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Timestamp: 2018-10-21 15:27:01+00:00

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Sentencia Nº. 294 | De la Llave & Asociados
Sentencia Nº. 294
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SECCION Nº. 8
Rollo Nº: 515/2005
Autos: 642/2004
Procedencia: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE Nº2 DE MÓSTOLES
Demandante/ Apelante: C.P. …
Procurador: Mª DOLORES HERNANDEZ VERGARA
Demandado/Apelado: D. …
Procurador: JORGE DE MIGUEL LÓPEZ
Ponente: ILMO SR. D. ANTONIO GARCÍA PAREDES
Ilmo. Sr. D. Antonio García Paredes
Ilmo. SR. D. Manuel Camino Paniagua
Ilmo. Sr. D. José Manuel Arias Rodríguez
En Madrid, a ocho de mayo de dos mil seis.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Móstoles Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante, C.P. …, de otra, como demandado-apelado-impugnante, D… y de otra, como demandante-apelada, DÑA. …, sin representación ni defensa en esta alzada por su incomparecencia.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Antonio García Paredes.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Móstoles, Madrid, en fecha 30 de diciembre de 2004, se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora SRA. GARCÍA LETRADO en nombre y representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS … contra … representado en autos por el Procurador SR. JULVEZ PERIS MARTIN debo absolver y absuelvo a … de todos sus pedimentos; debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y abonándose las comunes por mitad”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante e impugnación por la parte demandada D. …, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, substanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 4 de mayo de 2006.
PRIMERO.- Planteamiento de la apelación
Frente a la sentencia de primera instancia, que desestimó la demanda de demolición de obras realizadas por los demandados, la Comunidad de Propietarios demandante formula recurso de apelación alegando, como primer motivo, que la sentencia ha incurrido en infracción por inaplicación de los artículos 7, 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal y artículo 9 de los Estatutos de la Comunidad, todos los cuales impiden que los propietarios pueden efectuar obras que afectan a los elementos comunes y, como segundo motivo, que la sentencia ha incurrido en error de la valoración e interpretación del acuerdo de cerramiento aprobado en la Junta General Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2000.
La parte demandada se opone a dicho recurso e impugna, a su vez, la sentencia sólo en extremo referido a la no imposición de costas, al entender que debieron ser impuestas a la demandante puesto que fueron pretensiones.
SEGUNDO.- Sobre el recurso de la Comunidad de Propietarios demandante. Valoración de la prueba.
De entrada es preciso reconocer que la sentencia de instancia hace un acertado análisis de la situación del contexto en el que se produce el conflicto resaltando que se trata de una urbanización y no de un edificio por plantas. Esto es importante, porque, aunque la normativa de la Ley de Propiedad Horizontal sea aplicable también a las urbanizaciones, no cabe duda de que la realidad física de unas y otras tiene notables diferencias y esas diferencias modulan o hacen variar la incidencia de la norma legal aplicable. Así no es lo mismo hablar de fachada en un edificio por plantas (en que el muro que sirve de fachada en una urbanización de chalets adosados, pareados o de viviendas unifamiliares aisladas (donde los elementos comunes no están tan estrechamente ligados a los elementos privativos).
Tan es así que en el propio informe pericial que la parte actora acompaña a su demanda como apoyo a su pretensión se dice – en la primera de las conclusiones finales- que las obras de ampliación de la vivienda nº 8 “modifican la apariencia, estética y decoración del conjunto de la urbanización”. ES decir, no se utiliza por la perito el concepto de “fachada”, que la parte actora emplea – aunque entre paréntesis- en el hecho quinto de la demanda identificándolo con el de “elementos comunes”.
Esto lleva al planteamiento de la cuestión de si en una urbanización (como conjunto de edificios o chalets) se puede hablar de fachada de la urbanización o si el aspecto estético general se puede considerar como un elemento común.
En respuesta a la primera cuestión es de lógica y de sentido común entender que una urbanización por su propia naturaleza (conjunto o suma de chalets) no tiene fachada única si no tantas fachadas como chalets. Si etimológicamente fachada viene de faz (cara, aspecto exterior), cada chalet ofrece su cara, su aspecto, su fachada. Y como tal pertenece a su propietario, no a la comunidad. Así lo ha entendido la Sentencia de la sección 9ª de la Audiencia de Madrid de fecha 26 de noviembre de 2004: “al ser un conjunto de chalets las fachadas de cada uno de ellos son de uso privativo y es aspecto general no le incumbe a cada comunero”. Al igual que ocurre en la ciudad que, por más que todos los edificios que componen una manzana mantengan entre sí una unión y secuencia, no se habla de una sola fachada sino de tantas fachadas como edificios, sometida cada una al régimen propio y exclusivo de cada comunidad de propietarios o de cada propietario (en caso de que el edificio entero pertenezca a una sola persona física o jurídica). Por tanto, desde la perspectiva física no se puede considerar que exista algo así como “la fachada de una urbanización”. Ni desde la perspectiva jurídica- que siempre necesita a su base una realidad física- se puede afirmar que algo inexistente como “la fachada de una urbanización”. Ni desde la perspectiva jurídica – que siempre necesita a su base una realidad física- se puede afirmar que algo inexistente como “la fachada de la Urbanización” sea un elemento común protegido por la Ley de Propiedad Horizontal.
Respecto a la posibilidad de que se pueda atribuir el concepto jurídico de elemento común no tangible – aunque si perceptible- como el aspecto general de una urbanización, este tribunal no encuentra apoyo para ello en la Ley de Propiedad Horizontal. En los preceptos de dicha Ley se puede ver la distinción entre viviendas o locales de propiedad privativa y los elementos comunes – de copropiedad- que entrelazan y hacen posible el acceso y uso de los primeros (v.gr. artículos 3, 5, 6, 7y 9). El artículo 7 habla de “configuración o estado exteriores” refiriéndose a “edificio”, que es lo que antes hemos identificado con “fachada”. El artículo 9 establece como obligación de todo copropietario “respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos”. Pero habría que echar mano de un mecanismo muy amplio de analogía para introducir en la aplicación de la LPH a las urbanizaciones un nuevo concepto de elemento común como el de “aspecto general o estético” de la urbanización, imponiendo al derecho de propiedad unas limitaciones que no están en la Ley y que sólo serian viables con el consentimiento de cada uno de los afectados. Normalmente serán las ordenanzas municipales (encargadas de la disciplina urbanística, de la concesión de licencias de obras, y del control de la adecuación de la obra a la licencia) las que impongan determinadas condiciones o requisitos a los proyectos de obras.
De ahí que, aunque los Estatutos de la Comunidad demandante establezcan (art.9) la prohibición de que las obras “afecten a elementos comunes” o “menoscaben la seguridad, apariencia y decoración del edificio”, no es posible extraer de ahí – ni desde una expresión gramatical ni desde una interpretación sistemática y jurídica- un nuevo concepto de elemento común, o una restricción al derecho de propiedad superior o distinta a la recogida en el artículo 7, 9 ó 12 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Por tanto, ese dato de hecho – “modificación de la apariencia, estética y decoración del conjunto de la urbanización” – en que se apoya la parte actora para pretender la demolición de la obra llevada a cabo por los demandados ha sido valorado correctamente por el juzgador de instancia que, a su vez, ha aplicado correctamente las normas de la Ley de Propiedad relativas al caso. Los demandados, al realizar la obra denunciada, no han afectado mi alterado ningún elemento común y no han vulnerado los estatutos ni infringido los artículos de la Ley de Propiedad Horizontal que protegen tales elementos comunes.
Y respecto del acuerdo de la Junta de 25 de Febrero de 2000 que dispuso
“Se aprueba por unanimidad que el cerramiento de las pruebas de entrada a la casa deberá ser de aluminio, color blanco y techo color de la teja de la casa y modelo pequeño. En cuanto al modelo se aprueba que sea ochavado”, salvo los chalets del fondo que harán un diseño diferente guardando las formas”
hay que decir que el chalet de los demandados está entre los afectados por la excepción del último párrafo al ser uno de los denominados “chalets del fondo”. Y efectivamente respecto de éstos el acuerdo permite un diseño diferente, y no exige una forma concreta. Sin embargo los demandados – como se indica en el informe pericial aportado por la actora- han respetado los requisitos de la carpintería de aluminio color blanco y la cubierta de teja. Buscar más uniformidad con el resto es llevar aún más lejos las restricciones ya de por si escasas de los Estatutos y de la Ley de Propiedad Horizontal. Máximo cuando, como se resalta en la sentencia y se ve por las fotos aportadas, la Comunidad ha consentido otras obras claramente modificativas de la línea original o general de los chalets.
Por lo que el recurso de la parte demandante debe ser desestimado.
TERCERO.- Sobre la impugnación de la parte demandada.
En la sentencia de distancia se aplica la excepción del artículo 394 LEC de no imponer las costas cuando el caso ofrece dudas de hecho o de derecho. Y lo justifica la sentencia exponiendo las diferencias que al respecto existen en los pronunciamientos judiciales de las Audiencias Provinciales y que pueden ser originadoras de dudas razonables a la hora de entablar un pleito. Ello es así y se trata, además de una valoración reservada al juez de instancia. Por lo que el motivo de recurso debe ser desechado.
CUARTO.- Costas de la segunda instancia.
Por la desestimación de ambos recursos deben imponerse a cada parte apelante (art. 398 LEC) las costas procesales del recurso causadas a su instancia.
Vistos los artículos citados y además de general y pertinente aplicación.
Que, desestimado el recurso de apelación interpuesto por C.P. … y el interpuesto por D. … contra la sentencia de fecha 30 de diciembre de 2004 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Móstoles DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida resolución, imponiendo a cada apelante las costas de esta segunda instancia causadas con su recurso.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 394