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Timestamp: 2019-05-22 08:46:07+00:00

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Boletin Correspondiente a 2016-06-03Regresar
Concepto No 007109
Gravamen a los Movimientos Financieros.-
Exencion de cuentas de ahorro - deposito electronico.
Para el caso de las personas naturales y solo tratándose del DEPÓSITO ELECTRÓNICO en Cuenta de Ahorro lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 879 del Estatuto Tributario no excluye la exención contemplada en el parágrafo 4° del numeral 27.
Sobre la interpretación del artículo 879 del Estatuto Tributario, numerales 1° y 27 y parágrafo 4° del mismo usted plantea la siguiente pregunta:
“… Si las personas jurídicas y/o naturales solo podrán escoger una única ‘cuenta de ahorro’ o ‘tarjeta prepago’ o ‘depósito electrónico’, en la cual los primeros 350 UVT de retiros mensuales estarán exonerados del GMF.
Sin embargo, las personas naturales podrán abrir todas las cuentas de ‘depósitos electrónicos’ adicionalmente el siguiente beneficio: en cada entidad financiera donde abran otras cuentas de ‘depósito electrónico’, podrán escoger una sola cuenta de ‘depósito electrónico’ dentro de cada entidad y en dicha cuenta podrán hacer retiros de hasta 65 UVT mensuales exonerados del GMF.”
( 2016-06-03) Consultar
Concepto No 007208
Procedimiento Tributario.-
Factura electronica – autorizacion de proveedores tecnologicos.
Los proveedores tecnológicos que ofrezcan los servicios de factura electrónica, previa solicitud, serán autorizados por la DIAN, por períodos de cinco (5) años.
Mediante el radicado de la referencia el consultante plantea una serie de inquietudes relacionadas con los requisitos exigidos para conferir autorización a quienes están interesados en ser proveedores tecnológicos y suministrar los servicios de facturación electrónica, de manera especial con el numeral 4 del artículo 12 del Decreto 2242 de 2015 que versa sobre el valor del patrimonio líquido y los activos fijos.
Lo primero que este Despacho debe precisar es que carece de competencia para calificar la interpretación hecha por el consultante, por esta razón por la cual el análisis se centrará en el análisis de la norma en comento en armonía con lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución 19 del 24 de febrero de 2016 “Mediante la cual se prescribe un sistema técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 2242 de 2015, se señalan los procedimientos que deben agotar y los requisitos que deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto y se disponen otros aspectos en relación con la factura electrónica”.
En el impuesto sobre la renta, el contribuyente puede utilizar metodos de amortizacion distintos para fines contables y fiscales, al no existir norma fiscal que lo prohíba.
Síntesis del caso:
La División de Liquidación de la DIAN Medellín le rechazó a ORBITEL S.A. la deducción por amortización en activos y en gastos preoperativos por $ 22.137.757.366, así como una deducción por conceptos salariales por $ 12.438.000.
El argumento para el rechazo de la deducción por inversiones amortizables fue el de que demandante amortizó activos intangibles y gastos preoperativos contablemente por el método de suma de los dígitos de los saldos decrecientes mientras que fines fiscales lo hizo por el método de línea recta.
El desconocimiento de la deducción por salarios estuvo referida a no inclusión de las vacaciones compensadas dentro de la base de aportes parafiscales.
Para el contribuyente los sistemas de amortización reconocidos por la ley fiscal son los de línea recta y el de reducción de saldos y utilizó el de línea recta.
Fuente: Consejo de Estado.
Las diferencias entre el manejo contable y tributario del contribuyente se realiza a traves de registros contables y mediante revelaciones, estas ultimas a traves de las notas a los estados financieros.
Es de anotar que las diferencias que se presentan entre lo contable y lo fiscal, ocasionadas por el manejo distinto que impone la aplicación de las normas que regulan estas dos materias, han sido tratadas en la normativa contable mediante procedimientos de registro contable y de revelación con el fin de dar a conocer a todos los usuarios de los estados financieros el monto de tales diferencias y la información necesaria para evaluar la situación financiera de la empresa y sus resultados.
En cuanto al registro contable de las diferencias permanentes entre las cifras contables y fiscales, el artículo 44 del Decreto 2649 de 1993 prevé la obligación de registrar en cuentas de orden fiscales, “las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse”.
Si se trata de diferencias temporales que puedan surgir entre las cifras informadas en la contabilidad y las presentadas en las declaraciones tributarias, el Decreto 2649 de 1993 dispone que la contabilización se lleve a cabo mediante el impuesto diferido débito o crédito, dependiendo del efecto que la contabilización de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos pueda ocasionar en los estados financieros.
Respecto a las revelaciones que deben hacerse mediante “Notas a los estados financieros”, el artículo 115 numeral 19 del Decreto 2649 de 1993, señala la necesidad de revelar “la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable (y entre la corrección monetaria contable y la fiscal, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos”.
Los contratos suscritos por las empresas de Servicios Publicos de Barranquilla no pueden ser gravados con las Estampillas Pro Desarrollo Departamental y Pro Electrificacion Rural, al no intervenir en su otorgamiento un funcionario departamental.
En ejercicio del medio de control de nulidad, se demandaron, las siguientes Ordenanzas Departamentales del Atlántico: la 041 de 2002 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148 con las modificaciones contenidas en la Ordenanza N° 011 de 2003 artículos 33, 34 y 38 que modificaron los literales a.1) y c) del artículo 135 y el artículo 145 literal c) de la Ordenanza 041 de 2002 y la Ordenanza 021 de 2005 artículo 36 que modificó el artículo 144 de la Ordenanza 041 de 2002.
Asimismo se demandó el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148. Entre los argumentos de la demanda están que la Ordenanza 041 de 2002 y el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 se expidieron con fundamento en la leyes 3 de 1986 y 26 de 1990 y el Decreto Ley 1222 de 1986, leyes en las que no se señala el hecho generador de la Estampilla Pro Desarrollo Departamental.
Los hechos generadores fueron creados por los artículos 135 y 145 de la Ordenanza 041 de 2002 y reproducidos en los artículos 135 y 145 del Decreto 823 de 2003, lo que genera la nulidad de estos artículos, por vulnerar los artículos 400 numeral 4 y 338 de la Constitución.
Asimismo, en cuanto a tener a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios –ESP en las que el Municipio tenga participación, como sujetos pasivos, señala la demandante que tanto la Ordenanza 041 de 2002 como el Decreto 823 de 2003, vulneran el artículo 175 del Decreto Ley 1222 de 1986, al gravar actos jurídicos en los que no interviene ningún funcionario Departamental y por tanto la administración territorial no expide o certifica acto o negocio jurídico alguno, dado que en esas empresas, no laboran funcionarios públicos.
Le corresponde al contribuyente demostrar la calidad de urbanizado no edificado de su inmueble, con miras a gozar del ajuste por equidad tributaria en el impuesto predial de Bogota.
La sociedad Edificio Dalí I S.A. propietaria de un bien inmueble en Bogotá, al presentar la declaración del impuesto predial del año 2009, hizo uso del ajuste por equidad en la suma de $ 61.168.000.
La Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de hacienda Distrital previo requerimiento especial, le modificó la liquidación privada y le determinó un impuesto a cargo de $ 97.057.000 y una sanción de $ 97.869.000.
La demandante presenta dos argumentos:
a) que a pesar de haber informado como dirección procesal en la respuesta al requerimiento especial, la Avenida calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá, la administración notificó la liquidación oficial en el diario La república del 21 de octubre de 2011, porque el correo fue devuelto por la causal “dirección no existe” cuando la liquidación ya estaba en firme;
b) si bien no es posible aplicar el ajuste por equidad tributaria a los predios urbanizados no edificados, el predio objeto de gravamen no acreditaba esa condición para la fecha de causación del impuesto, pues se había adelantado la edificación en un 34% de cimentación y un 14% de estructura, lo que se demostró con las pruebas aportadas.
Es valido que la administracion tributaria notifique por aviso un acto liquidatorio de impuestos a la direccion de que disponga, despues que la notificacion efectuada a la direccion procesal informada por el contribuyente ha sido devuelta por el correo.
“A partir de los hechos señalados y contrario a lo afirmado por el demandante, la Sala observa que la liquidación oficial de revisión fue enviada a la dirección procesal informada en la respuesta al requerimiento especial, esto es, a la Av Calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá D.C. también se observa que la notificación fue devuelta bajo la causal “dirección no existe” circunstancia que a pesar de que debió ser revisada por la Administración en su momento, no le impedía remitir otro correo de notificación a la dirección del contribuyente que haya podido establecer y, que se concretó con el envío del acto a la dirección comercial del contribuyente.
Así las cosas, la Administración cumplió con el principio de publicidad al garantizar el fin último de la notificación, cual es poner en conocimiento del interesado la existencia de los actos administrativos que lo afectan, pues, además de enviar el acto de liquidación a la dirección procesal informada por el apoderado del contribuyente, también lo remitió a la dirección comercial de este último, dirección que según la Administración corresponde a la informada por el contribuyente en el última declaración del respectivo impuesto, quien no negó haber recibido copia del acto demandado.
No puede entonces la actora calificar de inocua la notificación practicada por la Administración, pues cumplió con el fin previsto que, como se dijo, consiste en poner en conocimiento del interesado el contenido de la decisión.
Prueba de ello radica en el hecho de que una vez surtida la notificación por aviso publicado en el Diario La república, el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra el acto de liquidación, el cual fue resuelto en su oportunidad, lo que denota que la sociedad pudo ejercer en debida forma los derechos de defensa y de contradicción que le asisten”.
En el impuesto sobre la renta, las condiciones para las perdidas en enajenacion de activos ocasionada por un precio de venta inferior a su costo fiscal, se aplican tanto para activos fijos como para activos movibles.
La DIAN Seccional Medellín le modificó a Bancolombia S.A. su declaración de renta por el año gravable 2006 en cuanto a los siguientes ítems:
a) Le adicionó ingresos por mayor venta de bienes inmuebles recibidos en dación en pago en cuantía de $ 17.978.791.000 como consecuencia de aplicarle la presunción del artículo 90 del Estatuto Tributario, de manera que no era aceptable la venta de tales bienes raíces por debajo del costo fiscal;
b) Rechazó la deducción por pérdida por siniestro de efectivo y canje por la suma de $ 571.529.426 debido a que no cumplía los requisitos previstos en el artículo 148 del Estatuto tributario, ya que no se daban los requisitos de la fuerza mayor y más bien tales hechos eran previsibles y resistibles;
c) Le desconoció la deducción por pérdida en la liquidación de la sociedad 3001 S.A. por la suma de $ 19.431.974.980, porque en la legislación colombiana no está prevista la pérdida por la liquidación de sociedades.
En la enajenacion de activos, la administracion tributaria debe analizar la diferencia entre el valor pactado por las partes y el valor comercial antes de adicionarle ingresos al contribuyente.
“Conforme con lo anterior se infiere que el legislador, para fines tributarios, señaló unos criterios que se deben tener en consideración a efectos de fijar el valor comercial de los bienes raíces.
Pero, adicionalmente, previó que cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha de su enajenación, es decir, cuando el valor acordado por las partes intervinientes en la enajenación se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines.
Conforme con lo anterior, se concluye que la regla general de determinación del precio mínimo de venta de los bienes raíces es la señalada en el inciso cuarto del artículo 90 del ET, vale decir, “[s]i se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto”, pero cuando el valor asignado por las partes se aparte en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, la DIAN podrá rechazar el precio fijado por las partes y señalar uno acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos”.
No es deducible en el impuesto sobre la renta la perdida ocasionada en la liquidacion de sociedades al no aparecer dentro de las perdidas deducibles del Estatuto Tributario.
Teniendo en cuenta que el recurso de apelación se dirige contra la negativa del Tribunal a otorgar el restablecimiento del derecho, como consecuencia de la violación del derecho de defensa del contribuyente, es necesario precisar que es cierto, como lo afirmó el a quo en su oportunidad, que el Consejo de Estado ha dicho que la pérdida originada en la liquidación de sociedades no es deducible porque no encuadra en ninguna de las pérdidas señaladas por el Estatuto Tributario como deducible.
En efecto, la deducción reclamada por el banco no es viable fiscalmente porque no está prevista expresamente en ninguna disposición, como se requiere para las deducciones y concretamente para las pérdidas; por lo tanto, no es procedente declarar la firmeza de la declaración privada en lo que tiene que ver con esta glosa”

References: Artículo 879
 artículo 879
 artículo 12
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 115
 artículo 135
 artículo 145
 artículo 36
 artículo 144
 artículo 175
 artículo 90
 artículo 148
 artículo 90
 artículo 72