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Timestamp: 2019-10-17 04:04:35+00:00

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BOE i notícies del 25 de juny de 2018
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 AL 25 DE JUNY DE 2018
Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de junio de 2018
Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de junio de 2018.
(BOE, 25-06-2018)
(BOE, 23-06-2018)
Resolución de 22 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
http://boe.es/boe/dias/2018/06/25/
http://boe.es/boe/dias/2018/06/25/index.php?d=153&s=3
http://boe.es/boe/dias/2018/06/23/
http://boe.es/boe/dias/2018/06/23/index.php?d=152&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 23 AL 25 DE JUNY DE 2018
El Gobierno aprobará el techo de gasto en julio y antes convocará al Consejo de Política Fiscal
El Ministerio de Hacienda aseguró que la intención es negociar los objetivos presupuestarios y de deuda con todas las formaciones políticas, aunque explicó que, en caso de no llegar a un acuerdo con el PP, no sería un problema la mayoría absoluta popular en el Senado para aprobar el techo de gasto. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo aprobar el 'techo de gasto' de los Presupuestos de 2019 antes del próximo 1 de agosto y, para ello, convocará con anterioridad al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar el reparto entre los distintos niveles de administraciones de los objetivos de déficit en dicho ejercicio.
Según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda este es el plazo de tiempo que se da el nuevo Gobierno para aprobar el límite de gasto no financiero de 2019. Este límite, conocido como techo de gasto, supondrá el primer paso para, posteriormente, elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de dicho ejercicio, que según el artículo 134 de la Constitución deben presentarse antes de finalizar el mes de septiembre del año anterior. En principio, este techo de gasto debe ser enviado a Bruselas en el primer semestre del año, pero el reciente cambio de Gobierno ha retrasado este trámite, en el que el nuevo equipo de Hacienda está trabajando.
Para ello, la referencia es el techo de gasto de 2018, que se situó en 118.337 millones de euros. Preguntadas por la cifra en la que podría situarse este límite, fuentes del Ministerio liderado por María Jesús Montero señalaron que aún no se conoce la cifra exacta pero que "se está trabajando en ello".
Sobre lo que sí dieron estas fuentes una respuesta clara fue respecto al objetivo de déficit fijado por el anterior Ejecutivo en el 1,3% para 2019, y que, en principio, el nuevo equipo piensa mantener. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda aseguró que la intención es negociar los objetivos presupuestarios y de deuda con todas las formaciones políticas, aunque explicó que, en caso de no llegar a un acuerdo con el PP, no sería un problema la mayoría absoluta popular en el Senado para aprobar el techo de gasto. Esta cuestión contradice la afirmación realizada esta misma semana por el anterior ministro de Industria y portavoz de Economía del PP, Álvaro Nadal, quien aseguró que el techo de gasto debe ser aprobado tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado.
Sobre este aspecto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que "el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales" y que "en forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno". Así, establece que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".
(Expansión, 24-06-2018)
El Ministerio de Hacienda ha devuelto a poco más de una semana de que concluya la Campaña de la Renta de 2017 un importe superior a los 6.000 millones de euros, el 63,3% de lo previsto para la campaña, y se han presentado más de 16,9 millones de declaraciones, el 85% de lo estimado, según han informado en fuentes de la Agencia Tributaria.
(El País, 24-06-2018)
El Banco de España dio ayer un paso más en la estrategia de presión al Gobierno para frenar un impuesto a la banca para pagar las pensiones amenazando con más comisiones, menos remuneración de los depósitos y menos crédito. El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, dijo ayer en Santander que “un impuesto sectorial probablemente incrementaría el coste de los créditos, bajando la remuneración e incrementando las comisiones”. Lo dijo en el marco del curso La economía ante el ‘ blockchain’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
A lo largo de toda esta semana, tanto la patronal de banca AEB como las principales entidades (BBVA, CaixaBank y Bankia) han rechazado categóricamente un impuesto que se utilizaría para financiar el déficit de las pensiones. Alonso apostó por buscar una solución “global” al problema de las pensiones y no hacerlo de “forma sectorial”. Alonso llegó a advertir que si un entidad no es rentable de forma recurrente, es un “problema”, y recordó que no quiere volver a situaciones del pasado, en referencia al rescate bancario.
Por otra parte, el subgobernador eludió comentar las informaciones publicadas sobre la investigación que sigue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acerca de posibles irregularidades en las cuentas del Banco Popular del 2016, Según Expansión, la CNMV detectó “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes” en el informe de las cuentas del 2016. En el mismo curso, el presidente de la CNMV, Santiago Albella, declaró que “es un asunto al que me referí en una comparecencia en el Congreso en enero”. Albella añadió que la institución actúa siempre que ve irregularidades y recordó que puede dar lugar a infracciones “muy graves”.
Tanto el responsable del Banco de España como el de la CNMV se refirieron al auge de los criptoactivos y de las criptomonedas. Se trata de activos financieros o monedas (como el bitcoin) que utilizan la tecnología blockchain (cadenas de bloques) para operar. Como ya ha hecho el Banco de España en varias ocasiones, ayer el subgobernador insistió en que ese tipo de activos tienen “un marcado carácter especulativo, sin respaldo de los supervisores y susceptibles de ser objeto de fraude o de manipulación de precios”. Alonso añadió que “resulta preocupante que, en un contexto en que menos de la mitad de la población entiende el concepto de interés compuesto, exista tal demanda de activos complejos de estas características”.
Alonso se refirió también a un estudio respecto al ahorro que señala que “el segundo método más común, por detrás de la cuenta corriente, es el dinero en metálico, incluso en los rangos más altos de educación y de renta”. Ese mismo estudio revela que el 38% de los ­encuestados ahorra en metálico.
Además, la CNMV negó que exista algún proyecto avanzado encima de la mesa de una empresa española para lanzar una criptomoneda o criptoactivo. Según Albella, de la decena de empresas que se han acercado al organismo para comercializar alguno de estos nuevos activos alternativos –entre ellas citó a Nostrum–, nadie lo ha completado, y añadió que sólo hay un par que parecen razonables. También reveló que a todas esas empresas se les conminó a explicar el proyecto en la CNMV. “Hay gente que dice que encantados y luego no vuelven y otros que dicen que se van a Suiza y luego no hay rastro en Suiza”, dijo.
Albella se refirió en varias ocasiones sin citarlo al proyecto de la cadena de comida preparada Nostrum que ha anunciado que va a comercializar un sistema de criptoactivo de tipo token en su terminología inglesa (vales en castellano, en palabras de Albella). El presidente de la CNMV dijo que “la distribución de criptoactivos hechos sobre la base del regulador suizo, de Gibraltar o de Malta” debe pasar por “ciertos trámites” en España.
(La Vanguardia, 23-06-2018)
(Cinco Días, 25-06-2018)
El 44% de las horas extraordinarias se quedaron sin pagar en el primer trimestre
Ha habido momentos en los que este porcentaje ha sido mayor. De 2012 a 2017, las horas extra impagadas superaron a las compensadas de acuerdo con la ley. Y aunque en el último año y medio esta tendencia se ha revertido, la cantidad de trabajo fuera de horario que no se paga sigue siendo estable. "No son horas regaladas al empresario, son trabajos forzados", denuncia Luis Zarapuz, economista del gabinete técnico de Comisiones Obreras. "No son casos aislados; es una evidencia estadística de que las empresas prolongan la jornada de manera irregular".
"Es un robo a manos llenas a los trabajadores", denuncia Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, añadiendo que no son solo los asalariados los que salen perdiendo, sino a toda la sociedad, dado que estas horas tampoco se cotizan a la Seguridad Social, ni tributan a la Hacienda pública. "La crisis ha creado un ambiente de miedo que hace aceptar a los trabajadores condiciones casi esclavistas".
Pero para Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la CEOE, hay que tomar cierta distancia de los datos del INE. "No dejan de ser una encuesta", explica, "por lo que no tienen una fiabilidad total". Para la patronal las horas extras impagadas no suponen un problema ni tan grave ni tan generalizado como denuncian los sindicatos. "Según la memoria de la Inspección de Trabajo tampoco son tantas", explica García. Según el representante de los empresarios no habría horas impagadas "más allá de pequeñas bolsas", debido a su carácter ilegal y a que están convencidos de que éstas "no se pueden imponer y los trabajadores suelen aceptar hacer más horas porque van a cobrar más".
Fermín Yébenes, portavoz de la Asociación Progresista de Inspectores de Trabajo (APIT), cree que la patronal hace "un ejercicio de cinismo" al usar los datos de la Inspección. Porque, aunque el Estatuto de los Trabajadores regule y limite las horas extraordinarias en su artículo 35, el artículo 34 —que legisla la jornada laboral— no establece la obligación legal de registrar la duración de las horas de trabajo. Por tanto, los inspectores de Trabajo no pueden demostrar que se trabaje fuera de horario de manera generalizada, más allá de lo que puedan observar haciendo visitas puntuales. Yébenes afirma que todos los inspectores de trabajo creen en la conveniencia de que la ley establezca "un registro obligatorio, fiable, indubitado y común a todas las empresas", como lectores de huellas dactilares, que permitan registrar de manera efectiva las horas trabajadas.
Para el portavoz de los inspectores, la legislación actual no permite perseguir esta práctica y obliga al trabajador a realizar reiteradas denuncias, que a su vez le exponen a represalias y al despido. "Hay empresas que usan tarjetas magnéticas o lectores de huellas para todo, hasta para ir al servicio", explica Yébenes; "y sin embargo estas mismas empresas te dicen que no registran las horas trabajadas porque la ley no las obliga".
La Seguridad Social denegó pagarla a una pareja gay, ello le ha supuesto la imposición de una multa de 1000 euros y el pago de las 16 semanas de baja por maternidad al demandante, por parte un juez de Barcelona, al estimar que el ente público actuó de mala fe y temeridad.
(Cinco Días, 23-06-2018)
La inseguridad jurídica que genera el proceso de desconexión, el desconocimiento de cómo se llevará a cabo y la crisis del consumo interno no sólo afecta a las compañías con bandera británica, sino también a las firmas internacionales que tienen parte de sus negocios en el país. Incluidas las españolas. De hecho, casi la mitad de los directivos españoles -un 46%- reconoce que el Brexit está teniendo impacto e influencia en sus empresas y apunta que el comercio y las operaciones con el Reino Unido han disminuido desde la celebración del referéndum el 23 de junio de 2016.
Ésta es una de las conclusiones de la encuesta elaborada por el despacho de abogados Baker McKenzie con preguntas a 800 directivos y empresarios de España, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia y Holanda. Pese al impacto en el volumen de operaciones que reconocen los encuestados españoles, el estudio señala que su situación es una de las más avanzadas a la hora de adaptarse a los cambios y que se encuentran entre los más preparados para el divorcio. Un 89% ha analizado de manera activa los riesgos inherentes al proceso de salida, un 67% ya se ha preparado para el impacto que pueda tener la pérdida de condiciones preferentes con el Reino Unido y un 79% ya ha hecho o se encuentran en el proceso de hacer cambios en sus operaciones y estrategias.
Según Cecilia Pastor, socia de Trade & Commerce del bufete en Madrid, esa facilidad en la adaptación es fruto de un proceso más amplio: "Una de las consecuencias de la crisis de 2008, que derivó en la adaptación de los modelos empresariales hacia la diversificación, la digitalización y la apertura de nuevos mercados". Según un reciente informe del Banco de España, el número de empresas españolas que venden bienes al Reino Unido se amplió un 8% entre 2012 y 2017, hasta las 11.695. "No obstante, en 2017, se frenó este proceso de expansión, con una caída del número de exportadores del 0,8%", tanto en el caso de grandes empresas como en el caso de las pymes.
Esta reducción fue mayor que la observada en otros destinos y, como consecuencia, el peso relativo de los exportadores al Reino Unido, "que ha oscilado desde 2012 en torno al 8% del total, experimentó un ligero retroceso en 2017". Una elevada proporción de los directivos españoles (un 43%) cree que el Brexit ya ha reducido la inversión de sus compañías en Reino Unido y el 46% prevé reducirlo en el futuro. Reino Unido es el quinto socio comercial de nuestro país, con cerca del 7% del total de las ventas españolas de bienes al exterior, mientras que el peso relativo de las compras españolas al país británico se sitúa en el 4% del total. Para un 70% de los interrogados, Reino Unido es "importante" para sus negocios y, en consonancia, un 61% cree que un acuerdo de libre comercio con el territorio británico sería relevante para sus negocios. Esta parte, sin embargo, aún no está clara.
La UE y las autoridades británicas mantienen abiertas las negociaciones para perfilar las cuestiones relativas a la separación. Entre otras muchas cosas, los acuerdos afectarán a aspectos como el comercio de bienes, las barreras arancelarias o el IVA, sin embargo, la amenaza de proteccionismo es la principal preocupación para el Banco de España: "si los resultados de la negociación entre el Reino Unido y la UE se plasman en la adopción de barreras comerciales, las empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con este país se verían afectadas y se limitarían las posibilidades de penetración para las compañías interesadas en el mercado británico", recoge el regulador.
También por este aspecto ha preguntado Baker McKenzie, a lo que el 87% de los encuestados ha respondido que la UE debería realizar concesiones a Reino Unido para asegurarse una mejor relación comercial con España, si bien sólo un 38% valora que sus intereses están siendo tratados y defendidos en las negociaciones en curso.
(Expansión, 25-06-2018)
La comercialización de la deuda sénior no preferente, aquella emitida por los bancos como parte de su colchón de protección en caso de entrada en problemas, debería prohibirse entre pequeños inversores en el Viejo Continente. Esta es la posición tomada por el Parlamento Europeo, que ayer aprobó una enmienda para incluir en el articulado de la nueva directiva de resolución que negocian las autoridades comunitarias.
La deuda sénior no preferente, un producto financiero de reciente creación destinado a proteger a las entidades cuando se encuentren en problemas, es uno de los principales instrumentos empleados por las entidades bancarias españolas y europeas para llenar los conocidos como colchones anticrisis. Este tipo de deuda es más rentable para los inversores porque también es más arriesgada, ya que en caso de que una entidad sufra problemas de solvencia, puede volatilizarse total o parcialmente, y está situada en una posición en el orden de prelación que le da ventaja respecto a la deuda subordinada pero desventaja respecto a los bonos senior preferentes.
La comisión de Economía del Parlamento Europeo decidió apoyar una enmienda presentada por el eurodiputado español Ernest Urtasun, del Grupo Los Verdes, para incluir un nuevo párrafo en la reforma de la directiva de resolución que ultiman los legisladores comunitarios que limita la venta de esta deuda senior no preferente. El párrafo, concretamente, señala que estos instrumentos son considerados «complejos», por lo que se han de reforzar los procesos para limitar los conflictos de interés en relación con la venta de estos productos al gran público.
Fuentes próximas al Grupo Los Verdes señalan que la intención de incluir esta enmienda en el articulado es evitar que se puedan repetir en el futuro comercializaciones masivas de productos financieros complejos como las participaciones preferentes o la deuda subordinada, que en España afectaron a cientos de miles de hogares y provocaron pérdidas millonarias. «Ahora se ha dado un paso que, por increíble que parezca, todavía no se había dado: evitar que vuelva a pasar en el futuro», añaden estas mismas fuentes.«Los Estados miembro deberán asegurarse de que las entidades sean penalizadas por no cumplir sus obligaciones (...) cuando paguen cualquier incentivo o comisión, o proporcionen cualquier beneficio no monetario (...) relacionado con la comercialización de deuda sénior no preferente a inversores no cualificados como profesionales según esta misma directiva», tal y como refleja la enmienda incluida ya por el Parlamento Europeo.
Fuentes parlamentarias europeas explican que esta es ahora la posición defendida por el Parlamento Europeo, si bien todavía la directiva tiene un recorrido por delante para entrar en vigor. La Eurocámara deberá ahora negociar con el Consejo Europeo, que representa a los Estados. En el caso de que esta propuesta tuviera el acuerdo de los mismos, entonces «pasaría a ser legislación europea de obligado cumplimiento para todos los Estados (con un margen de tiempo para trasponerla», añaden estas fuentes.
Las economías emergentes están mejor preparadas para las tensiones
El BPI presenta hoy su informe anual en el que repasa sus actividades y sus resultados financieros durante el último ejercicio y traslada el tradicional análisis de la economía mundial al nuevo informe económico anual. Uno de los riesgos para el crecimiento económico global actual, que ya ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis es, según el BPI, una subida de los tipos de interés en EE.UU., que dificulte las condiciones financieras en todo el mundo, especialmente en las economías emergentes porque están muy endeudadas.
"La depreciación del dólar en 2017 propició unas condiciones financieras más laxas en todo el mundo, pero en particular en las economías de mercado emergentes", comentó el director general del BPI, Agustín Carstens, en la Asamblea General Anual de la institución. "Estas relajadas condiciones financieras contribuyeron a agravar las vulnerabilidades. En episodios pasados, este tipo de vulnerabilidades han sido el preludio de una gran variedad de problemas, incluidas recesiones", añadió Carstens.
"Una desaceleración de la economía real puede ser el principal riesgo a vigilar si las emergentes continúan experimentando un endurecimiento de las condiciones financieras", advierte el BPI en el informe. "En China, la mayor economía en la que se observan signos de desequilibrios, las autoridades han tomado medidas para reequilibrar la expansión y frenar algunos de los excesos financieros más preocupantes", dice el BPI. La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años superó el 3 % a finales de abril, lo que endureció las condiciones financieras y apreció al dólar, creando tensiones en algunas economías de mercado emergente como Argentina y Turquía.
Argentina subió su tasa de interés principal 12,75 puntos porcentuales en abril y mayo, hasta el 40%, y Turquía la suya en 3 puntos, hasta el 16,5%, para frenar las salidas de capital. Al final, Argentina ha solicitado en mayo un programa de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).El BPI considera que es demasiado pronto para decir si las tensiones en las economías emergentes serán contenidas o se propagarán, pero reconoce que la mayoría de ellas está mejor preparada para afrontar tensiones financieras que a mediados de los años noventa del siglo pasado.
(El Mundo, 24-06-2018)
(Expansión, 23-06-2018)

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