Source: http://www.asep.gob.pa/leyes_decretos/Ley24.asp
Timestamp: 2018-01-17 23:42:22+00:00

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(De 30 de junio de 1999)
Por la cual se regulan los servicios públicos de radio y televisión
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley establece el régimen a que se sujetarán los servicios públicos de radio y televisión dentro de la República de Panamá, con el objeto de promover y proteger la inversión privada en el sector, así como la competencia leal y libre entre los concesionarios, y mejorar la calidad de cada uno de esos servicios.
Artículo 2. Marco legal. La operación técnica de los servicios públicos de radio y televisión, se regirá por esta Ley y los decretos que la reglamentan, así como por las resoluciones que dicte el Ente Regulador de los Servicios Públicos de conformidad a las disposiciones legales que regulen la materia, y supletoriamente por la Ley 26 de 1996, la Ley 29 de 1996, la Ley 31 de 1996, el Decreto Ejecutivo 73 de 1997 y el Decreto Ejecutivo 138 de 1998, en cuanto estas normas no sean incompatibles con las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 3. Entidad reguladora. El Ente Regulador de los Servicios Públicos creado por la Ley 26 de 1996, tiene la finalidad de regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente la operación técnica de los servicios públicos de radio y televisión, en cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. El Ente Regulador tendrá la competencia privativa en relación con los servicios públicos de radio y televisión.
Artículo 4. Derecho de concesión, canon anual y tasa de regulación. Se establecen tres tipos de derechos: el derecho de concesión, el canon anual y la tasa de regulación, pagaderos por los concesionarios de los servicios públicos de radio y televisión, los cuales se harán constar, cuando sean aplicables, en las respectivas concesiones que otorgue el Ente Regulador, a saber:
El derecho de concesión, que deberá pagarse únicamente con motivo de la concesión adjudicada por licitación pública que realice el Ente Regulador, para la operación técnica de los servicios públicos de radio o televisión, y cuyo pago ingresará al Tesoro Nacional. No estarán sujetas al derecho de concesión, las licencias o concesiones vigentes a la fecha de promulgación de esta Ley.
Los siguientes cánones anuales, los cuales ingresarán al Tesoro Nacional, para las empresas que, al entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren prestando servicios públicos de radio y/o televisión mediante concesión o licencia, debidamente otorgada por autoridad competente de acuerdo con el Decreto 155 de 1962 o la Ley 36 de 1980, y que utilicen frecuencias del espectro radioeléctrico, así:
a. Por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión, para estaciones de radio en la banda AM, con un ancho de banda máximo de 10 kilohertzios, cien balboas (B/. 100. 00).
b. Por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión, para estaciones de radio en la banda FM, con un ancho de banda máximo de 200 kilohertzios, cincuenta balboas (B/. 50.00).
c. Por cada canal asignado, en cada sitio de transmisión, para estaciones de televisión en la banda VHF, con un ancho de banda máximo de 6 megahertzios, mil balboas (B/. 1,000. 00).
ch. Por cada canal asignado, en cada sitio de transmisión, para estaciones de televisión en la banda UHF, con un ancho de banda máximo de 6 megahertzios, quinientos balboas (B/. 500.00).
d. Por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión, para estaciones de radio no cubiertas en los literales a y b anteriores, por cada 10 kilohertzios o fracción; o por cada canal asignado, en cada sitio de transmisión, para estaciones de televisión no cubiertas en los literales c y ch anteriores, por cada 6 megahertzios o fracción, veinticinco balboas (B/.25.00).
Los parámetros técnicos autorizados, tales como las potencias de transmisión, la ubicación de los sitios de transmisión y la altura de las antenas transmisoras, utilizados por los licenciatarios o concesionarios de los servicios públicos de radio y/o televisión, según corresponda, existentes al momento de promulgarse la presente Ley, o los que se autoricen por medio de concesiones que otorgue el Ente Regulador, no podrán modificarse sin la previa autorización de esta entidad, conforme a los procedimientos reglamentarios de la presente Ley y las normas que emita el Ente Regulador.
El Ente Regulador tendrá sesenta días calendario, contados a partir de la solicitud que realicen los concesionarios de los servicios públicos de radio y/o televisión, para autorizar o rechazar la modificación de los parámetros técnicos autorizados de que trata el párrafo anterior. En caso de que no lo realice dentro del término aquí señalado, se considerará autorizada la modificación, y los concesionarios podrán utilizar sus nuevos parámetros técnicos, según fueron solicitados.
Los cánones anuales establecidos en este artículo, se refieren a balboas al primero de enero del año 2000 y serán ajustados por cl Ente Regulador cada cinco años de acuerdo con las variaciones, durante ese periodo, del Índice de Precios al Consumidor, tal como lo emita la Contraloría General de la República.
A partir del año 2000, los concesionarios o licenciatarios de los servicios públicos de radio y/o televisión, existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, pagarán los cánones anuales establecidos en este artículo. Aquellos a quienes el Ente Regulador les otorgue una concesión al tenor de lo dispuesto en la presente Ley, pagarán a partir del vigésimo sexto año contado desde el otorgamiento de la respectiva frecuencia, el canon anual vigente a esa fecha.
La tasa de regulación que el Ente Regulador establezca, de manera proporcional y equitativa, entre los concesionarios, para cubrir los gastos de sus funciones de regulación y fiscalización, la cual se calculará así:
a. Para estaciones de radio en la banda AM, hasta trescientos balboas (B/.300.00),por año, por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión.
b. Para estaciones de radio en la banda FM, hasta trescientos balboas (B/.300.00),por año por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión.
c. Para estaciones de televisión en la banda VHF, hasta cuatro mil quinientos balboas (B/.4,500.00), por año, por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión.
ch. Para estaciones de televisión en la banda UHF, hasta cuatro mil quinientos balboas (B/.4,500.00), por año, por cada frecuencia asignada, en cada sitio de transmisión.
d. Para todos los otros concesionarios de servicios públicos de radio o televisión Tipo A o Tipo B, mil balboas (B/. 1,000.00), por año, por cada canal diferente de televisión retransmitido, incluido su respectivo audio; y cien balboas(B/. 100.00) por año, por canal diferente, de audio retransmitido.
La tasa de regulación será fijada anualmente por el Ente Regulador, mediante resolución motivada, y será pagada por cada concesionario de servicio público de radio y/o televisión a esta entidad, mediante cuotas mensuales uniformes y equitativas, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. A la tasa de regulación que fije el Ente Regulador, se le descontará el canon anual de que trata el numeral 2 del presente artículo.
La tasa de regulación de que trata este artículo, se refiere a balboas al primero de enero del año 2000, y será ajustada por el Ente Regulador cada cinco años, de acuerdo con las variaciones, durante ese periodo, del Índice de Precios al Consumidor, tal como lo emita la Contraloría General de la República.
La obligación de pagar la presente tasa de regulación comenzará a regir para los concesionarios que se encuentren operando servicios públicos de radio y/o televisión, mediante concesión o licencia debidamente otorgada por autoridad competente de acuerdo con el Decreto 155 de 1962 o la Ley 36 de 1980, transcurridos ciento veinte días calendario, contados a partir de la promulgación de la presente Ley o contados a partir de la fecha en que inicien operaciones, según corresponda. Los concesionarios que reciban una concesión del Ente Regulador pagarán la presente tasa de regulación transcurridos ciento veinte días calendario, contados a partir de la fecha en que inicien operaciones.
Parágrafo transitorio. Mientras el Ente Regulador no reciba los ingresos suficientes para cumplir con las funciones que le asigna esta Ley, los gastos de operación correspondientes serán incluidos en el Presupuesto General del Estado en calidad de transferencia corriente del Gobierno Central.
Artículo 5. Política del Estado. La política del Estado en materia de los servicios públicos de radio y televisión, será la siguiente:
Promover un régimen jurídico de estabilidad, que imprima certeza y seguridad a las inversiones realizadas y por realizar en la prestación de los servicios públicos de radio y televisión.
Propiciar la expansión y modernización de los servicios públicos de radio y televisión así como el desarrollo de nuevos servicios que se puedan promover a través de ellos.
Promover y garantizar el desarrollo de la competencia leal y libre entre los concesionarios que prestan los servicios de radio y televisión, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las resoluciones que emita el Ente Regulador.
Fiscalizar y controlar, por conducto del Ente Regulador, el cumplimiento de las concesiones que se otorguen para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión.
Evitar la interferencia entre las transmisiones que realicen los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, de radio y de televisión, en cl ejercicio de sus derechos.
Artículo 6. Funciones del Ente Regulador. En adición a las funciones y atribuciones generales del Ente Regulador de los Servicios Públicos, señaladas en su Ley Orgánica, éste tendrá las siguientes funciones en materia de servicios públicos de radio y televisión:
Establecer las directrices técnicas que se requieran en materia de los servicios públicos que regula la presente Ley.
Adoptar las medidas necesarias para que los servicios de radio y televisión sean prestados técnicamente en forma eficiente, sin interferencias y en igualdad de condiciones. El Ente Regulador, por solicitud motivada del concesionario, otorgará a éste un periodo de cura por incumplimiento de esta Ley, su reglamento o las resoluciones que emita el Ente Regulador, para corregir la falta.
Otorgar y registrar cada una de las concesiones para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión, que otorgue en cumplimiento de la presente Ley.
Velar por la eficaz utilización de las frecuencias asignadas a cada una de las concesiones que otorgue el Ente Regulador, para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión, verificando técnicamente las emisiones radioeléctricas e identificando, localizando y exigiendo la eliminación de aquellas emisiones que no cumplan con las exigencias y requerimientos que establezca el Ente Regulador.
Convocar a consultas o audiencias públicas conforme a las normas establecidas en el reglamento de esta Ley y en las resoluciones que emita el Ente Regulador, para atender asuntos de carácter técnico y legal que afecten a los concesionarios de los servicios públicos de radio y televisión.
Vigilar y controlar cl cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que están sujetos los concesionarios que presten los servicios públicos de radio y televisión.
Hacer cumplir las normas técnicas de servicio, que se fijen en los reglamentos de esta Ley, a las que deban ceñirse los concesionarios de los servicios públicos de radio y televisión, así como dictar las resoluciones para implementar su control y fiscalización.
Practicar las visitas, inspecciones y pruebas técnicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Aplicar sanciones a los infractores en el campo normativo de su competencia, sobre la base de las atribuciones que le confiere la presente Ley.
Realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le asigna esta Ley.
Hacer que sus actos sean del conocimiento público, mediante la publicación de todas las resoluciones que emita, en la Gaceta Oficial.
Artículo 7. Definiciones. Regirán las definiciones establecidas en los acuerdos suscritos por la, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en los decretos que dicte el Órgano Ejecutivo para reglamentar esta Ley, en las resoluciones técnicas que emita el Ente Regulador conforme a la Ley y sus reglamentos, así como en los tratados y convenios internacionales vigentes suscritos por la República de Panamá, que sean aplicables.
Servicios Públicos de Radio y Televisión y Espectro Radioeléctrico.
Artículo 8. Clasificación. Los servicios públicos de radio y televisión se clasifican de la siguiente manera:
Servicios Tipo A. Son los servicios de radio televisión para cuya operación y explotación se requiere de asignación, por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de frecuencias principales (no de enlace) para la transmisión.
Las frecuencias de enlace se continuarán rigiendo por las disposiciones de la Ley 31 de 1996.
Servicios Tipo B. Son los servicios de radio y televisión, para cuya operación y explotación no se requiere de asignación de frecuencias principales por parte del Ente Regulador.
Igualmente, se entenderán como servicios Tipo B, y no estarán sujetos al pago de la tasa de regulación de que trata la presente Ley, aquellos concesionarios de servicios públicos de radio o televisión que requieran de la asignación de frecuencias para la transmisión con fines exclusivamente educativos, culturales, científicos, de asistencia médica o ambiental, de información meteorológica o de tránsito vehicular, según lo determine mediante resolución el Ente Regulador. Éste fiscalizará la programación correspondiente para comprobar que dichos servicios se limitan efectivamente a dichos propósitos. Estas concesiones serán de transferencia restringida a terceros que se comprometan expresamente a utilizar las frecuencias con los mismos fines y no con fines de lucro, bajo la pena de perder la concesión.
Parágrafo. En lo que respecta a las concesiones para la prestación de servicios Tipo A, el Ente Regulador de los Servicios Públicos establecerá un programa bianual de convocatorias a licitación pública, para la asignación de las frecuencias principales disponibles en el espectro radioeléctrico. Dentro de los períodos bianuales de presentación de solicitudes que señale el Ente Regulador, cualquier interesado que cumpla con los requisitos de esta Ley, sus reglamentos y las resoluciones que emita el Ente Regulador, podrá solicitar la convocatoria de licitación pública para la concesión de estos servicios. El Ente Regulador deberá efectuar la convocatoria, o podrá negarla mediante resolución motivada, dentro del plazo que, al efecto, establezca el reglamento de esta Ley.
En lo que respecta a los servicios Tipo B, el Ente Regulador abrirá a concesión la prestación de estos servicios por nuevos concesionarios, en tres períodos distintos durante cada año calendario, comenzando en el 2000.
Tanto para las concesiones Tipo A o Tipo B de que trata este artículo, los reglamentos de esta Ley y las resoluciones que emita el Ente Regulador de conformidad a las disposiciones de esta Ley y su reglamento, desarrollarán los programas y materias necesarias para que surtan sus efectos legales.
Artículo 9. Autoridad clasificadora. El Ente Regulador ubicará, dentro de la clasificación establecida en el artículo anterior, todos y cada uno de los servicios públicos de radio y televisión que actualmente se prestan dentro de la República; también modificará dicha clasificación para incluir futuros servicios, sin que ello afecte las concesiones ya otorgadas. Las modificaciones a la primera resolución del Ente Regulador que adopte la clasificación de servicios en materia de radio y televisión, se realizarán por el mecanismo de audiencia.
Artículo 10. Utilización de infraestructura compartida. Los concesionarios que presten servicios públicos de radio y televisión, deberán ajustarse al contenido del Decreto Ejecutivo 138 de 1998, para la utilización de instalaciones de propiedad de los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones y electricidad, cuando técnicamente ello sea posible.
Artículo 11. Separación de frecuencias y Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Se respeta la separación para estaciones de radiodifusión en las bandas AM y FM, que cuenten con una concesión vigente a la fecha de promulgación de la presente Ley. Las concesiones que se otorguen con fundamento en esta Ley, guardarán una separación mínima entre canales adyacentes de 30 kilohertzios, para la banda AM; y una separación mínima entre canales adyacentes de 400 kilohertzios, para la banda FM.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos deberá establecer e identificar, en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, al que se refieren los artículos 11 y 15 y el numeral 3 del artículo 73 de la Ley 31 de 1996, aque1los segmentos del espectro radioeléctrico que podrán utilizarse para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión. El Ente Regulador deberá adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de este artículo.
Artículo 12. Otorgamiento de concesiones. Las concesiones para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión Tipo A, serán otorgadas por el Ente Regulador, mediante resolución motivada, previa celebración de un proceso de licitación pública, conforme a los requisitos establecidos en esta Ley, sus reglamentos o las resoluciones que, para tal efecto, adopte el Ente Regulador y, supletoriamente, en la Ley 56 de 1995, según haya sido modificada o adicionada, y en sus reglamentos. La base para la adjudicación del proceso de licitación pública que se realice, será el precio más alto que se presente durante el correspondiente acto público.
Las concesiones para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión Tipo B, serán otorgadas por el Ente Regulador mediante resolución motivada, siempre que sean oportuna y debidamente presentadas y que el solicitante cumpla con todos los requisitos que, a este efecto, se establecen en la presente Ley, en sus reglamentos y en las resoluciones que emita el Ente Regulador.
Tanto los expedientes de los solicitantes y de los concesionarios Tipo A y Tipo B, serán de libre acceso y divulgación al público, a fin de preservar los principios de transparencia y de libre información.
Artículo 13. Precalificación. Todo acto de licitación pública para el otorgamiento de una concesión para la prestación de los servicios públicos de radio y televisión Tipo A, para la operación de nuevas estaciones de radio o televisión, estará precedido de un procedimiento de Precalificación de proponentes, el cual estará sujeto, por lo menos, a las siguientes condiciones:
Que el proponente, y en el caso de persona jurídica, sus accionistas o socios efectivos, sus directores, socios administradores, fiduciarios, miembros del consejo de fundación u otros directivos o administradores principales, reúnan los requisitos de nacionalidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, conforme a los criterios y requisitos que, a tal efecto, establezca el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Que el proponente reúna los requisitos de solvencia y capacidad financiera, así como la capacidad y experiencia técnica y administrativa, que fije el Ente Regulador mediante resolución.
La resolución que se dicte como resultado de una precalificación no admitirá recurso alguno, sin perjuicio del recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 14. Requisitos de nacionalidad. Solamente tendrán derecho a obtener concesiones para prestar servicios públicos de radio o televisión de cualquier tipo, las personas naturales que no hayan sido condenadas por la comisión de delitos de carácter doloso en la comunidad panameña o internacional. En caso de personas jurídicas, este requisito se extenderá a sus directores y dignatarios. Se requiere que el concesionario tenga la ciudadanía panameña en caso de que sea una persona natural; y para el caso de personas jurídicas, sus accionistas efectivos, esto es, las personas naturales que controlen, de derecho y de hecho, la propiedad y el poder de voto de las respectivas acciones o cuotas de participación, deberán, en no menos del sesenta y cinco por ciento (65 %), ser ciudadanos panameños. En estos casos, las acciones o cuotas de participación de las personas jurídicas serán nominativas. Por excepción de lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución Política, este requisito no se aplica a los servicios públicos de radio o televisión pagada y, por tanto, se autoriza la propiedad extranjera en más del cincuenta por ciento (50%) en el capital de estas concesiones.
Para estos fines, la propiedad de las acciones o cuotas de participación de una persona jurídica, se apreciará sin considerar la nacionalidad o ciudadanía de las personas, ya sean naturales o jurídicas, o fundaciones, fideicomisos, asociaciones o corporaciones, o cualquier otro acto, contrato o persona que resulte interpósito; y el control efectivo de la persona jurídica se apreciará en función del poder directo o indirecto de designar, remover o reemplazar a los directores, socios administradores, fiduciarios, miembros del consejo de fundación o cualquier otra persona, de los cargos en los cuales recaiga la toma de decisiones de política o de administración principal de la persona jurídica correspondiente.
Asimismo, para los servicios de radio y televisión abierta, sean de Tipo A o Tipo B, todos y cada uno de los directores, socios administradores, fiduciarios, miembros del consejo de fundación y todo directivo o administrador principal de la correspondiente persona jurídica, deberán reunir los mismos requisitos de nacionalidad que señala este artículo.
En ningún caso, un gobierno extranjero, o una empresa o consorcio en el que tenga dominio, control o participación mayoritaria un gobierno extranjero, podrá explotar por sí o por interpuesta persona, los servicios públicos de radio y televisión que regula la presente Ley, o ser accionista o socio mayoritario, directa o indirectamente, de empresas que exploten tales servicios.
Para efectos de esta Ley, se entiende por servicio público de radio abierta, aquellos servicios de radio que operan en las bandas AM o FM; y por servicio público de televisión abierta, aquellos servicios de televisión que operan en las bandas VHF 0 UHF. Se entiende por servicio público de radio o televisión pagada, aquel por cuya prestación se cobran derechos y que opera en bandas diferentes de las establecidas en este párrafo.
Articulo 15. Restricción. No se podrá ceder, ni en manera alguna gravar, dar en fideicomiso, enajenar, o disponer de cualquier, total o parcialmente, las concesiones para operar estaciones de radio o de televisión, abierta o pagada, ni los derechos concedidos en ellas, a un Estado o gobierno extranjero, o a una persona jurídica que bajo el control de un Estado o gobierno extranjero o que éste sea accionista o socio mayoritario de ella; o a un nacional o ciudadano extranjero o a cualquier otra persona, en violación de lo dispuesto en el articulo 14 de esta Ley.
Con sujeción a las excepciones del artículo 14 de esta Ley, el titular de una concesión para la prestación de los servicios públicos de radio o de televisión, sólo podrá cederla, en todo o en parte, con la previa autorización del Ente Regulador, que la otorgará en la medida que compruebe que el cesionario, y en el caso de persona jurídica o fideicomisos, fundaciones, asociaciones o corporaciones, sus accionistas o socios efectivos, sus directores, socios administradores, fiduciarios, miembros del consejo de fundación u otros directivos o administradores principales, reúnen los requisitos de nacionalidad que señala el artículo 14 de esta Ley y cuenten con solvencia y capacidad financiera, así como con capacidad y experiencia técnica y administrativa, según los criterios y requisitos que establezca, para esos efectos, el Ente Regulador.
Cualquier cesión, gravamen, traspaso u otra enajenación o disposición que realice el titular de una concesión, para operar estaciones de radio o de televisión en violación de este artículo, causará de pleno derecho el no perfeccionamiento de la cesión, gravamen, traspaso, enajenación o disposición de que se trate, así como la imposición de la correspondiente sanción de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.
Articulo 16. Requisitos para servicios de radio o televisión Tipo B. Los solicitantes de concesiones para la prestación de servicios públicos de radio y televisión Tipo B, deberán cumplir con los requisitos de solvencia y capacidad financiera, igual que de capacidad y experiencia técnica y administrativa, que establezca el reglamento de la presente Ley.
Articulo 17. Contenido de las concesiones. Las concesiones para los servicios públicos de radio y televisión contendrán lo siguiente:
El objeto de la concesión, señalando si se trata de la operación de estaciones de radiodifusión AM o FM, de estaciones de televisión abierta o pagada u otro.
La frecuencia o frecuencias asignadas, de ser este el caso.
El modo de transmisión de la señal, sea éste mediante el uso del espectro radio eléctrico, mediante transmisión directa de satélite a receptor, por cable o por cualquier otro medio tecnológico que se desarrolle en el futuro.
En el caso de que la transmisión requiera del uso del espectro radioeléctrico, la ubicación del equipo transmisor y el sistema y potencia de radiación.
Cualquier otra información que establezcan los reglamentos de la presente Ley o las resoluciones que emita el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Artículo 18. Término de duración. Las concesiones para operar estaciones de radio o de televisión, tendrán una vigencia de veinticinco años y se prorrogarán automáticamente por períodos adicionales y consecutivos de veinticinco años cada uno, siempre que el concesionario se encuentre cumpliendo los requisitos y obligaciones que establezcan la Ley, sus reglamentos y las resoluciones que emita el Ente Regulador.
Cuando se trate de concesiones para servicios Tipo A, otorgadas a la misma persona o a personas bajo control común o que pertenezcan a un mismo grupo económico, y que sean operadas de manera integrada, la vigencia de las concesiones se contara a partir de la fecha de otorgamiento de la última concesión, sin perjuicio de la obligación de pago del canon anual que corresponda y de que una o más concesiones así integradas puedan ser, posteriormente, objeto de cesión a terceros conforme al articulo 15 de ésta Ley u objeto de devolución al Estado.
Articulo 19. Régimen para las concesiones existentes. Las concesiones para operar estaciones de radio o de televisión vigentes a la fecha de promulgación de esta Ley, otorgadas por autoridad competente de conformidad al Decreto 155 de 1962 y la Ley 36 de 1980, o sus modificaciones, o que hayan mantenido su vigencia por virtud de dichas disposiciones, la mantendrán sin necesidad de licitación pública o de cualquier otro trámite o gestión, por un período de veinticinco anos, que se contará a partir de la promulgación de esta Ley y se prorrogará en la misma forma sujeto a las mismas condiciones establecidas en el artículo anterior.
Artículo 20. Derechos. Todo concesionario de los servicios públicos de radio y televisión tendrá derecho a:
El uso y goce pacífico, para fines lícitos, de las frecuencias asignadas en su concesión, así como de las instalaciones y bienes que utilice durante la vigencia de la correspondiente concesión, siempre que cumpla con los requisitos de su respectiva concesión.
La transmisión ininterrumpida y sin interferencia de su señal, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.
Cualquier otro derecho que se establezca en los reglamentos de esta Ley o en las resoluciones correspondientes que emita el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Artículo 21. Obligaciones. Todo concesionario de los servicios públicos de radio y televisión estará obligado a:
Instalar los equipos e iniciar operaciones dentro de un período no mayor de un año, en el caso de estaciones de radio; y no mayor de tres años, en el caso de estaciones de televisión; términos éstos que se contarán a partir de la fecha en que el Ente Regulador otorgue la correspondiente concesión.
Cumplir y respetar esta Ley y las demás leyes y reglamentos vigentes, así como las resoluciones del Ente Regulador.
No realizar transmisiones que interfieran con los derechos legítimamente ejercidos por otros concesionarios de radio, televisión o telecomunicaciones.
Informar, al Ente Regulador, sus horarios de transmisión diaria y no interrumpir sus transmisiones por periodos mayores de treinta días sin autorización del Ente Regulador, que la concederá por el período más breve posible y solamente en casos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan la transmisión de la señal, sin interferir con los derechos de otros concesionarios.
Hacer pago completo y puntual de todo derecho, tasa o regalía que corresponda conforme a esta Ley.
Facilitar la labor regulatoria y fiscalizadora del Ente Regulador, conforme a esta Ley y sus reglamentos, y permitirle acceso para ello a sus instalaciones técnicas.
Transmitir gratuitamente y de preferencia:
Los boletines del Organo Ejecutivo que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio de la República, con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública, y aquellos que comuniquen a la ciudadanía sobre actos que afecten la libre circulación, incluyendo los relativos a catástrofes.
Los mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro que soliciten auxilio.
Rectificar, corregir o remediar cualquier violación o incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos o de las resoluciones que emita el Ente Regulador, dentro de los plazos que, para esos efectos, establezca el Ente Regulador conforme a dichas disposiciones.
Cualquier otra obligación que se establezca en los reglamentos de esta Ley o en las resoluciones que dicte el Ente Regulador, dentro de sus facultades legales.
Articulo 22. Autoridad competente. El Órgano Ejecutivo, a través del Ente Regulador de los Servicios Públicos y mediante resolución motivada, de conformidad con las causales indicadas en este capítulo o en la respectiva concesión, podrá declarar su resolución administrativa, previo cumplimiento del procedimiento que se establezca en los reglamentos de esta Ley.
Artículo 23. Causales de resolución administrativa. Las siguientes serán causales justificadas de resolución administrativa de las concesiones de los servicios públicos de radio o televisión:
El no iniciar transmisiones dentro de los términos establecidos en esta Ley.
La cesión u otra enajenación o disposición total o parcial de la respectiva concesión, en violación del artículo 15 de esta Ley.
La quiebra del concesionario.
La interrupción, en grado significativo y sin causa justificada, de los servicios públicos de radio o televisión, que presta el concesionario. Para estos efectos, el caso fortuito y la fuerza mayor constituirán causa justificada, según el reglamento lo defina.
La reincidencia grave y notoria en el incumplimiento de las normas jurídicas en materia de los servicios públicos de radio y televisión contenidos en esta Ley, en sus reglamentos o en las resoluciones del Ente Regulador, o de las obligaciones derivadas de la correspondiente concesión.
Artículo 24. Recurso. Contra la resolución del Ente Regulador que ordene la resolución administrativa de una concesión para la prestación de un servicio público de radio o televisión, cabe el recurso de reconsideración sujeto a lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 26 de 1996. El recurso se concederá en el efecto suspensivo.
Artículo 25. Prohibición a empresas de telecomunicaciones. Queda prohibido, a cualquier concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones y a sus subsidiarias o filiales, operar servicios públicos de radio o televisión, mientras operen servicios públicos de telecomunicaciones en régimen de exclusividad temporal.
Articulo 26. Prohibición de control de medios. Queda prohibido a los concesionarios de los servicios públicos de radio o televisión abierta, controlar, en forma directa o indirecta, un periódico de circulación diaria, si el Area de cobertura de la estación de radio o televisión abierta cubre, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) del área geográfica en donde el periódico es distribuido o vendido.
De la misma manera, los concesionarios de servicios públicos de radio o televisión abierta, no podrán ser controlados, en forma directa o indirecta, por un periódico de circulación diaria, si el periódico es distribuido o vendido en un área geográfica que cubre, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) del Area de cobertura de la estación de radio o televisión.
Para los fines del presente articulo, se entiende por periódico, aquel que se publica un mínimo de cuatro veces a la semana, con contenido en idioma español. Se exceptúan de esta disposición, los periódicos publicados por centros educativos o religiosos y clubes cívicos.
Se entiende que un concesionario de servicio público de radio o televisión abierta, ejerce control, en forma directa o indirecta, de un periódico, o que un periódico ejerce control, en forma directa o indirecta, de un concesionario de servicio público de radio o televisión abierta, cuando una misma persona natural o jurídica, o un mismo grupo de personas naturales o jurídicas:
Sea propietaria de más del cincuenta por ciento (50 %) del capital social del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico, ya sea directamente o a través de una filial, de una subsidiaria o por conducto de una o más personas naturales o jurídicas;
Tenga el derecho de elegir la mayoría de las personas que integran la junta directiva del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico;
Tenga el derecho a vetar o anular las decisiones que adopte la junta directiva o de accionistas del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta 0 del periódico;
Tenga el derecho de administrar, a través de un contrato de administración, de un poder o instrumentos similares, al concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o al periódico;
Tenga el derecho a nombrar, reemplazar o remover, en cualquier momento, al gerente, representante legal, presidente, secretario o tesorero del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico, o
Tenga la capacidad, por sí sola o por interpuesta persona, de comprometer al concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico, mediante acuerdo o contrato, con cualquier persona natural o jurídica, sin que se requiera que dicho acuerdo o contrato sea aprobado por la respectiva junta directiva o junta de accionistas.
Articulo 27. Infracciones. Constituyen infracciones en materia de radio y televisión, las siguientes:
Artículo 28. Sanciones. Existirán tres tipos de sanciones administrativas para las infracciones señaladas en el artículo anterior, a saber:
Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) hasta cien mil balboas (B/.100,000.00), para aquellas personas naturales o jurídicas que violen el contenido de los numerales 1 y 3 del artículo 27 de la presente Ley, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño correspondiente.
Multa de cien balboas (B/.100.00) basta quinientos balboas (B/.500.00), para personas que operen estaciones de radio, y de cinco mil balboas (B/.5,000.00) hasta veinticinco mil balboas (B/.25,000.00), para personas que operen estaciones de televisión; dependiendo en ambos casos de la gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño correspondiente.
Para los casos que requieran una acción inmediata, multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a cien balboas (B/. 100.00) por día, para personas que operen estaciones de radio, y de quinientos balboas (B/. 500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) por día, para personas que operen estaciones de televisión; dependiendo en ambos casos de la gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño correspondiente. Estas multas serán reiterativas, esto es, se causarán por día hasta que se dé cumplimiento a la orden impartida por el Ente Regulador. Este tipo de sanción con llevará una orden de hacer o no hacer, para subsanar el incumplimiento de las normas vigentes en materia de radio y televisión, o una orden de suspender el acto prohibido.
Artículo 29. Criterios para imponer sanciones. El Ente Regulador impondrá las sanciones administrativas previstas en el articulo anterior, tomando en cuenta los siguientes criterios:
Circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, según lo establezca el reglamento de la presente Ley.
Grado de perturbación o alteración de los servicios.
Cuantía de los daños o perjuicios ocasionados.
Las multas ingresarán al Tesoro Nacional, y se impondrán, sin perjuicio de otras acciones legales a que baya lugar a favor del Estado o de terceros.
Articulo 30. Procedimiento. El Ente Regulador de los Servicios Públicos impondrá las sanciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 28 de esta Ley, previo cumplimiento del procedimiento que se indica a continuación:
El procedimiento administrativo se impulsará de oficio, ajustándose a los principios de economía procesal, celeridad, eficacia, simplificación de trámites, ausencia de formalismo, publicidad e imparcialidad; todo ello con pleno respeto al derecho de iniciativa y de defensa del acusado.
Recibida la denuncia correspondiente o de oficio, por conocimiento de una acción u omisión que pudiese constituir una infracción a la presente Ley o una contravención administrativa, el Ente Regulador designará un comisionado sustanciador, que adelantará las diligencias de investigación y ordenará cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades correspondientes. El sustanciador puede delegar estas facultades en un funcionario subalterno.
Para la investigación, se señala al sustanciador un término improrrogable de treinta días calendario, contado a partir de la providencia que da inicio al proceso.
Contra las decisiones del sustanciador no procede recurso alguno.
Con vista en las diligencias practicadas, se formulará un pliego de cargos en que se expondrán los hechos imputados, y se le notificará personalmente al acusado o a su representante, concediéndole un término de quince días calendario para que lo conteste y para que, en el mismo escrito de contestación, proponga las pruebas y demás descargos. Si el acusado acepta los cargos formulados, se procederá sin más trámite a la imposición de la sanción administrativa correspondiente.
Los hechos relevantes para la decisión de la sanción, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, con sujeción a las siguientes reglas:
El instructor del expediente acordará la apertura de un periodo probatorio, que no será superior a veinte ni inferior a ocho días calendario, a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas se juzguen pertinentes.
Se notificará al acusado, con la debida antelación, el inicio de las diligencias necesarias para la práctica de las pruebas que hubiesen sido admitidas.
En la notificación respectiva, se consignará lugar, fecha y hora en que se practicarán las pruebas.
Instruido el expediente, el acusado podrá presentar sus alegaciones por escrito, dentro de los diez días calendario siguientes a aquel en que haya terminado el período probatorio correspondiente.
Recibidas por el funcionario sustanciador las alegaciones respectivas, el Ente Regulador deberá resolver el caso, haciendo una exposición sucinta de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad del acusado, de las disposiciones legales infringidas, o de la exoneración de responsabilidad de ser el caso. Esta resolución deberá ser notificada personalmente al acusado. Las resoluciones serán siempre motivadas.
Contra la resolución que imponga una sanción, solamente cabrá el recurso de reconsideración y, una vez resuelto éste, quedará agotada la vía gubernativa.
Las decisiones adoptadas en los procesos sancionatorios serán, en todo caso, recurribles a instancia del afectado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Ente Regulador podrá, en caso de urgencia o daño irreparable, y hasta tanto se agote la vía gubernativa, ordenar provisionalmente la suspensión del acto que motive el procedimiento sancionador.
No obstante lo anterior, el Ente Regulador podrá, a solicitud de parte afectada, suspender los efectos de la orden emitida con base en el presente numeral, siempre que el afectado consigne la caución que, a juicio del Ente Regulador, sea necesaria para responder por los daños que pueda causar el acto objeto del procedimiento sancionador, mientras se agote la vía gubernativa. El monto de la caución, en ningún momento, podrá exceder el ciento por ciento (100%) de la multa impuesta.
Para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el Ente Regulador, basada en este artículo, el interesado deberá acompañarlo, si fuere el caso, con prueba de haber cumplido con la suspensión prevista en este numeral.
Articulo 31. Procedimiento sumario. El Ente Regulador impondrá, de oficio o recibida la denuncia correspondiente, las sanciones previstas en el numeral 3 del articulo 28 de esta Ley, previa audiencia del infractor, mediante procedimiento sumario que a continuación se detalla:
El Ente Regulador remitirá al imputado una nota donde se le comunicará que será objeto de una inspección, la fecha y hora en que se iniciará y los funcionarios del Ente Regulador que participarán en ella.
Concluida la inspección, los funcionarios del Ente Regulador levantarán el acta o las actas necesarias, en las que deberán exponer los hechos que motivaron la inspección, las personas que participaron, los hallazgos y las explicaciones que aduzca el imputado con motivo de la inspección realizada. Del acta levantada se entregará copia al imputado.
Cuando de las inspecciones realizadas surjan hechos tipificados como infracción en materia de radio o televisión, el Ente Regulador, mediante nota, citará al imputado, a fin de que presente testimonio y las pruebas que resulten conducentes para sustentar suposición. La citación se hará al representante legal de la empresa imputada, en caso de persona jurídica; o a la persona natural, según sea el caso. Dicha comparecencia deberá ser en un mínimo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de su citación. La citación indicará la fecha en que el imputado deberá comparecer a presentar su testimonio y las pruebas que estime convenientes, para sustentar su posición frente a los hechos que le sean imputados.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en el imputado se presente de conformidad a la citación enviada por el Ente Regulador, esta entidad procederá a emitirla correspondiente resolución motivada, en aquellos casos en que se hayan incumplido las normas contenidas en la presente Ley, sus reglamentos o en las resoluciones del Ente Regulador. En el evento de que el imputado no acuda, sin causa justificada, a la citación efectuada por el Ente Regulador, se entenderá como un indicio grave en su contra; por tanto, la entidad procederá a expedir la resolución correspondiente.
on el recurso de reconsideración que se presente al pleno de la junta directiva del Ente Regulador, el recurrente deberá aportar las pruebas que estime convenientes para su defensa. El recurso de reconsideración só1o suspenderá los efectos de la resolución en la parte o partes recurridas. Este recurso se tramitará de la siguiente forma:
El Ente Regulador, mediante proveído de mero obedecimiento, admitirá el recurso si cumple con las formalidades de la ley, ordenando en dicho proveído la admisión de las pruebas que resulten conducentes para resolver la controversias presentada, y señalando el término para su práctica, que no será menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles.
Vencido el término de práctica de pruebas, el imputado contará con un término improrrogable de tres días hábiles para presentar sus alegatos.
Una vez vencido el indicado en el punto anterior, el Ente Regulador contará con un término improrrogable de sesenta días calendario, para resolver el recurso de reconsideración presentado.
Resuelto el recurso de reconsideración, se agotará la vía gubernativa.
Para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el Ente Regulador, el imputado deberá acompañarlo con prueba de haber cumplido la orden a que hace referencia el presente artículo.
Articulo 32. Información del Ministerio de Gobierno y Justicia. Dentro de los noventa días calendario siguientes a la fecha de promulgación de esta Ley, la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia, entregara al Ente Regulador de los Servicios Públicos, un listado de las concesiones vigentes de radio y televisión, con copias de las correspondientes resoluciones. Recibida esta documentación, el Ente Regulador publicará en dos diarios de circulación nacional, en tres ocasiones distintas, los respectivos listados. Los interesados o afectados dispondrán de un período no mayor de seis meses, contado a partir de la última publicación, para confirmar la vigencia de una determinada concesión ante el Ente Regulador, haciendo entrega de copia de la respectiva resolución. La verificación de la autenticidad de dicha copia será responsabilidad del Ente Regulador.
Artículo 33. Plazo para el inicio de operaciones. A las licencias o concesiones vigentes a la fecha de promulgación de esta Ley, para la operación de estaciones de radio o televisión, cuyo plazo para iniciar las respectivas transmisiones no haya expirado, se les seguirá contando, sin solución de continuidad, dicho plazo. A su vencimiento, de no haberse iniciado las transmisiones, el Ente Regulador estará facultado para resolver administrativamente la correspondiente concesión. En estos casos, no se aplicarán los plazos para el inicio de operaciones, contemplados en el numeral 1 del artículo 21 de esta Ley.
Artículo 34. Procedimiento especial y específico. Unicamente las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de promulgación de esta Ley, presten servicios de radio o televisión que no hubieren requerido de licencia o concesión bajo el Decreto 155 de 1962 o la Ley 36 de 1980, respectivamente, dispondrán de un período de sesenta días calendario, contado a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, para solicitar la respectiva concesión ante el Ente Regulador, el que la expedirá mediante resolución motivada, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la presente Ley.
Artículo 35. Derecho y uso de bienes de dominio público y servidumbres. En lo relativo al derecho y al modo de usar los bienes de dominio público y las servidumbres, los concesionarios de los servicios públicos de radio y televisión, sean estos Tipo A o B, se sujetarán a lo dispuesto en el Título VII del Decreto Ejecutivo 73 de 1997, o a sus modificaciones.
Artículo 36. Clasificación de programas y espectáculos. Se reconoce y sanciona el principio de autorregulación en materia de clasificación de programas y espectáculos de radio y televisión, como también la vigencia de los acuerdos voluntarios celebrados en tal sentido con anterioridad a la promulgación de esta Ley, específicamente el Acuerdo de Autorregulación de los Canales de Televisión del 4 de febrero de 1999, y se sustrae a los medios de comunicación social del ámbito de aplicación del Decreto de Gabinete 251 de 1969.
Artículo 37. Programación infantil. Los concesionarios de estaciones de televisión abierta procurarán incluir, en su programación regular diurna, programas dirigidos al público infantil, orientados a promover uno o más de los siguientes fines:
1. Propiciar el desarrollo sociocultural de la niñez.
2. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.
3. Inculcar los valores cívicos y nacionales.
4. Procurar el conocimiento de la comunidad internacional.
5. Promover el interés científico, artístico y social de la niñez.
6. Proporcionar diversión y coadyuvar en el proceso formativo de la infancia.
Artículo 38. Normas de publicidad. Los concesionarios de los servicios públicos de radio y televisión, cumplirán las disposiciones que, en materia de salud, seguridad, conservación y protección ambiental, dicten las autoridades competentes, en lo referente a los avisos relacionados con efectos nocivos a la salud humana y al ambiente, de determinadas actividades o productos promovidos por la publicidad, originada en el territorio nacional y transmitida por las estaciones de radio o televisión.
El Ente Regulador tendrá la facultad de hacer cumplir, a los concesionarios de servicios públicos de radio y televisión abierta, las disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad, de acuerdo con el reglamento de la presente Ley.
Artículo 39. Radio y televisión digital. Será facultad del Ente Regulador, abrir a concesión canales y frecuencias de radio y televisión digital. Los concesionarios de estaciones de radio y televisión abierta que, al abrirse el proceso de concesión antes señalado, tengan concesiones vigentes y están cumpliendo sus obligaciones legales y reglamentarias, tendrá derecho a recibir, libre de costo, la concesión de un canal de radio o televisión digital por cada canal de radio o televisión analógica que se encuentren operando.
Dichos concesionarios tendrán derecho a operar ambos canales o frecuencias por un período de transición no menor de diez años, o por un periodo mayor que determine el Ente Regulador, que se contará a partir de la fecha en que el Ente Regulador abra a concesión los canales y frecuencias de radio o televisión digital. Al cabo del correspondiente período de transición, el concesionario deberá optar por retener una de las concesiones paralelas y devolver al Estado la otra para su libre disposición; o podrá retener ambas concesiones, pagando por la segunda una suma no inferior al derecho de concesión pagado, en licitación pública, por el último adjudicatario de una concesión para la operación de estaciones de radio o televisión digital.
El Ente Regulador cumplirá con la aplicación de este artículo en materia de radio digital, de conformidad al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y tomando en cuenta las consideraciones técnicas que puedan surgir al momento de su aplicación.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos, mediante resolución motivada, establecerá los procedimientos y formalidades para el desarrollo y la aplicación del presente artículo.
Artículo 40. Obligaciones de los concesionarios del sistema de televisión por cable. Los concesionarios que prestan el servicio de televisión por cable, estarán obligados a:
Transmitir, a titulo gratuito, todas las sesiones plenarias ordinarias o extraordinarias de la Asamblea Legislativa, por aquellos sistemas de televisión por cable de su propiedad que cubran el lugar donde se efectúen dichas sesiones.
Tener disponible, en sus sistemas de cable, para la retransmisión de canales de televisión abierta, hasta el quince por ciento (15%) de la capacidad de sus canales o de su ancho de banda, lo cual, en ningún caso, podrá ser inferior a diez canales de televisión abierta. Las empresas concesionarias de televisión abierta estarán obligadas a transportar, a su costo, sus señales al centro de transmisión de los sistemas de televisión por cable, con la calidad que establezca el reglamento de la presente Ley.
Con sujeción al numeral anterior, retransmitir sin modificación o degradación alguna y a titulo gratuito, en el área geográfica de cobertura de un sistema de televisión por cable de su propiedad, el total de la programación de aquellos canales de televisión abierta que cubran, por lo menos, el setenta y cinco por ciento (75 %) del área geográfica especifica de cobertura de ese sistema de televisión por cable, de acuerdo con las siguientes condiciones:
Siempre que el sistema de televisión por cable transmita, en su ancho de banda, números de canal concesionados para la televisión abierta, la empresa concesionaria del sistema de televisión por cable estará obligada a retransmitir, dentro de dicho sistema, la programación de la estación de televisión abierta, en el mismo número de canal concesionado a la estación de televisión abierta para sus transmisiones al aire.
Cuando, para cubrir una misma área geográfica, diferentes canales de televisión abierta de propiedad de un mismo concesionario transmitan programación idéntica, la empresa concesionaria del sistema de televisión por cable, deberá asignarle, dentro de su sistema, só1o un canal, que será escogido por el concesionario de televisión abierta, siempre que el sistema de televisión por cable transmita en su ancho de banda, por lo menos, uno de los canales arriba mencionados.
En cualquiera de los casos mencionados en los literales a y b, tanto la empresa concesionaria de televisión por cable, como la empresa concesionaria de televisión abierta, podrán objetar la retransmisión de dicha señal en el mismo número de canal en que la estación de televisión abierta efectúe sus transmisiones al aire. En estos casos, las partes podrán acordar un canal diferente para retransmitir la señal. Si las partes no logran el acuerdo en un periodo de noventa días calendario, contado a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haya notificado al Ente Regulador del inicio de la negociación, esta entidad decidirá la controversias, de acuerdo con el procedimiento que, al efecto, se establezca en el reglamento de la presente Ley.
Las empresas concesionarias que presten servicio de televisión por cable, no estarán obligadas a retransmitir, a título gratuito, la programación de canales de televisión abierta que no cumplan los requisitos y condiciones señaladas en este artículo. Adicionalmente, las empresas concesionarias de sistemas de televisión por cable, no tendrán responsabilidad alguna por el contenido de la programación de las estaciones de televisión abierta, que retransmitan a través de su sistema de televisión por cable.
Para los fines del presente artículo, una estación de televisión abierta se identifica por el número de canal asignado en su respectiva concesión.
Artículo 41. Licencia de locutor. El Ente Regulador prorrogará indefinidamente, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley, las licencias de locutor otorgadas por autoridad competente a la fecha de promulgación de la presente Ley. Los concesionarios de radio y televisión tendrán un plazo de seis meses, contado a partir del primero de enero del 2000, para comunicar al Ente Regulador el nombre de las personas que están ejerciendo la actividad de locutor dentro de sus transmisiones, con la finalidad de que el Ente Regulador les otorgue la respectiva licencia de locutor a quienes no la posean.
A partir del primero de enero del 2000, el Ente Regulador otorgará las licencias de locutor a las personas que cuenten con la aprobación de universidades acreditadas en la República de Panamá, las que establecerán los requisitos que deberán cumplirse para obtener la capacitación para ser locutor.
Artículo 42. Radiocomentarista. A partir de la promulgación de la presente Ley, no se requerirán las licencias otorgadas por autoridad competente para realizar la actividad de radiocomentarista. Desde esa fecha, cualquier persona podrá realizar la actividad de comentarista de radio o televisión, sin necesidad de licencia o autorización, pero sin perjuicio de la responsabilidad civil extracontractual que pueda corresponder al comentarista por sus comentarios y de la responsabilidad que le corresponda al concesionario del servicio correspondiente, según lo establece la ley vigente que regula la materia, por permitir el uso perjudicial reiterado de su estación para emitir dichos comentarios, siempre que medie culpa o negligencia comprobada de su parte.
Los concesionarios de los servicios públicos de radio o televisión, solamente serán responsables de los comentarios que se emitan en programas de espacio pagado, siempre que, mediando culpa o negligencia de su parte, permitan el uso perjudicial reiterado de su medio, para dichos programas.
Los gremios con personería jurídica que agrupen periodistas idóneos, incluyendo el Sindicato de Periodistas de Panamá, emitirán un código de ética que deberá ser de conocimiento de los concesionarios de radio y televisión, quienes establecerán normas de comportamiento para los comentaristas de dichos servicios durante la ejecución de esta actividad.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por comentarista de radio y televisión, aquella persona que emita comentarios de opinión utilizando esos servicios.
Artículo 43. El artículo 3 de la Ley 26 de 1996 queda así:
Articulo 3. Competencia. El Ente Regulador ejercerá el poder de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural, en adelante llamados servicios públicos, según lo establecen la presente Ley y las leyes sectoriales.
Adicionalmente, los bienes inherentes a la prestación de los servicios públicos de radio y televisión, tampoco estarán sujetos a medidas cautelares, salvo que estos bienes garanticen obligaciones contractuales contraídas por sus propietarios.
Artículo 44. El artículo 6 de la Ley 26 de 1996 queda así:
Artículo 45. El articulo 8 de la Ley 26 de 1996 queda así:
Artículo 8. Jurisdicción. Las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio, televisión y las dedicadas a la transmisión y distribución de gas natural, están sujetas a la jurisdicción del Ente Regulador, en los términos señalados por las respectivas leyes sectoriales.
Artículo 46. El tercer párrafo del artículo 1 de la Ley 31 de 1996, queda así:
Artículo 47. Se adiciona el numeral 11 al artículo 56 de la Ley 31 de 1996, así:
Artículo 48. El tercer párrafo del artículo 60 de la Ley 31 de 1996, queda así:
Para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el Ente Regulador, basada en este artículo, el interesado deberá acompañarlo con prueba de haber cumplido la orden a que hace referencia el presente artículo.
Artículo 49. Se adiciona un párrafo al artículo 58 de la Ley 56 de 1995, así:
Los contratos que celebre el Ente Regulador de los Servicios Públicos para celebrar auditorías técnicas, comerciales, financieras y de calidad de servicio, así como aquellos contratos que se requieran para el cumplimiento de los fines tarifarios que le imponen las correspondientes leyes sectoriales, estarán exentos del trámite de concurso, por considerarse de interés nacional y beneficio social. El Órgano Ejecutivo, mediante resolución motivada, reglamentará esta disposición.
Artículo 50. Disposiciones reformatorias y derogatorias. Esta Ley adiciona el numeral 11 al artículo 56 de la Ley 31 de 1996 y un párrafo al artículo 58 de la Ley 56 de 1995; modifica los artículos 3, 6 y 8 de la Ley 26 de 1996, el tercer párrafo del artículo 1 y del articulo 60 de la Ley 31 de 1996; deroga en todas sus partes la Ley 36 de 1980, el Decreto 155 de 1962 y sus modificaciones, el artículo 23 de la Ley 26 de 1996 y cualquier otra disposición que le sea contraria.
Artículo 51. Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 21 días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Harley J. Mitchell
Secretario General Gerardo González

References: Artículo 1

Artículo 2

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Artículo 4
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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
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Artículo 9
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Artículo 11
 artículo 73

Artículo 12
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Artículo 13
 artículo 14
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Artículo 14
 artículo 280
 artículo 14
 artículo 14

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21
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Artículo 23
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Artículo 24
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Artículo 25

Artículo 28
 artículo 27

Artículo 29
 artículo 28
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Artículo 33
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Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39
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Artículo 40

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Artículo 42

Artículo 43
 artículo 3

Artículo 44
 artículo 6

Artículo 45

Artículo 8

Artículo 46
 artículo 1

Artículo 47
 artículo 56

Artículo 48
 artículo 60

Artículo 49
 artículo 58
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Artículo 50
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 23

Artículo 51