Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/el-impacto-laboral-del-covid-19.html
Timestamp: 2020-06-02 12:18:10+00:00

Document:
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: El impacto laboral del Covid-19. Recopilación de aportaciones de la doctrina jurídica laboralista (1 de abril a 6 de mayo).
El impacto laboral del Covid-19. Recopilación de aportaciones de la doctrina jurídica laboralista (1 de abril a 6 de mayo).
1. El lunes 16 de marzo publiqué la primera entrada en el blog dedicada al coronavirus, que llevaba por título “¿Cómo le afecta al mundo del trabajo elcoronavirus? Análisis e informaciones de interés sobre los efectos del COVID-19en el ámbito laboral”. Obviamente, no era consciente de la importancia que la emergencia sanitaria desencadenada desde entonces iba a tener en la publicación de normas y en las aportaciones doctrinales desde diversas perspectivas, entre ellas, y por lo que ahora me interesa a los efectos del presente texto, la jurídico laboral. Me permito reproducir los dos primeros fragmentos de aquella entrada:
“El objeto de esta entrada es analizar algunos documentos recientes, se puede decir en realidad que muy recientes, ya sean de carácter normativo, instrucciones de las respectivas autoridades competentes de distintas Administraciones Públicas, notas internas que ya apuntan claramente a inminentes nuevas normas, propuestas formuladas por las organizaciones empresariales y sindicales (en esta ocasión ha sido fácil llegar a acuerdos, ya que sustancialmente aquello que se ha acordado es pedir al gobierno del Estado que actúe en determinados ámbitos laborales), y las explicaciones efectuadas por compañeros y compañeras del mundo laboral a través de las redes sociales y especialmente de los blogs, que en la situación actual se convierten en una herramienta de indudable importancia para mantener informada tanto a la ciudadanía en general como muy especialmente a quienes ya se han visto, o se van a ver, afectadas y afectados por circunstancias médicas y económico-laborales con inmediatas repercusiones sobre la imposibilidad de la prestación laboral por causas totalmente ajenas a su voluntad (y también de la empresa o institución para la que prestan sus servicios, ya sea en régimen laboral o funcionarial).
Y antes de iniciar esta explicación, cuyo contenido puede verse modificado (casi seguro que será así) en días posteriores por la rapidez con la que evoluciona los acontecimientos, vaya por delante mi apoyo a todas las medidas que se adopten por el gobierno del Estado, y en el ámbito de sus competencias por los de las Comunidades Autónomas, que tengan por finalidad preservar la continuidad de las relaciones de trabajo y evitar que sean las personas trabajadoras (por cuenta ajena y por cuenta propia) nuevamente las que la sufran las consecuencias de una crisis en la que han tenido muy poco, por no decir que nada, que ver.
2. El siguiente post lo publique el 19 de marzo, y desde entonces, con algunas excepciones, he publicado una actualización diaria de normativa y de aportaciones económicas, jurídicas y sociales relacionadas directamente con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
Es una tarea ciertamente compleja, por ser obligado el seguimiento de la normativa (internacional, europea, especialmente la estatal, y también la de las autonomías, con especial atención a Cataluña) y de muchas páginas web de organizaciones económicas y sociales, además de los blogs (cada vez, afortunadamente en mayor número), individuales o grupales, de la joven, postjoven y madura doctrina jurídica laboralista.
Y es una tarea que he venido haciendo, y ojala no tenga que seguir haciéndolo durante mucho tiempo más ya que ello sería señal inequívoca de mejoría sanitaria que nos debería llevar a una “normalidad mejor”, término utilizado por el director general de la OIT, Guy Rider y que me parece mucho más claro de hacia donde debemos transitar en el futuro inmediato que el tan de moda “nueva normalidad”, con mucho interés, ya que de esta forma te obligas a intentar estar al día de todos los cambios normativos y, al menos, de las más importantes aportaciones doctrinales. Seguramente contribuye a la realización casi diaria de esta actualización el estar confinado en el domicilio desde el dia 15 de marzo y no habiendo dado el primer paseo o caminata hasta el 2 de mayo. Qué hubiera ocurrido si no hubiera existido tal restricción de movimientos y el tiempo “invertido” en la preparación de las entradas hubiera sido dedicado, en buena parte, a la preparación y realización de otros menesteres, es algo que nunca sabremos y que por ello no debe merecer ahora mayor atención por mi parte.
3. Me ha parecido interesante, y de ahí esta entrada, “recuperar” en un solo texto, las referencias dedicadas a las aportaciones de la doctrina jurídica laboralista desde el 1 de abril. La fecha, ciertamente tiene algo de aleatoria en su elección (hubiera podido ser la primera, 16 de marzo, en la que empecé a abordar la temática del coronavirus), pero al mismo tiempo encuentra justificación ya que es desde esa fecha, o más exactamente (después de releer todas las entradas) el día 3, cuando trato de sintetizar los contenidos que considero más relevantes o significativos de las aportaciones doctrinales leídas y posteriormente seleccionadas para publicación (lo cual, evidentemente, no quiere decir que esa selección sería la que hubiera elegido las y los autores de los artículos), algunas de ellas anteriores a esa fecha.
Es obvio que hay muchas más aportaciones doctrinales a las que no habré tenido acceso o que aún habiéndolas leído no hayan sido posteriormente referenciadas, lo que no quita un ápice a su posible interés. Afortunadamente disponemos de revistas como “Ciudad delTrabajo. Actualidad laboralista”, dirigida por el magistrado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Miguel Ángel Falguera, que son una fuente imprescindible de conocimiento para saber qué se ha publicado en revistas y en redes sociales durante cada mes.
4. No obstante, antes de adentrarme en la selección ordenada de las tantas veces citadas aportaciones doctrinales, voy a efectuar, de mi propia cosecha y por tanto asumiendo total y absolutamente la responsabilidad de la síntesis y selección de fragmentos o partes elegidas, una amplia selección de dos editoriales publicados muy recientemente en revistas laboralistas de indudable calidad y que en realidad son dos muy detallados artículos sobre la problemática social y laboral relacionada directamente con la emergencia sanitaria.
Me refiero en primer lugar al publicado en la revista Derecho de las Relaciones Laborales, número 4 de 2020, monográfico (y añado yo que extraordinario por su calidad) sobre “El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia del Covid-19”, a cargo de sus codirectores, la profesora Maria Emilia Casas Baamonde y el profesor Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. Dado que la revista no está disponible en abierto, me he detenido con detalle en la selección de aquellas partes o fragmentos que a mi parecer son más destacadas. Cuando se consulte el número monográfico, que podría convertirse en un libro en fechas no muy lejanas, se podrá comprobar que mi mención al carácter no solo monográfico sino también extraordinario (de calidad) de la revista adquiere plena justificación por quienes participan (presunción iuris tantum, cuando menos, y “iuris et de iure” a mi parecer para todas y todo ellos, con obvia exclusión de la valoración que merezca mi aportación, que dejo al juicio de quienes la lean).
En segundo lugar, el editorial “recién salido del horno” de la Revista de Trabajo y SeguridadSocial del CEF, núm. 442, mayo 2020, a cargo de su director, el profesor Cristóbal Molina Navarrete, también, como el primero, de obligada lectura para acercarse a la problemática jurídica y social del Covid-19. Dado que el texto esta disponible en abierto, he optado por seleccionar sólo aquellos contenidos que creo que reflejan mejor la aportación del autor y las “provocaciones intelectuales” que lanza (nos lanza) a la doctrina laboralista.
No descubro nada, ni hago ningún spoiler, si adelanto que los lectores y lectoras se van a encontrar con dos formas, dos maneras, dos estilos, de acercarse a la problemática laboral derivada de la emergencia sanitaria, que en modo alguno quiere decir que sean contrapuestos sino que se plantean desde distintas líneas de trabajo y de selección de aquellas temáticas que se han considerado más relevantes.
Buen debate jurídico sin duda, que seguirá en el inmediato futuro a medida que la situación sanitaria vaya mejorando y también deba decidirse sobre el mantenimiento, modificación, readaptación o derogación de la normativa dictada desde el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de declaración del estado de alarma, que ya encontró un anticipo laboral en el Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo, con la regulación de “Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19”.
II. Síntesis del editorial de Derecho de las Relaciones Laborales núm. 4/2020. “Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19”
“… El Derecho del Trabajo ha demostrado contar con instrumentos lo suficientemente flexibles para enfrentarse a tales situaciones. Pero ha necesitado, además, del dictado de una serie de disposiciones específicas de alcance temporal para enfrentarse con las consecuencias laborales de la pandemia, ya sea corrigiendo y excepcionando temporalmente la aplicabilidad de la normativa laboral existente, ya sea recurriendo a aprobar nuevas normas dirigidas a establecer amortiguadores sociales.
Este monográfico de Derecho de las Relaciones Laborales será un número para la historia de una emergencia sanitaria global nunca vivida, con un desolador índice de enfermedad y letalidad, que esperemos nunca se repita. Sus consecuencias sociales y económicas nos acompañarán durante tiempo en la reconstrucción que hemos de emprender superado el estado de alarma, y la pandemia cuando el avance de la ciencia lo permita. Por ello la necesidad de este número de nuestra Revista, igualmente extraordinario, era indiscutible para tomar el pulso a un Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que ha desempeñado un papel estratégico en esta emergencia sanitaria de COVID-19 y que lo seguirá haciendo en la reconstrucción social y económica de nuestro país…..
“… 2. La incidencia del estado de alarma en la actividad productiva y en los empleos
… Las medidas normativas urgentes frente a la pandemia de COVID-19 forman ya un Derecho de una cierta complejidad y, en general, con fecha prevista, unas veces cierta y otras incierta, de caducidad. Es un Derecho temporal excepcional unido en su existencia a la vigencia del estado de alarma, con sus prórrogas, o a un mes después de su finalización o, tras esa finalización, a la normalización del funcionamiento de las oficinas de atención e información al ciudadano de las distintas entidades gestoras de la seguridad social y de las oficinas de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, o a plazos determinados de duración a que se sujetan las distintas medidas reguladas, o al mantenimiento de la situación extraordinaria derivada del COVID-19, según las propias y en ocasiones inciertas determinaciones normativas, no siempre las mismas, que, en algún caso, normas posteriores, se han visto obligadas a corregir y unificar, aunque no plenamente….
“… 3. La saturación del sistema sanitario, el incremento de la obligación de trabajar y el necesario mantenimiento de “servicios esenciales. Una esencialidad diferente
Se trata de un Derecho temporal excepcional que afecta a los derechos laborales del personal sanitario justificado en la protección de la salud de las personas en la actual situación de emergencia sanitaria.
… El concepto no es, pues, el de “servicios esenciales para la comunidad” que figura en el artículo 28.1 de la Constitución para ordenar al legislador establecer las garantías precisas para asegurar su mantenimiento mediante mínimos de actividad compatibles con el ejercicio del derecho fundamental de huelga de las personas trabajadoras, que así resulta limitado, y que el Tribunal Constitucional ha identificado con los servicios que satisfacen derechos, libertades y bienes constitucionalmente protegidos; ni tampoco el idéntico del artículo 37.2 de la Constitución que, ante el ejercicio del derecho de adopción de medidas de conflicto colectivo por los trabajadores y los empresarios, habilita a la ley para establecer limitaciones que aseguren el funcionamiento de esos “servicios esenciales para la comunidad”.
Aunque en ocasiones puedan coincidir en su ámbito objetivo, la esencialidad de sectores y actividad es más amplia en el contexto de la emergencia sanitaria. En el RDL 10/2020, y previamente en el Real Decreto que declaró el estado de alarma, y en las normas de las autoridades competentes delegadas, el concepto tiene la funcionalidad diferente de ordenar la continuación de la actividad económica y del trabajo ordinario o el extraordinario de las personas trabajadoras necesario para el mantenimiento, para el funcionamiento mínimo o pleno de determinados sectores de actividad, o de actividades imprescindibles, o de servicios mínimos o de servicios esenciales en el sentido constitucional del término, en las distintas formulaciones de los veinticinco ítems del anexo del mencionado RDL 10/2020. Esta esencialidad comprende la prohibición de su cierre empresarial, así como de la reducción o suspensión de su actividad, que se traduce en el ámbito jurídico-laboral en la prohibición de recurrir a las técnicas utilizadas por este Derecho del Trabajo en la emergencia para suspender o reducir el trabajo, y al teletrabajo, en la medida en que se requiere el trabajo presencial…..
“… 4. El Derecho del Trabajo en la emergencia del coronavirus COVID-19
En España, a partir de la situación constitucional excepcional de alarma, el Derecho del Trabajo se ha presentado inicialmente con un carácter complementario, para atender las consecuencias empresariales, laborales y sociales de la gravísima crisis sanitaria, pero ha evolucionado rápidamente hacia su utilización como un instrumento de consecución de la finalidad esencial del estado de alarma, la limitación de la libertad de circulación de los ciudadanos, su confinamiento, para evitar el contagio y la propagación de la pandemia.
En la presente situación el Derecho del Trabajo ha mostrado, además, su condición de instrumento estratégico indispensable para poder afrontar la magnitud de la problemática laboral, social y económica generada por la situación de emergencia sanitaria y, sobre todo, por sus efectos en la vida social, económica y laboral. El estado de alarma no permite la suspensión, pero sí la limitación proporcional de derechos fundamentales. Esa limitación de derechos fundamentales ha afectado al funcionamiento normal de las actividades productivas y laborales, y, al mismo tiempo, ha concedido poderes extraordinarios al Gobierno para aprobar nuevas reglas temporales que inciden en la dinámica del contrato de trabajo y en la cobertura de contingencias o situaciones de necesidad agravadas y extendidas por la pérdida de actividad laboral y productiva, que han de operan con la condición de amortiguadores sociales que han traspasado el ámbito “profesional” y que se han traducido también en ayudas para empresas, para deudores hipotecarios, para arrendatarios, víctimas de violencia de género y más genéricamente para situaciones de vulnerabilidad social, fuera de los terrenos propios de los sistemas de protección social.
…. Los principios reguladores de las medidas extraordinarias en el ámbito laboral han sido el mantenimiento del empleo para evitar despidos, esto es, para evitar un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, que ha de mantenerse para la esperada reapertura de la economía superada la emergencia sanitaria de COVID-19, y, no obstante, ello, la protección reforzada por desempleo….
“… 6. La quiebra del sistema de fuentes normativas del Derecho del Trabajo en el Derecho del Trabajo en la emergencia
Declarado el estado de alarma a través del instrumento normativo requerido por la Constitución, un decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados (artículo 116.2), cuya naturaleza y eficacia no importa a nuestros efectos –es sabido que hay jurisprudencia constitucional no unánime al respecto–, su impacto económico y social, y en concreto laboral, ha sido atendido por disposiciones aprobadas por el Gobierno, autoridad competente a los efectos del estado de alarma, a través de los Reales Decretos-leyes 8, 9, 10, 11, 12 y 13/2020. …. Sin embargo, en bastantes ocasiones, los decretos-leyes han incluido regulaciones procedimentales detalladas que, aunque transitoriamente, han afectado a la aplicación de normas de rango reglamentario, invadiendo el espacio propio encomendado al reglamento.
… Son normas coyunturales obligadas y queridas en su excepcionalidad temporal. Queridas, para remarcar el carácter coyuntural de la emergencia sanitaria y de las respuestas de las normas de contenido laboral y de seguridad social a su poderoso impacto en el trabajo, en el empleo, en el desempleo, y en las técnicas arbitradas y en los fondos, públicos y privados, activados para proteger a los trabajadores y a los colectivos sociales más vulnerables. Obligadas, por el carácter excepcional y temporal de la emergencia sanitaria y humanitaria y su permanente evolución, que se ha encauzado a través de medidas legislativas encadenadas en una serie normativa veloz –entre la aprobación de los Reales Decretos-leyes 9 y 10/2020 solo transcurrieron dos días y tan sólo un día entre sus respectivas publicaciones oficiales–, en que las posteriores han complementado, desarrollado y modificado las anteriores para adaptarse a la evolución de la crisis sanitaria, pero también para interpretarlas y para corregir sus insuficiencias y defectos técnicos. Sin que en absoluto pueda descartarse que la emergencia sanitaria de COVID-19 demande más medidas u otras medidas laborales y de seguridad social.
… Esta serie de normas legales de urgencia apenas ha modificado con vigencia indefinida el ordenamiento jurídico. Desde luego, esas normas no han modificado para el futuro ninguna norma jurídico-laboral o de seguridad social. No es ya que no contengan una reforma laboral, es que no contienen reforma alguna del ordenamiento laboral y de seguridad social llamada, en principio, a permanecer, ninguna reforma estructural. Su técnica más extendida ha consistido en introducir modificaciones excepcionales temporales en las normas legales ya existentes sobre las que actúan, más precisamente en el terreno de su aplicabilidad que modifican, suspenden y excepcionan, o en crear otras nuevas con igual finalidad excepcionadora o particularizadora, y que, en el tenor de su mandato, mantienen su vigencia en tanto dura la causa que las ocasiona, si las medidas tienen plazo determinado de duración, de ordinario relacionado con la emergencia extraordinaria de COVID-19 cubierta por la declaración del estado de alarma y sus prórrogas, que es lo que sucede con las medidas sobre los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y sus efectos de seguridad social, o, con carácter general las medidas del RDL 8/2020 hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, sin perjuicio de su posible prórroga (disposición final décima del RDL 8/2020 y disposición final duodécima del RDL 11/2020); durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas (disposición final tercera del RDL 9/2020); como ya se advirtió, sin cláusula de vigencia el RDL 10/2020, aunque condicionada la vida de las instituciones jurídicas reguladas a periodos temporales precisos conforme a sus artículos 2 y 3 (el permiso obligatorio retribuido recuperable y la relación de sectores y servicios esenciales del 30 de marzo al 9 de abril; la recuperación de las horas no prestadas del permiso desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020); hasta el 30 de junio de 2020 las medidas de empleo agrario temporal y hasta la recuperación del funcionamiento normal de las entidades gestoras de la seguridad social y del SEPE (disposición final sexta del RDL 13/2020).
…. Es un Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la emergencia, aquejado de un elevadísimo ritmo de sucesión normativa, que dificulta su mera exégesis, agravada por la defectuosidad técnica de disposiciones –no obstante las correcciones de errores con que han contado los Reales Decretos-leyes 7, 8 y 11/2020– que no regulan totalmente el supuesto de hecho al que atienden dejando lagunas e imprecisiones a una interpretación que en esta emergencia no puede unificarse por el órgano judicial que tiene la atribución constitucional de hacerlo, e incluso de algunas contradicciones entre normas legales sucesivas.
…. En el Derecho del Trabajo en la emergencia no se ha tomado en cuenta el posible papel de la negociación colectiva para establecer medidas de flexibilidad interna que permitirían posibilidades distintas de adaptación y distribución del tiempo de trabajo anual y de las condiciones de trabajo. No hay razón alguna para entenderlas inoperativas, pues las normas laborales de emergencia de la crisis del coronavirus no han suspendido, menos clausurado, el ordenamiento laboral; han excepcionado temporalmente las condiciones de aplicación de algunas de sus normas o han adoptado decisiones normativas complementarias en la situación de emergencia. No podrían haberlo hecho, pues los decretos leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución (artículo 86.1), entre los que se encuentra el derecho a la negociación colectiva laboral de su artículo 37.1. Ni la declaración del estado de alarma puede suspender los derechos y libertades constitucionales, sólo limitar el ejercicio de algunos de ellos.
…. El plano puramente aplicativo de las fuentes no es menos relevante. Si su producción ha estado sujeta a una incertidumbre extraordinaria, que explica la naturaleza de la crisis sanitaria, la diversidad de respuestas de las Administraciones laborales autonómicas, la falta de coordinación de la autoridad competente delegada, la inexistencia de una doctrina judicial unificadora, y la ausencia de mecanismos de negociación colectiva, describen un escenario de inseguridad jurídica.
El resultado de toda esta regulación es un conjunto no ordenado y a veces improvisado de disposiciones de diverso rango, nivel y alcance, que generado una situación excepcional de nuestro ordenamiento laboral que ha recordado prácticas normativas del pasado modelo autoritario: el reforzamiento temporal de la estatalidad de nuestro ordenamiento laboral, caracterizado en nuestro modelo democrático por el pluralismo de las fuentes y el juego de la autonomía colectiva, la reducción del papel de la ley formal llamada por el artículo 35 de la Constitución y la ampliación del papel de regulaciones e intervenciones administrativas no siempre de la Administración Laboral, el acentuar el papel de policía y represor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el desplazamiento y marginación de las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores (también porque la acción sindical se dificulta o se impide en los centros de trabajo cerrados), a lo que se une la reducción de libertades y derechos fundamentales por las medidas adoptadas frente a la pandemia.
Además, la diversidad, complejidad técnica y, a veces, no debida coordinación de las medidas adoptadas ha sacrificado o dificultado su inteligibilidad y la certeza del derecho a aplicar, y con ello la seguridad jurídica mandatada por el artículo 9.3 de la Constitución.
“…. 10. Consideración final
A diferencia de la emergencia provocada por las crisis económicas del pasado siglo y por la financiera global de la primera década de este siglo estamos ante una crisis sin precedentes, distinta de la financiera de 2008 y tratada hasta este momento con una metodología diferente a la que allí se utilizó. Este Derecho del Trabajo de urgencia ha desarrollado nuevas y viejas técnicas, tomadas algunas de la reforma laboral de la crisis financiera de 2012, en una emergencia cotidiana y, en principio, efímera. Se ha tratado de medidas urgentes condicionadas a la subsistencia de la propia coyuntura imprevisible que constitucionalmente las ha justificado y permitido.
… Sin embargo, pese a su carácter efímero estas medidas laborales en la emergencia no dejarán de tener influencia en el devenir del Derecho del Trabajo, pues en la reanudación de la normalidad, sin duda las cosas ya no serán como antes. En la primera fase de la reanudación estará vigente la regulación laboral “extraordinaria” adoptada en la emergencia mientras esté vigente el estado de alarma prorrogado (ya no la “extraordinaria con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19” del permiso retribuido recuperable impuesto por el RDL 10/2020 para lograr la “hibernación” de la economía). Cuando el estado de alarma finalice, las relaciones laborales se someterán al Derecho del Trabajo vigente, salvo algunas normas laborales aprobadas en la emergencia que, como se ha dicho, tienen prevista una duración limitada más prolongada, y sin perjuicio de la prórroga deseable de las que tienen su vida contada.
Pero, pese a todo, lo más probable es que la experiencia sufrida durante la emergencia abra una nueva fase de nuestro Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El enfrentamiento, tras la superación de la crisis sanitaria, con la crisis económica generada por la pandemia y la paralización de actividades que ha provocado permite augurar una regulación que habrá de seguir unas pautas diferentes a las adoptadas para afrontar la crisis financiera de 2008.
El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la emergencia sanitaria ha salido bien parado, e incluso fortalecido. Ha demostrado poseer unas técnicas e instrumentos adecuados para enfrentarse con la incidencia en los contratos de trabajo del incremento de actividades sanitarias y de protección de la población, y con la reducción de actividades económicas para evitar la propagación de la pandemia. Ha cumplido su función y su razón de ser. Su papel reequilibrador y de tutela de las personas que trabajan se ha visto reforzado notablemente en la emergencia, y la legislación laboral nacida en esta emergencia ha corregido el excesivo economicismo de la legislación laboral reciente.
La importancia del empleo estable, la aplicación masiva y preferente de medidas de flexibilidad interna y de suspensiones temporales en su defensa, como alternativa a las desmedidas e injustificadas altas cifras de temporalidad, constituye un nuevo desafío para futuras reformas laborales. También en el campo de la seguridad social hemos tenido lecciones que aprender, tanto en su financiación pública, más allá de sus elementos contributivos, como en la ampliación de las prestación de desempleo a colectivos hasta ahora abandonados por el sistema….
III. Síntesis del editorial de la Revista de Trabajo y Seguridad Social núm. 442, mayo 2020. “La COVID-19 y el arte de lo(jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo”.
“…el editorial y el análisis de actualidad del número pasado lo dedicamos a esa necesaria misión expositivo-crítica inicial del nuevo entramado normativo (a la proliferación de reales decretos-leyes se sumaría la multiplicación de disposiciones de regulación ministerial –«derecho subterráneo»–). Esta fase del proceso jurídico-social está lejos de agotarse….
El carácter no solo aluvional (como se denominó con acierto en el editorial del –robado– mes de abril) sino atropellado de esta legislación de urgencia para la emergencia de la COVID-19 es un rasgo característico de la misma.
…. El riesgo de colapso interpretativo al que me refiero no está en la saturación cuantita­tiva de los juzgados y tribunales, sino en la fuente que deberá servir para dar solución a esos conflictos, esto es, en el derecho mismo (en nuestro caso, el derecho del trabajo, para otros, el derecho constitucional, el civil, el penal o el administrativo –por ejemplo, aluvión de sanciones impuestas por no respetar el confinamiento, amenazadas con alto riesgo de nulidad–). Esto es, el problema que querría fundamentar e ilustrar de forma sucinta y práctica, en lo posible (aun sabiendo de su com­plejidad teórica e institucional), es más bien la saturación cualitativa del orden jurídico-laboral por la legislación de excepción contra las consecuencias laborales nocivas de la pandemia de COVID-19. Una saturación que tendría, a su vez, dos vertientes.
La primera, más conocida: el cúmulo de vicios jurídicos de esta legislación de excep­ción (lagunas, contradicciones, deslegalizaciones, extralimitaciones, etc.) que complica de forma extrema su comprensión práctica, como prueba no solo que requiera continuamente del complemento de un inmenso arsenal de criterios interpretativos, notas, instrucciones, resoluciones, etc., de los órganos administrativos, sino también que ni tan siquiera lo más granado de la doctrina laboralista se atreva a ofrecer solución alguna cierta.
…. La segunda vertiente de lo que denomino «situación de peligro concreto de colapso interpretativo» se identifica con las contradicciones, sino aporías, creadas por esta situación de emergen­cia sanitaria y su legislación excepcional de afrontamiento, hasta empujar al sistema jurí­dico «común», vigente por no ser «suspendido», al menos formalmente, a los límites de un doble abismo: la incoherencia sistémica del orden jurídico, por el desbordamiento de sus principios axiales (de procedimiento y sustantivos), y la pérdida, igualmente difusa, de su practicidad (aplicabilidad efectiva), por la falta de factibilidad de parte significativa de sus mandatos, que devienen difícilmente realizables (posibles) en la realidad.
…. Pero ¿el fin social –loable, debido, necesario– justificaría cualquier medio políticamente de­cidido y formalizado mediante el poder de au­toridad legislativa excepcional y en la medida establecida por tal saber (de expertos/as)- poder (público), por servir al bien común, fijado únicamente por aquel? No voy a responderla directamente, queda claro que es retórica. Me interesa más argumentar, sobre casos, la ur­gente e importante necesidad de abrir este debate de forma seria también en sede jurídico-laboral. Por supuesto, no comparto la convicción de que no es tiempo para ello, que hay que esperar. Como tampoco creo que esta legislación de excepción socialmente orienta­da sea inocua para un buen número de derechos laborales (dejo de lado, en este momen­to, todo lo que tiene que ver con las medidas de Seguridad Social, la gran «paganini» de la crisis, conforme a su clásico papel de instrumento fundamental de amortiguador social e inversión productiva; no tengo ningún reproche al respecto desde este punto de vista). De ahí el enfoque central de este editorial, aunque no sea tampoco el espacio adecuado para afrontarlo con la profundidad que merece, de lo que habrá tiempo, en efecto, y en las pági­nas de próximos números iremos abordándolo, simultáneamente a los enfoques de «pura» actualidad sociolaboral (nuevas leyes de urgencia).
… La habilitación para la prórroga decretal, por un número de veces indefinido en la ley, más allá de 3 meses después de levantada la alarma, de la preferencia por el teletrabajo es el primer ejemplo elegido. Esta regulación acumula numerosos vicios de técnica jurídica. El artículo 15 del RDL 15/2020 ilustra bien este vicio sistémico relativo a la saturación cualita­tiva del orden jurídico laboral común, con deriva hacia lo que denomino «situación de peligro de colapso interpretativo del sistema en sí», a raíz de la extensa e intensa presión sobre él por la incesante e invasiva legislación de excepción anti-COVID-19.
...Como voy a intentar acreditar, la solución no solo tensa el orden jurídico ordinario, in­cluso comunitario, en el estado de alarma. Más allá, con una inquietante vocación de con­tinuidad, sobreviviría a su causa excepcional. De ahí que devenga desproporcionada, salvo que se quiera –otra cosa es que se pueda– cambiar la naturaleza de esta alternativa forma de empleo y de organización del trabajo basada en la tecnología digital, aún inserta en el viejo trabajo a domicilio, convirtiéndola en un auténtico mito….
…. El segundo ejemplo seleccionado de la experiencia forense más reciente nos va a permitir ilustrar la segunda dimensión de este riesgo de colapso interpretativo, los límites no del derecho al poder excepcional, sino los «límites del hecho al derecho» en excepción (aquí en emergencia sanitaria). Me refiero a la cuestión, hoy muy conflictiva, del alcance con­creto de la obligación empleadora de protección eficaz de la seguridad y salud en el traba­jo ex artículo 14 de la LPRL, respecto al riesgo de contagio de COVID-19 en los centros de trabajo.
…. Entramos, así, en el tercer ejemplo elegido, de máxima actualidad y pleno simbolis­mo en el mes de mayo, para acreditar mi inquietud sobre el riesgo de saturación o colapso sistémico del orden jurídico-laboral, como una expresión más de la propia mutación cons­titucional que, de facto, entraña una legislación de excepción tan abrumadora, incesante y contradictoria como la que prolifera para hacer frente al COVID-19. Se trata de la tensión que se ha producido entre el deber constitucional del poder gubernativo de proteger la salud pú­blica (arts. 15, 40 y 43 CE) y el derecho fundamental de reunión y manifestación (art. 21 CE). Un conflicto añadido a la larga saga en esta emergencia y que suele resolverse con lógicas prohibicionistas y suspensivas de derechos fundamentales.
…. Es hora de reclamar la restauración de nuestros derechos y libertades, también en el ámbito laboral, sin que quepa aceptar un bienestar sin derecho, una legalidad a golpe de decreto –sea ley o no–“.
IV. Aportaciones de la doctrina jurídica laboralista.
1. Amanda Moreno Solana. Prevención de Riesgos Laborales y Covid-19 (coronavirus): dificultades para el cumplimiento de las obligaciones preventivas https://bit.ly/3fwLaNE 27 de marzo.
·… Como vemos, estamos ante un contexto confuso, cambiante, ambiguo, interpretable. Un contexto que, también desde el punto de vista jurídico-preventivo es complicado. Que la obligación de suministro de EPI´s es clara y evidente nadie lo discute (RD 664; RD 773; art. 17 y 21 LPRL; que el derecho a la salud en su vertiente de derecho a la vida e integridad física, es un derecho fundamental (art. 15 CE) también es una cuestión que ha quedado clara tras las interpretaciones vertidas sobre el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores realizadas, desde hace tiempo, por nuestros Tribunales. Pero en un momento en el que faltan los medios de protección, en una situación de estado de alarma por emergencia sanitaria como el que estamos viviendo, no parece que haya más opción que acudir a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es por ello, que, a efectos preventivos, habrán de tenerse en cuenta, por un lado, los niveles de riesgo, según las actividades profesionales que se realicen, diferenciando las más expuestas de las menos, cuestión que, como decíamos no está completamente clara para algunos supuestos. A estos efectos se puede seguir la Tabla 1 del Criterio Operativo 102/2020 de la ITSS y del Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención; y por otro lado, debemos atender al hecho de estamos en circunstancias muy excepcionales a efectos de proporcionar los medios de protección necesarios, de forma que esta obligación debe pasar por su cumplimiento en el menor tiempo posible, y no tanto, como apuntan los Autos de los Juzgados de Madrid, con plazos realmente imposibles de cumplir…”
2. Patricia Nieto Rojas. “COVID-19y ERTES por causas económicas: ¿con quién negocia la empresa? nuevamente másincertidumbres que certezas” 30 de marzo.
¿Qué tiene que hacer la empresa si no se han elegido representantes legales? Como novedad relevantísima, señala el RD Ley 8/2020 que, en el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. Y solo en el caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Dos apuntes respecto a la redacción del art. 23.1 RD Ley 8/2020. Con esta decisión, la prioridad de interlocución se da a los mandatados del sindicato, rompiendo la neutralidad del art. 41.4 ET que reconoce como facultad de los trabajadores la designación de la comisión, esto es, laboral o sindical, imponiendo a la empresa la obligación de explorar esta vía de interlocución, es decir, comunicación previa a los sindicatos para que nombren comisión negociadora, y solo ante la imposibilidad de que esta comisión sindical se constituya, subsidiariamente entraría la comisión
3. Emilia Castellano Burguillo. Interrupción del cómputo de la duraciónmáxima de los contratos temporales 31 de marzo.
4. Revista deTrabajo y Seguridad Social CEF. Núm. 445, abril 2020.
A) José Antonio Fernández Avilés. ¿Es suficiente este derecho laboral excepcional «por aluviones» frente a la pandemia del COVID-19?
“Como habrá podido comprobar el lector, y nos hemos referido aquí tan solo a la dimensión estrictamente laboral, todo este derecho social excepcional «por aluviones», unas veces por su deficiente calidad técnica y otras por la improvisación propia de la urgencia y necesidad de las medidas adoptadas, es una potencial fuente de conflictos interpretativos y aplicativos. La clave estará en dilucidar, para cada materia y situación, si predomina la «lógica jurídica ordinaria» frente a la excepción –como tradicionalmente había entendido la dogmática jurídica más clásica– o bien requerirá atender a la utilitas de la norma excepcional (Carnelutti), así como a una lógica interpretativa más funcional y teleológica, acorde con la delicada y crítica situación sociosanitaria a la que subviene todo ese conjunto de medidas para evitar que «mute» también en una dura crisis de empleo”.
B) Eduardo Enrique Taléns Visconti. “Análisis de las medidas de Seguridad Social adoptadas por el Gobierno de España en relación con la crisis del COVID-19”
“Como es de sobra conocido por todos, el SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad denominada COVID-19) es un nuevo tipo de coronavirus que está afectando a la salud de las personas. Fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. El COVID-19 está generando en España (y en el resto del mundo) innumerables problemas de toda índole. Entre otros muchos, está planteando nuevos retos y perspectivas dentro del ámbito jurídico laboral. En materia de Seguridad Social pudimos ver las primeras reacciones normativas en relación con el cambio de paradigma que proyecta el coronavirus. A lo largo del presente trabajo, comentaré de una forma sistemática y comprensible todas las medidas que han sido adoptadas en materia de Seguridad Social a lo largo de esta crisis, en este caso, por los Reales Decretos-Leyes 6/2020, 7/2020, 8/2020 y 9/2020”.
5. Association Française de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale Un droit du travail de l'urgence ? Abril.
A) Pascal LOKIEC . COVID-19 : UN TOURNANT DU DROIT DU TRAVAIL ?
“No es raro que un texto prevea una derogación en circunstancias excepcionales. Los sistemas más utilizados hoy en día todos o casi todos tienen esa posibilidad, ya sea el tiempo de trabajo (artículo 1 de la Directiva 2003/88/CE), el teletrabajo (artículo L. 1222-11 C. trav.) o la actividad parcial (artículo R. 5122-1 C. trav.). Pero la necesidad de responder a la crisis provocada por el Covid 19 es tal, en Francia y en otros lugares, que ha surgido todo un corpus de los distintos parlamentos nacionales. Algo que se asemeja a una ley laboral de emergencia, y que perturba fuertemente los equilibrios habituales: los trabajos más esenciales son también los más mal pagados, el hogar se convierte en el lugar de trabajo normal, la información-consulta puede hacerse a posteriori, los países que habían liberalizado recientemente los despidos lo prohíben hoy en día, el hecho de que un empleador exija a sus empleados que se tomen la temperatura se convierte en algo casi aceptable... Fenómeno efímero o preámbulo de un nuevo derecho laboral, la crisis de Covid 19 nos obliga a reexaminar un cierto número de certezas, acumuladas durante los últimos decenios.
https://www.afdt-asso.fr/contributions
B) Maria Emilia CASAS BAAMONDE. UN DROIT DU TRAVAIL DE L'URGENCE?
“El año 2020 será recordado como el año de la terrible pandemia del coronavirus COVID-19. El 14 de marzo, el gobierno español declaró el estado de alerta para gestionar la emergencia sanitaria mediante medidas de contención social, con un impacto inmediato en el conjunto de la sociedad, en particular en el funcionamiento del sistema sanitario, los servicios sociales y otros servicios esenciales para los ciudadanos. Si bien la crisis humanitaria es irreparable, la crisis económica y social generada por la importante pérdida de actividad económica y empleo se ve, al menos en parte, amortiguada por los instrumentos de la legislación laboral y de seguridad social.
En un escenario extremadamente cambiante debido a la propia naturaleza de la crisis sanitaria, el derecho laboral no se ha comportado como una ley de emergencia, que introduce nuevas técnicas, algunas de las cuales están diseñadas para reducir o incluso sacrificar los derechos de los empleados con el fin de salvar a las empresas, con el objetivo, una vez superada la crisis, de formar parte del aparato normativo. A diferencia de las emergencias causadas por las crisis económicas del siglo pasado y la crisis financiera mundial de la primera década de este siglo, el derecho laboral ha desarrollado en esta emergencia sanitaria sin precedentes medidas extraordinarias destinadas a amortiguar sus efectos sobre las empresas y los trabajadores, cuyo propósito ha sido o bien derogar temporalmente ciertas normas existentes o bien crear nuevas normas. No se trata de un derecho "de" la emergencia, sino de un derecho "en" la emergencia, con el objetivo de gestionar una emergencia diaria que puede considerarse efímera. Queda por ver si la sostenibilidad de las consecuencias de la crisis no prolongará su duración de manera muy sustancial…”
C) Antoine Lyon Caen. LE TRAVAIL ENTRE DEUX FEUX.
« En su aplicación en Europa occidental, la emergencia sanitaria está causando tensión, y en el centro de esta tensión está el trabajo. La emergencia sanitaria exige restricciones, y estas restricciones afectan al trabajo. Pero la emergencia también da lugar a llamadas a la acción, y la acción viene a través del trabajo. Trabajo restringido aquí, trabajo sano allá, es importante ser consciente de esta tensión, porque la crisis que estamos atravesando podría tener la virtud de magnificar ciertos rasgos de nuestra vida social y así revelar ciertos problemas que se alojan en ella.
1. En los casos en que la elección de las autoridades públicas ha sido hacer todo lo posible por limitar o controlar el desarrollo de la epidemia, el primer objetivo de las restricciones ha sido la contigüidad entre las personas, ya sea como resultado de encuentros o reuniones rutinarias o como resultado de un acontecimiento.
¿Significa esto que se ha prohibido explícitamente el trabajo en el lugar de trabajo, en el sentido de que suele entrañar la presencia simultánea de varias personas en el mismo lugar, a fin de facilitar las interacciones? La obligación de cerrar ciertos establecimientos de recepción de público ha tenido como efecto poner fin a la labor de los empleados en ellos. Pero aparte de este cese de actividades, las restricciones toman caminos más complejos. Aparecen en los mensajes enviados por las autoridades públicas.
En primer lugar, se recordó a los empleadores su obligación de seguridad, lo que justifica que cuando se pueda organizar el teletrabajo, éste sea la forma de trabajo obligatoria. Se les entregó otro mensaje, una invitación a aprovechar la generosa apertura de un plan de compensación de actividad reducida, el mencionado trabajo a tiempo parcial.
A los empleados no se les dirigió ningún mensaje directamente, salvo un recordatorio de las precauciones generales necesarias para protegerse contra el virus. Como si correspondiera a cada empleado evaluar si el empleador o el director tomaban las iniciativas que exigían los riesgos de transmisión del virus y determinar la respuesta adecuada a la situación laboral. Sin duda, en otras ocasiones, la acción colectiva habría jugado su papel. Pero, ¿es posible ejercerla cuando la permanencia de los sindicatos, las reuniones de comités o comisiones y las misiones de expertos no se ajustan a las restricciones impuestas a las relaciones de vecindad entre los individuos?
El intercambio digital no lo reemplaza todo. Lejos de eso. Será, sin duda, una lección en los profundos problemas que estamos experimentando”.
6. Ignasi Beltrán de Heredia. COVID19 Y MEDIDAS SOCIOLABORALES DE EMERGENCIA (RDLEY 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 Y 13/20) Abril 2020.
7. Miguel Ángel Martínez Gijón-Machuca. Incapacidad temporal y Covid-19 tras el RDL13/2020. 9 de abril
"El recurso a la suspensión del contrato aparece como primera respuesta en el ámbito privado ante los primeros casos de trabajadores presuntamente contagiados por Covid-19 o que han tenido contacto con personas enfermas. La rápida difusión del virus, particularmente por vía respiratoria, y la falta de equipos de protección con carácter inicial, provocan que comiencen a aparecer los primeros casos de trabajadores enfermos. Es difícil ubicar con exactitud esta primera fase, pero parece bastante probable que pueda situarse en febrero. Al tratarse de un virus que los medios de comunicación comparan con el propio de la gripe, la primera reacción es la suspensión del contrato de los trabajadores contagiados o en aislamiento. Estamos en una fase donde no se disponen de test rápidos de diagnosis, por lo que se decide, como protocolo de actuación, proceder a dar la baja médica a quienes manifiesten una sintomatología propia del virus así como a aquellos que, pese a encontrarse asintomáticos, hubieran tenido contacto con aquellos. El carácter “extraordinario” del subsidio por IT va a proceder tanto de su concesión por presunción y no por un diagnóstico certero y preciso, como de su extensión a situaciones incluso más alejadas de todo hecho de contagio, real o presunto, cuales van a ser las restricciones de movilidad impuestas en determinados municipios de nuestro país...."
8. Jesús Lahera Forteza y Ramón Mateo Escobar. Políticas para mitigar el impacto laboral y social del Covid-19 en el período de transición. https://bit.ly/2SJ9K3U 1 de abril 2020.
¿Cabía una alternativa más sencilla y con mayor soporte público?
La opción del Gobierno por medidas de flexiseguridad laboral ha sido positiva pues va dirigida a salvar empleos, con flexibilidad laboral en distintas dimensiones y protección social por desempleo total o parcial, en una situación económica y laboral crítica como la vivida con la declaración de estado de alarma, el 17 de marzo, por la crisis del Covid-19. Pero los costes de tramitación de las medidas para las empresas están siendo excesivamente altos, con inseguridad jurídica, a cambio de escasas ventajas económicas. El reparto de costes entre empresa y trabajador del permiso retribuido recuperable, en actividad no esencial, muestra, por su parte, una retirada de la cobertura pública ante un parón económico sin precedentes.
Cabe pensar si eran posibles alternativas más sencillas y con mayor soporte de aseguramiento público en una situación así. Se podría haber articulado un modelo más sencillo con teletrabajo y, si ello no era técnicamente posible, acceso automático a ERTE por la empresa con exoneraciones de cuotas y protección social por desempleo. La empresa de actividad no esencial sólo tendría que haber declarado la imposibilidad de teletrabajo y sus trabajadores pasarían directamente a ERTE suspensivo o de reducción de jornada con esta protección social. En vez de dividir los ERTEs en fuerza mayor o causa empresarial, dando protagonismo a la autoridad administrativa con una acumulación de procedimientos, se tendría, quizás, que haber simplificado el sistema con decisiones empresariales de ERTE, comunicadas al SEPE, a efectos de gestión del desempleo, para solventar una situación de excepcionalidad. Se habrían reducido así más costes a las empresas y garantizado a los trabajadores protección social en este tiempo provisional.
Lo mismo sucede con los autónomos. Quizás la opción más sencilla, al menos en actividades no esenciales, hubiera sido ofrecerles a todos, al margen de su caída de ingresos, la opción por la cobertura social y exoneración de sus cuotas de Seguridad Social e impuestos en este tiempo provisional. Se habría reducido el impacto de la crisis en su situación con la garantía pública de renta.
Era viable, en hipótesis, un modelo más sencillo de flexiseguridad, aunque hubiera sido más costoso a corto plazo en gasto social de desempleo. En todo caso, este debate es ya estéril, y lo importante es cómo afrontar, de cara al futuro, la recuperación económica en esta misma clave de flexiseguridad laboral, donde los ERTEs y la protección social van a seguir teniendo un protagonismo esencial….
“Se propone una simplificación de los procedimientos del ERTE como alternativa a los despidos, que facilite su aplicación por las PYMES, descargue costes a las empresas y dé seguridad jurídica.
— Para trabajadores con responsabilidades familiares que no puedan teletrabajar, se propone una prestación extraordinaria vinculada a la reducción de jornada para cuidados familiares por Covid-19. Para los trabajadores fijos discontinuos, una plena cobertura social en períodos de inactividad en esta temporada y el reconocimiento de un subsidio de desempleo excepcional. Para desempleados, un subsidio extraordinario…”
9. Ferran Camas “19 estrategias laborales ante el Covid-19 (Primera Parte-Marzo 20)”. 1 de abril.
“En esta entrada voy a repasar las principales iniciativas en forma de mensajes clave que se han adoptado con incidencia en materia laboral y migratoria (sobre todo de libre circulación de personas en el ámbito de la UE).
En todo caso, el conjunto de estas medidas no las expreso desde una perspectiva cronológica (aunque priorice las más cercanas a este fin de mes en el que publico esta entrada), ni siquiera por orden de importancia, solo utilizo el criterio de las que más me llaman la atención, o que pueden tener efectos mucho más allá del período previsto para el Estado de alarma…”.
10. Luís Gordo “RDL 10/2020: ¿se aplica el permiso retribuido recuperableobligatorio a los empleados públicos?” 1 de abril.
“… En segundo lugar, se ha señalado que el RDL 10/2020 es una norma laboral y no de función pública. Desde luego que el Ministerio proponente sea el de Trabajo y Economía Social no impide que el personal funcionario de las administraciones esté vinculado por esta norma. Cierto es que las remisiones contenidas en su articulado lo son siempre al Estatuto de los Trabajadores (ET) y no se hace alusión al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). No obstante, creo que es más adecuado defender que la omisión se debe a la excepcionalidad de la situación y a la rapidez de la redacción, que a un verdadero ánimo de exceptuar al sector público del ámbito de aplicación de este Real Decreto…”.
11. Cristina Aragón Gómez. Claves prácticas del permiso retribuido recuperable 2 de abril.
“.. estamos ante un “permiso retribuido y recuperable”, o dicho en otros términos, las horas que se trabajen de menos se adeudan a la empresa y se deben realizar con posterioridad. Lo que pone de manifiesto que, en puridad, se trata de una distribución irregular de la jornada con un régimen jurídico particular, pues si el permiso fuera verdaderamente retribuido se computaría como tiempo de trabajo y no habría necesidad de recuperarlo. En realidad, no se está exonerando al trabajador de la obligación de prestar servicios, sino que se está desplazando la obligación de trabajo a una fecha distinta”.
12. Ana B. Muñoz Ruiz. Aplicación práctica del principio de precaución o cautela ante elcoronavirus. 4 de abril.
“En el nuevo marco sanitario, económico y social español, la pandemia del coronavirus también ha provocado que tanto el Estado (a través del Ministerio de Sanidad) como las Comunidades Autónomas, dicten numerosos procedimientos de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo como respuesta inmediata… Sin embargo, se echa en falta la referencia a un principio central en riesgos laborales como es el Principio de Precaución o Cautela cuya lógica conlleva un giro sustancial en la concepción del modelo tradicional de protección social porque tiene como ámbito de aplicación la incertidumbre científica. Esto es, se aplica en el supuesto de riesgo incierto o potencial. Porque...¿sabemos todo acerca del COVID-19? Por desgracia, ¡no!
13. Jesús R. Mercader Uguina. “Elsilencio administrativo positivo y ERTES por fuerza mayor: la negra sombra delBarón de Rothschild”. 4 de abril.
“… Más problemas ha planteado y más dudas plantea el juego del silencio en el ámbito de las resoluciones administrativas y, muy en particular, en las decisiones que ponen fin a los ERTES por fuerza mayor. No voy a recordar las dudas vividas los últimos días en esta materia acrecentadas por algunas singulares y, sobre todo, escasamente fundadas interpretaciones De ello parece dar testimonio la Exposición de Motivos del citado RDL 9/2020 cuando precisa que habrá de considerar que en el caso “de las resoluciones tácitas recaídas en los expedientes de regulación temporal de empleo solicitados por fuerza mayor, (…) el silencio, (…) es positivo conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
14. Jesús R. Mercader y Ana Mª de la Puebla. “ERTEs ligados al Covid-19 anteriores al 18 demarzo del 2020 y técnica legislativa: el incierto rodar de una disposicióntransitoria”. (6 de abril)
“.. en esta entrada nos vamos a detener en la muy singular vida que en el breve período de 15 días ha tenido una, aparentemente modesta, Disposición transitoria.
En el RDL 9/2020 de 27 de marzo…. “el Gobierno parece arrepentirse de su primera disposición y elimina, sin más explicación, la referencia a los artículos 26 y 27 de Real Decreto-ley 8/2020. Decimos sin más explicación, porque la Exposición de Motivos de la citada norma incorpora una referencia a esta modificación que no aclara los motivos ni razones para hacer desaparecer tales beneficios. …
“Pero los titubeos no acabaron aquí. Con efectos 2 de abril de 2020, el RDL 11/2020 de 31 de marzo se vuelve a modificar el contenido del ya célebre, en este momento, apartado 2º de la Disposición Transitoria primera (Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo) del Real Decreto-ley 8/2020, para incluir una nueva matización…”
… En resumen, la transitoriedad de los ERTES anteriores al Real Decreto-Ley 8/2020 queda nuevamente condicionada. El resultado final, a fecha de hoy, es que a estos expedientes comunicados, autorizados o iniciados antes del 18 de marzo solo les resultan aplicables los beneficios previstos en los arts. 24 y 25.1 a 5 Real-Decreto-Ley 8/2020, esto es los referidos a la exoneración en la cotización y al reconocimiento y cómputo de la prestación por desempleo, con excepción de lo referido a los fijos discontinuos”…
15. Julia López e Ignasi Areal. “Identidad y memoria: la responsabilidad empresarial deprevención de riesgos laborales en residencias de nuestros mayores” 7 de abril.
“…. Tenemos que recordar que los trabajadores y trabajadoras del sector de residencias de personas mayores, centros socio-sanitarios y del personal de atención domiciliar no quieren ser héroes o heroínas, sólo profesionales con medios adecuados y suficientes para afrontar esta grave situación sin poner en peligro sus vidas ni las de los demás y para ello es fundamental que los empleadores cumplan con la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, pues ninguna de las obligaciones que ésta impone han decaído con la declaración del estado de alarma….”
16. Ferran Camas “Cuestiones de interés sobre empleo agrario en el marco del Covid-19”. 8 de abril.
17. Patricia Espejo. “La violencia machista entiempos del Covid-19.El RDL 12/2020, de 21 de marzo” (9 de abril)
“… En este momento histórico donde la vacuna más valiosa es la solidaridad, la resistencia y la lucha compartida por combatir a un enemigo que no entiende de sexos, de cunas, de religiones…, ni siquiera de clases sociales, a una le viene a la mente, el feminismo como ejemplo de vida adentro y afuera sustentada sobre los precitados pilares. Estos tres principios básicos consustanciales a la lucha pacífica de las mujeres a lo largo de la Historia ofrecen una diferente manera de estar en el mundo; un mundo en el que la salud de toda la población, y no solo la de unos pocos privilegiados, sea el eje alrededor del cual pivoten las acciones de todas las Administraciones públicas, organismos y personas que ostentan el poder y las herramientas de cambio”.
18. José María Goerlich. Nuevas situaciones del contrato de trabajodurante el confinamiento: aspectos retributivos. 10 de abril.
20. ¿Qué está cambiando en elDerecho del Trabajo con la crisis del Covid-19? Una reflexión de FranciscoTrillo. 11 de abril.
21. María José Romero. Lalegislación de la crisis: el RDL 13/2020 (no sólo) sobre empleo agrario. 12 de abril
22. Macarena Hernández Bejarano SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y MEDIDAS EXCEPCIONALESEN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DESALUD 12 de abril.
23. José María Goerlich. Quitas y esperas salariales en la crisis sanitaria 14 de abril.
24. Jesús Lahera Forteza. Mayor flexibilidad en los ERTE para salvarmás empleos. 14 de abril.
“… Esta normativa específica de poscrisis sanitaria debe facilitar los ERTE suspensivos y de reducción de jornada. Los escenarios no van a ser ya de fuerza mayor, sino de caída sustancial de consumo, demanda y facturación, por lo que la herramienta es el ERTE por causa empresarial, sin necesidad de autorización administrativa. Ello va a relajar la actual acumulación de procedimientos administrativos y ofrecer más margen de decisión a las empresas. Se deben diseñar causas empresariales de ERTE adecuadas a esta realidad económica. Su diseño debe ser flexible y suficientemente amplio para que las empresas encajen en supuestos que se apartan de las reglas generales. Ha habido una gran alteración de mercado en muchos sectores que debe facilitar ERTE productivos”.
25. Adrián Todolí. ¿Pueden las empresas públicas hacer un ERTE? ¿y las empresas contratistas de las AAPP pueden hacer un ERTE? 15 de abril.
26. Anna Ginés i Casellas. 100 preguntas y respuestas sobre las medidas laborales ante el Covid-19 15 de abril.
27. Luís Enrique Nores Torres. Las reformas procesales que se avecinan: algunas notas para eldebate del futuro plan de choque en la Administración de Justicia.. 16 de abril.
“No hay mal que cien años dure -salvo, en algunos casos, la soledad, y eso presuponiendo que sea mala-.
Y las medidas excepcionales adoptadas en nuestro país con ocasión del estado de alarma no constituyen una excepción a esta máxima; por ello, también la suspensión de plazos procesales y de actuaciones judiciales dejará de surtir efectos en algún momento, esperemos que no muy lejano. Los órganos jurisdiccionales, entonces, deberán enfrentarse no sólo a la reanudación de las actividades pendientes, sino a un más que probable incremento de la litigiosidad. En este sentido, por desgracia, es esperable un aumento en el número de asuntos con causa directa o indirecta en la pandemia, tanto en el terreno estrictamente laboral (despidos, extinciones objetivas, no renovaciones de contratos temporales, impugnación de decisiones reorganizativas, reclamaciones de cantidad, extinciones ex art. 50 ET, ERTE’s, etc.), como en el de las prestaciones sociales.
Así las cosas, no es de extrañar que la DA 19ª del RDL 11/2020 prevea que el Gobierno aprobará un plan para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los juzgados de lo mercantil. Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ en la reunión de dos de abril de 2020 acordó el documento “Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma”, un plan integrado por cinco bloques, siendo el relativo a las “medidas organizativas y procesales” el primero en ver la luz y el que, en sus aspectos laborales, será objeto de esta entrada. Y es que, el documento recoge una pluralidad de propuestas, tanto “genéricas” (aplicación de mecanismos de refuerzo y habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, ya contestado desde algunos decanatos y colegios profesionales), como específicas para cada orden jurisdiccional….
28. Adrián Todolí. ¿Puede una empresa contratista del Sector Público realizar un ERTE por el Covid19 a sus trabajadores? https://bit.ly/2zjKCK2 20 de abril.
“Como ya anuncié en mi última entrada que trataba sobre los ERTEs en empresas públicas, hoy la voy a dedicar a los ERTEs en empresas contratistas del Sector Público, Por ejemplo, comedores, servicios de limpieza de instituciones, organismos edificios, cerrados al personal y al público, etc. Es decir, empresas contratistas cuyo contrato con la administración se ha visto suspendido por el COVID.19 y no tiene actividad. ¿Pueden estas empresas suspender a la vez el contrato de sus trabajadores?...”
29. Jesús. R. Mercader Uguina. ¿Quién puedecontrolar la temperatura de los trabajadores? Comenzando a pensar en eldesescalado. 21 de abril .
30. Ana Isabel García Salas. Sobrelas consecuencias jurídicas para los empleadores derivadas de la falta demedidas de protección contra el COVID 24 de abril
31. Jesús R. Mercader y Ana de la Puebla. Sudokusnormativos en la era del Coronavirus: ¿procede o no procede incluir a los fijosdiscontinuos pendientes de llamamiento en los ERTEs?, he ahí el dilema. 24 de abril.
32. Jesús Cruz Villalón. Acertar en el diseño delingreso mínimo vital. El sistema de Seguridad Social debería albergar esta cantidad como una prestación no contributiva. 25 de abril.
33. Joaquín Aparicio. INGRESO MÍNIMO VITAL: UNPROYECTO PARA CULMINAR EL “ESCUDO SOCIAL” ANTE LA CRISIS DEL COVID-19. 26 de abril.
34. Ana de la Puebla y Jesús R. Mercader. Problemas en lasucesión de ERTEs: de la fuerza mayor a las causas ETOP 27 de abril.
35. Daniel Pérez del Prado. El desempleo de los fijos discontinuos:dudas interpretativas 27 de abril.
36. Patricia Espejo. La pandemia como hito recomponedor y como oportunidad para valorizar el trabajo donado de las mujeres. 29 de abril.
37. Núm. 4/2020 deNoticias Cielo (Comunidad para la investigación y el estudio laboral y ocupacional) 29 de abril.
A) José Antonio Fernández Avilés. Calificación jurídica de las contingencias derivadas del Covid-19 en el sistema español de Seguridad Social(navegando entre normas “ordinarias” y derecho “excepcional”).
“La mayoría de los sistemas de Seguridad Social se asientan sobre una tutela diferenciada en función del origen de las contingencias que protegen, privilegiando el tratamiento de las denominadas contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) frente a las comunes o extralaborales(accidente y enfermedad común). Numerosas patologías ponen aprueba este tratamiento diferenciado por la dificultad para determinar la etiología precisa de una enfermedad contraída por un trabajador protegido por el sistema. Ello sucede en casos pandemia por agentes biológicos o incluso de muchos tipos de cáncer, donde se hace difícil precisar con seguridad si la patología se contrajo como consecuencia o con ocasión del trabajo o en una circunstancia o actividad extralaboral. Estas situaciones ponen contra las cuerdas la tutela diferenciada de las contingencias y abogarían por una tutela “indiferenciada” de las mismas (que se traduciría lo que entre nosotros conocemos como principio de consideración conjunta de las contingencias).En el presente artículo nos centraremos en las principales cuestiones jurídicas que la situación de pandemia por Covid-19 ha planteado en el sistemas de Seguridad Social Español y las soluciones técnico-jurídicas que se han articulado para resolverlas, teniendo en cuenta el pleno juego del régimen ordinario en todo lo que no ha sido “excepcionado”.
B) Sergio Martín Guardado. La protección de los sanitarios ante el coronavirus como interéspúblico: reflexiones más allá del derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
“.. En España, como a lo largo de la geografía mundial y, especialmente, en el ámbito europeo, se ha puesto en entredicho tanto la suficiencia como la preparación de los sistemas públicos de salud, tradicionalmente calificados como los mejores del mundo, a causa del COVID-19. Y, ese ambiente de crítica social y académica, que ya venía produciéndose hace años, ha ganado, por fin, la empatía de la mayoría de la población en favor de sus nuevos héroes, los sanitarios. La sociedad se ha puesto a reclamar, como no lo han hecho ni siquiera las grandes centrales sindicales, en pro la protección de la seguridad y la salud de los sanitarios ante los riesgos derivados del coronavirus, especialmente, a la hora de llevar a cabo la prestación de trabajo en los centros hospitalarios y residenciales de nuestro país. En definitiva, hablamos de su seguridad, pero, también de la de todos los ciudadanos. Por lo que parece apropiado tratar de avistar un nuevo horizonte jurídico en torno al derecho a la seguridad y la salud en el trabajo, ad extra del Derecho del Trabajo, a partir del concepto de interés público”.
38. Pilar Charro Baena.. Algunas reflexiones sobre el teletrabajo en tiempos de crisissanitaria… y después. 30 de abril.
39. Ciudaddel Trabajo. Actualidad laboralista. Núm. 30, mayo 2020.
40. Pepa Burriel. Los retos del mundo del trabajo...antes y ahora.. 1 de mayo.
41. Jesús Cruz Villalón. Alerta sanitaria por el coronavirus ylimitación del derecho fundamental de manifestación pública. 1 de mayo.
“… Al final, resta un asunto importante como cuestión de futuro, que el Tribunal Constitucional deja sin resolver con suficiente claridad. Me refiero al dato de si este tipo de limitaciones del derecho de manifestación en estos casos concretos queda estrechamente vinculado y justificado a resultas de la declaración del estado de alarma o también tendría cobertura constitucional una limitación de estas características más allá del fin del estado de alarma. Es cierto que el auto en varias ocasiones establece una estrecha conexión entre esta lícita prohibición y la situación de emergencia sanitaria, de la que deriva la declaración del estado de alarma por medio de la cual se procede a decretar la limitación de la libertad de circulación de personas, el confinamiento domiciliario y la limitación extrema de los contactos y actividades grupales. Eso sí, no está claro en el pronunciamiento que, concluido el estado de alarma, si se mantiene en dosis menor la emergencia sanitaria también en ciertos supuestos cabría justificar la prohibición de manifestaciones en base a riesgos para las personas provocados por la modalidad de manifestación elegida por los convocantes. En estos casos es posible que hubiera que exigir la concurrencia de circunstancias más concluyentes de riesgos para la integridad física y la salud de las personas y que la modalidad elegida provoque una perturbación desproporcionada de tales otros derechos constitucionales; pero tampoco cabría una declaración genérica de falta de cobertura constitucional de dichas modalidades de ejercicio del derecho de manifestación…”.
42. Antonio Baylos. EL NO AL ESTADO DE ALARMA Y LAELIMINACIÓN DEL “ESCUDO SOCIAL” EN LA CRISIS DEL COVID-19 5 de mayo.
43. Marc Carrera Doménech y Miguel Rodríguez-Piñero Royo. Los grandes retos de la regulación laboral tras el estado de alarma CincoDías/El País 6 de mayo.
44. Nora M. Martínez Yáñez. La gestión del tiempo de trabajo bajo la presión del COVID-19.. 6 de mayo.
Etiquetas: coronavirus, Derecho del Trabajo

References: Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 37
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 37
 artículo 35
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 41
 artículo 24
 resolución