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Timestamp: 2018-07-18 14:17:37+00:00

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La justicia admite otra demanda contra Lanbide por la gestión de la RGI - Barakaldo Digital
La justicia admite otra demanda contra Lanbide por la gestión de la RGI
La justicia ha admitido de nuevo una acción contra el servicio vasco de empleo Lanbide por el modo en que gestiona la renta de garantía de ingresos (RGI). En este caso, los tribunales han admitido a trámite el recurso planteado por un vecino de Barakaldo, trabajador autónomo, al que ha denegado el acceso a la RGI porque el propio Lanbide le dio cita para entregar documentación fuera de plazo. Según el perjudicado, intentó reiteradamente entregar los papeles en la oficina del servicio vasco de empleo en Beurko (Barakaldo), pero se negaron a aceptar los documentos y obligaron a solicitar una cita, que Lanbide fijó en fechas que quedaran fuera del plazo para poder obtener el subsidio. La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha destacado, así mismo, que el servicio público contabilizó como plazo los sábados, a pesar de que sus oficinas están cerradas. A juicio de la organización social, es un nuevo ejemplo de "malas prácticas" de Lanbide. El empleado del servicio de empleo que bloqueó la petición se ha negado a identificarse, pese a que el abogado del damnificado, Ángel Miragaya, ha advertido de que era su obligación.
> 23/05/2017. Admitida a trámite la demanda contra Lanbide por ilegalidades en las exigencias de la RGI
ADMISIÓN A TRÁMITE DEMANDA JUDICIAL POR PARTE TRABAJADOR AUTÓNOMO CONTRA LANBIDE
►En el mes de mayo J.M.G., vecino de Barakaldo y trabajador autónomo de 28 años, presentó denuncia judicial contra Lanbide en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
►Este trabajador autónomo demandó en instancias judiciales la vulneración de derechos que ha sufrido por parte del “Servicio Vasco de Empleo”. Al denegársele desde Lanbide el acceso a la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, dentro del programa de la RGI.
►Además, su demanda judicial se ampliaba contra al acoso permanente, e incumplimiento sistemático de la normativa, que rige de forma habitual la atención en las oficinas de Lanbide.
-En primer lugar. La documentación había sido entregada en el inicio de su solicitud en el mes de junio del 2016; además, de en diferentes comparecencias durante los meses de agosto y septiembre del 2016
-Segundo. Se intenta entregar escrito de alegación en plazo pero es imposible al negar su recepción: la excusa es la falta de registro. Aunque por el “Procedimiento Administrativo” esta oficina ha de disponer del mismo.
-En tercer lugar. Lanbide no respeta los plazos marcados por la legislación para la entrega y contestación a los recursos planteados: retrasando en más de cuatro meses su resolución. Lo cual ha motivado una queja por parte del Defensor del Pueblo-Ararteko.
-Cuarto. Lanbide cuenta como días de plazo de entrega hábiles los sábados. Cuando, desde la entrada en vigor del “Procedimiento Administrativo Común”, se declara inhábiles los sábados al igual que ya lo son domingos y festivos. Entrada en vigor que se produjo a partir del sábado 8 de octubre en aplicación de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; en cuyo artículo 30.2 se regulan los días hábiles e inhábiles a la hora del cómputo de plazos en las distintas convocatorias. Lo cual demuestra un grave desconocimiento de los procedimientos administrativos ordinarios por parte de Lanbide.
DE VITORIA-GASTEIZ QUE POR TURNO CORRESPONDA
Letrado del Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia actuando en nombre y representación de J.M.G., en virtud de representación otorgada apud acta y que acompaña el presente escrito, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo comparezco y como mejor proceda en derecho, DICE:
Que por medio del presente escrito, dentro del plazo legal establecido al efecto y amparándose en lo dispuesto en los artículos 8.2 y 78.2 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, viene a interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, a tramitar por el cauce del procedimiento abreviado, contra la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo por la que que desestima el Recurso de Reposición frente a la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de denegación de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, en su programa de Renta Complementaria de Ingresos Trabajo; en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
PRIMERO.- El día 25 de mayo de 2016 el demandante solicitó telfónicamente cita previa en su oficina de Lanbide (Beurko-Barakaldo) para tramitar solicitud de reconocimiento de Prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. Se le citó para su tramitación el día 24 de junio de 2016, fecha en que se cursó la solicitud e hizo entrega de la correspondiente documentación preceptiva.
SEGUNDO.- El 18 de julio de 2016 Lanbide le requiere aportar documentación en plazo de 10 días hábiles para la subsanación de la solicitud, a su entender incompleta.
El día 29 de julio de 2016 el demandante se persona en la oficina de Lanbide Barakaldo-Beurko, obteniendo el oportuno ticket de turno para Registro, con objeto de aportar la documentación requerida, siendo rehusada su recepción por parte del trabajador de Lanbide que le atendió. Adujo ese trabajador que tenía que haber pedido cita previa para ello.
Así las cosas el demandante volvió a la oficina el día 1 de agosto, repitiendo la misma operación si bien esta vez informado por parte de la Asociación Berri-Otxoak de la obligatoriedad de recepción de la documentación en ese Registro. Fue atendido por el mismo trabajador al que el demandante advirtió que no abandonaría la oficina si no le recepcionaban la documentación. Entonces le otorgó cita y le indicó que los efectos del día de entrega serían los de ese mismo día 1 de agosto, e indicándole paradógicamente, de que estaba en plazo.
TERCERO.- El día 4 de octubre de 2016 se le notifica por parte de Lanbide Resolución fechada a 21 de setiembre de 2016, por medio de la cual se le declara desistido de su solicitud de Renta de Garantía de Ingresos y/o Prestación Complementaria de Vivienda.
CUARTO.- El día 17 de octubre de 2016 el demandante interpone Recurso Potestativo de Reposición obteniendo como respuesta desistimatoria Resolución de fecha 31 de enero de 2017 notificada el día 9 de febrero.
Tras reincidir la Resolución desestimatoria. Se incide en resumen en la presentación fuera del plazo de los 10 días hábiles que mediaron entre el día 18 de julio en que le notificaron para la subsanación y el día 1 de agosto en que le dieron la cita previa para finales de ese mes (efectos retroactivos a ese día 1 de agosto).
Señalado lo anterior, si el demandante no entregó (según esa interpretación) la documentación en plazo, no puede imputársele a él, toda vez que el día 29 de agostó se personó en la oficina para proceder a la subsanación, y no le recepcionaron la documentación en el Registro de la oficina de Lanbide de Barakaldo-Beurko. Esto es, 9 días habiles mediados entre el día 18 de julio de 2016 en que le requieren para subsanar y el 29 de agosto que tras intentar hacer el trámite, no le recoge la documentación el trabajador de Lanbide.
QUINTO.- Señalar que aún con esa interpretación, ese día 1 de agosto sería el primer día habil una vez operada la prórroga contemplada en el art. 48.3 de la Ley 39/2015. Y ello es así, ya que el sábado día 30 las oficinas de Lanbide permanecen cerradas al público y el día 31 domingo inhabil.
SEXTO.- El día 28 de febrero de 2017 con el objeto de constatar la no recepción de la documentación ante el trabajador que se negó a registrar la subsanación aquel 29 de julio de 2016, el demandante se personó en la oficina de Lanbide en compañía de un integrante de Berri-Otxoak. Ante la ausencia de aquel, otra trabajadora les refirió que debido a instrucciones internas no recogen esa documentación sin cita previa. Que únicamente se recoge documentación referida a cambios de padrón, y altas-bajas de empleo.
En ese proceder, ese trabajador de Lanbide, faltó con lo preceptuado en el art. 20.1 de la Ley 39/2015 (ex art.41 LrLPAC 1992), al no recogerle la subsanación requerida, y anticipamos será requerido en el momento procesal oportuno a declaración testifical.
SEPTIMO.- Manifestados los hechos anteriores, anticipamos que esta parte entiende que resulta aplicable al presente supuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que incluye como días inhabiles los sábados, con lo cual la subsanación está entregada en plazo, ya que del 18 de julio requerido hasta el 1 de agosto recepcionada (sin contar la negativa a su recepción del día 29 de julio) median 10 días.
I.- Jurisdicción y competencia. Resulta competente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al que nos dirigimos, a tenor de lo establecido en el art. 8.1., en relación con el art. 14.2.-Segunda de la Ley 29/98, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
II.- Legitimación. La recurrente resulta activamente legitimada para la interposición del presente recurso contencioso-administrativo por ser la persona titular del expediente de Renta de Garantía de Ingresos en cuyo ámbito se produce el acto administrativo impugnado.
Por su parte, resulta pasivamente legitimada la entidad demandada por ser el órgano administrativo que dictó el acto objeto del presente recurso.
III.- Postulación y defensa. Conforme a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, esta parte actúa representada y asistida por Letrado en ejercicio, que suscribe, tal y como se acredita mediante apoderamiento apud acta que acompaña el presente escrito de demanda.
IV.- Procedimiento y requisitos de admisibilidad. El artículo 78 de la Ley jurisdiccional establece para el presente supuesto que ha de seguirse el cauce del procedimiento abreviado.
V - IMPUGNABILIDAD DEL ACTO RECURRIDO.- Se interpone el presente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución recurrida, (o seis meses desde la producción del silencio administrativo) procediendo por tanto, al cumplimiento de lo establecido en el art. 46 de la Ley de Jurisdicción.
VI - OBJETO DEL PRESENTE RECURSO.- La pretensión de esta parte se centra en obtener la nulidad o subsidiaria anulabilidad acto recurrido.
VII.- Costas procesales. Deberán imponerse al demandado, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.
La Resolución recurrida es nula de pleno derecho o subsidiariamente anulable, en virtud de los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Vulnera el ordenamiento jurídico:
PRIMERO. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicada en el BOE de 2 de octubre de 2015, en su disposición final séptima preveía su entrada en vigor al año de su publicación.
Respecto al régimen transitorio de los procedimientos señala:
Indicar que a su vez, que la eficacia de los actos administrativos se regula en el Capítulo II de esa Ley 39/2015, de 1 de octubre, (ex arts. 57 y 58 LrLPAC 1992), señalando lo siguiente:
(…) 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
De los anteriores preceptos normativos, adecuados al supuesto concreto del demandante, deviene decisivo recordar que mediante Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 21 de setiembre de 2016, notificada el día 14 de noviembre de 2016, se le da por desistido al demandante de su solicitud de Reconocimiento de Prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.
Luego resulta de aplicación la ley 39/2015, y por el siguiente motivo:
La resolución alcanza eficacia el día 14 de noviembre de 2016 en que es notificado al recurrente, luego ya estaba en vigor esa Ley 39/2015 desde el día 2 de octubre de 2016 y por tanto de aplicación. Ley que a su vez incluye como días inhabiles los sábados, con lo cual la subsanación está entregada en plazo, ya que desde el día 18 de julio requerido hasta el 1 de agosto recepcionada (sin contar la negativa a su recepción del día 29 de julio) median 10 días.
Y resulta significativo que en el apartado de Antecedentes de Hecho II de la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 31 de enero de 2017 por la que desestima el Recurso de Reposición, para declarar desistida de la solicitud, se esgrima ese mismo art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Y todos esos preceptos normativos han de ser interpretados conforme al Principio Constitucional de de irretroactividad de las disposiciones restrictiva de derechos individuales consagrado en su artículo 9.3 de la Constitución.
(…) 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
En una interpretación analógica, respecto de las disposiciones restrictivas de derechos individuales como sería el caso, lo avala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que a partir de la prohibición de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, plasmada en el art. 9.3 de la Constitución ha elaborado el principio de la retroactividad de las leyes sancionadoras posteriores más favorables, criterio hoy asumido, a nivel general por el art. 128.2 de la Ley 30/1992 , según el cual las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2007 señala:
"Resulta obligado examinar la cuestión desde la perspectiva de análisis que suministra este nuevo marco legal porque como hemos apuntado en nuestra sentencia de 24 de enero de 2006 (rec. núm. 419/2002 ) , el principio de retroactividad de las normas administrativas sancionadoras obliga a aplicar retroactivamente esas normas sancionadoras en todo aquello que pudiera ser más beneficioso para el presunto infractor, y dicha aplicación debe llevarse a cabo en cualquier instancia administrativa o judicial donde se encuentre pendiente de enjuiciamiento o ejecución una resolución sancionadora, ya que no tendría sentido confirmar judicialmente la legalidad de una resolución administrativa, según la normativa vigente cuando fue dictada, para que la Administración proceda a dictar seguidamente otra que aplique retroactivamente la nueva norma sancionadora más favorable, resolución esta última que podría ser objeto de un nuevo recurso judicial".
Por todo lo expuesto, AL JUZGADO
-SUPLICO, que, tenga por presentado este escrito, por comparecida y parte a la Letrada que suscribe en nombre y representación de J.M.G., entendiéndose conmigo las ulteriores diligencias, por interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra el acto que se especificó, anunciándose la interposición en el Boletín que corresponda citándose a las partes para el acto de Juicio Oral y reclamándose el Expediente Administrativo dando traslado del mismo a esta parte, y en su día, tras los trámites legales de rigor, dicte Sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, declare la nulidad de la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 31 de enero de 2017 por la que que desestima el Recurso de Reposición frente a la Resolución de fecha 21 de setiembre de 2016.
OTROSÍ DIGO, que, respecto a la prueba a practicar en la vista oral, propongo la práctica de los siguientes medios de prueba:
DOCUMENTAL, Consistente en que por parte de ese Servicio Vasco de Empleo, se aporte el presente expediente íntegro, con todos los acuses de recibo de las notificaciones efectuadas a la recurrente.
TESTIFICAL, articular en el momento procesal oportuno.
Por lo que, AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SUPLICO que, teniendo por propuestos los indicados medios de prueba, se sirva admitirlo y, proveer lo necesario para su práctica en el acto de juicio oral, sin perjuicio de otros que puedan proponerse.
Por ser todo ello de Justicia que se pide ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO…
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References: artículo 30
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 78
 Resolución 
 artículo 139
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 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 9
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