Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20051021.htm
Timestamp: 2018-11-18 18:53:30+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 21 Octubre 2005
ZP y la cuota vasca del “Club de Perpiñán”
EDITORIAL Libertad Digital 21 Octubre 2005
Bono vs. ZP
Jorge Vilches Libertad Digital 21 Octubre 2005
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 21 Octubre 2005
CARLOS HERRERA ABC 21 Octubre 2005
Insolidario Maragall
JOSÉ M.ª CALLEJA La Voz 21 Octubre 2005
El Pacto del Tinell o la Hoja de Ruta de ZP para reeditar las dos ‘españas’ y desahuciar al PP
Federico Quevedo elconfidencial.com 21 Octubre 2005
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 21 Octubre 2005
Antonio Jiménez elsemanaldigital 21 Octubre 2005
España, esa palabra maldita
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 21 Octubre 2005
Alejo Vidal Quadras periodistadigital 21 Octubre 2005
Luis del Pino Libertad Digital 21 Octubre 2005
Arcadi Espada 5098 Blog 21 Octubre 2005
MIQUEL PORTA PERALES ABC 21 Octubre 2005
prensa@foroermua.com 21 Octubre 2005
Los separatistas catalanes que acudieron al encuentro con ETA para, según la propia organización terrorista, "diseñar estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español", no se pueden quejar de los servicios que les está brindando José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de su apoyo parlamentario. Ahí está la mediación y el aliento de Zapatero, sin los cuales las discrepancias entre los mismos nacionalistas catalanes hubieran hecho encallar la aprobación del nuevo "estatuto" soberanista. Y, desde luego, si no es por Zapatero, en el Congreso no se habría camuflado como reforma estatutaria, lo que, en realidad, es una voladura constitucional muy digna de ser apreciada por quienes, como Carod Rovira y los suyos, se jactan de no ser españoles y de considerar la bandera de España, "la bandera del enemigo".
Un presidente que, como ZP, llega al extremo de cuestionarse públicamente si el país que gobierna es o no una nación, sólo por eso, merece más que de sobra que los separatistas de ERC le den su apoyo parlamentario y hasta la bienvenida a Perpiñán, sin temor a que se les caigan los anillos de su pundonor independentista.
Es cierto que ERC ya le ha dado pública y literalmente a Zapatero la "bienvenida al Club", a través de su portavoz Puigcercos. Pero, ¿y ETA? ¿Acaso no le corresponde también a ella dar la bienvenida al "club" de Perpiñán al presidente del Gobierno del 14M? ¿Acaso ZP no ha hecho méritos más que suficientes para abonar también la cuota vasca de entrada al Club? Tanto o más que la catalana. Ahí está la maniobra de ZP de encubrimiento que, si sirve para colar un estatuto soberanista catalán, también podría valer para recuperar el Plan Ibarretxe, cambiándole, eso sí, el nombre, tal y como todos los separatistas quieren hacer, incluido el propio Ibarretxe.
Si, para hacer pasar como estatutaria lo que, en realidad, es una reforma constitucional encubierta, ZP no ha dudado en esquivar dictámenes de instituciones como el CGPJ, el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, ¿no valora ETA también la forma en que ZP ha dejado que se esquive la Ley de Partidos con el PCTV, lo que ha permitido que los proetarras sigan teniendo financiación pública y representación parlamentaria? ¿No le parece suficiente a ETA la forma en que ZP ha dejado en la estacada a los "inmovilistas" del PP y al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo? ¿No les satisface a los terroristas la oferta de impunidad a los presos? ¿Acaso ETA no considera totalmente satisfactoria la implacable forma en la que el Gobierno de ZP y sus medios de comunicación están ninguneando y silenciando a las víctimas del terrorismo? ¿No está acaso ZP dispuesto a negociar –él dice dialogar– también con los representantes de ETA el fin del Estatuto de Guernica? Al fin y al cabo, ZP sólo le pide a ETA a cambio una tregua. ¿Y qué es una tregua, sino un simple cese temporal? Lo justo para que ZP pueda seguir en el Gobierno. Y luego ETA, tras haber afianzado lo cobrado, otra vez a matar hasta los objetivos últimos.
No se puede afirmar, sin embargo, que ETA haya sido totalmente desagradecida e insensible a los pasos dados por anticipado por ZP en lo que lleva de legislatura. Ya desde la llegada de ZP al poder, ETA mostró esperanzas de conseguir objetivos políticos. A los pocos meses del 14M, y tras valorar positivamente la caída del gobierno del PP, un comunicado de una ETA con esperanzas renovadas, instaba personalmente a ZP a dar "gestos para con Euskalherría tan valientes como los dados en Irak". Desde entonces –también es verdad– no han faltado zutabes de la propia banda y declaraciones del entorno etarra en las que han reconocido la "mejoría" de las circunstancias políticas que, en su opinión, se dan para acabar de "forma dialogada" con "la opresión que padece Euskalherría".
Con todo, por positiva que hayan sido sus valoraciones del cambio político del 14M, jamás ETA ha llegado a dedicar a Zapatero los encendidos elogios que le dedicaron los autores islamistas del 11-M. Pero tampoco nadie –incluido ZP– está pidiendo a ETA que elogie al presidente del Gobierno. Todo lo contrario. Él no quiere presentarse como compañero de viaje de ETA, sino como su pacificador. Lo único que pide el presidente del 14M a ETA es una tregua que le consolide políticamente. ¿No podría ser ese el gesto que ETA brindara a ZP como gesto de bienvenida al Club de Perpiñán? ¿O es que ya se lo ha brindado? Desde luego, el presidente del Gobierno del 14M ya ha pagado una cuota que merece, al menos, un reconocimiento por parte de los socios. De los dos.
statuto catalán
El zapaterismo se encuentra en una situación muy difícil porque ha hurtado al partido de sus referente socialdemócrata y nacional. Mutilada en su identidad histórica, una parte del PSOE se siente herida, y opina y protesta a pesar de la orden de silencio de Zapatero. Así, la vicepresidenta del gobierno dice que el Estatuto de Cataluña no es una reforma constitucional, y Alfonso Guerra que sí. Es, con claridad, una crisis del partido gobernante cuya resolución afectará al régimen de la Constitución de 1978.
Las dos posturas que se muestran en el PSOE, que encierran un proyecto de partido y de España, las representan el presidente Zapatero y el ministro Bono. En realidad, es la continuación de un conflicto que comenzó con el fin del hiperliderazgo de González, el cual dejó al descubierto un partido ideológicamente descolocado, y articulado por líderes regionales muy dispares.
Las diferencias que ahora protagonizan Zapatero y Bono no son una cuestión baladí, sino que atañen a los pilares mismos de la convivencia democrática. ZP, por un lado, no siente aprecio por la nación ni por los símbolos de España, y declara que su patria es la libertad –Espronceda, perdónale–. Acusa a quienes hablan de la unidad nacional de ser “talibanes” de la nación. Quiere ser el jefe de una “nación de naciones”, y baraja “ocho fórmulas mágicas” –alguna con tinte totalitario– para definir a las regiones y nacionalidades que quieran ser una nación. Pero no le importa redefinir estas creencias si así se lo pide algún partido nacionalista.
Bono encabeza la rebelión españolista en el PSOE. Sostiene su discurso en la constitucionalidad de la nación. Amenaza con dimitir si el Gobierno aprueba que el Estatuto de Cataluña incluya el término “nación”. Le acompañan otros socialistas influyentes en el partido, que de momento sólo apuntan a Maragall y a su Estatuto como los causantes de la crisis. Su problema es que derribar al presidente catalán y a su reforma estatutaria y constitucional arrastraría a Zapatero. La razón es que ha sido ZP el impulsor de la aprobación del Estatuto en el Parlamento de Cataluña, convenciendo a Artur Mas para que votara a favor.
A estas alturas parece claro que el PSOE hubiera sido muy distinto si Bono hubiera ganado el Congreso socialista del año 2000. Ahora que llueve indepentismo de punta, el manchego supera en las encuestas de opinión a Zapatero, precisamente según insiste en su discurso de defensa de la nación española. Pero aún así, Bono se equivoca al ligar la existencia de la nación española a su inclusión en la Constitución.
La mención constitucional de la nación no es su partida de nacimiento, pues una reforma de aquella podría ser su acta de defunción. Las distintas constituciones que en nuestro país ha habido no han creado la nación, sino que la han reconocido como sujeto preconstituyente. Las Cartas Magnas cambian, la nación permanece. Así ha sido en España y en el resto de Occidente desde la revolución norteamericana. Esto lo sabían nuestros liberales del XIX, que entendían que por encima de Dinastías, formas de gobierno y la volatilidad de las leyes estaba la nación. La nación no es una convención, sino un sentimiento de identidad común histórica, basado en la solidaridad. Y dentro de la misma caben las disidencias, los regionalismos, las autonomías y las culturas diversas. Caben, incluso, y aquí está su grandeza, Zapatero, Maragall y Carod-Rovira.
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 21 Octubre 2005
Me temo que el PP termine por caer en una de esas trampas que le seducen tanto como el brillo del agua de un pozo a un suicida. Me temo que el partido de Rajoy termine por colaborar en la redacción del Estatuto catalán. Por realismo. En realidad por miedo a la soledad, ¡con diez millones de votos!
Tengo la impresión de que en la dirección del PP aún no se han enterado de que su apelación a la coherencia nacional y a la seguridad les está dando grandes frutos y está poniendo a Zapatero en dificultades muy serias, y que bastará con seguir manteniendo esta actitud para que terminen desangrándose los que pretenden desangrar a España.
Hace tan sólo unos meses gentes del PP o cercanas a él se dedicaron a desmovilizar a la opinión pública cuando algunos hablábamos de un proyecto de Estatuto anticonstitucional. No les cabía en la cabeza que se quisiera hacer pasar un texto de esta naturaleza como una reforma estatutaria.
¡Cuánta simpleza! Como si los socialistas y los nacionalistas fueran tan necios como para dejar una cuestión de esa importancia en manos del PP. Era evidente que Zapatero «et alii» iban a actuar de la forma bárbara como lo han hecho. Bastará la mayoría absoluta y a correr. Que chille el PP.
Rubalcaba reconoce de forma desvergonzada que el texto es anticonstitucional. Es una exhibición del fraude, una provocación, una afrenta a la democracia. Pero ¿acaso la legalidad no «es» la izquierda?
Ahora los realistas del PP están ya en la siguiente jugada. Piensan que el PP ha «cumplido» al oponerse a la tramitación del Estatuto y que ahora debe participar en los debates sobre el proyecto, esto es, en el fraude que acaban de denunciar. Piensan que debe mancharse las manos, ellos que no son sartrianos ni saben de eso. Piensan que no pueden quedarse al margen. Qué horror.
¿Y el PSOE? ¿Les pide acaso el PSOE que entren en la «racionalidad» del cambio de Estatuto? Ni siquiera eso. Esperan que, como en el caso del Estatuto Valenciano, caigan ellos mismos en su propia trampa.
Lo único que quieren los socialistas es que los populares se involucren en el crimen, que en alguna ocasión voten junto al PSOE aunque en general voten en contra.
Pero que voten. Que den apariencias democráticas al monstruo. Que no se queden fuera de esta empresa enloquecida cuyo fin es destruir -democráticamente- a España.
Por CARLOS HERRERA ABC 21 Octubre 2005
NO es el mejor momento para perder los nervios. La dinámica que ha generado la reforma estatutaria catalana nos está abocando a posiciones maximalistas que en nada favorecen la reflexión serena que precisa un desafío como éste. Lo que propone el Parlamento catalán es, efectivamente, un disparate político de primer orden en opinión de gente de todos los colores, pero ello está sirviendo en bandeja de plata la excusa para extravasar una serie de fobias de difícil justificación que a nada bueno conducen. Todos los catalanes, obvio es decirlo, no son sus representantes políticos, y aunque sea cierto que nadie está obligado a elegir a quien toma medidas que van en contra de sus supuestos intereses, justo es decir que la presión uniformista que se vive en la sociedad catalana lleva a muchos a no tomar posturas enfrentadas con el poder establecido. Así se explica que un significativo puñado de empresarios de aquella comunidad haya firmado un manifiesto de apoyo a un estatuto que, teóricamente, va en contra de sus intereses comerciales y de su deseo de mantener una unidad de mercado esencialmente necesaria para el beneficio de sus operaciones. Y que posiblemente ni siquiera se hayan leído. Desde fuera las cosas se ven más fáciles, en una palabra.
Sólo una clase política responsable puede evitar, con llamadas a la sensatez y ejercicio, a su vez, sensato de la administración de las pasiones, que se alimente la más absurda de las asperezas hasta crear auténticos cortocircuitos sociales en un país, España, excesivamente fatigado en batallas internas. Esta Pasión de Catalanes que se está viviendo como consecuencia de la puesta en práctica de taimados propósitos ventajistas no puede acabar en una guerra comercial que tiene más de rabieta que de sereno ejercicio de contrastes políticos. No sólo se va a perjudicar a muchos empresarios honrados, que buscan exclusivamente la prosperidad de sus círculos concéntricos, sino que se puede truncar el bienestar de no pocos trabajadores -de aquí y de allá- que dan lo mejor de sí mismos en industrias tan diversas como la del vino o la textil.
PASCUAL Maragall va lanzado hacia el récord del abismo: conseguir con sus disparates nacionalistas que el PSOE pierda las elecciones generales y lograr que CiU recupere el poder en Cataluña. Un balance vertiginoso, máxime cuando aún no lleva dos años enteros en el Gobierno.
El todavía presidente de la Comunidad Autónoma catalana ha sido presentado por algunos, desde hace años, como el adalid de una nueva forma de hacer política, como alguien original; transversal, se decía. Los que nunca hemos visto clara la componente socialista de Maragall y hemos subrayado su evidente carácter nacionalista, éramos tildados con el catálogo de adjetivos propios de los que se sienten modernos y sacan siempre a colación la necesidad de buscar soluciones imaginativas; saben cómo les digo. Bien. No ha hecho falta una legislatura completa, ni catorce años en el poder, ni 75, como en el caso del PRI mexicano, para comprobar que Maragall es un ejemplo acabado de insolidaridad. Le importa un rábano lo que pase en el resto de España, se le da una higa las consecuencias que para el PSOE pueda traer su carrusel de disparates, le trae al fresco que con sus delirios se pueda romper un sistema de convivencia civilizada, solidaria y armónica que había funcionado razonablemente bien en España en los últimos treinta años. Puesto a afincarse en el delirio, Maragall ha conseguido ser más nacionalista que Pujol, tener menos respeto al resto de españoles que su antecesor y ser aún más antojadizo que el político que puso de moda la desafortunada expresión «hoy no toca», para despejar a córner las preguntas, casi todas, que no le daba la gana de contestar.
No sabemos qué piensa Maragall de la inmigración -¡el asunto más importante que hoy tenemos entre manos!-, cómo piensa organizar la convivencia con las decenas de miles de personas venidos de otros países a su comunidad; gentes con religiones, costumbres, lenguas distintas. No sabemos qué piensa de los edificios que se le caen en las zonas socialmente más desfavorecidas; si cree que la culpa es de la ley de la gravedad, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, con sede en Madrid. No sabemos qué piensa hacer para devolver a su comunidad la vitalidad cultural, el atractivo y encanto que históricamente tuvo para el resto de los españoles. Desconocemos todo lo que piensa Maragall de los ciudadanos realmente existentes, de sus problemas evidentes, de sus afanes, de sus carencias, y nos sabemos al dedillo sus ensoñaciones -y las de sus compañeros de tropa- sobre la patria, la identidad, el ombligo y otras ideas brillantes, tan ajenas a tantos ciudadanos.
Maragall ha montado un juego de palé en el tapete político catalán, se lo pasa bien con este triquitraque, se pone en la cabeza un gorro de papel con forma de barco invertido y se siente Napoleón invadiendo Rusia. Desde su atalaya nacionalista, Maragall se obceca en pasar a la historia, y a este paso lo va a conseguir, pero ya que va hacia el desastre. Que al menos no se lleve por delante al Gobierno socialista.
Comentábamos ayer con bastante cordura en la redacción de este periódico que si el acto de investidura de Santiago Carrillo como Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid se hubiera producido hace tres o cuatro años, no hubiera pasado nada. Es más, con toda probabilidad allí se habrían congregado políticos y representantes de la sociedad civil de todas las tendencias, y en ese espíritu de normalidad democrática y respeto, que durante años hemos venido amasando como fórmula de convivencia gracias al alma de la Transición, Carrillo habría tenido un justo homenaje a su papel clave en ese periodo que puso fin a la dictadura y que, como he dicho en muchas ocasiones, supuso la verdadera victoria de la libertad frente al horror de la Guerra que inició la izquierda en 1934 y acabó el franquismo en abril del 39.
Pero no. Carrillo, que se ha prestado, no se sabe muy bien porqué, al juego suicida de Rodríguez, permitió hace unos meses que un homenaje a su figura se convirtiera en una revisión histórica para volver a enfrentar a “los buenos”, es decir, lo que perdieron una guerra que ellos mismos iniciaron y que hoy se verían reflejados en la izquierda y los nacionalistas, con “los malos”, los que la ganaron y que, según esa misma izquierda, hoy representa el Partido Popular. Nada más falso y más vil. En las filas del PP hay tantos perdedores de esa guerra como los que hay en las del PSOE, y en las de éste tantos ganadores como los que hay en las filas de la derecha liberal. Lo habíamos superado, lo habíamos apartado casi de nuestras vidas hasta que llegó Rodríguez y, de la mano del Pacto del Tinell, volvió a resucitar odios y enfrentamientos.
Porque ese es el origen de todo lo que viene ocurriendo y que podría resumirse en la búsqueda de un orden social radicalmente nuevo a modo de régimen presidencialista, un hedonismo pactista que nos lleva a aceptarlo todo sin condiciones –la última edición ha sido la entrega en bandeja de todas sus exigencias a los transportistas- y un relativismo intelectual y moral de factura casi obscena en lo que a ausencia de principios y criterios se refiere pero, sobre todo, en lo que conlleva de provocación permanente a los que, hoy por hoy, son los únicos garantes del orden constitucional y de la legalidad vigente: en diciembre de 2003, los firmantes del acuerdo que llevó al Tripartito al poder en la Generalitat, el Pacto del Tinel, incluyeron en el mismo una cláusula que impedía a cualquiera de ellos llegar a pactos con el Partido Popular ni en Cataluña ni a nivel nacional.
Merece la pena recordarlo porque nunca en la historia reciente de nuestra democracia se había producido un hecho tan claramente heredero del más puro fascismo, en la medida que éste busca la eliminación del adversario. Esa ha sido, es y será la Hoja de Ruta de Rodríguez: el desahucio del PP. Y para ello está trabajando en dos direcciones, una la del enfrentamiento y el guerracivilismo, y otra la de la ruptura del modelo constitucional. Con la primera pretende identificar al PP con los vencedores de la contienda. Con la segunda proyecta eliminar sus posibilidades electorales en los territorios en los que consiga la victoria del soberanismo independentista. Nada podrá hacer el PP nunca en una Cataluña convertida en nación. Ni en un País Vasco, ni en una Galicia en las mismas condiciones. Y, sin embargo, el PSOE siempre tendrá grupos nacionalistas con los que pactar en las Cortes contra un PP en minoría de escaños.
Pero lograr ese escenario implica llevar al país a un grado de tensión como no se había vivido desde los dos años finales de la República y, desde luego, muy lejos de ese espíritu de concordia que inundó todo el proceso constituyente tras la muerte del dictador, a pesar de las innumerables dificultades con que se abordó y de las muchas, muchísimas concesiones que todas las partes tuvieron que hacer para poder lograr un acuerdo satisfactorio para todos y que contó con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Hoy, Rodríguez se ha convertido en el mayor enemigo del consenso constitucional. Su propia aceptación de la definición de “rojo” le convierte en un ejemplo dogmático de las más bajas pasiones que nos llevaron al enfrentamiento.
El dice que la “derecha” no le ha enseñado nada. Pues bien, gracias a la “derecha” preside un Gobierno democrático. Habría que recordarle que en el pasado de esa izquierda por la que ahora combate no hay ninguna tradición democrática. Que esa “utopía” que según él ilumina su pensamiento político fue el gulag en el que murieron asesinadas millones de personas a manos del sanguinario Stalin. Que ese afán “justiciero” es propio de líderes revolucionarios, los mismos líderes revolucionarios que no han dudado en pasar a cuchillo a todo aquel que osara oponérseles. La democracia liberal es propia de hombres capaces, de defensores de los derechos individuales, de pensadores que hicieron del amor por la libertad una pasión vital. Y Rodríguez no es nada de todo eso. Es, más bien, un lunático narcisista sin escrúpulos.
Gaspar Llamazares ha salido de la Moncloa la mar de contento porque Zapatero le ha dicho que el próximo día 2 va a pronunciar un discurso didáctico para explicar a los españoles lo bueno que es el Estatuto catalán y a los catalanes lo bueno que será retocar ciertos flecos para que todos salgan contentos. Cuando llevamos más de un año hablando y peleándonos por y sobre el Estatuto, ahora se le ha ocurrido a Zapatero y a sus socios catalanes y madrileños explicarnos a los españoles en qué consiste dicho documento y qué grandes ventajas tiene para la unidad de España, la soberanía nacional, la solidaridad y la convivencia ciudadana. Demasiado tarde.
Demasiado tarde e imposible, porque si el Estatuto no se toca romperá al PSOE y si se retoca romperá la coalición catalana que lo soporta, como ya lo ha advertido seriamente CiU. Y demasiado tarde porque a estas alturas en las que el genio del Estatuto ha provocado una bronca nacional y abierto dos crisis, una en el Gobierno y otra en el PSOE, va a ser muy difícil con buenas palabras y profundas reflexiones propias de un maestro ciruelo volver a meter al genio en la botella y tranquilizar a todos los españoles, contentando a la vez al nacionalismo catalán.
Cuando un político tiene que dar tantas explicaciones ante lo que parece tan claro a los ojos de los españoles y a muchos de los dirigentes más notorios de su propio partido, malo. Las explicaciones las debió dar Zapatero antes a sus amigos catalanes con una clase magistral advirtiéndoles de lo que no tiene un pase en Madrid y de lo que no acepta la sociedad. Pero Zapatero, en vez de frenar la cabalgada del genio catalán del Estatuto, se dedicó a jalearlo y a darle alas para que fuera más rápido, más fuerte y más lejos.
Y aquí está, a tan sólo dos semanas de ese gran debate didáctico en el que nos van a enseñar lo bueno que es el Estatuto, la poca importancia que tiene romper la soberanía nacional y la menor importancia todavía que tienen las palabras porque en el fondo, y según el maestro de la Moncloa, todo debería dar igual. Si Asturias se llama Principado, ¿por qué Cataluña no se puede llamar nación? Lo que demuestra que el profesor adjunto de Derecho Constitucional todavía no se ha aprendido la lección que nos quiere explicar porque desconoce el alcance de la palabra nación y, lo que es peor, desconoce al alumnado español y sus sentimientos más profundos, como desconoce la Historia, que la tiene muy al alcance y de la que habla tan a menudo como si el fuera el único que la puede interpretar.
La lección magistral de Zapatero, unida a las diatribas que lanzarán en el Congreso De Madre, Mas y Carod, van a constituir todo un cursillo en el que sin duda alguna los españoles ignorantes vamos a aprender mucho pero no lo vamos a aceptar. No hay explicaciones posibles, y cuanto más largas, técnicas y fantásticas sean, peor. El debate ya está clarificado y será blanco o negro, no cabe otro color.
Ha llegado el momento de plantearse la certeza de lo que pasa y si lo que pasa es lo que parece o, por el contrario, es el desarrollo de una puesta en escena perfectamente orquestada por Zapatero, Maragall y Carod que, como cualquier representación teatral, se compone de una exposición previa seguida del correspondiente nudo para concluir en el desenlace.
Ahora mismo estamos en la segunda fase, enredados en el nudo gordiano que Zapatero, desde la sonriente complacencia en la que habita, dice que va a desatar con una de sus ocho fórmulas mágicas. Hay quienes aseguran que detrás del anticonstitucional Estatuto catalán se esconde una perversa estrategia diseñada para dejar más aislado y solo al PP y que todo, el envío a Madrid del disparatado texto normativo y su posterior reforma en las Cortes para ajustarlo a los cauces de la Constitución, es un montaje pactado en el secreto de la Moncloa durante los encuentros, sin luz ni taquígrafos, de su "sonriente, rojo y feminista" inquilino con Maragall, Carod y Mas.
Sólo así puede entenderse la aparente tranquilidad con la que nuestro presidente por "accidente" insiste en que el desenlace de la controvertida obra que ha ayudado a poner en escena, corriendo con buena parte de los gastos de producción, tendrá un final feliz y dejará a los populares en evidencia. De momento es el líder del PP, Mariano Rajoy , quien cuestiona el fuste y la consistencia política de un Zapatero al que llama frívolo e ignorante por meternos en este berenjenal. Y aunque a ZP le cueste creerlo, sí, el Estatuto catalán sí es un problema de los españoles, por más que intente contrarrestar las críticas calificando de alarmista y catastrofista la justificada preocupación de Rajoy, casualmente compartida por algunos ministros de su Gobierno y bastantes dirigentes socialistas que, como la patronal de los empresarios, coinciden en advertirnos sobre los riesgos sociales y económicos del envite catalán. Mientras tanto esperaremos con razonable inquietud hasta conocer el final de la historia y si ésta fue urdida como una gran farsa o sencillamente fue el fruto de una enorme irresponsabilidad concebida con mucho talante.
Ya vemos que Zapatero, metido a fondo en el barro del Estatuto catalán, le tiene poca afición a España. Le cuesta, o parece, pronunciar su nombre, sentir sus colores, respetar su himno y su bandera. Al bueno de Zapatero le tira ser "rojo", "utópico" y "justiciero de las mujeres", según ha declarado. Y culé, claro. Pero español, en fin… español, también, pero menos. Eso lo lleva peor, él que es un "chico de León", como le llamaba Bono cuando perdió el congreso socialista.
Zapatero, en fin, es un ciudadano del mundo. Por eso ha dicho que su patria es la "libertad" -y el "talante", le faltó para rematar semejante cursilería colegial-, lo cual es una bonita manera de escabullirse para no pronunciar "España", esa palabra maldita aquí y ahora. También se ha permitido ZP, maleducadamente, ponerse de charla y risas con Maragall mientras el otro día, en la cumbre bilateral con Francia, sonaba el himno nacional español. Según las crónicas, Zapatero aguantó bien La Marsellesa, pero se derrumbó al escuchar los sones patrios. Se ve que la cosa no le llama, porque dudo que chafar el himno nacional forme parte del pacto con Carod. Imagino, en todo caso, el asombro del primer ministro galo, tan firme, respetuoso y atento.
Otro gesto para la historia de Zetapé, que, en coherencia con su utopía progresista, ya ni siquiera condena los atentados de ETA. En fin, ya lo sabemos: la patria de Carod es Cataluña, eso lo tiene claro el líder republicano, pero la de Zapatero es la "libertad". O sea, una empanada de mucho cuidado.
Por ese camino vamos. Comprenderá el lector que para cualquier español corriente, con un mínimo de sentido de la patria y amor por la tierra, estos arranques zapateriles les chocan con la inteligencia y la sensibilidad y pueden llegar a molestar. A los chicos del tripartito, socios preferidos de ZP, les parecería seguro una provocación muy seria que cualquier político español se pusiera de risitas mientras suena Els segadors. Zapatero, desde luego, no se atrevería, aunque a muchos españoles de a pie lo del otro día, por el momento, tan sólo nos molesta y nos parece inapropiado. Y no porque lo haga Zetapé, que puede hacer lo que le venga en gana en cuanto individuo y rojo impenitente, sino porque tales detalles tan pueriles proceden nada menos que del titular de la Presidencia del Gobierno, y ahí sí nos crujen las neuronas y los corazones.
Lo peor es que estos gestos, tópicos y escolares, no se quedan sólo ahí. Son el síntoma visible de una política de fondo que enfrenta a los españoles. El "justiciero" se lo toma por las bravas. Basta con echar una mirada alrededor.
http://blogs.periodistadigital.com/alejovidalquadras.php/2005/10/21/nacion_etnica_contra_nacion_civica
Conferencia pronunciada en el Hotel Ritz de Barcelona, jueves 8 de septiembre 2005.
Una nueva amenaza de enorme gravedad se cierne sobre nuestro gran pacto civil, sobre la base ética y política de nuestra convivencia en paz y libertad, una amenaza formidable e inminente en la que, por desgracia, a diferencia de lo que sucedió con motivo del referendo europeo, las dos principales fuerzas, la que actualmente gobierna España y la alternativa que aspira a volver a gobernar, no comparten la misma posición, sino que, por el contrario, mientras una apadrina e impulsa esta iniciativa nefasta, la otra se opone a ella de la manera más enérgica.
A la hora de configurar el futuro de la Unión Europea, los dos grandes partidos actuaron al unísono al servicio de los intereses superiores del Estado, en el trance decisivo de articular el futuro de España, se enfrentan de forma irreconciliable desgarrando con sus discrepancias el cuerpo, a estas alturas ya muy castigado, de la Nación. Estoy convencido de que en esta lucha la razón no está repartida entre los dos bandos que se contraponen.
Ni siquiera de que una porción de la verdad, por mínima que sea, se encuentra del lado del Gobierno y sus aliados. Creo, y lo creo sinceramente, que en el choque de trenes que se avecina una parte acierta completamente y la otra se equivoca sin remisión, que el lado de los que quieren preservar la Constitución de 1978 es el bueno y el de los que quieren dinamitarla es el malo.
Sin matices ni componendas, sin miedo a enunciar las cosas con crudeza, sin tentaciones de ceder a la corrección política, he venido a Barcelona a hablaros bajo mi exclusiva responsabilidad personal, como catalán y como español.
Hay quién milita en un partido porque en sus filas puede defender mejor los principios y valores que considera correctos sin oscilar con las circunstancias cambiantes, hay quién fluctúa con las coyunturas sea cual sea el partido al que pertenece para mejor medrar en política.
Os aseguro que siempre he procurado no pertenecer a esta segunda categoría de responsables públicos. Por eso os he convocado esta noche, porque percibo un peligro muy serio e inmediato y considero mi deber advertirlo.
No hay nadie en este recinto que no sepa a qué amenaza me estoy refiriendo. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no es una reforma ni estructura una Autonomía. Se trata de liquidar el Estatuto vigente para alumbrar un texto aberrante que hace desaparecer el Estado español de esta Comunidad, abre el camino a la secesión, rompe con el espíritu de la transición, destruye la cohesión nacional, vulnera el acuerdo que hace un cuarto de siglo permitió la recuperación de la democracia e invocando una concepción federal transforma España en una Confederación de supuestas naciones inconexas entre sí.
Y para mayor escarnio, los autores de semejante disparate, pretenden que se ajusta a la Constitución. Con este planteamiento, o nos encontramos ante unos ignorantes supinos que desconocen nuestro ordenamiento o nos quieren tomar a los demás por imbéciles. Sin descartar la primera opción, sobre todo en algunos casos particulares bastante obvios, la segunda me parece intolerable y yo, desde luego, no estoy dispuesto a seguirles el juego. Espero que mi intervención lo deje suficientemente claro.
Veamos. Aquí, en este pequeño volumen caben la Constitución española, el Estatuto de Cataluña en vigor y el Reglamento del Parlamento de Cataluña, más los correspondientes índices temáticos. El Estatuto cubre exactamente cuarenta y cuatro páginas en este formato reducido y consta de cincuenta y siete artículos, siete disposiciones adicionales y siete disposiciones transitorias.
El proyecto de reforma del tripartito contiene doscientos dieciocho artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales. En gran formato ocupa cuarenta y seis páginas, es decir, abarca una extensión casi cuatro veces la del Estatuto actual. Pero no sólo son las cifras globales las que resultan llamativas. Consideremos un asunto concreto, uno que los catalanes consideramos, incluso sobresaltados por OPAS hostiles, estrictamente sentimental: las cajas de ahorro.
En nuestra norma autonómica fundamental estas entidades de crédito aparecen mencionadas en el artículo 12, apartado 1, punto 6. Y digo mencionadas con toda propiedad porque lo único que hace el Estatuto vigente es enumerar en el punto 6 del apartado 1 del artículo 12 las instituciones de crédito corporativo, público y territorial y las cajas, sin otra precisión o desarrollo ulteriores. El Estatuto establece que de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalitat, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre cajas de ahorro.
Así de conciso, claro y escueto. Vamos a continuación al proyecto de reforma maragalliano. Las cajas de ahorro merecen un artículo entero, el 117, con una extensión igual o superior a la de muchos artículos del Estatuto del 79.
Es decir, que dos palabras, "caixes d´estalvis", ahora han sido sustituidas por más de doscientas en un precepto que detalla hasta la extenuación todo aquello que corresponde a la Generalitat en este ámbito, órganos rectores, representación de intereses sociales, régimen jurídico de creación, fusión, liquidación y registro, fundaciones, agrupaciones de cajas, cuotas participativas, distribución de los excedentes de la obra social, disciplina, inspección y sanción.
Cuando pienso que uno de los directores generales de la primera caja de Cataluña ha firmado una carta en la que él y otros eximios representantes del mundo económico solicitan a Maragall que llegue a un acuerdo con Mas para que la reforma del Estatuto vea por fin la luz, para que esta reforma del Estatuto se haga realidad, me confirmo en mi apreciación de que el nacionalismo no es un problema únicamente político sino psiquiátrico, en el que el sadomasoquismo juega un papel relevante. De hecho, a los nacionalistas no hay que integrarlos, hay que curarlos, y la mejor terapia que yo conozco para la alteración que padecen es la de choque, o sea, derrotarles en las urnas.
Pero volvamos a las cajas y a su tratamiento en el proyecto de nuevo Estatuto. No falta al respecto un toque surrealista, no en vano Salvador Dalí nació en el Ampurdán y Marcel Duchamp jugaba al ajedrez en las mesas de los bares de Cadaqués.
Si una caja con sede en Cataluña, atención, opera en otras partes de España, la Generalitat tendrá competencia compartida en materia de disciplina, inspección y sanción, con lo que si se produce alguna presunta irregularidad en la gestión de una sucursal de una caja catalana en Madrid, Mérida o Málaga, allá van los inspectores del Conseller Castells junto con los del Banco de España y del Ministerio de Hacienda para poner una nota de eficiencia y seny catalán más allá de nuestras fronteras. La imaginación al poder y embolica que fa fort.
El proyecto llamado impropiamente de reforma está plagado de fantasías oníricas de este tipo y me llevaría varias horas relatarlas aquí. Sin embargo, no me resisto a citar otra, notable por su impulso al autogobierno.
En el Estatuto del 79 el artículo 9 apartado 17 incluye entre las competencias exclusivas de la Generalitat con encomiable y lacónica precisión "pesca en aguas interiores, cría y recogida de mariscos, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre". No hay más.
En el mamotreto nacionalista que nos quieren endilgar, un apartado de dos líneas en un largo artículo se transforma en un artículo entero, el 142, que entra en una lista exhaustiva de pormenores que alcanza hasta el buceo profesional, materia muy adecuada para otorgarle una mención explícita en una norma del bloque constitucional, pero lo realmente novedoso es que la gloriosa ponencia estatutaria atribuye a la Generalitat "la competencia exclusiva en materia de actividades marítimas en aguas interiores y ¡exteriores!", sí, habéis oído bien, no ha sido una alucinación, competencia exclusiva en aguas exteriores.
Pronto tendremos un Conseller de Marina, una escuadra cuatribarrada que surcará las aguas territoriales catalanas a la busca y captura de buzos ilegales, de barcos de pesca que utilicen artes no permitidas y de yates cuyo patrón no tenga la titulación exigida, y una Escola Naútica de la Generalitat de la que saldrán promociones de oficiales de nuestras patrulleras, destructores y submarinos.
Ya veo deslumbrante en su uniforme azul cuajado de entorchados a Miquel Iceta, erguido y marcial, muy puesto en su responsabilidad de Gran Almirantet de la Floteta Catalana de Llevant.
Bien, ahora que ya nos hemos reído un poco, dispongámonos a temblar. Ya he dicho que no estamos ante una reforma estatutaria; el tripartito nos invita al entierro del Estatuto de Sau y a la apertura de un proceso constituyente encubierto con un Estatuto de nuevo cuño que no modifica y perfecciona el del 79, simplemente lo tira a la papelera por inservible y arranca de cero, como si un cuarto de siglo de avance del autogobierno no hubiese servido para nada. Este adanismo desestabilizador y agresivo ha sido calificado, con el cauto lenguaje de los juristas, como "una de esas oscilaciones tan peligrosas para el sistema" por un constitucionalista prestigioso al que el Ministerio de Administraciones Públicas ha solicitado un dictamen sobre la reforma.
En efecto, nuestra arquitectura institucional y las equilibradas reglas de juego que nos dimos a nosotros mismos libremente los españoles en 1978 saltarán por los aires si la reforma nacionalista acaba triunfando. Que el proyecto del tripartito aprobado por la ponencia estatutaria en el Parlamento de Cataluña es inconstitucional no es un objeto de polémica, es un dato objetivo, según han probado con todo rigor tanto el equipo de constitucionalistas y administrativistas contratado por Jordi Sevilla para pronunciarse al respecto como el propio Consejo Consultivo de la Generalitat.
Para que nos percatemos del nivel de irresponsabilidad en el que se mueven los máximos capitostes nacionalistas en estos días, basta recordar que una figura pública tenida normalmente por sensata, como Josep Antón Durán i Lleida, ha declarado con motivo del pronunciamiento negativo del Consejo Consultivo que este órgano "no es más que un instrumento político del PSC" y otra resplandeciente luminaria de la democracia occidental, Francesc Homs, ha remachado el clavo diciendo que las resoluciones del Consejo Consultivo tomadas por mayoría son una expresión "partidista" y que si en el Parlamento catalán hubiera una mayoría nacionalista "el dictamen estaría de acuerdo con las posiciones nacionalistas".
Dejando aparte que si la actual composición del Parlamento catalán no le parece a Homs de mayoría nacionalista, produce escalofríos pensar lo que este energúmeno consideraría una Cámara auténticamente dominada por este color ideológico, suenan todas las alarmas al comprobar que estos pronunciamientos de representantes elegidos de descalificación beligerante de órganos estatutarios clasifican a Cataluña como una república bananera y nos devuelven al ambiente de caos y de desprecio a la legalidad que precedió a la Guerra Civil.
Además, si en Convergencia i Unió impera un clima de este calibre de subversión contra el orden establecido, más vale no imaginar el estado de ebullición revolucionaria que debe reinar en el partido de los independentistas contertulios de asesinos y asaltantes de piscinas privadas.
Pero el Estatuto nacionalista no se limita a ser inconstitucional, que lo es por los cuatro costados. El Consultivo ha apreciado inconstitucionalidad en el sistema de financiación y en la invocación de los derechos históricos para fundamentar determinadas competencias.
El equipo que ha ilustrado al Ministerio de Administraciones Públicas ha apuntado que Maragall nos quiere colar "un sucedáneo de reforma constitucional", un cambio constitucional vía reforma estatutaria sin acudir al proceso que la propia Ley de leyes establece. En otras palabras, el tripartito se propone estafar a todos los españoles y traicionar el espíritu de la transición.
Su proyecto de nuevo Estatuto es más que inconstitucional, es venenosa y arteramente anticonstitucional. La inconstitucionalidad puede derivar de una interpretación errónea de la Constitución que, sin mala intención, conduzca a desbordarla en un precepto específico.
La anticonstitucionalidad, que es lo que practica el tripartito, es algo diferente, es la voluntad maligna y corrosiva de destruir nuestra Ley Fundamental, de demoler el pilar de nuestra paz civil, de nuestro progreso y de nuestra supervivencia como sociedad integrada y solidaria. No es lo mismo derrapar de buena fe en una curva de la Constitución que colocarse a sabiendas contra ella, como hacen Maragall y sus socios secesionistas.
La manera idónea de comprobarlo es leyendo el texto aprobado por la ponencia, de la primera línea a la última, además de las enmiendas presentadas por los distintos Grupos. Yo he coronado este fatigoso ejercicio, que me ha llevado unas cuantas horas, y por eso ahora puedo expresar mi opinión con conocimiento de causa.
Os aseguro que nada de lo que han publicado los medios ni de lo que han declarado los distintos responsables políticos sobre el tema da una idea ni siquiera aproximada de la magnitud del trauma que la aprobación de este Estatuto delirante acarrearía a Cataluña y al conjunto de España. Hay que tenerlo bajo los ojos para creerlo y durante su lectura ha habido momentos en que no sabía si mi incredulidad era superior a mi indignación.
Artículo 191. Tratados y Convenios internacionales. ¿Estáis bien sentados? Pues bien, vamos allá. El Gobierno de España ha de informar a la Generalitat con carácter previo, nada de a toro pasado, con carácter previo, sobre los procesos de negociación de Tratados y Convenios internacionales si afectan a las competencias e intereses de Cataluña. O sea, siempre, porque los intereses de Cataluña como es bien sabido, son universales e infinitos.
Obviamente, el Gobierno de la Generalitat y el Parlament pueden dirigir al Gobierno de la nación las observaciones que consideren pertinentes al caso. Además, la Generalitat ha de participar en las negociaciones de los tratados internacionales que afecten a sus competencias, es decir, en todos. Y si las competencias afectadas son exclusivas, el informe del Parlament será determinante para el Ejecutivo central.
Ya estoy viendo la escena. Entrevista negociadora de Moratinos y Condy Rice. Moratinos: Ms. Rice, this is Mr Puigcercós, whose opinión on our agreement is conclusive. Y Condy Rice: Pleased to meet you Mr. Puig, Puig what? Ah, Puigcercós. Sit down, please. Y Puigcercós: Encantat de coneixer-la. Catalonia is an oppressed nation. Y Condy Rice : I beg your pardon ? En fin, para qué seguir.
Y si, como es lógico, esta prerrogativa se ha de extender a las diecisiete Comunidades Autónomas con el fin de evitar discriminaciones, los encuentros de nuestros Ministros con sus homólogos de otros países para preparar y cerrar acuerdos internacionales se parecerán bastante al camarote de los hermanos Marx. Dato interesante: a este artículo, al que el PP ha presentado, naturalmente, una enmienda de supresión, el PSC no ha presentado ninguna. ¿A qué el tema está peor de lo que lo que nos cuentan?
Artículos 178 hasta el 181. Relaciones de la Generalitat con la UE. Exactamente lo mismo, calcado del 191 con algunos suculentos añadidos. Cuando se convoca una Conferencia Intergubernamental para reformar los Tratados, el Gobierno de la Nación ha de informar y escuchar la opinión de la Generalitat, incorporar a representantes de la misma en la delegación española que negocie con los demás Estados Miembros y en aquellos elementos que afecten a competencias exclusivas de la Autonomía catalana, la posición de la Generalitat ha de ser seguida obligatoriamente por el Gobierno central.
En lo de escuchar a la Generalitat no especifica si el Presidente del Gobierno central ha de hacerlo genuflexo o vale que permanezca de pie respetuosamente inclinado. Además de menoscabar la soberanía nacional hasta extremos inaceptables, la extensión a las diecisiete comunidades autónomas de este procedimiento haría inviable la negociación convirtiendo además al Reino de España en objeto de irrisión ante sus socios comunitarios.
Tampoco hay ninguna enmienda sustantiva del PSC a un esquema tan contrario a la racionalidad jurídica y al funcionamiento eficaz de las CIG europeas.
Supongo que todos estamos de acuerdo, empezando por las organizaciones empresariales catalanas, que en España es conveniente que exista unidad de mercado. Pues bien, en el artículo 144 del proyecto de reforma, Corporaciones de Derecho Público y profesiones tituladas, se asigna a la Generalitat la competencia exclusiva en la determinación de requisitos y condiciones del ejercicio de profesiones tituladas y de acceso al ejercicio profesional, el establecimiento de los derechos y obligaciones de los profesionales titulados y su régimen de incompatibilidades.
Si se contrastan estas disposiciones con el artículo 9.23 del Estatuto actual, plenamente respetuoso con la Constitución, y con los artículos 36, 149.1.30 y 139 de nuestra Ley Fundamental de 1978, se advierte hasta dónde llega la insania intervencionista e inconstitucional del tripartito.
¿Es que un profesional titulado español ha de encontrar obstáculos a su movilidad laboral en el interior de las fronteras de su país? Mientras a nivel europeo se toman medidas para que desaparezca cualquier barrera académica o administrativa para la libre circulación de profesionales, Maragall y Carod deshacen por abajo lo que como miembros de la Unión estamos construyendo por arriba.
En el artículo 150 de la reforma, mercados de valores y centros de contratación, la Generalitat se arroga la facultad de introducir requisitos adicionales a los que imperan en el conjunto del Estado para la admisión de valores negociables, para el régimen de incompatibilidades de los administradores de las empresas de servicios de inversión que operen en Cataluña y para la publicidad en relación a emisiones, agentes y funcionamiento del mercado de valores.
Es evidente que el presidente del Fomento del Trabajo, debido a sus múltiples ocupaciones, no ha llegado a leerse en su totalidad el proyecto de reforma porque si lo hubiera hecho no habría firmado la inaudita carta pidiendo que este bodrio alcance el BOE. Y análoga fragmentación del mercado español encontramos en el artículo 135, Trabajo y Relaciones Laborales, en el 148, Industria y Artesanía, y en el 152, Promoción y Defensa de la Competencia.
Hay un Título concreto del proyecto que merece un recorrido monográfico porque nos proporciona con nítida e indisimulable brutalidad el significado y el alcance de esta operación de eliminación del Estado español en Cataluña y de separación efectiva de Cataluña del resto de la Nación.
Me refiero al Título tercero, sobre el Poder Judicial en Cataluña, que tritura la unidad de la Administración de Justicia en España. Según se prescribe en sus tres capítulos y quince artículos, la Generalitat asume todas las competencias y atribuciones que actualmente residen en el Consejo General del Poder Judicial mediante un órgano de nueva creación, El Consejo de Justicia de Cataluña.
Así, la capacidad de convocar oposiciones, nombrar a jueces y magistrados, fijar las demarcaciones judiciales, abrir y cerrar juzgados, inspeccionar juzgados y tribunales e imponer medidas disciplinarias, corresponde a este organismo cuyos miembros son designados por el Parlamento de Cataluña por mayoría cualificada.
En cuanto al Presidente del Tribunal Superior, a los Presidentes de Sala del mismo y al Fiscal Superior, el Consejo General del Poder Judicial viene obligado a nombrarlos entre los integrantes de una terna que le presenta el Consejo de Justicia de Cataluña o el Gobierno de la Generalitat, respectivamente.
Cualquier aspirante a una vacante de juez o magistrado en Cataluña ha de acreditar un conocimiento suficiente de la lengua catalana, requisito que resulta indispensable para ocupar la plaza.
Disposiciones idénticas se aplican en el artículo 130 a los notarios y a los registros civil, mercantil y de la propiedad. Mismas competencias de la Generalitat abarcando todos los aspectos del funcionamiento de dichos cuerpos, misma obligación del conocimiento de la lengua.
Volem bisbes catalans, volem notaris i registradors catalans, volem jutges catalans, volem mestres catalans, la voluntad enfermiza de cerrar Cataluña a las aportaciones humanas del resto de España, la introversión neurótica y esterilizante que niega la realidad palpable de que la prosperidad material, el dinamismo cultural y hasta la propia supervivencia de la lengua catalana han sido posibles gracias a los flujos masivos de gentes procedentes ayer de todas las regiones de la península y hoy de otros continentes.
Si una sociedad se enclaustra, más pronto que tarde entrará en decadencia consumida por sus carencias porque ningún colectivo humano es autosuficiente. En la era de la globalización, nuestros micronacionalistas desperdician preciosas energías en levantar murallas inútiles frente a una España a la que Cataluña pertenece por historia, por demografía, por interdependencia económica, por vínculos de afecto que son demasiado vivos, demasiado intensos, para ser borrados por operaciones mezquinas de ingeniería social a cargo de un puñado de filólogos de tres al cuarto.
2) La Administración tributaria del Estado se esfuma en Cataluña y la Agencia Tributaria catalana que la reemplaza se "coordina" con ella. Para esta propuesta descabellada valen las mismas observaciones que para la anterior.
4) Las Comunidades, según el tripartito, han de recibir el mismo nivel de servicios públicos únicamente si su esfuerzo fiscal es similar. Se trata de un criterio tramposo y perversamente insolidario con las Autonomías de menor renta. El esfuerzo fiscal, es decir, el porcentaje recaudado en términos de PIB, no es el mismo en un territorio menos desarrollado que en otro más rico, ya que el sistema es progresivo.
En consecuencia, aunque el esfuerzo fiscal de una Comunidad modesta sea inferior al de Cataluña, negarle un nivel equiparable de sanidad, educación y bienestar social a cargo de fondos públicos es una muestra de egoísmo repulsivo y de falta absoluta de conciencia nacional. En mi opinión, éste es un rasgo del modelo diseñado por el tripartito que más claramente pone en evidencia no ya la mofa que de la Constitución hacen Maragall y sus socios separatistas, sino la radical inmoralidad de sus concepciones políticas.
El mero hecho de poner negro sobre blanco semejante abuso representa una provocación peligrosamente desestabilizadora. Uno de los acuerdos tácitos de la transición fue que nadie en el futuro rompería la baraja. Salta a la vista que al tripartito le quedan ya pocos naipes que rasgar.
Queridos amigos y amigas, este Estatuto nacionalista nos conduce a una conclusión tan desoladora como inocultable: en la transición se cometió un error de perspectiva, bienintencionado sin duda, pero letal, y ese error fue confiar en los nacionalistas, asimilar los nacionalismos etnicistas al resto de partidos democráticos, cuando la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que son de una especie distinta.
La Constitución de 1978 se erigió sobre una hipótesis que el tiempo ha revelado trágicamente falsa: la de que los nacionalismos identitarios eran opciones políticas como las demás, que pugnarían por el poder sin romper las reglas, trabajando dentro del sistema, sin quebrar el marco común. Las evidencias se han ido acumulando, pero tras el Plan Ibarretxe y el Estatuto de Carod, negarse a reconocer la imposibilidad de gobernar una Nación con la colaboración de aquellos cuyo objetivo es destruirla o es ceguera o es traición.
a) el social, que trajo el equilibrio de intereses entre capital y trabajo, y que empresarios y sindicatos han respetado
b) el militar, que sometió este estamento al poder civil, y que las fuerzas armadas y las instancias democráticas han respetado
c) el religioso, que separó la Iglesia y el Estado, y que ambos han respetado
d) el de la forma de Estado, que superó la disyuntiva Monarquía-República, y que la Corona y la izquierda nacional han respetado
Este es un hecho doloroso, decepcionante, desesperante, si se quiere, pero real, y vivir de espaldas a esa realidad nos aniquila como sociedad vertebrada. He aquí el gran problema nacional de España en el inicio de siglo XXI, la negativa contumaz y destructiva de los nacionalistas identitarios a incorporarse lealmente a un gran proyecto español cohesionado y plural en el que la diversidad sea respetada y la unidad conservada.
De nada sirve fingir que este mal no nos aflige, actuar como si las cosas fuesen de otra manera, si son como son. Esta incapacidad para enfrentarse a una circunstancia tan incómoda como tangible nos ha deslizado lenta pero inexorablemente hacia la insostenible y delirante situación actual, a saber, el Presidente del Gobierno de la Nación nos comunica que el concepto de nación es relativo, su rama catalana se manifiesta abiertamente nacionalista, su filial vasca ha abandonado la causa constitucionalista, los terroristas se sientan en un Parlamento autonómico y el Gobierno central se mantiene gracias a los independentistas.
¿Adónde hemos llegado, cómo es posible que una grande y antigua Nación europea se vea obligada a soportar tanta vergüenza, tanta indignidad, tanta cobardía de los que, en principio, están llamados a fortalecerla, servirla y hacerla respetar? ¿Qué viscosa mezcla de ignorancia, pusilanimidad, oportunismo, deseo de conservar el poder a toda costa y animadversión sectaria al otro gran partido nacional nos está debilitando hasta dejarnos exánimes?
Nos encontramos en un trance que sólo puede ser calificado como de emergencia nacional. El momento es de extrema gravedad porque la Nación no está amenazada únicamente en su seguridad, en su prosperidad y en su estabilidad, sino en su misma existencia.
Si el Gobierno central y una mayoría en el Congreso de los Diputados avala la creación de una nación étnica en el seno de una Nación cívica, si el artículo primero del proyecto de Estatuto de Cataluña, ese que postula que Cataluña es una nación, haciendo trizas el artículo segundo de la Constitución, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento, se iniciará indudablemente una nueva etapa en la historia de España, la de su desaparición.
Me gustaría compartir con vosotros una idea que considero clave y cuyo olvido o cuya ausencia es la causa del auge de los micronacionalismos secesionistas en nuestro país. La perversidad intrínseca de los nacionalismos de identidad no radica en sus pretensiones soberanistas y separatistas, sino en las bases éticas en las que apoyan esta pretensión. Lo rechazable no es la reclamación de soberanía, lo es principio étnico excluyente y totalitario en el que los nacionalistas apoyan esa pretensión.
Si la soberanía es indispensable para ganar o recuperar la libertad, para implantar el respeto a los derechos humanos, para obtener justicia, para eliminar la discriminación, o sea, para vivir en sociedad de acuerdo con los principios y valores de nuestra Constitución de 1978, bienvenido sea el combate para alcanzarla.
Si se demanda la soberanía para imponer la uniformidad allí donde hay pluralidad, para distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua, la raza, la cultura o las creencias, para atropellar derechos individuales inalienables con el fin de satisfacer imaginarios derechos colectivos, entonces la autodeterminación es sinónimo de tiranía y considerarla un avance democrático una broma siniestra.
Las dificultades que nos agobian en la tarea de consolidar el edificio constitucional construido en 1978 arrancan de la incapacidad por parte de muchos de comprender la verdadera naturaleza del nacionalismo. No hay nacionalismo benigno porque en cualquier conflicto de identidad se genera irremisiblemente una dinámica del odio. El pobre Patxi López intenta curar la septicemia que corroe a la sociedad vasca con dosis moderadas de agentes patógenos activos.
Otros se ufanan de pertenecer a la centralidad política para enmascarar su falta de valor o de convicciones. No se puede prestar mejor ayuda a los nacionalistas que aparentar normalidad en el presente estado de cosas, no se puede facilitar de manera más sumisa su labor disolvente que sentándose durante dieciocho meses en una ponencia parlamentaria que redacta la demolición de nuestro sistema de convivencia sin descomponer el gesto ni levantar la voz aunque las enmiendas que se presenten sean jurídicamente impecables.
En política, el volumen, el tono, el timbre y la orquestación con los que se interpreta la partitura son tan importantes como la música misma. ¿O es que el centrismo consiste en tocar el último movimiento de la Novena de Beethoven con una flautita? Confundir el centrismo con el colaboracionismo me parece una equivocación imperdonable.
Los nacionalistas no interpretan las concesiones como un gesto generoso que ha de ser correspondido, sino como una debilidad del interlocutor que debe ser inmediatamente explotada. La reforma estatutaria del tripartito es una muestra palpable de esta pauta permanente. ¿Qué más hará falta para que algunos se enteren? ¿Quizá una ceremonia de flagelación de Chaves en la plaza de la Maestranza a cargo de Puigcercós?
Los jerarcas metropayeses de Esquerra se han llenado de júbilo porque su Estatuto liberticida devolvía a Cataluña a sus tiempos dorados anteriores a 1714. Logro notable, el regreso al Antiguo Régimen ¿Contemplan también estos encendidos patriotas la recuperación alborozada de la higiene, la medicina, las comunicaciones y los medios de transporte del siglo XVII?
Al fin y al cabo, Carod se vanagloria de que no tiene carné de conducir, pero, que se sepa, no ha rechazado el coche oficial ni el teléfono móvil a cargo de los impuestos cedidos ¿Sienten nostalgia por las aduanas interiores, por el absolutismo, por la proliferación de monedas, por el tribunal de la Inquisición? Quizá sí, teniendo en cuenta que ya han puesto en marcha oficinas de delación lingüística.
En definitiva, amigos míos, el Estatuto del tripartito es la culminación de veinticinco años de abdicaciones, ingenuidades, errores estratégicos, relativismo ético, cesiones a las urgencias cortoplacistas y debilidad conceptual de unos y de otros, y ahora el monstruo ha crecido hasta alcanzar proporciones difícilmente manejables.
Sin embargo, hay que conservar la esperanza y mantener el ánimo porque las mayorías efectivas no coinciden necesariamente con las mayorías reales, aunque éstas se encuentren temporalmente desactivadas.
Yo os invito a la movilización a favor de la Nación española definida por nuestra Constitución de 1978, una comunidad moral y racional de hombres y mujeres libres que los nacionalistas quieren degradar a hervidero de tribus hostiles entre sí, yo os insto a no ceder a la tentación del conformismo ni de la indiferencia, a recuperar el espíritu combativo que electrizó Cataluña en la primera mitad de los noventa del pasado siglo.
Afortunadamente disponemos del instrumento político adecuado para esta misión urgente e insoslayable y no hay que inventar ninguno nuevo, sobre todo porque ante un enemigo formidable no hay nada peor que la dispersión de esfuerzos. Después de todo, el nacionalismo no es más que la solución imposible a un problema inexistente.
Pongamos fin a los complejos, las tácticas miopes, los seguidismos vergonzantes y las maniobras de salón para volver al combate a pecho descubierto, orgullosos de nuestro credo y de nuestras siglas. Y no olvidéis una cosa, que os digo por experiencia. No existe peor melancolía que la que produce un trabajo dejado a medio hace
por Luis del Pino Libertad Digital 21 Octubre 2005
6.2: “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber”.
Era realmente difícil superar, en su abuso, la frase famosa del artículo 3 de la Constitución española: “Todos los españoles tienen el deber de conocerla [la lengua española] y el derecho de usarla.” Es una frase absurda, inaudita, herencia clara del franquismo y su criminal prohibición del uso de determinadas lenguas españolas. No debió transmitirse a la Constitución esa rémora, ese gen enfermo e inútil. No sólo por el “deber”. Sobre todo por el “derecho”. ¿Un derecho hablar una lengua? ¿Tienen los españoles “derecho” a hablar inglés o tagalo? Si se especifica el derecho a hablar español se sobrentiende que vacila el derecho a hablar tagalo. Probablemente lo que la Constitución quería decir (con la alianza entre el deber y el derecho) es que todos los españoles tienen el derecho a ser entendidos y atendidos en cualquier lugar de España, hablando español. Pero ni siquiera es capaz de decirlo: el deber de conocer una lengua no va más allá de la potencia. Para entender y atender hay que añadir voluntad, acción, al conocimiento. El legislador no llegó. Él sabrá.
Desde este punto de vista la redacción del Estatuto catalán no tiene ninguna importancia. A pesar de que amenacen con sacar la porra: “Los poderes públicos... cumplimiento de este deber”, el muñidor naufraga en el mismo limbo. Ahora bien: merecen destacarse dos rasgos. El primero es la facilidad con que el muñidor, a la hora de la porra, reconoce que las lenguas las hablan las personas y no las piedras. El muñidor no escribe: “Cataluña tiene el derecho de utilizar y el deber de conocer...”, como en 6.1 escribía: “La lengua propia de Cataluña es el catalán”. Y ahora fijémonos en lo que escribe. En el sujeto obligado: “¿Los catalanes?”. ¡No! Los catalanes es un sujeto de derechos y de deberes vacilante. “¿Los nacidos en Cataluña?” Hummm... ¡No! Tendría que escribir los bien nacidos y no sería chic, y sobre todo no serían muchos. ¿Quién es entonces el ente o piedra pómez obligado a conocer y con el derecho de usar? Atención, fuera los niños: “Todas las personas en Cataluña”. Está bien. Nunca hubo artefacto que definiera mejor la autofagia. Y hasta qué punto la lengua nacionalista es el pasaporte de la raza. No toquen tierra catalana si no conocen la lengua. Níveos pilotos de avión o negros peones de andamio. Qué duda cabe de que no hay una sola frase en el Estatuto que pueda promulgarse. Pero su valor como Informe General sobre Cataluña es ya inextinguible.
COMO ustedes recordarán, cuando el huracán Katrina devastó Nueva Orleáns, surgieron voces -en Cataluña y en el resto de España- que criticaron no sólo la tardanza de la Administración Bush para hacer frente a la catástrofe, sino que, tout court, cuestionaron el modelo norteamericano. Y hubo incluso un dirigente socialista catalán -en concreto, el Primer Secretario de la Juventud Socialista de Cataluña- que publicó un artículo en el que mostraba un fino sentido del humor cuando afirmaba lo siguiente: «Que no se repita la situación de Nueva Orleáns en otros lugares sólo está en manos de les políticas sociales y, por tanto, de la ampliación constante del Estado del bienestar, y el Estatuto ha de servir principalmente para alcanzar estos objetivos». De estas palabras se de deduce que si Estados Unidos tuviera Estatuto la catástrofe de Nueva a Orleáns no se hubiera producido. Y en eso que hace una semana en Cataluña empezó ha llover. No hablo de un huracán, sino de lluvias de doscientos cincuenta litros por metro cuadrado. Y en eso que en Cataluña las rieras se desbordan, los vehículos quedan atrapados en las carreteras, se producen desprendimientos de tierras, caen muros, las viviendas se inundan, el metro se convierte en una piscina, los quirófanos se clausuran por culpa de las goteras, las playas desaparecen, y las escuelas se cierran. Y por si fuera poco, cae un edificio en Piera y mueren cinco magrebíes.
Y yo que no entiendo nada. A ver, ¿no ha había dicho el Primer Secretario de la Juventud Socialista de Cataluña que con un Estatuto eso no pasaría? ¿Quizá los catalanes no disfrutamos de Estatuto de Autonomía? Por tanto, esas cosas que pasan en Estados Unidos -país pérfido en el que reina el capitalismo liberal más descarnado y que, además, no tiene Estatuto-, en Cataluña no deberían pasar. Pero, el caso es que lo que se dice pasar, esas cosas pasan en Cataluña. Y ello pese a tener -insisto en la cuestión- Estatuto de Autonomía. Y no les digo qué pasaría si a Cataluña llegara un día un huracán despistado de grado cuatro o cinco. Noten el detalle: las víctimas del hundimiento de Piera son magrebíes. O lo que es lo mismo, miembros de una minoría étnica, social y cultural. La cosa se presta a la reflexión si tenemos en cuenta que, cuando lo de Nueva Orleáns, a l´Administración Bush se le criticó la discriminación que supuestamente sufrieron los miembros de la minoría negra que, en el caso de la Luisiana, son una mayoría. ¿Quizá en Cataluña, a pesar de tener Estatuto y Estado del bienestar, se discrimina también a las minorías y por eso llevan la peor suerte con hundimiento de vivienda incorporado?
En las catástrofes naturales, lo imprevisible juega su baza. Pero, en el caso de Cataluña, lo imprevisible es perfectamente previsible si tenemos en cuenta que las lluvias torrenciales llegan cada otoño al litoral con puntualidad británica. Pese a ello -año tras año-, las rieras siguen desbordándose, las playas siguen desapareciendo, las viviendas siguen inundándose, y algunos servicios públicos son lo más parecido a un estanque. Pasan los años, sigue lloviendo, y la cosa continúa igual. ¿Qué hace el Govern? Consulto el ABC de los días posteriores a la lluvia y tomo nota de los intereses de nuestros gobernantes: Maragall tiende la mano a los nacionalistas de País Vasco y Galicia, el canon del agua subirá un 6, 8 por ciento en 2006, la Generalitat considera cumplido un 75 % del Pacto de Competitividad, concurso para adjudicar las pensiones de 140.000 funcionarios, el Govern reclama las reliquias de Compnays, el Estatut politiza el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos cierran un acuerdo sobre el reglamento del Parlament. Esas cosas, sin duda, son muy importantes -sobre todo la reliquia de Companys-, pero uno echa en falta que se tomen medidas para evitar que en otoño de 2006 vuelva a ocurrir lo de cada año. Por mi parte, cuando acabe este artículo, consultaré el proyecto de nuevo Estatuto: seguro que ahí está la solución.
“POR LA UNIDAD DE ESPAÑA: por la igualdad Y LA solidaridad de todos”, que tendrá lugar en Madrid en la Puerta del Sol, el sábado 5 de noviembre de 2005, a las 12,30 horas, en el que queremos proclamar que:
La Constitución de 1978 debe seguir siendo el marco de nuestra convivencia. Sólo debería ser modificada, llegado el caso, por un proceso explícito para su reforma y no forzado unilateralmente desde una Comunidad Autónoma. La única soberanía y poder constituyente reside en el pueblo español, representado en las Cortes Generales.
Es obligación del Gobierno de la Nación y de las Cortes Generales hacer fracasar cualquier intento que pretenda debilitar España y en esta tarea se verán respaldados por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y por el movimiento cívico que ha surgido en toda España desde las Jornadas de Ermua de 1997.
El “Manifiesto por la Unidad de España: por la igualdad y la solidaridad de todos” podrá suscribirse por todos los ciudadanos que lo deseen a partir del 5 de Noviembre en: www.foroermua.com

References: resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 149
 artículo 9

Artículo 191
 artículo 144
 artículo 9
 artículo 150
 artículo 135
 artículo 130
 artículo 3