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Timestamp: 2018-11-18 08:28:14+00:00

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LA LEY 19/2013 de 9 de diciembre DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN… Coggle
LA LEY 19/2013 de 9 de diciembre DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN…
LA LEY 19/2013 de 9 de diciembre DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
en materia económico-presupuestaria
p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable
en materia de conflicto de intereses
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación
Órganos competentes para comenzar el procedimiento sancionador y para sancionar
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
para resto de personas al servicios de la AGE
Órganos con estas funciones atribuidas en la CCAA o Entidades Locales
para personas al servicios de la Administración autonómica o local
La instrucción de los procedimientos de sanción se llevarán a cabo
a nivel autonómico o local
las resoluciones dictadas en aplicación del procedimiento sancionador serán recurribles por contencioso-administrativo
las mismas que por infracción grave
destitución del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años
por infracción leve
por infracción en materia económico-presupuestaria
Criterios aplicables a la hora de sancionar
los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado
Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel.
5 años para las muy graves
1 año para las leves
Resto de altos cargos de la AGE, de entidades del sector público, de Derecho público o privado vinculados o dependientes de aquella
Miembros de Juntas de Gobierno de Entidades autonómicas y locales
Altos cargos o asimilados según la normativa autonómica
Todas las personas tienen DERECHO a acceder a la información pública en los términos del artículo 105.b CE (El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.)
cuando suponga un perjuicio para
cuando la los límites no afecten a la totalidad de la información, se concederá acceso parcial a esta previa omisión de la parte afectada salvo que de ello resulte una información distorsionada o sin sentido
cuando la información contenga datos de carácter personal
si la información contiene datos especialmente protegidos
no se podrá acceder a información que contenga datos de
comisión de infracciones penales o administrativas sin amonestación pública
se contase con el consentimientos expreso del afectado
el acceso esté amparado por una norma con rango de Ley
se contase con el consentimientos expreso por escrito del afectado
el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad
si la información no contiene datos especialmente protegidos
el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso
previa ponderación razonada
del interés público en la divulgación de la información
de los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
tomará en consideración los siguientes criterios
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (25 años desde su muerto o 50 si no hay constancia de muerte)
Con carácter general, se concederá acceso a información relacionada con la organización y funcionamiento del órgano si la información contiene datos meramente identificativos
dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones
modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada
no es obligatorio exponer los motivos de la consulta pero podrán ser tenidos en cuenta en caso de que se incluyan
los solicitante podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado
se presentará dirigida al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información
por solicitar información de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones,...)
por solicitar información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración
por solicitar información que esté en curso de elaboración o de publicación general
por dirigirse a un órgano que no es el poseedor de la información solicitada y éste a su vez desconoce el competente
en la resolución se deberá indicar el órgano que, a su juicio, es competente de conocer de la solicitud
por ser manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la transparencia
cuando no se identifique suficientemente la información solicitada, se pedirá al solicitante que la concrete en 10 días, de no hacerlo se dará por desistida la solicitud de acceso
si la información afectara a terceros, se les concederá un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones siendo informado el solicitante de este hecho
si la información no obre en poder del órgano al que se dirige, éste la remitirá al competente informando de esto al solicitante
cuando la información aun obrando en poder del órgano al que se le solicita, haya sido elaborada por otro, se le remitirá la solicitud para que éste decida sobre el acceso
Las resoluciones serán motivadas cuando
se denieguen el acceso
concedan acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada
permitan el acceso habiendo habido oposición de un tercero
se indicará al interesado que el acceso tendrá lugar transcurrido el plazo de interposición de recurso contencioso-administrativo del tercero afectado, sin haber sido formalizado ni resuelto
se desestime cuando la mera indicación de la existencia o no de una información suponga vulneración de alguno de los límites
Las resoluciones admitirán
ser recurridas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
ser reclamadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
La resolución que conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud
transcurrido el plazo máximo sin resolver
el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver se considerará infracción grave de los responsables del órgano al que se solicita la información
se entenderá que la solicitud ha sido desestimada
Las Administraciones Públicas establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna
en el ámbito de la AGE existirán Unidades especializada que tendrán las siguientes funciones
a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. (Publicidad activa)
El resto de entidades identificarán claramente al órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso
El acceso a la información se hará preferiblemente por vía electrónica
en caso de que el acceso no pueda darse en el momento de la notificación, deberá otorgarse en un plazo no superior a 10 días
El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones
se podrá impugnar la resolución (expresa o presunta) de acceso a la información mediante
la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (u órgano sustitutivo en las CCAA)
cuando el órgano objeto de la impugnación es algunos de estos (órganos constitucionales, ...) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo
la presentación de recurso contencioso-administrativo
la reclamación se impondrá en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo
la tramitación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
si hay terceros afectados se otorgará trámite de audiencia para expongan sus alegaciones
el plazo máximo para resolver la reclamación será de 3 meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada
las resoluciones se publicarán por medios electrónicos previa disociación de los datos de carácter personal y previa notificación a los interesados
el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones de las reclamaciones
regular y garantizar el derecho de acceso a la información de la actividad pública
establecer las obligaciones del buen gobierno y las consecuencias de su incumplimiento
Aplicación parcial (sólo Publicidad activa) (Capítulo 2 del Tìtulo1)
Aplicación total (Publicidad activa y Derecho de acceso a la información)(Capítulo 2 y 3 del Título 1)
e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.(Ej: cámaras oficiales, los colegios profesionales, las cofradías de pescadores)
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%
a) La Administración General del Estado (AGE), las Administraciones de las CCAA y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración LOCAL.
c) Los organismos autónomos (Ej: AENA empresa pública autónoma), las Agencias Estatales (Ej AEMET), las entidades públicas empresariales (Ej: CORREOS) y las entidades de Derecho Público (Ej GRECASA empresa pública con/sin cierta autonomía) que tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
organigrama que identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional
Planes y programa anuales y plurianuales de cada Administración Pública, su grado de cumplimiento y resultados
En el caso de la Administración General del Estado, se evaluarán el cumplimiento de sus planes mediante las inspecciones generales de servicios
Los anteproyectos de Ley y proyectos de Ley
cuando requieran de dictámenes de órganos consultivos
en el momento de su aprobación
Los proyectos de Reglamentos cuando requieran de dictámenes de órganos consultivos
Memorias e informes que conformen expedientes de elaboración de textos normativos, en particular la MAIN
Otros documentos que conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación
a) Todos los contratos
con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
b) La relación de los convenios suscritos
con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados (imposiciones) a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas (encargos) de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas
con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
d) Los presupuestos
con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de los órganos de control externo
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables y las indemnizaciones percibidas, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad
que afecten a los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local que autoricen el ejercicio de actividad privada cuando cesen
que afecten a los empleados públicos
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales
Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado.
se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los sujetos mencionados de APLICACIÓN PARCIAL deberán publicar la información a la que se refieren las letras a), b) y c) cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública o de subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
Si la información contuviera datos protegidos o de carácter personal la publicidad se llevará a cabo previa disociación de los mismos
La normativa autonómica podría preveer un régimen más amplio en materia de publicidad
Los sujetos del artículo 2.1 (los de aplicación total) publicarán de forma periódica información relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con la actuación pública
preferiblemente en formatos reutilizables
La información será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web
las entidades sin ánimo de lucro cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros podrán publicar sus datos usando los medios electrónicos de la Administración Pública de la que provengan la mayor parte de ayudas o subvenciones públicas
El control del cumplimiento por la AGE (Administración General del Estado) de las obligaciones de publicidad activa se realiza por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
podrá dictar resoluciones con medidas para cesar el incumplimiento
declarar infracción grave ante incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa
la información institucional, económica y de relevancia jurídica de acuerdo con la publicidad activa
la información de la AGE cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia
depende del Ministerio de la Presidencia
la AGE, CCAA y Ceuta y Melilla, y las Administraciones Locales podrán adoptar medidas complementarias y de colaboración para cumplir con las obligaciones de transparencia
la información debe adecuarse a los siguientes principios
información estructurada con vistas a facilitar la identificación y búsqueda

References: artículo 137
 artículo 131
 artículo 105
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2