Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321392.html
Timestamp: 2019-03-19 19:12:40+00:00

Document:
as201321392
Auto Supremo: 392/2013
Expediente: CB–51–13–S
Partes: Cristhian Zurita Gandarillas c/ David Adolfo Gandarillas Zubieta
Ana María Gandarillas Zubieta
Proceso: Cesación de tutela, rendición de cuentas y otros.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 300 a 302 y vlta., interpuesto por David Adolfo Gandarillas Zubieta, contra el Auto de Vista REG/S.CII/ZGC/ASEN.08/29.01.2013 de 29 de enero de 2013, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso ordinario de rendición de cuentas y otros, seguido por Cristhian Zurita Gandarillas, en contra del recurrente y otra, la concesión de fs. 326 vlta., los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Cuarto en lo Civil, dicta la Sentencia con Ptda. Nº 086 del Libro Nº 104-5 de 23 de diciembre de 2011 que cursa de fs. 246 a 250, declarando probada la demanda de fs. 27 a 30 de obrados, disponiendo la cesación de la tutela otorgada en favor de los demandados, por consiguiente ordena la entrega y restitución del departamento 1-B del primer piso del Edificio MILANO en favor de Cristhian Zurita Gandarillas, y que David Adolfo Gandarillas Zubieta y Ana María Gandarillas Zubieta, en ejecución de Sentencia rindan cuentas de su gestión como administradores del departamento descrito, ordenando que en ejecución de Sentencia se averigüe los daños y perjuicios ocasionados por los demandados.
Dicho fallo es recurrido de apelación por David Adolfo Gandarillas Zubieta de fs. 254 a 259 y Ana María Gandarillas Zubieta de fs. 272 a 275 y vlta., que fue resuelta mediante Auto de Vista de fs. 294 a 296 por el que confirma la Sentencia apelada, que a su vez es impugnada de casación por el recurrente, objeto de análisis y estudio.
De la desordenada redacción y falta de sistematización en la redacción del recurso se extrae los puntos siguientes:
1.1- Señala que al confirmase la Sentencia impugnada le causa agravios, por lo que se ve en la obligación de interponer recurso de casación en la forma prevista por el art. 250, 254-4), 255-1), 257, 258 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que tanto el Juez A quo como el Tribunal de segunda instancia, le causa agravios al confirmar la Sentencia en la que se presumen montos o importes de dineros que debe cancelar al demandante e inclusive sobre daños y perjuicios, que su persona no ha causado.
1.2.- Sostiene que los errores del A quo, como del Ad quem, tiene relación con la interpretación errónea, de las normas que hacen al instituto de la tutela, el discernimiento de la misma y su terminación o extinción, además de la rendición de cuentas o informe de la gestión, que debió formularse ante los tribunales del menor, en los términos del art. 53 de la Ley Nº 2026 y art. 287, 440 al 444 del Código de Familia, casos que prevén los casos de terminación o extinción de la tutela y los de cesación a cargo del tutor, en lo particular de los arts. 324 y 325 del Código de Familia, de donde resulta que el Juez ha actuado sin competencia para resolver la tutela.
Sostiene que respecto a la aplicación del principio Iuria Novit Curia, el Juez ha incurrido en error al apreciar los fundamentos de derecho, que ha confundido los institutos que corresponde a otra competencia, por lo cual la demanda resulta ser improcedente, debiendo anularse obrados hasta el momento de proveerse la demanda, incurriendo en lo contrario en la sanción contenida del art. 122 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil.
1.3.- Señala asimismo que la Sentencia y Auto de Vista, vulnera las disposiciones de los arts. 187 y 236 de Código de Procedimiento Civil, porque no tiene sustento en disposiciones legales sustantivas y se encuentran basadas en apreciaciones unilaterales subjetivas, sin respaldo de pruebas sobre el ejercicio aparentemente indebido o irregular de la tutela.
Manifiesta que con relación a los daños y perjuicios que no han sido demandados, resultando oficiosa la condena por parte del Juez de instancia, situación ratificada o confirmada por el Ad quem, en contravención del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, tampoco han sido establecidos menos probados o demostrados por la parte demandante, por lo que la Sentencia y Auto de Vista contravienen el principio de congruencia, fallo de primera instancia que debía recaer sobre los puntos demandados, probados y demostrados.
2.1- Conforme al art. 254-4 del Código de Procedimiento Civil, sostiene que los actos precedentemente señalados fueron reclamados ante el Tribunal de apelación, y que no hubieran sido objeto de pronunciamiento, habiendo merecido una simple referencia de no ser evidentes, sin explicaciones mayores de la causa, razones o motivos por los que el Tribunal considera que los agravios y fundamentos expresados en el memorial del recurso no fueran evidentes.
Citando al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, refiere que el Auto de Vista en el segundo considerando, efectúa una simple mención de que “no siendo evidentes los argumentos esgrimidos por los apelantes como agravios en su escrito de apelación…”, sin referir las razones por las cuales no sean evidentes tales agravios.
Citando al doctrinario Carlos Morales Guillén, manifiesta que la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquel debe tener con los extremos de la apelación, así la Resolución impugnada, no se refiere a los puntos apelados, por lo que se deduce que los puntos apelados no han sido resueltos y trascribe jurisprudencia contenida en la G.J. Nº 1251, pág. 29, Nº 1357 pág. 32, Nº 1591 pág. 36, Auto Supremo Nº 208 de 5 de septiembre de 1979, y Auto Supremo Nº 83 de 30 de mayo de 1980.
Por lo que solicita conforme al art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, pronunciar Resolución casando o anulando el Auto de Vista disponiendo que el Tribunal de apelación dicte nuevo fallo conforme a los recursos de apelación.
Tomando en cuenta la sintetización de las presuntas infracciones expuestas en el recurso se pasa a absolver el mismo, en forma correlativa a los expuestos en el considerando II, en la forma siguiente:
1.1.- Respecto a que al hecho de que al confirmarse la Sentencia impugnada le causaría agravios, en la que se presumen montos o importes de dinero que debe cancelar, no señala mayor argumento, máxime si aludiendo normas que regentan el recurso de casación en la forma, en ese apartado, no se expone cual la infracción sufrida, en la que obligatoriamente debía describir cual el vicio de procedimiento, cual el perjuicio razón por la cual este Tribunal no puede manifestarse al respecto, en vista de la regla contenida en el art. 17 parágrafo II de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, que textualmente señala: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.
1.2.- (De la infracción acusada).-
En cuanto a los errores del A quo, como del Ad quem, respecto a que la causa de la tutela, el discernimiento de la misma y su terminación o extinción, además de la rendición de cuentas o informe de la gestión, que debió formularse ante los tribunales del menor, conforme al art. 53 de la Ley Nº 2026 y art. 287, 440 al 444, y arts. 324 y 325 del Código de Familia, en la que se alega que los jueces han obrado sin competencia y que al aplicarse el principio de IURA NOVIT CURIA, a la presente causa, se hubiera incurrido en la sanción prevista en el art. 122 de la Constitución Política del Estado; consecuentemente, siendo que el factor de la competencia de los jueces de instancia, es la que se encuentra en tela de juicio, se emite el razonamiento expresado en las líneas siguientes:
1.2.1.- (De los actos procesales).-
Lo relevante del escrito fundante de la pretensión de fs. 27 a 30, se extrae que Oscar Julio Zurita Pereira, adjuntando documentación pertinente, alega que es padre de Cristhian Zurita Gandarillas, (menor de edad al momento de interponerse la demanda), indicando que al deceso de la madre del menor, Aydee Virginia Gandarillas Zubieta, los abuelos de Cristhian (padres de la difunta), hubieran mandado adquirir en favor del menor, un departamento en el Edificio Milano signado con el 1-B primer piso y parqueo N° 12 y sótano II, e inscrita en la oficina de Derechos Reales, y que en el título de la adquisición figura en la cláusula décima que el abogado, (quien adquirió el inmueble por instrucción de los abuelos del menor), que designa como tutores para la administración del departamento a los señores Ana María y David Adolfo Gandarillas Zubieta (tíos del menor y hermanos de la causante); señala que Ana María y David Adolfo Gandarillas Zubieta, administran y usufructúan el inmueble, alquilando para su provecho el mencionado inmueble, en desmedro de los intereses patrimoniales de su hijo y no han rendido cuentas de los ingresos del inmueble, por alquileres y frutos de la mencionada propiedad, dicha demanda fue dirigida ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, y fundando su acción en base a los arts. 174 inc. 3), 251, 258, 267 del Código de Familia.
Una vez presentada la misma ante la Unidad de Sorteo y distribución de causas del Concejo de la Judicatura, y sorteado el mismo, recayó ante el Juez 1ro. de Partido de la Niñez y Adolescencia, quien luego de admitir la causa citó a los demandados y posteriormente declaró procedente la excepción de declinatoria de competencia (Auto de fs. 61 y vlta.) formulada por David Adolfo Gandarillas Zubieta, y el proceso fue remitido para su distribución y posteriormente radicó ante el Juzgado de Instrucción 10 en lo Civil (fs.68), en el cual el Sr. David Adolfo Gandarillas Zubieta interpuso memorial de oposición (fs. 77), solicitando que el mismo sea remitida ante el Juez de Partido de turno en lo Civil, en base al mismo se dictó el Auto de fs. 78, dispuso que el proceso sea remitido ante el Juez de Partido de la misma materia, radicando el mismo ante el Juzgado de Partido Cuarto en lo Civil, y que ante dicho despacho se llegó a sustanciar la causa, en la que no se observó la situación de la competencia del Juez civil para conocer la situación de la cesación de la pseudo tutela pretendida en la demanda principal, en síntesis se ha accionado por cesación de tutela, rendición de cuentas de la administración de bienes, la devolución de los bienes reclamados y la condenación de costas, daños y perjuicios.
1.2.2.- (De los principios que rigen la administración de justicia).-
El art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, vigente desde el 7 de febrero de 2009 señala: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, parte de estos principios anteriormente ya fueron interpretados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0010/2010-R, de 6 de abril de 2010, en la que dedujo lo siguiente: “Por otra parte, debe señalarse que es la propia Constitución la que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en los principios de eficacia, eficiencia y verdad material. El primero de ellos (eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material. El segundo, (eficiencia), persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos”, conforme a ello la administración de justicia, debe emitir sus fallos velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y velando porque los procesos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales, como se encuentra en el tenor de dicho fallo constitucional.
Por otra parte, se tiene la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que desde su vigencia anticipada, de 24 de junio de 2010, ha regentado la administración de justicia conforme a los principios descritos en dicha norma contenidos en el art. 30 que señala lo siguiente: “(PRINCIPIOS). Además de los principios esenciales y generales del Órgano Judicial, la jurisdicción ordinaria se sustenta en los siguientes… 7. EFICACIA. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia. 8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal”, dichas normas también señalan que la administración de justicia se regenta bajo los principios de eficiencia y eficacia, que resultan ser la base para el contenido de la Resolución, sobre la acusación en particular en este punto.
1.2.3.- De la sustracción de materia.-
En nuestra legislación, en el Libro Primero Título VI, se encuentra consignado la extinción extraordinaria del proceso, así consta del desistimiento (que engloba al retiro de la demanda, el desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho y los desistimientos de los recursos), también consigna a la perención y la transacción, cada una con requisitos y tratamientos peculiares, no está lo que en la doctrina se denomina como la sustracción de materia, como forma extraordinaria de conclusión del proceso.
1.2.4.- Del caso concreto y la acusación de incompetencia.
Conforme a la acusación de que si el Juez civil fuera competente, para el conocimiento de las causas de cesación de tutela y rendición de cuentas corresponde señalar los siguientes puntos:
a) La demanda de fs. 27 a 30 conlleva varias pretensiones en forma conjunta (no subsidiarias o accesorias de la pretensión principal), así el actor, Oscar Julio Zubieta Pereira, impetra la cesación de la pseudo tutela concedida a los demandados, David Adolfo Gandarillas Zubieta y Ana María Gandarillas Zubieta, arguyendo que el actor tendría la patria potestad de su hijo Cristhian Zubieta Gandarillas, al respecto corresponde señalar que la tutela, siempre es otorgada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, conforme a lo previsto en el art. 53 de la Ley Nº 2026 Código del Niño, Niña y Adolescente, así el art. 51 de la referida norma conceptualiza a dicho instituto como: “La tutela es la potestad que por mandato legal, se otorga a una persona mayor de edad, a efectos de proteger y cuidar a un niño, niña o adolescente, cuando sus padres fallecen, pierden su autoridad o están suspendidos en el ejercicio de ella, con el fin de garantizarle sus derechos, prestarle atención integral, representarle en los actos civiles y administrar sus bienes”, aspecto que conforme a los datos del proceso no ha ocurrido, no se ha generado la disposición de la tutela, por dos razones secuenciales: la primera porque el progenitor del menor Cristhian Zubieta Gandarillas, continúa con vida, y la segunda porque no ha mediado orden judicial que haya dispuesto la tutela; por estas razones es que el actor inicial, no requería acudir a la vía judicial para solicitar una cesación de tutela, que en su entender extrañamente considera que fuera conferida mediante el documento de compra venta del departamento efectuado en favor de su hijo, Cristhian Zubieta Gandarillas, aspecto totalmente errado, pues el hecho de continuar con vida, por efecto de la ley, en lo particular del art. 151, 158 y 265 del Código de Familia, el actor sin necesidad de ingresar a dilucidar juicio, por imperio de la ley se encuentra con la facultad de ejercer su autoridad paternal, obviamente esto sin que exista limitación de ese su ejercicio de autoridad, como la extinción, pérdida y suspensión conforme a la Ley Nº 2026, por lo que se dirá que esa pretensión de por sí no tenía razón de ser propuesta.
Sin embargo de ello, se ha sustanciado dicha pretensión, primero ante el Juez de la Niñez y Adolescencia y posteriormente a petición del ahora recurrente, ante los jueces en materia civil y comercial; esto no implica un reconocimiento de la competencia de las autoridades judiciales en materia civil, sino que al presente conforme al certificado de nacimiento de Cristhian Zubieta Gandarillas, se evidencia que su nacimiento data de 4 de diciembre de 1.992, quien hubiera adquirido la mayoría de edad, al 4 de diciembre de 2010, momento desde la cual Cristhian Zubieta Gandarillas, ya podía ejercer los actos de su vida civil en forma independiente por contar con la capacidad de obrar, establecida en el art. 4 del Código Civil, modificado por la Ley 2089. Consecuentemente, se dirá que en la presente causa ha operado la sustracción de materia, pues si el actor, Oscar Julio Zurita Pereira, pretende la cesación de la tutela argumentado que el fuera quien tiene la patria potestad, respeto a su hijo, Cristhian Zubieta Gandarillas, por la mayoría de edad que hubiera adquirido el mismo, la presente causa no tiene razón de dilucidarse, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento si el Juez Civil, fuera competente o no para el conocimiento de la presente causa, por lo que cualquier reclamo sobre la competencia del Juez Civil para el conocimiento y sustanciación de la cesación de la tutela, al presente no reviste de trascendencia, como para buscar una anulación procesal, o que al forzar una anulación procesal, la misma estaría en contraste con el principio de eficacia previsto en el art. 40 numeral 7 de la Ley Nº 025, que debe buscar la practicidad de una Resolución judicial y que dicha Resolución pueda ser efectiva, ya que al presente por la mayoría de edad de Cristhian Zubieta Gandarillas, la tutela o su modificación a la fecha ya no podrá ser debatida.
b) El segundo reclamo sobre el factor de la competencia radica en el sentido de haberse sustanciado una rendición de cuentas, conforme el art. 330 del Código de Familia que señala lo siguiente: “(Rendición de cuentas). El tutor al extinguirse la tutela o cesar en el cargo, está obligado a rendir cuenta circunstanciada de su administración ante el juez tutelar”, esta es la regla general, para la que el que hubiera sido declarado tutor, tenga la obligación de rendir cuentas sobre la tutoría, como se dijo en el parágrafo que antecede, la tutela, para ser considerada como tal necesariamente debe ser dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia, y como consecuencia de ello obviamente vendrá la rendición de cuentas que deba de ser efectuada ante el Juez que dispuso la tutela.
También corresponde citar el art. 342 del Código de Familia que señala lo siguiente: “(Gestión oficiosa de la tutela). El que asuma oficiosamente la gestión de una tutela responde de los actos que realice como si fuera tutor. Puede normalizar su situación en cualquier momento, acudiendo ante el juez para que le discierna la tutela en la forma prevista por el presente capítulo”, la regla de esta disposición es que un tercero que en forma oficiosa gestione actos en calidad de tutor, el presente artículo le permite que el mismo pueda regularizar la misma mediante una petición que discierna la tutela, aspecto que no podría haberse efectuado por contar con el requisito del deceso de los padres conforme al art. 51 del Código del Niño, Niña y Adolescente, consiguientemente, al no contar con una resolución judicial que haya dispuesto la tutela, menos con los requisitos para el discernimiento de la tutela, la gestión oficiosa de David Adolfo y Ana María Gandarillas Zubieta, tan solo se enmarca bajo la modalidad de la gestión de negocios ajenos, razón por la cual el Código ha señalado que estos gestores oficiosos, respondan como si fueran tutores, lo que no implica que la responsabilidad deba estar enmarcada como la gestión de un buen padre de familia para los efectos de su responsabilidad por la gestión efectuada, no implica que esa rendición de cuentas deba de ser pretendida ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, sino ante el Juez ordinario en lo civil, como ha ocurrido en el presente caso de autos, por lo que la acusación de que la rendición de cuentas debía ser sustanciada ante el “juez del menor”, no resulta ser justificada.
Consiguientemente, en base a los argumentos expuestos sobre este punto, no se evidencia que se ha incurrido en la prescripción contenida en el art. 122 de la Constitución Política del Estado.
2-1.- Señala asimismo que la Sentencia y Auto de Vista, vulnera las disposiciones de los arts. 187 y 236 de Código de Procedimiento Civil, porque no tiene sustento en disposiciones legales sustantivas y se encuentran basadas en apreciaciones unilaterales subjetivas, sin respaldo de pruebas sobre el ejercicio aparentemente indebido o irregular de la tutela.
Este extremo no implica vulneración del art. 187 del Código de Procedimiento Civil, que señala el carácter de las providencias, menos del art. 236 del mismo cuerpo legal, que refiere a la vulneración del principio de pertinencia que debe revestir el Auto de Vista, ya que las mismas no protegen el carácter del sustento legal de las resoluciones y el respaldo legal de las pruebas.
Por otra parte, respecto a que los daños y perjuicios, no hubieran sido demandados, y que en la Sentencia y Auto de vista debían de ser emitidos en base a lo demandado, conforme a la regla del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, corresponde señalar que el actor en la demanda interpuesta por Oscar Julio Zurita Pereira, en la foja 29 vlta. renglón 11 y 12 se encuentra contenida la petición de los daños y perjuicios averiguable en ejecución de sentencia, por lo que no advierte vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil.
2.2- Conforme al art. 254-4 del Código de Procedimiento Civil, en el que señala que el Auto de Vista, en el segundo considerando hubiera emitido criterio sin referir las razones o motivaciones y concluido que los agravios expuestos no han sido evidentes, señalando que los puntos apelados no hubieran sido resueltos; sin embargo de ello no menciona cuáles de sus agravios no fueron considerados, por lo que siendo que con la misma pretende una nulidad procesal, mínimamente esa pretendida nulidad procesal, debe estar orientada bajo los principios que rigen las nulidades procesales, como el de trascendencia y finalidad del acto, que en alguna forma hubiera alimentado el recurso de casación en la forma sobre este punto, lo que no ha ocurrido, pues la regla contenida en el art. 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, es bastante precisa en cuanto a la identificación de infracciones, por lo que la misma deviene en una acusación sin sustento fáctico ni legal.
3.- Al margen de lo expuesto precedentemente corresponde señalar que, en la última parte del recurso se ha solicitado que se emita fallo, casando el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se anule la Resolución de Vista, al respecto corresponde señalar que el recurso de casación en el fondo se interpone en base a las causales establecidas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, bajo la regla contenida en el art. 258 del mismo cuerpo legal, normas imperativas a las que el recurrente no ha dado cumplimiento, por lo que siendo la petición de casar el Auto de Vista, inserta en el recurso, el mismo deviene en su improcedencia, al no haber dado cumplimiento a las normas descritas precedentemente.
Por lo que, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución en la forma prevista en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto al recurso en la forma y conforme al art. 271 núm. 1) con relación al art. 272 núm. 2) del Adjetivo Civil, respecto al recurso de casación en el fondo.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y conforme al art. 271 núm. 1) con relación al art. 272 núm. 2) del mismo cuerpo legal declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, con costas.

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