Source: https://boletinjuridico.gtt.es/resolucion-tribunal-economico-administrativo-central-vocalia-12a-coordinadora-de-28-de-octubre-de-2013-en-unificacion-de-criterio/
Timestamp: 2017-10-20 19:39:45+00:00

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En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada (28/10/2013), ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en c/Infanta Mercedes nº 37 (Madrid-28020), contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de … de fecha 30 de abril de 2013, por la que se resuelve el incidente de ejecución número …IE.
2. Disconforme con el anterior acuerdo, la interesada presenta reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de … (en adelante, TEAR), que la resuelve en fecha 27 de julio de 2012, estimando en parte, anulando la liquidación impugnada en lo relativo a tres ajustes, confirmando el resto de la regularización y ordenando practicar una nueva liquidación en sustitución de la anulada.
Pues bien, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 14 de junio de 2012 (Rec nº 6386/2009), ha establecido, que en el ámbito administrativo la institución de los intereses moratorios responde a la misma sustancia que en el ordenamiento jurídico privado, por lo que no cabe exigir intereses en los casos de mora accipiendi, esto es, en aquellos supuestos en que el incumplimiento o el retraso sean imputables al acreedor, en este caso la Administración. La mora del sujeto pasivo termina cuando la Administración dicta la liquidación corrigiendo la autoliquidación presentada por aquél, de forma que si esta liquidación administrativa es anulada en la vía económico-administrativa o jurisdiccional no será posible imputar el retraso consecuente en el pago de la deuda tributaria al contribuyente, por lo que el día final de cómputo de los intereses de demora en la liquidación nueva que pueda dictarse será el de la fecha en que se dictó la liquidación originaria. Así, en el Fundamento de derecho octavo de la mencionada Sentencia, el Tribunal Supremo concluye señalando que: “Una argumentación inspirada en esta forma de razonar nos lleva a entender que aún cuando el procedimiento tributario se haya iniciado mediante una autoliquidación -como acontece en este caso- en el supuesto de que la misma, como consecuencia de la actividad inspectora, haya dado lugar a una liquidación practicada por la Administración, ahí termina el recorrido de las consecuencias en cuanto a la mora del sujeto pasivo del tributo, de modo que si esta liquidación administrativa es a su vez anulada en la vía económico administrativa o jurisdiccional ya no será posible imputar el retraso consecuente en el pago de la deuda tributaria al contribuyente sorprendido por la ilegalidad cometida por la propia Administración, doctrina incluso aplicable con anterioridad a la vigencia de la Ley General Tributaria de 2003 y que, como preciso corolario, produce el efecto de que aceptemos la postura de la parte recurrente, en el sentido de fijar como día final del cómputo de los intereses de demora el de la fecha en la que el Inspector Jefe dictó la liquidación definitiva después anulada por el TEAR de Cataluña, esto es el 15 de febrero de 1996”.
– Entiende el Director que la resolución del TEAR es gravemente dañosa y errónea porque contraviene lo claramente preceptuado en el artículo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, precepto que recoge la doctrina que fijó el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de noviembre de 1997.
– La Resolución del TEAR, a juicio del recurrente, igualmente vulnera la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC). Así, en Resolución 1951/2009/50/IE de fecha 26 de abril de 2012, el TEAC se pronuncia sobre un supuesto en el que habiéndose dictado una liquidación en ejecución de una anterior resolución del mismo TEAC, y tras la sustanciación de un incidente de ejecución sobre la misma, el TEAC estima las pretensiones del reclamante, debiendo dictarse una nueva liquidación (esto es, una segunda liquidación en ejecución). El TEAC precisa que en tales supuestos la liquidación de intereses sólo puede incorporar los intereses devengados hasta la fecha máxima de ejecución de la primera resolución del TEAC y no hasta la fecha de la segunda liquidación dictada en ejecución. Por tanto, deja claro que los intereses de demora de la liquidación dictada en ejecución de una resolución parcialmente estimatoria en cuanto al fondo, se deben liquidar hasta la fecha en que la misma se practica, teniendo como límite máximo el del plazo para ejecutar las resoluciones o sentencias.
– Entrando en el análisis de los argumentos dados por el TEAR, éste considera aplicable a un caso de ejecución de una resolución parcialmente estimatoria por razones sustantivas, lo establecido por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 14 de junio, 25 de octubre y 19 de noviembre de 2012.
Así, en sus Resoluciones RG 3768/2010 y RG 3769/2010 de fecha 29 de noviembre de 2012 el TEAC ha señalado que “aplicando la doctrina del Tribunal Supremo de las sentencias de 14 de junio de 2012 ( recursos nº 5072/2010 y 6386/2009) al presente caso, en que no estamos ante una estimación parcial ni ante una retroacción y siendo aplicable la anterior Ley General Tributaria de 1963, lo procedente sería limitar la exigencia de los intereses hasta la fecha en que se dictó la liquidación inicial posteriormente anulada”.
– Seguidamente se analiza la finalidad del artículo 26.5 de la Ley 58/2003 General Tributaria, destacando que los intereses de demora tienen una naturaleza indemnizatoria y no punitiva o sancionadora, tratando sólo de compensar el tiempo que la Administración no ha dispuesto de unos importes finalmente debidos por el contribuyente.
– Finalmente, se hace referencia a la repercusión del principio de prohibición de reformatio in peius a efectos del cómputo de los intereses de demora derivados de la ejecución de una resolución o sentencia parcialmente estimatoria. Con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2006 (Rec. nº 5527/2000) y de las Resoluciones del TEAC de 15 de junio de 2006 RG 7150/2003 y de 3 de diciembre de 2008 RG 2775/2007, concluye el Director recurrente que en ningún caso el principio de prohibición de reformatio in peius puede operar respecto a los intereses de demora devengados tras la interposición de recursos o reclamaciones, ya sean de demora propiamente dichos o los denominados suspensivos.
El Director finaliza solicitando de este TEAC que fije como criterio que “en las liquidaciones dictadas en ejecución de una resolución administrativa o judicial como consecuencia de haber anulado otra liquidación, se exigirá intereses de demora respecto a esta nueva liquidación en virtud de lo previsto en el artículo 26.5 LGT y la doctrina legal fijada por el TS en la sentencia de 28 de noviembre de 1997. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de ese artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución”.
“5. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución”.
“El artículo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece:” (…)”
“En definitiva, que cuando se anula un acto administrativo de liquidación, cuya ejecución se hallaba suspendida, al estimarse parcialmente un recurso administrativo o jurisdiccional, los intereses que procede exigir, al practicar la nueva liquidación, son los puramente indemnizatorios y resarcitorios del retraso en el pago y ello para compensar, con arreglo al módulo objetivo del coste financiero, el perjuicio consistente en la indisponibilidad de cantidades dinerarias que fueran legalmente debidas. De ahí la exigencia de esos intereses de demora por el período que media entre el día en que terminó el plazo de ingreso voluntario (5 de junio de 1987) y el día en que se practicó la liquidación anulada, que en este caso se giró el 23 de marzo de 1994, como consecuencia de la antes aludida sentencia de 20 de julio de 1993.”
Por todo lo expuesto, procede la estimación del motivo y con ello la del recurso de casación, lo que a su vez determina la anulación de los Autos recurridos”.
“TERCERO.- 1. Conviene distinguir dos conceptos diferentes que no han sido siempre debidamente comprendidos y que esta Sala ha estudiado en sus sentencias de 28 de noviembre de 1997 (rec. casación en interés de ley num 9163/1996) y 25 de junio de 2004 (Rec. Casación num. 8564/1999).
De una parte, el interés de demora del artículo 58, apartado2, letra b), de la Ley General Tributaria (ahora letra c) según la nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio), que forma parte de la deuda tributaria, y que se devenga y debe liquidarse por la parte ocultada o no liquidada por error de hecho o de derecho a partir del momento en que la obligación tributaria, nacida “ex lege”, es líquida, exigible y vencida, y que en el supuesto de exacción mediante declaraciones -autoliquidaciones, lo es a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de presentación.
La sentencia 76/1990, de 26 de abril, del Tribunal Constitucional consagró la naturaleza compensatoria o indemnizatoria de los intereses de demora (…).
Las diferencias más importantes existentes entre los “intereses de demora”, como componente de la deuda tributaria, y los “intereses suspensivos”, referidas tales diferencias al tiempo de estos autos, dadas las constantes reformas legales habidas en esta materia, son las siguientes:
1. El “dies a quo” es distinto, pues en los suspensivos es el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario de la liquidación notificada e impugnada, en tanto que el interés de demora del art. 58.2.b) de la LGT, en el supuesto de gestión tributaria mediante declaraciones-autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones, es el día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de presentación de las declaraciones.
58.2.b) L.G.T. es siempre la cuota u obligación principal, incluidos en ella, a estos efectos, los recargos complementarios sobre la base o sobre la propia cuota, no moratorios, en tanto que la base de los intereses suspensivos es el importe de la deuda tributaria suspendida, es decir, la suma de los diversos componentes de dicha deuda, lo cual significa que estos intereses suspensivos girarán, en el supuesto de liquidaciones resultantes de actuaciones de la Inspección de Hacienda, que es el caso de autos, sobre los propios “intereses demora” del artículo 58.2b) LGT, liquidados inicialmente, sobre las sanciones impuestas y sobre los recargos liquidados.
3. El “dies ad quem” del plazo de liquidación de los intereses es también distinto, pues en los suspensivos es el día en que cesa la suspensión, por las razones que sean, en tanto que en los “intereses de demora” del art. 58.2.b) de la LGT es el día en que se practica la correspondiente liquidación por la Administración.
4. El tipo de interés (…)
2. Por otra parte, la sentencia de 28 de Noviembre de 1997 citada mantiene que si la reclamación económico-administrativa interpuesta es totalmente desestimada se exigirán los intereses suspensivos correspondientes desde el inicio de la suspensión hasta el cese de la misma por ejecución de la resolución, de modo que el contribuyente pagará los “intereses de demora” del art. 58.2.b) LGT incluidos en la deuda tributaria liquidada y suspendida y además los intereses suspensivos que se calculaban según la Administración, en el tiempo de autos, sobre la totalidad de la deuda tributaria.
La Sentencia de 28 de Noviembre de 1997 considera que la resolución estimatoria parcial significa que el contribuyente no estaba obligado a ingresar en plazo voluntario la totalidad de la deuda tributaria, porque ésta era parcialmente contraria a Derecho, de manera que mantuvo la tesis de que no eran exigibles en su totalidad los intereses suspensivos, pues formalmente había existido la total anulación de la liquidación recurrida, al igual que si se hubiera estimado totalmente la reclamación, pero, al practicarse la nueva liquidación por cuantía inferior, ésta pone de relieve que la cuota así determinada, conforme a Derecho, debió pagarse en el plazo reglamentario de presentación de la delcaración-autoliquidación o declaración-liquidación; sin embargo lo cierto es que , por razón de las incidencias procedimentales habidas, se va a pagar años después; por ello mantuvo que procedía exigir los correspondientes interese de demora del art. 58.2.b), como componente de la deuda tributaria, desde el “dies a quo” inicial hasta la fecha de esta nueva liquidación.
Aparentemente es una solución írrita, si se piensa que el resultado es el mismo que sí se hubieran exigido los correpondientes intereses suspensivos; sin embargo hay dos diferencias significativas, consistentes, una en que el tipo de interés suspensivo, en el tiempo a que se refieren estos autos, podría ser diferente al vigente en el “dies a quo” de los intereses de demora del art. 58.2.b) LGT, como componente de la deuda tributaria, y, otra, relativa a la base de cálculo de los intereses suspensivos, porque al operar sobre la totalidad de la deuda tributaria suspendida, gira tambíén sobre los intereses de demora liquidados inicialmente. (…)
Por todo ello, la Sentencia de 28 de Noviembre de 1997 mantuvo que “cuando se anula un acto administrativo de liquidación, cuya ejecución se halla suspendida, al estimar parcialmente un recurso administrativo o jurisdiccional, no ha lugar evidentemente a exigir intereses de demora suspensivos (art. 61.4 de la LGT) por el tiempo que ha durado la suspensión, pero al practicar la nueva liquidación procederá exigir los intereses de demora del artículo 58.2.b.) de la Ley General Tributaria, girados sobre la cuota liquidada de nuevo, y calculados por el período de tiempo que media desde el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de la declaración-autoliquidación, hasta la fecha en que se entiende practicada la nueva liquidacion , es decir, el interés suspensivo (art. 61.4 de la LGT) es sustituido por el interés de demora (art. 58.2.b. de la LGT), respecto de la nueva cuota procedente conforme a Derecho, según la resolución administrativa o la sentencia de que se trate”, lo que significa que en el caso de autos procede exigir intereses de demora del artículo 58.2.b) LGT, como componente de la deuda tributaria, desde el “dies a quo” inicial o sea desde el día siguiente a la terminación del plazo voluntario de presentación de las declaraciones-liquidaciones, ya indicado, hasta la fecha de la nueva liquidación, que fue el 3 de febrero de 1994, (…).
CUARTO.- En el caso de autos es cierto que tras la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de julio de 1993 a que se ha hecho referencia en los Antecedentes de Hecho, la Administración Tributaria dictó el 23 de marzo de 1994 dos liquidaciones (…)
SEXTO.- La cuestión concreta que hemos tratado en este recurso de casación ha sido regulada en el art. 26, apartado 5, de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, Nueva General Tributaria, no aplicable “ratione temporis” al caso de autos y que coincide con la tesis de esta sentencia. En efecto, el apartado 5 del citado : “…”.
” En definitiva, que cuando se anula un acto administrativo de liquidación, cuya ejecución se hallaba suspendida, al estimarse parcialmente un recurso administrativo o jurisdiccional, los intereses que procede exigir, al practicar la nueva liquidación, son, los puramente indemnizatorios y resarcitorios del retraso en el pago y ello para compensar, con arreglo al módulo objetivo del coste financiero, el perjuicio consistente en la indisponibilidad de cantidades dinerarias que fueran legalmente debidas. De ahí la exigencia de esos intereses de demora por el período que media entre el día en que terminó el plazo de ingreso voluntario (5 de junio de 1987) y el día en que se practicó la liquidación anulada, que en este caso se giró el 23 de marzo de 1994, como consecuencia de la antes aludida sentencia de 20 de julio de 1993 .”
“TERCERO.- 1. Conviene distinguir dos conceptos diferentes que no han sido siempre debidamente comprendidos y que esta Sala ha estudiado en sus sentencias de 28 de noviembre de 1997 (rec. casación en interés de ley num. 9163/1996 ) y 25 de junio de 2004 (Rec. Casación num. 8564/1999).
De una parte, el Interés de demora del artículo 58, apartado 2, letra b), de la Ley General Tributaria (ahora letra c ) según la nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de Julio ),que forma parte de la deuda tributaria, y que se devenga y debe liquidarse por la parte ocultada o no liquidada por error de hecho o de derecho a partir del momento en que la obligación tributaria, nacida “ex lege”, es líquida, exigible y vencida, y que en el supuesto de exacción mediante declaraciones- autoliquidaciones, lo es a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de presentación.
La sentencia 76/1990, de 26 de abril , del Tribunal Constitucional consagró la naturaleza compensatoria o indemnizatoria de los intereses de demora (…)
1.- El “dies a quo” es distinto, pues en los suspensivos es el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario de la liquidación notificada e impugnada, en tanto que el interés de demora del art. 58.2.b), de la LGT , en el supuesto de gestión tributaria mediante declaraciones- autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones, es el día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de presentación de las declaraciones.
2.- La base o capital en términos financieros sobre la que se liquida el interés de demora del art. 58.2.b) L.G.T . es siempre la cuota u obligación principal, incluidos en ella, a estos efectos, los recargos complementarios sobre la base o sobre la propia cuota, no moratorios, en tanto que la base de los intereses suspensivos es el importe de la deuda tributaria suspendida, es decir, la suma de los diversos componentes de dicha deuda, lo cual significa que estos intereses suspensivos girarán, en el supuesto de liquidaciones resultantes de actuaciones de la Inspección de Hacienda, que es el caso de autos, sobre los propios “intereses demora” del artículo 58.2.b) LGT , liquidados inicialmente, sobre las sanciones impuestas y sobre los recargos liquidados.
3.- El “dies ad quem” del plazo de liquidación de los intereses es también distinto, pues en los suspensivos es el día en que cesa la suspensión, por las razones que sean, en tanto que en los “intereses de demora” del art. 58.2.b) de la LGT es el día en que se practica la correspondiente liquidación por la Administración.
4.- El tipo de interés (…)
2. Por otra parte, la sentencia de 28 de Noviembre de 1997 citada mantiene que si la reclamación económico-administrativa interpuesta es totalmente desestimada se exigirán los intereses suspensivos correspondientes desde el inicio de la suspensión hasta el cese de la misma por ejecución de la resolución, de modo que el contribuyente pagará los “intereses de demora” del art. 58.2.b) L.G.T . incluidos en la deuda tributaria liquidada y suspendida y además los intereses suspensivos que se calculaban según la Administración, en el tiempo de autos, sobre la totalidad de la deuda tributaria.
La Sentencia de 28 de Noviembre de 1997 considera que la resolución estimatoria parcial significa que el contribuyente no estaba obligado a ingresar en plazo voluntario la totalidad de la deuda tributaria, porque ésta era parcialmente contraria a Derecho, de manera que mantuvo la tesis de que no eran exigibles en su totalidad los intereses suspensivos, pues formalmente había existido la total anulación de la liquidación recurrida, al igual que si se hubiera estimado totalmente la reclamación, pero, al practicarse la nueva liquidación por cuantía inferior, ésta pone de relieve que la cuota así determinada, conforme a Derecho, debió pagarse en el plazo reglamentario de presentación de la declaración-autoliquidación o declaración-liquidación; sin embargo lo cierto es que, por razón de las incidencias procedimentales habidas, se va a pagar años después; por ello mantuvo que procedía exigir los correspondientes intereses de demora del art. 58.2.b), como componente de la deuda tributaria, desde el “dies a quo” inicial hasta la fecha de esta nueva liquidación.
Aparentemente es una solución írrita, si se piensa que el resultado es el mismo que sí se hubieran exigido los correspondientes intereses suspensivos; sin embargo hay dos diferencias significativas, consistentes, una, en que el tipo de interés suspensivo, en el tiempo a que se refieren estos autos, podría ser diferente al vigente en el “dies a quo” de los intereses de demora del art. 58.2.b) LGT , como componente de la deuda tributaria, y, otra, relativa a la base de cálculo de los intereses suspensivos, porque al operar sobre la totalidad de la deuda tributaria suspendida, gira también sobre los intereses de demora liquidados inicialmente. (…)
Por todo ello, la Sentencia de 28 de Noviembre de 1997 mantuvo que “cuando se anula un acto administrativo de liquidación, cuya ejecución se halla suspendida, al estimar parcialmente un recurso administrativo o jurisdiccional, no ha lugar evidentemente a exigir intereses de demora suspensivos (art. 61.4 de la LGT) por el tiempo que ha durado la suspensión, pero al practicar la nueva liquidación procederá exigir los intereses de demora del artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria , girados sobre la cuota liquidada de nuevo, y calculados por el período de tiempo que media desde el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de la declaración- autoliquidación, hasta la fecha en que se entiende practicada la nueva liquidación, es decir, el interés suspensivo (art. 61.4 de la LGT) es sustituido por el interés de demora (art. 58.2.b de la LGT), respecto de la nueva cuota procedente conforme a Derecho, según la resolución administrativa o la sentencia de que se trate””; lo que significa que en el caso de autos procede exigir intereses de demora del artículo 58.2.b) LGT , como componente de la deuda tributaria, desde el “dies a quo” inicial o sea desde el día siguiente a la terminación del plazo voluntario de presentación de las declaraciones-liquidaciones, ya indicado, hasta la fecha de la nueva liquidación, que fue el 3 de febrero de 1994, (…)
SEXTO.- La cuestión concreta que hemos tratado en este recurso de casación ha sido regulada en el art. 26, apartado 5, de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre , Nueva General Tributaria, no aplicable “ratione temporis” al caso de autos, y que coincide con la tesis de esta sentencia. En efecto, el apartado 5 citado dispone: “…”.
Finalmente, conviene precisar que la Resolución de este Tribunal Central que el TEAR invoca en la resolución impugnada, cuyo criterio se corrige, la Resolución RG 3768/2010 de 29 de noviembre de 2012, contempla no un supuesto de estimación parcial por razones sustantivas o de fondo, sino un caso distinto, cual es de estimación total de reclamación económico-administrativa, que da lugar a la anulación de la liquidación inicial, iniciándose posteriormente un segundo procedimiento inspector. En tal caso y de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo de las sentencias de 14 de junio de 2012, sentencias éstas que contemplan exactamente el mismo supuesto de hecho, advirtió expresamente el Tribunal Central que no estando “ante una estimación parcial ni ante una retroacción y siendo aplicable la anterior Ley General Tributaria de 1963, lo procedente sería limitar la exigencia de los intereses hasta la fecha en que se dictó la liquidación inicial posteriormente anulada”.
QUINTO: Sentado lo anterior, como bien señala el Director recurrente, a efectos de la determinación del “dies ad quem” del período de devengo de los intereses de demora, deben diferenciarse distintos supuestos que tienen todos ellos una nota común, cual es la anulación de una liquidación inicial efectuada por la Administración y la posibilidad de practicar otra posterior, en relación con el mismo concepto y período, como serían:
– Aquellos supuestos, como el específicamente aquí contemplado, en los que estamos ante sentencias o resoluciones estimatorias en parte por razones sustantivas o de fondo, que confirman la regularización practicada si bien corrigen una parte de su importe, por lo que formalmente obligan, en ejecución de dicha sentencia o resolución, a la anulación del acto impugnado y a la práctica de otro en sustitución de aquel que deberá dictarse de acuerdo con los criterios expresados por el órgano de revisión en su resolución.
– Aquellos casos en los que un Tribunal estima totalmente un recurso o reclamación, subsistiendo, no obstante, la posibilidad de que la Administración vuelva a liquidar pero iniciando en todo caso un nuevo procedimiento; aquí se englobarían las estimaciones totales tanto por razones sustantivas como por razones de procedimiento, entre las que cabe citar, entre otros supuestos, los casos de caducidad.
– Aquellos supuestos en los que un Tribunal estima en parte por razones formales, anulando el acto impugnado, pero sin ordenar la práctica de otro en sustitución de aquel sino que acuerda la retroacción de las actuaciones. En estos casos, la ejecución de la sentencia o resolución se circunscribe a la anulación del acto inicialmente impugnado y a la orden de retroacción, debiendo además, si se trata de un procedimiento inspector, de respetar el plazo prevenido específicamente en el artículo 150.5 de la LGT;
“3. Cuando se resuelva sobre el fondo del asunto y en virtud de ello se anule total o parcialmente el acto impugnado, se conservarán los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, visto el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio promovido por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contra resolución del Tribunal Regional de …, ACUERDA ESTIMARLO, fijando como criterio el siguiente:
« Corte de suministro de agua por impago
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2014. »
base imponible Procedimiento Administrativo Beneficios fiscales IAE Deuda tributaria Hecho imponible Suspensión Devengo y periodo impositivo Catastral Recursos Costas No sujeción Administración electrónica cuestion de inconstitucionalidad Intereses y recargos Notificaciones Telefonía móvil valor catastral Tarifas tasas Usufructo Prescripción TEAC Catastro Providencia de apremio Apremio Exención Inspección Sujetos pasivos Sancionador IBI Recaudación Embargo Ordenanzas Responsables Aplazamiento-fraccionamiento liquidación Pago Concursal Protección de datos Administración Local Notificaciones electrónicas Sanción Devolución de ingresos indebidos IIVTNU

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 artículo 26
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 artículo 58
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