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Timestamp: 2020-07-06 08:54:40+00:00

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Inicialmente resulta conveniente reiterar que el presente procedimiento, consistente en la evaluación del impacto de las medidas, es distinto del procedimiento que derivó de los artículos Octavo y Noveno Transitorios del Decreto y que concluyó con la Resolución de AEP y las medidas.
Como se ha señalado, los artículos Octavo Transitorio, fracción III, y Noveno Transitorio del Decreto, establecían la obligación expresa de que a partir de la integración del Instituto, éste determinara la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y estableciera las medidas regulatorias necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.
Así, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el 6 de marzo de 2014, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó como AEP en el sector de telecomunicaciones al GIE conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso Medidas Móviles, Medidas Fijas, Medidas de Desagregación y Medidas de Contenidos, para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Como se mencionó anteriormente, mediante la emisión de dicha Resolución de AEP se puso fin al procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo.
En ese sentido, la Resolución de AEP y las medidas, gozan de presunción de validez y surten todos sus efectos de conformidad con del artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, por lo que el Instituto, en pleno ejercicio de sus facultades, emitió debidamente el Oficio de Inicio, con fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, pues efectivamente, el presente procedimiento encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas mismas y no los artículos transitorios contenidos en el Decreto, pues se reitera, la evaluación bienal es un procedimiento administrativo distinto del procedimiento por el que se determinó al AEP y se impusieron las medidas en el año 2014.
En tal virtud, es infundado cuando argumentan que el Oficio de Inicio es indebido, al no fundarse ni motivarse en los artículos Octavo y Noveno Transitorios del Decreto, para considerar que existe un grupo de interés económico al cual pudiera tratarse como un solo agente económico preponderante, puesto que como ya se explicó el mandato establecido en los referidos artículos transitorios se agotó con la emisión de la Resolución de AEP y las medidas, la cual constituye una resolución definitiva dirigida a uno o varios destinatarios.12
Argumentan que no es posible jurídicamente pronunciar una decisión definitiva en este expediente, en virtud de que no han sido resueltos diversos expedientes como juicios de amparo, o expedientes iniciados por la COFECE para declarar agentes económicos con poder sustancial en mercados relevantes.
Con dichos argumentos, pretenden que el Instituto ordene la suspensión del procedimiento de evaluación bienal en términos del artículo 366 del CFPC, para efecto de evitar la emisión de resoluciones contradictorias en relación con los temas de los expedientes señalados en el párrafo precedente, ya que suponen vulnerados sus derechos procesales al considerar que se tramitan en su perjuicio múltiples procedimientos que tienen los mismos propósitos, que incluyen o resuelven sobre las mismas cuestiones.
Al respecto, son infundados los argumentos formulados al considerar procedente la suspensión establecida en el artículo 366 del CFPC13, ya que la figura de suspensión a que hace referencia dicho artículo, se actualiza cuando existen supuestos en los que la resolución de un determinado procedimiento puede tener un impacto o repercusión en la materia de otro que se inició con posterioridad14, lo cual en el presente procedimiento no se actualiza toda vez que los procedimientos relativos a juicios de amparo o a procedimientos iniciados para declarar agentes económicos con poder sustancial, no constituyen procedimientos iniciados por actos relacionados a la evaluación de impacto de las medidas.
Se afirma lo anterior, tomando en consideración que los procedimientos a los que se encuentran sujetos no tienen los mismos propósitos, que incluyan y resuelvan sobre las mismas cuestiones. La litis-pendencia que invocan resulta inexistente, tomando en consideración que “litispendencia” significa que existe algún otro procedimiento pendiente de resolver15, que exige una identidad procesal en las causas, cosas, personas y calidad de su intervención, con la que se busca evitar la tramitación paralela de dos procedimientos y la consecución de resoluciones con pronunciamientos contradictorios,16 lo que en el presente caso no se actualiza en virtud de lo siguiente.
En el caso de Telcel, de las resoluciones correspondientes a los expedientes DC-07-2007 y DC-08-2007 y sus acumulados en ambos y sus respectivos recursos de reconsideración RA-029-2011 y sus acumulados y RA-016-2010 y sus acumulados, de las que derivaron los juicios de amparo 575/2012 y 212/2014 y los recursos de revisión 82/2016 y 477/2016 respectivamente, mismas que fueron exhibidas como prueba en el procedimiento que se resuelve, constituyen procedimientos que fueron instaurados en términos de la LFCE17 para determinar si Telcel tiene poder sustancial en ciertos mercados relevantes. Tan es así que en la resolución que se dictó en el expediente DC-07-2007, el Pleno de la COFECO determinó literalmente que Telcel “…tiene poder sustancial en el mercado relevante de servicios de terminación conmutada prestados en sus redes móviles a los demás concesionarios de servicios locales y a los CONCESIONARIOS SLD”. De igual manera, en la resolución dictada en el expediente DC-08-2007, el Pleno de la COFECO resolvió que Telcel “…tiene poder sustancial en el mercado relevante de servicios de telefonía móvil a nivel nacional”.
De lo anterior se desprende que dichos procedimientos sustanciados ante la COFECO, tuvieron por objeto determinar que Telcel tiene poder sustancial en los mercados relevantes referidos en cada resolución, a efecto de imponerle obligaciones específicas en términos del artículo 6318 de la LFT, mientras que el expediente que en este acto se resuelve tiene por objeto realizar una evaluación del impacto de las medidas impuestas en la Resolución de AEP, sin que puedan considerarse procedimientos iguales ni similares, no sólo por su objeto final y la materia de los mismos, sino también por las condiciones que la legislación sustantiva y adjetiva exige para la sustanciación de cada procedimiento, pues mientras los procedimientos de poder sustancial se desarrollaron con fundamento en las disposiciones aplicables en materia de competencia económica, la evaluación bienal se desarrolla en términos de lo dispuesto por la LFTR y de aplicación supletoria lo dispuesto en la LFPA.
En efecto, las resoluciones de COFECO por las que se determinó que Telcel tenía poder sustancial en mercados relevantes, la Resolución de AEP y medidas, así como la evaluación de impacto en materia de competencia, atienden supuestos legales distintos, como se demuestra a continuación:
Para determinar a un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de que se trate, la autoridad debía considerar los elementos previstos en el artículo 1319 de la LFCE, tales como: la participación en el mercado y la posibilidad de fijar precios unilateralmente o restringir el abasto, la existencia de barreras a la entrada, la existencia y el poder de sus competidores, las posibilidades de acceso a fuentes de insumos, el comportamiento del agente, aquellos criterios que establecía el Reglamento de la LFCE, así como los criterios técnicos que estableciera la autoridad.
Para la determinación del AEP e imposición de las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, la fracción III, del artículo Octavo Transitorio del Decreto estableció que debía tomarse en consideración la participación nacional (mayor al 50%) en la prestación de servicios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, medido en su caso por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con los que disponía el Instituto.
Para la evaluación de impacto de la medidas, las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta de las medidas del Anexo 3 de la Resolución de AEP, establecen que el Instituto realizará una evaluación del impacto de las medidas en términos de competencia cada dos años.
De lo anterior se advierte que para cada procedimiento, la LFCE20, el Decreto y las medidas de la Resolución de AEP, determinaron diversos elementos a considerar para actualizarlos, es decir, el primer punto consistía en resolver si un agente económico tenia poder sustancial en un mercado relevante, el segundo en determinar al AEP en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y el tercer punto es el presente procedimiento, el cual consiste en realizar la evaluación en términos de competencia, respecto de las medidas impuestas a través de la Resolución de AEP; lo cual hace evidente que dichos procedimientos no son similares entre sí.
Asimismo, por lo que hace al objeto de cada procedimiento, en el caso de las resoluciones emitidas por la COFECO tenían por objeto determinar al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tuviera poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la LFCE anterior; por su parte, el Decreto tenía por objeto determinar al AEP e imponerle medidas para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales; finalmente, la evaluación de impacto de las medidas, tiene por objeto fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como adicionar medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios regulados, con el fin de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones a los usuarios finales.21
En ese sentido, resulta infundado que la manifestante afirme que los expedientes DC-07-2007 y DC-08-2007 y los procesos judiciales que de ellos derivaron tengan los mismos propósitos, fines, hechos y condiciones, pues como se expuso, son procedimientos diferentes que persiguen objetivos independientes, por lo que no habría resoluciones contradictorias entre sí que pudieran perjudicar los derechos de Telcel.
Lo mismo aplica para los expedientes DC-02-2007, DC-03-2007, DC-04-2007 y DC-05-2007 relacionados con la declaratoria de poder sustancial para Telmex y Telnor en los mercados de (i) servicios de arrendamiento de líneas o circuitos de transmisión dedicados de larga distancia y locales (DC-02-2007), (ii) servicios de terminación de tráfico público conmutado de voz proporcionado a concesionarios de servicios locales y de larga distancia por redes públicos de telecomunicaciones que prestan servicios locales fijos(DC-03-2007), (iii) servicios de originación de tráfico público conmutado de voz, mediante redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio local fijo (DC-04-2007), y (iv) servicios de tránsito local de tráfico público conmutado de voz, mediante redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio local fijo (DC-05-2007), el “ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones establece obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, en los mercados mayoristas de servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales, servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de larga distancia nacional, servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de larga distancia internacional y servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de interconexión”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2012, o bien las sentencias de amparo que con motivo de ellos se hubiesen emitido.
Esto es, como se acaba de explicar párrafos arriba, para cada procedimiento, i) la LFCE, ii) el Decreto, y iii) las medidas de la Resolución de AEP, determinaron diversos elementos a considerar para actualizarlos, es decir, para el primero se debía resolver si un agente económico tenia poder sustancial en un mercado relevante, para el segundo determinar al AEP en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y para el presente procedimiento, realizar la evaluación en términos de competencia, respecto de las medidas impuestas a través de la Resolución de AEP; lo cual hace evidente que dichos procedimientos no son similares entre sí.

References: Resolución 
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 artículo 366
 artículo 366
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 artículo 6318
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 artículo 1319
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