Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0509
Timestamp: 2019-10-15 14:39:21+00:00

Document:
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court.
Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de “autoridad judicial emisora” — Orden de detención europea emitida por el fiscal general de un Estado miembro — Estatuto — Garantía de independencia.
Asunto C-509/18.
«Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de “autoridad judicial emisora” — Orden de detención europea emitida por el fiscal general de un Estado miembro — Estatuto — Garantía de independencia»
En el asunto C‑509/18,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda), mediante resolución de 31 de julio de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 2018, en el procedimiento relativo a la ejecución de una orden de detención europea dictada contra
en nombre de PF, por el Sr. J. Ferry, BL, y el Sr. R. Munro, SC, designados por los Sres. D. Rudden y E. Rudden, Solicitors;
en nombre del Minister for Justice and Equality, por las Sras. J. Quaney, M. Browne y G. Hodge y el Sr. A. Joyce, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. B.M. Ward, A. Hanrahan, J. Benson, BL, y el Sr. P. Carroll, SC;
en nombre del Gobierno danés, por la Sra. P. Z.L. Ngo y el Sr. J. Nyman‑Lindegren, en calidad de agentes;
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»).
Esta petición se ha presentado en el marco de la ejecución en Irlanda de una orden de detención europea emitida el 18 de abril de 2014 por el Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (Fiscal General de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Fiscal General de Lituania») para el ejercicio de acciones penales contra PF en Lituania.
Los artículos 3, 4 y 4 bis de la referida Decisión Marco enumeran los motivos de no ejecución obligatoria y facultativa de la orden de detención europea. El artículo 5 de dicha Decisión Marco establece las garantías que deberá dar el Estado miembro emisor en casos particulares.
La European Arrest Warrant Act 2003 (Ley irlandesa de 2003 relativa a la orden de detención europea), en su versión aplicable al proceso principal (en lo sucesivo, «EAW Act»), transpone al Derecho irlandés la Decisión Marco 2002/584. El artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de la EAW Act dispone:
«(1) En los procedimientos en los que sea de aplicación la presente Ley, la High Court [(Tribunal Superior, Irlanda)], cuando considere que la documentación o información que se le ha facilitado es insuficiente para ejercer las funciones que le incumben con arreglo a la presente Ley, podrá requerir a la autoridad judicial emisora o al Estado emisor, según proceda, para que se le facilite la información o documentación adicional que solicite, en el plazo que determine.
Proceso principal y cuestiones prejudiciales
El 18 de abril de 2014 se solicitó la entrega de PF, de nacionalidad lituana, en virtud de una orden de detención europea emitida por el Fiscal General de Lituania para enjuiciarlo por unos hechos presuntamente cometidos en 2012 y que según el citado Fiscal deben calificarse de «robo a mano armada».
PF interpuso recurso ante la High Court (Tribunal Superior) mediante el que impugnó la validez de dicha orden de detención europea, alegando en particular que el Fiscal General de Lituania no es una «autoridad judicial» en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
En apoyo de esta alegación, PF esgrimió un dictamen jurídico elaborado por un abogado lituano del que se desprende, en particular, que, según lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución de la República de Lituania, la administración de la justicia corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales. El Fiscal General de Lituania es el fiscal de mayor rango en este Estado miembro. Tiene la condición de fiscal y es independiente tanto del poder ejecutivo como del poder judicial. En relación con los fiscales, el artículo 118 de la referida Constitución establece que estos tienen encomendada la función de organizar y dirigir la instrucción penal y de ejercer la acción penal. No obstante, según la jurisprudencia del Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Tribunal Constitucional de la República de Lituania), el fiscal no tiene encomendada la función de administrar justicia y tampoco asume tareas relacionadas con la administración de la justicia durante la fase de instrucción de la que es responsable.
En estas circunstancias, la High Court (Tribunal Superior) se dirigió al Fiscal General de Lituania, a través de la autoridad central irlandesa, para obtener información en relación con la condición de «autoridad judicial» de este fiscal, en particular a la luz de las sentencias de 10 de noviembre de 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858) y Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860).
El Fiscal General de Lituania respondió lo siguiente:
«El [Fiscal General de Lituania] es independiente del poder ejecutivo, incluido el ministro de Justicia.
El Ministerio Fiscal de la República de Lituania […] está integrado por el [Fiscal General] y las fiscalías territoriales; el Ministerio Fiscal lituano organiza y dirige la instrucción y persigue delitos en nombre del Estado. Estas disposiciones se recogen en el artículo 118 de la Constitución de la República de Lituania.»
El 27 de febrero de 2017, la High Court (Tribunal Superior) declaró que el Fiscal General de Lituania era una «autoridad judicial», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, y ordenó la entrega de PF.
Mediante sentencia de 20 de octubre de 2017, la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda) desestimó el recurso interpuesto por PF contra la sentencia de la High Court (Tribunal Superior) y confirmó que el Fiscal General de Lituania era una «autoridad judicial», en el sentido de esa disposición.
El órgano jurisdiccional remitente, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) autorizó la interposición de recurso contra la sentencia de la Court of Appeal (Tribunal de Apelación).
A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dimanante de las sentencias de 29 de junio de 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), y de 10 de noviembre de 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858); Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860) y Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861), este órgano jurisdiccional se pregunta si el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de «autoridad judicial», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
Considera, en particular, que de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que tal calificación depende de si la entidad en cuestión es una autoridad competente para participar en la administración de la justicia penal de un Estado miembro. Pues bien, entiende que dicha jurisprudencia no proporciona criterios claros que permitan determinar si una entidad está encargada de administrar justicia o es competente para participar en la administración de la justicia en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, teniendo en cuenta que el concepto de «autoridad judicial» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, si, a efectos de determinar si el Fiscal General de Lituania participa en la administración de la justicia, procede atender exclusivamente al Derecho nacional del Estado miembro de que se trata. Este órgano jurisdiccional se pregunta además si las funciones relativas a la instrucción y la persecución de los delitos están lo suficientemente vinculadas a la administración de la justicia como para que un fiscal que tiene atribuidas estas funciones, pero es independiente del poder judicial con arreglo al Derecho nacional, pueda ser considerado una «autoridad judicial», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
Para determinar si un fiscal designado como “autoridad judicial emisora” a los efectos del artículo 6, apartado 1, de la [Decisión Marco 2002/584] es una autoridad judicial según el significado autónomo del concepto de “autoridad judicial” que figura en la citada disposición, ¿debe atenderse a los criterios de 1) independencia de dicho fiscal respecto al poder ejecutivo y de 2) tener como función conferida por su propio ordenamiento jurídico administrar justicia o participar en la administración de la justicia?
En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los criterios en que debe basarse un órgano jurisdiccional nacional para determinar si un fiscal designado como “autoridad judicial emisora” a los efectos del artículo 6, apartado 1, de la [Decisión Marco 2002/584] es una “autoridad judicial” en el sentido de esta disposición?
¿Es [el Fiscal General de Lituania] una autoridad judicial conforme al significado autónomo de este concepto recogido en el artículo 6, apartado 1, de la [Decisión Marco 2002/584]?»
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el concepto de «autoridad judicial emisora» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que comprende al fiscal general de un Estado miembro que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y es independiente del poder ejecutivo.
En efecto, la cooperación judicial en materia penal, como esta se contemplaba en el artículo 31 UE, base jurídica de la Decisión Marco 2002/584, tenía, en particular, por objeto la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros tanto en lo atinente al procedimiento como en lo relativo a la ejecución de las resoluciones.
De las consideraciones expuestas en los apartados 29 a 38 de la presente sentencia se desprende que debe considerarse que una autoridad, como un fiscal, que tiene competencia, en el marco del procedimiento penal, para ejercer la acción penal contra una persona sospechosa de haber cometido un delito a fin de que sea llevada ante un tribunal participa en la administración de la justicia del Estado miembro de que se trate.
En el presente caso, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el Fiscal General de Lituania desempeña un cometido esencial en el desarrollo del procedimiento penal en este Estado miembro.
A este respecto, el Gobierno lituano indicó en sus observaciones escritas que, según lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República de Lituania, el Ministerio Fiscal tiene encomendadas las funciones de organizar y dirigir la instrucción y de ejercer la acción pública. Según la jurisprudencia del Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Tribunal Constitucional de la República de Lituania), esta competencia le pertenece en exclusiva. Así pues, de estas indicaciones se desprende que, de manera general, el Fiscal General de Lituania ha de crear, en el marco del procedimiento penal, las condiciones previas para el ejercicio de la función jurisdiccional por los tribunales de lo penal de ese Estado miembro.
En estas circunstancias, puede considerarse que el Fiscal General de Lituania participa en la administración de la justicia penal en el Estado miembro de que se trata.
En segundo lugar, procede recordar que la Decisión Marco 2002/584 pretende establecer un sistema simplificado de entrega directamente entre autoridades judiciales, destinado a sustituir al sistema de cooperación clásico entre Estados soberanos que implica la intervención y apreciación del poder político, para garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia penal en un espacio de libertad, seguridad y justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, apartado 41).
El segundo nivel de protección de los derechos de la persona reclamada, que se menciona en el apartado 45 de la presente sentencia, implica que la autoridad judicial competente, en virtud del Derecho nacional, para emitir una orden de detención europea controla, en particular, el cumplimiento de los requisitos necesarios para dicha emisión y valora si, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto, dicha emisión tiene carácter proporcionado (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, apartado 47).
En el caso de autos, de las observaciones escritas del Gobierno lituano se desprende que, en Lituania, la responsabilidad de la emisión de la orden de detención europea corresponde, en último término, al Fiscal General de Lituania, que actúa a instancias del fiscal encargado del asunto en el que se solicita la entrega de la persona de que se trate. En el marco de las competencias que tiene atribuidas, el Fiscal General de Lituania comprueba si se cumplen los requisitos necesarios para la emisión de una orden de detención europea, en particular si sobre esa persona pesa una resolución judicial ejecutiva de detención, resolución que, en virtud del Derecho lituano, debe ser dictada por un tribunal o juez de instrucción.
El Gobierno lituano señaló asimismo en sus observaciones escritas que, en el ejercicio de sus funciones, los fiscales lituanos disfrutan de una independencia que les confiere la Constitución de la República de Lituania, en particular su artículo 118, párrafo tercero, y las disposiciones de la Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (Ley del Ministerio Fiscal de la República de Lituania). Dado que tiene la condición de fiscal, el Fiscal General de Lituania goza de esta independencia, que le permite actuar a resguardo de toda influencia externa, en particular del poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, en concreto cuando decide, como en el proceso principal, emitir una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales. En esta condición, el Fiscal General de Lituania está obligado a velar asimismo por el respeto de los derechos de las personas afectadas.
A la vista de estos elementos, el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, habida cuenta de que, aparte de lo señalado en el apartado 42 de la presente sentencia, el estatuto que tiene en este Estado miembro garantiza no solo la objetividad de sus misiones, sino que le confiere asimismo una garantía de independencia frente al poder ejecutivo a la hora de emitir órdenes de detención europea. Ahora bien, los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso plenamente ajustado a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Habida cuenta de todas las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el concepto de «autoridad judicial emisora» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que comprende al fiscal general de un Estado miembro que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y tiene un estatuto en ese Estado miembro que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea.
El concepto de «autoridad judicial emisora» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que comprende al fiscal general de un Estado miembro que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y tiene un estatuto en ese Estado miembro que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea.

References: Artículo 6
 Artículo 6
 artículo 267
 resolución 
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 109
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 31
 artículo 118
 resolución 
 resolución 
 artículo 118
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6