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Timestamp: 2020-05-31 14:22:19+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 99, de 16/09/1997
Año 1997 VI Legislatura Núm. 99
Sesión Plenaria núm. 95
celebrada el martes, 16 de septiembre de 1997
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán (Convergència y Unió), sobre transferencias de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya. (Orgánica) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 105-1, de 9 de junio de 1997 (número expediente 122/000087)(Página 4972) --Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas presupuestarias aplicables al Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 102-1, de 9 de junio de 1997 (número de expediente 122/000084)(Página 4980)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el sector remolachero. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 163, de 2 de julio de 1997 (número de expediente 162/000158)(Página 4986) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para la defensa y potenciación del sector remolachero y azucarero español. «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 118, de 24 de marzo de 1997 (número de expediente 162/000112)(Página 4986) --Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a tomar en el sector de la industria azucarera a fin de evitar la potencial desaparición del cultivo de la remolacha en el campo español. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 14 de abril de 1997 (número de expediente 162/000117)(Página 4986) --Del Grupo Socialista del Congreso, sobre construcción de la Variante Ferroviaria Norte-Noroeste. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 142, de 21 de mayo de 1997 (número de expediente 162/000140)(Página 4996)
Antes de entrar en el orden del día, el señor Presidente se refiere al fallecimiento de don Máximo Rodríguez Valverde, parlamentario ejemplar durante dieciocho años y presidente de la Mesa de edad en cinco ocasiones, expresando el sentimiento del Pleno.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4972)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió), sobre transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya. (Orgánica.) (Página 4972) En nombre del Grupo Parlamentario Popular interviene el señor Seco Gordillo, que somete a la consideración de la Cámara la proposición de ley sobre transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar manifiesta que la razón política que sustenta dicha proposición de ley son los acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos entre el Partido Popular y Convergència i Unió. Considera que se podrá discrepar acaso de la oportunidad del compromiso, pero lo que no se puede discutir es la existencia del mismo y que los acuerdos están para ser respetados y los compromisos para ser cumplidos, por lo que las críticas deberían dirigirse hacia otros aspectos de la proposición de ley, aspectos que sin duda serán tenidos en cuenta.
Por otra parte, fundamenta dicha iniciativa en tres argumentos: en primer lugar, en la posibilidad que ofrece el artículo 150, párrafo segundo, de la Constitución, que autoriza a las Cortes Generales a transferir a todas o a algunas de las comunidades autónomas competencias reservadas al Estado, como son las relativas al tráfico; en segundo lugar, en el hecho de que Catalunya ostenta competencias en materia de seguridad ciudadana; y, en tercer lugar, en que Catalunya dispone de una policía autonómica dotada de la infraestructura necesaria para hacer viable la transferencia de las facultades que en esta proposición de ley se contienen. Pasa a explicar la proposición de ley, que consta de tres artículos, una disposición transitoria y una disposición final. En el artículo 1.º se pretende la transferencia a Catalunya de las facultades de ejecución de legislación estatal en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, con excepción de las facultades que se retienen por la Administración del Estado, fundamentalmente las relativas a los permisos y licencias de conducir y a la matriculación y permisos de circulación de vehículos. El artículo 2.º establece las condiciones a que habrá de ajustarse el ejercicio de las competencias que se transfieren, sobre la base de los principios de coordinación y mutua información, con respecto a las garantías constitucionales referidas al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Y
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en el artículo 3.º se retrasa el ejercicio de las facultades que se transfieren al momento en que tenga efectividad el traspaso de los medios personales, materiales y presupuestarios precisos, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat de Catalunya y su formalización a través del correspondiente real decreto. Por último, la disposición transitoria establece el calendario de implantación de las unidades de tráfico de la policía autonómica.
Termina su intervención manifestando que la tramitación parlamentaria de esta proposición permitirá discutir por la vía de las enmiendas todas las críticas que el texto de esta iniciativa pueda plantear y todos los defectos que la misma pueda tener, mostrándose dispuesto el Grupo Popular a conseguir el máximo nivel de acuerdo y consenso.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene para presentar la misma proposición de ley el señor López de Lerma i López. Manifiesta que la proposición de ley se inscribe no sólo en el vigente marco constitucional español y estatutario catalán, sino en algo que no puede ser acotado por un texto jurídico temporal, que es el deseo y la capacidad del pueblo catalán de autogobernarse como nación con más de mil años de historia, con los requisitos y las exigencias de cada momento. Añade que la justificación de la propuesta es, por un lado, estrictamente constitucional y estatutaria, puesto que dicha cesión de las competencias en materia de tránsito y circulación de vehículos viene a completar un modelo policial propio, reglado por el Parlament de Catalunya y puesto en práctica por el gobierno catalán; y por otro, porque a realidad distinta hay que dar un distinto tratamiento.
Considera que el contenido de la proposición de ley está muy claro, y es transferir a la Generalitat de Catalunya las facultades de ejecución del Estado en materia de trafico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Destaca del texto que proponen los grupos Popular y Catalán los principios de coordinación y colaboración con la Administración del Estado como instrumentos precisos para la obligada eficacia de la transferencia. Añade que la transferencia de estas competencias se asumirá gradualmente desde el año 1998 hasta el 2000, y asegura que si la Cámara da su voto favorable a la toma en consideración de esta propuesta legislativa estará poniendo en práctica una previsión constitucional y estatutaria, en el sendero de la legalidad vigente, porque Catalunya no desea ser otra cosa que una fuerza tranquila, serena y constructiva en el seno del Estado y sólo reclama el reconocimiento diferencial que comporta ser nación.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Jover Presa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 310 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (Página 4980) El señor Martinón Cejas defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista. Expone que la Ley 36/95, de 11 de diciembre, tiene dos objetivos: el primero, regular el destino de los bienes adjudicados al Estado por sentencia firme en aquellos delitos relacionados con el tráfico de drogas; y el segundo, la creación de un fondo que se nutra de esos bienes adjudicados al Estado por sentencia firme. Como fines del fondo la ley fija la atención a los drogodependientes y la dotación de medios a las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico. Añade que con dicha ley se pretendía dar respuesta a una demanda social muy sentida por los colectivos afectados en el sentido de que el dinero que se adjudicara al Estado procedente de los narcotraficantes revirtiera en la atención a los drogodependientes y en la lucha contra el narcotráfico.
Señala también que el año 1996 fue el primer ejercicio en el que el Gobierno tuvo la responsabilidad de gestionar ese fondo y, en opinión de su grupo, tal gestión fue deficiente, como han tenido ocasión de exponer en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, toda vez que de los 289 millones de pesetas con que se nutrió el fondo, 196 fueron devueltos al Tesoro público al no haberse gastado, perdiéndose consiguientemente ese dinero para los fines previstos en la ley del fondo. Este es el motivo principal que ha llevado al Grupo Socialista a presentar la proposición de ley. Piensan que con
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una gestión más eficiente las dificultades habidas se hubieran podido salvar y, en consecuencia, se hubiera podido destinar la cantidad mencionada a los fines previstos en la ley.
Concluye manifestando que la proposición consta de sólo dos artículos y una disposición transitoria proponiendo que los 196 millones en cuestión se incorporen al ejercicio de 1997, aumentando así la cuantía del fondo.
Asimismo, solicitan que los remanentes que puedan producirse en las partidas de que se nutre el fondo, por no haberse gastado, se incorporen automáticamente al ejercicio presupuestario siguiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y señoras Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Cava de Llano i Carrió, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, fue aprobada la proposición de ley debatida por 309 votos a favor.
Proposiciones no de ley (Página 4986)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el sector remolachero (Página 4986)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para la defensa y potenciación del sector remolachero y azucarero español (Página 4986)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a tomar en el sector de la industria azucarera a fin de evitar la potencial desaparición del cultivo de la remolacha en el campo español (Página 4986) En nombre del Grupo Parlamentario Popular interviene el señor Núñez Pérez, que manifiesta que el hecho de que se presenten tres proposiciones no de ley sobre el sector remolachero y azucarero demuestra la inquietud que tiene este sector por su futuro y por mejorar. Añade que aunque las tres proposiciones no de ley miran al futuro, es necesario acordarse del próximo pasado, no para adjudicar errores y responsabilidades sino para tener un mejor enfoque del problema y ser más eficaces y ágiles en la solución. Destaca tres hechos que, desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, han conseguido situar al sector en las cotas actuales de producción y competitividad. En primer lugar, el aumento del rendimiento de la remolacha que, expresado en azúcar, ha pasado de 5 toneladas por hectárea a 6,5 de azúcar ensacada; en segundo lugar, la aplicación de nuevas tecnologías a los cultivos; y en tercer lugar, la reducción de costes por las industrias azucareras. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de los agricultores, de los productores, de las industrias y de la propia Administración, así como de los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen producción remolachera, destacando la Junta de Castilla y León que ha invertido más de 13.500 millones de pesetas. Considera que el futuro del sector no puede apartarse de ese camino, y que esa preocupación late en las tres proposiciones no de ley.
A continuación pasa a exponer y defender la proposición no de ley de su grupo y a fijar su posición respecto de las otras dos, ofreciendo, en base a unos denominadores comunes presentes en las tres iniciativas, un texto transaccional que pudiera ser votado por todos, que sirviera de apoyo y de impulso al Gobierno y que paliara las angustias y los temores que determinados productores y agricultores tienen por razón de las versiones más o menos partidistas que se han vertido sobre este problema.
En segundo lugar, defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la señora Rivadulla Gracia, que resalta las repercusiones de la fusión entre Ebro Agrícola y Sociedad General Azucarera, con la consecuencia de la creación de una gran empresa que acapararía el 80 por ciento de la producción de azúcar y con una facturación superior a los doscientos mil millones de pesetas.
Considera que aunque las tres proposiciones no de ley pueden parecer similares, a entender de su grupo no lo son tanto, porque en relación a los temas agrícolas, sobre todo aquellos que hacen referencia a organizaciones comunes de mercado, su grupo ha instado siempre al Gobierno a actuar de una determinada manera en defensa de los intereses de España y se ha encontrado con que el Grupo Popular no ha tenido interés en consensuar. Reconoce, sin embargo,
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que en el momento actual se ha producido por parte del Grupo Popular un intento de consenso en torno a un texto con el que podrían estar de acuerdo en algunos puntos, puesto que se recoge la necesidad de que las cuotas sean por países, pero echan en falta la implicación del sector cooperativo y, sobre todo, la falta de transparencia en este proceso de fusión y de reordenación del sector. Expone que no están dispuestos a consensuar si no se acepta la necesidad de crear una mesa nacional del azúcar donde estén representados los trabajadores azucareros, los agricultores de la remolacha, la industria del azúcar y las administraciones central y autonómica para diseñar, elaborar y debatir un plan estratégico para todo el sector azucarero.
Por otra parte, se extraña de que ahora se diga que es técnicamente imposible adoptar las medidas necesarias para que los agricultores de la remolacha obtengan un derecho de hasta un 50 por cien de las cuotas de producción a nivel nacional, a sabiendas de las dificultades con que contará en la Unión Europea, cuando en las Cortes de Castilla y León se votó favorablemente no sólo el 50 por cien, sino el cien por cien.
Por todo ello anuncia que su grupo se abstendrá en la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular y votará a favor de la que presenta el Grupo Socialista en la que se da un papel importante al sector cooperativo.
En tercer lugar, el señor Amarillo Doblado defiende la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, haciendo constar que el hecho de que después de un año largo se esté debatiendo la misma cuestión demuestra que, a veces, las decisiones de la Cámara son totalmente ignoradas por el Gobierno o se actúa en contra de lo que se dice.
Expone que en el fondo lo que se está debatiendo es si Générale Sucrière va a conseguir el control del sector azucarero español o no, porque si lo consigue, en el año 2001 las cuotas podrían pasar a las industrias, perdiéndose la regionalización que ahora tienen y corriéndose el riesgo de que el cultivo de la remolacha desaparezca de la mayoría del Estado español.
A continuación pasa a exponer la situación de Générale Sucrière hace un año y medio y en la actualidad, y explica los pasos dados para llegar a tener el 20 por ciento del conjunto del sector azucarero español. Se refiere a la intervención del portavoz del Grupo Popular en junio de 1996, cuando se debatió una proposición no de ley muy similar a la actual, en la que recordaba las manifestaciones efectuadas por la señora Ministra de Agricultura en orden a no autorizar la venta de una de las cuatro azucareras españolas a una sociedad de capital no español. Por ello no les merece ninguna credibilidad la posición actual del Grupo Popular, pero opina que, de todas formas, se está a tiempo de que Générale Sucrière no obtenga la mayoría si se toma una drástica decisión por unanimidad de todos los grupos. Por otra parte se muestra dispuesto al consenso en base a los denominadores comunes que ha propuesto el Grupo Popular, siempre que se asegure una interlocución ágil con el sector, con todas las organizaciones profesionales agrarias y con el movimiento cooperativo para debatir en profundidad un plan general estratégico.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A efectos de precisar los contenidos de la enmienda transaccional y posibilitar el voto unánime de todos los grupos de la Cámara, interviene de nuevo el señor Núñez Pérez.
Sometido a votación el texto transaccional resultante de las proposiciones no de ley presentadas por los grupos Popular, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre construcción de la variante ferroviaria norte-noroeste (Página 4996) Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre construcción de la variante ferroviaria norte-noroeste el señor Pérez Touriño.
Considera que se trata de una actuación en materia ferroviaria sobre la que existe un amplio consenso del conjunto de fuerzas sociales y políticas, de los expertos y de la propia compañía operadora Renfe sobre su necesidad, prioridad e importancia. La variante norte, cuyo coste oscila previsiblemente en unos 200.000 millones de pesetas, consiste básicamente un unir Madrid con Valladolid con un diseño de alta velocidad, acortando la distancia actual en torno a unos 50 kilómetros y reduciendo el tiempo de viaje en aproximadamente una hora y treinta minutos. La importancia estratégica y territorial de la variante radica en su influencia directa sobre todo el cuadrante noroeste de la Península al constituir de hecho un tronco común sobre el que se han de soportar
y articular las distintas conexiones ferroviarias entre Madrid y el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, una amplia zona de influencia que supone, tanto en términos de superficie como de población, más del 30 por ciento del total nacional, por lo que un amplísimo conjunto de comunidades autónomas se beneficiarían de la construcción de esta variante. Añade a todas estas razones el que en todos los trabajos y estudios que se han desarrollado respecto al Plan director de infraestructuras aparece siempre como una de las líneas con la mejor relación coste-beneficio, suponiendo su construcción y explotación un salto cualitativo en la modernización del sistema de transportes en nuestro país.
A continuación pasa a explicar la finalidad que se persigue con la proposición no de ley y asegura que no se plantea desde un criterio meramente coyuntural o de oportunidad política, ni desde una posición de confrontación con otras opciones ferroviarias, sino desde la convicción rigurosa y profunda de que estamos asistiendo a un bloqueo y a un retraso significativo en esta materia que hacen necesario el impulso político de la Cámara. Manifiesta que con esta proposición no de ley se pretende suscitar un acuerdo conjunto que permita impulsar la finalización del estudio informativo tal y como está planteado y, por tanto, que en el año 1998 se redacten los proyectos constructivos y se ponga en marcha el proceso de licitación de las obras. Considera que, a pesar del retraso, es posible alcanzar este objetivo y muestra su preocupación por algunas características alarmantes en relación con el desarrollo de la política ferroviaria del Gobierno.
Por último manifiesta que no les parece posible aceptar la enmienda transaccional que ha planteado el Grupo Popular en relación con la materia, fundamentalmente porque, más allá de la declaración de prioridad, no fija un calendario y, por tanto, no establece un compromiso concreto. Su grupo entiende que es difícil iniciar las obras en el año 1998, pero considera que es necesario hacer los proyectos, aprobarlos y licitar las obras en ese año, de tal forma que en 1999 se pudieran comenzar las obras de la variante del Guadarrama. Por ello presenta un texto alternativo que, quizás, logre la confluencia de las voluntades de los grupos para intentar desbloquear este proyecto tan necesario para el sistema de transportes en todo el occidente español.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, interviene el señor Carreño Rodríguez-Maribona.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista y aceptada por el Grupo Popular, se aprueba por 305 votos a favor y tres abstenciones.
Antes de dar comienzo al orden del día que nos convoca --rogaría silencio, por favor--, y como todos sabemos, lamentablemente hace unos días ha fallecido Máximo Rodríguez Valverde, político de vocación profunda y sincera, parlamentario ejemplar durante dieciocho años. Máximo fue, además, presidente de la Mesa de edad en cinco ocasiones y desempeñó siempre, hasta el último día de su permanencia en esta Casa, con la misma ilusión y dedicación esforzada sus tareas parlamentarias, cualesquiera que ellas fueren. Jugó un papel importante durante los años de la transición política y contribuyó decisivamente a la construcción de un orden democrático desde la reconciliación social y la convivencia en paz y en libertad.
Creo expresar el sentir del Pleno al reconocerlo así y al renovar nuestro compromiso para continuar todos en ese mismo empeño.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) SOBRE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. ORGANICA (Número de expediente 122/000087)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se presenta con el carácter de orgánica.
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Para su presentación, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, intervengo para presentar la proposición de ley que el grupo al que represento y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) someten conjuntamente a esta Cámara para su toma en consideración, que tiene por objeto la transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña; norma legal que, por las razones que luego veremos, deberá revestir la forma de ley orgánica.
Antes de explicar la forma y contenido de dicha proposición de ley, permítanme SS. SS. que les recuerde la razón política que la sustenta.
Digo que voy a recordar, y no a revelar, la razón política que la sustenta porque ésta encuentra su origen en algo que es público y conocido por todos: los acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos entre el Partido Popular y Convergència i Unió, en cuyo apartado 11, párrafo tercero, el Partido Popular manifiesta su voluntad política de avanzar en el estudio y la negociación correspondiente para que la Generalitat de Cataluña asuma las competencias en materia de tráfico en el contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán.
Se podrá discrepar de la oportunidad de ese compromiso, aunque en ese debate no creo que debamos entrar porque el Grupo Popular considera que era y es un compromiso contraíble, como lo demuestra que lo contrajo...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Seco.
Señorías, comprendo que el reencuentro del Pleno es propicio para intercambiar primeras impresiones y trabajos o proyectos de ellos, pero les rogaría que lo hagan en sus despachos o en las dependencias anejas.
Continúe, señor Seco.
Decía que se podrá discrepar de la oportunidad del compromiso, pero lo que no se puede ahora discutir es que ese compromiso existe y que, como consecuencia del mismo, el Grupo Popular tiene perfecto derecho y perfecta legitimidad para presentar esta iniciativa, cosa no poco importante para quienes pensamos que los acuerdos están para ser respetados y los compromisos para ser cumplidos. En consecuencia, cualquier manifestación de sorpresa ante esta iniciativa que pudieran hacer otros grupos de la Cámara podría considerarse fuera de lugar por desmemoriada y, del mismo modo, cualquier crítica de oportunidad política a la misma podría considerarse fuera de lugar por pertenecer al ámbito estricto de la autonomía de la voluntad de este grupo parlamentario, en este caso conjuntamente con el de Convergència i Unió, la fijación de sus objetivos políticos y la ejecución de los actos necesarios para lograrlos. Por tanto, las críticas, que evidentemente las habrá, deberían dirigirse hacia otros aspectos de esta proposición de ley y en ese ámbito sin duda serán tenidas en consideración.
El fundamento de esta iniciativa hay que situarlo en los tres siguientes argumentos. En primer lugar, la posibilidad que ofrece el artículo 150, párrafo segundo, de la Constitución, que autoriza a estas Cortes Generales a transferir o delegar, en todas o en algunas de las comunidades autónomas, facultades o competencias reservadas al Estado, como es el caso de las referidas al tráfico.
En segundo lugar, el hecho de que Cataluña ostenta, como así lo reconoce el artículo 13.4 de su Estatuto de Autonomía, competencias en materia de seguridad ciudadana y, en la medida en que la ejecución de las competencias de vigilancia del tráfico y circulación de vehículos está vinculada, como no podía ser de otro modo, a las de seguridad pública, éstas constituyen un complemento y suplemento necesario de aquéllas.
En tercer lugar, y no de menor importancia, la consideración de que Cataluña dispone de una policía autonómica, los mossos d'esquadra, dotados de la infraestructura necesaria para hacer viable y efectiva la transferencia de las facultades que en esta proposición de ley se contienen.
El carácter orgánico de la norma legal que surja de esta iniciativa deriva, por lo demás, del artículo 150, párrafo segundo, de la Constitución, al que antes me refería, que así lo exige, y la obediencia constitucional nos obliga a dar tal carácter a la iniciativa, por lo que parece innecesario insistir sobre ello.
La proposición de ley presentada consta de tres artículos, una disposición transitoria y una disposición final. El artículo 1.º pretende la transferencia a Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación estatal en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, con excepción de las facultades que se retienen por la Administración del Estado y que seguirán siendo ejercidas por ésta, y que son, fundamentalmente, las relativas a los permisos y licencias de conducir y las referidas a la matriculación y permisos de circulación de vehículos.
Cualquier crítica, por otra parte, que pretenda hacerse a estas facultades que se transfieren, desde el punto de vista de las garantías constitucionales, debe ser rechazada con el argumento de que los principios constitucionales básicos, y especialmente el principio de igualdad de derechos, vienen garantizados por reservarse el Estado, en virtud de esta iniciativa, la facultad de legislar; es decir, la iniciativa legislativa y reglamentaria en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Pero es que, además, refuerza este
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argumento el hecho de que la Comunidad Autónoma vasca ostenta las competencias sobre el tráfico desde 1982, y hasta ahora, que se sepa, todos hemos convenido, y nadie ha discutido, en la constitucionalidad del traspaso de dichas competencias y, lo que es aún más importante, en la ausencia de distorsiones o de desigualdades en la aplicación de dicha ley en el País Vasco.
Por lo demás, las facultades que se transfieren quedan perfectamente delimitadas en la iniciativa si se interpretan conjuntamente en su artículo 1.º y en el artículo 5.º del Real Decreto legislativo 339/1990 por el que se aprueba la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El artículo 2.º de la proposición establece las condiciones a que habrá de ajustarse el ejercicio de las competencias o facultades que se transfieren, sobre la base de los principios de coordinación y mutua información, con respecto a las garantías constitucionales referidas al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Pero creo que es importante destacar que dichos principios actúan no sólo como criterios básicos que deben inspirar el ejercicio de las facultades que se transfieren, sino también, y al mismo tiempo, como mecanismos de control a los efectos previstos en el artículo 150, párrafo segundo, de la Constitución.
El ejercicio de las facultades que se transfieren en virtud de esta proposición de ley se retrasa, según su artículo 3.º, y como no podía ser de otro modo, al momento en que tenga efectividad el traspaso de los medios personales, materiales y presupuestarios precisos, previo acuerdo de la Comisión Mixta de transferencias Estado-Generalitat de Cataluña, y su formalización a través del correspondiente real decreto de traspasos.
Me parece importante destacar, en orden a este precepto, dos consideraciones: por un lado, que el traspaso de competencias significa, asimismo, el de los funcionarios afectos a los servicios que se transfieren, lo que le otorga un carácter de neutralidad financiera, que determina que el traspaso no podrá tener ninguna incidencia en lo que pueda significar incremento de gasto público, como consecuencia del mismo. Y, por otro lado, que en la dotación de los mossos d'esquadra que ejecutarán estas competencias transferidas se ha reservado, según hemos tenido noticias, un porcentaje importante, el 15 por ciento, para aquellos componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que opten por incorporarse a dicha dotación. Podremos discutir si este porcentaje es alto o bajo o si debería haber sido mayor o menor. A juicio del Grupo Parlamentario Popular, se trata de un porcentaje equilibrado y que no distorsionará las necesidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Pero lo que parece fuera de toda discusión es que se trata de una medida inteligente de los mossos d'esquadra, que dotará a este cuerpo de un contingente que, además de contar con la preparación necesaria, tiene acreditada una amplia experiencia en la vigilancia del tráfico, lo que sin duda redundará en beneficio de todos. Y es importante porque en el pasado, con responsabilidad de otros gobiernos, se han transferido competencias en esta reserva de plazas para los funcionarios que venían ejerciéndolas, con el consiguiente hándicap inicial en la efectividad del ejercicio de las competencias transferidas.
Por último, la disposición transitoria establece el calendario de implantación de las unidades de Tráfico de la policía autonómica, que por ser conocido no voy a mencionar, aunque sí parece importante destacar que hasta tanto dicho calendario no se haya cumplido la Guardia Civil continuará ejerciendo las funciones de vigilancia del tráfico en las vías interurbanas, bajo la dependencia de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, salvaguardando así el ejercicio de estas facultades y, por tanto, la correcta vigilancia del tráfico en este período transitorio.
En conclusión, y con ello termino, señor Presidente, se trata de una iniciativa cuyos fundamentos políticos y jurídicos y cuyos objetivos en el marco del desarrollo autonómico están, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, fuera de toda discusión, por las razones que antes hemos apuntado. Sin embargo, quiero ofrecerles desde esta tribuna a todos los grupos de la Cámara la disposición del Grupo Parlamentario Popular --y estoy convencido de que también la del Grupo Catalán (Convergència i Unió)-- para discutir, negociar y acabar consensuando el contenido, es decir, la literalidad de los preceptos que se contienen en esta proposición de ley.
La tramitación parlamentaria de esta proposición permitirá discutir, por la vía de las enmiendas, todos los criterios particulares, todas las críticas que el texto de esta iniciativa pueda plantear y todos los defectos que la misma pueda tener, aunque, en mi opinión, éstos sean pocos y, sobre todo, poco importantes. Ahí encontrarán al Grupo Popular dispuesto a conseguir el máximo nivel de acuerdo y consenso que las circunstancias puedan plantear.
Por todo ello, señor Presidente, y reiterando el ofrecimiento de diálogo, solicito el voto favorable de los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
La iniciativa, al haberse presentado de forma conjunta con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), va a ser también defendida por un portavoz de ese grupo en el mismo turno y compartiendo el tiempo.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
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Señoras y señores diputados, la proposición de ley que me cabe el honor de exponer y defender en este trámite, que ha sido avalada por los Grupos Parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), se inscribe no sólo en el vigente marco constitucional español y estatutario catalán, sino en algo que no puede ser acotado por un texto jurídico temporal, que es el deseo y la capacidad del pueblo catalán de autogobernarse como nación --como nación con más de mil años de historia-- y de gobernarse, además, con los requisitos y bajo las exigencias de cada momento. En definitiva, de ejercer el autogobierno con responsabilidad. Sin ese deseo de ser nación y de ser autogobierno de esa nación --deseo que trasciende a partidos políticos y, por supuesto, a ciclos históricos-- no pueden entenderse algunas cosas, como, por ejemplo, la presente iniciativa, que tiene la virtud de enlazar el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña en plena transición política con la transferencia de los mossos d'esquadra, practicada en octubre de 1980, es decir, con la Generalitat ya recuperada y con la vigencia del actual Estatuto de Autonomía, su desarrollo como policía de la Generalitat mediante Ley del Parlament de Cataluña, de julio de 1994, la expansión y el despliegue de la misma que se está llevando a cabo desde hace años y con el hecho cierto, también, de que esta institución, los mossos d'esquadra, data del siglo XVII, fue la primera fuerza de policía profesional de Cataluña y fue la fuerza pionera de policía profesional en todo el Estado español.
La justificación de la propuesta que nuestros grupos parlamentarios defienden es doble. Por un lado, estrictamente constitucional y estatutaria, como ha dicho mi colega del Grupo Parlamentario Popular, y, además, como queda subrayada en la propia exposición de motivos que la acompaña, por el hecho cierto de que la cesión de las competencias en materia de tránsito y circulación de vehículos, así como de seguridad vial, como es el caso, viene a completar un modelo policial propio, precisamente el modelo reglado por el Parlament de Cataluña y el modelo practicado por el Gobierno catalán. Por otro lado, es igualmente constitucional y estatutaria, pero tiene una justificación de mayor calado político o de mayor cualificación política. A realidad distinta, señorías, distinto tratamiento. Es decir, que Cataluña vaya a cerrar su propio concepto de seguridad ciudadana y de policía integral pone sobre el papel que el hecho diferencial encuentra, primero, acomodo constitucional, que es posible legalmente, pero, sobre todo, deseo, reconocimiento explícito por parte de las Cortes Generales de que así sea si este Congreso de los Diputados hoy da luz verde a la tramitación de esta proposición de ley.
¿Cuál es el contenido de este proyecto legislativo? Yo diría que el objeto está muy claro: transferir a la Generalitat de Cataluña las facultades de ejecución del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Por lo tanto, se aplica --de hecho se aplica por primera vez, cosa no menos importante-- el artículo 150, párrafo segundo, de la Constitución, y se transfiere una competencia a una comunidad autónoma cuyo propietario inicialmente, por decirlo de alguna manera, por decirlo de forma coloquial, es el Estado. Se propone hacerlo, lo proponemos hacer mediante un texto nada detallista, como pueden ustedes observar; un texto que, eso sí, concreta las materias que no son objeto de transferencia y que siguen estando en manos de la Administración del Estado.
El texto que proponen el Grupo Popular y el Grupo Catalán destaca los principios de coordinación y colaboración con la Administración del Estado como instrumentos precisos --por válidos, por exigibles-- para la obligada eficacia de la transferencia.
Finalmente, la proposición de ley encara esa transferencia mediante una asunción gradual de las competencias que nos lleva desde el año 1998 hasta el año 2000, es decir, que se encara, que se hace, con toda la inteligencia posible y con la exclusión de la imprudencia.
Acabo por donde he empezado, señor Presidente. Si ustedes, señorías, dan su voto a la toma en consideración de esta propuesta legislativa, sepan que están practicando una previsión constitucional y estatutaria; nos movemos, señorías, en el sendero de la legalidad vigente. Sepan, además, que impulsan de una manera decisiva el modelo policial catalán diseñado por el Parlament de Cataluña y aprobado por el Gobierno de la Generalitat, con la inestimable colaboración del actual y de los últimos gobiernos del Estado, de los gobiernos de España, y sepan, sobre todo, que consolidan un modelo policial propio que ayuda a la distinción, pero que también invita a la mejora; y si bien lo distinto está amparado por la Constitución y los estatutos de autonomía --las leyes-- mejorar, modernizar o progresar son verbos que deben ser conjugados por los gobiernos y ratificados o no por el cuerpo electoral, pues todo, de hecho, comporta una responsabilidad, cada oportunidad comporta una obligación y cada posesión conlleva un deber. Al fin y al cabo, señorías, Cataluña no desea ser otra cosa que una fuerza tranquila, serena y constructiva en el seno del Estado y sólo reclama para ello el reconocimiento diferencial que comporta ser nación.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Defiendo, en nombre del Partit per la
Independençia, esta proposición de ley por diversos motivos, algunos de los cuales me parecen más que indiscutibles. Primero, por voluntad de ser. Cataluña no sólo es una nación con voluntad de gobierno, sino que es una nación que se ha gobernado de manera soberana y que ha vivido en plenitud su pluralidad nacional. Forma parte, pues, de su trayectoria histórica, de su capacidad y de sus derechos el aumentar su poder político, su soberanía política de manera gradual y, por tanto, conseguir, en materias fundamentales, tener capacidad de decisión.
Segundo, porque de los distintos fundamentos de la soberanía el orden público, sin lugar a dudas... (Rumores.) Me cuesta un poco oírme, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Segundo --decía-- porque de los distintos fundamentos de la soberanía el orden público es, sin lugar a dudas, uno de los más relevantes y decisivos y, en consecuencia, es absolutamente necesario para que una nación se sienta plena y realizada.
Y, finalmente, porque estamos hablando de los mossos d'esquadra, cuerpo emblemático en Cataluña y que entendemos nosotros tiene que ser la única policía en Cataluña, y porque hablamos de una reivindicación antigua, de una reivindicación que probablemente llega tarde pero a la que, en todo caso, no se puede decir no cuando llega. Por tanto, en consecuencia, damos nuestro sí.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
Coalición Canaria anuncia que votará afirmativamente esta proposición de ley que nos traen conjuntamente el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Lo fundamentamos, retomando casi la expresión que ha utilizado el portavoz señor López de Lerma, en que la norma se ajusta en un todo a un principio de legalidad reflejado en el orden constitucional, en los artículos 149 y 150, que están referidos a las competencias del Estado y a la capacidad de transferir a la comunidad autónoma respectiva. En este orden constitucional concuerda también con lo que dice el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por esta razón, y fundamentalmente porque se dan las dos premisas para la eficacia del servicio transferido... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías, les ruego guarden silencio. Es imposible, no ya escuchar, oír medianamente al señor Mardones.
Se dan dos circunstancias objetivas y objetivables de causa material que permiten la confianza no solamente en el principio de legalidad, sino en el principio de eficacia de la norma transferida. Por un lado, la comunidad autónoma, la Generalitat de Cataluña, dispone ya de los cuadros humanos, a través de su policía autonómica, para ejercitar esta función.
Por otro lado, se hace uso de un principio relacionado con el orden público y la custodia de los bienes, que son responsabilidad de una administración, en este caso la seguridad vial y el tráfico, y que existiendo los medios humanos y materiales ya en la propia policía autonómica catalana se dan también estos principios de similitud para ejercitar la función. Hay la reserva que trae el artículo 1.º de esta iniciativa, lo que queda en el ámbito de la competencia estatal, que son las licencias y permisos tanto para los conductores como para los vehículos a motor.
Hecha esta mención de reserva en el principio de jurisdicción del Estado, está algo muy importante que queremos destacar, que es el artículo 2.º, en la medida en que en competencias que se ejercen sin solución de continuidad --una persona que circula en un vehículo a través de comunidades autónomas del Estado español, puede ser la aragonesa o la valenciana-- se salvaguarda ahora un principio importante de coordinación y de cooperación para las regulaciones del tráfico y de vehículos de motor entre la comunidad autónoma catalana y la Administración del Estado.
Nosotros desearíamos que hubiera estos principios de coordinación y de colaboración, así como el intercambio simultáneo y recíproco entre ambas administraciones para suministrar y acceder a datos básicos y fundamentales (multas, etcétera) en el ordenador.
En esta línea de congruencia y respeto a lo que es un acceso de una comunidad autónoma a un bien jurídico que sanciona positivamente nuestra Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 13, y que está amparado en el principio de legalidad, Coalición Canaria, señor Presidente, va a dar su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Vasco comparto el entusiasmo
manifestado por los representantes de los grupos proponentes y, desde luego, entendemos que se vota la toma en consideración de una iniciativa relativa a las competencias en materia de tráfico y seguridad vial por tradición administrativa, vinculadas a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, cometido de toda policía con vocación de ser integral.
Es, por tanto, creemos, una cuestión esencial y muy simbólica de la apuesta de la Comunidad Autónoma catalana por la tenencia de una policía propia.
Es una propuesta que, según se trasluce en los medios de comunicación, se vive con ilusión por el pueblo catalán y que ha sido recogida en algún artículo de prensa en la idea de que hay pocas naciones que tengan la oportunidad histórica de construir de nuevo una institución tan esencial.
Como representante del Grupo Vasco, como ciudadana vasca, es obligado que haga mención al proceso de creación de la Ertzaintza, reciente en el tiempo, y cuyos parámetros normativos son ciertamente distintos.
En el caso vasco, el artículo 17 del Estatuto de Guernica remite, en primer término, a la actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución; engancha, si se me permite utilizar una expresión tan gráfica, con la salvaguarda constitucional de los derechos históricos; y, lo que es más importante, en el propio apartado 5 de este artículo, se establece ya en el propio momento estatutario que existe la policía autónoma por la disponibilidad de los millones de la Diputación Foral de Alava y se restituye en ese mismo momento --tiene en este aspecto carácter fundacional-- el Cuerpo de Miñones y Miqueletes de Vizcaya que, como digo, y esto es fundamental para entender el resto del proceso, se reinstituyen en el mismo momento del proceso estatutario.
Bastó, por tanto, luego un simple Real Decreto, el 2903/1980, de 22 de diciembre, regulador de estos cuerpos, para basar todo el proceso posterior, que no es ocasión de exponer en este momento ante la Cámara.
Esta articulación --repito-- hizo innecesario el acudir a un instrumento como el que ahora se utiliza, a pesar de tratarse de una materia comprendida en el 149.1.21 de la Constitución. En el caso catalán, su previsión estatutaria es distinta y, por ello, sí ha sido preciso acudir a este instrumento que, por cierto, fue introducido en el texto de la Constitución, en el debate constituyente, por una enmienda del propio grupo al que yo ahora represento, el Grupo Vasco. La utilización de esta vía del 150.2, en los casos en los que se ha hecho, no ha estado exenta de polémica, pero creemos que en el caso presente su utilización es impecable y así resulta de la propia exposición de motivos, que es especialmente acertada a la hora de plasmar el mecanismo.
Me gustaría, sin embargo, concluir mi intervención haciendo un reproche al contenido del articulado. En su artículo 1.º se plasma una limitación a la competencia de las facultades que se transfieren a la Generalitat, que es la misma que existe, por cierto, en el caso vasco. Creemos que esta excepción no se justifica y que carece de base real, ya que el que los requisitos deban ser idénticos respecto de los títulos de habilitación para conducir en todo el Estado no justifica que la gestión deba ser también efectuada siempre desde las autoridades del Estado. En tiempos de tan singulares avances en cuanto a la comunicación de datos y en los que se habla de espacios europeos, no existe base real para entender que esta competencia deba reservarse en manos del Estado. Sin embargo, esta dualidad de administraciones, sobre todo en materia sancionadora, crea, como tuve ocasión de exponer ante la Cámara con motivo de una pregunta oral efectuada al ministro del Interior, importantes problemas de inseguridad jurídica, de bis in idem, e incluso de desproporción en la respuesta punitiva, que creemos que es posible resolver y que esperamos que se haga por vía de enmiendas durante la tramitación parlamentaria, y que, por supuesto, el Grupo Vasco apoya.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, anuncio el voto favorable... (Rumores.)
Señorías, vuelvo a llamar al orden a la Cámara. Es imposible escuchar al orador. (Continúan los rumores.) Señor Burballa. (Pausa.) Cuando quiera, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Anuncio, pues, el voto favorable de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Creemos, efectivamente, que supone un gran avance en el proceso de autogobierno y que a todas las fuerzas que nos proclamamos federalistas nos debe llenar de satisfacción. Por otra parte, el programa de Iniciativa per Catalunya, en el capítulo de una seguridad al servicio de la población, señala que las policías autonómicas tendrán todas las competencias de seguridad, incluido el tránsito. En consecuencia, nuestro voto a favor
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al contenido de esta proposición de ley. Pero, señorías, señor Presidente, nuestro grupo debe manifestar su más absoluto rechazo y discrepancia en la forma en que se ha realizado este proceso de transferencia de las competencias de tráfico en la provincia de Girona, que es en la primera que se ha llevado a cabo. Señorías, nos parece absolutamente inadmisible la obsesión de Convergència i Unió de no contaminar a la unidad de tráfico de los Mossos d'Esquadra con la Guardia Civil. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El proceso que se ha desarrollado en Girona, señorías, ha defraudado a los guardias civiles y a sus familias; guardias civiles que llevan muchos años ejerciendo su actividad en Cataluña y que han dado lo mejor de sí mismos para garantizar la seguridad en las carreteras de la comunidad autónoma catalana. Se les había prometido, señorías, que el traspaso no sería traumático, que no se tendría que ir nadie, y hoy se sienten absolutamente engañados y estafados. La delegada del Gobierno ha llegado a decir que de los 1.200 guardias civiles que hay actualmente en Cataluña, 699 se tendrán que ir. Por mucho que se les ha dicho que podrían ir a hacer funciones de policía fiscal, la realidad es que muchos guardias civiles, que no quieren, se tendrán que ir de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y esto, señorías, nos parece una injusticia absolutamente inadmisible.
Se les ha asignado solamente un 15 por ciento de las plazas, que corresponden a 33 plazas, cuando han sido 79 las solicitudes que se han presentado, y todo ello, señorías, cuando las plazas que correspondían a los Mossos d'Esquadra no se han llegado a cubrir porque no ha habido suficientes solicitudes.
La forma también ha obligado a presentar las solicitudes de nuevo destino en seis días y se les va a obligar a tener conocimientos de catalán equivalentes a nivel B --y diré a las señorías que no lo conozcan que es un nivel alto-- en un período de dos meses, con el objetivo claro de que la Guardia Civil no nutra la nueva unidad de tráfico de los Mossos d'Esquadra.
Por todo ello, señorías, consideramos que, aunque la ley es buena y nosotros la vamos a apoyar, el proceso --como se está desarrollando-- es absolutamente desgraciado e injusto.
Y la farsa llega hasta el final; por una parte, el señor Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular de Cataluña, nos dice, y sale en los medios de comunicación, que la forma en que se ha realizado ese traspaso es un verdadero ejercicio de miopía policial y política, y añade que el gobierno catalán es prisionero de los sectores más nacionalistas de Convergència i Unió. Por otra parte, Convergència i Unió nos dice que ha sido un acto absoluto de generosidad, ya que Interior no pidió nada, no pidió ni una sola plaza para los guardias civiles; es más, el conseller Pomés dice que el ministro Oreja, al parecer, mostró su sorpresa cuando se lo propuso el propio conseller.
Señorías, por todo ello, no podemos más que manifestar, una vez más, nuestra absoluta disconformidad por esta injusticia que se está realizando contra un cuerpo, el de la Guardia Civil en Cataluña, que ha visto cómo sus mujeres han tenido que salir en defensa de los derechos de sus propias familias a quedarse en el territorio de Cataluña, y esperamos, señorías, que se produzca una rectificación de este modelo, porque, siendo la ley buena (desde luego, nuestro grupo parlamentario va ha votar a favor), estamos absolutamente en contra por las razones que anteriormente he expuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rivadulla.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar también a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, y vamos a hacerlo, fundamentalmente, por dos razones. Una de ellas, la más clara, ya se ha expuesto aquí. No se trata solamente de que queremos también ahondar en la profundización del autogobierno de Cataluña, sino que además se trata, lógicamente, de una medida totalmente razonable, a partir del momento en que estamos hablando de una comunidad autónoma que ya tiene, desde hace años, una policía propia, que, de acuerdo con su estatuto de autonomía, dispone de competencias para la seguridad ciudadana y para la protección de la seguridad y los bienes de las personas, y, por tanto, de acuerdo con esta condición de policía integral de la que aquí ya se ha hablado, parece lógico y totalmente razonable que estas competencias en materia de tráfico y seguridad vial sean transferidas a la Generalitat de Cataluña.
Pero, además, hay otra razón, que desde el punto de vista de mi grupo es especialmente importante, y es que las transferencias a las que se refiere esta proposición de ley se van a realizar como consecuencia de un proceso largo, de un proceso que no empieza hoy; esta proposición de ley no llega, por así decirlo, por generación espontánea, sino que es el resultado de un largo proceso de negociación que ya se inició y avanzó en la pasada legislatura, y quiero recordar que fue, concretamente, en el año 1994 cuando se llegó a acuerdos importantes que permitieron el despliegue en Cataluña de los Mossos d'Esquadra. Es más, sin estos acuerdos, sin este despliegue que se acordó en la pasada legislatura, sería imposible que hoy acordásemos estas transferencias.
Por tanto, por parte de mi grupo, ninguna sorpresa, ninguna crítica a la oportunidad y, por supuesto, la más mínima duda respecto a la constitucionalidad de esta transferencia. Si alguien ha pensado que mi grupo
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iba a plantear críticas en esta materia, se ha equivocado. Estamos absolutamente de acuerdo con que se transfieran estas competencias y, además, estamos de acuerdo con el modelo de sustitución, que quede claro.
Después me referiré a este tema.
Ahora bien, dicho esto, establecido este acuerdo de principio básico, entusiástico --diría yo--, con el objeto central de la proposición de ley, mi grupo parlamentario no puede dejar pasar la ocasión de plantear algunas discrepancias, no tanto con lo que dice la proposición de ley como con lo que no dice; no tanto con su contenido como con lo que en ella falta, y, además, discrepancias importantes en relación a la forma en que parece que se quiere producir este proceso de transferencia a través del acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat.
Para empezar, nos encontramos, señoras y señores diputados, ante una situación un tanto curiosa, porque resulta que esta proposición de ley hoy día, previsiblemente, la vamos a tomar en consideración, probablemente en el plazo de dos o tres meses estará aprobada, podrá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y, sin embargo, resulta que el Gobierno de la Generalitat ya la está aplicando ahora, ya está tomando decisiones, ya está ejecutando decisiones con cargo a una ley que todavía no existe; ya se ha decidido cuántas plazas habrá en la futura división de tráfico de los Mossos d'Esquadra, ya se ha decidido qué pruebas y qué concursos tendrán que hacerse para ir a esta división, ya se están realizando estas pruebas y, lo que es más, ya se ha decidido qué porcentaje de estas plazas se reservará para los actuales funcionarios que forman parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y todo esto se ha decidido, y no solamente ya se ha decidido sino que se está ejecutando, ya se están haciendo los concursos en base a una ley que todavía no existe, en base a una ley que todavía no está aprobada, que será este Parlamento el que la aprobará, porque quiere, no por otra razón, y solamente el día que esté aprobada, el día que esté publicada, con las modificaciones que aquí se introduzcan, será cuando realmente puedan ejecutarse las competencias.
Pero es que, además, esto no es nada nuevo, esto lo dice la propia proposición de ley, que en su artículo 3.º dice textualmente: el ejercicio de las competencias transferencias será --futuro-- asumido por la comunidad autónoma en el momento en que tenga efectividad la transferencia de los medios personales, materiales y presupuestarios precisos, instrumentado mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias y el correspondiente real decreto de traspasos y servicios. Que yo sepa, no se ha asumido esa competencia, no se ha dictado el real decreto de transferencia ni se ha acordado nada al respecto por la Comisión Mixta, y sin embargo el Gobierno de la Generalitat ya está haciendo pruebas para cubrir estas plazas.
Me pregunto yo, ¿en base a qué habilitación legal se puede hacer esto? Además, no olvidemos una cosa, señor Presidente, señoras y señores diputados: no olvidemos que esta competencia no está prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en absoluto, no es una competencia que ya tenga Cataluña, de acuerdo con su estatuto, y que para ejercerla solamente sea necesario el acuerdo de la Comisión Mixta; no, no. Esta es una competencia que no está en el estatuto de autonomía y que, por tanto, adquirirá en su día el Gobierno de la Generalitat en base a una ley orgánica de transferencias que es ésta, por eso hoy aquí lo estamos discutiendo; es la primera vez que para Cataluña se hace una ley orgánica de transferencias de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución. Es decir, un sistema excepcional, especialísimo, que requiere por ello un tratamiento determinado. Y bien: resulta que este Parlamento aún no se ha pronunciado sobre ello, resulta que estas Cortes Generales, el Congreso y el Senado, aún no han dicho nada al respecto, hoy dirán la primera palabra, y sin embargo esta futura norma jurídica, que hoy todavía no es más que un documento parlamentario, ya se está aplicando.
A nuestro juicio, señor presidente, señoras y señores diputados, esto no es aceptable ni desde una perspectiva política, ni desde una perspectiva jurídica. No es aceptable desde una perspectiva jurídica porque no hace falta ser ningún experto en derecho para saber que toda disposición reglamentaria necesita de una habilitación legislativa, y aquí las resoluciones que han puesto en marcha este proceso no tienen ninguna habilitación legislativa todavía.
Pero es que, además, políticamente, es todavía mucho más grave, porque está prefigurando la decisión de este Parlamento, la decisión soberana de esta Cámara y del Senado, que todavía no han tomado, y que además, a lo largo de todo el trámite parlamentario, como ha dicho aquí el representante del Grupo Popular, se puede modificar. De esta manera, estamos prefigurando una decisión que puede ser muy grave. Imaginemos qué sucedería si, a lo largo del trámite parlamentario, en esta proposición de ley decidimos todos que la futura división de tráfico de los Mossos d'Esquadra reservará un 25, un 30, un 35 por ciento de plazas para los integrantes actuales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Sencillamente, tendrían que rehacerse las pruebas otra vez, porque lo que se ha decidido, no se sabe de acuerdo con qué ley, es que ese porcentaje sea sólo del 15 por ciento. Creo que eso es suficiente, señor presidente, para que marquemos una diferenciación, una discrepancia respecto a este proyecto.
La segunda, y con ello acabo, señor Presidente, ya se ha expresado aquí por parte de otros portavoces parlamentarios. Esta, se ha dicho muchas veces, es una transferencia de sustitución. No es una transferencia ordinaria, como todas las que se han hecho hasta ahora,
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que significaba que los funcionarios adscritos eran transferidos a la Generalitat, sino que es una transferencia de sustitución en la cual la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil será sustituida por la división de tráfico de los Mossos d'Esquadra.
Que quede claro que mi grupo está de acuerdo con este modelo, que no lo discute. Es más, fue durante el período 1993-1996 cuando se diseñó este modelo. Por cierto que entonces el Grupo Popular no parecía estar muy de acuerdo con él; afortunadamente, ahora sí lo está. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con este modelo de sustitución. Ahora bien, el hecho de que las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil sean sustituidas por la división de tráfico de los Mossos d'Esquadra no significa que se deba intentar aprovechar al máximo la experiencia profesional de todos estos integrantes de las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil para poder integrarlos en los Mossos d'Esquadra. En este sentido, yo quiero insistir en lo que aquí ya se ha dicho.
Señor presidente, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario está absolutamente en desacuerdo con esa medida, que no está en la ley, que no sabemos dónde está, pero que ya se está aplicando, de reservar solamente un 15 por ciento de plazas de la futura policía de tráfico catalana a integrantes actuales de la Guardia Civil. Y está en completo desacuerdo por dos razones: primero, por una razón de eficacia, porque de esta manera estamos renunciando a la aportación de funcionarios que tienen una gran experiencia en la materia, una gran profesionalidad, que quieren integrarse en la policía autonómica de Cataluña y a los cuales cicateramente se les da solamente un porcentaje absolutamente ridículo de 33 plazas. Esto es todavía más grave si se tiene en cuenta que en las pruebas que se han realizado hasta el momento para las 187 plazas que estaban previstas procedentes de Mossos d'Esquadra, hasta ahora, de los 162 que se han presentado, 28 fueron suspendidos y solamente 134 han pasado la primera criba. Esto parece ridículo. Pero, además, hay otra razón que ya se ha dicho aquí y es una razón de naturaleza humana: una serie de personas que viven desde hace muchos años en Cataluña, que están plenamente integradas en Cataluña, que quieren seguir en Cataluña, que se sienten catalanes, que tienen a sus hijos estudiando en Cataluña, tendrán que abandonar Cataluña contra su voluntad, porque el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado no han tenido, de momento, la suficiente valentía para admitir un porcentaje más elevado y no este ridículo 15 por ciento.
Señor Presidente, espero que a lo largo del trámite parlamentario que todavía queda por delante se puedan resolver estas disfunciones.
Agradezco al representante del Grupo Popular su oferta de diálogo, que nosotros retomamos inmediatamente, confiamos, por tanto, que a lo largo de este trámite parlamentario se puedan resolver estos problemas, y en base a esta confianza, pero también en base, como decía antes, a que estamos plenamente de acuerdo con que la Generalitat de Catalunya asuma estas competencias, votaremos a favor de la toma en consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jover.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió) sobre transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley debatida.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS APLICABLES AL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS (Número de expediente 122/000084)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Para su exposición y defensa tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, el señor Martinón. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, presento ante ustedes la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
La Ley del Fondo, la 36/1995, de 11 de diciembre, tiene dos objetivos. Un primer objetivo es regular el destino de los bienes adjudicados al Estado por sentencia firme en aquellos delitos relacionados con el tráfico de drogas. El segundo objetivo de la ley es la
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creación del fondo que se nutre de esos bienes adjudicados al Estado por sentencia firme. La ley fija dos fines a ese fondo. Hay un primer fin que es la atención a los drogodependientes y hay un segundo fin que es dotar de medios a las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico. Esta ley ya contiene una medida de carácter presupuestario, que entra en vigor en el mismo momento en que entra en vigor la ley, al considerar los créditos ampliables que sean nutridos con el fondo hasta el límite de los ingresos que constituyen el fondo y que, por tanto, al entrar en vigor la ley, la Ley de Presupuestos de 1995 y la Ley de Presupuestos de 1996, que es prórroga de la de 1995, los créditos que se pudieran nutrir con el fondo quedan automáticamente ampliados hasta el límite de los ingresos y no en la cuantía de los 500 millones que figuraban inicialmente.
Con esta ley las Cortes Generales pretendían dar respuesta a una demanda social; una demanda muy sentida por los colectivos afectados de que aquel dinero que se adjudicara al Estado y que procediera de los narcotraficantes fuera un dinero que revertiera en la atención a los drogodependientes y en la lucha contra el narcotráfico.
Lo he dicho ya --y permítanme que lo repita, aunque pudiera resultar trivial y superfluo para alguna de SS. SS.--, la Ley del Fondo, la ley 36/1995, crea el fondo, y no como en algún momento han llegado a decir el secretario de Estado de Comunicación, el propio ministro de Interior, el delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas; el fondo no se crea mediante un decreto, el decreto del reglamento de esta ley, sino que el fondo fue creado en la propia ley, es decir, el fondo fue creado por las Cortes Generales.
El fondo se gestiona por primera vez el año 1996. Es el primer ejercicio en el que el Gobierno tiene la responsabilidad de gestionar este fondo.
En nuestra opinión esa fue una gestión deficiente. Lo hemos discutido en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas, pero no es este el sitio ni el momento de debatir acerca de esa gestión.
Hay dos formas de decir cómo fue esa gestión. El Gobierno dice que el fondo en 1996 se nutrió con 561 millones de pesetas, de los cuales 93 fueron gastados en convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos, 272 se incorporaron al presupuesto de 1997 y 196 fueron devueltos al Tesoro público. Nosotros lo decimos de otra forma. Decimos que el fondo de 1996 se nutrió con 289 millones de pesetas, de los cuales se gastaron 93 y 196 fueron devueltos al Tesoro público.
Se interprete de una forma o de otra, tanto el Gobierno como los que no estamos en él lamentablemente opinamos algo en común: 196 millones de pesetas del fondo de 1996 fueron devueltos al Tesoro público porque no se gastaron. Al devolverse, se pierde ese dinero para los fines previstos en la ley del fondo, y este es el motivo principal que ha llevado a nuestro grupo a presentar esta proposición de ley.
Han surgido dificultades en la gestión que algunos consideran casi imposibles de salvar, y así lo estima el Gobierno. Nosotros pensamos que con una gestión más eficiente esas dificultades se hubieran podido superar. Pero, insisto, es inútil discutir ya si la gestión de 1996 fue buena, mala o regular. Hay un dato cierto, y es que queremos que hoy este Congreso de los Diputados inicie los pasos para que sean corregidos los errores; 196 millones de pesetas del fondo se han devuelto al Tesoro y, por tanto, no se han destinado ni está previsto que se destinen a los fines previstos en la ley.
Estas son las razones, señorías, que nos han llevado a presentar la proposición de ley. Es muy breve. Consta de dos artículos y una disposición transitoria. En la disposición transitoria proponemos que los 196 millones que fueron devueltos al Tesoro se incorporen al ejercicio de este año 1997, aumentando así la cuantía del fondo. Hay dos artículos que contienen medidas de carácter presupuestario aplicables a dicho fondo, no sólo para los años 1997 y 1998, sino con carácter indefinido. El artículo primero de nuestra propuesta dice que los remanentes que pudieran producirse en aquellas partidas que se nutren con el fondo y que no se hayan gastado --repito, los remanentes--, se incorporen automáticamente al ejercicio presupuestario siguiente. Es decir, que lo que ahora pretendemos resolver con la disposición transitoria, en el futuro quede resuelto de forma indefinida con este artículo primero. De modo que si una gestión deficiente o una gestión prudente por parte del Gobierno aconseja no gastar todo el dinero de las partidas que se nutren con el fondo, que ese dinero se incorpore de forma automática a las partidas del fondo del ejercicio presupuestario siguiente.
El segundo artículo pretende que no se apliquen a las partidas que se nutren con el fondo las restricciones que están previstas en el artículo 70 de la Ley General Presupuestaria. En la Ley de Presupuestos de 1997 hemos aprobado, a propuesta del Gobierno, que aquellas partidas presupuestarias que se nutren con el fondo no estén limitadas por la transferencia de créditos de una partida a otra. El artículo 70 de la Ley General Presupuestaria dice que aquellas partidas que sean ampliables no pueden estar sometidas a transferencia. La Ley de Prepuestos Generales del Estado de 1997 dice que esa limitación no debe aplicarse a las partidas que se nutren con el fondo, y nosotros queremos extender esa liberalización, esa facilidad, no sólo al año 1997, que ya la tiene, sino a los ejercicios presupuestarios siguientes, y que si en algún momento el legislador se olvidara de esa cautela, esta ley cubra esa posibilidad.
Resumiendo, señorías, con los dos artículos queremos facilitar la gestión del fondo que quien esté gobernando no se vea atenazado por la imposibilidad de transferir de una partida a otra. Por tanto --cosa que es insólita-- desde un grupo de la oposición se le están
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dando facilidades al Gobierno para que haya transferencias, para que haya una gestión más eficaz y que los remanentes de los ejercicios se incorporen automáticamente al siguiente. Y, desde luego, queremos resolver el que esos 196 millones de pesetas que se perdieron en su momento se incorporen de nuevo a los fines previstos en la ley.
Señorías, presentamos esta proposición de ley con una actitud abierta al diálogo con todos los grupos parlamentarios, dispuestos a perfeccionar este texto, que seguro que podrá ser perfeccionado, podrá ser mejorado, y siempre en la línea, espero, de que cualquier reforma y cualquier mejora sirva para que los fines previstos en la ley del fondo puedan efectivamente cumplirse. Por eso les pido el voto, para que sea efectivo que el dinero que el Estado logra incautar a los narcotraficantes sea un dinero que se destine a lo que está previsto en la ley, que se destine a combatir a esos narcotraficantes y que se destine, sobre todo, a atender a las víctimas del narcotráfico: a los drogodependientes. En una palabra, señorías, que el valor simbólico que la ley del fondo tuvo en su momento, cuando estas Cortes la aprobaron, que ese valor simbólico quede garantizado.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Martinón.
¿Grupos que deseen hacer uso del turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Grupo Mixto, Coalición Canaria, Grupo Catalán, Izquierda Unida y Grupo Popular.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para expresar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista acerca de que se garantice el destino del fondo procedente de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados con ellas a los fines previstos. Desde nuestro punto de vista es necesario garantizar que sea así.
No es preciso insistir en las enormes necesidades existentes para mitigar, cuando menos en parte, los problemas asistenciales o de reinserción social que padecen aquellas personas que tienen la desgracia de caer en las garras de las drogas ilegales. Tampoco es necesario insistir en que existe una fuerte demanda de los colectivos de lucha contra la droga en el sentido de conseguir que parte de la enorme riqueza acumulada por los que se dedican a este tráfico criminal revierta precisamente en la atención de aquellos que sufren sus consecuencias. A veces resulta triste pensar que ni siquiera los escasos fondos procedentes de los bienes decomisados son utilizados en su integridad para los fines que están previstos por la ley que se destinen. Es, por tanto, oportuno que se tomen las medidas precisas para que esta situación cambie y realmente vayan a donde tienen que ir.
En todo caso, queremos hacer algunas consideraciones. En primer lugar, es preciso garantizar la agilidad en la gestión del fondo y, por tanto, garantizar que los recursos lleguen con rapidez a donde se necesiten. En segundo lugar, que en la distribución de ese fondo se tenga en cuenta el origen de lo recaudado, es decir, que revierta mayor cantidad en aquellas comunidades autónomas en las que se producen más decomisos. Todo esto es una realidad en Galicia, donde se producen más aportaciones al fondo de las que posteriormente recibe. Este planteamiento, por cierto, está respaldado por todas las fuerzas políticas, y así lo han manifestado en los foros públicos donde tuvieron ocasión de intervenir. Y, en tercer lugar, desde nuestro punto de vista convendría discutir a qué se dedican los fondos. En nuestra opinión, deberían dedicarse, en exclusiva, a la prevención, tratamiento y reinserción de los drogodependientes, debiendo contar con la intensificación de las labores de represión y medios provenientes de las partidas presupuestarias habituales.
Sobre todos estos aspectos tendremos ocasión de pronunciarnos si se toma en consideración esta proposición de ley que nosotros vamos a votar favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Fue muy importante que a finales de la legislatura anterior, concretamente en el año 1995, se promulgara la ley de creación del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, ley que fue reglamentada en el ejercicio de 1996.
Pero produce indignación, a primera vista, que de un fondo creado con un fin determinado, no se utilice más de un 30 por ciento y que la cantidad restante pase en el ejercicio siguiente a los fondos del Estado como ingresos generales.
Recuerdo las grandes carencias que existen en todas esas actividades relacionadas con la droga que nosotros siempre calificamos como de las cuatro erres: la actividad de rechazo o prevención, la de la recuperación o asistencia, la reinserción social y la represión. Recuerdo, en concreto, mi tierra canaria, con siete islas y entrecrucijada del continente, donde la Guardia Civil no tiene una lancha para luchar contra el narcotráfico. Pues bien, nosotros vamos a votar favorablemente
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esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y lo vamos a hacer desde la convicción de que, aun reconociendo que para el ejercicio de 1998 la situación está resuelta porque hubo previsión del actual Gobierno en los presupuestos de 1997 para que se recogiera, nosotros consideramos que el dinero de la droga tiene que volver a la droga. Estos remanentes tienen que ser destinados a los fines que dice la ley. Y como son fondos carenciales y son insuficientes para la gran lucha contra el narcotráfico, nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición de ley, esperando que en el tramite parlamentario no solamente se consiga una legislación que señale que de forma automática se transfieran estos fondos en ese mismo ejercicio, sino que también sería conveniente que la mesa de coordinación, la que distribuye los fondos según las directrices que marque el Consejo de Ministros, se reúna con más frecuencia.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas presupuestarias aplicables al fondo procedentes de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
La ley 36/1995, de 11 de diciembre --como ha expuesto muy claramente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, reguló la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos, y reguló también, en su artículo primero, el destino de los bienes y efectos decomisados en aplicación de los artículos 344 bis e) y 546 bis f) del Código Penal; la creación de un fondo de titularidad estatal que se nutriría con el producto de aquellos bienes, sus rentas e intereses, efectos e instrumentos.
El artículo segundo de dicha ley establece los fines a los que se destinará este fondo, que son, por una parte, los programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes y reinserción social y laboral de los mismos y, por otra, intensificación y mejora de las actuaciones de prevención e investigación.
Esta misma ley, en su artículo séptimo, determina que el Gobierno, dentro del primer trimestre de cada ejercicio, remitirá a las Cortes Generales un informe completo sobre la actividad del fondo, en donde se recogerá tanto el detalle de las principales operaciones como de los datos económicos más destacados que permitan conocer el alcance de las actuaciones con relación a los fines legalmente atribuidos.
El informe remitido por el Gobierno a las Cortes Generales en cumplimiento de este artículo séptimo ha puesto de manifiesto, tal y como recoge la proposición de ley del Grupo Socialista que hoy tomamos en consideración, que de los casi 289 millones de pesetas que constituían las cantidades liquidadas al fondo en 1996, sólo se gastaron 93 millones, y que los 196 millones restantes se revirtieron al Tesoro público.
Nuestro grupo parlamentario quiere expresar, al igual que han hecho otros portavoces aquí, en este hemiciclo, la perplejidad que este hecho nos ocasiona, pues de todos es conocido y reiterado el argumento en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, de que siempre los recursos de los que disponemos para luchar contra esta terrible plaga son escasos, siempre las necesidades son superiores a las disposiciones que tenemos. Por tanto, no entendemos cómo y por qué motivo se produjo este remanente que se reinvirtió en el Tesoro público. En este sentido, quiero reiterar que mi grupo parlamentario considera que tanto el artículo primero, como el artículo segundo, como la disposición transitoria de la proposición de ley del Grupo Socialista, regulan de alguna manera que la situación que se ha dado en este ejercicio no pueda volver a repetirse en lo sucesivo, y que aseguremos, por otra parte, que el espíritu de la ley 36/1995 se cumple al asegurar que los fondos de los bienes decomisados al narcotráfico se reinvierten en el objetivo que realmente se pretende.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para fijar nuestra posición sobre la proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Efectivamente, la ley de diciembre de 1995 creó un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas que iba a ser el encargado de distribuir estos recursos entre programas de prevención, asistencia e inserción de drogodependientes fundamentalmente. Se ponían así en práctica las conclusiones de la Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga y una demanda social expresada por todos los colectivos relacionados. Estos fondos se distribuirían con cargo a los créditos presupuestarios anuales de la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas.
En el informe remitido por el Gobierno a las Cortes Generales correspondiente al año 1996 se reconoce que se ha producido un gasto inferior a los créditos existentes para estos programas, por lo que ha procedido una reversión al Tesoro público de más de 195 millones. Todos los grupos lo han expresado y nuestro grupo no va a entrar en este momento a analizar por qué se ha producido esta situación. La realidad es que la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista pretende subsanar esta situación creada y para un futuro, si bien es cierto que lo hace, a nuestro entender, mediante la iniciativa de una ley distinta a la ya citada del año 1995, lo que redunda en perjuicio de la necesaria homogeneidad que debe presidir el ordenamiento jurídico. Por ello, hubiera sido preferible, seguramente, que la proposición de ley se dirigiera a reformar la ley vigente, ampliándola de manera que los dos artículos de la proposición formaran parte de la ley 36/1995. Esto no nos impide, sin embargo, valorar positivamente esta iniciativa, reservándonos la posibilidad de modificar su sistemática mediante enmiendas parciales para adecuarlo a lo que hemos expuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, es bien cierto que cuando preparaba la intervención del día de hoy no estaba en mi ánimo entrar a polemizar sobre este tema, sino simplemente ceñirme al contenido de la proposición de ley. De todas formas, al leer hoy un medio de comunicación y al escuchar ahora las intervenciones tanto del grupo proponente como del resto de los grupos de la Cámara, podría interpretarse por parte de SS.
SS. como si de alguna forma se culpabilizara al actual Gobierno de que no se hubiera gestionado la totalidad del fondo de los bienes decomisados.
Esto no es así, y en aras a aclarar el tema me veo obligada a explicar secuencialmente cómo ocurrieron los hechos.
En el año 1996, concretamente en el mes de mayo, hay un nuevo Gobierno de un color político distinto al anterior. El delegado del Gobierno, en el momento en que se incorpora a su despacho, se encuentra con la siguiente situación: no se había aprobado el reglamento que por imperativo legal debía aprobarse en un plazo de tres meses desde la promulgación de la ley; no se había constituido la mesa de coordinación de adjudicaciones, creada por el artículo 6.º de la ley; no existía en la Delegación ningún dato sobre los bienes adjudicados al Estado por sentencia firme en virtud de lo establecido en el Código Penal; no había en la Delegación ninguna unidad ni ningún funcionario destinado a la gestión del fondo; la cuenta líquida del Banco Bilbao Vizcaya estaba a cero pesetas y no porque en el fondo no existiera dinero líquido, sino porque había habido un error en cuanto a que en vez de incluirlo en el concepto 100-396 correspondiente a los ingresos procedentes de los bienes decomisados por el tráfico de drogas, los ingresos se estaban ejecutando en otro concepto correspondiente a los recursos eventuales de la Delegación de Hacienda.
Pero aún hay más, señorías, y aquí está la explicación a todo este tema.
Según la estructura presupuestaria de la ley de 1995, confeccionada por el Gobierno socialista --que es la misma que la de 1996, puesto que los presupuestos fueron prorrogados--, se imposibilitaba la transferencia de los créditos del capítulo 2 al capítulo 4, y limitaba el gasto exclusivamente a estudios técnicos y trabajos al no estar exceptuado este concepto de las previsiones del artículo 70 que ha leído el señor Martinón y no poderse, por tanto, realizar transferencias a otros capítulos o a otras unidades de la Administración del Estado, lo que limitaba totalmente las posibilidades de la distribución de las cantidades.
Es decir, el escenario con el que nos encontramos es: sin reglamento, sin mesa de coordinación de adjudicaciones, sin ningún dato sobre bienes adjudicados por sentencia firme, sin ningún funcionario destinado a la gestión del fondo, con la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya que no se sabía dónde estaba y con la imposibilidad de destinar el dinero del fondo a otra cosa que no fueran estudios técnicos y trabajos, dada la falta de previsión y las lagunas de la Ley de Presupuestos 1995-1996 del Gobierno socialista.
Ustedes se preguntarán: ¿Y qué hizo entonces el nuevo delegado del Gobierno en el Plan nacional de drogas? Lo que hizo, señorías, fue salvar todos los obstáculos habidos y por haber, y así, en fecha 25 de octubre de 1996 se constituyó la mesa de coordinación de adjudicaciones; en fecha 22 de noviembre de 1996 el Consejo de Ministros estableció los criterios de distribución del fondo; se solventó el error en la cuenta bancaria; la Delegación del Gobierno se puso en contacto con las comunidades autónomas y con todos los ayuntamientos que contaban con plan municipal de drogas con el objeto de celebrar convenios para financiar estudios y trabajos técnicos de interés para la prevención, asistencia y rehabilitación en materia de drogas, dado, insisto, que las limitaciones presupuestarias no permitían que esos bienes se destinaran a otros fines distintos de los señalados en el capítulo 2, y, por fin, el 12 de diciembre se procedió a la distribución de las cantidades que pudieran acogerse a los requisitos a que me he referido y se otorgó subvención a comunidades autónomas y a distintos ayuntamientos.
Quiero aclarar que, efectivamente, tal como se ha dicho por todos los grupos parlamentarios, únicamente se gastaron 93 millones de pesetas, pero en base a eso que he comentado antes de que parece que de alguna
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forma se está culpabilizando al actual Gobierno de lo ocurrido, tengo que decir que precisamente gracias a la reforma que el Gobierno popular hizo de la ley de Presupuestos del año 1997... (Rumores.) Sí, señorías, gracias a eso se han podido transferir 272 millones de pesetas que se están usando este año procedentes del fondo anterior. Por tanto, de los 561 millones que englobaban el fondo del año 1995 lo que de verdad se ha usado son 266 millones de pesetas y no, como ustedes dicen, 95 millones.
Insisto, pues, en que por parte de la Delegación del Gobierno se tomaron las precauciones necesarias para subsanar las imprevisiones dimanantes de la estructura de la Ley de Presupuestos de 1995 y los prorrogados de 1996, todo ello con el fin de no volvernos a encontrar con las limitaciones anteriores. Así, ya en la estructura de la Ley de Presupuestos de 1997 se estableció, primero, que el crédito no sólo fuera ampliable hasta los 500 millones que previó el anterior Gobierno sino hasta el límite de los ingresos de la ley del fondo, sean cuales sean esos ingresos. Segundo, que se pudieran hacer transferencias del capítulo 2 a otros capítulos, exceptuando para ello la aplicación del artículo 70 de la Ley General Presupuestaria. Tercero, que los fondos del último trimestre pudieran ser traspasados al siguiente ejercicio presupuestario.
Quiero también decirles que lo mismo va a hacerse con los presupuestos de 1998, en los que, además, se va a proponer que los remanentes de posible incorporación comprendan el último semestre, es decir, no los tres meses últimos, sino el último semestre del ejercicio anterior.
Por todo ello, señorías, creo que ha quedado claro que el actual Gobierno solventó inmediatamente las dificultades surgidas en los anteriores ejercicios haciendo las oportunas previsiones en la ley de presupuestos de cada año para que las anteriores limitaciones legales --insisto, limitaciones legales-- no se opusieran a los fines que se persiguen y que todos queremos ver contemplados en la ley del fondo.
Todas estas previsiones ya fueron explicadas en su día en la Comisión celebrada el día 15 de octubre de 1996, sobre Presupuestos Generales del Estado para 1997, y en la comparecencia ante la Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga, del 24 de junio de 1997. Es decir, lo que ahora se pide que se haga se hizo por el Gobierno del Partido Popular, pero utilizando otra vía. Fíjese que lo que se pretende --tal y como se ha explicado en la proposición de ley que hoy estudiamos-- es, en síntesis, lo siguiente. Primero, que los remanentes generales al finalizar el ejercicio presupuestario se apliquen al ejercicio siguiente, se incorporen automáticamente a los presupuestos del fondo. Segundo, que las transferencias de crédito de partidas con el carácter de ampliables no estén afectadas por las limitaciones del artículo 70 de la Ley General Presupuestaria. Tercero, que el remanente de 1996, por valor de 195 millones de pesetas aproximadamente, se incorpore a los presupuestos de 1997.
En definitiva, el fin perseguido, tanto por el grupo proponente como por el grupo al que represento, es garantizar que la gestión del fondo atienda a los fines previstos en la ley 36/1995. Lo que ocurre, como digo, es que hemos utilizado vías distintas: nosotros lo hacemos vía presupuestos y ustedes lo quieren hacer vía modificación de la ley. De todas formas, y en aras al consenso que debe imperar en todos los temas relacionados con la droga, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, anunciando desde ahora la presentación de enmiendas para intentar corregir y mejorar su contenido.
Por último, y para que el grupo proponente esté tranquilo sobre la gestión que se viene efectuando por parte del actual delegado del Gobierno en el Plan nacional sobre drogas, me remito al informe sobre gestión presupuestaria, efectuado por la Oficina Presupuestaria, en el que literalmente se dice: En el ámbito del Ministerio del Interior casi todos los servicios han mejorado su ejecución presupuestaria respecto al ejercicio anterior. Sigue diciendo: Destaca especialmente la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas con un 95,49 por ciento del gasto comprometido en el año 1996, frente al 69,94 en el año 1995, y un 95 por ciento de las obligaciones reconocidas en 1996, frente a un 69,92 en el año 1995. Resumiendo en el año 1995 el Gobierno socialista gestionó el 69,72 por ciento del presupuesto y dejó de gestionar el 31 por ciento del mismo, mientras que el Gobierno del Partido Popular ha gestionado el 95,99 por ciento, dejando de gestionar sólo el 4,9 del mismo. Por tanto, entiendo la preocupación por la delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, pero esté tranquilo el grupo proponente porque la falta de gestión del período socialista esperamos que no se vuelva a repetir.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Cava de Llano.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor Martinón Cejas pide la palabra.) Señor Martinón, ¿a qué efectos?
El señor MARTINON CEJAS: Quería hacer una brevísima intervención, por un lado, para agradecer a los grupos el apoyo que han prestado a la proposición de ley y, por otro, para decir a la portavoz del Grupo Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martinón, no están previstos en el Reglamento agradecimientos de ningún tipo y no ha observado la Presidencia que la señora Cava de Llano introdujera contradicciones abiertas, hasta el punto de
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que ha anunciado el voto favorable de su grupo. Por tanto, no ha lugar a ninguna intervención.
Muchas gracias, señor Martinón. (Rumores.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL SECTOR REMOLACHERO (Número de expediente 162/000158)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA LA DEFENSA Y POTENCIACION DEL SECTOR REMOLACHERO Y AZUCARERO ESPAÑOL (Número de expediente 162/000112)
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE MEDIDAS A TOMAR EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA AZUCARERA A FIN DE EVITAR LA POTENCIAL DESAPARICION DEL CULTIVO DE LA REMOLACHA EN EL CAMPO ESPAÑOL (Número de expediente 162/000117)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de ley (Rumores.) ¡Silencio, señorías! Se van a tramitar conjuntamente las presentadas por los Grupos Popular, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, todas ellas relativas a la defensa y protección del sector de la remolacha y azucarero español. Intervendrán en defensa de las tres proposiciones los ponentes de los respectivos grupos para defender su proposición y tomar posición respecto de las demás y, a continuación, se abrirá turno de fijación de posición de los restantes grupos parlamentarios que deseen hacerlo.
Tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Núñez. Señorías, si han de abandonar el hemiciclo, ruego que lo hagan en silencio y con la máxima celeridad para que pueda continuar el desarrollo del orden del día. (Pausa.) Cuando quiera, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las tres proposiciones no de ley sobre el sector remolachero y azucarero que vamos a debatir conjuntamente son una demostración palpable de la inquietud que tiene este sector por su futuro y por mejorar y superarse a sí mismo de campaña en campaña. La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, como las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, miran al futuro, pero es bueno y necesario acordarse del próximo pasado no para adjudicar errores y responsabilidades, sino para tener un mejor enfoque del problema y ser más eficaces y ágiles en la solución. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Desde nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea hay que destacar tres hechos que han conseguido situar a este sector en las cotas actuales de producción y competitividad: en primer lugar, el aumento del rendimiento de la remolacha que, expresado en azúcar, ha pasado de 5 toneladas por hectárea a 6,5 de azúcar ensacada y que tiene su origen en los aumentos de producción de la raíz y de la mejor calidad de ésta; en segundo lugar, la aplicación de nuevas tecnologías a los cultivos que constituyen un seguro de continuidad de los mismos; y, en tercer lugar, la reducción de costes por las industrias azucareras gracias a las inversiones que sistemáticamente han ido llevando a cabo desde principios de la década, al mismo tiempo que se producía la reestructuración numérica de las industrias en aras a una mayor eficacia y a la mejor defensa de los puestos de trabajo. Sin estos tres objetivos cumplidos, sin estas tres mejoras, no se encontraría el sector en la situación actual, e incluso hubiese podido llegar a desaparecer al menos en grandes zonas.
Todo esto ha sido posible, y sería injusto ocultarlo, gracias al esfuerzo de los agricultores, de los productores, de las industrias y de la propia Administración. En este contexto es de justicia reconocer no sólo la decidida actuación del Gobierno en defensa del sector, sino también la de los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen producción remolachera y, muy en particular, de la Junta de Castilla y León que aplicó un plan de ayudas directas a la producción de remolacha en el que ha invertido más de 13.500 millones de pesetas. El futuro del sector no puede apartarse de este camino y todos los grupos, igual que todos los interesados, debemos aportar los elementos adecuados y los apoyos necesarios para asegurar el cultivo y la producción de azúcar de una forma conjunta y responsable.
En las tres proposiciones no de ley late esta preocupación, pero yo voy a exponer y a defender la que presenta mi grupo fijando brevemente la posición respecto a las otras dos y ofreciendo, si fuera posible, un texto transaccional que pudiera ser votado por todos.
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Nuestra iniciativa tiene en cuenta no sólo el volumen económico y el volumen de mano de obra, sino también las características del sector remolachero y azucarero, sin olvidar que estamos tratando de una actividad ubicada en zonas agrarias con especiales dificultades para la implantación de producciones alternativas, y sin olvidar tampoco que estamos refiriéndonos a una población con escasas posibilidades de reconversión industrial. Las 170.000 hectáreas que España dedica al cultivo de remolacha, que ocupan directamente a más de 5.000 personas, cuentan con unos 40.000 empresarios y proporcionan el equivalente a 10.000 puestos de trabajo. Dentro de estas cifras no podemos dejar de señalar que de las dieciocho fábricas con que cuentan las compañías azucareras en España trece están ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la cuenca del Duero, en la que se da una de las mayores tasas de población activa en el campo y donde el envejecimiento de la población es asimismo de los más altos. Cualquier cambio profundo en el actual statu quo de la industria azucarera y de la producción de remolacha tendría serias implicaciones no sólo para Castilla y León, sino también para otras zonas de España donde el cultivo de la remolacha constituye una actividad estratégica y un cultivo insustituible, como ocurre en los regadíos de las cuencas del Ebro y del Guadalquivir, en los regadíos de Extremadura y Castilla-La Mancha y en los secanos del sur de España; implicaciones, repito, ante las que razones de política social y de equilibrio económico-territorial aconsejaron una decidida actuación de los poderes públicos, que trataron de disipar todos los temores y angustias que algunos irresponsablemente han sembrado entre agricultores y trabajadores del sector, dando por sentado la pérdida de la mayoría española en el accionariado de nuestras empresas y concluyendo que ello supondría la reducción de la cuota que fija para España la OCM del azúcar.
Pues no va a ocurrir ni una cosa ni otra, y vayamos por partes. La futura fusión de los grupos azucareros Ebro Agrícolas y Sociedad General Azucarera es, efectivamente, el punto de partida de la consolidación definitiva del cultivo de la remolacha en España y la garantía de su futuro en tanto conlleve las reformas necesarias para adecuar la competitividad remolachera industrial a niveles de la Unión Europea.
Está claro que, por la importancia estratégica del cultivo de la remolacha y de la configuración del mayor grupo agroindustrial español derivado de la fusión, deben existir garantías hacia el futuro desde la propia estructura del accionariado tenedor de la mayoría del capital de la nueva entidad. Esto es lo que hay que garantizar a toda costa y esto es lo que le recordamos hoy al Gobierno que siga haciendo, a diferencia de otras proposiciones que se lo piden como si éste no hubiera hecho nada hasta la fecha.
En este sentido, disentimos claramente del texto de las iniciativas parlamentarias de los otros grupos por parecernos sus pronunciamientos --en la exposición de motivos que no en el texto de la proposición-- desafortunados y alejados de la realidad, como lo fue lo que en su día pronunció un diputado del Grupo Socialista al formular una pregunta oral a la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, atreviéndose a calificar de fracaso la estrategia del Gobierno en defensa del sector remolachero. No quisiera analizar hoy la política del anterior Gobierno, pero sí decir, utilizando la réplica de la señora ministra, que si el anterior Gobierno hubiera actuado como lo está haciendo el actual, otro gallo nos cantara, ya que seguramente la situación sería mucho mejor de la que tenemos en este momento.
Siguiendo con los antecedentes inmediatos, tampoco podemos olvidar que los posibles problemas para el sector, frente a los que ahora pretendemos prevenirnos, arrancan de la entrada de KIO en el capital de Ebro con el 58 por ciento y que esta operación se efectuó en 1988, con un Gobierno del Partido Socialista y con el incumplimiento de algunos requisitos legales entonces en vigor. Fue el actual Gobierno el que, en una coyuntura similar, propició que el 50 por ciento del capital de la Sociedad General Azucarera, puesto a la venta por el BCH, terminara en poder de accionistas españoles tan estables como la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, con el 24 por ciento; Ebro, con el 20 por ciento; y Mercasa con el 5 por ciento. Si en el caso del Banco Santander no se alcanzó una solución semejante fue a pesar de la voluntad del Gobierno, en cuyo poder no estaba alterar el funcionamiento normal del mercado y que, a través de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, lamentó públicamente la operación que supuso la adquisición por parte de la Générale Sucrière del 14,7 del capital de Ebro.
Queden estas cuestiones claras a la hora de evaluar comportamientos de unos y otros en defensa de los intereses del sector productor de azúcar español y vayamos a lo que importa, a lo que importa de aquí en adelante a tal propósito. Para ese futuro, reclamamos y confiamos obtener la acción unánime y coordinada de todas las fuerzas parlamentarias, con la necesaria implicación de los interlocutores del sector. Se trata, en primer lugar, de mantener, ante la reforma de la organización común de mercado del azúcar, prevista para el 2001, el régimen de cuotas por Estado o por países miembros rechazando cualquier otra propuesta. Se persigue con ello evitar hipotéticos riesgos que pudieran derivarse de la entrega de cuotas a las empresas y, consiguientemente, que la presencia de capital extranjero en las empresas españolas del sector azucarero pudiera acarrear perjuicios para los productores españoles de remolacha.
Se trata, cómo no, de una prevención, innecesaria a la vista de la composición del actual accionariado y de las perspectivas de futuro, así
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como del potencial y nivel de productividad de nuestro sector, pero aconsejable en razón de la preocupación y alarma que, repito, han cundido entre los cultivadores de remolacha, y porque en materia comunitaria toda prevención es compatible con la condición de miembro entusiasta y leal de la Unión Europea.
En segundo lugar, nuestra proposición insta al Gobierno para que no ceje en sus denodados esfuerzos de cara a alcanzar un incremento de la cuota actual de azúcar para España hasta equipararla al consumo nacional, en el que deberán computarse por lo menos las 60.000 toneladas correspondientes a Canarias, Ceuta y Melilla. El desequilibrio actual entre el consumo español de azúcar, que se cifra en 1.200.000 toneladas, y la cuota asignada no tiene justificación por parte de la Unión Europea. La señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ya solicitó, en los últimos presupuestos de la Comunidad, el aumento de la cuota y no cejará en su empeño para conseguirlo, como solicitan las tres iniciativas parlamentarias.
Como tercera cuestión, también se insta al Gobierno para que, dentro de las reglas de mercado, lleve a cabo cuantas acciones contribuyan a que el capital que pueda integrar un nuevo grupo empresarial azucarero goce de las necesarias garantías de permanencia, estabilidad y compromiso con el sector remolachero. Al respecto, cobraría especial significado el fomento de medidas que permitan el acceso de productores de remolacha al accionariado de las empresas azucareras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le ruego que vaya concluyendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy concluyendo, señor Presidente, pero es que tengo que fijar también la posición sobre las otras tres proposiciones, pues estamos haciendo un debate triple en uno solo. Le ruego que tenga conmigo un poco de consideración, señor Presidente.
Nos consta que el Gobierno viene adoptando cuantas medidas están en su mano para lograr esas garantías de permanencia, estabilidad y compromiso en la composición del capital que resulte del actual proceso de fusión, pero no estaría de más reforzar su posición con el impulso de la Cámara.
Y, en sintonía con lo anterior, se insta al Gobierno a propiciar una estructura final del accionariado del grupo resultante del actual proceso de fusión que garantice, además del futuro de la actividad agroalimentaria, la presencia mayoritaria del capital español en el mismo.
Como corolario de los dos puntos anteriores, en tanto no se alcancen los objetivos propuestos en el mismo, a juicio del Gobierno, se insta a gestionar el aplazamiento de la fusión de los grupos azucareros Ebro Agrícola y Sociedad General Azucarera.
Finalmente, como complemento indispensable de las propuestas, se insta al Gobierno para que estudie la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la estructura de la industria azucarera y el cultivo de la remolacha.
Para esta tarea, el Gobierno impulsaría la interlocución de las partes implicadas, en el marco de los vigentes acuerdos interprofesionales.
Aun cuando ya hemos aludido, a lo largo de nuestra intervención, a las iniciativas parlamentarias de los otros dos grupos, quisiera referirme respecto a la presentada por el Grupo Socialista y corregir dos inexactitudes que figuran en su exposición de motivos. En primer lugar, Ebro Agrícola no ha cedido el 49,83 por ciento de las acciones a la Sociedad General Azucarera, sino el 21, comprado por el Banco Central Hispano. Y, en segundo lugar, la cuota de Ebro Agrícola no es del 79 por ciento, como se afirma sino que esta empresa tiene el 54 por ciento en la cuota de azúcar.
Por lo que se refiere a las propuestas, coincidimos, cómo no, con la primera. En cuanto al complemento de la españolidad y estabilidad del accionariado de las empresas, coincidimos también en los términos que ya se han señalado, al mismo tiempo que entendemos que el sector de la producción de remolacha no debe ser ajeno a la toma de decisiones empresariales. A estos efectos, se impulsarán las medidas tendentes a facilitar el acceso a las acciones empresariales por parte de los productores de remolacha. No obstante, convendría señalar que la posición hegemónica de las empresas extranjeras en el sector remolachero fue propiciada y aplaudida por el anterior Gobierno socialista. Nos parece muy bien que el Grupo Parlamentario Socialista solicite en esta iniciativa lo que el anterior Gobierno no supo o no quiso hacer.
En cuanto a la cuota azucarera, este Gobierno del Partido Popular ha solicitado reiteradamente, como dije antes, el aumento de la cuota española, habiéndose defendido, si mal no recuerdo, esta postura por última vez con motivo de la discusión de precios agrarios de la campaña 1997-98.
Respecto a la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, valen las mismas consideraciones que se han hecho en cuanto a la cuota, así como a la españolidad y estabilidad del accionariado de empresas.
Sobre la constitución de una mesa nacional del azúcar, quisiera hacer la siguiente consideración: el sector remolachero español, desde hace muchos años, viene dando muestras de una gran madurez, sobre todo a través de los múltiples acuerdos interprofesionales que se han venido suscribiendo a lo largo de los últimos años. El actual acuerdo interprofesional español, que regula las relaciones entre los industriales y las organizaciones profesionales agrarias, y que tiene un período de duración hasta el año 2001, establece la constitución de una mesa de estudio y planificación, que tiene como función entender en aquellos asuntos que afecten a los procesos de promoción, reestructuración y desarrollo de las actividades agrícolas industriales. En
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esta mesa participan todas las empresas azucareras y las organizaciones profesionales agrarias. Creemos que esta mesa, ya constituida, debe ser el foro adecuado para debatir los planes futuros del sector.
Referente a la fusión Ebro Agrícola y Sociedad General Azucarera, hay que decir que su finalidad es lograr la mejor competitividad del sector, abordando el proceso de reestructuración que se estime más conveniente.
En esta línea, la nueva empresa negociará con las centrales sindicales, como siempre lo han hecho las empresas del sector, la forma de realizar los ajustes laborales pertinentes, con los menores traumas posibles.
Y termino, señor Presidente, ofreciendo --porque hay unos cuantos denominadores comunes en las tres iniciativas parlamentarias--, sobre la base de esos denominadores comunes, una transacción, para que, si están de acuerdo los grupos que han presentado la suya, podamos votar por unanimidad, o con la mayoría más amplia posible, un texto que sirva de apoyo y de impulso al Gobierno y que desde luego garantice y palie los temores, las angustias y la falta de esperanzas que determinados productores y agricultores tienen por razón de las versiones más o menos partidistas que se han vertido sobre este problema.
La proposición no de ley diría lo siguiente en el texto transaccional: Primero, mantener ante la reforma de la OCM del azúcar prevista para el 2001 el régimen de cuotas por Estado o por países miembros, rechazando cualquier otra propuesta.
Segundo, continuar instando a la Unión Europea a que acepte un incremento de la cuota actual de azúcar para el Estado español que al menos contemple las 60.000 toneladas correspondientes a Canarias, Ceuta y Melilla y la equipare al consumo nacional, que es de 1.200.000 toneladas.
Tercero, impulsar las medidas encaminadas a que el capital social de las sociedades que pueden integrar un nuevo grupo empresarial azucarero tenga la vocación necesaria de permanencia, estabilidad y compromiso con el sector remolachero. En este sentido, se fomentarán medidas que permitan el acceso de los productores y cooperativas de remolacha a los accionariados de las sociedades azucareras.
Cuarto, propiciar una estructura final del accionariado del nuevo grupo alimentario resultante de la fusión que garantice, además del futuro de su actividad agroindustrial, una mayoría de capital español.
Quinto, en tanto no se logren los objetivos anteriores, a juicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gestionar el aplazamiento de la fusión de los grupos azucareros Ebro Agrícola y Sociedad General Azucarera.
Sexto, facilitar las medidas que favorezcan la interlocución de todos los sectores implicados para posibilitar un debate riguroso del plan estratégico del sector azucarero, que debe contemplar como objetivo prioritario el mantenimiento de la actividad económica.
Eso es todo lo que nuestro grupo parlamentario ofrece como fórmula transaccional: sencillamente que se conjuguen y armonicen las preocupaciones y planteamientos que laten en las otras dos iniciativas con la parte en que coinciden sustancialmente con las nuestras, en el mejor deseo de favorecer los intereses de los agricultores y de los industriales del sector azucarero y remolachero y de favorecer, por lo tanto, los intereses generales que afectan a todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Núñez. Le ruego que haga llegar a la Presidencia el texto de la enmienda transaccional.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para la defensa y potenciación del sector remolachero y azucarero español, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, creo que la importancia de que es objeto este tema se ve claramente cuando tres grupos de la Cámara han presentado una proposición no de ley en defensa del sector azucarero Efectivamente, las repercusiones de la fusión entre Ebro Agrícola y Sociedad General Azucarera, con la consecuencia de la creación de una gran empresa que acapararía el 80 por ciento de la producción de azúcar y con una facturación superior a 200.000 millones de pesetas, es un tema de capital importancia dentro del sector agroalimentario de nuestro país.
La preocupación que se ha manifestado por parte del grupo que me ha precedido, y también por lo que he podido leer de la proposición no de ley del Grupo Socialista, es que, de resultas de esta fusión, el capital puede ir a manos extranjeras, y si añadimos a eso que en la reforma de la organización común de mercado del año 2001 hay sectores que tienen la intención de que los cupos vayan por empresas y no por países, podría ser que nuestro país se encontrase sin tener el control de una empresa de esas características, con las graves repercusiones que tiene en materia socioeconómica.
Las tres proposiciones no de ley, señorías, parecen similares, pero, a nuestro entender, no lo son tanto. Nuestro grupo, que en relación a los temas agrícolas, sobre todo aquellos que hacen referencia a organizaciones comunes de mercado, siempre ha planteado instar al Gobierno a actuar de una determinada manera en defensa de los intereses de nuestro país, sorpresivamente se ha encontrado con que hoy el Grupo Popular no tiene interés de llegar a un acuerdo ni tiene interés de consensuar. Señorías, la proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
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per Catalunya que debatimos hoy no es más que una proposición no de ley que ya se votó en las Cortes de Castilla y León; que tuvo el voto favorable del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y que supone el compromiso que mi grupo y los demás grupos adquirieron con los sectores agrarios, con los sindicatos agrarios y con las cooperativas de trasladar al Congreso de los Diputados los acuerdos que se habían producido en el Parlamento autonómico. Por tanto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cumple hoy con ese compromiso. En ese sentido, por parte del Grupo Popular se ha producido un intento de consenso en torno a un texto con el que podríamos estar de acuerdo en algunos puntos, por cuanto recoge la necesidad de que las cuotas sean por Estado; se hablaba de un incremento de las cuotas, en relación al cual hemos tenido que decir que por lo menos ha de llegar a 1.200.000 toneladas, porque la nota de consenso que nos daba el Grupo Popular no sumaba lo que realmente se estaba defendiendo; faltaba la implicación del sector cooperativo, pero, a nuestro entender, faltaba sobre todo uno de los puntos que es de capital importancia para el sector azucarero, para los productores de azúcar y para las cooperativas, y es que, señorías, se está denunciando por parte de esos sectores que todo este proceso se está llevando por parte del Gobierno con una gran opacidad. No hay transparencia en este proceso de fusión y de reordenación del sector azucarero. No se ha informado sobre las fábricas que podrían cerrar ni sobre las repercusiones que tendría sobre el empleo; no se ha informado sobre dónde podrían ir las cuotas que saldrían de esas fábricas que previsiblemente cerrarían, y, señorías, esto crea un gran desasosiego en el sector. Por ello este tema es muy importante, no es un aspecto puramente formal y no es cabezonería de nuestro grupo no querer consensuar. Creemos que en este momento es muy importante que de aquí salga la necesidad de que el Gobierno adopte aquellas medidas precisas para que se cree una mesa nacional del azúcar donde estén representados los trabajadores azucareros, los agricultores de remolacha, la industria del azúcar y las administraciones central y autonómica para diseñar, elaborar y debatir un plan estratégico para todo el sector azucarero. Si no, señorías, si no se da entrada a esa gran transparencia y participación de todo el sector, no son creíbles las manifestaciones de la ministra Loyola de Palacio, que dice estar muy preocupada por lo que ha pasado con la venta de acciones del Banco de Santander. Esa transparencia y participación dentro del sector agrícola se consiguen con las mesas sectoriales, con las mesas en las que estén presentes todos los sectores afectados más Administración central y, por supuesto, la autonómica, porque se supone que deberá haber esfuerzos por parte de las dos administraciones. Así pues, yo no entiendo por qué el Grupo Popular se obstina en no querer aceptar lo de la mesa del azúcar. Se trata de implicar a todos los sectores para elaborar un plan estratégico que, a nuestro entender, debería sentar las bases de la reordenación del sector y debería tener como punto principal el mantenimiento de la actividad económica y del empleo. Hemos intentado que este punto se incluyera en el documento de consenso que nos ha entregado el Grupo Popular, pero desgraciadamente el consenso no se va a poder producir por parte de nuestro grupo porque ese punto no se ha aceptado.
Señorías, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los cupos tienen que ser por países. Estamos todos de acuerdo en que la cantidad garantizada para nuestro país debe ser de 1.200.000 toneladas. En nuestra proposición no de ley decimos que se adopten las medidas necesarias para que los agricultores de remolacha obtengan un co-derecho o derecho de hasta un 50 por ciento de las cuotas de producción a nivel nacional.
Sabemos que eso es difícil, que implicaría una batalla en la Unión Europea, pero me extraña que si es tan difícil, el Grupo Popular haya votado esto en las Cortes de Castilla y León y conste en su «Diario de Sesiones» que no solamente sea el 50 por ciento sino el cien por cien. Yo no entiendo cómo se producen unas votaciones en un Parlamento autonómico y aquí se dice que técnicamente es imposible.
Por todo ello es por lo que nuestro grupo se abstendrá en la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular y votaremos a favor de la que presenta el Grupo Socialista, en primer lugar, porque da entrada de forma importante al sector cooperativo. Nosotros creemos que esto es relevante.
En un sector en el que la mano de obra, el empleo y la actividad económica son la pieza clave, aparte de que podamos ser un gran país productor de azúcar, y nos parece muy importante. Además, con el Grupo Socialista hubiésemos podido llegar realmente a un acuerdo de consenso, que hemos ofrecido a Convergència i Unió y al Grupo Popular, pero ha sido imposible porque se está hablando de que mesa no y plan estratégico tampoco.
Señorías, yo creo que se hace difícilmente creíble que la ministra hable de paralizar un proceso de fusión, que ahí no vea intervencionismo y lo vea, de una forma muy importante, en constituir una mesa sectorial. A nosotros, si previamente no hay una elaboración de un plan estratégico en el que se sienten las bases de reordenación del sector azucarero, no nos valen declaraciones para la galería de que se va a parar, porque ocurrió algo que no hubiésemos querido con las acciones del Banco de Santander; ahora, por lo visto, hay una promesa de KIO de que avisará en el caso de que quiera vender, pero lo que está claro es que cuando sí nos enteraremos de cómo está el asunto será si conseguimos reunir a todas las partes implicadas y se va a un proceso serio, claro, riguroso y transparente acerca de qué medidas queremos acordar todos para el sector azucarero.
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Por todo ello, señorías, yo someteré la proposición no de ley de nuestro grupo a votación de esta Cámara y nos pronunciaremos absteniéndonos en relación a la del Grupo Popular y votando a favor de la que presenta el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a tomar en el sector de la industria azucarera a fin de evitar la potencial desaparición del cultivo de la remolacha en el campo español, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor Presidente, señores diputados, volvemos a traer una vez más a esta Cámara, después de un año largo, justamente desde el 10 de septiembre de 1996, cuando tuvimos, según consta en el «Diario de Sesiones», el último debate sobre el tema del azúcar, la misma cuestión, en el fondo, exactamente, la misma cuestión. Es un claro y triste ejemplo de que a veces las decisiones de esta Cámara son totalmente ignoradas por el Gobierno, y no sólo son ignoradas, sino que se hace exactamente lo contrario de lo que se dice.
En el fondo de la cuestión, lo que estamos debatiendo es si un grupo internacional muy fuerte, como es Générale Sucrière, va a conseguir el control del sector azucarero español o no, porque, si lo consigue, sabemos que en el año 2001, cuando las cuotas pudieran pasar --ojalá no suceda-- a las industrias y perder la regionalización que ahora tienen, corremos el gravísimo riesgo de que el cultivo de la remolacha desaparezca de la mayoría del Estado español y tan sólo pueda conservarse en algunas zonas del valle del Guadalquivir. ¿Cómo era la situación? Hace año y medio Générale Sucrière tenía el 20,35 por ciento de General Azucarera, que a su vez constituía el 24,9 por ciento --el 25 por ciento-- del total del azúcar español; es decir, Générale Sucrière representaba el 5 por ciento del conjunto del azúcar en España. ¿Y que tiene Générale Sucrière ahora? Générale Sucrière ahora es el 20 por ciento, cuatro veces más que hace un año. Estos son los hechos. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues lo ha conseguido de una manera triangular. En primer lugar, cuando se hizo la venta de las acciones del Banco Central Hispano nosotros ya dijimos en esta Cámara que era muy importante que los grupos cooperativos entrasen en el accionariado y que el capital nacional nos asegurase la presencia y la permanencia del cultivo. Se llegó a una situación intermedia y fue Ebro Agrícolas el que compró, pero --mira por dónde-- el 15 por ciento de Ebro Agrícolas pertenecía al Banco de Santander y un buen día nos despertamos y resulta que el señor Botín, dueño del Banco de Santander, había vendido el 15 por ciento de las acciones. Todos nos enteramos de esta venta --yo creo que la señora ministra también-- por la prensa. ¿Y por qué lo hizo el señor Botín? Recuerdo que en la campaña electoral me extrañaron mucho unas breves declaraciones que duraron unos ocho segundos, en las cuales se pronunciaba claramente a favor del Partido Popular, y yo pensaba ¿pero qué necesidad tiene un banquero tan importante como es el señor Botín de apoyar a uno u otro partido? Realmente fue un pensamiento muy inocente por mi parte, porque las ganancias del Banco de Santander en esta operación --que ha sido de 34.000 millones-- son del orden de 8.000 millones, con lo cual toca a 1.000 millones por segundo, lo que supone un cachet importante. Por lo tanto, la factura está pasada.
La poca credibilidad del Grupo Popular la demuestra el «Diario de Sesiones». Les voy a leer, brevemente, lo que decía el portavoz de dicho grupo en septiembre de 1996, cuando debatíamos una proposición no de ley muy similar a la de ahora. Decía lo siguiente: «En el tercer punto de la proposición no de ley queremos interpretar, porque tampoco se dice muy claramente, que lo que se pide es la tutela por parte del Ministerio de Agricultura para evitar la venta de alguna empresa azucarera de capital español a una sociedad de capital extranjero. Este supuesto peligro...» --nos decían los señores del Grupo Popular-- «... se ha señalado por parte del portavoz del Grupo Socialista y, asimismo, lo ha reiterado el portavoz de Izquierda Unida. En este punto, señorías, y en nombre del Grupo Popular, debo recordar las distintas actuaciones y las repetidas manifestaciones efectuadas por la ministra de Agricultura en orden a no autorizar la venta de una de las cuatro azucareras españolas a una sociedad de capital no español. Esto ha sido dicho y reiterado por parte del Gobierno y por boca de su ministra de Agricultura. Aquí no hacemos, en este caso no hace el Gobierno...» --el portavoz del Grupo Popular se dejaba llevar por el entusiasmo y nos ponía el siguiente ejemplo-- «...
más que seguir el ejemplo de nuestros socios y competidores, como Francia o Inglaterra. De todos es conocido que hace muy pocas fechas, la sociedad azucarera Compagnie Française de Sucrière, con 360.000 toneladas de cuota, fue vendida a tres sociedades de capital francés, al vetar el Ministerio francés de Agricultura la entrada de socios extranjeros, quedando fuera ofertas de compra presentadas por compañías del Reino Unido o de Alemania. Lo mismo ocurrió hace años al vetar el Gobierno británico la compra de la compañía inglesa British Sugar por parte del Gobierno italiano (Ferruzzi). En este sentido, reitero nuevamente la postura del Ministerio de Agricultura y del Gobierno en su nombre, porque lo hemos oído por activa y por pasiva, puesto que la postura es clara y firme y no habrá venta de azucareras españolas a firmas extranjeras.» Esto es lo que decían ustedes hace más de un año. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho exactamente lo contrario. Con estos antecedentes, ¿qué credibilidad podemos tener en su posición? ¿Qué credibilidad
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puede haber? La verdad es que ninguna. Nosotros no creemos que esta falta de credibilidad se deba claramente a la ministra de Agricultura. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera estado sentado aquí el señor Rodrigo Rato, Vicepresidente económico del Gobierno, porque tenemos la sensación, casi la seguridad, que es realmente él quien dicta la política azucarera y que digan lo que digan, después se hará lo que sea. No se concibe de otra manera nada más que desde una posición de enorme debilidad de la ministra de Agricultura dentro del gabinete que haya ocurrido lo que ha ocurrido, pero esperemos que todo el Gobierno, no sólo la ministra de Agricultura, tome conciencia de la delicadísima situación en la que se encuentra el sector azucarero. Y estamos a tiempo de que ese 20 por ciento no se transforme en un 30 por ciento, en un 40 después y en un 51 finalmente y tenga el grupo Générale Sucrière mayoría total, con los peligros que ello conlleva.
Repasando como está el reparto de acciones según el documento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no es para estar nada tranquilos y les leo solamente lo siguiente: el señor le la Rosa Martí, cuyo nombre les sonará, tiene el 10,38 por ciento, el grupo kuwaití tiene el 34,6 por ciento, el grupo Torras tiene el 27 por ciento. Si no tomamos una drástica decisión --y este Parlamento la debiera tomar y debiera hacerlo por unanimidad de todos los grupos y siendo conscientes del peligro que corremos de perder el cultivo y de perder el control del sector--, vamos a perder una ocasión, de lo cual nosotros de ninguna manera queremos ser responsables. Nosotros estamos dispuestos al consenso. Nosotros queremos, precisamente, llegar a denominadores comunes, como el portavoz del Partido Popular nos ha dicho, y queremos, además, llegar ahora, y espero que podamos hacerlo, de tal manera que nosotros aseguremos algunas cuestiones que son fundamentales. Es fundamental asegurar una interlocución ágil con el sector, con todas las organizaciones profesionales agrarias y con el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo en el sector azucarero representa en estos momentos más del 15 por ciento de la producción y de la cuota azucarera, controlada por ellos. Es enormemente importante y, además, está muy localizado. Hay un plan general estratégico del sector azucarero. Este plan tiene que debatirse en profundidad y no es ajeno a los cambios accionariales que hay. Se tiene que garantizar clarísimamente, por otro lado, que va a haber una presencia de capital español, de capital de las cooperativas, de los agricultores, de las cajas de ahorros del sector, que permita que el sector empresarial azucarero tenga continuidad y que, por lo tanto, el cultivo de la remolacha esté asegurado porque sus accionistas lo van a defender. Piensen que lo que quiere Générale Sucrière es mercado, para nada le interesa el cultivo; le interesa nuestra cuota de mercado y nosotros debemos de evitar la pérdida o la venta de nuestra cuota de mercado porque es la única manera que tenemos de mantener la actividad económica y los puestos de trabajo en las zonas azucareras.
Con esto prácticamente termino recordando que la remolacha se cultiva en zonas de regadíos extensivos, en los cuales la alternativa es prácticamente imposible, ya que solamente se cultiva remolacha o patata.
En la patata, por oscilaciones de precio, un año es muy bueno y otro es muy malo. El elemento estabilizador en la cuenca del Duero, Tajo y Guadiana de los remolacheros y de los agricultores es precisamente el cultivo de la remolacha. Si subyace este denominador común sobre la letra en la propuesta de transición que nos ha hecho el Grupo Popular, que ha recogido las iniciativas que el Grupo Socialista, junto a otras proposiciones de Izquierda Unida le proponíamos, sobre el papel al menos, y que ha recogido la producción de 1.200.000 toneladas para que sea negociada en Bruselas y la consigamos, entonces, hoy la ministra, si votamos a favor de este texto, se compromete precisamente a que en la nueva negociación de la OCM del azúcar consigamos 1.200.000 toneladas.
Si, afortunadamente, en estos instrumentos de interlocución de los que nos hablaba el Grupo Popular, incorporamos organizaciones profesionales agrarias y grupos cooperativos, si aseguramos que de ninguna manera se va a producir la fusión entre General Azucarera y Ebro Agrícolas hasta que estos problemas no estén resueltos y que vamos a garantizar la presencia de capital cooperativo, la presencia de las cooperativas y la presencia de las cajas de ahorros, algunas de las cuales ya están, entonces nosotros, con gusto además, vamos a votar favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Amarillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
A la vista de las tres iniciativas presentadas, Coalición Canaria comienza por decir a través de este portavoz que vemos un hilo conductor de homogeneidad de una preocupación común que está muy compartida en el fondo de los textos, junto a formas distintas, en las tres iniciativas que afectan a la situación, en este momento expectante, del sector remolachero y azucarero español. Late un principio fundamental de tener bajo control administrativo, empresarial, societario y agrario la producción de remolacha y la producción de azúcar español. Creo que todos tratamos de evitar que en una futura OCM del azúcar, prevista para principios del siglo venidero, inmediato, para el año 2001, ocurra con la remolacha y sobre todo con el azúcar lo que ha pasado con el aceite de oliva en España. En Canarias
tenemos la experiencia, hasta este momento positiva y favorable --veremos qué avatares suceden en el futuro--, con la OCM del plátano. De lo que se trata aquí es de armonizar algo muy importante, la producción remolachera con la producción del refinado de la misma como materia prima para producir azúcar. Entonces, nosotros entendemos que el Gobierno español debe ir adoptando ya, con el mayor apoyo posible de las fuerzas políticas parlamentarias, una postura de consenso y de unión para definir la postura que tiene que adoptar nuestra Administración ante los dos fenómenos fundamentales de fondo que están implícitos en las tres iniciativas legislativas que aquí nos traen, que son, en primer lugar, el mantenimiento del régimen de cuotas por países o Estados, que es como ha venido funcionando desde hace muchos años en la Unión Europea el mundo de la remolacha y del azúcar, y que no se pase la cuota a las empresas. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el talón de Aquiles del sistema español.
Si empresas agroalimentarias europeas --por llamarles de una manera genérica a las que tienen su razón y base social y fiscal en Francia, en Alemania o en Italia-- ven una fisura por la que, a través de la penetración de empresas, pueden obtener cuotas que tradicionalmente han venido siendo asignadas a los países o Estados miembros de la Unión Europea, podemos estar en un situación de vulnerabilidad. No olvidemos, señor Presidente, que quitando los casos especiales que hay para Portugal y el Reino Unido, España está sometida al régimen de cuotas de refinado --es el único país de la Unión Europea que lo está--. Jurídicamente, tenemos que saber si estamos hablando de remolacha o estamos hablando de azúcar. El régimen de cuotas de azúcar y el régimen de refinado afectan fundamentalmente a España. ¿Qué ha ocurrido? Que la Unión Europea solamente nos da bajo protección de garantía hasta un 85 por ciento de la cuota del consumo interior de mercado que tiene España. Por tanto, tenemos un déficit de un 15 por ciento.
A nosotros, en principio, llegados a este punto, nos parece mucho más positiva y que contempla todos los aspectos que aquí voy a enunciar la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular; es más completa. Sin embargo, nos preocupa, nos llama la atención y pediríamos la retirada o que no se ponga encima de la mesa de negociación el tema de las 60.000 toneladas que corresponden a Canarias, Ceuta y Melilla. Este es un error de negociación. Cuantificar aquí cantidades, y más de comunidades autónomas como éstas, extraperiféricas peninsulares, lo consideramos un error táctico y le pediríamos a la señora ministra que no lo ponga encima de la mesa, porque el régimen canario va bajo un principio de abastecimientos especiales. Además, las 60.000 toneladas de Canarias, Ceuta y Melilla no nos resuelven nada, porque si estamos ante un déficit de cuota propia para autoabastecer a España con la producción de su remolacha y de su correspondiente cantidad de refinado de azúcar, si son unas 200.000 toneladas o un poco más, o ponemos 200.000 toneladas para aumentar la cuota española o no pongamos ninguna. Nos parecen mejor los principios genéricos que se enuncian: conseguir con carácter general un incremento de la cuota actual de azúcar para el Estado español o seguir gestionando incremento. Gestiónese ese incremento, y posiblemente necesitemos techos del orden de las 200.000 toneladas, pero poner a la Unión Europea encima de la mesa 60.000 toneladas no resuelve para España el problema del sector remolachero y azucarero, y vuelvo a distinguir entre sector remolachero y sector azucarero, porque los que producen remolacha son los agricultores; las fábricas de refino lo que producen es azúcar. Nos tenemos que dar cuenta que la Unión Europea puede tirar por la calle de enmedio y decir: me es más fácil controlar 60 refinerías de azúcar que tengo por toda Europa que controlar a 335.000 o 400.000 agricultores de remolacha, si hay que ir por esas vías. Por tanto, aquí hay que llevar este tema con un gran sentido común y una gran responsabilidad.
Qué duda cabe que también nosotros compartimos el deseo de que haya un control empresarial financiero, y apoyamos la postura de la ministra de Agricultura, porque en el caso de que exista una penetración o una agresividad por parte de empresas francesas, italianas, alemanas o las que sean --en este caso fundamentalmente se trata de una empresa francesa-- de utilizar una penetración por vía empresarial y hacerse con el dominio accionarial de alguna de las dos grandes empresas azucareras españolas, a nosotros nos parece necesario conseguir la fusión de los grupos azucareros Ebro Agrícolas y la Sociedad General Azucarera, que nos llevará a ese objetivo que nosotros compartimos.
En cuanto a las mesas de trabajo, nos mantenemos en lo que existe, es decir, en los acuerdos interprofesionales que hay entre el sector del refino y el sector de las agrupaciones u organizaciones profesionales agrarias, junto con el primero de los industriales. Ya hay una mesa de estudio y planificación. No realicemos un intervencionismo estatal donde no se debe. Mantengamos a la Administración en la orientación política de cara a la defensa ante lo que pueda pretender alguien en la Unión Europea. Por estas razones, señor Presidente, nosotros vamos a apoyar en primera línea la propuesta inicial del Grupo Parlamentario Popular.
Por lo que respecta a la alternativa que han ofrecido aquí, quiero solicitar que no se mencione para nada la cuantificación de las 60.000 toneladas de Canarias, porque en este momento, teniendo en cuenta el desconocimiento del Gobierno canario, el régimen especial de abastecimiento y el régimen de precios del azúcar para el consumo que existe en Canarias, si esto no se repercute de alguna manera en el precio, nos parecería inaceptable.
Nada mas. Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar y con relación a las proposiciones no de ley que debatimos en este punto del orden del día, quiero manifestar, en nombre del Grupo Vasco, que estamos de acuerdo con la oportunidad del debate de estas iniciativas dado el momento de cambio en la estructura empresarial que está experimentando el sector en el Estado español, así como por la necesidad de incidir en la futura reforma de la OCM del azúcar. Aunque estas iniciativas puedan ser oportunas para el sector, en opinión del Grupo Vasco cualquier planteamiento de futuro debe partir de la elaboración de un riguroso plan estratégico para todo el sector azucarero estatal que analice la situación actual en su conjunto, producción y transformación, las tendencias condicionantes futuras que incidirán sobre el mismo, y, además, proponga medidas de actuación que permitan una evolución progresiva del sector y definan una estrategia consensuada a nivel del Estado de cara a la reforma del año 2001 de la actual OCM del azúcar y, sobre todo, que mantenga el régimen de cuotas de producción.
Desde nuestro punto de vista, la elaboración del plan estratégico debería apoyarse conjuntamente por los componentes del acuerdo marco interprofesional y las principales comunidades autónomas productoras de remolacha. Lógicamente, se deberá reclamar un incremento del cupo de azúcar asignado al Estado que equilibre el consumo interno, y para ello es necesaria una redistribución de la cuota entre Estados. Para el Grupo Vasco es fundamental defender el mantenimiento del sistema de cuotas por Estados miembros y no por industrias, y, además, ligar los derechos a los productores de remolacha para que puedan mantener su cuota individualizada, como ocurre en otras producciones agropecuarias.
Quiero indicar también, señorías, que nos inquieta la posibilidad de que la mayoría del capital de la futura sociedad resultante de la fusión de los grupos azucareros caiga en manos de las cajas de ahorro de sólo una comunidad autónoma. Nos preocupa por las repercusiones que puede tener el traslado de las cuotas de remolacha de unas regiones a otras. Ahora que está presente la ministra de Agricultura, quiero decirle que al Grupo Vasco le preocupa la actuación del Ministerio de Agricultura en el proceso de fusión de los grupos azucareros, puesto que no ha informado a las comunidades autónomas a las que va a afectar la fusión de los dos grupos. En cualquier caso, para nuestro grupo, señorías, la prioridad sectorial pasa por la elaboración de un riguroso plan estratégico y no por iniciativas que sólo recogen algunos problemas del sector.
Nosotros entendemos que estas proposiciones que hoy debatimos se enriquecerían con el compromiso formal del Gobierno de elaborar el plan aludido anteriormente en un corto plazo y con la participación de las comunidades autónomas productoras de remolacha.
Como grupo desearíamos que se alcanzara un acuerdo entre los grupos proponentes en cuanto al texto que se someta a votación. Si ello no se logra, quiero indicar que apoyaremos la proposición no de ley del Grupo Popular y nos abstendremos ante las dos proposiciones no de ley del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. La apoyaremos porque entiendo, señores del Partido Popular, que se va a mantener el compromiso que figura en el punto 6 de la enmienda transaccional que ustedes ofrecen. Si la acepta el resto de los grupos proponentes, mucho mejor. En caso contrario, anuncio que apoyaríamos la del Grupo Popular precisamente porque se mantiene el compromiso que figura en la transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, desde el escaño mismo y con la máxima brevedad, quiero decir que una vez más tenemos encima de la mesa un tema preocupante, como es el futuro del sector remolachero, debate que en cada legislatura se va reproduciendo, no exactamente en los mismos términos, pero sí con la misma voluntad, cual es la de asegurar la viabilidad del sector.
No voy a entrar a valorar la importancia que el sector remolachero representa para algunas zonas del Estado español, porque de todos es conocida. En aras a la brevedad, no hablaré tampoco de la necesidad de modernizar y hacer más competitiva nuestra industria de transformación, ni de la voluntad de que se cumplan las resoluciones que se aprobaron por unanimidad en el Senado y en el Congreso de los Diputados en los años 1994 y sucesivos, en donde se mostraba la creciente preocupación por la entrada masiva de capital extranjero en el sector de la transformación, que nos podría llevar a que este sector estratégico pudiese estar en manos de multinacionales, a que los intereses de éstas no pivotasen en el Estado español y, por tanto, al posible incumplimiento de las resoluciones aprobadas, como decía antes, en el Congreso y en el Senado por unanimidad, en las que se decía textualmente que había que dar prioridad a aquellos promotores que tuvieran una mayor vocación de permanencia en las zonas
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españolas donde la actividad se ha desarrollado de forma tradicional.
¿Cuál es la situación en el día de hoy? Tenemos dos problemas que resolver. La reforma de la OCM del azúcar se realizará previsiblemente el año 2001. Aparte de intentar aumentar la cuota hasta 1.200.000 toneladas, hecho que nos permitiría ser autosuficientes, habrá que hacer un esfuerzo para que estas cuotas tengan carácter estatal y que en ningún caso estén ligadas a las empresas ya que, de ser así, se plantearían dos problemas a nuestro entender muy graves. Primero, el sector productor, que es el receptor de la política comunitaria, quedaría excluido y, según como quedase redactada la normativa comunitaria, las industrias podrían tener la posibilidad de deslocalizar sus producciones, pudiéndose llegar a la incoherencia de que, por intereses de carácter meramente económico, a un Estado tradicionalmente productor y consumidor de azúcar no se le permitiese seguir produciendo. En segundo lugar, intentar que el pool resultante de las diferentes fusiones garantice el futuro de la actividad agroindustrial, así como tomar las medidas necesarias para evitar que exista una participación accionarial hegemónica con intereses que no pivoten sobre el Estado español.
Una vez más, con las matizaciones que queramos, los diferentes grupos políticos tenemos una preocupación que es común denominador para todos, cual es asegurar la viabilidad del sector agroindustrial y, como consecuencia, del sector productor de remolacha. En esta línea de hacer un frente común, ya que otro planteamiento no se entendería desde el propio sector, nuestro grupo cree que sería bueno que el debate se terminara votando por unanimidad una propuesta consensuada entre todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara. Repito que eso sería bueno para el sector y para todos.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias señores diputados.
Espero que seamos capaces todos los portavoces de presentar una propuesta consensuada y que se apruebe por unanimidad. (El señor Núñez Pérez pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Companys.
Señor Núñez, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, como ha habido intervenciones posteriores a la mía, en la que ofrecía un texto transaccional para conjugar las peticiones de las tres proposiciones no de ley que estamos debatiendo conjuntamente, con objeto de perfilar y precisar aún más los contenidos de la enmienda transaccional y posibilitar el voto unánime de todos los grupos de la Cámara, ofrecemos el siguiente texto que modifica en parte el que antes leí en mi primera intervención.
El primer punto se mantendría exactamente igual. El segundo, después de oír las intervenciones del señor Mardones, quedaría de la siguiente manera: Continuar instando a la Unión Europea a que acepte un incremento de la cuota actual del azúcar para el Estado español que la equipare al consumo nacional, que son 1.200.000 toneladas. El tercero, cuarto y quinto quedan exactamente igual. El sexto tendría el siguiente añadido: Estudiar la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la estructura de la industria azucarera y el cultivo de la remolacha, y a favorecer la interlocución con todos los sectores implicados para posibilitar un debate riguroso del plan estratégico del sector azucarero, que debe contemplar como objetivo prioritario el mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Y señalaría un séptimo punto, señor Presidente, que diría lo siguiente: Adoptar las medidas necesarias para que se cree una mesa nacional del azúcar, donde estén representados los sectores afectados y las administraciones central y autonómica para diseñar, elaborar y debatir un plan estratégico para todo el sector azucarero.
Eso es todo, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Núñez.
¿Aceptan el texto leído por el señor Núñez los grupos que presentan iniciativa, Izquierda Unida y el Grupo Socialista? (Pausa.) Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, quiero decir que nuestro grupo ha modificado su intención de voto después de las autoenmiendas que ha hecho el señor Núñez, pero creemos que en el punto tercero falta la referencia a las cooperativas. (Pausa.) ¿Están las cooperativas? (Asentimiento.) Sólo quería saber si se recogía la referencia a las cooperativas. Como consta la necesidad de la interlocución con todos los sectores afectados y la constitución de la mesa nacional del azúcar para la elaboración del plan estratégico, nuestro grupo votará favorablemente este texto único.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Quiero anunciar brevemente que una vez que se han incorporado la mayoría, por no decir la casi totalidad, de las sugerencias que hizo el Grupo Socialista, y pensando aquello de que más alegría hay por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que perseveran, vamos a votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Amarillo.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del texto transaccional resultante de las proposiciones no de ley presentadas por los Grupos Popular, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, al haberse aceptado por los tres grupos proponentes el texto que ha sido leído a la Cámara y entregado a la Mesa, que es el que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: El texto transaccional queda aprobado por unanimidad del Pleno.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONSTRUCCION DE LA VARIANTE FERROVIARIA NORTE-NOROESTE (Número de expediente 162/000140)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre construcción de la variante ferroviaria norte-noroeste. Para su presentación, tiene la palabra el señor Pérez Touriño. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor PEREZ TOURIÑO: Señoras y señores diputados, traemos hoy a la consideración de la Cámara una proposición no de ley relativa a una nueva línea ferroviaria, denominada la variante norte-noroeste, también conocida como la variante Guadarrama.
Se trata de una actuación en materia ferroviaria sobre la que existe un amplio consenso entre el conjunto de fuerzas sociales, fuerzas políticas, expertos y la propia compañía operadora, Renfe. Un consenso amplio sobre su necesidad, sobre su prioridad y sobre su importancia. La variante norte, cuyo coste oscila previsiblemente en unos 200.000 millones de pesetas, es una actuación que consiste, básicamente, en unir Madrid con Valladolid, con un diseño de alta velocidad, acortando la distancia actual en el entorno de los 50 kilómetros y reduciendo el tiempo de viaje en aproximadamente una hora y treinta minutos, por el efecto conjunto de la menor distancia y la introducción de la alta velocidad.
La importancia estratégica y territorial de la variante radica en su influencia directa sobre todo el cuadrante noroeste de la Península, al constituir de hecho un tronco común sobre el que se han de soportar y articular las distintas conexiones ferroviarias entre Madrid y el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León; una amplia zona de influencia que supone, por decirlo en términos numéricos, tanto de superficie como de población, más del 30 por ciento del total nacional.
En definitiva, un amplísimo conjunto de comunidades autónomas de nuestro país obtendrán los beneficios de la construcción de esta variante, con reducciones de tiempo muy importantes y con modificaciones vitales para su sistema de comunicaciones y de transportes.
Es un corredor ferroviario que en las condiciones actuales, es decir, sin introducir estas modificaciones y modernización, sobrepasa ya el millón y medio de pasajeros-año, lo que viene a significar algo así como el 10 por ciento del total nacional. Son razones todas ellas que avalan esta nueva línea. En todos los trabajos y estudios que se han desarrollado respecto al Plan director de infraestructuras aparece siempre como una de las líneas con mejor relación coste-beneficio; en definitiva, con una muy alta y destacada rentabilidad social. Su construcción y explotación supondrá un salto cualitativo en la modernización y el futuro del sistema de transportes en nuestro país. Sin ella realmente el ferrocarril en el oeste de España no tiene presente ni futuro, ante la mejora radical que han tenido las comunicaciones en el transporte diario en la última década, así como las modificaciones de mejora en el propio sistema de transporte aéreo. Hoy es imposible mantener el ferrocarril en términos de viabilidad y competitividad con los demás modos, incluso desde una perspectiva de rentabilidad social en todo el oeste español, a lo largo de ese conjunto de comunidades autónomas, si no se acomete ya y prioritariamente esta actuación.
Si este es el marco de referencia en el que se sitúa la proposición no de ley que hoy traemos a la consideración de esta Cámara, un marco que confío y creo que puede ser más o menos compartido en sus líneas generales por el conjunto de los grupos parlamentarios, por todas SS.
SS., ¿cuál es el sentido entonces de la proposición no de ley, cuál es su motivación y, en definitiva, su finalidad? Trataré de expresarlo con la mayor claridad posible. No planteamos la proposición, señorías, desde un criterio meramente coyuntural o de oportunidad política. Tampoco lo hacemos desde una posición de confrontación o enfrentamiento con otras opciones ferroviarias, con otras necesidades del sistema ferroviario español. Presentamos la proposición, señorías, desde la convicción rigurosa y profunda de que estamos asistiendo a un bloqueo y a un retraso significativo en esta materia que hacen necesario el impulso político de esta Cámara, un impulso conjunto que permita avanzar este proyecto y recuperar los retrasos que el Gobierno ha introducido en el mismo. Más allá de las palabras, más allá de las retóricas, más allá de las vagas definiciones, esta actuación, señorías, permanece estancada y con un elevado riesgo de bloqueo en relación con el futuro de la misma.
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En efecto, en el inicio de 1996 el anterior gobierno adjudicó a la redacción del estudio informativo, con el apoyo pertinente para la información pública, un plazo de trece meses de realización. Por el contrario, en el momento presente el estudio informativo no se ha concluido y, además, se ha concedido una prórroga de once meses más, por lo que no estará terminado hasta 1998. En tan sólo un año de gobierno, el actual gabinete ha introducido prácticamente un año de paralización y de retraso en el procedimiento para sacar adelante este proyecto tan vital e importante. Se aduce para ello el estudio de nuevos planteamientos más ambiciosos; así se califican. Se trata, en definitiva, de la propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid de que se proyecte un nuevo túnel, de 24 kilómetros de longitud, entre Miraflores de la Sierra y San Ildefonso de la Granja. Es una propuesta cuya consideración, no digamos su carácter factible, desde el punto de vista de su construcción, desde el punto de vista de operación de los trenes, del coste del proyecto --que más que lo duplica, lo eleva a 500.000 millones de pesetas--, desde el punto de vista de los plazos, puesto que los alejaría indefinidamente en el tiempo, plantearía un auténtico bloqueo del objetivo, tal y como está definido actualmente el proyecto en el estudio informativo.
Con esta proposición no de ley estimamos que conviene suscitar un acuerdo conjunto que permita impulsar la finalización del estudio informativo tal y como está planteado, que permita, por tanto, que en el año 1998 se redacten los proyectos constructivos y se ponga en marcha el proceso de licitación de estas obras. ¿Eso es posible? Nosotros creemos que sí. Es difícil por el retraso introducido, pero creemos que todavía es alcanzable este objetivo. Con determinación y con voluntad política debería ser posible que finalice este estudio informativo en el año 1997, que se realice la información pública en lo que quede de año, y a partir de ahí nos quedarían doce meses para la realización de la declaración de impacto ambiental y la elaboración del proyecto en construcción. Un plazo justo, ajustado, pero razonable si realmente se toma por las riendas este proyecto y se saca de su situación actual.
Nuestro problema --y yo quería aludir a ello finalmente--, nuestras dudas y preocupaciones vienen no tanto de las disculpas que se ponen en forma de nuevos proyectos o planteamientos llamados más ambiciosos pero que suponen un boicot, una paralización y un bloqueo del mismo, como del desarrollo de la política de infraestructuras del Gobierno, del desarrollo de la política ferroviaria del actual Gobierno, que presenta algunas características alarmantes en relación con este tema.
En este último año se han declarado compromisos, señorías, con numerosas e importantes actuaciones, mientras que frente a esos compromisos se retrasaban las obras que estaban en marcha. Se inician estudios sobre propuestas irrealizables en el futuro inmediato, mientras que las que se están realizando no se acaban por modificaciones que se incorporan sin rigor. Se crea el GIF, el órgano gestor de infraestructuras ferroviarias, para obtener financiación adicional, pero lo que se hace en realidad es disminuir las inversiones reales. Señorías, si echamos cuentas del conjunto de propuestas que están en consideración del Gobierno, tan sólo en alta velocidad y grandes variantes --comprometidas, como digo, por el Gobierno actual-- sale una cuenta cercana o incluso superior a los tres billones de pesetas, frente al 1,9 que estaba en principio previsto en el Plan director de infraestructuras, que se decía que no era financiable.
Frente a esta acumulación de compromisos, la realidad es que el Ministerio ha dedicado a inversiones en infraestructuras en el año 1997 47.000 millones de pesetas; es decir, exactamente un 30 por ciento menos que el año anterior. A ellas habrá que añadir, es cierto, en torno a 10.000 millones, que será lo que sea capaz de consumir el GIF. En todo caso, el total, en el mejor de los supuestos, es un 15 por ciento menos de inversión que la presupuestada en el año 1996.
Señorías, consideramos que, más que nunca, es preciso definir necesidades, valorar esas necesidades y fijar un calendario de ejecución ligado a las posibilidades financieras y en función de las prioridades que se definan. Decir que todo es posible al mismo tiempo es no decir nada, es lo mismo que decir no a todo al mismo tiempo. Reclamamos la necesidad de un esfuerzo planificador y programador en esta materia y que no estemos asistiendo a lo que parece pudieran ser maniobras permanente de distracción para alejarnos de una realidad que cada vez se hace más palmaria y más obvia en esta materia: que no hay discurso, no hay política, no hay proyecto, y de verdad, al final, no hay ni siquiera pesetas. Lo que tenemos son palabras, declaraciones de buena voluntad y compromisos asumidos aquí y allá al hilo de situaciones coyunturales. Por eso --y voy terminando la fijación de posición de mi grupo--, no nos parece oportuno aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular en relación con esta materia, fundamentalmente por un motivo: porque, más allá de la declaración de prioridad, no fija un calendario, deja abierto el tema una vez más y, por tanto, no establece un compromiso concreto ni insta al Gobierno al compromiso concreto que es necesario desbloquear aquí, hoy, en esta Cámara.
En ese sentido nosotros podemos entender y estar abiertos a pensar que, después del año de retraso acumulado, es probable que en 1998 cueste mucho trabajo, sea altamente difícil el inicio de las obras. Pero no puede irse más allá de la consideración de que en el año 1998 es necesario hacer los proyectos constructivos, aprobarlos, licitar las obras de tal forma que en 1999 veamos todos el comienzo de las obras de la variante del Guadarrama.
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Por ello hemos redactado un nuevo texto alternativo, que entregaré a la Presidencia que permitiría quizá lograr la confluencia de las voluntades de los grupos en el ánimo de intentar --insisto-- desbloquear este proyecto tan necesario para el sistema de transportes en todo el occidente español.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez Touriño.
Si hace entrega del texto la Presidencia se encargará de hacerlo llegar a los grupos parlamentarios.
A esta iniciativa del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, unos breves comentarios de introducción en función de la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Coyuntura es la que señalaba al decir que se había adjudicado en enero de 1996, es decir, convocadas las elecciones generales, el estudio informativo de la variante norte o noroeste, variante de Guadarrama, de una red ferroviaria obsoleta no por el último año, sino en los últimos años de esa década triunfalista de inversiones en infraestructuras en las que fue copartícipe el señor portavoz del Grupo Socialista.
Coyuntura fue la del aeropuerto de Barajas, cuya declaración de impacto ambiental dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid puede suponer un precedente de las tremendas dificultades que ofrece cualquier obra de infraestructura importante que tenga que entrar o salir o entrar y salir de Madrid.
Coyuntura era la del PP, que en su programa electoral de las elecciones de 1996 incluyó como gran acción de vertebración territorial de la red ferroviaria la variante de Guadarrama Hasta esa fecha del programa electoral y de las elecciones de marzo de 1996, fue desechada una posibilidad de que las salidas desde Madrid, tanto hacia Barcelona por el AVE y hacia Valladolid, de esta red hacia el norte-noroeste fueran coincidentes.
Como consecuencia de ello se plantearon con esta variante del Guadarrama, fundamental para la mejora de las comunicaciones de Madrid con el norte-noroeste --ya se han citado las comunidades autónomas que de forma importante y directamente son afectadas o beneficiadas--, las lógicas discusiones sobre la siempre difícil salida de Madrid que ya he citado.
Los estudios iniciales --y así lo recoge el texto de la proposición del Grupo Socialista-- valoran el tramo Madrid-Valladolid en unos 200.000 millones de pesetas. Pero así como en la Comunidad de Castilla y León hay acuerdo, hay conformidad con el Ministerio de Fomento para el trazado de esta vía, no ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid, que por razones medioambientales muy respetables propone la solución del túnel con una longitud de casi treinta kilómetros. Esta alternativa es comparable a las grandes obras subterráneas del continente e incluso trascontinentales: el túnel del Canal de La Mancha o los proyectados túneles bajo el Estrecho de Gibraltar o el enlace entre Lyon y Turín. Esta obra exige un muy concienzudo estudio previo por las grandes desviaciones de su coste, que pueden variar nada menos que entre 12.000 y 20.000 millones de pesetas kilómetro; he dicho bien entre 12.000 y 20.0000 millones de pesetas kilómetro. Por los problemas ambientales que plantean incluso las obras del túnel; los escombros tienen que ir hacia las bocas de salida y supone colocar en algún sitio cuatro o cinco millones de metros cúbicos de escombros. Por los posibles problemas que para su financiación tendría un proyecto incompleto o sujeto a importantes modificaciones posteriores en los cortos plazos que requiere la urgente necesidad de esta variante.
En todo caso, el estudio informativo, muy avanzado, está tan sólo --nada menos, puede también opinarse-- pendiente de esta decisión técnico-económica-ecológica, cuya solución urge en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León. Pero los plazos son ineludibles.
Un estudio informativo requiere la preceptiva información pública, período de alegaciones y respuestas a las mismas; no es terminarlo en diciembre de este año, requiere no menos de cuatro meses e inmediatamente la declaración de impacto ambiental para, a continuación, llevar a cabo la contratación del proyecto de construcción; éste, sea cual sea la decisión sobre la traza, precisará hasta su aprobación del orden de diez o doce meses. Por tanto, deseándolo cuando menos tanto como el Grupo Socialista, deseando que su presupuesto coincida definitivamente con las previsiones iniciales ya citadas de 200.000 millones, pero con el realismo de la gran necesidad social y del propósito prioritario del Gobierno, que podrá verse, además, inmediatamente reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998, el imperativo técnico, no menos realista, nos hace, nos hacía hasta hace un momento, en primer lugar, rechazar la proposición no de ley del Grupo Socialista, corrigiéndola con nuestra enmienda.
Se han citado compromisos del Gobierno y estudios; ojalá hubieran existido, a principios de mayo de 1996, estudios y proyectos ya aprobados que permitieran tener opciones y señalar las prioridades, porque esas prioridades garantizan su ejecución en tiempo y precio.
Es tal la voluntad del Gobierno de llevar a cabo con urgencia estas obras --voluntad que obviamente conocemos-- que el Grupo Popular acepta y hace suya la transaccional propuesta por el Grupo Socialista que modifica nuestra enmienda, comprometiendo el inicio de las obras en 1999.
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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carreño.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Consideramos que es fundamental que el Congreso de los Diputados debata la problemática del ferrocarril en el Estado español. Pero la problemática del ferrocarril en el Estado español no se puede centrar en una obra de infraestructura más o menos faraónica que vendría solamente a desequilibrar lo que ya está desequilibrado.
El problema fundamental del ferrocarril en el Estado español es que no se apostó por él como una forma complementaria, alternativa a la carretera y al transporte aéreo y, además, que no se empleó para equilibrar territorialmente el Estado en cuanto a las infraestructuras básicas. En este sentido, cuando el proponente nos habla de las posibles consecuencias del abandono del ferrocarril, tenemos que decir, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, que Galicia es un caso paradigmático de abandono de las infraestructuras ferroviarias, que no se explica si no es por una visión estratégica de lo que debe ser el Estado español en esta materia, y no precisamente la Península Ibérica en su conjunto.
Me gustaría llamar la atención de SS. SS. en relación con datos muy elocuentes. A nadie se le oculta que hay una importante población que está prácticamente centrada en lo que se llama eje atlántico, que si contamos, además, con los núcleos de Porto y Lisboa es el equivalente, incluso superior, al eje Barcelona-Valencia, incluso Málaga. Pues bien, el eje atlántico resulta que no solamente está discriminado, sino que, a pesar de servir hoy para trasladar a dos millones de viajeros con los servicios que se prestan, precisamente mejorables, es la única parte de la periferia del Estado español que no tiene servicio de cercanías, la única; ni Asturias ni Santander ni el País Vasco ni Andalucía ni Murcia ni Valencia ni Cataluña. Estamos sin cercanías, sin doble vía, sin electrificación en el país que produce, en términos relativos, más energía eléctrica del Estado, y con un trazado que impide, incluso aunque Renfe ponga la tracción diesel más moderna, circular a una velocidad superior a 80 kilómetros comerciales. No les voy a hablar de que en ese eje atlántico se deja de lado a una población de medio millón de habitantes, que es la que reúne el eje Coruña-Ferrol, por supuesto, sin ningún estudio de mercado, ningún estudio comercial que lo justifique; o que sigamos teniendo en esa población, en ese hinterland de medio millón de habitantes, velocidades de 48 kilómetros por hora y los servicios pagados además por la Administración autonómica. Ustedes comprenderán que con esta casuística, si hablamos de abandono del ferrocarril en el Estado español, no es muy de recibo que nos presenten una obra faraónica más, que respetamos, que comprendemos, pero que desde una óptica gallega no podemos colaborar en ella.
Es más, todo el mundo sabe, cuando se monta en el ferrocarril de largo recorrido en A Coruña o en Vigo, que el tren no puede correr hasta que llega a León; y no puede correr y corre mal hasta que llega prácticamente a Medina del Campo. No creo que la línea Zamora-Medina del Campo vaya a ser beneficiada precisamente con esta obra faraónica, y habría que pensar para cuánto daría de equilibrio territorial del Estado español los 200.000 o 500.000 millones de pesetas, según otras cuantificaciones, que se van a gastar en esta obra de infraestructura.
Vamos a dejar ya el problema interno al que me referí, gravísimo en el caso de Galicia, porque va a quedar con una línea incompleta, un metro malo A Coruña-Vigo, y a pesar de la movilización popular no se quiere hacer caso de estas reclamaciones mínimas que no son de alta velocidad.
Las comunicaciones en el Estado español no son solamente con Madrid, son con Portugal, con Lisboa, con Porto, con Barcelona, con Euskadi, por supuesto con Sevilla. No habría que pasar por Madrid para llegar a Sevilla desde una óptica gallega, y así sucesivamente. Hay un total abandono. Ni siquiera tenemos conectados los ordenadores portugueses con los de las estaciones de ferrocarril de A Coruña o Vigo.
Hace un año este mismo Congreso de los Diputados rechazó una negociación, con partidas plurianuales, a acordar entre la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado, por lo que nosotros no podemos dar alegremente nuestro voto favorable a esta alternativa que hoy se nos presenta.
Es más, esta obra pensamos que es legítimo que se contemple, pero su prioridad no deja de ser discutible y, desde una óptica gallega, comprenderán que es totalmente inasumible cuando el Estado da el trato que da, con la mayor naturalidad, a las infraestructuras y a los servicios ferroviarios en Galicia.
No nos opondremos, pero no vamos a colaborar con nuestro voto a esta visión alegre del problema del ferrocarril, que pensamos que no es correcta, y, en el caso particular de Galicia, es tan injusta como discriminatoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
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Señorías, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo que hay que reconocer es que es importante que, de vez en cuando, podamos tener un pequeño debate sobre la política ferroviaria en nuestro país.
En primer lugar, quiero decir que me alegro de esta inquietud y de esta urgencia que ahora el Grupo Socialista mantiene, porque la comparto. Pero también tengo que reconocer que la exposición de motivos tiene un pequeño error técnico, porque la no realización de esta actuación o los retrasos en su inicio conllevaron inevitablemente a la situación de deterioro que tiene hoy el ferrocarril en nuestro país. Porque yo tengo aquí el programa de inversiones presentado por don Abel Caballero en el año 1986, donde preveía precisamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Santiso, la fijación de posiciones es con respecto al contenido. Sabe usted que después no hay turno de réplica. Por lo tanto, la Presidencia no puede permitirle que entre en un turno de contradicción con el portavoz socialista porque tendría que darle después a él un turno que no está previsto en un debate de estas características.
El señor SANTISO DEL VALLE: No estoy contradiciendo al portavoz del Grupo Socialista, sino explicando la historia de la variante del Guadarrama, que es la que es. El plan de transporte ferroviario...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No se sorprenda entonces si solicita la palabra y le dé un turno.
El señor SANTISO DEL VALLE: No me importa, por supuesto, porque lo único que estoy relatando es que el equipo del señor Caballero tuvo el acierto de proponer esta variante --hay que reconocerlo y aquí está el cuadro de inversiones--, que preveía su terminación en el año 1992.
Lamentablemente, esto no ha podido ser así, entre otras razones por algunas de las que se han explicitado aquí. También tengo que decir que me preocupa bastante la intervención del portavoz del Grupo Popular en este momento porque ya empieza a ver dificultades, aunque se agradece la claridad porque refleja la situación actual de este proyecto, tan importante y también tan difícil de llevar a cabo.
Dicho esto, es ineludible afrontar cuanto antes la variante. Por tanto, vamos a apoyar el texto transaccional que se pueda conseguir o si no apoyaremos la propuesta inicial del Partido Socialista. Insisto en que no es bueno jugar con esas cosas, como se ha citado desde la tribuna, y me preocupa también porque el Grupo Popular parece que está entrando en la misma dinámica, es decir, ahora todo el mundo pide alta velocidad. En mi opinión, la alta velocidad abortó en el año 1989, por su improvisación, la posibilidad de haber cumplido los plazos del Plan de Transporte ferroviario. El propio Plan director de infraestructuras, que la contempla como prioritaria y también en su momento apoyamos, planteaba una financiación que era inviable, puesto que más de uno y pico billones de pesetas era de financiación extrapresupuestaria. Por tanto, queremos que sirva al menos para aprender de los errores pasados y que permita que esta realización sea viable. Yo estoy convencido que encontrará el apoyo prácticamente de toda la Cámara en un proyecto que lleva esperando muchos años, pero al mismo tiempo no puede ser tampoco la excusa para no afrontar una renovación del ferrocarril en el norte-noroeste que está provocando graves dificultades para poder «competir» --entre comillas-- con otras comunidades en el impulso de su propia economía.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.
Dado que en la primera intervención del portavoz del Grupo Socialista ha sido propuesta una enmienda transaccional que ha sido aceptada por el Grupo Popular, vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada por el Grupo Popular, dice lo siguiente: Se insta al Gobierno a que considere de la máxima prioridad la construcción de la variante ferroviaria norte o variante de Guadarrama, redactando los proyectos en 1998, licitándose a continuación para iniciar las obras en 1999.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 305; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la enmienda transaccional.

References: artículo 150
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 150
 artículo 13
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 3
 real decreto 
 artículo 150
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 3
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 150
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 6
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70