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Timestamp: 2020-01-24 05:58:57+00:00

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STC 39/2015, 2 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 564877514
STC 39/2015, 2 de Marzo de 2015
Número de Recurso: 4219-2012
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de julio de 2012, doña María Teresa Infante Ruiz, Procuradora de los Tribunales y de don Miguel Ángel Gutiérrez Peinado, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
Los hechos en los que se funda la demanda, relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
El demandante de amparo, junto con su esposa, concertó un préstamo hipotecario con el Banco Popular Español, S.A., elevado a escritura pública notarial (en fecha 13 de febrero de 2004) inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarrobledo (Albacete).
El 17 de julio de 2008 las mismas partes pactaron la ampliación del capital del préstamo, a través de la novación modificativa del primer contrato, pacto que en dicha fecha fue elevado a escritura pública ulteriormente inscrita en el Registro de la Propiedad.
Por Auto de 4 de enero de 2012, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete) ordenó el despacho de la ejecución contra el demandante de amparo y su esposa, por la cantidad de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un euros con cuarenta y ocho céntimos (120.491,48 €) en concepto de principal de deuda e intereses ordinarios, más otros treinta y seis mil euros (36.000 €) en concepto de intereses provisionales a devengarse durante la ejecución, en virtud de demanda ejecutiva que presentó el 3 de enero de 2012 la representación procesal del Banco Popular Español, S.A. A la ejecución forzosa se le dio el trámite del procedimiento especial que regulan los arts. 681 a 698 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC) (autos de ejecución hipotecaria núm. 4-2012).
El 9 de marzo de 2012, dentro del plazo concedido por el Juzgado, el demandante de amparo interpuso, junto con su esposa doña Águeda Parra Arribas, escrito de oposición a la ejecución hipotecaria, que fue desestimada por el Auto de 17 de abril de 2012, una de las resoluciones impugnadas en amparo.
El Auto del Juzgado de 17 de abril de 2012 fundamenta la desestimación de la pretensión incidental, resumidamente, en que los motivos de oposición que enumera el art. 695 de la Ley de enjuiciamiento civil son numerus clausus ; por lo cual, los que sirven de fundamento a la oposición de los ejecutados no pueden ser resueltos en el seno del incidente, quedando expedita la posibilidad de plantear cualquier reclamación del deudor ejecutado en el procedimiento declarativo que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 698 LEC. Afirma el Auto que no nos encontramos ante un supuesto de extinción de la garantía o de la obligación garantizada (art. 695.1.1 LEC), que tampoco hay un error en la determinación de la cantidad exigible (art. 695.1.2 LEC), y que tampoco sería encuadrable la oposición en el supuesto del art. 695.1.3 LEC, motivo por el cual la oposición se debería plantear en un procedimiento declarativo posterior.
Contra este Auto se promovió incidente de nulidad de actuaciones. Según el escrito presentado, de 21 de mayo de 2012, la falta de determinación en la segunda escritura pública del tipo de la subasta es un defecto apreciable de oficio por el tribunal, que debería conducir a la nulidad de lo actuado, pues la falta de este requisito determina la inadecuación del procedimiento especial de ejecución. Aclara la parte que no se denuncia la nulidad del título, sino el incumplimiento de un requisito procesal cuya inobservancia debería tener como consecuencia, insiste, la nulidad de lo actuado. Asimismo, se considera incorrecto que al amparo de los límites que impone el art. 698 de la Ley de enjuiciamiento civil, el Auto no dé respuesta a la excepción procesal alegada de incumplimiento de los requisitos de procedibilidad en relación con la falta de fijación del tipo de la subasta, lo que le causa indefensión.
Por providencia de 23 de mayo de 2013, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo inadmitió a trámite el incidente planteado, al considerar que la falta de fijación del tipo de la subasta en la segunda escritura pública ya fue denunciada en el trámite de oposición a la ejecución que fue desestimado, al igual que ocurrió con la alegación sobre la nulidad del título, lo que implica que no se dan los presupuestos de admisibilidad del incidente de nulidad de actuaciones, ex art. 228 LEC. En la providencia no se hace mención a la denunciada falta de resolución sobre la excepción de improcedencia del procedimiento especial hipotecario.
La demanda de amparo se queja de que tanto el Auto de 17 de abril de 2012 como la providencia de 23 de mayo de 2012, han lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa (art. 24.1 CE) del recurrente en un doble aspecto: por falta de pronunciamiento sobre un requisito de procedibilidad suscitado en el trámite de oposición, que le priva de una decisión motivada sobre el fondo de dicha excepción; e indefensión por inadmitirse a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquel Auto.
Con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo, el aquí recurrente y su esposa promovieron un segundo incidente de oposición a la ejecución en el mismo procedimiento hipotecario, al amparo de la previsión extraordinaria contenida en la disposición transitoria cuarta , párrafo segundo, de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, “de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La oposición se basó en la nueva causa prevista por el artículo 695.1.4 LEC: el “carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible”; suplicando “el sobreseimiento de la ejecución o subsidiariamente su continuación con inaplicación de las cláusulas consideradas abusivas”, en referencia a la cláusula relativa a la fijación del valor del bien inmueble para que sirva de tipo de la subasta y de aquella otra que impone un tipo de interés mínimo (cláusula suelo), además de cuestionar la liquidación unilateral de deuda efectuada por la entidad acreedora.
En virtud de providencia de 12 de septiembre de 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la ejecución hipotecaria núm. 4-2012, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo.
Una vez recibidos los testimonios de las actuaciones, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, mediante diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2013, acordó tener por personado como parte en el procedimiento al Banco Popular Español, S.A., y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas por plazo común de veinte días, conforme al art. 52.1 LOTC, para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
Evacuando el referido trámite, la representación procesal del Banco Popular Español, S.A., presentó escrito de alegaciones el 3 de enero de 2014 (ratificadas por nuevo escrito registrado en fecha de 11 de marzo de 2014), en el que se solicitaba la inadmisión del recurso o bien su desestimación.
Por escrito de 3 enero 2014, la representación procesal del demandante de amparo dio por reproducidos íntegramente los hechos, fundamentos y alegaciones del escrito de demanda y reiteró la petición de estimación del amparo.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 6 de marzo de 2014, interesó el otorgamiento del amparo solicitado.
Por providencia de 26 de febrero de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de marzo de 2015.
La demanda de amparo alega dos supuestas vulneraciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: la primera, producida por el Auto de 17 de abril de 2012, en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete) decidió no entrar a resolver la excepción procesal planteada como fundamento del incidente de oposición a la ejecución hipotecaria, remitiendo a los ejecutados, con cita del art. 698 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), a la interposición en su caso de un juicio declarativo posterior. Y la segunda vulneración, atribuida a la providencia del 23 mayo de 2012 que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones en el que se denunciaba la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ante la falta de resolución por dicho Auto, de la excepción procesal planteada.
Antes de entrar en el fondo del recurso es preciso dar respuesta a la alegación que plantea la representación procesal del Banco Popular Español, S.A., sobre la posible concurrencia de un motivo de inadmisibilidad de la demanda de amparo. De acuerdo con su escrito de alegaciones, la inadmisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones habría implicado la extemporaneidad de la demanda por alargamiento indebido de la vía jurisdiccional, al producirse la caducidad del plazo de treinta días para su interposición que establece el art. 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), debiendo contarse el mismo desde la fecha de la notificación del Auto de desestimación del incidente de oposición a la ejecución hipotecaria.
En cuanto al fondo, el primero de los motivos de amparo se basa, como se ha expuesto, en la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la negativa del Juzgado ejecutor a dar respuesta a la excepción procesal planteada por el demandante de amparo y su esposa en el incidente de oposición a la ejecución, a saber, la inadecuación del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como consecuencia de que el título ejecutivo no habría cumplido con uno de los presupuestos establecidos por el art. 682.2.1 LEC.
Debe señalarse, en primer término, que esta queja de amparo no puede ser ubicada en el terreno de la incongruencia omisiva, en cuanto lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La demanda entiende contrario al derecho fundamental que el órgano judicial afirme que hay “imposibilidad de pronunciarse” sobre la excepción interpuesta, pero eso no quiere decir que el recurrente no haya obtenido una respuesta del órgano judicial a la petición de nulidad del procedimiento por incumplimiento del requisito del art. 682.1.1 LEC. Con arreglo a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la incongruencia omisiva se produce cuando “una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste” (SSTC 155/2012, de 16 de julio, FJ 2, y 269/2006, de 11 de septiembre, FJ 4; por todas). En el caso, no hay falta de respuesta judicial, con vulneración de la prohibición del non liquet , sino una decisión consistente en no entrar en la cuestión controvertida sobre la base de la concurrencia de un óbice procesal que lo imposibilita, decisión que satisface las exigencias constitucionales de exhaustividad en las resoluciones judiciales.
Existiendo, pues, una respuesta judicial motivada a la excepción procesal planteada en el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria, la queja de amparo queda reducida a determinar si el Auto de 17 de abril de 2012, al negarse a entrar en el fondo de la cuestión planteada con arreglo a las razones que ofrece, supone una respuesta razonada y proporcionada que se funda en una causa legal o si, por el contrario, el órgano judicial ha sido excesivamente riguroso, desde el punto de vista del derecho fundamental invocado.
No está de más recordar que la decisión sobre la admisión o no de una demanda (como lo es, desde luego, la demanda ejecutiva basada en un título hipotecario, y como lo es también la demanda incidental de oposición), así como la apreciación de la concurrencia o no de los presupuestos y requisitos materiales y procesales constituyen cuestiones de estricta legalidad ordinaria, cuya resolución compete a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad que privativamente les confiere el art. 117.3 CE, siendo facultad propia de la jurisdicción ordinaria determinar cuál sea la norma aplicable al supuesto controvertido (STC 122/1999, de 28 de junio, FJ 3). Ahora bien, el Tribunal Constitucional sí puede someter a control las decisiones sobre la concurrencia o no de presupuestos y requisitos procesales en “aquellos supuestos en los cuales la interpretación efectuada por el órgano judicial de la normativa declarada aplicable sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente” y cuando del acceso a la jurisdicción se trate, en los casos en los que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y la relevancia de los intereses que se sacrifican” (STC 33/2002, de 11 de febrero, FJ 5. En el mismo sentido, SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 92/2008, de 21 de julio, FJ 2, y, más recientemente, 129/2014, de 21 de julio de 2014, FJ 4). Asimismo, hemos sostenido que “el derecho a la tutela judicial efectiva excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la jurisdicción, y que tal derecho fundamental no exige necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las que resulten posibles” (STC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 4, y las que en ella se citan). “En definitiva, y conforme a lo anteriormente expuesto, en nuestro enjuiciamiento habremos de partir de que resultan constitucionalmente legítimas desde la perspectiva del derecho fundamental de acceder a la jurisdicción, aquellas decisiones de inadmisión o de finalización anticipada del proceso, sin que se resuelva sobre el fondo de las pretensiones deducidas en él, cuando encuentren amparo en una norma legal interpretada y aplicada razonablemente y sin rigorismo, formalismo excesivo o desproporción.” (STC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 4).
A la luz de la doctrina anterior, la decisión del órgano judicial de no entrar a resolver la causa de nulidad del procedimiento en que se basó la oposición a la ejecución hipotecaria, remitiendo al ahora demandante y a su esposa —como coejecutados— al procedimiento declarativo correspondiente para resolver sobre la procedencia misma del procedimiento especial que se seguía contra ellos, no cumple con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva.
La estimación del primero de los motivos de amparo hace innecesario pronunciarse sobre la queja que se dirige contra la providencia de 23 de mayo de 2012 que decidió no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, y conduce a la declaración de nulidad, en primer lugar, del Auto de 17 de abril de 2012, que desestimó el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria núm. 4-2012 seguida ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete), el cual debe ser sustituido por una nueva resolución judicial en la que se dé respuesta a la alegación procesal planteada sobre la falta del presupuesto procesal que establece el art. 682.2.1 LEC. También declaramos nula la citada providencia de 23 de mayo de 2012, en cuanto no repara la vulneración causada por aquella resolución.
Restablecerlo en el citado derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de 17 de abril de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete), en los autos sobre ejecución hipotecaria núm. 4-2012, así como también la nulidad de la providencia de 23 de mayo de 2012 y el Auto de 10 de septiembre de 2013, dictados por el propio Juzgado.
Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de resolver el incidente de oposición a la ejecución planteado por la parte ejecutada, para que en su lugar se dicte una resolución que sea respetuosa del contenido del derecho fundamental que le ha sido reconocido, en los términos y con el alcance que se concreta en el anterior fundamento 7 de esta Sentencia.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 695
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución