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Timestamp: 2018-09-23 09:59:25+00:00

Document:
Referencia: expediente t- 256. 614
Sentencia T-472/14
Referencia: expediente T- 4.256.614
Acción de tutela instaurada por Jorge Eliécer Garcés Cárdenas contra la empresa de seguridad Master Seguridad Privada Ltda., la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda. y, la ARL Seguros Colpatria.
Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014).
Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, el 23 de octubre de 2013 y, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, el 16 de enero de 2014, en el asunto de la referencia.
El señor Jorge Eliécer Garcés Cárdenas, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la empresa de seguridad Master Seguridad Privada Ltda. (en adelante Master Seguridad), la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda. (en adelante Mansarovar), y, la ARL Seguros Colpatria; a efectos de que se le protegiera su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, en conexidad con los derechos al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la igualdad y al debido proceso. Sustentó su pedimento en los siguientes hechos:
1.1. Prestó sus servicios como guarda de seguridad para la empresa de vigilancia Master Seguridad, desde el 28 de febrero de 2012, hasta el primero de octubre de 2013, como supervisor de seguridad en los campos petroleros de Moriche, Abarco, Girasol y Jazmín1, administrados por la multinacional Mansarovar. Desde el inicio de su contrato laboral, fue vinculado al régimen de seguridad social integral.
1.2. El día 20 de diciembre de 2012, sobre las 18:15 horas, sufrió un accidente de tránsito, siendo conducido de su lugar de trabajo (Campo Jazmín) a su residencia en Puerto Boyacá, por la empresa encargada de trasladar al personal2. En tal oportunidad, a la altura de la Estación Vasconia de Ecopetrol, el vehículo en el que iba siendo transportado, de marca Hunday County, de Palcas XMC-813, se salió de la vía, lo cual le produjo múltiples lesiones físicas3. Con base en lo dispuesto por el artículo tercero de la Ley 1562 de 20124, la ARL Colpatria calificó el accidente como un accidente de trabajo.
1.3. Padeció, a causa de tal accidente, politraumatismos, quebradura de rótula en miembro inferior derecho, quebradura de miembro superior derecho y otras lesiones en la cara, lo cual hizo que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente, y que además, estuviera incapacitado desde el 21 de diciembre de 2012 hasta el nueve de abril de 2013, fecha en la cual la ARL lo envió a laborar con ciertas restricciones y recomendaciones para el empleador5.
1.4. Expuso que, no obstante lo anterior, el día primero de octubre de 2013, la empresa Master Seguridad, a pesar de las condiciones físicas y médicas en las que se encontraba, le terminó de forma unilateral su contrato de trabajo, desconociendo el proceso establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 19976.
1.5. Manifesta que la empresa Master Seguridad le adeuda las cesantías del primero de enero de 2013, al primero de octubre del mismo año, junto con los intereses de las cesantías por el mismo periodo. Que asimismo, la exempleadora no le ha pagado las vacaciones comprendidas entre el 28 de febrero del 2012 y el 28 de febrero del 2013, ni el promedio de las vacaciones a las cuales tiene derecho entre el primero de marzo del 2013 y el primero de octubre del 2013. Alega también que la empresa tutelada no le ha pagado la prima proporcional del segundo semestre del 2013, ni la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo a término fijo, ni la sanción contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
1.6. Aduce que tiene 55 años de edad, que es casado y padre cabeza de hogar y que de sus ingresos dependen su esposa Luz Amparo Isaza Zuluaga, de 53 años de edad, y sus dos hijos Diego Alexander y Diana Carolina, quienes actualmente se encuentran estudiando en la ciudad de Medellín.
1.7. Menciona que con la decisión arbitraria de su empleador, ve afectado su derecho al trabajo, por ende su mínimo vital, su salud y su seguridad social. Expone que no podrá costearse los gastos de ida y regreso a la ciudad de Medellín para su rehabilitación y tratamiento, ya que requiere de una cirugía de su rótula derecha, que según él, la ARL Colpatria aún no ha autorizado.
1.8. Anota que se le debe dar el mismo trato que a dos guardas de vigilancia mujeres, quienes estando en embarazo, continuaron laborando para Master Seguridad al momento de su despido.
2. La solicitud de tutela
2.1. Con fundamento en los hechos anteriormente narrados, el actor solicita se le proteja su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, en conexidad con el derecho al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la igualdad y al debido proceso:
“ORDENANDOLE a la Empresa MASTER SEGURIDAD PRIVADA LTDA o a su contrante (sic) MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD (sic), en la ciudad de Puerto Boyacá en los Campos Petroleros de Moriche, Abarco, Girasol y Jazmín a:
1º. Que se me reintegre de inmediato al cargo desempeñado como Supervisor de Seguridad con las mismas garantías inicialmente pactadas y con observación de un trato digno.
2º. Que como consecuencia de lo anterior, se me efectúen los pagos por salarios dejados de percibir, así como los pagos al sistema general de seguridad social.
3º. Que se me reconozca la sanción de 180 días de salario, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por el despido en estado de discapacidad e incapacidad (fuero laboral) sin la autorización de la autoridad competente.
4º. Que se le ordene a la ARL COLPATRIA la rehabilitación y recuperación laboral de mi mandante como las autorizaciones dadas por el médico tratante para la cirugía recientemente solicitada.
5º. Que se me concedan las que su señoría petita y ultra petita considere”7.
2.2. La petición anterior venía acompañada de una solicitud de medida provisional, la cual consistía en el reintegro inmediato del señor Garcés Cárdenas a su cargo y la afiliación al sistema integral de seguridad social8.
3. Actuaciones judiciales surtidas en primera instancia
Mediante auto del 10 de octubre de 2013, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a las partes9.
4. Respuesta de los accionados
Los accionados, dentro del término de ley, intervinieron en el proceso, de la siguiente manera:
4.1. Mansarovar Energy Colombia Ltda10
4.1.1. La empresa Mansarovar, a través apoderado judicial, adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva. Para fundamentar su argumento, expuso que ella no era la empleadora del accionante y que el contrato de prestación de servicios de vigilancia que había suscrito con la empresa Master Seguridad, fue terminado por ella, de manera unilateral, el 15 de septiembre de 2013, en atención a que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (en adelante Supervigilancia) le canceló la licencia de funcionamiento11 a la empresa contratista.
4.1.2. Asimismo, puso de presente que para el primero de octubre del 2013, fecha en la que la empresa Master Seguridad le terminó el contrato laboral al accionante, no tenía ninguna relación contractual con aquella accionada, de manera que ninguna actitud de su representada pudo haber tenido influencia en la terminación del contrato del actor.
4.1.3. De otro lado, expuso que si lo que se quiere es establecer una eventual responsabilidad solidaria de su representada, la acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para determinarla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta y las normas que lo reglamentan.
4.1.4. Finaliza exponiendo que el accionante pretende el pago de prestaciones económicas, lo cual también torna improcedente el mecanismo constitucional de protección por él escogido.
4.1.5. Al escrito de contestación de la tutela, se anexaron copias del certificado de existencia y representación legal de Mansarovar12, del contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en los Campos de la Asociación Nare MOR-462-11, celebrado entre Master Seguridad y esta accionada 13 -la primera como contratista y la segunda como contratante-, y, la carta de notificación de terminación unilateral del contrato de vigilancia con la referida empresa de seguridad14.
4.2. Master Seguridad Privada Ltda15
4.2.1. La empresa Master Seguridad, manifestó que efectivamente había dado por terminado el contrato de trabajo del actor, en razón de que la Supervigilancia, mediante Resolución No. 6296 del 31 de agosto de 2012, dispuso la cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa, lo que trajo como consecuencia que la empresa Mansarovar terminara el contrato de prestación de servicios de seguridad que tenía suscrito con ésta, el 15 de septiembre de 2013.
4.2.2. Asimismo, informó que, tal y como ocurrió con el accionante, la empresa se vio avocada a terminar unilateralmente el contrato de trabajo a aproximadamente a 200 guardas de seguridad vinculados a la misma. Expuso que incluso, el 30 de agosto de 201316, solicitó autorización al Inspector de Trabajo de Puerto Boyacá para hacer un despido colectivo, autoridad que el dos de septiembre de 201317, le informó que no necesitaba autorización para tal, pues sin licencia de funcionamiento se presentaba una circunstancia de fuerza mayor, cuyos efectos son asimilables a los de la apertura del proceso de liquidación, establecidos en el numeral quinto, del artículo 50, de la Ley 1116 de 200618.
4.2.3. En ese orden, informó que el contrato que suscribió con el señor Garcés Cárdenas fue a término inferior a un año, el cual en su cláusula segunda decía lo siguiente:
“SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO,- 42. Queda entendido que este contrato, permanecerá por el tiempo de duración pactado atendiendo la naturaleza del contrato. 2.1. Si sucede que la labor para la cual se contrató al Trabajador, se termina por razones de hecho o de derecho antes de que se cumpla el tiempo pactado, se entenderá terminado el contrato por cumplimiento de la condición”.
4.2.4. Con base en lo anterior, reiteró que la causa externa que los llevó a dar por terminado el contrato del actor y el de aproximadamente 200 personas, fue la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de vigilancia que hiciera la empresa Mansarovar, con fundamento en la cancelación que de su licencia de funcionamiento hiciera la Supervigilancia. En su opinión:
“Razones esta (sic) de peso jurídico-legal, no hay licencia no podemos operar en la ilegalidad, aunado que no hay recursos económicos, igualmente en el contrato laboral con el señor GARCES CARDENAS en la cláusula segunda se prevé que el contrato permanecerá mientras permanezca el que le dio origen, y el que le dio origen que fue el de LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD (sic), se terminó el 15 de septiembre de este año”19.
4.2.5. De otro lado, esta accionada aclaró que el señor Garcés Cárdenas nuca fue ni ha sido empleado de Mansarovar. Al respecto, afirmó:
“[Q]ue el señor JORGE ELIECER GARCES CARDENAS, nunca fue ni ha sido empleado de MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, fue empleado de MASTER SEGURIDAD PRIVADA LTDA, a MANSAROVAR se le prestaba el servicio de VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por parte de MASTER SEGURIDAD PRIVADA LTDA y el señor GARCES CARDENAS era uno de los tantos GUARDAS que estaban en la operación para este servicio”20.
4.2.6. Con base en lo expuesto, solicitó se declare que la empresa no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, quien no fue despedido en razón de su supuesta condición de indefensión, sino por razones de fuerza mayor que le impidieron a la empresa de vigilancia desarrollar el objeto social para el cual fue constituida.
4.2.7. Al escrito de contestación, esta accionada aportó la copia de la liquidación que se le entregó al señor Garcés Cárdenas21; copia del pago BBVA Net Cash que se le hizo al accionante22; copia de la carta de solicitud de autorización para despido colectivo que dirigió al Inspector de Trabajo de Puerto Boyacá y la respuesta emitida por tal autoridad23; copia de la carta por medio de la cual Mansarovar le terminó unilateralmente el contrato24; oficio de la Supervigilancia en el cual le informó a Mansarovar que esta accionada tenía cancelada su licencia de funcionamiento desde el 31 de agosto de 2012, decisión que quedó en firme el 22 de noviembre de 201225; copia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito con el actor26; copia del plan de manejo que en Clinic Somer se le hizo al accionante27; copia del concepto médico de aptitud laboral del actor emitido por la ARL Colpatria28; y, copia del pago de nómina que se le hizo al actor en agosto y en septiembre29 de 2013.
4.3. ARL Colpatria30
4.3.1. La ARL Colpatria manifestó que no le correspondía pronunciarse sobre las pretensiones de reintegro del trabajador, en atención a que entre el accionante y ésta no existió ninguna relación de tipo laboral. De otro lado, fue enfática en señalar que al señor Garcés Cárdenas se le habían prestado todos los servicios derivados del accidente de trabajo por él padecidos31 y que estaban a su cargo.
4.3.2. Expuso que el accionante fue inicialmente manejado por la póliza del Soat del vehículo en el que se transportaba cuando sufrió el accidente. Sobre este particular afirmó:
“Como se encuentra estipulado por la Ley, el accionante fue manejado inicialmente por la póliza del SOAT del vehículo y en cuanto este venza los topes máximos determinados por las autoridades competentes, será retomado por Colpatria ARL, para continuar su manejo asistencial.
Pues las prestaciones asistenciales y económicas de un Accidente de Tránsito están a cargo del SOAT hasta agotar la cobertura de ese seguro, y luego a cargo de la EPS si es un evento de origen común o la ARL si se trata de un evento de origen profesional, no obste (sic) tenemos conocimientos que ese tope nunca se agotó”32.
4.3.3. Expuso que de parte del accionante nuca se ha recibido solicitud de atención médica, ya que estaba siendo manejado por la póliza del SOAT hasta el día 17 de septiembre de 2013, fecha en la cual, según informa, la empresa en la cual trabajaba el actor les pidió atención. Manifiesta que efectivamente tal atención se le dispensó y el mismo día se le autorizó cita con el ortopedista, subespecialista en rodilla y cita con el cirujano plástico.
4.3.4. Continúa informando lo siguiente:
“El 26 de septiembre de 2013 acude a cita con cirugía plástica quien ordena reintegro laboral y da restricciones.
El 4 de octubre de 2013, se le entrega al señor Garcés carta en la cual se le solicitó la historia clínica de la atención médica que recibió por el SOAT y la certificación que da la clínica u hospital que lo atendió por el SOAT de vencimiento de tope del SOAT, pero a la fecha el paciente no ha querido aportar ningún documento, tan necesario para su médico tratante, como saber qué tipo de intervención le realizaron, para retirar el material de osteosíntesis.
El paciente acudió a su cita de control el día 27 de septiembre de 2013 y se ordena nuevos Rayos X de rótula.
Nuevamente acude a cita control con el Dr. Estrada Rodillólogo (…), 14 de octubre de 2013, encuentra fractura consolidada de rótula, con pines de alambres y cerclajes y ordena ya el retiro de material de osteosíntesis”33.
4.3.5. Con base en lo anterior, la ARL Colpatria informa que siempre ha prestado los servicios requeridos y que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.
4.3.6. Al escrito de contestación de la acción de tutela, la ARL Colpatria aportó las copias de las autorizaciones médicas dadas por ella34 y las copias de las cartas por medio de las cuales le solicitó información al accionante sobre la atención médica por él recibida.
5.1. Copia del contrato laboral a término fijo inferior a un año, suscrito entre Master Seguridad Privada y Jorge Eliécer Garcés Cárdenas35.
5.2. Copia de los desprendibles de nómina del accionante36.
5.3. Copias del informe de accidente de tránsito e historia clínica del actor37.
5.4. Copia de la carta por medio de la cual, Master Seguridad le termina unilateralmente el contrato laboral al actor38.
5.5. Copia del examen médico de egreso del accionante39.
5.6. Copia del certificado de existencia y representación legal de Master Seguridad40.
5.7. Copia del certificado de existencia y representación legal de Mansarovar Energy41.
5.8. Copia de la carta de terminación de contrato, dirigida por Mansarovar Energy a Master Seguridad, y demás documentos concordantes42.
5.9. Copia del contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, suscrito entre Mansarovar Energy, como contratante y Master Seguridad, como contratista43.
5.10. Copia de la liquidación que se le entregó al señor Jorge Eliécer Garcés, por parte de Master Seguridad44.
5.11. Copia de la carta mediante la cual la empresa Master Seguridad, le solicita permiso al inspector del trabajo de Puerto Boyacá, para realizar un despido colectivo45.
5.12. Copia de la respuesta emitida por el inspector del trabajo de Puerto Boyacá, a la petición anterior46.
5.13. Copia de un documento enviado al accionante por parte de ARL Colpatria, mediante el cual le informan que continuarán garantizándole su tratamiento. En el mismo le solicitan una serie de documentos47.
5.14. Copia de las Resoluciones No. 296 de agosto 31 y 7473 de octubre 22, las dos de 2012, de la Superintendencia de Vigilancia. Mediante la primera, cancela la licencia de funcionamiento de Master Seguridad y en la segunda, resuelve el recurso de reposición, confirmando48.
5.15. Copia de la nómina de Master Seguridad, existente entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2013. Según informó, tal personal tuvo que ser liquidado en su totalidad porque la empresa no tiene licencia de funcionamiento para poder operar49.
5.16. Copia del formato de ejecutoria de las decisiones administrativas de la Supervigilancia, en las que se le canceló a Master Seguridad su licencia de funcionamiento50.
6.1. Primera Instancia. Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá51
Este despacho judicial, en sentencia del 23 de de octubre de 2013, decidió no tutelar los derechos fundamentales del señor Jorge Eliécer Garcés Cárdenas, bajo el argumento de que su despido estuvo ajustado a derecho, en atención a que el mismo no requería autorización del Ministerio del Trabajo, dado que la empresa Master Seguridad no tenía licencia de funcionamiento. El a-quo expuso que además, la ARL Colpatria le había suministrado al accionante todos los servicios necesarios para su rehabilitación y recuperación laboral52.
6.2. Segunda Instancia. Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá53
6.2.1. Dicha autoridad, el 16 de enero de 2014, al conocer de la alzada interpuesta en término por el apoderado del actor, revocó la decisión del a- quo y, en su lugar, dispuso que en el término de 48 horas, posteriores a la notificación de la sentencia, la empresa Master Seguridad debía reintegrar al actor, pagándole todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin solución de continuidad y, le debía pagar la sanción establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
6.2.1.1. En el referido fallo, el ad-quem desvinculó a Mansarovar de la acción de tutela y le ordenó a la ARL Colpatria que continuara con la prestación de los servicios debidos al accionante, garantizándole un tratamiento integral para que lograra su recuperación.
6.2.1.2. A las anteriores conclusiones llegó, luego de reprochar el actuar de Master Seguridad, al no haber pedido permiso expreso al inspector del trabajo para despedir al actor, quien en su decir, se encontraba en una condición precaria de salud, “circunstancia que, por si sola, hace viable la protección de la estabilidad reforzada del accionante”54. Para el ad-quem, al empleador no le es dable aún en el trámite del proceso liquidatorio, desvincular a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, al menos hasta que se lleve a cabo el último acto de liquidación definitiva de la empresa.
6.2.1.3. Finalmente, dispuso que el fallo de tutela tendría vigencia hasta el momento en que se presentara la desvinculación del trabajador con la autorización del inspector del trabajo, quien debía verificar si se cumplen las condiciones legales y constitucionales para dar fin a la relación laboral55.
6.2.2. Luego de lo anterior, mediante escrito –con sus respectivos anexos- del 21 de enero de 201456, la empresa Master Seguridad le informó al juez de segunda instancia que estaba en absoluta imposibilidad de cumplir con la orden por él dada. Expuso que no tiene ni cómo ni en dónde ubicar al señor Garcés Cárdenas, dado que no tiene licencia de funcionamiento para cumplir con su objeto social, el cual es prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada, por lo que todos los contratos de prestación de tales servicios también le fueron cancelados.
6.2.3. El pedimento precedente fue reiterado el 23 de enero de 2014. En esta nueva oportunidad, la empresa Master Seguridad aportó las resoluciones por medio de las cuales la Supervigilancia le canceló la licencia de funcionamiento. Informó que contra tales actos administrativos interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.
De igual forma, la apoderada de la empresa Master Seguridad manifestó lo siguiente: “He de anotar que ante la CAMARA DE COMERCIO, no se ha efectuado trámite alguno de LIQUIDACION DEFINITIVA, hasta agotar el trámite ADMINISTRATIVO en lo CONTENCIOSO, razón por la cual aparece vigente la matrícula”57.
6.2.4. Tales escritos ingresaron al despacho del Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, quien, en providencia del 22 de enero de 2014, dispuso, previo a adoptar una decisión sobre las condiciones en que debe darse el cumplimiento de la orden dada en el fallo del 16 de enero de 2013, requerir a las partes para que en el término de un día aportaran copia de las Resoluciones No. 6296 del 31 de agosto de 2012 y, la Resolución No. 7473 del 22 de octubre de 2012, expedidas por la Supervigilancia y, el Certificado de Existencia y Representación actualizado de la empresa Master Seguridad.
6.2.5. Mediante providencia del 23 de enero de 2014, el Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, ratificó lo resuelto mediante fallo del 16 de enero de 2014, en atención a que la empresa accionada no se encontraba disuelta ni en proceso de liquidación, por lo que en su sentir, no había ningún argumento de fondo que la excusara del cumplimiento de la orden judicial58.
6.2.6. No obstante lo anterior, en escritos del 2459 y 3060 de enero de 2014, la empresa Master Seguridad reiteró la imposibilidad en la que se encontraba de cumplir la orden dada por el ad-quem en el fallo del 16 de enero de 2014.
6.2.7. En el escrito de la última fecha61, la representante legal de Master Seguridad hizo un relato del informe enviado por la ARL Colpatria sobre el acompañamiento que le ha dado al actor y la evolución de su enfermedad. También informó lo siguiente:
a. Que luego del accidente de tránsito, los pacientes son manejados por la póliza del SOAT y en cuanto se venzan los topes de este seguro, la atención es retomada por Colpatria ARL, quien continúa con el manejo asistencial.
b. Que el Sr. Garcés recibió tratamiento médico y terminó las terapias y no informó si se encontraba totalmente recuperado.
c. Que el día 22 de abril de 2013, se recibió el concepto médico de aptitud médico laboral por parte del Departamento de Medicina Laboral de la ARL Colpatria, donde se le ordenó al actor terminar la incapacidad el 10 de abril del 2013 y reintegrarse a laborar con restricciones -solo de 6 semanas-. Tales recomendaciones fueron cumplidas a cabalidad por la empresa accionada.
d. Que durante ese periodo y hasta el 15 de septiembre de 2013, el accionante prestó sus servicios para el puesto “El Club”, obedeciendo cada una de las indicaciones dadas por el médico. Continuó:
“Según indicaciones médicas las restricciones durarían hasta el 28 de Mayo (ver concepto adjunto), siendo así para el día que se terminó el vínculo laboral con el Sr. Garcés este NO ESTABA INCAPACITADO, NI TENIA RESTRICCIONES AL CARGO, ya que no presentó ningún otro concepto laboral, ni solicito (sic) atención médica.
El señor Garcés no aplico (sic) ninguna solicitud de atención médica a la ARL. Fue la empresa MASTER SEGURIDAD, que el día 17 de septiembre de 2013 se comunico (sic) con la ARL y solicito (sic) cita prioritaria con los especialistas.
La empresa le informa al Sr. Garcés sobre sus citas médicas, y le da los permisos para que pueda dirigirse a la ciudad de Medellín, a demás (sic) le informa que debe llevar toda la historia clínica, exámenes y otros documentos de interés, documentos que posteriormente le solicitan en dichas sitas (sic) y hasta la fecha no los ha llevado.
Es de suma importancia aclarar que al momento que se le pasa la carta de terminación del vinculo (sic) laboral al Sr. Garcés, este no se encontraba incapacitado, y que en ningún momento la relación laboral se termino (sic) por su estado físico, sino por dar cumplimiento a la Resolución no. 6296 del 31 de Agosto de 2012 en la cual se cancela la licencia de funcionamiento”62.
e. Que su representada siempre dispuso de los recursos necesarios para la recuperación del actor y lo mantuvo vinculado laboralmente hasta el último momento en que fue posible y, que antes de que terminara el contrato laboral, la accionada se encargó de que la ARL continuara prestándole la asistencia requerida al señor Garcés Cárdenas.
f. En el escrito se adjuntó el Acta No. 001-2014, con constancia de haber sido radicada el 28 de enero de 2014, en la Cámara de Comercio de la Dorada-Puerto Boyacá, en la cual se autoriza y se aprueba el trámite de registro de la disolución de la sociedad. En el respectivo documento se lee:
“La apoderada de la Representante Legal hizo uso de la palabra para manifestar la autorización para tramitar el registro de la disolución, ya que no se va a seguir realizando el objeto social, debido a que fue cancelada la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.63
6.2.8. Dando trámite a los escritos presentados por Master Seguridad los días 24 y 30 de enero de 2014, mediante providencia de la última fecha, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, resolvió:
“PRECISAR y CONDICIONAR por el término de cuatro (4) meses, los efectos concedidos en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por este Despacho el día 16 de enero del 2014, con respecto al acápite donde se ordenó el reintegro a la parte accionante, al señor JORGE ELIECER GARCES CARDENAS, y dentro de ese término si a bien lo considera podrá acudir ante la Justicia Ordinaria Laboral, para interponer la respectiva demanda en contra de la empresa MASTER SEGURIDAD LTDA, y que se le ordene el reintegro definitivo”64.
6.2.9. La anterior providencia fue notificada el tres de febrero de 2014 al apoderado judicial del actor65, quien, en la misma fecha, presentó incidente de desacato contra la empresa Master Seguridad y, el cuatro de febrero de 201466, presentó recurso de reposición contra el auto del 30 de enero de 2014, del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá. Tal autoridad, mediante auto del cinco de febrero de 2014, rechazó por improcedente el recurso interpuesto.
7. Actuaciones en sede de Revisión
7.1. El 14 de mayo de 201467, fue recibido en la Secretaría General de esta Corporación, el oficio No. 0815 del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, mediante el cual se puso en conocimiento el auto del 12 de mayo de 2014, proferido por esa misma oficina judicial, en el que se dejaba sin valor ni efecto el auto del tres de febrero de 2014 y, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se requirió a la empresa Master Seguridad para que procediera a dar cumplimiento en forma inmediata al fallo de tutela del 16 de enero de 2014, so pena de que en el término de ocho días siguientes se diera inicio al incidente por desacato, previsto en el artículo 52 del citado decreto.
7.2. Requerimientos y solicitudes en sede de Revisión
En sede de Revisión, y mediante auto del 30 de mayo de 2014, el Magistrado Sustanciador, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos siete, 19, 20, 22 y 52 de Decreto 2591 de 1991, y los artículos 57 y 58 del Acuerdo 05 de 1992, resolvió decretar las siguientes pruebas:
“PRIMERO: (…) SOLICÍTESELE a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, (…) le informe a esta Corporación si la empresa Master Seguridad Privada Ltda. tiene licencia de funcionamiento para desarrollar alguna actividad relacionada con su objeto social. De ser afirmativa su respuesta, debe aclarar cuál(es) actividad(es) puede llevar a cabo.
SEGUNDO: (…) SOLICÍTESELE a la empresa Master Seguridad (…) que, (…) envíe con destino a esta Corporación, la relación de la nómina que tenía antes de proceder al despido colectivo efectuado con base en la Resolución No. 6296 del 31 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y, la relación de la nómina que mantiene vigente.
TERCERO: (…) REQUIÉRASE a la empresa Master Seguridad (…) para que, (…) informe si en la actualidad se encuentra prestado algún tipo de servicio relacionado con su objeto social, de ser así, informe cuál.
CUARTO: (…) REQUIÉRASE a la empresa Master Seguridad (…) que, (…) informe si, con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 6296 del 31 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ha adelantado proceso liquidatorio de la compañía, de ser afirmativa su respuesta, deberá comunicar el estado actual del mismo. Igualmente, la accionada, deberá rendir un informe detallado del estado actual del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició en contra de la resolución antes dicha”68.
7.3. Respuesta a los requerimientos y a las solicitudes realizadas en sede de Revisión
Dentro del término concedido para tal, la Empresa Master Seguridad y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y Privada, contestaron lo siguiente:
7.3.1. Master Seguridad
Para atender la solicitud que se le realizó en el numeral segundo del auto del 20 mayo de 2013, allegó copia de la nómina existente entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2013. Según informó, tal personal tuvo que ser liquidado en su totalidad porque la empresa no tiene licencia de funcionamiento para poder operar. Luego de lo anterior informó: “[n]o allegamos más nominas (sic) porque no tenemos OPERACIONES no estamos trabajando por no tener el permiso de ley para ello”69.
Sobre el requerimiento que se le hizo en el numeral tercero del auto del 20 mayo de 2013, respondió que en la actualidad no está desarrollando su objeto social dado que no tiene licencia de funcionamiento para tal, en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 6296 del 31 de agosto de 2012, de la Supervigilancia. Reiteró que como consecuencia de tal acto administrativo, las empresas contratantes le dieron por terminados los contratos que habían suscrito con ella, razón por la cual liquidó a todo el personal operativo y administrativo.
En relación con el requerimiento del numeral cuarto del auto del 20 mayo de 2013, manifestó que la empresa en la actualidad no ha sido liquidada, tan solo, el 20 de enero de 2014, radicó en la Cámara de Comercio de la Dorada, el Acta No. 001-2014, en la cual se autoriza el trámite de disolución de la sociedad.
Respecto del estado de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta en contra de las Resoluciones de la Supervigilancia, informó que la actuación final fue el 3 de marzo de 2014, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia en la que:
“[S]e declaró impróspera la excepción de caducidad propuesta por la apoderada de la parte demandada, auto recurrido por la misma. Se admitió recurso de apelación en el efecto suspensivo, ordenado el envío del expediente al H. Consejo de Estado. Corporación a la que fue enviada con Oficio ER-14-102 de fecha 3 de marzo de 2014./ Enviado el expediente al Consejo de Estado se surtió radicación del mismo el 4 de junio de 2014. Se sometió a reparto el día 5 del mismo mes y año, correspondiéndole la ponencia a (…); ingresando al Despacho el día 6 de junio de 2014. Encontrándose actualmente al Despacho”70.
7.3.2. Supervigilancia
A la solicitud que se le realizó en el numeral primero del auto del 20 mayo de 2013, respondió lo siguiente:
“Informo a su Despacho que por medio de la Resolución No. 6296 del 31 de agosto de 2012, se le canceló la licencia de funcionamiento a la empresa MASTER SEGUIRIDAD PROVADA LTDA. Acto administrativo que fue confirmado mediante Resolución 7473 de 22 de octubre de 2012./ Las resoluciones antes mencionadas son objeto de demanda ante la Jurisdicción contencioso administrativa, a traves del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho. Demanda de la que conoce el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 1, Subsección B (…), en la cual se solicitó la suspensión provisional del acto administrativo, medida cautelar que fue negada por el Tribunal71”.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, que fue escogida para revisión por medio de Auto del 18 de marzo de 2014, de la Sala de Selección Número Tres; con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
De acuerdo con la situación jurídica planteada, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el despido del señor Jorge Eliécer Garcés Cárdenas, por parte de la empresa Master Seguridad Privada Ltda, dada su condición médica, vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 26
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 52
 Resolución 
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