Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4009
Timestamp: 2019-10-23 03:21:47+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 25/2000
SENTENCIA 25/2000, de 31 de enero
ECLI:ES:TC:2000:25
En el recurso de amparo núm. 2768/97, promovido por don Sabino Dopico Fraguela representado por el Procurador don Manuel Infante Sánchez, y asistido por el Letrado don Felipe Campos Miranda, contra los Autos de 4 de febrero y 29 de mayo de 1997, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña que denegaron la suspensión de la ejecución de la pena impuesta al recurrente. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 24 de junio de 1997, don Manuel Infante Sánchez, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Sabino Dopico Fraguela, interpuso recurso de amparo, turnado con el núm. 2768/97, contra los Autos referidos en el encabezamiento, que denegaron la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al recurrente.
2. Los hechos más relevantes para la presente demanda son los siguientes.
a) El recurrente fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña en Sentencia de 14 de enero de 1995 como autor de un delito de homicidio frustrado, del art. 407 en relación con el art. 3 del Código Penal (en adelante CP), texto refundido 1973, a la pena de seis años y un día de prisión mayor. Interpuesto recurso de casación, se declaró no haber lugar al mismo por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1996. Asimismo el Gobierno denegó el indulto instado por Resolución del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996.
b) El recurrente solicitó de la Audiencia Provincial de A Coruña la suspensión de la ejecución de la pena conforme al art. 80.4 CP de 1995, alegando padecer una enfermedad muy grave e incurable y los efectos negativos que el ingreso en prisión tendría para su enfermedad, avalando todo ello con distintos informes médicos.
c) La Audiencia Provincial denegó la suspensión mediante Auto de 4 de febrero de 1997 con el siguiente fundamento jurídico único: "Dada la entidad del delito (homicidio en grado de frustración) por el que fue condenado Sabino Dopico Fraguela, que el Consejo de Ministros, por resolución de fecha 31 de octubre pasado, deniega el indulto solicitado, y que en el expediente tramitado al efecto ya alega los padecimientos que sufre el penado, no procede acceder a la suspensión de la ejecución de la pena".
d) Interpuesto recurso de súplica, la Audiencia Provincial solicitó informe del médico forense de reconocimiento del condenado, en particular, sobre la enfermedad que padece, tratamiento al que está sometido, en su caso, y tiempo de curación estimado. En el informe forense consta: que el condenado padece una enfermedad crónica e irreversible -- artereopatía periférica obliferante en miembros inferiores, insuficiencia venosa crónica y diabetes mellitus-- y que su patología puede empeorar por el estrés o ansiedad, siendo el pronóstico sombrío, porque, dado el cuadro ansioso depresivo que padece el sujeto debido a su situación personal, se vislumbra poco éxito en la curación y posibilidad de intervención quirúrgica. En los otros informes médicos aportados consta que la artereopatía le provoca edema en las extremidades, dolores, pérdida de movilidad en articulaciones y heridas al mínimo roce, siendo posible la necesidad de operación quirúrgica para amputación de las zonas afectadas si se produce gangrena, pues existe riesgo de que ésta se genere ya que la enfermedad se ha agravado en los últimos seis años debido a la diabetes.
e) La Audiencia Provincial por Auto de 29 de mayo de 1997, desestimó el recurso de súplica con el siguiente fundamento jurídico único: "Debe ser rechazado el recurso ahora interpuesto, pues resulta evidente que ninguna infracción se ha venido a cometer con la resolución atacada, ya que el penado no se encuentra incurso dentro de los supuestos y requisitos prevenidos en los arts. 80 y 81 CP para la concesión de la suspensión de condena, y ninguna infracción de precepto alguno se ha venido a causar con aquella resolución, ni que la referencia genérica a preceptos constitucionales, como hace la parte recurrente, pueda tener virtualidad alguna, máxime cuando de los informes aportados no parece desprenderse circunstancia alguna que pueda hacer merecedor al penado de la inejecución que insta, pues el estrés y la angustia que puede provocar el régimen de prisión forma parte del carácter aflictivo que infunde toda pena, y todo ello sin perjuicio de que, una vez ingresado en el órgano penitenciario, y atendiendo a su estado de salud, puedan aplicarle alguno de los beneficios de dicho orden".
3. El recurrente alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por falta de motivación fundada en Derecho de los Autos que deniegan la suspensión de la ejecución de la pena solicitada y vulneración del derecho a la vida e integridad física (art. 15 CE).
4. Por providencia de 13 de octubre de 1998, la Sección, con carácter previo a la decisión sobre la admisión del presente recurso de amparo, de conformidad con lo prevenido en el art. 88 LOTC, acordó requerir a la Audiencia Provincial de A Coruña para que, en el plazo de diez días, remitiera la pieza separada de ejecución de Sentencia correspondiente al sumario núm. 3/89 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de El Ferrol.
5. Por providencia de 8 de febrero de 1999, la Sección acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones remitido, admitir a trámite la demanda de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, para que dentro de dicho término pudieran presentar alegaciones. Igualmente acordó abrir la pieza separada de suspensión solicitada, y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder plazo común de tres días para que el Ministerio Fiscal y el solicitante de amparo alegasen lo que estimaren pertinente en relación con la suspensión interesada.
6. La representación del recurrente, en escrito registrado en este Tribunal el 15 de febrero de 1999, reiteró las alegaciones expuestas en la demanda de amparo sobre la pertinencia de la suspensión de la ejecución de los Autos recurridos, toda vez que el ingreso en prisión del recurrente le ocasionaría un perjuicio irreparable que haría perder al amparo su finalidad. Se entiende que el objeto del recurso coincide con el de la pieza de suspensión ya que se pretende el no ingreso en prisión del recurrente debido al riesgo para la vida y la integridad física que el mismo conlleva. Por ello se sostiene que una respuesta negativa a la suspensión de los Autos dejaría sin finalidad el recurso, anticipando una respuesta negativa a la demanda de amparo. Por tanto, las mismas razones que avalan la pretensión de amparo, sustentan la necesidad de suspender la ejecución de los Autos recurridos.
7. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado en el Tribunal con fecha 19 de febrero de 1999, consideró improcedente la suspensión instada. Pues, de un lado, dado que la resolución impugnada tiene contenido negativo, la denegación del beneficio de suspensión de la condena, su posible suspensión sólo tendría el efecto de retornar a la situación preexistente, es decir, a una Sentencia firme condenatoria que debería ser ejecutada. De otro, si se atiende al contenido de la Sentencia condenatoria, de conformidad con la doctrina constitucional, no procedería la suspensión dada la gravedad del delito por el que fue condenado y la duración de la pena impuesta.
8. Por Auto de 14 de junio de 1999, la Sala Primera acordó denegar la suspensión solicitada teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal y la propia jurisprudencia del Tribunal sobre la interpretación del art. 56 LOTC.
9. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 5 de marzo de 1999, interesó la desestimación de la demanda de amparo.
10. Transcurrido el plazo para efectuar alegaciones sin que procediese a efectuarlas la representación del recurrente, por providencia de 8 de octubre de 1999 se señaló para la deliberación y fallo el día 11 del mismo mes y año, fecha en que se inició el trámite que ha finalizado hoy.
1. La presente demanda de amparo impugna los Autos de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección Segunda) que denegaron la suspensión de la ejecución de la pena impuesta al recurrente, desde la perspectiva de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la vida e integridad física (art. 15 CE), que habrían resultado vulnerados. Se sostiene, en primer término, la ausencia de fundamentación en Derecho de los Autos recurridos, pues no se ajustarían ni a lo dispuesto en el art. 80.4 del Código Penal de 1995, ni a la doctrina de la STC 48/1996, de 25 de marzo, que, en un supuesto similar de denegación de la libertad condicional a un penado que padecía una enfermedad grave e incurable, afirmó que la finalidad de la institución es lograr un equilibrio entre el derecho a la vida e integridad física del penado y el derecho a la seguridad colectiva. En segundo término, se pretende lesionado el derecho a la vida y a la integridad física del recurrente, pues de su ingreso en prisión derivaría un riesgo cierto para su vida e integridad física, siendo ello suficiente para entender vulnerado este derecho a la luz de la doctrina de la STC 48/1996.
2. Para una más adecuada decisión del caso enjuiciado, resulta oportuno recordar que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 131/1990, de 16 de julio, FJ 1, 112/1996, de 24 de junio, FJ 2). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 122/1991, de 3 de junio, FJ 2, 5/1995, de 10 de enero, FJ 3, y 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2).
3. De conformidad con lo expuesto, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ha de ser ponderada atendiendo al canon de motivación reforzado, dado que en un supuesto como el examinado, el deber de explicitar el fundamento de la decisión se conecta tanto con el valor libertad como con el derecho a la integridad física (art. 15 CE).
4. Proyectada la anterior doctrina al caso enjuiciado, ha de darse la razón al recurrente, en cuanto los Autos que denegaron la suspensión de la ejecución de la pena lesionaron su derecho a la tutela judicial efectiva, pues si bien se ajustaron formalmente al deber de motivación, al exteriorizar las razones de la decisión denegatoria, no puede entenderse que el fundamento de ésta, que en ellas aparece explicitado, constituya una razonable interpretación y aplicación al caso de las normas aplicables.
5. Llegados a este punto conviene tener presente la fundamentación de los Autos impugnados. Por lo que se refiere al inicial Auto denegatorio de 4 de febrero de 1997, su fundamento jurídico único es del siguiente tenor literal:
"Dada la entidad del delito (homicidio en grado de frustración) por el que fue condenado Sabino Dopico Fraguela, que el Consejo de Ministros, por resolución de fecha 31 de octubre pasado, deniega el indulto solicitado, y que en el expediente tramitado al efecto ya alegan los padecimientos que sufre el penado, no procede acceder a la suspensión de la ejecución de la pena".
6. En cuanto a la concurrencia o no en el penado de una enfermedad de las características exigidas como presupuesto del beneficio de la suspensión, no se encuentra en los Autos impugnados razonamiento expreso al efecto, ni afirmación alguna que permita inferir si para la Audiencia Provincial ha de entenderse inexistente una enfermedad grave que ocasione en el condenado padecimientos incurables, no obstante existir en los informes médicos aportados a la causa por el recurrente, y en el informe forense, datos suficientes para adoptar una decisión fundada sobre tal presupuesto básico.
a)No obstante lo cual, y a mayor abundamiento, ha de advertirse que si sobre los Tribunales ordinarios recae el deber de argumentar los motivos y circunstancias que podían respaldar la negativa a la suspensión instada, con los perjudiciales efectos que en la salud del penado podía tener su ingreso en prisión, las resoluciones impugnadas no contienen los requeridos razonamientos, en orden a considerar satisfechas las necesidades de ponderación de los bienes y valores comprometidos. a) Así, no aparecen en las citadas resoluciones argumentos sobre la ponderación de las circunstancias individuales del penado de las que se derive que haya de primar el valor de la seguridad colectiva sobre el de la integridad física de aquél. Como sostiene el Ministerio Fiscal, ni la entidad del delito ni la remisión indirecta a las razones de la negativa a la concesión del indulto por el Gobierno --a las que apela el Auto de 4 de febrero- - expresan las razones de la negativa. De un lado, porque la entidad del delito se refleja en la gravedad de la pena impuesta, y éste es uno de los requisitos cuya exención o no ha de fundamentarse. De otro, porque la remisión a las razones de la negativa a la concesión del indulto particular por el Gobierno, cualesquiera que éstas sean, no pueden avalar la denegación de la suspensión, ya que se trata de un instituto con un fundamento netamente distinto al de la suspensión de la ejecución, que se otorga en el ámbito del derecho de gracia, y se concede por el Gobierno y no por los Tribunales.
7. La anterior conclusión resulta reforzada si se tiene en cuenta, de un lado, que la afección del valor libertad exige "motivaciones concordantes con los supuestos en los que la Constitución permite la afectación de este valor superior" (SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 2, 79/1998, de 1 de abril, FJ 4 , y 88/1998 de 21 de abril, FJ 4); de otro, que el propio art. 80.1 CP establece que las resoluciones sobre la concesión de la suspensión de la ejecución deben motivarse atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto; y por último que, ciertamente, la STC 48/1996, de 25 de marzo, invocada por el recurrente, señaló que la posibilidad de otorgar la libertad condicional en casos de enfermedad grave, similares a los actuales de suspensión de ejecución de la pena, pretende un equilibrio entre el derecho a la vida del penado y el derecho de la sociedad a su seguridad. En consecuencia, una motivación fundada en Derecho requiere la ponderación de los bienes y derechos en conflicto: de un lado, la seguridad colectiva que podría verse afectada por el no ingreso en prisión de un penado con un eventual pronóstico negativo de reincidencia, dadas sus circunstancias personales y, sobre todo, en atención a la incidencia en dicho pronóstico de la enfermedad padecida por el mismo; y, de otro, el grado de afección del derecho a la vida e integridad física del condenado teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y la mayor o menor incidencia que el ingreso en prisión de quien la padece tendría en ella.
8. Nada de todo ello aparece expuesto en los Autos impugnados, por lo que ha de concluirse que vulneraron el derecho del recurrente a obtener una resolución razonablemente fundada en Derecho sobre el fondo del asunto, y, en consecuencia, procede estimar el amparo solicitado con anulación de dichas resoluciones, a fin de que la Audiencia Provincial de A Coruña vuelva a emitir el oportuno pronunciamiento debidamente fundado.
Otorgar el amparo solicitado por don Sabino Dopico Fraguela y, en consecuencia:
1º Reconocer al recurrente su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2º Anular los Autos de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección Segunda) de 4 de febrero y 29 de mayo de 1997.
3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el primero de los mencionados Autos, a fin de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña dicte nueva resolución debidamente fundada en Derecho.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2768-1997
Promovido por don Sabino Dopico Fraguela respecto a los Autos de la Audiencia Provincial de A Coruña que denegaron su petición de que se suspendiera la ejecución de la pena de prisión impuesta por un delito de homicidio frustrado.
Los Autos que denegaron la suspensión de la ejecución de la pena de prisión lesionaron el derecho del condenado a la tutela judicial efectiva. Sin necesidad de analizar cuál sea la interpretación más acertada de la norma legal, ni la apreciación de la concurrencia de los requisitos legales, la resolución no exteriorizó las razones por las cuales estimase la concurrencia del presupuesto habilitante de la suspensión específica -enfermedad muy grave con padecimientos incurables- y, de otro, no ponderó ni justificó que, aun concurriendo el mencionado presupuesto fáctico, es improcedente la suspensión atendiendo a las circunstancias individuales del penado, así como otros valores o bienes jurídicos comprometidos en la decisión [FJ 4].
Una motivación fundada en Derecho requiere la ponderación, de un lado, de la seguridad colectiva y, de otro, el grado de afección del derecho a la vida e integridad física del condenado (STC 48/1996) [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre el deber judicial de motivar las resoluciones judiciales (SSTC 131/1990, 224/1992 y 2/1999) [FJ 2].
El deber de motivación respecto de las resoluciones judiciales que se conectan con un derecho fundamental se refuerza, respecto del exigido con carácter general ex art. 24.1 CE, por dos exigencias esenciales: en cuanto a la forma o exteriorización y en cuanto al contenido de la fundamentación [FJ 3].
Artículo 80.1, ff. 4, 7
Artículo 80.4, ff. 1, 4
Artículo 81, ff. 4, 5
Canon de motivación reforzado cuando afecta a derechos fundamentalesCanon de motivación reforzado cuando afecta a derechos fundamentales, ff. 2, 3
Derecho a la integridad física y moralDerecho a la integridad física y moral, f. 7
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, ff. 2, 7
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Vulnerado, f. 2
Suspensión de la ejecución de la penaSuspensión de la ejecución de la pena, ff. 4, 5, 6, 7
Suspensión de la pena por enfermedad grave e incurableSuspensión de la pena por enfermedad grave e incurable, f. 7
Nuevo pronunciamiento judicialNuevo pronunciamiento judicial, f. 8

References: Resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 80

Artículo 80

Artículo 81