Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5268
Timestamp: 2020-05-30 06:44:58+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 8/2005
SENTENCIA 8/2005, de 17 de enero.
ECLI:ES:TC:2005:8
En el recurso de amparo núm. 6469-2002, promovido por don Jesús Manuel Sánchez de Paz, representado por el Procurador de los Tribunales don Álvaro Arana Moro y asistido por el Letrado don Carlos Lugo Hernández, contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 23 de septiembre de 2002, estimatorio de recurso de apelación deducido contra el Auto del Juez de Primera Instancia núm. 1 de Santa Cruz de la Palma, dictado el 28 de diciembre de 2001, en el incidente de ejecución de Sentencia de divorcio núm. 271/99. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, así como doña María del Rosario Rodríguez Arrocha, representada por el Procurador de los Tribunales don Jesús Manuel Dorremochea Aramburu y defendida por el Letrado don Jesús Eduardo Herrera Sicilia. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
a) Los cónyuges don Jesús Manuel Sánchez de Paz, hoy demandante de amparo, y doña María del Rosario Rodríguez Arrocha obtuvieron Sentencia de separación de mutuo acuerdo el 12 de febrero de 1999. En el convenio regulador de la separación ambos cónyuges acordaron que la custodia de su hijo menor, nacido en 1994, así como la de su hija, correspondiera a la madre, mientras que el otro hijo del matrimonio quedó bajo la custodia del padre. Con posterioridad, por determinadas circunstancias familiares, la hija decidió marchar a vivir con su padre. Con fecha 23 de noviembre de 2000 se dictó Sentencia de divorcio a instancia de don Jesús Manuel Sánchez de Paz, el cual solicitó la custodia de su hijo menor, petición que no fue atendida por el Juez al estimar que no se había acreditado un cambio relevante de las circunstancias concurrentes cuando ambos progenitores habían decidido, de mutuo acuerdo, en el proceso de separación que este hijo permaneciera con su madre.
b) Como consecuencia de ciertas incidencias (a las que luego se hará mención) habidas en la ejecución del régimen de visitas aprobado judicialmente, el Juez de Primera Instancia dictó Auto, de fecha 28 de diciembre de 2001, en el que modificó la resolución sobre la guarda del menor acordada en Sentencia de 23 de noviembre de 2000 y atribuyó a don Jesús Manuel Sánchez de Paz la guarda y custodia de dicho hijo, estableciéndose a favor de doña María del Rosario Rodríguez Arrocha un régimen de visitas.
"Es a partir del mes de agosto de 2001 cuando se tiene en este Juzgado conocimiento cierto de los problemas que está planteando el cumplimiento del régimen de visitas establecido a favor del padre: en fecha 14 de agosto comparece en el Juzgado D. Jesús Manuel Sánchez Paz, informando de que hace mes y medio que no puede ver a su hijo; por parte de Dª María del Rosario Rodríguez Arrocha se manifiesta que no se opone a que el niño vea a su padre, pero que es el niño el que no desea estar con él. Finalmente, se lleva a cabo la entrega del menor a su padre.
En fecha 11 de septiembre de 2001 comparece nuevamente en este Juzgado D. Jesús Manuel Sánchez Paz, y nuevamente solicita que se le ampare en su derecho a relacionarse con su hijo: se acuerda requerir a Dª María del Rosario Rodríguez Arrocha para que cumpla estrictamente la resolución judicial en la que se establecía el régimen de visitas.
En fecha 9 de noviembre D. Jesús Manuel Sánchez Paz acude nuevamente al Juzgado con el mismo propósito, por lo que a la vista de las graves dificultades que está planteando el cumplimiento del régimen de visitas se acuerda convocar a las partes a una vista, que se celebra en fecha 14 de noviembre, y en la que se informa directamente por el Juez de este Juzgado a Dª María del Rosario Rodríguez Arrocha de que es su responsabilidad, como titular de la custodia de su hijo, garantizar el cumplimiento del régimen de visitas acordado; y se le informa de que cualquier incumplimiento será sancionado mediante la imposición de multas coercitivas, y que el incumplimiento reiterado del régimen acordado podrá incluso determinar la modificación del régimen de guarda del menor.
A fin de garantizar el cumplimiento del régimen de visitas, y para facilitar la constancia de los acontecimientos, se acuerda oficiar a la Policía Local de Breña Alta, lugar del domicilio de Dª María del Rosario Rodríguez Arrocha, solicitándoles que, en el caso de que se les informe por cualquiera de las partes de este procedimiento de que se están planteando problemas sobre el cumplimiento del régimen de visitas, acudan al lugar para comprobar qué es lo que está ocurriendo, y den cuenta de ello al Juzgado.
Segundo. La resolución de la cuestión planteada debe partir, necesariamente, de la determinación de cuáles puedan ser las causas de la negativa del niño ... a acudir con su padre, pues según se manifiesta por su madre es ésta la única razón del incumplimiento del régimen de visitas. Para ello resulta de inestimable ayuda el informe pericial elaborado por la psicóloga de los Servicios Municipales, que fue sometido al debate contradictorio de las partes.
Descartado lo anterior el informe apunta la única causa posible del comportamiento del niño: la existencia de influencias externas, que al niño se le haya enseñado que debe negarse a ir con su padre, o que se haya influido sobre él en ese sentido. Esta es la hipótesis que considera correcta la perito, como consecuencia inevitable de lo expuesto en el párrafo anterior: no aparece motivo alguno para la mala relación entre el niño y su padre; y cuando el niño desconecta de la situación por la que se le pregunta, por ejemplo haciéndole dibujar o hablando de qué es lo que le gusta o desea, su padre siempre aparece a su lado. Dicho lo anterior, los datos de los que se dispone resultan claramente indicativos de que la influencia sobre el niño solamente puede proceder de la madre, pues es la titular de la guarda, o del ámbito de la misma, del que es ella responsable: el menor se encuentra, como se ha dicho, bajo su guarda, y los contactos con el padre han sido limitados; se ha constatado que el menor justifica su negativa a ir con su padre en razones que no son propias de un niño (dice, según explica la Sra. perito, que 'su padre le quiere cortar el cogote', 'si me voy con mi padre no le dará dinero a mi madre' ó 'si me pongo malo no me dan la medicina que tengo que tomar y me da bronquitis'); el informe pericial constata que en realidad el niño hace una valoración muy positiva (como no debe ser de otra forma en un niño de esa edad) de su padre; en el primero de los informes policiales unidos a las actuaciones (a ambos se ha hecho referencia anteriormente) se constata por el agente informante la actitud 'impasible' de la madre cuando se la solicitaba su colaboración para que facilitara la marcha del niño con su padre, y se indica que se limitaba a decir 'el niño está ahí si quiere ir, pero es él el que no quiere'.
Finalmente, debe indicarse que, a la vista de lo avanzado del curso escolar, y dado que por la Sra. perito se ha insistido en que el desarrollo escolar del niño resulta correcto, deberá evitarse que el mismo cambie de centro escolar. El cambio, durante este curso, solamente se llevará a cabo si resulta absolutamente necesario, y previa constatación de la necesidad y de que no se perjudica al niño, por este Juzgado (art. 158.3 CC)."
"A la vista de las manifestaciones de las partes, y de las restantes actuaciones practicadas en la instancia, este Tribunal estima procedente la impugnación planteada.
Sin perjuicio de que tratándose de medidas relativas a menores, el Juez puede acordar lo que estime por conveniente, atendidas las circunstancias del caso, y especialmente el interés superior del menor, a cuya protección deben propender todos los poderes públicos, sin sujeción por tanto al principio dispositivo que rige las contiendas civiles, es lo cierto que en el presente caso, no concurren razones que justifiquen una modificación del régimen de custodia en su momento acordado, ya que no han sobrevenido nuevas circunstancias que justifiquen la modificación de una medida de tanta trascendencia para la vida del menor, sino la adopción por el Juzgado a quo de cuantas medidas sean necesarias para garantizar su ejecución, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil".
4. Mediante providencia de 20 de noviembre de 2003 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio público un plazo de diez días para que formulasen alegaciones en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
Para abordar el estudio de si el Auto frente al que se demanda nuestro amparo respeta o no el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva bueno será recordar la doctrina constitucional sobre el contenido primigenio de este derecho fundamental, esto es, el derecho a una resolución fundada en Derecho sobre la integridad de las pretensiones formuladas ante la jurisdicción. A tal efecto es suficiente recordar, con la STC 172/2004, de 18 de octubre, que "el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, que también puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas). Asimismo, hemos dicho que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3; y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4). También es doctrina reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 61/1983, de 11 de julio; y 5/1986, de 21 de enero, entre otras). Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (por todas, SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; y 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2; y 10/2000, de 31 de enero, FJ 2)".
Pues bien, tal como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, para llegar a alterar el régimen de guarda y custodia sobre el hijo menor del demandante el Juez de Primera Instancia relata primeramente las incidencias habidas en el cumplimiento del régimen de visitas. Así alude a las sucesivas quejas del demandante ante el Juzgado en relación con el incumplimiento del régimen de visitas y a los requerimientos judicialmente efectuados a la madre para que facilitase las visitas acordadas; a la necesidad de que, dadas las graves dificultades surgidas, se convocara una comparecencia de los progenitores para informar a la madre de la posibilidad de imponerle multas coercitivas si no facilitaba las visitas; e incluso de la eventualidad de la modificación del régimen de guarda. Igualmente el Juez acordó dirigirse a la policía local para que comprobase los problemas que pudieran surgir en el cumplimiento del régimen de visitas, lo que efectivamente se hizo en dos ocasiones. A la vista de ello el órgano judicial acordó un reconocimiento psicológico del menor, cuyo resultado evidenció que cuando éste manifestaba no querer ir con el padre no era capaz de dar ninguna razón, por lo cual, dada la buena relación con el padre y con los hermanos, concluye que no existe una causa objetiva y razonable a tal negativa, sino que ella es producto de la influencia de la madre, única explicación plausible de que el niño manifieste al perito que "su padre le quiere cortar el cogote", "si me voy con mi padre no le dará dinero a mi madre" o "si me pongo malo no me dan la medicina que tengo que tomar y me da bronquitis".
5. Pues bien nos encontramos por tanto ante una resolución judicial en primera instancia que se basa en la constatación de ciertos hechos y en la ineficacia de las medidas judiciales acordadas como consecuencia de ellos, y que valora estas circunstancias como justificativas de un cambio del régimen de custodia en beneficio del mantenimiento del trato del menor con su padre y sus hermanos, que conviven con éste. Por el contrario la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación interpuesto frente a tal resolución, tras reconocer las facultades del Juez para acordar lo mejor para el menor sin sujeción al principio dispositivo, se limita a razonar que "no concurren razones que justifiquen una modificación del régimen de custodia en su momento acordado, ya que no han sobrevenido nuevas circunstancias que justifiquen una modificación de una medida de tanta trascendencia para la vida del menor, sino la adopción por el juzgado a quo de cuantas medidas sean necesarias para garantizar su ejecución, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de enjuiciamiento civil".
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Jesús Manuel Sánchez de Paz y, en consecuencia:
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6469-2002
Promovido por don Jesús Manuel Sánchez de Paz respecto al Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que revocó el dictado por el Juzgado, y mantuvo el régimen de custodia de su hijo menor.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): denegación en grado de apelación de la guarda y custodia de un hijo menor a favor del padre, decretada en la instancia por incumplir la madre el régimen de visitas, sin dar razón alguna.
No resulta constitucionalmente admisible que, una vez que el Juez de Primera Instancia explicita ciertos hechos éstos sean simplemente ignorados por la Audiencia Provincial, sin que ello venga precedido de un razonamiento que desmonte la argumentación del órgano judicial cuya motivada resolución se apelaba [FJ 5].
Nos encontramos ante una resolución judicial en primera instancia que se basa en la constatación de ciertas circunstancias como justificativas de un cambio del régimen de custodia del menor [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre el contenido primigenio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, esto es, el derecho a una resolución fundada en Derecho sobre la integridad de las pretensiones formuladas ante la jurisdicción ( STC 172/2004) [FJ 3].
Mientras que para la confirmación del criterio del órgano a quo puede ser suficiente con razonar la falta de disentimiento con su criterio, para la revocación de toda resolución es preciso expresar con claridad las razones que conducen a ello [FJ 4].
Artículo 9.3 (jerarquía normativa), ff. 1, 2
Artículo 9.3 (principio de legalidad), ff. 1, 2
Artículo 776 apartados 2, 3, f. 4
Carencia de fundamentación de la demanda de amparoCarencia de fundamentación de la demanda de amparo, f. 2
Resolución fundada en DerechoResolución fundada en Derecho, Doctrina constitucional, f. 3
Régimen de visitas a los hijosRégimen de visitas a los hijos, ff. 1, 4

References: resolución 
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Artículo 9

Artículo 9

Artículo 776

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