Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552002002400004&lng=es&nrm=iso
Timestamp: 2020-07-15 03:24:56+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400004
[Sección Historia de los Derechos Patrios Iberoamericanos]
LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO A LA
LUZ DE LAS CONSTITUCIONES PERUANAS DEL SIGLO XIX*
Una ** aproximación a la temática debe partir del contexto en que nacen a la vida independiente los Estados iberoamericanos y, singularmente, de la forma como ciertas cuestiones especialmente importantes se condujeron mientras duró el dominio español en América. En ese sentido, cabe destacar que desde 1508 y en mérito de bula del Papa Julio II que hacía concesión expresa a su favor, los Reyes de España gozaban del "derecho de patronato" sobre las Iglesias de Indias. Tal derecho acarreaba, entre otras cosas, la potestad de los monarcas españoles de "presentar" a la Santa Sede a Arzobispos, Obispos y otras dignidades de las Iglesias de Indias. Ello no entrañaba que el Rey nombraba a quienes fueran a desempeñar dichas funciones, pues la designación y la institución canónica recaían en la Sede Apostólica; a su vez, y como contrapartida, el "patronato" también conllevaba un compromiso de los Reyes de España a contribuir al desarrollo, consolidación y sostenimiento de la tarea evangelizadora de la Iglesia en el Nuevo Mundo1.
La "presentación" de las personas escogidas para el desempeño de tareas episcopales por los Reyes solía hacerse a través de la Embajada de España ante la Santa Sede, representación diplomática con carácter permanente cuyos inicios se remontan a los nombramientos de Gonzalo Fernández de Heredia, en 1475, o de Gonzalo de Beteta, en 1480, durante el pontificado de Sixto IV2; la labor de dicha Embajada se reforzaba con las "agencias de preces" de Roma (constituida en 1503 como parte de la estructura de la propia Representación ante la Sede Apostólica) y de Madrid, establecida en 1640. La función principal de tales agencias se centraba en realizar las gestiones necesarias para la expedición por los cuerpos competentes de la Curia Romana de las bulas y breves relativos a actos que debían pasar por la aprobación o confirmación pontificias; dentro de un universo tan amplio, se encontraban las designaciones de obispos y arzobispos, incluyendo, lógicamente, a los prelados de la América española3.
Por otro lado, a partir de una serie de posturas de "corte regalista", fortalecidas tras el advenimiento de la dinastía borbónica al trono de España y muy en boga en Europa durante los siglos XVIII y XIX, se sostenía que el "patronato" era un "derecho inherente" a la dignidad real y que recaía en los Reyes la referida facultad de "presentación" por "derecho propio". Empero, la misma experiencia española desvirtúa esa postura, dado que el "derecho de presentación" de los monarcas se extiende indiscutiblemente a otros territorios bajo jurisdicción de la Corona de España, distintos a los de Indias y del antiguo reino de Granada, con el Concordato de 1753; la excepción estaba dada por los "cincuenta y dos beneficios reservados" para la designación directa por la Santa Sede, sin necesidad de presentación previa de la "potestad temporal". El Papa Benedicto XIV, eminente canonista, no aceptó el "patronato universal" invocado por los Reyes de España, sino, más bien, se avino a ampliar el ámbito geográfico de las prerrogativas reales en materia de "derecho de presentación" dejando a salvo que dicha extensión se producía en virtud de una "concesión previa" de la Santa Sede y no en cuanto se trataba de una atribución propia de los monarcas a título de tales4.
Evidencia que no bastaba para obtener de la Santa Sede la institución canónica de una persona presentada para Arzobispo u Obispo con la presentación que hacía el Rey, así como de los sucesivos intentos de las autoridades españolas, primero, y del nuevo Estado peruano, posteriormente, por asegurar que quien había sido presentado fuera nombrado por la Sede Apostólica, era la práctica de encomendar a las "personas presentadas" el "ejercicio provisorio" de las funciones correspondientes a los puestos episcopales para los que se les presentaba5.
Un antecedente de singular importancia en relación al último tiempo del dominio español lo ofrecen las regulaciones de la Constitución de Cádiz de 1812, producto de las Cortes reunidas en tal ciudad andaluza durante la ocupación napoleónica de una amplia porción de la península. En efecto, coincidiendo con el planteamiento de Juan Vicente Ugarte del Pino, el texto constitucional de 1812 comienza con una invocación, repetida casi literalmente en las Constituciones peruanas de 1828, 1834 y 1839, a "...Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad"6. El artículo 1 del texto gaditano proclamaba que la Nación española estaba conformada por todos los españoles de ambos hemisferios, mientras que el artículo 12 consagraba como religión de la Nación española a la católica, apostólica y romana, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra. Esta fórmula sirvió indiscutiblemente de base al tratamiento de la materia hecho por las Constituciones peruanas sucesivas, y, en particular, a lo establecido al respecto en los textos constitucionales de 1823, 1828, 1834 y 18397.
Igualmente, la Constitución de 1812 incluía entre las facultades del Rey el presentar para Obispados, dignidades y beneficios eclesiásticos de Real patronato, a propuesta del Consejo de Estado, así como conceder el pase o retener decretos conciliares y bulas pontificias, con el consentimiento de las Cortes (de tratarse de asuntos generales), oyendo al Consejo de Estado (en caso de negocios particulares o gubernativos), o, si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia8.
Reviste gran significación el hecho que el patronato y el otorgamiento del llamado "pase regio" o "exequátur" a las bulas y demás documentos papales se consideraran entre las facultades del monarca. Ello pone de manifiesto un claro tinte "regalista" en la concepción de la materia, dado que no se abordaba el patronato como fruto de una concesión pontificia previa, sino como una atribución inherente a la potestad real, y se supeditaba la aplicación en "las Españas" de bulas y breves pontificios y decretos conciliares a la aceptación que respecto a su contenido expresaran los reyes. Tal actitud era una interferencia inaceptable de la potestad temporal en la esfera espiritual, propia a la Iglesia, mas esa práctica no fue privativa de la monarquía española. Vale traer a colación, yendo más atrás en el tiempo y en términos de ejemplificar cuan extendido estaba ese comportamiento, la negativa de la emperatriz Catalina II a la difusión de la bula de supresión de la Compañía de Jesús, dictada por el Papa Clemente XIV a causa de, entre otros motivos, la presión ejercida por las Cortes borbónicas (España, Francia, Nápoles y el ducado de Parma) y Portugal, donde imperaba el déspota marqués de Pombal; paradójicamente, y gracias a tal actitud de la zarina, subsistieron las comunidades jesuitas de Rusia Blanca9.
La Constitución de 1812 incorporaba también las fórmulas de los juramentos a ser pronunciados ante las Cortes por el Rey, con ocasión de su advenimiento al trono (artículo 173), y el Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, al cumplir los catorce años de edad (artículo 212). Llama poderosamente la atención que en ambas fórmulas quien prestaba juramento empezara su solemne compromiso sosteniendo "...por Dios y por los santos evangelios, que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reyno (...)". A continuación, y es muy relevante que la referencia a la religión encabezara la secuencia, se consignaba la obligación de guardar la Constitución10.
En esa línea, y siguiendo la misma secuencia que la prevista en los juramentos del Rey y del Príncipe de Asturias, el artículo 117 del texto constitucional de 1812 recogía el juramento que el día 25 de febrero de todos los años, al celebrarse la última junta preparatoria, debían hacer los diputados. El mismo se ceñía a la fórmula siguiente: "¿Jurais defender y conservar la Religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reyno? - R. Sí juro ¿Jurais guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en el año de mil ochocientos y doce? - R. Sí juro (...)" [sic]. La coincidencia es evidente al contrastar dicha fórmula con la consagrada en el artículo 52 de la Constitución peruana de 1823 a efectos del juramento que, previamente a la instalación del Congreso, habría de prestar todo diputado ante el Presidente del Senado; el tenor de aquél era el siguiente: " - ¿Juráis a Dios defender la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir el ejercicio de otra alguna en la República? - Sí, juro. - ¿Juráis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el Congreso Constituyente? - Sí, juro (...)"11.
En ese sentido, haciendo un salto en el tiempo, cabe incidir en la continuidad de una concepción que se pone de manifiesto a través de los juramentos a ser prestados por los monarcas españoles y los Príncipes de Asturias, en el marco de la Constitución de Cádiz de 1812, por los Presidentes de la República, según las Constituciones peruanas de 1828 (artículo 87), 1834 (artículo 84) y 1839 (artículo 86), y el Protector de la Confederación Perú Boliviana, conforme al Tratado suscrito por los plenipotenciarios asistentes al Congreso de Tacna de 1837 que fue la ley fundamental de dicha Confederación. La clave está dada por la secuencia incorporada en tales juramentos, dado que se consigna en primer lugar el compromiso de quienes los pronuncian de proteger la religión oficial del Estado. Una muestra muy clara la ofrece el artículo 87 de la Constitución de 1828, a mérito del cual: "El Presidente y Vicepresidente para ejercer su cargo, se presentarán al Congreso a prestar el juramento siguiente: `Yo, N. juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente (o Vicepresidente) que me ha confiado la República, que protegeré la Religión del Estado, conservaré la integridad e Independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución y leyes'"12.
En esa línea, el Tratado suscrito por los plenipotenciarios asistentes al Congreso de Tacna el 1º de mayo de 1837, que fue el pacto y ley fundamental de la Confederación Perú Boliviana, contemplaba en su artículo 44 que: "Ratificado que fuere el presente Tratado por cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas contratantes y canjeadas las ratificaciones, a lo más, dentro de cinco meses, contados desde la fecha, el Protector prestará ante el Gobierno de la República, en cuyo territorio se encuentre, el siguiente juramento: `Yo N., juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, y prometo a la Confederación Perú Boliviana desempeñar fiel y legalmente el cargo de Protector que me confía. Proteger por todos los medios la Religión Cristiana, Católica, Apostólica, Romana; cumplir y hacer cumplir el pacto fundamental y las leyes de la Confederación; respetar las particulares de cada Estado, contra cuya libertad, integridad e independencia no permitiré atentado alguno. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden'"13.
Por otro lado, retomando el análisis del texto constitucional de 1812, una cuestión adicional de importancia presente en el mismo era que entre los cuarenta miembros del Consejo de Estado había cuatro eclesiásticos, dos de ellos Obispos. A dicho Consejo correspondía hacer al Rey propuestas por ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos14.
Asimismo, y en lo que al Perú se refiere, cabe destacar dos hechos relacionados con el Arzobispo de Lima al momento de la Independencia, Don Bartolomé María de las Heras, y que ocurrieron antes y después de proclamarse aquélla. Se trata de la presentación para el capelo cardenalicio del prelado realizada por el Rey Fernando VII, tanto en 1818, a propuesta del Cabildo Catedralicio y del Ayuntamiento de Lima, como en 1823, luego que éste firmara la Declaración de Independencia en julio de 182115. El Arzobispo Las Heras fue, sin duda, uno de los más insignes sucesores de Jerónimo de Loaysa y Santo Toribio de Mogrovejo en la sede arquiepiscopal de la Ciudad de Los Reyes; cuando se produjo la retirada del Virrey La Serna hacia la sierra que precedió a la ocupación de la capital del Virreinato por las tropas independentistas y la proclamación de la Independencia por el Libertador San Martín, asumió una valiente actitud al decidir permanecer en Lima "...convencido de que por encima de sus obligaciones respecto del Patronato y del trono, se hallaba su responsabilidad pastoral"16. Las Heras viajó finalmente a España a raíz de una situación provocada, en buena parte, por el celo antiespañol del ministro Monteagudo, y, desde allí, elaboró un informe sobre el estado de la arquidiócesis, uno de los más prolijos y reflexivos de los muchos que hicieron llegar los Obispos emigrados de América a la Santa Sede por medio de la Nunciatura de Madrid. La propuesta de Fernando VII no llegó a prosperar en razón a que, entre otros motivos, el Arzobispo limense falleció en 1823, pero es muy significativo que la simple presentación haya existido pues da cuenta de la importancia atribuida a la sede primada del Perú y a su cabeza; de haberse concretado, el Arzobispo de Lima habría sido el primer cardenal del Nuevo Mundo17.
Pocos meses después de su llegada al Perú, el Libertador San Martín dictó en febrero de 1821 un Reglamento Provisional; el mismo consignaba, con indiscutible sesgo regalista, pues no mediaba concesión pontificia, que: "16. El derecho del Patronato queda reasumido en la Capitanía General, y el de Vice-patronato en los Presidentes de los departamentos. 17. La jurisdicción eclesiástica se administrará como hasta aquí, con estricta sujeción al derecho común canónico"18.
En octubre de 1821, y en calidad de Protector del Perú, San Martín otorgó un Estatuto Provisional, en cuyo artículo 1, de la sección primera, se consagraba que: "La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la Religión del Estado"19. En ese sentido, merece ponerse de relieve que, en dicho texto y en las sucesivas Constituciones peruanas del período bajo estudio, la referencia es a la religión católica, apostólica, romana, y no simplemente a la religión católica, apostólica, como ocurrió en el caso del Reglamento chileno de 181220.
A su vez, el Estatuto Provisional sanmartiniano posibilitaba que quienes profesaban la religión cristiana, y disentían en algunos principios de la religión del Estado, pudieran obtener permiso del gobierno, previa consulta al Consejo de Estado "...para usar el derecho que les compete, siempre que su conducta no sea trascendental al orden público"21. Esta norma difiere de la establecida en la Constitución de 1812 y de las que ulteriormente se incorporaron en las Bases de la Constitución de la República Peruana de 1822 y en las Constituciones peruanas de 1823, 1828, 1834 y 1839, pues permitía que, tras el cumplimiento de algunos requisitos, personas de confesión protestante, de allí la mención a quienes profesaban la religión cristiana y disintieran en algunos principios de la religión oficial (la católica), pudiesen ejercer su culto. Ello se explica por el deseo de favorecer la migración británica o de otros países de Europa de mayoría protestante, y la introducción del sistema educativo lancasteriano. Empero, el ser funcionario público estaba reservado a quienes profesaban la religión católica, la oficial del Estado22.
A partir de las Bases de la Constitución Política de la República Peruana de diciembre de 1822, se establece que la religión de la Nación es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Hay, según se apunta en el párrafo precedente, un cambio respecto al Estatuto sanmartiniano y la actualización del criterio recogido en la Constitución de Cádiz de 1812; vuelve a consagrarse el carácter oficial de la religión católica junto con la imposibilidad del ejercicio de cualquier otra confesión23. Tal postura se repite en las Constituciones de 1823, 1828, 1834 y 1839; esta última marca el punto culminante de dicha posición, en cuanto incorpora como la primera de una serie de restricciones al Presidente de la República el que "No puede permitir el ejercicio público de otro culto que el de la Religión Católica, Apostólica, Romana"24.
La Constitución de 1826 (llamada también "Vitalicia" en razón a que se atribuía al Presidente, el Libertador Bolívar, la condición de vitalicio, pero que, paradójicamente, fue uno de los textos constitucionales con menor tiempo de vigencia en la historia del Perú) y el Tratado de Tacna de 1 de mayo de 1837 (pacto y ley fundamental de la efímera Confederación Perú-Boliviana, conformada por los dos Estados, Nor-Peruano y Sud-Peruano, en los que se divide la antigua República Peruana y Bolivia) consideran también a la religión católica como la oficial del Perú y de la Confederación, respectivamente, mas no explicitan la exclusión del ejercicio de cualquier otra religión. Un detalle singular adicional en lo que a la Confederación Perú-Boliviana concierne es la presencia de prelados, Don Tomás Diéguez de Florencia, Obispo de Trujillo; Don José Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo de Arequipa; y Don José María Mendizábal, Arzobispo de La Plata (Sucre), encabezando a los plenipotenciarios de los antedichos Estados Nor-Peruano, Sud-Peruano y Bolivia que suscriben el Tratado de Tacna del 1 de mayo de 1837, pacto y ley fundamental de dicha Confederación25.
En ese sentido, la participación en los Congresos peruanos de distinguidos eclesiásticos, como Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro y Bartolomé Herrera, entre otros, se produjo desde la Independencia. Sin embargo, las Constituciones de 1828 y 1834, inmediatamente anteriores a la instauración de la Confederación Perú-Boliviana, disponían, respectivamente, que no podían ser diputados ni senadores los "...muy RR. Arzobispos, RR. Obispos, sus Provisores y Vicarios Generales, y los Gobernadores Eclesiásticos" y los "...Arzobispos, los Obispos, sus Vicarios generales, los Vicarios capitulares"26.
Llama poderosamente la atención, entonces, que quienes encabezaran a los plenipotenciarios de los tres Estados de la Confederación Perú-Boliviana al suscribirse el Tratado de Tacna de 1 de mayo de 1837 fueran tres conspicuos prelados, así como que dicho Tratado incorporara unas normas en cuya virtud los Arzobispos y Obispos podían integrar el Senado de la Confederación y la Cámara de Representantes de ésta27.
La Constitución de 1839, producto del Congreso realizado en Huancayo tras el derrumbe de la Confederación Perú-Boliviana, impone nuevamente el criterio de los textos de 1828 y 1834; empero, plantea un matiz importante en el sentido que no podían ser elegidos diputados, y tampoco senadores, los "...Arzobispos, Obispos, los Gobernadores eclesiásticos, Vicarios Generales y Capitulares en sus diócesis respectivas"28. La Constitución de 1856, en cambio, suprime tal matiz, cuando señala que no podían ser representantes, es decir, ni senadores ni diputados, los Arzobispos y Obispos y los "...eclesiásticos que desempeñan la cura de alma"29.
La Constitución de 1860, la de mayor duración en el tiempo al haber sido reemplazada recién en 1920 y cuya vigencia únicamente fue interrumpida durante los breves intervalos en que rigieron la Constitución de 1867 y el Estatuto Provisorio de 1879, consideraba entre quienes no podían ser elegidos senadores por ningún departamento ni diputados por ninguna provincia de la República a: "1º Los Arzobispos, Obispos, Gobernadores Eclesiásticos, Vicarios Capitulares y Provisores, por los Departamentos o Provincias de sus respectivas Diócesis. 2º Los Curas, por las Provincias a que pertenecen sus parroquias"30.
La Constitución de 1860 siguió también la línea del texto constitucional de 1856, de talante más liberal y que marcó un punto de inflexión respecto a las Constituciones anteriores al no excluir de manera absoluta la posibilidad del ejercicio de otras confesiones distintas a la católica, sino, más bien, restringir el ámbito de la prohibición al ejercicio público de aquellas.
Por otro lado, un tema de enorme importancia que de manera recurrente estuvo presente en los sucesivos textos constitucionales peruanos del siglo XIX es el del patronato. Líneas atrás se citó la forma como fue abordada la cuestión en el Reglamento Provisional dictado por el Libertador San Martín en febrero de 1821, mas el tratamiento del asunto se convirtió en una constante a partir de las Bases de la Constitución Política de la República Peruana que el Congreso aprobó en diciembre de 1822. En efecto, dichas Bases contemplaban la conformación de un Senado Central, entre cuyas funciones estaría: "Elegir y presentar al Poder Ejecutivo los empleados de la lista civil del Estado, y elegir los de la eclesiástica que deban nombrarse por la Nación"31.
La Constitución de 1823 reproduce, casi literalmente, la fórmula del año previo, con la única salvedad de encomendar la función al Senado Conservador, denominado Central en las Bases de 1822. A dicho cuerpo también se atribuye el examen de "...bulas, decretos y breves pontificios para darles el pase, o decretar su detención"32.
La Constitución de 1826, entretanto, plantea un complicado sistema en materia de "presentación". El mismo conjuga la actuación de dos de las tres Cámaras de que constaba el Poder Legislativo con la intervención del Presidente de la República. La Cámara de Senadores elaboraba una lista de candidatos para las dignidades eclesiásticas que se elevaba al Poder Ejecutivo; el Presidente de la República, a su vez, proponía a la Cámara de Censores ternas de candidatos para tales dignidades, mientras que la Cámara de Censores escogía de esas ternas a quienes habrían de ser presentados33.
La llamada "Constitución Vitalicia" o "Bolivariana", que en la práctica no fue otra cosa sino la Constitución elaborada por Bolívar para Bolivia con algunos ajustes a la realidad del Perú, disponía también que la Cámara de Senadores asumiría la elaboración de los Códigos Civil, Criminal, de Procedimientos y de Comercio, así como de los reglamentos eclesiásticos34. Igualmente, correspondía a dicha Cámara: "(...) 9. Arreglar el ejercicio del patronato y dar proyectos de ley sobre todos los negocios eclesiásticos que tienen relación con el Gobierno. 10. Examinar las decisiones conciliares, bulas, rescriptos, y breves pontificios, para aprobarlos, o no"35.
Una vez que se producía la aprobación de la Cámara de Senadores, era función del Presidente de la República conceder el pase a bulas, rescriptos pontificios y decisiones conciliares.
La llamada Constitución Vitalicia de 1826 establece que son enajenables todas las propiedades, sea cual fuere el objeto a que estuvieran destinadas. Ello se repetirá en los textos constitucionales de 1828 (artículo 160), 1834 (artículo 170), 1839 (artículo 163), 1856 (artículo 6), 1860 (artículo 6), 1867 (artículo 5), así como en el Estatuto Provisorio de 1855 (artículo 10). A título explicativo, vale citar el artículo 147 de la Constitución de 1826, en cuya virtud: "Quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios y las vinculaciones; y son enajenables todas las propiedades, aunque pertenezcan a obras pías, a religiones o a otros objetos" (sic)36.
La Constitución de 1828, al igual que las siguientes de la centuria del XIX, señala entre las atribuciones del Presidente de la República el presentar a los Arzobispos y Obispos, de la terna que le pase el Senado, y, en receso de éste, el Consejo de Estado (artículo 90, inciso 25); también corresponde presentar al Presidente de la República a quienes fueran a ocupar "...dignidades, canongías, prebendas, curatos y demás beneficios eclesiásticos que corresponden al Patronato, conforme a las leyes" (artículo 90, inciso 26). Tales normas, según se apuntó anteriormente, son de notorio signo regalista al no estar sustentadas en concesión pontificia ni incorporar matiz alguno en ese sentido37.
De manera semejante, la Constitución de 1834 (artículo 85, inciso 27) recoge como una de las atribuciones del Presidente de la República el presentar a los Arzobispos y Obispos, de la terna que le pase el Senado y con la aprobación del Congreso. Se amplía o refuerza la intervención en el procedimiento del Poder Legislativo, dado que una de las Cámaras de que éste consta somete al Jefe del Estado una terna, de la cual éste escoge un candidato que, antes de ser presentado a la Sede Apostólica, debería contar con la aprobación del Congreso.
A su vez, el Presidente de la República hace la presentación para las demás dignidades, pero con la salvedad, en el caso de quienes habrían de ocupar dignidades y prebendas en las Iglesias Catedrales, de realizar tal función en base a propuesta en terna del Consejo de Estado38.
La Constitución de 1839, en cambio, elimina la intervención del Congreso y plantea la presentación para los Arzobispados y Obispados como una de las atribuciones del Presidente de la República. Tal presentación se hace a partir de las terna que a tal efecto elabora el Consejo de Estado, cuando se trata de Arzobispos y Obispos (artículo 87, inciso 32), mas, en los casos de otras dignidades, siguiendo la legislación o la práctica vigente39.
Las Constituciones de 1828 (artículo 90, inciso 24), 1834 (artículo 85, inciso 25) y 1839 (artículo 87, inciso 37) coinciden en el tratamiento que asignan al pase de bulas, breves, rescriptos pontificios o decisiones conciliares. El otorgamiento de dicho pase es de competencia del Presidente de la República, pero "...si son sobre negocios generales con consentimiento del Congreso; con el del Senado, y en su receso, del Consejo de Estado, si se versan sobre negocios particulares; y con audiencia de la Corte Suprema de Justicia, si fueren sobre asuntos contenciosos"40.
Llama poderosamente la atención la singular similitud de las normas mencionadas en materia de concesión del pase a las bulas, breves, rescriptos papales y decisiones conciliares de los textos constitucionales peruanos de 1828, 1834 y 1839 con la norma existente sobre el particular en la Constitución de Cádiz de 1812 (artículo 171, 15) que fue reseñada líneas atrás al comentar las prerrogativas del Rey. Ello, y la forma como sin mediar concesión pontificia se abordó en las Constituciones posteriores a la Independencia el presunto "derecho de presentación" y el Patronato de los Presidentes de la República del que aquél supuestamente provenía, se explica fundamentalmente al considerar el regalismo imperante en España e Iberoamérica, donde el Perú no era una excepción, y en el hecho que, a consecuencia de tal actitud regalista, se entendiera por las autoridades del nuevo Estado peruano que se había producido una "subrogación" a favor de la naciente República Peruana y de sus órganos respecto a las facultades en relación a la Iglesia que, legítima o ilegítimamente, recaían en la Corona de España o ésta invocaba con anterioridad a la Independencia del Perú y del resto de Hispanoamérica41.
El Tratado de Tacna de 1º de mayo de 1837, pacto y ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana, no altera sustantivamente lo apuntado en el párrafo precedente aunque aborda el asunto a la luz de la realidad particular de una Confederación integrada por tres Estados, cada una con sus respectivos órganos, y un Protector, común a las tres Repúblicas confederadas. En ese sentido, se atribuye al Protector de ésta, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, la facultad de "Presentar a la Silla Apostólica los Arzobispos y Obispos de las tres Repúblicas, a propuesta en terna de los mismos Senados; conceder o negar el pase a las Bulas, Breves y Rescriptos Pontificios concernientes a la institución y consagración de los Arzobispos y Obispos de las tres Repúblicas previo consentimiento del Senado; en receso de éste, con dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la república a que corresponde el agraciado" (sic)42.
El Estatuto Provisorio de 1855 (artículo 1, incisos 23 y 24) y las Constituciones de 1856 (artículo 89, incisos 16, 17, 19), 1860 (artículo 94, incisos 16, 17, 19) y 1867 (artículo 85, incisos 16, 17, 19) coinciden al considerar entre las atribuciones del Presidente de la República a la "presentación" de quienes fueran a ocupar Arzobispados, Obispados y otras dignidades eclesiásticas, así como al otorgar el pase a decretos conciliares, bulas y rescriptos pontificios. La presentación, en el caso de Arzobispos y Obispos, debería contar con la aprobación del Poder Legislativo (la Convención Nacional, en el marco del Estatuto Provisorio de 1855, o el Congreso, a mérito de dichas Constituciones) que, de la misma manera, aprobaría los documentos eclesiales con vistas a la ulterior concesión del pase por el Jefe del Estado; empero, cuando tales documentos versaban sobre asuntos contenciosos, la expedición del "exequátur" se supeditaba a que se escuchara previamente a la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de 1860, por ejemplo, disponía que: "Son atribuciones del Presidente de la República, (...) 15. Ejercer el Patronato con arreglo a las leyes y práctica vigente. 16. Presentar para Arzobispos y Obispos, con aprobación del Congreso, a los que fueren electos según la ley. 17. Presentar para las Dignidades y Canongías de las Catedrales, para los curatos y demás beneficios eclesiásticos, con arreglo a las leyes y práctica vigente. 19. Conceder o negar el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, con asentimiento del Congreso; y oyendo previamente a la Corte Suprema de Justicia, si fueren relativos a asuntos contenciosos"43.
La Constitución de 1867, de orientación liberal y fugaz vigencia, recoge ese criterio, pero incorpora una novedad. La misma es que se "sancione" con la nulidad a las eventuales designaciones episcopales realizadas sin la aprobación previa del Congreso; ello refuerza hasta el extremo la postura por la que la "presentación" del Presidente de la República requiere indefectiblemente del consentimiento anterior del Poder Legislativo. El artículo 85, inciso 16 de tal texto constitucional establecía a la letra que era atribución del Presidente de la República: "Presentar para Arzobispos y Obispos, con aprobación del Congreso, a los que fuesen electos según la ley; siendo nula toda presentación que recaiga en un individuo que no haya sido previamente electo"44.
Adicionalmente, las Constituciones de 1856, 1860 y 1867 consagran la supresión de "fueros personales". El asunto reviste especial importancia en el caso del texto constitucional de 1860, dado que en el Congreso donde se elaboró hubo una intensa polémica entre los partidarios de la conservación del fuero eclesiástico (encabezados por Bartolomé Herrera, una de las más distinguidas figuras del Perú del siglo XIX, que, a la sazón, presidía el Congreso) y quienes favorecían su supresión; finalmente, primó esta última posición45.
A propósito de lo apuntado, cabe poner énfasis en el hecho que durante la mayor parte del período objeto de análisis hay un ejercicio "de facto" del "derecho de patronato" por los Presidentes de la República, en el sentido que los nombramientos de dignidades episcopales se efectuaban por la Santa Sede a partir de la "presentación" realizada, pero sin que ésta fuese oficialmente aceptada por la Sede Apostólica, que simplemente la "toleraba", ni invocada como antecedente en las bulas pontificias con las que se producían las designaciones46. Sobre el particular, y para dar una impresión más cabal de la práctica empleada, merece la pena traer a colación algunos ejemplos que resultan ampliamente ilustrativos.
En efecto, las ediciones del diario El Comercio de Lima, de enero de 1841, dan cuenta del proceso seguido a propósito de las bulas con las que se nombró Arzobispo de la sede primada del Perú a Don Francisco de Sales Arrieta. En ese sentido, se consignan las "observaciones" planteadas por el Consejo de Estado, a cuya consideración, conforme a lo previsto por la Constitución de 1839, se someten dichas bulas antes del otorgamiento del "pase" por el Presidente de la República; igualmente, está el decreto del Presidente Agustín Gamarra por el cual se concede el exequátur a las bulas, donde se recogen las observaciones del Consejo de Estado respecto de aquellas así como la fórmula del juramento, explicitando el "reconocimiento" del patronato y demás "regalías" del Estado, a ser prestado por el nuevo Arzobispo. Las observaciones se centraban básicamente en el hecho que las bulas de designación dictadas por la Santa Sede se expidieran bajo la modalidad "motu proprio", omitiendo cualquier tipo de referencia a la "presentación" hecha por las autoridades de la República Peruana y al "patronato" que, al sostenerse la "subrogación" de las autoridades republicanas en los derechos ejercidos anteriormente por la Corona de España, reivindicaba para sí el naciente Estado peruano47.
En algunos casos, ante la falta de un representante diplomático papal con residencia en Lima hasta 1871, las autoridades peruanas recurrieron al conducto de los Cónsules pontificios _acreditados en el país desde 1841, a partir del nombramiento de Don Luis Baratta_ para elevar o reiterar preces a la Santa Sede con vistas a la designación por ésta de dignidades episcopales o resolver cuestiones relativas a las circunscripciones eclesiásticas existentes en el territorio de la República48. Particularmente relevante resulta la nota del Ministro peruano de Relaciones Exteriores José Dávila al citado señor Baratta, de fecha 13 de enero de 1843, en los términos siguientes: "Me permitirá V.S. la libertad de incluírle apertorio y por duplicado su pliego para (...) S. E. el eminentísimo Sor Cardenal Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores de su Santidad para que se sirva vs. dirijirlo en su oportunidad y por conducto seguro. El contenido como verá, es suplicar el pronto despacho de la bula sobre agregación de las Provincias de Patás y Chachapoyas al Obispado de Maynas, y ódela silla episcopal á dha. Ciudad de Chachapoyas; mas V.S. sabe muy bien que se han promovido por la prensa questiones muy fuertes sobre la legalidad de la jurisdicción del Obispado de Maynas, sobre las mencionadas provincias y que es de temerse que la demora de la resolución de este asunto, cause alguna cisma religioso doblemente perjudicial al país en las circunstancias en que se encuentra. Por todo esto espero que V.S. se servirá instruir á la curia Romana de la exijencia con que debe el Gobierno Peruano solicitar el remedio oportuno á los males que puede causar á esos Pueblos, la disputa sre las Provincias cuestionadas" (sic)49.
En otras ocasiones, la "presentación" era realizada a través de los legados del Perú ante la Sede Apostólica. El envío de un legado peruano ante la Santa Sede debió esperar hasta 1852, cuando el gobierno del Presidente José Rufino Echenique designó a Bartolomé Herrera como Ministro Plenipotenciario ante las Cortes de Roma, Turín, Nápoles y Florencia50.
La misión de Herrera respondía al deseo del gobierno peruano por resolver lo relativo al ejercicio del patronato. Este tema, según se ha venido apuntando, estuvo presente desde los primeros textos constitucionales del Perú independiente; por un criterio regalista, se asumía al mismo como un derecho inherente al Estado o que recaía en éste al haberse producido una "subrogación" en su ejercicio por la República Peruana.
Coincidentemente, las "Instrucciones fechadas en Lima a 10 de mayo de 1852, al Sr. Ministro Plenipotenciario cerca de las Cortes de Roma, Cerdeña, Nápoles y Toscana D.D. Bartolomé Herrera", establecían que: "S.E. no se halla autorizado para celebrar un Concordato, porque carece de las instrucciones que conforme a la Constitución debe darle el Senado para semejante negociación; pero esta imposibilidad legal en que se encuentra actualmente para acordar con la Santa Sede las estipulaciones convenientes sobre los derechos recíprocos de la Iglesia y del Estado, no puede ser un motivo para que deje de solicitar del Sumo Pontífice el reconocimiento a favor del Gobierno, de aquellas en cuyas posesiones se halla, en las que ha sucedido á los Reyes Católicos, y que constituyen el patronato nacional" (sic)51.
Por otro lado, resulta pertinente resaltar que la misión encomendada a Bartolomé Herrera tuvo carácter extraordinario, en cuanto por limitaciones presupuestarias no era posible a la República establecer una Representación permanente ante la Santa Sede. Tales limitaciones explican que, pese a la gran significación atribuida a los vínculos con la suprema potestad de la Iglesia Católica universal, no fuera factible durante varios decenios acreditar una Representación permanente ante la Sede Apostólica52.
La carencia de recursos, común a otros Estados de la América hispana, fue una situación constante que se prolongó a lo largo del siglo XIX. El Ministro de Relaciones Exteriores, en comunicación al Cardenal Secretario de Estado de fecha 3 de septiembre de 1833, explicaba que al Perú "No le há sido posible (...) remitir una legación cerca de S. santidad a pesar de los anhelos con que la há procurado, por que las circunstancias del País la hán hecho frustrar por tres veces; mas ahora está resuelto a enviarla al Govno. del que suscribe tan luego como convalesca el Erario de las escaceses a q. há quedado reducido" (sic)53.
En el balance de la misión de Bartolomé Herrera, debe tenerse en cuenta que, si bien no llegó a concertarse el concordato por los motivos anteriormente expuestos, fue mérito indudable de aquél conseguir que en la bula de 7 de marzo de 1853, por la que el Papa Pío IX nombraba Obispo de Trujillo a Don Agustín Guillermo Charún, se mencionara por primera vez en un documento pontificio a la República Peruana; dejaba de emplearse definitivamente "...la frase vaga en la América Meridional, que se había usado hasta entonces"54.
No obstante, también merece ponerse de relieve que hubo algunas ocasiones en que la Santa Sede no llegó a designar a las personas "propuestas" por el Estado peruano. Un ejemplo muy significativo lo ofrece el caso del Deán Juan Gualterio Valdivia, presentado, en 1860 y 1861, para el Obispado del Cuzco, cuyo nombramiento fue rechazado por la Sede Apostólica; ello ocurrió a pesar de las gestiones realizadas cerca de los cuerpos competentes de la Curia Romana por Don Luis Mesones, a la sazón legado del Perú en Roma55.
Otra situación difícil se produce tras el fallecimiento del Arzobispo de Lima Don José Sebastián de Goyeneche y Barreda, acaecido en 1872 cuando el anciano prelado contaba con ochenta y seis años. Con anterioridad a su muerte, Monseñor Goyeneche, quien era Obispo de Arequipa al momento de la Independencia y por mucho tiempo fue la única dignidad episcopal en ejercicio de su misión en el territorio de la naciente República Peruana, había intentado la designación de Monseñor Francisco Orueta y Castrillón, Obispo de Trujillo, como coadjutor con derecho a sucesión en la sede arzobispal de Lima. Resulta muy ilustrativo que a tal efecto Monseñor Goyeneche no se dirigiera en primera instancia a la Santa Sede, sino al Ministro peruano de Instrucción, Justicia y Negocios Eclesiásticos, pidiendo que se realice la "presentación" de Monseñor Orueta; el gobierno peruano actuó conforme a lo solicitado, mas la Sede Apostólica se limitó a nombrar a Monseñor Orueta como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Lima56.
Luego del fallecimiento de Monseñor Goyeneche, el gobierno del Presidente Balta presentó a Monseñor Manuel Teodoro del Valle como candidato para ocupar el Arzobispado de Lima. Tal presentación a la Santa Sede se hizo por intermedio de Monseñor Serafín Vannutelli, primer Delegado Apostólico con residencia en el Perú a quien dicho gobierno confirió un auxilio económico temporal, aceptado excepcionalmente por la Sede Apostólica como señal de adhesión hacia la Iglesia y muestra de solidaridad con el representante del Papa Pío IX, despojado de sus Estados a causa de la reunificación italiana57. No obstante, la presentación de Monseñor del Valle por el gobierno de Balta fue aprobada por el Consejo de Ministros, mas no por el Congreso, en cuanto se sostuvo que había diversos precedentes en que, pese a disponerse lo contrario en la Constitución, el Poder Ejecutivo había otorgado el pase a bulas pontificias sin someter éstas a consideración del Congreso58.
La Santa Sede designó para cubrir la sede vacante de Lima a Monseñor del Valle, mas el nuevo gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, primer Presidente civil del Perú, objeta el nombramiento al sostener que la presentación a la Sede Apostólica se había hecho sin cumplir el requisito constitucional de la aprobación previa del Congreso. La situación se llega a solucionar gracias a las hábiles gestiones de Don Pedro Gálvez, enviado a cargo de una misión extraordinaria del gobierno peruano ante la Santa Sede, y la generosa actitud de Monseñor del Valle, quien renuncia a la designación hecha a su favor para el Arzobispado de Lima; acto seguido, Monseñor del Valle es nombrado Arzobispo "in partibus infidelium" de Berito y Administrador Apostólico de la diócesis de Lima, mientras que, a propuesta del gobierno de Pardo, se nombra para la sede primada del Perú a Monseñor Orueta y Castrillón59.
En otro orden de cosas, cabe destacar que las sucesivas Constituciones peruanas a partir de la de 1828 incorporan referencias a la suscripción de acuerdos entre el Estado peruano y la Santa Sede, dándole al asunto un tratamiento cercano o equiparable al otorgado en materia de los tratados celebrados por la República con otras potencias. Precisamente, el texto de 1828 consigna entre las atribuciones del Congreso a: "Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato"60.
La mención deviene más ilustrativa si se contrasta lo establecido en el referido texto constitucional sobre los concordatos con la fórmula utilizada al abordar lo concerniente a los acuerdos de contenido internacional celebrados con los Estados, respecto a los cuales era también atribución del Congreso: "Aprobar los tratados de paz, y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores"61.
A su vez, entre las facultades del Presidente de la República se señala que: "13º Hace tratados de paz, amistad, alianza y otros convenios procedentes de las relaciones exteriores con aprobación del Congreso (...)23º Celebra Concordatos con la Silla Apostólica, arreglándose a las instrucciones dadas por el Congreso"62.
La simple lectura de los preceptos de la Constitución de 1828 que acaban de citarse, presentes también en el texto constitucional de 1834, evidencian el propósito por dar una regulación semejante al proceso de concertación de concordatos y otros acuerdos internacionales celebrados por el Estado peruano, así como a la aprobación y ratificación en uno y otro caso. La única particularidad estriba en que para la firma de los primeros deberían seguirse las instrucciones dictadas al efecto anteriormente por el Congreso; ello, empero, no desvirtúa la observación sobre la similitud entre lo establecido respecto a los concordatos con la suprema potestad de la Iglesia Católica Romana y lo dispuesto a propósito de los "tratados de paz y demás convenios de las relaciones exteriores", máxime si se repara en el hecho que la suscripción de estos últimos se encontraba también supeditada a una aprobación previa del Poder Legislativo. Habría, efectivamente, un ánimo en los constituyentes de 1828 y 1834 por marcar la singularidad de los acuerdos con la Sede Apostólica al dedicar a éstos un tratamiento particular o diferenciado, pero el análisis de fondo permite afirmar que implícitamente se atribuye rango internacional a dichos acuerdos.
Entretanto, la Constitución de Huancayo de 1839 no introduce mayores novedades en relación a lo consagrado en 1828 y 1834 sobre concordatos y otros convenios internacionales a ser concertados por el Estado peruano. Un cambio que no modifica sustantivamente el panorama precedente es que, según el texto de 1839, las instrucciones previas a la eventual concertación de un concordato por el Presidente de la República han de ser dictadas por el Senado, mas la aprobación para la subsecuente ratificación de dicho concordato siempre corresponde al Congreso de la República y no solamente a una de las Cámaras de que éste consta63.
La visión de las cosas tomando como base la naturaleza internacional de los concordatos es apuntalada por el tratamiento dado por las ulteriores Constituciones del Perú a tales acuerdos con la Santa Sede y a los tratados de índole diversa celebrados por el Estado peruano con otros miembros de la Comunidad Internacional. En esa línea, el artículo 1 del Estatuto Provisorio de 1855 recoge entre las atribuciones del Presidente de la República a: "26º. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar concordatos, tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualesquiera otras, con aprobación de la Convención"64.
La consideración de los concordatos como tratados internacionales en las Constituciones peruanas del siglo XIX se pone nuevamente de manifiesto al revisar el artículo 55 del texto constitucional de 1856, donde se contemplaba entre las facultades del Congreso a: "15º. Aprobar o desechar los tratados de paz, concordatos y demás convenios de las relaciones exteriores"65.
Asimismo, correspondía al Presidente de la República: "11º. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualesquiera otros, poniendo en ellos la condición expresa de que serán sometidos al Congreso para los efectos de la atribución 15a, artículo 55º del Título VIII (...) 18º. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica arreglándose a las instrucciones dadas por el Congreso"66.
Por consiguiente, se aprecia la inclusión de los concordatos con la Sede Apostólica entre los tratados a ser concertados por la República Peruana y que, por ende, serían objeto de la aprobación por el Congreso exigida para los mismos, manteniendo un tratamiento diferenciado en materia de la celebración de aquellos en razón, seguramente, a la naturaleza de las cuestiones a ser convenidas por esta vía. Tal inclusión tiene especial relevancia, pues, si bien lo dispuesto previamente evidenciaba un contenido semejante, deja sin lugar a dudas claramente establecido el criterio oficial peruano al más alto nivel (el constitucional) respecto al carácter internacional de los concordatos. De ello se desprende el incuestionable reconocimiento del Perú a la capacidad de la Iglesia Católica en materia de concertación de acuerdos con rango de tratados internacionales, es decir, al hecho de recaer en aquella el "treaty making power" de que hablan los anglosajones67.
La Constitución de 1860, la de mayor duración en el Perú, repite lo consagrado por la de 1856 sobre concordatos y otros convenios internacionales de los cuales el Estado peruano sea parte; lo sostenido respecto al texto de 1856 conserva plena validez y se refuerza con la nueva demostración en el sentido comentado. La Constitución de 1860 incluye también entre las disposiciones transitorias una declaración que vuelve a dar testimonio de la tendencia mencionada, plasmada en el artículo 134 y que a la letra decía: "Para que se establezcan sobre bases sólidas las relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado; y para que se remuevan los obstáculos que se opongan al exacto cumplimiento del artículo 6º, en cuanto al fuero eclesiástico, se celebrará, a la mayor brevedad, un concordato"68.
La mención al artículo 6º se vincula a la supresión, apuntada líneas atrás, del fuero eclesiástico. Ello se produce tras una intensa polémica en el seno de la Sociedad peruana, y, en cuanto reflejo de ella, en el Congreso Constituyente de 1860. Sin embargo, merece recalcarse el hecho que el constituyente peruano concibiera a los concordatos como instrumentos idóneos para regular aspectos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado; una postura de esta índole reviste gran importancia, dado que, aunque no llegara a concertarse un acuerdo de naturaleza concordataria hasta 1980, refleja que el Estado peruano entendía a los concordatos como un medio apropiado para ajustar consensuadamente cuestiones de interés común a las potestades civil y eclesiástica69.
La Constitución de 1867, de fugaz vigencia al reinstaurarse poco después de su promulgación el texto constitucional de 1860, no introdujo cambios en lo dicho sobre concordatos y otros acuerdos internacionales celebrados por el Estado peruano70.
Igualmente, merece resaltarse el otorgamiento por el Papa Pío IX del derecho de Patronato a los Presidentes del Perú, en virtud de la bula Praeclara inter beneficia de 5 de marzo de 1875. Tal bula, dictada por el Romano Pontífice a consecuencia de las gestiones exitosas de Pedro Gálvez, representante peruano ante la Sede Apostólica, confería a los Presidentes de la República y a sus sucesores pro tempore iguales derechos, prerrogativas y honores respecto a las iglesias del país que los disfrutados por los "Reyes Católicos de España" mientras el Perú estuvo bajo su dominio. Sin embargo, las Letras Apostólicas establecían entre las consideraciones tenidas en cuenta por el Papa al momento de conceder a los Jefes de Estado peruanos facultades, como la de presentación de quienes habrían de ocupar las sedes arzobispal (en esa época, sólo Lima) y episcopales, la regulación constitucional y el amparo de la República a la religión católica; a su vez, condicionaban la continuidad del goce y ejercicio de aquellas al mantenimiento de los bienes asignados al clero, el ministerio sagrado y el culto, amén de seguirse favoreciendo y protegiendo por parte del Estado a la religión católica71.
La bula de Pío IX dejaba, además, muy en claro que el Presidente de la República proponía al Papa, normalmente dentro del año siguiente a producirse la vacante, a los varones idóneos para el episcopado, y hacía esa presentación a los obispos en relación a quienes ocuparían las canongías y parroquias, pero en ningún caso nombraba directamente a las personas que eran promovidas a una dignidad específica o acababan asumiendo cargos de cualquier naturaleza al interior de la Iglesia en el Perú. Incluso, recogiendo la doctrina tradicional católica sobre la materia, las Letras Apostólicas de Pío IX explicaban que, para la toma de posesión de un cargo en la Iglesia por un prelado o cualquier eclesiástico, resultaba indispensable disponer de la institución canónica otorgada, según fuera el caso, por el Papa o el Obispo del lugar72.
Los Presidentes peruanos, entonces, contaban con el derecho de Patronato, pero el mismo se originaba en una concesión pontificia explícita y no en declaraciones unilaterales del Estado en sus Constituciones o normas de inferior jerarquía; es más, se sustentaba en la existencia material de ciertas condiciones objetivas favorables a la Iglesia, quedando supeditado, justamente, al mantenimiento de esas condiciones propicias a la religión católica73.
Adicionalmente, el Presidente de la República, contra la impresión que apriorísticamente pudieran tener algunos, no nombraba a los prelados o a las demás dignidades eclesiásticas; proponer no significa designar y eso se lee inobjetablemente en las Letras Apostólicas de Pío IX cuando se reserva al Papa o prelado nombrado por éste la facultad de conferir la institución canónica, sin la cual no cabe tomar posesión de puesto eclesiástico alguno74. Sirve un precepto de esta índole para remarcar que, pese a tolerarse o aceptarse expresamente determinados niveles de intervención del Estado en el proceso previo a la designación de, por ejemplo, obispos y párrocos, la Iglesia Católica Romana representa una comunidad universal de creyentes provista de una estructura centralizada de gobierno y no sometida a poderes temporales de cualquier naturaleza, cuyo jefe máximo es el Papa en cuanto vicario de Jesucristo y sucesor del apóstol Pedro.
De esta manera, se enfrentaba el riesgo de Iglesias nacionales, donde, a semejanza de ciertas confesiones protestantes, el monarca o el Presidente de la República, fuera la cabeza nominal de una Iglesia de carácter estatal y tuviera, por ende, potestad para hacer nombramientos dentro de ésta. En la Iglesia Católica, en cambio, el ministerio sacerdotal y el episcopal son conferidos por los Obispos y el Romano Pontífice, respectivamente, sea cual fuere el camino anterior al hecho mismo de la institución canónica, y no resulta procedente hablar de Iglesias nacionales, sino de Iglesias particulares o locales englobadas en una comunidad universal y unidas por la fe común en Cristo y el sometimiento a la autoridad del Papa75.
Circunstancia señalable, igualmente, es que, a pesar de la importancia atribuida al derecho de Patronato, el otorgamiento por el Estado peruano del "exequátur" a la bula Praeclara inter beneficia fue recién con un Decreto, de fecha 27 de enero de 1880, del tiempo de la Dictadura de Don Nicolás de Piérola cuando la guerra del Pacífico; el mismo fue comunicado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la cual contestó expresando la conformidad del Papa León XIII76. Además, si bien el Congreso peruano de 1886 anuló los actos de la Dictadura pierolista, resulta pertinente destacar cómo de la naturaleza internacional de la recepción por la República de las Letras Apostólicas dictadas por Pío IX se desprende la continuidad de su vigencia, en cuanto, sin entrar a tallar en la calificación de Derecho interno frente a la legitimidad de determinado gobernante, los actos con implicaciones internacionales de los Estados mantienen sus efectos hacia el futuro77.
La práctica posterior, coincidiendo con el notable historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte, abundaría en sustento de la posición planteada, pues los gobernantes posteriores del país no discutieron la vigencia del Decreto Dictatorial del 27 de enero de 1880. Ello se puso especialmente de manifiesto cuando, al ir a concertarse el acuerdo entre la Santa Sede y el Perú de 19 de julio de 1980, el gobierno peruano de entonces dictó, el 16 de julio de ese año, el Decreto Ley 23147 por el que se derogaba el citado Decreto Dictatorial y se expresaba el hecho de la concertación del referido acuerdo con la Sede Apostólica como sustento para tal derogación78.
** Abreviaturas: Ruda Santolaria, Sujetos = Ruda Santolaria, J. J., Los sujetos de derecho internacional: El caso de la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995); Ruda Santolaria, Relaciones = Ruda Santolaria, J. J., Las relaciones del Perú con la Santa Sede: Una presentación de los aspectos más significativos hasta la misión de Bartolomé Herrera, en Homenaje a Félix Denegri Luna (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000).
1 Cfr. Bula Universalis Ecclesia del Papa Julio II, concediendo el privilegio de la erección de Iglesias y Monasterios y del Real Patronazgo de las Indias, de fecha 28 de julio de 1508. El texto de dicha Bula aparece en la sección de Anexos de Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 581 - 583; Garcia - Gallo, Alfonso, Las Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en Africa e Indias, en Anuario de Historia del Derecho Español 27 - 28 (Madrid, 1957 - 1958); [ Links ] Gimenez Fernandez, Manuel, Nuevas consideraciones sobre la Historia, sentido y valor de las Bulas Alejandrinas de 1493 referentes a las Indias (Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, 1944); Rubio de Hernandez, Rosa Luisa, Acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado Peruano, en Revista de la Universidad Católica, Nueva Serie 7 (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, junio 1980), p. 109. [ Links ]
2 Cfr. Cardinale, Hyginus Eugene: The Holy See and the International Order (Londres, Gerrard Cross, 1976), p. 68; Ochoa Brun, Miguel Angel, Historia de la diplomacia española (Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1995), IV, p. 74; [ Links ] Oviedo Cavada, Carlos, Un siglo de relaciones entre la Santa Sede y Chile, 1822 - 1925, en Diplomacia 39 (Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Santiago de Chile, 1987), p. 18; Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 125 y 283; El mismo, Relaciones, p. 711;
3 Vid. Macias Delgado, Jacinta, La Agencia de Preces en las relaciones Iglesia - Estado Español (1750 - 1758) (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1994); [ Links ] Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 711 - 712.
4 Cfr. Diccionario de Historia de España desde sus orígenes hasta el fin del reinado de Alfonso XIII (Madrid, Revista de Occidente, 1952), I, p. 724; Gonzalez Echenique, Javier, Esquema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado (1541 - 1925), en Diplomacia 39 (Publicación de la Academia Diplomática de Chile, 1987), pp. 33, 34, 36 _ 37; [ Links ] Hera, Alberto de la, El futuro del sistema concordatario, entrevista aparecida en Ius Canonicum. Revista del Instituto Martín de Azpilcueta 11 (Pamplona, Universidad de Navarra, enero - junio 1971) 21, pp. 8 - 9; Llorca, Bernardino, Manual de Historia Eclesiástica (Barcelona, Editorial Labor, 3º ed., 1951), pp. 597 - 598; [ Links ] Llorca, B. - Garcia Villoslada, R. - Montalban, F., Historia de la Iglesia Católica en sus cuatro grandes edades, Antigua, Media, Nueva, Moderna, IV: Edad moderna (1648 - 1963): La Iglesia en su lucha y relación con el laicismo y su expansión misional (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 3º ed., 1963), pp. 55 - 58, 93 _ 95; Torrubiano Ripoll, Jaime, Novísimas Instituciones de Derecho Canónico acomodadas al nuevo Código ordenado por la Santidad de Benedicto XV (Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1919), I, pp. 282 - 283. [ Links ]
5 Cfr. Bravo Lira, Bernardino, Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica (Santiago de Chile, Andrés Bello, 2ª ed. corregida y aumentada, 1993), p. 204; [ Links ] Nieto Velez, Armando, La Iglesia Católica en el Perú, en Historia del Perú (Lima, Editorial J. Mejía Baca, 3º ed., 1981), XI, p. 571. [ Links ]
6 Cfr. Ugarte del Pino, Juan Vicente, Historia de las Constituciones del Perú (Lima, Andina, 1º ed., 1978), p. 223. [ Links ]
7 Cfr. artículos 1 y 12 de la Constitución política de la monarquía española de 1812; Artículos 8 y 9 de la Constitución peruana de 1823; artículo 3 de la Constitución peruana de 1828; artículo 2 de la Constitución peruana de 1834; y artículo 3 de la Constitución peruana de 1839.
8 Cfr. artículo 171 de la Constitución política de la monarquía española de 1812, facultades 6º y 15º.
9 Cfr. Llorca, Manual cit. (n. 4), p. 595; Llorca y otros, Historia cit. (n. 4), IV, pp. 325 - 326, 421 - 422; Ruda Santolaria, Relaciones, p. 145.
10 Cfr. artículos 173 y 212 de la Constitución política de la monarquía española de 1812.
11 Cfr. artículos 117 de la Constitución política de la monarquía española de 1812 y 52 de la Constitución peruana de 1823.
12 Artículo 87 de la Constitución peruana de 1828.
13 Artículo 44 del Tratado suscrito en Tacna, el 1º de mayo de 1837, por los plenipotenciarios de los Estados Nor-Peruano, Sud-Peruano y Bolivia.
14 Cfr. artículos 231, 232 y 237 de la Constitución política de la monarquía española de 1812.
15 Cfr. Comunicación fechada en Madrid el 29 de noviembre de 1818, enviada por el Marqués de Casa Yrujo a Don Antonio Vargas Laguna, en el legajo 688, parte 1 (microfilm), del Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede; Comunicación fechada en Madrid el 5 de enero de 1823, dirigida por Don Evaristo San Miguel a Don José Narciso de Aparici, en el legajo 693/enero 1823 (microfilm), del Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede, Roma; Egaña, Antonio, Historia de la Iglesia en la América española, desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX (Madrid, Ed. Católica, 1966), pp. 833 - 834; [ Links ] Garaycoa Hawkins, Hugo, Primeras relaciones entre la Santa Sede y el Perú (Tesis doctoral en Derecho Canónico, Roma, Pontificia Universidad Lateranense, 1964, editada en Lima, Tipografía Sesator, 1971), p. 35. Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 713 - 714.
16 Nieto, La iglesia cit. (n. 5), XI, pp. 561 - 562; Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 713.
17 Cfr. nota 15. Ruda Santolaria, Relaciones, loc. cit.
18 Artículos 16 y 17 del Reglamento Provisional dictado por el General Don José de San Martín, en Huaura, el 12 de febrero de 1821. Cfr. también Garcia Jordan, Pilar, Estado moderno, Iglesia y secularización en el Perú contemporáneo (1821 - 1919), en Revista Andina 6 (Los Andes, siglo XIX (1), Cuzco, Centro Bartolomé de las Casas, 2º semestre, 1988) 2, pp. 354, 356; Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 287 - 288.
19 Artículo 1º de la Sección Primera del Estatuto Provisional, dado por el Protector de la Libertad del Perú, Don José de San Martín, en Lima, el 8 de octubre de 1821.
20 Cfr. Bravo Lira, Hist. de las instit. cit. (n. 5), p. 176.
21 Artículo 2 de la Sección Primera del Estatuto Provisional de octubre de 1821
22 Artículo 3 de la Sección Primera del Estatuto Provisional de octubre de 1821.
23 Cfr. artículo 8 de la Constitución peruana de 1823.
24 Artículo 88, inciso 1 de la Constitución peruana de 1839.
25 Cfr. preámbulo del Tratado de Tacna de 1º de mayo de 1837, pacto y ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana.
26 Cfr. artículos 20,5 y 30 de la Constitución peruana de 1828 y 21, 4 y 31 de la Constitución peruana de 1834.
27 Cfr. nota 25, así como los artículos 14,1 y 18 del Tratado de Tacna de 1º de mayo de 1837, pacto y ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana.
28 Cfr. artículos 33,4 y 39 de la Constitución peruana de 1839.
29 Cfr. artículos 47,2 y 3 de la Constitución peruana de 1856.
30 Cfr. artículo 51, incisos 1 y 2 de la Constitución peruana de 1860
31 Artículo 16, inciso 2, de las Bases de la Constitución política de la República Peruana, de diciembre de 1822.
32 Artículo 90, inciso 9, de la Constitución peruana de 1823.
33 Cfr. artículos 46, inciso 6, 60, inciso 1, y 83, incisos 25 y 27 de la Constitución peruana de 1826.
34 Cfr. artículo 47, inciso 1, de la Constitución peruana de 1826.
35 Artículo 47, incisos 9 y 10, de la Constitución peruana de 1826.
36 Artículo 147 de la Constitución peruana de 1826. Cfr. también Nieto, La iglesia cit. (n. 5), XI, pp. 564 - 565.
37 Cfr. artículo 90, incisos 25 y 26, de la Constitución peruana de 1828. Vid. también, Gonzalez Echenique, Esquema cit. (n. 4), pp. 35 - 37; Interdonato, Francisco, Relaciones de la Iglesia y el Estado en la nueva Constitución del Perú, en, Derecho 35 (Publicación del Programa Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1981), pp. 91 - 92; [ Links ] Oviedo Cavada, Carlos, Un siglo de relaciones entre la Santa Sede y Chile, 1822 - 1925, en, Diplomacia 39 (Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Santiago de Chile, 1987), p. 19; [ Links ] Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 286 - 287.
38 Cfr. artículo 85, incisos 26 y 27, de la Constitución peruana de 1834.
39 Cfr. artículo 87, incisos 32 y 33, de la Constitución peruana de 1839.
40 Artículo 87, inciso 37, de la Constitución peruana de 1839. Vid. también los artículos 90, inciso 24, de la Constitución peruana de 1828, y 85, inciso 25, de la Constitución peruana de 1834.
41 Cfr. notas 37 y 40.
42 Artículo 30, inciso 12, del Tratado de Tacna de 1º de mayo de 1837, pacto y ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana.
43 Artículo 94, incisos 15 - 17, 19, de la Constitución peruana de 1860.
44 Artículo 85, inciso 16, de la Constitución peruana de 1867.
45 Cfr. Ugarte del Pino, Historia cit. (n. 6), pp. 418 - 419. Vid., precisamente, los artículos 6 y 134 de la Constitución peruana de 1860.
46 Cfr. Dammert Bellido, José, Iglesia y Estado, en Revista de la Universidad Católica Nueva serie 3 (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1978), p. 64; [ Links ] Nieto, Historia cit. (n. 5), XI, p. 572; Ruda Santolaria, Sujetos. p. 307; Ruda Santolaria, Juan José, Relaciones Iglesia _ Estado. Reflexiones sobre su marco jurídico, en Marzal, Manuel M. - Catalina Romero - José Sanchez (eds.), La religión en el Perú al filo del milenio (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000), pp. 59 y 70; [ Links ] Ugarte Del Pino, Historia cit. (n. 6), pp. 631 - 633.
47 Cfr. diario El Comercio de Lima, ediciones del sábado 9 de enero de 1841, año 3, Nº 491, p. 3; del jueves 14 de enero de 1841, año 3, Nº 495, p. 2; del viernes 15 de enero de 1841, año 3, Nº 496, p. 3; del sábado 16 de enero de 1841, año 3, Nº 497, p. 3; del lunes 25 de enero de 1841, año 3, Nº 503, p. 2; del sábado 30 de enero de 1841, año 3, Nº 508, p. 4.
48 Cfr. "Correspondencia consular con Cerdeña, Hamburgo, Bremen, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Salida 1841 - 1863", Lima, Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, sección 451, tomo 6C, pp. 1, 2; Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 719 - 721.
49 Nota del Ministro peruano de Relaciones Exteriores Don José Dávila al Cónsul General pontificio Don Luis Baratta, fechada en Lima, el 13 de marzo de 1843, en "Correspondencia consular" cit. (n. 48), p. 14, reverso.
50 Cfr. Garaycoa, Primeras relaciones cit. (n. 15), p. 87; Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 304 _ 305; Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 721 - 723; Vargas Ugarte, Rubén, Historia de la Iglesia en el Perú (Burgos, Imprenta de Aldecoa, 1962), V, p. 123. [ Links ]
51 ) En legajo 5 - 0, Servicio diplomático del Perú - Legación cerca de la Santa Sede, correspondiente al año 1852, en Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima. Cfr. también Nieto, Historia cit. (n. 5), XI, p. 571; Ruda Santolaria, Sujetos, p. 305; [ Links ] Ruda Santolaria, Relaciones, p. 723.
52 Cfr. Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 723 - 724.
53 Comunicación del Ministro peruano de Relaciones Exteriores al "Eminentísimo Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad", fechada en Lima, el 3 de septiembre de 1833, en "Correspondencia con los señores Ministros de RR.EE. de Chile, Argentina, Portugal, Uruguay, Estado Sud Peruano, Bélgica, Austria, Brasil, Gran Bretaña e Irlanda, y Su Santidad", años 1826 - 1841, Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, anaquel 13, sección 13, tomo 15A, p. 112, reverso.
54 Cfr. Nieto, Historia cit. (n. 5), XI, p. 570; Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 305 _ 306; Ruda Santolaria, Relaciones, pp. 727 - 728.
55 Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1861, rúbrica 279, fascículo uno, pp. 166, 169, 176, 181, 182 (reverso), 186 - 187, 192, 194; Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, legajo 5, 16, Servicio diplomático del Perú/ Legación en Italia/ 1860, números 70, 76, 78. Cfr. Ruda Santolaria, Relaciones, p. 70.
56 Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1871, rúbrica 251, fascículo siete, pp. 60 - 63.
57 Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1871, rúbrica 251, fascículo siete, pp. 54 - 57 (reverso), 71 - 72 (reverso), 138 - 139 (reverso), 140 - 141, 158 - 159 (reverso); Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1872, rúbrica 251, fascículo dos, pp. 46 (anverso y reverso), 52 - 56, 58 - 59.
58 Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1872, rúbrica 251, fascículo dos, pp. 24 - 25 (reverso), 28 - 30 (reverso), 37.
59 Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano, Segreteria di Stato, anno 1872, rúbrica 251, fascículo 2, pp. 24 - 25, 28 - 29, 30, 32 - 37, 50 - 51, 52 - 56, 58, 83 - 84, 86 - 87, 134 - 136, 143 - 144, 173 - 174, 175 - 176, 179 - 182, 183 - 185. Cfr. también Nieto, Historia cit. (n. 5), XI, pp. 572 _ 573; Ruda Santolaria, Relaciones, p. 71.
60 Artículo 48, inciso 6, de la Constitución peruana de 1828. Cfr. también Ruda Santolaria, Sujetos, p. 290.
61 Artículo 48, inciso 4, de la Constitución peruana de 1828. Vid. también Ruda Santolaria, Sujetos, loc. cit.
62 Artículo 90, incisos 13 y 23, de la Constitución peruana de 1828.
63 Artículos 41, 55, inciso 4, y 87, inciso 36, de la Constitución peruana de 1839. Cfr. también Ruda Santolaria, Sujetos, p. 291.
64 Artículo 1, inciso 26, del Estatuto Provisorio peruano de 1855. Cfr. Ruda Santolaria, Sujetos, p. 292.
65 Artículo 55, inciso 15, de la Constitución peruana de 1856. Vid. Ruda Santolaria, sujetos, loc. cit.
66 Artículo 89, incisos 11 y 18, de la Constitución peruana de 1856. Cfr. Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 292 - 293.
67 Ruda Santolaria, Sujetos, p. 293.
68 Artículo 134 de la Constitución peruana de 1860. Cfr. también los artículos 4, 59, inciso 16, 94, incisos 11 y 18, de dicha Constitución, así como Ruda Santolaria, Sujetos, p. 293.
69 Ruda Santolaria, Sujetos, p. 294.
70 Artículos 3, 59, inciso 18, 85, incisos 11 y 18, de la Constitución peruana de 1867.
71 Cfr. el texto de la bula Praeclara inter beneficia del Papa Pío IX en Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 586 - 589. Vid., asimismo, Dammert, Iglesia y Estado cit. (n. 46), p. 64; Nieto, Historia cit. (n. 5), XI, pp. 563 - 564, 572; Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 307 - 309, 313 _ 314; Ruda Santolaria, Relaciones, p. 70.
72 Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 307 - 308.
73 Ibid, p. 308.
74 Ibid, loc. cit.
75 Ibid, pp. 308 - 309.
76 Cfr. Rubio, Acerca de las relaciones cit. (n. 1), p. 111; Ruda Santolaria, Sujetos, pp. 309, 590 _ 592; Ugarte del Pino, Historia cit. (n. 6), p. 635.
77 Cfr. Ruda Santolaria, Sujetos, p. 309, y, especialmente, Vargas Ugarte; Historia cit. (n. 50), V, pp. 302 - 303.
78 Cfr. artículo 1 del Decreto Ley 23147, dictado en Lima, el 16 de julio de 1980. El texto de tal Decreto Ley puede consultarse en Ruda Santolaria, Sujetos, p. 590.

References: artículo 1
 artículo 12
 artículo 117
 artículo 52
 artículo 87
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 147
 artículo 85
 resolución 
 artículo 1
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 134
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 171
 Artículo 87
 Artículo 44
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 8
 Artículo 88
 artículo 51
 Artículo 16
 Artículo 90
 artículo 47
 Artículo 47
 Artículo 147
 artículo 90
 artículo 85
 artículo 87
 Artículo 87
 Artículo 30
 Artículo 94
 Artículo 85
 Artículo 48
 Artículo 48
 Artículo 90
 Artículo 1
 Artículo 55
 Artículo 89
 Artículo 134
 artículo 1