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Timestamp: 2018-06-24 01:15:44+00:00

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JURISPRUDENCIA: Boletin de Jurisprudencia de la SJCNCP - año 2007 - S => Z
Boletin de Jurisprudencia de la SJCNCP - año 2007 - S => Z
Sanciones disciplinarias. Ejecución. Artículo 97, ley 24.660. Favor rei. Prueba.
Omisión de valoración.
Sumario : No se observa una violación a la regla de favor rei plasmada en el art. 91 de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad -24.660- que establece que en caso de duda se estará a lo que resulte más favorable para el interno. Es que resultaría a la luz de los elementos de juicio producidos hasta el presente- razonable y suficientemente acreditada la responsabilidad del interno sancionado en el hecho imputado, que califica su conducta como constitutiva de una infracción grave, de acuerdo a lo establecido en el art. 18, inc. e), de aquél Reglamento. Sin embargo, -y sin mengua de cuanto hemos manifestado precedentemente, en orden al alto grado de verosimilitud que evidencia la conclusión a la que se ha arribado en el sumario- lo cierto es que la existencia de un video que podría llegar a mostrar que los hechos se produjeron de un modo diverso, es un elemento de juicio que no debió ser despreciado por el a quo. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de la defensa, y disponer que el señor juez de ejecución penal adopte los recaudos necesarios para certificar la existencia del video al que hacen referencia los internos en sus descargos y -en su caso- proceder a su visualización. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma adhiere parcialmente).
Mota, Walter Edgardo s/recurso de casación.
Registro n° 214.07.3. Causa n° : 7545.
Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Prieto, Rubén A. y otros s/rec. de queja", Reg. n° 436, causa n° 2067, rta. el 16/9/99.
Sumario : Denegar -como elemento de prueba- la incorporación de la supuesta filmación del suceso que originó la sanción disciplinaria implica una afectación indebida al derecho de defensa en juicio (art. 18 CN). De esta manera, al tratarse una cuestión previa a la responsabilidad del imputado, entiendo que deviene abstracto dicho agravio. (Dra. Ledesma adhiriendo parcialmente al voto del Dr. Riggi).
Sentencia. Acusación. Límite. Reincidencia.
Sumario : El tribunal no puede expedirse más allá de lo pedido. La sentencia no puede ser "plus petita", ni tampoco está facultado para fallar fuera de la pedido "extra petita". Ello es así, en razón de que la acusación es la que fija el límite de su conocimiento. En el caso traído a estudio, de la lectura del acta de debate, no surge que el representante del Ministerio Público Fiscal haya solicitado la declaración de reincidencia del imputado. Sin embargo, y sin pedido de parte, el Tribunal de Juicio entendió que se presentaban los requisitos del artículo 50 del Código Penal, por lo que corresponde casar la sentencia en orden a la declaración de reincidencia (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Riggi y Tragant según sus votos).
Magistrados : Riggi, Ledesma, Tragant. Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III. Resolución del: 14/02/2007
Sentencia. Acusación. Ministerio Público Fiscal. Encubrimiento agravado por ánimo de lucro. Absolución.
Sumario : En el sistema diagramado por el C.P.P.N., la pretensión penal se concreta con la afirmación de hechos e individualización de sujetos, en el requerimiento de juicio. Es así que, esa pieza procesal constituye una verdadera pretensión provisional y no definitiva, ya que este último carácter solo se alcanzará después de realizado el juicio, es decir producidas las pruebas que constituyen el fundamento de la pretensión definitiva, sea condenatoria o absolutoria. En síntesis, en el proceso penal, podemos hablar de una "pretensión evolutiva o progresiva" y a diferencia del civil, la pretensión no se deduce en un sólo y único acto, sino que sigue un "orden escalonado". Éste comienza con el requerimiento de investigación (art. 188 C.P.P.N.), en dónde empieza a prepararse, se manifiesta a lo largo de la instrucción mediante la actividad de instar diligencias y culmina, una vez abierto el juicio oral, como pretensión objetiva (hechos objeto del juicio y calificación provisional sometida a debate), definiéndose y produciéndose la calificación definitiva en los alegatos conclusivos. En el presente caso, nos encontramos con que el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio le imputó a los encartados el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, el que concurría en forma ideal con el robo con armas, sin embargo, al momento de efectuar su alegato, el Fiscal General entendió que ese ilícito concurría aparentemente con los otros delitos y, por lo tanto, no formuló acusación por ese hecho. Finalmente, hay que señalar que no se trata únicamente de una cuestión de discusión de calificación legal, sino que se trata de la atribución de responsabilidad respecto de un hecho por el que el Ministerio Público no completó la acusación. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de la defensa, casar la sentencia impugnada y absolver a los imputados. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Riggi y Tragant según sus votos).
Sentencia. Arbitrariedad. Falta de motivación.
Sumario : El Tribunal "a quo" tuvo por cierto que la imputada "tenía dentro de su ámbito de custodia, más precisamente detrás de una pileta de material ubicada en el patio de la vivienda que ocupa, un trozo compactado de marihuana". De los fundamentos brindados por los sentenciantes, únicamente surge que se encuentra acreditado el secuestro de material estupefaciente en el domicilio. No obstante ello, en ningún momento, se explicitan cuáles son las pruebas que avalan la afirmación respecto a que la imputada residía en la finca y, menos aún cuáles son los elementos que permiten atribuirle a la nombrada la tenencia exclusiva del material estupefaciente incautado, máxime si se tiene en cuenta que del acta de allanamiento surge que en el lugar residían más personas. Lo que se valora conforme la máxima capacidad de rendimiento que corresponde aplicar en la revisión de la sentencia, sin mengua de la inmediación. En este orden de ideas, cabe memorar que la exigencia de motivación de la sentencia se satisface con la existencia de pluralidad de pruebas, que permitían al juez formular todas las inferencias inductivas que apoyarán su conclusión; que de no contar con ellas, carecerá de elementos para expedirse, en cuyo caso necesariamente tendrá que absolver, dada la imposibilidad de condena en caso de duda. Esta multiplicidad de elementos de convicción se erige como una garantía contra la arbitrariedad del decisorio, toda vez que nuestro ordenamiento procesal establece que la sentencia será nula si no se hubieren observado en ella las reglas de la sana crítica racional, entre las que se encuentran las reglas de la lógica a saber: principio de no contradicción, de identidad, del tercero excluido y de razón suficiente, los que constituyen la base de análisis a la hora de calificar la decisión como arbitraria o no. (Voto de la Dra. Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto, Dr. Riggi en disidencia parcial).
Citas : C.S.J.N. "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", causa n° 1681, rta. el 20/09/05.
Sentencia. Diversidad de votos en el tribunal. Arbitrariedad. Mayoría Legal. Artículos 123, 398 y 404 inciso 2° del C.P.P.N. Juicio abreviado.
Sumario : El Tribunal Oral resolvió rechazar el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes. El primero de los jueces aceptó la solicitud formulada; el siguiente magistrado propuso el rechazo del mismo sobre la base de un mejor conocimiento de los hechos, y la remisión de la presente al Tribunal Oral en lo Criminal que deba intervenir, a los efectos que lleve a cabo el debate correspondiente; en el último de los votos se sostuvo que debía rechazarse el acuerdo de juicio abreviado, pues a su criterio, tanto la ley 24.825 como el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, son inconstitucionales; postulando en consecuencia, la remisión de las actuaciones al Tribunal que corresponda, a fin de que sean citadas las partes a juicio en los términos del artículo 354 del C.P.P.N. De lo expuesto precedentemente, se desprende que los magistrados integrantes de la mayoría si bien arriban a la misma propuesta -esto es rechazar el acuerdo de juicio abreviado-, lo cierto es que sus votos no son coincidentes sobre la solución de la cuestión a resolver, tornando por ende a la sentencia dictada en arbitraria por carecer de la debida fundamentación. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Farella, Alejandro Javier s/recurso de casación.
Registro n° 126.07.3. Causa n° : 7324.
Citas : C.S.J.N. "Acuña, Ramón Porfirio", causa n° 4/99, 139.XXXIX., rta. el 23/08/05. CS, E.D., t. 153, pág. 673, f. 45.268, con nota de Gozaíni, "Las mayorías coincidentes en las sentencias colegiadas". D'Albora, Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación" Anotado. Comentado. Concordado, T° II, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005, pág. 898. Clariá Olmedo, Jorge A. "Derecho Procesal Penal", T° III, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 247/248.
Sentencia. Falta de motivación. Falso testimonio en proceso penal. Cuestión prejudicial.
Sumario : La resolución puesta en crisis, no se ajusta a las prescripciones del artículo 123 del ordenamiento ritual, ya que archivar las actuaciones hasta la resolución del expediente tramitado en la justicia de instrucción, carece de todo sustento legal. En efecto, no existe motivo alguno que justifique la paralización del legajo y su archivo a resultas de cuanto se decida en el expediente en el que la presunta declaración mentirosa fue volcada, en tanto los objetos procesales involucrados no ameritan adoptar esa excepcionalísima resolución, mucho menos supeditar a ese resultado, la decisión de la legitimación como querellante solicitada por el aquí recurrente. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Ledesma y Riggi).
Sartirana, María Beatríz s/recurso de casación.
Registro n° 35.07.3. Causa n° : 6217. Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación",
Reg. n° 41, causa n° 18, rta. el 18/10/93; "Paulillo, Carlos Dante s/recurso de casación", Reg. n° 111, causa n° 80, rta. el 12/4/94; "Waisburg, Héctor y otros s /rec. de casación", Reg. n° 548, causa n° 1693, rta. el 21/12/98; "Novaro de Calvo, Miriam Silvia y otros s/rec. de casación", Reg. n° 107, causa nº 2757, rta. el 15/3/99. Vélez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", T° I, 3° ed., Córdoba, año 1986, pág. 361.
Sentencia. Mayoría legal. Artículo 398 del C.P.P.N. Motivación. Juicio abreviado.
Sumario : Si bien en una primera lectura, los argumentos expuestos por dos de los magistrados podrían no parecer concordantes, entiendo que, en lo sustancial, ambos votos exhiben un nivel de coincidencia tal que permite asegurar que la resolución en crisis se encuentra lo suficientemente motivada en los términos requeridos por el artículo 398 del código adjetivo. Así, adviértase que ambos magistrados coinciden -en este caso concreto- en la necesidad de realizar un juicio oral y público como única solución posible y constitucionalmente admisible para la eventual aplicación de una pena. (Dra. Ledesma, en disidencia).
Sentencia. Motivación.
Sumario : La casa en la que se halló la droga es una construcción de dos plantas, no existen comunicaciones internas entre ellas, conformando cada una de ellas una vivienda independiente de la otra. En la planta baja vive la imputada con su pareja. Surge de las constancias de la causa que ni el morador de la planta alta ni la pareja de la encartada fueron observados por el personal policial que realizó las tareas de inteligencia en actividad alguna que hiciera suponer la participación de otras personas en el ilícito investigado; surgiendo tal circunstancia tampoco como consecuencia de las escuchas telefónicas. Muy por el contrario, los propios preventores se encargaron de puntualizar que del análisis de las escuchas sólo surgía la participación de la procesada. Asimismo es de considerar que fue a la encartada a quien se la sorprendió portando un bolso con una importante cantidad de la misma clase de droga que la hallada en su domicilio, y que las transcripciones telefónicas la tienen como exclusiva protagonista de las actividades de comercio de droga que se desarrollaban en el domicilio, sólo cabe convalidar el criterio del tribunal de grado. (Dr. Riggi, en disidencia parcial).
Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III. Resolución del: 12/02/2007 Registro n° 80.07.3. Causa n° : 5163.
Sumario : No advierto fisuras en el razonamiento de los jueces en el desarrollo de la sentencia atacada, quienes, en uso de sus propias facultades escogieron, valoraron e hicieron convicción sobre las pruebas e indicios serios, precisos y concordantes que citaron y analizaron en su decisorio, brindando a mi juicio argumentos suficientes para fundamentar su conclusión. (Dr. Tragant, en disidencia).
Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación", Reg. n° 41, causa n° 18, rta. el 18/10/93; "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación", Reg. n° 67, causa n° 25, rta. el 15/12/93; "Edelap s/rec. de casación", Reg. n° 9 2 bis, causa n° 171, rta. el 11/8/94; "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación", Reg. n° 142, causa n° 135, rta. el 18/10/94; "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación", Reg. n° 152, causa n° 190, rta. el 21/10/94; "Silva Leyes, Mario s/rec. de casación", Reg. n° 189, causa n° 219, rta. el 6/12/94.
Sentencia. Motivación. Homicidio. Tentativa.
Sumario : La resolución puesta en crisis cuenta con fundamentos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inciso 2° del ord enamiento ritual. Las circunstancias comprobadas del expediente demuestran claramente que no es posible afirmar que el imputado haya podido actuar en el sentido pretendido por la defensa impugnante, pues, justamente el medio empleado por el imputado -un cuchillo de importantes dimensiones- con el que alcanzó una zona vital del cuerpo, -atravesó una costilla y perforó un pulmón- no dificulta la verificación del contenido psíquico de la acción y la relación entre esta y la probabilidad de ocasionar una muerte. (Dr. Tragant adhiere según su voto).
Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación", Reg. n° 41, causa n°18, rta. el 18/10/93; "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación", Reg. n° 67, causa n° 25, rta. el 15/12/93; "Edelap s/rec. de casación", Reg. n° 92 b is, causa n° 171, rta. el 11/8/94; "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación", Reg. n° 142, causa n° 135, rta. el 18/10/94; "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación", Reg. n° 152, causa n° 190, rta. el 21/10/94; "Silva Leyes, Mario s/rec. de casación", Reg. n° 189, causa n° 219, rta. el 6/12/94.
Sentencia. Motivación. Huellas dactilares.
Sumario : Que examinada la sentencia puesta en crisis, advierto que la misma, no se ajusta a las prescripciones contenidas en los artículos 123 y 404 inc. 2° del ordenamiento ritual, ya que carece de la certidumbre que se requiere sobre el hecho en estudio para llegar así a un pronunciamiento condenatorio exhibiendo a mi juicio una fundamentación sólo aparente. Se ha dado absoluta relevancia a la presencia de las huellas dactilares de uno de los imputados en la botella de soda hallada en la escena del crimen, sin embargo en nuestro ordenamiento procesal no existe norma alguna que asigne un valor determinante a este tipo de evidencia, como por ejemplo lo hacía el hoy derogado Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Si bien los jueces son libres de apreciar el valor probatorio de los elementos producidos durante el debate, resulta necesario que respeten las reglas que rigen la carga de la prueba entre
las partes. Según el derecho común de la prueba, es el Ministerio Público o la parte civil, demandantes en el proceso penal, a quienes les incumbe probar la culpabilidad del prevenido, conforme a la regla actori incumbit probatio. Y este principio es reforzado en derecho penal, por la presunción de inocencia que beneficia al prevenido y que se impone en su beneficio en caso de duda (in dubio pro reo), cuando esta versa sobre un extremo relacionado con el hecho y no con el derecho. (Dr. Tragant, según su voto).
Magistrados : Riggi, Ledesma, Tragant. Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala : III. Resolución del: 21/02/2007
Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación", Reg. n° 41, causa n° 18, rta. el 18/10/93; "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación", Reg. n° 67, causa n° 25, rta. el 15/12/93; "Edelap s/rec. de casación", Reg. n° 9 2 bis, causa n° 171, rta. el 11/8/94; "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación", Reg. n° 142, causa n° 135, rta. el 18/10/94; "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación", Reg. n° 152, causa n° 190, rta. el 21/10/94; "Silva Leyes, Mario s/rec. de casación", Reg. n° 189, causa n° 219, rta.
Sentencia. Motivación. Quiebra fraudulenta. Artículo 176, inciso "2" del C.P.
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación contra la sentencia que condenó al imputado en orden al ilícito de quiebra fraudulenta, pues de la prueba documental y testimonial ponderada por el tribunal, se tuvo por acreditado que el enjuiciado dispuso fraudulentamente de la mayor parte de los bienes que integraban el activo de la empresa, ocultándolos y sustrayéndolos en perjuicio de sus acreedores, calificando correctamente su accionar en las previsiones del art. 176, inc. 2° del catálogo sustantivo. No se puede so pretexto de vicios en la motivación del pronunciamiento y en la selección de la figura típica aplicable reeditarse por vía casatoria planteos ya introducidos a lo largo del debate. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren
los Dres. David y Mitchell).
Basilotta, Héctor Emilio s/recurso de casación.
Registro n° 9701.2. Causa n° : 6187.
Sentencia. Motivación. Valoración de prueba testimonial efectuada
en la etapa instructoria. Validez.
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa ya que en la sentencia del tribunal oral se efectuó un razonamiento conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica racional íntimamente vinculado con las probanzas colectadas a lo largo del proceso, permitiendo tener por acreditada la participación del imputado en el homicidio. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli).
Penna, Juan Domingo s/recurso de casación.
Registro n° 9704.2. Causa n° : 5037.
Sentencia. Nulidad. Casación sin reenvío. Artículo 471 del C.P.P.N. Excepción.
Sumario : La resolución impugnada deviene insanablemente nula y merece ser casada; pero habida cuenta que la garantía de defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre que importa el enjuiciamiento penal, y pese a tratarse de un supuesto de casación por quebrantamiento de las formas procesales, corresponde hacer excepción de lo dispuesto en el art. 471 del ordenamiento ritual y, resolver -sin reenvío- la cuestión en esta instancia, adoptando el único temperamento posible en el caso, a fin de evitar el inadmisible dispendio jurisdiccional que importaría el hecho de remitir nuevamente la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Pues si bien la solución del reenvío de la causa al tribunal para que, después de un nuevo juicio, dicte una nueva sentencia es la preferida se da en autos claramente la excepción a tal criterio. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto).
Registro n° 196.07.3. Causa n° : 5117. Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Pérez, José Daniel s/rec. de casación", Reg. n° 4751, causa n° 3666, rta. el 26/11/01. Cafferata Nores, José I. "¿Un nuevo recurso de casación? Reflexiones sobre el caso 'Casal' de la Corte Suprema", en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal -directores D'Alessio y Bertolino- 9/2006, pág. 1687. D.J. 1992-2, pág. 887, fallo n° 14.382.
Sentencia. Nulidad. Falta de motivación. Artículos 385 y 388 del C.P.P.N.
Sumario : Se resiente la motivación el veredicto condenatorio si se omitió incorporar oportunamente al debate el efecto secuestrado tan pronto resultó evidente que el obrante en poder del tribunal no era el incautado en la instrucción. Esta debió efectuarse -insoslayablemente- a fin de dar adecuado cumplimiento con lo que prescribe el art. 385 del C.P.P.N., de conformidad con la facultad que otorga al tribunal el art. 388 de previa cita, y aún cuando para tal fin debiera suspenderse el debate conforme lo autoriza el art. 365 del mismo ordenamiento. Máxime, cuando la vista fotográfica del elemento en cuestión impidió un adecuado reconocimiento del objeto allí exhibido, tal como quedó expresado en la declaración del propio damnificado. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. Mitchell y David).
Gallardo Araya, Rodrigo Gonzalo s/recurso de casación.
Registro n° 9729.2. Causa n° : 6734. Citas : C.N.C.P. - Sala IV, "Garrido, Carlos V. s/rec. de casación", Reg. n° 2568, causa n° 1548, rta. el 28/2/02. D'Albora, Francisco J. "C ódigo Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", T° II, comentario art. 388.
Sentencia. Principio de congruencia. Calificación jurídica distinta. Facultad del tribunal.
Artículo 401 del C.P.P.N.
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, ya que en la sentencia atacada los miembros del tribunal oral no fueron más allá de la jurisdicción que legítimamente les quedara provocada a través del requerimiento de elevación a juicio pues aunque se adoptó un encuadre jurídico distinto al propiciado en el mismo, ello se efectuó en el ejercicio de la facultad que expresamente le confiere el art. 401 del C.P.P.N., sin que de ello se derive mutación alguna en la delimitación fáctica que entrañe una diversa posibilidad de defensa no tenida en cuenta por la condenada y su asistencia técnica en la oportunidad conferida por el art. 393 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Garay, Eva s/recurso de casación.
Registro n° 9693.2. Causa n° : 6924.
Sentencia. Requisitos. Enunciación del hecho. Artículos 399 y 404, inciso 3 del C.P.P.N.
Sumario : La sentencia debe consignar el hecho que fuera objeto de la acusación y, también la determinación circunstanciada de que se haya acreditado en el debate. El hecho es la conducta humana sustancial, que debe ser descripta objetiva y subjetivamente. Las circunstancias son sus accidentes de lugar, tiempo y modo
(cuándo, quién, cómo y por qué ocurrió tal conducta), cuya descripción no puede ser sustituida por conceptos jurídicos (v. gr. no basta con decir que se actuó engañosamente, hay que indicar los hechos o circunstancias consideradas engañosas). En nuestro caso, no se encuentran presentes estos requisitos y, en consecuencia, nos encontramos ante un vicio en la motivación que genera la descalificación de la sentencia en cuanto a la portación de armas y el encubrimiento simple de ellas que no puede ser salvado por descripción de los elementos de prueba realizada por el Tribunal. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso en lo atinente a esta circunstancia, casar la sentencia impugnada y absolver a los imputados respecto de esta cuestión, sin costas (artículos 3, 456 inciso 1°, 470, 530 y cc. del C.P.P.N.). (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Riggi y Tragant según sus votos).
Citas : C.N.N.P. - Sala III, "Molina, Humberto s/recurso de casación", Reg. n° 249, causa n° 1563, rta. el 1/05/99. Cafferata Nores, Jo sé I. y Tarditti, Aída "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado.", Ed. Mediterránea, T° 2, Córdoba, 2002, pág. 263/4.
Sentencia. Vicio in iudicando. Cultivo de plantas para consumo personal.
Sumario : Le asiste razón al representante de la acusación pública al sostener que se ha incurrido en un vicio in iudicando, ya que contrariamente a lo afirmado por los jueces, no puede sostenerse "inequívocamente" que la cantidad de once (11) plantas de cannabis sativa, que fueran secuestradas en poder del imputado, pueda ser considerada escasa. Por ello entiendo que la conducta enrostrada debe ser tipificada en la figura base de tenencia simple de estupefacientes (art. 14 primera parte ley 23.737). (Dra. Ledesma, en disidencia).
Severidades. Apremios ilegales. Artículos 70, ley 24.660 y 144 bis, inciso 3° del C.P.
Sumario : La calificación jurídica escogida por el tribunal de mérito es acertada, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto -arts. 144 bis, inc. 3° del C.P.; 456, inc. 1° y 470 a contrario sensu del C.P. P.N.- ya que en la especie, quedó debidamente acreditado que el procedimiento en cuestión, se efectuó en contravención a lo dispuesto en los arts. 70 de la ley 24.660 y 24 de la Reglamentación Provincial n° 1166/98 y las lesiones en los cuerpos de los damnificados, causadas por la actuación ilegítima de los imputados. Es así que es factible concluir que si bien no han quedado constatados los extremos exigidos para los supuestos de las vejaciones y de los apremios ilegales no caben dudas que los castigos corporales infligidos a las víctimas quedan abarcados en el concepto de las "severidades", de acuerdo a la doctrina esbozada. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Tragant y Riggi).
Citas : Donna, Edgardo A. "Derecho Penal, Parte Especial", T° II-A, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires-Santa Fe, 2003, pág. 131 y 178. Creus, Carlos "Derecho Penal", Parte Especial, T° I, 5° edición actualizada, Ed. A strea, Buenos Aires, 1995, pág. 324. Buompadre, Jorge E. "Derecho Penal, Parte Especial", T° I, 2° edición actualizada, Ed. Mave, Buenos Aires, 2003, pág. 548.
Sobreseimiento. Estado de certeza.
Sumario : En tanto el sobreseimiento, en caso de adquirir firmeza, entraña la extinción definitiva e irrevocable del proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta (art. 335 C.P.P.N.), exige del órgano jurisdiccional que decida su dictado, un estado de certeza de tal magnitud que no deje duda alguna acerca de la extinción del ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, o de la inexistencia de responsabilidad penal del imputado con respecto al cual se dicte. En autos, partiendo de la base de que el a quo, al variar la subsunción decidida en primera instancia, reconoce la existencia del factum atribuido por el Ministerio Público Fiscal, los argumentos que ha brindado no alcanzan siquiera mínimamente los estándares de fundamentación, informados todos por idéntico vicio estructural: su giro arbitrario en el vacío respecto de los hechos sobre los que se erige la base objetiva de la imputación. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos adhiere según su voto).
Registro n° 8329.4. Causa n° : 5467. Citas : C.N.C.P. - Sala IV, "Santos, Enrique J. s/rec. de casación", causa n° 1468, -voto de la Dra. Berraz de Vidal-. Cafferata Nores, José I. "¿Las decisiones de un Tribunal ad quem pueden ser menos fundadas que las de un Tribunal a quo?", publicado en "Nueva Doctrina Penal", 2001/B, Bs. As., 2002, pág. 647.
Sumario : El sobreseimiento no sólo procede frente a la certeza negativa acerca de la participación de los imputados en la comisión de un delito, sino también cuando se considerase agotada la investigación y de la evaluación de los elementos de prueba colectados en el proceso, con adecuado respeto de las reglas de la sana crítica racional, se concluya en la falta de pruebas sobre los extremos de la imputación delictiva. En el caso de autos no se ha justificado en forma precisa y circunstanciada el no encuadramiento en una figura legal de los hechos por los cuales promueve la acción penal el Fiscal. (Dr. Hornos adhiere según su voto).
Suspensión de juicio a prueba. Doctrina "Kosuta". Aplicación.
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de la querella ya que el tribunal otorgó erroneamente la suspensión de juicio a prueba cuando el hecho por el cual se requirió la elevación a juicio ha sido calificado como administración fraudulenta (arts. 172 y 173, inc. 7 del C.P.) ya que tal ilícito prevé un máximo de pena que excede los tres años de prisión y por tal motivo, resulta aplicable al caso la doctrina que surge del Fallo Plenario N° 5 de la Cámara "Kosuta". (Voto del Dr. Fégoli, a dhieren los Dres. David y Mitchell).
Del Porto, Carlos Elías y Anselmi, Ornella s/recurso de casación.
Registro n° 9718.2. Causa n° : 6527.
Citas : C.N.C.P. - En pleno, "Kosuta, Teresa R. s/rec. de casación", plenario n° 5, rta. el 17/8/99; Sala I, "Barcia, Omar A. s/rec. de casación", Reg. n° 3199, causa n° 2563, rta. el 29/11/99; "Aldazabal, Juan José s/rec. de casación", Reg. n° 3204, causa n° 2693, rta. el 30/11/99; Sala II, "Strusiat, Germán G. s/rec. de inconstitucionalidad", Reg. n° 3252, causa n° 2551, rta. el 16/5/00; "Lagos, José L. s/rec. de inconstitucionalidad", Reg. n° 3251, causa n° 2549, rta. el 16/5/00.
Suspensión del juicio a prueba. Artículo 10, ley 24.316.
Incompatibilidad. Artículo 76 bis.
Sumario : Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa por cuanto la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316, debe hacerse según lo dispone el artículo 4 del Código Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones generales de ese código a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario. En efecto, la aplicación del artículo 76 bis del C.P. es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Fertonani, Carlos Marcelo s/recurso de casación.
Registro n° 49.07.3. Causa n° : 7369.
Citas : C.N.C.P. - Sala II, "Pardo García, Héctor s/recurso de casación", Reg. n° 2135, causa n° 1688, rta. el 11/8/98.
Suspensión del juicio a prueba. Artículo 76 bis del C.P.
Oposición del Ministerio Público Fiscal.
Sumario : A los fines de la aplicación del instituto de la probation la opinión del Fiscal es vinculante para el tribunal cuando se opone y no cuando favorece la concesión del beneficio. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Cuenca Girón, Diego José s/recurso de casación.
Registro n° 10040.1. Causa n° : 7707.
Citas : C.N.C.P. - Sala I, "Luongo, Miguel y otro s/rec. de casación", Reg. n° 9067, causa n° 7041, rta. el 22/6/06.
Pago del mismo de la multa.
Sumario : El pago mínimo de la multa a la que alude el quinto párrafo del art. 76 bis del C.P. constituye una condición de procedibilidad de la suspensión del juicio a prueba. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Citas : C.N.C.P. - Sala III, "López Monti, Víctor Hugo s/competencia", Reg. n° 485, causa n° 3463, rta. el 17/7/01; "Gauna, Leonardo Ma rtín s/rec. de casación", Reg. n° 398, causa n° 3699, rta. el 6/8/02.
Suspensión del juicio a prueba. Artículo 76 bis del C.P. Pena de inhabilitación.
Sumario : No procede la concesión del beneficio previsto en el art. 76 bis del C.P. cuando la pena prevista para el delito atribuido al imputado exceda los tres años o tenga, además, la inhabilitación como principal, conjunta o alternativa. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Citas : C.N.C.P. - Sala I, "Luongo, Miguel y otro s/rec. de casación", Reg. n° 8946, causa n° 7041, rta. el 1/6/06.
Suspensión del juicio a prueba. Artículo 76 bis. Ley penal tributaria.
Artículo 19, ley 24.316. Procedencia.
Sumario : Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa por cuanto los ilícitos previstos en la ley 24.769 no se encuentran excluidos del beneficio en cuestión, razón por la cual en el caso se aplicó erróneamente la ley sustantiva ya que de los textos de las leyes 24.316 y 24.769 no surge que se encuentre prohibida la aplicación de la suspensión del juicio a prueba para ninguno de los supuestos previstos en la actual ley penal tributaria ni en la anterior, sino que únicamente se aclara que ello no es óbice para que la acción penal se extinga en el supuesto mencionado en el párrafo que antecede. De tal modo se sortearían aquellos criterios que entienden que ante una suspensión del trámite previsto por la normativa especial no es posible aplicar aquella establecida en orden general. En este punto, consideramos necesario especificar que no cualquier suspensión del trámite guarda similitud con el instituto de nuestro análisis central. Por lo demás, entiendo que no puede efectuarse una interpretación analógica, a efectos de concluir que este tipo de delitos se encuentre excluido del beneficio en cuestión, ya que no hay una previsión expresa que establezca la prohibición. De lo contrario se vulneraría el principio de legalidad previsto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. (Dra. Ledesma, en disidencia).
Citas : Riquert, Marcelo A. "Temas de Derecho Penal", Ed. Suárez, Mar del Plata, 1997, pág. 209. Devoto, Eleonora "Probation e institutos análogos", 2a. ed, Hammurabi, 2005, pág. 105 y 107.
Suspensión del juicio a prueba. Artículo 76 del C.P. Oportunidad del planteo.
Sumario : El derecho que le asiste al imputado de solicitar la probation caduca al vencer el plazo establecido por el art. 354 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Citas : C.N.C.P. - Sala I, "Mory Leiva, Jesús M. y otro s/rec. de casación", Reg. n° 5860, causa n° 5516, rta. el 12/7/04; "Blaumann, Federico José y otro s/rec. de casación", Reg. n° 8946, causa n° 6860, rta. el 1/6/06.
Suspensión del juicio a prueba. Oportunidad del planteo.
Sumario : La suspensión de juicio a prueba fue solicitada con posterioridad a la fijación de la audiencia de debate por lo que debe ser rechazada tal solicitud ya que la misma caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Citas : C.N.C.P. - Sala I, "Botto, Nelo Alfio", Reg. n° 928, causa n° 632, rta. el 20/2/96; "Fittipaldi, Diego Fabián s/rec. de casación", Reg. n° 3839, causa n° 3186, rta. el 13/10/00; Sala II, "García, Guillermo Angel s/rec. de casación", Reg. n° 1134, causa n° 718, rta. el 8/11/96; "Yáñez, José Alberto s/rec. de casación", Reg. n° 3145, causa n° 2379, rta. el 16/3/00; Sala III, "Valles, Carlos Maximiliano s/rec. de queja", Reg. n° 259, causa n° 2561, rta. el 17/5/00; "Zamora, Claudio Da niel s/rec. de casación", Reg. n° 476, causa n° 3507, rta. el 9/8/01; Sala IV, "Franc ia, Alejandro Rubén s/rec. de casación", Reg. n° 2852, causa n° 1882, rta. el 3/1 0/00.
Sumario : No comparto el criterio vertido por el colega preopinante en cuanto a que la suspensión del juicio a prueba sólo puede solicitarse hasta vencer el plazo previsto en el art. 354 del C.P.P.N., pues si bien aquella limitación pretoriana pretende evitar un dispendio jurisdiccional innecesario por parte de los tribunales, no puede operar como obstáculo para conceder aquél instituto. (Dra. Ledesma, en disidencia).
Citas : C.N.C.P. - Sala III, "Brusauro, Ezequiel Omar s/rec. de casación", Reg. n° 1481, causa n° 7120, rta. el 30/11/06.
Sustracción de menores. Artículo 146 del C.P. Patria Potestad. Artículo 264 quater del C.C.
Titularidad. Abuso del derecho.
Sumario : El ejercicio potencial de la titularidad de la patria potestad consiste, entre muchos otros (tenencia, custodia, comunicación, supervisión de la educación, etc.), en dar por parte de los padres el consentimiento expreso para autorizar a un menor para salir de la República (art. 264 quater, del C.C.); ejercicio del que se vio privado la madre del menor por el accionar antijurídico del imputado, quien aprovechando la custodia del
niño durante el régimen de visitas lo sacó del país. Esa tenencia circunstancial, -ya que la legal la tenía la madre-, de ninguna forma puede justificar libertad plena de decisión individual sobre los destinos del niño, ni funcionar como causal de impunidad. Es que si bien la patria potestad -correctamente entendida, no como un "poder" sino como una "función"- es un derecho natural reconocido por nuestro derecho positivo, su legítimo
ejercicio no puede implicar un abuso de ese derecho. Ello es así toda vez que "el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira en reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres" (art. 1071 del C.C.). (Voto del Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Pyrih, Luis Aníbal s/recurso de casación.
Registro n° 8276.4. Causa n° : 5105.
Citas : Zannoni, Eduardo A. "Derecho Civil. Derecho de familia", T° II, 2° edición, 1989, Bs. As., pág. 655.
Sustracción de menores. Artículo 146 del C.P. Sujeto activo. Padres.
Sumario : Si el delito que se pretende cometido supone "sustraer" a un menor de 10 años del poder de sus padres (o de quién esté encargado de él), mal podría decirse que el imputado -más allá de haber irrespetado el acuerdo celebrado con la madre de su hijo en el fuero civil-, lo haya privado de su libertad, ni que resulte sujeto activo del ilícito en las condiciones de autos. Es que "sustraer" al menor implica, para el aprehensor,
sustituir a los padres en el ejercicio de los derechos que, como tales, le confiere la ley civil. Los padres no pueden ser sujetos activos del delito tipificado por el art. 146 C.P. respecto de sus hijos, cuya filiación está determinada. (Dra. Berraz de Vidal, en disidencia).
Citas : Laje Anaya "Comentarios al Código Penal, Parte Especial", Vol. I, Ed. Depalma,pág. 150. Nuñez, Ricardo C. "Derecho Penal Argentino", T° V, Ed. Omeba, Bs. As. Buompadre, Jorge E. "Derecho Penal, Parte Espacial" T° I, págs. 580/581. Moras Mom, Jorge; Damianovich, Laura "Delitos contra la libertad".
Sustracción de prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años. Artículo 1°, ley 13.944. Delitos de acción pública y de acción privada. Cónyuge.
Sumario : Al encartado se le endilgan no solo el hecho de haberse sustraído de prestarlos medios indispensables para la subsistencia de su hijo -Art. 1°, ley 13.944- sino también de la obligación impuesta en relación a los alimentos reclamados respecto desu cónyuge -y madre de sus hijos-, nada hace pensar que la acción privada nacida de éste último pudiera quedar subsumida dentro de la acción pública que aflora del
reclamo del menor, al tratarse de hechos distintos. Debo señalar que es característico de los delitos de acción privada que quien disponga de ella sea para iniciarla, proseguirla o renunciar a ella (quedando en dicho caso extinguida) sea el propio interesado; ello pues se plantea una relación jurídico- penal no ya entre el Estado y el particular, sino entre particulares, estando sujeto a un régimen especial que, a diferencia del procedimiento común, veda toda actuación de oficio en tanto "el Estado condiciona su pretensión persecutoria y punitiva al interés del ofendido". (Voto del Dr. Tragant, Dr. Riggi adhiere según su voto, Dra. Ledesma adhiere según su voto).
Citas : Romero Villanueva, Horacio J. "Código Penal de la Nación. Anotado.", 2da. edición ampliada y actualizada, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, págs. 265 y ss.
Sustracción de prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años. Artículo 1°, ley 13.944. Delitos de acción pública. Delito de acción privada. Cónyuge.
Sumario : El artículo 73 del Código Penal enumera taxativamente cuales son los delitos de los que emergen las acciones privadas, es decir aquellas cuyo ejercicio es de exclusivo resorte del interesado, conformando un "numerus clausus" que impide cualquier duda al respecto. Así, establece que "Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:...4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.". A su vez, el C.P.P.N. en su artículo 7° dispone que "La acción privada se ejerce por medio de la querella, en la forma especial que establece este Código"; y específicamente en los artículos 415 a 431, regula el procedimiento para los "Juicios por delitos de acción privada" en los que -vale recordar- el interés del ofendido es la medida del poder persecutorio y punitivo del Estado; tanto así, que en
este "especial" procedimiento, es el querellante quien ejerce en oportunidad del debate las atribuciones que en el juicio común corresponden al ministerio fiscal. Conforme lo precedentemente expuesto, conceptuamos que resulta desacertado el criterio del "a quo" en cuanto sostiene que "en los casos en que el cónyuge denuncia el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar respecto de su persona y de los hijos, la acción privada que nace del primero queda subsumida dentro de la acción pública. (Dr. Riggi adhiriendo según su voto).
Citas : Maier, Julio "El incumplimiento de las formas procesales", NDP, 2000-B, Ed. Del Puerto, pág. 809.
Sustracción. Artículo 146 del C.P. Bien jurídico.
Sumario : El delito de sustracción de menor sanciona al que "sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare" (art. 146 del C.P.). Sostengo que hay más de un bien jurídico tutelado, que ellos deben armonizarse, teniendo en cuenta la evolución civilizada y el instituto bajo estudio que permitió y permite, por su preciso realismo originario, abarcar un abanico de posibilidades y situaciones de hecho que habrían acontecido en nuestra historia más reciente y que, lamentablemente, se dan hoy en día en nuestra sociedad (ahora entre ex parejas) pese a los dramas que todo ello provoca. Por un lado la libertad individual del menor (especialmente cuando es un tercero el que lo sustrae) y su derecho a la identidad; por otro el derecho de éste a ser criado (toda la actividad formativa y conductiva) por ambos padres; por otro el del padre o madre natural a gozar del hijo que han traído al mundo. Recordemos que el niño es el hijo de ambos padres y, salvo resolución judicial en contrario, los dos tienen derecho a contactarse con su hijo y la representación que puedan ejercer a su respecto no es autónoma ni exclusiva sino compartida con el otro progenitor, especialmente a partir de la sanción de la ley 23.264. En consecuencia, no es errado postular que en el tipo del art. 146 del C.P. "se protege primordialmente a la integridad del grupo familiar, a la incolumidad de la tenencia ejercida por los padres del menor". (Voto del Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Registro n° 8276.4. Causa n° : 5105. Citas : C.C.C. Quilmes - Sala II, rta. el 23/11/93. Cúneo Libarona, Cristián "El delito de sustracción de menores versus el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes", La Ley, 17/8/04. Viera, Mario A. "Delitos contra la libertad. Doctrina y jurisprudencia", Bs. As., 1999. Molinaro, "Los Delitos", actualizada por Eduardo Aguirre Obarrio, T° II, Ed. TEA, 1° imp., B s. As., 1996, pág. 80. Iriarte, Ignacio "Impedimento de contacto de los padres no convivientes con sus hijos menores", La Ley, 30/05/05. Donna, Edgardo A. "Derecho Penal, Parte Especial", T° II-A, pág. 215. Maiza, Ma. Cecilia "Sustracción de menores", en "delitos contra la libertad", coordinado por Niño, Luis F. y Martínez, Stella Maris, Ed. Ad-hoc, Bs. As., 2003, pág. 239.
Sustracción. Artículo 146 del C.P. Libertad. Interés superior del niño.
Sumario : De la íntegra lectura de las actuaciones, estimo que los elementos colectados, resultan suficientes para firmar, en esta etapa procesal que, en el particular caso de autos, el accionar desplegado por el imputado excedió notablemente el marco de un mero conflicto familiar, para configurarse como una verdadera sustracción de su hijo respecto de su mamá, generando de esta forma una extensa y gravísima ruptura del lazo materno filial, en evidente detrimento, no sólo de la libertad, sino también del interés superior del niño. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto).
Sustracción. Artículo 146 del C.P. Sujeto activo.
Sumario : En mi opinión, cualquiera de los padres, cuenten o no con la patria potestad o con la tenencia legítima del hijo, pueden ser sujetos activos del delito dado que la norma reprime la sustracción de la custodia de sus padres, independientemente del título que ellos ostenten para con el menor. (Voto del Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Citas : Cuneo Libarona, Cristián "El delito de sustracción de menores versus el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes", La Ley, 17/8/04. Buompadre, Jorge E. "Derecho Penal. Parte Especial", T° I, pág. 580/581.
Sustracción. Artículo 146 del C.P. Sujeto activo. Padres.
Sumario : La acción llevada a cabo por el imputado significó una "substracción" del menor que implicó, para el aprehensor, sustituir a los padres (en el caso, sólo a la madre) en el ejercicio de los derechos que, como tales, le confiere la ley civil. Es indistinto quien tenga la tenencia legal, en virtud de que, quien la tenga circunstancialmente también puede sustraer en el sentido de "apropiarse" exclusivamente del niño o "desapoderarlo" del otro progenitor. Entonces, cuando el que actúa el tipo penal es uno de los padres, aunque suene chocante decirlo: el objeto del delito es el menor y el único sujeto pasivo posible es el otro progenitor, padre adoptivo, tutor o persona encargada de él (de ahí su legitimidad para constituirse en parte
querellante). (Voto del Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Citas : C.N.C.C. - Sala III, "Martínez, Agustín", causa n° 31.041, rta. el 27/05/92. Manigot, Marcelo A. "Código Penal de la Nación Argentina. Anotado y Comentado", Ed. Abeledo-Perrot, 2° ed., 1971. Creus, Carlos "Derech o Penal. Parte Especial", T° I, Ed. Astrea, Bs. As., 1997, pág. 319. Oderigo, Mario A., "Código Penal Anotado", citando a Gómez, Groizard, Malagarriga y Díaz, Ed. Depalma, 1965, pág. 147. Donna, Edgardo A. "Derecho Penal, Parte Especial", T° II-A, pág. 217/ 221.
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 resolución 

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