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Timestamp: 2020-01-20 21:33:34+00:00

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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Agosto de 2002, P. 412. XXXVII - Jurisprudencia - VLEX 40099639
P. 412. XXXVII.
P., V.A.E. c/ Datco S.A.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, S.V., denegó el recurso extraordinario de la actora con sustento en la índole no federal de las objeciones y en que los reparos expuestos no exceden de la mera discrepancia con lo resuelto (v. fs. 1530).
Contra dicha decisión se alza en queja la actora, por razones que, en sustancia, reproducen las del principal.
Reprocha la arbitrariedad de la denegatoria (fs. 170/186 del cuaderno respectivo).
La Sala a quo modificó la decisión de grado (fs.
1379/1389) y redujo el monto por el que prosperó la condena, con base en que: a) las tareas desplegadas por el actor no encuadran en la ley n° 14.546, por lo que procede excluir de condena el rubro por clientela; b) el reclamante no logró acreditar el compromiso de la accionada de pagar una comisión especial por la contratación suscripta con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ni su derecho a percibir comisiones, bonos y premios por ventas directas al IMOS, ANSES, ENRE, etc.; c) el reclamo por comisiones impagas se hallaba prescripto; d) el planteo relativo al automotor no fue deducido en la demanda, pues en la ocasión se pidió el pago de las comisiones retenidas para cubrir el leasing de aquél y no su valor; e) las indemnizaciones de la ley n° 24.013 no pueden proceder en tanto que la intimación se cursó cuando el vínculo no estaba vigente y se invocó un salario inexacto; y, f) el básico invocado por el actor es temerario y absurdo en razón de que, no sólo no se probaron las comisiones referidas, sino que ellas, en todo caso, se habrían devengado por única vez.
Juzgó, por último, que las partes coincidieron en que el despido se verificó verbalmente el 01.11.96 (fs. 1473/1484).
Contra dicha decisión, la actora dedujo recurso extraordinario (v. fs. 1488/1510), que fue contestado (fs.
1514/1528) y denegado -lo reitero- a fs. 1530, dando origen a esta queja.
Expresado en síntesis, la recurrente aduce que la sentencia incurre en arbitrariedad, en tanto que: 1) soslaya que el actor adujo haber sido corredor desde el 01.06.94 y no cuando se desempeñaba como gerente de ventas; 2) aprecia erradamente varios testimonios e instrumentales, así como la índole de las tareas del actor -viajante de comercio- y, en particular, la prueba relativa al pago de la comisión inherente al contrato con la Municipalidad; 3) omite considerar la carta documento del 05.11.96, a la luz de lo dispuesto por el artículo 3986, 2° párrafo, del Código Civil; 4) desconoce que desde junio de 1994 el actor concretaba ventas personalmente -extremo que imponía cumplimentar lo relativo al registro del artículo 10 de la ley n° 14.546- y que percibía comisiones en forma habitual; 5) se contradice al señalar que la omisión relativa al valor del vehículo podría ser subsanable y juzgar luego su admisión Aextra petita@, máxime cuando obra en la demanda un detalle de la operación de leasing; a lo que se añade que no puede establecerse si las comisiones reclamadas constituyen el saldo debido al pretensor; 6) prescinde de que el despido del actor se verificó el 07.11.96 y de que proceden, en consecuencia, los rubros de la ley n° 24.013; 7) incurre en contradicción al asentir a las testimoniales como medio probatorio del complemento Aen negro@ y no de las comisiones en idéntica condición; y, 8) resulta difusa al no concretar qué comisiones se habrían percibido por única vez.
Procuración General de la Nación Refiere, por último, vulneradas las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (fs. 1488/1510).
Según se desprende de la anterior reseña, la controversia esencial de la causa se sitúa en el encuadre fáctico-jurídico concerniente a las tareas desplegadas por el reclamante. El voto mayoritario de la Sala, apartándose del criterio expuesto por el inferior, valoró especialmente que el actor ejerció siempre altos cargos jerárquicos y que su tarea principal era la de comercializar los productos de la firma y agilizar las ventas; es decir, conducir el proceso de comercialización.
En ese marco -precisósi bien pudo haber realizado personalmente algunas operaciones aisladas, ello no significa que se lo pueda asimilar a un viajante que efectúa ventas fuera de la empresa como profesión habitual y principal; sin que obste a ello el cobro de comisiones que no implica por sí -en defecto de aquella evidencia- la condición de corredor; máxime cuando el requerimiento cifrado en la ley n° 14.546 provino recién del libelo inicial (fs. 1473 y 1483).
Enfatizó, luego, al estudiar el reclamo relativo a las comisiones impagas, que el mismo se hallaba condicionado a la acreditación de que, al margen de la actuación como gerente, el pretensor tenía derecho al cobro de comisiones; puntualizando que, reclamos globales y genéricos sobre bases de liquidación no precisadas, efectuados por quien es retribuido, a su vez, por intervenir y participar en todas las operaciones de venta, no pueden tener acogida favorable (cfse. fs. 1475).
Cabe recordar al respecto que el juez de grado, a su turno, sustentó su conclusión contraria sobre el tema en que, a partir del ascenso del pretensor desde la Gerencia de Ventas a la de Distribuidores y, luego, a la de Grandes Cuentas,
concretó de manera personal, mediante viajes al interior y exterior del país, ventas por cuenta y orden de la demandada.
Amén de los testimonios citados en respaldo de su aseveración, valoró especialmente que, con los ascensos, el peticionante se vio privado de todo su equipo de vendedores -existentes en la empresa pese a negativa de la reclamada- lo que lo obligó a verificar por sí una operatoria habitual de comercialización, y que, soslayando lo anterior, la empleadora omitió cumplimentar la obligación establecida por el artículo 10 de la ley n° 14.546. Resaltó también, en el plano presuncional habilitado por los artículos 11 de la ley n° 14.546 y 55 de la ley n° 20.744, las Aserias irregularidades@ informadas por la experta contadora (rubrica tardía, interlineados, folios borrados con corrector líquido, negativa de la existencia de vendedores, etc.); e instrumentales y registros en donde constan agentes dedicados a la venta; dos libros con idéntico número y el actor inscripto con sus datos personales pero con la categoría y función en blanco.
Hizo hincapié, además, entre otros argumentos, en la coincidencia testimonial en orden a la existencia de un mecanismo de pago de comisiones informal, que habría alcanzado, incluso, al propio peticionante (v. fs.
1379/1389).
El inferior viene a coincidir, substancialmente, en este punto, con la minoría de la alzada, quien puso de resalto que hasta junio de 1994 el actor no puede ser calificado como un viajante de comercio, pues no poseen tal calidad los jefes de equipo o gerentes encargados de organizar los sistemas de comercialización y consecuentemente no concretan en modo personal las operaciones; extremo que no altera el haber realizado ventas ocasionales (art. 1, ley 14.546). Destacó que, la situación varía con posterioridad a esa fecha, ocasión en que -como se admite implícitamente en la expresión de
Procuración General de la Nación agravios y sin perjuicio de la designación conferida al cargoel actor concretó ventas por sí a favor de la accionada. Hizo hincapié, asimismo, en la omisión del libro del artículo 10 de la ley 14.546; en la coincidencia habida entre la prueba documental y la contabilidad peritada; en la existencia de un sistema de pago informal de parte del sueldo y de las comisiones y en omisiones inherentes al Libro Especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 1479/1483).
Cabe referir que, en importante medida, los agravios de la apelante vienen a retomar en sus lineamientos generales los argumentos puestos de resalto por el inferior y, parcialmente, por la minoría de la Sala.
De lo expuesto hasta aquí, queda en claro que la discusión relativa a la índole de tareas desempeñadas por el actor comprende el período posterior a junio de 1994. En ese cuadro, vale memorar que, según el reiterado decir de V.E., los asuntos entre empleados y empleadores que emanan de la relación de trabajo, debatidos ante los tribunales del fuero respectivo, no dan lugar, por sus extremos de hecho, prueba, derecho común y procesal, a la vía establecida en el artículo 14 de la ley n° 48 (v. Fallos: 308:540; 310:2277; 311:2187, etc.). Ello es así, máxime en circunstancias que se exponen sobre el tema motivaciones de hecho y de derecho no federal que, más allá de su acierto o error, acuerdan basamento jurídico a lo resuelto y descartan toda posible descalificación de la sentencia (Fallos: 304:180, 354, 963, etc.).
Y es que, en el sub examine, la muy genérica crítica de la apelante, que, en rigor, viene a reiterar en buena medida lo expresado previamente, desplegada en el excepcional ámbito de la doctrina sobre sentencias arbitrarias, no alcanza
en sustancia a conmover el criterio de la a quo -con la disidencia parcial de uno de sus integrantes- en orden a que el actor no logró acreditar, a partir de junio de 1994, la concreción habitual y principal de operaciones de venta fuera de la órbita de la empresa; ni tampoco -en alguno de los casos, inclusive, sin disidenciassu falta de derecho al cobro de conceptos tales como comisiones, indemnizaciones de la ley n° 24.013, valor de un vehículo, etc.. Todo lo anterior, expuesto en un plano en el que se juzgó no determinante la eventual percepción de comisiones, en ausencia de la puntual y concreta acreditación del carácter de viajante de comercio.
Así, el examen de las testimoniales, cuya parcial y fragmentaria cita emprende el peticionante, no permite advertir una valoración irrazonable de los dichos de los deponentes apreciados en su conjunto (fs.
885/887; 1006vta./1009; 1010/1012; 1013 /1014 y 1024/1026 -parte actora-; y 1006/1007; 1027; 1028vta./1030 y 1052/1053 -parte demandada-); extremo que, asimismo, puede predicarse a propósito del peritaje contable y sus sucesivas aclaraciones (fs. 1065/1080, 1216/1223; 1263/1270; 1299/1399 y 1314); y de las constancias documentales acompañadas por las partes en más de quinientas hojas por presentación (v. agregados), referenciadas por la recurrente -vuelvo a decirlo: como en general las restantes probanzas- en modo sumamente genérico, imposibilitando advertir cuales de ellas y con que alcances resultarían determinantes a fin de acreditar la supuesta tacha.
En un orden similar vale decir que, también fracasa la actora en su empeño por acreditar los agravios relativos a la fecha de despido, rubros emergentes de la ley n° 24.013 y comisiones prescriptas, en tanto que sus críticas, en el marco indicado, no exceden la mera discrepancia con lo resuelto, extremo al que se añade que, en tanto el reclamo sobre
Procuración General de la Nación comisiones impagas versa -a juicio de la Sala- sobre créditos anteriores a junio/94, nada obsta a lo decidido en materia de prescripción la carta documento del 05. 11.96, pues, tratándose de una prescripción bianual como la prevista en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya había acaecido a la fecha de remisión de la misma (fs. 55, 60 y 1420).
Finalmente, cabe señalar que la a quo asintió a la remuneración del actor incluyendo el complemento Aen negro@, con apoyo en que la accionada no impugnó la decisión del inferior que aceptó la existencia de esos pagos marginales (v. fs. 1477) y que con prescindencia de la falta de precisiones en torno a las comisiones percibidas por única vez a que alude el apelante, lo cierto es que la Sentenciadora desechó el rubro con sustento en la falta de prueba del derecho a la comisión, extremo que torna inoficioso, en el punto, el agravio de la quejosa.
En otro orden y sin perjuicio de lo anterior, estimo que -como bien lo expone el voto parcialmente disidente- sí ha quedado acreditado con la testimonial que la accionada abonaba sumas relevantes Aen negro@. De hecho, la alzada consideró firme lo relativo a la existencia de un pago mensual, marginal a favor del actor.
A ello se añade que también resultó acreditado, de acuerdo a la jerarquía gerencial del accionante, que la empleadora le facilitaba un automóvil y que le fueron confiadas tareas relevantes como la organización de los distribuidores y la atención a grandes clientes. En el citado contexto y puesto que agravia a la presentante el básico tomado en cuenta a los efectos del cálculo indemnizatorio, opino que, con ajuste a lo dicho y estimando la operatoria comercial de la accionada y los ingresos normales, cabe asentir a que se reconsidere el salario mensual del actor en
el contexto de lo previsto por el artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 1482).
En razón de lo expuesto, considero que corresponde desestimar la presentación de la actora con excepción de lo expresado en el ítem VI, respecto al cual procede admitir la queja, hacer lugar al recurso, dejar sin efecto la sentencia y restituir los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo indicado.

References: artículo 3986
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 52
 artículo 14
 artículo 256
 artículo 114