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Timestamp: 2019-03-25 03:41:26+00:00

Document:
as20151L732
AUTO SUPREMO Nº 732/2015-RRC-L
Expediente : Cochabamba 13/2011
Parte Acusadora : Daniel Gonzalo Sarmiento Vera
Parte Imputada : Juan Eddy Calvi Mérida
Por memorial presentado el 7 de enero de 2011 cursante de fs. 176 a 177, Daniel Gonzalo Sarmiento Vera en representación de la Empresa SERVITEC S.R.L. - EMPROCIV S.R.L., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 9 de diciembre de 2010 de fs. 163 a 164 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Juan Eddy Calvi Mérida, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del Código Penal (CP).
a) En mérito a la acusación particular presentada por Daniel Gonzalo Sarmiento Vera (fs. 6 a 7 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 06/2010 de 8 de julio (fs. 102 a 107); por la que, declaró al imputado Juan Eddy Calvi Mérida autor y culpable de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP, condenándolo con la pena de dos años de reclusión a cumplir en la cárcel pública de San Antonio de esa ciudad, con costas y resarcimiento de daños civiles.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Eddy Calvi Mérida interpuso recurso de apelación restringida (fs. 123 a 124 vta.); resuelto por Auto de Vista de 9 de diciembre de 2010 (fs. 163 a 164 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia de la capital, previo sorteo computarizado.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 433/2015-RA-L de 4 de agosto (fs. 185 a 187 vta.), se extrae el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
El recurrente argumenta que el Auto de Vista no se ajusta a los datos del proceso al no haber compulsado los antecedentes de cargo y descargo, afirmando que la Sentencia incumplió los arts. 37 y siguientes del CP; por cuanto, a criterio del recurrente, en el Considerando IV de la Sentencia a momento de imponer el quantum de la pena, tomó en cuenta las circunstancias y personalidad del autor, quien se acogió al derecho al silencio; asimismo, advierte que en el punto B expresamente dejó establecido que el imputado acomodó su conducta al ilícito; por consiguiente, considera que la pena a imponerse debe responder a las circunstancias, el momento del hecho y la personalidad de la gente, que en el presente caso observa la intención de resarcir los daños ocasionados al pedir plazo para la conclusión en la entrega de tubos; en consecuencia asevera, que los preceptos que extrañó el Tribunal de alzada fueron aplicados en Sentencia, reconociendo el recurrente que si bien no se pudo tomar datos sobre la personalidad del autor se debe a que en su afán de evitar subsumirse al delito se acogió a su derecho al silencio; añadiendo que presentó antecedentes penales del condenado que muestran una conducta repetitiva en ese tipo de delitos que se encuentra en Sentencia, mas no en el Auto de Vista recurrido.
El petitorio del recurrente, se circunscribe en solicitar se revoque totalmente el Auto de Vista impugnado.
Mediante Auto Supremo 433/2015-RA-L de 04 de agosto cursante de fs. 185 a 187 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Daniel Gonzalo Sarmiento Vera en representación de la Empresa SERVITEC S.R.L. - EMPROCIV S.R.L., para el análisis de fondo.
El Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba emitió la Sentencia 06/2010 de 08 de julio de 2010, declarando a Juan Eddy Calvi Mérida, autor de la comisión del delito de apropiación indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, con costas y resarcimiento de daños civiles.
Sentencia, que en el acápite referido a la valoración de los elementos de prueba, séptimo Considerando, párrafo sexto, refiere que: “…la pena a imponerse debe responder a las circunstancias y al momento del hecho, la personalidad del agente, como la intención de resarcir el daño ocasionado al pedir plazo para la conclusión y entrega de los tubos, pena que haga procedente el perdón judicial, considerando que en audiencia se habló de la existencia de otros juicios atribuidos al imputado pero no se habría demostrado documentalmente; aspectos considerados para la imposición de la pena privativa de dos años de reclusión” (sic); referencia realizada en la fundamentación de la imposición de la pena.
II.2. Recurso de apelación restringida interpuesta por la defensa.
Por memorial (fs. 123) Juan Eddy Calvi Mérida, presentó recurso de apelación restringida argumentando la falta de personaría del querellante, al tratarse de la Empresa SERVITEC S.R.L. - EMPROCIV S.R.L, la cual debió cumplir con todos los requisitos establecidos por el Código de Comercio para acreditar la personería del querellante, que al no hacerlo no tendría legitimidad activa para recurrir.
Asimismo, denuncia que se interpuso la excepción de falta de acción, la que fue rechazada, actuación no registrada en antecedentes y menos referida en Sentencia; argumenta la falta de comprobación del delito atribuido de Apropiación Indebida, porque el hecho se subsume a un incumplimiento de contrato, forzando una figura penal; denuncia mala valoración de la prueba porque no se la realizó conforme a la sana crítica.
En la Sentencia, se advierte errónea aplicación de los arts. 37 y 38 del CPP, a momento de imponer la pena, si bien se hace referencia a estos presupuestos legales; empero, el Juez a quo no tomó en cuenta las circunstancias y la personalidad del autor.
Presentada la apelación restringida, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 09 de diciembre de 2010, por la que declara procedente el recurso, anulando totalmente la Sentencia y consecuentemente ordena la reposición del juicio, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
En la fundamentación jurídica, el Tribunal de Sentencia resuelve los motivos impugnados; como fundamento toma la Sentencia Constitucional 712/2006 de 21 de julio de 2006, concluyendo que si la parte querellante no acreditó su personería, el recurrente podría aplicar lo previsto en el art. 291 del CPP y no la excepción de falta de acción; razón por la cual, la impugnación no tiene mérito.
De la misma manera concluyó sobre que no se comprobó el delito por tratarse de un hecho civil y al tratarse de un incumplimiento de contrato, porque el recurrente podía interponer la excepción de incompetencia en razón de materia, extremo que no lo hizo. Asimismo, la denuncia de mala valoración de la prueba, el recurrente se limitó a señalar de modo genérico y enunciativo dicho defecto, sin sustentarlo motivadamente, por cuanto la doctrina legal invocada, no tiene ninguna relación con el contenido de la denuncia.
Con relación a la denuncia sobre la errónea aplicación de los arts. 37 y 38 del CP, concibe que, del análisis de la Sentencia, que contiene fundamentación alguna respecto a las atenuantes y agravantes de la pena; no se hizo ninguna enunciación sobre los fundamentos de la imposición de los dos años de reclusión, por lo que en aplicación de la doctrina legal aplicable sentada en el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005 y Sentencia Constitucional 727/2003 de 3 de junio, concluye en la existencia de errónea aplicación de la Ley sustantiva, la que ameritó la anulación total de la Sentencia y la reposición del juicio.
III. DE LA VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LESION DE DERECHOS FUNDAMENTALES
A efectos de ingresar al análisis del caso concreto, este Tribunal asume que es necesario efectuar de manera genérica un desarrollo respecto al sistema de fijación de la pena, siendo pertinente al análisis de la temática planteada a través del presente recurso de casación.
III.1. De la imposición de la pena, requisitos para su determinación, su control y la obligación del Tribunal de alzada.
La imposición de la pena, corresponde a la autoridad sentenciadora, quien previa valoración de las circunstancias probadas en juicio, una vez asumida la convicción de la existencia del hecho, de la participación del o los imputados en él, el grado de participación y por ende su culpabilidad, dicta Sentencia condenatoria, en aplicación de lo dispuesto por el art. 365 del CPP, fijando de forma precisa la sanción que corresponda, para ello, debe realizar un estudio concienzudo de todas las circunstancias que rodean el hecho, vinculándolas de forma objetiva a los autores. Para su determinación, el juzgador, debe sujetarse a los lineamientos señalados en la norma punitiva, relativos a la aplicación de las penas (Libro I, Título III, Capítulo II del CP), tomando siempre en cuenta su finalidad conforme el art. 118.III de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, requiere que se encuentre debidamente fundamentada y motivada (art. 124 del CPP), sólo cumplidas las exigencias legales, la imposición de la pena, demostrará que es producto de un trabajo racional y no del capricho del juzgador.
Este Alto Tribunal, ha sentado amplia doctrina legal y entendimientos respecto a la imposición de la pena, su control y la obligación del Tribunal de apelación cuando evidencia la falta de justificación en la imposición de una sanción privativa de libertad, es así que el Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre señala: “Conforme señala el art. 365 del CPP, se dicta Sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juzgador la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado; al efecto, la autoridad sentenciadora debe fijar con precisión la sanción que corresponda; lo que significa, que la misma debe encontrarse debidamente fundamentada, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que pudieran concurrir, así como los motivos por los que corresponde o no la aplicación de alguna de las modalidades de concurso; pero además, debe aplicar la sanción tomando en cuenta la finalidad de las sanciones privativas de libertad, que se encuentra descrita en el art. 118 parágrafo III de la Constitución Política del Estado (CPE) “ .
En cuanto a la imposición de la pena, este máximo Tribunal de Justicia precisó criterios específicos para la fijación de la pena y el control que debe ejercer el Tribunal superior en grado, estableciendo, en el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero (invocado como precedente contradictorio por el recurrente), la siguiente doctrina legal aplicable: “La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.
La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales.
La doctrina internacional con autores como Eugenio Raúl Zafaroni en su obra Manual de Derecho Penal, así como la doctrina nacional con Benjamín Miguel Harb, en su obra Derecho Penal Tomo II, distinguen tres etapas en la individualización de la pena: la legal, la judicial y la penitenciaria. En la primera, el legislador valora, desde el marco de la proporcionalidad, la gravedad del ilícito tipificado en un tipo penal y determina la pena aplicable en abstracto. En la segunda, el Juez penal, a la conclusión del proceso y establecida que sea conforme al debido proceso de ley, la responsabilidad penal del autor del hecho, fija la pena al caso concreto, tomando como base el marco punitivo determinado por el legislador. La tercera etapa, denominada ejecución penal, se halla destinada al cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia penal ejecutoriada y se desarrolla por la administración penitenciaria, bajo control jurisdiccional”.
“En grado de apelación restringida, corresponde al Tribunal de alzada, ejercer el control sobre la Sentencia, con base en las denuncias planteadas en el citado medio de impugnación y ante la constatación de que el fallo de mérito contiene defectos, corresponde aplicar alguno de los supuestos descritos en los arts. 413 y 314 del CPP; es decir, el Tribunal de apelación, se encuentra facultado, ante la certeza de la existencia de errores de derecho en la fundamentación de la Sentencia, a corregir el yerro en una nueva Sentencia debidamente justificada, sin anular la sentencia impugnada. En la misma forma debe proceder, cuando advierta errores u omisiones formales, relativos a la imposición o el cómputo de penas, que necesariamente debe ser ponderada de manera objetiva y con base en la ley (arts. 27, 29, 37, 38, 39, 40, 40 Bis, 44, 45 y 46 del CP -conforme corresponda- y parágrafo III del art. 118 de la CPE); lo que significa, que el Tribunal de apelación, debe corregir las faltas referidas al quantum de la pena y su correspondiente justificación, aplicando cuando corresponda alguna de las modalidades de concurso de delitos, ello con la finalidad de evitar dilaciones que podrían vulnerar el principio de celeridad al disponer una nulidad innecesaria. En consecuencia, cuando sea necesario realizar alguna modificación, el Tribunal de alzada, debe fundamentar y motivar la necesidad de cambio del quantum de la pena, modificación que a la vez, debe encontrarse debidamente justificada, conforme los parámetros señalados en la norma punitiva, ampliamente explicados en la línea jurisprudencial emanada por el máximo Tribunal de Justicia, y en observancia de los fines u orientación que deben tener las sanciones penales.
La falta de justificación motivada y fundamentada en el Auto de Vista, respecto a la necesidad de cambiar la sanción impuesta por el Tribunal de Sentencia (fijación de la pena), así como la falta de ponderación expresa respecto a los parámetros establecidos para la imposición de la pena, aplicadas al caso en concreto y vinculadas de forma coherente con la nueva sanción impuesta, implica incurrir en el defecto descrito en el inc. 1) del art. 370 del CPP (norma habilitante) por infracción de los arts. 37, 38, 40, 44 y 45 del CP -los últimos cuando corresponda- y parágrafo III del art. 118 de la CPE y 124 del CPP, que deviene en defecto absoluto conforme preceptúan el inc. 3) del art. 169 del CPP“.
III.2. De la fundamentación en la imposición de la pena.
Sobre la obligación de fundamentar la imposición de la pena, existe amplia doctrina emanada por el máximo Tribunal de Justicia, entre ellas se cita la contenida en el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, emanada como emergencia de un proceso vinculado al delito de narcotráfico, cuyo entendimiento, conforme fue desarrollado, es de aplicación general, al señalar que: “Constituye uno de los elementos esenciales del ‘debido proceso’ la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizándose la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva, a objeto de imponer la pena.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo intérprete de la "legalidad", cumple una función unificadora de la jurisprudencia establecida en materia penal, siendo de aplicación obligatoria la doctrina legal aplicable, por los tribunales colegiados y unipersonales inferiores, lo contrario significaría ir en contra de los fines del Derecho Procesal Penal que busca una justicia pronta, equitativa y justa.
Es evidente que el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ya ha establecido una línea doctrinal respecto a los aspectos que se deben considerar para establecer y determinar el cuantum de las sanciones para los autores del delito de transporte de sustancias controladas, prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 1008, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes, habiendo establecido en varios autos supremos la determinación, como lo ha señalado el recurrente, en la jurisprudencia vinculatoria presentada en el recurso, considerando que si bien es cierto que las penas son indeterminadas, siendo la valoración y apreciación privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, esto no les exonera de la obligación de considerar y tomar en cuenta las agravantes o atenuantes que existiesen en favor o en contra del imputado, contenidas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Sustantivo Penal, expresando invariablemente y de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye defecto absoluto y por tanto insubsanable, como lo previene el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, así como vulneración a los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, tratados y convenios internacionales, como lo determina el inciso 3) del artículo 169 del Procedimiento Penal”.
III.3. De las atenuantes y agravantes.
Con relación a la consideración de atenuantes y agravantes, aun cuando corresponda aplicar concurso de delitos, el Auto Supremo 41/2013 de 21 de febrero, estableció la siguiente doctrina legal: ‘…Constituye uno de los elementos esenciales del "debido proceso" la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la Ley Penal sustantiva, a objeto de imponer la sanción.
El Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurren en la Sentencia impugnada errores u omisiones formales que se refieran a la imposición de penas, cuenta con la facultad para modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales conforme lo prescrito en la primera parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo ésta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos relativos al tipo penal y a la valoración de los hechos, las acciones y del imputado mismo, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes que corresponden al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, sin perjuicio de destacar que las citadas reglas de fijación de la pena inclusive se aplican aún en el caso de advertirse el concurso ideal o el concurso real de delitos en los cuales se aplica la sanción con la pena del delito más grave, siendo facultad privativa del juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte o hasta la mitad, conforme determinan los artículos 44 y 45 del citado adjetivo penal, respectivamente, sin que los argumentos vertidos importen modificación de los hechos probados en juicio que se hallan sujetos al principio de intangibilidad, siendo que el recurso de apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba.’
La ausencia de justificación motivada y fundamentada en la fijación de la pena, así como la falta de ponderación expresa respecto a los parámetros establecidos para la imposición que sean aplicadas al caso, implica incurrir en el defecto descrito en el inc. 1) del art. 370 del CPP por infracción de los arts. 37, 38, 40, 44 y 45 del CP -los últimos cuando corresponda- y parágrafo III del art. 118 de la CPE y 124 del CPP, que deviene en defecto absoluto conforme lo prevé inc. 3) del art. 169 del Código citado.
Dada la denuncia formulada en el recurso de casación, se argumenta que el Auto de Vista impugnado no se acomoda a los datos del proceso, resolución que anula totalmente la Sentencia de primera instancia, bajo el argumento de falta de fundamentación sobre las atenuantes y agravantes establecidas en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, extremo este que no fuera evidente porque se consideró las circunstancias y personalidad del acusado a momento de imponer la pena.
En el caso presente, al no invocarse precedentes, se toma en cuenta la doctrina legal aplicable sentada por este Alto Tribunal, con relación a la falta de fundamentación en la imposición de la pena y la aplicación de atenuantes y agravantes.
Verificados los antecedentes, se tiene que el acusado a momento de interponer su recurso de apelación, denuncia errónea aplicación de los arts. 37 y 38 del CPP, en la determinación de la pena; toda vez, que el Juez a quo no tomó en cuenta las circunstancias y la personalidad del autor. Al respecto, se evidencia que el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista de 09 de diciembre de 2010, el que refiere en la parte pertinente que: “...este Tribunal ha procedido a revisar la Sentencia impugnada y ha podido evidenciar que la misma no contiene fundamentación alguna respecto las atenuantes y agravantes establecidas en los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, a objeto de imponer la pena”.
De la lectura de la Sentencia, se tiene que el A quo al realizar una descripción de los actos procesales, la valoración de las pruebas presentadas por ambas partes y la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal de Apropiación Indebida; en el séptimo Considerado, párrafo sexto dentro de la enunciación como valoración probatoria, hace una referencia limitada sobre la imposición de la pena, refiriendo que: “…la pena a imponerse debe responder a las circunstancias y al momento del hecho, la personalidad del agente, y en este caso también la intención de éste de resarcir los daños ocasionados al pedir plazo para la conclusión y entrega de los tubos, etc. de modo tal que haga procedente el perdón judicial habida cuenta que en el proceso si bien se ha hablado de que el imputado sostiene juicios penales empero no se ha demostrado documentalmente que era lo aconsejable …” , aspectos considerados para la imposición de la pena privativa de dos años de reclusión fundamentación escueta, que confirma la fundamentación insuficiente, en la imposición de la pena de dos años de reclusión al imputado, vulnerando de esta manera el debido proceso consignándolo como defecto absoluto.
De lo referido precedentemente, se establece con total claridad, que el Tribunal de alzada, aplicó los lineamientos establecidos por la doctrina legal, vinculante y de cumplimiento obligatorio, principalmente en el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, que es citada en la misma resolución; cabe recordar que una fundamentación clara y precisa permite la seguridad jurídica de las partes, en la que se compruebe que la decisión fue el resultado del cumplimiento de la ley y no de una decisión caprichosa del juzgador.
En el caso que nos ocupa, cabe recordar que la fundamentación sobre la imposición de la pena, no puede ser suplida con la enunciación de los criterios considerados en el sistema de aplicación de las penas, previstos en los arts. 37 y ss. del CP; sino, la función de todo juzgador es considerar y aplicar esos criterios vinculándolos objetivamente con el caso particular, ponderando cada una de las circunstancias consideradas como probadas, pues este tipo de fundamentación y motivación, demanda de toda autoridad, la explicación clara y precisa de los aspectos de la personalidad del imputado que fueron considerados sea como atenuantes o agravantes; es decir, cómo el grado de educación, la situación económica, la edad de los imputados, etc., influyeron de forma positiva o negativa en la imposición de la sanción, cuál la gravedad del hecho, cuáles las consecuencias y cómo influyeron en el quantum de la pena, con base en los hechos considerados probados y las conclusiones arribadas por los sentenciadores, siempre y cuando la necesidad sea debidamente justificada en la resolución.
De lo que se tiene evidenciado, que el Tribunal de alzada al establecer que el Juez de instancia, omitió la obligación de justificar la imposición de la pena al imputado sobre su personalidad, mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y consecuencias del delito, sin subsanar la referida falencia, validó el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por infracción a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, art. 118 de la CPE y 124 del CPP, que conllevan al defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) de la norma adjetiva penal, no susceptible de convalidación, por cuanto lo que correspondía al Ad quem, era ejercer el control sobre la Resolución de mérito, con base en las denuncias planteadas por el recurrente en el medio de impugnación; que ante la constatación del defecto advertido, que implica vulneración de derechos, corresponde aplicar el art. 414 del CPP; toda vez, que el Tribunal de apelación, se encuentra facultado, ante la advertencia de errores u omisiones susceptibles de corrección directa, en este caso, la insuficiente fundamentación en la determinación de la pena en base a la normativa aplicable al caso (arts. 27, 29, 37, 38, 39, 40, 40 Bis, 44, 45 y 46 del CP), lo que de ninguna manera afecta el fondo de la Sentencia, corregirlas directamente, sin necesidad de anular el pronunciamiento del Juez de Sentencia.
Por lo expuesto, al constatarse que el Tribunal de alzada, al haber resuelto anular totalmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia de esa Capital, omitiendo su obligación de subsanar el aspecto formal extrañado en la Sentencia, efectivamente vulneró el derecho al debido proceso del recurrente, inobservando la doctrina legal aplicable y glosada en el presente Auto Supremo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Daniel Gonzalo Sarmiento Vera, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 09 de diciembre de 2010, cursante de fs. 163 a 164 vta., disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución y art. 414 del CPP.
Para fines del art. 420 del CPP; hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

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 artículo 55
 artículo 370
 artículo 169
 artículo 414
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 Resolución 
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