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Timestamp: 2017-10-19 23:29:22+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 654/2010 de 20 de mayo. Cesión ilegal. Fundación universitaria. Consejería de empleo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 654/2010 de 20 de mayo
Cesión ilegal de trabajadores: Bajo la apariencia de beca formativa para la inserción laboral. De la Fundación universitaria a la Consejería de industria, consumo y nuevas tecnologías. Inexistencia de relación laboral con la Fundación cedente, pero sí con la Consejería cesionaria. El cese de la demandante constituye un despido improcedente.
En el recurso de suplicación interpuesto por DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO-CONSEJERÍA DE EMPLEO INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS contra Sentencia de fecha 11 de mayo de 2009 dictada en los autos de juicio n.º 0001464/2008 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por D./Dña. Marisol, contra Fundación Canaria Universitaria Las Palmas y Dirección General de Consumo, Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
Primero.-DOÑA Marisol, Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue seleccionada con beca, desde el 8 de noviembre de 2007 al 7 de noviembre de 2008, como consecuencia de la Convocatoria de Becas de Inserción Laboral de la FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS para el año 2007, siendo su objeto fomentar la inserción laboral de los egregados de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria, a través de períodos de formación teórico práctica en empresa o entidades.
Segundo.-La actora, en el período comprendido entre el 8 de noviembre de 2007 hasta el 7 de noviembre de 2008, realizó con éxito las siguientes funciones:
Tratamiento y mecanización de datos.
Actualización jurídica y creación de formularios tipo.
Gestión y elaboración de informes- propuestas de Resoluciones de Recursos contra expedientes sancionadores por infracciones administrativas en materia de consumo.
Gestión y elaboración de informes- propuestas de Resoluciones de Recursos de reposición contra actos de recaudación de sanciones administrativas.
Tercero.-El horario de la actora era de las 08:00 horas a las 15:00 horas, coincidiendo con el del resto del personal de la Dirección General de Consumo.
Cuarto.-La FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS abonaba a DOÑA Marisol la cantidad de 666,67 euros mensuales.
El salario que corresponde a un Técnico de Grado Superior (Grupo A) asciende a 90 euros diarios.
Quinto.-La actora desempeñaba sus funciones en las dependencias del Servicio de Ordenación y Consumo dependiente de la Dirección General de Consumo, Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Canarias; recibía ordenes de la Jefatura del Servicio de Ordenación y Consumo de Las Palmas de Gran Canaria; realizaba las mismas funciones que los Técnicos de Grado Superior; disponía de autorización para utilizar plaza de garaje en el Edificio de Servicios Múltiples III de esta capital disfrutaba y participaba de las vacaciones y permisos como el resto del personal del Servicio Administrativo; disponía de correo electrónico corporativo; se relacionó, exclusivamente, con personal de la Fundación en dos ocasiones, como consecuencia de las visitas de seguimiento de las que fue objeto; sus funciones, en definitiva, eran permanentes, concretas y las propias del Servicio a que quedó adscrita por su beca.
Sexto.-La actora no es ni ha sido representante de los trabajadores.
Séptimo.-Se interpuso reclamación previa, la cual fue desestimada por Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de fecha 17 de diciembre de 2008.
Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por DOÑA Marisol frente a FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS y DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO, CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS, sobre DESPIDO, debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración, a que, por tanto, a su opción, readmita a la demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la cantidad de cuatro mil cincuenta euros (4.050 euros), debiendo abonar, en ambos casos, los salarios de tramitación desde el día siguiente al de la fecha de despido, 7 de diciembre de 2008, y hasta la notificación de la presente sentencia; debiendo advertir por último a la empresa demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DÍAS SIGUIENTES a la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.
Tercero.-La parte actora solicita rectificación de la misma respecto de la fecha del despido.Las partes demandadas solicitan aclaración respecto a especificar cuál de las demandadas es la condenada.
Con fecha 20 de julio de 2009 se dicta Auto resolviendo la aclaración solicitada, en el que en su parte dispositiva DICE: Que estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Dña Marisol frente a FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO, CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS, sobre DESPIDO, debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración y a que la Dirección General de Consumo, Consejería de Empleo Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a su opción, readmita a la demandante Marisol, en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la cantidad de cuatro mil cincuenta euros (4050 euros), debiendo abonar, en ambos casos, los salarios de tramitación desde el día siguiente al de la fecha de despido 7 de noviembre de 2008, debiendo advertir por último a la demandada Dirección General de Consumo, Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias que la opción señalada, habrá de efectuarse ante el Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión. La entidad Fundación Canaria Universitaria Las Palmas responderá solidariamente de las obligaciones contraídas con el actor y con la Seguridad Social.
Se mantiene en su integridad el resto de lo acordado en la Sentencia dictada.
Primero.-En la demanda origen de autos, interpuesta por D.ª Marisol y dirigida contra la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y la Dirección General de Consumo -Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias- se plantearon tres cuestiones:
1.- Naturaleza del vínculo dimanante de la aceptación por la actora de beca formativa de inserción laboral concedida por la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas para recibir formación de tipo teórico-práctico en la entidad Gobierno de Canarias Dirección General de Consumo.
2.- Posible concurrencia de mecanismo interpositorio.
3.- Calificación del cese de la actora.
La sentencia de instancia afirma la existencia de vinculación laboral y cesión ilegal, califica despido improcedente el cese y condena solidariamente a las codemandada a la asunción de sus consecuencias.
Mostrando disconformidad la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias formaliza escrito de recurso, impugnado por la dirección legal de la actora
Segundo.-Alegando indefensión, la recurrente denuncia transgresión de los artículos 218, 316, 389 y 392 LEC, 4.2,80 d y 81 LPL, 10.2 LOPJ y 24 CE, al incurrir la resolución de instancia en:
a) Falta de motivación y error en la valoración de la prueba al asentar la Juzgadora su convicción en la testifical propuesta por la actora, sin justificar la razón por la que priva de valor a las declaraciones de los testigos propuestos por Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, que, además, resultaron concordes con la documental aportada por las codemandadas.
b) Falta de exhaustividad por ausencia de pronunciamiento expreso, en la parte dispositiva de la sentencia, sobre las cuestiones de las que la jurisdicción social ha de conocer con carácter previo al reconocimiento o no de la existencia de una relación indefinida entre la demandante y la Administración (si la actora ha superado algún proceso selectivo de acceso, con carácter indefinido, a la Administración, si la actora ha acreditado su mérito y capacidad para acceder a tal condición, las consecuencias de la no concurrencia de tales presupuesto), y sobre la existencia o no de cesión ilegal de trabajadores.
- La obligación del Órgano Judicial de motivar el "factum" de su sentencia (art. 97.2 LPL, 248.3 LOPJ, 120.3 CE) actúa en garantía del ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio y como elemento preventivo de la arbitrariedad. Esta obligación, sin embargo, no debe ser entendida en el sentido de que coarte la libertad del Juzgador en la formación de su convicción o de que le imponga una extensa y prolija redacción. Basta, en términos generales, con que la motivación fáctica -y la jurídica- sea suficiente. En suma, el mandato legal no obliga al Juez a argumentar sobre todos los medios de prueba aportados al proceso, de tal forma que haya de precisar el valor que otorgue a cada uno de ellos, sino que basta que exponga su convicción.
En el concreto caso que nos ocupa en el que se denuncia el fraudulento recurso a la beca para la obtención de mano de obra barata, la Juzgadora huye de los datos ofrecidos por la documentación aportada -al constituir el instrumento para otorgar cobertura formal a la desviada actuación- y forma su convicción con las declaraciones de aquellos testigos que, entiende, le informan de la verdad material de lo acontecido.
Así resulta claramente de la fundamentación jurídica de la sentencia.
- La decisión de las cuestiones prejudiciales y previas ha de efectuarse en la fundamentación de la sentencia, no en su fallo, reservado a la resolución de las pretensiones deducidas.
No concurre infracción de ninguno de los preceptos procesales invocados.
El motivo de nulidad ha de ser desestimado.
Tercero.-En relación con el relato de hechos probados interesa la recurrente, con el sustento documental que cita, la modificación de los siguientes ordinales:
1.- Segundo, para el que propone la siguiente redacción:
"Según hizo constar la propia actora en su Memoria semestral, la misma realizaba las siguientes funciones:
- Formación interna del servicio
- Colaborar en la resolución de recursos contra expedientes sancionadores por infracciones administrativas en materia de consumo.
- Participar en la elaboración de bases de datos
- Realizar informes jurídicos
- Colaborar en la actualización jurídica y creación de formularios tipos
En dicha memoria, la demandante añade: "La evaluación que tengo de periodo de prácticas realizado es muy positiva, en tanto en cuanto considero que los objetivos de aprendizaje propuestos han contribuido a mejorar mi formación jurídica en el ámbito del Derecho Administrativo, y en particular, me ha permitido profundizar en una materia muy especifica como es el Derecho de los Consumidores y Usuarios. A medida que he ido perfeccionando mis capacidades y competencias profesionales, simultaneando el estudio y la práctica, he asumido nuevos objetivos como son colaborar en la emisión de informes jurídicos y en la actualización y creación de formularios tipo".
En la memoria final obrante al Folio 109 de autos, la demandante señala: "La evaluación del periodo de beca de inserción laboral realizado en el Servicio de Ordenación y Consumo del Gobierno de Canarias es muy positiva, considerando que los objetivos de aprendizaje propuestos han contribuido a mejorar mi formación jurídica en el ámbito del Derecho Administrativo, y en particular, me han permitido profundizar en una materia muy especifica como es la del Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho de los Consumidores y Usuarios".
En cuanto a la formación teórica, la actora realizó seis cursos durante el periodo de la beca. El tiempo dedicado a la formación teórica fue igual o superior al 10% de su horario.
D. Jose Daniel, técnico de la FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, realizó dos visitas de seguimiento a la actora".
2.- Tercero, con el tenor:
"El horario de la actora era de 8.00 a 15.00 horas, coincidiendo con el resto del personal de la Dirección General de Consumo. En virtud del apartado 2 del compromiso de aceptación de la beca, el becario debía aceptar los horarios y normas de la entidad de acogida. La demandante, quien se había comprometido a informar a la FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS de cualquier incidencia, modificación o incumplimiento del programa formativo establecido, no comunicó, durante el año de duración de la beca, la existencia de ninguna incidencia. En cumplimiento de la cláusula 8.5 del Reglamento de la FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA LAS PALMAS sobre becas formativas de inserción laboral, la FUNDACIÓN suscribió un seguro de accidentes para la actora".
3.- Quinto, con el texto:
"La actora desempeñó sus funciones en las dependencias del Servicio de Ordenación y Consumo dependiente de la Dirección General de Consumo, Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Las Palmas de G.C. bajo la tutoría de la Jefe de Servicio de Ordenación y Consumo de Las Palmas de G.C.
La demandante realizaba las funciones indicadas en el Hecho Segundo anterior previa explicación formativa de cómo realizar dichas tareas. La actora, disponía de autorización provisional para utilizar plaza de garaje en el Edificio de Usos Múltiples II. También disponía de correo electrónico corporativo, el cual lo solicitó y le fue concedido en calidad de becaria.
La actora se relacionó con el personal de la Fundación en dos visitas de seguimiento, en el envío de dos memorias sobre su trabajo y durante los cursos formativos que recibió".
La petición revisoria es de imposible acogida.
En el motivo de nulidad precisamente se quejaba la recurrente de que los hechos declarados probados resultaban de la testifical practicada y de que la Juzgadora no había otorgado valor a la documental.
Ahora lo que se pretende es primar la documental, sustituyendo la convicción de la Juzgadora, basada en la testifical, prueba reservada a su exclusiva apreciación.
Cuarto.-Seguidamente articula la recurrente tres motivos de censura, denunciando, por este orden:
1) a. Vulneración de los artículos 43.3 y 56 ET argumentando que la condena al abono de la indemnización y salarios de tramitación ha de ser "expresamente solidaria".
b. Vulneración de los artículos 43. ET y 54.3 ET, negando la existencia de cesión ilegal y alegando que, - "la demandante prestó sus servicios en la sede de la CAC, y con horario de la CAC, porque así lo establecía el compromiso suscrito".
- ".... la demandante realizaba teóricas y prácticas supervisadas por la Fundación Canaria Universitaria Las palmas".
- "..... si la demandante realizó algunas otras funciones fue sin consentimiento escrito de los órganos competentes.... la actora, en lugar de haber aceptado las órdenes verbales del personal de la Comunidad Autónoma sin competencia para ello, debió haber obviado dichas órdenes ilegales y haber puesto dicha irregularidad en conocimiento de los Servicios de Inspección".
Por último, para el caso de estimarse su concurrencia, la recurrente sostiene que "no cabe presuponer ni reconocer una relación laboral indefinida de la demandante con esta Administración Pública, pues la actora incumple el presupuesto previo y necesario exigido a cualquier aspirante a empleado público; la superación de proceso selectivo y la acreditación de mérito y capacidad. Al no poder existir una relación laboral válida y eficaz entre esta Administración Pública y la actora, no cabe entender que esta Administración Pública despidiera a la misma. Tampoco puede admitirse, como posibilidad, la opción de readmisión de la demandante por la CAC con motivo del despido. Vulneración de diversos Tratados Internacionales, el artículo 23 CE, art. 103 CE, art. 15 ET, art. 9.2 ET, art. 6 Cc, art. 8 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 70 ss Ley de la Función Pública Canaria, y art. 62 LRJ PAC Leyes en conflicto".
2) Vulneración del artículo 6 del Código Civil, sosteniendo que la actora incurre en fraude de ley amparándose en las normas reguladoras de las becas para acceder al empleo público eludiendo las normas imperativas que exigen al efecto igualdad, mérito y capacidad.
3) Vulneración de la doctrina contenida en la SSTS Comunidad Valenciana y Región de Murcia y de la SJS Madrid que cita y reproduce.
Quiere destacar la Sala antes de iniciar su examen dos circunstancias:
1.- La Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas acata la sentencia de instancia, que no recurre, y por consecuencia acepta la existencia de cesión ilegal y asume sus consecuencias.
2.- La Comunidad Autónoma no combate la laboralidad del vínculo sólo la apreciación de cesión ilegal y la calificación del vínculo como indefinido.
Hecha esta precisión, de importancia, por lo que mas adelante se expondrá, parece oportuno destacar los siguientes antecedentes:
1.- La Fundación Canaria Universitaria de Las palmas (FULP) es una institución privada, de carácter benéfico docente, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar (folios 152 a 167).
2.- Con fecha 29 julio 1998 se firmó el Convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la FULP, por el que se constituyó la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE) como medio idóneo para coordinar y canalizar la colaboración y cooperación entre la ULPGC y las instituciones, corporaciones, entidades públicas o privadas y calesquiera otras personas, físicas o jurídicas de los entornos local, nacional e internacional, para la realización de actividades tales como: a) coordinación y gestión de programas de prácticas de estudiantes de empresas y organismos públicos; b) organización y realización de cursos de formación, capacitación, reciclaje, actualización y perfeccionamiento profesional, especialmente dirigidos a la inserción laboral de los estudiante y egregados de la ULPGC; c) gestión de una bolsa de empleo, de forma autónoma o mediante convenio con organismos públicos responsables de esta materia (ACE, ICFEM, INEM, etc.); d) promoción y fomento de la emprendeduría empresarial y la generación de autoempleo; e) promoción externa de las titulaciones y egregados de la ULPGC (folios 168 a 182).
3.- Con fecha 18 enero 2006 la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias suscribe con la FULP un Acuerdo Marco para el desarrollo de Becas formativas de inserción laboral destinadas a titulados de la ULPG (FOLIOS 183 A 188).
4.- La Dirección General de Consumo de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, en el programa 443 A "Defensa de los Consumidores y Usuarios" se propuso llevar a cabo del proyecto "Fomento del Sistema Arbitral", con el fin de fomentar las acciones encaminadas a la difusión del Sistema arbitral de Consumo, mediante la realización de jornadas para la difusión del sistema, así como la contratación de personal necesario para el fomento del sistema arbitral.
A tal propósito obedece la Orden N.º 158/07 del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, de 15 octubre 2007, otorgando una subvención especifica de forma directa a la FULP destinada a financiar gastos inherentes al desarrollo de tres becas formativos para la inserción laboral destinada a la realización de prácticas técnico-administrativos para el fomento y promoción del Sistema Arbitral de Consumo. Dicha subvención suponía el 100% del coste total de la actividad (folios 189 a 196).
Al menos una de las becas se dirigía a titulado en Derecho (folio 201).
5.- D.ª Marisol, atendido su perfil en ficha de la UCEFE (folio 200) fue seleccionada para una de las becas.
6.- Con fecha 8 noviembre 2007 D.ª Marisol firmó el compromiso de aceptación de la beca formativa de inserción laboral concedida por la FCUL para recibir formación de tipo teórico-práctico en la Dirección General de Consumo.
A partir de tales antecedentes puede afirmarse la existencia de las siguientes relaciones entre los litigantes:
* Administración- FULP
* FULP- D.ª Marisol
* Administración -D.ª Marisol
Formalmente las tres relaciones descansan, de un modo y otro, en la beca.
La sentencia de instancia niega a la beca el carácter y fin que le son propios atendidas las circunstancias concurrentes en el caso y aplicando la doctrina en torno a la distinción entre beca y contrato de trabajo contenida en STS 13 junio 1988 (Rj. 1988, 5270).
La instrumentalización de la beca es evidente con solo atender a su justificación de la que cumplidamente se informa en la Orden de 15 octubre 2007 otorgando la subvención para financiar su coste: era necesario "la contratación de personal necesario para el fomento del sistema arbitral"; la pretensión de la Administración era la de beneficiarse de la actividad de la becaria, incorporar los frutos de sus servicios a su ordenación productiva.
La laboralidad del vinculo resultante de la desnaturalización de la beca, directamente afecta a:
1) La relación Administración - D.ª Marisol:
La Administración se revela como empresa, el vínculo deviene indefinido y no es posible cobijar el cese en el fin de la beca.
2) La relación FULP - D.ª Marisol.
La FULP era conocedora del fraudulento propósito perseguido por la Administración, al resultar del tenor de la Orden de 15 Octubre 2007, y, no obstante, consintió en colaborar para su consecución, olvidando los fines de su constitución y convirtiéndose en una suerte de empresa de puesta a disposición de mano de obra barata. Esta irregular actuación, al margen de la que le es propia, no convierte a la FULP en empresa, siquiera sea "aparente" de D.ª Marisol, pero indudablemente ha de calificarse de cesión ilegal, aplicando analógicamente -como acontece en supuesto de fraudulenta actuación de ETT (STS 19 febrero 2009, Rj. 2009/1494)- el artículo 43.2 ET, por imponerlo así el mandato del artículo 6.4 Código Civil.
Precisamente el articulo 2.3 del Real Decreto 5/2000, 4 agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social contempla la posibilidad de que sean sujetos infractores de la normativa de colocación además de empresarios y trabajadores, "las personas físicas o jurídicas", es decir, personas ajenas al vínculo laboral participes en la actuación, como es el caso.
Y a consecuencia de ello, la FULP ha de asumir las responsabilidades de toda índole que pudieran derivarse de su actuación, y, por lo que atañe al caso ha de participar solidariamente con la Administración en los resultantes de una vinculación que solo con su colaboración pudo originarse.
Expuesto lo que antecede es obvia la equivocación de la recurrente al no atacar la laboralidad del vínculo -decisoria en este litigio- y combatir la cesión ilegal siguiendo los criterios sentados por la doctrina para los supuestos de subcontratación, con abstracción de las peculiaridades del caso que exigen un tratamiento diferenciado pues, se insiste, ni es este un supuesto de subcontratación, ni aquí la FULP ostenta la condición de empresa.
Sentando lo que antecede, no deja de resultar paradójico que sea la Administración defraudadora la que alegue fraude de la trabajadora en el acceso al empleo.
Como recuerda la STS 16 septiembre 2009 (rec. 2570/2008) la figura del trabajador indefinido, no fijo de las Administraciones Públicas surgió como creación jurisprudencial para dar respuesta a la situación de los contratos temporales en fraude de Ley suscritos por las Administraciones Públicas, de forma que la conversión de contratos de duración indefinida, por aplicación de las reglas del artículo 15 ET propició una doctrina que buscaba acomodar la indefinición de la duración de la relación laboral con las especiales particularidades del acceso al empleo público y respeto a los mandatos constitucionales sobre este punto. Tras pasar por diversos estadios en la aproximación Jurisprudencial a la cuestión, el Tribunal Supremo dejó sentada la doctrina ya consolidada sobre la matización entre los trabajadores indefinidos y los fijos de plantilla, precisamente para adecuar la situación al empleo público (STS 20 enero 1998, Rj 1998/1000).
Es cierto que la Ley 7/2007 no dio respuesta a la situación de quienes hayan podido ser considerados trabajadores indefinidos como consecuencia del uso irregular de la contratación temporal por parte de los empleadores públicos, pero esa falta supone, precisamente, la equiparación entre tales trabajadores y los contratados de forma indefinida "ab initio", con independencia de que estos últimos se hallen sometidos al proceso de determinación de puestos de trabajo regulado en el artículo 15 Ley 30/1984.
En suma, el Tribunal Supremo tras la Ley 7/2007 mantiene vigente su doctrina en torno a la figura del trabajador indefinido en la Administración por irregularidades en su contratación y su adecuación y respeto a los mandatos constitucionales sobre el acceso al empleo público.
Se desestima el recurso confirmándose la sentencia de instancia aunque por las razones expuestas.
Cuarto.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 233.1 de La Ley de Procedimiento Laboral, procede efectuar, las costas causadas, los pronunciamientos pertinentes. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Desestimamos el recurso interpuesto por DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO-CONSEJERÍA DE EMPLEO INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS, contra la sentencia de fecha 11 de Mayo de 2009, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 8 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de esta Provincia, que confirmamos.
Se condena en costas a la parte recurrente, incluyendo los honorarios del Letrado de la parte actora que impugnó el recurso y que se calculan en 600 €.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 2405/2009 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 2410000066 2405/2009, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 43
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 233