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Timestamp: 2019-02-17 18:50:08+00:00

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3.2. Relaciones con los clientes; libro de calidad
4.1. Garantía financiera y seguro de responsabilidad civil
4.2. Directiva europea para la prevención del uso de sistemas financieros con fines de blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo.
4.3. Código de conducta para profesionales inmobiliarios en materia de comercio
5. Reconocimiento mutuo de la capacidad para ejercer la profesión
6. Consejo europeo de arbitraje, mediación y disciplina de los profesionales inmobiliarios
En los Estados miembros de la Unión Europea hay alrededor de 320.000 profesionales inmobiliarios (Administradores de fincas y Agentes inmobiliarios), que dan trabajo a más de 1,2 millones de personas. Cerca de 2/3 de estos profesionales pertenecen a organizaciones profesionales nacionales. Algunos países cuentan con legislaciones más o menos apremiantes; en otros, no existen. Las actividades del Administrador de fincas y del Agente inmobiliario exigen cada vez más rigor, profesionalidad y amplios conocimientos en áreas tan variopintas como el derecho, la fiscalidad, los seguros, la economía, la contabilidad, las técnicas de construcción, la sociología, los mecanismos de financiación, la informática, el urbanismo, la distribución territorial, etc. Además, estos conocimientos requieren de una puesta al día perpetua mediante la formación continuada.
Como resultado, un número nada desdeñable de actores del sector inmobiliario puede no ofrecer todas las garantías necesarias para la protección del consumidor.
Dentro del espíritu de la Legislación Única Europea y atendiendo a las responsabilidades que incumben a los profesionales inmobiliarios desde el punto de vista del papel civil, económico y social que les corresponde, a continuación establecemos las bases para un Código deontológico común que reúne los principios de ética y conducta para las profesiones del sector inmobiliario.
- no aceptar ninguna misión que sobrepase su área de experiencia, salvo en lo que serefiere a conseguir, previo acuerdo de su mandante, la participación de un especialista cuyos límites de intervención estarán claramente definidos;
En el marco de las relaciones con los clientes, el profesional inmobiliario actuará con
- no solicitar los servicios del colaborador de un colega sin que lo sepa éste último;
- evitar cualquier conflicto con un colega que pueda perjudicar a los intereses de los clientes.
- Respetará sus compromisos y velará por garantizar la fiabilidad de las informaciones que facilita, junto con la seguridad de los procedimientos de formalización de contratos y pago. El grado de protección concedido a los clientes en la aplicación de estos principios será equivalente a aquél del que se benefician en el marco de las ransacciones tradicionales.
- las condiciones generales de aplicación (identificadas como tales, fácilmente accesibles y redactadas en las lenguas utilizadas en la página web)
Siempre que el profesional inmobiliario establezca enlaces a otras páginas web, indicará claramente al cliente que dichas páginas no le ofrecen necesariamente el mismo grado de protección. También precisará que no se responsabiliza del contenido
de dichas páginas, ni del grado de seguridad que ofrezcan.
4.3.2.7. Reclamación y resolución de conflictos.
El profesional inmobiliario pondrá a disposición de los clientes información detallada sobre la gestión de posibles reclamaciones y, en su caso, sobre los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos.
Esta información se facilitará en la lengua elegida por el cliente para consultar la pági naweb y formalizar el contrato.
En caso de reclamación, se invitará al cliente a contactar en primer lugar al profesional inmobiliario cuyos datos le fueron comunicados conforme a los Artículos 4 y 5. La reclamación será gestionada por el profesional inmobiliario en el mejor plazo posible.
En caso de que el cliente no quede satisfecho con la respuesta o con la solución amistosa propuesta por el profesional inmobiliario, podrá remitirse en su caso al órgano judicial o extrajudicial competente mencionado en el Artículo 5.
4.3.2.8. Formalización del contrato
Antes de firmar un contrato, el cliente recibirá una copia completa de éste.
Dentro del procedimiento de formalización de un contrato y previamente a su confirmación final, el cliente tendrá la posibilidad en todo momento de rectificar los posibles errores.
Con este fin, el profesional inmobiliario pondrá a la disposición del cliente un sistema en dos fases:
- primera fase acuerdo sobre el contenido del contrato
- segunda fase firma del contrato
El profesional inmobiliario acusará recibo de la firma del contrato sin demora injustificada. A continuación, el contrato será entregado al cliente en papel.
El contrato deberá contener como mínimo las siguientes disposiciones:
- la identidad completa de las partes implicadas
- la dirección completa de las partes implicadas
- los derechos y obligaciones de las partes implicadas
- la descripción más precisa posible del objeto del contrato
- la descripción más precisa posible de la misión del profesional inmobiliario
- la posibilidad o no de renovación tácita del contrato
- los honorarios del profesional inmobiliario y las modalidades de pago
- cualquier otra especificación indispensable para el buen cumplimiento del contrato
4.3.2.9. Pago
El profesional inmobiliario no aceptará en ningún caso el pago, independientemente de la forma de éste, antes de la firma del contrato.
4.3.2.10. Protección de datos personales
Los datos de carácter personal referentes a los clientes serán tratados desde el respeto a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.
- se tratarán de forma leal y lícita;
- se recopilarán con fines determinados, explícitos, legítimos y no se tratarán posteriormente de manera incompatible con dichos fines;
- serán adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que han sido tratados;
- serán exactos y, en la medida de lo posible, actualizados,
- se conservarán de forma que permitan identificar a las personas en cuestión durante un plazo no superior al necesario para el cumplimiento de los fines para los que han sido tratados, o no superior al plazo de legal de conservación de datos establecido por la legislación del país donde se haya realizado la transacción.
Se informará al cliente sobre el tratamiento (datos tratados, fines, etc.). Éste podrá ser comunicado de los datos que le atañen y, en su caso, rectificarlos. El cliente estará informado de la existencia de este derecho y la manera de ejercerlo.
El cliente podrá oponerse a que los datos que le atañen sean tratados o comunicados a terceros con fines de marketing directo.
5. RECONOCIMIENTO MUTUO DE LA CAPACIDAD PARA EJERCER LA PROFESION
Sin perjuicio del respeto de los requisitos legales nacionales, posiblemente más estrictos en algún caso, el profesional se comprometerá a atenerse a los criterios mínimos comunes de formación establecidos en el Artículo 15 de la directiva europea sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
6. CONSEJO EUROPEO DE ARBITRAJE, MEDIACION Y DISCIPLINA DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS (CEAMD)
El presente reglamento ordena el funcionamiento del Consejo de arbitraje, mediación y disciplina y está capacitado para tratar conflictos profesionales entre profesionales inmobiliarios de diferentes países de la Unión europea o del espacio europeo afiliados a organizaciones profesionales miembros de CEPI o de cualquier otra organización profesional europea que tenga un objeto idéntico o similar al de las asociaciones miembros de CEPI.
En el seno de CEPI, se constituye un Consejo europeo de arbitraje, mediación y disciplina.
Su sede social queda establecida en los locales de CEPI.
El CEAMD se compone de cinco consejeros que eligen entre ellos a un Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero y un Secretario. También se eligen cuatro consejeros suplentes.
En su función arbitral, la sede está constituida por tres consejeros.
En su función disciplinaria y mediadora, la sede está constituida por tres consejeros nombrados por el Presidente del CEAMD; cada parte implicada elegirá a un consejero, y un tercero recaerá en la persona del Presidente o en un consejero nombrado por él.
Los consejeros se eligen en la Asamblea general obligatoria de xxx entre los candidatos para estas funciones, presentados por el Consejo de administración a partir de las propuestas de las Asociaciones miembros de xxx. Con anterioridad, el Consejo de administración examina la validez de las candidaturas en términos de integridad, conocimientos y competencia de los candidatos seleccionados.
Los consejeros se eligen por un año y su elección coincide con la de los miembros del Consejo de administración. Éstos son reelegibles un máximo de dos veces.
El fin del mandato en el seno del CEAMD no pone fin a los deberes de los consejeros salientes respecto a terminar los asuntos pendientes que les hayan sido instruidos previamente. Deberán finalizarlos incluso pasado el vencimiento de su mandato, mientras sigan siendo miembros de CEPI.
6.3. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD
Para ser elegible en el seno del CEAMD hace falta que el candidato cumpla los siguientes requisitos respecto a la asociación miembro que le proponga como consejero:
- ser miembro de CEPI desde hace al menos cinco años
- ejercer la profesión desde hace al menos diez años
- haber cumplido los 40 años
6.4. CONSEJO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
El Consejo de arbitraje y mediación puede tratar cualquier conflicto de carácter profesional entre uno o más miembros de alguna de las asociaciones mencionadas en el preámbulo.
Asimismo, las partes pueden solicitar la mediación del Consejo.
En caso de arbitraje, los miembros de CEPI implicados deben comparecer personalmente si el tribunal arbitral lo juzga oportuno.
Las partes implicadas pueden hacerse asistir por un asesor técnico o abogado.
Tras el examen del conflicto, el tribunal arbitral pronuncia una decisión arbitral ante la que no procede recurso.
La demanda introductoria debe ser dirigida por escrito al Presidente del CEAMD en la sede social de CEPI.
Con el apoyo de cualquier demanda introductoria, el demandante entregará una cantidad en concepto de registro conforme al baremo estipulado en el Artículo 13 del presente reglamento en manos del tesorero del CEAMD; esta suma representa los gastos procesales y será asumida por la parte perdedora con posterioridad a la motivación invocada en el fallo arbitral.
Las partes deberán asumir, en la medida que determine el fallo arbitral, los honorarios y gastos excepcionales de presentación, expertos, desplazamientos y todo tipo de desembolsos generalmente utilizados con vistas a resolver equitativamente sus diferencias.
Durante el curso de la instrucción, el Presidente del CEAMD o un consejero delegado al efecto deberán tratar de conciliar a las partes o intentar la mediación.
Tras la presentación de su causa ante el CEAMD, las partes serán invitadas a firmar un convenio de arbitraje y a elegir a dos árbitros mediante la presentación de una lista.
La redacción de los fallos arbitrales incluirá los nombres, apellidos, cualificaciones y domicilio de los árbitros y las partes implicadas, una exposición resumida de los puntos de hecho y de derecho, los motivos y disposiciones, el lugar y la fecha del pronunciamiento del fallo arbitral y la firma de los miembros de la sede.
El Presidente del Tribunal arbitral deberá levantar acta del fallo arbitral en el registro de la jurisdicción competente a menos que, establecido en amigable componedor, el tribunal arbitral haya sido dispensado expresamente por las partes al respecto.
El Tribunal arbitral que decida la validez de una solicitud de demanda de arbitraje, tras el examen de los informes y conclusiones depositados por las partes implicadas, convocará a las partes por carta certificada a que comparezcan en un plazo de 90 días desde el nombramiento de los árbitros, con 30 días de antelación.
El fallo arbitral motivado deberá producirse dentro de los 60 días completos desde la comparecencia, y será notificado por envío certificado al domicilio de cada una de las partes implicadas, salvo dispensa obtenida por las partes.
En caso de apelación a un fallo, mientras la convención de arbitraje lo prevea, ésta será interpuesta dentro de un mes desde la notificación del fallo.
Si, en ocasión de un arbitraje, una de las partes faltara deliberadamente mediante palabras o escritos injuriosos, difamatorios o amenazantes a la consideración debida al tribunal, éste podrá decidir mediante una mayoría de sus miembros el rechazo al arbitraje de la diferencia y permitir que los consejeros elegidos remitan al miembro en particular ante el Consejo disciplinario de CEPI.
Los consejeros quedan exonerados expresamente de toda responsabilidad personal y sus fallos no pueden comprometer la responsabilidad de CEPI. Las partes renuncian a perseguir lo anterior motu proprio.
Ocasionalmente, los árbitros pueden recibir honorarios, cuyo importe estará fijado por el Consejo de administración de CEPI y en las mismas condiciones se les puede ofrecer indemnización por los desplazamientos.
Los consejeros pueden disponer del personal administrativo necesario, junto con un abogado inscrito en el registro de diferentes colegios nacionales, en caso de que la complejidad jurídica del caso así lo exigiera, y los honorarios derivados deberán estar cubiertos por los derechos de registro recibidos.
6.5. EL CONSEJO DISCIPLINARIO
El CEAMD hará las funciones de Consejo disciplinario cuando así lo requiera un miembro de una asociación profesional o la propia asociación profesional en el caso de:
- faltas o infracciones del reglamento de orden interno de CEPI o del Código deontológico de CEPI.
- faltas o fallos reprochados a cualquier administrador de CEPI en el ejercicio de su mandato.
Los miembros de CEPI implicados tienen la obligación de comparecer ante el Consejo disciplinario a la primera exhortación; pueden hacerse asistir por un asesor técnico o abogado.
Se podrán pronunciar fallos disciplinarios por defecto inculpando al miembro que no comparezca sin motivo admitido legítimamente.
Tras el examen de los hechos impugnados y la comparecencia de las partes, el Consejo disciplinario resolverá equitativamente y decidirá ya sea una “medida disciplinaria motivada”, o un “no ha lugar”.
Los fallos disciplinarios deben estar motivados y no son susceptibles de apelación.
Las causas se presentan ante el Consejo disciplinario mediante una comunicación o queja de un miembro de la asociación o de un tercero.
Los fallos disciplinarios son adoptados por la mayoría de los consejeros que constituyen la sede.
El Consejo de disciplina podrá multar con las penas siguientes:
- suspensión precautoria
- suspensión por medida disciplinaria
- propuesta de exclusión
La advertencia la comunica verbalmente el Presidente del Consejo y no figura en el informe personal del interesado.
La reprensión se notifica por escrito y se registra en el informe personal del interesado.
Será considerado reincidente aquel que, habiéndosele multado con una reprensión, sea culpado de una nueva falta durante los tres años desde el fallo en que se le multó con una reprensión.
La reprobación se registra en el informe personal del interesado. El fallo motivado que multa una pena de reprobación se comunica a los miembros de CEPI al completo.
Suspensión precautoria: todo miembro, persona física o moral, u órgano representativo de aquélla, que sea objeto de diligencias o procedimiento ante las jurisdicciones penales y/o civiles ordinarias, podrá ser suspendido como mínimo hasta el desenlace del procedimiento.
También existe posibilidad de suspensión para los miembros de CEPI implicados en diligencias o procedimiento relativo a actos delictivos o criminales.
Al Consejo de administración de CEPI le corresponderá decidir sobre la base del informe que le comunicará el Consejo de arbitraje, mediación y disciplina.
La suspensión por medida disciplinaria se inflige durante un mes como mínimo y doce meses como máximo. El miembro suspendido no podrá ejercer mandato, ni cargo en el seno de CEPI.
La propuesta de exclusión sólo podrá ser aplicada como sanción disciplinaria respecto a los miembros en estado de reincidencia, o que hayan sido objeto de condenas correccionales por hechos relacionados con la profesión o actividades infamantes.
La propuesta de exclusión se comunica al Consejo de administración de CEPI y figurará en el orden del día de la siguiente Asamblea general.
Será considerado reincidente aquel que, habiéndosele multado con una reprensión, suspensión o propuesta de exclusión, sea culpado de una nueva falta durante los cinco años desde el fallo en que se le multó con una de estas sanciones.
Toda persona que se beneficie de un no ha lugar o absolución puede solicitar la publicación sin coste del fallo del CEAMD. Dicha publicación no le podrá ser denegada.
6.6. ORGANIZACIÓN
Ningún consejero puede abstenerse sin motivo legítimo. Todo consejero deberá ser considerado incompetente si:
- tiene intereses personales en el asunto en cuestión
- es pariente o allegado de una de las partes hasta el 4º grado inclusive
- ha comunicado por escrito el asunto en cuestión
Todo consejero que se sepa incompetente está obligado a abstenerse.
Los consejeros del CEAMD basan su fallo sobre la base de todos los documentos, testimonios y pruebas admitidas por la ley, entendiéndose que el inicio de prueba por escrito no es exigible.
Los miembros individuales citados como testigos no podrán rehuir su comparecencia ni delegarla, bajo juramento ante el CEAMD, salvo excepción legal. En caso de abstención, estarán sujetos a medidas disciplinarias.
Los consejeros deben recibir las causas en la lengua del demandante y en francés o inglés.
Las sentencias son ejecutables a partir del pronunciamiento del fallo. En caso de urgencia debidamente constatado, los consejeros pueden prescribir las medidas precautorias que consideren oportunas sin perjuicio de la principal.
Las deliberaciones y decisiones del Consejo europeo de arbitraje, mediación y disciplina se mantendrán en secreto de cara a terceros, excepto en lo que concierne las medidas disciplinarias. No obstante, si el interés general así lo requiere, podrán publicarse extractos carentes de cualquier información que permita identificar a las partes implicadas.
La asociación tomará las medidas necesarias para que los documentos, archivos y fallos relativos al conflicto sometido al Consejo de arbitraje, mediación y disciplina se conserven fuera del alcance de curiosos.
La divulgación de los hechos puestos en el conocimiento de los miembros del Consejo europeo de arbitraje, mediación y disciplina y del secreto de sus deliberaciones será considerada falta grave, mereciendo a su autor una pena disciplinar no inferior a la reprobación. Si la divulgación fuera acometida por un colaborador de CEPI, éste estará
sujeto a la destitución por falta grave.
6.7. DERECHOS DE REGISTRO
- Excepto en el caso de quejas disciplinarias presentadas por el Consejo de administración de CEPI, el CEAMD establece en referencia al baremo recopilado a continuación la cantidad destinada a cubrir sus gastos de funcionamiento. Pertenece a los árbitros, al término de su misión, decidir cuál de las partes deberá asumir el pago de los derechos de registro, o en qué proporción serán divididas entre ellas.
- Como queda dispuesto en el Artículo 6, párrafos 3, 14 y 15 del presente reglamento, el demandante entregará una cantidad mínima de 250 euros.
- Baremo de derechos de registro y gastos: mínimo 1.000 euros.
A efectos de la decisión resultante de la Asamblea general de 30 de marzo de 2006, entra en vigor el presente reglamento de ordenación del Consejo europeo de arbitraje, mediación y disciplina.

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 5
 Artículo 15
 Artículo 13
 Artículo 6