Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510206.html
Timestamp: 2019-03-23 08:38:21+00:00

Document:
as201510206
AUTO SUPREMO Nº 206/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 85/2014
Parte imputada : Denver Pedraza López
Delito : Incumplimiento de Deberes y otros
Por memorial presentado el 13 de octubre de 2014 cursante de fs. 2648 a 2660, Denver Pedraza López, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014 de fs. 2533 a 2540 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, previstos y sancionados por los arts. 154, 221, 142, 145, 146, 224 y 228 del Código Penal (CP), respectivamente.
Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 18/2011 de 6 de diciembre (fs. 1689 a 1702 vta.), el Tribunal Séptimo de Sentencia de La entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Denver Pedraza López, absuelto de culpa y pena por los delitos de Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, previstos en los arts. 142, 145, 146, 224 y 228 del CP y, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, previstos y sancionados en los arts. 154 y 221 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de presidio.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Denver Pedraza López (fs. 1715 a 1749 vta.), formuló recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 123 de 25 de junio de 2012, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo (fs. 2519 a 2527 vta.), en cuyo mérito la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación incidental y restringida, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 741/2014-RA de 15 de diciembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, al que este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente luego de realizar una cronología del proceso, indica haber sido procesado por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado y sancionado a la pena de cinco años de privación de libertad, cuando correspondía la emisión de Sentencia con relación al tipo de Contratos Lesivos al Estado en la forma culposa, cuya pena máxima debía ser de dos años, como establece el art. 221 segunda parte del CP, vigente al momento de cometer el hecho, habiendo el Tribunal de apelación incurrido en total carencia de fundamentación en derecho, a tiempo de resolver la apelación restringida.
Previa exposición de las normas que regulan las relaciones humanas en un Estado Unitario Social de Derecho, identificando los postulados, principios y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Código de Procedimiento Penal y Código Penal respecto a las normas aplicables en cuanto al tiempo, aludiendo además a las Sentencias Constitucionales 0770/2012 y 1030/2003, bajo el título de “FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY Y VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA”, el recurrente con la invocación como precedente del Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, emitido en el caso de autos, arguye que el Tribunal de alzada, no tomó en cuenta la mencionada resolución a tiempo de confirmar la Sentencia, pues se limitó a realizar conclusiones generales sin que se evidencie un intento de responder en lo más mínimo a la denuncia específica de errónea aplicación de la ley sustantiva, en vulneración al art. 124 del CPP, al no advertir que a tiempo de dictarse la sentencia se omitió realizar la labor de subsunción que demuestre objetivamente el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal.
Agrega que el Tribunal de alzada tampoco tomó en cuenta el entendimiento asumido en el Auto Supremo 017/2014-RRC respecto a su denuncia de aplicación retroactiva de la ley penal, pues confirmó una sentencia que carece de fundamentación adecuada no sólo respecto a la tipicidad del delito de Contratos Lesivos al Estado, sino también a la aplicación retroactiva de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004).
Por lo expuesto, solicita se case el Auto de Vista recurrido, anulándolo y ordenando se dicte nueva resolución, aplicando el Auto Supremo 017/2014, multando a los Vocales suscribientes de la misma con diez días de haberes y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, por incumplimiento de la referida Resolución y por ser contradictoria a la Constitución Política del Estado y a las leyes.
Mediante Auto Supremo 741/2014-RA, cursante de fs. 2701 a 2703, este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado, para su análisis de fondo.
Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó la Sentencia 18/2011, por la que absolvió al recurrente, por los delitos de Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas (arts. 142, 145, 146, 224 y 228 del CP); por otro lado, lo declaró autor y culpable de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, incursos en los arts. 154 y 221 del CP; consecuentemente, ante la concurrencia de concurso real en los términos del art. 45 del mismo Código y en mérito a que el delito de Contratos Lesivos al Estado prevé una sanción privativa de libertad más severa que para el delito de Incumplimiento de Deberes, le impuso la pena de presidio de cinco años a cumplir en el Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, de acuerdo a los siguientes fundamentos, estrictamente vinculados al motivo de casación: 1) Previa exposición de las características que detentan los tipos penales de Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, atribuyéndoles la calidad de especiales, dolosos y cerrados, explicando en cuanto a ésta última peculiaridad, que cada uno de los tipos inculpados son taxativos y claros, por lo que no requieren mayores esfuerzos para su entendimiento y comprensión, citando al respecto la Sentencia Constitucional (SC) 0038/2007 de 7 de agosto, concluyendo que el delito sólo existe y se sanciona en virtud de la ley, lo que significa vigencia absoluta del principio de legalidad, 2) De acuerdo al precepto contenido en el art. 154 del CP, el delito de Incumplimiento de Deberes requiere que el funcionario público ilegalmente omita, rehúse hacer o retardare algún acto propio de su función; es decir, que el agente obligado a efectuar determinada acción en cumplimiento de sus deberes, en forma ilegal omita hacer lo que debe hacer o simplemente se rehúse efectuar lo que por obligación le corresponde. La otra posibilidad está referida al retardo doloso, en el cumplimiento de dichas obligaciones durante el ejercicio de la función. Sobre ello, estableció que las pruebas testificales y literales, tanto de cargo cuanto de descargo, demostraron que se hicieron muchas entregas de vehículos e inmuebles en actos públicos en presencia de autoridades nacionales; sin embargo, esas ilegalidades, lejos de convalidar la acción del imputado, demostró inobjetablemente que obró con absoluta liberalidad, vulnerando el espíritu del art. 42 inc. 3) del Decreto Supremo (DS) 26143 de 6 de abril de 2001, puesto que en lugar de celebrar contratos mediante escritura pública, en términos del art. 1287.II del Código Civil (CC), se limitó a suscribir contratos privados que por falta de reconocimiento de firmas carecen de eficacia en el ámbito civil puesto que no llenan el voto del art. 1297 del Código citado, pero en materia penal cobra relevancia significativa porque demostró, lejos de toda duda razonable, la existencia de acciones punibles con las que el incriminado subsumió su conducta a las previsiones del art. 154 del CP, al incumplir sus deberes estatuidos en el ordenamiento jurídico, lo que se hace más patente dada su formación profesional y su conocimiento de la naturaleza jurídica de la escritura pública, así como del contrato de depósito regulado por el art. 838 del CC. En ese entendido, tampoco cumplió con lo explícitamente mandado por el mencionando Decreto Supremo, que de manera taxativa, dispone: “El nombramiento de depositarios será efectivo previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: inc. 3.- La suscripción del contrato de depósito mediante escritura pública” (sic), emergiendo así la acción típicamente antijurídica y culpable del acusado, en cuanto al delito analizado, cuyo precepto se reiteró en la Ley 004; 2) Del contenido del tipo penal de Contratos Lesivos al Estado, infiere que dos son los elementos esenciales para la existencia de este tipo penal. Primero, referido al conocimiento que el agente tiene sobre los alcances del contrato que suscribe a nombre de la entidad que representa; y, el segundo, emergente de aquél, relativo al perjuicio que al Estado o la entidad se ocasiona. En ese marco, considerando que el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada y que para cumplir sus altos principios, valores y fines como proclama la Constitución Política del Estado, creó órganos o entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas como la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), concluyó que el acusado, como Director de dicha entidad, con sede en la ciudad de Santa cruz, al haber suscrito documentos para la entrega en depósito de bienes muebles sujetos a registro y de inmuebles tanto a personas particulares como a representantes de algunas instituciones, soslayó lo explícitamente determinado por el DS 26143 y la Disposición Transitoria Quinta del Código de Procedimiento Penal, ocasionando así perjuicios al Estado, en su más amplia concepción, puesto que la conducta del agente no sólo dio lugar a la apertura y sustanciación de la presente causa, sino que provocó gastos inmanentes a ésta, de donde resultó que la conducta del imputado se adaptó al delito de Contratos Lesivos al Estado, al tenor del art. 221 del CP; 3) En cuanto a los criterios para imponer la pena, previo establecimiento de las circunstancias personales del acusado, su conducta antes y después del hecho y la aplicación del entendimiento plasmado en el art. 45 del CP, sobre el concurso real de delitos, expresó que por disposición de los arts. 164.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cumplimiento de la ley tiene carácter obligatorio desde el día de su publicación, así como responde a los principios de jerarquía y primacía estatuida por la propia Carta Fundamental, razón por la cual a tenor del art. 123 de la misma Constitución, y de manera general, la ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, salvo en materia laboral si favorece al trabajador, en materia penal si es favorable al delincuente y en cuanto a la investigación, procesamiento y sanción por delitos de corrupción, tipificados por la Ley 004 y los comprendidos en el art. 24 de la Ley citada, entre los que se encuentran Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, tipificados por los arts. 154 y 221 del CP, respectivamente, a cuyo efecto concluyó que si bien a tiempo de la comisión de los ilícitos atribuidos al acusado, estuvo vigente una ley y otra al momento de pronunciar Sentencia, por principios universales referidos a la ultractividad y retroactividad de la ley, debe aplicarse la más favorable al delincuente; empero, dada la retroactividad estatuida por la Ley Suprema del Estado, que goza de primacía frente a cualquiera otra disposición normativa, es que debe aplicarse esta con sus alcances propios, lo que en el caso de autos importa penalización o agravación de la sanción. Al respecto citó la SC 0442/2010 de 28 de junio, culminando que, dado el carácter vinculante del mismo, en el caso concreto, resultaba aplicable la retroactividad de la Ley 004.
El imputado, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 18/2011, alegando que, en estricta relación al motivo de casación admitido: i) En grado de apelación incidental, respecto a su solicitud de extinción de la acción penal, denunció que, no obstante que a partir de febrero de 2009, la Norma Fundamental estableció un régimen de imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción o cometidos por funcionarios públicos, no era menos cierto que dicho régimen es aplicable a partir de esa fecha en adelante y no así con carácter retroactivo, en todo caso, debe aplicarse la norma más favorable al imputado; en consecuencia, resultó inaplicable la interpretación efectuada de la SC 442/2010 de 28 de junio, por cuanto no consideró que en el caso que se juzgó, los hechos, además de ser múltiples y sin precisión alguna, se produjeron antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política del Estado; ii) De acuerdo con la determinación del Tribunal de Sentencia, en cuanto a la existencia de un tipo penal cerrado, no existe necesidad de analizar los otros elementos del delito, pues simplemente hay que determinar si la conducta se subsume en el tipo penal y con ello se tendrá por demostrado el delito cometido, razonamiento que constituye errónea aplicación de la ley sustantiva, pues aún se traten de tipos penales cerrados, es necesario e imprescindible analizar la concurrencia de los otros elementos del delito, como ser la antijuricidad, esencialmente, y la culpabilidad, lo que no ocurrió en el caso de autos. Asimismo, el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, no es un tipo penal cerrado, pues de su redacción se entiende que es un tipo penal alternativo, pues se lo puede cometer omitiendo, rehusándose hacer o retardando algún acto propio de la función, por lo tanto no existe la determinación y taxatividad exigida para los tipos cerrados; por otro lado, la sola incorporación del concepto “ALGÚN acto propio” ya elimina toda posibilidad de taxatividad; iii) Haciendo referencia al siguiente texto de la Sentencia: “…en ese entendido tampoco cumplió con lo explícitamente mandado por el mencionado Decreto Supremo Nº 26143…’El nombramiento de depositario será efectivo previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: Inc. 3).- La suscripción de contrato de depósito mediante escritura pública’ emergiendo así la acción típicamente antijurídica y culpable de Denver Pedraza” (sic), afirmó que no existe ninguna otra aseveración para determinar la existencia de antijuricidad, olvidando el Tribunal que la determinación de antijuricidad debe ser tanto formal como material; sin embargo, no se tiene ninguna alusión a algún daño causado a la institución, por cuanto para que la conducta sea penalmente reprochable, debe existir un desvalor de la acción pero sobre todo un desvalor del resultado, caso contrario no se puede determinar que la conducta es delictiva. Al respecto, demostró que no existió ningún tipo de daño al Estado ni a DIRCABI; en consecuencia, al no existir lesividad en su conducta, no se puede hablar de la comisión del delito; iv) El Tribunal de Sentencia, lo condenó por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, fundamentando en cuanto al daño causado, que: “…ocasionando así perjuicios al Estado en su más amplia concepción, puesto que la conducta del agente no sólo dio lugar a la apertura y sustanciación de la presenta causa, sino que provocó gastos inmanentes a ésta, de donde se arriba a esta conclusión de que la conducta de Pedraza López se adapta al delito de contratos lesivos al estado al tenor del Art. 221 de la ley sustantiva” (sic), consideración según la cual, el daño causado, no es producto de la acción típica sino del juicio iniciado en su contra; en consecuencia, si no se hubiera comenzado este proceso, entonces no habría daño; por ende, si no se determinó ningún daño en cuanto a los contratos suscritos por él, cómo puede afirmarse que su conducta es lesiva. Continúa afirmando que el tipo penal analizado, exige que la conducta lesiva se produzca al momento de celebrar el contrato, siendo exigible el dolo contractual, por cuanto estipula “a sabiendas”; es decir, que al momento en que se está celebrando el contrato se sabe que es en perjuicio del Estado; empero, el Tribunal de Sentencia, razonó que la lesividad de la conducta no estuvo al momento de la celebración del contrato, sino que el daño se causó al haber iniciado el proceso penal, aplicación que considera ilegal por arbitraria e inconsistente con la dogmática penal generalmente aceptada; v) Por lo expuesto, continuó aseverando que en la Sentencia se aplicó erróneamente los arts. 154 al 221 del CP, que tacha de defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, denotando una fundamentación carente de sustento legal, por cuanto no contiene una adecuada explicación de los actos sobre los tipos penales juzgados, por cuanto se estableció su responsabilidad sin realizar ninguna discriminación entre los tipos penales de Incumplimiento de deberes y Contratos Lesivos al Estado, ni se consideró que existen límites a la responsabilidad penal, tal cual establece el art. 16 del CP. Específicamente, en cuanto al delito de Incumplimiento de Deberes, no se consideró que jamás omitió, retardó o rehusó hacer, resaltando que no era su función la de reconocer los contratos ni protocolizarlos, correspondiéndole a la Unidad de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la estructura orgánica y funcional, a los niveles jerárquicos de la institución y a los arts. 14 y 15 del DS 26143. Sobre el delito de Contratos Lesivos al Estado, afirmó que si el Tribunal arribó a la conclusión de que ninguno de los instrumentos tiene rango de escritura pública “como exige la norma”, ni siquiera valor de “documento privado reconocido, ya que no se procedió al reconocimiento de firmas y rúbricas en términos del Art. 319-2 del Código de Procedimiento Civil” (sic), resulta que el propio Tribunal reconoce expresamente que ninguno de esos contratos cumplió con todas las solemnidades y con los requisitos necesarios exigidos para un contrato, más aún si se trata también sobre la participación de los particulares como sujetos activos de este delito, que sin ser empleados públicos pueden actuar particularmente como contraparte en el contrato, en el entendido que no es concebible que existan contratos lesivos al Estado, sin la intervención activa de la contraparte. Asimismo, se extraña que la Sentencia no explique en qué sentido el Estado sale perdiendo y porqué no se incluyó en el proceso penal a las otras partes intervinientes en los contratos, si existe la certeza de que los contratos eran dolosos, ya que si esta suposición resultaba cierta, era obvio incluir a todas las partes involucradas en este tipo de negociaciones, mucho más cuando uno de los sujetos es el Estado, o entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, pero como no existe “dolo” y no se avizoran probabilidades ciertas de pérdida y perjuicios para el Estado o entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, se entiende que “no hay contratos perjudiciales con ‘dolo’” (sic); vi) Según la doctrina, el Incumplimiento de Deberes y Contratos lesivos al Estado, no tienen características parecidas entre sí, por lo que relieva que no se puede condenar de modo genérico y en forma conjunta, como lo hizo el órgano jurisdiccional sin realizar la respectiva discriminación entre los tipos penales señalados, por cuanto en el delito de Contratos Lesivos al Estado, se exige el dolo directo, excluyéndose el dolo indirecto y la culpa, en cambio en el de Incumplimiento de Deberes, la figura es a la inversa, por cuanto además del elemento subjetivo de “dolo directo”, no se excluye el dolo indirecto y la culpa, igualmente, la “intención de cometer actos legales” (sic) no puede formar parte de un incumplimiento de deberes. Adiciona que, respecto al delito de Contratos Lesivos al Estado no existe discrecionalidad en la responsabilidad penal, aspecto que no fue considerado por el Tribunal. Tampoco se consideró que: Si una de las personas involucradas es condenada “no puede no condenarse a las otras personas intervinientes en los mismos contratos”, por lo que una de las personas intervinientes es inocente, la otra también será inocente; y, que cuando en el delito exige pluralidad de sujetos activos, no puede dejar de juzgarse a todos los involucrados en el hecho, por lo que no tiene lógica un juicio oral con sentencia que condena a una de las partes del contrato y no condena a los demás por el mismo delito o viceversa; y, vi) Por lo expuesto, asevera que el Tribunal realizó un defectuoso análisis sobre los nexos causales y la intencionalidad, no realizó la subsunción a la acción o inacción, no refirió los grados de culpabilidad y la concurrencia de elementos volitivos y cognitivos que hubieran dado curso a los tipos penales acusados, por ello considera que la Sentencia atentó los principios de legalidad penal, quedando claro que no existen los suficientes elementos de convicción para sostener que es autor de los ilícitos penales por los que fue condenado.
II.3. Del Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo
Una vez admitido el primer recurso de casación formulado por el recurrente, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través de Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, determinó dejar sin efecto el Auto de Vista 123 de 25 de junio de 2012, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida, de acuerdo a los siguientes fundamentos vinculados a los motivos del recurso de casación en estudio:
En cuanto al agravio referido a la errónea aplicación de la ley penal y fundamentación insuficiente, específicamente de los arts. 154 y 221 del CP, determinó que previo al análisis resultaba preciso recordar que la calificación del delito se comprende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y del resultante relacionado al acusado; y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta, puesto que, en caso de faltar uno de los elementos del tipo penal, la conducta ya no puede ser considerada delito, extremo que debe ser establecido en sentencia por los jueces y tribunales de sentencia y por los de alzada, en virtud a la facultad de control a que están obligados, cuando existe un reclamo oportunamente efectuado como en el caso presente, ello en busca de garantizar el principio de legalidad reconocido en el art. 180.I de la CPE, cuya función es evitar la arbitrariedad y el exceso en la persecución penal por parte del Estado. En ese marco, concluye que: “…en cuanto a la problemática de errónea aplicación de la Ley sustantiva, se tiene que el Auto de Vista impugnado, se limitó a realizar conclusiones generales como señalar: ‘que la labor del Tribunal de Sentencia al dictar el fallo, fue correcta y conforme a lo previsto en el art. 342 y 365 del CPP, porque la prueba aportada fue suficiente para generar convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado’, para luego referirse, también de forma general a la potestad punitiva del Estado y al principio de libertad probatoria que rige el proceso penal, sin que se evidencie siquiera un intento de responder en lo más mínimo, a la denuncia específica de errónea aplicación de la Ley sustantiva, respuesta que no cumplió lo dispuesto por el art. 124 del CPP, pues no existió ninguna motivación ni fundamentación jurídica que emerja del análisis de la Sentencia y los fundamentos consignados en ella, como por ejemplo, el fundamento referido al delito de Contratos Lesivos al Estado, cuyo daño de acuerdo a la Sentencia se hubiera producido no sólo por la apertura y sustanciación de la presente causa, sino que también provocó daños por los gastos que surgen del proceso, fundamento que resulta incorrecto, pero que sirvió de base para pretender enmarcar la conducta del imputado al tipo penal referido, extremo que claramente evidencia los defectos que contiene la Sentencia, y que vulneran el principio de legalidad y el debido proceso en relación a la subsunción de la conducta del imputado a los tipos penales, concluyéndose por tal razón que el Tribunal de alzada no cumplió con la labor de control que le asigna el art. 407 del CPP, pues se limitó a sostener que el Tribunal de Sentencia, habría obrado conforme a derecho además que no respondió a todos y cada uno de los motivos recurridos, quebrantando así los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos el debido proceso y el principio de legalidad; pues no advirtió que a tiempo de dictarse sentencia se omitió realizar la labor de subsunción que demuestre objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, a partir de una descripción del hecho probado, para luego realizar la labor de comparación de las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito y establecer si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, para finalmente calificarse el hecho como delito, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, en base a la doctrina legal referida” (resaltado propio); y,
En relación a la denuncia sobre aplicación retroactiva de la ley penal, específicamente de la Ley 004, afirmó que la misma: “…también fue abordada por el Tribunal de alzada; empero, lo hizo para resolver la apelación incidental interpuesta por el imputado en relación a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, y no así con motivo de la apelación restringida, pues esta problemática no fue objeto de recurso de apelación restringida, al respecto, el Tribunal de apelación señaló: ‘…que si bien es cierto que a la hora de la comisión de los delitos atribuidos al imputado estuvo vigente una ley, y otra al momento de dictarse la Sentencia, y que debería aplicarse la ley más favorable al imputado, sin embargo al tratarse de delitos cometidos por funcionario público, no le alcanza este beneficio en atención a que existe la SC Nº 0442/2010 de fecha 28 de junio de 2010, que establece claramente que si bien la Constitución al ser reformada o sustituida por una nueva, mantiene su naturaleza jurídica, y debe ser aplicada de forma inmediata aún en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución, por lo que en este caso es aplicable la retroactividad de la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 que establece que este tipo de delitos de orden público son imprescriptibles…’ .
Con la anterior precisión y toda vez que la Sentencia Constitucional 1414/2013 de 16 de agosto, dispuso que este Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie entre otros sobre esta denuncia, cabe manifestar que, el Tribunal de Sentencia al momento de fundamentar la Sentencia, como el Tribunal de alzada, al momento de resolver la apelación incidental y restringida, abordaron la problemática referida a la Ley 004, además, realizaron una interpretación errónea de la SC 0442/2010, puesto que de acuerdo al art. 116.II de la CPE, cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, precepto interpretado de manera concordante con el art. 123, en la SC 0770/2012 de 13 de agosto, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional…” -de cuyo contenido- “…se establece que el Tribunal de Sentencia, si bien se refirió a la Ley 004, señalando que correspondía su aplicación retroactiva, además, afirmando que su aplicación al caso concreto ‘importaría una agravación de la sanción’; empero, en los hechos, se limitó a imponer al imputado la pena de cinco años de presidio, que es la máxima sanción que correspondía aplicar al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado (art. 221 CP), antes de su modificación por la Ley 004 que penalizó (entiéndase el incremento cualitativo o cuantitativo de la pena) la conducta con una sanción mínima de cinco años y una máxima de diez años de privación de libertad, debiendo además considerarse que el imputado Denver Pedraza López, no sólo fue declarado autor y culpable de la comisión del citado delito, sino también por el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, razón por la que consideró el Tribunal de Sentencia que correspondía aplicar la previsión contenida en el art. 45 del CP, que señala: ‘El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad’; lo que supone, dados estos antecedentes, que no hubo una efectiva aplicación de la Ley 004 en la fijación de la pena, razón por la cual, este Tribunal concluye que el agravio denunciado referido a la aplicación retroactiva de la Ley 004, resulta inexistente, a cuya consecuencia, cualquier defecto absoluto emergente de la problemática ahora analizada, también es inexistente, correspondiendo declarar infundado el presente agravio” (resaltado propio).
II.4. Del Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 64, declarando admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida e incidental, formulados por el recurrente, conforme a los siguientes argumentos: i) El Tribunal Séptimo de Sentencia, al dictar el fallo judicial apelado, procedió en forma correcta, conforme a lo previsto por los arts. 342 y 365 del CPP, ya que tomó en cuenta que la prueba aportada es suficiente para generar la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado en la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado. En ese entendido, con relación al primer tipo penal citado, que conforme al art. 154 del CP, consiste en omitir, rehusar hacer, retardar actos de funciones propias de los funcionarios públicos, constituyéndose en un delito de omisión o “de omisión por comisión” (sic); es decir, no hacer o hacer no haciendo, negarse a cumplir con sus deberes o hacerlo retardadamente, que puede ser tácita o expresa, se consuma con la omisión aunque no haya consecuencia y no admite tentativa, destacó que en aplicación del art. 24 de la Ley 004 y 112 de la CPE, con base a una interpretación contextualizada, y desde el marco de la proporcionalidad, se estableció una diferenciación entre delitos propios de corrupción y los vinculados o relacionados con corrupción, a partir del reconocimiento de que los últimos por sí solos no poseen como uno de sus elementos los denominados “actos de corrupción que comprometan o afecten recurso del Estado” (sic), en los términos y formas definidas por los arts. 1 y 2 de la citada Ley; en consecuencia, si bien taxativamente, por imperio de la Ley, el beneficio de la suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción, debe entenderse que esta situación de improcedencia está referida a aquellos delitos que resultan propios y se hallan consignados en el citado art. 24 y 25 de la misma Ley, sin que exista limitación alguna para su concesión en los casos de los delitos vinculados con corrupción. En ese entendido, concluyó que, no obstante haberse consignado al art. 154 del CP, en ambos grupos definidos por la Ley 004, el imputado acomodará su conducta a las previsiones contenidas en el primero grupo referido a los delitos de corrupción, si concurre la circunstancia agravante prevista en el segundo párrafo del art. 154 aludido; es decir, “…cuando el delito ocasione daño al Estado” (sic), correspondiendo al Juez o tribunal de juicio, al conocer y resolver una eventual solicitud de concesión del beneficio de suspensión condicional de la pena, en observancia de la garantía del proceso y el principio de legalidad, rechazar la pretensión si la conducta del imputado fue subsumida en las previsiones del segundo párrafo de la citada norma legal; es decir, si concurre la circunstancia agravante en sentido de que el delito ocasionó daño económico al Estado. En cambio, en el supuesto caso que la condena se funde en la primera parte del art. 154 del CP, la autoridad jurisdiccional deberá verificar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, en cuyo caso podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el marco penal previsto para cada tipo penal, correspondiendo al Tribunal de apelación, ejercer el control de tal determinación; ii) En ese entendido, con relación al delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto en el art. 221 del CP, que establece que el funcionario público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años; asimismo, establece que en caso de que actuare culposamente la pena será disminuida, respecto a la persona particular, que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional será sancionado con reclusión de uno a tres años, contexto dentro del cual, el recurrente argumentó una supuesta valoración defectuosa de la prueba, por lo que es conveniente hacer notar que será obligación del impugnante precisar dentro del proceso el medio probatorio que considera no fue debidamente valorado. Seguidamente, en el documento de la Sentencia, debe identificar la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación que realiza el titular del órgano jurisdiccional de los medios de prueba, extrayendo los elementos probatorios de los cuales obtiene la verdad jurídica del hecho y sobre la que resolverá el conflicto puesto a su consideración. Es ahí donde el juez o tribunal expresa porqué un medio le merece crédito y cómo lo vincula a los demás elementos obtenidos del elenco probatorio, siendo en base a estos criterios objetivados de la resolución que el recurrente tiene el deber de cuestionar la correcta aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia y poder en definitiva, cuestionar el proceso de valoración de la prueba desarrollada por el juez o tribunal de mérito, siendo imposible que un Tribunal desprovisto de la inmediación procesal pueda emitir un criterio de hecho sobre la prueba, dada la naturaleza del sistema acusatorio oral; iii) Respecto al argumento de la adecuación típica de los delitos sentenciados, en que previamente debería haber un daño causado por la acción antijurídica, estableció que el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, no exige que exista un daño a la víctima ni al Estado; sin embargo, el mismo imputado reconoció que en su condición de ex Director de DIRCABI, no se realizaron los respectivos reconocimientos y que eso correspondía a la Sección Jurídica de la entidad; empero, como abogado conoce que el anterior Director era quien realizaba los reconocimientos respectivos que eran reconocidos y protocolizados por las partes firmantes y que existían en todos ellos las firmas del hoy imputado, por lo que el hecho de deslindar responsabilidades no tiene ningún fundamento legal; y, iv) En cuanto al delito de Contratos Lesivos al Estado, normado en el art. 221 del CP, el imputado en su condición de abogado, conocía que no existen en todos los contratos el inventario que explique el estado de los vehículos entregados, del seguro que pueda exigir el mantenimiento y posterior devolución en el mismo estado en que fueron entregados, como ocurrió en el caso de Gladys Mansilla, por lo cual adecuó su accionar antijurídico a los alcances del art. 221 del Código sustantivo.
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma sustantiva y adjetiva es efectivamente aplicada por igual, a través del Auto Supremo 741/2014-RA de 15 de diciembre, se admitió el recurso de casación sobre la posible contradicción con la doctrina sentada por este Tribunal, con el Auto de Vista recurrido, emitido carente de una adecuada fundamentación sujeta a derecho, a tiempo de resolver la denuncia sobre la errónea interpretación de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, por los que se le impuso Sentencia condenatoria.
III.1. Sobre el precedente invocado.
Conforme se advierte en antecedentes, dentro del proceso penal instaurado en contra del recurrente, se emitió el Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, que el recurrente aduce no fue observado por el Tribunal de alzada, habiendo sentado los siguientes razonamientos jurisprudenciales:
Específicamente, en cuanto a la incongruencia omisiva, estableció: “El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, cuando señala que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas; y, el derecho a los recursos previstos por ley.
En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentico) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: ‘…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada’”.
Por otra parte, en cuanto al principio de legalidad y el deber de subsunción de los hechos al tipo penal, citando la doctrina legal asumida en el Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, estableció: “La subsunción supone la concreción de la norma esencialmente abstracta (tipo penal) y general al caso concreto y particular (hecho o hechos) que haya sido objeto del juicio.
En primer término, y como labor inmediata, una vez concluido la valoración de la prueba y establecidos los hechos probados y no probados, el juzgador debe verificar la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro de él o los hechos debatidos en juicio, es decir realizar un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal.
De este modo la selección e interpretación del tipo penal y su adecuada subsunción no sólo supondrá una aplicación coherente y correcta de la norma sustantiva, si no que involucrará el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva (art. 115.I de la CPE), un entender contrario, es decir, el tomar una decisión por parte del juzgador, en base a una deficiente y defectuosa subsunción de la conducta enjuiciada aplicando el tipo penal irrazonablemente, comprometerá la vulneración del principio de la legalidad penal, en íntima y directa conexión con el derecho a la libertad”.
Razonamientos en base a los cuales, este Tribunal resolvió los motivos de recurso de casación planteados por el recurrente, conforme se desglosó en el apartado II.3 del presente Auto Supremo.
III.2. Sobre el deber de fundamentación.
Adicionalmente, por su estrecha vinculación con lo desarrollado y con el motivo de casación, es preciso considerar la jurisprudencia desarrollada por el máximo Tribunal de Justicia, en cuanto a la obligación que deben observar los Tribunales de alzada a tiempo de resolver los medios de impugnación formulados, a la que se deben regirse las autoridades jurisdiccionales en general. Es así que, a través del Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, se asumió: “La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.
En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el por qué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.
En consecuencia, una vez mas se deja establecido que el Tribunal de Apelación, a momento de resolver el o los recursos interpuestos, esta obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.
De la revisión de antecedentes se advierte que, el planteamiento del acusado efectuado en apelación restringida, referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente los tipos penales de Incumplimiento de Deberes (art. 154 del CP) y Contratos Lesivos al Estado (art. 221 del CP), se circunscribió esencialmente: a) El delito de Incumplimiento de Deberes, no es un tipo penal cerrado, como afirma la Sentencia, por cuanto la sola incorporación del concepto “ALGÚN acto propio”, elimina toda taxatividad; debiendo verificarse la concurrencia de los demás elementos típicos, esencialmente la antijuricidad. Además, en la referida resolución no existe ninguna alusión a algún daño causado a la institución, aspecto exigible para que su conducta sea penalmente reprochable. Por otro lado, no se consideró que, en su condición de Director de DIRCABI, no era su función reconocer contratos ni protocolizarlos, sino de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma entidad; y, b) En cuanto al delito de Contratos Lesivos al Estado, la Sentencia fundamentó el daño causado, aseverando que se produjo por el juicio iniciado en su contra y no efectuando un análisis de la acción típica; en consecuencia, denunció que no se estableció la lesividad en su conducta al no haberse determinado ningún daño ocasionado con los contratos que suscribió. En este mismo punto, denunció que el Tribunal de Sentencia estableció que el daño se causó al haberse iniciado el proceso penal en su contra, sin considerar que el dolo en la intención de causar daño al Estado, se debe configurar al momento de la suscripción de los contratos. Asimismo, el propio Tribunal reconoció expresamente que ninguno de los contratos cumplió con todas las solemnidades y con los requisitos necesarios exigidos para un contrato, y no consideró que para su suscripción tuvo que intervenir una contraparte; sin embargo, ésta no fue juzgada, extremo que no fue explicado en la Sentencia, por lo que concluye que al no haberse demostrado la pérdida y perjuicios al Estado o entidades estatales, no existen contratos perjudiciales. Culmina sosteniendo que, al tener características diferentes los tipos penales expuestos, no se lo puede condenar de manera genérica y en forma conjunta por ambos, sin realizar la debida discriminación y denotando una carente fundamentación respecto de la adecuación de su conducta a los mismos.
Al respecto y habiendo sido dejado sin efecto el Auto de Vista 123 de 25 de junio de 2012 por el Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió nueva resolución, el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, en el que primeramente afirmó que el Tribunal de Sentencia, al dictar la Sentencia condenatoria, procedió en forma correcta, por cuanto tomó en cuenta que la prueba aportada fue suficiente para generar la convicción plena sobre la responsabilidad penal, para luego especificar que, en cuanto al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, no es evidente que la tipificación de dicha figura, prevista y sancionada en el art. 154 del CP, exija la existencia de un daño a la víctima ni al Estado, aclarando que no obstante lo señalado, el propio imputado reconoció que en su condición de ex Director de DIRCABI, no se realizaron los respectivos reconocimientos y que eso correspondía a la Unidad de Asesoría Jurídica, tratando de soslayar sus responsabilidades que eran de su conocimiento debido a su profesión de abogado y que el anterior Director de la misma entidad, era quien realizaba dichas funciones, concluyendo que el argumento expuesto por el recurrente, carecía de sustento legal. Por otro lado, con relación al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado, estableció que el recurrente, en su condición de abogado, conocía que en los contratos que suscribió no cursaban el inventario que explique el estado de los vehículos entregados ni el seguro por el que se podía exigir el mantenimiento y posterior devolución en las mismas condiciones en que fueron entregados, resultando de ello la adecuación de su conducta a los tipos penales endilgados.
Ahora bien, es preciso aclarar que en el Auto Supremo 017/2014-RRC, no fue puesta en duda la fundamentación con relación al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, razón por la cual no corresponde pronunciamiento alguno. Distinta figura se presenta en cuanto al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado, en contraste con los entendimientos jurisprudenciales y análisis del caso concreto, desarrolladas en la referida resolución, en la que expresamente se puso en duda la argumentación inicial sobre un elemento constitutivo del tipo penal, el daño causado al Estado. Al respecto, se tiene que el Auto de Vista recurrido, ampliando su fundamentación, en comparación con la preliminar resolución de alzada dejada sin efecto, concluyó que el imputado en su condición de abogado, conocía que en los contratos suscritos por él en su condición de Director de DIRCABI, no constaban los inventarios en el que figure el estado de los vehículos que fueron entregados, ni el seguro para exigir el respectivo mantenimiento y su posterior devolución en las mismas condiciones en las que fueron cedidos.
Al respecto, conforme la doctrina anteriormente desarrollada, se advierte que el Tribunal de alzada, con las facultades reconocidas por ley, se refirió al elemento cuestionado del tipo penal Contratos Lesivos al Estado, ampliando la fundamentación al respecto, sin que en ello se advierta inobservancia o contradicción con la doctrinal legal invocada.
Continuando con el análisis, se tiene que en cuanto a la aducida falta de consideración del Auto Supremo 017/2014-RRC, respecto a su denuncia de aplicación retroactiva de la ley penal, aludiendo a la Ley 004, este Tribunal, mediante la citada resolución, aclaró que, no obstante haber afirmado el Tribunal de Sentencia, ratificado por el Tribunal de alzada, de manera errada que correspondía la aplicación retroactiva de la referida ley, afirmando que su aplicación al caso concreto “importaba una agravación en la sanción”, concluyó que: “…en los hechos, se limitó a imponer al imputado la pena de cinco años de presidio, que es la máxima sanción que correspondía aplicar al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado (…) antes de su modificación por la Ley 004 que penalizó (…) la conducta con una sanción mínima de cinco años y una máxima de diez años de privación de libertad, debiendo además considerarse que el imputado (…) no sólo fue declarado autor y culpable de la comisión del citado delito, sino también por el tipo penal de Incumplimiento de Deberes (…) razón por la que consideró el Tribunal de Sentencia que correspondía aplicar la previsión contenida en el art. 45 del CP (…) lo que supone (…) que no hubo una efectiva aplicación de la Ley 004 en la fijación de la pena…” (sic), en cuyo mérito, este Tribunal culminó que el agravio denunciado referido a la aplicación retroactiva de la Ley 004, resultó inexistente, por lo que lo declaró infundado.
Entonces, de acuerdo a dichos fundamentos, no es posible exigir al Tribunal de alzada una determinada fundamentación sobre la temática expuesta, al haberse declarado infundado dicho motivo, más aún si en el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, no se modificó la sanción impuesta inicialmente al recurrente, sobre la que este Tribunal dedujo que materialmente la Ley 004 no fue aplicada retroactivamente en la imposición de las penas impuestas.
Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de alzada, adecuó su resolución a la determinación asumida por este Tribunal a través del Auto Supremo 017/2014-RRC.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO, el recurso de casación que consta de fs. 2648 a 2660, interpuesto por Denver Pedraza López.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 115
 artículo 180
 resolución 
 artículo 124
 artículo 115
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 169
 artículo 167
 resolución 
 resolución 
 resolución