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Timestamp: 2019-09-23 11:07:47+00:00

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Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña
Publicado en DOGC núm. 5629 de 14 de Mayo de 2010 y BOE núm. 139 de 08 de Junio de 2010
Vigencia desde 14 de Junio de 2010. Revisión vigente desde 14 de Junio de 2010 hasta 30 de Diciembre de 2011
TÍTULO I. Disposiciones generales sobre acogida
CAPÍTULO I. Objeto, definiciones, sistema y principios
Artículo 3 Los servicios de acogida
Artículo 4 Principios generales de los servicios de acogida
Artículo 5 Principios de gestión de los servicios de acogida
Artículo 6 Prestación sometida a los principios del servicio y a los de su gestión
CAPÍTULO II. Servicio de primera acogida
Artículo 7 Derecho de acceso al servicio y titulares
Artículo 8 Estructura y contenidos
Artículo 9 Competencias lingüísticas básicas
Artículo 10 Conocimientos laborales
Artículo 11 Conocimiento de la sociedad catalana y de su marco jurídico
Artículo 12 Otros aspectos del servicio
Artículo 13 Certificaciones acreditativas oficiales
Artículo 14 Obligación, formas de prestación y colaboración con relación al servicio de primera acogida
CAPÍTULO III. Programas de acogida especializada y responsabilidad de las empresas y otras entidades
Artículo 15 Programas de acogida especializada
Artículo 16 Medidas de las empresas y otras organizaciones
CAPÍTULO IV. Calificación y especialización
Artículo 17 Calificación y especialización para el ejercicio de las funciones profesionales
TÍTULO II. De las competencias, planificación, cooperación, coordinación y financiación
CAPÍTULO I. Competencias en materia de acogida e integración
Artículo 18 Responsabilidades públicas
Artículo 19 Competencias del Gobierno
Artículo 20 Competencias del departamento que tiene asignadas las funciones en materia de inmigración
Artículo 21 Competencias de los entes locales
CAPÍTULO II. Planificación, coordinación y colaboración
Artículo 22 Instrumentos de planificación
Artículo 23 Naturaleza y contenido de los planes
Artículo 24 Instrumentos de coordinación y colaboración
CAPÍTULO III. Financiación
Artículo 25 Financiación
TÍTULO III. De la organización de la Administración de la Generalidad en materia de inmigración
CAPÍTULO I. Organización administrativa
Artículo 26 Órganos administrativos
CAPÍTULO II. Órgano competente en materia de inmigración, Comisión Interdepartamental de Inmigración y Mesa de Ciudadanía e Inmigración
Artículo 27 Órgano competente en materia de inmigración
Artículo 28 Comisión Interdepartamental de Inmigración
Artículo 29 Mesa de Ciudadanía e Inmigración
CAPÍTULO III. Agencia de Migraciones de Cataluña
Artículo 30 Creación y naturaleza de la Agencia
Artículo 32 Contrato-programa
Artículo 33 Órganos de gobierno de la Agencia
Artículo 34 Recursos económicos de la Agencia
Primera Competencias del Conselh Generau de Arán
Segunda Convalidación del servicio de primera acogida
Tercera Colaboración con la Administración General del Estado
Cuarta Modificaciones de la Ley 25/2002 y del Decreto 268/2003
Quinta Comisión Mixta Paritaria Generalidad - Entes Locales
Sexta Formación específica en derechos de las mujeres y del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y en modelos de familia
Séptima Implantación progresiva del servicio de primera acogida
Octava Adaptación a la Ley de los planes municipales y comarcales de ciudadanía e inmigración
Primera Desarrollo y aplicación
DOGC 14 Junio. Corrección de errata L 10/2010 de 7 May. CA Cataluña (acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña)
DOGC 12 Mayo 2011. Corrección de erratas en la L 10/2010, de 7 May. CA Cataluña (acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña)
DOGC 19 Abril 2012. Corrección de errata en la L 10/2010, de 7 May. CA Cataluña (acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña)
TC, Pleno, S, 4 Jul. 2017 (Rec. 6352/2010)
Téngase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 4 Julio 2017 Nº rec.:6352/2010, se declara que el apartado 4 del art. 9 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, del Parlamento de Cataluña es constitucional siempre que se interprete en los términos expuestos en el fundamento jurídico 11 c) de esta Sentencia.
Téngase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 4 Julio 2017 Nº rec.:6352/2010, se declara inconstitucional y, por tanto, nulo el inciso "que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y" del apartado 5 del art. 9 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, del Parlamento de Cataluña.
Téngase en cuenta que la disposición transitoria sexta de la Ley [CATALUÑA] 2/2014, 27 enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público («D.O.G.C.» 30 enero), amplía por un período de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 2/2014, 27 enero, que fue el 31 de enero de 2014, el plazo establecido en la disposición transitoria de la Ley 10/2010, 7 mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña, para aprobar los estatutos de la Agencia de Migraciones de Cataluña.
Número 1 de la disposición transitoria redactado por el artículo 113 de la Ley [CATLAUÑA] 11/2011, 29 diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).
I La inmigración en Cataluña
El preámbulo del Estatuto de autonomía de Cataluña enfatiza la importancia sustantiva de las aportaciones de las distintas poblaciones a la existencia y al propio ser del país: «Cataluña ha ido construyéndose a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida. [...] Es un país rico en territorios y gentes, una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos y la fortalece para los tiempos venideros; [...] es una comunidad de personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas. La aportación de todos los ciudadanos y ciudadanas ha configurado una sociedad integradora.»
Si el Estatuto de autonomía reconoce muy explícitamente que el hecho mismo de la existencia de Cataluña como nación se basa en su perfil de «tierra de acogida», es decir, de comunidad construida a partir de la constante llegada y estabilización de nuevas poblaciones, y de la mezcla o integración con las poblaciones previamente establecidas, cabe considerar también que la primera etapa de dicha estabilización, asentamiento o residencia de las personas recién llegadas -inmigradas o regresadas- al país receptor es especialmente importante. Por ello, es preciso prever y organizar actuaciones de acogida, propias de la primera etapa. Dichas acciones deben ser una inversión de futuro que tanto el país receptor como la persona inmigrada deben estar dispuestos a realizar. Con las actuaciones de acogida se proporciona a las personas que lo necesitan una primera oportunidad para la adquisición de habilidades básicas para poder llegar a ser personalmente autónomas, y el esfuerzo, por lo tanto, debe valer la pena. El beneficio para la sociedad es el hecho de que los inmigrantes y los regresados devienen personas más preparadas y más libres, más capaces, por lo tanto, de participar y contribuir a la mejora de la propia sociedad. Dada esta perspectiva, existe la necesidad social de elaborar una ley de acogida, que es competencia del Parlamento, según indica la letra d del artículo 138.1 del Estatuto de autonomía. La Ley crea el servicio de acogida.
II Titularidad del derecho de acceso al servicio
El artículo 15.3 del Estatuto de autonomía establece la posibilidad de que los derechos que el mismo Estatuto reconoce a los ciudadanos de Cataluña, es decir, a los catalanes como personas que gozan de la ciudadanía de Cataluña -entendiendo dicha condición como la de los nacionales españoles con vecindad administrativa en el territorio catalán-, se extiendan también «a otras personas».
Por otra parte, sin embargo, es preciso tener en cuenta que las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y deberes de las personas que no tienen nacionalidad española son reguladas por la legislación del Estado. La Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el marco del artículo 13 de la Constitución española, atribuye un grado de ejercicio de los derechos más o menos elevado en función de si la persona es residente con autorización para trabajar, residente sin autorización para trabajar o no dispone de autorización. Es el caso, por ejemplo, del derecho al trabajo, que se reserva a las personas extranjeras residentes con autorización para trabajar, o del derecho a las ayudas en materia de vivienda, que se reserva a las personas que disponen de la autorización de residencia. Esta distinción es clave, sobre todo si se considera que continuamente viven y trabajan en Cataluña -así como en el conjunto del Estado y en muchos lugares de Europa- muchas personas extranjeras que se establecen durante periodos considerables con una situación administrativa irregular. En dicho marco jurídico y con esta situación social, la Ley crea, en primer lugar y dentro del servicio de acogida, el servicio de primera acogida y, en segundo lugar, se pronuncia sobre quiénes son los titulares a los que se garantiza el derecho de acceso al servicio.
Con relación a la acogida, la Ley no amplía ni restringe el catálogo de derechos de los extranjeros, sino que crea el servicio de primera acogida y un correlativo derecho de acceso, un derecho público subjetivo de naturaleza administrativa. Si la finalidad del servicio es favorecer la autonomía de la persona, no hay ni puede haber otro nuevo derecho de extranjería, sino una promoción para que los derechos que ya preexisten -y que no son ni privativos de las personas españolas ni de las extranjeras residentes, sino de todo el mundo- puedan lograrse con más garantía: es el caso del derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, fundamental según la Constitución, y de la capacidad personal, de acuerdo con lo establecido por los artículos 10.1 de la Constitución y 15.2 del Estatuto de autonomía.
La Ley se pronuncia sobre las personas titulares del servicio de primera acogida mediante una doble técnica. En primer lugar, es una obligación de las administraciones garantizar la disponibilidad del servicio, pero únicamente para las personas extranjeras -inmigradas, solicitantes de asilo, refugiadas-, las apátridas y las regresadas, a partir del momento de su empadronamiento, así como para las personas que todavía no se hallan en territorio catalán, a partir del momento en que obtienen una solicitud de autorización administrativa de residencia o estancia para un periodo superior a noventa días. La exigencia de empadronamiento es coherente con la propia obligación de los ciudadanos de empadronarse, a partir de cuyo momento se consideran vecinos y pueden exigir la prestación de los servicios derivados de las competencias propias de los municipios, según lo establecido por el artículo 39.1, la letra g del artículo 43.1 y el artículo 43.2 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. La exigencia de empadronamiento se introduce también porque se estima que la posibilidad de prestar un nuevo servicio público a las personas extranjeras sin empadronar no es el mejor camino para disminuir el número de situaciones de irregularidad administrativa.
III La acogida en el marco de la política europea
IV Acogida e integración
V Responsabilidad compartida y competencias
Los gobiernos locales de Cataluña tienen competencias propias en materia de fomento de las políticas de acogida de los inmigrantes, teniendo en cuenta su capacidad de gestión, las leyes sectoriales aprobadas por el Parlamento -en este caso, la Ley de acogida- y el principio de suficiencia financiera, según determinan la letra m del artículo 84.2 y el artículo 84.3 del Estatuto de autonomía. La necesidad de que una ley determine las competencias locales se indica también en el artículo 9.1 del Decreto legislativo 2/2003. Por otra parte, corresponde a la Generalidad, de acuerdo con la letra b del artículo 160.1 del Estatuto de autonomía, la competencia exclusiva en la determinación de las competencias y potestades propias de los municipios y del resto de entes locales, en los ámbitos especificados por el artículo 84 del mismo Estatuto. En cuanto a los recursos económicos, la Ley establece la cooperación y marca la obligación de la Generalidad de garantizar su suficiencia financiera.
La Ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reconoce la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de informes para la acreditación de la integración de las personas inmigradas mediante el seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales, ya sea para la concesión de autorizaciones por arraigo o como aportación para la concesión de la nacionalidad. La acreditación por haber participado en el servicio de acogida, que constituye un indicador del esfuerzo de integración, tiene eficacia en estos procedimientos administrativos, de acuerdo con la legislación vigente. Las medidas establecidas por las letras a, b y c del apartado 41.1 del Pacto nacional para la inmigración disponen ya impulsar la participación de la Generalidad en la determinación de los hechos relativos a la integración y en la acreditación de dichos hechos en los casos en que la normativa lo requiera. Así, el Pacto considera herramientas básicas para la integración el conocimiento de la sociedad de acogida, la inserción laboral- y el conocimiento de la lengua.
VI Sistema de organización
VII Contenido de la Ley

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 113
 artículo 138
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 9
 artículo 160
 artículo 84