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Timestamp: 2019-01-19 02:43:05+00:00

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﻿ Sentencia SL5469-2014 de abril 30 de 2014
SENTENCIA SL5469-2014 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:CONTRARIA LA BUENA FE EL PRETENDER UN RÉGIMEN RETROACTIVO DE LAS CESANTÍAS CUANDO SE HA RENUNCIADO EXPRESAMENTE A ESTE. SABIDO ES QUE UNO DE LOS MATICES DE LA BUENA FE QUE DEBE REGIR EN LOS CONTRATOS LABORALES, LO ES EL RESPETO A LOS ACTOS PROPIOS, LO QUE IMPLICA QUE TANTO EL TRABAJADOR COMO EL PATRONO DEBEN OBSERVAR EN SUS RELACIONES JURÍDICAS UN COMPORTAMIENTO CONSECUENTE Y COHERENTE. ES DECIR, EN SU TRATO Y EN SUS RELACIONES, CONFORME AL RECONOCIMIENTO QUE HACE EL UNO DEL OTRO COMO SER CAPAZ DE PLANIFICAR SU FUTURO, BIEN PUEDEN CREARSE EXPECTATIVAS RAZONABLES RECÍPROCAMENTE, LAS QUE EN MANERA ALGUNA PUEDEN SER FRUSTRADAS POR CAMBIOS INTEMPESTIVOS E INCOMPATIBLES EN LA CONDUCTA. DE ESTA MANERA, NO ESTÁ ACORDE CON LA BUENA FE Y LOS ACTOS PROPIOS EL QUE UN TRABAJADOR QUE HA RENUNCIADO AL RÉGIMEN RETROACTIVO DE LAS CESANTÍAS POR UN INCENTIVO O BONIFICACIÓN, PRETENDA INVALIDAR SU CONSENTIMIENTO DEMANDANDO ANTE LA JURISDICCIÓN DICHO ACTO QUE SE ENCUENTRA LIBRE DE VICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BUENA FE CONTRACTUAL, TRABAJADOR, SISTEMA RETROACTIVO DE CESANTÍAS, BUENA FE DEL EMPLEADOR, PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:515 DE NOVIEMBRE DE 2014, PÁG.2108
Sentencia SL5469-2014 de abril 30 de 2014
SL5469-2014
Rad.: 39927
Lo interpuso el apoderado de la parte demandante, y con él pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, y en sede de instancia, revoque los fallos de primer grado, y en su lugar, se acojan las pretensiones demandadas.
Con tal propósito, invocó la causal primera de casación laboral y formuló dos cargos, que no obstante estar orientados por distinta vía, serán estudiados conjuntamente conforme lo permite el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, por contener una argumentación complementaria y perseguir idéntico fin, además que la solución a impartir es igual para ambos.
Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, “los artículos de la Ley 6ª de 1945; artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política del país”.
Señala que el quebrantamiento de las citadas disposiciones, se produjo por los siguientes errores de hecho:
1. No haber dado por demostrado estándolo que la convención colectiva de trabajo que rige las relaciones de trabajo consagro (sic) un beneficio a derecho a favor (sic) de los beneficiarios que implica mantener el régimen de liquidación de cesantías en forma retroactiva.
2. Haber dado por demostrado sin estarlo que el beneficio convencional referente a la forma de liquidar las cesantías no es aplicable a los demandantes.
3. No haber dado por demostrado estándolo que los demandantes al acogerse al régimen de liquidación anual de cesantías y renunciar a este (sic) recuperaron el régimen de cesantías establecido en la convención colectiva de trabajo.
Aduce que los yerros fácticos se originaron en la apreciación errónea de la convención colectiva de trabajo.
Para su demostración, señala que el juez ad quem erró al interpretar el aparte de la convención colectiva según el cual: “ISA seguirá liquidando y pagando directamente las cesantías a los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, siempre teniendo en cuenta el número total de los días que tenga el trabajador al servicio de ISA y con base en el último salario devengado. Igualmente, ISA seguirá reconociendo directamente sobre las cesantías consolidadas un interés del doce por ciento (12%) anual o proporcional por fracción de año”.
Aduce que el texto convencional versa sobre el régimen de retroactividad de las cesantías, en tanto que, la referencia que hace al número total de días que tenga el trabajador al servicio de ISA, permite concluir que la palabra “seguirá” está relacionada con dicho sistema de liquidación. En tal sentido, dice que “la interpretación del tribunal (sic) no puede tener ningún tipo de aceptación por cuanto seria (sic) considerar una hipótesis imposible, contradictoria, pues no se puede entender que se siga aplicando un régimen considerado en la convención como retroactivo, para concluir que el “Seguira” (sic) se refiere a la liquidación anual”.
Concluye afirmando que “el constituyente de 1991 ordenó interpretar las fuentes del derecho en la forma más favorable al trabajador y en este caso es evidente dicha circunstancia”.
Asevera que el recurso extraordinario adolece de defectos de carácter técnico en cuanto a la proposición jurídica, la narración de los hechos y los errores que se le enrostran al tribunal ya que no cuestionan los argumentos centrales del fallo. Agrega que no es posible concebir que un acuerdo por el cual se ha cancelado una determinada suma, pueda quedar sin efecto por la sola voluntad de una de las partes, de donde se concluye que los demandantes pretenden invalidar sus propios actos.
Acusa a la sentencia recurrida de “violar directamente el artículo 467 por aplicación indebida de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 el artículo 5º Decreto 1176 de 1991, en relación con los artículos artículo (sic) 53 de la Constitución Política del país y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Refiere que si bien es cierto los trabajadores se acogieron a la propuesta de cambio de régimen de liquidación de cesantías, también lo es que dicha decisión de ninguna manera les cercenaba el derecho de solicitar con posterioridad la aplicación de la convención colectiva.
En tal sentido, aduce que la solución del tribunal sería aceptable si no existiera un beneficio convencional que estableciera mejores condiciones laborales.
Concluye afirmando que “el tribunal interpretó de manera acertada la Ley 50 de 1990 como el Decreto Reglamentario 1176 de 1991 pero no tuvo en cuenta la existencia de otra fuente de derecho como es la convención colectiva de trabajo que es más favorable”.
Señala deficiencias de orden técnico en el cargo en cuanto a que no indica el modo de violación que pudo generarse respecto al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, no explícita cómo se pudo producir la aplicación indebida de las normas que acusa y no ataca los sustentos de la decisión del ad quem. Igualmente aduce que el acuerdo al que llegaron los demandantes con la empresa no puede ser revertido unilateralmente.
Aunque la demanda de casación no es un modelo a seguir desde el punto de vista de la técnica que regenta al recurso extraordinario, se procede con su estudio.
En esencia, el problema jurídico que debe resolver la Corte es sí los demandantes tiene derecho a que se les aplique el régimen de liquidación de cesantías por retroactividad consagrado en el artículo 24 de la convención colectiva de trabajo, a pesar de que en fecha anterior a la afiliación al sindicato habían renunciado expresamente y a cambio de una bonificación, al régimen legal anterior de liquidación de cesantías.
Al efecto, se encuentra demostrado y no fue objeto de discusión, que ISA le hizo a los demandantes una propuesta de acogerse al sistema de liquidación anual de cesantía establecido en la Ley 50 de 1990, a cambio de una bonificación; ii) que dicha oferta fue aceptada por los demandantes de forma libre y voluntaria; y iii) que en fecha posterior se afiliaron a la organización sindical Sintraisa y se hicieron beneficiarios de la convención colectiva de trabajo suscrita entre ésta agremiación y la demandada, convención que en el primer párrafo de su artículo 24 establece lo siguiente: “ISA seguirá liquidando y pagando directamente las cesantías a los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, siempre teniendo en cuenta el número total de los días que tenga el trabajador al servicio de ISA y con base en el último salario devengado. Igualmente, ISA seguirá reconociendo directamente sobre las cesantías consolidadas un interés del doce por ciento (12%) anual o proporcional por fracción de año”.
Pues bien, para resolver en primer lugar importa precisar que, al igual que las convenciones colectivas, los acuerdos y pactos a los que lleguen los trabajadores y los empleadores en observancia de las garantías y derechos mínimos e irrenunciables de aquellos, son válidos y deben ser honrados.
Ello implica no solo el cumplimiento de lo pactado (pacta sunt servanda), sino también su ejecución de buena fe (CST, art. 55 en armonía con el C.C., art. 1603), es decir, su desarrollo conforme a la seriedad, colaboración y lealtad que debe regir en cualquier disciplina social y jurídica, como la laboral.
La precisión anterior es necesaria, en tanto que en el sub examine, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa, en el sentido de que se iban a acoger al régimen de liquidación anual de cesantía de la Ley 50 de 1990 a cambio de una prebenda, lo cual en sentir de la Sala, debe ser respetado por ellos mismos.
Al respecto, se evidencia en el documento contentivo de la propuesta de traslado del régimen tradicional al anual de cesantías (fls. 501-505 cdno. del juzgado 8º laboral del circuito), que la empresa, ante la coyuntura del cambio de su naturaleza jurídica y la consecuente posibilidad de aplicar la Ley 50 de 1990 y a fin de lograr “la racionalización de los costos administrativos, la disminución de los gastos de personal y la obtención de un alto desempeño financiero”, ofreció a los trabajadores vinculados con anterioridad al 15 de enero de 1997, la posibilidad irrevocable de acogerse al régimen de liquidación anual de cesantías de la Ley 50 de 1990, a cambio de una contraprestación económica, propuesta que fue aceptada en su momento por los hoy demandantes mediante comunicaciones rendidas ante notario.
Empero, ahora por el hecho de afiliarse a la organización sindical Sintraisa y hacerse beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre esta y la empresa accionada, pretenden —los demandantes— que se les aplique, conforme a su interpretación, el artículo 24 de la convención colectiva de trabajo, a fin de regresar al régimen tradicional de liquidación de cesantías al que habían renunciado de forma libre, expresa y voluntaria, so pretexto de que la convención es una fuente de derecho diferente a la Ley 50 de 1990, que por demás les es más favorable.
Ante tal contexto —a juicio de la Sala—, independientemente de la interpretación que se le dé al artículo 24 de la citada convención, bien sea que se diga —como lo señala el demandante— que allí se establece exclusivamente el régimen de retroactividad para los afiliados al sindicato o que se diga —como lo entendió el tribunal— que la palabra seguirá invita a que se continúe realizando la liquidación de cesantías conforme al régimen que hubiere escogido el trabajador, hermenéutica esta última que además es razonable, lo cierto es que los demandantes de forma concienzuda y en ejercicio de la autonomía de la voluntad que reviste a los seres humanos libres —aspecto que no está en discusión—, aceptaron una propuesta legítima que les formuló la demandada, en el sentido de trasladarse del régimen tradicional al de liquidación anual de cesantías de la Ley 50 de 1990 a cambio de un beneficio económico.
Resultaría contradictorio con la seriedad y buena fe que debe imperar en las relaciones del trabajo, que los trabajadores —hoy demandantes— renunciaran voluntariamente y a cambio de una bonificación al régimen tradicional de liquidación de cesantías, y posteriormente, pretendan regresar a él al amparo de una interpretación de una cláusula convencional cuya redacción es imprecisa y a la cual accedieron por el hecho de su afiliación al sindicato.
Y es que si los demandantes aceptaron el plan propuesto por la accionada y se beneficiaron por ello de una prestación económica, se supone que dicha decisión obedeció a un análisis serio y juicioso de las ventajas y desventajas de acogerse a dicha fórmula, por manera que, mal harían ahora en desconocer los términos del acuerdo y sus consecuencias jurídicas al amparo de interpretaciones de cláusulas convencionales y en contravía de sus propios actos.
Sabido es que uno de los matices de la buena fe que debe regir en los contratos laborales, lo es el respeto a los actos propios, lo que implica que tanto el trabajador como el patrono deben observar en sus relaciones jurídicas un comportamiento consecuente y coherente. Es decir, en su trato y en sus relaciones, conforme al reconocimiento que hace el uno del otro como ser capaz de planificar su futuro, bien pueden crearse expectativas razonables recíprocamente, las que en manera alguna pueden ser frustradas por cambios intempestivos e incompatibles en la conducta.
Lo expuesto cobra importancia en casos como el que hoy concita la atención de la Sala, por cuanto es patente que la empresa demandada en el momento de realizar la propuesta a los trabajadores, lo hizo con la confianza y con la expectativa legítima de que la decisión que adoptaran sería irrevocable e irreversible, máxime si se tiene en cuenta que los accionantes, antes de afiliarse al sindicato, eran beneficiarios de un pacto colectivo que traía una cláusula idéntica a la contenida en la convención colectiva en punto a la liquidación de las cesantías. Veamos:
Pacto colectivo 1996-1998 Convención colectiva
Cláusula décima Artículo 24
ISA seguirá liquidando y pagando directamente las cesantías a los trabajadores beneficiarios del Pacto Colectivo, siempre teniendo en cuenta el número total de los días que tenga el trabajador al servicio de ISA y con base en el último salario devengado. Igualmente, ISA seguirá reconociendo directamente sobre las cesantías consolidadas un interés del doce por ciento (12%) anual o proporcional por fracción de año. ISA seguirá liquidando y pagando directamente las cesantías a los trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva, siempre teniendo en cuenta el número total de los días que tenga el trabajador al servicio de ISA y con base en el último salario devengado. Igualmente, ISA seguirá reconociendo directamente sobre las cesantías consolidadas un interés del doce por ciento (12%) anual o proporcional por fracción de año.
Asimismo, conforme a los términos de la oferta, según la cual “La decisión de acogerse al sistema de liquidación anual definitiva de cesantía establecido en los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 es personal, totalmente libre y voluntaria e irrevocable una vez se tome la decisión” (Negrillas propias de la Corte), aceptada sin ningún condicionamiento por los demandantes mediante sendas comunicaciones rendidas ante notario (fls. 463-468 cdno. del juzgado 8º laboral y 483-487 cdno. del juzgado 13 laboral), era evidente que la intención de ambas partes era que la decisión de acogerse al nuevo régimen de liquidación de cesantías fuera irreversible.
Para concluir, es necesario indicar en que el presente asunto era patente que los promotores del proceso conocían con exactitud los alcances de sus renuncias al régimen de liquidación de cesantías por retroactividad, pues en la misma carta, a más de manifestar su intención de acogerse al régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, expresó cada uno lo siguiente: “Queda entendido que al acogerme al nuevo régimen de liquidación anual de cesantía esta aceptación no conlleva adicionalmente renuncia alguna frente o con relación a otros derechos establecidos en el contrato de trabajo, en el pacto o convención colectiva y en especial con la antigüedad laboral que tengo causada hasta la fecha en la empresa” (Negrillas propias de la Sala), lo que, mutatis mutandis, significa que esa declaración mantuvo incólumes otros derechos plasmados en los acuerdos colectivos allí enunciados, a excepción del tema del régimen de liquidación de cesantías.
En consecuencia, los cargos propuestos se desestiman.
Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3.150.000).
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de mayo de 2006, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por Rosalba González Maldonado, Isabel Gutiérrez Carvajal, Pedro Julio Mendoza Villamil, Pedro David Medina Vera, María Edilma Niño Abril, Juan Carlos Calderón Hernández, Martha Ligia Monsalve Tamayo, Javier Emilio Franco Roldán, Alonso de Jesús Buriticá Buitrago, José Rodrigo Osorio Ocampo, Luis Leonardo Revilla Gómez, Jaime Humberto Cardona Callejas, José Alberto Montoya González, Jaime Alberto Molina Arbeláez y Édgar Hernán Chaparro Ballesteros contra Interconexión Eléctrica S.A. ESP “ISA”.

References: artículo 51
 artículo 467
 artículo 53
 artículo 467
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 467
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 Artículo 24