Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/08/15/accion-penal-contra-funcionarios-publicos-por-la-muerte-de-una-persona-intoxicada-con-monoxido-de-carbono/
Timestamp: 2019-07-18 13:27:29+00:00

Document:
Acción penal contra funcionarios públicos por la muerte de una persona intoxicada con monóxido de carbono – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: A. D., T. W. A., L. M. s/ recurso de casación
Cita: MJ-JU-M-110501-AR | MJJ110501 | MJJ110501
Suspensión de la prescripción de la acción penal seguida contra funcionarios públicos por la muerte de una persona intoxicada con monóxido de carbono en un campamento de Vialidad Nacional.
1.-Corresponde revocar la sentencia que sobreseyó a los imputados por la muerte de un hombre por inhalación de monóxido de carbono, por considerar extinguida la acción penal al tratarse de funcionarios públicos que no ostentarían autoridad o influencia que pudiera perjudicar el ejercicio de la acción penal, toda vez que la causal de suspensión procede en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, sin que la norma haga distinciones relativas a la jerarquía o función que un agente posea en la estructura estatal, ni remita a las mayores o menores posibilidades que ese funcionario pudiese tener para entorpecer el avance del proceso.
2.-La causal de suspensión de la prescripción no exige para su aplicación, la comprobación de la efectiva posibilidad de que el funcionario dificulte o entorpezca la investigación, pues la causal de suspensión en cuestión tiene un sustento objetivo y obedece a una decisión normativa de carácter fáctico, pues pretende prevenir un posible contexto objetivo de impunidad que pudiera afectar la investigación, aún sin ser reprochable al funcionario.
3.-Tampoco está prescripta la acción penal respecto del imputado que no reviste la calidad de funcionario público, toda vez que se encuentra imputado en carácter de coautor y no de partícipe (del voto del Dr. Borinsky).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 28/31 vta. de la presente causa FMZ 32019438/2010/1/CFC1 del Registro de esta Sala, caratulada: “A., D.; T., W. A.; L., M. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia homónima, con fecha 5 de septiembre de 2017, resolvió:”1) HACER LUGAR al recurso de apelación impetrado a fs. sub. 10 y vta. por la defensa y, en consecuencia, REVOCAR la resolución de fs. sub. 08 y vta.; 2) Declarar extinguida la acción penal por prescripción, conforme a lo establecido por los arts. 59, inc. 3) y art. 62 inc. 2) del C.P.; 3) Dictar el Sobreseimiento de M. L., DARÍO A. y W. A. T. (art. 336, inc. 1º del CPPN)” (cfr. fs. 24/26 vta.).
II. Que contra esa decisión interpuso recurso de casación el señor Fiscal General, doctor Dante M. Vega (cfr. fs. 28/31 vta.), el que fue concedido por el a quo (cfr. fs. 33/33 vta.), y mantenido en esta instancia por el señor Fiscal General ante esta Cámara (cfr. fs. 43).
III. El recurrente sustentó su impugnación en los motivos previstos los incisos 1º y 2º del art. 456 del C.P.P.N., por entender que se ha inobservado el art. 67, segundo párrafo, del C.P. al condicionar su aplicación a que se trate de”funcionarios cuya jerarquía o vecindad con la función autorice a sospechar un eventual empleo de su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal” (fs.45 vta.).
El recurrente comenzó por recordar la imputación que existe respecto de los imputados y reseñar el trámite de la causa, así como los fundamentos de las decisiones de las anteriores instancias en las que se discutió la prescripción de la acción.
Expuso que”.el principal motivo casatorio lo constituye la arbitrariedad de la decisión adoptada. Su fundamentación aparente surge al basarse en consideraciones puramente dogmáticas para revocar la decisión del Juez Federal de Mendoza que rechazó el pedido de sobreseimiento de M. L. Esto priva a la resolución recurrida del necesario sostén legal y lo descalifica como actos jurisdiccionalmente válido” (cfr. fs. 29 vta.).
Además, sostuvo que la Cámara Federal se extralimitó declarando extinguida la acción penal y sobreseyendo a todos los intervinientes, en tanto su intervención se encontraba habilitada únicamente por el recurso interpuesto por el único recurrente, M. L.
Entendió que el a quo omitió considerar, entre sus argumentos, que la causa insumió seis años de instrucción a efectos de poder determinar quiénes serían los supuestos responsables, incluyendo en ese sentido a los funcionarios de Vialidad Nacional involucrados en el hecho. Si bien las actuaciones sumariales se iniciaron inmediatamente se constató el fallecimiento de Arriagada, para poder determinar quiénes serían los presuntos responsables se tuvo que recabar dieciséis (16) declaraciones testimoniales, solicitar informes e incluso -y ello no ha sido mencionado de ninguna manera por la resolución criticada- se tuvo que proceder al allanamiento del campamento de la Dirección Nacional de Vialidad sito en Ruta Nacional Nº 7″ (cfr. fs.30).
En esta inteligencia, dijo que es arbitraria la decisión de negar entidad en el tema de la prescripción de la acción penal a la intervención de personas en calidad de funcionarios públicos en un hecho grave como el que aquí se investiga.
Hizo hincapié en que la norma del Código Penal cuya aplicación está siendo discutida no hace distinciones respecto de la injerencia que pueda haber tenido el funcionario público en el hecho y que ordena que la prescripción de la acción penal se suspende en tanto cualquiera de los partícipes se encuentre desempeñando un cargo público.
Por otro lado, cuestionó la afirmación relativa a la violación del plazo razonable efectuada por el tribunal interviniente, como segundo argumento de la prescripción. Dijo que esa cuestión debe ser expuesta y probada, siendo que en el caso bajo examen se omitió expresamente efectuar un análisis de acuerdo a las particularidades del desarrollo de las actuaciones.
Por lo demás, sostuvo que el a quo sobreseyó ultra petita a D. A. y W. T. – funcionarios de Vialidad Nacional- sin que la instancia se encontraba habilitada a su respecto, ni se encontraba en discusión su situación procesal.
Solicitó que la decisión que sobreseyó a los imputados en la presente causa sea revocada.
IV. Que durante la oportunidad prevista por los arts. 465 y 466 del C.P.P.N., se presentó el señor Fiscal General, doctor Gabriel Pérez Barberá a fs. 45/49, quien expresó su opinión en relación con la discusión sometida a estudio en esta oportunidad.
Por un lado, sostuvo que la decisión recurrida debía dejarse sin efecto con relación al sobreseimiento por prescripción de Darío A. y W. T. y convalidarse respecto del sobreseimiento por prescripción de M.L., por cuanto”. respecto de ambos se verifican los presupuestos para que opere la suspensión de la acción penal prevista en la norma citada”.
Por otro lado, consideró que la acción penal se encontraba prescripta con relación a M. L., porque”.’en rigor’ no participó del delito junto con los funcionarios públicos A. y T. La participación en sentido estricto comprende sólo a los cómplices primarios o secunD.s y a los instigadores; si se interpreta que abarca también a la autoría, para resultar alcanzado por la causal de suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo del C.P., al partícipe que no reviste la calidad de funcionario público debería imputársele el delito a título de coautor” (cfr. fs. 48).
Agregó que”.considero que la situación de L. no queda regulada por el art. 67 segundo párrafo del CP porque en el derecho argentino no es punible la participación culposa”.
V. Que superada la etapa revista en el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos (cfr. fs. 53), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
I. El recurso de casación resulta formalmente admisible en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N. y ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (art. 458 del código adjetivo), con fundada invocación de las disposiciones que consideró erróneamente aplicadas (art. 463 del código de rito).
II. El presente incidente de excepción de falta de acción, se origina en virtud de la presentación de la defensa de M. L. (cfr. fs. 1/2), doctor Juan H.Day, con fecha 21 de septiembre de 2016, en la que solicitó que se declare extinguida la acción penal por prescripción y se sobresea a su asistido, alegando que desde la ocurrencia del hecho investigado (17/7/2010) hasta el último acto interruptivo (el llamado a prestar declaración indagatoria con fecha 12/9/16) habría transcurrido el plazo de cinco (5) años establecido como máximo de pena del delito previsto en el art. 84 del C.P.
Al serle conferido traslado al Fiscal, éste se opuso a la pretensión de la defensa, alegando que conforme lo dispone el art. 67 la acción penal se suspende, para todos los que hubieren participado, en los casos de delitos cometidos en ejercicio de la función pública (cfr. fs. 6/6 vta.).
La parte querellante no efectúo ninguna presentación al respecto.
El Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, con fecha 21 de octubre de 2016, resolvió -en lo que aquí interesa- no hacer lugar a la excepción de prescripción planteada, expresando que”.en la causa principal se imputó a M. L. y a los funcionarios de la administración que tenían a su cargo los controles en el campamento de Puntas Vacas de Vialidad Nacional, donde falleció Santiago José Arriagada, por inhalación de monóxido de carbono. Por ello y teniendo en cuenta que los imputados Darío A. y W. A. T. continúan siendo funcionarios públicos (ver fs. 354 del ppal y documentación reservada) y que el art. 67 del C.P., prescribe que la acción se suspende para todos los que hubiesen participado, estimo corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuado por la Defensa de L.; decisión que fue recurrida por la defensa por medio de un recurso de apelación (cfr. fs.10/10 vta.).
Por su parte, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, con fecha 5 de septiembre de 2017, resolvió hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución recurrida, declarando extinguida la acción penal por prescripción, conforme lo establecido por los arts. 59, inc. 3) y art. 62, inc. 2) del C.P.; dictar el sobreseimiento de M. L., Darío A. y W. A. T. (arts. 336, inc. 1º del C.P.P.N.).
Para así decidir, el a quo consideró que la aplicación del segundo párrafo del art. 67 se encontraba supeditada a que se demostrara, en el caso, que los imputados hubiesen ocupado una función que les haya permitido ejercer influencia susceptible de retrasar, obstaculizar o impedir su persecución penal; pues -según el criterio expuesto en el fallo recurrido – no alcanzaba con el mero carácter de funcionario público.
Se sostuvo, en efecto, que no bastaba el mero carácter de funcionario público para que opere la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, sino que debe tratarse de funcionarios cuya jerarquía o vecindad con la función pública autorice a sospechar un eventual empleo de su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal.
En dicho marco de análisis, se recordó que”.en la causa principal se imputó a M. L. – empresa ‘L. Construcciones SA’ responsable de la construcción, diseño e instalación de la caldera- y a Darío A., W. A. T. -funcionarios de la administración que tenían a su cargo los controles en el campamento de Punta de Vacas de Vialidad Nacional, donde falleció Santiago José Arriagada, por inhalación de monóxido de carbono.” (cfr. fs. 25).
Así, se concluyó que la calidad de funcionarios públicos de algunos de los involucrados no tuvo influencia alguna además de que, en el caso de M.L., no ostentaba tal calidad.
Se analizaron las constancias de la causa a la luz de lo prescripto por el art. 67 del C.P., para concluir que, en el caso, desde el momento de la comisión de los hechos (17/7/2010) hasta el llamado a prestar declaración indagatoria (12/9/2016), ha transcurrido el plazo máximo de cinco (5) años establecido como pena máxima del delito previsto en el art. 84 del C.P., por lo que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción y sobreseer al imputado.
Se agregó, además, que se había lesionado el derecho fundamental del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas y a la definición de los procesos en un plazo razonable (arts. 8.1 de la C.A.D.H. y 14.1 del PIDCyP).
Esta es la decisión que el señor Fiscal General ha recurrido ante esta Cámara, con los argumentos que han sido reseñados en los resultandos.
III. En las presentes actuaciones se investiga la responsabilidad penal de M. L., Darío A. y W. T. por el fallecimiento de Santiago José Arriagada -empleado de la Dirección de Vialidad Nacional-, quien fuera encontrado sin vida el 17/07/10 en el Campamento de Punta de Vacas y que, su muerte fue producto de una intoxicación de monóxido de carbono, producto del defectuoso funcionamiento de la caldera que se encontraba en la habitación contigua al recinto donde fue hallado su cuerpo.
Que, conforme surge de la causa, se les imputa, en calidad de autores, a M. L., Darío A. y W. T. el homicidio imprudente de Santiago Arriagada, quien habría fallecido intoxicado por monóxido de carbono en el Campamento de Vialidad Nacional de Punta de Vacas, Mendoza.
Concretamente, M. L. era el responsable de la construcción, diseño e instalación de la caldera en cuestión y los imputados Darío A. -Supervisor y Jefe de Sección Concesiones del 4º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional – y W. T.-Productor de Obra Uspallata- eran los responsables que tenían a su cargo el control del Campamento referido, en ejercicio de la función pública; cargo que en la actualidad ostentan.
Los argumentos expuestos por el a quo en la decisión recurrida por medio de la cual se sobreseyó a los imputados al considerar que la causal de suspensión opera sólo cuando se trate de”funcionarios cuya jerarquía o vecindad con la función permita sospechar que pueden emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal” desatienden la inteligencia de la norma en estudio y revelan una errónea aplicación de la ley sustantiva.
En efecto, el art. 67, segundo párrafo del C.P. establece que”la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieran participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
La causal de suspensión de la acción penal procede en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para cualquier persona que hubiera participado en el delito se encuentre en el ejercicio de la función pública.
La norma no hace distinciones relativas a la jerarquía o función que un agente posea en la estructura estatal, ni remite a las mayores o menores posibilidades que ese funcionario pudiese tener para entorpecer el avance del proceso.
Al respecto, debo recordar las consideraciones que expuse al expedirme en la causa Nro. 6744 de esta Sala IV,”Baro, Rolando Oscar s/recurso de casación” (Reg. Nro. 11.498, rta. 20/03/2009).
Allí sostuve que”la influencia del funcionario público, tiene un sustento objetivo, esto es que el esclarecimiento del delito pudiera frustrarse en razón de los obstáculos de hecho que genera para la investigación la presencia de un funcionario público.Es decir, la razón de ser de la causal de suspensión trasciende la atribución personal disvaliosa, y se funda en las características propias del acto de corrupción, lo que se busca evitar es que el funcionario, por el solo hecho de ostentar el cargo, obstaculice el accionar de las investigaciones logrando impunidad, para él y para todos los partícipes del hecho” (el resaltado no obra en el original).
Sobre esa base, agregué que”la paralización del curso de la prescripción obedece a una decisión normativa de carácter fáctica, de no ser así, para hacer operar la causal, se debería exigir la comprobación de maniobras tendientes a dificultar o entorpecer la investigación atribuibles al funcionario, tal como se exige, por ejemplo para interrumpir la prescripción por la comisión de un nuevo delito. Es que lo que la norma pretende no es oponer una conducta posterior al hecho reprochable al funcionario público imputado, susceptible de agravar su situación en la causa, sino simplemente prevenir un posible contexto objetivo de impunidad que pudiera afectar la investigación, aún sin ser reprochable al funcionario” (el resaltado no obra en el original).
En otros términos,”con el segundo párrafo del artículo 67 se pretendió evitar que las facultades o las influencias emergentes del ejercicio de la función pública por parte de cualquiera de los partícipes en tales delitos pusieran obstáculos de hecho a las investigaciones, haciendo que el plazo de prescripción de la respectiva acción penal feneciera durante el tiempo de desempeño funcional”.
Es decir que la causal de suspensión de la prescripción no exige para su aplicación, como evaluó el a quo, la comprobación de la efectiva posibilidad de que el funcionario dificulte o entorpezca la investigación, pues, por el contrario, tal como sostuve en el precedente citado, la causal de suspensión en cuestión tiene un sustento objetivo y obedece a una decisión normativa de carácter fáctico, pues pretende prevenir un posible contexto objetivo deimpunidad que pudiera afectar la investigación, aún sin ser reprochable al funcionario.
Tampoco será atendible el argumento expuesto en la presentación de fs. 45/49 para establecer una distinción entre la situación procesal de L., pues el Ministerio Público Fiscal no se ha hecho cargo de demostrar que, desde una interpretación teleológica de la norma, sea posible admitir que el término”participación” sea utilizado en un sentido estricto y no como”intervención” en el delito.
En virtud de lo expuesto, entiendo que en el caso ha sido erróneamente aplicada la causal de suspensión de la acción penal mencionada, y por ello, corresponde hacer lugar al recurso por el motivo de agravio examinado, sin necesidad de ingresar en el resto de los puntos expuestos por el Fiscal en su impugnación.
IV. En virtud de todo lo expuesto, propongo en definitiva: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal General, y, en consecuencia, CASAR la resolución recurrida de fs. 24/27, REVOCÁNDOLA, debiendo remitir las presentes actuaciones al a quo a fin de que prosiga con el trámite. Sin costas en la instancia (arts. 456, inc. 1° y 2º, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
Atento a las particulares circunstancias del caso, coincido sustancialmente con lo expuesto por mi distinguido colega que lidera el presente acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, sin perjuicio de las consideraciones que expondré a continuación.
En efecto, en atención a la naturaleza de los cargos que aún continúan desempeñando Darío A. -supervisor y jefe de la Sección Concesiones del 4º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad- y W. A. T. -productor de Obra Uspallata- (cfr. fs. 29), se configura la causal de suspensión del curso de la prescripción prevista en el art. 67, segundo párrafo, del Código Penal (cfr. C.F.C.P., Sala IV:causa FMP 91016142/2002/TO1/CFC1,”DENUNCIO, Luis Mario y otro s/recurso de casación”, rta. el 11/04/2017, reg. Nro. 318/17.4 y causa FLP 91003090/2010/TO1/1/CFC1,”VAZQUEZ, Marcela Elizabeth s/recurso de casación”, rta. el 14/07/16, reg. Nro. 903/16.4; y C.F.C.P., Sala III: causa Nro. 13.739,”ZABALA DI TOMASO, Carlos Salvador s/recurso de casación”, rta. el 20/10/2014, reg. Nro. 2168/14 y causa FCB 71005889/2007/2/CFC1 “ZALAZAR, Ema Mercedes s/recurso de casación”, reg. Nro. 1371/15, rta. el 24/8/15, de aplicación al caso en lo pertinente).
Por otro lado, el señor Fiscal General ante esta instancia se expidió a fs. 48/49 respecto de M. L. e indicó que”.Al nombrado se le imputa, en carácter de autor, el delito de homicidio imprudente. En su caso, la acción penal no está suspendida en virtud de lo previsto en el art. 67 segundo párrafo del CP porque en rigor no ´participó` del delito junto con los funcionarios públicos A. y T. La participación en sentido estricto comprende sólo a los cómplices primarios o secunD.s y a los instigadores. Si se interpreta que abarca también a la autoría, para resultar alcanzado por la causal de suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo del CP, al partícipe que no reviste la calidad de funcionario público debería imputársele el delito a título de coautor (.)”. Al respecto cabe destacar que el principio de ausencia de contradictorio, derivado del debido proceso legal (art. 18 de la C.N.), no resulta de aplicación en el sub lite.
Lo expuesto, pues el aludido principio presupone la existencia de un dictamen fiscal favorable a la pretensión de la defensa fundado en el derecho aplicable a los hechos comprobados en la causa (art. 69 del C.P.P.N.), extremo que no se verifica en el caso en estudio (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa nro.15.800 “Salas Martínez, Wilfredo s/recurso de casación”, reg. nro. 1076/13 del 19/06/13 y causa nro. 11189/2013/TO1/6/2/CFC1,”Tavella , Marcela Beatriz s/recurso de casación”, reg. nro. 2544/15.4 del 29/12/15, en lo pertinente y aplicable, y a contrario sensu: causa nº CCC 6670/2013/TO1/CFC1,”Areco, Emanuel Franco s/recurso de casación”, reg. nro. 1012/14 del 28/05/14; causa nº CFP 11882/2010/TO1/7/CFC6,”Flores Romero, Haminton s/ recurso de casación”, reg. 294/15, del 06/03/2015; causa nº 24434/2013/TO1/1/CFC1,”Seballos, Agustín Fabián s/ recurso de casación”, reg. 382/15, del 17/03/2015).
Ello resulta así pues, de adverso a lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal durante el término de oficina (fs. 48/49), la”participación” contemplada en el párrafo segundo del art. 67 del C.P. (texto según ley 25.188) debe ser entendida en sentido amplio, comprensiva de autores, coautores, cómplices necesarios y no necesarios e instigadores (cfr. C.F.C.P. Sala IV, causa CFP 2166/2002/67/CFC2″Peña Onganía, M. s/recurso de casación”, rta. el 28/12/2015, reg. Nro. 2510/15.4, en lo pertinente y aplicable).
En esta inteligencia, en el concreto caso de autos, no está prescripta la acción penal respecto de M. L., toda vez que el nombrado se encuentra imputado en carácter de coautor (cfr. fs. 29).
Por lo expuesto, propongo al acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, CASAR la resolución recurrida de fs. 24/27, REVOCÁNDOLA, debiendo remitir las presentes actuaciones al a quo a fin de que prosiga con el trámite. Sin costas en la instancia (arts.530 y 531 del C.P.P.N.).
Que de los votos de mis colegas se advierte que la naturaleza de los delitos investigados en autos torna operativa la doctrina expuesta en las causas 1253/13 y 783/13 “Alsogaray, María Julia s/recurso de casación”, reg. 667/14, rta. el 24/4/2014, entre otras, en las cuales sostuve que resulta inaplicable la extinción de la acción por prescripción en los casos en los que intervienen funcionarios públicos.
Por lo expuesto, adhiero a la solución que viene propuesta.
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 28/31 vta. por el señor Fiscal General, y, en consecuencia, CASAR la resolución recurrida de fs. 24/27, REVOCÁNDOLA, debiendo remitir las presentes actuaciones al a quo a fin de que prosiga con el trámite. Sin costas en la instancia (arts. 456, inc. 1° y 2º, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
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 artículo 67
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