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LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica | josé pérez lozano
« ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas
Orden CTE/711/2002 »
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La certificación técnica de los dispositivos seguros de creación de firma electrónica se basa en el marco establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo. Para esta certificación se utilizarán las normas técnicas publicadas a tales efectos en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” o, excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Si bien se recogen fielmente en la ley los conceptos de “acreditación” de prestadores de servicios de certificación y de “conformidad” de los dispositivos seguros de creación de firma electrónica contenidos en la directiva, la terminología se ha adaptado a la más comúnmente empleada y conocida recogida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Como resortes de seguridad jurídica, la ley exige, por un lado, una especial legitimación para que las personas físicas soliciten la expedición de certificados ; por otro lado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse de la custodia de los datos de creación de firma electrónica asociados a dichos certificados, todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por otras personas físicas vinculadas a la entidad. Por último, de cara a terceros, limita el uso de estos certificados a los actos que integren la relación entre la persona jurídica y las Administraciones públicas y a las cosas o servicios que constituyen el giro o tráfico ordinario de la entidad, sin perjuicio de los posibles límites cuantitativos o cualitativos que puedan añadirse. Se trata de conjugar el dinamismo que debe presidir el uso de estos certificados en el tráfico con las necesarias dosis de prudencia y seguridad para evitar que puedan nacer obligaciones incontrolables frente a terceros debido a un uso inadecuado de los datos de creación de firma. El equilibrio entre uno y otro principio se ha establecido sobre las cosas y servicios que constituyen el giro o tráfico ordinario de la empresa de
modo paralelo a cómo nuestro más que centenario Código de Comercio regula la vinculación frente a terceros de los actos de comercio realizados por el factor del establecimiento.
Con la expresión “giro o tráfico ordinario” de una entidad se actualiza a un vocabulario más acorde con nuestros días lo que en la legislación mercantil española se denomina “establecimiento fabril o mercantil”. Con ello se comprenden las transacciones efectuadas mediata o inmediatamente para la realización del núcleo de actividad de la entidad y las actividades de gestión o administrativas necesarias para el desarrollo de la misma, como la contratación de suministros tangibles e intangibles o de servicios auxiliares. Por último, debe recalcarse que, aunque el “giro o tráfico ordinario” sea un término acuñado por el derecho mercantil, la regulación sobre los certificados de personas jurídicas no sólo se aplica a las sociedades mercantiles, sino a cualquier tipo de persona jurídica que quiera hacer uso de la firma electrónica en su actividad.
TÁTULO I
2. Se denomina prestador de servicios de certificación la persona física o jurídica que expide certificados
electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.
TÁTULO II
TÁTULO III
1.o Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado expedido.
2.o Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica de un documento a lo largo del tiempo.
3.o El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros datos que figuren en el certificado.
4.o Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles límites de uso y la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.
5.o Las certificaciones que haya obtenido, en su caso, el prestador de servicios de certificación y los procedimientos aplicables para la resolución extrajudicial de los conflictos que pudieran surgir por el ejercicio de su actividad.
6.o Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación.
La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las características
del prestador al que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.
TÁTULO IV
3. En los procedimientos de certificación se utilizarán las normas técnicas cuyos números de referencia hayan sido publicados en el “Diario Oficial de la Unión Europea” y, excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se publicarán en la dirección de Internet de este Ministerio.
1. Se presumirá que los productos de firma electrónica aludidos en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 20 y en el apartado 3 del artículo 24 son conformes con los requisitos previstos en dichos artículos si se ajustan a las normas técnicas correspondientes cuyos números de referencia hayan sido publicados en el “Diario Oficial de la Unión Europea”.
TÁTULO V
TÁTULO VI
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada, a costa del sancionado, la publicación de la resolución sancionadora en el “Boletín Oficial del Estado” y en dos periódicos de difusión nacional o en la página de inicio del sitio de internet del prestador y, en su caso, en el sitio de internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una vez que aquélla tenga carácter firme.
“Doce. En el ejercicio de las funciones que le atribuye el presente artículo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda estará exenta de la constitución de la garantía a la que se refiere el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica.”
“3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información y se requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del usuario.
“2. Son infracciones muy graves:
i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no constituya infracción grave.”
“No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta ley corresponderá al órgano que dictó la resolución incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta ley.”
“2. La potestad sancionadora regulada en esta ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.”
“Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o se impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica.”
JOSÁ‰ MARÁA AZNAR LÓPEZ
* DEROGA en cuanto se oponga el REAL DECRETO-LEY 14/1999, de 17 de septiembre . (Ref. 1999/18915)
* Art. 81 de la LEY 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. 1997/28053)
* Arts. 10, 38 y 43 de la LEY 34/2002, de 11 de julio , y (Ref. 2002/13758)
* Art. 326 de la LEY 1/2000, de 7 de enero . (Ref. 2000/323)
* DIRECTIVA 1999/93/CE, de 13 de diciembre , y (Ref. 2000/80059)
* LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre . (Ref. 1999/27750)
* SE MODIFICA los arts. 3, 13, 23.5, 31.4 y SE AÑADE la disposición adicional 11, por LEY 56/2007, de 28 de diciembre (Ref. 2007/22440)
* SE DICTA EN RELACION , regulando la expedición de DNI y sus certificados de firma electrónica, por REAL DECRETO 1553/2005, de 23 de diciembre (Ref. 2005/21163)
* SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicicional 3, sobre expedición de certificados electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica: ORDEN EHA/3256/2004, de 30 de septiembre de 2004 (Ref. 2004/17471)
* Entrada en vigor 20 de marzo de 2004.
* Suplemento en Lengua Catalana y en Lengua Gallega el 1 de enero de 2004.
* Suplemento en Lengua Valenciana el 1 de enero de 2004.
By jose perez lozano, on diciembre 19th, 2003 | Deja tu comentario|Leave a comment, Categorias: Legislación

References: resolución 
 artículo 20
 artículo 24
 resolución 
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 38
 resolución 
 artículo 3
 REAL DECRETO