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Timestamp: 2018-03-22 08:14:08+00:00

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Sociedad, política y des/colonialidad del poder: 04/01/14
BOLIVIA: La tormenta minera, por Raúl Prada Alcoreza
La Ley Minera aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha ocasionado desgarramientos en los sectores afines al gobierno. Los cooperativistas mineros se movilizaron, salieron a los caminos y bloquearon, en desacuerdo al texto aprobado; el mismo que habría revisado el 25% de los artículos consensuados entre mineros sindicalizados, mineros cooperativistas y ejecutivo. Según el gobierno, a través de su ministro del ramo, dice que se lo ha hecho para no vulnerar la Constitución, pues algunos artículos consensuados abrían las compuertas a las empresas trasnacionales. Por otra parte, se dice que no se puede eludir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los contratos y concesiones a las empresas cooperativas. Los cooperativistas mineros exigen que sea el gabinete y no la Asamblea Legislativa el que apruebe los contratos. Este pedido no sólo vulnera la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano, también, claro está, por los cooperativistas mineros, sino que viola todo constitucionalismo y toda Constitución posible. Este es un golpe al Estado-nación; no sólo al gobierno, al excluir a uno de sus órganos de poder.
Empero, la discusión no termina ahí. Los voceros oficialistas alegan que lo hacen defendiendo la Constitución. ¿Dónde la defienden? La constitución establece que los recursos naturales no son mercantilizables y están destinados al vivir bien. La Constitución prohíbe la exportación de materias primas. El modelo de economía social y comunitaria, definida en el contexto de la economía plural, propone un paradigma económico y ecológico, el camino hacia la soberanía alimentaria, el fortalecimiento del mercado interno, no del mercado externo, la industrialización de las materias primas, con el objeto de satisfacer los requerimientos del mercado interno. Con la Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, incluyendo o excluyendo las revisiones, vulnera la normativa establecida por la Constitución. Gobierno, MAS, mineros sindicalizados, mineros cooperativistas, han optado por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contraviniendo las definiciones y determinaciones constitucionales. Se olvidan todos que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado. Nadie le preguntó al pueblo boliviano sobre la Ley Minera, nadie le preguntó sobre las políticas mineras. Como todos los gobiernos anteriores, sencillamente ignoraron al pueblo boliviano.
La Constitución es clara al respecto, exige la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. Para el gobierno y estos gremios la Constitución está bien para la propaganda, pero, en absoluto para cumplirla.
¿Cómo se ha llegado a este desbocado in-constitucionalismo? El problema de fondo es que el gobierno se cree propietario de los recursos de los bolivianos, así mismo el sindicalismo minero, también el cooperativismo minero. Ellos, pocos, están decidiendo el destino de los recursos naturales de los bolivianos, por lo tanto, indirectamente, el destino de los bolivianos. Algo inaudito a la luz del texto constitucional. ¿Cómo se explica que ocurra esto? El gobierno progresista ha heredado las estructuras del poder del Estado-nación, estructuras de poder instituidas para despojar a la tierra de sus recursos en beneficio de la vorágine capitalista, para expoliar al pueblo boliviano, para explotar al proletariado minero, mayoritariamente nómada. Estructuras de poder para acallar al pueblo, para no consultarle nada. Estructuras de poder de la colonialidad imperial.
Bajo estas condiciones históricas impuestas, ¿Cómo pueden sostener los voceros del gobierno y del legislativo que defienden la Constitución? ¿Suponen que basta el discurso, decir que se apoyan en la Constitución para hacer lo que hacen, para que eso “acontezca”, aunque sea imaginariamente? ¿Alguna vez comprendieron el contenido de la Constitución, su estructura descolonizadora, sus horizontes conceptuales, el alcance de las condicionantes pluralistas, comunitarias, interculturales, autonómicas? Tal parece que no les preocupa todo esto. Lo que importa es defender sus intereses gremiales; no importa si atentan contra el horizonte abierto por la Constitución.
La situación escabrosa se explica porque no se dieron las transformaciones institucionales y estructurales, en tanto condiciones de posibilidad histórica para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se preservó el Estado-nación, barnizado con el simbolismo folklórico de nombres y ceremonias, que pretenden sustituir, en la parafernalia, la materialidad social histórica de la transición plurinacional, comunitaria, intercultural y autonómica. Esta es la explicación de la coyuntura dramática donde el gobierno, el sindicalismo y el cooperativismo se disputan migajas, dejando que las empresas trasnacionales se lleven la torta. Esto no es otra cosa que sumisión a la hegemonía y dominación del capitalismo mundial. De esta constatación histórica no los salva su demagogia “antiimperialista”.
¿Cómo inclinarse a elaborar una Ley Minera aislada, independiente de la matriz normativa de la Constitución? ¿Cómo llegar al extremo de elaborar una ley extractivista vulnerando los contenidos fundamentales de la Constitución? ¿Por qué mantuvieron la mirada fragmentaria del país, la misma mirada de las élites y oligarquías que gobernaron el país? ¿Por qué no pueden tener una mirada integral de las políticas y de las transiciones hacia las emancipaciones, descolonizaciones y liberaciones? Hay una razón fuerte, histórica también; simplemente ocuparon el lugar del otro. No destruyeron las estructuras de dominación, no destruyeron los diagramas coloniales. Entonces hacen lo mismo que el otro; el anterior amo.
Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados. Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.
Es muy grave lo que establece dicha Ley Minera. En el ARTÍCULO 17. (FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL), la Ley dice:
La función económica social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.
La función económica y social se ha reducido a la labor extractivista. ¿Cómo puede ser esta una función económica y social? Esa parte de los bolivianos, los trabajadores mineros, están condenados de por vida, de generación en generación, a ser trabajadores extractivistas, en beneficio, al final de cuentas, del gran capital internacional. El resto de los bolivianos, la gran mayoría, está condenado a ver cómo se llevan sus riquezas, contentándose que lleguen a las arcas del Estado regalías, impuestos y tributos mineros, que son miserables en comparación con el plusproducto y la plusvalía que se llevan las empresas extractivistas trasnacionales. ¿A eso se llama función económica y social? Pare de contar lo que pasa con las empresas cooperativas mineras, donde, en la práctica, efectivamente, no nominalmente, unos son propietarios, son la burguesía cooperativa, y la gran mayoría de los trabajadores son explotados salvajemente, sin seguro, sin derechos, sin posibilidad de sindicalizarse.
En el ARTÍCULO 19. (PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES y PUEBLOS INDÍGENA, ORIGINARIO CAMPESINO), la ley dice:
Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.
Este artículo es descarnadamente colonial; desconoce de plano los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. Desconoce el artículo 2 de la Constitución, donde se establece la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, su derecho a la libre determinación, al autogobierno, a la autonomía, a territorio propio, a la gestión propia del territorio, a sus instituciones propias, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. Este artículo, 19 de la Ley Minera, se traga a las comunidades subsumiéndolas a la vorágine extractivista. Más colonial no podía ser. De aditamento, desconoce la Consulta con Consentimiento, Libre, previa e Informada, establecida por la Constitución, ratificándolos convenios internacionales. El ministro del ramo ha tenido el desparpajo de decir que este artículo garantiza los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde? Cuando lo que se hace es desconocer sus territorios. Estamos pues ante una nueva versión de la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad económica, expresadas destructivamente en el vaciamiento extractivista.
En lo que respecta a las empresas cooperativas mineras, está claro que el ARTÍCULO 34 (COOPERATIVAS MINERAS), es un saludo a la bandera. El artículo dice:
Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.
Las empresas cooperativas no son ni autogestionarias, tampoco siguen ese propósito de la ley, sin fines de lucro. Todo lo contrario. La autogestión es un principio, además de una dinámica, de autodeterminación. En la matriz de la autogestión se encuentra lo común y la comunidad. Las concesiones a las cooperativas han dado forma a posesiones privadas, a arrendamiento y a explotaciones salvajes, aludiendo al capitalismo salvaje. Como dijimos antes, nadie defiende los derechos de los trabajadores cooperativistas, explotados por supuestos administradores, cuando, en realidad fungen de propietarios.
Hay artículos que expresan patentemente el régimen de propiedad heredado del Estado colonial. No ha cambiado nada, a pesar de la Constitución. Es cierto que la octava disposición transitoria dice lo siguiente:
I. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.
II. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.
III. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.
IV. El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social.
V. Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.
En contraste, el ARTÍCULO 94, (DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRE CONSTITUIDOS), dice:
I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.
II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.
III. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con las salvedades previstas en la presente Ley.
¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.
El numeral IV de las disposiciones transitorias de la Constitución establece que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. El numeral II del artículo 94 de la Ley Minera dice: El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. Esto, de cualquiera de las modalidades vigentes, impide revisar las modalidades no cooperativistas practicadas a nombre del cooperativismo. Como se puede ver, estamos ante una ley que suelda el mismo régimen extractivista heredado del neoliberalismo.
Por si fuera poco, se refrenda la consolidación del régimen extractivista depredador con disposiciones legales represivas y de criminalización de la protesta. El ARTÍCULO 99. (DERECHO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA), dice:
I. El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.
II. Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes.
Estas disposiciones legales son dispositivos represivos de cualquier régimen burgués. ¿De qué socialismo comunitario hablan los oficialistas? No solamente se trata de retórica, sino de una suplantación grotesca; el “socialismo” ha desaparecido para ser sustituido por distintas formas de propiedad privada, que recorren la historia del avasallamiento privado de lo común, la explotación y el despojamiento privado de los comun; ahora, como con sorna dolorosa, se lo hace a nombre del “socialismo comunitario”.
Se refuerza lo anterior con el artículo 100, donde se dice:
III. Las personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias, caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.
Lo más grave se encuentra en el tratamiento que da la ley al uso del agua; la Ley Minera prácticamente privatiza el uso del agua. En el Capítulo Quinto, Recursos hídricos, el artículo 373, la Constitución establece:
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
En cambio La Ley Minera, contraviniendo estas disposiciones constitucionales, define el siguiente régimen de privatización del agua:
ARTÍCULO 111. (DERECHO DE USO DE AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO).- I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las normas medio ambientales aplicables.
En el inciso a), dice:
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: i) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex concesiones mineras de aguas - continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el mismo contrato.
III. Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa establecida en el presente artículo, salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio ambientales aplicables.
Como se puede ver, desaparecen los derechos colectivos, los derechos comunitarios, los derechos de la madre tierra, los derechos de las poblaciones y pueblos. Estos dispositivos normativos están hechos para garantizar el funcionamiento de la minería extractivista, usando el agua común, dejando de lado los derechos colectivos, comunitarios, sociales y de la madre tierra, constitucionalizados. Con un lenguaje de pretendida dádiva dice que se debe llegar a un acuerdo previo. ¿Entre quienes? ¿Entre depredadores y comunarios? ¿Acaso están en las mismas condiciones éticas y morales para hacerlo? La Constitución defiende la vida, se propone armonizar los ciclos vitales con los de las sociedades humanas. En la Constitución no tienen jurisdicción los depredadores. Estamos ante una Ley que no sólo vulnera la Constitución sino hace sorna de la víctima, los pueblos, las poblaciones, las comunidades, el pueblo boliviano.
Por si fuera poco, el ARTICULO 112. (VARIACIÓN DE CURSOS DE AGUA), dice:
I. En caso de que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar cursos de agua, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente, acompañando un estudio justificativo, incluyendo su propuesta de modificación a la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental competente.
Desviar el curso del agua, que es un delito constitucional, termina reducido a un procedimiento administrativo. Esta es la Ley que el gobierno, la Asamblea Legislativa, los voceros oficiales llaman constitucional. Más estrambótico espectáculo no podía darse.
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Racismo y poder en el Perú de hoy
30 de marzo, 2014.- No hay peor racista que aquel que niega el racismo o lo minimiza, pues con ello no solo agrava la situación de discriminación constante que se sufre en el país, sino que además la normaliza. Argumentos tales como el racismo inverso o que los “prejuicios contra los blancos son igualmente nocivos” (Pasquel, 2014; Santillana, 2013) no solo muestran un total desconocimiento del grave problema del racismo en el Perú, sino que además reafirman el profundo racismo de muchas élites intelectuales y profesionales.
El racismo no es un simple problema de prejuicios o resentimiento que afectaría a todos por igual, como se pretende hacer creer. El racismo como discurso e instrumento de dominación nace en la colonia mediante el establecimiento de una jerarquía de poder que organiza la sociedad en términos sociales, políticos y económicos. La explotación y exterminio del indígena en las minas de la serranía y las haciendas durante la colonización y buena parte de la república, el exterminio y esclavitud a que fueron sometidos los indígenas amazónicos durante la fiebre del caucho (1879 – 1912) y muchos otros ejemplos históricos, se enmarcan en un sistema fundamentado en el racismo como base de la colonialidad del poder, tal como señala Aníbal Quijano.
El racismo justificó la negación de la humanidad y la inferioridad del indígena y del afroperuano. Esta jerarquía de poder es tan arraigada que los diferentes matices del color de piel siguen jerarquizando a los individuos incluso dentro de los grupos marginados. Como señala Marisol de la Cadena, no se trata solo de blancos, mestizos, indios y negros. Los mestizos más blancos son jerarquizados como superiores a los mestizos más indios, los indios que esconden su lengua materna y su indigenidad son jerarquizados como superiores a los indios que persisten en sus normas culturales. Esta situación se mantiene hasta hoy en la vida cotidiana, en donde los insultos racistas entre mestizos, indígenas y negros se enmarcan en esa jerarquía que tiene en su cúspide a las élites sociales.
Esa jerarquía de poder no es solo un problema de estereotipos en los programas de televisión o discriminación en el consumo. Es un problema que se enmarca en la lógica más profunda del poder público, tan normalizada que su ejercicio es simplemente ignorado. Por ejemplo, cuando Fernando Belaúnde escribió La conquista del Perú por los peruanos (1959) o Alan García escribió El perro del hortelano (2007), ambos observaron a la Amazonía como un espacio libre a explotar pasando por encima de sus habitantes. Estos discursos implícita o explícitamente retratan a los indígenas amazónicos como obstáculos al desarrollo y por ello lo instrumentalizan o lo hacen dispensables en el proyecto modernizador.
Y es que el racismo es tan grave que está en la base de muchas políticas públicas en el país hasta el día de hoy. El racismo se convierte en una violencia institucional que justifica el hecho de que, por ejemplo, la mayor parte de los territorios indígenas se encuentren concesionados sin ningún tipo de consulta ni respeto a sus habitantes. Ese racismo permite esencializar al indígena como “anti-minero”, “anti-desarrollo” o simplemente mediocre, sin que nadie se inmute.
En dicho contexto, banalizar el problema señalando que los blancos también son “víctimas” de prejuicios y que los indígenas son racistas al ser “resentidos”, es un argumento deleznable y profundamente racista pues pretende ignorar la jerarquía de poder instaurada en la consciencia colectiva, estructura institucional, procesos económicos y discursos sociales por más de 500 años en América.
Reconocer el problema del racismo y desmantelar su jerarquía de poder en términos políticos, jurídicos, económicos y sociales es fundamental en nuestro país. Para ello, un primer paso es desmantelar la fachada “multicultural” y “tolerante” de ciertas élites verdaderamente racistas.
Belaunde, F., 1959. La Conquista del Perú por los peruanos. Lima: Tawantinsuyu.
De la Cadena, M., 1998. Silent Racism and Intellectual Superiority in Peru. Bulletin of Latin American Research, 17 (2), pp. 143-164.
García, A., 2007. El síndrome del perro del hortelano. El Comercio, 28 October, Lima.
Pasquel, E., 2014. China Jacinta, Paisana Tudela. El Comercio, martes 25 de Marzo. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/china-jacinta-paisana-tudela-enrique-pasquel-noticia-1718090
Quijano, A., 2000. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. Nepantla: Views from South, 1 (3), pp. 533-580.
Santillana, M., 2013. El racismo es de doble vía. Semana Económica, 20 de agosto del 2013. http://semanaeconomica.com/oso-decirlo/2013/08/20/el-racismo-es-de-doble-via/
*Roger Merino es Ph.D. (c) en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Bath del Reino Unido, donde obtuvo el grado de Máster en Políticas Públicas Internacionales y Globalización. Es abogado por la UNMSM, con maestría en Derecho Comparado y Economía por la Universidad Internacional de Turín.
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Foto: La pobreza en España, al contrario que en otros países europeos, se ceba con los más débiles tras los ajustes./Archivo
"La economía de la UE ha vuelto a crecer lentamente. Sin embargo, la situación de muchos hogares y de muchas personas aún no mejora, y cada vez son más los casos de gente con dificultades financieras. Las desigualdades han aumentado, y existe el riesgo de que la frágil recuperación actual no mejore la situación de muchos grupos con ingresos bajos. La UE está aún lejos de haber logrado una recuperación inclusiva y generadora de empleo", ha avisado el comisario de Empleo, László Andor, en un comunicado.
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Brasil: 200 indigenas ocupan Belo-Monstruo
Publicado por Jaime Coronado en 15:47 No hay comentarios:
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Un dólar por la libertad es la campaña que arrancó el domingo. La vaquita recaudará $140 mil para Correa
La colecta de $1 promovida por el movimiento indígena se iniciará oficialmente el 7. Nueve días tiene el Gobierno para responder a la CIDH sobre las medidas cautelares.
El domingo, en Tundayme (Zamora Chinchipe), se inició la campaña “Un dólar por la libertad”. Liderada por el movimiento indígena, la consigna es recolectar $140 mil para pagar la multa impuesta a Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakútik (PK), de su asesor Fernando Villavicencio y del exdirigente gremial de la Asociación de Médicos Carlos Figueroa.
Jiménez y Villavicencio también fueron sentenciados a 18 meses de prisión por injurias contra el presidente Rafael Correa.
“Es una campaña por la dignidad, por los derechos humanos, porque en Ecuador la justicia no es autónoma -dijo Fanny Campos-. Nosotros llamamos a la dignidad y al respeto por la democracia”. Ella es coordinadora nacional de Pachakútik.
Para aplicar la medida tomada en la rendición de cuentas de Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, se utilizará una vaquita similar a la empleada en 2012 durante la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos. El monigote, en forma de vaca con su cría, fue uno de los símbolos más representativos de esa movilización.
En esta ocasión, también lo será, pero no se descarta utilizar las imágenes de los animales de cada provincia. La iniciativa no es nueva. En 2012, César Umajinga, exprefecto de Cotopaxi y actual asambleísta de PK, colocó un ánfora en esa dependencia para recolectar dinero y pagar la multa de $876 impuesta por incumplir una ordenanza municipal.
Al finalizar la rendición de cuentas de Quishpe, la vaquita recibía las colaboraciones de los presentes. Otra llegó desde Orellana, en donde la iniciativa fue liderada por la prefecta electa, Guadalupe Llori. Ese día se recolectaron $571,87.
Este jueves, los representantes del Consejo Ejecutivo y del Consejo Nacional de Pachakútik finiquitarán los detalles de la recolección, que oficialmente arrancará el 7 de abril.
Las organizaciones que participarán son la Conaie, Ecuarunari, Conaice, Confenaie organizaciones de la Costa, la Sierra y la Amazonía. También solicitarán el apoyo de las filiales de EEUU, España y Galápagos.
“La vaquita es un símbolo de la solidaridad del pueblo con los demás -dijo Campos-. Apelamos al Randi randi, que significa ‘Hoy me das y, si tu mañana necesitas, yo te voy apoyar’”.
Mientras tanto, el 9 de abril concluirá el plazo que dio la CIDH para que el Gobierno se pronuncie sobre las medidas cautelares otorgadas a los tres implicados. Julio César Sarango, abogado, señaló que se necesita un pronunciamiento no político, sino fundamentado en derecho. (NJ y Red. HOY)
El regreso de Villavicencio satisface a indígenas
Según el asambleísta de Pachakútik César Umajinga, la bancada del movimiento indígena se encuentra conforme con el retorno de Fernando Villavicencio.
"Los tres (Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa) tenían que estar aquí en el país afrontando -dijo Umajinga-. En eso hay que ser claros". El activista salió de Ecuador el 11 de enero para dirigirse a EEUU, en donde solicitaría medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, el fin de semana regresó. Villavicencio está internado ahora en la Amazonía. A través de un video para Ecuadorenvivo, dijo: "Aquí estoy. Dejé atrás un seguro asilo político, visa gringa y más oportunidades. Mis ideales y convicciones están aquí". Ramiro García Falconí, abogado de Villavicencio, analiza nuevas posibilidades jurídicas.
Los afectados por crisis humanitarias se duplica en diez años, según la ONU
El número de afectados por crisis humanitarias prácticamente se dobló en la última década, mientras se triplicaba el coste de la ayuda internacional necesaria para darles respuesta, según un informe publicado hoy por Naciones Unidas
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) asegura en su estudio que entre 1980 y 2012, los desastres y conflictos costaron a la economía mundial 38 billones de dólares, "equivalente a la mitad de la economía mundial en 2013".
La oficina de la ONU recomienda, por ello, concentrar más recursos en la prevención de catástrofes y no sólo reaccionar cuando ya se han producido los problemas.
"Debemos responder a las raíces de las crisis, no sólo a los síntomas", indicó en un comunicado la coordinadora adjunta de Ayuda de Emergencia de la ONU, Kyung-wha Kang.
En ese sentido, la OCHA asegura que, incluso desde el punto de vista económico, resulta mucho más efectivo prevenir que curar y pone como ejemplo investigaciones llevadas a cabo en Kenia y Etiopía.
Según esos datos, las actividades de preparación contra las sequías costaron tres veces menos que las respuestas de emergencia y existe potencial para lograr ahorros mucho mayores.
La OCHA subraya la necesidad de dar mayor importancia a los análisis de riesgos a la hora de distribuir las ayudas.
En ese sentido, asegura que dos de las grandes catástrofes del último año, las provocadas por el tifón Haiyán en Filipinas y por la violencia en Bangui, la capital centroafricana, podían haberse anticipado y haber suavizado su impacto.
La agencia de la ONU subraya también que problemas como el cambio climático, el aumento de población, la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía y la escasez de agua están "aumentando los riesgos para las personas vulnerables", por lo que se espera que las necesidades humanitarias continúen creciendo.
Según el informe, se espera que en 2015 hasta 52 millones de personas en todo el mundo reciban ayuda humanitaria, cuando hace una década la cifra rondaba los 30 millones.
Las necesidades de financiación, mientras, se sitúan en más de 10.000 millones de dólares al año, tres veces más que hace diez años.
Publicado por Jaime Coronado en 15:42 No hay comentarios:
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España: ELA pide a sindicatos de Kutxabanak oponerse a la privatización
PNV y PSE se muestran favorables a permitir la entrada de capital privado, mientras que Bildu se ha posicionado en contra; así, entre partidos, existe una mayoría de 7 a 5 contra la privatización.
ELA ha emplazado hoy a los otros sindicatos con representación en el consejo de administración de Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, a oponerse al proceso de privatización de la entidad financiera.
La nueva Ley de Cajas establece, entre otras cuestiones, que los bancos surgidos de la fusión de estas deben posibilitar la entrada de capital privado, lo que supone en la práctica en su privatización.
En un comunicado, el sindicato nacionalista pide que las centrales CCOO y Pixkanaka (que representa a los trabajadores de Kutxa), que tienen un representante cada una en el consejo de administración actual de Kutxabank, se opongan al proceso e impidan que el voto de calidad del presidente, Mario Fernández, sea decisivo en esta materia en caso de empate en una votación de los miembros de dicho consejo.
ELA recuerda que el actual consejo de administración de Kutxabank está compuesto por 14 miembros repartidos de la siguiente manera: PNV, 3 puestos; PSE, 2; Bildu, 7; CCOO, 1, y Pixkanaka, 1.
Según señala la central nacionalista, tanto el PNV como el PSE se muestran favorables a permitir la entrada de capital privado en Kutxabank, mientras que Bildu se ha posicionado en contra, con lo que, en lo referido a lo partidos, existe una mayoría de 7 a 5 contraria a la privatización.
"Las matemáticas no engañan, si CCOO y Pixkanaka votan en contra, no cabe el voto de calidad del presidente. PNV y PSE simplemente no cuentan con la mayoría suficiente y la dirección de Kutxabank estaría obligada a buscar otras alternativas", argumenta ELA por último.
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 ARTÍCULO 19
 artículo 2
 ARTÍCULO 34
in fine
in fine
 ARTÍCULO 94
 artículo 94
 artículo 94
 ARTÍCULO 99
 artículo 100
 artículo 373

ARTÍCULO 111