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Timestamp: 2019-05-19 09:29:31+00:00

Document:
Sentencia que nos debe preocupar a todos.
En jusadministrativo.com publiqué el presente Post.
En el blog de iabogacia.com manifesté mi preocupación por la resolución emitida por el QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, sin embargo creo que en este lugar también debemos decir algo.
El mencionado Tribunal emitió la siguiente tesis:
Registro: 2017341
Tesis: III.5o.A.56 A (10a.)
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR LOCAL, NI AUN AL DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016).– El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal impone a todos los mexicanos la obligación de contribuir para el gasto público, en la medida proporcional y equitativa que dispongan las leyes; de ahí que las normas secundarias de todos los Estados deben ceñirse a esa prescripción. Por su parte, la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2016, en su artículo 17, fracción V, inciso l), numerales 1 y 3, impone al gobernado que solicite constancias certificadas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, un pago de derechos por la expedición de esos documentos. Asimismo, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. En consecuencia, si el numeral 35, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco otorga al Congreso Local la soberanía para legislar y determinar el presupuesto anual, así como las contribuciones para cada ejercicio fiscal, los tribunales de amparo no pueden fijar cuotas distintas a las previstas en la ley mencionada, ni aun al declarar inconstitucional el artículo 17 citado, por violar los principios tributarios de equidad y proporcionalidad, al tratarse de una facultad exclusiva del Poder Legislativo de la entidad.
Como te digo, ya comenté esta tesis, pero me preocupa mucho que los órganos jurisdiccionales omitan el análisis de la constitucionalidad de los actos de autoridad, bajo el pretexto de que las autoridades actuaron conforme a sus facultades.
Estoy de acuerdo y así debe ser, que en México están divididas las funciones de las autoridades, en muchos casos esa división de funciones coincide con la división de poderes, lo que cual sienta las bases de nuestro actual Estado de Derecho, de frenos y contrapesos.
Sin embargo, así como es facultad exclusiva del Poder Legislativo jalisciense legislar y determinar el presupuesto, así mismo es faculta exclusiva del Poder Judicial de la Federación (frenos y contrapesos) revisar la constitucionalidad de los actos del legislativo para ponderar sí cumplen o no con las reglas constitucionales, por ejemplo si los impuestos o derechos son o no proporcionales y equitativos.
Creo que ponderar si las autoridades actuaron o no dentro de sus facultades es un primer paso de análisis de la constitucionalidad de sus actos y en caso de que no actuaran dentro de su ámbito de competencia, eso bastaría para decretar la inconstitucionalidad de sus actos, conforme al Art. 16 de la CPEUM.
Pero una vez superada esa prueba de competencia legal, lo siguiente es revisar la regularidad constitucional del acto en sí mismo, prescindiendo ya de su origen.
Y es que, generalizar este criterio es terminar con la efectividad o utilidad del juicio de amparo, pues bastaría con que una autoridad actuara dentro de sus facultades legales para que el juzgador dijera que no puede declarar inconstitucionales sus actos.
Recordemos que el juicio de amparo es el instrumento constitucional (Garantía) para que todas las autoridades emitan sus actos apegados a la CPEUM y a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, incluso las dos Salas de la SCJN, han sostenido que es el recurso idóneo de que habla la Convención americana sobre Derechos Humanos, veamos la jurisprudencia de la Segunda Sala:
Registro: 2010984
Tesis: 2a./J. 12/2016 (10a.)
Página: 763
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.– De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo.
Así, para el debido cumplimiento de las normas procesales que rigen en el Juicio de Amparo, no basta con ponderar si una autoridad obró o no dentro de sus facultades, sino que una vez superada esta etapa debe analizarse su acto per se y definir si cumple o no con el orden constitucional.
Estamos en una época de cambios, en la que necesitamos tener un Poder Judicial a quien acudir en caso de que las autoridades emitan actos arbitrarios, por lo que es desolador encontrar que alguno de los órganos jurisdiccionales de amparo detienen su análisis en las facultades de las autoridades y de ahí consideran que no puede declararse la inconstitucionalidad de sus actos.

References: resolución 
 artículo 31
 artículo 17
 artículo 124
 artículo 17
 ARTÍCULO 25