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Timestamp: 2020-04-02 12:12:28+00:00

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2016 - Pragma Advocats Mataró
December 21, 2016 /in Inmobiliario /by Sandra
https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/12/CLAUSULES-SOL.jpg 319 832 Sandra https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/02/logo-2.png Sandra2016-12-21 12:21:052017-01-27 11:19:49La justicia europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por ‘cláusulas suelo’
December 12, 2016 /in Inmobiliario /by Sandra
El tribunal consolida la amplicación progresiva del marco de aplicación de esta cláusula, que permite revisar un contrato cuando cambian mucho las circunstancias, y considera que la crisis puede producir un “grave transtorno en las circunstancias” que justifique su aplicación.
https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/12/SUPREMO_2.jpg 319 832 Sandra https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/02/logo-2.png Sandra2016-12-12 15:57:072016-12-12 16:26:19El Supremo considera que la crisis puede justificar la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”
October 3, 2016 /in Derecho /by Sandra
Paracetamoles o aspirinas. El Banco Popular por fuerza se ha tenido que convertir en un buen cliente de las farmacias tras la sentencia del Tribunal Supremo [la 411/2016], del pasado 17 de junio, por la que se ratifica la sentencia de apelación, anulando los bonos canjeables suscritos por el Grupo Alcor y ordenando la restitución de 1.875.178 euros, más los intereses.
El tribunal de la Sala de lo Civil, del que ha sido ponente el magistrado Pedro José Vela Torres, deja muy claro que tanto las empresas como los particulares que hubieran comprado bonos convertibles en acciones tienen que ser “expertos” en el mercado de valores.
“No consta que hubiera información previa, y ni siquiera la información que aparecía en la orden de compra del producto, prerredactada por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era su naturaleza, ni los riesgos que se asumían en función de la fecha de conversión”, dice la sentencia redactada por Vela Torres que dio la razón al Grupo Alcor.
Este grupo empresarial había adquirido los bonos convertibles el 19 de noviembre de 2010. Demandó al Popular en julio de 2014.
Pero ahí no acabó la cosa. El pasado mes de agosto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a este mismo banco con un millón de euros por cometer una infracción “muy grave” en la comercialización de determinados productos financieros entre enero de 2009 y noviembre de 2011.
La verdad es que se lo esperaban. Porque la multa le fue impuesta 16 meses antes, el abril de 2015, pero, a la desesperada, intentaron el recurso por la vía administrativa, que no funcionó.
A perro flaco todos son pulgas, podría decir el Banco Popular hoy día. Porque el fallo abre la compuerta a miles de reclamaciones potenciales por daños y perjuicios.
Fuentes especializadas afirman que el agujero que le podrían hacer a la entidad que preside Ángel Ron, es de 700 millones de euros.
¿Por qué esa cantidad? Porque la emisión inicial de bonos convertibles en 2009 fue de esa cantidad.
Según fuentes del Popular, esa cifra es una exageración y cifran en 25 millones la pérdida máxima, de los que ya tienen provisionados entre 16 y 20 millones.
Hay que mantener el tipo ante el posible “tsunami”.
Bonos alternativa a las preferentes
El Banco Popular puso en el mercado estos bonos convertibles en 2009 como alternativa a las preferentes.
Se vendió casi en su totalidad a unos 22.000 clientes particulares. Daban un interés de Euribor a tres meses más el 4 por ciento y vencían en octubre de 2013.
El problema es que un año antes de esa fecha, los bonos habían perdido un 52 por ciento. Y siguió cayendo hasta el 81 por ciento, en noviembre de 2015, cuando se produjo el canje.
La sentencia del Supremo es un varapalo sin precedentes para el Popular. El Alto Tribunal deja claro que el banco no explicó a sus clientes los riesgos del producto contratado ni entregó la denominada “nota de valores”, registrada en la CNMV ni la puso a disposición del cliente.
En esencia, es lo mismo que con en las preferentes: ausencia de conocimiento informado.
https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/10/CALCULADORA.jpg 319 832 Sandra https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/02/logo-2.png Sandra2016-10-03 17:26:222016-10-03 17:42:24¿Maremoto de demandas contra el Popular por la sentencia del Supremo sobre bonos convertibles?
September 23, 2016 /in Derecho, Inmobiliario /by Sandra
https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/07/BULLYING.jpg 319 832 Sandra https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/02/logo-2.png Sandra2016-07-28 13:20:312016-07-28 13:24:07Educación advierte de que el ciberbullying es "más peligroso" que el bullying
May 25, 2016 /in Família /by Sandra
May 3, 2016 /in Família /by Sandra
El art. 146 CC establece “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”. Ante una situación de dificultad económica ¿Cómo ponderar este “mínimo vital”, para que el quantum de la pensión de alimentos sea el adecuado a las necesidades de los menores y a las posibilidades del alimentante? El TS considera que habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC.
La Sala de lo Civil del TS en sentencia 413/2015 de fecha 10 de julio de 2015 (Rec. 682/2014, Ponente: señor Seijas Quintana), estima de este modo el recurso interpuesto por el afectado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Dos Hermanas –luego ratificada por la Audiencia Provincial– que estableció la pensión de alimentos, y reduce de 150 a 100 euros la cantidad que el hombre debe abonar mensualmente a cada una de sus dos hijas menores.
El afectado recurrió ante el TS –recurso al que se adhirió la propia Fiscalía– y cuestionó el pronunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantuvo el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas, habida cuenta la disminución de sus ingresos de prestación por desempleo, que alcanzaban la cantidad de 426 euros al mes.
Se discute el pronunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantiene el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas de los litigantes, y que fue fijada en el procedimiento previo de separación, en la suma de ciento cincuenta euros para cada una de ellas, cuando el padre, en consideración a los ingresos de los que disponía, reclamaba como más adecuada una de cien euros al mes por cada una de las hijas.
La sentencia del Juzgado “desestimó la pretensión de reducir los alimentos por considerar que los 300 euros resultaban adecuados a las necesidades de las menores y a las posibilidades del alimentante, padre de las niñas, que percibe una prestación por desempleo en ese momento de 884,34 euros”.
Tras ello, la Audiencia confirmó la decisión y alegó que la cuantía fijada por el Juzgado “se estima plenamente adecuada y proporcionada a las necesidades de las alimentistas y a los medios económicos del alimentante, aun cuando se alegue que estos han quedado reducidos a la prestación por desempleo por importe de 884,34 euros mensuales”.
Se da la circunstancia de que durante la tramitación del procedimiento, se presentaron sendos escritos posteriores a la sentencia del Juzgado que acreditaban una reducción del importe de la prestación de desempleo del recurrente hasta la cantidad de 14,20 euros al día, lo que alcanza la cifra de 426 euros al mes.
El padre de las menores interpuso entonces recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el TS, recursos a los que se adhirió el Ministerio Fiscal.
El recurso por infracción procesal se sustenta en tres motivos, que tienen que ver con la prueba documental que el tribunal de apelación no tuvo en cuenta para aplicar la regla de la proporcionalidad a la prestación de alimentos.
El recurso de casación se apoyó en un único motivo: Infracción por aplicación indebida del artículo 146 del CC, en relación con el concepto jurídico indeterminado de “mínimo vital” relativo al quantum de la pensión de alimentos que debe abonar el padre, y respecto al que existe divergencia jurisprudencial en las Audiencia Provinciales.
Ahora el TS estima el doble recurso del progenitor, y reduce la cuantía de la pensión la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas.
La sentencia del TS: “mínimo vital”
La Sala comienza estimando los motivos del recurso por infracción procesal, pues considera que la Audiencia no tuvo en cuenta la aportación de nuevos escritos que probaban una reducción en la cuantía de la prestación que recibía el recurrente: « (…) Lo que ocurre es que una vez incorporada no ha sido tenida en cuenta en la sentencia de la Audiencia Provincial, ni en un sentido ni en otro, como si ninguna incidencia se hubiera producido en la tramitación del recurso, lo que constituye una violación del artículo 24 CE». En su sentencia el TS indica que la sentencia ahora recurrida, valora «datos incompletos de prueba».
Según estableció la Audiencia, “una reducción de los ingresos o los gastos del obligado a satisfacer determinada pensión alimenticia no puede determinar la supresión o reducción de dicha prestación de alimentos cuando, como ocurre en el presente caso, constituye el mínimo vital indispensable para afrontar las necesidades básicas de las menores”.
El TS considera que, ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC; en cuanto a la aplicación de este “mínimo vital”, el TS dice: «(…) lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante”.
El TS dice que «el interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 (…)»
“Absoluta indigencia”
No obstante, «esta obligación no se cumple con la prestación alimenticia impuesta en la sentencia, que dejaría en la absoluta indigencia al alimentante, sino con la que resulta de los ingresos que obtiene en la actualidad, conforme a la documentación aportada, los cuales permiten aceptar la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas».
Esta cifra “se revisará en la misma forma en que se vayan incrementando o disminuyendo los ingresos del obligado al pago”, establece el TS, que de este modo estima el recurso presentado por el padre y reduce a 100 euros mensuales la pensión alimenticia que debe abonar por cada una de sus hijas. (EUROPA PRESS y Redacción NJ)
https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/05/PENSION_PADRE.jpg 319 832 Sandra https://pragma-advocats.com/wp-content/uploads/2016/02/logo-2.png Sandra2016-05-03 15:08:442016-05-03 15:29:38El TS reduce la pensión de alimentos que debe abonar un padre para no dejarle en la 'indigencia'

References: artículo 146
 artículo 146
 artículo 24
 artículo 146
 artículo 93
 artículo 146