Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920289.html
Timestamp: 2019-11-22 05:29:21+00:00

Document:
as201920289
Auto Supremo: 289/2019 Sucre: 01 de abril de 2019
Expediente: CH-65-18-S
Partes: Glenida Teresa Ruiz c/ Derechos Reales.
Proceso: Nulidad de inscripción en DDRR. Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 574 a 583, interpuesto por Glenida Teresa Ruiz contra el Auto de Vista Nº SCCI-207/2018 de fecha 27 de julio de fs. 566 a 568, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso sobre nulidad de inscripción en Derechos Reales, seguido por la recurrente en contra de Derechos Reales; el Auto de Concesión de fecha 06 de septiembre de 2018 cursante en fs. 586; el Auto Supremo de Admisión de fs. 590 a 591 vta., los demás antecedentes procesales; y:
Que, el Juez Público Civil y Comercial de Sentencia Penal Nº 2 de Monteagudo perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 44/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 533 a 536 vta., por la que declara: IMPROBADA la demanda de fs. 16 a 18 vta., impetrada por Glenida Teresa Ruiz.
Resolución de primera instancia que fue apelada por la demandante mediante memorial que cursa en fs. 539 a 545 vta., a cuyo efecto la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante el Auto de Vista Nº SCCI-207/2018 de 27 de julio, obrante de fs. 566 a 568, en la que CONFIRMÓ la sentencia antes mencionada señalando, entre otros aspectos, que es inviable considerar o admitir que la cesión de un bien inmueble a los hijos solo sea en parte, es decir solo las mejoras y no así el lote de terreno, más aún si emerge de un acuerdo transaccional, por el que los progenitores ceden sus derechos a favor de sus cuatro hijos y ellos al llegar a la mayoría de edad tienen el legítimo derecho de disponer del mismo, efectuando aclaraciones de someter a una división voluntaria y registrar en Derechos Reales, actitud que no violenta el derecho de propiedad de la demandante, por cuanto ella se despojó de este derecho al suscribir el acuerdo transaccional.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 574 a 583 vta., interpuesto por Glenida Teresa Ruiz, el cual se analiza.
II.1 En la forma.
Acusa la violación de los arts. 213 y 265.I del Código Procesal Civil con relación al derecho al debido proceso en sus elementos, motivación, valoración de la prueba, congruencia y verdad material, establecidos en los arts. 115 y 180 de la CPE, señalando que el Auto de Vista carece de pertinencia y adolece de incongruencia externa, al no responder los puntos de impugnación expuestos en su recurso de apelación de fs. 539 a 545 y de manera genérica concluir que la sentencia contiene la debida motivación y fundamentación sin tomar en cuenta los elementos probatorios que demuestran su pretensión.
II.2 En el fondo.
Reclama error de hecho en la valoración del acuerdo transaccional contenido en la Escritura Pública Nº 08/1972 de fs. 10 a 11, señalando que no es evidente que en dicho acuerdo se haya dispuesto la cesión del lote de terreno (derecho de superficie) sino que únicamente se cedió las edificaciones construidas en el mismo, puesto que en ninguna de las cláusulas (segunda y tercera) se encuentra expresión alguna que aclare o diga lo contrario, máxime cuando las construcciones referidas únicamente ocupan 80,88 m2 de la superficie total consistente en 268,48 m2, y en ese entendido, sostiene que existe abundante prueba que demuestra que ella (la recurrente) es la única propietaria de este predio; aspecto que habría sido omitido por el Tribunal de alzada.
Denuncia la violación de los arts. 510, 514 y 517 del Código Civil, arguyendo que el Tribunal de alzada no ha cumplido con su obligación de indagar cual ha sido la intensión común de los contratantes a momento de suscribir el acuerdo transaccional de fs. 10 a 11, puesto que se han limitado al sentido literal de las palabras de este acuerdo y en ese sentido han asumido que la cesión incluía el derecho propietario del lote de terreno sin haber contrastado tal situación con los demás elementos probatorios que demuestran que su persona viene poseyendo el inmueble desde siempre y que por ello solo fueron cedidas las construcciones.
Imputa la violación de los arts. 203, 204, 205 y 1540 núm. 2) del Código Civil, manifestando que el Tribunal de alzada erróneamente asume que no se puede admitir que la cesión de un bien inmueble solo sea en parte, dando a entender que el derecho de propiedad inmobiliario es indivisible, cuando el art. 203.I del CC dice que este derecho de superficie se constituye por legado o transferencia de una construcción ya hecha que constituirá una propiedad separada del suelo y subsuelo, y tiene como condición que esta deba realizarse por escrito y en ese entendido el contrato por el cual se constituye el derecho de superficie puede registrarse en derechos reales conforme manda el art. 1540 núm. 2) del mismo Código; y que en este caso no se ha tomado en cuenta que el derecho superficiario es temporal ya que no puede superar los 30 años de acuerdo a lo señalado en el art. 204, por lo que a la fecha se encuentra vencido el término de duración del derecho de sus hijos (terceros), concurriendo otra causal de cancelación conforme establece el art. 1558 inc. 2) del CC.
Acusa la violación de los arts. 30 y 37 núm. 4 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, señalando que el juzgador no ha tomado en cuenta que la cosa demandada es la declaración de nulidad de inscripción por falta de los requisitos esenciales y lo consecuente es la cancelación en DDRR esta acción ha sido fundada en lo dispuesto por el art. 37 de la mencionada ley que establece que podrá pedirse y ordenarse la cancelación cuando se declare la nulidad de inscripción misma por falta de alguno de sus requisitos esenciales, con relación al art. 30 que prevé que los títulos que contuvieren algunas faltas insubsanables a juicio del registrado no serán inscritos y el art. 31 que establece como falta insubsanable la omisión del derecho material del contrato; situación que señala, importa que el Tribunal de alzada se haya alejado de la problemática fundamental del proceso que es la irregularidad del asiento en derechos reales; puesto que ha demandado la nulidad del registro porque en la calificación registral el registrador calificó a este documento como cesión de transferencia de terreno, cuando en realidad solo era la cesión de mejoras o construcciones.
En base a estos y otros argumentos, solicita que este Tribunal case totalmente el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada su demanda de nulidad de inscripción en DDRR.
No cursa respuesta al recurso de casación.
III.1 De la incongruencia omisiva y de la trascendencia o relevancia de la incongruencia.
Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…
De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.
Del lineamiento jurisprudencial extractado se puede establecer que este Tribunal bajo un criterio de logicidad en aplicación del principio de razonabilidad, determinó que si bien debe respetarse el debido proceso en su elemento congruencia, empero, ese criterio no debe ser sustentado o interpretado bajo paradigmas estricta y rigurosamente formales, sino que la interpretación de legalidad que realizan las autoridades jurisdiccionales debe ser desde y conforme al bloque de constitucionalidad donde la finalidad del debido proceso, sea la preeminencia de los derechos sustantivos, sobre los adjetivos es por eso que cuando se solicite la nulidad de una resolución por incongruencia, esta resultara viable cuando se advierta que corrigiéndose ese error o defecto formal como resulta ser la incongruencia u otro derecho inherente al trámite del proceso, ha de repercutir en la decisión de fondo, poseyendo en ese caso la decisión de anular obrados un fin sustancial con relevancia en el proceso, pues a contrario sensu, o sea en el hipotético de disponer una nulidad por un defecto formal que no ha de incidir en el fondo de la causa, simplemente se ha de satisfacer meros pruritos formales, lo cual no va en consonancia con el nuevo modelo constitucional de derecho que pregona una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
Es por dicho motivo que al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta la trascendencia de la misma, a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados como ser el de trascendencia, criterio que también asumido por Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional-, el cual orienta en sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es acogida cuando: “esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC N° 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”.
El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva u otra vulneración al debido proceso, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar y demostrar que en el supuestos de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascedente.
III.2 Del principio de per saltum.
Al respecto el Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).- que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.” (El resaltado nos corresponde)
III.3 Sobre la valoración de la prueba.
La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.
En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental –Couture- llama “la prueba como convicción”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.
Empero esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.
De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.
Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.
Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley1.
Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad materia, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.
Expuesta como está la doctrina legal aplicable al caso, corresponde emitir las siguientes consideraciones:
En el único punto del recurso de casación planteado en la forma, el recurrente acusa la violación de los arts. 213 y 265.I del Código Procesal Civil en relación al derecho al debido proceso en sus elementos, motivación, valoración de la prueba, congruencia y verdad material, arguyendo que el fallo objetado carece de pertinencia y adolece de incongruencia externa, al no responder los puntos de impugnación expuestos en su recurso de apelación de fs. 539 a 545 vta., ya que de manera genérica concluye que la sentencia contiene la debida motivación y fundamentación sin considerar y/o analizar los elementos probatorios que demuestran la pertinencia de su pretensión.
Lo expuesto supra nos permite inferir que la recurrente cuestiona la incongruencia omisiva del fallo recurrido, fundamentalmente, porque el Tribunal de alzada habría omitido valorar los elementos probatorios que fueron sustento de su pretensión y su recurso de alzada (fs. 1 a 15, 218 a 223 y 224 a 262) y en ese entendido aduce que dicho fallo es carente de fundamentación, motivación y congruencia.
Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista impugnado, podemos apreciar que evidentemente el Tribunal de apelación, no realizó un análisis pormenorizado de los elementos probatorios descritos en los agravios del recurso de apelación, pues simplemente concluyó señalando que es inviable considerar o admitir que la cesión de un bien inmueble sea solo en parte, es decir que en este caso solo se hayan cedido las mejoras y no así el lote de terreno, más aún cuando dicha cesión es emergente de un acuerdo transaccional mediante el cual la recurrente renunció a sus derechos sobre el inmueble en cuestión, en cuyo entendido era completamente permisible que los hijos beneficiarios, puedan disponer de dicha cesión (es decir realizar el respectivo registro).
Entonces, una conclusión a priori, nos conduciría a deducir que en la presente causa, el fallo impugnado adolece de incongruencia externa, al no considerar el contexto general en el cual fueron formulados los agravios del recurso de apelación (cuál es la valoración de los elementos probatorios), lo que sin duda confluiría en la nulidad de dicha resolución judicial; empero previamente a determinar tal situación, corresponde examinar si los elementos probatorios omitidos en su análisis, revisten de trascendencia como para asumir dicha decisión; es decir que de haberse examinado las mismas el decisum del Ad quem resultaría distinto al impugnado. Se realiza este examen porque el actual régimen de nulidades procesales encuentra su sustento en una serie de principios que orientan la actividad del órgano jurisdiccional, de tal manera que no es posible asumir una decisión anulatoria si no hay daño o perjuicio, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tomar en cuenta el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con la omisión y/o vicio reclamado, de tal manera que se lo haya dejado en una situación de indefensión material que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones, ya que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales, trasuntando ello en la trascendencia del vicio acusado.
Esta cuestión nos permite también ingresar al análisis de los planteamientos recursivos abocados al fondo del proceso (puntos 1, 2, 3 y 4 del recurso de casación en el fondo), puesto que los mismos, a partir de diferentes argumentos, exigen un análisis de las probanzas del caso, en sentido de establecer si estos demuestran o no la concurrencia de la acción incoada por la recurrente.
En ese orden, se tiene que de fs. 16 a 18 vta., cursa la demanda sobre nulidad de inscripción en DDRR referente al registro de fecha 08 de agosto de 1973, bajo el Folio N° 32, Partida N° 72 del libro de propiedades de la provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca; donde la accionante aduce que en fecha 28 de enero de 1972, conjuntamente su ex pareja de nombre Néstor Sandagorda Camacho, suscribieron un arreglo transaccional de bienes, por el cual se dispuso que la casa ubicada en la calle Bolívar de la localidad de Monteagudo quede en favor de sus hijos Alicia, Rubén, Roxana y Nilda, todos Sandagorda Ruiz, y en ese entendido sostiene que, únicamente fue cedido el derecho a la construcción, mas no se dispuso la cesión del lote de terreno, pues está siempre fue de su exclusiva propiedad conforme acredita por la documentación que acompaña; empero sucede que años después asume conocimiento de que el mencionado acuerdo transaccional habría sido registrado por sus hijos en DDRR, cuando en realidad este no debía ser inscrita por adolecer de los requisitos esenciales y faltas insubsanables (derecho material del acto) establecidas en la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, y en ese sentido amparada en los arts. 6, 30, 31 y 37 de la mencionada Ley, así como los arts. 56 y 105 de la CPE y 327, 330 y 331 del CPC, solicitó la nulidad descrita.
Nótese que en la descrita demanda, la actora únicamente solicita la nulidad del registro en DDRR (visible en fs. 13 de obrados), más no así del documento de fecha 28 de enero de 1972 que cursa en fs. 10 a 11, que fuere fuente de dicha inscripción; lo que nos permite inferir que en el presente caso, el análisis de las probanzas únicamente debe estar relacionada a observar si estas demuestran o no que en el referido registro concurren la ausencia de los requisitos esenciales o las faltas insubsanables señaladas por la Ley de Inscripción de DDRR de fecha 16 de noviembre de 1887.
En ese entendido, corresponde señalar que del análisis del universo probatorio producido en esta causa, únicamente resultan relevantes, para la resolución de este conflicto jurídico, las literales que cursan en fs. 10 a 11 y 13 de obrados, puesto que si bien la actora, a través de las literales de fs. 1 a 8 y 14, demuestra contar con un registro en DDRR sobre el inmueble en cuestión (fs. 1 a 7); así como la superficie en la cual se encuentran las construcciones del terreno (fs. 8) y finalmente el pago de las obligaciones tributarias (fs. 14); se debe tener presente, que en el sub judice, no es objeto de debate la determinación del derecho propietario de la actora ni los otros extremo demostrados por dichas probanzas, pues la tesis propuesta en la demanda únicamente sugiere un análisis abocado a la verificación de la validez del registro de fecha 08 de agosto de 1973 (visible en fs. 13), lo que en definitiva permite establecer que estos elementos probatorios no resultan pertinentes para la comprobación de la pretensión de la actora, menos para la demostración de los argumentos de su acción (relacionados a que no fue cedido el terreno sino únicamente las construcciones) pues estos aspectos únicamente serán verificados a partir del examen del contrato de fs. 10 a 11 que es el documento en cual fue materializada la referida cesión y que a posteriori fue registrada en DDRR por los hijos de la actora; de ahí se puede concluir que la omisión del Tribunal de alzada en la consideración de estas pruebas, no reviste de trascendencia para anular el fallo impugnado, menos para revertir el decisorio asumido al no contar con la aptitud requerida para tal efecto.
Lo mismo acontece con las probanzas que cursan en fs. 218 a 223, vinculados al proceso ordinario sobre nulidad de la partida de defunción de la Sra. María Alicia Sandagorda Ruiz (hija de la actora), pues el hecho de que dicha partida haya sido anulada y en consecuencia se haya anulado también la declaratoria de herederos de Miguel Ángel Vilte Sandagorda (nieto de la actora), conforme se advierte en las literales de fs. 248 a 256, en nada coadyuvan a la comprobación de la carencia de requisitos esenciales o la presencia de faltas insubsanables en el registro cuestionado por la actora, ya que estos aspectos deben ser verificados en la inscripción misma, es decir en el registro de fs. 13 y ello a partir de los preceptos normativos contenidos en la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, por lo que nuevamente se puede concluir señalando que la valoración de estas probanzas, en nada modifican el decisorio asumido por el Tribunal Ad quem, lo que en consecuencia importa la falta de trascendencia del reclamo recursivo, en cuyo marco resulta también banal acusar la carencia de fundamentación y motivación de la resolución de alzada, pues se debe tomar en cuenta que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales; aspecto que fue cumplida por el Tribunal de apelación.
Ahora bien, se ha otorgado una particular relevancia a las probanzas que cursan en fs. 10 a 11 y 13 de obrados, debido a que son estas literales las que materializan el acuerdo transaccional y el registro cuestionado tanto en la demanda como en el recurso de casación, por lo que corresponde analizarlas en la manera que sigue.
En ese contexto, en el punto 1) del recurso casación, la recurrente denuncia el error de hecho en la valoración del acuerdo transaccional contenido en la Escritura Publica Nº 08/1972 cursante en fs. 10 a 11, señalando que no es evidente que en dicho acuerdo se haya dispuesto la cesión del lote de terreno, ya que únicamente se habría cedido las edificaciones construidas en el mismo, puesto que en ninguna de las cláusulas de este contrato se encuentra expresión alguna que aclare o diga lo contrario; y en ese sentido en el punto 2) reclama también la violación de los arts. 510, 514 y 517 del Código Civil, arguyendo que el Tribunal de alzada no ha indagado la intensión de las partes al suscribir el mencionado contrato, puesto que únicamente se habría limitado al sentido literal del mismo.
Al respecto, de la revisión del referido acuerdo transaccional de bienes ganancialicio suscrito entre Néstor Sandagorda Camacho y Teresa Ruiz Claros (recurrente); se puede advertir que la misma tiene por finalidad definir el destino de los bienes que fueron habidos durante la vigencia de la unión concubinaria de los descritos sujetos, de ahí que en las cláusulas primera y segunda se haya señalado lo siguiente: “…hemos entrado de acuerdo a separarnos voluntariamente (…) declaramos que dentro de nuestra unión concubinaria hemos adquirido como bienes ganancialicio una casa en este pueblo sito en la calle Bolívar haciendo esquina con la que es de salida hacia Camiri…”; y en ese entendido los mencionados suscribientes en la cláusula tercera, de manera por demás clara acuerdan renunciar a sus derechos sobre el referido inmueble en favor de sus cuatro hijos (terceros interesados) manifestando lo siguiente: “…Ambos renunciamos expresamente a nuestros derechos en la mencionada casa en favor de nuestros cuatro hijos, Alicia, Rubén, Roxana y Nilda Sandagorda Ruiz, quienes desde este momento serán dueños absolutos de dicho inmueble…” (El resaltado es nuestro); nótese que en ninguna parte de las señaladas cláusulas, se ha hecho mención alguna de que únicamente se hubiere cedido las construcciones de dicho inmueble, sino que por el contrario, esta cláusula, da cuenta que la actora expresamente renunció a todos los derechos que tenía sobre este predio y que ello incumbía tanto al terreno como las construcciones, pues fue por esa razón que en la segunda parte de esta cláusula se estableció que los hijos de la recurrente serian dueños absolutos de dicho inmueble y así en la cláusula octava ambos suscribientes declararon su conformidad y se comprometieron a que en ningún tiempo formularían reclamo alguno al respecto; situación que en definitiva demuestra que lo alegado por la recurrente no resulta evidente, toda vez que no puede pretender forzar interpretaciones que no se encuentran estipuladas en el convenio analizado, pues debe comprender la recurrente que por efectos de la accesión todas las construcciones, plantaciones u obras hechas sobre o bajo el suelo pertenecen al propietario de este, y como en este caso las partes del referido contrato dispusieron que sus cuatro hijos fueran los dueños absolutos del inmueble, estos resultan siendo propietarios tanto del suelo como las construcciones; de ahí que no se puede dar lugar al error de hecho acusado en el recurso, ni al análisis de los arts. 203 y 205 del CC, pues si bien el Tribunal de alzada no realizó el examen que precede, ello no era necesario al estar claras las estipulaciones del contrato de referencia, lo que en consecuencia desvirtúa que no se haya indagado la intención de las partes de este acuerdo, pues como se tiene dicho queda claro que ambos suscribientes tenían por finalidad establecer el destino de los bienes gananciales que fueron habidos durante la convivencia concubinaria.
En base a estos argumentos corresponde también denegar las alegaciones de los puntos 3) y 4) del recurso de casación, donde la recurrente acusa que no fue tomado en cuenta el objeto de su pretensión, cual es la declaración de nulidad de inscripción por falta de los requisitos esenciales y la consecuente cancelación en DDRR (en mérito a lo cual acusa la transgresión de las disposiciones normativas contenidas en los arts. arts. 203, 204, 205 y 1520 núm. 2) del Código Civil y los arts. 30 y 37 núm. 4 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887), pues dicha aseveración resulta falaz en el entendido de que la autoridad jurisdiccional de instancia analizó la tesis de la actora y como consecuencia de ello concluyó señalando que: “Que en el registro en la oficina de Derechos Reales del testimonio de Escritura Pública Nº 008/1972, sobre ACUERDO TRANSACCIONAL DE BIENES GANANCIALICIOS, suscrito por NESTOR SANDAGORDA CAMACHO y TERESA RUIZ CLAROS a favor de sus hijos ALICIA SANDAGORDA RUIZ, RUBEN SANDAGORDA RUIZ, ROXANA SANDAGORDA RUIZ y NILDA SANDAGORDA RUIZ, registrado inicialmente en el folio 32, partida 72, del libro de propiedades de la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca y posteriormente matriculado en el folio real Nº 1051010003562, se cumplieron con las exigencias previstas para el efecto” (sic); conclusión que se tiene responde al hecho de que en el registro de fs. 13 no se advierte la ausencia de ninguno de los requisitos establecidos por el art. 6 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, así como tampoco se observa que en dicha inscripción, el registrador de DDRR, haya incurrido en una errónea apreciación del contrato de fs. 10 a 11, como para asumir que el mismo adolecía de una falta insubsanable por omisión del derecho material del contrato, y que por ello merezca ser rectificada y/o se imposibilite su registro (arts. 30 y 31 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887), pues el derecho material de este acuerdo transaccional, se encuentra traducido en su objeto mismo, es decir en la cesión de derechos que realizó la recurrente en favor de sus hijos, ya que mediante esta cesión la actora transfirió y/o transmitió la titularidad jurídica que ostentaba sobre el inmueble en cuestión, extremo que se tiene fue debidamente apreciado por el Registrado de Derechos Reales a momento de realizar el registro, lo que da cuenta que las aseveraciones de la recurrente carecen de asidero legal, pues no es evidente que el registro cuestionado adolezca de la falta insubsanable mencionada en la demanda, menos de los requisitos establecidos en el art. 6 de la mencionada Ley de Inscripción de DDRR.
Finalmente entre los argumentos del punto 3) del recurso de casación, la recurrente acusa que en este caso no se ha tomado en cuenta que el derecho superficiario es temporal, ya que no puede superar los 30 años de vigencia como señala el art. 204 del CC, y como en el caso de autos ya pasaron más de 40 años, ya se encontraría vencido el término de duración del derecho de sus hijos (terceros), concurriendo en ese entendido otra causal de cancelación del registro, conforme establece el art. 1558 inc. 2) del CC.
Sobre esta cuestión conviene remitirnos a las consideraciones expuestas en el punto III.2 de la doctrina legal aplicable, donde se ha establecido que por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las infracciones o transgresiones que se acusan deben ser previamente reclamadas ante el Tribunal de alzada, a objeto de que estos tomen conocimiento de estos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia que reza el proceso y de ningún modo realizarlo de manera directa en el recurso de casación, siendo que la apertura de la competencia de este Tribunal para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, está condicionada precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.
A tal efecto, se tiene que en el referido reclamo, la recurrente no ha tomado en cuenta la naturaleza vertical de este medio impugnatorio, pues la argumentación recursiva propuesta como agravio, no condice con los fundamentos expuestos en el fallo recurrido, y ello se debe a que el referido reclamo de casación viene a ser un nuevo hecho que no fue oportunamente formulado ante el Tribunal de alzada, ya que del análisis del recurso de apelación se advierte que sus agravios se encontraban orientados a observar la falta de fundamentación de la sentencia así como la valoración de los elementos probatorios producidos en esta causa; quejas que no encuentran ninguna relación con el reclamo ahora analizado, por lo que en atención al principio “per saltum”, que en fondo exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los extremos resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I del Código Procesal Civil, y en razón a que el recurso de casación es un recurso vertical donde todos los reclamos formulados deben ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el Tribunal de segunda instancia, no amerita ingresar a la consideración del mencionado reclamo.
Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 574 a 583, interpuesto por Glenida Teresa Ruiz contra el Auto de Vista Nº 207/2018 de fecha 27 de julio de fs. 566 a 568, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Sin costas ni costos.
1 Juan Montero Aroca (2005), “La prueba en el proceso civil”, Edit. Thomson-Civitas Navarra, p. 549 y ss.

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