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Timestamp: 2020-04-03 10:28:01+00:00

Document:
Argentina. [Ley de firma digital (2001)]
Ley 25.506. Boletín Oficial n° 29.796, viernes 14 de diciembre de 2001, pp. 1-4.
Citas Legales : Ley 19.549, Ley 24.156
(Notas del Centro de Documentación: reglamentada por el Decreto 2628/02 . Artículo 28 modificado por el Decreto 624/03 . Reglamento de funcionamiento de la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital, aprobado por la Resolución JGM 435/04 . Lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del Gobierno electrónico, aprobado por el Decreto 378/05 . Marco normativo de firma digital aplicable al otorgamiento y revocación de las licencias a los certificadores que así lo soliciten, requisitos para el licenciamiento de certificadores; requisitos mínimos para políticas de certificación; perfil mínimo de certificados y listas de certificados revocados; contenidos mínimos del resumen de la política de certificación y del manual de procedimientos de certificación para suscriptores; contenidos mínimos de los acuerdos con suscriptores; contenidos mínimos de los términos y condiciones con terceros usuarios; montos de aranceles y garantías y contenidos mínimos de la política de privacidad, aprobados por la Decisión Administrativa JGM 6/07 . Política de Certificación de la Autoridad Certificante Raíz de la República Argentina, aprobada por la Resolución SSGP 63/07 . Implementación del sistema Estándares Tecnológicos para la Administración Pública en Línea.aprobado por la Resolución SGP 163/2010 . Herramienta informática denominada “Gestión de Autorizaciones Electrónicas para Firma Digital”, para formalizar electrónicamente los actos de otorgamiento, aceptación y revocación de autorizaciones, generales o especiales, ante esta Administración Federal, a fin de identificar a las personas físicas habilitadas para firmar digitalmente determinada documentación, aprobada por la Resolución general AFIP 3380/2012 . Nueva versión de la “Política de Certificación para Personas Físicas y Jurídicas de ENCODE S.A.”, bajo la cual el certificador licenciado deberá emitir certificados digitales, aprobada por la Resolución SGyCA 327/2013 . Renovación para operar como certificador licenciado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y nueva versión de la Política de Certificación bajo la cual el certificador licenciado deberá emitir los certificados, aprobado por la Resolución SGyCA 0492/2014 . Formulario de adhesión a la política única de certificación, Requisitos para el licenciamiento de certificadores, Política única de certificación, Perfiles de los certificados y de las listas de certificados revocados, Contenidos mínimos de los acuerdos con suscriptores, Contenidos mínimos de los términos y condiciones con terceros usuarios, Fórmula para establecer los montos de aranceles y seguros de caución y contenidos mínimos de la política de privacidad, aprobados por la Decisión administrativa JGM 927/2014 . Requisitos para el licenciamiento de certificadores, política única de certificación, perfiles de los certificados y listas de certificados revocados, contenidos mínimos de los acuerdos con suscriptores, contenidos mínimos de los términos y condiciones con terceros usuarios, montos de aranceles y seguros de caución y contenidos mínimos de la política de privacidad, aprobados por Resolución MM 399/2016 . Plataforma digital remota, aprobada por el Decreto 892/2017 . Reserva de documentos a los efectos de proteger la confidencialidad de la información contenida en actuaciones por las cuales tramitan los licenciamientos de la infraestructura de firma digital, aprobada por la Resolución SMA 10/2017 . Política única de certificación v1.0, Manual de Procedimientos v1.0, acuerdo con suscriptores v1.0, acuerdo utilización de la plataforma de Firma Digital Remota v1.0, Política de Privacidad v1.0 y Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0, aprobados por Resolución SMA 13/2018 . Artículos 4°, 18, 28 y 36 derogados y artículos 10, 27, 29, inciso b) del artículo 30 y artículo 34 sustituidos por la Ley 27.446 . Reglamentada por el Decreto 182/2019 )
ARTICULO 1º- Objeto. Se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley.
ARTICULO 2º- Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.
ARTICULO 3º- Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.
ARTICULO 4º- Exclusiones. Las disposiciones de esta ley no son aplicables:
ARTICULO 5º- Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
ARTICULO 6º- Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.
ARTICULO 7º- Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.
ARTICULO 8º- Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma.
ARTICULO 9º- Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:
ARTICULO 10.- Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.
ARTICULO 11.- Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.
ARTICULO 12.- Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.
ARTICULO 13.- Certificado digital. Se entiende por certificado digital al documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular.
ARTICULO 14.- Requisitos de validez de los certificados digitales. Los certificados digitales para ser válidos deben:
ARTICULO 15.- Período de vigencia del certificado digital. A los efectos de esta ley, el certificado digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, que comienza en la fecha de inicio y finaliza en su fecha de vencimiento, debiendo ambas ser indicadas en el certificado digital, o su revocación si fuere revocado.
La fecha de vencimiento del certificado digital referido en el párrafo anterior en ningún caso puede ser posterior a la del vencimiento del certificado digital del certificador licenciado que lo emitió.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer mayores exigencias respecto de la determinación exacta del momento de emisión, revocación y vencimiento de los certificados digitales.
ARTICULO 16.- Reconocimiento de certificados extranjeros. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley y sus normas reglamentarias cuando:
a) Reúnan las condiciones que establece la presente ley y la reglamentación correspondiente para los certificados emitidos por certificadores nacionales y se encuentre vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de origen del certificador extranjero, o
b) Tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a la presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser validado por la autoridad de aplicación.
ARTICULO 17.- Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.
La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector público se prestará en régimen de competencia. El arancel de los servicios prestados por los certificadores licenciados será establecido libremente por éstos.
ARTICULO 18.- Certificados por profesión. Las entidades que controlan la matrícula, en relación a la prestación de servicios profesionales, podrán emitir certificados digitales en lo referido a esta función, con igual validez y alcance jurídico que las firmas efectuadas en forma manuscrita. A ese efecto deberán cumplir los requisitos para ser certificador licenciado.
ARTICULO 19.- Funciones. El certificador licenciado tiene las siguientes funciones:
d) Mantener copia de todos los certificados digitales emitidos, consignando su fecha de emisión y de vencimiento si correspondiere, y de sus correspondientes solicitudes de emisión;
e) Revocar los certificados digitales por él emitidos en los siguientes casos, entre otros que serán determinados por la reglamentación:
ARTICULO 20.- Licencia. Para obtener una licencia el certificador debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley y tramitar la solicitud respectiva ante el ente licenciante, el que otorgará la licencia previo dictamen legal y técnico que acredite la aptitud para cumplir con sus funciones y obligaciones. Estas licencias son intransferibles.
ARTICULO 21.- Obligaciones. Son obligaciones del certificador licenciado:
c) Mantener el control exclusivo de sus propios datos de creación de firma digital e impedir su divulgación;
d) Operar utilizando un sistema técnicamente confiable de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación;
l) Publicar en el Boletín Oficial aquellos datos que la autoridad de aplicación determine;
m) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;
t) Someter a aprobación del ente licenciante el manual de procedimientos, el plan de seguridad y el de cese de actividades, así como el detalle de los componentes técnicos a utilizar;
u) Constituir domicilio legal en la República Argentina;
ARTICULO 22.- Cese del certificador. El certificador licenciado cesa en tal calidad: a) Por decisión unilateral comunicada al ente licenciante; b) Por cancelación de su personería jurídica; c) Por cancelación de su licencia dispuesta por el ente licenciante. La autoridad de aplicación determinará los procedimientos de revocación aplicables en estos casos.
ARTICULO 23.- Desconocimiento de la validez de un certificado digital. Un certificado digital no es válido si es utilizado:
ARTICULO 24.- Derechos del titular de un certificado digital. El titular de un certificado digital tiene los siguientes derechos:
ARTICULO 25.- Obligaciones del titular del certificado digital. Son obligaciones del titular de un certificado digital:
ARTICULO 26.- Infraestructura de Firma Digital. Los certificados digitales regulados por esta ley deben ser emitidos o reconocidos, según lo establecido por el artículo 16, por un certificador licenciado.
ARTICULO 27.- Sistema de Auditoría. La autoridad de aplicación, con el concurso de la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital, diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente licenciante.
ARTICULO 28.- Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital. Créase en el ámbito jurisdiccional de la Autoridad de Aplicación, la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital.
ARTICULO 29.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTICULO 30.- Funciones. La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
ARTICULO 31.- Obligaciones. En su calidad de titular de certificado digital, la autoridad de aplicación tiene las mismas obligaciones que los titulares de certificados y que los certificadores licenciados. En especial y en particular debe:
d) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos y direcciones de Internet tanto de los certificadores licenciados como los propios y su certificado digital;
e) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los certificadores licenciados que discontinúan sus funciones.
ATICULO 32.- Arancelamiento. La autoridad de aplicación podrá cobrar un arancel de licenciamiento para cubrir su costo operativo y el de las auditorías realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.
ARTICULO 33.- Sujetos a auditar. El ente licenciante y los certificadores licenciados, deben ser auditados periódicamente, de acuerdo al sistema de auditoría que diseñe y apruebe la autoridad de aplicación.
ARTICULO 34.- Requisitos de habilitación. Podrán ser terceros habilitados para efectuar las auditorías las Universidades y organismos científicos y/o tecnológicos nacionales o provinciales, los Colegios y Consejos profesionales que acrediten experiencia profesional acorde en la materia.
ARTICULO 35.- Integración y funcionamiento. La Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital estará integrada multidisciplinariamente por un máximo de 7 (siete) profesionales de carreras afines a la actividad de reconocida trayectoria y experiencia, provenientes de Organismos del Estado nacional, Universidades Nacionales y Provinciales, Cámaras, Colegios u otros entes representativos de profesionales.
Se reunirá como mínimo trimestralmente. Deberá expedirse prontamente a solicitud de la autoridad de aplicación y sus recomendaciones y disidencias se incluirán en las actas de la Comisión.
Consultará periódicamente mediante audiencias públicas con las cámaras empresarias, los usuarios y las asociaciones de consumidores y mantendrá a la autoridad de aplicación regularmente informada de los resultados de dichas consultas.
ARTICULO 36.- Funciones. La Comisión debe emitir recomendaciones por iniciativa propia o a solicitud de la autoridad de aplicación, sobre los siguientes aspectos:
c) Requisitos mínimos de información que se debe suministrar a los potenciales titulares de certificados digitales de los términos de las políticas de certificación;
d) Metodología y requerimiento del resguardo físico de la información;
ARTICULO 37.- Convenio de partes. La relación entre el certificador licenciado que emita un certificado digital y el titular de ese certificado se rige por el contrato que celebren entre ellos, sin perjuicio de las previsiones de la presente ley, y demás legislación vigente.
ARTICULO 38.- Responsabilidad de los certificadores licenciados ante terceros.
El certificador que emita un certificado digital o lo reconozca en los términos del artículo 16 de la presente ley, es responsable por los daños y perjuicios que provoque, por los incumplimientos a las previsiones de ésta, por los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que expida, por no revocarlos, en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las consecuencias imputables a la inobservancia de procedimientos de certificación exigibles. Corresponderá al prestador del servicio demostrar que actuó con la debida diligencia.
ARTICULO 39.- Limitaciones de responsabilidad. Los certificadores licenciados no son responsables en los siguientes casos:
ARTICULO 40.- Procedimiento. La instrucción sumarial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente ley serán realizadas por el ente licenciante. Es aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus normas reglamentarias.
ARTICULO 41.- Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para los certificadores licenciados dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
c) Caducidad de la licencia.
Su gradación según reincidencia y/u oportunidad serán establecidas por la reglamentación.
El pago de la sanción que aplique el ente licenciante no relevará al certificador licenciado de eventuales reclamos por daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos, como consecuencia de la ejecución del contrato que celebren y/o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o la prestación del servicio.
ARTICULO 42.- Apercibimiento. Podrá aplicarse sanción de apercibimiento en los siguientes casos:
ARTICULO 43.- Multa. Podrá aplicarse sanción de multa en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 21;
ARTICULO 44.- Caducidad. Podrá aplicarse la sanción de caducidad de la licencia en caso de:
b) Expedición de certificados falsos;
c) Transferencia no autorizada o fraude en la titularidad de la licencia;
e) Quiebra del titular. La sanción de caducidad inhabilita a la titular sancionada y a los integrantes de órganos directivos por el término de 10 años para ser titular de licencias.
ARTICULO 45.- Recurribilidad. Las sanciones aplicadas podrán ser recurridas ante los Tribunales Federales con competencia en lo Contencioso Administrativo correspondientes al domicilio de la entidad, una vez agotada la vía administrativa pertinente.
ARTICULO 46.- Jurisdicción. En los conflictos entre particulares y certificadores licenciados es competente la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. En los conflictos en que sea parte un organismo público certificador licenciado, es competente la Justicia en lo Contencioso-administrativo Federal.
ARTICULO 47.- Utilización por el Estado Nacional. El Estado nacional utilizará las tecnologías y previsiones de la presente ley en su ámbito interno y en relación con los administrados de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente en cada uno de sus poderes.
ARTICULO 48.- Implementación. El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.
En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156.
ARTICULO 49.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
ARTICULO 50.- Invitación. Invítase a las jurisdicciones provinciales a dictar los instrumentos legales pertinentes para adherir a la presente ley.
ARTICULO 51.- Equiparación a los efectos del derecho penal. Incorpórase el siguiente texto corno artículo 78 (bis) del Código Penal: Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente.
Los términos documento, instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente.
ARTICULO 52.- Autorización al Poder Ejecutivo. Autorízase al Poder Ejecutivo para que por la vía del artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional actualice los contenidos del Anexo de la presente ley a fin de evitar su obsolescencia.
ARTICULO 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.
- REGISTRADA BAJO EL Nº 25.506 -
RAFAEL PASCUAL.- EDUARDO MENEM.- Guillermo Aramburu.- Juan C. Oyarzún.
Bibliografía: Moslares, José C. "Firma digital - firma electrónica en el procedimiento administrativo". En: Revista argentina del régimen de la administración pública. Buenos Aires. Ciencias de la Administración. vol. 28 : n° 325 (octubre de 2005), pp. 73-77.
Ventura, Gabriel B. "Firma digital y documento notarial". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2004 : B (2004), pp. 1274-1282.
Weingarten, Celia "Informatización y firma digital: Historia clínica". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2005 : A (2005), pp. 1073-1080.
4. Cumplir las normas de seguridad apropiadas, acordes a estándares internacionales en la materia;
5. Cumplir con los estándares técnicos y de auditoría que establezca la Autoridad de Aplicación.
Clave criptográfica privada: En un criptosistema asimétrico es aquella que se utiliza para firmar digitalmente.

References: Artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 78
 artículo 99