Source: http://estudiomazzinghi.com.ar/index.php
Timestamp: 2017-09-22 15:02:25+00:00

Document:
Un estudio jurídico, -como cualquier empresa humana-, es un organismo vivo, que se desenvuelve, crece, y se transforma a impulso de las distintas generaciones de abogados.
El Estudio Mazzinghi fue fundado en 1952, por su actual titular Jorge Adolfo Mazzinghi, y funcionó en Sarmiento 643, en el tradicional edificio denominado 'Casa Cuyo'. La iniciativa fue compartida con su entrañable amigo y colega, José Mariano Astigueta, quien se desempeñó en el Estudio hasta 1977.
A partir del año 1972, se fueron incorporando, como socios, los Mazzinghi de la segunda generación, responsables hoy de la marcha del estudio. En los últimos años, se han agregado los integrantes de una tercera generación.
En el origen, se trataba de una pequeña organización dedicada principalmente a los asuntos civiles y comerciales. Paulatinamente, y como consecuencia de la publicación, en 1971, del libro 'Derecho de Familia', escrito por Jorge Adolfo Mazzinghi, el Estudio se fue especializando en esta disciplina.
El contenido de esa obra y de los diferentes artículos publicados por los integrantes del Estudio, fue definiendo la índole de la actividad profesional, orientándola a la atención de los aspectos personales y patrimoniales relacionados con el Derecho de Familia, y a la variada gama de los problemas sucesorios.
Desde 1977 el Estudio funcionó en su sede de la Avda. Santa Fe 951, y a partir de 1984, abrió una nueva, en San Isidro, para atender los asuntos originados en dicho Departamento Judicial.
Recientemente, se produjo la mudanza de la anterior instalación a un piso de mayores dimensiones, situado frente a la Plaza San Martín -Santa Fe 768, 2° piso- que da cabida a una mayor diversidad de actividades y al mayor número de profesionales que hoy lo integran, y que componen la tercera generación de la que antes hablamos.
Algunos de los abogados más jóvenes tienen una formación y una trayectoria ligada al mundo de los negocios bancarios, el derecho comercial, y los conflictos relacionados con la empresa.
Por eso, y teniendo en cuenta el fenómeno de la integración del derecho, -la constitucionalización del derecho privado, la unificación del derecho civil con el derecho comercial-, el Estudio Mazzinghi ha decidido ampliar las fronteras de su actividad, y abarcar, -además de las cuestiones relacionadas con el derecho de familia y el régimen de las sucesiones-, otras materias ligadas al derecho comercial y bancario, conflictos de índole societaria, temas de derecho tributario y cambiario.
Esta proyección apunta a brindarle a sus clientes un asesoramiento más completo y eficaz, que abarque, en general, los matices civiles y comerciales que tienen que ver con la actualidad del derecho privado y el mundo de la empresa.
Nuestro trabajo profesional consiste en el asesoramiento de los clientes que acuden al estudio, y apunta a la búsqueda de soluciones equitativas para las partes, sin perjuicio de recurrir a la iniciación de juicios, cuando resulta imposible alcanzar extrajudicialmente esas soluciones.
Como abogados, nos mueve la lucha por la justicia y la defensa de los derechos que hacen a la dignidad del hombre.
En las materias que guardan relación con los conflictos familiares y sucesorios, la labor profesional del estudio armoniza con las ideas que consideran a la familia como una sociedad digna del amparo legal, y la reconocen como factor decisivo de la educación de los hijos y de la cohesión social.
Tales ideas han sido sostenidas y proclamadas sin ambages, en distintos debates públicos acerca de las instituciones que disciplinan el derecho de familia, y también desde la cátedra universitaria.
Respecto de ellas propiciamos el respeto por los principios del derecho natural y por los valores fundamentales sobre cuya base se formó la sociedad argentina.
En lo que atañe a las cuestiones de derecho comercial y empresario, partimos de la base de considerar que las estructuras económicas, los mecanismos societarios, y hasta los requerimientos del derecho tributario, tienen que estar ordenados y subordinados al bienestar del hombre.
Con ese espíritu, -que es común a todos los integrantes del Estudio-, procuramos dar cuidadosa atención a las personas que nos consultan, manteniendo un estilo adecuado a la dignidad de la profesión y a la delicada -y a veces, dramática- entidad de los problemas que se nos confían.
JORGE ADOLFO MAZZINGHI
GABRIEL MARIA	MAZZINGHI
ESTEBAN MARIA	MAZZINGHI
MARCOS	MAZZINGHI
INES MARIA	OJEA QUINTANA
ESTEBAN	MAZZINGHI (H)
SANTIAGO	MAZZINGHI
JOSEFINA	BARILATTI
MARIA INES IBARRA
ROSARIO	GARCIA GONZALEZ
GERENTE DE PROCURACION
MICHELE	MAZZINGHI
La labor del Estudio se desarrolla en el ámbito del derecho civil y comercial, abarcando la resolución de conflictos de índole personal y patrimonial, y otros vinculados a la realidad de la empresa.
TAREAS EN CONJUNTO CON OTROS PROFESIONALES
a) Nuestro trabajo está dedicado, en importante medida, a la atención de clientes que acuden al estudio porque enfrentan un conflicto de índole familiar.
b) Tales conflictos tienen, ante todo, consecuencias personales para los consultantes, que ordinariamente se proyectan sobre los hijos.
La crisis familiar suele culminar en una separación o en un divorcio, lo cual requiere encauzar el tema de la tenencia de los hijos, el régimen de visitas, la atribución del hogar conyugal y lo atinente a los alimentos.
c) Asimismo, se originan consecuencias patrimoniales, frente a las cuales es importante propiciar acuerdos para llevar adelante la liquidación de la sociedad conyugal, o bien sostener los procesos judiciales conducentes a tal fin. Este capítulo incluye actuaciones en el campo del derecho societario, que, con frecuencia está incluido en la relación patrimonial entre cónyuges.
d) Un aspecto que requiere muchas veces una atención particular es el de los alimentos entre cónyuges, o a favor de los hijos. Como las cuotas que llegan a establecerse no son inmutables, las partes, con frecuencia, necesitan plantear un aumento o una disminución de las prestaciones oportunamente fijadas.
e) Los temas referidos a la patria potestad generan también variados problemas relacionados con su ejercicio: fijación y desenvolvimiento del régimen de visitas, cambios de colegios, autorizaciones para salir del país, radicación en el extranjero, actuaciones vinculadas al secuestro internacional de menores, entre otros.
f) Siempre dentro del campo del derecho de familia, hay conflictos en la regulación de los vínculos filiatorios, reclamos de paternidad, impugnaciones y otras cuestiones, -siempre muy delicadas-, vinculadas a la situación de los embriones.
En muchos casos, intervenimos en procesos de adopción o en conflictos relativos al discernimiento de la guarda con miras a una futura adopción.
g) El Estudio actúa también en asuntos originados en casos de violencia familiar y de abuso de diversa índole.
h) Por último, asesoramos y gestionamos actuaciones relacionadas con la capacidad de las personas, a través de procesos de insania o inhabilitación y sus consecuencias respecto de actos jurídicos otorgados con anterioridad a tales pronunciamientos.
a) El Estudio tiene intervención activa en procesos sucesorios.
Cuando todos los herederos actúan en forma conjunta y coordinada, la sucesión puede tener un trámite ágil y sencillo, pero, en los casos en que hay intereses enfrentados, los juicios sucesorios suelen adquirir un importante grado de litigiosidad.
b) Cada vez con mas frecuencia, los clientes requieren asesoramiento para la planificación de la herencia, ya sea a través de la redacción de un testamento, o de la utilización de otros mecanismos, -donaciones en vida, constitución de fideicomisos o sociedades-, tendientes a asegurar el destino de los patrimonios.
Esta actividad es una de las que con mayor frecuencia reclama el estudio de contratos comerciales y sus consiguientes derivaciones fiscales.
c) En muchas ocasiones, la sucesión de una persona suscita y actualiza conflictos relacionados con los actos celebrados en vida por el causante, dando lugar a acciones de colación, de reducción de las donaciones, u otras vinculadas con la preservación de las porciones legítimas. Se plantean a menudo, cuestiones relativas a la redacción, interpretación, ejecución y validez de testamentos.
En lo que atañe a la faz del derecho comercial, la labor del Estudio se divide en:
a) Asesoramiento:
(i) Bancario: redacción de contratos de préstamo de todo tipo (bilaterales, sindicados, financiaciones estructuradas, financiamiento cross border, etc.), emisión de obligaciones negociables, garantías, contratos de leasing, fideicomisos, prendas, operaciones de derivados, cesiones de crédito y de derechos en garantía.
(ii) Contratos: análisis y redacción de contratos comerciales de todo tipo, incluyendo contratos de locación, compraventa, venta de paquetes accionarios, leasing, fideicomisos de administración y garantía, mutuos, compra de bienes muebles e inmuebles, etc.
(iii) Societario: constitución e inscripción de sociedades locales y en el exterior, redacción de actas de asamblea y directorio, aumentos de capital, distribución de dividendos, trámites ante la Inspección General de Justicia (“IGJ”), conflictos societarios, etc.
(iv) Tributario: trabajo conjunto con contadores a fin de adoptar las estructuras jurídicas que impositivamente sean más eficientes, análisis de cuestiones impositivas nacionales y locales, contestación de requerimientos del fisco, vistas, etc.
(v) Cambiario y regulatorio: asesoramiento en relación con la normativa cambiaria emanada del Banco Central de la República Argentina, ingreso y egreso de divisas, infracciones penales cambiarias, normativa de la Comisión Nacional de Valores.
b) Litigios:
La filosofía del Estudio es arbitrar los medios necesarios para evitar la judicialización de los conflictos, procurando arribar a soluciones negociadas que ahorren tiempo y recursos al cliente.
Cuando dicho objetivo no puede cumplirse, el Estudio cuenta con un equipo especializado en:
(i) Litigios vinculados a cuestiones comerciales (acciones relacionadas con contratos comerciales, incumplimientos contractuales, daños y perjuicios, etc.).
(ii) Interposición y contestación de acciones relacionadas con conflictos societarios (impugnación de asambleas, acciones de responsabilidad de directores y administradores, rendiciones de cuentas, etc.).
(iii) Gestión de cobranza judicial y extrajudicial, ejecuciones cambiarias e hipotecarias.
(iv) Acciones ante Tribunales Arbitrales públicos y privados (Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico, entre otros).
(v) Descargos administrativos ante el Banco Central de la República Argentina por sumarios financieros y penales cambiarios, y ante la Comisión Nacional de Valores.
En los últimos años, el estudio ha experimentado un crecimiento en la cantidad de abogados. Y esta ampliación en el elenco de abogados, ha implicado una diversidad de especialidades que hoy nos permiten abordar temas de diversa índole: derecho de familia, derecho comercial, derecho societario y tributario.
Ello sin perjuicio de la asistencia interdisciplinaria que según la índole de las cuestiones abordadas, solemos requerir a quienes puedan ilustrarnos en sus respectivas competencias profesionales.
DERECHO CIVIL PARTE GENERAL / PERSONAS
Minoridad / Patria Potestad
Sociedad Conyugal / Carácter de los Bienes / Responsabilidad
Incapacidad / Interdicciones
Derecho hereditario del cónyuge en concurrencia con los descendientes
La Ley 2017-A.
La partición de la herencia realizada por los ascendientes. Novedades y conflictos a partir de la sanción del Código Civil y Comercial.
La falta de suministro de alimentos al causante, y la necesidad de un reclamo expreso.
XXV Jornadas Nacional de derecho Civil, Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca, octubre de 2015.
La insuficiencia de la separación de hecho de los cónyuges como causal de exclusión de la vocación hereditaria.
¿La exclusión hereditaria sancionada para cónyuges separados de hecho, impide invocar el derecho real de habitación del cónyuge supérstite?
Separación de hecho y vocación hereditaria
Rev. Derecho de Familia y de las Personas, Ed. La Ley Año 1, Nº 1. Sept. 2009
Una sorpresa promisoria
LL Tomo 2005-F, pág. 59
Nulidad de matrimonio y vocación hereditaria
ED Tomo 188, pág. 644. Año 2000
Efectos sucesorios de la inocencia del cónyuge separado de hecho
ED Tomo 177, pág. 55. Año 1998.
Oportuna aplicación del "jura novit curia"
LL Tomo 1996-E, pág. 228
Improcedente ajuste de los legados de sumas de dinero.
DJ Tomo 1990-2, pag.401.
Anulabilidad del acto otorgado por el heredero aparente.
LL Tomo 101, pág. 32. Año 1961.
El riesgo de la cosa y la valoración de la conducta de los protagonistas de un accidente de tránsito.
La Ley del 17 diciembre de 2009.
Responsabilidad innegable de los padres de un menor y cuestionable responsabilidad de una empresa de turismo.
colaboración con el Dr. Marcos Mazzinghi. ED Tomo 233, pág. 704. Año 2008.
Responsabilidad por el derrumbe de una pared. Atenuación en razón de la culpa ajena.
LL 2006-D pag. 355.
El robo de un vehículo de la playa de estacionamiento de un supermercado, la figura del depósito necesario, y el análisis de otras situaciones parecidas.
ED Tomo 188 pag. 492. Año 2000.
La cuestionada celebración de un contrato de transporte y una interpretación rigurosa de la figura del caso fortuito.
ED tomo 187 pag. 318. Año 2000.
Responsabilidad médica: Un enfoque saludable.
ED Tomo 152, pág. 215. Este trabajo se incluyó en el Libro "Daños", Tomo I publicado por El Derecho y Depalma en el año 2000.
La ampliación de la responsabilidad objetiva en el nuevo proyecto de Código Civil.
en la revista de la Comisión de Abogados Jóvenes de la Corporación de Abogados Católicos, año III, nº 5. Año 1999.
Una carrera cuadrera y el juego de los distintos factores de atribución de la responsabilidad.
ED Tomo 178, pág. 441. Año 1998.
Los daños en el ejercicio del deporte.
ED Tomo 174, pág. 209. Año 1997.
Simulación promovida por el síndico de la quiebra.
ED Tomo 173, pág. 222, Año 1997.
Responsabilidad del dueño y del guardián de una cosa riesgosa.
ED Tomo 169, pág. 280. Año 1996.
Los daños en el deporte: Una sentencia severa, pero justa.
LL 1996-C, pág. 698.
Gravedad de los hechos requeridos para configurar la ingratitud del donatario.
LL Tomo 1996-B. pág. 583.
Responsabilidad objetiva: El uso de la cosa contra la voluntad del dueño y la asunción del riesgo.
LL 1995-E, pág. 205.
La responsabilidad de los organizadores de un espectáculo deportivo
LL 1995-B pag. 969.
Discutible dispensa al incumplimiento de cargos asumidos por el donatario.
LL Tomo 1995-D. Pág. 657.
El contrato de amarra: una preocupación para náuticos.
ED Tº 160 pag. 811 Año 1994.
Aspectos de la responsabilidad civil de ingenieros, arquitectos y empresas constructoras.
LL Tomo 1993-D pág. 1133.
Responsabilidad derivada de una actividad riesgosa: El Régimen vigente y los proyectos de reforma.
ED Tomo 157, pág. 32. Año 1993.
Un supuesto de responsabilidad objetiva y sus justos límites.
ED tomo 155, pág. 125. Año 1993.
Incumplimiento contractual, la responsabilidad aquiliana, y otras cuestiones.
DJ Tomo 1988-2, pag. 771.
Los alcances de la culpa de la víctima en el marco de la responsabilidad por el riesgo creado.
DJ Tomo 1986-2, pag. 913.
Los arquitectos y la obligación de inscribir los planos en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Revista del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, nº 2 del año 1985
Donación paterna e ingratitud filial.
LL Tomo 1981-C. pág. 529.
La víctima del daño y la aceptación de los riesgos.
ED tomo 76, pág. 875. Año 1978.
Obligaciones naturales, en las reformas civiles.
ED Tomo 65, pág. 887. Año 1976.
Legalización de la droga: Un suicidio colectivo.
en la Revista Jaque, de la Universidad de San Andrés, año 1 nº 1.
Razonable limitación de la libertad de prensa.
ED Tomo 172, pág. 550. Año 1997.
Autorización para abortar denegada.
ED Tomo 172, pág. 294. Año 1997.
Preeminencia del derecho a la intimidad, sobre la libertad de informar.
ED Tomo 172, pág. 110. Año 1997.
SIDA: Enfoque moral y jurídico.
ED Tomo 159-8, pág. 889. Año 1994.
"Una sentencia injusta pero justa" (sobre el aborto).
ED Tomo 151, pág. 925, Año 1992.
Frente a la exagerada defensa del derecho a la intimidad.
DJ 1992-1-145.
Hay un derecho de dejarse morir.
DJ 1991-2-1.
Acertada denegación de la personería jurídica pedida por la comunidad homosexual argentina.
DJ 1990-2-721.
Defender toda vida humana.
ED Tomo 140, pag. 881. Año 1991.
Los contratos bancarios en el nuevo Código
RCCyC 2015 (diciembre), 16/12/2015, 159
La facultad judicial de morigerar los intereses exorbitantes y el nuevo Código
LA LEY 01/09/2015, 01/09/2015, 9 - LA LEY2015-E, 11
El "cepo cambiario" y las obligaciones de pago en moneda extranjera
RCCyC 2015 (agosto), 17/08/2015, 202
Compraventa simultánea de títulos valores ("contado con liquidación"). Respaldo a su legalidad
LA LEY 04/05/2015, 04/05/2015, 6 - LA LEY2015-C, 1
La naturaleza de la actividad bancaria. A la luz de un fallo elogiable
LA LEY 27/08/2014, 27/08/2014, 11 - LA LEY2014-E, 133
Fuente de ganancias en los contratos de servicios con no residentes
LA LEY 06/12/2013, 06/12/2013, 4 - LA LEY2013-F, 456
La literalidad de los títulos de crédito. Su verdadero alcance
LA LEY 13/09/2013, 13/09/2013, 5 - LA LEY13/09/2013, 5 - LA LEY2013-E, 190
Transferencia de divisas al exterior con títulos
LA LEY 18/03/2013, 18/03/2013, 6 - LA LEY2013-B, 221
Retenciones a las exportaciones de minerales provenientes de proyectos que gozan de la estabilidad fiscal
LA LEY 07/09/2012, 07/09/2012, 5 - LA LEY2012-E, 257
Falta de ingreso de las divisas provenientes de una exportación
LA LEY 22/03/2012, 22/03/2012, 4 - LA LEY2012-B, 282
La entrada en vigencia de las Comunicaciones del BCRA
LA LEY 15/08/2011, 15/08/2011, 9 - LA LEY2011-D, 609
La "pesificación" de los Forwards. Un fallo emblemático de nuestra Corte Suprema
LA LEY 01/06/2011, 01/06/2011, 5 - LA LEY2011-C, 415
El impuesto de sellos y los pagarés librados a favor de las entidades financieras
LA LEY 08/02/2011, 08/02/2011, 1 - LA LEY2011-A, 868
Los delitos penales cambiarios y el régimen de blanqueo de capitales. Un fallo ejemplar
LA LEY 12/05/2010, 12/05/2010, 10 - LA LEY2010-C, 354
El caso "Telecom"
LA LEY 17/02/2010, 17/02/2010, 10 - LA LEY2010-A, 575
Banca privada off shore (con fondos captados en la Argentina)
LA LEY 15/12/2009, 15/12/2009, 5 - LA LEY2010-A, 90
La "Estatización de los fondos administrados por las AFJP".
LA LEY 27/05/2009, 27/05/2009, 7 - LA LEY2009-C, 527
El "blanqueo" de capitales ante principios constitucionales
LA LEY 03/03/2009, 03/03/2009, 1 - LA LEY2009-B, 863
El blanqueo de capitales y los efectos sobre la ley penal cambiaria
LA LEY 18/03/2009, 18/03/2009, 1 - LA LEY2009-B, 1276
La estabilidad fiscal en la actividad minera y el impuesto de igualación
LA LEY 09/09/2009, 09/09/2009, 9 - LA LEY2009-E, 459
La ley penal cambiaria y los principios generales del derecho penal común
LA LEY 05/12/2008, 05/12/2008, 1 - LA LEY2008-F, 1364
Estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
LA LEY 27/10/2008, 27/10/2008, 1 - LA LEY2008-F, 1389
Estatización de los fondos de las A.F.J.P.
Sup. Esp. Reforma al Sistema Previsional 2008 (octubre), 01/10/2008, 73
Coparticipación federal de impuestos ¿federalismo?
Sup. Act. 06/26/2008, 26/06/2008, 1
Acerca de la deuda pública argentina
Sup. Act. 20/03/2008, 20/03/2008, 1
La concesión abusiva del crédito
LA LEY 07/11/2008, 07/11/2008, 6 - LA LEY2008-F, 433
Responsabilidad de los locadores de inmuebles situados en shopping centers
LA LEY 18/03/2008, 18/03/2008, 5 - LA LEY2008-B, 290
LA LEY 01/09/2008, 01/09/2008, 6 - LA LEY2008-E, 248
LA LEY 31/12/2007, 31/12/2007, 1 - LA LEY2008-A, 853
LA LEY 06/02/2007, 06/02/2007, 4 - LA LEY2007-A, 402
Sup. Act. 30/10/2007, 30/10/2007, 1
Transmisión de Fondos de Comercio
LA LEY 30/03/2007, 30/03/2007, 1 - LA LEY2007-B, 1171
LA LEY 03/07/2007, 03/07/2007, 6 - LA LEY2007-D, 292
LA LEY 28/09/2007, 28/09/2007, 5 - LA LEY2007-E, 615
La responsabilidad de los administradores de fondos comunes de inversión
LA LEY 19/07/2005, 19/07/2005, 1 - LA LEY2005-D, 1158 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 01/01/2007, 789
Ingreso y egreso de divisas.
LA LEY 31/07/2006, 31/07/2006, 1 - LA LEY2006-D, 1266
Reglamentación de la Ley de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo y Exteriorización y Repatriación de Capitales
Sup. Act. 05/02/2009, 15/09/2004, 1
Comentario a la comunicación "A" 5591 del Banco Central de la República Argentina
ADLA2014-28, 115
Comentario a la comunicación "A" 5601 del Banco Central de la República Argentina
ADLA2014-28, 125
Comentario a la resolución 229/2014 de la Unidad de Información Financiera
ADLA2014-25, 134
Comentario a la resolución 445/2014 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
ADLA2014-28, 54
El blanqueo de capitales y las infracciones cambiarias
Sup. Act. 21/05/2009, 01/06/2009, 1 - IMP2009-11 (junio), 859 - ADLA2009-C, 3242
Un "cheque cancelatorio": una respuesta anacrónica a la inseguridad bancaria
Sup. Especial. Digesto Jurídico Argentino 2010 (diciembre), 13/12/2010, 23 - LA LEY2010-F, 1192 - ADLALXXI-A, 1
Av. Santa Fe 768 - 2° Piso (1059)
Tel (011) 4313-2908 Lineas Rotativas
Mail: estudio@mazzinghi.com.ar
Ituzaingo 369 - 1° Piso (1642)
Tel (011) 4747-1039 / 9850
ESTUDIO@MAZZINGHI.COM.AR
Graduado en la Universidad de Buenos Aires. 1948
Profesor Ordinario Derecho Civil - UCA - hasta 1988
Profesor Emérito desde 1997.
Decano de la Facultad de Derecho de la UCA 1970/1977
Vice Rector de la Universidad Católica Argentina 1981/1984
Vice Rector de la Universidad Austral 1991/1994
Director del Diario El Derecho 1997/2001.
JORGE@MAZZINGHI.COM.AR
Graduado en la Universidad Católica Argentina (1973)
Ex Profesor de Derecho Civil II - Obligaciones, UBA
Profesor de Derecho Civil V - Familia y Sucesiones, UCA
Ex Director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad Católica Argentina Año 2010
GABRIEL@MAZZINGHI.COM.AR
Graduado en la Universidad Católica Argentina (1975) con Diploma de Honor
Secretario en la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal. (1977/1984)
Profesor Adjunto del Departamento de Derecho Privado - Orientación Derecho Civil I.
ESTEBAN@MAZZINGHI.COM.AR
Graduado en la Universidad Católica Argentina (1986)
Profesor Asistente Civil V. Cátedra del Dr. Ricardo Videla. U.C.A. 1989/2008.
Profesor del Programa de Entrenamiento del FORES 1995
MARCOS@MAZZINGHI.COM.AR
Graduado en la Universidad de Buenos Aires, 2000
Master en Derecho Empresario en la Universidad Austral, Año 2002-2003
Especialización en Derecho Tributario en la Universidad Austral, Año 2008-2009
Profesor del Master en Derecho Empresarial en la Universidad Austral
INESOJEA@MAZZINGHI.COM.AR
Graduada en la Universidad Católica Argentina (2000)
Carrera de especialización en Derecho de Familia - UCA
Master en Abogacía Internacional - Madrid - España (2006)
ESTEBANH@MAZZINGHI.COM.AR
MAZZINGHI (H)
Graduado en la Universidad de Buenos Aires (2009)
Juzgado Civil y Comercial N° de San Isidro. Meritorio. (2003)
Profesor de Derecho de Familia en la Universidad Austral
SANTIAGO@MAZZINGHI.COM.AR
Graduado en la Universidad de Buenos Aires (2012)
Se desempeña en el estudio desde diciembre de 2011.
Graduada en la Universidad de Buenos Aires (2015)
INESIBARRA@MAZZINGHI.COM.AR
Se desempeña en el estudio desde octubre de 1975.
Se desempeña en el estudio desde octubre de 1981.
Las convenciones matrimoniales en el nuevo Código Civil y Comercial.
Revista Código Civil y Comercial, La Ley, Año 1, Número 6, diciembre 2015.
Las nuevas modalidades de los asuntos de familia y los honorarios profesionales.
La Ley del 4 de noviembre de 2015
El Código Civil y Comercial y las relaciones de familia.
La Ley del 24 de abril de 2015
El asentimiento conyugal del art. 1277 del Cód. Civil y la venia supletoria requerida por el tercero afectado
Rev. Derecho Privado y Comunitario. 2008-I -Soc.Cony. I-Ed.Rubinzal Culzoni, pág. 119
Convenciones matrimoniales - Régimen legal aplicable.
LL Tomo 2004-D, pág. 1300.
La reforma en materia de familia (3).
ED Tomo 185, pág. 1343. Año 2000.
La reforma en materia de familia (2).
ED Tomo 184, pág. 1536. Año 1999.
La reforma en materia de familia (1).
ED Tomo 184, pág. 1501 Año 1999.
Mediación familiar: En el buen camino.
Leg. Arg Tomo 1998-B, pág. 1463.
Legitimación de la poligamia.
ED Tomo 178, pág. 516. Año 1998.
Ineficacia del título con que se pretende acreditar el matrimonio.
LL Tomo 1996-B. Pág. 171.
Determinación de la buena fe en un matrimonio nulo.
LL Tomo 1996-A. pág. 328.
Sobre dos casos de nulidad de matrimonio canónico.
ED Tomo 136, pág. 322. Año 1990.
El nuevo artículo 175 del Código Civil aplicado a un dudoso caso de error.
ED Tomo 133, pág. 463. Año 1989.
Matrimonio civil o "concubinato" religioso.
ED Tomo 120, pág. 863. Año 1987.
La familia, evoluciona?
ED Tomo 118, pág. 927. Año 1986.
Objeciones al proyecto de ley de matrimonio civil aprobado por diputados.
LL Tomo 1986-E. pág. 1104.
Error evidente y dolo presunto.
LL Tomo 1986-B. pág. 468.
Adecuada utilización del dolo como causa de anulación matrimonial.
ED Tomo 103, pág. 673. Año 1983.
Legitimación a despecho de la ley.
ED Tomo 96, pág. 531. Año 1982.
España: Del matrimonio a la unión libre.
ED Tomo 95, pág. 751. Año 1982.
Razonable denegación de una venia matrimonial.
LL Tomo 1982-D. pág. 50.
Crisis de la familia e interioridad
Rev. Universitas Nº 60 Año 1981
Nulidad del primer matrimonio celebrado por el causante, falta de acción del segundo cónyuge supérstite y declaración de oficio.
ED Tomo 93, pág. 573. Año 1981.
Dispensa judicial del impedimento de ligamen.
ED Tomo 78, pág. 678. Año 1978.
Expresión del consentimiento sin intención de contraer matrimonio
ED Tomo 70, pág. 155. Año 1977
Impotencia manifiesta como causa de anulación matrimonial
LL Tomo 1975-B. pág. 809.
Sobre la indisolubilidad del matrimonio en el Derecho Canónico
LL Tomo 151. pág. 1139. Año 1973
La reserva mental como supuesto de dolo
LL Tomo 140. pág. 713. Año 1970
Fundamento de la anulación de un matrimonio por causa de dolo
ED Tomo 2, pág. 538 Año 1962
El matrimonio absolutamente nulo frente a los terceros
LL Tomo 135. pág. 1633. Año 1961
Hacia una interpretación más justa del art. 86 de la ley de Matrimonio Civil
LL Tomo 99, pág. 376. Año 1960
LL Tomo 2005-E, pág. 260
Ley borrosa e interpretación disolvente
ED Tomo 180, pág. 247. Año 1999
"Una saludable rectificación". (Sobre un fallo de la Corte que niega derecho a pensión a la concubina).
LL Tomo 1976-D. pág. 100.
"Derecho de la concubina del inquilino a sucederlo en la locación". (A propósito de un fallo plenario de la Cámara de Paz). Jurisprudencia Argentina 12-12-1955.
Jurisprudencia Argentina 12-12-1955.
Las propuestas, el convenio regulador, y otras vicisitudes del proceso de divorcio.
LA LEY 18-06-2015.
El resarcimiento de los daños resultantes de la ruptura voluntaria del proyecto de vida en común
El derecho del cónyuge a percibir alimentos luego de decretado el divorcio.
La ley del 21 de julio de 2015.
El abandono, el adulterio y la importancia de los deberes matrimoniales
LL Tomo 2008-E, pag. 330
LL Tomo 2008-D, pag. 1045
La fidelidad conyugal de los separados - Reflexión sobre una reflexión
LL Tomo 2005-D, pag. 1251
Superposición de causa objetica y subjetica en caso de divorcio
LL Tomo 1996-B, pag. 10
El fallo plenario sobre daño moral en el divorcio
ED Tomo 162, pag. 959 - Año 1995
El adulterio debe seguir siendo un delito penal?
ED Tomo 153, pag. 839 - Año 1993
Superposición de causales; alienación mental y separación por mas de tres años
ED Tomo 141, pag. 502 - Año 1991
Pretendida atribución de facultades legislativas al Poder Judicial
LL 1984-D, pag. 878
El art. 67 bis fuera de su cauce.
ED Tomo 105, pág. 332. Año 1984.
El deber de fidelidad con posterioridad a la sentencia de divorcio.
LL Tomo 1980-C. pág. 365.
Valoración de la ebriedad de uno de los cónyuges como causal de divorcio y asignación de la tenencia del menor a la madre cuando el padre vive en concubinato.
Tomo 1978-C. pág. 191.
Sobre la presencia personal de los cónyuges en la segunda audiencia del divorcio por presentación conjunta.
LL Tomo 1977-C. pág. 627.
El registro de alimentantes morosos.
ED Tomo 192, pág. 320 Año 2001.
Una simple cuestión de alimentos.
ED Tomo 167, pág. 481 Año 1996.
La competencia en las acciones de familia.
DJ 1993 1-393.
"La sentencia de alimentos y la oportunidad para su ejecución", en colaboración con la Dra. María Cristina Fernández Abad.
LL 1985-B, pág. 952.
Alcance de la reserva de alimentos en el divorcio por presentación conjunta.
LL Tomo 1979-D. pág. 11.
El papel de los padres en la definición e interpretación del interés superior del niño.
Cuaderno Jurídico de Familia de El Derecho nº 1. Nov 2009.
El interés de los menores y su defensa por el Ministerio Pupilar.
LL Tomo 1995-C. pág. 463.
"La ruptura matrimonial y la importancia de ajustar la función paterna a una nueva realidad. (tenencia compartida, régimen de visitas y alimentos en especie)", en colaboración con la Lic. Rosa Carpinetti de Hughes.
ED Tomo 158, pág. 1006 Año 1994.
Un interesante problema de tenencia.
ED Tomo 159, pág. 709. Año 1994.
El menor, la familia y un esperpento.
ED Tomo 128, pág. 731. Año 1988.
Patria potestad revertida a la madre de sangre por muerte del adoptante.
LL Tomo 1984-C. pág 189.
La separación de los hijos en un caso de tenencia.
LL Tomo 1982-A. pág. 496.
La emancipación liberatoria y el abuso del derecho.
ED Tomo 83, pág. 719. Año 1979.
La separación de hecho y el juego de las recompensas entre los cónyuges
LL Tomo 2008-F, pág. 420
Los créditos por recompensas en la liquidación de la sociedad conyugal.
LL Tomo 2004-F, pág. 1407
Los convenios de liquidación de la sociedad conyugal en los juicios de divorcio o sep. personal por la causal objetiva.
ED Tomo 182, pág. 425. Año 1999
Régimen de bienes del matrimonio: Una nueva propuesta de reforma de escasa consistencia
Leg. Arg. Tomo 1997-B, pág. 1569
Bloqueo a una insostenible pretensión marital
ED Tomo 169, pág. 188 - Año 1996
Acertada interpretación del derecho de habitación.
LL Tomo 1996-E. pág. 562.
Consolidación de Doctrinas en materia de sociedad conyugal.
ED Tomo 164, pag. 399. Año 1995.
Un caso singular de prescripción entre cónyuges.
ED Tomo 159, pág. 65. Año 1994.
La calificación de un bien como propio o ganancial y otras cuestiones.
DJ Tomo 1991-2, pag. 129.
Apuntes sobre bien de familia.
DJ 1990-1.
La responsabilidad por las deudas de los cónyuges y un fallo preocupante.
DJ Tomo 1990-2, pag. 465.
El concurso como causa de la separación de bienes.
ED Tomo 131, pág. 236. Año 1989.
Una opción entre el régimen de la sociedad conyugal y el condominio.
ED Tomo 115, pág. 152. Año 1986.
La calificación de los bienes de los cónyuges y el ejercicio de un pacto de retroventa.
LL 1984-A.
Un cuestionable derecho a recompensa.
LL Tomo 1982-B. pág. 378.
El artículo 1277 del Código Civil y una interpreta¬ción desafortunada.
LL 1982-C, pág. 439.
Responsabilidad de la mujer por deudas contraídas por el marido.
ED Tomo 45, pág. 977. Año 1973.
Los daños originados en la falta de reconocimiento de un hijo - exigencia de los factores subjetivos de la responsabilidad.
Sobre la inconstitucionalidad del art. 259 del Código Civil.
MJ-DOC-4286-AR.
Exigencia de reconocimiento materno.
LL Tomo 2007-E, pág. 223.
Inviabilidad de una atípica demanda de filiación.
ED Tomo 189, pág. 197.- Año 2000.
Derecho de la mujer a impugnar la paternidad del marido. Un fallo elogiable de la Corte.
ED Tomo 185, pág. 452.- Año 2000.
Filiación extramatrimonial: una acción impropia.
ED Tomo 182, pág 574. Año 1999.
Reproducción asistida: Sensatez con media sanción.
ED Tomo 173, pág. 1105.- Año 1997.
Negativa a colaborar con la investigación de la paternidad y la indignidad sucesoria.
LL 1996-B, pág. 544.
Aplicación actual del derogado art. 325 del Código Civil.
LL Tomo 1995-B. pág. 495.
Sobre la necesidad del reconocimiento materno.
LL Tomo 1995-B. pág. 304.
Renuencia paterna a la prueba hematológica.
ED Tomo 159, pág. 181.- Año 1994.
Legitimación activa para impugnar la filiación legítima.
ED Tomo 157, pág. 13. Año 1994.
Componentes ideológicos de la reforma legislativa en materia de filiación.
ED Tomo 120. pág. 961. Año 1987.
Filiación, normas, claves y trasfondo de un proyecto de ley.
LL Tomo 1985-D. pág. 1145.
Breve reflexión sobre la fecundación in vitro.
LL Tomo 1978-A. pág. 993.
Adopción: Nueva ley relativamente novedosa.
Leg. Arg Tomo 1997-A, pág. 1405.
Adopción "contra legem"
ED Tomo 172, pág. 520.- Año 1997.
Jurisprudencia derogatoria en materia de adopción.
LL Tomo 1995-D, pag. 387.
El apellido del adoptado.
LL Tomo 1995-C. pág. 78.
El valor de la familia en un inteligente fallo sobre adopción.
DJ Tomo 1991-2, pag. 967.
¿Para qué existe la figura de la adopción simple?
DJ Tomo 1989-2, pag. 577.
Oposición del padre a la adopción del hijo.
ED Tomo 132, pág. 536. Año 1989.
Hacia un plenario en materia de adopción.
ED Tomo 73, pág. 835. Año 1977.
Réplica a la posibilidad de adopción conjunta del hijo extramatrimonial.
ED Tomo 73, pág. 825. Año 1977.
La nueva ley de adopción.
ED Tomo 39, pág. 1121. Año 1971.
Persona y capacidad: Intervención interdisciplinaria en los procesos de discapacidad o incapacidad.
Intervención de los curadores provisionales en los juicios relativos a la capacidad de las personas.
Precisiones a un fallo que deniega autorización judicial para esterilizar a una incapaz
LL Tomo 1983-C, pág. 500
La designación del concubino como curador de la insana.
LL Tomo 1979-B. pág. 87.
Dementes, sordomudos, incapaces, inhabilitados y enfermos internables, en Las reformas civiles.
ED, tomo 59, pág. 759. Año 1975.
NEWSLETTER - Ver ediciones anteriores
NRO.19 Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y las Personas - 30.11.2016
Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre pasados, se llevó a cabo el "III Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y las Personas", organizado en conjunto por las universidades Austral, UCA, y la Universidad Abierta Interamericana.
La temática del congreso giro en torno a la protección de la vulnerabilidad en el Derecho de Familia y de las Personas, y sirvió también como homenaje a la labor jurídica y académica de Jorge Adolfo Mazzinghi, fundador del Estudio.
Los Dres. Jorge y Gabriel Mazzinghi fueron invitados a participar del congreso en los paneles de conferencias de los días 22 y 23 de noviembre, y también pudimos participar de la muy interesante jornada de exposición y defensa de ponencias que tuvo lugar el último día del congreso, donde los Dres. Jorge y Esteban (h) Mazzinghi presentaron y defendieron sus trabajos junto a destacados colegas, profesores y alumnos de distintas universidades de la Argentina, otros países de Latinoamérica, y de España.
Aprovechamos esta publicación para agradecer a las universidades organizadoras, autoridades de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas y, de manera especial a los Dres. Alberto Jorge Gowland, al Decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Dr. Daniel Herrera, a la Dra. Úrsula Basset y al Sr. Carlos Camean Ariza por el sincero gesto de reconocimiento y todo el afecto que nos transmitieron por quien fuera fundador del Estudio, nuestro padre y abuelo.
NRO.18 Libro "Responsabilidad parental y alimentos en favor de los hijos" - 05.10.2016
Nos es grato comunicarles que en estos días ha sido publicado el libro “RESPONSABILIDAD PARENTAL Y ALIMENTOS EN FAVOR DE LOS HIJOS” escrito por dos socios del Estudio Mazzinghi, los Dres. Jorge A. M. Mazzinghi y Esteban M. Mazzinghi.
Se trata de un libro que integra la “Colección Código Civil y Comercial de la Nación” que publica la editorial “El Derecho”, obra dirigida por los Dres. Gabriel F. Limodio y Guillermo F. Peyrano.
En este libro, los autores desarrollan y explican a lo largo de doce capítulos, los principales temas que se refieren a las relaciones jurídicas entre padres e hijos, teniendo especialmente en cuenta la nueva regulación que se ha volcado en el Código Civil y Comercial vigente a partir del mes de Agosto de 2015.-
Analizan, entre otros temas, lo atinente a la responsabilidad parental (que ha dejado de llamarse “patria potestad”), los derechos y deberes de los progenitores en orden al cuidado y la educación de sus hijos menores y adolescentes, la obligación alimentaria a cargo de los padres, de otros parientes y de los “progenitores afines” (temas que en algunos casos resultan novedosos), la administración y el usufructo de los bienes de los menores, que ha dejado de pertenecerle a los padres, la suspensión o privación del ejercicio de la responsabilidad parental, etc.
Los autores explican con sencillez el funcionamiento de las nuevas leyes, y puntualizan los posibles aciertos y errores del nuevo Código, procurando resolver los problemas suscitados por su aplicación.
Se trata de un trabajo de investigación y opinión llevado a cabo con un criterio práctico y dirigido al mismo tiempo, a un público profesional o académico, a los estudiantes de Derecho y a las personas interesadas en conocer lo que las leyes han establecido para regular este aspecto –tan rico y lleno de matices- de la vida familiar, como es la relación entre padres e hijos.
NRO.17 Es ley el nuevo blanqueo de capitales - 30.06.2016
Con fecha 29 de junio de 2016, el Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de regularización impositiva y blanqueo de capitales que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, y que fuera presentado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 31 de mayo de 2016.
En el presente link se incluye un análisis de los principales lineamientos e implicancias de este nuevo régimen de blanqueo:
http://estudiomazzinghi.com.ar/publicaciones/pdf/1467317002_Ley%20de%20Blanqueo%202016%20Newsletter.pdf
Para cualquier duda o consulta por favor comunicarse con el Dr. Marcos Mazzinghi: marcos@mazzinghi.com.ar
NRO.16 Designación de dos ministros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y rectificación de los contratos de futuros de Dólar - 15.12.2015
Designación de dos ministros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y rectificación de los contratos de futuros de Dólar
La integración de la CSJN:
En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 83/2015, a través del cual se designaron en comisión, dos nuevos Jueces en la C.S.J.N.
Se trata de los Dres. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes pasarán a integrar la CSJN en comisión, hasta tanto sus pliegos sean aprobados por el Honorable Senado de la Nación, con el voto de los 2/3 de sus miembros, tal como exige el artículo 99, inciso 4° de la Constitución Nacional.
En el caso de que esto último no ocurra antes del 30 de noviembre de 2016, los Jueces designados deberán cesar en sus cargos.
El sistema de designación en comisión está expresamente previsto en el artículo 99, inciso 19, de la Carta Magna, que permite al presidente cubrir vacantes cuando el Senado está en receso, periodo que concluirá el 1° de marzo próximo.
De esta manera –y al menos hasta el 30 de noviembre de 2016– la CSJN quedará integrada por 5 miembros, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
La premura en la designación de los nuevos Jueces estaría vinculada con la necesidad de completar la integración de la CSJN frente a la inminente entrada en vigencia de diferentes normas tendientes a normalizar la situación económica e institucional del país, cuya constitucionalidad puede ser objeto de cuestionamiento por parte de la oposición política.
Rectificación de los contratos de futuros de Dólar:
A través de las Comunicaciones N° 518 y 657, emitidas por el Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX) y Argentina Clearing S.A. con fecha 14/12/2015 (las “Comunicaciones”), se rectificaron los contratos de futuros de Dólar concertados a través del ROFEX.
Este tipo de contratos se celebra habitualmente en el ámbito del ROFEX y del Mercado Abierto Electrónico (MAE), y su finalidad puede ser de cobertura –permitiendo al comprador del dólar asegurarse una determinada cantidad de esa moneda a un tipo de cambio fijo a una fecha futura– o meramente especulativa.
Cabe recordar que durante los últimos tres meses, la anterior conducción del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mostró muy activa en la concertación de este tipo de contratos, con la finalidad de anclar las expectativas de devaluación, ofreciendo el Dólar futuro a precios sensiblemente inferiores a los que se pactaban para la misma operatoria en el exterior.
El promedio de tipo de cambio al que el BCRA vendía los dólares ronda los $10,50, mientras que el precio operado en el exterior era de $15. En caso de concretarse una devaluación, el BCRA debería emitir los Pesos necesarios para cubrir dicha diferencia, que los especialistas calculan en $70.000 millones.
Las Comunicaciones vienen así a rectificar esta situación, disponiendo lo siguiente:
(i) Se declara la emergencia con relación a las posiciones abiertas a la fecha sobre los contratos de futuro de Dólar con vencimiento hasta junio de 2016, cuya fecha de concertación sea posterior al 29 de septiembre de 2015 (los “Contratos de Futuro”).
(ii) Disponer, con respecto a los Contratos de Futuro, lo siguiente:
(a) La corrección del precio original de la operación, adicionando $1,25 por dólar para aquellas operaciones abiertas entre el 30/09/2015 y el 27/10/2015, inclusive.
(b) La corrección del precio original de la operación, adicionando $1,75 por dólar para aquellas operaciones abiertas a partir del 28/10/2015, inclusive.
(c) La corrección del precio se hará mediante la registración técnica de una operación de venta y de compra simultáneas, que producirá la novación de la operación original.
(iii) Casos excluidos: Quedan excluidas de esta corrección, las siguientes operaciones:
(a) Compras de futuros que estén calzadas con lanzamientos de calls.
(b) Operaciones de pases entre meses (spread calendario).
En ambos casos, para quedar excluidos de la rectificación es imprescindible presentar una nota antes de las 14 horas del 15/12/2015.
(iv) Entidades financieras con posiciones calzadas con OCT-MAE: los bancos que tengan posiciones compradas en Mercado Abierto Electrónico contra el BCRA y vendidas en ROFEX, podrán solicitar la cancelación de sus operaciones.
(v) A partir de la entrada en vigencia de las Comunicaciones, se admite la apertura de nuevas posiciones de contratos de futuro y opciones sobre Dólar.
Las Comunicaciones disponen que las medidas allí dispuestas están sujetas a que sean “aprobadas en forma expresa por la Comisión Nacional de Valores, y su aplicación estará condicionada a la derogación de la RG CNV 649/2015 y la Resolución N° 17.909.”
Ante cualquier duda o consulta por favor contactarse con Marcos Mazzinghi (marcos@mazzinghi.com.ar).
NRO.15 Jornadas de Derecho Civil en la Ciudad de Bahía Blanca. - 17.11.2015
Dentro de la gran cantidad de modificaciones habidas en casi todas las disciplinas del derecho civil y comercial, una de las ramas cuyas normas resultaron mayoritariamente afectadas, fue el derecho de familia.
En este sentido, el Estudio Mazzinghi, a través de la participación activa de varios de sus integrantes, supo estar presente con la intención de nutrirse de la opinión de nuestros colegas y también de aportar su visión sobre las problemáticas familiares en los diversos temas que se analizaron.
El Dr. Jorge Adolfo M. Mazzinghi, presentó en la Comisión nº 3 de "Daños derivados de las relaciones de familia", las siguientes ponencias:
1) "Los daños originados en la falta de reconocimiento de un hijo - Exigencia de los factores subjetivos de la responsabilidad" y
2) "El resarcimiento de los daños resultantes de la ruptura voluntaria del proyecto de vida en común".
Y en la Comisión nº 7 de Sucesiones, sobre el tema de la "Exclusión de la vocación hereditaria" presentó los siguientes trabajos: 1) "La insuficiencia de la separación de hecho de los cónyuges como causal de exclusión de la vocación hereditaria" y 2) "La falta de suministro de alimentos al causante y la necesidad de un reclamo expreso".
El Dr. Gabriel María Mazzinghi, por su parte, participó de la Comisión nº 1 que abordó la temática de "Las Nuevas reglas referidas al régimen de capacidad de la persona humana" y presentó las siguientes ponencias:
1) "Intervención interdisciplinaria en los procesos de discapacidad o incapacidad" y
2) "Intervención de los curadores provisionales en los juicios relativos a la capacidad de las personas".
Por último el Dr. Esteban Mazzinghi (h) participó en la Comisión nº 7 de Sucesiones y presentó una ponencia titulada "La exclusión hereditaria sancionada para cónyuges separados de hecho, impide invocar el derecho real de habitación del cónyuge supérstite"?
Para una información detallada sobre el contenido de los mencionados trabajos, se puede consultar la solapa publicaciones en www.estudiomazzinghi.com.ar
NRO.14 La inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial - 16.06.2015
El nuevo Código Civil y Comercial, que entrará en vigencia en unas pocas semanas, trae novedades sustanciales en materia de capacidad de las personas, salud mental, relaciones de familia y sucesiones.
Los cambios más significativos tienen que ver con la regulación del matrimonio, el divorcio, la filiación y otras cuestiones vinculadas al derecho de familia.
Más allá de la valoración del Código, -que nos merece, en general, un juicio poco entusiasta-, los integrantes del estudio han desarrollado una intensa labor con miras a la inminente puesta en vigencia del nuevo cuerpo legal.
Los socios del Estudio han publicado diversos artículos de doctrina en las principales revistas jurídicas y han participado como expositores en distintos cursos organizados por la Universidad Católica Argentina, el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires y otras instituciones.
Los abogados más jóvenes han redoblado sus esfuerzos para empaparse de las novedades legales con vistas a la próxima entrada en vigencia del Código en el mes de agosto. A esos fines, han asistido a cursos realizados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ("Los aspectos más novedosos del nuevo Código Civil y Comercial"), en el Colegio de Abogados de San Isidro (“Ciclo de actividades académicas vinculadas a la reforma del C.C.C.”), y han tenido a su cargo reuniones semanales de actualización en el ámbito interno del propio estudio.
El propósito es afinar al máximo la preparación para poder brindar un asesoramiento eficaz ante los nuevos problemas que se suscitarán.
Las normas pueden cambiar, pero el objetivo debe ser siempre el de la búsqueda de las soluciones más justas y acordes a los principios y valores que están en el fundamento de la realidad familiar.
La nómina de artículos recientemente publicados por los socios del Estudio es la siguiente: “El nuevo perfil del matrimonio”, (El Derecho, tomo 248, pág 753); “El eclipse de la valoración de la conducta en la propuesta del nuevo régimen familiar”. (Cuaderno Jurídico Familia de El Derecho nº 35. Diciembre 2012); “La licitación y la atribución preferencial en el Proyecto de nuevo Código”, (Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año VI, nº 8, septiembre de 2014, pag.107. La Ley); “La ley de salud mental: Un paso atrás (o varios…)”. (Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año VI, nº 11, diciembre de 2014, La Ley); “El Código Civil y Comercial y las relaciones de familia”. (La Ley del 24 de abril de 2015); “Las propuestas, el convenio regulador, y otras vicisitudes del proceso de divorcio”, La Ley, ejemplar del 18 de junio de 2015.
NRO.13 ESTUDIO MAZZINGHI: MUDANZA DE OFICINAS EN BUENOS AIRES - 06.02.2013
Les comunicamos que a partir del 13 de febrero de 2013, el Estudio Mazzinghi traslada sus oficinas de Buenos Aires a la nueva sede sita en Avda. Santa Fe 768 piso 2do. Teléfono 4313-2908 y líneas rotativas.
La sede del estudio en San Isidro, permanece sin cambios.-
Los saludamos con distinguida consideración
NRO.12 IRRESPONSABILIDAD LEGISLATIVA - 21.02.2011
El Código Civil, cuidadosamente elaborado por Vélez Sarsfield y sancionado en 1871, fue una obra meditada, y enriquecida por la labor de juristas y de tribunales integrados por jueces calificados.
Para adaptarse a los cambios que la sociedad ha ido reflejando desde entonces, fue varias veces reformado, a veces de manera global, como en 1968, por la ley 17.711, y otras en forma parcial, como ocurrió en materia de familia, con el dictado de las leyes 22.364, 23.515, 24.789, relativas a la filiación, al matrimonio y a la adopción, respectivamente.
Cualquiera sea el juicio que merezcan esas reformas, hay que reconocer que ellas fueron precedidas por un debate de ideas, y consideradas con cierto rigor en el Congreso a través de sesiones no memorables, pero por lo menos, serias.
La crisis parlamentaria que nuestro país ha padecido en los últimos diez años, no sólo se ha notado en el avasallamiento de las facultades del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, sino también por el dictado de leyes que son el fruto de improvisaciones temerarias, y que no responden a una consideración profunda de los problemas, sino a la prevalencia de determinadas tendencias o ideologías, que reúnen los votos necesarios para devenir leyes.
Ejemplo próximo de ello fue la sanción de la ley 26.618, dictada a mediados del año 2010, que aniquiló el matrimonio como unión heterosexual, e introdujo el engendro que constituye el pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo.
A fines del año pasado se ha perpetrado otro atentado al orden jurídico, mediante la sanción de la ley 26.657, que introdujo reformas insostenibles en el régimen de la incapacidad, alterando y desfigurando los conceptos que regían la materia, e incurriendo en groseras contradicciones con otras normas que se mantienen vigentes.
Volveremos sobre el tema, para dedicarle un análisis mas detenido. Pero queremos desde ahora dar la voz de alarma frente a esta nueva ley, que es el fruto de una tendencia -casi diríamos una extravagancia- que se denomina "antipsiquiatría" y "antihospitalismo".
La autoridad de los médicos psiquiatras es reemplazada por imprecisas juntas interdisciplinarias (de incierta y heterogénea composición); y el Juez, en la sentencia, sobre un status básico de capacidad, debe recortar, a la medida de cada sujeto, tal capacidad, según las opiniones de psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y, acaso, personal de maestranza.
Este torpe manipuleo de la estructura del Código Civil, que habrá dejado contentos a algunos cultores del absurdo, fue aprobado, sin debate y sin oposición, por ambas cámaras del Congreso, en un acto que revela, una vez más, una irresponsabilidad que estremece.
NRO.11 EXPLOSION INFORMATICA - 02.12.2010
La explosión informática provocada por los hackers australianos, que ha puesto a la luz pública una inmensa cantidad de datos reservados al conocimiento de órganos del estado norteamericano, ha constituido una tremenda sorpresa.
Por un lado, porque revela que lo que se suponía que eran arcanos inaccesibles, se vuelven informaciones a mano de amigos y enemigos, y que el secreto de las cancillerías es tan frágil como el que guardan las clientes de una peluquería, sobre las conversaciones que allí se mantienen.
Por otro lado, lo insustancial de buena parte de las revelaciones, pone en evidencia que el mundo padece una crisis de sobreinformación, un dispendio insensato de energías encauzadas a fines que carecen de significado y que sólo sirven para constituir un colosal archivo de la banalidad.
Cuántos recursos volcados a la transmisión de datos intrascendentes; qué abuso de la comunicación por la comunicación misma, sin reparar en el valor y el sentido de lo que se comunica.
Por último, un papelón sensacional, que avergonzará a los depositarios de la información vulnerada, al advertir que "nada es tan oculto que no se haya de manifestar, ni tan secreto que al fin no se sepa", como dice San Lucas (XII-2). Con la diferencia de que la previsión del evangelista se refiere al fin de los tiempos –“lo que dijisteis a oscuras se dirá a la luz del día y lo que hablasteis al oído en las alcobas, se pregonará sobre los terrados”-. Nadie pensaba que ello podía ocurrir un día cualquiera del siglo XXI.
La confrontación entre lo que de verdad opinan los gobiernos y sus agentes, con el melifluo tratamiento que suelen dispensarse sus representantes en los encuentros internacionales, se ha transformado en algo así como un festival de la hipocresía, sobre cuya base es difícil construir algo perdurable.
NRO.10 UN PLENARIO POSITIVO - 10.11.2010
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, ha resuelto, en fallo plenario, que no corresponde decretar la separación personal o el divorcio según la causal objetiva, que preven los arts. 204 y 214 inc. 2do. del Código Civil, si ninguna de las partes ha fundado en tales normas la demanda o la reconvención.
La doctrina sentada se opone a una corriente que se inclinó por dictar tales pronunciamientos, cuando no prosperaban las causales subjetivas esgrimidas por las partes, ya sea por deficiencia de pruebas o por apreciaciones negativas del tribunal en cuanto a los hechos aducidos.
Tal corriente implicaba una tendencia a prescindir de las culpas alegadas, y a acceder a la disolución del vínculo basándose en la separación de hecho mantenida por las partes. La falta de convivencia implicaba - según ese criterio - que el matrimonio había perdido vigencia.
La mayoría resuelve la cuestión en sentido negativo: Sólo cuando una o ambas partes hayan invocado la causal objetiva, procede que el tribunal la utilice como causa de su pronunciamiento.
El fallo es excesivamente riguroso en cuanto no admite que tal invocación se realice fuera de la demanda o la contestación, e impide así que los cónyuges desistan de su controversia y, en otra etapa del proceso, se amparen en la duración de su separación de hecho.
Pero, pese a esta diferencia de matiz, cabe coincidir con la filosofía del pronunciamiento, que, por un lado, sostiene el principio de congruencia, y por otro supera la errada visión de considerar que el matrimonio deja de existir cuando los cónyuges no conviven.
La incorporación de los artículos citados al comienzo, fue una extraviada iniciativa del legislador de 1987. Es mas saludable la tendencia a restringir su empleo, que la de aceptarlo sin matices.
NRO.9 DEMOLICION DE NUESTRO SISTEMA POLITICO - 07.10.2010
El estado es la sociedad jurídicamente organizada. Por eso, hablar de estado de derecho es, en cierto modo, una redundancia.
Hay cierta posible diversidad entre las maneras en que se puede organizar jurídicamente a la sociedad.
Pero hoy día, en el mundo que podríamos llamar civilizado, no se discute la necesidad de separar, por un lado, la elaboración de las leyes (a cargo del Poder Legislativo), por otro, el gobierno o la administración de la cosa pública (Poder Ejecutivo); y finalmente, la justa aplicación de tales leyes a las cuestiones concretas que se planteen entre particulares, o entre ellos y las autoridades, o entre las propias entidades públicas (Poder Judicial).
Como resultado de esta clásica división de poderes, que está en la base del sistema republicano, el Poder Judicial, tiene la fundamental tarea de asegurar que la organización jurídica adoptada por la sociedad, funcione armoniosamente, poniendo límites al Poder Ejecutivo, cuando este se excediera en sus funciones, y ejerciendo el control de constitucionalidad respecto de las leyes sancionadas por el Congreso.
El juez podrá no ser amable -“no se ama al Juez”-, dice Claudel.
Pero el juez es acreedor al respeto de los otros poderes y de los ciudadanos. Se puede disentir con él, criticar sus resoluciones, y hasta poner en marcha el proceso legal para apartarlo de su cargo.
Pero lo que no se puede es desobedecer sus decisiones, ni privarlo de los recursos necesarios para que pueda cumplir su misión, ni hacer escarnio de su persona, ni proponer un amotinamiento contra la justicia.
Cuando tales ataques tienen por objeto al más alto tribunal de la Nación, el problema se agudiza peligrosamente.
No es el caso de hacer una valoración personal de los Ministros de la Corte –cuya mayoría fue nombrada por el gobierno actual o por su inmediato predecesor-, sino de defender la institución, asegurar su funcionamiento, cumplir sus fallos y respetar a quienes integran el tribunal y ejercen tan alta misión.
Lo ocurrido en los últimos días es un ejemplo clarísimo de lo que no debe ocurrir.
No nos referimos tanto a los ataques soeces, que por venir de quien vienen, es como si fueran ataques anónimos; sino a las actitudes y expresiones de quienes –por lo menos políticamente- tienen entidad (pues son la cabeza visible del Estado), cuya actitud justifica la preocupación ciudadana.
Confluyen por una parte, las inaceptables manifestaciones del Poder Ejecutivo –la propia Presidente de la República, el Jefe de Gabinete, y el ex presidente “en ejercicio” –como se lo ha llamado con agudeza-; y por otra, el silencio generalizado y complaciente frente a desafueros inaceptables.
Esa lamentable confluencia socava el respeto que merece uno de los tres poderes del estado, pone en duda la legitimidad de su tarea, niega la honestidad de los jueces, y confirma la absurda conclusión de que los tribunales sólo aciertan, cuando fallan a favor del gobierno.
Es esta una manera de atentar contra el sistema republicano, que con tanto énfasis defienden nuestros mandatarios, cuando, en algún país extranjero, parece peligrar la supervivencia de un gobierno amigo de ellos.
Es bueno recordar que no sólo los explosivos son capaces de hacer tambalear el sistema adoptado para organizar jurídicamente a la sociedad en que vivimos.
El derrumbamiento de un edificio no puede realizarse sin estruendo.
El de un sistema político, en cambio, puede ocurrir sigilosamente, sin que las eventuales víctimas –que somos nosotros- advirtamos que estamos bajo una gravísima amenaza.
Es lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy.
NRO.8 BIENVENIDA AL INFANTICIDIO - 17.09.2010
La madre que dé muerte a su hijo, cualquiera sea la edad de este, es actualmente pasible de una pena de prisión de ocho a veinticinco años, que, dado el agravante por razón del vínculo, puede llegar a ser perpetua.
La Cámara de Diputados ha votado, por amplia mayoría, un proyecto de ley según el cual, si dicho homicidio fuese cometido durante el parto, o mientras su autora se encuentre “bajo la influencia del estado puerperal”, tendrá una pena de entre seis meses y tres años de prisión.
La Convención sobre los Derechos del Niño –norma de rango constitucional- establece que en todas las medidas concernientes a los niños que toman los estados partes se deberá atender al “interés superior del niño” (art. 3), y niño, según el art. 1º, es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, desde el momento de su concepción (ley 23.849, art. 2)
No parece que el espíritu de la Convención haya inspirado esta iniciativa de la diputada Conti, que aligera hasta márgenes propios de una sanción contravencional, la pena de la madre que da muerte a su hijo.
Pero por encima de la Convención, es repugnante que la solidaridad con la madre, disconforme con el advenimiento de sus hijos, prevalezca sobre la vida de estos.
El “estado puerperal” a que alude el proyecto, no equivale a un eclipse de las facultades que impidan comprender la criminalidad del acto. Si así se probare que ocurrió, en un caso concreto, la autora sería inimputable, por aplicación del art. 34 inc. 1º del Código Penal.
Los diputados que aprobaron este contrahecho proyecto, se rasgaría seguramente las vestiduras si alguien propusiera establecer la pena de muerte para los autores de delitos notables por su grado de perversión y ferocidad. Pero no vacilan en atenuar al mínimo la sanción de la madre que sacrifica a su hijo inocente, sólo porque no quiere asumir su maternidad.
El equilibrio psíquico parece estar mucho mas lejos de la mente de los legisladores que han votado este nefasto proyecto, que de las madres en estado puerperal, que pudieran cometer tan aberrante crimen.
NRO.7 ALBERDI - 09.09.2010
El 29 de agosto de 1810 nació en Tucumán Juan Bautista Alberdi, inspirador de los lineamientos básicos que se concretaron en la Constitución Nacional, que nos rige a partir de 1853, con las reformas de 1860, 1954, 1957 y 1994.
De esas reformas, la verdaderamente sustancial fue la de 1860, porque respondió a la necesidad de dar expresión jurídica, luego de prolongada crisis, a la unión de Buenos Aires, con el resto de las provincias de la Confederación.
Las demás tuvieron una clara motivación política: en 1954 y 1994 se estableció la posibilidad de reelección del presidente de la República, con algunas otras modificaciones surgidas la primera, de la tendencia política prevaleciente, y la segunda, de un pacto que plasmó las coincidencias de dos sectores que trocaron el tema de la reelección con objetivos de interés partidario, como la incorporación de un tercer senador por distrito electoral, y la autonomía de la Capital Federal, que vino a modificar, cien años después, la solución consistente en la federalización de Buenos Aires, que puso término a la ardua cuestión debatida en 1880.
La reforma de 1957 fue un retorno a 1853, con leves variantes no significativas.
Es interesante confrontar con la mirada de Alberdi las evoluciones del texto original, que fue concebido por él poniendo en juego sus dotes de jurista y su visión de poeta que le permitió entrever el futuro argentino, en aquel brumoso amanecer en que la Nación se organizaba como estado.
La lección de Alberdi es memorable.
Dice en su libro “Bases” que “En presencia del desierto, en medio de los mares, al principio de los caminos desconocidos y de las empresas inciertas y grandes de la vida, el hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras”
Y con referencia a las leyes, que habrían de ser dictadas por los parlamentos elegidos según la letra de la Constitución incipiente, recuerda la frase de Rousseau –“la ley es la voluntad general”- se refiere a ella calificándola de “…una definición estrecha y materialista…”. Sigue diciendo el autor de Las Bases: “Es una especie de sacrilegio definir la ley como la voluntad general del pueblo. La voluntad es impotente ante los hechos que son obra de la providencia”.
Reconoce así con claridad, la existencia de un Derecho Natural, de un orden impreso en la naturaleza por Dios mismo, que es fuente de toda razón y justicia, como reza el Preámbulo de la Constitución.
Qué lección de humildad y de realismo, en la que debieran abrevar nuestros legisladores, doblegando la soberbia y el extravío que, con frecuencia, inspiran su farragosa creación.
Sería interesante saber cuántos de ellos han leído “Las Bases”.
En todo caso, nos permitimos sugerir con encomio su lectura, a quienes tienen el poder de legislar, o a todos quienes estamos ligados al mundo del Derecho.
NRO.6 DE MENORES Y MAYORES - 13.08.2010
La ley 26.579, conocida por haber disminuido la mayoría de edad de los 21 a los 18 años, suscita cierta cantidad de interrogantes en materia alimentaria.
Podríamos decir, en líneas generales, que la ley en cuestión fue dictada a fin de adecuar las normas de nuestro código a las convenciones internacionales, que establecen que la niñez cesa a los 18 años.
Pero cualquier medida que se tome en materia de legislación familiar, debe ser estudiada a fondo desde muchas perspectivas, evitando contradicciones y soluciones disvaliosas, pues en caso contrario, la aplicación e interpretación de esas normas, puede acarrear consecuencias directas sobre la familia y por ende sobre la sociedad toda.
Por un lado, puede cuestionarse la disminución de la edad fijada por la ley para alcanzar la plena capacidad: La realidad y las estadísticas, al menos de la Argentina, nos muestran que muchas personas a los 18 años, aún no han terminado sus estudios, y están lejos de llevar una vida independiente del sostén de sus padres.
La psicología nos habla de una prolongación de la adolescencia y de una dificultad notable de los jóvenes para asumir y sostener, a esa edad, un verdadero proyecto de vida.
Los hijos permanecen cada vez más tiempo en la casa familiar con sus padres o con alguno de ellos cuando los progenitores están separados. Y muchos no trabajan o bien lo hacen a cambio de ingresos que no les permitirían costear sus estudios o una vida independiente.
Ahora, por efecto de la nueva ley, los chicos de 18 años han pasado a ser sujetos plenos de derecho, y ello puede resultar objetable.
Al disponer la cesación de la patria potestad a los 18 años, la ley parece reconocer la realidad antes apuntada, pues no obstante la mayoría de edad alcanzada por quienes tienen 18 años, mantiene la obligación alimentaria de los padres hasta los 21, salvo que se demuestre que el beneficiario cuenta con medios para proveerse alimentos por sí mismo (art 3 de la ley 26.579).
Se presenta así una suerte de contradictoria dicotomía, pues la persona de 18 años será mayor para la ley -y por ende, no estará sujeta a la patria potestad-, pero continuará hasta los 21 años manteniendo derechos que son típicos de la patria potestad, como el derecho a los alimentos, que sus padres deberán prestarles.
Pensamos que esta situación contradictoria, ha de generar una gran cantidad de conflictos, que se esbozarán a continuación:
1. Fijación y cobro de alimentos. Los conflictos alimentarios, entre padres e hijos, tendrán en su centro al propio hijo, que quedará directamente enfrentado con alguno de sus padres, o con ambos, al reclamar la fijación y posterior ejecución de una cuota alimentaria. Lo propio ocurrirá en caso de aumento, o de la disminución que el padre debería promover contra su hijo, mediante el correspondiente incidente.- Pensamos que en todos estos casos, cualquiera de los progenitores podría requerir la citación al juicio, como tercero interesado, del otro, estableciéndose así una suerte de juicio triangular, de dudosas consecuencias.
2. Administración de la cuota. No menos graves han de ser los problemas derivados de la administración de los alimentos pagados –habitualmente por el padre varón- a favor de su hijo. Resulta claro que estos alimentos le deberán ser abonados directamente al hijo mayor de edad, pero menor de 21 años, quien tendrá plena libertad para administrarlos. ¿Qué pasará si el hijo se niega a contribuir con los gastos de la casa (alquiler, expensas, servicios, etc.), y pretende utilizar la cuota para solventar sus gastos o sus caprichos personales? La hipótesis no es descabellada, y derivará en agrios enfrentamientos y reproches entre la madre –de ordinario- y el hijo, por la administración de la cuota percibida por este último.
3. Exclusión del hogar del hijo ¿Podrá la madre, en tal caso, expulsar a su hijo de 19 o 20 años, del hogar? Nos veríamos ante un juicio de exclusión del hogar, entre padres e hijos. Es dudoso que tal juicio prosperara, pues el brindar una vivienda al hijo, forma parte de las obligaciones alimentarias que también pesan sobre la madre.
4. Conclusión. La probable multiplicación de los juicios entre padres e hijos, nos parece algo en sí mismo negativo, que no existía con el régimen anterior; pues más allá del aspecto económico de la cuestión, ha de tener lugar una repercusión en el plano moral y afectivo, que no nos parece valiosa.
Tenemos la impresión de que los legisladores se han dejado seducir por la idea de adelantar la mayoría de edad de los menores, sin calibrar debidamente los problemas que ya se están suscitando, con riesgo para la paz y armonía de las familias.
NRO.5 Matrimonio entre Varón y Mujer - 13.07.2010
El Estudio Mazzinghi comunica que hoy, martes 13 de julio, cesará sus actividades a las 18 hs. en adhesión a la marcha programada en la Plaza del Congreso para defender la estructura y los valores de la Familia tradicional basada en la unión entre un hombre y una mujer.
NRO.4 ALIMENTACION DE LOS CELIACOS - 25.06.2010
La Ley del 16.VI.2010, publica dos fallos de diferente proveniencia -uno del Superior Tribunal de Entre Ríos, y otro de la Cámara Federal Civil y Comercial, Sala II-, que coinciden en su doctrina, aunque con alguna diferencia de matiz.
El problema planteado es el mismo: personas afectadas por la enfermedad llamada "celiaquía", reclaman a sus respectivas obras sociales, en un caso la provisión, y en el otro un descuento para la adquisición de alimentos libres de gluten.
Es auspicioso que los tribunales contemplen la situación de las personas con derecho a recibir asistencia médica, y que procuren que, según las regulaciones que en cada caso rijan la relación, se le provean al afiliado, el tratamiento y los medicamentos necesarios para su asistencia.
Pero la provisión de alimentos especiales, aún cuando la necesidad de su consumo provenga de una prescripción médica, es ajena a la índole de una terapia o tratamiento.
Si el criterio según el cual las obras sociales -públicas o privadas- tienen que facilitar al afiliado los alimentos que integren su dieta se generalizara, dichas entidades tendrían que suministrar chocolate sin azúcar a los diabéticos, galletitas sin sal a quienes sufren de tensión arterial alta; carne sin grasa para los afectados por un alto porcentaje de colesterol, leche abundante para quienes sufren de úlcera gástrica, etc. etc.
Parece plausible procurar el bienestar de todos, pero se lo debe hacer a través de cauces razonables.
El pretendido "derecho a la salud", es uno, entre tantos otros, que han sido erigidos en "derechos humanos", lo que puede ser en sí mismo, una generosa aspiración. Su proclamación enfática, no impide, sin embargo, que la enfermedad y la muerte cobren sus víctimas, a pesar de que el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, garantice "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Lo mismo dice el art. 24 de la Convención sobre los derechos del niño.
Navegando en esas aguas, fue dictada, en diciembre de 2009, por un Parlamento en inminente desbande, la ley 26.588, que los jueces se ven obligados a tomar como fundamento para imponer a las obras sociales la cuestionable obligación que declaran las sentencias aludidas precedentemente.
Es cierto que el art. 9 de esta demagógica ley dispone que las obras sociales (a las que se refieren las leyes 23.660 y 23.661 que en su art. 3º incluye a prestadores privados) brinden a las personas celíacas "el diagnóstico, el seguimiento, y el tratamiento" de la enfermedad, "incluyendo las harinas y premezclas libres de gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de aplicación".
La redacción del artículo es confusa, pero la aplicación en el sentido de que la obra social debe suministrar al celíaco los alimentos acordes con su régimen, es excesiva.
Es cierto que la tendencia prevaleciente se orienta hacia la protección del afiliado y hace recaer cada vez más, la carga de responsabilidades sobre las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
La consecuencia es que, por un lado, los servicios que ellas prestan declinan, pues se ven obligadas a afrontar cirugías estéticas, a tratar problemas de obesidad, esterilidad de hombres y mujeres, y otros requerimientos que no es fácil satisfacer sin resentimiento de las estructuras.
Por otra parte, al crecer las exigencias de prestación, se encarecen los servicios, de modo que los afiliados deben pagar más, para que la obra social cubra situaciones que sólo forzadamente constituyen verdaderos problemas de salud.
En conclusión, se transforma a la obra social en una frazada corta, que para cubrir lo que no entra en sus responsabilidades contractuales, descubre, o cubre deficientemente lo que es su objetivo específico.
La idea de equilibrio y de mesura está en la esencia misma del derecho.
Dar a cada uno lo suyo requiere considerar la situación de todas las partes interesadas en una determinada relación jurídica.
La atención preferencial del obrero, del consumidor, de la víctima del daño no puede llegar al extremo de ignorar la posición del empresario, del fabricante de la cosa o prestador del servicio, del autor del hecho dañoso, ni la del dueño o guardián de la cosa.
Un embanderamiento excesivo lleva a desbordes y a desequilibrios que, a la larga, terminan afectando a quien se quiere resguardar.
NRO.3 OPERATIVIDAD DE CONVENCIONES INTERNACIONALES - 11.06.2010
La reforma constitucional de 1994 introdujo algunas novedades significativas en el texto originario de 1853/1860, modificado en 1949, y reestablecido en 1957, con pequeñas diferencias, como el artículo 14 bis, introducido en esta última ocasión.
No vamos a intentar un examen, y menos un balance de la última reforma, fruto de un acuerdo político -el llamado "pacto de Olivos"- sino que nos detendremos en el cambio que implicó la modificación del art. 31, que establecía como ley fundamental de la Nación, primero a la Constitución, segundo a las leyes que en su consecuencia se dicten, y tercero, a los tratados con potencias extranjeras.
Este orden jerárquico fue implícitamente alterado por la adhesión de la Argentina a la Convención de Viena, que dispone que un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado.
Esa norma, que obliga a los firmantes como miembros de la comunidad internacional, es decir frente a los otros estados, no impedía a cada uno, regular sus relaciones internas conforme al derecho local.
La reforma de 1994 alteró esa situación, en cuanto incorporó los tratados internacionales al derecho interno, dándoles una jerarquía equivalente a las normas constitucionales, o sea superior a las leyes locales.
Como los tratados son aprobados por el Congreso, se llega a la conclusión de que éste queda erigido en poder constituyente cuando confirma por ley una convención internacional.
La reforma significó introducir en el ordenamiento local un auténtico caballo de Troya, por su difuso contenido, formado por numerosas declaraciones genéricas, y formulaciones programáticas, que irrumpió en el orden jurídico interno y alteró su equilibrio.
Quien sabe si llegará alguna vez la ocasión de reformar el azaroso inciso 22 del art. 75
Mientras ella no llegue, es aconsejable proceder con prudencia frente a la aplicación del derecho internacional, que, a nuestro juicio, no es directamente operativo, y no tiene aptitud para irrumpir en el ámbito interno, alterar el sentido o el alcance de las normas locales, y para bloquear la aplicación de los preceptos de derecho ordinario. Una cosa es invocar las grandes declaraciones de principio, que pueden fluir de una convención, y orientar, como lo hace la Constitución, las normas legales, y otra, considerar a la convención entera -con su fluctuante e imprecisa literatura- como integrante privilegiada del ordenamiento jurídico local.
A propósito de este tema, decía Belluscio en un reciente reportaje: "Yo creo que, no sólo las normas internacionales, sino las interpretaciones de ellas están alterando el derecho privado. Especialmente, el derecho de familia. Creo que hay que ser muy cuidadosos en la aplicación de los tratados internacionales. Porque, en primer lugar, son hechos por diplomáticos y no por juristas. En segundo lugar, siempre son el producto de una serie de transacciones. Así que nunca tienen un hilo conductor seguro. Por otra parte, no puede ser que se utilicen los tratados internacionales para derogar a gusto del intérprete cualquier disposición del derecho interno. Primero debe empezar por coordinárselas, y si es absolutamente imposible, pero, absolutamente imposible la coordinación, sería llegado el caso de no aplicar la norma local. En realidad, muchos de quienes invocan tratados internacionales lo hacen para solicitar o decidir lo contrario de lo que dice la ley, según las ideas o el criterio del intérprete, sea éste autor de doctrina o tribunal". Y poco después: "Las disposiciones declarativas de los tratados no son derecho positivo que pueda ser aplicado directamente".(Cuaderno Jurídico Familia, Abril 2010 Nº 5, El Derecho).
Y asimismo, frente a un caso concreto, que le tocó juzgar como Juez de la Cámara Civil, dijo Zannoni: "No paso por alto las disposiciones tuitivas que consagra la Convención de los Derechos del Niño. Pero creo que sus enunciados deben confrontarse con el derecho interno y no sustituirse irreflexivamente las normas del derecho privado incurriendo en una descontextualizada sumisión axiomática a disposiciones, como los arts. 7.1, 8.1 y 9.1 de dicha Convención, de jerarquia constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional)".
Se trata de dos voces que conviene escuchar con atención y que inducen a una aplicación reflexiva de las normas internacionales, respecto al derecho vigente, que sólo sería razonable postergar, si sus disposiciones violaran algún derecho esencial de jerarquía constitucional, pero no para aplicarlo como si fuera una disposición integrante del sistema de leyes conformado según la propia Constitución.
NRO.2 AFIANZAR LA JUSTICIA (tarea para la tercer centuria) - 20.05.2010
Así como los caminos están acotados por piedras miliares, que indican la distancia recorrida desde el punto de partida, la historia elige fechas, que merecen ser recordadas.
El 25 de mayo de 1810 es una de ellas, pues evoca el momento en el cual, desde Buenos Aires, las Provincias Unidas del Sud, decidieron emanciparse de la Corona española y asumir su propio gobierno.
La Patria proclamó ese día, sabiéndose madura, la propia mayoría de edad, y desechó tutelas innecesarias que limitaban su libertad.
La celebración de tal acontecimiento, no implica, sin embargo, renegar de los siglos que lo precedieron, saltando sobre ellos, como si la emancipación empalmara directamente con un incierto pasado aborigen.
Los hechos de mayo y sus consecuencias, fueron el resultado de una crisis entre españoles nacidos, a uno u otro lado del Atlántico, que habían sentado reales en estas comarcas, algunos para volver, otros para quedarse.
El camino recorrido desde aquella fecha, o sea durante los últimos doscientos años, ha conocido signos variados: Acontecimientos heroicos y enfrentamientos fraternos; etapas florecientes y épocas de penuria; afán de construir y propósito de asolar; éxitos y frustraciones.
Pero durante los últimos ciento cincuenta años, el impulso de ser nación quedó canalizado en un estado de derecho: Hubo Constitución, códigos, legislación, -a veces demasiado profusa y de signos varios-, pero destinada a someter la convivencia social a un orden justo.
Al proponer una reflexión que dé sentido al centenario que celebramos se puede mirar hacia distintos rumbos y enunciar así diversas aspiraciones legítimas: la armonía social, -que no se logra apoyando la prosperidad de unos sobre la miseria de otros-, el crecimiento económico a través del desarrollo agropecuario e industrial que es fuente de trabajo; la mejor educación, advirtiendo que ella consiste en suscitar virtudes y exaltar valores y no en transmitir información neutra; y así los demás objetivos que el preámbulo proclama, expresa o implícitamente.
Nuestro quehacer profesional nos ubica muy cerca del "afianzar la justicia", que en este momento constituye una tarea que requiere, con apremio, ser cumplida.
"Afianzar la justicia", significa mucho mas que introducir ciertas reformas al Poder Judicial, aunque ellas estén comprendidas en el objetivo enunciado.
Significa restaurar en plenitud el estado de derecho.
Será difícil que la República transite los caminos venturosos que es lícito soñar desde el bicentenario, mientras no rija en ella un adecuado respeto por las instituciones.
Será difícil, mientras el Gobierno se empeñe en seguir extralimitándose; el Congreso enfrente penosamente sus responsabilidades, mientras haya jueces atemorizados -o estimulados- por el eco que puedan suscitar sus sentencias.
Es necesario alcanzar un alto nivel de juridicidad, que incluya, -como condición necesaria, pero no suficiente-, erradicar la corrupción; es necesario legislar para el bien común, y no para la satisfacción ocasional de pequeños sectores; es necesario aplicar las leyes con probidad procurando que ellas sean instrumentos del orden social justo.
Hacemos votos, pues, para que el Bicentenario se encamine hacia el imperio del derecho y la restauración de la justicia, como poder, como disposición general, como propósito de gobernantes y gobernados, como norma esencial e indispensable de convivencia.
NRO.1 MATRIMONIO HOMOSEXUAL - 10.05.2010
I) Comenzamos hoy, a través de esta página, a proponer una comunicación entre el Estudio y las personas que por distintas razones puedan tener interés en cuestiones relacionadas con nuestra actividad profesional.
Abordaremos temas diversos respecto de los cuales consideremos oportuno comunicar una noticia, comentar un acontecimiento o expresar una opinión.
Lo haremos periódicamente, aunque no con un ritmo preestablecido.
Aquí va nuestra primera reflexión, relativa a un problema de rigurosa actualidad sobre el cual nos sentimos convocados a pronunciarnos.
II) Las tentativas de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, que se han puesto en marcha, primero, con gran eco periodístico, y luego con la media sanción de una ley que admite tal posibilidad, y que acaba de ser votada en la Cámara de Diputados, nos parecen extravíos irracionales y negativos.
La libertad de legislar tiene limitciones que provienen: a) De la Constitución y los tratados internacionales, cuyos principios no pueden ser contrariados por las leyes; b) De la racionalidad, que necesariamente debe encuadrar la tarea legislativa; c) De la realidad de las cosas, que no puede ser ignorada ni modificada por voluntad de quienes legislan.
Violar tales restricciones es causa de un seguro deterioro de bien común.
El matrimonio, vínculo entre el hombre y la mujer para establecer una unión estable y abierta a la procreación y educación de los hijos, constituye un modelo consustancial a la naturaleza humana, y por lo tanto al sentir común de la gente y a la tradición de nuestra patria.
El tema mencionado, nos lleva a reprobar la admisión del matrimonio homosexual, como así también a rechazar la posibilidad de que los participantes de tales uniones puedan conjuntamente adoptar hijos, porque el interés superior del niño que consagra la Convención sobre sus derechos es incompatible con privar al menor del aporte complementario de personas de distinto sexo que concurren a educarlo.
Frente a la alternativa que plantea el proceso descripto, no cabe una posición intermedia, que se ubique en un punto supuestamente equidistante entre el bien y el mal; el bien y el mal constituyen una opción que es imposible rehuir y extraviar el camino en materias como esta significa atacar los valores que sustentan nuestra organización familiar, y que están llamados a ser la base de la restauración del orden social.
Sin embargo, la sociedad parece estar adormecida frente a esta propuesta, que supondría, de concretarse, una grave alteración de los principios naturales que sostienen a la institución familiar.
Quienes miran el problema con una perspectiva individualista, no advierten la importancia de los cambios legislativos, que dan forma a la sociedad misma, y que amenazan rebajar el nivel moral que debe regir la convivencia.
El Estado tiene el deber de defender los valores de la familia, sobre la base del matrimonio formado por un varón y una mujer, en lugar de dar igual tratamiento a las uniones homosexuales o transexuales, que en todo caso, constituirían claros supuestos de matrimonios inexistentes.
Esta cuestión es independiente de las convicciones religiosas que se profesen, pues se funda en una valoración respetuosa de la dignidad humana que es común a muchos credos religiosos y de la cual puede participar quien no tenga ninguno.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 175
 artículo 1277
 artículo 99
 artículo 99
 Resolución 
 artículo 14