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Timestamp: 2018-10-17 07:32:50+00:00

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Resolución de TEAC, 00/2429/2005, 14-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2429/2005 de 14 de Junio de 2006
Fecha: 14 de Junio de 2006
Núm. Resolución: 00/2429/2005
En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2006 en la reclamación económico-administrativa, en única instancia, que pende de resolución en este Tribunal Central, interpuesta por Don ..., en nombre y representación de la Sociedad ..., S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra valor catastral para 2004 de 1.685.945,69 euros, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
PRIMERO.- En fecha 20 de octubre de 2004, la Gerencia Regional del Catastro de ... notificó a la Sociedad interesada los acuerdos de alteración catastral de 23 de febrero de 2004 por los que se asignaban los valores catastrales de 8.247.287,68 y 2.423.962,85 euros, con efectos del año 2004, a las fincas industriales de su propiedad sitas en el municipio de ..., ... y ..., de referencias catastrales ... y ..., a consecuencia de resolver las declaraciones de alteración física y económica presentadas por la interesada el 2 de febrero de 2004; y, no estando conforme con dichos valores, promovió el 4 de noviembre de 2004 recurso de reposición alegando que no había notificaciones anteriores sobre el tema y que, personado en la Gerencia Regional, resultaba que: 1) la tipología aplicada a las construcciones había sido la de vivienda unifamiliar cuando en realidad se trataba de fábricas ubicadas en el área ..., según la ficha urbanística que adjuntaba y la licencia de apertura de 9.12.91 que unía; 2) debería aplicarse el coeficiente RM del 0,5 establecido en la Orden de 14.10.98 al haberse obtenido de la aplicación de una Ponencia de valores aprobada en 2003; 3) se había aplicado el coeficiente de antigüedad de las construcciones correspondiente al año 1990 mientras que las industrias se habían construido en 1974, 1983, 1984 y 1988, conforme a las notas de las fincas registrales nº ..., ..., ... y ..., que acompañaba; 4) no se había tenido en cuenta que la urbanización no estaba consolidada y necesitaba un Plan Especial de Reforma Interior, que conllevaría cesiones de suelo para los sistemas locales; 5) debían aplicarse los coeficientes por superficie distinta a la mínima y por inedificabilidad temporal; y 6) existía duplicidad de recibos, pues en 2003 había dos referencias catastrales (... y ...) para la finca que en 2004 tiene la referencia ..., por lo que deberían anularse aquéllas; terminando por solicitar la modificación de los acuerdos recurridos, la anulación de las duplicidades y la suspensión del cobro de los recibos.
SEGUNDO.- La Gerencia Regional resolvió el recurso adoptando tres acuerdos de 13 de diciembre de 2004, anulando en dos de ellos para 2004 los recibos con referencias catastrales ... y ... y acordando en el tercero la asignación a la finca de referencia catastral ... de un nuevo valor de 4.268.319,07 euros para 2004, en base a modificar la fecha de antigüedad de las construcciones, la tipología de las mismas al cambiarla a la de industria, pero sin aplicar el coeficiente RM pretendido, ya que la Ponencia de valores aprobada en 2003 era una ampliación de la de 1989, por lo que se utilizaban sus módulos y coeficientes. Los acuerdos fueron notificados el 3 de marzo de 2005.
TERCERO.- La interesada, mediante escrito presentado el 1 de abril siguiente en la Gerencia Regional, interpuso la presente reclamación, alegando que la Gerencia no se había pronunciado respecto a la finca de referencia catastral ..., solicitando la puesta de manifiesto del expediente de gestión para formular alegaciones y proponer prueba y solicitando también la suspensión del acto impugnado, petición que no fue admitida a trámite por acuerdo de este Tribunal Central de 28 de septiembre de 2005. El órgano gestor envió el expediente de gestión y un informe de 27 de junio de 2005 que reconocía no haberse pronunciado respecto a la finca de referencia catastral ..., por lo que antes del envío a este Tribunal Central de dicha documentación, adoptó acuerdo el día 29 siguiente por el que se asignaba a la finca de un nuevo valor catastral de 1.685.945,69 euros.
CUARTO.- Este Tribunal Central puso de manifiesto a la reclamante todo el expediente, junto con el último acuerdo adoptado por la Gerencia Regional, para que formulase alegaciones y propusiese prueba, lo cual fue cumplimentado mediante escrito presentado en el Tribunal Regional el 20 de marzo de 2006, en el que alega: 1º/ Que la Regla Ocho de la Orden Ministerial de 3 de julio de 1986 sobre normas técnicas de valoración catastral, aplicable al caso controvertido, establecía el contenido que debían tener los estudios técnico-económicos a que el mismo se refiere, contenido que no existía en el expediente que se había puesto de manifiesto, por lo que la valoración era nula; 2º/ Que debía aplicarse el coeficiente de inedificabilidad temporal del 0,60 al 50 % de la superficie de la parcela, pues su edificabilidad era de 0,5 m²/m², según la información urbanística que aporta; 3º/ La finca está conformada por las fincas registrales nº ... y ..., figurando que las construcciones existentes en la primera eran de 1983, mientras que se habían considerado de 1990; y 4º/ Que debía aplicarse el coeficiente K del 0,70 por uso industrial de las edificaciones; terminando con la petición de que se anule la valoración realizada a la finca por los defectos de procedimiento alegados o, subsidiariamente, que se realice una nueva valoración resultante de aplicar los coeficientes instados.
PRIMERO.- Con carácter previo interesa aclarar que la interesada no manifiesta su disconformidad con los tres acuerdos de la Gerencia Regional de 13 de diciembre de 2004, aceptando por tanto la anulación para 2004 de los recibos con referencias catastrales ... y ... y, sobre todo, la asignación a la finca de referencia catastral ... de un nuevo valor de 4.268.319,07 euros a partir de 2004. La disconformidad de la interesada radica en que la Gerencia no había adoptado en su momento un cuarto acuerdo sobre el valor catastral de 2.423.962,85 euros asignado inicialmente la finca de referencia catastral ... Al presentarse esta reclamación en la propia Gerencia Regional, ésta admitió el error cometido y en acuerdo de fecha 29 de junio de 2005 anuló el valor catastral de 2.423.962,85 euros modificándolo a 1.685.945,69 euros, siendo este último valor el objeto de impugnación en esta reclamación.
SEGUNDO.- Aclarado lo anterior, hay que señalar que el artículo 235 de la Ley 58/2003, General Tributaria, dispone: "1. La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia ..... 3. El escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable que lo remitirá al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente, al que se podrá incorporar un informe si se considera conveniente. No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del expediente al tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición".
TERCERO.- El Reglamento de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, distingue las actuaciones a proseguir según el alcance de la anulación acordada; así, en el apartado 3, letra b) del artículo 52, se señala que: "b) Si se anula el acto impugnado y se dicta un nuevo acto en sustitución del anterior, se enviará al tribunal el acuerdo de anulación y el nuevo acto dictado, junto con el escrito de interposición y el expediente administrativo dentro del plazo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El tribunal considerará que la reclamación interpuesta impugna tanto el acuerdo de anulación como el contenido del segundo acto, a salvo de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante, y proseguirá la tramitación a menos que el interesado desista de forma expresa"; y en el segundo párrafo del apartado 3 del mismo artículo se dispone que: "Los actos anulados total o parcialmente serán los determinantes de la cuantía de la reclamación". Es decir, en el presente caso la cuantía que hay que considerar es el valor catastral de 2.423.962,85 euros anulado por la Gerencia Regional y no el de 1.685.945,69 euros que sustituye al anterior, por lo que este Tribunal resulta competente para resolver la presente reclamación al cumplirse también los requisitos de legitimación de la Sociedad reclamante y de plazo en su interposición.
CUARTO.- Entrando, pues, en el fondo del asunto, las cuestiones que ofrece el expediente pueden resumirse en: 1ª/ Si procede o no anular el valor catastral de 1.685.945,69 euros asignado por la Gerencia Regional en su acuerdo de 29 de junio de 2005, porque no existía en el expediente de gestión que se ha puesto de manifiesto a la interesada los estudios técnico-económicos a que se refiere la Regla Ocho de la Orden ministerial de 3 de julio de 1986; 2ª/ Si debe o no aplicarse al suelo el coeficiente H de inedificabilidad temporal; 3ª/ Si procede o no modificar la fecha de antigüedad de las construcciones existentes en la finca registral nº ...; y 4ª/ Si ha de aplicarse o no el coeficiente K del 0,70 por uso industrial de las edificaciones.
QUINTO.- En cuanto a la primera cuestión planteada, hay que señalar ante todo que las normas aplicables para la valoración de la finca son las vigentes 1989, año de aprobación de la Ponencia de valores de la que la aprobada en 2003, aplicada al caso controvertido, era una ampliación. Es decir, los valores, módulos y coeficientes aplicados son los de 1989, momento en que las Ponencias de valores se denominaban "Estudios técnico-económicos", por lo que lo que la interesada señala como inexistente en el expediente de gestión que este Tribunal le ha puesto de manifiesto es el Estudio técnico-económico de 1989 y la Ponencia de valores de 2003, documentos ambos que no han sido concretamente impugnados por la interesada en estas actuaciones, ni de forma directa o indirecta, pues lo que impugna son valores catastrales, sin que exista obligación alguna de poner de manifiesto todos los actos administrativos anteriores al que se impugna; por lo que no procede la anulación pretendida en base a esa supuesta inexistencia de documentación preceptiva.
SEXTO.- La pretensión de que para determinar el valor del suelo de la finca se aplique el coeficiente H de inedificabilidad temporal, es imposible de aceptar, pues es aplicable sólo a terrenos sin edificar, tal como consta en la Regla nueve de la Orden ministerial de 3 de julio de 1986 que la propia interesada aporta en sus alegaciones.
SÉPTIMO.- En cuanto a la aplicación del coeficiente J de antigüedad de las construcciones a las existentes sobre la finca registral nº ..., la reclamante postula que la finca está conformada por dicha finca y la nº ..., figurando que las construcciones existentes en la primera eran de 1983, mientras que se habían considerado de 1990; pero la prueba es insuficiente pues la suma de las superficies inscritas de ambas es de 25.756 m², mientras que la exaccionada es de 30.170 m², lo que impide aceptar que la finca esté conformada sólo por las dos cuya inscripción aporta; por otro lado, no señala la superficie de las construcciones que dice terminadas en 1983, ni puede tomarse ese año como fecha de terminación, pues es la de formalización de la escritura de declaración de obra nueva, que puede realizarse con posterioridad, sin haber acompañado los certificados fin de obra visados que serían los documentos justificativos de la terminación de las construcciones.
OCTAVO.- El coeficiente K del 0,70 por uso industrial que insta la reclamante, tampoco es de aplicación, pues no ha advertido que al final del apartado correspondiente de la Regla trece de la Orden ministerial mencionada, se indica que sólo es aplicable a partir del tercer año de antigüedad de la construcción y desde 1989 en que se aprobó la Ponencia hasta 1990 en que se entienden terminadas las construcciones, no ha transcurrido dicho plazo.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, resolviendo la reclamación económico-administrativa, en única instancia, interpuesta por la Sociedad ..., S.A., contra valor catastral para 2004 de 1.685.945,69 euros, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ACUERDA: Desestimarla.
Sentencia Administrativo Nº 987/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 309/2003, 27-06-2008
Orden: Administrativo Fecha: 27/06/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: De La Cruz Mera, Fatima Blanca Num. Sentencia: 987/2008 Num. Recurso: 309/2003
Sentencia Administrativo Nº 242/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 307/2003, 29-02-2008
Orden: Administrativo Fecha: 29/02/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: De La Cruz Mera, Fatima Blanca Num. Sentencia: 242/2008 Num. Recurso: 307/2003
Sentencia Administrativo Nº 17/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 88/2008, 15-01-2009
Orden: Administrativo Fecha: 15/01/2009 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Galindo Morell, Maria Pilar Num. Sentencia: 17/2009 Num. Recurso: 88/2008
Sentencia Administrativo Nº 391/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 9, Rec 747/2008, 25-03-2010
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Resolución de TEAC, 00/1962/2007, 24-10-2007
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 24/10/2007 Núm. Resolución: 00/1962/2007
Resolución de TEAC, 00/5135/1999, 06-04-2001
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 06/04/2001 Núm. Resolución: 00/5135/1999

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 235
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 396
 artículo 24

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