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Timestamp: 2017-09-23 08:59:32+00:00

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Anteproyecto de la Ley de Conciliación y Arbitraje
Los medios alternativos de solución de controversias han sido utilizados desde tiempos remotos, como una práctica milenaria y ancestral, entendida como un proceso pacificador. Teniendo en cuenta que el conflicto interpersonal es tan antiguo e inherente en el ser humano como lo es su origen.
Bolivia, con el sistema jurídico del Estado Republicano mantuvo las prácticas y costumbres coloniales y la adopción de modelos ajenos en el sistema de justicia. La codificación Santa Cruz y Banzer mantuvieron la institucionalidad colonial y la concepción judicialista no estableciendo medios alternativos de resolución de controversias.
El 10 de marzo de 1997 se promulga la Ley N° 1770 de Conciliación y Arbitraje (Ley 1770), el contexto económico, social y político de esta norma respondía a un marco constitucional diferente al vigente y obedecía a políticas económicas y sociales que sólo pretendían proteger intereses privados y extranjeros. Coincidentemente en la década de los 90 se llegaron a firmar gran parte de los tratados bilaterales de inversión, que en el marco de una política neoliberal pretendían atraer inversiones directas en condiciones desventajosas y desfavorables para el pueblo boliviano.
La Revolución jurídica y judicial para Vivir Bien se inicia con el debate de la Asamblea Constituyente, donde participaron de manera decisiva los movimientos sociales, quienes invitaron a buscar soluciones integrales bajo la premisa de “Descolonizar el Derecho para Nacionalizar la Justicia”, esta revolución jurídica se ve expresa en los denominados “Códigos Morales”.
Con la firme decisión de dejar en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, se asume el reto histórico de construir colectivamente el Estado Plurinacional, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.
Uno de los pilares en el que se enmarca el desarrollo normativo del proceso de cambio que el Estado Plurinacional de Bolivia viene construyendo, es el de Bolivia Soberana, toda vez que el enfoque de este pilar se basa en una proyección geopolítica regional e internacional.
Este proceso de refundación, basado en la cultura del diálogo, la vida, el equilibrio, la justicia y la equidad, permite la formulación de una nueva política que permite a los bolivianos solucionar sus controversias en distintas materias, utilizando el arbitraje como método alternativo de solución a las controversias.
En el marco del fortalecimiento de la economía plural, Bolivia cuenta con inversión extranjera, haciendo de los inversores extranjeros, socios y no patrones del Estado Plurinacional respetando nuestra soberanía, nuestra madre tierra y buscando de que las ganancias sean en nuestro territorio y fortalecer la soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.
La conciliación y el arbitraje para la resolución de conflictos tienen un papel importante debido a que coadyuvan a aligerar la carga procesal judicial, generan la convivencia social que se desarrolla en una cultura de paz inmersa en un Estado Constitucional de Derecho.
Se ve la necesidad de actualizar la normativa de conciliación y arbitraje en base a la nueva CPE y otras normas vigentes en nuestro Estado Plurinacional como por ejemplo la Ley No. 439 de 19 de noviembre de 2013 Código Procesal Civil.
El proyecto de ley se construye a partir del principio general que adopta nuestro Estado Plurinacional que es el Vivir Bien, basado en una Cultura de Paz que profesa nuestra CPE, así como la independencia y la imparcialidad del tribunal arbitral, la buena fe y la lealtad procesal en cuanto a las partes intervinientes.
Legislando para tal objeto una norma especializada que permita a los inversores extranjeros resolver sus controversias por la vía del arbitraje aplicando reglamentos nacionales y los que así conviene a los efectos de proteger los intereses del Estado.
Siendo necesario el desarrollo de mecanismos operativos para la participación de instituciones y sectores sociales en la formulación y ejecución de la política exterior de Estado, para asegurar la defensa de la soberanía y la representación de los intereses nacionales en las relaciones con la comunidad internacional.
Los artículos de la CPE que sustentan la elaboración de este proyecto normativo son:
a) Artículo 8. (…) II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Resaltándose que los principios de los métodos alternativos de resolución de conflictos, se ajustan a los valores de nuestra Constitución Política del Estado.
b) Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: (…) 3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz.
Con este artículo queda justificada la incorporación del principio de cultura de paz en el proyecto, principio recalcado por la doctrina en materia de MARCS’s, cuya característica es justamente la práctica de formas pacíficas y dialogadas de solución de conflictos.
La conciliación extrajudicial responde a la dinámica social y cultural de Bolivia, debido a que debe ser administrada por personas o instituciones especializadas en resolver conflictos garantizando el acceso de toda la población a la justicia con las características de ser eficaz y económica.
Se establecen fases o directrices en la conciliación extrajudicial que no pueden faltar como: la preparación donde el conciliador genera un clima de confianza, para posteriormente pasar a la presentación donde el conciliador identifica a las partes y da las explicaciones necesarias y de manera objetiva sobre los fines, beneficios y reglas de conducta de la conciliación; seguido de la discusión de los hechos, donde las partes exponen la situación que generó el conflicto; es de esta manera que se pasa a la redefinición del conflicto donde el conciliador deberá descubrir cuál es el origen del problema y los intereses subyacentes para luego trabajar en la búsqueda de soluciones que sean satisfactorias para ambas partes y de esta manera llegar al punto más importante que es el Acuerdo como resultado final al conflicto entre las partes plasmada en el acta de conciliación que es un documento con plena validez legal y tiene calidad de cosa juzgada.
Unos de los fundamentos más importantes es que este medio de solución de conflictos es propicio en relación a la crisis en la administración de justicia en Bolivia sobre todo con la carga procesal en los juzgados y por otra parte por el costo económico que representa para gran parte de la población, en mira de efectivizar el acceso de la población a la justicia es que este medio conciliatorio extrajudicial.
Siendo esta competencia de carácter compartido entre el nivel central y autonómico, es posible normar este tipo de conciliación a partir de las directrices generales que deberán ser tomadas en cuenta por los gobiernos autónomos en el momento de regularla en su jurisdicción.
c) Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y la ley: (…) 8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Este artículo concordante con el art. 8 numeral 8 de la Ley 64 de 05 de diciembre de 2010 y el mandato expreso dado por la Ley de Promoción de Inversiones, habilita a la Procuraduría General del Estado a formular y presentar iniciativas legislativas en el marco de sus competencias.
Una de las figuras innovadoras es el “levantamiento de la confidencialidad”, a efectos de proteger los intereses del Estado como atribución que le otorga la CPE a la Procuraduría General del Estado.
Se incorpora la figura de “Arbitro de Emergencia” esto cuando las partes en controversias requieran actuaciones inmediatas del árbitro de emergencia con el fin de efectivizar el cumplimiento de las obligaciones, desarrollándose para el efecto un procedimiento específico.
También se incorpora la posibilidad de aplicar medidas cautelares previas o durante el proceso de arbitraje, dejando su ejecución directamente al Tribunal Arbitral o en caso de imposibilidad al auxilio judicial.
Se incluye la “Declaración de imparcialidad e independencia de los árbitros”, con el fin de que el proceso del arbitraje no tenga injerencias ni favoritismos con ninguna de las partes.
También se incorpora la “Excusa y recusación de árbitros y peritos, la diferencia de la norma vigente que solo contempla la “Recusación de árbitros”, la práctica ha demostrado que los peritos y sus dictámenes periciales suelen ser en determinados casos decisivos en el proceso arbitral, razón por la que se debe garantizar la imparcialidad de estos sujetos arbitrales así como de la información que generen para el proceso.
Se establece en el proyecto de norma las “Resoluciones y el Laudo arbitral”, entendidas las primeras como aquellas que resolverán cuestiones accesorias que surjan en el curso del procedimiento. Los Laudo arbitrales definidos como aquellos que ponen fin a la controversia. Con el fin de no crear confusión el proyecto de ley reconoce sólo Resoluciones y Laudo Arbitral.
El proyecto de ley crea el Régimen Especial de Arbitraje, referido a contratos celebrados por el Estado frente a empresas privadas, nacionales, a través de sus entidades públicas en cuanto a sus recursos naturales estratégicos señalando que las mismas de acuerdo a la Constitución Política del Estado las controversias surgidas se regirán a la jurisdicción, leyes, reglamentos y demás normativa boliviana.
Una de las características especiales que señala el régimen especial es que el Tribunal Arbitral utilizará el Reglamento de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) y cuando correspondiere el reglamento sobre la Transparencia en los arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (CNUDMI), debiendo resolverse el arbitraje en derecho.
El Proyecto de Ley contempla también el Arbitraje Comercial y de Inversiones, especificando el ámbito de aplicación y sus características especiales.
Finalmente como disposiciones transitorias se dispone que los centros de conciliación y arbitraje deban elaborar o adecuar sus reglamentos de acuerdo a la presente ley.
ARTÍCULO 1. (OBJETO). El objeto de la presente Ley es establecer y regular la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de controversias.
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente norma se aplicará a las controversias emergentes de una relación contractual o no, sometidas a conciliación o arbitraje nacional o internacional.
ARTÍCULO 3. (PRINCIPIOS). La conciliación y el arbitraje se sustenta en los siguientes principios:
Cultura de paz. La resolución de controversias se logra superando la cultura del litigio, contribuyendo al vivir bien.
Voluntariedad. Por el que en forma libre los interesados deciden acceder y permanecer en un medio alternativo de solución de controversias.
Oralidad. Como medio que garantiza el diálogo y la comunicación entre los intervinientes generando confianza mutua.
Flexibilidad. Por el que las actuaciones serán informales, simples y adaptables a las particularidades de la controversia. Los procedimientos se desarrollarán con economía y celeridad, evitando trámites o diligencias innecesarias.
Buena fe. Las partes proceden de manera honesta y leal, con el ánimo de llegar al acuerdo y acceder al medio alternativo, la clarificación del conflicto y las soluciones que ponga fin a la controversia.
Finalidad. Por el que se subordina la validez y los formalismos de las actuaciones en aras de la solución de la controversia.
Imparcialidad. Toda y todo conciliador o árbitro debe permanecer imparcial durante el procedimiento, sin que pueda mantener relación personal o profesional o comercial alguna con los interesados, ni tener interés en el asunto objeto de controversia.
Idoneidad. Las y los conciliadores o árbitros legitiman su intervención a partir de su aptitud, conocimiento y experiencia en el desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias.
ARTÍCULO 4. (AUXILIO JUDICIAL). Compete a la autoridad judicial conocer y resolver los requerimientos de auxilio judicial que las partes, las y los conciliadores o el Tribunal Arbitral soliciten de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 5. (CONTROVERSIAS EXCLUIDAS DE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE). No podrán someterse a Conciliación o Arbitraje, y por tanto las mismas quedan sometidas exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuestiones que versen sobre:
1. La propiedad de los recursos naturales;
2. Los títulos otorgados sobre reservas fiscales;
3. Los tributos y regalías por parte de empresas privadas, bolivianas o extranjeras;
4. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas;
5. Los bienes y servicios públicos de salud;
6. Las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos;
7. Los derechos disponibles que afecten al orden público;
8. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución;
9. Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas;
10. Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial;
11. Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado;
12. Las cuestiones que no sean objeto de transacción;
13. Cualquier otra determinada por leyes especiales.
ARTÍCULO 6. (CONFIDENCIALIDAD). I. Toda la información conocida y producida en un trámite de conciliación o de arbitraje es confidencial y no tiene ningún valor probatorio.
II. Excepcionalmente la reserva se levantará cuando estén comprometidos los intereses del Estado, existan indicios de comisión delictiva o de una situación que ponga en riesgo a la población. Cuando estén comprometidos los intereses del Estado la información será entregada sólo a la Procuraduría General del Estado.
ARTÍCULO 7. (MARCO COMPETENCIAL). I. Por la presente Ley se atribuye al nivel central de Estado la competencia exclusiva de legislar, reglamentar y ejecutar la conciliación en materias vinculadas a sus atribuciones y competencias.
II. La presente se constituye en la Ley Base de la competencia compartida de las Instancias de Conciliación Ciudadana Municipal para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal del artículo 299 de la Constitución Política del Estado. Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la atribución de realizar la legislación de desarrollo, reglamentación y ejecución de las mismas.
ARTÍCULO 8. (NATURALEZA). La conciliación es un medio alternativo de solución de controversias por el que libre y voluntariamente acceden las personas interesadas, antes o durante un proceso judicial o arbitral, con la intervención de una o un conciliador autorizado.
ARTÍCULO 9. (ÁMBITO MATERIAL). Se podrán someter a conciliación las controversias derivadas de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales, que puedan ser resueltas mediante la libre disposición de derechos expresamente permitidos por la ley especial que rija la materia y no contravengan el orden público.
ARTÍCULO 10. (SUJETOS DE CONCILIACIÓN). I. Podrán acceder a la conciliación las personas naturales o jurídicas privadas sean nacionales o extranjeras.
II. Las instituciones públicas y las empresas públicas accederán a la conciliación de sus controversias previa coordinación y autorización de la Procuraduría General del Estado.
ARTÍCULO 11. (RESOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA). La resolución de la controversia se materializa mediante la suscripción del Acta de Conciliación, que incorpora el acuerdo total o parcial sobre la controversia planteada y especifica de manera expresa las obligaciones de cada una de las y de los interesados.
ARTÍCULO 12. (EFICACIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN). I. El Acta de Conciliación es vinculante a las partes, su exigibilidad será inmediata o requerirá la homologación de autoridad judicial o administrativa competente, conforme lo establezca la ley especial que rija la materia.
II. Siendo exigible adquiere fuerza ejecutiva y el efecto de cosa juzgada que habilita su ejecución forzosa en la vía judicial o administrativa, según corresponda.
ARTÍCULO 13. (CONCILIACIÓN INTERNACIONAL). I. La conciliación internacional podrá llevarse a cabo en territorio boliviano cuando la controversia sea de carácter comercial, contenga los requisitos que le dan el carácter internacional, y lo acuerden las partes.
II. La normativa de procedimiento será pactado por las partes, siempre que esta no contradiga a la Constitución Política del Estado Boliviano. La normativa sustantiva aplicable a la controversia siempre será la boliviana.
ARTÍCULO 14. (EJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN INTERNACIONAL). La solicitud de ejecución del acta de conciliación realizada en un país extranjero, será presentada ante la autoridad competente y de acuerdo a las previsiones de la presente Ley.
ARTÍCULO 15. (ACCESIBILIDAD). I. Las autoridades competentes deberán establecer disposiciones para garantizar la más amplia accesibilidad a la conciliación como medio alternativo de solución de controversias.
II. Las autoridades competentes directamente o por medio de los Centros de Conciliación deberán difundir el acceso y las ventajas que ofrece este medio alternativo.
ARTÍCULO 16. (ACOMPAÑAMIENTO). La mediación, la negociación o la amigable composición podrán acompañar a la conciliación, pudiendo ser aplicado conforme lo puedan acordar los interesados.
ARTÍCULO 17. (LUGAR DE LA CONCILIACIÓN). La conciliación se realizará en el lugar que acuerden las partes. A falta de acuerdo, se la promoverá en la jurisdicción territorial del domicilio de la o del solicitante o donde se deba cumplir la obligación previo consentimiento mutuo.
ARTÍCULO 18. (SOLICITUD Y CONVOCATORIA). I. Salvo acuerdo de partes, éstas conjunta o individualmente, podrán solicitar acceder al medio alternativo de la conciliación al Centro de Conciliación de su elección, según las formalidades que se establezcan en reglamento.
II. En caso de solicitud de una sola de las partes, la primera comunicación con la otra será en su domicilio o por el medio que resulte eficaz y expedito a fin de realizar la convocatoria.
ARTÍCULO 19. (REPRESENTACIÓN). I. Las personas individuales deberán asistir personalmente a las audiencias.
II. Las personas jurídicas asistirán mediante representante legal y, las personas domiciliadas en el extranjero o las que se encuentran en el interior de país, podrán hacerlo mediante representación por poder. El apoderado deberá contar con facultad expresa para conciliar.
ARTÍCULO 20. (DESIGNACIÓN DE LA O DEL CONCILIADOR). I. El Centro de Conciliación deberá proporcionar la lista de sus conciliadores, garantizando que las y los interesados tengan el derecho de libre elección.
II. Luego de haber sido elegido por las personas interesadas, el Centro de Conciliación designará a la o el conciliador.
III. Las y los conciliadores tienen responsabilidades por sus actos a partir de su designación.
IV. La o el conciliador designado deberá realizar las acciones preliminares que permitan de la forma más expedita y eficaz realizar una reunión de audiencia, en la que se exponga la o las controversias y se acuerde como llevar adelante el procedimiento.
ARTÍCULO 21. (TRADUCTORA O TRADUCTOR). Las y los interesados podrán acordar el uso de idiomas o la participación de traductores e intérpretes. Estas participaciones serán reguladas mediante reglamento de la autoridad competente.
ARTÍCULO 22. (COMUNICACIONES). I. Las comunicaciones durante el procedimiento conciliatorio serán por el medio que acuerden las partes, en coordinación con la o el conciliador.
ARTÍCULO 23. (AUDIENCIAS). I. La o el conciliador en la audiencia de conciliación aplicará las metodologías más adecuadas para garantizar el desarrollo de la misma.
II. La conciliación se realizará en cuantas audiencias sean requeridas. En caso necesario, la o el conciliador podrá efectuar entrevistas separadas con cada una de las partes, previo conocimiento de la otra.
III. Las partes podrán acordar el desarrollo de las audiencias utilizando los medios más sencillos y eficientes.
ARTÍCULO 24. (AUXILIO TÉCNICO). La o el conciliador podrá requerir el auxilio técnico de un experto que contribuya a precisar la controversia y a plantear alternativas de solución. La o el experto será remunerado conforme disponga el reglamento de la autoridad competente.
ARTÍCULO 25. (CONCLUSIÓN).
I. El procedimiento de conciliación puede concluir con la firma del Acta de Conciliación.
II. La autoridad competente deberá establecer los contenidos mínimos del Acta que garanticen la eficacia del mismo como ser la identificación de las partes, los aspectos conciliados, los derechos y obligaciones y las penalidades o medidas necesarias para garantizar su ejecución efectiva.
III. Si no se llegara a conciliar o una de las partes abandona el procedimiento conciliatorio, se asentará en el formulario que se establezca conforme al reglamento.
RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN
ARTÍCULO 26. (AUTORIDAD COMPETENTE).
I. La autoridad competente en el nivel central será ejercida por los Ministerios de Estado y las Autoridades de Fiscalización y Control Social.
II. En los Gobiernos Autónomos Municipales, la autoridad competente es la o el Alcalde Municipal con iguales atribuciones en su ámbito territorial respecto a la Conciliación Ciudadana Municipal.
ARTÍCULO 27. (ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE).
I. Las entidades del artículo anterior de acuerdo a la presente Ley, podrán:
Organizar, autorizar el funcionamiento y acreditar a los Centros de Conciliación con especialidad en su sector. En su caso, suspender temporal o definitivamente por incumplimiento de acuerdo al reglamento.
Formular, aprobar y ejecutar las políticas rectoras de la conciliación, así como la normativa y planes necesarios para su organización y la capacitación continua de los Centros de Conciliación y de las y los ciudadanos.
Fiscalizar, supervisar y vigilar la gestión, el cumplimiento de políticas de calidad y el cumplimiento de normativa de los Centros de Conciliación de su sector.
II. Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen iguales atribuciones en lo que sea aplicable a las Instancias de Conciliación Ciudadana Municipal, de acuerdo a las disposiciones del Título I y II de la presente Ley.
ARTÍCULO 28. (ORGANIZACIÓN). I. El acceso a la conciliación se organiza a través de:
1. Centros de Conciliación, públicos o privados,
2. Instancias de Conciliación Ciudadana Municipal.
II. Las y los Notarios de Fe Pública podrán ejercer la conciliación como medio alternativo, de acuerdo a la organización del Notariado determinada por la norma especial.
III. Los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional SIJPLU dependientes del Ministerio de Justicia, están facultados a desarrollar la conciliación en materia civil, comercial y familiar.
ARTÍCULO 29. (CENTROS DE CONCILIACIÓN). Las organizaciones sociales, laborales, productivas, u otras similares, las instituciones especializadas en medios alternativos de solución de controversias, y las instituciones públicas podrán constituir y administrar los Centros de Conciliación cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Que tenga como propósito organizacional o institucional, facilitar la conciliación.
2. Reglamento Interno aprobado de organización y funcionamiento del Centro de Conciliación.
3. Contar con más de una o un conciliador
4. Contar con infraestructura que cumpla las condiciones técnicas y administrativas de acuerdo a la normativa de la autoridad competente.
5. Otras establecidas en el reglamento.
ARTÍCULO 30. (ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES). I. Los Centros de Conciliación tendrán atribuciones para:
1. Prestar servicios en Conciliación.
2. Acreditar y designar a las y los conciliadores. En su caso, suspender temporal o definitivamente por incumplimiento del reglamento interno del Centro de Conciliación o la normativa de la autoridad competente.
3. Definir el arancel por el servicio prestado por las y los conciliadores.
II. Sus obligaciones son:
1. Desarrollar el reglamento interno y un código de ética del Centro de Conciliación, al que deberán someterse sus conciliadores, de acuerdo a la normativa de la autoridad competente.
2. Desarrollar los protocolos de organización y funcionamiento de acuerdo a la política y la normativa definida por la autoridad competente.
3. Presentar semestralmente al ente competente, en los meses de enero y julio, los informes estadísticos y toda información solicitada en cualquier tiempo de acuerdo al reglamento.
4. Difundir en medios masivos de comunicación o a través de las Tecnologías de información y la comunicación, el Centro de Conciliación, el arancel y la nómina actualizada de las y los conciliadores acreditados por especialidad.
5. Aplicar las políticas públicas rectoras y la normativa de la autoridad competente.
6. Contribuir al desarrollo de capacidades de las y los conciliadores, e incluso evaluar el desempeño de competencia, técnica y desempeño de los mismos.
ARTÍCULO 31. (ARANCEL).
I. El arancel es determinado por el Centro de Conciliación.
II. La o el Notario de Fe Pública podrá cobrar por sus servicios de conformidad con el arancel establecido por la Dirección del Notariado Plurinacional.
ARTÍCULO 32. (ACREDITACIÓN).
I. La o el Conciliador para ser acreditado deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Competencia demostrada en conciliación.
2. Formación especializada de acuerdo a la oferta del servicio de conciliación del Centro de Conciliación del que es miembro.
II. La acreditación del Centro de Conciliación a la o el conciliador, constituye a éste en miembro de aquel. La o el Conciliador podrá ser miembro de los Centros de Conciliación que así lo acrediten.
ARTÍCULO 33. (DERECHOS Y DEBERES).
I. Las y los Conciliadores adquieren los derechos a:
1. Percibir los honorarios profesionales por el servicio prestado de acuerdo al arancel aprobado. Excepto los servidores públicos.
2. Recibir capacitación por el ente acreditador y del Centro de Conciliación del que es miembro.
3. A negarse a proceder en las controversias no conciliables o reñidas con la ley.
1. Actuar con transparencia cuidando los intereses de las partes y sus derechos.
2. Cuidar por la legalidad y los contenidos mínimos del acta.
3. Cumplir lo que determinen la normativa de la autoridad competente.
III. La o el conciliador está prohibido de obtener ventajas adicionales a las establecidas en el arancel profesional.
ARTÍCULO 34. (RESPONSABILIDAD). La o el conciliador es responsable civil y penalmente por la legalidad del contenido del Acta de Conciliación.
ARTÍCULO 35. (INHABILIDAD ESPECIAL). I. La o el conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de las partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral durante un (1) año a partir de conclusión de la misma. Sin perjuicio, del Tribunal Arbitral que en sus funciones aplique la conciliación.
II. El Centro de Conciliación no podrá intervenir en casos en los casos que el mismo o cualquiera de sus funcionarios se encuentren directamente interesados.
DISPOSICIONES GENERALES DEL ARBITRAJE
ARTÍCULO 36. (ARBITRAJE). Es un mecanismo alternativo que permite resolver las controversias o conflictos entre las partes, donde un Tribunal Arbitral, resuelve las controversias siempre y cuando éstas versen sobre temas que no estén prohibidos por la Constitución Política del Estado o las leyes, pudiendo ser un arbitraje institucional o ad hoc.
ARTÍCULO 37. (REGÍMENES ESPECIALES). Las disposiciones de los Títulos I y III de la presente ley se aplicarán a los regímenes especiales, salvo previsión expresa que determine lo contrario.
ARTÍCULO 38. (ARBITRAJE EN DERECHO O EQUIDAD). I. Arbitraje en Derecho es aquel en el que el Tribunal Arbitral debe resolver la controversia aplicando estrictamente la norma jurídica pertinente al caso, para fundamentar su decisión.
II. Arbitraje en Equidad es aquel en el cual el Tribunal Arbitral resuelve la controversia de acuerdo con su leal saber y entender, según su sentido natural de lo justo.
III. Es potestad de las partes decidir que el Tribunal Arbitral resuelva la controversia en derecho o en equidad.
ARTÍCULO 39. (OPORTUNIDAD DEL ARBITRAJE). Pueden someterse a arbitraje todas las controversias surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o no contractuales de las partes, antes, en el transcurso o después de intentado un proceso judicial, cualquiera fuere el estado de éste, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse.
ARTÍCULO 40. (CLÁUSULA COMPROMISORIA Y CONVENIO ARBITRAL). I. Cláusula Compromisoria es el acuerdo que se instrumenta por escrito en un contrato principal en el cual las partes se obligan a someter controversias que hayan surgido de la interpretación o ejecución del contrato.
II. Convenio Arbitral es el acuerdo que se instrumenta por escrito en otro documento diferente al contrato principal, en el cual las partes se obligan a someter controversias que hayan surgido de la interpretación o ejecución del contrato, que pueda intercambiarse a través de medios escritos, electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, cartas, correo, correo electrónico télex, facsímiles, radiograma, telegrama, u otros medios de comunicación.
III. El convenio arbitral hará referencia a que forma parte del contrato principal.
IV. Convenio Arbitral no Contractual, es el acuerdo que se instrumenta por escrito y tiene por objeto resolver las controversias que surgen de la interrelación entre personas.
ARTÍCULO 41. (AUTONOMÍA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA O CONVENIO ARBITRAL). I. Toda cláusula compromisoria o convenio arbitral que forme parte de un contrato principal se considera como un acuerdo independiente y autónomo con relación a las demás estipulaciones del mismo.
II. La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria.
ARTÍCULO 42. (EXCEPCIÓN DE ARBITRAJE). I. El convenio arbitral o cláusula compromisoria, importa la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre controversias sometidas al arbitraje.
II. La autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a cláusula compromisoria o convenio arbitral debe inhibirse de conocer el caso, cuando lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso, dicha parte puede oponer excepción de arbitraje en forma documentada y antes de la contestación. La excepción será resuelta sin mayor trámite, mediante resolución expresa.
III. Constatada la existencia del convenio arbitral y sin lugar a recurso alguno, la autoridad judicial competente declarará probada la excepción de arbitraje o, pronunciándose únicamente sobre la nulidad o ejecución imposible del convenio arbitral, desestimará la excepción de arbitraje.
IV. No obstante de haberse entablado acción judicial, se podrá iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar laudo mientras la excepción esté en trámite ante el juez.
ARTÍCULO 43. (RENUNCIA AL ARBITRAJE). I. La renuncia expresa o tácita al arbitraje será válida únicamente cuando concurra la voluntad de todas las partes y sea presentada hasta antes del laudo arbitral.
III. Se considera que existe renuncia tácita cuando una de las partes es demandada judicialmente por la otra y no opone una excepción de arbitraje.
IV. No se considerará renuncia tácita al arbitraje, el hecho que cualquiera de las partes, antes o durante el procedimiento arbitral, solicite de una autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares o que dicha autoridad judicial conceda el cumplimiento de las mismas.
V. La solicitud de medidas cautelares, así como cualquier medida adoptada por la autoridad judicial, en defecto del árbitro de emergencia, debe ser notificada de inmediato a la institución administradora de arbitraje, si esta ha sido definida.
ARTÍCULO 44. (IDIOMA). Las partes podrán decidir el o los idiomas que deban utilizarse en las actuaciones arbitrales.
ARTÍCULO 45. (REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO). I. Cuando una disposición de la presente ley otorgue a las partes la facultad de decidir libremente sobre una cuestión determinada, las mismas podrán autorizar a una tercera persona, natural o jurídica, a que adopte esa decisión.
III. Las normas referidas a la conformación del tribunal arbitral y al procedimiento arbitral, son de carácter supletorio en relación a la voluntad de las partes. Éstas, por mutuo acuerdo podrán proponer al tribunal la modificación parcial o la complementación de las normas del procedimiento previstas en esta ley, siempre que no alteren los principios del arbitraje y las controversias excluidas del mismo.
ARTÍCULO 46. (PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO). I. Los plazos previstos en la presente ley serán computados en días hábiles, con excepción de aquellos plazos determinados expresamente como días calendario.
II. Los plazos previstos en esta ley podrán ser prorrogados siempre que exista acuerdo de partes.
III. Son días hábiles para efectos de la presente Ley, de lunes a viernes, exceptuando feriados.
IV. Los plazos corren a partir del día hábil siguiente de su notificación. Si un plazo se vence en día sábado, domingo o feriado se trasladará al día hábil siguiente.
ARTÍCULO 47. (RENUNCIA AL DERECHO DE OBJETAR). La parte que no formule oportunamente objeciones ante el incumplimiento de la presente Ley o de algún requisito de la cláusula compromisoria o convenio arbitral, renuncia a su derecho de objetar, a menos que dicha parte pueda demostrar que en las circunstancias del caso se había abstenido de objetar por razones justificadas.
ARTÍCULO 48. (REQUISITOS PARA SER ÁRBITRO). La designación de árbitro podrá recaer en toda persona natural que al momento de su aceptación cumpla los siguientes requisitos:
1. Encontrarse en pleno ejercicio de su capacidad de obrar, conforme a la ley civil.
2. Reunir los requisitos convenidos por las partes.
3. Responder a un perfil específico e idóneo respecto de la controversia que se someta a arbitraje.
4. Pertenecer a una institución administradora de arbitraje.
ARTÍCULO 49. (IMPEDIMENTOS PARA SER ÁRBITRO).Constituyen impedimentos para ser árbitro:
1. Estar en ejercicio de un cargo público.
2. Trabajar como operador en el mercado de valores.
3. Estar comprendido en alguna de las causales de excusa o recusación previstas en la presente Ley.
4. Inexistencia de alguno de los requisitos personales y profesionales detallados en el artículo anterior.
ARTÍCULO 50. (CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRBITROS). Los árbitros no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercerán sus funciones con absoluta imparcialidad e independencia.
ARTÍCULO 51. (RESPONSABILIDAD DE LOS ÁRBITROS). I. El árbitro que se niegue a la firma del laudo será sancionado con la pérdida total de sus honorarios. Igual penalidad se aplicará al árbitro disidente que no fundamente por escrito las razones de su discrepancia o voto particular.
II. Los árbitros serán responsables civil y penalmente por el ejercicio desleal o fraudulento de su función, por los daños ocasionados y por los delitos cometidos en el arbitraje.
ARTÍCULO 52. (CONTROL DISCIPLINARIO). I. Las instituciones administradoras de arbitraje, ejercerán control sobre los árbitros respecto de sus actuaciones en el procedimiento arbitral.
II. Las instituciones administradoras de arbitraje que incumplan sus funciones, serán sancionadas conforme a reglamento.
ARTÍCULO 53. (HONORARIOS Y GASTOS DEL ARBITRAJE). I. Las instituciones administradoras de arbitraje establecerán un arancel que comprenda los gastos administrativos y operativos del proceso arbitral como también los honorarios de los árbitros, peritos y personal de apoyo administrativo.
III. Salvo pacto en contrario, la aceptación del cargo conferirá a los árbitros y a la institución encargada de administrar el arbitraje, el derecho de pedir a las partes un anticipo de los fondos, con objeto de cubrir los honorarios de los árbitros así como los gastos de la administración del arbitraje.
ARTÍCULO 54. (ÁRBITRO DE EMERGENCIA). I. La institución administradora de arbitraje a solicitud expresa de una de las partes, solo a objeto de que pueda conocer y resolver la procedencia o no de una medida cautelar o provisional designará de forma extraordinaria un árbitro de emergencia, siempre que haya sido acordado expresamente por las partes en la cláusula compromisoria o el convenio arbitral, hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral.
II. Las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se formalizare la solicitud de arbitraje en el término de 15 días. Serán aplicables las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil.
III. La resolución motivada que emita el árbitro de emergencia será de obligatorio cumplimiento por las partes, pudiéndose acudir al auxilio judicial en caso de incumplimiento.
IV. El tribunal arbitral podrá modificar, dejar sin efecto o anular lo dispuesto por el árbitro de emergencia o cualquier modificación de la misma hecha por el árbitro de emergencia.
V. Las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia no serán aplicables si:
1. Las partes optaron por excluir las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia.
2. Las partes han acordado otro procedimiento pre-arbitral que prevea el otorgamiento de medidas cautelares o similares.
VI. Las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia no impiden que cualquier parte solicite medidas cautelares urgentes de una autoridad judicial competente en cualquier momento, y en circunstancias apropiadas aun después, de conformidad con el Reglamento.
ARTÍCULO 55. (SOLICITUD DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA). I. La parte que desee recurrir a un árbitro de emergencia de conformidad con la presente norma, deberá dirigir su solicitud a la institución administradora de arbitraje.
II. La petición deberá presentarse en un número de copias necesarias para el árbitro de emergencia y para la Institución administradora de arbitraje.
III. La petición deberá contener la siguiente información:
1. El nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de cada una de las partes.
2. El nombre completo, dirección y otra información de contacto de toda persona que represente al peticionario.
3. Una descripción de las circunstancias que ha dado origen a la solicitud y de la controversia sometida o a ser sometida al arbitraje.
4. Una indicación de las medidas de emergencia solicitadas.
5. Las razones por las cuales el solicitante necesita medidas cautelares urgentes que no pueden esperar hasta la constitución del tribunal arbitral.
6. Cualquier convenio pertinente y, en particular, el acuerdo de arbitraje.
7. Cualquier acuerdo sobre la sede del arbitraje, las normas jurídicas aplicables o el idioma del arbitraje.
8. Prueba del pago del monto establecido por la institución administradora de arbitraje
9. Cualquier solicitud de arbitraje y cualquier otro escrito en relación con la disputa, que haya sido presentado a la institución administradora de arbitraje por cualquiera de las partes en el procedimiento del árbitro de emergencia anteriores a la presentación de la solicitud.
IV. La petición será redactada en el idioma del arbitraje si éste hubiere sido acordado por las partes o, en ausencia de dicho acuerdo, en el idioma del acuerdo de arbitraje.
ARTÍCULO 56. (NOMBRAMIENTO DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA). I. La institución administradora de arbitraje nombrará un árbitro de emergencia dentro de un plazo de dos (2) días desde que haya recibido la solicitud.
II. Una vez que el árbitro de emergencia haya sido nombrado, la Secretaría notificará a la parte solicitante y entregará el expediente al árbitro de emergencia.
III. Todo árbitro de emergencia deberá ser y permanecer imparcial e independiente de las partes involucradas en la controversia.
IV. Antes de ser nombrada, toda persona susceptible de actuar como árbitro de emergencia suscribirá una declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia. La institución administradora de arbitraje enviará copia de dicha declaración a la parte solicitante quien por única vez podrá solicitar la sustitución del mismo, caso en el cual la institución administradora del arbitraje en 24 horas deberá proceder a la designación.
V. El árbitro de emergencia no deberá actuar como árbitro en ningún arbitraje relacionado con la controversia que haya dado origen a la solicitud.
ARTÍCULO 57. (ÁRBITRO DE EMERGENCIA Y SU SEDE). La sede acordada para el arbitraje será la misma que para el procedimiento del árbitro de emergencia. En ausencia de dicho acuerdo, la institución administradora de arbitraje deberá fijar la sede del procedimiento del árbitro de emergencia.
ARTÍCULO 58. (RESOLUCIÓN). I. El árbitro de emergencia deberá emitir la resolución motivada que conceda o deniegue la solicitud en el plazo de cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en la que el expediente haya sido entregado al árbitro de emergencia.
II. Dentro del plazo de dos (2) días:
a) Si se concediera en todo o en parte la solicitud remitirá la resolución a la Secretaría para su efectivización y posterior comunicación a las partes.
b) Si el árbitro de emergencia rechaza la solicitud de medidas cautelares comunicará a las partes su resolución, con lo cual concluirá éste procedimiento.
III. La resolución dejará de ser vinculante para las partes cuando:
a) El tribunal arbitral así lo determine.
b) Concluya el arbitraje de modo extraordinario.
c) No se haya presentado la solicitud de arbitraje en el plazo establecido por la presente Ley.
IV. La resolución del árbitro de emergencia será de obligatorio cumplimiento para los Registros Públicos y personas privadas.
ARTÍCULO 59. (NÚMERO DE ÁRBITROS). I. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros que resuelva la controversia, debiendo ser siempre en número impar.
II. Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros y si, en el plazo de quince (15) días tras la fecha de recepción de la notificación de la solicitud de arbitraje las partes no convienen en que haya un árbitro único, el arbitraje se llevará a cabo con tres (3) árbitros.
ARTÍCULO 60. (NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS). I. En el arbitraje con árbitro único, las partes nombrarán de común acuerdo al árbitro
II. En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y entre los árbitros nombrados elegirán al tercer árbitro.
III. En el arbitraje con más de tres árbitros, éstos serán nombrados por el método que las partes hayan acordado.
IV. A falta de acuerdo el nombramiento será efectuado por la autoridad nominadora y en último caso por la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 61. (PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL). La presidencia del Tribunal Arbitral la ejercerá el árbitro designado por los árbitros nombrados por las partes, la autoridad nominadora o la autoridad judicial.
ARTÍCULO 62. (IMPOSIBILIDAD DE EJERCICIO). En caso que un árbitro fallezca, renuncie o tenga incapacidad temporal mayor a veinte (20) días, incapacidad definitiva, incompatibilidad legal o concurrencia de causal de recusación que imposibilite el ejercicio de la función arbitral, se nombrará un árbitro sustituto.
ARTÍCULO 63. (NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO SUSTITUTO). I. En el caso de que sea árbitro único se nombrará al árbitro sustituto conforme a procedimiento de designación del mismo.
II. En el arbitraje con tres o más árbitros:
1. Si el árbitro a sustituirse fue nombrado por una de las partes, la misma parte procederá al nombramiento del árbitro sustituto.
2. Si el árbitro a sustituirse fue nombrado por los dos árbitros, los mismos árbitros procederán al nombramiento del árbitro sustituto.
III. En todos los casos descritos anteriormente, a falta de acuerdo, el árbitro sustituto será nombrado por la autoridad nominadora y en último caso por la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 64. (AUTORIDAD NOMINADORA). A falta de acuerdo de las partes en el tiempo establecido por la presente ley, la institución administradora de arbitraje conforme a sus reglamentos, podrá nombrar una autoridad nominadora con facultades para designar árbitros, resolver recusaciones y sustituir árbitros.
ARTÍCULO 65. (AUXILIO Y COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL). I. Cualquiera de las partes durante el proceso de arbitraje, podrá solicitar a la autoridad judicial competente la conformación del Tribunal Arbitral, en los siguientes casos:
2. Cuando las partes o los árbitros no puedan llegar a un acuerdo;
3. Cuando la autoridad nominadora se encuentre imposibilitada de designar árbitros.
II. La autoridad judicial será competente de acuerdo al siguiente orden de prelación:
1. Aquella a la que las partes decidan someterse.
2. El del lugar donde deba dictarse el laudo.
3. A elección de la parte demandante.
4. El del domicilio, establecimiento principal o residencia habitual de cualquiera de las partes demandadas.
ARTÍCULO 66. (TRÁMITE PARA EL AUXILIO JUDICIAL). I. Cualquiera de las partes o la institución administradora de arbitraje presentará la solicitud escrita ante la autoridad judicial competente, acompañando los documentos probatorios del convenio arbitral y señalará las razones que justifiquen el auxilio judicial para conformar el Tribunal Arbitral.
II. La autoridad judicial, señalará día y hora de audiencia, que deberá celebrarse dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación. La audiencia no será suspendida por ningún motivo y en ella se conformará el Tribunal Arbitral.
III. La autoridad judicial conformará el Tribunal Arbitral de la terna que las partes le presenten, o en su caso de la lista de árbitros que tenga la institución administradora de arbitraje y en ausencia de ello de la lista de árbitros presentada por las instituciones administradoras de arbitraje registradas en el Ministerio de Justicia.
ARTÍCULO 67. (AUDIENCIA JUDICIAL). I. En la audiencia, la autoridad judicial competente, exhortará a los comparecientes a llegar a un acuerdo sobre la integración del tribunal arbitral. Si las partes no se pusieren de acuerdo y no existiere otro medio para proveer el nombramiento, la autoridad judicial efectuará la designación.
II. La autoridad judicial adoptará las medidas pertinentes para la designación de árbitros. En el nombramiento; la autoridad judicial considerará lo establecido en la presente ley y las condiciones requeridas por el convenio arbitral para la función arbitral, adoptando las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de árbitros independientes e imparciales.
ARTÍCULO 68. (NOTIFICACIÓN A ÁRBITROS DESIGNADOS). I. La designación de los miembros del Tribunal Arbitral efectuada por las partes, autoridad nominadora, o autoridad judicial competente, será notificada de forma personal a cada uno de los árbitros designados.
II. Si dentro de cuatro (4) días computables a partir de la fecha de su notificación, la persona designada como árbitro no acepta por escrito la designación, se procederá a nombrar uno nuevo de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 69. (DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE LOS ÁRBITROS). En caso que los árbitros designados acepten su designación conforme el artículo anterior, en el plazo máximo de cuatro (4) días, deberán hacer llegar a la institución administradora de arbitraje la aceptación y manifestación expresa de imparcialidad e independencia con las partes. La institución administradora del arbitraje, convocará a las partes y a los árbitros a una audiencia de instalación del tribunal arbitral.
ARTÍCULO 70. (CALENDARIO PROCESAL). Una vez instalado el Tribunal Arbitral, procederá conjuntamente a las partes a establecer el calendario procesal.
ARTÍCULO 71. (CAUSALES DE EXCUSA Y RECUSACIÓN). I. Serán causales de excusa o recusación de árbitros y/o peritos las siguientes:
1. Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o relación de afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las partes, sus mandatarios o abogados.
2. Tener interés directo o indirecto en la controversia; o que los parientes consanguíneos o afines del árbitro o perito dentro de los grados expresados en el numeral anterior, tengan interés directo o indirecto en la controversia.
3. Ser accionistas de sociedades anónimas, incluso si fueren miembros de los directorios de ellas; o que sus parientes o afines dentro de dichos grados fueren accionistas de sociedades anónimas, que tengan interés en la controversia.
4. Tener relación de compadre, padrino, ahijado, proveniente de matrimonio o bautizo, con las partes.
5. Tener amistad íntima con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare por trato y familiaridad constantes y capaces de comprometer su imparcialidad.
6. Tener enemistad, odio o resentimiento con alguna de las partes, que se manifestaren por hechos conocidos.
7. Tener el cónyuge, los padres o los hijos del árbitro o perito amistad íntima o enemistad notorias con cualquiera de las partes.
8. Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes.
9. Tener pleito pendiente con alguna de las partes, siempre que no hubiere sido provocado ex profeso por una de ellas para inhabilitar al Árbitro o perito.
10. Haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que debe conocer.
11. Haber manifestado su opinión sobre el pleito antes de asumir conocimiento de él.
12. Haber recibido beneficios importantes o regalos de alguna de las partes.
13. Ser o haber sido denunciante o acusado contra una de las partes ante instancias jurisdiccionales, para su enjuiciamiento penal, o denunciado por alguna de ellas para el mismo fin.
II. Las partes podrán recusar a los árbitros que conforman el tribunal arbitral, por causales conocidas después de haberse efectuado la designación y a los peritos, después de haber sido propuestos por las partes, o designados por el Tribunal Arbitral, o por la autoridad judicial competente.
III. En las causales sobrevinientes y que no se hubiesen conocido oportunamente la recusación de árbitros podrá plantearse hasta antes de la emisión del laudo y la recusación de peritos hasta antes de que éstos presenten su dictamen pericial ante el Tribunal Arbitral.
IV. El Árbitro dentro de los cuatro (4) días de su notificación y si se viera comprendido en cualquiera de las causales de excusa o recusación, deberá presentar su excusa ante la institución administradora de arbitraje.
ARTÍCULO 72. (OBLIGACIÓN DE INFORMAR). La persona que fuere consultada para ser designada árbitro, tendrá la obligación de informar por escrito a las partes y a la institución administradora del arbitraje sobre posibles causales de recusación u otras circunstancias que pudieren comprometer su imparcialidad a tiempo de hacer llegar su aceptación.
ARTÍCULO 73. (PROCEDIMIENTO DE RECUSACIÓN). I. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros o remitirse al reglamento de la institución que administra el arbitraje, en ausencia de acuerdo o de determinación del reglamento la parte recusante podrá acudir ante la autoridad nominadora o en su caso ante la autoridad judicial competente.
II. Tratándose de un sólo árbitro o si la recusación involucra a la mayoría de los miembros del tribunal, el procedimiento arbitral se suspenderá mientras la autoridad nominadora resuelve la recusación.
ARTÍCULO 74. (TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL). I. La parte que opte por plantear la recusación ante el Tribunal Arbitral, presentará su solicitud debidamente fundamentada acompañando la prueba pertinente dentro de los cinco (5) días siguientes que tome conocimiento de la conformación del Tribunal Arbitral.
II. Si el árbitro único no se allanare a la recusación, el incidente lo resolverá la autoridad nominadora y en última instancia la autoridad judicial.
III. En caso de que el Tribunal Arbitral esté conformado por tres (3) o más árbitros y uno de sus miembros sea recusado, los otros árbitros resolverán el incidente de mutuo acuerdo. En caso de desacuerdo, la recusación será resuelta por la autoridad nominadora y en última instancia por la autoridad judicial competente.
IV. Cuando sea haya recusado a la mayoría de los árbitros, la autoridad nominadora será quien resuelva la recusación y en última instancia la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 75. (AUXILIO JUDICIAL EN LA RECUSACIÓN). I. En ausencia de acuerdo de partes o de regulación en los reglamentos de la institución que administra el arbitraje, la parte recusante, podrá solicitar el auxilio judicial, en cuyo caso formalizará la recusación ante la autoridad judicial competente, dentro de los cinco (5) días siguientes de que tome conocimiento de la conformación del Tribunal Arbitral.
II. Presentada la recusación y previa notificación de partes, la autoridad judicial competente tramitará y resolverá el incidente en audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo de cinco (5) días de conocida la solicitud de auxilio judicial.
ARTÍCULO 76. (OBLIGACIÓN DE EXCUSA). I. El árbitro comprendido en cualquiera de las causales del artículo 71 (CAUSALES DE EXCUSA Y RECUSACIÓN), tendrá la obligación de excusarse en su primera actuación.
II. En caso de excusa de todos los miembros del tribunal arbitral, la institución administradora del arbitraje, procederá a la sustitución de todos ellos conforme el procedimiento establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 77. (COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL). I. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez de la cláusula compromisoria o convenio arbitral.
II. Suscrita el acta de constancia de la audiencia de instalación del tribunal arbitral, éste abre su competencia.
ARTÍCULO 78. (FACULTADES DEL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL). Son facultades del árbitro o tribunal arbitral:
2. Disponer en cualquier estado del procedimiento las diligencias convenientes para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, pudiendo a tal fin solicitar aclaraciones, informaciones complementarias y las explicaciones que estimen necesarias, respetando el derecho a la defensa de las partes.
3. Resolver las cuestiones accesorias que surjan en el curso del procedimiento.
4. Los árbitros que conforman el Tribunal Arbitral podrán nombrar un Secretario del Tribunal, quien no tendrá derecho a voz ni a voto durante el proceso ni en el laudo arbitral. El Secretario tendrá el expediente bajo su responsabilidad y coadyuvará al Tribunal en los actuados propios del procedimiento.
5. Prorrogar el plazo para la emisión del laudo arbitral, por un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, mediante resolución debidamente fundamentada, a menos que las partes hubieran definido un plazo diferente.
ARTÍCULO 79. (DECISIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL). I. Las decisiones, acuerdos, resoluciones y laudos del Tribunal Arbitral cuando se tenga más de un árbitro, se resolverán por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros.
II. Salvo disposición en contrario el Presidente del Tribunal Arbitral emitirá disposiciones de mero trámite.
III. La recepción de las pruebas sólo podrá realizarse con la presencia de la totalidad de los árbitros.
ARTÍCULO 80. (EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA). I. La excepción de incompetencia del tribunal podrá fundarse en la inexistencia de controversia arbitrable o en la inexistencia, nulidad o caducidad de la cláusula compromisoria o convenio arbitral. Podrá ser opuesta hasta el momento de presentar la contestación de la demanda, aunque la parte excepcionista haya designado árbitro o participado en su designación.
II. La excepción referida a un eventual exceso del mandato del Tribunal Arbitral, deberá oponerse dentro de los cinco (5) días siguientes al conocimiento del acto y durante las actuaciones arbitrales, concretando la controversia que supuestamente exceda dicho mandato.
III. El Tribunal Arbitral podrá decidir sobre la excepción de incompetencia, como cuestión previa o a tiempo de dictarse el laudo.
IV. Cuando el Tribunal Arbitral declare como cuestión previa que carece de competencia, se darán por concluidas las actuaciones arbitrales debiendo restituirse la documentación a las partes que le presentaron.
ARTÍCULO 81. (DISPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES). I. Salvo acuerdo en contrario de partes y a petición de una de ellas, el Tribunal Arbitral podrá ordenar las medidas cautelares que estime necesarias, respecto del objeto de la controversia, debiendo emitirse mediante resolución motivada, a menos que el Árbitro de Emergencia lo hubiera realizado.
II. En este último caso el Tribunal Arbitral podrá modificar, dejar sin efecto o anular en todo o en parte las medidas cautelares que el Árbitro de Emergencia hubiera dispuesto.
III. El Tribunal Arbitral podrá exigir a la parte que solicite la medida cautelar una contra cautela adecuada, a fin de asegurar la indemnización de daños y perjuicios en favor de la parte contraria para el caso que la pretensión se declare infundada.
ARTÍCULO 82. (AUXILIO JUDICIAL PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS). I. En caso de que el Tribunal Arbitral no hubiese podido ejecutar las medidas cautelares, podrá disponer o pedir directamente, el auxilio de la autoridad judicial competente del lugar donde deba ejecutarse la medida o practicarse una diligencia dispuesta por el Tribunal Arbitral.
II. A los efectos del parágrafo anterior, el Tribunal Arbitral oficiará a la autoridad judicial competente y acompañará una copia auténtica de la cláusula compromisoria o convenio arbitral y de la resolución que dispone la medida cautelar.
III. La autoridad judicial deberá admitir la solicitud de auxilio sin mayor sustanciación en un plazo máximo de cinco (5) días de recibida.
IV. Salvo que la medida solicitada sea contraria al orden público, la autoridad judicial competente se limitará a cumplir la solicitud sin juzgar sobre su procedencia o improcedencia ni admitir oposición o recursos.
ARTÍCULO 83. (REQUISITOS MÍNIMOS DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE). Los requisitos mínimos que debe contener la solicitud de arbitraje son:
1. Nombre, apellidos, domicilio, razón social y documentos que acrediten personalidad y personería jurídica; de ambas partes.
2. Nombre, apellidos, domicilio y otra información de contacto de toda persona que represente al demandante en el arbitraje.
3. Descripción y fundamentación de la naturaleza de la controversia que motivó la solicitud de arbitraje.
4. El convenio o documentación pertinente, en particular aquel donde se encuentre la cláusula compromisoria.
5. La expresión en términos claros de la pretensión solicitada.
6. La documentación que acredite someter la controversia a arbitraje.
7. Propuesta pertinente respecto al número de árbitros y su nombramiento.
8. Propuesta con relación a la sede y al idioma del arbitraje.
9. Comunicación sobre la existencia de controversia entre las partes.
10. Y cuanto requisito sea establecido por los reglamentos de las instituciones administradoras de arbitraje.
ARTÍCULO 84. (SOLICITUD DEL PROCESO ARBITRAL). I. La parte interesada en iniciar el arbitraje, deberá enviar a la institución administradora del arbitraje la solicitud de arbitraje.
II. La institución administradora del arbitraje, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud de arbitraje y de la cláusula compromisoria, notificará a la otra parte con la solicitud de arbitraje.
ARTÍCULO 85. (CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE). Recibida la solicitud de arbitraje la parte deberá contestar a la misma cumpliendo iguales requisitos que los exigidos en el artículo 83 (REQUISITOS MÍNIMOS DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE) y en su caso interponiendo cualquier excepción.
ARTÍCULO 86. (REPRESENTACIÓN Y PATROCINIO). Las partes actuarán directamente o a través de sus representantes. Igualmente, podrán obtener la asistencia y patrocinio de abogados o ejercer la defensa de sus intereses por sí mismas.
ARTÍCULO 87. (INICIO DEL PROCESO ARBITRAL). Salvo acuerdo en contrario de ambas partes, se considerará el inicio del arbitraje, la fecha en que se notificó con la solicitud de arbitraje.
ARTÍCULO 88. (SEDE DEL ARBITRAJE). Salvo acuerdo en contrario y en las materias que sea permitido,el arbitraje deberá tener como sede el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y será considerado, a efectos de sus normas sustantivas y procesales, así como de cumplimiento y ejecución de órdenes y laudos arbitrales como arbitraje nacional. No obstante lo señalado las partes podrán acordar, conforme a lo dispuesto en la presente ley celebrar las audiencias fuera del territorio boliviano.
ARTÍCULO 89. (LUGAR DE REUNIONES, AUDIENCIAS Y DELIBERACIONES). Las partes acordarán el lugar para que el Tribunal Arbitral celebre reuniones, audiencias, deliberaciones y cualquier otra actuación, a falta de acuerdo lo determinará el Tribunal Arbitral.
ARTÍCULO 90. (DEMANDA Y CONTESTACIÓN). I. La demanda y la contestación deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. El nombre y los datos de contacto de las partes.
2. Relación de hechos en los que se base la demanda.
3. Controversia Objeto que se demanda.
4. Motivos jurídicos o argumentos que sustente la demanda.
5. El escrito de la demanda debe ir acompañado de una copia de todo contrato o de todo instrumento jurídico del que se derive el litigio o que esté relacionado con él y del acuerdo del arbitraje.
6. El escrito de la demanda debe ir en la medida de lo posible acompañado de todos los documentos y otras pruebas en que se funde el demandante o deberá contener referencias a los mismos.
II. Notificada la demanda, la parte demandada dispondrá de un plazo de diez (10) días para contestar a la misma o reconvenir, a partir de la fecha de su notificación por parte del Tribunal Arbitral salvo pacto en contrario de las partes.
III. La parte demandante podrá modificar o ampliar su demanda hasta antes de que sea notificada con la contestación en cuyo caso el plazo para contestar a la demanda se reiniciará.
IV. A tiempo de presentar la demanda, reconvención y contestación, las partes, deberán aportar todas las pruebas documentales que consideren pertinentes o hacer referencia a las que presentarán más adelante.
ARTÍCULO 91. (EXCEPCIÓN A LA DEMANDA). La parte demandada, hasta antes de contestar la demanda, podrá interponer las excepciones que considere pertinentes.
ARTÍCULO 92. (REBELDÍA). I. El Tribunal Arbitral declarará la rebeldía del demandado cuando no conteste a la demanda, sin que esto signifique una aceptación de las alegaciones del demandante.
III. Asimismo, el Tribunal Arbitral podrá dictar el laudo en base a las pruebas que disponga, aún cuando una de las partes no comparezca a audiencia o no presente pruebas.
ARTÍCULO 93. (NOTIFICACIONES). I. Se considerará válidamente recibida toda notificación escrita respecto de la demanda y el laudo arbitral que sea entregada personalmente al destinatario o mediante cédula, en su domicilio especial constituido, en el establecimiento donde ejerza su actividad principal o en su residencia habitual.
III. Toda otra actuación que no se encuentre señalada en el parágrafo I será notificada en la Secretaría del Tribunal o vía correo, correo electrónico, télex, facsímil u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita.
IV. En caso de rebeldía el laudo será notificado en su domicilio especial constituido, en el establecimiento donde ejerza su actividad principal o en su residencia habitual.
ARTÍCULO 94. (AUDIENCIAS). I. En caso de celebrarse una audiencia, el Tribunal Arbitral dará aviso a las partes con suficiente antelación de su fecha, hora y lugar de celebración.
II. Los testigos y peritos podrán ser interrogados en las condiciones que estipule el Tribunal Arbitral.
III. Las audiencias se celebrarán de forma privada a menos que las partes acuerden lo contrario. El Tribunal Arbitral requerirá o no a todo testigo o perito que se retire durante la declaración de otros testigos.
IV. En los casos en que no sea necesaria la presencia física de los testigos o peritos en las audiencias, éstos podrán ser interrogados a través de cualquier medio de comunicación.
ARTÍCULO 95. (PRUEBAS). I. Cada parte deberá asumir la carga de la prueba, de los hechos en que se basa para fundar sus acciones o defensas.
II. Podrá actuar como testigo o perito, cualquier persona designada por una parte que testifique ante el tribunal sobre cualquier cuestión de hecho, o que pertenezca a su ámbito de competencia como perito y su testimonio podrá ser admitido por el Tribunal Arbitral no obstante esa persona sea parte en el arbitraje o esté relacionada de algún modo con alguna de las partes.
III. A menos que el Tribunal Arbitral disponga otra cosa, las declaraciones de los testigos y peritos podrán presentarse por escrito en cuyo caso deberán ir firmadas por ellos.
IV. En cualquier momento de las actuaciones, el Tribunal Arbitral exigirá dentro del plazo que determine, que las partes presenten documentos u otras pruebas.
IV. El Tribunal Arbitral determinará la admisibilidad, pertinencia e importancia de las pruebas presentadas.
ARTÍCULO 96. (PERITOS). I. Previa consulta con las partes, el Tribunal Arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen por escrito sobre las materias concretas que determine el tribunal. Se comunicará a las partes los aspectos sobre los cuales versará la pericia encomendada por el Tribunal Arbitral al perito.
II. En principio y antes de aceptar su nombramiento, el perito presentará al Tribunal Arbitral y a las partes una descripción de sus cualificaciones y una declaración de imparcialidad e independencia.
III. En el plazo que dicte el Tribunal Arbitral, las partes informarán a éste de toda objeción que pudieran tener respecto de las cualificaciones, la imparcialidad o la independencia del perito. El Tribunal Arbitral decidirá sin demora si acepta esas objeciones y asumirá otras medidas que corresponda.
IV. Después del nombramiento de un perito, cualquiera de las partes, podrá formular objeciones sobre las cualificaciones, la imparcialidad o la independencia del perito, únicamente cuando dichas objeciones se basen en hechos de los que se hayan percatado después del nombramiento del perito. El Tribunal Arbitral decidirá sin demora las medidas que corresponda eventualmente adoptar.
V. Las partes suministrarán al perito toda la información pertinente o presentarán para su inspección los documentos o bienes pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y el perito respecto de la pertinencia de la información, documentos o bienes requeridos se remitirá a decisión del Tribunal Arbitral.
VI. Una vez recibido el dictamen del perito, el Tribunal Arbitral comunicará una copia del mismo a las partes a quienes ofrecerá la oportunidad de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen.
VII. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las partes podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes tendrán oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar peritos para que presten declaración sobre los puntos controvertidos.
ARTÍCULO 97. (CONCLUSIÓN DE AUDIENCIAS). I. El Tribunal Arbitral podrá consultar a las partes si tienen más pruebas que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacer y si no las hay, podrá declarar cerradas las audiencias.
II. El Tribunal Arbitral podrá si lo considera necesario en razón a las circunstancias excepcionales, decidir, por iniciativa propia o a petición de una parte que se reabran las audiencias en cualquier momento previo a la emisión del laudo.
ARTÍCULO 98. (SUSPENSIÓN DEL ARBITRAJE). Las partes de común acuerdo y mediante comunicación escrita a los árbitros, podrán suspender el procedimiento arbitral hasta antes de que se dicte el laudo.
ARTÍCULO 99. (CONCLUSIÓN DEL ARBITRAJE). I. Las actuaciones arbitrales concluirán con la emisión y notificación del laudo arbitral.
II. Con anterioridad a que se emita el laudo y de forma extraordinaria el Tribunal Arbitral, podrá concluir el arbitraje en los siguientes casos:
1. Retiro de la demanda antes de su contestación, teniéndose por no presentada.
2. Desistimiento de la demanda, salvo oposición de la parte demandada fundada en un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia, reconocida por el Tribunal Arbitral.
5. Abandono del procedimiento arbitral por ambas partes por más de sesenta (60) días calendario, computable desde la última actuación.
6. Conciliación o transacción.
ARTÍCULO 100. (CONCILIACIÓN Y TRANSACCIÓN). I. Si durante las actuaciones arbitrales las partes acordaren una conciliación o transacción que resuelva la controversia, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones y hará constar la conciliación o transacción en forma de laudo arbitral y en los términos convenidos por las partes.
II. Cuando la conciliación o transacción fuere parcial, el procedimiento arbitral continuará respecto de los demás asuntos controvertidos no resueltos.
ARTÍCULO 101. (NORMAS APLICABLES A LA FORMA). I. El laudo arbitral se hará por escrito y resolverá de forma definitiva la controversia o conflicto sometido a arbitraje. Es inapelable y de carácter obligatorio para las partes.
II. Cuando se tenga más de un árbitro, el laudo será válido únicamente cuando esté firmado por la mayoría de los miembros del Tribunal Arbitral. En el laudo deberán constar las razones de la falta de firma de quien no lo hizo.
III. El laudo arbitral será motivado, a menos que se trate de un laudo expedido en los términos convenidos por las partes.
IV. El árbitro disidente consignará por escrito las razones de su discrepancia o voto particular.
ARTÍCULO 102. (NORMAS APLICABLES AL FONDO). I. El Tribunal Arbitral decidirá en el fondo de la controversia con arreglo a las estipulaciones del contrato principal. Tratándose de un asunto de naturaleza comercial, tendrá además en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso y conforme a las estipulaciones de la presente ley.
II. Salvo pacto en contrario, el Tribunal Arbitral resolverá en derecho.
ARTÍCULO 103. (RESOLUCIONES Y LAUDO ARBITRAL). Durante el proceso, el tribunal arbitral podrá dictar:
1. RESOLUCIONES. Que resuelven las cuestiones accesorias que surjan en el curso del procedimiento.
2. LAUDO ARBITRAL. Que pone fin a la controversia, recaerá sobre las cosas controvertidas en la manera en que hubiesen sido demandadas, debiendo el tribunal declarar probada o improbada la demanda.
ARTÍCULO 104. (PLAZO Y NOTIFICACIÓN). I. El Tribunal Arbitral dictará su laudo definitivo en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, computables desde la fecha de aceptación de los árbitros o desde el día de la última sustitución de los mismos.
ARTÍCULO 105. (CONTENIDO DEL LAUDO). El laudo arbitral contendrá:
3. Relación de la controversia sometida a arbitraje.
4. Individualización y evaluación de las pruebas y su relación con la controversia o conflicto.
5. Fundamentación y planteamiento de la decisión arbitral cuando el arbitraje sea en derecho o en equidad.
6. Las firmas de todos los miembros del Tribunal Arbitral, incluyendo a los disidentes.
ARTÍCULO 106. (SANCIONES). I. En caso que el laudo disponga el cumplimiento de una obligación pecuniaria, su parte resolutiva especificará la correspondiente suma líquida y determinada y el plazo para su cumplimiento. Tratándose de obligaciones de hacer o no hacer, el laudo fijará un plazo prudencial para el cumplimiento de las mismas.
II. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera fuere la naturaleza de la obligación que el laudo disponga cumplir, el Tribunal Arbitral podrá establecer sanciones pecuniarias en beneficio del acreedor; por la eventual demora en el cumplimiento de tal obligación. Las sanciones pecuniarias serán progresivas y se graduarán conforme a las condiciones económicas y personales del responsable.
ARTÍCULO 107. (ENMIENDA, COMPLEMENTACIÓN Y ACLARACIÓN). I. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación con el laudo, las partes podrán solicitar que el Tribunal Arbitral enmiende cualquier error de cálculo, copia, tipografía o de similar naturaleza, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión. El mero error material podrá corregirse de oficio, mediante Resolución, aún en ejecución del laudo.
ARTÍCULO 108. (PUBLICIDAD DEL LAUDO). Podrá hacerse público el laudo con el consentimiento de las partes o cuando una parte tenga la obligación jurídica de darlo a conocer para proteger o ejercer un derecho, y en la medida que así sea, o con motivo de un procedimiento legal ante un tribunal u otra autoridad competente.
ARTÍCULO 109. (EJECUTORIA Y EFECTOS). I. El laudo arbitral quedará ejecutoriado cuando las partes no hubieren interpuesto el recurso de nulidad en el plazo establecido en la presente ley, a partir de la notificación con el mismo, o cuando haya sido declarado improcedente el que se interpuso.
ARTÍCULO 110. (CESACIÓN DE FUNCIONES). El Tribunal Arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales que incluyen los actos relativos a la enmienda, complementación, aclaración y declaración de ejecutoria del laudo arbitral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114 (COMPULSA) de la presente ley.
ARTÍCULO 111. (RECURSO DE NULIDAD). Contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral sólo podrá interponerse recurso de nulidad. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral, debe fundamentarse y basarse exclusivamente en las causales señaladas en el siguiente artículo.
ARTÍCULO 112. (CAUSALES DE NULIDAD). I. La autoridad judicial competente declarará la nulidad del laudo arbitral, por las siguientes causales:
1. Controversia no arbitrable.
II. La autoridad judicial competente también declarará la nulidad del laudo cuando la parte recurrente pruebe cualquiera de las siguientes causales:
1. Que exista nulidad o anulabilidad del convenio arbitral, conforme la Ley Civil.
2. Que no se le notificó con la designación de un árbitro o con las actuaciones arbitrales.
3. Que no ejerció su derecho a la defensa.
4. Que hubiere habido corrupción, ejercicio desleal, o fraudulento, de algún miembro del Tribunal Arbitral.
5. Que el Tribunal Arbitral se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades en el laudo arbitral con referencia a una controversia no prevista en la cláusula compromisoria o en el convenio arbitral.
6. Que el Tribunal Arbitral se hubiese compuesto irregularmente.
7. Que hubiere vulneración de una norma del procedimiento arbitral o de lo pactado por las partes.
III. La parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere plantear una protesta respecto de las causales señaladas, no podrá invocar la misma causal en el recurso de nulidad.
ARTÍCULO 113. (INTERPOSICIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y PLAZO). I. El recurso de nulidad se interpondrá ante el Tribunal Arbitral que pronunció el laudo fundamentando el agravio sufrido, en el plazo de diez (10) días computables a partir de la fecha de notificación con el laudo o, en su caso, de la fecha de notificación con la enmienda, complementación o aclaración.
II. Si la causa alegada fuese la prevista según lo establecido en el artículo 112.II numeral 4 de la presente ley, el recurso deberá ser presentado en el plazo de ciento veinte (120) días computables a partir del hecho comprobado.
III. De este recurso se correrá traslado a la parte contraria, que deberá responder dentro del mismo plazo. Vencido éste, el Tribunal Arbitral, con o sin respuesta del traslado corrido, concederá el recurso disponiendo el envió del expediente ante la autoridad judicial competente del correspondiente Tribunal Departamental. La remisión del expediente se efectuará dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de la concesión del recurso.
IV. El Tribunal Arbitral rechazará sin mayor trámite cualquier recurso de nulidad que fuere presentado fuera del plazo establecido por el presente artículo, o que no se encuentre fundado en las causales señaladas en el artículo 112 (CAUSALES DE NULIDAD) de la presente ley.
ARTÍCULO 114. (COMPULSA). I. En el caso de negativa de concesión del recurso de nulidad por parte del Tribunal Arbitral, la parte o partes afectadas, podrán recurrir ante la Jueza o Juez Público en Materia Civil y Comercial de Turno del lugar donde se dictó el Laudo, en el plazo de 3 días, quien ordenará al Tribunal la remisión de los antecedentes y en el término de cuarenta y ocho 48 horas, computables desde la recepción de los mismos. La autoridad judicial resolverá la legalidad o ilegalidad del rechazo.
II. Si se declararé ilegal el rechazo, serán nulos todos lo actuados, posteriores al mismo y se impondrá multa a él o los árbitros.
III. De declararse legal se calificará en la misma Resolución las costas a pagar por parte del recurrente.
ARTÍCULO 115. (TRÁMITE DEL RECURSO). I. Recibido el expediente por la autoridad judicial competente, ésta decretará su radicatoria, actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del juzgado.
II. La autoridad judicial cuando se le solicite la nulidad de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por el plazo que estime pertinente a fin de dar al Tribunal Arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o adoptar cualquier otra medida que a su juicio elimine las causas motivantes del recurso de nulidad.
III. La autoridad judicial dictará resolución sin mayor trámite, en el plazo de treinta (30) días, computables a partir de la fecha de ingreso del expediente a despacho.
IV. La autoridad judicial conforme a su prudente criterio, podrá abrir un término probatorio de ocho (8) días, observando las reglas del Código Procesal Civil.
ARTÍCULO 116. (INADMISIBILIDAD DE RECURSOS). La resolución que resuelva el recurso de nulidad no admite recurso alguno.
ARTÍCULO 117. (AUXILIO JUDICIAL PARA EJECUCIÓN). Ejecutoriado el laudo y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, la parte interesada podrá solicitar su ejecución forzosa ante la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 118. (SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN). La parte que solicite el reconocimiento o la ejecución de un laudo, acompañará a su demanda copias auténticas de los siguientes documentos:
1. Contrato principal donde se encuentre la cláusula compromisoria o convenio arbitral celebrado entre las partes.
3. Comprobante o constancias escritas de notificación a las partes con el laudo.
ARTÍCULO 119. (TRÁMITE DE EJECUCIÓN FORZOSA). I. Radicada la solicitud, la autoridad judicial competente correrá la misma en traslado a la otra parte, para que la responda dentro de los cuatro (4) días a partir de su notificación.
II. La autoridad judicial aceptará oposiciones a la ejecución forzosa del laudo, siempre y cuando la parte fundamente documentalmente la imposibilidad del cumplimiento del laudo.
III. La autoridad judicial desestimará sin trámite alguno las oposiciones fundadas en argumentos diferentes de los señalados en el parágrafo anterior, o cualquier incidente que pretenda entorpecer la ejecución solicitada. Las resoluciones que se dicten en esta materia, no admitirán impugnación ni recurso alguno.
IV. Está prohibido la autoridad jurisdiccional ejecutora admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo siendo nula la resolución respectiva.
ARTÍCULO 120. (LAUDO EXTRANJERO). Se entenderá por laudo extranjero toda resolución arbitral de fondo que haya sido dictada fuera de Bolivia.
ARTÍCULO 121. (NORMAS APLICABLES). I. Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Bolivia, de conformidad a las normas sobre cooperación judicial internacional del Código Procesal Civil.
III. En defecto de cualquier tratado o convención, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Bolivia, de conformidad a las disposiciones establecidas en la presente ley.
ARTÍCULO 122. (CAUSALES DE IMPROCEDENCIA). El reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero será denegado y declarado improcedente, por las siguientes causales:
1. Existencia de cualquiera de las causales de nulidad establecidas en el artículo 112 (CAUSALES DE NULIDAD) de la presente ley, probada por la parte contra la cual se invoca el reconocimiento y ejecución del laudo,
2. Ausencia de obligatoriedad por falta de ejecutoria, nulidad o suspensión del laudo por autoridad judicial competente del Estado donde se dictó, probada por la parte contra la cual se invoca el reconocimiento y ejecución del laudo.
3. Existencia de causales de nulidad o improcedencia establecidas por acuerdos o convenios internacionales vigentes.
ARTÍCULO 123. (SOLICITUD Y COMPETENCIA). I. La solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero en Bolivia será presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia.
III. Cuando el convenio y el laudo arbitral no cursaren en idioma español, el solicitante deberá presentar una traducción de dichos documentos, firmada por perito autorizado.
ARTÍCULO 124. (TRÁMITE). I. Presentada la solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia correrá en traslado a la otra parte para que la responda dentro de diez (10) días de su notificación y presente las pruebas que considere necesarias.
III. Declarada la procedencia de la solicitud, la ejecución del laudo se llevará a cabo por la autoridad judicial competente designada por el Tribunal Supremo de Justicia, que será la del domicilio de la parte contra quien se hubiere invocado o pedido el reconocimiento del laudo o, en su defecto, por aquella que tenga competencia en el lugar donde se encuentren los bienes a ser ejecutados.
ARTÍCULO 125. (OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN). I. El Tribunal Supremo de Justicia sólo aceptará las oposiciones a la ejecución forzosa del laudo, que se fundamenten documentadamente en el cumplimiento del propio laudo o en la existencia de recurso de nulidad pendiente.
II. En el caso anterior, acreditada la existencia de un recurso de nulidad pendiente de resolución, el Tribunal Supremo de Justicia suspenderá la ejecución del laudo hasta que dicho recurso sea resuelto.
III. El Tribunal Supremo de Justicia desestimará sin mayor trámite cualquier oposición, que se base en argumentos diferentes de los señalados en el primer parágrafo del presente artículo, o de cualquier incidente que pretenda entorpecer la ejecución solicitada.
REGÍMENES ESPECIALES DE ARBITRAJE
CONTROVERSIAS CON EL ESTADO
ARTÍCULO 126. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). I. Se someterá a Régimen Especial de controversias, cuando el Estado, sus Órganos, instituciones o agencias sean parte en una controversia, con personas jurídicas producto de una relación contractual o no, en la cual se haya previsto una cláusula compromisoria o convenio arbitral en los siguientes casos:
1. Contratos del Estado con empresas privadas, nacionales o extranjeras, a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, para la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos;
2. Contratos de asociación del Estado con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales;
3. Contratos suscritos por el Estado que otorguen derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales;
4. Contratos suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios;
5. Contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que cuenten con autorización expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional;
6. Contratos en que intervengan las asociaciones o sociedades de economía mixta conformadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la ejecución de las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos;
7. Contratos mineros del Estado con personas individuales y colectivas, previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley, para la otorgación de derechos mineros en toda la cadena productiva;
8. Contratos del Estado para el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas y empresas privadas;
II. A efectos del parágrafo anterior, las partes involucradas estarán sometidas a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas, y se rigen por las siguientes reglas:
1. El Arbitraje o la Conciliación deberán resolverse de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normativa boliviana aplicable al caso;
2. Las partes estarán sometidas, en todo momento, a la jurisdicción ordinaria de los jueces, tribunales y magistrados del Estado boliviano, no pudiendo invocarse situación de excepción;
3. Las partes no quedarán, en ningún momento y bajo ningún título, exentas del poder de control y fiscalización por parte de los órganos y entidades competentes del Estado boliviano;
4. El arbitraje deberá tener como sede el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
5. No obstante, lo indicado en el numeral 4 precedente, las partes podrán acordar, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley, celebrar audiencias fuera del territorio boliviano.
ARTÍCULO 127. (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES). I. El Tribunal Arbitral utilizará el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en su última versión, y en lo que correspondiere utilizará el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado.
II. La ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico boliviano.
III. El arbitraje se resolverá en derecho.
IV. Cada parte nombrará un árbitro. El tercer árbitro será designado por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en el Reino de los Países Bajos - La Haya, de las ternas de árbitros que presenten las partes, escogidos de las listas de árbitros de esta misma institución.
V. Cualquier medida cautelar deberá ser tramitada por las partes ante el juez o tribunal competente de la jurisdicción ordinaria.
VI. Las partes, de común acuerdo, podrán suspender el arbitraje por el tiempo que consideren necesario.
VII. El Tribunal Arbitral deberá dictar el laudo arbitral en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la última actuación procesal, el mismo que podrá ser prorrogado una sola vez por un plazo similar.
ARTÍCULO 128. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). I. A los efectos de la presente ley, un arbitraje será de carácter comercial internacional, en los casos siguientes:
3. Cuando las partes hubieren convenido expresamente que la controversia arbitrable está relacionada con más de un Estado.
II. A los efectos de determinar el carácter internacional de un arbitraje comercial, cuando una de las partes tenga más de un establecimiento para el ejercicio de sus actividades principales, se considerará aquel que guarde relación con el convenio arbitral. Cuando una parte no tenga ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.
ARTÍCULO 129. (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES). I. La ley aplicable al fondo y forma de la controversia será la pactada por las partes. A falta de acuerdo, se aplicarán disposiciones legales bolivianas.
II. Salvo pacto en contrario, toda indicación o referencia al ordenamiento jurídico de un Estado se refiere al Derecho Sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
IV. La capacidad de las partes para generar el convenio arbitral por sí mismas o en representación de otra persona, será la que establezca la ley del lugar de su domicilio, establecimiento principal o residencia habitual, salvo que la ley boliviana sea más favorable a la validez del convenio arbitral.
V. Todo lo concerniente a la composición del Tribunal Arbitral, se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su última versión.
ARTÍCULO 130. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El arbitraje de inversiones es el mecanismo alternativo de resolución de controversias en materia de inversiones extranjeras, en el marco de lo establecido en la Ley N° 516 de 04 de abril de 2014, de Promoción de Inversiones.
ARTÍCULO 131. (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES). I. Además de los principios establecidos en la presente ley, los arbitrajes de inversiones se desarrollarán en condiciones de respeto mutuo, equidad, veracidad, neutralidad, equidad para las partes, celeridad, legalidad, economía y aceptabilidad mutua.
II. Toda controversia emergente de una inversión nacional o extranjera estará sometida a la jurisdicción del Estado Plurinacional de Bolivia, a sus leyes y a sus autoridades y especialmente a la presente ley.
III. La ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico boliviano.
IV. Los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean negociados y suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia podrán aplicar las disposiciones de la presente ley en lo relativo a los mecanismos de solución de controversias.
V. Todo arbitraje en materia de inversiones se resolverá en derecho.
ARTÍCULO 132. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). I. Salvando las limitaciones establecidas por el orden público sucesorio, el arbitraje instituido por la sola voluntad del testador será válido, a efectos de resolver controversias que puedan surgir entre sus herederos y legatarios, con referencia a los siguientes aspectos:
2. Participación de los bienes de la herencia.
PRIMERA. El Tribunal Arbitral podrá aplicar supletoriamente las normas del Código Civil y del Código Procesal Civil, cuando las partes, el reglamento institucional adoptado o el propio tribunal no hayan previsto un tratamiento específico de esta materia.
SEGUNDA. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la presente ley serán difundidos a través de los Ministerios correspondientes del Órgano Ejecutivo y todas aquellas entidades que desarrollaran sus funciones en el ámbito de la conciliación y arbitraje.
TERCERA. El Servicio Integrado de Justicia Plurinacional dependiente del Ministerio de Justicia sujetará sus actos a los principios y normas previstos en el Título I y II de la presente Ley.
CUARTA. La Procuraduría General del Estado propondrá al Órgano ejecutivo el reglamento de la presente ley en el plazo de 180 días.
PRIMERA. A efectos de la presente Ley, los centros de conciliación y arbitraje deberán elaborar o adecuar sus reglamentos de acuerdo a la presente ley. Dichos reglamentos deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia.
SEGUNDA. Los procesos arbitrales iniciados antes de la publicación de la presente Ley, concluirán su tramitación, impugnación y ejecución en base a la Ley N° 1770 de 10 de marzo de 1997 de Arbitraje y Conciliación y el Decreto Reglamentario N° 28471.
PRIMERA. Queda abrogada la Ley N° 1770 de 10 de marzo de 1997 de Arbitraje y Conciliación.

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 8
 resolución 
 Artículo 108
 Artículo 231

ARTÍCULO 1
 resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
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ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 resolución 

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
 resolución 
 artículo 299

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

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ARTÍCULO 11
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