Source: https://tc.vlex.es/vid/3-c-24-f-j-4-2-d-5-15355352
Timestamp: 2019-08-18 23:16:24+00:00

Document:
STC 73/1996, 30 de Abril de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355352
Número de Recurso: Cuestión de Inconstitucionalidad nº 1.724/1989
1. La notificación colectiva prevista en el art. 124.3 de la Ley General Tributraria impone al contribuyente una especial diligencia, que le obliga a atender a los periódicos oficiales o, al menos, a estar pendiente de los períodos voluntarios de pago del tributo, para poder impugnar las liquidaciones de este modo notificadas. Ahora bien, es de tener en cuenta, en primer lugar, que esta forma de notificación atiende a una finalidad constitucionalmente legítima, cual es la eficiencia en la gestión tributaria, que consigue manteniendo un alto grado de certeza en las relaciones jurídico-tributarias, aun en los casos en los que ha existido una notificación edictal, participando de los fines que justifican tales notificaciones, que, en una gestión tributaria masiva, cual es la referente a los tributos de cobro periódico por recibos, facilita un trámite que puede ocasionar la paralización de múltiples procedimientos e irregularidades en otros muchos casos, por la dificultad de controlar el estricto cumplimiento de todos los requisitos de las notificaciones en una gestión en masa. En segundo lugar, que estas notificaciones colectivas mediante edictos se refieren a aquellas liquidaciones de tributos de cobro periódico por recibo que, de manera automática, han de girarse periódicamente sin variación ni modificación en sus elementos esenciales respecto de la primera liquidación notificada personalmente. El resultado de todo ello es que, si bien la medida no deja de ser rigurosa, dado que toma como punto de partida para el cómputo de un plazo de impugnación, transcurrido el cual la liquidación gana firmeza, no una notificación personal, rodeada de importantes prevenciones en orden a garantizar el conocimiento de su contenido y la existencia de efectivas posibilidades de impugnación por parte del afectado, sino la publicación de unos edictos que, practicada según el modo que acabamos de exponer, garantizan su previsibilidad y su conocimiento, permitiendo así, en los términos señalados, rechazar una tacha de inconstitucionalidad. En suma, la necesaria protección de la eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 C.E.) en orden a la gestión de estos tributos, hace compatible la previsión del art. 124.3 Ley General Tributaria siempre que se entienda en los términos anteriormente expuestos, con las exigencias derivadas del art. 24.1 C.E. [F.J. 4]. 2. Analizando el apartado d) del art. 137 Ley General Tributaria, respecto del que de modo específico se plantea la presente cuestión, la objeción resulta prácticamente vaciada en su contenido, en la medida en que se remite, como ya se ha dicho, a lo dispuesto en el art. 124.3 Ley General Tributaria, cuya constitucionalidad ha quedado examinada en el fundamento jurídico anterior. En la medida, pues, en que se trate de liquidaciones tributarias que reúnan las condiciones allí señaladas, la referencia contenida en la letra d) del art. 137 Ley General Tributaria, a la falta de notificación reglamentaria como uno de los supuestos tasados de oposición a la providencia de apremio, tampoco vulnera el art. 24.1 C.E. [F.J. 5].
Sentencia citada en: 536 sentencias, 26 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Javier Delgado Barrio y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.724/89 promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto de los arts. 137. d) y 124.3 de la Ley General Tributaria. Han sido partes el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por Auto de 30 de junio de 1989, dictado en recurso contencioso-administrativo núm. 1.410/87, que ha tenido su entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el 9 de agosto de 1989, plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre los arts. 137 d) y 124.3 de la Ley General Tributaria, por su posible oposición al art. 24.1 C.E.
2. Los hechos que habrían dado lugar al planteamiento de tal cuestión son, en síntesis, los siguientes:
a) Don Julián D. G. habría vendido en junio de 1982 el local, sito en Sevilla, en el que venía ejerciendo la actividad de venta al por menor de muebles, presentando en el Ayuntamiento de dicha ciudad la baja a efectos del impuesto municipal sobre radicación y la tasa de basuras. El señor D. habría satisfecho asimismo al Ayuntamiento el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos devengado el 9 de junio de 1982 por la transmisión del referido inmueble. También abonó el importe de transmisiones patrimoniales. Sin embargo, aquél no habría presentado en la Delegación de Hacienda la correspondiente baja en la Licencia Fiscal.
b) El 4 de abril de 1986 le habrían sido notificadas al señor D. varias providencias de apremio de la Tesorería de Hacienda referentes a los recibos de la Licencia Fiscal puestos al cobro y no satisfechos, relativos a los ejercicios de 1982, 1983, 1984 y 1985.
c) El señor D. interpuso contra las referidas providencias de apremio, así como contra las liquidaciones contenidas en los recibos, reclamación económico-administrativa, que tramitada con el núm. 760/86 fue desestimada en lo relativo a la impugnación de las providencias de apremio, e inadmitida por extemporánea respecto de la impugnación de las liquidaciones, por resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Sevilla de 30 de enero de 1987.
d) Interpuesto por el señor D. contra dicha resolución recurso contencioso-administrativo, al que correspondió el número 1.410/87 de los de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dicha Sala, por providencia de 12 de mayo de 1989, acordó, con suspensión del plazo para dictar Sentencia, oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad acerca de los arts. 137 d) y 124.3 de la Ley General Tributaria, en su aplicación conjunta, por si los mismos fuesen contrarios al art. 24.1 C.E., en cuanto que dicha Ley pudiera impedir el derecho a la tutela judicial efectiva y provocar indefensión al restringir los motivos de impugnación jurisdiccional frente a actuaciones administrativas en vía de ejecución decididas sin previa notificación personal de la liquidación tributaria antecedente.
a) La constitucionalidad del art. 137 d) L.G.T. es irrelevante en el presente caso, pues el núcleo del asunto se encuentra en la validez constitucional de la notificación edictal prevista en el art. 124.3 L.G.T., sin que exista una posible «inconstitucionalidad derivada de la aplicación conjunta de ambos preceptos». Si el art. 137 d) L.G.T. no existiera, el planteamiento del problema sería el mismo: Las liquidaciones se entenderían correctamente notificadas ex art. 124.3 L.G.T. y al no haber sido recurridas en plazo hábil habrían devenido consentidas y firmes. Mientras que no son susceptibles de recurso los actos reproducción de otros consentidos y firmes [art. 40. a) L.J.C.A.], como sería el caso de la providencia de apremio. La tasación de motivos del art. 137 d) L.G.T. es consecuencia de la validez de la notificación, único tema que debe examinarse, pues si la notificación es inválida, ningún perjuicio produce tal tasación de motivos. Además la providencia de apremio puede estar desconectada de la firmeza de la liquidación, pues es un puro acto de ejecución de ésta, por lo que sólo puede discutirse la ejecutividad de la deuda. Esa naturaleza puramente ejecutiva impide examinar la legalidad de la resolución ejecutada y presupone la notificación previa. Si la notificación se produjo válidamente, es en relación con la misma como debe examinarse la adecuación constitucional de la preclusión de los plazos de recurso. En todo caso, el art. 137 d) es por todo ello plenamente constitucional.
Como este Tribunal tiene reiteradamente declarado -recuerda el Ministerio Fiscal-, para expulsar una norma con rango de Ley del ordenamiento jurídico en su función de «legislador negativo» ha de aparecer bien clara su incompatibilidad con algún precepto constitucional, así como que no sea posible su acomodación al ordenamiento constitucional.
A juicio del Fiscal, algo parecido podría decirse del caso de Autos, en el que no todas las notificaciones edictales en tributos de cobro periódico por recibo, cuando la liquidación del alta ha sido notificada personalmente, son sin más contrarias al art. 24 C.E., tratándose de una cuestión de eficacia y simplificación administrativa. Cierto que en algunos supuestos, quizás en el de Autos, los edictos no son suficientes. Para tales casos, en STC 146/1985, por ejemplo, se ha dicho que «el art. 24.1 C.E. contiene un mandato implícito al legislador -y al intérprete- consistente en promover la defensa, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción». Para tales supuestos cabría asimismo acudir a un remedio como el de la STC 63/1982, puesto que la Ley no veda la notificación personal, sino que aquélla se limita a decir que ésta «podrá» efectuarse por edictos, y nada obsta a que en supuestos límite, como el actual, se acudiera a soluciones más acordes con la interpretación exigida por el art. 24.1 C.E.
«Art. 124.3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.»
«Art. 137. Contra la providencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:...d) Falta de notificación reglamentaria de la liquidación.»
Entiende la Sala, muy sucintamente dicho, que, si bien el análisis aislado de cada uno de ambos preceptos podría no plantear necesariamente, problemas de constitucionalidad, no obstante, y en todo caso, de la aplicación conjunta de ambos sí se produce una situación de indefensión resultante del mecanismo edictal de notificación, no tanto por sí mismo cuanto en la medida en que a dicha notificación, legalmente «reglamentaria», se superpone la restricción de motivos impugnatorios en la vía de apremio.
El Fiscal General del Estado ha interesado la desestimación de la cuestión por no aparecer la absoluta incompatibilidad de los referidos preceptos con el art. 24.1 C.E., al ser posibles interpretaciones que los acomoden al ordenamiento constitucional.
A su entender, y con independencia de la validez, en términos generales, de la notificación edictal prevista en el art. 124.3 L.G.T., la misma puede resultar insuficiente en algunos supuestos límite, como el que ha dado lugar a la presente cuestión, en los cuales la notificación habría de considerarse defectuosa, de tal modo que el plazo para el recurso no corriese sino a partir del momento en el que la liquidación hubiera llegado realmente al conocimiento del interesado, al ser éste el momento en que comienza a producir sus efectos (art. 125.1 L.G.T.).
El Abogado del Estado, finalmente, afirma la falta de relevancia de la cuestión en lo concerniente al art. 137 L.G.T., por cuanto el núcleo del asunto se encuentra en la validez constitucional de la notificación edictal prevista en el art. 124.3 L.G.T., sin que exista una posible inconstitucionalidad derivada de la aplicación conjunta de ambos preceptos. En cuanto al art. 124.3 L.G.T., el mismo no genera indefensión desde el momento en que no impone una carga desproporcionada de leer los periódicos oficiales y edictos a quien se ha dado previamente de alta en el Registro Fiscal correspondiente y ha recibido la notificación personal de una primera liquidación.
3. Entiende el Abogado del Estado que la cuestión debe ser inadmitida respecto del segundo de los preceptos cuestionados, el art. 137 d) L.G.T., por su irrelevancia en relación con el fallo, toda vez que, como acabamos de señalar, el núcleo del asunto se encuentra en la validez constitucional de la notificación edictal prevista en el art. 124.3 L.G.T., sin que exista una posible «inconstitucionalidad derivada de la aplicación conjunta de ambos preceptos».
La excepción de inadmisión formulada por el Abogado del Estado debe ser rechazada. El llamado «juicio de relevancia», como requisito del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad exige, ante todo, que el órgano judicial considere que la validez de la norma cuestionada condicione su fallo (art. 163 C.E.), que exteriorice su propio juicio de relevancia (art. 35.2, inciso 1., LOTC) y que el mismo no sea abiertamente inconsistente (SSTC 106/1986, 221/1992 y 90/1994, entre otras). En el presente caso, la Sala cuestionante ha expuesto que la limitación de la oposición a la providencia de apremio, entre otros supuestos tasados, a la falta de notificación reglamentaria, teniendo en cuenta que el art. 124.3 L.G.T. permite la notificación por edictos configura un supuesto de indefensión vedado por el art. 24.1 C.E. Es claro que si los términos del art. 137 L.G.T. hubieran sido otros el recurso frente a las providencias de apremio hubiera podido prosperar ante el Tribunal Económico-Administrativo o, en todo caso, el recurso que ante su desestimación se ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Ahora bien, con independencia de lo anterior, y antes de pasar a examinar el fondo de la presente cuestión, forzoso resulta comenzar subrayando la relativa peculiaridad de la misma, toda vez que los dos preceptos cuestionados no se impugnan tanto en sí mismos, y aisladamente considerados, cuanto a partir de los efectos combinados que ambos pueden llegar a alcanzar en supuestos como el que se encuentra en el origen del presente proceso constitucional. En puridad, nada de extraño tiene que la argumentación de la inconstitucionalidad de un precepto deba apoyarse en la simultánea existencia de otros preceptos vigentes en el ordenamiento, tanto más en otros preceptos integrantes de un mismo texto legal, en el que dicho precepto se inserta como pieza de algo que aspira a ser un sistema. Consciente, en parte, de ello, el legislador ha previsto la inconstitucionalidad por conexión o consecuencia (art. 39.1, in fine, LOTC). La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin embargo, nos ha planteado una suerte de cuestión «alternativa», en sentido inverso a la anterior previsión, toda vez que la apreciación de inconstitucionalidad de un precepto salva, por así decir, los problemas de constitucionalidad del otro, de tal manera que este Tribunal pudiera «optar» por la identificación de la inconstitucionalidad en uno u otro precepto. En este sentido, conviene poner de manifiesto que, en la función que a los Jueces y Tribunales corresponde con arreglo al art. 163 C.E., éstos deben identificar el precepto, o en su caso los preceptos, aplicables al caso, que, de modo inmediato, les plantean problemas de constitucionalidad, no bastando con la descripción de un supuesto de inconstitucionalidad resultante del efecto combinado de diversos preceptos. En suma, la cuestión de inconstitucionalidad debe plantearse respecto de específicos preceptos, y no tanto respecto, como decimos, de supuestos que podrían encontrar apoyatura en preceptos alternativos.
4. Dispone el art. 124.3 L.G.T. que «En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan». Junto a un primer efecto de condición de eficacia del acto (art. 57.2 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, y art. 124.1 L.G.T.), que ninguna duda de constitucionalidad plantea desde la perspectiva del art. 24.1 C.E., estas notificaciones tienen una dimensión procedimental de extraordinario relieve, cual es la de determinar el inicio de los plazos para recurrir el referido acto, en vía administrativa o jurisdiccional. La regla general que hemos de tomar en consideración es, pues, que la reclamación económico-administrativa deberá interponerse, «en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto administrativo que se impugna» (art. 25 del texto articulado de Procedimiento Económico-Administrativo), aunque nada cambiaría, a los efectos de resolver esta cuestión de inconstitucionalidad, si ese plazo de quince días se contase a partir de la finalización del período voluntario de cobranza, como establece el art. 92.2 del Reglamento de Reclamaciones Económico-Administrativas, pues no introduce ninguna alteración significativa en el sistema. Igualmente, el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo se computa a partir de la notificación de la resolución que se impugna, si es expresa (art. 58 L.J.C.A.). La consecuencia del establecimiento de estos plazos es que el acto no impugnado, en el plazo establecido al efecto a partir de su notificación, deviene firme, siendo, por tanto y en principio, irrecurrible [arts. 40 a) y 82 c) y f) L.J.C.A.].
En este sentido, la Sala proponente de la cuestión declara: «Que ello no provoque indefensión (habida cuenta, insistimos, de esta última y trascendental consecuencia) sólo por el hecho de que el mecanismo se repita anualmente a partir de una primera y obligatoria notificación personal del alta en los padrones respectivos, o incluso por el hecho de que de un año para otro no varíen las circunstancias esenciales del tributo, es justamente el núcleo de la cuestión que debe decidir el Tribunal Constitucional». La «última y trascendental consecuencia» a que alude la Sala no es sino la serie de motivos tasados oponibles a la providencia de apremio, con lo que, de nuevo, la cuestión vuelve a remitirse al art. 137 L.G.T. Pero prescindiendo de este último dato, que habrá de abordarse en su momento, conviene ya declarar que el art. 124.3 L.G.T. no es contrario a la Constitución.
En efecto, el que la notificación colectiva, en primer lugar, se refiera a liquidaciones de tributos de cobro periódico por recibo; en segundo lugar, que la misma vaya precedida del alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, y, en tercer lugar, que sólo quepa respecto de la segunda y ulteriores liquidaciones, pues la primera se ha de notificar personalmente, no son circunstancias indiferentes a la hora de valorar la compatibilidad de estas notificaciones colectivas con el art. 24.1 C.E. La propia Sala parte incluso del supuesto de que de un año a otro no varíen las circunstancias esenciales del tributo, algo que no se encuentra expreso en el texto del precepto cuestionado, pero que el Tribunal Supremo ha venido a considerar comprendido en el mismo (Sentencias del T.S. 11 de febrero de 1992, 17 de febrero de 1992 y 27 de octubre de 1494) y en cuyo mismo sentido ha venido a operar la modificación introducida en este precepto por la Ley 25/1995, al añadir al texto anterior que «el aumento de la base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes».
Este Tribunal ha señalado que «no cabe oponer el art. 24 C.E. a aquellas medidas que, suponiendo un cierto gravamen, no impiden el acceso al proceso, obedecen a razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionales protegidos y que guardan proporcionalidad con la carga de diligencia exigible a los justiciables» (STC 5/1993). Por el contrario, «el art. 24.1 C.E. puede verse conculcado por aquellas normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador» (STC 114/1992).
Ciertamente, la notificación colectiva prevista en el art. 124.3 L.G.T. impone al contribuyente una especial diligencia, que le obliga a atender a los periódicos oficiales o, al menos, a estar pendiente de los períodos voluntarios de pago del tributo, para poder impugnar las liquidaciones de este modo notificadas. Ahora bien, es de tener en cuenta, en primer lugar, que esta forma de notificación atiende a una finalidad constitucionalmente legítima, cual es la eficiencia en la gestión tributaria, que consigue manteniendo un alto grado de certeza en las relaciones jurídico-tributarias, aun en los casos en los que ha existido una notificación edictal, participando de los fines que justifican tales notificaciones, que, en una gestión tributaria masiva, cual es la referente a los tributos de cobro periódico por recibos, facilita un trámite que puede ocasionar la paralización de múltiples procedimientos e irregularidades en otros muchos casos, por la dificultad de controlar el estricto cumplimiento de todos los requisitos de las notificaciones en una gestión en masa. En segundo lugar, que estas notificaciones colectivas mediante edictos se refieren a aquellas liquidaciones de tributos de cobro periódico por recibo que, de manera automática, han de girarse periódicamente sin variación ni modificación en sus elementos esenciales respecto de la primera liquidación notificada personalmente.
El resultado de todo ello es que, si bien la medida no deja de ser rigurosa, dado que toma como punto de partida para el cómputo de un plazo de impugnación, transcurrido el cual la liquidación gana firmeza, no una notificación personal, rodeada de importantes prevenciones en orden a garantizar el conocimiento de su contenido y la existencia de efectivas posibilidades de impugnación por parte del afectado, sino la publicación de unos edictos que, practicada según el modo que acabamos de exponer, garantizan su previsibilidad y su conocimiento, permitiendo así, en los términos señalados, rechazar una tacha de inconstitucionalidad. En suma, la necesaria protección de la eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 C.E.) en orden a la gestión de estos tributos, hace compatible la previsión del art. 124.3 L.G.T. siempre que se entienda en los términos anteriormente expuestos, con las exigencias derivadas del art. 24.1 C.E.
5. Dispone el art. 137 L.G.T. que «Contra la providencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
f) Omisión de la providencia de apremio».
Para la Sala proponente de la cuestión, la letra d) de este precepto podría ser inconstitucional al no permitir, a contrario sensu, impugnar la providencia de apremio por motivos distintos de los seis anteriormente enunciados y, muy particularmente, al no permitir oponerse a una notificación que, aunque colectiva, es «reglamentaria», vale decir, regular, en virtud de lo dispuesto en el art. 124.3 L.G.T. De este modo, la impugnación del art. 137 d) L.G.T. viene a desembocar en la del art. 124.3 L.G.T., de modo parecido a como la impugnación de este último concluía remitiéndose a aquél. En casos como el que da lugar a la presente cuestión entiende la Sala que el art. 137 d) L.G.T., en sus estrictos términos, puede abocar en una situación de indefensión.
En relación ya con el art. 137 L.G.T. conviene comenzar señalando que el mismo se limita a regular los motivos de oposición frente a una providencia de apremio, de naturaleza puramente ejecutiva, que ciertamente sólo cabe impugnar por una serie de motivos tasados, pero ello, por sí mismo no afecta a los medios de defensa de que se disponga frente a la liquidación que a través de él se ejecuta. Como ya se afirmó en la STC 168/1987, el «régimen de impugnación de este tipo de providencias se contiene en el art. 137 de la Ley General Tributaria y el art. 95.4 del Reglamento General de Recaudación, y viene a suponer una lista tasada de motivos de impugnación». En suma la providencia de apremio puede hallarse incluso desconectada de la firmeza de la liquidación, siendo una pura consecuencia del impago de la misma y de la ejecutividad inmediata del acto administrativo.
Voto particular que formula el Magistrado don Pedro Cruz Villalón a la Sentencia recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.724/89, al que se adhieren los Magistrados don Manuel J. P. y C. y don Javier D. Barrio
1. Entiendo que, antes de entrar a resolver el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo respecto de los arts. 137 d) y 124.3 de la Ley General Tributaria por su posible vulneración del art. 24.1 C.E., y con independencia de la admisión a trámite, en su día, de la presente cuestión, ha debido este Tribunal examinar si se dan en este momento en la misma los presupuestos procesales exigidos por el art. 163 C.E. y los correlativos arts. 35 a 37 LOTC. La cuestión de inconstitucionalidad, en efecto, se plantea respecto de preceptos correspondientes a una Ley promulgada con anterioridad a la Constitución, concretamente el 28 de diciembre de 1963, de tal manera que sobre ella la Constitución opera, no sólo con el llamado efecto de «inconstitucionalidad sobrevenida», sino también con eficacia derogatoria.
2. Ni la Constitución ni tampoco la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional han especificado si el deber de los órganos judiciales de plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre normas con rango de Ley aplicables al caso del que estén conociendo se extiende al supuesto de que dichas normas, por ser anteriores a la Constitución, se vean afectadas también por la eficacia derogatoria de ésta (art. 163 C.E. y Capítulo Tercero del Título II de la LOTC). Bien es verdad que, en rigor, ello no sería enteramente necesario toda vez que la citada eficacia derogatoria restringiría decisivamente los supuestos en los que tales normas pudieran considerarse «aplicables al caso».
Este Tribunal hubo, de este modo, de enfrentarse desde el primer momento a un problema interpretativo que, por lo demás, había recibido distinta respuesta en ordenamientos constitucionales similares al nuestro. En efecto, en su primera Sentencia dictada en un procedimiento de control de constitucionalidad el Tribunal optó mayoritariamente por una respuesta original y flexible según la cual, y como regla de principio, respecto de las leyes preconstitucionales «los Jueces y Tribunales deben inaplicarlas si entienden que han quedado derogadas por la Constitución», de tal manera que, respecto de ellas, no opera el mandato contenido en el art. 163 C.E. La flexibilización de la regla consistió en reconocer a los órganos judiciales la facultad, «en caso de duda, (de) someter este tema al Tribunal Constitucional por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad». De este modo, el Tribunal ha permitido que, junto a las cuestiones de inconstitucionalidad preceptivas, derivadas del art. 163 C.E., impuestas por lo que se considera una exigencia derivada de la ordenación de nuestro «sistema de fuentes» (STC 23/1988), se sitúen otras cuestiones de inconstitucionalidad puramente facultativas para aquellos supuestos en los que la constitucionalidad les resulte dudosa, pues, en ausencia de este elemento de duda, es claro que debe operar la regla de principio de inaplicación por sí de la Ley entendida derogada. De ahí que en la STC 105/1988 declarásemos que «la cuestión relativa a las leyes preconstitucionales se hace necesaria si el órgano judicial proponente estima que no puede hacer uso de la disposición derogatoria de la Constitución y del mecanismo de derogación tácita en ella contenido» (fundamento jurídico 1.).
De este modo, en el ATC 296/1992 apreciábamos no darse los presupuestos de admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad «si se tiene en cuenta que el Tribunal a quo considera que puede pronunciarse sobre la conformidad de los preceptos cuestionados a la Constitución, y fallar, en consecuencia, tal como ha hecho en alguna ocasión anterior idéntica en presencia de las mismas circunstancias y partes. Es decir, el pronunciamiento que se solicita de este Tribunal no sería necesario, según la apreciación subjetiva del órgano juzgador, para la resolución del proceso. Sólo sería conveniente, dados los "efectos generales" de una Sentencia del Tribunal Constitucional». De este modo se concluye que «a la vista de estas apreciaciones vertidas en el propio Auto de planteamiento de la cuestión, no resulta cumplido el requisito inherente a la cuestión de inconstitucionalidad por no albergar el órgano judicial duda que no pueda él mismo solucionar secundum Constitutionem y exija el consiguiente pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Dado que la Sala proponente declara que puede resolver la cuestión por sí misma, no es procedente que la plantee ante este Tribunal buscando una resolución de naturaleza abstracta y general, tal como indica el Fiscal General del Estado, pues la cuestión de inconstitucionalidad no es una vía apta para conseguir la depuración abstracta del ordenamiento» (fundamento jurídico único). Más recientemente hemos resumido este planteamiento en la STC 90/1994, declarando que «es constitucionalmente lícito que si el Juez o Tribunal alberga una duda razonable acerca de la constitucionalidad de una Ley y de la posibilidad de su interpretación conforme a la Constitución no se contente con intentar una -a su juicio, imposible- interpretación correctora o adecuadora a la Constitución de la misma -como pide el art. 5.3 L.O.P.J.- y eleve al Tribunal Constitucional el Auto de remisión en el que exprese sus dudas de constitucionalidad» (fundamento jurídico 2.).
Este Tribunal debe prestar, por tanto y de modo creciente, particular atención a este presupuesto específico de las cuestiones de inconstitucionalidad de este tipo, concretamente la existencia de una duda razonable por parte del órgano judicial a quo acerca de la eficacia de la Constitución sobre la vigencia de un precepto anterior a la misma. La traslación del control del Derecho preconstitucional a este Tribunal no puede en modo alguno ser ya la regla. Lo cual no significa que este Tribunal deba apartarse, por entero, de la opción flexible que ha venido manteniendo desde 1981; el anteriormente recordado carácter abierto de preceptos fundamentales básicos no hace aconsejable cerrar la vía de acceso a esta jurisdicción especializada de constitucionalidad al resto de los Jueces y Tribunales, siempre, eso sí, que las dudas existan. Pero ante un supuesto en el que las dudas se encuentren descartadas y el propio órgano judicial se considere, por tanto, plenamente capacitado para responder a la cuestión, conviene afirmar la plenitud jurisdiccional del mismo y la consecuente improcedencia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
4. En el presente caso, la Sala de la Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía plantea la cuestión de inconstitucionalidad plenamente consciente de la eficacia derogatoria de la Constitución, señalando que «esta circunstancia pudiera haber determinado que el propio órgano judicial los reputara por sí mismo derogados por aquélla, sin necesidad de elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional». La Sala, sin embargo, declara que dos razones sustanciales le han llevado a «preferir» esta opción: La trascendencia general del problema y el hecho de que el legislador «posconstitucional», al no haber modificado estos preceptos con ocasión de otras reformas de la Ley, ha confirmado implícitamente los mismos. Ahora bien, como ya hemos señalado, «la cuestión de inconstitucionalidad no es una vía apta para conseguir la depuración abstracta del ordenamiento» (ATC 296/1992), sin que, por otra parte, la modificación parcial, con posterioridad a la Constitución de una Ley preconstitucional convierta a los preceptos no alterados en productos de la voluntad del legislador «posconstitucional», cubiertos así por el mandato del art. 163 C.E. En todo caso, y más adelante, en el propio Auto de planteamiento de la cuestión se afirma tajantemente que «a la Sala no le caben dudas de que la aplicación conjunta de ambos (preceptos) sí es contraria a la norma fundamental».
STSJ Cataluña 6320/2016, 3 de Noviembre de 2016
STSJ Comunidad de Madrid 986/2012, 16 de Noviembre de 2012

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