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Timestamp: 2019-06-19 00:51:08+00:00

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Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 479177283
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre)
CAPÍTULO I. Objeto, definiciones y principios - arts. 1 a 3
CAPÍTULO II. Ámbito de aplicación - arts. 4 y 5
CAPÍTULO III. Autonomía de las personas con discapacidad - art. 6
CAPÍTULO I. Sistema de prestaciones sociales y económicas - arts. 8 y 9
CAPÍTULO II. Derecho a la protección de la salud - arts. 10 a 12
CAPÍTULO III. De la atención integral - arts. 13 a 17
CAPÍTULO IV. Derecho a la educación - arts. 18 a 21
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 22 a 29
SECCIÓN 2ª. Medidas de acción positiva - arts. 30 a 34
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 35 a 39
SECCIÓN 2ª. Empleo ordinario - arts. 40 a 42
SECCIÓN 3ª. Empleo protegido - arts. 43 a 46
SECCIÓN 4ª. Empleo autónomo - art. 47
CAPÍTULO VII. Derecho a la protección social - arts. 48 a 52
CAPÍTULO VIII. Derecho de participación en los asuntos públicos - arts. 53 a 56
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 57 a 59
SECCIÓN 2ª. Del personal de los distintos servicios de atención a las personas con discapacidad - arts. 60 a 62
CAPÍTULO I. Derecho a la igualdad de oportunidades - arts. 63 a 68
SECCIÓN 1ª. Medidas de fomento - arts. 70 a 73
SECCIÓN 2ª. Medidas de defensa - arts. 74 a 77
SECCIÓN 1ª. Infracciones - arts. 80 a 82
SECCIÓN 2ª. Sanciones - arts. 83 a 88
SECCIÓN 3ª. Garantías del régimen sancionador - arts. 89 a 93
SECCIÓN 1ª. Infracciones y sanciones - arts. 95 a 98
SECCIÓN 2ª. Procedimiento sancionador - arts. 99 a 104
SECCIÓN 3ª. Órganos competentes - art. 105
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Tratamiento de la información
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Memoria de accesibilidad en las infraestructuras de titularidad estatal
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Infracciones y sanciones en el orden social
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Infracciones en materia de accesibilidad y ajustes razonables
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Revisión de la cuantía de las sanciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Información a las Cortes Generales sobre el régimen de infracciones y sanciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Oficina de Atención a la Discapacidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de subsidio de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Formación en diseño universal o diseño para todas las personas
Norma citada en: 546 sentencias, 94 artículos doctrinales, 517 disposiciones normativas, 4 temas prácticos, un formulario, 24 resoluciones administrativas, 24 noticias
ARTÍCULO ÚNICO Aprobación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad.
CAPÍTULO I Objeto, definiciones y principios Artículos 1 a 3
ARTÍCULO 1 Objeto de esta ley.
Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
Artículo citado en: 7 sentencias, 18 disposiciones normativas
Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.
Diálogo civil: es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
Artículo citado en: 18 sentencias, 8 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa, una noticia
Diseño universal o diseño para todas las personas.
El diálogo civil.
El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
CAPÍTULO II Ámbito de aplicación Artículos 4 y 5
ARTÍCULO 4 Titulares de los derechos.
Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.
Artículo citado en: 122 sentencias, 6 artículos doctrinales, 34 disposiciones normativas, un tema práctico
ARTÍCULO 5 Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
CAPÍTULO III Autonomía de las personas con discapacidad Artículo 6
ARTÍCULO 6 Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.
TÍTULO I Derechos y obligaciones Artículos 7 a 62
ARTÍCULO 7 Derecho a la igualdad.
CAPÍTULO I Sistema de prestaciones sociales y económicas Artículos 8 y 9
ARTÍCULO 8 Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad.
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
Rehabilitación y habilitación profesionales.
ARTÍCULO 9 Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad.
CAPÍTULO II Derecho a la protección de la salud Artículos 10 a 12
ARTÍCULO 10 Derecho a la protección de la salud.
ARTÍCULO 11 Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades.
Las administraciones públicas competentes promoverán planes de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, teniendo asimismo en cuenta lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
ARTÍCULO 12 Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad.
Emitir un dictamen técnico normalizado sobre las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las barreras en la participación social, recogiendo las capacidades y habilidades para las que la persona necesita apoyos.
La orientación para la habilitación y rehabilitación, con pleno respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, proponiendo las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.
La valoración y calificación de la situación de discapacidad, determinando el tipo y grado de discapacidad en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente.
La valoración y calificación de la situación de discapacidad será revisable en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y calificación definitivas solo se realizará cuando la persona haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando la deficiencia sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para obtener determinados beneficios.
CAPÍTULO III De la atención integral Artículos 13 a 17
ARTÍCULO 13 Atención integral.
Habilitación o rehabilitación médico-funcional.
Atención, tratamiento y orientación psicológica.
Apoyo para la actividad profesional.
ARTÍCULO 14 Habilitación o rehabilitación médico-funcional.
ARTÍCULO 15 Atención, tratamiento y orientación psicológica.
ARTÍCULO 16 Educación.
ARTÍCULO 17 Apoyo para la actividad profesional.
Los procesos de habilitación o rehabilitación médico-funcional.
La formación, readaptación o recualificación profesional.
Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los centros de formación dedicados a ello, en las empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje, cuyo contenido básico se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sus normas de desarrollo.
CAPÍTULO IV Derecho a la educación Artículos 18 a 21
ARTÍCULO 18 Contenido del derecho.
ARTÍCULO 19 Gratuidad de la enseñanza.
ARTÍCULO 20 Garantías adicionales.
Los centros de educación especial crearán las condiciones necesarias para facilitar la conexión con los centros ordinarios, y la inclusión de sus alumnos en el sistema educativo ordinario.
Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que regularmente ocupen al menos la mitad de sus camas con pacientes cuya estancia y atención sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, deberán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales.
Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos directivos, el profesorado y los profesionales de la educación, dirigida a su especialización en la atención a las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias para ello.
ARTÍCULO 21 Valoración de las necesidades educativas.
A efectos de la participación en el control y gestión de los centros docentes previsto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se tendrá en cuenta la especialidad de esta ley en lo que se refiere a los servicios de orientación educativa.
CAPÍTULO V Derecho a la vida independiente Artículos 22 a 34
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 22 a 29
ARTÍCULO 22 Accesibilidad.
ARTÍCULO 23 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.
Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.
Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.
La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables.
Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.
Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.
ARTÍCULO 24 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
ARTÍCULO 25 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación.
ARTÍCULO 26 Normativa técnica de edificación.
ARTÍCULO 27 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios de transporte.
ARTÍCULO 28 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas.
ARTÍCULO 29 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
SECCIÓN 2ª Medidas de acción positiva Artículos 30 a 34
ARTÍCULO 30 Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos.
ARTÍCULO 31 Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
ARTÍCULO 32 Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad.
ARTÍCULO 33 Concepto de rehabilitación de la vivienda.
ARTÍCULO 34 Otras medidas públicas de accesibilidad.
CAPÍTULO VI Derecho al trabajo Artículos 35 a 47
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 35 a 39
ARTÍCULO 35 Garantías del derecho al trabajo.
ARTÍCULO 36 Igualdad de trato.
ARTÍCULO 37 Tipos de empleo de las personas con discapacidad.
Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.
ARTÍCULO 38 Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral.
ARTÍCULO 39 Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad.
SECCIÓN 2ª Empleo ordinario Artículos 40 a 42
ARTÍCULO 40 Adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo.
ARTÍCULO 41 Servicios de empleo con apoyo.
ARTÍCULO 42 Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Artículo citado en: 6 sentencias, 4 artículos doctrinales, 83 disposiciones normativas, un formulario
SECCIÓN 3ª Empleo protegido Artículos 43 a 46
ARTÍCULO 43 Centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.
La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se rige por su normativa específica.
Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.
Artículo 43, apartado 4, añadido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas, un tema práctico, una resolución administrativa
ARTÍCULO 44 Compensación económica para los centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
En atención a las especiales características que concurren en los centros especiales de empleo y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, las administraciones públicas podrán, en la forma que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas, destinadas a los centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes.
Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas serán que estos centros especiales de empleo reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.
ARTÍCULO 45 Creación de centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Los centros especiales de empleo podrán ser creados tanto por organismos públicos y privados como por las empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales que regulen las condiciones de trabajo.
Las administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de centros especiales de empleo, sea directamente o en colaboración con otros organismos o entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad mediante la adopción de las medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa, que las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones de trabajo adecuadas.
ARTÍCULO 46 Enclaves laborales.
SECCIÓN 4ª Empleo autónomo Artículo 47
ARTÍCULO 47 Empleo autónomo.
CAPÍTULO VII Derecho a la protección social Artículos 48 a 52
ARTÍCULO 48 Derecho a la protección social.
ARTÍCULO 49 Criterios de aplicación de la protección social.
Los servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias podrán ser prestados tanto por las administraciones públicas como por entidades sin ánimo de lucro a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios.
La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su entorno geográfico, teniendo en cuenta las barreras específicas de quienes habiten en zonas rurales.
Se promoverá la participación de las propias personas con discapacidad en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales.
ARTÍCULO 50 Contenido del derecho a la protección social.
Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a los servicios sociales de apoyo familiar, de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, de promoción de la autonomía personal, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias, de apoyo en su entorno, servicios residenciales, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre.
Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta ley, la legislación autonómica podrá prever servicios y prestaciones económicas para las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.
ARTÍCULO 51 Clases de servicios sociales.
El servicio de apoyo familiar tendrá como objetivo la orientación e información a las familias, el apoyo emocional, su capacitación y formación para atender a la estimulación, maduración y desarrollo físico, psíquico e intelectual de los niños y niñas con discapacidad, y a las personas con discapacidad y para la adecuación del entorno familiar y próximo a las necesidades de todos ellos.
Los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal tienen como finalidad prevenir la aparición o la intensificación de discapacidades y de sus consecuencias, mediante actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, apoyo en el entorno y programas específicos de carácter preventivo.
Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación habilitadora o rehabilitadora tal y como ya dispone el artículo 14, todo ello sólo para aquellas personas con discapacidad cuyas situaciones lo requieran.
Los servicios de vivienda, ya sean servicios de atención residencial, viviendas tuteladas, u otros alojamientos de apoyo para la inclusión, tienen como objetivo promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad a través de la convivencia, así como favorecer su inclusión social.
Los servicios de centro de día y de noche ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias.
Los servicios de residencias, centros de día y de noche,y viviendas tuteladas podrán ser promovidos por las administraciones públicas, por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas. En la promoción de residencias, centros de día y viviendas tuteladas, realizados por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas, éstas gozarán de la protección prioritaria por parte de las administraciones públicas.
Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Sólo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran, podrá establecerse, de forma subsidiaria o complementaria, servicios y actividades específicas.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en esta ley, cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo hicieran necesario, la persona con discapacidad tendrá derecho a residir o ser atendida en un establecimiento especializado.
Artículo citado en: 114 sentencias, un artículo doctrinal
ARTÍCULO 52 Centros ocupacionales.
Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo. Igualmente prestarán estos servicios a aquellos trabajadores con discapacidad que habiendo desarrollado una actividad laboral específica no hayan conseguido una adaptación satisfactoria o hayan sufrido un empeoramiento en su situación que haga aconsejable su integración en un centro ocupacional.
Las administraciones públicas, de acuerdo a sus competencias, dictarán las normas específicas correspondientes, estableciendo las condiciones de todo tipo que deberán reunir los centros ocupacionales para que sea autorizada su creación y funcionamiento.
CAPÍTULO VIII Derecho de participación en los asuntos públicos Artículos 53 a 56
ARTÍCULO 53 Derecho de participación en la vida política.
ARTÍCULO 54 Derecho de participación en la vida pública.
Las personas con discapacidad podrán participar plena y efectivamente en la toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen.
Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones y, en su caso, de las normas y estrategias que les conciernen, siendo obligación de las administraciones públicas en la esfera de sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las administraciones públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.
Las administraciones públicas promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, ofrecerán apoyo financiero y técnico para el desarrollo de sus actividades y podrán establecer convenios para el desarrollo de programas de interés social.
ARTÍCULO 55 Consejo Nacional de la Discapacidad.
ARTÍCULO 56 Oficina de Atención a la Discapacidad.
CAPÍTULO IX Obligaciones de los poderes públicos Artículos 57 a 62
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 57 a 59
ARTÍCULO 57 Prestación de servicios.
Los poderes públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos adecuados, la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, la garantía de unos derechos económicos, socialesy de protección jurídica mínimos y la Seguridad Social.
Para la consecución de estos objetivos participarán, en sus correspondientes ámbitos competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las asociaciones y personas jurídico-privadas.
ARTÍCULO 58 Financiación.
ARTÍCULO 59 Toma de conciencia social.
Los poderes públicos desarrollarán y promoverán actividades de información, campañas de toma de conciencia, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en colaboración con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
En concreto, los poderes públicos promoverán la puesta en marcha y el mantenimiento de campañas para la toma de conciencia de la sociedad, accesibles para las personas con discapacidad, especialmente en los ámbitos socio-sanitario, educativo y profesional, fomentando el reconocimiento y respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, para que ésta en su conjunto, colabore en su plena inclusión en la vida social.
SECCIÓN 2ª Del personal de los distintos servicios de atención a las personas con discapacidad Artículos 60 a 62
ARTÍCULO 60 Personal especializado.
La atención y prestación de los servicios que requieran las personas con discapacidad en su proceso de desarrollo personal e inclusión deberán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado.
Este proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las funciones que abarca exige el concurso de especialistas de distintos ámbitos que deberán actuar conjuntamente como equipo multiprofesional.
ARTÍCULO 61 Formación del personal.
Las administraciones públicas promoverán la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad para atender adecuadamente los diversos servicios que las personas con discapacidad requieren, tanto en el nivel de detección, diagnóstico y valoración como educativo y de servicios sociales.
Las administraciones públicas establecerán programas permanentes de especialización y actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes discapacidades, así como sobre modos específicos de atención para conseguir el máximo desarrollo personal, según el ámbito de las diversas profesiones, de acuerdo con las distintas competencias profesionales.
ARTÍCULO 62 Voluntariado.
Las administraciones públicas promoverán y fomentarán la colaboración del voluntariado en la atención de las personas con discapacidad y de sus familias, promoviendo la constitución y funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en dicha atención. Asimismo, promoverán y fomentarán el voluntariado entre personas con discapacidad, favoreciendo su plena inclusión y participación en la vida social.
El régimen del personal voluntario se regulará en su normativa específica.
TÍTULO II Igualdad de oportunidades y no discriminación Artículos 63 a 77
CAPÍTULO I Derecho a la igualdad de oportunidades Artículos 63 a 68
ARTÍCULO 63 Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.
ARTÍCULO 64 Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades.
Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial, contempladas en esta ley serán de aplicación a las situaciones previstas en el artículo 63, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las administraciones públicas velarán por evitar cualquier forma de discriminación que les afecte o pueda afectar.
Las garantías del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad previstas en este título, tendrán carácter supletorio respecto a lo previsto en la legislación laboral.
ARTÍCULO 65 Medidas contra la discriminación.
ARTÍCULO 66 Contenido de las medidas contra la discriminación.
A efectos de determinar si un ajuste es razonable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.m), se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.
ARTÍCULO 67 Medidas de acción positiva.
Los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades, como son las mujeres, los niños y niñas, quienes precisan de mayor apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural.
Asimismo, en el marco de la política oficial de protección a la familia, los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva respecto de las familias cuando alguno de sus miembros sea una persona con discapacidad.
ARTÍCULO 68 Contenido de las medidas de acción positiva y medidas de igualdad de oportunidades.
Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables. Las medidas de igualdad de oportunidades podrán ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación.
En particular, las administraciones públicas garantizarán que las ayudas y subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural.
CAPÍTULO II Medidas de fomento y defensa Artículos 69 a 77
ARTÍCULO 69 Medidas de fomento y defensa.
SECCIÓN 1ª Medidas de fomento Artículos 70 a 73
ARTÍCULO 70 Medidas para fomentar la calidad.
ARTÍCULO 71 Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas.
Las administraciones públicas fomentarán la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vida independiente en favor de las personas con discapacidad.Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Asimismo, facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, así como la revisión de la existente, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos de tecnologías, productos, servicios y bienes, en colaboración con las entidades y organizaciones de normalización y certificación y todos los agentes implicados.
ARTÍCULO 72 Iniciativa privada.
La administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas.
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos.
ARTÍCULO 73 Observatorio Estatal de la Discapacidad.
Se considera al Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.
Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España elaborado de acuerdo con datos estadísticos recopilados, con especial atención al género, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad se configura asimismo como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El cumplimiento de las funciones dirigidas al desarrollo de los objetivos generales del Observatorio Estatal de la Discapacidad no supondrá incremento del gasto público.
SECCIÓN 2ª Medidas de defensa Artículos 74 a 77
ARTÍCULO 74 Arbitraje.
Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda.
Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
ARTÍCULO 75 Tutela judicial y protección contra las represalias.
La tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho.
La indemnización o reparación a que pueda dar lugar la reclamación correspondiente no estará limitada por un tope máximo fijado «a priori». La indemnización por daño moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión.
Se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a las personas físicas o jurídicas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.
ARTÍCULO 76 Legitimación.
ARTÍCULO 77 Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes.
En aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por motivo de o por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.
TÍTULO III Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad Artículos 78 a 105
CAPÍTULO I Régimen común de infracciones y sanciones Artículos 78 a 93
ARTÍCULO 78 Ámbito.
ARTÍCULO 79 Sujetos.
Esta ley se aplicará a los responsables de la infracción, personas físicas o jurídicas, que incurran en las acciones u omisiones determinadas como infracción en esta ley y en la legislación autonómica correspondiente.
SECCIÓN 1ª Infracciones Artículos 80 a 82
ARTÍCULO 80 Objeto de las infracciones.
ARTÍCULO 81 Infracciones.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves.
En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones leves, las conductas que incurran en cualquier incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales de lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.
En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones graves:
El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable, a que se refiere el artículo 66 así como en sus normas de desarrollo.
El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley.
En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones muy graves:
Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del artículo 66 y en sus normas de desarrollo.
El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, y en sus normas de desarrollo.
Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta ley, y en sus normas de desarrollo.
ARTÍCULO 82 Prescripción de las infracciones.
SECCIÓN 2ª Sanciones Artículos 83 a 88
ARTÍCULO 83 Sanciones.
ARTÍCULO 84 Criterios de graduación de las sanciones.
Las sanciones se aplicarán en grado mínimo, medio y máximo con arreglo a los siguientes criterios:
Cuando el perjudicado por la infracción sea una de las personas comprendidas en el artículo 67.1, la sanción podrá imponerse en la cuantía máxima del grado que corresponda.
ARTÍCULO 85 Sanciones accesorias.
ARTÍCULO 86 Consecuencias del incumplimiento en materia de acceso a bienes y servicios.
ARTÍCULO 87 Prescripción de las sanciones.
ARTÍCULO 88 Cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y en la legislación autonómica.
SECCIÓN 3ª Garantías del régimen sancionador Artículos 89 a 93
ARTÍCULO 89 Legitimación.
Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran, tendrán la consideración de interesados en estos procedimientos en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acuerdo de archivo de las actuaciones o la resolución desestimatoria, expresa o tácita, de la denuncia o puesta en conocimiento de la administración de posibles infracciones previstas en esta ley o en las que establezcan las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias, las organizaciones y asociaciones anteriormente referidas estarán legitimadas para interponer los recursos o, en su caso, las acciones que consideren procedentes como representantes de intereses sociales.
La legitimación activa que se otorga a las citadas organizaciones y asociaciones, en ningún caso supondrá trato preferente cuando sean denunciadas o se las considere presuntas infractoras por la administración competente.
ARTÍCULO 90 Garantía de accesibilidad de los procedimientos.
ARTÍCULO 91 Instrucción.
Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo especial en esta materia establecido en esta ley y en la legislación autonómica correspondiente.
Cuando una administración pública, en el transcurso de la fase de instrucción, considere que la potestad sancionadora en relación con la presunta conducta infractora corresponde a otra administración pública, lo pondrá en conocimiento de ésta en unión del correspondiente expediente.
ARTÍCULO 92 Publicidad de las resoluciones sancionadoras.
ARTÍCULO 93 Deber de colaboración.
CAPÍTULO II Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado Artículos 94 a 105
ARTÍCULO 94 Competencia de la Administración General del Estado.
SECCIÓN 1ª Infracciones y sanciones Artículos 95 a 98
ARTÍCULO 95 Infracciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82, se tipifican en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, las siguientes infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la sección 1ª. del capítulo V del Título I, y en el Título II así como en sus normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.
El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.
La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.
La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en los términos previstos en este Título.
El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte, medios de comunicación y de los productos y servicios a disposición del público, así como los apoyos y medios asistenciales específicos para cada persona, que obstaculice o limite su acceso o utilización regulares por las personas con discapacidad.
La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable, en los términos establecidos en el artículo 66.
El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en la disposición adicional tercera, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la implantación de las exigencias de accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.
La coacción, amenaza, represalia ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia o participen en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.
Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.
ARTÍCULO 96 Sanciones.
Las infracciones graves con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000 euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000 euros.
ARTÍCULO 97 Cómputo del plazo de prescripción de las infracciones.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.
El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de iniciación del procedimiento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
ARTÍCULO 98 Cómputo del plazo de prescripción de las sanciones.
SECCIÓN 2ª Procedimiento sancionador Artículos 99 a 104
ARTÍCULO 99 Normativa de aplicación.
ARTÍCULO 100 Actuaciones previas.
La Oficina de Atención a la Discapacidad.
ARTÍCULO 101 Iniciación.
ARTÍCULO 102 Medidas cautelares.
ARTÍCULO 103 Efectividad de la sanción.
La autoridad que impone la sanción señalará el plazo para su cumplimiento sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días.
Si la sanción no fuera satisfecha en el plazo fijado en la resolución administrativa firme se seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación.
ARTÍCULO 104 Información a otros órganos.
A la Oficina de Atención a la Discapacidad.
SECCIÓN 3ª Órganos competentes Artículo 105
ARTÍCULO 105 Autoridades competentes.
El órgano competente para iniciar el procedimiento será el órgano directivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad.
El ejercicio de los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución sancionadora, corresponde al órgano directivo con rango de Subdirección General a que correspondan las funciones de impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad, que elevará propuesta de resolución al órgano competente para imponer la sanción.
Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en el artículo 96:
El órgano con rango de Dirección General a que se hace referencia en el apartado 1, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.
La personatitular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:
Para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social:
Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
Para el acceso y utilización de los medios de transporte:
Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales:
Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, en todo caso, son los siguientes:
Disposición citada en: 9 disposiciones normativas
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Planes y programas de accesibilidad y para la no discriminación
El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, aprobará un plan nacional de accesibilidad para un periodo de nueve años. El plan se desarrollará a través de fases de actuación trienal. En su diseño, aplicación y seguimiento participarán las asociaciones de utilidad pública más representativas en el ámbito estatal de las personas con discapacidad y sus familias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Memoria de accesibilidad en las infraestructuras de titularidad estatal
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Infracciones y sanciones en el orden social
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA Infracciones en materia de accesibilidad y ajustes razonables
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Revisión de la cuantía de las sanciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA Información a las Cortes Generales sobre el régimen de infracciones y sanciones
Las actuaciones efectuadas para la aplicación de la ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA Oficina de Atención a la Discapacidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA Acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad
Disposición adicional duodécima, añadida por la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de subsidio de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona
Los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, y por ayuda de tercera persona, continuarán con el derecho a la percepción del mismo, siempre que continúen reuniendo los requisitos exigidos reglamentariamente para su concesión y no opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social o asignación económica por hijo a cargo.
La cuantía de estos subsidios será fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En los supuestos de contratación por cuenta ajena o establecimiento por cuenta propia de los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, procederá declarar la suspensión del derecho al citado subsidio, recuperando automáticamente el derecho cuando se extinga su contrato de trabajo, o dejen de desarrollar actividad laboral. A efectos de esta recuperación, no se tendrán en cuenta, el importe de los recursos económicos que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta propia o por cuenta ajena.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1ª. de la Constitución.
La sección 2ª. del capítulo II del título II se dicta, además, al amparo de la competencia del Estado en materia de legislación procesal, conforme al artículo 149.1.6ª. de la Constitución.
El capítulo II del título III sólo será de aplicación a la Administración General del Estado.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Formación en diseño universal o diseño para todas las personas
Disposición citada en: 7 disposiciones normativas
El Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de Discapacidad y a las comunidades autónomas, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
Disposición citada en: 2 sentencias, 3 disposiciones normativas
Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León (Ley 5/2003, de 3 de abril)
Ley de Servicios Sociales de Asturias (Ley 1/2003, de 24 de febrero)
ORDEN EMC/153/2017, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación del Programa integral de apoyo a las personas emprendedoras enmarcado en el programa Catalunya Emprèn.
Real Decreto 2192/1979, de 14 de agosto, por el que se crea La Comisión Delegada del Gobierno para Politica exterior.
ORDEN FORAL 234/2005, de 28 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol en las instalaciones ganaderas de Navarra.
Orden ARM/2869/2010, de 27 de octubre, relativa a la ayuda para la compensación de la veda temporal realizada en el mes de enero de 2010 por la flota de cerco de la Comunitat Valenciana.

References: ARTÍCULO 1
 resolución 

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 Artículo 6

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 21

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17
 artículo 11
 Real Decreto 

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

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ARTÍCULO 40

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ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 42

Artículo 43
 resolución 

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46
 Artículo 47

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51
 artículo 14

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64
 artículo 63

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66
 artículo 2

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68

ARTÍCULO 69

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78

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ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 81
 artículo 66
 artículo 66

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84
 artículo 67

ARTÍCULO 85

ARTÍCULO 86

ARTÍCULO 87

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 89
 artículo 31
 resolución 

ARTÍCULO 90

ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 92

ARTÍCULO 93

ARTÍCULO 94

ARTÍCULO 95
 artículo 82
 artículo 66

ARTÍCULO 96

ARTÍCULO 97

ARTÍCULO 98

ARTÍCULO 99

ARTÍCULO 100

ARTÍCULO 101

ARTÍCULO 102

ARTÍCULO 103
 resolución 

ARTÍCULO 104
 Artículo 105

ARTÍCULO 105
 resolución 
 resolución 
 artículo 96
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 29

Real Decreto