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Timestamp: 2019-01-24 00:01:27+00:00

Document:
Protección de Derechos Humanos en la Convención Interamericana
I LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
2. LA CONVENCION
2.2 Ámbito objetivo.
II LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
III LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1. AMBITO DE COMPETENCIA
3. REQUISITOS DE ADMISIBLILIDAD DE LAS PETICIONES O RECLAMACIONES QUE SE VINCULES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
5. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS
I. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita por la República de Venezuela el 22 de Noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de Julio de 1978, y fue ratificada por el Congreso de la República de Venezuela, a través de la "Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica", publicada en la Gaceta Oficial No. 31.256 del 14 de junio de 1977.Tal Convención se enmarca dentro del régimen jurídico derivado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Convención, según el cual toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Como derecho inherente, se prevé el Derecho a la vida, el cual - según lo establecido en el artículo 4 eiusdem- asegura a todo individuo el derecho a que se respete su vida. En cuanto a la pena de muerte, los países que la han abolido no la podrán restablecer, prohibiéndose igualmente, aplicar la pena de muerte por delitos políticos o afines a éstos. Relacionado con tal derecho, la convención regula el Derecho a la integridad Personal. De allí que el artículo 5 de la Convención establece que, toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad la reforma y la readaptación social de los condenados.
El derecho a la libertad personal está consagrado en el artículo 7 de la Convención, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Este derecho a su vez -conforme al contenido de dicho artículo- implica otras garantías judiciales, según las cuales: "... (2) "nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas ;(3) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario; (4) toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados;(5) toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso;(6) toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ésta decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detención, y ordene si el arresto o detención fueran ilegales; (7) Nadie puede ser detenido por deudas.
"La enumeración de los derechos y garantías contenidas en esta constitución no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella.
La falta de Ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos."
II. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión tiene como principal función, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, tal y como lo establece la resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta, celebrada en Chile, en agosto de 1959. Igualmente, sus Estatutos Internos disponen, entre sus atribuciones, "estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América"; "formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, para el respeto de los derechos fundamentales"; y, en general, "servir de cuerpo consultivo de las OEA en materia de derechos humanos".
El procedimiento conciliatorio ante la Comisión - necesario, debemos insistir, para la admisión de las acciones propuestas en la Corte - está estructurado en las siguientes fases, reguladas en los artículo 48 y siguientes de la Convención:
"Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a los derechos humanos establecidos en la Convención, la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las Partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible."
a. Si no está de acuerdo con el contenido del Informe, podrá acudir a la Corte.
b. Aceptar el contenido del informe, y restablecer la situación vulnerada.
c. No acoger el informe de la Comisión.
a. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocido;
c. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional;
d. Que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas del representante legal de la entidad que somete la petición.
a. Cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trate, el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan violados.
b. En el caso en que no se le haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos.
c. En el caso en que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Sobre la condición de admisibilidad comentada, se ha considerado la cuestión de la renuncia por el Estado a la regla del agotamiento previo de los recursos internos. Así, en el asunto "Viviana Gallardo" se aceptó que el gobierno de Costa Rica sometiera directamente una controversia a la Corte Interamericana, renunciando en forma expresa al cumplimiento de la condición analizada. En esta oportunidad, la Corte constató y observó que, según los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que existe al previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por pactos que se imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado así como un medio de defensa (del Estado) y como tal, renunciable, aun de modo tácito. En este sentido, la decisión que comentamos cita la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (caso De Wilde, Ooms y Versyp), señalando que, una vez producida esta renuncia, ella es irrevocable.".
III. LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
"1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos con esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.".
A su vez, el artículo 68 numeral 1 establece que los Estados Partes de la Convención se comprometerán a cumplir la decisión de la Corte, por lo que "no pueden modificar sus efectos, menos aún suspender su cumplimiento invocando las normas de su derecho interno" (caso Aloeboetoe), sino que debe acatar lo decidido y ejecutarlo de buena fe. Cuando en el fallo se disponga una indemnización al lesionado, según el artículo 68 numeral 2 de la convención, este se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia contra el Estado, es decir, que la Corte efectúa una remisión hacia el derecho interno del Estado responsable, con el único fin de garantizar la efectividad de sus pronunciamientos.
En lo referente al daño moral, también ha sostenido la Corte que "es resarcible; y que en los casos de violación de los derechos humanos, su liquidación debe ajustarse a los principios de equidad".
1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos solo es obligatoria para los Estados miembros de la Organización Americana, que la hallan firmado, ratificado o adherido, sin perjuicio de aquellos Estados que lo hagan posteriormente mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
2. Los derechos esenciales del hombre, previstos en la convención, no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. Asimismo, recordemos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución, los derechos establecidos en la convención se consideran Derechos Constitucionales, y por lo tanto, vinculantes a todo el ordenamiento jurídico Venezolano.
3. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos crea dos órganos, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estado Partes, tal y como se establece en el artículo 33 eiusdem.
4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función primaria y genérica la observancia y la defensa de los derechos humanos, función que ejerce en calidad de órgano de la OEA, cuando se trata del control de las obligaciones impuestas por la Carta y por la declaración de los Estados Miembros de la Organización. Pero, a su vez, la Comisión también es órgano de la Convención Americana en todo lo relacionado con las obligaciones de derecho particular previstas en ésta.
5. Cualquier persona está legitimada para acudir ante la Comisión, para la defensa de sus derechos humanos; sin embargo, es menester cumplir con los requisitos previstos en el artículo 46, entre los cuales figuran el agotamiento de todos los recursos que sean procedentes en el derecho interno del país, salvo las excepciones a que se refiere el ordinal 2 de ese artículo.
6. Sólo están legitimados para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Partes y la Comisión, luego de haber agotado el procedimiento conciliatorio previsto en los artículos 48 a 50 eiusdem. A su vez, la estimación de las pretensiones ventiladas en la Corte, supone el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del procedimiento conciliatorio previo, sustanciado en la Comisión.
7. La Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en la Convención, siempre que los Estados Partes reconozcan su competencia. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegida en la Convención, puede disponer, por un lado, que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad que fue lesionada, al igual que dictar providencias cautelares para evitar daños irreparables.
8. De allí que ante la Corte, son tres las pretensiones que pueden ser inculcadas: la reparación de los daños causados; la indemnización, y la satisfacción de la pretensión propia esgrimida.
9. El fallo de la Corte será motivado, definitivo e inapelable y, solo en caso de desacuerdo sobre el sentido y alcance del mismo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que se presenten dentro de los noventa días a partir de la fecha de notificación del fallo. A su vez, los Estados Partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes y, el fallo que disponga indemnización, se podrá ejecutar en el respectivo país conforme a las normas vigentes en el derecho interno para la ejecución de sentencias contra el Estado.

References: artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 
 artículo 48
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 50
 artículo 33
 artículo 46