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Timestamp: 2020-05-29 01:13:17+00:00

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TEMA 1 | Constitución | Derecho Constitucional | Prueba gratuita de 30 días | Scribd
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y
∑ Constitución española de 1978.
1.2. El constitucionalismo histórico español
1.5. El Preámbulo
2. Los principios constitucionales recogidos en el Título Preliminar y los valores superiores
2.1. El Estado, la soberanía y la forma política de aquél
2.2. Principios de unidad, autonomía y de solidaridad
2.3. El castellano como lengua oficial del Estado y lenguas cooficiales de la Comunidades Autónomas
2.4. La bandera de España y las de las Comunidades Autónomas
2.5. La capital del Estado español
2.6. Los partidos políticos: pluralismo político
2.7. Los sindicatos y las asociaciones empresariales: pluralismo social
2.8. Las Fuerzas Armadas
2.9. Principios de legalidad, igualdad material, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica, entre otros
3.1. La nacionalidad (art. 11)
3.2. La mayoría de edad (art. 12)
3.3. Derechos de los extranjeros en España (art. 13)
3.4. El principio de igualdad ante la ley (art. 14)
3.5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas
3.6. Los derechos y deberes de los ciudadanos
3.7. Referencia a ciertos principios rectores de la política social y económica
4. Su garantía y suspensión
4.1. Garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
4.2. Suspensión de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
1. La Constitución española de 1978: características
De acuerdo con distintos autores, podrían ofrecerse distintas acepciones de este término, si bien todos ellos están de acuerdo en considerar a una Constitución como una ley de leyes, como la norma jurídica suprema de cualquier ordenamiento, que regula los principios fundamentales de la convivencia política de una comunidad, que emana de un proceso especial (en el que generalmente interviene el pueblo de forma directa) y que está dotada de un procedimiento de reforma más gravoso que el utilizado para modificar las demás normas jurídicas.
La historia del constitucionalismo español es relativamente breve, comienza en 1812 con la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz, una norma progresista que no obstante tuvo una corta y no constante vigencia, a partir de ese momento hubo otros textos de corte progresista (1837, la de la Primera República aprobada en 1869) o conservador (Estatuto de 1834, 1845, 1876, leyes fundamentales) pero es la Constitución republicana de 1931 la que más ha influido en la Constitución de 1978, norma que culmina nuestra historia constitucional.
El punto de partida de la Constitución de 1978 es la Ley para la Reforma Política (aprobada por las Cortes franquistas de 18 de noviembre de 1976, ratificada en referéndum de 15 de diciembre de 1976 y promulgada el 4 de enero de 1977) y que fija como uno de los objetivos de la transición, la celebración de unas elecciones democráticas, que tiene lugar el 15 de junio de 1977 y de las que surgen las Cortes Constituyentes que comienzan un laborioso proceso de elaboración que finaliza con la aprobación del texto que ha de convertirse en nuestra carta magna. De este proceso debemos destacar las siguientes fechas:
∑ 31 de octubre de 1978. Aprobación de las Cortes en sesión separada aunque simultánea de ambas Cámaras.
∑ 6 de diciembre de 1978. Aprobación en referéndum popular.
∑ 27 de diciembre de 1978. El Rey sanciona y promulga (esta es la que se considera fecha de la Constitución).
∑ 29 de diciembre de 1978. (disposición final).
Publicación en el BOE y entrada en vigor
Actualmente debemos considerar una nueva fecha con relación a la Constitución, el 27 de noviembre de 1992, en la que se produjo la reforma del artículo 13.2 de la misma (aprobada por el Congreso el 22 de julio de 1992, por el Senado el 30 de julio de 1992 y, se publica en el BOE y entrada en vigor el 28 de agosto de 1992), con la finalidad de adaptar el derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales al contenido del Tratado de la Unión Europea suscrito el 7 de febrero de
a) Escrita. Continúa el camino iniciado en las Constituciones norteamericana y francesa, en contra del carácter preferentemente consuetudinario del constitucionalismo británico, es decir no es una constitución, la española, basada en la costumbre.
b) Codificada y cerrada en oposición al sistema de leyes diversas y Constitución abierta en la que se basan las Leyes Fundamentales, es decir, no hay diversos textos que formen una Constitución; en España sólo hay un único texto.
c) Se trata de una Constitución que define un régimen político democrático parlamentario clásico o de democracia occidental.
d) Es fruto de la conciliación o del compromiso ideológico, lo que se denominó en su día como consenso.
e) Como consecuencia de todo lo anterior es también una Constitución imprecisa y ambigua en algunos aspectos; esto se hace deliberadamente para permitir gobiernos con orientaciones políticas diversas. Se hace en ocasiones para la remisión
de las leyes orgánicas y ordinarias por lo que también se habla de una Constitución sin acabar.
f) A pesar de las influencias que se señalan más adelante, a la Constitución no le falta originalidad en las soluciones adoptadas.
g) Se dice también que es una Constitución adecuada a la sociedad que trata de regir y una Constitución potencialmente transformadora de la sociedad en sentido progresista, a pesar de que es un texto más pragmático que ideológico.
h) Es también una Constitución extensa y prolija (lo más larga de las Constituciones españolas, a excepción de la de 1812), con sus 169 artículos.
i) Es una Constitución rígida por su procedimiento agravado de reforma.
j) Se ha de destacar que la Constitución aparece como una norma jurídica de aplicación directa; no sólo es la norma primaria que establece el sistema de fuentes del Derecho, sino que ella misma es la fuente de Derecho, es decir, origen inmediato de derechos y obligaciones. Por tanto no hace falta esperar a las Leyes que la desarrollen, sino que se puede aplicar de inmediato.
1.4.1. Estructura formal
Por estructura de la Constitución se entiende, desde un punto de vista formal, la distribución de los distintos preceptos a lo largo del texto constitucional. En este sentido, la estructura de la Constitución española de 1978 organiza su contenido en un Preámbulo, 169 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
El Preámbulo recoge la exposición de motivos que impulsan la norma constitucional y los objetivos que con ella se pretenden alcanzar. Tiene, por tanto, valor declarativo pero no preceptivo.
El articulado, que comprende la parte correlativamente numerada del texto, se divide en diez Títulos, más un Título Preliminar. Los distintos Títulos recogen todos los artículos referidos a una misma materia y pueden estar divididos, a su vez, en Capítulos y éstos en Secciones. El contenido de los distintos Títulos es el siguiente:
∑ Título Preliminar: Recoge los principios generales.
∑ Título Primero: “De los derechos y deberes fundamentales”.
∑ Título Segundo: “De la Corona”.
∑ Título Tercero: “De las Cortes Generales”.
∑ Título Cuarto: “Del Gobierno y de la Administración”.
∑ Título Quinto: “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.
∑ Título Sexto: “Del Poder Judicial”.
∑ Título Séptimo: “Economía y Hacienda”.
∑ Título Octavo: “De la Organización Territorial del Estado”.
∑ Título Noveno: “Del Tribunal Constitucional”.
∑ Título Décimo: “De la Reforma Constitucional”.
1.4.2. Estructura material
Por estructura de la Constitución en sentido material puede entenderse las partes en que ésta se divide según la naturaleza de los preceptos que la integra, En este sentido la estructura de la Constitución se compone de parte dogmática y de parte orgánica.
La “parte dogmática” recoge todos aquellos preceptos cuyo contenido es esencialmente axiológico, esto es, aquellos artículos que enuncian los principios básicos y los valores reconocidos en la Constitución. Son los artículos que establecen las directrices generales del orden jurídico-político y los que formulan los derechos fundamentales (Títulos preliminar y Título primero).
La “parte orgánica” es la que contiene aquellos artículos que definen la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Estado (órganos constitucionales), así como las relaciones funcionales y competenciales entre ellos (todos los demás Títulos de la Constitución, a excepción del Título X).
Se encuentra fuera del articulado.
Sirve de pórtico a la Constitución.
No tiene fuerza obligatoria.
Título I: De los derechos y deberes
Título IV: Del Gobierno y de la
Título V: De las relaciones entre el
∑∑∑∑4 Disposiciones Adicionales. ∑∑∑∑9 Disposiciones Transitorias. ∑∑∑∑1 Disposición Derogatoria. ∑∑∑∑1Disposición Final.
El Preámbulo constituye una exposición de motivos del texto constitucional (tiene valor declarativo pero no preceptivo) según el cual los principios generales informadores de dicho texto serían los siguientes:
∑ Soberanía nacional.
∑ Justicia.
∑ Libertad.
∑ Seguridad.
∑ Promoción del bienestar en la sociedad española.
Al mismo tiempo, el Preámbulo fija los objetivos que el legislador quiere conseguir con la aprobación de la Constitución de 1978, tales como:
∑ Garantizar la convivencia democrática conforme un orden económico y social justo.
∑ Consolidar el Estado de Derecho.
∑ Proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España (su cultura, su tradición, sus lenguas
∑ Promover el progreso cultural y económico.
∑ Mejorar la calidad de vida.
∑ Establecer una sociedad democrática avanzada.
∑ Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y una eficaz colaboración entre todos los pueblos de la tierra.
Recoge una serie de valores y principios que serán desarrollados a lo largo de la Constitución.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Estado Social garantiza a los ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales –educación, sanidad, trabajo, vivienda – creando para esto una serie de servicios públicos; el Estado Democrático permite a los ciudadanos elegir a sus representantes mediante el sufragio universal; el Estado de Derecho garantiza la sujeción de de todos los poderes públicos – Gobierno y Administración – por ejemplo al cumplimiento de la Ley que ha sido aprobada por los representantes del pueblo.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía hay que entenderla como un poder de carácter ilimitado.
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, es decir, la Jefatura del Estado le corresponde al Rey y se destaca el papel relevante de las Cortes o el Parlamento al estar representados en ellas la soberanía nacional.
La autonomía es un poder pero con carácter limitado, por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interno y funcionamiento deberán ser democráticos.
Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (legalidad).
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (igualdad material o real).
- El principio de legalidad, o que todos estamos sometidos a las normas.
- La jerarquía normativa, que se traduce en que la norma inferior no puede contravenir la norma superior.
- La publicidad de las normas, es el requisito necesario para que entre en vigor, el de ser publicadas en un boletín o diario oficial.
- La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, es decir que, por ejemplo, no puede aplicarse a hechos pasados aquellas partes de las normas sancionadoras que perjudiquen a las personas.
- La seguridad jurídica, o que en todo momento debemos saber las consecuencias legales de nuestros actos.
- La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir que las administraciones responderán de los daños que provoquen a los bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor y tienen, por otro lado, prohibida la actuación al margen del Derecho o actuación arbitraria.
Este es el enunciado del Título I de la Constitución. Fuera de los Capítulos está el artículo 10, que sirve para interpretar toda esta materia con el siguiente contenido:
"La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".
De los españo- les y los
introducto-
rio de todo el Título.
jeros (arts. 11 a 13).
De las garantías de las liberta- des y derechos fundamentales
De la sus- pensión de los derechos y libertades (art. 55)
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29).
De los derechos y Deberes de los ciuda- danos (arts. 30 a 38).
La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. El Código Civil establece dos tipos de nacionalidad: la de origen y la adquirida. La de origen la tiene, como ejemplo, más común, el hijo de padre o madre españoles y nacidos en España en diversos casos. La nacionalidad adquirida la puede conseguir una persona que no es española por el hecho de residir en España cumpliendo con otros requisitos.
Los españoles de origen no podrán ser privados de su nacionalidad. En cambio, los españoles con nacionalidad adquirida si podrán ser privados de la nacionalidad atendiendo a lo dispuesto en el art. 25 del Código Civil
El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tenga una particular vinculación con
España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esto conlleva que las personas a esta edad tienen ya plena capacidad para obrar por sí mismas.
Solamente los españoles serán titulares de los derechos de participación en asuntos públicos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecer por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La extradición consiste en la posibilidad de que un Estado le reclame a otro Estado la entrega de delincuentes.
3.5.1. Derecho a la vida y a la integridad física (art. 15)
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Hoy por hoy, el Código Penal Militar no tipifica como sanción la pena de muerte.
3.5.2. Libertad ideológica y religiosa (art. 16)
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento el orden público protegido por la ley.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica las demás confesiones (de ahí que el Estado tenga firmados distintos acuerdos en esta materia).
3.5.3. Derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17)
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma, previstos en la ley.
a) La detención y los derechos del detenido
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes de esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
b) El "habeas corpus"
La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, mientras que la detención la pueden practicar, como regla general, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la prisión provisional sólo la puede decretar un órgano judicial.
3.5.4. Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18.2)
3.5.5. La inviolabilidad del domicilio (art. 18.2)
3.5.6. El secreto de las comunicaciones (art. 18.3)
3.5.7. Libertad de residencia y circulación (art. 19)
3.5.8. Libertad de expresión (art. 20)
(Por un lado la cláusula de conciencia les permite a los periodistas alegar que no pueden ejercer con libertad su profesión, rescindir el contrato con derecho a indemnización; por otro lado el secreto profesional les permite no desvelar las fuentes de su información)
3.5.9. Derecho de reunión y manifestación (art. 21)
3.5.10. Derecho de asociación (art. 22)
3.5.11. Derecho a la participación en asuntos públicos (art. 23)
3.5.14. Prohibición de los Tribunales de Honor (art. 26)
(Los Tribunales de Honor, enjuician comportamientos éticos o morales de los miembros de un determinado grupo social, religioso, étnico, etc…)
3.5.15. Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (art. 27)
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita (lo que en cada momento diga la Ley que es enseñanza obligatoria).
3.5.16. Derecho de sindicación (art. 28.1)
A pesar del término "Trabajadores" es un derecho que también tienen la mayoría de los funcionarios.
3.5.18. Derecho de petición (art. 29)
Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.
El derecho de petición podrá elevarse a las Cortes Generales en los términos establecidos en el artículo 77 de la Constitución.
3.6.1. Las obligaciones militares y la objeción de conciencia (art. 30)
3.6.2. Los principios tributarios (art. 31)
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad (quienes ganan igual, pagan lo mismo) y progresividad (a más ingresos, se tributa más) que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
(Hay que entender la confiscación como un empobrecimiento gradual y progresivo a consecuencia exclusivamente del pago de tributos).
3.6.3. Derecho al matrimonio (art 32)
La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos (dicha Ley es el Código Civil).
3.6.4. Derecho a la propiedad privada y a la herencia (art. 33)
3.6.5. Derecho de fundación (art. 34)
Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la Ley (La fundación en sí, es un patrimonio adscrito o destinado a un fin).
Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22 (es decir, las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales, y sólo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades mediante resolución judicial motivada).
3.6.6. Derecho y deber de trabajar (art. 35)
3.6.7. Los Colegios Profesionales (art. 36)
La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público que vigilan o tutelan el ejercicio de profesiones para las es necesario un título.
3.6.8. Derecho a la negociación colectiva (art. 37)
Las medidas de conflicto colectivo son aquellas distintas a la huelga y supone plantear hechos, peticiones, que serán resultas mediante acuerdo.
3.6.9. La libertad de empresa (art. 38)
DERECHOS RECONOCIDOS EN EL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN
∑ Al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
∑ A la libre elección de residencia.
∑ A la libertad de expresión.
∑ A la tutela judicial.
∑ A la defensa de España y a la objeción de conciencia*.
∑ A contraer matrimonio*.
∑ A la propiedad privada y a la herencia*.
∑ A la libertad de empresa*.
∑ De reunión.
∑ De manifestación.
∑ De asociación.
∑ De participación política.
∑ De petición.
∑ De fundación*.
∑ A la educación.
∑ A la libertad sindical y a la huelga.
∑ Al trabajo*.
∑ A la negociación colectiva*.
∑ Otros derechos derivados de los principios rectores del Capítulo Tercero.
* Sólo los derechos reseñados mediante asterisco aparecen recogidos en la Sección 2ª del Capítulo II. Todos los demás figuran en la Sección 1ª de dicho Capítulo, siendo, por tanto, derechos fundamentales
3.7.1. Seguridad e higiene en el trabajo (art. 40)
Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
3.7.2. Régimen de Seguridad Social (art. 41)
3.7.3. Derecho a la protección de la salud (art. 43)
3.7.4. La investigación científica y técnica (art. 44)
3.7.5. Derecho al medio ambiente (art. 45.1)
3.7.6. Protección de los minusválidos (art. 49)
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
3.7.7. Protección en la tercera edad (art. 50)
3.7.8. Defensa de consumidores y usuarios (art. 51)
Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores
y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan
afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca.
3.7.9. Organizaciones profesionales (art. 52)
fundamentales contenidos en la Constitución son de cuatro clases:
Las garantías legislativas.
Las garantías extrajudiciales.
Dentro del Capítulo II del Título I, en el que se recogen los derechos y libertades, sólo los integrantes de la Sección primera del Capítulo II (arts. 15 a 29) son los
auténticos "fundamentales". El enunciado de dicha Sección es el de "Derechos fundamentales y de las libertades públicas". Por lo tanto la Constitución tan sólo considera como derechos fundamentales los recogidos en los artículos 15 a 29, como así ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional. Sólo a ellos, por lo tanto, se les reserva el máximo nivel de garantía y protección; ahora bien, el legislador en relación a los artículos 14 (igualdad ante la ley) y 30.2 (derecho a la objeción de conciencia) los ha ido protegiendo hasta el punto de que casi pueden ser considerados como derechos fundamentales, aunque no lo diga así expresamente la Constitución.
Los derechos comprendidos en la Sección segunda del Capítulo II (arts. 30 al 38) gozarán de un nivel inferior de garantía y protección, mientras que los derechos establecidos en el Capítulo III (arts. 39 al 52) disfrutarán de un grado mínimo de garantía.
4.1.2. Clases de garantías
a) La aplicación directa e los derechos y libertades
Se enuncian en el artículo 52.1, al afirmar que los derechos y libertades del Capítulo II del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Ello quiere decir que los derechos y libertades de los artículos 14 a 38 no necesitan ser desarrollados por una ley para ser aplicables.
b) Las garantías legislativas
Se deducen de los arts. 53.1 y 81,1 de la Constitución. Por un lado, el art. 53.1 exige que el desarrollo de los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 15-38) se haga por ley, pero sin que ésta pueda desnaturalizar el contenido del derecho o libertad que regula. La Constitución, en su art. 81.1, establece una garantía procedimental adicional cuando se trata del desarrollo legislativo de los derechos considerados fundamentales (arts 15-29). En estos casos el legislador, además de respetar el "contenido esencial" del derecho que pretende regular, habrá de utilizar el procedimiento de Ley Orgánica.
Por otro lado, el art. 82.1 de la Constitución establece la posibilidad de que las Cortes deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias que no estén reservadas a la ley orgánica. Es decir, que mediante la delegación legislativa los derechos de los artículos 30 a 38 y otros pueden ser regulados mediante Reales Decretos-Legislativos.
c) Las garantías jurisdiccionales
El art. 53.2 y la Legislación vigente establecen que los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29, podrán ser protegidos ante los Tribunales ordinarios "por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad", así como en caso necesario "a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". El acceso a este último recurso también se admite para la defensa del derecho a la objeción de conciencia.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la reforma hecha por la Ley Orgánica 38/2002, de 24 de octubre, la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, regulan la protección ante los tribunales penales, contenciosos y civiles de estos derechos.
d) Las garantías extrajudiciales
Están integradas por ciertas instituciones que se encuentran constitucionalmente legitimadas para la protección y defensa de los derechos y libertades del ciudadano. Entre ellas podemos destacar:
- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo dependencia del Gobierno a las que el art. 104 habilita para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
- El Ministerio Fiscal, a quien el artículo 124.1 encomienda, entre otras funciones, la de promover la defensa de los derechos de los ciudadanos. De aquí que el art. 162.1.b) le capacite para interponer recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
- El Defensor del Pueblo, que es una institución garantizadora de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido el art. 54 le encomienda la defensa de los derechos comprendidos en el Título I y el art. 162.1.b) le legitima para interponer recurso e amparo en defensa de los derechos fundamentales de los individuos.
e) La protección de los Principios del Capítulo Tercero
El reconocimiento, el respeto la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Esta materia se regula en el Capítulo V del Título I de la Constitución, art. 55.
Existen una serie de situaciones en las cuales se pueden suspender los derechos y libertades reconocidos al ciudadano español. Para analizar tales situaciones debemos estudiar conjuntamente los arts. 55 y 116 de la Constitución.
4.2.1. Suspensión general
De acuerdo con el art. 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, en estos dos últimos estados pueden suspender ser algunos de los derechos fundamentales.
Ahora bien, antes de mencionar los derechos que pueden ser suspendidos en dichos estados, conviene definir los mismos, dando un concepto también del estado de alarma.
Procede la declaración de estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.
a) Estado de Alarma
Lo puede declarar el Gobierno dando cuenta al Congreso, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad; paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad en situaciones de huelga, concurriendo alguna de las demás circunstancias anteriores.
Su duración no podrá exceder de 15 días y puede ser prorrogada por el Gobierno previa autorización del Congreso. Si la situación sólo afecta a una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá proponer al Gobierno su declaración.
Durante su vigencia no podrá suspenderse ningún derecho.
b) Estado de Excepción
El Gobierno puede, previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar el estado de excepción «cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para restablecerlo y mantenerlo».
Su duración no podrá exceder de 30 días pudiendo ser prorrogado por un plazo igual de tiempo. El Gobierno podrá ponerle fin anticipadamente, dando cuenta al Congreso.
Derechos que pueden suspenderse en el estado de excepción. Son los que se contienen en los siguientes artículos de la Constitución:
∑∑∑∑ Art. 17 (salvo el punto 3 de dicho artículo: formalidades exigibles para la detención). El plazo de detención de 72 horas se amplía, sin que pueda exceder de diez días.
Art. 18.2: inviolabilidad del domicilio.
Art. 18.3: secreto de las comunicaciones.
Art. 19: libertad de residencia.
Art. 20.1.a: libertad de expresión.
Art. 20.1.d: libertad de información y comunicación.
Art. 20.5: secuestro de publicaciones sólo por resolución judicial.
Art. 28.2: derecho de huelga
Art. 37.2: derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
Puede declararlo el Congreso de los Diputados (por mayoría absoluta) a propuesta del Gobierno, «cuando se produzca o amenace producirse una insurrección
acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial
el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios».
Derechos que pueden suspenderse en el estado de sitio. En el supuesto de declaración del estado de sitio pueden suspenderse, además de los derechos anteriores, las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el art. 17.2. de la Constitución y que se refieren a que el detenido debe ser informado de sus derechos, garantizándosele
la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales.
En el momento de su declaración, el Congreso deberá establecer la relación de delitos que, durante su vigencia, quedarán sometidos a la jurisdicción militar.
d) Cuestiones comunes a los tres estados
No se ha establecido su ámbito territorial, por lo que pueden ser declarados en todo o en parte del territorio nacional.
Durante su vigencia no podrá disolverse el Congreso, siendo inmediatamente convocado si no lo estuviese.
Durante su vigencia no se interrumpirá el principio de responsabilidad de los poderes públicos.
Su declaración deberá ser publicada en el BOE así como en todos los medios de comunicación públicos y en los privados que se determine.
∑∑∑∑ Durante su vigencia no se interrumpirá el funcionamiento de las cámaras
éstas estuviesen disueltas, actuará por ellas la Diputación
4.2.2. Suspensión individual
correspondientes a la actuación de banda armadas o elementos terroristas.
El art. 55.2 establece la posibilidad de que una ley orgánica (dicha Ley es la de Enjuiciamiento Criminal) determine los casos en que se podrán suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva (en este caso concreto la duración máxima de 72 horas podrá prorrogarse por 48 horas más, hasta un máximo de 5 días).
Derechos que se pueden suspender
- Libertad y seguridad (art. 17 CE): el art. 17.3 sólo en el estado de sitio.
Gobierno, previa
∑ No más de 30 días.
- Inviolabilidad de domicilio: (art. 18.2 CE).
∑ Prórroga por otro plazo igual
- Secreto de comunicaciones: (art. 18.3 CE).
- Libertad de circulación: (art. 19 CE).
- Libertad de expresión, salvo producción y creación literaria, artística, científica y técnica y libertad de cátreda; la libertad de información, garantía judicial en el secuestro de publicaciones: (art. 20.1 a) y d) y 5 CE).
Congreso, por mayoría absoluta y a propuesta del Gobierno
La señalada por el Congreso en cada caso
- Reunión y manifestación: (art 21 CE).
- Huelga: (art. 28.2 CE).
- Negociación colectiva: (art. 37.2).
Se aplica bandas armadas y elementos terroristas
- Secreto de comunicaciones.
- Duración máxima de la detención preventiva.
∑ No más de 15 días
Gobierno, dando cuenta al Congreso
∑ Prórroga con la autorización del Congreso
(Tan solo podrán decretarse algunas limitaciones que no suponen suspensión).
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References: artículo 13
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 77
 artículo 22
 resolución 
 artículo 52
 artículo 124
 resolución