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Timestamp: 2019-07-21 07:28:05+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 63
DÍA NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE
INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
MODIFICACIÓN DE ASPECTOS PREVISIONALES DE FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y GENDARMERÍA DE CHILE
INTEGRACIÓN A DOTACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA DE 94 PROFESIONALES DE UNIDAD DE DEFENSA PENAL. PROYECTO DE ACUERDO
FACTIBILIDAD DE SEGURO PARA FUTBOLISTAS AMATEURS Y CREACIÓN DE REGISTRO ESPECIAL. PROYECTO DE ACUERDO
RANGO DE MINISTERIO A SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. PROYECTO DE ACUERDO
OTORGAMIENTO DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA A VOLUNTARIOS CON MÁS DE 50 AÑOS EN CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
FACTIBILIDAD DE DISMINUIR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE GRAVAMEN A PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS NO RETORNABLES. PROYECTO DE ACUERDO
REASIGNACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE HABITACIÓN O DE NO ENAJENARLAS. PROYECTO DE ACUERDO
PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO DE INICIATIVA YASUNÍ-ITT PARA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN ZONA DECLARADA RESERVA MUNDIAL DE LA BIÓSFERA. PROYECTO DE ACUERDO
RECHAZO DE SENADO CHILENO A DENUNCIA DE VENEZUELA A CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, PACTO DE SAN JOSÉ. PROYECTO DE ACUERDO
ESTABLECIMIENTO DE ASIENTO DE SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DE ATACAMA Y DE COQUIMBO EN CIUDAD DE COPIAPÓ. PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
MOCIÓN DE LA SENADORA SEÑORA ALLENDE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 203 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LOS ACTOS DESHONROSOS PARA LA DIGNIDAD MILITAR E IMPONER LA SANCIÓN DE DEGRADACIÓN A LOS OFICIALES QUE INCURRIERAN EN ESAS CONDUCTAS (9140-02)
Sesión 63ª, en martes 15 de octubre de 2013
(De 16:19 a 19:18)
IV.	CUENTA.................................................................................................................
Acuerdos de Comités................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que declara el 30 de noviembre como Día Nacional de Gendarmería de Chile (8611-07 y 9129-06, refundidos) (se aprueba en general y en particular)........................................................................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que permite la introducción de la televisión digital terrestre (6190-19) (se aprueba el informe de la Comisión Mixta).....................................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (8643-02) (se aprueba en general).........................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (7963-06) (queda para segunda discusión)..........................
VI.	TIEMPO DE VOTACIONES:
Integración a dotación de Defensoría Penal Pública de 94 profesionales de unidad de defensa penal. Proyecto de acuerdo (S 1596-12 (se aprueba)....................................
Factibilidad de seguro para futbolistas amateurs y creación de registro especial. Proyecto de acuerdo (S 1597-12) (se aprueba)..........................................................
Rango de Ministerio a Servicio Nacional de la Discapacidad. Proyecto de acuerdo (S 1598-12) (se aprueba)................................................................................................
Otorgamiento de pensión no contributiva a voluntarios con más de 50 años en Cuerpo de Bomberos de Chile. Proyecto de acuerdo (S 1599-12) (se aprueba)....................................................................................................................
Factibilidad de disminuir contaminación ambiental mediante gravamen a producción e importación de envases plásticos no retornables. Proyecto de acuerdo (S 1601-12) (se aprueba)..........................................................................................................
Reasignación de viviendas sociales por incumplimiento de obligaciones de habitación o de no enajenarlas. Proyecto de acuerdo (S 1604-12) (se aprueba)....................................................................................................................
Preocupación por término de iniciativa Yasuní-ITT para extracción de petróleo en zona declarada Reserva Mundial de la Biósfera. Proyecto de acuerdo (S 1606-12) (se aprueba).............................................................................................................
Rechazo de Senado chileno a denuncia de Venezuela a Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Proyecto de acuerdo (S 1607-12) (se aprueba)..........................................................
Establecimiento de asiento de Secretaría Regional Ministerial de Energía de Atacama y de Coquimbo en ciudad de Copiapó. Proyecto de acuerdo (S 1608-12) (se rechaza por falta de quórum)....................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 16señores Senadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 60ª, ordinaria, en 8 de octubre; y 61ª, especial, y 62ª, ordinaria, ambas en 9 de octubre, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
2.- Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (boletín Nº 7.975-25).
3.- Proyecto que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad (boletín N° 9.036-07).
4.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, en materia de regulación de farmacias (boletines números 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
Con el último retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece un sistema de supervisión, basado en riesgo, para las compañías de seguro (boletín Nº 7.958-05).
2.- El que modifica el límite intercomunal entre Vicuña y Paihuano, en la Región de Coquimbo (boletín Nº 8.764-06).
Con el primero informa que aprobó, con las enmiendas que señala, el proyecto que modifica el artículo primero transitorio de la ley N° 20.410 para confirmar la vigencia inmediata de la norma que derogó la indemnización compensatoria por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas (boletín N° 8.861-09).
Con el segundo comunica que prestó su aprobación al proyecto que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín N° 9.113-05) (con urgencia calificada de "suma").
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los preceptos que se enuncian a continuación:
1.- Artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales.
2.- Artículo 15, inciso primero, de la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Atiende solicitud de pronunciamiento, enviada en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto, referente a la legalidad de la resolución N° 2.983 (exenta), de fecha 24 de abril de 2012, complementada por la N° 10.426, de 14 de diciembre de 2012, ambas del señor Director Nacional de Aduanas .
Da respuesta a consultas, enviadas en nombre del Honorable señor Kuschel, con relación a las siguientes materias:
1.- Cumplimiento del calendario de estudios, trabajos y obras físicas en la Carretera Austral dado a conocer en la Comisión de Zonas Extremas de esta Corporación por ex Ministro de esa Cartera.
2.- Estado de avance en la construcción de la Ruta Siete, en el tramo de Pichanco a Caleta Gonzalo.
Del señor Ministro de Salud :
Comunica adopción de medidas para esclarecer denuncia de gremios de la Salud en la Región de Atacama, cursada en nombre de la Honorable señora Allende, en cuanto a maltratos y hostigamientos de parte del Director (s) del Servicio de Salud correspondiente.
Da respuesta a solicitudes de antecedentes, enviadas en nombre de la Honorable señora Rincón, acerca de las materias que se detallan a continuación:
1.- Posibilidad de proporcionarle medicamento Rapamune (un mg.) a menor de 5 años de edad aquejada de esclerosis tuberosa.
2.- Revisión de protocolos de actuación del personal del Hospital de Linares en el caso del señor Danor Antonio Manzor Gutiérrez y aplicación del procedimiento administrativo adecuado.
Contesta petición, remitida en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto, concerniente a factibilidad de exceptuar al sector Salud de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena del régimen de jornada continua de trabajo para los órganos y servicios públicos de la Administración Civil del Estado.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, relativa a fecha de entrega de las poblaciones Camilo Olavarría, de Coronel, y Centinela 2, de Talcahuano.
Contesta solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto, en materia de licitación del subsidio para el servicio de conectividad en los tramos Punta Arenas-Río Seco, Punta Arenas-Ojo Bueno y Punta Arenas-Loteo Varillas.
Responde petición, formulada, en nombre del Honorable señor Bianchi, durante el debate de la que llegó a ser ley N° 20.696, sobre factibilidad de indicación para que el Fondo de Apoyo Regional (FAR) pueda ser destinado al financiamiento de programas de transporte escolar en todas las comunas rurales.
Del señor Intendente de Valores:
Remite copia del hecho esencial informado a entidad de control a su cargo por la Empresa CMPC S.A., atinente a decisión de esta de paralizar las operaciones de su planta en la comuna de Nacimiento a partir del 30 de noviembre próximo, documento requerido en nombre del Honorable señor Navarro.
Del señor Tesorero Regional de La Araucanía :
Atiende consulta, cursada en nombre del Honorable señor García, relativa al estado del procedimiento de cobro al contribuyente señor Luis Roberto Fuentealba Romero.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda:
Informa, en respuesta a consulta enviada en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto, que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa legal para permitir que ciudades sede de casino en virtud de leyes especiales conserven sus salas de juego más allá del año 2015.
De la señora Jefa de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:
Expone que a contar del día lunes 7 del mes en curso asumió la señora Bárbara Veyl Coombs como Directora Ejecutiva (t) de esa institución.
De Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletines números 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos).
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo a las federaciones deportivas nacionales (boletín N° 6.965-07) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el límite intercomunal entre Vicuña y Paihuano, en la Región de Coquimbo (boletín Nº 8.764-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en las siguientes iniciativas, en primer trámite constitucional:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Bianchi, señora Rincón y señores Cantero, Escalona y Muñoz Aburto, que establece Día Nacional de Gendarmería de Chile (boletín N° 8.611-07).
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Chahuán, Escalona, Prokurica y Sabag, que declara Día Nacional de Gendarmería de Chile el 30 de noviembre (boletín N° 9.129-06).
De la Honorable señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 203 del Código de Justicia Militar a fin de definir los actos deshonrosos para la dignidad militar e imponer la sanción de degradación a oficiales que incurrieren en esas conductas (boletín N° 9.140-02).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Aprovecho de saludar a alumnos del colegio Santa María, de Quilicura, que nos visitan invitados, según entiendo, por el Senador señor Navarro.
Muy buenas tardes. Gracias por venir.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07), hasta las 12 del día 28 de octubre próximo, en la Secretaría del Senado.
2.- Colocar en el tercer lugar del Orden del Día de la presente sesión ordinaria el proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletín N° 7.786-03, refundido con los boletines números 7.932-03 y 7.890-03).
3.- Que se trate como si fuera de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley que declara Día Nacional de Gendarmería de Chile el 30 de noviembre (boletines números 8.611-07 y 9.129-06), sin debate.
4.- Incluir en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley relativo a las federaciones deportivas nacionales (boletín Nº 6.965-07).
5.- Incluir en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del martes 29 de octubre próximo el proyecto de ley signado con el número 9 en el Orden del Día, esto es, el que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
6.- Que se rinda homenaje en memoria del señor Nicolás Abumohor Touma en la sesión ordinaria del martes 29 de octubre en curso, a las 18.
7.- Que se celebre una sesión extraordinaria el miércoles 30 de octubre próximo, de 10:30 a 14, en reemplazo de la sesión ordinaria.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En la sesión del 9 de octubre recién pasado, al aprobarse en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que restablece una excepción en las Regiones de Aysén y de Magallanes respecto de los establecimientos de bebidas alcohólicas, quedó pendiente la fijación de un plazo para presentar indicaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se propuso el 18 de noviembre para tal efecto.
Conforme a lo determinado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho y sin discusión, la declaración del 30 de noviembre como Día Nacional de Gendarmería de Chile, lo que ha sido objeto de dos proyectos de ley, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Uno de ellos fue iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Chahuán, Escalona, Prokurica y Sabag, y el otro, en moción de los Senadores señor Bianchi, señora Rincón y señores Cantero, Escalona y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre los proyectos (8611-07 y 9129-06, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
1)Primer proyecto (moción de los Senadores señor Bianchi, señora Rincón y señores Cantero,Escalona y Muñoz Aburto):
En primer trámite, sesión 53ª, en 9 de octubre de 2012.
2)Segundo proyecto (moción de los Senadores señores Horvath, Chahuán, Escalona, Prokurica y Sabag):
En primer trámite, sesión 62ª, en 9 de octubre de 2013.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
Si le parece a la Sala, se aprobará la refundición de ambas iniciativas.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis y Sabag, acogió el siguiente texto refundido:
"Artículo único.- Establécese el día 30 de noviembre de cada año como "el Día Nacional de Gendarmería de Chile".".
La Secretaría quedará autorizada para efectuar, si es necesario, adecuaciones de redacción, ya que el texto de las mociones emplea la palabra "Establézcase".
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El Honorable señor Sabag deja constancia de su intención de voto a favor.
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta, formada en virtud del artículo 71 de la Constitución Política de la República, recaído en el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 40ª, en 10 de julio de 2013.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo): sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Hacienda: sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (nuevo segundo): sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.
Mixta, sesión 63ª, en 15 de octubre de 2013.
Sesiones 31ª, en 6 de julio de 2011 (se aprueba en general); 92ª, 93ª y 94ª, en 8, 9 y 15 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 96ª, 100ª y 102ª, en 16 de enero, 5 y 6 de marzo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 1ª y 3ª en 12 y 19 de marzo (queda pendiente la discusión particular); 8ª, en 3 de abril de 2013 (queda para segunda discusión); 13ª, en 10 de abril de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 19ª, 20ª, 21ª y 24ª, en 7, 8 y 15 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 25ª, en 22 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 26ª, en 22 de mayo de 2013 (queda para segunda discusión); 27ª, en 4 de junio de 2013 (se aprueba en particular).
¿Su Señoría desea intervenir por alguna cuestión de Reglamento?
Solicito abrir la votación, señor Presidente , a fin de que quienes participamos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos podamos dejar emitido nuestro pronunciamiento.
Primero se hará la relación.
Las divergencias entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por la Cámara de Diputados, en el tercer trámite, de quince enmiendas efectuadas por el Senado. La Comisión Mixta, como forma de resolver la situación, plantea una proposición que comprende, además de las materias en discrepancia, otras respecto de las cuales unánimemente consideró necesario introducir modificaciones más bien correspondientes a correcciones formales.
El órgano técnico adoptó su acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, salvo en lo relativo al inciso séptimo propuesto en la letra d) del número 1, al inciso quinto de la letra m) que se recomienda agregar en el número 8, al artículo 15 quáter propuesto en el número 15 y al número 18.
Cabe hacer presente que los números 1 (artículo 1°); 8 (artículo 12); 11, nuevo (artículo 14); 14 (artículo 15); 15 (artículo 15 quáter); 16 (artículo 16), 17 (artículo 17); 18, nuevo (artículo 18); 24, letra a), del artículo 1°, y el artículo tercero transitorio contenidos en el texto que se sugiere son de quórum calificado, por lo que requieren 20 votos a favor. A su vez, el número 14 (artículo 15) del artículo 1° es de rango orgánico constitucional, de manera que exige 22 votos para su aprobación.
La Cámara de Diputados, en sesión del día 8 de octubre recién pasado, acogió el informe.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición constan, en la quinta y la sexta columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de ser sancionada.
En votación el informe.
Señor Presidente , creo que el proyecto que despacharemos, con lo recomendado por la Comisión Mixta, es positivo y puede permitir una adecuada incorporación de la televisión digital en nuestro país. Por eso, apoyo los acuerdos que se plantean y que son objeto de votación esta tarde.
Sin embargo, me parece importante aclarar, para la historia de la ley, un punto que a mi juicio quedó algo confuso en la Cámara de Diputados. Me refiero al artículo 15 quáter, que establece las condiciones para ejercer el derecho a retransmisión consentida, como cumplir con las coberturas digitales que se señalan. El cumplimiento de tales condiciones habilita a ejercer el derecho a retransmisión consentida respecto de todas las señales, sean estas analógicas o digitales (el artículo no deja ninguna duda sobre el particular). Digo esto porque en el debate de la Cámara de Diputados la intervención del señor Ministro fue algo equívoca en este aspecto.
Siguiendo con este razonamiento, el derecho a retransmisión no se contempla en este artículo, sino en la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente en su artículo 69.
Ahora bien, la propuesta de la Comisión Mixta incluye una frase en el artículo segundo transitorio, que expresa textualmente: "Lo establecido en el inciso primero del artículo 15 quáter no podrá aplicarse respecto de las señales transmitidas con anterioridad a la publicación de esta ley".
Así, y a modo de aclaración, lo que quiere decir este artículo transitorio es que las condiciones para ejercer el derecho a la retransmisión consentida no se aplican a las transmisiones realizadas con anterioridad a la publicación de esta ley.
Ahora retomo los planteamientos globales.
Señor Presidente, creo que en general los acuerdos significan un respaldo a lo que despachamos aquí, en el Senado.
Se reafirma la obligación de los concesionarios de llevar gratuitamente las campañas de interés público que sean necesarias, pero bajo ciertos límites que no las conviertan en una carga insoportable para evitar que se dañe la actividad.
La retransmisión consentida fue aprobada tal como la despachó nuestra Corporación, reconociendo este derecho de los canales, pero estableciéndola como un incentivo a la digitalización de sus señales en todo el país.
Los derechos laborales de los trabajadores de esta industria y los derechos de los artistas que se desempeñan en esta actividad quedaron reforzados al incorporar, como parte del correcto funcionamiento de los concesionarios, el respeto a estos derechos.
El Consejo Nacional de Televisión, cuya principal misión es velar por el correcto funcionamiento de los concesionarios de televisión de libre recepción, será la entidad que vele por el respeto de los derechos laborales y de propiedad intelectual de los artistas.
En el Consejo se creó la figura del Secretario General, que sin duda contribuirá al mejor desempeño de dicho organismo en sus labores propias.
Pienso, señor Presidente , que haber establecido que todas las concesiones tienen plazos definidos, que no hay concesiones indefinidas, era absolutamente necesario. Además, disponer concesiones con medios de terceros -mejor dicho, concesiones con señales o espectro radioeléctrico concesionado a un tercero- facilitará la creación de canales con menores costos, centrados en la producción de contenidos.
La obligación de los operadores de cable de llevar al menos cuatro canales regionales, locales o locales comunitarios puede convertirse en un fuerte incentivo a los canales de regiones para aumentar sus audiencias y mejorar su desarrollo.
La intervención de la Fiscalía Nacional Económica en las cesiones de las concesiones ofrece una protección contra las conductas monopólicas o anticompetitivas.
Señor Presidente , por mi parte, me voy a pronunciar a favor del informe de la Comisión Mixta, con el objeto de que despachemos definitivamente esta ley, que ha estado por más de cinco años en el Congreso.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , Honorable Senado, después de casi cinco años de tramitación, toda vez que esta iniciativa ingresó a este Congreso en el mes de noviembre del año 2008, hemos logrado por fin poner término al debate de este proyecto de ley con la aprobación de las proposiciones en la Cámara de Diputados que los miembros de la Comisión Mixta formulamos y que contó con un amplio respaldo de los integrantes de esa Corporación, lo cual se reflejó en una contundente votación favorable.
Durante su discusión en la referida Comisión también se suscitó un interesante debate, con un extenso intercambio de ideas, que, con el debido respeto por las diversas posiciones que se plantearon, permitió aunar criterios mediante la reformulación de algunas disposiciones, encontrando una valiosa cooperación y colaboración de parte del Poder Ejecutivo , por lo cual no puedo sino felicitar al Ministro de Transportes , al Subsecretario de Telecomunicaciones y su equipo asesor, quienes se empeñaron con el máximo esfuerzo en lograr este consenso.
Debo señalar, en primer lugar, que logramos un acuerdo en cuanto se establece que el correcto funcionamiento de los servicios televisivos comprende el cabal cumplimiento de las normas establecidas en el Código del Trabajo y en las leyes Nos 17.336, sobre derechos de autor, y 20.243, sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual. Esta disposición es de gran relevancia para la protección de los derechos de los artistas.
En lo que se refiere a la modificación que contempla la regulación de las campañas de utilidad o de interés público, lo aprobado dispone que será misión del Ministerio Secretaría General de Gobierno determinarlas, enviando la estructura, diseño y contenidos fundamentales de la o las mismas al Consejo Nacional de Televisión. Esta entidad deberá aprobarlas, en un plazo no superior a 15 días corridos, con el voto conforme de a lo menos siete de sus miembros en ejercicio. Una vez que se concrete la aprobación, el Consejo debe remitir a los concesionarios y permisionarios de servicios limitados de televisión la resolución respectiva, con todos sus antecedentes, junto a las instrucciones adicionales que fueren necesarias para la transmisión de la campaña con vistas al cumplimiento de los objetivos de la misma.
Las campañas durarán no más de cinco semanas al año y cada emisión no podrá superar los 60 segundos de duración, hasta completar 21 minutos a la semana. Se contempla la opción de renovarse, siempre que sea necesario, bajo consideraciones de especial relevancia e interés público. En este caso, se podrá cobrar al Estado tarifas no mayores y descuentos no menores que los que se ofrezca a cualquier cliente de publicidad comercial.
El acuerdo de la Comisión Mixta establece también que el Consejo Nacional de Televisión deberá adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que en los programas de noticias, de opinión y de debate político que se emitan por cualquier canal de televisión se respete debidamente el principio del pluralismo. Esta norma nos parece de vital importancia para evitar abusos o situaciones de dominación política por parte de los propietarios de los canales.
En materia de concesiones, se determinó que las de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción solo se otorgarán a personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no sea inferior al de la concesión. Las que se generen por medios propios durarán 20 años; en cambio, las efectuadas con medios de terceros durarán 5 años. Dichas concesiones estarán destinadas a la recepción libre y directa por el público en general.
Este es un tema no menor debido a que actualmente existen varias concesiones de duración indefinida. Fue una de las materias que impulsó el Ejecutivo y que los miembros de las Comisiones, tanto de Transportes y Telecomunicaciones como las unidas de Transportes y de Educación, suscribimos y aprobamos.
En lo que concierne a los procedimientos de llamados a concurso, se establecen las condiciones que determinarán a los postulantes ganadores, como, por ejemplo, que tengan las mejores condiciones técnicas para garantizar una óptima transmisión. Asimismo, se define un derecho preferente para la renovación de una concesión con medios propios, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión y que no vulnere las normas laborales ya mencionadas.
Igualmente, se prescribe que no podrán otorgarse nuevas concesiones con medios propios a aquellas personas jurídicas que ya sean titulares de una concesión de la misma naturaleza o bien controlen o administren otras concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción otorgadas por concurso público en la misma zona de servicio, a menos que se trate de una segunda concesión con medios propios a la que pueda optar Televisión Nacional y que tenga por objeto la transmisión de señales de carácter regional o de otros concesionarios que no cuenten con medios propios.
Esto es muy importante, porque con esta ley salvamos el carácter excepcional de Televisión Nacional en términos de tener doble concesión.
En un debate que suscitó diversos planteamientos, especialmente en lo que se refiere a las transmisiones en las zonas aisladas, hemos determinado que los concesionarios podrán ejercer en forma no discriminatoria el derecho de retransmisión consentida, siempre y cuando emitan las señales en tecnología digital. Para este efecto, deberán lograr una cobertura de al menos el 85 por ciento de la población en la zona de servicio.
De igual modo, aprobamos que los permisionarios de servicios limitados deberán difundir, en la región o localidad en que operen y siempre que sea técnicamente factible, a lo menos cuatro canales regionales, locales o locales comunitarios en sus respectivas grillas o parrillas programáticas. El Consejo decidirá por concurso público cuáles son los canales que deberán ser difundidos por dichos permisionarios, por un período máximo de cinco años, debiendo mantener una representativa diversidad y darse preferencia a canales educativos y culturales. En ningún caso los permisionarios podrán intervenir la señal de televisión de los concesionarios.
Concordamos también una redacción más adecuada en materia de transferencia, cesión, arrendamiento y otorgamiento del derecho de uso del derecho de transmisión televisiva de libre recepción. Asimismo, se redefinió el capítulo referido a las formalidades que deben cumplir los postulantes en los concursos públicos para obtener una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción, ya sea con medios propios o de terceros, los que deberán presentar un proyecto técnico y financiero y una declaración relativa a la orientación de los contenidos programáticos que difundirán.
Se estableció una norma que prescribe que no podrán ser titulares de una concesión las municipalidades, las corporaciones y las fundaciones municipales. Y se fijó un precepto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, para que los permisionarios de servicios limitados de televisión no puedan emitir ni retransmitir por cualquier medio, en su oferta programática, señales pertenecientes a los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, sin su expresa autorización.
En lo que respecta a las disposiciones transitorias de la iniciativa, con plena conformidad del Ejecutivo, hemos acordado las modificaciones...
Le concedo un minuto más, para que concluya.
Decía que hemos acordado enmiendas que regulan el traspaso de un tipo de señal a otra de los actuales concesionarios del sistema de libre recepción de banda VHF y la forma de efectuar la migración de tecnología analógica a digital. Igualmente, se establece que dentro de 60 días hábiles, contados desde la entrada en vigencia de la ley, deberán efectuarse las modificaciones que resulten necesarias en el Plan de Radiodifusión Televisiva, a fin de reservar frecuencias para el otorgamiento de concesiones a concesionarios de carácter nacional, regional, local y local comunitario.
Señor Presidente , estimados colegas, este proyecto de ley, tan importante en materia de comunicaciones televisivas para Chile y que nos dejará a la altura de la mayoría de los países desarrollados, ha constituido un gran desafío para quienes tuvimos el privilegio de trabajar directamente en la elaboración de sus normas, ya que permitió, además de conocer y manejar muchos temas especializados de tecnología en este ámbito, intercambiar interesantes planteamientos acerca de los aspectos valóricos involucrados en su contenido.
Todos los representantes de los sectores interesados nos han ilustrado debidamente en esta materia, que, como he dicho, es de alta especialización. Nos queda la satisfacción de haber puesto nuestro máximo esfuerzo en concordar un texto que creemos que resulta adecuado para contar con una televisión de calidad, que respete el pluralismo y los derechos de los concesionarios y permisionarios.
Quiero aprovechar de saludar a los integrantes del Club del Adulto Mayor América, de Vallenar (Tercera Región) y del Club Juventud Esperanza, de San Miguel, que hoy nos visitan.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa, para fundamentar el voto.
Señor Presidente , se somete a nuestra consideración el informe de la Comisión Mixta formada para resolver las discrepancias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados. De conformidad con las normas legales, la propuesta de dicha Comisión debe ser votada como un todo, lo que representa un problema cuando uno difiere de alguna de las enmiendas planteadas.
Yo anuncio mi voto favorable, pero hago reserva de constitucionalidad respecto de varios aspectos contenidos tanto en la ley como en el informe de Comisión Mixta que en este momento estamos votando.
Este proyecto ha tenido una larga discusión, lo cual es bastante inexplicable tratándose de un tema absolutamente técnico: establecer un mecanismo para cambiar un sistema análogo de transmisión, que es el que opera hoy día en la televisión abierta, por uno digital, que permitirá una multiplicidad de ofertas televisivas. Con un sistema de televisión digital es factible tener 10 o 15 canales nacionales; 20, 30 o 50 canales regionales, y 200 canales comunitarios. Las posibilidades son enormes.
No obstante esa gran diversidad y oferta, el Poder Legislativo, durante la discusión de la iniciativa, pretendió regular el ejercicio de todas y cada una de las funciones de esos canales.
Así, se incursionó en aspectos de fondo, tales como las definiciones de "correcto funcionamiento" y "pluralismo". Se intentó precisar qué deben hacer los canales y qué no. En mi opinión, varias normas que tienen que ver con la libertad editorial, la libertad de expresión, claramente vulneran la Constitución. En efecto, las enmiendas relativas a lo que los canales deben promover y qué cosas pueden o no hacer contradicen, a mi juicio, disposiciones de la Carta Fundamental respecto de la libertad de expresión.
Además, se establece en forma discriminatoria para los canales de televisión la obligación de difundir campañas de utilidad pública, exigencia que no se hace a otros medios de comunicación.
Otra norma absolutamente discriminatoria es la que dispone que ningún canal puede obtener una segunda concesión, salvo Televisión Nacional, en circunstancias de que con una concesión es posible transmitir varias señales. Ello es contradictorio con lo que se había pretendido instaurar en un principio en cuanto a que la segunda concesión fuera una especie de carretera para transmitir señales y no necesariamente otra concesión para tener más canales. En definitiva, el concepto de "carretera digital" no quedó en la ley, pero sí el precepto discriminatorio aludido. A mi modo de ver, esto establece una diferencia, un privilegio en favor del canal público, que a mi juicio no se justifica constitucionalmente.
Por último, se establece para los permisionarios de servicios limitados de televisión la obligación de portar gratuitamente en sus instalaciones cuatro canales locales, lo que se ha denominado "must carry".
Muchos de esos conceptos vulneran, en mi opinión, normas constitucionales. Por lo tanto, sin perjuicio de dar mi voto favorable a lo propuesto por la Comisión Mixta para seguir adelante con la instalación del sistema de televisión digital en Chile, hago la correspondiente reserva de constitucionalidad respecto de los puntos que he señalado.
A usted, señor Senador.
Deseo saludar a los Clubes del Adulto Mayor Eterna Juventud y Arco Iris, de San Fernando, que han sido invitados por el Honorable señor Alejandro García-Huidobro.
Señor Presidente , estimados colegas, la verdad es que esta iniciativa de ley tiene poco que ver con la televisión digital y con el cambio tecnológico de transmisión analógica a digital.
La mayor parte del debate se enfocó en cómo regular la televisión en nuestro país y cómo establecer criterios para su funcionamiento. De ahí la creación del Consejo Nacional de Televisión.
Ocupamos mucho tiempo en la regulación de la industria televisiva propiamente tal y en cómo los canales se relacionan con los operadores conocidos como "permisionarios" (los cableros).
Para algunos de nosotros, ha sido fundamental resguardar los intereses de otros intervinientes: los actores, por un lado, y los que son la preocupación principal de algunos de nosotros: los ciudadanos, los televidentes, por el otro.
En este proyecto, señor Presidente , más allá de los acuerdos a que se llegó inicialmente, cuatro o cinco temas se presentaron en el debate producto de convicciones respecto de los derechos de los ciudadanos.
El primero dice relación con el "correcto funcionamiento", que fue uno de los asuntos discutidos en la Comisión Mixta. Específicamente, se analizó, por una parte, cómo garantizar el pluralismo y la diversidad de opiniones en el medio de comunicación más importante del país, y por la otra, cómo resguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras (los artistas), que en múltiples ocasiones sufren situaciones contractuales absolutamente precarias, incluso distorsionadas, diría yo. De hecho, a no pocos los hacen constituir empresa; no pocos entran en abierto conflicto con Impuestos Internos. Es un secreto a voces. Y muchas veces, porque la industria no paga a los actores sus derechos establecidos por la Ley sobre Propiedad Intelectual.
Adicionalmente, hubo debate sobre el derecho preferente de los canales existentes para poder acceder a las concesiones digitales. Lo que se determinó es que, para que eso ocurriera, debían tener carta blanca para demostrar que no habían cometido abusos laborales.
El tercer tema se refiere a las campañas de interés público.
Quiero detenerme en el cuarto asunto relativo a la retransmisión consentida, que dice relación con lo siguiente: en la totalidad de la Región de O'Higgins -algunos vecinos de Colchagua están presentes- no se puede ver la televisión de libre recepción. Yo vivo en Rengo, a menos de 2 kilómetros de la plaza, y no tengo acceso a los canales de libre recepción. Los habitantes de la provincia de Colchagua que viven en San Fernando o que están en Puente Negro tampoco pueden verlos. Y podría dar, uno tras otro, ejemplos de comunas en la misma situación. De modo que, para tener acceso a los canales de la televisión, las personas deben contratar el servicio por cable.
Lo que se establece aquí es que las estaciones de libre recepción van a poder cobrar a los canales del cable para que lleven a los hogares sus señales en tecnología digital. Pero, ¿quién va a pagar la diferencia? Los consumidores. Hay un traspaso de recursos de más de 40 millones de dólares, cantidad que está en discusión.
En este principio de retransmisión consentida, se establece que los canales de televisión podrán cobrar a las diferentes empresas de cable la transmisión de sus señales.
La pregunta que hago es: ¿por qué los chilenos, que somos dueños de las frecuencias que se entregan en concesión en forma gratuita, vamos a tener que pagar después para ver televisión? O sea, se permite que los canales nacionales comiencen a cobrar a los operadores del cable antes de que los chilenos podamos ver televisión de libre recepción.
Lo que algunos hemos batallado, señor Presidente, es que quede claro...
Terminó su tiempo, señor Senador ; pero tiene un minuto adicional.
Me corresponden 10 minutos, según el acuerdo tomado.
Su Señoría está fundamentando el voto.
Dispone de un minuto para concluir.
El acuerdo que hubo con el señor Ministro fue que tenían que migrar, pues el pago era solo por las señales digitales. No se puede cobrar por las señales analógicas. Es decir, debía migrar el 100 por ciento de las concesiones.
Por otro lado, algunos deseábamos dejar garantizada la cobertura total del territorio. En esta ley en proyecto, se deja absolutamente desprotegido al 15 por ciento de los chilenos, quienes van a tener que pagar por los canales nacionales. Eso es algo que a nosotros nos inquieta.
Entendemos que los canales nacionales deben garantizar el acceso a sus señales a la población de todos los hogares del país, inclusive los que están en edificios. Y después podrán optar entre ver televisión de libre recepción o contratar el cable.
Aquí les estamos diciendo a muchos vecinos de Rengo, de San Fernando, de Paredones o de Pichilemu, que no van a tener recepción digital en sus casas. Por lo tanto, para ver televisión nacional deberán contratar el cable. Y eso es lo que a algunos nos preocupa. Nos gustaría que solo se pudiese pagar retransmisión consentida; es decir, que los canales de televisión cobren a los del cable cuando haya 100 por ciento de cobertura. De lo contrario, serán los consumidores los que paguen.
Saludamos al Club del Adulto Mayor Alegría de Otoño, de San Miguel, que nos acompaña.
¡Bienvenidos a la sesión del Senado!
Señor Presidente , como se ha dicho, el proyecto en debate es, tal vez, uno de los más discutidos en el Congreso. Lleva 5 a 6 años; uno pierde la cuenta.
En principio el objetivo fue contar con un proyecto de ley que posibilitara la implementación de la televisión digital en el país. Después, se transformó en una larga discusión, basada, fundamentalmente, en el rol de la televisión; la calidad de programación, los contenidos que se transmiten en ella; la forma de operar, y cómo este medio de comunicación puede llegar a los chilenos.
Todo ello implicó revisar, por ejemplo, las facultades del Consejo Nacional de Televisión; la composición de los miembros de dicho organismo, en la búsqueda de garantizar pluralismo entre quienes hoy día lo integran. ¿Por qué? Porque en ese Consejo se establece un elemento esencial de la iniciativa, en relación con el denominado "correcto funcionamiento". Dicho concepto en los canales de televisión es lo que determina la calidad y el cumplimiento de las normas establecidas en tal texto legal. La aplicación del correcto funcionamiento puede implicar o no que se entregue o se renueve una concesión a cierto operador.
En relación con esta materia, se generó un debate que, a mi juicio, resultó bastante positivo, rico, porque nos ha permitido tener una iniciativa legal bastante equilibrada.
Cuando el proyecto ingresó al Senado procedente de la Cámara de Diputados, la primera gran decisión que tuvimos fue si aspirábamos a que los operadores de televisión abierta -a ellos se les entrega una concesión para transmitir en el sistema digital- tuvieran la obligación de entregar el servicio en forma abierta y gratuita a todos los connacionales.
Digo esto porque, a veces, se nos olvida que la iniciativa de la Cámara venía con la posibilidad de que hasta el 50 por ciento de la transmisión podía ser abierta y el otro 50 por ciento, con pago. Es decir, los canales de televisión que hoy día operan con señales abiertas podrían hacerlo en forma abierta y como canales de pago, al mismo tiempo.
¿Qué se iba a generar con ello en la práctica, lo cual motivó el gran debate inicial que después sirvió para ir tomando todas las decisiones?
Se iba a generar una televisión de primera calidad, la de pago, con programas exclusivos y más interesantes; y otra de segunda clase, la televisión abierta, donde no se cobra a nadie.
Para decirlo en buen castellano, seguramente Chilevisión, que hoy día va a transmitir el partido de fútbol entre Ecuador y Chile -el cual es de alta convocatoria-, en otra oportunidad lo habría hecho por el sistema de pago y no por señal abierta. De modo que los chilenos que no pudieran cubrir el gasto, no verían el partido. Así de simple. Y eso fue lo que determinó -por lo menos en estas bancadas- la primera gran línea de decisión, a través de la cual se fue armando el resto del proyecto.
Esa es la razón de fondo. Porque, cuando se coloca una exigencia de ese tipo a los operadores de televisión, debido a los plazos de la concesión, no se cobra por esta, porque cualquiera de ellos debe hacer una inversión extraordinariamente grande para garantizar cobertura y, también, la transmisión de la señal en forma gratuita.
Junto a lo anterior, se presenta el segundo elemento, el cual establece la retransmisión consentida. Es decir, los canales de pago podrán llevar determinado producto en sus parrillas de programación y venderlo a los usuarios que pagan el cable. Entonces, deben llegar a acuerdos y buscar una negociación con la televisión abierta, porque, de lo contrario, no sería justo que hoy día les llevaran la señal en forma gratuita.
Como sostuvo recién el Senador señor Letelier , si alguien quiere imponerse del noticiero del canal 13 o del 7, se va al cable si no hay cobertura en la televisión abierta. Pero el operador del cable le cobra a ese usuario por la transmisión y por la calidad de programas como "Los 80" y otros. Sin embargo, aquel no le cancela nada al canal que produce, gasta e invierte. Y eso tampoco nos parecía justo.
Por esa razón, el tema de la retransmisión consentida también está consignado en el proyecto.
Muchas otras materias fueron discutidas, pero no se pudieron aprobar.
Nosotros queríamos un transportador público estatal en condiciones de llevar toda la programación de la producción nacional, que en muchas oportunidades no tiene expresión, inclusive respecto de la que aprueba el Consejo Nacional de Televisión, a la cual subsidia. Ello, porque con frecuencia, debido a que recibe ayuda económica, tiene que llevarla a un determinado operador, quedando condicionada a lo que este le exige, desde el punto de vista comercial, para después vender el producto.
Ese es el motivo por el cual se dispone la entrega de una segunda señal a Televisión Nacional de Chile. Y es la manera -yo no diría discriminatoria- de priorizar la existencia de un transportador que, a la larga, pueda llevar producción nacional y no estar sometido a los vaivenes del financiamiento del mercado.
Señor Presidente , estimo absolutamente imprescindible establecer y garantizar en la ley las campañas de utilidad pública respecto de todas las materias de necesidad ciudadana, ya sea de salud, de educación o de emergencia de cualquier tipo.
Esas son las razones por las que votaremos a favor del informe de la Comisión Mixta.
Queremos saludar a los miembros de la Agrupación de Jardineros de Santo Domingo que nos acompañan también esta tarde.
¡Bienvenidos a esta sesión del Senado!
Señor Presidente , en mi opinión, hoy estamos dando un paso muy importante al encontrarnos al término de la larga tramitación del proyecto en debate, el cual permite la introducción de la televisión digital en el país.
Sin embargo, esta no será solo una ley relativa a la parte técnica de la instalación de la televisión digital -como expresaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, sino que comprenderá también diversos aspectos que casi en nada se relacionan con la televisión digital, como la forma en que funciona el Consejo Nacional de Televisión y los contenidos de los distintos canales a lo largo del territorio.
Durante la discusión en el trámite del segundo informe en las Comisiones unidas de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, se hicieron varias reservas de constitucionalidad. De hecho, se manifestó repetidamente -entre otros Senadores, por quien habla- que algunas disposiciones eran inconstitucionales. Es el caso de la primera norma que votamos en la Sala sobre el sistema de medición de audiencia en línea o people meter on-line. El Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional. Se presentó y aprobó una indicación que supuestamente lograba obviar esa situación, pero nuevamente dicho Tribunal falló de igual modo.
En ese sentido, creo que la tramitación de esta iniciativa legal nos tiene que hacer reflexionar con relación a la conveniencia de legislar apegados a la Carta Fundamental y no tratar de pasar por encima de sus normas.
Además, otros puntos han quedado consignados en el texto, los que, a mi entender, ameritan nuestra atención acerca de su constitucionalidad.
Señor Presidente, los Senadores de estas bancas vamos a votar a favor del informe de la Comisión Mixta, porque queremos que haya televisión digital. Sin embargo -repito-, tenemos que llamar la atención respecto a algunas cuestiones que nos merecen dudas.
En primer lugar, que dentro del correcto funcionamiento se consigne también el cumplimiento de leyes laborales y especiales, en circunstancias de que estas se encuentran consignadas en otras partes de la iniciativa.
Sobre el particular, la duda que uno puede tener es si el cumplimiento de normas laborales ha de estar comprendido en una ley sobre televisión. Y, más aún, si ello debe incluirse dentro del correcto funcionamiento. ¿Por qué? Porque, en definitiva, se va a poder caducar una concesión por el incumplimiento de alguna norma laboral, lo que no necesariamente tiene conexión directa con el correcto funcionamiento de la televisión.
En segundo término, lo tocante a las campañas de utilidad pública. Hasta la fecha, su pago es de cargo del Estado. Si ellas van a ser contrarias a la línea editorial de un canal, este puede no transmitirlas o establecer otra alternativa.
Según el texto que despachará el Congreso, esas campañas serán gratuitas. Si contravienen la línea editorial del canal de televisión, él no podrá transmitir una alternativa. Por lo tanto, en nuestra opinión, se estaría vulnerando el artículo 19, N° 20° de la Constitución Política de la República, ya que, por un lado, se establece una desproporción en las cargas públicas, y, por otro, se atenta contra la línea y la libertad editorial de los canales de televisión.
Me preocupa el poder que tendrá el Gobierno o el Estado versus el de la sociedad. Me parece bien que haya campañas de utilidad pública. Pero igualmente es preciso tener cuidado con la libertad de expresión.
Por eso, hago reserva de constitucionalidad sobre el punto.
Por otro lado, está lo referente a la segunda concesión a que puede optar Televisión Nacional de Chile, cuando dicho canal llegue a ser una especie de carretera digital o de transportador público.
Finalmente, vamos a tener muchas concesiones. Y la experiencia internacional demuestra que lo importante son los contenidos y no la posibilidad de incluir estos dentro de las concesiones. Pero aquí se determinó que Televisión Nacional tuviera una segunda señal, una concesión adicional, lo que claramente constituye una discriminación arbitraria a su favor.
Por eso, hago también reserva de constitucionalidad al respecto.
En cuanto al must carry...
Excúseme, señora Senadora, concluyó el tiempo extra que se le otorgó, pero debemos ser estrictos al respecto.
Puede pedir a alguno de sus colegas hacer la observación pertinente.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores.
Señor Presidente , quienes no estuvimos en las Comisiones especializadas que estudiaron este proyecto de ley constatamos, en el transcurso del debate, que en ellas no se analizaron las complejidades técnicas que obligadamente se presentan cuando se pasa de la televisión analógica a la digital.
En verdad, el nudo central de la normativa sobre televisión digital era, con tal avance de nuevas tecnologías, que muchos más emprendedores e interesados pudieran asumir el rol de hacer y de entregar televisión.
La presente iniciativa generó grandes expectativas, particularmente en regiones, -no sé si se van a concretar en la práctica-, en cuanto a establecer televisión regional y a que el trabajo de personas que hoy día, por ejemplo, poseen y desarrollan en nuestras comunas canales de TV por cable, pasara también a la televisión digital.
Tengo la impresión -espero estar equivocado- de que en ese aspecto no avanzamos lo suficiente, pues el esfuerzo del Senado -que no comparto- se centró en establecer regulaciones a la industria de la televisión. Y lo que se hizo, en definitiva, fue otorgar mayores potestades al poder político y a las instancias públicas sobre aquella.
Porque el concepto "correcto funcionamiento", es decir a quienes, de acuerdo a su real saber y entender, tienen un canal de televisión y quieren establecer una línea editorial, que esta no es lo suficientemente libre ni amplia si no responde en forma adecuada a los intereses de los organismos del Estado.
Eso, a mi juicio, es especialmente peligroso.
Me habría gustado una legislación de televisión digital que permitiera a muchas personas ser actores de la industria de la televisión, asumiendo este gran desafío desde regiones y comunas, y que el Estado colaborara y apoyara para que ello fuera verdaderamente posible.
Sin embargo, por el contrario, a quienes decidan hacerlo o lo intenten, al margen de los grandes canales de televisión, los vamos a tener especialmente controlados, bajo la espada de Damocles, para ver si cumplen con lo que definimos como "correcto funcionamiento", con lo que alguien definió como "pluralismo", con conceptos -sin duda, algunos discutibles- relativos a la discriminación, al respeto a las minorías, cuando lo que se debería buscar aquí es que, al haber muchos involucrados en la industria de la televisión, todas las visiones existentes en el país se encontraran representadas.
Por lo tanto, yo concuerdo y comparto lo que aquí señaló el Senador Novoa en el sentido de prevenir sobre la constitucionalidad de algunos aspectos que, a mi juicio, ponen en riesgo ciertas libertades en esta actividad.
Me parece que va a quedar como tarea pendiente del Senado, o del Congreso, el establecimiento de una legislación que posibilite a una gran variedad de personas expresar la diversidad de nuestro país en la televisión, y no una que contenga regulaciones de control de carácter más bien político. Porque, en definitiva -digámoslo con claridad-, el Consejo Nacional de Televisión, muy tributario del poder político, va a tener la facultad de terminar con las concesiones, de fijar sanciones para impedirle a alguien continuar en la industria televisiva.
Ello, en lo personal, no me gusta. Creo que contradice libertades básicas para el emprendimiento.
Así es que, señor Presidente , apruebo el informe de la Comisión Mixta, y hago mías las prevenciones que manifestó el Senador Novoa .
Señor Presidente , este fue un debate interesante, de fondo, donde no solo se introdujeron adecuaciones a una nueva tecnología, la digital, sino que además se manifestaron las dos visiones de sociedad sobre nuestra nación que se encuentran representadas en el Parlamento.
En cuanto a los temas sustantivos, quienes apoyamos las posturas del Gobierno fuimos mayoritariamente los parlamentarios de Oposición, pues, como aquí se ha señalado, una parte de los representantes oficialistas defendieron a ultranza lo que siempre han protegido: la propiedad privada por sobre el bien común; la imposición del derecho de propiedad por sobre los derechos ciudadanos.
Reitero que se discutieron materias muy interesantes, como la relativa a si las concesiones otorgaban o no derecho de propiedad. El Gobierno y los parlamentarios de Oposición defendimos la idea de que las concesiones a privados no entregaban título de propiedad, por tratarse de señales consideradas bienes nacionales de uso público que pertenecían a la sociedad toda y que, por lo tanto, no podían ser objeto de lucro.
Evidentemente, la visión neoliberal defendió la postura de que las concesiones sobre un bien común de todos los chilenos, como se ha hecho en otras oportunidades con el mar o con el agua, debían considerarse propiedad privada.
Por último, imperó la razón, el bien común. Es decir, se estimó que tales concesiones no constituyen propiedad privada, sino que tienen un tiempo de duración y, además, obligan a la reciprocidad, pues esos mismos sectores, por ejemplo, no deseaban que las campañas de interés público se transmitieran en forma gratuita. ¿Por qué? Porque, según decían, "ello lesionará el interés de estos pobres canales"
Bueno, estos canales, que usan una señal que le pertenece a toda la sociedad, que lucran con ella y obtienen utilidades tienen que hacer una contraprestación mínima. ¿Cuál? Que cuando haya una epidemia de salud, por ejemplo, transmitan en forma gratuita, como ocurre en todos los lugares del planeta.
Esa fue otra controversia que tuvimos. Y, nuevamente, aquí se instaló la visión neoliberal y algunos están llevando esas materias al Tribunal Constitucional. Con eso se demuestra que la Carta que nos rige es totalmente aberrante, pues podría darles a ellos la razón en el sentido de que en Chile no existe el bien común, sino solo la primacía de la propiedad privada.
Ese es otro de los motivos que nos lleva a decir cada vez con más fuerza que nuestro país necesita una nueva Constitución, para que nunca más un parlamentario levante la mano y señale que no puede haber una campaña de interés público porque lesiona el interés privado, aun cuando nos refiramos a un bien que pertenece a todos los chilenos.
Lo mismo sucedió en el caso del correcto funcionamiento. Al respecto se discutió algo muy importante: si los medios de comunicación que utilizan una señal perteneciente a la sociedad toda, que les fue entregada por medio de una concesión y no constituye propiedad privada, deben tener regulaciones que las obliguen a cumplir con garantías democráticas, de respeto a la diversidad, de tolerancia, de pluralismo.
Algunos dicen que no tendría que normarse el correcto funcionamiento, que los canales deberían poder hacer lo que desearan, e incluso llegar a titular, como ocurrió hace algunos años, "Murieron como ratones", cuando se detuvo a un grupo de seres humanos y luego se los asesinó, para posteriormente decir que ello obedeció a un enfrentamiento.
¡No! En la sociedad moderna debe haber pluralismo y el bien común tiene que primar sobre el interés privado.
No obstante, nuevamente se recurre al Tribunal Constitucional, apelando a la Constitución inmoral que nos rige.
Igual cosa sucede con el hecho de otorgarle dos señales a Televisión Nacional para privilegiar la televisión pública.
¡No! ¡Cómo se va a favorecer la televisión pública en desmedro de los canales privados!
Nosotros queremos dar un mensaje claro: ¡Nuestra intención es privilegiar la televisión pública, la televisión de todos, cuyo compromiso va más allá todavía del correcto funcionamiento!
Entonces, aquí, evidentemente se expresan las diferencias que hoy día están concursando en nuestro país.
Por eso, una parte de la Derecha, que lamentablemente sigue apegada al pasado, va a llevar a toda la Derecha a la ruina, a no sobrepasar los 20 puntos de aprobación ciudadana. ¿Por qué? Porque las ideas de tolerancia; de respeto al bien común, a la vida, al interés público, hoy día son mayoritarias en Chile, pero algunos no quieren entenderlo.
Y eso se manifiesta en el debate que sostenemos acá, en que se insiste porfiadamente en ir al Tribunal Constitucional, para que el bien común quede supeditado al interés de la propiedad privada.
En consecuencia, esta ley en proyecto podrá tener muchas imperfecciones, pero presenta grandes avances. De ahí que voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
¿Es posible intervenir, señor Presidente?
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , más allá de la larga discusión sobre este proyecto, que ha tenido diversos trámites legislativos, solo quiero dejar constancia de una situación que me parece irregular, o que eventualmente será objeto de un planteamiento a nivel del Tribunal Constitucional, relativa a lo siguiente.
En el artículo 33, letra a), N° 2, del texto aprobado por el Senado, en el que se establecen las multas de las cuales pueden ser objeto las personas que infrinjan la ley que estamos aprobando, básicamente los concesionarios, hay una omisión importante, porque se dispone: "Multa no inferior a 20 ni superior a 200 unidades tributarias mensuales, en caso de tratase de concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva regionales, locales o locales de carácter comunitario. Para el caso de concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva de carácter nacional, las multas podrán ascender hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales", etcétera.
En lo anterior no se incluye a las llamadas "permisionarias", que corresponden a los canales de cable. Entonces, se podría producir una situación en la que, eventualmente, a pesar de todas las facultades que se dan al Consejo Nacional de Televisión; a pesar de todo lo que discutimos respecto a cuál era el bien jurídico protegido, que es lo que inspiraba la nueva legislación que estamos aprobando, podría interpretarse que en las multas determinadas a distintas concesionarias no se encuentran incluidas, por no hallarse explícitamente contenidas en la referida disposición, las permisionarias, referidas a los canales de televisión por cable.
Por eso, hago reserva de constitucionalidad sobre el particular.
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta, en todo caso, señor Presidente.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar el voto.
Señor Presidente , este ha sido un parto difícil, largo. Lo han llevado adelante el Ministro y el Subsecretario mediante sucesivas modificaciones.
Creo que el Gobierno tendría que felicitarnos a los parlamentarios de Oposición, pues hemos facilitado el debate de la ley en proyecto.
Sin embargo, hemos tenido diferencias al interior de la llamada "Nueva Mayoría" y también discrepancias sustanciales con el oficialismo, particularmente con la UDI y Renovación Nacional.
A esta altura del debate resulta increíble escuchar a la colega Von Baer y a los demás Senadores de Derecha seguir alegando que las transmisiones de campañas de utilidad pública constituyen una discriminación. Porque la concesión es estatal y, por tanto, los propietarios son todos los chilenos. Hoy se fija un acotado período para que los concesionarios transmitan campañas públicas: por ejemplo, contra el sida; para la erradicación de la pobreza; para luchar contra el consumo de tabaco; para prevenir los accidentes del tránsito. Y cuando se acabe ese tiempo, van a cobrar.
Resulta absurdo e indignante que el Estado tenga que pagarles después a los concesionarios privados por hacer campañas que la Constitución mandata como un deber ineludible.
Señor Presidente, con mucho esfuerzo logramos que se incorporara en el concepto de "correcto funcionamiento" el respeto a las leyes laborales. Pero hay quienes han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional.
El correcto funcionamiento "comprende el cabal cumplimiento, por parte de los concesionarios y permisionarios, de las leyes N°s 17.336, 20.243 y del Capítulo IV, del Título II del Libro I, del Código del Trabajo".
Asimismo, se establece que "se entenderá el correcto funcionamiento como el respeto y promoción, a través de su programación, de los derechos, culturas, lenguas y dignidad de los pueblos originarios, la no discriminación y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre los pueblos".
Nos parece que aquello constituye un avance sustantivo. Costó. Pero ahí está.
Sin embargo, como medió un proceso de negociación, de aquí a poco andar muchas de las normas que se aprueben van a ser modificadas.
Quiero llamar la atención sobre el régimen de transición. Pienso que el próximo Gobierno solicitará que se debata sobre él. Es probable que tenga que revisarse.
Por otro lado, la ley en proyecto no distingue entre concesiones de servicio público y comerciales. Así, deja a Televisión Nacional de Chile en una situación muy particular.
Yo hubiera querido que se establecieran no solo dos concesiones para TVN, que es estatal -hay una normativa especial para ella-, sino también una para cada rama de los deberes que la ley le impone: por ejemplo, la difusión cultural, la difusión educacional.
¡Pero no! Se le dejan dos. Y, aún así, hay quienes anuncian que van a recurrir al Tribunal Constitucional -parece increíble, pero es efectivo-, porque, pese a que el Estado se reserva la facultad de transmitir y hacer respetar lo que la Constitución y las leyes preceptúan en pos de la igualdad, ¡el dios de la competencia, del lucro, sigue siendo la guía principal para algunos!
Señor Presidente, en el régimen de transición -reitero- se ha introducido la voluntariedad de quedarse o seguir. Pero, claramente, ello se establece en un precepto.
No está claro que las concesiones actuales den derecho a indemnizaciones. Algunos han planteado que la Carta Fundamental ampara el derecho de propiedad. Y el referido régimen de transición intenta cautelar aquello.
Las concesiones jamás pueden ser propiedad de los concesionarios: siguen siendo del Estado. Se dan durante un tiempo definido en la ley.
Hemos discutido largamente este tema. Y la UDI insiste en que las concesiones de los bienes nacionales de uso público son propiedad de aquellos a quienes se otorgan.
En aras de la defensa del derecho de propiedad, en Chile se establece que por un asesinato hay condena a cinco años, y por un robo con violencia, a 10. O sea, la penalidad por la violentación de la propiedad privada es superior a la fijada por quitar la vida.
Señor Presidente , voy a rechazar varios de los artículos que fueron a la Comisión Mixta, porque creo que no hubo una solución satisfactoria.
Espero no coincidir con la UDI en esa votación.
El señor GIRARDI .-
¿Y las isapres no?
Estoy en FONASA, señor Senador.
¿Se vota el paquete, señor Presidente?
Se vota como se hace con todos los informes de Comisión Mixta, señor Senador: de una sola vez.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (31 votos a favor y uno en contra) y queda despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Agradezco al señor Ministro su comparecencia en la Sala. Dele nuestros saludos al Subsecretario señor Atton, quien debe estar escuchándonos en alguna parte.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8643-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
Defensa Nacional: sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013.
El objetivo de este proyecto es modificar algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, tales como los siguientes:
Suprimir gradualmente, para los mayores de 65 años, la cotización al Fondo de Retiro de los Pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), y para el mismo grupo etario, tratándose de CAPREDENA, redestinar a salud el descuento para el Fondo de Revalorización de Pensiones.
Limitar los beneficiarios de montepío.
Establecer restricciones a la rejubilación o reliquidación de pensiones y racionalizar las dobles pensiones.
Regular la situación del personal civil afecto a CAPREDENA y a DIPRECA.
Eliminar el abono injustificado de años de servicios para efectos del retiro.
La Comisión de Defensa Nacional discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Coloma, Prokurica y Walker (don Patricio). Se abstuvo el Honorable señor Gómez.
Cabe hacer presente que la totalidad de la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, quiero informar esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, que -como bien dijo el señor Secretario - modifica aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.
Deseo partir señalando que, en mi concepto, este era uno de los proyectos más necesarios y justos que se encontraban pendientes en nuestro país.
Si algo importante se hizo en los años anteriores -también por el Gobierno- fue eliminar progresivamente la cotización del 7 por ciento para salud, en el caso de los pensionados que se hallaban en los quintiles más bajos.
Ese principio, que me parece sano en la recta distribución de los recursos, no se cumple tratándose del personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería.
Hay dos cotizaciones al Fondo de Retiro, dependiendo de si el afiliado impone en CAPREDENA o DIPRECA, que se aplican hasta el día de hoy y que van en el sentido inverso: en el caso de los imponentes de CAPREDENA corresponde al 6 por ciento de sus remuneraciones y pensiones y en el de DIPRECA al 5,95 por ciento.
Y la idea medular del proyecto es la supresión gradual de ambas cotizaciones para los mayores de 65 años. Ello se traduce, al final, en el aumento de los ingresos líquidos de los pensionados tanto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional como de la Dirección de Previsión de Carabineros, colocando a los beneficiarios mayores de 65 años en una situación de más igualdad respecto de los cotizantes del antiguo sistema previsional cuyas pensiones -como sabemos- no se hallan afectas a dichos descuentos.
Esa es la idea central, que fue la base del proyecto del Presidente Piñera y que, de alguna manera, interpreta lo que por muchos años buscamos quienes queremos mejorar la situación en que se encuentra la gente de la tercera edad, haciéndoles sentir que se les está cumpliendo un compromiso que me parece ineludible y de máxima justicia.
Por eso, la primera afirmación es valorar, en toda su dimensión, que la palabra empeñada se haya cumplido y que este acto de justicia para el personal pasivo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile tenga un feliz resultado.
Adicionalmente, la iniciativa en debate considera otros elementos respecto de los cuales también quiero dejar constancia.
En el caso de CAPREDENA, cabe destacar la redestinación del descuento del Fondo de Revalorización de Pensiones al financiamiento de los fondos de salud de dicha entidad previsional con el propósito de mejorar las prestaciones médicas.
Una segunda idea -simplemente voy a enumerarla- es limitar o, como dice el proyecto, racionalizar los beneficios del montepío. Al respecto, resulta evidente e importante, sin perjuicio de que en la discusión particular este aspecto puede ser objeto de algunas dudas, homologar a los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia con los de otros sistemas previsionales, ya que existen excepciones que, al parecer, deben cumplirse en el tiempo. Sin embargo, me anticipo a señalar que este tema quizás dé origen a una discusión particular compleja.
Por otra parte, existe la concepción de establecer restricciones a la rejubilación o reliquidación de pensiones y racionalizar las dobles pensiones. En el fondo, se busca restringir esta reliquidación a una sola vez, sujeto a la condición de ejercer una función adscrita al régimen previsional de la Dirección de Previsión correspondiente y por un lapso no inferior a tres años consecutivos. De este modo, se homologan los sistemas previsionales que administran la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros.
Esa materia también puede ser objeto de un debate en particular. Mi impresión es que -nosotros recibimos a más de catorce organizaciones vinculadas a este tema- en general hay una concepción bastante compartida en cuanto a la necesidad racionalizar las dobles pensiones.
Sin embargo, persisten situaciones que quizás deberíamos corregir en la discusión particular para que, en esta búsqueda de mayor racionalización, no se cometan injusticias que lamentablemente pueden ocurrir cuando se aplican este tipo de medidas.
Por último, una idea adicional que no fue aprobada en la Cámara de Diputados y que será analizada en la discusión particular es la regulación de la situación del personal civil afecto a la CAPREDENA y la DIPRECA. El objetivo es que estas instituciones ofrezcan beneficios directos al personal relacionado con el ejercicio de las funciones de la Defensa, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, en tanto que los empleados civiles quedarán sometidos a las normas del decreto ley Nº 3.500.
Quiero dejar constancia de que el texto original del proyecto planteaba este punto, pero la Cámara de Diputados en su momento lo rechazó, por lo que será parte de la discusión particular si se repone o se mantiene el criterio de ella al respecto.
Asimismo, debo puntualizar que la Comisión de Defensa Nacional votó favorablemente la idea de legislar y no me cabe duda de que nadie en el Senado haría algo distinto, máxime cuando este proyecto nos parece una decisión justa, razonable, necesaria y, más bien, urgente a estas alturas.
Sin perjuicio de ello, quiero anticipar algunas observaciones para el debate en particular, porque esta iniciativa ha sido objeto de una larga discusión al interior del órgano técnico.
Primero, ojalá se adelante la entrada en vigencia de la ley, prevista para el primer día del sexto mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Nos parece que a todo evento es un plazo excesivo y ese es el criterio que quiero transmitir en nombre de la Comisión. Entendemos que el traspaso de un sistema a otro puede generar ciertas complejidades, pero no advertimos la necesidad de fijar seis meses para empezar a funcionar el nuevo sistema una vez publicada la ley. Y así se lo hicimos saber al Ministerio de Defensa a través del Subsecretario.
En segundo término, hubo un criterio bastante unánime en cuanto a incluir dentro de los primeros beneficiados con la eliminación del descuento -recordemos que esto es progresivo- a los mayores de 80 años de edad, sin considerar el monto de su pensión. Ello no involucra un efecto económico muy importante, pero sí conlleva un elemento de justicia muy relevante, ya que dichos pensionados necesitan ese beneficio de inmediato, sin dilaciones en el tiempo, en función del monto de la pensión. Adelantamos esta cuestión con el Ejecutivo que, por lo que pudimos apreciar, miraba con buena voluntad la posibilidad de llevar a cabo tal medida.
En tercer lugar, la Comisión pidió al Gobierno buscar algún tipo de solución -ya sea por la vía administrativa o legal- frente a la situación previsional bastante compleja que afecta a los funcionarios de ENAER, ASMAR, DGAC ( Dirección General de Aeronáutica Civil) y DGMN (Dirección General de Movilización Nacional), entre otras, toda vez que dentro de la misma institución conviven dos sistemas distintos. En el caso de ASMAR estamos hablando de no más de 22 personas adscritas a un sistema previsional que, al final, también les genera una pensión diferente.
Entonces, nosotros debemos ver si esa materia se halla dentro de la idea de legislar, pero claramente se requiere una modificación legal o administrativa para establecer una equiparidad entre esos funcionarios y aquellos que se encuentran afiliados a las instituciones de retiro ya señaladas.
Una cuarta observación que se planteó tiene por objeto enmendar la situación del padre o la madre beneficiarios de montepío, en cuanto a eliminar el requisito de que estos sean asignatarios de asignación familiar para gozar de la prerrogativa, en el caso del personal soltero o divorciado sin hijos. Hay mucha gente que entrega lo máximo en el ejercicio de su cargo, incluso su vida si fuere necesario, y los derechos propios a esa función heroica que ha realizado dicho personal pueden perderse si los padres no son beneficiarios de asignación familiar. Por lo tanto, nos parece que esta materia es mejorable, tal como lo sugirió el Gobierno.
Una quinta modificación dice relación con las normas sobre protección de los derechos adquiridos por los funcionarios. Para tal efecto se reemplaza el vocablo "personal" por la expresión "funcionarios públicos" -nos parece que es el término más racional-, con lo cual queda absoluta claridad de que todos aquellos que hoy día se hallan adscritos a estas cajas de previsión, más allá de la legislación particular, siguen recibiendo ese tipo de beneficios.
Por otra parte, algunos miembros de la Comisión plantearon la posibilidad de contratar un seguro de vida para los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería, el cual puede vincularse a este proceso.
Asimismo, se deberá discutir la reposición de los artículos rechazados por la Cámara de Diputados que tienen que ver con la negativa de homologar el sistema previsional del personal civil de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con el que ostenta el resto de los trabajadores del país. Ello se fundamenta en que el marco previsional especial debe ser para los ciudadanos que cumplen una función esencial, y en que el riesgo y el desgaste en el ejercicio de la profesión militar son incompatibles con un sistema de previsión basado en índices de mortalidad e invalidez normales.
En resumen, este proyecto es extraordinariamente importante para miles de compatriotas.
Nos parece una buena señal que el Gobierno y el Parlamento, después de una larga discusión, comprendan la situación que vive el personal en retiro de dichas instituciones (o aquel que entrará en retiro), respecto del cual se advierte una evidente desigualdad hoy día con relación al mundo de la civilidad en materia de descuentos.
Por lo tanto, junto con dar a conocer ciertas modificaciones, he tratado de exponer debidamente cuáles son los fundamentos del proyecto y algunas de las aprensiones o correcciones que esperamos que puedan darse en la discusión particular.
En definitiva, se trata de una iniciativa muy significativa. Deseamos que sea aprobada y que se fije un plazo de indicaciones lo más breve posible, dentro de lo que estimamos necesario, para que ella se convierta en ley en muy poco tiempo.
Señores Senadores, vamos a abrir la votación...
¿Por qué la va a abrir, señor Presidente?
Porque hay Senadores sesionando en las Subcomisiones de Presupuestos.
¿Y si no hay quórum?
El Comité del MAS se opone a que se abra la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. No se encuentra en la Sala.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente , deseo iniciar mis palabras agradeciendo al Presidente Piñera por esta iniciativa, no solo porque la materia que aborda constituyó un compromiso durante la campaña, sino también porque, como lo planteó el titular de la Comisión, viene a hacer justicia con un sector de la población que había quedado afuera de este beneficio.
Es increíble, pero por largos años les pedimos a distintos Gobiernos que se eliminara el referido descuento, porque cuando el ser humano llega a la tercera edad le falla la salud, no puede percibir otros ingresos y necesita más que nunca los recursos.
Se accedió al término del descuento del 7 por ciento para los civiles. Sin embargo, estaba pendiente poner fin al descuento de 6 por ciento para los jubilados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.
Durante la tramitación, recibimos a las distintas organizaciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y también a los representantes de personal civil que labora en las distintas ramas de estas instituciones. Y nos manifestaron, como lo señaló muy bien el Presidente de la Comisión, que por supuesto eran partidarios de aprobar en general el proyecto, pero que formularán algunas observaciones, en la forma en que lo hizo el Senador Coloma .
El objetivo de la iniciativa es modificar ciertos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, como la supresión gradual -para los mayores de 65 años- de la cotización al Fondo de Retiro de los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), equivalente a 6 por ciento, y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), que asciende a 5,95 por ciento. Y para el mismo grupo etario perteneciente a la CAPREDENA, se busca la redestinación del descuento para el Fondo de Revalorización de Pensiones hacia salud; limitar los beneficiarios de montepío; establecer restricciones a la rejubilación o reliquidación de pensiones y racionalizar las dobles pensiones; regular la situación del personal civil afecto a CAPREDENA y a DIPRECA, y eliminar el abono injustificado de años de servicio para efectos del retiro, entre otros.
Con esta iniciativa se viene a homologar, como lo planteé anteriormente, a los funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas, de las de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería mayores de 65 años, quienes por su condición, en cuanto al sistema previsional, no habían obtenido ningún beneficio, como la eliminación del descuento de 7 por ciento aplicada a los jubilados civiles.
Es importante destacar que el presente proyecto, que discutimos en su segundo trámite constitucional, forma parte -ya lo mencioné- de los compromisos de Su Excelencia el Presidente de la República , quien anunció en su discurso del 21 de mayo de 2012 el envío de esta iniciativa.
La ley en proyecto responde a dos situaciones: una dice relación con la justicia social, y la otra, con la administración financiera de CAPREDENA y de DIPRECA. Por lo tanto, esta iniciativa pone fin a las desigualdades entre los pensionados bajo estas modalidades y los de la mayoría del país. Lo anterior se complementa con la racionalización de beneficios para las cargas de los afiliados a esos sistemas.
Señor Presidente , para la discusión de este proyecto la Comisión de Defensa tuvo la oportunidad de escuchar a representantes de diversas instituciones de las Fuerzas Armadas, así como de personal civil. Y destaco en este caso a un número bastante menor de funcionarios que pertenecen a entidades que colaboran con las Fuerzas Armadas, que son profesionales, que quedaron fuera de los beneficios de esta iniciativa y que han solicitado acceder también a ellos. Eso lo estudiaremos durante la discusión particular.
Resulta importante resaltar que nuestra intención como legisladores -lo digo con claridad- es velar por que ningún funcionario civil o militar sea vulnerado en los derechos adquiridos en el servicio de una función esencial para el país.
Respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública a veces se dice que su sistema de previsión es mucho mejor que el de los civiles. No obstante, quiero recordar que estamos frente a personal al que, en primer lugar, no se le pagan horas extraordinarias. Por otra parte, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería arriesgan sus vidas todos los días de trabajo. Además, pueden ser destinados a cualquier lugar del país y no les es dable manifestar ninguna opinión sobre el particular. No tienen derecho a huelga. No les está permitido sindicalizarse. Evidencian una serie de restricciones que, por supuesto, nunca son tomadas en cuenta.
Como uno de los miembros más antiguos de la Comisión de Defensa, quiero decir que el Ejecutivo mantiene una deuda con estas instituciones. Porque cuando se incorporó Gendarmería a DIPRECA se adquirió el compromiso aquí, en estas mismas bancas, por parte de los Ministros de Hacienda respectivos, de suplementar los recursos que se requerían para incorporar a otras entidades al sistema de previsión de Carabineros. Pero, en verdad, eso nunca ocurrió. Y ello ha significado que en muchas de estas instituciones haya déficit y demoras para entregar las pensiones.
Por lo expuesto, esta iniciativa cumple con un compromiso del Gobierno del Presidente Piñera y, sobre todo, con una obligación de nuestro país con funcionarios que entregan una vida al servicio de la institución a la que pertenecen.
Señor Presidente, en mi bancada -Renovación Nacional- vamos a apoyar este proyecto, porque lo consideramos necesario y porque creemos que estamos pagando una deuda con estas instituciones.
¿Podemos abrir la votación?
No hay que olvidar que este proyecto tiene urgencia de "discusión inmediata". El plazo vence hoy, y debemos votarlo.
No estoy de acuerdo en que se abra la votación.
Senador señor Navarro, ¿cuál es el problema? Tenemos que votar igual.
Se hará a su debido tiempo.
Perfecto. No hay inconveniente.
¿Está en votación?
No hay acuerdo todavía para abrirla. En unos minutos más deberemos pronunciarnos sí o sí.
Señor Presidente , ocuparé parte de mi tiempo primero para formular una consulta y después intervendré, porque la respuesta es vital para mi posición final.
Un grupo de funcionarios y funcionarias de ASMAR han solicitado al Ejecutivo el ingreso de una indicación que señala: "Quedarán afectos al régimen previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional los trabajadores de ASMAR que hubieren ingresado al Servicio entre el 7 de Febrero de 1984 y el 11 de Noviembre de 1985".
Consulto al Ejecutivo si va a incluir esta indicación, que fue solicitada en la Comisión y que hasta ahora ha sido denegada.
Luego continuaré con el uso de la palabra.
Señor Ministro , no sé si escuchó la consulta.
El señor HINZPETER ( Ministro de Defensa Nacional ).-
Me estaba hablando el Senador señor Navarro.
El Senador señor Escalona formuló una pregunta, señor Ministro . En caso de que no haya alcanzado a escucharla, se puede repetir.
Muchas gracias, pero estoy al tanto. Y le pido excusas, pues me distrajo el Senador señor Navarro, quien me estaba planteando el mismo asunto.
Entonces, tiene la palabra.
Señor Presidente , sin perjuicio de que nos hallamos en la discusión general, quiero anticipar que el Gobierno está plenamente dispuesto a analizar si grupos pequeños de personas, por razones injustificadas, o por normas de la Contraloría, etcétera, están quedando fuera de este proyecto de ley. De modo que durante el debate particular habrá que conversar y determinar si es posible incorporarlos.
¿Va a hacer uso de la palabra, Senador señor Escalona?
Después, señor Presidente.
Señor Presidente , el problema recién planteado no es menor. Y de las palabras del señor Ministro entendemos que, si se verifica una situación anómala, la solución no quedará sujeta a la voluntad del Ejecutivo , sino que este enviará la indicación conducente a resolverla.
El proyecto que nos convoca hoy responde -ya lo han dicho varios colegas- a una situación de injusticia, en algunos casos, y en otros, a la normalización de un mecanismo que presenta desigualdades e inequidades con relación al sistema general.
Mediante esta iniciativa se aborda una serie de situaciones -aquí se han descrito; no quiero extenderme mayormente en ellas-: eliminación de la cotización al Fondo de Retiro y redestinación del Fondo de Revalorización de Pensiones a salud de los pensionados mayores de 65 años; racionalización de los beneficiarios de montepío; restricción a la rejubilación o reliquidación; supresión de dobles pensiones; afiliación del personal civil al sistema previsional del decreto ley N° 3.500, de 1980; eliminación de abonos de años de servicios para el cálculo del retiro, en dos modalidades.
Después haremos la discusión particular. El proyecto recoge una serie de aspectos que se han debatido por años. Todos conocemos diversas situaciones registradas en las Fuerzas Armadas; por ejemplo, la de las hijas solteras que no formalizan matrimonios para seguir percibiendo beneficios de la seguridad social. Entonces, era menester abordarlas, por la discriminación odiosa que generan.
En tal sentido, aprobaremos la idea de legislar. Y, como lo expresó el señor Ministro , quien no fue muy categórico en su afirmación, esperamos que, de verificarse lo que ha sostenido un grupo de funcionarios, se envíe la indicación pertinente. Son materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo ; por lo tanto, si este no las materializa, no podremos discutirlas.
Señor Presidente , en primer término, quiero valorar la predisposición del Ministro de Defensa Nacional , señor Rodrigo Hinzpeter , a analizar en particular casuísticas muy complejas que afectan a personal de ASMAR Talcahuano, no más de veinte trabajadores que, por un problema vinculado con la fecha de ingreso a su empleo, están adscritos a un sistema previsional absolutamente distinto del aplicado al conjunto de sus compañeros de labores, no obstante que, según la interpretación de una de las normativas invocadas, atendida la fecha de su ingreso, debieran hallarse en el mismo régimen que el resto de los funcionarios.
De ahí que valoro la disposición del señor Ministro de Defensa a que la situación descrita se analice en el marco de un proyecto sobre modificación de aspectos previsionales consignados en el estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, que de por sí contiene normas complejas que consideran distintas situaciones, las que en muchos casos podrían definirse como casuísticas.
Lo principal de la iniciativa en análisis es lo que planteó el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Senador señor Coloma : la eliminación, por parte del Gobierno del Presidente Piñera, de la cotización al Fondo de Retiro de 6 por ciento en el caso de CAPREDENA y de 5,95 por ciento en el de DIPRECA, tratándose de los pensionados mayores de 65 años de edad.
A mi juicio, aquello representa un avance sustancial. Y me alegro de que hoy día estemos participando en un debate para poder aprobarlo.
Ahora bien, convencido de que este proyecto es trascendente, me parece básico que la Mesa abra la votación, porque tenemos no solo la situación deportiva que concita la atención de nuestro país, sino además la presencia de muchos Senadores en las Subcomisiones de Presupuestos. De modo que tal medida facilitaría el despacho de la iniciativa en general y permitiría entrar en breve a la discusión particular, lo que ya ha solicitado un conjunto de Senadores.
Señor Presidente , en mi concepto, esta iniciativa, al avanzar en la línea de eliminar el descuento para el Fondo de Retiro tanto de CAPREDENA como de DIPRECA, corrige una injusticia, una anomalía, una suerte de discriminación que afecta a los pensionados de las Fuerzas Armadas.
En efecto, el año 2001 se aplicó una medida similar al conjunto de los pensionados y jubilados, mediante la ley N° 19.732, que suprimió las cotizaciones a los respectivos fondos, con una sola excepción: los de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.
Hoy estamos eliminando la referida excepción. Y es un paso importante, porque ella afecta a un número significativo de personas que, vocacionalmente, entregaron su vida a institutos armados, a instituciones uniformadas.
Se establece, pues, la igualdad ante la ley para casos similares. No puede haber -y entiendo que no la ha habido- una explicación razonable para que los pensionados de las Fuerzas Armadas sean objeto del descuento mencionado, en circunstancia de que él no afecta a los jubilados civiles. Y la situación social de cada uno de ellos ameritaba que igualáramos ambas normativas.
Así, el proyecto avanza en una serie de otras materias, como aquí se explicaba, que van en la línea correcta.
Pero lo que me hace fuerza para aprobarlo en general es la supresión del descuento previsional explicitado.
Yo espero, señor Presidente -y no tengo por qué pensar de manera distinta-, atendida la voluntad que expresó aquí el señor Ministro de Defensa , que en una serie de cuestiones -la discusión particular significa perfeccionar normas-, especialmente la planteada por trabajadores de ASMAR Talcahuano, recibamos indicaciones que nos permitan optimizar y despachar un proyecto que es absolutamente necesario para nuestro país.
Les recuerdo que no pueden hacer ningún tipo de manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Señor Presidente , en primer término, quiero valorar, en la misma medida que lo hicieron mis antecesores en el uso de la palabra, el cumplimiento de un claro compromiso. Así, hoy vemos que estamos comenzando a hacer justicia a propósito de una cuestión que se hallaba absolutamente al debe, que estaba pendiente.
El objetivo de este proyecto de ley es modificar aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile: suprimir gradualmente, para los mayores de 65 años, la cotización al Fondo de Retiro de los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), y tratándose de CAPREDENA, para el mismo grupo etario, redestinar a salud el descuento para el Fondo de Revalorización de Pensiones; limitar los beneficiarios de montepío; establecer restricciones a la rejubilación o reliquidación de pensiones y racionalizar las dobles pensiones; regular la situación del personal civil afecto a CAPREDENA y a DIPRECA, y eliminar el abono injustificado de años de servicio para efectos del retiro, entre otros.
La presente iniciativa busca la eliminación -y, en el fondo, es la situación que más nos lleva hoy día a votar favorablemente la idea de legislar-, en el caso de los mayores de 65 años, de la cotización al Fondo de Retiro: 6 por ciento para los pensionados y montepiadas de CAPREDENA y 5,95 por ciento para los de DIPRECA.
¿Cómo opera este proyecto?
En el caso de los pensionados y de los beneficiarios de montepío mayores de 65 años cuya pensión sea inferior a 453 mil 217 pesos, la eliminación total de la cotización para el Fondo de Retiro operará a contar de la entrada en vigor de la ley, y para el resto, a partir del tercer año de su vigencia.
No obstante, el Ministro dijo en la Comisión que existe la posibilidad de incluir dentro del primer grupo de beneficiarios a los mayores de 80 años, independiente del tramo de pensión en que se encuentren.
Ya se ha señalado todo el detalle de esta iniciativa. Obviamente, nos preocupa la situación de las Fuerzas Armadas en general. También, la de Gendarmería (hoy el Senado votó favorablemente un reconocimiento que se le hace). Asimismo, la de Carabineros. E igualmente, la del personal civil que ha trabajado toda una vida en esas importantes instituciones.
Ahora, quiero valerme de esta oportunidad para, por intermedio de la Mesa, hacerle ver al Ministro que hay un tema pendiente: la deuda histórica con los conscriptos, desde el año 73 en adelante.
Entiendo que existen avances. El propio Senador Larraín me señaló que ha tenido permanente contacto con el Ejecutivo para dar respuesta a una demanda legítima y cuya satisfacción está absolutamente comprometida.
Y quiero referirme a otra cuestión, señor Presidente .
Ya hablamos de la precariedad en que está el personal de Gendarmería. Pero la situación de Carabineros no es menor. Sus funcionarios trabajan 16, 18 horas al día. Y no existe pago por concepto de horas extraordinarias en ninguna de esas instituciones. Por lo tanto, el día de mañana, al momento de la jubilación, será necesario darles una compensación a esos servidores, hombres y mujeres, por la relevante labor que desempeñan.
Es un problema que, como país, en algún momento deberemos abordar. Se trata de personas que optan por una función abnegada, que incluye entregar la vida si es necesario. No obstante, su situación laboral está absolutamente al debe en materia de resguardos, y fundamentalmente, en cuanto al pago de horas extraordinarias.
Repito: un carabinero labora hoy, a lo menos en regiones -y sé que en Santiago la situación no es distinta-, 16 horas al día.
¿Qué trabajador funciona de esa manera en el resto de Chile?
Son pocas las actividades que demandan tanto esfuerzo y dedicación, señor Presidente.
Por consiguiente, me parece del todo indispensable avanzar en algún momento en otorgarles a los referidos servidores una compensación por la función que cumplen.
Voy a respaldar este proyecto de ley, pero haciendo una salvedad.
Se anunció la supresión del descuento de 7 por ciento para todos los jubilados de Chile. Sin embargo, eso no se ha cumplido, señor Presidente . Una enorme mayoría anhelaba esa eliminación, pero se vuelve a constatar, mes a mes, que no se ha concretado.
En consecuencia, quiero creer -y no tengo duda de que así debiera ser- que la eliminación que aquí se señala, del 6 por ciento y del 5,95 por ciento, se llevará a la práctica tal cual se compromete.
Por eso, votaré a favor de esta iniciativa.
El Senador señor Chahuán no está.
Señor Presidente , no tengo inconveniente alguno en que inmediatamente después de mi intervención se abra la votación.
El señor Ministro de Defensa señaló en la Sala algo que me parece bien: la voluntad positiva del Gobierno en cuanto a evaluar la solicitud hecha de manera transversal por mis antecesores en el uso de la palabra.
Durante la tramitación de este proyecto, en la Comisión de Defensa estuvo doña Marcela Macaya , representante de los trabajadores de ASMAR Talcahuano, quien solicitó la inclusión de un artículo transitorio para regularizar la situación previsional que los afecta, cuyo tenor sería: "Quedarán afectos al régimen previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional los trabajadores de ASMAR que hubieren ingresado al Servicio entre el 7 de Febrero de 1984 y el 11 de Noviembre de 1985.".
Esa definición es muy importante, ya que pretende hacer justicia a un grupo de personas que entró a trabajar en ASMAR antes del 11 de noviembre de 1985, fecha de publicación de la ley N° 18.458 (estableció el Régimen Previsional del Personal de la Defensa Nacional), que impide el ingreso de particulares a CAPREDENA a contar de ese día.
Cuando ingresaron dichos trabajadores a la empresa estaba vigente la ley N° 18.296, Orgánica de ASMAR, que en su artículo 18 dispone que este organismo podrá contratar personal civil, el que se regirá, en lo laboral y previsional, por las normas aplicables a los trabajadores del sector privado. Se enfatizó que a esa data se encontraba vigente el artículo 96 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que dispuso que el personal afecto a los regímenes de CAPREDENA continuaría sujeto a la legislación que le era aplicable en tanto no se dictara la ley destinada a determinar quiénes podrían incorporarse al sistema de pensiones contemplado en ese decreto ley.
Señor Presidente, se trata de un grupo de 22 funcionarios -10 son mujeres- que esperan el traspaso a CAPREDENA.
En otras empresas del Estado, como FAMAE y la DGAC, no hay casos pendientes. Todos los funcionarios con contratos anteriores al 11 de noviembre de 1985 pertenecen a CAPREDENA.
Por consiguiente, en virtud del principio de igualdad ante la ley, la solicitud debiese ser acogida.
Hay 11 funcionarios de ENAER en situación similar; fueron contratados en la misma fecha que los 22 de ASMAR. Y a 15 de ASMAR se los contrató como obreros en dicho período, situación que también debiera abordarse.
El costo de las modificaciones ascendería a diecisiete millones de pesos mensuales, en tanto que los fondos previsionales que se traspasarían a CAPREDENA bordearían los mil millones.
Por tanto, existen condiciones económicas para concretar los cambios.
Dicho lo anterior, señor Presidente , quiero señalar también que el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, don José Pérez , asistió a la Comisión, donde puntualizó un conjunto de materias en que debieran introducirse correcciones para mejorar la situación del personal que labora en la DGAC.
Claramente, este proyecto tiende a igualar la situación de los regímenes previsionales, teniendo presente el mayor riego que hay en las Fuerzas Armadas. De allí que la supresión del descuento del 6 por ciento me parece justa, legítima. Podría haberse hecho antes. No sé si va a operar con efecto retroactivo. Pero se le estuvo aplicando ese descuento a personal que no se halla en servicio activo. Y esto se corrige homologando su situación a la del resto de los jubilados de nuestro país, lo que me parece muy bien.
La Dirección General de Aeronáutica Civil expresó que pertenecer a CAPREDENA es una protección importante para ellos y que aspiran a que se acoja la solicitud que formularon.
Respecto al porcentaje de sueldo afecto a cotización previsional y de salud, el señor Pérez afirmó que en las AFP es de 20,45 por ciento, pero solo de las remuneraciones que tienen carácter imponible, que en el caso del personal de la DGAC, desde el año 1985, corresponde a un promedio -escúchenme bien- de 47 por ciento de sus emolumentos.
Hizo ver, además, que esta distorsión es tan perjudicial que fue reconocida por el Consejo Asesor para la Reforma Previsional, la cual manifiesta en su informe final que los funcionarios de la DGAC sufren un daño previsional por haber sido obligados a imponer en las AFP.
Claramente, señor Presidente , aquí hay una situación de suma injusticia.
El Presidente de la Asociación individualizada enunció en la Comisión las acciones realizadas para repararla:
-El 21 de septiembre de 2009 el Ministro de Defensa elaboró un proyecto de ley destinado a corregir la situación previsional en el sector aeronáutico.
-En noviembre de 2010 el Ministerio de Hacienda rechazó la iniciativa presentada.
-En diciembre de 2011 el Senado le solicitó al Ejecutivo el estado de avance de la solución previsional de la DGAC, otorgándole plazo hasta el 31 de julio de 2012.
-El Gobierno propuso aumentar la imponibilidad, además de una planilla suplementaria, pero no se hizo cargo del daño previsional que afecta a los funcionarios de la DGAC desde el año 1985 a la fecha.
-El 8 de enero de 2013 se efectuó una presentación ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Informó también el señor Pérez que han concurrido a la Cámara de Diputados y al Senado en pos de una respuesta a esa petición.
Y finalizó su presentación solicitando lo siguiente:
-Rechazar el artículo 5° del proyecto de ley original.
-Desechar el artículo octavo transitorio, referido a la "planilla suplementaria" para la diferencia que se presente entre las remuneraciones líquidas imponibles actuales y las que resulten del inciso final del artículo 13 de la ley.
-De lo contrario, incluir un resguardo para el personal civil de planta y a contrata del organismo, que proteja a los funcionarios actualmente cotizantes en la CAPREDENA y permita una definición política del Gobierno sobre la situación previsional expuesta.
Vamos a votar a favor la iniciativa. Viene el debate en particular, tal como lo ha expresado el señor Ministro de Defensa, y habrá oportunidad de estudiar cada una de las normas del texto, entre ellas las no incluidas respecto de cuya revisión el titular de la Cartera ha manifestado una voluntad positiva.
Hay inquietud en las funcionarias de ASMAR. Ellas han venido muchas veces desde Talcahuano, haciendo uso de sus días administrativos, a fin de poder plantear su situación.
Creo que es bueno no ir dejando estas islas, estos pequeños saldos, que al final se traducen en que un proyecto interesante, apropiado, oportuno, como el que nos ocupa, enfrente una dificultad.
Confío en que el señor Ministro , quien se ha sensibilizado con el asunto, pueda hacer en los próximos meses lo mejor que le sea posible para poder avanzar positivamente en la tramitación y despacho de la iniciativa en el presente período legislativo, ojalá antes de diciembre, tal como se nos ha señalado.
Por cierto, no hay inconveniente alguno al respecto.
Porque el proyecto es de quórum calificado, Su Señoría, y varios Senadores que participan en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos me lo han solicitado reiteradamente para que pueda quedar consignado su voto. Es lo que se hace en este tipo de casos.
Señor Presidente , Honorable Senado, la iniciativa que se somete a nuestra consideración constituye una antigua aspiración de los pensionados adscritos a los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Hace poco más de siete años -para ser más exacto, el 10 de octubre de 2006- encabecé un grupo de parlamentarios que presentamos en la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo N° 225, aprobado el 7 de diciembre del mismo año, mediante el cual le solicitamos al Gobierno de la época el envío a tramitación de un proyecto de ley que dispusiera la supresión del descuento para dicho sector, lo que es materia del texto en debate.
Solo a modo de ilustración me permito señalar que en la misma fecha presentamos también el proyecto de acuerdo N° 224, a fin de pedir la eliminación del 7 por ciento de cotización para salud que debían hacer los pensionados no pertenecientes a las entidades previsionales señaladas, lo que fue acogido por esa Corporación el 9 de enero de 2007. Ello dio origen al mensaje ingresado al Congreso a mediados del año 2011, debatido en ambas Cámaras hasta su aprobación y que actualmente se encuentra rigiendo como ley N° 20.531, publicada el 31 de agosto del mismo año.
Como se puede advertir de lo que he mencionado, ha sido el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el que se hizo cargo de ambas solicitudes, ya que en la Administración anterior se hizo oídos sordos a estas sentidas peticiones. En consecuencia, no me cabe sino felicitar a mi Gobierno por haber tenido, como parte de su programa, la sensibilidad social necesaria para concretar en dos iniciativas, una de las cuales ya se convirtió en ley, las tan esperadas modificaciones que benefician a estos servidores, quienes han dado lo mejor de sí, en sus diversos ámbitos laborales, para el desarrollo de nuestro país.
En lo que respecta al proyecto que nos ocupa, tal como se expresa en el mensaje que le da inicio, el personal de las Fuerzas Armadas y el de Orden y Seguridad Pública, como asimismo el de Gendarmería de Chile, se encuentra adscrito a un régimen previsional de reparto, que es el que resulta adecuado para la progresión de su carrera profesional y comprende la pensión de retiro y la de montepío, desahucio, indemnización por fallecimiento y prestaciones de salud y sociales.
Se juzga necesario, entonces, suprimir el descuento de 6 por ciento que afecta a pensionados y montepiados de la CAPREDENA, el cual se destina a un fondo de retiro en la entidad previsional, y asimismo el de 5,95 por ciento con que deben contribuir los pensionados de la DIPRECA a un fondo similar, por cuanto ello se traduce en una disminución importante en sus ingresos líquidos. Todo esto se efectuará con una gradualidad que se contempla en las disposiciones pertinentes.
Cabe agregar que no se trata de un reajuste, ya que solo se viene a igualar el beneficio otorgado en el año 2001, mediante la ley N° 19.732, a los pensionados del ex Instituto de Normalización Previsional, hoy Instituto de Previsión Social. En ese caso se aplicó un criterio diferente de gradualidad, por edad, considerándose en una primera etapa a los mayores de 74 años y seis meses, y después, a los demás, lo que benefició a un total de 115 mil personas.
En consecuencia, la eliminación del descuento de un 6 por ciento al fondo de retiro, para todos los pensionados de la CAPREDENA, solo viene a reparar, después de más de diez años, una omisión discriminatoria.
Por otra parte, ha existido un descuento de 0,5 por ciento que, desde la promulgación de la ley N° 16.256, se destinaba a la Comisión de Revalorización de Pensiones de la Defensa Nacional, la que dejó de operar en 1979, por lo que constituye una legítima aspiración de los pensionados -y así lo contempla el proyecto- la de derivarlo al Fondo de Salud, para compensar el déficit que actualmente presentan los sistemas de salud institucionales y que indudablemente afectan la atención, especialmente a la gente de mayor edad.
También se establece en el proyecto una racionalización de los beneficiarios de montepío, determinándose algunas condiciones especiales para que puedan acceder a este último. De igual modo, se fijan algunas condiciones para rejubilar o reliquidar la pensión si el titular vuelve al servicio y por un lapso no inferior a tres años consecutivos.
Como permanente impulsor de esta iniciativa, con otros parlamentarios, durante tantos años, concuerdo plenamente con su aprobación, que viene a satisfacer una antigua y justa aspiración de quienes serán favorecidos con sus disposiciones, aun cuando estimo que en la discusión particular deben corregirse algunas asimetrías que se advierten en las normas propuestas.
Así, por ejemplo, se requiere que la derivación de pensionados de las entidades previsionales mencionadas al Fondo de Salud sea para todos ellos y no solo para los mayores de 65 años, ya que, conceptualmente, el sistema es solidario y los recursos que se obtengan con la reasignación están destinados a financiar el mayor porcentaje de bonificación hospitalaria y atención ambulatoria tanto para el beneficiario como para sus cargas familiares.
Se observa asimismo una discrepancia en el porcentaje de pensión inicial de montepío, la cual, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, es de un cien por ciento de aquella de la cual está en posesión el causante o que le correspondería. Sin embargo, por efecto de la modificación propuesta en relación con el artículo 88 bis, la viuda o el viudo recibirán, de no haber existido hijos de anteriores matrimonios, solo un sesenta por ciento. Por lo tanto,¿
Cuenta con un minuto para concluir, Su Señoría.
Se hace necesario, entonces, solucionar la colisión de normas.
Estimo que la ley en proyecto debe empezar a regir en el mes siguiente de su publicación, y no a los seis meses, como lo contempla su artículo 20, y que tiene que beneficiar en forma inmediata a los pensionados de 80 años o más. Es decir, la supresión de los descuentos ha de materializarse con la mayor premura, ya que es mucho el tiempo durante el cual esas personas han estado esperando, con mucha angustia, la pronta vigencia de la normativa.
Tuve la oportunidad de asistir a algunas de las sesiones de la Comisión de Defensa, donde se tramitó el proyecto, en las cuales se escucharon los planteamientos de representantes de los servidores de ASMAR y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes expusieron que se han estado aplicando disposiciones diferentes en cuanto a los aspectos previsionales de esos funcionarios, las que vienen rigiendo desde hace mucho tiempo.
Considerando que tales peticiones son de toda justicia, me parece que tiene que formarse una mesa de trabajo, conformada por representantes de las mencionadas entidades y del Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de elaborar una iniciativa legislativa destinada a reparar las distorsiones, que deben finalizar, y eventualmente solucionarlas en el proyecto.
Me permito aprovechar esta oportunidad para pedir al Gobierno que elabore...
Saludo, en nombre de esta Corporación, al Club de Adulto Mayor Estrellita del Vaticano, de Curicó, cuyos representantes nos acompañan.
Señor Presidente , estimados colegas, no creo que esté hoy en discusión el rol de los uniformados con relación al Estado, a la patria. Y me parece muy importante que ello se entienda. No se pone en duda que cumplen funciones trascendentales y que, por tal razón, leyes especiales regulan su actividad.
Pero sí deseo compartir la reflexión de que más de un millón de pensionados -más bien, el 67 por ciento del total- ganan menos que el ingreso mínimo. Con suerte sacan 115 mil pesos todos aquellos a los que se les están liquidando hoy día por el sistema de administradoras de fondos de pensiones, tan abusivo, los montos que reciben.
A muchas de esas personas se les dijo que se les iba a eliminar el 7 por ciento del FONASA. Y la verdad es que no ha sido así.
Ese es el dato de la realidad.
Y ningún pensionado del sistema del seguro ni de las AFP tiene un fondo de revalorización de sus pensiones, a pesar de que una ley dispone que estas se deberían revalorizar. Es decir, estas personas, aunque igual tienen que comprar de todo, se empobrecen día a día.
En cuanto al planteamiento de reducir la cotización del 6 por ciento a partir de los 65 años, se podría decir que es una forma de reajustar las pensiones para un grupo muy importante en el sector de que se trata. Ello, de por sí, podría sonar de justicia, porque a otros se les disminuyó el 7 por ciento de cotización en salud. El drama es que no fue así: esto último no ocurrió con todos los pensionados. Y el Gobierno ha hecho una discriminación más que odiosa con los exonerados, porque intencionalmente los ha excluido del beneficio.
Por mi parte, tengo toda la voluntad del mundo para debatir el perfeccionamiento del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería; pero estimo que no es correcta la forma como el Ejecutivo ha querido llevar el debate.
Incluso hemos recibido documentación -no voy a referirme a ella, sino que lo hará otro Senador de mi bancada- relativa a las pérdidas que experimentarán algunos uniformados a partir de la ley en proyecto.
Es necesario tener presente el punto cuando se vota en general una iniciativa como la que nos ocupa y no en el contexto en el que el Ejecutivo plantea el marco global de lo que pasa con los pensionados.
Reitero que al dar a conocer mi inquietud no tengo ningún interés en menoscabar un progreso de quienes son hoy día civiles y prestaron un servicio a la patria.
¡No se nota!
Ahí están, señor Presidente , las palabras del Senador señor Prokurica , quien cree que uno es sordo y sigue una lógica de aproximación al debate. Lo destaco porque la odiosidad en su lenguaje genera dudas.
Se lo hemos expuesto al Ejecutivo: la iniciativa se discutió en la Comisión sin conversar con nuestra bancada. El asunto nos interesa sobremanera. Y por ello no quería que se abriera la votación, sino pedir segunda discusión, para que nos pudieran clarificar una carta de una persona que viste uniforme, cuya mirada es distinta de lo expuesto por el primero.
A mí me parece bien que exista un mecanismo de revalorización de pensiones; que los mayores de 65 años puedan dejar de contribuir; que por este medio quizás sea posible concretar un reajuste -porque es lo que se está haciendo- para los pensionados que superen esa edad. Sin embargo, me gustaría que antes de votar el Ejecutivo nos precisara por qué ello no ocurrió con todas las otras pensiones, con las de todos los jubilados y montepiadas, quienes, muchas veces, reciben montos muy por debajo y a quienes se les anunció que se les eliminaría el 7 por ciento, lo que aún no se ha hecho.
Con una respuesta del señor Ministro para explicar el punto, concurro encantado a apoyar el proyecto.
Puede intervenir la Honorable señora Alvear.
Señor Presidente , ya estamos votando el proyecto, pero, así como el señor Ministro manifestó una voluntad en torno a la posibilidad de introducir indicaciones a raíz de una situación registrada en la Octava Región y que fue planteada por el Senador señor Escalona , quisiera hacer presente una preocupación que igualmente ha sido manifestada por algunos colegas en relación con Gendarmería y su personal civil.
En muchas ocasiones hemos debatido, en la Sala y en Comisión, acerca del hecho de que este último se encuentra en el mismo caso que los gendarmes, vale decir, permanece en el interior de los recintos penitenciarios, donde realiza su trabajo y corre el riesgo de enfrentar eventualidades que pueden importar un peligro. Por ese motivo, y en la medida en que nos abocaremos a la discusión particular, le pido expresamente al Ejecutivo que considere el punto en el momento de introducir indicaciones. La situación que señalo corresponde al ámbito de su exclusiva responsabilidad, mas pienso que este es el instante en que realmente podemos repararla, lo que es del todo pertinente.
Me pronunciaré a favor del proyecto, pero deseo dejar expresa constancia de mi solicitud, para cuando votemos en particular.
Señor Presidente , valoro la decisión del Ejecutivo de enviar la iniciativa en examen, acogida prácticamente por unanimidad -cien votos- en la Cámara de Diputados, y que se discute hoy en general en esta Corporación. Hemos compartido con muchos Senadores que es muy importante.
Y podemos hacer referencia a la rebaja del 6 por ciento o al reajuste de pensiones: lo que se necesita es apoyar a quienes entregaron todo por el país. Son adultos mayores. Y se ha registrado una situación de discriminación, lo que es preciso reconocer. ¿Por qué a ellos no y a otros sí?
El Primer Mandatario hizo el anuncio en su campaña y ahora está cumpliendo. Ojalá que la aprobación sea unánime.
En seguida, el beneficio se les va a entregar, según la información que proporciona el Ejecutivo , a 85 mil 243 pensionados mayores de 65 años, y quienes perciben pensiones inferiores a 453 mil 217 pesos lo obtendrán desde el momento mismo en que empiece a regir la ley. Espero que eso sea lo antes posible, lo cual tendremos que conversar con el Gobierno. El descuento se hará automáticamente.
También resulta deseable que en la discusión particular podamos analizar lo relativo a que ya el primer año se les va a descontar un 3 por ciento a quienes ganan de 453 mil 218 pesos a 670 mil 936 pesos, lo que, en el caso de los que perciben de 670 mil 937 pesos hacia arriba, será de 4 por ciento. A estos últimos se les agregará un 2 por ciento en el segundo año.
Creo que ello está haciendo justicia. Sin duda, podemos discutir o compartir algunas visiones; pero tenemos que seguir por este camino.
Anuncio que la bancada de la UDI votará a favor del proyecto.
Y ojalá en la discusión particular podamos tener muy buenas noticias, tal como ocurrió, en el caso del pilar solidario para la gente que más lo necesitaba, con el avance registrado durante el Gobierno actual con relación al 7 por ciento del descuento en salud. Cabe recordar que la medida fue llevada adelante por la presente Administración. Antes se hizo mucha referencia a los pensionados, pero no hubo ningún descuento para ellos.
Tenemos que seguir trabajando en favor de quienes no contaron con la posibilidad de acceder a ese beneficio y progresar fuertemente en ese sentido.
Pienso que si no se hubiera registrado el terremoto habríamos desarrollado con más rapidez el apoyo a los pensionados; pero surgieron prioridades y situaciones no previstas.
Respecto del programa de Gobierno, hemos tratado de cumplir al máximo en cuanto a eficiencia, pero también en la entrega de recursos a los sectores más necesitados.
Por eso, señor Presidente , juzgo que la iniciativa en discusión, tan ansiada por más de 80 mil pensionados de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Gendarmería, va en el camino correcto.
Cabe apreciar lo planteado por el Honorable señor Pérez Varela con relación a ASMAR, caso respecto del cual hay absoluta conciencia. Y espero que el Ejecutivo , en la discusión particular, pueda dar una solución a esa y otras materias expuestas en la Sala.
Señor Presidente , habiéndose discutido el asunto en la Comisión de Defensa, donde tuve la oportunidad de asistir, pienso que esta es una buena noticia, no solo para aquellos que sirven a la patria, sino también para los adultos mayores que lo han hecho.
Estimo que progresivamente con más fuerza tenemos que hacernos cargo de que nuestro país registra cada vez más adultos mayores, a quienes debemos brindarles una mejor calidad de vida. Para eso hay que otorgarles más ingresos.
Hasta ahora, no he escuchado a nadie que se oponga a la iniciativa, porque, a mi juicio, todos estamos de acuerdo en que va en el sentido correcto. Podemos hablar, por ejemplo, de la reducción de la cotización del 6 por ciento y, por ende, del aumento del monto de las pensiones. Al final del día, el resultado es el mismo: una buena noticia para los adultos mayores que sirvieron en las Fuerzas Armadas, en las de Orden y Seguridad Pública y en Gendarmería. A mi juicio, es una buena noticia y todos debemos estar contentos con ella.
Más allá de eso, obviamente, hoy día estamos votando en general el proyecto y, por tanto, será durante la discusión particular, que se dará primero en la Comisión de Defensa, donde los aspectos que tal vez no se hallan contemplados en este momento se pueden ir conversando y agregando a fin de mejorar esta iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Al votar en general un proyecto, el Senado manifiesta su voluntad de querer discutirlo. Y luego, en el debate particular, podrá perfeccionarlo.
Creo que es importante que la Cámara Alta dé una señal en el sentido de que queremos rebajar la cotización del 6 por ciento; que queremos avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, y que, por tanto, queremos dar, en forma muy clara, el paso que nos permita decir que sí a este proyecto de ley.
Señor Presidente , en la discusión específica -que primero tendremos en la Comisión y luego en la Sala- me gustaría poner sobre la mesa dos temas. El primero es que aquí estamos ante un sistema especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que también prestaron un servicio especial a la patria. Me refiero a quienes son miembros de las Fuerzas Armadas, de las de Orden y Seguridad Pública e igualmente de Gendarmería.
Es por eso que su sistema es especial. Sin embargo, durante el análisis de la iniciativa se ha manifestado: "Aquí hay empleados civiles que no tienen por qué recibir un tratamiento especial". Yo los invito a estudiar la situación de algunos miembros de Gendarmería, que si bien son civiles, cumplen su rol dentro de las cárceles. Por ende, su situación es también especial.
En tal sentido, señor Presidente , quiero invitar al Ejecutivo a que, en el contexto de la discusión particular, veamos un poco más en detalle cuál es la condición de tales funcionarios, quienes, siendo civiles, cumplen sus labores dentro de los penales y, por tanto, se hallan inmersos en una realidad especial, al igual que las demás personas que prestan sus servicios en Gendarmería.
El segundo quizás se aleja un poco más de las materias que contiene el proyecto, pero, en mi opinión, tenemos la posibilidad de discutirlo en paralelo, de incluirlo entre los asuntos que le son propios, porque también se relaciona con él. Me refiero a la situación del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). ¿Por qué? Porque ahí igualmente existe una situación delicada que conversamos con el señor Subsecretario en la Comisión de Defensa, atendido el hecho de que una parte importante del sueldo de quienes trabajan allí no es en la actualidad imponible. Por lo tanto, estamos frente a una circunstancia de precariedad respecto de las pensiones.
Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le pido solo dos segundos más, señor Presidente .
Decía que estamos frente a una situación de precariedad que se relaciona con las pensiones del personal de la DGAC. Y es un asunto que debiéramos analizar, si no dentro del proyecto, sí dentro de su contexto, para que no se nos vaya a quedar en el tintero por mucho tiempo más.
En consecuencia, las inquietudes que dejo sobre la mesa para la discusión particular del proyecto, señor Presidente, se refieren al personal civil de Gendarmería que cumple funciones dentro de los penales y a los funcionarios de la DGAC.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
Señor Presidente, a muchos de nosotros nos enviaron un documento, suscrito por el General de Carabineros en retiro don Iván González Jorquera , Presidente del Cuerpo de Generales de dicha institución, quien manifiesta un conjunto de objeciones al proyecto de ley que nos ocupa. Haciendo uso de una argumentación muy de fondo -pediría que el documento fuera incorporado al Acta- señala que aquí se advierten más perjuicios que beneficios.
Muchas veces he podido darme cuenta de que la opinión pública, tanto en época electoral como no electoral, nos condena en forma muy severa cuando presentamos iniciativas que después resultan ser lo contrario de lo que se dice que son. A modo de ejemplo, aquí se anunció con bastante bombo el término del pago del 7 por ciento por concepto del seguro de salud de los jubilados, cuando todos sabemos que ello solamente favoreció a un grupo de ellos y que, por tanto, la tan mentada eliminación al final resultó un engaño.
Son centenares los que me lo han echado en cara durante esta campaña electoral. Yo creo que he tenido la posibilidad de saludar a cerca de 20 mil personas: en ferias, plazas. Y la cantidad que a uno le echa en cara que la eliminación del 7 por ciento no era tal es alta. ¡Son miles!
Y este General de Carabineros en retiro sostiene, en los puntos relacionados con el goce al derecho de montepío, la rejubilación, la reliquidación, la invalidez y la afiliación del personal civil, que las personas se ven severamente afectadas. Incluso señala: "Se pueden crear derechos legales para suprimirlos una vez adquiridos. Se necesita como mínimo la demostración opuesta de los argumentos que se exhibieron para otorgarlos más la proyección de daños que supuestamente originaría mantenerlos". O sea, este documento, elaborado por alguien que es especialista en el tema, cuestiona el fondo de lo que aquí se ha dicho.
Por consiguiente, me siento incapacitado para votar a favor. Por ello, me voy a abstener, pues no quiero que se engañe a la gente. Y sabemos que, una vez que la iniciativa se apruebe en general, el camino para que se convierta en ley de manera definitiva es muy expedito. Bastará con que la Sala la ratifique en la discusión particular. Y la responsabilidad que se asume ante decenas de miles de personas que después se pueden ver perjudicadas puede derivar en un daño que luego no se borra.
Lamento que el proyecto no haya sido enviado a la Comisión de Trabajo a fin de que los especialistas en previsión social del Senado hubiesen tenido la posibilidad de opinar sobre él. Asimismo, lamento que no haya pasado por la Comisión de Hacienda, porque hay temas de gasto que era necesario considerar. Y, por último, lamento la premura con que se va a aprobar.
Se han entregado argumentos de fondo que no han sido aclarados en cuanto al daño que se generaría a las personas que actualmente perciben beneficios y a las que esta nueva ley se los cercenaría, recortaría o incluso anularía.
En todo caso, señor Senador , el proyecto tiene que pasar a la Comisión de Hacienda en su segundo trámite.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , intentaré ser muy breve.
Desde ya, anuncio mi apoyo a la iniciativa, porque, en lo central, logra finalmente resolver una vieja inquietud de los pensionados de CAPREDENA y DIPRECA en orden a sumarse al criterio que se ha instalado en otros regímenes previsionales: la eliminación de la cotización al fondo de retiro que administran dichas instituciones.
En la práctica, tal cotización significa una merma en los ingresos líquidos de esos pensionados mayores de 65 años, lo cual los coloca en una situación de desigualdad frente a los imponentes del antiguo sistema previsional cuyas pensiones no están afectas a los citados descuentos.
Eso es lo central del proyecto y, por lo tanto, lo vamos a apoyar con mucho interés.
Además, se precisa que, a los pensionados y montepiados cuyo monto de jubilación sea inferior a 453.217 pesos, la mencionada supresión de cotización se les empezará a aplicar desde el momento en que entre en vigencia la ley. A los demás, a contar del tercer año. Ello obedece a las limitaciones del erario.
Adicionalmente, se introducen una serie de otros cambios, correspondientes a racionalizaciones, que son, precisamente, las que han generado discusión.
Se acota a los beneficiarios del montepío -eso ya produce dificultades en algunos casos-; se eliminan o racionalizan las dobles pensiones; se saca al personal civil afecto a CAPREDENA y DIPRECA de estas instituciones; se suprime una serie de abonos de tiempo para los años de servicio, todo lo cual genera las inquietudes que muchos de los que participaron en el debate han hecho presentes y que son, creo yo, los elementos que deberemos analizar en la discusión particular.
Varias de esas racionalizaciones tienen sentido; hay algunos beneficios que no corresponde mantener. Pero también es cierto que las personas que se sientan afectadas van a reclamar por sus derechos. Y esto es lo que deberemos zanjar durante el estudio del proyecto en sus detalles.	Otra modificación de interés es la relativa a la reliquidación, materia que hoy día presenta una situación compleja. De hecho, en una iniciativa legal anterior, impulsada por el Gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos, cuando Michelle Bachelet era Ministra de Defensa , se eliminaba el derecho a reliquidar a los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden que volvían al servicio en empleos que actualmente lo permiten.
El proyecto que nos ocupa propone mantenerlo, por una sola vez, estableciendo un tope en su monto. Por lo tanto, hay una diferencia positiva: se está reconociendo un beneficio que otros quisieron eliminar.
En definitiva, hay razones poderosas que me mueven a apoyar esta iniciativa y a dejar varias de las inquietudes que se han planteado para la discusión en particular.
Pero quisiera aprovechar esta instancia para hacer presente otra preocupación.
En regiones, el personal que se atiende por CAPREDENA y DIPRECA -que, como sabemos, incluye no solo a funcionarios de Carabineros, sino también de Investigaciones y Gendarmería- no cuenta con las mismas facilidades de acceso a la salud de quienes viven en Santiago. Tal situación ha sido objeto de mucha discusión. Yo la vengo exponiendo desde hace varios gobiernos. Sin embargo, hasta el día de hoy el problema no ha sido resuelto.
O sea, quienes viven fuera de la Región Metropolitana se las deben rebuscar de algún modo para tener atención de salud. No son tratados como se debiera en los hospitales, ni siquiera a veces como FONASA. Algunos consultorios municipales tienen convenios con dichas instituciones, pero no todos.
Por lo tanto, señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para pedir que se curse un oficio al señor Ministro de Defensa, a fin de solicitarle que tenga a bien buscar maneras de compensar los beneficios de los funcionarios retirados de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería que viven en regiones, quienes no cuentan con el mismo acceso a la salud de que goza el personal que habita en Santiago. Ello, porque no tienen las facilidades para llegar a los hospitales que operan en la Capital.
Me parece que ello sería de justicia, y por eso solicito a la Mesa el oficio pertinente.
Si hay acuerdo de la Sala, se mandará el oficio requerido por el señor Senador.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Hernán Larraín, con la adhesión del Senador señor Chahuán.
¿Se fue el Ministro ?
Puede que haya salido momentáneamente.
¡Parece que recibió unas entradas de Golborne para ir al fútbol!
Señor Presidente, esta es una buena ocasión para debatir acerca de la justicia o injusticia de los sistemas previsionales que operan en Chile. Estamos trabajando en una Comisión especial del Senado con el objeto de hacer propuestas de reforma al sistema de las AFP.
Yo entiendo que las Fuerzas Armadas y de Orden tengan un régimen especial, porque, como dijo una señora Senadora, debemos reconocer su situación de servicio a la patria. Por eso me parece bien que se encuentren afectos a un régimen distinto. Lo que me parece mal es que el resto del país tenga un sistema previsional muy especial, pero deteriorado. ¡Absolutamente deteriorado!
Lo anterior resalta más cuando damos lectura al conjunto de beneficios con que cuentan las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, que bien merecidos los tienen, y a los cuales también deberíamos incorporar a otros servicios, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Pero creo que el debate que debiéramos impulsar es cómo mejorar las condiciones previsionales en general y cómo reconocer la previsión como un derecho y no como un objeto del mercado.
Me parece que hay que hacer correcciones.
Yo voy a votar favorablemente la idea de legislar, señor Presidente . Sin embargo, no me gustan algunas normas que se proponen en la iniciativa. Por tanto, en el trámite en particular me pronunciaré a favor o en contra de ellas, dependiendo del mérito de cada una, según si, en mi opinión, significa o no hacer justicia.
Por ejemplo, no estimo adecuado que a la mujer se le aumente el requisito de edad para recibir determinados beneficios. Hoy los percibe a partir de los 60 años, pero el proyecto plantea exigir cinco años más, de modo que solo puedan aspirar a ellos a contar de los 65. Se trata de un derecho adquirido por las mujeres. Y, en consecuencia, no me parece bien avanzar en una iniciativa que, en vez de mejorar la situación de las personas, la deteriore.
También habría que examinar qué está pasando con las jornadas laborales, particularmente en Carabineros y Gendarmería. Muchas veces sobrepasan las cien horas semanales. Con el Senador Navarro conversábamos sobre los arduos turnos que deben enfrentar esos funcionarios de la patria, lo cual amerita que tengan un sistema especial de previsión.
¡Pero no por eso vamos a abusar de ellos en sus jornadas de trabajo! ¡Estas no deberían exceder las 45 horas a la semana!
Y ese es el debate que nosotros deberíamos realizar.
No tenemos que rehuir el conjunto de condiciones laborales en que se desempeñan esos trabajadores. No basta corregir solamente algunas modalidades de lo que significa el sistema previsional, a modo de maquillaje.
Si un sistema previsional es bueno para las Fuerzas Armadas, ¿por qué no lo es también para otros servidores públicos, sin desmejorar la situación de los actuales beneficiarios?
Desde ya, sugiero incorporar a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes años atrás ya fueron beneficiarios de CAPREDENA y DIPRECA. Desde 1968, fecha de publicación de la ley Nº 16.752, el personal de la DGAC estuvo afecto al régimen previsional de las Fuerzas Armadas. Y solo por una interpretación administrativa se dispuso que dejaban de estarlo los funcionarios que ingresaran a partir del 11 de noviembre de 1985. ¡Hasta ahí llegó el beneficio! El resto, ¡a las AFP!
Por eso reclaman los funcionarios de la DGAC. ¿Y por qué piden volver a aquel régimen? ¡Porque el sistema de las AFP es malo, señor Presidente!
Entonces, deberíamos no solo reponer los derechos de que gozaban los trabajadores de la referida Dirección, incluidos los beneficios del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, sino, además, con mucha más fuerza, reformar el actual sistema de AFP.
Por ello, voto favorablemente la idea de legislar, sin perjuicio de votar cada norma en su mérito en el trámite en particular.
Señor Presidente, voy a votar favorablemente la idea de legislar, porque significa el visto bueno para iniciar la discusión de la materia.
Recibí una carta del Cuerpo de Generales en Retiro -a lo mejor, también los otros colegas- y me llamaron la atención muchas de las cosas que ella consigna. Evidentemente tal presentación se puede analizar. Seguramente, sus representantes serán invitados a participar en la Comisión, sobre todo, en la de Hacienda, donde debe pasar el proyecto para ser analizado y aclarar las dudas que se tengan sobre él. Es la oportunidad en que nosotros también podemos hacer ver nuestros puntos de vista. Sabemos que en cierto tipo de materias no tenemos iniciativa, especialmente cuando implican gastos. Pero queda la discusión en particular, en la que volveremos a dar a conocer nuestras opiniones al respecto.
Está claro lo planteado por el Senador señor Tuma -entre otros colegas- en el sentido de que en la actualidad hay problemas con las jubilaciones, en general. Y la gente hace comparaciones entre los distintos regímenes previsionales. De hecho, algunos profesores jubilados estuvieron más de 45 años trabajando con gran vocación y, sin embargo, reciben una pensión de 90 mil, 100 mil, 120 mil pesos, lo cual los tiene en condición muy desmejorada.
Hoy día advertimos -por estar en contacto con la ciudadanía por razones obvias, dada la cercanía de las próximas elecciones- que lo que más reclama la gente es lo referente a las bajas pensiones. Y hacen comparaciones odiosas, diciendo que algunos trabajan 20 años y reciben una pensión casi equivalente a la perseguidora.
Por eso, debemos tratar de buscar una manera de hacer justicia a quienes reciben esas jubilaciones y mejorar ostensiblemente su situación tan desmedrada.
Señor Presidente , como soy un hombre positivo, votaré favorablemente la idea de legislar.
Entiendo que el proyecto se puede perfeccionar en las instancias que restan, sobre todo si debe pasar, además, por "la mano que aprieta", que es la Comisión de Hacienda, donde puede enmendarse mucho más.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Escalona.
Si le parece a la Sala, debido a que la iniciativa debe ir a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, se fijará plazo para indicaciones hasta el 18 de noviembre, a las 12.
Señor Presidente , sugiero el lunes 28 de octubre, primero porque las indicaciones que se presenten deben ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , por recaer en pensiones, lo que significa, probablemente, mayor gasto; y, segundo, como el Senado va a continuar sesionando, se podrían estudiar perfectamente todas las que se propongan durante el análisis en particular.
No hay inconveniente, señor Senador; sin embargo, algunos colegas, incluso de su propia bancada, han sugerido esa fecha.
La iniciativa debe pasar a la Comisión de Hacienda. Además, el señor Ministro informó aquí que se iban a tomar en cuenta las intervenciones hechas en la Sala.
Si hay inconvenientes, procederemos a votar.
Para dirimir el asunto, tenemos que pronunciarnos. Los que estén a favor del 18 de noviembre, votan que sí, y los que consideren mejor el 28 de octubre, votan que no.
¡Pero después se va a pedir postergación del plazo!
Solicito al Senador señor García que reconsidere su petición, porque acordar una fecha prematura es engañarnos a nosotros mismos.
Señor Presidente , prefiero el 28 de noviembre.
La señor RINCÓN.-
Fijemos el 18 de noviembre. Así no nos engañamos
Señor Presidente , de mantenerse la petición de fijar el 28 de octubre como plazo para indicaciones, los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social podrían considerar pertinente que ellos también analicen el proyecto, porque trata de un régimen previsional, más allá de que se trate de las Fuerzas Armadas.
Con un mayor plazo, se dispone de más tiempo para presentar indicaciones. Si no, nos veremos en la obligación de pedir que la iniciativa vaya a aquella Comisión.
Resolvamos primero lo del plazo.
¡El 18 de noviembre, señor Presidente!
En todo caso, para tranquilidad de los señores Senadores, el Presidente de la Comisión sugirió el 18 de noviembre.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 18 de noviembre, a las 12.
Además, debe considerarse la petición del Senador señor Navarro para que la iniciativa vaya, además, a la Comisión de Trabajo.
No, como el plazo para indicaciones es mayor, sus miembros podrán estudiar el proyecto sin necesidad de que pase a ella.
La Mesa solicita que dicha labor sea realizada dentro de plazos razonables.
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.
Sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013 (queda pendiente la discusión general).
Quedaron inscrito para intervenir los Senadores señora Rincón y el señor Chahuán.
Señor Presidente , el proyecto que nos convoca en esta oportunidad es de suma importancia, ya que, además de complementar la ley vigente sobre elección directa de los consejeros regionales -cuya aplicación concreta la veremos en los comicios del próximo 17 de noviembre-, tiene por objeto fortalecer la regionalización del país.
Esta innovación tiene un rol fundamental para el desarrollo de las regiones, constituyendo una adecuación de las normas que se requieren para que la reforma constitucional del año 2009, que entregó mayores responsabilidades a las regiones, no se transforme en letra muerta.
Como parlamentario regional y férreo defensor del regionalismo, felicito al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que, junto con la promulgación de la ley sobre elección directa de los consejeros regionales, haya dado este paso, que se traduce especialmente en transferir competencias a los gobiernos regionales; en definir las atribuciones que tendrá el Presidente del Consejo Regional ; permitir a los parlamentarios de la respectiva región -lo cual es una interesante incorporación- intervenir en las sesiones respectivas, con derecho a voz, tal como lo hemos pedido en varios proyectos de acuerdo.
Resulta indudable que esta reforma legal permitirá que los consejeros regionales representen más cercanamente las aspiraciones de los ciudadanos para sus regiones, vigorizando la identidad regional y el compromiso por su desarrollo.
Por otra parte, constituye un relevante avance el que sea un consejero regional, elegido entre sus pares, quien presida el Consejo y no el intendente como ocurre en la actualidad.
Estoy absolutamente seguro de que los Senadores tenemos muy claro que, para que el país pueda alcanzar el grado de desarrollo que requiere, debe contar con una efectiva descentralización y regionalización.
Insisto en que las Administraciones anteriores no quisieron o no pudieron avanzar mayormente en este importante aspecto del desarrollo nacional. Y ha sido nuestro Gobierno el que lo ha impulsado mediante estas modificaciones legales, que reflejan su pleno compromiso con la regionalización. Esto fortalece la democracia y la participación integral de la ciudadanía en el destino de sus regiones.
En este orden de ideas, resulta muy importante tener presente el grado de evolución política y madurez democrática que han alcanzado otros países, con sistemas políticos similares al nuestro, y que poseen administraciones regionales y locales con mayores grados de descentralización y, también, de desconcentración.
No estamos por crear gobiernos autónomos, pero sí somos partidarios de una relación armónica entre los gobiernos regionales y la administración que ellos ejercen, mediante las competencias con que cuentan, de manera que los ciudadanos de las regiones se sientan partícipes de los destinos de cada una de las comunas que conforman la respectiva región.
Considero que el proyecto en análisis va en la dirección correcta. No obstante, dado el gran número de disposiciones que lo conforman -que introducen importantes modificaciones a las Leyes Orgánicas Constitucionales sobre Gobierno y Administración Regional y a la de Municipalidades- aún debe perfeccionarse.
Indudablemente, ello podrá lograrse durante el debate en particular, por cuanto es necesario lograr mayores equilibrios entre las competencias y atribuciones de los consejeros regionales, que ahora son representantes de la soberanía regional, elegidos democráticamente, y los intendentes que seguirán siendo representantes del Presidente de la República y, por ende, funcionarios de su exclusiva confianza.
Si bien a través de la iniciativa se dota a los gobiernos regionales de una estructura administrativa adecuada, con las competencias pertinentes, debemos hacer que la regionalización sea una realidad efectiva y que rija plenamente para los desafíos que debemos afrontar en el futuro.
Voto a favor del proyecto que se somete a nuestra consideración, esperando que en el debate en particular podamos perfeccionar adecuadamente sus disposiciones, anticipándonos a prever cualquier conflicto que pudiera suscitarse durante su aplicación legal.
No intervendré, señor Presidente .
Entonces, como el Comité Socialista pidió segunda discusión y está por finalizar el Orden del Día, entraremos al Tiempo de Votaciones .
Hagamos la segunda discusión ahora, señor Presidente .
Corresponde realizarla en la próxima sesión, señor Senador.
En esta, porque se solicitó en la sesión anterior.
En esa oportunidad, quedó pendiente la primera discusión, que debe finalizar ahora.
Señor Presidente , la segunda discusión se pidió en la sesión pasada.
Se inició la primera discusión y no concluyó. Quedaron pendientes dos oradores.
Se dijo que se había solicitado segunda discusión.
Sí, señor Senador. Por eso hemos procedido de esta manera.
¿Me permite, Presidente?
La situación es la siguiente: el inciso tercero del artículo 129 del Reglamento dispone: "La segunda discusión empezará en la sesión siguiente a aquella en que haya terminado la primera".
Y la segunda discusión se pidió en la sesión anterior.
Esa información es correcta. Y tiene razón el señor Secretario en cuanto a que la segunda discusión debe comenzar la sesión próxima.
En la sesión pasada, se dio inicio a la primera discusión y no finalizó.
Como esta tarde usó de la palabra uno de los dos oradores que habían quedado inscritos y la Honorable señora Rincón no intervino, corresponde pasar al Tiempo de Votaciones .
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Chahuán, Bianchi, García-Huidobro, Horvath, Larraín Fernández y Sabag, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que remita una iniciativa legal para integrar a la dotación de la Defensoría Penal Pública a los funcionarios que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1596-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es integrar a la dotación de la Defensoría Penal Pública, en calidad de funcionarios de planta o a contrata, a los 94 profesionales que prestan servicios a honorarios en la Unidad de Defensa Penal de dicho organismo.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
El señor BIANCHI.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores Sabag, señora Alvear y señores Chahuán, Horvath, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Zaldívar, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República un estudio de factibilidad respecto de un sistema de seguro para los futbolistas amateurs inscritos en las ligas deportivas del país.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1597-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- Además, el proyecto tiene por finalidad requerir la creación de un registro especial, cuyo propósito es establecer las condiciones necesarias para que las personas hagan ejercicio en forma adecuada y así se evite el costo económico de eventuales lesiones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Sabag, señora Alvear y señores Chahuán, Horvath, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Zaldívar, mediante el cual piden al Primer Mandatario que otorgue rango de Ministerio al Servicio Nacional de la Discapacidad.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1598-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- Aparte de lo ya señalado, se requiere instruir al señor Ministro de Desarrollo Social en el sentido de perfeccionar la coordinación de las instituciones públicas y privadas que atienden las necesidades de los discapacitados, para mejorar la atención de la población que sufre algún grado de limitación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, patrocinado por los Senadores señor Sabag, señora Alvear y señores Chahuán, Horvath, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Zaldívar, con el que solicitan al Presidente de la República que disponga la elaboración de los estudios pertinentes para el otorgamiento de una pensión no contributiva a los voluntarios que han prestado servicios por más de 50 años en el Cuerpo de Bomberos de Chile.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1599-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- Asimismo, la iniciativa tiene por objeto que el Estado reconozca el esfuerzo de dichos voluntarios con una protección adecuada para su vejez.
El señor SABAG.- Sí.
La señora RINCÓN.- Claro.
El señor BIANCHI.- Conforme.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo del Senador señor Chahuán, con el que solicita al Jefe del Estado que se evalúe la factibilidad de disminuir la contaminación ambiental mediante un régimen legal de tributación que grave la producción e importación de envases de plástico no retornables para uso en cualquier clase de bebidas, con excepción de aquellos que contengan productos lácteos o medicamentos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1601-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad del proyecto de acuerdo es que el Estado cumpla cabalmente la obligación de velar por el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Prokurica y Sabag.
Se abstuvo el señor Pizarro.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pido agregar mi voto positivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la señora Senadora.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo de los Honorables señores Prokurica, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Horvath y Kuschel, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República un mecanismo de reasignación de las viviendas sociales cuando el beneficiario incumpla sus obligaciones de habitación o de no enajenar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1604-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 53ª, en 4 de septiembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa tiene como propósito contar con un procedimiento que permita, en plazos breves, reasignar las viviendas a familias que cumplan los requisitos legales.
--Se aprueba unánimemente el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Chahuán, Bianchi, Girardi y Rossi, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que exprese al Gobierno de la República del Ecuador su preocupación por la decisión de poner término a la iniciativa Yasuní-ITT para dar paso a la extracción de petróleo en una zona declarada Reserva Mundial de la Biósfera.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1606-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 55ª, en 10 de septiembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es mantener esa reserva alejada de la explotación petrolífera, en resguardo de la biodiversidad, protección del medio ambiente y conservación de la biósfera.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Prokurica, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín Peña, Walker (don Patricio) y Zaldívar, con el que se manifiesta el rechazo del Senado a la denuncia que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hizo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1607-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 58ª, en 1 de octubre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es condenar la referida denuncia, por cuanto tal decisión debilitaría el sistema interamericano de reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos.
El señor PROKURICA.- Si le parece, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se solicitó votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay quórum suficiente, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego a los señores Senadores emitir su pronunciamiento.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Orpis, Pizarro, Prokurica y Sabag.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Prokurica, Coloma, García, Kuschel y Larraín Peña.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1608-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República que, en ejercicio de sus atribuciones legales, traslade el asiento de la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Atacama y de Coquimbo a la ciudad de Copiapó, para que dicha Seremía quede en la región que presenta mayor desarrollo en materia energética.
En este momento no hay quórum para adoptar acuerdos, por lo que corresponde rechazar el proyecto.
--Queda rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Asimismo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Contralor General de la República, requiriéndole INVESTIGACIÓN POR INVITACIÓN DE INTENDENTE DE ATACAMA A SEÑORA SOLANGE BORDONES CARTAGENA, PARA CONOCER PROYECTO MINERO HEMLO,
Y al señor Subsecretario de Redes Asistenciales, solicitándole INFORMACIÓN REFERIDA A PROCESOS DE COMPRAS A PRIVADOS POR SERVICIOS DE SALUD (Región de Atacama).
A la señora Ministra de Educación, pidiéndole URGENTE ENVÍO DE PROYECTO PARA CREACIÓN DE ESTATUTO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.
Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole antecedentes acerca de EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ESTATUTO AUTOMOTRIZ POR DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS;
A la señora Ministra de Educación, solicitándole información relativa a POSICIÓN Y ACTUACIÓN DE MINEDUC POR NO PAGO DE SUELDO A PROFESOR DE ESCUELA RURAL SANTO DOMINGO, Y POR CONTINUIDAD DE ESTE PLANTEL (Región del Biobío);
A la señora Ministra de Justicia, pidiéndole antecedentes concernientes a PROYECTOS DE REHABILITACIÓN SOCIAL EJECUTADOS POR PRIVADOS EN PENALES DEL PAÍS;
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole información tocante a SUBSIDIOS DENOMINADOS "DE CLASE MEDIA" Y "PARA FAMILIAS EMERGENTES" ENTREGADOS POR SERVIU;
Al señor Comandante en Jefe de la Armada y a la señora Directora Nacional del Trabajo, solicitándoles antecedentes sobre CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD POR EMPRESAS QUE REALIZAN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE;
A la señora Directora Nacional del Trabajo, requiriéndole información acerca de SITUACIÓN DE PROFESOR DE ESCUELA RURAL SANTO DOMINGO, COMUNA DE HUALQUI, POR NO PAGO DE SU SUELDO,
Y a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, pidiéndole antecedentes relativos a ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE FLORIDA POR EMPRESA ESSBIO (los cuatro últimos de la Región del Biobío).
Del señor ORPIS:
A los señores intendentes de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena y Región Metropolitana, solicitándoles INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS CON CARGO A 2 POR CIENTO DE FNDR DESTINADOS A SEGURIDAD CIUDADANA.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se levanta la sesión.
Proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable Senadora señora Allende, que modifica el artículo 203 del Código de Justicia Militar con el objetivo de definir los actos deshonrosos para la dignidad militar e imponer la sanción de degradación a los oficiales que incurrieran en esas conductas.
El Código de Justicia militar, es una regulación que no ha sido objeto de un estudio dogmático, pues, la literatura jurídica sobre la jurisdicción militar en Chile no es profusa, lo que es un contrasentido si tenemos presente que en las últimas décadas resultó fortalecida en su poder decisorio.
Es en este contexto, que la regulación referida a los Tribunales de Honor, establece en su artículo 203 que "si algún Oficial, de cualquiera jerarquía que sea, cometiere un acto deshonroso para sí o para la unidad, cuerpo o repartición en que sirva, podrá ser sometido a un Tribunal de Honor para que juzgue si puede continuar en el servicio". Si bien de acuerdo al art. 217 del Código de Justicia Militar, se entiende como una pena accesoria, no puede desatenderse su naturaleza de sanción administrativa para los efectos de la disposición comentada, aunque también aplicable al derecho penal militar dada su naturaleza de carácter permanente e imprescriptible.
Atendida la naturaleza imprecisa, y teniendo presente los graves delitos en que se han visto involucrados diversos miembros de la Fuerzas Armadas, por graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto del general Augusto Pinochet (1973-1990), que han sido ratificados por diversas sentencias de los Tribunales de Justicia se hace necesaria una revisión en esta materia.
En el contexto latinoamericano, el Código de Justicia Militar Argentino, que en su artículo 470, dispone que "la pena de degradación consiste en la declaración formal de que el delincuente es indigno de llevar armas y vestir el uniforme de los militares de la República" [1]. Como consecuencia de lo anterior, la degradación produce en primer término la destitución del degradado, como una sanción administrativa, pero que en este ámbito pasa a ser una consecuencia de una pena penal, en el ámbito del derecho penal militar.
Como expresión de una idea matriz, debe revisarse el precepto relativo a los Tribunales de Honor especificando expresamente que constituyen actos deshonrosos para la dignidad militar, la condena por sentencia firme, en calidad de autores, cómplices o encubridores por crímenes y simples delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en las normas imperativas de ius cogens, en el derecho consuetudinario internacional y en los tratados internacionales. Adicionalmente tales conductas se sancionan administrativamente con la degradación. Por su parte, lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 2076, de 27 de octubre de 1947, deberá ajustarse a las presentes modificaciones.
Es sobre la base de estos antecedentes que vengo en proponer a este Honorable Senado el siguiente:
Artículo Único.- Para sustituir el artículo 203 del Código de Justicia Militar, por uno del siguiente tenor:
"Si algún Oficial en servicio activo o en retiro, de cualquiera jerarquía que sea, cometiere un acto deshonroso para la dignidad militar, podrá ser sometido a un Tribunal de Honor para que juzgue si puede continuar en el servicio en los casos que corresponda, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca el Reglamento incluida la degradación.
Para los efectos de esta disposición se entiende que constituye un acto deshonrosos para la dignidad militar, la condena por sentencia firme, en calidad de autores, cómplices o encubridores por crímenes y simples delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en las normas imperativas de ius cogens, en el derecho consuetudinario internacional y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
El Oficial en servicio activo que incurriere en la conducta descrita en el inciso anterior será sancionado con la degradación".
Artículo transitorio.- La autoridad respectiva deberá dentro el plazo de treinta días las enmiendas necesarias en el Decreto Supremo N° 2076, de 27 de octubre de 1947, en todo lo que resulte incompatible con la presente ley.
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.

References: ARTÍCULO 203
 artículo 18
 Artículo 551
 Artículo 15
 resolución 
 artículo 203
 artículo 71
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 69
 artículo 15
 resolución 
 artículo 19
 artículo 33
 artículo 18
 artículo 96
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 20
 artículo 129
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 470
 artículo 203