Source: https://www.globalrights.info/2015/11/francia-en-guerra-breves-apuntes-desde-la-perspectiva-del-derecho-internacional/
Timestamp: 2020-06-06 00:57:29+00:00

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Francia en guerra: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional - Global Rights
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Hace una semana (el pasado 16 de noviembre), las máximas autoridades francesas declararon que Francia se encuentra en guerra: ver texto del discurso de su Presidente ante ambas Cámaras del Poder Legislativo reunidas en “Congreso”. En su alocución, se lee, entre otras cosas, que: “Francia está en guerra. Los actos cometidos viernes por la noche en París y cerca del Stade de France, son actos de guerra. Han causado la muerte de al menos 129 personas y numerosos heridos. Constituyen una agresión contra nuestro país, contra sus valores, contra su juventud, contra su modo de vida” (Traducción libre al español de “La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie“).
A diferencia de lo que ocurrió después del 11 de setiembre del 2001, período en el que Estados Unidos buscó la manera de justificar jurídicamente su reacción interpretando a su manera los conceptos de “guerra”, de “agresión” y de “legítima defensa”, recurriendo a inventar nociones tal como la de “combatiente ilegal”, como parte de un argumentación jurídica cuestionable – y ampliamente debatido (Nota 1) – hoy se cuenta con una definición del término de “agresión” debidamente consensuada por la comunidad internacional: se trata de la definición adoptada en el 2010 en Kampala (ver texto oficial en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas) por parte de los Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI). La revisión minuciosa del texto – a cuya elaboración participaron los delegados de Francia, y de unos 120 Estados más – indica que quedan excluidos de la noción de “agresión” los actos cometidos por entidades no estatales. La definición, acordada 9 años después del 11 de setiembre del 2001, se lee en los siguientes términos, y nos permitimos reproducirla en toda su extensión:
Cabe recordar que, pese a formar parte de la “Coalición contra ISIS” lanzada en setiembre del 2014 por Estados Unidos (la cual reúne a más de 60 Estados – ver listado en esta nota del Departamento de Estado – con la única participación de Panamá por parte de América Latina), los primeros bombardeos aéreos realizados por aviones de Francia en el territorio de Siria tuvieron lugar hace unas pocas semanas, durante la mañana del domingo 27 de setiembre del 2015 (ver nota de Le Monde y esta nota de La Nación). El día siguiente, 28 de setiembre, en su alocución ante la Asamblea General de Naciones Unidas, (ver texto ) el Presidente de Francia precisaba (sin referise expresamente a los bombardeos aéreos del día anterior) que: « la lutte contre le terrorisme va être poursuivie, amplifiée autant qu’il sera nécessaire, dans le respect du droit, dans le respect aussi de ce qu’est la souveraineté des Etats car nous ne nous trompons pas lorsque nous agissons, nous le faisons toujours dans le respect des principes des Nations Unies ». Es de notar que en este mismo discurso el Presidente de Francia abogaba por la necesidad de excluir a las actuales autoridades de Siria de las negociaciones sobre el futuro de Siria (ver artículo de Le Monde): “Nous nous soutenons, la France, l’opposition syrienne, l’opposition démocratique. Nous la considérons comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Et là-dessus, nous ne transigeons pas et nous ne faisons aucun compromis parce qu’il y aurait menace. Le régime de Bachar Al-Assad mérite tout autant d’être condamné car il est complice de ce qui s’est produit en Syrie depuis trois ans, 200 000 morts et combien de personnes déplacées“.
Por su parte, Rusia condenó de manera vehemente, a través de su portavoz, estas acciones militares francesas indicando que este ataque aéreo contra ISIS – o Estado Islámico (EI) -, sin la autorización de las autoridades sirias ni la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituían “el exterminio del derecho internacional ante los ojos” del mundo (según se lee en este cable de la agencia EFE reproducido en El Comercio).
Como bien se sabe, el uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro Estado es terminantemente prohibido en derecho internacional, y esta prohibición ha sido jurídicamente consagrada en la misma Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945. La única excepción a esta regla la constituye la acción militar realizada en el ejercicio de legítima defensa, en respuesta a una agresión; o bien en el marco de una acción militar debidamente autorizada por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Se considera que una acción militar que cuente con el consentimiento previo e informado del Estado cuyo territorio es objeto de operaciones militares es de igual forma válida, desde la perspectiva jurídica. La diferencia entre los ataques aéreos a ISIS en Irak y en Siria consiste en que en el caso del primero, este consentimiento existe: la carta enviada por Irak el 20 de setiembre del 2014 al Consejo de Seguridad (ver texto ) expresamente indica que: “Es por todas estas razones que, de conformidad con el derecho internacional y lo dispuesto en los acuerdos bilaterales y multilaterales pertinentes, y respetando debidamente la soberanía nacional más absoluta y la Constitución, hemos solicitado a los Estados Unidos de América que ataque los lugares donde se encuentra el EIIL y sus bastiones militares, con nuestro expreso consentimiento. El objetivo de esos ataques es poner fin a la amenaza constante para el Iraq, proteger a los ciudadanos iraquíes y, en última instancia, armar a las fuerzas iraquíes y permitirles recuperar el control de las fronteras del Iraq”.
En el caso de Siria, este consentimiento es inexistente, razón por la cual Rusia ha considerado desde los primeros bombardeos realizados en setiembre del 2014 en Siria por Estados Unidos y sus aliados que estos violaban el derecho internacional (ver nota de prensa).
Con relación a las operaciones militares realizadas en Siria, asistimos a interpretaciones un tanto antojadizas de algunos principios muy básicos del derecho internacional, que sostienen el ordenamiento jurídico internacional desde 1945: estas interpretaciones son realizadas por varios Estados ante el silencio de gran parte de los demás. Lo que podríamos denominar un sutil “glissement sémantique” al que ha procedido Francia en días recientes responde en gran medida a la necesidad de justificar (de manera un tanto retroactiva …) sus bombardeos del 27 de setiembre y los realizados después del 13 de noviembre. El representante francés en Naciones Unidas el pasado viernes 20 de noviembre fue muy explícito al respecto, después de aprobada una resolución por parte del Consejo de Seguridad (resolución 2239 (2015) adoptada de forma unánime por el Consejo de Seguridad): “Cette résolution encadre notre action dans le cadre du droit international et dans le respect de la Charte des Nations Unies qui est notre bien commun, qui est notre trésor commun. Il offre aussi une garantie de lutte efficace contre le terrorisme transnational.Les attentats du 13 novembre ont constitué une agression armée contre la France. Nos actions militaires dont nous avons informé le Conseil de sécurité dès l’origine, qui étaient justifiées par la légitime défense collective, peuvent désormais se fonder également sur la légitime défense individuelle conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies » (ver texto del discurso pronunciado). Es de recalcar que lo que no dice el representante de Francia, es que las referencias expresas a la misma Carta de las Naciones Unidas incluidas en la resolución 2249 (ver texto en francés al final de este enlace ) se deben a las enmiendas propuestas por Rusia al texto original propuesto por la delegación francesa: se acota en el comunicado oficial de Naciones Unidas sobre la resolución 2249 que ”M. Churkin s’est cependant félicité de ce que des amendements apportés à la demande de sa délégation, notamment les références à la Charte des Nations Unies, figurent désormais dans le texte” (ver comunicado de prensa oficial del 21/11/2015 de Naciones Unidas). En un artículo de Le Monde sobre el voto de esta resolución, se deja entrever con mayor claridad porqué originalmente se planteó omitir referencias en el texto de la futura resolución a la Carta de Naciones Unidas: “Concrètement, la résolution 2249 ne donne pas d’autorisation légale à agir militairement en Syrie et en Irak, puisqu’elle n’est pas placée sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui prévoit l’usage de la force. Mais le langage employé dans le texte, qui stipule que « toutes les mesures nécessaires » sont permises pour combattre l’EI, laisse la place à l’interprétation, selon les diplomates français».
Como bien se sabe, en la ciencia del derecho, la ambigüedad de los términos y la confusión que conlleva su uso son particularmente útiles cuando las reglas son claras. Pese a la prontitud con la que los delegados de Francia han intentado justificar desde el punto de vista jurídico sus acciones militares en Siria – obviando el hecho que la resolución adoptada no refiere expresamente a las acciones militares, las cuales solamente pueden ser las previstas en el Capítulo VII de la Carta – otros Estados mantienen sus reservas con relación al hecho de bombardear un territorio sin contar con el consentimiento de un Estado. La dudosa legalidad de estos bombardeos aéreos en Siria llevo, por ejemplo, a las nuevas autoridades electas de Canadá a poner un término a estas operaciones en Siria, así como también en Irak (ver nota de The Guardian) el pasado 21 de octubre del 2015. Autores canadienses habían estudiado la presunta legalidad de estos ataques aéreos realizados por Canadá (ver artículo ) con relación a las reglas vigentes y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), llegando sin titubeos a conclusiones que, en nuestro modesta opinión, aplican de igual manera para los demás Estados que han procedido a acciones de este tipo en territorio sirio sin consentimiento de Siria: “However, there is a further legal hurdle for Canada to overcome. Unless Canada can attribute ISIS’ attacks in Iraq to Syria, then the question becomes whether Canada may lawfully target ISIS, as a nonstate actor in Syria’s sovereign territory, using the ‘unwilling or unable’ doctrine to prevent ISIS’ extraterritoriality attacks against Iraq. This justification moves significantly away from the Nicaragua, Congo and Israeli Wall cases’ requirement for attribution. There appears to be a lack of consensus on whether opinion juris and state practice have accepted the “unwilling or unable” doctrine as customary international law. There is no escaping: the conclusion that Canada’s air strikes on Syria are on shaky, or at least shifting, legal ground”.
Algunas voces en Francia han señalado en días recientes que este tipo de acciones militares en sí no resuelven mayormente la situación y pueden agravarla, debido a los daños a las poblaciones civiles que conllevan: se señala en un artículo de Le Monde que «pour gagner la guerre en France, il faut gagner la paix au Moyen-Orient », remarque le sociologue Edgar Morin, qui rappelle que les forces occidentales sèment également la désolation sur le théâtre des opérations avec leurs drones, bombardements et leurs cohortes de dommages collatéraux“. A este respecto, vale la pena recordar que los primeros bombardeos de Francia del 27 de setiembre en Siria mataron a 12 “niños soldados” (ver cable de la BBC titulado “IS conflict: French raid in Syria ‘kills 12 child soldiers’ ” y artículo publicado en el Huffington Post). En lo que concierne a acciones aéreas militares francesas cuyo objetivo es la eliminación física de franceses sospechosos de pertenecer a ISIS en Siria, tal como las que parecen haber tenido lugar el pasado mes de octubre (ver nota de Le Monde), se lee en este artículo reciente publicado en Libération que se aparentan a ejecuciones extrajudiciales: «Cibler spécifiquement des Français, au lieu de combattre la menace globale que représente l’Etat islamique, s’apparenterait à des exécutions extrajudiciaires».
Más generalmente, desde el punto de visto jurídico, en el mes de setiembre del 2014, un connotado especialista belga ya señalaba en un artículo (cuya lectura recomendamos), la similitud de los argumentos esgrimidos por Estados Unidos en el 2001 y en el 2014 con relación a intervenir militarmente en el territorio de otros Estados, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo. Su artículo se titula precisamente ” De la doctrine Bush à la doctrine Obama: le retour des guerres préventives“.
Como bien se sabe, en materia de seguridad y de prevención, Estados Unidos y algunos de sus aliados como Israel, tienen una lectura muy peculiar de algunas reglas básicas del derecho internacional. La primera operación militar registrada aduciendo oficialmente actuar en “legítima defensa preventiva” fue el bombardeo por parte de Israel de un reactor nuclear en Irak en 1981, la central de Osirak, construida con ayuda y asistencia técnica de Francia (Nota 2): en aquella época, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su resolución S/RES/487 (ver texto ) de forma unánime “condenó enérgicamente el ataque de Israel que viola claramente la Carta de Naciones Unidas y las normas del comportamiento internacional” exigiendo además a Israel que “se abstenga en el futuro de cometer actos de esta clase o amenazar con cometerlos”. En el continente americano, otro aliado de Estados Unidos, Colombia, se refirió de igual manera a la legitima defensa para intentar justificar ante la comunidad internacional su operación comando en Ecuador en marzo del 2008 (denominada “Operación Fénix”), la cual dio lugar a la reafirmación de principios básicos del derecho internacional en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las disculpas oficiales de Colombia (Nota 3).
El mismo día en que el Presidente de Francia se declaraba en “guerra”, el sindicato de la magistratura francesa externaba su preocupación con relación a las medidas de excepción solicitadas por el Poder Ejecutivo: en su comunicado del 16/11/2015 (ver texto ), precisa que: “Mais les mesures tant judiciaires qu’administratives qui seront prises ne feront qu’ajouter le mal au mal si elles s’écartent de nos principes démocratiques. C’est pourquoi le discours martial repris par l’exécutif et sa déclinaison juridique dans l’état d’urgence, décrété sur la base de la loi du 3 avril 1955, ne peuvent qu’inquiéter ». En el transcurso de la semana pasada, Amnistía Internacional también denunció la peligrosa deriva de las autoridades francesas al declarar medidas de excepción de todo tipo en su lucha contra el terrorismo, y al extenderlas por varios meses. En su comunicado del 19/11/2015 (ver texto ), leemos que: ”A medida que pasen los días y que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley tanto en Francia como en toda la región trabajen con diligencia para llevar a los responsables ante la justicia y evitar amenazas inminentes, será preciso reevaluar cuidadosamente la necesidad de unos poderes de emergencia que se apartan del derecho ordinario y conculcan derechos humanos. Resulta paradójico suspender derechos humanos para defenderlos”.
El hecho que el primer canciller en visitar personalmente al Presidente en el Palais de Elysée después de los atentados (ver nota) fuera el Secretario de Estado norteamericano y que el primer viaje en el exterior del Presidente de Francia después de los atentados, sea con destino a Washington para encontrarse con el Presidente Obama ya no debe sorprender: según todo pareciera indicar, la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra los autores del 11/S cuenta ahora con entusiastas adeptos en Francia.
Notas—
Nota 1: Sobre esta amplia gama de interpretaciones un tanto antojadizas desarrolladas por el Departamento de Estado a partir del 2001, véase TIGROUDJA H., « Quel(s) Droit(s) Applicable(s) à la « Guerre au Terrorisme » ?”, in Annuaire Français de Droit International (AFDI), Vol.48 (2002), pp.81-102. Artículo disponible aquí.
Nota 2: Véase sobre esta gran “premier” en derecho internacional con relación a la legítima defensa el siguiente artículo: FISCHER G., “Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien”, Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167. Artículo disponible aquí.
Nota 3: Este episodio no fue llevado al conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino a las instancias de la OEA. En una resolución del Consejo Permanente de la OEA CP/RES. 930 (1632/08) del 5 de abril del 2008, se lee que el Consejo Permanente resolvió “1. Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal; 2. Constituir una Comisión encabezada por el Secretario General e integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y proponga fórmulas de acercamiento entre ambas naciones”. En una “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de Grupo de Río sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia”, incluida como Anexo 2 del informe de la Comisión de Investigación de la OEA, se lee que: “Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre Ecuador y Colombia, hemos convenido emitir la siguiente Declaración: 1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de los miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano. 2. Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal. 3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la fuerza pública de Colombia. 4. Registramos también el compromiso del Presidente Álvaro Uribe en nombre de su país, de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA”.
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