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Timestamp: 2017-12-15 23:20:40+00:00

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Debido proceso | Gonzalez Cancino
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Debido proceso	GC	2017-06-01T02:13:50+00:00
La intangibilidad del debido proceso
Derecho a recurrir las resoluciones (principio de doble conformidad)
Igualdad ante las cortes y tribunales de justicia
Derecho a un tribunal competente, imparcial e independiente
Derecho a ser oído para la determinación de los derechos
Derecho a ser juzgado con prontitud
Obligación de privilegiar a la justicia sobre los formalismos
Obligación de combatir la impunidad
Derecho a que las resoluciones judiciales sean ejecutadas
Se debe recordar que el amparo es un procedimiento jurisdiccional y, en virtud de ello, le resultan aplicables las disposiciones y los derechos humanos del debido proceso.
En este apartado se verán algunas disposiciones específicas del debido proceso que resultan relevantes para el juicio de amparo. Al respecto, se aclara que existen muchas otras que no serán abordadas en este curso, pero pueden ser consultadas en el Catálogo de Derechos Humanos, en especial el concepto de Debido proceso, del cual se sugiere ver la sección de Temas relacionados.
La intangibilidad del debido proceso se refiere a que las disposiciones del debido proceso (derechos y obligaciones) son aplicables a cualquier materia y persona sin distinción.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:
28. En materias que conciernen con la determinación de
[los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso.
Dentro de las consecuencias de la intangibilidad del debido proceso en el contexto del juicio de amparo se puede mencionar la extensión de los derechos procesales de una materia específica a otras materias.
El debido proceso constituye el conjunto de disposiciones que todo tribunal debe observar para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.
La extensión de la suplencia de la queja a todas las materias y no solamente a la penal.
La actual Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal para beneficiar tanto a la víctima como al reo; en consecuencia, no existe justificación alguna para excluir al resto de las materias de este beneficio, máxime que la de derechos humanos es de orden público.
En términos de la fracción IV del artículo 107 constitucional, existe una excepción al principio de definitividad en materia administrativa cuando no está prevista la medida precautoria de la suspensión, o bien cuando se requieren más requisitos para su obtención en comparación con la Ley de Amparo.
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
Esta excepción al principio de definitividad es aplicable a todas las materias y no solamente al a administrativa en observancia de la intangibilidad del debido proceso.
Artículo 8[…]
Para conocer más disposiciones que contemplan el derecho a recurrir el fallo, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial el concepto de Debido proceso derecho a recurrir resoluciones.
En relación al derecho a recurrir el fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado lo siguiente (Caso Mohamed vs Argentina, 2012):
Como se puede observar el recurso previsto en el artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio de intangibilidad tiene que cumplir las siguientes características:
a) ser ordinario,
b) accesible,
c) eficaz, y
d) debe ser resuelto por el tribunal superior.
En cuanto a la finalidad del recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que ella consiste en corregir las decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho (Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, 2004):
Cabe destacar que, en observancia del principio de intangibilidad del debido proceso, las características de ordinario, accesible y eficaz resultan aplicables a todos los recursos del juicio de amparo, aun los recursos remedio.
Dentro de las consecuencias del derecho a recurrir las resoluciones en el contexto del juicio de amparo, es importante mencionar que:
El quejoso tiene la facultad para recurrir los fallos interlocutorios y definitivos ante el tribunal de alzada.
Todos los recursos previstos en la Ley de Amparo tienen que ser ordinarios, accesibles y eficaces.
A continuación se cita un ejemplo en el que el Congreso de la Unión transgredió las características establecidas por el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
En términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión forzosamente debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución recurrida.
Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.
Supóngase el caso de que el quejoso presenta el recurso de revisión directamente ante el tribunal de alzada. En un caso así, este se tendría por no interpuesto a pesar de que se haya presentado ante el superior dentro del plazo de diez días, de modo que el quejoso quedaría en estado de indefensión.
Ante un desechamiento de esa naturaleza, es posible combatir la convencionalidad del artículo 86 de la Ley de Amparo por violar el principio de accesibilidad que rige en materia de recursos.
Por otra parte, es conveniente apuntar que el hecho de que el Legislador no haya regulado el recurso previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es impedimento para que el Tribunal de Amparo aplique directamente el tratado internacional en el caso concreto y trámite el recurso.
Lo anterior es así debido a que las obligaciones de adecuar el derecho y de garantizar los derechos humanos impelen a los órganos jurisdiccionales a subsanar las omisiones del Poder Legislativo.
Adicionalmente, la práctica judicial demuestra que la omisión legislativa no ha sido impedimento para hacer efectivos los derechos humanos y sus garantías. Basta con recordar la primera sentencia de amparo que fue dictada sin existir la ley reglamentaria correspondiente.
San Luis Potosí, agosto 13 de 1849. Visto el antecedente dictamen y teniendo presente el artículo 25 de la Acta de Reformas, impone al Juzgado de mi cargo, la obligación de amparar a cualquier ciudadano contra los ataques violentos, ya sea de los supremos poderes de la nación, ya sea de los Estados: que la circunstancia de no haberse reglamentado el modo y términos en que tal protección debe dispensarse, no es ni puede ser obstáculo para cumplir con ese sagrado deber,
Cabe mencionar que esta determinación de aplicar y hacer efectivos los derechos humanos, aun ante la omisión legislativa, es extensiva a otros casos con fundamento en el principio de progresividad, pues, de lo contrario, se incurriría en una práctica regresiva.
Se encuentra establecido en el Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.”
Dentro de los efectos del derecho humano previsto en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se puede mencionar el de dar un trato igualitario al quejoso respecto de los otros procedimientos de naturaleza constitucional, a saber: las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
Con fundamento en el derecho de la igualdad ante las cortes, es posible extender los derechos y beneficios procesales previstos en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional: “ARTICULO 40 . En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios.”
Otra aplicación del derecho de igualdad ante las cortes es la eliminación de ciertas causales de improcedencias que no están previstas en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, pero sí en la Ley de Amparo. Un ejemplo de ello es el consentimiento del acto reclamado.
Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales solamente tienen ocho causales de improcedencia, mientras que el juicio de amparo tiene 23 causales previstas en ley.
Como se puede observar, existen menos restricciones para acceder a la justicia en otros procesos constitucionales que en el juicio de amparo. En consecuencia, es posible remover dichos obstáculos mediante el derecho a la igualdad ante las cortes toda vez que, de lo contrario, se incurriría en un acto discriminatorio.
Aquellas personas que quieran conocer el juicio de amparo no solamente deben estudiar la Ley de Amparo vigente y la anterior (por el principio de progresividad y la obligación de adecuar el derecho), sino que también deben contemplar la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
El sustento teórico constitucional del control de convencionalidad se encuentra en los artículos 104 y 133 de la Constitución, que se citan a continuación:
Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece el fundamento jurídico convencional.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene, en su artículo 1 en el cual se refiere a la obligación de respetar los derechos, que:
Finalmente, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se establece lo siguiente:
El control de convencionalidad es un mecanismo jurídico que garantiza la eficacia de un tratado internacional.
El control de convencionalidad tiene como finalidad corregir la inconvencionalidad de un acto, una omisión o una norma jurídica.
En términos del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas las autoridades están obligadas a ejercer el control de convencionalidad. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha abundando en lo siguiente:
Observación General número 31
4. Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango nacional, regional o local están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte. El poder ejecutivo que por lo común representa al Estado Parte en el plano internacional, señaladamente ante el Comité, no puede aducir el hecho de que un acto incompatible con una disposición del Pacto ha sido realizado por otro poder público para tratar de liberar al Estado Parte de responsabilidad por el acto y de la consiguiente incompatibilidad.
En lo concerniente al Poder Judicial, existen disposiciones específicas que lo obligan a ejercer el control de convencionalidad (Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, 2009):
En términos más específicos el control de convencionalidad implica hacer un análisis de regularidad para determinar la compatibilidad de un acto, omisión o norma con un tratado internacional. Si dicho análisis resulta en una inconvencionalidad, la autoridad está facultada para realizar cualquier acto que caiga dentro de su competencia para evitar que surta efecto.
Es importante mencionar que el control de convencionalidad es una obligación de resultado, por lo tanto, los medios que se pueden emplear para obtenerlo son diversos. Entre aquellos que es posible utilizar para garantizar el cumplimiento y eficacia de un tratado internacional, están los siguientes, si bien la lista no es exhaustiva.
a) Desaplicar normas
b) Realizar una interpretación conforme
c) Aplicar directamente un tratado internacional
d) Subsanar, en el caso concreto, una omisión legislativa en uso de facultades jurisdiccionales
Cabe resaltar que el control de convencionalidad se ejerce de oficio, es decir, sin necesidad de que exista petición de parte.
Algunas de las consecuencias del control de convencionalidad en el contexto del juicio de amparo son:
desaplicar artículos de la Ley de Amparo, jurisprudencias del Poder Judicial;
analizar la convencionalidad del acto reclamado de oficio, y
respetar los derechos humanos del quejoso aplicando directamente un tratado internacional.
Artículo 1 […]
Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
El control de constitucionalidad se refiere a las garantías de supremacía establecidas por la Carta Magna para asegurar su eficacia.
El control de constitucionalidad tiene por finalidad corregir la anticonstitucionalidad de un acto, una omisión o una norma jurídica. Para lograr dicha finalidad, la autoridad que ejerce el control de constitucionalidad puede realizar tanto actos positivos (anular una ley, aplicar directamente la Constitución), como negativos (desaplicar normas anticonstitucionales).
El control de constitucionalidad únicamente puede tener efectos entre las partes materiales del procedimiento, por lo que hace a las autoridades jurisdiccionales. Esto es así, pues los actos con efectos jurídicos generales constituyen actos reservados al Poder Legislativo.
Al igual que el control de convencionalidad, el de constitucionalidad impone una obligación de resultado; por lo tanto, los medios que se pueden emplear para lograrlo también son diversos. Si bien no es exhaustiva, a continuación se presenta una lista.
Cabe señalar que el control de constitucionalidad también se ejerce de oficio, es decir, sin necesidad de que exista petición de parte, toda vez que las normas constitucionales son de orden público.
La diferencia entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad radica en que, en el primero, el examen de regularidad se realiza partiendo de un tratado internacional y, el segundo de ellos partiendo de la constitución.
Algunas de las consecuencias del control de constitucionalidad en el contexto del juicio de amparo son:
desaplicar artículos de la Ley de Amparo, jurisprudencias del Poder Judicial,
respetar los derechos humanos del quejoso aplicando directamente un tratado internacional, entre otras.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Canto vs Argentina. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C, 97:
58. La Corte considera que aun cuando la falta de aplicación del artículo 2 de la Convención Americana no ha sido expresamente alegada por la Comisión Interamericana en relación con la aplicación de las leyes No. 23.898 sobre tasa judicial, y Nos. 24.432 y 21.839, sobre honorarios, al señor Cantos, esto no impide que sea analizada por el Tribunal en virtud del principio general de derecho iura novit curia “del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional entendiéndolo en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún [sic] cuando las partes no las invoquen expresamente”.
Eduardo Pallares (2005) define este principio general del derecho procesal de la siguiente forma:
IURA NOVIT CURIA. Proloquio latino que literalmente quiere decir: “el juez (o tribunal) conoce los derechos”. A veces se cambia el vocablo “iura” por “ius”, y entonces significa: “el juez conoce el derecho”. Su sentido doctrinal produce las siguientes consecuencias: I. El juez está obligado a conocer el derecho aplicable al juicio, excepto cuando se trata de derecho extranjero o derecho consuetudinario, según nuestro Código; II. Las partes no tienen la carga de probar el Derecho salvo dichas excepciones; III. Las omisiones en que incurren los litigantes al citar o alegar el derecho debe ser suplidas o corregidas por el juez, que no está vinculado en forma alguna por dichos errores u omisiones. Por ejemplo, si el actor califica la acción que ejercita de posesoria, cuando en realidad es petitoria, este destino no tendrá trascendencia en el fallo. En todo caso, el juez debe fallar de acuerdo con las normas jurídicas aplicables al caso.
Dentro de sus consecuencias, en el contexto del juicio de amparo se puede mencionar la obligación del tribunal de amparo de revisar la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado, sin estar limitado por los conceptos de violación expresados por el quejoso.
Al respecto, podría alegarse que el juicio de amparo se rige por el principio de estricto derecho, pero por ahora se adelanta que dicho principio no tiene fundamento constitucional según se verá en el apartado correspondiente a los principios constitucionales del juicio de amparo.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
Dentro de las consecuencias del derecho a ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente que son relevantes en el contexto del juicio de amparo, se puede mencionar la imparcialidad requerida al momento de combatir la anticonstitucionalidad o inconvencionalidad de la jurisprudencia.
Para comprender mejor las ideas aquí expresadas, se cita un caso:
En un juicio de amparo directo se combatió, en los conceptos de violación, la tesis de jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
El orden jurídico nacional sanciona la prohibición de usura de dos maneras; como tipo penal, y como ineficacia (bajo la figura de la lesión). Así, le da un tratamiento distinto dependiendo del ámbito en que ocurra. En ese sentido, y conforme a los artículos 2, 81, 385 y 388, del Código de Comercio; 17, 2230 y 2395 del Código Civil Federal; 79 y 190 de la Ley de Amparo, así como el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se aprecia que, en el ámbito mercantil, el pacto de intereses usurarios (o lesivos) se sanciona otorgando al afectado, a su elección, la posibilidad de accionar la nulidad relativa o la reducción equitativa de las prestaciones (cuanti minoris) y, de manera excepcional, estas acciones se sustituyen, en algunas ocasiones, por la de daños y perjuicios, como en los casos de la compraventa y permuta mercantiles. Luego, debe precisarse que la lesión, al ser la causa de las referidas acciones, debe tener lugar al momento de celebrar el pacto de intereses, al tratarse de una ineficacia de tipo estructural que se da en el momento de la celebración del acto jurídico. En consecuencia, para que se actualice esta figura, se deben comprobar dos requisitos: uno de tipo objetivo, consistente en la desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses y otro, de tipo subjetivo, que se traduce en que el referido desequilibrio sea causado por la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del afectado. En esa virtud, y en atención a los principios de equilibrio procesal y litis cerrada que rigen en los juicios mercantiles, regulados en los artículos 1327 del Código de Comercio, y 17 del Código Civil Federal, se advierte que el análisis de los intereses lesivos debe hacerse a petición de parte. El principio de litis cerrada ordena que el juzgador únicamente debe atender a las acciones deducidas y a las excepciones opuestas en la demanda y en la contestación, respectivamente, pues con ello queda fijada la litis. Por lo que, con posterioridad, no se podrán analizar hechos que se hayan expuesto antes de que se cierre la litis y el juzgador no podrá tomar en consideración cuestiones distintas a las que integraron el juicio natural, ni introducir algún tema distinto dentro del mismo, ya que, de hacerlo, se rompería el principio de equilibrio procesal que debe regir entre las partes. Ahora bien, dentro del juicio de amparo en materia civil rigen diversos principios y, conforme a ellos, el juez de amparo no se encuentra facultado para introducir conceptos de violación, variarlos ni modificarlos, por lo que la sentencia que en él se dicte no debe comprender más cuestiones que las propuestas en la demanda de garantías, pues no le está permitido suplir o ampliar en forma alguna tal demanda, salvo las excepciones contemplados en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo pues, de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al tercero perjudicado, quien no habría tenido la oportunidad de ser escuchado en relación con dicho tema, ni en el juicio de origen, ni en el referido procedimiento constitucional.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 204/2012. Suscitada entre el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página: 714. No. de registro: 2002817.
La jurisprudencia era inconvencional debido a que restringía el ámbito personal de validez de la garantía fundamental, prevista en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No obstante que términos de derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial los ministros que votaron a favor de la jurisprudencia debieron excusarse y remitir el asunto al Pleno de la Suprema Corte, decidieron resolver ellos mismos el recurso negando la inconvencionalidad de la jurisprudencia.
Tiempo después, la Primera Sala de la Suprema Corte modificó la jurisprudencia combatida, pues reconoció la inconvencionalidad en que había incurrido.
Dadas las limitaciones del Poder Judicial Federal, la imparcialidad solamente servirá para que un tribunal superior analice la constitucionalidad y la convencionalidad de la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados, los Plenos de Circuito y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, como se trata de la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte, ya no existe un tribunal de alzada en el derecho interno. Por lo tanto, en esos casos habrá que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para combatir la convencionalidad de la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El derecho en estudio consta de dos partes: la primera de ellas, representada por el derecho de las partes a ser oídas con las debidas garantías; mientras que la segunda constituye el derecho a recibir un fallo por parte del tribunal que resuelva o determine los derechos que le fueron planteados por las partes. En otras palabras, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de resolver el fondo del asunto, pues de otra forma es imposible determinar los derechos y obligaciones de las partes.
Una de las principales consecuencias del derecho a ser oído para la determinación de los derechos en el contexto del juicio de amparo radica en evidenciar la anticonstitucionalidad e inconvencionalidad del siguiente criterio judicial que se sigue aplicando en la actualidad, no obstante la reforma en materia de derechos humanos.
ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.
Ningún precepto legal obliga a los jueces de Distrito a referirse en sus sentencias en forma expresa y pormenorizada a los argumentos que aducen las partes en sus escritos de alegatos, por no formar parte de la litis constitucional.
Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Amparo en revisión 135/88. José Luis Jiménez. 22 de abril de 1988. Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 84. No. De registro: 230932.
Derecho a ser juzgado con prontitud (sin dilaciones indebidas)
Respecto al plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales.
Caso Escué Zapata vs Colombia. Sentencia de 5 de mayo de 2008. Serie C, No. 178 :
Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C, No.179:
Artículo 17 […]
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Peralta vs Ecuador. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C, No. 261:
93. La Corte ha señalado que “[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos” , y que “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario se “conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”.
Si bien es cierto que, en su momento, México hizo una gran aportación con el juicio de amparo, también lo es que, en la actualidad, el juicio de amparo en nuestro país se ha convertido en un medio muy complejo, técnico, lleno de formalismos que, lejos de impartir justicia, propicia la impunidad.
Prueba de lo anterior son los múltiples casos de improcedencia y la infinidad de jurisprudencias que restringen los alcances del juicio de amparo, como todas las tesis que inventan inoperancias de los conceptos de violación.
La obligación que en este punto se estudia, puede servir para flexibilizar todos esos formalismos y realmente brindar al quejoso un procedimiento efectivo.
Artículo 1º[…] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En relación con la obligación de combatir la impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado lo siguiente (Caso Contreras y otros vs El Salvador, 2011):
128[…] Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado- como individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad.
Estas son algunas de las disposiciones que rigen al juicio de amparo, pues es un procedimiento jurisdiccional. En caso de que el lector quiera conocer más disposiciones que forman parte del debido proceso, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial el concepto de Debido proceso.
Es importante señalar que la inobservancia de las disposiciones del debido proceso puede dar lugar a la cosa juzgada aparente.
La cosa juzgada aparente se actualiza cuando los derechos humanos no fueron respetados en el procedimiento, en especial las disposiciones del debido proceso.
El objetivo de derecho humano es dotar de efectividad a los procesos jurisdiccionales, ya que resultarían ilusorios si la sentencia no se cumpliera por quienes fungieron como partes.
La cosa juzgada aparente se actualiza en aquellos casos en que no se respetaron las disposiciones del debido proceso (Caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana, 2012).
196. Asimismo, la Corte considera que se presenta el fenómeno de cosa juzgada “aparente” cuando del análisis fáctico es evidente que la investigación, el procedimiento y las decisiones judiciales no pretendían realmente esclarecer los hechos sino obtener la absolución de los imputados y también que los funcionarios judiciales carecían de los requisitos de independencia e imparcialidad.
Ahora que se han estudiado algunas de las disposiciones del debido proceso, mismas que rigen a todo procedimiento seguido en forma de juicio, se abordarán los estándares internacionales del recurso judicial en materia de derechos humanos.

References: artículo 8
 artículo 107

Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 86
 resolución 

Artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 25
 Artículo 14
 artículo 14
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 1

Artículo 128
 artículo 2

Artículo 17
 artículo 21
 artículo 76
 artículo 21

Artículo 17

Artículo 1