Source: https://www.informa-tico.com/26-05-2015/costa-rica-debe-concertar-teribes-bribris-salitre-medidas-cautelares-cidh
Timestamp: 2020-08-10 18:35:08+00:00

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Costa Rica debe concertar con Teribes y Bribris de Salitre medidas cautelares de la CIDH | Informa-Tico
Medidas cautelares que deben cumplir con lo ordenado por la CIDH
1. Derechos fundamentales cautelarmente protegidos
En cuanto a agresiones en contra de integrantes del Pueblo Bribri del Territorio Indígena de Salitre, puede mencionarse que el líder Sergio Rojas fue declarado en agosto de 2012 persona non grata mediante resolución del Consejo Municipal de Buenos Aires (MC, § 4.c). El mes siguiente, fue objeto de un intento de asesinato en el que recibió seis disparos (MC, § 4.d). Cabe subrayarse también que desde el 6 de noviembre de 2014 y hasta la semana pasada, Sergio Rojas estuvo encarcelado.[2] Por otra parte, en septiembre de 2012, líderes del Pueblo reunidos en una finca recuperada en julio de 2012 en la comunidad de Cebror, descubrieron que personas no indígenas habían construido una cerca “con alambre de púa y malla metálica” alrededor de la finca. Lo anterior fue reportado a la Policía y, con la Policía presente, un integrante del Pueblo Bribri fue atacado y herido en la cabeza, lo que requirió su trasladado a una clínica (MC, § 4.e). La información proporcionada a la CIDH por los peticionarios también indica que en enero de 2013, ocupantes ilegales no indígenas atacaron con machete a tres integrantes del Pueblo (Marcos Obando Delgado perdió dos dedos; Mainor Ortiz Delgado fue, además de ser atacado con machete, “marcado permanentemente en su pecho” con un hierro, y Wilbert Ortiz Delgado recibió un disparo en una pierna). Además, la violencia también implica en Salitre quemas de ranchos o campamentos que los integrantes del Pueblo establecen en las fincas en proceso de recuperación. Así, como se denunció a la Relatora de Naciones Unidas, un grupo de aproximadamente 100 personas no indígenas entraron armadas al Territorio Indígena de Salitre el sábado 5 de julio de 2014, quemaron cuatro ranchos en tres comunidades y persiguieron a los integrantes del pueblo indígena por la montaña. Igualmente, en septiembre de 2014, en la comunidad La Fortuna, un finquero quemó el rancho en una finca que estaba siendo recuperada por la familia de Camelia Ortiz. Hechos similares ocurrieron en noviembre de 2014 en la comunidad Las Rosas, y el 24 de diciembre del mismo año en la comunidad Buena Vista. La violencia no ha cesado, ya que desde ese día, según testimonios de integrantes del pueblo, es muy común escuchar disparos por las noches.
1. [.] la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas [.] se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.
2. Medidas cautelares solicitadas por la CIDH
3. Derechos que podrán ser declarados violados en una eventual etapa de fondo
Para declarar admisible la petición, la CIDH deberá estimar que los recursos internos fueron agotados o bien que aplica una excepción a esta regla. En este sentido, la primera excepción del artículo 46.2 de la CADH establece el caso en el cual “no exista en la legislación interna [.] el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados”. Es importante tomar en cuenta que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para que exista debido proceso legal, debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo. Que los recursos sean efectivos significa que sean adecuados (la Corte habla de recursos idóneos, aplicables, disponibles, viables), que sean también eficaces (capaces de producir un resultado) y que no sean ilusorios. Habrá que realizar un análisis de los recursos existentes en Costa Rica para evaluar si estos son o no efectivos para la reivindicación de los derechos diferenciados de los pueblos indígenas. Además, el artículo 46.2 de la CADH también indica como excepción que “haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”.
En cuanto a la ocupación ilegal de los territorios indígenas por personas no indígenas, es importante tener en cuenta que la tenencia colectiva de la tierra indígena en Costa Rica, en los 24 territorios indígenas, está, en teoría, protegida por la Ley n.° 6172 del 29 de Noviembre de 1977, llamada “Ley Indígena”, la cual está reglamentada por el Decreto Ejecutivo n.° 8487 del 26 de abril de 1978. El artículo 3 de la Ley indígena dispone que los territorios indígenas son “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusiv[o]s para las comunidades indígenas que las habitan”. El artículo 5 del mismo instrumento enuncia que:
en el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el [Instituto de Tierras y Colonización] deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones [.] Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.
El derecho de circulación y de residencia también debería de ser examinado en cuanto a su posible violación en ambos territorios. En Salitre, por haber sido encerrados en una finca con una cerca construida de “alambre de púa y malla metálica”, y por el bloqueo del camino principal del territorio durante tres días. En Térraba, porque como lo observa la CIDH, las provocaciones, insultos y amenazas por parte de personas no indígenas ocupantes ilegales dentro del territorio tiene como consecuencia que los miembros del pueblo indígena “consideran que no podrían transitar libremente por el territorio [.] por temor a represalias y mayores ataques” (MC, § 10).
En 1993 la Corte Interamericana evocaba la necesidad de “que se ofrezca a los niños una escuela donde puedan recibir una enseñanza adecuada” (§ 96 del Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas). Posteriormente, ordenó la “dotación de personal docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe en la educación primaria, secundaria y diversificada de dichas comunidades” (§ 110.d del Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones). También ordenó que se dotara a una escuela ubicada en el asentamiento de una comunidad “con materiales bilingües suficientes para la debida educación de sus alumnos” (§ 221 del Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay; ver también Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, § 230). Asimismo, “cuando se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de comunidades indígenas, el Estado debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etno-educativa”, lo que “implica adoptar medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable desde una perspectiva étnica diferenciada” (Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek 211). Notemos que el artículo 14.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que los “pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.
La jurisprudencia interamericana parece concebir el derecho a la consulta y el derecho a la identidad cultural como derechos adicionales, independientes de otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas (ver el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador). Rodolfo Stavenhagen defiende que, en la materia, no se trata de creación de derechos adicionales: “[c]iertamente la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos indígenas no establece de hecho ningún nuevo derecho o libertad que no existiera ya en otros instrumentos de derechos humanos de la ONU, pero clarifica cómo estos derechos deben relacionarse con las condiciones específicas de pueblos indígenas”[3]. Asimismo, para el segundo Relator de Naciones Unidas, “la Declaración existe porque a los pueblos indígenas se les ha negado la libre determinación y los derechos humanos relacionados. No crea nuevos derechos humanos sustantivos para ellos que otros no disfrutan. Por el contrario, les reconoce a ellos los derechos que debían haber disfrutado desde siempre como parte de la familia humana, contextualiza dichos derechos a la luz de sus características y circunstancias particulares”[4]. Otro experto defiende también que “[h]ay un acuerdo general en que la Declaración no crea derechos nuevos ni separados, sino que desarrolla derechos existentes y los aplica a circunstancias culturales, históricas y políticas específicas”[5]. Así, Kymlicka habla de “derechos diferenciados en función del grupo”[6].
[1] Doctora en Derecho internacional público, consultora independiente en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
[2] Como se denunció a la Relatora de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, según testimonios, el día de su arresto, la policía habría prohibido a sus familiares usar sus teléfonos para hacer llamados y grabar la escena, llegando incluso a apuntar a su hija con un arma. Sergio Rojas es inculpado de malversación de fondos, pero según piensan los integrantes del Pueblo, su arresto sería una manera de apartarlo de la lucha por la recuperación territorial.
[3] STAVENHAGEN, Rodolfo. “Cómo hacer para que la Declaración sea efectiva”, in CHARTERS Claire y STAVENHAGEN Rodolfo (Dir), El desafió de la Declaración. Historia y Futuro de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Copenhague : IWGIA, 2010, 390 p., p. 377.
[4] ANAYA, James. “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la Declaración”, in CHARTERS Claire y STAVENHAGEN Rodolfo (Dir), El desafió de la Declaración, op. cit., p. 204.
[5] BURGER, Julian. “Para que la Declaración sea efectiva como instrumento de Derechos Humanos en el sistema de la ONU”, in CHARTERS Claire y STAVENHAGEN Rodolfo (Dir), El desafió de la Declaración, op. cit., p. 330.
[6] KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996, 303 p., p. 46.
Derechos Humanos, CIDH, Salitre, Térraba, Pueblos Indígenas, Bribris, Teribes, Sergio Rojas, Pablo Sibar
Doctora en Derecho Internacional Público. Consultora independiente en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
También por Karine Rinaldi:

References: resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 14