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Timestamp: 2017-04-30 15:49:32+00:00

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Dahyan Rodriguez
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POLICÍA JUDICIAL EN LA PRÁCTICA ALFONSO DAZA GONZÁLEZ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNESCUELA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS Y CIENCIAS FORENSES 2.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ISBN 978-958-8374-09-3 © Alfonso Daza González, 2008 Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra. © Fiscalía General de la Nación, 2008 www.fiscalia.gov.co Nivel Central-Bogotá, D.C. Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) Teléfonos: 570 2000 - 414 9000 Primera edición: Diciembre de 2008 Con un tiraje de 4.000 ejemplares Diseño de Carátula: José Luis Cubillos, Profesional Universitario II Oficina de Prensa Diseño de Libro: Fenix Media Group Composición: Fenix Media Group Corrección de Estilo: Iván Atswood Romero Diagramación electrónica: Fenix Media Group Email: galeriagrafica@gmail.com Auxiliar de Investigación: Lisbeth Yanin Gómez Amaya Juan Pablo Cardona Cháves Fernando Cañon Beltrán Printed in Colombia Impresión: Galería Gráfica Compañía de Impresión S.A. © 2008 El presente material no puede ser reproducido parcial y/o totalmente por medio Impreso en Colombia alguno, sin permiso expreso del la Fiscalía General de la Nación. 2 3.
Policía Judicial en la Práctica FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Fiscal General de la Nación REPÚBLICA DE COLOMBIA Vicefiscal General de la Nación Secretaria General Mario Germán Iguarán Arana Guillermo Mendoza Diago Directora Nacional Administrativa y Financiera Mariana Gutiérrez DueñasDirectora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación Sonia Stella Romero Torres Director Nacional de Fiscalías Marilú Mendez Rada Director de Asuntos Internacionales Luis Germán Ortega Rivero Jefe de la Oficina de Prensa Francisco Javier Echeverri Lara COORDINACIÓN EDITORIAL Directora -E- Rodrigo Barrera Barinas 3ESCUELA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS Y CIENCIAS FORENSES Jeaneth Niño Farfán 4.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 4 5.
Policía Judicial en la Práctica PRESENTACIÓN A partir de la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 sereconfigura el Sistema Procesal Penal, en tal sentido las partes eintervinientes asumen nuevos roles, características y funciones, delas cuales, en particular se estudiarán a continuación las desplegadaspor los órganos que ejercen funciones de Policía Judicial. Así, en virtud de la vigencia de un ordenamiento jurídico queprivilegia la aplicación de la Constitución como norma fundamentalque irriga las demás disposiciones y que integra los InstrumentosInternacionales de Derechos Humanos a través del denominadoBloque de Constitucionalidad, se hace imprescindible el estudio de 5las funciones de la Policía Judicial a la luz de lo expuesto por la CartaPolítica, toda vez que son sus principios y valores los que le dansentido y sujetan cada una de las actuaciones de los servidorespúblicos, así como las normas que las contienen y desarrollan. 6.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Las revoluciones liberales del S. XVIII y la proclamación deInstrumentos Internacionales de Derechos Humanos, luego de lasegunda guerra mundial, se han encargado de sentar las basesnormativas para pasar del sistema inquisitivo heredado de Españaal acusatorio, incorporando sus elementos esenciales: estrictaseparación entre los órganos que detentan la función acusatoria y lafunción enjuiciadora, y la adopción de los principios de oralidad,publicidad, celeridad, contradicción, inmediación y defensa, entreotros, que convierten al juicio en el principal escenario del debateprobatorio. La incorporación de estos elementos conlleva necesariamente aun nuevo modelo de investigación, acusación, defensa yjuzgamiento, en razón a que las primeras actividades sonencomendadas a los Fiscales, quienes deben conducir la labor de laPolicía Judicial y ejercer la acción penal pública cuando proceda,todo bajo la supervisión de un tribunal imparcial (Juez de Control ode Garantías) distinto del llamado a resolver la causa, la tercera encabeza de un defensor-investigador, y el juzgamiento bajo laresponsabilidad de un Juez encargado de condenar o absolver conimparcialidad dentro de los principios de oralidad, publicidad,inmediación, concentración, celeridad y contradicción, entre otros. Por esta razón la instrucción ha dejado de ser un acto judicial,para convertirse en un acto preparatorio del juicio, y éste a su vezha dejado de ser una etapa más del proceso penal, para convertirseen el principal escenario del debate probatorio. En tales condiciones se ha desarrollado el presente módulo queestá conformado por ocho unidades, la primera dedicada adesarrollar los límites constitucionales de los funcionarios de policía 6judicial en la investigación del delito; la segunda a desarrollar lasgeneralidades sobre la función de Policía Judicial; la tercera exponey explica las actuaciones de la policía judicial que no requierenórdenes ni autorizaciones de autoridad judicial; en tanto que la cuarta 7.
Policía Judicial en la Prácticaunidad está dedicada a desarrollar lo que se refiere al programametodológico y a las actuaciones que requieren autorización de Fis-cal; en la quinta unidad se encuentran desarrolladas las actuacionesde la policía judicial que requieren orden del fiscal y control judicialposterior; en la sexta unidad se explican las actuaciones que requierenorden o autorización del juez de control de garantías precia para surealización; ahora, en la unidad séptima se desarrollan los conceptosde elementos material probatorio, evidencia física y cadena de cus-todia, y, por último la unidad octava se dedica al estudio de la funcióndel policía judicial como testigo en el juicio. Fiscal General de la Nación Mario Germán Iguarán Arana 7 8.
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Policía Judicial en la Práctica CONTENIDOPRESENTACIÓN 5Objetivo General 17Objetivos Específicos 17Metodología de Aprendizaje 19Mapas Conceptuales 21UNIDAD 1LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPOLICÍA JUDICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO 31Objetivo General 31Objetivos Específicos 31Caso Base 321. Límites constitucionales de los funcionarios de Policía Judicial en la Investigación del Delito 33 9 1.1. Estado Social de Derecho 35 1.2. Fines del Estado 37 1.3. La dignidad humana 38 1.4. Bloque de Constitucionalidad 39 10.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.5. Derechos fundamentales 42 1.5.1. El derecho a la Vida y la prohibición de la pena de muerte 43 1.5.2. Prohibición de la desaparición forzada 44 1.5.3. Prohibición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes 46 1.5.4. Igualdad ante la Ley 47 1.5.5. Derecho a la Intimidad 48 1.5.6. Derecho a la libertad personal 50 1.5.7. El Derecho a un debido proceso 51 1.5.8. Derecho a no auto incriminarse 54 1.6. Ponderación en la actividad procesal 55 1.7. Principio de proporcionalidad 55 1.8. Necesidad 56 1.9 Razonabilidad 56 Actividad de Aprendizaje 58 Glosario 61 Referencias 63 UNIDAD 2 POLICÍA JUDICIAL 67 Objetivo General 67 Objetivos Específicos 67 Caso Base 68 1. Definición 69 2. Aspectos que debe observar el funcionario de Policía Judicial en su desempeño 70 2.1. Sanciones penales (Ley 906 de 2004) 71 2.2. Sanciones correccionales impuestas por el Juez 10 (Ley 906 de 2004) 71 3. Órganos de Policía Judicial 72 4. Función preventiva e investigativa 74 Actividad de Aprendizaje 80 11.
Policía Judicial en la PrácticaGlosario 82Referencias 83UNIDAD 3ACTUACIONES DE POLICÍA JUDICIALQUE NO REQUIEREN ÓRDENES NIAUTORIZACIONES JUDICIALES 85Objetivo General 85Objetivos Específicos 85Caso Base 861. Actos urgentes 89 1.1. Inspección del lugar de los hechos 89 1.1.1. Inspección a lugares diferentes al del hecho 90 1.2. Inspección a cadáver 90 1.2.1. Traslado del cadáver 91 1.3. Entrevista 92 1.4. Interrogatorio al indiciado 932. Labores de aseguramiento y custodia 943. Informe ejecutivo 944. Acompañamiento a víctimas al Centro Médico 955. Recepción de la noticia criminal (Art. 205 Ley 906 de 2004) 956. Registros y allanamientos en caso de flagrancia 967. Excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento. 968. Captura en flagrancia 989. Lectura de derechos del capturado 10010. Registro personal incidental a la captura 10111. Registro personal incidental al allanamiento 102 1112. Procedimiento cuando el capturado carece de identificación10313. Registro de personas capturadas y detenidas 10314. Incautación de bienes con fines de comiso (Flagrancia) 104 12.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 15. Labores tendientes a demostrar la necesidad de la medida de aseguramiento 105 16. Búsqueda selectiva en bases de datos públicas 105 17. Destrucción del objeto material del delito 106 18. Procedimiento previo a la destrucción de laboratorios de alucinógenos, cultivos ilícitos y similares 106 19. Información a la víctima 107 20. Informar de sus actuaciones al Ministerio Público 108 21. Informe del investigador de campo 108 22. Informe del investigador de laboratorio 108 23. Medidas sobre bienes relacinados con delitos culposos 109 Actividad de Aprendizaje 110 Glosario 112 Referencias 112 UNIDAD 4 PROGRAMA METODOLÓGICO Y AUTORIZACIONES DE LA FISCALÍA 115 Objetivo General 115 Objetivos Específicos 115 Caso Base 116 1. Programa metodológico 118 1.1. Elaboración del Programa metodológico 119 1.2. Ejecución del Programa metodológico 120 2. Autorizaciones de la Fiscalía 120 2.1. Exhumación 120 2.2. Reconocimiento por medio de fotografías y/o videos 121 2.2.1. Procedimiento para el reconocimiento mediante fotografías y videos 121 12 2.3. Reconocimiento en fila de personas 122 Actividad de Aprendizaje 124 Glosario 126 Referencias 126 13.
Policía Judicial en la PrácticaUNIDAD 5ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL QUEREQUIEREN ORDEN DEL FISCAL Y CONTROLJUDICIAL POSTERIOR 127Objetivo General 127Objetivos Específicos 127Caso Base 1281. Generalidades 1332. Registros y Allanamientos 133 2.1. Orden de Registro y Allanamiento 135 2.2. Diligenciamiento de la orden 136 2.2.1. Acta de la diligencia de Registro y Allanamiento 137 2.3. Deberes de la Policía Judicial posteriores a la diligencia de Registro y Allanamiento 138 2.4. Allanamientos especiales 1383. Retención de correspondencia 139 3.1. Medidas adicionales a la retención de correspondencia 140 3.2. Exámen de la correspondencia 1404. Interceptación de comunicaciones telefónicas 1415. Recuperación de información dejada al navegar por la Internet u otros medios tecnológicos similares 1426. Vigilancia y seguimiento de personas 1437. Vigilancia de cosas 1458. Análisis e infiltración a organizaciones criminales 146 8.1. Actuación de agentes encubiertos 1479. Entrega vigilada 14810. Exámenes de ADN que involucren al imputado 15011. Incautación de bienes con fines de comiso 150Actividad de Aprendizaje 152 13Glosario 155Referencias 156 14.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UNIDAD 6 ACTUACIONES QUE REQUIEREN ORDEN O AUTORIZACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS PREVIA PARA SU REALIZACIÓN 157 Objetivo General 157 Objetivos Específicos 157 Casos Base 158 1. Generalidades 160 2. Inspección corporal 161 3. Registro personal 162 4. Obtención de muestras que involucren al imputado 164 4.1. Reglas 164 5. Capturas 165 6. Procedimiento en caso de lesionados o víctimas de agresiones sexuales 169 7. Busqueda selectiva en base de datos 170 Actividad de Aprendizaje 174 Glosario 177 Referencias 178 UNIDAD 7 ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS, EVIDENCIA FÍSICA Y CADENA DE CUSTODIA 181 Objetivo General 181 Objetivos Específicos 181 Casos Base 182 1. Elementos materiales probatorios y evidencia física 183 14 1.1. Legalidad y autenticidad 185 1.2. Criterios de valoración de los elementos materiales probatorios 186 1.3. Clasificación 186 15.
Policía Judicial en la Práctica2. Cadena de custodia 189 2.1. Generalidades 190 2.1.1. Los custodios 191 2.1.2. Los contenedores 192 2.2. Etapas 192 2.2.1. Inicio 192 2.2.2. Traslado del contenedor 193 2.2.3. Traspaso de contenedor 193 2.2.4. Almacenamiento de remanentes 193 2.2.5. Certificación 194 2.2.6. Verificación 194Actividad de Aprendizaje 196Glosario 199Referencias 201UNIDAD 8EL INVESTIGADOR - TESTIGO 203Objetivo General 203Objetivos Específicos 203Casos Base 2041. Investigador testigo 2052. Investigación de la Fiscalía – Investigación de la defensa 2083. Policía Judicial como testigo 209Actividad de Aprendizaje 213Glosario 217Referencias 217 15 16.
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Policía Judicial en la Práctica OBJETIVOS Objetivo General Asimilar los procedimientos necesarios para desempeñar las Objetivos específicoslabores que se desprenden de la función de Policía Judicial tanto pararesolver los problemas más cotidianos y recurrentes como aquellosque representen mayor dificultad y requieran de un elevado nivelpropositivo, respetando siempre los derechos, garantías y principiosde raigambre Constitucional. • Implementar los procedimientos adecuados en el desarrollo delas funciones de policía judicial a partir de su conocimiento pleno,manejo de las instituciones que confluyen en los mismos y dominiode los diferentes roles que se requieren en su ejecución. 17 • Aplicar los procedimientos propios de la función de policía ju-dicial de manera unificada y con criterios de unidad en las actuacionesque se ejecutan aún cuando se desarrollen con base en vacíosnormativos. 18.
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Policía Judicial en la Práctica METODOLOGÍA DE APRENDIZAJEEstrategias didácticas: El módulo esta construído paraenfrentar necesidades que los talleres de relevancia hanevidenciado y que están directamente relacionados con eldesempeño de su función. Estos aspectos están presentesen la configuración de los objetivos generales y específicos.Para lograr el mayor provecho del módulo es necesario querealice todas las actividades pedagógicas programadas,incluyendo la lectura del módulo, el desarrollo del mapaconceptual, contestar las preguntas y hacer el glosario. Cadaactividad esta dirigida a que usted construya suconocimiento, rompiendo la tradición conductual repetitivade otras formaciones, y potenciando sus competenciasinterpretativas, argumentativas y propositivas.A partir de las corrientes constructivas que orientan elmodelo pedagógico de la escuela en los módulos, usted, paraMapa conceptual: Al inicio de la obra usted encontrará unconstruir el conocimiento y desarrollar sus competencias,deberá desarrollar casos, análisis jurisprudenciales odoctrinales, participará en debates y reflexiones críticas sobrela práctica fiscal y tendrá a su disposición una biliografíaque le permite ampliar sus conocimientos.mapa conceptual construído por el autor que presenta losconceptos básicos del texto y sus relaciones. Luego, alterminar cada unidad usted encontrará un espacio para queelabore un mapa conceptual en el que se evidencie su 19comprensión de los conceptos básicos relacionados con eltexto. 20.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Actividad de Aprendizaje: Permite el desarrollo de procesos de pensamientos interpretativos, argumentativos y propositivos que se traduzcan en acciones concretas para Glosario: Al final de cada unidad encontrará un glosario integrar y aplicar los diferentes contenidos analizados en los textos. De ahí la importancia de que al final de cada unidad desarrolle las actividades de aprendizaje, pues ellas potencializan sus competencias argumentativas, propositivas y argumentativas. Referencias bibliográficas: Al final del módulo encontará que usted debe desarrollar que tiene el propósito de identificar, elaborar e integrar los conceptos más importantes planteados por el autor. las referencias bibliográficas con la finalidad de que usted pueda ampliar la información contenida en el módulo. 20 21.
Policía Judicial en la PrácticaMAPAS CONCEPTUALES 21 22.
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Policía Judicial en la Práctica23 24.
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Policía Judicial en la Práctica25 26.
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Policía Judicial en la Práctica LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LOS UNIDAD 1 FUNCIONARIOS DE POLICÍA JUDICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO Objetivo General Objetivos Específicos Identificar los fundamentos constitucionales a los cuales debeceñirse el funcionario de Policía Judicial en el desarrollo de lasactividades propias del servicio, en el marco del nuevo sistemaprocesal penal de tendencia acusatoria. • Velar en el ejercicio de sus funciones por el respeto a los principios y derechos que le asisten a las personas por su 31 condición inherente de dignidad, de tal forma que el funcionario estará en capacidad de discernir cuál es el procedimiento, que en la ejecución de su función, favorece en mayor medida la salvaguarda de tales principios y derechos. 32.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN • Desarrollar la conciencia del funcionario en el sentido de valorar la importancia y trascendencia que para el cumplimiento de su deber, ha de tener la plena observancia de los principios, valores y derechos que cimientan el Estado So- Caso Base cial de Derecho. Por tanto, al finalizar este módulo, el funcionario estará en capacidad de preponderar la relevancia • Caso Las Mercedes de los principios y derechos constitucionales en situaciones en las cuales su cumplimiento se encuentre en riesgo frente a la eficacia de su deber. El Juez segundo municipal con funciones de Control de Garantíasprofirió orden de captura en contra de Diógenes Barrera y EurípidesVergara militantes del ELN por el delito de Rebelión. En eldiligenciamiento de la misma, los funcionarios de la SIJIN ÁlvaroRozo y Eduardo Molina, previas labores de seguimiento, sedispusieron a efectuar la captura de los indiciados el día 17 denoviembre de 2005 hacia las 11:00 pm cuando departían junto conotras personas en el bar “La Hogaza” ubicado en la Calle 13 conCra. 5ª en el centro de Bogotá. Una vez abordados, los sujetos noopusieron resistencia y fueron aprehendidos y conducidos en elvehículo de los funcionarios hacia unas construcciones abandonadasllamadas “Las Mercedes” ubicadas a las afueras de la ciudad víaVillavicencio, donde iniciaron, según ellos, en desarrollo de actosurgentes, un interrogatorio a los capturados, frente a lo cual éstosopusieron resistencia negándose a contestar las preguntasformuladas por los funcionarios de Policía Judicial que les indagabancon el fin de obtener información acerca del paradero de sus otros 32compañeros. Ante la negativa de los capturados, tras unas horas, Rozo y Molinaprocedieron a atarlos y a infligir una serie de golpes en susextremidades y cráneo utilizando sus armas de dotación. En razón 33.
Policía Judicial en la Práctica 1. LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA JUDICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITOa tales daños los retenidos reconocieron su participación en hechosdelictivos que no se encontraban dentro de las razones de la ordende captura, además incriminaron a sus hermanos en los hechos queoriginaron las aprehensiones y tras tomar las declaraciones bajo lagravedad de juramento Rozo y Molina procedieron a levantar informeen el que consignaron tales “confesiones” y condujeron a loscapturados ante el Fiscal, no sin antes advertirles que la vida de susfamiliares corría peligro si se atrevían a relatar los hechos acaecidosdesde el momento de su aprehensión hasta su puesta a disposicióndel Fiscal. Los funcionarios de Policía Judicial, como todos los servidorespúblicos, responden ante las autoridades por infringir la Constitución ylas leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones(Const. Pol., art. 6). Entonces, cobra sentido la pregunta ¿dentro de cuáleslímites debe desempeñarse el funcionario que ejerce funciones de policíajudicial?, cuya respuesta sería: dentro de los que establece el Estado So-cial de Derecho incluidos los derechos y garantías r econocidos en elllamado bloque de constitucionalidad, entendido como una especie deamplificador de los mismos. Por consiguiente, en el marco de un Estado Social de Derecho, losfuncionarios de Policía Judicialdeben garantizar el r espeto y laprotección de los principios que el tipo de Estado tutela, en esencia,los Derechos Humanos. En ese sentido, es posible señalar que el finúltimo que protegen los funcionarios de Policía Judicial es el de lograr 33la efectividad de los derechos inalienables de la persona, cuyaprimacía reconoce el artículo 5º de la Constitución Política, pues esde esta manera que el Estado de Derecho logra su legitimidad. 34.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Así, es necesario pr ecisar que las obligaciones de respeto y degarantía de los derechos que inviste el desarrollo de las actuacionesdel funcionario de Policía Judicial, se encuentran determinadasporlos instrumentos normativos que contienen tales derechos, a saber:la Constitución Política y la Legislación penal, de tal suerte que elfuncionario de policía judicial, en representación del Estado Socialde Derecho, debe intervenir mediante y bajo el imperio de la Leypara contribuir en la sanción de los ataques contra los derechos delas personas. Para esto el funcionario de policía judicial debe saber queconposterioridad a la segunda guerra mundial el universo jurídicocambió, de tal manera que las directrices del constitucionalismo semodificaron a la luz de los Derechos Humanos incidiendo en laconcepción de Estado, en los límites de su injerencia en la actividadindividual (Saavedra, 1995, pp. 13-15), y en la manera como se debenrespetar y proteger las garantías judiciales. Por eso a partir del modelo de Estado adoptado -Social de Derecho-, del sistema de derechos humanos, del concepto de dignidad de lapersona humana, y la Constitución Política, se establecen principiosy valores que, definen, delimitan, dan contenido y estr uctura a lasgarantías procesales. Esa es la razón por la cual las actuaciones que regula elordenamiento jurídico nacional, entre ellas, desde luego, las delderecho procesal que describe el comportamiento del funcionario depolicía judicial, no pueden verse como una estructura rígida eindependiente, sino como una estructura en permanente movimientoque cambia y fluye desde el Sistema de Derechos Humanos y laConstitución Política hacia la Dignidad Humana, como principio 34fundante del modelo de Estado. Tal afirmación encaja perfectamente con la manifestada porRobert Alexy cuando hace referencia al “efecto radiador” que ejercela Constitución sobre el sistema legal (Alexy en Vallejo, 2003, pp. 131- 35.
Policía Judicial en la Práctica140), postura que, a su vez, confirma la propuesta por Claus Roxin alindicar que el Derecho Procesal Penal es el sismógrafo de laConstitución del Estado (Roxin, 2000, p. 10). En el sistema colombiano el “efecto radiador” de la ConstituciónC-578 de 1997, C-400 de 1998, T -588 de 1999, C-1319 de 2001)1, cones mayor en la medida en que ésta se encuentra en Bloque deConstitucionalidad (Corte Constitucional, S entencias C-225 de 1995,los Tratados Internacionales ratificados por Colombia que reconocenPolíticos (Ley 74 de 1968)2 y la Convención Americana sobre Derechoslos Derechos Humanos y prohíben su limitación en los estados deHumanos (Pacto de San José, Ley 16 de 1972)3.excepción, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 1.1. Estado Social de Derecho De acuerdo con lo anterior, a continuación se precisan algunas delos derechos y garantías que el funcionario que ejerce funciones depolicía judicial debe observar en el desempeño de su actividad. El Estado colombiano cimienta su estructura en los principiosprevistos en la Constitución Política, por ser esta la Norma Funda-mental a partir de la cual, las demás disposiciones jurídicas cobran 1 Bloque de Constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetrossentido. Esta forma de organización se encuentra dispuesta en el del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto, han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son puesmismo texto constitucional cuando define el Estado con la cláusula verdaderos principios y reglas de valor constitucional, lo que equivale a decir, que, son normas“Social de Derecho” (Const. Pol., art. 1), es decir, un tipo de Estado situadas en el nivel constitucional, a pesar de que pueda a veces contener mecanismos de reforma diversos a las de las normas del articulado constitucional stricto sensu”.que resulta de una síntesis histórica en la cual se recogen diversos 2 Suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1996, aprobado mediante ley 74 de 1968. 3 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Aprobada mediante Ley 16 de 1972. 35 36.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNidearios y una serie de necesidades sociales de las cuales surgen,inicialmente, el llamado “Estado de Bienestar” y posteriormente, el“Estado constitucional”, y es a partir de la confluencia de estos dosmodelos que emerge la fórmula sobre la cual descansa la estructuradel Estado en Colombia. Así, el Estado Social de Derecho se define con base dichas nocionesconforme las cuales, aquel es un modelo de “Estado que garantizaestándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación,educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea dederecho y no simplemente de caridad” (Corte Constitucional, Sent.T-406 de 1992). En segunda medida, el Estado constitucional democrático, aportala estructura (…) jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado, la cual está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política (Aragón en Corte Constitucional, Sent. T-406 de 1992). De esta forma se evidencia que la Constitución colombiana hacesuya la cláusula del Estado Social de Derecho, lo cual se constata alobservar, entre otros, su artículo 1 en virtud del cual Colombia se 36define como tal, el artículo 2 que prescribe el mandato constitucionalde “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes”,el artículo 4 que señala la supremacía constitucional; el Título I quereúne una completa Carta de Derechos, y el artículo 334 que garantizala intervención del Estado en la economía, entre otros. 37.
Policía Judicial en la Práctica En síntesis, al señalar la Constitución que Colombia es un EstadoSocial de Derecho, hace una definición cargada de contenidos y fórmulasentre las cuales se infiere que “no es posible, entonces, interpretar unainstitución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuerade los contenidos materiales plasmados en los principios y derechosfundamentales” (Corte Constitucional, Sent. T-406 de 1992), lo cual seextiende al resto del ordenamiento jurídico y a los procedimientos,instituciones y organismos que encuentra allí su origen. Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha cimentado la cláusuladel Estado Social de Derecho en el “principio fundamental” delmismo, al cual poco a poco ha dotado de contenido “considerandoque abarca, sin caer en el paternalismo o en el asistencialismo,contenidos tanto de participación en la prosperidad general, deseguridad frente a los riesgos de la vida en sociedad, de equiparaciónde oportunidades como de compensación o distribución de cargas”(Corte Constitucional, Sent. C-150 de 2003), entre otros. 1.2. Fines del Estado De lo anterior se deduce que el Estado colombiano se erige enfunción de las personas y por tanto sus funcionarios debencorresponder con tal encargo, lo cual implica evitar toda situaciónque les afecte. Son principios consagrados en la Constitución Política (art. 2),que constituyen la razón por la cual se justifica la vigencia de Estadoy las cláusulas que prescriben el deber ser o la manera como debecomportarse y regularse todo su andamiaje, los siguientes: el servicioa la comunidad, la prosperidad general, la efectividad de losprincipios, derechos y deberes, la participación, entre otros. Todos 37ellos establecen objetivos a los cuales se quiere llegar (CorteConstitucional, Sent. T-406 de 1992). En suma, dentro de los fines del Estado Social de Derecho que pregonala Carta Política se encuentra, como genérico, el de garantizar la 38.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNefectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en laConstitución (Corte Constitucional, Sent. C-317 de 2002), luego, pormandato superior las autoridades de la República están instituidas, en-tre otros objetivos, para asegurar el cumplimiento de los deberes socialesdel Estado y de los particulares así como para proteger a todas las per-sonas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demásderechos y libertades (Const. Pol. Preámbulo y arts. 1 , 2 y 5 ), lo que 1.3. La dignidad humanaconlleva como consecuencia lógica que, los funcionarios públicos seencuentran llamados a desarrollar esos deberes y la infracción de losmismos, por acción o por omisión, constituye una falta que contradicela razón de ser de su función y por tanto, una fisura en el desarrollo delEstado Social de Derecho. La Dignidad Humana (Const. Pol., art. 1; CPP, art. 1), comoprincipio fundante del Estado, es el presupuesto esencial de laconsagración y efectividad del sistema de derechos y garantíascontemplado en la Constitución (Const. Pol., art. 1). Tiene valorabsoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia,lo que sí ocurre con derechos que necesariamente deben coexistircon otros y admiten variadas restricciones (Corte Constitucional, Sent.T-792 de 2005). De tal forma que tanto Diógenes Barrera, y EurípidesVergara, militantes del ELN en el caso “Las Mercedes”, comocualquier otro indiciado, acusado o condenado, merecen un tratoobjetivo en el que no interfieran los juicios de valor individual. El respeto a la Dignidad Humana no sólo es una declaración éticasino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades.Su acato debe inspirar a todas las actuaciones del Estado. Por lo tanto, laDignidad Humana constituye razón de ser, principio y fin último de la 38organización estatal (Corte Constitucional, Sent. T-406 de 1992). La Dignidad Humana se erige como principio fundante, de eficaciadirecta, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento 39.
Policía Judicial en la Prácticapolítico del Estado Colombiano, por ello mismo, la dignidad no esuna facultad de la persona, ni una concesión del Estado, es un atributoesencial de la persona (Corte Constitucional, Sent. 702 de 2001). Para la Corte Constitucional “por dignidad se entiende lasupremacía que ostenta la persona como atributo inherente a su serracional, cuya valoración y reconocimiento no puede estimarse comola causa o el efecto de alguien o de algo (es decir, como objeto), sinocomo un fin superior que subyace en sí mismo” (Corte Constitucional,Sent. C-111 de 2006), de lo cual se desprende que, “dentro del sistemaConstitucional Colombiano, el principio de dignidad constituye elcentro axiológico a partir del cual se derivan las obligaciones deprotección, respeto y promoción de los derechos constitucionales yel aseguramiento del cumplimiento de los deberes constitucionales,bajo la égida del orden justo” (Corte Constitucional, Sent. C-684 de2005). En síntesis, como se observó en el título de los “fines del Estado”,uno de estos es la salvaguarda de los principios constitucionales y delo visto en este acápite se encuentra que el más importante de ellos – 1.4. Bloque de Constitucionalidaddado su carácter fundante– es la Dignidad Humana, entonces, losfuncionarios públicos, como encargados del desarrollo de los finesdel Estado tienen como mandato fundamental el respeto y laprotección de la Dignidad Humana bajo cualquier circunstancia y encualquier momento.interno”; así, prima facie, las normas vigentes en materia de Derechos De acuerdo con el inciso primero del artículo 93 de la ConstituciónPolítica “los tratados y convenios internacionales ratificados por elCongreso, que reconocen los Derechos Humanos y prohíben su 39limitación en los estados de excepción, prevalecen en el ordenHumanos no solo son aquellas contempladas en la Carta Política sinolas estatuidas en los demás tratados y convenios internacionales 40.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNratificados por el Congreso Colombiano que reconozcan DerechoHumanos y prohíban su limitación en los estados de excepción. Ahora bien, a propósito del inciso segundo del artículo 93 Supe-rior, conforme el cual “Los derechos y deberes consagrados en estaCarta, se interpretarán de conformidad con los tratadosinternacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia”,la Corte Constitucional en la Sentencia T-1319 de 2001, sostuvo que Según la Corte Constitucional:el mismo establece una forma de incorporación vía interpretación“en que ha de fundirse la norma nacional con la internacional yhermenéutico de la Corte”4.acogerse la interpretación que las autoridades competentes hacen delas normas internacionales e integrar dicha interpretación al ejercicio (...) las normas del bloque operan como disposiciones básicas que reflejan los valores y principios fundacionales del Estado y también regulan la producción de las demás normas del ordenamiento doméstico. Dado el rango constitucional que les confiere la Carta, las disposiciones que integran el bloque su- perior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, servir de i) regla de interpretación respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas (Sent. C-067 de 2003,). 4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-666 de 2004 M.P. y C-148 de 2005. M.P. Sumado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistidoen que es necesario distinguir dos sentidos del concepto de bloque 40de constitucionalidad: el primer sentido que ha sido llamado bloquede constitucionalidad en “estricto sentido”, se ha considerado que se 41.
Policía Judicial en la Prácticaencuentra conformado por aquellos principios y normas de valorconstitucional, los que se reducen al texto de la ConstituciónCorte Constitucional ha llamado lato sensu, según el cual “aquelpropiamente dicha y a los tratados internacionales que consagrenderechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durantelos estados de excepción en los mismos términos del artículo 93 Su-perior. El segundo sentido del bloque de constitucionalidad, es el que laestaría compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía,que sirven como parámetro para llevar a cabo el control deconstitucionalidad de la legislación” (Sent. C-658 de 1997). De acuerdocon esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformadono sólo por el articulado de la Constitución, sino los tratadosinternacionales de que trata el artículo 93 Superior, sino también,eventualmente, por las leyes orgánicas y estatutarias. Sobre estepunto, la Corte Constitucional se ha expresado como sigue: Con arreglo a la jurisprudencia de esta Corporación, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del con- trol de constitucionalidad de las leyes. Ello bien porque se trata de verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, porque ‘son normas situadas en el nivel constitucional’, como sucede con los convenios de Derecho Internacional Humanitario, o bien porque son disposiciones que no tienenal denominado Bloque de Constitucionalidad lato sensu, se rango constitucional pero que la propia carta ordena que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias, tal y como sucede con las leyes orgánicas y estatutarias en determinados campos. (Sent. C-658 de 1997). 41 En síntesis, es posible afirmar que aquellas normas que pertenezcancaracterizan por: “(1) ser parámetro para efectuar el control de 42.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNconstitucionalidad del derecho interno; (2) tener un rango normativosuperior a las leyes ordinarias (en algunos casos son normasconstitucionales propiamente dichas y, en otros casos, ostentan unaen el límite del llamado Bloque de Constitucionalidad latissimo sensu,jerarquía intermedia entre la Constitución y la ley ordinaria); y, (3)formar parte del bloque de constitucionalidad gracias a una remisiónexpresa efectuada por alguna disposición Constitucional” (CorteConstitucional, Sent. C-191 de 1998). Finalmente, la Corte Constitucional establece una tercera categoríadonde se hallan las interpretaciones de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de DerechosHumanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidassobre el Pacto de San José y la Convención Internacional de DerechosCiviles y Políticos (Corte Constitucional, Sent. T-1319 de 2001). Así, las normas que forman parte del bloque de constitucionalidaden el primer sentido expresado, constituyen parámetros de validezconstitucional, por virtud de los cuales, si una ley u otra norma de 1.5. Derechos fundamentalesrango inferior es incompatible con lo dispuesto en cualquiera deaquellas disposiciones, la Corte Constitucional debe retirarla delordenamiento jurídico, para cumplir con el mandato constitucionalde velar por la guarda de la integridad y supremacía de laConstitución (Corte Constitucional, Sent. C-774 de 2001). Los Derechos Fundamentales (Const. Pol., arts. 11-41), dentro dela concepción recogida por la Corte Constitucional –lo cual no obstapara que se reconozca la existencia de otras concepciones al respecto-, son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, 42como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por suracionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente,luego, todo ser humano es titular de tales derechos simplemente porsu condición humana, de allí que su ejercicio sea universal. 43.
Policía Judicial en la Práctica Los derechos fundamentales se caracterizan porque pertenecen alser humano en atención a su calidad intrínseca, por ser él criaturaúnica pensante dotada de razonamiento; lo que le permite manifestarsu voluntad y apetencias libremente y poseer por ello ese donexclusivo e inimitable en el universo social que se denomina dignidadhumana (Corte Constitucional, Sent. T-420 de 1992). Son derechos fundamentales la vida, la proscripción de la tortura,la igualdad, la intimidad, la libertad de conciencia, de cultos, deexpresión y pensamiento; la salvaguarda de la honra, la librecirculación por el territorio nacional, el trabajo, la educación y lalibertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de 1.5.1. El derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerteenseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; el debido procesoen caso de juzgamiento, el derecho a la libre asociación y a formarsindicatos, en fin, todas aquellas ventajas, facultades o prerrogativasque permiten al ser humano hacer posible el ideal de la dignidadhumana. El reconocimiento del derecho a la vida (Const. Pol., art. 11) esesencial e indispensable para que todo ser humano se desenvuelvaen sociedad. Al privarse de ella a alguien se le impide el ejercicio detodos sus demás derechos y libertades. En ese sentido, tanto laAsamblea General como la Comisión de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas, han expresado su firme convicción de que todoslos pueblos y todos los seres humanos tienen el derecho inherente asociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos5.la vida, y que la salvaguardia de este derecho primordial es indis- 5 Esta directriz se encuentra en la Resolución 37/189 – A del 18 de Noviembre de 1982 y en lapensable para la aplicación del conjunto de derechos económicos, Resolución 1982/7 del 19 de febrero de 1982. 43 La esencia misma del derecho a la vida se encuentra establecidaen los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos 44.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN(Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3)6, en los cualesse señala que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella, lo cualimplica reforzar los condicionantes para la imposición de la pena de 1.5.2. Prohibición de la desaparición forzadamuerte, así como para proteger la vida frente a las ejecucionesextrajudiciales, las desapariciones forzadas llevadas a cabo por lasfuerzas armadas, policiales o paramilitares, el uso excesivo de lafuerza o cualesquiera otros actos atentatorios contra este derecho (O’Donell, 1986, p. 140). La desaparición forzada está considerada como un delito de lesahumanidad. Se encuentra prohibida en la Constitución Política deDerechos Humanos, art. 3)7 que definen esta atroz práctica como todoColombia (art. 11) y en los diferentes instrumentos internacionalesde protección de los Derechos Humanos (Declaración Universal deacto en que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a laspersonas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna formapor agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por gruposorganizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno ocon su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento,y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personaslas personas contra las desapariciones forzadas, preámbulo) 8.o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas asíde la protección de la Ley (Declaración sobre la protección de todas 6 Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre, Artículo 1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 4 y 6. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 4 y 27. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 7 Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, Artículos 4 y 6. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 4 y 27considera a estas prácticas no solo como una violación del derecho a 8 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1003. 44 45.
Policía Judicial en la Prácticala vida, sino también como una de las prácticas que violan en mayoro menor grado todos los derechos fundamentales de las personas(Comisión Andina de Juristas, 1999, p. 46). En similar dirección, la Corte Interamericana de DerechosHumanos ha señalado que las desapariciones forzadas implican unaviolación múltiple, a la vez que continuada, de numerosos derechosesenciales de la persona humana, de manera especial del derecho ala libertad personal, por cuanto constituye un caso de privaciónarbitraria de la libertad que vulnera además el derecho del detenidoa ser conducido sin demora ante un Juez y a interponer los recursosadecuados para controlar la legalidad de su detención. Vulneratambién el derecho a la integridad personal, por cuanto el aislamientoprolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida lavíctima representan, por sí mismas, formas de tratamiento cruel einhumano, que constituyen lesiones a la integridad psíquica y moralde la persona y del derecho de todo detenido al respeto de la dignidadinherente al ser humano. También constituye una flagrante violacióndel derecho a la vida, por cuanto la práctica de las desapariciones haimplicado con frecuencia la ejecución de los detenidos en secreto ysin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con lafinalidad de no dejar ningún tipo de huella de la comisión del cri-men y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron (CorteInteramericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez). A diferencia de las ejecuciones arbitrarias, en donde el Estado sóloestá obligado a identificar a los autores y procesarlos por homicidio,en las desapariciones forzadas le corresponde al Estado averiguar elparadero y destino de la víctima. Si se establece que ha fallecido,debe procesar y castigar a los autores materiales e intelectuales de talhecho (Comisión Andina de Juristas, 1999, p. 48). 45 La prohibición de desaparición forzada cobra un significadoadicional si se tiene en cuenta que para la Corte Constitucional, “elTítulo II de la Carta Política relativo a los derechos, las garantías y 46.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNlos deberes, -del cual forma parte el artículo 12 Superior que prohíbela desaparición forzada-, no implica únicamente deberes de 1.5.3. Prohibición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanasabstención a cargo del Estado sino que fundamentalmente demanda y degradantesuna labor efectiva de parte suya orientada hacia su protección,garantía, respeto y promoción” (Sent. C-317 de 2002), lo cual implicaun mandato para los funcionarios públicos y desde luego para quienesejercen funciones de policía judicial. Se garantiza este derecho en el artículo 12 de la ConstituciónPolítica de 1991, al señalar que “nadie será sometido a desapariciónforzada, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Si bien no existen criterios objetivos para distinguir entre latortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,resulta importante resaltar que éstos se diferencian de la tortura,en tanto no buscan producir en una persona sentimientos de temor,angustia, inferioridad, humillación o doblegar su resistencia físicao moral. La expresión tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes debeentenderse de tal forma que abarque la más amplia protección posiblecontra todo tipo de abusos, sean físicos o mentales incluido el demantener a una persona en condiciones que le priven, temporal opermanentemente del uso de sus sentidos, como la vista o la audición, En el caso “Las Mercedes” los funcionarios infligieron una serie deo de su idea del lugar en que se encuentra o del transcurso del tiempo.Asimismo, puede considerarse como una forma de degradacióninducir a una persona a cometer actos contrarios a su moral, e incluso,contra sus valores culturales (Comisión Andina de Juristas, 1999, 46pp. 67-68).tratos inhumanos, crueles y degradantes al llevar a los capturados a 47.
Policía Judicial en la Prácticaun sitio aislado, mantenerlos incomunicados y propinarles doloresfísicos, trasgrediendo así los procedimientos debidos. El artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles ylos Derechos Humanos9, prohíben las torturas y las penas o tratosPolíticos, al igual que la Constitución Política de Colombia en suartículo 12 y los demás Instrumentos Internacionales de protección aComité de Derechos Humanos10 ha dicho que incluso en situaciones 1.5.4. Igualdad ante la Leycrueles, inhumanos o degradantes. Respecto a esta normatividad elcomo finalidad proteger la integridad y dignidad de las personas11.excepcionales no es posible suspender estas disposiciones que tienen La no discriminación, junto con la igualdad ante la Ley y la igualHumanos12.protección de la Ley sin ninguna discriminación, constituye unprincipio básico y general relativo a la protección de los Derechos La igualdad ante la Ley (Const. Pol., art. 13; CPP, art. 4) aseguraque todos los ciudadanos estén sometidos a un mismo sistemajurídico y a las mismas normas. Así, el Estado ha de asegurar que 9 Principalmente se cuenta con: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 1, 25 y 26. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 4, y 10. Convencióntodas las personas sean iguales ante la Ley y que reciban el mismo Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 5 y 27.tratamiento e igual protección. A la vez, ha de brindar un trato 10 El Comité de Derechos Humanos fue creado a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 28.distinto a aquellos que se encuentren en una situación de hecho ode derecho diferente (Bernal y Montealegre, 2004, p. 34). 11 Compl. Observación General No 7, relativa a las torturas y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Adoptada durante el 16 periodo de sesiones. 1982. Esta observación fue remplazada por la Observación general número 20 aprobada en el 44 periodo de sesiones 1992. 12 Compl. Observación General número 18, relativa a la no discriminación. Aprobada en el 37 período de sesiones. 1989. 47 48.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN La igualdad normativa ha de estar respaldada en una igualitariaaplicación de la Ley. La Carta ha señalado algunas razones de tratodiferencial que se consideran principales como son el sexo, la raza, lareligión, el origen nacional o familiar, la lengua, la opinión política ofilosófica entre otras, pues razones históricas señalan que talesmotivos han estado detrás de formas de trato discriminatorio (Bernal 1.5.5. Derecho a la intimidady Montealegre, 2004, p. 35). En tal sentido los funcionarios de Policía Judicial están obligadosa tratar con igualdad a las diferentes personas personas sobre loscuales recaigan sus actuaciones. El derecho a la intimidad personal y familiar encuentra suficientesustento normativo en la Constitución Política de Colombia que le(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 12)13.otorga el carácter fundamental (art. 15; CPP, art. 14) y en los diferentesInstrumentos Internacionales de protección de los Derechos Humanos La palabra intimidad se emplea para hacer referencia al conjuntode actos, situaciones o circunstancias que por su carácterpersonalísimo no se encuentran, por regla general o de ordinario,expuestos a la curiosidad y a la divulgación (Malo Garizabal, 1995,p. 59). El derecho a la privacidad protege tanto a la intimidad de lapersona como la de su familia y comprende la libertad del individuopara conducirse en determinados espacios y tiempos, libre deperturbaciones ocasionadas por terceros, así como la facultad de 13 Compl. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 17. Convención Americana sobredefenderse de la divulgación de hechos privados. Derechos Humanos, Artículos 11 y 14. La intimidad ha sido entendida por la Corte Constitucional como 48el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente 49.
Policía Judicial en la Prácticapuede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titularo mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio desus funciones y de conformidad con la Constitución y la Ley (CorteConstitucional, Sent. T-696 de 1996). En cuanto a la inviolabilidad del escenario íntimo, toda personatiene derecho a que el Estado o los particulares no ingresen opermanezcan en su domicilio a menos que cuenten con suconsentimiento o en casos sumamente excepcionales. La Corte Constitucional ha manifestado que—“el núcleo esencialdel derecho a la intimidad, supone la existencia y goce de una órbitareservada en cada persona, exenta del poder de intervención delEstado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permitaa dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritualy cultural” (Sent. T-787 de 2004). Ahora bien, en aras de indagar el fundamento de este derecho, laCorte Constitucional ha manifestado que son cinco los principios quesustentan la protección del derecho a la intimidad, y sin los cuales, seperdería la correspondiente intangibilidad del contenido garantistade la inmunidad del individuo frente a la innecesaria injerencia delos demás. Ellos se clasifican y explican en los siguientes términos: El principio de libertad, según el cual, los datos personales de un individuo, sólo pueden ser registrados o divulgados con el consentimiento libre, previo, expreso o tácito del titular, a menos que el ordenamiento jurídico le imponga la obligación de relevar dicha información, en aras de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo (…). El principio de finalidad, el cual se expresa en la exigencia de someter la recopilación y 49 divulgación de datos, a la realización de una finalidad constitucionalmente legítima (…). De conformidad con el principio de necesidad, la información personal que deba ser objeto de divulgación, se limita estrechamente a aquella que 50.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN guarda relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su revelación. (…). Adicionalmente, el principio de veracidad, exige que los datos personales que se puedan divulgar correspondan a situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. Por último, el principio de integridad, según el cual, la información que sea objeto de divulgación debe suministrarse de manera completa, impidiendo que se registre y divulgue datos parciales, incompletos o fraccionados. (Sent. T-787 de 2004). Como se observará en desarrollo del Módulo, a cada uno de losanteriores principios sobre los cuales se cimienta el derecho a laintimidad, corresponde una o varias actuaciones propias delejercicio de las funciones de policía judicial cunado no a todas, demanera transversal. Por ejemplo, tratándose del num. 2º del Art.2º del Acto Legislativo O3 de 2002, que modificó el Art. 250 de laConstitución Política, conforme el cual la Fiscalía General de laNación debe: “Adelantar registros allanamientos, incautaciones e 1.5.6. Derecho a la libertad personalinterceptaciones de comunicaciones (…)”, se evidencia su relacióncon el principio de libertad dado que dicha actuación requiere elconsentimiento del morador (Código penal, art. 32) y asísucesivamente, se continúan entretejiendo las actuaciones y losprincipios que las han de orientar. La libertad es considerada a la vez que un valor un derecho fun- 14 Compl. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículos 1 y 25. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 4, 9 y 11. Convención Ameri-damental y por lo mismo goza de una amplia consagración normativa cana sobre Derechos Humanos, Artículo 7.(Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 3 y 9)14.a nivel constitucional (Const. Pol., arts. 13 y 28; CPP, art. 2) y en losinstrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos 50 51.
Policía Judicial en la Práctica Contemporáneamente la libertad se desagrega en una amplia gamade libertades: libertad de expresión, de religión, de tránsito (BernalesBallesteros, 1996, p. 139), dentro de este conjunto se encuentra lalibertad personal que comprende la posibilidad y el ejercicio positivode todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y eleccionesindividuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañenla existencia de una orden de captura como en el caso “Las Mercedes”abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerciónfísica o moral que interfiera o suprima la autonomía de la personasojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndolaindebidamente (Corte Constitucional, Sent. C-774 de 2001). 1.5.7. El derecho a un debido proceso Así, si bien la libertad personal puede ser restringida en virtud aen ningún evento habrá lugar a acto alguno de coacción física o moralque exceda los límites señalados por los instrumentos de protecciónde los derechos. En desarrollo del poder que, por mandato constitucional, tiene elEstado de administrar justicia, se señalan una serie de limitaciones ocánones que no pueden desconocerse en el ejercicio de tal actividad.Así, se perfila como principio fundamental el “debido proceso”, el cual,según el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (art. 14), serefiere al derecho que tiene toda persona de ser oída públicamente y conlas garantías debidas en la sustanciación de cualquier acusación decarácter penal formulada contra ella o para la determinación de susderechos y obligaciones de carácter civil. Similar disposición se encuentraen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8), aunqueen esta se amplía el ámbito de aplicación de tales garantías, precisándoseque las mismas deben ser aplicadas, además en la resolución de todo 51proceso laboral, fiscal o de cualquier otra índole. En ambas disposiciones,los instrumentos internacionales mencionados señalan, asimismo, queel tribunal que decida la controversia debe ser competente, independientee imparcial. 52.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Por su parte, la Constitución Política15 prescribe que “el debidoproceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales yadministrativas” (art. 29). En virtud de tal disposición, se reconoce alprincipio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de lasfunciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas,razón por la cual, están obligadas a respetar las formas propias decada juicio, a asegurar la efectividad de todas aquellas normas quepermitan a los administrados presentar, solicitar y controvertirpruebas, a permitir la impugnación de las sentencias que se dictenen su contra y en últimas, a garantizar el ejercicio efectivo de losderechos de defensa y de contradicción. Ahora bien, por precepto constitucional se tiene que toda pruebaobtenida con violación al debido proceso es ilegal. Ésta fórmula, bajo el esquema de la ley 906 de 2004, indica quetoda prueba ilegal o ilícita debe ser excluida del proceso. Ahora bien,qué se entiende por prueba ilícita y qué por prueba ilegal. En cuanto a la prueba ilícita, la Corte Suprema ha sido clara alindicar que por prueba ilícita se entiende a aquella que se ha obtenidocon vulneración de los derechos fundamentales de las personas, en-tre los que se cuentan la dignidad, el debido proceso, la intimidad, lano autoincriminación, la prohibición de ser obligado a declarar con-tra su cónyuge, compañero permanente consanguíneo o afín, yademás, aquellas pruebas en cuya producción, práctica y aducciónse somete a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes,sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. 15 Constitución Política de Colombia. Art. 29. Ahora bien, se predica como consecuencia indubitable frente a laexistencia de una prueba ilícita su exclusión, ello implica que no puede 52hacer parte de los elementos de convicción que el juez valore a fin deadoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que 53.
Policía Judicial en la Prácticapueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los interesessociales. Además, en cada caso en particular de conformidad con laConstitución y las leyes se debe determinar si excepcionalmentesubsiste alguna de las pruebas derivadas de una prueba ilícita, o sicorren la misma suerte que ésta (Corte Suprema de Justicia. 2006.Rad. 21529). En cuanto a prueba ilegal, se predica su existencia cuando en suproducción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legalesesenciales, caso en el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29Superior. La decisión de la exclusión de la prueba debe estar supeditada aun análisis meticuloso, porque no toda omisión en el cumplimientode las formalidades autoriza la exclusión de la prueba, es necesarioque el requisito omitido sea de carácter esencial y tenga una incidenciatrascendental sobre el debido proceso (Corte Suprema de Justicia.2006. Rad. 21529). La consecuencia que se predica frente a la existencia de pruebasilegales es su exclusión, pero no afecta la validez de la actuaciónprocesal, simplemente el juez deberá separarla del acervo probatoriosobre el cual tomará su decisión. Las anteriores consideraciones deben estar encaminadas areflexionar sobre la importancia máxima frente al proceso del actuarde los funcionarios de policía judicial, puesto que son ellos quienesen las labores investigativas recolectan los elementos materialesprobatorios que luego servirán para adoptar decisiones por parte delJuez de Control de Garantías, o, que se convertirán en las pruebasque sustentarán la decisión sobre la responsabilidad del sujeto que 53adopte el juez de conocimiento. Es máxima la importancia porque de los mecanismos a través delos cuales se obtuvieron los elementos materiales probatorios 54.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.5.8. Derecho a no auto incriminarsedepende, en gran medida, su aceptación o exclusión por parte deljuez, lo que implica que un proceso puede frustrarse en sus resultadoscomo consecuencia de una mala actuación, de un exceso u omisión,por parte de los funcionarios encargados de adelantar la investigación. Tanto el Derecho Internacional de los Derecho Humanos16, comola Constitución Política de Colombia (art. 33) y el Código deProcedimiento Penal (art. 8, lit. a. y art. 303 num. 3) en sus normasrectoras establecen claramente como parte integral del derecho a ladefensa los derechos a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni En el caso “Las Mercedes” se evidencia una flagrante vulneración acontra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro delcuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad y ano auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañeropermanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidado civil, o segundo de afinidad.este principio toda vez que los indiciados fueron obligados a declararcontra sí mismos y contra sus consanguíneos en tercer grado,utilizando malos tratos y fuerza indebida. En lugar del empleo de lafuerza los funcionarios debieron informar a los sujetos las ventajasprocesales y de reducción de la pena que conlleva la colaboracióncon la justicia, y que si bien tienen derecho a guardar silencio frente ala incriminación a sus familiares pueden renunciar al mismo en casode poseer información. 16 Compl. Estatuto de Roma. Artículo 55, Numeral 1, Literal a. Pacto Internacional de Derechos Este derecho puede ser renunciado siempre y cuando se trate de civiles y políticos. Artículo 14, Numeral 3, Literal g.una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamenteinformada, en este evento se requiere siempre el asesoramiento de 54un abogado defensor (CPP, art. 8, lit, l). 55.
Policía Judicial en la Práctica 1.6. Ponderación en la actividad procesal La ponderación consiste en la necesidad de sopesar dos principioscuando entran en colisión en un caso concreto para determinar cualde ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas, y, portanto, cual de ellos determina la solución para el caso. En conclusión ponderar es determinar cual es el peso especificode los principios que entran en colisión y aplicar el más conveniente,siempre que no haya un amplio grado de afectación para ningunode los dos principios. Siempre que el Fiscal o el Juez deban ponderar, tienen la obligaciónde establecer en qué grado están afectados, y por lo tanto, cuál es el pesode los principios que resultan relevantes en el caso concreto, para sabercual de ellos predomina y explicar las razones por las cuales a realizadotal ponderación. Esta ponderación la establece el nuevo Código de ProcedimientoPenal y debe aplicarse por lo menos: i) siempre que se afecte underecho fundamental, y ii) Cuando se aplica el principio deoportunidad. Para ponderar la afectación de los derechos fundamentales se debetener en cuenta la intensidad de la afectación en el derecho, la cualdebe ser proporcionada a la gravedad del delito y a los beneficios 1.7. Principio de proporcionalidadque con ella se obtendrán en el proceso penal. La Fiscalía y la Policía Judicial al actuar en situaciones que no requierenorden judicial deben hacer una ponderación proporcionada cuando estasmedidas afectan los derechos fundamentales de las personas. 55 Este principio cumple la función de estructurar el procedimientointerpretativo para la determinación del contenido de los derechos 56.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNfundamentales que resulta vinculante para el legislador y para lasustentación de las decisiones de control constitucional de las leyes(Bernal, 2003, pp. 75 y ss.) El principio de proporcionalidad Implica un equilibrio ideal ovalorativo entre el delito y la pena (Tribunal Constitucional deEspaña, Sent. 136 de 1999) que se ve plasmado por el legisladoren la formulación de la ley penal (proporcionalidad abstracta) opor el Juez en la implantación de la pena concreta en el caso con-creto (proporcionalidad concreta.)El principio de proporcionalidadrechaza la imposición de penas que carezcan de toda relaciónvalorativa con el hecho delictivo. Así pues, el principio deproporcionalidad supone el rechazo del establecimiento de 1.8. Necesidadconminaciones penales e imposición de penas que carezcan de todarelación valorativa con el hecho delictivo, más aun, el principiode proporcionalidad, por formar parte de la idea de justicia.Implica no sólo la “prohibición de exceso” si no también un nivelmínimo que se debe respetar.Corte Constitucional es por sí la ultima ratio, es decir, que solamente El principio de necesidad en materia penal se refiere a que laaplicación del derecho penal y la sanción punitiva o pena, debenemplearse sólo como último recurso, es decir, cuando no haya otrasinstancias del de Derecho u otro tipo de medidas que sean suficientes 1.9. Razonabilidadpara proteger el bien jurídico tutelado por la ley, como lo señala lase acuda a aquellos “cuando los demás instrumentos han demostradono ser idóneos para proteger un bien jurídico fundamental” (Sent. C-897 de 2005). 56 El principio de razonabilidad “hace relación a que un juicio,raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la 57.
Policía Judicial en la Prácticaequidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justificauna acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por suconveniencia o necesidad” (Corte Constitucional, Sent. C-530 de 1993). Así, la razonabilidad resulta ser un modulador de la actividadprocesal en la medida en que determina la coherencia de una decisióncon las normas constitucionales, de tal forma que en desarrollo deun proceso penal “no basta con que se persiga una finalidadcualquiera: ha de ser una finalidad constitucionalmente admisible o,dicho con otras palabras, razonable” (Corte Constitucional, Sent. C-530 de 1993). 57 58.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 1. Marque con una X la respuesta correcta A. Este principio implica un equilibrio ideal o valorativo entre el delito y la pena que se ve plasmado por el legislador en la formulación de la ley penal o por el Juez en la implantación de la pena concreta en el caso concreto a. Necesidad b. Proporcionalidad c. Congruencia d. Razonabilidad B. La posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, es: a. Derecho a la libertad b. Derecho a la igualdad c. Derecho al libre desarrollo d. Derecho al debido proceso C. Otorgarle a los tratado internacionales de protección a los derechos humanos rango constitucional, es parte de los postulados de: a. Derecho Internacional Humanitario 58 b. Derecho Internacional de los Derechos Humanos c. Bloque de constitucionalidad d. Constitucionalización de los derechos 59.
Policía Judicial en la Práctica2. Desarrolle el siguiente cuadro en el que para ítem se debevalorar su relación con los demás, y finalmente haga unanálisis integral de todos los ítems frente a la calidad delservicio de la Policía Judicial Relación Constitución Política Bloque de Constitucionalidad Derechos Fundamentales Garantías Constitucionales3. Realice un ensayo cuyo tema sea la incidencia de los Principios Constitucionales en la actuación de los funcionarios de Policía Judicial.4.Establezca las diferencias entre los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.5. Explique qué significa un “trato distinto” como presupuesto del derecho a la igualdad ante la ley. 59 60.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 6. Realice un mapa conceptual en el que relacione los conceptos expuestos en la unidad. 60 61.
Policía Judicial en la Práctica GLOSARIO• AUTOINCRIMINACIÓN _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________• BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________• CONSTITUCIÓN POLÍTICA _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________• DERECHOS FUNDAMENTALES _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________• DESAPARICIÓN FORZADA _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________• DIGNIDAD HUMANA _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ 61 _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ 62.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN • EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ • ESTADO SOCIAL DE DERECHO _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ • PRINCIPIOS _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ • SERVIDOR PÚBLICO _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ • TORTURA _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ • TRATADOS INTERNACIONALES _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ • VALORES _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 62 ________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ 63.
Policía Judicial en la PrácticaReferenciasity”, En: Manuel Jaen V allejo, “Derechos Fundamentales del procesoPenal”, Prólogo, Bogotá,Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004.American Psychological Association (2006), Manual de Estilos parapublicaciones. Ciudad de México: Ed. Manual Moderno.Alexy, R. (2003) “Constitucional Rights, Balancing, and Rational-Bernal, J. y Montealegre, E. (2004) El Proceso Penal. Bogotá:Bernal Pulido, C. (2003) El principio de proporcionalidad y derechosfundamentales. Madrid: Centro de estudios políticos yBernales Ballesteros, E. (1996) La Constitución de 1993. Lima:Universidad Externado de Colombia.constitucionales.Comisión Andina de Juristas (1999) Protección de los DerechosHumanos. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario.Instituto de Constitución y Sociedad.Código de Procedimiento Penal.Constitución Política de ColombiaConvención Americana de Derechos Humanos.Corte Constitucional (2006) Sentencia C-111. M.P. Rodrigo EscobarGil 63Corte Constitucional (2005) Sentencia C-897. M.P. Manuel JoséCepeda 64.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Corte Constitucional (2005) Sentencia C-799. M.P. Jaime Araujo Rentería Corte Constitucional (2005) Sentencia C-684, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra Corte Constitucional (2005) Sentencia T -792. M. P. Clara Inés Vargas Corte Constitucional (2003) Sentencia C-150. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional (2002) Sentencia. C-317. M.P.: Clara Inés Vargas Corte Constitucional (2001) Sentencia C-1319. M.P.: Rodrigo Uprimy Yepes. Corte Constitucional (2001) Sentencia T -702. M.P. Marco Gerardo Monroy Corte Constitucional (2001) Sentencia C – 774. M.P. Rodrigo Escobar Gil Corte Constitucional (2001) Sentencia T-1319. Corte Constitucional (1999) Sentencia C-708. M.P. Álvaro Tafur Galvis Corte Constitucional (1999) Sentencia C-582. M.P. Alejandro Martínez C. 64 Corte Constitucional (1999) Sentencia T-588. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz 65.
Policía Judicial en la PrácticaCorte Constitucional (1998) Sentencia C-400. M.P.: AlejandroMartínez CaballeroCorte Constitucional (1997) Sentencia C-658.Corte Constitucional (1997) Sentencia C-578. M.P.: José GregorioHernándezCorte Constitucional (1997) Sentencia C-358. M.P.Eduardo Cifuentes M.Corte Constitucional (1996) Sentencia T – 696. M.P.Fabio Morón DiazCorte Constitucional (1995) Sentencias C-225, M.P.: AlejandroMartínez CaballeroCorte Constitucional (1993) Sentencia C-530. M.P.Alejandro Martínez C.Corte Constitucional (1992) Sentencia T-406. M.P. Ciro AngaritaBarón.Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 29 deJulio de 1988. Caso Velásquez Rodríguez.Corte Suprema de Justicia. (2006). Sentencia del 7 de septiembre.Rad. 21529. M.P.: Javier Zapata OrtizDeclaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 65Declaración sobre la protección de todas las personas contra lasdesapariciones forzadas. 66.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Malo Garizabal, M. (1995) Estudios sobre Derechos Fundamentales. Declaración Universal de Derechos Humanos O¨Donell, D. (1986) Protección Internacional de los Derechos Humanos. Estatuto de Roma. Organización de las Naciones Unidas. Observación General No 7, Serie. Textos de divulgación, núm. 11. Bogotá: Defensoría del Pueblo. Lima: Comisión Andina de Juristas. (1992) Observación General No. 16 (1989) Observación General No. 18, adoptada durante el 16 periodo de sesiones. 1982. Remplazada por la Observación general número 20 aprobada en el 44 periodo de sesiones 1992. (1982) Resolución 37/189 Roxin, C. (2000) Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, (1986) Resolución 1982/7 Saavedra Rojas, E. (1995) Constitución, Derechos Humanos y Proceso Penal, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Editores del Puerto. 66 Tribunal Constitucional de España (1999) Sentencia 136. Recommended
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Estructura y operación de la Fiscalía General de Colombia.

References: artículo 5
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 334
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
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 Artículo 1
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 Artículo 28
 Artículo 5
 Artículo 17
 Artículo 7
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 artículo 29
 Artículo 55
 Artículo 14
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