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Timestamp: 2019-05-26 17:14:53+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-04-13Regresar
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD TRIBUTARIA - Es aplicable en materia tributaria sin diferenciar si las normas son favorables o no al contribuyente
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD - No se aplican en materia tributaria
En primer lugar, debe advertirse que de conformidad con los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, las normas tributarias no se aplican con retroactividad, y tratándose de impuestos en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, sólo se aplican a partir del periodo que comience después de la vigencia de la ley.
El impuesto sobre la renta es un tributo de periodo, pues se causa teniendo en cuenta el resultado económico del contribuyente en el año calendario que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, aquellas disposiciones que regulen el impuesto de renta, no pueden aplicarse sino a partir del periodo gravable que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.
Como ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, no es posible la aplicación inmediata, ni la aplicación retroactiva de normas que afecten alguno de los elementos que estructuran impuesto de periodo, pues ello implicaría la vulneración de las normas constitucionales ya mencionadas, disposiciones que precisamente procuran que los hechos ya formalizados jurídicamente y los que se encuentran en curso al momento de expedición de una ley, no se vean afectados por los cambios, en aras de la seguridad jurídica y de que haya certeza de las regulaciones de la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto (Principio de legalidad).
Para el caso de los tributos de periodo, las normas deben regir con anterioridad a su iniciación. Los artículos 338 y 363 de la Carta Política proscriben de manera categórica la retroactividad de la ley, sin diferenciar si son o no favorables al contribuyente. La ley aplicable es la vigente al inicio del periodo.
( 2015-04-13) Consultar
INTERESES CAUSADOS - No eran deducibles antes del período gravable 1998
INTERESES CAUSADOS - Son deducibles a partir de la Ley 488 de 1998
En consecuencia en el presente caso, debe aplicarse el artículo 117 del Estatuto Tributario, antes de la modificación de que fue objeto, porque además de lo ya expuesto, el artículo 3° de la Ley 488 de 1998 no es una norma "favorable" al contribuyente, pues bien puede suceder que para otros contribuyentes o incluso para el demandante en algunos eventos, tenga efectos más gravosos.
Estos argumentos no están llamados a prosperar. De otra parte, la actora considera que deben aceptarse los intereses causados y no pagados durante el año 1998, con fundamento en el artículo 104 del Estatuto Tributario y el artículo 100 del Decreto 2649 de 1993, pues en su criterio las deducciones de quienes llevan contabilidad de causación, se realizan en el periodo en que se causen, aunque no se hayan pagado todavía.
Al respecto, la Sala reitera su criterio sobre la deducibilidad de los intereses, de acuerdo con la legislación vigente antes de la Ley 488 de 1998 en el sentido que para los periodos gravables 1998 y anteriores sólo se aceptaban como deducibles los efectivamente cancelados, siempre que estén debidamente certificados por la entidad beneficiaria del pago, independientemente de su causación contable, aspecto que sólo entró a operar con la modificación introducida por dicha Ley al artículo 117 del Estatuto Tributario.
DEDUCCION POR REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA - Debe solicitarse en el año en que el tercero realiza y factura el trabajo de reparación
Al respecto debe señalarse que de conformidad con los artículos 104 y 105 del Estatuto Tributario, se entienden realizadas las deducciones para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación en el año o período en que se causen y se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago.
De acuerdo con el artículo 107 ib. son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable. En el presente caso, la deducción no se causó en el año 1998 pues como lo reconoce expresamente la sociedad demandante, el concesionario Casa Británica realizó las reparaciones de los vehículos cobijados con garantía a cargo de SOFASA durante el año 1997 y así expidió la correspondiente factura, luego la actora también debió reconocer en dicho periodo la deducción, independientemente de que no se hubiese realizado el pago o de que adicionalmente deban cumplirse unos requisitos formales para la cancelación de la obligación, pues en todo caso el hecho económico se realizó en el periodo gravable 1997.
FACTURA COMO SOPORTE DE DEDUCCIONES - No se requiere en el caso de los tiquetes o billetes de transporte aéreo.
DEDUCCION POR TIQUETES DE TRANSPORTE AEREO - Procede aunque no se tenga la factura por esos pagos
La sociedad demandante solicitó como deducción en su declaración de renta por pagos realizados a Avianca la suma de $52'757.925, de los cuales, la Administración rechazó $18'519.957 considerando que no tenían soporte y porque correspondían a personas diferentes. El Tribunal aceptó los soportes de las transacciones de caja menor, así como los demás soportes aportados por la demandante, quien explicó que se trataba de servicios prestados por terceros diferentes de AVIANCA, pero por error se asignaron a esta empresa.
Frente a estos argumentos, considera la Sala que en este caso no es aplicable el artículo 781 del Estatuto Tributario porque ésta no fue la norma que sustentó el rechazo de estas deducciones, además no hay evidencia de que el contribuyente haya omitido la presentación de sus libros y demás comprobantes de contabilidad.
En este caso el contribuyente debía acreditar la realidad de los gastos que no tenían como soporte la factura respectiva, lo cual se logra con las notas de cobro de AVIANCA que obran a folios 209 a 213 de los anexos aportados con la demanda, donde consta el cobro a SOFASA S.A. por concepto de tiquetes.
Cabe recordar que de conformidad con el numeral 7 del artículo 5° del Decreto 1165 de 1996, los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros son documentos equivalentes a la factura, por lo que este último documento no se requiere para la demostración de los costos y deducciones.
FACTURA DE COBRO - Es título ejecutivo
Entendido un proceso como "La coordinada sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal, y que tienen por objeto una decisión de índole jurisdiccional", es claro que, los actos administrativos deben proferirse respecto de las pretensiones invocadas sobre el mismo, y tener incidencia directa sobre ellas.
La apertura de un proceso ejecutivo de cobro coactivo en materia tributaria, implica necesariamente la preexistencia de un "Título Ejecutivo Cobrable", esto es, debidamente ejecutoriado, en los que conste a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación expresa, clara y actualmente exigible por no estar pendiente de ningún plazo o condición.
El artículo 828 E.T. discrimina taxativamente los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo, y que sirven de soporte jurídico para que la Administración proceda iniciar el proceso mediante la emisión del correspondiente Mandamiento de Pago, en el que se ordena al deudor el pago de las obligaciones pendientes a favor de la entidad Estatal.
FACTURA COMO DOCUMENTO SOPORTE - La fecha debe corresponder al año gravable investigado.
FECHA CIERTA DE FACTURA - Desde cuando ha sido registrado o presentado ante una autoridad.
En el sub examine se observa que las facturas expedidas por la sociedad Hernando Pulecio y Cía. S. en C. no fueron aportadas en el momento de la inspección contable como parte de la contabilidad del contribuyente como tampoco con ocasión del memorial de octubre 8 de 1997 con el que envía las fotocopias auténticas de los anexos de la declaración de renta y complementarios año 1995, oportunidad en la cual solo acompañó comprobantes de egresos sin sus correspondientes soportes de carácter externo.
Además se observa al igual que lo hizo la Administración, que las mencionadas facturas tienen como fecha de autenticación el 24 de marzo de 1998 cuando el periodo investigado es el año 1995, razón por la cual la fecha cierta tal como lo prevé el artículo 767 del E.T., corresponde a más de dos años después de realizadas las operaciones por lo cual bien pueden tenerse como prueba post-constituida, sin la fuerza suficiente para desvirtuar las glosas de la Administración.
De otra parte, el hecho que no se hubiera encontrado local o establecimiento de la sociedad Hernando Pulecio y Cía S. en C. y que se encuentre inactiva ante la Cámara de Comercio, resta credibilidad a la realidad de los costos declarados y para su aceptación no es suficiente el contrato toda vez que su fecha de autenticación es de 24-03-98 y el período discutido es 1995.
Según la doctrina vigente de esta Superintendencia, la transferencia de acciones o cuotas sociales producto de la adjudicación, bien que sea derivada de la sucesión por causa de muerte, de la liquidación de sociedad comercial o, de la liquidación de la sociedad conyugal aunque sea voluntaria, no comporta por si misma el sometimiento al derecho de preferencia estipulado para la negociación de las primeras, o para la cesión de las segundas, lo que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no obsta para que el ingreso del tercero (aquel que no tiene la calidad de socio), deba contar en todo caso con la aprobación de la junta de socios, conclusión que tiene fundamento en los argumentos jurídicos ampliamente examinados a través de los distintos conceptos que sobre la materia ha emitido la Entidad, particularmente en los Oficios 220- 058026 de 25 de julio de 2012 y 220-156602 del 05 de noviembre de 2013.
¿a la luz de las normas vigentes pueden las empresas Multinivel exigir el pago de los aportes a la seguridad social a los vendedores independientes y/o empresarios de redes como condición de hacerles sus pagos, para que a las mismas les sean reconocidos sus costos y deducciones?
Con base en la precisión efectuada por la Superintendencia de Sociedades, y según lo descrito anteriormente se revoca el Oficio número 057301 de 2014.
Las contenidas en el Decreto 472 de 2015. VIOLACIONES QUE GENERAN LA SANCION. Infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores.
¿QUIEN IMPONE LA SANCION?
Corresponde la competencia a los Directores Territoriales del Ministerio del Trabajo. Ley 1562 de 2012, artículo 13. Los Inspectores de Trabajo tienen la competencia para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normatividad de prevención de riesgos laborales de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Ley 1610 de 2013, artículo 11.

References: artículo 117
 artículo 3
 artículo 104
 artículo 100
 artículo 117
 artículo 107
 artículo 781
 artículo 5
 artículo 828
 artículo 767
 artículo 13
 artículo 11