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Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Pública Nacional 2006 - 22/12/05
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: En el derecho parlamentario, cuando hacemos referencia al presupuesto siempre se dice que es la Ley de Leyes. Es la gran oportunidad para hacer lo que proponía el señor senador Morales, o sea, para debatir las grandes políticas del Estado para el año de que se trate. O sea, que se debatía la inversión pública, qué es lo que se iba a hacer y las grandes políticas y decisiones. Entonces, este era el debate importante del año: la Ley de Leyes. ¡Pero miren ustedes a lo que quedó reducida la consideración de la ley de leyes: a dos horas de tratamiento! Porque, en realidad, además del problema de la agenda parlamentaria antes apuntado, lo que estamos debatiendo es una cáscara vacía; simplemente, estamos debatiendo una formalidad porque esto hace a lo que se está transformando el Parlamento. El Congreso tiene un rol opaco, vaciado de contenido. Y estamos vaciados por una serie de cosas: por los decretos de necesidad y urgencia y por estos presupuestos que, en definitiva, son nada más que una delegación de facultades en el Poder Ejecutivo Nacional. Además, este presupuesto no lo deberíamos estar tratando hoy. Tal vez, deberíamos pedir al Ministerio de Economía que haga una urgente corrección de las cifras del presupuesto porque la situación ha variado en escasos días, desde el viernes pasado, cuando el presidente de la República anunció que se pagaría la deuda con el Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central. Ello significa que los recursos que figuran en el presupuesto para pagar las acreencias del Fondo Monetario Internacional hoy pasan a constituirse en recursos disponibles al alcance, si esto se aprueba tal como ha sido enviado, de la pluma del jefe de Gabinete de Ministros, quien los podrá asignar discrecionalmente. En ese sentido, cabe aclarar que no se trata de sumas menores, porque en materia de intereses en el presupuesto se prevén 403 millones de dólares, aproximadamente 1.200 millones de pesos. Además de ello, están las amortizaciones al Fondo, según la suma que había calculado el Ministerio de Economía y que en el presupuesto están comprendidas dentro de la partida de aplicaciones financieras. En realidad, esto habría que modificarlo para que tengamos un presupuesto realista y no, como señalaba recién, un cheque en blanco; es decir, para que hoy no estemos cumpliendo simplemente con una formalidad. El miembro informante de la minoría señalaba algo con lo que yo coincido. De vuelta, hay una subestimación de recursos en el presupuesto nacional. Se calculan recursos por 101 mil millones de pesos. Al respecto, el presupuesto estima un incremento del 11,9 por ciento de los recursos fiscales en base a una proyección del 4 por ciento de crecimiento del PBI y a una inflación del 9,1 por ciento; por cierto, esos guarismos no tienen nada que ver con las proyecciones del mercado. El año que viene se estima un crecimiento del 6 por ciento del producto bruto interno y, además, una inflación del 12 por ciento. Por lo tanto, habrá mayores recursos fiscales que, según el cálculo que hemos efectuado, alcanzarán unos 3.200 millones de pesos, por lo que el superávit primario de la Administración Nacional llegaría al 3,4 por ciento del PBI, en lugar del 3 por ciento que se estima en el presupuesto. A su vez, se estima un incremento del 12 por ciento en el gasto, suma que parece razonable si se tiene en cuenta la inflación y el crecimiento del PBI. Pero quedan disponibles los recursos que estaban previstos para pagar intereses y amortización al Fondo Monetario Internacional, por lo que deberíamos sumar los fondos provenientes de la subestimación de ingresos que realiza el presupuesto. De esa manera se conforma una masa de varios miles de millones de pesos que quedan bajo la discrecionalidad del Jefe de Gabinete de Ministros que tiene a su disposición tres artículos del presupuesto — 8, 9 y 10 —, por los cuales se lo faculta a ampliar, por incremento de recursos, las partidas de gastos del presupuesto. En efecto, tal como señalamos, los incrementos de esa partida ya están perfectamente explicitados y ascienden a varios miles de millones de pesos.Por otra parte, el Jefe de Gabinete queda facultado a disponer de toda clase de reestructuración. Nuevamente, aparecen los cheques en blanco y el hecho de desvirtuar el rol del Parlamento y de la Constitución. Digo esto porque cuando uno lee la Constitución observa que cada vez se pierde más el hábito de la lectura de su texto.Su artículo 76 establece: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Claramente, señala que es en materia de administración ,de emergencia pública, en tiempo determinado y que el Congreso fija las bases de esa delegación. Ahora bien, esto no es materia de administración, sino actos de disposición de recursos. Por lo tanto, estas delegaciones no tienen encuadre dentro del artículo 76 de la Constitución Nacional.La ley 24.463, de solidaridad previsional —porque acordémonos que, también, hay jubilados y pensionados, ya que tendemos a olvidarnos de la situación de la clase pasiva—, establece que debe incluirse en el presupuesto nacional el porcentaje de movilidad de las jubilaciones y pensiones. ¡Cómo no vamos a poner un porcentaje de movilidad sí el propio presupuesto está reconociendo que hay una hipótesis inflacionaria y que venimos ya de un año con inflación transcurrida, para no remontarme a la devaluación de fines de 2001!Verdaderamente, en 2002, a los jubilados y pensionados se les ha otorgado un aumento del haber mínimo previsional y, además, se aumentó el 10 por ciento a los que cobran entre el mínimo y la suma de 1.000 pesos. Sin embargo, todos aquellos jubilados que cobran más de 1.000 pesos recibieron cero aumento.Entonces, frente al fuerte incremento del costo de vida, me parece que es rol del Congreso fijar un porcentaje prudencial de actualización de esos haberes. Eso es lo que determina la ley vigente y esta es la oportunidad para hacerlo, incorporando la previsión al presupuesto.Con respecto a los fondos fiduciarios, se han convertido en otro modo de eludir el control del Congreso y rondan los 5.000 millones de pesos. Entonces, son montos globales. Y, a partir de allí, la discrecionalidad total: nadie sabe qué obras se van a ejecutar con los fondos fiduciarios ni cuál es su destino final, y hasta se pagan subsidios. Incluso, quiero mencionar el caso del fondo fiduciario para el transporte: fundamentalmente, lo pagamos quienes vivimos más lejos y debemos venir a la Capital Federal o a la Pampa Húmeda. Entonces, pagamos el impuesto a la distancia, que es este impuesto al gasoil. Pagamos los que menos tenemos y los que somos más pobres, como decía el miembro informante de la minoría. Además, cabe destacar que este fondo implica casi 2.000 millones de pesos.Acá hay partidas para todo. Hay partidas para los ferrocarriles; pero no crean que son para los ferrocarriles de la periferia argentina, sino para los de acá, obviamente. En efecto, un día me puse a hacer un ejercicio para saber a dónde iban estos recursos; hay que elaborar casi un mapa de esto. Y los destinos son los más disímiles: se subsidian hasta las cargas previsionales del transporte de carga. Surgen allí cosas increíbles. De allí tomé el peso del interés que, en este fondo fiduciario, tiene por ejemplo el señor Hugo Moyano, que es un directo beneficiario de este reparto de recursos y subsidios.Quiero llamar la atención otra vez. Será otro año más llamando la atención. Porque la verdad es que no hemos tenido suerte hasta este momento. Es mi caso, el del senador López Arias, el de la senadora Escudero y el de los senadores que representamos a la provincia de Salta. Y seguramente también el de algunos otros señores senadores que tengan, en sus provincias, la situación de índices alarmantes de desocupación y crisis derivados de la privatización o cierre de empresas públicas.Acá, hace algunos años, se colocó —creo que con mucha sabiduría— un artículo facultando al Poder Ejecutivo nacional a disponer de medidas tributarias especiales. Esta facultad no ha sido ejercida. Este Senado ha aprobado, por iniciativa de todos los senadores nacionales, pedidos al Ejecutivo de que esto se implemente, para que se haga. Esto no le cuesta demasiado esfuerzo al Estado nacional, pero la verdad es que se trata de un acto de reparación para zonas postergadas y deprimidas de la Argentina.Traigo a colación el caso del departamento General San Martín, en la Provincia de Salta, fundamentalmente las localidades de Tartagal y de Mosconi, donde se han vivido momentos de violencia realmente muy difíciles y en donde existe una situación de desempleo, de pobreza y de exclusión social alarmantes.Entonces, aprovecho esta oportunidad para volver a llamar la atención sobre este tema, que está orientado, también, a algo que decía el senador por Jujuy: la Argentina necesita una política de desarrollo regional. Ya no es posible continuar con este esquema espasmódico. Ya hemos salido de la emergencia y hay que planificar el futuro de la Argentina. No se pueden repartir obras públicas según la cercanía de los gobernadores o intendentes al poder de turno porque no vamos a ir a ningún lado con ese criterio.Uno mi voz en el tema del Ferrocarril Belgrano que, para nosotros, más que un ruego es ya un lamento. La verdad es que uno ya no sabe de qué manera expresarse, porque ésta es una deuda que el Estado nacional tiene con el Norte argentino.En 1998 se le entregó el Ferrocarril Belgrano a la Unión Ferroviaria y ésta no está condiciones técnicas ni financieras de manejarlo. Lo hemos dicho hasta el cansancio a todos los legisladores del Norte y a cuanto funcionario nacional se ha “puesto a tiro” para que se le explique esta situación.Nos prometieron, en 1998, 250 millones de dólares de inversión en el ferrocarril. Pero “si te he visto, no me acuerdo”. Hace aproximadamente un par de meses se dispusieron subsidios para los ferrocarriles por 250 millones de dólares; claro que acá, para el conurbano bonaerense. A nosotros, los que estamos lejos, con un ferrocarril de una enorme extensión, nos dieron 4 millones; vale decir nada.Hace dos años, el presidente de la República, doctor Néstor Kirchner, en un acto que se realizó en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, anunció la reactivación del ferrocarril. Se llamó a una licitación. Todos los que tuvimos acceso a los pliegos y conocemos la situación del ferrocarril advertimos que la licitación iba a fracasar porque había condiciones inaceptables. Claro! Nadie se va a hacer cargo de un ferrocarril, ni va a invertir en él, cuando lee el estatuto social y ve que, para tomar cualquier decisión importante, necesita que los directores de la Unión Ferroviaria le digan que sí, que está bien. Digamos que es un quórum agravado a beneficio no de la sociedad o la comunidad, sino de la Unión Ferroviaria. En consecuencia, la licitación fracasó. Se declaró desierta.El secretario de Transporte vino aquí en Agosto pasado y dijo que había un informe de la Sindicatura que saldría esa semana, afirmando que en el plazo de una o dos semanas tendríamos una respuesta y una solución. Sin embargo, esta nunca llegó.Después apareció un empresario argentino al cual le quitaron la concesión de la empresa de correos, acompañado por un señor que venía de la China. Si bien no conozco exactamente el volumen de los intereses empresarios que manejaba, lo concreto es que no tuvimos ninguna solución.A su vez, en Noviembre, algunos señores senadores presentamos un proyecto de ley por el que se planteaba el rescate de esta concesión, dado que el Ferrocarril Belgrano transportaba 4 millones de toneladas y ahora transporta 700 mil.Ustedes se preguntarán por qué me refiero tanto al tema de los ferrocarriles. Ello se debe a que los que vivimos lejos tenemos una obsesión con los medios de transporte. Por eso nos ocupamos de esta cuestión. Nosotros vivimos lejos, en el fondo del país y el ferrocarril permite abaratar a la mitad los costos de los fletes. Esto es muy importante para la competitividad de la economía.Pero este proyecto de presupuesto no tiene fondos para el Ferrocarril Belgrano. Hay una suma para la liquidación de dicho ferrocarril y un artículo 61 que voy a leer, que establece lo siguiente: "El Jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al incorporar el referido préstamo en uso de las facultades del artículo 8, asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local del citado préstamo." Me he tomado el trabajo de llamar al Banco Mundial, para averiguar si existe algún préstamo activado y, la verdad, no tuve éxito alguno en mi gestión. La respuesta es que no existe ningún préstamo. Podrá haber conversaciones, alguna entrevista o sondeo, pero la verdad es que no encontré ningún préstamo activado.Por otra parte, todos sabemos que los créditos del Banco Mundial no son de inmediata concreción sino que se demoran años en tramitar: primero debe existir el proyecto, luego hay que tramitarlo y, posteriormente, se deben vencer un sinnúmero de inconvenientes.Mientras tanto, no tenemos un peso para el Ferrocarril Belgrano, con lo cual quedó además violado un compromiso y una palabra empeñada aquí, en Agosto pasado, por el secretario de Transporte de la Nación. En esa oportunidad, estuvimos reunidos con él los senadores Mastandrea, López Arias, Escudero, Morales y todos los demás senadores del Norte del país y se asumió el compromiso de que el presupuesto nacional vendría con los recursos para este ferrocarril.Una última reflexión que quiero efectuar tiene que ver con el plan de obras públicas previsto. En este sentido, volvemos a la cuestión de que el presupuesto tiene que tener una estrategia y no sólo políticas macroeconómicas para el país. El presupuesto tiene que prever una estrategia de desarrollo y de crecimiento. Ya hemos pasado la emergencia; estamos en la normalidad. Entonces, hay que planificar. Y en materia de obras públicas tiene que haber una política de desarrollo regional; no algo espasmódico.En el caso de mi provincia, observo que tenemos un listado con mayores montos que el año pasado. Pero la verdad es que uno tiene ya varios años en esta casa y, entonces, mira estas cosas con mucho cuidado, porque se suelen incluir obras en el presupuesto que después no se inician. Hace un rato alguien habló de las planillas de la felicidad, es decir, de lo que se pone y después no se hace. Como se suele decir, "Si te he visto, no me acuerdo".Y en este aspecto, en nuestra provincia tenemos varias situaciones de esta naturaleza. Puedo mencionar, por ejemplo, que vuelve a figurar en el presupuesto el Centro Penitenciario Federal del Noroeste. Esta situación se repite desde 1995. El año próximo se van a cumplir 11 años desde que este centro figura incorporado en los papeles, con lo cual ya no sé, tendremos que traer una torta con velitas de cumpleaños para ir conmemorando los diferentes aniversarios de las cosas que nos prometen y que en definitiva no se cumplen. Tampoco tenemos inversiones significativas para la Ruta 51. Para la Ruta 40, que teníamos fondos en el presupuesto de este año, que es una vía importante para nosotros, porque es turística, tampoco hemos tenido ninguna concreción. Por otra parte, con relación a la ruta Mosconi—Tartagal, ¿cuántos años lleva la construcción de esta doble mano? Ya uno va a Mosconi o a Tartagal, le preguntan por la doble mano y la verdad es que uno ya no sabe qué decir.En definitiva, se ponen obras que luego no se ejecutan. La Ruta nacional 50, en el tramo Pichanal—Orán tampoco la encuentro. Estaba en el presupuesto del año pasado. Ahora parece que no está. Tampoco veo la línea de alta tensión de 132 Kilovoltios, entre Joaquín V. González y Apolinario Saravia. Entonces, la verdad es que cuando estamos aprobando los presupuestos nacionales, uno no sabe ya realmente qué está sancionando. Me queda la sensación de que es un cascarón vacío y este año, tal vez, más vacío que nunca. Porque este presupuesto nacional tiene los pagos al Fondo Monetario Internacional, que no se hacen. Entonces, eso va a la pluma discrecional del jefe de Gabinete, al igual que la subestimación de recursos, más toda la delegación de facultades que se le hacen. La frutilla tal vez que le faltaba al postre es la brevedad del tratamiento, que es ya como un réquiem del presupuesto. Digamos que es la despedida del presupuesto. El tratamiento que se hace en dos horas o dos horas y media, está poniendo a las claras cuál es el peso y el significado institucional que hoy tiene para el Parlamento argentino el proyecto de presupuesto. Es simplemente un cheque en blanco. Luego, el Poder Ejecutivo actúa según crea conveniente. Y así seguimos vaciando de contenido el Parlamento argentino no sé hasta qué día.	Reforma de la ley del Consejo de la Magistratura -21/12/05
Sra. Presidente (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.Sr. Gómez Díez. — Muchas gracias, señora presidenta.En primer lugar, quiero señalar que hace casi doce horas que estamos sesionando. Creo que el tema que estamos abordando, que por su significación es una de las leyes reglamentarias más importantes de la Constitución Nacional, merece otra jerarquía en el momento del debate. Lógicamente, hay un cansancio por parte de todos los señores senadores a esta altura de los acontecimientos, que hace que este tema no se pueda abordar ni con el debate o la participación que la cuestión merece. Pero, bueno, tal vez se haya buscado este momento en forma ex profesa, porque acá, en realidad, se están enfrentando dos visiones diferentes. Una visión es la que quiere que el Consejo de la Magistratura de la Nación sea controlado por las mayorías políticas. Este es un punto de vista. El otro punto de vista, al que adscribo y defiendo, es el consagrado en el artículo 114 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que fija un contexto de equilibrio y pluralismo. Y precisamente lo que quiso el constituyente cuando incorporó este instituto al texto constitucional fue resguardar a la Justicia de las mayorías. Y a partir de allí, buscó una equilibrada composición del Consejo, para que no se afecte la independencia del Poder Judicial. Y este es el punto central, porque lo cierto es que acá no estamos debatiendo los muchos aspectos que, sin duda, se deben abordar para un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura como institución. Aquí estamos abordando el núcleo central que se refiere a cuál es la composición del Consejo, porque lo que se contraponen son estas dos visiones que he referido: la del control por la mayoría, y la de la pluralidad y el equilibrio. Esta es, digámoslo, la cuestión de fondo.No estamos haciendo un listado de aquellos aspectos en los cuales el Consejo es perfectible, que sin duda, son muchos. Aquí estamos apuntando al corazón mismo de la cuestión. Debemos señalar que en 1994, cuando se reunión la Convención Constituyente, existía un fuerte reclamo de la sociedad por revertir el deterioro de la Justicia y la injerencia de la política en ese poder. Había un reclamo de la sociedad de mejorar el criterio de selección de los jueces, reduciendo la intervención política. Porque hasta ese momento —y debemos decirlo con franqueza—, las vacantes judiciales se repartían entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que daba los acuerdos. Lo que se planteó en aquel momento fue cambiar ese sistema por uno que garantizara objetividad en la selección de los candidatos. Y por eso, se incorpora el Consejo de la Magistratura a la Constitución, como una institución fundamentalmente de origen europeo. Está el ejemplo de Italia y de España, aun cuando en esos países tiene una especial prevalencia el peso del segmento judicial en su composición.Esta institución fue receptada de manera pionera en 1957, casualmente, por la Constitución de la provincia de la señora presidenta, que es la provincia del Chaco que, como un dato singular, le incorpora al Consejo la presencia del estamento político al lado de los jueces y de los abogados.La institución es incorporada al Núcleo de Coincidencias Básicas,y de esa forma, se vota de manera conjunta con ese Núcleo en 1994.El artículo 114 dispone que una ley especial, sancionada por una mayoría agravada, será la que va a organizar el Consejo y la Constitución fija las grandes pautas a las cuales deberá adecuarse esa ley. Y esas grandes pautas están establecidas en el artículo 114, que dice que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio. Y ese es el centro de la cuestión. Todo el debate gira en torno del equilibrio; el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Dice también: "Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". Este es el mandato de la Constitución.El constituyente, además de incluir el artículo 114, incorpora una cláusula transitoria, la décimotercera, que dice que con el sistema anterior de la Constitución, se pueden nombrar jueces hasta 360 días después de que esté vigente la reforma. A partir de ese momento, los magistrados sólo pueden designarse por el nuevo procedimiento previsto por la Constitución.Está cláusula transitoria fue una sabia incorporación, porque actuó como un elemento importante de presión sobre el Congreso para sancionar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Ojalá hubiéramos tenido una cláusula transitoria de esta naturaleza en lo que respecta a los decretos de necesidad y urgencia, para evitar que sigan cajoneados los diferentes proyectos presentados por distintos legisladores en ambas Cámaras del Congreso para reglamentar esta figura.El hecho es que esta cláusula transitoria actuó como un elemento importante en la construcción de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación.El gran debate era cómo se lograba el equilibrio, cómo se haría una ponderación entre los órganos resultantes de la voluntad popular, los jueces, los abogados y la incorporación de las personalidades del ámbito científico y académico.Fue extremadamente trabajoso conseguir un acuerdo. Hubo muchísimas dificultades; incluso, criterios contrapuestos entre la Cámara de Diputados, que algunos de nosotros integrábamos en esos días, y el Senado de la Nación. Porque el Senado de la Nación de aquellos días —no éste— quería conservar su poder en el proceso de designación de los jueces. Sostenía, por ejemplo, que el Senado tenía que nombrar a las personalidades del ámbito científico y académico. Era una forma de tener poder, injerencia en la composición del órgano.Finalmente, se logró un acuerdo en Diputados, que fue trabajoso, entre las diferentes fuerzas políticas y bloques; las asociaciones vinculadas con la justicia, de jueces, abogados, y organizaciones de la sociedad civil. Diría que fue un acuerdo que se instrumentó como una verdadera política de Estado.Cuando se logran esos consensos, lo mejor es mantenerlos y respetarlos, porque son los que le dan perdurabilidad a las instituciones a lo largo del tiempo. He aprendido que cuando se empieza a cambiar la composición de los integrantes de las instituciones, entra la manipulación, y ejemplos tenemos varios. En la década de los 90, tenemos uno de mucha resonancia, que fue el aumento del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el gobierno de aquel entonces designara a la mayoría de los integrantes de ese tribunal.En estos días, este cambio en la integración del Consejo evidentemente tiene una intencionalidad política, porque se trata de dos criterios diferentes: uno, el del dominio de la mayoría política; otro, el del equilibrio. Son los dos caminos que acá se han planteado. Tengo miedo de que el ejemplo de manipulación que pase a la historia de esta década sea precisamente este, como en los 90 pasó a la historia el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Si uno busca el significado de la palabra “equilibrio” y recurre al diccionario de la Realdad Academia Española, tenemos que equilibro se define como “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas”; “ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios”.La doctrina —y en este aspecto, cito a Linares Quintana, en su obra La Constitución Interpretada— ha señalado que las palabras que emplea la Constitución deben entenderse en su sentido general y común.— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, licenciado Daniel O. Scioli.Sr. Gómez Diez. — Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en sus fallos que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, es decir, en el que tienen en la vida diaria. Esto consta, por ejemplo, en un fallo de 1944, caratulado "Picardo vs. Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante Nacional".La palabra “equilibrio”, sin duda, es la central del debate de hoy. Y también fue la palabra central del debate de la ley 24.937. ¿Qué se dijo en aquellos días? Permítanme reproducir una cita del señor senador Yoma de marzo de 1996, en esas idas y venidas tendientes a sancionar este proyecto de ley.Entonces, el senador Yoma decía lo mismo que yo acabo de señalar. Él tomaba el diccionario de la Real Academia y decía que equilibrio es contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas.Seguidamente, el senador Yoma decía lo siguiente: Esto es lo que buscamos respecto del diseño legislativo del Consejo de la Magistratura: la armonía entre los diversos órganos, procurando el equilibrio, tal como nos encomendaran los constituyentes de Santa Fe. Ese era el mandato del constituyente y que está aquí.Por lo tanto, equilibrio es contrapeso, armonía. Podría decirse que cuando la representación de los legisladores asciende a 8 y la de los abogados y los jueces permanece en 4, no se respetaría el equilibrio que se está destacando. Pero ello no es así, porque cuando se analiza la composición de la representación del Senado y de los diputados, se advierte que en ambas cámaras el oficialismo está representado por dos senadores y dos diputados y a las dos primeras minorías se asigna uno a cada una.De esta manera, se logró una configuración pluralista y un adecuado balance entre el oficialismo y la oposición, manteniéndose entre ellos el equilibrio que reclama la Constitución.Sobre este punto, nuevamente acudo al senador Yoma, quien dijo textualmente que los 8 legisladores que representan al Congreso corresponden 4 por cada Cámara, de los cuales 2 serán a propuesta de la mayoría de cada una de ellos y uno por cada minoría, cuidando que haya la mayor pluralidad posible en la representación del Congreso. Por eso, en la búsqueda de un mayor equilibrio, se puso mayoría, primera minoría y segunda minoría, porque se trataba de cumplir el equilibrio y la pluralidad.El diputado Pichetto, en estos debates, también dijo lo siguiente: en cuanto a la integración del Consejo, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. Esto es lo que decía en los debates del 12 y del 13 de marzo de 1997.Por lo tanto, el hallazgo de la ley vigente es haber logrado una ponderada compensación entre los 4 sectores a los cuales se confiere el gobierno del Consejo: los políticos, los jueces, los abogados y los académicos.Los políticos, en un Consejo de 20, son 9. ¿Cuánto es 9 sobre 20? El 45 por ciento. Entonces, no tienen la mayoría. A esto hay que agregarle 4 jueces y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que preside el órgano —es decir, 5 magistrados—, 4 abogados y 2 académicos.El sector más representado es el político, con 45 por ciento. Pero el equilibrio y la ponderación están dados por el hecho de que ese sector no tiene la mayoría, sino solo 45 por ciento. De modo tal que aunque todos sus integrantes estuvieran de acuerdo no lograrían la mayoría necesaria para decidir.Es bueno también citar y traer a la memoria las expresiones del doctor Enrique Paixao, miembro informante de la mayoría del Núcleo de Coincidencias Básicas junto con el doctor Alberto García Lema.Paixao decía en esos días lo siguiente: La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de los magistrados respecto de los cuales se registren actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administración de la cosa judicial. Mientras los jueces desempeñan su función específica, que es la de resolver casos contenciosos, a estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en consideración.Más adelante decía: En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en el que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero que simultáneamente, por la participación de los propios jueces en el gobierno de la Magistratura, y por la participación de estamentos vinculados con la actividad forense, el sistema judicial esté gobernado con pluralismo.Esto es lo que querían los constituyentes y era el reclamo de la sociedad cuando se sancionó la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Los que estábamos en el Congreso por aquellos días conocíamos ese reclamo de la ciudadanía: despolitizar a la Justicia y disminuir la influencia de la política en la judicaturaOtro elemento que realimenta esta lógica del pluralismo en el Consejo es el quórum agravado para la toma de resoluciones sobre la selección de los jueces, su acusación y la sanción de los magistrados. En todos esos casos se requieren los dos tercios de los miembros.Y a esto hay que agregar que el quórum para sesionar también es agravado. Es más de la mitad, son doce miembros los que se requieren para que el cuerpo pueda deliberar, porque lo que siempre se buscó es que no haya posibilidad de que grupo alguno domine el Consejo. Y por lo menos hasta ahora, ningún oficialismo pudo imponer su criterio y ordenar una designación o una acusación. Ese fue el verdadero logro del Consejo, ese fue el cumplimiento de la estrategia del constituyente.El senador Yoma, en el debate que he mencionado, concuerda con nuestro criterio y dice: Consideramos que cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio se refiere al hecho de que un sector no predomine sobre los otros; es decir, que uno de los sectores mencionados no ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto, o no controle por sí mismo al Consejo de la Magistratura.El diputado Pichetto en estos debates, coincidentemente, expresó que el equilibrio implica que ningún sector debe tener predominio sobre el otro. Un mensaje para todos los que me están escuchando: por encima de la pasión hay una realidad y esa realidad no resguarda la integridad del Poder Judicial. Me planto aquí; no considero necesario avanzar en el resto, porque el resto son circunstancias coyunturales. Acá, esa una circunstancia estructural.Es cierto que este tipo de esquema de estructura no es para las estructuras presidencialistas, pero está en la Constitución. Si se vota favorablemente este proyecto, se está votando la realidad de un poder que existe y que no viabiliza solución alguna a lo largo de su desarrollo.Al Poder Judicial hay que resguardarlo. Es garantía de las minorías. Es el límite del Poder Ejecutivo. Es el límite del Poder Legislativo. Es el único modo de resguardar la viabilidad de los distintos participantes. Si ello no ocurre, no hay garantía y realmente tendremos que dar la cara al futuro de todas las situaciones que pueden plantearse cuando hay un poder conceptual, existente, cierto y rígido. No hay posibilidades para el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura.Espero me hayan escuchado. Solamente alego el poder señalar las diferencias. Se va a crear un esquema de poder de tal naturaleza que no tiene respuesta ni límites. Muchas gracias.Sra. Presidente (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.Sr. Gómez Díez. — Muchas gracias, señora presidenta.En primer lugar, quiero señalar que hace casi doce horas que estamos sesionando. Creo que el tema que estamos abordando, que por su significación es una de las leyes reglamentarias más importantes de la Constitución Nacional, merece otra jerarquía en el momento del debate. Lógicamente, hay un cansancio por parte de todos los señores senadores a esta altura de los acontecimientos, que hace que este tema no se pueda abordar ni con el debate o la participación que la cuestión merece. Pero, bueno, tal vez se haya buscado este momento en forma ex profesa, porque acá, en realidad, se están enfrentando dos visiones diferentes. Una visión es la que quiere que el Consejo de la Magistratura de la Nación sea controlado por las mayorías políticas. Este es un punto de vista. El otro punto de vista, al que adscribo y defiendo, es el consagrado en el artículo 114 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que fija un contexto de equilibrio y pluralismo. Y precisamente lo que quiso el constituyente cuando incorporó este instituto al texto constitucional fue resguardar a la Justicia de las mayorías. Y a partir de allí, buscó una equilibrada composición del Consejo, para que no se afecte la independencia del Poder Judicial. Y este es el punto central, porque lo cierto es que acá no estamos debatiendo los muchos aspectos que, sin duda, se deben abordar para un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura como institución. Aquí estamos abordando el núcleo central que se refiere a cuál es la composición del Consejo, porque lo que se contraponen son estas dos visiones que he referido: la del control por la mayoría, y la de la pluralidad y el equilibrio. Esta es, digámoslo, la cuestión de fondo.No estamos haciendo un listado de aquellos aspectos en los cuales el Consejo es perfectible, que sin duda, son muchos. Aquí estamos apuntando al corazón mismo de la cuestión. Debemos señalar que en 1994, cuando se reunión la Convención Constituyente, existía un fuerte reclamo de la sociedad por revertir el deterioro de la Justicia y la injerencia de la política en ese poder. Había un reclamo de la sociedad de mejorar el criterio de selección de los jueces, reduciendo la intervención política. Porque hasta ese momento —y debemos decirlo con franqueza—, las vacantes judiciales se repartían entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que daba los acuerdos. Lo que se planteó en aquel momento fue cambiar ese sistema por uno que garantizara objetividad en la selección de los candidatos. Y por eso, se incorpora el Consejo de la Magistratura a la Constitución, como una institución fundamentalmente de origen europeo. Está el ejemplo de Italia y de España, aun cuando en esos países tiene una especial prevalencia el peso del segmento judicial en su composición.Esta institución fue receptada de manera pionera en 1957, casualmente, por la Constitución de la provincia de la señora presidenta, que es la provincia del Chaco que, como un dato singular, le incorpora al Consejo la presencia del estamento político al lado de los jueces y de los abogados.La institución es incorporada al Núcleo de Coincidencias Básicas,y de esa forma, se vota de manera conjunta con ese Núcleo en 1994.El artículo 114 dispone que una ley especial, sancionada por una mayoría agravada, será la que va a organizar el Consejo y la Constitución fija las grandes pautas a las cuales deberá adecuarse esa ley. Y esas grandes pautas están establecidas en el artículo 114, que dice que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio. Y ese es el centro de la cuestión. Todo el debate gira en torno del equilibrio; el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Dice también: "Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". Este es el mandato de la Constitución.El constituyente, además de incluir el artículo 114, incorpora una cláusula transitoria, la décimotercera, que dice que con el sistema anterior de la Constitución, se pueden nombrar jueces hasta 360 días después de que esté vigente la reforma. A partir de ese momento, los magistrados sólo pueden designarse por el nuevo procedimiento previsto por la Constitución.Está cláusula transitoria fue una sabia incorporación, porque actuó como un elemento importante de presión sobre el Congreso para sancionar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Ojalá hubiéramos tenido una cláusula transitoria de esta naturaleza en lo que respecta a los decretos de necesidad y urgencia, para evitar que sigan cajoneados los diferentes proyectos presentados por distintos legisladores en ambas Cámaras del Congreso para reglamentar esta figura.El hecho es que esta cláusula transitoria actuó como un elemento importante en la construcción de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación.El gran debate era cómo se lograba el equilibrio, cómo se haría una ponderación entre los órganos resultantes de la voluntad popular, los jueces, los abogados y la incorporación de las personalidades del ámbito científico y académico.Fue extremadamente trabajoso conseguir un acuerdo. Hubo muchísimas dificultades; incluso, criterios contrapuestos entre la Cámara de Diputados, que algunos de nosotros integrábamos en esos días, y el Senado de la Nación. Porque el Senado de la Nación de aquellos días —no éste— quería conservar su poder en el proceso de designación de los jueces. Sostenía, por ejemplo, que el Senado tenía que nombrar a las personalidades del ámbito científico y académico. Era una forma de tener poder, injerencia en la composición del órgano.Finalmente, se logró un acuerdo en Diputados, que fue trabajoso, entre las diferentes fuerzas políticas y bloques; las asociaciones vinculadas con la justicia, de jueces, abogados, y organizaciones de la sociedad civil. Diría que fue un acuerdo que se instrumentó como una verdadera política de Estado.Cuando se logran esos consensos, lo mejor es mantenerlos y respetarlos, porque son los que le dan perdurabilidad a las instituciones a lo largo del tiempo. He aprendido que cuando se empieza a cambiar la composición de los integrantes de las instituciones, entra la manipulación, y ejemplos tenemos varios. En la década de los 90, tenemos uno de mucha resonancia, que fue el aumento del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el gobierno de aquel entonces designara a la mayoría de los integrantes de ese tribunal.En estos días, este cambio en la integración del Consejo evidentemente tiene una intencionalidad política, porque se trata de dos criterios diferentes: uno, el del dominio de la mayoría política; otro, el del equilibrio. Son los dos caminos que acá se han planteado. Tengo miedo de que el ejemplo de manipulación que pase a la historia de esta década sea precisamente este, como en los 90 pasó a la historia el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Si uno busca el significado de la palabra “equilibrio” y recurre al diccionario de la Realdad Academia Española, tenemos que equilibro se define como “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas”; “ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios”.La doctrina —y en este aspecto, cito a Linares Quintana, en su obra La Constitución Interpretada— ha señalado que las palabras que emplea la Constitución deben entenderse en su sentido general y común.— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, licenciado Daniel O. Scioli.Sr. Gómez Diez. — Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en sus fallos que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, es decir, en el que tienen en la vida diaria. Esto consta, por ejemplo, en un fallo de 1944, caratulado "Picardo vs. Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante Nacional".La palabra “equilibrio”, sin duda, es la central del debate de hoy. Y también fue la palabra central del debate de la ley 24.937. ¿Qué se dijo en aquellos días? Permítanme reproducir una cita del señor senador Yoma de marzo de 1996, en esas idas y venidas tendientes a sancionar este proyecto de ley.Entonces, el senador Yoma decía lo mismo que yo acabo de señalar. Él tomaba el diccionario de la Real Academia y decía que equilibrio es contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas.Seguidamente, el senador Yoma decía lo siguiente: Esto es lo que buscamos respecto del diseño legislativo del Consejo de la Magistratura: la armonía entre los diversos órganos, procurando el equilibrio, tal como nos encomendaran los constituyentes de Santa Fe. Ese era el mandato del constituyente y que está aquí.Por lo tanto, equilibrio es contrapeso, armonía. Podría decirse que cuando la representación de los legisladores asciende a 8 y la de los abogados y los jueces permanece en 4, no se respetaría el equilibrio que se está destacando. Pero ello no es así, porque cuando se analiza la composición de la representación del Senado y de los diputados, se advierte que en ambas cámaras el oficialismo está representado por dos senadores y dos diputados y a las dos primeras minorías se asigna uno a cada una.De esta manera, se logró una configuración pluralista y un adecuado balance entre el oficialismo y la oposición, manteniéndose entre ellos el equilibrio que reclama la Constitución.Sobre este punto, nuevamente acudo al senador Yoma, quien dijo textualmente que los 8 legisladores que representan al Congreso corresponden 4 por cada Cámara, de los cuales 2 serán a propuesta de la mayoría de cada una de ellos y uno por cada minoría, cuidando que haya la mayor pluralidad posible en la representación del Congreso. Por eso, en la búsqueda de un mayor equilibrio, se puso mayoría, primera minoría y segunda minoría, porque se trataba de cumplir el equilibrio y la pluralidad.El diputado Pichetto, en estos debates, también dijo lo siguiente: en cuanto a la integración del Consejo, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. Esto es lo que decía en los debates del 12 y del 13 de marzo de 1997.Por lo tanto, el hallazgo de la ley vigente es haber logrado una ponderada compensación entre los 4 sectores a los cuales se confiere el gobierno del Consejo: los políticos, los jueces, los abogados y los académicos.Los políticos, en un Consejo de 20, son 9. ¿Cuánto es 9 sobre 20? El 45 por ciento. Entonces, no tienen la mayoría. A esto hay que agregarle 4 jueces y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que preside el órgano —es decir, 5 magistrados—, 4 abogados y 2 académicos.El sector más representado es el político, con 45 por ciento. Pero el equilibrio y la ponderación están dados por el hecho de que ese sector no tiene la mayoría, sino solo 45 por ciento. De modo tal que aunque todos sus integrantes estuvieran de acuerdo no lograrían la mayoría necesaria para decidir.Es bueno también citar y traer a la memoria las expresiones del doctor Enrique Paixao, miembro informante de la mayoría del Núcleo de Coincidencias Básicas junto con el doctor Alberto García Lema.Paixao decía en esos días lo siguiente: La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de los magistrados respecto de los cuales se registren actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administración de la cosa judicial. Mientras los jueces desempeñan su función específica, que es la de resolver casos contenciosos, a estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en consideración.Más adelante decía: En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en el que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero que simultáneamente, por la participación de los propios jueces en el gobierno de la Magistratura, y por la participación de estamentos vinculados con la actividad forense, el sistema judicial esté gobernado con pluralismo.Esto es lo que querían los constituyentes y era el reclamo de la sociedad cuando se sancionó la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Los que estábamos en el Congreso por aquellos días conocíamos ese reclamo de la ciudadanía: despolitizar a la Justicia y disminuir la influencia de la política en la judicaturaOtro elemento que realimenta esta lógica del pluralismo en el Consejo es el quórum agravado para la toma de resoluciones sobre la selección de los jueces, su acusación y la sanción de los magistrados. En todos esos casos se requieren los dos tercios de los miembros.Y a esto hay que agregar que el quórum para sesionar también es agravado. Es más de la mitad, son doce miembros los que se requieren para que el cuerpo pueda deliberar, porque lo que siempre se buscó es que no haya posibilidad de que grupo alguno domine el Consejo. Y por lo menos hasta ahora, ningún oficialismo pudo imponer su criterio y ordenar una designación o una acusación. Ese fue el verdadero logro del Consejo, ese fue el cumplimiento de la estrategia del constituyente.El senador Yoma, en el debate que he mencionado, concuerda con nuestro criterio y dice: Consideramos que cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio se refiere al hecho de que un sector no predomine sobre los otros; es decir, que uno de los sectores mencionados no ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto, o no controle por sí mismo al Consejo de la Magistratura.El diputado Pichetto en estos debates, coincidentemente, expresó que el equilibrio implica que ningún sector debe tener predominio sobre el otro. Decía que el concepto de equilibrio es el de contrapeso, donde ningún sector que integra el Consejo de la Magistratura tiene predominio sobre el otro. Agregaba que esta fórmula ha sido lograda después de mucho esfuerzo, con un arduo y largo trabajo de consenso. Precisaba creer que en el verdadero concepto de equilibrio —y aquí está muy bien logrado con la integración que se propone— no predomina ningún sector sobre el otro: ningún sector puede lograr quórum propio.Veamos ahora el perfil de la reforma con la que se nos embiste. Acá se disminuye el número de miembros de veinte a trece. Esta decisión parece atractiva, ¿no?: desde el punto de vista del marketing político, reducir algo siempre parece bueno. Sin embargo, ¿cuál es la intencionalidad de la reducción? Bueno; acá, para comenzar habíamos dicho que el segmento político en la integración actual del Consejo tiene el 45 por ciento de la representación. Si reducimos el número a 13, la presencia del sector político se eleva del 45 al 53,87 por ciento, es decir, casi al 54. El poder de los políticos crece, pues, a costa de los otros sectores. Detrás del maquillaje de marketing se observa claramente que este mayor poder se logra a expensas del quiebre del conjunto. De los siete políticos —tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo— sólo uno por cada Cámara corresponde a la primera minoría. Eliminamos de cuajo la segunda minoría, con lo cual afectamos la pluralidad.Ahora vamos a la representación directamente controlada por el gobierno. Una cosa es tener cinco miembros en un cuerpo de veinte —dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo—, cinco sobre veinte representan el 25 por ciento. Y otra cosa es tener cinco en un cuerpo de trece, ya que ello representa el 38,46 por ciento, casi el 39 por ciento; es decir, más de un tercio.Piensen ustedes: supongamos una sesión del Consejo. Están presentes todos sus miembros, es decir, trece. Hay que tomar decisiones con dos tercios de los votos. ¿Cuántos votos necesitamos? Necesitamos 9 votos.Sr. Guinle. — ¿Me permite una interrupción?Sr. Presidente. — El senador Guinle le solicita una interrupción, ¿se la concede?Sr. Gómez Diez. — Sí, señor presidente.Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Guinle.Sr. Guinle. — ¿Con cuántos miembros presentes, senador? Porque los dos tercios son de los miembros presentes.Sr. Gómez Diez. — Supongamos que estén todos.Sr. Guinle. — ¡Ah, está suponiendo que están todos! Suponiendo que el oficialismo, en realidad, tenga composición mayoritaria en las dos Cámaras. Digo esto, porque en el gobierno de la Alianza el Senado hubiese puesto dos miembros del oficialismo o de la mayoría que no iban a ser oficialismo del gobierno; pero, bueno... Adelante, adelante.Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.Sr. Gómez Diez. — Hago un ejercicio con la realidad actual, en todo caso. Si quiere que analicemos el tema de la Alianza volvemos a la Alianza; pero revisemos la realidad. En la realidad se da generalmente que el oficialismo controla la mayoría de las Cámaras legislativas. El gobierno de la Alianza, en todo caso, fue la excepción; y fue la excepción también en este Senado. De hecho, tal vez esa situación anómala en ese Senado llevó a algunos errores que todos conocemos; pero este no es el tema.Vamos a suponer que están los trece miembros del Consejo de la Magistratura. El oficialismo controla a cinco. Con cinco miembros el oficialismo tiene capacidad de bloqueo, porque los dos tercios son nueve votos. Sin el concurso del oficialismo nunca se alcanzaría la mayoría de los dos tercios. Es decir, el oficialismo logra un control —un derecho de veto o de bloqueo— tanto en la conformación de ternas de los jueces como en el caso de la acusación de los magistrados; y no pongo como ejemplo el caso de la falta disciplinaria, porque acá estamos bajando la mayoría agravada para aplicar sanciones disciplinarias a una mayoría simple. Sr. Presidente. — La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, ¿se la concede?Sr. Gómez Diez. — Con todo gusto. Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.Sra. Fernández de Kirchner. — Usted, señor senador Gómez Diez, estuvo presente, si no recuerdo mal, en todas las reuniones de comisión en su carácter de miembro de la Comisión de Justicia. El fundamento que se sostuvo para fijar una mayoría agravada en el caso de selección y destitución de los jueces fue dar una mayor garantía de procedimiento en cuanto a que ningún sector va a poder manejar esos temas. ¿Qué sugiere usted, entonces? ¿Qué en lugar de dos tercios establezcamos mayoría absoluta también para tomar esas decisiones? Porque si el argumento fuera ese, entre la oposición y los estamentos podrían determinar la selección y la destitución de los jueces. Entonces, sería cierto que no lo manejaría el oficialismo, sino la oposición y los estamentos. ¿Qué dice usted? ¿Que lo controle la oposición y los estamentos, suponiendo que todos estarán presentes en las reuniones y que, además, el oficialismo vota como usted está diciendo? Usted sabe, porque lo hemos leído en las reuniones de comisión, que la Presidencia de la comisión se tomó el trabajo de analizar los resultados de las votaciones de absolutamente todas las decisiones que se adoptaban en el Consejo de la Magistratura y advertimos, ¡oh, sorpresa! — surprise, para reiterar un poco las intervenciones en inglés realizadas en el día de hoy, que han resultado tan llamativas para el señor senador por Mendoza— que los que votaban más corporativamente eran los jueces y no los políticos, que eran los que votan más distinto. Por ello, ¿sobre qué hacemos las hipótesis? ¿Sobre lo que creemos que puede pasar o sobre las cosas que efectivamente han sucedido con comportamientos concretos y en casos específicos?Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez. Sr. Gómez Diez. — Yo le voy a contestar sus dos inquietudes, señora senadora. En primer lugar, soy partidario de la mayoría agravada, porque se trata de decisiones importantes.Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Los dos tercios?Sr. Gómez Diez. — Sí, los dos tercios, tanto para constituir temas, como para acusar y para aplicar sanciones disciplinarias. Porque eso da más garantía a los jueces y al Poder Judicial de la Nación; y la sabiduría de la composición que tiene actualmente el Consejo es que es un número con el cual no hay capacidad de bloqueo, como sí ocurriría en el caso de trece miembros. Además, me voy a referir a otro tema. Acá se hizo referencia a una situación anómala, no común. Se mencionó al gobierno de la Alianza, que tenía una situación particular en el Congreso de la Nación, sobre todo en este Senado. En ese sentido, les diría que para examinar por lo menos la forma de votación del estamento político no va a encontrar una situación normal, sino una situación peculiar que es producto de una circunstancia interna del oficialismo, que llevó a que los representantes de la Cámara de Diputados no fueran la expresión de la voluntad del gobierno. Por el contrario, plantearon puntos de vista...Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente:...Sr. Presidente. — ¿Le concede una interrupción a la señora senadora Fernández de Kirchner?Sr. Gómez Diez. — Sí. Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner. Sra. Fernández de Kirchner. — Lo que usted plantea es resultado de la política. Cuando hay diferencias internas en un partido político no es un problema del peronismo, si discuten los peronistas; o del radicalismo, si discuten los radicales; o del partido al que usted pertenezca. Ese es un problema de la política, porque somos representantes políticos. O sea, plantear que esto obedece a la división política, cuando los representantes políticos votan de una u otra manera, es plantear la negación de la política. Por un lado, critica cuando votan todos igual y, por el otro, dice que, en realidad, cuando votan diferente lo hacen de ese modo por cuestiones políticas. El ejercicio de la política es diferir o acordar, aun cuando pertenezcamos a un mismo partido político. Pero lo que usted plantea como sintomatología, tal vez se deba al origen de los partidos que no tuvieron quizá raigambre popular, que no son partidos populares y democráticos en su origen sino que han nacido precisamente de procesos no democráticos.Para quienes participamos desde partidos populares y democráticos y creemos qu	Prórroga de asignaciones específicas de impuestos en el Régimen de Coparticipación Federal - 21/12/05
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, como representante de una provincia me interesa dejar en claro cuáles son las mayorías agravadas que se requieren para prorrogar la asignación específica de determinados impuestos. El artículo 75 inciso 2, en su última parte dice, textualmente, lo siguiente: "Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables". Vale decir que la regla general es que todos los impuestos se coparticipan en la proporción establecida por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos vigente.A continuación, la Constitución en el artículo 75, inciso 3), dice: "Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".Por lo tanto, en primer lugar, tiene que quedar en claro que "prorrogar" es volver a establecer, ya que el inciso 3) del mencionado artículo dice claramente que las asignaciones específicas son por tiempo determinado. En consecuencia, cuando las mismas vencen y se da el caso de una prórroga, sería un nuevo establecimiento de esa asignación específica.Además, la Constitución habla de una ley especial. ¿Por qué? Porque la mayoría es agravada, son la totalidad de los miembros de cada Cámara.Y este tema fue objeto de un intento de tratamiento en la Convención Constituyente de 1994. En esa ocasión, presidía la Comisión de Competencia y Regímenes Federales el actual senador por La Pampa Rubén Marín.En ese sentido, es útil recurrir a los diarios de sesiones de la Convención Constituyente. En el del 4 de agosto de 1994, en la página 3175 están consignadas las manifestaciones del convencional Marín, las que con autorización de la Presidencia pasaré a leer.Decía en esos días el convencional Marín: " A partir de esta reforma, con la totalidad de los impuestos directos o indirectos que recauda la Nación se integrará la masa o la bolsa coparticipable.La regla de la integralidad admite una excepción; me refiero a las asignaciones específicas, para las que se exige un fin, un tiempo de duración determinado y que sean instituidas mediante una ley especial del Congreso.Por razones de prudencia política, el dictamen ha mantenido el instituto de las asignaciones específicas bajo las condiciones que se dijeron: tiempo determinado, mayoría especial y fin específico. Esto obedece a que se reconoce la importancia de ellas como instrumento de política activa ante situaciones especiales y, además, porque clausurar la posibilidad de su instrumentación consagraría un sistema realmente rígido".Párrafos más adelante agrega Marín: "Del análisis del conjunto de las reformas constitucionales vinculadas con la materia en análisis surgen palmariamente las siguientes garantías. El tema tributario no es materia para el dictado de decretos de necesidad y urgencia; la creación de tributos puede alcanzarse por simple mayoría del Congreso de la Nación pero la afectación y distribución de lo recaudado requiere en todos los casos de una mayoría calificada pues creemos que así se da transparencia a las asignaciones específicas que se sacan de las masas coparticipables; no habrá afectaciones específicas sin una ley especial del Congreso, norma con la que evitaremos que a veces aparezcan en el presupuesto nacional algunas disposiciones que, a lo mejor, nuestros diputados y senadores no las vean en su momento pero que sí tienen determinaciones que en nuestro concepto necesitan de una ley especial”.Por lo tanto, los requisitos en materia de asignación específica son los que plantea con claridad el texto constitucional: duración por tiempo determinado; una finalidad expresa; y que sean instituidas por ley especial, que se vota con la mayoría agravada que prescribe la Constitución.Formulo esta aclaración porque este tema ha sido objeto de debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, el presidente de ese cuerpo ha sentado un curioso criterio, que no está en la Constitución Nacional, en el sentido de que los impuestos que tienen asignación específica se pueden aprobar por mayoría simple. Esto no está en la Constitución: la garantía; la protección de las provincias es la mayoría agravada que prevé el texto constitucional.También quiero traer a colación el Reglamento del Senado. El artículo 209 dice: "El voto de la mayoría absoluta de los senadores presentes [es lo que tiene que registrarse], en quórum legal, hace decisión, salvo los casos en que la Constitución Nacional u otra norma exija mayoría especiales o bases de cómputo diferentes, según que deba tomarse en cuenta la totalidad de los miembros del Cuerpo o sólo de los presentes. Se indicará en actas el resultado de cada votación...". Esto, porque acá hay una exigencia de una mayoría especial, que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.En la Cámara de Diputados, dos artículos —los 1 y 2— del proyecto que prorroga la vigencia del impuesto a las ganancias y de bienes personales tuvieron 128 votos, que no es la mayoría constitucional; no es la mayoría constitucional, más allá de las interpretaciones que quiera hacer el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, las provincias tienen derecho a exigir que estos dos impuestos se coparticipen conforme los índices que marca la ley de coparticipación federal de impuestos.En esto hay que señalar que existen doctrinas y fallos de la Corte que son también muy claros, porque por ahí he sentido decir a alguno: "Bueno; cada poder es intérprete de sus propias interpretaciones. Entonces, lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados es la interpretación de la Constitución." Eso no está así en el orden jurídico argentino. En todo caso, el intérprete final de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual podrán concurrir las provincias que se sientan afectadas en su derecho. Sobre esto hay precedentes muy claros de la Corte. La Corte, en el caso Fayt, ha señalado con claridad doctrina. Allí ha dicho que es de resorte de esta Corte juzgar la existencia y límites de las facultades privativas de otros Poderes [y agrega] y la excedencia de las atribuciones.Entonces, es importante que dejemos a salvo los derechos de las provincias. De hecho, esta afectación específica puede ser declarada inválida frente al planteo de un Estado federal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por no reunir las mayorías constitucionales que son las que exige la letra de la Constitución y están en su espíritu, como tan bien lo señaló el convencional Marín en su exposición ante la Convención Constituyente. A propósito, vuelvo a traer a colación las palabras del convencional Marín, que decía que la afectación y distribución de lo recaudado requiere en todos los casos de una mayoría calificada. Y tengamos en claro que, como siempre, las afectaciones específicas son por tiempo determinado y cuando ese tiempo vence, la prórroga significa restablecer la asignación específica, lo que no puede interpretarse de otra manera. Todos tenemos que ajustarnos en esto a lo que marca la Constitución Nacional. Como decía Joaquín V. González, la Constitución es la ley suprema para los gobernantes y para el pueblo, así en la paz como en la guerra, y cubre con el escudo de su protección a toda clase de hombres, en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Señalo esto con respecto a los derechos de nuestras provincias. Acá debemos dejar en claro que los porcentajes que establece la ley 23.548 son los siguientes: 43,34 por ciento para la Nación y 56,66 por ciento para las provincias. Si eso quiere disponerse de una manera distinta deberá tramitarse una ley como Dios manda y lograrse la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la Nación que prescribe el inciso 3) del artículo 75; eventualmente, no sé qué acontecerá con la votación en este cuerpo. Porque son esos dos artículos del proyecto de ley que figura en el expediente 59/05 los que obtuvieron 128 votos en la Cámara baja; me refiero a los artículos 1 y 2 que, repito, establecen la prórroga en materia de los impuestos a las ganancias y de bienes personales.Con respecto a esos dos impuestos, quiero señalar que, en verdad, ha transcurrido bastante tiempo, algunos años, desde la crisis de fines del 2001, que nos tuvo tan preocupados. Pues bien, estamos por entrar en el año 2006. Luego de la devaluación ha habido un fenómeno inflacionario, que es de cierta magnitud. Hay un crecimiento importante del costo de la vida, los precios minoristas aumentaron 72 por ciento y, en consecuencia, también ha habido reajustes salariales y aumento del valor de las propiedades. Sin duda, hay que aumentar también los mínimos no imponibles. Me parece que esto es fundamental, pues los mínimos no imponibles y las cargas de familia no han sido actualizados desde la época de la convertibilidad y, por lo tanto, en la actualidad los valores han quedado totalmente desfasados con respecto al costo de la vida. Incluso, el universo sujeto a ese impuesto, en virtud de los sucesivos aumentos de salarios nominales, se ha incrementado, incluyendo a personas que antes no tributaban y que, paradójicamente, hoy perciben salarios con menor poder adquisitivo. En el impuesto a los bienes personales ocurre algo semejante, ya que tampoco se ha modificado el mínimo no imponible y todavía se mantiene en 100 mil pesos, mientras que en la actualidad cualquier departamento o propiedad alcanza ese valor. Entonces, lo que yo pido al miembro informante de la mayoría es que se actualicen los mínimos no imponibles para que podamos, realmente, votar esta prórroga porque, realmente, es el momento en que el Congreso puede efectuar un control sobre esta falta de actualización por parte del Poder Ejecutivo nacional. Con relación al expediente 60/05, que tiene que ver con el impuesto al cheque y algunos otros impuestos, voy a votar en forma favorable el artículo 1, sobre la suspensión de la exención de ganancias en el caso de reintegro a las exportaciones; el artículo 3, sobre saldo de IVA; el artículo 4, sobre impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, con las aclaraciones que acá se han formulado y con la nota que remitió el Ministerio de Economía de la Nación, que yo pido expresamente que se inserte en la versión taquigráfica, así queda constancia de ese documento y de ese compromiso que nos da tranquilidad a los legisladores del Norte.Con respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, se trata de un impuesto importante. Recauda aproximadamente 9.300 millones de pesos. Este impuesto solamente se coparticipa a las provincias en un 30 por ciento. La razón de esa coparticipación menor a las provincias, en su momento, fue la emergencia pública, que siempre está presente entre nosotros, a lo largo de esta sesión. Creo que el país ha superado las situaciones que se daban en 2001, cuando se estableció, primero, que este impuesto iba exclusivamente a las arcas nacionales, luego se dispuso que las provincias coparticipaban 30 por ciento. Creo que hemos llegado ya a una situación en la que lo razonable es que este impuesto ingrese a la masa coparticipable y que las provincias tengan derecho al porcentaje que asigna la ley de coparticipación federal de impuestos. Así que yo solamente estoy dispuesto a votar la prórroga de este impuesto, en definitiva, si se respeta la ley de coparticipación federal de impuestos.Me parece que han desaparecido las razones de excepción que, en su momento, pudieron haber explicado una distribución diferente de este impuesto. Esta es mi posición, señor presidente, y de esta manera voy a votar los dos proyectos de ley que estamos considerando en este momento.
Prórroga de la Emergencia Económica - 21/12/05
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: me parece que este proyecto de ley ha sido redactado de una manera absolutamente apresurada por parte del Ministerio de Economía, ya que ha sido girado, prácticamente, de urgencia a este Senado, con sólo una página de fundamentos.En verdad, esto requeriría de otra redacción; si es que lo que buscamos es la protección de los intereses del país ante juicios que pudieran estar tramitándose en el exterior por parte de los acreedores del Estado nacional. Digo esto porque acá se propone una prórroga integral de la ley 25.561 y como bien ha señalado la senadora preopinante, la situación no es la misma que la de 2002.Es absolutamente diferente. Entonces, no entiendo cómo, en este momento, podemos decir que, por ejemplo, el país está en estado de emergencia administrativa, ya que esa situación no existe en la realidad. Aquí también se sostiene que el país está en estado de emergencia financiera. Pregunto: si tenemos superávit presupuestario ¿cómo puede haber una emergencia de estas características? Se habla de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambio. ¡Esta es una tarea que ya se ha realizado!Tampoco se puede hablar de la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución afectadas por el nuevo régimen cambiario que, en definitiva, es la devaluación; o sea, una adecuación que también ya se ha concretado. Se habla de emergencia cambiaria, pero no observo en el país un clima de zozobra que indique que se está por desatar una crisis en el mercado de cambio. Entonces, me parece que no estamos legislando sobre la realidad; creo que esto requiere de otra elaboración. Si el gobierno necesita una norma que proteja los intereses del país, estamos dispuestos a votarla, pero de una manera lógica y coherente.Por otra parte, quiero señalar que desde el punto de vista económico no hay nada más fuerte que la realidad. Aquí tengo cifras sobre la evolución del producto bruto interno. Obviamente, en 2001 tuvimos una caída de 4,4 por ciento y en 2002, de 10,9 por ciento. El crecimiento comenzó en 2003, con 8,9 por ciento en el producto bruto interno; en 2004, 9 por ciento y este año crecerá, por lo menos, 8,6 por ciento; para el próximo año, se estima un crecimiento de 6 por ciento. Por lo tanto, si comparamos el PBI con el del 98, hay un crecimiento de 5,2 por ciento.Ahora bien, de lo que sí podemos hablar es de la situación de emergencia social que vive el país. En efecto, el número de pobres aumentó y hay una distribución regresiva del ingreso.Por ejemplo, en 1998, la pobreza en el Gran Buenos Aires era de 24,30 por ciento. Ahora, en 2005, es de 37,70 por ciento. Si miro el índice de indigencia del 98 en el Gran Buenos Aires, llega a 5,30 por ciento; y, ahora, a 12,60 por ciento. Ahí hay un aumento, un deterioro de la situación social.Por lo tanto, no creo que el país tenga una situación de emergencia financiera, administrativa, cambiaria. Creo que esto es un problema cuya solución es redactar realmente bien los instrumentos y hacer las cosas como corresponde; de lo contrario, vamos a caer en el camino de la incoherencia. Imagino al abogado que patrocina al acreedor de la República Argentina en el exterior y al que le presentan una norma declarando una emergencia de estas características; se destruye fácilmente con los argumentos que he expuesto y, además, por el propio hecho de decir: “Bueno, a ver, ¿cómo es la emergencia?” En la misma sesión donde declaramos todas las clases de emergencia —la administrativa, la financiera, la cambiaria, la económica, la social—, en esa misma reunión, resolvimos pagarle 10 mil millones de dólares de contado efectivo anticipado al Fondo. Me parece que esto no es congruente. Creo que estamos en el camino de la incoherencia. Estamos en fin de año y desde el gobierno nos dicen que necesitan un instrumento, pero tampoco nos explican qué es lo que necesitan. Porque como nos mandan de fundamento una hoja y los funcionarios no vienen a explicarnos cuáles son concretamente sus necesidades, no sabemos ya realmente qué legislar. A mí me cuesta legislar la incoherencia. En esta situación, mi propuesta es que venga el responsable de asuntos legales del Ministerio de Economía y proceda acá, ante quienes son las autoridades de las comisiones respectivas, de Presupuesto y Hacienda o de Economía, de modo que les explique qué es lo que necesita y redacten rápidamente un instrumento que tenga un sentido lógico, que le sirva al país y que lo votemos esta misma noche. Pero votar la incoherencia, creo que no conduce a ningún lado.	Modificación del IVA para fertilizantes - 27/07/05
Señor presidente: como decía recién el senador Jaque, la Argentina es un país extenso y, por lo tanto, no es homogéneo; tiene diversas realidades de carácter regional. En el caso del Norte argentino, la sustentabilidad del modelo de producción agrícola requiere la incorporación de nutrientes al suelo, lo cual se logra mediante los fertilizantes, pero también se necesita de un adecuado índice de rotación de cultivos —fundamentalmente entre la soja y el maíz—, que es muy bajo en el caso de nuestra provincia y, en general, de la región, llegando al 6 ó 7 por ciento, cuando debería encontrarse entre el 30 ó 40 por ciento.
Y ello es así, porque la producción de maíz y la rotación de cultivos se encuentran desalentadas por las retenciones que gravan el producto y, además, por la carencia de infraestructura de transporte que se registra en la región. Al respecto necesitamos fundamentalmente abaratar el costo del flete —que es el principal componente del precio de nuestros productos — para lo cual es esencial la reactivación del ferrocarril Belgrano.
Por eso, quisiera señalar que con este proyecto hoy estamos dando un paso en el sentido correcto. Pero también quedan pendientes otros aspectos que no son menores, como son la rotación de cultivos —para lo cual se requiere en el caso específico del maíz la eliminación de las retenciones—, y la adopción de decisiones políticas imprescindibles para la región en materia de transporte, sobre todo con relación al ferrocarril Belgrano.
Homenaje a su Santidad Juan Pablo II - 06/04/05
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez: Señor Presidente: en primer lugar, pediría que el señor Secretario nos informe cuántos dictámenes hay, en qué sentido se han expedido y cuál es el número de firmas que tiene cada uno de ellos.
Sr. Presidente: Por Secretaría se le hará saber.
Sr. Secretario: Existen tres dictámenes: uno favorable, con cinco firmas; uno negativo, con tres firmas y el tercero, con una firma.
Sr. Gómez Diez: Muchas gracias, señor Presidente.
Había pedido esta aclaración al Secretario porque me parece importante señalar lo siguiente. Acá se ha dicho que hay un dictamen de mayoría favorable a la designación de la doctora Argibay y esto no es así: hay tres dictámenes de minoría.
De un total de nueve señores senadores que se han expedido, acá hay tres dictámenes en minoría. En la comisión no hay mayoría favorable a la designación de la doctora Argibay. Digo esto porque es un signo demostrativo de la polémica que ha producido esta propuesta de designación, no sólo en el seno de este Cuerpo sino de la sociedad en su conjunto.
Este es un tema que nos parece importante. En otro momento de la sesión mencionaba la necesidad que tiene hoy el país de la construcción de coincidencias, de consensos. Estamos viviendo y venimos de una situación de fractura y de tensión que, por todos los medios, debemos tratar de atenuar construyendo caminos de diálogos y de reconstrucción. Debemos lograr puntos de encuentro para construir realmente el futuro del país.
Todos los días tenemos hechos de tensión que ponen de manifiesto esa fractura y esa fragmentación que hoy existe. De hecho, esta propuesta de designación es un jalón más en ese sentido. Hoy podríamos estar aprobando un pliego sin debate, un pliego en base a la coincidencia y al consenso, porque la Argentina tiene juristas - hombres y mujeres - de un enorme prestigio que podríamos estar designando con el acuerdo de todos; juristas reconocidos por la sociedad, con una producción científica importante. Ese hubiera sido hoy un punto de encuentro en este Senado de la Nación.
La doctora Argibay ha sido muy imprudente en sus declaraciones y en sus apreciaciones. El ejercicio de la función pública requiere de la virtud de la prudencia, pero en los jueces la prudencia es imprescindible. Lo cierto es que acá la doctora Argibay ha producido declaraciones de todo tipo que nos han envuelto en la polémica.
Comenzó por manifestarse como atea militante. La fe es un don de cada persona. Es algo privativo de cada uno de nosotros. En verdad, ésta fue una expresión muy poco respetuosa respecto de las personas que tienen fe, porque significa, en definitiva, militar en contra de Dios. Y como acá se ha expresado con acierto, en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, donde están los principios y los valores sobre los cuales se ha organizado el país, se invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia. La doctora Argibay ha dicho que esto fue una ironía, y está claro que en la más alta magistratura de la Nación no caben las ironías. Lo que corresponde es la prudencia, el respeto y las expresiones medidas.
La doctora Argibay, estando ya propuesta para el cargo, ha emitido opiniones sobre temas que están a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el vinculado con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Ha dicho que expresaba esos puntos de vista como ciudadana, pero estaba ya propuesta para ocupara esa alta magistratura, lo que requería, evidentemente, de una actitud medida que no ha tenido, incurriendo nuevamente en una falta de prudencia.
Se ha manifestado a favor de la posibilidad del aborto respecto - dijo - de las jóvenes que hubieran quedado embarazadas por falta de conocimiento. Yo he escuchado a uno de los miembros informantes tocar el tema del aborto. Creo que la solución no está en segar la vida sino en el derecho a la educación sexual de todos y a la procreación responsable. No se soluciona la problemática de los embarazos no deseados segando la vida; se soluciona con educación y con acceso a la procreación responsable por parte de todos, y no solamente de los sectores pudientes o mejor educados de la sociedad, porque de lo contrario vamos a terminar con que esos sectores van a tener acceso a este tipo de educación y a estas posibilidades, mientras que los sectores más humildes serán los que terminen en el aborto, acabando con la vida.
No nos olvidemos de que esta polémica en la cual hoy estamos ha llevado incluso al propio Santo Padre, al Papa Juan Pablo II, ha efectuar declaraciones en defensa del derecho a la vida, al recibir las cartas credenciales del embajador argentino ante la Santa Sede. Allí, el Santo Padre entregó un mensaje en el cual expresó con claridad: “Es preciso que el valor de la vida humana sea custodiado con esmero”.
La posición anunciada por la doctora Argibay respecto al tema del tema del aborto toca valores muy sensibles a una mayoría importante de la sociedad argentina, y prestar un acuerdo en el caso de la Corte Suprema implica también examinar ese sistema de valores, porque es el Alto Tribunal de Justicia el que tiene la responsabilidad de ser el intérprete final de la Constitución y de las leyes. La legislación – acá se ha dicho – es muy clara. El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece la protección del niño desde el embarazo.
Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica establece la protección del derecho a la vida diciendo que este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Este Pacto también restringe la posibilidad de aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas por una razón muy simple: en su seno hay vida. La Ley 23.849, que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, expresa que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años. El artículo 63 del Código Civil dice que son personas por nacer las que, no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno.
El artículo 70 reafirma esta postura al establecer que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. También el artículo 3.290 del Código Civil reconoce que el hijo concebido es capaz de suceder. La legislación es clara: la Constitución y las leyes de la República son muy precisas en este aspecto.
Digo esto porque la doctora Argibay ha dicho en la audiencia pública que iba a limitarse a aplicar la legislación vigente y, como queda dicho, la Constitución y las leyes son claras. Pero a renglón seguido, en la audiencia pública se pretendió poner lo que es claro y preciso en la legislación en una zona gris, cuando se manifestó que hay que interpretar el momento a partir del cual se produce la concepción, con lo cual entramos en el riesgo de que por vía interpretativa – y estamos hablando del más alto tribunal de justicia que interpreta la Constitución y la leyes – se termine desvirtuando lo que es claro en la legislación.
Por otra parte, la doctora Argibay ha dicho que no cree en el derecho natural. Ella ha manifestado que en su opinión el derecho es pura creación social. El derecho natural que se niega es precisamente aquel al que apela el Preámbulo de nuestra Constitución cuando invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia.
Además, no puede desconocerse que la doctrina del derecho natural ha sido el primer fundamento – y sigue siendo actualmente el principal – para la defensa de los derechos humanos. No ha sido otro que el derecho natural la base sobre la cual se han podido juzgar crímenes de lesa humanidad antes de que existiera un régimen jurídico aplicable a tales hechos. Porque hay derechos que la ley no puede desconocer. Si la ley no los respeta, de todos modos existen porque son inherentes a la condición humana; entre ellos, está el derecho a la vida porque es liminar; es la base de todos los derechos.
Al margen de ello, hay otro aspecto importante para este Senado, que es la expresión del federalismo. El año pasado el Presidente de la República dictó el decreto 222 donde se estableció un criterio: la diversidad regional. Y los que representamos al interior del país, al “otro país”, nos sentimos reconfortados y contentos. Se establecía un criterio adecuado e íbamos camino a tener una Corte Federal. Pero fijémonos lo que ha pasado en este país, donde todos los días hay tanta vocación legisferante, ya que leyes y normas no nos faltan, sino que lo que nos falta es vocación de cumplimiento de las normas vigentes.
Todas las propuestas de designación en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuración General de la Nación corresponden a juristas de la Capital Federal. De aprobarse esta nominación vamos hacia una Corte integrada por nueve miembros, de los cuales ocho son de la Capital Federal. La Corte Suprema tiene que dirimir los conflictos entre la Nación y las Provincias, y los de las Provincias entre sí. Por lo tanto, se trata de un tribunal en el que se necesita de una mirada federal, que contemple lo diverso de nuestra propia realidad.
Vamos a terminar con una Corte en la cual ocho de sus nueve integrantes son de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, yo digo que en lugar de ser una Corte Federal, evidentemente será una Corte Unitaria, en donde todo se fallará según la forma en que se miran las cosas desde esta gran ciudad que es la Capital Federal.
Y hago esta apreciación porque se trata de un tema que debemos tener particularmente en cuenta como Cámara Federal y como expresión de nuestra organización política.
Por todas estas razones que hacen al federalismo argentino y a la necesidad de la diversidad regional, la que ahora está establecida normativamente a través del decreto de autolimitación de facultades; por la necesidad de coincidencias, es por ello que respecto de este tipo de decisiones la Constitución Nacional, con sabiduría, exige los dos tercios. ¿Por qué? Porque quiere que estas designaciones sean producto del consenso, y no de la imposición de unos sobre otros. Tienen que ser designaciones fruto de puntos de encuentro. Por la necesidad de que quienes nominemos como jueces practiquen la virtud de la prudencia en sus declaraciones, expresiones y en su conducta. Por el hecho de que en nuestro país hay juristas prestigiosos – que pueden unirnos a todos – y además por la necesidad de no correr el riego de que por vía interpretativa se desvirtúen textos constitucionales y leyes que son absolutamente claras, es que votamos en contra de esta nominación.
Aumento de la Alícuota del Impuesto al Gasoil - 16/03/05
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: las naciones, para crecer y desarrollarse, necesitan contar con una institucionalidad fuerte. Y por institucionalidad entendemos al conjunto de reglas expresas o implícitas que regulan la vida en sociedad, y que tienen como objetivo asegurar la libertad, garantizar los derechos y, en general, establecer pautas de comportamiento orientadas hacia el progreso del conjunto.
Una institucionalidad sólida es lo que hace a una sociedad previsible y confiable; es como un barco con rumbo cierto. Y también forman parte de la institucionalidad de un país las reglas de disciplina fiscal, que tienen básicamente dos objetivos: hacer los gastos públicos transparentes, y permitir el control social a través del pleno acceso a la información financiera del Estado —veraz y confiable—, y por otro lado no gastar más de lo que se recauda, para no generar sobreendeudamiento y para que los gobiernos puedan gastar en lo que realmente importa.
El Poder Ejecutivo remite a consideración de este Senado un proyecto de ley sobre responsabilidad que tiene ese doble objetivo. Por un lado, reglas de información y de transparencia que son fundamentales para que exista un control; y, por el otro, se pone un límite al endeudamiento.
Se plantea aplicar estas normas —es preciso decirlo— básicamente a las provincias, previéndose el mecanismo de que cada una de ellas adhiera a través de sus respectivas legislaturas.
En lo que a la Nación respecta, obviamente es muy difícil en la actual circunstancia legislar sobre límite de endeudamiento cuando el país está en default, en cesación de pagos. Lo que sí podemos apuntar como un dato a tener en cuenta es que desde la devaluación, el Estado nacional ha emitido deuda por 18 mil millones de dólares, que es el costo de la pesificación asimétrica, a los que hay que sumar unos 10 mil millones de dólares de intereses que no se han pagado.
Esto lo digo porque está claro que en algún momento en este Congreso tendremos que debatir acerca del límite de endeudamiento del Estado nacional, en cuanto el país salga del estado de cesación de pagos y sepamos exactamente cuáles serán sus obligaciones en los años por venir.
Al tratar este tema es bueno preguntarnos si con anterioridad se ha legislado en materia de disciplina fiscal. En 1999 este Congreso sancionó una ley de disciplina fiscal que no se cumplió. Se firmaron acuerdos entre la Nación y un conjunto de provincias, pero la cuestión es que doce provincias tienen leyes de responsabilidad fiscal, que también en la mayor parte de los casos no se han cumplido.
Evidentemente, no nos falta legislación sobre la materia, porque la verdad es que en nuestro país si hay algo que abunda es la vocación legisferante. El problema es que sancionamos leyes de todo tipo, pero luego las incumplimos. Porque está claro que a lo que hay apuntar para la construcción del futuro de la Argentina es a la cultura del respeto a la Constitución y a las leyes.
Nosotros obviamente estamos de acuerdo con todo aquello que sean reglas que hagan a la obligación del Estado de proporcionar de manera transparente información. Y, además, creemos que son absolutamente necesarias reglas homologables comunes a la Nación y al conjunto de las provincias en materia de contabilidad.
En este sentido, voy a poner un ejemplo que toca a mi provincia, que hace a la falta de homologación de reglas. Si uno ingresa a la página web del Ministerio de Economía de la Nación y busca la deuda de los Estados provinciales al 31 de diciembre de 2003, por ejemplo para el caso de la Provincia de Salta, se encontrará con una deuda de 1450 millones de pesos más un bono hidrocarburífero de 231 millones de dólares, lo que implica un total de deuda de aproximadamente 2100 millones.
Ahora bien, si uno ingresa a la página web del Ministerio de Economía de la Provincia, se encontrará con una deuda de 507 millones, que se dice que es la deuda computable a los efectos de la disciplina fiscal.
Entonces, ¿por qué esta distinción? ¿Es posible una diferencia de 2100 a 507 millones? La explicación de esto es que en Salta cuando para el pago de una deuda se afecta un porcentaje de coparticipación federal, se deduce ese porcentaje del cálculo de recursos y, al mismo tiempo, a la deuda no se la computa como pasivo.
Por lo tanto, estamos viendo la necesidad de tener reglas homologables si realmente queremos ser un país serio con información que sea comparable.
El artículo 21 del proyecto le pone un límite al endeudamiento: 15 por ciento de los recursos para el pago de amortización e intereses de la deuda. Pregunto: ¿se cumplirán estas reglas? La verdad es que yo soy escéptico por varias razones.
En primer lugar, esta iniciativa no establece sanciones personales, a diferencia de lo que ocurre con la legislación de los países exitosos en esta materia. Para citar un caso cercano a nosotros me referiré al del Brasil, que estableció responsabilidades concretas para los administradores gubernamentales, como inhabilitación para desempeñar cargos públicos, multas y hasta penas de prisión en determinadas circunstancias, todo lo cual se encuentra normado en la ley 10.028, de crímenes de responsabilidad fiscal, promulgada en octubre de 2000 por el presidente Fernando Enrique Cardoso.
La otra razón es que el proyecto en consideración, de alguna manera, contempla como una facultad potestativa la aplicación de sanciones al utilizar el verbo "podrá"; es decir, podrá ser o podrá no ser.
La verdad es que en materia de sanciones se debería haber sido muy claro. Deberían ser taxativas y preverse los supuestos y, cuando ellos se den, proceder a la aplicación de las sanciones.
Por otro lado, tampoco se establecen límites para el gasto en personal, que sí están fijados en el caso del Brasil para el Estado federal, los Estados particulares y los municipios.
Todo lo expuesto me hace intuir que nuevamente corremos el riesgo de legislar quizás para cumplir alguna exigencia circunstancial, sin vocación real de acatamiento de la norma.
Por otra parte, cuando se trata el caso de aquellas provincias que están excedidas en el 15 por ciento de los recursos para el pago de amortización e intereses de la deuda, tampoco se fijan parámetros objetivos acerca del plazo máximo en el que debe instrumentarse la convergencia con el porcentaje fijado en el proyecto.
En el artículo 26 se contemplan programas nacionales de financiamiento para las provincias endeudadas que se instrumentarán a través del Ministerio de Economía de la Nación.
Me parece que hay que ser más explícitos en este punto porque, de lo contrario, se legisla un mecanismo de extorsión política de la Nación con las provincias endeudadas en virtud de que no hay reglas claras. Nuevamente, todo es discrecional.
Señor presidente: los instrumentos legales deben ser siempre claros, precisos y establecer sanciones personales para los administradores gubernamentales cuando hay incumplimientos.
Cuando hay un lenguaje farragoso y no se aplican sanciones de un modo claro, la verdad es que el incumplimiento está instalado en la puerta.
Por todo lo expuesto, siendo partidario de normas de responsabilidad fiscal, reglas de transparencia, contabilidades homologables, límites al endeudamiento y límites al gasto en personal, me inclino a votar por la negativa, ya que si queremos ser un país exitoso es necesario construir una institucionalidad fuerte. Hay que tener reglas precisas, claras y con sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas porque el problema de nuestro país es la cultura de la falta de cumplimiento de la Constitución y de la ley.
No creo que sea bueno legislar para cumplir simplemente con una formalidad con los organismos internacionales de crédito. Me parece que el país se merece una norma seria y efectiva en materia de responsabilidad fiscal.
No se está en un año electoral. Es un año en el que los niveles de recaudación son récord por un conjunto de circunstancias que no corresponde precisar ahora.
El presupuesto estimaba un superávit de 10 mil millones y se alcanzarán 22 mil millones; es decir, más del doble de lo proyectado.
Piensen entonces qué oportunidad se pierde. No es un año electoral y hay fuerte superávit. En consecuencia, qué oportunidad se pierde para consensuar el sistema de coparticipación federal que el Congreso y las provincias adeudan al pueblo desde 1994.
Comparto lo que ha dicho el señor senador preopinante. Me parece razonable y oportuna su acotación porque no sé si el artículo 10 no guarda una intención de congelar la foto, y que no tengamos el debate que la Argentina tiene que encarar, en algún momento, en materia de coparticipación federal.
Para terminar, quiero referirme a un tema que es caro a nuestras provincias tabacaleras. En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.465. Fue fruto de un gran esfuerzo de muchos legisladores a lo largo de mucho tiempo, para que se reconociera que el Fondo Especial del Tabaco forma parte del precio, que ese dinero es de nuestros productores tabacaleros y que, en nuestras provincias, el cultivo del tabaco es absolutamente esencial dentro de nuestras economías, por la cantidad de puestos de trabajo que genera.
A veces, cuando transito los caminos de mi provincia y recorro los campos de soja verdes, extensos, la vista se pierde en el horizonte, pero veo toda una actividad mecanizada, muy poca utilización de mano de obra. Uno reflexiona sobre la importancia que tienen estas actividades dentro de nuestras economías regionales. Este fue un logro muy importante para nosotros; evitó que a partir de la sanción de esta norma dejáramos de peregrinar todas las semanas en la Secretaría de Hacienda de la Nación, en la búsqueda de que nos remitan los fondos.
Acá, en los hechos, se está planteando una nueva centralización de estos recursos en la Secretaría de Hacienda de la Nación que no estoy dispuesto a votar y creo que quienes representamos a las provincias tabacaleras no debemos hacerlo. Tenemos que pedirle al resto de los senadores nacionales su solidaridad, como la tuvimos cuando sancionamos esta ley. Tuvimos la solidaridad de quienes representaban al centro, al norte y al sur del país, con una norma que es fundamental para nuestras economías, en momentos en que, precisamente, si hay un tema que necesitamos debatir y construir coincidencias, es el relativo a la generación de empleo, que es la única manera de que la Argentina pueda volver a la cultura del trabajo.
Por esta razón, no voy a votar las normas de responsabilidad fiscal, en la convicción de que en algún momento tenemos que darnos una norma en serio, que tenga garantizado su cumplimiento, que tenga sanciones para los administradores gubernamentales que las incumplen. Les pido a los senadores el apoyo para nuestras provincias tabacaleras.

References: artículo 76
 artículo 76
 artículo 61
 artículo 8
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 209
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
 artículo 75
 artículo 63
 artículo 70
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 26
 artículo 10