Source: http://antiokupas.blogspot.com/2011/
Timestamp: 2018-02-25 13:10:16+00:00

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ANTI-OKUPAS: 2011
Por fin, parece que hay unos propietarios decididos a luchar con todas las armas legales a su alcance contra los okupas de su propiedad, y una juez ( parece que últimamente en la judicatura son las juezas las que llevan los pantalones bien puestos ) que parece decidida a plantar cara, no solo a a los okupas sino tambièn a sus padrinos políticos, con todas las de la ley; que tampoco son muchas, por cierto.
En una entrada anterior, comentamos la noticia de la sospechosa desigualdad de trato entre dos okupaciones, por parte de los responsables políticos del Ayuntamiento de San Sebastian, en manos de Bildu, favoreciendo la okupaciòn del inmueble denominado "Uxotegui" por los okupas y mientras desalojaban inmediatamente a los okupas de otro edificio.
Pero en esta ocasión tanto okupas, como padrinos parecen haber pinchado en hueso, pues los propietarios, personados en la causa abierta, parecen decicidos a dar la batalla y a proceder legalmente no solo contra los okupas, sino tambièn contra quienes han actuado como si fuesen sus padrinos. Así, tras lograr la imputación de José Ibazeta, ex edil de Euskal Herritarrok y hoy asesor del alcalde de Bildu por su presunta participaciòn en los hechos, han solicitado la identificaciòn de los okupas que ha sido acordada por la juez; y en cumplimiento de dicha resolución, la Erzaintza ha identificado, de momento, a los tres que se encontraban en el Gaztetxe cuando se personaron en el mismo, citándoles en sede judicial para prestar declaraciòn.
Asimismo la Juez, dando un paso más ha requerido al Ayuntamiento «toda la información que tenga relativa a los hechos ocurridos» el día de la ocupación, incluyendo los informes policiales, las grabaciones, la identificación de agentes que pudieran haber intervenido, las diligencias policiales llevadas a cabo que permitan esclarecer los hechos ocurridos, así como las personas posibles autoras de los mismos. Todo ello, con el evidente fin de evaluar la actuaciòn de los responsables políticos y de los policías a sus órdenes, para determinar la posible existencia de una connivencia o colaboración con los okupas o de una posible prevaricaciòn; cosa hasta ahora prácticamente insólita en los anales de la jurisprudencia okupa.
Por otra parte, el abogado del representante de la propietaria, de 104 años, abrió otro frente de lucha ante el propio Ayuntamiento, remitiéndo a su Alcalde un escrito en el que solicitaba, entre otras peticiones, que se prohibiera a los okupas realizar las obras que estaban llevando a cabo en el inmueble, para evitar entre otras cosas, posibles daños a elementos estructurales y exigiendo el cumplimiento de la ley y ordenanzas municipales a los okupas», así como igualdad de trato en todas las okupaciones; sin que, al parecer, como era de esperar hayan recibido respuesta alguna.
Sin embargo, todo ello ha provocado movimientos políticos en el seno de la Corporación Municipal, como consecuencia de las cuales puede visualizarse claramente quienes apoyan, directa o indirectamente, la okupación sin el mas mínimo sonrojo . Y curiosamente todos ellos, como no podía ser menos, se encuadran en eso que ha dado en llamarse "iziquierda" política, mas o menos abertzale..
Así, ante una peticiòn de comisiòn municipal de investigación de los hechos, solicitada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, se opusieron a la misma, la proetarra Bildu, absteniéndose incomprensiblemente en la votación, su mentor, el Partido Socialista de Euskadi, después de que inicialmente se hubiera sumado a la petición de PNV y PP, por lo que el asunto tendrá que decidirse finalmente en el próximo Pleno Municial .
Por si alguien tenía alguna duda sobre quien está detrás o quien impulsa o protege este tipo de okupaciones, representantes de la izquierda abertzale de la Parte Vieja se solidarizaron con los tres jóvenes que tendrán que acudir a declarar al juzgado e hicieron suyas "las ideas de dotar desinteresadamente al barrio de vida, alegría, reivindicación y participación". Y , asimismo, desde el Gobierno Muncipal de Bildu manifestaron «compartir las inquietudes de los jóvenes por disponer de locales culturales autogestionados por la gente del barrio».
Esperemos que a la juez no le tiemble el pulso para seguir dando pasos firmes para el esclarecimiento de los hechos y proceda al rápido desalojo del inmueble okupado procediendo a depurar todas las responsabiliades, caiga quien caiga. Y esperemos igualmente que los políticos que salgan elegidos en las inminentes elecciones generales, muevan rápidamente el culo para acabar con este virus okupa antes de que termine, como ya amenaza, por convertirse en epidemia.
Esperemos que no sea mucho esperar.
Publicado por Nerjeño en sábado, noviembre 19, 2011
Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida y efectiva intervención de los Mossos de Escuadra hoy ha podido ser abortada la okupaciòn de un inmueble en el número 35 de la calle Mont-ral, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, según informaba el diario "El Mundo" .
Estimulados por la impunidad con que en los últimos tiempos se vienen produciendo la okupaciones de inmuebles, cuatro okupas intentaron, a plena luz del día, ( sobre las 15,30 de hoy ), la okupaciòn del inmueble mencionado. Un vecino, probablemnte harto de esta impunidad, alertó a los Mossos de Escuadra, que acudieron inmediatamente al lugar, comprobando como los okupas intentaban conectar la luz del inmueble al cableado exterior, y procediendo a desalojarles. Sin embargo los okupas, crecidos ante tanta impunidad, a pesar de haber sido cazados con el carrito del helado , se negaron a desalojar voluntariamente , resistiéndose mediante la colocación de muebles y colchones contra la puerta y llegando a dar una patada a un agente. Motivos por los que fueron detenidos y entregada la propiedad a su titular .
Aunque hay motivos para felicitarse por tan rapida y eficaz actuaciòn policial, es mas que probable que, como mucho, en un par de días, estén otra vez en la calle listos para una nueva okupaciòn, como si nunca hubieran roto un plato.
Publicado por Nerjeño en lunes, noviembre 14, 2011
Desde el inicio de este Blog, llevo denunciando que la okupaciòn, en sus diversas variantes, a pesar de estar jurídicamente sancionada, existe de facto, en primer lugar por voluntad o pasividad de nuestra clase política que se niega a modificar unas leyes a todas luces obsoletas insuficientes para hacer inviable dicho fenómeno, y en segundo lugar por la ya clásica y crónica lentitud de nuestra justicia y por la benevolencia hacia el okupa con que se pronuncian en sus resoluciones, en claro perjuicio de las víctimas. Todo lo cual nos lleva a a conclusiòn quela impunidad resultante de las leyes, las actuaciones policiales y resoluciones judiciales, derivadas de las mismas, lejos de cumplir una funciòn disuasoria de tales atentados contra el Derecho de propiedad, están constituyendo mas bien un efecto llamada.
Y en este sentido, tanto la actuación ( o mas bien la inacciòn ) policial, cumpliendo instrucciones polìtícas, como el auto dictado recientemente por el titular del Juzgado de Instruciòn nº 6 de Barcelona, en el asunto de la okupaciòn del Edificio sito en el nº 2 de la calle Almagro, en la barriada barcelonesa del Nou Barris resultan paradigmáticos.
Hay que recordar que el edificio, consistente en un bloque de apartamentos, fué okupado el pasado día 15 de Octubre, al finalizar una manifestación no autorizada, convocada por el llamado "Movimiento 15M", por una numerosa "cuadrilla" de asistentes a la misma , con premeditaciòn, alevosía, nocturnidad, y con total publicidad y cachondeo general.
Hay que recordar tambièn, que a pesar de la habitualidad con que semejantes acciones se vienen repitiendo impunemente, las autoridades guberntivas ni previeron tal posibilidad; ni tampoco la impidieron cuando se produjo; ni mucho menos procedieron al inmediato desalojo o identificaciòn de los autores; dejando así la pelota en las lentas e imprevisibles manos de la Justicia, con los ojos tapados ante tanta estulticia política y tanto descaro okupa e incluso dispuesta a "mancharse la toga con el polvo del camino" .
Hay que recordar igualmente que, a pesar de la evidencia de la okupaciòn, la Fiscalía, al igual que el Juez de Guardia, tampoco intervinieron inmediatamente de oficio, para acordar las primeras diligencias, tendentes, al menos, a identificar a los autores de la okupaciòn, y a comprobar el modo de acceso al edificio okupado,a pesar de la amplia publicidad y cobertura mediàtica de tales hechos.
Por el contrario, en lugar de actuar proactivamente, esperaron tranquilamente a recibir la correspondiente denuncia y a tramitarla de forma rutinaria, y contemplaron mientras tanto, como si no fuera con ellos, como los okupas anunciaban públicamente la celebración de asambleas para decidir el destino del inmueble y como anunciaban su intenciòn de entregar de los pisos de este a quienes ellos previamente habían decicidido, sin contar para nada con el propietario . Dentro de esta rutina, se limitaron, a posteriori, a ordenar a la Policía judicial la identificación de los autores, sin librar a esta el correspondiente mandamiento judicial de entrada, para facilitar dicha identificación y levantar acta del estado del inmueble en ese momento y posteriormente a citar a denunciantes e identificados por ese procedimiento, para ser oidos en declaración.
A partir de esos hechos, veamos lo que dice el Código Penal, respecto al delito de usurpación y veamos el auto del Juzgado de Instrucción número seis de Barcelona, para comprobar como una alambicada interpretación de la ley y de los hechos, pueden hacer de una norma meridianamente clara, un fárrago ininteligible para el común de los mortales.
El artículo 245.2 del Código penal tipifica el delito de usurpaciòn pacífica sancionando con pena de multa de tres a seis meses al que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se manutuviera en ellos contra la voluntad de su titular.
Aún cuando la pena parece ridícula, como elemento disuasorio, para los okupas, a quienes hay que suponer insolventes por definición, al menos la tipificaciòn del delito parece bastante clara en su dicciòn literal.
Lo primero que destaca es que de toda la numerosa "cuadrilla" que llevó a cabo la okupación, ninguno resultó identificado, y de los que posteriormente tuvieron acceso al edificio, únicamente lo fueron cuatro, según el auto. Dos de ellos, alegaron en su defensa, mas o menos que pasaban por allí y que nada tenían que ver con el acto de la okupaciòn, declarándose "miembros de asociaciones del barrio" ; que, de una u otra manera, prestaban "apoyo a las personas que residen en la finca"; que acudían allí "de manera muy esporádica" y que "casualmente se encontraban en el lugar cuando llegó la policía y les identificó", "aportando documentación acreditativa de que residían en otro lugar".
Estas almas caritativas, podrían haber invitado a los desahuciados a residir "temporalmente" en sus propias casas,en lugar de en casa ajena; pero, probablemente entendieron que el claro mandamiento cristiano de comportarse con el prójimo como "hermanos", no decía nada de hacerlo como "primos" . Que para eso ya estaban "los ricos" ; o lo que es lo mismo, los propietarios.
Probablemente por eso el Juzgado, amparándose en la ocasionalidad y ausencia de permanencia de estos imputados en el inmueble decretó respecto de ellos el sobreseimiento de la causa .
Para sobreseer el caso respecto a los restantes imputados, el Juez hace una alambicada argumentación que no tiene desperdicio.
En primer lugar el auto reconoce el caracter novedoso y sin precedentes de los hechos enjuiciados, en cuanto no solo han sido protagonizados con las características propias de los actos atribuidos a los reivindicados por el llamado "Movimiento okupa", sino, que a diferencia de otros casos, en esta ocasión okupaciòn se ha llevado a cabo para ceder el edificio okupado a terceras personas.
Resulta curiosa la existencia de tantas okupaciones protagonizadas por el llamado "Movimiento okupa", justificadas sobre la base del llamado "derecho a una vivivienda digna", para descubrir que esta es la primera en que se cede a terceros necesitados un edificio okupado para que lo utilicen como vivienda. Ya iba siendo hora de que, al menos, predicasen con el ejemplo.
A continuaciòn recoge como uno de los elementos de su decisión de sobreseimiento respecto al resto de imputados, residentes en las viviendas okupadas, ( algunos de los cuales ni siquiera tienen nacionalidad española ni de país comunitario alguno ), el hecho de que, según ellos, "accedieron a los pisos días después del de la inicial ocupación, el 15 de octubre"; que " su presencia en esos pisos no es regular" sino "provisional" y que tienen "planes para abandonar el inmueble en las próximas semanas".
Estas curiosas declaraciones, sospechosamente coincidentes, a pesar de tener tienen toda la pinta de haber estado previamente asesoradas por un leguleyo, parecen haber llegado al alma del instructor, que las ha tenido en cuenta para justificar su auto de sobreseimiento, sin mas prueba, al parecer, que la palabra de los okupas elevada poco menos que al rango de "palabra de Dios" . Pero aún hay más.
De tales hechos el juez constata, según el Auto "dos grupos de personas claramente
diferenciados" : "Por un lado, un amplio grupo de personas – algunas quizá pertenecientes a asociaciones de carácter asistencial, o reivindicativas,de constitución regular o aformal- que son quienes materialmente dieron inicio a la ocupación", y quienes, "sin embargo, no utilizan personalmente los pisos respecto de los que se ha formulado denuncia, sino que los “gestionan” y dotan de contenido político/reivindicativo a lo que allí acontece". Grupo del cual a pesar de su amplitud ( unos 300, segun consta en Autos ) "no se ha identificado a ninguna persona de las que inicialmente entraron en la casa, ni a quienes participan en las asambleas, ni se dispone de datos suficientemente claros sobre los colectivos que podrían estar implicados. Ni es previsible que puedan llegar a obtenerse".
Y para esto pagamos jueces fiscales y policías.
Por otro, un segundo grupo lo constituirían los imputados, "que residen en los pisos, al parecer como única y provisional alternativa a su situación de carencia absoluta de techo" cuya presencia en el lugar está "gestionada (autorización de entrada, cambio de domicilio, asistencia alimenticia, quizá suministro de electricidad, …) por los del primer grupo".
Y lo mas preocupante es que esto se diga y reconozca esto públicamente en un auto judicial, sin nadie se averguenze ni se de por aludido ante este asombroso ejercicio de incompetencia, atribuible al conjunto de nuestros llamados "Poderes Públicos" .
Respecto del primero de los grupos catalogados por el Juez de Instrucciòn, en el Auto se reconoce que "aquellos 300 que accedieron al inmueble lo hicieron sin autorización debida, entendiendo que lo hicieron sin la del titular de las viviendas ya que no se deduce otro sujeto que pudiera darla"; aunque, a continuación, rizando el rizo añade diciendo que "esta afirmación, no obstante,tampoco se puede realizar de manera categórica ya que solo consta –según la denuncia- que accedieron a elementos comunes del inmueble, no a alguna de sus piezas". Y haciendo doble pirueta con tirabuzón vuelve a apostillar el Auto : " Esa entrada tampoco sería definitiva para calificar los hechos como delito ya sería dudosa la concurrencia de la nota de permanencia exigida por la Jurisprudencia (SAP Sevilla 6.9.01, 20.3.01, ...). Esa permanencia solo podría afirmarse si a algunas de esas personas, concretamente identificadas, se les pudiera atribuir la condición de “gestores” a la que se ha hecho mención, cosa que en estos momentos no resulta posible y en la que difícilmente se podría avanzar en la instrucción".
Y cabe preguntarse, ¿Que relevancia tiene el hecho de que solo okupasen "elementos comunes del inmueble y no alguna de sus piezas", cuando el artículo 245.2 habla claramente de inmueble, vivienda o edificio ?
Y, aunque no hubiera podido probarse la permanencia, del grupo de los llamados "gestores", teniendo en cuenta que, según el Auto, son quienes facilitan el acceso a los actuales okupantes, y que el Código Penal en su artículo 28 considera autores no solo a "quienes realizan el hecho por si solos conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento", sino también a "quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y a los que "cooperan a su ejecuciòn con un acto sin el cual no se habría ejecutado", ¿ Como pueden ser exluidos de cualquiera de estas clases de autoría" ?
El problema deriva pués de la falta de identificación cuando pudo hacerse. Es decir en los primeros momentos de la okupaciòn. Pero sobre este tema el juez no dice ni pio, eludiendo así las responsabilidades de quien debiò hacerlo y no lo hizo..
Rizando una vez mas el rizo, y en un alarde de prestidigitación jurìdica, con la aparente intenciòn de quitarse de encima la patata caliente del desalojo, el juez, en su Auto, considera la okupaciòn de los considerados okupas no gestores como "debidamente autorizada" por los llamados okupas "gestores", aun cuando considere a estos como posedores "sin título" y de mala fé ( sin buena fé, dice el auto ). ¿ Como un poseedor sin título y de mala fé y que, además ha dejado de serlo ( por la declarada provisionalidad de su posesión ), puede autorizar "debidamente" a otro a okupar lo que ya no posee o ha dejado de poseer de hecho desde ese mismo momento?. Porque si aún sigue poseyendo ¿Donde está la supuesta provisionalidad en la posesiòn; en base a la cual se le exonera de responsabilidad?
¿Olvida acaso el juez que el artículo 245.2, considera punible, no solo la ocupaciòn de un inmueble "sin autorizacion debida", sino tambien el mantenerse en el mismo "contra la voluntad del titular"?
Pues no. Y a justificar por qué, a su juicio, tampoco es aplicable a los okupas actuales está última figura dedica la parte final y mas compleja de su Auto.
Y el argumento para ello, consiste en el hecho de que, "tampoco el titular se ha puesto en contacto con los ocupantes; ni tan solo lo ha intentado". Con lo cual, el Auto da a entender que, no aparece, por tanto, clara su oposición a la okupaciòn.
¿ Cómo interpreta, entonces, la denuncia, en virtud de la cual el juez ha conocido formalmente los hechos ? ¿Acaso hay que interpretarla como una conformidad con la okupaciòn? ¿ Y como interpreta la actitud de los okupantes, quienes una vez han conocido la existencia de dicha denuncia, persisten en la okupaciòn ?
Pués bien, sobre tan elementales cuestiones no se pronuncia el Auto.
El juez, sin embargo, considera en su Auto que, el hecho de que once de los pisos que existen en el edificio okupado, correspondan al propietario denunciante, no es relevante, toda vez que existen dos bajos, uno destinado a local y otro a vivienda y doce plazas de parking de los cuales no consta el propietario o poseedcor, sin cuya denuncia y manfiestaciòn expresa "que afirme que los ocupantes se encuentran en el lugar sin su autorización, contra su voluntad y produciéndole un perjuicio" no cabe, a su juicio, aplicar el tipo penal, alegando además que la "indefinición en cuanto a la titularidad de esos otros departamentos del edificio"... "entre otras cosas, impediría saber a quien ha de retornarse la posesión".
A ello se añade, según el auto, el hecho de tratarse de un edificio aún en construcciòn, con un 93,78% ejecutado; por lo cual para llevar a cabo su finalización y obtener la licencia de primera ocupaciòn, requeriría el consenso de los otros propietarios desconocidos del que carece el denunciante. Así como tambièn el hecho de que en esos departamentos mencionados, que no son propiedad de los denunciantes "son también utilizados por personas desconocidas, quizá por las del primer grupo a que se ha hecho referncia, los que desde una orientación mas política/reivindicativa gestionan el resto de los pisos". Lo que parece deducir del hecho de que "en uno de los bajos se han instalado varios ordenadores y se utiliza como sala de reuniones y actos conjuntos. En otro de los bajos se ha instalado una emisora de radio. En los parkings se ha instalado un taller de bicicletas y un almacén. En el terrado de la casa, zona aparentemente de uso común, se ha instalado un huerto o similar".
Resulta sorprendente que con semejantes sospechas, el juez, siga manteniendo su interpretaciòn favorable a unos y otros okupas y no haya acordado una mas exhaustiva investigaciòn para confirmar lo que parece una obviedad, y proceder en consecuencia.
Además de lo anterior el juez entiende que "la denunciante no ha ofrecido una versión clara sobre sus intenciones inmediatas respecto de los pisos objeto de autos". Y de todo ello "deduce que la situación real en la que se encuentra la finca objeto de autos y, en particular, las unidades respecto de las que se ha formulado denuncia, es de total indefinición en cuanto a su destino actual o inmediato: se desconoce el tiempo que la finca se encuentra sin destino concreto, esto es, en qué momento se paralizó su construcción; no consta que los actuales propietarios de los pisos objeto de denuncia estén realizando respecto de ellos algún tipo de actuación que denote su interés actual en darles un destino; en particular, no consta que esos propietarios se hayan puesto en contacto con los desconocidos propietarios de las otras unidades del edificio para finalizar las obras de construcción. Ni tan solo consta que la propiedad de esas otras unidades no sea una propiedad discutida".
Para terminar concluyendo que "en estas circunstancias, siguiendo la jurisprudencia expuesta, ha de afirmarse que ni los ocupantes de los pisos ni aquellos que les han proveído de ellos han realizado un ataque penalmente relevante al propietario de dichos pisos, justificándose así el archivo arriba anunciado".
Y por último, teniendo en cuenta que "las medidas innominadas de protección a los perjudicados que recoge el art13. LECR, entre las que podría encontrarse el desalojo interesado, tienen como requisito previo la existencia de un procedimiento penal en el que se estén practicando diligencias. Ello ya no se da en el caso de autos, en virtud del archivo que se acaba de fundamentar, por lo que no procede acordar dicho desalojo".
De esta manera remite a los propietarios a los "medios ordinarios establecidos por la Ley, a través de los procedimientos civiles o, en su caso, administrativos, para hacer valer sus derechos".
Medios ordinarios que como cualquiera sabe, gracias a la agilidad resolutiva de nuestra justicia, pueden implicar, como en otros casos, que el desalojo se produzca meses o años mas tarde. Y mientras tanto los okupas, gestores y okupas usufructuarios podrán, todos ellos, usar y abusar a sus anchas, gratis total, de todo un edificio prácticamente acabado.
¿Quien responderá en caso de incendio , lesiones o daños producidos como consecuencia de la okupaciòn, durante el tiempo de duración de la misma ? ¿ Quien pagará las costas judiciales en caso de que, como es previsible, finalmente los okupas resulten condenados por los tribunales civiles o administrativos ?
¿Por que se exige a los propietarios una licencia de primera ocupaciòn y a los okupas se les permite vivir con todos los servicios en un edificio que aún no la ha obtenido ?
No cabe duda que con unas leyes como las que tenemos ; con una policía inoperante siguiendo instrucciones políticas, y con una actitud meramente protocolaria y formalista de fiscales y jueces que derivan en unas resoluciones judiciales como la comentada, podemos asegurar, sin mucho temor a equivocarnos, que para los okupas este es el país de Jauja.
Publicado por Nerjeño en martes, noviembre 08, 2011
OKUPACIONES SIN FRENO Y CUESTA ABAJO
Recientemente el Diario "La Vanguardia", se hacía eco de la okupación de una vivienda, cuyas circunstancias ponen de manifiesto, una vez más, la increíble desverguenza con que actúan los okupas en nuestro país, fruto de la tremendas facilidades e impunidad de que gozan , y como esa sensación de impunidad va calando día a día entre la gente sin escrúpulos, hasta estremos insospechados.
La noticia comentaba una historia cuyos antecedentes se remontaban a finales de 2009. Poco antes una anciana, hasta entonces residente en su piso de la calle de Alfonso XII número 776 de Badalona, se había ausentado del mismo para irse a vivir con su hija Monserrat, debido a su avanzada edad.
En esa fecha, según cuenta La Vanguardia, una vecina, en un increible alarde de sinceridad y desverguenza, le había manifestado a Monserrat, su intención de ocupar el piso ;porque, según decía, lo quería para un hijo que estaba a punto de casarse”.
Poco después se produjeron varios intentos de colarse por la ventana del patio de luces y por la puerta de entrada del piso. Ante ello su hija hizo públicos los intentos de okupación y diò cuenta de lo sucedido a los Servicios Sociales del barrio de San Roc, quienes, a través de una mediadora, consiguieron llegar a un pacto tácito con el patriarca de la familia okupa para que abandonase su propósito.
Sin embargo, el 18 de octubre de este año recibió una llamada telefónica alertándola de que el inmueble había sido definitivamente ocupado, como efectivamente pudo comprobar.
Al formular la denuncia ante los Mossos de Escuadra,y sugerir la posibilidad de dar de baja los suministros de agua y luz, fué informada por estos de que si lo hacía, podrian ser acusados de un delito de coacción.
En cambio y mientras tanto los okupas, quienes no parecían mostrar temor alguno, además de hacer uso del mobiliario y ajuar existente en la vivienda y tener acceso a la intimidad de su propietaria, quien conservaba en la misma enseres personales y recuerdos de toda la vida como álbumes fotogràficos familares y otra documentación, disfrutaban y se aprovechaban , sin coste alguno, de todos los servicios, que tenía que sufragar la anciana propietaria con su magra pensiòn de 526 Euros mensuales.
Una vez realizada la denuncia y siguiendo el protocolo oficial, los Mossos de Escuadra se personaron en el domicilio okupado, consiguiendo identificar a una persona que se encontraba en su interior en ese momento, quien, después de ser citada para ser oida en declaraciòn no compareciò; ante lo cual, siguiendo igualmente el protocolo establecido, los Mossos, procedieron, sin más, a concluir el atestado y remitir lo actuado al Juzgado de Instrucciòn n 5 de Badalona.
Y mientras tanto a la propietaria víctima de la okupación no le queda otra que esperar que la Justicia se digne resolver y a que los políticos que salgan de las urnas en las próximas elecciones generales, tengan la bondad de corregir tan aberrante situaciòn.
Al menos y es todo un detalle de agradecer, el popular Alcalde de Badalona, Javier García Albiol, tildado en ocasiones de "facha" por los llamados "indignados" ha levantado su voz contra semejante injusticia clamando por algo en lo que que desde el inicio de este Blog llevamos exigiendo; consistente en una reforma urgente de la insufrible legislaciòn actual, que facilite el rápido desalojo de los okupas e impida la impunidad con que actúan y el reconocimiento jurídico de las exorbitantes prerrogativas de que en realidad disfrutan, sin más título para ello que la ilegal okupaciòn de la propiedad inmueble.
Ya va siendo hora de que algún político se arremangue y se muestre contundente, ante el increible crescendo de okupaciones sin fin que estamos viviendo en los últimos tiempos, y que se contempla con tan preocupante como sonrojante pasividad por la mayor parte de la clase política, cuando no con delectación.
Ahora solo falta que su "jefe" recoja el guante , plasme esta reivindicaciòn en el programa electoral de su partido y después cumpla su promesa y haga cumplir lo legislado . Si así fuese cuenten con mi voto.
Publicado por Nerjeño en domingo, octubre 30, 2011
OKUPAS HOSPITALARIOS
Tanta impunidad ante este izqierdoso invento de las okupaciones, tan de rabiosa actualidad, gracias al llamado movimiento de "indignados", está resultando contagiosa y su rápida extensiòn, podría terminar por convertirse en epidemia, si nuestras autoridades gubernativas y judiciales continúan tocando el violòn en lugar de ponerse manos a la obra para arbitrar procedimientos que permitan rapidez y eficacia, para el desalojo de las garrapatas okupas y unas normas que sancionen contundentemente estas conductas para evitar las repetidas recidivas.
Tanta facilidad para okupar y tanta impunidad para los okupas está permitiendo que veamos florecer novedosas y originales okupaciones; a cada cual mas grotesca. En esta ocasiòn le ha tocado ejercer de victima al sistema hospitalario. Aunque no parece que en esta ocasión se trate de un indignado del 15 M, dada la ubicua e indiscriminada actividad okupa de quienes se amparan tras dichas siglas, tampoco seria de extrañar.
Según cuentan el Diario "El Mundo" y el diario "ABC", en su ediciòn de Sevilla, un paciente que se encontraba hospitalizado en el Hospital Juan Ramón Jimenez de Huelva se ha negado a abandonar la habitaciòn tras haber sido dado de alta, de una intervención quirúrgica ; y así lleva mas de cuatro meses en la habitaciòn individual a la que ha sido trasladado para evitar que se extienda el "contagio",recibiendo todos los servicios, comida incluida, sin que la vía de diàlogo abierta con el mismo y con su familia haya conducido a ninguna parte.
Agotadas la vía de la negociaciòn, y segun dicha noticia, la direcciòn del centro ha acudido a la vía judicial, que con su proverbial parsimonia, aún no ha dicho ni pio, por el momento; por lo que el okupa sigue tan feliz con su okupaciòn, cuyo alojamiento a cuerpo de rey pagamos entre todos.
Así que ya lo saben, cuando la lista de espera les desespere, declárense indignados, entren el el hospital que mejor le parezca y okupen la primera cama vacía que encuentren. Tal como están las cosas, lo mas probable es que, en lugar de ponerle una camisa de fuerza o darle una patada, allí donde Berlusconi suele mirar a las hembras de buen ver que pasan a su lado , terminen por ingresarlo, darle una habitaciòn individual con vistas al mar o a la montaña y u operarlo o atenderlo preferentemente . No vaya a ser que se les muera allí mismo o sufra cualquier daño y termine la Dirección del Centro procesada por Omisión del deber de socorro.
Sea como sea, lo cierto es que la noticia no ofrece mucha mas informaciòn, ya que la fuente de la misma procede exclusivamente del propio centro hospitalario; quienes se han amparado en el secreto profesional y en el derecho a la intimidad del okupa para no facilitar mas detalles; por lo que será preciso su seguimiento para conocer todos los entresijos que puedan explicar tan extraña como duradera okupaciòn .
Publicado por Nerjeño en viernes, octubre 28, 2011
INMERSIÓN LINGÚÍSTICA EN CATALUÑA : MENTIRAS Y GORDAS
Resulta digno de análisis el pollo político-mediático que se ha montado tras la publicación del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, instando a los poderes públicos de Cataluña a adoptar las medidas precisas para dar cumplimiento a lo establecido por la Sentencia de la Sección IV de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo 6628/2010 de fecha 9 de diciembre de 2010. Especialmente cuando en su día esa misma sentencia, cuyo incumplimiento,ahora, simplemente se recuerda, pasó mediáticamente desapercibida, sin el mas mínimo cacareo del gallinero político.
Pero lo mas sorprendente, es que no solo los polìticos catalanistas hayan puesto el grito en el cielo, al ver judicialmente criticada su excluyente e inconstitucinal política de inmersiòn lingüística, inexplicablemente tolerada hasta el momento y sentirse obligada a rectificarla, para adecuarla al mandato constitucional, sino que, incomprensiblemente, desde el propio Gobierno de la Naciòn, ahora eufemísticamente llamado "Gobierno de España" se han alzado voces criticando la inapelable sentencia del Tribunal Supremo, y defendiendo, por contra, el modelo lingúistico de Cataluña que aquella insta a rectificar. Y resulta curiosa que esta confluencia de los nacionalistas catalanes y de los ministros mas pro nacionalistas ( dos gallegos y una catalana ) del Gobierno de la Naciòn, llamando de forma mas o menos velada a la insumisión contra la sentencia, confluya a su vez con los planteamientos de la ultraizquierda que se declara insumisa judicial (1 , 2 )
Pero resulta que el Auto del Tribunal Superior de Justicia que ha organizado semejante escandalera nacionalista y semejante aquelarre de declaraciones victimistas, amenzantes y falaces, tanto por parte de miembros de las instituciones catalanas como de alguno de los mas conspicuos miembros del propio Gobierno de la Naciòn, no ha hecho otra cosa que recordar el imcumplimiento del fallo de una sentencia del Tribunal Supremo, que no ha sido recurrida en su día, y que por otra parte no ha hecho otra cosa que aplicar, haciendo suya, como no podía ser de otra manera, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cooficialidad de las lenguas; doctrina que, por cierto, recoge profusamente en sus fundamentos de derecho reconociendo de aplicación general, el caracter vehícular en la enseñanza, tanto del Castellano, lengua oficial del Estado, como de las lenguas propias oficiales de cada Comunidad Autónoma que, como tales, hayan sido reconocidas en su respectivos Estatutos de Autonomía. Algo que la sentencia del Tibunal Supremo, cuyo incumplimiento motiva al Auto, origen de la escandalera, deja claro que no se cumple en Cataluña, en un claro distanciamiento del espíritu y hasta de la letra de nuestra Constituciòn.
Si repasamos la historia de Cataluña desde el año 1978 hasta nuestros días, comprobamos la existencia por parte de los políticos nacionalistas catalanes, incluidos todos los partidos de izquierdas del mismo ámbito y otros de ámbito nacional, de un proyecto político secesionista de medio-largo plazo, con el visto bueno cómplice de los sucesivos gobiernos nacionales, cuyos objetivos, hasta ahora, van cumpliéndose paso a paso de forma inexorable, tanto jurìdicamente como de facto. Y resulta que esta sentencia del Supremo y las que le han seguido y seguirán, y ese Auto del Tribunal Superior de Justicia instando a su cumplimiento en un plazo perentorio, constituyen un torpedo en la línea de flotaciòn de ese proyecto, que pasa por la lengua como vehìculo tanto de identidad nacionalista como de exclusiòn y sometimiento de quien no se identifique con dicha ideología separatista. Y por su caracter medular, esa sentencia está poniendo al descubierto, claramente , la hipocresía de quienes ahora se desmelenan, obviando que la Constitucion constituye el cordón umbilical de las autonomías, y que estas sin aquella no son nada; A menos que, en un régimen democrático como el nuestro, se pretenda hacernos pasar, como ya se hiciera con el franquismo , por la trampa saducea consistente en pasar de la Ley a la Ley saltándose la Ley ( Constituciòn ) y con ella la voluntad de los ciudadanos, secuestrada durante el franquismo.
Para velar que ello no suceda, y como no podía ser menos en un Estado Democrático y de Derecho , nuestra Constitución estebleciò un sistema de división de poderes, atribuyendo a jueces y Tribunales la interpretaciòn y aplicaciòn de las Leyes y demás normas jurìdicas, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado y al Tribunal Constitucional, la interpretaciòn de la Constituciòn , la defensa de los Derechos Fundamentales y la resolución de los conflictos de compentencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre si. Algo que desde algunos miembros de otros poderes, tanto estatales como autonómicos, y a juzgar por sus declaraciones, ahora se niegan abiertamente a respetar, justificando su negativa con maniobras de distracción, medias verdades o directamente con clamorosas mentiras, para tratar de ganar, mas tiempo para sus inconstitucionales e ilegales políticas de hechos consumados mientras los tribunales resuelven con la lentitud acostumbrada. ¡ Cuanta similitud con la forma de actuación okupa !
Pero pasemos a analizar, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , la Sentencia del Tribunal Supremo de la que aquel constituye un mero incidente de ejecuciòn de la misma y la doctrina del Tribunal Constitucional, para comprobar como las declaraciones que se están realizando y las incitaciones a la insumisiòn y con ello a la secesiòn de facto, están basadas en una sarta de obviedades, medias verdades o clamorosas mentiras. Y gordas. Y es que lo que subyace a tanta declaraciòn de indignación nacionalista es ni mas ni menos que no se atraven a decir claramente lo que piensan: Que tanto el Tribunal Constitucional, como el Supremo, y las leyes en que se basan, son tribunales y leyes ajenas a Cataluña, y por ello susceptibles de no ser reconocidos ni acatadas sus mandatos y decisiones.
Los hechos tienen su origen en una resoluciòn de la Consejería de Educaciòn del Gobierno de Cataluña de fecha 2 de mayo de 2006 denegando la solicitud de un ciudadano español residente en Barcelona para "que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relaciòn al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que toda las comunicaciones, ciriculares y cualquier otra documentaciòn, tanto oral como escrita, dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado"; Con el fin de que para que dos hijos suyos, uno de ellos estudiante de 2º de ESO en el centro docente SIL y otro de 3º de primaria en el centro docente del CARME, puedan ejercer dichos derechos constitucionalmente reconocidos y hasta entonces denegados .
Uno de los argumentos de la citada resolución de la Consejería de Educacion era que " de acuerdo con la ley 1/1998 de 7 de enero de política lingúistica, la lengua vehícular en la enseñanza es el catalán".
" Artículo 20.1 : El catalán, como lengua propia de cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos".
"Artículo 21.1 El catalán debe utilizarse normalmnte como lengua vehícular y de aprendizaje enla enseñanza no universitaria".
Citando igualmente, en apoyo de su argumentación la "sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994"
Interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra dicha resoluciòn, el ciudadano reclamante obtuvo una sentencia desfavorable. Ante la cual, nadie, ni siquiera el propio ciudadano recurrente protestó por ello ni amenazó con desacatar la sentencia. Símplemente se limitó, en ejercicio de su Derecho a recurrir el fallo jujdicial en casaciòn ante el Tribunal Supremo; recurso en el que la Generalidad ha intervenido alegando lo que tuvo por conveniente; si bien en ésta ocasiòn, el Tribunal Supremo fallò en su contra, sin que dicho fallo fuese recurrido ante el Tribunal Constitucional.
En el enjuiciamiento del recurso de Casaciòn contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que acogía los argumentos de la Generalidad, el Tribunal Supremo, en el fundamento jurìdico quinto de su sentencia fijó el objeto de la controversia a decidir en los siguientes términos :
"Se trata por tanto de decidir si la Resoluciòn recurrida es conforme a Derecho, en tanto que sostiene que le lengua vehícular de la enseñanza no univesitaria es el catalán; y ello de conformidad tanto con los artículos 20.1. y 21.1. de la Ley 1/1998 del Parlamento de Cataluña como de acuerdo con la Sentencia que cita del Tribunal Constitucional 337/1994. O si por el contrario, y como expresa la pretensión ejercitada, debe reintroducirse el castellano como lengua vehìcular en la enseñanza en Cataluña, ya que tal como ha quedado configurado el sistema educativo en esa Comunidad Autonoma no goza de esa condición".
Tras una prolija argumentación en la que analizó, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas cooficiales y en particular la alegada sentencia 337/1994 y la mas reciente, 31/2010, ( Fundamentos Jurídicos 14 y 24 ) sobre la constitucionalidad de determinados artículos del Estatuto de Autonomía de 2006 y su correcta interpretaciòn acorde con la Constitución, terminó por examinar si la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, erró cuando declaró que " normativamente el castellano no ha sido excluido como lengua vehicular y docente en la enseñanza no univversitaria ni tampoco en la práctica, si bien la lengua enpleada prioritariamente es el catgalán y alcanzó esa conclusiòn afirmando que la prueba de ello era que determinadas matiras se imparten en castellano".
A la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional analizada y de los hechos probados, la sentencia del Tribunal Supremo considera errónea y no ajustada a derecho la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por varias razones :
1ª.- Por cuanto considera probado, por la propia Resoluciòn de la Consejería de educaciòn, antes vista, que considera que, en Cataluña, "la lengua vehicular de la enseñanza es el Catalán" .
2 .- Por el informe de la Inspecciòn educativa, que "niega categóricamente que el castellano sea lengua vehícular de la enseñanza" y que incluso, "en la primera enseñanza, que comprende la educaciòn infantil y el primer ciclo de la enseñanza primaria, la misma no se imparte en la lengua materna sino que se utiliza el sistema de atención individualizada en lengua castellana que es algo bien distinto del derecho a recibir esa educaciòn en su lengua habitual", como dicen las leyes.
3 .- Porque en "los Decretos vigentes 75,95 y 96 de 1992, modificados, los dos ùltimos por el Decreto 223/1992, y el 96/1992 por posteriores Decretos 127/2001 y 179/2002" (...) "se afirma que le lengua vehìcular de la enseñanza es el Catalán, de modo que el conocimiento del castellano se realiza como materia de estudio y no como lengua vehícular ".
4.- Porque en el propio proyecto lingüístico del centro Escuela del Carmen, al que acudía uno de los hijos del recurrente, puede leerse "garantizamos que la lengua catalana es la lengua vehícular de enseñanza y de la comunicaciòn de nuestra escuela".
5 .- Por lo que establece el Decreto 142/2007 de 26 de junio, que establece la ordenaciòn de las enseñanzas de la educaciòn primaria, y en cuyo artículo 4 define a la lengua catalana como el eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe y declara que : " El catalán, como lengua propia de Cataluña, será utilizado normalmente como lengua vehicular de la eneseñanza y aprendizaje y enlas actividades internas y externas de la comunidad educativa" (... ), añadiendo que " (...) "el proyecto lingüístico establecerá pautas de uso de la lengua catalana para todas las personas miembros de la comunidad educativa y garantizará que las comunicaciones del centro sean en esa lengua"
De todo ello, el Tribunal Supremo en su sentencia concluye que " normativamente se excluye al castellano como lengua vehicular, y, es obvio, que no tiene esa condición por el hecho de que determinadas materias se imparten en castellano, como es la lengua y literatura castellana. Desde ese punto de vista el castellano queda reducido a lengua de estudio, pero no es lengua vehicular o docente. Y tampoco es cierto teniendo en cuenta lo que se acaba de afirmar que el catalán sea la lengua empleada prioritariamente sino que normativamente se la considera como única a tenor de la Ley 1/1998 que expresamente no menciona al castellano".
Y teniendo en cuenta esos hechos y la doctrina del Tribunal Constitucional declarada en su sentencia 31 /2010 sobre el Estatuto Catalán de Autonomía aprobado en 2006, en cuyos fundamentos jurídicos 14 y 24, reproduce toda la doctrina constitucional anterior sobre la cuestiòn lingüística declara estimado el Recurso y nula la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acordando en consecuencia en su fallo lo siguiente :
"Ha lugar al recurso de casación núm. 793/2009, interpuesto por la representación procesal de D. Feliciano Sánchez López frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Sección Quinta, de cinco de diciembre de dos mil ocho, pronunciada en el recurso contencioso administrativo núm. 485/2006, deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por D. Feliciano Sánchez López, en nombre de sus hijos, Lucía y José, estudiantes de 2º de ESO en el centro docente SIL, y 3º de primaria en el centro docente Escola del Carme,respectivamente, para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite que casamos, y declaramos nula y sin ningún valor ni efecto.
Estimamos el recurso contencioso administrativo núm. 485/2006 interpuesto por la representación procesal de D. Feliciano Sánchez López y deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por D. Feliciano Sánchez López, en nombre de sus hijos, Lucía y José, estudiantes de 2º de ESO en el centro docente SIL, y 3º de primaria en el centro docente Escola del Carme, respectivamente, para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular
de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite, que anulamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano".
Tras la callada por respuesta dada por la Generalidad, obligada al cumplimiento del fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, encargado de la ejecución de la Sentencia, mediante Providencia de 22 de junio de 2011, y con carácter previo a la resolución de las cuestiones suscitadas por la representación de la parte actora en el correspondiente incidente de ejecución de sentencia, quiso conocer el estado en que se hallaba la ejecución de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en fecha 9 de diciembre de 2010, para lo cual, se requirió directamente a la Consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña para que, en el improrrogable plazo de diez días, informara de las concretas medidas adoptadas para su cumplimiento, habiendo evacuado el requerimiento mediante escrito -y documentación adjunta- presentado en fecha 13 de julio de 2011, con el resultado que obra en las actuaciones.
A dicho requerimiento, en un desvergonzado escrito, la Consejería de Educación Catalana, respondía al mismo diciendo :
(...) "para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria es necesario continuar con el actual modelo educativo, no permitiendo el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana el cambio del modelo educativo actual si se quieren garantizar los mismos resultados que en la actualidad".
Ante semejante tomadura de pelo, y tras mas de ocho meses desde que fuera dictada la Sentencia del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, con fecha 28 de julio de 2011, emitía un Auto, instando al cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo en cuyo fundamento jurídico 4º parte del cual sería recogido en su parte dispositiva decía :
" Dada la complejidad que para la Administración de la Generalidad puede suponer el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Supremo en la sentencia de constante referencia, en cuanto afecta a un ámbito especialmente sensible de la sociedad catalana como es el modelo educativo, este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, acuerda establecer el plazo máximo de dos meses para que por la Consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña se adopten cuantas medidas estime precisas “para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, debiendo, transcurrido el referido plazo, informar al Tribunal de las adoptadas, con las consecuencias legales que su incumplimiento puede suponer en los términos del artículo 112 de la Ley Jurisdiccional ".
Ante una mas que fundada sentencia y su Auto dictado en ejecuciòn de la misma, y tras más de cinco años en que la Generalidad ha estado incumpliendo flagrantemente la Constición, las declaraciones hipócritas victimistas, mendaces, amenazantes, chulescas e insumisas protagonizadas tanto por políticos del Gobierno de la Naciòn, como del Gobierno y Parlamento Catalán, resultan verdaderamente indignantes, para todos aquellos que todavía queremos creer que un verdadero Estado de Derecho es posible en ese zapateril "concepto discutido y discutible" llamado España desde tiempo de los Reyes Católicos.
Las reacciones públicas al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por ende a la sentencia del Tribunal Supremo, por parte del orondo Ministro de Justicia, y el sesteante ( 1, 2 )Ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno de la Nación, constituyen una burla, no solo al Tribunal Supremo, sino a todos los Españoles a quienes representan.
Según Europa Press, el Ministro de Justicia ha dicho venido a decir que :
1º.- "la Justicia no da ultimatums" sino que "dicta sentencias" que responden a "casos concretos y puntuales"
2º.- Los jueces "juzgan casos" y no las leyes del Parlamento catalán, una acción que, como ha indicado, "solo hace el Tribunal Constitucional".
3º.- El Tribunal Constitucional "reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza y lo dijo en una sentencia " .
4º.- "Las leyes del Parlamento catalán desarrollan esa sentencia" . "lo que dicen las leyes de Cataluña, que son constitucionales, es lo que vincula a todos".
5º.- "En ningún caso" se puede "dar el salto y generalizar" este hecho "al sistema de cooficialidad lingüística"
Pues bien, el Ministro del Justicia miente, en tanto en cuanto, como licenciado en derecho y como Ministro de Justicia, sabe o debería saber, que no dice toda la verdad y nada más que la verdad
1.- Es verdad que la Justicia no da ultimatums, sino que dicta sentencias. Pero no es menos cierto, que toda sentencia lleva implícito un "últimatum" en caso de incumplimiento de su fallo, consistente en el recordatorio de las inexorables consecuencias que las leyes establecen en tal caso; Y ello por que a los jueces y tribunales compete no solo la potestad de juzgar, sino también la de hacer ejecutar lo juzgado.
2.- Es verdad que los jueces juzgan casos y no las leyes del Parlamento Catalán. Pero no es menos cierto que, las Leyes del Parlamento Catalán y sus normas de desarrollo, deben someterse a la Constitución y las Leyes; y que esas normas de desarrollo de las leyes del Parlamento Catalán si pueden ser enjuiciadas por el Tribunal Supremo, y que las del Parlamento Catalán ya han sido enjuiciadas por el Tribunal Constitucional en el sentido que recoge la sentencia del Supremo objeto de su crítica. .
3.- Es verdad que El Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia, que el catalán puede ser la lengua vehìcular de la enseñanza. Algo que por otra parte la Sentencia del tribunal Supremo no niega .Sin embargo es igualmente cierto,, que la sentencia para nada cuestiona semejante doctrina del Tribunal Constitucional; sino que se limita, como hace igualmente el Tribunal Constitucional ( algo que el Ministro calla ) a exigir que el castellano o español, sea tambien, como lengua del Estado y por tanto cooficial, lengua vehícular de la enseñanza en Cataluña y no una mera asignatura más, como ocurre en la actualidad, según constata la citada Sentencia del Tribunal Supremo .
4.- Es verdad que , las leyes del Parlamento Catalán desarrollan esa sentencia a que alude el Ministro, y que las leyes de Cataluña que sean constitucionales vinculan a todos, en su
ambito territorial; pero no es menos cierto que la legalidad de las leyes de Cataluña deriva de la legalidad de su Estatuto de Autonomía y la de éste, a su vez, de la Constituciòn Española. Y no es menos cierto, que el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010 ( a la que el Ministro ni los nacionalistas aluden ) sobre la Constitucionalidad de determinados artículos del Estatuto de autonomía catalán de 2006 declaró inconstitucionales ( fundamentos jurídicos 14 y 24 ) determinados artículos de dicho estatuto relativos al uso de las lenguas, cuando su interpretación conduzca a negar al Castellano la condiciòn de lengua vehícular de la enseñanza en Cataluña.
5.- Resulta de una hipocresía que raya en la burla decir, como hace el Ministro, que "En ningún caso" se puede "dar el salto y generalizar" este hecho "al sistema de cooficialidad lingüística" cuando resulta evidente, por haber sido reconocido por la Propia Generalidad que el castellano no es lengua vehícular de la enseñanza en Cataluña y que el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, interpretativa del Estatuto de Cataluña, consideró inconstitucional y por tanto nula de pleno derecho, cualquier interpretaciòn que pretendiese mantener el catalán como única lengua vehìcular en la enseñanza en Cataluña. Por lo que el salto lo ha dado ya el Tribunal Constitucional en su citada sentencia interpretativa, cuya doctrina hace suya la Sentencia del Tribunal Supremo cuyo fallo aún no ha sido cumplido tras mas de ocho meses desde que fuera dictado, y después de mas de cinco años de incumplimiento de utilizaciòn del Castellano como lengua vehìcular de la enseñanza sin que nadie haya alzado la voz en su favor, ni indemnizado a las víctimas por la privación de su Derecho, ahora reconocido por el Tribunal Supremo.
¿ Y para esto pagamos los españoles un Ministro de Justicia y un Gobierno de la Nación ?
Pués por si eso, y las declaraciones de la Ministra de Defensa ( Catalana para mas señas y cuyo partido, que lidera, reniega de la Bandera ( 1 )que juraron defender los soldados a sus órdenes ) diciendo que, "los socialistas catalanes defendemos y defenderemos el sistema educativo de inmersión lingüística" fueran poco, el portavoz, gallego, del Gobierno de la Nación, José Blanco vuelve a mear fuera del tiesto, remontándose a la Ley reguladora del modelo de normalizaciòn lingüística de Cataluña aprobada en 1983 por el Parlamento Catalán, para decirnos que estableciò un modelo de normalizaciòn lingüística "muy parecido al que impulsó y promoviò en Galicia el expresidente Fraga" ; que " fué aprobada sin un voto en contra, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y ha funcionado muy bien como vehículo de integraciòn a lo largo de estos años" , apostando por " no utilizar las lenguas como instrumento de confrontación y divisiòn, y menos comoinstrumento político en tiempo electoral" . ¿Cabe mas hipocresía y mas desverguenza ? ¿ Es ésta es su forma de respetar y acatar las sentencias de los Tribunales ?
Tal vez, por no haber terminado la carrera de Derecho, el sesteante portavoz del Gobierno, parece olvidar que al tanto al Tribunal Supremo y al ciudadano como al ciudadano de a pié, respetuoso con las leyes, le importa un pepino que el modelo de normalizaciòn lingústica catalán haya sido aprobado por mas o menos votos o que se parezca mas o menos al implementado por el ex-presidente Fraga en Galicia; pues en un Estado de Derecho, lo verdaderamente importante para el ciudadano y para cualquier juez o tribunal decente, es que, los derechos reconocidos en la Constituciòn Española, sean respetados por las leyes derivadas de la misma, como lo son las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, y sus normas de desarrollo y que dichos derechos sean restaurados cuando sean conculcados; justo como ha hecho la sentencia del Tribunal Supremo y el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictado en ejecución de aquella y que ha desatado las iras nacionalistas y el malestar de algunos miembros del Gobierno de la Naciòn.
En cuanto al "aval" del Tribunal Constitucional a ley de 1983 a que se refiere el Ministro Portavoz, no lo fué nunca para negar al Castellano la condición de lengua vehicular en la enseñanza, como lengua oficial del Estado, que es lo que ha venido haciendo y pretende seguir en ello la Generalidad, sino que dicho Tribunal declaró expresamente inconstitucional y nulo cualquier interpretación de las leyes catalanas que pretendan desterrar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza; que es, entre otras cosas lo que ahora exige que se cumpla, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictado en ejecuciòn de la sentencia del Tribunal Supremo .
Después de esa encendida defensa de las leyes lingüísticas catalanas, en contra de lo que sostiene la sentencia del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Constitucional ( sentencia 31/2010 ) y de haber escuchado la sarta de declaraciones nacionalistas incitando a la insumisiòn, ¿ A quien se dirige Blanco cuando hace esa exhorataciòn a no utilizar las lenguas como instrumento de confrontacion y división, y menos como instrumento político en tiempo electoral ? .
Después de todo lo dicho, respecto a las declaraciones de conspicuos miembros del Gobierno de la Nación las declaraciones de los nacionalistas no merecen ni siquiera comentario pues se comentan por si solas, como puede verse en los siguientes enlaces ( 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ) . Y menos respeto aún, cuando incitan a la comisión de actos ilegales como los protagonizados durante la celebración de la Díada, sin que los cuerpos de Seguridad catalanes, al igual que ocurriera con los cuerpos de seguridad nacionales respecto a los actos de los llamados indignados, muevan un dedo para evitarlos o para detener a sus autores.
¿Como podemos fiarnos los ciudadanos de unos políticos que cargan contra las sentencias judiciales en lugar de hacerlo contra los delincuentes ?
¿ Como podemos fiarnos de unos desconocidos y supuestos "indignados" que ante semejantes atentados contra el Estado de Derecho, permanecen mas mudos que Rubalcaba ante la vergüenza del "Faisan" ?
¿ Son unos y otros los mismos indignados ?
¿ Como hemos podido los ciudadanos poner a semejantes "zorras" a cuidar nuestras gallinas ?
Y ante tanta indignación impostada, sin que los originarios "indignados" callejeros hayan dicho ni pio, yo pregunto como aquel anciano de un remoto y desahabitado pueblo español, protagonista de un antiguo anuncio publicitario : ¿ Y ZP que opina de esto ? ¿ y el Ministro de Educación ? ¿ y el candidato Alfredo Ppunto ? ¿ y que opinan los indignados callejeros ? Sorprende que mientras una legiòn de monosabios salen al ruedo a desgastar al toro de la lengua, los primeros espadas permanezcan sospechosamente silentes e inmóviles, esperando que otros les hagan la faena y el trabajo sucio, dejándoles el toro listo para el descabello y para salir en hombros sin tener que mancharse de sangre la taleguilla .
Ante tantas mentiras y tan gordas, cada día es mas cierta la histórica y lapidaria frase del candidato AlfredoPPunto : "Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad" ¡ AMEN !.
Publicado por Nerjeño en lunes, septiembre 12, 2011

References: artículo 245
 artículo 245
 artículo 28
 artículo 245
 resolución 
 resolución 
 Artículo 20
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 109
 artículo 112