Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S62-05.html
Timestamp: 2015-05-22 08:33:41+00:00

Document:
Alina Maria Barraza Codoceo y otros v. Chile, Caso 862/03, Informe No. 62/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 62/05[1]
4. El 24 de octubre de 2003, la Comisión recibió una denuncia presentada por el abogado Nelson Caucoto, de la cual acusó recibo el 22 de septiembre del mismo año. El 4 de mayo de 2004, fue transmitida la denuncia y sus anexos al Gobierno de Chile, al que la Comisión solicitó presentar su contestación dentro del plazo de dos meses. El 18 de febrero de 2005 el Gobierno de Chile respondió a la petición. La respuesta del Estado fue presentada siete meses fuera de plazo y el Estado no había solicitado una prórroga para contestar ni dio una explicación por el atraso de su respuesta.[3] El 22 de febrero de 2005, la Comisión transmitió la respuesta del Estado al peticionario. El 26 de abril de 2005, la Comisión recibió respuesta del peticionario a las observaciones del Estado, la cual retransmitió a este último mediante nota fechada el 11 de agosto de 2005 sin solicitar observaciones al respecto dado que las observaciones del peticionario reiteraron los argumentos planteados en la petición. No hubo más correspondencia con las partes desde esa fecha. III. POSICIONES DE LAS PARTES
5. La petición alega que el 22 de septiembre de 1973, el señor Hipólito Pedro Cortés Álvarez, militante comunista y dirigente del sindicato de la construcción del municipio de la ciudad de Ovalle, fue detenido en su lugar de trabajo por efectivos de Carabineros de Chile. De allí fue trasladado a la Cárcel Pública de la Serena donde quedó a disposición de funcionarios militares. Mientras permanecía detenido, su domicilio fue allanado de forma ilegal por Carabineros de Chile que buscaba pruebas para incriminarlo. El 16 de octubre de 1973, el señor Hipólito Pedro Cortés Álvarez fue ejecutado junto con otras 14 personas en el Regimiento Militar Arica. De acuerdo con la petición, esta ejecución fue realizada por orden de funcionarios de la denominada “Caravana de la Muerte”, cuya jefatura militar informó, a través de la prensa, que “Conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra se ejecutó a las siguientes personas… entre las cuales figura Hipólito Pedro Cortés Álvarez y otras 14 personas”. La petición denuncia igualmente que el cadáver del señor Cortés fue inhumado ilegalmente en una fosa común del Cementerio La Serena. 6. Según lo señalado por el peticionario, estos hechos fueron reconocidos por el Estado chileno a través del Informe Oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (“Comisión Rettig”), el cual señaló que las quince ejecuciones habían sido realizadas por funcionarios oficiales al margen de todo proceso legal y que los cuerpos habían sido sepultados de manera clandestina. Aduce el peticionario que sólo hasta 1998, un vez advenido el régimen democrático, se pudo realizar la exhumación de restos de la mencionada fosa común, los cuales permitieron establecer que el señor Osorio había sido torturado antes de ser asesinado. 7. El peticionario alega que estos hechos fueron investigados judicialmente por tribunales militares que no llegaron a ninguna conclusión positiva, dictándose sobreseimiento definitivo de la causa con base en la ley de amnistía. No obstante, señala que a partir de 1998 se comenzaron a interponer querellas contra Augusto Pinochet en la Corte de Apelaciones de Santiago, “logrando hacer avanzar la investigación denominada la Caravana de la Muerte, procesando a un importante número de militares. Dicho proceso se encuentra actualmente en tramitación.
8. En el año 1999, luego del reconocimiento que hizo la “Comisión Rettig” y el hallazgo del cadáver, la esposa y los hijos del señor Cortés presentaron una demanda por indemnizaciones ante el Segundo Juzgado Civil de la Serena (Caso Corte con Fisco de Chile, Rol 1122-99). El 9 de marzo de 2001, el Segundo Juzgado Civil acogió la demanda y condenó al Estado de Chile a pagar la suma de quince millones de pesos para cada uno de los demandantes. Contra este fallo, el Fisco de Chile interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de La Serena. Dicho tribunal, a través de sentencia de 9 de abril de 2002, revocó el fallo de primera instancia acogiendo el planteamiento de prescripción de la acción presentado por el Estado de Chile. Contra este fallo, los demandantes interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue rechazado el 7 de mayo de 2003, dejando en firme el rechazo de la indemnización para los demandantes. Luego de ese fallo, el expediente volvió a su tribunal de origen y en el mes de junio de 2003 se dictó resolución de “cúmplase” que es la última decisión pronunciada en la causa, que pone término al juicio y que ordena el archivo de los antecedentes. 9. La señora Barraza recibió una pensión de subsistencia (cónyuges) y beneficios de educación y salud a determinados beneficiarios (hijos) hasta el cumplimiento de una determinada edad bajo la Ley 19.123. Los gobiernos constitucionales otorgaron esos beneficios a familiares de las victimas, afirma el peticionario, pero no se puede confundir esas pensiones y beneficios asistenciales y de subsistencia con medidas reales de reparación. 10. El peticionario denuncia que tanto el fallo de segunda instancia como el de casación, fundamentan el rechazo de la acción mediante la aplicación de normas del derecho civil, destinadas a regular las relaciones entre particulares, a un conflicto de derecho público reglado por la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos es “extraordinariamente erróneo, perjudicial para el interés de las víctimas, sus familiares y violatorio del derecho internacional de los derechos humanos”. Así, al aplicar los jueces estas disposiciones que niegan el derecho a la reparación, ponen al Estado de Chile en una flagrante situación de vulneración de la Convención Americana, puesto que de acuerdo con el artículo 2(1) de ese tratado, los Estados deben adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención, lo cual no ha ocurrido en la especie. Por tanto, el peticionario solicitó a la Comisión que acogiera la denuncia y declarara que las resoluciones de los tribunales de justicia chilenos, al aplicar las normas de prescripción del derecho civil a la temática de las violaciones de derechos humanos y con ello impedir la justa reparación a los familiares de las víctimas, viola los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir la Convención Americana, en particular los derechos consagrados en los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de este tratado.
22. En el presente caso, la totalidad del proceso judicial que constituye el objeto de la denuncia, se desarrolló con posterioridad a la fecha de la ratificación de la Convención Americana. En adición, la Comisión posee competencia ratione temporis, porque las sentencias se dictaron el 9 de abril de 2002 y el 7 de mayo de 2003, fechas en que ya estaba en vigor para el Estado chileno la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en el Convención Americana. 23. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana. C. Otros requisitos de admisibilidad
27. La Comisión toma nota de que en la petición se plantean importantes cuestiones referentes al alcance de la reparación civil a los familiares de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia del peticionario se describen actos que no aparecen manifiestamente infundados ni son totalmente improcedentes, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47(b). V. CONCLUSIÓN
[1] El Comisionado José Zalaquett, de nacionalidad chilena, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión. [2] Además el peticionario alegaron violación de los artículo 4, 5, 7, 8(1), 24 y 63(1) , los cuales no fueron sustentados por la denuncia. La Comisión decidió durante su 119º periodo de sesiones de abrir este caso, entre otros, por la alegada violación del derecho a garantías judiciales. Como se explica en el párrafo 17 (infra) el meollo de la petición se refiere al rechazo de una reparación judicial y no a la ejecución extrajudicial del señor Cortés.
[3] El artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión prevé: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prorrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información del Estado.” La Comisión debería no tomar en cuenta una respuesta extemporánea del Estado, pero en este caso, por la trascendencia del tema, la tomará en consideración. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 47
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 30