Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6825-de-abril-11-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041cc30f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 17:49:07+00:00

Document:
﻿ Sentencia 6825 de abril 11 de 2002
SENTENCIA 6825 DE 11 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO. POR INEXACTITUDES DEL TOMADOR QUE DESFIGURAN EL ESTADO DEL RIESGO.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:366 DE JUNIO DE 2002, PG.1186
Sentencia 6825 de abril 11 de 2002
NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO
POR INEXACTITUDES DEL TOMADOR QUE DESFIGURAN EL ESTADO DEL RIESGO
EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada Compañía de Seguros Bolívar S.A. contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario promovido contra la recurrente por Nancy Monsalve Herrera.
A) En demanda que inicialmente correspondió conocer por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, pero que luego de hallarse próspera la excepción previa de falta de competencia, conoció el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, la demandante mencionada pidió que con citación y audiencia de la aseguradora demandada y, previos los trámites de un proceso ordinario, se hiciesen en contra de ésta las siguientes declaraciones y condenas:
1. Declarar que la demandada debe pagar a la demandante la suma de $ 5.000.000 “por la muerte de Luis Alberto Cano Muñoz, cantidad asegurada como riesgo por la muerte en el contrato de seguro de vida creciente con participación de utilidades (plan l) Nº Vl-186746-0, con vigencia a partir del 26 de enero de 1988 en la que es beneficiaria la demandante y cuyo pago fue objetado por la aseguradora en la reclamación directa”.
2. Que la demandada debe pagar a la demandante el valor de las utilidades que se causen hasta el momento del pago, derivadas del contrato de seguro mencionado.
3. Que la demandada debe pagar a la demandante intereses moratorios a la tasa del 18% anual sobre el importe de las obligaciones desde que se hicieron exigibles, hasta cuando se verifique el pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1080 del Código de Comercio.
B) Las súplicas transcritas tuvieron como apoyo los hechos que a continuación se compendian:
1. Luis Alberto Cano Muñoz tomó en la Compañía de Seguros Bolívar S.A. un seguro de vida representado en la póliza de vida creciente con participación de utilidades (plan 1) Nº Vl-186746-0 con un capital asegurado de $ 5.000.000 como suma principal, póliza que fue emitida el 26 de enero de 1988.
2. El tomador y asegurado Luis Alberto Cano Muñoz, fue muerto con arma de fuego y falleció el 9 de abril de 1988, en vigencia de la póliza de seguros, que era de cinco años. El 6 de mayo de 1988, la beneficiaria presentó a la aseguradora la reclamación correspondiente, que objetó ésta sin bases jurídicas atendibles.
c) Por conducto de apoderado judicial, la demandada compareció al proceso, y allí se opuso a las pretensiones y manifestó no ser ciertos los hechos de la demanda, por cuanto la póliza se expidió a nombre de Luis Alberto Cano Muñoz pero no fue él su tomador, ya que fue suplantado, a más de que en ella se incurrió en reticencia e inexactitud, de acuerdo al cuestionario propuesto por el asegurador al momento de tomarse el seguro. Alegó como excepciones las que denominó “Inexistencia de la obligación”, amparada en el artículo 1058 del Código de Comercio, pues se determinó que la persona que se hizo presente al tomar el seguro no era Luis Alberto Cano, lo cual supone necesariamente la nulidad del seguro, que parte de la evaluación del riesgo asegurable como elemento esencial del contrato. Alude además a preguntas respondidas por el tomador de manera reticente y contraria a la realidad, como que era dueño de maquinaria y poseía ingresos.
D) La primera instancia concluyó con sentencia en la que el a quo desestimó la excepción propuesta y condenó a la demandada a pagar el valor del seguro ($ 5''000.000), “más las utilidades causadas en razón del seguro contratado y la tasa máxima del interés moratorio que certificado por la Superintendencia Bancaria rija en la techa en que produzca el pago ordenado”.
Inconforme con esa determinación, la demandada interpuso el recurso de apelación, que desató el tribunal mediante sentencia confirmatoria. Contra la sentencia de segunda instancia la demandada interpuso el recurso de casación del que ahora se ocupa la Sala.
1. Se limita el cargo a resaltar que el tribunal no declaró la excepción propuesta por la aseguradora consistente en la nulidad del seguro (C.Co., art. 1058), sustentada ella en que, de un lado, el asegurado fue suplantado y de otro, la solicitud de seguro adolece de reticencias e inexactitudes que si hubieran sido conocidas por la aseguradora, la hubieran retraído de celebrar el contrato de seguro. La prueba de la suplantación la enfoca el cargo en dos oficios suscritos por la juez tercera de instrucción criminal de Pereira en donde dicha funcionaria solicita al juez de primera instancia y para la investigación penal que adelanta, el envío de los originales de la solicitud de seguro y además, “para los fines que estime pertinentes”, comunica que dentro de la investigación se determinó que no fue Luis Alberto Cano quien tramitó la solicitud de seguro ni quien “tomó la póliza”. Y la prueba de la reticencia e inexactitud en las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro la resalta el cargo en lo que manifestaron el padre, la madre y la tía del asegurado, en el sentido de no tener éste ingresos anuales como los declarados en dicha solicitud ni ser dueño de maquinarias como también allí se dice. Ya al final, el cargo alude, bajo la órbita del error de hecho, a la apreciación en conjunto de la prueba testifical junto con oficios —que el tribunal sí apreció— que ratifican el dicho de los testigos según el cual, Luis Alberto Cano no poseía ingresos suficientes para pagar el seguro.
2. En relación con el primer ataque, es decir, el de no haber visto el tribunal los oficios de la juez de instrucción criminal de Pereira y así no dar por acreditado que el asegurado fue suplantado, debe decirse, de entrada, que dichos oficios no fueron pedidos ni recaudados como pruebas dentro del proceso, ni mucho menos recibieron las partes la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, por la sencilla razón de que, a pesar de contener ellos una afirmación de indudable importancia a las resultas del proceso, no estaban destinados a servir de prueba en el mismo. De manera que si el tribunal no apreció esos documentos, no cometió error de hecho alguno, como que éste forzosamente debe recaer sobre pruebas, bien porque las omite, las supone o las tergiversa. Este ataque, en consecuencia, es inane.
3. Y es equivocada la vía escogida por el censor cuando al final de la sustentación del cargo, alude a error de hecho por violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, al no apreciar en conjunto los testimonios con los documentos emanados de las autoridades penales que allí se mencionan. En efecto, se ha reiterado por la jurisprudencia que “en lo que a la casación atañe y como quiera que la norma antes mencionada —art. 187— exige la apreciación de las pruebas en conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas”. (Sent. 067, mar. 4/91).
En verdad este ataque debió ser objeto de una acusación separada, de modo que no se entremezclara el error de hecho en la apreciación de los testimonios, punto que luego se estudiará, con el yerro de derecho que denota al cargo al señalar que el tribunal no apreció en conjunto las pruebas. Separación que como es sabido, ordena el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil. Pero para la causal primera de casación, esta exigencia quedó paliada en el numeral 2º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente en virtud del artículo 62 de la Ley 448 de 1998, al imponérsele a la Corte el deber de estudiar las acusaciones no obstante que considere, como en este caso acontece, que las acusaciones debieron ser formuladas separadamente. Y visto está que en lo concerniente con el yerro fáctico que se denuncia, a consecuencia de no apreciar el tribunal las pruebas en su conjunto, se equivocó el recurrente en el tipo de error denunciado, lo que conduce a la desestimación de esta acusación.
4. En relación con el segundo ataque de este cargo, observa la Corte que de manera clara los testigos, personas todas muy cercanas al difunto y con cuyas declaraciones ninguna ventaja obtienen, afirmaron hechos totalmente distintos de los que se estamparon en la solicitud de seguro. En efecto, al paso que en ella se lee que el tomador y asegurado, Luis Alberto Cano Muñoz, tiene como “ocupación” la de “aserrador dueño de maquinaria”, que poseía en 1987 (la solicitud está fechada el 12 de enero de 1988) un ingreso anual de $ 1.800.000 y tenía un patrimonio representado en muebles, maquinaria y enseres por $ 1.500.000, los testigos relataron lo siguiente:
4.1. Luis Eduardo Cano Gil, padre del asegurado fallecido, manifiesta no conocer a la beneficiaria del seguro y acá demandante. Relata que su hijo comenzó a trabajar desde los diez años en labores de agricultura, oficio que siguió desempeñando hasta los veintidos años, que “cuando murió llevaba diez meses que no estaba con nosotros, estaba con la hermana mía, ...se dedicaba al aserrío (sic), trabajaba en Armenia Quindío la última vez, creo que en Armenia o por ahí cerca. En ese oficio no hay forma de uno aclarar una cifra exacta de lo que se gana, unas veces más otras menos. No se con quién trabajaba en ese tiempo, mi hermana puede decir cuál era su patrón, en vista de que la herramienta con que trabajaba era de mi hermana Magdalena, ella fue a la finca y le entregaron la herramienta, por eso creo que ella sabe el nombre del patrón de mi hijo”. Indagado por los bienes de capital del hijo manifiesta: “no tenía ninguno, no tenía nada”; y acerca de si los ingresos eran de $ 1.800.000 anuales, expresa: “es difícil, por lo que comentaba ahora, en el oficio eso vendría a ser por el trabajo en un aserrío (sic) por muy buenos que fueran los sueldos no se llegaba a ganar esa suma de dinero”.
María Magdalena Cano Gil, tía de Luis Alberto Cano Muñoz, manifiesta que tampoco conoce a la beneficiaria y demandante en este proceso, que últimamente el sobrino Luis Alberto trabajaba con ella. Dice así: “... se fue para Pueblo Rico, que ahí fue cuando empezó a trabajar con nosotros, trabajaba en el aserrío, últimamente trabajaba una maquina mía, él trabajaba donde le consiguieran trabajo, últimamente trabajaba en una finca cerca de Armenia, eso es una hacienda, no recuerdo el nombre del dueño...vino a trabajar ahí con la máquina mía... él iba a la casa y me llevaba lo poco que quedaba del trabajo de la máquina, de ahí se pagaban los gastos de comida de él y el combustible de la máquina, lo que quedaba era muy poco, variable, él me llevaba cada quince, cada ocho días, me llevaba veinte o treinta mil pesos... eso era poco”. Agrega que no le llegó a ver ahorros, que no ganó $ 1.500.000 durante un año, pues “nosotros partíamos la plata y según lo que me daba no tenía posibilidad de ganarse esa plata”.
María Isabel Muñoz Castañeda, madre del occiso, dice que tampoco conoce a la demandante y beneficiaria, que Luis Alberto Muñoz trabajó desde pequeño, “aserrando y cogiendo café”, que se fue a la finca del abuelo a trabajar, que iba a la casa de una hermana de su esposo los fines de semana y nuevamente el lunes partía a trabajar cortando madera, que Luis Alberto le dijo que ganaba unas veces bastante y otras poquito, por ahí quince mil pesos semanales”, que su hijo no adquirió ninguna propiedad pues lo que ganaba se lo gastaba en “cigarrillos, ropa, en administración, también para tomar” y que estudió hasta segundo de primaria.
4.2. Del extracto realizado fluye con nitidez que el asegurado era una persona muy joven, de 21 años según lo indican los testigos (y se aprecia con exactitud en el certificado de defunción visible a folio 12 del cuaderno principal), de escasa instrucción (segundo de primaria), agricultor en buena parte de su vida y antes de morir operario de maquinaria ajena (de la tía) en un aserradero, sin bienes de fortuna ni hijos y quien, de manera totalmente extraña a lo que de ordinario ocurre, “tomó” una “póliza de vida creciente con participación de utilidades” con valores de cesión, tópicos técnicos estos que, lo dice la experiencia, por lo común, no están en términos generales al alcance de personas como Luis Alberto Cano Muñoz. De los dichos unánimes de estos testigos fluye también que no era propiamente un empresario de la industria del aserrío sino un operario manual de maquinaria de aserraderos, que no contaba con ingresos del orden de $ 1.800.000 en un año, ni tenía maquinaria alguna. Por lo demás, es notoriamente extraño que una persona que obtenía recursos que apenas le alcanzaban para subsistir, de tan joven edad y con el nivel de instrucción limitada que su madre afirma, tomase un seguro de vida a favor de un tercero. Tercero demandante (Nancy Monsalve Herrera) que por lo demás se desentendió por completo del proceso, pues ni asistió a la audiencia de conciliación, ni fue hallada para practicar el interrogatorio de parte, ni adelantó por sí o por conducto de apoderado, gestión alguna en el trámite de las instancias, distinta de la formulación de la demanda y trámites inmediatamente subsiguientes.
Pero todos esos datos que se extractan de los testimonios, son por entero contrarios a las informaciones recibidas por la compañía aseguradora en la solicitud de seguro, a tal punto que el riesgo que esperaba medir dicha aseguradora, no solo en cuanto al estado de salud del futuro asegurado —cosa que hizo mediante examen médico, fl. 34— sino principalmente en cuanto a la actividad a la que se .dedicaba, resultó falseado por las declaraciones inexactas y reticentes contenidas en dicha solicitud. Y ése es precisamente uno de los fundamentos de la excepción que oportunamente planteó la aseguradora en este proceso, como además es la base de la acusación que se estudia. Acusación que enfrenta lo que afirmaron los parientes del asegurado con lo que se incluyó en la solicitud de seguro, aflorando la inexactitud, o peor aún, la falsedad maliciosa en esta última, en punto de la condición económica del tomador-asegurado y de su ocupación, aspectos entrelazados como que el último corrobora la condición económica informada, y que, a no dudarlo, son decisivos, entre otros más, para la asunción de los riesgos —y por la prima estipulada— por parte de la aseguradora demandada, como que fue resaltado en la misma solicitud, tanto por parte del “consejero” de la compañía, sociedad Arias Gómez y Cía Ltda., (“el solicitante es una persona ... de situación económica solvente”), como por parte del director o gerente de la sucursal o agencia de la aseguradora, María Helena Mejía (“el solicitante es ... de buenas condiciones económicas).
4.3. En efecto, de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio, al tomador del seguro incumbe la carga precontractual de declarar sinceramente el estado del riesgo, es decir, aquellos hechos o circunstancias de significación que le permiten al asegurador sopesar la potencial siniestralidad en relación con el evento incierto materia del contrato, de modo que, conociéndola casi siempre por las informaciones del tomador, opte por asumir el riesgo y así tasar adecuadamente la prima o desistir de la celebración del contrato de seguro. Esa declaración del estado del riesgo bien puede hacerse en cuestionario que absuelve el tomador a pedido del asegurador, y allí se incluyen de ordinario no sólo preguntas relativas al riesgo físico como tal, esto es, al estado o facetas de la cosa o persona sobre que recaerá el seguro, sino sobre todas aquellas particularidades que puede llegar a tener en cuenta el asegurador, atinentes a la persona del asegurado como su solvencia moral, su capacidad económica, sus oficios, aficiones y demás particularidades que, en general, las más de las veces, solo podrá conocer el asegurador por la declaración sincera que haga el tomador, sin perjuicio de que, conocedor especializado como es de la actividad profesional a que se dedica, pueda y hasta deba exigírsele que indague en determinados casos si son verdaderas las afirmaciones del futuro tomador sobre todo si de ellas se desprenden hechos relevantes, a pesar de que se reconozca que la gran cantidad de riesgos que asume impide que una averiguación pormenorizada le sea exigible en cada contrato de seguros que esté presto a concluir. En otras palabras, el artículo 1058 del Código de Comercio sienta a cargo del tomador la obligación, o carga precontractual como algunos lo precisan, de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo. Esta información es tan necesaria para el asegurador como que de ella depende si asume o no y en qué condiciones el riesgo que se le propone. Y esa información suele ser obtenida del futuro tomador, por diversas vías que no son excluyentes: bien por cuestionario que el asegurador le propone al futuro tomador, ya por informaciones espontáneas que éste le brinda a aquél o ya por indagaciones que el asegurador hace tanto para corroborar los datos conocidos, como para auscultar mejor aquellos que por ese deber de diligencia profesional que le es exigible, son de particular interés desentrañar a efectos de mensurar con mayor exactitud el riesgo que ha de asumir, según cada caso concreto.
Por eso es que la buena fe que se pregona del contrato de seguro sea especialmente calificada como tuvo la ocasión la Corte de tratarlo a espacio en fallo de Casación Civil del 2 de agosto de 2001 (Exp. 6146). Y de allí que, como contrapartida, se sancione con la nulidad relativa del contrato, los actos que, como las inexactitudes y reticencias que desfiguran el real estado del riesgo, insertas en la solicitud de seguro, traicionen esa requerida ubérrima buena fe, salvo que dichas inexactitudes y reticencias hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su actividad. Como se ve, al lado de la protección que la ley brinda al asegurador cuando sanciona con la nulidad del seguro las declaraciones viciosas que le impidieron conocer el real estado del riesgo, le exige que sea diligente, que use de esos especiales conocimientos que debe de tener en razón de ser un profesional, a fin de percatarse del real estado del riesgo, lo cual conlleva en muchas ocasiones un análisis de delicado equilibrio por parte del juzgador a efectos de que no quede en letra muerta la sanción de la nulidad relativa por reticencias so pretexto de que el asegurador no indagó por sí mismo por el real estado del riesgo, pues ésta no es obligación que la ley le imponga, sino deber profesional que es dable sopesar en cada caso, mediante un análisis obviamente posterior, pero en el cual el juzgador debe mentalmente ubicarse antes del perfeccionamiento del contrato de seguro, a fin de verificar cómo debió haber actuado el asegurador frente al riesgo que se le propuso asumir. De allí que la Corte, en reciente ocasión haya señalado que “le corresponde al intérprete del seguro, en particular al juzgador del contrato, evaluar cuidadosa y racionalmente la conducta asumida por los extremos de la relación negocial a lo largo del iter contractual, con el propósito de establecer en primer lugar, si en efecto el tomador quebrantó la carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias determinantes del estado del riesgo. Y en segundo término, sólo en caso de que sea conducente, si no obstante existir un vicio en la declaración de asegurabilidad, el asegurador conoció o debió conocer —por su calificado oficio— los hechos que le sirvieron de apoyatura, todo sin perjuicio del tópico de la carga de la prueba” (Sent. ago. 2/2001, Exp. 6146)
En el caso presente, según ya se vio, en la solicitud de seguro, el tomador dijo poseer bienes de fortuna e ingresos tales que, razonablemente, hizo concluir a la aseguradora demandada que la ocupación de aquél era la de ser un empresario dedicado a la industria del aserrío y no un leñador que operase directamente la maquinaria de la que se dijo dueño, distorsión trascendente de carácter informativo que impidió a la aseguradora realizar una evaluación integral de las circunstancias influyentes en relación con el riesgo.
Así las cosas, esa reticencia acreditada en el proceso —reticencia que de otra parte no tiene por qué ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla ley— de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio, debió conducir a que el tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro, sobre todo porque del acervo probatorio recaudado aflora que la compañía de seguros no tenía motivo alguno que le generara desconfianza y le impusiera el deber profesional de auscultar el estado del riesgo aún más de lo que hizo, que fue examinar el estado de salud del futuro asegurado y exigir el concepto profesional del asesor y del gerente de la agencia o sucursal de la aseguradora, víctima por tanto de un engaño que te asaltó su buena fue. Por consiguiente, demostrado el error del tribunal al no apreciar las inexactitudes, y verificado que la aseguradora no conocía ni debía conocerlas, resulta claro que la sentencia deba casarse para en su lugar declarar, en sede de instancia, la nulidad relativa del contrato de seguro, sin que por lo demás, no deje la Corte pasar la ocasión para ahondar más en aspectos que no fueron dilucidados en las instancias y que aquilatan la decisión a la que se llega. En efecto, tal como se señaló líneas arriba, la conducta procesal de la demandante, completamente desatendida de la suerte del litigio —dado que no asistió a la audiencia de conciliación, no presentó excusa alguna por tal omisión, no fue hallada para que absolviera un interrogatorio de parte propuesto por la demandada, ni adelantó gestión alguna en el trámite de las instancias, distinta de la presentación de la demanda y algunos trámites subsiguientes— aunada al hecho de que el cadáver del asegurado fuese enterrado en fosa común y paradójicamente la beneficiaria del seguro —la “compañera” de asegurado, según la solicitud— sí estuviese presta a reclamar el pago del mismo seguro con la presentación del certificado de defunción, todos esos hechos, se repite, extienden un manto de duda en la presunta buena fe del tomador de este seguro, por no decir que inclinan a considerar que el asegurado fue suplantado, aún en el examen médico (a fl. 34 del cdno ppal se indica que quien se presentó al examen no se identificó ante el médico con la cédula de ciudadanía sino con un certificado de notaría), como lo aseveran los oficios de la juez de instrucción criminal de Pereira, quien da esa información que no le fue pedida, con ocasión de una solicitud reiterada que ella hubo de hacer para la investigación que adelantaba, información aquella que ni siquiera impulsó al juez a verificar por el conducto procesal adecuado —el decreto y práctica de la prueba de oficio— ese aspecto medular del proceso (la formación del contrato de seguro), en cuyo eje se nota sin mucho esfuerzo el deseo de lucro por encima de la vida humana, última ratio de la labor judicial.
En consecuencia, al prosperar el cargo debe la Corte casar la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, con los argumentos que se dejaron dichos, revocar la de primera instancia.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CASA la sentencia proferida el 28 de noviembre de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario promovido contra la recurrente por Nancy Monsalve Herrera.
Sin costas en el recurso por su prosperidad.
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá.
2. Declarar fundada la excepción de mérito propuesta por la parte demandada denominada por ella “inexistencia de la obligación”, y soportada en la nulidad relativa del contrato de seguro.
3. Costas de ambas instancias a cargo de la parte actora. Tásense.
(Sentencia de casación, abril 11 de 2002. Expediente 6825. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros).

References: artículo 1080
 artículo 1058
 artículo 187
 artículo 374
 artículo 51
 artículo 62
 artículo 1058
 artículo 1058
 artículo 1058