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Timestamp: 2018-01-16 15:05:15+00:00

Document:
Tema Derecho al debido proceso EXP. N.° 2659-2003-AA/TC
Resolución N.º 2659-2003-AA/TC ICA
Fecha de publicación 13/05/2005
Caso Lázaro Aparicio Mendoza Navarro LÁZARO APARICIO
MENDOZA NAVARRO
Si bien el inciso 3) del artículo 139º de nuestra Constitución establece que son "principios y derechos de la función jurisdiccional"la "observancia del debido proceso"y la "tutela jurisdiccional", la eficacia de esta disposición constitucional no solo alcanza a los procedimientos judiciales, sino que también a los procedimientos administrativos sancionatorios (FJ 3).
En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Lázaro Aparicio Mendoza Navarro contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 140, su fecha 10 de julio de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 20 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), solicitando que se deje sin efecto la Resolución Rectoral N.° 304-R-UNICA-2002, de fecha 22 de abril de 2002, que anuló su ingreso a la Facultad de Derecho y Ciencia Política en el proceso de admisión 2001; y que, consecuentemente, se le restituya los derechos que obtuvo en el examen de ingreso a la referida facultad y se ordene a la emplazada disponer su matrícula de “manera automática”. Alega que, al expedirse la resolución cuestionada, no se ha tenido en cuenta el principio de bilateralidad, puesto que no se le ha permitido el control de lo actuado en el procedimiento administrativo que se siguió en su contra, afectándose, de tal forma, sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.
El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, aduciendo que la acción incoada ha caducado y que el recurrente no ha agotado la vía administrativa. Asimismo, sostiene que la Resolución Rectoral N.° 304-R-UNICA-2002, que anula el ingreso del actor y dispone su inhabilitación definitiva para postular a la UNICA, se justifica debido a que se determinó la responsabilidad del recurrente en la adulteración del certificado de estudios que presentó en el proceso de admisión 2001.
El Primer Juzgado Civil de Ica, con fecha 31 de enero de 2003, declara improcedente la demanda por estimar que a la fecha de presentación de la demanda, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido en el artículo 37º de la Ley N.º 23506.
La recurrida confirma la apelada con los mismos argumentos.
1. La presente demanda tiene por finalidad que se declare inaplicable al recurrente la Resolución Rectoral Nº 304-R-UNICA-2002, mediante la cual se anula su ingreso a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNICA, y se le prohíbe postular, en forma definitiva. El demandante alega que, previamente a expedir tal resolución, la emplazada no le dio la oportunidad de defenderse de las imputaciones, las que, según afirma, son falsas.
2. De autos (f. 7, 57 y 63) se desprende que con fecha 3 de junio de 2002, el recurrente interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Rectoral Nº 304-R-UNICA-2002, la misma que le fue notificada el 31 de mayo del mismo año. Al no recibir respuesta del emplazado, el recurrente se acogió al silencio administrativo negativo mediante carta notarial presentada el 17 de diciembre de 2002, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (20/12/2002), se encontraba dentro del plazo de prescripción de la acción conforme lo establece el artículo 37º de la Ley N.º 23506.
3. Si bien el inciso 3) del artículo 139° de nuestra Constitución establece que son “principios y derechos de la función jurisdiccional” la “observancia del debido proceso” y la “tutela jurisdiccional”, la eficacia de esta disposición constitucional no solo alcanza a los procedimientos judiciales, sino que también se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho reconocido en la referida disposición “(...) no solo tiene una dimensión, por así decirlo, “judicial”, sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana (...)” [Exp. Nº 2050-2002-AA/TC FJ 12]
Asimismo, respecto de los límites de la potestad administrativa disciplinaria, este Tribunal ha señalado que tal potestad “(...) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios, constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales (...), [debiendo] resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman” [Exp. Nº 1003-1998-AA/TC, FJ 12].
4. Entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal, destaca el derecho de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto, este Colegiado onal ha sostenido que “(...) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra” [Exp. Nº 0649-2002-AA/TC FJ 4]
Análisis del caso. El derecho de defensa y la actuación de la emplazada
5. En el presente caso, de la revisión de autos se desprende que la responsabilidad atribuida al recurrente en la resolución cuestionada se basó en el Informe Nº 004-CISIPA-2002, de fojas 33, de fecha 8 de abril de 2002, y en los dictámenes periciales, dactiloscópicos y grafotécnicos emitidos por la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, los que fueron realizados a solicitud de la universidad emplazada, no apreciándose que en el desarrollo de tal procedimiento administrativo sancionador se haya notificado al recurrente con los cargos existentes en su contra, a fin de que el actor pueda ejercer su derecho de defensa.
6. En efecto, teniendo en cuenta que el emplazado ha reconocido en su contestación de la demanda que a “todos” los postulantes del proceso de admisión 2001 les eran de aplicación los estatutos y normas de la universidad, las mismas que establecían que los postulantes que se hicieran suplantar por otra persona en el examen de admisión debían ser inhabilitados definitivamente para postular a la UNICA, entonces constituía una obligación de la universidad emplazada otorgarle al recurrente el derecho de defensa para que presentara los descargos que estimara pertinentes, más aún considerando la gravedad de la sanción administrativa.
7. Sin embargo, si bien debe estimarse la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho de defensa del demandante, no puede disponerse su matrícula de “manera automática”, toda vez que conforme se observa en los documentos que obran a fojas 6, 25, 104 y 146 el estado anterior a la vulneración de tal derecho es aquel en el que tenía la condición de postulante ingresante, mas no la de alumno matriculado, por lo que la matrícula solicitada se encuentra supeditada a la verificación por parte de la universidad emplazada del cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto, y, de ser el caso, con la realización por parte de la emplazada, del respectivo procedimiento administrativo, conforme a las reglas del debido proceso.
1. Declarar FUNDADA,en parte, la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable a don Lázaro Aparicio Mendoza Navarro la Resolución Rectoral Nº 304-R-UNICA-2002, de fecha 22 de abril de 2002.
2. IMPROCEDENTE la demanda en la parte en que solicita se ordene su matrícula.

References: Resolución 
 artículo 139
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 37
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 139
 artículo 8
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