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Timestamp: 2019-09-23 07:06:46+00:00

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Acuerdo y Sentencia 5/2004 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 5/04
“MINISTERIO PÚBLICO C/ V. M., E. S/COACCIÓN SEXUAL EN ESTA CIUDAD”.
En la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los días veintisiete del mes de febrero del año dos mil cuatro, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelación en lo Civil, Laboral, Comercial, Penal, Penal de la Adolescencia y de la Niñez y la Adolescencia, Justo P. Benítez Jiménez, Ruperto Maciel Ortiz y María F. Prette de Villanueva, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “MINISTERIO PÚBLICO C/ V. M., E. S/COACCIÓN SEXUAL EN ESTA CIUDAD”.-
¿Es competente este Tribunal para resolver el presente recurso?
¿Es o no admisible el recurso de Apelación Especial interpuesto?
¿Se halla probada fehacientemente la comisión del hecho punible de coacción sexual?
¿Se ha demostrado la autoría del imputado y en consecuencia es reprochable su conducta?
¿Fue correcta la calificación impuesta y la sanción penal aplicada?
A la primera cuestión.— El doctor Benítez Jiménez dijo: Sobre este punto no cabe discusión alguna en virtud de que la competencia está dada por la misma Constitución Nacional, y el art. 40 del Código Procesal Penal, amén de las vastas explicaciones realizadas por los Miembros del Tribunal de Sentencia que juzgaron la presente causa. Igualmente es dable señalar que las partes no han objetado la intervención de ningún Miembro de este Colegiado para la consideración y resolución del recurso interpuesto, por lo que mi voto emito a favor de la afirmativa de esta cuestión.
Los doctores Maciel Ortiz y Prette de Villanueva manifestaron adherirse al voto precedente por las razones señaladas.
A la segunda cuestión.— El doctor Benítez Jiménez dijo: La interposición de los Recursos ante el órgano jurisdiccional superior jerárquico en contra de cualquier resolución adversa, es una potestad del procesado en un juicio penal, en virtud de los derechos y garantías consagrados a su favor en la misma Constitución Nacional, los Tratados Internacionales vigentes y las leyes procesales que conforman nuestro ordenamiento jurídico y de aplicación imperativa, quedando facultado este Colegiado a la revisión y posterior estudio de su procedencia y admisibilidad, lo que en el caso específico una vez realizado los exámenes de las constancias de autos y analizado los términos de la sentencia recaída en el presente proceso hoy recurrida, se observan anomalías de carácter formal que merece ser corregidas en esta Alzada de conformidad a lo dispuesto por los arts. 471, 473, y demás concordantes del Código Procesal Penal, por lo que considero que amerita la admisión del presente recurso interpuesto. Voto pues en sentido afirmativo.
La doctora Prette de Villanueva emite su voto manifestando cuanto sigue: No comparto el criterio sustentado por el Excmo. Miembro pre-opinante, en base a los siguientes fundamentos: Reunidos los elementos para el análisis en esta instancia del recurso interpuesto, debemos consignar previamente los presupuestos exigidos por la norma ritual penal que hace viable la admisibilidad del recurso de apelación especial y la posterior revisión del fallo dictado por el Tribunal de Sentencia constituido para juzgar en esta causa. En tal sentido, cabe mencionar que el Recurso de Apelación especial contra la sentencia definitiva dictada como culminación de un juicio oral y público, sólo procederá cuando el recurso se base en inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal, conforme lo establece el art. 467 del CPP, de manera que la norma ritual no permite la admisión del recurso si la apelación no se halla fundada en los presupuestos taxativamente señalados.
De la lectura y análisis del escrito de agravios del recurrente, se constata que éste alega una falta de correlación entre la acusación y la sentencia, en base a que la acusación presentada en fecha 31 de octubre del año 2001 por el Representante del Ministerio Público, ha sido por el hecho de coacción sexual previsto en el art. 128, inc. 1° del Código Penal, calificación admitida por el Juzgado de Garantías a través del A. I. N° 105 de fecha 06 de mayo del año 2003, y que sobre esa base ha continuado el proceso, sin que el fiscal haya intentado darle otra calificación, como asimismo el Tribunal de Sentencia en ningún momento advirtió al imputado y a la defensa, de la posibilidad de una calificación distinta a lo sostenido por el Ministerio Público, por lo que concluye que el Tribunal de Sentencia al dictar la resolución cuestionada ha violado expresamente lo dispuesto en el art. 400 del Código Procesal Penal.
Que, en primer lugar, resulta conveniente transcribir el texto de la norma legal que se presenta como conculcada, la misma dispone que: "La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas... Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el Tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa".
Que, realizando un estudio minucioso de las constancias de autos y de la Sentencia recaída en el juicio oral y público, no se advierte, a mi juicio una violación del texto de la norma legal mencionada. En efecto, vemos que el párrafo primero in fine contiene una expresa salvedad a la prohibición inicial, admitiendo que la sentencia se aparte los hechos admitidos en la acusación y en el auto de apertura a juicio "cuando favorezcan al imputado".
En el caso de autos, vemos que el A.I. N° 105 de fecha 06 de mayo de 2003 dictado por el Juzgado de Garantías N° 2 de esta Circunscripción Judicial ha tipificado el hecho como coacción sexual conforme al art. 128 inc. 1° de Código Penal, que dispone una pena de 3 a 15 años cuando la víctima del coito haya sido un menor. En el caso de autos, la víctima es una niña que al tiempo de la comisión del hecho, contaba con 12 años. Debe puntualizarse que la edad de la víctima se halla acreditada con instrumento público (fs.3) y la existencia de las relaciones sexuales con el imputado, no ha sido cuestionada por la defensa.
Que, en la Sentencia se ha calificado el hecho como abuso sexual en niños, dentro de las prescripciones del art. 135 inc. 1° y 4° del Código Penal, que señala una pena privativa de libertad de 2 a 10 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima.
Se advierte entonces que la calificación impuesta por el Tribunal de Sentencia conlleva una pena menor, obviamente favorable al imputado, que se adecua perfectamente a la salvedad contemplada en el párrafo primero del art. 400 del Código ritual, por lo que resulta inexplicable que el defensor del imputado la cuestione.
Que, a mayor abundamiento, encontramos que también el párrafo segundo otorga al Tribunal de sentencia la facultad de dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, acogiendo el principio iura novit curia. Aclara sin embargo, que el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto. Al respecto considero valiosa la aclaración que sobre el concepto de tipo penal realiza el Dr. Valentín Cortés Domínguez citando por la Dra. Carolina Llanes, al decir "...que existe modificación del hecho cuando, cambiando la calificación, se cambie igualmente el bien jurídico protegido por uno u otro tipo o cuando se produzca una mutación sustancial del hecho enjuiciado..." (aut. cit. "Lineamientos sobre el código procesal penal", p. 462).
En el caso que nos ocupa, es evidente que las figuras delictivas aplicadas: coacción sexual contra un menor: art. 128 inc. 1° in fine, y Abuso sexual en niños: 135 inc. 1° y 4°, protegen el mismo bien jurídico, cual es la honestidad como derecho a la reserva sexual que implica preservar la integridad física y psíquica del niño.
Que, en las condiciones señaladas, no se advierte en la Sentencia recurrida la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, requisitos exigidos para la procedencia del recurso de apelación especial, por lo que mi opinión va dirigida hacia la negativa de la cuestión planteada, declarando en consecuencia inadmisible el recurso de apelación especial interpuesto por el Defensor Público y la confirmación de la Sentencia apelada. Voto en este sentido.
A la tercera cuestión.— El doctor Benítez Jiménez dijo: A mi juicio la cuestión medular del presente proceso se halla centrada en esta cuestión, pues el recurrente ataca la sentencia condenatoria entre otras cosas señalando los vicios de la misma: Que el Tribunal de Sentencia con el dictamiento de la resolución recurrida, ha violado disposiciones constitucionales y legales incurriendo en errores de hechos, de derecho y de procedimiento, que han perjudicado notoriamente los derechos de su defendido, y en ese sentido comienza a puntualizar los vicios, mencionando lo dispuesto por el art. 403, Inc. 8° del Código Procesal Penal, que trata sobre la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio.
Sobre el punto comienza a señalar los vicios que a su criterio adolece el fallo recurrido, pues la acusación presentada en fecha 31 de octubre del 2001, por el Representante del Ministerio Público, ha sido por el hecho punible de coacción sexual, basado específicamente en el art. 128 del Código Penal, y el Juzgado de Garantías que entiende en la presente causa, por A.I. N° 105, de fecha 06 de mayo del año 2003, había admitido la acusación por el mismo hecho punible basado en el mismo artículo. Continuando así durante todo el proceso, sin que el Fiscal haya intentado darle otra calificación, como así mismo el Tribunal de Sentencia, en ningún momento le advirtió al imputado y a la defensa de la posibilidad de una calificación distinta a lo sostenido por el Ministerio Público, sorprendentemente el Tribunal de Sentencia en su considerando de la resolución cuestionada reconoció expresamente que el tipo penal no era por el que se le acusaba al imputado, sin embargo el mismo fue condenado por otro hecho punible, en total violación de lo dispuesto por el art. 400 del Código Procesal Penal, así como el art. 17 Inc. 7° de la Constitución Nacional, en total contravención al principio de la inviolabilidad del derecho a la defensa.
Igualmente menciona que el imputado Epifanio Villalba Martínez, en la época en que ocurrió el hecho, era menor de edad, por lo que el juicio hubiera sido llevado conforme a las prescripciones del art. 427 del Código Procesal Penal, culminando entre otras cosas la revocatoria del auto recurrido y la absolución de culpa y pena de su defendido.
Que, corrido traslado del recurso interpuesto al Representante del Ministerio Público, éste contestó en los siguientes términos: Que la defensa no ha invocado ni un párrafo de la Sentencia Definitiva como fundamento de su agravio, y en contrapartida sólo transcribe el numeral 8 del art. 403 del Código Procesal Penal, dejando sin demostrar la relación existente entre la norma legal y las circunstancias mencionadas. Y al no existir una errónea aplicación de la Ley, cuya demostración es intentada en el recurso mencionado, debe entenderse que el recurso interpuesto no está fundada conforme a lo establecido en el art. 468 que dice: 'Interposición de recurso...por escrito fundado, en la que se expresará, concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende...y consecuentemente, al no reunir los requisitos establecidos en los arts. 467 sobre la inobservancia y errónea aplicación de la Ley, art. 469, sobre fundamentación motivada, solicita a este Tribunal que declare inexorablemente este Recurso Inadmisible conforme el art. 471 párrafo 2° todo del Código Procesal Penal... En otro apartado de su presentación dice que la defensa funda su pretensión en el aspecto legal específicamente art. 403, inc. 8° del Código Procesal Penal, sin embargo de un examen minucioso del escrito de fundamentación no se tiene ni una sola línea en que se critica razonadamente los fundamentos de la sentencia y la proposición de una solución. Manifiesta que la sentencia está en congruencia plena con el contenido del Desarrollo del Juicio, según acta del Juicio que no ha sido cuestionada por la adversa, y las instrumentales presentadas por el Ministerio Público, con lo que se demuestra fehacientemente: a) la edad de la víctima, b) la existencia de la relación sexual. Demostrando de esta manera a existencia de un hecho punible que resultara precisamente del debate del Juicio Oral, del tipo penal previsto en el art. 135, inc. 1° del Código Penal. Además señala que la adversa no ha cuestionado en el recurso interpuesto lo siguiente: a) la edad de la víctima, b) la existencia de la relación sexual comprobada debidamente con Certificado Médico, lo cual encuadra la conducta del condenado en tipo penal impuesta, es decir que para el Fiscal de la causa, los fundamentos de la sentencia no han conculcado el art. 403, inc. 8° del Código Procesal Penal, como para producir vicio alguno, pues, por imperio del art. 400 del CPP que dice textualmente: 'En la sentencia, el Tribunal podrá dar al hecho punible una calificación distinta a la de acusación o del auto de la apertura del juicio...' y de esto surge con claridad que el tribunal puede derivar a otra calificación jurídica al tiempo de dictar sentencia y cuando expresa que debe realizar esta derivada en la sentencia, claro está que la decisión se produce luego del cierre del debate, por lo que, para este efecto no requiere de advertencia alguna. Por lo que a su criterio el Tribunal ha aplicado una calificación jurídica distinta a la acusación y de auto de apertura del juicio, y no se ha violado el principio de la congruencia, según la legislación procesal penal, específicamente el art. 400, párrafo 2° del CPP.
Que, con relación al cuestionamiento de la defensa sobre la no-división del juicio oral, el Agente Fiscal señala que el imputado Epifanio Villalba Martínez tenía 18 años de edad cuando ocurrió el hecho, que, igualmente, demuestra que el mismo tenía al momento del Juicio Oral, la edad de 20 años y diez meses, conforme el art. 427 del CPP, el juzgamiento de un menor debe tratase a lo establecido en la regla de este artículo, que según surge del art. 1° de la ley 2190/03, el indiciado tenía mayoría de edad, consecuentemente no es beneficiario de las reglas establecidas a favor de los menores y que por tanto, no se ha violado ninguna garantía prevista tanto en la Constitución Nacional, el Derecho Internacional del Menor y del Código Procesal Penal. Continúa diciendo que la defensa manifiesta que de dividirse el juicio oral su defendido ejercerla un mejor derecho, sin embargo, no ha ofrecido a ese Excmo. Tribunal de Apelación, el sentido que ejercería el derecho de la defensa de dividirse dicho juicio y que conforme al art. 166 del CPP, debería de haber manifestado el perjuicio causado a su defendido, fundado con los hechos y el derecho conculcado. Concluye solicitando que este Tribunal Colegiado declare inadmisible el recuso de apelación especial deducido y rechace el pedido de nulidad planteado en contra de la Sentencia Definitiva N° 35 de fecha 02 de setiembre del año 2003.
Del estudio minucioso de las constancias de autos y el texto in extenso de la sentencia recaída en el juicio oral y público, se colige que realmente como lo señala el defensor, se ha violado principios fundamentales de carácter procesal, establecido en el art. 400 del Código Procesal Penal que preceptúa: la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. Sin embargo el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.
Que, haciendo un análisis del contenido de la sentencia y el acta respectiva que transcribe todas las circunstancias presentadas durante el desarrollo del citado juicio oral y público, y las actuaciones previas al mismo, se nota perfectamente que se ha violado el último párrafo del artículo trascripto literalmente más arriba que obedece a las disposiciones emanadas del art. 17 Inc. 7° de la Constitución Nacional que preceptúa: "De los derechos procesales: En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 7) la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa, en libre comunicación"; el mismo hecho también viola uno de los principios y garantías judiciales establecidos en el art. 8°, Inc. 2 Numeral "c" del Pacto de San José de Costa Rica que prescribe: "concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa". En el caso de autos, se ha procedido a modificar el tipo penal por el cual ha sido imputado y acusado por el Ministerio Público y condenado por el Tribunal de Sentencia por otro hecho punible distinto el procesado E. V. M., en consecuencia y atento a estas normativas violadas en el presente proceso, considero ajustada a derecho la anulación del juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal de Sentencia constituido para el juzgamiento de la presente causa, y por tanto el reenvío de estos autos para que un nuevo Tribunal lo reponga y así sanear los vicios procesales de que adolece. Voto pues en sentido negativo en esta cuestión.
El doctor Maciel Ortiz dijo: En principio me adhiero a los votos del Conjuez preopinante, pero deseo agregar algunas consideraciones para dar mayor solidez a la tesis del colega.
En efecto debo decir que el Tribunal de Sentencia si desea aplicar una nueva tipificación distinta a la que fue establecida en la acusación, necesariamente, esta circunstancia debe ser advertida con la debida antelación al imputado, para que éste prepare su defensa, respecto a la nueva calificación del ilícito que se le imputará.
Al no ser informado del cambio del tipo penal por el que será sancionado, le priva al acusado del derecho que tiene todo ciudadano de preparar su defensa ante cualquier acusación penal que fuere objeto, violando de esta manera el principio del derecho a la defensa establecido en el art.16 de la Constitución Nacional y del Derecho Procesal que tiene toda persona, de ser comunicado previa y detalladamente de cualquier imputación penal, previsto en el inc. 7 del art. 17 de la Constitución Nacional.
Sobre este particular vale reproducir el criterio sustentado por la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse en un Recurso Extraordinario de Casación (Acuerdo y Sentencia N° 24 - 22/02/01) expresa, lo siguiente (Voto del Dr. Rienzi Galeano) "...debo resaltar que el art. 400 del Código Procesal Penal en su tercer párrafo dispone sobre este tema puntualmente lo siguiente: "sin embargo el imputado no podrá se condenado en virtud de un tipo penal distinto al invocado en la acusación, su ampliación o en el acto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el Tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa". De una lectura de este párrafo se puede colegir clara y categóricamente que nadie puede ser condenado en virtud de un tipo penal distinto al invocado en su acusación. En el caso de la presente querella, la acusación se basa única y exclusivamente en el delito de calumnia por lo que mal podría el Tribunal condenar al encausado por el delito de difamación, ya que se trata de tipos penales diferentes. Esa posibilidad como se ha visto, se halla expresamente descartada en virtud de lo establecido en el artículo citado precedentemente. (Recurso extraordinario de casación. Apuntes prácticos para su implementación y Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Año 2001/2003, p. 102). Con las exposiciones legales y jurisprudenciales señaladas precedentemente ameritan que el presente proceso sea anulado y se disponga el reenvío de la presente causa para que sea juzgada por otro Tribunal de Sentencia. Es mi voto.
A la cuarta y quinta cuestión dijo El doctor Benítez Jiménez dijo: Habiendo emitido mi voto en el sentido precedente, y adherido al mismo el Conjuez Maciel Ortiz en los términos de su voto en el mismo sentido, las demás cuestiones ya no corresponden sus estudios. Voto en consecuencia en ese sentido.
El doctor Maciel Ortiz dijo: Que se adhiere al voto precedente por las mismas razones.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los señores Miembros del Excmo. Tribunal de Apelaciones previa lectura y ratificación de su contenido, todo por ante mí de quien certifico, quedando acordada la sentencia que a continuación sigue:
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 05
Pedro Juan Caballero, 27 de febrero de 2004.
VISTO: El acuerdo precedente y sus fundamentos,
EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AMAMBAY
DECLARAR LA COMPETENCIA de este Tribunal para resolver el recurso interpuesto.
DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia recurrida y en consecuencia reenviar estos autos para que otro Tribunal lo reponga.
Justo P. Benítez Jiménez
María F. Prette de Villanueva.

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