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Legislación: Ley 1/1999, De 31 De Marzo, De Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía
La presente Ley tiene como objeto regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, así como la prevención de las causas que generan deficiencias, discapacidades y minusvalías.
Fecha: 31/03/1999 Ambito: Andaluz Colectivo: Personas con discapacidad
BOJA núm. 45 de 17 de Abril de 1999
Capítulo I. Prevención de las Discapacidades
Capítulo II. Asistencia Sanitaria y Rehabilitación Médico-Funcional
Título III. De Atención a las Necesidades Educativas Especiales
Título IV. De la Integración Laboral
Capítulo I. Formación Profesional Ocupacional
Capítulo II. Inserción Laboral
Capítulo III. Medidas Complementarias
Título V. De los Servicios Sociales a las Personas con Discapacidad
Capítulo II. Atención Comunitaria
Capítulo III. Servicios Sociales Especializados
Capítulo IV. Recursos Tutelares.
Capítulo V. Protección Económica.
Título VI. Del Ocio, la Cultura y el Deporte.
Título VII. De la Accesibilidad Urbanística, Arquitectónica, en el Transporte y la Comunicación
Capítulo II. Accesibilidad Urbanística y de las Infraestructuras.
Capítulo III. Accesibilidad a Edificios, Establecimientos e Instalaciones.
Capítulo IV. Accesibilidad en el Transporte .
Capítulo V. Accesibilidad en Comunicación.
Capítulo VI. Medidas de Control.
Capítulo VII. Medidas de Fomento.
Título VIII. De la Gestión, Coordinación Interadministrativa y Financiación.
Capítulo I. De la Gestión y Coordinación Interadministrativa.
Capítulo II. De la Financiación.
Capítulo II. Medidas Cautelares.
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía:
La Constitución Española establece, en su artículo 9.2, que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Estos principios son reiterados por el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Asimismo, el artículo 49 de la Ley Fundamental determina que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, sensoriales y psíquicas, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en su Título I otorga a todos los ciudadanos.
Con el fin de alcanzar los objetivos de nuestra Constitución se promulgó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que significó un avance importante en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad de nuestro país. No obstante, la coincidencia en su fecha de promulgación con la del inicio del desarrollo de los Estatutos de Autonomía supuso algunas dificultades en su cumplimiento por la nueva distribución de competencias administrativas en las materias que esta ley regulaba.
Por otro lado, una de las áreas de actuación específica de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, se dirige a la atención y promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales.
El Plan Andaluz de Salud, el Plan de Servicios Sociales de Andalucía, el Plan de Ordenación de la Red de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica, el Plan Andaluz de Formación Profesional, el Programa de Integración Escolar para el Alumnado con Discapacidad y otras actuaciones dirigidas a este colectivo han supuesto avances cualitativos y cuantitativos en la atención demandada.
Ahora bien, el panorama actual del desarrollo de todas las normas existentes en aras a la especial protección de las personas con discapacidad en Andalucía hace necesario establecer en nuestra Comunidad Autónoma el marco adecuado que, desde una perspectiva integradora asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de protección social a la problemática de las personas con discapacidad en base a las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a nuestra Comunidad Autónoma: Sanidad, educación, asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario, régimen local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, deporte y ocio, cultura, seguridad social, así como autoorganización. Ha sido reivindicación del mismo movimiento asociativo, representante de este colectivo, disponer de una Ley andaluza que de respuestas a sus necesidades.
Por último, conviene referir que se han considerado las recomendaciones recogidas en los últimos informes del Consejo Económico y Social, del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz referentes a la situación del empleo, a la atención residencial de las personas con discapacidad, a la problemática de la atención a los enfermos mentales y a las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.
El grupo de personas con discapacidad está integrado por una población heterogénea. Las personas con discapacidad psíquica visual, auditiva o del habla, las que tienen movilidad reducida..., todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos, de índole diversa, que han de superarse, en cada caso, de manera diferente.
En la descripción valoración y clasificación de este grupo de personas se emplean los términos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, siendo diferente el alcance de cada uno de estos términos, tal como ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
Así, internacionalmente se viene optando por utilizar el término de personas con discapacidad de forma general. Por una parte, para evitar la sustantivación de los adjetivos que entrañen las palabras discapacitado o deficiente o minusválido. Por otra parte, porque no todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no todas las personas con discapacidad tienen minusvalía, siendo discapacidad el término que menos connotaciones negativas alberga.
Así pues en el texto legal se utiliza generalmente persona con discapacidad y sólo se habla de minusvalía cuando sea obligado por las derivaciones legales que conlleva.
En materia de salud se hace hincapié en la Ley en aquellos aspectos de la prevención, asistencia sanitaria y rehabilitación médico-funcional que, referidos a las personas con discapacidad, son susceptibles de mayor desarrollo, tales como la atención infantil temprana.
En materia de educación se recogen las líneas generales de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Se contempla el uso de sistemas de comunicación alternativos y medios técnicos que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, al igual que las necesarias adaptaciones del puesto escolar.
En el área de integración laboral se subraya la necesidad de adecuar la Formación Profesional Ocupacional a las necesidades de estas personas, así como de incentivar las medidas de fomento de empleo en el mercado ordinario de trabajo, sobre todo las que significan una primera inserción laboral.
En lo que se refiere al acceso a la Función Pública, se reserva un cupo no inferior al 3 % del conjunto de las plazas vacantes de las ofertas de empleo público para las personas con discapacidad, con objeto de que progresivamente se alcance el 2 % de los efectivos reales de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales.
El Título V, referido a los servicios sociales, contiene los diferentes niveles de atención que este sistema presta a las personas con discapacidad, los servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados, integrando en éstos la red de centros extendida por toda Andalucía y regulando expresamente los derechos y deberes de sus usuarios.
La Administración de la Junta de Andalucía queda comprometida a impulsar la creación de entidades tutelares que garanticen la atención a las personas legalmente incapacitadas, así como a promover programas sociales sustitutivos del cumplimiento de penas de privación de libertad en centros penitenciarios a personas con minusvalía psíquica.
En materia de protección económica se de un gran avance al configurar como prestaciones de derecho las prestaciones no periódicas de carácter individual que cubren necesidades específicas a las personas con discapacidad, de forma que desaparece el carácter de graciabilidad que hasta ahora venían ostentando.
Asimismo, se complementan las prestaciones existentes con una nueva, la ayuda de habilitación profesional, que viene a cubrir las necesidades de un sector de la población que, no obteniendo el grado de minusvalía suficiente para obtener otro tipo de prestaciones económicas, si necesita una ayuda que, condicionada a la realización de un programa de habilitación profesional, les capacite para su posible inserción laboral.
En materia de ocio, cultura y deporte se hace la distinción entre la necesaria integración del colectivo de personas con discapacidad en las actuaciones destinadas a toda la población y en su caso la atención a las características individuales de estas personas.
El Título VII, referido a la accesibilidad urbanística arquitectónica, en el transporte y la comunicación, contempla por primera vez en el panorama legislativo andaluz las normas para hacer accesible la comunicación a las personas con discapacidad visual, auditiva, motórica o de otra índole.
El Título VIII establece los necesarios mecanismos de coordinación para garantizar la adecuada ejecución de las diferentes prestaciones establecidas en la ley y crea el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad como instrumento asesor de las administraciones públicas en esta materia.
Asimismo, prevé la constitución de un fondo destinado a financiar las actuaciones dirigidas a la supresión de barreras.
Finalmente el Título IX regula el régimen sancionador en el que se hace especial referencia a aquellos aspectos derivados del incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, cuestión ésta muy reivindicada por el movimiento asociativo.
Artículo 2. Medios.
La Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales de Andalucía, así como los organismos entidades y empresas públicas, dependientes o vinculadas a cualesquiera de ellas, realizarán las actuaciones precisas para la plena efectividad de lo previsto en esta Ley, de acuerdo con sus competencias y destinarán los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos.
Artículo 3. Participación de la iniciativa social.
1. Las administraciones públicas ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
3. Será requisito indispensable para recibir financiación de los poderes públicos que las actuaciones privadas se adecúen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas.
Artículo 4. Principio de integración.
Las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para la completa sensibilización de la sociedad, al objeto de que ésta, en su conjunto, colabore en el reconocimiento y aceptación de las diferencias, y en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad para su total integración.
Artículo 5. Principio de normalización.
Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de las personas con discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus características individuales mediante su acceso a las instituciones o actuaciones de carácter general, excepto cuando por las características de su discapacidad requieran una atención peculiar a través de actividades, servicios y centros especiales.
Artículo 6. Fomento de la investigación.
Las Administraciones Públicas de Andalucía en el marco de sus respectivas competencias, promoverán planes de investigación sobre las deficiencias, especialmente en el ámbito de la prevención, detección y tratamiento, con el fin de buscar nuevas alternativas para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Artículo 7. Definición de conceptos.
Los conceptos y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de la presente Ley, el siguiente significado:
1.Persona con discapacidad: Toda aquella que tenga una ausencia o restricción de la capacidad de realizar una actividad como consecuencia de una deficiencia.
Se entiende por deficiencia la pérdida o anormalidad de una estructura o función psíquica, fisiológica o anatómica.
2.Persona con minusvalía: Aquella que, como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, se encuentra en una situación de desventaja que le limita o impide el desempeño de un papel, que es normal, en su caso en función de su edad factores sociales y culturales y así haya sido calificada la minusvalía por los órganos de las administraciones públicas que tengan atribuida esta competencia, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 8. Reconocimiento de derechos.
1. El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en esta Ley deberá ser efectuado de manera personalizada por los distintos órganos de la Administración previo informe o calificación, en su caso, del correspondiente equipo de valoración y orientación.
TÍTULO II.DE LA SALUD.
CAPÍTULO I.PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES.
Artículo 9. Prevención de las discapacidades
1. Las administraciones públicas desarrollarán una política orientada a la prevención de las discapacidades a fin de evitar que se produzcan deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, así como reducir la repercusión negativa de las mismas en los aspectos físicos, psicológicos y sociales de las personas, fomentando las medidas encaminadas a potenciar las capacidades residuales en cualquier edad y desde el momento de su aparición.
Artículo 10. Medidas prioritarias.
En el marco de sus respectivas competencias, las administraciones públicas desarrollarán prioritariamente las siguientes medidas:
1.Orientación, planificación familiar y asesoramiento genético en grupos de riesgo.
2.Diagnóstico precoz y prevención de discapacidades desde el inicio del embarazo.
3.Atención al embarazo, parto y puerperio.
4.Atención a la infancia y adolescencia.
5.Higiene y seguridad en el trabajo.
6.Seguridad en el tráfico vial.
7.Control higiénico sanitario de los alimentos.
8.Control de la contaminación ambiental.
Artículo 11. Detección de las deficiencias y atención temprana.
1. Se establecerán sistemas de prevención y detección de las deficiencias y de atención temprana una vez diagnosticadas éstas, a través de programas y protocolos de actuación que se realizarán de forma continuada sobre las personas con discapacidad.
2. Entendida como intervención múltiple dirigida al niño, a la familia y a la comunidad, quedará garantizada la atención infantil temprana, que comprende información, detección, diagnóstico, tratamiento, orientación y apoyo
CAPÍTULO II. ASISTENCIA SANITARIA Y REHABILITACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL.
Artículo 12. Garantía de prestaciones.
Quedarán garantizadas, de acuerdo con el régimen de Seguridad Social aplicable, las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y en su caso los tratamientos dietoterápicos complejos, para la correcta atención a las personas con discapacidad cuando sea imprescindible para su desarrollo físico y psíquico.
Artículo 13. Rehabilitación médico funcional.
1. Toda persona con deficiencia tendrá derecho a beneficiarse de la rehabilitación médico-funcional necesaria para compensar o mantener su estado físico, psíquico o sensorial para su integración educativa, laboral y social.
2. Se entiende por rehabilitación médico-funcional el proceso orientado a la recuperación o adiestramiento de una función o habilidad perdida ya sea por causa congénita o adquirida, teniendo por objeto la prestación de los servicios y ayudas técnicas dirigidas a la consecución de la recuperación de las personas con discapacidad, o, en su defecto, la aminoración de las secuelas resultantes y del desarrollo de las capacidades residuales.
TÍTULO III. DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
1. La presente Ley reconoce a las personas con una discapacidad de tipo físico, psíquico o sensorial, en sus diversos grados y manifestaciones, el derecho a recibir la atención educativa específica que por sus necesidades educativas especiales requieran, tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención o se detecte riesgo de aparición de la discapacidad, con el fin de garantizar su derecho a la educación y al desarrollo de un proceso educativo adecuado y asistido con los complementos y apoyos necesarios.
2. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en cualquiera de las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, a:
a.La prevención, detección y atención temprana de sus especiales necesidades educativas.
b.La evaluación psicopedagógica que determine sus necesidades educativas las medidas curriculares y de escolarización, y los apoyos y recursos necesarios para atenderlas. Así como a la evaluación de su aprendizaje a través de las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a las posibilidades y características de cada persona.
c.El uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de medios técnicos y didácticos que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como las necesarias adaptaciones del puesto escolar.
d.El uso de nuevas tecnologías que mejoren y ayuden a la integración de las personas con discapacidad.
Artículo 15. Educación infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
La escolarización del alumnado con discapacidad de tipo físico, psíquico y sensorial se efectuará prioritariamente en los centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad educativa más adecuada, teniendo en cuenta las posibilidades y características del alumno o alumna y el objetivo del mayor grado de integración posible. Cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dicho alumnado no puedan ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario se propondrá su escolarización en unidades y centros específicos de Educación Especial.
Artículo 16. Acceso a estudios superiores.
1. Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria tendrán prioridad para ocupar puestos escolares en los niveles de enseñanza postobligatoria, en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. Asimismo, se velará para que estos centros dispongan de los medios personales y materiales necesarios y para que este alumnado pueda continuar sus estudios con las adaptaciones curriculares pertinentes.
2. El alumnado con necesidades educativas especiales que curse estudios universitarios podrá realizarlo con las adaptaciones que se consideren necesarias en determinadas materias o prácticas, cuando por limitación de sus capacidades éstas planteen dificultades especiales y siempre que tales adaptaciones no impidan alcanzar un desarrollo suficiente de los objetivos generales previstos para estos estudios, ya sean de ciclo medio o largo.
Artículo 17. Servicios complementarios.
Las administraciones públicas realizarán convocatorias específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar el desplazamiento, la residencia y manutención cuando las circunstancias así lo exijan.
Artículo 18. Orientación posescolarización.
Las personas con discapacidad que habiendo agotado el tiempo máximo de permanencia en el período de educación básica y obligatoria no puedan continuar su formación dentro del sistema educativo, así como sus familias, recibirán orientación sobre las distintas posibilidades de formación y de inserción sociolaboral, por parte de los servicios especializados de las distintas administraciones con competencias en estos ámbitos.
TÍTULO IV. DE LA INTEGRACIÓN LABORAL.
1.Posibilitar una Formación Profesional Ocupacional que les capacite para su integración en el mercado de trabajo.
2.Potenciar la inserción laboral prioritariamente en el sistema ordinario de trabajo.
CAPÍTULO I. FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL.
Artículo 20. Integración en los centros ordinarios y atención especial.
a.La integración de los alumnos en los centros de Formación Profesional Ocupacional, facilitando, para ello, los recursos técnicos y personales adecuados.
b.La programación de módulos de Formación Profesional Ocupacional adaptados a aquellos alumnos cuyas características individuales le impidan su acceso a centros ordinarios.
c.El fomento de prácticas profesionales en centros laborales o centros especiales de empleo.
2. A estos efectos, se desarrollarán actuaciones tendentes a la mejora de la calidad de la enseñanza para las personas con discapacidad dentro del marco de las reguladas mediante normas estatales y autonómicas,
posibilitando lo siguiente:
a.Adaptaciones curriculares.
b.Aplicación de los medios y recursos aportados por la investigación e innovación tecnológica.
c.Orientación e inserción profesional.
d.Formación permanente y actualización profesional del personal especializado en formación.
CAPÍTULO II. INSERCIÓN LABORAL.
Artículo 21. Empleo ordinario y protegido.
1.Acciones de integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Para ello, las administraciones públicas competentes evaluarán de forma permanente las posibilidades de integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad.
2.Iniciativas de empleo protegido.
Artículo 22. Medidas de fomento.
Se potenciará la integración de los trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo mediante la adopción de medidas que fomenten su contratación, en el marco de las reguladas por la normativa estatal y autonómica aplicables en la materia, primando de manera especial la primera inserción en el mercado ordinario de trabajo así como la posibilidad de constituirse en trabajadores Autónomos o la de integrarse en empresas de economía social.
Artículo 23. Acceso a la Función Pública.
1. Se garantiza la igualdad de condiciones con los demás aspirantes a las personas con minusvalía que concurran a las pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos de funcionarios y en las categorías de personal laboral y estatutario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales. Para ello se reservará un cupo no inferior al 3 % del conjunto de las plazas vacantes de la Oferta de Empleo Público para las personas cuya minusvalía se determine reglamentariamente.
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se acreditarán en su caso, mediante dictamen vinculante expedido por los centros de valoración y orientación, que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.
Artículo 24. Ayudas a las empresas para la integración laboral.
Artículo 25. Centros especiales de empleo.
Artículo 26. Empleo con apoyo.
CAPÍTULO III. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
Artículo 27. Servicios de apoyo a la integración laboral.
TÍTULO V. DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Artículo 28. Norma general.
El Sistema Andaluz de Servicios Sociales garantizará la adecuada prestación de servicios, tanto comunitarios como especializados, a las personas con discapacidad conforme al marco establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
CAPÍTULO II. ATENCIÓN COMUNITARIA.
Artículo 29. Servicios Sociales Comunitarios.
1. Los Servicios Sociales Comunitarios, en cuanto estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, configuran el primer nivel de atención a las personas con discapacidad.
2. Estos servicios dispensarán prestaciones de carácter personalizado, incidiendo especialmente en aquellas actuaciones de tipo preventivo, con la participación de los propios afectados en la cobertura de sus necesidades.
3. A las necesidades de las personas con discapacidad, los Servicios Sociales Comunitarios responderán mediante información sobre los recursos existentes, gestión de prestaciones, ayuda a domicilio y, en general, mediante la atención especial a personas con problemas de integración social.
4. Los Servicios Sociales Comunitarios actuarán tanto a nivel individual como grupal, dando apoyo a las asociaciones de personas con discapacidad, a sus familiares o a sus representantes legales, promoviendo, en su caso, recursos sociales especializados.
CAPÍTULO III. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.
Artículo 30. Clasificación.
Los Servicios Sociales Especializados, en cuanto instrumentos de atención específica a las personas con discapacidad dirigidos a posibilitar su integración social, se estructurarán, fundamentalmente, a través de:
Centros de valoración y orientación.
Artículo 31. Centros de valoración y orientación.
1. Los centros de valoración y orientación se configuran como la estructura física y funcional de carácter público destinada a la valoración y orientación de las personas con discapacidad.
2. Corresponde a los centros de valoración y orientación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración y calificación de la minusvalía, determinando su tipo y grado.
Artículo 32. Centros residenciales.
1. Los centros residenciales se configuran como recursos de atención integral destinados a aquellas personas que, al no poder ser asistidos en su medio familiar, lo precisen temporal o permanentemente.
2. A estos efectos, deberá distinguirse entre aquellos centros que atiendan a personas con una discapacidad tan grave que precisen de la ayuda de otra persona para la realización de actividades de la vida diaria, de aquellos otros que atiendan a personas con cierta autonomía personal.
El especial tratamiento que habrá de dispensarse a aquellas personas con trastornos de conducta asociados a su discapacidad y a aquellas otras personas con minusvalía psíquica sometidas a medidas de seguridad privativas de libertad, en ningún caso será discriminatorio con respecto a la atención que se presta al resto de las personas con discapacidad.
3. Para mantener los posibles vínculos familiares existentes se favorecerá que los servicios residenciales acojan a las personas con discapacidad acompañadas de sus padres o familiares más cercanos cuando éstos también precisen de atención por su edad o situación física
Artículo 33. Centros de día.
Los centros de día se configuran como establecimientos destinados a la atención de aquellas personas que no puedan integrarse -transitoria o permanentemente- en un medio laboral normalizado o que por su gravedad, requiriendo de atención continuada, no puedan ser atendidos por su núcleo familiar durante el día.
A estos efectos deberá distinguirse entre aquellos centros destinados a personas con discapacidad tan grave que dependan de otra persona para las actividades de la vida diaria, como apoyo a la familia, de aquellos otros destinados a personas cuya capacidad les permita la realización de tareas prelaborales u ocupacionales, en aras de la normalización de sus condiciones de vida.
Artículo 34. Derechos de los usuarios de los centros residenciales y de día.
Los usuarios de los centros a que se refieren los artículos 32 y 33 gozarán de los siguientes derechos:
1.A participar y ser oídos, por si o sus representantes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la atención que han de recibir en ellos.
En los supuestos en que dichas decisiones o medidas supongan aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario, deberán ser aprobadas por la autoridad judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquélla cuanto antes.
2.A un trato digno, tanto por parte del personal del centro o servicio como de los otros usuarios.
3.Al secreto profesional de los datos de su historia sanitaria y social.
4.A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas siendo obligación de la dirección de los centros promover las relaciones periódicas con sus familiares o tutores.
5.A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
6.A la máxima intimidad y privacidad, siendo necesario hacer compatible este derecho con las exigencias derivadas de la protección de su vida, de su salud y de su seguridad.
7.A que se les facilite las prestaciones sanitaria farmacéutica, formativa, recreativas y similares, así como a la satisfacción de las necesidades que sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo personal.
8.A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia o de sus representantes legales, sin perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en el centro esté sometida a decisión judicial.
Artículo 35. Deberes de los usuarios de centros residenciales y de día.
Los usuarios de estos centros, sus familiares y, en su caso, sus representantes legales vienen obligados a:
1.Abonar el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios que se establezcan.
2.Respetar los derechos regulados en los números 2 y 6 del artículo anterior.
3.Conocer y cumplir, en función de sus capacidades, las normas que rijan el funcionamiento del centro.
Artículo 36. Atención en supuestos de penas de privación de libertad.
Se atenderá a las personas con minusvalía psíquica que se vean obligadas a ser privadas de libertad, como medida de seguridad por decisión judicial en centros penitenciarios, promoviendo, además, programas sociales que posibiliten a los Jueces y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas. Para ello, los servicios sociales se coordinarán con la administración competente en instituciones penitenciarias y con el poder judicial.
Artículo 37. Fomento de entidades tutelares.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, coordinada con la autoridad Judicial, la atención a las personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente, promoviendo entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar la tutela o curatela de aquellas, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
Para ello, impulsará la creación de entidades tutelares de ámbito territorial que garanticen el acercamiento al tutelado, cuidando su integración en su propio entorno.
CAPÍTULO V.PROTECCIÓN ECONÓMICA.
Artículo 38. Seguridad económica y social.
Los poderes públicos velarán por la seguridad económica y social de las personas con minusvalía a fin de contribuir a su desarrollo personal y calidad de vida.
Artículo 39. Coherencia entre las medidas protectoras e integradores.
Las administraciones públicas competentes en esta materia velarán por la necesaria coherencia entre las pensiones y las medidas de habilitación profesional e inserción laboral, de forma que aquellas no sean un freno para la inserción laboral.
SECCIÓN 2. PROTECCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS A TRAVÉS DE PRESTACIONES DE CARÁCTER PERIÓDICO.
Artículo 40. Prestaciones económicas.
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer prestaciones económicas de carácter periódico destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y a las que pueda otorgar la Administración del Estado.
SECCIÓN 3. PROTECCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS A TRAVÉS DE PRESTACIONES DE CARÁCTER NO PERIÓDICO.
Artículo 41. Acción protectora.
La acción protectora consistirá en aportaciones económicas que financien total o parcialmente los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas asistencia en centros, adaptación funcional del boga;, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan su integración social.
Artículo 42. Ayuda de habilitación profesional
Con objeto de sufragar las necesidades de aquellas personas con minusvalía que, no alcanzando el grado necesario para acceder a una pensión no contributiva de invalidez, y teniendo dificultades de integración laboral, realicen un programa de habilitación profesional que les capacite para su posible inserción laboral, se establece una prestación económica de carácter temporal, en las condiciones y con los límites que se determinan reglamentariamente,denominada ayuda de habilitación profesional.
La supervisión y control de los perceptores de esta ayuda serán realizados por los servicios de apoyo a la integración laboral a que hace referencia el artículo 27 de esta Ley.
Artículo 43. Requisitos.
Para el reconocimiento del derecho a la percepción de alguna de las ayudas que se citan en los artículos precedentes, se tendrá en cuenta:
El tipo de discapacidad.
La situación personal y social.
Las rentas o ingresos de la unidad económica de convivencia donde se integre el solicitante.
La determinación de los requisitos y el procedimiento se establecerán reglamentariamente.
Artículo 44. Integración y atención especial.
Las iniciativas relacionadas con las actividades del ocio, la cultura y el deporte de las personas con discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus características individuales, procurando su integración en las actuaciones destinadas a toda la población.
Artículo 45. Medidas de fomento.
Las administraciones públicas establecerán los cauces normativos y las medidas de fomento adecuadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada.
Las entidades responsables de la oferta de ocio, cultura y actividades físicodeportivas incorporarán a los profesionales adecuados en las actuaciones que desarrollen destinadas a las personas con discapacidad.
Asimismo, las administraciones públicas prestarán especial atención a la incorporación de las nuevas tecnologías a las ofertas de ocio, cultura y deporte que permitan y mejoren el uso y disfrute de estos recursos a este colectivo.
TÍTULO VII. DE LA ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA, ARQUITECTÓNICA, EN EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN.
Artículo 46. Disposiciones generales sobre accesibilidad.
Artículo 47. Definiciones.
1.Accesibilidad: Conjunto de características de las infraestructuras, del urbanismo, los edificios, establecimientos e instalaciones el transporte o las comunicaciones que permiten a cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad.
2.Barreras: Todas aquellas trabas u obstáculos físicos o sensoriales, que limitan o impiden el normal desenvolvimiento o uso de los bienes y servicios por las personas con discapacidad.
3.Edificios, establecimientos o instalaciones de concurrencia pública: Aquellos que son susceptibles de ser utilizados por una pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés social,
recreativo deportivo, cultural educativo comercial administrativo, asistencial, residencial, religioso, sanitario u otras análogos o por el público en general.
4.Cambio de actividad: El que, aun manteniendo el uso anterior, implique otros servicios o prestaciones diferentes que puedan suponer alteraciones de aforo o afluencia de público.
5.Obras de reforma: El conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
6.Instalaciones: Las construcciones y dotaciones, permanentes o efímeras, abiertas y descubiertas total o parcialmente, destinadas a fines deportivos, recreativos, culturales comerciales u otros.
7.Ayuda técnica: Cualquier medio o sistema que, actuando como intermediario entre la persona con discapacidad y el entorno, posibilita la eliminación o minoración de cuanto dificulte su autonomía o desarrollo personal.
8.Espacios de utilización colectiva: Aquellos que pueden ser utilizados por una o más personas y su uso no está limitado o restringido.
4. En las zonas de estacionamiento de vehículos así como en cualquier instalación en la que se disponga de asientos para el público emplazados en las vías o espacios públicos, se reservará un porcentaje de plazas para las personas con discapacidad, que será determinado reglamentariamente, garantizando a éstas su uso exclusivo.
5. Las vías y espacios libres de uso público ya existentes, así como los elementos de urbanización, infraestructura y elementos de mobiliario del entorno urbano consolidado se adaptarán gradualmente a los parámetros de accesibilidad. Para ello, los entes locales elaborarán planes especiales de actuación que garanticen de acuerdo a un orden de prioridades y plazos, la adaptación de los espacios urbanos y sus elementos a las determinaciones y principios básicos de la presente Ley y las normas que la desarrollen, consignando en sus presupuestos anuales cuantías necesarias para la financiación de estas actuaciones.
SECCIÓN 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE CONCURRENCIA PÚBLICA.
Artículo 49. Normas generales.
En las obras de reforma que afecten únicamente a una parte del edificio, establecimiento o instalación manteniéndose totalmente el uso y actividad a desarrollar en los mismos y en los cambios de uso o actividad que afecten sólo a partes de los edificios, establecimientos o instalaciones, las condiciones de accesibilidad sólo serán exigibles a los elementos o partes modificadas por la reforma o a las zonas en las que se altere el uso o actividad.
Los edificios, establecimientos e instalaciones de las administraciones y empresas públicas ya existentes, se realicen o no obras de reforma en los mismos, se adaptarán gradualmente a las condiciones de accesibilidad establecidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
Para ello, los poderes públicos elaborarán planes de actuación que garanticen, de acuerdo con un orden de prioridades y las disponibilidades presupuestarias, la accesibilidad de sus edificios estableciendo un porcentaje mínimo en sus presupuestos anuales hasta conseguir la completa eliminación de las barreras existentes en un plazo de tiempo limitado.
Artículo 50. Itinerarios y espacios accesibles.
a.Las áreas y dependencias de utilización colectiva.
b.La comunicación entre el exterior y el Interior del edificio, establecimiento e instalación.
c.La comunicación entre los accesos del edificio, establecimiento o instalación y las áreas y dependencias de utilización colectiva.
En los edificios, establecimientos o instalaciones de las administraciones y empresas públicas la comunicación entre los accesos de los mismos y la totalidad de sus áreas y recintos.
d.Las dependencias de utilización colectiva, cuyo uso requiera condiciones de intimidad.
3. Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma sean invisibles las soluciones anteriores, se podrá admitir la instalación de ayudas técnicas siempre que estén debidamente homologadas según se determine reglamentariamente.
Artículo 51. Reserva de espacios.
1. Cuando se dispongan aseos, vestuarios, duchas, probadores, dormitorios u otras dependencias de utilización colectiva, cuyo uso requiera condiciones de intimidad, se reservará un número de ellos que serán accesibles para personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial en función del uso actividad y aforo del edificio, establecimiento, instalación o número de habitaciones, en caso de establecimientos hoteleros, turísticos y similares, y según se establezca en las normas de desarrollo a la presente Ley.
3. En las aulas, salas de reunión, locales de espectáculos y otros análogos se dispondrán espacios adaptados destinados a ser ocupados por personas con discapacidad.
SECCIÓN 2. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS.
La construcción o reforma de viviendas destinadas a personas con minusvalía y de los espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas cualquiera que sea su destino, sean de promoción pública o privada, se realizará de manera que resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Las instalaciones, establecimientos y edificaciones complementarias de uso comunitario de las viviendas se regirán por lo establecido en la sección 1 del presente capítulo.
Artículo 53. Itinerarios y espacios accesibles.
a.Las áreas y dependencias comunitarias.
b.La comunicación entre el exterior y el interior del edificio.
c.Cuando sea obligatorio por las disposiciones vigentes la instalación del ascensor, al menos un recorrido hasta el mismo desde un acceso del edificio debiendo reunir éste las condiciones establecidas en el artículo 50.2 de
d.Los recorridos de conexión, en cada planta, entre las zonas comunitarias y las viviendas.
e. Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario, exteriores e interiores, y las viviendas para usuarios de sillas de ruedas, en su caso.
Artículo 54. Reservas de viviendas.
1. A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida por causa de su minusvalía el acceso a una vivienda, en los proyectos de viviendas de protección oficial y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades vinculadas o dependientes de éstas, se reservará un mínimo del 3 % de viviendas de las promociones referidas, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
2. En el supuesto de que las viviendas objeto de esta reserva no fueran adquiridas por personas con movilidad reducida por causa de su minusvalía, habrán de ser ofrecidas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro
para que las destinen a vivienda de estos colectivos.
3. Los promotores privados, en aplicación de la mencionada reserva, podrán sustituir la adecuación Interior de las viviendas a que estuviesen obligados por la constitución de un aval de entidad financiera que garantice la realización de las obras necesarias para las adaptaciones correspondientes.
CAPÍTULO IV. ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE.
Artículo 55. Normas generales.
Artículo 56. Normas generales.
Artículo 57. Intérpretes y guías.
Artículo 58. Medios audiovisuales.
Los medios audiovisuales dependientes de las administraciones públicas andaluzas elaborarán un plan de medidas técnicas que de forma gradual, permita mediante el uso de la lengua de signos, de subtitulaciones de técnicas de audiodescripción o de otras medidas, garantizar el derecho a la información en el plazo más breve posible. La Administración de la Junta de Andalucía emprenderá las actuaciones necesarias destinadas a fomentar que los medios audiovisuales de titularidad privada secunden y adopten las medidas descritas en el presente artículo.
Artículo 59. Licencias y autorizaciones.
1. El cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Título V de las normas que lo desarrollen será exigible para el visado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el otorgamiento de cualquier concesión, calificación, o autorización administrativa.
Artículo 60. Contratación administrativa.
En los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares y de prescripciones técnicas que sirvan de base para la contratación pública de trabajos de consultoría y asistencia técnica relativos a la elaboración de proyectos y direcciones de obras y en las normas e instrucciones que se elaboren por los órganos de contratación para la redacción de proyectos y documentos técnicos y para dirección de obras, se recogerá la obligación de observar el cumplimiento de lo preceptuado por el presente Título y sus normas de desarrollo.
Artículo 61. Inspecciones técnicas.
Artículo 62. Criterio general.
Cualquier medida tendente a adecuar las obras de infraestructura, edificios, establecimientos e instalaciones medios de transporte y comunicación existentes a la dispuesto en el presente Título y otras disposiciones de desarrollo, así como aquellas otras actuaciones no incluidas en su ámbito de aplicación que persigan la misma finalidad, gozarán de preferencia en el otorgamiento de subvenciones y ayudas y cualquier otra medida de fomento de naturaleza análoga que se conceda o gestione por la Administración de la Junta de Andalucía o sus empresas públicas, según se determine reglamentariamente.
Artículo 63. Gestión de las prestaciones.
Con objeto de garantizar la adecuada ejecución de las diferentes prestaciones establecidas en la presente Ley, las disposiciones de desarrollo de la misma determinarán los órganos a los que queda encomendada su gestión, sin perjuicio, en su caso, de los instrumentos específicos de coordinación y colaboración que hubieran de preverse al respecto.
Artículo 64. Coordinación entre las prestaciones económicas y las de integración laboral.
Los organismos y órganos responsables de las prestaciones económicas y de la habilitación, recuperación profesional e integración laboral establecerán la debida coordinación y colaboración.
Asimismo, actuarán en estrecha coordinación con las entidades locales, a través de la red de Servicios Sociales Comunitarios, para velar porque las prestaciones económicas, cuando no sean percibidas y administradas por las personas con minusvalías, se destinen a cubrir las necesidades para las que hayan sido concedidas. A estos efectos, se podrá iniciar de oficio el procedimiento de revisión, suspensión, pérdida o extinción del derecho a las prestaciones cuando proceda.
Artículo 65. Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.
1. Se crea, con naturaleza de órgano asesor, el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad con el objeto de promover el impulso y la coordinación de las actuaciones previstas en esta Ley, velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
2. El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad estará integrado por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, así como de los agentes económicos y sociales.
3. Serán funciones de este Consejo:
-Emitir informes de asesoramiento a todas las administraciones públicas con competencias en el sector para la elaboración de cualquier proyecto o iniciativa normativa que afecte específicamente a la población andaluza con
-Elaborar informes anuales sobre el nivel de ejecución de esta Ley, proponiendo iniciativas, recomendaciones y programas para cada una de las áreas de actuación.
-Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.
Artículo 66. Fondo para la supresión de barreras.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes, creará un fondo destinado a subvencionar la supresión de barreras. Este fondo se nutrirá de las correspondientes dotaciones presupuestarias y del importe percibido de las sanciones pecuniarias impuestas por la Comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley.
2. El 50 % del fondo citado en el apartado anterior irá destinado a subvencionar los programas específicos que elaboren los entes locales para la supresión de barreras en el espacio urbano, en los edificios de uso público y en el transporte de su término municipal.
Estos programas específicos de actuación estarán integrados, como mínimo, por un inventario de los espacios edificios, locales y medios de transporte que deban ser objeto de adaptaciones, el orden de prioridades en que se llevarán a cabo, las fases de ejecución del plan y el presupuesto correspondiente.
3. Tendrán prioridad para gozar de la citada financiación aquellos entes locales que se comprometan, mediante Convenio, a asignar, con destino a la supresión de las barreras existentes en los mismos, un porcentaje de sus partidas presupuestarias de inversión directa en los elementos de urbanización e infraestructura, edificios establecimientos e instalaciones, medios de transporte y comunicación de uso público de su titularidad o sobre los cuales disponga por cualquier título del derecho de uso.
4. Reglamentariamente se determinará la forma de reparto de los recursos de este fondo, siendo destinada una parte del mismo a subvencionar a entidades privadas y a particulares para la supresión de barreras.
Artículo 67. Definición y clasificación.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones para con las personas con discapacidad y que estén previstas como tales infracciones en la presente Ley sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que se pueda incurrir.
Se tipifican como infracciones leves:
1.El incumplimiento por parte de los usuarios de los centros residenciales y de día de los deberes establecidos en el artículo 35.2.
2.El incumplimiento de las normas contenidas en los capítulos II, III y IV del Título VII, siempre que no obstaculicen, limiten o impidan la utilización del espacio, el equipamiento, la vivienda o el medio de transporte para personas con discapacidad.
a.La imposición de cualquier forma de renuncia o menoscabo a sus legítimos derechos, salvo que ello esté autorizado de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.
b.La vulneración del derecho a la intimidad y a un trato digno de cualquier otro derecho reconocido a los usuarios en las disposiciones reguladoras de la organización y funcionamiento del centro.
c.El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad con respecto a sus datos sanitarios y personales.
d. La omisión o inadecuada prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica que necesiten.
e.La omisión o inadecuada prestación del tratamiento técnico científico y asistencial que, conforme a la finalidad del centro, corresponda a las necesidades básicas de los usuarios.
a.El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público, así como sobre el mobiliario urbano, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacldad.
b.El incumplimiento de las previsiones efectuadas en el artículo 48.5 en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la adaptación de los espacios urbanos y de sus elementos.
c.El incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
d.El incumplimiento de la reserva de espacios regulada en el artículo 51.
e.El incumplimiento de las normas de accesibilidad reguladas en los artículos 52 y 53, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
f.El incumplimiento no superior al 50 % de la reserva de viviendas establecida en el artículo 54, cuando no se haya constituido el aval a que se hace referencia en el mismo.
g.El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los transportes públicos de viajeros, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
h.El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los sistemas de comunicación y señalización regulados en el artículo 56, conforme a sus normas de desarrollo.
1.En relación a los usuarios de los centros residenciales y de día, las infracciones establecidas en el apartado 1 del artículo anterior, cuando supongan un peligro cierto o un perjuicio efectivo que afecte gravemente a la integridad física o moral de los usuarios.
2.En relación a la accesibilidad urbanística y arquitectónica:
a.El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público, así como sobre el mobiliario urbano, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
b.El incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
c.El incumplimiento de las normas de accesibilidad reguladas en los artículos 52 y 53, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
d.El incumplimiento superior al 50 % de la reserva de viviendas establecida en el artículo 54, cuando no se haya constituido el aval a que se hace referencia en el mismo.
e.El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los transportes públicos de viajeros, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
3.Tendrán también la consideración de infracciones muy graves la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año.
Artículo 71. Responsabilidad.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas podrá corresponder, en cada caso, a:
a.Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de atención a personas con discapacidad.
b.Los representantes legítimos de estos centros.
c.Los usuarios de estos centros, sus familiares y, en su caso, sus representantes legales.
d.Las personas físicas o jurídicas titulares de los edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública.
5. En general, serán responsables las personas a las que, en cada caso, se impongan las obligaciones o prescripciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción así como los titulares de los centros por las infracciones cometidas por el personal que preste sus servicios en los mismos.
Artículo 72. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones reguladas en la presente Ley prescribirán:
a.A los seis meses, las infracciones leves.
b.A los dos años las infracciones graves.
c.A los tres años las infracciones muy graves.
1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
2. En el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o mental de las personas con discapacidad, el Consejero que tenga atribuida la competencia en la materia de que se trate podrá acordar como medida cautelar y por razones de urgencia inaplazables, el cierre temporal del centro o establecimiento, hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo.
Artículo 74. Multas.
a.Las infracciones leves se sancionarán con multa de 25.000 hasta 1.000.000 de pesetas.
b.Las infracciones graves se sancionarán con multa desde 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
c.Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
Artículo 75. Otras sanciones.
1. Con independencia de las multas que puedan imponerse a los titulares de los centros o servicios de atención a las personas con discapacidad en los supuestos de faltas muy graves y en función de la naturaleza de las circunstancias que concurran en la infracción, el órgano competente podrá acordar:
a.El cierre temporal del centro o la suspensión del servicio hasta tanto se subsanen las deficiencias constitutivas de la infracción, si ello fuera posible.
b.El cierre o prohibición definitivos del centro o servicio, si tales deficiencias no fueran subsanables.
2. Los usuarios de los centros a que se refieren los artículos 32 y 33 de esta Ley responsables de las infracciones tipificadas en este Título, podrán ser sancionados con la pérdida temporal de la condición de usuario de estos centros con arreglo a la siguiente escala:
Infracciones leves de un día a quince días.
Infracciones graves, de dieciséis días a seis meses.
Infracciones muy graves, de seis meses y un día a un año.
3. Con carácter accesorio, el órgano sancionador podrá acordar, en la resolución del expediente sancionador la publicación de las sanciones impuestas una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres apellidos denominación o razón social de los sujetos responsables y de la naturaleza y características de las infracciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los de la provincia y a través de los medios de comunicación social.
Artículo 76. Graduación de sanciones.
a.La trascendencia social de la infracción en conexión con la naturaleza de los perjuicios causados.
b.Existencia de intencionalidad del infractor.
c.La reincidencia por comisión en el plazo de un año de dos infracciones de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a.El Delegado provincial de la Consejería que tenga atribuida la competencia en la materia de que se trate, en infracciones leves.
b.El Director general correspondiente de la Consejería que tenga atribuida la competencia en la materia de que se trate, en infracciones graves.
c.El titular de la Consejería competente en la materia de que se trate, en infracciones muy graves.
a.A los tres años, las impuestas por infracciones muy graves.
b.A los dos años, las impuestas por infracciones graves.
c.A los seis meses, las impuestas por infracciones leves.
Las entidades locales, en el marco de sus competencias, llevarán a cabo la adaptación de sus ordenanzas sobre accesibilidad arquitectónica urbanística en el transporte y en la comunicación, a cuanto queda dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las mismas. En ese mismo plazo, los municipios de más de 20.000 habitantes y las provincias elaborarán las prescripciones técnicas para la normalización y accesibilidad de los elementos del mobiliario urbano.
La Administración de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas anualmente elaborarán un plan de actuaciones para la adaptación de los edificios, establecimientos, instalaciones medios de transporte y de comunicación de ellos dependientes de la presente Ley y sus normas de desarrollo. En dicho plan se determinarán las fases, programas de tiempos, la cuantificación económica de las distintas intervenciones y el orden de prioridades de las mismas, así como los instrumentos para el seguimiento y control del plan.
Los planes de adaptación y supresión de barreras dispuestos en la presente Ley serán elaborados por las correspondientes administraciones públicas en el plazo de dos años desde su entrada en vigor y realizados en un
plazo máximo de diez años.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las normas reguladoras de los ingresos y traslados en los centros regulados en los artículos 32 y 33, de la ayuda de habilitación profesional del artículo 42, de los centros de valoración y orientación conforme al artículo 31 del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, de las ayudas económicas que protejan las necesidades específicas individuales de las personas con discapacidad a través de las prestaciones de carácter no periódico recogidas en la sección 3 del capítulo V, Título V de esta Ley, así como las disposiciones reguladoras de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.
Sevilla, 31 de marzo de 1999.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 45, de 17 de abril de 1999.
Página actualizada el: 07/02/2014

References: artículo 9
 artículo 12
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Artículo 55

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Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

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Artículo 67
 artículo 35
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 artículo 51
 artículo 54
 artículo 56
 artículo 54

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Artículo 72
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Artículo 74

Artículo 75
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Artículo 76
 resolución 
 artículo 42
 artículo 31