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Timestamp: 2018-12-15 07:25:47+00:00

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﻿ Sentencia 1995-08001 de octubre 9 de 2014
SENTENCIA 1995-08001 DE 09 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:PERJUICIO OCASIONADO POR ACTIVIDAD PELIGROSA- TÍTULO DE IMPUTACIÓN. SIN IMPORTAR QUE EN LA CAUSACIÓN DE DAÑO HUBIERA INTERVENIDO EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PELIGROSA O DE RIESGO EXCEPCIONAL, LO CIERTO ES QUE DE PROBARSE EL INCUMPLIMIENTO EN EL CONTENIDO OBLIGACIONAL POR PARTE DE LA ENTIDAD DEMANDADA QUE SE CONSTITUYA EN LA CAUSA EFICIENTE DEL MENOSCABO ALUDIDO, EL ESTUDIO DEL CASO CONCRETO EN ESPECÍFICO DEBE SER DESARROLLADO CONFORME AL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON EL FIN DE SEÑALAR EL ERROR COMETIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA PREVENIR QUE SE VUELVA A INCURRIR EN EL MISMO, ASÍ COMO PARA EVIDENCIAR LA POSIBLE REPETICIÓN QUE PUEDA INTENTAR EL ESTADO CONTRA EL FUNCIONARIO QUE LO OCASIONÓ CON CULPA GRAVE O DOLO, LO QUE EN ÚLTIMAS IMPLICA QUE EL TÍTULO OBJETIVO RESULTARÍA DESPLAZADO POR EL FUNDAMENTO SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD, SIN QUE SEA FACTIBLE LA APLICACIÓN DE AMBOS PARA SUSTENTAR UNA DECISIÓN DE RESPONSABILIDAD CUANDO SE INVOCAN DEL MISMO HECHO DAÑOSO, PUESTO QUE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL SUPONE UNA ACTUACIÓN PELIGROSA PERO LÍCITA, MIENTRAS QUE LA FALLA DEL SERVICIO IMPLICA UNA CONDUCTA CONTRARIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ASIGNADOS POR LA LEY, ES DECIR, UNA ACTUACIÓN U OMISIÓN ILÍCITA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDAD PELIGROSA
Sentencia 1995-08001 de octubre 9 de 2014
SECCIÓN TERCERA - “SUBSECCIÓN B”
Actor: Pedro Matías Campos Pava y otros
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2004, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será revocada con fundamento en los siguientes antecedentes y consideraciones.
5. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.
6. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:
6.1. Respecto de la investigación penal adelantada por la fiscalía y por el Juzgado Treinta y Cinco de Instrucción Penal Militar, cuyo objeto consistió en el esclarecimiento de los hechos en que ocurrió la muerte del señor Germán Campos Hernández, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
6.2. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo, aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación, si las dos partes solicitan su traslado o el mismo se da con la anuencia de ellas, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que las pruebas pertinentes hagan parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).
6.3. De esta manera, toda vez que la parte demandante pidió que se allegara al sub lite la investigación de índole penal señalada(3), y teniendo en cuenta que las pruebas obrantes en dichos procesos se surtieron con audiencia de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por lo que en ningún caso podría alegar su desconocimiento(4), la totalidad de los medios probatorios obrantes en esos trámites serán susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna.
6.4. En todo caso, cabe destacar que en relación con los medios probatorios que fueron trasladados de los procedimientos aludidos, las declaraciones que hubieran sido recibidas bajo la gravedad de juramento podrán ser apreciadas libremente por esta Corporación, toda vez que se trata de pruebas testimoniales recogidas con la rigurosidad exigida por los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil(5).
6.5. Obra en el plenario la declaración que rindió ante la fiscalía el señor Reinaldo Campos Hernández, en el marco de la investigación penal iniciada por el homicidio de Germán Campos Hernández. Toda vez que se trata del hermano del occiso y parte demandante de este proceso, dicho testimonio no podrá ser apreciado —a pesar de que en el proceso penal fue practicado bajo la gravedad de juramento—. Lo anterior es así, comoquiera que al ser integrante de la parte demandante en el presente asunto, no es factible tener su dicho como una declaración de tercero sino como declaración de parte, cuyas finalidades consisten en la obtención de una confesión y por consiguiente, en caso de resultar relevantes, sólo podrán ser estimadas en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas a los confesantes o que favorezca a la parte contraria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.
6.6. La parte actora aportó declaraciones extrajuicio con la finalidad de hacerlas valer como prueba en este proceso; no obstante, no resulta admisible dar valor probatorio a dichos documentos por cuanto hacerlo desconocería lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil.
Con el fin de allegarlos a un proceso, podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas, con citación de la parte contraria en la forma prevista en el artículo 318 y en los numerales 1º, 2º y 3º del 320.
6.7. Ciertamente no se pueden valorar las declaraciones ante notario, máxime cuando estas no se rinden bajo la gravedad del juramento de conformidad con el artículo 227 de la misma norma.
6.8. Si bien la Ley 1395 de 2010(6) modificó el artículo citado, lo cierto es que en la nueva disposición se mantiene la garantía para la contraparte de realizarse la recepción del testimonio con su audiencia.
7.1. El 20 de febrero de 1993, aproximadamente a la 1:00 p.m., en la vereda El Cedral, inspección de Vegalarga, municipio de Neiva, afuera de la casa del señor Álvaro Amariles, se encontraba sentado, en compañía de un par de amigos, el labriego Germán Campos Hernández. Mientras departían en una mesa que momentos antes había sido ocupada por otras personas que se acababan de retirar de allí, se presentó un grupo de aproximadamente 10 o 12 hombres, quienes vestían prendas militares y disparaban indiscriminadamente contra la población civil. En el momento en el que escucharon la detonación de armas de fuego y se percataron de que los disparos se dirigían hacia ellos, los campesinos salieron corriendo hacia el lado opuesto —hacia la ribera del río Fortalecillas— tratando de salvaguardarse de las balas. Sin embargo, Germán Campos fue alcanzado por varios proyectiles, uno de los cuales le causó la muerte. Momentos después, el grupo de uniformados que portaba armas de largo alcance, recorrió las calles de la vereda preguntando dónde se encontraba la guerrilla y se retiraron del área en un vehículo de uno de los pobladores, automotor que posteriormente abandonaron en las afueras de Vegalarga (comunicado suscrito por la Junta de Acción Comunal, fl. 21, testimonios de Ubaldo Forero, fls. 126-131, Educardo Barragán Reyes, fls. 133-137, cdno., José Rosel Álvarez González, fls. 111-112, Álvaro Amariles, fl. 154, Lucas García Narváez, fl. 157, Jorge Eliecer Rodríguez Sarmiento, fl. 158, José Eduardo Sanchez Pulido, fl. 159 y Pablo Vallejo Camelo, fl. 161, entre otros, acta de levantamiento de cadáver, fl. 147, certificación de la Inspección de Policía de Vegalarga fl. 177, protocolo de necropsia, fl. 181, e informe Nº 830 rendido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, fl. 174, cdno. 1).
7.2. Momentos previos al asalto, había presencia en el lugar de un grupo guerrillero a quienes los pobladores denominan “los muchachos”. Estos se encontraban reunidos con un empleado —chofer— de la empresa “Postobón” y minutos antes habían ocupado la misma mesa en la que después se sentaron Germán Campos y sus amigos. Los insurgentes salieron corriendo del casco urbano instantes antes de que llegaran los uniformados (testimonios de Ubaldo Forero, fls. 126-131, Educardo Barragán Reyes, fls. 133-137, cdno., José Rosel Álvarez González, fls. 111-112, Álvaro Amariles, fl. 154, Lucas García Narváez, fl. 157, Jorge Eliecer Rodríguez Sarmiento, fl. 158, José Eduardo Sanchez Pulido, fl. 159 y Pablo Vallejo Camelo, fl. 161, entre otros).
7.3. Los dos acompañantes del occiso resultaron heridos, pero sobrevivieron por haber logrado esconderse en la orilla del río Fortalecillas. Al cesar el fuego regresaron a la comunidad en donde se decía que se trataba del grupo “únase” del gobierno (testimonios de Ubaldo Forero, fls. 126-131, Educardo Barragán Reyes, fls. 133-137, cdno., José Rosel Álvarez González, fls. 111-112, Álvaro Amariles, fl. 154, Lucas García Narváez, fl. 157, Jorge Eliecer Rodríguez Sarmiento, fl. 158, Jose Eduardo Sanchez Pulido, fl. 159 y Pablo Vallejo Camelo, fl. 161, entre otros).
7.4. El señor Germán Campos Hernández no se encontraba armado (testimonios fl. 130 y ss., cdno. 1).
7.5. En la zona no había presencia de paramilitares (testimonios fl. 130 y ss., cdno.1).
7.6. El 10 de marzo de 1993, la Fiscalía Seccional Doce Previa y Permanente ordenó la práctica de varias diligencias tendientes a esclarecer los hechos en los que se produjo la muerte del señor Germán Campos Hernández, ocurrida el 20 de febrero de 1993 (auto visible a fl. 150, cdno. 1).
7.7. Como resultado de la investigación realizada por la fiscalía, se pudo establecer que días antes del insuceso, el Ejército Nacional había tenido conocimiento del hurto de un vehículo de la empresa Postobón y la exigencia de una suma de dinero por parte de los autores del ilícito, ante lo cual decidió enviar una misión encubierta a Vegalarga para capturar a los responsables. Así lo certifica un oficio de las Fuerzas Militares dirigido el 18 de febrero de 1993 a la fiscalía que investigaba el hurto del mencionado camión:
Una vez en conocimiento del hecho ilícito de hurto de un vehículo a la empresa de gaseosas Posada Tobón del Huila y de la exigencia por la fuerza de una suma elevada de dinero, se dispuso la operación para capturar a los responsables, recuperar el automotor y normalizar el orden público alterado así:
1. El Batallón Tenerife, envió un personal de inteligencia a cubierto a la Inspección de Vegalarga, con la misión de entregar a nivel de simulación la suma de cinco millones de pesos a que se contraía la exigencia. No hubo contacto y por consiguiente no se produjeron resultados. Tiempo de acción quince y treinta (15:30) horas del 4 de febrero de 1993.
2. Apoyaban al grupo de contacto, unidades del Batallón de Contraguerrillas Los Panches en la zona de Palacio; sus actuaciones siguieron a las del grupo inicial. No se localizaron los bandoleros.
3. Se impartieron órdenes permanentes de observación y búsqueda y una vez se presenten hechos ciertos se informará a esa fiscalía.
7.8. El 28 de septiembre de 1993, la fiscalía remitió las diligencias al Juzgado Treinta y Cinco de Instrucción Penal Militar de la ciudad de Neiva por competencia funcional tras considerar que el ilícito al parecer fue cometido por unidades de la Novena Brigada del Ejército, grupo Los Panches (fl. 178, anverso-180, cdno. 1).
7.9. El 11 de octubre de 1993, el Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar avocó el conocimiento del procedimiento penal y el 4 de octubre de 1995, decidió abstenerse de abrir investigación penal contra miembros pertenecientes a la Novena Brigada y concretamente a los integrantes del Batallón Los Panches y ordenó el archivo de las diligencias, por considerar que (providencia del 4 de octubre de 1995, proferida por el Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar, fls. 187 y 190-195, cdno. 1):
Se aprecia de la prueba testimonial allegada que la afirmación por los testigos presenciales de los hechos dan cuenta que se trató de grupo armado que vestían prendas de la Policía Nacional y botas de caucho, afirman además que en la zona opera el XVII frente de las FARC y son los mismos declarantes quienes afirman que para esa época no había tropa en dicha zona puesto que es la primera vez que ocurren hechos como el aquí investigado y en ningún momento se señala ni con nombre ni por su vestimenta a miembros del Ejército Nacional y no se puede abrir investigación contra estos, por el solo decir que utilizaban términos militares los cuales usa la guerrilla para engañar a los ciudadanos… Es por esta razón que equivocadamente y sin fundamento alguno el Técnico Judicial que conoció estas Preliminares afirmas cosas que no se consignaron en el testimonio del señor MARCELINO SOTO debiéndose archivar las presentes diligencias absteniéndose el despacho de abrir investigación y en caso de que apareciere prueba que señale algún miembro militar se abrirá la correspondiente investigación penal.
7.10. Germán Campos Hernández era hijo de Graciela Hernández y Pedro Matías Campos Pava y hermano de Reynaldo Campos Hernández (registros civiles de nacimiento fls. 15-18, cdno. 1).
7.11. Germán Campos Hernández realizaba una actividad productiva en la finca en la que habitaba con sus padres, hermano, compañera permanente y dos hijos (testimonios Jorge Eliécer Restrepo, fl. 164, Ubaldo Forero, fl. 129, Educardo Barragán Reyes fl. 135 y ss. cdno. 1).
8. La Sala debe establecer si el daño demandado le resulta imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, para lo cual se impone establecer, con fundamento en el material probatorio correspondiente, si la conducta que ocasionó el daño fue cometida por miembros del ejército o si fue perpetrada por terceros. Se debe en todo caso determinar si el daño le es atribuible jurídicamente al Estado.
8.1. De hallarse probado que el daño es imputable a la fuerza pública, deberá establecerse si los uniformados emplearon de manera excesiva y desproporcional la fuerza en relación con la conducta observada por la víctima, o si el daño se produjo en el marco del riesgo conflicto.
9. Se encuentra debidamente demostrada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en la muerte del señor Germán Campos Hernández, como consecuencia de un “estallido craneoencefálico por proyectil arma de fuego”, la cual se produjo el 20 de febrero de 1993 al recibir varios disparos por parte de un grupo de uniformados (ver párrafo 7.1 y necropsia, fl. 183, cdno. 1).
10. En cuanto a la imputabilidad del daño a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la Sala precisa que no obstante se ha destacado la libertad del operador judicial para acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia vigente(7), no se debe perder de vista que la utilización de dichos títulos obedece a diferentes aspectos fácticos que deben encontrarse demostrados, e implica una aproximación distinta a la atribución jurídica del deber de reparar que se puede radicar en cabeza del demandado.
10.1. Ciertamente, al invocarse el fundamento objetivo de riesgo excepcional en eventos en que se desarrolla una actividad peligrosa o por el uso de una cosa peligrosa —como el empleo de armas de fuego—, no se entra a calificar la conducta del ente demandado(8), sino que el daño que se causa por la concreción de un riesgo debe ser reparado por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro a pesar de no haber incurrido en error o falla alguna, surgiendo de dicho vínculo la responsabilidad y debiendo estar acreditados todos los elementos constitutivos de la misma, es decir, no basta con que esté probada la existencia de un daño antijurídico, sino que también se debe llevar al juez a la certeza suficiente sobre la conducta riesgosa desplegada por el ente demandado y el nexo causal entre estos dos.
10.2. Ahora bien, sin importar que en la causación del daño hubiera intervenido el desarrollo de una actividad peligrosa o de riesgo excepcional, lo cierto es que de probarse el incumplimiento en el contenido obligacional por parte de la entidad demandada que se constituya en la causa eficiente del menoscabo aludido, el estudio del caso concreto en específico debe ser desarrollado conforme al título de imputación de falla en la prestación del servicio, con el fin de señalar el error cometido por la administración para prevenir que se vuelva a incurrir en el mismo(9), así como para evidenciar la posible repetición que pueda intentar el Estado contra el funcionario que lo ocasionó con culpa grave o dolo, lo que en últimas implica que el título objetivo resultaría desplazado por el fundamento subjetivo de responsabilidad, sin que sea factible la aplicación de ambos para sustentar una decisión de responsabilidad cuando se invocan del mismo hecho dañoso, puesto que la teoría del riesgo excepcional supone una actuación peligrosa pero lícita, mientras que la falla del servicio implica una conducta contraria al cumplimiento de los deberes asignados por la ley, es decir, una actuación u omisión ilícita. De manera similar, la Sala de esta Subsección ha aclarado:
11. En cuanto a la imputabilidad del daño mencionado a la parte demandada, se debe tener en cuenta que la sentencia de primera instancia indicó que el caso concreto debía abordarse bajo la óptica del riesgo excepcional. Si bien, se podría pensar viable dicha postura, esto es, analizar la responsabilidad extracontractual y patrimonial de la entidad demandada con fundamento en títulos objetivos de imputación como lo es el utilizado en la sentencia consultada, al comprobarse que el sub judice trata en rasgos generales de una muerte ocasionada con un arma de fuego de dotación oficial —ver párrafos 7.3 y 7.4, y nota 4—, conviene precisar que dicho criterio de imputación presupone que el daño demandado se hubiere concretado únicamente por el despliegue de un riesgo o peligro efectuado de manera lícita(10), apreciación dentro de la cual no resulta lógicamente compatible observar la presencia de falla alguna por parte de la administración, por cuanto de ser así, la responsabilidad debe deprecarse con fundamento en éste último título de imputación. En este sentido, se ha señalado:
En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados accidentalmente con el uso de armas de fuego, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional(11); en efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el DAS, o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos.
En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales incurrió la Administración y se constituye en un juicio de reproche(13) (resaltado del original)(14).
10.3. Teniendo en cuenta lo expuesto y partir del análisis probatorio que se efectúa en esta instancia, la Sala considera que, si bien es cierto, los hechos que dieron origen al presente asunto ocurrieron en el marco del conflicto armado interno y que por tanto sería factible su estudio a partir del título de imputación de responsabilidad conocido como riesgo conflicto, también lo es, que la muerte de Germán Campos Hernández no se originó por la simple concreción de un riesgo para los civiles, creado por el Estado en cabeza de la entidad demandada, sino que por el contrario, se encuentra acreditado que el menoscabo se derivó de una actuación ilegal desarrollada por los miembros del ejército que participaban en la persecución de un grupo guerrillero en la jurisdicción de Vegalarga, en incumplimiento de las cargas obligacionales asignadas a la entidad a la que se encontraban vinculados, esto es, al Ejército Nacional, por lo que en realidad debe hablarse de responsabilidad a título de falla del servicio.
10.4. En relación con la manipulación de armas de fuego en situaciones en las que los funcionarios del Estado se encuentran legitimados para tal efecto —por una amenaza cierta, real y efectiva—, esta Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado:
En consecuencia, si bien el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como el último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño a las personas, pues la razón de ser de las autoridades no es otra que la de proteger a todos los residentes en Colombia “en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” (C.P., art. 2º). Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas(15).
10.5. De lo anotado se desprende que indudablemente los miembros del Estado autorizados para portar armas de fuego, deben hacer uso de las mismas en el marco del respeto de la dignidad humana –—C.P., art. 1º(16)— y de los derechos fundamentales, en especial la vida, por lo que sólo pueden utilizar la fuerza cuando ello sea estrictamente necesario y están facultadas para hacerlo con el objeto de asegurar la captura para que el presunto infractor del orden jurídico sea conducido ante las autoridades judiciales competentes. La fuerza pública debe, pues, escoger dentro de los medios eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes.
10.6. En definitiva, en un Estado Social de Derecho como el nuestro, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación, evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal entidad que sólo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien jurídico —la vida, en este caso de las víctimas o de los uniformados—, pues de lo contrario se estaría frente al caso de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, proscritas por el ordenamiento jurídico interno y censuradas en el ámbito internacional de los derechos humanos(17).
10.7. Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real —no hipotética— para que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Todo lo demás, desborda el limitado espacio que brindan las normas disciplinarias y penales a los agentes del orden. Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete la responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.
10.8. De otro lado, se debe tener en cuenta que ante la existencia de una contraposición de hipótesis que llegue a ser develada de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, ésta debe ser resuelta por el juzgador empleando los postulados de la sana crítica normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(18), y definida por la jurisprudencia de esta Corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(19) y en virtud del cual, “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(20). Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial(21).
10.9. Asimismo, cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(22), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o del sentido comúnmente admitido(23). Al decir de Taruffo, “(…) si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (…). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(24).
10.10. Con respecto a las dudas expresadas por el a quo con respecto a la autoría del daño por parte del Ejército Nacional, la Sala considera que existen en el plenario suficientes pruebas que indican que el homicidio de Germán Campos Hernández fue perpetrado por fuerzas regulares del Estado quienes confundieron al civil con un guerrillero, tal como pasa a verse:
10.10.1. Los testigos presenciales Ubaldo Forero, Educardo Barragán y Álvaro Amariles, agricultores del lugar, afirman que:
Llegamos al Cedral y ahí habían unos muchachos de esos guerrilleros que les decimos por allá y el chofer de Postobón según como que se llama Manuel Chacón, ellos, el finado Germán Campos Pava se quedó ahí en el Cedral, nosotros le decíamos Pava, con mi hermano Hernando Forero y yo me fui para el puesto de salud…como no estaba la enfermera yo me vine de para arriba, y cuando iba de para arriba, estaba el muchacho de Postobón conversando con dos muchachos ahí. Llegué al Cedral otra vez y nos convidaron a Germán y a mi hermano y nos sentamos en unos asientos, en una mesa ahí afuera, donde el finado Álvaro Amariles cuando de pronto miré para arriba y miré que iban los guerrilleros, los muchachos como le decimos nosotros, salieron corriendo para arriba, por la carretera arriba… Estábamos en eso cuando de pronto escuchamos que traquiaba (sic) de lado y lado, yo miraba para arriba y para abajo y no miraba nada, de pronto se me dio por mirar al frente cuando mire que eso traquiaba (sic) y apenas sacaban tierra de los pies de las balas que nos echaban, plomo ventiao (sic), y entonces yo voltié (sic) a mirar y cuando sentí fue que me pegó como algo en la pierna… y estaba un muchacho que nos echaba plomo, y uno de ver que no le gritan alto ni nada, yo me levanté y salí corriendo, sucesivamente mi hermano y Germán se levantaron también, pero mi hermano ya llevaba una esquirla de lo que le habían pegado en una pierna, el finado Germán, dicen que ya llevaba un tiro en el brazo, eso fue un susto muy tremendo. … Cuando salí al camino miré que iban subiendo unos uniformados de Policía, miré unos, en todo caso uniformados de verde… (testimonio de Ubaldo Forero).
Éramos amigos, trabajábamos juntos en agricultura, sembrando frijol y maíz. Él y yo nos encontrábamos en el Cedral. Estábamos ahí con Ubaldo Pulido y el finado Germán, entonces dijimos camine vamos a timar (sic) tinto, nos acercamos a una mesita de una tiendita donde venden tintos, estaba yo tomándome el tinto cuando me llamó Eliécer Rodríguez para un negocio, entonces estábamos ahí conversando cuando oí unos tiros y voltiamos (sic) a mirar para la mesa donde estaban los que estaban tomando tinto, cuando vi que el señor Germán salió corriendo… estábamos ahí cuando llegó el Ejército y nos rodió (sic), rodió (sic) la casa de Eliécer, entonces nos dijeron manos arriba ninguno se mueve, entonces estuvimos ahí quietos, entonces salieron por ahí debajo de la casa de Eliécer el Ejército y eso buscaban ahí a los que habían salido corriendo para las playas del río, nosotros nos estuvimos ahí quietos, por ahí abajo botaron unas bombas contra la playa del rio y de ahí volvieron y salieron y de por ahí abajo cogieron un carro… PREGUNTADO: Las personas a quienes Ud. llama del Ejército como estaban vestidas? CONTESTÓ: las mismas prendas que carga el Ejército… cargaban fusil… eran por ahí unos diez… PREGUNTADO: díganos si es frecuente que en la región donde ocurrieron los hechos que están siendo narrados por Ud. con frecuencia se ven personas armadas que pertenecen al Ejército o a la guerrilla? CONTESTO: si por allá se pasa el Ejército, esta uno trabajando cuando llega el Ejército y de los otros también pasan por ahí a ellos les dicen los muchachos, a los de la guerrilla PREGUNTADO: que lo lleva a Ud. a distinguir cuando esta ante personas armadas en la región donde Ud. vive que estos son miembros del Ejército o son de los muchachos de la guerrilla? CONTESTO: si, porque ellos, los muchachos llevan prendas de policía, ellos llegan a una casa y uno a veces se resavea (sic) porque a veces dicen son del Ejército, y porque en la guerrilla van mujeres, y los zapatos son botas de caucho. Los del ejército llevan camuflao (sic), atigrao (sic). …los guerrilleros pasan frecuentemente por ahí y ya se les conoce la cara, y en cambio el Ejército ellos no mantienen frecuentemente por ahí, diario. PREGUNTADO por favor indique si esas personas que usted señala como miembros del Ejército fueron las que le dieron muerte a Germán CONTESTÓ: Sí señor, fue del Ejército (testimonio de Educardo Barragán Reyes).
Él (Germán Campos) estaba ahí en el negocio, sentado en una mesita que queda en la parte de afuera en el corredor. Él estaba con dos muchachos más, uno era Ubaldo Pulido Forero y el otro es Hernando Forero. Pues a mí me consta que llegaron unos señores armados, eran un promedio de unos diez u once, ellos portaban prendas militares vestidos de policía con botas de caucho portando, pero no se de armas, pero creo que eran Galil, ellos salieron de la parte de abajo, ellos salieron del lado del puesto de salud más o menos y dispararon contra los tres señores que habían ahí, que eran los que ya mencioné, ellos llegaron y le dispararon a los pies, dispararon unos poquitos y ellos pues se asustaron, los muchachos que estaban ahí sentados, y salieron corriendo y allá en la playa a la orilla del río cayó Germán porque unos pocos de los tipos armados lo siguieron y por la parte de abajo del río le dispararon y lo mataron. De ahí los tipos llegaron y requisaron las dos casas, la de Floralba Rodríguez y la mía, ellos estaban preguntando por la guerrilla, decían que dónde estaba la guerrilla, que para donde se habían (sic). Ellos duraron ahí unos cuarenta minutos y después se fueron en un carro de don José Sánchez. (…) Los tipos armados después de matar a Germán mandaron a sacar a la carretera a todos los de las casas y preguntaban dónde estaba la guerrilla, requisaron las casas… PREGUNTADO: díganos si las intenciones de estos sujetos eran las de dar muerte a Germán Campos o si por el contrario venían era en busca de la guerrilla como ellos mismos dijeron. CONTESTÓ: Iban era en busca de la guerrilla. Lo que pasó fue que minutos antes de estar ahí sentados estos tres muchachos había estado ahí la guerrilla, eran tres guerrilleros los que estuvieron ahí, sentados en la misma mesa, como eso es un negocio estuvieron tomando ahí gaseosa y después se fueron y como a los quince minutos fue que aparecieron los otros tipos armados. PREGUNTADO: díganos si las tres personas que Ud. Menciona que eran guerrilleros se encontraban armados o por qué motivo dice Ud. Que eran guerrilleros. CONTESTÓ: porque como ellos se la pasaban para arriba y para abajo, ellos iban armados con revolver. PREGUNTADO: díganos si el señor Germán Campos pertenecía a algún grupo guerrillero o si era informando (sic) del Ejército. CONTESTÓ: No, era trabajador (testimonio de Álvaro Amariles).
10.10.2. El informe del CTI de la fiscalía concluyó que el señor Germán Campos Hernández “al parecer fue asesinado por el grupo de contraguerrilla Los Panches que participó en el operativo de simulación de la entrega de un dinero por la extorsión hecha a Postobón por la Guerrilla, por el secuestro de uno de sus camiones” (fl. 174, cdno. 1).
10.10.3. El proceso penal en la etapa de investigación fue remitido por competencia y avocado el conocimiento por la justicia penal militar.
10.10.4. La Sala considera que se encuentra acreditada la falla del servicio del Ejército Nacional, por cuanto, en medio de un operativo perpetrado por una fuerza especial antiguerrilla denominada Los Panches, cuya finalidad era capturar a los insurgentes que estaban extorsionando a la empresa Postobón o a sus empleados, se confundió a un campesino de la vereda con un insurgente y se le disparó causándole la muerte y los consiguientes daños que aquí demandan.
10.11. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad al examinar las pruebas(25). Es así como esta Corporación en sentencia de Sala Plena de Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 expresó(26):
Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad(27). Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.
7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.
7.4.2. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.
10.12. Con observancia del marco normativo y jurisprudencial señalado, y del acervo probatorio obrante en el expediente se advierte que la fuente material del daño soportado por el señor Germán Campos Hernández, al resultar muerto en el desarrollo de un operativo de persecución, fue la actuación asumida por los miembros del Ejército Nacional adscritos a la Novena Brigada del Batallón Tenerife de Neiva, quienes en el ejercicio de la misión encomendada persiguieron por error al hoy occiso por cuanto éste emprendió la huida al darse cuenta de que los disparos iban dirigidos hacia él. Lo anterior se constituye en criterio de la Sala en una grave afectación del libre ejercicio de derechos de los ciudadanos, lo que permite la imputación jurídica del daño al Estado y a su vez, permite dilucidar que los agentes respectivos actuaron en incumplimiento de sus deberes legales y constitucionales.
10.13. De esta manera, guarda toda relación con la razón y los hechos demostrados, la conclusión a la cual arriba esta Corporación, consistente en encontrar responsable a la entidad demandada por los daños ocasionados a quienes integran la parte actora en este proceso, razón por la cual revocará la sentencia absolutoria proferida en la primera instancia y condenará al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a indemnizar a las víctimas del fatal error que generó la muerte de Germán Campos Hernández.
11. En la demanda se solicitó la cantidad equivalente en pesos al valor de 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes, padres y hermano de la víctima. En este punto la Sala dará aplicación a la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación(28) en cuanto la indemnización de los perjuicios inmateriales por muerte de una persona:
Regla general en el caso de muerte Relación afectiva conyugal y paterno-filial Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil. Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Equivalencia en SMLMV 100 50 35 25 15
11.1. Pues bien, atendiendo los parámetros anteriores y como en este caso se encuentra acreditado, con la aportación de los respectivos registros civiles de nacimiento, que Pedro Matías Campos Pava y Graciela Hernández son los padres del señor Germán Campos Hernández y que Reinaldo Campos Hernández es hermano de este último, la Sala, teniendo en cuenta los topes sugeridos por esta Corporación para estos eventos, accederá al reconocimiento del perjuicio deprecado. Por lo tanto, por concepto de perjuicios morales la Sala ordenará indemnizar a los actores así:
Pedro Matías Campos Pava 100 salarios mínimos MLV.
Graciela Hernández 100 salarios mínimos MLV.
Reinaldo Campos Hernández 50 salarios mínimos MLV.
12. No se reconocerán perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por cuanto no se acreditó que los demandantes dependieran económicamente del señor Germán Campos Hernández. Por el contrario, quedó acreditado que el occiso tenía compañera permanente y dos hijos, lo que permite a la Sala inferir que sus ingresos eran destinados a dicho núcleo familiar y no a sus padres y hermano. De hecho, observa la Sala que el señor Reinaldo Campos Hernández, hermano del fallecido, para el momento de los hechos contaba con la edad de 32 años —toda vez que nació en 1960—, por lo que se entiende que se encontraba en edad productiva y por lo tanto en capacidad de auto sostenerse.
13. En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente no encuentra la Sala acreditado en el expediente ninguna erogación a cargo de la parte actora. En la demanda se solicita la indemnización por concepto de gastos funerarios y de honorarios de abogado, sin embargo, no se llegó al plenario la prueba que permita establecer que efectivamente los actores incurrieron en dichos gastos. Por tal razón la Sala negará la pretensión relacionada con este concepto.
14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
REVOCAR la sentencia del 16 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión y, en su lugar, se dispone:
1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la muerte del señor Germán Campos Hernández, en la vereda el Cedral-inspección de Vegalarga-municipio de Neiva, el 20 de febrero de 1993.
2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar:
Por concepto de perjuicios morales, los siguientes montos:
Pedro Matías Campos Pava 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Graciela Hernández 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Reinaldo Campos Hernández 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
4. Por secretaría ENVIAR copia de la sentencia a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la posibilidad de abrir o reabrir una investigación por los hechos y juzgar a los responsables.
5. No condenar en costas.
6. Cumplir lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
8. En firme este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
1 En la demanda se estimó el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales a favor de cada uno de los demandantes, en el equivalente a 4.000 gramos oro, es decir, en la suma de $ 43.164.000 para el momento de presentación del libelo introductorio, el 16 de febrero de 1995. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1995 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 9.610.000.
2 Una síntesis de la evolución y estado actual de esta jurisprudencia puede verse en la sentencia del 11 de septiembre de 2013, Sala Plena de la Sección Tercera, Consejo de Estado, expediente 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), actor: Maria del Carmen Chacón y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
3 La petición probatoria referenciada puede ser apreciada a folio 11, cuaderno 1.
4 En la medida en que la Justicia Penal Militar hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, debe entenderse que la parte demandada no puede alegar el desconocimiento ni la imposibilidad de controvertir las declaraciones rendidas ante sus autoridades de Instrucción Penal Militar. Sobre la posibilidad de valorar las pruebas trasladadas de los procesos penales o disciplinarios en los que la Nación, entendida como persona jurídica, participa en su práctica y valoración, puede consultarse la sentencia del 9 de febrero de 2011, expediente 16.934, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
5 Puede consultarse al respecto la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 11898, actor: José Francisco Montero Ballén, demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional.
6 ART. 12.—Quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración extraprocesal con citación de la contraparte.
7 Al respecto, en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.
8 “Entrando en materia, en la actualidad, cuando se trata de DAÑOS CAUSADOS CON ARMAS PELIGROSAS, el título de la falla presunta lo revaluó la jurisprudencia de esta Sección, enfocándose en el título de riesgo por la actividad peligrosa. Dicho giro ha tenido su origen en las diferencias y en el manejo que ambos títulos jurídicos implican, pues la falla presunta supone respecto de la conducta la sola demostración del hecho dañoso, y quien lo imputa no tiene el deber de acreditar la anomalía (punto diferenciador con la falla probada), pero sí los otros elementos para la configuración de la responsabilidad: daño y nexo causal. Por contraste, el tratamiento de la responsabilidad desde el título objetivo de imputación jurídica, parte respecto de la conducta de su no evaluación o calificación, “tan sólo de la peligrosidad (la relación que existe entre el nexo causal de la actividad peligrosa y el daño)” (nota 2 de la sentencia que se cita: DE CUPIS. Adriano. El daño. Ed. Bosch. Reimpresión por Imprenta Universitaria de Bogotá. 1996, pág. 716); dicho título se deriva en el origen del riesgo que asume quien, por voluntad o deber, se atreve a manejar elementos que en su estructura y/o en su actividad conllevan peligro” (resaltado del original). Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 73001-23-31-000-1997-04725-01(15127), actor: Mercedes Herrera y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
9 Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”)”. Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, expediente 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
10 [8] “Como ya se expuso, cuando un daño se produce como consecuencia de la manipulación de un elemento peligroso, como lo son las armas de fuego, sin que medie una conducta reprochable de la Administración, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional, en tanto que el daño constituye la materialización de un riesgo creado lícitamente por el Estado, en desarrollo de las competencias y deberes previstos a su cargo por el ordenamiento jurídico”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.
11 [9] Hasta 1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada —sent., oct. 21/82— con alguna incursión en la presunción de culpa —sent., oct. 24/75, exp. 1631—. Pero en sentencia del 20 de febrero de ese año, expediente 4655, el Consejo de Estado habló de falla del servicio presunta. En tal sentencia se dijo que el actor sólo debía acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y, por su parte, la Administración sólo podía exonerarse de toda responsabilidad si probaba que aunque el daño fue causado por un hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente y diligente, que su actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente, que dé lugar a comprometer su responsabilidad. Posteriormente se consideró que los daños producidos por cosas o actividades peligrosas, como el uso de armas de fuego de dotación oficial, debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad —sents. ago. 24/92, exp. 6.754 y, sep. 16/99, exp. 10922— en el entendido de que la falla sólo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad —sents. jul. 14/2004, exp. 14308; feb. 24/2005, exp. 13967 y; mar. 30/2006, exp. 15441—.
12 [10] Al respecto existen abundantes antecedentes jurisprudenciales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de agosto 19 de 2004, expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; marzo 10 de 2005, expediente 14808, C.P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, expediente 15427, C.P. Ruth Stella Correa.
13 [11] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 e mato de 2013, expediente 410001-23-31-000-1993-07422-01(31850), actor: Marco Tulio Mahecha y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
15 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 14 de 2010, expediente 18692 y sentencia de agosto 23 de 2010, expediente 19127, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
16 La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado Colombiano como Social de Derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa —y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional— que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (C.P., art. 5º), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto PECES-BARBA resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal”, en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sentencia de 17 de junio de 2004, expediente 15208, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
17 Ver: Consejo de Estado, S.S.A., Sección Tercera, sentencia de febrero 11 de 2009, expediente 17318, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en sentencia de la Subsección B de agosto 11 de 2011, expediente 19091, de la misma consejera ponente.
18 “ART. 187.—Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
19 Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, C.P. Delio Gómez Leyva, radicación 8661, actor: Sun Flowers Limitada.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 27946, radicación: 01001-03-26-000-2004(0028)00, actor: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, AEROCIVIL, demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A., C.P. María Elena Giraldo Gómez.
21 “3.1. Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en la elaboración de presunciones, en la apreciación de la prueba con miras a la formación de la convicción del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jurídicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En tratándose de la estimación probatoria, la sana crítica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, “teniendo por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil” (casación nov. 16/99). Dicho sistema de valoración de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, únicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas últimas, aquellos dictámenes hipotéticos de carácter general originados en el saber empírico, a partir de situaciones concretas, pero que, desligándose de éstas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, “aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad que atañe al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio” (casación mar. 24/98). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana crítica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoración de la prueba, éste, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderación de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las máximas de la lógica y las reglas de la experiencia”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de febrero de 2004, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, expediente 7549.
22 En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero <<discrepantes>> o <<contrarios>> entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica.” La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, pág. 141.
23 Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar <<máximas de la experiencia>> que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, pág. 133.
24 TARUFFO Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5º, página 325.
25 [L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.
26 Exp. 05001-23-25-000-1999-00163-01(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
27 En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado históricamente en las zonas rurales. Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, INDH-PNUD, 2011, pág. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, pág. 323 y s; BERRY, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”, en Tierra, Guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Nº 1, volumen 16, junio del 2014, Universidad del Rosario, Bogotá, págs. 7-23.
28 Sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 73001-23-31-0002001-00418-01 (27.709), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

References: artículo 185
 artículo 267
 artículo 195
 artículo 298
 artículo 318
 artículo 227
 artículo 187
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 187