Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531797.html
Timestamp: 2019-03-25 18:06:37+00:00

Document:
as201531797
Expediente: 214/2011-A
VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 136 a 139 vta., interpuesto por Ximena Isabel Terán Zeballos, en representación de Ferrari Ghezzi Ltda., contra el Auto de Vista AV-SSA-84/2011 de 18 de julio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; la respuesta al mencionado recurso de fs. 144 a 145, Auto Nº 95/2011 de 25 de agosto a fs. 146, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, interpuesta la demanda contenciosa tributario y tramitada la misma, el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributaria de Oruro, emitió el Auto de 20 de marzo de 2009 de fs. 102 a 103, por el que anuló obrados hasta fs. 19 inclusive, aduciendo carecer de competencia para conocer la causa sometida a su conocimiento, arguyendo que la Administración Tributaria estaría en la fase de cobranza coactiva de los actos administrativos impugnados, por lo que rechazó la demanda contenciosa tributaria la demanda de fs. 14 a 17 vta., interpuesto por empresa Ferrari Ghezzi Ltda.
El recurso de apelación interpuesto por Ximena Isabel Terán Zeballos en representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda., cursante de fs. 106 a 108, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro mediante el Auto de Vista AV-SSA-84/2011 de 18 de julio, confirmó el Auto de 20 de marzo de 2009, con costas en ambas instancias.
Dicha resolución motivó el recurso de nulidad o casación interpuesto por Ximena Isabel Terán Zeballos, en representación de la empresa Ferrari Ghezzi Ltda., de fs. 136 a 139 vta., con los siguientes argumentos:
a) Acusa, errónea interpretación e indebida aplicación del art. 1.II del Código de Procedimiento Civil (CPC); que el Auto de Vista N° AV-SSA-84/2011 de 18 de julio, confirmó el Auto definitivo emitido por el A quo, ha infringido el principio de especificidad y pertinencia establecido por el art. 236 del CPC, al no haber atendido los puntos apelados.
El A quo desconociendo su competencia procedió a anular obrados hasta el Auto de admisión, realizando una interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1.II del CPC, que establece que los jueces “…no podrán fallar bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la Ley, en causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que nace de las leyes … (sic)…”, provocando negación de justicia, amparándose para ello en un precedente erróneo que no tiene carácter vinculatorio.
b) Vulneración de los arts. 115.I, 119.I, 120.VI y 180.I.II de la Constitución Política del Estado (CPE), e interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 5, 166, 168.II, 130, 143.3) del Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003.
El Auto de Vista recurrido, confirmó el Auto de 20 de marzo de 2009 cursante de fs. 102 a 103, basado en el Auto Supremo 419 de 20 de noviembre de 2008, violenta el derecho impugnatorio que tienen los sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria, la que tiene su fuente en los arts. 115.I, 119.I, 120.I, 180.I.II de la CPE, que son expresos al señalar: “Toda persona será protegido oportunamente y efectivamente por jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. “Las partes en conflicto gozaran de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina”. “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, no podrán ser juzgada por comisiones especiales, ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso, e igualdad de las partes ante el juez”. “Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales”. Expresó que el juez de primera instancia al anular obrados y rechazar la demanda contencioso tributaria, y confirmada por el de Alzada, atentó el derecho de impugnación.
Expresó que, el A quo al rechazar la demanda en el que se impugnan las Resoluciones Sancionatorias Nos. 052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 061 y 062, todas de 18 de agosto de 2008, desconoció el precepto constitucional contenido en el art. 14.IV de la CPE, que establece: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”. Alegó que, el Auto de Vista recurrido, no tiene apoyo en ninguna norma legal positiva que no sea el Auto Supremo 419 de 20 de noviembre de 2008, cuando por imperio de la ley, todos los actos pueden ser impugnados, en especial las Resoluciones Sancionatorias, como señala en el art. 168.II del CTB; refiere que, el derecho a recurrir, está previsto por los arts. 130, 143.3) del CTB, modulados por el Tribunal Constitucional, que resultan vinculantes, evidenciándose que existe violación de los arts. 5, 166, 168.II, 130 y 143.3) del CTB.
c) Acusa violación interpretación errónea y aplicación indebida del art. 157.b.1 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) de 18 de febrero de 1993, referida a la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer y decidir de los procesos contencioso - tributarios, arts. 47 (componentes de la deuda tributaria), 92 (definición de determinación), 93 (formas de determinación), 94 (determinación por el sujeto pasivo o tercero responsable), 108.6 (declaración jurada presentada por el sujeto pasivo), del CTB y arts. 8 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 y 4 del DS Nº 27874, Reglamento del Código Tributario Boliviano, por la simple razón de que los instancia no han comprendido el real y verdadero problema planteado en la demanda, por el contrario han ingresado en una confusión completa en el Auto de Vista en los puntos 3º y 4º del Tercer Considerando.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, CASE totalmente el Auto de Vista AV-SSA-84/2011 de 18 de julio, y deliberando en el fondo establecer que el Juez de primera instancia, tramite la acción contenciosa tributaria conforme a la Ley Adjetiva, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 174, 214 y sgtes., del Código Tributario (CT) de 28 de mayo de 1992 y art. 157.b) de la LOJ abrogado.
Que, así planteado el recurso, analizando de forma exhaustiva si lo recurrido es evidente o no, se tiene, que el punto central de controversia radica en establecer si la autoridad ordinaria tiene o no competencia para conocer y resolver Resoluciones Sancionatorias establecidos en procesos sancionatorios no vinculados al proceso de determinación, cuya fuente se encuentra expresamente establecidos en los arts. 166 y 168 del CTB.
En ese contexto, precisar que las normas tributarias interpretadas errónea o aplicadas indebidamente; el recurrente señaló que el A-quo y Ad-quem incurrió en error in judicando “al efectuar una interpretación contraria a la norma tributaria” (sic) y que los de instancia no consideraron estos extremos.
Para dilucidar esta temática y toda vez que las normas citadas como presuntamente vulneradas o interpretadas erróneamente por el recurrente se encuentran entrelazados entre si cuya finalidad es establecer la controversia señalada precedentemente, es menester precisar, si la jurisdicción ordinaria tiene competencia para conocer y resolver en proceso Contencioso Tributario, la impugnación contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 061 y 062, todas de 18 de agosto de 2008, emitidas por la Administración Tributaria en el proceso de verificación de sus declaraciones juradas del sujeto pasivo, después de haberse notificado con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales.
Por imperio de las Sentencias Constitucionales (SSCC) 009/2004, 0018/2004, 0076/2004, 0535/2005 y 0025/2006, se ha restituido la vigencia de la parte adjetiva del Código Tributario de 28 de mayo de 1992, por ende la competencia plena de la autoridad jurisdiccional, conforme a las previsiones de los arts. 214 y 227 del citado cuerpo legal, y art. 157.b) de la Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, que establece: “1. Conocer y decidir, en primera instancia, de los procesos contencioso-tributarios por demandas originales en los actos que determinen tributos y en general de las relaciones jurídicas emergentes de aplicación de las leyes tributarias.” Por su parte el art. 227 de la Ley 13490 señala; “La demanda contencioso-tributaria deberá ser presentada directamente… (sic)…, dentro del término de los quince días siguientes al de la notificación de las resoluciones administrativas…”
Los arts. 143 del CTB, a partir del 3 de noviembre de 2003, y 4º de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, (que amplió el Código Tributario Boliviano), establece que procede la impugnación de los siguientes actos definitivos: 1.Resoluciones Determinativas; 2.Las Resoluciones Sancionatorias; 3.Las Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos; 4.Las resoluciones que exigen que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devolución impositivas; 5.Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en derecho o en lugar del sujeto pasivo.
En virtud a la determinación del art. 4 del CTB, además de lo dispuesto por el art. 143 del CTB, precitado, la impugnación es admisible contra: 6.Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; 7. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; 8.Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y 9.Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria.
Los actos administrativos glosados precedentemente son impugnables por cualquier de las dos (2) vías que el art. 174 del CT abrogado, precisa que “los actos de la administración por los que se determinen tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal,…”; dispositivo legal que, individualiza y precisa a los actos administrativos que pueden ser impugnados a través de la vía contencioso tributaria, que son las que determinan tributos o aplican sanciones como en el caso presente, en resguardo del derecho de defensa y debido proceso consagrado por los arts. 115.I.II y 180.II de la CPE, que establecen: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuidad, transparente y sin dilaciones”. “II. Se garantiza el principio de impugnación de los procesos judiciales” con la condición que la demanda sea presentada en el plazo fijado por el art. 174 y con las formalidades señaladas en los arts. 218, 227 y 228 del CT abrogado.
Si bien el Código Tributario fue abrogada a la vigencia del Código Tributario Boliviano; sin embargo, corresponde precisar que las SSCC 0535/2005-R de 18 de mayo, y 0387-2006-R de 24 de abril, establecieron la vigencia del art. 174 del CT abrogado, así como la vigencia de la parte adjetiva del mismo cuerpo legal, que prevé la impugnación de los actos administrativos que determinan tributos y aplican sanciones ante la autoridad jurisdiccional por la vía contencioso tributaria.
Establecer que las Resoluciones Sancionatorias no se equiparan a los Títulos de Ejecución Tributaria, para lo cual resulta necesario efectuar las siguientes aclaraciones y puntualizaciones existentes entre ambos actos administrativos:
El art. 108.1 (Títulos de Ejecución Tributaria) del CTB, instituido en el Capítulo II, Sección VII: Ejecución Tributaria; refiere que: “La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen; 2.Autos de Multa firmes; 3.Resolución firme dictada para resolver el Recurso de alzada; 4.Resoluciones que se dicten para resolver el Recurso Jerárquico; 5.Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone; 6.Declaracion Jurada presentada por el sujeto pasivo que determine la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el saldo deudor y 7.Liquidación efectuada por la Administración…..”
En tanto que las Resoluciones Sancionatorias emergen de los Autos de Sumarios Contravenciones, mismos que a su vez tienen origen en la conducta omisiva del contribuyente, contenido en el Capítulo III, procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias, cuya competencia es reconocida a la Administración Tributaria, para calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones. Estas sanciones se imponen mediante Resolución Determinativa cuando esté vinculada al procedimiento de determinación o Resolución Sancionatoria como en la especie.
El origen de Títulos de Ejecución Tributaria es necesariamente de resoluciones firmes, en este caso de las Resoluciones Determinativas o Sancionatorias que no hubieran sido impugnados por ninguna de las vías señaladas por el art. 174 del CT abrogado, administrativa o jurisdiccional, o de Declaraciones Juradas efectuadas por el sujeto pasivo o contribuyente, a lo que se denomina autodeterminación en el que se refleja un saldo a favor del fisco que no fue cancelado, cuyo acto administrativo de carácter definitivo no es impugnable por constituir título suficiente para el inicio del cobro coactivo señalado por el art. 108 del CTB.
En cambio la Resoluciones Sancionatorias surgen a raíz de un procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias que se inicia con un sumario denominado “Sumario Contravencional” Autos Iniciales de Sumario Contravencionales art. 166 del CTB, cuya sanción se impone conforme al art. 165 del mismo cuerpo legal, en el 100% del tributo omitido, que no se trata de un tributo propiamente, sino –una sanción- por falta de pago de la deuda tributaria o pago en defecto, trámite que concluye con la emisión de la Resolución Sancionatoria. Los Autos de Sumarios Contravencionales se equiparan a las Vistas de Cargo y las Resoluciones Sancionatorias a las Resoluciones Determinas, por cuanto en ambos casos puede el contribuyente presentar descargos en caso de desacuerdo, y/o impugnar por cualquier de las vías que el Código Tributario reconoce.
El Auto Supremo 419 de 20 de noviembre de 2008, en el que el A quo basó el Auto de Rechazo de la demanda y confirmada por el Ad quem no debe ser entendida como contradictorio al caso de autos, por cuanto éste resolvió un acto de la administración denominado Pliego de Cargo, en el marco del art. 135 del CT abrogado el 3 de noviembre de 2003, a la vigencia del CTB, considerar además que estamos en un nuevo marco Constitucional y nuevo ordenamiento jurídico tributario, en el que se establece claramente en su art. 5 la fuente del derecho tributario y los actos impugnatorios previsto por el art. 143 del CTB y 4 de la Ley Nº 3092.
De los fundamentos expuestos precedentemente y del análisis de antecedentes, se concluye que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 061 y 062 todas de 18 de agosto de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, fue impugnada conforme al punto TERCERO de las señaladas resoluciones administrativas de fs. 3 a 13 y que constituyen una Resolución impugnable a través de la demanda contencioso tributaria, porque estos actos administrativos si bien no determinan tributos pero aplican sanciones; además emerge de una decisión asumida en la fase de Ejecución Tributaria, de un Tributo omitido, que como prevé el art. 108.I.1 del CTB, se inicia por la Administración con la notificación de los Autos de Sumarios Contravencionales Nos. 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213 y 214 todas de 11 de junio de 2008, por la que se pone en conocimiento del contribuyente correspondiente a los impuestos IVA e IT, etapa que concluyó en su fase administrativa con la emisión de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas y por ende aún no alcanzó la calidad de firmes, por haber el sujeto pasivo en observancia del art. 174 del CT, activó los mecanismos de impugnación establecidos para este tipo de actos en instancia jurisdiccional; por lo que la decisión asumida por el A quo a través del Auto Definitivo de 20 de marzo de 2009, al declarar su incompetencia y rechazar la demanda, que fue confirmada por el Ad quem, es incorrecta y se encuentra fuera de las normas tributarias señaladas, siendo evidente la errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 5, 166, 168.II, 130, 143.2), 108.6) del CTB, art. 157.b).1 de la LOJ abrogado, vulnerándose los arts. 115.I.II, 119.I, 120.I y 180.I.II de la CPE.
Consecuentemente, por todo lo expuesto corresponde dar cumplimiento a los arts. 271.3) y 275 del CPC, aplicables por mandato de las disposiciones contenidas en los arts. 214 y 297 del CT abrogado y 74.2 del CTB.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs.128, inclusive disponiendo que el Tribunal de alzada sin espera de turno bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista observando los fundamentos del presente Auto Supremo y sea de manera inmediata, sin espera de turno.
No siendo excusable el proceder del Tribunal Ad quem, se les impone responsabilidad en multa de Bs.200.- (doscientos 00/100 bolivianos) para cada Vocal suscribiente, descontable de sus haberes a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto hágase conocer la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

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