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Timestamp: 2017-08-20 13:20:13+00:00

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Para efectos pensionales, la demanda de alimentos no descarta el requisito de convinecia...
Sentencia T-921/10
Referencia: expediente T-2747724.
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010).
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la mencionada corporación, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; la Sala Nº 8 de Selección lo eligió para revisión el 11 de agosto de 2010.
l. En la demanda se afirma que la señora Rita Isabel Barrios de Morales, de 73 años de edad, contrajo matrimonio eclesiástico en diciembre 25 de 1955 con el señor Daniel Morales Ricardo, conviviendo ininterrumpidamente 53 años, hasta la muerte de él, habiendo procreado seis hijos.
2. Según se aseveró, en noviembre 25 de 1999 el señor Morales Ricardo presentó solicitud[1] de traspaso pensional al Ministerio del Trabajo, expresando su voluntad de tener como beneficiarios de su pensión de jubilación[2], en caso de muerte, a su esposa Rita Isabel Barrios de Morales y a su hijo Daniel Morales Ortiz[3].
3. El señor Morales Ricardo falleció en diciembre 12 de 2008 y su viuda reclamó, en abril 8 de 2009, al Ministerio de la Protección Social el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, al considerar que cumple los requisitos exigidos por ley y aportando “todos los elementos probatorios para demostrar que tiene derecho”[4] (f. 2 cd. inicial.).
En respuesta a dicha solicitud, el área de pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Colpuertos del Ministerio de la Protección Social, expidió Resolución N° 0536 de abril 23 de 2009, ordenando el traspaso provisional del 100% de la pensión a su favor.
4. Posteriormente, mediante Resolución N° 0432 de marzo 31 de 2010, la entidad accionada negó definitivamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes “alegando como único argumento la inexistencia de la convivencia”, ya que el Ministerio encontró dos embargos de alimentos en el año 2003, a favor de la actora y en contra de su difunto esposo; argumentó además, que “las reglas de la experiencia enseñan que el incumplimiento del cónyuge respecto de las obligaciones alimentarias… se produce cuando éste abandona el hogar o cesa la vida en común, hecho éste que igualmente, por regla general, se consigna en la respectiva demanda de alimentos” (f. 22 ib.).
6. Finalmente, se indicó que “el actuar del Ministerio de la Protección Social encaja perfectamente en la estructura de una vía de hecho administrativa, entendida como aquella decisión tomada por el funcionario con fundamento en su única voluntad… amenazando derechos fundamentales” (f. 3 ib.).
Por lo anterior, se pide declarar la sustitución y conceder la pensión de sobrevivientes a la señora Rita Isabel Barrios de Morales, de manera inmediata y definitiva, al estimar cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
1. Licencia temporal otorgada a la apoderada judicial para ejercer la profesión de abogado (fs. 14 a 16 ib.).
2. Resolución N° 0536 de abril 23 de 2009, emitida por el Ministerio de la Protección Social, que ordenó el traspaso provisional de la pensión del señor Daniel Morales Ricardo a favor de la actora (fs. 17 a 19 ib.).
3. Resolución N° 0432 de marzo 31 de 2010, emitida por la misma entidad, que negó el reconocimiento de la pensión y ordenó la exclusión inmediata de la nómina de pensionados de la accionante (fs. 20 a 23 ib.).
4. Recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra la anterior resolución, promovidos por la parte actora (fs. 24 a 28 ib.).
5. “Solicitud de traspaso de pensión Ley 44 de 1980”, realizada por el señor Daniel Morales Ricardo en noviembre 22 de 1999, en donde expresó su voluntad de que su esposa y uno de sus hijos fueran beneficiarios de la pensión de jubilación que gozaba (f. 29 ib.).
6. Cédula de ciudadanía de la señora Rita Isabel Barrios de Morales, nacida en abril 1° de 1937 (f. 39 ib.).
7. Informe de evolución de la paciente Rita Isabel Barrios de Morales, donde consta “que padece hipertensión y que se realizó operación de ojo izquierdo por padecer de cataratas” (fs. 40 a 41 ib.).
Para decidir tuvo en cuenta, además, la avanzada edad de la señora, su estado de salud, la dependencia económica y el carácter fundamental que puede tener el derecho a la seguridad social. Así mismo, estimó que “la ausencia de la pensión de sobrevivientes ocasiona un perjuicio actual y concreto, en la medida en que la priva de los recursos mínimos para garantizar su subsistencia digna”, viéndose afectado a su vez el mínimo vital (f. 60 ib.).
La señora coordinadora del área de prestaciones económicas del Ministerio de la Protección Social, presentó escrito en junio 1° de 2010, manifestando su desacuerdo con ese fallo y llamando la atención sobre “la orden de proferir un acto administrativo… que conceda de manera provisional la pensión de sobrevivientes”, cuando lo que le correspondía al a quo “era amparar los recursos de reposición y apelación y dejar que el Ministerio, dentro de la órbita de sus competencias, los resolviera” (f. 70 ib.), estimando que hubo extralimitación al ser amparados derechos que no fueron invocados.
Tercera. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar la sustitución pensional. Reiteración de jurisprudencia.
“1º) Los medios y recursos judiciales ordinarios constituyen los mecanismos preferentes a los cuales deben acudir las personas para invocar la protección de sus derechos; 2º) En los procesos ordinarios se debe garantizar la supremacía de los derechos constitucionales y la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. arts. 4º y 5º); 3º) La tutela adquiere el carácter de mecanismo subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial; su objeto no es desplazar los otros mecanismos de protección judicial, ‘sino fungir como último recurso (...) para lograr la protección de los derechos fundamentales’.”
Consecuentemente, la Corte ha sostenido que existiendo fundamento fáctico para otorgar el amparo, si el medio de defensa judicial común no es eficaz, idóneo o expedito para lograr la protección, o ésta sería tardía, más aún encontrándose la persona en una circunstancia de debilidad manifiesta, o en insubsanable apremio en su mínimo vital, la tutela puede tener procedencia[5].
Así mismo, cabe resaltar que la evaluación del perjuicio irremediable no es un ejercicio genérico, sino que es necesario consultar las particularidades de cada caso específico, teniendo en cuenta factores como la edad (niñez o senectud) u otra situación de ostensible debilidad, porque tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe interpretarse en forma más amplia y desde una doble perspectiva: “De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales de un grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada.”[6]
La Constitución consagró la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, que se deberá prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, teniendo como principios orientadores la eficiencia, la universalidad y la solidaridad. En materia de sustitución pensional, este tribunal ha resaltado además, que los “principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido”[7].
Desarrollando dichos principios respecto de la naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes[8], se expresó en sentencia C-111 de febrero 22 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil, que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”.
“La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social… La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia[9], sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido[10].”
Quinta. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Medios de prueba aplicables.
La Ley 100 de 1993 estatuye en su artículo 47, literal a): “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes…: a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.”
El ordenamiento jurídico nacional ha complementado la citada disposición, en cuanto a las formas de acreditar los diferentes supuestos de hecho en él consignados. Así, en primer lugar se anota que la condición impuesta al cónyuge o compañero o compañera permanente de tener “30 años de edad o más” debe ser acreditada con el respectivo registro civil de nacimiento del interesado. De igual forma, la calidad de cónyuge se certifica únicamente con el registro civil de matrimonio[11].
La primera particularidad advertida es que la actora es sujeto de especial protección constitucional, ya que tiene 73 años de edad[12] y padece una enfermedad que necesita tratamiento continuo, como la hipertensión, de manera que al ser excluida de los servicios consecuenciales a la pensión se le genera un perjuicio irremediable, que afecta sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud.
Además de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de Rita Isabel Barrios de Morales (f. 39 cd. inicial), aparece en el expediente que la actora adjuntó a la petición hecha ante la entidad demandada, “copia auténtica del registro civil de nacimiento” y “copia auténtica del registro civil de matrimonio”, como consta en la Resolución N° 0432 de marzo 31 de 2010, del Ministerio de la Protección Social (f. 20 cd. inicial).
Aportó también fotocopia “de designación de beneficiarios para el traspaso de la pensión conforme la ley 44 de 1980”, y dos actas originales de declaración extrajuicio “rendidas el 26 de marzo de 2009, ante la Notaria Sexta del Circuito de Cartagena, por María Teresa Barrios de Peñaranda y Olga Barrios de Castillo… quienes bajo la gravedad de juramento coincidieron en manifestar: ‘Conozco de vista, trato y comunicación, desde hace aproximadamente… (50) años, a… Rita Isabel Barrios de Morales… y por el conocimiento… se que es cierto y verdadero que ella durante… (53) años, estuvo casada con Daniel Morales Ricardo… con quien convivió e hizo vida marital durante ese mismo tiempo y con quien vivía bajo el mismo techo hasta la fecha de su fallecimiento en la casa ubicada en (sic) barrio Paraguay Tr 45B N° 24-30, y con quien procreó… (06) hijos… así mismo declaró que es cierto y verdadero que la señora Rita Isabel, no está vinculada laboralmente a empresa alguna, no es pensionada de ninguna entidad ni pública ni privada, no realiza ninguna actividad económica de carácter privado y no devenga rentas de ninguna clase, y dependía económicamente en todos los aspectos de su… cónyuge… que era quien la sostenía…’” (f. 21 ib.).
No obstante, dicha entidad manifestó que las declaraciones son pruebas sumarias “que deben ser evaluadas en conjunto con los demás elementos de juicio con los que cuente la administración… en punto a determinar si ameritan o no serios motivos de credibilidad como prueba para concluir la vida en común”; adujo además que “las reglas de la experiencia enseñan que el incumplimiento del cónyuge respecto de las obligaciones alimentarias… se produce cuando éste abandona el hogar o cesa la vida en común… de manera que si el pensionado mantuvo una convivencia material y permanente por más de 53 años con la señora Rita Isabel, y hasta su muerte… que lo hubiera demandado por alimentos… es un elemento de juicio que resquebraja la credibilidad de las atestaciones sobre la pretendida convivencia, amén de que la reclamante no allegó copias auténticas de las demandas de alimentos ni de las sentencias de rigor…” (f. 22 ib.).
Entre las características que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la obligación alimentaria… las siguientes: a. La obligación alimentaria no es una que difiera de las demás de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligación alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.”
6.6. Así las cosas, en el caso que revisa la Sala se confirma que, efectivamente, la reclamante está siendo perjudicada de manera irremediable, puesto que del reconocimiento de la sustitución pensional, a la cual denota tener derecho, depende la satisfacción de su mínimo vital; además, tratándose de una persona de avanzada edad, los organismos judiciales y las autoridades están en la obligación constitucional de protegerle con especial celo y diligencia, particularmente en sus derechos fundamentales, sin oponer requisitos de tipo formal que obstaculicen el cumplimiento de tal deber.[13]
Primero: REVOCAR el fallo proferido en junio 17 de 2010, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en su momento revocó el dictado en mayo 26 del mismo año, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, dentro de la acción de tutela incoada por Rita Isabel Barrios de Morales contra el Ministerio de la Protección Social. En su lugar, se ordena CONCEDER, el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna.
Segundo: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Resolución 0432 de marzo 31 de 2010, proferida por la entidad demandada, que negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de la señora Rita Isabel Barrios de Morales y ORDENAR a la coordinación del área de pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Colpuertos del Ministerio de la Protección Social, a través de su representante legal o quien haga sus veces que, si no lo ha realizado, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia expida la resolución definitiva de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que corresponda, a favor de la señora Rita Isabel Barrios de Morales, en calidad de cónyuge supérstite del fallecido pensionado Daniel Morales Ricardo.
Publicado por Diana Carolina Mendoza Corrales en 13:06

References: artículo 32
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 47
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