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Timestamp: 2019-08-24 01:12:46+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 69
IMPLEMENTACIÓN DE CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE SUPRESIÓN DE EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES
REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL
Sesión 69ª, en miércoles 6 de noviembre de 2013
(De 12:13 a 14:8)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa la Convención Internacional de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, denominada "Convención de la Apostilla" (8556-10) (se aprueba en particular).................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, y que deroga los cuerpos legales que indica (7966-05) (se aprueba en particular)..........................................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece normas sobre la actividad de lobby (6189-06) (se aprueban las modificaciones)..............................
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y el Subsecretario de Hacienda , señor Julio Dittborn Cordua.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se da por aprobada el acta de la sesión 65ª, ordinaria, en 29 de octubre del año en curso, que no ha sido observada.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
5.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín Nº 6.189-06).
7.- Proyecto de ley que modifica límite intercomunal entre Vicuña y Paihuano, en la Región de Coquimbo (boletín Nº 8.764-06).
8.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín Nº 4.426-07).
9.- Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
11.- Proyecto que modifica la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín Nº 8.466-07).
12.- Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín Nº 8.810-07).
13.- Proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana (boletín Nº 8.618-11).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales (boletín Nº 8.612-02).
2.- El que modifica la ley Nº 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Hacienda , señor Julio Dittborn, ya que el Ministro del ramo, don Felipe Larraín, se encuentra de duelo por el fallecimiento de su señora madre, razón por la cual no se halla con nosotros.
En Fácil Despacho, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8556-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 65ª, en 29 de octubre de 2013.
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 4 de septiembre de 2013.
La Comisión de Constitución deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º 9º y 10 permanentes y los artículos primero, segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Estas disposiciones, con excepción del artículo tercero transitorio que fue modificado posteriormente por la Comisión de Hacienda, deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Dicho órgano técnico efectuó cuatro enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
A su vez, la Comisión de Hacienda solo introdujo una modificación al proyecto despachado por la Comisión de Constitución, la que también fue acogida por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas aprobadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión.
Sus Señorías tienen en su poder un boletín comparado que transcribe el proyecto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, la única modificación que introdujo la de Hacienda y el texto final que resultaría de aprobarse todas ellas.
Por consiguiente, la Secretaría sugiere dar por aprobadas todas aquellas normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
A continuación, las enmiendas que resultaron acogidas por unanimidad también podrían darse por aprobadas.
En discusión todas las enmiendas propuestas en forma unánime por ambas Comisiones.
Señor Presidente , el proyecto en debate se inició en un mensaje que el Primer Mandatario presentó en la Cámara de Diputados, donde cumplió su primer trámite constitucional.
Esta iniciativa tiene por objeto implementar en nuestra legislación interna la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, conocida también como "Convención de la Apostilla", adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos, y que se encuentra en proceso de ratificación por el Estado de Chile.
Esta Convención simplifica considerablemente el procedimiento de autenticación de documentos públicos que deben ser presentados en el extranjero, facilitando su circulación entre los Estados Parte. De este modo, el mecanismo actualmente en vigor se reemplaza por el otorgamiento de un certificado denominado "Apostilla", el cual debe ser extendido en la manera y forma que prevé la Convención, a petición de quien firma el documento o del portador del mismo, que autentica el original del documento público.
La implementación de esta Convención en nuestro medio obliga al Estado de Chile a introducir modificaciones a un conjunto de preceptos, materia respecto de la cual se ocupa la iniciativa en análisis.
Tanto la Comisión de Constitución como la Sala del Senado le dieron su aprobación en general al proyecto en forma unánime, comprendiendo que se trata de un sistema que modernizará y agilizará el mecanismo de legalización de documentos otorgados en el extranjero, y que deja atrás la engorrosa sucesión de diligencias que este implica en la actualidad, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero para el interesado.
Lo anterior no debilitará en modo alguno los principios que se observan en nuestro país en materia de respeto a la fe pública y, complementariamente, permitirá que el Estado de Chile dé cumplimiento a los compromisos internacionales que ha contraído en su calidad de Estado Parte de la Convención de la Apostilla.
Al texto aprobado en general se le presentaron solamente cuatro indicaciones, todas formuladas por el Presidente de la República, que constituyen precisiones adicionales necesarias para el proyecto, sin que por ello se aparte de sus objetivos e ideas matrices.
La Comisión de Constitución las aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, entendiendo que dichas indicaciones representan ajustes que perfeccionan y hacen más operativas las reglas contenidas en la iniciativa.
También quiero destacar la presencia en la Comisión del profesor Álvaro Arévalo y del embajador Mariano Fontecilla .
Por las consideraciones expuestas, recomendamos a la Sala aprobar las enmiendas.
Señor Presidente , solo quiero agregar que la Convención de la Apostilla es un instrumento que permite certificar la autenticidad de documentos, facilitando su circulación internacional. Ello ayuda a establecer condiciones que favorecen el desplazamiento de las personas, la inversión extranjera y el comercio internacional.
Actualmente, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores legaliza más de 250 mil documentos al año. Al incorporarse Chile a este sistema, se simplificará considerablemente la acreditación de autenticidad de documentos -con los propósitos que señalé- otorgados en nuestro país y en el extranjero, beneficiando directamente a los ciudadanos que deben realizar trámites en el territorio nacional, en el exterior y, sobre todo, en cada una de las regiones. En estas últimas habrá personas habilitadas para para entregar los documentos legalizados bajo este mecanismo. Y ello se va a implementar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo establece el proyecto.
Señor Presidente , como ya se ha señalado, la iniciativa busca implementar internamente la Convención de La Haya que suprime la legalización de documentos públicos extranjeros, conocida también como "Convención de la Apostilla", adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya.
La Comisión de Hacienda solo efectuó una modificación formal. Por su parte, la Comisión de Constitución, en su segundo informe, incorporó una enmienda de mayor relevancia, mediante la cual se puntualiza que en la Región Metropolitana la facultad de otorgar apostillas no será de responsabilidad del Seremi de Justicia correspondiente, sino de la Subsecretaría de Justicia.
La Convención que se implementa elimina la autentificación judicial de los documentos extranjeros que hayan recibido una apostilla por parte de las autoridades de otro Estado miembro de la Convención, lo cual significa una importante simplificación de la burocracia y facilita el uso de estos documentos entre los países firmantes. La aprobación de este proyecto implica otorgar la calidad de instrumentos públicos a los documentos apostillados.
El procedimiento contempla la incorporación de un certificado adicional al documento, conocido como "apostilla", que puede ser inscrito incluso en el reverso del documento pertinente. De esta manera, se evita el trámite de legalización notarial, con todo el costo de dinero y tiempo que ello representa.
Sin duda, se trata de un avance positivo, que facilita tanto el reconocimiento de los documentos expedidos por autoridades extranjeras como la circulación de las personas en Chile y la de nuestros compatriotas en el exterior.
Por supuesto, voy a votar favorablemente, porque la iniciativa es muy conveniente para los intereses de la nación.
--Se aprueban las enmiendas efectuadas por ambas Comisiones (23 votos a favor), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio)
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker, y luego, el Honorable señor Kuschel.
Antes de ofrecer la palabra al Senador señor Sabag, saludamos al Club del Adulto Mayor El Sol, de la población Arcoíris de Rancagua, que se encuentra en las tribunas.
Del mismo modo, damos la bienvenida al Club del Adulto Mayor Renacer de los Quillayes, también de Rancagua.
Finalmente, saludamos a la comunidad del liceo Luis Cruz Martínez, de Curicó.
En votación las enmiendas planteadas por la Comisión de Constitución y la modificación propuesta por la de Hacienda.
Hay problemas técnicos, señor Presidente .
Le pido que agregue mi voto favorable.
Se agregará el voto de Su Señoría.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales y derogación de los cuerpos legales que indica, que figura en el primer lugar del Orden del Día.
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo referirme a una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente , advierto que en la tabla no aparece el proyecto sobre regulación del lobby.
Entendí ayer que habíamos quedado en despacharlo hoy. No sé qué ocurre al respecto. ¿Se podría entregar la información pertinente antes de entrar al primer punto del Orden del Día?
En efecto, existía un acuerdo para verlo en la presente sesión. Curiosamente, al retirárseles las urgencias a varios proyectos, entre ellos, el de regulación del lobby, quedaron más atrás en el orden de la tabla.
Sin embargo, la Sala puede decidir tratarlo ahora, conforme al espíritu planteado ayer.
Por lo demás, me parece que existe un acuerdo ya bastante claro en cuanto a qué materias es preciso rechazar para llevar la iniciativa a Comisión Mixta.
Tengo la impresión, señor Presidente , de que hay bastante consenso en orden a buscar los puntos en que exista desacuerdo respecto del proyecto que viene de la Cámara de Diputados y llevarlos a Comisión Mixta. Si eso fuera así, podríamos despachar la iniciativa casi sin discusión.
Señor Senador , el único proyecto acerca del cual teníamos claridad en cuanto a tratarlo en el primer lugar del Orden del Día de hoy, por acuerdo de Comités de ayer, es el referente a la administración de fondos de terceros.
Si le parece a la Sala, veremos primero dicha iniciativa y luego, en segundo lugar, el proyecto sobre regulación del lobby.
¿Cómo, señor Presidente?
Vamos a alterar el orden de la tabla para cumplir con lo que habíamos conversado ayer respecto del tratamiento de la iniciativa sobre regulación del lobby, en el entendido de que existe un acuerdo de enviar el proyecto a Comisión Mixta para analizar varios de los artículos que se han reseñado.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales y derogación de los cuerpos legales que indica, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7966-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Hacienda (segundo): sesión 68ª, en 5 de noviembre de 2013.
Sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013 (se aprueba en general).
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 27 de agosto del año en curso.
La Comisión de Hacienda deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 14, 15, 27, 28, 31, 37, 45, 52 a 54, 62 a 64, 66, 68 a 71, 76, 77, 84, 87, 95, 96 y 100, contenidos en el artículo primero, y el artículo sexto no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto acordado en general.
Esas disposiciones, para cuya aprobación no se requiere quórum especial, deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
La Comisión de Hacienda efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley despachado en general y las aprobó por unanimidad, con excepción de dos, que serán puestas en discusión y votación oportunamente. Se trata del artículo 65 contenido en el artículo primero y del artículo 10 transitorio.
Recuerdo que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que algún Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
De tales enmiendas unánimes, las recaídas en los artículos 6°; 11; 22, letras e), g), h) e i); 23; 42 y 43; 57 a 59; 85 y 91 -disposiciones contenidas en el artículo primero-, y los numerales (i) y (ii) del párrafo sexto del numeral 1 del artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, sustituido por el artículo quinto del proyecto, deben aprobarse con 20 votos favorables, por incidir en normas de quórum calificado.
Con el mismo quórum deben aprobarse en particular las letras b), c) y d) del artículo cuarto, que no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y en la cuarta, el texto que quedaría si ellas fueran aprobadas.
Antes de conceder el uso de la palabra, le sugiero a la Sala votar primero todas las normas que en la Comisión fueron objeto de enmiendas unánimes; pronunciarse después sobre los preceptos de quórum especial, y finalmente resolver las modificaciones que dicho órgano acordó por mayoría.
¿Les parece a Sus Señorías proceder de esa forma?
Señor Presidente , me toca informar, como miembro de la Comisión de Hacienda, sobre la tramitación de la iniciativa atinente a administración de fondos de terceros y carteras individuales, más conocido como "Ley única de fondos" o "LUF".
Esta iniciativa busca, básicamente, potenciar a Chile como plataforma financiera. Para ello propone eliminar ciertas asimetrías y rigideces de la legislación actual; potenciar el desarrollo de nuevas alternativas de inversión, y realizar ajustes al tratamiento tributario que se otorga a los inversionistas extranjeros, en forma de reducir costos, ampliar y mejorar la oferta de fondos e incentivar la participación de inversionistas foráneos.
Este proyecto apunta principalmente a:
1. Consolidar en un solo cuerpo legal las disposiciones aplicables a la administración de fondos: mutuos, de inversión, de capital extranjero y para la vivienda.
2. Establecer el marco general aplicable a las administradoras de fondos y a los responsables de su dirección, tales como requisitos de constitución; patrimonio y garantías exigidos para el ejercicio de la actividad; prohibiciones y responsabilidades, y procedimiento de liquidación de la entidad y sus fondos, entre otras materias.
3. Elevar los estándares para el ejercicio de la actividad profesionalizando las labores de gestión y comercialización de los fondos y estableciendo requisitos de acreditación para el ejercicio de funciones de gestión y comercialización de ellos, a fin de requerir a quienes realicen dichas actividades un nivel mínimo de idoneidad técnica o de conocimientos.
4. Modernizar el marco jurídico actual permitiendo la oferta de una mayor gama de productos y compatibilizando lo anterior con la debida protección de los aportantes y el resguardo de los principios de equidad, transparencia y competencia. De esta forma, el proyecto persigue equilibrar la mayor flexibilidad entregada a las entidades administradoras con las mayores facultades de regulación y fiscalización otorgadas a la Superintendencia de Valores y Seguros para actuar cuando así lo requiera la debida protección de los inversionistas.
5. Simplificar la tributación de rentas de extranjeros por la inversión efectuada en fondos nacionales, al objeto de atraer nuevos actores, generando mayor competencia y diversidad de demanda en el mercado local.
6. Evitar la exportación de IVA en la provisión del servicio de administración de fondos a extranjeros. Independientemente de la distribución de las inversiones del fondo, el proyecto libera del pago de dicho impuesto las remuneraciones que reciban las administradoras, en la parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas foráneos.
7. Perfeccionar el marco regulatorio de los fondos de inversión privados (los llamados "FIP").
8. Establecer un marco regulatorio para la gestión individual de carteras incorporando normas generales de tratamiento de conflictos de interés, tales como prohibición y definición de obligaciones, restricciones y condiciones para el ejercicio de la actividad cuando esta pueda comprometer la fe pública.
Principales observaciones o críticas de Oposición durante tramitación del proyecto
Señor Presidente , durante su discusión, esta iniciativa fue objeto de varias observaciones y críticas. Ello requirió un trabajo arduo y largo e innumerables reuniones con técnicos del Gobierno y representantes de los parlamentarios, en particular de la Oposición.
Y quiero compartir con Sus Señorías las principales objeciones que se formularon, así como los cambios que sufrió el texto original del proyecto sometido hoy a nuestra consideración.
Debo decir en primer lugar que, si bien desde un inicio se convino en que es menester uniformar la legislación en materia de fondos que permitan potenciar a Chile como plataforma financiera, hicimos presente la necesidad de que la iniciativa también fuera compatible con ciertos principios ordenadores:
1. Avanzar hacia una normativa que garantice que los fondos de inversión privados se utilicen con un fin económico o comercial razonable, evitando su uso como vehículos de elusión tributaria, tal cual nos ocurrió en el pasado en otras instancias.
2. Los flujos (intereses y dividendos) distribuidos por los fondos de los inversionistas deben ser gravados -o sea, tienen que pagar impuestos-, pero no así las ganancias de capital, en la medida que se originen en una correcta formación de precios, esto es, a precio de mercado.
3. Reforzar el rol de los fondos como inversionistas institucionales, en la línea de las recomendaciones que nos ha hecho la OCDE.
Sobre la base de tales principios y en función de las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo, se puede concluir que la iniciativa propuesta, con las mejoras incorporadas a través de las diversas indicaciones convenidas, apunta en la dirección correcta.
Principales mejoras hechas a iniciativa durante segundo trámite constitucional
1. Mejoras incorporadas en materia de fondos de inversión privados.
Cabe mencionar que las mejoras introducidas no tocan el régimen tributario de los FIP, sino que la discusión queda plenamente abierta para el futuro. O sea, con este proyecto de ley no se amarra una modificación a la reforma tributaria que pudiera establecerse...
Decía, señor Presidente -esto es importante-, que las mejoras incorporadas no tocan lo relativo al régimen tributario de los FIP, con lo cual no se afecta la discusión que pueda tener lugar en el futuro respecto a cómo deben tributar dichos fondos.
Nuestros planteamientos apuntaron a:
a) Limitar las inversiones pasivas de los fondos. Para ello se establece que los FIP no podrán desarrollar actividades extractivas, comerciales ni industriales.
b) Garantizar una administración profesional e independiente. En este aspecto, se avanzó mediante la exigencia de que los administradores de los fondos de inversión privada estén inscritos en el registro de entidades informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros.
c) Garantizar que exista oposición de intereses para el control de las operaciones relacionadas. En este sentido, se incorpora la exigencia de un mínimo de cuatro aportantes no relacionados, cada uno de los cuales debe mantener una participación no inferior al 10 por ciento del fondo.
d) Establecer el cumplimiento de ciertas exigencias. En este contexto, se hacen aplicables a los fondos de inversión privada las obligaciones de obtener RUT y las facultades del Servicio de Impuestos Internos para requerir entrega de información periódica (se incluye la facultad de tasación).
e) Sanción en caso de no cumplirse los requisitos de oposición de intereses o participación máxima de la administradora. En estos casos, el fondo de inversión privada pasa automáticamente a tributar como sociedad anónima a partir del ejercicio comercial en que se haya registrado la infracción, o bien, desde la creación del fondo si no se logró cumplir con estos límites el primer año, entendiéndose que nunca se constituyó como tal.
2. Mejoras destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de que tributen los flujos distribuidos por el fondo, pero no así las ganancias de capital.
Aquí hay involucrados, básicamente, tres temas:
a) Tributación de los intereses como fundamento de la liberación de impuesto a ganancia de capital para bonos y otros instrumentos de oferta pública. Coherente con reformas anteriores (esencialmente, la Ley de Mercado de Capitales III y las medidas pro financiamiento), se simplifica la aplicación del beneficio establecido en el artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cautelándose debidamente la tributación de los intereses; ello, como fundamento esencial para liberar de impuestos la ganancia de capital. Mediante esta medida se persigue hacer más atractiva la forma de financiamiento de las empresas a través de la emisión de bonos, diversificando las fuentes respectivas, lo que debería redundar en un menor costo al final del período.
b) Garantía de tributación de los flujos como fundamento de la liberación de impuesto a las ganancias de capital para acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos. Los ajustes que se hacen al artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta van en la misma lógica que señalé en el punto anterior, e implican gravar con impuestos los dividendos, intereses y repartos, liberando la ganancia de capital, en el entendido de que buena parte de ella se explica por esos mismos flujos, descontados a valor presente. Para eso se establece la obligación de distribuir los intereses y dividendos provenientes de los emisores de valores en que dicho fondo haya invertido, hasta por el monto de los beneficios netos percibidos, menos las amortizaciones de pasivos financieros realizados en el ejercicio.
c) Régimen tributario de los tenedores de cuotas de fondos que invierten mayoritariamente en el exterior (el llamado "80-20"). Se permite que los inversionistas extranjeros inviertan a través de fondos chilenos en activos latinoamericanos con un máximo de 20 por ciento nacional. ¿Y qué se persigue? Que no tributen ni por las ganancias de capital ni por los dividendos o intereses de todos los activos extranjeros, en la medida que cumplan con una serie de requisitos copulativos. Nuevamente, lo que se busca es atraer recursos extranjeros para que vengan a Chile, se constituyan en un fondo y se inviertan en el exterior, lo que nos da la capacidad de transformarnos en una plataforma financiera. Para ello, se establece un incentivo razonable y adecuado¿
Perdón, señor Senador, pero concluyó el tiempo extendido.
Sé que mi informe es largo. Pero se trata de una materia técnica, en torno de la cual hubo una discusión que tomó varios meses.
Por tanto, señor Presidente, solo pido tiempo para concluir.
Decía, señor Presidente, que se persigue que esas inversiones extranjeras no tributen ni por las ganancias de capital ni por los dividendos y/o intereses.
3. Mejoras para reforzar el rol de los fondos como inversionistas.
Se incorpora la obligación de las administradoras de asistir a juntas de accionistas y asambleas de las sociedades o de los vehículos de inversión donde inviertan los recursos del fondo, en la medida que se cumplan ciertos umbrales de inversión.
Se trata de que tales fondos también deban informar adecuadamente a las sociedades donde ellos están moviendo dicho capital.
Señor Presidente , termino señalando que este proyecto se discutió largamente. En torno a él hubo muchas consultas. Y la preocupación de quienes exigíamos modificaciones era en el sentido de evitar la elusión tributaria y, al mismo tiempo, encontrar un punto de equilibrio en un aspecto bien delicado: ser atractivo dentro de un mercado muy competitivo en el mundo y donde en el pasado, pese al esfuerzo de diversas legislaciones, no logramos sacarles el mejor partido a nuestra institucionalidad y a la evaluación hecha sobre nosotros en el exterior. Ello, porque los incentivos no eran los más adecuados. Sin embargo, creo con este proyecto de ley se está alcanzando ese punto.
Señor Presidente , en general, ya se ha dicho que esta es una iniciativa que regula de forma muy adecuada y moderna todo lo relacionado con la administración de fondos de terceros, habiendo sido producto de un acuerdo muy amplio en la negociación en la Comisión de Hacienda.
En el texto se introducen mayores grados de flexibilidad en materia de inversiones para fondos mutuos.
Se enfatiza el carácter de vehículo de inversión de estos últimos, a fin de precisar que los fondos de inversión privados, por ejemplo, no pueden desarrollar actividades productivas. Se exigen aportantes no relacionados. Se ha mejorado sustancialmente la regulación de los fondos de inversión privados.
Se incorporan normas importantes de fiscalización en lo relativo a la Superintendencia, dado que se da un mayor grado de flexibilidad.
En materia de fondos de inversión de capital de riesgo, se busca potenciar la industria y, del mismo modo, se ha establecido una regulación respecto de la gestión individual de recursos.
Una parte importante de la discusión se centró en los beneficios tributarios a extranjeros que invierten en fondos cuyos recursos se encuentran mayoritariamente en el exterior.
En general, las normas fueron aprobadas por unanimidad, pero en dos de ellas esta no se registró, correspondiendo el voto disidente al Senador que habla.
En el caso del artículo 10 transitorio, me abstuve, con el objeto de revisar si se establecía alguna retroactividad contraria a las normas jurídicas. Habiendo analizado bien la disposición, estimo que ello no ocurre. Por lo tanto, voy a votar a favor.
En seguida, el artículo 65 establece la obligación de los administradores de asistir a la junta. A mí me parece que la ley no debería forzarlos a participar si sus regulaciones internas o reglamentos no lo exigen. Ahora, con el objeto de facilitar el despacho de la iniciativa y comprendiendo que mi rechazo no va a prevalecer en la Sala, retiro mi objeción, de manera que nos pronunciemos sobre todas las normas que fueron objeto de modificaciones y no solo sobre las acordadas por unanimidad.
En la Comisión expresé -vuelvo a manifestarlo acá- mi aprensión respecto de la excesiva intromisión de la ley en las administraciones de fondos. Nuestra legislación -al contrario de otras, que sancionan en forma muy drástica las infracciones o los abusos que se cometen, pero dejan amplia libertad de movimiento- se caracteriza por ser muy reglamentaria y trata de prever todo tipo de conductas indeseadas. Ello, en definitiva, resulta muy difícil; vuelve engorrosa la realización de actividades, y ciertamente no impide que se registren acciones reñidas con la normativa vigente. Los países tienen una forma de desarrollar su ordenamiento, siendo el nuestro excesivamente legalista, muy reglamentario, lo que muchas veces entorpece, y, al final, no se consigue evitar la comisión de fraudes o actos ilícitos.
En tal sentido, manifiesto un cierto pesimismo respecto a la posibilidad de convertir a Chile en una plataforma financiera. Hemos aprobado numerosas leyes tendientes a esa transformación, de manera que inversionistas extranjeros vengan y realicen desde acá inversiones o negocios en distintas partes del mundo. Hasta el momento eso no se ha verificado. No se ha generado una industria y una conciencia en orden a que el país, que posee una institucionalidad muy sólida, sirva como plataforma para inversiones en el exterior.
En el proyecto se avanza en ciertos beneficios que se conceden a inversionistas extranjeros, pero, junto con ello, se establece una cantidad de normas que podrían dificultarlos. Entonces, manifiesto mi aprensión.
Me parece que tiene lugar un avance, en todo caso. Y espero que en el futuro podamos ver a Chile, un país pequeño con un mercado reducido, transformado en una plataforma de inversiones que lo ponga al nivel de muchas naciones que desarrollan esta actividad y que les dé trabajo a miles y miles de compatriotas.
En consecuencia, señor Presidente, pido que la votación comprenda todas las normas, incluidas las dos en que no hubo unanimidad por mi opinión disidente y que estoy dispuesto a apoyar en la Sala.
Señor Presidente , el tema es complejo, muy técnico, y ha sido largamente estudiado por los asesores de los Senadores y los especialistas de la Comisión de Hacienda.
Como se consignó, se trata de una actividad de gran importancia que involucra prácticamente el 18 por ciento del producto interno bruto y que puede seguir creciendo con mucha fuerza.
Tanto el colega señor Lagos, quien fue el verdadero informante del órgano técnico, por cuanto su Presidente está ausente, como el señor Subsecretario de Hacienda han complementado ampliamente el significado específico de algunas de las materias.
Deseo reiterar que se busca solo ordenar y simplificar la regulación de la industria de fondos, y promover, a la vez, un equilibrio entre liquidez, gobierno corporativo e inversionistas.
Como lo manifesté cuando aprobamos en general el proyecto, se persigue el propósito de profesionalizar la actividad de gestión y comercialización de fondos, promover la competitividad e internacionalización de la industria, atraer nuevos actores extranjeros y generar mayor competencia.
En su segundo informe, la Comisión realizó numerosas modificaciones, muchas de ellas formales -incluso, gramaticales-, tendientes a explicar los contenidos de las normas. Pero algunas enmiendas son relevantes y sería bueno aclarar su sentido, como la idea de eliminar la facultad de la Superintendencia del ramo para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad por parte de los ejecutivos de una administradora y de todos quienes realicen funciones de relevancia en la comercialización de las cuotas de fondos y en el proceso de elección o de toma de decisiones de inversión, así como también para proponer las medidas tendientes al cumplimiento de tales exigencias.
Esta es una materia de gran importancia, por cuanto se invierten grandes cantidades de recursos, y muchos pueden estimar que todo está muy bien, pero a lo mejor no se han tomado los debidos resguardos. Y como los fondos se ven en el transcurso del tiempo -cuatro, cinco, seis o siete años-, a veces sucede que los recursos no han estado adecuadamente protegidos o invertidos en buena forma.
No hay duda respecto de la relevancia del proyecto. Sin embargo, sigo señalando que me preocupa la insistencia en atraer actores extranjeros cuando en Chile tenemos la capacidad necesaria para gestionar la administración de fondos.
En todo caso, estoy totalmente de acuerdo con que se vote, ojalá de una sola vez, porque, en general, la iniciativa ha sido ampliamente estudiada, y creo que, en la forma en que se ha presentado, es adecuado aprobarla.
Señor Presidente , en primer lugar, deseo reiterar lo que se ha manifestado en el sentido de que el proyecto es extenso, bastante complejo y muy técnico. Por lo tanto, mis primeras palabras son para felicitar a la Comisión de Hacienda por haberlo sacado adelante a pesar de todas las otras iniciativas que ha sido preciso tramitar en el último tiempo.
Quisiera recordar que la administración de fondos de terceros es una industria que ha experimentado un desarrollo sostenido durante los últimos años, con activos bajo su administración por aproximadamente 42 mil millones de dólares, esto es, alrededor de 18 por ciento del producto interno bruto.
Hoy coexisten diversos vehículos de inversión, regulados por distintos cuerpos legales: fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de inversión de capital extranjero y de capital extranjero de riesgo, y fondos de ahorro para la vivienda. Si bien ellos presentan objetivos y problemas similares, la regulación actual establece diferencias en aspectos que no presentan una justificación técnica clara, generando confusión entre los inversionistas y dando lugar a un arbitraje regulatorio.
Para que Chile se convierta en una plataforma financiera desde la cual se exporten servicios de administración de fondos a otros países del mundo, resulta necesario eliminar ciertas asimetrías y rigideces en dicha normativa y realizar determinados ajustes al tratamiento tributario que rige para los inversionistas extranjeros.
Ya estamos en la discusión particular, pero, como la iniciativa viene muy consensuada y el Senador señor Novoa ha desistido de sus observaciones iniciales, es bueno recordar entonces que el principal objetivo que se persigue es proponer cambios institucionales y tributarios para cumplir con la meta de que nuestro país se transforme en exportador de productos y servicios financieros ligados a la administración de carteras, así como ampliar la gama de productos financieros con que cuentan los nacionales y extranjeros que invierten en Chile. Todo ello, por supuesto, sobre la base de mantener la seguridad y el prestigio de nuestro mercado.
¿Qué hace el proyecto? Pretende generar un único cuerpo legal aplicable a la prestación de servicios de administración de fondos y carteras individuales, determinando un tratamiento común para problemáticas equivalentes y considerando la diferenciación necesaria para mantener la adecuada protección de los inversionistas y procurar el eficiente funcionamiento de actividades que por su naturaleza así lo requieran.
Entre los beneficios que se contemplan, cabe señalar que la iniciativa estandariza y sistematiza el marco regulatorio para la industria de fondos; moderniza la regulación de fondos para permitir el desarrollo de nuevas alternativas de inversión; fortalece la debida protección de los inversionistas y el resguardo de los principios esenciales de equidad, transparencia, orden y competencia; permite la adaptabilidad regulatoria necesaria ante mercados financieros cambiantes y en permanente proceso de innovación; avanza hacia una mayor profesionalización de la actividad de gestión y comercialización de fondos; perfecciona el tratamiento tributario actualmente aplicable a los inversionistas extranjeros en fondos, de manera de promover la exportación de servicios financieros; evita la exportación del impuesto al valor agregado en la provisión del servicio de administración de fondos a extranjeros, a fin de promover a Chile como un centro financiero regional, lo cual es de toda lógica, puesto que un principio general es que todo lo que dice relación con exportaciones, incluidos los servicios financieros, no debe ir recargado con el IVA.
Asimismo, el proyecto mejora el acceso al financiamiento para la industria de capital de riesgo y las pequeñas y medianas empresas; perfecciona el marco regulatorio aplicable a los fondos de inversión privados; genera un marco regulatorio para la gestión individual de cartera, y realiza ajustes operativos a la exención del impuesto sobre las ganancias de capital en el mercado de renta fija, con el fin de atraer nuevos actores y provocar mayor competencia y diversidad de demanda en este último.
Es necesario destacar, además, que la iniciativa se encuentra en línea con los compromisos adoptados por Chile al ingresar a la OCDE, razón por la cual su aprobación ha sido respaldada por el Secretario General de esa entidad, señor Ángel Gurría .
Por último, deseo consignar que resulta muy importante que cada vez avancemos más en información; que la gente tenga un mayor conocimiento de los instrumentos de inversión, de las condiciones en que se colocan los fondos, de tal manera que, en la medida en que haya mayor información financiera, sean muchos más los participantes de los mercados financieros.
Por todo lo anterior, me pronuncio a favor.
--Se aprueban las proposiciones de la Comisión de Hacienda y queda despachado en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 21 señores Senadores se pronuncian a favor y 2 se abstienen.
Votaron los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron la señora Allende y el señor Larraín (don Carlos).
Voy a abrir la primera votación.
Mientras tanto, les daré la palabra al Senador señor Lagos y al señor Subsecretario de Hacienda.
Queríamos saludar al grupo folklórico Raíces del Carmen, de Requínoa, pero al parecer ya se retiró.
Sí nos acompaña una delegación de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Machalí.
Tiene la palabra al señor Subsecretario de Hacienda.
El señor DITTBORN ( Subsecretario de Hacienda ).-
Señor Presidente , intervendré en forma muy breve, porque, como decía el Senador Lagos, este proyecto es muy complejo (el solo comparado tiene 20 páginas). Por tanto, no quiero entrar en ningún tipo de detalle.
Únicamente deseo rescatar cuatro puntos, para ilustración de los señores Senadores.
En primer término, debo decir que este articulado tiene un amplio acuerdo político, porque fue trabajado, en la Comisión de Hacienda del Senado y también en el Ministerio de Hacienda, con los técnicos de la Oposición, para concordar el texto que Sus Señores ven hoy en los escritorios.
En seguida, he de puntualizar que esta iniciativa regula una industria de gran relevancia: la de administración de fondos de inversión y de fondos mutuos.
La referida industria ha experimentado en Chile un desarrollo muy sostenido en los últimos años. Hoy día sus activos bajo administración llegan a aproximadamente 42 mil millones de dólares (alrededor de 18 por ciento del producto interno bruto).
Por consiguiente -reitero-, estamos hablando de una industria tremendamente significativa. Y eso es lo que el proyecto regula de mejor forma, como explicó en detalle el Senador Lagos durante su reciente intervención.
En tercer lugar, debo expresar que se aborda un punto que para la Oposición -y también para el Gobierno- era muy importante: los fondos de inversión privados.
Los FIP son un mecanismo usado por las empresas para invertir. Pero la Oposición -a nuestro juicio, correctamente- estimaba que podía mejorarse ese mecanismo para evitar la elusión tributaria y hacer más transparentes dichos procesos de inversión.
Así, se introdujeron varios cambios en la operatoria de los FIP. Entre ellos, exigir un número mínimo de cuatro aportantes no relacionados, cada uno con un mínimo de 10 por ciento de la inversión, siguiendo con esto lo que hace la CORFO.
En efecto, dicha Corporación, que concede créditos y otorga recursos a fondos, exige cuatro aportantes no relacionados, cada uno con un mínimo de 10 por ciento para entregar esos capitales. Y también, que el administrador se inscriba en la Superintendencia de Valores y Seguros (este es otro requerimiento de la CORFO que introdujimos en el proyecto).
De otro lado, exigimos que los FIP tuvieran RUT, contabilidad completa.
Y, además, dispusimos que, si no cumplen todos estos requisitos, en el futuro los fondos de inversión privados deberán tributar como sociedad anónima cerrada, es decir, estarán sujetos al impuesto de primera categoría.
Esa es, básicamente, la forma como se abordó la situación de los FIP, en torno a la cual se logró un acuerdo con la Oposición.
Por último, señor Presidente , debo puntualizar que con esta iniciativa de ley pretendemos incentivar a los inversionistas chilenos a quedarse en nuestro país y organizar carteras de fondos mutuos y de fondos de inversión desde acá, sin tener que ir a otras naciones para organizarlas.
Lo que ha estado ocurriendo, señores Senadores, es que muchas de tales empresas, al no existir facilidades ni regulaciones adecuadas en Chile, se han ido trasladando a otros países para desde ellos ofrecerles instrumentos de inversión a sus clientes.
Queremos evitar aquello. Para tal efecto, en lo esencial, estamos asimilando esta industria de fondos a lo que es una industria exportadora. Y eso significa básicamente dos cosas.
En primer lugar, en caso de que los inversionistas sean extranjeros, no estamos cobrando el impuesto al valor agregado por la administración de recursos. Es preciso pagarlo, en cambio, si se trata de un nacional.
En el fondo, la exención del IVA ha sido uno de los puntos clave para que Chile haya podido expandir sus exportaciones en los últimos años, y ese mismo principio es el que se está poniendo en práctica aquí respecto de las comisiones de administración.
Además, como lo decía el Senador señor Lagos, a los extranjeros les estamos cobrando un impuesto inferior al existente, de manera que los incentivamos a invertir en el país. Porque a ellos no los estamos tratando como a un nacional, sino que al que viene a invertir en estos fondos le damos un estatus tributario especial, en la medida en que se cumpla una serie de restricciones. Estas son muchas, y, por el escaso tiempo con que contamos, no voy a mencionarlas.
Esos son los cuatro aspectos más importantes de la ley en proyecto.
Con mucho gusto, estoy a disposición de los señores Senadores para contestar preguntas más específicas.
Como Su Señoría ha retirado sus reparos, en votación la totalidad de las proposiciones del órgano técnico.
Saludo a los integrantes del Club de Adulto Mayor Los Pioneros, de Concepción, que nos visitan.
Conforme a lo acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece normas sobre la actividad de lobby, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6189-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 65ª, en 5 de noviembre de 2008.
En tercer trámite, sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 82ª, en 6 de enero de 2009.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo), sesión 34ª, en 15 de julio de 2009.
Hacienda, sesión 34ª, en 15 de julio de 2009.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (tercer trámite): sesión 64ª, en 16 de octubre de 2013.
Sesiones 84ª, en 13 de enero de 2009 (se aprueba en general); 35ª, en 28 de julio de 2009 (se aprueba en particular).
La iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas en su texto.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis y Sabag, aprobó esas modificaciones, con excepción de la correspondiente al número 5) del nuevo artículo 4° introducido por la otra rama del Congreso, en la parte en que se propone, como sujetos pasivos de lobby en el Congreso Nacional, a los secretarios de Comisión y los asesores permanentes de los parlamentarios y en que se señala que estos últimos especialistas serán determinados anualmente mediante acuerdo de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria.
En caso de que la Sala acuerde aprobar la proposición del órgano técnico, las enmiendas recaídas en el nuevo artículo 4º (incisos segundo y tercero); en el artículo 4º, Nº 11), que pasa a ser 6º, Nº 7; y en los nuevos artículos 7º, 8º, 10 (incisos segundo, tercero, cuarto y quinto); 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 deben aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con el voto favorable de 22 señores Senadores.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios, se transcribe el texto aprobado por el Senado, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y la proposición de la Comisión de Gobierno.
En discusión las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.
Tiene la palabra el Ministro señor Cristián Larroulet.
Estimadas Senadoras y estimados Senadores, no hay ninguna duda de que aquí estamos en presencia de una materia muy importante.
Hace diez años que el país discute sobre la posibilidad de contar con una legislación que regule las actividades de lobby. El proyecto que obra en sus manos se ha debatido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante los últimos tres años y forma parte de un conjunto de iniciativas que apunta en la dirección de mejorar la transparencia, con el propósito específico de recuperar la confianza de la ciudadanía en instituciones públicas fundamentales, como el Congreso, el Poder Ejecutivo , el Poder Judicial y otras.
Un principio esencial que ha seguido el actual Gobierno -y también los anteriores- es que se logre el mayor acuerdo posible en la elaboración de esta futura legislación. Esto ha permitido a Chile tener una normativa en materia de transparencia que cuenta con el respeto interno y el reconocimiento internacional.
El Presidente Sebastián Piñera ha mantenido ese propósito y, gracias a ello, en esta iniciativa hemos alcanzado un acuerdo amplio en la Cámara de Diputados: en las Comisiones que revisaron el texto propuesto y, posteriormente, en la Sala, que aprobó el proyecto que ahora se debate en el Senado.
¿Qué hace la iniciativa? Fundamentalmente, regular el lobby, pero poniendo énfasis en un aspecto: la transparencia. Los países que han legislado sobre este asunto siguen distintos modelos. Nuestra proposición se centra en la transparencia. Ella es el mejor antídoto contra la corrupción; es el mejor mecanismo para darle legitimidad y confianza al rol de las instituciones públicas.
¿Qué establece la propuesta legislativa?
Define "lobby" y "gestión de interés particular".
Obliga a transparentar las agendas públicas de las autoridades de la administración central (ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directores regionales de los servicios públicos, intendentes, gobernadores, seremis). Lo mismo respecto de los gobiernos regionales y comunales (consejeros regionales, alcaldes, concejales). Y también se incluye a autoridades de otros poderes: Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado), Fiscalía, Dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
De esa manera, damos un paso muy importante, por cuanto esos sujetos pasivos deberán dar a conocer las reuniones que sostengan con personas o instituciones que busquen hacer lobby, o sea, una gestión de intereses particulares con un fin remunerado o no remunerado. Esas acciones tendrán que estar especificadas en las agendas de todas las autoridades públicas del país.
Además, el texto establece la creación de varios registros, mediante los cuales la ciudadanía podrá enterarse, informarse, de quiénes son los sujetos activos que realizan la actividad de lobby y qué sujetos pasivos son objeto de ella.
De otra parte, se fijan sanciones, normas de procedimiento y mecanismos de fiscalización para las instituciones que tienen la obligación de informar sobre su rol de sujetos pasivos.
Señor Presidente , la Comisión de Gobierno del Honorable Senado ya debatió este proyecto, y hemos conversado con los Senadores, tanto oficialistas como de Oposición, sobre cómo avanzar para resolver los aspectos que suscitan diferencias. Estas se presentan -imagino que los Senadores las van a explicar después- en lo relativo a quién será el encargado de llevar el registro central -qué Ministerio o qué institución- y en cómo se hará la transición del sistema y la aplicación del texto legal.
Con todo, espero que podamos avanzar en esta materia y darle a Chile una legislación sobre lobby. Con ese fin, pido el apoyo mayoritario para la iniciativa. Los aspectos en los que todavía hay divergencias podrán ser resueltos en una Comisión Mixta.
Solicito el acuerdo de la Sala para establecer un procedimiento que nos permita efectuar una sola votación a la iniciativa que nos ocupa, considerando que hay disposiciones que requieren quórum de ley orgánica constitucional para ser acogidas.
Entiendo que existe un acuerdo, producto de lo que se ha conversado, para aprobar las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados, a excepción de los artículos 6º, número 2); 9º; 13, y 2° transitorio, con el objeto de que pasen a Comisión Mixta.
En consecuencia, se aprobarían las enmiendas incorporadas por la Cámara Baja y, con la misma votación pero en contrario, se entenderían rechazadas las normas señaladas.
El Senador señor Orpis ha solicitado, además, votar por separado el artículo 4º...
El número 5) de ese precepto.
El artículo 4º, número 5).
Igual lo podemos revisar en la Comisión Mixta.
Me dice la Secretaría, Senador señor Orpis , que lo que usted solicita votar por separado podría ser el mismo artículo 6º, número 2), que cambió de numeración.
En ese caso, lo tenemos que votar por separado. Si fuera el mismo, ya estaría incluido.
Aquí aparece como artículo 4º.
Entiendo que su idea es votarlo separadamente para que se rechace y también vaya a Comisión Mixta.
Entonces, no nos hagamos problemas y llevémoslo a la Mixta igual.
Igual va a ir a Comisión Mixta.
Senador señor Orpis , no nos compliquemos la vida y mandemos los cinco artículos mencionados a dicha instancia.
¿Lo hacemos de ese modo entonces?
Si el proyecto va a Comisión Mixta, ¿se discutirán ahí solamente las normas mencionadas?
Incluido el artículo 4º.
Entonces, si le parece a la Sala, efectuaremos una sola votación para aprobar las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y rechazar los artículos señalados: el 6, número 2); el 4º, número 5), el 9º, el 13 y el 2° transitorio.
Sí. Por eso estamos proponiendo efectuar una sola votación.
¿Hay acuerdo para proceder de la forma indicada?
En votación las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Obviamente, se incluyen las de quórum especial y se entiende que, con la misma votación en contrario, se rechazarán las normas individualizadas.
Señor Presidente , Honorable Senado, simplemente quiero dejar constancia de que, para darle un trámite más rápido a este proyecto, la Comisión no lo vio con acuciosidad y en detalle. Resolvió dejarle a la Sala la posibilidad de analizarlo más en profundidad.
Dicho órgano técnico se pronunció, por unanimidad, en contra de la enmienda de la Cámara Baja a la segunda parte del numeral 5) del artículo 4º, nuevo, que establece quiénes son los sujetos pasivos de lobby.
Quiero dejar claramente consignado que la Comisión no rechazó todo ese numeral, sino en forma muy específica la parte que dice: "los secretarios de las comisiones de cada Cámara y a los asesores permanentes de los parlamentarios. Estos últimos serán determinados anualmente mediante acuerdo de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria".
Respecto a los secretarios de Comisiones, cabe consignar que ellos no son personas que tengan que tomar decisiones o influir en ellas. Son ministros de fe de las decisiones que otros toman.
Y en cuanto a los asesores, que son gente de confianza de los parlamentarios, no me parece que deban ser determinados por acuerdo de las Comisiones de Ética y de Transparencia Parlamentaria. Es una facultad propia de los legisladores el escoger a dicho personal.
Por tal razón, señor Presidente, estoy en contra de la propuesta de la Cámara de Diputados en esa materia.
En lo relativo al artículo 9º, ha sido rechazada la participación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en los registros que se crean.
Esa disposición alude a la información contenida en los registros a que se refiere el artículo 7º, que son seis: el de los órganos o servicios pertenecientes en general a la Administración del Estado, el de la Contraloría, el del Banco Central, los de las Comisiones de Ética y Transparencia de ambas Cámaras, el del Ministerio Público y el de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
No me parece correcto que sea al Ministerio Secretaría General de la Presidencia el que ponga a disposición del público estos registros. En mi opinión, debe hacerlo una instancia completamente independiente. Por eso estoy en contra de la propuesta de la Cámara de Diputados en este ámbito y a favor de lo señalado en el acuerdo político, en orden a establecer que el Consejo para la Transparencia sea el encargado de llevar ese registro público. Este no puede quedar entregado a uno de los Poderes del Estado: al Ejecutivo , al que pertenece la mencionada Cartera.
Mi tercera y última observación, señor Presidente , se refiere al artículo 13. Si bien entiendo cuál es su espíritu, pienso que ello no queda reflejado en su redacción.
Dicha norma indica: "Habrá un registro de lobbistas y de gestores de intereses particulares". Sin embargo, son siete los registros. Por tanto, hay una contradicción; más aún, cuando se hace referencia al artículo 10, que los explicita.
Leo la redacción completa del artículo 13: "Habrá un registro de lobbistas y de gestores de intereses particulares al que se incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen actividades de aquellas que se señalan en el artículo 2°, numerales 1) y 2), cuando éstas se hayan efectuado ante las autoridades y funcionarios señalados en los artículos 3° y 4°. Serán parte de este registro quienes hayan realizado gestiones de lobby y gestiones de interés particular en los últimos seis meses.
"El registro será administrado por cada uno de los órganos en conformidad con el artículo 7º.".
Como se aprecia, el encabezamiento habla de "un registro" y el inciso segundo parte con la oración: "El registro será administrado", en circunstancias de que cada una de las instituciones pertinentes cuenta con su propio registro.
Repito: hay una suerte de contradicción entre la primera parte del artículo 13, que menciona la existencia de un registro, y el artículo 7º, que consagra seis registros diferentes. Creo que es importante aclarar el punto en la Comisión Mixta.
La Mesa tiene una sola duda, señor Senador.
¿Usted está solicitando el rechazo de todo el artículo 4°, nuevo, o solo de la parte que se suprimió?
De todo, señor Presidente.
Señor Presidente, este proyecto es tremendamente importante.
Pasamos hablando del lobby o del ejercicio de influencias en el Congreso. Recientemente lo vimos operar en el fútbol, cuando la FIFA o la CONMEBOL trataron de vulnerar los derechos que tiene el Parlamento. Se reclamó por el lobby en la pesca. En fin, se habla tanto del ejercicio de influencias que resulta fundamental la existencia de un sistema que regule esta actividad, por la fe pública y la confianza que idealmente la gente debiera depositar en sus instituciones.
La política busca promover el interés general por sobre el particular. Sin embargo, este último también es legítimo. Quienes deseen defender una demanda particular deberían hacerlo a través de lobbystas remunerados. De igual modo han de actuar las distintas organizaciones que promueven sus propios intereses y quieren ser escuchadas.
Por ello, el Congreso tiene que poner las cosas en la balanza y legislar pensando en el bien común, anteponiéndolo al interés particular. Para que eso se concrete de manera sana, debe haber transparencia. Y eso es lo que busca justamente esta iniciativa.
Por esa razón, se crea un registro de audiencias públicas, en el que, mensualmente, miles de distintas autoridades de muchas instituciones dejarán constancia de sus actividades: con quién se reunieron, cuál fue el tema planteado, qué interés estuvo en juego.
El punto en el que efectivamente hay una diferencia importante con el Gobierno es el relativo a cómo se construye el registro.
El Ejecutivo plantea, de acuerdo al proyecto, que el sujeto pasivo de lobby es el que debe generar, con la información que publica mensualmente, el registro de lobbystas remunerados o el de personas u organizaciones que promueven una gestión de interés particular no remunerada.
En cambio, nosotros proponemos que debe haber un registro habilitante para el lobby remunerado. Por tanto, se trata de un registro ex ante. Se busca establecer requisitos para que una persona o determinada institución o empresa pueda acreditarse para hacer lobby y ejercer influencia.
Vamos a mandar esa discrepancia a la Comisión Mixta, porque -insisto- somos partidarios de que exista un registro habilitante para realizar lobby remunerado. Y eso debe ser ex ante y no ex post.
Otro tema que hemos planteado, respecto del cual concurrimos a un acuerdo, apunta a que no nos parece razonable que quien sistematice la información de las audiencias públicas contenida en los registros de las distintas instituciones sea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabeza el Ministro Larroulet . No lo decimos por él, quien probablemente lo haría muy bien, sino porque pensamos que ello debe estar a cargo de un organismo independiente, autónomo. Desde ese punto de vista, tenemos claridad en que el Consejo para la Transparencia es el organismo llamado a sistematizar esta información.
Además, estimamos que, para actualizar el portal con dicha información, un período semestral es demasiado extenso. Por eso planteamos hacerlo cada tres meses. O sea, la autoridad como sujeto pasivo de lobby actualizaría la información mes a mes y el Consejo para la Transparencia sistematizaría los registros de todas las instituciones cada tres meses.
Esos son -diría yo- algunos de los aspectos más trascendentes discutidos en esta iniciativa de ley.
También es relevante señalar que en el caso del sujeto activo, si bien, a diferencia del caso del sujeto pasivo, hay una sanción penal, un procedimiento a través del Ministerio Público, ella es muy baja.
A diferencia del sujeto activo -estamos hablando de un sujeto activo que omite información, o la falsea, o la distorsiona-, el pasivo recibe su sanción vía procedimiento administrativo.
Insisto en que el proyecto es fundamental, y pienso que la Comisión Mixta será una oportunidad para perfeccionarlo e introducirle mejoras, lo cual va a ayudar, definitivamente, a contar con una fiscalización ciudadana sobre el actuar de las distintas autoridades públicas del país.
Señor Presidente , después de una tramitación de muchos años, estamos llegando al final del camino para legislar sobre algo que, a todas luces, es necesario.
La ley del lobby procura hacer visibles las intervenciones y las gestiones que particulares, grupos y gremios, con o sin fines de lucro, al perseguir que la decisión de distintas autoridades sea adoptada de manera adecuada a sus intereses.
Que los particulares o los gremios soliciten a un ministro , alcalde, comisión o rama del Congreso Nacional que aprueben lo que les beneficia, no es algo en sí mismo ilegítimo. Pero sí lo es que esto no se haga en forma transparente y se efectúe de manera que, al final, conlleve o tráfico de influencias o algún tipo de acción indebida en la gestión del que solicita una decisión de la autoridad.
Por eso muchos países han optado por regular el lobby a través de una ley. Aunque diversas naciones tienen autorregulación, pareciera que es relevante legislar, para lo cual se siguen normalmente dos caminos.
Por una parte, el proyecto despachado por el Senado seguía el camino de la experiencia de Estados Unidos y de Canadá, que buscan regular a los lobbystas. Y, por la otra, está la iniciativa que hoy día conocemos, la cual apoya la tradición europea, que persigue hacer transparentes las actividades de lobby, por lo que no pone tanto acento en registrar a quienes lo practican.
Entonces, lo anterior parece bastante discutible, pues nadie puede decir quién tiene la razón.
Más allá de las limitaciones y debilidades del proyecto, lo importante es que estamos tomando un camino: hacer públicas y transparentes las gestiones que cualquier persona realice ante distintas autoridades.
La iniciativa define el lobby como "aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos".
Me parece que esto es razonable e inobjetable, porque ayuda a lograr una acción de mayor transparencia y legitimidad ante la ciudadanía. También sirve de protección a las propias autoridades que son sujetos pasivos del lobby. Y como a los Senadores nos suele ocurrir en ocasiones, somos presionados o solicitados por personas que quieren hacernos sentir su legítimo interés en ciertas materias. Pero, como eso no es claro, queda bajo la sospecha de que pueda cometerse un acto indebido. Por tanto, esta normativa transparenta tales acciones.
Quizás en forma engorrosa y compleja nos veremos obligados a cambiar nuestros hábitos. Pero considero muy importante avanzar en transparentar las relaciones entre nosotros o las autoridades públicas -que de acuerdo a la ley son sujetos pasivos del lobby- y las personas que promueven legítimamente sus intereses.
Hemos conversado con el Senador señor Rossi y con el Ministro Larroulet para llegar a un acuerdo en cuanto a que ciertas materias sean revisadas en la Comisión Mixta. Una de ellas es la mencionada por el Senador señor Orpis -ya considerada- y otra, la que consigna el artículo 6°, número 2, respecto de lo cual es necesario precisar qué actuaciones de los sujetos pasivos, en el ejercicio de sus funciones, pueden constituir lobby. Porque en lo aprobado por el Senado estaban excluidas como tales las declaraciones, actuaciones o comunicaciones de la autoridad. Sin embargo, en el texto de la Cámara, se eliminan las actuaciones, aun cuando las de un parlamentario no sean propiamente lobby. Por lo tanto, no deberían considerarse como tales. En todo caso, es necesario precisar esta materia.
Por su parte, a mi juicio, el registro no puede quedar a cargo de un Ministerio. Debe ser responsabilidad de otro organismo, como el Consejo para la Transparencia.
Eso respecto del artículo 9°.
En relación con el artículo 13, que regula el registro del lobby, se han presentado diversas inquietudes que nos parece necesario considerar.
Por último, el artículo 2° transitorio deja pendiente la entrada en vigencia de esta ley hasta la dictación de los reglamentos y las demás normativas que hagan efectiva la ley. Entonces, si ello no ocurre, nunca empezará a regir esta legislación. Por lo tanto, es necesario acotar el plazo, de manera que podamos contar pronto con una ley del lobby. Porque, si alguien quiere impedir que ella empiece a aplicarse, bastaría con no dictar el reglamento. En consecuencia, estas disposiciones no tendrían vida legal.
Por eso, aunque apruebo las normas propuestas por la Cámara de Diputados, me parece bien que las que hemos señalado vayan a la Comisión Mixta.
Señor Presidente , haré algunas observaciones de carácter general.
Primero, es importante contar con una ley del lobby, porque este es el gran negocio generado a través de la influencia en las personas o instituciones con capacidades de decisión. Por eso, también es relevante que la legislación sea buena; y, como la que se está aprobando tiene algunos problemas, estimo necesario que sean corregidos.
El proyecto del Senado regulaba la actividad del lobby. En cambio, el texto de la otra rama legislativa regula la publicidad de aquella.
También ahora se establecen criterios respecto del sujeto pasivo. En la iniciativa nuestra, se hablaba en términos generales. Por ejemplo, había sujetos pasivos que aquí no se mencionan y que son importantes, como son los jefes de división y los contralores regionales de la Contraloría.
Por otro lado, algunas autoridades del ámbito de las empresas públicas tampoco figuran. Es el caso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Solo se considera a su director, en circunstancias de que algunos consejeros de dicho organismo son Ministros de la Corte Suprema, por lo que sus actividades son distintas. Y estas autoridades tampoco están incluidas en el texto.
Por lo tanto, hay muchos ripios en el proyecto que es necesario eliminar, lo que debiera hacer la Comisión Mixta a fin de mejorar esos aspectos.
Cuando hablamos de los lobbystas, es conveniente hacer notar que los hay buenos y malos. Hay un lobby practicado por los Senadores, para lograr beneficios en su región, tratando de sacar adelante proyectos de interés común. Pero existe otro tipo, como el realizado por personas que lo hacen en forma remunerada.
Si no disponemos de un registro de lobbystas claro y preciso, estaremos permitiendo que cualquier persona se transforme en negociador. Entonces, ¿quién va a ser lobbysta? El que sea informado como tal por el sujeto pasivo. Sin embargo, lo razonable es dejarlo registrado. Así, quien se dedique al lobby y pida audiencia a un Senador, tendrá la obligación de publicar lo que hace y no a requerimiento de terceros, como se propone ahora.
Debe haber una normativa clara y precisa del lobbysta, quien es el que realiza la actividad. Por lo tanto, ello debe quedar bien estructurado, sin perjuicio de que todos los sujetos pasivos tengan la obligación de realizar ese tipo de publicaciones. Pero ese es un elemento central que, en esta iniciativa por lo menos, no está bien establecido. Estimamos indispensable que así se haga.
Tampoco se considera algo esencial y que en este caso se conoce como una puerta giratoria distinta: que una persona que en el sector público tenía el trabajo de fiscalizador, a los seis meses de retirarse, pueda instalarse en el área privada y en la misma institución a la que estaba controlando.
Es menester fijar plazos mayores, que impidan que se produzca tal situación.
Asimismo, no se disponen algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el proyecto original se prohibía expresamente a los lobbystas declarados como tales, entregar platas a campañas electorales o a partidos políticos. Eso se eliminó y el texto actual lo permite.
¡Y ahí está el gran negocio, señor Presidente!
Por lo tanto, resulta indispensable que en la Comisión Mixta se establezca el criterio de impedir que los lobbystas aporten recursos a los partidos, a los parlamentarios o a quienes participan en la actividad política.
Señor Presidente, si nosotros entendemos con claridad la importancia de contar con una ley que regule el lobby, debemos preocuparnos de que ella sea de calidad, y no por apurarnos en sacar una legislación que finalmente solo signifique estadística, debemos dejar de cumplir aquel objetivo.
El lobby causa grandes dificultades en el ámbito de las decisiones públicas. Por eso hay que regularlo y determinar lo relativo a la publicidad en forma clara y certera.
Reitero: cualquiera de nosotros puede hacer lobby. Probablemente lo realizamos cuando deseamos obtener algo en beneficio de quienes representamos. Distinto es aquel que instala una institución y se dedica a tal actividad para lograr intereses pecuniarios o ventajas para ciertos sectores.
Entonces, es esencial crear un registro de lobbystas. Y ello puede concretarse a través de indicaciones que deberán discutirse en la Comisión Mixta.
Mi pregunta es -quiero dejarlo claro-, si se aprueba esta normativa y se rechazan los artículos respecto de los otros temas que no están bien resueltos, ¿la Comisión Mixta se abrirá a resolverlos?
Creo que el hecho de que no haya sujetos pasivos constituye un gravísimo error. Y en verdad faltan. Así ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la basura, que queda abierto. Y es el negocio más raro y complicado que existe.
En efecto, los sujetos pasivos no están bien regulados. El texto que se aprobó en general se refería, en forma expresa, "a las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional y de los demás organismos del Estado que se indican a continuación:". Era más genérico. Ahora, los funcionarios intermedios tienen poder, pero quedan fuera de la definición de lobby o de las posibilidades de cumplir con ello.
Y por último, los castigos son mínimos. También debemos ser claros y rigurosos en aplicar sanciones severas y duras a aquellos que efectúan la actividad de lobby en forma irregular.
Señor Presidente, también coincido en que el tema en debate es tremendamente importante y necesario.
Me congratulo de que años atrás y por moción parlamentaria haya surgido el Consejo para la Transparencia, que ha permitido avanzar en transparentar todo lo relacionado con información pública y el acceso a ella por parte de la ciudadanía, a la cual antes le estaba vedado.
Ahora damos un paso más. Y me alegro de que esta materia también se haya abordado inicialmente en una moción. Hoy día debemos tratar de sacar una ley que tenga efectividad.
Comparto lo primero señalado por el Senador señor Gómez . Soy de las personas que lamentan que en este caso se haya ido por la línea más bien de transparentar la actividad del lobby que de crear un registro de quienes lo practican (pienso que ambas cosas no son incompatibles). Este último resulta esencial, por las razones que explicó el colega y porque, en aras de la transparencia, ayuda mucho más.
¿Y qué problema surge en que se cree dicho registro? Ninguno. Al contrario, es más conveniente saber qué entidades se dedican reconocidamente al lobby de manera profesional, o sea, remunerando a sus trabajadores.
Resulta saludable e imperioso poner el tema ante la ciudadanía, independientemente de que los lobbystas pasivos -llamémoslos así- tengan que informar y que esto, por supuesto, ayude en la solución del problema que hemos indicado.
Nosotros necesitamos generar la confianza que se ha ido perdiendo de modo creciente. Si hay algo que afecta al país y daña a la democracia, es la falta de confianza de la gente en sus instituciones.
Por desgracia, en el último tiempo, se ha visto como práctica recurrente el enlodar al Parlamento, entre otras entidades, refiriéndose a todos sus integrantes como si fueran no solo no honorables, sino corruptos, ladrones, deshonestos.
En estos días, a raíz del debate presidencial, hemos escuchado una cantidad de afirmaciones que, aparte ser falsas, erosionan nuestra democracia y la institucionalidad pública y hacen un tremendo daño a Chile. ¡Un tremendo daño!
Creo que debemos buscar, en lo posible, instrumentos que nos ayuden. Si aplicamos bien la ley en proyecto, puede ser una buena herramienta. ¿Por qué? Porque queremos que se transparenten el lobby y ciertas conversaciones y reuniones. Como manifestó el Senador señor Gómez , los parlamentarios no tenemos problema alguno en que se sepa con quiénes nos reunimos o las informaciones que se nos entregan. Distinto es si ello tiene implicancia en las decisiones respecto de una política pública.
Por lo tanto, concuerdo en general con la idea del lobby. Sin embargo, hay que considerar algunos de los problemas aquí señalados.
Señor Presidente, entre los preceptos que es preciso rechazar para que la iniciativa vaya a Comisión Mixta, algunos no fueron mencionados.
En los artículos 3° y 4°, nuevos, que se nos proponen, donde se consignan los sujetos pasivos, hay omisiones. No figuran, por ejemplo, la Dirección de Aseo y Ornato de los municipios, lo que es de la mayor relevancia, porque, entre otras funciones, tiene que ver con la basura. Debería estar presente y lamentablemente no es así. Tampoco incluye al Secretario Comunal de Planificación . Espero que la Comisión Mixta lo subsane.
En el artículo 6°, número 10, se dispone que no constituyen actividades de lobby, entre otras, las asesorías realizadas por grupos sin fines de lucro, como asociaciones, corporaciones, fundaciones, universidades. Eso no significa que no lo practiquen. Sin duda, lo hacen, aunque no en forma remunerada, pues tienen intereses específicos. Deberían estar registradas, ya que, a mi juicio, hacen lobby.
En el artículo 7°, números 1 y 2 del texto propuesto, debe rechazarse la creación de registros separados para los órganos autónomos y para la Administración centralizada, estableciendo un registro único para todos aquellos que están bajo la categoría de órganos de la Administración del Estado en los términos de la ley N° 18.575. Y la tutela de eso tiene que quedar a cargo del Consejo para la Transparencia. Esto ya se ha visto y es necesario.
En el artículo 8°, inciso final, si se rechaza la tutela fiscalizadora de la Contraloría, por supuesto que debemos poner en su lugar al Consejo para la Transparencia. Creo que eso ya se acordó, en definitiva.
Por último, voy a formular un par de observaciones más.
El artículo 9° -como ya se ha dicho- se debería rechazar con el solo objeto de perfeccionar la homologación de sus reglas con las de transparencia activa consignadas en la Ley de Transparencia.
El artículo 13 establece un registro de lobbystas insuficiente -así se dijo al comienzo-, sin explicitarse quién lo crea ni quién lo fiscalizará. Este es el espacio donde espero que la Comisión Mixta pueda establecer la prohibición, por ejemplo, de contribuir a campañas electorales o de que se conviertan en lobbystas aquellos sujetos pasivos que en menos de un año pasan del sector público al privado, lo que se conoce como "puerta giratoria".
Por eso, es importante que demos un paso adelante. Pero, ¡ojo!, no quisiera que la Comisión Mixta se circunscribiese solo a los artículos que aquí se ha sugerido rechazar, pues hay que revisar también aquellos a que hice referencia.
Me interesa que se estudie a fondo el proyecto, para mejorarlo, perfeccionarlo y lograr que la futura ley realmente funcione con eficacia y eficiencia. ¡No vaya a ser que terminemos generando una legislación que no se aplique como corresponde!
Por eso -repito- espero tener garantías de que en la Comisión Mixta no solo se examinarán los cuatro artículos a que se aludió anteriormente, sino también los relativos a los asuntos que nos preocupan y acerca de los cuales coincidimos con el Senador señor Gómez en que deben tenerse presentes a la hora de trabajar en esa instancia.
Señor Presidente , quiero referirme a la letra f) del artículo 2° del texto aprobado por el Senado, que trata de la información que tienen que entregar las empresas públicas objeto de lobby.
Me preocupa el hecho de que solo deban proporcionar la información el gerente general o el vicepresidente ejecutivo -en el caso de CODELCO, por ejemplo-, o el directorio. Me parece que las empresas públicas, por la mayor cantidad de licitaciones y los mayores montos en dinero que manejan, tienen que quedar sujetas e incorporadas en el trabajo que realizará la Comisión Mixta. Porque no entiendo que el jefe de adquisiciones de CODELCO, de ENAMI o de ENAP, por ejemplo, no tenga que informar el lobby ejercido o las reuniones que haya sostenido.
Es fundamental que dichas entidades queden incorporadas, porque tienen a su cargo recursos de todos los chilenos. Sus Señorías han visto lo que históricamente ha ocurrido en CODELCO. ¿Quiénes son hoy día sus mayores contratistas? Exejecutivos de la empresa. Ellos fueron los que más realizaron lobby -me imagino- en su interior. Es un problema histórico.
Si de aquí en adelante tenemos una ley como la que deseamos aprobar, debe incorporarse todo el lobby que se realiza en forma interna en las empresas públicas.
También me preocupa que solo queden sometidas a esta normativa las empresas públicas donde el Estado tenga una participación accionaria superior al 50 por ciento. ¿Y qué pasará en aquellas en que el Estado tenga una participación de 49 por ciento? Pese a que una gran parte pertenezca a todos los chilenos, ¿el lobby que se haga en ellas no va a quedar sujeto a esta legislación?
Me gustaría, señor Presidente , que la norma mencionada también fuera incluida dentro de las materias que analizará la Comisión Mixta, porque es en tales empresas donde el Estado maneja mayor cantidad de recursos, más que -me imagino- los que mueven los concejales, por ejemplo, en cuanto a la recolección de basura, etcétera.
Por eso, me inquieta lo que ocurrirá con los recursos que el Fisco posee en las grandes empresas de nuestro país.
También me gustaría consultarles a quienes han estado en la Comisión si las ONG que reciben aportes estatales también van a quedar comprendidas dentro de los sujetos que realizan lobby o que son objeto de él. Es muy importante que queden incorporadas. Si así ha sido, no tengo objeción. Pero considero fundamental que exista la información correspondiente respecto de todos los recursos que el Estado entregue.
Señor Presidente , a diferencia de la mayoría o -según parece- de la totalidad de los señores Senadores, yo me voy a abstener en esta votación.
La verdad es que durante muchos años he discutido y analizado este proyecto, tratando de ver cómo puede mejorarse lo que se llama "lobby" o "búsqueda de influencias", y la forma de separar eso del correcto sentido de nuestra labor como parlamentarios, en la cual intentamos buscar la aprobación de determinados proyectos, lo que, en su globalidad, es tan lobby como cualquier otra gestión.
En definitiva, me voy a abstener, porque no me parece que la iniciativa sea lo suficientemente drástica como para evitar lo que se ha denominado "mal lobby" y las falencias que ella presenta.
No me gusta que se establezca como un elemento de la institucionalidad del país el que personas se dediquen a la tarea de lobby, porque eso es -perdónenme la comparación, y no quiero ofender a nadie- como las viejas conductas de hace 200 o 300 años, en que a los piratas se les daba patente de corsario. En definitiva, a los lobbystas no los quiero ni de corsarios ni de piratas. Quiero que no existan. Se me dirá que eso es imposible. Sin embargo, creo que podemos buscar un mecanismo distinto.
Por eso, con toda claridad, anuncio mi abstención.
A mi juicio, la forma en que se mueve éticamente la sociedad chilena demuestra que no están las condiciones para legislar al respecto. Además, ya se ha planteado aquí una serie de elementos que demuestran que la ley en proyecto no es todo lo completa que debería ser.
Alguien podría decirme: "Mire, más vale tener a los lobbystas encima de la mesa que actuando ocultamente". Yo no pienso así. Me parece que si uno es claro y expresa que el lobby no debe ejercerse bajo ninguna condición, se tendrán que aplicar las normas sancionatorias correspondientes.
Ahora, si se dicta la ley, vamos a tener lobbystas. Y siempre que se dicta una ley, se hace la trampa. Eso es lo que nos pasará, desgraciadamente.
Por eso, me voy a abstener, señor Presidente .
Señor Presidente, quiero realizar algunos alcances en cuanto al debate que se ha producido hasta el momento.
En primer lugar, debo señalar que parecería que los miembros de la Comisión de Gobierno no nos percatamos de las situaciones planteadas. Sin embargo, todas ellas fueron ampliamente discutidas en dicho organismo, en todas sus facetas. Por eso, somos muchos los que pensamos que el proyecto está incompleto, por lo que acelerar su tramitación no es conveniente.
No obstante, resulta evidente que, si uno vota en contra de la iniciativa, dirán: "Usted está a favor de la corrupción y todo lo demás", porque, al final, para la opinión pública -entre comillas-, este es un proyecto para el Parlamento, básicamente para controlar el lobby en el Congreso. Porque, como se afirma que todos los parlamentarios somos ladrones y corruptos, entonces ahora hay que sacar una ley para saber quiénes son los lobbystas y qué vienen a hacer acá. Y el texto no está concebido, en su globalidad, apuntando solo a los funcionarios públicos.
Todos los parlamentarios han aportado ejemplos al respecto. Se ha mencionado el tema de la basura, el de CODELCO y tantos otros. Las ONG, que hoy día se dedican a luchar para que únicamente haya plantas térmicas en Chile y a combatir las otras opciones, ¿tienen negocio o no? Claro que lo tienen, y participan en él; son consultoras de empresas, etcétera.
Por lo tanto, la Comisión Mixta tendrá una tremenda misión: regular todas estas cosas. Y posteriormente habrá que dictar los reglamentos correspondientes para que se pueda aplicar la ley.
Me parece que el proyecto presenta vacíos importantes que se deben corregir, porque, si no, la normativa se transformará en una burocracia para los parlamentarios, que quedarán inmovilizados. Así lo señalé reiteradamente en la Comisión.
Estimados colegas, yo no voy a estar en marzo, pero, a los que se quedan, ya los quiero ver cuando tengan que aplicar la ley, porque no van a poder usar ni el teléfono, ni sus computadores, ni tener reuniones con nadie, porque los van a estar acusando.
Imaginen a 170 parlamentarios y a los funcionarios públicos haciendo todos los meses una declaración sobre las reuniones que tuvieron. ¿Habrá mil o 2 mil funcionarios en el país que van a estar haciendo lo mismo una vez al mes? ¿Dónde va a estar todo eso?
Es una burocracia que va a funcionar a lo mejor un par de meses, pero que después nunca más va a funcionar. Entonces, seamos prácticos también en las cosas que aprobamos.
Por eso, considero fundamental corregir estos puntos en la Comisión Mixta. De lo contrario, el próximo año, una vez que se aplique la ley, tendremos que rápidamente hacer una nueva legislación para corregir los profundos errores que contiene esta iniciativa legal.
Quería hacer estos aportes, señor Presidente , pues estimo que es esencial abrirnos de mente para que la Comisión Mixta pueda reparar muchos problemas que todos hemos discutido tanto a nivel de los órganos técnicos respectivos como hoy en la Sala.
Señor Presidente , he leído este proyecto más de una vez y tengo reservas sobre sus alcances.
En tiempos en que se les pide a las autoridades estar muy cerca de los votantes -y los parlamentarios son autoridades que forman parte de la nomenclatura-, aquí se está creando una cantidad de filtros, biombos, protecciones, muros, que terminará, al menos, con los parlamentarios completamente aislados.
Yo, verdaderamente, no sé cómo un legislador va a poder procesar toda la cantidad de información que luego deberá entregar.
Creo que aquí está penando, en el sentido más exacto de la palabra, un fantasma anglosajón, empezando por el nombre. ¿Qué es esto del lobby? Palabra que nadie sabe bien lo que es: si es la entrada al cine; no se sabe bien. Pero, en resumidas cuentas, no es más que el cabildeo normal y corriente, que sirve para que las distintas fuerzas sociales puedan ver reflejados sus intereses concretos en la legislación.
Las leyes no salen de un laboratorio. Esta iniciativa salió de uno, pero completamente desconectado de la realidad.
En general, se dice que la investigación es útil cuando conecta con el mundo concreto de las actividades económicas o jurídicas.
La ley en proyecto será fuente de un sinfín de dificultades. Creo que va a paralizar a las autoridades.
Yo, afortunadamente, no voy a ser autoridad en ninguna parte a contar de marzo del próximo año, con gran alivio para algunos.
En esta materia yo estoy pensando en mis estimados colegas, por los cuales tengo el mayor aprecio: en los que sigan en esta función y en los que resulten elegidos.
Pienso que lo que se quiere evitar, que es la interferencia indebida por medios ilícitos, seguirá tan campante como siempre.
Me parece que los ejemplos que levantó un señor Senador aquí, de la enorme presión que ejercen algunas instituciones u organizaciones que se declaran altruistas al hipercubo, quedarán fuera de la pantalla de la ley. Y permaneceremos sometidos a esas actividades, que son inorgánicas.
Yo prefiero que se pueda conversar con todo el mundo. Creo que la autoridad debe poder intercambiar correspondencia, correos electrónicos, hasta formarse un parecer sobre la realidad en la cual quiere incidir.
De veras pienso que esta materia se encuentra gobernada por la ideología de la transparencia, que es otra forma de ideología. Esto de que todo el mundo tiene que ser como un cristal belga -¡por favor!-, va a terminar en que la sociedad será gobernada por una clase elegida, compuesta por no se sabe quiénes ni de adónde, que no tiene contacto alguno con el mundo real, y que no se ha desempeñado en ningún rubro en su existencia antes. Será una especie de íncubo salido de no se sabe dónde.
¡Pobre ciudadano el que quiera ser director de CODELCO o -hablando de un ejemplo más cercano- parlamentario!
Me parece que aquí se está creando una valla insalvable.
Todas las leyes, cuando no engranan con la realidad, quedan sin aplicación y generan situaciones inorgánicas oscuras, opacas, mucho más graves que la posibilidad de conversar en un pasillo del Senado con el señor equis, i griega o zeta, que ejerce las leyes, la ingeniería, la medicina, la investigación, en fin.
Pienso que la ley en proyecto en cierto modo atenta contra la libertad que tienen los que quieren gobernar un país para hacerlo atento a lo que la sociedad pide.
Yo me atrevo a desafiar el juicio universal.
Un ex Presidente de la República ha dicho que aquí a quienes votemos contra esta iniciativa nos van a declarar partidarios de las peores maldades del mundo. Yo al menos voy a abstenerme, porque verdaderamente no me convence el tenor de su texto.
El Senador señor Gómez pidió la palabra para aclarar el sentido de su voto. Porque se hizo referencia -para que lo tengamos claro- a que el acuerdo es aprobar, en una sola votación, todos los artículos que requieren quórum especial, en el entendido de que, además, se rechazan los artículos 4°, 6°, 9°, 13 y 2° transitorio.
Dispone de un minuto, señor Senador.
Señor Presidente , esa diferencia permite abrir la discusión sobre los puntos centrales que planteamos, a excepción de lo relativo a las sanciones, materia que, por último, se debatirá en la Comisión Mixta.
Bajo esa lógica, entonces, voto a favor, para los efectos de que en esa instancia se puedan corregir eventualmente los aspectos que hicimos presentes en esta Sala. Si no fuera así, dependerá de la voluntad y el acuerdo a que pueda llegarse en la referida Comisión.
Reitero: si el acuerdo se halla establecido en la forma como indicó el señor Presidente , se abrirá la discusión sobre aquello.
Estamos claros de que eso permitirá buscar un acuerdo en la línea indicada.
Por idéntica razón, señor Presidente , me pronuncio en el mismo sentido.
Así lo entendimos, señora Senadora.
Por las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, incluidas las normas de quórum especial, con excepción de los artículos 4°, 6°, 9°, 13 y 2° transitorio, que se rechazan (22 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los señores Larraín (don Carlos) y Ruiz-Esquide.
En consecuencia, el proyecto queda aprobado en los términos señalados y pasa a Comisión Mixta para la resolución de los cinco o seis puntos que se mencionaron.
En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones a la ley orgánica del Ministerio de Justicia (boletín N° 8.207-07).
2) El que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a farmacias (boletines N°s 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
--Se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina, para un punto de reglamento.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , con respecto al proyecto que se acaba de despachar, quiero señalar que se entiende factible que, producto de los acuerdos a que pueda llegarse durante la siguiente etapa de su tramitación, se modifiquen algunos de los artículos que ya se encuentran aprobados.
Dejo constancia ante el señor Secretario de que ello es así, porque el artículo 8°, por ejemplo -ya sé que está votado y no estoy pidiendo que lo cambien-, contiene una descripción que simplemente hace imposible -comparto por completo lo dicho por el Senador Eduardo Frei en este sentido- cualquier actividad que pueda realizar un parlamentario.
Entonces, señor Presidente , esos artículos -lo señalo para los efectos de que quede consignado en la Versión Oficial- pueden ser complementados o modificados conforme a los acuerdos que se adopten a propósito de otras normas.
Dejo constancia de que existe tal flexibilidad, que siempre se ha aplicado en las Comisiones Mixtas para sacar buenos proyectos.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Su Señoría tiene razón. Entiendo, además, que hay un informe de la Comisión de Constitución en esa línea.
Al señor Ministro de Salud, pidiéndole ADELANTAMIENTO DE HORA DE ATENCIÓN PARA SEÑORA SADY MUÑOZ EN HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (Octava Región).
Y al señor Intendente del Maule, con el objeto de que entregue diversa INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, DESAGREGADA POR PROVINCIAS Y COMUNAS.
--Se levantó la sesión a las 14:8.

References: artículo 65
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 artículo 8