Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-576066346
Timestamp: 2019-10-14 08:34:41+00:00

Document:
STC 90/2015, 11 de Mayo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 576066346
Número de Recurso: 393-2014
JUSTICIA GRATUITA. La denegación del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita se hizo, por tanto, sin examinar la verdadera situación económica de la recurrente y sin comprobar la concurrencia de los requisitos legales que condicionan su otorgamiento, conforme a lo previsto en el art. 3 LAJG, invocando como única razón para fundamentar tal denegación el hecho de que no había sido solicitado su reconocimiento en primera instancia. Se estima el amparo.
Sentencia citada en: 70 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
Mediante escrito registrado el día 7 de mayo de 2014, tras la oportuna designación de Abogado y Procurador del turno de oficio, doña Sonia López Caballero, Procuradora de los Tribunales y de doña María del Carmen Pérez Aguilar, interpuso recurso de amparo frente a la resolución a la que se ha hecho mención en el encabezamiento.
El recurso de amparo se fundamenta en la alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24.1 CE, en su manifestación de derecho de acceso al recurso, en relación con el art. 119 CE, al denegarle el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para interponer recurso de apelación, a pesar de encontrarse en una situación de insuficiencia de recursos económicos para litigar, con el argumento, a su juicio inconstitucional, de que debió solicitar el beneficio al inicio del proceso, en primera instancia. Denuncia que el Juez a quo no llevó a cabo una interpretación del art. 8.2 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (LAJG) de acuerdo a los mencionados arts. 24.1 y 119 CE. Según argumenta en la demanda, solo hay una forma de interpretar el mencionado art. 8 LAJG, que cuando no se tenga derecho en primera instancia, si se solicita de nuevo en la segunda o posteriores, habrá que justificar que se ha venido a peor fortuna, pero que, si el derecho se tenía en primera instancia, aunque no se haya solicitado, si se pide en segunda instancia, ex art. 119 CE, en su segundo inciso, se deberá otorgar dicho beneficio. Interpretación esta última que resulta respetuosa con el derecho constitucional invocado. Por otra parte, concluye afirmando que sería absurdo que se obligue a solicitar la justicia gratuita desde el inicio, con el gasto que ello comporta para la Administración, a quien tiene derecho a ello pero que, sin que le cause una merma económica, puede litigar, a lo que aboca la resolución impugnada.
Por providencia de 9 de octubre de 2014, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda y, puesto que constaban en autos copia adverada de las actuaciones del procedimiento de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita núm. 595-2013, se acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), interesar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Quart de Poblet que emplazara a quien hubiera sido parte en el procedimiento. Asimismo, se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, que finalizó mediante Auto denegatorio de la suspensión solicitada de fecha de 15 de diciembre de 2014.
Mediante escrito de 12 de noviembre de 2014, el Letrado de la Generalitat Valenciana, se personó en el presente proceso.
El Letrado de la Generalitat Valenciana cumplimentó el trámite conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de enero de 2015, interesando la denegación del amparo solicitado.
La parte recurrente formuló sus alegaciones mediante escrito de 22 de enero de 2015, reiterando los argumentos expuestos en la demanda de amparo. Aporta copia de una resolución de fecha posterior a la interposición del recurso de amparo, mediante la que se le otorga el beneficio de justicia gratuita a otra persona para interponer recurso de apelación en otro procedimiento diferente, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la discriminación sufrida en el proceso del que trae causa el presente recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite con fecha 22 de enero de 2015, interesando la estimación de la demanda. Recuerda en primer lugar la consolidada doctrina constitucional sobre la gratuidad de la asistencia jurídica consagrada en el art. 119 CE. Considera que el caso sometido a enjuiciamiento constitucional resulta novedoso, al no haber sido abordado directamente con anterioridad por este Tribunal.
Es objeto del presente recurso de amparo la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valencia de 25 de julio de 2013, denegatoria del beneficio de justicia gratuita solicitada por la recurrente, así como el Auto de 19 de diciembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Quart de Poblet, desestimatorio del recurso planteado contra la resolución señalada.
Antes de entrar a analizar el fondo del problema planteado, debemos concretar cuál es el acto que, en su caso, habría ocasionado la lesión aducida. Como acertadamente ha manifestado el Ministerio Fiscal, la lesión solamente ha podido ser ocasionada por el acto o resolución que denegó el beneficio de justicia gratuita solicitado, es decir, la resolución dictada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia; la resolución judicial, solo de manera indirecta al no reparar la vulneración denunciada puede considerarse objeto del presente recurso de amparo. Así lo hemos recordado recientemente en la STC 118/2014, de 8 de julio, FJ 2, al afirmar que “la LAJG (1996) en su propósito de ‘desjudicialización’ del procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ha atribuido esta función a un órgano administrativo, dependiente de la Administración del Estado o, en su caso, de las Comunidades Autónomas y regido en su funcionamiento por las normas que regulan el procedimiento administrativo. Se trata, según esa ‘exposición de motivos’, de un servicio público, dispensado fundamentalmente por los Colegios de Abogados y de Procuradores, en el que los jueces tan solo intervienen en la fase de recurso judicial contra las decisiones adoptadas por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita respecto del reconocimiento o no del derecho a la asistencia gratuita. Esta competencia administrativa de reconocimiento del derecho…no consiste propiamente en una función de auxilio y colaboración con la función jurisdiccional llevada a cabo por los Jueces y Tribunales, sino que su objeto inmediato y directo es la garantía de un interés particular de los ciudadanos y sólo mediata e indirectamente coadyuva a la realización de la función jurisdiccional en sí misma considerada.”
Una vez delimitado el acto o resolución objeto del presente recurso de amparo, es necesario delimitar los derechos fundamentales en juego. A la vista de las alegaciones efectuadas, nos encontramos ante un problema constitucional que se encuadra en el derecho a derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos, en íntima relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocida en el art. 119 CE.
Llegados a este punto, debe anticiparse que el examen que nos compete se limita a fiscalizar la interpretación realizada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia del art. 8.2 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (LAJG), en base al cual denegó la solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita, y no si la demandante reunía o no las condiciones para obtener el beneficio solicitado.
Reconocer el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, en su vertiente del derecho a los recursos legamente previstos, en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia, art. 119 CE.
Restablecer su derecho y, a tal fin, anular la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia de 25 de julio de 2013, núm. 595-2013, denegatoria del beneficio de justicia gratuita solicitada por la recurrente, así como el Auto de 19 de diciembre de 2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Quart de Poblet, desestimatorio del recurso planteado contra la resolución señalada.
Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse la primera de las mencionadas resoluciones para que se dicte otra respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos.
STS, 3 de Junio de 1980

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