Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A119-00.htm
Timestamp: 2017-11-20 17:17:47+00:00

Document:
A119-00
Auto 119/00
Referencia: expediente ICC-146. Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Valle y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, en la acción de tutela promovida por Eugenio Penagos Escobar contra la Nación Ministerio de Educación
El ciudadano Eugenio Penagos Escobar, mediante apoderado, presentó ante El Tribunal Administrativo del Valle, acción de tutela contra la Nación - Ministerio de Educación, en la que solicita se le amparen los derechos a la vida, a la igualdad y de petición, los que considera vulnerados por la omisión de reconocimiento y pago de los estímulos económicos a que considera tener derecho como educador que labora en forma permanente en zonas de difícil acceso y en situación crítica de inseguridad, beneficios que han sido negados por el accionado, al no incluir al Colegio Monseñor Ramón Arcila del Distrito de Agua Blanca de la Ciudad de Cali, dentro de la Resolución 0353 de 1997 "por la cual se determinan las zonas de difícil acceso o en situación pública de inseguridad o mineras".
El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, mediante providencia del 17 de mayo de 2000 rechazó por improcedente la tutela, al considerar que existían otros medios de defensa judicial y no encontró configurado un perjuicio irremediable.
Apelada esta decisión, el expediente fue enviado al Consejo de Estado, quien en proveído del 14 de julio del presente año decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela, el cual se debería adicionar ordenándose notificar a la Junta Municipal Educativa y al Gobernador del Valle del Cauca y continuar con el tramite establecido en el Decreto 2591 de 1991.
Una vez recibido el expediente en el Tribunal Administrativo del Valle, mediante auto del 15 de septiembre del año en curso, se decretó la nulidad de todo lo actuado y anotó que teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad con el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, se enviaba el proceso, por competencia, al Juez Civil del Circuito – reparto- de la ciudad de Cali.
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, a quien le correspondió por reparto, en providencia del 22 de septiembre de 2000, decidió abstenerse de conocer por incompetencia de la acción, al considerar que la tutela fue instaurada el 5 de mayo de 2000 y en consecuencia está amparada por el régimen de transición establecido en el artículo 5 del Decreto 1382 de 2000, está dirigida contra la Nación Ministerio de Educación que son entidades del orden nacional y además por orden del Consejo de Estado, se ordenó la adición del auto admisorio y la notificación de dos entidades del orden departamental, no siendo aplicable para el caso el inciso 2º del artículo 1 del Decreto 1382 sino el inciso último de dicha norma, que establece "cuando se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor Jerarquía", lo que indica que le corresponde conocer al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Por consiguiente, Reconoce y acepta la existencia del conflicto de competencia y ordenó el envío del expediente al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, en auto del 5 de octubre de 2000 decidió inhibirse de conocer del conflicto planteado, al considerar que según lo establecido la Corte Constitucional, los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional y dispuso su remisión a esta Corporación.
Teniendo en cuenta que los despachos judiciales en conflicto, fundan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, al respecto cabe anotar que esta Corporación en recientes pronunciamientos[1], inaplicó, por ser manifiestamente contrario a la Carta Política, el artículo 1 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000 y con fundamento en que: i) La regulación de la acción de tutela corresponde al legislador conforme lo dispone el artículo 150 de la C.P.; ii) El Presidente de la República, al expedir el decreto 1382 de 2000 so pretexto de ejercer la potestad reglamentaria (num. 11 art. 189 de la C.P.), en realidad modificó las reglas de competencia que pretendía reglamentar del decreto ley 2591 de 1991; iii) El decreto de marras desconoce el artículo 86 de la Constitución, al limitar la competencia asignándola a distintos despachos judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las que se dirige la acción, pues ya no puede el afectado ejercer la acción "en todo momento y en todo lugar" como lo dispone la norma superior; iv) En consecuencia se hace evidente que el decreto 1382 de 2000, reformó el artículo 86 de la Carta Política sin ceñirse a ninguno de los procedimientos fijados en los artículos 374 a 379 de la Carta.
En este orden de ideas, en el caso concreto y con fundamento en las mismas razones que tuvo la Sala en esa providencia, se procederá a inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y en consecuencia, conforme lo ordena el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se dispone que quien debe conocer, en primera instancia, de la acción de tutela instaurada por Eugenio Penagos Escobar, es el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y así se declarará.
Primero. Inaplicar, en el presente caso, por ser manifiestamente contrario a la Constitución Política, el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.
Segundo. Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, para conocer de la acción de tutela promovida por Eugenio Penagos Escobar contra la Nación, Ministerio de Educación, en el sentido de que su conocimiento corresponde al primero de los citados despachos judiciales.
Tercero. Remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y comunicar lo aquí decidido al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, para los fines legales pertinentes.
[1] I.C.C.-118 de 26 de septiembre de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; del 4 de octubre de 2000 I.C.C.-119, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; I.C.C.-117, M.P. Antonio Barrera Carbonell; I.C.C.-120, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

References: Resolución 
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 1
e contrario
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
e contrario
 artículo 1