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Timestamp: 2020-06-02 14:27:11+00:00

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STS 13 noviembre 2018: la ocultación de la filiación derivada de la infidelidad matrimonial no es un daño indemnizable de acuerdo con el art. 1902 CC. – Codigo-civil.net
admin diciembre 4, 2018 jurisprudencia
Roj: STS 3700/2018 – ECLI: ES:TS:2018:3700
Id Cendoj: 28079119912018100032 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Fecha: 13/11/2018 No de Recurso: 3275/2017
No de Resolución: 629/2018 Procedimiento: Civil
Tipo de procedimiento: CASACIÓN Número del procedimiento: 3275/2017 Fallo/Acuerdo:
Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE CÁDIZ SECCIÓN N. 5
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo Transcrito por: AAV
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por doña Juliana , representada por el procurador don Javier Campal Crespo, bajo la dirección letrada de doña M.a Salud Luna Rodríguez, contra la sentencia dictada con fecha 13 de junio de 2017 por la sección 5.a de la Audiencia Provincial de Cádiz en los autos de juicio ordinario n.o 561/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.o 2 de DIRECCION004 . Ha sido parte recurrida don Marino , representado por el procurador don Francisco Fernández Rosa, bajo la dirección letrada de don Jesús Salido Valle.
PRIMERO.-1.o- El procurador don Manuel Azcarate Goded, en nombre y representación de don Marino , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario, contra doña Juliana y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia en el sentido siguiente:
«Para el caso de que se desestime el recurso de apelación ensayado de contrario contra el auto de fecha 18 de abril de 2011 dictado en el seno de los autos de ejecución forzosa n° 116/2009 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de DIRECCION004 , se interesa la condena de la Sra. Juliana a:
«A. A abonar a mi mandante la suma de 19.226,51 € por las pensiones abonadas por el Sr. Marino a favor del menor Raúl en el periodo comprendido entre septiembre de 2.001 a junio de 2.009.
«B. A abonar a mi mandante la suma de 10.667,13 € por las pensiones abonadas por mi éste a favor del menor Raúl en el periodo comprendido entre julio de 2.003 a mayo de 2.013.
«C. A abono de la suma que se determine en ejecución de sentencia correspondientes a las cantidades que se devenguen desde el mes de junio de 2.013 hasta la fecha en que adquiera firmeza la sentencia que se habrá de dictar en los autos de modificación de medidas n.o 642/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 2 de esta ciudad.
«D. A abonar a mi mandante la suma de 522,88 € correspondientes al 50% de los gastos sufragados por el Sr. Marino para la realización de las pruebas de paternidad.
«E. A abonar a mi representado la suma de 70.000,00 € en concepto de daños morales y psicológicos irrogados por la demandada al Sr. Marino .
«F. Al abono de los intereses que devenguen las cantidades expresas anteriormente desde la fecha de presentación de la demanda.
«G. Al pago de las costas procesales causadas.
«Para el caso de que se desestime el recurso de apelación ensayado de contrario contra el auto de fecha 18 de abril de 2.011 dictado en el seno de los autos de ejecución forzosa n.o 116/2009 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de DIRECCION004 , se interesa la condena de la Sra. Juliana a:
«A. Abonar a mi mandante la suma de 35.304,37€ por las pensiones abonadas por el Sr. Marino a favor del menor Raúl en el periodo comprendido entre septiembre de 2.001 a junio de 2.009.
«B. Abonar a mi mandante la suma de 10.667,13€ por las pensiones abonadas por el Sr. Marino a favor del menor Raúl en el periodo comprendido entre julio de 2.003 a mayo de 2.013.
«C. Al abono de la suma que se determine en ejecución de sentencia correspondientes a las cantidades que se devenguen desde el mes de junio de 2.013 hasta la fecha en que adquiera firmeza la sentencia que se habrá de dictar en los autos de modificación de medidas n° 642/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de esta ciudad.
«D. A abonar a mi mandante la suma de 522,88 euros correspondientes al 50% de
los gastos sufragados por el Sr. Marino para la realización de las pruebas de paternidad.
«E. A abonar a mi representado la suma de 70.000,00 euros en concepto de daños morales y psicológicos irrogados por la demandada al Sr. Marino .
«F. A abonar de los intereses que devenguen las cantidades expresadas anteriormente desde la fecha de presentación de la demanda.
«G . Al pago de las costas procesales causadas».
2.o- La procuradora doña María Dolores Sánchez Zambrano, en nombre y representación de doña Juliana , contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que:
SEGUNDO.- Previos los trámites procesales correspondiente y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas el Sr. magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia n.o 2 de DIRECCION004 , dictó sentencia con fecha 3 de mayo de 2015 cuya parte dispositiva es como sigue FALLO:
«que estimando la excepción de prescripción alegada, debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador don Manuel Azcarate Coded en nombre y representación de don Marino contra doña Juliana , correspondiéndole a la actora al pago de las costas del procedimiento».
TERCERO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de don Marino . La Sección 5.a de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictó sentencia con fecha 13 de junio de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Marino , contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.o 2 de los de DIRECCION004 en los autos de que este rollo trae causa, debemos, revocar y revocamos íntegramente la misma, y en su consecuencia y estimando parcialmente, la demanda interpuesta por el citado D. Marino contra D.a Juliana , debemos acordar y acordamos condenar a la misma a abonar al actor las, siguientes cantidades:
«1.o La cantidad de 45.971,56 euros por las pensiones alimenticias abonadas hasta el mes de mayo del 2013.
«2.o Asimismo deberá abonar la cantidad que se acreditará en ejecución de sentencia correspondiente a dicha pensión alimenticia del menor, que aparecía como su hijo, desde Junio del 2013 hasta que adquiera firmeza la sentencia de Modificación de Medidas, dictada. en los autos 642/12 del Juzgado de 1.a Instancia de DIRECCION004 n.o 2.
«3.o Abonará asimismo como gastos la cantidad de 522,88 €. «4.o Por daños morales abonará la cantidad de 15.000 €.
«5.o Se absuelve a la demandada, del resto de las pretensiones contra ella deducidas, todo ello sin hacer imposición de costas en ambas instancias, acordando la devolución del depósito constituido».
CUARTO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación de doña Juliana con apoyo en los siguientes: Motivos:
SEXTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador Francisco Fernández Rosa, en nombre y representación de don Marino , presentó escrito de impugnación al mismo.
1. Don Marino estaba casado con Doña Juliana . Durante la vigencia del matrimonio nacieron tres hijos llamados Inocencio , Raúl y Javier , nacidos los días NUM000 de 1992, NUM001 de 1994 y NUM002 de 1997. Por sentencia de 28 de junio de 2009, dictada en autos de divorcio, se decretó el divorcio con las medidas pertinentes, entre otras una prestación de alimentos en favor de los tres hijos de 700 euros mensuales y el pago por mitad del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda. Con anterioridad a la sentencia de divorcio ambos cónyuges se habían separado por sentencia de 1 de septiembre de 2001, en la que se aprobó un convenio regulador y se puso a cargo del padre, en concepto de alimentos a los tres hijos, el 45% de los haberes líquidos que pudiera percibir.
2. Tras un proceso de filiación, en el que se declaró la no paternidad de don Marino respecto del que había venido considerando como hijo suyo, Raúl , nacido el NUM001 de 1994, formuló una demanda frente a quien había sido su esposa, para reclamarle: a) 35.304,37 euros en concepto de pensiones de alimentos abonados a su hijo, en virtud de sentencias, primero de separación y luego de divorcio; b) la mitad de los gastos abonados para la determinación de la paternidad, y c) 70.000 euros en concepto de daños morales.
3. La parte demandada se opuso a tales pretensiones y planteó la excepción de prescripción de la acción de conformidad con el art. 1968.2 CC, que fue estimada por el Juzgado con el argumento de que había transcurrido más de un año desde que el actor supo que el menor Raúl no era su hijo biológico, esto es en el año 2008, fecha en la cual se interpuso la pertinente demanda sobre impugnación de la paternidad, y la presentación de la papeleta de conciliación, el 9 de noviembre de 2011, no siendo hasta el 13 de junio de 2013 cuando se presenta la demanda.
4. Formulado recurso de apelación por el actor, la Audiencia Provincial estimó el recurso y en parte la demanda:
(i) En primer lugar, considera que la acción no está prescrita, pues el plazo debe computarse desde que lo supo el agraviado, y ese momento se concreta cuando adquirió firmeza la sentencia en el procedimiento de filiación -9 de noviembre de 2010-, y posterior inscripción registral. Instado acto de conciliación el 9 de noviembre de 2011, la prescripción se interrumpió hasta la celebración de dicho acto -13 de junio de 2012-, por lo que al presentarse la demanda el 13 de junio de 2013, la acción ejercitada no estaba prescrita.
(ii) En segundo lugar, concluye que, acreditada la falta de paternidad por parte del actor, se ha producido una ocultación dolosa al marido con el propósito de beneficiarse de las cantidades que tenía obligación de abonar en concepto de alimentos, lo que determina que se deban devolver aquellos que pagó y que se le indemnice en 15.000 euros por los daños morales ocasionados («dada la situación de clara frustración y desasosiego de quien durante mucho tiempo ha tenido relación, contacto y cariño con quien pensaba que era su hijo, para luego enterarse que se trataba de un hijo ajeno», lo que le habría influido hasta el punto de haber estado de baja por daños psicológicos).
(i) El primero se formula por infracción de los arts. 1968.2 y 1969 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de prescripción, por entender que este debe iniciarse en el momento en que el actor supo que Raúl no era su hijo con los resultados del estudio genético al que se habría sometido privadamente en el año 2008, y luego en el juicio de filiación donde se practicó una segunda prueba de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología de DIRECCION005 , con fecha de 17 de agosto de 2010, fecha en la que nuevamente conoció que el menor no era hijo suyo, no siendo hasta el 9 de noviembre de 2011 cuando se interpuso la papeleta de conciliación y posteriormente, el día 13 de junio de 2013, cuando se formuló la demanda de la que trae causa el presente recurso.
(iv) El cuarto por infracción del art. 1902 Código Civil y de la jurisprudencia de esta sala sobre la inexistencia de culpa extracontractual que determine la responsabilidad de la demandada y, por tanto, de las acciones indemnizatorias por daño moral y psicológico.
Es cierto, y también se ha dicho ( sentencias 6/2015, 13 de enero, 29/2015, 2 de febrero, 116/2015, 3 de marzo, entre otras), que el hecho de que la apreciación de la prescripción presente, junto al aspecto fáctico, una dimensión jurídica, ha permitido a esta sala revisar en algún caso la decisión de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables.
b) Estos alimentos, como las demás obligaciones que integran la potestad de los padres -velar por ellos, tenerlos en su compañía, educarlos, formarlos, representarlos y administrar sus bienes- ( articulo 154 CC), y el propio hecho de la filiación ( artículo 111 CC), han surtido sus efectos en cada uno de los momentos de la vida del niño porque la función de protección debía cumplirse y el hijo debía ser alimentado, lo que impide que pueda solicitarse su devolución por el hecho de que no coincida la paternidad real, basada en la realidad biológica, con la formal.
c) La no devolución tiene su origen en una antigua sentencia de 18 de abril de 1913, que confirma la línea jurisprudencial de las sentencias de 30 de junio de 1885 y 26 de octubre de 1897, según la cual los alimentos no tienen efectos retroactivos, «de suerte que no puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades perentorias de la vida». No se devuelven los alimentos como tampoco se devuelven los demás efectos asociados a estos derechos y obligaciones propias de las relaciones de los padres con sus hijos.
e) La filiación, dice el artículo 112 CC, «produce sus efectos desde que tiene lugar», y «su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no disponga lo contrario», como aquí sucede dado el carácter consumible de los alimentos.
CUARTO.- El tercer motivo presenta mayor complejidad. Lo que plantea -responsabilidad civil por daños morales en el ámbito familiar, en el concreto supuesto de ocultación de la paternidad-, no es ajeno a esta sala, que ha dictado cuatro sentencias, todas ellas desestimatorias de la pretensión indemnizatoria de daños morales (687/1999, de 22 de julio; 701/1999, de 30 de julio; 445/2009, de 14 de julio, y 404/2012, de 18 de junio), aunque sin haber llegado a fijar doctrina jurisprudencial, en algún caso por no haber sido procedente el examen de la cuestión de fondo.
En la segunda se sostiene, sin embargo, que «el daño moral generado en uno de los cónyuges por la infidelidad del otro, no es susceptible de reparación económica alguna, lo cual, origina la imposibilidad de atribuir al Tribunal «a quo» haber infringido, en el aspecto estudiado, los artículos 67 y 68 del Código Civil, en relación en el 1101 del mismo…», pues lo contrario llevaría a estimar que cualquier causa de alteración de la convivencia matrimonial conllevaría indemnización.
3. Esta sala mantiene en lo sustancial la doctrina sentada en la sentencia 701/1999, de 30 de julio, descartando la aplicación al caso del artículo 1902 del CC, por conducta dolosa del cónyuge que ocultó al otro la paternidad de uno de los hijos, que se hace en la sentencia 687/1999, de 22 de julio.
Conductas como la enjuiciada tienen respuesta en la normativa reguladora del matrimonio, como señala la sentencia 701/199, mediante la separación o el divorcio, que aquí ya se ha producido, y que no contempla la indemnización de un daño moral generado a uno de los cónyuges en un caso de infidelidad y de ocultación y pérdida de un hijo que consideraba suyo mediante la acción de impugnación de la filiación. Se trata de unos deberes estrictamente matrimoniales y no coercibles juridicamente con medidas distintas, como ocurre con la nulidad matrimonial, a través de una indemnización al cónyuge de buena fe – artículo 98 del CC-. Con una regulación, además, tan específica o propia del derecho de familia, que permite obtener, modificar o extinguir derechos como el de la pensión compensatoria del artículo 98 del CC, o decidir sobre la custodia de los hijos habidos de la relación matrimonial, al margen de esta suerte de conductas, pues nada se dice sobre las consecuencias que en este ámbito tiene la desatención de los deberes impuestos en el artículo 68 CC.
(iii) Es cierto que la sentencia ha relacionado el daño no con la infidelidad matrimonial (normalmente oculta), sino con la ocultación de los efectos de la infidelidad, en este caso de un hijo que se ha tenido como tal sin serlo (los efectos pueden ser otros). Al margen de que lo que lleva a la ocultación es el incumplimiento del deber de fidelidad, razones análogas a las expuestas en relación con este incumplimiento, resultan de aplicación cuando la conducta generada causante del daño es la ocultación de la filiación.
1.o- Estimar el recurso de casación formulado por la representación legal de Doña Juliana , contra la sentencia de 13 de junio de 2017, dictada en la apelación 84//2017, de la sección 5.a de la Audiencia Provincial de Cádiz.
2.o- Casar en parte la sentencia recurrida y dejar sin efecto los pronunciamientos de condena relativos a los alimentos del menor, Raúl , que aparecía como hijo del demandante, Don Marino , a la indemnización de daños morales, manteniéndola en todo lo demás.
3.o- No hacer especial declaración en cuanto a las costas de ninguna de las instancias ni de las causadas por el recurso de casación.

References: e contrario
e contrario
 artículo 111
 artículo 112
 artículo 1902
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 68