Source: http://apuntesdehistoriafjqa.blogspot.com/2011/11/
Timestamp: 2017-06-26 10:32:35+00:00

Document:
APUNTES DE HISTORIA: noviembre 2011
La principal crítica a la desamortización de
Mendizábal vino de las filas del propio partido progresista. El economista asturiano Flórez Estrada había
estudiado las ideas de los economistas liberales Adam Smith y Malthus durante
su estancia en Inglaterra, ocupó el cargo de intendente de Andalucía en 1813
pero al regreso de Fernando VII en 1814 fue condenado a muerte y tuvo que
exiliarse de nuevo en Inglaterra, luego fue diputado durante el trienio liberal
y vuelve a huir a Inglaterra en 1823 hasta que en 1834 puede regresar a España
y entra a formar parte del estamento de procuradores por el partido
progresista. Cuando en mayo de 1836 volvieron a reunirse las Cortes, Flórez
Estrada y otros procuradores pidieron que el gobierno presentase ante las Cortes
el Real Decreto del 19 de febrero ya que consideraban que Mendizábal se había
excedido en sus funciones al conseguir que la Regente lo firmara mientras las
Cortes estaban disueltas, pero la mayoría parlamentaria progresista apoyó a
Mendizábal y se negó a debatir a posteriori el Real Decreto. Sin embargo,
Flórez Estrada combatió fuera de las Cortes la ley de desamortización y el 28 de febrero de 1836 publicó en el diario El Español un breve pero denso artículo titulado “Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales” en el que establecía su propio programa
desamortizador: se declara partidario de la desamortización pero no como
medio para liquidar la deuda pública sino para iniciar la necesaria reforma
agraria tal como habían establecido ya los ilustrados del XVIII, el modelo
era la legislación desamortizadora del duque Leopoldo de Toscana de 1769. Esta
reforma agraria debía favorecer principalmente a los campesinos, con lo cual la
reforma agraria se convertía también en una reforma social propiciando
un mejor reparto de la riqueza y como consecuencia final la identificación de
la mayoría social con la causa isabelina. El método que proponía Flórez Estrada
era entregar a los pequeños campesinos que antes trabajaban para la Iglesia
lotes de tierras en arrendamientos enfitéuticos por cincuenta años a
cambio de una renta que no debía superar la que ya entregaban a la Iglesia. A
los cincuenta años, la renta podía renovarse y revisarse ya que el Estado
conservaba la propiedad de los bienes nacionales y esto le permitía recuperar
la tenencia de las tierra si no era explotada convenientemente y entregarla a
campesinos dispuestos a hacerla más próspera o, en el caso de que los
beneficiarios estuviesen cumpliendo su compromiso de mejora de las
explotaciones, el arrendamiento podía prorrogarse en sus sucesores. Además, en
el mismo artículo criticaba los previsibles males que traería la ley de
Mendizábal: el acaparamiento de tierras en pocas manos en virtud del fraude y
la connivencia del aparato burocrático del Estado y el aumento de las cargas
fiscales sobre los campesinos y, como consecuencia, el apoyo de estos al
carlismo. CRÍTICA Y ALTERNATIVA DE FLÓREZ ESTRADA A LA DESAMORTIZACIÓN
sin que se pueda decir cosa en contra, cumple, igualmente que pagando de una
vez toda su deuda, pagando el interés correspondiente. Sentados estos
antecedentes, la cuestión que hay que resolver es la siguiente: ¿el gobierno
debe pagar de una vez toda su deuda dando fincas en lugar de dinero, o
convendrá que arriende en enfiteusis todas estas fincas y reparta su renta
entre los acreedores? Hacer ver que el segundo método es el único justo, el
único compatible con la prosperidad futura de nuestra industria, el único
conveniente a los intereses de los acreedores, el único popular, y, por
consiguiente, ventajoso al sostén del trono de Isabel II, el único que no
perjudica a la clase propietaria, el único, en fin por cuyo medio se puede
mejorar la suerte de la desgraciada clase proletaria desatendida en todas épocas
y por todos los gobiernos, es lo que me propongo hacer ver. . .
FLÓREZ ESTRADA, Álvaro; “Del uso que
debe hacerse de los bienes nacionales”, en Obras de Flórez Estrada, B. A. E., Madrid 1958 t. 112, pp.
de venta, todas las clases de la sociedad quedan altamente perjudicadas […]. En
cambio con el sistema enfitéutico, todas las familias de la clase proletaria
serían dueñas del dominio útil de la tierra que cultivasen, y, por
consiguiente, interesadas en sostener las reformas y el trono de Isabel II,
pues en ellas verían cifrado su bienestar. Por el contrario, el sistema de
vender las fincas, hará la suerte de esta numerosa clase más desgraciada, les
hará odiosa la reforma y el orden existente de cosas […]. Los arriendos de
bienes pertenecientes a conventos y a familias de la antigua nobleza eran
generalmente los más equitativos por el hecho mismo del mucho tiempo que había
transcurrido desde su otorgamiento; los nuevos compradores de fincas
pertenecientes a conventos por lo general ha subido la renta. […]. Esta subida de la renta, que infaliblemente tendrá
lugar, hará que los pueblos detesten las nuevas reformas por las que se
traspasan a otras manos los bienes, por los que cuando pertenecían a los
conventos pagaban un canon mucho más moderado.
enfiteusis es un sistema que, creando a favor del colono una casi propiedad,
forma una clase de individuos tan industriosos y tan ricos como si fuesen
propietarios. Este solo sistema es el que, inspirando al labrador una completa
confianza, le estimula a cultivar la tierra ajena como si fuera propia.
debe hacerse de los bienes nacionales”, El Español (28-II-1836).
También, Réplica a dos artículos
anónimos en Obras de Flórez Estrada, B. A. E., Madrid 1958 t. 112, pp.
posible que nuestro gobierno, a costa de tan graves inconvenientes, se
desentienda de abrazar la única medida capaz de sacar adelante a la clase
numerosa de la sociedad del estado de abyección y de miseria en que se halla?
¿Malograría
nuestro gobierno la oportunidad rara y sin igual apreciable que se le presenta,
sin tener que vulnerar ningún derecho ni que excitar ninguna queja fundada, de
regenerar España, formando así su Ley Agraria, esto es, distribuyendo del modo
más equitativo y ventajosos la propiedad, que es don de la naturaleza y no
producto de la industria del hombre, de cuya justa distribución penden la
consolidación de las instituciones fundamentales de los pueblos y el bienestar de los
FLÓREZ ESTRADA, Álvaro;
Réplica a Ramón de la Sagra en Obras de Flórez Estrada, B. A. E.,
Madrid 1958 t. 112, pp. 387-406.
1814-1833 FERNANDO VII,
Mendizábal retomó las medidas desamortizadoras que
se habían iniciado ya en la época de Godoy, las Cortes de Cádiz, el Trienio
Liberal y, más tímidamente por el conde de Toreno el año anterior siendo ministro de Hacienda el propio Mendizábal,
pero de un modo mucho más sistemático y radical.
Ø Por el Real Decreto de 11 de
octubre de 1835 reestableció la vigencia del decreto de 1 de octubre de 1820
conocida como Ley de supresión de conventos de 1820, con lo cual aumentaba el
número de instituciones suprimidas por los moderados poco antes. Ø Por el Real Decreto de 25 de
julio de 1835 adjudicaba los patrimonios de los conventos suprimidos a la
amortización de la deuda. Ø Por el Real Decreto de 19
de febrero de 1836, primera ley de desamortización dedicada a los bienes
del clero regular. No es un texto elaborado por la Cortes, sino personalmente
por el propio Mendizábal, quien como cosa propia lo defiende en la Exposición de Motivos dirigida a la reina
Ø Por el Real Decreto de 8 de
marzo de 1836 y su reglamento del día 24 del mismo mes regulaba por extenso el
de 25 de julio de 1835 y le daba mayor amplitud ya que suprimía, salvo
contadas excepciones, todos los conventos y monasterios de religiosos varones y
destinaba a la extinción de la deuda pública los patrimonios de las casas de
comunidades religiosas de uno y otro sexo, suprimidas o no; a cambio señalaba
una pensión diaria a los religiosos de las instituciones suprimidas que
había de hacerse efectiva a costa de los patrimonios convertidos en bienes
Ø Este programa desamortizador
continúo en 1837 durante el gobierno progresista de Calatrava siendo Mendizábal
ministro de Hacienda por el Real Decreto de 29 de julio de 1837 que daba nueva
redacción a l de 8 de marzo de 1836 sin mayor modificación que la de ampliar
la supresión de conventos y monasterios a los de religiosas.
Análisis del Real Decreto de 19 de febrero de
REAL DECRETO DE 19 DE FEBRERO DE
Señora: Vender la masa de bienes que han
venido a ser propiedad de la nación no es tan sólo cumplir una promesa solemne
y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización
exactamente igual al producto de las rentas; es abrir una fuente abundantísima
de felicidad pública: vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de
la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y
vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y firmes vínculos
que liguen a ella, es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II,
símbolo del orden y de la libertad. No es, Señora, ni una fría especulación
mercantil, ni una mera operación de crédito […]; es un elemento de animación,
de vida y de ventura para España. Es, si puedo explicarme así, el complemento
de su resurrección política.
El decreto que voy a tener la honra de someter
a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta de esos bienes adquiridos ya
por la nación, así como en su resultado material, ha de producir el beneficio
de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia,
en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace,
se encadene, se funde a la alta idea de crear una copiosa familia de
propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el
triunfo completo d nuestras actuales instituciones.
Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde
ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las
comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido
adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y también todos los que
en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación.
Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida
general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para
conservar monumentos de las artes o para honrar la memoria de hazañas
nacionales […]
de motivos Mendizábal declara que los fines de la ley de
desamortización son:
· Amortizar la deuda pública, por lo que se admitiría el pago en títulos de
deuda pública o en metálico que se destinaría íntegramente a la adquisición por el Estado de títulos de
· Crear una copiosa familia de propietarios que constituyese la masa social
que apoyase al régimen liberal de Isabel II.
· Fomentar el desarrollo económico en virtud del principio liberal de que
la propiedad privada y su libre circulación en el mercado es la base del
progreso individual que repercute directamente en el general de la nación.
El Real Decreto establecía la forma en que debían
pasar a manos privadas las propiedades del clero regular y la forma en que
se debía realizar el pago al Estado por los nuevos propietarios:
El artículo 1º declaraba en venta todos los bienes
de las instituciones extinguidas y los que anteriormente estuvieran calificados
como bienes nacionales o lo fueran en adelante.
El artículo 3º establecía que la venta se haría en
pública subasta partiendo de un precio mínimo e inicial de tasación.
El artículo 4º establecía que cualquier particular
podía pedir la tasación oficial y la inmediata subasta de una o varias fincas
aun no tasadas por el Estado. El artículo 9º disponía que en el caso anterior el
Estado adjudicara la finca directamente al solicitante por el valor de tasación
si no se presentaba otra oferta mayor. El artículo 10º disponía que el adjudicatario
pudiera pagar en metálico o en títulos de deuda pública.
El artículo 11º establecía que en caso de que el
adjudicatario optase por pagar en títulos de deuda pública, estos se admitirían
por su valor nominal.
El artículo 12º disponía que el adjudicatario
debiera optar por uno u otro medio de pago en el acto mismo de adjudicación.
El artículo 13º establecía que cual fuese el medio
de pago elegido la quinta parte del precio final de remate debía hacerse
efectiva antes del otorgamiento de la escritura de propiedad.
El artículo 14º disponía que las otras cuatros
quintas partes del precio de remate debían pagaren el plazo de ocho años si se
había elegido el pago en títulos de deuda o en los dieciséis años siguientes si
se había elegido el pago en metálico.
El artículo 18º establecía que las fincas quedaban
hipotecadas en garantía del pago de las cuatro quintas partes de su precio de
remate durante los ocho o dieciséis años siguiente según cual fuera la
modalidad de pago establecida. La Ley de desamortización de Mendizábal benefició
casi exclusivamente a los capitalistas que poseían dinero en efectivo o títulos
de deuda pública o que tenían suficiente dinero como para hacerse con
grandes cantidades de títulos de deuda en el mercado. En la práctica, los
pequeños inversionistas y los pequeños labradores interesados en adquirir
fincas no pudieron competir con los grandes especuladores que recurrieron a
todo tipo de prácticas fraudulentas para adquirir la mayor parte de las fincas.
En primer lugar, por lo dispuesto en el artículo 9º fueron frecuentes los casos
en que individuos particulares en connivencia con los funcionarios del Estado
solicitaron la tasación a la baja de grandes fincas sin que se produjera luego
una convocatoria de subasta pública. En segundo lugar, la ley no se aplicó
escrupulosamente y aunque se determinara en el acto de adjudicación el pago en
títulos de deuda, se aceptó durante los años siguientes no el valor en títulos
de los plazos previstos sino en el del dinero equivalente para adquirir el
valor nominal en títulos de deuda pública por parte de Estado y como este valor
oscilaba en función de su precio de cotización y éste era siempre inferior al
nominal, la realidad es que los adjudicatarios terminaban pagando sumas muy
inferiores a las del precio de remate en metálico. Un ejemplo; en Salamanca se
adjudicó en 1843 una finca procedente de un convento de mercedarios calzados
por valor de remate de 37.000 reales; los adjudicatarios eligieron el pago en
títulos de deuda e hicieron el pago de algo más de la quinta parte, 7.400
reales en títulos de deuda pública, en el acto de adjudicación; durante los
ocho años siguientes debían entregar títulos de deuda por valor de 3.700 reales
cada año pero en la práctica entregaron dinero en metálico para que el Estado
los adquiriera y esto importó una suma en metálico de menor de 12.000 reales
incluido el primer pago efectuado en el momento del remate.
Con todo esto debemos concluir que a pesar de los
motivos expuestos por Mendizábal, la Ley
de desamortización no cumplió sus objetivos: ni el Estado pudo eliminar
por completo los títulos de deuda pública ni se consiguió crear gran grupo de
propietarios adictos a la causa de Isabel II pues los beneficiarios del proceso
desamortizador fueron los propios círculos financieros y capitalistas que ya
estaban comprometidos con el Estado liberal y que en general podemos
identificar con sus mismos círculos políticos, judiciales y burocráticos. Por
otra parte, los afectados por la desamortización, el clero regular, y los que
no pudieron beneficiarse, los pequeños propietarios agrarios y los campesinos,
identificaron al Estado liberal con los nuevos propietarios y adoptaron
posiciones radicales dentro del carlismo. Incluso los liberales más
conservadores, los moderados, rechazaron las medidas desamortizadoras por
considerarlas un ataque directo a la Iglesia y un peligro que aumentaría el
número de los descontentos y que estos abrazarían la causa carlista por rechazo
a un liberalismo que sólo beneficiaba a una minoría.
Tras la dimisión del conde de Toreno en septiembre de 1835, María
Cristina mandó formar gobierno a Juan Álvarez de Mendizábal, un gaditano
de origen judío que había tomado parte en el pronunciamiento de Riego y que
tuvo que exiliarse en Inglaterra en 1823, allí logró hacer una gran fortuna y
convertirse en un financiero de prestigio que contaba con el apoyo de sectores
influyentes de las Bolsas europeas. Mendizábal había sido ya ministro de
Hacienda con el conde de Toreno y representaba al sector más radical de los
liberales, en torno suyo se fue formando el germen de los que llegaría a ser el
Frente a Mendizábal se fue formando un grupo
opositor en torno a Istúriz y Alcalá Galiano que sería el inicio del
llamado partido moderado. Mendizábal prometió a María Cristina defender el
Estatuto Real de 1834 y no menoscabar las prerrogativas regias, pero al mismo
tiempo exigió asumir personalmente grandes poderes. El 31 de diciembre de 1835
Mendizábal consiguió que todos los procuradores menos uno otorgaran su voto
positivo al Proyecto de Ley de voto de
confianza al Gobierno de 16 de enero de 1836 para que se autorizarse a
éste a "proporcionarse cuantos recursos y
medios sean necesarios a la más completa asistencia a la fuerza armada" y se
hizo cargo de las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Pocos días
después Mendizábal obtuvo por Real
Decreto de la reina regente la disolución de las Cortes y hasta agosto
de ese año sacó adelante una serie de Reales Decretos con el que pretendió
establecer un ambicioso programa de reformas radicales: 1. La recuperación del crédito público para acabar con la deuda pública
mediante la desamortización de los
bienes del clero regular.
2. Aumentar el esfuerzo
financiero y humano para ganar definitivamente la guerra contra el carlismo
para lo que decretó una leva de 100.000
hombres para aumentar los efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, una
requisa de caballos en toda la nación y un anticipo forzoso de 200 millones de
reales. En realidad la recluta no llegó a superar los 46.000 hombres al
admitirse la redención en metálico del servicio militar. 3. Reestablecer la libertad de
imprenta y los derechos fundamentales del individuo.
4. La reforma de la Ley
Electoral de 1834 para ampliar el censo de votantes a 65.000 electores y
establecer la elección directa de los procuradores a Cortes.
Vista de un pescado que el 13 de mayo de 1768 mataron algunos yndividuos marineros entre la guardia del Rinconsillo y barca de Palmones, ensenada de la Bahía de Algeciras,cuio pescado tenía en el extremo A. de la caveza poco más de un palmo de espesor, en B. tenía dos varas y una terzia de grueso, en C. tres baras de grueso y en D. una bara: sus anchos y largo se medían por la escala sobre que está construido. tenía el pellejo blando color de pizarra, de tres lígneas de espesor, y con su carnada llegava a dos pulgadas de grueso; la carne como de cazón, pero mui crasa, no tenía escamas, agallas, ni espina alguna por lo esterior. La quijada inferiro E. su color del pellejo blanco como leche, con 21 dientes por lado que encaban en sus correspondientes hoyos de la quijada superior y ésta no tenía diente alguno, Tenía miembro viril de dos varas de largo en la F. y en la G. ombligada. Nota: 1 vara de Castilla = 83, 5 cm.
El 27 de marzo de 1750 aparecio un cetaceo varado junto al fuerte de Santa Barbára, en la playa de Levante de La Línea. Un ingeniero militar levanto la planta y el alzado del animal, seguramente un cachalote. Las dimensiones del animal eran de largo 12,5 varas castellanas, que a 83,5 cm. cada vara suponen 10,44 metros. El peso, 3.200 arrobas, a 11,5 kilos cada una, son 13.800 kilos, casi 14 toneladas. Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina 00259, Plano manuscrito, 28x43 cm. Escala (1:50), 12 varas de castilla = 22,9 cm, tinta y aguada gris, con carta de José Vázquez Prego al Marqués de la Ensenada de 10 de abril de 1750. Plano y vista del pescado que se encontró en la Playa de Levante entre el reducto de Santa Bárbara y su avanzada, situado en la izquierda de La Línea delante de Gibraltar, la mañana del 27 de marzo de 1750, cuya longitud era de doze varas y media castellanas, su circunferencia, por el vientre, y lomo de doze varas. Tenía veinte y quatro dientes semejantes a los colmillos del javalí en cada quixada y ninguno en la parte superior; La cola tres varas de latitud y seis pulgadas de grueso. Se calculó su pesó en tres mil y doszientas arrobas. Las dimensiones de las demás partes, colocados en sus devidos lugares se pueden ver por la escala.
Tras la caída del gobierno moderado en julio de 1854 y el nombramineto de Espartero como presidente del Consejo de Ministros, se inicia un proceso constituyente, como se había prometido en el Manifiesto del Manzanares, o mejor, como habían interpretado los progresistas al sumarse al pronunciamineto. En agosto de 1854, por medio de un Real Decreto, se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, que serán unicamerales, solo compuestas por la Cámara de Diputados. La Ley Electoral que se aplicará será la progresista de 1837, sufreagio censatario con algunos retoques que no cambian lo fundamental pero que agilizan el proceso de votación y recuento y que otorgan el derecho al voto a los varones mayopres de 25 años quue demuestren una renta superior a 200 reales anuales, lo que en la práctica suponía el 10% de la población. Los moderados deciden no presentarse a las elecciones y optan por la abstención, aunque algunos políticos moderados se presentan a título particular. Los moderados "puritanos" deciden presentarse en las filas de la Unión Liberal de O´Donnell, entre ellos Cánovas del Castillo. Pero la Unión Liberal de O´Donnell es una agrupación política con vocación de centro, tan amplia y ambigua que incluye tambien a muchos progresistas, los menos radicales, de hecho no es todavía un partido sino una coalición de políticos de diversa procedencia. Por su parte, el partido Progresista, para diferenciarse claramente del centro, redicaliza sus posturas políticas, apoyando claramente las posturas democráticas al mensio en la política municipal. Finalmente, los demócratas se presentan divididos en dos candidaturas, una monárquica y mayoritaria y otra republicana y minoritaria. RESULTADO DE LAS ELECCIONES EN 1854
A pesar de la victoria progresista, la coalición electoral Unión Liberal iría progresivamente atrayendo a los sectores más templados del progresismo y a los moderados más "progresistas" de forma que fue creciendo su fuerza parlamentaria desde 1855. Por su parte, los progresistas fueron perdiendo fuerza al decantarse sus miembros hacia la Unión Liberal por la derecha y hacia el Partido Demócrata por la izquierda. Publicado por
La revolución de 1854 en Madrid El 28 de junio de 1854 el general Leopoldo O´Donnell se pronuncia en la localidad madrileña de Vicálvaro contra el gobierno moderado. Las pretensiones de O´Donnell no son claras y no consigue apoyos. Las tropas fieles al gobierno obligan a O´Donnell a retirarse hacia el sur, donde se reune con el general Serrano.
El verdadero éxito del pronunciamiento no se produce hasta el 7 de julio, cuando los sublevados publican el Manifiesto del Manzanares, redacatado por el joven político moderado Cánovas del Castillo, contrario a la situación de virtual dictadura del ala dura de su partido en que había degenerado la Década moderada. El Manifiesto sacó de dudas a los progresistas sobre las inteciones de los sublevados y finalmente decidieron apoyar lo que entonces llamaron la revolución de 1854, aunque en realidad, como vemos, no fue más que un pronunciamineto. Con la unión de los progresistas, el general Espartero se puso al frente del pronunciamineto, que además contó con el apoyo financiero de importantes sectores de la burguesía capitalista, que desaba un gobierno dispuesto a dinamizar el desarrollo industrial y financiero, como finalmente sucedió durante los dos años siguinetes, el llamado Bienio progresista (1854-1856). Tras la publicación del Manifiesto del Manzanares, a lo largo del mes de julio se fueron sumando al pronunciamiento diversas guarniciones y hubo manifestaciones y revueltas en varias ciudades, en las que se formaron Juntas revolucionarias, hasta que finalmente Isabel II admitió la dimisión del gibierno moderado y llamó a Espartero para que presidiera un nuevo consejo de ministros. El 29 de julio, Espartero y O¨Donnell entraban triunfalmente en Madrid. MANIFIESTO DEL MANZANARES
El Manifiesto recoge los principales puntos del programa progresista, lo que explica la adhesión de éstos al pronunciamiento y su triunfo: Llama tiranos a los moderados autoritarios.
Quiere restaurar el régimen representativo, ya que los moderados había llegado a cerrar las Cortes. No se cuestiona la monarquía ni a Isabel II, desterrando el temor a una revolución republicana. Cuando se refiere a "las leyes funddamnetales, mejorándolas" y "Las Cortes Generales que luego se reunan" será un punto de desacuerdo y polémica en el futuro entre progresistas y la Unión Liberal ya que los primeros interpretaron la necesidad de iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, que finalmente será la nonnata de 1856 mientras que los segundos pensaban solamente reformar y mejorar la Constitución moderada de 1845.
El programa progresista se resume en: libertad de imprenta, bajada de impuestos indirectos o consumos, ampliación del sufragio censatario aunque nunca sufragio universal como querían los demácratas, Milicia Nacional. Publicado por

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 

Artículo 1

Artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 18
 artículo 9