Source: https://supremo.vlex.es/vid/derecho-penal-prueba-testimonial-494126366
Timestamp: 2019-09-23 04:45:26+00:00

Document:
STS 45/2014, 7 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 494126366
Número de Recurso: 1077/2013
Sentencia Nº: 45/2014
RECURSO CASACION Nº : 1077/2013
Procedencia: Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Fecha Sentencia : 07/02/2014
PRUEBA TESTIFICAL, VALORACIÓN: la credibilidad de un testigo no exige como presupuesto la integridad moral de quien testifica. Ninguna quiebra del canon de racionalidad se produce cuando un órgano jurisdiccional admite la veracidad de lo narrado por quien cuenta con antecedentes penales o no ha sido un ejemplo en su trayectoria como servidor público.
DERECHOS A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES y A NO CONFESARSE CULPABLE: GRABACIÓN SUBREPTICIA DE CONVERSACIONES MANTENIDAS CON OTRO. Doctrina general. No vulnera el contenido material de aquel derecho. Diferencia entre grabación de conversaciones de otros y grabación de conversación con otros. Una cosa es almacenar en un archivo de sonido las conversaciones que pueden servir de prueba de la autoría del hecho que se va a cometer o que se está cometiendo durante el desarrollo de la grabación y otra bien distinta es la grabación de un testimonio del que resulta la confesión de la autoría de un hecho ya perpetrado tiempo atrás. En el primero de los casos, no se incorpora a la grabación el reconocimiento del hecho, sino las manifestaciones en que consiste el hecho mismo o que facilitan la prueba de su comisión. En el segundo, lo que existe es la aceptación de la propia autoría respecto del hecho delictivo ya cometido, lo que, en determinados casos, a la vista de las circunstancias que hayan presidido la grabación, podría generar puntos de fricción con el derecho a no confesarse culpable, con la consiguiente degradación de su significado como elemento de prueba y la reducción de su valor al de simple notitia criminis, necesitada de otras pruebas a lo largo del proceso.
JURADO DELIMITACIÓN del OBJETO DEL VEREDICTO: un desenlace valorativo del Tribunal del Jurado en el que no quedara acreditada la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, pero tampoco la tesis de la inocencia de la defensa, conduciría a un resultado inviable en el orden racional y, como tal inasumible como forma de terminación del proceso penal. De ahí que el legislador ponga interés en que sólo sea sometida a votación del Jurado la tesis de la acusación, de suerte que la inocencia -o inculpabilidad- del acusado sea la consecuencia obligada del rechazo de la propuesta acusatoria de las acusaciones. Dicho en términos más plásticos, la inocencia del acusado no se somete a votación.
Nº: 1077/2013
Vista: 28/01/2014
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional, interpuesto por la representación legal de Fausto y Gregorio , contra la sentencia dictada por la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 21 de marzo de 2013 en causa seguida contra Fausto ; Gregorio ; Justo y Mateo por delito de cohecho, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes representados por las procuradoras doña Adela Gilsanz Madroño y doña María Luisa Estrugo Lozano. Siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez .
El Juzgado de instrucción núm. 2 de Sevilla, incoó procedimiento Ley de Jurado núm. 1/2006 y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Sevilla, rollo núm. 5720/2007 que, con fecha 4 de diciembre de 2012, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS :
1. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camas quedó en minoría cuando por Decreto del Alcalde de 19 de marzo de 2004 a la concejal
Dª Alejandra (miembro de Izquierda Unida hasta entonces) le fueron revocadas sus atribuciones en la Comisión de Gobierno del ayuntamiento. Esta revocación estuvo relacionada con la condena de la sra. Alejandra , junto con D. Jose Luis , como autora de un delito de estafa procesal por sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 8 de marzo de ese año 2004. Tras su cese la sra. Alejandra permaneció como concejal no adscrita.
La situación así creada generó entre sres. Alejandra y Jose Luis , también miembro de Izquierda Unida, un fuerte enfrentamiento con el alcalde Camas, integrante de la misma coalición política.
Al estar el Equipo de Gobierno en minoría le era imposible adoptar medida alguna que precisara la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, por lo que desde entonces se encontraba en una situación de práctica paralización.
En las fechas indicadas los acusados D. Fausto (perteneciente a Izquierda Unida), D. Gregorio (perteneciente al Partido Popular) y D. Justo (perteneciente al Partido Andalucista) eran, respectivamente, Alcalde, primer Teniente de Alcalde y segundo Teniente de Alcalde del mencionado ayuntamiento, siendo todos ellos miembros del Equipo de Gobierno municipal.
Con las idea de poner fin a la situación del bloqueo del Ayuntamiento y poder aprobar determinados proyectos urbanísticos, a mediados del año 2005 estos tres acusados se pusieron de acuerdo con el también acusado D. Mateo , empresario, para obtener el voto favorable de la concejal sra. Alejandra en los diversos plenos en que esos proyectos fueran sometidos a aprobación, a cambio de contraprestaciones económicas.
Conociendo los acusados la influencia política que sobre la sra. Alejandra mantenía D. Jose Luis decidieron abordar a aquélla a través de éste, quien alejado de la política activa podía facilitarle sus propósitos.
En ejecución de ese plan el sr. Mateo contactó con el sr. Jose Luis pidiéndole entrevistarse con él personalmente, lo que, al menos, tuvo lugar en dos ocasiones. Desde el principio Mateo manifestó a Jose Luis aquellos planes, que detrás de todo el entramado se encontraba el gobierno municipal de Camas y que habría recompensas económicas.
Una de estas entrevistas tuvo lugar en el restaurante "Los Monos" de Sevilla, en cuyo curso Mateo dijo a Jose Luis que el alcalde de Camas se encontraba muy arrepentido del trato que les había dispensado a él y a la sra. Alejandra . Para convencerle llamó por teléfono a D. Justo diciéndole que acudiera al restaurante en compañía de los sres. Fausto porque no deseaba verle. Posteriormente sobre finales de julio de ese año 2005, volvieron a reunirse los sres. Mateo y Jose Luis a instancias del primero.
En fecha no exactamente determinada de mediados del mes de agosto de 2005, sobre el día 18, los cuatro acusados se reunieron con Jose Luis en Bormujos en el domicilio de Mateo a instancias de éste, que convocó la reunión para limar asperezas. Tras una serie de reproches mutuos, entre todos llegaron al acuerdo de que Jose Luis convencería a Alejandra para que, a cambio de un beneficio económico para él y para Alejandra , no determinado y que cambiaría según los proyectos llevados al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, ésta última votara favorablemente su aprobación en el Pleno.
Los contactos entre los sres. Mateo y Jose Luis se sucedieron a lo largo de los días siguientes en forma tal que, convencido éste último de la firmeza y seriedad de los propósitos del primero, el día 8 de septiembre de 2005 compareció ante la policía para denunciar una posible trama de corrupción política.
Desde que comenzaron las reuniones Jose Luis las puso en conocimiento de la sra. Alejandra decidiendo ambos que fingirían acceder a los ofrecimientos para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar los acusados.
Como continuación del plan el acusado sr. Mateo llamó por teléfono a Dª Alejandra concertando con ella una entrevista que ésta, ya informada por Jose Luis , aceptó poniéndolo en conocimiento de la policía. La entrevista tuvo lugar en la mañana del día 12 de septiembre de 2005 en un bar del polígono industrial "El Manchón" de Tomares. En su curso el sr. Mateo dijo a la sra. Alejandra que la reunión era la continuación de lo que Jose Luis ya le había hablado, y a cambio de su voto en los Plenos del Ayuntamiento para apoyar una serie de modificaciones urbanísticas, le hizo el ofrecimiento de grandes cantidades de dinero, llegando a ofrecerle, además, un piso en la playa a poner no a su nombre sino al de alguien de su confianza y aconsejándole constituir una sociedad para poder ocultar el dinero a recibir. Se despidieron hasta verse de nuevo esa misma noche para preparar los términos de la votación en el Pleno del día siguiente.
A las 17 horas de ese día la sra. Alejandra se presentó en las dependencias policiales para denunciar que D. Mateo le había propuesto comprar su voto en los plenos municipales.
14. Esa misma tarde-noche el acusado sr. Mateo y la sra. Alejandra se reunieron en "La Taberna Medieval", sita en la calle Torneo de Sevilla, donde el primero entregó a la segunda un sobre conteniendo doce mil euros (en billetes de 500 euros), como primera entrega a cuenta de parte del dinero prometido, a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento de Camas que se celebraría el día 23 de Septiembre de 2005. Los puntos a votar se recogían en una nota escrita (en sus ordinales quinto y sexto) que se entregó junto con el dinero y que fue
confeccionada por el acusado Gregorio . Lo que constituiría el comienzo de su colaboración con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camas.
Terminada la reunión que se efectuó también con el conocimiento de la Policía, la sra. Alejandra acudió a las dependencias policiales a denunciar que el sr. Mateo le había dado 12.000 euros a cambio de su voto favorable en plenos municipales. Dinero que, junto con el sobre que lo contenía, entregó a la policía.
Al día siguiente, 13 de septiembre, Dª Alejandra en el Pleno Municipal del Ayuntamiento en contra de los puntos para cuyo voto favorable había recibido los doce mil euros".
" FALLO : Condeno a D. Fausto , D. Justo , D. Gregorio y D. Mateo como autores penalmente responsables de un delito de cohecho ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas para cada uno de ellos de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN , con las accesorias de inhabilitación especial para cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE QUINCE MIL EUROS , con quince días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como al pago por cada uno de una cuarta parte las costas que hayan podido devengarse en la tramitación de esta primera instancia, que no incluirán las devengadas por la acusación particular.
Para su conocimiento , mediante correo certificado con acuse de recibo, remítase testimonio de esta sentencia a los Jurados".
Tercero.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso de apelación penal núm. 9/2013 de Tribunal de Jurado causa núm. 1/2006 , procedente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, rollo núm. 5720/2007, dictó sentencia nº 11 de fecha 21 de marzo de 2013 , cuyo fallo es el siguiente:
" FALLO : Que desestimando íntegramente los recursos de apelación formulados por las defensas de Don Mateo , de una parte, y de Don Justo , Don Fausto , y Don Gregorio , de otro, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla (Sección Séptima), en causa seguida por delito de cohecho, debe confirmar y confirma la referida resolución impugnada en todos sus extremos, declarando de oficio las costas de esta segunda instancia".
Quinto.- La representación legal del recurrente Fausto , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
Al amparo del art. 852 de la LECrim , vulneración del art. 24.2 de la CE , por entender que no existe prueba de cargo. II.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , vulneración del art. 24.1 de la LECrim , por la omisión en el objeto del veredicto de determinadas cuestiones planteadas por la defensa. III.- Vulneración del art. 24.1 y 120.3 de la CE , al amparo del art. 852 de la LECrim . IV.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , vulneración del art. 24.2 de la CE por entender que son ilícitas las grabaciones aportadas al juicio como prueba. V.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , vulneración del art. 24.2 de la CE , en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, por entender que las instrucciones dadas por el magistrado presidente a los miembros del jurado no se encontraban imbuidas de imparcialidad objetiva. VI.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del art. 24.2 de la CE . VII.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del art. 18.1 y 3 de la CE , en relación con la grabación efectuada por uno de los testigos. VIII.- Quebrantamiento de forma. IX.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por vulneración del art. 741 de la LECrim , y 9.3 de la CE que prohíbe la interdicción de la arbitrariedad, en relación al valor otorgado a las testificales de los Sres. Alejandra y Jose Luis . X.- Al amparo del art. 851.1 de la LECrim , por vulneración del art. 52.1.a) de la LOTJ , porque no se incluyeron en el objeto del veredicto las cuestiones planteadas por las defensas. XI.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por infracción de ley de los arts. 423.1 y 420 inciso segundo del CP .
Sexto.- La representación legal del recurrente Gregorio , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
Al amparo del art. 852 de la LECrim , vulneración del art. 24.2 de la CE , por entender que no existe prueba de cargo. II.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por entender vulnerado el art. 24.1 en relación con el 120.3, ambos de la CE . III.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del art.
24.2 de la CE, al tenerse en cuenta unas grabaciones subrepticias efectuadas por un particular sin mandamiento judicial. IV.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del art. 24.1 de la CE , en relación con las instrucciones efectuadas por el magistrado presidente del tribunal del jurado que según el recurrente carecerían de la imparcialidad a que estaba obligado. V.- Quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3, por no haberse incluido en el objeto de veredicto las cuestiones planteadas por la defensa. VI.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por vulneración del art. 741 de la LECrim, en relación con el 9.3 de la CE que prohíbe la interdicción de la arbitrariedad, por haber otorgado valor a la testifical de los Sres. Alejandra y Jose Luis . VII.- Al amparo del art. 851.1 de la LECrim , por quebrantamiento de forma en relación con el art. 52.1 A) párrafo segundo de la LOTJ .
Séptimo.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 25 de julio de 2013, evacuado el trámite que se le confirió, y por razones que adujo, interesó la inadmisión de todos los motivos del recurso que, subsidiariamente, impugnó.
Octavo.- Por providencia de fecha 23 de diciembre de 2013 se declaró el recurso admitido, quedando conclusos los autos para señalamiento de la deliberación y fallo cuando por turno correspondiera.
Noveno.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la VISTA del art. 893 bis a) de la LECrim , el día 28 de enero de 2014 a las
10:30 horas, con asistencia de los Letrados D. José Manuel Carrión Durán en defensa de Fausto y D. Rafael Fernando Gómez González, en defensa de Gregorio que informaron sobre los motivos, ratificándose en sus escritos solicitando la absolución de sus defendidos
1 .- Por la representación legal de los acusados Fausto y Gregorio , se interpone recurso de casación contra la sentencia núm. 11, de fecha 21 de marzo de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, a su vez, confirmó la dictada por el Magistrado-Presidente en el procedimiento del Tribunal del Jurado núm. 1/2006, Audiencia Provincial de Sevilla, rechazando el recurso de apelación promovido entonces por los hoy recurrentes.
RECURSO DE Fausto
Sostiene la defensa la ausencia de toda prueba de que el recurrente hubiera hablado con el coacusado Mateo con el fin de que se entrevistara con la denunciante para que votara los puntos del orden del día del pleno del 13 de septiembre de 2005. Tampoco habría prueba alguna de que el recurrente, en su condición de Alcalde, indicara al coacusado Gregorio que entregara la nota manuscrita del orden del día en el que iban a decidirse cuestiones de cierta relevancia en el ámbito urbanístico. A lo largo del proceso -se insiste- lo que habría quedado claro es que Mateo actuó siempre de forma individual a la hora de ofrecer y entregar las cantidades a Alejandra . Es cierto -reconoce la defensa- que el recurrente acudió a la reunión mantenida en el domicilio de Mateo , pero no ha quedado acreditado que tuviera una intención distinta a la de "... atender a la posibilidad de una reconciliación o reordenación de las relaciones" con la concejala denunciante.
La impugnación se extiende a la posible manipulación de las conversaciones grabadas por Alejandra que, según precisaron los peritos, podían haber sido objeto de cortes. También alcanza a la credibilidad de los testigos -la concejala denunciante y Jose Luis -, quienes habían sido condenados con anterioridad por falsedad y estafa procesal por la Audiencia Provincial de Sevilla y, además, mantenían una evidente relación de enemistad con el alcalde recurrente, tal y como habrían puesto de manifiesto algunas de las expresiones reflejadas en el CD en el que fueron volcadas las conversaciones mantenidas. Por si fuera poco, Alejandra habría llegado a exigir a Jose Luis la cantidad de
120.000 euros por declarar en el presente procedimiento.
Conviene hacer una precisión inicial, sin la cual no puede entenderse el verdadero alcance de la posición procesal de esta Sala cuando, en un procedimiento por Jurado, se alega, por la vía del art. 5.4 de la LOPJ , la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Esta puntualización está especialmente aconsejada en un supuesto como en el presente, en el que buena parte del razonamiento impugnativo se construye, no a partir de lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia al sentenciar el recurso de apelación, sino con permanentes y continuas referencias a la resolución dictada por el Magistrado-Presidente. Se desenfoca así el verdadero objeto del recurso de casación, que no está integrado por el desenlace jurisdiccional del proceso desarrollado ante el Tribunal del Jurado, sino por la sentencia que pone término al recurso de apelación promovido contra aquél.
Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el jurado y concretada por el Magistrado Presidente en la sentencia del Tribunal, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.
Sobre la ausencia de prueba acerca de la participación del recurrente en los hechos, esta Sala no puede sino hacer suyo el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando descarta esa queja en los FFJJ 8º.3 y 9º de la sentencia recurrida. En efecto, el juicio de autoría de Fausto -Alcalde de Camas-ha sido formulado con el inequívoco respaldo que le proporcionan las declaraciones de los testigos Alejandra y Jose Luis , quienes expresaron ante los miembros del Jurado el acercamiento de Mateo con el fin de ofrecer una compensación económica a Alejandra , cuyo pase a la condición de concejal no adscrita había conducido a una situación política de paralización y bloqueo en los principales proyectos de carácter urbanístico. Los integrantes del Jurado valoraron también el contenido de las grabaciones oídas en plenario, en las que se recoge el ofrecimiento por parte de Mateo - cuyo testimonio fue también ponderado- de dinero a cambio del voto.
Sin embargo, la suficiencia probatoria y la racionalidad de las inferencias que han conducido a proclamar la autoría del recurrente son inobjetables. Bastaría un análisis contextualizado de lo verdaderamente acaecido para entender que aquellas reuniones con el empresario Mateo , el pago inicial a la concejal Alejandra de 12.000 euros " a cuenta" -hecho incontrovertido-, así como la entrega del orden del día del pleno a celebrar el día siguiente, con indicación de los puntos en los que se requería la votación de Alejandra , son elementos probatorios que no pueden ser valorados con desconexión de la situación objetiva en la que se hallaba la vida política del municipio de Camas. De hecho, a raíz del enfrentamiento entre el Alcalde y la denunciante, se había desembocado en una situación de bloqueo como consecuencia de la falta de votos para hacer prosperar los acuerdos del pleno. Además, la asistencia del Alcalde en la reunión celebrada inicialmente en el restaurante Los Monos, cuyo objetivo resultó frustrado por la marcha de Jose Luis y su posterior presencia en el encuentro desarrollado en el domicilio del acusado Mateo , aportan relevantes elementos indiciarios que no hacen sino reforzar la corrección del juicio de inferencia proclamado por el órgano decisorio y luego avalada por el Tribunal a quo.
En su esfuerzo argumental por acreditar la invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la defensa se centra en la falta de credibilidad de los dos principales testigos de cargo, Alejandra y Jose Luis que, en su día, habían sido condenados como autores de un delito de falsedad y otro de estafa procesal, por hechos relacionados con la asignación de viviendas adjudicadas en subasta pública. También enfatiza el hecho de que aquélla exigiera a Jose Luis la entrega de dinero por acudir a testificar a juicio.
Sin embargo, dos razones se oponen al éxito de esa línea de impugnación. La primera, que el Letrado del recurrente, sin bien se mira, no hace otra cosa que ofrecer a esta Sala una valoración probatoria alternativa a la que llevó a cabo el Tribunal a quo , adentrándose incluso en el terreno de la credibilidad de los testigos que, como es sabido, no puede formar parte del contenido de la queja casacional (cfr. SSTS 547/2011, 3 de junio , 1095/2003, 25 de junio y 235/2005, 24 de febrero , entre otras muchas). La segunda, que la credibilidad de un testigo no exige como presupuesto la integridad moral de quien testifica. Ninguna quiebra del canon de racionalidad se produce cuando un órgano jurisdiccional admite la veracidad de lo narrado por quien cuenta con antecedentes penales o no ha sido un ejemplo en su trayectoria como servidor público.
Las quejas del recurrente se proyectan también sobre la supuesta manipulación de los CDs que fueron aportados como soporte digital de las conversaciones que han sido determinantes para la condena de Fausto .
Respecto de la primera de las cuestiones, la STS 298/2013, 13 de marzo -citada por el Fiscal en su informe de impugnación-, glosa los precedentes de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala, que sirven para descartar la tesis de la defensa. Se alude así a la STC 114/1984, de 29 de noviembre , resolución emblemática por cuanto de ella emanó todo el discurso y desarrollo de la teoría de la prueba ilícita en nuestro ordenamiento: "... el actor ha afirmado en su demanda y en sus alegaciones que el hecho ilícito que da fundamento a su queja constitucional fue la inicial violación del secreto de sus comunicaciones por su interlocutor, al proceder éste a grabar la
conversación con él mantenida sin su conocimiento. Esta conculcación de su derecho la argumenta el recurrente aduciendo que «el artículo 18.3 no sólo protege la intimidad de la conversación prohibiendo que un tercero emplee aparatos para interceptarla..., sino que la intimidad de la conversación telefónica, como derecho fundamental, puede ser violada mediante la colocación por uno de los comunicantes de una grabadora, sin consentimiento de la otra parte... ». La supuesta infracción se agravaría, en fin, cuando lo así aprehendido se comunicara a terceros y se presentara como prueba ante un Tribunal.
(...) Con estas advertencias, es necesario determinar si, efectivamente, la grabación de la conversación, en la que fuera parte el actor, constituyó, como se pretende, una infracción del derecho al secreto de las comunicaciones. La tesis del actor no puede compartirse. Su razonamiento descansa en una errónea interpretación del contenido normativo del art. 18.3 de la Constitución . Y en un equivocado entendimiento de la relación que media entre este precepto y el recogido en el núm. 1 del mismo artículo.
El derecho al «secreto de las comunicaciones... salvo resolución judicial» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del «secreto»-la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo).
La referida doctrina -recuerda la ya citada STS 298/2013, 13 de marzo-, ha sido asumida por esta Sala Segunda en un nutrido grupo de sentencias. Relevante botón de muestra son las SSTS 2008/2006, de 2 de febrero ó 682/2011 de 24 de junio : "... se alega que la grabación de la conversación mantenida entre víctima y acusado ha sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales dado que uno de los interlocutores
desconocía que estaba siendo grabada, por lo que no tuvo opción de impedir dicha grabación, proteger su intimidad y hacer valer su derecho al secreto de las comunicaciones. (...) La jurisprudencia ha señalado que la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones, telefónicas o de otra índole, no suponen el atentado al secreto de las comunicaciones ( STS 20-2-2006 ; STS 28-10-2009, nº 1051/2009 ). E igualmente ha precisado la STS 25-5-2004, nº 684/2004 que las cintas grabadas no infringen ningún derecho, en particular el art. 18-3 CE debiendo distinguir entre grabar una conversación de otros y grabar una conversación con otros. Pues no constituye violación de ningún secreto la grabación de un mensaje emitido por otro cuando uno de los comunicantes quiere que se perpetúe.
Finalmente, cabe traer a cuenta que la STS 9-11-2001, nº 2081/2001 , precisa que, de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala en Sentencias como la de 30-5-1995 y 1-6-2001 , el secreto de las comunicaciones se vulnera cuando un tercero no autorizado interfiere y llega a conocer el contenido de las que mantienen otras personas, no cuando uno de los comunicantes se limita a perpetuar, mediante grabación mecánica, el mensaje emitido por el otro. Aunque esta perpetuación se haya hecho de forma subrepticia y no autorizada por el emisor del mensaje y aunque éste haya sido producido en la creencia de que el receptor oculta su verdadera finalidad, no puede ser considerado el mensaje secreto e inconstitucionalmente interferido: no es secreto porque ha sido publicado por quien lo emite y no ha sido interferido, en contra de la garantía establecida en el art. 18.3 CE , porque lo ha recibido la persona a la que materialmente ha sido dirigido y no por un tercero que se haya interpuesto. Cosa completamente distinta es que el mensaje sea luego utilizado por el receptor de una forma no prevista ni querida por el emisor, pero esto no convierte en secreto lo que en su origen no lo fue. Es por ello por lo que no puede decirse que, con la grabación subrepticia de la conversación de referencia se vulneró el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y que tal infracción deba determinar imposibilidad de valorar las pruebas que de la grabación se deriven."
En consecuencia, ninguna queja sobre la legitimidad constitucional de la utilización como prueba de esas grabaciones puede ser ahora aceptada por esta Sala.
La defensa extiende sus dudas a la integridad de los soportes físicos en que aquellas conversaciones fueran grabadas.
También ahora lo que late en el desarrollo argumental del motivo no es otra cosa que una propuesta alternativa -tan legítima como interesada- por parte del Letrado del recurrente respecto de la prueba pericial ofrecida en el plenario por los técnicos de la Guardia Civil y por los propios expertos ofrecidos por la defensa. En la sentencia del Magistrado-Presidente (pág. 15) - validada en este punto por la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no se olvide, el verdadero objeto de este recurso-, se contiene un extenso razonamiento acerca de la interpretación del dictamen de los peritos y del alcance atribuible a la afirmación de que habían observado "... la elección del momento de inicio y fin de la grabación". A lo allí expuesto nos remitimos.
También ahora cobra significado la STS 298/2013, 13 de marzo : "... se alega asimismo que las grabaciones han sido "filtradas" y por tanto no consta su autenticidad. Son particulares (...) los que las hicieron y prepararon para entregarlas después a los agentes de la autoridad. Eso ya es un tema distinto: es una cuestión de fiabilidad y no de licitud. Que un testigo pueda mentir no significa que haya de desecharse por principio la prueba testifical; que un documento pueda ser alterado, tampoco descalifica a priori ese medio probatorio. Por iguales razones, que una grabación pueda ser objeto de manipulación no empece a que pueda ser aportada como prueba y pueda ser valorada. Corresponde al Tribunal determinar si esa posibilidad debe descartarse in casu y le merece fiabilidad, o no. En el supuesto ahora examinado no hay el más mínimo indicio de que se haya tergiversado la grabación, o se hayan efectuado supresiones que traicionen el sentido de la conversación mediante su descontextualización o amputación de fragmentos que cambiarían su entendimiento. Entraba dentro de las facultades de la defensa solicitar una prueba pericial sobre tal punto. Lo que se llega a deducir de la prueba practicada no es que se hayan suprimido zonas de la grabación, sino que se han filtrado los preliminares irrelevantes, y se han mantenido íntegra la conversación, en la que no hay vestigios de interrupciones que hagan pensar en una selección interesada de pasajes como sugiere el recurrente, para menoscabar bien la integridad, bien la autenticidad de la grabación. Por lo demás, al margen de la grabación, el contundente cuadro probatorio existente es tan concluyente que hace a aquélla perfectamente prescindible ".
3 .- El segundo de los motivos, se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo establecido en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , en relación con el art. 24.1 de la CE , vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por la omisión o no inclusión en el veredicto de cuestiones que habían sido sometidas a prueba y habrían resultado determinantes para declarar la ausencia de responsabilidad criminal del recurrente.
Entiende la defensa de Fausto que el Magistrado-Presidente sólo recogió en el veredicto 16 hechos en los que se limitó a transcribir las tesis de las acusaciones. No se ofreció al Jurado ninguna opción alternativa que pudiera debatir y votar, lo cual implicó una vulneración injustificada del derecho de defensa, toda vez que el debate y la votación versaron exclusivamente "... sobre el planteamiento acusatorio o la nada".
La delimitación del objeto del veredicto -decíamos en nuestras SSTS 486/2013, 31 de mayo y 933/2012, 22 de noviembre - es un acto jurisdiccional con una incuestionable vocación propedéutica. Lo que el art. 52 de la LOTJ pide del Magistrado-Presidente es que elabore una propuesta secuencial de síntesis que reordene y sistematice el objeto del proceso. Se trata, por tanto, de facilitar la aproximación decisoria de los integrantes del Jurado, recibiendo éstos un relato histórico debidamente sistematizado, en función de la relevancia jurídica de cada una de las proposiciones. Quien ha presidido el desarrollo del plenario asume ahora la tarea de llevar a cabo un fraccionamiento lógico del contenido de las respectivas propuestas acusatorias y defensivas a fin de parcelar su valoración jurídica por los miembros del Jurado.
En anteriores precedentes hemos tenido ocasión de precisar la importancia de que el Magistrado-Presidente, en el momento de delimitar el objeto del veredicto, incorpore la propuesta fáctica de la defensa sobre la que construye una alternativa jurídica que, como es lógico, también ha de ser ponderada por el colegio decisorio. Y lo ha de hacer indicando con claridad a los integrantes del Jurado el carácter alternativo de una y otra propuesta. Así acontecerá, por ejemplo, cuando frente a acusación del Fiscal que entiende que los hechos son constitutivos, por ejemplo, de un delito de homicidio doloso, la defensa sitúe el origen de la muerte en la infracción de la norma de cuidado y, por tanto, predique el carácter imprudente de aquel desenlace. Razonábamos en las SSTS 1145/2006, 23 de noviembre ; 1315/2005, 10 de noviembre y 636/2006, 8 de junio , que la LOTJ "... ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52 de la misma, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa. Tal
articulación es consecuencia de una serie de premisas, de las que parte la Ley, que sirven para que el Magistrado-Presidente pueda redactar los hechos probados de la Sentencia que haya de dictarse, condenatoria o absolutoria, incorporando al «factum» todos los elementos que el jurado entienda como probados y que construyan el propio hecho probado, desde su comienzo hasta su consumación, con todos los avatares que las partes hayan planteado como acontecidos, incluidos también todos los elementos del llamado juicio de culpabilidad.
Por ello la formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto habrá de responder a una articulación lógica interna, de modo que las proposiciones alternativas o mutuamente excluyentes se relacionan entre sí con la advertencia expresa de tal alternatividad o relación lógica. De este modo aunque por exigencias procesales de congruencia o incluso por estrictas necesidades lógicas de claridad del pronunciamiento fáctico, resulte relativamente frecuente la formulación de proposiciones de hecho cuya declaración simultánea de probadas resultaría incompatible, esta incompatibilidad ha de ser puesta de manifiesto y explicada claramente al Jurado en el propio documento que se le entregue, precisamente para evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, que es lo buscado por el legislador" .
En efecto, a la narración sistematizada de los hechos que constituyen la tesis de la acusación, ha de seguir el relato de la alternativa fáctica, penalmente relevante, esgrimida por la defensa. Sin embargo, esa tarea no puede entenderse sin la regla que proporciona el art. 52.1.a) al Magistrado-Presidente, al que advierte que " comenzará por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusación y después narrará los alegados por las defensas. Pero si la consideración simultánea de aquéllos y éstos como
probados no es posible sin contradicción, sólo incluirá una proposición".
Carece de sentido, por tanto reivindicar la inclusión en el veredicto de enunciados absolutamente prescindibles, que nada tiene que ver con el hecho principal -el asunto de la vida en palabras de un procesalista clásico-subsumible en un precepto penal y que, precisamente por eso, integra el objeto del proceso. En suma, la delimitación del objeto del veredicto ha de abarcar todos los elementos fácticos con cuya presencia cabe tener por cometido el tipo. Pero no ha de ser superfluo, por lo que debe prescindir de todos aquellos elementos cuya ausencia no evita la aplicación del tipo. Parece, por tanto, poco comprensible exigir decisiones al Jurado sobre enunciados que, aislados, carecen de significado penalmente relevante.
En el presente caso, tal y como se razona en el desarrollo del motivo, la defensa se queja de que en el objeto del veredicto no se incluyeran proposiciones referidas al " fuerte enfrentamiento" entre Jose Luis y Alejandra con el entonces Alcalde de Camas, el acusado Fausto , que habría determinado la clara " voluntad de vengarse". O enunciados que reflejaran que la finalidad de los encuentros mantenidos entre los acusados no era la de buscar la fórmula de corromper el sentido del voto de Alejandra , sino propiciar "...un acercamiento con el Sr. Jose Luis para rectificar la situación creada, acudiendo por ello al restaurante Los Monos de Sevilla y a la casa del Sr. Mateo ".
En aplicación de la doctrina de esta Sala reflejada en los precedentes anotados en el apartado anterior, resulta evidente que esas proposiciones, relacionadas con la credibilidad de los testigos de cargo o con la interpretación exoneratoria que la defensa ha venido suscribiendo acerca del contenido de las reuniones en las que se trató del pago de dinero a cambio del voto de Alejandra , carecen de relevancia jurídica desde la perspectiva exigida por el art. 52.1.a) de la LOTJ , en el que se impone al Juez que narre " el hecho principal de la acusación", eludiendo enunciados contradictorios, en cuyo caso "... sólo incluirá una proposición". Un desenlace valorativo del Tribunal del Jurado en el que no quedara acreditada la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, pero tampoco la tesis de la inocencia de la defensa, conduciría a un resultado inviable en el orden racional y, como tal inasumible como forma de terminación del proceso penal. De ahí que el legislador ponga interés en que sólo sea sometida a votación del Jurado la tesis de la acusación, de suerte que la inocencia -o inculpabilidad- del acusado sea la consecuencia obligada del rechazo de la propuesta acusatoria de las acusaciones. Dicho en términos más plásticos, la inocencia del acusado no se somete a votación.
4 .- El tercer motivo, con la misma cobertura del precedente, denuncia la falta de motivación ( arts. 24.1 y 120.3 de la CE ) del veredicto emitido y de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha ratificado los hechos declarados probados.
La motivación existente -se arguye por la defensa- es contraria a las reglas de la lógica y, además, existen otros déficits de motivación relacionados con aspectos esenciales de la acusación. Puntualiza el motivo que "... no se trata de establecer a través de este motivo la concurrencia de una falta de suficiencia de prueba, tratada ya en el motivo primero de este recurso, sino de la carencia de razonabilidad de la misma en lo que respecta a dicha intervención" ( sic ). No se razona por qué se da por probada la participación de Fausto en el ofrecimiento de dinero a Alejandra . Además, ningún enlace racional y preciso existe entre el hecho de que Mateo actuara en el sentido descrito en el factum y que ello, de forma necesaria, implicara el acuerdo entre ambos acusados. El único que abordó a Alejandra fue Mateo .
Sin embargo, la queja sobre la falta de explicación racional del desenlace probatorio y su insuficiente motivación, ya ha sido abordada supra, en el FJ 2º de esta misma resolución. Y es que al ocuparnos de la censura acerca de la falta de prueba de cargo, nos hemos ocupado también de analizar los restantes elementos que están en el fundamento mismo del derecho constitucional que proclama el art. 24.2 de la CE . El simple cambio del enunciado que rotula el motivo -se alude ahora a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva-, no convierte en novedosa la línea argumental que late en ambos motivos. La jurisprudencia constitucional se ha ocupado de destacar los puntos de coincidencia entre ambos derechos, así como lo que a cada uno de ellos singulariza. Conviene tener presente -precisa la STC 9/2011, 28 de febrero , que la "cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada en las sentencias impugnadas no es una cuestión que ataña sólo al derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE )", sino que afecta "principalmente al derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ). Este Tribunal ha reiterado que uno de los modos de vulneración de este derecho lo constituye precisamente la falta de motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio" ( STC 245/2007, 10 de diciembre , FJ 5). Desde esta perspectiva, resulta necesario comprobar si las resoluciones impugnadas no sólo satisfacen el grado mínimo de motivación exigido en general para la tutela judicial, sino también el grado de motivación constitucionalmente exigido ex derecho a la presunción de inocencia, que conforme a nuestra doctrina es superior al primero "dado que está precisamente en juego aquel derecho y, en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la libertad cuando, como es ahora el caso, la condena lo sea a penas de prisión ( SSTC 209/2002, de 11 de noviembre, FJ 3 ; 169/2004, de 6 de octubre, FJ 6 ; y 143/2005, de 6 de junio , FJ 4).
Es precisamente ese enfoque constitucional, que incluye la exigencia de motivación en el canon de racionalidad de la apreciación probatoria y, por tanto, en el contenido material del derecho a la presunción de inocencia, el que ha llevado a la Sala a centrar nuestro análisis en la respuesta al primero de los motivos. De ahí que baste ahora añadir que el apartado cuarto del acta de la votación del Jurado puede considerarse modélico desde el punto de vista de la exigencia de motivación. Como recuerda el Fiscal en su informe de impugnación, los miembros del Jurado hicieron explícita la mayor credibilidad que concedieron a los testigos Jose Luis y Alejandra , "... independientemente de las motivaciones personales que hayan podido moverles, principalmente una vez escuchadas con detenimiento las grabaciones que se han puesto a disposición de este Jurado como prueba documental". En la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente se expresan las razones por las que, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 70.2 de la LOTJ , se estimó la existencia de suficiente prueba de cargo. En eso consiste precisamente el desdoblamiento funcional al que esta Sala se ha referido en numerosas ocasiones y que está en la base de la respuesta a cualquier censura referida a la falta de motivación en el procedimiento del Tribunal del Jurado. En efecto, como decíamos en la STS 816/2008, 2 de diciembre -con cita de la STS 132/2004, 4 de febrero -, cuando se trata de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, no puede exigirse a los ciudadanos que lo integran el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional. Por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado sólo requiere en el artículo 61.1.d ), que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar como probados unos determinados hechos. Con ello se integra la motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone en artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos (en este sentido, SSTS núm. 956/2000, de 24 de julio ; 1240/2000, de 11 de septiembre , y 1096/2001, de 11 de junio ).
La Sala no ha observado ninguna infracción de las normas reguladoras del acta de votación y del deber del Magistrado-Presidente de exteriorizar las razones que le han llevado a concluir la suficiencia probatoria. Tampoco ha detectado la insistente referencia al carácter abierto de los indicios valorados. Como ya hemos apuntado supra -cfr. FJ 2, apartado B)- no hay quiebra alguna del canon de racionalidad cuando se concluye que las reuniones mantenidas con el fin de desbloquear la situación del ayuntamiento de Camas, no son entendibles sin referencia al contexto político de paralización de la vida política de la corporación. Y, lo que es más importante, esa reiterada alegación de que la presencia del Alcalde en esos encuentros sólo estuvo justificada por la necesidad de "... atender a la posibilidad de una reconciliación y reordenación de las relaciones con la Sra. Alejandra ", no es, desde luego, incompatible con el deseo de alimentar la expectativa del deseado reencuentro con el pago de una alta cantidad de dinero, como de hecho se produjo.
El motivo no puede ser atendido ( art. 885.1 y 2 LECrim ).
5 .- El cuarto motivo también invoca una infracción de precepto constitucional, en este caso, del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 de la CE , al haberse admitido como prueba grabaciones cuya audición se produjo en el plenario careciendo de las mínimas condiciones para ello.
Se razona que las grabaciones se aportaron al procedimiento por Jose Luis sin que hubiera auto que motivara y ponderara, ni antes ni después, el sacrificio de los derechos fundamentales involucrado. Además, se produjo una ruptura de la cadena de custodia, existiendo tan solo unas copias de las grabaciones cuyos originales no han podido ser reproducidos por la investigación policial.
6 .- El quinto motivo, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, al entender que las instrucciones dadas por el Magistrado-Presidente a los miembros del Jurado "... no se encontraba imbuidas de imparcialidad objetiva" ( sic ).
El contenido de esas instrucciones no se concibe en el art. 54 de la LOTJ como un catálogo cerrado y excluyente de otras sugerencias que el desarrollo del proceso pueda llegar a aconsejar. Las advertencias que el Magistrado-Presidente ha de hacer llegar a los jurados tienen distinto significado. Algunas de ellas no son sino recomendaciones funcionales ("... contenido de la función que tienen conferida, reglas que rigen su deliberación y votación "); otras son de naturaleza formal ("... forma en que deben reflejar su veredicto ") o presentan un marcado carácter didáctico ("... les expondrá, en forma que pueden entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias
constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad "); no faltan las instrucciones llamadas a sanear el esfuerzo valorativo a realizar por el Jurado ("... sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por él ") o a recordar la irrenunciable presencia en la jurisdicción penal del in dubio pro reo ("... asimismo informará que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado ").
No es, desde luego, tarea fácil la elaboración de unas instrucciones que cumplan la finalidad que el legislador ha querido asociar a ese acto procesal. Su existencia misma no es ajena a cierta controversia histórica, derivada fundamentalmente del mal uso que del viejo resumen presidencial venían haciendo los Presidentes de la Sección de Derecho bajo la vigencia del art. 66 de la Ley del Jurado de 20 de abril de 1888. De hecho, la reforma operada en la institución en el año 1931 suprimió su existencia. El vigente art. 54 pretende ser una fórmula jurídica superadora de los inconvenientes históricos, ampliamente analizados por la doctrina más tradicional. De su recto entendimiento por el Magistrado-Presidente depende que esas instrucciones no pierdan la funcionalidad que les es propia. Se trata de introducir un epílogo conclusivo que sólo busca sistematizar, ordenar, eslabonar la toma de contacto del Jurado con lo que constituye el hecho justiciable. Para la historia han de quedar rancias concepciones que vieron en el resumen presidencial un arma puesta al servicio de la verdad, de la verdad, claro es, abrazada unilateralmente por el Magistrado-Presidente y que, desde su infabilidad, habría de indicar a los Jueces legos de dónde procedía el resplandor de la certeza (cfr. SSTS 72/2012, 2 de febrero y 615/2010, 17 de junio )
En el caso presente, se alude al pasaje de las instrucciones en el que se afirmó lo siguiente: "... es irrelevante que los proyectos urbanísticos cuya aprobación se perseguía aprobar comprando el voto de la concejal fueran o no legales, o que los acusados (o el ayuntamiento en cuestión) resultasen beneficiados económicamente con su aprobación. Que fueran legales tales proyectos y que los acusados (o el Ayuntamiento de Camas) no se lucrasen con su aprobación no impide la apreciación del delito. Tampoco que los acusados (especialmente los que formaban parte del equipo municipal) persiguieran exclusivamente superar la situación de bloqueo o de difícil gobernabilidad del municipio al estar en minoría. En definitiva, el fin no justifica los medios".
Sin embargo, la Sala no detecta quiebra de la imparcialidad en esas afirmaciones. Advertir a los miembros del Jurado que la posible existencia del delito de cohecho por el que se formulaba acusación era independiente de la legalidad de los proyectos a la espera de aprobación, era también ajena al hecho de que los acusados no llegaran a lucrarse o, en fin, a que la finalidad última de los responsables municipales no fuera otra que acabar con el bloqueo político que se cernía sobre el Ayuntamiento de Camas, no encierra ningún menoscabo de la imparcialidad exigida al Magistrado-Presidente. Antes al contrario, esas explicaciones son obligadas cuando van dirigidas a personas legas en derecho, que desconocen la irrelevancia típica, en determinados delitos, de la ausencia de ánimo de lucro o, incluso, que pueden entender justificado un comportamiento cuando está orientado a un bien común, en este caso, la normalidad política de la corporación municipal.
Censura la defensa el hecho de que el Magistrado-Presidente advirtiera al colegio decisorio que "... una evidente enemistad de un testigo con un acusado no determina automáticamente que no sea creíble cuando le
incrimina" o que "... aun de existir esa posible animadversión de esos dos testigos hacia el Sr. Fausto , no obstante podría concluirse la credibilidad de los testigos".
Tampoco ahora observamos un inadmisible dirigismo del Magistrado-Presidente hacia la incriminación de los acusados. De hecho, en esas frases se condensa, en términos asequibles a cualquier ciudadano, el criterio que inspira la jurisprudencia de esta Sala acerca de la valoración probatoria de los testigos y de su posible credibilidad. A ello nos hemos referido en el FJ 2º, apartado C) de esta nuestra resolución.
7 .- El motivo sexto, con cita de los preceptos que autorizan invocar la vulneración de un precepto constitucional, reivindica la infracción del derecho a no declarar contra sí mismo ( art. 24.2 CE ), al haberse admitido como prueba las grabaciones a las que ya se ha hecho referencia.
Más allá del razonamiento mediante el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da respuesta a esta misma alegación, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente, en el FJ 2º, D) de la presente resolución, ya hemos pronunciado acerca de la admisibilidad constitucional de estas grabaciones y la necesidad de distinguir claramente el régimen jurídico dispensable a la utilización en el proceso penal de las grabaciones de las conversaciones con otros y de las conversaciones entre otros. Allí nos hacíamos eco de la más reciente doctrina de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala sobre la materia (STS 298/2013, 13 de marzo ).
De una parte, la STS 1066/2009, 4 de noviembre . El verdadero alcance de esta sentencia no puede entenderse sin la lectura de todos sus antecedentes. Se trataba de un pronunciamiento absolutorio, confirmado por el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso de casación promovido por la acusación particular. Los hechos presentaban una singularidad que la propia resolución destaca, a saber, una denuncia de abusos sexuales de una nieta, frente a su abuelo, que mantenía un agrio enfrentamiento con su propio hijo por razones económicas y de herencia: "... en el caso presente concurre una circunstancia no muy habitual en esta clase de delitos. Se trata de una grabación de una conversación que el acusado mantuvo con su nieta que es necesario valorar en el contexto en que se produjo, bajo la evidente tensión que existía entre el hijo del acusado, padre de la niña, y el abuelo absuelto, por cuestiones económicas y de herencia. Además, la sentencia resalta algunas anomalías en la denuncia. No es usual que estuviera redactada íntegramente por un abogado y no se formularán preguntas al denunciado en el momento de ser presentada. Asimismo observan algunas contradicciones con la declaración posterior de la denunciante en el Juzgado de Instrucción ". La sentencia a la que se aferra la defensa no se aparta de la doctrina de esta Sala. Inicia su razonamiento reconociendo la licitud inicial de este tipo de grabaciones. Sin embargo, confirma la exclusión como prueba acordada por la Audiencia Provincial ante las llamativas circunstancias que adornaban el caso concreto y que hacían poner en duda la credibilidad de la menor: "... la propia parte recurrente admite espontáneamente que cuando la menor contó a su madre la versión de los hechos, ésta le aconsejó que procediera a grabar una conversación con él acusado, con el fin predeterminado de conseguir las
pruebas necesarias, ya que, en caso contrario, sería su palabra contra la de él. La conversación tiene lugar en la calle, después de ser abordado el acusado por la denunciante. Sea cuales sean las circunstancias que llevaron a tener en la conversación en la vía pública, lo cierto es que se trata de un ardid que vicia la prueba y el método empleado ".
Nada de esto sucede en el supuesto que nos ocupa. Una cosa es almacenar en un archivo de sonido las conversaciones que pueden servir de prueba de la autoría del hecho que se va a cometer o que se está cometiendo durante el desarrollo de la grabación y otra bien distinta es la grabación de un testimonio del que resulta la confesión de la autoría de un hecho ya perpetrado tiempo atrás. En el primero de los casos, no se incorpora a la grabación el reconocimiento del hecho, sino las manifestaciones en que consiste el hecho mismo o que facilitan la prueba de su comisión. En el segundo, lo que existe es la aceptación de la propia autoría respecto del hecho delictivo ya cometido, lo que, en determinados casos, a la vista de las circunstancias que hayan presidido la grabación, podría generar puntos de fricción con el derecho a no confesarse culpable, con la consiguiente degradación de su significado como elemento de prueba y la reducción de su valor al de simple notitia criminis, necesitada de otras pruebas a lo largo del proceso.
También menciona la defensa en el desarrollo del motivo la STS 178/1996, 1 de marzo . Se trata de la STS 1 de marzo de 1996, recaída en el recurso de casación núm. 2144/1995 , promovido en una causa criminal por un delito contra la salud pública. Tampoco se dice nada distinto desde la perspectiva del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: "... la cuestión de la validez de una grabación subrepticia de una conversación entre cuatro personas realizada por una de ellas sin advertírselo a los demás, no ataca a la intimidad ni al derecho al secreto de las comunicaciones, ya que las manifestaciones realizadas representaban la manifestación de voluntad de los intervinientes que fueron objeto de grabación de manera desleal desde el punto de vista ético pero que no traspasan las fronteras que el ordenamiento jurídico establece para proteger lo íntimo y secreto. El contenido de la conversación pudo llegar al proceso por la vía de su reproducción oral si alguno de los asistentes recordaba fielmente lo conversado o mediante la entrega de la cinta que recogía textualmente, con mayor o menor calidad de sonido, el intercambio de palabras entre todos los asistentes. Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las trasmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico".
Tras admitir la posible vulneración del derecho a no confesarse culpable, al haberse obtenido el reconocimiento de la autoría mediante un ardid, aclara sin ambages que "... no obstante las personas que realizaron la grabación comparecieron en el acto del juicio oral y manifestaron clara y terminantemente que la cazadora negra con el forro color butano y toda la droga ocupada era propiedad del recurrente. Estas declaraciones han merecido el reconocimiento del órgano juzgador y han contribuido a formar su convicción a partir del análisis y contraste de todas las versiones escuchadas en el acto del plenario.
De todo ello se deduce que ha existido una actividad probatoria válida, realizada con todas las garantías, que se estima suficiente para desmontar los efectos protectores de la presunción de inocencia y que el recurrente ha disfrutado del derecho a un juicio justo en cuanto que ha sido condenado en virtud de pruebas practicadas, con todas las formalidades legales, en el acto del juicio oral donde disfrutó de la posibilidad de contradecir los testimonios inculpatorios ".
No se ha vulnerado el derecho del acusado a no confesarse culpable y el motivo ha de ser desestimado ( art. 885.1 y 2 LECrim ).
8 .- El séptimo motivo vuelve a reivindicar, mediante un encomiable estudio de la jurisprudencia constitucional sobre la materia y con la invocación de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , la nulidad probatoria de la grabación de las cintas que han servido de elemento de cargo contra Fausto . El razonamiento gira ahora en torno a una posible vulneración del derecho a la intimidad del art. 18.1 de la CE .
Al resolver motivos precedentes formalizados desde las perspectivas del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a no confesarse culpable y el derecho a un proceso con todas las garantías, ya nos hemos ocupado de dar respuesta a las cuestiones ahora suscitadas (cfr. FFJJ 2º, D y 7º). A lo allí expuesto podemos remitirnos. Baste la cita de la reciente sentencia de esta misma Sala núm. 793/2013, 22 de octubre , en la que, con ocasión del estudio acerca del valor probatorio de unos archivos gráficos y sonoros obtenidos mediante el sistema de cámara oculta, se aborda el conflicto entre los derechos a la intimidad y a la propia imagen y el cumplimiento de los principios y valores que legitiman el ejercicio de la jurisdicción penal.
9 .- Los motivos octavo y décimo se hacen valer por quebrantamiento de forma ( art. 851.3 LECrim ), al no resolver la sentencia cuestionada todos los puntos que han sido objeto de defensa y por predeterminar el fallo.
Nada ha quedado imprejuzgado. De entrada, la decisión de no incluir esos aspectos en la delimitación del objeto del veredicto ya representa una respuesta a la pretensión de que fueran tomados en consideración por los Jurados. Se trata de una decisión negativa, pero decisión, al fin y al cabo. Al margen de ello, en el FJ 3º, apartados A) y B), ya hemos hecho alusión al acierto del Magistrado-Presidente, luego confirmado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, de excluir proposiciones que no se referían a elementos fácticos de una pretensión jurídica alternativa, sino a las razones que acreditarían, según la defensa, la inocencia de Fausto .
10 .- El motivo noveno se formaliza por el cauce de la infracción de ley que autoriza el art. 849.1 de la LECrim , al entender que han sido indebidamente aplicados los arts. 741 de la LECrim y 9.3 de la CE , que prohíbe la arbitrariedad. En ella se habría incurrido por razón del valor otorgado a las declaraciones testificales de Alejandra y Jose Luis , así como al contenido de las grabaciones que han sido impugnadas.
Tiene razón el Fiscal cuando advierte que la vía del error de subsunción ( art. 849.1 LECrim ) no es la más adecuada para la defensa de unos argumentos que miran de modo preferente a la presunción de inocencia, a la motivación de las pruebas y al valor de la prueba testifical.
No ha existido arbitrariedad, ni en la valoración de la credibilidad de los testigos, ni en la admisión del contenido de las grabaciones. A lo razonado en los FFJJ 2º, apartados B, C y D), 7º y 8º nos remitimos para respaldar ahora la desestimación del motivo ( art. 885.1 y 2º LECrim ).
11 .- El motivo undécimo, por el cauce del art. 849.1 de la LECrim , muestra el desacuerdo del recurrente con el juicio de tipicidad proclamado en la instancia, con la consiguiente aplicación indebida de los arts. 423.1 y 420, inciso 2º, del CP .
Se justifica este motivo -alega el recurrente- por la ausencia de tipicidad de los hechos, así como por la existencia de una provocación por parte de Jose Luis , autor de la grabación subrepticia realizada en la vivienda del acusado Mateo , lo que justificaría "... la ausencia de tipicidad y culpabilidad en el hecho concreto "( sic ) por el que ha sido condenado el recurrente.
El motivo está condenado a la inadmisión -ahora desestimación- por no ajustarse a la premisa metódica que se deriva de los apartados 3 y 4 del art. 884 de la LECrim . En efecto, la vía impugnativa que ofrece el art. 849.1 exige del recurrente que construya su argumento impugnativo con aceptación del hecho probado, tal y como ha sido proclamado por el Tribunal a quo, no con las modificaciones que habrían resultado de atender las tesis defensivas mantenidas en los motivos precedentes. Mal puede hablarse de falta de tipicidad cuando el juicio histórico describe la entrega concertada de una cantidad a la concejala Alejandra con el fin de condicionar el resultado de la votación en un pleno municipal que iba a desarrollarse al día siguiente en el Ayuntamiento de Camas. Ahí se contienen todos los elementos del tipo -objetivo y subjetivo- que configuran la estructura de los arts. 423.1 y 420, inciso segundo, del CP .
No ha existido error en el juicio de subsunción y el motivo ha de ser desestimado ( arts. 884.3 y 4 , 885.1 y 2 LECrim )
12 .- Los motivos primero y segundo son susceptibles de tratamiento unitario. En ambos se considera, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , vulnerado el derecho constitucional a la presunción de inocencia ( art. 24.2 de la CE ). La inexistencia de prueba de cargo, el déficit de motivación y la falta de racionalidad en la valoración de la prueba estarían en el origen de ambas impugnaciones.
La insuficiencia de la prueba de cargo se argumenta a partir del dictamen de los peritos acerca de la imposibilidad de efectuar un cotejo de voces sobre las muestras atribuidas a Gregorio .
De la innecesariedad de una prueba pericial de cotejo de voces para obtener la convicción acerca de la identidad de cada uno de los intervinientes en una conversación, existen numerosos precedentes en esta Sala. Decíamos en las SSTS 75/2012, 28 de septiembre , 412/2011, 11 de mayo y 593/2009, 8 de junio , entre otras, que la validez de las escuchas telefónicas no exige como presupuesto constitutivo el aval de un informe pericial que dictamine acerca de la coincidencia entre la voz registrada y la de aquella persona a la que esa voz se atribuye por la investigación. La posibilidad de alcanzar una convicción judicial sin necesidad de un dictamen pericial previo ha sido ya defendida por la jurisprudencia de esta Sala (cfr. STS 1286/2006, 30 de noviembre ). Es cierto que el órgano de enjuiciamiento no puede albergar duda alguna respecto de la autenticidad y la atribuibilidad de las voces. Pero su convicción no tiene por qué obtenerse necesariamente mediante el formato de una pericial o una comparecencia previa de audición.
Y en el presente caso, la asistencia del recurrente a la reunión en la que se produjo la grabación de las cintas ha sido acreditada por otros medios de prueba -declaración testifical de Alejandra y Jose Luis - a los que el Jurado atribuyó plena credibilidad. Con anterioridad ya hemos señalado que la cuestión referida al grado de credibilidad de los testigos escapa al ámbito del recurso de casación. También hemos aludido a la existencia de otros elementos de cargo, como la entrega de un documento en el que se concretaba el orden del día y los asuntos que requerían el voto favorable de la concejala no adscrita. Se trataba, en fin, de una acción concertada entre los acusados, para cuya prueba los elementos de cargo ofrecidos por las acusaciones ven reforzado su significado incriminatorio por un contexto de paralización política en el Ayuntamiento de Camas al que querían, por encima de todo, poner término.
13 .- El tercer motivo también invoca la infracción de un precepto constitucional, en este caso, el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2, al haberse admitido como prueba las grabaciones cuya audición se produjo en el acto del plenario, careciendo aquéllas de las mínimas condiciones para ello.
14 .- El cuarto motivo es coincidente en su enunciado -falta de imparcialidad en las instrucciones del Magistrado-Presidente y no incorporación al objeto del veredicto de los postulados de la defensa- con lo defendido por el otro recurrente y resuelto en los FFJJ 3º, apartados A), B) y 6º. Allí hemos de remitirnos, anunciando ahora la desestimación del motivo por las mismas razones entonces expuestas ( art. 885.1 y 2 LECrim ).
15 .- El motivo quinto, por la vía del quebrantamiento de forma, sostiene al amparo del art. 851.3 de la LECrim , incongruencia omisiva, al no haberse resuelto todos los puntos que fueron objeto de defensa y no incluirse en el objeto del veredicto las cuestiones instadas por la defensa.
16 .- Los dos últimos motivos, al amparo de lo establecido en el art.
849.1 de la LECrim, denuncian la indebida aplicación del art. 741 de la LECrim y del art. 9.3 de la CE , así como la infracción del art. 52.1.a) de la LOTJ .
Los razonamientos del FJ 10º de esta misma resolución son aplicables ahora para justificar la desestimación del motivo ( art. 885.1 y 2º LECrim ).
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación, interpuesto por las respectivas representaciones legales de Fausto y Gregorio , contra la sentencia núm. 11, de fecha 21 de marzo de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, a su vez, confirmó la dictada por el Magistrado-Presidente en el procedimiento del Tribunal del Jurado núm. 1/2006, de la Audiencia Provincial de Sevilla. Condenamos a ambos recurrentes al pago de las costas causadas.
Joaquín Giménez García D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Francisco Monterde Ferrer
Manuel Marchena Gómez D. Antonio del Moral García.
PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Manuel Marchena Gómez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
STS 555/2014, 10 de Julio de 2014 (Tutela judicial efectiva, Valoración de la prueba)

References: resolución 
 resolución 
 artículo
14
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
in casu
 artículo 61
 artículo 70
in dubio
 resolución 
 resolución