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Timestamp: 2017-11-18 08:38:49+00:00

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Rodrigo R Gonzalez Fernandez, Consultor - Relator de cursos y asesor de empresas: 06/30/14
Esta reorganización, junto con desinversiones en Europa del Este y la racionalización de los gastos de mantenimiento le darían a la firma italiana las herramientas para acelerar el crecimiento.
Dentro del proceso de reorganización de activos anunciado por el nuevo consejero delegado de Enel, Francesco Starace, el banco de inversión suizo UBS estimó que el holding chileno Enersis podría dejar de pertenecer a Endesa España -que actualmente maneja un 60,62%- y pasar a control directo de la eléctrica italiana.
"Basado en una entrevista reciente con el Financial Times, creemos que el nuevo CEO (de Enel) sacudirá la estrategia. En este contexto, vemos la reorganización de América Latina como prioridad: estas actividades podrían ser sacadas de Endesa y ser transferidas a la matriz", dijo UBS en un reporte enviado a clientes.
En su opinión, la aceleración del proceso de integración en Latinoamérica parece un paso natural para Enel; sobre esta base, Enersis podría consolidar en la italianajunto con todas sus filiales.
Y para evitar un aumento del endeudamiento, Enel podría convertir su participación en Endesa (92%) en una firma ibérica de mayor tamaño y distribuidora de dividendos, y vender una participación.
"Creemos que un proceso de este tipo, (que) podría completarse dentro de 12 meses, le añadiría valor (a Enel) y le generaría tres ventajas: (1) aumentar la exposición a áreas de crecimiento, (2) disminuir la fuga de efectivo desde A.Latina, y (3) simplificar el perímetro sin impactar el apalancamiento", precisó el banco.
"Entre 2015-19, estimamos que Enel tiene la capacidad para incrementar el Capex
destinado a crecimiento en unos EUR 9 mil millones -en su mayoría en actividades reguladas y renovables en mercados emergentes y Estados Unidos-.
Asimismo, la compañía podría aumentar el reparto de utilidades (aunque más lentamente que expectativas anteriores), mientras el ratio deuda neta/Ebitda se mantenga por debajo de 2.5x. En los próximos 5 años, nuestras nuevas previsiones implican una tasa de crecimiento anual compuesta de la utilidad por acción de 6%", apuntó UBS.
Por todo lo anterior, el banco mejoró el precio objetivo de Enel a EUR 5,15 (desde EUR 4,90), al tiempo que reafirmó su recomendación de `comprar`.
Publicado por Unknown en lunes, junio 30, 2014 No hay comentarios.:
José Antonio Viera-Gallo: "Lo importante es que el argumento de la incompetencia del Tribunal sea sostenido con la claridad y la fuerza que el caso amerita y no se diluya entre muchas otras alegaciones...".
Técnicamente se puede sostener que entre Bolivia y Chile no hay una "disputa internacional" al no existir una discrepancia ni de hecho ni de derecho. Hay un tratado de límites vigente, cuya validez Bolivia no ha cuestionado ante la Corte de La Haya. Por otra parte, Bolivia usa desde hace más de un siglo las facilidades de transporte, almacenamiento y embarque de sus mercancías a través de territorio y puertos chilenos.
La demanda boliviana se remite a la existencia de un supuesto derecho histórico a contar con una salida soberana al mar, que habría sido tácitamente reconocido por Chile al haber hecho ofrecimientos antes de la firma del tratado de 1904 y, con posterioridad, al haber entablado conversaciones sobre las condiciones del acceso boliviano al mar en diversos momentos.
Bolivia exige ante la Corte que se establezca la obligación correlativa de Chile de negociar la forma en que pueda ejercer ese derecho que estima soberano. No solo pretende que Chile se vea constreñido a sentarse a una mesa de negociaciones, sino que además esas tratativas concluyan reconociendo la pretensión boliviana.
Este planteamiento, ¿constituye una disputa internacional que habilite a la Corte para conocer del asunto en los términos del artículo 36 de su estatuto? La respuesta debe ser negativa: existe un tratado que no ha sido desconocido por Bolivia, y ese país usa los puertos chilenos del Pacífico; tampoco hay una controversia sobre la interpretación de un tratado o sobre la existencia de un hecho cuya existencia implicaría la violación de una obligación internacional.
Una cosa son los medios diplomáticos que los Estados utilizan para encontrar soluciones a los problemas que surgen en la vida internacional, y otra muy diferente son los medios legales que permiten a los Estados recurrir ante las instancias internacionales para que resuelvan sus disputas. Ello solo puede ocurrir cuando hay una discrepancia sustancial respecto de un asunto de hecho o de derecho, lo que no ocurre en este caso: hay un tratado de límites vigente que Bolivia no desconoce formalmente en su demanda, y ese país usa los puertos chilenos invocando sus disposiciones.
De las tratativas que llevan a cabo los Estados sobre las más variadas materias, no puede desprenderse la existencia del derecho de una de las partes a que se entablen nuevas negociaciones y que estas concluyan conforme a sus pretensiones. Aceptar esa tesis sería judicializar la vida internacional e inhibir cualquier gestión de la diplomacia.
La Corte de La Haya carece de competencia para pronunciarse frente a la demanda boliviana. Efectivamente, no ha habido ningún acuerdo entre Chile y Bolivia que la habilite para intervenir, como lo exige el artículo 36 N° 1 del estatuto de la Corte. Este acuerdo sería indispensable teniendo en cuenta que el artículo 6 del Pacto de Bogotá excluye de los procedimientos que contempla -entre los cuales se incluye el recurso a la Corte- las materias resueltas por un tratado previo al Pacto, que fue ratificado por Chile en 1967 y por Bolivia solo en 2011. El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, que fijó definitivamente los límites entre ambos países, está fechado el 20 de octubre de 1904 y fue ratificado por ambas partes el 10 de marzo de 1905. Por el artículo 2 de ese Tratado de Paz y Amistad, Bolivia reconoce "el dominio absoluto y perpetuo de Chile" sobre los territorios que se verían afectados por la presentación boliviana.
No compete a la Corte de La Haya conocer este caso y mucho menos forzar a Chile a entablar una negociación que debiera necesariamente darle la razón a Bolivia. En un espíritu de buena voluntad y amistad, Chile ha estado abierto a discutir con Bolivia sus aspiraciones de mejorar las condiciones de acceso al mar que ya tiene, pero Chile siempre ha afirmado que no tiene asuntos territoriales pendientes con ese país.
Chile constantemente ha sostenido el principio de la obligatoriedad e intangibilidad de los tratados como fundamento del orden internacional, y ha reivindicado su derecho a negociar o a no negociar con cualquier país, respecto de cualquier materia. Si la Corte entrara a conocer el requerimiento boliviano, se establecería un mal precedente para todos aquellos casos en que un Estado busca desconocer un tratado vigente alegando un derecho histórico que solo encontraría legitimidad en negociaciones fallidas o en actos unilaterales. La Corte de La Haya, como afirma el artículo 38 de su Estatuto, debe aplicar en primer lugar las convenciones existentes entre los Estados, o sea, en este caso el Tratado de 1904.
Bolivia ha errado el camino para mejorar su acceso al mar, impidiendo que el tema pueda ser abordado en forma bilateral. La integración latinoamericana exige enfocar estos asuntos con un espíritu nuevo, no anclado en los conflictos pretéritos.
Sobre esta línea de argumentación hay un amplio consenso en el país. Queda ahora por dilucidar el momento procesal adecuado para formular la excepción de incompetencia del tribunal, decisión que la autoridad debe tomar escuchando las voces autorizadas de los expertos y asesores jurídicos. En esta demanda es perfectamente separable la cuestión de forma de la de fondo. Cualquiera que sea la resolución que se adopte, lo importante es que Chile no reconozca ni directa ni indirectamente la competencia de la Corte de La Haya para intervenir en este diferendo de opiniones, porque no estamos en presencia de una disputa de aquellas que ese tribunal está llamado a resolver y, además, porque existe un tratado vigente sobre la materia.
Lo importante es que el argumento de la incompetencia del Tribunal sea sostenido con la claridad y la fuerza que el caso amerita y no se diluya entre muchas otras alegaciones. A Chile le asiste la razón jurídica y debe plantearla derechamente.
La OCDE entra en el debate de la reforma tributaria con dudas sobre la implementación de la renta atribuida
Entidad solicitó antecedentes al gobierno y confirma que Chile será el único país entre los integrantes en atribuir rentas de manera obligatoria.
por sebastián valdenegro toro
Se aproximan semanas claves para la discusión de la reforma tributaria en el Senado. Se acerca el plazo para que el Ejecutivo presente indicaciones al texto, en medio de las diversas críticas que han recibido algunos planteamientos de la reforma, como la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y la falta -dicen los críticos- de incentivos para el ahorro y la inversión.
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Pero quizá el tema que genera la mayor controversia a la fecha es la renta atribuida. Diversos tributaristas han planteado que la idea de "atribuir" rentas a accionistas de sociedades sin que ellos hayan recibido dichos montos vulneraría la Constitución e, incluso, generaría problemas operativos al Servicio de Impuestos Internos (SII).
En este contexto, una de las principales críticas apunta a que el régimen vulneraría el acuerdo macro con el cual Chile ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el año 2010, dado que el país sería el único dentro del bloque en tener un régimen de atribución de rentas obligatorio.
¿Es aquello un mito o una realidad? El economista jefe de la OCDE para Chile y México, Eduardo Olaberría despeja las dudas y confirma que nuestro país será el único dentro del conglomerado que tendrá un régimen de atribución de rentas de carácter obligatorio.
Y si bien descarta tajantemente que el sistema vulnere el tratado de incorporación de hace cuatro años, plantea una serie de interrogantes sobre la implementación del sistema, desde quiénes serán las personas afectas a dicho tributo, hasta de qué manera el SII podrá gestionar los múltiples focos que eventualmente se podrían abrir en este tema.
Estas interrogantes, entre otras, fueron objeto de consulta por parte del organismo multilateral al gobierno hace un tiempo, revela Olaberría.
- ¿Cómo han observado la discusión sobre la reforma en Chile? La OCDE ha salido a la palestra en inumerables ocasiones.
- Nuestra impresión general es positiva. Nosotros el año pasado marcamos las deficiencias que habían en Chile y pusimos hincapié en dos cosas: cómo mejorar la inclusión y cómo mejorar la productividad. ¿Cómo se relaciona esto con la reforma tributaria? Porque uno de los objetivos principales de la reforma es mejorar la distribución del ingreso, que es un problema grande en Chile, que es el país OCDE donde la distribución del ingreso es más desigual.
Entonces, consideramos que es importante mejorar la educación y, entonces, el espíritu general de la reforma tributaria nos parece en términos generales positivos.
- ¿Y a nivel particular?
- Hay que empezar separando las cuestiones. En general, vemos muy bien la incorporación de impuestos ambientales. Nos parece que van bastante en línea con las propuestas de la OCDE. Lo mismo los impuestos al alcohol y al tabaco.
Respecto a los impuestos corporativos, según nuestros datos, el aumento no pondrá a Chile por encima del promedio de la OCDE. Por ahora, la tasa del 20% está muy por debajo de la media OCDE y el 25% lo pondrá un poco por debajo del promedio, así que no lo vemos como un aumento desmedido.
Eso sí, nos llamó la atención -si bien no estamos en desacuerdo- la rebaja en la tasa máxima del impuesto a las personas.
El sistema tributario chileno no es muy progresivo y pensamos que el espíritu de la reforma era hacerlo más progresivo, pero que se reduzcan los impuestos a los individuos quizá no iba en esa línea.
En un primer momento dudamos de su racionalidad, pero después la entendimos. Imaginamos que la racionalidad va por evitar el arbitraje que hay por el diferencial entre la tasa corporativa y la personal.
- Se ha planteado mucho de que la renta atribuida vulneraría la normativa de la OCDE. ¿Es así?
- Nosotros no lo vemos así. La OCDE no tiene una regla explícita sobre cómo tiene que ser el sistema impositivo en este sentido, así que esto no viola ninguna regla de la OCDE porque no hay una regla escrita en este punto concreto.
Además, hay varios países con sistema de imputación completa. Sin embargo, la característica de Chile es que va a ser obligatorio, por lo que es el primer país que tendrá esta particularidad en la OCDE.
- ¿Es eso positivo o negativo?
- Nosotros aún no lo sabemos porque no tenemos ninguna historia para hacer un análisis en función de otros países. Entonces, vamos a estar a la expectativa para ver qué podemos aprender de la situación de Chile. Eso sí, tenemos algunas dudas e inquietudes.
- En particular, sobre cómo va a ser la implementación. Por un lado, nos queda la duda de si esto podría generar algún problema de liquidez al accionista, ya que si en un momento se le exige que pague un impuesto antes que retire los dividendos, eso implica que el accionista tiene que tomar recursos anteriores para poder pagar los impuestos. No digo que vaya a ser así, pero queremos ver cuál es la implementación para ver cómo va a funcionar. Porque si funciona así, algunas personas podrían tener problemas de liquidez. Esa es una preocupación que tenemos.
-¿Qué otro punto les preocupa?
- En particular, quiénes estarán sujetos a este impuesto: ¿Cualquier persona que durante el año haya tenido acciones de una empresa? ¿O la persona que en un momento determinado poseía las acciones? Eso no nos queda claro y hemos hecho consultas a algunas autoridades chilenas y nos dijeron que serán los individuos que tengan las acciones al final del año impositivo. Pero eso también nos genera otras dudas.
- ¿Sobre el efecto en el mercado accionario?
- Claro, porque podría tener un impacto sobre el precio de las acciones cuando se acerca ese período. Un individuo quizá cerca de esa fecha se quiere desprender de las acciones para evitar pagar el impuesto. Podrían llegar a suceder caídas de precios. El gobierno nos ha dicho que ellos van a monitorear que no hayan desprendimientos de última instancia para evitar pagar impuestos. Pero no sabemos cómo se implementará eso y tenemos duda sobre su eficacia y si esto va a generar problemas administrativos. Debo recalcar que tenemos dudas, pero no una postura a favor o en contra.
- ¿Las nuevas atribuciones del SII están dentro de sus parámetros?
- Nosotros en el pasado sugerimos a Chile tomar medidas para mejorar el monitoreo del pago de impuestos. Varias de las medidas de la reforma coinciden con esa visión de la OCDE.
El debate sobre el ahorro y la inversión
- ¿Cómo valoran la eliminación del FUT? Se ha dicho que afectará el ahorro y la inversión.
- El FUT era algo muy particular de Chile, así que no tenemos un punto de comparación con otras economías. La sensación que tenemos es que el FUT no estaba funcionando necesariamente en la forma que había sido pensado.
La eliminación tiene el beneficio de que amplía la base imponible, algo que como OCDE recomendamos para que más instituciones paguen impuestos en Chile. Desde ese punto de vista, nos parece bien. No tenemos una idea clara de si su eliminación va a tener efectos negativos sobre la inversión y el ahorro, pero nuestra percepción es que no debiera tener efectos muy importantes.
- La mayoría de los países OCDE están recortando tasas de impuestos corporativos. ¿Hace esto a Chile menos competitivo?
- No nos parece que le vaya a restar competitividad. Nos parece, inclusive, que va en función de lo que son las sugerencias de la OCDE

References: artículo 36
 artículo 36
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 38
 resolución