Source: https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/download/2888/3107?inline=1
Timestamp: 2020-08-13 20:49:42+00:00

Document:
Los escenarios de un turbulento Brexit
http://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.2.7
Artículo de reflexion
© 2019 Universidad Católica de Colombia.
Los escenarios de un turbulento Brexit 1
Scenarios of a turbulent Brexit
Os cenários de um turbulento Brexit
Margarita Navarro Pabsdorf *
Eduardo Cuenca-García **
Ángela Andrea Caviedes ***
1 Artículo de reflexión derivado de documentos de trabajo realizados en el grupo de investigación Unión Europea y la Cátedra Jean Monnet de Integración Europea. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores.
* Doctora en Economía. Profesora titular y miembro de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Granada (España).
Correo electrónico: pabsdorf@ugr.es;
https://orcid.org/0000-0001-9472-9449
** Doctor en Economía. Catedrático de Organización Económica Internacional y catedrático Jean Monnet de la Universidad de Granada (España).
Correo electrónico: ecuenca@ugr.es;
https://orcid.org/0000-0001-9976-8930
*** Doctora en Economía. Profesora ayudante de la Universidad Rey Juan Carlos.
Correo electrónico: andrea.caviedes@urjc.es;
https://orcid.org/0000-0001-6739-0611
Recibido: 31 de julio de 2019
Concepto de evaluación: 28 de octubre de 2019
Aprobado: 12 de diciembre de 2019
Cómo citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Navarro Pabsdorf, M., Cuenca-García, E. & Caviedes, Á., A. (2019). Los escenarios de un turbulento Brexit. Revista Finanzas y Política Económica, 11(2), 337-352. doi: http://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.2.7
La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea ha sido uno de los hechos más delicados en la historia del proyecto de integración europea. Dadas las dificultades para hacer otro tipo de evaluaciones en estos momentos, el interés de este trabajo es analizar las causas y el proceso seguido, ya que es la primera vez que un país miembro —uno de los de mayor relieve— emprende este camino. Durante las conversaciones llevadas a cabo para este fin, se han ido abriendo incógnitas de carácter económico, político y social sobre cómo llevar a buen puerto este mandato y, en consecuencia, se han generado serias dudas sobre las ventajas que se argumentaron a la hora de votar la salida. La solución todavía está por llegar, lo que ha creado un clima de desconfianza entre los ciudadanos europeos y británicos con respecto a sus políticos, pues no queda muy claro si realmente estos últimos están defendiendo los intereses del país u otros.
Palabras clave: Brexit, crecimiento económico, Eurocrisis, Euroescepticismo, integración económica, Unión Europea.
JEL Classification: F13, F15, F43, O52
The decision made by the United Kingdom to leave the European Union has been one of the most delicate moments in the history of the European integration project. Given the difficulties of doing other types of evaluations at the moment, this work aims to analyze the causes and the process followed, since it is the first time that a member country—one of the most prominent ones—takes this path. The conversations carried out for this purpose have posed unanswered questions of economic, political, and social nature about how to carry out this order successfully; this has raised serious doubts about its advantages, which were discussed at the time of voting for the exit from the European Union. This situation has created a climate of distrust between European and British citizens regarding their politicians, as it is not very clear if the latter are really defending the interests of the country or others.
Keywords: Brexit, Eurocrisis, Eurosceptic, economic integration, Economic growth, European Union.
A decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia foi um dos acontecimentos mais delicados na história do projeto de integração europeia. Tendo em vista as dificuldades para fazer outro tipo de avaliação nestes momentos, o interesse deste trabalho é analisar as causas e o processo que se seguiu, já que é a primeira vez que um país-membro —um dos de maior relevância— empreende esse caminho. Durante os diálogos sobre o tema, vêm sendo abertas incógnitas de caráter econômico, político e social acerca de como se chegar a um bom final e, por consequência, sérias dúvidas vêm sendo geradas quanto às vantagens expostas no momento de votar a saída. Ainda não se chegou a nenhuma solução, o que tem criado um clima de desconfiança entre os cidadãos europeus e britânicos a respeito de seus políticos, pois não fica claro se realmente estes últimos estão defendendo os interesses do país ou outros.
Palavras-chave: Brexit, crescimento econômico, Eurocrise, Euroceticismo, integração econômica, União Europeia.
En el 2016 los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea (UE) con la promesa de que tendrían acceso sin restricciones al mercado único y de conseguir lo que algunos han calificado como una "selección de cerezas del huerto de la UE", ignorando que las negociaciones serían complicadas e inciertas. Las promesas infundadas del frente anti-UE tuvieron eco en un electorado que se consideraba abandonado por sus políticos y que encontró la oportunidad de retomar la grandeza e independencia del país en la nueva vía que se les ofrecía. Una vez conocido el resultado del referéndum, la libra se derrumbó, y todo lo que vino después fue un ejemplo de lo mal que se ha gestionado una crisis institucional que dejó al país sin liderazgo cuando más lo necesitaba.
Sin embargo, los malos pronósticos sobre el Brexit, tanto del Gobierno como del Banco de Inglaterra, no se han cumplido: la economía no entró en recesión, el empleo permaneció en niveles altos y el crecimiento superaba el 1,5 %. Una de las razones que explica estos resultados frente a los análisis más pesimistas es que se partía de la idea de que el Brexit se activaría de inmediato, pero el artículo 50 no entró en vigor hasta nueve meses después del referéndum. Transcurridos ya tres años, el Reino Unido seguía siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con acceso libre a un mercado de 500 millones de personas. En la actualidad, ante las incertidumbres, comienzan a aparecer algunos datos pesimistas sobre cómo va a evolucionar la economía a medida que avance el 2019.
El poder para llevar a cabo la retirada del Reino Unido lo concedió la Cámara de los Comunes el 8 de febrero de 2017, con 494 votos a favor y 122 en contra. El 28 de marzo de 2017 (nueve meses después del referéndum), Theresa May invocaba el artículo 50 del Tratado de Lisboa, poniendo en marcha un procedimiento que debería concluir antes del 30 de marzo de 2019. Este margen de tiempo se podría prolongar si los 27 socios restantes lo aprobaban por unanimidad. De cara a reforzar su liderazgo durante las negociaciones, el 7 junio de 2017 May adelantó tres años las elecciones, obteniendo un resultado que le arrebataba la mayoría absoluta. Se trazó así al comienzo de las conversaciones para establecer los términos de la retirada con solo 318 escaños y la necesidad del apoyo de los 10 escaños obtenidos por el Partido Unionista de Irlanda (enfrentado a los católicos de Dublín). El sustituto de May, Boris Johnson, insiste en que la salida tendrá lugar, como está prevista, el 31 de octubre, con o sin acuerdo. El acuerdo que se alcance con la UE debe ser votado por las dos cámaras del Parlamento británico: la de los Comunes y la de los Lores.
En este trabajo se abordan las causas de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, se analiza la posición negociadora del Reino Unido frente a la Unión Europea hasta llegar al Acuerdo de Retirada. Finalmente se consolidan algunas reflexiones respecto a este proceso.
LOS ORÍGENES DE LA INTEGRACIÓN DEL REINO UNIDO EN LA UNIÓN EUROPEA
El Reino Unido se integró a las Comunidades Europeas con Irlanda y Dinamarca el 1 de enero de 1973. Aunque antes había sido invitado por los seis miembros fundadores (Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) a las reuniones previas a la firma de los Tratados, rápidamente marcó distancias con el proyecto europeo por no estar de acuerdo con la posible aplicación de un arancel exterior común, que perjudicaría sus intereses comerciales con la Commonwealth. Como alternativa, en 1960 el Reino Unido decidió promover un proyecto de zona de libre comercio a través de la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), formada por Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza y Portugal, que planteaba una integración menos ambiciosa. Poco después, consciente de su declive tanto económico como geopolítico tras la crisis del Canal de Suez de 1956, la pérdida de peso de sus relaciones con la Commonwealth y viendo los buenos resultados del proyecto europeo, solicitó su entrada a las Comunidades Europeas. Logró su objetivo en el tercer intento, una vez superado el veto que el general de Gaulle le había impuesto en dos ocasiones, pues desconfiaba de la verdadera voluntad del Reino Unido de asumir las reglas comunes.
Sin embargo, una vez dentro, las diferencias con sus socios no tardaron en aparecer. En 1974 el Reino Unido solicitó a la Unión Europea la renegociación de las condiciones de adhesión, y el año siguiente se convoca el primer referéndum en el que los británicos votan a favor de la permanencia. Años más tarde las diferencias vuelven a surgir tras la decisión de crear el Sistema Monetario Europeo. El Reino Unido manifestó su voluntad de no participar al considerar que esos mecanismos perjudicaban sus intereses en el manejo de su política económica.
Luego del primer año de gobierno de Margaret Thatcher, en 1979 comenzó una nueva negociación sobre la contribución presupuestal británica al presupuesto de la Unión Europea. Tanto laboristas como conservadores seguían creyendo que la contribución financiera británica era excesiva, ya que la Política Agrícola Común (la que más recursos absorbía, con más de dos tercios del presupuesto comunitario) apenas les beneficiaba. El conflicto se solucionó en la Cumbre de Fontainebleau de 1984, con el compromiso de devolver al país anualmente una parte de sus aportaciones (cheque británico), medida aún vigente que convierte a los franceses y a los alemanes en los principales contribuyentes netos al presupuesto comunitario.
En la redacción del Tratado de Maastricht y el proyecto de moneda única (1989-1992), los británicos manifestaron que tampoco participarían en un plan de ajuste monetario único impuesto sobre economías tan heterogéneas, razón que le llevó a beneficiarse de la cláusula de exención que le permitió no adherirse a la moneda única. La siguiente crisis por falta de acuerdo se presentó en el momento en que el Reino Unido e Irlanda se resistieron a aceptar el espacio Schengen cuando fue incorporado en el Tratado de Amsterdam en 1999. Más tarde, en el 2004, con respecto a la ampliación con los países del este de Europa, apoyada por el Reino Unido, algunos consideraron que esta se hizo pensando que con tantos países a la hora de tomar decisiones se podría frenar la dinámica de avanzar en la integración política impulsada en aquellos momentos por Francia, Alemania, Italia y España. Pero las previsiones no se cumplieron y, por el contrario, desde el momento en que se produjo la libertad de circulación de productos y personas, la reacción inmediata fue cuestionar ciertas libertades en el movimiento de personas, que se agravó con la crisis de refugiados y la llegada masiva de inmigrantes.
Las discrepancias saltaron nuevamente en el 2004 cuando 25 miembros firmaron el Tratado por el que se establece la Constitución para Europa. Después de la aprobación de la mayoría de los Estados miembros, salvo Francia y Holanda, el Reino Unido decidió cancelar la consulta. A esto se suma su no participación en las Políticas de Justicia e Interior, defendidas por Irlanda y Dinamarca, y la derogación de la Carta de los Derechos Fundamentales, incluida en el Tratado de Lisboa de 2007. En esta cadena de acontecimientos es importante señalar que con la aprobación del Tratado de Lisboa en el 2007 se abre la posibilidad de que un país miembro se plantee el abandono de la Unión Europea (artículo 50).
Posteriormente, con el Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (European Union Law, 2012), que promueve la disciplina presupuestaria de los gobiernos tras la crisis de deuda pública, se impusieron determinados requisitos en materia presupuestaria a los países de la zona euro abiertos a otros países de la Unión. De los 28 Estados miembros, los únicos que no lo firmaron fueron Reino Unido, República Checa y Croacia. Los objetivos de ese pacto fiscal eran los siguientes:
• Garantizar que la situación presupuestaria nacional fuera equilibrada o de superávit, de modo que, si el equilibrio presupuestario se desviaba de las previsiones, se adoptaran medidas correctivas; y, en caso de incumplimiento de estos requisitos, los países estarían sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría imponer sanciones a los que no respetaran sus sentencias.
• Reforzar las recomendaciones de la Comisión Europea cuando los niveles nacionales de déficit fueran demasiado elevados.
• Mejorar la coordinación de las políticas económicas nacionales, solicitando a los gobiernos que notificaran con antelación sus planes de emisión de deuda a la Comisión y al Consejo de la UE, y garantizando que sus reformas económicas se debatieran y coordinaran entre los países antes de adoptarse.
Finalmente, en el 2013, tras el encadenamiento de múltiples diferencias con las autoridades europeas, el primer ministro David Cameron prometió que si ganaba las elecciones del 2015 renegociaría la posición de su país dentro de la Unión y convocaría a un referéndum sobre una posible retirada (Clarke, Goodwin y Whiteley, 2017). Sobre la primera propuesta, Cameron logró negociar con el resto de socios unas condiciones especiales al no ser parte del euro y a mantener el control de la City respecto a las regulaciones financieras europeas o las ayudas públicas a los europeos que llegaran a su país, en caso de que los británicos decidieran continuar formando parte de la Unión. En relación con su promesa, el 23 de junio convocó al referéndum en el que se decidiría si el Reino Unido permanecería o dejaría la Unión Europea. El resultado final del referéndum fue de 17.410.742 votos a favor de retirarse del proyecto europeo frente a los 16.577.342 votos por la permanencia, con una participación del 72% de la población (Cuenca y Pabsdorf, 2017).
POSICIONES NEGOCIADORAS
Luego de casi un año de la celebración del referéndum, se activó el artículo 50. Las negociaciones comenzaron en junio del 2017, sin que el Reino Unido hubiera concretado su oferta. Luego el Consejo Europeo aprobó sus directrices para la negociación estableciendo dos fases. En la primera había que alcanzar un acuerdo de salida y después establecer el marco de las futuras relaciones. Las negociaciones estuvieron paralizadas en este punto, dado que Londres exigía negociar en paralelo y no dejar en el aire las relaciones futuras para una segunda fase.
Nota: en Gibraltar el 96% votó en contra del Brexit.
Desde el comienzo de las reuniones, las pretensiones del Reino Unido se centraron en una serie de puntos que se podrían sintetizar como sigue (Comisión Europea, 2018):
• Recuperar el control y la soberanía en los temas internos, apartándose de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia Europeo, pero transmitiendo confianza a ciudadanos y empresas en el proceso de transición de las directivas europeas vigentes a las leyes británicas.
• Mantener la unidad de las cuatro naciones que lo conforman (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), permitiendo que sus gobiernos participaran en las negociaciones.
• Controlar la inmigración europea, dejando abierta las posibilidades a la llegada de personas de talento que quisieran trabajar y estudiar en el Reino Unido.
• Proteger los derechos de sus trabajadores en la UE. Frente a esta aspiración, la UE exigía "garantías recíprocas" para sus ciudadanos y sus familias, con el ofrecimiento del "derecho a adquirir la residencia permanente" después de cinco años.
• Salir del mercado único y alcanzar un acuerdo de libre comercio con la UE. Esta era una pretensión difícil ya que significaba aceptar las cuatro libertades de circulación de bienes, capitales, servicios y personas, y la autoridad legal directa del Tribunal de Justicia de la UE. Al respecto, la UE consideraba que cualquier acuerdo no podía "equivaler a la pertenencia al mercado único". En cualquier escenario futuro, eran necesarias garantías contra "ventajas competitivas desleales" derivadas de medidas fiscales, sociales, ambientales y regulatorias.
• Conseguir nuevos acuerdos comerciales con otros países fuera de la UE; una demanda inadmisible para la UE mientras se perteneciera a la Unión Aduanera.
• No participar en el presupuesto, aunque estaba dispuesto a hacerlo en algunos programas europeos con una "contribución adecuada". Frente a esta posición, la UE manifestó que el Reino Unido debía seguir contribuyendo al presupuesto durante un periodo de transición, y que no podía "seleccionar" solo los temas que les interesaran.
• Liquidar sus compromisos económicos con una cantidad por debajo de 15.000 millones de euros. La UE exigía una "liquidación financiera única" para cubrir "todos los compromisos adquiridos". Las cuestiones relacionadas con el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Desarrollo también deberían resolverse.
• "Respetar las obligaciones resultantes de todo el periodo de pertenencia del Reino Unido", pagando su cuota como miembro hasta que el periodo presupuestado de siete años concluyera a finales del 2020, incluso si el Reino Unido dejaba la UE antes de esa fecha. La cantidad estimada oscilaba entre 40.000 millones y 60.000 millones de euros.
• En el caso de Irlanda del Norte, evitar el regreso a unas fronteras duras y "mantener el área común". El Consejo Europeo reconocía que el Acuerdo del Viernes Santo ofrecía una situación consensuada en la que una Irlanda unida pudiera convivir con medios pacíficos y democráticos. Desde el comienzo de las negociaciones, Irlanda quiso incorporar este acuerdo pues les afectaba especialmente.
• Poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Esta postura se suaviza al reconocer que tenía que alinearse con las reglas acordadas por instituciones de las que ya no formaría parte. La UE quería evitar un "vacío legal" y sostenía que el Reino Unido debía estar sujeto a la supervisión del Tribunal durante la transición.
• Resolver cualquier disputa sobre Gibraltar a través del diálogo. Ninguna solución se aplicaría sin un acuerdo entre España y el Reino Unido.
• La UE plantaba llevar a cabo las conversaciones desde un "enfoque por fases" y solo pasar a discutir las futuras relaciones comerciales una vez se hubiera progresado suficientemente en la fórmula de retirada.
• El Reino Unido y la UE se beneficiarían de los "periodos transitorios para adaptarse de manera suave y ordenada a los nuevos marcos de referencia", siempre que esos periodos estuvieran "claramente definidos, limitados en el tiempo y sujetos a mecanismos efectivos de aplicación".
• Aunque las autoridades británicas deseaban que las Agencias Europeas continuaran en Londres por un interés mutuo, el 20 de noviembre de 2017 la UE acordó que Amsterdam fuera la futura sede de la Agencia Europea de Medicamentos y París fuera la sede de la Autoridad Bancaria Europea.
• Por último, existía acuerdo en seguir cooperando en la lucha contra el crimen, el terrorismo, la seguridad y la posibilidad de compartir material de inteligencia (Amstrong, 2017).
Unión Europea: conversaciones posteriores, posibles alternativas y complejidad de la desconexión
La retirada de un miembro de la UE, incluso con acuerdo, sería difícilmente gestionable y estaría llena de riesgos para el país que la iniciara. Con un proyecto de integración tan profundo, las consecuencias económicas en un escenario de globalización y de resistencias políticas y ciudadanas convertían a este proceso en un camino lleno de dificultades que pondría a prueba los mecanismos de resistencia de la Unión Europea.
Tras los primeros contactos entre ambas partes, las posiciones se habían definido muy claramente. La UE debía presentar un frente unido, sin fisuras, si no quería salir mal parada en este proceso, dejando claro que había que fijar en primer lugar los términos de la desconexión y que después se negociaría el acuerdo comercial. La posibilidad de un "Brexit duro" o sin acuerdo solo se planteó hasta la elección anticipada de junio del 2017. A partir de ese momento la postura de los conservadores debió conciliarse con el "Brexit suave" que defendían los unionistas irlandeses para romper los términos de los Acuerdos de Paz del Viernes Santo. Una ruptura sin acuerdo era ya algo muy poco probable puesto que todos los partidos de la oposición, más la clara mayoría de los diputados conservadores con intereses comerciales, la bloquearían.
Casi tan improbable como el Brexit duro era que el Reino Unido y la UE acordaran una separación ordenada sin acuerdos preferenciales para el comercio futuro. Esta condición era apoyada por todos los partidos de la oposición, junto con docenas de conservadores centristas. Por otro lado, una maniobra parlamentaria para detener el Brexit, que estaría apoyada por los liberales, los verdes y el Partido Nacional Escocés, seguiría enfrentándose a la obligación de acatar el mandato del referéndum del 2016, que apoyaba otra parte del arco parlamentario (Comisión Europea, 2018).
Con estos condicionantes, los europeístas del gobierno de May propusieron el "Modelo de Jersey" para evitar la frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido tras el Brexit. En esencia se trataba de que la industria británica permaneciera dentro de la unión aduanera, el mercado común y el área común en la que se aplicaba el impuesto sobre el valor añadido comunitario, pero limitando la movilidad de mano de obra y servicios. Este documento no fue aceptado por la UE, que insistía en que las "cuatro libertades" (libre movimiento de bienes, capital, servicios y mano de obra) eran inseparables (Lowe, 2018).
May prometió que no habría obstáculos físicos o económicos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda (que seguirá dentro de la UE), y se comprometió con los protestantes del Ulster a que no habría frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Las dos promesas eran incompatibles, por lo que, para evitar una frontera controlada con Europa continental, habría que aceptar las cuatro libertades y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.
Ante estos hechos existían tres posibilidades, dos sencillas y otra más complicada. La primera consistía en que Gran Bretaña adoptara un "modelo noruego ampliado", permaneciendo no solo en el mercado común, sino también en la unión aduanera. La segunda, que aceptara una frontera económica en el mar de Irlanda y mantuviera sus exigencias en cuanto a la isla de Gran Bretaña, firmando para ello un acuerdo de libre comercio con la UE. Esta fórmula sería aceptable para la Comisión Europea y para los "brexiteros" más intransigentes, excepto que estos se negaran a aceptar una frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por último, la tercera posibilidad consistía en retrasar varios años el Brexit, con el Modelo Noruego Ampliado como meta definitiva (Dhingra y Sampson, 2016).
El problema era que May no aceptaría ninguna de las dos primeras soluciones; además, consideraba que la segunda sería un desastre para la industria británica, a menos que el periodo de transición se extendiera muchos años y las empresas tuvieran tiempo para reconducir sus operaciones. Poco a poco las negociaciones iban demostrando la enorme complejidad de desconectar un Estado del sistema jurídico y económico de la UE, por lo que Londres tuvo que ir aceptando casi todas las condiciones exigidas por Bruselas. A medida que pasaba el tiempo, los británicos se daban cuenta de lo que significa perder la relación privilegiada con su principal cliente.
En una primera etapa, las cinco propuestas para alcanzar un acuerdo en marzo del 2019 fueron las siguientes:
a. Un plan de "reglas comunes". Esta sería fijado con la Unión Europea en el comercio de mercancías, con un marco conjunto y la creación de un territorio combinado de aduanas, pero que eliminaba la libertad de movimiento de personas y la llegada de inmigrantes de la UE. Fue propuesto por May en julio de 2018 y la respuesta fue negativa tanto por parte de los partidarios del Brexit duro como del negociador de la UE. Se criticó la costumbre británica de elegir solo lo que le interesaba.
b. No Deal (Brexit duro sin acuerdo). Consistía en la salida automática de la UE y el acatamiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Era la opción preferida de los "Brexiteros duros". Aunque May defendía que un "no acuerdo" sería preferible a un mal acuerdo, los ciudadanos temían las graves consecuencias que podrían afectar al abastecimiento de supermercados o de medicinas. Asimismo, se planteaban planes de contingencia por si se producían disturbios sociales.
c. La alternativa "Canadá Plus". Se trataba de abandonar la UE y se negociara un Tratado Económico y Comercial como el de Canadá (CETA) mejorando incluso los aspectos relacionados con el sector servicios.
d. El modelo noruego. Con la permanencia en el mercado que suponía reconocer y mantener las cuatro libertades fundamentales en bienes y servicios, capitales y personas. En este caso los británicos insistían en que había que poner fin a "la libertad de movimientos".
e. Nuevo referéndum o convocatoria a elecciones. Era previsible que ante las indecisiones se pudiera convocar a nuevas elecciones o a un segundo referéndum, como defendía la formación People's Vote. Muchos británicos estarían a favor de una nueva consulta sobre los términos finales del Brexit ya que el gobierno conservador no había podido cumplir todas las promesas hechas hacía dos años (Emerson, 2018).
El Acuerdo de marzo de 2018
El 19 marzo de 2018 los negociadores presentaron una versión del proyecto de Acuerdo de Retirada con las partes en las que había acuerdo, entre las que se encontraban los derechos de los ciudadanos, la liquidación financiera, el periodo transitorio y cuestiones ligadas a la separación (Comisión Europea, 2018). Durante el periodo de transición, que iría desde el 29 de marzo de 2019, fecha de la salida, hasta el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido debería cumplir con la normativa europea, pero no tendría ni voz ni voto en las instituciones europeas. Entre los puntos destacados pueden referirse los siguientes:
• El Reino Unido, a propuesta de la UE, aceptaría todas las leyes que se aprobaran; aunque al final pactaron que los británicos podrían quedarse al margen de las nuevas legislaciones que no les interesaran, de forma similar a las cláusulas opt-out vigentes entonces.
• En pesca, la UE consultaría con el Reino Unido las decisiones que afectaran a los cupos de pesca en aguas británicas y ya en el 2020 podrían negociar como si fueran un país independiente.
• Durante la transición, los europeos que llegaran al Reino Unido tendrían los mismos derechos que tenían.
• Aunque se dejaban abiertos muchos frentes en las políticas exterior y de seguridad, se aceptaba que el Reino Unido negociara y firmara acuerdos comerciales internacionales, pero se aplicarían una vez terminara el periodo de transición.
• Gibraltar abandonaría la UE al mismo tiempo que Reino Unido, pero mantendría las ventajas del mercado único hasta finales del 2020. Para respaldar este acuerdo tendría que pasar por la aprobación entre España y Reino Unido. En otros aspectos, España pretendía conseguir avances sobre el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar y sobre las prácticas fiscales en la zona.
• Irlanda era el tema más delicado en la medida que era necesario evitar que la ruptura trajera la implantación de una frontera entre las dos Irlandas. Londres mantenía una posición "firme" para que eso no sucediera. La UE cedió a esas pretensiones con el backstop que mantendría a Irlanda del Norte en el mercado único y la unión aduanera "hasta que se encontrara otra solución". Londres lo aceptó. "De facto", el territorio tendría un estatus especial y único después de marzo del 2019.
• El Reino Unido pagaría la factura de retirada y aceptaría casi el 100% de las demandas de la UE sobre los derechos de los ciudadanos europeos.
• Había que fijar un periodo de transición para asegurar un Brexit ordenado. A pesar de la opinión contraria de los partidarios del "Brexit duro", los británicos seguirían dentro del mercado común por 21 meses, acatando las normas europeas.
• Finalmente, el 25 de noviembre del 2018, ambas partes aprobaron el Acuerdo de Retirada y la Declaración sobre las futuras relaciones entre ambas partes (Comisión Europea, 2018).
El documento constaba de las siguientes partes:
• Disposiciones comunes (Parte I)
• Derechos de los ciudadanos (Parte II)
• Cuestiones relativas a la separación (Parte III)
• Transición (Parte IV)
• Liquidación financiera (Parte V)
• Gobernanza (Parte VI)
• Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre
• Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte
• Protocolo sobre Gibraltar.
Por otra parte, las negociaciones sobre el Acuerdo de Retirada tuvieron esta cronología:
• 23 de junio de 2016: el Reino Unido decide salir de la UE.
• 29 de marzo de 2017: el Reino Unido activa oficialmente el artículo 50 para abandonar la UE.
• 8 de junio de 2017: el Partido Conservador de Theresa May perdió la mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones legislativas anticipadas.
• 19 de junio de 2017: inician la primera ronda de negociaciones sobre el Brexit.
• 20 de julio de 2017: concluye la segunda ronda de negociaciones.
• 28 de agosto de 2017: tercera ronda de negociaciones.
• 25 de septiembre de 2017: cuarta ronda de negociaciones.
• 9 de octubre de 2017: quinta ronda de negociaciones.
• 9 de noviembre de 2017: sexta ronda de negociaciones.
• 6 de febrero de 2018: séptima ronda de negociaciones.
El compromiso era garantizar que dichos acuerdos se aplicaran desde el final del periodo transitorio. Las negociaciones sobre las futuras relaciones solo comenzarían una vez que el Reino Unido abandonara la UE. En este contexto se planteaban dos escenarios posibles:
a. En caso de acuerdo, se aprobaría el Acuerdo de Retirada con una separación ordenada. Comenzaría el periodo transitorio y se iniciarían las negociaciones para una futura relación económica ambiciosa.
b. En caso de no acuerdo, se produciría una ruptura no ordenada entre ambas partes. El Acuerdo de Retirada sería nulo y no habría periodo de transición.
Las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) serían aplicadas a las relaciones comerciales bilaterales. En este punto cabe recordar que la OMC se rige por dos principios de no discriminación: la cláusula de Nación más favorecida (NMF), que se aplica a la relación entre los países miembros, y el de Trato Nacional, que hace referencia al tratamiento entre productos nacionales e internacionales (Díaz Mier y Caviedes, 2018). Además, se exige a la secretaría de la OMC la transparencia relativa a la publicación y notificación de las reglas nacionales.
Ante esta situación y los temores de la Comisión Europea de un "no acuerdo", el 13 de marzo se estableció una serie de medidas (o plan de emergencia) que amortiguaran las posibles perturbaciones a los ciudadanos y a las empresas en la UE-27. Entre estas medidas se incluirían las siguientes:
a. Las normas sobre las emisiones de CO2 de los vehículos; la asignación anual de cuotas adecuada a las empresas del Reino Unido para acceder al mercado de derechos de emisión de la UE-27; las normas sobre derechos de auto; los servicios financieros y la contratación pública; la protección de marcas, dibujos y modelos; las cualificaciones profesionales; la seguridad alimentaria, y el transporte carretero, ferroviario, aéreo y marítimo.
b. Las normas relacionadas con el comercio que afectarían a la cadena de suministro; los certificados, licencias y autorizaciones; las aduanas, IVA e impuestos especiales; las normas de origen; las prohibiciones y restricciones al comercio de mercancías, y las transferencias de datos personales.
c. Las normas relativas al traslado de la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) a Amsterdam, de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a París, y de la sede auxiliar del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo a Madrid.
d. Las normas relativas al transporte. Ambas partes querían mitigar los peores efectos y asegurar que, al menos, los aviones volaran y los suministros críticos continuaran cruzando el Canal. Había que evitar que el caos logístico y las incertidumbres legales se convirtieran en barreras significativas, de modo que se aplicarían medidas temporales que ampliaran las licencias de seguridad para las compañías aéreas del Reino Unido y permitieran a las de la UE prestar servicios aéreos en el RU con derechos equivalentes.
La pérdida por parte de las compañías aéreas de su derecho a prestar servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados miembros causaría grandes alteraciones. Ante un escenario de retirada brusca, el Parlamento Europeo acordó que las aerolíneas británicas siguieran operando rutas entre la UE y el Reino Unido durante 12 meses, siempre que se ofreciera un acceso equivalente a las compañías de la UE. Además, los eurodiputados instaban a la Comisión a extender, tras el Brexit y de manera temporal hasta marzo del 2020, las licencias de operaciones a las compañías en manos no europeas para darles tiempo a reestructurar el accionariado.
Para el transporte por carretera, la propuesta de la Eurocámara recogía medidas temporales en términos similares para permitir a los operadores del Reino Unido transportar mercancías a la UE durante nueve meses (hasta el 31 de diciembre del 2019), siempre que el Reino Unido autorizara estos movimientos a los transportistas comunitarios.
e. La política de visados con la inclusión del Reino Unido entre los terceros países cuyos ciudadanos están exentos de visado para estancias de corta duración (hasta 90 días). Esta medida quedaría supeditada a la aprobación de medidas equivalentes por parte del Reino Unido para todos los Estados miembros de la UE-27.
f. La inclusión del Reino Unido en las estadísticas sobre balanza de pagos, comercio de servicios e inversión extranjera directa.
g. No tener derecho a utilizar filas separadas de la UE/EEE/CH (documento de identidad válido como mínimo 3 meses) en la frontera; posibles verificaciones adicionales relativas a la duración y la finalidad de la estancia; el pasaporte para animales de compañía de la UE dejaría de ser válido para los propietarios de animales de compañía con residencia en el Reino Unido tras el Brexit (posible necesidad de pasaporte o certificado zoo-sanitario expedidos por terceros países).
h. En asunto de movilidad, los titulares de un permiso de conducir británico tendrían que verificar con el Estado miembro de la UE si se requerirá un permiso internacional adicional, y si su seguro le dará cobertura tanto en la UE como el Reino Unido.
i. En sanidad, era posible que la Tarjeta Sanitaria Europea no fuera suficiente.
j. Los derechos de los pasajeros de la UE a información, reembolso, transporte alternativo o compensación en caso de retrasos y cancelaciones podían no aplicarse a los vuelos del Reino Unido o a los viajes en barco, autobús, autocar y ferrocarril.
k. Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles (llamadas de voz, SMS o datos) ya no estarían sujetos a la normativa de la UE en materia de itinerancia cuando operaran en el Reino Unido.
l. En contenidos digitales y comercio electrónico, la prohibición del "bloqueo geográfico" dejaría de aplicarse a los ciudadanos y a las empresas del Reino Unido; los ciudadanos británicos que viajaran a la UE y los ciudadanos de la UE que viajaran al Reino Unido perderían los derechos de portabilidad de contenidos digitales. Muchas de estas cuestiones y otras no mencionadas aquí (derechos a voto, seguridad social, etc.) harían necesaria, en caso de que no haya acuerdo, la firma de acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y el Reino Unido.
m. El aumento de personal (por ejemplo, funcionarios de aduanas y veterinarios) y el establecimiento, adaptación o refuerzo de las infraestructuras necesarias (como en puertos y aeropuertos).
n. La necesidad de recursos financieros o de asistencia técnica para las empresas. Las actuales normas de la UE sobre ayudas estatales se derogarían, es decir, la prestación de servicios de consultoría para pequeñas y medianas empresas, o las ayudas a la formación que podrían utilizarse para la preparación de las Pymes (incluidos los posibles trámites aduaneros necesarios).
o. Ayuda técnica y financiera de la Unión Europea en ámbitos específicos como la formación de los funcionarios de aduanas y del personal fitosanitario.
p. En el caso de programa Erasmus, la legislación establecía que todas las actividades de movilidad se financiarían hasta que se completaran, lo que afectaría a estudiantes británicos, becarios y personal dedicado a actividades de movilidad en países de la UE y viceversa. Estas medidas tratan de garantizar que los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y los británicos en la UE mantengan sus beneficios sociales adquiridos antes del Brexit.
q. Los barcos europeos podrían pescar en aguas británicas y los británicos hacer lo propio en aguas de la UE.
r. La frontera entre las dos Irlandas iba a ser un punto de conflicto cuando se produjera el Brexit. Era importante tratar de mantener la frontera invisible para que las personas y los bienes pudieran cruzar de un lado a otro libremente. Las partes coincidía en que no se podía permitir una frontera física que supondría controles aduaneros, demoras y costos en el comercio transfronterizo, además del riesgo de poner en peligro la paz lograda.
La "salvaguarda irlandesa" (back-stop) sería una garantía legal para evitar la frontera. Obligaría a Reino Unido a seguir dentro de la unión aduanera y, por tanto, sujeto a las normas de la UE hasta encontrar una vía alternativa que las dejaran abierta. De no llegar a un acuerdo, el Reino Unido seguiría ligado a la UE, algo que el Parlamento británico rechazaba frontalmente. En un intento de diluir estos temores, las partes redactaron una declaración conjunta en la que se aclaraba que el backstop sería temporal (Aichele y Felbermayr, 2015).
Los rechazos al Acuerdo de Retirada (el 16 de enero y 12 de marzo)
A pesar de los esfuerzos realizados en las negociaciones, el 16 de enero del 2019 el Acuerdo de Retirada fue rechazado por la Cámara de los Comunes por 432 votos frente a 202 a favor. Era la segunda vez en que el Reino Unido negaba su aprobación a un acuerdo con la Unión Europea a propuesta de su gobierno. La primera ocasión se produjo cuando el Parlamento votó en contra del acuerdo que Cameron había renegociado con sus socios europeos para obtener un estatus especial. Un par de meses después, el 12 de marzo, se volvió a presentar la propuesta de retirada que nuevamente fue rechazada. En ese momento, May dejaba abierta la posibilidad de intentarlo unos días más tarde; en caso de no aprobarse, tendría que pedir una prórroga a la salida. Ante la incertidumbre, al día siguiente de no aprobado el Acuerdo, se votó en contra de la aplicación de un Brexit duro, propuesta que había sido aprobada por apenas 4 votos (312 a 308) en una primera votación y por 43 (321 a 278) en la segunda y definitiva.
El 20 de marzo May solicitó la prórroga a la UE para volver a salvar su propuesta e intentar que se aprobara con una "extensión técnica". El Parlamento británico la aprobó y extendió el artículo 50 por tres meses más (del 29 de marzo al 30 de junio), condicionaba el plan de May a un sí de la Cámara en un tercer intento. Sin embargo, May reconocía que, aunque el Acuerdo fuera aprobado en última instancia, haría falta "un extensión técnica y temporal" para aprobar normas sobre inmigración, comercio, finanzas, salud, agricultura y pesca, que deberían entrar en vigor el día después del Brexit.
De las cuatro mociones que posteriormente se debatieron, únicamente se aprobó la del gobierno. Ni la de los Laboristas, sobre aplazar el Brexit y avanzar un documento consensuado (rechazada por 318 frente a 302), ni la de transmitir el control del proceso del gobierno a la Cámara lo consiguieron. Aunque esta última, derrotada por apenas dos votos (314 contra 312), tuvo en jaque al gobierno de T. May. Tampoco se aprobó la enmienda que planteaba al Parlamento un nuevo referéndum; fue derrotada por 334 votos frente a 85. Se consideró que no era el momento de llevar a la Cámara el asunto sin antes probar otras opciones.
En una cumbre en Bruselas el 21 de marzo, los líderes europeos anunciaron que, si no se respaldaba el Acuerdo la semana siguiente, el Reino Unido tendría hasta el 12 de abril para decidir si abandonaba la UE sin un acuerdo o solicitaba una extensión más larga que incluía la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Esa decisión eliminaba la posibilidad de un Brexit no negociado a final de marzo. Si se lograba aprobar el Acuerdo (que ya había sufrido dos derrotas), la UE permitirá que el Reino Unido permaneciera en el bloque hasta el 22 de mayo para completar los trámites de retirada. Si no, tendría que decidir sobre la extensión más larga, quizás hasta final del año, o irse sin un acuerdo.
Aunque la Cámara de los Comunes ya había rechazado dos veces el Acuerdo de Retirada (el 15 de enero y el 12 de marzo), May pretendía forzar una tercera votación que el presidente del Consejo Europeo apoyó ofreciendo garantías adicionales sobre la salvaguarda. Así, el 29 de marzo, precisamente el día en que se suponía que el Reino Unido iba a abandonar la UE, pudo presentar por tercera vez su plan que volvió a ser rechazado (344 diputados en contra y 286 a favor). Tras la tercera derrota en la Cámara de los Comunes, la UE concedió al Reino Unido una prórroga corta de apenas tres semanas, hasta el 12 de abril. Llegado a ese punto, se suponía que el Reino Unido debería abandonar la Unión Europea y, a partir de entonces, todo era posible: un acuerdo, una prórroga larga si se decidía repensar la estrategia, o revocar el artículo 50.
La fecha de salida que los líderes europeos preferían era el 22 de mayo, un día antes de las elecciones al Parlamento, lo que no interferiría en las votaciones, ni en la elección de los futuros altos cargos de la UE ni en la negociación del presupuesto plurianual. Entonces, la UE podría ya ocuparse de los problemas internos urgentes que más preocupaban, como el frenazo económico, la política migratoria, etc.
El 5 de abril, ante la imposibilidad de avanzar, May solicitó una segunda prorroga que sería discutida por los líderes de la EU-27 el 10 de abril. En esta ocasión, la fecha límite se trasladó al 30 de junio, con el objetivo de que la primera ministra pudiera seguir negociando con el líder de la oposición. En este sentido, May prometía a sus socios europeos que respetaría el principio de "cooperación leal", aunque no había ningún mecanismo jurídicamente vinculante para obligar al Gobierno británico a respetar este compromiso. Fue una solución de última hora pues todos eran conscientes del coste de un no acuerdo. Sin embargo, como se indicó, la extensión de la fecha obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarían entre el 23 y el 26 mayo, algo que May intentó evitar a toda costa. Pero sobre esta decisión no existía unanimidad entre los Estados miembros por el temor a que, tras las elecciones al Parlamento y desde las instituciones, el Reino Unido bloqueara el funcionamiento de la UE para tratar de mejorar sus condiciones de salida, pues legalmente, hasta su salida, el Reino Unido seguía siendo miembro de pleno derecho de la UE.
El resultado final fue que las partes llegaron a un acuerdo de aplazamiento hasta el 31 de octubre del 2019, que contemplaba la participación del Reino Unido en las elecciones al Parlamento Europeo ya que ningún miembro de la Unión podía estar sin representantes elegidos. Así ocurrió, a pesar de que se reconocía que una extensión de los plazos acentuaría la incertidumbre, que las elecciones europeas les costaría "100 millones" de libras y que esto se podría interpretar como una derrota británica. Además, se cuestionó si el hecho de participar en las elecciones era irreversible hasta el 2024. La respuesta por parte de la UE fue que no: si una vez el Parlamento Europeo se hubiera formado se confirmaba la salida del Reino Unido, se reajustarían los miembros que salían con escaños de países que permanecían. Esta petición de prórroga fue finalmente aceptada por unanimidad por los Estados miembros en la cumbre europea del 21 de marzo.
En resumen, el rechazo al Acuerdo de Retirada convertía la prórroga en un terreno minado de incertidumbres con la posibilidad de que se desencadenara una crisis política en Londres que obligara a parar todo el proceso y esperar la conformación de un nuevo gobierno. El 7 de junio, dos años y 315 días después de que se convirtiera en primera ministra del Reino Unido, May presentó su renuncia como líder del Partido Conservador, lo que hacía más cercano el riesgo de una salida sin acuerdo.
LA LLEGADA DE BORIS JOHNSON AL PODER
En julio del 2019, Boris Johnson fue elegido líder del Partido Conservador después de vencer a su rival, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt, por 92.153 votos contra 46.656 entre los afiliados del partido. El relevo, a tan solo 100 días de la salida de la Unión Europea, despertaba las ilusiones de los partidarios del Brexit, que recibieron con alegría el compromiso de sacar al Reino Unido de la UE en la fecha prevista (31 de octubre), con o sin acuerdo. La campaña del Out fue un importante factor de su victoria, lo que suponía un compromiso con la salida sin acuerdo, si las negociaciones no tuvieran éxito.
Las declaraciones del nuevo primer ministro no fueron bien recibidas por los mercados: la libra se desplomó llegando a mínimos de 1985 frente al dólar, aunque poco después se recuperó levemente, a mínimos de octubre del 2016. Frente al euro, la libra tocó mínimos de agosto del 2017 en los 1,10 euros. Así también, PSA-Peugeot advirtió que cerraría su planta en Vauxhall, con más de 1000 empleos, si con un Brexit sin acuerdo la planta dejara de ser rentable. Esta advertencia se sumaba a una larga lista de empresas, sobre todo en el sector de la manufactura, que manifestaron su preocupación ante la posibilidad de una salida dura.
La retirada de la UE sin acuerdo en octubre podría, en una primera etapa, provocar una paralización de la actividad económica, especialmente en las empresas británicas relacionadas con el comercio exterior, pero las consecuencias finales serían más duraderas. Algunos economistas pensaban que, ante tanto pesimismo sobre el futuro del Reino Unido, cualquier forma de Brexit que no fuera una ruptura sin acuerdo sería positiva y generaría un impulso económico en el país y en toda Europa. Con un acuerdo, el daño a corto plazo se compensaría con la recuperación de la confianza de empresas y consumidores, y los riesgos de una ruptura total se reemplazarían por un periodo de transición en el que las relaciones económicas entre ambas partes seguirían casi inalteradas.
Por otra parte, se consideraba que los estímulos cíclicos prometidos por Johnson, con más gasto público y rebajas de impuestos, generarían nuevas expectativas (Steinberg, 2019). Además, se abrirían nuevas oportunidades para algunos países de la UE al dejar fuera del mercado común a competidores británicos en algunas industrias, las finanzas, la industria farmacéutica, los automóviles, etc.
La salida dura parecía muy improbable, todos estaban más que nunca a favor de un acuerdo pactado. Existía la posibilidad de que Johnson convenciera a los dirigentes de la UE de hacer algunos cambios menores en el acuerdo de salida de May, con lo que probablemente el Parlamento aprobaría el "nuevo" acuerdo. A los euroescépticos más intransigentes no les quedaría otra opción que votar por el acuerdo de Johnson o arriesgarse a unas elecciones. Mientras que muchos proeuropeos de ambos partidos, que antes esperaban evitar el Brexit, apoyarían cualquier acuerdo negociado con tal de evitar una salida sin acuerdo.
La pregunta que se planteaba era si la UE estaría dispuesta a dar algunas concesiones: probablemente sí, ya que también deseaba poner fin a este complicado periodo de salida y todo parecía apuntar a que, buscando una solución alternativa a la "salvaguarda irlandesa", el acuerdo podría sellarse. Como esta cuestión solo afectaba a Irlanda, la UE se guiaría por los intereses del gobierno irlandés. Era difícil pensar que Dublin prefiriera un Brexit sin acuerdo a una ligera flexibilización de la "salvaguarda" que garantizara un largo periodo de transición sin cambios.
Otra razón que alejaba la posibilidad de una salida sin acuerdo era que, a pesar de la promesa de abandonar la UE en octubre "con o sin acuerdo", Johnson también había dicho que la probabilidad de lo segundo era "una entre un millón", pues estaba confiado en tener una negociación exitosa con la UE. Si insistía en un Brexit sin acuerdo, se arriesgaría a una debacle económica y a una elección general prematura si el Parlamento lo impedía. Además, con el acuerdo, la recuperación de la confianza de las empresas permitiría cumplir con la rebaja de impuestos y los estímulos fiscales. Esto sentaría las bases para una elección general el año próximo, en la que Johnson casi aseguraría un triunfo con amplia mayoría. Todo parece apuntar que para él la opción preferida es un Brexit negociado y ordenado.
Los desafíos de la crisis de deuda generaron tensión entre los países miembros de la UE disconformes con algunas de las políticas comunes. A causa de las corrientes políticas del momento y el nacionalismo que se expandía por todo el mundo, la idea de abandonar la UE toma forma en el Reino Unido. Tras la decisión y la aplicación del artículo 50, el proceso ha sido complicado y ha llevado al país a un callejón de difícil salida. Esta situación lo ha dividido profundamente y ha generado un clima de caos que obligó a May a reaccionar ante las dimisiones de miembros de su propio gobierno.
Posteriormente, se hicieron más evidentes las consecuencias de la desconexión, derivadas del hecho de que el Reino Unido importa de la UE aproximadamente el 52% de los alimentos que consume. Un Brexit caótico tendría efectos muy negativos tanto en el Reino Unido como en muchos países europeos. Por otro lado, el problema de la frontera con Irlanda generaba un conflicto de grandes dimensiones económicas y políticas. Lo cierto es que nunca se explicaron las consecuencias reales del abandono de la UE ni se habló del hecho de que formar parte de la UE era participar en un proyecto de paz y colaboración entre países que durante siglos habían resuelto sus diferencias.
La decisión de abandonar la UE no debería haber estado basada solo en cuestiones económicas, sino también en nuestros valores comunes. Las negociaciones han sido muy conflictivas y no se ha podido llegar a un acuerdo en el plazo establecido en el artículo 50. Muchos de los votantes se han ido dando cuenta de que el referéndum fue un error y el Brexit un desastre. Al día de hoy, en el momento de cerrar este trabajo, las incógnitas sobre el futuro de este proceso siguen sin despejarse. Tras la renuncia de May, el nuevo primer ministro B. Johnson amenazaba con una salida sin acuerdo el 31 de octubre. Sin embargo, la frágil mayoría parlamentaria con la que contaba hizo fracasar los intentos de Johnson de alcanzar un acuerdo y el tema ha quedado pendiente de que los resultados de las elecciones, el próximo12 de diciembre, pongan fin a esta etapa llenas de turbulencias.
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References: artículo 50
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