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PRIORIDADES DE ACCIÓN PARA EL ESTADO ARGENTINO
MUJERES DESPROTEGIDAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARGENTINA
Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios que trabajan para poner fin a abusos graves de los derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. La financiación del movimiento se sustenta, en gran medida, en la generosidad de aquellas personas que contribuyen en todo el mundo con sus cuotas de afiliación o sus donaciones.
© Amnistía Internacional Argentina Uruguay 775 4º B Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4372.3141 contacto@amnesty.org.ar www.amnesty.org.ar Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 Madrid. España www.amnesty.org/es Índice: AIAR CAM 02/11/2008 © Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa. Fotografía de la portada: Mujeres activistas en el XXI Encuentro Nacional de Mujeres. Mar del Plata, octubre de 2006. © Gisela Volá
Introducción 1. Las obligaciones del Estado argentino 2. Incumplimiento
Falta de igualdad Falta de información Falta de protección Falta de progresos
3. El coste de la violencia contra las mujeres 4. Recomendaciones para una acción prioritaria del Estado argentino
Utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios Crear una base de datos nacional unificada sobre violencia contra las mujeres Convocar una mesa redonda nacional sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres Proporcionar un liderazgo público para poner fin a la violencia contra las mujeres
Conclusión Referencias Notas
4 MUY TARDE, MUY POCO
© Gisela Volá
Activista marchando el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amnistía Internacional Noviembre de 2008
Índice: AIAR CAM 02/11/2008
MUY TARDE, MUY POCO MUJERES DESPROTEGIDAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARGENTINA
El predominio constante de la violencia contra la mujer es una demostración de que los Estados todavía no han encarado el problema del compromiso político, la visibilidad y los recursos necesarios.
Secretario general de la ONU, 20061
En 1985, Argentina, al ratificar su gobierno la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se comprometió a garantizar que las mujeres que vivieran en el país podrían disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación ni violencia basadas en el género. Sin embargo, más de 20 años después, y aunque no existen datos detallados de todo el país, todos los indicios disponibles, y también la propia investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, señalan que la violencia contra las mujeres sigue siendo una práctica generalizada en el hogar y en la comunidad. La violencia contra las mujeres es una vergüenza para los derechos humanos. Mientras continúe, será imposible hacer realidad la promesa de los derechos humanos para todas las personas. Amnistía Internacional lleva trabajando sobre la violencia contra las mujeres desde el año 2004, y en marzo de 2007 lanzó una campaña en Argentina para pedir al gobierno del país que actuara urgentemente para abordar la violencia que sufren las mujeres,2 y en particular la doméstica,3 con medidas como la aplicación de un programa de acción de 14 puntos.4 La finalidad del programa es llevar mejoras tangibles a la vida de las mujeres víctimas de violencia de género5 haciendo frente públicamente a dicha violencia, impidiendo que se repita y tomando medidas para erradicarla por completo. En la actualidad, el gobierno argentino está fallando a las mujeres que sufren violencia, cuyos derechos están siendo violados tanto por los actos de violencia como por la inacción a la hora de prevenirla, de abordar las desigualdades y de proporcionar a las víctimas ayuda adecuada y acceso a la reparación. Esta inacción tiene lugar pese a la obligación legal del Estado argentino de proteger a las mujeres frente a la violencia y ayudar a las supervivientes, una obligación que se deriva de los numerosos acuerdos internacionales, regionales y nacionales que ha establecido. En 2008, el elevado índice de
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violencia contra las mujeres siguió afectando no sólo a la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos argentinos, sino también al actual historial de derechos humanos del país, e incluso a la economía nacional. Las recomendaciones de este informe se basan en una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional durante los años 2007–2008. Esta investigación incluyó entrevistas a víctimas de violencia contra las mujeres, organizaciones de la sociedad civil argentina, oficinas gubernamentales, así como una revisión de experiencias positivas en otros países. Este informe examina con detalle cuatro de los puntos incluidos en el programa de Amnistía Internacional para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Según afirma el informe, si se quiere lograr una reducción inmediata de la violencia contra las mujeres y sentar los cimientos para un plan a largo plazo que erradique dicha violencia, estos puntos deben ser prioridades de acción para el gobierno nacional.
1. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO ARGENTINO
En 1996, Argentina ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida también como Convención de Belém do Pará), que reconocía que la violencia no sólo viola el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que además les impide ejercer plenamente sus derechos civiles, políticos, sociales o económicos.6 Las obligaciones del Estado respecto a estos derechos están claramente establecidas en la reforma de la Constitución de Argentina de 1994,7 en la que se otorgó categoría constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y se les asignó la posición más alta en la jerarquía jurídica del país. Respecto a la violencia contra las mujeres, las obligaciones contenidas en la arquitectura jurídica de las normas internacionales de derechos humanos por las que Argentina está vinculada no se limitan a legislar contra dicha violencia y penalizarla. Se extienden a la responsabilidad de ejercer la «diligencia debida» para actuar de manera adecuada y efectiva para prevenir la violencia contra las mujeres, investigarla y castigarla cuando se produzca. Cuando el Estado incumple este deber, puede ser responsabilizado de las violaciones sufridas por las mujeres.8 El Estado, por lo tanto, está obligado a tomar medidas positivas para prevenir, prohibir y castigar la violencia contra las mujeres, independientemente de dónde se produzca y de la identidad de su autor, lo que significa que incluye la violencia que tiene lugar dentro del ámbito familiar.9 Las prioridades que Amnistía Internacional asigna para una acción urgente de ámbito nacional son conformes con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de los compromisos internacionales y regionales que ha adquirido respecto a prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer. Estos compromisos incluyen medidas específicas para contrarrestar la discriminación de género en su conjunto, especialmente mediante el proceso educativo, para investigar y recopilar datos sobre la violencia y para promover el conocimiento y el respeto del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.10 Aunque gran parte de la acción que se necesita para eliminar la violencia contra las mujeres
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© UN Photo-Paulo Filgueiras
El secretario general de las Naciones Unidas presenta el informe bienal de UNIFEM, Nueva York, septiembre de 2008.
debe realizarse en el ámbito provincial, esto no disminuye la responsabilidad del gobierno nacional como Estado Parte en tratados internacionales y regionales y como responsable de velar por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, consagrados en la Constitución. Sin embargo, pese a la clara obligación legal de los Estados de eliminar la violencia contra las mujeres, las estadísticas recopiladas por Amnistía Internacional muestran que, en Argentina, en los primeros diez meses de 2008, se produjo la muerte de al menos 110 mujeres a manos de un miembro de su propia familia o de una pareja o ex pareja.11 Según cifras del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la línea telefónica de ayuda para la violencia familiar recibió, tan sólo en la capital , 5.665 llamadas en los primeros seis meses de 2008.12 Esta escalofriante cifra indica la inacción del gobierno para proteger a las mujeres frente a abusos fundamentales de sus derechos humanos. La inacción respecto a la violencia contra las mujeres viola el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en la esfera pública como en la privada, y también el derecho a ejercer libremente sus derechos económicos, sociales, civiles y políticos en plena igualdad con los hombres. Además, mina la posición internacional de Argentina como Estado en el que los derechos humanos se respetan y se hacen realidad.
LAS OBLIGACIONES LEGALES Y POLÍTICAS DEL ESTADO ARGENTINO RESPECTO A LAS MUJERES QUE VIVEN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Afirma que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Reconoce (entre otras cosas) el derecho de todos los seres humanos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, sin distinción de ningún tipo.
1994 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ)
Firmada y ratificada por Argentina en 1994 y 1996, respectivamente. Afirma que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos de las mujeres. En virtud de este tratado, los Estados Partes se comprometen a condenar todas las formas de violencia contra las mujeres y a poner en práctica, por todos los medios adecuados y sin demora, políticas para prevenir, castigar y erradicar dicha violencia.
1979 CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Firmada y ratificada por Argentina en 1980 y 1985, respectivamente. Define la discriminación contra las mujeres y obliga a todos los Estados Partes a actuar para ponerle fin en las instituciones públicas y en la ley, a manos tanto de particulares como de organizaciones o empresas.
1999 PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Firmado y ratificado por Argentina en 2000 y 2007, respectivamente. Establece un procedimiento internacional de presentación de quejas que permite a personas, grupos u ONG presentar ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer quejas respecto a violaciones de los derechos humanos de las mujeres perpetradas por los Estados. También establece que los Estados deben dar a conocer este procedimiento, promoviendo así el conocimiento y la comprensión de las normas de derechos humanos relativas a la discriminación contra las mujeres.
1993 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Afirma que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos de las mujeres y la reconoce como una manifestación de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Establece que los Estados deben condenar la violencia contra las mujeres y no invocar costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas para evitar sus obligaciones respecto a su eliminación. Establece asimismo que los Estados deben poner en práctica, por todos los medios adecuados y sin demora, una política de eliminación de la violencia contra las mujeres.
10 MUY TARDE, MUY POCO
La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres. Por consiguiente, sólo se puede eliminar tratando de eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer.
Secretario general de la ONU, 200614
La Convención de Belém do Pará define la violencia contra las mujeres como una forma de violencia de género, una manifestación de la desigual relación de poder entre hombres y mujeres que sigue existiendo tanto en las instituciones estatales como en las empresas privadas y en el hogar. Por este motivo, los índices constantemente elevados de muertes, lesiones y agresiones15 que sufren las mujeres en Argentina pueden considerarse un indicador de la inacción a la hora de abordar las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. La violencia es también uno de los mecanismos principales que mantienen el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, creando un ciclo de desigualdad y violencia. La omnipresente discriminación de género sirve de puntal a los niveles persistentemente altos de violencia contra las mujeres en Argentina. Esta discriminación se perpetúa en muchas esferas, ayudada, por ejemplo, por la representación estereotipada de la mujer en algunos medios de comunicación, que se refleja en la manera en que la violencia contra las mujeres es tratada en ellos. Para abordar las causas fundamentales de la violencia contra las mujeres, el gobierno debe progresar más rápidamente en la lucha contra la discriminación institucionalizada y la cultura de la desigualdad en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. Puesto que la infancia y la adolescencia son etapas de formación para el desarrollo social de las personas, la educación desempeña un papel fundamental en la socialización de
niños y niñas, con la consiguiente adquisición de identidades y roles de género. Sin embargo, las instituciones de enseñanza a menudo pueden reflejar y reproducir las desiguales relaciones de género presentes en la sociedad en general, enseñando, reforzando y aprobando estereotipos sobre el dominio del varón y el comportamiento violento masculino. Además de reproducir relaciones desiguales de género, las instituciones educativas pueden también ser lugares donde niñas y adolescentes corren peligro de ser víctimas de actos de violencia. El informe publicado en 2008 por Amnistía Internacional, Escuelas seguras, el derecho de cada niña, muestra que las mismas formas de violencia que las mujeres sufren durante toda su vida –violencia física, sexual y psicológica– están presentes en la vida de muchas niñas en la escuela y en su entorno escolar. Aunque alumnos y alumnas se ven afectados por la violencia en las escuelas, la desigualdad entre hombres y mujeres da lugar a que las niñas y adolescentes experimenten más violencia de género que los varones. Además, al no abordarse la violencia y la discriminación de género en las escuelas y otras instituciones educativas, se consolida en la sociedad la desigualdad de género, con el resultado de que la violencia que las niñas sufren en la escuela sigue afectándolas durante el resto de su vida.
© Martín F. Gómez Alzaga
Escuela en finca Pampa Grande, Guachipas, provincia de Salta.
12 MUY TARDE, MUY POCO
La juventud aprende a conformarse socialmente a los estereotipos discriminatorios de género que apuntalan la violencia contra las mujeres, y lo hace mediante comportamientos adquiridos y formas de control tanto explícitas como implícitas, así como mediante el programa académico. La discriminación de género se perpetúa mediante el comportamiento de los alumnos y alumnas entre sí, el comportamiento de los maestros y maestras hacia el alumnado, el trato que se dan los docentes entre sí y el trato de los alumnos y alumnas hacia los docentes, que a menudo incluye un componente violento. Éstos son algunos ejemplos de esa discriminación: la actitud de los docentes que no hacen frente al acoso sexual contra las niñas y adolescentes; alumnas que son golpeadas y empujadas en escuelas, y atormentadas, insultadas o atemorizadas por el acoso sexual de sus compañeros; el uso por parte de docentes y alumnado de un lenguaje sexualmente explícito e insultante que degrada especialmente a las niñas y adolescentes; las propuestas sexuales de maestros y alumnos varones a las alumnas a cambio de favores, dinero o mejores calificaciones; el hecho de que se prefiera a maestros y alumnos varones para puestos de liderazgo; el que los alumnos controlen el lenguaje y el espacio físico del aula impidiendo hablar a las alumnas; o el acoso contra las maestras por parte de los alumnos de mayor edad. Incluso cuando los mensajes académicos promueven la igualdad de género, la realidad de una cultura escolar discriminatoria y violenta puede socavar estos mensajes. Existe una urgente necesidad de abordar la violencia en las escuelas como tales, pero también de terminar con la discriminación de género en el sistema educativo. En la actualidad, en Argentina hay disposiciones legales que establecen la educación sexual obligatoria desde preescolar hasta la escuela secundaria, y en los cursos de formación para docentes en la educación superior.16 El gobierno argentino también ha manifestado recientemente su compromiso de revisar y examinar los libros de texto escolares para eliminar el contenido discriminatorio, incluido el relativo al género, y se ha comprometido a poner en marcha un programa nacional de formación para docentes de todos los niveles destinado a hacer frente a las actitudes discriminatorias.17 Sin embargo, habida cuenta de la importancia formativa del entorno educativo y de las oportunidades que presenta para hacer frente a la desigualdad, el gobierno debe actuar para poner en práctica reformas más generales del sistema educativo basadas en acciones concretas para abordar ciertos comportamientos, y debe acelerar la aplicación de las medidas que ya se ha comprometido a adoptar.
Asegurar que se recopilen datos suficientes es parte de la obligación de cada Estado de abordar la cuestión de la violencia contra la mujer, pero la falta de datos no exime a los Estados de su responsabilidad de prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.
Secretario general de la ONU, 200618
Las estadísticas recopiladas por Amnistía Internacional de fuentes informativas a disposición pública muestran que, en Argentina, en los primeros diez meses de 2008, se produjo la muerte de al menos 110 mujeres a manos de un miembro de su propia familia o de una pareja o ex pareja.19 Además, estas cifras sólo reflejan las muertes de las que se ha informado en parte de la prensa escrita y los medios de comunicación online.20 Basándonos en esta información y en los datos disponibles recopilados por los servicios gubernamentales,21 es probable que la cifra de mujeres que sufren violencia en el hogar y en la comunidad sea mucho más elevada. No obstante, la realidad es que no existen datos exhaustivos sobre la magnitud y las características de la violencia contra las mujeres en Argentina. Para prevenir la violencia contra las mujeres y hacerle frente es crucial contar con datos fiables sobre ella. Por este motivo, la investigación y recopilación de datos sobre este tipo de violencia entra dentro de la obligación del Estado de actuar con la diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, y aparece indicada específicamente como obligación del Estado tanto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer como en las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.22 Si no se conoce y registra cuándo, cómo y por qué se produce la violencia contra las mujeres, es imposible formular una respuesta efectiva basada en una evaluación del grado de difusión, las formas y la gravedad de dicha violencia. De igual modo, sin unos datos de base o una vigilancia constante de la eficacia de las medidas adoptadas para abordar la violencia contra las mujeres, no es posible comprender el impacto, si es que lo hay, de esas medidas. Esto puede conducir a una duplicación o un mal encauzamiento de los recursos, y puede contribuir a la creencia de que la violencia contra las mujeres es inevitable. Además, sin unos datos de base no existe un punto de partida desde el que medir las mejoras en la eficacia de los servicios de atención a las víctimas o evaluar la respuesta a ellos. Las consecuencias que una recopilación y gestión inadecuadas de los datos tienen para las mujeres que corren el peligro de sufrir o sufren violencia son graves. La ausencia de una recopilación sistemática de los datos pone a la víctima en un peligro aún mayor al no recogerse pruebas que podrían utilizarse para condenar a sus maltratadores; además, dificulta la localización y protección de las supervivientes y proporciona servicios insuficientes e inapropiados para la violencia que están sufriendo. Por ello, los datos desempeñan un papel fundamental para poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres, aumentar la confianza de las supervivientes en los servicios y los agentes del Estado, y aumentar la probabilidad de que se denuncien los casos de violencia. La recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres es una tarea difícil. En todo el mundo es habitual que este tipo de violencia no se denuncie y que no quede constancia de ella.23 Las mujeres que sufren una de las formas más extendidas de este tipo de violencia –la violencia en el ámbito familiar– se enfrentan a numerosos obstáculos
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a la hora de denunciarla, como por ejemplo la ausencia de alternativas económicas a permanecer en una relación de abusos, la falta de confianza en la policía y el sistema judicial, y las barreras psicológicas y sociales que suelen acompañar a la violencia. Cuando las supervivientes se atreven a denunciar la violencia doméstica, a menudo no queda constancia de ella por una serie de motivos, como la negativa a reconocerla como un caso de violencia doméstica, la falta de recursos o tiempo, la inexperiencia en la respuesta a este tipo de violencia o las actitudes sexistas por parte de las autoridades. Y hay otras formas de violencia que las mujeres son muy reacias a denunciar por muchos de los mismos motivos sociales, psicológicos y prácticos. Esto se aplica especialmente a la agresión sexual y la violación, ya se produzcan en el hogar o fuera de él. No obstante, la dificultad de reunir datos no elimina la obligación del Estado de garantizar que se reúnen. Muchas de las razones que aquí se han expuesto para que la violencia no se denuncie y para que no quede constancia de ella podrían eliminarse mejorando la respuesta de los servicios y la asistencia a disposición de las víctimas. En general, las iniciativas actuales del gobierno argentino para reunir datos son parciales y descoordinadas. El Consejo Nacional de la Mujer, autoridad responsable de cumplir los compromisos adquiridos por Argentina en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, está reuniendo datos sobre la violencia en el ámbito familiar, y los está obteniendo de los servicios especializados en este tipo de violencia que se han prestado voluntariamente a participar en el Sistema de Información y Monitoreo de la Violencia Familiar contra la Mujer.24 Aunque estos datos son sumamente valiosos para evaluar quién utiliza estos servicios y qué respuesta recibe, corresponden únicamente a las personas que han elegido utilizar esos servicios, y a los servicios que han optado por participar. Tampoco forman parte de una evaluación exhaustiva de cómo los servicios del Estado responden a la violencia doméstica, ni proporcionan un análisis de por qué muchas mujeres no utilizan esos servicios. Aunque el Consejo Nacional de la Mujer informa de que en el Sistema de Información y Monitoreo participan 50 servicios (o «centros de atención a las víctimas de violencia familiar»), los datos disponibles más recientes sobre el Sistema (hasta noviembre de 2007)25 proceden de tan sólo cinco servicios de tres provincias de todo el país, lo que, en el mejor de los casos, convierte en parcial cualquier conclusión extraída de ellos. Además, pese al papel del Consejo Nacional de la Mujer respecto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los datos que está reuniendo contemplan solamente un tipo de violencia contra las mujeres: la violencia en el ámbito familiar. En la ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de la Mujer, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social,26 está reuniendo datos y la Oficina de Violencia Doméstica, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia27 y creada en septiembre de 2008, tiene previsto hacer una recopilación de datos. Sin embargo, estos conjuntos de datos se refieren sólo a casos denunciados y son parciales en cuanto a su cobertura y, por ello, no sirven para realizar la evaluación sobre la escala, el modo, la frecuencia y la gravedad de la violencia doméstica en Argentina, una evaluación necesaria para elaborar políticas efectivas con las que combatir dicha violencia.
El Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, publicado por el secretario general de la ONU en 2006, señala lo inadecuados que en general son los datos basados en los servicios para comprender la escala y el ámbito de la violencia contra las mujeres en una comunidad o un país específicos.
Los datos provenientes de los servicios no pueden utilizarse para medir la prevalencia de la violencia en una comunidad, pues en la mayoría de las sociedades muy pocas mujeres que sufren tratos abusivos denuncian la violencia a la policía o a los servicios de apoyo, y las que lo hacen tienden a ser las más gravemente lesionadas.28
Sin embargo, existen muy pocos datos basados en la población que puedan llenar ese vacío.29 No existen datos estadísticos nacionales de violencia contra la mujer. Los datos policiales de 2004 y 2005 sobre delitos en todo el país, desglosados por provincias, incluyen «delitos contra la integridad sexual» pero no hacen referencia específica a la violencia contra las mujeres o la violencia de género y, puesto que los datos no están desglosados por sexos, no ayudan a comprender la prevalencia de la violencia contra las mujeres.30 Tampoco hay referencia alguna a la violencia contra las mujeres en los datos gubernamentales disponibles sobre la mortalidad de 2000 a 2004, clasificados según la causa de la muerte y desglosados por sexos.31 No resulta fácil acceder a información general sobre la violencia contra las mujeres, y no existe un esfuerzo sistemático o centralizado para coordinar la información o utilizarla para mejorar las respuestas.
La responsabilidad del gobierno nacional de proteger frente a la violencia a todas las mujeres que viven en Argentina, y de prestarles la ayuda que necesitan cuando sufren violencia, está por encima de la autonomía provincial que existe dentro del sistema federal. Por tanto, constituye un fallo adicional por parte del Estado el hecho de que la probabilidad de que una mujer sufra violencia o reciba una ayuda y una reparación adecuadas dependa del lugar donde viva o de su identidad. En Argentina, tanto la protección como la ayuda son una mera lotería. Una mujer que sufra violencia en una provincia puede recibir un nivel de protección y ayuda muy diferente del de otra que viva en otra provincia o en la capital. La evaluación sobre las respuestas oficiales a la violencia contra las mujeres realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en 2005, mostraba que los refugios eran escasos y que, aunque algunos hospitales contaban con equipos interdisciplinarios para atender casos de violencia, esto no sucedía en todos los hospitales ni en todas las provincias.32
16 MUY TARDE, MUY POCO
Barrio 1 11 14 del Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Según el VI informe presentado por la República Argentina al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer durante el periodo 2004–2007,33 actualmente existen 24 refugios para mujeres, 12 a nivel de gobierno provincial y 12 al nivel municipal, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 9 de las 23 provincias.34 En el informe se dice también que hay líneas telefónicas de urgencia para víctimas de la violencia doméstica en 7 provincias, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el Consejo Nacional de la Mujer está cooperando con 8 provincias para instalar Oficinas de Derivación, Orientación y Seguimiento de Víctimas de Violencia. Aunque ha habido algunos avances, la cobertura de la asistencia y protección a mujeres víctimas de la violencia sigue siendo insuficiente y carece de coordinación nacional. Además, la probabilidad de que una mujer sufra violencia, para empezar, depende también del lugar donde viva. En las provincias o municipios en los que no existen unidades especializadas de policía y tribunales sobre violencia doméstica, o en los que la actuación indebida de la policía o los prejuicios obstaculizan el camino de las supervivientes de esa violencia a la justicia, los maltratadores gozan de mayor impunidad, lo que a su vez tiene su efecto en los índices de violencia. No sólo es que la calidad de la asistencia varíe, con consecuencias de vida o muerte para mujeres que necesitan protección frente a unos abusos reiterados, sino también que la impunidad por la violencia contra las mujeres depende de los mecanismos legales disponibles en una provincia o localidad dada, y del cumplimiento de las leyes existentes. El estudio comparativo más reciente sobre las leyes provinciales, llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Mujer en 2006, concluyó que las leyes de violencia doméstica de algunas provincias siguen tratando dicha violencia sin hacer referencia al género pese a que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, y de esa manera dejan sin abordar los riesgos y formas de violencia contra las mujeres específicos del ámbito doméstico.35 La identidad determina también el acceso de las mujeres a la protección y la justicia. En 2005,36 el INADI dejó constancia de que la policía se había negado a documentar denuncias de violencia presentadas por mujeres indígenas, y que se había negado la atención hospitalaria a prostitutas, quienes tampoco habían tenido un acceso justo a la reparación legal.37 El INADI informó también de los prejuicios existentes en el seno de la policía y el sistema de justicia, que habían dado lugar a que no se investigaran asesinatos de trabajadoras del sexo.38 En virtud tanto del derecho internacional como de la Constitución argentina, el Estado tiene una responsabilidad para con las mujeres, y es una responsabilidad que no puede dejar de aplicarse dependiendo de la provincia de residencia o la identidad de una mujer. Con el enfoque actual, que carece de una coordinación nacional suficiente, no se hará frente adecuadamente a la violencia contra las mujeres. Se trata de un asunto complejo que requiere una fuerte voluntad política y un esfuerzo de colaboración en muchos niveles.
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Aunque el financiamiento del gobierno nacional al trabajo de violencia contra la mujer e igualdad de género ha ido en aumento, los fondos siguen siendo insuficientes, alcanzando un total de solamente 21 millones de pesos durante los últimos 4 años.39 El mandato del Consejo Nacional de la Mujer es poner en práctica los compromisos adquiridos por Argentina en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, e incluye la responsabilidad de la investigación nacional, la formación y la ayuda técnica respecto a los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres, las mujeres y el trabajo, y las mujeres y la salud. Sin embargo, en su informe más reciente sobre Argentina (de 2004), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló la falta relativa de poder del Consejo Nacional de la Mujer.40 En 2008, aunque el presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer ha duplicado el del año anterior, alcanzando los cinco millones de pesos, sigue siendo menos de una quinta parte del presupuesto de la Dirección Nacional de Artes, y menos de una sexta parte del presupuesto dedicado al desarrollo y la promoción del turismo nacional.41 Además, en los niveles más altos del gobierno, apenas se ha dado importancia o se ha prestado atención a las cuestiones de la violencia contra las mujeres y la igualdad de género. Mientras sigan sin hacerse realidad los derechos de una parte de la población, todos los derechos humanos se verán perjudicados. La eliminación de la violencia contra las mujeres, una de las violaciones de derechos más extendidas y constantes en el país, debe ocupar un lugar destacado en la agenda gubernamental para el cambio y, por ello, debe ser dotada de recursos adecuados. El gobierno nacional debe además adoptar una posición enérgica y visible para dar relieve público y político a este asunto. El no hablar públicamente de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género contribuye a ocultar el problema y a que se acepten la discriminación y la subordinación de las mujeres.
3. EL COSTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Los costos de la violencia contra la mujer son enormes. No sólo empobrecen a las personas, las familias, las comunidades y los gobiernos, sino que también reducen el desarrollo económico de cada nación.
Secretario general de la ONU, 200642
Quienes más pagan el coste de que no se prevenga la violencia contra las mujeres son las propias mujeres directamente afectadas por ella. La violencia afecta notablemente a su salud física y mental, así como a su capacidad de participar en la educación, el empleo y la vida pública. Entre las consecuencias directas se encuentran la muerte, las lesiones físicas, los problemas de salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual – incluido el sida–, el embarazo no deseado, el aborto, la depresión y el suicidio. Las supervivientes de la violencia pagan también un precio económico al perder ganancias y bienes, ya sea por sus ausencias en el trabajo, ya sea por la necesidad de trasladar su residencia.43 La prestación inadecuada de ayuda agrava el impacto negativo de la violencia, e impide a las mujeres rehacer sus vidas al no reparar las pérdidas económicas y de salud que han sufrido y al no protegerlas frente a la violencia y la intimidación en el futuro. Todos estos costes para las mujeres también afectan, a corto y a largo plazo, a sus hijas e hijos y a la sociedad argentina en su conjunto.44 La reducción de la capacidad de las víctimas de interactuar socialmente y el aumento de la probabilidad de contraer el VIH/sida, con la consiguiente propagación de la enfermedad, afectan a toda la sociedad. Las niñas y niños sufren especialmente las consecuencias de la violencia transmitida de una generación a otra. La reducción de la salud física y mental de las madres tiene un efecto dominó en las hijas e hijos, al igual que lo tiene su exposición a la violencia en el hogar. Además, los propios menores corren peligro de convertirse en víctimas de la violencia. Las consecuencias principales para las niñas y los niños son los problemas de salud, la disminución del rendimiento escolar y el uso de la violencia en su propia vida,45
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que conducen a una probabilidad mayor de altos índices de violencia en la sociedad argentina. La violencia contra las mujeres tiene asimismo un considerable coste económico, no sólo para las víctimas individuales, sino también para las familias, la sociedad y la economía nacional. Abarca tanto el coste directo de hacer frente a la violencia contra las mujeres como el coste indirecto de la pérdida de productividad.46 La violencia supone una sangría económica para los servicios sociales, los servicios de salud, el sistema de justicia penal y los servicios especializados de apoyo, y es un coste que deben soportar tanto el Estado como las víctimas y sus familias. La reducción de la capacidad de las supervivientes de contribuir a la familia, la economía y la vida pública tiene también un impacto económico negativo, que normalmente afecta al sector privado: por ejemplo, cuando las empleadas se ausentan del trabajo o cuando su productividad se reduce a causa de las lesiones o del estrés. Además, puesto que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de la economía reproductiva –es decir, el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, que sostienen la economía productiva–, la reducción de su capacidad de desempeñar esta función puede muy probablemente tener un efecto perjudicial a largo plazo en la productividad nacional y el desarrollo. El enorme coste económico y social para las personas que sufren la violencia, para sus familias y para el país en su conjunto hace que la eliminación de la violencia contra las mujeres sea un interés común. Cuando el Estado no aborda la violencia, es responsable ante las propias mujeres, ante el conjunto de la ciudadanía y ante la comunidad internacional. Las investigaciones mundiales sobre los costes de la violencia han puesto de manifiesto que la financiación de estrategias de prevención e intervención temprana puede resultar rentable para los gobiernos a largo plazo.47
4. RECOMENDACIONES PARA UNA ACCIÓN PRIORITARIA DEL ESTADO ARGENTINO
Amnistía Internacional pide al gobierno argentino que elabore un plan nacional de acción para hacer frente a la violencia contra las mujeres basado en las normas internacionales de derechos humanos de las mujeres,48 y que tome medidas como la aplicación del programa de 14 puntos de Amnistía Internacional para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.49 Como parte de una estrategia coherente y a largo plazo para eliminar la violencia contra las mujeres, Amnistía Internacional aboga por una acción inmediata, que incluya, sin limitarse a ellas, cuatro áreas específicas. De acuerdo con las investigaciones de Amnistía Internacional50 estas cuatro áreas son consideradas por la sociedad civil argentina como los pilares para un cambio sostenible. Son el primer paso necesario en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero a la vez requieren una visión a largo plazo. A casi un año de ocupar el poder, el 10 de diciembre de 2007, el gobierno todavía tiene tiempo suficiente para modificar el panorama de la violencia contra las mujeres comprometiéndose a aplicar programas a largo plazo que hagan frente a la desigualdad de género y a la base social de la violencia y que sienten los cimientos para abordar este problema de forma sistemática. Amnistía Internacional insta al gobierno argentino a que actúe de inmediato para: Utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios. Crear una base de datos nacional unificada sobre la violencia contra las mujeres. Convocar una mesa redonda nacional sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Proporcionar un liderazgo público para poner fin a la violencia contra las mujeres.
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El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye [...] el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Artículo 6, Convención de Belém do Pará, 1994
Las instituciones educativas que enseñan y promueven la igualdad pueden ser espacios de empoderamiento en los que jóvenes de ambos sexos desarrollen la confianza en sí mismos y se conviertan en agentes activos de cambio social. El Estado tiene un papel fundamental a la hora de garantizar que ni el programa curricular ni la cultura del sistema educativo contribuyen a la discriminación de género, sino que desempeñan un papel en la transformación de las relaciones desiguales y las identidades de género para superar los perjuicios, los estereotipos y la violencia. Las instituciones educativas también desempeñan un papel en el desarrollo social de la comunidad y pueden contribuir a reducir la aceptación social de la violencia y la desigualdad de género que la sustenta, a través de un trabajo participativo con los estudiantes y la comunidad. El derecho de individuos y comunidades a participar en los procesos de realización de sus derechos está consignado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que todo ciudadano debe tener el derecho y la oportunidad de «participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos».51 Del mismo modo, la Convención sobre los Derechos del Niño, también de la ONU, establece el derecho de las niñas y los niños a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas, así como el derecho a que sus opiniones sean tomadas en cuenta por ejemplo en la familia, la escuela y la comunidad.52 Las obligaciones del Estado respecto a la educación se basan en el derecho a una educación que tenga por objeto «el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales».53 También incluyen la obligación específica, establecida por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de eliminar «todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza», y de garantizar el «[acceso] al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia».54 Como punto de partida para abordar la desigualdad de género en la sociedad argentina, y en cumplimiento de sus obligaciones legales internacionales, Amnistía Internacional pide al gobierno argentino que promueva la igualdad de género y reduzca la violencia contra las mujeres mediante la revisión del sistema educativo en todos sus niveles.
EXAMINAR Y REVISAR EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRIBUIR A PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
El programa educativo oficial, incluidos los libros de texto, debe revisarse a nivel nacional y provincial para eliminar los estereotipos de género y otros contenidos sexistas o discriminatorios, para promover unos modelos de rol positivos y progresistas para niños y niñas, y para educar al alumnado con el fin de prevenir la violencia de género. Debe prestarse especial atención a la aplicación de la educación sobre sexualidad y salud sexual –impartida de una manera abierta y capacitadora–, que incluya la prevención de la violencia contra las mujeres como parte integrante de su contenido.
GARANTIZAR QUE EL ENTORNO EDUCATIVO ES SEGURO PARA NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y QUE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN INFORMAL CONTRIBUYEN A PROMOVER UNAS RELACIONES DE GÉNERO EN CONDICIONES DE IGUALDAD
Las autoridades educativas deben dar instrucciones a todas las instituciones educativas para que evalúen la seguridad de los entornos educativos para las niñas, adolescentes y jóvenes, así como los niveles de discriminación de género en la educación general (no académica) y la cultura de las instituciones. Tales evaluaciones deberían incluir la participación de estudiantes, docentes y progenitores. Las autoridades educativas deben ofrecer lineamientos a las instituciones educativas para que elaboren planes de acción destinados a mejorar sus entornos de aprendizaje, basándose en las evaluaciones institucionales. El gobierno nacional debe facilitar y promover el intercambio sistemático de aprendizaje sobre cómo promover entre las autoridades gubernamentales la igualdad de género en las instituciones educativas.
FORMAR A DOCENTES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y RESPONDER AL COMPORTAMIENTO DISCRIMINATORIO Y VIOLENTO
La formación oficial en igualdad de género y violencia de género debe ser obligatoria para los docentes como parte de su titulación oficial. La formación debe abordar la manera de reconocer los casos de violencia de género dentro y fuera de la escuela y responder a ellos. Debe preparar a los docentes para que reconozcan y enfrenten el comportamiento violento, abusivo o intimidatorio en la escuela desde una fase temprana. También debe sensibilizarlos sobre distintos aspectos de la identidad –como la discapacidad, el origen étnico, la condición de inmigrante y la
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sexualidad– que afectan al riesgo de sufrir abusos y a la naturaleza de los abusos que padecen alumnas y alumnos. Debe establecer claramente los procedimientos para denunciar e investigar la conducta indebida, y debe capacitar a los docentes para que respondan adecuadamente y respalden a las víctimas de violencia. La formación debe abordar el comportamiento de los propios docentes. Debe incluir la manera de mantener un entorno físico seguro y una cultura o un espíritu institucional no discriminatorio, así como gestión del aula, métodos de enseñanza, uso del lenguaje y conducta profesional. Debe abordar la manera en que los docentes se relacionan con progenitores, colegas y otras personas, y debe capacitar a los docentes para proporcionar a niñas y niños modelos de rol positivos que se alejen de estereotipos, apoyen a las alumnas y alumnos y promuevan el cambio dentro de la comunidad en su conjunto. Las directrices gubernamentales sobre la conducta profesional de los docentes hacia el alumnado deben incluir la violencia de género y el acoso sexual. Deben ser explícitas respecto a los procedimientos disponibles para informar de los abusos, investigarlos y hacerles frente.
RESPUESTA A INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
Las escuelas y autoridades públicas no deben dejar sin respuesta los incidentes de violencia de género, acoso sexual o acoso escolar por parte de alumnos o docentes, y todos los incidentes deben ser denunciados y registrados. Los procedimientos para presentar denuncias deben ser accesibles, independientes y confidenciales. Se debe nombrar una autoridad gubernamental responsable de prevenir e investigar los incidentes de violencia o abusos en las escuelas. Funcionarios y autoridades públicas deben recibir formación para difundir y hacer cumplir de manera efectiva las normas de conducta profesional, trabajando en asociación con escuelas. Debe haber en la comunidad servicios de apoyo para miembros del personal y el alumnado que sufran violencia, y deben difundirse en las escuelas. Entre otras cosas, deben incluir: asesoramiento; tratamiento médico; información exhaustiva sobre derechos sexuales y reproductivos; apoyo para la reintegración en el sistema escolar de las niñas que viven con el VIH, que están embarazadas o casadas o que han sido madres.
© Presidencia de la Nación
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General de la ONU, Nueva York, septiembre de 2008.
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TRABAJO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SINDICATOS Y COMUNIDADES PARA LLEVAR A CABO EN ESCUELAS, CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES CAMPAÑAS INFORMATIVAS CONTRA EL COMPORTAMIENTO VIOLENTO Y DISCRIMINATORIO
El gobierno nacional debe iniciar y coordinar el trabajo con sindicatos, escuelas y la comunidad en general para hacer frente a la aceptación del comportamiento violento y discriminatorio, incluido el acoso verbal y sexual, mediante campañas publicitarias que impliquen a todas las partes interesadas. Una parte importante de toda campaña debe ser el papel del propio alumnado a la hora de crear y liderar el cambio.
CREAR UNA BASE DE DATOS NACIONAL UNIFICADA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
[Los Estados deberán promover] la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones.
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, artículo 4.k, 1993
Unos datos sistemáticos basados tanto en la población como en los servicios, y recopilados año tras año, son fundamentales para que los responsables políticos evalúen de manera fiable la prevalencia de la violencia contra las mujeres, elaboren políticas y leyes para hacerle frente y analicen el impacto de las iniciativas para reducir la violencia y ayudar a las supervivientes. La recopilación, gestión y utilización de los datos basados en los servicios desempeña un papel esencial para generar la confianza de las supervivientes en los servicios y en la policía y para poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres, aumentando así la probabilidad de que se denuncien los actos violentos y se reduzca el número de delitos cometidos. Los datos basados en la población pueden proporcionar una estimación más exacta de la prevalencia de la violencia que la que se puede obtener mediante unos datos basados únicamente en los servicios.55 Unas estadísticas nacionales y provinciales fiables ayudan a los responsables de la toma de decisiones y a los dirigentes políticos a hacer públicas la prevalencia y las formas de violencia contra las mujeres, como parte de sus esfuerzos por poner fin a su invisibilidad. Dadas las dificultades para recopilar datos sobre la violencia contra las mujeres, el gobierno argentino debe crear también un clima que facilite dicha recopilación. Los esfuerzos de recopilación de datos basados en los servicios deben estar acompañados de unas políticas que animen a las mujeres a denunciar la violencia y les presten apoyo
práctico, por ejemplo con iniciativas para dar a conocer los apoyos disponibles, haciendo que las denuncias de violencia se puedan presentar de forma segura y accesible, y proporcionando opciones prácticas para las mujeres que se deciden a denunciar. Ya deseen denunciar la violencia oficialmente o simplemente pedir apoyo, las mujeres deben estar seguras de que sus denuncias se tratarán con sensibilidad y eficacia y de que contarán con la ayuda que necesiten de manos de funcionarias y funcionarios de primera línea con la formación y los recursos necesarios. El gobierno también puede hacer más para garantizar que los datos se registran y se gestionan de manera que sean de la máxima utilidad tanto para tratar un caso individual como para elaborar una imagen más general de la violencia contra las mujeres en Argentina. La recopilación y gestión sistemática de los datos requiere recursos económicos y humanos adecuados, que incluyan la formación necesaria para el personal de primera línea y el personal encargado de manejar los datos, y requiere también unas políticas y procedimientos coordinados que posibiliten el intercambio y el análisis comparativo de datos. Entre los usos clave de los datos se encuentran los siguientes: obtener datos de base que permitan evaluar el rendimiento de los servicios y valorar el impacto y la rentabilidad de las intervenciones; vigilar la igualdad de oportunidades de quienes usan los servicios, abarcando diversos aspectos de la identidad, como el origen étnico, la sexualidad, la edad, la clase social o el grado de discapacidad; gestionar casos entre distintas entidades para garantizar la seguridad de la superviviente; y maximizar el acceso de las supervivientes a los datos. Las obligaciones del Estado respecto a la recopilación de datos se basan en obligaciones específicas establecidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la Convención de Belém do Pará. No obstante, también se basan en la obligación del Estado de ejercer la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres.56 Más de diez años después de que el Estado argentino ratificara la Convención de Belém do Pará, por la que se comprometía a erradicar la violencia contra las mujeres, todavía no se cuenta con los datos necesarios para elaborar políticas informadas con las que combatir dicha violencia, y tampoco existen sistemas para recopilar esos datos. Para abordar la falta de información sobre la violencia contra las mujeres en Argentina, y en cumplimiento de las obligaciones legales internacionales contraídas por el país, Amnistía Internacional pide al gobierno argentino que cree una base de datos nacional unificada sobre la violencia contra las mujeres, y que para ello adopte las siguientes medidas concretas.
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COORDINAR Y DOTAR DE RECURSOS ADECUADOS UN SISTEMA NACIONAL PARA LA RECOPILACIÓN Y GESTIÓN, EN LOS DISTINTOS SERVICIOS Y AGENCIAS, DE DATOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El gobierno nacional debe designar una agencia encargada de coordinar una base de datos central e independiente sobre la violencia contra las mujeres. Esta base de datos debe estar ubicada en dependencias que no sean de la policía, con el fin de proteger la confidencialidad sobre las supervivientes. La recopilación de datos debe estandarizarse entre los distintos servicios, sectores e instancias del poder ejecutivo, con el fin de elaborar datos comparables a un alto nivel. Esto incluye todas las agencias que utilizan definiciones compartidas de violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales, así como todas las agencias que trabajen según un protocolo acordado de intercambio de datos conforme con las leyes sobre protección de datos y confidencialidad. La agencia encargada debe responsabilizarse del análisis y la difusión de los datos, basándose en un sistema establecido de intercambio de datos entre los distintos servicios, sectores e instancias de todos los poderes ejecutivos, nacional y provinciales.
INVERTIR EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS BASADOS EN LA POBLACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Se debe llevar a cabo un estudio nacional periódico basado en la población sobre la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar, con el fin de proporcionar un perfil estadístico del problema superior al que se puede lograr con una recopilación de datos basados en los servicios. El estudio debe incluir datos sobre la naturaleza y el alcance de la violencia contra las mujeres, así como sobre el comportamiento en la presentación de denuncias y el uso de estos servicios, y debe repetirse periódicamente para revelar tendencias a lo largo del tiempo. Debe consultarse a los proveedores de servicios (tanto gubernamentales como no gubernamentales) sobre el contenido del estudio, para garantizar que la información recopilada puede ser de utilidad para la policía, el sistema de justicia, los servicios médicos y los servicios especializados (por ejemplo, los que se dedican a identificar grupos y personas en situación de riesgo). Los datos sobre delincuencia, seguridad pública, salud y mortalidad basados en la población, recopilados por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la policía, el sistema de justicia, el Ministerio de Salud y los profesionales de la salud, deben desglosarse por sexos y, cuando sea oportuno, deben incluir explícitamente la violencia contra las mujeres.
Las instituciones antes mencionadas deben también recopilar explícitamente en sus estadísticas datos sobre la violencia contra las mujeres (y, concretamente, la violencia en el ámbito familiar), que incluyan (sin limitarse a ellos) datos sobre la presentación de denuncias, los índices de condenas, las penas impuestas a los condenados, las muertes derivadas de la violencia contra las mujeres, y los costes en los que se incurre, incluidos los costes para la salud pública, la policía y el sistema judicial.
ENCARGAR Y CANALIZAR LA RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS BASADOS EN LOS SERVICIOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Deben recopilar datos basados en los servicios todos los órganos gubernamentales pertinentes que proporcionen servicios especializados y generales a las supervivientes de violencia contra las mujeres, entre los que se encuentran (sin limitarse a ellos) el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Educación. El gobierno también debe promover y respaldar la recopilación de datos basados en los servicios por parte de servicios del sector público, organizaciones voluntarias y empresas privadas, para dar al mayor número posible de personas la oportunidad de denunciar la violencia contra las mujeres. Todos los datos deben desglosarse por aspectos de la identidad, por ejemplo, edad u origen étnico, para comprender de qué manera las diversas formas de violencia afectan a distintos grupos de mujeres.
USAR LOS DATOS PARA SENSIBILIZAR EN TORNO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y MEJORAR LAS RESPUESTAS
Hacer que las estadísticas nacionales sobre violencia contra las mujeres estén a disposición pública para aumentar la visibilidad del problema ante la opinión pública y ante el gobierno. Los datos deben ser analizados por la agencia que los recopile y por la agencia responsable de su coordinación a nivel nacional, y deben ser utilizados como base de información para elaborar políticas en todos los niveles.
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CONVOCAR UNA MESA REDONDA NACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7, 1948
El compromiso del Estado argentino de «adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia [contra las mujeres]»57 le obliga a proteger los derechos de todas las mujeres, independientemente de su identidad o su ubicación. Para cumplir con sus obligaciones internacionales, y con sus obligaciones para con su ciudadanía, el gobierno nacional debe reunir a los poderes ejecutivos provinciales y a todos los ministerios y departamentos nacionales pertinentes para acordar un plan nacional integrado y de colaboración con el que alcanzar el objetivo común de eliminar la violencia contra las mujeres. Dado el nivel de cambio requerido para erradicar la violencia contra las mujeres y sus causas, es fundamental un liderazgo enérgico, coordinación y cooperación para lograr hacer mella en el problema. Cuando la acción no está coordinada entre provincias y ministerios como parte de un enfoque integrado, cuando las definiciones de violencia varían de unas provincias a otras, o cuando la formación policial es irregular, los derechos de las mujeres a vivir sin violencia y a recibir igual protección ante la ley resultan perjudicados. El que una mujer reciba del Estado la ayuda que necesita, como superviviente de agresión sexual o abusos domésticos, no debe depender del lugar en el que vive ni de su identidad. La obligación del Estado de brindar igual protección de la ley, sin discriminación, a las mujeres que viven en Argentina se extiende también a las obligaciones específicas de «establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos» y «establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces»,58 así como a la obligación de «informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación».59 El Estado tiene también obligaciones basadas en normas internacionales para ofrecer la oportunidad a las personas de participar en los procesos de cumplimiento de sus derechos, y en las decisiones que afectan a sus vidas. Amnistía Internacional pide al gobierno argentino que convoque una mesa redonda nacional como paso para acordar un plan nacional de acción sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en la sociedad argentina.
CONVOCAR UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA QUE PARTICIPEN TODOS LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERALES Y PROVINCIALES PERTINENTES
Deben participar las y los responsables de la toma de decisiones de todos los ministerios pertinentes del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La mesa redonda debe abordar la violencia contra las mujeres como forma de violencia de género y como violación de los derechos humanos de las mujeres. La mesa redonda debe basarse en la noción de que la eliminación de la violencia contra las mujeres es responsabilidad del Estado y que la acción urgente en todo el ámbito nacional es una obligación tanto nacional como internacional contraída por Argentina. La mesa redonda debe buscar las aportaciones de la sociedad civil, servicios del sector público especializados, equipos jurídicos y otros expertos que trabajan directamente sobre estas cuestiones, y en especial debe buscar la participación de las personas afectadas por la violencia contra las mujeres.
LA MESA REDONDA DEBE ACORDAR ACCIONES CONCRETAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y RESPONDER A ELLA
Los acuerdos deben: abarcar una definición unificada de violencia contra las mujeres como violencia de género; garantizar la coordinación, la cooperación y la voluntad política de los gobiernos de distintos niveles; prevenir la violencia; garantizar ayuda, protección y justicia para las supervivientes; garantizar la recopilación, gestión y utilización de los datos; lograr un cambio cultural en las instituciones y la sociedad en su conjunto para promover la igualdad de género y poner fin a la tolerancia de la violencia contra las mujeres.
ACORDAR MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA MESA REDONDA NACIONAL QUE INCLUYAN UNA COORDINACIÓN FORMAL Y OBJETIVOS MENSURABLES
La mesa redonda nacional debe ser un primer paso para mejorar los esfuerzos de colaboración con el fin de combatir la violencia contra las mujeres donde quiera que se produzca. La mesa redonda debe establecer un órgano permanente, representativo de su composición y mandato, que se reúna periódicamente para vigilar los progresos respecto a los compromisos legales del gobierno en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Debe informarse públicamente y con frecuencia de los progresos realizados.
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La mesa redonda debe establecer canales formales de intercambio de información sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, como por ejemplo centros de recursos nacionales tanto en Internet como fuera de ella y modelos de buenas prácticas. La mesa redonda debe establecer unos objetivos mensurables, con un calendario concreto, para lograr mejoras en la prevención y la respuesta en los ámbitos nacional y provincial. La mesa redonda debe establecer canales de participación para las organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de la violencia contra las mujeres, de manera que estas organizaciones puedan contribuir a la planificación y la toma de decisiones para combatir dicha violencia.
PROPORCIONAR UN LIDERAZGO PÚBLICO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para [...] fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos.
Convención de Belém do Pará, artículo 8.a, 1994
Las autoridades de alto nivel –incluidos la presidenta, ministras y ministros, gobernadores y altos cargos de la policía y el sistema judicial– deben manifestar públicamente que la violencia contra las mujeres en la sociedad argentina es inaceptable, y, como parte de su responsabilidad de prevenir dicha violencia, deben defender un cambio social más amplio hacia una sociedad más igualitaria en cuanto al género. Al hablar de la violencia contra las mujeres, especialmente la que tiene lugar en el ámbito doméstico, se la saca a la escena pública y, de esa manera, se ayuda a prevenirla. La visibilidad de la violencia aumenta y es más fácil de abordar. Una condena pública de alto nivel refuerza los esfuerzos locales, e incluso individuales, para resistirse a la violencia o hacerle frente. Transmite a los maltratadores el mensaje de que la violencia contra las mujeres se tomará en serio, y a las víctimas que están acompañadas. Sirve además de ejemplo para quienes ocupan cargos de autoridad responsables de responder a la violencia, y los incentiva a actuar para prevenir la violencia en lugar de trivializarla o ignorarla. La condena pública de la violencia contra las mujeres por parte de las máximas autoridades puede influir también en la manera de responder a ella por parte tanto de la opinión pública como de la prensa, de modo que se vea como algo socialmente inaceptable, además de evitable. El Estado argentino se ha comprometido a «fomentar y
apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda»60 y a «[reconocer] el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema».61 Para que el gobierno proporcione un liderazgo público respecto a la eliminación de la violencia contra las mujeres en la sociedad argentina, y para que cumpla con sus obligaciones internacionales, Amnistía Internacional pide a las autoridades del país que adopten una postura pública destacada sobre este problema.
DENUNCIAR PÚBLICAMENTE, EN LAS MÁS ALTAS INSTANCIAS DEL ESTADO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
Los dirigentes políticos y las autoridades gubernamentales –incluidos la presidenta, ministras y ministros y gobernadores–, desde las más altas instancias federales hasta los gobiernos locales, deben condenar pública y activamente la violencia contra las mujeres, y especialmente la violencia en el ámbito familiar, como una violación de derechos humanos inaceptable en la sociedad argentina. Ni los dirigentes políticos ni las autoridades gubernamentales deben invocar la costumbre, la tradición o la religión para justificar o disculpar la violencia contra las mujeres, o para eludir su responsabilidad de emprender acciones para prevenirla o responder a ella. Los dirigentes políticos y las autoridades gubernamentales deben defender públicamente la igualdad de género en todos sus aspectos, y deben dar ejemplo de comportamiento no violento.
DIFUNDIR LAS INICIATIVAS GUBERNAMENTALES Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS O PLANEADAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Los dirigentes políticos y las autoridades gubernamentales deben manifestar públicamente la responsabilidad del Estado de emprender acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, así como el compromiso y la intención del gobierno para hacerlo. Las iniciativas y acciones para prevenir la violencia contra las mujeres deben recibir el máximo apoyo y visibilidad por parte de los dirigentes políticos y representantes del Estado.
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El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben ser transparentes respecto a lo que están haciendo para combatir la violencia contra las mujeres. Al dar publicidad a cualquier iniciativa crean oportunidades adicionales de sensibilizar en torno a este problema y condenarlo en todas sus formas.
USAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PROMOVER EL CAMBIO SOCIAL
Las autoridades gubernamentales, cuando hablen en los medios de comunicación, deben denunciar violaciones destacadas de los derechos de las mujeres, ya se produzcan en el ámbito público o en el privado, y deben aprovechar el interés de los medios de comunicación por estos casos para llamar la atención hacia la discriminación de género en la sociedad y la responsabilidad de todas las personas de tomar medidas para erradicarla.
En los primeros diez meses de 2008, la prensa informó de la muerte de al menos 110 mujeres en todo el país, asesinadas por miembros de sus propias familias, parejas o ex parejas.62 Y sólo el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recibió 33.180 denuncias de violencia doméstica en 2007 a través de sus Comisarías de la Mujer.63 La violencia contra las mujeres en Argentina es una violación generalizada de derechos humanos que necesita una respuesta urgente, comprometida y sistemática por parte del Estado. El gobierno nacional tiene claras obligaciones de proteger y ayudar a las mujeres, pero los progresos en la erradicación de la violencia contra las mujeres no son ni lo bastante importantes ni lo bastante rápidos. Las mujeres sufren violencia de género, e incluso pierden la vida, sin que el Estado las proteja, y las que sobreviven no obtienen los servicios y el apoyo que necesitan para rehacer su vida. El daño causado por esa violencia no sólo lo sufren las personas directamente afectadas por ella, sino también la sociedad argentina. Teniendo en cuenta los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, el hecho de que no se tomen medidas adecuadas para proteger a las mujeres contra la violencia o de que no se ejerza la «diligencia debida» significa que el Estado puede ser considerado responsable de esa violencia. La falta de protección a las mujeres frente a la violencia equivale también a aprobar la desigualdad dentro de la sociedad argentina: la desigualdad entre hombres y mujeres, y la desigualdad social entre quienes reciben ayuda y protección y quienes no la reciben en función de su ubicación o su identidad. De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado argentino, éste debe actuar de inmediato para hacer frente a la violencia contra las mujeres, y debe hacerlo mediante un plan de acción nacional para combatir dicha violencia y mediante la adopción de medidas para promover la igualdad de género en la sociedad y las instituciones del país.64 Las prioridades para la acción urgente que se proponen en este informe son parte de un conjunto más amplio de medidas que Amnistía Internacional insta a adoptar para hacer frente de manera efectiva y a largo plazo a la violencia contra las mujeres.65
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Los avances en el establecimiento de una base de datos nacional unificada sobre violencia contra las mujeres, la reforma del sistema educativo y la convocatoria de una mesa redonda nacional sobre este tema, respaldado todo ello por la denuncia pública de la violencia contra las mujeres desde las más altas instancias del Estado, demostrarán el compromiso del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, estas medidas deben ir acompañadas de acciones prácticas respaldadas por recursos adecuados, de una visión a largo plazo y de un sólido liderazgo moral en todos los niveles del Estado para poner fin a este extendido abuso contra los derechos humanos.
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1 Naciones Unidas, 2006a. 2 Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de las Naciones Unidas: «[...] por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». 3 Artículo 2 de la Convención de Belém do Pará:
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual [...].
4 Amnistía Internacional, 2007a. 5 La Recomendación General núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1992, define de esta manera la violencia de género: «la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada», «que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos» (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom19). 6 Artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Organización de los Estados Americanos, 1994. 7 Consejo Nacional de la Mujer, 2008a.
8 Artículo 9 de la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1992 (2003). 9 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resolución 48/104 de la Asamblea General, del 20 de diciembre de 1993. 10 Artículo 8 (a, b y h) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Organización de los Estados Americanos, 1994. 11 Amnistía Internacional Argentina, 2008, Comunicados de Prensa, www.amnesty.org.ar.
Las cifras están tomadas de la observación de casos de violencia denunciados en la prensa escrita y en los medios de comunicación online desde enero de 2008. Los medios de comunicación que se examinaron sistemáticamente para detectar casos de violencia contra las mujeres fueron: Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, La Gaceta (Tucumán), Los Andes (Mendoza), La Voz del Interior (Córdoba), El Diario de la República (San Luis), El Periódico Austral (Santa Cruz), Nuevo Diario (Santiago del Estero) y Diario Norte (Chaco).
12 Dirección General de la Mujer, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008. 13 Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino abarcar algunos de los acuerdos fundamentales para esta cuestión por los que el gobierno argentino está vinculado. 14 Naciones Unidas, 2006a. 15 Amnistía Internacional Argentina, 2008, www.amnesty.org.ar; Consejo Nacional de la Mujer, 2008d, 2008e; Dirección General de la Mujer, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008. 16 Gobierno de Argentina, 2006. 17 INADI, 2008b; INADI, 2008a. 18 Naciones Unidas, 2006a. 19 Amnistía Internacional Argentina, 2008, Comunicados de Prensa, www.amnesty.org.ar.
Las cifras están tomadas de la observación de casos de violencia denunciados en la prensa escrita y en los medios de comunicación online desde enero de 2008. Los medios de comunicación que se examinaron sistemáticamente para detectar casos de violencia contra las mujeres fueron: Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, La Gaceta (Tucumán), Los Andes (Mendoza), La Voz del Interior (Córdoba), El Diario de la República (San Luis),
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El Periódico Austral (Santa Cruz), Nuevo Diario (Santiago del Estero) y Diario Norte (Chaco). Además, puntualmente se monitorearon otros medios.
20 Esto significa que no se ha incluido ningún caso de violencia del que no hayan informado los periódicos, ni tampoco ningún caso de violencia física, sexual o psicológica o de violencia por omisión que no haya dado lugar a muerte en el ámbito doméstico. 21 Consejo Nacional de la Mujer, 2008e, 2008d; Dirección General de la Mujer, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008. Consejo Nacional de la Mujer, VI Informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer presentado ante el CEDAW, República Argentina, 2004-2007. 22 Artículo 24 de la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1992 (2003); artículo 8.h de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Organización de los Estados Americanos, 1994. 23 Naciones Unidas, 2005a. 24 «Violencia contra la mujer», Consejo Nacional de la Mujer, 2008b. 25 Consejo Nacional de la Mujer, 2007 (2008d). Basado en los datos disponibles al momento de realizar este informe. 26 Dirección General de la Mujer, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008. 27 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2008. 28 Naciones Unidas, 2006b. 29 Basado en datos oficiales hechos públicos por el gobierno. 30 Datos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, disponibles a través del INDEC, 2004-2005. 31 Datos del Ministerio de Salud, disponibles a través del INDEC, 2000/2004. Los datos están clasificados bajo el encabezamiento de «causas externas» y divididos en «accidentes» y «otros». 32 INADI, 2005. 33 Consejo Nacional de la Mujer, 2008c.
34 Además, existen 31 refugios a nivel de organizaciones de la sociedad civil y distribuidos en todo el país según el mismo informe. Consejo Nacional de la Mujer, 2008c. 35 Consejo Nacional de la Mujer, 2006. 36 El informe de 2005 del INADI es la información disponible más reciente. 37 INADI, 2005, p. 148. 38 INADI, 2005, p. 147. 39 Consejo Nacional de la Mujer (2008c), VI Informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer presentado ante el CEDAW, República Argentina, 2004-2007. 40 Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2004. 41 Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Economía y Producción, 2008. 42 Naciones Unidas, 2006. 43 Ibíd. 44 INADI, 2005, p. 153. 45 Ibíd., p. 50; Red Informativa de Mujeres de Argentina, 2004. 46 Naciones Unidas, 2006b. 47 Naciones Unidas, 2006b. 48 Amnistía Internacional, 2007b. 49 Amnistía Internacional, 2007a. 50 Estas investigaciones incluyeron entrevistas a víctimas de violencia contra las mujeres, organizaciones de la sociedad civil argentina, oficinas gubernamentales, así como una revisión de experiencias positivas en otros países. 51 Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. 52 Artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, 1989. 53 Artículo 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
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54 Artículo 10 (c y h) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979. 55 Naciones Unidas, 2006b. 56 Artículo 4.c de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará. 57 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Organización de los Estados Americanos, 1994. 58 Artículo 7 (f y g) de la Convención de Belém do Pará, 1994. 59 Artículo 4.d de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993. 60 Convención de Belém do Pará, artículo 8.e, 1994. 61 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, artículo 4.o, 1993. 62 Amnistía Internacional Argentina, 2008. El registro de casos de violencia contra las mujeres se actualiza periódicamente en www.amnesty.org.ar.
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63 Consejo Nacional de la Mujer (2008c), VI Informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer presentado ante el CEDAW, República Argentina, 2004-2007. 64 Amnistía Internacional, 2007b. 65 Amnistía Internacional, 2008a; 2007a; 2007b.
MUJERES DESPROTEGIDAS ANTE LA VIOLENCIA EN ARGENTINA PRIORIDADES DE ACCIÓN PARA EL GOBIERNO NACIONAL
La violencia contra las mujeres es una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo para los derechos humanos. Traspasa fronteras, culturas y clases sociales. Mientras continúe, será imposible hacer realidad la promesa de los derechos humanos para todas las personas. El Estado argentino ha ratificado tratados internacionales y regionales de derechos humanos en virtud de los cuales está obligado a proteger frente a la violencia de género a las mujeres que viven en Argentina, y también a proporcionar ayuda y recursos para resarcir a las supervivientes. Sin embargo, los índices de violencia contra las mujeres en el país siguen siendo altos, la ayuda que reciben las sobrevivientes sigue siendo escasa y tardía, y todavía no existe un plan de acción nacional contra la violencia contra las mujeres con medidas coordinadas y efectivas. En este informe, Amnistía Internacional expone prioridades de acción concretas para que el gobierno nacional argentino cumpla con sus obligaciones para con las mujeres que viven en Argentina, incluida la necesidad urgente de centrar la atención política en la violencia contra las mujeres y de realizar progresos reales para erradicarla.
Amnistía Internacional Argentina Uruguay 775 4º B Buenos Aires www.amnesty.org.ar
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