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Timestamp: 2019-11-13 20:36:18+00:00

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Viernes, 12 de Agosto de 2011 03:30
Acceso al agua, derecho esencial de todo ser humano.-
Los primeros antecedentes sobre la materia se remontan a la cultura incaica, la cual se extendía hasta las proximidades del Río Maule. Las instituciones de la “cocha”, la ”mita” y la “mitación” establecían sistemas de turno; a través del cual el derecho de cada usuario en un cauce común o en un embalse primitivo se organizaba repartiendo las aguas.
Luego, con la llegada de los españoles todo el sistema comenzó a regularse de acuerdo al derecho Español, que, como se sabe, tenía una fuerte mezcla de Derecho Romano y de Derecho Musulmán. Mientras el primero era por naturaleza privatista, el Musulmán era absolutamente opuesto. Lo anterior era fácilmente explicable dado el contexto y circunstancia que ambas legislaciones debían regular. Mientras en Italia el agua era abundante, en los territorios árabes, esta era muy escasa y considerada elemento vital.
Así la zona de protección, dentro de la cual no se puede cavar otro pozo, tiene su origen en el derecho Musulmán. El derogado artículo 945 del Código Civil, hoy reproducido en el artículo 56, inciso primero, del actual Código de Aguas, que obliga a cegar pozos cavados en suelo propio para la bebida y usos domésticos, cuando no reportan utilidad que pueda compararse con el perjuicio ajeno, tiene como antecedente el Código de las Partidas, que a su vez se inspira en el derecho Musulmán.
Hasta el año 1951 el Código Civil, vigente desde 1857, contemplo disposiciones que en general apuntaban a solucionar conflictos entre particulares sobre el uso de las aguas. En su libro II denominado “De los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce” contiene diversas normas que se relacionan con las aguas. Además, en el título III, denominado “De los Bienes Nacionales”, Título XI, denominado “De las Servidumbres” y finalmente en el Título XIV “De algunas Acciones Posesorias Especiales” encontramos algunas disposiciones referidas al agua. En los años siguientes, durante la vigencia de estas normas, se dictaron otras disposiciones que regulaban situaciones de carácter particular, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: sobre concesiones de aguas naturales en las provincias de Coquimbo al norte, año 1893; sobre concesiones de aguas para uso industrial en los ríos o esteros de uso publico; sobre concesiones de aguas para regadío en corrientes de uso publico que atraviesan mas de un territorio municipal; etc.
El año 1951 se dicta el primer Código de Aguas, el cual se mantuvo sin modificaciones hasta el año 1967.
En el año 1967 se introdujeron por la Ley de Reforma Agraria una gran cantidad de importantes modificaciones al Código de Aguas.
En 1969 se dicto el Decreto N º162, de Justicia, que contiene el texto sistematizado del Código de Aguas.
En 1979, el Decreto Ley N º2.603, introduce nuevas modificaciones, en las que se aprecia una visión global muy diferente a la establecida hasta ese momento por la legislación chilena en relación a la regulación de las aguas- hasta esa fecha se otorgaban merced de aguas que facultaban a su titular el uso y goce de las mismas. Al artículo primero del mencionado Decreto Ley se le dio rango constitucional, por cuanto modificó el Acta Constitucional Nº3 y estableció: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgaran a sus titulares la propiedad de ellos”. Tal disposición fue recogida en la Constitución política de la república, en su artículo 19 Nº24, inciso final.
En el artículo segundo de la mencionada ley se facultó al Presidente de la República para dictar las Normas del Régimen General de las Aguas, reemplazando las que existían en el Código de 1951.
El 29 de octubre de 1981, se publicó en el Diario Oficial el decreto con Fuerza de Ley N º1.122 que fijo el nuevo texto del Código de Aguas actualmente vigente. Este código desde su publicación ha sufrido varias modificaciones.
Este nuevo Código en torno a la naturaleza jurídica de las aguas establece que el agua es un bien mueble, ya que se pueden trasladar de un lugar a otro; pero destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, se convierten en inmuebles por destinación.
Respecto al dominio de las aguas, el nuevo Código en su artículo 5º establece que las aguas son bienes nacionales de uso público y se les otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Definiendo luego en su Artículo 6º el derecho de aprovechamiento como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso, goce y disposición de ellas.
Por tanto, el titular es propietario de su derecho de aprovechamiento, y como tal propietario, puede usar, gozar y disponer libremente de él siempre que dicho uso, goce a disposición no sean contrarios a la ley o al derecho ajeno. (Artículo 12 del Código Civil).
La actual legislación sobre el recurso agua deja al Estado en un papel secundario, meramente administrativo, entregando al mercado el papel regulador de su uso.
El Estado por ley se reservó el derecho de constituir un derecho de aprovechamiento, otorgando el uso, goce y disposición a un particular, sin más requisito que el demostrar que exista agua y que no afecte a terceros. No importando el destino y uso de las mismas, cosa que en la practica ha significado constituir derechos de aprovechamientos por caudales muy superiores a los que requiere ese particular para su actividad, permitiendo la ineficiencia en el uso o bien la especulación.
Los balances de disponibilidad – demanda que realiza la Dirección General de Aguas para declarar áreas de agotamiento o áreas de restricción, consideran el total de derechos constituidos en una cuenca como la demanda existente, independiente si estos están en uso por parte de sus titulares. Respecto a la determinación de la disponibilidad de recurso en una cuenca, los estudios que la DGA utiliza son muy precarios y en el caso de las aguas subterráneas el modelo conceptual no es aplicable por insuficiencia en la información de las pruebas de bombeo.
2.- Las aguas subterráneas.-
Por la importancia que tienen estas aguas para las comunidades de agua potable rural, he considerado necesario analizar la legislación contenida al respecto en el Código de Aguas.
Las aguas subterráneas se encuentran definidas en el artículo 2 inciso final del C de A., y son aquellas que se encuentran ocultas bajo la tierra y que no han sido alumbradas.
Aquí debemos distinguir las aguas que son alumbradas en terrenos particulares para la bebida y otros usos domésticos, y aquellas alumbradas para cualquier otro uso.
Respecto a las primeras, el artículo 56 del Código de Aguas confiera a los particulares dueños de un predio, la posibilidad de alumbrarlas y de adquirir el correspondiente derecho de aprovechamiento sin necesidad de obtener un permiso de la autoridad administrativa, siempre y cuando ellas sean destinadas a la bebida o a otro uso doméstico.
Es interesante destacar que este derecho lo concede la ley aún cuando con ese alumbramiento de aguas se perjudique el suministro de aguas de pozos aledaños, siempre que las aguas reporten utilidad.
Respecto de las aguas subterráneas que son alumbradas para otros usos, el artículo 57 se remite a las normas de las aguas corrientes, por lo que es posible la adquisición del derecho de aprovechamiento y, por ende, la posesión. Es este caso se requiere constituir el derecho de aprovechamiento a través de un acto de autoridad.
3.- Acceso al agua, derecho esencial de todo ser humano.-
Nuestra actual legislación sobre el uso del agua, no consulta una priorización sobre los usos del agua y no cautela el “buen uso” de la misma. Deja en un mismo nivel el agua para recreación ó riego que el agua para bebida y usos domésticos.
Nuestra actual legislación, permite que un particular obtenga gratuitamente un caudal de agua con el solo fin de posteriormente venderlo de acuerdo a las normas del mercado, esto es, las condiciones de oferta y demanda.
Nuestra actual legislación, ampara el mal uso de las aguas, al no exigir al titular de un derecho de aprovechamiento, un uso eficiente y consiente del agua, recurso libre y escaso.
Nuestras actuales autoridades ejecutivas y legislativas no manifiestan voluntad de resolver la grave inequidad que se ha producido en la distribución de los derechos de aguas, que desde el año 1981 a la fecha, ha significado concentración de derechos de aguas en pocas manos, que ha facilitado la especulación y ha permitido que unos pocos, los mismos de siempre, compren tierras a bajo precio, dado que estas quedaron sin posibilidad de obtener agua.
No se quiere asumir que el agua es un bien libre, escaso que nos pertenece a todos, que debemos cuidar por el bien de la sociedad en su conjunto. Por tanto, el Estado es quien debe ser el propietario de las aguas en Chile y legislar para que estas se usen eficientemente y con transparencia.
La historia esta llena de ejemplo de lo que pasa cuando la Sociedad deja que sea el Mercado quien administre los recursos naturales. Alguien recuerda los bosques de esta Región, sus ríos con una flora y fauna diversa, las costas con peces en variedad y cantidad.
Hemos llegado a esta sin razón en el manejo del recurso agua porque en una época de triste memoria para nuestro país se legisló pensando en los intereses económicos de unos pocos y con un desprecio por la vida y el futuro de nuestra población.
TEMAS FACTIBLES DE INTERCALAR
a) La DGA y su rol pasivo en enfrentar el drama de agua, alentando políticas de carácter comercial privado, al establecer en la legislación los “remates de aguas”, que sólo permite a los que tienen dinero hacerse de nuevos recursos.
b) LA DGA y el sistema de control de los caudales usados, estableciendo patentes por no uso del agua. Basta que un privado pague la multa para continuar especulando con el agua o bien coloque en su pozo una bomba y diga que esta habilitado y en uso.
c) Es necesario crear conciencia que el agua debe volver a manos del Estado, quien con ayuda de los avances tecnológicos debe implementar un sistema de concesiones de aguas donde en todo momento se privilegie un uso priorizado y eficiente.
d) LA priorización del agua debe colocar el uso del agua para consumo humano en primera prioridad.
NO OLVIDAR QUE EL ACCESO AL AGUA ES UN DERECHO ESENCIAL DE TODO SER HUMANO.
#1 juan lavin 12-08-2011 13:49
Muy buen aporte y comentario histórico.
Debería escribirse un libro sobre ello.
#2 Magaly Teillier 12-08-2011 15:30
Absolutamente de acuerdo con lo que postulas, efectivamente colocar el agua en manos de empresarios significa entregar un recurso esencial al mercado, por tanto no asegurando el acceso de este bien escaso a los chilenos, lo que puede ser, a corto plazo, un riesgo vital para nuestra sociedad. Que el agua vuelva a manos del Estado, fin al lucro y la especulación con el agua, hay que luchar por todo ello. Hay que hacer conciencia, informando y educando, porque en Chile las cosas se hacen a espaldas de la ciudadanía, amparándose en la ignorancia en temas relativos a cosas vitales.
Agradezco el artículo y la precisión del mismo, claramente un tremendo aporte para quienes creemos en un mundo mejor, más justo y equitativo. Sobre todo, por los que queremos un país capaz de manejar sus recursos priorizando a su gente, y no exponiendo al mercado multinacional nuestras riquezas, nuestro futuro y el futuro de las nuevas generaciones.
#3 Cristian Villarroel 12-08-2011 23:32
Muy buen articulo, y déjeme decirle, con mucho respeto, que además me sorprende por ser un ingeniero civil su autor, ya que comúnmente, junto con otros profesionales, encuentran que el modelo de asignación y propiedad del agua en chile es casi perfecto. (Doble felicitación al autor).
Bueno, en esta mima línea, hoy (12 Agt.) apareció en La Tercera, la oferta publica para la adquisición por parte de os Fondos de Pensiones de los Profesores de Canadá, de las acciones de ESSBIO S.A. , cuestión que viene a cerrar el proceso de venta de la participación que el estado poseía en las empresas sanitarias, resguardando tan solo un 5%.
La tarea de desmontar las actuales políticas de agua en chile son muchas, por tanto debemos trabajar a diario y unidos para ganar esta lucha que, no es por nosotros, si no por las futuras generaciones. Saludos.
#4 Pablo Valdiviezo 16-08-2011 15:09
La actual legislación privatizadora del agua mantiene una declaración de principios en que el agua se denomina como bien público pero en lo fáctico es tan solo un bien de consumo en que el aprovechamiento -única condición realmente importante- está a la sola merced de quiénes puedan pagar más por ella y por tanto acaparándo nuestro recurso público y universal. Esto perjudica enórmemente al sector del pequeño campesinado del norte grande y chico del país que además de contar con condiciones climáticas adversas deben quedar desamparados ante el no acceso igualitario al vital recurso y con esto sale perjudicado uno de los sectores socio económicos y socio culturales más tradicionales y relevantes de nuestro país, el sector agrícola y agropecuario. Con esto las Comunidades Agrícolas y localidades campesinas del secano han quedado históricamente al margen del vital recurso sin mencionar que en Chile se paga en proporciones y en lo efectivo el agua más cara de nuestro sub continente latinoamericano. El cambio es legislativo y para eso la voluntad debe ser política ya que los conflictos detrás de esta problemática son finalmente económicos y ante todo el Estado debe velar por el bienestar de todos sus ciudadanos y no de los que más detenten poder económico.
#5 Pilar Alvarado 20-06-2017 13:45
Excelente análisis, concuerdo plenamente con tu visión.

References: artículo 945
 artículo 56
 artículo 19
 artículo 5
 Artículo 6
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 57