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Timestamp: 2019-10-18 19:29:53+00:00

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﻿ Sentencia 2011-0068 de mayo 12 de 2014
SENTENCIA 2011-00068 DE 12 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:DEBER FUNCIONAL EN EL PROCESO DISCIPLINARIO. LAS CONDUCTAS QUE PERTENECEN AL ÁMBITO DEL DERECHO DISCIPLINARIO, EN GENERAL, SON AQUELLAS QUE COMPORTAN QUEBRAMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO. EL CONTENIDO DEL DEBER FUNCIONAL, SE ENCUENTRA INTEGRADO POR: 1. EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO, 2). LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR ACORDE A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY3). GARANTIZANDO UNA ADECUADA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES. SE INFRINGE EL DEBER FUNCIONAL SI SE INCURRE EN COMPORTAMIENTO CAPAZ DE AFECTAR LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIERA DE ESAS DIMENSIONES. EL INCUMPLIMIENTO AL DEBER FUNCIONAL, ES LO QUE CONFIGURA LA ILICITUD SUSTANCIAL QUE CIRCUNSCRIBE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR, AL MOMENTO DE DEFINIR LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SERVIDOR PÚBLICO, PROCESO DISCIPLINARIO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2011-0068 de mayo 12 de 2014
Rad. 110010325000-2011-0068-00 (0947-11)
Presenta como excepción la que denomina cumplimiento de disposiciones legales vigentes, y legalidad del fallo de primera instancia como de la Resolución 0-2948 del 25 de junio de 2004, en consideración a que el obrar del Grupo de Control Disciplinario Interno se encuentra legalmente facultado para el inicio y adelantamiento de la investigación disciplinaria y en ejercicio de esa facultad correspondía como funcionario competente proferir el fallo de primera instancia, razón por la que el acto no adolece de vicios en su constitución.
Al respecto debe anotarse que no todas las argumentaciones en que el demandado soportó su rechazo a los pedimentos formulados por la parte demandante pueden calificarse, sin más, como excepciones. Únicamente tiene el carácter de tales las que apunten a combatir el derecho de aducido, bien para invocar que nunca ha existido, ora para alegar que, aun existiendo, todavía no es exigible por estar sometido a plazo o condición(8).
“... la excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose (...) A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor (...) Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (...) De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G.J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)”.
En ese orden de ideas y, atendiendo al fundamento de las excepciones propuestas por la apoderada de la entidad demandada las que denomina(9): “cumplimiento de disposiciones legales vigentes, y legalidad del fallo de primera instancia como de la Resolución 0-2948 del 25 de junio de 2004”, es evidente que en la forma como ha sido propuesta, ella no pretenden enervar la acción, sino que se trata de un verdadero argumento de la defensa, en tanto se dirigen a desvirtuar los hechos de la demanda, razón por la que se examinarán simultáneamente con el fondo del asunto, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo(10).
Se alude por la excepcionante que el fallo de primera instancia es de fecha 7 de enero de 2004, proferido por el Grupo de Control Disciplinario Interno con sede en Cali, mediante el cual se impone como sanción la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el termino de cinco (5) años, decisión apelada que fue resuelta por Resolución 2948 del 25 de junio de 2004 proferida por el Fiscal General de la Nación (E) notificada el 13 de julio de 2004, se hizo efectivo en la destitución conforme al reporte de la Oficina de Personal del 4 de marzo de 2004, luego en sentir al día siguiente de esta fecha empieza a correr el término para interponer la correspondiente acción, el que finiquitó en sentir de la entidad el 5 de julio de 2004.
Se demanda la nulidad de la decisión de primera instancia Nº 001/GCDIC proferido el día 7 de enero de 2004 por la coordinadora disciplinaria Fiscalía General de la Nación en la que se le sanciona con destitución, y de la Resolución 0-2948 de 25 de junio de 2004, proferida por la Fiscalía General de la Nación por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación y se ejecuta una sanción.
— La señorita Mónica Constanza Coral Orbes presentó querella por delito de inasistencia alimentaria, el 5 de octubre de 1999 en contra de Fredy Alirio Moran Gómez, producto del incumplimiento de la cuota señalada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ipiales, Radicado 1531, fl. 2, cdno. anexo.
— Al interior de dicho proceso se recibió indagatoria a Fredy Alirio Moran Gómez el 5 de septiembre de 2001. Ante la Fiscalía Trece Local de Ipiales, en la que señaló frente a la pregunta formulada por el fiscal del caso respecto de la deuda a favor de la menor por la suma de $581.309, respondió:
“Yo con la Doctora Blanca Patricia llegue a un acuerdo que tenía que cancelar la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000), eso fue como en mayo y por eso en mayo cancele la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) en el Banco Agrario; luego, vine en julio y la Dra. Blanca Patricia me hizo un recibo para que cancelara la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) en el Banco Agrario.— Quiero aclarar que el mes de junio a ella, o sea la Dra. Blanca Patricia le entregue personalmente la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), con el fin de que le entregue a Mónica Constanza Coral, porque la doctora dijo que le iba a entregar personalmente.— Entonces fue que ya vine en el mes de julio para cancelar los otros ciento cincuenta mil pesos ($150.000) y la doctora Blanca me hizo el recibo para cancelar en el Banco Agrario y luego de cancelar lo presente a la Fiscalía; entonces yo le pregunte a la Dra. Blanca Patricia que había pasado con los ciento cincuenta mil pesos ($150.000) que le entregue a ella y la doctora me dijo que no había podido localizar a Mónica, pero que ella lo iba a hacer en la mayor brevedad posible, entonces la Dra. Blanca me dijo: “Esa plata me la gasté pero el próximo lunes se la entregó personalmente a Mónica...”, lo cual parece que no ha hecho.— Entonces yo estaría al día en la obligación porque el arreglo con la Dra. Blanca fue que si yo cancelaba los seiscientos mil pesos ($600.000), me tocaría seguir pagando las cuotas alimentarias mensuales a partir del 18 de septiembre, eso me dijo en el último pago, porque ella me dijo que yo debía aproximadamente un millón de pesos ($1.000.000) pero como se hizo la conciliación con la Dra. Blanca, quien supuestamente hablaba con Mónica, entonces considerando que yo no tenía trabajo, me rebajó la suma de seiscientos mil pesos ($600.000), contando el recibo de febrero, por $150.000, los dos recibos por $150.000 cada uno del mes de julio y mayo y los ciento cincuenta mil pesos ($150.000), que le entregué personalmente a Dra. Blanca Patricia, quedando a pagar la cuota alimentaria a partir del 18 de septiembre, por la suma de veinticinco mil cien pesos ($25.100.) mensuales—”(12).
“Me ratifico bajo la gravedad del juramento sobre lo que he dicho y diré la verdad y nada más que la verdad sobre lo que se me pregunte sobre esos hechos.— Preguntado: Diga a la Fiscalía si en presencia de la señora Mónica Constanza Coral Orbes se llegó a un acuerdo con respecto a la obligación alimentaria y en presencia de la señora Blanca Patricia Restrepo Quintana?— Contestó:— No, porque supuestamente la Dra. Blanca ya había hablado con Mónica y llegaron a ese acuerdo.— Preguntado: Usted conocía a la señora Blanca Patricia Restrepo antes de que tuviera la presente investigación penal en esta agencia fiscal?— Contestó: No la conocía, yo me relacione aquí en la Fiscalía.— Preguntado: Usted tiene conocimiento si la señora Mónica Constanza Coral Orbes y la secretaria Blanca Patricia Restrepo Quintana tiene lazos de amistad?— Contestó: No, le podría decir.— Preguntado: La señora Blanca Patricia Restrepo le propuso algún tipo de arreglo para archivar el presente proceso le exigió dinero para hacerlo?— Contestó: No, solo como le dije antes, que con los seiscientos mil pesos ($600.000) yo quedaba al día y tenía que continuar pagando la mensualidad a partir del 18 de septiembre de este año.— Preguntado: quien propuso tal arreglo.— Contestó: La Doctora me dio esa iniciativa, lo cual yo lo vi favorable, además como me dijo que ya había hablado con Mónica entonces acepté.— Preguntado: porque razón usted no le exigió que dejara constancia dentro del proceso a la señora Blanca Patricia Restrepo sobre la suma que usted entregó para que ella, a su vez, la depositara en favor de la señora Mónica Constanza Coral? Contestó:— porque pensé que era una persona muy seria y además ella me entregó un recibo a mano, firmado por ella. Preguntado: Cuando usted hizo la entrega del dinero a la funcionaria, había alguien más que lo acompañara a usted y que se percatara de tales hechos? Contestó: Yo viene solo y le entregue el dinero a ella en la oficina. Preguntado: Usted comentó a alguien sobre esta situación? Contestó: No.— Preguntado: Usted tiene conocimiento si la señora Blanca Patricia Restrepo Quintana hizo entrega del dinero a su destinataria, es decir a la señora Mónica Constanza Coral Orbes? Contestó: No sé si se lo entregó a ella o no...”(13).
— El día 6 de septiembre de 2001 rinde declaración jurada la señora Mónica Constanza Coral Orbes, madre de la menor y denunciante del señor Fredy Alirio Moran Gómez, quien manifiesta frente a la pregunta si había realizado algún acuerdo conciliatorio extraprocesal, señala:
“Contestó: La doctora Blanca Patricia me dijo como en junio de este año que iba a citar a Fredy Alirio Morán y me dijo que yo también asistiera ese día, entonces yo asistí, pero él no, eso fue como un día miércoles y la Dra. Blanca me dijo que volviera para el día viernes siguiente a averiguar qué había pasado, entonces ella me dijo el viernes que él había asistido a decirme que se iba a poner al día con lo que estaba atrasado, luego me dijo que volviera otro día en la semana, cualquier día para averiguar si él ya me consignó para retirar esa plata y me dijo: ‘Espérate si ese señor me entrega la plata a mí, si él me entrega el dinero a mí, entonces yo te la entrego personalmente para que no demorara el proceso mientras yo reclamaba en el Banco’.— Entonces me dijo que volviera dentro de un mes, o sea para julio.— (...) Preguntada: Usted estaba enterada que el señor Fredy Alirio Morán Gómez le hubiera entregado dinero a la señora Blanca Patricia Restrepo, en razón de la obligación alimentaria pendiente con la menor Adriana Maribel Morán Coral?— Contestó: Sí, pero yo no me acuerdo el día pero fue recién pudo haber sido en junio o julio, yo viene a la Fiscalía y ella me dijo: ‘Verás, este señor vino aquí y dijo que ya te consignó, pero esos dineros los van a devolver del juzgado porque hubo un problema allá; si ese dinero me lo devuelven yo te lo entrego personalmente a ti para que no tengas problema de andarlo retirando en el juzgado, pero de pronto no vayas a comentar nada de esto con ninguno de los funcionarios de aquí...’ ella se refería a los funcionarios de la Fiscalía, luego como estaba afanada me dijo: ‘Entonces así quedamos...’.— De eso yo ya no volví más.— ‘Preguntada: la señora Blanca Patricia Restrepo le comentó cual era la cantidad de dinero que supuestamente iba a ser devuelta del juzgado?— Contestó: Sí, ella me dijo que había consignado trescientos mil pesos ($300.000), pero no me acuerdo la época, pero si fue después del mes de mayo de este año...”(14).
— Se le escucho en versión libre el 12 de octubre de 2001, y en ella afirmó respecto a la pregunta de quien recibió el dinero que fuere pagado por el señor sindicado a la Fiscalía 13 y si este fue consignado de manera inmediata al Banco Agrario competente para manejar esos dineros, contestó:
“El hizo unas consignaciones y una de ellas la hice yo, no hubo ningún tipo de demora por cuanto el señor me la entregó al final de junio viernes 29, yo me iba para Cali y además los bancos estaban cerrados; el día martes que regrese porque el lunes era festivo, por razones de trabajo no pude consignar el dinero, pero al día 4 fui con una señora que me acompaño al Banco, que se llama Rosa Yandu, y deposité el valor que el señor Morán me había dado, ya que por imposibilidad tanto de él como de la entidad que no estaba abierta no había podido hacerlo y le consigne la plata.— Realmente la plata estuvo un día hábil en la oficina.— Las otras consignaciones no recuerdo la fecha en que se efectuaron, las hizo él. Preguntado: Sírvase especificar si usted en los meses de junio y julio, usted recibió de manera personal dinero del señor Fredy Alirio, si es así, que monto se le entregó, bajo que concepto. Contestó: El solamente me hizo la entrega del pago en el mes de junio, a finales, plata que está consignada en el Banco, de cuya consignación me dieron copia, dicho dinero se retiró por la señora el 7 de septiembre de 2001…”(16).
Practicada la inspección a la investigación 2001-S220-F-35 en contra de Fredy Alirio Moran Gómez(17), establecida la vinculación de la investigada a la entidad, decretadas las pruebas por auto de noviembre 13 de 2001, y acopiada la prueba de la conciliación en donde se reitera en sus afirmaciones el señor Fredy Alirio en cuanto que dio la suma de $150.000 a la señora Blanca Patricia Restrepo correspondiente a la cuota del mes de junio del año 2001(18), y allegada copia de la investigación penal adelantada por el delito de peculado por apropiación adelantada en contra de la misma Blanca Patricia Restrepo Quintana, por auto de julio 16 de 2003 le fue formulado pliego de cargos(19), que se le notificó personalmente el 25 de julio de 2003(20).
Notificada la sanción, fue recurrida por el apoderado designado por la investigada, siendo confirmada la sanción por providencia del 25 de junio de 2004, mediante Resolución 0-2948 proferida por el Fiscal General de la Nación(24).
Desde el punto de vista sustancial, el hecho cierto que dio lugar a la investigación lo constituyó el que el indagado Fredy Alirio Moran Gómez en su indagatoria afirmó categóricamente haber dado a Blanca Patricia Restrepo la suma de $150.000 con destino a Mónica Constanza Coral por razón de la investigación que por inasistencia alimentaria adelantaba la Fiscalía Trece local de Ipiales contra Moran Gómez, los que no llegaron oportunamente a manos de su destinataria.
El derecho disciplinario, entendido como un conjunto de principios y de normas conforme a las cuales se ejerce la potestad sancionadora del Estado con respecto a los servidores públicos por infracción de la Constitución, de la ley o el reglamento en orden a hacer efectivos los mandatos que regulan el ejercicio de la función pública, en el Derecho Moderno ha venido adquiriendo, cada vez más, una trascendental importancia, al punto que se erige como un ramo especifico de la legislación que, sin perder sus propias características ni tampoco su objeto singular, guarda sin embargo relación en algunos aspectos con el Derecho Penal, con el Procedimiento Penal y con el Derecho Administrativo, como quiera que forma parte de un mismo sistema jurídico.
“La valoración de la conducta protagonizada por la señora Blanca Patricia Quintana Restrepo, permite advertir sin mayores esfuerzos, la incursión en la falta gravísima consagrada en el artículo 25 numeral 4º de la Ley 200 de 1995 que reza así:
‘... El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial...’, por cuanto valiéndose de la investidura oficial que ostentaba como Secretario Judicial I indujo al sindicado Fredy Alirio Moran Gómez, no solo para que le entregara la suma de $150.000, bajo el falso ofrecimiento de hacérsela llegar a la denunciante Mónica Constanza Cora Orbes, sino que se apropió de ella obteniendo indebido provecho patrimonial.
Independientemente de la función desempeñada, cuando un servidor público recibe de un sujeto procesal, en cualquier circunstancia dinero o dadivas, colocando de presente su cargo y toda la capacidad de acción en su favor, constituye indudablemente abuso del cargo por ende ejercicio indebido del mismo, desconociendo en consecuencia el deber consagrado en el artículo 40 numeral 2º de la misma ley, respecto de la obligación que le resultaba exigible de ‘... abstenerse de cualquier acto u misión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial que implique abuso indebido del cargo de función...’.
De la misma manera se le endilga también la incursión en la prohibición contenida en el artículo 154 numeral 6º. De la ley estatutaria de la administración de justicia que consagra lo siguiente:
‘Realizar en el servicio actividades que puedan afectar la confianza con el público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la Administración de Justicia...’. Un comportamiento semejante, como el puesto de relieve en el caso de estudio, resulta indigno bajo el prisma de la más benévola apreciación, pues dada la especial condición y el respeto que a los ciudadanos les ofrece la Fiscalía General de la Nación, la acusada estaba obligada a mantener en el ejercicio de su cargo, una conducta honesta y decorosa acorde con su investidura.
Si bien es cierto la Corte Constitucional adujo en la Sentencia C-310 de 1997 que: “El incremento patrimonial debe entonces ser demostrado, en el caso a que alude la disposición impugnada, por la autoridad competente para investigar y sancionar al servidor público, pues la carga de la prueba le corresponde al Estado. “El Estado debe entonces probar la existencia material del ilícito o del injusto típico, esto es, de los elementos que conformen su tipicidad y antijuricidad, así como la responsabilidad subjetiva de la persona, esto es, la culpabilidad, pues una persona solo puede ser condenada conforme a una ley preexistente y observando la plenitud de las formas del juicio (C.P., 29)”, también lo es que en este caso se encontró plenamente demostrado que la demandante recibió de manos del señor Fredy Alirio Moran Gómez la suma de ciento cincuenta mil pesos para ser entregados a la denunciante Mónica Constanza Coral Orbes, entrega para la que se presentaron vicisitudes según lo narra la propia Mónica Constanza y el denunciado Fredy Alirio. Esta función no se encuentra prevista en la ley o el reglamento para el cargo de secretario judicial I, conducta que fue aceptada por la demandante, luego el incremento patrimonial, que bien pudo ser pírrico, se dio y la conducta a todas luces resulta reprochable porque es ajena a su deber funcional. Igualmente, no encontró justificación válida ya que de la indagatoria y las declaraciones se advierte que efectivamente se recibió el dinero y se reintegró pero no de manera inmediata sino con “algún problema” como se lo hizo saber la actora a la denunciante, por lo que los dineros serían devueltos al juzgado.
Luego, no resulta cierta la afirmación que realiza la parte demandante en cuanto a la cuantía del arreglo y a que la cuota era del año 1997. Y no es cierta porque, se reitera que, vehementemente se dijo en todas las salidas procesales de Fredy Alirio que se trataba de la cuota del mes de junio de 2001, y que el arreglo fue por la suma de $450.000 que era lo que se comprometía a pagar, canceló la cuota de mayo y julio, la de junio se entregó a Blanca Patricia, y así le condonaban la suma de $600.000 de la deuda que superaba el millón de pesos. Ahora, la cuota mal podía pensarse que correspondía al año 1997 porque la denuncia fue presentada el 5 de octubre de 1999. Esta es la interpretación que en sana crítica emerge de las pruebas obrantes en el proceso y que de manera sencilla se le da a las mismas.
Ahora, el que la denuncia penal se hubiese interpuesto en una diligencia de indagatoria, como argumento de defensa no tiene sustento jurídico para dejar por sí solo sin sustento la queja, porque debe recordarse que la conducta irregular de Blanca Patricia se puso de presente en esta diligencia de indagatoria y evidenciada, al fiscal investigador solo le quedaba compulsar las copias para adelantar la investigación penal y disciplinaria derivada de la conducta irregular que en diligencia de indagatoria puso de presente Fredy Alirio Moran Gómez.
Estima la actora que se atentó de manera notoria contra las garantías legales, en virtud de que la falladora de primera instancia no cumplió con las disipaciones legales, se quebrantó el estado de derecho por atentar contra las garantías legales y constitucionales del debido preciso, razón por la cual fuerza concluir que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad.
Ahora bien, la falta de motivación, bien puede interpretarse como el vicio formal denominado expedición irregular(29), que particularmente acontece cuando se admite el acto administrativo sin sujeción a un procedimiento y a unas fórmulas determinadas; referido no solo a su mera condición exterior, sino a la inobservancia de las exigencias expresas de la ley para ciertos actos, como cuando aquella ordena que sea adoptado únicamente por escrito o con expresión de los motivos, vale decir, con motivación explícita y obligatoria(30).
En este asunto no se concretó por el profesional del derecho el cargo.
Y es que aquí resulta apropiado traer al caso, lo manifestado por la Corte Constitucional(31) con ocasión de la declaratoria de exequibilidad del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo:
Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo que institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.
Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen de responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la presunción de legalidad y son oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus destinatarios.
La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador, dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que cuando se impugna un acto administrativo deben citarse las normas violadas y explicarse el concepto de la violación. En efecto:
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación.
Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador desarrolló el deber previsto en el artículo 95-7 de la Constitución para que quienes demandan actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia” —resalta la Sala—.
No habiéndose concretado en este caso por qué resultó quebranto legal por desviación de poder, es decir, cual fue la intención con la cual la autoridad toma la decisión de sancionar persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, al adelantar el proceso disciplinario en contra de la actora, este incumplimiento de la carga procesal en cabeza de la parte actora lleva el traste al cargo.
Idéntica argumentación merece el cargo de falsa motivación que tampoco fue concretado, es decir, cuáles fueron los motivos que se alegan del acto administrativo sin sujeción al procedimiento; referido no solo a su mera condición exterior, sino a la observancia de las exigencias expresas de la ley para ciertos actos como los que se profieren producto de un proceso disciplinario.
“... De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De estos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés.
Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al juez (CPC, art. 37), otras a las partes y aun a los terceros (art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y D. 250/70 y 196/71). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6º del Código.
Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. ‘El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas’. (‘Fundamentos del Derecho Procesal Civil’, número 130).
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa’ (destaca la Sala)”.
Finalmente y en cuanto a la violación indirecta de la Constitución se dirá, de acuerdo con lo anterior, que sobre la materia ha sido reiterada la jurisprudencia es esta Corporación(34) en el sentido de que la violación de las normas constitucionales, por regla general, no se produce de manera directa e inmediata, sino a través de las normas legales que consagran un derecho.
En ese orden, la demanda debió citar y concretar las disposiciones que a su juicio se habían vulnerado, pero no ceñirse a invocar normas constitucionales sin relacionarlas con normas legales, que como se sabe, son las que desarrollan, en este caso, los diferentes aspectos afines con la administración del personal al servicio del Estado.
Así las cosas, no solo erró la parte actora en no indicar las disposiciones legales presuntamente violadas sino en invocar otras que no eran aplicables al caso, como es la Ley 734 de 2002, porque este caso se surtió bajo la norma de tránsito legislativo prevista en el artículo 223 del Código Único Disciplinario, razón por la que el proceso se adelantó bajo la cuerda de la Ley 200 de 1995.
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mi cuatro (2004). Referencia: Expediente 6080-01.
9 Fl. 237.
10 Fl. 43.
11 Código Contencioso Administrativo, artículo 136, numeral 2º, “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
12 Fls. 13-14, cdno. anexo.
13 Fls. 15-16, cdno. anexo.
14 Fl. 19, cdno. anexo.
15 Fls. 22-23, cdno. anexo.
16 Fls. 37-40, cdno. anexo.
17 Fls. 45-47, cdno. anexo.
18 Fls. 59, cdno. anexo.
19 Fls. 151-164, cdno. anexo.
20 Fls. 169, cdno. anexo.
21 Fls. 173-180, cdno. anexo.
22 Fls. 265-267, cdno. anexo.
23 Fls. 268-280, cdno. anexo.
24 Fls. 310-314, cdno. anexo.
25 Corte Constitucional, sentencias C-712 de 2001 y C-252 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-431 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-819 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
27 Fl. 155, cdno. anexo.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección A. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12), actor: Antonio José Martínez Madero, demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—.
29 El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, como causales de nulidad de los actos administrativos, contempla los vicios formales: de infracción de las normas en las que deben fundarse, expedición por funcionario u organismo incompetente y expedición irregular y como vicios materiales: su emisión con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió.
30 Gómez Aranguren, Gustavo. Derecho Administrativo. Bogotá D.C. ABC Editores Librería Ltda., 2004, pág. 406.
31 Sentencia C-197 de 1999.
32 Sala de Casación Civil, M.P. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial tomo CLXXX - Nº 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Jaime Moreno García, Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil siete (2007). Radicación 15001-23-31-000-1998-00935-01(8720-05), actor: Patricia Mancilla Ruiz, demandado: municipio de Chiquiza Boyacá.
35 Resolución 0-0748 de 1º de marzo de 2004, proferida por el Fiscal General de la Nación por medio de la cual se confirma el fallo sancionatorio proferido por la coordinadora del grupo de control disciplinario interno con sede en Cali el 14 de agosto de 2003, mediante el cual ordenó imponer a la servidora Blanca Patricia Restrepo Quintana, sanción principal de destitución y accesoria de inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 164
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 40
 artículo 154
 artículo 137
 artículo 95
 artículo 6
 artículo 223
 artículo 136
 artículo 84
 Resolución