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Timestamp: 2018-12-14 19:55:44+00:00

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Caso Claude Reyes Y Otros.
Obligación de respetar los derechos, Deber de adoptar disposiciones
de derechos interno, Garantías judiciales, Libertad de pensamiento
y de expresión, Protección judicial, Obligación de reparar
Hechos de la demanda: Los hechos […] habrían ocurrido entre mayo
y agosto de 1998 y se refieren a la supuesta negativa del Estado de brindar a los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo
Longton Guerrero toda la información que requerían del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el
Proyecto Río Condor, el cual era un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la décimo segunda región de Chile y “podía ser perjudicial
para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile”. La
Comisión indicó que tal negativa se dio sin que el Estado “argumentar[a]
una justificación válida de acuerdo con la legislación chilena”, así como
a que supuestamente “no [les] otorgó un recurso judicial efectivo para
impugnar una violación del derecho al acceso a la información” y “no
[les] aseguró los derechos al acceso a la información y a la protección
judicial, ni contó con mecanismos establecidos para garantizar el derecho
al acceso a la información pública”.
Fecha de interposición de la denuncia ante la Comisión: 17 de diciembre de 1998
Fecha de interposición de la demanda ante la Corte: 8 de julio de
Etapa de Fondo, Reparaciones y Costas
Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas, Sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, No. 151
Caso Claude Reyes Y Otros. Chile
Voto Disidente de los Jueces Alirio Abreu Burelli y Cecilia Medina
Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez
Composición de la Corte*: Sergio García Ramírez, Presidente; Alirio Abreu Burelli, vicepresidente; Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego
García-Sayán, Juez; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta.
Artículos en análisis: 13 (Derecho a la Libertad de pensamiento y de
expresión), 23 (Derechos políticos) de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2o. de la misma; 8o. (Garantías judiciales)
y 25 (Protección judicial) de la Convención en relación con el artículo
1.1 de la misma; 63.1 (obligación de reparar) de la Convención Americana.
Otros instrumentos y documentos citados
—— Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 1932
(XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”.
—— Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. (XXXIVO/04) del 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”;Asamblea General de la
OEA. Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) del 7 de junio de
2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de
la Democracia”;
—— Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información
Pública: Fortalecimiento de la Democracia”.
—— Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima, Perú.
El Juez Oliver Jackman informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no
podía estar presente en la deliberación y adopción de la presente Sentencia.
Caso Claude Reyes Y Otros. Información que no fue entregada (objeto de la controversia). adoptada por el Comité de Ministros el 29 de abril de 1982. adoptada el 21 de febrero de 2002: principio IV. México. celebrada en la ciudad de Monterrey.1) y el Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2o. Chile 491 —— Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. —— Declaración de Nuevo León.): (determinación de las presuntas víctimas). testimonial). Recomendación Nº R (2002) 2. —— Comité de Ministros del Consejo de Europa. —— Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental. —— Recomendación Nº 582 adoptada el 23 de enero de 1970 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Estado de Nuevo León.Resolución Nº 854 adoptada el 1o. Asuntos en discusión: A) Fondo: Valoración de la prueba (documental. derecho de acceso a la información pública. de febrero de 1979 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. —— Declaración sobre libertad de expresión e información. relación entre democracia y libertad de expresión. B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado impuestas en este caso (principio de legalidad de las restricciones. en la Cumbre Extraordinaria de las Américas. Derecho a la Libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1. Principio de máxima divulgación).Resolución Nº 428 adoptada el 23 de enero de 1970 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Principios de publicidad y transparencia en la gestión pública). aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada del 3 al 14 de junio de 1992: principio 10. aprobada el 13 de enero de 2004 por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. adoptada mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 58/4 del 31 de octubre de 2003: artículos 10 y 13. Derechos políticos (ar- . —— Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A) Derecho a la Libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13) (alcance. principio de proporcionalidad en las restricciones.
B) Daño material. 112. párr. A) Fondo Valoración de la Prueba (documental. que no fueron controvertidos ni objetados. Caso Ximenes Lopes. Chile tículo 23) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1. 65.3) Adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado.1 de la Convención respecto de la decisión del órgano administrativo (alcance. B) Reparaciones: Obligación de reparar (aplicación del artículo 63. y Caso Baldeón García. Caso de las Masacres de Ituango.2) Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia.). […] 1 Cfr. Sentencia del 6 de abril de 2006. C. mora.) y Protección judicial (artículos 25) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1. 2) Aplicación del artículo 8. C. ni cuya autenticidad fue puesta en duda. testimonial) 50. supervisión de cumplimiento).1) Solicitud de información bajo el control del Estado (requerimiento de decisión fundamentada). Garantías judiciales (artículo 8o. C. párr. Sentencia del 4 de julio de 2006. D) Costas y gastos (concepto. Modalidad de cumplimiento (Plazos. C) Daño inmaterial: Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.1 de la Convención respecto de la decisión de la Corte de apelaciones de Santiago y Derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo consagrado en el artículo 25. párr.1) y el Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2o. Serie C.1 de la Convención. Serie C. No.492 Caso Claude Reyes Y Otros. fijación en equidad). como en otros. No.1 el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver. No.1 de la Convención) (Consideraciones generales): A) Beneficiarios. En este caso. C. Sentencia del 1 de julio de 2006. .) (invocación de nuevos derechos por las victimas): 1) Aplicación del artículo 8. motivación de las decisiones). 149.4) Realizar la capacitación a los órganos. 148. moneda.1) y el Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2o. autoridades y agentes públicos sobre el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. 48. 147. Serie C.
Serie A. 66. Caso Ximenes Lopes. párr. 78. 2 . de la Convención implica la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. 52. 124. 109. Caso de la Masacre de Mapiripán. supra nota 1. No. sino deben serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Chile 493 51. 66. párr.) (Determinación de las presuntas víctimas) 64. La Corte debe determinar. Este Tribunal estima que las declaraciones testimoniales de [las presuntas víctimas]. La Corte ha establecido que el deber general del artículo 2o. […] El Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público. 56. No.2 56. y Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Caso de las Masacres de Ituango. los cuales no fueron objetadas ni controvertidas.4 65. No. supra nota 1. Serie C. Caso Gómez Palomino. 4 Cfr. supra nota 2.1) y el Deber de adoptar disposiciones de derecho internos (artículo 2o. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. constituyó o no una violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de [las Cfr. 136. párr. cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes. 83. 18. que resultan útiles en el presente caso. párr. 134. Caso Ximenes Lopes. así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. a la luz de los hechos probados en el presente caso. 114. párr. si la falta de entrega de una parte de la información solicitada al Comité de Inversiones Extranjeras en 1998. En relación con las declaraciones rendidas por los testigos y peritos propuestos por las partes (supra párrs. Caso Ximenes Lopes. párr. 3 Cfr. y Caso Baldeón García. Caso de las Masacres de Ituango. párr. no pueden ser valoradas aisladamente por tratarse de presuntas víctimas y por tener un interés directo en este caso. Sentencia del 22 de noviembre de 2005.3 Derecho a la Libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1. supra nota 1. supra nota 1. Serie C.Caso Claude Reyes Y Otros. supra nota 1. párr. 91. supra nota 1. párr. y Caso Baldeón García. 32 y 49). el Tribunal las admite y les otorga el valor probatorio correspondiente. párr.
Información que no fue entregada (objeto de la controversia) 73. 57. 66. ya que guardaba relación con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena receptora. El presente caso no versa sobre la denegatoria absoluta de entrega de información. En cuanto a las particularidades del caso. 57. El Tribunal encuentra claro que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público. en que se alega la violación al derecho de acceder a información bajo el control del Estado. ha quedado probado que se solicitó información bajo el control del Comité de Inversiones Extranjeras. En el presente caso. dicho pedido de información guardaba relación con la verificación del adecuado actuar y cumplimiento de funciones por parte de un órgano estatal: el Comité de Inversiones Extranjeras.494 Caso Claude Reyes Y Otros. ya que el Estado cumplió parcialmente con su obligación de suministrar información que estaba bajo su control. la información que fue solicitada guardaba relación con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena receptora. 69. 71. la determinación de las presuntas víctimas requiere conocer las solicitudes de información que habrían realizado y cuáles habrían sido denegadas. y que dicho Comité es una persona jurídica de derecho público (supra párr. con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal.17). 57.2 y 57. por consiguiente. La controversia se plantea en relación con la falta de entrega de parte de la información solicitada en los puntos 3. Asimismo. que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública (supra párr. 6 y 7 de la referida carta de 7 de mayo de 1998 (supra párr.7). que generó gran discusión pública por el impacto ambiental que podía tener (supra párr. .16).13 a 57. si se configuró una violación al artículo 13 de la Convención Americana. personas respecto de quienes se probó que solicitaron información al Comité de Inversiones Extranjeras. Chile presuntas víctimas] y. [E]l Tribunal analizará la violación del artículo 13 de la Convención Americana en relación con los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero.13 y 57. con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal. 74. 57. Además.7).
No. Serie C. 64-67. párr. 111. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 69. Chile 495 A) Derecho a la Libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13) (alcance. No. párr. Serie C. Caso Ivcher Bronstein. 73. 107. Serie C. relación entre democracia y libertad de expresión. No. párr. 74.6 Al igual que la Convención Americana. 5. Serie C. 108111. párrs. la Corte estima que el artículo 13 de la Convención. No. a través de la descripción de sus dimensiones individual y social. de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana. La jurisprudencia del Tribunal ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención. Caso Ricardo Canese. 77. Serie C. Sentencia del 31 de agosto de 2004. dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. de forma tal que la persona pueda tener acceso Cfr. párr. supra nota 5. 77-80. párrs. protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento. 77. y Caso Herrera Ulloa. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. 146-149. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. derecho de acceso a la información pública. sino también el derecho y la libertad de buscar. No. Caso Herrera Ulloa. supra nota 5. de las cuales ha desprendido una serie de derechos que se encuentran protegidos en dicho artículo. 5 . Caso López Álvarez. otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Sentencia del 2 de julio de 2004. párrs.Caso Claude Reyes Y Otros. En este sentido la Corte ha establecido que. y La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Caso Ricardo Canese. 163. supra nota 5. Sentencia del 1 de febrero de 2006. tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Caso Palamara Iribarne. Caso López Álvarez. En lo que respecta a los hechos del presente caso. establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información. Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros). No. Serie A. Serie C. párrs. 135. párr. párrs. Principios de publicidad y transparencia en la gestión pública) 75. Sentencia del 6 de febrero de 2001. No. 163. al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”. Consecuentemente. 30-33 y 43. 108. Sentencia del 5 de febrero de 2001. 6 Cfr. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).5 76. 141.
supra nota 5. salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. párr. párr. es importante destacar que existe un consenso regional de los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) sobre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de su protección. 80 y 81 se hace referencia a la Carta Democrática Interamericana.496 Caso Claude Reyes Y Otros. 1932 (XXXIII-O/03) del 10 de junio de 2003 sobre “Ac	ceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 2252 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006 sobre “Ac	ceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. y Caso Herrera Ulloa. 10 Cfr. Resolución AG/RES. Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones específicas emitidas por la Asamblea General de la OEA. Al respecto. Perú. . 163. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla. 2252 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. punto resolutivo 2. acceder a ella y valorarla. supra nota 5.8 En la última Resolución de 3 de junio de 2006 la Asamblea General de la OEA “inst[ó] a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y [a] promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”. Caso López Álvarez. 2121 (XXXV-O/05) del 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 80. el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones. Resolución AG/RES. el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal. Caso Ricardo Canese. Chile a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.7 78.10 a la la 7 Cfr.9 [En los párrafos 79. del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. individual y social. las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima. párrs. supra nota 5. 108-111. Resolución AG/RES. 9 Cfr. 8 Cfr. De esta forma. y AG/RES. Resolución AG/RES.
Sentencia del 23 de junio de 2005. y La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. artículos 10 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup	ción. adoptada mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 58/4 de 31 de octubre de 2003.15 La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Declaración de Nuevo León. 13 Cfr. 192. 34. supra nota 75. 14 Declaración sobre libertad de expresión e información. La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión. párr. No. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”.14 84. y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA. Chile 497 Declaración de Nuevo León. aprobada el 13 de enero de 2004 por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. 16	Cfr. México. 127. las sociedades científicas y culturales.Caso Claude Reyes Y Otros. aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada del 3 al 14 de junio de 1992. la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales. condición para que la comunidad. adoptada por el Comité de Ministros el 29 de abril de 1982. Es. Caso YATAMA.13 y a la Declaración sobre libertad de expresión e información (Consejo de Europa)]. en la Cumbre Extraordinaria de las Américas. al establecer que […] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. una mayor transparencia y una buena gestión pública.12 a la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 15 Cfr.11 a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es indispensable para la formación de la opinión pública.16 85. instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. y en general. a 11 Cfr. y que en un sistema democrático representativo y participativo. a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. . párr. en fin. principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estado de Nuevo León. Serie A. quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. celebrada en la ciudad de Monterrey. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos. No. 6. Serie C. 12 Cfr. los sindicatos.
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. y Opinión Consultiva OC-5/85. Caso Ricardo Canese. El control democrático. 83. para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. . lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales.18 Por ello. Chile la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. 127. nos. 97. por parte de la sociedad a través de la opinión pública. Slovakia. párr. Caso Ricardo Canese. B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado impuestas en este caso (principio de legalidad de las restricciones. indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. ECHR 2001-VIII. párr. En este sentido. 17 Cfr. párr. Feldek v. 87. supra nota 5. no. 70. puede permitir la participación en la gestión pública. Caso Palamara Iribarne. y Caso Herrera Ulloa. Principio de máxima divulgación) 88. supra nota 5. supra nota 5. a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. de forma tal que puedan cuestionar. supra nota 5. El acceso a la información bajo el control del Estado. es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. ECHR Judgment of 8 July. Caso Herrera Ulloa.498 Caso Claude Reyes Y Otros. Turkey. 1999. § 83. 23927/94 and 24277/94. 82. principio de proporcionalidad en las restricciones. cfr. y Surek and Ozdemir v. En el mismo sentido. el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública. supra nota 5. en otros casos. párr. 18 Cfr. que sea de interés público. párr.17 86. 29032/95. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. supra nota 5. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. Por ende. 112. párr. § 60. Este Tribunal ya se ha pronunciado.
sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. y Caso Herrera Ulloa.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional. debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. 26-29. como sinónimo de cualquier norma jurídica. en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Es decir. 165. OC-6/86. pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público. supra nota 5. Caso López Álvarez. supra nota 5. Opinión Consultiva. supra nota 5. 20 Cfr. […] El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del “bien común” (art. la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. 120-123. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. Dichas leyes deben dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. 32. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo. el orden público o la salud o la moral públicas”. el artículo 13. párr. 95. supra nota 8. las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática. párrs. supra nota 5. 91.19 89. concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático […]. la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese 19 Cfr. 85. Al respecto. Chile 499 sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. . Finalmente. En segundo lugar. párrs.Caso Claude Reyes Y Otros. utilizada en el artículo 30.20 90. Caso Palamara Iribarne.2). párr. Caso Ricardo Canese. Al respecto la Corte ha enfatizado que En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes. párr.
Caso Ricardo Canese. 77 y 88 a 93). 46. 21 Cfr. En el presente caso. Caso Palamara Iribarne. supra nota 5. y Opinión Consultiva OC-5/85. ya que la autoridad encargada de responder la solicitud de información no adoptó una decisión escrita fundamentada que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos para restringir el acceso a tal información en el caso concreto. 94. interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho. sujeto a un sistema restringido de excepciones. ni que fuera necesaria en una sociedad democrática. . 121 y 123. Chile legítimo objetivo. párr. […] Al no recibir la información solicitada. Asimismo. supra nota 5. el cual establece la presunción de que toda información es accesible. Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos. ni una contestación motivada sobre las restricciones a su derecho al acceso a la información bajo el control del Estado. Caso Herrera Ulloa. los señores Claude Reyes y Longton Guerrero vieron afectada la posibilidad de realizar un control social de la gestión pública. sin la observancia de los límites convencionales (supra párrs. 95. párr. 98. supra nota 5.21 92. En esa época no existía en Chile legislación que regulara la materia de restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado. 96. Tal como ha quedado acreditado. el Estado no demostró que la restricción respondiera a un objetivo permitido por la Convención Americana. la restricción aplicada en el presente caso no cumplió con los parámetros convencionales. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación. crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta. Al respecto. párrs. está probado que la restricción aplicada al acceso a la información no se basó en una ley. y se genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo. 93. la Corte entiende que el establecimiento de restricciones al derecho de acceso a información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades. 99. 85. párr.500 Caso Claude Reyes Y Otros. reservada o confidencial. supra nota 5.
102. En particular. 88 a 93). al no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convención para hacer efectivo el derecho al acceso a la información bajo el control del Estado. disposición que no existía en la época de los hechos de este caso. 103. . de conformidad con el deber dispuesto en el artículo 2o. la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. 57. en particular la reciente reforma a la Constitución Política realizada en el año 2005 que dispone que la reserva o secreto de la información debe establecerse por ley (supra párr. Sin embargo. de la Convención. ello implica que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la Convención (supra párrs. Chile 501 100. en este caso. de la Convención Americana de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. lo cual es también aplicable a las decisiones que adopten los órganos internos en dicha materia. Chile incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2o. la Corte considera necesario reiterar que. Es preciso indicar que las violaciones en el presente caso ocurrieron antes que el Estado realizara tales reformas.Caso Claude Reyes Y Otros. por lo que la Corte concluye que. 101. el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención. el Estado no cumplió con las obligaciones que le impone el artículo 2o. La Corte valora los esfuerzos realizados por Chile con el fin de adecuar su normativa a la Convención Americana en materia de acceso a información bajo el control del Estado.41). Asimismo.1 de dicho tratado. de la Convención. y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1. lo cual implica la supresión tanto de las normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos. Con fundamento en las consideraciones precedentes. así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.
54. Este Tribunal no examinará la alegada violación al artículo 23 de la Convención porque ya ha tomado en cuenta los argumentos formulados por el representante al respecto. párr.) y Protección judicial (artículos 25) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1. el Tribunal determinará si la decisión judicial [de la Corte de Apelaciones de Santiago] cumplió con dicha garantía y si. En segundo lugar. 82. motivación de las decisiones) 116. Sentencia del 31 de enero de 2006. Garantías judiciales (artículo 8o. Chile garantizó el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo consagrado en el artículo 25. 280. No. 144. En cuanto a la alegada violación del artículo 8o.1 de la Convención respecto de la decisión del órgano administrativo (alcance. párr. cuales22 Cfr.1) y el Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2o. de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. al analizar la violación del artículo 13 de la Convención Americana.) 107. Serie C. la Corte analizará si la referida decisión administrativa [del Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras] fue adoptada de conformidad con la garantía de la debida fundamentación protegida en el artículo 8. Sentencia del 7 de febrero de 2006. párr. Serie C. No. Chile Derechos políticos (artículo 23) con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1. 140.) (invocación de nuevos derechos por las victimas) 111. Caso Acevedo Jaramillo y otros.1 de la Convención.22113.1 de la Convención. Caso López Álvarez. esta Corte reitera su jurisprudencia sobre la posibilidad de que las presuntas víctimas o sus representantes invoquen derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión.502 Caso Claude Reyes Y Otros. En primer término. y Caso de la Masacre de Pueblo Bello. El artículo 8o.1) y el Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2o. en el presente caso. . 1) Aplicación del artículo 8. de la Convención. supra nota 5.
párr. párr. Case of H. Serie C. no. 149.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. y Caso YATAMA. 71. laboral. y Caso Baena Ricardo y otros. 26 Cfr. Court H. fiscal o de cualquier otro carácter. 25 Cfr.Caso Claude Reyes Y Otros.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos. 30544/96. Caso YATAMA. 152. Belgium.R.1 de la Convención. no. y Caso Baena Ricardo y otros. párr. según el procedimiento de que se trate. párr. 53. 118. 147. Spain [GC]. pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Serie C. supra nota 5.. Caso Palamara Iribarne. Series A. Asimismo. 216. se deben observar “las debidas garantías” que aseguren. 124. ECHR 1999I. Caso Baena Ricardo y otros. supra nota 16. 102. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional. Sentencia del 31 de enero de 2001. pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. 124. supra nota 8. 120. 69. cfr. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas. No. de orden penal. supra nota 8. supra nota 5. ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas. García Ruiz v. colegiadas o unipersonales. el derecho al debido proceso24. De esta forma. § 26. Caso Ivcher Bronstein. 148-164. a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. las garantías contempladas en el artículo 8. 127-B. Judgment of 30 November 1987. en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas.26 Cfr. supra nota 8. párr. Caso YATAMA. 24 Cfr. y Eur. La Corte ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas. Caso Ivcher Bronstein. El artículo 8. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8. v. Chile 503 quiera que ellas sean. y Caso del Tribunal Constitucional. 105. 119. supra nota 8.25 tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional. párrs.23 117. párr. para. civil. la función de adoptar decisiones que determinan derechos. párrs. párr. 127-134. párr. supra nota 16. No. 23 . Sentencia del 2 de febrero de 2001. párr. 72. Caso YATAMA. supra nota 5.
supra nota 1. supra nota 5. la Corte concluye que la referida decisión de la autoridad administrativa violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8. Caso Yatama. párr. párr. con lo cual dicha decisión fue arbitraria y no cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada protegida en el artículo 8. supra nota 5.1 de la misma. de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1 de la Convención. 2) Aplicación del artículo 8. Por lo anteriormente indicado. y Caso Ivcher Bronstein. 123.1 de la Convención Americana.27 127. y Caso de la Comunidad Moiwana.1 de la Convención. La Corte ha establecido que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8.28 Por ello. Chile 122. supra nota 5. en relación con el artículo 1. Caso Ximenes Lopes. párr. 149. párr. En el presente caso la autoridad estatal administrativa encargada de resolver la solicitud de información no adoptó una decisión escrita debidamente fundamentada. párr. el recurso de protección de garantías planteado ante la Corte de Apelacio	Cfr. Sentencia del 15 de junio de 2005. en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. 164.504 Caso Claude Reyes Y Otros.1 de dicho tratado.1 de la Convención respecto de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y Derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo consagrado en el artículo 25. Caso Palamara Iribarne. 142. Serie C. párr. 163. supra nota 8. a cargo de los mismos Estados. 104. El Tribunal ha señalado que el recurso efectivo del artículo 25 de la Convención debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8. 28 Cfr. todo ello dentro de la obligación general.1). Caso Palamara Iribarne. 27 . 124. que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó para no entregar parte de la información en el caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los parámetros dispuestos en la Convención.1 de la Convención 126. No. 193.
párr. El artículo 25. 98. Dispone. Caso YATAMA. La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte. supra nota 8. 61. Serie A. supra nota 22. Sentencia del 17 de junio de 2005.1 de la Convención. y Caso Acevedo Jaramillo y otros. Caso Ximenes Lopes. 128. Serie C. supra nota 5. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.1 de la Convención ha establecido. 131. 183. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. y Opinión Consultiva OC-9/87. 30 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos). párr.32 Los Estados Partes en la Convención tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de dicho recurso efectivo. la obligación a cargo de los Estados de ofrecer. 183. 167. 33 Cfr. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. No. Caso YATAMA. párr. párr. supra nota 15. 111. La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos. 113. Para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente. Sentencia del 31 de agosto de 2001. Caso Acevedo Jaramillo y otros. párr. supra nota 23. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. supra nota 15. Caso García Asto y Ramírez Rojas. Caso Cantos. y Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. Serie C. párr. 32 Cfr. párr.30 La inexistencia de recursos internos efectivos coloca a las personas en estado de indefensión. párr. además. que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención. .33 en los términos de aquél precepto. 31 Cfr. párr. y Caso Cinco Pensionistas. 144. 23. Serie C. supra nota 1. Serie C. 23. 129. 79. 113. No.2. párr. No. no 29 Cfr. Caso Acosta Calderón. 192. párr. supra nota 5. párr. Caso Baldeón García. párr. No. 9. Serie C. 52. 125. y Caso Palamara Iribarne. párr. supra nota 8. sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. Sentencia del 28 de febrero de 2003. Caso Palamara Iribarne. a todas las personas sometidas a su jurisdicción. Sentencia del 28 de noviembre de 2002. 168. párr. en términos amplios. La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos. Serie C. párr. Sentencia del 24 de junio de 2005. 97. 27. 213. 136. Sentencia del 25 de noviembre de 2005.31 130. Caso García Asto y Ramírez Rojas.29 129. supra nota 1.Caso Claude Reyes Y Otros. No. sino que los mismos deben tener efectividad. párr. No. 137.92. 213. Chile 505 nes de Santiago debió tramitarse respetando las garantías protegidas en el artículo 8. No. 25 y 8.
2. supra nota 1.35 135. párr. La Corte considera que en el presente caso Chile no cumplió con garantizar un recurso judicial efectivo que fuera resuelto de conformidad con el artículo 8. y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. 184. rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y. Caso López Álvarez. 144. se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. supra nota 5. tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia. sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. […] 136. guardaba relación con alguna de las garantías que pueden ser objeto del recurso de protección. […] La Corte de Apelaciones de Santiago no realizó ni la más mínima indicación respecto de las razones por las que se “desprendía” de los “hechos” y “antecedentes” del recurso su “manifiesta falta de fundamento”. y 25. supra nota 1. este Tribunal encuentra que la decisión judicial [de la Corte de Apelaciones de Santiago] careció de fundamentación adecuada. .b) de la Convención si el Estado Parte en la Convención no tiene un recurso judicial para proteger efectivamente el derecho tiene que crearlo. 137. 139. párr. exista un recurso judicial sencillo. es decir.1 de la Convención y que permitiera que se resolviera el fondo de la controversia sobre la solicitud de información bajo el control del Estado. al no entregar una parte de la información solicitada. en su caso. Caso Palamara Iribarne. En este ámbito. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2o. 139. El Estado debe garantizar que. Tampoco realizó una evaluación respecto de si la actuación de la autoridad administrativa. párr.34 Esta Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación. supra nota 24. y Caso Acosta Calderón. párr. 192. párr. 93. que se determinara si el Comité de Inversiones Extranjeras debía o no dar acceso a la información solicitada.506 Caso Claude Reyes Y Otros. 35 Cfr. 138. supra nota 5. supra nota 5. Caso Baldeón García. 34 Cfr. En primer término. Chile sólo de la Convención Americana. y Caso López Álvarez. ante la denegatoria de información bajo el control estatal. Caso Caso Ximenes Lopes. o si procedía algún otro recurso ante los tribunales ordinarios. dicho recurso debe ser sencillo y rápido. párr.
no fue alegada por el representante en su debida oportunidad procesal. ya que no obstante este Tribunal ha determinado que se violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión [solamente respecto de dos de ellos]. La Corte considera como víctimas a las tres personas que interpusieron el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La pretendida violación a los artículos 8o. rápido y efectivo que les amparara ante actuaciones estatales que alegaban como violatorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. por lo que no es de recibo el argumento del Estado de que las presuntas víctimas de este caso “pudieron haberlo interpuesto”. y 25 de la Convención respecto de la regulación del procedimiento formal de tramitación del recurso judicial para la protección de los derechos fundamentales (supra párr. 143. Sin embargo. Chile 507 140. […]. Sin embargo. Con base en lo expuesto.1 de la Convención. […] al no garantizarle [a las tres víctimas] un recurso sencillo. ya que no se encontraba consagrado en la época de los hechos de este caso.1 de la misma. en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado […] 144.Caso Claude Reyes Y Otros. 109. el Tribunal concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25. correspondía al órgano judicial chileno pronunciarse en caso de que no hubiere lugar al recurso respecto de alguno de los recurrentes por motivos de legitimación activa.1 de la Convención Americana. Asimismo.b). 141. . La Corte valora los esfuerzos realizados por Chile en 1999 al crear un recurso judicial especial para amparar el acceso a la información pública. la Corte estima necesario recordar que la regulación de la tramitación del recurso a que se refiere el artículo 25 de la Convención debe ser compatible con dicho tratado. en relación con el artículo 1. la Corte concluye que la referida decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el recurso de protección no cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada. por lo que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8. 142. es preciso indicar que las violaciones en el presente caso ocurrieron antes de que el Estado realizara tal avance en su legislación.
párr.508 Caso Claude Reyes Y Otros.37 151.1 de la Convención) (consideraciones generales. 209. párr. párr. 37 Cfr. Caso Baldeón García. párr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). y Caso de las Masacres de Ituango. supra nota 1. que se regula en todos los aspectos (alcance. con el consecuente deber de reparar y de hacer cesar las consecuencias de la violación. restitutio in integrum) 149. No. la plena restitución (restitutio in integrum). 347. supra nota 30. la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación.36A tales efectos. párr. Sentencia del 5 de julio de 2006. supra nota 15. 182. la Corte se ha basado en el articulo 63. 179. 346.]. Chile B) Reparaciones Obligación de reparar (aplicación del artículo 63. supra nota 5. supra nota 1. 39 Cfr. Caso Baldeón García. supra nota 1. párr. 174. De no serlo. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). 150. 117. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Serie C. 208. 38 Cfr. el Tribunal debe determinar medidas que garanticen los derechos conculcados y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron. modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho 36 Cfr.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. supra nota 1. y Caso López Álvarez. Caso Ximenes Lopes. Caso Ximenes Lopes. párr. 117. párr. 294. siempre que sea posible. 176. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere.39 La obligación de reparar. este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. párr. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional. párr. párr. naturaleza. El artículo 63.38 Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso. Caso Acevedo Jaramillo y otros.1 de la Convención Americana […. En su jurisprudencia. párr. y Caso de las Masacres de Ituango. . supra nota 1. y Caso López Álvarez. supra nota 1. supra nota 30. 116. 150. supra nota 5.
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). párr. las reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas en los capítulos anteriores en esta Sentencia. El Tribunal estima que la presente Sentencia constituye. C) Daño inmaterial 156. En este sentido. párr. Caso Baldeón García. Chile 509 Internacional. 297. en relación con el artículo 1. consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. 40 .1 de la misma. párr. supra nota 15. párr. La Corte ha determinado que los hechos del presente caso constituyeron una violación del artículo 13 de la Convención Americana en relación con los artículos 1. no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno. 117. como el término lo indica.40 152. 209. supra nota 1. 181.Caso Claude Reyes Y Otros. y de los artículos 8. son acreedores de las reparaciones que fije el Tribunal. per se. supra nota 30. párr. 177. y Caso López Álvarez. y la Corte ha constatado que de las violaciones declaradas y la prueba aportada no deriva un daño de este tipo que requiera que se disponga una reparación. En el presente caso el representante de las víctimas no realizó ningún planteamiento ni solicitud en cuanto a un eventual daño material.1 y 25 de la Convención. supra nota 5. 347. una forma de reparación y satisfacción moral de significación e impor	Cfr.41 A) Beneficiarios 154. Las reparaciones. supra nota 1.1. en su carácter de víctimas de las mencionadas violaciones. párr. en perjuicio de Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola. supra nota 1. y 2 de la misma. Caso Ximenes Lopes. Caso Acevedo Jaramillo y otros. 41 Cfr. en perjuicio de Marcel Claude Reyes. B) Daño material 155. y Caso de las Masacres de Ituango. quienes.
Caso de las Masacres de Ituango. párr.42 Sin embargo. y Caso Ricardo Canese.43 Medidas de satisfacción y garantías de no repetición C. Por lo tanto. 159. Caso Palamara Iribarne. 42 Cfr. debe entregar la información solicitada por las víctimas. 229. debido a que en este caso el Estado no ha entregado una parte de la información solicitada y tampoco ha emitido una decisión fundamentada respecto de la petición de información. y Caso Baldeón García. el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción y garantías de no repetición que no tienen alcance pecuniario. en su caso. deberá explicar fundamentadamente por qué no dio la información. 131. En cuanto al argumento sostenido por Chile ante este Tribunal en el sentido de que ya no existe interés en la entrega de la información dado que el Proyecto “Río Cóndor” no se realizó. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia).1) Solicitud de información bajo el control del Estado (requerimiento de decisión fundamentada) 157. Caso de las Niñas Yean y Bo	sico. 249. supra nota 1. la Corte considera que el Estado. a través de la entidad correspondiente. 208. párr. Sentencia del 8 de septiembre de 2005. o adoptar una decisión fundamentada al respecto. párr. sino que tienen una repercusión pública. Chile tancia para las víctimas. supra nota 5. 130. párr. No. . 43 Cfr.510 Caso Claude Reyes Y Otros. supra nota 5. 387. Serie C. párr. supra nota 109. para efectos de la reparación del daño inmaterial en este caso. es preciso señalar que el control social que se buscaba con el acceso a la información bajo el control del Estado y el carácter de la información solicitada son motivos suficientes para atender al requerimiento de información. 158. supra nota 1. Si el Estado considera que no correspondía al Comité de Inversiones Extranjeras procurar una parte de la información que fue solicitada por las víctimas de este caso. 189. sin que deba exigirse al requirente que acredite una afectación directa o un interés específico. párr.
así como los esfuerzos realizados al crear un recurso judicial especial para amparar el acceso a la información pública (supra párr. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. Chile 511 C. supra nota 1.3) Adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 161. Como lo ha dispuesto en otros casos. 57.44 el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional. supra nota 109. 162. Chile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. párr. párr. 249. . así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías (supra párr. Sin embargo. si el ejercicio de los derechos y libertades protegidos por dicho tratado no estuviere ya garantizado.2) Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia 160. Caso Ximenes Lopes. como medida de satisfacción. a partir de la notificación de la presente Sentencia.35). de la Convención implica la supresión tanto de las normas como de las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías previstas en la Convención. La Corte también estima importante recordar al Estado que. 151. 194. supra nota 1. 163. tiene la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. el Tribunal considera necesario reiterar que el deber general comprendido en el artículo 2o. C. el capítulo relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia […] Para esta publicación se fija el plazo de seis meses. por una sola vez. párr. 64). Por ello. de la Convención.Caso Claude Reyes Y Otros. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). y Caso Baldeón García. que se encuentra en trámite un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. La Corte valora los importantes avances normativos que Chile ha emprendido en materia de acceso a información bajo el control del Estado. dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento admi44 Cfr.
D) Costas y gastos (concepto. la capacitación a los órganos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y to- . que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información (supra párrs. el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna. corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance. C. […] Este Tribunal observa con preocupación que diversos elementos probatorios aportados al expediente de este caso coinciden en afirmar que los funcionarios públicos no responden efectivamente a solicitudes de información.1 de la Convención Americana.4) Realizar la capacitación a los órganos. En cuanto a su reembolso. tanto a nivel nacional como internacional. en un plazo razonable. implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano.512 Caso Claude Reyes Y Otros. autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho. las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63. puesto que la actividad desplegada por la víctima con el fin de obtener justicia. autoridades y agentes públicos sobre el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 164. teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados. La Corte considera que el Estado debe realizar. fijación en equidad) 166. que fije plazos para resolver y entregar la información. Como ya lo ha señalado la Corte. Chile nistrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información. 165. 77 y 88 a 101).
El Estado debe cumplir las medidas de reparación establecidas en los párrafos 158. deberá ser entregada a las víctimas en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia. El Estado deberá cumplir su obligación de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda chilena. supra nota 1. 152. En caso de que el Estado incurriese en mora. La Corte toma en cuenta que las víctimas incurrieron en gastos durante las gestiones realizadas en el ámbito judicial interno. y las medidas establecidas en los párrafos 163 y 165 en un plazo razonable. 45 Cfr. siempre que su quantum sea razonable. 172. Estados Unidos de América. Chile 513 mando en cuenta los gastos señalados por la Comisión Interamericana y por los representantes. mora. . Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York. 159 y 160 de esta Sentencia en el plazo de seis meses. El Estado deberá pagar la cantidad fijada como reintegro de las costas y gastos en el plazo de un año. 170. reducida o condicionada por motivos fiscales actuales o futuros. deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada. párr. 414. este Tribunal establece en equidad la cantidad total de US$ 10. En consecuencia. y actuaron representados a través de un abogado representante en ese ámbito y ante la Comisión y esta Corte en el proceso internacional. supervisión de cumplimiento) 168. 208. párr.000. Al no contar con prueba documental que acredite los gastos en que se incurrió en el proceso internacional ni en el ámbito interno. Caso de las Masacres de Ituango. La cantidad asignada en la presente Sentencia por reintegro de costas y gastos no podrá ser afectada. correspondiente al interés bancario moratorio en Chile. Dichos plazos se deben contar a partir de la notificación de la presente Sentencia. y Caso Baldeón García. supra nota 109.45 167. el día anterior al pago. 171.Caso Claude Reyes Y Otros. moneda.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) […] Modalidad de cumplimiento (plazo. en la forma señalada en el párrafo 167 de la presente Sentencia. supra nota 1. párr. 169.
contado a partir de la notificación de esta Sentencia. Dentro del plazo de un año. Conforme a su práctica constante. la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. Chile deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.514 Caso Claude Reyes Y Otros. . Chile 173.
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