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Timestamp: 2018-08-21 18:20:13+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00085 de abril 17 de 2013
SENTENCIA 2010-00085 DE 17 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y LAS NOTIFICACIONES. SI BIEN LA CITACIÓN EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE ENVIÓ A UNA DIRECCIÓN DIFERENTE A LA REGISTRADA, NO POR ESTA RAZÓN SE RELEVA AL DEMANDANTE DEL DEBER PROCESAL QUE LE IMPONE LA LEY DE ESTAR PENDIENTE DEL PROCESO EN DEFENSA DE SUS INTERESES Y NO CONFIGURA CAUSAL DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, NOTIFICACIÓN
Sentencia 2010-00085 de abril 17 de 2013
Rad.: 11001-03-25-000-2010-00085-00 (0795-10)
Actor: Germán Emilio Suárez López
Demandado: Procuraduría General de la Nación-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil doce(sic).
a) Falta de legitimación en la causa por pasiva.
Fundamenta la excepción en que la entidad únicamente cumplió con hacer efectiva la sanción disciplinaria mediante Resolución 006766 de 8 de julio de 2009. En consecuencia, se trata de un acto administrativo de ejecución dictado en cumplimiento de un acto administrativo.
En este orden de ideas, se procederá a declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
b) Prescripción de la acción disciplinaria.
a) Ineptitud sustantiva de la demanda
Afirma la entidad que la demanda adolece de defectos sustantivos, relativos a la formulación del petitum, toda vez que se suplica la nulidad de la Resolución 006766 del 8 de julio de 2009, cuando es claro que dicha resolución tan solo es un acto de cumplimiento o ejecución de la decisión contenida en el fallo disciplinario.
Revisado el escrito de demanda, la Sala observa que la misma se ajusta a los requisitos consagrados en el artículo 137 del Código Contencioso Admnistrativo. El demandante enuncia los hechos de la demanda y establece con claridad las pretensiones.
b) Caducidad de la acción.
Sobre el particular la Sala observa que el demandante solicita la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia, así como también de la Resolución 006766 de 2009 mediante la cual se hace efectiva la sanción impuesta por la Procuraduría.
Esta corporación ha manifestado que en los procesos disciplinarios, el cómputo para iniciar la acción disciplinaria se contabiliza a partir del acto de ejecución, que en el presente asunto lo fue la Resolución 006766 de 8 de julio de 2009, acto notificado personalmente al disciplinado el día 9 de julio de 2009. El día 4 de noviembre de 2009 se presentó la solicitud de audiencia de conciliación, es decir faltando seis días para el vencimiento del término de caducidad. La audiencia se celebró el día 29 de enero de 2010, lo que quiere decir que sumados los seis días restantes del término de caducidad, el término vencía el 4 de febrero y la demanda se presentó ese mismo día es decir dentro del término. En consecuencia esta excepción no está llamada a prosperar.
El problema jurídico, se contrae a establecer la legalidad de los siguientes actos: Resolución de fecha 23 de julio de 2007, expedida por la Viceprocuraduría General de la Nación, Resolución de fecha 23 de abril de 2009 expedida por la Sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y Resolución 006766 de fecha 8 de julio de 2009.
1. Los fallos disciplinarios acusados, trasgredieron la norma constitucional, por no haberse valorado las pruebas de manera correcta, y no tener en cuenta el in dubio pro reo y la presunción de inocencia.
2. Se violó el derecho de defensa y el debido proceso en la notificación del fallo de segunda instancia, pues se cometieron errores en el envío de la comunicación y en la notificación por edicto.
3. Cuando se notificó del fallo de segunda instancia al disciplinado ya había operado el fenómeno de la prescripción, toda vez que transcurrieron más de 5 años desde el momento en que se presentaron los hechos hasta esa fecha.
— Mediante oficio de fecha junio 13 de 2004, se informó al director del establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira, de la fuga del interno Epitacio Castillo Gómez (fls 15-19, cdno. 1).
— Ese mismo día se inició indagación preliminar en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, y en consecuencia se ordenó la práctica de pruebas (fls. 61-62, cdno.1).
— Mediante oficio de fecha 24 de Junio de 2004, la Procuraduría asumió la investigación disciplinaria (fl. 5, cdno.1).
— El 21 de febrero de 2005, la Viceprocuraduría profirió auto de apertura de investigación en contra del disciplinado, en la que se ordenó tener como pruebas las recibidas en la indagación preliminar y se decretó la práctica de otras (fls. 413-415, cdno. 2).
— La Viceprocuraduría formuló cargos al señor Germán Emilio Suárez López y otros, el día 11 de julio de 2005 (fls. 467-493, cdno. 2).
— El disciplinado presentó memorial de descargos y en relación con las pruebas, solo anexó documentales (fls. 587-593, cdno. 2)
— El 16 de noviembre de 2005 el despacho del viceprocurador general, decretó las pruebas solicitadas por los sujetos procesales en la etapa de descargos. Respecto al señor Suárez López ordena tener como pruebas los documentos por él allegados (fls. 674-679).
— Mediante auto de fecha 22 de diciembre de 2006, se corrió traslado para alegatos de conclusión.
— La Viceprocuraduría profirió fallo sancionatorio de primera instancia el día 23 de julio de 2007, mediante el cual se le formuló al disciplinado como cargo “Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella”, teniendo en cuenta que de conformidad con las funciones asignadas le correspondía recibir y constatar el número de internos al momento de iniciar el turno. En consecuencia, se sancionó al señor Suárez López con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de 15 años (fls. 181-215, cdno. 6).
— Este acto es apelado por el señor Suárez López y confirmado el 23 de abril de 2009 por la Sala Disciplinaria de la procuraduría General de la Nación.
— El día 24 de abril de 2009, se envió citación vía correo certificado al actor y ante su inasistencia fue notificado por edicto fijado entre el 11 y el 13 de mayo de 2009 (fls. 76, cdno. ppal. y 402-403, cdno. 6)
La Corte Constitucional ha establecido que “Las notificaciones como se sabe, constituyen un acto material de comunicación, por medio de las cuales se pone en conocimiento de las partes o de terceros interesados, las decisiones que se profieren dentro de un proceso o trámite, ya sea judicial o administrativo, de tal suerte, que se puedan garantizar los principios de publicidad y contradicción y, sobre todo, cumplen la función de prevenir que se pueda afectar a alguna persona con una decisión sin haber sido oída, con violación del principio constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta”(1).
“ART. 101.—Notificación personal. Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.
“La carga procesal, es una conducta de realización facultativa establecida en beneficio del propio interés del gravado con ella, pero cuya omisión lo expone al riesgo de soportar consecuencias jurídicas desfavorables. Por lo tanto, la carga de vigilancia, atención y cuidado a las actuaciones que se surtan en el proceso, está siempre presente en todos los procesos. De tal suerte, que no obstante estar gravado con esa carga, la ley dispone que se le cite para que concurra al despacho para la práctica de la notificación personal; pero, si tal notificación se omite, no por eso desaparece la carga de comparecer a la secretaría del despacho a enterarse de la marcha del proceso, lo que permitiría por ejemplo, que si se dicta una providencia y no se ha efectuado la citación, podría sin embargo notificarse personalmente de ella”(2).
La Ley 734 de 2002(3) en relación con la prescripción establecía:
Al respecto, la Sala Plena de esta corporación precisó en Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009(4):
“Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria”.
(1) Sentencia T-309/2001. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. Bogotá, D.C., marzo veintidós (22) de dos mil uno (2001).
(2) Sentencia T-309/2001. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. Bogotá, D.C., marzo veintidós (22) de dos mil uno (2001).
(3) Modificado por el art. 132, Ley 1474 de 2011.
(4) Consejo de Estado, Sala Plena. Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia, veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ, Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Demandado: Ejército Nacional.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 137
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
in dubio
 artículo 150
 artículo 29