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Timestamp: 2017-01-25 00:21:23+00:00

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⭐LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL DECRETO LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
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Guillermo Saavedra Redondo
1 LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL DECRETO LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS2 LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL DECRETO LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS La legislación de seguros vigente, que data de 1975, con una reforma puntual en 1994, ha demostrado ser insuficiente para permitir el desarrollo de un sistema asegurador eficiente. Se demostró en la reciente crisis por la cual el mismo atravesó, evidenciando la necesidad de una legislación que dote al órgano de control de mecanismos para llevar a cabo una supervisión preventiva, que garantice el cumplimiento de los derechos del asegurado, y permita redefinir el marco jurídico de cada uno de los sujetos que participan en la actividad. El organismo de control debe estar dotado de los medios adecuados para el ejercicio de sus funciones, pero paralelo a ello, las empresas de seguros deben contar con fortaleza patrimonial para responder de sus obligaciones y con administradores y accionistas, no sólo capaces sino comprometidos y responsables de su gestión. Igualmente los otros intervinientes deben tener claramente definido su rol y los límites de su actividad. Para alcanzar estos objetivos también se requiere de un régimen sancionatorio que garantice el cumplimiento de sus normas. La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros vigente adolece de una definición del rol del organismo de supervisión, el cual fue concebido en una función represora antes que preventiva. Ello impide tomar medidas que protejan a los asegurados y su intervención se hace de manera tardía, cuando resulta imposible evitar los daños que se han causado. El Proyecto de Decreto Ley busca incorporar la legislación de seguros dentro de las legislaciones financieras que rigen a los otros integrantes del Sistema Financiero Nacional, en el que, sin lugar a dudas, se insertan las empresas de seguros y en general el sector asegurador. Ello, por cuanto se entiende que mantener una legislación de seguros flexible trae como consecuencia que se desvíe y se realicen ciertas operaciones prohibidas en el sector bancario o en el de mercado de capitales hacia las empresas de seguros. Así mismo, atendiendo los mandatos constitucionales, se desarrollan medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación y el arbitraje, mediante los cuales se verán resguardados los derechos de los asegurados a una justa indemnización. Por otra parte, actualmente se les permite a las empresas realizar cualquier tipo de operación, situación que pone en peligro los recursos de los asegurados, y desvía la atención de las empresas en el control de sus riesgos. El Decreto Ley tiene por objeto circunscribir las operaciones de las empresas a su función fundamental, y perfeccionar así el régimen de prohibiciones para evitar que distorsione el mercado con actividades que no sean cónsonas con su naturaleza. En atención al cumplimiento del mandato constitucional en donde el Estado se convierte en garante de los derechos de los ciudadanos, se han introducido en el 23 Decreto Ley normas destinadas a la protección de los derechos constitucionales de los asegurados, las cuales les permitirán de una manera más expedita lograr el pago de sus indemnizaciones y evitar los abusos. Con respecto a los intermediarios de seguros, consciente del rol fundamental que llevan a cabo, busca la profesionalización, razón por la cual se establece como requisito para ser agente de seguros el hecho de haber cursado estudios en la materia de por lo menos tres (3) años. No obstante, a los fines de no limitar innecesariamente la fuente de trabajo que esta profesión constituye, se permite ir accediendo a la cualidad de agente por ramos específicos, siempre que se presenten exámenes en cada uno de éstos. De la misma manera se hacen más estrictos los requisitos para ser corredor o para constituir una sociedad de corretaje. HUGO CHÁVEZ FRÍAS Presidente de la República En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el literal f, del artículo 1 de la Ley N 4 que autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N , de fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros, DICTA el siguiente, DECRETO CON FUERZA DE LEY N, DEL DD/MM/AA, DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Ámbito de aplicación Artículo 1. El presente Decreto Ley regula la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros, de reaseguros y demás actividades conexas. A los fines de este Decreto Ley se entiende por actividad aseguradora aquella mediante la cual existe la obligación de prestar un servicio o el pago de una cantidad de dinero, en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario, a cambio de una contraprestación en dinero. Se rigen por este Decreto Ley y, en consecuencia, sólo podrán realizar sus operaciones, previa autorización de la Superintendencia de Seguros, las empresas de seguros, de reaseguros, los agentes de seguros, corredores de seguros, las sociedades de corretaje de seguros y de reaseguros, oficinas de representación y sucursales de 34 empresas de reaseguros o sociedades de corretaje de reaseguros del exterior y los peritos avaluadores, inspectores de riesgos y ajustadores de pérdidas, así como las personas naturales o jurídicas que se dediquen al financiamiento de la actividad aseguradora, siempre que no estén regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. En caso de duda acerca de la naturaleza de las operaciones que realice una empresa o un sujeto cualquiera, corresponde a la Superintendencia de Seguros decidir si las mismas son aquellas sometidas al régimen establecido en el presente Decreto Ley. Igualmente la Superintendencia de Seguros es el organismo competente para determinar si una operación que realiza cualquiera de las personas sujetas a su control es compatible con la naturaleza de la actividad para la que se le ha autorizado. La Superintendencia de Seguros podrá suspender preventivamente, las operaciones que considere incompatibles con la naturaleza de la empresa o sujeto, y tomará cualesquiera otras medidas en resguardo de los intereses del público y del mercado asegurador en general. La Superintendencia de Seguros queda facultada para efectuar la regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización de las personas naturales o jurídicas que realicen, o presuma que realicen, cualquier operación cuya práctica requiera autorización conforme a este Decreto Ley. Denominaciones Artículo 2. Sólo las personas regidas por este Decreto Ley podrán utilizar en su denominación las palabras seguros y reaseguros. En todo caso los entes controlados deberán tener una denominación social que especifique claramente su naturaleza jurídica. Los productores de seguros y de reaseguros, peritos avaluadores, ajustadores de pérdidas e inspectores de riesgo, en toda su documentación y publicidad deberán indicar su carácter sin usar abreviaturas. Protección de la actividad aseguradora Artículo 3. El Estado protegerá la libre competencia en la actividad aseguradora, y velará por el funcionamiento del mercado asegurador, de sus integrantes, productores, auxiliares y los profesionales que sean utilizados en forma frecuente por las empresas de seguros, así como por los derechos de los tomadores, los asegurados y los beneficiarios. Órgano encargado del control de las operaciones de seguro Artículo 4. El control, regulación, inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia de la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros y reaseguros y demás actividades conexas se ejerce a través de la Superintendencia de Seguros. La intervención del Estado en esta actividad se realizará para la protección de los tomadores, los asegurados o los beneficiarios de los contratos de seguros y en salvaguarda de la estabilidad del sector asegurador. 45 Prohibición de operaciones sin base técnica Artículo 5. Queda prohibida la realización de operaciones de seguros que carezcan de base técnica actuarial o del respaldo de reaseguradores de probada trayectoria, así como las comprendidas en los sistemas denominados tontino y chatelusiano y sus derivados. También quedan prohibidos los contratos de cuentas en participación con relación al seguro, entendiéndose por éstos aquellos en los que las empresas de seguros den participación a otros en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones de seguros o en los que un grupo de personas den participación a otras en utilidades o pérdidas relativas a determinados riesgos. Igualmente, queda prohibido el ejercicio por las empresas de seguros o de reaseguros o por las sociedades de corretaje de seguros o de reaseguros de cualquier industria o actividad ajena a su objeto. Prohibición de operaciones con empresas del exterior Artículo 6. Salvo las operaciones de reaseguro, queda prohibido celebrar operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Venezuela, cuando el riesgo esté ubicado en el territorio nacional. No obstante, el Ejecutivo Nacional fijará las condiciones en las cuales la Superintendencia de Seguros podrá autorizar el aseguramiento en el exterior de riesgos que no sea posible asegurar con compañías establecidas en el país, siempre que dicha imposibilidad haya sido demostrada suficientemente. TÍTULO II DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Capítulo I De la Superintendencia de Seguros Sección primera: Disposiciones Generales Naturaleza Jurídica Artículo 7. La Superintendencia de Seguros es un servicio autónomo de carácter técnico sin personalidad jurídica, integrado al Ministerio de Finanzas; con el régimen de ingresos propios establecido en este Decreto Ley. La Superintendencia de Seguros, gozará de autonomía funcional, administrativa y financiera, y tendrá la organización que este Decreto Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno establezcan. Objetivo Artículo 8. La Superintendencia de Seguros tendrá a su cargo la regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización de la actividad aseguradora y reaseguradora y en función a éstas, de las personas naturales o jurídicas a las que se 56 refiere el artículo 1 de este Decreto Ley, así como de las personas que desempeñen los cargos de dirección, representación o administración de las entidades sometidas al presente Decreto Ley, y de toda otra persona respecto a la cual este Decreto Ley establezca alguna prohibición o mandato, cuando haya elementos de juicio suficientes para considerar que existen operaciones entre ellas. Supervisión consolidada y concepto de grupo económico Artículo 9. La Superintendencia de Seguros ejercerá la intervención indicada en este Decreto Ley y, en general, las facultades de regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización en forma consolidada, abarcando al grupo económico, estén o no sus miembros domiciliados en el país, para lo cual deberá como mínimo: 1. Verificar que tienen procedimientos adecuados para vigilar y controlar sus actividades en el ámbito nacional e internacional, si fuere el caso. 2. Obtener información sobre el grupo a través de inspecciones regulares, estados financieros auditados y otros informes. 3. Obtener información sobre las transacciones y relaciones entre las empresas del grupo, tanto nacionales como internacionales, si fuere el caso. 4. Recibir estados financieros consolidados a nivel nacional e internacional, si fuere el caso, o información comparable que permita el análisis de la situación del grupo en forma consolidada. 5. Investigar la composición accionaria de los sujetos controlados y la de sus accionistas, hasta llegar a las personas naturales que efectivamente tienen el control de los inspeccionados. 6. Evaluar los indicadores financieros de la institución y del grupo, tales como adecuación del capital, reservas técnicas, patrimonio propio no comprometido, así como cualquier otro índice que estime conveniente. Cuando uno de los sujetos regulados por este Decreto Ley forme parte de un grupo económico, los entes de control respectivo estarán obligados a suministrar a la Superintendencia de Seguros los datos e informaciones que ésta requiera e incluso a coordinar inspecciones conjuntas, para el mejor ejercicio de sus funciones. A los efectos de este Decreto Ley se entiende por grupo económico: 1. Cuando la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras lo haya calificado como grupo financiero. 2. El conjunto de empresas que constituyan una unidad de decisión o gestión de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Se considera que existe unidad de decisión o de gestión cuando una empresa de seguros o de reaseguros tiene respecto a otras sociedades o empresas, o cuando personas naturales o jurídicas tienen respecto a las mismas: a. Participación directa o indirecta igual o superior a cincuenta por ciento (50%) de su capital o patrimonio. b. Control igual o superior a la tercera parte de los votos de sus órganos de dirección o administración. c. Control sobre las decisiones de sus órganos de dirección o administración, mediante cláusulas contractuales, estatutarias o por cualquier otra modalidad. También podrán ser consideradas personas vinculadas o relacionadas y en consecuencia formarán parte del grupo económico aquellas personas naturales, 67 jurídicas o entidades o colectividades cuando tengan entre sí vinculación accionaria, financiera, organizativa o jurídica. La Superintendencia de Seguros podrá incluir dentro de un grupo económico a cualquier empresa, aún sin configurarse los supuestos señalados en los numerales anteriores, cuando exista entre algún o algunos de los sujetos regidos por este Decreto Ley y otras empresas, influencia significativa o control. Se entiende que existe influencia significativa cuando uno de los sujetos regulados tiene sobre otras empresas, o viceversa, capacidad para afectar en grado importante, las políticas operacionales o financieras. Igualmente, existe influencia significativa, cuando uno de los sujetos regulados tiene respecto a otras sociedades o empresas, o cuando personas naturales o jurídicas tienen respecto a ellos participación directa o indirecta entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta por ciento (50%) del capital social. Así mismo, podrán ser consideradas por la Superintendencia de Seguros como empresas relacionadas a un grupo económico, aquellas empresas que realicen habitualmente obras o servicios para uno de los sujetos regulados por este Decreto Ley, en un volumen que constituya la fuente principal de sus ingresos. La Superintendencia de Seguros también podrá incluir en un grupo económico, cuando lo considere conveniente, a las sociedades propietarias de acciones de un integrante del grupo, cuando tenga el control del mismo. El término empresas a que se refiere este artículo comprende las filiales, afiliadas y relacionadas, estén o no domiciliadas en el país, cuyo objeto o actividad principal sea complementario o conexo al de los sujetos regulados por este Decreto Ley. Conforme a lo establecido en este artículo, las filiales, afiliadas y relacionadas domiciliadas o constituidas en el exterior, formarán parte integrante del grupo económico respectivo. Las empresas de seguros o reaseguros deberán presentar un informe ante la Superintendencia de Seguros describiendo las empresas vinculadas o relacionadas que conformen con ellas según lo preceptuado en este artículo un grupo económico. Dicho informe ha de presentarse ante la Superintendencia de Seguros dentro de los primeros cinco (5) días de cada trimestre del año fiscal. Facultades y funciones Artículo 10. Son facultades y funciones de la Superintendencia de Seguros: 1. Ejercer las atribuciones que este Decreto Ley le otorga, a fin de que las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el artículo 1, cumplan con las obligaciones impuestas. 2. Establecer un sistema de regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización de la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros y reaseguros y otras actividades conexas, que permita detectar oportunamente los problemas en cualquiera de sus integrantes, bajo los criterios de una supervisión preventiva y consolidada y adoptar las medidas tendentes a corregir la situación. A tales fines la Superintendencia de Seguros contará con las más amplias facultades, pudiendo solicitar a los entes controlados los datos, documentos, informes, libros, normas y cualquier información que considere conveniente. Así mismo, la Superintendencia de Seguros tendrá derecho a revisar los archivos, expedientes y oficinas de los sujetos controlados, incluyendo sus sistemas de información y equipos de computación, tanto en el sitio como a través de sistemas remotos, en este último 78 caso dicho acceso será establecido mediante un Reglamento dictado por el Ejecutivo Nacional, en el cual se garantizará el derecho a la defensa y a la privacidad. 3. Inspeccionar a las empresas regidas por este Decreto Ley, por lo menos una vez cada año. 4. Dictar regulaciones para la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros o de reaseguros y otras actividades conexas tendentes a lograr: a. Que las actividades de dichos sujetos se realicen de conformidad con la ley y las sanas prácticas en materia de seguros y reaseguros. b. Que los sujetos controlados le proporcionen información financiera, técnicoactuarial, de reaseguro y estadística confiable, transparente y uniforme. c. Que las reservas técnicas se encuentren debidamente estimadas y que los activos que las representen se encuentren invertidos en bienes que ofrezcan garantías de seguridad, rentabilidad y liquidez. d. Que tengan recursos patrimoniales no comprometidos a fin de garantizar posibles desviaciones en la siniestralidad, el valor de los activos o en el cumplimiento de reaseguradores. e. Que las operaciones de cesión de riesgo en reaseguro se apeguen a las sanas prácticas, de forma que no afecten su solvencia, liquidez y estabilidad. f. Que en las relaciones con los tomadores, los asegurados y los beneficiarios se mantengan condiciones de igualdad y equidad. Para la realización de tales objetivos la Superintendencia de Seguros deberá dictar normas relativas a reglamentos actuariales, planes técnicos para operar, valuaciones y valoraciones de activos, reservas técnicas, margen de solvencia, patrimonio propio no comprometido, operaciones internacionales, inspecciones, límites técnicos de retención máximos de riesgos y niveles de prioridad máximos con respecto a riesgos catastróficos, auditorías externas contables, de sistemas y actuariales, controles internos, divulgación y publicidad, en los términos previstos en este Decreto Ley, así como normas relativas a los procedimientos para las solicitudes de promoción y funcionamiento de las empresas sometidas a su control, normas en materia de contabilidad, sobre combinación y consolidación de estados financieros; publicación de información al público en general, control y contabilización de las operaciones de fianzas y fideicomiso; normas de administración de carteras, mandatos, custodias y cualquier otra operación similar que la empresa realice; inversión de recursos; constitución de provisiones; índices de liquidez y de solvencia y otros índices económicos, financieros y técnicos; sobre realización de operaciones de seguros por vía electrónica; procesos de cesión de cartera, transformación, fusión y escisión; apertura y cierre de oficinas, sucursales y agencias; constitución de empresas relacionadas; normas de control sobre los productores de seguros; legitimación de capitales; participación ciudadana; elaboración de informes por parte de ajustadores de pérdidas, inspectores de riesgos y peritos avaluadores y normas sobre las obligaciones de los productores de seguros. 5. Establecer los mecanismos para que quienes deban tomar un seguro obligatorio tengan acceso al mismo y para que las empresas de seguros suscriban dichos riesgos. Estos mecanismos deberán tener en cuenta las condiciones mínimas de asegurabilidad y la suficiencia de las coberturas y de las primas. 89 6. Aprobar los modelos de pólizas, recibos, solicitudes de seguro, finiquitos o recibos de indemnización, notificaciones de siniestros, anexos y demás documentos utilizados en ocasión de los contratos de seguros o las tarifas que usen las empresas de seguros en sus operaciones con el público, así como establecer aquellas que tienen carácter general y uniforme. 7. Convocar a las juntas directivas y a las asambleas de accionistas de las empresas de seguros y las de reaseguros y demás empresas sometidas a su control, cuando existan circunstancias graves que así lo ameriten y someter a su conocimiento los temas que considere prudentes para la mejor marcha de las mismas. 8. Suspender las asambleas de accionistas de las empresas de seguros y las de reaseguros y de las demás empresas sometidas a su control, en caso de observar vicios en la convocatoria o la constitución de dichas asambleas; en caso de celebrarse asamblea alguna con los vicios señalados, deberá ordenar la convocatoria de una nueva asamblea que cumpla con las observaciones que para tal efecto deberá hacer la Superintendencia de seguros mediante acto motivado. 9. Definir los supuestos que constituyan unidad de decisión o de gestión o de influencia significativa o control entre cualquiera de las personas sometidas a su control y sus relacionados, sus requerimientos de información y la identificación de las transacciones entre las personas y empresas que conforman dicha unidad de decisión o de gestión. 10. Otorgar, suspender y revocar, en los casos en que conforme al presente Decreto Ley sea procedente, las autorizaciones para la promoción, constitución y funcionamiento de las empresas de seguros, reaseguros, productores de seguros o de reaseguros, representación de reaseguradores extranjeros en Venezuela y de los demás sujetos regulados por este Decreto Ley. 11. Requerir los datos, documentos e informaciones que estime necesarios para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la promoción, constitución y funcionamiento de las empresas regidas por este Decreto Ley. 12. Ordenar la suspensión o revertir operaciones determinadas cuando, fueren ilegales, se hubieren ejecutado en fraude a la ley, no hubieren sido debidamente autorizadas, o pudieren afectar el funcionamiento de las empresas y demás sujetos regulados a que se refiere el artículo 1 de este Decreto Ley. En caso de que se afecten los derechos adquiridos por terceros, los mismos deben ser indemnizados por el causante del daño. 13. Acordar, en los casos previstos en la ley, la intervención de las empresas de seguros y las de reaseguros, de las sociedades de corretaje de seguros y las de reaseguros, y resolver y decidir sobre su liquidación. Esta facultad podrá ser ejercida también sobre las personas u organizaciones financiadoras de primas o sobre cualquier compañía matriz, subsidiaria o relacionada de una empresa de seguros o de reaseguros o de un productor de seguros o de reaseguros, cuando ello sea necesario dentro de los procesos de intervención de algunos de los sujetos indicados en el artículo 1 de este Decreto Ley. 14. Fijar el capital requerido para la constitución y funcionamiento de las sociedades de seguros y las de reaseguros y otras sociedades sometidas al presente Decreto Ley. 910 15. Asistir a las reuniones de asambleas de accionistas de las empresas sometidas a su control, cuando lo estime conveniente. 16. Otorgar autorización a los sujetos regidos por este Decreto Ley para: a. Disolución anticipada. b. Fusión, escisión o cesión de cartera. c. Aumento, reintegro o disminución del capital social. d. Cambio del objeto. e. Modificación del número de integrantes de la junta directiva. 17. Autorizar la adquisición de acciones en empresas sometidas a su control por el veinte por ciento (20%) o más de su capital social, o cuando implique la adquisición del control de la respectiva compañía. 18. Regular, inspeccionar, vigilar, supervisar, controlar y fiscalizar las personas naturales o jurídicas que presuma realicen operaciones que este Decreto Ley reserve sólo a sujetos debidamente autorizados, las cuales podrán ser intervenidas administrativamente, liquidadas u ordenada la terminación de sus operaciones ilegales para lo cual podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública. 19. Prohibir o suspender la publicidad realizada por los entes regidos por este Decreto Ley o cualquier publicidad de seguros, independientemente del sujeto que la realice o haya ordenado su divulgación, cuando pueda dar lugar de cualquier manera a confusión en el público o sea falsa o engañosa. 20. Formular a las empresas de seguros y las de reaseguros y demás personas naturales y jurídicas indicadas en el artículo 1 de este Decreto Ley, las indicaciones y recomendaciones y dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias para el mejor control y seguridad de la actividad aseguradora, de los entes que la integren y la protección de los usuarios. 21. Revisar la constitución, mantenimiento y representación de las reservas técnicas y del patrimonio propio no comprometido en función de los requerimientos de solvencia, así como la razonabilidad de los estados financieros. En los casos necesarios, ordenar la sustitución, rectificación o constitución de las reservas o provisiones, o que se aumente el patrimonio propio no comprometido para ajustarlo a los requerimientos de solvencia u ordenar las modificaciones que fuere menester incorporar en los estados financieros e informes respectivos. 22. Ordenar la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir irregularidades o faltas que advierta en las operaciones de cualquier empresa de seguros, reaseguros u otros sujetos sometidos a su control que a su juicio puedan poner en peligro los intereses de los tomadores, los asegurados o los beneficiarios, de los acreedores y de los accionistas, así como la estabilidad de la propia empresa, o la solidez del sistema asegurador, debiendo informar de ello inmediatamente al Ministro de Finanzas y al Consejo Nacional de Seguros. 23. Limitar o suspender la emisión de pólizas, nuevos planes o productos de seguros, así como la promoción de tales productos de aquellas empresas de seguros o de las de reaseguros que enfrenten dificultades económicas graves. 1011 24. Ordenar la suspensión del pago de dividendos por parte de las empresas de seguros y las de reaseguros, así como por los demás sujetos sometidos a su control, cuando dichos dividendos no provengan de utilidades razonablemente obtenidas durante el ejercicio económico correspondiente o en los demás supuestos contemplados en este Decreto Ley. 25. Llevar y mantener el registro de las autorizaciones para el desempeño de las actividades de seguros, de reaseguros, de productores de seguros y reaseguros y de los auxiliares de seguros, así como el Registro de reaseguradoras. 26. Llevar y mantener el Registro de los auditores externos contables, de sistemas, de actuarios, de los árbitros y de las empresas y demás sujetos sometidos al presente Decreto Ley. 27. Promover la participación ciudadana y tomar las medidas administrativas previstas en el presente Decreto Ley en defensa de los derechos de los asegurados, en los casos en que éstos sean vulnerados. 28. Elaborar y publicar un informe en el curso del primer semestre de cada año sobre las actividades del organismo a su cargo en el año civil precedente, y acompañarlo de los datos demostrativos que juzgue necesarios para el mejor estudio de la situación de la actividad aseguradora del país. Igualmente se indicará en este informe el número de denuncias y multas impuestas para cada uno de sus administrados. 29. Efectuar, por lo menos semestralmente, las publicaciones que estime necesarias a fin de dar a conocer la situación de la actividad aseguradora y de los entes sometidos a su control y vigilancia, especialmente en lo relativo a primas, siniestros, reservas técnicas, margen de solvencia, patrimonio propio no comprometido, condiciones patrimoniales y medidas dictadas a las empresas regidas por este Decreto Ley. 30. Evacuar las consultas que formulen los interesados en relación con este Decreto Ley. 31. Establecer vínculos de cooperación con organismos de regulación y supervisión venezolanos y de otros países para fortalecer los mecanismos de control, actualizar las regulaciones preventivas e intercambiar informaciones de utilidad para el ejercicio de la función supervisora. 32. Las demás que le atribuyan las leyes. Procedimiento Artículo 11. A los fines de las instrucciones o sanciones establecidas en este Decreto Ley, la Superintendencia de Seguros aplicará el siguiente procedimiento: 1. Se dará inicio al procedimiento administrativo, mediante acta especial levantada por el funcionario o los funcionarios designados como inspectores, y firmada por el administrado, en las cuales se dejará constancia de las irregularidades observadas o mediante auto de apertura del procedimiento administrativo notificado al administrado. 1112 2. Practicada la notificación o suscrita el acta especial se abrirá un lapso probatorio de diez (10) días hábiles para la presentación de los alegatos y pruebas. 3. Vencido el lapso anteriormente indicado la Superintendencia de Seguros tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para decidir lo conducente. Cuando en un procedimiento en el cual la Superintendencia de Seguros haya dictado medidas administrativas prudenciales en contra de los sujetos sometidos a este Decreto Ley, y presuma que procede aplicar nuevas medidas, en virtud de no haberse subsanado la situación, bastará con la notificación de tal hecho al administrado y el otorgamiento de un lapso de tres (3) días hábiles para ejercer su derecho a la defensa, luego del cual podrá proceder la Superintendencia de Seguros a dictar la decisión que corresponda. Contra las decisiones tomadas por la Superintendencia de Seguros el administrado podrá interponer los recursos administrativos o acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Sección segunda: Del Superintendente o Superintendenta de Seguros Requisitos Artículo 12. La Superintendencia de Seguros estará a cargo de un Superintendente o Superintendenta de Seguros. Este debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta (30) años, de comprobada competencia y reconocida solvencia moral, tener experiencia no menor de diez (10) años en materia de seguros, o profesional universitario con especialización en materia financiera y con al menos cinco (5) años de experiencia en la actividad aseguradora. El Superintendente o Superintendenta de Seguros será de libre nombramiento y remoción por el Ministro de Finanzas. Prohibiciones Artículo 13. No podrá ser Superintendente o Superintendenta de Seguros: 1. Quien haya sido condenado por los Tribunales de la República por delitos contra la cosa pública y contra la propiedad, dentro de los diez (10) años siguientes a que se haya cumplido la condena. 2. Quien haya sido declarado responsable administrativamente por decisión definitivamente firme de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de la decisión. 3. Quien haya sido declarado en quiebra culpable o fraudulenta y no haya sido rehabilitado o quien se encuentre sometido al beneficio de atraso para la fecha de su designación. 4. Quien haya sido presidente, director o administrador de empresas que durante el ejercicio de su cargo haya sido objeto de suspensión, intervención o liquidación por parte de la Superintendencia de Seguros, dentro de los diez (10) años siguientes a la decisión. 1213 5. El cónyuge, quien mantenga unión estable de hecho o las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente o Presidenta de la República, con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, con el Ministro o Ministra de Finanzas, con el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, con el Presidente o Presidenta del Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria, con el Presidente o Presidenta de la Comisión Nacional de Valores, con el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional de Seguros, con el Presidente o Presidenta del Consejo Bancario Nacional, con el Superintendente o Superintendenta de Bancos y Otras Instituciones Financieras y con algún miembro de la junta directiva de los sujetos que se encuentran sometidos a su supervisión. Limitaciones Artículo 14. El Superintendente o Superintendenta de Seguros no podrá ser miembro directivo o comisario de las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Seguros, ni realizar ninguna otra de las actividades reguladas por el presente Decreto Ley. A iguales limitaciones quedan sometidos su cónyuge, hijos o ascendientes, salvo que ya lo fueren para el momento de la designación del Superintendente o Superintendenta de Seguros. La contravención a lo dispuesto en este artículo acarreará la revocación de la designación. Faltas temporales Artículo 15. Las faltas temporales del Superintendente o Superintendenta de Seguros serán llenadas por el Superintendente o Superintendenta de Seguros Adjunto quien deberá reunir los mismos requisitos, y estará sujeto a las mismas limitaciones para ser Superintendente o Superintendenta de Seguros. El Superintendente o Superintendenta de Seguros Adjunto será de libre nombramiento y remoción del Ministro de Finanzas, y tendrá las funciones que el Reglamento Interno de la Superintendencia de Seguros le señale. Las faltas temporales no podrán exceder de noventa (90) días consecutivos; transcurrido este lapso si subsistiere la falta, se considerará falta absoluta. En caso de falta absoluta, la designación del nuevo Superintendente o Superintendenta de Seguros deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la falta. Facultades y Funciones Artículo 16. Son atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Seguros: 1. Informar al titular del Ministerio de Finanzas sobre las irregularidades o faltas de carácter grave que advierta en las operaciones de cualquier empresa de seguros o de reaseguros, de productores de seguros, de sociedades de corretaje de reaseguros, de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el financiamiento de la actividad aseguradora y de representantes de las empresas de reaseguros del exterior que pongan en peligro los intereses de los asegurados, de las empresas de reaseguros, acreedores y accionistas o la solidez de una o varias empresas de seguros o de reaseguros que funcionen en el país. Deberá señalar en su informe, además, las 1314 medidas adoptadas o que haya ordenado para corregir las irregularidades o faltas observadas. 2. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia de Seguros, así como autorizar las actuaciones que ella deba cumplir en el ejercicio de sus funciones. 3. Fijar la orientación de la acción de la Superintendencia de Seguros y elaborar los programas a cumplir en cada ejercicio presupuestario. 4. Elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Seguros. 5. Nombrar y remover a los funcionarios de la Superintendencia de Seguros, asignarles sus funciones y obligaciones y fijarles su remuneración previa autorización del Ministro de Finanzas sin más limitaciones que las establecidas en este Decreto Ley, en el Estatuto de Personal de los empleados y funcionarios de la Superintendencia de Seguros y, en todo lo no previsto en dichos instrumentos, por la ley que rige el estatuto de la función pública. 6. Dictar el Reglamento Interno, previa opinión favorable del Ministro de Finanzas, los manuales de sistemas y procedimientos y las demás normas administrativas necesarias para el funcionamiento del organismo a su cargo. 7. Presentar al Ministro de Finanzas un informe anual de sus actividades, en el cual se especificará el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas, en los seis (6) meses siguientes al cierre de cada año. 8. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en la ley. 9. Celebrar y suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Seguros y adquirir los bienes y servicios requeridos para dicho fin. 10. Solicitar opiniones del Consejo Nacional de Seguros. 11. Asumir el carácter de único administrador, interventor y liquidador de los sujetos sometidos a este Decreto Ley, cuando de conformidad con lo dispuesto en él, se decreten las suspensiones o procedan las revocaciones de funcionamiento de las mismas. Las facultades antes señaladas podrán ser delegadas por el Superintendente o Superintendenta de Seguros en uno o más funcionarios de las dependencias técnicas del organismo o en otras personas, siempre que reúnan las condiciones establecidas por la ley para ser miembros de las juntas directivas de tales empresas. 12. Resolver con el carácter de árbitro arbitrador, en los casos contemplados en este Decreto Ley, y cuando así lo hubieren aceptado las partes, las controversias que se susciten entre los sujetos sometidos a su control y entre éstos y los tomadores, los asegurados o los beneficiarios del seguro, en sus casos. 13. Designar, cuando así lo soliciten ambas partes, y asuman el pago de los estipendios correspondientes, el o los árbitros, de entre la lista de árbitros registrados 1415 en la Superintendencia de Seguros, a fin de que solucionen las controversias para las cuales se hubiere solicitado su intervención. 14. Las demás que le atribuya la ley. Sección tercera: De la Organización de la Superintendencia de Seguros y del Régimen de Personal Organización Artículo 17. La Superintendencia de Seguros estará integrada por el Despacho del Superintendente o Superintendenta de Seguros, la oficina del Superintendente o Superintendenta de Seguros Adjunto y las demás dependencias que establezca el Reglamento Interno, que dicte el Superintendente o Superintendenta de Seguros previa opinión favorable del Ministro o Ministra de Finanzas. Atribuciones de los funcionarios de la Superintendencia Artículo 18. Los funcionarios de la Superintendencia de Seguros tienen las atribuciones que les fija este Decreto Ley y su Reglamento Interno. Obligación de constituir caución Artículo 19. El Superintendente o Superintendenta de Seguros, el Superintendente o Superintendenta de Seguros Adjunto o quienes ejerzan cargos directivos equivalentes en la Superintendencia de Seguros, y los demás funcionarios que determine el Reglamento de este Decreto Ley, deberán, antes de tomar posesión de sus cargos, prestar la caución que fije la Contraloría General de la República para cubrir cualquier responsabilidad que surja en el ejercicio de sus funciones. Prohibición de tener vínculos con los sujetos regulados Artículo 20. El Superintendente o Superintendenta de Seguros, el Superintendente o Superintendenta de Seguros Adjunto y el personal de la Superintendencia de Seguros no pueden tener por sí o por interpuesta persona relación o injerencia alguna en las operaciones de las empresas de seguros y demás sujetos regulados por el presente Decreto Ley, salvo la de simple asegurado o las que le correspondan en ejecución de este Decreto Ley. Prohibiciones al personal de la Superintendencia Artículo 21. Queda prohibido al Superintendente o Superintendenta de Seguros, al Superintendente o Superintendenta de Seguros Adjunto y al personal de la Superintendencia de Seguros: 1516 1. Obtener préstamos o créditos de cualquier naturaleza de las empresas y entes regidos por el presente Decreto Ley, en condiciones distintas a las normalmente exigidas. 2. Obtener préstamos o recibir cantidades de dinero de los presidentes, directores o empleados de las empresas de seguros y demás personas naturales o jurídicas sometidas al presente Decreto Ley. 3. Obtener fianzas a su favor de las entidades regidas por este Decreto Ley y demás personas mencionadas en los numerales precedentes, y otorgarlas ante los mismos a favor de terceros, en condiciones distintas a las normalmente exigidas. 4. Recibir bajo forma de regalos, directa o indirectamente, bienes o servicios. 5. Adquirir, directa o indirectamente, acciones de las empresas de seguros y demás personas jurídicas sometidas a su supervisión, salvo que las adquiera a título sucesoral. Cuando al momento de su designación fuesen titulares de acciones o participaciones en dichas empresas, podrán mantenerlas y deben declararlas ante la Contraloría General de la República y en tales casos sólo podrán realizar adquisiciones derivadas de aumento de capital o por percepción de dividendos. En todo caso la tenencia de acciones deberá ser declarada a la Contraloría General de la República. La contravención a las disposiciones contenidas en este artículo acarreará la inmediata destitución del funcionario. Las prohibiciones a que se refiere este artículo, se extienden al cónyuge de los funcionarios en él mencionados o a la persona con quien éstos mantengan uniones estables de hecho. Con respecto a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad sólo en lo que se refiere al numeral 4. Limitaciones al personal directivo de la Superintendencia Artículo 22. No podrán desempeñar cargos directivos en la Superintendencia de Seguros, personas unidas entre sí, con el Ministro o Ministra de Finanzas, o con el Superintendente o Superintendenta de Seguros, por vínculo conyugal, por unión estable de hecho o por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad. Supuestos de inhibición Artículo 23. Los funcionarios de la Superintendencia de Seguros deberán inhibirse de efectuar fiscalizaciones e inspecciones en las empresas que tengan por presidente, directores, administradores, comisarios, auditores externos o actuarios independientes a sus respectivos cónyuges, uniones estables de hecho, o a parientes de dichos funcionarios dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igualmente dichos funcionarios podrán ser recusados de conformidad con lo establecido en la ley que rige la función pública y, en su defecto, por lo contemplado en el Código de Procedimiento Civil. 1617 Estatuto de personal Artículo 24. El Estatuto de Personal de los empleados y funcionarios, dictado por la Superintendencia de Seguros, establecerá los sistemas de remuneración y clasificación de cargos, nombramiento y remoción, ingreso, ascensos, primas, beneficios y otras remuneraciones, el monto de la remuneración especial de fin de año y el aporte patronal al sistema de ahorros a que los mismos tendrán derecho. El Estatuto podrá establecer mayores beneficios a los previstos en la ley que rige la función pública, y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Remuneración especial de fin de año Artículo 25. Los funcionarios de la Superintendencia de Seguros recibirán una bonificación especial de fin de año, cuyo monto fijará el Superintendente o Superintendenta de Seguros. Así mismo el Superintendente o Superintendenta de Seguros podrá acordar, de acuerdo con los resultados de la evaluación de desempeño, una remuneración especial, cuyo monto lo fijará en el respectivo presupuesto. Sección cuarta: Del Régimen de Ingresos de la Superintendencia de Seguros De los ingresos Artículo 26. Los ingresos de la Superintendencia de Seguros estarán formados por: 1. La contribución especial a que se contrae el artículo 30 de este Decreto Ley. 2. Los aportes que el Estado le acuerde. 3. Los provenientes de donaciones y legados que se destinen específicamente al cumplimiento de sus fines. Del presupuesto Artículo 27.La elaboración del proyecto de presupuesto anual corresponde al Superintendente o Superintendenta de Seguros, quien oída la opinión del Consejo Nacional de Seguros, lo presentará al Ministro o Ministra de Finanzas para su tramitación conforme a lo dispuesto en la ley que rige la materia. Colocación de los recursos líquidos Artículo 28. Los recursos asignados mientras no sean requeridos para la gestión diaria y funcionamiento de la Superintendencia de Seguros, podrán ser colocados en títulos valores seguros, que generen rendimiento económico y de fácil realización, emitidos o garantizados por la República Bolivariana de Venezuela o por los entes 1718 regidos por la Ley del Banco Central de Venezuela o por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Transferencia a cuenta especial Artículo 29. Finalizado el ejercicio presupuestario, el Superintendente o Superintendenta de Seguros transferirá los saldos no comprometidos del presupuesto provenientes de la contribución especial, a una cuenta especial de fondo de reserva que será destinada a atender gastos en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Contribución especial. Sujetos obligados Artículo 30. Se crea una contribución especial destinada al funcionamiento de la Superintendencia de Seguros, a la cual estarán sujetas las empresas de seguros y las de reaseguros, las sociedades de corretaje de seguros y las de reaseguros, las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el financiamiento de las primas, sujetas a las normativas previstas en el presente Decreto Ley Hecho imponible Artículo 31. Constituye el hecho imponible de la contribución especial establecida en este Decreto Ley, el ejercicio de las actividades de seguros, de reaseguros, de corretaje de seguros y de reaseguros y de financiamiento de primas. La contribución será considerada como una deducción de los contribuyentes para el ejercicio dentro del cual sea pagada. Fijación de la cuota anual Artículo 32. La contribución especial prevista en el artículo 30 de este Decreto Ley estará comprendida entre un mínimo de cero veinte por ciento (0,20%) y un máximo de uno y medio por ciento (1,5%) del total de: 1. Las primas cobradas netas de anulaciones y devoluciones y de las cantidades cobradas por sus operaciones, por contratos de fideicomiso, mandatos, comisiones y otros encargos de confianza, por fondos administrados en el caso de las empresas de seguros y las de reaseguros. 2. Los ingresos por cuenta de comisiones en los casos de las sociedades de corretaje de seguros y de reaseguros. 3. Los ingresos por intereses cobrados en los financiamientos otorgados a los tomadores de seguros en los casos de las financiadoras de primas. El Ministro o Ministra de Finanzas, a proposición del Superintendente o Superintendenta de Seguros, fijará anualmente el importe de la contribución especial, de conformidad con los límites establecidos en este artículo, la cual debe ser suficiente para cubrir los gastos de la Superintendencia de Seguros. 1819 El monto que servirá de base para el cálculo de dicha contribución especial, será aquel que se haya obtenido en el ejercicio económico inmediatamente anterior. Las empresas de seguros podrán descontar de las primas de reaseguros pagadas por ellas a las empresas de reaseguros hasta la alícuota correspondiente del aporte efectuado según lo previsto en este artículo, calculada a la misma tasa utilizada por la empresa de seguros, en cuyo caso dicha alícuota será deducida de la base de cálculo de la reaseguradora. La Superintendencia de Seguros, a los fines de la liquidación de la contribución, identificará en los estados financieros los elementos que constituyen la base de cálculo de la contribución especial. Para la determinación y liquidación de la contribución especial, la Superintendencia de Seguros podrá requerir de los contribuyentes la información que juzgue necesaria, quienes deberán consignarla en el plazo que ella señale. El aporte especial se liquidará una vez al año, y se pagará trimestralmente a razón de un cuarto (1/4) de la suma anual resultante, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles bancarios de cada trimestre. Para el primer trimestre de cada año, se hará un estimado conforme a las primas del ejercicio precedente anterior, el cual será ajustado durante el curso del segundo trimestre respectivo e imputada la diferencia resultante conjuntamente con el aporte correspondiente al tercer trimestre del mismo año. El Superintendente o Superintendenta de Seguros y el Ministro o Ministra de Finanzas velarán porque el monto de la contribución especial sea suficiente para cubrir los gastos de la Superintendencia de Seguros. Contribución de las empresas en suspensión, intervención o liquidación Artículo 33. Las empresas de seguros, las de reaseguros y las de corretaje de seguros y reaseguros, así como las organizaciones que tengan por objeto la prestación de servicios de financiamientos de la actividad aseguradora sujetas a suspensión, intervención o liquidación, están obligadas al pago de la contribución, cuyo cálculo se hará sobre la base de las ganancias obtenidas por la venta de los activos que se realicen durante el respectivo ejercicio. Liquidación de la contribución Artículo 34. La contribución especial será liquidada por el Superintendente o Superintendenta de Seguros o por los funcionarios que designe. Intereses moratorios Artículo 35. Cuando la contribución especial no sea pagada en la fecha en que sea 1920 exigible, el contribuyente deberá pagar intereses moratorios en conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Sección quinta: De los Archivos y Registros de la Superintendencia de Seguros De los expedientes y registros Artículo 36. La Superintendencia de Seguros formará expediente de cada una de las instituciones sometidas a su control, en el cual archivará copia de los documentos sociales, solicitudes, autorizaciones, sus modificaciones y demás documentos que se señalen en este Decreto Ley, su Reglamento y los que determine dicho órgano. Las empresas y demás sujetos sometidos a su control están en la obligación de remitir a la Superintendencia de Seguros la documentación que ella exija, en el plazo que señale y con las especificaciones que les ordene. Serán públicos los registros que lleva la Superintendencia de Seguros referentes a la inscripción de las empresas de seguros, de reaseguros, de productores de seguros y de reaseguros, peritos avaluadores, inspectores de riesgos, representantes de empresas de reaseguros del exterior, de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto la prestación de servicios de financiamiento de la actividad aseguradora y cualquier otro registro. El Superintendente o Superintendenta de Seguros o el funcionario que designe expedirá copia certificada de sus asientos a solicitud de cualquier interesado. Confidencialidad de la información Artículo 37. Los datos e informaciones obtenidos por la Superintendencia de Seguros en sus funciones de regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización son, por su naturaleza, reservados exclusivamente para uso de las autoridades competentes y a los fines previstos en este Decreto Ley, sin perjuicio del derecho que tienen los interesados de acceder a los expedientes en los que conste información y datos sobre sí mismos. Cuando las circunstancias lo requieran y, a juicio del Superintendente o Superintendenta de Seguros, la información a que se refiere el párrafo anterior podrá ser suministrada al Presidente del Consejo Nacional de Seguros. Sin perjuicio de lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo, la Superintendencia de Seguros dará a conocer al público información global sobre las actividades, inversiones, coberturas, estadísticas, indicadores económicos, financieros y técnicos y cualquier otra información que considere relevante de las empresas de seguros y demás personas naturales o jurídicas reguladas en el presente Decreto Ley. Excepciones a la confidencialidad Artículo 38. Cuando se trate de averiguaciones sobre casos específicos llevadas a cabo por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales 20 Mostrar más
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