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Timestamp: 2020-04-09 00:17:15+00:00

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﻿ Sentencia SL12427-2014 de septiembre 10 de 2014
SENTENCIA SL12427-2014 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:EMPRESAS – LABORES DE ALTO RIESGO. EL HECHO DE QUE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE UNA EMPRESA HAYA SIDO CALIFICADA COMO DE ALTO RIESGO NO HACE QUE DEBA CONSIDERARSE QUE TODAS LAS LABORES QUE EN ELLA SE DESEMPEÑEN TENGAN ESA MISMA CONNOTACIÓN. ADEMÁS, PARA DEMOSTRAR QUE OTROS EMPLEOS DISTINTOS A LOS YA RECONOCIDOS COMO DE ALTO RIEGO TAMBIÉN SUPONEN ESE TIPO DE EXPOSICIÓN, ES NECESARIO QUE EL RECURRENTE APORTE PRUEBAS CIENTÍFICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, ISS, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, PENSIÓN POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PROFESIONAL, PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ, ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PROFESIONAL, EMPRESA DE ALTO RIESGO PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, TRABAJOS DE ALTO RIESGO
Sentencia SL12427-2014 de septiembre 10 de 2014
SL12427-2014
Radicación 41530
EXTRACTOS: «XIV. CONSIDERACIONES
Son múltiples los defectos técnicos de que adolece la demanda con la que se sustenta el recurso extraordinario de casación, tal cual lo advirtieron los opositores, cuya situación hace que se tornen desestimables los cargos propuestos por el recurrente, conforme pasa a destacarse.
1) En el alcance de la impugnación, pide que una vez se case la sentencia de segundo grado, se dicte una nueva que supla la sentencia de primera instancia; ello de alguna manera da entender la solicitud de la revocatoria de la sentencia de primer grado, sin que lo exponga expresamente como era su deber.
2) En lo tocante con los cargos por la vía directa, 1º y 5º, se refieren a las violaciones “in judicando” e “in procedendo”. Sobre el particular, vale recordar, que esta última violación no tiene cabida en el derecho laboral, dada la restricción del artículo 87 del Código Adjetivo y de la Seguridad Social, tal cual quedó al ser derogado el numeral 3º, por virtud de los artículos 23-2 y 7º de las Leyes 16 de 1968 e ídem de 1969.
3) También aluden tales acusaciones a errores de derecho, cuando estos son propios de la vía indirecta, en tanto que para la valoración de un hecho específico, la Ley exige una prueba solemne para su demostración, qué o bien el sentenciador pasa por alto, o echa de menos.
4) Salvado el defecto anterior en el cargo 7º, razón le asiste al opositor ISS, al cuestionar que el Juez de apelaciones nunca entendió que para la demostración del factor de riesgo, la demandante debía cumplir lo previsto en el parágrafo del artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 consistente en la certificación proveniente de las dependencias de salud ocupacional del citado Instituto.
El sentenciador de segundo grado lo que sostuvo fue que revisadas “todas las pruebas allegadas, no hay una sola que indique que el cónyuge de la demandante estuvo expuesto directamente a la sustancia de benceno, sospechosamente cancerígena” y que de la certificación expedida por los funcionarios del ISS “no habían oficios con exposición de altas temperaturas”; aseveraciones que están muy lejos de que el Colegiado haya erigido una específica prueba como solemne, dado que por el contrario, se remitió a la regla general en materia de valoración probatoria del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual acogió por la remisión normativa autorizada por el artículo 145 del CPT.
5) No combate la conclusión del fallador en cuanto a que el cónyuge de la demandante, era beneficiario del régimen de transición señalado en el artículo 8º del Decreto 1281 de 1994, en punto a la edad, cotizaciones y monto de la pensión, agregó el sentenciador, que tales puntuales aspectos, serían gobernados por el artículo 15 del Acuerdo 49 aprobado por el Decreto 758 de 1990, y que en lo demás se aplicaba el comentado Decreto 1281.
Contrario a ese deber, la recurrente no puede contrastar, el régimen de transición con el de la derogatoria legislativa, dado que precisamente, la aplicación del primero, constituye en un caso particular, la excepción de la segunda, en aspectos como la edad, el tiempo de servicio o cotizaciones y el monto pensional, esto es, que el nuevo estatuto reglamentario de la pensión especial creado a partir de 1994, no se aplica en dichos puntuales aspectos, pues la aplicable para el caso, es la norma que perdió vigencia con la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1281 de 1994.
En ese orden, si la pensión especial del causante no era consagrada en el régimen de transición, no podía atacar la impugnante, los razonamientos del ad quem, arguyendo la derogatoria del Acuerdo 49 de 1990, en virtud de la entronización de un ordenamiento posterior —D. 2150/95—, cuya falta de aplicación o infracción directa achacó a la sentencia censurada, pues, aun utilizando la derogación normativa, permanecería incólume la aplicación que el Colegiado hizo del régimen de transición, dado que este le hace producir a la norma derogada efectos ultraactivos, en ciertos casos particulares y en aspectos puntuales, como ya se advirtió (L. 100/93, art. 36 y D. 1281/94, art. 8º).
6) En lo concerniente al quinto cargo, también desconoce el deber de desvirtuar la conclusión del Tribunal sobre el mismo tema, sin que la censura tilde de desacertada esa apreciación jurídica, pues, si la Ley 100 de 1993, o en su caso el Decreto mencionado por el Tribunal, derogó a partir de su vigencia todas las normas que al momento existían sobre la pensión especial, sin perjuicio del régimen de transición, es desacertado, entonces, reclamar la aplicación de los Decretos 3169 y 3170 de 1970.
7) Todos los cargos por la vía indirecta denuncian los mismos yerros y pruebas, con la particularidad de que una de ellas se acusa simultáneamente, de falta y de errónea apreciación, y por otro lado, se dice que por esa vía el Tribunal aplicó una norma derogada (Ac. 49/90, art. 15), y dejó de aplicar la vigente (en unos los decretos 2150/95 y 2090/2003 y en otros los decretos 3169 y 3170/64).
Al margen de tales yerros de técnica, el Tribunal para negar el reconocimiento de la prestación económica impetrada, dio por demostrado que MONÓMEROS VENEZOLANOS S.A., se clasificaba como empresa de alto riesgo V, agregó que “sin embargo, no todos los oficios que realicen los trabajadores deban clasificarse como expuestos a actividades de alto riesgo”. Adicionalmente, sostuvo que acorde con el documento visible a folio 11, CABARCAS C., se desempeñó desde el 6 de febrero de 1970 al 11 de junio de 1996, como: supervisor eléctrico, jefe de esa sección, de grupo de servicios auxiliares, de división de servicios industriales, superintendente de mecánica y gerente de mantenimiento.
Apuntó también, que de conformidad con los documentos a folios 130 a 133, los únicos cargos de la empresa expuestas al benceno “altamente cancerigeno (sic)” eran: técnico en extracción en la planta 7 o de “caprolactama”, analista del laboratorio de la planta 7 o de “caprolactama” y técnico de tanque de la sección 8. Y que según la certificación de los funcionarios del ISS en la empresa no existían oficios sometidos a altas temperaturas, sólo los expuestos a benceno y “las actividades relacionadas en precedencia”.
Para rematar dijo que “debió ser probado dentro del informativo” que CABARCAS “estuvo expuesto directamente a la sustancia benceno sospechosamente cancerígena”, pero que en principio CABARCAS C. “no estuvo expuesto a oficios de alto riesgo”.
De tal suerte, que no se le puede atribuir al fallador de segunda instancia, que haya pasado por alto la valoración del documento, y menos que lo hubiese distorsionado, con arreglo al cual la empresa accionada ostentaba la clasificación de alto riesgo V, por uso de sustancias sospechosamente cancerígenas. Cosa diferente, es que no obstante la anterior clasificación, dijo el sentenciador que “no todos los oficios que realicen los trabajadores deban clasificarse como expuestos a actividades de alto riesgo”.
Para concluir de esta última manera, el Tribunal narró con fundamento primero, en el documento visible a folio 11, y luego con apoyo en los folios 130 a 133, cuáles fueron los cargos desempeñados por el cónyuge de la actora, y cuales los expuestos a las sustancias dañinas a la salud, sin que estos últimos cargos tuvieran relación con los desempeñados por CABARCAS.
Por ende, esta última conclusión tampoco fue desvanecida por la censura, pese a que en la exposición de los cargos, sostenga que es suficiente haber laborado dentro de la empresa Monómeros (2º y 4º), o que la empresa no demostró que el trabajador laboró en una sede distinta, dado que lo hizo dentro de sus linderos o centro principal de su actividad económica (3º y 6º), o que fueron de alto riesgo “no solo los pretendidos en dicha certificación” (4º).
En consecuencia, ninguno de esos medios de prueba (fls. 11, 130 a 133) contradice las conclusiones del Colegiado, y por el contrario se armonizan con esta, por lo que se torna infundado que de los mismos se infiera, como manifiesta el impugnante, que Monómeros, a más de su calificación de alto riesgo, mantenga en entorno tóxico “a todos los que laboran en ella”, pues, “las plantas de procesamiento del complejo industrial están dispuestas a cielo abierto”, ofreciendo así la exposición indirecta a sustancias cancerígenas, sin que los documentos examinados o dejados de analizar por el ad quem, den cuenta de estas circunstancias.
Sobre el particular, en la actuación se echa de menos la existencia de un informe técnico o, la práctica de una inspección judicial al lugar, u otra evidencia que ponga de manifiesto las condiciones reales del entorno de trabajo, la división entre las secciones, incluida la administrativa o económica, diferente a la que constituye la actividad principal, en orden a establecer la proximidad entre las mismas, y si es cierto que todo el complejo industrial se erige “a cielo abierto”, como lo relata la impugnante; de la visita de los funcionarios del ISS (fls. 130 a 133), sólo se desprende que la empresa Monómeros:
(...) está clasificada como empresa de alto riesgo, pero no todos los oficios que desempeñan sus trabajadores en esta clase son de alto riesgo (...) no hay oficios de alto riesgo por exposición a altas temperaturas y solo existen los siguientes oficios de alto riesgo (...) Técnico de extracción en la Planta 7 o de Caprolactama (,) analista de laboratorio de la Planta 7 o de Caprolactama (y) Técnico de tanques de la sección 8 (...) [EMA] está efectuando las cotizaciones especiales en pensión de los oficios por los cuales la Empresa está obligada a pagar a partir de 1998 (...) [EMA] se encuentra al día en los pagos de aportes (...) de las cotizaciones adicionales correspondiente a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo (...).
En las circunstancias que anteceden, carece de sustento la afirmación de que el sentenciador de segunda instancia, no reparó en el anterior documento, o que distorsionó su contenido, dado que, por contraste, sus conclusiones no se apartaron del texto. Como tampoco es acertado el ataque, que se edifica sobre la presunta exigencia que de una prueba especial, hiciera el Tribunal para la demostración del alto riesgo, o que esta se apoyara, en una norma derogada.
Al efecto se itera, que si bien el ad quem, afirmó que a CABARCAS, lo arropaba el artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990 y su Decreto aprobatorio 758 del mismo año, en virtud del puente que le tendió el régimen de transición previsto en el artículo 8º del Decreto 1281 de 1994, en aspectos relativos a la edad, cotizaciones y monto, lo que no se controvirtió en el recurso, y aunque solo se enuncia en dos cargos (4º y 7º) la violación de esta última preceptiva legal; olvidó la recurrente, que el Tribunal también sostuvo que en lo demás se aplicaba el Decreto 1281 de 1994.
Y si este fue derogado por disposiciones posteriores, especialmente en lo atinente a la comprobación de los factores de riesgo, como lo sostiene la acusación, dadas las previsiones del artículo 117 del Decreto 2150 de 1995, denunciado por su falta de aplicación (infracción directa), el Tribunal no incurrió en dicho desatino, pues, en aparte alguno de la normatividad desarrollada en este último Decreto, se exime al demandante de demostrar los factores de riesgo a los que fue expuesto, siguiéndose por el contrario la regla general en materia de valoración probatoria, que el ad quem, rememoró atinadamente (CPC, art. 77), en tanto que “le correspondía a la demandante probar los supuestos (de) hecho[s] con que pretendía respaldar las pretensiones de la demanda”, mediante el uso de la amplia gama de medios de convicción dispuestos a su alcance.
Las costas del recurso de casación a cargo de la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009), por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por NORMA CUERVO DE CABARCAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, según la petición que obra a folios 71 y 72 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.150.000.

References: artículo 87
 artículo 15
 artículo 177
 artículo 145
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 117
 artículo 60
 artículo 145