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Timestamp: 2019-12-15 23:27:59+00:00

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El arancel judicial » DATO JURÍDICO
El cobro del arancel judicial se contrapone el principio de gratuidad de la justicia ﻿
Teniendo en cuenta su alcance, como ya se mencionó, el arancel judicial ha sido acogido por distintas legislaciones en el mundo, adaptándolo a sus circunstancias particulares. Así, por ejemplo, en el caso de España (i), la Constitución de 1978, en su artículo 119, consagra el principio de gratuidad de la justicia. [5]. Sin embargo, el aludido arancel se encuentra implementado y reglamentado expresamente, bajo la forma de una tasa, en el artículo 35 de la Ley 53, del 30 de diciembre de 2002, sobre “Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social”, y en la Resolución del 8 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, constituyendo el hecho imponible el ejercicio de la potestad jurisdiccional, a instancia de parte, en los órdenes civil y contencioso – administrativo. En el Perú (ii), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sobre la base de criterios técnicos orientados a favorecer un mejor desarrollo de la actividad judicial, particularmente en los campos civil y administrativo, fija cada año los aranceles judiciales para el respectivo año gravable, con fundamento en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 26846, el cual establece que el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costas, costos y multas establecidas por dicho código y por disposiciones administrativas del poder judicial. En Argentina (iii) , la Constitución Política no consagra el principio de gratuidad en la administración dejusticia,ymediantelaLey10397–2006,seestablecióelcobrodelosarancelesjudiciales, bajo la forma de una tasa, causados por los costos de arancelamiento de servicios y actividades administrativas del poderjudicial.
MERITO EJECUTIVO DE LA PÓLIZA JUDICIAL
En efecto, en el mencionado proyecto, a través del artículo 2°, se propuso una modificación al artículo 6° de la Ley 270 de 1996, que consagra la regla general de la gratuidad de la administración de justicia y que prevé como excepciones a dicha regla, las agencias en derecho, las costas y las expensas. La modificación propuesta por el artículo 2° del citado proyecto, consistió en introducir una nueva excepción a la regla de gratuidad, como fue, precisamente, la del cobro de los “aranceles judiciales”, procediendo a la vez a su reglamentación. La norma que fue objeto de estudio por la Corte en la Sentencia C-713 de 2008, preveía lo siguiente:
En el inciso primero se regulaba el principio de gratuidad, consagrando que “[l]a administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con laley”.
En los apartes siguientes de la norma se procedió a reglamentar el arancel judicial. Así, en el inciso segundo se disponía que en los procesos contencioso administrativos, comerciales y civiles de cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se cobrará a cargo del demandante un arancel judicial “hasta del 2% del valor de las condenas o cuantías ejecutadas en virtud de la intervención judicial, siempre y cuando el proceso se falle en los términos de ley y sin que se admita excepción alguna a este principio”.
El inciso tercero establecía que en asuntos de índole penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y en las demás acciones constitucionales, no se cobrará el arancel judicial. Así mismo, se excluía del cobro del arancel a personas de escasos recursos cuando se decretara el amparo de pobreza, en los asuntos que se determinen en la ley o cuando así lo decidan el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia o la Defensoría delPueblo.
El inciso cuarto señalaba que el arancel es un ingreso público consistente en el pago, a favor de la rama judicial, “de un porcentaje del valor obtenido en el proceso como resultado de la declaración o ejecución de derechos a fin de proveer los gastos necesarios para adelantar el proceso y contribuir a la mayor eficacia, descongestión y modernización de la rama, corporaciones y despachosjudiciales”. (Fuente Corte Const. Sent. C-368-11).
Categoría: Derecho Procesal enero 14, 2019 Deja un comentario
Etiquetas: arancelcostasexpensasgratuidad
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References: artículo 119
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 2