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Timestamp: 2020-01-28 05:16:22+00:00

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C-648 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020035725CC-SENTENCIAC648200120/06/2001CC-SENTENCIA_C_648__2001_20/06/2001200357252001Sentencia C-648/01 PROPOSICION JURIDICA -Integración NOTIFICACION -Finalidad La notificación entendida como el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias que se produzcan dentro del proceso, tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso. NOTIFICACION EN PROCESO JUDICIAL -Propósitos La notificación cumple dentro de cualquier proceso judicial un doble propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y eficacia de la función judicial al establecer el momento en que empiezan a correr los términos procesales. DEBIDO PROCESO PENAL -Falta o indebida notificación de providencias NOTIFICACION EN PROCESO PENAL -Acto reglado La notificación dentro del proceso penal, por ser un acto mediante el cual se pretende garantizar de manera especial el debido proceso dados los intereses que están en juego, es un acto reglado, es decir sujeto al principio de legalidad de las formas. NOTIFICACION EN PROCESO PENAL -No mediación de formas procesales prescritas PRINCIPIO DE RECEPCION DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL -Alcance /PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL -Alcance En relación con el momento en el cual debe entenderse conocida la providencia, acoge una posición ecléctica que combina lo que la doctrina ha llamado los principios de la recepción y del conocimiento. De conformidad con el primero, el conocimiento de la providencia debe entenderse producido cuando se han observado todas las formalidades prescritas por la ley para llevar a cabo la notificación. Según el segundo, la notificación debe entenderse surtida cuando el notificado conoce realmente el contenido de la providencia, aunque no se hayan observado efectivamente los formalismos legales previstos para comunicarla. PROCESO PENAL -Providencias que deben notificarse PROCESO PENAL -Formas de notificación DEBIDO PROCESO -Notificación personal /DEBIDO PROCESO PENAL -Notificación personal La notificación personal es aquella que tiene la virtualidad de asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas dentro del proceso penal con las debidas garantías constitucionales, y que también se erige en la forma de comunicación que en mejor forma asegura la realización de los principios de seguridad jurídica, de celeridad y de eficacia de la función judicial, al permitir completa claridad respecto de los plazos o términos dentro de los cuales deben cumplirse las actuaciones procesales que les siguen. Por ello el legislador la ha contemplado como la forma adecuada para surtir la notificación de las principales providencias dentro del proceso penal al privado de la libertad. DEBIDO PROCESO -No es absoluto El derecho al debido proceso, como todos los derechos fundamentales, no es un derecho absoluto. Su ejercicio, ha dicho la Corte, puede ser objeto de limitaciones que resultan ser necesarias para realizar otros principios superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto momento pueden verse confrontados con aquel. DERECHOS FUNDAMENTALES -Conflicto DERECHOS FUNDAMENTALES -No son absolutos DEBIDO PROCESO -Garantías El derecho al debido proceso o debido proceso sustancial se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses de los sujetos procesales. De un lado está el interés de asegurar el derecho de defensa y contradicción del inculpado y garantizar la presunción sobre su inocencia, de otro merecen también tutela los derechos o intereses públicos o privados que se ven lesionados por la comisión de los delitos, a la par que es necesario permitir el esclarecimiento de la verdad real. Algunos de los derechos sustanciales tutelados por las normas superiores relativas al debido proceso son prevalentes por su misma naturaleza. Otros derechos, en cambio, y tal es el caso del derecho de defensa y de contradicción, pueden verse limitados para garantizar intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas. DERECHO DE DEFENSA -No es absoluto Una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último comentado de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso "sin dilaciones injustificadas". DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO A LA JUSTICIA -Tensión /DERECHO DE DEFENSA -Límites JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES -Evaluación de límites En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea constitucional, se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. "Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional." JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN NOTIFICACION DE PROCESO PENAL -Presunción en defensor de privado de libertad PROCESO PENAL -Notificación personal de privado de libertad en establecimiento de reclusión /DEBIDO PROCESO PENAL -Presunción de notificación personal de privado de libertad DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO PENAL -Presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor /DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Notificación personal en establecimiento de reclusión DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS -Suspensión de proceso por causas justificadas /PROCESO PENAL -Suspensión de procedimiento por causas justificadas DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Afectación por presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor Se pregunta la Corte si puede el Estado, representado en la administración de justicia, escudarse en el acaecimiento de imprevistos para no cumplir con el deber de asegurar la efectiva comparecencia del imputado o del sindicado al proceso que se sigue en su contra. Al respecto encuentra que la respuesta es negativa, por varias razones: a) Porque teniendo en cuenta que la fuerza mayor es un hecho imprevisto e "irresistible", mientras sus efectos continúen produciéndose no puede ser calificada de "injustificada" la dilación del trámite que por ella se produce. b) Porque no resulta equitativo hacer recaer únicamente sobre el privado de la libertad las consecuencias de la fuerza mayor. c) Porque la fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye per se la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación. d) Porque una vez acaecido el hecho imprevisto al que no es posible resistir, originado dentro de un centro de reclusión, el deber del Estado es procurar el inmediato restablecimiento del orden. e) Adicionalmente, porque la norma parte del supuesto según el cual como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, se hace innecesaria la notificación y la comparecencia de éste último. g) Finamente, se produce una restricción fuerte del derecho primario de escoger personalmente el defensor originada por esta forma de notificación presunta al apoderado en los casos de fuerza mayor originada en el centro de reclusión. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Alcance DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Desproporcionalidad por presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor /PROCESO PENAL -Permisión de demoras justificadas Es desproporcionada la medida limitativa del derecho de defensa que adopta la disposición bajo examen, cuando determina que la notificación del privado de la libertad que se encuentra en un centro de reclusión en donde ha acaecido una fuerza mayor, puede obviarse notificando a su defensor. El daño que se produce sobre el mencionado derecho del privado de la libertad es superior al beneficio constitucional que la norma pretende lograr, y además es innecesario dado que la Constitución permite demoras justificadas del proceso penal. PROCESO PENAL -Suspensión por hechos imprevistos e irresistibles DERECHO PENAL -Significado de trastorno mental DERECHO PENAL -Significado de salud mental NOTIFICACION EN PROCESO PENAL -Imposibilidad en persona privada de la libertad por salud mental PROCESO PENAL -Notificación supletiva por salud mental /PROCESO PENAL- Presunción de notificación personal en establecimiento de reclusión por salud mental DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Presunción de notificación personal en defensor por alteración transitoria de salud mental Cuando las razones de salud mental son de carácter transitorio y se hacen presentes en el momento de la notificación, a juicio de esta Corporación la solución adoptada por el legislador para no entorpecer el rápido desarrollo del proceso resulta desproporcionada, pues supone un sacrificio del derecho de defensa del individuo privado de la libertad que es superior al beneficio constitucional que la norma pretende lograr. Si el estado mental del reo le impide temporalmente conocer la providencia que se le notifica, forzoso es concluir que durante el mismo lapso de la perturbación no está tampoco en condiciones de conocer qué recursos proceden contra ella, ni enterarse del trámite general del proceso, ni de comparecer al mismo, ni de asumir su defensa material, dificultándose además en extremo su defensa técnica por la imposibilidad en la que estará para comunicarse en forma clara con su defensor. DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Obligatoriedad de presencia en el proceso PRINCIPIO DE RECEPCION DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL -Conocimiento real del contenido de providencia /DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Presunción de notificación personal en defensor por salud mental /PROCESO PENAL -Suspensión de trámite en notificación por salud mental Este principio, a juicio de la Corporación, puede resultar constitucionalmente aceptable siempre y cuando el notificado tenga una posibilidad real de enterarse del contenido de la providencia, de tal manera que si finalmente no la conoce su ignorancia pueda ser imputada a su propia culpa o inactividad. Pero presumir el conocimiento de las decisiones judiciales por el solo hecho de la observancia de las ritualidades legales dispuestas para su notificación, a sabiendas de la imposibilidad en que se encuentra la persona para conocerlas y comprenderlas dado su estado de salud mental, significa un desconocimiento total del derecho de defensa que el orden jurídico no puede tolerar. Por lo tanto en estos casos, siempre y cuando se trate de un estado de perturbación mental transitorio del privado de libertad que haga imposible la notificación de la providencia que pretende comunicársele, el trámite debe suspenderse respecto de él hasta tanto la persona pueda comparecer al proceso en condiciones de entender lo que allí se debate. DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Razones de salud mental de carácter transitorio o permanente DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Presunción de notificación personal en defensor por alteración permanente de salud mental DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO -Presunción de notificación personal en defensor por salud física Referencia: expediente D-3365
Marcela Patricia Jiménez ArangoCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 184 (parcial) de la Ley 600 de 2000.D3365Identificadores20020035726true54500Versión original20035726Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 184 (parcial) de la Ley 600 de 2000.
realizarla, en los siguientes eventos:…"
"la proposición es completa cuando su enunciado tiene per se sentido propio, cuando puede decirse que es una unidad normativa autónoma o lo que es lo mismo, susceptible de ser aprehendida intelectualmente con pleno significado inteligible por sí sola y por lo tanto perfectamente separable del resto, el cual a su turno conserva también sentido lógico y adecuada aplicabilidad."[1]
La notificación y su relación con la garantía constitucional del debido procesoy con los principios de celeridad y eficiencia de la función judicial.
Ahora bien, en materia penal por estar de por medio el ejercicio delius puniendidel Estado que tiene la virtualidad de afectar la libertad personal y la presunción de inocencia, así como el buen nombre de los incriminados, la Constitución quiso reforzar las garantías que conforman la noción de debido proceso, y por ello dijo:Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.(C.P art. 29).La notificación, dentro de este contexto, adquiere entonces una relevancia especial, pues de su adecuada práctica depende la posibilidad real de cumplir con el mandato superior transcrito. Por ello, la falta o la indebida notificación de las providencias que deben ser comunicadas al procesado, da origen a la nulidad de lo actuado con posterioridad. Sobre esta realidad jurídica la Corte ha tenido ocasión de verter los siguientes conceptos:
"Ello implica que la notificación, como medio de conocimiento oficial y cierto sobre la existencia del proceso, inclusive en sus etapas preliminares, es requisitosine qua nonpara la validez de la actuación correspondiente. Si falta, todo lo que se haya llevado a cabo es nulo, incluida la sentencia condenatoria.
"Es claro que, estando de por medio no solamente el derecho a la libertad personal sino la presunción de inocencia, que, como se recalca, requiere ser desvirtuada en forma contundente para llegar a la condena, el juzgador debe extremar los rigores en el cumplimiento exacto de los preceptos constitucionales, con miras a obtener la comparecencia del sindicado al proceso, agotando todos los medios posibles para localizarlo y asegurar así el ejercicio de su derecho de defensa."[2]
En cuanto a la forma en la cual debe surtirse la notificación de las providencias mencionadas, el nuevo Código de Procedimiento Penal se refiere a la notificación personal, por edicto, por estado, en estrados y por conducta concluyente. Y de conformidad con lo dispuesto por su artículo 177,"las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán en forma personal".
Así, para lo que interesa al presente proceso de constitucionalidad, es importante destacar que el legislador, como garantía del derecho de defensa, ha considerado que todas las providencias que deban notificarse al sindicado privado de la libertad, deben ser objeto de notificación personal. La norma parcialmente demandada, señala la manera en la que dicha notificación debe surtirse, y en el aparte que ocupa la atención de la Corte consagra una forma de notificación personal ficta o presunta, que se da en los tres supuestos que menciona la disposición, a saber: i) Cuando por voluntad del interno sea imposible su notificación. ii) Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión la misma no se pueda realizar., y iii) Cuando por razones de salud física o mental resulte imposible realizarla. En estos tres casos, la notificación personal al privado de la libertad"se entenderá surtida"por la notificación a su defensor, y en la misma fecha. El cuestionamiento de constitucionalidad que se plantea en la demanda recae sobre los dos últimos supuestos en que se entiende surtida la notificación personal al privado de libertad, por la notificación a su apoderado.
"En punto a la notificación personal, cabe destacar que la misma es el medio de comunicación procesal más idóneo, en cuanto tiende a asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas en juicio, con las debidas garantías y dentro del plazo o término que fija la ley. Ciertamente, la forma directa e inmediata como se surte -poniendo en conocimiento de los interesados la respectiva providencia y dejando constancia de ello en el acta de la diligencia-[3], permite integrar adecuadamente la relación jurídico-procesal facilitándole a los demandados la interposición de excepciones y demás mecanismos estatuidos para salvaguardar su derecho a la defensa.
"Este acto procesal también desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. Al respecto, el profesor Emilio Pascansky, afirma que '...una providencia o resolución judicial o administrativa es procesalmente inexistente mientras no se la ponga en conocimiento de las partes interesadas. Cuando se produce esa notificación legal comienzan a correr los términos para deducir contra la resolución que le dio nacimiento, todas las defensas, contestaciones, excepciones o recursos legales a fin de que se la modifique o se la deje sin efecto si la parte contraria así lo estimase.'
"Es este, pues, uno de los institutos procesales en donde confluyen y se armonizan dos de los valores jurídicos por excelencia: la justicia y la seguridad, que en términos de Kuri Breña: '...forman la urdimbre y la trama de la tela de las relaciones humanas. Estas deben ser exactas como la justicia y firmes como lo exige la seguridad...'."[4]
"…el sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales que se confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de derechos que han surgido históricamente como consecuencia de la aparición de valores contrarios, sino porque, incluso, los que responden a sistemas axiológicos "uniformes" pueden verse enfrentados o resultar opuestos a objetivos colectivos de la mayor importancia constitucional. Así, para solo mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de expresión (C.P. art. 20) se encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen nombre y a la intimidad (C.P. art. 15) y viceversa ; el derecho de asociación sindical no se extiende a los miembros de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de huelga se restringe en nombre de los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición esta limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y 74) ; el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por "los derechos de los demás y el orden jurídico" (C.P. art. 16), etc."[5]
"Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles[6]".
"En síntesis, como la concepción "absolutista" de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizadosen la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica."[7]
11. Visto entonces que es legítimo introducir límites al ejercicio del derecho de defensa, y que la norma acusada lo hace al restringir en ciertos casos la forma de notificación personal - que constituye la manera óptima de asegurar la posibilidad de ejercer dicho derecho -, supliéndola por otra que consiste en la notificación al apoderado del privado de libertad, corresponde a la Corte establecer si dicha limitación es proporcionada. En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea constitucional, se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto."Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional."[8]
13. Para examinar la proporcionalidad estricta de la restricción al derecho de defensa que significa la forma de notificación presunta que establece la disposición acusada, la Corte estudiará separadamente cada uno de los supuestos en que procede. En cuanto al primero de ellos, que se da"cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión"la notificación personal al privado de libertad se entiende surtida por la notificación personal a su defensor, con la constancia bajo gravedad de juramento que consigne el servidor judicial sobre el acaecimiento de tal evento, esta Corporación encuentra que el sacrificio del derecho de defensa es superior al beneficio constitucional que se logra por el aceleramiento del proceso, y que además carece de justificación, vista la naturaleza misma de la noción de caso fortuito o fuerza mayor, como pasa a verse.
La fuerza mayor o el caso fortuito es"el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."(Ley 95 de 1890, artículo 1°). La disposición que ahora se examina se refiere a caso fortuito o fuerza mayor originados en el centro de reclusión en el cual se halla el privado de libertad a quien, en principio, habría que notificar en forma personal. Se pregunta la Corte si puede el Estado, representado en la administración de justicia, escudarse en el acaecimiento de imprevistos como los descritos para no cumplir con el deber de asegurar la efectiva comparecencia del imputado o del sindicado al proceso que se sigue en su contra, o para intervenir dentro de él en forma personal, so pretexto de agilizar el procedimiento. Al respecto encuentra que la respuesta es negativa, por varias razones que pasan a enumerarse:
a) Porque teniendo en cuenta que la fuerza mayor es un hecho imprevisto e "irresistible", mientras sus efectos continúen produciéndose no puede ser calificada de "injustificada" la dilación del trámite que por ella se produce. El artículo 29 de la Carta establece el derecho a un debido proceso "sin dilaciones injustificadas", y el 228 se refiere a la diligencia en la administración de justicia. Sin embargo, las normas constitucionales no excluyen la suspensión de los procesos por causas justificadas como pueden serlo los eventos constitutivos de fuerza mayor. El constituyente al calificar de injustificadas las dilaciones que excluyó,contrario sensuadmitió la posibilidad de dilaciones justificadas como las originadas por la fuerza mayor, con lo cual restringió el alcance del principio de celeridad en garantía de los demás derechos que conforman la noción de debido proceso. Es más, el mismo legislador en otras normas no demandadas del mismo Código de Procedimiento Penal, admitió la suspensión del procedimiento por razones justificadas. En efecto, el artículo 152 de dicho ordenamiento indica al respecto:"Suspensión. El desarrollo de unaactuación procesal, se podrá suspender, cuandohaya causa que lo justifique dejando la constancia y señalando el día y la hora en que deba continuar."(Resalta la Corte))
b) Porque no resulta equitativo hacer recaer únicamente sobre el privado de la libertad las consecuencias de la fuerza mayor. Antes bien, para garantizar la igualdad en el reparto de estas cargas, todos los sujetos procesales debieran esperar al restablecimiento de la normalidad en el centro de reclusión, suspendiéndose el proceso hasta tal momento. La disposición acusada perjudica exclusivamente al recluso, quien ve menguado su derecho de defensa al no poder enterarse personalmente de las decisiones judiciales, sin que el proceso se detenga por el hecho de la fuerza mayor no imputable a culpa suya. Desde este punto de vista, la disposición que se examina no resulta acorde con el principio de igualdad que como norma rectora del proceso penal, y en desarrollo del artículo 13 superior, consagra el artículo 5° del nuevo Código de Procedimiento Penal cuando dice:"Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal…"
c) Porque la fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluyeper sela posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación, toda vez que si para el servidor judicial encargado de hacer la notificación personal ésta resulta imposible dada la situación imprevista e irresistible que como un terremoto o una inundación se ha presentado, para el defensor será igualmente imposible comunicarse con su defendido.
e) Adicionalmente, porque la norma parte del supuesto según el cual como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, se hace innecesaria la notificación y la comparecencia de éste último. Es decir parece equiparar la defensa técnica con la defensa material del inculpado, desconociendo la oportunidad real de ejercer ésta última. En efecto,"el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor, -defensa técnica -sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado -defensa material -las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo: defender al imputado…"[9].Esta doble faceta del derecho de defensa emana de la misma Constitución, la cual en su artículo 29 indica que"(q)uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él".Para la Corte la conjunción copulativa "y" utilizada por el constituyente, indica claramente que el derecho de defensa no se limita a la facultad de ser asistido por un abogado, sino que se extiende a la posibilidad reconocida al sindicado de llevar a cabo su propia intervención dentro del proceso.
"La persona tiene derecho a que se le informe que en su contra cursa una investigación penal, y a hacerse o no presente en el proceso, sea que designe a un abogado de su confianza para que la represente, o que se atenga a la labor que cumpla el defensor de oficio, puesto que el proceso penal no puede adelantarse válidamente sin cumplir con el requisito de la defensa técnica del implicado. Pero la presencia de un abogado que atienda a la defensa del procesado, sólo remedia la falta de éste último, en el caso en que ha sido plenamente establecida su identidad, se le ha emplazado y, ante su continuada ausencia -voluntaria o no-, se le ha declarado ausente y se le ha nombrado defensor de oficio. Es que si la validez del proceso penal depende, entre otras cosas, de la defensa técnica del inculpado, la existencia misma del proceso depende de la de un sindicado definido. Y éste, una vez identificado, si se hace presente en el proceso, o es capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, tiene derecho a que se le oiga y se defina su situación jurídica en los plazos taxativamente señalados por la Constitución y la ley; más aún, tienen derecho a que se le oiga en ampliación de indagatoria cuantas veces considere necesarias, "en el menor término posible". El sindicado que permaneció ausente -por o sin su voluntad-, durante una parte del trámite de la investigación que se adelanta en su contra, una vez concurre al proceso o es capturado, cuenta con iguales derechos a los de aquél que estuvo presente desde la iniciación de la investigación previa y, por tanto, tiene derecho a ser oído por el funcionario a cargo del proceso, y a "solicitar sin necesidad de motivación alguna cuantas ampliaciones de indagatoria considere necesarias". El funcionario judicial que falte al deber de recibirlas (injustificadamente) en el menor tiempo posible, viola el derecho fundamental a la defensa material del sindicado".[10]
g) Finamente, la Corte detecta que se produce una restricción fuerte del derecho primario de escoger personalmente el defensor originada por esta forma de notificación presunta al apoderado en los casos de fuerza mayor originada en el centro de reclusión, pues al tenor del inciso final del artículo 184, parcialmente acusado,"en caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor(para recibir esta notificación)se le reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la actuación".
"El trastorno mental… es aquella alteración sicosomática que el sujeto sufre en el momento del hecho, de tan profunda intensidad, por tal modo convulsionador de sus esferas intelectiva, volitiva o afectiva que le impide… darse cuenta de la ilicitud de su conducta o determinarse conforme a dicha comprensión. Puede tratarse de una anomalía biosíquica ubicable dentro de la sintomatología clínica propia de una verdadera sicosis, de una grave forma de sicopatía o de una modalidad siconeurítica; pero también es posible que una excepcional y honda aunque pasajera conmoción emotiva que obnubila la conciencia o una también transitoria pero igualmente profunda alteración del intelecto y de la volición, generada por ingestión de bebidas embriagantes o de sustancias narcóticas o estupefacientes causen trastorno semejante."[11]
La anterior definición, aunque adoptada por la Corte Suprema de Justicia para definir una de las causas de la inimputabilidad penal, sirve de elemento de juicio para el examen de constitucionalidad de la norma acusada, más aun teniendo en cuanta que tal definición ha sido formulada específicamente dentro del ámbito del Derecho Penal. Para esta Corporación, cuando el artículo demandado dispone que en aquellos eventos en los cuales por razones desalud mentalresulte imposible llevar a cabo la notificación personal al privado de libertad, ésta debe entenderse surtida por la notificación personal hecha al defensor, hace referencia a situaciones de alteración psicosomática que el sujeto privado de la libertad padece en el momento de la diligencia, alteraciones de tan profunda intensidad que convulsionan sus esferas intelectiva, volitiva o afectiva impidiéndole conocer verdaderamente el contenido de la providencia, o asumir conscientemente el comportamiento de defensa adecuado a dicha comprensión.
"Se agrega una nueva causal a la notificación personal supletiva en casos excepcionales cuando, por razones extrañas o atribuidas al que deba ser notificado, no fuere posible realizarla.Este último caso comprende también la circunstancia de imposibilidad de la notificación por falta de comprensión del acto por parte del procesado."[12](Resalta la Corte)
"En ese orden, la obligatoriedad de la presencia del sindicado en el proceso, se explica por la innegable relación que existe entre tal hecho y la efectividad del derecho de defensa.No resulta absurdo sostener, que además de las actuaciones directas que con su presencia puede efectuar el procesado, la comunicación entre éste y su abogado constituyen una pieza fundamental para lograr una estrategia de defensa con mayores probabilidades de éxito. La defensa tiene como base el conocimiento real de los hechos, del cual depende en buena medida la posibilidad de solicitar pruebas que desvirtúen las acusaciones o de controvertir eficazmente las existentes. Ello no implica que la designación de un abogado de oficio para atender a la persona ausente suponga una violación del derecho de defensa. Simplemente, que las posibilidades de defensa - su estrategia - se verán menguadas por la inasistencia del sindicado al proceso."
Por lo tanto en estos casos, siempre y cuando se trate de un estado de perturbación mental transitorio del privado de libertad que haga imposible la notificación de la providencia que pretende comunicársele, el trámite debe suspenderse respecto de él hasta tanto la persona pueda comparecer al proceso en condiciones de entender lo que allí se debate, aplicando en ello el artículo 152 del mismo estatuto procesal penal que, como se recuerda, reza:"El desarrollo de una actuación procesal, se podrá suspender, cuando haya causa que lo justifique dejando la constancia y señalando el día y la hora en que deba continuar."
Las conclusiones anteriores a que ha llegado la Corte en relación con los enfermos mentales permanentes, encuentran un soporte adicional en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia, que reconocen expresamente la dignidad de estas personas y su situación de necesidad de especial protección, así como el derecho que les asiste a no ser recluidos en prisiones. En la Sentencia C - 176 de 1993[13], se hizo un resumen de las referidas normas internacionales, que resulta pertinente recordar. Dichas normas son las siguientes:
"a)Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de la Naciones Unidas de 1.966. Aprobado mediante la Ley 74 de 1.968, en el Preámbulo establece:
Considerandoque, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables.
Reconociendoque estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana...
b)Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1.969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1.972, en el Preámbulo establece:
Reconociendoque los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos...
c)El artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece:
d)En las Recomendaciones para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas se encuentra en capítulo especial el tratamiento de las personas que han cometido el hecho punible en estado de inimputabilidad. Dichas Recomendaciones son las siguientes:
82. 1)Los alienados no deberán ser recluídos en prisiones.Se tomarán disposiciones paratrasladarloslo antes posiblea establecimientos para enfermos mentales.
De conformidad con lo preceptuado por el inciso final del artículo 178 del nuevo Código de Procedimiento Penal,"la notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga."A juicio de la Corte, si esta es la forma de notificación escogida por el nuevo Código de Procedimiento Penal, debe concluirse que en casos excepcionales puede suceder que las alteraciones transitorias de la salud física (entendidas como aquellas que no afectan la salud mental de la persona, concebida esta última como la conciencia y voluntad normales), pueden hacer imposible la notificación personal. Piénsese por ejemplo en aquellos eventos en los cuales la persona ha perdido temporalmente las capacidades de oír y de leer, o solamente de oír no sabiendo leer por ningún medio, pero conservando plena conciencia y voluntad, y existiendo la certeza sobre su próxima recuperación según los peritajes médicos pertinentes. En estos casos excepcionales y se repite, transitorios, o en otros similares inimaginables, que es a los que se refiere la norma acusada pues habla de razones de salud física que haganimposiblela notificación personal, la medida adoptada por el legislador, que permite suplir esta forma de comunicación al privado de libertad por la notificación a su defensor, resulta ser desproporcionada pues conduce también a un sacrificio del derecho de defensa del inculpado que es superior al beneficio que se obtiene con la continuidad y celeridad consecuencial del proceso.
20. Con fundamento en lo expuesto hasta el momento, forzoso es concluir que las dos causales que contempla el inciso tercero del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal como justificativas de la notificación supletoria y presunta que se prevé en la disposición, deben ser retiradas del ordenamiento. En todos los supuestos de hecho que regula la norma, dicha notificación supletiva de la personal (esta última se establecía sin excepciones el antiguo Código), significa un sacrificio desproporcionado del derecho de defensa del privado de la libertad, del principio de publicidad del procedimiento y de la dignidad y especial merecimiento de un trato protector que se reconoce a la persona humana que se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta. Recuérdese que el último inciso del artículo 13 de la Constitución dispone que"El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan",prescripción que es enteramente desatendida por la norma en comento, que mira exclusivamente a la celeridad del trámite.En tal virtud dicho numeral se declarará inexequible.
Primero:DeclararEXEQUIBLEel inciso segundo del artículo 184 de la Ley 600 de 2000.
Segundo:DeclararINEXEQUIBLESlos numerales segundo y tercero del artículo 184 de la Ley 600 de 2000.
[1]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Constitucional. Sentencia N° 55 de abril 25 de 1991 (M. P. Pablo Cáceres)
[2]Sentencia C-SU 960 de 1999, M. P José Gregorio Hernández Galindo
[3]De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 315 del C.P.C., para practicar la notificación personal es necesario que el funcionario judicial competente se desplace al lugar de habitación o trabajo del interesado en cualquier día y hora, hábil o no hábil, y lo entere acerca de la providencia dictada extendiendo la respectiva acta en la que deberá expresarse la fecha en que se practicó, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, documento que a su vez debe ir firmado por éste y el empleado que la practicó.
[4]Sentencia C-925 de 1999, M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
[5]Sentencia C- 475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6]Sentencia C- 578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7]Sentencia C- 475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8]Sentencia C-448 de 1997, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre este tema también pueden consultarse entre otras, las sentencias C-371 de 2000, C-110 de 2000, C-093 de 2001, C-068 de 1999, C-309 de 1997 y C-741 de 1999.
[9]Sentencia SU- o14 de 2001, M.P Martha Sáchica de Moncaleano
[10]Sentencia T-362/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[11]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de casación Penal. Sentencia de 13 de octubre de 1982, M.P dr. Alfonso Reyes Echandía.
[12]William Darío Sicachá Gutiérrez.Ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, al Proyecto de Ley 155 de 1998, Cámara, 042 de 1998, Senado.
[13]M.P Alejandro Martínez Caballero

References: artículo 184
 artículo 184
 artículo 177
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 152
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 184
 artículo 152
 artículo 10
 artículo 178
 artículo 184
 artículo 13
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 315