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Timestamp: 2020-02-19 17:08:07+00:00

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Normatividad - contexto internacional y nacional
En este aspecto, desde lo internacional y lo nacional se ha generado una serie de normatividad y jurisprudencia, que da cuenta del derecho a la educación que tienen las personas jóvenes y adultas. Por ello en este espacio se enuncian las normas de mayor relevancia, las cuales son tomadas del documento de Lineamientos y Orientaciones de Política EPJA.
INSTRUMENTOS/ JURISPRUDENCIA
ÁMBITOS / ALCANCES
Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, noviembre de 1969). Expresa el acuerdo internacional sobre el reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas desde una perspectiva integral, sin distinción de raza, credo, género, lengua o cualquier otra condición.
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. (San Salvador, noviembre de 1988). El artículo 13 promulga el derecho a la educación de toda persona, precisando que sus fines son el desarrollo de la personalidad humana, la dignidad, el respeto a los derechos humanos, las libertades, la justicia y la paz. La realización del derecho a la educación implica que sea asequible en todos los niveles.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (diciembre de 1966). El pacto plantea que aún en tiempos de restricciones económicas graves, los Estados deben proteger los derechos de los más vulnerables, entre estos el derecho a la educación, con programas de bajo costo.
Convenio (No. 169 OIT), relativo a los pueblos indígenas y tribales en los países independientes (junio 27 de 1989). Se reconoce en el convenio la necesaria protección de los derechos de los pueblos indígenas debido a las condiciones de discriminación y presiones de que son objeto sus territorios por actividades relacionadas con el modelo de desarrollo. El sistema educativo debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en su formulación y ejecución para que sean pertinentes e incluyan sus intereses, saberes, experiencias y aspiraciones.
Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (diciembre de 1979). Reconoce la situación de discriminación en todas las esferas sociales de las mujeres; promueve la garantía de sus derechos como factor de igualdad y paz.
Convenio 169/1989 OIT El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.
Fuente: MEN, 2017: Tomado del documento de Lineamientos y Orientaciones de Política EPJA. Subdirección de Permanencia Subdirección de Permanencia. Dirección de Cobertura y Equidad.
Constitución Política de Colombia de 1991 Determinó en sus artículos 67 y 68 la base constitucional del marco normativo al considerar que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y establecer como obligaciones especiales del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales.
Ley 21 de 1991 Por medio del cual se ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
Ley 70 de 1993 Ley de derechos de la población afro colombiana como grupo étnico. En el artículo 42 dispone: “El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de etnoeducación para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica, que asesorará dicha política con representantes de las comunidades (…)”
Ley General de Educación 115 de 1994 El Título III, modalidades de atención educativa a poblaciones, define la educación para adultos y establece sus objetivos específicos. Autoriza la validación de conocimientos, experiencias y prácticas sin la exigencia de haber cursado los grados de escolaridad; establece los programas semipresenciales para adultos y anuncia el fomento de programas de educación no formal (hoy educación para el trabajo y el desarrollo humano). Título III, capítulo 3, que se refiere a las modalidades de atención educativa a poblaciones.
Ley 152 de 1994 Desarrolla cuatro ejes fundamentales: 1. Profundiza el proceso de descentralización y asigna a los municipios con población mayor a 100.000 habitantes el manejo de la educación. 2. Asigna los recursos a las ETC en función de los alumnos matriculados, no de la oferta. 3. Asigna nuevas funciones a rectores y directores. 4. Determina las responsabilidades de la Nación y las entidades territoriales y posibilita la delegación de funciones entre entidades y hacia las instituciones educativas.
Ley 715 de 2001 El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.
Ley 725 de 2001 Por medio del cual se estableció el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad.
Ley 1151 de 2007 Reglamenta las disposiciones del “Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010” con las que establecen estrategias para el fortalecimiento de la población afro colombiana, entre otros.
Ley 1381 de 2010 Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5º 'y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
Ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras Constituye un instrumento para la atención educativa de personas víctimas del conflicto armado, entre ellas, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, personas con discapacidad, haciendo imperativa la aplicación del enfoque diferencial, obligando al Estado a resarcir los derechos a la educación y especiales garantías y medidas de protección con mujeres, jóvenes, niños, niñas y personas adultas.
Ley 1450 de 2011 Por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 1014, en que existe un capitulo el 4° étnico y afrocolombiano.
Ley 1618 de 2013 Indica que el Ministerio de Educación acompañará y hará seguimiento a las entidades territoriales en la implementación de las estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para las personas con discapacidad, tanto en edad escolar como adultos. Agrega que este incluirá dentro del Programa Nacional de Alfabetización, metas claras para la reducción del analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad.
Decreto 804 de 1995 Reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, resaltando criterios concertados para nombramiento de docentes en comunidades negras y para el desarrollo de la infraestructura física.
Decreto 2248 de 1995 Conformación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras prevista en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993, adscrita al Ministerio del Interior.
Decreto 2249 de 1995 Conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras a nivel nacional y en los departamentos con la cual debe concertarse las políticas de etnoeducación.
Decreto 1122 de 1998 Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1397 de 1996 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones.
Decreto 3323 de 2005 Por el cual se reglamenta el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan otras disposiciones.
Decreto 3012 de 2005 Por el cual se crea la Mesa Regional Amazónica para los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
Decreto 140 de 2006 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del decreto 1397 de 1.996.
Decreto 2046 de 2007 Reglamenta las disposiciones del “Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010” con las que establecen estrategias para el fortalecimiento de la población afro colombiana, entre otros.
Decreto 4181 de 2007 Crea la Comisión Intersectorial para el avance de la población afro colombiana, negra, palenquera y raizal, para hacer recomendaciones tendientes a superar las barreras que impiden su inclusión social, económica y política.
Decreto 3770 de 2008 Reglamenta las comisiones consultivas como instancia de concertación y establece requisitos para el registro de consejos y organizaciones comunitarias.
Decreto 2500 de 2010 Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.
Decreto 2957 de 2010 Por el cual se expide un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Room o Gitano.
Decreto 408 de 2011 Ordena asegurar el acceso y la permanencia de la población víctima del conflicto, a través de medidas como la exención de costos académicos en las instituciones educativas oficiales, la entrega de útiles escolares o uniformes, la contratación del servicio de transporte. Ordena al Programa Nacional de Alfabetización priorizar la atención a población iletrada víctima haciendo uso de los modelos flexibles.
Decreto 2163 de 2012 Por el cual se conforma y reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1953 de 2014 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.
Decreto 1075 de 2015 El decreto único reglamentario del sector educación es una compilación de la totalidad de los decretos vigentes del sector educativo. En tal sentido, incorpora en su estructura los contenidos del decreto reglamentario 3011 de 1997, en el capítulo 5, sección 3, Educación para adultos y otros.
Directiva ministerial 14 de 2004 Establece orientaciones para la administración del Programa Nacional de Alfabetización y educación de jóvenes y adultos, con respecto a la institucionalización de este servicio en los establecimientos educativos que lo ofrecen, la consideración de los referentes nacionales de calidad en su propuesta pedagógica, la asignación de docentes y la financiación de la misma, entre otros aspectos.
Directiva presidencial 01 de 2010 Por la cual se da garantía del derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos nacionales.
Circular del Ministerio de Educación Nacional, No. 007 de 2008 Define los mecanismos para financiar la capacitación, seguimiento, dotación de materiales y la remuneración de docentes con recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- cuando se atiende la población de ciclo II en adelante, mediante la contratación de modelos educativos flexibles. También precisa las estrategias para dar continuidad a los estudiantes en los ciclos lectivos especiales integrados (CLEI) II, III, IV, V y VI, definidos en el artículo 21 del decreto 1075 de 2015.
Fuente: MEN, 2017: Tomado del documento de Lineamientos y Orientaciones de Política EPJA. Subdirección de Permanencia. Dirección de Cobertura y Equidad.

References: artículo 13
 artículo 42
 artículo 45
 artículo 13
 artículo 329
 artículo 21