Source: https://supremo.vlex.es/vid/513419734
Timestamp: 2019-10-19 16:58:52+00:00

Document:
STS, 16 de Mayo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 513419734
Número de Recurso: 2700/2012
ACTOS ADMINISTRATIVOS. Una cosa es que quepan varias interpretaciones y otra bien distinta que la Audiencia Nacional, al computar de un modo que permite al administrado disponer del plazo mensual que le otorga la ley para interponer el recurso de alzada, haya vulnerado el art. 24.1 CE. Hay que tener en cuenta, para empezar, que la doctrina constitucional reseñada es la interpretación llevada a cabo por este Tribunal respecto de una regla procesal que afecta a sus propios procedimientos. El principio pro actione se ha utilizado en este contexto, no como canon para la determinación de la vulneración del derecho fundamental a acceder a la jurisdicción, sino como criterio hermenéutico de Derecho procesal constitucional. Como afirma el Abogado del Estado, este Tribunal puede fijar la interpretación de sus reglas procesales, pero no puede imponérsela a la jurisdicción contencioso- administrativa, por ser una cuestión prima facie de legalidad ordinaria que no le corresponde. Se desestima la casación.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 2700/2012, interpuesto por DÑA. Ofelia , contra la sentencia de fecha 23 de febrero de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 538/2012, seguido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, de 26 de febrero de 2010, que desestima el recurso de anulación presentado contra la Resolución del mismo órgano económico- Administrativo, de fecha 30 de noviembre de 2009, dictada en la reclamación núm. NUM000 , que declaró la inadmisibilidad de la reclamación por extemporánea.
Ha sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por el Abogado del Estado y LA JUNTA DE EXTREMADURA, representada y asistida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.
En el recurso contencioso-administrativo nº 538/2010, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con fecha 23 de febrero de 2012, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLO. Que desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Campillo Álvarez, en nombre y representación de Dña. Ofelia , contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, de fecha 26 de febrero de 2010, que desestima el recurso de anulación presentado contra la Resolución del mismo órgano económico-administrativo, de fecha 30 de noviembre de 2009, dictada en la reclamación número NUM000 , confirmamos la misma por ser ajustada a Derecho. Sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas".
Contra dicha sentencia, la representación procesal de DÑA. Ofelia , presentó con fecha 19 de abril de 2012, escrito de interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina, por entender que la sentencia de instancia, respecto de litigantes en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, había llegado a pronunciamientos distintos a los de las sentencias que aporta de contraste ( Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2000 ); suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que anule la sentencia de la Sala de Cáceres ahora impugnada y, apreciando que la reclamación económico-administrativa previa al recurso contencioso-administrativo fue efectivamente formulada en plazo, declare: -Que el procedimiento sobre el Impuesto de Sucesiones seguido a instancia de la interesada, y que se debate en los presentes autos, se encuentra caducado, por haber transcurrido el plazo legalmente previsto de seis meses para tramitarlo, caducidad que conlleva el archivo de las actuaciones, con nulidad de la liquidación TC/CP Nº NUM001 girada. -De modo subsidiario al punto anterior, declare que los correspondientes derechos por el Impuesto de Sucesiones referidos a la mitad de los dos bienes inmuebles inventariados (la FINCA000 " del término de Cáceres, y el piso NUM002 NUM003 de AVENIDA000 nº NUM004 , también de Cáceres) ya se encuentran liquidados y/o prescritos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 881 , 882 y 1006 del Código Civil , con nulidad de la liquidación TC/CP Nº NUM001 girada. -Con imposición de costas a la parte demandada".
El Letrado de los Servicios Jurídicos de LA JUNTA DE EXTREMADURA, en la representación que ostenta, mediante escrito presentado en fecha 31 de mayo de 2012, formuló oposición al presente recurso, con la súplica de que "inadmita y, subsidiariamente desestime el presente recurso". Asimismo, el Abogado del Estado en representación de LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, presentó escrito con fecha 18 de junio de 2012, con la súplica de que "acepte la abstención de la Abogacía del Estado en el trámite de oposición".
Recibidas las actuaciones, por Providencia de fecha 18 de febrero de 2014, se señaló para votación y fallo el día 14 de mayo de 2014, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Es objeto del presente recurso de casación para unificación de doctrina, la sentencia de 23 de febrero de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 538/2010, en el que se impugnaba Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura de fecha 26 de febrero de 2010, desestimatorio del recurso de anulación contra resolución del mismo órgano de 30 de noviembre de 2009, que declaró la inadmisibilidad de la reclamación por extemporánea.
Como tantas veces ha dicho este Tribunal, el recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta, Capítulo III, Título IV ( arts. 96 a 99) de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. "Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas... No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir" (S.15-7-2003).
El contrate de la sentencia objeto del presente recurso de casación para unificación de doctrina, y la Sentencia de 5 de junio de 2000 de este Tribunal Supremo , pone claramente de manifiesto que los hechos y razonamientos jurídicos que fundamentan el fallo en las citadas Sentencias son diferentes y, por tanto, no es posible apreciar la contradicción de doctrinas.
La Sentencia ahora impugnada, sin entrar a examinar el fondo del debate litigioso sustantivo, considera que la interpretación que se hace por el recurrente del plazo de un mes previsto en el artº 235.1 de la LGT , para interponer la reclamación económico administrativa es incorrecta; de suerte que notificada la liquidación el día 21 de julio de 2008, al presentarse la reclamación, no el 21 de agosto de 2008, último día del plazo, sino el 22 de agosto de 2008, la misma se interpuso fuera del plazo establecido, conforme a una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que fija la doctrina legal al interpretar los términos de los arts. 48.2 de la Ley 30/1992 y 46.1 de la Ley 29/1998 , de tenor similar al artº 235 de la LGT .
Mientras que la sentencia invocada como contradictoria, se centra en cómo realizar el cómputo de dos meses para la interposición del recurso contencioso administrativo, interpretando y aplicando los arts 58.1 y 46.1 respectivamente de las Leyes Jurisdiccionales aplicables, en relación con los arts 5 del CC y 185 de la LOPJ . Sólo óbiter dicta, y marcando las diferencias entre los plazos administrativos y jurisdiccionales, se especula sobre una posible nueva interpretación del artº 48.4.2 de la Ley 30/1992 , tras su redacción por Ley 4/1999 -"con lo que parece haber cambiado de criterio en el mencionado supuesto de plazos administrativos expresados en meses o años"-. Cabe, pues señalar, por un lado que mientras que la sentencia de instancia se refiere a un plazo administrativo en las reclamaciones económico administrativa, referido a un precepto en concreto, la sentencia de contraste se refiere a plazos jurisdiccionales, referidos a preceptos distintos al aplicado en la sentencia de instancia y respecto de los plazos administrativos de limita a hacer una interpretación meramente interpretativa a efectos obiter dicta, lo que por su carácter, ajeno a la ratio decidendi de la sentencia, no constituyen términos de contraste adecuados en el recurso de casación para unificación de doctrina, puesto que si el fundamento de este es preservar el principio de igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico procurando que los mismos supuestos reciban una misma respuesta mediante la aplicación de la doctrina correcta, desde el punto y hora que los razonamientos obiter dicta resultan extraños a la razón y fundamento de resolver, sólo la doctrina determinante o conducente a la decisión adoptada es la que puede servir de término de comparación para el contraste con la hecha valer, para fijar cual es la correcta para resolver el caso que recibió dos resoluciones jurídicas diferentes.
Por otra parte, se aprecia que la sentencia impugnada se fundamenta en la aplicación de los criterios jurídicos expuestos de forma reiterada y constante por esta Sala del Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aún después de la reforma de 1999, por lo que carece de sentido el presente recurso de casación para la unificación de doctrina cuando hay fijada doctrina legal sobre el cómputo de plazos por meses que regula el artículo 48 del referido Cuerpo legal , máxime cuando la interposición del recurso tiene como objeto homogeneizar unos criterios que no son opuestos.
En este sentido cabe advertir que es exponente de la existencia de doctrina legal la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2008 (RC 32/2006 ), en la que acogimos la doctrina jurisprudencial sostenida en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2008 (RC 9064/2004 ), en relación con la unificación normativa respecto del cómputo de los plazos procedimentales y de los plazos procesales regulados respectivamente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, con este razonamiento: « Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación [...].
"... acogiendo la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 15 de diciembre de 2005 (RC 592/2003 ), que expone cual es la finalidad de la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y resume la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia en los siguientes términos:
Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen en las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000 ), 2 de diciembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000 ) y 15 de junio de 2004 (recurso de casación 2125/1999 ) sobre el cómputo de este tipo de plazos, cuya conclusión coincide con la que acabamos de exponer [...] » .
Por ello, considerando que constituye un principio rector del procedimiento administrativo la obligatoriedad de términos y plazos a que alude el artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que impone al ciudadano la carga de actuar tempestivamente debiendo cumplir los plazos establecidos para la formulación de los recursos administrativos, siempre que su imposición resulte justificada, pues representa una garantía sustancial del principio de seguridad jurídica, existiendo doctrina legal sobre la interpretación aplicativa del artículo 48.2 del referido Cuerpo legal en los términos expuestos.
Cierto que existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional que difieren de la doctrina legal que al respecto ha dejado sentada este Tribunal Supremo, así en la STC del Pleno 148/1991, de 4 de julio , al conocer del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado contra determinados artículos de la Ley Canaria 3/1985, publicada en el BO de las Islas Canarias en 5 de agosto de 1985, señaló que el dies ad quem era el día 6 de noviembre de 1985; o en la STC del Pleno 48/2003, de 12 de marzo , se dijo que en los plazos contados por meses no el correlativo mensual al día de la notificación o publicación, sino el correlativo mensual al día siguiente de la notificación o publicación. Pero aún cuando el Tribunal Constitucional, como se desprende de estos pronunciamientos, no acepta la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, en los términos que hemos visto, la tesis por el mismo defendida sólo posee virtualidad dentro de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, en tanto que dado el tenor de los preceptos aplicables cabe la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, no tratándose, por ende, de un error patente, sin incidencia, pues constitucional, en tanto no vulnera de forma manifiesta el artº 24 de la CE , tratándose de una cuestión de mera legalidad ordinaria, moviéndose el Tribunal Supremo dentro del ámbito que le es propio.
En esta línea cabe apuntar la STC 209/2013, de 16 de diciembre , en que podemos leer lo que sigue:
"Ninguna de las partes del presente proceso constitucional discute el hecho de que el plazo mensual para interponer el recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Baleares de 22 de diciembre de 2004 se haya computado de «fecha a fecha». La controversia se refiere, no a esta técnica de cómputo, sino al día que debía tomarse como referencia al aplicarla. Según el recurrente y el Ministerio Fiscal, tal fecha se correspondía con el primer día hábil siguiente a la notificación (28 de enero), por lo que hubo de admitirse el recurso de alzada. Según el Abogado del Estado, era el propio día de la notificación (26 de enero) y en todo caso debía entenderse que el vencimiento se produjo el día equivalente a aquel en que se practicó, por lo que, habiéndose presentado el recurso de alzada el 28 de enero, la Sentencia de 25 de junio de 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acertó al confirmar las resoluciones del Tribunal Económico- Administrativo Central de 2 de febrero y 17 de mayo de 2007.
Los preceptos aplicados en el presente caso ( arts. 241.1 LGT y 48.2 LPC) establecen que el plazo de impugnación empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación. No obstante, tampoco resulta irrazonable interpretar, como hace la Sentencia impugnada, que el ordinal del dies ad quem coincide con el del día en que se practicó la notificación: por lo mismo que de martes a lunes hay una semana, de 27 de enero -que es el día siguiente al de la notificación- a 26 de febrero hay el mes legalmente garantizado para la interposición del recurso de alzada, que era en este caso un presupuesto procesal del acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo afirma la Sentencia recurrida cuando, apoyándose en la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, insiste en que el art. 241 LGT y la nueva redacción del art. 48.2 LPC (dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero ) han alterado el día inicial de cómputo, pero no la fecha de vencimiento, que sigue siendo el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda. Dicho de otro modo, establecido que el dies a quo es el siguiente al de la notificación, si se llevase el dies ad quem al día equivalente del mes siguiente, se daría al administrado más tiempo del que marca la ley.
No cabe duda de que el órgano judicial pudo tomar en consideración una interpretación más favorable en cuanto a la interposición en plazo del recurso de alzada: los preceptos señalados soportaban la interpretación de que el vencimiento se produjo el primer día hábil equivalente al siguiente al de la notificación, que fue el 28 de febrero. A esta conclusión coadyuva la doctrina constitucional sobre el plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad ( SSTC 48/2003, FJ 2 , y 108/2004 , FJ 2) invocada por el recurrente y el Ministerio Fiscal: el art. 33.1 LOTC dispone que ese plazo empieza a correr «a partir de la publicación» del texto con rango de ley legal de que se trate; y, respecto de este precepto, este Tribunal ha afirmado, sin excluir la razonabilidad de otra interpretación, que el vencimiento se produce el día equivalente al siguiente al de la publicación.
Ahora bien, una cosa es que quepan varias interpretaciones y otra bien distinta que la Audiencia Nacional, al computar de un modo que permite al administrado disponer del plazo mensual que le otorga la ley para interponer el recurso de alzada, haya vulnerado el art. 24.1 CE . Hay que tener en cuenta, para empezar, que la doctrina constitucional reseñada es la interpretación llevada a cabo por este Tribunal respecto de una regla procesal que afecta a sus propios procedimientos. El principio pro actione se ha utilizado en este contexto, no como canon para la determinación de la vulneración del derecho fundamental a acceder a la jurisdicción, sino como criterio hermenéutico de Derecho procesal constitucional. Como afirma el Abogado del Estado, este Tribunal puede fijar la interpretación de sus reglas procesales, pero no puede imponérsela a la jurisdicción contencioso- administrativa, por ser una cuestión prima facie de legalidad ordinaria que no le corresponde. A su vez, según hemos razonado en el fundamento jurídico anterior, el principio pro actione no exige la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles.
Pues bien, sobre si hay vulneración del indicado principio, este Tribunal ha tenido ya la oportunidad de descartarlo en un caso idéntico en lo sustancial al del presente recurso de amparo. El ATC 195/2001, de 4 de julio , FJ 4, declara que «constituye ya doctrina consolidada que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional ( art. 117.3 CE ), y que el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido que determina la inadmisibilidad del recurso sea manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial ( SSTC 201/1987 , 200/1988 , 32/1989 , 155/1991 , 132/1992 , 75/1993 , 302/1994 y 165/1996 ), cuando, como en este caso, de acceso a la jurisdicción se trata». Sobre esta base, considera que la resolución judicial (que inadmitió el recurso con base en un criterio de cómputo idéntico al aplicado en el presente caso por el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Audiencia Nacional) no vulnera el derecho fundamental a acceder a la justicia porque «se limita a aplicar el art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 , que, como se decía en la STC 32/1989, de 13 de febrero , contempla el cómputo del plazo de dos meses para la interposición del recurso 'de acuerdo con el sistema de 'fecha a fecha', según el cual el plazo se inicia al día siguiente de la notificación y tiene como último día hábil el del mes correspondiente que coincida con aquel en que se realizó la notificación' (FJ 3)». Afirma en este sentido que «es doctrina mayoritaria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, a fin de que no se compute dos veces una misma fecha, el plazo de los dos meses que el artículo 58 de la Ley Jurisdiccional establece para la interposición del recurso contencioso- administrativo, si bien se cuenta desde el día siguiente a la notificación de la resolución que se pretende recurrir, termina el día en que se cumplan los dos meses pero contado desde la misma fecha de la notificación ( Sentencia de 6 de junio de 2000 )». Dicho de otro modo, «que en los plazos que se cuentan por meses, el plazo concluye, ya dentro del mes correspondiente, el día que se designa con la misma cifra que identifica el día de la notificación o publicación»".
Procede que impongamos las costas a la parte recurrente ( artículos 97.7 y 93.5 de la L.J.C.A .) si bien la Sala, haciendo uso de la potestad contenida en el artículo 139.3, fija en mil quinientos euros la cifra máxima de las mismas.
Que debemos declarar, y declaramos, no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de 23 de febrero de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , con imposición de las costas a la parte recurrente con el límite fijado en el último de los Fundamentos Jurídicos de esta sentencia.
STS, 9 de Mayo de 2008 (Recurso de casación, Extemporaneidad, Levedad)
STSJ Castilla-La Mancha 1276, 27 de Abril de 2006
STSJ Navarra 263, 11 de Abril de 2006

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 47
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 artículo 139