Source: https://www.scribd.com/document/255600149/Derecho-Del-Trabajo-y-Seguridad-Social
Timestamp: 2018-12-14 01:49:17+00:00

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La historia y evolución del Derecho laboral individual peruano: desde la
Constitución Política de 1823 hasta la fecha
Con la independización y la creación de la República del Perú, se dio lugar a uno
de los Estados más maravillosos, cuya historia es rica e inmensa, y esto
básicamente se debe a que ello se asienta sobre la base de las distintas
perspectivas que se le pueden dar, siendo una de ellas la jurídica, y dentro de
ella la referente al Derecho del trabajo.
Los albores en nuestro país no solo se han caracterizado por la promulgación
continúa y constante de diversas Constituciones con las que los gobernantes de
turno pretendieron imponer una serie de disposiciones convenientes para ellos,
sino también por la indigente regulación sobre derechos fundamentales.
Teniendo como punto de partida a la Constitución Política del Perú de 1823, esta
incipiente República se caracterizó por su casi inexistente regulación sobre el
particular, y su orientación hacia temas coyunturalmente más susceptibles. Sin
embargo, hay que recalcar que en dicha norma fundamenta se aborda un tema
de suma relevancia directamente relacionada con el Derecho del trabajo: la
La erradicación formal de la esclavitud –y la aparición de una esclavitud
disimulada– no dio lugar –por supuesto– a la eliminación del trabajo forzoso1[1],
más aún cuando durante la primera mitad del siglo XIX la economía peruana tuvo
un carácter predominantemente feudal y agrícola, todo ello caracterizado por las
pequeñas ciudades, y una actividad comercial y artesanal minúscula.
Autores de la época dan cuenta de ello cuando señalan que “la diferencia entre
la agricultura de la costa y la agricultura de la sierra aparece menor en lo que
1[1] Como afirma la propia Organización Internacional del Trabajo, “el trabajo forzoso no puede equipararse
simplemente con salarios bajos o con condiciones de trabajo precarias. El concepto tampoco abarca las
situaciones de mera necesidad económica, como cuando un trabajador se siente incapaz de dejar un
puesto de trabajo debido a la falta real o supuesta de alternativas de empleo. El trabajo forzoso constituye
una grave violación de los derechos humanos y una restricción de la libertad personal, según la definición
contenida en los convenios de la OIT relativos a este tema y en otros instrumentos internacionales conexos
relativos a la esclavitud, a las prácticas análogas a la esclavitud, a la servidumbre por deudas y a la
condición de siervo” (www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=968).
concierne al trabajo que en lo que respecta a la técnica. La agricultura de la costa
ha evolucionado con más o menos prontitud hacia una técnica capitalista en el
cultivo del suelo y la transformación y comercio de los productos. Pero en
cambio, se ha mantenido demasiada estacionaria en su criterio y conducta
respecto al trabajo. […]. En la costa peruana el trabajador de la tierra, cuando no
ha sido el indio, ha sido el negro esclavo, el culí chino, mirados, si cabe, con
mayor desprecio. En el latifundista costeño, han actuado a la vez los
sentimientos del aristócrata medieval y del colonizador blanco, saturado de
prejuicios de raza”2[2].
Dos años después se promulgó la Constitución Política de 1826, norma que se
encontraba exenta de regulación laboral y, en lo más mínimo, no contenía
disposición alguna sobre derechos laborales.
Posteriormente, aparece la Constitución Política de la República peruana de
1828, norma suprema que mediante su artículo 158º dispuso que “todos los
ciudadanos pueden ser admitidos a los empleos públicos, sin otra diferencia que
la de sus talentos y virtudes”. Esta disposición puede ser considerada como uno
de los bastiones de los actuales derechos-principios fundamentales de igualdad
de oportunidades sin discriminación, de acceso al empleo en función del mérito
y de progresividad.
Seguidamente, la Constitución Política de la República Peruana de 1834 reguló
de manera genérica algunas disposiciones de índole laboral. Así, en primer lugar,
a través de su artículo 159º contuvo una regulación idéntica a la de la
Constitución precedente, de manera que se indicaba en dicha norma que “todos
los ciudadanos pueden ser admitidos a los empleos públicos, sin otra diferencia
que la de sus talentos y virtudes.
Y, en segundo lugar, estableció dos nuevas disposiciones de connotación
laboral. Así, en su artículo 162º se establecía que “es libre todo género de
trabajo, industria o comercio, a no ser que se oponga a las buenas costumbres
o a la seguridad y salubridad de los ciudadanos, o que lo exija el interés nacional,
previa disposición de una ley”, y en su artículo 170º se indicó que “no se
reconocen empleo ni privilegios hereditarios, ni vinculaciones laicales”.
Estas dos últimas normas son de especial relevancia, en tanto comienza a
delimitarse de alguna manera lo que actualmente conocemos como la libertad
de trabajo y la desaparición del privilegio laboral o igualdad de oportunidades,
aunque evidentemente todo ello con las limitaciones y restricciones sociales,
económicas y culturales enmarcadas en ese entonces.
Es precisamente esta misma visión la que caracteriza a la Constitución Política
de la República Peruana de 1839, y ello es claro a partir de la lectura de sus
artículos 161º, 163º y 169º, en los que se reitera casi idénticamente lo regulado
por la norma fundamental que le precedió.
2[2] MARIÁTEGUI, José Carlos, “El régimen de trabajo. Servidumbre y salariado”, en 7 ensayos de
interpretación de la realidad peruana, Biblioteca Amauta, Lima, 1952.
y ni que decir respecto de normas de inferior jerarquía. De esta manera. ni fueros personales. Desde la Constitución para la República del Perú de 1920 hasta la Constitución Política del Perú de 19793[3] Los inicios del siglo XX traen consigo la aparición de las primeras organizaciones sindicales. resultan de imprescindible lectura y revisión las siguientes obras: RENDÓN VÁSQUEZ. RENDÓN VÁSQUEZ. lo que supuso la instalación de fabricas de tejidos. una ampliación de las compensaciones a los trabajadores. de un mayor comercio de productos agrícolas. el Gobierno dictó un decreto supremo que si bien es cierto reconocía el derecho de huelga. 4[4] Para mayores detalles ver: RENDÓN VÁSQUEZ. seguridad. de industrias dedicadas a la extracción de metales canalizadas por la implementación de líneas férreas. Hasta este punto. Lima. con fecha 29 de enero de 1913.. seguridad o salubridad pública”. 2. Finalmente. económica y política en un contexto en el cual no es hasta fines del siglo XIX en que recién empiezan a aparecer las primeras industrias en el país. 2ª ed.. vivienda para la clase trabajadora. esto es. y. las Constituciones Políticas del Perú de 1860 y 1967 ofrecieron una regulación minúscula con relación a las que les precedieron. Grijley. Jorge. Jorge. Y esto era el reflejo de la coyuntura social. 2004. Edial. 2006. queda bastante claro que la regulación constitucional sobre el Derecho del trabajo era casi inexistente. En esta contexto. Legislación laboral. hacía difícil su realización en tanto su reglamentación resultaba muy compleja. 2007. y en su artículo 9º se señala que “es libre todo trabajo que no se oponga a la moral. Con esta medida se instituyó también un procedimiento de solución de conflictos laborales y el arbitraje. y de la inversión extranjera. pues en su artículo 6º se establece que “en la República no se reconoce privilegios hereditarios. ni empleos en propiedad”. luchar contra el desempleo y ampliar la educación pública y medidas de protección para los campesinos indígenas de la sierra4[4]. la cual tenía como consigna el establecimiento de una legislación que observe una jornada de ocho horas de trabajo para todos los establecimientos industriales y comerciales. la de 1956. Derecho del trabajo. en abril de 1911 se realizó la primera huelga general. Teoría general I. 4ª ed.Muy parecida es la regulación recogida en la siguiente Constitución de la República Peruana. a la salud ni a la seguridad pública”. pues de alguna manera solo se acercaba a lo que hoy conocemos como libertad de trabajo cuando en los artículos 23º y 22º respectivamente se señaló que “puede ejercerse libremente todo oficio. Derecho del trabajo colectivo. ello en razón de la consolidación de hacendados y comerciantes. y que “puede ejercerse libremente toda industria o profesión que no se oponga a la moral. industria o profesión que no se oponga a la moral. básicamente provenientes del ramo textil. 3[3] A efectos de la elaboración de la presente parte de este trabajo. Jorge. Régimen de la actividad privada. Lima. Lima. empezaron a suscitarse diversas manifestaciones. . sin embargo. entre las principales. o salubridad pública”.
La cláusula de Estado social en la Constitución. esta norma fundamental resulta ser la pionera en cuanto al forjamiento de las condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos en relación con la edad. la Ley Nº 2851 del 23 de noviembre de 1918 que establecía reglas de protección laboral a favor de las mujeres y los menores. 117. p. Es en este conflictivo contexto social que el Gobierno promulga la Constitución para la República del Perú de 1920. la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las diversas regiones del país. como aquella llevada a cabo el 23 de diciembre de 1918 por trabajadores de empresas textiles. muy limitada y tímida. Tal fue el impacto de que ello que esto conllevó a que Lima y Callao se paralizaran de manera general los días 13. y. Las luchas sociales y la disconformidad de la población dieron lugar a la realización de diversas huelgas. . 14 y 15 de enero de 1919. 5[5] BLANCAS BUSTAMANTE. de la salud y de la higiene. esta norma fundamental parte por reiterar una norma también contenida en las Constituciones precedentes con la que se refiere directamente a la libertad de trabajo. La ley determinará las profesiones liberales que requieran título para su ejercicio.Posteriormente. y en el contexto de la pos primera guerra mundial. 2011. a la salud ni a la seguridad pública. el IV. se dictaron cuatro leyes de suma relevancia: la Ley Nº 2760 del 26 de junio de 1918 que se refería a la inembargabilidad de los sueldos y las pensiones de los empleados públicos y los salarios de los obreros salvo por obligaciones alimentarias. En efecto. finalmente. las condiciones para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”. teniendo como colofón la aprobación del Decreto Supremo del 15 d enero de 1919 que estableció en toda la República una jornada máxima de ocho horas diarias. Ello se expresa en el hecho de que incluyó por primera vez en un texto constitucional un título. denominado ‘garantías sociales’. Pero la esencia de esta Constitución radica en que por primera vez se conminó al Estado para legislar sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial y sobre las garantías en él de la vida. Así. el sexo. PUCP. de las ideas e instituciones del Estado social. Asimismo. Carlos. la Ley Nº 3019 del 27 de diciembre de 1918 que impuso a los empresarios la obligación de dotar de habitaciones a sus obreros y familiares si el establecimiento industrial estaba más de un kilometro de los centros poblados. industria o profesión que no se oponga a la moral. estableció ciertos criterios para la legislación del trabajo y enunció diversas normas de contenido laboral”5[5]. “la Constitución de 1920 representa la recepción. la Ley Nº 3010 del 28 de diciembre de 1918 que reguló el descanso dominical y en los días feriados. que reconoció algunos derechos laborales. Lima. en su artículo 46º señalaba que “la Nación garantiza la libertad de trabajo pudiendo ejerce libremente todo oficio. Como acertadamente señalan algunos autores.
De igual manera. esta Constitución en su artículo 47º estableció que es obligatoria la indemnización de los accidentes del trabajo en las industrias y se hará efectiva en la forma qué las leyes determinen. la Ley Nº 5119 modificó la Ley Nº 4916. Posteriormente. estableciendo el derecho a la indemnización también en los casos de renuncia del empleado. Durante el periodo de vigencia de esta Constitución. . el 7 de febrero de 1924 se dictó la Ley Nº 4916 que creó un preaviso de 90 días para el despido de los empleados particulares. el derecho a un seguro de vida después de cuatro años continuos de labor para un mismo empleador. esta Constitución no contempló disposición alguna respecto a las organizaciones sindicales y al ejercicio de la libertad sindical. y esto era una clara muestra de la política social del Gobierno de turno que veía conveniente reprimir al movimiento sindical y a la oposición intelectual de izquierda. Posteriormente se dictó el Decreto Supremo del 27 de abril de 1928. en su artículo 49º dispuso que “la ley establecerá la forma cómo deben organizarse los Tribunales de conciliación y arbitraje para solucionar las diferencias entre el Capital y el Trabajo y los requisitos y condiciones para los efectos obligatorios de los fallos”. y. Finalmente. de seguros y las cooperativas de producción y de consumo que tengan por objeto mejorar las condiciones de las clases populares”. mediante la Ley Nº 6871 del 2 de mayo de 1930 se creó un juzgado de trabajo con el objeto de atender las reclamaciones de los empleados en el marco de la Ley Nº 4916. Como contraparte a todo ello. El 24 de enero de 1929 se dictó un decreto supremo a través del cual se reguló el caso de los trabajadores peruanos contratados para laborar en el extranjero. En cuanto a la jurisdicción. Así. los establecimientos de ahorros. un preaviso de 40 días para la renuncia del empleado. por el cual se creó la Sección Trabajo y Previsión Social en el Ministerio de Fomento con el objeto de resolver las reclamaciones de los obreros. Lo llamativo de esta disposición es que esta regulación solo estaba dirigida a los empleados y no a los obreros. la Constitución para la República del Perú de 1920 determinó en su artículo 48º que “los conflictos entre el capital y el trabajo serán sometidos a arbitraje obligatorio”. en esa medida. generando ello una clara discriminación. en su artículo 56º estableció que “el Estado fomentará las instituciones de previsión y de solidaridad social. Mediante el Decreto Supremo de junio de 1928 se reglamentó Ley Nº 4916. una indemnización compensatoria en caso de despido injustificado. Por otro lado. se dictaron una serie de normas de especial importancia. Finalmente. el 12 de mayo de 1922 se dictó un decreto supremo en virtud del cual se prohibió toda huelga no pacífica y se le concedió facultades a las autoridades para tomar medidas administrativas y judiciales contra los huelguistas infractores. y la facultad del empleador para despedir al trabajador ante la comisión de una falta grave.
salvo por alimentos y hasta en un tercio. al margen de reiterar las disposiciones de la Constitución para la República del Perú de 1920. y las cooperativas”. En cuanto a la seguridad social. Posteriormente. sino también. A través de la Ley Nº 8563 se amplían las vacaciones anuales pagadas a los empleados públicos y privados a 30 días. se dictan una gran cantidad de normas laborales. el 8 de diciembre de 1935 se dictó la Ley Nº 8139. invalidez y muerte. su virtud no es solo su larga data en el tiempo. Por otra parte. fecha 29 de marzo de 1933 se deja sin efecto la Constitución para la República del Perú de 1920 y se da lugar a la Constitución Política del Perú de 1933. reconociéndose a partir de ese momento la intervención del Estado en las relaciones laborales. . en su artículo 45º dispuso que “el Estado favorecerá un régimen de participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas. y fomentará las instituciones de solidaridad social. con la que se dispone la inembargabilidad de las indemnizaciones por tiempo de servicios y otros derechos. y legislará sobre los demás aspectos de las relaciones entre aquellos y éstas. esta Constitución en su artículo 43º determinó que “el Estado legislará el contrato colectivo de trabajo”. en su artículo 44º prohibió “toda estipulación en el contrato de trabajo. De esta manera. empero. El 26 de junio de 1934 se dictó un decreto supremo por medio del cual se reguló la obligatoriedad del pago del trabajo en sobretiempo en la forma en que por convenio o pacto se establezca. fijándose en este caso que el Tribunal de Trabajo actuaba en segunda y última instancia. los establecimientos de ahorros y de seguros. Por último. y sobre la defensa de los empleados y trabajadores en general”. fue la incorporación de nuevas disposiciones. mediante la Ley Nº 9483 del 31 de diciembre de 1941 se estableció el Fuero Privativo de Trabajo con el objeto de resolver las demandas de los obreros. enfermedad. En este escenario constitucional. edad. que restrinja el ejercicio de los derechos civiles. políticos y sociales”. siendo esta norma fundamental la que mayor tiempo de vigencia ha tenido en nuestra historia. siendo las más relevantes las siguientes.Con todo ello. Por otra parte. Mediante la Ley Nº 8305 del 2 de junio de 1936 se incluyó en el Código Civil una definición de lo que constituye el contrato de trabajo. el 12 de agosto de 1936 se dictó la Ley Nº 8433. además de mantener y acentuar las normas laborales. en su artículo 48º reguló que “la ley establecerá un régimen de previsión de las consecuencias económicas de la desocupación. Igualmente. que creó la Caja Nacional del Seguro Social o Seguro Social Obrero.
por el que se implementó la carrera administrativa. Seguidamente. mediante la Ley Nº 15737 del 28 de octubre de 1965 se establece la prohibición a las autoridades sobre la imposición del trabajo obligatorio. Igualmente. Asimismo. y ello se debe en gran medida a las constantes reclamaciones y huelgas efectuadas por la Federación de Pescadores del Perú y por la Asociación de Armadores Pesqueros del Perú. por virtud de la Ley Nº 9679 del 11 de diciembre de 1942 se creó el Ministerio de Justicia y Trabajo. A través de la Ley Nº 15485 del 2 de abril de 1965 se establece la prioridad de las obligaciones laborales sobre otras deudas del empleador. Por otra parte. mediante el Decreto Supremo del 22 de octubre de 1922 se creó el régimen especial de indemnizaciones para los obreros de construcción civil. Posteriormente. Así. la cual aumentó a 30 días las vacaciones pagadas de los trabajadores obreros.También se dictó la Ley Nº 9463 del 17 de diciembre de 1942. . el que años después fuese reemplazado en parte por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas creado por la Ley Nº 11009 del 30 de abril de 1949. El 24 de junio de 1969 se dictó el Decreto Ley Nº 17716 denominada Ley de Reforma Agraria. el 27 de julio de 1970 se promulgó el Decreto Ley Nº 18350. Una particularidad de esta norma fue la prohibición que tenían los trabajadores para sindicalizarse y declararse en huelga. y se reguló todo lo concerniente al acceso al empleo público y los derechos y obligaciones que emanan de este. en mérito al Decreto Supremo 1 del 22 de enero de 1065 se crea la Caja de Beneficios Sociales del Pescador. mediante el Decreto Ley Nº 11377 se creó el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil del Estado. El 29 de mayo de 1950. Ley General de Industrias. creándose igualmente la comunidad industrial. Más adelante. Por su lado. mediante la cual se establecieron las reglas para el desarrollo y la protección de la industria. entre otros. a través del Decreto Supremo del 3 de mayo de 1961 se reglamentó el indicado convenio. igualando este derecho con el que ostentaban los empleados. el régimen de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Posteriormente se dictó la Ley Nº 13683 del 25 de agosto de 1961. se dictaron sendas normas importantes. hecho que tuvo un gran impacto en la economía del país y gran incidencia en algunos sectores laborales. sobretodo en el caso agrícola. mediante la Resolución Legislativa Nº 13281 del 15 de diciembre de 1959 se aprobó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 87 sobre libertad sindical. por medio de la cual se disponía la posibilidad de que las partes de la relación laboral puedan acordar la reducción de la remuneración.
desaterrando en este caso la estabilidad concedida mediante el Decreto Ley Nº 18138. la estabilidad laboral. que les otorgó a los obreros el goce de salario por los feriados no laborables. que faculta a las empresas industriales de exportación no tradicional a contratar personal mediantes contratos a plazo fijo por el tiempo y en el número que consideren necesario. Así. el 6 de febrero de 1970 se promulgó el Decreto Ley Nº 18138. que dispuso que en caso el trabajador no goce de su descanso vacacional de manera oportuna. Seguidamente se dictó el Decreto Ley Nº 21106 del 25 de febrero de 1975. de manera que se eliminaba una situación injusta que en la práctica generaba que los empleadores imputen la comisión de falta grave a sus trabajadores con el objeto de no abonar la indicada indemnización. caso en el cual le correspondía el pago de una indemnización. con el Decreto Ley Nº 21116 del 11 de marzo de 1975 se eliminó la sanción al trabajador que consistía en la pérdida de la indemnización por tiempo de servicios conferida por virtud de la Ley Nº 4916 en los casos en que el trabajador era despedido por falta grave. la Ley General de Minería. A través del Decreto Ley Nº 18471 del 10 de noviembre de 1970 se instituyó el régimen de estabilidad en el empleo de los trabajadores de la actividad privada cualquiera fuese su empleador. Después. y de no ser así estos debían ser restituidos a sus puestos de trabajo con el pago de las remuneraciones devengadas. tendrá derecho al pago de la “triple vacacional”. en mérito del cual se dispuso que en los centros de trabajo en donde se realizaran labores que por su naturaleza fueran permanentes o continuas. siendo la excepción que el trabajador opte por finalizar la relación laboral. el Decreto Ley Nº 22342. el descanso vacacional. tales como la Ley General de Pesquería. A continuación. El 27 de octubre de 1970 se promulgó el Decreto Ley Nº 18445. por lo que los trabajadores solo podían ser despedidos por una causa legítima contemplada en la ley.Posteriormente se dictaron diversas normas sectoriales. . la inspección del trabajo y sobre pago de remuneraciones. entre otras. asimismo. mediante los cuales se facultó a las autoridades administrativas a la imposición de multas a los empleadores de la verificación de incumplimientos laborales. los contratos a plazo fijo solo podrán celebrarse si así lo exigía la naturaleza accidental o temporal del servicio. se dictaron el Decreto Ley Nº 18668 del 1 de diciembre de 1970 y el Decreto Supremo Nº 003-71-TR. la Ley General de Telecomunicaciones. El 21 de noviembre de 1978 se dictó una de las normas más cuestionadas hasta la actualidad. denominada Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales. estableciéndose al respecto los porcentajes de participación en las empresas de cada sector. se establecieron las nuevas facultades de los inspectores laborales y el procedimiento de inspección laboral. En los años siguientes se emitieron una serie dispositivos legales muy relevantes con relación a la contratación laboral.
Asimismo. por lo que el trabajador solo podía ser despedido por causa justa. Se conmina al Poder Legislativo a dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo que permitan prevenir los riesgos profesionales. Asimismo.Se ha efectuado un breve recuento de las principales normas de índole laboral dadas durante el periodo de 1920 hasta 1979. se establece que el pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores tiene preferencia frente a cualquier otra obligación del empleador. se dispone que las huelgas son un derecho de los trabajadores en tanto se ejerza en la forma que establece la ley. precisándose que la acción de cobro prescribe a los quince años. de acuerdo con la modalidad de esta. precisándose que nadie está obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo. se reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa. En efecto. se le da reconocimiento constitucional al principio protector y al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. y de gratificaciones. siendo que el Estado debía garantizar el derecho a la negociación colectiva. Así mismo. por lo que la regla general frente a un despido injustificado es la reposición del trabajador. el pago de la compensación por tiempo de servicios. señalada en la ley debidamente comprobada. bonificaciones y demás beneficios que señala la ley o el convenio colectivo. precisar. y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores. el 12 de julio de 1979 se instituyó una nueva Constitución. a diferencia de las anteriores. se caracterizó por la prolija regulación que le dio al trabajo. Finalmente. Se instituye el derecho de estabilidad en el trabajo. determinándose la posibilidad de fijar colectiva o individualmente una jornada menor. se consagra el derecho fundamental a una jornada ordinaria de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho horas semanales. . se prevé el trabajo en sobretiempo. la equidad remunerativa y por primera vez a nivel constitucional se consagra el derecho a la remuneración mínima vital y su forma de reajuste. indicándose que la participación de los trabajadores se extiende a la propiedad en las empresas cuya naturaleza jurídica no lo impide. En la misma línea. el descanso semanal y anual. De igual manera. Así. pero jamás mayor. fecha en que se promulgó una nueva Constitución. se establece que las convenciones colectivas de trabajo entre trabajadores y empleadores tiene fuerza de ley para las parte. De igual modo. el trabajo nocturno. la que. pero esencialmente por otorgarles la calidad de derechos fundamentales a una serie de derechos que emanan de la relación laboral. Se consagra el derecho fundamental a la sindicalización sin autorización previa. entre las principales normas sobre el particular se establece la protección constitucional de la remuneración.
Esta norma fue reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM del 18 de enero de 19906[6]. el 6 de diciembre de 1983. se dictó la Ley Nº 23707. se dictó la Ley Nº 25129. con fecha 4 de diciembre de 1989. la que derogó a la anterior Ley General de Industrias. que dispuso el pago de un interés por los créditos laborales adeudados. Pedro. Por otra parte. Luego. A le fecha esta norma ha sufrido múltiples modificaciones. por ello es que mediante el Decreto Supremo Nº 00197-TR se aprobó su texto único ordenado. 6[6] Sobre el empleo público en el Perú es recomendable ver: PATRÓN FAURA. Derecho administrativo y administración pública en el Perú. deberes y obligaciones que corresponden a los servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública. Una primera norma relevante es la Ley Nº 23407 del 28 de mayo de 1982.. y teniendo en consideración la grave crisis acaecida en nuestro país a mediados de 1985. no obstante. Grijley. ley regula el ingreso. Lima. Esta norma determinó un nuevo sistema de participación en las utilidades que beneficiaba en mayor medida a los trabajadores. 2004. 8ª ed. por el que se estableció un periodo de prueba de tres meses para adquirir estabilidad absoluta en el empleo en el régimen laboral de la actividad privada. Seguidamente. El 4 de junio de 1986 se dictó la Ley Nº 24514. El 23 de julio de 1991 se promulga el Decreto Legislativo Nº 650. El 24 de marzo de 1984 se promulga el Decreto Legislativo Nº 276. En este escenario.La regulación legal a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1979 es abundante. se emitieron una serie de disposiciones legales mediante las cuales paulatinamente se ajustaban las remuneraciones mínimas vitales. estableciendo la obligación del empleador de efectuar los correspondientes depósitos en entidades financieras de manera semestral. nueva Ley General de Industrias. Posteriormente. norma que reformó el régimen de la compensación por tiempo de servicios. mediante la Ley Nº 25139 del 14 de diciembre de 1989 se regula la obligación del empleador de abonarles a sus trabajadores dos gratificaciones legales al año equivalente cada una a remuneración mensual. derechos. . que elevó los topes de la indemnización o compensación por tiempo de servicios para ciertos empleados privados que ingresaron a laborar desde el 12 de julio de 1962. una con ocasión de las Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Pedro y PATRÓN BEDOYA. norma que establece a favor del trabajador un monto equivalente al 10% por concepto de asignación familiar cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. daremos cuenta de las principales normas. el 18 de noviembre de 1985 se dictó el Decreto Supremo Nº 03385-TR.
Cabe precisar que inicios del año 2002. trabajador enfermero. Lo mismo ocurrió con el Decreto Legislativo Nº 757 del 8 de noviembre de 1991. entre otros. el régimen laboral de la actividad pública. podemos encontrar regímenes laborales especiales. trabajadores pesqueros. modificando los porcentajes correspondientes. se ha dispuesto. Con esta norma se daba lugar a dos regímenes laborales generales bien diferenciados7[7]. en otro caso. el régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo Nº 728).Con fecha 25 de septiembre de 1991 se publica una de las normas más nefastas. norma que tuvo como objetivo potenciar las posibilidades de encuentro entre la oferta y la demanda laboral. trabajador artista. trabajadores porteadores. Por el Decreto Legislativo Nº 689 se ampliaron los porcentajes para la contratación de extranjeros. que terminó completando el marco de cese colectivo. Por el Decreto Legislativo Nº 688 se reorganizó el seguro de vida que beneficiaba solo a los empleados. y se le extendió también a los obreros. trabajador obstetriz. en un caso. . trabajador psicólogo. por interpretación. la restitución de muchos de los trabajadores cesados irregularmente y. trabajador médico. Por el Decreto Legislativo Nº 692 se facultó a los empleadores a poder variar unilateralmente los horarios de trabajo. trabajadores agrarios. y con ello se produce el despido masivo de trabajadores. trabajador técnico y auxiliares asistenciales de salud. tales como los referentes al trabajador biólogo. Entre octubre y noviembre de 1991 se dictaron diversas normas laborales. Por un lado. por otro lado. trabajador tecnólogo médico. Mediante el Decreto Legislativo Nº 674 se comienza la privatización de las empresas del Estado. 7[7] Vale la pena recalcar que a la fecha en el Perú existen tres grandes regímenes laborales: por un lado. la compensación económica correspondiente a los trabajadores afectados. Las dos grandes novedades de esta normativa fueron la inclusión de los denominados contratos de trabajo sujetos a modalidad y la implementación. regulado por el Decreto Legislativo Nº 726 y sus normas reglamentarias y complementarias. incluso se señaló que a estos trabajadores no le asiste el derecho a participar en las utilidades de la empresa. Con fecha 8 de noviembre de 1991 se promulga el Decreto Legislativo Nº 728. de la estabilidad laboral relativa. el régimen laboral de la actividad privada. flexibilizando las modalidades y mecanismos de acceso al trabajo. y. este último creado en julio de 2008. trabajadores de construcción civil. regulado por el Decreto Legislativo Nº 728. trabajadores del hogar. Por el Decreto Legislativo Nº 704 se permitió que en las zonas francas los empleadores podían contratar trabajadores por el tiempo que deseen y por el número que requieran. luego de haberse verificado lo irregular de los ceses colectivos. el régimen laboral de la actividad pública (Decreto Legislativo Nº 276). Adicionalmente a estos regímenes. por el Decreto Legislativo Nº 713 se consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. trabajadores portuarios. futbolistas profesionales. Ley de Fomento del Empleo. y el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo Nº 1057). mediante el Decreto Legislativo Nº 677 se redujo la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. También. Así. por otro lado.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”. que creó un interés laboral distinto al regulado por el Código Civil. el cual protege especialmente a la madre. la destitución de muchos magistrados del Poder Judicial.Por otra parte. normas que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. y empezar a gobernar en virtud a decretos leyes. Ley que regula las relaciones laborales colectivas de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. la pérdida de legitimidad y la presión internacional que percibía el atropello de los poderes públicos del Estado peruano. norma magna que limitó ciertos derechos concedidos por la Constitución anterior. incluso le restó nivel constitucional a muchos de ellos. produce la Constitución Política de 1993. en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. del Ministerio Público. el que tenía como tarea principal elaborar una nueva Constitución. Esta Constitución empieza por establecer que “el trabajo es un deber y un derecho. con fecha 5 de octubre de 2003 se publicó el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. Asimismo. . es objeto de atención prioritaria del Estado. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico. del Tribunal de Garantías Constitucionales. y que en buena cuenta implicaba que estos no se capitalizaban.1. al menor de edad y al impedido que trabajan. ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. entre otras instituciones del Estado. Actualidad del Derecho del trabajo en el Perú 3. la disolución de las dos Cámaras del Congreso. tomando como medidas inmediatas la persecución política contra sus opositores. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. conllevó a que en junio de 1992 se convoque a elecciones para un nuevo Congreso –al que se le denominaría Congreso Constituyente Democrático con el objeto de connotar “democracia” donde no la había–. El colofón de todo ello fue el dejar de lado e ignorar a la Constitución Política del Perú promulgada en 1979. En tanto a lo largo de los años esta norma ha sufrido múltiples modificaciones. El marco constitucional Con fecha 5 de abril de 1992 se produce un golpe de Estado en nuestro país. Sin embargo. so pretexto de una reorganización. Es así que este nuevo Congreso. se dictó el Decreto Ley Nº 25920 del 27 de noviembre de 1992. 3. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. cumpliendo con las labores encomendadas. el 26 de junio de 1992 se dicta el Decreto Ley Nº 25593. quien atentó contra la independencia de los poderes e instituciones del Estado. siendo lo particular de todo ello que fue el mismo Presidente de la República. Posteriormente. en sus diversas modalidades. prevé que “el trabajo.
en donde se resolvió un conflicto que enfrentaba al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S. la vigente Constitución no otorga una protección directa contra el despido injustificado. En caso de jornadas acumulativas o atípicas. la referida Norma Fundamental precisa los alcances de la convención colectiva señalando que tiene fuerza vinculante 8[8] Ello puede verse en la sentencia recaída en el Expediente Nº 1124-2001-AA/TC.A. como máximo.A. pues “o” sea cumplen las ocho horas diarias “o” las cuarenta y ocho horas semanales.Por otra parte. la Constitución Política del Perú consagra expresamente tres principios fundamentales. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. al punto que en algunos casos el Tribunal Constitucional ha inaplicado la norma constitucional en cuestión8[8]. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (Fetratel) contra las empresas Telefónica del Perú S. Esta situación ha dado a conflictos bastante relevantes. y uno de ellos ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y anexos contra la empresa Southern Perú Copper Corporation. .A. A diferencia de Constitución anterior. negociación colectiva y huelga. la Constitución Política de 1993 consagra constitucionalmente los derechos de sindicación. que procure. el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. En este caso hay una diferencia casi imperceptible pero muy importante con respecto a la regulación anterior. a diferencia de la Constitución Política de 1979 que determinaba dos límites las ocho horas diarias “y” las cuarenta y ocho horas semanales. y Telefónica Perú Holding S. al señalar que “el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”. teniendo a la libertad sindical como bastión esencial. el bienestar material y espiritual. caso resuelto en el Expediente Nº 4635-2004-AA/TC. y el de la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. esta Norma Suprema le concede a la remuneración una protección especial y un carácter fundamental. pues en la medida que la ley impone una indemnización como reparación por el despido injustificado y excepcionalmente la reposición. para él y su familia. en algunos casos esto resulta insuficiente. Ahora bien. que son el de igualdad de oportunidades sin discriminación. se establece que “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Con respecto a la jornada de trabajo. Además. Esta disposición ha dado lugar a serios problemas.A. pues esta norma fundamental establece que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. Por otra parte. Y es que esta Constitución establece la observancia de un solo límite en cuando a la jornada de trabajo máxima. el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. al igual que la Constitución Política de 1979.
Finalmente. pero también su permanente adecuación coherente a la realidad. sería inadmisible que actualmente el Derecho del trabajo contenga una regulación tal y como fueron cosas hace veinte o treinta años. y con observancia de sus excepciones y limitaciones. Época de cambios. económico. N° 143.en el ámbito de lo concertado. por eso nos parece idónea la frase utilizada Rafael Alburquerque9[9] –pero acuñada por Galileo Galilei10[10]– para iniciar su ponencia referida a la evolución del Derecho del trabajo: eppur si muove. p. 3. 19. la presunta flexibilidad laboral de inicios de la década de los noventa 9[9] En la reunión llevada a cabo en el auditorio de la Organización Internacional del Trabajo con ocasión del 90 aniversario de ella. . 1984. 26 y 27 de noviembre de 2009. debe ir de la mano con estas variaciones. Asimismo. cultural y político es diametralmente distinto a lo que acaecía en aquella época. en Revista de Política Social. entre otros. Madrid. y en memoria del profesor Juan Rivero Lamas. 11[11] PALOMEQUE LÓPEZ. de los cuales esta disciplina ha sabido salir airosa. Entonces. económicos y culturales. en Lima. pues como credo siempre debe encontrarse acorde con lo que ocurre en la realidad. ya que desde nuestro punto de vista ello constituye la base sobre la cual debe asentarse. se dice que dejó escapar de sus labios una frase que ha quedado como leyenda para la historia: eppur si mueve (pero se mueve). pues dados los constantes cambios sociales. la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. tal como pregona una de las máximas expresiones de su carácter tuitivo: el principio de primacía de la realidad. salvo excepciones. los días 25.2. pues el actual contexto social. 3. el Derecho del trabajo no puede encontrarse ajeno ello. 10[10] Recordemos que cuando Galileo Galilei fue constreñido a renunciar a su teoría de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y ello es correcto. Y acá nos viene a la mente lo señalado por el profesor español Manuel Palomeque11[11] cuando señala que la crisis ha sido un compañero de ruta del Derecho del trabajo y gestora de frecuentes embates.1. por el contrario.2. Manuel Carlos. El marco legal actual Para nadie es un secreto que el Derecho de trabajo es una de las ciencias sociales que más desarrollo ha tenido en las últimas décadas. indudablemente el Derecho del trabajo se encuentra caracterizado por los constantes cambios. “Un compañero de viaje histórico del Derecho del trabajo: la crisis económica”. clara muestra por parte del profesor dominicano de lo que sucede actualmente con el Derecho del trabajo en Latinoamérica. se regula el derecho de huelga como derecho fundamental en la medida que para que se ejerza en armonía con el interés social.
nos referimos a una regulación íntegramente constitucional. generándose con ello un grave 12[12] En palabras del fallecido profesor uruguayo Óscar Ermida Uriarte. asimismo. por una parte. el reconocimiento de los principios del Derecho del trabajo. no obstante. los derechos empresariales eran desmedidos e ilimitados. en esencia. el aporte más significativo de estas es el hecho de que reprimieron toda estipulación que restrinja los derechos civiles. de conformidad con los diversos instrumentos supranacionales. sin embargo. tanto para el empleador como para el trabajador. que fue el generar una mayor apertura del mercado laboral. Estas cartas magnas reconocen expresamente la libertad de trabajo y muchos otros derechos que en forma mínima ya había sido desarrollados en las constituciones anteriores. Entre los muchos temas que incorporó esta Constitución están. se expidieron diversas normas que regularon la contratación laboral. y que los empresarios tengan mayores facilidades para la contratación de trabajadores. a lo que con mucho acierto importantes autores se han referido como “desregulación salvaje”12[12] o “huida del Derecho del trabajo”13[13]. Así. durante los años cuarenta y cincuenta. no es hasta el año 1991 en que se produce un gran cambio en el Perú. fueron la Constituciones de 1920 y 1933 las primeras en hacer expresa alusión y regulan de forma abierta al trabajo. Sociales o Culturales o “Protocolo de San Salvador” y los diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. pues precisamente en ese año el Gobierno encabezado por Alberto Fujimori implantó una “flexibilización laboral” cuyo origen tuvo un sustento interesante. y. que se le dio al trabajo la debida importancia. entre ellos el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. En efecto. estableciendo una serie de disposiciones que buscaban proteger a los trabajadores. No es hasta 1979. concretamente con la Constitución que se promulgó ese mismo año. en muchos casos. políticos y sociales. que más personas cuenten con un empleo. esta Norma Fundamental consagró al derecho al trabajo como uno fundamental y esencial de toda persona humana. ello en gran medida a que las normas producto de esta mal llamada “flexibilización laboral” lo que en realidad generaron fue la “deslaboraización” del Derecho del trabajo. . adelantándonos a nuestras conclusiones. siendo nulo todo tipo de despido incausado o injustificado. esta Constitución dispuso que el Estado deberá regular sobre las relaciones colectivas de trabajo. pues no existía forma de hacer eficaz el pleno respeto de los derechos laborales y. Sin embargo. en otras palabras. el reconocimiento de la estabilidad absoluta del trabajador. aunque sea de manera temporal. la forma del contrato de trabajo y los derechos que emanaban de él. podemos decir que ello supuso un gran error. estableciendo. que suponía que el trabajador solo podía ser despedido por una causa justificada. por otra parte.Como anotamos anteriormente. 13[13] En términos del profesor español Miguel Rodríguez Piñero.
es necesario que se acredite una causa objetiva que haga necesaria la contratación temporal. 16[16] Una clara transgresión a los principios de continuidad y causalidad 17[17] Sobre este tema existen diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Tribunal Constitucional. de la estabilidad laboral relativa. aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR. los contratos de trabajos a modalidad –vigentes hasta la fecha– tienen por objeto principal la promoción del empleo. pues la regla general es que los contratos de trabajo siempre deban celebrarse por un plazo indefinido. que en muchos casos – seguramente por conveniencia propia– obviaban la notoria desigualdad. por interpretación. ello no ocurre en la práctica15[15]. Contratos de trabajo temporal. la implementación. Las grandes novedades de esta normativa fueron la inclusión de los denominados contratos de trabajo sujetos a modalidad (temporales y de plazo fijo). 2008. pues nunca sabrán si su trabajo les permitirá cubrir sus necesidades. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. en donde el gran perdedor era el trabajador. en donde la gran mayoría de contrataciones laborales se efectúa en virtud de los contratos sujetos a modalidad. Pero lo peor de todo es que algunos de los contratos sujetos a modalidad requieren de una “causa objetiva” que en realidad no es objetiva16[16]. Precedentes de observancia obligatoria . Lima. Una clara muestra de ello es lo que ocurre actualmente en el Perú. Así. Y si bien es cierto en el plano teórico es claro que hay una regla general y una excepción. a la fecha encuentra regulación en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728. Oxal Víctor. aunque suene paradójico. en esta exposición se señala que para la procedencia de estos contratos. los cuales pueden verse en: ÁVALOS JARA. Ni que decir de los legisladores peruanos. norma que tenía como premisa flexibilizar todo el marco normativo laboral a efectos de promover la productividad y la competitividad laboral. que si bien es 14[14] Norma que debido a las constantes modificaciones que ha sufrido. De conformidad con la exposición de motivos del aludido decreto legislativo. y la indemnización como protección contra el despido arbitrario. mediante los cuales se contrata a trabajadores por periodos cortos a efectos de poder cesarlos apenas terminen estos. 15[15] Un análisis amplió sobre los contratación laboral en el Perú puede verse en: ÁVALOS JARA. Así. En un escenario jurídico caracterizado por la abundante y desordenada legislación laboral.desbalance de las relaciones laborales. en esta parte del presente trabajo nos abocaremos a tratar los temas relevantes y de mayor impacto en los últimos años. Oxal Víctor. lo cual supone someter a los trabajadores a la peor inestabilidad e incertidumbre posible. Grijley. cuando fue publicado en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 72814[14]. Un ejemplo es el denominado “contrato por exportación de productos no tradicionales”17[17]. Un estudio práctico sobre los contratos sujetos a modalidad. es menester indicar que la referida deslaboralización empezó a materializarse exactamente el 27 de marzo de 1991. denominada “Ley de Fomento del Empleo”.
En otras palabras. la que precisamente recogía no solo en la parte laboral. Dijimos anteriormente que todo despido generaba la reposición del trabajador. en pago de tal indemnización en reemplazo de la reposición cuando lo estime conveniente. pero en los casos en que se despida a un trabajador sin tal vulneración flagrante (despido arbitrario) se podía optar tanto por la reposición como por la indemnización.. a su criterio. Ahora bien. Análisis. no cabía otra opción. A este respecto. Con esto empieza a implementarse el con profundidad el modelo de protección indemnizatoria. sino en otras. es menester indicar que. esta tendencia presuntamente flexibilizadora. nada ha hecho nada contra ella. con la entrada en vigencia del aludido decreto legislativo se establece una “disfrazada” protección contra el despido injustificado. como la económica. como consecuencia del Golpe de Estado dado por el 5 de abril de 1992 por el dictador Alberto Fujimori. 2010. siendo que el juez laboral podrá disponer. es convalidado por ella y esta le da mayor énfasis. que ante la ocurrencia de un despido injustificado lo que correspondía era únicamente que el trabajador sea repuesto en su empleo. Este contrato permite que las empresas que realizan exportación de productos no tradicionales puedan contratar temporalmente a todos los trabajadores que quisieran efectuando todas las renovaciones que ellos crean necesarias. 2ª ed. a pesar de que en sede judicial se han ventilado casos en donde trabajadores con más de 20 o 25 años han sido cesados sin ninguna reparación por ello. Sin embargo. se dispuso que en los casos de flagrante vulneración de derechos fundamentales (despido nulo) debía otorgarse una protección restitutoria. el Perú recogía un modelo de protección eminentemente restitutoria. empero el Decreto Legislativo Nº 728. estos trabajadores pueden ser despedidos cuando lo desee el empleador sin ninguna protección ante ello. . otros de los substanciales temas surgidos con ocasión de la mal llamada “flexibilización laboral” son la implementación de la estabilidad laboral relativa. y se le da preferencia a esta última. Grijley. y la indemnización como protección contra el despido arbitrario. y se da paso la llamada Constitución de 1993. y vinculantes en materia laboral. Nos explicamos. para tratar de ser concordante la Constitución vigente en ese entonces. comentarios y crítica a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Tribunal Constitucional. pues si bien se mantiene la eficacia restitutoria a ella se agrega una protección indemnizatoria. Esto es solo un pequeña parte de los abusos generados con la mala implementación de estos y la poca fiscalización del Estado. Hasta antes de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 728. Lima. es decir. Pero lo que es peor es que nuestras autoridades judiciales son renuentes a pronunciarse sobre el particular.anterior al Decreto Legislativo Nº 728. en año de 1993 se deja sin efecto la Constitución de 1979. Si bien esta norma ha sido varias veces cuestionada.
Desde ese momento hasta la fecha existen dos vías que no son igualmente satisfactorias para la protección de los derechos amenazados: la judicial y la jurisdiccional o constitucional. y como una forma de enmendar estos hechos. el máximo intérprete constitucional señaló que la indemnización será una forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador. por lo que mencionada inconstitucionalidad quedó deslegitimada. 18[18] Sentencia que enfrentaba al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S. con vulneración de derechos fundamentales). y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (Fetratel) contra las empresas Telefónica del Perú S. En las líneas que preceden a esta hemos tratado de resumir cuál ha sido la evolución del Derecho del trabajo en el Perú en las últimas dos décadas. igualdad y debido proceso) procedía la reposición. Como era de esperarse nuestros legisladores optaron por la indemnización y excepcionalmente. Lamentablemente este importante criterio fue sujeto de varias aclaraciones –tal vez manipuladas– y.El primer gran y más notorio cambio es que tendenciosamente la Constitución Política del Perú establece en su artículo 27º que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. y Telefónica Perú Holding S.A. mientras que en la segunda solo cabe la reposición. pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional. en la primera solo cabe la indemnización y excepcionalmente la reposición. los cuales pasamos a reseñar seguidamente. ello debido a que el despido ad nutum (cuando se despide al trabajador sin ningún motivo) del que es sujeto el trabajador no puede ser reparado solo con la indemnización. el mismo Tribunal Constitucional publicó en el diario oficial El Peruano la sentencia recaída en el Expediente Nº 976-2001-AA/TC. finalmente. el Tribunal Constitucional declaró en el caso concreto la inconstitucionalidad de la norma que establece que frente a los despido arbitrarios solo cabía la indemnización.A. se señaló que no se quiso decir lo que se dijo. pues eso supone vaciar de contenido al derecho al trabajo y al Derecho del trabajo. pues al margen de los supuestos establecidos en la ley.A. el 11 de septiembre de 2002. ¿Una complejidad? Sí. a nivel constitucional. pero es la realidad y lo existente en la actualidad. y a inicios del año 2001. sin embargo. jurisprudencialmente (pero con efecto normativo) establece sus propios supuestos mediante los cuales sí procedía la reposición (despido incausado. . sobre todo en lo que respecta. mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 1124-2001-AA/TC18[18]. a nivel legal existen muchos otros. Posteriormente. dejándose con ello en manos del legislador el determinar cuál es la protección que debía adoptarse frente a los despidos ilegítimos: o el modelo restitutorio. tratándose de ciertos supuestos en donde el trabajador acredite la vulneración de determinados derechos fundamentales (libertad sindical. fraudulento.A. Esto generó un gran conflicto. a través de la cual “parte” totalmente el sistema de protección contra el despido injustificado. a los temas más llamativos. nulo. o el modelo indemnizatorio o ambos.
el pago mediante entidad bancaria de una suma mensual equivalente al 8. la que regula el contrato administrativo de servicios. pequeñas empresas. pero lo que es impensado –y lamentablemente es lo que ocurre en nuestro país– es que se el trabajador quien deba sopesar esta promoción. frente a un despido injustificado. Además de todo ello. a lo largo de los últimos años se han creado diversos regímenes especiales como el de las micro y pequeñas empresa. la de tercerización de servicios. la ley sobre modalidades formativas laborales. Nos explicamos. En virtud de la primera de las leyes mencionadas se buscó promover la creación y formalización de pequeñas unidades productivas denominadas. De acuerdo con el régimen general de la actividad laboral privada en el Perú. el pago de dos gratificaciones anuales pagadas a mediados de los meses de julio y diciembre equivalentes a una remuneración mensual. Para ejemplificar. microempresas y. entre otras.2. Así. una con ocasión de las Fiestas Patrias y la otra por Navidad (gratificaciones legales). En los últimos años se han expedido en el Perú normas laborales de significativa importancia pero que en algunos casos son totalmente discordantes con nuestra realidad. En este caso. aduaneros.3. y. días que le son remunerados (vacaciones). tenemos a ley de promoción de la micro y pequeñas empresas. Si bien toda promoción que busque el mejoramiento empresarial es saludable. es decir. tendrá derecho al pago de una indemnización equivalente a una remuneración mensual y media por cada año de servicios. Estos son los derechos básicos o mínimos con los que cuenta un trabajador peruano sujeto al régimen general de la actividad privada. el derecho a participar de las utilidades generadas por la empresa empleadora.33% de la remuneración –independiente de la remuneración y cualquier otro beneficio laboral– que tiene por destino cubrir las contingencias ocasionadas por el cese del trabajador (compensación por tiempo de servicios o CTS). de acuerdo con la Ley Nº 28015 se dispuso que las empresas acogidas a este régimen tendrán el derecho a pagarle a sus trabajadores menos de la mitad de lo que hemos explicado . es indudable que el peso de ello no puede recaer sobre el trabajador. ya sea otorgando incentivos tributarios. finalmente. por otro lado.2. Los cambios legales acaecidos en los últimos años El Derecho del trabajo se ha caracterizado por ser mutable y ello en gran medida a los cambios económicos. que para que esto funcione el trabajador debe verse perjudicado. Sin embargo. luego de cuatro años continuos de prestación. ambas con particulares características en lo que respecta al número de trabajadores y a su ingreso anual. la de intermediación laboral. por un lado. la lógica común nos lleva a pesar que si se pretende promover la actividad empresarial de estas unidades productivas sea el Estado quien soporte la carga que supone ello. todo trabajador tiene como derechos o beneficios laborales los siguientes: 30 días de descanso por cada año completo de servicios. el derecho a que el empleador le contrate un seguro de vida. administrativos o de otra índole.
Otra norma de magna importancia expedida en los últimos en el Perú es la coloquialmente llamada Ley de Intermediación Laboral (Ley Nº 27626). se establece que para el caso de la microempresa los trabajadores solo tendrán derecho a 15 días de descanso remunerado por cada año completo de servicios. por el contrario. Simplemente se trata de otro abuso por parte del Estado. y tienen habilitado el derecho a participar en las utilidades de la empresa. la indemnización otorgada es mucho menor a la que le corresponde a los trabajadores del régimen general. pues se entiende que se trata de un tráfico de trabajadores. a efectos de posteriormente celebrar contratos con otras empresas para destacarles a estos trabajadores. norma que permite la contratación trabajadores con determinado costo laboral. se ha dispuesto que también tengan 15 días de descanso remunerado por cada año completo de servicios. pero además. una modificación a este régimen lo torna en indefinido (artículo 42º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR). Pues bien. es decir. las críticas hacia este régimen han sido contundentes. ¿acaso no debería ser temporal? La respuesta es sí. debería ser Estado quien soporte las cargas y no los trabajadores. Otra gran crítica es la permanencia de este régimen. pues para comenzar no entendemos porque son los trabajadores los que deben ver perjudicados sus derechos a costa del beneficio de la empresa. le suman ahora un menoscabo de sus derechos. Una de las superfluas características de esta rama del Derecho es el establecimiento de estándares mínimos. que no permite que estos puedan mejorar su calidad de vida.anteriormente. debajo los cuales no es posible llevar a la relación laboral. de uno u otro modo. pero de manera temporal. también solo el 50% de lo que corresponde a un trabajador como gratificaciones legales. sino. Por nuestra parte. es posible superar estos márgenes. en ambos casos. También. no cuentan con ninguno de los otros derechos. solo el 50% de lo que le corresponde un trabajador por concepto de CTS. pues se refiere que es inconstitucional por menoscabar los derechos laborales. Está demás decir que en ambos los trabajadores despedidos arbitrariamente sí tienen el derecho a percibir una indemnización –lo cual era previsible–. y algunos señalan que con él crea una especie llamada “trabajadores de segunda categoría”. empero en situaciones sumamente excepcionales y cuando exista causa objetiva. y sobre todo porque es el que promueve este régimen. mientras que en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa. tenemos grandes críticas a él. Poniéndonos en el supuesto de que exista causa objetiva para la implementación de este régimen. contraviniéndose con ello los principios rectores del Derecho del trabajo y derechos reconocidos por la Constitución. Así. quienes a la precariedad laboral ya existente y al escaso salario que perciben. Esta figura es rechazada en otros países. evidentemente a un mayor costo. En una relación tripartita (Estadoempresa-trabajadores). sin embargo. sin embargo. se les da acceso a un sistema de salud y a uno pensionario. genera una severa precariedad laboral al enriquecerse mediante esta modalidad solo la empresa que contrata los trabajadores a bajo costo para .
una ocupación productiva. si la intermediación laboral precariza el mercado laboral. que no tienen los derechos que con lo que sí cuenta todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada. lo que quiere decir. una de las normas de las que sí hay mucho que rescatar es la referida a las modalidades formativas laborales (Ley Nº 28518). Chiclayo. En efecto. en Alcances y eficacia del Derecho del trabajo: tercerización. Mediante ella se reguló un mecanismo empresarial que ya venía siendo utilizado en el Perú desde hace varios años. 2008. No dudamos de lo importante que resulta hoy en día ser competitivos. es temporal porque la misma norma establece los plazos (determinados o determinables) por los que una persona puede permanecer en él. Desafíos y deficiencias. “Incidencias en las acciones de subcontratación laboral: la responsabilidad solidaria derivada de la tercerización”. y si bien es cierto puede ser que genere cierto empleo. por la sencilla razón de que efectivamente funciona como un tráfico legal de trabajadores. 20[20] Para un análisis completo sobre este tema. . puede verse: ÁVALOS JARA. siendo así. pues esta busca fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los procesos productivos y de servicios. descentralización productiva o algunos lo asemejan a externalización. Al respecto. además de proporcionar una formación que desarrolle capacidades para el trabajo. 2008. también lo es que los términos “empleo” o “trabajo” no son sinónimos de simple ocupación. ambos suponen. digna y necesaria para el sostenimiento de las necesidades básicas del trabajador y de su familia. precisamente esto es lo que busca la norma por lo cual lo respaldamos. y es permitida desde finales de la década los años ochenta19[19]. Por otro lado. Decreto Legislativo Nº 1038 y Decreto Supremo Nº 006-2008-TR). Lima. es indudable que no se puede hablar de pleno empleo ni de empleo productivo. como un mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad y de la productividad laboral. inspección y derechos colectivos. Si bien la norma que regula este régimen señala que quienes se encuentran adscritos a él están excluidos de la normativa laboral vigente. III Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. en el mejor de los casos. A esta figura se le conoce también como outsourcing. Elmer. y se justifica porque mediante este régimen se les da la oportunidad a los jóvenes y a las personas desempleadas a insertarse en el mercado laboral de forma competitiva. 19[19] Un extenso estudio sobre la intermediación laboral se encuentra en: ARCE ORTIZ. Derecho individual del trabajo en el Perú. Otra de las normas que es parte de la evolución del Derecho del trabajo en el Perú es la llamada Ley de Tercerización de Servicios20[20] (Ley Nº 29245. Oxal Víctor. SPDTSS.destinarlos a otras empresas. y ello solo será posible obteniendo la experiencia necesaria antes de encontrar un empleo propiamente dicho. que permitan la flexibilidad y favorezcan la adaptación de los beneficiarios de la formación a diferentes situaciones laborales. ello se justifica en la medida que este régimen es temporal y cuenta con una causa objetiva para su existencia. consideramos que se trata de una las figuras menos beneficiosas para el mercado laboral en el Perú. En el Perú se le conoce a esta actividad como services. Palestra.
sino que mediante ella se legitima su utilización y además se establecen una serie de reglas que buscan que no se abuse de esta herramienta en desmedro de los derechos laborales. 446. Al margen de cualquier deficiencia que pueda tiene esta normativa. y en el marco de las facultades dada por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo. p. 2000. con el objeto de que un tercero desarrolle las actividades delegadas por su cuenta y costo. en Advocatus. el Estado es el principal transgresor de los derechos laborales– y en una precariedad increíble. la máxima eficiencia. pasen a un régimen “transitorio” en el que se les reconozca algunos beneficios –esencialmente la mitad de los que les corresponden a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada–. Otras definiciones señalan que la tercerización “apunta al proceso de sacar al exterior de la empresa procesos de la producción o del trabajo. la tercerización supone la delegación de responsabilidades y compromisos que no constituyen la columna vertebral del negocio. Lima. “Trabajo autónomo y descentralización productiva”. en Relaciones Laborales. a efectos de lograr una mayor y mejor especialización y. Este régimen nació con la finalidad de que todas aquellas personas que venían prestando servicios subordinados al Estado de manera fraudulenta –es importante resaltar que en el Perú. puede encontrarse en: ÁVALOS JARA. y en lo que creemos es la norma más cuestionada de los últimos años en el Perú. Asimismo. se dictó el Decreto Legislativo Nº 1057. Nº 13. pues resulta plenamente acorde con la actualidad del Derecho del trabajo en el Perú. Lima. 22[22] RASO DELGUE. Madrid. Gaceta Jurídica. 195. 2012. estimamos que es bastante positiva. Nº 9. Carolina. El amparo laboral. haciendo un balance. Oxal Víctor. tradicionalmente desarrollados al interior de la misma”22[22]. Jesús. Salvador y GALA DURÁN. siendo esto el 21[21] CRUZ VILLALÓN. “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”. a través de sus medios materiales y personales. como en otros países de Latinoamérica. 2003.La tercerización supone que “una empresa decide no realizar directamente. pues ella se venía utilizando con anterioridad. No es que con la entrada en vigencia de la normativa sobre tercerización recién se permita la utilización de esta herramienta empresarial. Madrid. en Trabajo y Seguridad Social. 24[24] Un estudio amplio sobre este régimen y especial sobre la jurisprudencia constitucional sobre el particular. optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales. norma que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios24[24]. 23[23] DEL REY GUANTER. durante el mes de julio de 2008. con quienes establece acuerdos de cooperación de muy diversos tipos”21[21]. a cambio de una retribución. A nuestro entender. p. p. en consecuencia. . 1994. Finalmente. que la tercerización debe ser entendida como la “externalización o desplazamiento hacia entidades empresariales autónomas o independientes de funciones o actividades del ciclo productivo que previamente se desarrollaban por una misma empresa”23[23]. Juan “Outsourcing”. 8. ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final de consumo. Nº 1.
Percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida. e. empero –como era de esperarse– el supremo tribunal tuvo que reconocer que efectivamente la contratación al amparo de este régimen sí genera una relación de trabajo. Cuando labore en una entidad en la que existe una jornada de trabajo reducida establecida para los trabajadores sujetos a los regímenes laborales generales. que no forma parte de la jornada de trabajo. Jornada máxima de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales. Un tiempo de refrigerio. Sin embargo. c. d. obligatoria para las personas que sean contratadas bajo este régimen a partir de su entrada en vigencia. los pírricos derechos que inicialmente fueron concedidos25[25]. Descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana. c. d. teniendo como resultado la convalidación de esta modalidad contractual. Afiliación al régimen contributivo de la seguridad social. Frente al gran cuestionamiento que generó esta norma. Esto suponía un gran abuso por parte del Estado. han sido asimilados a los de los otros regímenes laborales. su texto original pretendió negar lo evidente señalando que con ello no se genera una relación laboral. lo preocupante sigue siendo la 25[25] El texto original de la norma concedía los siguientes derechos: a. los prestadores de servicios sí tienen derechos laborales. De esta manera. 26[26] A partir de esta ley. se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 1057. pues este régimen sería propio del Derecho administrativo y privativa del Estado.primer paso para más adelante equiparar sus derechos con los de los otros trabajadores de los otros regímenes laborales existentes en nuestro país. y. le será aplicable tal jornada especial. La primera observación que debe hacerse es que a pesar de que el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios siempre fue uno de naturaleza laboral. además de que no se le podrían aplicar las normas y principios del Derecho del trabajo. por ende. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana. b. Descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas consecutivas como mínimo. y. La afiliación a un régimen de pensiones opcional para quienes ya vienen prestando servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente régimen. b. pues al extirpársele la esencia del Derecho del trabajo casi no existía protección alguna frente a las arbitrariedades. . aunque estos no lleguen a tener la misma cantidad y calidad de los derechos de los otros trabajadores adscritos a los otros regímenes laborales. la que finalmente fue resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente Nº 0002-2010-PI/TC en el mes de abril de 2011. Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido. esencialmente producto de la Ley Nº 2984926[26]. los derechos que actualmente perciben los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios son los siguientes: a.
Y con ello esencialmente. i. ahondando aún más esta situación de inestabilidad laboral. Vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales. pues la norma en cuestión no ha señalado nada al respecto. sino en mucha menor medida. Y creemos que el haber llegado a este punto hace descubrir los grandes errores y deficiencias sobre los que se asentó este régimen. conforme a los montos establecidos en las leyes anuales de presupuesto del sector público. Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. por realizar todos ellos una labor subordinada y existir a partir de ello una relación de trabajo. se les adjudicaría el derecho a tener una relación e. y otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales. Si bien es cierto la Ley Nº 29849 ha dispuesto la eliminación progresiva del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. A la libertad sindical. no es menos cierto que nada les garantiza a los trabajadores que una vez eliminado este régimen sigan manteniendo sus empleos. g. Afiliación al régimen contributivo de la seguridad social. aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR. paternidad. y cuando corresponda. l. Licencias con goce de haber por maternidad. ejercitada conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ahora los tendrían. A afiliarse a un régimen de pensiones. pudiendo elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. es innegable que. pues quienes antes no tenían ningún derecho. ahora no solo porque estos contratos son eminentemente temporales y no pueden ser celebrados por un plazo que exceda al correspondiente año fiscal. siendo que si ello ocurre esta solo deberá abonar al trabajador cesado arbitraria o injustificadamente una pequeña indemnización. aunque estos sean concedidos no de igual manera que los trabajadores de otros regímenes laborales. sumado a ello el hecho de que en la práctica la renovación o no de los contratos viene siendo un acto meramente discrecional – aunque solo debería supeditarse a la necesidad institucional y al mérito del trabajador–. h. ¿en realidad no tenían ningún derecho? Si bien materialmente no percibían los derechos y beneficios propios de toda relación laboral. afiliarse al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Los gestores de esta “reforma” señalaron que esta normativa implicaba pasar a un estado de mejoría de los prestadores de servicios. . j. siendo el principal el mal entendimiento que se tuvo cuando se pretendió regularizar la situación de los miles de trabajadores informales que le prestaban servicios al Estado. k. Pero. tenían habilitado el derecho para demandar judicial el reconocimiento de sus derechos y regularizar su situación. Recibir al término del contrato un certificado de trabajo. Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad. f.estabilidad. y normas reglamentarias. sino también porque –aunque sea increíble– se establece que la “resolución arbitraria o injustificada” del contrato administrativo de servicios es un derecho de la entidad empleadora.
laboral de plazo indefinido. En efecto. A la fecha cerca de 500. Efectivamente. sin embargo. Si bien la implementación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el papel sería beneficiosa. el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios no ha sido la solución a la gran problemática del empleo público. el de la condición más beneficiosa. viene dando lugar a una serie de abusos contra los trabajadores. ya sea bajo el régimen laboral privado o el público. por el contrario.000 servidores estatales vienen prestando servicios mediante este régimen desde la entrada en vigencia de esta norma. si ya tenían el derecho –aunque no materializado– a tener una relación de trabajo tal como cualquier trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada o pública (según corresponda). la Corte Suprema de Justicia de la República ha expedido una serie de casaciones27[27] en las que precisamente da cuenta de la invalidez de los contratos administrativos de servicios en los casos en los que previamente ya existía una relación laboral –aunque informal. y que era indemne a la aplicación de los principios fundamentales del Derecho del trabajo. Casación Nº 364-2012-La Libertad. pero relación laboral al fin–. siendo que ello descartaría por completo la posibilidad de estar sujetos a una inestabilidad laboral. pasarlos al régimen de contratación administrativa de servicios implica trasladarlos a un régimen perjudicial que les concede menos derechos. Casación Nº 3123-2011-Lambayeque. entre ellos. Casación Nº 10-2012-La Libertad. vulnerándose con ello una serie de principios rectores del Derecho del trabajo. descartándose con ello la tesis pregonada por el Estado referente a que la celebración del contrato administrativo de servicios implicaba la generación de un vínculo distinto y nuevo. Casación Nº 3151-2011-Lambayeque. Nos referimos al caso de los trabajadores que venían prestando sus servicios de manera informal al Estado y luego fueran adscritos a este régimen. con un criterio garantista y con pleno conocimiento del Derecho trabajo en toda su amplitud. en tanto una relación laboral existe esencialmente por la comprobación fáctica de los elementos esenciales del contrato de trabajo. sobre todo con el hecho de no tener garantizada su estabilidad laboral. los principios de continuidad y causalidad. Casación Nº 4447-2011-Tacna. sino a través de los regímenes laborales privado o público. No es cierto que pasen a tener una situación jurídica mejor o más beneficiosa. y el referido a que ninguna relación laboral puede limitar el libre los derechos laborales y el libre y pleno ejercicio de ellos. Casación Nº 40-2012-La Libertad y Casación Nº 44-2012-La Libertad. de forma contraria a lo que se puede pensar. por lo que no podían contratados mediante el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. . ocurre un hecho de especial interés que recientemente viene siendo solucionado por la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación Nº 38-2012-La Libertad. pues si se revisa detenidamente esta normativa de hecho nos daremos cuenta que contiene una serie de defectos e imperfecciones normativas. Solo nos estamos refiriendo a uno de los temas neurálgicos. con los mismos derechos que ellos. 27[27] Entre las que tenemos las siguientes: Casación Nº 07-2012-La Libertad.
4. Nos hemos referido a la evolución del Derecho del trabajo individual en el Perú. que los trabajadores que actualmente pertenecen a este régimen se encuentran excluidos en buena parte de sus derechos del Derecho del trabajo. entonces.Puede decirse. Y es labor del Derecho del trabajo y de todos los que convivimos con él.com en 10:51 Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest Etiquetas: Constituciones del Perú. Oxal Víctor Ávalos Jara Abogado laboralista Comentarios y consultas a: Oavalos@avalos-jara. y no es posible que se quiebre este vínculo. nos queda como reflexión el hecho de que el Derecho del trabajo debe ir construyéndose sobre la base de verdaderas necesidades. Derecho del trabajo. pues es solo de esa forma que se pueden atenuar o menguar las diferencias sociales existentes y poner fin a las injusticias creadas no solo por los vacios o deficiencias legales. regulación del trabajo No hay comentarios: . sino –sobretodo– por los propios actores de las relaciones laborales en nuestro país. siendo incluso que hasta el Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos con lo que convalida los abusos acaecidos al amparo del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. historia del Derecho. y no solo hemos visto el desarrollo que se ha tenido de sus instituciones. económicos y culturales acaecidos en un país. Reflexiones finales Definitivamente el Derecho del trabajo debe ir de la mano con los cambios sociales. pero felizmente los Juzgados y las Salas Laborales. mientras existen otras que se encuentran totalmente fuera de contexto. pues al suceder ello seguramente va a tener como consecuencia que la regulación –o desregulación– no proteja adecuadamente los derechos laborales con las garantías mínimas y necesarias. también hemos advertido la existencia de normas que sí son acordes con el avance y con los tiempos actuales. En este sentido. y aunque es evidente el abuso que recae sobre ellos. luchar por la coherencia entre la realidad –y las necesidades provenientes de ella– y la normativa que seguida y desordenadamente va surgiendo como consecuencia de las necesidades sociales. lo que a su vez va a suponer un desbalance notorio entre la parte compuesta por trabajadores y la compuesta por los empleadores. el Estado-empleador no hace absolutamente nada para corregir tal situación. así como la Corte Suprema de Justicia de la República vienen frenando esta injusta situación y haciendo prevalecer el Derecho del trabajo para tutelar los derechos laborales cuando corresponda.
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 artículo 49
 artículo 48
 artículo 56
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 artículo 43
 artículo 44
 artículo 48
 Resolución 
 artículo 27