Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2011/15/7/
Timestamp: 2019-12-05 22:30:51+00:00

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Diario de Sesiones 15/2011, de fecha 30/11/2011 - Punto 7 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 15/2011, de fecha 30/11/2011 - Punto 7
· 8L/PPL-0003 Debate de toma en consideración. Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular, de Disciplina Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El señor presidente: Vamos a pasar al debate, a las proposiciones de ley para su toma en consideración. Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre Disciplina Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Señor Antona Gómez tiene la palabra (Pausa).
En las proposiciones de ley, señorías, hay que manifestar el criterio del Gobierno, que en unos casos es vinculante... En este caso no es vinculante, pero es contrario a la tramitación de la ley.
Sí, por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.
El señor Antona Gómez: Gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores del Gobierno, muy buenas tardes.
El grupo parlamentario sube hoy o subo, en nombre del grupo parlamentario, a esta tribuna a hacer aquello a lo que nos habíamos comprometido, a hacer aquello de lo que venimos hablando desde hace ya algún tiempo y que entendemos, señorías, que es este un debate de proposición de ley muy importante: el que vamos a afrontar ahora en este Parlamento.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha subido a esta tribuna en reiteradas ocasiones para debatir temas que entendemos de vital importancia para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias. Ha sido el Grupo Parlamentario Popular quien ha subido aquí para hablar de reajuste de la Administración y ustedes, las dos fuerzas que sostienen al Gobierno, han mirado para otro lado con aquella disculpa de la comisión externa; ha sido este grupo parlamentario el que ha subido a esta tribuna a hablar de sostenibilidad del sistema sanitario y ustedes miran para otro lado con el tema del copago; hemos subido nosotros a esta tribuna -y lo ha hecho ayer el señor Jorge Rodríguez- a hablar de cómo llevábamos a cabo medidas para potenciar y reactivar la economía, con el apoyo a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y esta vez sí, aunque no en otras ocasiones, las dos fuerzas que sustentan al Gobierno han apoyado; hemos subido también para hablar y hacernos eco también del Informe Pisa, que nos dice a todos, a este Parlamento, que seamos competentes para impulsar el sistema educativo y para reformar el sistema educativo, y ustedes han hablado de la universidad de la vida; y hoy el grupo parlamentario vuelve a marcar otra vez la agenda política en Canarias y venimos aquí para hablar de un tema de especial importancia, que es establecer el techo del gasto público.
Yo les pido como primera reflexión, señorías, señoras y señores del Gobierno, que no pierdan más oportunidades, que en esta sí se sumen ustedes al consenso en permitir la tramitación de esta proposición de ley y que durante el transcurso de desarrollo parlamentario podamos llegar a todo tipo de consensos.
Hoy, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, presentamos esta iniciativa, encaminada a controlar por ley el gasto público de la Comunidad Autónoma de Canarias, para garantizar la solvencia y la sostenibilidad del sistema.
La proposición de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular es una iniciativa que pretende poner freno a la discrecionalidad de cualquier gobierno en el gasto público y de manera que se condicione legalmente la posibilidad de gastar por encima de las posibilidades del contexto económico y financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es una iniciativa, a nuestro juicio, tan sumamente importante y de calado que requiere posiblemente de mucho más tiempo del que hoy el propio Reglamento establece para la defensa. Por ello, aunque considero importante que pudiéramos profundizar en todo lo que nos ha llevado a presentar esta proposición de ley, permítame que haga unas simples referencias, porque creo que es importante.
No voy a profundizar como se requiere en la reforma del artículo 135 de la Constitución, en su apartado 6, que mandata al Parlamento y a la comunidad autónoma a que hagamos los deberes. Tampoco me voy a sumergir en el Real Decreto 2/2007, del 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Tampoco creo que sea necesario profundizar en la Ley Orgánica 5/2001 o en la Ley Orgánica 3/2006.
Tampoco, señorías, nos daría tiempo de detenerme a analizar las conclusiones de los consejos de política fiscal y financiera, donde se incide en el estricto cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Por cierto, señores del Grupo Parlamentario Socialista, en esos consejos de política fiscal y financiera -y aquí hago una llamada a la coherencia política-, decía la ministra Elena Salgado: "nosotros creemos -decía el Gobierno del Partido Socialista-, creemos que sería útil que las comunidades, sus parlamentos, antes de aprobar sus presupuestos pudieran aprobar un techo de gasto público". Esto lo declaraba la ministra Salgado, con el visto bueno del vicepresidente tercero del Gobierno, que era el señor Chaves. Por tanto, esta primera llamada a la reflexión del Grupo Parlamentario Socialista: si van a mantener el discurso que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera daba en nombre del Gobierno la señora Salgado.
Tampoco vamos a profundizar en los informes del Fondo Monetario Internacional, aquellos que hablan de la estabilidad financiera. Que hay muchas conclusiones interesantes, hoy para este debate serían fundamentales. Tampoco vamos a hablar de lo que ha supuesto el Pacto de estabilidad y crecimiento aprobado por la Unión Europea. Tampoco vamos a profundizar sobre lo que está marcando el Banco Central Europeo. Ni tan siquiera vamos a hacer referencia a lo que el propio gobernador, hace unos días, del Banco de España nos decía sobre el tema de imponer límites al gasto público.
Pero sí les voy a decir una cosa: todas estas referencias, que aunque no he profundizado, sacan dos conclusiones. La primera es que la actual situación económica va a suponer y va a estar marcada por una crisis prolongada en el tiempo; y la segunda que sacan todas las conclusiones de todos estos organismos que yo he nombrado hoy aquí dicen también la necesidad urgente de adoptar medidas eficaces y decididas del control del gasto público.
Hoy, por tanto, señorías, tenemos una enorme oportunidad con esta iniciativa de tremendo calado que el Grupo Parlamentario Popular trae hoy aquí al debate parlamentario. Y lo que nos motivó, entre otras cosas, es lo que decía esta iniciativa. Como bien saben sus señorías, está enmarcada dentro de esa reforma del artículo 135, que en su apartado 6... Y me gustaría que pusiéramos, estuviéramos atentos a lo que significa el apartado 6 y lo que dice el apartado 6, porque yo sé que a lo mejor otras fuerzas políticas se van a escudar en que, "como aquí el Gobierno no ha hecho los deberes, no exija usted ahora... que hasta que no se desarrolle la ley, no venga a pedir ahora que seamos nosotros los que empecemos a llevar la iniciativa". Porque el artículo 135, en su apartado 6, dice: "a las comunidades autónomas [...] adoptar las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias". Y durante aquel debate en el Congreso de los Diputados el que fuera, y creo que sigue siendo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alonso, decía algo así como "es necesario tomar una decisión coherente y contundente que refuerce la solvencia de nuestro país y el compromiso de la necesidad de reducción del déficit público". Esto lo decía el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Por tanto, yo también quiero oír hoy aquí qué va a manifestar hoy el portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias.
Porque, señorías, si realmente creemos en la austeridad, como tantas veces ha manifestado el señor Paulino Rivero, en la planificación, en el rigor, se hace más necesario que nunca una herramienta legal de control férreo del gasto público para garantizar la sostenibilidad del sistema y la garantía del Estado de bienestar y los servicios públicos esenciales.
La proposición, que consta de 21 artículos, de 2 disposiciones adicionales, 1 transitoria y 3 disposiciones finales, es una iniciativa que fija periódicamente en este Parlamento, y a propuesta del Gobierno, un marco económico y financiero para garantizar precisamente eso que tanto nos preocupa: el futuro del Estado social en nuestra comunidad.
Señores del Gobierno, el 15 de septiembre el consejero de Economía y de la Hacienda canaria de este Gobierno decía, el señor González Ortiz, decía: "Canarias no es un oasis, está dentro de la economía española y de lo que está pasando en estos momentos. Se hace necesario y el Gobierno va a trabajar en la elaboración de una ley de techo de gasto". Es verdad que un mes después, el 12 de octubre, el señor Ortiz decía todo lo contrario. Estos vaivenes en política, de incoherencia, es lo que pasa factura, porque no puede ser que el discurso del Partido Socialista, y de la ministra Salgado y del ministro Chaves, sea diferente al discurso que hoy ustedes pueden mantener hoy aquí en este Parlamento, porque no hay ningún tipo de justificación de que sea al contrario, ya le digo, ateniéndonos al apartado 6 del artículo 135.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, señorías, llama a la responsabilidad, llama a la coherencia y a tratar este tema con altura de miras. Una política, la presupuestaria, de la que este Parlamento es plenamente responsable y, en consecuencia, igualmente competente para introducir medidas de control que aporten confianza, sostenibilidad y seguridad. A los ciudadanos y al mercado: a todos. Una iniciativa esta que compromete a todo el sector público, sin excepciones, y con las exigencias de la responsabilidad de la gestión. Es, señorías, una responsabilidad compartida a la que necesariamente han de sumarse también los cabildos insulares y los ayuntamientos de Canarias. Llamo, por tanto, señorías, al consenso. El compromiso que hoy demandamos defiende la estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público, como condición básica de la sostenibilidad financiera, porque no solo restringe la alegría, o se pretende restringir la alegría del gasto público, que pretende esta proposición de ley, sino que también incluso prevé dedicar ingresos extraordinarios, en periodos de crecimiento, a la reducción del déficit y a la amortización de la deuda.
Señorías, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Es decir, tenemos que hacer lo mismo que hacen las familias y que hacen las empresas. En definitiva, una proposición de ley necesaria, oportuna y responsable. Sin embargo, esta iniciativa que promueve el grupo mayoritario de esta Cámara ha recibido un informe desfavorable del Gobierno, sin otro formato o sin otra justificación que la conveniencia de aguardar al desarrollo legislativo de la previsión constitucional.
Por cierto, aquí sí me gustaría hacer un inciso: un informe del Gobierno contrario a esta ley que, en todo caso, carece de muchas lagunas o tiene muchas lagunas, desde nuestro entender, desde el punto de vista jurídico. Incluso en la aplicación del artículo 132 del Reglamento, donde no posibilita al Gobierno el prohibir la toma en consideración de la ley, como sí ha hecho este informe, simplemente la propuesta que considera el Gobierno sobre esta toma en consideración, pero no es el Gobierno quien limita o no la toma en consideración. Este es un ejemplo de cómo se ha malinterpretado el artículo 138.2 del Reglamento en las funciones que tiene el Gobierno con una proposición de ley. Por tanto, desde ese ejemplo nos sirve para argumentar que hay muchísimos vacíos legales o lagunas legales en el informe del Gobierno.
Señorías, dejemos a un lado los asuntos partidarios o partidistas y hagamos un proceso legislativo en común, con participación de todos, de los grupos que hoy están aquí representados, para que entre todos hagamos lo mejor que necesita nuestra comunidad con una norma propia que discipline el gasto y, en consecuencia, garantice la estabilidad a medio y largo plazo. Creo que esa voluntad es compartida por todos, por todos los grupos, y a esa voluntad apelo para solicitar el voto favorable a la toma en consideración. Alegar que no es el momento oportuno sería igual de irrazonable que preguntarnos por qué no hemos aprobado este proceso meses atrás. Dejemos que esta proposición de ley entre en el proceso legislativo. Demos la oportunidad y no nos neguemos a que podamos tenerla o tomar en consideración. Ya habrá en todo ese proceso legislativo la oportunidad de enmendar, de debatir, de discutir cómo podemos mejorar esta proposición de ley. Pero no hagamos ahora "el no por el no", con la mera justificación, como decía, de que, como no se ha desarrollado ese artículo 135, por tanto, el Parlamento está con las manos... o no tenemos el compromiso de desarrollarlo o de hacer aquí algo similar.
Señorías, por un momento, digo, olviden que el sujeto de esta iniciativa es el Partido Popular. Reflexionemos sobre la importancia de incorporarnos cuanto antes a los principios de austeridad, de planificación y de rigor presupuestario; y además la oportunidad a este Parlamento de trabajar responsablemente en la proposición de ley, que puede y debe ser enriquecida con el concurso de todos en su tramitación. Abramos un tiempo nuevo y seamos capaces, como primera institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sumar en la dirección correcta, en la dirección que ha marcado conjuntamente el PSOE y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, a una amplia mayoría social que al final nos está diciendo, de españoles y canarios, que es fundamental que hagamos todos algo para marcar un ajuste presupuestario y poner techo al gasto público.
Con esta disposición al diálogo, al perfeccionamiento compartido de esta iniciativa, en este Parlamento, pero a la vez con la firme determinación de sumarnos a un cambio en la gestión de los recursos públicos, solicitamos de los grupos presentes en la Cámara el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Estamos a tiempo y, como declaró ayer el consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno de Canarias no descarta revisar el Presupuesto. Por tanto, atengámonos también a esa declaración para actuar con responsabilidad y podamos también, en el debate de tramitación de los Presupuestos, añadir también esta proposición de ley, que entiendo fundamental para, efectivamente, controlar el gasto público, que tanto nos preocupa y que creo que es fundamental para el desarrollo también de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.
El señor presidente: Muchísimas gracias, don Asier Antona.
Fijación de posiciones por los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
El señor Rodríguez Rodríguez: Cinco minutos para trasladarle tres ideas.
Nosotros no estamos de acuerdo con la filosofía que sustenta esta norma. Además creemos que es innecesaria y, sin que se ofenda mi buen amigo Asier Antona, al que le tengo un especial aprecio, es una ley mala, mala, técnicamente. Se nota que está copiada y que se ha copiado deprisa y corriendo, porque hay referencias incorrectas reiteradas. Luego se las diré al señor Antona.
Pero yo voy al fondo y no a los aspectos formales. Primero, desgraciadamente, no es necesaria ninguna ley territorial para esta materia. Desgraciadamente, ya nos hemos atado los pies y las manos en el Estado español en virtud de un acuerdo PP-PSOE, incorporando una política económica en el texto constitucional, condicionando el funcionamiento de las Cortes Generales para decidir frente a cada momento de la economía qué es lo mejor en relación a la evolución de la deuda pública e incluso del déficit público. Esto es insólito, que una crisis económica, que tiene el origen que tiene, no solamente dirige e impone las políticas económicas a los Estados, sino que es capaz de forzar reformas constitucionales para introducir contenidos coyunturales en lo que debe ser una norma que rija la convivencia.
Bueno, lo que pasa es que la cosa está tan desmadrada que ya los llamados mercados no solamente dirigen las políticas económicas de los gobiernos, se imponen a los parlamentos nacionales, exigen modificaciones constitucionales, sino que ponen primeros ministros sin haberse elegido democráticamente. Se ha dado una situación insólita en Europa, muy recientemente, y es que hay un primer ministro en Grecia que no se ha presentado a las elecciones y hay un primer ministro en Italia que no se ha presentado a las elecciones. Por cierto, ellos dos, junto con el presidente del Banco Central Europeo, empleados hasta hace poco de Goldman Sachs, una de las empresas financieras que han estado en el centro de la crisis financiera que está pasando la factura que está pasando. De manera que nosotros no estamos de acuerdo en esta filosofía ultraliberal y equivocada, por fracasada, de establecer a los gobiernos democráticos, atarles de pies y manos en estas cuestiones.
Pero, dicho eso, que es la parte que más me interesa, he de decirles que no es necesaria, que hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria, la 2/2007. Por cierto, que podían haberla desarrollado aquí, 2/2007, es decir, hace cuatro años, que establecía que las comunidades autónomas podían reglar la aplicación de esa ley orgánica, que es la que ha condicionado el control del gasto público en estos años, y, sin embargo, no se hizo, no se hizo durante estos años. Había esa oportunidad y no se hizo. Por si fuera poco, esa ley nos ha permitido una norma clara, que algunos incumplen. Por cierto, no lo incumple esta comunidad. Es que además, como esto no estaba pensado en la agenda política del Partido Popular para Canarias, esto estaba pensado para otras latitudes del Estado español, en esta comunidad es sencillamente innecesaria, porque si hay alguna comunidad que en esto es un ejemplo, que es en el cumplimiento del control del déficit, es esta. Ayer aparecía en los medios de comunicación este tema de forma categórica y clara.
Por tanto, señor Antona, y con el aprecio que le tengo, yo creo que esta es una norma innecesaria, porque existe más legislación de la que debiera que condiciona y controla la evolución de los déficits públicos y de la deuda pública, muy a pesar de nuestra opinión, que es contraria a esta manera de proceder, contraria a esta manera de proceder, porque está impuesta desde los mercados para satisfacer sus propios intereses. Hay que decir con absoluta claridad que la técnica legislativa es una técnica claramente, francamente mejorable, tiene contradicciones y lagunas evidentes, y en cualquier caso, si fuera necesaria en otro territorio, por ejemplo en Cataluña, lo podríamos entender, lo podríamos entender en Valencia, lo podríamos entender incluso en Castilla-La Mancha, pero esta es una comunidad que en esto ha hecho las tareas y ha cumplido a rajatabla los criterios del déficit que ha establecido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que establece el plan de reequilibrio financiero que esta comunidad tiene aprobado.
Por lo tanto, por razones de fondo, de forma y de oportunidad no vamos a apoyar la toma en consideración, porque discrepamos.
Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Álvaro Lavandera.
Señor Antona, esta proposición de ley va más allá de lo que usted dijo en la introducción de su discurso, va más allá de fijar un techo del gasto, permítame que le corrija. Y también le adelanto que no vamos a votar que no porque sea una propuesta del Partido Popular, vamos a votar que no por una cuestión básica, y es la falta de rigor en la propuesta.
Haciendo un análisis de los diferentes capítulos que conforman el articulado de la proposición de ley que se nos presenta, bueno, en el Capítulo I, Ámbito de aplicación, el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, no hay ninguna novedad; en el Capítulo II, Principios generales, repite sistemáticamente principios ya establecidos en otra legislación, como es la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, añadiendo -eso sí- dos nuevos principios que no están en dicha ley, que es el principio de sostenibilidad financiera y el principio de responsabilidad. Como dije antes, no aporta nada que no exista ya y que ya estemos además obligados a cumplir. Con respecto a estos dos principios no contemplados en ese real decreto legislativo, si bien uno de ellos, la sostenibilidad financiera del sector público, ya trata el Capítulo IV de la Ley de Economía Sostenible.
Pero vayamos dentro del contenido de su proposición de ley. En cuanto al principio de sostenibilidad financiera lo definen, a los efectos de su propuesta, como la capacidad de financiar compromisos de gastos presentes y futuros sin incurrir en un déficit o endeudamiento superior del Producto Interior Bruto regional a precios de mercado. Ya la palabra "mercado" es recurrente, además, en la proposición de ley. Es que les gusta a ustedes lo de "mercado" -perdóneme que se lo diga así de claro, pero podrían haber usado cualquier otro tipo de expresión, como a precios corrientes o PIB nominal-. La verdad es que, señores del Partido Popular, a veces les cuesta poco retratarse. Con respecto a este criterio, además dejan abierta la posibilidad de que una norma del Estado obligue a otra cosa, y con el verbo "obligar" les vuelvo a decir que también les cuesta poco retratarse, porque entre las administraciones creo que el principio de cooperación prima sobre el de obligación. Pero es que, señorías, ya el propio texto constitucional, a raíz de su última modificación, establece que el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y esto ya es otra cosa, con lo cual ya se nos obliga a otra cosa. Y es que ya en el informe presentado por el PSOE y el PP, a la hora de presentar la modificación del artículo 135 de la Constitución española, entendieron oportuno en dicho acuerdo que se establecerían estos límites por ley orgánica, con urgencia, antes del 30 de junio de 2012. Con lo cual uno de los principios principales por los que pretenden establecer esta proposición de ley nace caduco o al menos inoperante, hasta que se redacte dicha ley orgánica.
La otra novedad que plantean, que más que novedad, es vaguedad, es el principio de responsabilidad, al que no ha hecho alusión en su intervención, y en el que hablan de que el devengo de productividades debe suponer un porcentaje representativo al cumplimiento de estabilidad presupuestaria y de economía en la asignación de gasto público, sin dar a entender qué entienden ustedes por significativo. ¿Es significativo el 30%, es significativo el 50%? Les invito a que establezcan qué es lo que consideran significativo. También les invito a leer los párrafos b) y c) de la disposición adicional vigesimoséptima del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establece que se vinculará al programa de incentivos del personal adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de Salud un porcentaje del 30% al cumplimiento de los objetivos asistenciales y presupuestarios del centro, que no del servicio o unidad, para los que se deban abonar en el ejercicio 2012, y del 50% para la fijación de objetivos a partir del 1 de enero de 2012. ¿Es suficiente este porcentaje? ¿Se puede extrapolar esta medida a servicios donde los sistemas de información hacen difícil vincular objetivos y productividad? Y dentro de este principio de responsabilidad que introducen, ¿a quién se le deben imputar las responsabilidades?, ¿quién entienden qué es el agente, el político o el gestor? ¿No es suficiente ya el régimen de responsabilidad de los funcionarios regulado en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del Estatuto Básico del Empleado Público o del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud? En definitiva, señorías, vaguedades.
Con respecto a los siguientes capítulos, se vuelve a repetir la historia, no se aporta nada nuevo en esta proposición de ley que no venga referido ya en otra legislación. Tal vez sí viene a enrevesar la legislación en cuanto a que podría modificar algunos de los aspectos o complementar algunos de los aspectos de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, en lo que incurriríamos en esa complejidad legislativa que tanto criticamos en otros ámbitos, como es el de la ordenación del territorio.
Sin embargo, sí es importante que reflexionemos sobre la propuesta de limitación del gasto no financiero, el techo del gasto al que usted hacía referencia, ya implícita en el propio concepto de presupuesto, en el que los ingresos deben ser iguales a los gastos, pero que se quiere encorsetar de forma rígida, enseñando a esos mercados que vamos a ser niños buenos, responsables y fieles a sus normas, de forma que, a pesar de que la sociedad pueda necesitar el apoyo del Gobierno, no nos podamos salir ni un renglón del guión establecido.
Señorías, ni siquiera el Gobierno de Navarra -creo que les suena ese Gobierno- comparte lo que el PP propone para Canarias. Así, han declarado que se reserva la capacidad de establecer el criterio del cálculo del PIB a efectos presupuestarios, pudiéndose establecer válida a priori la referencia al periodo de nueve años, establecida en la propuesta del ministerio, pero con algunas consideraciones. Así, se plantea adoptar para el año corriente y los tres siguientes los crecimientos del PIB previstos en el programa nacional de estabilidad y para los otros cinco años, la variación del PIB real regional registrado para Navarra, según el Instituto Nacional de Estadística. No se comparte el criterio de que los ingresos que se obtengan por encima de lo proyectado se dediquen íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, tal y como ustedes proponen. En cambio, el Gobierno de Navarra propone que el gasto total anual no financiero liquidado no pueda superar en ningún caso el gasto presupuestado y que la posible diferencia positiva entre los gastos liquidados y los mayores ingresos no financieros que se obtengan por encima de lo proyectado se dediquen, en primer lugar, a mantener un adecuado remanente de tesorería positivo; también se dedicarían a mantener un sistema de pagos a proveedores que cumpla con la normativa vigente de lucha contra la morosidad; a la reducción anual de deuda pública por un importe no superior al 0,5% del PIB regional; y a la conformación de un fondo de reserva anticíclico para su aplicación como primer recurso ante un nuevo periodo de insuficiencia de ingresos no financieros.
Como pueden observar, tomar en consideración esta proposición de ley sin antes reconsiderar a qué dedicar el superávit, más allá de reducir el déficit del ejercicio o el endeudamiento, es no solo una temeridad sino un ejercicio de prioridades políticas que no son compartidas por esta fuerza política. ¿Estarían ustedes dispuestos a fijar por ley las prioridades del gasto de esta comunidad, fijando que el 80% del gasto sea dedicado a políticas sociales? ¿Estarían dispuestos a fijar estos criterios a través de una reforma de la Ley del Estatuto de Autonomía?
Señorías, ya los límites absolutos de déficits estructurales y de deuda que aparentemente se introducen con la nueva versión del artículo 135 de la Constitución española indican que las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea para sus Estados miembro. En cambio, la única medida que podría tener un impacto real sería concretar en el texto constitucional el techo absoluto de déficit autorizado. Ni siquiera los legisladores en esta reforma lo han hecho teniendo la oportunidad, limitando a prever su fijación mediante una ley orgánica, que no entraría en vigor hasta 2020, aunque el cambio de gobierno ciertamente podría acelerarlo. De hecho, no debe llamarnos la atención de que no parezcan estar generando ningún efecto en los mercados financieros a corto plazo estas modificaciones legislativas.
Es verdad que se quiere realizar el mismo ejercicio para Canarias, pero, ¿creen realmente que la fijación de un techo de gasto hace buenos unos Presupuestos? ¿Qué será lo siguiente?: ¿fijar un mix de impuestos, en el que el porcentaje de impuestos indirectos represente tanto, el de directos tanto y así no podamos recaudar en exceso a las rentas más altas? Señorías, los Presupuestos deben estar en manos de los políticos y no de los mercados. Hasta el director ejecutivo global del departamento de rating de Standard & Poors ha manifestado que España no tiene un problema que pueda resolverse imponiendo un techo constitucional de gasto público. Haría falta, según él, afrontar el déficit por cuenta corriente, la falta de competitividad o la burbuja inmobiliaria, y, como en Italia, la falta de flexibilidad del mercado laboral. Seguro que estas afirmaciones las comparten ustedes.
Opiniones de juristas, además, entienden que la modificación que se ha hecho en la Constitución no supone un menoscabo para la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque no se puede tocar el título VIII de la Constitución. Pero realmente ustedes afirman que en Canarias se han realizado gastos disparatados, a pesar de haber tenido las responsabilidades en materia de política económica en la anterior legislatura, la mayor parte.
Señorías, el déficit público es una manera de financiar a largo plazo las actuaciones de hoy. Ya hemos renunciado a la política monetaria y la hemos puesto en manos de un banco central independiente o al menos independiente a nuestros problemas y necesidades. Los límites al déficit, el techo de gasto y el destino del superávit nos lo ponen pertenecer a la Unión Europea. Yo creo que, desde mi punto vista, debemos empezar a plantar cara a los mercados. Miren, en Galicia se ha puesto un techo de gasto y no ha resuelto los problemas de la gente.
En definitiva, señorías, pensaba hacer una intervención mucho más extensa, creo que debemos centrarnos en el debate que toca, que es el aprobar los mejores Presupuestos posibles, y vamos a votar que no porque...
El señor presidente: Tiene un minuto para ir terminando, señor Lavandera.
El señor Álvaro Lavandera: ...está llena de claros y oscuros, más oscuros que claros. La imposibilidad de concreción hasta del desarrollo legislativo del artículo 135 de la Constitución española, excesivos planteamientos de rigidez en la política presupuestaria y, por tanto, inadmisible desde un partido político que busca la salida a la crisis desde soluciones políticas.
Y decirles, señorías, que nuestros Presupuestos y nuestros impuestos los decidimos los canarios, los españoles y los europeos, no los mercados. Si ustedes prefieren gobiernos y presidencias a la griega o a la italiana, díganlo de frente, no colando leyes por la puerta de atrás.
Y les recuerdo que el PP gobernará porque así lo han decidido las urnas, no los mercados. Ya es hora de poner en valor la democracia.
Y termino con un ruego. Desde el Grupo Socialista les invitamos a que entre todos hagamos el esfuerzo por aprobar, a pesar de las dificultades económicas que a nadie se le esconden, los mejores Presupuestos posibles. Eso es lo que realmente están esperando fuera de este hemiciclo, que antepongamos lo social a lo neoliberal, señores.
El señor presidente: Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Barragán Cabrera.
El señor Barragán Cabrera: Buenas tardes, señorías, de nuevo.
La reforma de la Constitución española, en la que nosotros no estuvimos de acuerdo en la forma -pensábamos que tenía que plantearse a través de un referéndum-, pero entendíamos el objetivo que se perseguía con lo que es el artículo 135. Insisto con las formas. También podemos criticar que la reforma del artículo 135 sea excesivamente lineal y deja para la ley orgánica alguna de las cuestiones que nosotros planteábamos en ese debate. Pero tiene una fuente, que es el Pacto de estabilidad y crecimiento firmado en Europa. Eso es lo que ha marcado y les ha dicho a los países, "oiga, a través de leyes orgánicas o reformas constitucionales ustedes tienen que fijar unos techos". Unos techos que están fijados ahora mismo en que se exige un déficit público de un 3% para el Producto Interior Bruto y que la deuda pública no debe superar el 60%. Con esos dos parámetros se les dice a los países que, en función de cada una de sus economías, ajusten en esa ley orgánica cómo tienen que funcionar, cómo tienen que ser las excepcionalidades, los procedimientos de revisión, más allá de lo que dice la Constitución española ahora en esa nueva redacción de que los temas de déficit podrían estar en vigor a partir del año 2020.
Pero usted nos plantea una ley que tiene que decir todo esto y hay una cosa muy importante que hay que recordar, es una ley orgánica, y aquí hay una cuestión formal. ¿Podemos nosotros ir más allá de la ley orgánica? Sí, podemos ir, pero esperemos a ver qué es lo que dice la ley orgánica, por una cuestión formal de procedimiento legislativo, que no se le escapa a nadie. De hecho, solo hay una comunidad autónoma en España que haya aprobado una ley de semejante talante. Y, por cierto, no nos ha gustado nada que la hayan copiado literalmente y la hayan traído a este Parlamento. Señorías... (Ante los gestos en sentido contrario de la señora Navarro de Paz.) Dice la portavoz del grupo que no es verdad. Mire aquí el boletín oficial gallego, está copiada artículo por artículo, letra por letra, línea por línea. ¡Línea por línea! Esos dos documentos, salvo un 10% del documento, son idénticos, idénticos, señoría. No nos ha gustado, es de mal gusto para este Parlamento que se copien leyes de otros parlamentos y se traigan aquí para debatirlas.
Pero más allá de eso, más allá de la copia -ahora se han apuntado ustedes también al grupo de los copiones-, más allá de la copia, más allá de la copia, la han copiado literalmente. No podrán demostrar lo contrario, porque lo revisamos artículo por artículo, línea por línea. De hecho, se han tomado la licencia de cambiar algunas concepciones, que por lo visto ahora cómo se llama la deuda en Galicia es distinto a cómo se llama en Canarias. Lo cual sería un cacao para el Estado también tener planteamientos de ese tipo.
Por otra parte, tenemos una Ley de Hacienda Pública Canaria. Una Ley de Hacienda Pública Canaria que puede soportar perfectamente, en una modificación de esta ley, algunas de las premisas que ustedes están planteando y en las que nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en una cuestión. ¿Por qué no nos vale la ley gallega para Canarias, íntegramente, como ustedes la han copiado? Bueno, pues, no nos vale porque hay tres o cuatro elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿podemos introducir en esa ley orgánica el desarrollo del artículo 138 de la Constitución, que habla de la insularidad, de la lejanía?, ¿podemos aprovecharlo para marcar esas cuestiones? ¿Dónde está eso escrito aquí? Si fuera una ley hecha por ustedes aquí, en Canarias, seguramente hubieran tenido en cuenta todos estos elementos, porque coinciden con nosotros en el debate sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal y sobre las singularidades de Canarias. Por eso nos ha extrañado muchísimo que simplemente cogieran un corta y pega. Pero nosotros estamos dispuestos a que desde el momento en que en el Estado...; y además vamos a estar muy vigilantes, y espero que en este caso tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Partido Popular en las Cortes Generales, por lo menos la representación canaria, estemos muy vigilantes efectivamente a cómo se desarrolla esa norma, porque no es lo mismo.
Y en las excepcionalidades dense cuenta de que, aunque nosotros pudiéramos poner "es que si hay periodo de recesión Canarias tiene la facultad de cambiar esta ley". ¡No la podemos cambiar! La ley orgánica que va a desarrollar el artículo 135 de la ley dice taxativamente que solo se puede modificar y solo se pueden autorizar las excepciones por acuerdo de las Cortes Generales. Es decir, estamos atados de pies y manos a lo que digan las Cortes Generales. Y nos parece bien si es para todo el Estado, pero no tenemos esa facultad. Desgraciadamente no la vamos a tener. Y lo que podremos hacer nosotros, una vez que esté pulida esa ley orgánica, es acomodarla, adecuarla un poco más a la realidad del archipiélago. Eso sí lo podemos hacer. Pero no estamos en ese momento procedimental, no estamos en ese momento procedimental. Tiene de plazo el Estado, mejor dicho, las Cortes Generales nuevas surgidas del 20 de noviembre, hasta junio del año 2012 para la entrada en vigor de esa ley, es decir, para publicarla y que entre en vigor.
Esperemos y debatamos en ese seno cómo va a ser, defendamos los intereses de Canarias allí, donde procede en una primera instancia, y después completamente de acuerdo en que, si quedaran -porque, insisto, es una ley orgánica de obligado cumplimiento para todos-, si quedaran aspectos no contemplados en esa ley que nosotros pudiéramos desarrollar para pulir, para mejorar, el control del gasto público en los términos que ustedes han planteado y que, con matices, nosotros también estamos completamente de acuerdo, pues, seguramente nos vamos a encontrar. Y que el soporte, el soporte para hacerlo, creo que es mejor modificar la ley de la que nos dotamos todos y que fue por unanimidad de este Parlamento: la Ley de la Hacienda Pública Canaria. En ese marco hacerlo. Porque además, en ese marco de la ley, como usted sabe, ya hay recogidos en algunos títulos de la ley algunos aspectos de los que usted habla. Por ejemplo, en lo de la transparencia y la eficacia en el gasto, hay algunos elementos que ya están recogidos en ese documento.
Y, por lo tanto, la posición del Grupo de Coalición Canaria-CCN-PNC, Grupo Nacionalista de Canarias aquí, lo que nosotros vamos a plantearle es rechazarle esa proposición de ley que usted presenta hoy y quedar abiertos al diálogo para cuando se debata definitivamente este proyecto de ley en las Cortes Generales.
(El señor Antona Gómez solicita intervenir.)
Sí, dígame, don Asier, dígame.
No sé si permite, aunque sea un minuto, por alusiones en este debate, pero para precisar alguna consideración.
El señor presidente: No. Alusiones no ha habido. El debate está concluido.
Bueno, por favor, vamos a votar, señorías. Les agradezco silencio un momentito. Por favor, señorías, en el momento de la votación procuren...
Evidentemente vamos a votar la proposición de Ley -correcto- del Grupo Parlamentario -estamos aquí con tantos cambios en el orden del día...-, del Grupo Parlamentario Popular, de Disciplina Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Comienza la votación (Pausa).
Sigue el sistema averiado, con lo cual hay que descontar un voto y pasarlo a...
Hay 55 votos presentes: 19 votos a favor y 36 en contra.
8L/PPL-0003 Sobre De disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

References: artículo 135
 Real Decreto 
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 132
 artículo 138
 artículo 135
 real decreto 
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 138
 artículo 135