal-, que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate. Para ello, no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados.(7)
b) Normas autoaplicativas y heteroaplicativas
36. Uno de los rasgos definitorios del juicio de amparo -que lo caracterizan como un medio de control constitucional- es su aptitud para proceder contra leyes, incluso, cuando no exista un acto de aplicación concreto. Así, el denominado amparo contra leyes reconoce el derecho de las personas a oponerse a las mayorías legislativas cuando estimen que han sobrepasado los límites de lo decidible en una democracia constitucional.
37. El fundamento de la división conceptual entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas se encuentra en el requisito constitucional, contemplado en el artículo 107, fracción I, de que el amparo sólo procede a instancia de parte agraviada, pues se requiere que el acto reclamado genere una afectación a un interés legítimo o a un interés jurídico. Como el amparo también procede contra normas generales, los Jueces de amparo requieren verificar este presupuesto de afectación cuando se impugnen leyes.
38. Este requisito atiende a la naturaleza de las funciones del Poder Judicial, que permite preservar el principio de división de poderes, pues la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de leyes, al grado de no exigir más que un interés simple, podría generar el desbordamiento del papel a que están llamados a desempeñar los Jueces y las Juezas en una democracia representativa, como es aquella limitada a resolver casos o controversias mediante la aplicación del derecho y no analizar la bondad de las leyes en abstracto.
39. Así, la procedencia del juicio constitucional contra leyes, por simple oposición o disidencia ideológica, sin mediar la violación a un derecho de las personas, vaciaría el sistema de pesos y contrapesos contemplado por nuestra Constitución, de lo que se deriva el deber de los Jueces y Juezas de verificar cuidadosamente que la función de control constitucional que ejerzan sea activada sólo cuando se actualice el principio de agravio de parte.
40. El actual contenido del artículo 103, fracción I, constitucional establece que los tribunales de la Federación resolverán, entre otras cuestiones, las controversias que se susciten por normas generales que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
41. Por tanto, si las normas generales pueden combatirse en el juicio constitucional por vulnerar derechos humanos, la procedencia de la acción se condiciona a la existencia del principio de agravio. Así, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El segundo párrafo de la fracción XIV de dicho artículo, que contiene como causal de improcedencia el consentimiento tácito, establece que "No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso."
42. Por tanto, el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos y/o garantías constitucionales, cuando exista un principio de afectación, para lo cual, en la ley se contemplan dos momentos posibles: a) por su sola entrada en vigor; y, b) cuando existe un acto de aplicación.
43. Así, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, la jurisprudencia de esta Suprema Corte introdujo la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general.
44. En la actualidad -desde la Novena Época- el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido, desde entonces, la noción de norma autoaplicativa, como aquella norma que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de "autoejecución", con la cual se explicaba esta categoría de normas. En este orden de ideas, el concepto de distinción se basa en la noción de contenido normativo condicionado: Si se trata de un contenido normativo incondicionado, la norma es autoaplicativa. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa.
45. El criterio de clasificación de heteroaplicabilidad y autoaplicabilidad es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, legítimo o simple, el concepto de individualización incondicionada no es apto, por sí

References: artículo 147
 artículo 1
 artículo 391
 artículo 73
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 147
 artículo 391
 artículo 4
 artículo 147
 artículo 391
 artículo 61
 artículo 391
 artículo 61
 artículo 78
 artículo 61
 artículo 107
 artículo 147
 artículo 107
 resolución 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 103
 artículo 61
 artículo 5