Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20051007.htm
Timestamp: 2020-05-30 09:26:46+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 7 Octubre 2005
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 7 Octubre 2005
Ante el federalismo de Zapatero
ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS ABC 7 Octubre 2005
Pío Moa Libertad Digital 7 Octubre 2005
Zapatero, Rajoy y la política de desarraigo nacional
Editorial ABC 7 Octubre 2005
Gobierno sin fronteras
GEES Libertad Digital 7 Octubre 2005
Zapatero y Salomón
Pablo Sebastián Estrella Digital7 Octubre 2005
Maragall confiesa
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital7 Octubre 2005
José Javaloyes Estrella Digital 7 Octubre 2005
Lobos transmutados en corderos
Antonio Jiménez elsemanaldigital 7 Octubre 2005
NO ANDA LA COSA BIEN
POR RAMÓN PI El Ideal Gallego 7 Octubre 2005
Nación y nación
Editorial HERALDO DE ARAGÓN 7 Octubre 2005
Jiménez de Parga dice que el Estatuto de Cataluña "no sólo es inconstitucional sino anticonstitucional"
Agencias Libertad Digital 7 Octubre 2005
EL ESTATUTO DE GEORGE Orwell
ABC Cataluña 7 Octubre 2005 En misa y repicando
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ESCRITOR Y PERIODISTA ABC 7 Octubre 2005
... Lo que no termina de encajar es que Barcelona se erija en capital económica de España, a la par que Cataluña denuncia sus compromisos con el resto de los territorios españoles...
MUCHOS observadores coinciden en pensar que Maragall se ha convertido en un problema. No parece posible, en efecto, que el orden instaurado por el consenso del 78 sea compatible con la visión de España que cultiva el President. Ahora bien, existen problemas y problemas. Algunos problemas se caracterizan porque son claros, amén de graves. Es el caso de ERC. Los republicanos persiguen la independencia de Cataluña, anhelo que no cabría llevar adelante sin una suspensión de lo que España ha venido siendo desde hace siglos. Otros problemas añaden, a su gravedad, una suerte de oscuridad intrínseca, de tensión insuperable. A esta segunda categoría pertenece, me temo, el problema Maragall. Cabría decir que el problema Maragall, y perdonen el retruécano, constituye un problema... en sí mismo problemático.
Maragall no aspira sólo a manumitir a Cataluña de los controles y vinculaciones institucionales en virtud de los cuales queda integrado un territorio en una unidad superior. Pretende, de añadidura, reconstruir España partiendo de esa parte previamente segregada. Que el presidente del Gobierno semeje sintonizar con el proyecto arroja más leña al fuego ¿Qué habría de ocurrir para que se consumara la síntesis de que habla Maragall? Conviene recordar que el Estado de las Autonomías se compone de diecisiete piezas, a las que no se puede borrar del mapa de un manotazo. Aterrizaríamos, a la postre, en una suerte de confederación, que no sería descabalado distinguir con el título de «Confederación de los Pueblos de España» y que alojaría un número todavía por definir de elementos, algunos de los cuales coincidirían con CC.AA. ahora vigentes, y otros surgirían de amalgamas y refundiciones diversas. ¿Qué trazas tendría esa confederación? Desconocemos los detalles del invento, aunque nos encontramos ya en grado de imaginar su silueta. Existen atisbos, barruntos, sugerencias. López Burniol, en un artículo publicado el 19 de mayo en «El País» -«Desde Cataluña»-, compendiaba bien la visión catalana, según es defendida en determinados cenáculos barceloneses. López Burniol sentaba dos puntos esenciales. Uno: en el 78 se inició un proceso de redistribución del poder político cuya plasmación provisional es el Estado de las Autonomías. Dos: ese proceso nos aboca a una estructura que en Cataluña llaman «federal». En realidad, como he adelantado antes, la estructura sería confederal, pero estimo inútil que nos entretengamos en discrepancias terminológicas. Basta leer el estatuto aprobado a finales de septiembre en el Parlament para comprender cómo estaría articulado el paraíso maragalliano. Cada nueva nación de la «nación de naciones» venidera contaría con un poder judicial propio; con una Agencia Tributaria propia; con representación en el TC y los organismos reguladores más importantes; con voz en Europa para los asuntos que le concernieran, y así sucesivamente.
Cae de por sí que una nación formada por la superposición de varias naciones virtualmente soberanas sería ingobernable. Y no es menos manifiesto que desaparecería lo que circula por ahí con el nombre de «cohesión social». El esquema de financiación del nuevo Estatuto subordina las transferencias de renta que se hagan desde Cataluña al resto de España a acuerdos bilaterales. Es obvio que los catalanes desearían transferir lo mismo que los vascos, que es cero. Y que un Estado central que ha dejado de ser un Estado en términos reales no podría hacer nada para promover sus criterios. En un papel de urgencia, apenas aprobada la ley estatutaria, el PSC sostenía que el esquema podría extenderse a otras comunidades. Se trata, ¡ay!, de una ironía, quizá indeliberada. El esquema, provechoso para los territorios que contribuyen, sería un desastre para los que reciben renta. Ya que el gradiente, en el caso de los últimos, estaría invertido. De poco le valdrá a usted ser dueño de los impuestos que ha recaudado, si el mantenimiento de las prestaciones públicas le condena a pedir, en vez de dar. No habría, pues, cohesión social. Habría un lío de mil demonios, y el sentimiento justificado de que la dislocación de la soberanía ha traído consigo una dislocación de los derechos.
Vuelvo a Maragall. No dudo que su optimismo visionario sea sincero. Irracional, pero sincero. Existe, con todo, un lado más equívoco, e inseparable de tradiciones específicamente catalanas. Ucelay da Cal, en El imperialismo catalán, nos ha recordado los tiempos en que la Lliga desarrollaba una estrategia bicéfala: mientras Prat de la Riba hacía nación de fronteras adentro de Cataluña, Cambó intervenía en los asuntos españoles. Se buscaba la consolidación de una Cataluña exenta, a la vez que se intentaba proyectar a ésta como poder hegemónico sobre el resto del país. Esta tentación, o esta vocación, aletea en los discursos, escritos, y hechos de Maragall. En un artículo publicado en 2001 -«Madrid se va», El País, 27 de febrero-, Maragall identificaba «la visión torpe de una España uniforme» con la absorción intolerable de recursos por la capital. El remedio, ya lo sabemos, consistiría en repartir los recursos en una España «en red». Esto está muy bien, pero tiene truco. Mientras que Madrid, que transfiere por cabeza más renta aún que Cataluña, no discute la orientación excéntrica de sus excedentes, la última sí lo hace. Es irresistible la sospecha de que la red que se nos propone estaría hecha a la medida de Barcelona. Y abundan también los motivos para recelar que este futurible no es ajeno a los intereses peculiares de la oligarquía catalana. Las resonancias entre el discurso maragalliano y lo que publica el «Círculo de Economía», club o lugar de encuentro de los poderosos de la región, es inconfundible. Lo es incluso en los detalles de la redacción, esos que sirven para fallar los pleitos por plagio. En su artículo, escribía Maragall: «La definición, no sé si decir madrileña o popular de España, es la siguiente: España está formada por un conjunto de puntos a distancias diversas de Madrid. Y la definición de la política territorial es, como sabemos, acortar esas distancias. Todas las capitales de provincia a menos de X horas de Madrid en el plazo máximo de Y años». El «Círculo de Economía», en un informe publicado en 2004 -«El papel del Estado en el mantenimiento del equilibrio económico territorial de España»-, criticaba en términos maragallianos el «diseño radial» de las nuevas infraestructuras en transportes y comunicaciones. Y resumía este objetable sesgo centralista empleando una frase que cito textualmente: «Todas las ciudades a X horas de Madrid».
¿Azar léxico? Tal vez. El mensaje, pese a todo, es idéntico, y la porosidad del tabique que separa el tinglado económico catalán de los partidos dominantes en aquellas latitudes, más que notorio. Me precipito a afirmar que no estoy sugiriendo la existencia de una conspiración. Una conspiración implica objetivos explícitamente pactados, encuentros ad hoc, etc... Yo aludo sólo a intereses convergentes, cuya manifestación esporádica podrían ser cosas tales como la opa de Gas Natural sobre Endesa. Estos movimientos no serían obligadamente lesivos para la buena marcha de los asuntos nacionales, si no se hallasen sujetos a impulsos contrapuestos. Nada arguye en principio que el país fuera a salir perdiendo si Barcelona recuperase su condición de capital económica de España. Lo que no termina de encajar es que Barcelona se erija en capital económica de España a la par que Cataluña denuncia sus compromisos con el resto de los territorios españoles. Se reproduce, a escala económica, el carácter problemático del problema Maragall. O se está dentro, o fuera. No se puede estar en misa y repicando.
Por ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS. CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL. Universidad Complutense
ABC 7 Octubre 2005
ES un tópico consolidado que aquí, en España, se están reestrenando el posfranquismo inmediato, la Transición y el proceso constituyente, como si estuviésemos de nuevo a finales de 1975. Eso sucede, sin duda, porque a algunos, con poder, no les gusta el resultado de ese trozo de historia española. Y es probable que, además, deseen, incluso inconscientemente, tener un protagonismo histórico distinto de hacer avanzar día a día un país ya constituido. Este fenómeno de «remake» desconcierta y desagrada a bastantes, que no le ven sentido ni lo consideran positivo. Así las cosas, surge otro tópico: el presidente del Gobierno no sabe adónde va. Pienso que, al contrario, lo que hace y lo que se propone Zapatero es algo «de libro». Ocurre, eso sí, que ese «libro», que estaba descatalogado, no se reeditó antes de las últimas elecciones generales. Pero el señor Zapatero en absoluto carece de sustrato intelectual (en concreto, ideológico) y, por supuesto, dispone de un «libro» y hasta de un «mapa», si bien a escala 1/5.000.000 y no actualizado.
Talantes y posibilismo aparte, Zapatero es un federalista y un socialista radical «de libro», incardinado políticamente (a sabiendas o no, da igual) en un determinado sector de los protagonistas de la II República. Por eso tanteó en serio una reforma directa de la Constitución española de 1978. Por eso, más que por ser rehén de Esquerra Republicana para conservar el poder, sintoniza con Esquerra Republicana, lo mismo que con el PNV. Por eso entiende a ETA como un problema sustancial y primordialmente político.
Algunos episodios menores, en vez de casualidades debidas a errores de cartelería o de un florista israelí, quizá sean más bien indicios de todo esto. La Marcha Real, himno oficial de España, ha sido olvidada en actos de los que era responsable el Gobierno de Zapatero. Y la bandera constitucional de España, roja y gualda, ha estado ausente en actos semejantes. La pasada Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas, también inicialmente sin esa bandera, parecía destinada a escenificar la España federal, mucho más que a resolver el problema de la sanidad. Y la «prueba del nueve» es el «nou Estatut» de Cataluña, con diversos complementos, como el de los Consejos autonómicos del Poder Judicial y los «Jueces de proximidad». Si Zapatero prometió antes de las elecciones que el Estatut se aprobaría en Madrid tal como viniese de Cataluña, no fue por atolondramiento, sino por convicción.
Lo que llevo escrito es una descripción, opinable, desde luego, pero una descripción, no una diatriba. Bastantes claman, muy escandalizados, ante hechos y dichos de Zapatero. No veo ninguna razón para malgastar energías en escandaleras. Lo que se necesita y cabe exigir es que Zapatero explique su federalismo y admita que sus ideas y las de otros se analicen y se debatan a fondo. El asunto es de tal naturaleza e importancia que no se debe despachar sin ese debate, con golpes de mano a base de decisiones concretas, aunque estén provistas de legalidad formal. La situación política va a obligar Zapatero a explicarse, a falta de un voluntario ejercicio suyo de claridad expositiva.
Dejaré ahora a un lado las clamorosas contradicciones entre lo que dice el Estatut (por cierto, un texto de muy baja calidad literaria y técnico-jurídica) y lo que dispone la Constitución española de 1978. Ante el federalismo de Zapatero y parte de su Gobierno, mi sentimiento es de extrema curiosidad, de enorme asombro. Porque lo que viene pretendiendo el actual presidente del Gobierno de España no sólo no les gusta a más de la mitad de los españoles (por encima de proclividades electorales, me atrevo a este cálculo a ojo de buen cubero), sino que choca con muchas realidades inmodificables y, por tanto, resulta muy difícil de lograr. Por otra parte, no le veo ventajas para el común de los ciudadanos, sino todo lo contrario.
Una España federal sin reforma clara y directa de la Constitución es un imposible jurídico y algo políticamente posible sólo a base de retorcer el Derecho y abandonar el Estado de Derecho, con inmediata defunción del Tribunal Constitucional, de la seguridad jurídica y, en fin, de la más elemental eficiencia económica y social. Pero, además, un plan de reconversión de España al federalismo es al menos tan difícil y costoso como les está resultando a las mejores cabezas de la República Federal de Alemania idear y realizar una superación de su colapso.
Cierto es que la RFA y España son países diferentes con Constituciones diferentes, pero las lecciones alemanas se deben conocer y aprender aquí. Nuestros políticos y, sobre todo, nuestros federalistas deberían leer con detenimiento y reflexión el reciente libro de Thomas Darnstädt, «La trampa del consenso» (ed. Trotta).
El «consenso» al que Darnstädt se refiere no es ese inteligente y magnánimo juego de cesiones y concesiones que se necesita, por ejemplo, para aprobar y ejecutar un plan de tránsito de un régimen político a otro distinto, con paz y progreso simultáneos. El «consenso» que empapa la languideciente vida de la RFA es el chalaneo sistemático de los más diversos entes (federales y regionales) y grupos de intereses privados, chalaneo sustitutivo del funcionamiento de mecanismos de decisión eficaz y de efectiva responsabilidad, provistos de clara legitimidad democrática. Ese «consenso» bloquea toda verdadera reforma e impide la solución de los problemas diarios, que no paran de agravarse. Por eso Darnstädt lo define como «una forma carísima de organizar la irresponsabilidad».
Algunas frases, que Darnstädt reproduce, dan buena idea del embrollo federalista alemán: «Lo que efectivamente se llega a hacer, no lo ha deseado nadie. De lo que ocurre, no se quiere responsabilizar nadie» (Fritz Scharpf); los partidos están «obsesos de poder y olvidados del poder» (Richard von Weizsäcker); «el Municipio no se hace responsable del mal estado de las carreteras» (cartel del Ayuntamiento de Stechlin, Brandenburgo). «Dos sistemas de decisión diferentes se entrelazan y bloquean mutuamente».
Por otra parte, un nuevo Estado federal, se busque conforme a un programa o se improvise sobre la marcha, no debería construirse en España sin íntima relación con el futuro de la Unión Europea. Y el «mapa» de Zapatero se acaba en los Pirineos. Ni el «mapa» ni el «libro» del presidente del Gobierno nos dicen nada sobre nuestro futuro en la futura Europa. Es posible que Zapatero tenga alguna idea al respecto, pero, desde luego, no ha trascendido. Así las cosas, no es de extrañar la extendida sensación de que la España federal de Zapatero no tiene asignada ninguna concreta proyección europea ni mundial, como si a nuestro país no pudiera corresponderle otra cosa que «estar a las resultas», lo mismo que un acreedor menor y común en el reflotamiento de una empresa en crisis.
Esta postura, aparte de no entusiasmar ni ilusionar a nadie, no es conforme a nuestra realidad colectiva -ni en lo económico ni en lo social somos como un acreedor pequeño y común- y hace peligrar, de aquí a poco tiempo, lo más elemental del bienestar de todos y cada uno (millonarios a salvo, claro).
MÁS allá del debate sobre competencias o financiación, la política democrática exige tener muy claros los conceptos fundamentales y actuar a tenor de los mismos. El Foro ABC fue el escenario elegido ayer por Mariano Rajoy para exponer ante un auditorio compuesto por una amplia representación de las clases política y económica española una certera y valerosa declaración -cargada de crítica y oportunidad- contra la errática política de disgregación nacional que ampara Zapatero. El presidente del PP dibujó un atinado diagnóstico de la situación que atraviesa España tras el desafío lanzado por el Parlamento catalán, y expuso, desde sus más hondas convicciones, la necesidad de preservar el marco constitucional vigente con firmeza y lealtad a los preceptos de la Carta Magna. Desde que afirmara en el Senado que la nación es un concepto «discutido y discutible», el presidente del Gobierno utiliza una retórica cargada de ambigüedades y contradicciones que sólo beneficia a los enemigos de la España constitucional, como denunció ayer el líder de la oposición. Si, en el ámbito de las relaciones con Marruecos, Zapatero asume con frecuencia los puntos de vista de la otra parte, sus declaraciones públicas sobre la forma de Estado parecen destinadas únicamente a lograr el aplauso de los nacionalistas. A veces, incluso, lo consigue: ya dijo Carod-Rovira que se trata del primer presidente del Gobierno que no es un «nacionalista español». Ayer volvió a la carga, echando la culpa de la crispación al empeño del PP en no secundar su estrategia de pactos y concesiones. Aficionado a las frases retóricas, Zapatero dice que su patria es la libertad. Sería muy conveniente que extendiera esa pedagogía -más propia de la ilusión juvenil que de la madurez del hombre de Estado- a los socios del tripartito catalán, porque todos ellos parecen actuar bajo el impulso de esa «generosidad patriótica» hacia Cataluña que reclamaba Maragall en la reciente Diada. Es sorprendente que el propio presidente deslegitime a millones de ciudadanos (entre ellos, muchos líderes y votantes del PSOE) que se sitúan claramente contra el nuevo Estatuto. Por lo demás, acusar de «españolismo» a quienes defienden el modelo constitucional nos retrotrae al peor escenario, puesto que ése era y sigue siendo el «insulto» más frecuente contra quienes no comulgan con el pensamiento único del nacionalismo.
Lejos de ser una anécdota, este planteamiento refleja la visión desnacionalizadora que inspira la acción política del Gobierno. Resulta dramático que, cuando el orden constitucional está en grave riesgo, el jefe del Ejecutivo se dedique a marginar y desacreditar a todos aquéllos que tienen una conciencia nacional española y la oponen a la ofensiva soberanista. Sea cual sea el objetivo que persigue, no sólo está abortando cualquier posible acuerdo con el PP, sino también ampliando la fractura interior de su partido, en el que algunos dirigentes pueden sentirse directamente aludidos. En definitiva, resulta que el político que más apela al diálogo y al talante es el que está dibujando las más profundas divisiones entre los españoles, debilitando los vínculos de unión histórica, cultural, lingüística y territorial de una nación que -hasta hace poco- sólo era cuestionada por los separatistas. En estas circunstancias, es imposible hablar de consenso con la oposición, de manera que cualquier modificación que se realice en el Congreso al proyecto de Estatuto catalán deberá satisfacer al tripartito. Resulta por ello poco convincente la apelación de Zapatero a una «fórmula transaccional» para modificar el artículo primero.
En contraste con esta posición coyunturalista, Rajoy se mostró firme y rotundo a la hora de proclamar los principios que inspiran su acción política, entre ellos la indiscutible realidad nacional de España y su condición de nación única que se organiza territorialmente en un estado autonómico. Queda por precisar hasta dónde puede llegar el efecto de esas conversaciones entre el PP y los socialistas «españolistas» -como los llamaría su propio presidente- que desveló el líder popular. Lo que sí es seguro es que una inmensa mayoría social, incluyendo un número muy significativo de votantes del PSOE, no se siente representada por esa política del desarraigo respecto de la nación española.
José Luis Rodríguez Zapatero es un producto de la globalización: su patria no es España; de hecho, renuncia a tener patria; su espacio e identidad, como él ha dicho, es la libertad. Esa frase que tanto remacha José Bono, de que las Fuerzas Armadas son “soldados sin fronteras”, también podría aplicarla al presidente del Gobierno: “presidente sin fronteras”.
Y es verdad que a Rodríguez Zapatero no le importan para nada las fronteras. Por un lado, deja que Marruecos permita la violación de la frontera en Ceuta y Melilla, alimentando noche sí y otra también la ya denominada “marcha negra”. El penoso papel al que se está sometiendo al Ejército español, al que se envía a patrullar una verja sin cobertura legal, preparación y medios, y que sólo sirve como objeto de las iras de quienes saltan la alambrada de manera ilegal, pone de relieve ese desprecio intelectual de ZP sobre las líneas de demarcación nacionales.
En el reverso, al presidente socialista le dan tanta tirria las fronteras con las que no se identifica que renuncia a defender las nacionales y está dispuesto a que otros se las dibujen por él. Ahí está el caso del Estatuto y Cataluña. Mientras no le paren, a Rodríguez Zapatero, ciudadano de la libertad del mundo mundial, le dará igual tener que enseñar el pasaporte al cruzar el Ebro.
Ahora bien, la negación y renuncia que está haciendo Rodríguez Zapatero de las fronteras de España no va a acabar únicamente en que el PSOE pierda la E de español (la O de obrero ya la perdió hace mucho tiempo) y se quede en PS, va a acabar con la España que conocemos desde 1492. Salvo que alguien se lo impida. Hay muchos que confinan en la sensatez de muchos socialistas, genuinos españolistas y seguidores de los Ibarras y Bonos de turno, pero de ellos no vendrá la salvación. Les une algo más fuerte que la unidad de la patria en peligro: mantenerse en el poder. Y mucho nos tememos que con finas ironías y florituras parlamentarías, la derecha española pueda oponer una resistencia coherente. ¿Estaremos los españoles condenados al “boabdilismo”, es decir, a llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres?
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no sabemos si está arreglando o esta empeorando lo del Estatuto de Cataluña, porque cada día nos sorprende con una nueva iniciativa, siempre para intentar salvar las posiciones del nacionalismo catalán, con las que él está personal y políticamente comprometido, en vez de ponerse decidida y claramente del lado español, como se lo reclaman los ciudadanos y se lo dicen en su Gobierno y en su partido. Ahora acaba de hacer pública su intención de buscar una enmienda transaccional al artículo 1 del nuevo Estatuto catalán para que el término nación no contradiga lo que la Constitución afirma en su artículo 2 cuando señala que España es una nación.
El presidente, para empezar, se acaba de dar cuenta que lo del término nación es algo muy importante y no “discutible y discutido”, como decía él, aunque se empeña en que siga siendo motivo de discusión. Y se ha visto en la necesidad, a tan sólo unos días del gran debate parlamentario para la toma o no en consideración del nuevo Estatuto catalán por el Congreso de los Diputados, de posicionarse sobre esta cuestión por dos posibles motivos: por el efecto que está teniendo en la opinión pública y por el impacto que está teniendo dentro de su propio partido y en los diputados del PSOE que tendrían que votar la admisión a trámite de todo el texto presentado por el Gobierno catalán.
El presidente debió exponer su posición en el Parlamento, donde se le ha preguntado reiteradas veces por esto y nunca quiso responder. Y ahora lo hace tarde y de manera equívoca y confusa, con lo cual y de momento ha conseguido molestar a todos a quienes se oponen al Estatuto, por la ambigüedad calculada y los trucos semánticos que se supone que Zapatero va a proponer para reformar dicho artículo 1 del Estatuto catalán, y por parte de los nacionalistas, que consideran dicho artículo como una condición imprescindible e inamovible del Estatuto, y por su propio partido, que exige al presidente la mayor firmeza y claridad en defensa de la nación española.
Pero no, a la espera de conocer la enmienda sobre este artículo —y todavía quedan muchos más y muy conflictivos—, Zapatero ha hecho una disertación donde ha hablado de los 10 mandamientos para al final vestirse él de rey Salomón proponiendo una solución equidistante entre las posiciones nacionalistas y españolistas, poniendo al mismo nivel España y Cataluña como si fueran cosas diferentes, llegando incluso a decir que hay que “desarmar” las posiciones de ambas partes, lo que supone pedirle a los españoles que abandonen su firmeza en la convicción de que España es una nación. Y afirmando que en Cataluña hay una gran pasión identitaria, como si no la hubiera en España.
El presidente está preocupado porque se ha metido en un jardín del que no sabe ni puede salir y está buscándole los cinco pies al gato, a la vez que pretende un equilibrio imposible que una a nacionalistas españolistas y socialistas. Sin embargo, su declaración de ayer es prueba de su preocupación y de que no las tiene todas consigo en su propio partido, de la misma manera que tampoco está seguro de su relación con los nacionalistas, que cada día descubren un nuevo paso atrás en la carrera de rectificaciones del presidente sobre su pasión catalana y en contra de lo que había dicho en Barcelona, ahora hace dos años, cuando aseguró que apoyaría en Madrid el Estatuto que saliera del Parlamento catalán. Luego añadió que debería estar de acuerdo con la Constitución, más adelante incluyó que el Estatuto debía también defender el interés general de los españoles, y ahora acaba de entrar de lleno en el debate ideológico sobre el término nación.
Veremos hasta dónde llega la marcha atrás de este aprendiz de Salomón; pero que no se equivoque Zapatero, el niño no se parte y es español. Y como prueba, un botón: Maragall acaba de reconocer en el Parlamento catalán que se han podido equivocar.
Sigue la verbena de los políticos catalanes. Después de la que han organizado con la presentación del Estatuto de Cataluña en Madrid ahora llega Maragall y dice en su Parlamento que se han equivocado. Poco, mucho, regular, no se sabe bien, pero se han equivocado y ésta es la primera vez que Maragall dice una verdad, porque han creado un problema en Cataluña y otro en el resto de España de difícil solución que va a tener malas consecuencias para todos.
El miércoles llegaba al Congreso de los Diputados el presidente del Parlament, Ernest Benach, y decía que el Estatuto era constitucional porque así lo había dicho el Consejo Consultivo de Cataluña, que dicho sea de paso ha sido nombrado por el tripartito entre personas afines a Maragall, Carod y Mas. Pues bien, ahora dice Maragall que se han equivocado, por no decir que han mentido, porque ellos sabían muy bien que el Estatuto que han llevado a Madrid es inconstitucional, como lo ha reconocido el propio Gobierno al anunciar importantes reformas que ya alcanzan al término nación, también admitido por el propio Zapatero.
Los políticos catalanes llevan muchos meses haciendo el indio, acusándose de corrupción del tres por ciento, de incompetencia en el Carmel y amenazándose los unos a los otros para luego, sin decir la verdad, venir a Madrid presuntamente unidos con un Estatuto inconstitucional. Y para colmo, insultando y descalificando a los políticos y medios de comunicación que denuncian esta irregularidad constitucional de fomentar la crispación, el odio a Cataluña y de crear problemas donde no los hay.
Es exactamente al contrario, y así lo acaba de confesar el presidente de la Generalitat empezando a reconocer sus errores, que aunque por ahora dice que son pocos se irá viendo que son muchos, y entre ellos las trampas que se han hecho unos con otros en la negociación final en ese juego de las cuatro esquinitas que han protagonizado Maragall, Carod, Mas y Zapatero.
Un juego peligroso y dañino que ha encendido un debate nacional y abierto una crisis en el PSOE, donde como ha dicho Rajoy, por más que lo desmienta Perales, se han detectado conversaciones entre dirigentes socialistas y del Partido Popular, y buena prueba de ello está en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha similar al que se logrará en otras Comunidades Autónomas si alguien no pone freno a todo este disparate que no ha hecho nada más que comenzar.
Sabido es que la fuerza de una cadena es la del más débil de sus eslabones, pues por él se rompe cuando llega el caso. ¿Cuál es el eslabón más débil en la cadena causal que ha traído hasta las Cortes el proyecto de reforma de Estatuto, en el que se envuelve de modo implícito el de la reforma de la Constitución? Está claro que el eslabón tiene por primer apellido Rodríguez, y por segundo apellido, ya se sabe. Tragarse las palabras puede ser más duro o más difícil que engullir la espada o las llamas, pero a la fuerza ahorcan.
El peso de la movida interna en España y en el PSOE, por razón de la que se ha montado con las iniciativas tomadas por el presidente Rodríguez
—que sólo era un secretario general de circunstancias, para zanjar de alguna manera la crisis aquella que el partido tenía, tras de la pérdida del poder y el baile que se montó con los sucesivos secretariados—, está siendo de mucha consideración. Era muy fuerte eso de Cataluña como nación en el artículo primero del proyecto estatutario. Lo otro prometido, de admitir lo que trajera la clase política catalana, fuera lo que fuera y como fuera, era demasiado como para pasar así por las puertas del Congreso y por las tragaderas de Ferraz, donde el miércoles se temió un aluvión de manifestantes movidos con el motor del “pásalo”.
Al final todo quedó en una manifestación de “lecheras”, apelativo popular de los furgones cargados de agentes de la Policía Nacional. El volumen de la alerta desplegada por el Ministerio del Interior —se pudo contar hasta 16 furgones de efectos para la dispersión— fue proporcional al reflejo de la propia experiencia del partido cuando, con el recurso a la misma tecnología telefónica, se puso cerco a las sedes del Partido Popular, desde Génova 13 a otras muchas, por provincias, la víspera de las urnas del 14 de marzo.
El suceso, menos que chusco, traducía el ánimo del partido y del Gobierno ante la tensión social y el sentir nacional con el primero de los artículos, y con otros muchos más, del engendro alumbrado por el Parlament de Cataluña. Aunque Rodríguez no lo tenga claro, sí lo tiene, sin embargo su ministro de Industria (para muchos el comisario político del tripartito en la Moncloa), para el que el término nación es eso en que consiste Cataluña. Rodríguez ha tenido que conformarse con lo del fuerte sentimiento de identidad que tienen los catalanes, como si no lo tuvieran también los andaluces, los valencianos, los castellanos y todos los demás.
Pero la culpa del despropósito no es sólo suya. Lo es también de los Gobiernos de González y de los dos de Aznar, que nunca salieron al paso de la ocurrencia y de la insistencia de Jordi Pujol, cuando el que había sido presidente de Banca Catalana (instrumento imperial previo a las misiones metafinancieras de La Caixa) se descolgó con aquello de la “nación catalana” y su milenario.
En éstas como en otras, ya se sabe: se empuja y empuja hasta que entra y se establece el tránsito, la vía y el acceso, aceptados ya y rutinarios, como la cosa más natural y sencilla. Ha existido —en la clase política catalana y fuera de ella, en el mundo de la empresa y en tantos otros ámbitos— como un proceso de prescripción adquisitiva de la legitimidad de ese uso y de ese empeño de la voluntad nacionalista. Lo cual explicaría la lógica de su acceso y su reflejo en el proyecto de Estatuto; pero que, sin embargo, no justifica la pretensión de que sea aceptado por el resto de los españoles, excepto el resto de las minorías también nacionalistas, instaladas a redropelo del sentir nacional español.
Eso que está tan claro para todos, incluso para los nacionalistas que destilan el respectivo credo —no para los que lo ingieren—, sigue sin estarlo para quien tiene la responsabilidad y el mandato de gobernarnos a todos y gestionar ese activo inmenso que es la genuina realidad de la unitaria, uninacional Historia de España. Y ahora sale con la copla de que “mi patria es mi libertad”. No podía ser de otra manera. La suya y la de todos, porque la libertad sin patria es, siempre, una libertad subordinada a la patria de otros.
Flojera mental e intelectual de tanto porte como la expresada también con esto por el presidente Rodríguez, le tipifica, define y consolida como el más débil eslabón de la cadena que forman los activados poderes —explícitos e implícitos, formales y reales, institucionales y fácticos— y los sucesos políticos de estos días. Más hojas caerán de ese árbol estatutario, porque si no lo que caería sería el régimen o sistema de 1978.
La consigna dada por Maragall a los principales actores y artífices del Estatut anticonstitucional obró en consecuencia y los Carod, Mas y Benach escenificaron en Madrid una imagen de unidad, conciliación y normalidad frente a la inquietud generada, en sintonía con la aparente despreocupación que exhibe en público, no sabemos si por ignorancia o por imprudencia, el mismísimo Zapatero.
Me temo que hay una mezcla de ambos factores. Zapatero está exultante y rebosa el optimismo y la autosuficiencia del que se cree en posesión de la fórmula mágica capaz de conseguir la cuadratura del círculo, mientras en el PSOE sigue incubándose un notable "canguelo" derivado de la incertidumbre creada.
Oyendo al presidente del Parlament, Ernest Benach, instantes después de entregarle al presidente del Congreso, Manuel Marín, el texto de la discordia, nadie diría que estamos ante otro desafío al Estado Constitucional del 78 impulsado por quienes, como apuntara el ministro de Defensa José Bono, "desean comer más y aparte del resto de los españoles".
Benach, al igual que su jefe Carod, abusando del cinismo político que caracteriza a los portavoces de la formación independentista, vendieron en Madrid el angelical mensaje de que el Estatut "no quiere romper nada y no es una declaración de independencia". Sin embargo, no hay más que echar un vistazo al articulado, desde su preámbulo a la última disposición final, para advertir, por el contrario, una evidente ruptura del consenso constitucional que inspiró y posibilitó los trabajos de los padres de la Carta Magna española, y la práctica secesión de Cataluña del conjunto del Estado.
En efecto, si el nuevo Estatuto catalán fuera aprobado por las Cortes en los mismos términos que alumbró el Parlament, obligaría a una reforma profunda de la Constitución y de los demás Estatutos autonómicos con graves consecuencias para la cohesión y la solidaridad interregional. No es nada alarmista, por más que contraríe al sonriente ZP, concluir que serían las comunidades menos favorecidas en términos económicos (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, etc.) las más perjudicadas por el nuevo sistema de financiación catalán.
Además, una vez abierto el melón, nadie podría impedir que otras comunidades con niveles de renta similares o superiores a Cataluña, aspiraran a probarlo. Los hechos son tozudos y las opiniones libres, por más que algunos "lobos" de la Ciudadela se disfrazaran en Madrid, durante unas horas, de inofensivos corderos mesetarios.
Está tan mal la situación política, que un texto como la propuesta de Estatuto catalán de Autonomía, que cualquiera con mínimos conocimientos de Derecho advierte a la primera ojeada que revienta las costuras constitucionales por todas partes, se cree verosímil que podría ser declarado conforme a la Constitución por este Tribunal Constitucional.
Los libros de Derecho se han quedado tan polvorientos en los estantes que hasta a la presidenta del Tribunal Constitucional le parece inocuo meter metáforas y términos ambiguos como nación en una norma con fuerza de obligar como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, preparado por partidos políticos que son confesadamente separatistas, que no ocultan el significado que ellos le dan a la palabra nación .
Tan mal están las cosas, que es perceptible con claridad que sectores sociales serios, cada vez más amplios y numerosos, asisten con bastante resignación al proceso de liquidación del espíritu de la Transición, como si este trabajo demoledor, en lugar de ser obra de hombres, fuese una especie de erupción volcánica o un terremoto contra el que no cabe sino meterse debajo de un colchón y esperar que pase, intentando que produzca el menor daño posible.
Está tan deteriorada la vida pública, que hasta los más optimistas prevén como cosa normal que el Tribunal Constitucional tarde varios años en dictar la sentencia del recurso contra la Ley Zerolo , violando una vez más todos los plazos que la Ley del Tribunal Constitucional establece para que resuelva y consintiendo que la situación se vaya pudriendo mientras tanto y que cuando llegue la resolución ya no haya vuelta atrás.
Si estarán mal las cosas, que ya parece dar lo mismo la incompetencia clamorosa de este Gobierno, e incluso produce hasta cierta sensación de alivio que no haga nada, porque cada vez que toma una decisión es para hacer un disparate nuevo.
No anda la cosa muy bien, no, cuando el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha hecho unas declaraciones manifestando el interés de las Fuerzas Armadas en la unidad de España.
Nadie, ni aun los proponentes, puede discutir que el todo no puede ni debe ser definido por la parte: España no es un Estado confederal, ni sus Comunidades son colonias sojuzgadas con derecho a autodeterminarse, ni la Constitución define otras naciones en la única mención que hace de este concepto. Pero el nacionalismo catalán ha engullido, de facto, a la dirección actual del PSC, con el imprudente estímulo del presidente del Gobierno. El discurso nacionalista deja estos días al descubierto una vieja argucia táctica: la Constitución no puede "sacralizarse", pero la propuesta del Parlamento catalán es un texto intocable. José Luis Rodríguez Zapatero no puede aceptar esta imposición que alentó. Pero, cuando habla, evita concretar: se debatirá el texto para mejorarlo y hacer compatible la "poderosa identidad" de Cataluña con la Constitución, para que su definición como "nación" se acomode a ese propósito. Sin duda que la política puede forzar al Derecho. Incluso distinguir tipográficamente Nación y nación. Pero el término -que aparece no dos, sino siete veces aplicado sólo a Cataluña- desmiente la definición constitucional de España como nación integrada por nacionalidades y regiones. Cualquiera que lo quiera entender lo entiende.
BONO NO ACUDIRÁ AL CONSEJO DE MINISTROS DE MANERA EXCEPCIONAL
El ministro de Defensa, José Bono, no acudirá al Consejo de Ministros por compromisos menores como la presentación de un libro, según la COPE. Este hecho excepcional ha motivado que se disparen los rumores que le sitúan como interlocutor del PP para hacer descarrilar el Estatuto catalán, tal y como dijo este jueves Rajoy. Mientras, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, ha dicho que que la propuesta de Estatut catalán "no sólo es inconstitucional sino anticonstitucional".
Mientras se disparan los rumores sobre las crecientes diferencias en el seno del PSOE y los posibles contactos de algunos socialistas con el PP para hacer descarrilar el Estatuto impulsado por Zapatero, el ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga advirtió este viernes de que la propuesta de Estatut catalán "no sólo es inconstitucional sino anticonstitucional" porque busca modificar la Carta Magna. Jiménez de Parga explicó que una norma es inconstitucional cuando "bordea" o "viola" la Constitución y que es anticonstitucional cuando no sólo "inflinge preceptos constitucionales", sino que "pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente".
Para Jiménez de Parga, . En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, la propuesta de Estatut aprobada por el Parlamento catalán es incluso "más anticonstitucional que inconstitucional" porque el texto tiene "una disposición adicional novena en la que de forma clara afirma que para que entre en vigor el Estatuto es necesario modificar" varias "leyes orgánicas". Es decir, que no sólo es necesario cambiar la Constitución, sino el ordenamiento jurídico, "desde la ley electoral general hasta la ley del Tribunal Constitucional, pasando por la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", indicó.
En este sentido, reconoció que no entiende en qué puede consistir la fórmula transaccional anunciada ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para modificar el artículo 1 de la propuesta de Estatut catalán y en dónde se define a Cataluña como una nación. Preguntado por la posibilidad de situar el término nación para referirse a Cataluña en el preámbulo en lugar del articulado, Jiménez de Parga advirtió de que el preámbulo no está fuera del texto, forma parte de él, por lo que esta solución no evitaría que la propuesta siguiese siendo "inconstitucional". En su opinión, para que el texto llegue a ser constitucional, sería necesario que apareciese un "mago", aunque admitió: "Lamentablemente, en derecho constitucional no hay magos".
Reforma "enmascarada"
Por otra parte, indicó que con la propuesta de este Estatuto se ha pretendido presentar "enmascaradamente" una reforma de la Constitución, mostrándola como "una simple proposición de ley orgánica para modificar el Estatuto". Si se hubiera expuesto como una reforma de la Carta Magna, el pueblo español debería en último término aceptarlo o rechazarlo en referéndum, advirtió. Con respecto a la reforma que plantea el Estatut en el ámbito de la justicia, Jiménez de Parga consideró que se está ante "un camino muy peligroso".
Preguntado por las similitudes entre esta propuesta de Estatuto y el plan Ibarretxe, el ex presidente del TC dijo que la proposición catalana se ha presentado de una forma "más suave" que el texto vasco, pero que él consideraba que el Estatut no debería admitirse a trámite, igual que pensaba que el plan Ibarretxe no debió tramitarse.
ABC Cataluña 7 Octubre 2005
El proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña -porque se trata de un nuevo Estatuto, aunque se presente como una simple reforma del actualmente en vigor- se caracteriza, entre otros rasgos, por su anacronismo e intervencionismo. En las líneas que siguen, subrayaré sólo algunos aspectos de dicho proyecto que, a mi parecer, resultan anacrónicos e intervencionistas.
Resulta anacrónico el culto del pasado que se percibe en el Preámbulo cuando habla de 1714, de la Mancomunidad de 1914, del Estatuto de 1932, y de la memoria de los que lucharon por «el reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña y los derechos sociales de los catalanes». Por cierto, al socaire de esta inicial petición de memoria, ¿habrá que recordar o reconocer a todos aquellos -golpistas, liberticidas y practicantes del paseo a media noche incluidos- que supuestamente lucharon por «los derechos nacionales de Cataluña» y/o «los derechos sociales de los catalanes?». Corramos un tupido velo.
Y prosigamos con el anacronismo -en este caso aliñado con una dosis de populismo- de un discurso que pone negro sobre blanco una frase que manifiesta «la vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo». Si tenemos en cuenta que los ciudadanos de Cataluña determinan libremente su futuro elección tras elección, ¿quizá se está proponiendo una autodeterminación modelo siglo XIX que decida el futuro del «pueblo» catalán? La respuesta es afirmativa si tenemos en cuenta que en el artículo 4 del nuevo Estatuto se lee que «los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos individuales y colectivos que reconocen el presente Estatuto» así como «el Pacto internacional de derechos civiles y políticos» y «el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales». El detalle: estos dos Pactos reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos. Y aunque es cierto que estos Pactos reservan el mencionado derecho a los pueblos colonizados, ¿cómo explicamos eso a un nacionalismo que como el catalán busca el fundamento en «la afirmación nacional que históricamente representó la institución de la Generalitat, vigente hasta el siglo XVIII?».
Otro anacronismo se constata cuando se reivindican unos derechos históricos -lean ustedes privilegios- que provienen directamente de la época medieval Penúltimo anacronismo: un sistema de financiación en la línea del foralismo secular. Resulta anacrónico, en fin, que en el seno de una sociedad tan plural como la catalana se defienda «el reconocimiento» de una «identidad colectiva» que no existe. Del anacronismo al intervencionismo. Existe intervencionismo cuando, en un mundo globalizado como el nuestro, que se desarrolla en el marco de una sociedad liberal y una economía de mercado, se reivindica «la creación de un espacio catalán de relaciones laborales», cuando se indica que la Generalitat debe regular la organización de las Cajas de Ahorro, cuando se señala que corresponde a la Generalitat «la planificación, el diseño, la ejecución, la evaluación y el control de normas, planes y directrices generales en materia de políticas de mujeres», cuando se atribuye a la Generalitat la potestad de regular los horarios comerciales.
Hay intervencionismo cuando se exige que los jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, encargados del Registro Civil y personal al servicio de la Administración de justicia, para prestar su servicio en Cataluña, deben acreditar el conocimiento del catalán para ejercer sus funciones. En este caso, el intervencionismo lingüístico niega el derecho fundamental de libre circulación de personas.
El nuevo Estatuto de Cataluña me ha recordado la conocida figura del Gran Hermano de George Orwell. Resumo: a la Generalitat nuestra de cada día nada se le escapa. Todo debe estar bajo control. Y eso sucede en un país de progresistas. Y a eso le llaman un proyecto de futuro.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4