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Timestamp: 2018-07-17 19:21:42+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 26 Marzo 2014
Ni Mas cumplirá ni Rajoy obligará a cumplir
EDITORIAL Libertad Digital 26 Marzo 2014
Es cierto que el pleno del Tribunal Constitucional no ha podido ser más claro al anular por unanimidad la declaración soberanista aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña el 23 de enero de 2013, así como la celebración del referéndum secesionista prevista para el 9 de noviembre.
Ahora bien, no es menos cierto que los promotores del desafío separatista tampoco han podido ser más claros y rápidos a la hora de poner de manifiesto su desprecio y su nula voluntad de acatamiento respecto a la mencionada sentencia del Alto Tribunal. Así, el portavoz de CiU en el Parlamento regional, Jordi Turull, ha dejado bien claro que la sentencia no les merece "ningún respeto", al tiempo que ha insultado a los magistrados calificándolos de "agitadores políticos que han atizado la catalanofobia".
A nadie debe extrañar que el Tribunal Constitucional haya anulado una declaración y un referéndum tan radicalmente inconstitucionales; pero tampoco debería sorprender a nadie que los nacionalistas hagan caso omiso a sus sentencias: no se han embarcado en un proceso soberanista para luego sentirse subordinados a lo que dictamine la Justicia española. Su esperanza no ha radicado nunca en una sentencia que pudiera dar cabida jurídica a su proyecto de ruptura. Su esperanza radicaba y sigue radicando en un Gobierno que sea renuente a obligarles a cumplir la ley y las sentencias.
De nada, pues, sirven las resoluciones judiciales si luego no hay un poder Ejecutivo que obligue a su cumplimiento. Los nacionalistas han llegado hace tiempo a la convicción de que el presidente del Gobierno, antes que intervenir la Administración regional catalana en defensa del ordenamiento jurídico, está dispuesto a dejar impunes sus delitos de desobediencia y prevaricación, incluso a financiar, indirectamente, un costosísimo proceso de construcción nacional que, en caso contrario, abocaría a aquélla a la suspensión de pagos.
Los nacionalistas no son kamikazes, sino promotores de un proyecto separatista con el que creen que, con Rajoy al frente del Gobierno, no tienen nada, absolutamente nada, que perder. Saben que Rajoy no reconocerá efectos jurídicos a su carísimo y delictivo proceso de construcción nacional, pero que no les faltará impunidad ni financiación para llevarlo a cabo.
Los españoles –incluidos los catalanes– pueden, con esta sentencia, regocijarse tanto como con aquellas que han declarado inconstitucional la inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña. Pero mientras no haya un Gobierno central que las haga cumplir, serán papel mojado, para vergüenza de nuestro Estado de Derecho.
La oportunidad única que el Gobierno del PP constituye para los nacionalistas no la anula ningún Tribunal Constitucional, por muy unánimes que sean sus sentencias.
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Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 26 Marzo 2014
Percival Manglano Libertad Digital 26 Marzo 2014
Las marchas de los dignos indignados dejaron un rastro de indignidad en Madrid. Pretendieron subvertir el significado del término dignidad para hacer creer que es más digno vivir del trabajo ajeno que del propio. Y demasiados simpatizantes justificaron los graves altercados que dejaron a más de sesenta policías heridos con argumentos del tipo "violencia es la que ejercen los bancos". Personalmente, hacía tiempo que no recibía tantas respuestas airadas en Twitter como recibí tras señalar que lo digno sería que los alborotadores pagasen de su bolsillo los destrozos causados.
La teatralización del "pueblo en marcha" estuvo convenientemente aderezada de banderas rojas, estrellas, hoces, martillos y demás simbología de la izquierda revolucionaria. Y es que, igual que hay gente que cree en el jediismo (una religión inspirada por la Guerra de las Galaxias) o que Elvis Presley vive en Argentina, también hay quien cree que las revoluciones traen progreso, libertad y derechos humanos. O, como dice Julio Anguita, que el castrismo ha "sabido defender la dignidad" cubana.
Aquí va una pregunta para provocar a los que así piensan: ¿hay alguna dictadura hoy en el mundo que no sea de izquierda? Para responder con datos en la mano, veamos los que ofrece Freedom House. Este think tank independiente publica estudios anuales sobre las libertades políticas en el mundo en los que clasifica a los países en tres grupos: libre, parcialmente libre y no libre.
El informe más reciente, Freedom in the World 2014, considera que 48 países son no libres (este mapa refleja la clasificación). A partir de esta lista -y esto ya es cocina mía-, he elaborado la siguiente tabla, según la cual los partidos gobernantes en cerca del 40% de los países no libres del mundo son de izquierda o de extrema izquierda:
País 'no libre' Partido en el poder
República Popular China Partido Comunista de China
Camboya Partido Popular de Camboya (antiguo Partido Revolucionario del Pueblo de Kampuchea; el de los Jemeres Rojos)
Birmania Partido de la Unión Solidaria y el Desarrollo (la Junta Militar gobernante buscó el "Camino Birmano al Socialismo")
Turkmenistán Partido Democrático de Turkmenistán (antiguo Partido Comunista de Turkmenistán)
Uzbekistán Partido Democrático Popular (antiguo Partido Comunista de Uzbekistán)
Kazajistán Nur Otan (creado por el antiguo primer secretario del Partido Comunista de Kazajistán)
Siria Partido Baaz Árabe Socialista
Argelia Frente de Liberación Nacional (miembro consultivo de la Internacional Socialista)
Zimbabue Unión Nacional Africana de Zimbabue–Frente Patriótico (de origen maoísta)
República del Congo Partido Laborista Congoleño
Etiopía Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope
Eritrea Frente Popular para la Democracia y la Justicia
Angola Movimiento Popular de Liberación de Angola (miembro de la Internacional Socialista)
Territorios Palestinos Fatah (miembro de la Internacional Socialista)
(Además, la Primavera Árabe fue en gran medida una rebelión contra dictadores cuyos partidos pertenecían a la Internacional Socialista, como en Túnez o Egipto).
El resto de países no libres son de difícil clasificación. Algunos son Estados completamente disfuncionales, como Somalia, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur. Otros son reinos casi feudales, como los de la Península Arábiga o Brunéi. Y otros más ocultan su ideología tras el nacionalismo, caso de Bielorrusia o de buen número de países africanos.
¿Dónde están las dictaduras de derecha? No es fácil encontrar una. Quizá lo sea Azerbaiyán, cuyo partido Nuevo Azerbaiyán se define como conservador pese a que fue fundado por un miembro del Partido Comunista soviético. O quizá Rusia, donde el partido de Putin –Rusia Unida– se presenta como nacionalista y conservador, pero también estatista (Putin fue miembro del Partido Comunista soviético entre 1975 y 1991).
La respuesta a la pregunta de marras, pues, es que sí hay dictaduras que no son de izquierda, pero no por ser de derecha. Los datos demuestran que una dictadura con una agenda ideológica es casi siempre de izquierda. Las dictaduras de derecha pertenecen, en gran medida, a los libros de Historia. Libros a los que la izquierda no quiere relegar a su propias dictaduras (por cierto, argumentar que China no es comunista porque tiene crecimiento económico oculta el hecho de que su único partido legal es el comunista y que sus opositores son perseguidos, reeducados o ejecutados).
La práctica totalidad de los partidos y dictadores de izquierda llegó al poder al grito de "¡Revolución!"; una revolución que mató la libertad y mutó rápidamente en dictadura. Esto quizá no lo sepan –o no lo quieran saber– los dignos manifestantes españoles, pero bien lo saben los manifestantes venezolanos, una treintena de los cuales han dado ya su vida pidiendo democracia en su país y de los que nadie se acordó el sábado pasado en Madrid.
Adolfo Suárez gobernó con el escudo 'inconstitucional'
Pedro Fernández Barbadillo Pedro Periodista Digital 26 Marzo 2014
Ahora que resulta que tooooooodos los españoles querían a Adolfo Suárez y que nadie quería que dimitiese, ni Felipe González ni Alfonso Guerra, seamos antipáticos y recordemos los hechos históricos.
El sábado 22 sufrimos en Madrid una manifestación de unos 25.000 compatriotas de extrema izquierda y separatistas, con compañeros de viaje como el socialista Antonio Carmona, que va a sustituir a José Bono como sociata-mediático. En la manifestación, que seguro que aumentó la expectativa de voto al PP, al menos en Madrid, ondearon cientos de banderas anticonstitucionales, como la tricolor y las separatistas gallega, extremeña y andaluza, y hasta criminales, como las banderas rojas comunistas y de la URSS.
Estos son los mismos que hablan de banderas preconstitucionales, inconstitucionales y anticonstitucionales en las manifestaciones de las víctimas del terrorismo y similares (por cierto, manifestaciones donde no se agrede a policías ni se destroza el mobiliario urbano).
Lo repito. Bandera constitucional es la que aparece descrita en la Constitución (artículo 4). Por tanto, la tricolor de la II República (la I República mantuvo la bicolor) es la inconstitucional, y si encima le añaden una estrella roja de cinco puntas se puede calificar de genocida y terorrista.
¿Y el escudo? El escudo no aparece descrito en la Constitución, pero el formado con el águila del San Juan, réplica del que usaron los Reyes Católicos, y la divisa Una, grande y libre, era el vigente, por lo que es constitucional materialmente.
Y Suárez gobernó con ese escudo inconstitucional, según los Enric Sopena, Isaac Rosa y demás sectarios del Imperio Progre. Arriba he reproducido una imagen de uno de sus discursos televisados, con la bandera y el escudo. A partir de 1981, el escudo oficial pasa a tener símbolos borbónicos y monárquicos.
Sigamos con la memoria histórica. Aquí tenéis una foto de Adolfo Suárez en abril de 1975 jurando como vicesecretario general, con camisa azul y delante de Su Excelencia, el Generalísimo Francisco Franco, jefe nacional del movimiento Nacional. Conclusión: la democracia la trajeron franquistas y falangistas. Felipe González y Alfonso Guerra, meintras tanto, chupando del SPD alemán.
CODA: El periodista Eduardo San Martín cuenta cómo fue la cacería contra Suárez y reconoce que participó en ella, a diferencia de los hakadémikos Juan Luis Cebrián y Luis María Ansón, que siguen mintiendo como si no existieran las hemerotecas ni Internet ni estuviesen vivos millones de españoles que leyeron sus editoriales y artículos.
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 26 Marzo 2014
El 25 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, STC 26/2014, cuyo ponente ha sido la vicepresidenta Adela Asúa Batarrita, y por UNANIMIDAD (dato extremadamente importante), ha decidido dos cosas:
El TC se extralimita.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Marzo 2014
El TC acaba de sentenciar sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la resolución del Parlamento de Cataluña de declaración de una consulta para que los españoles de esa comunidad declarados unilateralmente como "pueblo soberano" se pronuncien sobre su voluntad de acceder a la independencia de España. La sentencia dice lo siguiente:
"Estimar parcialmente la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) promovida por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y, en consecuencia:
3º Se desestima la impugnación en todo lo demás."
Lo primero que parece asombroso de esta sentencia es haber "estimado parcialmente" el recurso dando por válido un supuesto "derecho a decidir" de los catalanes siempre que se haga por cauces legales. Lo cierto es que hoy por hoy esa posibilidad no existe en la Constitución, con lo cual es una obviedad el que si la Constitución se modifica, entonces cabría esa posibilidad de la cesión de soberanía para que determinados colectivos se pronuncien sobre temas concretos o los que se especifique. Por tanto lo que hace el Tribunal Constitucional es pronunciarse sobre una hipótesis y una obviedad y no sobre una realidad jurídica.
La parcialidad evidente que muestra el TC claramente parece seguir una inspiración política y fuera de su responsabilidad. Parece claro que el Gobierno pretende dejar una puerta abierta a una reforma constitucional para dar una salida pactada con los secesionistas en una clara rendición al chantaje y que demuestra una cobardía manifiesta y una traición al pueblo español,único depositario de la soberanía nacional y que debe pronunciarse sobre este intento de pactar una secesión de facto, no solo de Cataluña sino de El País Vasco con la futura anexión de Navarra.
Esta sentencia demuestra hasta qué punto los españoles no pueden confiar ni en el PP, ni en el PSOE, ni en el resto de esta casta de políticos, ni en ningún Alto Tribunal para defender sus derechos. La politización descarada y mezquina de estas Instituciones judiciales es una burla a un sistema pretendidamente democrático. Este Gobierno es incapaz de defender y de hacer cumplir la Constitución ni cualquier sentencia contraria a los intereses de los secesionistas. Su pasividad y permisividad total que dan impunidad a los actuales representantes políticos de Cataluña y de El País Vasco, pueden ser calificadas directamente como dejación de funciones y de sus responsabilidades.
Por fin ya parece que conocemos el "plan" de Mariano Rajoy: Ceder ante los secesionistas pactando la realización del referéndum, esto sí ,parcial y solo en Cataluña, con una modificación de la Constitución previo consenso favorable del PSOE ya posicionado a través de su franquicia el PSC. Alea jacta est! Con esta sentencia el Gobierno de España tiene el espaldarazo que buscaba para ofrecer un pacto a los secesionistas impidiendo que el pueblo español pueda pronunciarse para una reforma constitucional que ni se desea ni es lo mejor para mantener la Unidad de España.
La legalidad es algo demasiado temporal como para que sea tomada en serio. Lo que hoy es constitucional, mañana puede dejar de serlo. Un auténtico fraude que los españoles no debemos consentir.
Pedro de Hoyos Periodista Digital 26 Marzo 2014
Emilio Campmany Libertad Digital 26 Marzo 2014
Vicente Serrano www.cronicaglobal.com 26 Marzo 2014
Tras los más de 60 heridos
Un sindicato policial se querella contra los mandos del dispositivo del 22-M
Alternativa Sindical de Policía les acusa de denegación de auxilio o de lesiones en su modalidad de comisión por omisión, ente otros.
J. Arias Borque Libertad Digital 26 Marzo 2014
El enfado de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos coloquialmente como antidisturbios, con los mandos del Cuerpo Nacional de Policía que dirigieron y planificaron el pasado 22 de marzo el dispositivo policial, que acabó con más de sesenta heridos, cristalizó este martes en la primera querella interpuesta contra estos altos cargos policiales, que fue registrada en los tribunales por Alternativa Sindical de Policía (ASP).
En la misma, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se hace responsables de la posible comisión de varios delitos por los hechos acontecidos durante esa noche al Comisario General de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; al comisario Jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), José Miguel Ruiz Iguzquiza; y al Jefe de la Unidad de Intervención (UIP) de Madrid, Francisco Javier Virseda Serna; ampliable a demás personas que durante la fase de instrucción "puedan resultar responsables".
Los dos últimos mandos son los mismos cuya destitución llevan exigiendo en los últimos días los miembros de la UIP y los sindicatos por "mala organización y planificación del dispositivo", por dar "instrucciones que carecen de todo tipo de acierto operativo", por ser "responsables de la escasez de material" con la que los agentes salieron a las calles de la capital la mencionada noche y por no haber respondido a las llamadas de auxilio. El primero de los querellados, es miembro de la Junta de Gobierno de la Policía y jefe directo del máximo responsable de las UIP en España.
A estos mandos se acusa ahora en el texto presentado ante los tribunales de tres posibles delitos: lesiones en su modalidad de comisión por omisión (artículo 147 del Código Penal y siguientes), omisión del deber de impedir delitos (artículo 450 del Código Penal) y denegación de auxilio (artículo 421 del Código Penal).
Jesús Salamanca www.diariosigloxxi.com 26 Marzo 2014
La sentencia catalana y la letra pequeña
José Javier Esparza www.gaceta.es 26 Marzo 2014
El Tribunal Constitucional ha venido a decir que una Cataluña soberana no cabe en la Constitución española de 1978. Es una obviedad. Pero también ha dicho que es posible tramitar por otras vías el “derecho a decidir”, lo cual concede una vía de salida a los separatistas catalanes. En realidad toda la doctrina constitucional española es así: una serie de afirmaciones categóricas –por ejemplo, que la nación es indivisible- inmediatamente matizadas, atemperadas o incluso contradichas por la letra pequeña del propio texto –por ejemplo, que en España existen “nacionalidades y regiones”-. En este caso, la letra grande dice que no cabe un referéndum catalán por la independencia y la letra pequeña echa agua al vino al reconocer, en términos políticos y no jurídicos, la viabilidad de un “derecho a decidir” que, a no dudarlo, va a convertirse en nuevo caballo de batalla del separatismo.
Quedémonos, de momento, con la letra de la ley. No es mala noticia. Es bueno y sano que la ley muestre su vigencia, porque eso garantiza la seguridad de las personas y las instituciones. Ahora bien, la ley, para estar de verdad vigente, ha de encontrar acto seguido una voluntad política dispuesta a ejecutarla. Y en regímenes de opinión pública como el nuestro, la voluntad política tiende a subordinarse a la fuerza de la legitimidad, es decir, a que la gente encuentre razonable y bueno aplicar la ley. Aquí es donde empiezan los problemas, porque es un hecho que la nación española reformulada en 1978 jamás ha hecho el menor esfuerzo por legitimarse como tal ante sus propios ciudadanos. Antes al contrario, los únicos que llevan 35 años construyendo en entera libertad una legitimación de su propio discurso nacional son precisamente los separatistas, hasta el punto de que una parte ya mayoritaria de la opinión en el País Vasco y Cataluña es abiertamente secesionista.
En estas condiciones, hace falta un sentido del Estado muy notable para aplicar la ley cuando su letra se opone a la voluntad de las mayorías. Tal sentido del Estado se halla completamente ausente en la mayor parte de nuestra clase política. Así hemos llegado a esas situaciones en las que un gobierno autonómico desobedece la ley sin que nadie le castigue por ello, como pasa en Cataluña con la cuestión de la educación en castellano o en el País Vasco con la ley de banderas. Aún peor, también hemos visto que los propios tribunales aceptan como jurídicamente razonables iniciativas fundadas en principios antijurídicos, como han hecho los tribunales de Barcelona al aceptar una denuncia formal de la Generalitat contra la libertad de expresión en nombre de un inexistente “pueblo catalán”. Es una evidencia que esto no ocurriría si el poder ejecutivo de la nación (española) se sintiera respaldado no sólo por la ley, sino también por la opinión. Y es también una evidencia que, en España, el poder ejecutivo de la nación se viene plegando sistemáticamente ante la voluntad política de los enemigos de la unidad nacional. La pregunta es por qué.
En un viejo texto publicado en Razón Española, “Del sistema del 78 a la España del 98”, traté de argumentar que nuestro régimen se fundamenta en dos realidades paralelas: hay una realidad formal que es la Constitución en un modelo democrático, y hay una realidad fáctica que es el denso tejido de pactos bajo cuerda en un modelo partitocrático. La letra grande de la doctrina constitucional se atiene a la realidad formal, pero la letra pequeña surte sistemáticamente de munición a esa otra realidad fáctica que es la que cabalmente nos gobierna. Sospecho que la sentencia catalana del Tribunal Constitucional vuelve a ser un perfecto ejemplo de esa doble realidad. Y uno lee sus líneas y le vienen a las mientes un enésimo cambalache entre un poder central que no puede aceptar la ruptura la nación y unos poderes separatistas que necesitan seguir agitando sus banderas para que el sistema funcione. Para que funcione, sí, porque en España, y esta es sin duda nuestra mayor contradicción, el sistema se basa en una perpetua tensión entre el interés general del Estado y el interés neofeudal de las facciones de poder. Interés este último, por cierto, que no cabalga solo en las carteras de los partidos separatistas, sino también en los portfolios de entidades financieras, compañías eléctricas, grupos mediáticos, etc. Todo eso es lo que se olfatea bajo la letra pequeña de esta última sentencia del Constitucional.
El día que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia favorable a la unidad nacional sin reservas, ese día tal vez cambien las cosas. El día que el poder ejecutivo exhiba una inequívoca voluntad política de afianzar la unidad nacional, ese día tal vez cambien las cosas. El día que España, la nación de todos, entienda que no puede hacer valer la ley si al mismo tiempo no se preocupa por sembrar su legitimidad en las conciencias de los ciudadanos, ese día tal vez cambien las cosas. Mientras todo eso no pase, seguiremos en las mismas: una nación que en cada paso adelante ahonda su propia fosa. Por eso es tan urgente reformar de cabo a tabo el sistema de 1978. Y no sólo la Constitución; también esa otra realidad paralela, fáctica, que nos ha convertido en una nación sin destino.
Una sentencia que no deja dudas sobre la ilegalidad de la declaración soberanista
EDITORIAL El Mundo 26 Marzo 2014
LA SENTENCIA hecha pública ayer sobre el recurso planteado por el Gobierno contra la declaración de soberanía del Parlamento catalán despeja cualquier duda de que tuviera algún viso de constitucionalidad. Con la contundencia que requería la respuesta al texto del Parlament, el Tribunal Constitucional empieza por decir que la declaración sí tiene efectos jurídicos y además produce consecuencias de esa naturaleza. Por esa razón, el recurso planteado en su día por el Gobierno debía ser admitido a trámite. Echa por tierra, por tanto, la pretensión de hacer pasar la declaración del Parlamento catalán como una mera afirmación política, sin trascendencia ninguna en el marco jurídico.
A continuación entra en el fondo del asunto y empieza dejando claro que el principio primero, ése que dice que el pueblo de Cataluña tiene «carácter de sujeto político y jurídico soberano» es nulo e inconstitucional porque el pueblo catalán no es titular de una soberanía que sólo reside en el pueblo español en su conjunto, como dice la Constitución. Y abunda en ello afirmando que ese principio es incompatible con el artículo 2 de la Constitución puesto que pretende conferir a un sujeto parcial «el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fudamento: la indisoluble unidad de la Nación española». En defintiva, concluye la sentencia en este aspecto que «en el marco de la Constitución, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».
Esto es lo esencial de una sentencia que se ha emitido por unanimidad, aunque hace otras consideraciones sobre el derecho a decidir, que puede ser constitucional, dice el alto Tribunal, siempre que se ajuste a los parámetros de legalidad constitucional.
La sentencia del Constitucional es clara y no admite interpretaciones interesadas. El hecho de que se haya aprobado por unanimidad le da una fuerza que de otro modo hubiera tenido igualmente, pero que en este caso se hacía muy necesaria, habida cuenta de lo lejos que han llegado los independentistas en sus acciones. Llega también la sentencia a tiempo a abortar las intenciones de los nacionalistas de detener su publicación a base de presentar la recusación del presidente y de dos magistrados más del Alto Tribunal. Recusación que ha apoyado el PSC, un partido que tiene un comportamiento tan errático que no es sorprendente que pierda apoyos incesantemente. El secretario general del PSOE tiene una tarea constante con ese partido hermano que no encuentra su sitio y, como siga así, no lo va a haber encontrado ni cuando ya esté frente a las urnas.
La reacción de los independentistas no se ha hecho esperar. Como siempre que la resolución de un tribunal no les da la razón, arremeten contra él y se niegan a acatar sus sentencias. Los comentarios hechos por el portavoz de CiU al conocer lo dicho por el Alto Tribunal ponen de manifiesto la ciudad sin ley en la que los independentistas pretenden hacer vivir a los catalanes. No hay más ley ni más reglas que los que su ideología y sus fantasías han puesto a circular por la sociedad catalana. Pero, al fin, está claro: la declaración del Parlamento catalán es contraria a la Constitución y todo lo que de ella se derive atentará contra la legalidad que todos los dirigentes de un país civilizado deben acatar. También los que ocupan los escaños del Parlament.
COAUTOR DE LA DEMOCRACIA
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 26 Marzo 2014
El hecho es que "cuando falleció Margaret Thatcher, junto a los numerosos elogios también hubo críticas y opiniones contrarias a su mandato de primera ministra y a su legado. Lógico en una persona pública y que cambió su país de arriba abajo. En cambio, en la muerte de Adolfo Suárez no encontraremos apenas comentarios críticos". Una peculiaridad española, o mejor dicho de la democracia española actual con sus políticos, "todos nos ponemos de acuerdo en olvidar lo malo que hayamos dicho de ellos y en encontrar algo bueno, incluso en inventarlo, para agitarlo como un pañuelo de despedida". Aunque estemos hablando de un político profesional puro y duro, formado en el franquismo, refundador espiritual del PP y gestor del actual sistema institucional, del que más de un 80% de españoles opina hoy mal y contra el cual Madrid se ha llenado de banderas rojas y puños de odio durante su agonía.
Pongamos las cosas en su lugar, como quizá sólo ha hecho en público Federico Jiménez Losantos. El guión del post-franquismo, es decir de eso que ahora llamamos con reverencia Transición, "estaba escrito por Carrero Blanco", y por el mismo Francisco Franco, "desde treinta años atrás, cuando diseña el futuro como una monarquía que asegurase los valores esenciales del franquismo. No la continuidad del régimen, que de hecho, había cambiado mucho ya en vida del Dictador… [sino] con el Rey como clave de continuidad y cambio del régimen…" La verdad es que "el cambio lo ejecutó Suárez con guión de Torcuato Fernández Miranda, pero el que seguramente iba a hacerlo, Herrero Tejedor –mentor de Suárez-, hubiera cumplido bien cualquiera de las dos funciones, en el Gobierno o en las Cortes".
Errores suyos, en fondo o en forma, unos cuantos. Su cesarismo en el Gobierno y el partido hizo peligrar el proceso. Sus complejos de origen llevaron a la salida "centrista" que condena aún hoy a España a ser un país sin derecha… y con los mismos complejos. Quebró la quebradiza UCD y seguramente su personalismo en el CDS (como el de otros en el PDP, en la operación Roca y demás cadáveres morales e intelectuales) alargó el felipismo socialista. Erró en el terrorismo, donde las componendas, amnistía y falta de contundencia que otras democracias no mostraron nos han llevado a ser el último país de la UE con una banda terrorista activa. Fue el hombre que prohibió unos años el uso de los símbolos nacionales a los ciudadanos, mientras que la propaganda terrorista era impune. Y erró tanto tardando en apoyar a José María Aznar como apoyándolo en la folklorica designación de su hijo como alternativa a José Bono en La Mancha.
Pero su error histórico, el que se recordará junto a sus aciertos y su protagonismo, estuvo en las autonomías. Otros debatirán si fue por miedo a no dar lo suficiente, por temor a parecer franquista o por convicción, pero sus concesiones y la indefinición constitucional tienen un precio que sólo hemos empezado a pagar. En lo más cercano, su error más doloroso fue Navarra y la Transitoria Cuarta del texto de 1978. Aunque Jaime Ignacio del Burgo acaba de escribir sorprendentemente que "a finales de diciembre de 1977, los parlamentarios navarros, reunidos en el Congreso de los Diputados, alcanzamos un completo acuerdo. La decisión sobre la integración o no de Navarra en Euskadi correspondería al pueblo navarro mediante referéndum. Este fue el origen de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, tan denostada por quienes no creen en la democracia", hay que recordar que desde 1979 tanto la Alianza Popular navarra como UPN, y expresamente en 2009 Mariano Rajoy, tienen el compromiso de derogar la Transitoria. Lo que no es desamor a la democracia ni desprecio a Suárez, sino comprensión de la identidad de Navarra, sin concesiones.
Adolfo Suárez tuvo, en fin, unas cuantas virtudes que no se deben al diseño heredado ni a sus colaboradores ni al ambiente, es justo decirlo aunque sea una gota entre loas vertidas sin control. Quizá la mayor, por excepcional vista desde hoy, fue su dimisión de 1981, en medio de una población harta por varias razones y de una acumulación de conspiraciones que nunca conoceremos por entero. Suárez fue ambicioso, como recordaba Carmelo López-Arias. "Armando Marchante… evoca una frase del ex presidente cuando, bajo de ánimo tras salir de la vicesecretaría general del Movimiento en 1975 a la muerte de Fernando Herrero Tejedor, les confesó a él y a otro amigo en una cena: Yo quiero ser ministro; donde sea, con quien sea y para lo que sea". Pero supo subordinar en ese punto lo personal a lo nacional, cosa que no abunda. No fue un genio político, pero sí un buen hombre con gran ambición en el momento adecuado. Errores, por lo demás, cometemos todos. Menos algunos políticos de ahora, claro.
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 26 Marzo 2014
Un tribunal que hace política, sí
Arcadi Espada El Mundo 26 Marzo 2014
Este párrafo de La Vanguardia describe una de las vocaciones del Tribunal Constitucional, empeñado más de una vez en la creación de problemas antes que de su solución.
«Pero el camino del diálogo político para la regulación del derecho a decidir, si se reforma la Constitución, queda completamente abierto. Cabe una interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir" de los ciudadanos de Catalunya, sostiene el fallo e incluso recuerda que son "los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales" quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación" los problemas que se suscitan en el orden constitucional, "en particular los derivados de la voluntad de una parte de alterar su estatus jurídico". Eso sí, la modificación de ese orden constitucional, debe someterse al procedimiento de reforma de la Carta Magna.»
A qué viene, en efecto, la necesidad imperiosa de que el TC proclame que la Constitución puede reformarse. A qué viene, que el tribunal sancione la legitimidad de la aspiración política a cambiar el orden constitucional ¡y cualquier orden!: lástima que el TC no se haya atrevido a decir que es legítima la aspiración política a destruir el Estado, que lo es. Y a qué viene, sobre todo, la entronización conceptual del sintagma derecho a decidir, del que pensábamos, hasta ahora, que pertenecía al reino de la literatura, sección fabuladora. Viene, obviamente, a cuenta de la necia y veterana contemporización de la vida política española respecto del nacionalismo. En cuanto a sus consecuencias están claras: los que emparentan democracia con derecho a decidir han recibido el más alto apoyo jurídico de que podrían disponer y este fallo sancionará tácita o explícitamente muchas discusiones. Que la actual enajenación nacionalista no les permita ver lo que hay en el fondo de esta sentencia no nos obliga a ignorarlo a nosotros, los sanos de mente y corazón.
Juan F. Arza Mondelo www.cronicaglobal.com 26 Marzo 2014
El victimismo de los verdugos( catalanistas) +
Eduardo J. García http://www.diario-octubre.com 26 Marzo 2014
La senda hacia el enfrentamiento esta expedita. El segregacionismo catalán ni siquiera lo disimula más allá de algún chascarrillo de Duran i Lleida que busca complicidad entre sus compañeros del hemiciclo madrileño y por supuesto la salvaguarda de sus generosas prerrogativas económicas hasta el último minuto. Quien fue y aún se cree hombre puente entre Madrid y Barcelona ya no es más que un mal menor con fecha de caducidad para ambos bandos. El último rescoldo de la gran farsa democristiana que propagó el gran embuste del oasis catalán a todos aquellos ignorantes y cínicos que quisieron y a quienes le convenía creerlo para sus pactos -bisagras ha llegado a su fin.
El escenario ante el que nos hallamos en Catalunya es el de la insurrección. Obviamente con un cariz victimista que no oculta, más bien todo lo contrario su carácter netamente excluyente, xenófobo y de profundas raíces feudales que componen el catalanismo. Seguir defendiendo a estas alturas la lectura que hacen los ignorantes o cínicos del movimiento separatista catalán como un modelo de integración no es sólo ridículo. Es culpable. Y su vocabulario les define como algo tan retrogrado y asquerosamente discriminador que todos los eufemismos bajo los que escudan sus supuestos valores y su sempiterna búsqueda de la conmiseración de los demás hacia los más débiles. Así se camufla la antaño franquista pequeño-burguesía y clase media catalana, que hoy forman las bases del cantonalismo, ayudada por sus particular ejército de ilotas , los charnegos acomplejados. Que no soló reniegan de su lengua (no todos, ya que muchos de ellos son incapaces de hablar otra), también de sus apellidos, de ahí la creciente catalanización de nombres y apellidos en el registro.
Acción esta que concuerda perfectamente con las iniciativas emprendidas por la Generalitat en la gestación de una nacionalidad catalana, ya abierta. En la que de una manera, por el momento voluntaria, otro mecanismo encubierto más, los ciudadanos de convicciones segregacionistas y defensores de las proclamas frente a la constitución pueden apuntarse para dejar evidencia de su patriotismo y amor por la tierra. Un hecho del que están convencidos que merecerá su reconocimiento en la hipotética Catalunya independiente. Ya tuvo su precedente hace aproximadamente un año, cuando el gobierno catalán abrió su particular lista de buenos y malos catalanes. Los malos reciben otro tratamiento, algunos de ellos son espiados. Pero son pocos, y prácticamente todos son catalanistas u opositores con buen pedigrí catalán. Los chicos descarriados. El resto ya es otra cosa, los González, los Pérez criticones no son más que invasores o miembros de la diáspora española que invade suelo catalán y no merecen tal distinción en la siempre amplia visión del catalanismo. Son ajenos a Catalunya, ni la entienden ni la aman.
Que esto se haya hecho con dinero público y con un organismo parapolicial que pretende crear un servicio secreto propio para los fines propios del separatismo no ha despertado demasiada inquietud en la decrepita sociedad catalana. Que ni siquiera reaccionó ni de manera social ni política cuando el que se autoproclama “President de Catalunya” Artur Mas fue a pedir consejo al Mossad para mejorar los recién nacidos servicios de inteligencia catalanistas, visto el doble juego que hacia la agencia Método 3 que dejaba de ser patriota y obedecer a intereses “generales” cuando se le ponía la “pela” por delante. Algo realmente insólito en el Oasis catalán. Razones de peso para que este señor hubiese sido encarcelado según los usos y costumbres de cualquier gobierno al tocarse materias tan sensibles para la seguridad nacional y una conspiración en ciernes. Desde la Generalitat se quería algo más ambicioso, una pequeña NSA gestionada y blindada por los mossos de Esquadra que tiene ya un presupuesto oficial asignado, como la consulta, la celebración del tricentenario?????? , o las fiestas del club super 3. Ni siquiera han protestado esa sucursal batasuna de las CUP que se envuelve en el pañuelo palestino en base a no se sabe que delirantes paralelismos, sólo invocados cuando encuentran eco en la muy antisemita izquierda anti internacionalista.
La anunciada movilización de los Mossos d’esquadra para la consulta, es en sí un acto ilegal con un claro mensaje de desafío al gobierno. Las calles pertenecen al separatismo, sea armado de manos de la policía o cívico por las masas de adictos al régimen nacionalista y sus diversas desviaciones menestraleras o mesiánicas. Hay que subrayar que los Mossos d’esquadra han sufrido además de un constante deterioro de su imagen, de la cual asesinatos y malos tratos no aceptados ni condenados por los partidos del arco parlamentario catalán, una constante purga de mandos desde que Felipe Puig hizo de esta policía, la policía catalana, la que está por encima de toda constitución y de la ley llegado el momento de defender a Catalunya. Que el nacionalismo catalán sea pacifico, no significa que sea democrático ni que carezca de una inequívoca voluntad golpista.
Se ha fijado la fecha del referéndum o la consulta como ahora se pretende disfrazar para el 9 de Noviembre. Aunque en realidad esta consulta sólo ha sido anunciada, y no convocada por la Generalitat, que ve en el rechazo del gobierno, un obstáculo legal prescindible en su escalada de ilegalidades e insumisiones que no se aventura a combatir por los cauces institucionales, pues estos son inexistentes ante tamaño acto de agresión jurídica y ciudadana. Aunque las fuerzas nacionalistas e Izquierda Unida, siempre tan comprensiva con los separatistas xenófobos-burgueses, no se hayan dado cuenta o no encuentren relevante que una convocatoria no refrendada por la ley pueda hacerse con los datos personales del censo de todos los votantes violando el derecho a la privacidad y a la protección de datos de estos. Aspecto útil en última instancia para la siguiente etapa en ciernes de la confección y otorgamiento por parte de CIU de la nacionalidad catalana. Esa misma que podrá ser compartida por parte de la sociedad catalana que quiera mantener la española debido a motivos sentimentales y de buena vecindad que otorgaría por arte de birbiloque el estatus de miembro de la Unión Europea a Catalunya. Es absurdo e incluso deja mucho que desear como formulación pero son las palabras textuales de Oriol Junqueras, líder de ERC que se postula con bastantes posibilidades para ser el próximo President de la Generalitat. El mismo que ha dicho querer al Rey de España de autoridad catalana y al ejército francés de garante de la integridad territorial y pax catalana. O a la misma OTAN, esto va a días.
¿Pero es que acaso se convocaran estas pretendidas elecciones plebiscitarias con las que Artur Mas amenaza una y otra vez?
A medida que pasan los días, esta posibilidad se va alejando. Ya que la popularidad de las fuerzas vistas como más radicales por el electorado separatista van ganado posiciones y es más que factible que una victoria, empate o mínima derrota de ERC le daría el poder pactando con la muy solicita Iniciativa, la xenófoba CUP, y la libertad de voto concedida por el propio PSC a sus tránsfugas (no tienen otro nombre ni hay otro interés más que unas evidentes dádivas económicas y unas promesas de cargos) cerrarían el acceso al poder a Artur Mas. A él y el núcleo duro de su partido, “els del pinyol”auténticos ingenieros del odio y aventadores de la discordia en este cínicamente llamando proceso soberanista. La propia dinámica de luctuosos acontecimientos pondría fin a los tibios procesos judiciales contra el clan de los Pujol, especialmente el de Oriol, la responsabilidad de CIU como partido en el saqueo del Palau, además de la personal del propio Mas y la opaca financiación ilegal de CIU que tiene su sede embargada y a la comunidad que gobierna como la más endeudada y la que más ayudas recibe del gobierno central. Capítulo aparte merecen los fondos desviados a paraísos fiscales y la aventura argentina, que superan en mucho toda la corrupción político nacional de la que hablan los medios.
Para esta hoja de ruta del choque y de tribalismo cuatribarrado han contado con la impagable ayuda de la Asamblea Nacional Catalana que parece dictar las acciones a tomar al gobierno de la Generalitat, pero que en verdad no es más que un artificio generosamente financiado por el govern, un apéndice de ERC para usarlo como un avasallador elemento de infiltración social y asociativo que cuenta con unas prebendas y una colaboración política inverosímil en un marco democrático.
Nos hallamos ante un parapoder, una estructura únicamente ideada para el enfrentamiento y la sumisión del apático. Hasta el momento por medios pacíficos, muy ayudado por su poder de convocatoria, su libertad total de movimientos, la gran propaganda y eficacia de sus mentiras y eco de sus mensajes del odio, la impunidad con que invade los espacios públicos que quedan vetados para todos aquellos que proclamen un mensaje mínimamente crítico con el independentismo. Señal inequívoca de la naturaleza de este “proceso”. Y todo con la total colaboración de la Generalitat, de su socio de gobierno, de partidos teóricamente opositores y de instituciones catalanas, contando además con protección policial y repercusión mediática. Un auténtico contrapoder a los sindicatos que lejos de defender a las clases trabajadoras han sido corrompidos por las subvenciones y por el mendaz mensaje supuestamente progresista del catalanismo, un verdadero sin sentido sin referentes históricos, políticos, morales e incluso éticos que representan desde su creación la verdadera némesis de estos valores que dice defender. Pero esto no es nuevo, ya vimos lo útiles que resultaron estas peroratas para luchar contra el comunismo.
La Generalitat deja que sea la ANC quien caliente el ambiente, quien se comporte como un rodillo, para secundar sus acciones y dar una respetabilidad institucional inmediatamente después que esta haga una comparecencia. Ahora esta asociación está en el ojo del huracán, porque en su programa inmediato describe unas medidas de insurrección y sabotaje enmascaradas de protesta pacífica, como en el caso serbio o ucraniano, para tomar el control de puertos, aeropuertos y obstaculizar el movimiento de todo lo que represente al estado.
Las movilizaciones de masas de la ANC con todas las facilidades propiciadas por la verticalidad con el gobierno de la Generalitat, pese a no alcanzar nunca las magnitudes reflejadas en la prensa presentan un indudable poder de desestabilización.
A esta tarea ayuda las CUP con su formación de matones de barrio y antisistema de diseño que pintan dianas, mensajes amenazantes contra los españoles, favorables a los inmigrantes, que se proclaman antifascistas y mancillan el significado del socialismo escribiendo proclamas verdaderamente idiotas invaden la ciudad en un gesto de dominación territorial a imitación de movimientos terroristas y criminales sin que los servicios de limpieza municipales tan raudos en otras ocasiones acudan.
ERC también presenta en su programa para la consulta unas directrices en las que se apela a la ocupación y usurpación de espacios públicos así como a la erradicación de todo símbolo estatal. La movilización empezará en Sant Jordi y continuará todo el año con picos como el 9N y el 11 de Septiembre.
Pero sería ser sumamente ingenuo tildar a estos grupos como radicales y los únicos culpables de la escalada de la tensión en Catalunya. Una crispación social que será negada en todo momento por los catalanistas y achacada a factores externos y enemigos de Catalunya, con lo que está excluyendo claramente a todos aquellos reacios a esta apología del enfrentamiento y división. Esto busca el silencio, la complicidad del vergonzante, la inacción del foráneo, del charnego, del “nouvingut”, del foráneo que debe comulgar con lo que ellos le dicen que es y siente Catalunya. Toda esta cobardía, borreguismo y pasividad han permitido llegar hasta la situación actual. No seamos condescendientes con los colaboracionistas. Cuando las fuerzas políticas, los periodistas o incluso los jueces, igualan a quienes burlan la ley con un objetivo muy evidente que tiene en la ley a su principal enemigo y en la confusión, la mentira y la ignorancia sus principales aliados, no puede existir la equiparación , siquiera tolerarse una comparación. Cuando se llevan treinta años invocando el bilingüismo, para cargar, insultar, multar a quienes buscan la libertad de elección .Se recurre las decisiones del Tribunal Supremo, nada más y menos que por la Concellera de Educación y que por la Asociación de Escoles Cristianes que pese no a colgar carteles con lemas totalitarios en los centros de enseñanza infantil como el sindicato Som Escola siente un odio ancestral a todo lo que pueda parecerse a igualdad. Se incurre en la insumisión legal, al no cumplir con las sentencias y no presentarse en las reuniones organizativas autonómicas. Como si Catalunya fuera superior al resto.
No hay, ni existe una voluntad por el bilingüismo, sólo se pretende un cambio en que el catalán consiga por fin la hegemonía sobre el español. Y si para ello se deben atropellarse derechos básicos , privar aspectos políticos sobre los educativos, se intenta despreciar la lengua más hablada como un útil de dominación y de barbarie, reduciendo a su vez al catalán como una mera herramienta ideológica, pues se hace.
Artur Mas con su penosa representación en el funeral de Adolfo Suarez, secundado por Jordi Pujol que aún suscita un inexplicable respeto ha llegado a equiparar su estratagema secesionista con la voluntad de dialogo siempre presente en este valioso político, tan ninguneado en vida como alabado en muerte. Dando evidencias de la talla personal del President y de la verdadera esencia del movimiento catalanista que se ampara en Derecho a decidir, cuando no es más que una voluntad de romper e imponer. Un patético botón de muestra abundando en la enferma patología nacionalista es la circular enviada por Mas a los Consejos Escolares para que profesores, alumnos y padres apoyen el “derecho a decidir”
La declaración del Parlament tumbada por unanimidad hoy por el Tribunal constitucional como habría hecho cualquier tribunal internacional no es ninguna sorpresa, ni tampoco el resultado de la tramitación en Cortes del Derecho a decidir. Todas las fuerza catalanistas conocen de antemano la reacción del gobierno, lo único que buscan es la crispación, el tensionamiento de la vida parlamentaria nacional, el frentismo, la división y el enfrentamiento que lleve a su maniqueísmo en un momento de crisis mayúscula a declararse por enésima vez víctima indefensa de los poderes divinos y terrenales y obtener las simpatías y aquiescencias económicas internacionales que se le niegan hasta ahora, que creen serán mucho más propicias en un escenario de enfrentamiento entre el fuerte y el débil que les permita llegar a su ansiado camino a Ítaca, y a la pervivencia de Artur Mas en el trono de la feudal institución que quiere regir todos los resortes del destino de Catalunya. Debilitar, paralizar España y entregar Catalunya a la violencia. Correrá la sangre.
La extrema-derecha ante las elecciones europeas. Lectura crítica (iii)
Ernesto Milá Minuto Digital 26 Marzo 2014
Los programas de los partidos (III)
Pero, a fin de cuentas ¿qué es la extrema–derecha? En la pregunta está la respuesta: “La extrema–derecha es la derecha que se sitúa a la derecha de la derecha… Así pues, será preciso distinguir entre la “derecha liberal” (PP) y la “derecha nacional” (otra definición menos escandalosa de “extrema–derecha”). Y esta división no siempre está clara. Partidos como Vox o AES tienen elementos propiamente liberales. Otros como Soluciona gustan de definirse como tales. Y, para colmo, un sector militante insiste en un “ni derechas, ni izquierdas”, con lo cual, en rigor, esta definición no podría aplicarse. Así pues ¿dónde empieza y termina la extrema-derecha?
Hay partidos que han pasado del “socialismo – federalismo – autogestión” a “familia – trabajo – antiaborto” en apenas quince años, con toda serie de etapas intermedias, en un intento de “abrirse” hacia unos u otros sectores, desde “nacional–revolucionarios” a falangistas, anti–inmigración, etc.
Claro está que el “sector histórico” (que rechaza tanto la calificación de extrema–derecha como el de derecha–nacional), en general, es considerado como “fascista”. Pero, en rigor, se trata de un fascismo alejado del modelo histórico: ya no existe cesarismo en FE–JONS ni en otros grupos falangistas; tampoco se percibe la “estatolatría” habitual en todos los fascismos históricos; de la organización paramilitar quedan sólo restos; se ha olvidado lo que es el corporativismo típicamente fascista (en España, la “democracia orgánica”). Así pues, tampoco la palabra “fascismo” es aplicable ni siquiera a este “sector histórico”.
En cuando a los católicos, parece evidente que la actual AES no es lo mismo que la antigua Fuerza Nueva. El pensamiento católico subsiste, naturalmente, pero reconvertido y no es, ciertamente, el identificado con el tradicionalismo ultramontano (Blas Piñar cedió en su momento la sede de Fuerza Nueva en Madrid para que Monseñor Lefevre, líder de los católicos tradicionalistas, pudiera oficial misa tridentina, costándole una pequeña escisión de “vaticanistas”), sino una especie de democracia–cristiana que tiene su referente en la generación de dirigentes europeos de esta corriente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
El elemento anti–inmigración tampoco es común: sólo PxC, PxL y E2000 se declaran así. Algunos antiguos “nacional–revolucionarios”, hoy prefieren llamarse “identitarios”, si bien, cabe decir que la mayoría de partidarios de limitar la inmigración no son “identitarios”. Otros, como DN han pasado del sector de la “autonomía histórica” (el no reconocer vínculos con movimientos históricos del pasado) al sector “histórico”, mediante su cooperación en La España en Marcha con grupos franquistas (NPE), católicos (MCE) y falangistas (FE–LaFalange), para luego desengancharse sin previo aviso y aparecer vinculado a Soluciona que, más que anti–inmigración es anti–islamista.
Así pues, existe un primer problema de definición de lo que genéricamente podemos considerar como “el ambiente”. Faltan rasgos comunes. El “españolismo” lo es, pero en unos lo derivan hacia el nacionalismo (NPE) y otros hacia el patriotismo (una distinción que hoy solamente está al alcance de falangistas ortodoxos). Algunos prefieren definirse como “patriotas sociales” (aun cuando el elemento de agregación para ellos sea el discurso anti–inmigracionista), otros como “católicos sociales” (aunque se trate de una democracia cristiana de postguerra); en lo que se refiere a “los identitarios” también aparecen de todos los colores: los hay que entienden por “identidad” la española, otros defienden las identidades regionales e incluso se ha fotografiado con banderas independentistas. Dentro incluso de los falangistas, ni siquiera está clara la valoración a realizar sobre el franquismo: los hay que sostienen que Franco y la Falange fueron adversarios y otros que el falangismo es la quintaesencia del régimen. Blas Piñar confundió durante toda su vida una parte del franquismo (el nacional–catolicismo que abarcó de 1943 a 1956) con la totalidad del franquismo. Unos son –o fueron– anti–inmigracionistas pero pro–islamistas en el sentido de ver en el mundo árabe a un “aliado natural” de Europa y considerar al Islam como cualquier otra religión; otros distinguen entre inmigrantes católicos e inmigrantes de otras religiones, los hay que segregarían a todos los inmigrantes, otros excluirían de esta segregación a los inmigrantes de países europeos. Imposible, pues, extraer un factor común…
Ahí están los programas de cada grupo. Un repaso de los mismos nos revelará la extrema fragmentación de la extrema–derecha y en algunos casos, originalidades poco comprensibles.
AES – Impulso Social, o la falta de espacio político propio
Empecemos la ronda por AES, el partido heredero de la antigua Fuerza Nueva pero cuya trayectoria, al menos a nivel formal, se ha ido distanciando del modelo original. En efecto, mientras el partido de Blas Piñar se consideraba “católico tradicionalista”, AES apuesta por la “democracia social cristiana”.
Si examinamos el programa de los otros dos partidos, comprobaremos que en materia de inmigración FyV dice igualmente lo que suele oírse en boca de portavoces del PP o, incluso, del PSOE
AES ha llevado adelante un acuerdo para ampliar su radio de acción con otras fuerzas de inspiración católica en la coalición Impulso Social junto a Familia y Vida y la Comunión Tradicionalista Carlista. Sin embargo, no toda la CTC se integró. Los carlistas asturianos aprovecharon para denunciar lo “virtual” de AES y FyV en Asturias y denunciaron que el acuerdo había sido firmado por “el grupúsculo demócrata–cristiano que usurpa las siglas CTC”. Lo cierto es que en el Manifiesto de Impulso Social el primer punto es la “defensa de la vida”, de la familia y de la familia. Salvo estos puntos, el resto del programa responde a las ideas conservadoras moderadas, incluidas las propuestas económicas de tal manera que resulta difícil explicar porqué la coalición se llama Impulso Social.
En dicho manifiesto no se menciona en ningún momento la actitud ante la inmigración masiva. En donde si aparece una alusión en el Programa de la coalición que dedica dos párrafos a la inmigración, fija la posición de la coalición ante el problema. Puede resumirse en esta frase: “Impulso Social exigirá que se mantenga y aplique la normativa española y europea en materia de inmigración”. Nada diferente a lo dicho por el PP o por cualquier otro grupo de la derecha moderada europea.
La búsqueda de avales para la candidatura se basaba especialmente en que PxC no se presentara y les cediera los suyos, idea que no prosperó (es, en cualquier caso, contradictorio, que un grupo inmigracionista recurra a avales de un partido anti-inmigracionista). La Coalición intenta presentarse pero todavía no ha reunido los avales necesarios.
Si examinamos el programa de los otros dos partidos, comprobaremos que en materia de inmigración FyV dice igualmente lo que suele oírse en boca de portavoces del PP o, incluso, del PSOE: “Reagrupación y legalización de pleno derecho de las familias de los inmigrantes (…) Plan para implicar a los jóvenes inmigrantes en actividades y asociaciones (…) Garantizar el acceso de todas las personas extranjeras al conjunto básico de derechos, como la educación y la sanidad independientemente de su situación administrativa. (…) Plan de diálogo para promover un enriquecimiento recíproco de las diversas culturas de nuestro país en un marco de pluralismo que vaya más allá de la simple tolerancia. (…) Dotar de todos los recursos necesarios a los centros de acogida e internamiento de inmigrantes. (…) Promover la formación de los trabajadores inmigrantes, previa a su incorporación al mercado de trabajo”…
En cuanto a la CTC dedica también un espacio en su programa de 2010 a la inmigración en el que se percibe un esfuerzo por mantener la equidistancia entre el pro–inmigracionismo y el anti–inmigracionismo, con el añadido de cierta reticencia anti–islamista.
Ninguna de las tres fuerzas políticas que componen Impulso Social podría ser tachadas de anti–inmigracionistas, sino más bien sostienen posiciones completamente asimilables a las de los partidos mayoritarios.
La coalición se presenta como “euroescéptica” y propone volver a los orígenes democristianos del Tratado de Roma de 1957. Resulta evidente la admiración que experimentan por la generación de democristianos europeos de postguerra, en especial a De Gasperi y Robert Schumann (una idea que ya defendieron en la pre–campaña para las europeas de 2009), seguramente porque ambos fueron beatificados por la Iglesia.
La Coalición está dirigida por los secretarios generales de las tres organizaciones firmantes: López Diéguez (por AES), Javier Garisoain Otero (por CTC) y Rubén Calvo (por FyV). La búsqueda de avales para la candidatura se basaba especialmente en que PxC no se presentara y les cediera los suyos, idea que no prosperó (es, en cualquier caso, contradictorio, que un grupo inmigracionista recurra a avales de un partido anti-inmigracionista). La Coalición intenta presentarse pero todavía no ha reunido los avales necesarios.
La insistencia en “valores” (valores católicos, en realidad) que plantea la coalición la sitúa en el ámbito de la derecha conservadora y va a tener dificultades en diferenciarse de la derecha liberal mucho mejor situada. La profesión de fe social–cristiana, por otra parte, no hace más que aproximar a esta coalición al PP en lugar de ganar perfil propio. El elector casi nunca busca “valores”, sino “opciones” y una década después de su fundación, AES sigue siendo una opción que ha realizado una gran inversión económica para obtener unos pobres resultados políticos. A este problema se une la competencia que va a tener que realizar Iniciativa Social con Vox, partido que disputa el mismo espacio electoral.
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Logotipo de la marca electoral
El último problema de un partido confesional –católico tradicionalista o democristiano de postguerra– es que la sociedad española cada vez se va alejando más del catolicismo e incluso que la propia Iglesia da muestras de incapacidad para reaccionar ante su propia pérdida de vigor en Europa; lo que era válido hace 50 años, ya no lo es hoy. Al igual que antes de la guerra civil, el “pueblo católico” votó en masa a la CEDA (y no a Renovación Española, a Falange Española o a la Comunión Tradicionalista que eran igualmente católicas) porque esa era la orientación del Vaticano, actualmente hay que excluir que la Conferencia Episcopal recomiende claramente y sin ambigüedades votar a otras opciones fuera del PP. Falta, en definitiva, base social suficiente para que un partido como AES (y su prolongación IS) pueda encontrar un electorado propio.
La confesionalidad es lo que fija automáticamente la actitud de Iniciativa Social ante el problema de la inmigración, basada, de un lado, en las políticas vaticanas de solidaridad hacia “los pobres” (sin distinguir entre “pobres autóctonos” y “pobres inmigrados”, distinción que huelga en el universalismo católico, pero que es necesaria al descender a lo concreto) y de otro el hecho de que una parte de los inmigrantes son católicos y tenderían a reforzar el debilitado catolicismo español (olvidando, por supuesto, que la parte e la inmigración más interesada en materia religiosa o es islamista o se decanta por sectas evangelistas o de otro tipo).
En realidad AES ha reconstruido el mismo problema con el que se encontró Fuerza Nueva hace 40 años. Si entonces, el partido de Blas Piñar adoptaba como norma el catolicismo tradicionalista, cuando la Iglesia apoyaba a las democracias cristianas, hoy AES se identifica con las democracias cristianas de postguerra… cuando el Vaticano ha dejado de estar interesado por ellas y mucho más preocupado por resolver las tensiones entre grupos confesionales (Opus Dei, Legionarios de Cristo, Neocatecumenales, Comunión y Liberación, etc) por el control de parcelas de poder.
Esto no es nuevo. ¿Vale la pena recordar que Blas Piñar defendió siempre la “doctrina social de la Iglesia” enunciada por León XIII en su encíclica Rerum Novarum en 1891 que intentaba fijar la posición de la Iglesia ante un problema –el capitalismo industrial– que se había originado 40–60 años antes… A fuerza de mirar el Reino del Espíritu, unos y otros terminan llegando tarde a la cita con la modernidad.
En balance final que puede realizarse de la trayectoria de AES es que su alianza con FyV y con la CTC no amplía mucho su radio de acción: los primeros carecen de otro interés que no sea la lucha antiabortista (que interesa a una minoría del cuerpo electoral, parte de la cual, por lo demás, se siente representada por las modificaciones de Gallardón a la Ley del Aborto), y en cuanto a los segundos, subsisten enfoques muy distintos en su interior y, a diferencia de épocas anteriores, han perdido sus sólidas bases navarras; su fidelidad a la Tradición les convierte en políticamente poco operativos.
El próximo viernes día 28 capítulo iv de la serie La España en Marcha, “lo pequeño es hermoso”
La Razón 26 Marzo 2014
La declaración soberanista aprobada el 23 de enero de 2013 por el Parlamento catalán sobre «el derecho a decidir del pueblo de Cataluña», en lo que se refiere a Cataluña como sujeto «político y jurídico soberano» es inconstitucional de plano por vulnerar los artículos 1.2 –la soberanía nacional reside en el pueblo español– y 2 de la Constitución –unidad de la Nación española–, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y, además, no puede convocar ningún tipo de referéndum de autodeterminación de forma unilateral «para decidir sobre su integración en España», que es la misma conclusión a la que llegó el Tribunal Supremo de Canadá, en 1998, cuando rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de Quebec tanto a su Constitución como a los postulados recogidos en el Derecho Internacional.
Con esta rotundidad y de forma unánime, los doce magistrados del Tribunal Constitucional han declarado inconstitucional y, por tanto, nulo de pleno derecho, el primero de los «principios» de la mencionada declaración, el que marca el resto del texto y el que da sentido político al mismo. Ese «principio» establece, bajo el título «Soberanía», que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».
Así, el TC no tiene ninguna duda de que la Declaración sí tiene efectos jurídicos, como defendía desde el principio el grupo de magistrados considerados «conservadores», ya que con ella se abría la puerta a que la Generalitat pudiese convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación, y porque, se afirma en la sentencia, «puede entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el proceso en relación con el pueblo de Cataluña (especialmente el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española».
En esta línea, el Alto Tribunal destaca que el reconocimiento al pueblo de Cataluña «de la cualidad de soberano» no está contemplado en la Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, por lo que ello vulnera el artículo 2 de la Carta Magna, «pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: "La indisoluble unidad de la Nación española"».
En relación con lo anterior, la sentencia señala deja claro que en el actual ordenamiento constitucional «sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible», por lo que a ningún otro sujeto, órgano del Estado o «fracción de ese pueblo» se le puede atribuir «la cualidad de soberano». «Un acto de este poder que afirme la condición de "sujeto jurídico" de soberanía como atributo del pueblo de una comunidad autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español», incide al respecto el TC.
En cambio, distinta es la conclusión del TC respecto a las referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña». El TC señala en su sentencia, de la que ha sido ponente su vicepresidenta, Adela Asua, que «cabe una interpretación constitucional», ya que ello no consagra un derecho de autodeterminación que no está reconocido por la Constitución, siempre y cuando, se añade al respecto, ello se entienda como una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de «legitimidad democrática», «pluralismo» y «legalidad», expresamente declarados en la citada Declaración del Parlament, en estrecha relación con el «derecho a decidir».
El resto de los «principios» de la Declaración soberanista –legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeísmo, legalidad, papel principal del Parlamento y participación– son «adecuados a la Constitución y dan cauce a la interpretación de que el «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» no aparece proclamado como una «manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución».
Junto a ello, la sentencia deja claro que la Constitución no aborda de forma expresa los problemas que pueden suscitarse por la «voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico» y que esos problemas no pueden ser resueltos por el TC. Por ello, «los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito».
Por último, el Alto Tribunal hace un llamamiento a seguir las pautas constitucionales a la hora de perseguir aspiraciones políticas que no estén recogidas en la Constitución y que deben encauzarse siempre dentro del ordenamiento jurídico vigente: «El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución».
Por otro lado, se da la circunstancia de que esta decisión del TC coincidió con el anuncio de que el Parlament de Cataluña iba a recusar al presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y a los magistrados Enrique López y Pedro González Trevijano.
PSOE y nacionalistas votan iniciativa parlamentaria para perseguir y amordazar al Círculo Balear *
FCB 26 Marzo 2014
El grupo parlamentario nacionalista MES - PSM registró ayer en el Parlamento balear una enmienda bajo el título:"Denuncia a Fundación Círculo Balear", que se ha debatido en el pleno de hoy (25/03/2014) en la que insta al Gobierno balear a perseguir y amordazar las acciones del Círculo Balear.
Se trata de una iniciativa relativa a los expedientes sancionadores abiertos a los docentes a raíz de la huelga educativa, con este texto íntegro:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impedir i denunciar, si fos necessari, les accions de la Fundación Circulo Balear destinades a controlar, vigilar i intimidar els equips directius i els docents dels centres escolars de la xarxa pública de la Illes Balears.” (Traducción: "El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares a impedir y denunciar, si fuera necesario, las acciones de la Fundación Círculo Balear destinadas a controlar, vigilar e intimidadr a los equipos directivos y los docentes de los centros escolares de la red pública de las Islas Baleares")
Esta enmienda ha contando con los votos a favor de nacionalistas y del PSOE, pero ha sido rechazada gracias al voto en contra del Partido Popular, quien la ha criticado a través de la portavoz de educación, la diputada Ana Aguiló.
Al respecto, el área docente y jurídica de la Fundación Círculo Balear (FNCB) ha aclarado que "lo que la izquierda nacionalista, incluido el PSOE, considera intimidación a los docentes, realmente se trata del deber que tiene todo ciudadano y entidad constitucionalista de denunciar hechos que puedan vulnerar la legalidad vigente. Lo que pretende la izquierda nacionalista es que el Gobierno Balear impida que una entidad privada no denuncie las acciones ilegales que algunos equipos directivos y docentes llevan a cabo en los centros educativos. La FNCB es una entidad constitucional registrada en el Ministerio de Educación y Cultura que inicia procedimientos administrativos y judiciales cuando tiene conocimiento de hechos cometidos que vulneran la legalidad vigente "
Jorge Campos, presidente de la FNCB, considera que "es difícil encontrar en las democracias occidentales lo vivido hoy en el Parlamento balear, donde unos grupos parlamentarios han intentado utilizar la cámara de representación para amordazar a una organización privada constitucional. La izquierda está siguiendo los pasos de la Venezuela de Maduro o del régimen castrista cubano"
Finalmente, Campos ha afirmado que "tanto la FNCB como yo seguiremos haciendo uso de lalibertad de expresión y continuaremos con nuestro deber constitucional de denunciar a aquellos equipos directivos y docentes, funcionarios públicos, que realicen actividades políticas en las aulas intentando adoctrinar a menores de edad tal como llevan a cabo los sectores catalanistas desde que se aprobó la normativa que acababa con la inmersión obligatoria en catalán. Roza el insulto a la mayoría de los ciudadanos que los verdugos intenten pasar por víctimas".
j. p. / madrid ABC 26 Marzo 2014
«Lucharemos y golpearemos unidos», fue una de las consignas previas
Arengas para responder «por las malas» atribuidas al antiguo cabecilla de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana , «Argala»; llamamientos para «golpear unidos al régimen», «agitar la calle» o «colapsar Madrid con rebeldía». Estas son algunas de las consignas difundidas entre la extrema izquierda en los días previos a la llegada de las «Marchas por la Dignidad» que convirtieron la capital de España en campo de «guerrilla urbana».
Preocupa la infiltración de Resistencia Galega, la última banda terrorista que se mantiene operativa en España. Lo hace a través de simpatizantes que pivotan en torno al Movimiento de Liberación Nacional Galego, constituido a imagen y semejanza del MLNV etarra. Tres de ellos figuran entre los detenidos. Pero no han sido los únicos lementos detectados, entre el millar de agitadores de perfil extremadamente agresivo que provocaron los graves incidentes del pasado sábado.
Se ha comprobado también la presencia de sujetos integrados en el núcleo más duro de la «izquierda abertzale», incómodos con el acomodo institucional de Bildu y Amaiur. Desde las «marcha del Norte» han venido advirtiendo que «lucharemos y golpearemos unidos contra el Régimen del 78», así como que «la desobedienmcia civil y la agitación en las calles, señalando a los culpables y a los herederos del Régimen, serán nuestra herramienta».
«Argala», como referente
Desde la «columna juvenil» se ha llamado en los días previos a «responder por las malas». Para ello se ha utilizado una arenga del cabecilla de ETA «Argala»: «La burguesía, a través del Estado español, nos ha puesto la bota encima y nadie va a conseguir que nos la quite por las buenas. Ante ello, solo caben dos posturas: o aguantamos pisados por los siglos de los siglos, o peleamos para liberarnos de ella».
«Viva la juventud rebelde, alegre y combativa», lanzan a modo de grito de guerra, imitando lo que ha sido el lema tradicional de las juventudes etarras Segi, antes Haika y Jarrai. En la agitación previa a los disturbios ha tenido un especial protagonismo Yesca, la organización juvenil de Izquierda Castellana, que mantiene desde hace tiempo unas estrechas relaciones con la «izquierda abertzale». Se pudo comprobar en las anteriores elecciones europeas, cuando Izquierda Internacionalista hizo de parapeto para que la ilegal Batasuna pudiera presentar candidatos.
En un documento elaborado dos días antes de los incidentes desatados en la capital de España, Yesca admitía que viene trabajando con organizaciones juveniles de «los diferentes pueblos» en «un proyecto destituyente de las estructuras del Régimen». Esto es, con los proetarras de Ernai, los gallegos de Ami y Briga, o los radicales de Jaleo Andaluz.
«Animamos a colapsar la ciudad con rebeldía, alegría, inteligencia revolucionaria y combatividad», alentaba en vísperas de los altercados. Las juventudes de Izquierda Castellana animaban también a los agitadores a permanecer toda esta semana en Madrid para así secundar la manifestación «Jaque a la Monarquía» convocada por la denominada Coordinadora 25-S». «Tenemos una cita con decenas de miles de compañeros que vendrán a exigir el fin de este Régimen...¡No valen excusas!».
Esta nueva convocatoria no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid y, por tanto, no dispone de la autorización correspondiente.
EiTB despide a trabajadores por no saber euskera
Pretende exigir por primera vez la acreditación del perfil de euskera más alto existente para formar parte de la plantilla
Madrid.- El grupo de comunicación público vasco EiTB, como casi todas las televisiones autonómicas, atraviesa por una complicada situación económica y también tiene intención de adelgazar su plantilla. Sin embargo, el criterio que utilizará para despedir trabajadores será no saber euskera.
Así lo asegura este miércoles ‘El Economista’, que señala que la tele vasca pretende cambiar a parte de su personal que no sabe euskera por otros trabajadores bilingües. Para ello prevé realizar este mismo año una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 40 plazas para periodistas y técnicos para sus emisoras de radio, pero que es inferior en número a los trabajadores que debe regularizar.
La semana pasada la dirección de EiTB explicó a los sindicatos y trabajadores que en la nueva OPE tienen previsto pedir como requisito, no como mérito, la acreditación del perfil de euskera más alto existente, el C-2 o PL4, que es similar al nivel que se exige a los traductores. De ejecutarse así sería la primera vez que EiTB exigiese la acreditación del euskera para las emisoras de radio que emiten en castellano e implicaría el despido de trabajadores actuales.
El argumento de EiTB para exigir euskera en la OPE responde a que pretende que el nuevo personal de las emisoras de radio puedan trabajar en todas, incluidas las que emiten en euskera.
Todos los sindicatos se han opuesto a esta exigencia del euskera como requisito, en vez de como mérito, porque supondrá la salida de una gran parte de los indefinidos no fijos, a lo que la dirección de EiTB ha respondido inicialmente que estaría dispuesta a negociar.
Fue impugnada por el Gobierno
Efe www.gaceta.es 26 Marzo 2014
En ella, el Parlament definía a Cataluña como 'un sujeto jurídico y político soberano' y reconocía 'el derecho a decidir' del "pueblo catalán'.
El Constitucional ha anulado por unanimidad la declaración aprobada en el Parlament en enero de 2013 que definía a Cataluña como "sujeto jurídico y político soberano", pero reconoce el derecho a decidir si se lleva a cabo en el marco de la legalidad constitucional.
En la sentencia notificada hoy, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno -que ha expresado su respeto y acatamiento-, de manera que declara "inconstitucional y nulo" el principio primero de la declaración, según el cual "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".
El Tribunal Constitucional considera que una comunidad autónoma "no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España".
El TC añade que la Constitución no contempla "el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano", ya que ello es incompatible con su artículo 2 (sobre la indisoluble unidad de la nación española), y que lo contrario supondría conferir a Cataluña "el poder de quebrar, por su sola voluntad", dicha unidad.
El TC cree que estas referencias al derecho a decidir suponen una aspiración política a la que solo pude llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de "legitimidad democrática, pluralismo y legalidad" expresamente proclamados en la declaración en estrecha relación con el "derecho a decidir".
El pleno del Constitucional, presidido por Francisco Pérez de los Cobos, sostiene que se puede cambiar "el fundamento mismo del orden constitucional" siempre que no se haga "a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales", sino en "en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución".
Precisamente, la Mesa del Parlament había decidido hoy presentar una petición de recusación contra el presidente del TC y dos magistrados al considerar que no cumplían con la imparcialidad necesaria para deliberar sobre la declaración de soberanía, una recusación que ha llegado más tarde que el fallo.
En todo caso, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha avanzado que el Govern no alterará el proceso soberanista tras la "chocante" y "contradictoria" sentencia del TC, que a su entender acepta una vía para el derecho a decidir y niega a la vez que Cataluña sea sujeto soberano.
El secretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha afirmado que el fallo del tribunal supone "una fiel interpretación" de la Carta Magna y ha advertido a CiU de que "insultando" al TC "lo ilegal no se convierte en legal", mientras que el PSOE ha comentado que la sentencia "señala claramente" que "el único camino sensato" es "el respeto a la ley como principio" y "el diálogo como método".
Por su parte, los partidos catalanes han analizado de forma urgente la decisión del TC, que se ha producido pocos días antes de que el 8 de abril se debata en el Congreso la petición para que la Generalitat pueda convocar una consulta el 9 de noviembre.
El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha afirmado que "no le merece ningún respeto" esta sentencia porque está hecha por "agitadores políticos que han atizado la catalonofobia".
Para el presidente de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, la sentencia es un "error innecesario" porque entiende que es "una declaración política y no una norma de derecho positivo".
El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Pere Aragonès, ha afirmado que la resolución del TC "no tendrá ningún efecto", y que "la hoja de ruta hacia la consulta no debe moverse ni un milímetro".
Para Josep Vendrell (ICV), el TC está "alejado de la realidad" de la voluntad de una "gran mayoría", por lo que, ha avisado: "Doce señores encerrados en un palacio de Madrid no nos impedirán votar".
Frente a los partidos soberanistas, el portavoz parlamentario del PP Catalán, Enric Millo, ha opinado que el TC "pone punto final" al "camino sin salida" del proceso soberanista, por lo que ha pedido al president Artur Mas que "reflexione".
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, cree que la sentencia es "una oportunidad para poner el contador a cero" y que Mas se dé cuenta que el "único camino" debe ser un acuerdo entre gobiernos.
La portavoz parlamentaria de Ciutadans, Carina Mejías, ha asegurado que los miembros de su partido están "satisfechos" porque fueron "uno de los impulsores" que solicitaron a la Delegación del Gobierno la necesidad de recurrir la declaración al TC.
Por su parte, el número dos de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha afirmado que ahora se ponen "las cosas en su sitio" ya que una comunidad autónoma no puede decidir ni sobre su propio territorio ni sobre el conjunto de España.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 2
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