Source: http://www.afinanciera.com/evento/bruselas-declara-ilegal-el-modelo-720/
Timestamp: 2019-09-17 00:15:54+00:00

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Dicho modelo 720 ha sido denunciado por diversos colectivos fiscalistas ante la Comisión Europea, pero no teníamos noticia de su resolución. Hasta el pasado 16/12/2018, en elEconomista.es, que publicaba la noticia de que la Comisión Europea ha dictaminado que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero (conocida como modelo 720) y de la que se han hecho eco diversos colectivos del ámbito fiscal.
Este Dictamen, fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha sido mantenido en secreto por el Ministerio de Hacienda hasta recientemente, al verse obligado a facilitarlo por un requerimiento de la Audiencia Nacional del pasado 25 de octubre de 2018.
Considera la Comisión Europea, en su informe motivado, que esta normativa “establece un régimen de declaración fiscal en el marco del Modelo 720 que parece discriminatorio y desproporcionado a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia“. Los derechos europeos fundamentales que infringe son: el de la libre circulación de personas (artículo 21 del TFUE) y de trabajadores (artículo 45 del TFUE y artículo 28 del Acuerdo Espacio Económico Europeo -AEEE-), la libertad de establecimiento (artículo 49 del TFUE y artículo 31 AEEE), la libre prestación de servicios (artículo 56 del TFUE y artículo 36 del AEEE) y la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE y artículo 40 del AEEE). Basa su determinación en que establece multas pecuniarias fijas por incumplimiento de las obligaciones de información en virtud del Modelo 720 en lo que se refiere a los bienes y derechos poseídos en el extranjero o por la presentación extemporánea de este último superiores a las impuestas en el régimen general para infracciones similares reguladas en la Ley General Tributada y que considera que “son desproporcionadas”.
Y, en tercer lugar, por introducir una multa pecuniaria proporcional sobre las ganancias patrimoniales no justificadas asociadas a los bienes y derechos que no se comuniquen en el Modelo 720 o se comuniquen en el marco de una presentación extemporánea del Modelo 720.
“Bien es verdad que esta vía de cooperación administrativa no da cabida a otros tipos de bienes a que se refiere el Modelo 720, principalmente las cuentas bancarias y los valores mantenidos por entidades y las acciones. No obstante, las Administraciones tributarias pueden asimismo recurrir al intercambio de información previa solicitud“, señala la Comisión.
El hecho de que la Comisión Europea haya declarado ilegal el régimen de declaración de bienes en el extranjero constituye un desenlace más que razonable, prácticamente desde que esa normativa se dio a conocer.
Han sido muy numerosos los informes en los que los asesores fiscales (entre ellos, nuestro despacho) mostraban unos recelos plenamente justificados. En primer lugar, porque las sanciones previstas no tienen en cuenta ningún tipo de criterio de prescriptibilidad de las ganancias declaradas. Lo más cuestionable radica, sin embargo, en la puesta en marcha de multas equivalentes al 150% de la cuota que resulte de la liquidación que fije la inspección de Hacienda.
Las advertencias de los expertos se desoyeron y todas estas medidas entraron en vigor, por lo que la reacción de Bruselas no podía ser otra que la denuncia de la violación incluso de derechos fundamentales plenamente reconocidos por la UE.
Pero el despropósito más flagrante ha sido que el Ministerio de Hacienda ocultara ese varapalo tan negativo durante cerca de dos años. De este modo, al incumplimiento se une la ocultación y la negativa a llevar a cabo la necesaria enmienda de un incumplimiento fiscal cuya sanción era a todas luces excesiva hecha con un claro fin confiscatorio.
El Gobierno ha declarado que no piensa modificar la declaración de bienes en el extranjero y sigue aplicando el modelo 720 a pesar de haber sido declarado ilegal.
En el Dictamen de la Unión Europea se insta al Reino de España a que, “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, adopte las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo”.
A pesar de ello, Hacienda considera que este informe no es vinculante y que la Comisión Europea podría haber llevado el asunto a los tribunales comunitarios, cosa que, por el momento, no ha realizado. Según declaraciones de la ministra María Jesús Montero, el Ministerio de Hacienda no tiene previsto modificar la actual regulación de la declaración de bienes en el extranjero (el llamado Modelo 720), a la espera de lo que decidan los tribunales, pendientes en estos momentos de la resolución del primer caso de un sancionado por declaración extemporánea, y a pesar del Dictamen de la Comisión Europea. Según la ministra, “se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales”.
El año pasado, en la misma línea que la actual ministra, el propio Montoro, que ya conocía el dictamen motivado de Bruselas, afirmó en el Parlamento que Hacienda no cambiaría las sanciones por no declarar bienes en el extranjero y se atendría a lo que dijese la Justicia de la UE. En esta ocasión ya se había filtrado la opinión de Bruselas que recomendaba modificar las multas por “desproporcionadas”. No obstante, una vez conocido el dictamen, Hacienda decidió no aplicarlo si los contribuyentes, antes de presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720), declaran y pagan el incremento no justificado de patrimonio de esas rentas – con un recargo del 20%- y los intereses de demora correspondientes, según consta en un informe interno de la Dirección General de Tributos (DGT). Según informaciones de elEconomista, en febrero de 2017, la Comisión había dado a España dos meses para enmendar el 720, sobre todo las multas desproporcionadas que contempla la norma española. Si no cambiaba la ley, Bruselas llevaría a nuestro país ante la Justicia de la UE.
Más de un año y medio después desde aquella segunda fase del procedimiento de infracción, el Ejecutivo comunitario no termina de decidirse a dar el paso definitivo. Según informaciones de elEconomista, la Comisión mantiene un dialogo regular con las autoridades españolas para tratar sobre las preocupaciones que habían incluido en la carta de febrero de 2017, que los servicios del Ejecutivo comunitario están discutiendo internamente cual es la mejor manera de que se corrijan los asuntos que motivaron las quejas emitidas por Bruselas, sobre todo en lo relativo a la violación de libertades fundamentales, y lo que se pretende conseguir, principalmente la eliminación de las desproporcionadas multas.
Pero lo cierto es que, a fecha de hoy, y a pesar del Dictamen demoledor de la Comisión Europea, NO se ha introducido ninguna modificación normativa para que el Modelo 720 resulte compatible con el Derecho UE. Al contrario, el pasado mes de octubre el Gobierno aprobó un Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en que está previsto ampliar el Modelo 720 exigiendo también información sobre criptomonedas situadas en extranjero, y manteniendo el régimen sancionador.
Según han declarado nuestros Tribunales, el dictamen motivado de la Comisión no es sino una fase previa al proceso contencioso que la Comisión puede suscitar ante el Tribunal de Justicia en el caso de que el Estado requerido no se atuviere a dicho dictamen; dicho dictamen carece de fuerza vinculante para el Tribunal de Justicia, órgano máximo encargado de la interpretación del Derecho de la UE y que, en su caso, podrá o no atenerse a su contenido en función de la valoración que haga de él. En definitiva, el dictamen de la CE no produce efecto sobre la vigencia y eficacia de las normas dictadas por los Estados miembros, ni sobre los actos que se han producido en aplicación de las mismas. La normativa legal y reglamentaria en que se fundamenta el acuerdo sancionador, en tanto no ha sido anulada, se encuentra vigente, siendo pertinente su aplicación.
Efectivamente, aunque España haya incumplido el plazo concedido por la CE, la normativa sigue plenamente vigente y seguirá siendo aplicada, habiendo declarado Inspección de Hacienda que “Establecida por el legislador español la obligación de información, así como el régimen sancionador específico, NO compete a la inspección pronunciarse sobre la adecuación o no de esa normativa al Derecho UE. Por el contrario, en tanto siga vigente y por ende plenamente aplicable, compete a la Inspección del Estado comprobar el correcto cumplimiento de dicha obligación y, en su caso, sancionar las posibles infracciones en que se incurra por su incumplimiento …”
En cualquier caso, el Modelo 720 vulnera de manera tan flagrante el Derecho UE, tal y como pone de manifiesto el Dictamen Motivado, que la Comisión Europea debe tomar en breve la decisión de interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que probablemente termine anulando dicho modelo 720.
Y también es posible que la Justicia española empiece a anular esas sanciones y consecuencias aplicando la indiscutible primacía del Derecho UE o bien decida llevar el Modelo 720 ante el TJUE planteando una cuestión prejudicial (de conformidad con lo previsto en el artículo 267 TFUE).
Ya en este momento, y desde luego cuando tome cartas en el asunto el TJUE, lo lógico sería que Hacienda no iniciara nuevos procedimientos sancionadores o de comprobación en relación con el Modelo 720 y que suspendiera los ya iniciados (de conformidad con el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hasta la fecha la Administración Tributaria ha rechazado suspender procedimientos relativos al Modelo 720, a pesar de que la CE inició el procedimiento de infracción en noviembre de 2015, alegando que esa Ley 39/2015 sólo se aplica de forma supletoria a los procedimientos tributarios, y que estos ya tienen sus propias causas de suspensión, pero se lo tendría que replantear a partir de ahora.
De hecho, existiendo este demoledor Dictamen, si España no rectifica y llega el tema al TJUE (vía recurso por incumplimiento interpuesto por CE o vía cuestión prejudicial promovida por algún Tribunal español) las duras sanciones y consecuencias previstas en la normativa reguladora del Modelo 720 pueden ser declaradas contrarias al Derecho UE y los “damnificados” tendrán derecho a ser indemnizados por los daños causados, por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, regulada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De hecho, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2014, recurso 390/2012 señaló en un asunto similar que “a partir del momento en que la Comisión Europea envía un dictamen motivado a un Estado miembro, éste difícilmente puede alegar desconocimiento de las posibles consecuencias del mantenimiento de la norma, el acto o la conducta de que se trate; y es claro que, si la mantiene a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo hace a su propio riesgo y ventura, no pudiendo luego alegar legítimamente falta de claridad a fin de eludir su responsabilidad patrimonial frente a los particulares afectados”.
En cualquier caso, deberemos esperar cómo se suceden los acontecimientos, de lo cual les iremos informando.

References: artículo 28
 artículo 31
 artículo 36
 artículo 40
 artículo 258
 resolución 
 artículo 267
 artículo 22