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Timestamp: 2018-08-18 15:53:12+00:00

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Tareas para Alcanzar el Acuerdo Final
Temas Críticos Pendientes en el Proceso de Negociación
El 10 de diciembre del 2014, se retomaron los Diálogos de Paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno, luego de que el Presidente Santos los hubiera suspendido, de manera unilateral, debido a la retención del Br. Gral. Rubén Darío Alzate, quien se había trasladado a una zona guerrillera en forma imprudente y de manera inconsulta con el Gobierno.
Esta nueva etapa estuvo vinculada a la resolución de asuntos candentes y delicados, en los que las partes sostuvieron posiciones divergentes o que eran de difícil aceptación para los colombianos, más allá de los Acuerdos parciales alcanzados en tres de los cinco puntos de la Agenda:
i. Reforma Agraria;
ii. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; y
iii. Participación Política de los Guerrilleros.
Aún quedaban varios detalles pendientes, adicionalmente de alcanzar Acuerdos sobre los temas sensibles: Víctimas; Desarme; y Refrendación de lo Negociado.
Aunque el cese el fuego no era un Punto de la Agenda, las FARC han reiterado, en cada oportunidad posible, la necesidad de que fuera de carácter bilateral para fomentar el trabajo de la Mesa de Diálogos. El Presidente Juan Manuel Santos, que hasta ese momento no había accedido a una tregua, con el argumento de que la guerrilla la aprovecharía para fortalecerse, dijo que las partes explorarían en La Habana opciones para “desescalar” el conflicto y, con tal fin, envió a La Habana, representantes negociadores de las fuerzas armadas y policiales.
Dentro de este proceso, una de las opciones de relevancia significativa, fue el inicio del “desminado humanitario” de minas antipersona, que según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal del Gobierno colombiano, han causado once mil cuarenta y tres víctimas, entre muertos y heridos, desde 1990 hasta enero del 2015; tema sobre el que se llegó a un Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, el 7 de marzo del 2015, para elaborar mapas de riesgo, en los que se identificarían aquellas áreas donde exista presencia de minas antipersona (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y munición sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, con el fin de llevar a cabo una limpieza y descontaminación del territorio y proyectar un desminado efectivo; cuestión en la que la responsabilidad no era únicamente de la insurgencia, sino que también comprometía de lleno al Gobierno y las fuerzas armadas y policiales. Para hacer efectivo este aspecto tan susceptible, representantes de las fuerzas armadas -cuatro Generales y un Almirante-, fueron comisionados para conversar con las FARC en La Habana y llegar a una resolución, junto al desescalamiento del conflicto y el desarme de la guerrilla. El Acuerdo Especial apuntaba a que antes que se firmara la Paz, se comenzaría con la limpieza de minas y remanentes explosivos de guerra en cincuenta y siete zonas ya identificadas en los diez Departamentos considerados más críticos del país. Según el comunicado conjunto dado a conocer desde La Habana, la tarea de desminado se haría con la colaboración de una organización noruega especializada en desminado: Ayuda Popular Noruega (APN), quedando abierta la posibilidad de incluir otras organizaciones acreditadas o acreditables en Colombia.
“Será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la Ley, para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminado. El batallón de desminado del ejército nacional -BIDES-, se encargará de la limpieza y desminado de las zonas bajo la coordinación de Noruega. Todo esto se dará en un marco de diálogo con las comunidades con el fin de informar a los ciudadanos de los procesos y mecanismos”.
Sería la primera vez que guerrilla y fuerza pública trabajarían juntas, unirían fuerzas y compartirían información. Estudios sobre el área señalaban que para desminar los más de seiscientos ochenta y ocho Municipios en los veintidós Departamentos que tienen esas trampas explosivas, se requerirían unos diez años y recursos por más de cien millones de dólares. Lo que se sabe es que las regiones más críticas están en la llamada “frontera agrícola”: Departamentos de Putumayo, Caquetá y Huila, y zonas como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el sur del Tolima.
La limpieza y descontaminación de las áreas peligrosas confirmadas, se haría de conformidad con los estándares internacionales y nacionales. Para asegurar que las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, cumplieran con los estándares necesarios y asegurarse que el territorio estuviera libre de sospecha de MAP, AEI y MUSE o REG, la APN realizaría la verificación de una manera sistemática y de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales. La verificación y todo el proceso que comprendería operaciones de limpieza y descontaminación, sería acompañado por dos delegados del Gobierno Nacional, dos miembros representantes designados para ello por las FARC y dos representantes de las comunidades. El equipo verificador de la APN, junto con los delegados del Gobierno Nacional y los de las FARC, harían entrega formal de las tierras desminadas y descontaminadas a los representantes y autoridades comunitarias locales.
El Gobierno Nacional y las FARC establecerían un grupo técnico para definir los sitios, la hoja de ruta para la implementación de la medida, incluyendo las formas y especificidades de su participación en el proyecto. El Gobierno Nacional se comprometió a garantizar los recursos técnicos y materiales necesarios y la logística de transporte que requiera la APN -que tendría un carácter humanitario- para la puesta en marcha de la iniciativa y a adoptar las medidas necesarias para la recuperación de los bienes y servicios afectados. El personal médico de apoyo sería civil. El Gobierno mantendría informada a la Mesa de Conversaciones sobre todos los recursos suministrados. El Gobierno Nacional y las FARC se comprometieron a que las áreas se mantuvieran limpias y descontaminadas, para así brindar garantías de No Repetición a las comunidades. La Mesa de Conversaciones establecería un mecanismo para dar cuenta de los avances y cumplimiento en la implementación de esta medida de desescalamiento de compromiso mutuo. La APN certificaría que el sitio estuviera libre de sospecha de MAP, AEI, y MUSE o REG 1468.
Desarme y Justicia Transicional
El tema del desarme ha generado controversias. Mientras que Andrés París, uno de los delegados de la guerrilla, dijo en agosto del 2014, que “nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las FARC” y aseguró que el proceso de desarme será “largo”, para evitar situaciones como las que hubo en un anterior proceso de Paz en la década de los ‘80, cuando cientos de desmovilizados fueron asesinados; el Jefe negociador del Gobierno, Humberto De La Calle, insistió en que los rebeldes “tienen que entregar las armas” tras la firma del Acuerdo Final.
Las FARC rechazaron que sus máximos líderes paguen penas de cárcel. Sin embargo, a diferencia de otros procesos de Paz en el mundo, previos a la existencia de organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI), como por ejemplo en Sudáfrica, donde Nelson Mandela decidió dejar en el olvido todo, a través de una amnistía general, en aras de evitar revanchas y alcanzar una Paz equilibrada; para el caso de Colombia, el Gobierno está obligado a cumplir con regulaciones internacionales, y jueces de la CPI se han mostrado en desacuerdo con que responsables de delitos de lesa humanidad, tengan penas alternativas a la privación de la libertad. Por otra parte, desde la perspectiva de las FARC, la judicialización debía ser para todos por igual: guerrillas, miembros del Gobierno, de las fuerzas armadas y policiales; aspecto no contemplado por el Gobierno en su “Justicia Transicional”, al menos no en la forma en que la guerrilla lo planteaba.
“Blindar” la Fuerza Pública en el Desarrollo del Proceso de Paz con las FARC
El ex-Presidente César Gaviria, en el marco de la Justicia Transicional, hizo una propuesta de “blindar” a la fuerza pública, para evitar que ocurra lo vivido en otros países de América Latina con los uniformados, por eventuales medidas de indulto o punto final en el desarrollo del proceso de Paz con las FARC.
Desde el Gobierno, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó su apoyo a la propuesta, indicando que estaban de acuerdo con que, aquellos miembros de las fuerzas armadas que tuvieron un problema en el marco del conflicto, tengan soluciones definitivas. El Gobierno, en varias ocasiones, defendió el postulado de que los beneficios jurídicos que obtengan los guerrilleros no serán superiores a los que obtengan los militares que están procesados por la justicia por actos cometidos durante el conflicto armado, aclarando que los beneficios que se otorguen, no serán jamás para quienes son responsables de actos que no están asociados al conflicto armado.
El ex-Presidente César Gaviria, en relación con su propuesta, expresó:
Algunos de los debates que se han dado en el Senado de la República sobre el proceso la Paz, me han llevado a concluir que el proceso está generando la idea de ser uno recortado e insuficiente, muy a pesar de que estoy seguro que esa no es la intención del Gobierno ni de la Comisión Negociadora.
El debate de Iván Cepeda mostró el indeseable nivel de polarización al que hemos llegado, pero también señaló algunos nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la Paz. Tanto Claudia López como Antonio Navarro Wolf, fueron explícitos en mencionar la necesidad de un perdón mutuo de los sectores que han estado en conflicto y la necesidad de moderar el lenguaje y atemperar el clima de confrontación. La Paz se dificulta en medio de un lenguaje tan agresivo y polarizante. Estoy seguro de que ellos piensan en Justicia Transicional, y no en un simple perdón como el que se aplicó después de la guerra de los Mil Días 1469, o el que se adoptó para poner fin al llamado “período de la violencia” 1470, o la decisión asumida por la sociedad para el proceso que se dio con el M-19, a lo largo del siglo XX, para no hablar del indulto automático que se ha otorgado a todos los miembros de la guerrilla y paramilitares que se han desmovilizado en los últimos Gobiernos. Fueron varios miles los que se beneficiaron de este mecanismo, tanto en los dos períodos de Gobierno del Presidente Uribe, como en el Gobierno del Presidente Santos. Y esto se ha estado haciendo en tiempos de plena vigencia del Estatuto de Roma, sin que nadie haya acusado a nuestros gobernantes y autoridades militares por actuar de esa manera. Creo, por lo tanto, que muchos coincidimos con las afirmaciones del Fiscal General que ha estado hablando de Justicia Transicional para todos los partícipes del conflicto.
Como está planteado el proceso de Paz, da la impresión de que puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos irresolutos de la guerra, que sólo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia, y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las FARC con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años.
Comienzo por señalar que hasta ahora solo se ha hablado de Justicia Transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la fuerza pública, tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la Justicia Transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Sería altamente inconveniente que, después de que la Ley de Justicia y Paz omitiera darles a estas personas una consideración especial, incurramos de nuevo en tal omisión. Eso dejaría por fuera a muchos implicados civiles que hoy son juzgados con normas mucho más rigurosas que las que se aplican a los Jefes paramilitares que han estado incursos en gravísimos delitos de lesa humanidad, y se les ha tratado con normas laxas, es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas. A mi juicio se ha ignorado el principio de igualdad que debe regir en nuestra justicia según lo manda la Constitución de 1991.
También se corre un altísimo riesgo de que, en el futuro, los propios miembros de la fuerza pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación.
Tener en las décadas siguientes a nuestro sistema judicial cargado con todos estos procesos, impediría que nuestra justicia se concentrara en las nuevas organizaciones criminales y en la investigación de los delitos que hoy se cometen, perpetuando una impunidad ajena a los propósitos colectivos de nuestra sociedad. No será posible tener una justicia penal pronta y cumplida si ella tiene que cargar con centenares de miles de procesos surgidos de las acciones violentas de la guerra a la que tratamos de poner fin.
Para los miembros de la fuerza pública, esto implicaría que tendrían que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia. Sería vivir bajo la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad y muchos de los oficiales de la fuerza pública que defendieron nuestro orden jurídico, aun los que cometieron excesos, vayan a la cárcel. Esa es una perspectiva inaceptable para la inmensa mayoría de los colombianos.
El Presidente Santos ha dicho que las fuerzas armadas también van a tener acceso a otra forma de Justicia Transicional, pero falta por definir cómo se va a dar ese proceso que, de seguro, amerita características diferentes a las que tiene el que se lleva a cabo con la guerrilla. Nuestra fuerza pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina 1471, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales. También se oye que en Colombia muchos oficiales, sin procesos pendientes, tienen más temores por denuncias temerarias en el futuro que los que tienen casos abiertos, y ello es tremendamente perturbador para el trámite del proceso. Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad. Ello impediría y dificultaría llegar a la verdad. Allí no llegaremos si a ella no acuden los no combatientes libres de temor.
Lo que hemos tenido en Colombia no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas; sino unas fuerzas armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos, que muchas se han sancionado de manera ejemplar, como debe ser, por nuestros organismos de justicia, en particular por los jueces, las salas penales de nuestros tribunales y la Corte Suprema de Justicia, y por iniciativa de la Fiscalía General.
La Comisión Histórica de la Verdad, debería deslindar las responsabilidades de la fuerza pública, de las de los diferentes Gobiernos, que han hecho de la represión y el conflicto, un instrumento para lograr sus objetivos ideológicos e intereses político-económicos, deslegitimando el mandato constitucional con esta actitud. Esto, aunque no se ha hecho bajo un “golpe de Estado”, ha sido “uso indebido” del Estado y las funciones constitucionales que se otorgan al Gobierno.
Debemos dejar en claro que las responsabilidades de los miembros de las fuerzas armadas, a la hora de aplicar la Justicia Transicional, deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión. La teoría de los máximos responsables de que habla el Marco Jurídico para la Paz puede ser aplicada a la guerrilla, pero solo puede aplicarse en sentido muy restringido para la alta oficialidad de la fuerza pública. Si no actuamos en ese sentido restringido se pueden cometer muchas injusticias que los colombianos no queremos ver contra oficiales o miembros de nuestras fuerzas armadas.
Es muy importante que en el establecimiento de estos procesos de Justicia Transicional participen y decidan el Gobierno, el Congreso y todos los ciudadanos por la vía del referéndum. Como es importante, también, escuchar a las autoridades judiciales y a las cabezas de organismos de control, para facilitar su consistencia y la cabal ejecución de las políticas criminales, fruto de esta decisión política colectiva.
Todas las medidas de Justicia Transicional que se vayan a aplicar de manera diferencial a los distintos actores, protagonistas del conflicto, deben ir en un mismo Artículo, en una Ley que autorice un referéndum para que tengan no solo rango constitucional, lo que es altamente conveniente, sino la legitimidad política que ellas requieren. La Ley de referéndum solo debe tener el control de constitucionalidad que manda la Carta. Nada de choques ni de interpretaciones disímiles por parte de las distintas autoridades con funciones judiciales. Solo así podremos verdaderamente pasar la hoja de este conflicto que por cinco décadas ha desangrado la nación colombiana.
La decisión fundamental que debemos tomar los colombianos, es si le vamos a poner o no fin al conflicto armado. Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la Paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra.
¿Incluyendo la responsabilidad de los diferentes Gobiernos, cuyas políticas han generado y fogoneado el conflicto? ¿No deberían buscarse las causas estructurales y el fin del factor originador y sustentador del conflicto?
De lo que se trata entonces, es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores.
¿Lo que el ex-Presidente Gaviria quiere decir con esto, es que establecer las diferentes responsabilidades indica que, si es de la fuerza pública, deberá ser menos y si es de la guerrilla deberá ser mayor?
Como es de todos conocido, este es el primer proceso de Paz que se da bajo las nuevas reglas que han significado la creación de la Corte Penal Internacional y la necesidad de castigar los delitos de lesa humanidad. Me preocupa, sin embargo que, de buena fe o con la intención de dañar el proceso, muchos traten de ver delitos de lesa humanidad en todos los crímenes de guerra o en cada denuncia aún no investigada ni probada, y así no haya normas expresas que así los califiquen en el Estatuto de Roma, ni precedentes judiciales en fallos de la Corte Penal Internacional.
La Paz que estamos buscando trabajosamente los colombianos, es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de Paz. El respaldo internacional unánime y generalizado que se da en este momento debe interpretarse así. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional será una aliada del proceso de Paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer, y como lo han sugerido algunos funcionarios de rango subalterno, que no son los Jueces de la Corte. Nadie, ni en Colombia ni en la Comunidad Internacional, puede esperar que surjan precedentes de Derecho Internacional que hagan imposible la Paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data, particularmente después del fin de la guerra fría. Si, aludiendo al Derecho Penal Internacional, se pretende impedir que nuestra Justicia Transicional consolide una Paz estable y duradera en Colombia, lejos de proteger a las víctimas y a los ciudadanos, se estarían perpetuando las condiciones de la violencia en perjuicio de sus derechos, y socavaría gravemente la de los ciudadanos colombianos que tienen derecho a vivir en Paz.
¿Esto no debería ir acompañado con la reformulación del Estado y del sistema político-económico-social, tal cual es llevado por este Gobierno y los anteriores, para que sea aplicable y entendible lo anterior? Porque deberíamos entender que, en un proceso de Paz, “justicia”, no sólo es la parte judicial, también lo es la parte que hace a la satisfacción de las demandas insatisfechas y que se han ido acumulando y, alimentando históricamente el conflicto.
Espero que los escépticos y opositores al proceso de Paz tomen estas reflexiones con desprevención y serenidad 1472. Ellas no van dirigidas a generar nuevas tensiones sino, por el contrario, a hallar puntos de encuentro y coincidencias. Parto de la base de que ningún ciudadano se está oponiendo al proceso de Paz con razones mezquinas o antipatrióticas.
He discutido estos temas con algunos dirigentes, políticos, miembros de los organismos de control y con los responsables del proceso. La responsabilidad de estas opiniones son exclusivamente mías y en nada comprometen al Gobierno Nacional. Lo que expreso aquí son opiniones y no propuestas. El proceso de Paz debe tener la guía del Presidente de la República y él sabrá llevarlo a buen término. No pretendo ser contradictor ni ofrecer un camino alternativo, y concluiré la tarea que me impuse expresando públicamente estas ideas y reflexiones 1473.
Trasfondo de la Propuesta del ex-Presidente César Gaviria
En un análisis de la propuesta hecha por el ex-Presidente Gaviria, llevado a cabo por la periodista Cecilia Orozco Tascón, concluyó:
Se trata de una alteración absoluta del orden jurídico y político de Colombia.
Consiste en cerrar, para siempre, las investigaciones y procesos judiciales en que están, o en que podrían verse envueltos todos aquellos que cometieron delitos en el conflicto interno. Con base en el Marco para la Paz aprobado por el Poder Legislativo, varios personajes de la vida nacional, entre ellos el Presidente Santos, el Fiscal General y el vocero de la Corte Suprema que rompió su imparcialidad de Juez, han promovido la aplicación de reglas especiales: Justicia Transicional para los miembros de la guerrilla que lleguen a un Acuerdo de Paz con el Estado. Tímidamente pero cada vez con mayor fuerza, esas y otras voces han sugerido que la laxitud normativa que beneficiaría a las FARC, sea aplicable también a los militares y policías combatientes que incurrieron en crímenes.
El ex-Presidente Gaviria fue mucho más lejos.
Para terminar la confrontación armada, no pueden quedar por fuera de las alternativas judiciales los miles de civiles, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial, “que fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales”.
Con plena conciencia del alcance de sus palabras, el ex-Presidente evitó poner con nombres y apellidos, ejemplos de su propuesta, v.gr.: en la cárcel de la Picota, en donde están los ex-Congresistas y ex-Gobernadores condenados, de la misma manera que omitió, intencionalmente, mencionar al coprotagonista del controvertido debate, en que el Senador Iván Cepeda denunció los presuntos nexos delictivos de Alvaro Uribe con grupos paramilitares. Ubicó las revelaciones de Cepeda en el rango de “indeseable nivel de polarización” pero, concedió que ese debate también señalaba “nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la Paz”.
Con los “nuevos caminos” a los que aludía el ex-Presidente Gaviria, pretendió despejar los obstáculos que se cernían sobre La Habana, al quitarle piso a la supuesta “persecución” que tenía como su arma de batalla, el más poderoso opositor del Pacto de Paz. Si se llevaban a la práctica los argumentos de Gaviria, se solucionarían los problemas con la justicia de los parapolíticos recluidos en los penales, muchos de los cuales fueron o eran “uribistas”. Se eliminaría, además, el notorio temor del propio Alvaro Uribe, de ser judicializado, o algunos de sus familiares.
El ex-Presidente Gaviria, neutralizando a Uribe, firme aliado de la inimputabilidad de los agentes del Estado, indicó, además, que las responsabilidades militares “deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión”, lo que dejaría por fuera de juzgamiento a todo uniformado que decidiera mirar para otro lado en momentos en que se cometiera un crimen, lo que sería útil para suspender las acciones judiciales contra los uniformados que, por instrucciones claras o equívocas, impartidas durante los dos Gobiernos de Uribe, confundieron el mérito militar con las “ejecuciones extrajudiciales”, mal llamadas “falsos positivos”.
Organismos defensores de derechos humanos tan reputados como Human Rights Watch, terminarían descalificando a Colombia y su proceso de Paz por favorecer la impunidad 1474.
Más Propuestas del ex-Presidente Gaviria
El ex-Presidente Cesar Gaviria inició de nuevo un camino electoral con miras a los comicios de octubre del 2015. Esta vez en medio de un intercambio con el ex-Senador Eugenio Prieto, Gaviria propuso que se le concedieran facultades extraordinarias al Presidente Juan Manuel Santos en el proceso de Paz, con el fin que de que sacara adelante los diálogos de La Habana.
Opinó que era inviable la propuesta de Alvaro Uribe de decretar una zona de concentración de las FARC, indicando:
“El Presidente hoy no puede decretar cese el fuego ni puede concentrar tropas, como ha estado hablando el ex-Presidente Uribe”.
Juzgó que era positiva la propuesta de la “séptima papeleta”, una iniciativa de la Alianza Verde cuyo objetivo se orientaba a que se implementara una papeleta especial en las elecciones regionales de octubre del 2015 para consultar a los colombianos si querían ponerle “fecha de vencimiento” a los diálogos de Paz.
“Yo siempre he creído que la elección de octubre se debe utilizar para impulsar el proceso de Paz y para que los ciudadanos se pronuncien sobre él. Tengo simpatía por la propuesta de Navarro de que haya una papeleta y la gente se pueda pronunciar”.
Pareciera que la idea, tanto del Gobierno de Santos, como de otros sectores vinculados, coincidía con “que la gente se pueda pronunciar”, pero nunca participar en la construcción de la Paz en la Mesa de negociaciones.
Buscó, asimismo, impulsar una mirada distinta de la política antidroga en el país, resaltando que Colombia es de los pocos países de Latinoamérica que tiene las connotaciones de productor y consumidor 1475.
Perspectiva del ELN sobre la Propuesta del ex-Presidente César Gaviria
La propuesta presentada por el ex-Presidente Cesar Gaviria sobre Justicia Transicional, debió tener amplios consensos en su elaboración, de parte importante de quienes la ven como la salida salvadora, ante el proceso de Paz y para el futuro. A quienes no se tuvo en cuenta, fue a las víctimas.
Es de resaltar que, por primera vez, una personalidad del establishment como es el ex-Presidente Gaviria, reconoce abiertamente que son “miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido, también, protagonistas de ese conflicto, y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”.
Aunque esa afirmación es de conocimiento público, ni los Gobiernos ni los entes del Estado Colombiano lo han dejado claro, por las implicaciones que tiene dicho reconocimiento. Nosotros entendemos que esa afirmación es el claro reconocimiento de los creadores, auspiciadores y financiadores de las bandas paramilitares y la guerra sucia. Lo que pretende el ex-Presidente no es acusarlos, sino exculparlos, recurriendo a la “Justicia Transicional”.
Dentro de las afirmaciones del ex-Presidente Gaviria, que generan mucha controversia, está:
“Lo que hemos tenido en Colombia, no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas. Lo que hemos tenido en Colombia son unas fuerzas armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los Derechos Humanos”.
Hay que recordarle al ex-Presidente, que las víctimas en Colombia, producto de lo que él llama “el uso legítimo de la fuerza”, incluye masacres, destierros masivos, torturas, desapariciones, crímenes de lesa humanidad. La cantidad, supera los siete millones, y es superior a las causadas por todas las dictaduras militares latinoamericanas juntas, lo que constituye un gravísimo holocausto estatal, mucho más allá de “algunos condenables abusos” como él afirma.
El terrorismo de Estado ha sido una política oficial aplicada en Colombia en las últimas décadas, orientada por el Pentágono; es decir que el Estado, la oligarquía gobernante y el imperialismo, son responsables del genocidio y la barbarie que ha anegado en sangre todos los rincones del país. Esta cruda realidad es la que pretende ocultar el ex presidente Gaviria, y por eso, a su propuesta le falta objetividad y seriedad.
El ex-Presidente se asegura muy bien en dos asuntos nodales:
i. Que haya, lo que se ha llamado, una Ley de punto final con perdón y olvido para todos los responsables del terrorismo de Estado.
ii. Que “nuestra fuerza pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final” 1476.
Esto es muy grave, porque las víctimas del conflicto son millones, que seguirán padeciendo el dolor de más de sesenta años de guerra, que no aceptarán la absoluta impunidad, que hace imposible pasar la página de la historia, mientras no se aplique justicia.
El ELN sigue considerando indispensable que en el tema de las víctimas, haya Verdad, Justicia, Reparación, garantía de No Repetición, así como perdón pero no olvido. Para lograrlo es indispensable tener en cuenta a las víctimas, como activas participantes del proceso de Paz. Se debe partir por conocer la verdad, sobre lo ocurrido. Así se podrá identificar a los responsables y la gravedad de los hechos, para que se pueda aplicar la justicia. El perdón deben solicitarlo los responsables de los hechos acaecidos y el perdón lo dan las víctimas, ellas deciden si lo otorgan o no. No olvidar, no está en contra del perdón, sino que es un mecanismo para que ello no se repita nunca más. Lo más importante de la reparación es la de tipo moral y es sobre dicha reparación que debe asumirse la reparación material por parte del Estado.
Los colombianos debemos asumir de manera soberana este grave conflicto político que vivimos, pero ello no puede impedir el aporte respetuoso de la comunidad internacional. Mucho más porque el Estado está impedido para ser Juez, por ser parte determinante del conflicto 1477.
Visión de la Izquierda sobre Justicia Transicional y Verdad Histórica
Si se tiene en cuenta el largo conflicto interno que ha azotado a Colombia, las numerosas víctimas que ha dejado no solo la insurgencia, sino la forma como el Estado -ente regulador de toda sociedad- se ha aliado con un sinnúmero de delincuentes, empresarios, políticos, paramilitares, multinacionales, con el fin expreso de eliminar la diferencia, no con debates ni políticas acordes al desarrollo social y económico que le corresponde como nación, sino con el exterminio de las que han sido víctimas; la propuesta hecha por el ex-Presidente César Gaviria, que pone a todos en el mismo saco, resulta inaceptable.
Esto quedó evidenciado en el informe presentado por la Comisión Histórica, aunque los expertos designados por el Gobierno se esforzaron por negar la participación del Estado y la forma como éste ha buscado mecanismos para eliminar la diferencia, anterior al surgimiento de las guerrillas, las evidencias históricas son irrefutables, al negar la existencia de nuevos actores sociales, políticos que reclamaban sus derechos a participar en la construcción de sus propias identidades. No solo al obstaculizar el surgimiento del Partido Comunista, sino al quitarle la personería jurídica y sin ir más lejos a la eliminación a sangre y fuego del que fue víctima el partido político Unión Patriótica. La pregunta que surge es:
¿Un Estado se puede considerar legítimo cuando actúa en connivencia con criminales para mantener el “statu quo”, contra una parte de la sociedad?
Es justamente en el Estado donde se encuentran las raíces del conflicto y la forma como ha pretendido ejercer control sobre la sociedad que busca nuevas alternativas de poder político, social y económico. Frente a una elite profundamente sectaria que se apoderó del control estatal durante toda la vida republicana, para ello solo se necesita echar un vistazo desprevenido de los apellidos que se han repetido en un constante sinfín, como dato en Colombia han gobernado, aproximadamente, cuarenta y ocho familias que se han aliado, mezclado emparentado quedando convertidas en veinticuatro, conformando verdaderas dinastías:
¿A esto se le puede considerar participación democrática?
Si bien la historia tiene varias interpretaciones, y éstas se dan de acuerdo a quién la escribe e interpreta, lo que no se puede negar, es la forma como el Estado actuó como dinamizador del conflicto, no solo en el período de “La Violencia” 1478, que va desde finales de los ‘40 hasta mediados de los ‘60, donde estas mismas élites, sin que le importara la sociedad, enfrentaron a los campesinos en los campos por unos supuestos colores políticos que, en la esencia, han constituido una sola contienda política, lejos de constituir lo que Maurice Duverger 1479 denomina partidos políticos.
Fue así como estas élites, que en ningún momento padecieron los rigores de la guerra, lograron pactar Acuerdos, no con la sociedad, sino entre ellos para permanecer en el poder y repartirse el botín del Estado de forma equitativa, esto les resultaba más fácil que dejar a los electores decidir, pues la permanencia de uno u otro color político los podría dejar por fuera de las ganancias que representa administrar el Estado.
La creación del Frente Nacional, no se puede plantear, como lo han dicho algunos, como el freno a la violencia, desconociendo las múltiples masacres que se presentaron, la represión por parte del Estado a comunidades enteras: como Marquetalia, Pato, Guayabero, Sumapaz, Villarica, etc. Estas son más selectivas y dirigidas con objetivos precisos con la ayuda de Estados Unidos, como lo documenta el historiador Vega Cantor.
Frente a estos hechos, el Estado, según se ha dicho, tenía que mantener el “orden”, aunque hasta la actualidad, no se sabe “cuál orden”. Por lo que la responsabilidad viene a ser de la insurgencia, más concretamente, de un grupo de campesinos que se levantaron con el ánimo expreso de perjudicar a la sociedad que, en palabras del elocuente sociólogo francés Pécaut, desataron una guerra contra la sociedad, por lo que el pobre Estado casi agónico se defendió, dejando solo un número limitado de muertes menos que las del Cono Sur, para ser más precisos.
Sin duda esta es la justificación que tiene el Estado -los Gobiernos de turno que lo conducen- frente a su accionar violento en contra de la población, sin hacer mención no solo a este tipo de violencia, sino la que ha dejado su modelo económico, fortalecido por las políticas que solo han beneficiado a un sector de la sociedad, empobreciendo al resto, sin educación ni posibilidad de movilidad social.
Estas evidencias no solo muestran cómo el Estado -los Gobiernos de turno-, ha actuado en contra de un sector de la sociedad, sino que ha permitido la continuidad del conflicto, alimentándolo diariamente con planes estratégicos de orden militar, político y peor aún económico.
Para los sectores que representan la institucionalidad, parece que lo más importante, no son los Acuerdos a los que se pueda llegar, pues dan por entendido que las FARC, están negociando su salida más digna sin que medie cualquier Acuerdo político, la discusión más importante parece ser cuantos años de cárcel pagará Márquez, Timochenko o Catatumbo, esta es la obsesión del Procurador General, de Alvaro Uribe y su sequito, además dan por entendido que jamás podrán convertirse en una opción política.
En lo que sí tienen razón es en decir que no se pueden igualar militares y guerrilleros, porque los primeros actuaron bajo la institucionalidad y protegidos por una Constitución por lo que se debe ser más severos, representan la institucionalidad y el orden. Caso contrario, los insurgentes se levantaron en armas contra el Estado y asumieron el riesgo que deriva la militancia armada.
Por ello, el Gobierno sigue con sus planes de compra de armamentos, el ensanchamiento del latifundio, desconociendo los Acuerdos pactados y lo que se había establecido como las Zonas de Reserva Campesina. Firmando Acuerdos de cooperación con la OTAN, entre otros. Es decir, si se firma la Paz seguiremos igual, porque el modelo económico no está en discusión ni el ordenamiento de las fuerzas militares.
El Estado no debe ser indultado, por el contrario, sus Gobernantes deben ser enjuiciados. Se les debe hacer un juicio histórico a todos los que nos han mal gobernado, cual ha sido su responsabilidad y los delitos que cometieron, sin duda la corrupción, el clientelismo la asociación con grupos de delincuentes, empresarios y políticos, creación de paramilitares; que constituyeron y constituyen lo que se puede denominar una empresa criminal, de ahí, que todos no caben en el mismo saco. No se debe eludir la responsabilidad de todos los que actuaron en la sombra y con ello contribuyeron a fortalecer sus riquezas, ordenando masacres, desplazando, entre otros muchos delitos, sin olvidar el papel violento de las multinacionales 1480.
Perspectiva de las FARC
La dirigencia de las FARC, ha mantenido la percepción del proceso de Paz, como un escenario de lucha de clases, de disputa política contra los diferentes clanes oligárquicos, internacionales, nacionales y regionales; mientras que el pueblo, los trabajadores, los campesinos y las organizaciones democráticas de izquierda deben enfrentar los retos políticos correspondientes con la mayor inteligencia, con mucha paciencia y con el olfato que demanda la interacción con los delegados del poder burgués inclinados por la mentira, el truco, la trampa y la ausencia de principios éticos y democráticos.
La Paz ha conquistado espacios de enorme importancia, y a éstos hay que blindarlos y profundizarlos. De gran trascendencia han sido las coincidencias en cuanto a la ampliación de la democracia y el impulso a los movimientos sociales que se han convertido en verdadera alternativa a las podridas maquinarias del partidismo feudal y oligárquico.
El tema de la justicia todavía indefinido, y la parte oficial insiste en formulas perimidas e inviables para la terminación del largo conflicto, asociado con el alzamiento revolucionario de los campesinos víctimas de la violencia latifundista y oligárquica durante más de cincuenta años. Los personeros del “santismo” se limitan a clonar las formas jurídicas ofrecidas al paramilitarismo criminal durante los dos Gobiernos fascistas de Uribe Vélez, de los cuales formó parte el Presidente Juan Manuel Santos, especialmente en sus momentos mas violentos y agresivos.
El interés central a partir del 2 de febrero del 2015, tiene que ver con el Tercer Punto de la Agenda de diálogos que se refiere al “Fin del Conflicto”.
Para las FARC, los temas centrales para alcanzar el “Fin del Conflicto”, que no se encuentran en el proceso de discusión, tienen que ver:
1) El cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Santos dice que un cese bilateral se firmará cuando se ponga fin al conflicto con la firma de un Acuerdo General, es decir para cuando ya no se necesite.
2) La dejación de las armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con los intereses del movimiento guerrillero. Las FARC, no están dispuestas a que las despachen con asuntos de menor cuantía, como ocurrió con los cargos, partidas presupuestarias y demás prebendas otorgados a los del M-19, EPL, Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista (CRS), y otras tendencias que renunciaron a las banderas revolucionarias para acomodarse en el sistema neoliberal de la Constitución de 1991.
3) La revisión, por parte del Gobierno nacional que hará la coordinación, de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC. Materia en la que el Gobierno no a mostrado el menor interés. Santos elude la situación de cerca de diez mil presas y presos políticos, vinculados con la guerrilla, sometidos a las peores condiciones humanas, judiciales y penitenciarias, siendo que se trata de combatientes, muchos de ellos, víctimas de montajes judiciales de fiscales y jueces corruptos.
4) La acción paralela que debe llevar a cabo el Gobierno para intensificar el combate orientado a acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Esta acción, incluye la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Un tópico especial es el de la impunidad, particularmente en el caso de los “falsos positivos”.
5) El Gobierno nacional revisará y hará las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz. Todas las reformas del Estado, del Gobierno y sus instituciones realizadas después de la Constitución de 1991, se han orientado a su adecuación con los parámetros del neoliberalismo y el imperio del mercado. No se trata de un Estado hecho para la Paz; por el contrario, su esencia y propósitos están muy vinculados con la violencia que favorece el mercado y las ganancias de los grupos plutocráticos. Resulta de la mayor conveniencia incorporar a la Mesa de La Habana, los debates del Plan de Desarrollo que Santos ha dicho será enfocado en el tema de la Paz, la equidad y la educación.
6) Las garantías de seguridad. En El Salvador, después de terminadas las negociaciones de Paz, una mujer guerrillera, integrante del Frente Farabundo Martí, fue nombrada Jefa de la Policía Nacional como una garantía esencial de la seguridad de los combatientes participantes de la vida política. Es la manera de impedir que se repita lo de la Unión Patriótica 1481.
El Ministro de Defensa del Gobierno de Juan Manuel Santos, ha dicho que no seguirá ese tipo de modelos adoptados en El Salvador 1482.
Trabas de la Justicia en el Camino de la Paz desde la Perspectiva de las FARC
En una de las rondas más tensas en poco más de dos años de proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC, el Jefe negociador de la guerrilla explicó que tras la muerte de más de cuarenta guerrilleros en mayo del 2015, la confianza de la Mesa quedó mal herida y señaló:
Sólo un cese el fuego bilateral puede ayudar a que el proceso avance con mayor celeridad.
Para el Jefe negociador de las FARC, el proceso atravesaba una turbulencia. Luego de lograr una aproximación en torno a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en el ciclo anterior, dijeron que esperaban que en esa ronda pudieran darle la noticia al país de su conformación. Los hechos desatados en el campo militar han aplazado este asunto. Esa Comisión va a mostrar las responsabilidades que cada quién tiene. Si se va a hablar de justicia se necesita la verdad porque aquí se habla de justicia pero aplicable a los “malos” pero no de los responsables supremos, en el marco de los Gobiernos que han manejado al Estado todos estos años de conflicto. El día que el Gobierno se asuma como el máximo responsable, se habrá empezado a desglosar el camino de la guerra.
El tema de la justicia se ha atravesado en el camino de los Acuerdos. Hay que remover ese obstáculo para poder avanzar de lleno a resolver el tema de las víctimas. En este proceso se han dado novedades, como las audiencias con las víctimas del conflicto; pero no se mueve nada a favor de las víctimas. Mientras se discute el tema, siguen matando defensores de Derechos Humanos reclamantes de tierra, persiguiendo a los líder del movimiento social. Marcha Patriótica ya lleva más de cien muertos. Se está hablando de la Comisión de la Verdad, que es un instrumento muy importante para levantarle el freno a la discusión y al mismo tiempo discutiendo asuntos relativos al fin del conflicto, enfocados en dos aspectos: el cese el fuego y la dejación de las armas.
Se ha pretendido difundir que las FARC rechazan las ideas de Justicia Transicional. Buscamos una justicia convenida entre las partes. Las FARC entienden a la Justicia Transicional como un Acuerdo político. No obstante, el Gobierno ha presentado de manera unilateral, sin tener en cuenta a su igual en la Mesa una Justicia Transicional, yendo por el atajo del Marco Jurídico para la Paz. Las FARC creen que pueden encontrar una fórmula de reconciliación sobre las bases de la Verdad Histórica, Justicia Transformadora, Reparación Integral y No Repetición. Allí está la clave para sanar las heridas. Se necesita remover las estructuras injustas que han generado el alzamiento armado, como derecho universal. Todo está ligado a transformaciones estructurales, que están contempladas en la Agenda de La Habana. La Paz de Colombia no se resuelve trazando líneas rojas.
Las líneas rojas se ven en el modelo de negociación establecido por el Gobierno, en el que no está en discusión la política económica, haciendo que Colombia quede condenada a la injusticia. Dentro de esas líneas está el saqueo de los recursos naturales por parte de las transnacionales. Las FARC no se oponen a la extracción minero-energética, pero debe ser al servicio de la gente.
Respecto del tema de las sanciones, las alternativas que las FARC plantean, tienen en consideración que los colombianos deben reflexionar sobre el mensaje que las víctimas llevaron a la Mesa de negociación en La Habana. Las víctimas dijeron que venían despojadas de odio y venganza a pedir que ninguna de las partes se levante de la Mesa hasta firmar el Acuerdo final. Se ha dicho que las encuestas muestran que la mayoría pide cárcel para las FARC. Tal vez los cuestionarios de las encuestas estén mal planteados. Qué pasaría si preguntan: ¿están de acuerdo con que la casta política corrupta vaya a la cárcel? Las FARC no han venido a La Habana a intercambiar impunidades. Hay que abrirle las puertas al margen nacional de apreciación, que invita a hacer una reflexión en torno a los orígenes del conflicto, porque un tribunal internacional no conoce la historia de Colombia, sus costumbres. No saben que en este país hubo una época de violencia que produjo trescientos mil muertos y no se pagó por ellos ni un centavo. Hay que encontrar a los responsables. Ahí se podrá hablar de justicia.
El tema de las fórmulas de justicia planteadas por las FARC, considera que el problema radica en pensar la justicia como un tema punitivo. Habría que preguntar a los dirigentes políticos, a los ex-Presidentes, a los empresarios, si ellos estarían dispuestos a pagar cárcel.
En Colombia se ha dicho que con la vigencia del Tratado de Roma son imposibles las amnistías generales y los indultos, pero eso no es cierto. Ese tema está abierto a discreción de los distintos países. En Colombia hay obsesivos de colocar tras las rejas a los que han estado en guerra. Hacen planteos punitivos, inventando ficciones jurídicas que dicen que si no hay cárcel no hay nada. Teniendo en cuenta este criterio, habría que pensar en:
Un General al que se le juzgue por “falsos positivos”; su excusa será que ha sido producto de una directriz presidencial. Por ello, ¿el Presidente irá a la cárcel? No se ha sopesado el tema, ya que esto no es un proceso jurídico, sino un proceso de Paz.
Las FARC ven a una Asamblea Constituyente como única garantía jurídica de los Acuerdos. Se necesita un candado jurídico y eso sólo lo da una Asamblea Nacional Constituyente. Que sea el pueblo, el Constituyente soberano el que diga de qué manera se resuelve esto. Una Paz estable y duradera tiene que ser el resultado de un gran acuerdo político, en el que participe la mayoría de los colombianos y eso solo se logra en una Constituyente.
Para llevar a cabo una Constituyente, es necesario ponerse de acuerdo en tres aspectos:
i) el contenido;
ii) la composición; y
iii) la duración.
Lo que se está planteando es una Constituyente para la Paz, no para blindar a nadie. El pueblo es sabio y sabrá resolver esta situación.
El contenido tendrá que ver con las salvedades en las que las partes no han podido ponerse de acuerdo en la Mesa de negociaciones de La Habana; también sobre los temas de discusión y las reformas al sistema electoral, a la justicia, a la democracia, etc.
La composición, debe ser en base a la creación de circunscripciones especiales, teniendo en cuenta a los que nunca han sido escuchados, como los campesinos, lo jóvenes, los afrocolombianos o los indígenas, que puedan elegir a sus representantes.
La duración, puede ser de seis meses.
Se presume que nadie se opone a la Paz; aunque líderes de peso, como Uribe, han manifestado su desacuerdo. Es importante llevar a cabo cambios estructurales en Colombia. Las FARC no dicen que deba imponerse un modelo, sino que hay que fortalecer la democracia.
La continuación de la actividad militar por parte del Gobierno, pese al cese unilateral del fuego por las FARC, generando muertes en las filas guerrilleras, han estremecido la Mesa de conversaciones. Los garantes del proceso, Cuba y Noruega, expresaron su preocupación por la posibilidad de que se pierdan los Acuerdos alcanzados y sugirieron trabajar en el desescalamiento del conflicto y avanzar hacia el cese bilateral de fuegos. El Gobierno se niega al cese bilateral, aduciendo que otorgaría ventajas militares a la guerra, por lo que muy poco se puede hacer; mientras tanto, las fuerzas militares gubernamentales han matado más de cuarenta guerrilleros. Los sobrevivientes oyeron a sus compañeros heridos clamando auxilio y los militares los remataron con tiros de gracia. El Secretariado de las FARC ha pedido que un equipo de forenses internacionales analicen qué pasó y se pidió que se hiciera lo mismo con el cadáver del Comandante Alfonso Cano, que fue asesinado en estado de indefensión.
Por otra parte, las FARC están trabajando junto a las fuerzas militares gubernamentales en el proceso de desminado. Para las FARC eso ha sido decisivo porque permite hacer una tarea eficaz. Pero hay algo absurdo en todo esto y es que se ha pretendido que sólo la guerrilla siembra minas. El ejército abandona artefactos explosivos.
Las FARC necesitan que el ELN aporte a la construcción de la Paz; tiene mucho que decir y se necesita para preparar el terreno para construir la nueva Colombia 1483.
Tratamiento Penal Especial
Frente a las manifestaciones de las FARC y su preocupación por el tema de la verdad y la justicia, el Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De La Calle, aseguró que la Comisión de la Verdad tenía como objetivos la verdad y la convivencia y:
“No mata la justicia” sino permite que quien acuda a ésta tenga derecho a obtener un tratamiento penal especial. “Es necesario asumir las responsabilidades. El que quiere valerse de la justicia para tener un tratamiento penal debe acudir a esta Comisión para reparar de esa manera y de otras a las víctimas”. Presentarse a esta Comisión será de carácter voluntario.
Esta Comisión puede convertirse en uno de los mecanismos de refrendación:
“Lo que hemos pactado con las FARC es un primer elemento, con la guerrilla continuamos estudiando los demás instrumentos de justicia para aplicar y atribuir responsabilidades de carácter penal”.
Esto no quiere decir que la Comisión asuma funciones judiciales. Dentro del esquema integral de justicia, está la vía de esclarecimiento a través de la Comisión y la vía de imputación penal en el marco de la Justicia Transicional:
“En el documento ambas partes reconocen la necesidad de un sistema integral judicial, que es el paso más trascendental de lo que se hizo ayer, por la disposición de ambas partes para crear un sistema que contenga verdad y justicia”.
Los miembros serán escogidos por un Comité del Gobierno y las FARC, y podrán postularse organismos sociales y personas con alto valor ético:
“Para que se garantice la transparencia. Esto lo elegirá un Comité de selección compuesto por nueve (9) personas, tres (3) de ellos serán delegados de instituciones de gran reputación nacional e internacional”.
Este podría ser un sistema de posible justicia con las FARC, pero aún no se ha discutido:
“Hay distintas opciones, una hipótesis sería una Fiscalía especializada que recoja las imputaciones de carácter penal, seleccione los máximos responsables y aplique la justicia a los altos responsables”.
La Comisión de la Verdad solo funcionará cuando se pacte el fin del conflicto porque:
“Nada está convenido hasta que no esté todo convenido, la Comisión forma parte del Acuerdo que estamos construyendo en La Habana” 1484.
En cumplimiento por lo establecido en el Punto 3 Numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto del 2012, las partes en el proceso de negociación en La Habana, presentaron un Informe Conjunto sobre los avances y Acuerdos alcanzados respecto del Punto 5 de la Agenda: “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, vinculado al tema “Víctimas”.
El fin del conflicto constituye una oportunidad para la sociedad colombiana y en particular las víctimas, para que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. En este nuevo escenario el objetivo será aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la Verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la Convivencia, la Reconciliación, y la No Repetición. Con ese propósito el Gobierno Nacional y las FARC-EP han alcanzado un Acuerdo para que se ponga en marcha, luego de firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial.
La Comisión será parte del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para satisfacer los derechos de las Víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la Paz.
El Acuerdo alcanzado entre las partes sobre la Comisión, no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que se han comprometido construir y que aún no ha concluido. Ambas partes indicaron:
En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, buscan acordar temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales:
1) La Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En este sentido saludan la visita y el pronunciamiento efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones.
2) La Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento de las Víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No Repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.
3) La Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello buscará crear un ambiente de diálogo y establecerá espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la No Repetición, la Reconciliación y la construcción de una Paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la Verdad también como una parte esencial de la construcción de la Paz. El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la Verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto. Por eso, tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la Verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH.
Los criterios orientadores son:
Mandato: La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:
Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.
El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGTBI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, comerciantes y empresarios/as, entre otros.
Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Período objeto de estudio de la Comisión (ámbito temporal): Para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto la Comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Funciones: Para el cumplimiento de su mandato la Comisión tendrá las siguientes funciones principales:
Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las Víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia. Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios.
Relaciones entre la Comisión y las Víctimas y sus Organizaciones:
Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones.
Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGTBI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo.
Proceso de selección: La Comisión estará conformada por once comisionados/as. Para su elección se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las Víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de Víctimas, entre otros, puedan postular candidatos. Los/as comisionados/as serán elegidos por un Comité de selección. Este comité estará compuesto por nueve integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acuerden seis de los/as integrantes del Comité de selección. Los/as tres integrantes restantes serán los/as delegados/as de tres personas u organizaciones que se acuerden en la Mesa. Todos los integrantes del Comité de selección deberán inspirar confianza en la ciudadanía. La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los Derechos Humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los/as comisionados/as también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional. El Comité de selección podrá seleccionar comisionados/as extranjeros/as, pero estos en todo caso no podrán ser más de tres. El Comité de selección tendrá hasta tres meses para la selección de los/as comisionados/as, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones. La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de dos tercios de los integrantes del Comité de selección.
Presidente/a de la Comisión: El/la Presidente de la Comisión deberá ser colombiano/a y será elegido/a de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el mecanismo que acuerden. El/la Presidente de la Comisión será su principal vocero público, coordinará la labor de los/as comisionados/as, facilitará el buen funcionamiento interno, y dirigirá las tareas de ésta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El papel del/la Presidente de la Comisión es importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e internacional.
Duración: La Comisión tendrá una duración de tres años incluyendo la elaboración del Informe Final. La Comisión contará con seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del Informe Final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión.
Compromisos de contribución al esclarecimiento: El Gobierno Nacional, como Poder Ejecutivo, y las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la Verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión. El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías necesarias para la No Repetición. De conformidad con las leyes aplicables, el Gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la Comisión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente.
Financiación: El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del Informe Final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello. Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión: Se creará un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el Informe Final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos, entre otras. Este Comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos, entre otras. La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el Comité. El Comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El Comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará la financiación del Comité para el cumplimiento de sus funciones.
2. Mecanismo de búsqueda.
Con el fin de contribuir a satisfacer el derecho de las Víctimas y de la sociedad en su conjunto a la Verdad, y sin perjuicio de los procedimientos de esclarecimiento que existan o se puedan adelantar durante el proceso de conversaciones de Paz, las partes acuerdan que a la terminación del conflicto es necesario multiplicar los esfuerzos de búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, bajo cualquier circunstancia. Para ello las partes trabajarán en un nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión.
3. La Participación de las Víctimas y la Sociedad en Relación con el Punto 5.
Dentro de los diez principios para la discusión del Punto 5: “Víctimas”, acordados en la Mesa de negociaciones, la “participación de las Víctimas” ocupa un lugar muy importante.
El equipo negociador del Gobierno y las FARC, están convencidos de que la construcción de la Paz requiere de una activa participación de las Víctimas, y en general de las comunidades en los territorios, que en última instancia son quienes se verán beneficiadas por las transformaciones que persiguen los acuerdos que hemos alcanzado.
Para la Mesa ha sido un objetivo fundamental lograr la mayor participación posible y la recepción de el mayor número de propuestas relacionadas con la discusión del Punto 5. Los avances en el Acuerdo del Punto 5 que se presentan en este documento, se han basado justamente en oír a las Víctimas que vinieron directamente a la Mesa y en leer las propuestas de las miles de personas que han hecho llegar a través de los distintos mecanismos de participación.
En primer lugar y por primera vez en el marco de un proceso de Paz, la Mesa de Conversaciones escuchó de manera directa y recibió las propuestas de un grupo de Víctimas del conflicto. El proceso de selección de estas Víctimas estuvo a cargo de la ONU y de la Universidad Nacional de Colombia, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal, quienes bajo los principios de pluralismo, equilibrio y raciocinio, buscaron reflejar todo el universo de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH que han tenido lugar en el conflicto, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional.
Las delegaciones estuvieron compuestas por doce víctimas y la Mesa oyó a una delegación por cada ciclo, durante los ciclos desde el veintisiete al treinta y uno de conversaciones. Entre los hechos victimizantes representados, se oyeron testimonios sobre desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado de menores, entre otros. Todas las personas víctimas que visitaron La Habana con el fin de expresar sus testimonios, sus propuestas y sus expectativas frente al proceso de Paz y la implementación de los Acuerdos ante las dos delegaciones en la Mesa de Conversaciones, coincidieron en resaltar la necesidad de ponerle fin al conflicto.
Adicionalmente entre julio y agosto del 2014 se organizaron tres foros regionales (en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un Foro Nacional en Cali sobre el Punto 5. Participaron tres mil ciento sesenta y dos personas de las cuales el 51,7% eran hombres y el 48,3% mujeres. A estos foros asistieron más de seiscientas organizaciones de víctimas. A la fecha hemos recibido veinticuatro mil trescientos veinticuatro aportes sobre el punto de víctimas, con más de cincuenta y nueve mil referencias a los diferentes aspectos de este Punto, incluidas más de ocho mil seiscientas respecto al tema de “verdad” 1485.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es un Salto hacia Adelante
En un documento conjunto, las FARC y el Gobierno colombiano informaron:
“Hemos llegado a un Acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición […] que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial”.
El Acuerdo se produjo el 4 de junio del 2015 cuando el ambiente político, debido al reciente escalamiento de la guerra estaba enrarecido, lo que restituyó confianza en el éxito de los diálogos. Algunos analistas no dudaron en calificar este logro de la Mesa como “la mejor noticia en los tres años de diálogo del proceso de La Habana”. Pese a ello, quedando diferencias que dirimir en el Punto Víctimas:
Las Partes se proponen el diseño de un “sistema integral de Verdad, Justica, Reparación y No Repetición” que permita satisfacer los derechos de las Víctimas, poner fin al conflicto y construir la Paz, lo que conlleva cambios de fondo que tengan como propósito la justicia social, puesto que el carácter académico investigativo de la Comisión va acompañado de la puesta en marcha de un proceso social y político democrático.
Este Acuerdo Parcial logró desanudar una de las mayores dificultades, tal como la negativa del Gobierno a aceptar la responsabilidad del Estado en el conflicto: Como parte del mandato de la Comisión está:
“Esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto […] y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad”.
Con ello se abrió la oportunidad de conocer:
Qué es lo que ha pasado en Colombia con relación al conflicto; quiénes, por qué y con qué intereses lo iniciaron y han atizado su prolongación; qué se esconde detrás de cada fracaso de diálogos que ha habido con la insurgencia y qué pudo evitarse de haberse tomado decisiones responsables y acertadas; cuáles han sido las fuerzas oscuras que en todas las etapas del conflicto se han opuesto a la construcción de un Acuerdo que sane las heridas y siente las bases de democracia política y social para una Paz estable en nuestro país.
Con el Frente Nacional se prefirió el “olvido” como fórmula para apaciguar, y la exclusión política como modelo de Gobierno para la perpetuación en el poder de los partidos liberal y conservador, profundizando las desigualdades y las injusticias en vez de subsanarlas.
Toda vez que el período objeto de estudio de la Comisión abarca la totalidad del tiempo de duración del conflicto, con la posibilidad de explorar eventos históricos anteriores, habrá posibilidad de conocer la verdad sobre los responsables de los trescientos mil muertos del período “La Violencia”, de sus masacres y cortes de franela, los crímenes de los “chulavitas”, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y todas aquellas atrocidades sobre las que nunca hubo esclarecimiento y mucho menos enjuiciamientos. Para lograr este difícil cometido lo fundamental es que el Gobierno abra los archivos secretos y dé a conocer las investigaciones que haya sobre la responsabilidad que les asiste a instituciones estatales y funcionarios públicos, políticos, gremios económicos, el poder judicial y demás, en el origen y avivamiento del conflicto, en especial lo concerniente a magnicidios, guerra sucia, paramilitarismo, despojo de tierras, desplazamiento forzado “falsos positivos”.
También los informes de la Comisión Histórica del conflicto y sus Víctimas serán insumos básicos para el trabajo de la Comisión. El resultado del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad será por primera vez un esfuerzo oficial por descubrir la Verdad ontológica del conflicto. Se rompe así la política del Estado signada por la pretensión de sepultar esa Verdad y garantizar impunidad a los responsables que son unas pocas familias que, de generación en generación, se han turnado en el poder durante el último siglo. De la misma forma podrá develarse la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación, la rama judicial, el narcotráfico y Estados Unidos.
Entre los otros mecanismos que se espera constituir para completar el “sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” está una Comisión para investigar específicamente el fenómeno del paramilitarismo. Sin el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo no habrá garantías de seguridad si se firma el Fin del Conflicto.
Igualmente, es “imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión”, como lo dijo el Comandante Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP:
“Podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la Verdad que reclaman las Víctimas del conflicto, la Reparación integral y la No Repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la Paz”.
Para ello es necesario enarbolar la Paz como derecho síntesis, tomar en consideración el margen nacional de apreciación y la justicia prospectiva. Si el sistema de justicia no se ajusta a nuestra idiosincrasia, a la historia y condiciones especiales del conflicto colombiano, ni se pone de manifiesto el principio de soberanía, la Paz será esquiva.
La violencia de género y la discriminación son como “minas en la sociedad”. Así lo definió la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Hawa Bangura, luego de visitar La Habana, donde se reunió con las delegaciones de las FARC-EP y del Gobierno y con los representantes de los países Garantes, Cuba y de Noruega, los días 24 al 26 de mayo del 2015. El enfoque de género que revestirá al conjunto de los Acuerdos que surjan en La Habana, además de no tener precedentes en procesos de Paz anteriores, su aplicación en un post Acuerdo será crucial para que la Paz sea duradera y sólida. A la vez es un aporte que puede servir en otros procesos que se propongan la resolución de conflictos. En referencia a que la violencia contra las mujeres está enraizada en las desigualdades estructurales de género y en la discriminación, la representante de la ONU instó a las Partes a:
“Construir sobre esta base en común, y a mirar el proceso de Paz como una oportunidad histórica para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través de cambios estructurales” 1486.
Desde el punto de vista del Jefe de las FARC “Pablo Catatumbo”, este no es un proceso contra las FARC por lo que no son los únicos responsables, de manera tal que el Estado -los Gobiernos que actúan en su nombre- deben asumir su parte. Sin embargo, el Gobierno continúa operando como si fuera “Juez y parte”, haciendo uso de su posición como “conductor” del Estado y lo que busca es que la guerrilla se someta.
La Mesa de negociaciones en La Habana, está constantemente sometida a situaciones de enrarecimiento, debido a las constantes presiones y demandas que lleva a cabo el Gobierno, sin considerar que las FARC hacen concesiones mostrando su buena voluntad para alcanzar la Paz.
Las FARC han dado una secuencia de señales positivas, sin conductas consecuentes por parte del Gobierno, como la tregua unilateral e indefinida decretada, que llevaba cinco meses y que había disminuido más del ochenta y cinco porciento los niveles de confrontación militar. Además, se dieron otros hechos muy positivos: el fin de las fumigaciones; el inicio de un plan piloto de limpieza de artefactos explosivos; y todo se vio nublado por bombardeos llevados a cabo por las fuerzas militares contra campamentos de las FARC.
Esto sugiere que Santos, junto a otros sectores del poder, consideran que “a sangre y fuego las FARC van a aceptar condiciones de sometimiento”. Ese camino no da resultados.
Para hablar de justicia hay que hablar de verdad. Sin establecer la verdad completa es imposible hablar de responsabilidades, la guerra en Colombia tiene múltiples responsabilidades: políticas, económicas, militares, morales, penales. Esta será la tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición. No se puede partir de que las guerrillas con los únicos responsables de un problema tan complejo como es el conflicto colombiano que lleva casi sesenta años y que todo se resuelve enviando sólo a unos a la cárcel, mientras que otros siguen siendo jueces. Puestas las cosas de esta forma, no se puede decir que este sea un proceso de Paz.
Para poder avanzar en el complejo tema de la justicia, un punto de avance es el análisis de los informes presentados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, aunque en Colombia no se le ha dado la debida importancia . Allí hay un aporte muy importante sobre los orígenes, las dinámicas y las razones que han dado continuidad al conflicto armado. En Colombia muchos sectores quieren adjudicarle toda la responsabilidad a las FARC. Habría que tratar de explicar quiénes fueron responsables de la desaparición de más de veintinueve mil personas en Colombia. ¿Por qué fue posible eso? ¿Por qué se torturó tanta gente? ¿Quiénes son los responsables de las desapariciones y del asesinato de miles de dirigentes sindicales, agrarios y populares; del desplazamiento de más de seis millones de campesinos? Habría que establecer la verdad sobre quiénes se apropiaron violentamente y después legalizaron más de siete millones de hectáreas de tierra de los campesinos. ¿Cómo explicar que todo eso ocurriera a la vista de las autoridades civiles y militares y casi siempre con la complicidad o la participación de ellas? ¿Qué hizo posible que los paramilitares actuaran durante treinta años muy cerca de los batallones militares, en centros urbanos y cabeceras municipales y nunca se produjera siquiera un combate entre ellos. Esos son temas que debe abordar una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Para alcanzar la Paz, es necesario conocer esa verdad.
No se trata de que cada parte cuente su versión de los hechos, sino de establecer la verdad sobre los hechos. El Estado -quienes lo conducen- debe responder por qué permitió que durante tres décadas el paramilitarismo actuara libremente, realizara masacres, desplazamientos forzados y despojaran a la gente de su tierra.
No resulta fácil avanzar sobre el tema justicia en la Mesa de negociaciones, si hay un permanente cruce de acusaciones. Sin verdad no hay justicia. No basta con conocer todos los horrores de la guerra, es necesario conocer sus orígenes, sus causas, sus dinámicas. Una vez que se arme todo ese rompecabezas, se podrá buscar una fórmula que permita dar satisfacción a las víctimas. Esa fórmula tendrá que ser a la colombiana, tendrá que ser una fórmula realista, que tenga en cuenta todo lo que ha pasado durante todos estos años de dura confrontación, que incorpore todos los elementos que componen ese intrincado rompecabezas, que le dé satisfacción a las víctimas, a la sociedad colombiana en su conjunto y a la comunidad internacional. Así es como se han resuelto las guerras civiles en el mundo. No hay otro camino, salvo que lo que se busque sea la “pacificación” y no la Paz.
Con la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se podrá avanzar en la reconstrucción de lo que ha sido el conflicto y se contribuirá a la Reparación y a la No Repetición. Si se avanza en esto se podrá empezar a desenmarañar el tema de la justicia y el acercamiento a un Acuerdo final para alcanzar la Paz. El principal escollo ha estado en que, desde muchos sectores e incluso, de representantes de organismos multilaterales, se ha pretendido imponer la versión de que hay un consenso universal sobre los modelos de justicia transicional y se ha vendido la tesis de que hay también un consenso sobre el concepto de máximos responsables. Las FARC creen que eso no es así. Que no existe tal consenso. Lo que hay que construir es una solución política, alternativas entre los colombianos, buscando que la salida a la guerra implique la restauración de la Verdad, la No Repetición y la ampliación de la democracia.
El tema de justicia no puede ser un obstáculo para el principal objetivo del proceso de Paz, que es la Reconciliación. En esto hay que ser realistas. Mucha gente, desde la extrema derecha, se empeña en insistir que las FARC deben ser condenadas. ¿Y los demás qué? La ultraderecha histórica que originó el conflicto y que siempre ha alimentado la violencia, ¿no entra en esta ecuación? ¿No hay una responsabilidad de las clases dirigentes? ¿No hay una responsabilidad de los partidos tradicionales? ¿Los dirigentes políticos, Ministros, servicios de inteligencia no participaron en la guerra? Nadie podría entender que en 50 años de guerra haya habido un solo responsable. Este es un conflicto muy largo; hay múltiples causas, múltiples responsables y distintas formas de responsabilidad. La guerra colombiana no se puede ver solo con un ojo, hay que tener una visión más amplia. La teoría de los “máximos responsables” no es viable.
Esta es una guerra con un profundo carácter político y el principal responsable es el Estado -los Gobiernos de turno que lo conducen-. De ahí se desprenden responsabilidades. Las FARC siempre han estado dispuestas a hablar de todo lo que ha ocurrido, de cómo han actuado, pero, lo que está en duda, es si está dispuesto el Estado -los Gobiernos de turno que lo conducen- a hacer lo mismo y a asumir responsabilidades. Muchos miembros y líderes de la guerrilla habían nacido cuando empezó esta guerra. Los colombianos nacidos en esta generación tienen la obligación de pedirles cuentas a los dirigentes de los últimos cincuenta años 1487.
Si a Comisión de la Verdad No a Normas Penales Unilaterales
La dirigencia de las FARC aseguró, que cuando se alzó en armas ejerció un derecho “natural y universal: el de la rebelión contra un régimen injusto”.
Celebraron la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo de “justicia y reparación”, pero reiteraron su rechazo a normas penales “diseñadas para un solo destinatario” y presentadas “unilateralmente” por el Gobierno.
La Comisión de la Verdad decidieron ponerla en marcha, conjuntamente con el Gobierno, una vez firmado un Acuerdo definitivo de Paz, que será un mecanismo “independiente e imparcial de carácter extrajudicial”.
El Jefe negociador Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, señaló en un comunicado:
“Nos congratulamos de haber alcanzado un Acuerdo de creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que es parte de un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que está por cerrarse”.
Para el buen funcionamiento de esa Comisión, la guerrilla reiteró su reclamo para que se abrieran los archivos para:
“Conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables” del conflicto armado. “Necesitamos como el aire para respirar, la Paz, y para construir nuestra Reconciliación sobre la roca de la No Repetición y del nunca más”.
Llegado el momento de enjuiciar los delitos cometidos durante más de cinco décadas de conflicto armado, para la dirigencia de las FARC:
“Jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”.
“Normas penales diseñadas para un solo destinatario -Derecho Penal del enemigo- presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta en absoluto la opinión de sus interlocutores de Paz en la Mesa” de negociaciones.
Para las FARC, dado que:
“La transición debe ser hacia la justicia social y la democracia” la misión de la Comisión debe centrarse en los “mecanismos de Verdad, Justicia y Reparación derivados de un Acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades” 1488.
Choque entre el Procurador General y las FARC
El Comandante Iván Márquez se dirigió al Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado, expresándole su opinión sobre sus conceptos acerca de que:
El Marco Jurídico para la Paz no es el denominado Acto Legislativo 01 del 2012, por medio del cual el Congreso colombiano, establece instrumentos jurídicos de Justicia Transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Alzada en armas desde hace décadas en uso del legítimo derecho de rebelión, consagrado en textos que usted debe conocer, el Marco Jurídico para la Paz es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera subscripto entre los plenipotenciarios de nuestra organización y los del Gobierno el 26 de agosto del 2012, frente a terceros Estados que estuvieron presentes como testigos.
Aquél instrumento, el primero citado, que se nos pretende aplicar, carece de poder vinculante ya que no solo escapa al tenor de la letra del Acuerdo General, sino que en la Agenda recogida en el mismo ni se prevé ni mucho menos se menciona.
Insistir en extenderlo a las conversaciones de Paz o pretender que se recoja como mandato substantivo de sus conclusiones es desconocer la naturaleza política, social y militar de la confrontación armada interna que supera hoy las seis décadas de existencia, y no comprender que lo que se busca es la reconciliación nacional estable y duradera. Entendemos que usted tiene una visión confusa sobre lo que viene sucediendo en el país y en la Mesa de La Habana. Ha pretendido ser un Director de orquesta a distancia de todas las partituras, trágicas muchas de ellas, sin haber aclarado primero su papel y el de la institución que pasajeramente preside, dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general.
La razón natural que tiene mucho que ver con el manejo y aplicación del sentido común enseña que una Comisión de la Verdad busca exactamente lo que su calificación indica: la Verdad. Pero no su verdad señor Procurador. Ni la verdad que agentes oficiales del Estado o algunos sectores de la opinión caprichosa quieren oír. No; la verdad que se busca es la que brote de los labios de las víctimas, por haber sufrido en carne propia la tragedia de la guerra, o por llevar la voz de sus deudos caídos o desaparecidos por razón del conflicto; la verdad que se quiere conocer es la que se escuche desde las tumbas, que hablarán cuando se retiren sus lápidas y se trabajen científicamente los restos mortales que ellas guardan; la que surja cuando se ponga de manifiesto la realidad sobre el desplazamiento forzado, sobre la usurpación indebida de predios, sobre la forma como se arrojaron cuerpos humanos a los ríos, a los estanques infestados de cocodrilos o se llevaron a los hornos crematorios para no dejar rastro alguno, tratándose de humildes campesinos o ciudadanos sacados de sus casas para ser exterminados con sevicia. Se trata de la verdad que debe brillar cuando se indique quiénes fueron destrozados con las motosierras usadas como arma de aniquilamiento contra supuestos enemigos. No se trata de la verdad que invoque una ley sino de la verdad que invoque la razón, la honesta memoria y el deseo de superar el conflicto de manera definitiva, la reparación integral y garantías de no repetición. En su momento nosotros también cumpliremos nuestro compromiso con la verdad como ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo.
Se trata también, Señor Procurador, de la verdad salida del militar o del oficial de policía cuando haga sus relato e indique de quién o cómo recibió la orden; cómo y quienes instruyeron la aniquilación por muerte violenta de miles de militantes de la Unión Patriótica, y de hombres y mujeres asesinados por pensar diferente o por defender el derecho del otro; y cómo sobrevino la política sangrienta y cobarde de los falsos positivos; del funcionario del Estado que miró hacia el otro lado para permitir el acaecimiento del delito; del financista especulador y blanqueador de dinero; la del empresario, ganadero, terrateniente que suplantó al Estado tomando la justicia por su propia mano; la de la dirigencia política nacional y de los partidos que utilizó a los carteles de la droga para financiarse y acceder al poder, o que le dio palmaditas en la espalda al paramilitar para estimularlo y así alcanzar sus dañadas aspiraciones y cometidos.
La Corte que usted cita con tanto entusiasmo, Señor Procurador, moralmente ha dejado de existir. El ius puniendi 1489 como poder del Estado legítimo tocó el fondo del desprestigio. La hidra de la corrupción se tomó los pasillos del Palacio de Justicia. Suponemos que usted está atento a las noticias. Se ha llegado a afirmar que lo que allí acontece es peor que lo ocurrido el día en que las llamas convirtieron en cenizas a honorables magistrados y a ciudadanos inocentes. Entonces no nos pretenda vender la idea, Señor Procurador, de que tenemos que acogernos a un sistema de justicia elaborada por doctrinantes extranjeros que nunca imaginaron que sería acomodada con tijeras y remiendos en una especie de sastrería jurídica para vestir groseramente procesos políticos de Paz; y que, dicho sea de paso, tendría que ser desarrollada aun mediante leyes estatutarias que pasarían al conocimiento de la Corte antes referida. Corte que como ya se advirtió dejó de lado su legitimidad. Nadie es ajeno al hecho de que hoy varios de sus integrantes abandonaron la majestad que debería tener su investidura por preferir las falsas delicias del delito.
“Priorización”, “ponderación”, “selección”, “sistematicidad”, “máximos responsables” y “macro procesos”. ¿Tras sesenta años de conflicto interno inventarse semejante procedimiento para ponerle la mano a unos pocos y encarcelarlos al final de la contienda? Señor Procurador, ¿usted que se dice ser conocedor de la Palabra divina se atreve a “tirar la primera piedra”? “¡Bombas Señor Presidente! ¡Bombas!” ha sido su clamor. Usted es una de las partes actuantes del conflicto; hace rato dejó de ser un civil no comprometido, Señor Procurador. ¿Cómo es que no se ha dado cuenta? Indiqué arriba que usted no ha aclarado su papel y el de la institución que pasajeramente preside dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general. Y eso es así.
Nunca la Procuraduría, en desarrollo de su supuesta obligación de velar por la defensa de la sociedad, se ha preguntado o ha investigado por qué la fuerza pública jamás enfrentó en el campo de batalla a las fuerzas paramilitares. Esto durante más de treinta años. Se acribillaron civiles inocentes sin que su institución hubiera tomado iniciativas ni medida alguna. Tampoco se preocupó la institución que hoy usted preside, ni usted mismo, por la suerte de los caídos o asesinados en los campos de Colombia más allá del actuar paramilitar, ni han sido de su interés los protocolos propios del DIH que se deben aplicar de manera imperativa para establecer la identificación de cadáveres para luego regresarlos a sus seres queridos. ¿Cuándo se ha preocupado usted por los derechos de la viuda, del hijo, del hermano o de la madre de un guerrillero? ¿Cuándo se le ha despertado la curiosidad por averiguar por qué solo los hijos de los pobres en una sociedad claramente estratificada son los que se convierten en carne de cañón mientras que sus iguales, los suyos Señor Procurador, jamás han sabido portar un fusil? ¿Por qué no defiende a los menos favorecidos? ¿Por qué se prefiere que sea la sangre de estos la que se derrame? Porque si se trata de hacer justicia, defienda usted el principio de igualdad, aún para ser aplicado a su propia persona y a su propia clase.
Señor Procurador: El “ojo por ojo y diente por diente” es una práctica bárbara y un anacronismo perverso en épocas de Paz y reconciliación. Usted, Señor Procurador, usa un lenguaje de guillotina moral para sentenciar, sin primero pensar que detrás de muchos moralistas hay falencias, falta de formación, desconocimiento de la verdad, confusión y mucho de puesta en escena. Lo invitamos a que deponga la falsa armadura con la que ha querido tener presencia en la vida pública. Mírese primero la viga en el ojo propio. En su momento, de seguro, usted tendrá que presentarse en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Allá queremos oírlo a fin de que le cuente al país por qué sus silencios en momentos en que debió pronunciarse; por qué permitió el escalamiento de la confrontación armada como solución al conflicto interno; por qué no le tendió la mano al pobre, a la víctima del otro lado, al desprotegido defensor de los derechos humanos; a las víctimas de la política neoliberal, a los millones de seres humanos a los que se les vulneró sus derechos económicos, sociales y culturales, a las familias de decenas de miles de desaparecidos. Hablar desde un púlpito prestado es fácil. Salir al campo para confrontar la verdad, es otro cantar.
No crea que no le agradecemos el envío de su carta. Nos brindó con ella la oportunidad de manifestarle de manera asertiva nuestro pensamiento, criterios y decisiones ya tomadas. Y nos permitió el espacio para convocarlo, como en efecto lo hacemos con estas líneas, a formar un solo cuerpo con quienes sí hemos combatido y sufrido las iniquidades de una guerra desigual sin dar un paso atrás y comprendemos que llegó el momento de pensar en que hay que reconstruir el tejido social haciendo de la dignidad de la persona humana en Colombia el centro de atención colectiva.
Sin olvidar algo que consideramos de la esencia de la futura Paz, pensando en las Víctimas, su Reparación, el Perdón y el Nunca Más. Se trata de la Asamblea Nacional Constituyente, Señor Procurador. No se insista en que se daría con ella un salto al vacío. Todo lo contrario. Dejar la futura suerte en manos de los poderes constituidos como lo pretende el adefesio del Acto Legislativo 01 del 2012 y la Sentencia C-579 del 2013, sí es el verdadero salto al vacío.
Siempre el poder constituido siguiente al de hoy y mañana se sentirá más audaz, más ingenioso, más justo, más capaz, y terminará destruyendo la obra que se pretende construir de manera concluyente.
Procurador: Solo se llega a la construcción del candado definitivo, a la construcción de la norma pétrea garante de la seguridad jurídica futura acudiendo al poder creador; poder que constituye, es decir, poder que erige, forma y construye. A la fuente de toda fuente. De remate se lograría reconstruir desde ese escenario de manera inteligente y democrática el ius puniendi hoy desaparecido; adelantar la revisión del reordenamiento territorial, recomponer los órganos de control, adecuar las normas de participación ciudadana, incluir el Estatuto de la Oposición, definir de una vez por todas la necesidad de diseñar una política criminal estable, revisar tantas instituciones golpeadas por los vicios, los dineros sucios y la corrupción rampante.
Si hemos llegado a conquistar un sitio en igualdad de condiciones con nuestros contradictores de siempre en la Mesa de La Habana para revisar las enfermedades de la patria y buscar una Paz estable y duradera, Señor Procurador, es porque hemos sido rebeldes anhelando lo mejor para el pueblo de Colombia. No vamos a dejar de lado, no vamos a abandonar esta histórica oportunidad 1490.
Subcomisiones para Justicia
Después de que se anunciara un Acuerdo para la conformación de una Comisión de la Verdad, que se enmarca en la discusión del Punto cinco (5) de la Agenda de Diálogos de Paz entre el Gobierno y las FARC, referente a las Víctimas; Rodrigo Granda, miembro del Secretariado de las FARC, señaló que se estaba analizando la creación de una Subcomisión para abordar el tema de la justicia.
“Es posible la creación de una o dos subcomisiones para tratar temas muy complejos, tan álgidos que no pueden tratarse de la noche a la mañana”.
La Comisión de la Verdad, estará conformada por nueve personas, entre ellas seis colombianos, que estarán encargados de escoger a los once Comisionados que encabezarán el proceso del esclarecimiento del conflicto.
La Comisión será un órgano temporal y de carácter extrajudicial. No será un mecanismo para administrar justicia sino que estará centrado en las Víctimas del conflicto y buscará asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la Verdad.
La principal fuente de información estará dada por los testimonios de esas Víctimas, aunque en muchos casos también acudirán quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta. Por ello, se hace indispensable que la opinión pública entienda su independencia, pues no podrá hacer imputaciones penales y la información que reciba o produzca no tendrá valor probatorio ni podrá ser trasladada a las autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales, ni las autoridades judiciales podrán requerirla 1491.
Alternativas de Justicia (Judicial) para las Guerrillas
Una de las hipótesis que se planteó fue que el Gobierno decidiera darles a las guerrillas un tratamiento judicial similar al de los paramilitares, de “pena alternativa”, según los criterios de la Ley de Justicia y Paz. Una vez cumplida la pena alternativa, el condenado queda en “libertad a prueba” por un período igual a la mitad de la pena alternativa. Durante el período de prueba, el condenado debe presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, comprometerse a no reincidir e informar de cualquier cambio de residencia.
El tiempo durante el cual el condenado ha permanecido en las zonas de concentración, durante el proceso de negociación y desmovilización, se computa como tiempo de ejecución de la pena alternativa. El artículo 32 de la Ley establece que el tiempo de permanencia computable al tiempo de ejecución de la pena alternativa no puede exceder de dieciocho meses.
La pena alternativa puede ser cumplida en establecimientos carcelarios u otras instalaciones, e incluso en el exterior.
Cabe preguntarse si la justicia aplicable a las guerrillas, será equivalente a la que se aplique a los miembros de la fuerza pública y policial, e incluso funcionarios de Gobierno, o se seguirá con el criterio de Justicia Transicional elaborada desde el Gobierno, para ser aplicada a quienes se desmovilicen.
El Presidente Juan Manuel Santos reiteró que no habría amnistía para los crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra y genocidio y en general, las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
“Aquí no habrá impunidad, como muchos han sugerido con el claro objetivo de desinformar. Eso nunca había pasado en ningún proceso de Paz. Y no se trata de sanciones meramente simbólicas. No”.
Se aplicará una justicia punitiva y, a la vez, una justicia restaurativa y reparadora, “para los miembros de las FARC que reconozcan que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones, impuestas por el Tribunal de Paz, con una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas”.
Ese tratamiento especial se aplicará siempre y cuando reconozcan públicamente su responsabilidad en tales crímenes, ofrecer verdad detallada sobre los delitos cometidos, y participar en las medidas de reparación y no repetición, incluyendo el compromiso de no volver a delinquir.
“Si no reconoce toda la verdad y responsabilidad en todos los delitos en que participó, la sanción puede llegar a ser hasta de veinte años de prisión”.
Esta es “la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados con grupos insurgentes que no se otorga una amnistía general, sino que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deberán ser investigados, juzgados y sancionados”.
Las “sanciones serán impuestas por un tribunal independiente e imparcial integrado por Magistrados de las más altas calidades; su ejecución practica estará sujeta a un régimen de seguridad y vigilancia, y habrá monitoreo continuo de órganos nacionales o internacionales”.
“Ya está establecido que no serán sugeridos y mucho menos nombrados por ninguna de la partes, sino que su designación será hecha por terceros que tengan un gran reconocimiento y legitimidad nacional e internacional”.
El tribunal será informado periódicamente sobre el cumplimiento de las sanciones que se considerarán cumplidas cuando el mismo tribunal “certifique que su sentencia fue ejecutada de manera seria y rigurosa” 1492.
Una vez más se habla en términos de “los buenos y los malos”, al hacer referencia exclusiva y excluyente de los juicios a los miembros de las FARC, en ningún caso a miembros de las fuerza pública u otros agentes del Estado.
El Proceso de Paz es Político y No Judicial
Justicia Punitiva o Retributiva versus Justicia Restaurativa
El Comandante Jesús Santrich de las FARC, recalcó que el proceso de Paz era político y no judicial y que buscaba:
“Un Acuerdo de Paz estable y duradera”.
Rechazó rotundamente los intentos por los organismos del Estado, como la Fiscalía, de desviar el proceso de Paz en términos judiciales.
Para Santrich, el tema de la justicia:
Debe ser asumido como superación de la desigualdad, la miseria y la carencia de democracia esencialmente, y no como el escenario de lo punitivo, de lo sancionatorio o penal.
Por eso en un proceso de Paz se habla de buscar formulaciones de tránsito hacia la justicia social.
En una larga confrontación como la que ha vivido Colombia como consecuencia de problemas de orden social y político, una solución que pase por el reconocimiento de los derechos de quienes de uno u otro lado han sido afectados o victimizados, implica asumir un sistema de justicia que recoja este planteamiento, y que en tal sentido se fundamente en la Verdad, en la posibilidad de la Reparación y el compromiso de No Repetición, lo que quiere decir que habría que superar las condiciones de miseria, desigualdad y exclusión política que han generaron el conflicto.
Las negociaciones en La Habana, desde la perspectiva de las FARC, no son un proceso judicial sino de diálogo para alcanzar la Paz, al lado de la solución de problemas centrales que tienen las mayorías en Colombia, como el de la necesidad de una reforma rural integral que coadyuve a la superación de la miseria y la desigualdad en el campo y para los sectores más marginales de la ciudad; o al lado de la solución a los problemas de participación política, que en esencia tiene que ver con la necesidad de expandir la democracia y resolver las múltiples y extensas carencias de la población rural y urbana, ha puesto sobre la Mesa salidas para alcanzar también una nueva política antinarcóticos integrada a la reforma rural integral, que con acento en los Derechos Humanos y respeto a la idea de que éste es un problema fundamentalmente social, ayude a superar este flagelo de carácter trasnacional. Las FARC asumen la atención a las Víctimas del conflicto como un deber que debe comprenderme como parte esencial de la búsqueda de la Paz como derecho síntesis.
Al caer en el terreno de la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto, las FARC han asumido los conceptos que en esta materia rigen el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional, expresando la necesidad de adecuar su interpretación y aplicación a las particularidades del conflicto colombiano, insistiendo en que tal reivindicación incluye como parte esencial, el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para alcanzar tal dimensión es que han planteado la aplicación de la justicia restaurativa, reparadora, prospectiva, transformadora que beneficie a las Víctimas del conflicto y al conjunto de la sociedad. La insurgencia colombiana, es la consecuencia de un Estado caracterizado por la guerra sucia y de exterminio de la oposición política civil y popular.
La justicia restaurativa es la misma llamada justicia reparadora. No se trata de una invención de las FARC; su conceptualización deriva de un amplio movimiento mundial que aboga por una visión en el derecho penal diferente a la concepción medieval punitiva y carcelaria, que de una u otra forma entra en el plano de la venganza, del llamado ojo por ojo, diente por diente mucho más anticuada incluso que lo estrictamente medieval.
Para la justicia restaurativa la Víctima y la Verdad son los epicentros de su razón de ser. En ella quien victimiza o comete un crimen, ha hecho un daño contra una persona o grupo de personas en concreto, contra las relaciones interpersonales, y eso es lo que hay que reparar buscando la reconciliación y no la venganza contra el ofensor. Esto marca una profunda diferencia con la muy generalizada y convencional justicia llamada retributiva en la que lo que se observa es el daño que se le hace a la norma jurídica y al Estado como víctima principal.
Justicia Retributiva vs. Justicia Restaurativa 1493
El crimen es un acto en contra del Estado, una violación de una ley, una idea abstracta.
El crimen es un acto en contra de otra persona y la comunidad.
El sistema de justicia criminal controla el crimen
El control del crimen yace primeramente en la comunidad
La responsabilidad del culpable se define como imposición de castigo
La responsabilidad se define como la carga de una culpa y la toma de acciones para reparar el daño
El crimen es un acto individual con responsabilidad individual
El crimen tiene dos dimensiones de responsabilidad, la individual y la social
El castigo es efectivo: La amenaza del castigo disuade el crimen. El castigo cambia el comportamiento
El castigo solo no es efectivo para el cambio de comportamiento y es perjudicial para la armonía de la comunidad y las buenas relaciones
Las víctimas son secundarias al proceso
Las víctimas son centrales en el proceso de resolución del crimen
El culpable se define por déficit
El culpable se define por capacidad de reparación
Enfocado en establecer culpa o responsabilidad, en el pasado (¿él/ella lo hizo?)
Enfasis en las relaciones conflictivas
Enfasis en el diálogo y la negociación
Imposición del dolor para castigar y disuadir/prevenir
Restitución como medio para rehabilitar a ambas partes; meta de reconciliación/restauración
La comunidad al margen, representada abstractamente por el Estado
La comunidad como mediadora en el proceso restaurativo
Respuesta basada en el comportamiento pasado del culpable
Respuesta basada en las consecuencias perjudiciales del comportamiento del acusado; el énfasis está en el futuro
Dependencia de un profesional apoderado
Participación directa de los involucrados
En términos muy generales explica el sentido de lo que las FARC consideran viable, para resolver la cuestión del componente justicia en el sentido sancionatorio, en el camino de la Paz, procurando que las Víctimas del conflicto jueguen un protagonismo expresándose libremente sobre los daños que han sufrido y cómo creen que deben ser reparados. A la Víctima se le debe responder con medidas concretas de reparación y una de esas medidas es la Verdad, que es el único camino que permitiría al ofensor reencontrarse con la Víctima en un espacio de reconciliación, Restituyendo, Reparando a la Víctima y al entorno social, con lo cual las consecuencias de la falta se resuelven, en gran medida, con la participación de la comunidad.
A la justicia restaurativa las FARC la enmarcan, dentro de lo que han llamado el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, partiendo de la idea de que su formulación no riña con el Derecho Internacional, ni con el apego a las causas, orígenes y consecuencias de la confrontación. Por ello partieron para su diseño, por la conformación de una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue la encargada de alcanzar la claridad sobre la Verdad histórica, sobre el por qué del conflicto, para así saber hacia dónde apuntar al momento de proponer soluciones.
Deben definirse algunos elementos en la “Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, con la participación central de las Víctimas, para coadyuvar a la construcción de una Verdad exhaustiva e irrefutable que sea la base del esclarecimiento de los hechos para la búsqueda de soluciones que permitan el paso a la justicia social y la normalización del país.
Están también los componentes como Reparación y No Repetición, alrededor de los cuales las FARC han buscado medidas específicas. El Sistema tiene varios componentes y uno de ellos es la justicia, pero todos están estrictamente interrelacionados; por ello se denomina sistema integral, y en él la Verdad debe brindarse en la Comisión de Esclarecimiento, de manera exhaustiva, pero habrá que encontrar algún mecanismo especial que permita abrir campo a la definición de las sanciones, a que se de lugar para quienes hayan cometido los daños o las victimizaciones. Esto no necesariamente debe ser dentro de la Comisión de Esclarecimiento.
Dentro de la visión de las FARC, este sistema debe ser para todos los actores. Esta concepción reafirma la idea de que en La Habana no se está ante un proceso judicial contra la insurgencia particularmente, ni contra ninguna de las partes que han participado del conflicto en una u otra orilla, sino que se está en un proceso eminentemente político que busca alcanzar, no la rendición o el sometimiento de la guerrilla, sino un Acuerdo de Paz estable y duradera cuya esencia es la superación de las causas de diverso tipo que generaron el conflicto. En estos términos, y no como el escenario para juzgar a las FARC, se debe entender la dosis de justicia que requiere el proceso y requiere Colombia para salir de la guerra.
De esto se deduce que, en la propuesta de solución no está para nada la idea de someter a la insurgencia a tribunal alguno de juzgamiento, menos si se trata de tribunales de la jurisdicción colombiana, sobre todo si se toma en cuenta que en la media en que la insurgencia considera al Estado como el supremo responsable de la confrontación y de las victimizaciones, éste ha hecho colapsar su propia capacidad para juzgar y sancionar, que es lo que las FARC llaman crisis total del jus puniendi. El Estado colombiano no puede pretender ser Juez y parte en un proceso como el de La Habana.
Ateniéndose a consideraciones estrictamente judiciales, concernientes al asunto de responsabilidades penales en el marco de la confrontación, lo que no es lo propio de un proceso esencialmente político, habría que decir, que en materia de impunidad no son las FARC las beneficiarias. No es alrededor de la insurgencia que abreva la impunidad, ya que es más que evidente que el Estado colombiano -los Gobiernos de turno- ha perseguido, y en gran medida con saña, a las guerrillas y a quienes considera su entorno de apoyo, incluso mediante procedimientos de guerra sucia y de persecución judicial extremos e ilegítimos que han afectado a inmensas franjas de la población no combatiente.
La impunidad existe para los generadores e instigadores del paramilitarismo y para quienes forman parte del bloque de poder dominante, incluida su dirigencia política, empresarial, financiera y económica en general. Si se tratara de asignar responsabilidades a las fuerzas militares y de policía, esto no podría quedarse en el campo de los combatientes, pues la cadena de mando no termina en los Estados Mayores de estas fuerzas sino en la Casa de Nariño, en la Presidencia y en el Consejo de Ministros. Para la justicia internacional, no hay exoneración para nadie, por el hecho de ser alto funcionario o el más elevado representante de un Gobierno o cargo político.
Desde los grandes medios se alienta la idea de que en Colombia, lo que ha habido es una guerra de los terroristas de las FARC y del ELN contra la sociedad o contra la población. Esto es absolutamente falso, en primer lugar porque sean FARC o ELN, no son terroristas y luego porque la guerra de resistencia ha sido contra el régimen de injusticia que ha victimizado a las mayorías. No cabe que en el nivel de avance que han alcanzado los diálogos, se pretenda que es desde la Fiscalía General de Colombia que se deben calificar los hechos y las responsabilidades a partir de parcializados y sesgados paquetes de imputaciones que evidentemente apuntan sólo hacia los alzados en armas, fundándose en ficciones jurídicas, mientras contra los organizadores, instigadores y financiadores del paramilitarismo que se esconden en el seno de los gremios económicos nacionales y en las mismas trasnacionales, no hay dos sentencias. Esto indica la posición falseada de la Fiscalía, y del sistema judicial colombiano. ¿Por qué hay una “unidad de contexto” para construirle un prontuario delictivo a las FARC, y se emplean en ello a centenares de funcionarios y millonarias sumas de dinero contratando a personas que fabriquen los casos, y en cambio no ocurre los mismo respecto a los crímenes de Estado, incluyendo las atrocidades del paramilitarismo? Lo único que ha operado para tratar esto último es un proceso de “Justicia y Paz” más ligado a la impunidad que a otra cosa, pues aun habiéndose producido la supuesta “desmovilización” de casi cuarenta mil paramilitares, hasta el momento no hay más de treinta y cinco sentencias, mientras que para los instigadores puede haber si acaso una.
Se está diseñando un sistema integral que incluye el componente justicia ligado a otros de Reparación y No Repetición, en el que la Verdad y el protagonismo de las víctimas son esenciales. Pero también se debe partir de que para resolver el conflicto, algo muy importante que habría que hacer, no sólo en materia política, sino también en materia judicial, es reconocer que lo que ha habido en este último medio siglo es un alzamiento contra un orden social injusto, lo que todo en el campo político y en la idea de que la solución al conflicto en este proceso de diálogos es esencialmente política, por más elementos de orden judicial que se le quieran incluir.
En tal sentido habría que restablecer el delito político incluyéndole las más amplias conexidades; habría que pactar una Ley de amnistía también muy amplia para resolver el asunto de la ilegalidad de la insurgencia y si llegare a haber casos que no son amnistiables, debe existir un mecanismo extrajudicial para alcanzar la normalización. Estos son elementos que deben tenerse en cuenta en la definición de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que cuente con el protagonismo de las víctimas del conflicto, y tenga como eje, no una justicia punitiva retributiva, sino la justicia restaurativa, reparadora, prospectiva y la doctrina del Margen Nacional de Apreciación, en lo que respecta al énfasis que se le deberá dar a la historia, las costumbres, la forma de ser como colombianos.
El mecanismo extrajudicial que opere, tomando como base de acción que se garantice la verdad exhaustiva, y que se asuman sanciones reparadoras en el seno de las comunidades, brinda todas las posibilidad de que sobre los hechos que ahí se traten haga efecto de cosa juzgada. Nada de esto riñe con las normas internacionales. Este es el Sistema que se debe diseñar bilateralmente bajo el abrigo del único Marco Jurídico que tiene este proceso, y que es el Acuerdo General de La Habana.
No hay ninguna norma internacional que obligue a que las sanciones deban ser carcelaria o de privación de la libertad o deducirse de enjuiciamientos penales; hay que recordar que mientras el Estado es el máximo responsable por acción y por omisión de las victimizaciones, las FARC, independientemente de los errores que hubiesen cometido sin intención de causar daño, y sobre los cuales han dicho que están dispuestos a responder, hablan desde la orilla de las víctimas.
Cada una de las partes tiene sus propias visiones, pero es posible aproximar posiciones si se dejan de lado los ánimos retaliatorios y no se alimentan los odios.
Las FARC no están dispuestas a aceptar un mínimo de privación de la libertad. Persistir en la idea de llevar a la cárcel a la insurgencia es un maximalismo inaceptable. Este no es un proceso judicial contra las FARC. Si se trata de buscar responsables para aplicar la justicia retributiva y carcelaria, los nichos de la impunidad están dentro del bloque de poder dominante.
La rebelión es un derecho universal que la guerrilla ha ejercido, del que no existe arrepentimiento alguno y por el que no admite sanción de ningún tipo. No son las comunidades empobrecidas que han padecido los rigores de la guerra las que claman cárcel sino las voces del establishment que es donde se rebosa la impunidad. Una visión intransigente y equivocada en la definición de un Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que incluya un componente de justicia vengativo no puede atravesarse en el camino que se ha ido abriendo hacia la conquista de la Paz 1494.
Organizaciones sociales y jurídicas colombianas, hicieron público un documento conteniendo pronunciamientos con fuertes críticas, al Acuerdo de “Justicia para la Paz” celebrado en La Habana entre el Gobierno y las FARC, particularmente en lo que se refiere a crímenes de Estado y derechos de las víctimas.
Los autores del documento apoyaron los avances positivos del proceso de Paz, pero manifestaron que:
“Es también una obligación política y moral realizar observaciones críticas sobre aquellas materias que, consideramos, pudieran tener graves consecuencias para los Derechos Humanos y de los pueblos”.
Al igual que Amnistía Internacional, en el pronunciamiento califican de ambiguo el Acuerdo, y lo consideran “decepcionante”. Afirmaron que con el sofisma de una “pedagogía para la Paz” se estaban fraguando mensajes manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de lucha de las víctimas de crímenes de Estado.
Sus críticas fueron sustentadas en ocho mecanismos de impunidad contenidos en el Acuerdo, así como en la “campaña de promoción para ofrecerlos como solución pragmática en una estrategia todavía más turbia de impunidad en favor del Estado”.
1. La inmunidad de los Presidentes, a pesar de la comprobada participación de varios de ellos en la definición e implementación de los crímenes de Estado.
2. La previa justificación o apología de favorecedores del paramilitarismo, al incluir como beneficiarios a los financiadores o participantes indirectos de ese mecanismo de violencia.
3. La eventual renuncia de la acción penal, que significa la omisión del deber internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
4. La deformación de la amnistía contemplada en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, al incluir a funcionarios públicos (militares y civiles) así como a no combatientes relacionados con la financiación o el narcotráfico.
5. La ruptura de la cadena de mando, que significaría la impunidad para oficiales de alto rango que ordenaron los crímenes.
6. El ocultamiento de los crímenes de lesa humanidad, al calificarlos como actos relacionados con el conflicto armado, cuando la inmensa mayoría de los hechos de violencia fueron ejecutados contra la población civil, en razón de su orientación política o su papel como líder social, entre otras causas.
7. El especial trato de privilegio en sanciones a agentes estatales y paraestatales, por ejemplo con el mantenimiento del fuero carcelario.
Criticaron, cómo algunos abogados de las FARC, reunidos con la asociación de militares en retiro (ACORE) “y otros sectores de la derecha, que la amnistía podría aplicarse para agentes del Estado, y se orienta hacia la obtención de penas irrisorias y la excarcelación de militares genocidas o vinculados con violaciones a los Derechos Humanos”.
Como uno de los ejemplos más preocupantes de la aplicación del Acuerdo de Justicia para la Paz, se señaló el caso del ex-Gral. Rito Alejo del Río, quien podría verse beneficiado, a pesar de haber sido condenado por la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad.
La publicación del documento tendría como objetivo: “enfrentar con el arma de la razón a un orden de cosas injusto, y construir una memoria histórica y de dignidad”. Por tal motivo se partió de la base de la ilegitimidad e incoherencia del contenido del Acuerdo “al ser muy escaso el proceso de sustentación desde y por las víctimas de crímenes de Estado, y la integralidad de sus derechos; y al estar muy distante de la perspectiva histórica y ética de los derechos de los pueblos”. Se criticó el hecho de que las determinaciones que aparecen reflejadas en dicho Acuerdo de Justicia Transicional fue suscripto sólo entre dos partes, pero afecta a terceros, que serían los millones de víctimas de la violencia ejercida desde el Estado y las élites económicas y políticas en Colombia.
Por otra parte, el Acuerdo también parte de la base de reconocer legitimidad a la actuación del Estado durante el desarrollo del conflicto. Pero si ello hubiese sido así, “nunca se habría llegado a esta realidad cuantitativa y cualitativa de millones de víctimas de la violencia estatal”. Por eso se considera esa presunción como una distorsión de la realidad que favorece a altas jerarquías del poder instituido.
Las organizaciones que firman el pronunciamiento, opinan que en el Acuerdo de Justicia para la Paz se ha producido un triunfo de las posiciones del Estado.
A pocos días de firmado el Acuerdo, el Gobierno notificó al país y al mundo las medidas que se implementarían para que la mayoría de los responsables de crímenes de lesa humanidad en la cadena de mando y beneficiarios de la guerra sucia, tengan la seguridad jurídica de evadir la persecución legal, o a cambio de una poca o graduada verdad superficial obtengan una perenne seguridad jurídica.
Este triunfo del establishment estaría representado en dos factores:
1) La posición del derecho a la rebelión (reconocido como tal en la declaración universal de los Derechos Humanos), que resulta equiparada a la criminalidad de Estado, lo cual representaría una derrota política y moral significativa.
2) “Lo que ha sido tan costoso generar en la conciencia de espacios y luchas del pueblo colombiano: la convicción y la prueba de que hemos enfrentado a una organizada maquinaria de terrorismo e impunidad institucionalizada de los poderosos”.
Quienes plantean su posición crítica en el documento, aclaran que se diferencian “radicalmente de quienes desde la derecha (Alvaro Uribe, Procurador Ordóñez y muchos otros), desacreditan dicho Acuerdo de Justicia, como una forma de atacar el proceso de Paz. Nos separamos también del oportunismo y desfachatez de quienes, defendiendo artificios dentro del proceso de Paz (ejemplo: el saliente Fiscal Montealegre y la inmensa mayoría de la clase política), proponen y preparan desde las instituciones, la libertad de agentes del Estado y de paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como una forma de simetría para compensar y aventajar los intereses de sus castas frente a la condicionada liberación de unos cuantos guerrilleros” 1495.
Justicia Transicional para Civiles
El Presidente Juan Manuel Santos, dio a conocer cómo sería aplicada la Justicia Transicional para los civiles que participaron en el conflicto armado de Colombia.
“Lo que queremos es cerrar totalmente el conflicto, estamos dando la oportunidad para que también los civiles puedan tener seguridad jurídica y estar tranquilos hacia el futuro (…) los civiles antes que nada han sido víctimas y no los vamos a victimizar de nuevo”.
El trato con estos actores del conflicto será especial y, por ningún motivo quienes hayan sido víctimas de extorsiones serán objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz; solo en casos determinantes. Por el contrario quienes hayan incurrido en delitos graves de manera deliberada, como los de lesa humanidad, el genocidio o el desplazamiento forzado, deberán pagar una pena que en ningún momento será mayor a aquella con que se le castigue a los demás actores que hayan participado en los mismos hechos. Los civiles involucrados en esos ilícitos, podrían terminar castigados hasta con privación de la libertad de cinco a ocho años; pena prevista para los guerrilleros que se acojan a la Justicia Transicional.
“Debe haber, además, acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas que están en el centro de la solución de este conflicto”.
Si las conductas por las cuales son juzgados no revisten la gravedad de los delitos anteriormente citados, los civiles juzgados podrían ser cobijados con la cesación de los procesos penales en su contra, dado que la Justicia Transicional concentra su atención en los más flagrantes delitos cometidos en el marco del conflicto.
“No se trata de ninguna manera de una persecución o de una cacería de brujas”.
La justicia será para los verdaderos culpables y no para inocentes. “Quienes no participaron por voluntad y cuenta propia en algún hecho delictivo dentro del marco del conflicto, no tienen nada que temer”.
El Gobierno dio por cerrado el capítulo sobre la definición de los lineamientos de justicia que se aplicarían en el país con miras a la resolución del conflicto armado interno. Las FARC tendrían penas de cinco a ocho años si se acogen a esa norma y hasta de veinte años si se les descubre que ocultaron hechos graves de violaciones a los Derechos Humanos, pasando esos procesos específicos a ser competencia de la justicia ordinaria. A los militares se les garantizó un trato especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, con la garantía de que a la hora del juzgamiento serían tratados con las normas establecidas en el Derecho Internacional Humanitario. A los civiles se les garantizó que no tendrán penas mayores que los demás involucrados en los ilícitos 1496.
1468 García Segura, Hugo, Desminado: un paso firme hacia la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-3-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/desminado-un-paso-firme-Paz-articulo-548153. También, Gobierno colombiano y las FARC colaborarán en desminado, en BBC Mundo en Español, 8-3-2015, http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150307_ultnot_colombia_FARC_desminado_az. Asimismo, Comunicado Conjunto No. 52, Acuerdo sobre limpieza de minas entre gobierno y FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 7-3-2015, http://www.pazFARC-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/comunicado-conjunto/2534-comunicado-conjunto-no-52-acuerdo-sobre-desminado.
1469 Disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902.
1470 El Período de la Violencia, comprende desde 1948 hasta 1953 y se caracterizó por el enfrentamiento entre los Partido Liberal y Partido Conservador, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político.
1471 Argentina abandonó el punto final y el indulto y juzgó a todos los responsables en sus diferentes niveles, avanzando por sobre los niveles alcanzados en los juicios de Núremberg y Tokio.
1472 Es probable que la referencia esté asociada a las quejas que algunos sectores de las fuerzas armadas en ejercicio y en retiro han hecho, así como al “uribismo” que se ha expresado contrario al proceso y a la manera en que es encarado por el Gobierno de Santos.
1473 Espaldarazo de Mindefensa a propuesta de César Gaviria sobre justicia transicional, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/espaldarazo-de-mindefensa-propuesta-de-cesar-gaviria-so-articulo-544305.
1474 Orozco Tascón, Cecilia, La Propuesta de Gaviria: difícil de digerir, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-2-2015, http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/9471-la-propuesta-de-gaviria-dificil-de-digerir.
1475 Cesar Gaviria propuso que Santos tenga facultades extraordinarias en proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/cesar-gaviria-propuso-santos-tenga-facultades-extraordi-articulo-567377.
1476 Este es el caso de Argentina.
1477 Editorial Nº 465 Revista Insurrección, Perdón Eterno para el Terrorismo de Estado, en ELN, Voces de Colombia, 23-2-2015, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comando-central/1181-perdon-eterno-para-el-terrorismo-de-estado.
1478 Período de enfrentamiento entre el partido Liberal y el Conservador.
1479 Duverger, Maurice, Los Partidos Políticos, (México, FCE, 1957).
1480 Grupo Quimera, ¿Indultar al Estado colombino?, en Kaosenlared.net, 27-2-2015, http://kaosenlared.net/indultar-al-estado-colombino/.
1481 Duque, Horacio, Colombia: Fin Integral y Simultáneo del Conflicto Armado Colombiano, en Kaosenlared.net, 21-1-2015, http://kaosenlared.net/colombia-fin-integral-y-simultaneo-del-conflicto-armado-colombiano/.
1482 Ver, Las Fuerzas Militares en un escenario de postconflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/fuerzas-militares-un-escenario-de-postconflicto-articulo-553707.
1483 En base al reportaje hecho a Iván Márquez en: “El Tema de la Justicia es una Mula Muerta en el Camino de la Paz”: Iván Márquez, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 31-5-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/663-el-tema-de-la-justicia-es-una-mula-muerta-en-el-camino-de-la-Paz-ivan-marquez.
1484 Creación de la Comisión de la Verdad: Quien acude a Comisión de la Verdad tendría derecho a tratamiento penal especial, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/quien-acude-comision-de-verdad-tendria-derecho-tratamie-articulo-564706.
1485 Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 4-6-2015, http://www.pazFARC-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/comunicado-conjunto/2764-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.
1486 Aldecoa, Matías, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, un Salto Adelante, en PazFARC-EP.org, 12-6-2015, http://www.pazFARC-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/comunicado-conjunto/2764-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.
1487 “Sin Verdad no hay Justicia”: Pablo Catatumbo, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 7-6-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/739-sin-verdad-no-hay-justicia-pablo-catatumbo.
1488 FARC celebran Comisión de la Verdad pero rechazan normas penales unilaterales, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-celebran-comision-de-verdad-rechazan-normas-penale-articulo-564589.
1489 El Derecho Penal subjetivo se identifica con el Ius Puniendi, expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Es el derecho a penar o derecho a sancionar. Sólo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena.
1490 Carta del Comandante Iván Márquez al Procurador Alejandro Ordoñez, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 12-6-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/798-dice-ivan-marquez-FARC-que-el-procurador-ordonez-pretende-ser-un-director-de-orquesta-a-distancia-de-todas-las-partituras.
1491 FARC crearían subcomisiones adicionales frente al tema de justicia, en Diario el Espectador, Bogotá, 8-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-crearian-subcomisiones-adicionales-frente-al-tema-articulo-565173.
1492 Sanción a guerrilleros puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión, dice Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/sancion-guerrilleros-puede-llegar-ser-hasta-de-20-anos-articulo-616687.
1493 Conflict Solutions Center, Santa Barbara, USA, http://www.cscsb.org/restorative_justice/retribution_vs_restoration.html.
1494 Emanuelsson, Dick, Entrevista a Jesús Santrich, FARC-EP: “Como Insurgentes no Vamos a Pagar un Segundo de Cárcel”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 1-9-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/1775-entrevista-a-jesus-santrich-FARC-como-insurgentes-no-vamos-a-pagar-ni-un-segundo-de-carcel.
1495 Colombia. La Justicia Transicional sería un Acuerdo de impunidad, en kaosenlared.net, 17-2-2016, http://kaosenlared.net/la-justicia-transicional-seria-un-acuerdo-de-impunidad/.
1496 Santos explica cómo funcionará la justicia transicional para civiles, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-explica-funcionara-justicia-transicional-civiles-articulo-607299.

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 22
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución