Source: https://es.scribd.com/doc/89640974/LEY-TRATA-Y-TRAFICO-BOLIVIA
Timestamp: 2016-05-04 00:40:41+00:00

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En América Latina, más de 250 mil individuos son víctimas de la trata de personas; de éstos, el 80 por ciento está compuesto por mujeres y niños. Esta actividad ilícita genera ganancias anuales superiores a los 300 millones de dólares, según datos estadísticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La OEA y la OIM realizaron el año 2004 un estudio a nivel nacional de carácter cualitativo como uno de los primeros pasos necesarios para evaluar la situación y la realidad de esta problemática en Bolivia. Dicho estudio, por su carácter cualitativo, proporcionó la certeza de la existencia de este delito en Bolivia y mucho más importante, aporto un marco de referencia del cómo se desarrolla el delito de trata de personas en el país. Por otra parte el estudio cuantitativo realizado por la OIM el año 2007, en las ciudades de La Paz y El Alto, estima que una de cada tres mujeres dedicadas al trabajo sexual, ha sufrido condiciones de explotación alguna vez en su vida. De éstas, el 95% se inició en la prostitución siendo víctima de trata (VDT), algunas de ellas siendo todavía menores de edad (12.5% de las VDT). Esto indica que la explotación de la prostitución es uno de los principales ámbitos de la trata de personas, por tanto, la demanda de estos servicios, inevitablemente, la sustenta, de ahí que las denuncias más frecuentes refieren la trata con fines de explotación sexual y laboral, como: la prostitución, pornografía, pedofilia, violencia sexual comercial. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) recomienda a Bolivia hacer ajustes en la legislación contra los delitos de trata y tráfico de personas, y crear programas de Estado para brindar ayuda especializada a las víctimas. Sugiere que las leyes actuales sean revisadas a fin de abordar todos los aspectos necesarios para combatir este flagelo de manera integral y en concordancia con la Convención de Palermo 2000, que establece la creación de oficinas de lucha contra los delitos de trata y tráfico de seres humanos en los países sudamericanos. El documento observa la ausencia de políticas y programas integrales de atención a las víctimas de trata en Bolivia, esquemas de protección para ellas y para testigos, así como para su reinserción social con oportunidades laborales y atención psicológica y social. La ONUDD concluye su informe indicando que también están ausentes los programas integrales de prevención destinados a disuadir a las potenciales víctimas, que generalmente son estudiantes, de las redes delictivas cuyo objetivo es desarrollar y expandir sus actividades ilícitas. En Bolivia entre el 2008 al 2010, la Policía Boliviana ha registrado 762 denuncias sobre trata de personas. Frente a esa realidad de sometimiento y denigración de la dignidad humana, el Estado Plurinacional de Bolivia, en el Art. 8, p. II de la Constitución Política del Estado, adopta entre sus valores, la dignidad como sustento de los derechos fundamentales y del vivir bien, asumiendo la obligación de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes, pero particularmente la obligación de respetar y proteger la dignidad de la persona como un derecho inviolable conforme al Art. 22 de la referida Constitución Política del Estado.
Esas son razones suficientes para acoger la necesidad de construir y proteger los bienes jurídicos relacionados con la dignidad del ser humano y con su libertad, incorporando delitos precisos en concordancia con los valores e intereses generales de la comunidad internacional. Esta necesidad de proteger eficazmente la dignidad humana y la libertad, es un condicionamiento en el desarrollo de las sociedades modernas que han planteado la ampliación del control social a ciertas áreas específicas del Derecho Penal cuando se dan formas de comportamientos ilícitos que lesionan, con inusitado desprecio, valores tan estimados del ser humano, como la dignidad y la libertad. Los modelos político criminales, en concordancia con los intereses comunes que tenemos todos los países para combatir la trata y el tráfico de personas, comparten la protección de esos valores, especialmente cuando se trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, victimas de los delitos de trata y tráfico de personas, cuyo crecimiento a nivel mundial y nacional, debe promover acciones conforme lo establecen los Convenios y Pactos Internacionales suscritos por Bolivia, para enfrentar esa forma de criminalidad. Por esas razones, Bolivia mediante la Ley N° 2116 de 11 de septiembre de 2000, ratifica la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución ajena, aprobada por Resolución 317 (IV) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas - ONU de 2 de diciembre de 1949, asimismo, ha ratificado mediante Ley N° 2273 de 22 de noviembre de 2001, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, y mediante Ley de 19 de julio de 2005 ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese sentido, desde 2007, se revisa en el Parlamento un proyecto de ley integral contra los delitos de trata y tráfico de personas en el que se contempla la creación de los tipos penales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como otros tipos penales relacionados, comprende también la modificación de algunos delitos del Código Penal, estableciéndose sanciones más drásticas; también se modifican algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, como la incorporación de la posibilidad de utilizar agentes encubiertos para descubrir redes de tratante o delitos de trata y tráfico de personas. En concordancia con los intereses comunes internacionales, el proyecto de ley posee los instrumentos legales necesarios para luchar contra la trata y el tráfico de personas, protegiendo eficazmente la dignidad humana y la libertad, creando también normas jurídicas de prevención, protección y servicio de asistencia integral para las víctimas de esos delitos, consustanciales con los valores universales y el principio de justicia universal, de ese modo se implementa una regulación normativa de protección y asistencia a las víctimas de trata y tráfico de personas exigiéndose políticas y estrategias nacionales, mediante la creación de un mecanismo interinstitucional responsable de coordinar iniciativas con diferentes instituciones estatales y de la sociedad civil organizada, como el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas.
PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Artículo 1. (MARCO CONSTITUCIONAL). En el Art. 15 de la Constitución Política del Estado, que protege el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, en particular de las mujeres, obligando al Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, la degradación de la conducta humana, y la violencia física, psicológica y sexual, así como la servidumbre, la esclavitud, y la trata y tráfico de personas, en concordancia con el Art. 22 de la Constitución Política del Estado, por cuanto es deber del Estado proteger la dignidad y la libertad. I. En los artículos 60, 61 y 66 de la Constitución Política del Estado, por cuanto es función primordial del Estado proteger a la niñez y adolescencia y garantizar a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
II. En los Convenios, Tratados e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Bolivia con relación a los delitos de trata y tráfico de personas, de conformidad al 256 y 410 de la Constitución Política del Estado. Artículo 2. (OBJETO) La presente ley tiene por objeto implementar medidas de prevención, persecución y sanción de los delitos de Trata y Tráfico de personas y otros delitos previstos en la presente ley; proteger, asistir y reintegrar socioeconomicamente a las personas en situación de trata o tráfico, con el fin de preservar la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la libertad de las personas. Artículo 3. (FINES) La presente ley tiene por fines:
Eliminar los niveles de criminalidad de la Trata y Tráfico de personas, y demás delitos previstos en la presente ley. y demás delitos previstos en la presente ley.
II. Consolidar políticas públicas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de personas, III. Consolidar e implementar políticas públicas de protección, asistencia, reintegración
social y laboral para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de personas, y demás delitos previstos en la presente ley. Artículo 4. (AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY).
I. La presente Ley se aplicará en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
II. Las autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario
campesinas y de cualquier jerarquía, observaran la presente Ley, de conformidad a la Constitución Política del Estado y normas e instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 5. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente ley se rige por los principios de:
1. DIGNIDAD Y LIBERTAD.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. La
dignidad es la esencia del ser humano y se presenta como una cualidad de los derechos fundamentales objeto de protección dentro del sistema jurídico permitiendo el desarrollo integral del ser humano.
2. PRIORIDAD SOCIAL.- Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas tendrán atención y
protección integral prioritaria en todas las entidades públicas y privadas del Estado, tomando en cuenta el interés superior de las poblaciones más vulnerables.
3. GRATUIDAD. El Estado garantiza el acceso gratuito a la administración de justicia de las
víctimas de delitos de Trata y Tráfico de Personas liberándolas del pago de valores, timbres y otros gastos judiciales, asimismo, garantiza la prestación de servicio integral gratuito para las víctimas, tendientes a su reintegración socioeconómica.
4. INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- El Estado asegurará el ejercicio y
disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, nacionalidad, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y desarrollo.
5. CELERIDAD. El Estado garantiza el ejercicio, la prosecución y la culminación de la acción
penal en la administración de justicia para los delitos de Trata y Tráfico de personas, de manera oportuna y sin dilaciones; asimismo, garantiza la prestación del servicio integral a las víctimas, de manera eficaz y sin demoras. CAPÍTULO II DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Artículo 6. (NIVEL CENTRAL). Es obligación del Estado Plurinacional de Bolivia asignar recursos económicos financieros suficientes mediante las partidas presupuestarias, a sus instituciones nacionales del área, entidades territoriales autónomas y a las entidades de administración de justicia; que les permitan ejecutar la Política y Estrategia plurinacionales y de sus entidades territoriales autónomas, para la prevención, asistencia, protección y reintegración de las víctimas, así como para la persecución y sanción de los delitos de Trata y Tráfico de personas.
Artículo 7. (NIVELES AUTONOMICOS). Todas las entidades e instituciones del nivel central, descentralizado y entidades territoriales autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia, deben gestionar e incorporar recursos económicos financieros propios y suficientes en sus presupuestos anuales, o según corresponda a sus planificaciones; para la prevención, asistencia, protección y reintegración de las víctimas, así como para la persecución y sanción de los delitos de Trata y Tráfico de personas. Artículo 8. (CUENTA ESPECIAL). El Estado Plurinacional creará una cuenta especial con recursos del Tesoro General de la Nación para la lucha contra la Trata y Tráfico de personas, administrados por la presidencia del Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, los que se canalizarán y ejecutarán según lineamientos y programas definidos en la Política y Estrategia Plurinacionales contra la Trata y Tráfico de personas. Artículo 9. (FINANCIAMIENTO). I. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas se encargará de gestionar el financiamiento de recursos ante los Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales, en el marco de la Política y Estrategia Plurinacionales, para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley. El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus obligaciones, procurará recursos de ingresos propios, donaciones, cooperación internacional y otros. Los recursos resultantes de la incautación de bienes serán destinados a la cuenta especial, para el cumplimiento efectivo de la Política y Estrategia plurinacionales de lucha contra la Trata y Tráfico de personas.
Artículo 10. (DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS). Los recursos económicos que se logren deben ser dispuestos en tres partidas: a) Para la prevención según lineamientos y acciones que se establezcan en la Política y Estrategia plurinacionales. b) Para la Asistencia, protección y reintegración integral de las víctimas. c) Para la persecución y sanción de los delitos de Trata y Tráfico de personas. CAPÍTULO III CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Artículo 11. (CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS). Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas como una instancia de Coordinación y de representación nacional para formular la Política y Estrategia Plurinacionales de prevención, protección y persecución penal de lucha contra la Trata y Tráfico de personas.
Artículo 12. (CONFORMACIÓN Y ESTRUCTURA). I. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas estará conformado por los siguientes Ministerios: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio j) Ministerio k) Ministerio de de de de de de de de de de de la Presidencia. Relaciones Exteriores. Justicia. Gobierno. Comunicación. Defensa. Educación. Economía y Finanzas Públicas Salud y Deportes. Trabajo y Previsión social. Planificación del Desarrollo
Los miembros del Consejo, estarán representados por el Ministro o la Ministra responsable de la Cartera de Estado, en caso de ausencia o impedimento, deberá acreditar a su representante institucional. II. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, tendrá la siguiente estructura de funcionamiento: a) Presidencia del Consejo. b) Plenario del Consejo. c) Secretaria Técnica. Artículo 13. (PRESIDENCIA DEL CONSEJO ). I. El Ministerio de Justicia presidirá el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, y a los efectos de la implementación y evaluación de la Política y Estrategia Plurinacionales contra la Trata y Tráfico de personas, coordinará con: a) Autoridades del nivel central y de las entidades territoriales autónomas. b) Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil que trabajan en el tema de Trata y Tráfico de Personas. c) Organismos de cooperación internacional. II. La presidencia del Consejo Nacional de lucha contra la trata y tráfico de personas administrará los recursos económicos de la cuenta especial. a) La presidencia del Consejo Nacional Coordinará la ejecución de recursos de la cooperación internacional que no ingresaren a la cuenta especial. Artículo 14. (PLENARIO DEL CONSEJO Y REALIZACIÓN DE SESIONES ). I. La Presidencia del Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, convocará a sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo para tratar los asuntos de su competencia,
conforme al Reglamento a ser elaborado por el Ministerio de Justicia y aprobado en Plenario del Consejo, el mismo que regulará las sesiones del Plenario del Consejo. El Ministerio de Justicia, se constituye en la sede del Consejo. II. La realización de sesiones del Plenario del Consejo pueden ser convocadas en un lugar distinto a su sede para fortalecer la institucionalidad de las entidades territoriales autónomas. Artículo 15. (SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO ). El Ministerio de Justicia instituirá la Secretaría Técnica en uno de sus Viceministerios al que por competencia le corresponda, cuyas funciones se establecerán en Reglamento. Artículo 16. (COMPETENCIAS). Son competencias del Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas: a) Formular políticas públicas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de personas y demás delitos previstos en la presente ley. b) Formular políticas públicas de protección, asistencia, reintegración socioeconómica para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de personas y demás delitos previstos en la presente ley. c) Formular políticas públicas para la persecución y sanción de los delitos de Trata y Tráfico de personas y demás delitos previstos en la presente ley. d) Diseñar la Estrategia plurinacional para la prevención educativa, comunicacional y seguridad ciudadana. e) Diseñar la Estrategia plurinacional para la asistencia, protección y reintegración socioeconómica de las víctimas de Trata y Tráfico de personas, con servicios integrales de atención con calidad y calidez. f) Diseñar la Estrategia plurinacional para la persecución y sanción de los delitos de Trata y Tráfico de personas, con participación de las instituciones jurisdiccionales. g) Establecer los canales de coordinación entre Órganos: Ejecutivo, Judicial, Electoral, Ministerio Público en coordinación y cooperación con la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como con organismos de cooperación internacional y la sociedad civil para la implementación de la Política y Estrategia plurinacionales. h) El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas convocará a las organizaciones sociales, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público e instituciones no gubernamentales, para la construcción y evaluación anual de la Política y Estrategia Plurinacional, así como la aplicación de la ley. i) El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas monitoreará la implementación de la política y estrategias de las entidades territoriales autónomas. j) El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas monitoreará las acciones de las instituciones no gubernamentales y organismos internacionales en la implementación de la ley, la Política y Estrategia plurinacionales de lucha contra la Trata y Tráfico de personas.
TITULO II MECANISMOS DE PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS CAPÍTULO I POLITICA Y ESTRATEGIA PLURINACIONALES CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Artículo 17. (MECANISMOS DE PREVENCIÓN) Son mecanismos de prevención, la Política y Estrategia plurinacionales con enfoque de género, generacional e interculturalidad en los siguientes ámbitos: a) Ámbito Educativo b) Ámbito Comunicacional Las entidades territoriales autónomas también deberán incorporar estos ámbitos en sus políticas y estrategias propias, como mecanismos de prevención. Artículo 18. (POLITICA Y ESTRATEGIA). I. La Política y Estrategia plurinacionales de prevención de delitos de Trata y Tráfico de personas son mecanismos preventivos construidos por todas las entidades públicas y sociedad civil de forma participativa. II. Los mecanismos de prevención se implementarán una vez aprobados por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas. Artículo 19. (EJECUCION). La ejecución de la Política y Estrategia plurinacionales incorporará la cooperación y coordinación de sus entidades territoriales autónomas, e instituciones u organizaciones de la sociedad civil. La ejecución de la política y estrategia plurinacionales, no excluyen las políticas y estrategias propias que deben desarrollar las entidades territoriales autónomas, en cumplimiento de la presente ley. Artículo 20. (COMPATIBILIZACIÓN). Las compatibilidades, cooperación y coordinación de la Política y Estrategia plurinacionales con la de las entidades territoriales autónomas, de prevención de los delitos de Trata y Tráfico de personas, se establecerán en Reglamento. Artículo 21. (IMPLEMENTACIÓN). Para la implementación se adoptarán instrumentos de monitoreo, seguimiento, evaluación y acompañamiento a la Política y Estrategia plurinacionales, y de las entidades territoriales autónomas, establecidos en reglamento por el Consejo nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas. CAPÍTULO II DE LOS AMBITOS PREVENTIVOS CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS
Artículo 22. (ÁMBITO EDUCATIVO FORMAL) . El Ministerio de Educación desarrollará programas y campañas educativas para todo el sistema preescolar, primario, secundario y superior, según las siguientes características: I. II. III. Identidades culturales Por grupos poblacionales que componen la comunidad educativa Según competencias con las entidades territoriales autónomas y sus entidades desconcentradas. IV. Las universidades públicas y privadas aportarán con investigaciones y campañas informativas sobre el tema, valores humanos y no discriminación. V. El Ministerio de Educación a través de las Escuelas de Formación de Maestros y la Escuela de Gestión Publica Plurinacional incorporará a su currícula la temática de Trata y Tráfico de personas. VI. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la Academia Diplomática desarrolle procesos de capacitación a servidores y servidoras de las Embajadas, Consulados y otras misiones diplomáticas, con el fin de efectivizar la atención con calidad y calidez a bolivianos y bolivianas y a ciudadanos y ciudadanas en situación de Trata y Tráfico de personas, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales.
Artículo 23. (ÁMBITO EDUCATIVO NO FORMAL). Las entidades territoriales autónomas tienen la obligación de desarrollar eventos de formación e información directa a la ciudadanía a través de talleres, seminarios, teatros ambulantes u otros que respeten sus identidades culturales sin discriminación. II. Las instituciones no gubernamentales y organismos internacionales podrán desarrollar actividades de formación e información directa sobre la Trata y Tráfico de personas según sus planificaciones respetando las identidades culturales. III. La sociedad civil organizada desarrollará actividades de formación según sus necesidades, en coordinación y cooperación con las entidades territoriales autónomas e instituciones públicas, no gubernamentales y organismos internacionales. IV. Conforme a la Estrategia plurinacional, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, organizará y desarrollará de manera sostenida y coordinada con las entidades territoriales autónomas, instituciones descentralizadas, procesos de capacitación sobre la Trata y Tráfico de personas, dirigidos a servidoras y servidores públicos. V. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, conforme a la Estrategia Nacional, creará una instancia que asesore técnicamente a las autoridades nacionales y a las entidades territoriales autónomas para que incluyan en sus planes de desarrollo, programas de prevención contra la Trata y Tráfico de personas y de atención a las víctimas de esos delitos.
Artículo 24. (ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN)
El Estado Plurinacional de Bolivia implementará políticas y estrategias en el ámbito comunicacional con el fin de sensibilizar y concientizar sobre los riesgos, causas, consecuencias y modalidades de la Trata y Tráfico de personas, considerando las particularidades locales, en los diferentes ámbitos, nacional y de las entidades territoriales autónomas.
El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, conforme a la Estrategia Nacional, conformará un Comité de Comunicación que desarrollará estrategias plurinacionales, en coordinación con todos los medios de comunicación públicos y privados del Estado Plurinacional. Los medios de comunicación incluirán una franja horaria de carácter social y de ayuda a la comunidad relacionada a esta problemática, para que apoyen el proceso de prevención y protección, precautelando los derechos humanos de los grupos poblacionales más vulnerables. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y el Ministerio de Comunicación coordinarán con todos los medios comunicación del país, espacios gratuitos de información. V. Las entidades territoriales autónomas generarán espacios similares en sus jurisdicciones para garantizar que la información preventiva llegue a toda la extensión territorial boliviana. CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y REINTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE TRATA O TRÁFICO Artículo 25. (ALCANCES). La dignidad y la integridad física, psicológica y social de las víctimas son el bien jurídico y mayor del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que las medidas de protección asistencia y reintegración de víctimas de Trata y Tráfico de personas, deberán garantizar la protección a la intimidad, identidad y desarrollo social de las personas en situación de trata. Artículo 26. (NO REVICTIMIZACIÓN).
El Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará un Sistema de Control y Seguimiento a la ejecución de las medidas de protección, asistencia y reintegración de las personas en situación de trata. Se implementará un Protocolo Único de Atención y la ruta de intervención, que será uniforme y aplicable a nivel nacional, con validez y eficacia probatoria en los órganos jurisdiccionales, evitando la revictimización de la persona en situación de Trata o Tráfico en interrogatorios redundantes, careos o múltiples exámenes forenses.
Los medios de comunicación del país cuidarán de no afectar la dignidad de las personas en situación de Trata o Tráfico de personas. Los operadores, administradores de justicia y médicos forenses, precautelaran la dignidad de las personas en situación de Trata o Tráfico. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas inspeccionará las veces que sea necesario y sin previo aviso a los centros de acogida que se implementen.
Artículo 27. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN). El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Política y Estrategia plurinacionales contra la Trata y Tráfico de personas, diseñará y ejecutará programas de protección consistentes en: a) Guardar en reserva absoluta la identidad de la víctima y de su entorno familiar b) Posibilitar el cambio de identidad de la víctima y la de su familia, con su consentimiento y/o autorización de su familia, la misma debe ser expresa, para efectos legales, en coordinación con las instituciones públicas competentes. c) Posibilitar un cambio de residencia temporal o permanente según corresponda. d) Brindar seguridad y protección temporal o permanente en el entorno familiar y actividades propias que desarrolle la persona en situación de Trata o Tráfico. e) Las o los denunciantes y testigos gozarán de la protección de su identidad e intimidad por razones de seguridad. Los cuatro órganos de poder del Estado Plurinacional junto al Ministerio Público y la Policía Boliviana se encargarán de hacer cumplir toda medida de protección y las necesarias, en coordinación - cooperación con la Defensoría del Pueblo y las entidades territoriales autónomas. Artículo 28. (MEDIDAS DE ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE TRATA O TRAFICO). Son medidas de asistencia a personas en situación de Trata o Tráfico, todas aquellas que garanticen su reintegración física, psicológica, socioeconómica y cultural; para ello se creará Centros de Acogida especializados, dependientes de las Gobernaciones Departamentales, conforme a disposiciones transitorias. TITULO III DELITOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, PERSECUCIÓN PENAL E INCAUTACIÓN DE BIENES CAPITULO I DE LOS DELITOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y OTROS DELITOS. Artículo 29. (TRATA DE PERSONAS). Será sancionado con pena privativa de libertad de quince (15) a veinte (20) años, el o la que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza, abuso de poder, filiación ilícita, ofrecimiento de empleo, formación, aprendizaje o cualquier beneficio, o el aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos, aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o por tercera persona induzca, realice o favorezca el traslado, transporte, reclutamiento, acogida, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional con cualquiera de los siguientes fines: a. Venta u otros actos de disposición del ser humano con fines de lucro. b. Extracción ilícita de fluidos, órganos y tejidos humanos c. Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos humanos, células, fluidos o líquidos corporales. d. Reducción a estado de esclavitud u otro análogo. e. Trabajos o servicios laborales forzados, cuando el trabajo se realiza bajo amenaza y no voluntariamente. El otorgar salarios u otras compensaciones no significa que el trabajo no es forzado u obligado. f. Servidumbre por deudas, cuando se obliga a una niña, niño, adolescente o adulto mujer u hombre a trabajar en condiciones de servidumbre o esclavitud para pagar deudas adquiridas, ya sean propias, de la pareja, de los familiares cercanos u otros, independientemente del tiempo. g. Tenencia o Guarda. h. Prostitución. i. Pedofilia. j. Pornografía. k. Turismo sexual cuando las personas son utilizadas para ofertarlas en servicios sexuales relacionados con paquetes turísticos culturales o naturales, promocionados con mensajes de carácter erótico mostrando el cuerpo de mujeres, niñas, niños y adolescentes como atracción turística. l. Violencia sexual comercial cuando una persona mayor de edad, para mantener cualquier tipo de relación sexual y ejercer violencia sobre una niña, niño o adolescente, paga en dinero o en especie, directamente al niño, niña, adolescente o a una tercera persona. m. Explotación sexual. n. Mendicidad forzada para beneficio de terceros, cuando se obliga a una niña, un niño, un adolescente, o adulto hombre o mujer, a pedir dinero u otro beneficio en la calle u otro lugar público o privado. o. Matrimonio servil o unión libre o de hecho servil sean reales o ficticio en los que uno de los cónyuges o convivientes explota de manera servil a la otra u otro, bajo la forma de esclavitud, servidumbre o cualquier otra forma mediante el cual se obligue a hacer o tolerar algo contra su voluntad. p. Toda otra forma de explotación o denigración humana o violencia sexual comercial. q. Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para su participación en conflictos armados. Si a causa del delito se produjere la muerte de la víctima, incluida la muerte por suicidio se impondrá la pena del delito de asesinato.
Artículo 30. (VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL) . Quien pagare en dinero o especie, directamente a una niña, niño o adolescente o a una tercera persona, para mantener cualquier tipo de relación sexual y/o ejercer violencia sobre ellos, será sancionado con la privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años. La reincidencia agravará la pena con cinco (5) años de privación de libertad. Artículo 31 . (COMERCIALIZACIÓN Y/O TENENCIA DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES). El que comercialice o intente comercializar, distribuya, exhiba, reproduzca, venda, compre, arriende, exponga, publicite, importe o exporte material pornográfico o imágenes pornográficas de niños, niñas y adolescentes en cualquier formato a través del Internet o cualquier otro medio incluido el informático, o el que sea cómplice en la obtención de un beneficio indebido por esa actividad, para sí o tercero, será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años. La pena se agravara en una mitad para quien tuviere o almacenare material pornográfico con imágenes de niños, niñas y adolescentes con fines de comercialización. Articulo 32. (FILIACIÓN ILÍCITA). Quien forjare en todo o en parte un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, una cédula de identidad como documento público falso o alterare uno verdadero, o insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas con relación al estado civil, relación filial, edad o sexo de la persona, como hechos que el documento deba probar, o alterare los datos de un registro biométrico, o los utilizare, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años. Artículo 33. (MODIFICACIONES A LA LEY Nº 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997, DE MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL, DECRETO SUPREMO Nº 0667 DE 8 DE OCTUBRE DE 2010 QUE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DEL CÓDIGO PENAL Y LEY Nº 054 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE PROTECCIÓN LEGAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). Se modifican los Artículos 132 bis y 178, de la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, de Modificaciones al Código Penal, y los Artículos 321 bis y 323 bis de la Ley Nº 054 de 8 de noviembre de 2010 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, quedando redactados con el siguiente texto: “Artículo 132 bis. (ORGANIZACIÓN CRIMINAL). Quien formare parte de una asociación de tres o más personas, organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de una niña, niño, adolescentes o personas con discapacidad, trata de personas, tráfico de personas, pornografía con niños, niñas o adolescentes, comercialización y/o tenencia de imágenes pornográficas de niños, niñas o adolescentes, violencia sexual comercial, filiación ilícita, proxenetismo, privación de libertad, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche de
estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a cinco (5) años. Quienes dirijan la organización serán sancionados con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años. La pena se aumentará en un tercio cuando la organización criminal utilice a niños, niñas o adolescentes o personas con discapacidad para cometer los delitos a los que se refiere este Artículo” “Artículo 178. (OMISIÓN DE DENUNCIA). El Juez o la Jueza o el servidor público o la servidora pública que, estando por razón de su cargo, obligado a promover la denuncia o persecución de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de un (1) a tres (3) años. Si el delito tiene como víctima a niños, niñas o adolescentes, la pena se aumentará en un tercio, a menos que pruebe que su omisión provino de un motivo insuperable”. “Artículo 321 Bis. (TRÁFICO DE PERSONAS). Quien en beneficio propio o de terceras, facilitare la entrada ilegal de una persona al Estado Plurinacional de Bolivia o propiciare la salida y entrada a otro Estado parte, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Se agravará la pena en una mitad si la comisión de este delito concurriere al delito de Trata de personas. Si a causa del delito se produjere la muerte de la víctima, incluida la muerte por suicidio, se impondrá la pena por el delito de asesinato”. “Artículo 323 Bis. (PORNOGRAFIA CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES O DE PERSONAS JURÍDICAMENTE INCAPACES). El que por sí o por tercera persona, por cualquier medio, promueva, facilite, induzca, origine, produzca o edite material pornográfico mediante videos, fotografías, filmaciones, exhibición en anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, en los que se involucren niños, niñas, adolescentes o personas jurídicamente incapaces, mostrados en actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, en situaciones o posiciones libidinosas o eróticas o exhibición de genitales, destinadas a la obtención del placer sexual, será sancionado con pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años. El que fije, imprima, grabe video, fotografíe, filme o describa mediante dibujos, actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en los que participen niñas, niños, adolescentes o personas jurídicamente incapaces, será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro (4) a seis (6) años, asimismo, se confiscarán las máquinas, instrumentos, objetos que sirvieron para la comisión de los delitos y sus productos.
La pena se agravará en un tercio cuando el autor o partícipe sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, tenencia, guarda, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente”. Artículo 34. (Agravación). En los delitos de Trata de personas y Tráfico de personas, la pena será agravada con cinco (5) años, en los siguientes casos: a) Cuando concurran dos o más personas como autores o partícipes en el delito. b) Cuando los autores o partícipes sean miembros de una organización criminal o asociación delictuosa. c) Cuando el autor o participe sea servidor público o servidora pública o encargado de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Boliviana.
d) Cuando la víctima sea niño, niña o adolescente. e) Cuando los autores o partícipes, tengan la condición de padre, madre, tutor o autoridad respecto al niño, niña o adolescente o los tengan bajo su cuidado o vigilancia. f) Cuando la víctima se encuentre embarazada. g) Cuando se utilicen drogas, medicamentos o armas. h) Cuando se produzcan daños físicos y psicológicos a la víctima.
i) Cuando el autor o partícipe, sea pareja, cónyuge o conviviente de la víctima.
j) Cuando se destruya, oculte o retenga documentos de viaje o identidad de la víctima. Artículo 35. (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES). En los delitos de Trata de Personas, Tráfico de Personas, Pornografía con niños, niñas y adolescentes, Corrupción de niña, niño y adolescente; cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, la pena será aumentada en un tercio. CAPÍTULO II DE LA PERSECUCIÓN PENAL Y SU FORTALECIMIENTO Artículo 36. (CAPACITACIÓN). La capacitación a operadores y administradores de justicia será una responsabilidad de Estado Plurinacional, mediante el Órgano Judicial, el Ministerio Público en coordinación con organizaciones, instituciones de la sociedad civil y la cooperación internacional con experiencia en los delitos de Trata y Tráfico de personas, debiéndose incorporar en la estructura curricular de formación y capacitación como temas específicos.
Artículo 37. (CREACIÓN DE INSTANCIAS INVESTIGATIVAS EN CASOS DE TRATA Y TRÁFICO A NIVEL NACIONAL). El Ministerio de Gobierno creará instancias de investigación en la Policía Boliviana en todos los Departamentos del Estado Plurinacional.
a) Es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, crear la Dirección Nacional de Trata y
Tráfico de Personas, como una instancia orgánica y administrativa que apoye la lucha contra los delitos de Trata y Tráfico de personas.
b) Es responsabilidad del Ministerio Público, asignar a Fiscales de Materia para los delitos
de Trata y Tráfico de personas y otros delitos relacionados, a la División de Trata y Tráfico de Personas. Artículo 38. (FUNCIONES DE LA POLICIA BOLIVIANA). Conforme a las atribuciones de la Policía Boliviana, es deber de ésta institución, realizar patrullajes de recorrido en casas de prostitución, lenocinios, bares, cantinas, fábricas y otros para detectar hechos relacionados con los delitos de Trata y Tráfico de personas, según planificación. Artículo 39. (DE LAS FUERZAS ARMADAS). Las Fuerzas Armadas cooperaran en las acciones de patrullaje y control en zonas fronterizas del país en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público en delitos relacionados con la Trata y Tráfico de personas. Artículo 40. (MODIFICACIONES A LA LEY Nº 1970. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL). Se modifica el Artículo 282 de la Ley Nº 1970, Código de Procedimiento Penal, quedando redactado con el siguiente texto: “Artículo 282. (AGENTE ENCUBIERTO). En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas o a la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el Ministerio Público podrá solicitar, fundadamente bajo su responsabilidad, al juez o la jueza de Instrucción en lo Penal, la autorización de intervención de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Boliviana especializados, sin antecedentes penales o disciplinarios que presten su consentimiento al efecto. La resolución de la autoridad jurisdiccional que autorice la intervención de la o del agente encubierto consignará la identidad supuesta del mismo que será mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobre cerrado y lacrado que contendrá además la identidad verdadera del o de la agente. La o el agente encubierto mantendrá informado al Fiscal o la Fiscal que tiene a su cargo la dirección funcional de la investigación sobre las actividades realizadas y a realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniéndose. Las declaraciones testimoniales de la o del agente encubierto no serán suficientes para fundar una condena si no cuenta con prueba adicional incorporada válidamente al proceso.
La o el agente encubierto no estará exenta o exento de la responsabilidad que corresponda, si en el curso de la investigación, realiza actos distintos a los específicamente encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la misma”. Artículo 41. (DEL SECUESTRO DE BIENES). I. Todos los bienes materiales y económicos que sean secuestrados como resultado de la actividad criminal de los tratantes y traficantes de personas serán dispuestos para el fortalecimiento de la institucionalidad jurisdiccional, Centros de Acogida y la Cuenta Especial que administra la presidencia del Consejo Nacional para las acciones propias y de prevención, protección y persecución de los delitos de Trata y Trafico de personas. II. La Unidad de Investigaciones de delitos cibernéticos de la Policía Boliviana, con autorización de la autoridad jurisdiccional, está facultado para examinar minuciosamente y utilizar los bienes informáticos secuestrados con el fin de identificar y desarticular las fuentes de origen de la red y ciber red criminal de Trata y Tráfico de personas. Los documentos electrónicos obtenidos serán considerados medios de prueba. CAPITULO III MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE FAMILIA Artículo 42. (INCLUSION DE CAUSAL DE DIVORCIO). Se incluye en el Art. 131 del Código de Familia, como causal de divorcio, la situación del cónyuge con sentencia penal ejecutoriada que haya cometido en contra del otro cónyuge los delitos previstos en la presente ley. CAPÍTULO IV DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Artículo 43. (GESTION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL). El Estado Plurinacional de Bolivia mediante el Ministerio a cargo de Migraciones, Embajadas y Consulados procurará y fortalecerán las relaciones bilaterales, regionales o multilaterales para la protección de las personas en situación de Trata o Tráfico y la persecución y sanción de estos delitos. Artículo 44. (REPATRIACION). I. El Ministerio a cargo de Migraciones, Embajadas y Consulados, propiciarán la repatriación de personas en situación de Trata o Tráfico con su consentimiento; caso contrario gestionará la cooperación del Estado residente para garantizar sus derechos humanos. II. Previa repatriación, el Estado debe verificar si la situación de indocumentación de las personas responde a una condición de persona en situación de Trata o Tráfico. Las gestiones diplomáticas y consulares viabilizaran la protección, información, asesoramiento legal,
médico, psicológico y social, garantizando la seguridad de las víctimas, para su residencia en el mismo país o un tercero o su retorno voluntario al país de origen. III. A ese efecto, el Estado Plurinacional de Bolivia fortalecerá las estructuras institucionales de las Embajadas, Consulados y otras Misiones Diplomáticas. Articulo 45. (DE LA RECIPROCIDAD) I. Cuando la persona en situación de Trata sea de nacionalidad extranjera, el Estado Plurinacional de Bolivia le garantizará sus derechos de retorno asistido al país de origen, previo consentimiento. II. En caso de que la persona en situación de Trata desee permanecer en el país, el Estado Plurinacional propiciará su regularización migratoria. III. Cuando la persona en situación de Tráfico sea de nacionalidad extranjera, el Estado Plurinacional propiciará su repatriación en coordinación con la autoridad responsable de Régimen de Migraciones y la representación diplomática o consular respectiva. DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS PRIMERA. A efectos de la implementación de la ley integral contra la trata y tráfico de personas, los Reglamentos que correspondan serán elaborados en un plazo de 90 días, con carácter de partición. SEGUNDA. Las Gobernaciones a efectos de la implementación de la presente ley, deberán incorporar en su Planes Operativos Anuales la previsión de los recursos financieros para la habilitación de los Centros de Acogida especializados, en un tiempo breve. TERCERA. A partir de la promulgación de la presente ley, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, deberá convocar a su primera Sesión Plenaria, en el plazo de 45 días. CUARTA. Una vez constituido el Consejos Nacional de lucha contra la trata y tráfico de personas, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, a la promulgación de la presente ley, desarrollará e implementará la política y estrategia plurinacionales de prevención, protección y persecución penal de los delitos de trata y tráfico de personas. QUINTA. El ministerio correspondiente se encargará de la armonización, compatibilización, ordenación y saneamiento de toda la normativa vigente. DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA. Queda abrogada la Ley Nº 3325 de 18 de enero de 2006 Trata y Tráfico de Personas y otros delitos relacionados, además de todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Dip. Marianela Paco Durán
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