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Timestamp: 2020-07-13 18:10:25+00:00

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Registro Oficial. 10 de MAYO del 2006 Suplemento
0787-2004-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo constitucional interpuesta por el doctor Bolívar Napoleón González A.
0794-04-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Sexto de lo Civil de El Oro y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Nagua Cojitambo y otro.
877-04-RA Concédese el amparo interpuesto por el señor José Pablo Delgado Quijije y revócase la resolución del Juez Décimo Segundo de lo Civil del cantón Montecristi.
1022-04-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Luis Iván Caisachana Vega.
1053-2004-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor Roberto Silva Delgado y otro..
1088-2004-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por la tecnóloga Eilen Maribel Gutiérrez Burbano.
1105-2004-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Eddie Mauricio Jumbo Medina.
1119-2004-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción propuesta por Cristóbal Fernando Vallejo Goya.
1134-2004-RA Confírmase la resolución del Juez Noveno de lo Civil de Tungurahua y deséchase la acción de amparo constitucional planteada por Segundo Gonzalo Guaraca Paredes, por improcedente.
0011-2005-HD Revócase la resolución subida en grado y concédese el hábeas data propuesta por la señora Elizabeth del Rocío Cárdenas Mosquera.
0012-2005 RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Robinson Granizo Arévalo.
0016-05-HD Revócase la resolución venida en grado y concédese el hábeas data propuesto por la señora Silvana Ivette Lucero Romero..
0019-2005-RA Revócase lo resolución de mayoría venida en grado que inadmite el amparo y niégase la acción propuesta por el doctor Richard Ponce Andrade.
0025-2005-RA Confírmase la resolución de la Jueza de instancia y concédese el amparo solicitado por Mayra Susana Chávez Montes.
0045-2005-HC Revócase la resolución subida en grado y concédese el hábeas corpus solicitado por el doctor Wilfrido Padilla.
0053-2005 RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por la doctora Sandra Ibeth Melo Marín.
0058-2005-RA Ratifícase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo presentado por Rosario del Pilar González Chamorro.
0059-2005-HC Revócase la resolución subida en grado y concédese el hábeas corpus solicitado por Rodrigo Jaime Patate.
0095-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional solicitado por Alexandra del Pilar Araujo Cruz.
0098-2005-HC Revócase la resolución subida en grado y concédese el hábeas corpus solicitado por María Fernanda Achig Sigcha..
109-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por María Erminia Valencia Bonilla.
128-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo constitucional planteada por el señor Octavio Ornar Palma Preciado..
- Cantón Catamayo: Que regula la organización y funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
No. 0787-2004-RA
Caso No. 0787-2004-RA
Quito, D. M. 18 de abril de 2006.
El doctor Bolívar González Argüello interpone\n acción de amparo constitucional en contra del Contralor\n General del Estado, manifestando que el 16 de mayo de 2003 suscribió\n un contrato de servicios profesionales con la Agencia de Garantía\n de Depósitos (AGD) y con varios bancos privados sometidos\n actualmente al procedimiento de saneamiento cerrado, administrados\n por la AGD y representados por la Gerente General, en el que\n se le reconoce por sus servicios el 3% del valor que recaude\n desde el 16 de mayo de 2003, por vía judicial o extrajudicial,\n arreglos, finiquitos, recaudaciones en dinero en efectivo, depósitos\n en las cuentas de la AGD y en las cuotas de los bancos compactados,\n documentos, daciones en pago, transacciones y por cualquier otro\n concepto. Que el 10 de junio de 2003 las partes suscribieron\n un adéndum al contrato original, en el que se realizaron\n precisiones que permitían una clara y sencilla ejecución\n de la obligación establecida.
Que el 9 de febrero de 2004 fue convocado a la Conferencia\n Final de Comunicación de Resultados del examen especial\n realizado por la Contraloría General del Estado, en la\n que pudo conocer una serie de criterios subjetivos, conjeturas\n y argumentaciones que el equipo de la Contraloría General\n del Estado realizaba respecto de su contratación y del\n desarrollo técnico y financiero de la misma. Que posteriormente\n tuvo conocimiento que el Contralor General del Estado envió\n a la Fiscalía un oficio en el que se indicaba la presunta\n existencia de responsabilidades administrativas, civiles y penales\n en su contra y en contra de la entonces Gerente General de la\n AGD. Que el proceso de indagación se basó en lo\n afirmado por la Contraloría General del Estado y por la\n supuesta denuncia realizada por el señor Nicolás\n Brito Grandes, autocalificado Presidente de la inexistente Asociación\n de Acreedores Perjudicados del Banco del Progreso, en contra\n de la Gerente General de la AGD. Que por información de\n prensa tuvo conocimiento que la Contraloría General del\n Estado ha decidido iniciar un nuevo Examen Especial a las operaciones\n de la AGD, que comprendería el período inmediato\n posterior al 30 de septiembre de 2003, lo que violentaría\n el artículo 23 numerales 26 y 27 de la Carta Magna. Que\n mediante oficio No. AGD-UIO-GG-560-2004 de 29 de junio de 2004,\n se le indica que se ha resuelto la terminación unilateral\n de su contrato, por motivos distintos a la nulidad de la contratación.\n Que la Contraloría General del Estado en sus conclusiones\n del examen especial, indica que la ex Gerente General de la AGD\n habría violado la Ley al realizar la contratación\n del doctor Bolívar González, argumentando la existencia\n de normas inaplicables e inexistentes, para el caso. Que este\n acto antijurídico le ha causado daño grave, pues\n inclusive se han dictado medidas en contra de sus bienes y trabajo,\n aparte de que se han establecido apresuradas conclusiones que\n han agredido el derecho al honor y a la buena reputación\n que todo ciudadano tiene. Que el Contralor General del Estado\n violenta disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias,\n lógicas y técnicas, cuando de manera arbitraria\n desmembra el tiempo total de la gestión de la ex Gerente\n de la AGD, dentro de la cual prestó sus servicios profesionales\n y realiza un antojadizo análisis de resultados basados\n en un corte calendario, lo que da como resultado la apreciación\n fragmentada de las cuentas y resultados numéricos de un\n único e indivisible proceso de cobranza y recuperación.\n Que la Contraloría General del Estado no reconoce en ninguno\n de sus cuadros explicativos las recaudaciones que se realizaron\n por la vía de reestructuración de cartera, declarada\n como castigada y en categoría D y E, es decir cartera\n perdida. Que la actuación de la Contraloría General\n del Estado ha sido ilegítima, al haber intervenido dentro\n de las IFIS en saneamiento para la realización de su examen\n especial, a las cuales expresamente declaró no tener competencia\n para auditar. Que de conformidad con la Ley del Control Constitucional\n y el artículo 9 de la Resolución de la Corte Suprema\n de Justicia, solicita la suspensión del acto administrativo\n realizado por el Contralor General del Estado; la suspensión\n de los inconstitucionales y lesivos actos en contra de su persona,\n patrimonio y honor. Que la suspensión del acto ilegítimo\n que provoca afectaciones a sus derechos constitucionales, implica\n también la del informe Especial No. DA-I-002-04, aprobado\n el 2 de marzo de 2004.
El 12 de agosto de 2004 se realiza la audiencia pública\n a la que comparece el abogado defensor del Contralor General\n del Estado, ofreciendo poder o ratificación, quien manifestó\n que la Contraloría General del Estado en ejercicio de\n sus atribuciones constitucionales y legales practicó el\n examen especial a las operaciones administrativas y financieras\n de la AGD, por el período comprendido entre el 1 de marzo\n y el 30 de septiembre de 2003. Que el 30 de junio de 2004 fue\n aprobado el Informe No. DA1-025-04, no habiéndose concluido\n el procedimiento administrativo dentro del cual el actor, de\n establecerse responsabilidades administrativas o civiles culposas,\n puede ejercitar las acciones previstas en la Ley de la Contraloría\n General del Estado. Que el 2 de marzo de 2004, fue aprobado el\n informe No. DA1-002-04, con indicios de responsabilidad penal.\n Que conforme la facultad prevista en los artículos 212\n y 219 inciso quinto, de la Constitución Política\n y la petición efectuada por el Fiscal de la Unidad Especial\n e Investigaciones Financieras del Ministerio Público,\n en oficio No. 114216 de 16 de marzo de 2004, la Contraloría\n General del Estado remitió a esa Unidad el informe especial\n con indicios de responsabilidad penal, el que ha sido incorporado\n a la instrucción fiscal No. 008-03-JC. Que mediante oficio\n circular No. 12-MT de 29 de agosto de 2004, conforme disponen\n los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n y 11 del Reglamento de Responsabilidades, la Contraloría\n comunicó al recurrente la iniciación del examen\n especial a las operaciones administrativas y financieras de la\n AGD por el período comprendido entre el 1 de marzo y el\n 15 de agosto de 2003 y por su vinculación con la AGD,\n en virtud del contrato suscrito el 16 de mayo de 2003 y el adéndum\n de 10 de junio del mismo año y se solicitó que\n proporcione información y documentación relacionada\n con el examen. Que mediante oficio circular No. 32 LTA-AGD-03\n de 13 de octubre de 2003, se le pone en conocimiento la ampliación\n del período del examen hasta el 30 de septiembre de 2003.\n Que con oficio circular No. 137-LTA-AGD-2004 de 29 de enero de\n 2004, en cumplimiento a la norma técnica de auditoria\n No. 320-04 se convocó a las personas relacionadas con\n el examen especial, entre ellas el recurrente, para que asistan\n a la conferencia final y comunicación de resultados obtenidos\n en el examen final. Que respecto a los indicios de responsabilidad\n penal, la Contraloría General del Estado, en cumplimiento\n del artículo 219 de la Constitución Política,\n remitió los hechos al Ministerio Público. Que por\n parte de la Contraloría General del Estado no existió\n ni existe fragmentación voluntaria ni involuntaria de\n la materia del examen, debido a que el examen especial se lo\n realizó conforme a los artículos 212 y 12 de la\n Constitución Política y 19 y 31 numerales 1, 2;\n y, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General\n del Estado. Que el pedido del recurrente debe ser rechazado,\n en razón a que la Contraloría General del Estado\n ha ejercido una competencia constitucionalmente prevista y ha\n procedido de conformidad con la normatividad reglamentaria establecida\n observando el procedimiento reglado para la auditoria gubernamental.\n Que el ejercicio de las actividades de control practicado no\n constituye acto ilegítimo y que existen acciones distintas\n a la iniciada en este caso, para el descargo de la responsabilidad\n civil y administrativa, si se llegare a establecer. Que en lo\n relacionado a los indicios de responsabilidad penal, corresponde\n al Ministerio Público y al Juez de lo Penal que conoce\n de la causa, el pronunciarse al respecto. Que el Tribunal Constitucional\n en diferentes fallos emitidos, ha reconocido el hecho de que\n la Contraloría General del Estado tiene atribución\n constitucional expresa para realizar exámenes de auditoria.\n Que el recurso propuesto no cumple con los presupuestos previstos\n en el artículo 46 de la Ley del Control Constitucional,\n por lo que solicita se niegue el amparo planteado
La abogada defensora del Procurador General del Estado, ofreciendo\n poder o ratificación, expresa que no es necesario hacer\n un análisis de la petición del accionante, debido\n a que no se ha dado cumplimiento en la demanda con la solemnidad\n sustancial del artículo 57 de la Ley del Control Constitucional\n por lo que solicita se deseche la presente acción de amparo.
El Juez Tercero de lo Penal de Pichincha resuelve desechar\n la acción de amparo constitucional propuesta, resolución\n que es apelada por el accionante.
Con estos antecedentes, la Sala, para resolver, realiza las\n siguientes
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional.
SEGUNDA.- El Art. 57 de la Ley de Control Constitucional dispone\n que quien promueve una acción de amparo deberá\n declarar bajo juramento que no ha presentado otro u otros recursos\n sobre la misma materia. Al efecto, establece la obligación\n del demandante, de declarar en el escrito inicial, bajo juramento,\n sobre el hecho de no haber incurrido en esta prohibición,\n constituyendo ésta una solemnidad sustancial que, en el\n presente caso, ha sido omitida por el Juez, pues no consta del\n escrito inicial tal declaración.
Esta prohibición, legalmente prevista, tiene como fundamento\n la buena fe con la que solicita amparo la persona que considera\n han sido vulnerados sus derechos y lo orienta hacia la protección\n de los mismos, reclamo que debe ser canalizado en un solo proceso\n de jurisdicción constitucional, sin que, por lo mismo,\n para conseguir su tutela se busque indistintamente ante dos o\n más jueces o tribunales de instancia, lo cual se garantiza,\n precisamente con la obligación de juramentar que no se\n han presentado otras demandas referidas a la misma materia y\n objeto.
TERCERA.- En el presente caso el Juez de instancia califica\n la demanda de clara, precisa, completa, no obstante haberse incumplido\n la solemnidad mencionada, sin embargo, advierte tal inobservancia\n al resolver el caso, cuando se refiere precisamente a la disposición\n legal que determina la obligatoriedad de su cumplimiento, en\n los siguientes términos: "El accionante en su\n petición bajo juramento afirmará no haber propuesto\n ninguna otra acción sobre la misma materia y con el mismo\n objeto.- Requisito este que en el presente caso no ha cumplido\n el demandante a la interposición del recurso materia de\n esta causa.". Lo procedente habría sido, en el\n momento oportuno, disponer se complete la demanda a fin de garantizar\n que no se vicie el proceso por la inobservancia de solemnidad\n sustancial.
CUARTA.- Por las anteriores consideraciones, la Sala no realiza\n análisis respecto de los fundamentos de la demanda y,\n en general, de las piezas procesales constantes del expediente;\n por lo que el actor podría interponer una nueva acción,\n observando los requisitos legales, conforme se ha pronunciado\n este Tribunal en casos similares.
1.- Revocar la resolución del juez de instancia e Inadmitir\n la acción de amparo constitucional interpuesta por el\n doctor Bolívar Napoleón González A.; y,
2.- Devolver el expediente al Juzgado de origen.- Notifíquese\n y Publíquese.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los dieciocho días del mes de abril del año dos\n mil seis.- Lo certifico.
Quito, 19\n de abril de 2006.
No. 0794-04-RA
CASO No. 0794-04-RA
Los doctores Nagua Cojitambo y Orlando Pereira Viveros, en\n sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico Municipal,\n respectivamente, de la I. Municipalidad del Cantón Chilla,\n provincia de El Oro, interponen ante el Juez Sexto de lo Civil\n de El Oro, acción de amparo constitucional en contra del\n Director Ejecutivo y el Consultor Financiero de la Unidad Coordinadora\n del Programa de Emergencia para el Fenómeno del Niño,\n COPEFEN, así como del Gerente General del Banco Central\n del Ecuador, solicitando la suspensión de los efectos\n del acto contenido en el oficio número FIN-022-2004-01-16\n expedido el 16 de enero del 2004, por el cual se solicitó\n al Banco Central del Ecuador debitar de la cuenta de la mencionada\n corporación municipal, la suma de USD16,937.90; así\n como de la actuación de la entidad bancaria, por haber\n efectuado el débito en alusión. En lo principal,\n los accionantes manifiestan lo siguiente:
Que en sesión del 21 de abril de 1998, el Directorio\n del COPEFEN aprobó la solicitud de financiamiento propuesta\n por la I. Municipalidad del Cantón Chilla para la realización\n de varias obras de infraestructura, necesarias para mitigar los\n estragos de la estación invernal originada con motivo\n del fenómeno de "El Niño", para cuyo\n efecto ambas entidades celebraron el 6 de mayo de 1998. un convenio\n en el que se detalló la cantidad y naturaleza de las obras\n que debían llevarse a cabo y el costo de las mismas, el\n mismo que ascendía a la suma de S/. 1.625'741.030;
Que mediante oficio número FIN-022-2004-01-16 del 16\n de enero del 2004, el COPEFEN solicitó al Banco Central\n del Ecuador debitar de la cuenta de la I. Municipalidad de Chilla\n la suma de USD16,937.90, bajo el sustento de que se incumplió\n con la construcción de un muro de hormigón armado\n en el sector del Km. 4+800 de la Vía Porotillo-Chilla\n y de un muro de hormigón armado en el sector del Km. 30+500\n de la misma vía, conforme consta en el oficio número\n UCN-0880-02 enviado por el COPEFEN al Ministro de Economía\n y Finanzas, circunstancia que le causa al cabildo un grave perjuicio,\n pues, se atenta contra el patrimonio municipal;
Que la I. Municipalidad de Chilla recibió del COPEFEN\n para la construcción del muro de hormigón armado\n en el sector del Km. 4+800 de la Vía Porotillo-Chilla,\n el importe de S/. 147'341.725 sucres, esto es, el 50% de los\n S/. 294'683.449 sucres destinados inicialmente para el efecto,\n razón por la cual el día 20 de enero de 1999 celebró\n ante el Notario del Cantón Chilla, un contrato de obra\n con el ingeniero Julio Rodrigo Mogrovejo Muñoz, cuyo precio\n fue de S/. 231'882.139 sucres, del cual se entregó en\n calidad de anticipo la cantidad de S/. 115'541.065 sucres, que\n equivale al 50% del monto pactado;
Que el 26 de agosto del 2002, la I. Municipalidad de Chilla,\n recibió de la Contraloría General del Estado el\n examen especial efectuado respecto de varias obras contratadas\n por dicho cabildo entre el 1 de enero de 1998 y el 15 de diciembre\n del 2001, en cuyo numeral 8 constan los comentarios formulados\n acerca del muro de hormigón armado que se empezó\n a construir en la Vía Porotillo-Chilla, que justifican\n la legalidad de la inversión efectuada con los dineros\n entregados por el COPEFEN para esta finalidad;
Que en dicho examen especial se establece que la obra se encuentra\n abandonada e inconclusa, y que el contrato se declaró\n terminado unilateralmente, tal como se puede constatar en el\n Registro Oficial No. 329 de fecha 18 de mayo del 2001, habiéndose\n devengado del valor entregado en calidad de anticipo la suma\n de S/. 75'812.299,76, quedando pendiente de devengar la cantidad\n de S/. 44'677.349.15 sucres, que convertidos al tipo de cambio\n actual ascienden a USD1,789.09, monto que por recomendación\n de la Contraloría General del Estado debe ser recuperado\n por la I. Municipalidad de Chilla, de manos del contratista;
Que conforme al convenio celebrado con el COPEFEN, la I. Municipalidad\n de Chilla recibió también del COPEFEN la suma de\n S/. 130'024.525 sucres, que equivale al 50% del valor presupuestado\n para la construcción de un muro de hormigón armado\n en el sector del Km. 30+500 de la Vía Porotillo Chilla,\n que asciende a la cantidad de S/. 260'049.049, obra para cuya\n ejecución se suscribió con el ingeniero Gilber\n Espinoza Salazar el 20 de enero de 1999, un contrato por S/.\n 217'283.229 sucres, de los cuales se le entregó al contratista\n la suma de S/. 108'641.614 sucres en calidad de anticipo;
Que el contrato celebrado entre la I. Municipalidad de Chilla\n y el ingeniero Gilber Espinoza Salazar, fue terminado por las\n partes de mutuo acuerdo atentas a lo dispuesto en el artículo\n 108 de la Ley de Contratación Pública, según\n consta en el informe de la Contraloría General del Estado\n en el cual se recomienda recuperar del anticipo entregado, el\n importe de S/. 6'566.859 sucres, que calculados al tipo de cambio\n hoy vigente ascienden a USD262.67;
Que los dineros entregados por la I. Municipalidad de Chilla\n a los ingenieros Rodrigo Mogrovejo Muñoz y Gilber Espinoza\n Salazar, por la ejecución de los contratos celebrados\n con ellos, suman la cantidad de S/. 224'182.689 sucres, los que\n restados de los S/.277'366.249 sucres recibidos de parte del\n COPEFEN según lo estipulado en el convenio de financiamiento,\n dan un total de S/. 53'183.635 sucres, suma que se hallaba depositada\n en la cuenta corriente número 68-220035 Municipio de Chilla-COPEFEN,\n toda vez que al 31 de mayo del 2000 constaban en dicha cuenta\n S/. 357'312.750 sucres, los que con motivo de la dolarización\n que empezó a tener vigencia en el Ecuador, se convirtieron\n en USD14,292.51, lo cual perjudicó a la corporación\n municipal, pues, al momento en que ésta recibió\n del COPEFEN los valores pertinente para la construcción\n de las antes referidas obras, el costo de cambio de cada dólar\n de los Estados Unidos de América era de S/. 5.295;
Que ante tales circunstancias, la I. Municipalidad de Chilla\n ha justificado ante la Contraloría General del Estado\n el desembolso de S/. 224'182.679 sucres para la construcción\n de las obras antes señaladas, habiendo dispuesto dicho\n organismo de control la recuperación de un total de S/.\n 51'244.208,15 sucres, es decir, de USD2,049.76 que no fueron\n devengados por los contratistas,
Que luego de los desembolsos realizados, de los S/. 277'366.248\n sucres entregados por el COPEFEN a la I. Municipalidad de Chilla\n para la ejecución de tales obras, existe un remanente\n de S/. 53'183.635 sucres, los cuales perdieron su valor a consecuencia\n de la dolarización a la que se sometió el Ecuador\n durante el año 2000;
Que la resolución del COPEFEN por la que se solicitó\n al Banco Central del Ecuador debitar de la cuenta corriente de\n la I. Municipalidad de Chilla, la suma de USD16,937.90, sin tomar\n en cuenta lo establecido en el examen de la Contraloría\n General del Estado para realizar el débito justo, atenta\n contra los principios constitucionales contenidos en los artículos\n 211 y 212 de la Constitución Política del Estado,\n que establecen que la Contraloría General del Estado es\n el único organismo que puede establecer con claridad el\n valor líquido ejecutado de las obras;
Que el COPEFEN actuó mal al solicitar el referido débito,\n al igual que el Banco Central del Ecuador al dar curso a esa\n petición, puesto que la Contraloría General del\n Estado recomendó únicamente hacer gestiones para\n recuperar la cantidad de USD1,789.09, en el caso del contrato\n celebrado con el ingeniero Julio Rodrigo Mogrovejo Muñoz;\n y, la suma de USD262,67 en el caso del contrato celebrado con\n el ingeniero Gilber Espinoza Salazar, lo cual no guarda relación\n con el argumento esgrimido por el COPEFEN según el cual\n la I. Municipalidad de Chilla no ha justificado el monto de USD89'686.180\n sucres, es decir, USD16,937.90 siempre que se considere el tipo\n de cambio que regía en la época en que se entregaron\n los valores a los contratistas, esto es, S/. 5.295 sucres por\n dólar de los Estados Unidos de América.
Que las actuaciones ilegítimas de las autoridades demandadas\n atentan contra el patrimonio municipal del cantón Chilla;\n y, en consecuencia, violan lo dispuesto en los artículos\n 30, 211 y 212 de la Constitución Política del Ecuador.
En la audiencia pública llevada a cabo el día\n 4 de marzo del año 2004, el Director Ejecutivo del COPEFEN,\n por intermedio de su abogada patrocinadora, manifestó\n lo siguiente: Que los recurrentes no han determinado cuál\n es el acto administrativo que supuestamente ha sido producido\n por el Banco Central del Ecuador, lo cual imposibilita la traba\n de la litis; que los débitos a los que los accionantes\n aluden han sido efectuados también en contra de otras\n instituciones que han incurrido en mora en la ejecución\n de los proyectos que han sido financiados por el COPEFEN, sin\n que hayan intentado acción alguna en contra de esta entidad;\n que la demanda de amparo ha sido propuesta en contra de personas\n que nada tienen que ver con la resolución impugnada; que\n la actuación del COPEFEN ha sido legítima, toda\n vez que ha procedido a ejecutar la resolución adoptada\n por su Directorio el 22 de diciembre de 1999, mediante la cual\n se dio por terminado el Convenio UCN-115 celebrado con la Municipalidad\n de Chilla el 6 de mayo de 1998, debido a la demora en la que\n incurrió esta entidad en la ejecución de las obras\n que eran objeto del mencionado convenio; y, que los accionantes\n no están investidos de derecho alguno para plantear este\n recurso, ya que el mismo no reúne los requisitos de admisibilidad\n que exigen la Constitución y la Ley de Control Constitucional.
Por su parte, el Eco. Carlos Vallejo Cevallos, Consultor Financiero\n del COPEFEN, por intermedio de su abogado patrocinador manifiesta\n lo siguiente: Que existe ilegitimidad pasiva, toda vez que la\n demanda ha sido propuesta en su contra a pesar de no ser representante\n legal del COPEFEN, ni de haber expedido acto administrativo alguno\n que afecte a la I. Municipalidad de Chilla; y, que el recurso\n de amparo presentado no cumple con los requisitos de admisibilidad.
De igual manera, comparece la abogada María Fernanda\n Pérez Jaramillo, Consultora Legal del COPEFEN, quien expresa\n que se la ha demandado de manera infundada, ya que no ostenta\n la calidad de representante legal de persona jurídica\n alguna, ni ha expedido acto administrativo que justifique el\n inicie de una acción de amparo en su contra; que el recurso\n de amparo formulado no reúne los supuestos de admisibilidad\n de fondo y de forma que exige el ordenamiento constitucional,\n por lo que solicita al juez de la causa que lo rechace por improcedente.
El juez a quo resuelve negar la acción de amparo constitucional\n propuesta por el Alcalde y Procurador Síndico Municipal\n de la I. Municipalidad de Chilla.
TERCERA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo es procedente cuando\n de manera simultánea y unívoca, concurren los siguientes\n presupuestos: a) Existencia de un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública; b) Que siendo violatorio de un derecho\n subjetivo constitucional; c) Cause o amenace causar un inminente\n daño grave.
CUARTA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, o cuando\n no ha sido dictado de conformidad con los procedimientos señalados\n por el ordenamiento jurídico, o cuyo contenido sea contrario\n a dicho ordenamiento, o bien se lo dicte sin fundamento o suficiente\n motivación. Por tanto, en tratándose de la acción\n de amparo constitucional, el análisis de legitimidad de\n un acto no se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.
QUINTA.- La pretensión de la parte accionante es que\n se suspenda los efectos del oficio número FIN-022-2004-01-16\n expedido por el Director Ejecutivo y el Consultor Financiero\n del COPEFEN el 16 de enero del 2004, por el cual se solicitó\n al Banco Central del Ecuador debitar de la cuenta de la mencionada\n corporación municipal, la suma de USD16,937.90; así\n como de la actuación de la entidad bancaria, por haber\n efectuado el débito en alusión.
De folios 48 a la 54 del proceso materia del presente análisis,\n se aprecia el Convenio para acciones dirigidas a afrontar el\n Fenómeno del Niño, celebrado en la ciudad de Guayaquil\n el 6 de mayo de 1998 entre la Unidad Coordinadora del Programa\n de Emergencia para Afrontar el Fenómeno del Niño,\n COPEFEN, en calidad de "Ejecutor" y la I. Municipalidad\n del Cantón Chilla, en calidad de "Coejecutor".
Conforme consta del texto del convenio en alusión,\n y específicamente en la cláusula tercera, el objeto\n de este acuerdo consistía en la ejecución, bajo\n la total y exclusiva responsabilidad del coejecutor y con la\n supervisión del COPEFEN, de varias obras de importancia\n para esa jurisdicción cantonal, para cuyo efecto el ejecutor\n debía otorgar el respectivo financiamiento.
Por otra parte, la cláusula décima segunda del\n convenio, intitulada "Penalizaciones", estipulaba que\n el COPEFEN se reservaba el derecho a suspender unilateralmente\n los reembolsos y/o cancelar la vigencia del acuerdo en varios\n casos, siendo uno de ellos, el contemplado en la letra f), cuyo\n tenor literal es el que sigue:
"(f) De no emplearse los recursos en los fines previstos,\n el COEJECUTOR autoriza al Presidente del COPEFEN para que solicite\n al Ministerio de Finanzas y Crédito Público, al\n Banco Central del Ecuador o al Banco Privado se debite de su\n cuenta bancaria los valores no justificados" Énfasis\n añadido.
SEXTA.- A foja 43 del expediente subido en grado, consta el\n acto impugnado, esto es, el oficio número FIN-022-2004-01-16\n de fecha 16 de enero del 2004, dirigido al Director de Servicios\n Bancarios del Banco Central del Ecuador, cuya parte medular reza\n textualmente lo que sigue:
"Por lo antes expuesto, solicito a ustedes proceder a\n realizar los débitos a los siguientes coejecutores; dando\n cumplimiento a la cláusula denominada "PENALIZACIONES"\n existente en todos los convenios"
SEPTIMA.- En el presente caso, de la revisión de las\n piezas procesales se desprende que, el pedido formulado por el\n COPEFEN al Banco Central del Ecuador de que se efectúe\n el débito correspondiente de la cuenta corriente de la\n I. Municipalidad de Chilla, ejecutora del convenio señalado\n en el considerando que antecede, por no haber empleado los recursos\n en los fines previstos, se sustenta en una facultad atribuida\n al COPEFEN, en cuanto órgano ejecutor, en el texto del\n mismo acuerdo, específicamente, en la letra f) de la Cláusula\n Décimo Segunda, como quedó señalado ut supra.
Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del\n artículo 50 del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional, tal actuación administrativa\n no corresponde ser conocida ni resuelta por medio de una garantía\n de derechos fundamentales como el amparo, cuya naturaleza tutelar\n es ajena a la revisión del cumplimiento o incumplimiento\n de actos bilaterales y, en general, respecto de las estipulaciones\n constantes en sus cláusulas. Ello, en principio, es materia\n de un proceso de conocimiento que debe ser decidido por los jueces\n comunes que sean competentes y no por jueces constitucionales.
OCTAVA.- Finalmente, es pertinente hacer hincapié en\n que los accionantes sostienen en su libelo inicial que la actuación\n del COPEFEN viola las disposiciones contenidas en los artículos\n 211 y 212 de la Carta Magna, los cuales, según se puede\n apreciar de su simple lectura, guardan relación con las\n facultades y atribuciones de la Contraloría General del\n Estado, en cuanto máximo órgano de control técnico\n del Estado Ecuatoriano.
Consecuentemente, si es la finalidad de la parte demandante\n acusar la inconstitucionalidad del acto expedido por el COPEFEN,\n por ser contradictorio a los preceptos constitucionales antes\n señalados, no es, pues, la acción de amparo constitucional\n la vía adecuada para tal efecto, toda vez que su naturaleza\n y objeto se hallan claramente puntualizados en el artículo\n 95 de la Constitución Política del Ecuador.
NOVENA.- Al determinarse la improcedencia de este amparo por\n las razones señaladas, no se hace necesario continuar\n con el análisis de los requisitos de procedencia previstos\n para esta acción constitucional.
1.- Confirmar la resolución pronunciada por el Juez\n Sexto de lo Civil de El Oro; y, consecuentemente, negar la acción\n de amparo constitucional propuesta por la parte demandante;
2.- Dejar a salvo los derechos de que se crean asistidos los\n accionantes, para hacerlos valer ante las instancias pertinentes;\n y,
3.- Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n contemplados en el artículo 55 de la Ley Orgánica\n de Control Constitucional.
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los diecinueve días del mes de abril del año\n dos mil seis.- Lo certifico.
Quito D.\n M., 19 de abril de 2006.
No. 0877-04-RA
CASO No. 0877-04-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 4 de octubre de 2004, en virtud de la acción\n de amparo interpuesta por el señor José Pablo Delgado\n Quijije, por sus propios derechos, en contra del Alcalde, Procurador\n Síndico y Secretario General del Municipio de Montecristi,\n y Procurador General del Estado, en la cual manifiesta: Que es\n legítimo beneficiario y ganador del remate de uso de la\n vía pública municipal, efectuado por el Municipio\n del cantón Montecristi, mediante concurso privado, habiéndose\n adjudicado el derecho a la ocupación de la vía\n pública por el año 2004 y por ende en las fiestas\n patronales de la Virgen de Monserrate, que se celebran el 21\n de noviembre de cada año, adjudicación del remate\n que se le hizo por el valor de siete mil dólares americanos,\n tal como lo acredita con los tres títulos de crédito\n emitidos en su contra y que fueron cancelados oportunamente.\n Que, se ha enterado en forma oficial por los avisos que se han\n colocado en la parte baja del Municipio, Mercado municipal y\n Casa de Gobierno del cantón Montecristi, respectivamente,\n por parte del señor Alcalde del Municipio de Manta (e),\n de una convocatoria, en la que se hace conocer al público\n y la ciudadanía en general de que dicho Gobierno Municipal\n del cantón Montecristi, ha declarado la nulidad del remate\n del uso de vía pública y de las festividades de\n la Virgen de Monserrate, y se invita al público a una\n nueva subasta pública. Convocatoria que se la hace sin\n cumplir con los requisitos contemplados en el artículo\n 107 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (actual\n 103 de la reciente Codificación de la referida Ley, publicada\n en el R. O. Suplemento No. 159 del 5 de diciembre del 2005) ;\n no se siguió el procedimiento adecuado para declarar la\n nulidad del remate que le fuera adjudicado al recurrente en forma\n legal, todo ello, de acuerdo con lo prescrito en el artículo\n 11 de la Disposición Transitoria del Reglamento para la\n contratación de Recaudadores Municipales, Pago de Comisiones\n y Remate del cobro de los impuestos por Ocupación de la\n Vía Pública, expedido por el Municipio del cantón\n Montecristi, el mismo que fue analizado y discutido el 15 y 22\n de agosto de 1994 y publicado en el Registro Oficial, motivo\n por el cual, tuvo que cancelar el valor pactado. Que, no existe\n ningún trámite administrativo que hayan seguido\n los funcionarios de la Municipalidad de Montecristi, para emitir\n Resolución alguna, ni tampoco existe notificación\n alguna que haga presumir la nulidad del concurso del que fue\n legítimo adjudicatario. Que, la convocatoria realizada\n le está causando un grave e inminente perjuicio económico,\n ya que ha cancelado la totalidad del valor del remate. Que, deja\n constancia que nunca se le notificó con dicha convocatoria,\n lo cual le deja en completa indefensión, para impugnar\n dichos actos. Que tales hechos violan las normas contenidas en\n los artículos 107 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, 11 de la disposición transitoria del Reglamento\n expedido por el Municipio para la Contratación de Recaudadores\n Municipales, Pago de Comisiones y Remate del Cobro de los Impuestos\n por Ocupación de la Vía Pública, 23, número\n 18, 35 y 97, número 8, de la Constitución, por\n lo que solicita que se suspendan todas las medidas ordenadas\n en la convocatoria fijada en los parajes más frecuentados\n del cantón Montecristi de 19 de agosto de 2004, así\n como deje sin efecto la Subasta Pública que se ha convocado\n para el día 24 de ese mes y año.
El señor Juez Décimo Segundo de lo Civil del\n cantón Montecristi, mediante providencia de 24 de agosto\n de 2004, acepta a trámite este amparo y señala\n para el 26 del mismo mes y año, a las 15h00, la realización\n de la audiencia pública.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública en la que el accionante se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de su petición.-\n Por su parte, los accionados manifestaron que se demanda por\n medio de esta acción que se deje sin efecto un acto legítimo\n tomado por los señores Alcalde y concejales de esa municipalidad\n el 18 de agosto de 2004, en la que se dejó sin efecto\n la adjudicación del remate de la vía pública\n que había sido adjudicado al accionante, en razón\n de que existieron violaciones de procedimiento cometidas por\n el señor Alcalde de ese entonces. Que el artículo\n 72 número 1 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal (actual artículo 69 de la reciente Codificación\n de la referida Ley, publicada en el R. O. Suplemento No. 159\n del 5 de diciembre del 2005), determina los deberes y atribuciones\n que tiene el Alcalde, en concordancia con el artículo\n 46 ibídem (ahora artículo 45, según la última\n Codificación) en donde se establecen los deberes y atribuciones\n del Consejo Municipal; en consecuencia, la resolución\n emitida por el Concejo Municipal de Montecristi, de 18 de agosto\n de 2004, es legítima y solicitó se deseche por\n improcedente el amparo interpuesto.- Por último, el Procurador\n General del Estado señaló que las resoluciones,\n ordenanzas y demás decretos emitidos por la administración\n municipal rigen para su respectiva jurisdicción territorial\n y de acuerdo a la Resolución interpretativa de la Ley\n del Control Constitucional, artículo 2, la acción\n de amparo no procede y se la rechazará de plano cuando\n se la interponga respecto de actos normativos expedidos por una\n autoridad pública tales como leyes orgánicas y\n ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas, estatutos,\n reglamentos y resoluciones de obligatoriedad general, por tanto,\n solicitó se deseche este amparo.
El 30 de agosto de 2004, el Juez Décimo Segundo de\n lo Civil del cantón Montecristi resolvió negar\n el recurso de amparo constitucional interpuesto por el señor\n José Pablo Delgado Quijije.
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276, número 3, de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional;
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que\n se declara su validez;
TERCERO.- La acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto\n constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública,\n en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un\n daño grave;
CUARTO.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorio\n de un derecho subjetivo constitucional; c) cause o amenace causar\n un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario,\n es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera unívoca;
QUINTO.- El accionante al interponer el presente amparo solicita\n que se suspendan todas las medidas ordenadas en la convocatoria\n fijada en los parajes más frecuentados del cantón\n Montecristi de 19 de agosto de 2004, así como se deje\n sin efecto la Subasta Pública que se ha convocado para\n el día 24 de ese mes y año. Al efecto, a fojas\n 7 del expediente corre el oficio sin número, fechado el\n 30 de julio de 2004, suscrito por el Alcalde del cantón\n Montecristi, en el que se comunica al accionante que esa autoridad\n tiene a bien aceptar el valor de siete mil dólares propuestos\n por el peticionario sobre el remate de uso de vía pública\n por el año 2004 "y por ende las festividades patronales\n de la Virgen de Monserrate, que se celebran en el mes de Noviembre\n del presente año", dándole a conocer que ha\n instruido a la tesorera del Municipio "para que emita los\n correspondientes títulos de crédito". Del\n mismo modo, constan en el expediente los títulos de crédito\n Nº 006996, 006924 y 006959 por tres mil dólares los\n dos primeros y por un mil dólares el restante, todos ellos\n cancelados por concepto de ocupación de vía pública\n por el año 2004, con motivo de las fiestas patronales\n de la ciudad (fojas 4 a 6) A fojas 8 del proceso consta la convocatoria\n suscrita por el Secretario Municipal de la Municipalidad del\n cantón Montecristi, fechada el 19 de agosto de 2004, en\n la que el Gobierno Municipal comunica a la ciudadanía\n que el remate "ha sido declarado nulo, por no haberse cumplido\n con las normalidades y procedimientos legales...", por lo\n que se invita a subasta pública en el teatro municipal\n el martes 24 de agosto de 2004, señalando que el Municipio\n "no se responsabiliza por pagos hechos, por los pagos de\n puestos, para las fiestas Patronales en el mes de Noviembre del\n presente año";
SEXTO.- Un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación;
SEPTIMO.- El artículo 11 de las disposiciones transitorias\n del Reglamento para la contratación de recaudadores municipales,\n pago de comisiones y remate del cobro de los impuestos por ocupación\n de la vía pública, faculta al Presidente del Concejo\n para que, previo concurso privado, pueda ceder el derecho de\n cobro de los impuestos de la vía pública durante\n los días previos y posteriores a la celebración\n de las fiestas religiosas de la ciudad de Montecristi que tiene\n como Patrona a la Virgen de Monserrate, para lo cual, de conformidad\n con el artículo 14, el Secretario Municipal deberá\n poner a conocimiento del público el concurso privado.\n De la copia de acta de la sesión ordinaria del Concejo\n celebrada el 18 de agosto de 2004 en la que, en el punto ocho\n del orden del día consta el análisis y resolución\n del remate de la vía pública, en la que concejales\n hacen presente una serie de quejas por parte de los beneficiarios\n de los puestos sobre la ubicación de salones en la vía\n pública y cobro exagerado por los puestos, indicándose\n que el Departamento de Planeamiento Urbano no ha determinado\n la distribución de puestos, que el Concejo no ha fijado\n los valores por dichos puestos, que no se ha depositado la garantía\n de ochenta dólares, que el Secretario Municipal no colocó\n los carteles en lugares públicos para que se presenten\n ofertas, por lo que el concurso privado no ha existido, por lo\n que se debe dejar sin efecto el remate y convocar a concurso\n público y que se devuelva el dinero al accionante, moción\n que fue aprobada (fojas 26 y 27);
OCTAVO.- En materia de procedimiento, no consta del expediente\n que al peticionario, en su calidad de adjudicatario del remate\n de uso de la vía pública se le hayan hecho saber\n las objeciones que, al interior del Concejo, existían\n sobre el concurso realizado y que se reseñan en el considerando\n precedente. Es más, corre a fojas 17 del expediente una\n certificación conferida por el Secretario Municipal fechada\n el 26 de agosto de 2004 en la que se señala que "esta\n Secretaria (sic) no ha sido autorizada para notificar al Sr.\n José Pablo Delgado Quijije, con alguna resolución\n de Concejo". En este sentido, si la decisión del\n Concejo consistía en revocar el acto de adjudicación\n se debía contar con el beneficiario. El elemento formal\n se entiende o bien como modo de producción de una decisión\n o bien haciendo referencia a su exteriorización y los\n medios que la acompañan, es decir, a la forma de manifestar\n la voluntad de la administración y a su notificación.\n Con ello se pretende asegurar el debido proceso en la formación\n de una decisión o de un acto de autoridad, esencialmente\n para prevenir que al administrado no se le afecte con un acto\n que no le ha garantizado o permitido ejercer oposición\n alguna. Del mismo modo, fundamental resulta la notificación\n con el contenido del acto al administrado, pues, de lo contrario,\n no podrá conocerlo y, por ende, no podrá oponerse\n a éste ni a sus consecuencias, que es lo que ha acontecido\n en este caso, produciendo su ilegitimidad;
NOVENO.- Del mismo modo, el numeral 13 del artículo\n 24 de la Constitución y el artículo 31 de la Ley\n de Modernización del Estado, establecen la interdicción\n de la arbitrariedad en el obrar de la administración al\n exigir la motivación de las resoluciones de los órganos\n del poder público que afecten a las personas, determinando\n que tal motivación implica, como elementos que deben aparecer\n simultánea y unívocamente del acto, la enunciación\n de las normas o principios en que se fundamenta el acto, en aplicación\n del principio de regularidad, y la explicación de la pertinencia\n de dicha aplicación a los antecedentes de hecho. En la\n especie, de la convocatoria que corre a fojas 8, a la que se\n hace referencia en el considerando quinto de este fallo, no constan\n las razones ni el fundamento normativo por el cual el Concejo\n declaró nulo el remate municipal, acto que se limita a\n señalar que dicha decisión se tomó "por\n no haberse cumplido con las normalidades y procedimientos legales".\n En definitiva, la falta de motivación en este acto no\n permite conocer, objetivamente, el

References: resolución 
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 artículo 23
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 219
 artículo 46
 artículo 57
 artículo 62
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 50
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 Resolución 
 artículo 69
 artículo 45
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 62
 resolución 
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 31