Source: http://aelac.es/node/687
Timestamp: 2018-12-16 14:21:44+00:00

Document:
La responsabilidad concursal | AELAC Asociación Española de Letrados Administradores Concursales
La última reforma de la Ley Concursal, operada por el Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, en vigor desde el día 9 de marzo, tiene como finalidad fundamental, tal como reza su Exposición de Motivos, adoptar medidas que favorezcan el saneamiento financiero de las empresas, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo.
En definitiva, facilitar medidas legales que, en combinación con los acreedores de la empresa, especialmente los financieros, permitan aliviar la carga financiera de aquélla y disminuir o alargar su apalancamiento.
Pero el meritado Real Decreto Ley aborda otra modificación, desde mi punto de vista, muy relevante, que viene recogida en la nueva redacción del apartado 1 del artículo 172 bis de la Ley Concursal.
De este nuevo texto debe destacarse la expresa mención que incluye el precepto a la valoración de la condena que puede realizar el juez a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como, tras la reforma, a los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles, a la cobertura, total o parcial, del déficit del concurso, se realizara, dice, ahora, la norma; "… en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia".
Este inciso determina esencialmente la naturaleza jurídica de la responsabilidad concursal, que se aleja definitivamente de una responsabilidad de naturaleza objetiva y se decanta por una responsabilidad causal, despejando una de las cuestiones más debatidas en sede jurisdiccional mercantil, y, con seguridad, con pronta repercusión en la jurisprudencia.
A tal efecto, y de modo rápido, cabe recordar, que desde un primer enfrentamiento de las audiencias provinciales, especialmente las de Madrid y Barcelona, hasta el voto particular que el magistrado Ignacio Sancho Margallo incluyó en la sentencia de la sala primera del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2012 y la posterior modificación de la tesis defendida por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Hoy por hoy no tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que, con la claridad necesaria, determine la interpretación que debe realizarse de la responsabilidad concursal de las personas afectadas por el vigente artículo 172 bis de la Ley Concursal, que, tras la redacción dada por el Real Decreto Ley 4/2014 y tomando como referencia el voto particular antes aludido, me atrevo a resumir en las siguientes características:
los sujetos responsables serán todas o algunas de las personas afectadas por la calificación, añadiéndose a los ya previstos antes de la reforma los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles;
la calificación culpable del concurso de una persona jurídica no acarrea automáticamente la condena a la cobertura del déficit por las personas afectadas;
la naturaleza jurídica de la responsabilidad concursal es causal;
la cobertura total o parcial del déficit será consecuencia de la conducta de las personas afectadas en la generación o agravación de la insolvencia, pudiendo interpretarse que la generación o agravación de la insolvencia no tenga relación con la conducta de las personas afectadas; y,
la seguridad jurídica obliga a una motivación por el juez del criterio de imputación seguido tanto con relación a las personas afectadas como al alcance total o parcial de la cobertura del déficit patrimonial, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.
En definitiva, la modificación de la regulación de la responsabilidad concursal operada por este Real Decreto Ley, en el que respecto del precepto que analizamos no se incluye un régimen transitorio específico y que ya está en vigor, afectará de forma inmediata a las sentencias que aborden la determinación de la responsabilidad concursal y, especialmente, a la incidencia económica en el patrimonio de las personas afectadas, que no son otras que miles de empresarios e inversores que se han visto abocados a un proceso concursal, circunstancia que obliga a que, en el tiempo más breve posible, el Tribunal Supremo establezca con claridad la interpretación jurídica de la nueva redacción del precepto legal comentado.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 172
 artículo 172
 Real Decreto 
 Real Decreto