Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/RE-2014/re201400271.html
Timestamp: 2019-03-19 19:23:04+00:00

Document:
rs201401271
RESOLUCION: 271/2014
EXPEDIENTE Nº: 59/2012
PARTES: CORHAT Bolivia S.A. contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPT/URJMJ Nº 002 de 13 de enero del 2012, pronunciada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, hasta mientras se resuelva la acción contencioso administrativa; y el informe de la Magistrada Tramitadora Rita Susana Nava Duran.
CONSIDERANDO: Que por memorial de fojas 23 a 35, CORHART Bolivia S.A. representada por José Evandro Padua Vilela Neto, interpone demanda contencioso administrativa contra el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, Mario Cazon Morales y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luís Alberto Arce Catacora, solicitando en el otrosí cuarto, la suspensión de la ejecución de cualesquier acción de hecho relacionada con los actos administrativos impugnados fundados en la Sentencia Constitucional Nº 0702/2004 de 12 de mayo del 2004, el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, según el cual todos se encuentran constreñidos a garantizar la vocación de continuidad de la relación laboral y el peligro cierto y evidente de que más de 800 trabajadores queden sin fuente laboral.
CONSIDERANDO: Que a efecto de resolver la petición del demandante, se hace necesario hacer las siguientes consideraciones de orden legal:
Que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia Constitucional Nº 0702/2004-R de 12 de mayo de 2004) invocada por el demandante determina, que las resoluciones administrativas en materia aduanera, no pueden ejecutarse mientras este pendiente la resolución de la demanda contenciosa administrativa y esperar que termine esa vía jurisdiccional y adquiera calidad de cosa juzgada para su ejecución, es decir esta jurisprudencia es aplicable a materia aduanera.
Que, el Decreto Supremo Nº 781 de 2 de febrero de 2011, que aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley Nº 060 de Juegos de Lotería y de Azar, relativo al título III Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, Licencias, Autorizaciones y Régimen de Sanciones, de 2 de febrero de 2011, en su artículo 11 del Anexo dispone: “Los actos administrativos que emita la AJ (Autoridad de Juego) y su impugnación, se regirán por la Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo y el Decreto Supremo Nº 27172, de 15 de septiembre de 2003”. Quedando claro que es aplicable al caso de autos las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341 de 23 de abril del 2002).
Que uno de los privilegios con que cuenta la administración es el conocido como de ejecutoriedad, de autotutela ejecutiva o de autotutela administrativa, que significa que la administración puede ejecutar sus actos desde el momento en que se dictan, salvo que una norma establezca lo contrario. Esta cualidad es la que distingue a los actos administrativos de otros actos privados que necesitan del apoyo judicial para su ejecución.
Que, este privilegio esta regulado en nuestra legislación en el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341) que señala: I. Las resoluciones definitivas de la Administración Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso”.
Que el anterior privilegio de ejecutoriedad en la legislación boliviana tiene su excepción en los casos en que se pueda comprobar que se infringe el interés público o evitar grave perjuicio al solicitante, por ello el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341) dispone: “I. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano administrativo competente para resolver el Recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, por razones de interés público o para evitar grave perjuicio al solicitante”.
Que en el presente caso, las anteriores excepciones al principio de ejecutoriedad dispuestas en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341) no son aplicables al proceso contencioso administrativo, al solo poder interponerse en sede administrativa recursiva, tal cual dispone citado artículo al establecer que el órgano administrativo competente para resolver el recurso, podrá suspender la ejecución del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, por razones de interés público o para evitar grave perjuicio al solicitante.
Que en el presente caso la suspensión del acto administrativo no ha sido interpuesta conforme prescriben los artículos 169 y 173 del Código de Procedimiento Civil, por lo que deben ser rechazadas por este tribunal.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad a los artículos 55 y 59 de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341 de 23 de abril del 2002) y 169 y 173 del Código de Procedimiento Civil, RECHAZA la suspensión de acto administrativo interpuesta por CORHART Bolivia S.A. representada por José Evandro Padua Vilela Neto.

References: Resolución 
 artículo 48
 resolución 
 artículo 11
 artículo 55
 artículo 59
 artículo 59