Source: https://es.scribd.com/doc/17297440/106/Sinopsis-articulo-111
Timestamp: 2016-02-09 18:35:00+00:00

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Sinopsis artículo 111 for sinopsis CE
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1. Rasgos definitorios de las preguntas e interpelaciones
a) concepto jurídico y sentido político
Preguntas e interpelaciones constituyen instrumentos de información de los Parlamentos. A
través suyo los miembros de las cámaras pueden obtener esclarecimiento sobre todo lo que hace o
deja de hacer el Gobierno y la Administración.
Las preguntas parlamentarias nacieron en el Parlamento de Inglaterra durante el siglo XVIII.
Durante la centuria siguiente se consolidaron como un instrumento típico del poder de vigilancia del
Parlamento sobre el Gobierno y desde allí se extendieron a otros muchos países, hasta el punto de
devenir un rasgo típico de los sistemas parlamentarios. Las interpelaciones surgieron en la Francia
revolucionaria (Constitución de 1971) y a lo largo del siglo XIX se consolidaron como uno de los
mecanismos más poderosos de la representación popular para fiscalizar y debatir la actuación del
Las preguntas y las interpelaciones permiten, como queda dicho, obtener información y
explicación sobre las distintas cuestiones responsabilidad del Gobierno. Ambas están asociadas al
control del Parlamento sobre el Gobierno. Son procedimientos característicos del sistema
parlamentario y de claro valor democrático.
Por un lado, el hecho de saberse vigilado a través de dichos procedimientos previene no pocos
abusos. Sometido a un régimen de transparencia, el Gobierno se sentirá menos propenso a adoptar
ciertas decisiones que en otro caso se darían. Incluso, al airear ante la opinión pública los errores y
deficiencias del Gobierno se establece un medio de forzarle a la rectificación de decisiones ya
tomadas. Por otro lado, preguntas e interpelaciones permiten el ejercicio responsable del poder,
auténtico puntal del Estado de Derecho. A través suyo los diputados de la oposición sacan a relucir
los puntos débiles del Gobierno y permiten a los ciudadanos conocer y formarse un juicio
contrastado sobre la actuación de la mayoría. Todo ello con vistas a reiterarle o retirarle la confianza
b) diferencia entre preguntas e interpelaciones
Siendo preguntas e interpelaciones procedimientos de información o fiscalización, sus
diferencias estriban más en elementos formales o cuantitativos que en puros elementos materiales o
cualitativos. Las preguntas deben formularse respecto a cuestiones concretas y determinadas, o que
no tengan una destacada importancia política, mientras que las interpelaciones tienen su campo de
aplicación en las cuestiones de mayor trascendencia política o de contenido muy amplio, como son
las que están relacionadas la acción política general o de un departamento.
Esto explica que no haya una separación nítida y segura entre uno y otro procedimiento.
Aspectos que en momentos normales se despachan con una pregunta pueden convertirse en objeto
de una interpelación de concurrir ciertas circunstancias.
En consonancia con esa diferencia, las preguntas encierran sólo un pequeño y breve diálogo
entre el parlamentario autor de las mismas y el ministro afectado. En cambio, las interpelaciones
suelen tener un desarrollo más amplio al provocar un debate en el que pueden intervenir otras
personas además de las mencionadas. Y es que el interés más reducido o concreto de las primeras
permite su más rápida contestación, mientras que la mayor sustantividad de las segundas despierta
el deseo de otros sectores de la cámara en participar y hacer valer su punto de vista, lo que propicia
la apertura de un debate más amplio.
c) clases de preguntas
Preguntas e interpelaciones nacieron como un procedimiento oral.
Sin embargo, en el caso de las preguntas, el éxito cosechado, producto de su elevadísimo
número, trajo consigo retrasos para su exposición. De ahí la búsqueda de nuevas vías de expresión
que asegurasen la pronta satisfacción de la curiosidad de los parlamentarios sin merma del adecuado
despacho de los restantes asuntos. Es entonces cuando aparecen las preguntas de contestación
escrita, particularmente idóneas para el tratamiento de cuestiones técnicas o complejas. Consisten
en que la demanda de información y la contestación gubernamental, en vez de exponerse en los
debates, se producen por escrito, mediante ciertos procedimientos de publicidad. Ya durante el siglo
XX varios Parlamentos crean boletines para la inserción y difusión de estas preguntas.
Más recientemente, algunas cámaras han creado una variante de las orales, como son las de
carácter urgente, que se caracterizan por anteponerse a las demás en razón de afectar a cuestiones de
actualidad. Generalmente se presentan sobre aspectos en que la opinión pública siente particular
interés y en los que, por tanto, la observancia del turno regular provocaría la frustración de ese
Otros Parlamentos, como el español, diferencian a su vez entre las preguntas de contestación
ante la cámara y ante las comisiones.
2. la formulación de preguntas en las Cortes
El "question time" es el espacio de tiempo dedicado a la exposición y contestación de las
preguntas en la británica Cámara de los Comunes. Abarca los primeros cincuenta minutos de cada
sesión. En otros parlamentos se reserva una sesión a estos mismos efectos. Tal es el caso de la
Asamblea Nacional y el Senado en Francia.
El artículo que se comenta se remite a los reglamentos de las cámaras, pero obligando a que
exista "un tiempo mínimo semanal".
El título IX del Reglamento del Congreso de los Diputados de 1982 regula la formulación de
preguntas e interpelaciones. Dentro de las primeras se diferencia entre las de contestación oral
(preguntas orales) y las de contestación escrita (preguntas escritas). A su vez las orales se
subdividen en de contestación en pleno y en comisión. El diputado interrogante puede escoger
libremente entre cualquiera de estas variantes. Pero si no indica nada al presentarlas se entenderá
que opta por recibir contestación escrita, y si callase sobre el tipo de las orales se tramitarán como
de contestación en comisión (art. 187). En cualquier caso, todas ellas han de presentarse por escrito
ante la Mesa de la cámara (art. 186.1), precepto que obedece a la necesidad de que el Gobierno
tenga un elemento fiable sobre el que preparar su respuesta.
Se prevé la reserva de dos horas como tiempo mínimo para la formulación de preguntas e
interpelaciones, pero solo con carácter general y con relación a las semanas en que exista sesión
ordinaria (art. 191). Téngase en cuenta que aunque lo normal es que las sesiones de los miércoles
(de las semanas en que se celebren sesiones) reserven una hora al "question time", hay casos en que
el orden del día se reserva exclusivamente a temas considerados prioritarios, como investidura,
debates sobre el estado de la nación, sobre las cumbres de la Unión Europea, presupuestos generales
del Estado, etcétera.
La regulación de este tipo de preguntas es muy acertada pues se obliga a su exposición y
contestación rápidas, evitando prolijidades y permitiendo la explanación de muchas en un reducido
espacio de tiempo: su exposición debe ceñirse a la escueta y estricta formulación de una pregunta
(art. 188.1), reduciéndose a cinco minutos (art. 188.3) el tiempo para los cuatro turnos en que puede
dividirse cada una (exposición, contestación, réplica y dúplica). El diputado y el ministro
interrogado pueden distribuir los dos minutos y medio que les corresponde como deseen entre sus
dos turnos. Esta reglamentación ha sido completada por la Resolución de la presidencia del
Congreso, de 18 de junio de 1996, sobre desarrollo del artículo 188 del Reglamento. Entre otras
cosas se establece que el número máximo de preguntas a incluir en el orden del día es de
veinticuatro y que cada grupo parlamentario tendrá derecho a incluir al menos una.
Además, esta resolución de 1996 introduce dos turnos especiales para las preguntas orales ante la
cámara. Ambos aparecen fuertemente protagonizados por los grupos parlamentarios. El primer
turno especial persigue posibilitar un inmediato debate sobre acuerdos adoptados por el Consejo de
Ministros. A tal efecto se exige que la pregunta se presente por el grupo parlamentario antes de las
veinticuatro horas del viernes en que el consejo ha tenido lugar, debiendo conllevar la sustitución de
una de las preguntas incluidas en el turno ordinario de la sesión plenaria de la siguiente semana. El
segundo turno especial se refiere a las preguntas de actualidad. Implica también la sustitución de
una pregunta del turno ordinario a requerimiento de un grupo parlamentario. Pero tiene que afectar
a hechos o circunstancias de especial actualidad o urgencia que no hayan podido ser objeto de
pregunta en los plazos ordinarios. Tienen que presentarse antes de las doce horas del lunes de la
semana en cuya sesión plenaria se pretenda exponerla. Y están sujetas a su aceptación unánime por
la Junta de Portavoces y por el propio Gobierno.
Las preguntas orales en comisión pueden contestarse no sólo por los ministros, como ocurre con
las formuladas en el pleno, sino también por los secretarios de Estado y subsecretarios. No puede
interpretarse esta regulación como una quiebra de la Constitución, en la medida que ésta sólo
contempla la contestación por los miembros del Gobierno, pues se trata simplemente de una nueva
vía abierta por el reglamento que no empece la aplicación en sus términos de la aquélla. Por lo
demás, aquí los turnos de exposición se extienden ampliamente: nada menos que diez minutos para
la exposición y otros tantos para la contestación y cinco minutos para las réplicas (art. 189) .
Las preguntas escritas son, con mucho, las más utilizadas en la práctica. La respuesta debe
remitirse por el Gobierno dentro de los veinte días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, pero con posibilidad de prórroga a instancia del Gobierno. A título de
sanción se dispone que, en caso de incumplimiento de dicho plazo, el diputado puede interesar la
inclusión de la pregunta en el orden del día de la siguiente sesión de la comisión competente (art.
Un procedimiento especial se aplica a las preguntas dirigidas al ente Radiotelevisión Española.
Las contesta su director general o un representante de su Consejo de Administración en el marco de
la Comisión de control de RTVE. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la disposición final quinta del
Reglamento y la Resolución de la presidencia de 14 de diciembre de 1983.
La regulación del Reglamento del Senado de 1982 es muy parecida a la de la otra cámara, razón
por la que sólo nos referimos a los puntos en que existe alguna diferencia. Para las preguntas orales
en sesión plenaria se reservan, en principio, los primeros sesenta minutos, lo que se interpreta
referido a la primera de las sesiones semanales que celebra el Senado. Se obliga a formular las
preguntas desde el escaño, otorgando tres minutos al senador interrogante y otros tantos al ministro
que ha de responder (art. 167). Se prevé la presentación de preguntas urgentes, que se anteponen en
su exposición a otras de fecha anterior (art. 163). Según la Norma supletoria de 6 de diciembre de
1984, estas preguntas deben presentarse antes de las doce horas del martes de la semana anterior a
aquella en que se solicite su respuesta y, en casos excepcionales, pueden admitirse otras presentadas
con tan sólo veinticuatro horas de antelación.
Para las preguntas de contestación oral en comisión se contempla su posible contestación por los
3. Formulación de interpelaciones
En consonancia con la ya aludida mayor sustantividad de las interpelaciones, el Reglamento del
Congreso dispone que deberán versar "sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo
en cuestiones de política general, bien del Gobierno o del algún Departamento Ministerial",
atribuyendo a la Mesa de la cámara un poder de calificación para admitir a trámite sólo las que se
ajusten a los caracteres advertidos. Ésta, en caso de que su contenido no sea propio de una
interpelación, se lo comunicará al autor de la iniciativa para su conversión en pregunta (art. 181).
El debate es también más amplio que el de las preguntas: diez minutos para cada uno de los
turnos de exposición y de contestación gubernamental, cinco para los de réplica y otros cinco para
los portavoces de los grupos parlamentarios (art. 183).
Debe tenerse en cuenta que el Reglamento del Congreso regula también otros procedimientos,
como las sesiones informativas con miembros del Gobierno (arts. 202 y 203), que cumplen la
misma función informativa o fiscalizadora y se desarrollan con arreglo a unas pautas muy
Las interpelaciones en el Senado aparecen reguladas en forma muy cercana a la del Congreso.
Como peculiaridades merecen reseñarse los turnos más amplios, de quince minutos para el
interpelante y el ministro afectado (sin perjuicio del derecho general de réplica) (arts. 170-173 del
Reglamento del Senado) y la previsión de interpelaciones urgentes, que determinan un acortamiento
de los plazos para su exposición, según lo dispuesto en la Norma supletoria para el desarrollo del
artículo 171.2 del Reglamento, de 6 de diciembre de 1984, modificada el 23 de octubre de 1985.
4. Significado de las mociones
Las mociones son acuerdos sin carácter normativo, consistentes en la expresión de un mandato o
de una aspiración de una cámara para que el Gobierno actúe en un determinado sentido.
Se trata de una figura genérica y que, según los países, se conoce con nombres diversos:
mociones, proposiciones no de ley, órdenes del día, resoluciones, recomendaciones, etcétera. En
todo caso, se caracterizan por ser decisiones de una sola cámara, que se perfeccionan por su mera
adopción, sin necesidad de sanción o promulgación. No se integran ni son parte del Derecho
positivo. En consecuencia carecen de la fuerza de obligar de las leyes y no pueden invocarse ante
terceros. Como escribió PIERRE, "los órdenes del día -equiparables a nuestras mociones-
adoptados por cada una de las cámaras tienen, para el gabinete, el valor de una indicación moral,
sirven para dirigir su política". Por tanto, son manifestaciones de carácter político, dimensión en la
que pueden tener un gran peso.
Durante buena parte del siglo XIX las mociones tuvieron una importancia considerable, pues
entre otras cosas servían para mantener o denegar de forma implícita la confianza parlamentaria.
Como cualquier votación de las asambleas en asuntos de cierta importancia (leyes, presupuestos del
Estado), las votaciones de mociones tenían aparejada esta consecuencia, de tal forma que si se
aprobaba una moción declarando la insatisfacción con la conducta, o con las explicaciones dadas
por el Gobierno durante una interpelación, o estableciendo unas conclusiones contrarias a su
posición, el corolario era la presentación de la dimisión gubernamental.
Posteriormente, estas consecuencias fueron diluyéndose y la importancia de las mociones
decreciendo, pues la introducción del parlamentarismo racionalizado supuso que sólo a través de
muy concretos y específicos procedimientos cabía derribar al Gobierno. Tal es el caso de la moción
de censura constructiva, como la recogida en el artículo 113 de la Constitución. La retirada de la
confianza ya no podría expresase de modo implícito, por lo que la aprobación de una moción
contraria a la postura gubernamental no obligaba legalmente al Gobierno a dimitir, sino que esta
medida quedaba sujeta a su discreción y en función de las circunstancias políticas.
En realidad las mociones claramente contrarias al Gobierno se hacen difícilmente viables. En la
medida que la mayoría parlamentaria se mantenga cohesionada con el mismo, serán rechazadas. Y
si se aprueban es porque seguramente se ha quebrado esa cohesión y entonces el problema adquiere
mayor gravedad: no es tanto la aprobación de una moción adversa al Gobierno lo que puede
provocar su dimisión, sino la constatación de que se encuentra falto de los apoyos necesarios para
Las mociones pueden ser subsiguientes o no al debate de las interpelaciones. En ocasiones tienen
un origen independiente.
5. Las mociones en las Cortes
El apartado 2 del artículo comentado trata de garantizar una vía para que las cámaras puedan
dirigir mociones al Gobierno, impidiendo que los reglamentos parlamentarios puedan limitar esta
posibilidad. No ha de olvidarse que las mociones, si bien no son ius cogens, tienen al menos una
fuerza moral respecto al Gobierno, por lo que si éste no cumple lo en ellas dispuesto podrá ser
acusado ante la opinión pública de no respetar la voluntad de los representantes populares. En
definitiva, puede producirse una sanción política, no jurídica.
Pero es claro que, a través de la constitucionalización de las mociones ordinarias, no se ha
pretendido establecer un cauce adicional para exigir responsabilidad política al Gobierno. Sólo la
aprobación de una moción de censura o la pérdida por el Gobierno de una cuestión de confianza
obliga a éste a dimitir (art. 114). La simple aprobación de una moción contraria a la postura
gubernamental no lleva aparejada esta sanción.
No obstante, la aprobación de una moción discordante con la posición del Gobierno puede dejar
a éste en situación desairada que le lleve voluntariamente a dimitir, en uso de la facultad contenida
en el artículo 101.1. Esta dimisión, repetimos, nunca será obligada jurídicamente, pero podrá
adoptarse libremente por el presidente del ejecutivo cuando estime que el resultado de la votación
ha dejado al gabinete en una situación precaria.
Sin embargo, como demuestran los veinticinco años de vida constitucional, resulta difícil que en
la práctica pueda aprobarse una moción que resulte gravemente comprometedora o desfavorable
para la postura del Gobierno, único supuesto que explicaría la dimisión voluntaria, habida cuenta
que la estricta disciplina de los grupos parlamentarios produce una homogeneidad entre el Gobierno
y la mayoría de la cámara. Ésta difícilmente aprobará una moción que resulte perjudicial para el
Gobierno, al que apoya.
El Reglamento del Congreso de los Diputados regula separadamente las proposiciones no de ley
(arts. 193-195), que no son otra cosa que mociones desligadas de toda interpelación previa, y las
mociones propiamente dichas, que son las presentadas como conclusión del debate de una
interpelación previa (art. 184). Sin duda, el deseo de ser respetuosos con la previsión del artículo
constitucional estudiado explica el matiz diferencial. Pero que entre las dos figuras no existe
diferencia básica lo revela el que el artículo 184.3 se remite al régimen de las proposiciones no de
ley para el debate y votación de las mociones.
La regulación de las mociones propiamente dichas refleja el generalizado predominio de los
grupos parlamentarios en la vida interna de las asambleas. Así como las interpelaciones pueden
presentarse por cualquier diputado, las primeras quedan reservadas al grupo parlamentario
interpelante o a aquel al que pertenezca el firmante de la interpelación. De otra parte, la moción, una
vez admitida, debe incluirse en la siguiente sesión plenaria, con la particularidad de que pueden
presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la misma. Esta posibilidad también
existe en el caso de las proposiciones no de ley, confirmando así su común naturaleza. El debate se
sustancia en la intervención de los representantes de los grupos que hubiesen presentado enmiendas,
seguida de aquellos que no lo hubiesen hecho. El grupo proponente de la proposición no de ley (y
de la moción) tiene derecho a manifestar si acepta alguna de las enmiendas presentadas. Si es así, la
proposición no de ley (o la moción) se entiende corregida en el sentido postulado por la enmienda o
enmiendas y, acto seguido, se somete a votación por la cámara.
Por su lado, el Reglamento del Senado de 1982 mantiene a favor del interpelante la facultad de
presentar una moción (art. 173.2). No estableciéndose una norma peculiar al efecto, estas mociones
deben tramitarse con arreglo a las normas generales de este tipo de actos parlamentarios. Sin
embargo, la Norma supletoria de la presidencia del Senado, de 30 de noviembre de 1993, introduce
una regulación específica, caracterizada por la reducción de la duración de los turnos de palabra en
comparación con los de las mociones generales.
6. Resumen de preguntas, interpelaciones y mociones presentadas
CONSTI LEGII LEGIII LEGIV LEGV LEG VI
Preguntas orales al Gobierno
Preguntas orales a RTVE
Preguntas escritas al Gobierno
Preguntas escritas a RTVE
En cuanto a bibliografía cabe señalar los trabajos de Molero, Nocilla, Pierre o Santaolalla entre

References: artículo 111
 Resolución 
 artículo 188
 resolución 
 Resolución 

artículo 171
 artículo 113
 artículo 101
 artículo 184