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Timestamp: 2016-10-25 12:30:51+00:00

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LEY FORAL 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales	LEY FORAL 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales Mis Leyes
LEY FORAL 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales Estado	:
TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES.
TÍTULO II. EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
CAPÍTULO II. ELEMENTOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
CAPÍTULO III. LAS CARTERAS DE SERVICIOS SOCIALES.
CAPÍTULO IV. PLANIFICACIÓN.
CAPÍTULO V. ESTRUCTURA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
TÍTULO III. RÉGIMEN COMPETENCIAL Y ORGANIZATIVO.
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
CAPÍTULO III. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA.
TÍTULO V. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN.
TÍTULO VI. LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
TÍTULO VII. LA INICIATIVA PRIVADA.
CAPÍTULO III. HOMOLOGACIÓN ADMINISTRATIVA.
TÍTULO VIII. CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
CAPÍTULO II. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
CAPÍTULO III. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
En ejercicio de las competencias atribuidas por los apartados 17 y 18 del artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el Parlamento de Navarra aprobó, en el año 1983, la Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de Servicios Sociales, una de las normas pioneras en el desarrollo de los mandatos y principios recogidos en la Constitución Española en este ámbito, en los artículos 9, 14, 39, 40, 49 y 50.
Dicha Ley Foral, que como el resto de las Leyes autonómicas promulgadas en aquella época, contenía declaraciones de principios y mandatos generalistas, ha permitido que se haya producido, en los más de veinte años transcurridos, un notable avance en las políticas sociales desarrolladas, ya que al amparo de la misma se han ido poniendo en marcha un conjunto de acciones de protección social pública dirigidas a facilitar el desarrollo de las personas y los grupos, a satisfacer carencias y a prevenir y paliar los factores y circunstancias que producen marginación y exclusión social.
La Ley Foral 9/1983 se completó con la aprobación de otra norma con rango legal en el año 1990, la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios sociales, que tenía como objetivo garantizar un nivel de calidad mínimo de dichos servicios.
Sin embargo estas normas, como las del resto de las Comunidades Autónomas, partían de una idea asistencial en la prestación de los servicios sociales, según la cual la ciudadanía no disfrutaría de un verdadero derecho a obtener los servicios que necesitan para mejorar su calidad de vida y, en definitiva, para conseguir el bienestar que propugna la Constitución. Además el paso del tiempo, la puesta en marcha de nuevos servicios y la modernización de los existentes y la dinámica del cambio social, han puesto de manifiesto las carencias de esas Leyes Forales, especialmente en cuanto a la definición conceptual y configuración de un sistema de servicios sociales, a su ordenación, estructuración y financiación, a la tipificación de las prestaciones, a la delimitación de competencias y a la necesaria coordinación de todos los agentes implicados.
Se trata, por tanto, de configurar un nuevo desarrollo de los Servicios Sociales de la Comunidad Foral de Navarra que potencie el avance del modelo de estado social que consagra la Constitución Española, consiguiendo el compromiso de todos los poderes públicos para promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantista y plenamente universal.
La Ley Foral consta de 95 artículos, agrupados en 10 títulos, además de 10 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 5 disposiciones finales.
El Título V, denominado Organos consultivos y de participación, se ocupa de otro de los principios rectores de la Ley Foral, el de la participación cívica, considerada fundamental en el ámbito de los servicios sociales. En este título, además de regular las distintas formas de participación, se hace hincapié en la conveniencia de contar con procesos participativos similares a los seguidos para la aplicación de esta Ley Foral, en la elaboración de las normas, planes y programas que la desarrollen y ejecuten.
De este modo, en su Capítulo I, que contiene las disposiciones generales aplicables a las entidades de iniciativa privada de servicios sociales, se reconoce la capacidad de éstas para crear, mantener, prestar y homologar servicios siempre que cumplan las condiciones establecidas en esta Ley Foral y en su normativa de desarrollo.
Las condiciones se regulan, por un lado, en el Capítulo II de este título, denominado Autorización y registro. Esta Ley Foral mantiene la exigencia de contar con una o varias de las autorizaciones administrativas que se preveían en la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios sociales, para poder formar parte del sistema de servicios sociales. No obstante, para la concesión y mantenimiento de las autorizaciones se va a atender, no sólo al cumplimiento de unos requisitos mínimos relativos a las condiciones de la infraestructura y del servicio, las ratios y titulación del personal y de determinada documentación, como ocurría en la legislación anterior, sino que se introduce la exigencia del cumplimiento de estándares de calidad, que deberán medirse en base a indicadores objetivos que deberán permitir una mejora de los niveles de calidad de los servicios y, en definitiva, de la satisfacción de los usuarios de los mismos.
Las condiciones para poder homologar los servicios, tanto de titularidad privada como pública y, por tanto, para que puedan formar parte del sistema público de servicios sociales, se establecen en el Capítulo III. La homologación administrativa es otra de las novedades de la norma, introducida para reforzar la apuesta por la calidad de los servicios que ésta realiza. Las condiciones harán referencia también a estándares de calidad que serán evaluados a través de indicadores objetivos, introduciendo criterios como el de calidad en el empleo.
Mejorar la calidad de vida y promover la normalización, participación e integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa de todas las personas.
Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos.
Favorecer la convivencia de las personas y de los colectivos.
Prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos.
Atender las necesidades derivadas de la dependencia y de la carencia de recursos básicos.
Promover la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades sociales y en particular de las entidades representativas de los colectivos más desfavorecidos.
Eliminar las diferencias existentes en el ámbito del bienestar social entre hombres y mujeres, para lo que se incorporará la perspectiva de género en el diseño y ejecución de los planes y programas.
Velar por el respeto a los principios éticos de la intervención social recogidos en los códigos de ética de las distintas profesiones implicadas en los servicios sociales.
Universalidad: los poderes públicos garantizarán el derecho de acceso a los servicios sociales de toda la población con arreglo a criterios de igualdad, equidad y justicia redistributiva. No obstante, podrá condicionarse el acceso a determinados servicios al cumplimiento de requisitos y condiciones específicas.
Responsabilidad pública: los poderes públicos deberán garantizar la disponibilidad de los servicios sociales mediante la regulación y aportación de los medios humanos, técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento y la coordinación del sistema.
Igualdad: el Gobierno de Navarra deberá garantizar la existencia de unas prestaciones mínimas homogéneas en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
Solidaridad: los poderes públicos deberán orientar sus actuaciones a favorecer la cohesión social de la población, fomentando el respeto y la aceptación de las diferencias de las personas para conseguir una convivencia en armonía.
Proximidad y descentralización: los servicios sociales deberán prestarse, teniendo en cuenta su naturaleza y características, en el ámbito más próximo posible a las personas.
Participación cívica: Los poderes públicos deberán promover y garantizar la participación de las personas, grupos y entidades en el funcionamiento del sistema.
Atención personalizada e integral: el sistema de servicios sociales deberá atender de forma integral las necesidades sociales, ofreciendo una atención personalizada que permita conocer esas necesidades.
Prevención: el sistema de servicios sociales orientará principalmente las actuaciones y los servicios a evitar el riesgo de que se produzcan situaciones de necesidad social.
Normalización: el sistema de servicios sociales tendrá como prioridad el mantenimiento de las personas en su entorno social, familiar y personal garantizándoles la participación en la vida de su comunidad siempre que sea posible.
Promoción de la autonomía personal: el sistema de servicios sociales favorecerá que las personas consigan la capacidad necesaria para tomar decisiones personales acerca de cómo vivir y elegir sobre sus propias preferencias, así como para participar y desenvolverse en los distintos ámbitos sociales, políticos, económicos, laborales, culturales y educativos.
Planificación y evaluación: los poderes públicos deberán planificar de forma ordenada las metas, estrategias, políticas y directrices a seguir en el ámbito de los servicios sociales, así como los instrumentos y acciones que se deban utilizar para conocer tanto la problemática social como sus causas, estableciendo las modificaciones pertinentes en función de la evaluación periódica.
Coordinación y cooperación interadministrativa: los poderes públicos deberán asegurar la igualdad y la máxima eficiencia y eficacia del sistema de servicios sociales, para lo que deberán impulsar mecanismos de coordinación y de cooperación entre sí y con la iniciativa privada.
Calidad: el Gobierno de Navarra garantizará la existencia de estándares mínimos de calidad en el sistema de servicios sociales, y fomentará la mejora de dichos estándares.
Promoción del voluntariado: los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de la ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales, a través de la participación de las organizaciones de voluntarios siempre que su función no suponga la sustitución de los servicios profesionales necesarios.
Derecho a acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad sin discriminación por razón de lugar de nacimiento, idioma, etnia, sexo, orientación sexual, estado civil, situación familiar, edad, discapacidad, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición personal o social.
Derecho a recibir información suficiente y veraz, en términos comprensibles, sobre las prestaciones y recursos disponibles y sobre los requisitos necesarios para acceder a los servicios, así como sobre otros recursos de protección social y sobre las competencias de las Administraciones Públicas en este ámbito.
Derecho a recibir por escrito y en lenguaje claro y comprensible la valoración de su situación y, en su caso, la valoración de las necesidades sociales.
Derecho a disponer de un plan de atención individual personal y/o familiar acorde con la valoración de su situación.
Derecho a participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social y a la elección de prestaciones entre las opciones que les sean presentadas por las Administraciones Públicas.
Derecho a recibir información previa en relación con cualquier intervención que les afecte, a fin de que puedan dar su consentimiento específico y libre. El consentimiento deberá ser en todo caso por escrito cuando la intervención implique ingreso en un centro residencial. El consentimiento de las personas incapacitadas y de las menores de edad se otorgará conforme al procedimiento legalmente establecido para ello.
Derecho a renunciar a las prestaciones y a los servicios concedidos en los términos establecidos por la legislación vigente.
Derecho a la confidencialidad respecto a la información que sea conocida por los servicios sociales.
Derecho al acceso, en cualquier momento, a su expediente individual, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Derecho a la asignación y elección libre de un profesional de referencia, en los términos establecidos reglamentariamente.
Derecho a la participación regulada en el Título V de esta Ley Foral.
Derecho a recibir servicios de calidad y a conocer los estándares establecidos a estos efectos.
Derecho a sugerir y a hacer reclamaciones.
Cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en las prestaciones y servicios y seguir el programa de atención y las orientaciones establecidas por los profesionales competentes, comprometiéndose a participar activamente en el proceso.
Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, siempre que su conocimiento sea necesario para valorar y atender su situación, así como comunicar las variaciones que se produzcan.
Destinar la prestación a la finalidad para la que hubiera sido concedida.
Acudir a las entrevistas a las que sea citado por los profesionales de los servicios sociales.
Contribuir a la financiación del coste del servicio cuando se posea capacidad económica y así se establezca normativamente.
El resto de deberes que se establezcan en la normativa reguladora de los servicios.
Derecho al ejercicio de la libertad individual para la permanencia y la salida del servicio, teniendo en cuenta lo que se establezca en la legislación vigente.
Derecho a conocer el reglamento interno del servicio y a disponer de una copia del documento en el que se recoja.
Derecho a conocer con carácter previo a su ingreso el informe público en el que se detallen los resultados de la evaluación periódica a la que están sometidos los servicios residenciales.
Derecho a recibir una atención personalizada, de acuerdo con sus necesidades específicas, que comprenda una atención social, sanitaria, farmacéutica, educacional, cultural y, en general, de todas las necesidades personales, para conseguir un desarrollo adecuado.
Derecho al secreto en sus comunicaciones excepto en el caso de disposición contraria por resolución judicial.
Derecho a la intimidad y a la privacidad en las diferentes acciones de la vida cotidiana, que será recogido en los protocolos de actuación y de intervención del personal profesional del servicio.
Derecho a considerar como domicilio el centro residencial dónde vive y a mantener su relación con el entorno familiar y social.
Derecho al acceso a un sistema interno de recepción, seguimiento y resolución de sugerencias y quejas.
Derecho a mantener objetos personales significativos para personalizar el entorno dónde vive, respetando los derechos de las otras personas.
Derecho a la práctica religiosa que no altere el funcionamiento normal del centro, siempre que sea ejercida desde el respeto a la libertad de las otras personas.
Derecho a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o de restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física del usuario o de terceros. En este último caso, las actuaciones efectuadas se justificarán documentalmente y constarán en el expediente del usuario, en la forma que se establezca reglamentariamente. Asimismo, se comunicarán al Ministerio Fiscal.
Derecho a conocer el precio de los servicios que se reciben y, si procede, de la contraprestación que le corresponde satisfacer.
Observar una conducta basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración para facilitar la convivencia en el servicio y la resolución de los problemas.
Respetar al personal de los servicios y sus derechos.
Utilizar y cuidar de manera responsable las instalaciones.
ELEMENTOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
LAS CARTERAS DE SERVICIOS SOCIALES.
Las prestaciones que se incluyan reglamentariamente en los cuatro programas de servicios sociales de base de implantación obligatoria señalados en el artículo 31 de esta Ley Foral.
La prestación de renta de inclusión social.
Las prestaciones de emergencia social entendidas como ayudas económicas puntuales o esporádicas orientadas a garantizar la cobertura de las necesidades básicas.
Las prestaciones que se establezcan con carácter mínimo por la legislación estatal en materia de dependencia.
Las prestaciones técnicas de atención a la infancia en situación de desprotección y conflicto social relacionadas con la detección, recepción, investigación, valoración, diagnóstico y establecimiento del plan de intervención, desde el sistema público y con carácter gratuito.
Los recursos de alojamiento temporal como centros de urgencia y casas de acogida para personas sin techo, mujeres en situación de maltrato y/o agresión sexual y menores en situación de desprotección.
El acceso a una plaza residencial permanente o temporal a las personas que no puedan continuar en su domicilio por su situación de dependencia, grave conflicto familiar o ausencia de soporte familiar adecuado.
Analizar, desagregando los datos por sexo siempre que sea posible, la situación social de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo el análisis de los servicios prestados y de la demanda existente.
Establecer las líneas estratégicas a seguir, los objetivos a perseguir y las acciones a llevar cabo para conseguirlos.
Establecer un cronograma de actuaciones y las entidades u órganos responsables.
Establecer un sistema de evaluación, control y seguimiento riguroso de todos los programas previstos en el Plan estratégico. La evaluación se realizará con carácter anual, y dará lugar a un informe público que deberá estar a disposición de las entidades locales, de los usuarios y de la ciudadanía en general.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Atender a las personas que presenten demandas ante los servicios sociales con el fin de ofrecerles una primera respuesta.
El Programa de Acogida y Orientación Social, que, dirigido a toda la población, ofrecerá intervención social a las personas que presenten demandas ante los servicios sociales. Tendrá carácter gratuito.
El Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que tendrá como objetivo posibilitar a las personas en situación de dependencia la permanencia en su medio habitual el máximo tiempo posible. Este programa podrá estar dirigido también a personas que no se encuentren en dicha situación, siempre que no se pueda conseguir este objetivo a través de otros programas.
El Programa de Incorporación Social en Atención Primaria, que tendrá como finalidad favorecer la inclusión social de personas en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos.
El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria, que tendrá como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social.
Servir de apoyo a los Servicios Sociales de base para complementar sus funciones y para coordinar a éstos con los Servicios Sociales especializados.
Colaborar y asesorar a los Servicios Sociales de base, contribuyendo a la redistribución de los recursos.
Establecer criterios homogéneos a nivel de área.
Colaborar con los Servicios Sociales de base en el seguimiento e intervención de casos.
Fomentar programas de actuación transversal de cara a un aprovechamiento de los recursos.
Valorar y diagnosticar las situaciones de necesidad social que no puedan ser abordadas desde un Servicio Social de base.
Ofrecer un tratamiento especializado y gestionar las prestaciones técnicas y económicas del sistema público de servicios sociales, conforme a la normativa que desarrolle las prestaciones y en las condiciones y con las características que se establezcan en las Carteras de servicios sociales.
Desarrollar medidas de integración, participación, capacitación y rehabilitación social orientadas a normalizar y mejorar las condiciones de vida de las personas.
Aprobar la Cartera de servicios sociales de ámbito general.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de unas prestaciones mínimas homogéneas en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
Aprobar los planes estratégicos de servicios sociales de Navarra, y remitirlos al Parlamento de Navarra para su pronunciamiento.
Aprobar los planes sectoriales y programas básicos o comunitarios y especializados de servicios sociales de ámbito general.
Establecer criterios y fórmulas de coordinación general del sistema y de coordinación transversal entre los Departamentos, cuando resulte necesario para mejorar la gestión y eficacia de la política de servicios sociales.
Aprobar los planes de calidad a los que hace referencia el Título VIII de esta Ley Foral.
Aprobar traspasos de servicios de su titularidad a las entidades locales, previo el procedimiento establecido en el artículo 45. Dicha aprobación se realizará mediante Decreto Foral, que deberá determinar los medios financieros y, en su caso, reales y personales que se traspasen.
El resto de competencias atribuidas en esta Ley Foral y en el resto del ordenamiento jurídico.
a. Ejecutar la cartera de servicios sociales de ámbito general.
b. Impulsar la coordinación del sistema de servicios sociales.
c. Elaborar los planes estratégicos de servicios sociales de Navarra, planes sectoriales y programas básicos y especializados de servicios sociales de ámbito general, y coordinar su ejecución.
d. Elaborar los planes de calidad a los que hace referencia el Título VIII de esta Ley Foral.
e. Colaborar y cooperar con las entidades locales de Navarra para la aplicación de las políticas de servicios sociales.
f. Crear, mantener y gestionar los servicios sociales especializados de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
g. Ejercer las funciones de registro, autorización y homologación de la calidad de los servicios del sistema.
h. Realizar las funciones de inspección y control de los servicios del sistema y ejercer la potestad sancionadora en materia de servicios sociales.
i. Gestionar las prestaciones de servicios sociales que le correspondan de acuerdo con esta Ley Foral y de conformidad con lo previsto en la Cartera de servicios sociales de ámbito general.
j. Ejercer el Protectorado de las Fundaciones del ámbito material de los servicios sociales, en los términos establecidos en la legislación vigente.
k. Fomentar la participación ciudadana, el asociacionismo, el voluntariado y otras fórmulas de ayuda mutua.
l. Impulsar y desarrollar programas de formación dirigidos a los profesionales de servicios sociales.
m. Fomentar la investigación y el estudio en materia de servicios sociales.
n. Crear, mantener y gestionar los Centros de servicios sociales de conformidad con lo que se establezca en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra.
ñ. El resto de competencias atribuidas en esta Ley Foral y en el resto del ordenamiento jurídico, así como aquéllas otras que sean necesarias para la ejecución de esta Ley Foral y no estén expresamente atribuidas al Gobierno de Navarra o a otras Administraciones Públicas.
Estudiar y detectar las necesidades sociales que se produzcan dentro de su ámbito territorial.
Participar en la planificación general de los servicios sociales realizada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Crear, mantener y gestionar los Servicios Sociales de base de su ámbito territorial.
Crear, mantener y gestionar los servicios sociales especializados que considere necesarios dentro de su ámbito territorial.
Aprobar la cartera de servicios sociales de ámbito local cuando pretenda completar en su ámbito territorial la cartera de servicios de ámbito general
Gestionar las prestaciones de servicios sociales que le correspondan de acuerdo con esta Ley Foral y de conformidad con lo previsto en la cartera de servicios sociales de ámbito general y, en su caso, con su propia cartera de servicios sociales.
El resto de competencias atribuidas por esta Ley Foral y por el resto del ordenamiento jurídico.
Eficacia en la satisfacción de las necesidades sociales.
Equilibrio y homogeneidad territorial.
Accesibilidad a la información y a los servicios.
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA.
La creación de órganos de cooperación distintos al establecido en esta Ley Foral.
El establecimiento de condiciones mínimas de calidad de los servicios en todo el territorio.
La aprobación de planes estratégicos de servicios sociales de Navarra, planes sectoriales de ámbito general y programas de servicios sociales básicos o comunitarios y especializados de ámbito general.
Informar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra.
Informar los planes sectoriales de ámbito general y de ámbito local.
Proponer al Gobierno de Navarra el traspaso de servicios de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a las entidades locales, debiendo incluir dicha propuesta la valoración de los medios financieros, materiales y personales que se traspasen. Los acuerdos que adopte el Consejo en este sentido relativos a una concreta entidad local deberán contar necesariamente con la conformidad previa de dicha entidad local.
Aquéllas otras funciones que le sean atribuidas por disposiciones de rango legal o reglamentario.
Funciones de docencia sobre cuestiones de ética en relación con la atención social.
Funciones de investigación sobre cuestiones de ética en relación con la atención social.
Funciones de consulta y dictamen sobre cuestiones de ética en relación con la atención social.
Unicamente se podrán financiar, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, aquellas infraestructuras de servicios sociales, tanto públicas como privadas, que estén previstas en los planes estratégicos de servicios sociales de Navarra.
2. La aportación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se establecerá en convenios plurianuales con las entidades locales titulares de los Servicios Sociales de base y en ningún caso podrá ser inferior al 50 % del coste de los programas establecidos en esta Ley Foral. La forma de determinar el coste de los programas y el establecimiento de criterios distintos para las zonas de especial actuación se establecerá reglamentariamente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 31.3.
3. La fijación de las cuantías concretas del copago corresponderá, dentro del respeto a los criterios establecidos en la cartera y en las disposiciones de desarrollo de esta Ley Foral, a la Administración titular de cada uno de los servicios que conlleven esta obligación, y deberá ser publicada en el Boletin Oficial de Navarra.
ORGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN.
Participación en los Consejos de participación de los servicios.
Los Consejos sectoriales de servicios sociales que se creen por el Gobierno de Navarra.
LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
Recibir una formación continua y adecuada a las características de su profesión y aprovechar esa formación para que ésta redunde en una mejor atención a los destinatarios de los servicios sociales.
Tener un trato respetuoso y correcto con los responsables de los servicios, con el resto de los profesionales y con los destinatarios de los servicios sociales. Este derecho y deber recíproco deberá recogerse en los reglamentos de organización de los servicios y su incumplimiento dará lugar a los oportunos expedientes sancionadores o disciplinarios.
Integrarse en equipos técnicos que deberán contar con el apoyo necesario para poder desarrollar su tÁrea profesional con eficacia y eficiencia.
Formar parte de los órganos de participación de acuerdo con lo previsto en esta Ley Foral y en su normativa de desarrollo y participar en los procesos de evaluación periódica de los servicios.
Autorización para la modificación sustancial de los centros donde vayan a prestarse servicios sociales.
Autorización para el funcionamiento de los servicios sociales, así como para los cambios de titularidad o modificación de las funciones y objetivos.
Autorización para el cese de actividad de los servicios.
Las condiciones de edificación, emplazamiento y acondicionamiento exigibles a las infraestructuras donde vayan a prestarse los servicios.
Las condiciones materiales, de seguridad y de equipamiento exigibles a los servicios en función de su naturaleza.
Los requisitos de titulación del personal, así como su número mínimo, en función del número de personas que deban ser atendidas y del grado de ocupación.
La presentación de una memoria y un plan de actuación, donde se especifique el régimen de intervención, la forma de desarrollar los programas de atención y la metodología y los procedimientos de ejecución.
Los establecidos en el artículo 73.2. de esta Ley Foral, exigiéndose un nivel de calidad superior al que se establezca para mantener las autorizaciones administrativas.
La calidad en el empleo de los profesionales.
La aportación de información económico-financiera y de gestión.
CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
La definición de los objetivos de calidad a lograr.
Los instrumentos y sistemas de mejora generales y sectoriales.
Los estudios de opinión de los usuarios y de sus familias.
La perspectiva de género en la gestión, la organización y la prestación de servicios.
Vulnerar los derechos legalmente reconocidos a los usuarios de servicios sociales residenciales relativos a la disposición y conocimiento del reglamento interno del servicio, a la existencia de un sistema de recepción y resolución de quejas y sugerencias, a la comunicación al usuario del precio del servicio y la contraprestación que ha de satisfacer y a la tenencia de objetos personales significativos para el usuario.
No disponer, para los servicios en los que así se exija reglamentariamente, de un registro de usuarios, o no tenerlo debidamente actualizado.
El incumplimiento por parte del usuario de los servicios sociales de las normas, requisitos, procedimientos y condiciones establecidas para las prestaciones y servicios, así como no seguir el programa y las orientaciones de los profesionales de los servicios sociales, de forma tal que se desvirtúe la finalidad de la intervención social.
El destino por parte de los usuarios de servicios sociales de las prestaciones que les hayan sido concedidas a una finalidad distinta de aquélla que motivó su concesión.
Infringir la obligación de cofinanciación cuando sea legalmente exigible al usuario de los servicios sociales.
Actuar en el ámbito de los servicios sociales sin disponer de la autorización administrativa específica regulada en el artículo 74 de esta Ley Foral.
Cambiar la titularidad de los servicios sin autorización administrativa previa.
Impedir el ejercicio del derecho de participación cívica en los servicios sociales en los términos establecidos en el Título V de esta Ley Foral.
No proceder a la implantación o correcta ejecución de cualquiera de los programas de los Servicios Sociales de base establecidos en esta Ley Foral, en los términos exigidos por las disposiciones de desarrollo de ésta y por la Cartera de servicios sociales de ámbito general.
Impedir el acceso en condiciones de igualdad a los destinatarios de los servicios sociales.
Incumplir el deber de confidencialidad de los datos personales, familiares o sociales de los destinatarios que obren en poder de los servicios sociales.
Incumplir la obligación de elaborar un plan de atención individual y/o familiar de los destinatarios, o elaborarlo o aplicarlo incumpliendo las prescripciones legales establecidas al efecto, en particular en lo relativo a la valoración del caso, a la participación de los destinatarios en el proceso de intervención individual, y en la designación de un profesional de referencia.
Impedir el ejercicio de la libertad individual en el ingreso, permanencia y salida de un centro residencial, salvo lo establecido al efecto por la legislación vigente para los menores y las personas incapacitadas.
No proporcionar a los usuarios de servicios residenciales una atención especializada e integral, de forma continuada y acorde con sus necesidades específicas.
Incumplir los derechos de los usuarios de los servicios residenciales relativos al respeto a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al ejercicio de la práctica religiosa, a la consideración del centro como el domicilio y al mantenimiento de la relación con su entorno familiar y social.
Incumplir o alterar el régimen de precios del servicio.
Actuar en el ámbito de los servicios sociales sin disponer de la necesaria autorización administrativa previa para la modificación sustancial de los centros donde vayan a prestarse servicios sociales o para el funcionamiento de dichos servicios, así como de la autorización para la modificación sustancial de sus funciones y objetivos, y en los casos en que así esté establecido, sin la autorización provisional regulada en el artículo 70 de esta Ley Foral.
Cesar en la prestación de un servicio social autorizado sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa previa.
Actuar como servicio social del sistema público sin disponer de la necesaria homologación.
Falsear los datos necesarios para la obtención de las autorizaciones administrativas o la homologación, y en especial los relativos a la personalidad y al carácter social o mercantil de la entidad, los concernientes a las características materiales, de equipamiento y de seguridad y a las condiciones de edificación, emplazamiento y acondicionamiento de los centros y los relativos a los requisitos de titulación y ratios del personal de atención y dirección y al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en cada caso.
No someterse, impedir u obstaculizar las actuaciones de comprobación y evaluación de las condiciones de concesión de las autorizaciones y de la homologación.
Incumplir la normativa reguladora de los requisitos y de los estándares de calidad que deban cumplir los servicios para poder funcionar o estar homologados.
Obstruir la labor inspectora de la Administración.
Someter a los usuarios de los servicios a cualquier tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción médica y supervisión, excepto en el supuesto de que exista peligro inminente para la seguridad física del usuario o de terceras personas.
Someter a los usuarios de los servicios a maltratos físicos o psíquicos.
Ejercer coacciones y/o amenazas, así como cualquier otra forma de presión grave sobre el personal inspector, los denunciantes, usuarios o familiares.
Incumplir la normativa reguladora de los requisitos mínimos y de los estándares de calidad que deben cumplir los servicios para poder funcionar y seguir manteniendo en el tiempo las condiciones de concesión de las autorizaciones administrativas o de la homologación, cuando el incumplimiento ponga en peligro la salud o seguridad de los usuarios.
Infracciones leves: Amonestación por escrito o multa de hasta 12.000 euros.
Infracciones graves: Multa de 12.001 euros hasta 60.000 euros.
Infracciones muy graves: Multa de 60.001 euros hasta 600.000 euros.
2. Las infracciones leves tipificadas en las letras c y d del artículo 85 serán sancionadas con la imposición al usuario de los servicios sociales de la prohibición de acceder a la misma prestación objeto de la infracción en un plazo que no será inferior a seis meses ni superior a tres años. En el caso de que la infracción la hubiera cometido el representante legal de un usuario incapacitado legalmente, se impondrá a éste una sanción de hasta 6.000 euros y no se aplicará al usuario lo establecido en este punto.
2. Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferior a un mes y la cuantía de éstas no podrá exceder del 30 % de la cuantía de la multa impuesta como sanción. Esa cuantía se fijará teniendo en cuenta los criterios siguientes:
El retraso en el cumplimiento de la obligación de subsanar.
La inhabilitación para el ejercicio de las actividades contempladas en esta Ley Foral durante los cinco años siguientes, con la consiguiente revocación, en su caso, de la autorización administrativa correspondiente y/o la homologación.
La inhabilitación de los directores de centros como tales durante los cinco años siguientes.
La prohibición de financiación pública por un periodo de entre uno y cinco años.
La suspensión temporal, total o parcial, del servicio por un período máximo de un año.
El cese definitivo, total o parcial del servicio, que llevará implícita la revocación de la autorización administrativa correspondiente y en su caso de la homologación.
La inhabilitación para contratar con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por plazo de uno a cinco años.
La pérdida de la homologación concedida por un periodo de entre dos y cinco años.
El órgano sancionador podrá acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación de los nombres de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas. La publicidad se efectuará en el Boletin Oficial de Navarra y en los medidos de comunicación social que se consideren adecuados.
El grado de intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción.
Los perjuicios de cualquier orden que hayan podido causarse y la situación de riesgo creada o mantenida para personas y bienes.
La reincidencia o reiteración en la comisión de las infracciones.
El cumplimiento por parte del infractor de la normativa infringida por iniciativa propia antes de iniciarse el procedimiento sancionador.
la comisión de la infracción comportando cualquier forma de discriminación.
2. En los supuestos en que el beneficio económico logrado como consecuencia de la comisión de la infracción supere la cuantía de la sanción establecida en esta Ley Foral, ésta se elevará hasta la cuantía necesaria para que supere entre un 10 y un 25 % el beneficio obtenido.
Cierre temporal total o parcial del centro o suspensión temporal, total o parcial, de la prestación del servicio o de la realización de actividades.
La Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de Servicios Sociales.
La Ley Foral 20/1985, de 25 de octubre, de Conciertos en materia de servicios sociales.
La Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios sociales.
El Decreto Foral 11/1987, de 16 de enero, por el que se establece el régimen de los Servicios Sociales de base.
Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley Foral.
Se añade una letra e al apartado 3 del artículo 2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, con la siguiente redacción:
Pamplona, 14 de diciembre de 2006.
Artículo 20 (letra b):
Redacción según Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social. Cerrar
LEY FORAL 11/2005, de 9 de noviembre, de SubvencionesORDEN FORAL 118/2007, de 14 de mayo, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación en materia de Familia y Protección del Menor para el año 2007ORDEN FORAL 130/2007, de 20 de junio, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a Programas de Vacaciones, para el año 2007, a entidades sin ánimo de lucro en el área de personas con discapacidadORDEN FORAL 69/2008, de 21 de febrero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, para el año 2008, a entidades sin ánimo de lucro en el área de personas con discapacidadORDEN FORAL 70/2008, de 21 de febrero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, para el año 2008, a entidades sin ánimo de lucro que intervienen en el área de tercera edadLEY Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009ORDEN FORAL 166/2009, de 29 de abril, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la Convocatoria de 1.688 plazas del Programa de Balnearios para personas mayores para el año 2009ORDEN FORAL 211/2009, de 1 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstasORDEN FORAL 212/2009, de 1 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se regulan las ayudas económicas para asistente personal de personas dependientesORDEN FORAL 258/2009, de 1 de julio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de servicios sociales para el desarrollo de programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en el año 2009, en el área de voluntariado socialORDEN FORAL 317/2009, de 16 de octubre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se regula el servicio de Atención TempranaLEY Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexualesLEY Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el año 2010ORDEN FORAL 33/2010, de 5 de febrero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se convoca el Tercer Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de NavarraORDEN FORAL 114/2010, de 14 de abril, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de servicios sociales que desarrollen programas en el área de voluntariado social para el año 2010ORDEN FORAL 272/2010, de 2 de septiembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas técnicas y para la movilidad de personas dependientesORDEN FORAL 339/2010, de 8 de noviembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba el Plan Integral de Atención a Personas con Discapacidad para los años comprendidos entre 2010 y 2013LEY Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011ORDEN FORAL 116/2011, de 1 de abril, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas como medida para fomentar la corresponsabilidad familiar en el cuidado de hijos e hijas, para el año 2011	Cerrar PDF
LEY FORAL 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales	Trámites

References: artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 45
 artículo 31
 artículo 73
 resolución 
 artículo 74
 artículo 70
 artículo 85
 artículo 2

Artículo 20