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Timestamp: 2020-08-05 21:04:46+00:00

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Reglas Interpretacion CC. Chile | Ley estatutaria | Comunicación legal
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R.extracontractual
LAS REGLAS DEL “CODIGO CIVIL” DE CHILE SOBRE INTERPRETACION DE LAS LEYES A TRAVÉS DE SUS FUENTES
§ 1. Panorama general de las fuentes sobre interpretación legal incidentes en las reglas acerca de la materia contenidas en la codificación chilena
§ 2. Las normas sobre interpretación legal en el “Primer Proyecto de Código Civil” y en el “Proyecto de 1841-1845”
§ 3. Panorama general de las normas sobre interpretación legal en el “Proyecto de 1853”, en el “Proyecto Inédito”, en el “Proyecto de 1855” y en el “Código Civil”
§ 4. La interpretación del legislador
§ 5. Las leyes interpretativas
§ 6. Un relicto del “referimiento al legislador”
§ 7. La interpretación judicial
§ 8. La integración de la ley: la “analogía”, los “principios generales de equidad natural” y los “principios generales de Derecho”
1. El artículo 4 del “Proyecto de 1853” y sus fuentes
3. Los “principios generales de equidad natural”
4. Los “principios generales de Derecho”
5. El destino del artículo 4 del “Proyecto de 1853”
§ 9. La interpretación de la ley como operación sometida a reglas
§ 10. Los elementos de la ley: “tenor literal”, “sentido” y “espíritu”
§ 11. “Cuando el sentido de la ley es claro”
§ 12. El “espíritu de la ley”
§ 13. La “intención de la ley”
§ 14. “Intención o espíritu claramente manifestados”
§ 15. La extensión de la ley. Su ampliación y su restricción
§ 16. “Cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal”. “In claris non fit interpretatio” e interpretación declarativa
§ 17. De cuándo el “sentido de la ley” es claro
§ 18. El “tenor literal de la ley” o “palabras de la ley”
§ 19. Las “palabras técnicas” de la ley
§ 20. El recurso al “contexto de la ley” y a “otras leyes”
§ 21. “Leyes especiales”
§ 22. Leyes contrarias
§ 23. “Dura lex sed lex”
§ 24. “Lo favorable u odioso de una disposición”
§ 25. El artículo 24 del “Código Civil”
§ 26. El” espíritu general de la legislación” y la “equidad natural”
El “espíritu general de la legislación”.
2. La “equidad natural”
4. La “equidad ruda”
5. La “aequitas cerebrina” o “de capite suo” y “bursalis”
6. Bello y la equidad “de capite suo”
7. Testimonios de Delvincourt, Bigot-Préameneu y Toullier sobre la equidad
8. La equidad y el Derecho romano
9. Adaptabilidad de las nociones tradicionales al Derecho moderno
§ 27. Epílogo: la doctrina de Savigny en el Código de Bello
I. “Projet de la Commission du Gouvernement” présenté le 24 thermidor, an VIII (Projet de Code Civil, an VIII [1800])
II. “Code Civil des Français” [1804]
III. “Digeste de la loi civile” [1808]
IV. “Code Civil de l’État de la Lousianne”
V. “Primer Proyecto de Código Civil”
VI. “Proyecto de Código Civil” de 1841-1842”
VII. “Anteproyecto manuscrito” de “Título preliminar” VIII. “Proyecto de Código Civil” editado en 1853
IX. “Proyecto Inédito de Código Civil”
X. “Proyecto de Código Civil” editado en 1855 y “Código Civil” promulgado en el mismo año
XI. BELLO, Andrés, “Comentario” [a los primeros setenta y seis artículos del Código Civil]
La hermenéutica legal siempre ha suscitado un intenso atractivo en los juristas y por ello es un tema recurrente. Yo mismo no he sido excepción, pues vengo ocupándome de tal materia desde 1982. En el invierno de ese año, invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Concepción, expuse sobre la interpretación de las leyes en el Código Civil chileno en una conferencia que, aun con las limitaciones de entonces, considero el germen de lo que trato en este libro. Con posterioridad, en un congreso celebrado en 1991, volví a ocuparme del asunto, pero con una perspectiva más general [véase GUZMÁN BRITO, A., Hist. interpret.]. En 2000 edité un libro sobre la historia de la interpretación de las normas en el Derecho romano [véase la nota 10]. A este libro debía seguir otro sobre la interpretación en los juristas medievales y modernos. Pero diversas ocupaciones intelectuales y de otra índole han destruido paulatinamente este designio inicial, que en fin decidí reemplazar por la publicación separada de artículos sobre la interpretación en juristas singulares, como, por ahora, Domat (2004, véase la nota 10] y Pothier [por aparecer en 2006, en España, en el homenaje al romanista Juan Miquel], o en cuerpos legales clásicos, como el Projet de Code Civil del año VIII (1800) [por aparecer en 2006, en Italia, en el homenaje al cincuentenario de la Corte Costituzionale], utilizando para ellos los abundantes materiales reunidos en función del frustrado libro. De hecho, éste ahora dado a las prensas originalmente era su capítulo final, que, reescrito a lo largo del año 2005, ha venido a convertirse en una monografía autónoma. La ofrezco a los civilistas e historiadores del Derecho, y a los jueces, abogados y estudiantes, con la esperanza de contribuir en algo siquiera al desarrollo de un tema tan central para la teoría y la práctica del Derecho. Con todo, debo advertir que no debe esperarse en esta monografía un tratamiento completo de la interpretación legal. Su tema lo indica en forma precisa el título que le he impuesto. Claro ello, no dejarán de encontrarse en ella, empero, construcciones dogmáticas derivadas de la necesidad de exponer comprensivamente el contenido de las normas de cuyas fuentes se trata. Como anexos, se incluyen al final once textos que contienen las fuentes legislativas de Bello y sus propios proyectos sobre interpretación legal. Viña del Mar, 27 de marzo de 2006.
= Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch [Código civil austriaco de 1811] (Wien, Hof- und Staatdrückerei, 1811)
= Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten [Código civil prusiano de 1794] (Frankfurt am Main- Berlin, A. Metzner Verlag, 1970).
“Anteproyecto manuscrito” = “Anteproyecto de Título preliminar”:
BELLO, A., “Comentario” (o simplemente “Comentario”)
BELLO, A., Princ. der. int. (o simplemente Principios)
manuscrito de amanuense con correcciones del puño y letra de Bello, que contiene un anteproyecto de Título preliminar del “Proyecto de 1853”, y se conserva en el “Archivo Central Andrés Bello” de la Universidad de Chile, registrado en Catálogos de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, Nº 1, Colección de manuscritos, I: Papeles de don Andrés Bello, Código Civil (Santiago, 1965), Nº 15, p. 10.
= BELLO, Andrés, “Comentario” (a los primeros 76 artículo del Código Civil), en AMUNÁTEGUI REYES, Miguel Luis, Don Andrés Bello y el Código Civil (Santiago, Imprenta Cervantes, 1885), pp. 137-144.
= BELLO, Andrés, Principios de Derecho internacional, en EL MISMO, Obras completas (Caracas, La Casa de Bello, 1981), X: Derecho internacional, 1:
Principios de Derecho internacional y escritos complementarios.
CCSar.
= Code Civil du Royaume de Sardaigne (Paris, chez Joubert Libraire, 1844).
CCCh.
= Código Civil de la República de Chile (Santiago, Imprenta Nacional, mayo de 1856) [hay edición facsimilar:
Santiago, 2005].
CCFr.
= Code Civil des Français (Paris, 1804.- Reimpresión facsimilar, Paris, Dalloz,
CCLuis.
= Code Civil de l’État de la Louisianne annoté par Wheelock, S. [y otros] (Nouvelle-Orléans, E. Johns, 1838) - Compiled Edition of the Civil Code of Louisiana prepared by The Louisiana State Law Institute (Baton Rouge, Louisiana, 1940), III, 1.
CMBC.
= Codex Maximilianeus Bavaricus Civiles [Código civil bávaro de 1756] (München, J. J. Vötter, 1756, reimpresión Goldbach, Keip Verlag,
DOMAT, J., Lois civiles
DE FEDERICIS, St., De interpret. leg.
= DOMAT, Jean, Les lois civiles dans leur ordre naturelle, en Oeuvres complètes
de J. Domat, nouvelle édition [
J. Remy (Paris, Alex-Gobelet, 1835), I.
DE FEDERICIS, Stephanus, De interpretatione legum, en Tractatus universi iuris (Venetiis, 1584)
GUZMÁN BRITO, A., Hist. interpret. = GUZMÁN BRITO, Alejandro, La historia dogmática de las normas sobre interpretación recibidas por el Código Civil de Chile, en Interpretación, integración y razonamiento jurídicos (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992), pp. 41-87.
PIANO-MORTARI,
= PIANO-MORTARI, Vincenzo, Ricerche
“Projet de l’an VIII”
sulla teoria dell’interpretazione del diritto nel secolo XVI, I (único): Le premesse (Milano, Giuffrè, 1956, hay reimpresión de 1986).
= “Projet de l’an VIII. Projet de la Commission du Gouvernement”, en FENET, P. A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil (Paris, Videcoq Libraire, 1836), I (la parte aquí citada en pp. 6-8).
“Proyecto de 1841-1845” = Proyecto de Código Civil de 1841-1845, en Obras completas de Don Andrés Bello (Santiago, Pedro. G. Ramírez, 1887), XI: Proyectos de Código Civil, pp. 1-311.
“Proyecto de 1846-1847” = Proyecto de Código Civil de 1846-1847, en Obras completas de Don Andrés Bello (Santiago, Pedro. G. Ramírez, 1887), XI: Proyectos de Código Civil, pp. 313-617.
“Proyecto de 1853”
“Proyecto Inédito”
“Proyecto de 1855”
VATTEL, E., Droit de gens
WOLF, Chr., Jus naturae
= Proyecto de Código Civil de 1853, en Obras completas de Don Andrés Bello (Santiago, Pedro. G. Ramírez, 1888),
= Proyecto Inédito de Código Civil, en Obras completas de Don Andrés Bello (Santiago, Pedro. G. Ramírez, 1890),
= Proyecto de Código Civil (Santiago, Imprenta Nacional, octubre de 1855), [I].
= VATTEL, Emer de, Le droit de gens, ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduites et aux affaires den nations et des souverains (Paris, Guillemin, 1863).
= WOLF, Christian, Jus naturae methodo scientifica pertractatum pars sexta [Halae Magdebvrgicae, in Officina
Libraria Rengeriana, 1746 [Reimpresión en WOLF, Christian, Gesammelte Werke (Herausgegeben und Bearbeitet von L. École (y otros), II. Abteilung: Lateinische Schriften, Band 22: Jus naturae (Herausgegeben und Bearbeitet por Marcel Toman, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968)].
1. Nos proponemos conducir un estudio sobre las fuentes de las diversas normas sobre hermenéutica legal contenidas en el Título preliminar del Código Civil de Chile.
a) Entre las fuentes directas predomina declarada y visiblemente el Codigo Civil de la
Luisiana promulgado en 1808, bajo el nombre de Digeste de la loi civile, y revisado en 1825, cuando fue además redesignado como Code Civil de l’État de la Louisianne 1 . Seguramente fue la versión de este último año la que Bello tuvo a la vista, en materia hermenéutica al menos 2 , porque en la colación de códigos modernos titulada Concordance, de Saint-Joseph 3 , de 1840, traducida al castellano en 1843 4 , los artículos sobre
interpretación del Código luisiano no aparecen reproducidos, comoquiera que carecen de correspondencia en el francés, que es el tomado como punto de referencia en esa obra, para la comparación de los diferentes cuerpos legales que considera.
b) A su vez, la fuente más recurrida por el Código de la Luisiana fue el “Projet de l’an
VIII” (1800), vale decir, aquel texto preparado por una comisión designada en agosto de 1800 por el Primer Cónsul Bonaparte precisamente para redactar un proyecto de Código civil, y que integraron Jean-Étienne-Marie Portalis, Jacques Maleville, Félix-Julien-Jean Bigot-Préameneu y François-Denis Tronchet, cuyo trabajo quedó concluido y publicado en el mismo año. Esta dependencia vale completamente para el capítulo 4º del Titre préliminaire del Digeste de la loi civile, rubricado: De la application et de l’interpretation de la loi con respecto al título 5º del Livre préliminaire del “Projet de l’an VIII”, cuya rúbrica también era: De la application et de l’interpretation de la loi, por modo que ya con ella empezó la imitación 5 . La revisión practicada al Digeste de la loi civile de 1808 en 1825 no mudó la redacción de su articulado sobre materia hermenéutica, más que en algún detalle menor de un par de normas. Tan extraña dependencia del Digeste luisiano, no del Code Civil promulgado en 1804, sino de su proyecto de 1800, y sus causas, no nos tiene que preocupar aquí, y solo debe interesarnos el hecho indiscutible de la influencia 6 , por lo
1 Sobre este Código: GUZMÁN BRITO, Alejandro, La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000), pp. 132-139.
2 Por lo demás, en materia de interpretación de las leyes, la versión de 1825 innovó escasamente con respecto a aquella de 1808.
3 SAINT-JOSEPH, Anthoine, Concordance entre les codes civils étrangers et le Code Napoléon (Paris, Charles Hingray, 1840). Hay una edición posterior de 1856.
4 Concordancia entre el Código Civil francés y los códigos civiles extranjeros (traducida del francés por D. F. Verlanga Huerta y D. J. Muñiz Miranda, Madrid, de la Imprenta de Yenes, 1843). Hay una segunda edición de 1847. 5 Véase GUZMÁN BRITO, Alejandro, Las normas sobre interpretación de las leyes contenidas en el “Projet de Code Civil” de l’an VIII (1800), a la fecha en prensa en un libro que se prepara en Italia para conmemorar el quincuagésimo aniversario del establecimiento de su Corte di Casazione.
6 Véase GUZMÁN BRITO, Alejandro, La codificación civil en Iberoamérica, cit. (n. 1), pp. 136-137.
demás fácilmente verificable merced al cotejo textual. Este hecho empieza a conducirnos hacia las fuentes indirectas de las normas chilenas sobre interpretación. En la revisión de que el “Projet de l’an VIII” fue sucesivamente hecho objeto, su extenso Livre préliminaire original fue sustituido por un minúsculo Titre préliminaire. En él desaparecieron las reglas sobre interpretación, lo mismo que casi todo su contenido, salvo seis artículos, que hoy todavía permanecen, ninguno propiamente concerniente a nuestra materia.
c) Ahora bien, sabemos que la redacción del Livre préliminaire del “Projet de l’an VIII”
fue asumida por Portalis, y que para cumplir su cometido él se basó en un “Livre des lois” de Domat 7 , que no puede ser principalmente más que Les lois civiles dans leur ordre naturel (1689-1694), de Jean Domat (1625-1696). Tal dato nos transporta desde el “Projet
de l’an VIII” precisamente a Les lois civiles de Domat, que se presenta, así, como otra de las fuentes indirectas del Código chileno en la materia que aquí interesa.
d) Claro es que Domat no fue, a su vez, original. Su doctrina sobre la interpretación legal
está completamente enraizada en la dogmática medieval concerniente, aunque jamás lo
declare o insinúe siquiera, y se limite a citar textos del Corpus iuris civilis en apoyo de sus afirmaciones. No es, por cierto, que haya sido falsa tal citación, porque, después de todo, los creadores de esa doctrina fueron los juristas romanos. Pero en los libros de Derecho romano conservados en el Digesto, las ideas de esos juristas no aparecen distribuidas u ordenadas en un sistema expositivo, como el que siglos después establecieron los doctores
a fines de la Edad Media, nutridos, a su vez, del pensamiento de los glosadores y
comentaristas de los siglos XI a XIV, a quienes se debe la acuñación y denominación de los conceptos que en las fuentes romanas aparecen usados y aplicados, mas por lo general no
teorizados ni discutidos en abstracto. El hecho es que Domat calla su dependencia de los juristas medievales; pero no la puede ocultar, porque salta a cada instante, no solo en la terminología, más también en la configuración misma de las nociones.
Así, pues, en último término, las fuentes más alejadas de las normas chilenas vienen a ser los escritos de aquellos hoy remotos juristas de Roma y de la Edad Media. Lo cual, por
lo demás, no es ninguna novedad, porque lo propio ocurre en casi todo el Derecho civil.
2. El presente estudio histórico de fuentes alcanza plenamente, por lo que a análisis textuales atañe, a la fuente directa, representada por el Código luisiano, y sólo como referencia e ilustración, al “Projet de l’an VIII”. La influencia de Domat en éste, y de los juristas medievales en Domat y en la tradición en general, es solo recurrida en la medida necesaria para el esclarecimiento de los conceptos involucrados en la fuente directa y en el Código chileno; y siempre sin detalles. Me he sentido autorizado a esto último, no solo porque el procedimiento contrario, de estudiar completamente las doctrinas medievales hubiera transformado la índole del presente trabajo, cuyo tema central y su interés están constituidos por las normas positivas sobre interpretación existentes en el Código Civil, mas también porque hace varios años publiqué un trabajo en que expuse con algún grado de desarrollo aquellas doctrinas 8 , y
7 Esta noticia es ofrecida por MALEVILLE, Jacques, Analyse raisonné de la discussion du Code Civil au Conseil d’Etat (Paris, 1807), I, p. 4. Sobre ella: GUZMÁN BRITO, A., Hist. interpret., pp. 43-44. Maleville, como vimos, fue miembro de la comisión que redactó el “Projet de l’an VIII”, y su Analyse raisonné aquí citado, el primer comentario al Code Civil de 1804 en publicarse. Sobre las ideas de Portalis en tema de interpretación, véase ZELAYA, Pedro, Portalis y el sentido del texto, en Revista Chilena de Historia del Derecho 14 (1991), pp. 259-266.
8 GUZMÁN BRITO, A., Hist. interpret. (véanse las “Abreviaturas”).
aunque ciertamente queda mucho que decir sobre ellas, la lectura de ese trabajo es suficiente para tomar noticia de la importancia fundacional que las mismas han tenido en la tradición sobre interpretación legal del Derecho europeo, en general, y castellano y americano en especial. Por lo demás, en el aludido trabajo cité la literatura entonces disponible, que en éste pongo al día cuando corresponda. A ella podrá recurrir, pues, el lector interesado en profundizar esa materia. Por lo que atañe a Domat, en otro lugar he publicado un artículo especialmente dedicado a su doctrina hermenéutica 9 , al que me remito. En lo concerniente a la dogmática romana, reenvío a un libro mío pertinente 10 , en donde asimismo se hallará la literatura que concierne. 3. Con lo anterior no queda, empero, agotado el tema de las fuentes. a) No bien el filón francés culminante en el Código luisiano haya sido la más prevaleciente fuente de las normas sobre interpretación del Código chileno, no fue el único. Bello recurrió principalmente a aquél, pero no necesariamente aprendió por vez primera en él lo que dejó dicho en el cuerpo legal que redactaba. En sus años londinenses, terminados en 1829 cuando se avecindó para siempre en Chile, Bello se ocupó intensamente del Derecho internacional, desde luego como objeto teórico de estudio, más también práctico, ya que durante varios períodos sirvió como secretario en algunas legaciones hispanoamericanas ante la Corona inglesa, lo que hubo de obligarle a atender asuntos de “Derecho de gentes”, como entonces aun se decía, y a redactar documentos pertinentes al ramo en interés de las embajadas que servía. Una vez instalado en Chile, como es bien sabido, su segundo empleo, desde 1830, fue el de oficial mayor (o sea, de subsecretario, en la terminología actual) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia y Culto 11 , que ofició hasta jubilarse en 1855. Su dilatada experiencia en estas materias le permitió publicar tempranamente, en 1832, un libro titulado Principios de Derecho de gentes 12 , sucesivamente reeditado, revisado y ampliado como Principios de Derecho internacional, en 1844 y 1864 13 . Ahora bien, en ese libro aparece estudiado el tema de la interpretación de los tratados. Bello lo expone bajo la forma de “reglas” 14 . De hecho, ellas no distan demasiado de las reglas sobre interpretación de las leyes, como tendremos ocasión de verificarlo muchas veces en el curso de este trabajo. Por lo demás, el propio autor consideró que las reglas de interpretación que expone son comunes a tratados y leyes (e incluso a los actos privados)
9 GUZMÁN BRITO, Alejandro, La doctrina de Jean Domat sobre la interpretación de las leyes, en Revista Chilena de Derecho 31 (Santiago, 2004) 1, pp. 39 ss.
10 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Historia de la interpretación de las normas en el Derecho romano (Santiago, Instituto Juan de Solórzano y Pereyra, 2000).
11 Su primer nombramiento fue como Oficial Mayor Auxiliar del Ministerio de Hacienda, por decreto de 13 de julio de 1829. El 15 de abril de 1830 fue transferido al Ministerio de Relaciones Exteriores como secretario o consultor. En 1834 empezó a ocupar el cargo de Oficial Mayor de ese ministerio, en el que permaneció hasta su jubilación en 1855.
12 Principios de Derechos de jentes por A. B. (Santiago, Imprenta de la Opinión, 1832). Reimpresión moderna, en BELLO, Andrés, Obras completas, X: Derecho internacional, 1: Principios de Derecho internacional y escritos complementarios (Caracas, La Casa de Bello, 1981).
13 En realidad, la obra fue editada al menos diecinueve veces durante el siglo XIX, en Chile y en el extranjero. Las citadas ediciones de 1844 y 1864 son las chilenas cuidadas por el propio Bello. 14 BELLO, A., Princ. der. int., 1ª parte, cap. 10: Interpretación de los tratados, leyes y otros documentos (X, 1, pp. 175-182).
15 . Para componer su libro y, por ende, para hacer lo propio con el capítulo sobre las reglas de interpretación de los tratados, Bello se valió de los más acreditados textos de Derecho de gentes o internacional de la época. Entre ellos descuella el de Emer de Vattel (1714-1767), Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (1758), y en la materia que nos interesa aquí, tal libro ciertamente actuó como fuente casi exclusiva de Bello 16 . Vattel 17 fue discípulo del filósofo y jurista alemán Christian Wolf (1679-1754), el más reputado pensador de la primera mitad del siglo XVIII en su patria, y con fama extendida en toda Europa. Entre 1740 y 1748, Wolf había publicado un Jus naturae methodo scientifica pertractatum de ocho volúmenes, un Jus gentium de un volumen en 1749, y un resumen de esos nueve tomos en uno, bajo el nombre de Institutiones juris naturae et gentium en 1750. En el Jus naturae y en las Institutiones había sendos departamentos dedicados al tema de la interpretación de las leyes 18 ; y fue a partir de ellos, sobre todo del primero, que Vattel configuró su exposición sobre la misma materia aplicada a los tratados. En algún punto, empero, recurrió a otras fuentes, como el Jus naturae et gentium (1672) de Samuel Pufendorf (1632-1694). En cada caso, el cotejo de textos lo demostrará. b) Si todavía hubiere que seguir retrocediendo, ahora en busca de las fuentes de Wolf, probablemente llegaríamos a Samuel Pufendorf, la plantilla de cuya exposición 19 sigue aquél en general; de Pufendorf el paso a Hugo Grotius (1583-1645) y a su De jure belli ac pacis (1625) es notorio en esta materia al menos 20 . Y a través de la importante influencia del De legibus ac Deo legislatore (1612) de Francisco Suárez (1548-1617) 21 sobre Grotius, ya nos encontramos nuevamente en el ius commune, porque de éste extrajo Suárez su información, sin perjuicio de las notables aprotaciones propias que ofreció a la materia. 4. De esta manera, al filón francés y de Derecho codificado, se añade en Bello este filón que podemos considerar germánico y de Derecho natural, no bien ambos terminaran por entroncarse con el ius commune. Con todo, es preciso insistir en algo que se desprende de lo que el propio Bello dejó establecido: en que su fuente directa, principal y declarada fue el Código luisiano, y no sus propios Principios de 1832 sucesivamente editados, aunque lo dicho en
15 Ibíd., cap. 10, párr. 1 (X, 1, p. 175): “Es necesario fijar reglas para la interpretación de los tratados, testamentos, leyes y demás actos escritos”. Son las palabras iniciales del cap. 10º.
16 VATTEL, E., Droit de gens, lib. II, cap. 17º: De l’interprétation des traités, (II, pp. 249-300). BELLO, A., Princ. der. int., 1ª parte, cap. 10, párr. 1 nota 1 (X, 1, p. 175 n. 1), lo cita expresamente.
17 Sobre Vattel, véase ahora: JOUANNET, Emmanuelle, Emer de Vatel et l’émergence doctrinale du droit international classique (Paris, Pedone, 1998).
18 WOLF, Chr., Jus naturae, 6ª parte, cap. 3º: De interpretatione (pp. 318-413); WOLF, Chr., Institutiones juris naturae et gentium, 2ª parte, cap. 19º: De interpretatione [Halae Magdeburgicae, in Officina Rengeriana, 1750) [reimpresión en WOLF, Christian, Gesammelte Werke (Herausgegeben und Bearbeitet von L. École (y otros), II. Abteilung: Lateinische Schriften, Band 26: Institutiones juris naturae et gentium (Herausgegeben und Bearbeitet por Marcel Thomann, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1969), pp. 500-513].
19 PUFENDORF, Samuel, De jure naturae et gentium libri octo (Francofurti et Lipsiae, ex officina Knochio- Eslingeriana, 1759, reimpresión Frankfurt am Main, Minerva, 1967), lib. V, cap. 12º: De interpretatione (I, pp. 809-842).
20 GROTIUS, Hugo, De iure belli ac pacis libri tres, lib. II, cap. 16º: De interpretatione [ed. De Kanter-van Hettinga, B. J. A., Lugduni Batavorum, Brill, 1939, reimp. Aalen, Scientia, 1993), pp. 407-426].
21 SUÁREZ, Francisco, De legibus ac Deo legislatore, lib. V: De interpretatione, cessatione et mutatione legis humanae (Conimbricae, apud Didacum Gomez de Loureyro, 1612, reimpresión Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, IV).
esta obra no lo hubiera aprendido en el Código luisiano, sino mucho antes de pensar siquiera en componer el nuevo cuerpo legal para Chile, durante su permanencia en Londres. Ahora bien, cabe preguntarse entonces por qué Bello recurrió al Código luisiano. La respuesta es muy fácil. De todos los códigos con que Bello se encontró para apoyar su labor codificadora, ninguno, sino el luisiano, ofrecía un relativamente amplio tratado legal sobre la interpretación. Los restantes códigos, o bien nada decían al respecto, como el Code Civil, o bien contenían disposiciones breves y compactas sobre la materia, como el Código bávaro de 1856 22 , el prusiano de 1794 23 , el austriaco de 1811 24 , del cual dependía el Código sardo de 1838 25 en la materia, o el holandés también de 1838 26 . Pero el Código de la Luisiana, por haber tomado como modelo, no al Code Civil de 1804, mas a su proyecto del 1800, había recibido y exhibía un desarrollado tratado sobre interpretación legal de nueve artículos que, en general, satisfacían las necesidades de legislar sobre la materia, en la extensión que Bello seguramente pensó que debía dársele, sin caer en los extremos de una excesiva ni de una exigua reglamentación. Este modelo hizo innecesaria otra posibilidad, a saber, la de darse el codificador a comprimir en normas su propia exposición sobre hermenéutica de los tratados (que ya era un resumen, bien que adaptado, de la doctrina de Vattel), y a convertirla en otra sobre interpretación de las leyes. Tal propia exposición, empero, pasaba a cumplir la función de controlar, por así decirlo, el contenido del Código luisiano, para confirmarlo o repudiarlo en los detalles, y para integrarlo cuando hiciera falta. Que tal función existió y fue efectiva, quedará demostrado a lo largo de este trabajo.
22 CMBC., 1ª parte, cap. 1º, §§ 9 -10.
23 ALPS., Einleitung, § 49.
24 ABGB., §§ 6 y 7.
25 CCSar., art s . 14 y 15. 26 En realidad, no en el Código mismo, sino en una ley de 15 de mayo de 1829 “que contiene disposiciones generales tocante a la legislación del Reino”, art. 11. Esa ley ocupa el lugar de un título preliminar. No disponiendo de una edición original de este Código, he visto: ROMERO GIRÓN, Vicente - GARCÍA MORENO, Alejo, Colección de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos, VI:
Instituciones y códigos de Holanda (Madrid, José Góngora y Álvarez impresor, 1890), pp. 221-426.
1. El Título preliminar del “Primer Proyecto”, es decir, de aquel directamente redactado
por Andrés Bello antes de 1840, y enseguida presentado paulatinamente y por partes a la Comisión de Codificación de las Leyes Civiles creada en ese año 27 , contenía un artículo 9
del siguiente tenor: “Los jueces pueden interpretar las leyes en cuanto aplicables al caso especial sometido a su conocimiento; y les es permitido fundar su interpretación en
decisiones judiciales anteriores, pronunciadas por una Corte Superior o Suprema, y pasadas en autoridad de cosa juzgada; pero se les prohíbe dictar en sus fallos disposiciones generales”. Estrictamente no podemos considerar que esta norma concerniera a las reglas sobre interpretación; ella más bien estaba dirigida a regular el valor y la autoridad de cierta interpretación, cuyas reglas acaso sólo venían supuestas, pero en ningún caso declaradas. El proyecto no señala fuentes para este artículo 9. Para él tampoco encontramos algún modelo en la legislacióin de la época. En realidad, la disposición parece haber sido creación autónoma de Bello.
2. La disposición presenta tres ideas bien definidas.
a) La primera cláusula (“Los jueces-conocimiento”) contenía el principio medieval de la interpretatio necessaria sed non generalis 28 , o judicial, aunque débilmente expresado. Su sentido es doble. Por un lado, el de autorizar a los jueces para interpretar las leyes. Tal autorización, que para nosotros resulta algo incomprensible, no lo era demasiado en una época que todavía podía tener presente cierta tradición que reservaba la interpretación al soberano, y que se remontaba al principio justinianeo de solo competer la interpretación de las leyes a aquel a quien está permitido establecerlas 29 . Ese principio había regido en Indias, merced al Derecho castellano de las Partidas (siglo XIII), el Libro de las leyes dado en Alcalá de Henares en 1348 (“Ordenamiento de Alcalá”) y la “Ley I de Toro” (1505), recogida esta última en la Novísima Recopilación de 1805. También había sido declarado para las Indias por medio de una ley especial. Se lee, en efecto, en las Partidas: “Dubdosas leyendo las leyes por yerro de escriptura, o por mal entendimiento del que las leyese; porque debiesen de ser bien espaladinadas, e facer entender la verdad de ellas; esto non puede ser por otro fecho, sino por aquel que las
27 Se lo ve en GUZMÁN BRITO, Alejandro (editor), El “Primer Proyecto de Código Civil de Chile” (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1978), pp. 141 ss.
28 Sobre este concepto, véase más abajo § IV, 3.
29 Cod. Iust. 1, 14, 12, 3 (Iust., a. 429): “Si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet” (“Si, pues, en el presente solo está concedido establecer leyes al emperador, también interpretar las leyes debe ser digno solo del imperio”); IUST. imp., c. Tanta 21 (a. 533): “(auctoritas Augusti) cui soli consessum est leges et condere et interpretari” [“(la autoridad del Augusto) solo al cual está concedido, no solo establecer las leyes, sino también interpretarlas”].
fizo, o por otro que sea en logar, que haya poder de las facer de nuevo, e guardar aquellas fechas” 30 . El “Ordenamiento de Alcalá”, de otra parte, había preceptuado: “Et porque al Rey pertenesce, è hà poder de facer fueros, è leys, è de las interpretar, è declarar, è emendar, dò viere que cumple, tenemos por bien que si en los dichos fueros, ó en los libros de las Partidas sobredichas, ò en este nuestro libro, ò en alguna, ò en algunas leys de las que en el se contienen, fuere menester interpretación, ò declaración, ò emendar, ò annadir,
alguna dubda fuere fallada en ellos, ò
algunt fecho porque por ellos non se puede librar [sc. decidir], que Nos que seamos
requeridos sobrello, porque fagamos interpretación, ò declaración, ò emienda, do
entendieremos que cumple, è fagamos ley nueva, la que entendieremos que cumple sobrello, porque la justicia, ò el Derecho sea guardado” 31 . La “Ley I de Toro”, a su turno,
e mandamos que cuando quier que alguna dubda ocurriere en la
interpretación y declaración de las dichas leyes de ordenamientos y premáticas, e fueros, o de las Partidas, que en tal caso recurran a Nos e a los reyes que de Nos vinieren, para la
interpretación e declaración de ellas [
real cédula de 2 de marzo de 1710, en la cual resonaba la “Ley I de Toro”, había dispuesto, en fin, para Indias: “Ordenamos y mandamos a nuestras Audiencias Reales se abstengan de declarar, ampliar o interpretar ley alguna, pues aun el explicar cualquier duda sobre ellas toca a nuestro Consejo de las Indias, y lo demás expresamente a mi Real Persona” 32 . Así que el artículo 9, de que aquí tratamos, en el fondo venía a derogar esta legislación castellano-indiana cuando disponía que “Los jueces pueden interpretar las leyes”. Por otro lado, sin embargo, esta autorización era para interpretarlas únicamente “en cuanto aplicables al caso especial sometido a su conocimiento”. Con ello se intentaba evitar dar valor universalmente obligatorio a las interpretaciones judiciales, que solo habrían de valer precisamente para ese caso, en consonancia, como quedó adelantado, con
(= Nueva Rec. 2, 1, 3 = Nov. Rec. 3, 2, 3). Una
ò tirar, ò mudar, que Nos que lo fagamos. Et si [
el principio medieval de la interpretatio necessaria sed non generalis, que Bello conocía a través de su expresión en los códigos modernos, como se verá en su momento 33 .
b) La ausencia de aquel valor universal venía reforzada y complementada en la última
cláusula (“pero se les prohíbe-generales”), que daba entrada a la regla establecida por el artículo 5 CCFr.: “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes que leur sont soumises”. Puesto que una cosa es el valor
general que deba atribuirse o no atribuirse, a las interpretaciones particulares contenidas en los fallos judiciales, y otra que esos fallos contengan disposiciones generales, a la decisión sobre el primer tema, en orden a no otorgar valor general a una interpretación particular, la norma agregó la prohibición de emanar disposiciones (interpretativas o no) generales en los fallos.
c) La cláusula intermedia (“y les es permitido-cosa juzgada”) no implicaba ninguna
contradicción con lo anteriormente establecido, acerca del valor particular de las interpretaciones judiciales, pues no se consagra ahí el principio del stare decisis o de la vinculatoriedad de los precedentes. Solo se autoriza a los jueces, no se los obliga, a fundar
30 Part. I, 1, 14.
31 Ord. Alcalá, 28, 1.
32 Esta real cédula es citada por Josef DE AYALA, Notas a la Recopilación de Indias (ed. Manzano, Madrid, 1946, II, p. 9).
33 Más abajo IV, 3.
sus propias interpretaciones en fallos firmes de una corte superior o suprema 34 . En este reconocimiento expreso, aunque débil, de los fallos judiciales como fuentes de interpretaciones quizá debemos ver alguna influencia del common law sobre Bello, sufrida durante su veintenaria permanencia en Londres, que él entonces habría querido trasladar al país, bien que en una forma meramente facultativa. 3. Examinemos ahora qué destino quedó reservado a este artículo 9 del “Primer Proyecto”. a) Él permaneció inalterado, como 11, en el Título preliminar del “Proyecto de 1841- 1845”, esto es, en aquél publicado en el periódico El Araucano entre el 7 de mayo de 1841 (en el cual precisamente apareció el Título preliminar), y el 19 de diciembre de 1845, y que fue el resultado de las discusiones de la Comisión de Codificación de las Leyes Civiles creada en 1840, a que Bello fue sucesivamente presentando las diferentes partes del proyecto parcial de Código (justamente el “Primer Proyecto”), que había elaborado personalmente en la década anterior 35 . b) En fin, como es sabido, el Título preliminar entero, y con él su artículo 11, desapareció en la segunda edición del “Proyecto de 1841-1845”, que se denomina “Proyecto de 1846-1847”, por haberse editado entre esos años.
34 Merced a la 2ª Ley sobre fundamentación de las sentencias, de 1 de marzo de 1837 [en Boletín de las leyes y de las órdenes y decretos del Gobierna 7 (agosto 30 de 1837) 7, pp. 89-101], “Duda octava” (p. 98), se permitió a los jueces fundar sus fallos en sentencias judiciales, pero sin citarlas a ellas mismas, sino a “los principios generales de Derecho o razones que movieron antes a aquellos tribunales [sc. cuyas sentencias se citan] a fallar del modo que lo hicieron”. Bello probablemente escribió el Título preliminar del “Primer Proyecto” después de 1837.
35 El proyecto de Título preliminar había sido presentado por Bello a la Comisión de Legislación del Congreso Nacional en su sesión de 16 de octubre de 1840, y resultó aprobado, con enmiendas, en la 23 de octubre siguiente: véanse las actas en GUZMÁN BRITO, Alejandro, Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación del Derecho civil en Chile (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1982), II:
Fuentes, Doc. Nº 112, Anexo Núm. 435-465, p. 181.
Para la cabal compresión de cuanto seguidamente irá expuesto, conviene tener en cuenta la correspondencia del articulado sobre interpretación en las sucesivas versiones del Título prelimianar, desde aquella contenida en el “Anteproyecto manuscrito” del de 1853, al que pronto nos referiremos, hasta la del Código mismo, como se ve en la siguiente tabla:
“Proyecto de 1855” = CCCh.
manuscrito”
1853”
Inédito”
9 inc. 2º
1. Un Título preliminar volvió a aparecer en el “Proyecto de l853”, integrado por seis párrafos. Su § 4 venía rubricado: Interpretación de la ley, con ocho artículos (desde el 17 al
23). A la materia, empero, también concernían el artículo 4 del § 1: De la ley; los artículos 8 y 9 del § 2: Promulgación de la ley; y el artículo 15a) del § 3: Efectos de la ley. La mayoría de los artículos contenían notas “que apuntan a la ligera las fuentes de que se han tomado o los motivos en que se fundan los artículos que pueden llamar principalmente la atención”, como dejó dicho Bello en la Advertencia general al “Proyecto de 1853”. De los trabajos preparatorios del Título preliminar del “Proyecto de 1853”, conservamos un “Anteproyecto manuscrito” entre los papeles de Bello actualmente depositados en el “Archivo Central Andrés Bello” de la Universidad de Chile. La escritura del texto pertenece a algún amanuense, pero presenta correcciones del puño y letra de Bello y añadidos en papeles anexos también escritos por él 36 . Ahora bien, en este anteproyecto aparece un § 4: Interpretación de las leyes, que cubre los artículos 13 a 18. Emplazado en el § 1: De la ley, está además el artículo 4 que también concierne a la materia. Pero faltan algunos artículos que después aparecerán en el “Proyecto de 1853”, como son los que en éste llevan los números 8, 9, 15a y 22. Al igual que en su sucesor, el “Anteproyecto manuscrito” ya contiene notas. 2. El Título preliminar del “Proyecto de 1853” fue conservado en el llamado “Proyecto Inédito”, y lo propio ocurrió, en consecuencia, con su § 4: Interpretación de las leyes, dos de cuyos artículos originales, el 20 y 22, empero, fueron traslados al § 3, bajo los números 11 y 13. Por lo que respecta a los artículos extravagantes del original § 4, también hubo cambios en la localización: los artículo 8 del § 2, y 15a del § 3 del “Proyecto de 1853” pasaron al § 1, como 3 y 5 del “Proyecto Inédito”; y su artículo 9 del § 2, al § 3, como 9 inciso 2º; en fin, el original artículo 4 del “Proyecto de 1853” fue eliminado. Por regla general, los artículos del “Proyecto de 1853” no sufrieron variación en sus redacciones, o las recibieron muy secundarias, en su tránsito hacia al “Proyecto Inédito”. Este no contiene notas; las que aparecen en su tardía edición oficial (1890) fueron agregadas por el editor, Miguel Luis Amunátegui Reyes, aunque con base en textos y apuntes de Bello, redactados para otros efectos, o bajo otras circunstancias distintas que la redacción de dicho proyecto, como más adelante veremos. El § 4 del Título preliminar del “Proyecto Inédito” fue acogido con igual numeración y sin ninguna modificación literaria en el título homónimo Proyecto de Código Civil de 1855, presentado al Congreso Nacional, por modo que permaneció inmutado en el texto finalmente aprobado y promulgado como Código Civil en ese mismo año, y editado en 1856. Lo propio acaeció con los artículos extravagantes de ese § 4, que permanecieron, pues, en los lugares fijados por el “Proyecto Inédito” en el de 1855 y en el Código. 3. Con posterioridad a la promulgación del Código, Bello se entregó a la tarea de redactar una suerte de explicación a su texto, que consistía fundamentalmente en dar razón de sus disposiciones por medio de las fuentes de que se había servido. No dio término a su tarea; antes bien, apenas consiguió llegar hasta el artículo 76, y el trabajo permaneció inédito 37 , hasta que Miguel Luis Amunátegui lo publicó en 1885 bajo el título de
36 Véanse las “Abreviaturas”.
37 El manuscrito de este “Comentario” del amanuense, con correcciones del puño y letra de Bello, se conserva en el Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile. Véase Catálogos de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, Nº 1, Colección de manuscritos, I: Papeles de don Andrés Bello (Santiago, 1965), “Código Civil”, Nº 16, p. 10 = GUZMÁN BRITO, Alejandro, Andrés Bello codificador, cit. (n. 35), II: Fuentes, “Anexos”, I: “Fuentes manuscritas”, p. 411.
“Comentario” 38 . Como él también atañe a las normas sobre interpretación, nos presta alguna utilidad al propósito de estudiarlas. Nuestro quehacer consiste ahora en examinar el articulado pertinente del “Proyecto de 1853” y de su “Anteproyecto manuscrito”, y las sucesivas modificaciones sufridas hasta llegar al Código. Habremos de comenzar con las disposiciones extravagantes al § 4:
38 Véanse las “Abreviaturas”.
1. El artículo 8 del “Proyecto de 1853”, situado en el § 2: Promulgación de la ley, de su
Título Preliminar, que aun no aparecía en el título homónimo del “Anteproyecto manuscrito”, expresaba: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio./ Las decisiones de los tribunales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las controversias particulares en que se pronunciaren”. En el seno de la Comisión Revisora del “Proyecto de l853”, la disposición fue íntegramente trasladada al § l: De la ley, con el cambio de “decisiones de los tribunales” por “sentencias judiciales” en el inciso 2º. Ambas operaciones se debieron a la iniciativa
del propio Bello, con a cierta oposición de Gabriel Ocampo a la primera 39 . Así apareció la norma, por consiguiente, en el “Proyecto Inédito”, como artículo 3, lo mismo que en el “Proyecto de 1855”, y, por ende, en el Código finalmente promulgado, con idéntico número. Por ahora interesa el inciso 1º de esta norma.
2. En las notas al “Proyecto de 1853”, a propósito de su artículo 8, Bello invocó los
artículos 2 CCFr. y 8 CCLuis. Las remisiones, entendidas a cualquiera de los incisos del
artículo 8 del “Proyecto de 1853”, o a ambos, son incorrectas. El citado artículo 2 dice, en efecto: “La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. Por su parte, el artículo 8 del Código luisiano expresa en términos casi similares: “La loi ne dispose que
pour l’avenir; elle ne peut avoir d’effet rétroactif [
estatuyen sobre la irretroactividad de la ley. En consecuencia, más bien apoyan a un artículo 9a del “Proyecto de 1853”, que establecía: “La ley puede solo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”. En efecto, la correspondiente nota de Bello en ese proyecto dice: “C. L. 8, y todos los otros códigos”, aunque omite una mención directa al francés. El error se puede explicar así: en el “Anteproyecto manuscrito”, en donde no existía ninguna norma acerca de la interpretación auténtica (y del juez), como la del artículo 8 del “Proyecto de 1853”, ya había, por el contrario, un artículo 7 sobre la irretroactividad de las leyes 40 , que es el antecedente del antes transcrito artículo 9a del “Proyecto de 1853”. Ahora bien, ahí se cita a los mencionados artículos 2 CCFr. y 8 CCLuis. En este caso, pues, ambas citas eran correctas, porque sustentaban directamente el contenido de ese artículo 7. En algún momento posterior, Bello introdujo, como norma nueva, una relativa a la interpretación del legislador (y de los jueces), que en el “Proyecto de 1853” apareció como artículo 8. Si nosotros suponemos que el amanuense encargado de la transcripción del texto destinado a la impresión del “Proyecto de 1853” se equivocó en el sentido de enlazar las citas correspondientes con el antiguo artículo 7 al nuevo artículo 8, entonces el asunto queda explicado.
Tales normas, como se ve,
39 Sobre esto, más abajo § III.
40 Decía: “La ley puede sólo disponer para lo futuro, i no tendrá jamás efecto retroactivo”.
En su “Comentario” al artículo 3 CCCh. (= artículo 8 del “Proyecto de 1853”), en cambio, Bello anotó el artículo 5 CCFr.: “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises”. Pero esta referencia, como se percibe claramente, no se orienta al inciso 1º, que estatuye sobre la interpretación del legislador, sino al 2º, concerniente a aquella del juez, de modo qua la discutiremos después 41 .
3. En estas circunstancias, nos quedamos sin fuentes declaradas para el inciso 1º del
artículo 8 del “Proyecto de 1853” (= artículo 3 inciso 1º CCCh.). Pero no es difícil encontrarlas. Preliminarmente digamos que ese inciso recoge el viejo principio de la interpretatio generalis et necesaria de los medievales que al menos desde Francisco Suárez (1548-1617) fue denominada interpretatio authentica 42 . Los medievales habían distinguido tres tipos de interpretación: interpretatio generalis et necesaria, necessaria sed non generalis, nec generalis nec necesaria. El carácter de “necesaria” se refiere a la obligatoriedad de la interpretación; y el de “general”, a la extensión de esa obligatoriedad. De esta forma, la interpretatio generalis et necesaria es la que obliga a todos; la necessaria sed non generalis, la que obliga solo a determinadas personas; y la nec generalis nec necesaria la que no obliga a nadie. La primera la formula el legislador; la segunda, el juez; y la tercera, los doctores. Por consiguiente, hacer interpretaciones generales y necesarias, esto es, vinculantes para todos, es algo privativo del legislador y únicamente a él perteneciente 43 . En cabalidad, es esto lo que dice el artículo 8 del “Proyecto de 1853”: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo
generalmente obligatorio”. Este principio tradicional Bello lo pudo obtener de diferentes fuentes. Pero lo más posible es que se haya inspirado preferentemente en dos. Por un lado, en la primera parte del § 8 del ABGB. austriaco de 1811: “Nur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein Gesetz auf eine allgemein verbindliche Art zu erklären” 44 . Por otro, en la primera parte del
artículo 16 del Código sardo (1837, entrado en vigencia en 1838): “Le souverain seul peut interpréter la loi d’une manière généralement obligatoire”. Como se ve, ambas normas establecen lo mismo, lo que no es extraño, dado su origen común. Ahora bien, eso que establecen es también lo mismo que estatuye el artículo 8 del “Proyecto de 1853”. Pero entonces resulta extraño que Bello no lo haya reconocido o declarado, cuando ambos estaban a su acceso 45 .
4. En el artículo 3 del “Proyecto de 1853” (= artículo 3 CCCh.), el énfasis normativo
está dado por el adverbio “sólo”. El precepto no intenta, pues, decir que competa al legislador “explicar o interpretar la ley”, ni que le competa explicarla o interpretarla “de un modo generalmente obligatorio”, no bien ambas cosas estén supuestas, o, si se quiere, incluidas en la norma misma. Lo que ésta, en cambio, quiere positiva y directamente sostener es que “explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio” es
41 Véase más abajo § VII, 3.
42 SUÁREZ, Francisco, De legibus ac Deo legislatore, lib. VI, cap. 1º [ed. cit. (n. 21), IV, p. 623].
43 Sobre el origen y contenido de estos conceptos, véase GUZMÁN BRITO, A., Hist. interpret., pp. 52-55.
44 ABGB., § 8: “Solo al legislador pertenece el poder de aclarar una ley de una manera generalmente
obligatoria”. 45 Tales disposiciones, en efecto, aparecen en la colación de Código debida a SAINT-JOSEPH, A., Concordance; y, por ende, en su traducción al castellano de 1843: véanse las notas 3 y 4.
algo que “sólo toca al legislador”. Con ello se niega una competencia similar al juez y a los intérpretes privados (profesores, autores, abogados consultores o informantes), y a quien quiera que sea aparte el legislador, todos los cuales pueden interpretar, pero nunca de un modo generalmente obligatorio 46 .
46 En el Derecho ulterior se ha desarrollado una nueva forma de interpretación que llamamos “administrativa”, correspondiente a determinados jefe de servicios públicos, generalmente de carácter técnico (Contraloría General de la Republica, Superintendencia de Seguridad Social, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Dirección del Trabajo, etcétera). Sobre la materia véase DUCCI CLARO, Carlos, Interpretación jurídica (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1977), pp. 161 ss. En general, quizá pueda decirse que esta clase de interpretación, como la judicial, también pertenece a aquella necessaria sed non generalis. Ordinariamente se describe un ámbito acotado de entes o personas como los únicos sujetos a ella.
1. El “Proyecto de 1853” contenía en su § 2: Promulgación de la ley, un artículo 9, no compareciente en el “Anteproyecto manuscrito”, que disponía: “Aunque las leyes sean puramente explicativas o se limiten a declarar el Derecho vigente, no afectarán de modo
alguno las decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, ni se aplicarán a causas pendientes”. a) El precepto se conecta con el inciso 1º del artículo 8, precedentemente examinado, en que se entrega el monopolio de la interpretación generalmente obligatoria al legislador, pues este artículo 9 estatuye sobre el efecto que tiene precisamente su interpretación. Pero también sobre algo más. El artículo 8 había hecho relación al “legislador” como único encargado de interpretar las leyes de un modo generalmente obligatorio. Pero solo implícitamente insinuó la forma de esa interpretación. En cuanto se limitó a atribuirla al “legislador”, resulta forzoso entender que su interpretación debe ser formulada merced a una ley, pues tal es su manera propia de hablar. Ahora bien, el artículo 9 se refiere expresamente a unas “leyes” que son puramente explicativas o que se limitan a declarar el Derecho vigente; con lo cual queda corroborada la deducción de que haya de ser la ley la forma que deba adoptar la interpretación emitida por el legislador. Así que el artículo 9 también se refería a la interpretación de aquél, solo que desde el punto de vista del acto interpretativo. b) Con todo, la disposición aparece redactada de una manera tal, que ofrece ambigüedades.
Lo cual propone esta estructura semántica: “Las
Por consiguiente, va supuesta la idea más general de que todas las
leyes “no afectarán de modo alguno las decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, ni se aplicarán a causas pendientes”, incluidas las que “sean puramente explicativas o se limiten a declarar el Derecho vigente”. Ahora bien, si la norma dice que ninguna ley ha de afectar a un delimitado sector del pasado, integrado por las decisiones judiciales firmes y las causas pendientes, se podría colegir que todas las leyes son retroactivas con respecto al restante sector del pasado, que entonces viene a ser el de los actos y hechos aun no deducidos en juicio. Es, en efecto, el supuesto de que lo sean el que explica la negación de una retroactividad para el sector dicho de las decisiones firmes y de las causas pendientes, que aparece, pues, como una excepción a la regla general de la retroactividad. Pero, si es así, ¿por qué la referencia a las leyes explicativas o que se limiten a declarar el Derecho vigente? Porque si ellas son leyes, bastó referirse a éstas en general y con eso también se hubiera incluido a las explicativas o declarativas en la excepción. Sin embargo, el artículo 9a del “Proyecto de 1853” (correspondiente a un artículo 7 del “Anteproyecto manuscrito”) tenía declarado: “La ley puede solo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”; así que la suposición del artículo 9 es, en realidad, que las leyes ordinariamente son irretroactivas, lo cual se entiende no solo con relación a las decisiones judiciales firmes y las causas pendientes al momento de emitirse la ley, sino con
Ella dice: “Aunque las leyes sean [
leyes, aunque sean [
respecto a todo el pasado. Pero entonces, si las explicativas o declarativas son leyes, sigue llamando la atención que el artículo 9 las mencione expresamente para hacerles aplicable algo que vale no únicamente para ellas sino para todas las leyes, y que por el solo hecho de ser tales ya les es aplicable. 2. Estas ambigüedades deben hacer sospechar que el artículo 9 quiso estatuir algo diferente a lo que dice, de modo que lo estatuyó literariamente mal. Su tema es la doctrina medieval de la lex declaratoria y de sus efectos ad praeterita 47 . Los medievales denominaban lex declaratoria a la ley interpretativa de otra ley. Consideraban tal a la que sin introducir ninguna novedad (nihil novum) en relación con el estatuto fijado por cierta ley anterior, aclara lo que esta misma ya estatuía, aunque de manera oscura o ambigua. Baldus (c. 1327-1400) –y es solo un ejemplo– expresó en forma
compacta estas ideas: “[
nuevo hace, sino que pone de manifiesto lo que es [o hay en la antigua]” 48 . Por consiguiente, si una ley nueva introduce novedades con respecto a otra antigua, aquella es ley, no interpretativa, sino constitutiva ordinaria. Ahora bien, sobre la base de que las leyes constitutivas son siempre irretroactivas y no se aplican, por ende, a los hechos y casos pasados (ad praeterita), los medievales sostenían, empero, que las leyes interpretativas sí se les aplican: “cuando una ley nueva interpreta una antigua entonces se lleva hacia atrás” había en realidad escrito el mismo Baldus 49 ; pero retornaban a la regla general de la irretroactividad, cuando, sobre algún caso del pasado, ya había recaido una decisión por sentencia, transacción, juramento decisorio u otra forma, al momento de emitirse la ley interpretativa 50 . En la práctica, pues, la aplicación ad praeterita de las leyes interpretativas
cuando una ley nueva interpreta una antigua [
47 Sobre la materia: PIANO-MORTARI, Vincenzo, Ricerche sulla teoria dell’interpretazione, pp. 39-49. Véase también GUZMÁN BRITO, A., Hist. interpret., p. 55.
48 BALDUS, In tres priores libros Codicis commentaria (Venetiis, 1599), tit. De legibus et constitutionibus
principum, l. Leges et constitutiones, n. 5, fol. 68 v , col. der. [reimpresión como BALDUS, Commentaria omnia
nam tunc nihil novum facit, sed
quod est detegit”. Los medievales extrajeron esta idea de Dig. 28, 1, 21, 1. Ahí se dice que cuando el testador
quiere mudar algo en un testamento ya hecho, “todo debe hacerse de nuevo” (“omnia ex integro facienda sunt”), vale decir, debe celebrarse un nuevo testamento, y no solo para introducir la mudanza, más también para cubrir las partes inmutadas. Enseguida se discute si lo mismo ha de aplicarse cuando el testador solo quiere explanar o aclarar algo oscuro dicho o escrito en un testamento, como si legó el esclavo Estico, en circunstancias de ser dueño de varios esclavos con ese nombre, para declarar en cuál de ellos pensó cuando escribió “Estico”. Ulpiano, autor del pasaje en examen, dice que eso se puede, sin necesidad de rehacer todo el testamento. La razón que ofrece en apoyo de su parecer es ésta: “nihil nunc dat, sed datum significat” (“nada da ahora, sino que significa [sc. aclara o explica] lo [sc. ya] dado”, en donde “nunc” (“ahora”) se refiere al momento de la aclaración. Para el Derecho chileno, ha insistido en el elemento novedoso que debe ofrecer la ley que interpreta, aunque sin apoyo histórico que pudo ayudar, ÁLVAREZ, Carlos, Ley interpretativa, en Revista de Derecho 183 (Universidad de Concepción, enero-junio de 1988), pp. 95-100.
(Golbach, Keip, 2004, V)]: “[
quando lex nova interpretatur veterem [
49 Ibíd: “quando lex nova interpretatur veterem tunc trahitur retro”.
50 Por ejemplo, Nicolò DE’ TEDESCHI (Abbas Panormitanus), Super Decretat., tit. De constit., c. quoniam, núms. 9-11: “Cuando se pregunta si y cuándo una constitución [sc. declaratoria] deba extenderse hacia el
pasado [
distingue: o las cosas del pasado ya han sido decididas por algún remedio decisorio, como, por
ejemplo, una transacción, una sentencia absolutoria o el juramento, y entonces la constitución no se extiende
al pasado [
entiende hacia el pasado” (“Cum quaeritur an et quando constitutio [sc. declaratoria] debeat extendi ad
praeterita [
aut praeterita sunt decisa aliquo remedio decisivo, puta transactione, solutione
penden ni han sido decididos, y ahora la constitución se
o bien los negocios del pasado [
distingue [
sententia vel iuramento, et tunc constitutio non extenditur ad praeterita [ pendent, nec sunt decisa, et tunc constitutio extenditur ad praeterita”).
aut negotia praeterita [
implica regir por ella los hechos y actos del pasado aun no deducidos en juicio ni transados,
o ya deducidos pero con sentencia todavía pendiente. De acuerdo con esta tradición, el artículo 9 del “Proyecto de 1853”, supuesto que para éste todas las leyes son irretroactivas, como lo expresa su artículo 9a, no pudo referirse a todas ellas, o a las leyes en general, sino solo a las que “sean puramente explicativas o se limiten a declarar el Derecho vigente”, para decir que éstas no han de afectar los fallos firmes ni aplicarse a las causas pendientes. Lo cual implica que, fuera de este ámbito, tales leyes son retroactivas, de modo de aplicarse a los hechos sobre los cuales no se ha movido litigio aun. Así que el artículo 9 aparece como excepción al artículo 9a, no bien contenga una contraexcepción que lo hace retornar a la regla de ese artículo. 3. En cuanto las leyes explicativas o declarativas no pueden afectar las decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada, el artículo 9 del “Proyecto de 1853”, que tal dice, se conformó, pues, con la doctrina tradicional. Pero en cuanto él añade que tampoco son aplicables esas leyes a las causas pendientes, introdujo una novedad, que aquella doctrina no reconocía. a) La explicación de esta novedad la encontramos en una nota que Bello adosó al artículo 9 del “Proyecto de 1853”, como sigue: “Portalis, Memoria sobre el Código de Cerdeña, presentada a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y reimpresa al frente de dicho Código, Paris, 1844, pags. lxii y siguientes. En el orden de las causas pendientes, no se ha seguido la opinión de Portalis, que, según el mismo dice, ha sido vivamente atacada. En Chile pudiera producir el efecto de trasportar al seno del Cuerpo Legislativo las afecciones y pretensiones de las partes”. El artículo 16 del Código sardo disponía en su inciso 1º, como vimos, que solo el Soberano puede interpretar la ley de una manera generalmente obligatoria 51 . Sus incisos 3º
y 4º añadían lo siguiente: “L’interprétation [sc. del Rey, o auténtica] s’appliquera à tous
les cas, même antérieurs, à moins que la loi interprétative ne renferme une disposition contraire [sc. a tal aplicación]./ Cependant elle ne pourra porter aucune atteinte aux choses sur lesquelles il y aurait eu antérieurement transaction o jugement définitif”. Estas normas reproducían fielmente el Derecho antiguo, según el cual la interpretación del legislador se aplica a los casos pretéritos (salvo norma contraria), sin afectar, empero, a los ya transados
o fallados. Joseph-Marie Portalis (hijo del codificador de 1800-1804), en el trabajo citado por Bello 52 , recuerda que los redactores del Code Civil habían reconocido la doctrina de que una ley explicativa de otra precedente regula también el tiempo intermedio, sin perjuicio de las sentencias de última instancia, las transacciones y las decisiones arbitrales dotadas con autoridad de cosa juzgada. En efecto, así lo establecía el “Projet de l’an VIII” 53 , aunque la norma no pasó al Código de 1804. Portalis verifica que los autores del Código de Cerdeña se habían conformado con esta doctrina; la cual –añade–: “En France, elle a été vivement attaquée en ces derniers temps. On a soutenu que toutes les lois, sans distinction des lois interprétatives, étaient des lois nouvelles qui n’avaient d’empire et ne pouvaient recevoir
51 Véase el § 4, 3. 52 “Introduction” a Code Civil du Royaume de Sardaigne, précédé d’un travail comparatif avec la législation Française, par M. le Comte Portalis (Paris, chez Joubert Libraire, 1844), pp. i-cxcviii.
53 “Projet de l’an VIII”, lib. prel., tít. 4º, art. 2: “La loi ne dispose que pour l’avenir: elle n’a point d’effet rétroactif”; y art. 3: “Néanmoins, une loi explicative d’une autre loi précédente règle même le passée, sans préjudice des jugemens en dernier ressort, des transacction et décisions arbitrales passées en force de chose jugué”.
d’exécution que pour le temps et pour les actes postérieurs à leur promulgation. Un procès, a-t-on dit, suppose toujours une loi antérieure dont le texte fournit à la fois des armes à l’attaque et à la défense judiciaires. Cette loi, ses obscuritées, ses lacunes même, sont acquises aux parties; leurs moyens respectifs y sont puisés; la décisión qui terminera le différend ne sera que l’application du texte de cette loi aux faits reconnus constants par les juges. Une loi nouvelle, même purement interprétative, qu’on appliquerait à une contestation née avant elle, frapperait sans avoir averti. Elle mettrait au service d’une des parties un argument imprévu et irrésistible qui aurait empêché le litige, s’il avait été connu avant le commencement du procés”. Lo “vivamente atacado en Francia”, pues, era toda la doctrina tradicional, del efecto ad praeterita de las leyes interpretativas, según la cual éstas afectan los actos y hechos del pasado aun no deducidos en juicio, y también los deducidos en él, si aun no se ha emitido fallo. El texto precedentemente citado se refiere especialmente a este último evento. Acto seguido Portalis defiende la doctrina tradicional, y proporciona una serie de argumento en su favor. Según él, una ley interpretativa deba aplicarse a las causas pendientes, porque también ella fija el sentido de una ley dudosa, lo mismo que una sentencia judicial, de modo de no haber diferencia al respecto, y sin que se pueda afirmar que sea la ley la que entonces viene a resolver el caso, debido a que ella siempre tiene carácter general, y a que no fue emitida para ese caso. Ahora bien, como ya hemos visto, el artículo 9 del “Proyecto de 1853” se adaptó a la doctrina tradicional del efecto ad praeterita de las leyes explicativas y declarativas; es decir, coincidió con Portalis, que la defendía en contra de los ataques que venía recibiendo últimamente. Pero se separó de ese autor, en cuanto dicho artículo negó que tales leyes fueran aplicables a las causas pendientes, en circunstancias que, de acuerdo con la misma doctrina tradicional, reiterada por Portalis, debían serlo. Con ello, el efecto hacia el pasado de las leyes interpretativas quedaba limitado solo a los hechos aun non deducidos en juicio. Por tal razón, Bello afirmó en la nota al artículo 9 no haber seguido la opinión de Portalis, en orden a las causas pendientes, aunque en realidad lo que hacía era no seguir, en ese punto, la doctrina tradicional “vivamente atacada”. La razón que ofreció fue el riesgo corrido, de trasladar al Poder Legislativo las afecciones y pretensiones de las partes, queriendo indicar que la aplicación de las leyes interpretativas a las causas pendientes, podría mover a las partes a gestionar leyes de tal género que favorecieran su causa. b) Aparte del “Projet de l’an VIII” y del Código sardo, ya mencionados, la doctrina tradicional también había sido acogida en el § 15 de la Einleitung al Código prusiano 54 , en el § 8 del austriaco 55 y en el artículo 8 del Código Luisiano de 1808 56 (que reproducía
54 El ALPS., Einleitung, § 15, después que en su parágrafo precedente establece el principio de la irretroactividad de las leyes, dice: “Die von Seiten des Gesetzgebers nöthig befundene und gehörig publizirte Erklärung eines ältern Gesetzen aber giebt, in allen noch zu entscheidenden Rechtsfällen, den Ausschlag” (“Pero la aclaración de una anterior ley, necesariamente aprobada y competentemente publicada por el legislador, decide en todos los casos de Derecho aun no fallados”).
55 ABGB., § 8: “Nur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein Gesetz auf eine allgemein verbindliche Art zu erklären. Eine solche Erklärung muß auf alle noch zu entscheidende Rechtsfälle angewendet werden, dafern der Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklärung bei Entscheidung solcher Rechtsfälle, welche die vor der Erklärung unternommenen Handlungen und angesprochenen Rechte zum Gegenstande haben, nicht bezogen werden solle” (“Solo al legislador pertenece el poder de aclarar una ley de una manera generalmente obligatoria. Tal aclaración debe ser aplicada a todo caso jurídico aun por decidir, en la medida en que el legislador no añada que su aclaración no deba ser referida en la decisión de aquellos casos jurídicos que tienen por objeto conductas ejecutadas y Derechos reclamados antes de la aclaración”).
textualmente el antes citado proyecto francés 57 , con leves modificaciones). En todos los casos la aceptación era amplia, de modo que la limitación de no aplicarse una ley interpretativa a las causas pendientes fue una novedad del artículo 9 del “Proyecto de 1853”, aunque sugerida por la discusión francesa que Bello leyó en Portalis. 4. En el resto, el “Proyecto de 1853”, salvo la “Memoria” de Portalis, no citó otras fuentes para su artículo 9. Este parece corresponder a una redacción autónoma de Bello, sobre el trasfondo del Código de la Luisiana:
CCLuis. (1825), art. 8 [= 1808, art. 7]
La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif, 58
ni peut altérer les obligations contenues dans les contrats.
CCLuis. (1808), art. 8
Néanmoins, une loi explicative, ou déclaratoire d’une autre loi précédente règle même le passée, sans préjudice des jugemens en dernier ressort, des transacctions et décisions arbitrales passées en force de chose jugée.
“Proyecto de 1853”, art. 9a
La ley puede solo disponer para lo
tendrá jamás efecto
“Proyecto de 1853”, art. 9
Aunque las leyes sean puramente explicativas o se limiten a declarar el Derecho vigente, no afectarán de modo alguno las decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada,
ni se aplicarán a causas pendientes.
El artículo 9 parece distinguir las leyes (puramente) explicativas y las que se limitan a declarar el Derecho vigente. La primera expresión se refiere a las leyes interpretativas de otras leyes; la segunda atañe a cualquier ley que, sin ser interpretativa de otra específica, declare ser tal el Derecho vigente previamente a su promulgación. En el artículo 8 del Código luisiano de 1808 también se habla de “loi explicative, ou déclaratoire”; pero ahí ambas expresiones parecen sinónimas. En el antiguo Derecho solió recurrirse a una clase de leyes especialmente destinadas a dirimir las controversias entre los autores y declarar así cuál era el Derecho vigente 59 . Sobre el tema Bello había escrito más de un párrafo en diversos artículos publicados en El Araucano; y así, por ejemplo, en un trabajo de 1839 señaló: “Pero los trabajos de la legislatura pueden estrechar cada día este campo de incertidumbres y disputas, decidiendo los puntos dudosos; y ella puede hacerlo tanto más ventajosa y fácilmente cuanto más libre
56 CCLuis., art. 8: “Néanmoins, une loi explicative ou déclaratoire d’une autre loi précédente, règle même le passée, sans préjudice des jugemens en dernier ressort, des transacction et décisions arbitrales passées en force de chose jugué”.
57 Véase la nota 53.
58 La versión original de 1808 decía: “elle ne peut avoir d’effet rétroactif”.
59 Sobre el tema, véase GUZMÁN BRITO, Alejandro, Decisión de controversias jurisprudenciales y codificación del Derecho en la época moderna, en Anuario de Historia del Derecho Español 50 (Madrid, 1980: “Homenaje a Alfonso García-Gallo”), pp. 851-890.
se halla, no sólo para aclarar lo oscuro y dirimir lo disputable, sino para innovar [ ]”
con todo lo cual se refería a la gran variedad de interpretaciones entre los jurisconsultos que podrían ser zanjadas mediante leyes decisorias. Aun cuando el Derecho del Antiguo
Régimen que Chile había heredado teóricamente era un Derecho legal y de códigos, en la práctica, como es sabido, en una buena dosis era Derecho de juristas, y por ende ofrecía un carácter disputable y controvertible, en cuya superación mediante normas pudo pensar Bello al hablar de “leyes que se limiten a declarar el Derecho vigente” 61 , para lo cual la expresión “loi explicative, ou déclaratoire”, presente en el Código luisiano de 1808, que más bien contenía una sinonimia, podía fácilmente dar pie al codificador para modificarla con su distinción de leyes puramente explicativas y que se limiten a declarar el Derecho vigente. 5. En la Comisión Revisora, el artículo 8 del “Proyecto de 1853” fue trasladado al § 3:
Efectos de la ley, como inciso 2º del artículo 9a del “Proyecto de 1853”, sobre irretroactividad de la ley, de modo de aparecer después en el mismo párrafo del “Proyecto Inédito” como inciso 2º de su artículo 9, con este tenor: “La ley puede solo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo./ Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”. Así que hubo variaciones con respecto a la redacción del “Proyecto de 1853”, como se ven en el siguiente cotejo:
Aunque las leyes sean puramente explicativas o se limiten a declarar el Derecho vigente, no afectarán de modo alguno las decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, ni se aplicarán a causas pendientes.
“Proyecto Inédito”, art. 9
Con la nueva redacción dada al antiguo artículo 9 del “Proyecto de 1853” en el inciso 2º del artículo 9 del “Proyecto Inédito” desapareció la ambigüedad que ofrecía aquél, pues
60 BELLO, Andrés, Legislación, en BELLO, Andrés, Obras completas (2ª ed., Santiago, Nascimento, s. d. [pero 1932]), VII: Opúsculos jurídicos, p. 337.
61 Por otra parte, sobre este método defendido y aplicado por Bello en su Código, véase: GUZMÁN BRITO, Alejandro, Para la historia de la fijación del Derecho civil en Chile durante la república, X: La decisión de controversias jurisprudenciales como una de las operaciones codificadoras en el pensamiento de Andrés Bello, en VV. AA., Andrés Bello y el Derecho, incluido en el volumen Homenaje a don Andrés Bello (Editorial Jurídica de Chile-Editorial Andrés Bello, Santiago 1982), pp. 503-520, lo mismo que en Congreso Internacional “Andrés Bello y el Derecho” (Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1982), pp. 203-220. Cfr. GUZMÁN BRITO, A., Andrés Bello codificador, cit. (n. 35), I, pp. 439-441.
ahora quedó claro que el precepto no estatuye sobre todas las leyes, sino solo sobre aquellas “que se limiten a declarar el sentido de otras leyes”. Esta última noción, como única, reemplazó a la distinción precedente de leyes “puramente explicativas” y que “se limiten a declarar el Derecho vigente”. En fin, fue también suprimida la contra-excepción concerniente a la irretroactividad de las leyes interpretativas sobre las causas pendientes, que ahora quedó limitada solo a las “sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”, con lo cual la norma volvió a la doctrina tradicional, en orden a que las leyes interpretativas, sí rigen los hechos deducidos en juicio cuando aun no recae sentencia firme sobre ellos. Sin embargo, el precepto no dijo que las leyes limitadas a declarar el sentido de otras rigen el pasado (a salvo los efectos de las sentencias firmes). Solo expresó que ellas “se entenderán incorporadas” en las leyes interpretadas. Este entendimiento de incorporación
de una ley interpretativa en la interpretada era también una doctrina antigua 62 , destinada a explicar por qué aquélla es llevada ad praeterita. En el precepto, pues, la incorporación aparece como la premisa expresada de una consecuencia no expresada, en orden a que las leyes limitadas a declarar el sentido de otras leyes rigen desde la fecha de la ley interpretada, y a que afectan los pertinentes actos y hechos que en el momento de emitirse la ley interpretativa son del pasado. Esta consecuencia vuelve a ser tácita en la segunda parte de la disposición, pues cuando ella dice que las leyes interpretativas no actúan sobre los efectos de las sentencias judiciales firmes del tiempo intermedio, es porque también supone que sí actúan sobre el resto de cuanto acaeció en ese tiempo, como consecuencia precisamente de la incorporación. Es muy posible que la vieja idea de que la ley interpretativa se mira como una con la interpretada, Bello la haya obtenido de Delvincourt, una de sus fuentes habituales, quien la
recogió en su Cours en estos términos: “[
sont censées ne faire qu’un avec cette même loi [sc. la interpretada], on ne peut pas dire, à
63 , aunque la redacción de la idea
proprement parler, qu’elles aient un effet rétroactif [
bajo la fórmula “se entenderán incorporadas” seguramente fue original del codificador. 6. Tal cual resultó redactada en el “Proyecto “Inédito”, la norma permaneció como artículo 9 inciso 2º en el “Proyecto de 1855” y en el Código. En su “Comentario” a este último, Bello invocó para el artículo 9 varios textos: Código luisiano (de 1825), artículo 8 (= artículo 7 de 1808); Código francés, artículo 2; Código austriaco, §§ 5 y 8. Todos ellos sólo valen para el inciso 1º concerniente al efecto no retroactivo de las leyes, excepto el § 8 del Código austriaco, en cuya segunda parte se dice que las interpretaciones del legislador se aplicarán a todos los casos que estén aun por ser
mais comme elles [sc. las leyes interpretativas]
62 Véase, por ejemplo, DE CASTRO, Paulus, Comm. in Dig. Infortiatum, tit. De testamento, l. Haeredes, § Si quid, núm. 4 [cit. por PIANO-MORTARI, V., Ricerche sulla teoria della interpretazione, p. 40 (41) n. 4]:
adhaeret dispositioni, quod una cum ea videtur
emanasse, et ex hoc multa sequuntur, scilicet quod nova lex declarativa veteris trahitur ad praeterita negotia
(“La declaración es llevada hacia atrás, al tiempo de hecha la disposición [sc. interpretada] <y> adhiere a
la disposición [sc. interpretada] que parece haber sido emanada como una [sc. misma] con ella [sc. con la interpretativa], y de esto se siguen muchas cosas, es decir, que la nueva ley declarativa de la antigua es llevada a los negocios pasados [
63 DELVINCOURT, Claude, Cours de droit civil (Paris, chez Delestre-Boulage Libraire, 1824), I, en las Notes et explications, p. 7, a p. 7 n. 2 [sobre este libro, véase la nota 114]. Obsérvese la similitud entre las expresiones de Paulus DE CASTRO, Comm. in Dig. Infortiatum, cit. (n. 62): “dispositioni, una cum ea videtur emanasse” (“a la disposición, que parece haber sido emanada como una con ella”) y las de DELVINCOURT, Cl., cit. ibi: “sont censées ne faire qu’un avec cette même loi”.
“Declaratio trahitur retro ad tempus dispositionis factae [
resueltos, a menos que aquel señale expresamente lo contrario 64 . Bello citó, además, el trabajo de Portalis, que había presentado en la nota al artículo 9 del “Proyecto de 1853”; pero sin el comentario que entonces había incluido en esa nota, y que rezaba: “En el orden de las causas pendientes, no se ha seguido la opinión de Portalis, que, según el mismo dice, ha sido vivamente atacada. En Chile pudiera producir el efecto de trasportar al seno del Cuerpo Legislativo las afecciones y pretensiones de las partes”. La omisión de este comentario relativo a las “causas pendientes” se justifica, pues él explicaba por qué en el artículo 9 del “Proyecto de 1853” había una cláusula según la cual las leyes interpretativas no debían aplicarse a tales causas, y esta cláusula no existe en el Código. De esta forma, la mera cita de Portalis ahora sirvió para justificar la entera adhesión del precepto del Código a la doctrina tradicional que el autor francés defendía sin restricciones.
64 ABGB., § 8: “Nur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein Gesetz auf eine allgemein verbindliche Art zu erklären. Eine solche Erklärung muß auf alle noch zu entscheidende Rechtsfälle angewendet werden, dafern der Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklärung bei Entscheidung solcher Rechtsfälle, welche die vor der Erklärung unternommenen Handlungen und angesprochenen Rechte zum Gegenstande haben, nicht bezogen werden solle” (“Solo al legislador pertenece el poder de aclarar una ley de una manera generalmente obligatoria. Tal aclaración debe ser aplicada a todo caso jurídico aun por decidir, en la medida en que el legislador no añada que su aclaración no deba ser referida en la decisión de aquellos casos jurídicos que tienen por objeto conductas ejecutadas y Derechos reclamados antes de la aclaración”).
1. El “Proyecto de 1853” presentaba en su § 3: Efectos de la ley, un artículo 15a, que no existía en el “Anteproyecto manuscrito”, concebido en estos términos: “Las cortes de alzada y la Corte Suprema de Justicia, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al supremo gobierno de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas”. La Comisión Revisora del proyecto trasladó la norma al § 1: De la ley, y entonces apareció ahí como artículo 5 en el “Proyecto Inédito”, con dos modificaciones menores: se invirtió el orden en que aparecían designados los tipos de tribunal, y se sustituyó “supremo gobierno” por “Presidente de la República”, de modo que el artículo quedó así: “La Corte Suprema de Justicia y las cortes de alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas”. Esta norma pasó sin otra modificación al “Proyecto de 1855” y al Código, como artículo 5 65 . Bello no dejó indicadas sus fuentes, pero debemos considerar como tales a los artículos XI y XII del Título preliminar del Código Civil del Perú (1852). El primero expresa: “La Corte Suprema está obligada a dar cuenta al Congreso, en cada legislatura, de los defectos que notare en la legislación”. El segundo dice: “Los jueces y tribunales superiores tienen la misma obligación establecida en el artículo anterior, que cumplirán por conducto de la Corte Suprema”. Bello refundió en una sola a ambas disposiciones peruanas 66 . 2. Estas contenían un relicto del “referimiento al legislador”. Por tal se entiende la obligación (“referimiento forzoso”) o la facultad (“referimiento facultativo”) de los jueces, que al conocer una causa donde se presenta como aplicable una ley oscura o ambigua, o para la que hace defecto la ley (lagunas), de dirigirse al detentador del poder legislativo en demanda de una interpretación que resuelva la oscuridad o ambigüedad, o de una ley nueva colmadora de la laguna, que enseguida deberán esos jueces aplicar al fallar la causa que dio motivo a la consulta. a) El origen del “referimiento al legislador” se remonta al Derecho romano postclásico, y fue perfilado por Justiniano, cuyas ideas al respecto resultaron acogidas en el Corpus
65 Acerca de la aplicación que se ha hecho de él en el decurso posterior, véase PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel, Sobre el artículo 5 del Código Civil, en Revista de Derecho, año L, N os 171-172 (enero-junio y julio- diciembre de 1982), pp. 93 ss.
66 Para la redacción del “Proyecto de 1853”, Bello aún tuvo tiempo, aunque poco, de examinar el Código peruano aprobado a fines de 1851 y promulgado el 28 de julio de 1852, un ejemplar de cuya primera edición [Código Civil del Perú (Lima, Imp. del Gobierno, 1852)] se hallaba, por lo demás, en su biblioteca: véase VELLEMAN, Barry, Andrés Bello y sus libros (Caracas, La Casa de Bello, 1995), p. 235 (registro Nº 960). En algunos casos, en efecto, lo cita, como en los artículos 78 y 2494 del “Proyecto de 1853” (= artículos 74 y 2330 CC.). Se tendrá presente, con todo, que la cita originalmente escrita por Bello al mentado artículo 2494 del “Proyecto de 1853”, que era “C. Per., 2199”, fue editada por Amunátegui como “C. P., 2199” [véase BELLO, Andrés, Obras completas, XII: Proyecto de Código Civil (1853) (Santiago, 1888), p. 591], que el codificador solía usar para el Código prusiano. Pero al examinar la edición original de aquel proyecto, se observa lo expresado. Es probable que Amunátegui pensara que “C. Per.” fuera una errata por “C. P.”. El hecho de que en el “Proyecto de 1853” la disposición en actual examen aparezca como “15a” tal vez sea indicativo de que ella fue incorporada a última hora por Bello en el proyecto, lo que encaja bien con el conocimiento de última hora que él tuvo del Código peruano, de donde parece que la tomó.
iuris civilis 67 . Ahí aparece concebido en función de defender el monopolio del emperador para la creación del Derecho por medio de leyes, pues impedir que estas sean interpretadas o colmadas por los jueces, es impedir que estos en definitiva creen un Derecho extralegal. Por la consecuencia consistente en tener los jueces que ajustar su fallo a la decisión imperial, el “referimiento” justinianeo implicaba, además, una nítida intervención del legislador en la jurisdicción.
b) El “referimiento al legislador” tuvo alguna difusión ya en la Alta 68 y también en la
Baja 69 Edad Media, y fue recibido en la Época Moderna por muchas legislaciones reales 70 . En el Derecho de esta última época, el “referimiento al legislador” funcionó como un instrumento al servicio de un poder de instituir Derecho por parte de quien tiene la potestad
legislativa, pero que no posee el monopolio de la creación de todo el Derecho, para defender las leyes emanadas de aquel poder, ante la pretensión de los jueces de interpretarlas o colmarlas. No tuvo, pues, el propósito de privarlos de sus facultades interpretativas y colmadoras en ámbitos no regidos por el Derecho legal, como, por ejemplo, en el aquel del ius commune 71 . Pero, igual que antes, ello no significó que el “referimiento” moderno dejara de implicar una intervención del legislador en la jurisdicción.
c) Hacia fines de la Época Moderna, cuando de nuevo se implantaba con casi universal
consenso el monopolio creador del Derecho por parte del legislador, el “referimiento” fue
acogido con la función con que en las postrimerías de la Antigüedad se había presentado a los ojos de Justiniano, por algunos códigos, como el prusiano Allgemeines Landrecht für
67 Véase GUZMÁN BRITO, Alejandro, Historia del referimiento legislativo, I, Derecho Romano, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 6 (Valparaíso 1982), pp. 13-76 = Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino (Napoli, Jovene, 1984), V, pp. 3467-3522.
68 Por ejemplo, aparece en el Liber iudiciorum (siglo VII), lib. II, tít. 1º, ley 11.
“Ordenamiento de Alcalá” (1348), tít. 28º, ley 1.
70 Lit.: HUFTEAU, Yves-Louis, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi (Paris, Presses Universitaires de France, 1965); MOHNHAUPT, Heinz, “Potestas legislatoria” und Gesetzbegriff im Ancien Régime (1972), ahora en MOHNHAUPT, Heinz, Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht. Gesammelte Aufsätze (Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2000), pp. 253-264; BLOCH, C. - HILAIRE, J., Interpréter la loi. Les limites d’un grand débat révolutionnaire, en Miscellanea forensia et historica ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. J. Th. de Smidt (Amsterdam, 1988), pp. 29 ss.; MIERSCH, Matthias, Der sogenannte référé législatif. Eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert (Baden-Baden, Nomos, 1999); ALVAZZI DEL FRATE, Paolo, L’interpretazione autentica nel XVIII secolo. Divieto di interpretazione e “riferimento al legislatore” nell’illuminismo giuridico (Torino, Giappichelli, 2000); ALVAZZI DEL FRATE Paolo, Giurisprudenza e ‘référe' législatif’ in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico (Torino, Giappichelli, 2005), ALVAZZI DEL FRATE Paolo, Divieto di “interpretatio” e “référé législatif” nei “cahiers de doléances” del 1789, en “Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo (Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2004), I, pp. 101 ss. Véase también CODERCH, Pablo Salvador, La compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes (Barcelona, Bosch, 1985), pp. 229-281.
71 Así, por ejemplo, el artículo 7 del tít. 1º de una ordenanza de Luis XIV emitida en 1667, rezaba: “Si, dans les jugements des procès qui seront pendans en nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de nos Ordonnances, Édits, Déclarations et Lettres patentes, Nous leur défendons de les intérpreter, mais voulons qu’en ce casa elles ayent à se retirer par-devers Nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention”. Se observará, pues, que esta norma atañía solo a la legislación emanada del rey (“nos Ordonnances, Édits, Déclarations et Lettres patentes”), y no a las “leyes” del ius commune, vale decir al Corpus iuris civilis.
Véanse, por ejemplo, el Fuero
Real (siglo
XIII),
7º, ley
1; o Partidas,
die Preussischen Staaten (1794) 72 . Todavía compareció en plena Revolución Francesa 73 . No bien el Código de 1804 hubiera ignorado la figura, reemplazándola por el principio de la inexcusabilidad 74 , que en su contexto aparece como el opuesto del “referimiento” 75 , éste aún tuvo fuerzas para incorporarse en algunos cuerpos legales posteriores como el sardo de 1837 76 . d) También en Castilla el “referimiento al legislador” fue sancionado por una larga sucesión de normas 77 , si bien los juristas –siguiendo a los medievales– lo limitaron severamente cuando antepusieron al recurso al Rey en demanda del esclarecimiento de una duda de interpretación o de una ley nueva colmadora de la laguna legal observada, una serie de criterios de fallo autónomos (analogía, equidad, etcétera) 78 , que en la práctica tornaban al “referimiento” en un recurso teórico. 3. En las Indias españolas, el “referimiento al legislador” hubo de ser Derecho vigente en la misma medida en que ahí regía el Derecho castellano; además, fue expresa y especialmente estatuido con respecto a la interpretación en 1710 79 . Fue quizá por tal razón que en las primeras experiencias menos dependientes del Code Civil y más tradicionalistas habidas en el interior del proceso de la codificación americana, la figura tendió a ser conservada. Así un frustrado Código de Derecho vernáculo, como el boliviano de 1830 80 , dispuso en su artículo 1570: “Por estas leyes serán decididos todos los pleitos civiles de los ciudadanos de la República, así en juicio escrito como verbal; y en caso de no haber ley expresa, o tener duda fundada sobre su inteligencia los jueces y magistrados harán la consulta al Poder Legislativo”. Para Chile fue más importante que el conservador Proyecto de Código Civil peruano de 1847 se encaminara por una vía semejante. Absteniéndose de
72 ALPS., Einleitung, §§ 50-53.
73 Así el art. 12 del título 2º de la ley de 16-24 de agosto de 1790: “Ils [sc. los tribunales] ne pourront point faire de règlemens, mais ils s’adresseront au Corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, sois d’interpréter une loi, sois d’en rendre une nouvelle”. Sobre esta materia, HUFTEAU, Y.-L., Le référé législatif, cit. (n. 70), pp. 29 ss.
74 CCFr., art. 4: “Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”.
75 Que la finalidad del art. 4 CCFr. fue acabar con el référé au législateur, lo dijo expresamente Portalis al informar sobre el proyecto de aquél al “Conseil d’État”: “il [sc. Portalis] observe que cet article a pour objet d’empêcher les juges de suspendre ou de différer arbitrairement leurs décisions par des référés au législateur” [cit. por HUFTEAU, Y.-L., Le référé législatif, cit. (n. 70), p. 93].
76 CCSar., artículo 16.
77 Fuero Juzgo 2, 1, 11; Fuero Real 1, 7, 1; Espéculo 4, 2, 16; Partidas III, 22, 11; 1, 1, 14; “Ordenamiento de Alcalá” 28, 1; Ley I de Toro (= Nueva Recopilación 2, 1, 3; Novísima Recopilación 3, 2, 3). Véase GUZMÁN BRITO, Alejandro, Historia del referimiento al legislador, II: El Derecho nacional chileno, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 7 (Valparaíso, 1982), pp. 108-113.
78 Ibíd., pp. 113-116. Véase el texto de una real cédula de 2 de marzo de 1710 en el § 2, 2 a).
79 Ibíd., p. 113.
80 Siempre se ha dicho que el Código boliviano de 1830 fue un epítome del francés. Esto es exacto con
relación al Derecho de bienes y de contratos y obligaciones, menos verdadero en lo que respecta al Derecho
de personas y familia, y absolutamente falso en lo que atañe al Derecho sucesorio, que en todo concordó con
el Derecho castellano-indiano. Véase GUZMÁN BRITO, Alejandro, La pervivencia de instituciones sucesorias
castellano-indianas en las codificaciones hispanomericanas del siglo XIX, en prensa en las actas del XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (Lima), y recogido como apéndice III en
mi libro Historia de la codificación civil en Iberoamérica (Cizur [Pamplona], Thomson-Aranzadi, 2006), pp.
establecer la inexcusabilidad de los jueces, y disponiendo su vinculación a las leyes 81 , diseñó un doble “referimiento al legislador”, aunque en modo algo confuso y complicado. a) El proyecto, por un lado, disponía en su artículo VII que: “En el caso de duda,
oscuridad o contradicción o falta de alguna ley, los jueces de 1ª instancia deben consultar a las Cortes Superiores; y estas, a la Suprema” 82 . El artículo IX añadía: “A falta de alguna ley, la Corte Suprema la pedirá a las Cámaras Legislativas, pasándoles el respectivo proyecto”; y el artículo X expresaba: “En el caso de duda, oscuridad ó contradicción, la Corte Suprema consultará a las Cámaras Legislativas; y en su receso al Consejo de Estado”. Así que, con respecto a los tribunales inferiores a la Corte Suprema, el proyecto establecía su obligación de consultar al superior en caso de duda, oscuridad, contradicción
o ausencia de ley. Si un problema de esta última especie llegaba a la Corte Suprema, o se
presentaba directamente ante ella, ese tribunal debía proponer un proyecto de ley colmadora de la laguna a las Cámaras Legislativas. Si el problema llegado o presentado directamente a la Corte Suprema era de duda, oscuridad o contradicción en las leyes, aquélla debía entonces consultar a las Cámaras Legislativas, o, en su receso, al Consejo de Estado. Con todo, el artículo XI declaraba: “Las consultas de que habla el artículo anterior,
no impedirán el que los jueces resuelvan conforme a los principios de equidad”. Por otro lado, el artículo XII del proyecto prescribía: “La Corte Suprema está obligada a dar cuenta a las Cámaras Legislativas de los defectos que notare en la legislación”. Esta parece ser la segunda forma de “referimiento”, a menos que veamos ahí una inútil reiteración de los artículos IX y X. Mas, si queremos dar un sentido a todos, debemos pensar, por consiguiente, en que el artículo XII disponía algo nuevo; y en tales circunstancias, lo más probable es que él haya sido escrito pensando en defectos
legislativos notados por la Corte Suprema a través de vías distintas a la consulta desde los tribunales inferiores, y al conocimiento de un caso por ella, por ejemplo, como consecuencia de análisis abstractos de las leyes con cualquier ocasión, mientras que las normas anteriores pensaban en la observación de defectos con ocasión de fallarse un caso. El artículo XII, así, contendría un mecanismo de cierre y clausura del sistema de colaboración de los tribunales con la legislatura. b) El Código peruano aprobado en 1852, que sí estableció el principio de inexcusabilidad 83 , mantuvo el doble “referimiento” creado en el proyecto, pero simplificó
la redacción de los artículos y aclaró el mecanismo y sus efectos.
Un tipo fue el previsto por la parte final del artículo IX, y consistía en una “consulta al Poder Legislativo”. En ese artículo, después de establecerse la inexcusabilidad, como se ha dicho, para el caso de falta, oscuridad o insuficiencia legales, se ordenaba a los jueces fallar sucesivamente por el espíritu de la ley, otras disposiciones sobre casos análogos, y los principios generales del Derecho “sin perjuicio de dirigir por separado, las
correspondientes consultas, a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que ocurran” 84 . El artículo X complementaba esta disposición, ordenando que: “Las consultas de que habla el artículo anterior, se elevarán al poder Legislativo, por la Corte Suprema,
81 “Proyecto de 1847”, art. V: “Los jueces no pueden dejar de aplicar las leyes bajo de ningún pretexto o escusa; ni juzgar por otras leyes que las de los códigos, y nunca por la costumbre o uso”.
82 Algo semejante establecía el art. VIII para los tribunales especiales.
83 CCPer., art. VIII: “Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por falta,
oscuridad o insuficiencia de las leyes [
84 CCPer., art. IX.
con el respectivo informe favorable o adverso”. Así que este “referimiento” se hacía operativo con ocasión de haberse ya fallado un caso concreto según algunos de los criterios señalados por el artículo IX. En efecto, la consulta era “por separado” y solo serviría “para los nuevos casos que ocurran”. Con lo cual resultaba claro que la consulta de los tribunales al Poder Legislativo no estaba destinada a obtener de éste una integración legal o una interpretación auténtica para el caso sub lite, en espera de la cual debían suspender la decisión. El otro “referimiento” era el previsto por los artículos XI y XII, y consistía en “dar una cuenta o información” al legislador. De acuerdo con ellos, la Corte Suprema y los jueces y tribunales superiores, por conducto de aquélla, tenían la obligación de informar al Congreso acerca de los “defectos” notados en la legislación. Tal obligación debía cumplirse en cada período legislativo de sesiones del cuerpo legislativo. Era tácito que la periodicidad de la información estaba destinada a hacer posible la colección y acumulación de todos los defectos notados en el período anterior, no necesariamente con ocasión de algún caso concreto de que conocieran los tribunales, sino también como consecuencia de estudios abstractos de las leyes practicados por ellos, o por cualquier otra vía. Por lo cual también parece claro que esta información de los tribunales no era una consulta al Congreso destinada a obtener de éste una integración legal o una interpretación auténtica para cierto caso conocido por un juez, que éste debía esperar para decidir.
c) Las figuras reguladas en el proyecto y en el Código peruano, pues, aunque resultaron
ser una sugerencia evidente del antiguo “referimiento forzoso al legislador”, eliminaron
todas sus implicancias y consecuencias judiciales, que no fuera la de una mera obligación de los jueces, en orden a referir defectos notados en las leyes al poder legislativo. De esta manera, la novísima forma del “referimiento” peruano de 1852 dejó de ser una defensa del monopolio creador del Derecho a favor del legislador y una intervención de éste en la jurisdicción, y empezó a ser una forma de colaboración de la judicatura con la legislatura.
d) En cuanto a qué fuentes pudieron influir para esta materia en la codificación peruana,
por lo que al “Proyecto de 1847” atañe, parece que debemos verlas en los diversos textos de la tradición castellano-indiana 85 , confirmados por algunas experiencias codificadoras modernas, como tal vez especialmente la del Código prusiano de 1794. Un § 47 de su “Introducción” (Einleitung), después de prescribir en el parágrafo precedente cómo debía fallar el juez según las leyes, añadía lo siguiente: “Si el juez encuentra dudoso el sentido propio de las leyes, él debe entonces, sin mencionar a las partes procesales, describir su duda a la Comisión de Legislación, y solicitar su dictamen” 86 . Un § 49 establecía el modo de fallar el juez un caso para el cual no encontrara una ley aplicable; y el parágrafo siguiente le imponía la siguiente obligación: “Pero al mismo tiempo él debe él informar inmediatamente estos supuestos defecto de las leyes al Jefe de Justicia” 87 .
85 Véase la nota 77. Cfr. la sumaria conjetura de BUTRON, Roberto, Fuentes de los párrafos 1º y 2º del Código Civil, en Revista de Derecho y Jurisprudencia 15 (junio de 1918) 4, pp. 84-85, relativa a las ley 6, título 2º, libro III de la Novísima Recopilación y al artículo 16 CCSar., cuya influencia sólo podría aceptarse en el maro que hemos intentado reconstruir precedentemente.
86 ALPS., Einleitung, § 47: “Findet der Richter den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft, so muss er, ohne die prozessführenden Parteyen zu benennen, seine Zweifel der Gesetzcommission anzeigen, und auf deren Beurtheilung antragen”.
87 ALPS., Einleitung, § 50: “Er muss aber zugleich diesen vermeintlichen Mangel der Gesetze dem Chef der Justitz sofort anzeigen”.
Mas, en lo tocante al Código de 1852 mismo, quizá lo inmediatamente tenido en vista haya sido el Código sardo de 1837, el cotejo de cuyos artículos 15 y 16 con el artículo IX peruano parece insinuarlo:
CCSar., art. 15
CCPer. 1852, art. IX
Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por falta, oscuridad o insuficiencia de las leyes 88 :
en tales casos, resolverán atendiendo:
Si une question ne peut être résolue ni par le texte
ni par l’esprit de la loi, 1º al espíritu de la ley;
on aura égard aux cas semblables que les
lois auraient spécialement prévus, et aux principes qui servent de fondement à les lois analogues;
si néanmoins la question est encore
douteuse, on aura recours aux principes généraux du droit, en prenant en considération toutes les circonstances du fait.
Le souverain seul peut interpréter la loi d’une manière généralement obligatoire. Quand les Cours suprêmes croiront que cette interprétation est nécessaire, elles pourront adresser au Roi les remontrances que leur paraîtront convenibles.
sin perjuicio de digir por separado, las correspondientes consultas, a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que ocurran.
4. El “referimiento al legislador” estuvo vigente en Chile durante toda la época indiana en virtud de los diferentes cuerpos legales castellanos que lo establecían. Pero además fue renovado por las constituciones de 1818 (título II, capítulo 3º, artículo 7); de 1822 (artículos 47 Nº 32 y 166 Nº 9); y de 1823 (artículo 149 Nº 2); por la ley de l de febrero de 1837 sobre organización y atribuciones de los ministerios (artículo 3 Nº 4); por el decreto con fuerza de ley de 1 de marzo de 1837 o “II Ley Mariana sobre fundamentación de sentencias” (en su punto primero); y por la ley de 25 de septiembre de 1837 sobre el crimen de denegación de justicia (artículo 1) 89 . El “referimiento integrador”, al menos, fue tácitamente derogado, sin embargo, por la ley de 12 de septiembre de 1852 sobre acuerdos y fundamentación de sentencias, cuyo artículo 3 Nº 3 (sugerido por el senador Andrés Bello) ordenó fundar éstas en “las razones de equidad natural” en defecto de disposiciones
88 Esta cláusula se inspira en el artículo 4 del CCFr.
89 Véase mi trabajo citado en la n. 77, pp. 117 ss.
legales o de costumbres que tuvieran fuerza de ley 90 . Por lo que respecta al “referimiento interpretativo”, el propio Bello propuso en su proyecto de Código editado en 1853, un artículo 23 (= artículo 24 CCCh.), según el cual las dudas interpretativas debían resolverse en último término de acuerdo con el espíritu general de la legislación y la equidad natural 91 , todo lo cual excluía el “referimiento interpretativo”; en el cual proyecto, además, su artículo 4 rechazaba implícitamente el “referimiento integrador”, porque señalaba, como en su momento veremos 92 , un modo de cubrir las lagunas legales que no incluía un recurso a ese mecanismo. En tales circunstancias, Bello dio el paso que no había dado el Código peruano, el cual, pese a todo, en sus artículos IX y X, bajo la forma antes examinada de una “consulta al Poder Legislativo”, aún conservaba una forma de “referimiento” ligado al caso concreto actualmente sometido al conocimiento del juez. Bello la desechó. Adoptó, empero, la segunda forma de “referimiento” contenida en los artículos XI y XII de aquel Código, que permitían una colaboración abstracta de los jueces con el Poder Legislativo en la mejora de las leyes, no directa ni necesariamente ligada con un actual conocimiento de asuntos litigiosos específicos. La idea quedó vertida en el artículo 15a del “Proyecto de 1853”, y en los sucesivos proyectos y finalmente en el Código, como antes vimos. 5. Bello tenía razones para no establecer el “referimiento al legislador” en su forma tradicional. Las conocemos indirectamente.
a) En primer lugar se presenta la nota con que el codificador justificó el artículo 9 del
“Proyecto de 1853”, sobre el efecto ad praeterita de las leyes interpretativas, que antes examinamos 93 . Ahí, como se recordará, el codificador citó un trabajo concerniente de Portalis; pero añadió no conformarse con su opinión en orden a que las leyes interpretativas deban aplicarse a las causas pendientes; y concluyó: “En Chile pudiera producir el efecto
de trasportar al seno del Cuerpo Legislativo las afecciones y pretensiones de las partes”. Por cierto, esta razón igualmente servía para negar un lugar al “referimiento” bajo su forma tradicional, que conducía a que el juez suspendiera la sentencia en espera de la pertinente instrucción de la Legislatura, a la cual, por consiguiente, podrían quedar traspasadas “las afecciones y pretensiones de las partes”.
b) También la nota que adosó Bello al inciso 2º del artículo 19 del Código (= inciso 2º
del artículo 17 del “Proyecto de 1853”) en su “Comentario”, podría ser adaptada: “El interpretar las leyes de un modo generalmente obligatorio, es atribución del Poder legislativo. Pero los litigios recaen a menudo sobre el sentido que cada una de las partes atribuye a la ley, y no es una ley nueva, sino la opinión del juez, lo que debe dirimir la cuestión. El juez no podría ejercer su ministerio sin esta facultad de interpretar. Véase Merlin, Répertoire: palabra Interpretation”. Si ahora vamos al texto de Merlin citado por Bello, hallaremos que ahí se transcribe una parte del acta de la sesión del “Conseil d’Etat” en que se discutió el artículo 3 del tít. 5º del Livre préliminaire del “Projet de l’an VIII”, que prohibía a los jueces interpretar por forma de disposición general 94 , y que dio origen al artículo 5 del Código 95 . Concretamente, se
90 Ibíd., pp. 124-125.
91 “Proyecto de 1853”, art. 23 = “Proyecto Inédito”, art. 24 = “Proyecto de 1855”, art. 24 = CCCh., art. 24.
92 Más abajo el § VIII, 2.
93 Véase más arriba el § V, 3.
94 “Projet de l’an VIII”, lib. prel., tít. 5º, art. 3: “Le pouvoir de prononcer par forme de disposition générale, est interdit aux juges”.
trata de las palabras de François-Denis Tronchet, uno de los autores de aquel proyecto, destinadas a aclarar que dicho artículo no impediría la facultad judicial de interpretar en el caso singular y sin fuerza obligatoria general: “M. Tronchet dit que l’on a abusé, pour réduire les juges à un état purement passif, de la défense que leur avait faite l’Assemblée constituante d’interpréter les lois, et de réglementer. Cette défense n’avait pour objet que d’empêcher les tribunaux d’exercer une partie du pouvoir législatif, comme l’avaient fait les anciennes cours, en fixant le sens des lois par des interprétations abstraites et générales, ou en les suppléant par des arrêts de réglement. Mais pour éviter l’abus qu’on en a fait, il faut laisser au juge l’interprétation sans laquelle il ne peut exercer son ministère. En effet, les contestations civiles portent sur le sens différent que chacune des parties prête à la loi: ce n’est donc pas par une loi nouvelle, mais para l’opinion du juge,
que la cause doit être décidée [ ]”
Ahora bien, tal discurso no era demasiado exacto. La prohibición fulminada a los jueces por la Asamblea Constituyente en 1790 97 , en orden a no interpretar las leyes, incluía la de no hacerlo aun en el caso concreto. Tronchet, empero, la entendía como únicamente
limitada a las interpretaciones generales y abstractas por vía de reglamento; y, por ende, dejaba a salvo la facultad del juez para interpretar en la causa específica sometida a su decisión, que en nada pugna con la interpretación del legislador a través de leyes generales, y viceversa. Fue esta la visión que Bello adoptó en el “Comentario”, en donde, como se ve, incorporó textualmente algunas de las frases del discurso de Tronchet, como éstas: “il faut laisser au juge l’interprétation sans laquelle il ne peut exercer son ministère”, que en el “Comentario” aparece vertida así: “El juez no podría ejercer su ministerio sin esta facultad de interpretar”; y también esta otra: “ce n’est donc pas par une loi nouvelle, mais para l’opinion du juge, que la cause doit être décidée”, que tradujo así: “no es una ley nueva, sino la opinión del juez, lo que debe dirimir la cuestión”. Estas ideas resultaban incompatibles con el “referimiento” en su forma tradicional, que precisamente inhibía la facultad judicial de interpretar en concreto, para entregarla a una ley nueva emanada para el caso por la Legislatura. Por el contrario, la forma que Bello dio al “referimiento”, inspirada en el articulado peruano que antes examinamos, conservaba intactas sus facultades hermenéuticas en la causa singular al juez, y lo disponía como un colaborador de la interpretación auténtica reservada solo al legislador. 6. En fin, advirtamos que, ya en 1839, Bello había expuesto ciertas ideas para ejecutar las cuales el futuro artículo 15a del “Propyecto de 1853” (= 5 CCCh.) iría a prestarse muy congruentemente. En un artículo publicado en El Araucano de 13 de septiembre de 1839, escribió: “Que sea necesario interpretar las leyes para su aplicación a los casos que ocurren, y que en esta interpretación varíen a menudo las opiniones, es una cosa a que debemos resignarnos como inevitable en todo sistema legal, por acabado y perfecto que se le suponga. Pero los trabajos de la legislatura pueden estrechar cada día este campo de incertidumbres y
95 CCFr., art. 5: “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises”.
96 MERLIN [DE DOUAI], Philippe-Antoine, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (4ª ed., Paris, Garnery Lib., 1812), VI, s. v. Interprétation, p. 477.
97 Véase la nota 73.
disputas, decidiendo los puntos dudosos; y ella puede hacerlo tanto más ventajosa y fácilmente cuanto más libre se halla, no sólo para aclarar lo oscuro y dirimir lo disputable, sino para innovar en las disposiciones existentes, corrigiendo los defectos que la experiencia haya descubierto” 98 . Como puede observarse, el orden de las ideas aquí expuestas es el siguiente: i) la interpretación de las leyes (bajo la cual Bello entiende cualquier operación hermenéutica consistente en ampliar o restringir el tenor literal 99 ) es algo inevitable; ii) también lo es que esa interpretación genere controversias; iii) y éstas, a su vez, incertidumbres; iv) disputas e incertidumbres que pueden ser poco a poco eliminadas por el legislador mediante decisiones suyas de los puntos dudosos y oscuros; v) además de lo cual es libre para corregir los defectos ( esto es, las insuficiencias y los vacíos) que la experiencia haya descubierto en las normas. Si volvemos a leer el artículo 5 CCCh.: “La Corte Suprema de Justicia y las cortes de alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas”, su diseño se nos presenta tal como si hubiera sido concebido en función de ejecutar el programa trazado en aquel escrito de 1839. A ese programa solo le faltaba el mecanismo acumulador y procesador de las dudas y de los defectos “que la experiencia haya descubierto”. Y ese mecanismo lo vio Bello en los artículos XI y XII del Código peruano de
98 BELLO, Andrés, Legislación, en Opúsculos jurídicos, cit. (n. 60), p. 337.
99 Véase más abajo el § 15.
1. Ya hemos visto 100 que en el “Anteproyecto manuscrito” del Título preliminar del
“Proyecto de 1853” no aparecía la norma que como artículo 8 compareció en el § 2:
Promulgación de la ley, de este último, con la siguiente dicción: Promulgación de la ley, con la siguiente dicción: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio./ Las decisiones de los tribunales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las controversias particulares en que se pronunciaren”. Como también quedó explicado, la Comisión Revisora del “Proyecto de l853” trasladó toda la disposición al § l: De la ley, con el cambio de “decisiones de los tribunales” por “sentencias judiciales” en el inciso 2º. El traslado fue iniciativa de Bello, con la oposición de Gabriel Ocampo 101 . En el “Proyecto Inédito” el cambio se reflejó en un artículo 3, conservado en el “Proyecto de 1855” y en el Código. Antes nos ocupamos del inciso 1º 102 ; ahora corresponde hacerlo con respecto al inciso
2. Para entender correctamente el sentido de esta norma es necesario introducir aquí una
disquisición teórica. Que se limite la fuerza obligatoria de las sentencias judiciales solo a las controversias particulares sobre las que recayeron, en teoría puede significar tres cosas:
i) que las decisiones (declaraciones, condenas y absoluciones) de la sentencia solo afectan a las partes del juicio, y no a terceros; ii) que las interpretaciones contenidas en una sentencia no vinculan a los jueces que conocen de casos similares en procesos ulteriores, de modo que ellos no necesariamente deben aplicarlas en sus propias sentencias; y iii) como singularización de lo dicho precedentemente, que si la sentencia construye o formula un criterio o un enunciado generales, que pudieren en abstracto ser mirados como una norma o un precepto, en función de premisa para decidir el caso, ese criterio o enunciado no vincula a los jueces que en el futuro conozcan otros casos a los que pudieren aplicárseles.
De estas tres posibilidades, de inmediato debemos descartar la primera como tema del artículo 3 CCCh. Que la decisión contenida en una sentencia judicial afecta solo a las partes del juicio en que se pronunció, y nunca a terceros ajenos a él, eso es algo resuelto en sede de doctrina de acción y excepción de cosa juzgada, en particular como consecuencia del
100 Véase más arriba el § 4, 1.
101 Una de las escasas actas de la Comisión Revisora del “Proyecto de 1853” que se conservan expone la discusión así: “El mismo Bello propuso que el artículo 8 [del “Proyecto de 1853”] pasase al párrafo 1, donde, después de definir lo que es ley, conviene expresar lo que no es. El Doctor Ocampo creía que el inciso primero debía pasar al párrafo primero i el segundo al párrafo cuarto. Se opuso que los dos incisos tenían una íntima conexión entre sí, que el segundo era una explicación del primero, i que en el párrafo De la interpretación de la ley no se trataba de la autoridad a quien competía, sino del modo de hacerlo. Prevaleció la opinión de Bello el cual propuso también que, en lugar de decisiones judiciales se dijera sentencias judiciales, lo que también se aprobó” [en GUZMÁN BRITO, A., Andrés Bello codificador, cit. (n. 35), II:
Fuentes, Nº 221, 3, p. 338 = Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 5 (1980), p. 417].
102 Véase más arriba el § 4.
requisito de la identidad de personas 103 . En tales circunstancias, debemos descartar que a este asunto se refiera el artículo 3 CCCh. Dejaremos por ahora pendiente la posible aplicación de las restantes posibilidades. 3. Ya hemos visto que la citación de los artículos 2 CCFr. y 8 CCLuis., que Bello hizo en las notas al “Proyecto de 1853” a propósito de su artículo 8, son erróneas 104 , y no insistiremos de nuevo sobre el asunto. Pero sí interesa ahora la referencia al artículo 5 CCFr. estampada por Bello en su “Comentario” al artículo 3 CCCh. (= artículo 8 del “Proyecto de 1853”), que debemos entender con respecto precisamente al inciso 2º. La norma francesa dice: “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises”, no bien no sea esto lo que propiamente expresa el artículo 3 CCCh. La norma francesa fue pensada en función de abolir una práctica extendida entre los Parlamentos o altas cortes de justicia del Antiguo Régimen, consistente en emitir los denominados arrêts de réglement. Se trataba de decisiones solemnemente adoptadas, de donde que también se los llamara “arrêts en robe rouge”, con valor erga omnes dentro del distrito jurisdiccional del Parlamento que las emitía. Su finalidad era suplir el silencio de las coutumes o de la legislación real, y no, pues, modificarlas o abrogarlas. Los arrêts de réglement tenían valor provisional, vale decir, hasta que el Rey emanara su propia ley concerniente, cuyo “Conseil”, además, podía casarlos por ilegalidad o injusticia. Solían ser emitidos a proposición de algún consejero del parlamento, con ocasión del fallo de una serie de casos litigiosos en que había resultado observada la laguna, a fin de proveer un estatuto cierto para casos similares del futuro; y también a instancia del ministerio público, al cual correspondía la administración de policía, tanto judicial (en las audiencias, sobre el comportamiento de los auxiliares de la administración de la justicia), como general (incendios, epidemias, establecimientos de comercio, restaurantes, etc.) 105 . Estrictamente, tal práctica no era una vulneración al principio de la interpretatio necessaria sed non generalis, ni una manifestación tampoco del stare decisis (“estar a las cosas decididas”) o precedente judicial, sino una suerte de usurpación del poder legislativo del Rey, porque las mencionadas sentencias no tanto interpretaban sino que regulaban, ni valían en otros casos sino en cuanto contenían precisamente una regulación general. En contra de semejante usurpación reaccionó el artículo 5 CCFr., el cual quiso, en otras palabras, impedir que los tribunales emitieran normas generales, de donde la dicción ya vista y que repetimos: “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises”. En consecuencia, ese precepto no impide que las sentencias judiciales puedan ser invocadas en otros casos, en cuanto a las interpretaciones que contengan, porque una cosa es que los tribunales no puedan emitir pronunciamiento de normas generales, y otra muy distinta que sus decisiones de casos particulares, emitidas
103 Ahora hay, como se sabe, una conspicua excepción al efecto relativo de la cosa juzgada en artículo 54 de la ley Nº 19.496 sobre protección al consumidor, que hace válidas erga omnes las sentencias dictadas en juicios del ramo.
104 Más arriba § IV, 2.
105 Véase en general: SUEUR, Philippe, Histoire du droit public français. XV e -XVIII e siécle, II: Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime (2ª edición, Paris, Presses Universitaires de France, 1994), pp. 144- 146. Especialmente, PAYEN, Philippe, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIè siècle. Dimension et doctrine (Paris, Presses Universitaires de France, 1997); PAYEN, Philippe, La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIème siècle (Paris, Presses Universitaires de France,
como tales, tengan valor o fuerza universal, o puedan ser invocadas en casos futuros en cuanto a las interpretaciones que incluyan, o que no la tengan o no puedan ser objetos de semejante invocación. Sobre esto último, el artículo 5 CCFr. no dice nada. De esto concluimos que tal artículo no atañe a la segunda ni a la tercera de las posibilidades discutidas más arriba 106 .
4. Por su parte, el § 12 del Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch austriaco (1811)
dispuso: “Las disposiciones dadas para casos singulares y las sentencias que los tribunales hacen recaer en los casos litigiosos particulares jamás tienen la fuerza de una ley [y] no pueden ser extendidas a otros casos o a otras personas” 107 . Basado en él, el artículo 17 del Código sardo (1837) estableció: “Les arrêts ou jugemens n’auront jamais force de loi” Se ve, pues, que en estos códigos, a diferencia del francés, se trata, no de la facultad de los
jueces de emitir normas generales como tales, problema que ni en Austria ni en Piamonte- Cerdeña existía, como sí en Francia, sino del valor que las interpretaciones y los criterios y enunciaciones adoptados en una decisión particular, emitida como tal, puedan tener en general, vale decir, en otros casos iguales o similares. Solo que esos códigos se refirieron a “las disposiciones” (Verfügungen) y a los “juicios” o “sentencias” (Urteile, arrêts) de los jueces. En esta dicción pudo haber influido el artículo 5 del Código francés, que precisamente refería el asunto a la acción de los jueces consistente en “prononcer”, esto es, en “fallar” o “sentenciar”.
5. Fue probablemente en el artículo 12 del Código austriaco en el que Bello, pues, se
fundó para redactar el inciso 2º del artículo 8 del “Propyecto de 1853”, que finalmente fue el inciso 2º del artículo 3 CCCh; y por ello también habló, primero de “decisiones de los tribunales” en el “Proyecto de 1853”, y después de “sentencias judiciales” en la Comisión Revisora de aquel y en el “Proyecto Inédito” 108 , y nunca de “interpretaciones”. Debido a esto, además, la disposición no dice que el juez está impedido de emitir normas o criterios de formulación general en sus sentencias, como el artículo 5 del CCFr., sino tan sólo que las sentencias que emita obligan únicamente en el caso sobre el cual recayeron, pero no en otros, aunque también, en definitiva, limitado el asunto a la interpretación y al establecimiento de enunciados o premisas generales en cuanto contenidos en la sentencia. En otras palabras, la norma resuelve las posibilidades ii) y iii) discutidas más arriba 109 ; pero nada dice sobre la posibilidad de emitir normas generales 110 . En definitiva, pues, el inciso 2º es portador del principio medieval de la interpretatio necessaria sed non generalis 111 , correspondiente al juez: su interpretación, incluso aquella consistente en una premisa o enunciado general, obliga, pero no a todos (sino solo a las partes del juicio en que fue librada).
106 Véase el § VII, 2.
107 ABGB., § 12 “Die in einzelnen Fällen ergangenen Verfügungen und die von Richtern in besonderen Rechtsstreitigkeiten gefällten Urteile haben nie die Kraft eines Gesetzes, sie können auf andere Fälle oder auf andere Personen nicht ausgedehnt werden”.
108 Véase más arriba el § VII, 1.
110 De hecho, la Corte Suprema las emite a través de autoacordados.
111 Véase el § IV, 3.
§ 8. LA INTEGRACIÓN DE LA LEY:
LA “ANALOGÍA”, LOS “PRINCIPIOS GENERALES DE EQUIDAD NATURAL” Y LOS “PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO”
1. EL ARTÍCULO 4 DEL “PROYECTO DE 1853” Y SUS FUENTES. a) El “Proyecto de 1853” ofrecía un artículo 4 con el siguiente tenor: “En materias civiles, a falta de ley escrita o de costumbre que tenga fuerza de ley, fallará el juez conforme a lo que dispongan las leyes para objetos análogos, y a falta de éstas, conforme a los principios generales de Derecho y de equidad natural”. En el “Anteproyecto manuscrito”, la redacción del similar artículo 4, escrita del puño y letra del amanuense, aparece con varias enmiendas de Bello, cuyo conjunto nos permiten determinar unos tres estratos de redacción, a los cuales se agrega un cuarto estrato que no aparece en el manuscrito, sino directamente en el artículo 4 del “Proyecto de 1853”, como se ve en la siguiente comparación:
1ª redacción
civiles, a falta de
ley escrita o de costumbre
que tenga fuerza de ley,
reglas que dicte la
análogos; y a falta de estas,
fallarán <los tribunales 112 > conforme a lo que dispongan las leyes
conforme a lo que dispongan las leyes

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 76
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8

artículo 8
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 5

artículo 8
 artículo 3
 artículo 8

artículo 16
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 2494
 artículo 7
 artículo 1570
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 54
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 5
 ARTÍCULO 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4