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Timestamp: 2018-05-28 01:05:40+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1248/2005, 04-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1248/2005 de 04 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/1248/2005
En la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo según el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento de 1996 (aprobado por el Real Decreto 391/1996) no existe un trámite consistente en que el Tribunal Económico-Administrativo se pronuncie sobre la insuficiencia de las garantías aportadas en cumplimiento de la condición suspensiva impuesta en la resolución por la que se otorga la suspensión. Por ello resulta correcta la resolución del Tribunal Regional que deja sin efecto la suspensión previamente concedida, al haberse producido incumplimiento de la condición suspensiva, pues no se produjo la formalización del aval comprometido y la constitución de hipoteca sobre los bienes muebles.
En la Villa de Madrid, a 4 de mayo de 2006 en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico Administrativo Central interpuesto en nombre y representación de ..., S.A., por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de 30 de septiembre de 2004 del Tribunal Económico Administrativo Regional (T.E.A.R.) de ..., por el que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra acuerdo de cese de efectos de suspensión por incumplimiento de la condición.
PRIMERO: La Administración tributaria había practicado a la interesada las liquidaciones siguientes:
Nº LIQUIDACIÓN CONCEPTO IMPORTE
... IVA asimilado a importación 1998/2000 66.469,19
... Acta IE Alcohol 1998/2000 415.432,46
Contra ellas el representante de la entidad interpuso reclamación económico-administrativa ..., solicitando la suspensión de la ejecución, ofreciendo como garantía la totalidad de los bienes de su patrimonio, consistente en maquinaria e instrumental afectos a la actividad, valorados en 132.673,42 €.
SEGUNDO: El Tribunal Regional acordó admitir a trámite la solicitud de suspensión, contemplando la posibilidad de que la sociedad pudiese complementar las garantías ofrecidas con otro tipo de cauciones, como por ejemplo avales. Como consecuencia, la entidad presentó compromiso de aval de 60.101,21 €, comprometiéndose a formalizarlo en el momento de ser requerida. Posteriormente, con fecha 11 de febrero de 2002, el Tribunal Regional acordó otorgar la suspensión de la ejecución de las liquidaciones, condicionada a la constitución de las garantías en el plazo de dos meses (formalización del aval comprometido y constitución de hipoteca sobre los bienes muebles). Asimismo, se indicaba que la Dependencia Regional de Recaudación debía dar conformidad a las garantías constituidas.
TERCERO: Respecto del aval presentado, la Administración tributaria le requirió mediante escrito de 6 de mayo de 2002 para que subsanase los defectos detectados: que el aval no especifica que se presenta ante la Agencia Tributaria y a disposición de su Delegado Especial; y que no se indica que tiene carácter ejecutivo y queda sometido a las normas reguladoras del tributo debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. La interesada aportó nuevo aval bancario el día 23 de mayo de 2002, que a su parecer cumplía las exigencias de la Administración. El día 30 de mayo de 2002 presentó escritura de constitución de la hipoteca mobiliaria otorgada el día 15 de mayo de 2002 a favor de la Hacienda Pública.
CUARTO: La Administración tributaria requirió nuevamente a la interesada con fecha 24 de mayo de 2002 para que subsanase defectos de ambas garantías, que en el caso del aval y con la presentación de los documentos requeridos, quedó efectivamente subsanado. En lo que se refiere a la escritura de constitución de la hipoteca, los defectos consistían en que no se había aportado copia auténtica de la escritura y en que no se había acreditado su inscripción en el registro. Asimismo, se indicaba a la interesada los requisitos y datos que debía contener dicha escritura. Puesto que los defectos señalados no fueron subsanados, se dictó la resolución de 12 de febrero de 2003, por el que la Administración tributaria acordó que debían cesar los efectos de la suspensión, requiriendo a la entidad el pago del importe de las liquidaciones.
QUINTO: Contra el acuerdo de cese de efectos de la suspensión, la interesada interpone reclamación económico-administrativa ... ante el T.E.A.R. de ..., solicitando asimismo su suspensión en base a que el Tribunal Regional ya había apreciado la existencia de daños y perjuicios irreparables en su resolución de 11 de febrero de 2002. Por resolución de 17 de marzo de 2003 el Tribunal Regional acordó no admitir a trámite la solicitud de suspensión, en base a que el perjuicio económico no lo ocasionaba el acto impugnado (cese de la suspensión), que no tenía contenido económico, sino las liquidaciones objeto de la reclamación ..., sobre cuya ejecutividad ya se había pronunciado el Tribunal, otorgando la suspensión condicionada a la constitución de unas determinadas garantías que no fueron debidamente constituidas, siendo improcedente el ofrecimiento de otras nuevas. Contra esa resolución de 17 de marzo de 2003, la entidad interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (T.S.J.) de ..., que en auto de ... de 2003 consideró que el T.E.A.R. ya había reconocido los perjuicios de imposible o difícil reparación al otorgar la suspensión por resolución de 11 de febrero de 2002, recaída en pieza separada en la reclamación ... De acuerdo con ello, el T.S.J. acordó en el auto acceder a la suspensión solicitada, condicionada a la constitución de las mismas garantías que en su día le fueron exigidas por el T.E.A.R. Pero después de una serie de actos que se describen en el apartado 13 de los Hechos de la resolución impugnada, el Tribunal Superior de Justicia dictó providencia de 15 de enero de 2004, por el que suspendió la ejecución del acto impugnado en base a la existencia de un aval y de una prenda ordinaria.
SEXTO: En cuanto a la reclamación ..., las alegaciones de la entidad son resumidamente las siguientes:
1.- Que cumplió las condiciones impuestas por el Tribunal Regional en su resolución de 11 de febrero de 2002. Pero aunque la Administración tributaria no considerase suficiente la escritura de constitución de hipoteca mobiliaria presentada, no debió acordar declarar el cese de la suspensión porque eso le correspondía al Tribunal Regional.
2.- Que como consecuencia de la decisión de la Administración tributaria, se dictaron y notificaron las providencias de apremio derivadas de las liquidaciones y se practicaron varias compensaciones de oficio (que después anuló el T.S.J. de ...).
3.- Que si bien se le informó de las condiciones que debía reunir la escritura de constitución de hipoteca, nunca se le requirió que subsanase defectos de la misma antes del acuerdo del cese de la suspensión. De todas maneras, se debe tener en cuenta que después de dicho acuerdo aportó otra escritura de constitución de la hipoteca, aunque la misma no pudo ser inscrita en el Registro (porque una parte de los bienes no eran susceptibles de hipoteca mobiliaria y porque carecía de títulos de propiedad de la otra al haber pasado muchos años desde su adquisición). Por tanto, la Administración tributaria acordó el cese de la suspensión en base al incumplimiento de una condición de cumplimiento imposible, tal y como después reconoció el T.S.J. de ... Según el artículo 1116 del Código Civil las condiciones imposibles anulan las obligaciones que de ellas dependen.
4.- Que de todas maneras, al final el T.S.J. de ... concedió la suspensión en base a la aportación de una escritura de prenda.
SÉPTIMO: El Tribunal Regional desestimó la reclamación ... por resolución de 30 de septiembre de 2004, en la que argumenta lo siguiente, que se recoge de forma resumida:
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.11 del Real Decreto 391/96, la resolución que conceda la suspensión "se dictará bajo condición suspensiva de que este último órgano (el de recaudación) dicte acuerdo expreso declarando conforme la garantía realmente constituida". El Tribunal Regional había declarado su voluntad de otorgar la suspensión, pero a la vez, también declaró que no quería que ésta tuviese efectos mientras el órgano de recaudación no mostrase su conformidad con las garantías constituidas; la posibilidad de que la suspensión tuviese efectos finalizó cuando el órgano de recaudación declaró su disconformidad con la hipoteca mobiliaria ofrecida. Y ello sin perjuicio de la suspensión "provisional" que deriva de la admisión a trámite de la solicitud de suspensión, de acuerdo con el apartado 7 del mismo artículo citado, y de que el órgano de recaudación haya denominado a su disconformidad "notificación del ceses de efectos de la suspensión por incumplimiento de la condición", precisamente porque existía esa suspensión provisional. El órgano de recaudación sólo dictó un acto de incumplimiento de una obligación, y no invadió competencias del Tribunal Regional. Si la condición se hubiese cumplido, la suspensión se hubiese iniciado y su cese posterior sí habría correspondido al Tribunal Regional, de acuerdo con el apartado 13 del mismo artículo.
2.- En cuanto a que la constitución de hipoteca mobiliaria era una condición de cumplimiento imposible, esto no se produce en el presente caso, porque sí es posible la constitución de hipotecas sobre bienes muebles. Otra cosa es que los bienes concretos de los que se trata carezcan de alguno de los elementos necesarios que permitan la inscripción, carencias que la entidad interesada nunca puso de manifiesto, ni tampoco motivaron la impugnación del acuerdo de concesión de la suspensión, que de esa manera quedó firme y consentido.
3.- La suspensión otorgada por el T.S.J. de ... fue la del acto impugnado a través de la reclamación, y no de las liquidaciones impugnadas a través de una reclamación distinta. Esa suspensión del T.S.J. comporta que no pueda cesar y se mantenga la suspensión "provisional" ganada de las liquidaciones, lo que conlleva consecuencias para los actos recaudatorios que se hayan podido dictar tras la misma. Sin embargo, no comporta que se deba anular el acto ahora impugnado, sobre el que el Tribunal Regional puede pronunciarse y que confirma.
OCTAVO: Disconforme con la resolución anterior, notificada el día 18 de febrero de 2005, el representante de la entidad interesada interpone recurso de alzada, mediante escrito de 17 de marzo siguiente en el que alega cuanto expuso en relación con la reclamación económico-administrativa, a lo que añade lo siguiente: 1) Que la resolución impugnada dice que los efectos de la suspensión nunca llegaron a producirse, pero sin embargo habla de suspensión provisional. Por tanto, al estar ya desplegando sus efectos dicha suspensión provisional, lo procedente era que el Delegado Especial únicamente valorase su conformidad o no con las garantías aportadas, y comunicar el hecho al Tribunal Regional para que éste se pronunciase sobre la finalización de la suspensión provisional otorgada y la denegación con carácter definitivo de la suspensión, si consideraba también insuficientes las garantías aportadas. 2) Que el motivo por el que no se impugnó la resolución que otorgó la suspensión fue el mismo por el que el propio Tribunal Regional ordenó la constitución de la hipoteca mobiliaria, es decir, el desconocimiento de que, una vez otorgada la escritura, el Registro de Bienes Muebles de ... apreciaría la existencia de defectos insubsanables para la inscripción. Es decir, la interesada actuó conforme dispuso el Tribunal. 3) En cuanto a la suspensión del Tribunal Superior de Justicia de ..., las resoluciones judiciales deben ser consideradas desde la perspectiva de la indefensión, puesto que fue dicho Tribunal el que al constar la imposibilidad de inscripción de la escritura de hipoteca, no optó por denegar sin más la suspensión solicitada sino que optó por sustituir la exigencia de dicha garantía por la constitución de otras.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si es conforme a derecho considerar sin efecto la suspensión concedida por el Tribunal Regional, por incumplimiento de la condición suspensiva, y si era necesaria una expresa resolución al efecto por dicho Tribunal.
SEGUNDO: La argumentación contenida en la resolución impugnada es plenamente compartida por este Tribunal Central, que la hace suya en toda su extensión, aunque sólo se haya recogido resumidamente en los antecedentes. Por ello, para dar adecuada contestación al recurso de alzada planteado, procede hacer además las siguientes consideraciones. La peculiar interpretación que hace el recurrente de los preceptos contenidos en el artículo 76 del Real Decreto 391/1996, según la cual hay un trámite consistente en que el Tribunal Económico-Administrativo se pronuncie sobre la insuficiencia de las garantías aportadas en cumplimiento de la condición suspensiva impuesta en la resolución por la que se otorga la suspensión, no es admisible; además de la impecable argumentación del Tribunal Regional, que como se ha dicho se suscribe, es importante destacar que el trámite pretendido no existe, no está en la norma y no puede ser inventado y alegado a conveniencia de cada interesado. Del mismo modo, en el caso de que la garantía constituida hubiese motivado la conformidad del órgano de recaudación competente, no existe el trámite subsiguiente de que el Tribunal Regional exprese también su conformidad y sea a partir de ese momento en que se considere otorgada la suspensión con carácter definitivo.
TERCERO: La siguiente consideración a realizar es que este Tribunal Central no acepta en modo alguno que las consecuencias del desconocimiento de las normas civiles sobre bienes muebles que alega el recurrente recaiga sobre la propia Administración tributaria; cuál sea la situación documental en la que la entidad mantiene sus bienes es asunto que no puede ser motivo para el incumplimiento de la condición impuesta, sobre todo porque en ningún momento del procedimiento tal situación fue alegada y una vez impuesta la condición no fue objeto de impugnación, que como bien se explicaba en la resolución impugnada, no es en sí misma imposible, porque no lo es la constitución de hipoteca mobiliaria. Por ello, la impericia acreditada no puede suponer un beneficio, de tal modo que el incumplimiento de la condición suspensiva no tenga los efectos que le son propios, por cuanto ello supondría contravenir el principio de legalidad al que está sometida la actuación de la Administración pública, y un claro agravio comparativo en relación con el resto de los administrados que solicitan suspensiones.
CUARTO: En lo que se refiere a la suspensión acordada por el Tribunal Superior de Justicia, es claro que su eficacia se circunscribe el presente procedimiento, sin que determine ni la decisión impugnada del Tribunal Regional ni la de este Tribunal Central; se trata tan sólo de una suspensión mientras dura el presente procedimiento, y dejará de tener efecto una vez alcance firmeza. Así, no pueden darse más efectos a la resolución del Tribunal Superior que los que en derecho tiene. Finalmente y en cuanto a la indefensión, cabe recordar que en sentido propio ésta se produce con aquéllas actuaciones que imposibilitan o dificultan el derecho de los administrados de obtener la tutela de los Tribunales de Justicia, lo que en absoluto se ha producido con ninguna actuación administrativa de las que afectan al presente procedimiento.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución al presente recurso de alzada, ACUERDA: Desestimarlo, confirmando los actos impugnados.
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References: Resolución 
 artículo 76
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 artículo 1116
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