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Timestamp: 2019-09-15 08:27:09+00:00

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UGT Andalucía - El Gobierno da un paso más en la privatización en detrimento de los Servicios Públicos de Empleo
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El Gobierno da un paso más en la privatización en detrimento de los Servicios Públicos de Empleo
Lun 07 Julio de 2014
El Proyecto de Real Decreto del Gobierno sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo no se ha negociado con los interlocutores sociales
El Proyecto de Real Decreto del Gobierno por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo es otro paso más en la externalización de los servicios en detrimento del papel que deben jugar los Servicios Públicos de Empleo. UGT y CCOO denuncian que nuevamente el Ejecutivo trata de regular de forma unilateral y sin abrir periodos de consulta y negociación con los interlocutores sociales y hacen un llamamiento para que el Gobierno atienda los compromisos de dotar a los Servicios Públicos de Empleo (incluido el Estatal), de los medios humanos, materiales y técnicos adecuados, incluyendo el diseño de un sistema de compensación que evite la descapitalización que ha sufrido la plantilla del Sistema Nacional de Empleo.
Nuevamente el Gobierno intenta regular de forma unilateral y sin abrir períodos de consulta y negociación con los interlocutores sociales asuntos de gran importancia. Aún así las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, hemos remitido conjuntamente las observaciones sobre el Proyecto de Real Decreto a la Secretaría de Estado de Empleo.
CCOO y UGT criticamos el proceso por el que se pretende aprobar de forma precipitada el proyecto de Real Decreto sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, asunto de gran calado que exigiría abrir un período de consulta y negociación con los interlocutores sociales.
El Gobierno ha presentado el proyecto de Real Decreto que regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que prevé desarrollar los servicios comunes que deben prestar los Servicios Públicos de Empleo en toda España sobre: orientación profesional, colocación, formación, cualificación para el empleo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Las organizaciones sindicales hemos tenido noticia de la existencia del borrador de proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo el reciente 18 de junio, a través de la convocatoria de reunión extraordinaria del Sistema Nacional de Empleo, enviada en esa fecha, y para su celebración el día 25 de junio.
El Real Decreto parece un mero índice de servicios sin ningún otro factor que dote de coherencia lo que se pretende construir. El documento solo parece buscar dejar abierta la puerta a la privatización de cualquiera de los servicios que se identifican.
Se introducen mecanismos de colaboración público-privada, sin garantizar recursos suficientes para los servicios públicos prestados para que este sistema garantice los derechos y la calidad a la que tienen derecho los ciudadanos. En ningún momento del documento se menciona detalladamente el papel que puedan tener las nuevas agencias de colocación privadas en la prestación de los servicios de la Cartera. Es necesario que quede claro que, aunque operen en el mercado estas empresas y entidades de inserción de personas desempleadas, los Servicios Públicos de Empleo siempre seguirán prestando los servicios incluidos en esta normativa.
Es necesario que se recojan los compromisos de dotar a los Servicios Públicos de Empleo (el Estatal incluido) de los medios humanos, materiales y técnicos adecuados, incluyendo dentro de los anteriores el diseño de un sistema de compensación que evite la descapitalización que ha sufrido la plantilla del Sistema Nacional de Empleo.
El Gobierno da otro paso más en la externalización de los servicios en detrimento del papel que deben jugar los Servicios Públicos de Empleo como garantes de la igualdad en el acceso de los Servicios.
Por último, insistimos en la importancia que tiene la participación de los interlocutores sociales. Es necesario mejorar el derecho de consulta, disponer de información sobre acciones y medidas, así como sobre su evaluación y posibilitar la realización de propuestas en fases anteriores a su presentación.

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