Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S40-03.html
Timestamp: 2016-05-25 15:02:50+00:00

Document:
Parque São Lucas v. Brasil, Caso 10.301, Informe No. 40/03, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2 en 677 (2003). INFORME N° 40/03
Arnaldo Alves de Souza, Antonio Permonian Filho, Amaury Raymundo Bernardo, Tomaz Badovinac, Izac Dias da Silva, Francisco Roberto de Lima, Romualdo de Souza, Wagner Saraiva, Paulo Roberto Jesuino, Jorge Domingues de Paula, Robervaldo
Moreira dos Santos, Ednaldo José da Fonseca, Manoel Silvestre da Silva, Roberto Paes da Silva, Antonio Carlos de Souza, Francisco Marion da Silva Barbosa, Luiz
de Matos y Reginaldo Avelino de Araujo.[1]
3. En su contestación del 12 de julio de 1989, el Gobierno informó, inter
alia: 1) que se habían iniciado las investigaciones policiales previstas en la ley para determinar la responsabilidad criminal y administrativa de los policías involucrados, quienes habían sido suspendidos en forma preventiva; 2) que las llamadas celdas de aislamiento ("celas fortes")
de los Distritos Policiales habían sido ya desactivadas y 3) que la investigación del caso por parte de las autoridades competentes estaba siendo acompañada por el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona del Ministerio de Justicia, que había recibido una denuncia sobre el asunto. Finalmente, el Gobierno opuso una excepción de inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna (artículo 46(1)(a) de la Convención Americana y artículos 37(1) y 32(d) del Reglamento de la Comisión). Además, manifestó su extrañeza de que la petición se hubiera considerado "admisible en principio" (artículo 34(1)(c) del Reglamento de la Comisión), ya que los recursos internos para deslindar la responsabilidad de los involucrados estaban aún en trámite. Esta respuesta del Gobierno fue trasladada al reclamante el 13 de julio de 1989, al cual se le otorgó un plazo de 30 días para presentar sus observaciones.
4. El 25 de agosto de 1989 la parte reclamante presentó su escrito de observaciones señalando, inter alia:
Que aunque se habían iniciado las investigaciones, éstas se estaban desarrollando lentamente. Que contrariamente a lo alegado por el Gobierno, los policías involucrados no habían sido suspendidos en sus funciones sino que habían sido asignados a la Corregiduría de la Policía, organismo que, paradójicamente, es el encargado de investigar el crimen que se les imputa. Que en tal dependencia cumplían funciones en forma normal, sin estar sujetos a ninguna suspensión administrativa ni a ninguna separación de funciones que facilitara la investigación. Que en sede penal se había iniciado un proceso por homicidio calificado contra el Dr.
Delegado Titular del 42° Distrito Policial, el abogado Celso
José da Cruz, investigador que estaba a cargo en el momento de la matanza y José Ribeiro, carcelero. Que, además, existía una investigación ("inquérito") separada contra los miembros de la policía militar, por ante el Tribunal de Justicia de la Policía Militar, y que la instrucción del sumario debía concluir el 18 de octubre de 1989. En relación con la afirmación del Gobierno de que el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana estaba acompañando el proceso, la parte reclamante aseveró que éste no tiene facultades de orden legal, sino sólo éticas. Finalmente, expresó que los recursos internos se han mostrado ineficaces, por lo cual no se debe exigir el agotamiento previo de los mismos.
6. El 29 de septiembre de 1989 el Gobierno presentó sus observaciones finales y señaló, inter alia, lo siguiente: Que la investigación policial instaurada para investigar la participación de los policías civiles (investigación policial Nº 16/89) había pasado a formar parte del proceso penal Nº 227/89, que se había remitido al primer panel del jurado ("1ª vara de juri" de São
Paulo). Señaló, asimismo, que la investigación ("inquérito") policial militar iniciada para determinar la responsabilidad de los policías militares involucrados se encontraba en la 3ª Auditoría de la Justicia Militar. Que se había iniciado, además, un proceso disciplinario administrativo en contra de los policías involucrados. Que se habían iniciado acciones civiles de reparación de daños. Que los funcionarios directamente involucrados habían sido suspendidos por 30 días inmediatamente después de los hechos y que algunos de los implicados civiles fueron posteriormente transferidos a la Corregiduría de Policía, en donde no habían desempeñado funciones administrativas sino que habían pasado a desempeñar funciones de mera vigilancia del predio de la Corregiduría. Que, por lo tanto, no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna. Las observaciones finales del Gobierno se trasmitieron al reclamante el 6 de octubre de 1989.
... es aplicable al sistema interamericano la doctrina establecida por la
Comisión Europea y por el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles, según la cual estos órganos se han declarado competentes para conocer de hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Convención respecto a un determinado Estado, siempre que y en la medida en que estos hechos sean susceptibles de tener por consecuencia una violación continua de la Convención que se prolongue más allá de esa fecha.[15]
19. La presente petición
reúne el requisito formal de admisibilidad previsto en el párrafo 1 literales c) y d) del artículo 46 de la Convención, por cuanto la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional; reúne, además, el requisito contemplado en el literal d), por cuanto contiene el nombre y firma del representante legal de la entidad que somete la petición, una organización no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización. La petición, por otra parte, está escrita en papel membretado de dicha entidad, en el que consta el nombre y la dirección de la misma. En consecuencia, la Comisión da por satisfecho el cumplimiento de este requisito.
26. En el caso sub judice,
el Gobierno de Brasil se ha limitado a alegar la falta de agotamiento de dichos recursos, sin entrar a enumerar cuáles de ellos son eventualmente utilizables. Además, no ha desvirtuado las alegaciones relacionadas con la falta de eficacia de los recursos intentados, ni ha presentado prueba documental alguna al respecto.
29. Ahora bien, la fundamentación de la protección internacional de los derechos humanos a que hace referencia el artículo 46(1) de la Convención radica en la necesidad de salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del poder público.[21]
Las excepciones contempladas en el artículo 46(2) de la Convención, precisamente, buscan garantizar la acción internacional cuando los recursos de la jurisdicción interna, y el propio sistema judicial interno, no son efectivos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
30. Así, el requisito formal relativo a la inexistencia de recursos internos que garanticen el principio del debido proceso (artículo 46(2)(a)
de la Convención), no sólo se refiere a una ausencia formal de recursos jurisdiccionales internos, sino también al caso de que los mismos no resulten adecuados; la denegación (artículo 46(2)(b)
de la Convención) y el retardo injustificado de justicia (artículo 46(2)(c) de la Convención), por otra parte, también se vinculan con la eficacia de dichos recursos.[22]
31. En este sentido, los principios de derecho internacional generalmente reconocidos se refieren tanto a que los recursos internos existan formalmente como a que sean adecuados para proteger la situación jurídica infringida y eficaces para producir el resultado para el que fueron concebidos.[23] Es por ello que su agotamiento no debe entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio.[24]
En este mismo orden de ideas, el derecho a aducir la falta de agotamiento de los recursos internos como fundamento de una declaración de inadmisibilidad de una petición no puede conducir a "que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa".[25]
En otras palabras, si el trámite de los recursos internos se demora[26] en forma injustificada, puede deducirse que éstos han perdido su eficacia para producir el resultado para el que se establecieron, lo que "coloca a la víctima en estado de indefensión".[27] Es en esta instancia que corresponde aplicar los mecanismos de protección internacional, entre otros, las excepciones previstas en el artículo 46(2) de la Convención.
32. En el caso sub judice,
el Gobierno tuvo la oportunidad de refutar los argumentos de las partes peticionarias en relación a la eficacia de los recursos internos intentados y del propio sistema judicial, en especial del militar penal. También tuvo oportunidad de refutar los alegatos relacionados con la demora y falta de diligencia en la tramitación de los procesos y por ende, la falta de acuciosidad de las autoridades judiciales y del Ministerio Público,[28] al cual le corresponde el impulso procesal. Sin embargo, no lo hizo y sólo en una ocasión se limitó a decir: "no ha existido demora injustificada en el trámite de los procesos”.[29]
36. El Estado brasileño no ha controvertido la información presentada por las partes peticionarias con respecto a los hechos ocurridos el 5 de febrero de 1989 en una celda del Distrito de Policía número 42 del Parque São
Lucas, de la ciudad de São Paulo, los cuales fueron además difundidos por la prensa y otros medios de comunicación local e internacional[33] y han sido objeto de estudio por parte de instituciones brasileñas de innegable reputación en el campo de la defensa y la promoción de los derechos humanos.[34] En esa ocasión, cerca de cincuenta detenidos fueron encerrados en una celda de aislamiento de un metro por tres, en la que los agentes del Estado arrojaron gases lacrimógenos. Dieciocho de los detenidos murieron por asfixia y doce fueron hospitalizados.
37. De las informaciones enviadas a la Comisión se desprende que fueron agentes del Estado quienes ordenaron y ejecutaron los actos que produjeron la muerte de 18 detenidos y las lesiones de otros 12, y que el Estado brasileño acepta esa responsabilidad. Dicho Estado no ha controvertido, además, las alegaciones de las partes peticionarias,[35]
en el sentido que los prisioneros, que estaban desnudos e indefensos, fueron previamente torturados por los policías encargados de su custodia.[36]
38. Por el contrario, en sus escritos señala, inter alia,
que fueron iniciadas investigaciones policiales para "averiguar la responsabilidad criminal y administrativa de los policías civiles y militares involucrados",[37] que "los policías civiles envueltos fueron suspendidos preventivamente”,[38]
que "con el objeto de evitar que ocurran episodios semejantes en el futuro, se decidió que las llamadas celdas de aislamiento ("celas fortes")
de los distritos policiales permanecerán desactivadas"[39] y que "los funcionarios directamente involucrados en los hechos cumplirán una suspensión preventiva"[40], lo que constituye un reconocimiento tácito de que el incidente que culminó con la muerte de 18 presos fue causado por agentes del Estado. Afirmaciones del mismo tenor se encuentran en varias de las comunicaciones que el Gobierno remitió a la Comisión durante el trámite de la denuncia.[41]
45. El 5 de febrero de 1989 cerca de cincuenta detenidos fueron encerrados en una celda de aislamiento de un metro por tres, en la que los agentes del Estado arrojaron gases lacrimógenos. Dieciocho de los detenidos murieron por asfixia y doce fueron hospitalizados. En vista de que el Estado brasileño ratificó la Convención Americana con posterioridad a los hechos que motivaron la presente denuncia,
las partes peticionarias alegan que estos sucesos violan, "por lo menos", el derecho a la vida de las víctimas, establecido en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En algunos de sus escritos también alegan que ese Gobierno ha violado el artículo 4 (derecho a la vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
49. Como se ha expresado antes, es un principio de derecho internacional que el Estado responda por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, así como también por las omisiones de los mismos, aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.
Esta responsabilidad del Estado se extiende, entre otras, a la violación del derecho a la vida resultante de la acción u omisión de los agentes del Estado.
59. Como se ha dicho antes, en el caso que se analiza, Brasil depositó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992, fecha en que, después de transcurridos más de tres años desde los hechos del caso, todavía se prolongaban los procedimientos legales encaminados a investigar y sancionar a los policías involucrados en los mismos.
La obligación de investigar se prolonga en el tiempo. La inacción del Estado brasileño, al no investigar en forma eficiente con posterioridad al 25 de septiembre de 1992, configura, por sí misma, una violación específica e independiente del derecho a la vida y a la integridad personal de las víctimas. La violación del derecho a la justicia y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, con referencia a los derechos consagrados en los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención constituyen, asimismo, ejemplos de denegación de justicia.
61. En efecto, sólo un tribunal independiente e imparcial puede asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como contrapartida, un juez o un tribunal militar que actúe como juez y parte en el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por los miembros de la corporación policial militar,
no puede ofrecer las garantías necesarias para asegurar el ejercicio de esos derechos a las víctimas y a sus familiares. Prueba de ello es la morosidad de los procedimientos judiciales ante la Justicia Penal Militar de Brasil, los incidentes dilatorios que demoran injustificadamente las decisiones judiciales contra los policías militares involucrados, la condescendencia y la resultante impunidad que promueve la violencia policial.
64. Por otra parte, al someter el caso al juzgamiento de la Justicia Militar, cuya morosidad, ineficiencia y parcialidad han quedado demostrados en el presente caso,
ha violado también dicha disposición en relación con el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por "un juez o tribunal ... independiente e imparcial", conforme lo establece el mismo artículo 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
66. Esta conclusión de la Comisión se encuadra dentro del artículo 1(1) de la Convención, en lo que hace referencia a la obligación de los Estados Partes de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. De esta obligación se deriva el deber de organizar el aparato y las estructuras gubernamentales a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público; el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, y el de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho vulnerado y, en su caso, el pago de una indemnización por los daños producidos.
71. La Comisión aprobó el Informe de fondo N0 16/96 sobre el presente caso el 6 de marzo de 1996, durante su 91o período de sesiones. Dicho Informe, con las recomendaciones de la Comisión, se transmitió al Estado brasileño el 15 de julio de 1996. En dicho informe, la Comisión solicitó al Estado brasileño que informase, en el plazo de tres meses, respecto a las medidas que hubiesen sido adoptadas a fin de cumplir las recomendaciones efectuadas por la Comisión. Al respecto, la respuesta del Gobierno fue recibida el 21 de octubre de 1996, la cual se comenta en el presente informe. 72. Al respecto, la respuesta del Gobierno, fechada el 17 de octubre de 1996, dice textualmente: Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia, como anexo de la nota 228, del 30 de agosto de 1996, informaciones del Gobierno brasileño relativas a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al Caso 10.301 (Parque San Lucas), contenidas en el Informe No. 16/96, aprobado por la Comisión en su 91º período ordinario de sesiones:
Lista presentada por las entidades peticionarias el 15 de agosto de 1995.
En esta comunicación de la parte peticionaria se señala que los policías civiles primero habían sido suspendidos, pero luego habían sido asignados a la Corregiduría de la Policía con funciones burocráticas o de vigilancia del predio.
En esta comunicación, el Gobierno confirmó que tres de los policías se encontraban a disposición de la Corregiduría, negó que los policías involucrados estaban trabajando en contacto con la Comisión encargada de investigar los hechos y señaló que sólo dos de ellos realizaban trabajo nocturno de vigilancia del predio, sin estar involucrados con las investigaciones del caso
En esta comunicación, el peticionario indicó que el proceso penal militar estaba avanzando más lentamente de lo normal, ya que la primera audiencia había sido postergada tres veces; la primera vez por razones de salud de un imputado; la segunda porque el calendario del juez estaba sobrecargado, y la tercera porque el imputado simplemente no había comparecido, postergación esta última que era inaceptable.
En esta comunicación, la parte peticionaria informó que
Celso José da Cruz había sido encontrado culpable (homicidio doloso) de la muerte de los dieciocho presos y había sido condenado a 516 años de prisión; que el jurado había aceptado los argumentos de la fiscalía de que Cruz había actuado con intención de matar cuando encerró a los presos en una celda pequeña, sin ventilación y con crueldad intencional, al impedirles que se defendieran. Que por su parte José Ribeiro,
policía civil que actuaba como carcelero, había sido sentenciado a 45 años de prisión con el derecho de apelar en libertad y que la fiscalía planeaba apelar esa sentencia por haber sido más blanda que la de Celso José da Cruz. La parte peticionaria solicitó que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) fuera incluído
como co-peticionario de este caso, solicitud que fue aceptada por la Comisión.
En ésta las partes peticionarias informaron que el policía civil Carlos Eduardo Vasconcelos
había sido absuelto de los dieciocho cargos de homicidio, como resultado de un juicio de jurados realizado entre el 8 y el 12 de agosto de 1994 y que el segundo juicio contra José Ribeiro
debía comenzar el 30 de agosto de 1994.
En ésta el Gobierno informó que al policía civil Celso
José da Cruz, quien en primera instancia había sido condenado a 516 años y siete meses de prisión, se le había reducido dicha pena, en segunda instancia, a 54 años y siete meses de prisión. Que el policía civil, carcelero José Ribeiro,
había sido condenado a 45 años de prisión y que, en vista de que tanto el reo como la fiscalía habían interpuesto un recurso en contra de dicha sentencia, el proceso seguía su trámite en el primer panel del Tribunal de Jurados ("Primera Vara do Tribunal do Júri")
de São Paulo. Que el tercer policía civil acusado, el delegado Carlos Eduardo
Vasconcelos, había sido absuelto por un jurado popular el 12 de agosto de 1994, y que el Ministerio Público había recurrido la sentencia, encontrándose en trámite la apelación y que el Proceso Penal Militar se encontraba en la etapa de audiencias de testigos, habiendo concluido la etapa del interrogatorio de los indiciados.
El artículo 26 del Reglamento de la Comisión vigente para el momento de la aprobación del informe de fondo en el presente caso disponía lo siguiente: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización puede presentar a la Comisión peticiones de conformidad con el presente Reglamento, en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a presuntas violaciones de un derecho humano reconocido, según el caso, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
El artículo 51 del Reglamento de la Comisión vigente para el momento de la aprobación del informe de fondo en el presente caso disponía lo siguiente: “La Comisión recibirá y examinará la petición que contenga una denuncia sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación a los Estados miembros de la Organización que no sean partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La mencionada Declaración, cuya Acta Final fue firmada el 2 de mayo de 1948 en Bogotá, Colombia, por los Delegados Plenipotenciarios del Ilustrado Gobierno de Brasil, constituye una fuente de obligación internacional para Brasil.
Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 166.
Véase, por ej. Dec Adm Com Ap 214/56 (9 de junio de 1958), II YB 214, 230-23 1; Dec Adm Com Ap 343/57 (2 de septiembre de 1959), II YB 412, 454; Dec Adm Com Ap 899/60 (9 de marzo de 1962), V YB 136, 142; Dec Dm Com Ap (18 de septiembre de 1961), IV YB 324, 334; Dec Adm Com Ap (26 de julio de 1963), VI YB 332, 344.
Comisión Europea de Derechos Humanos, Decisiones e Informes, Vol 7, Solicitud N° 7211/75, Decisión del 6 de octubre de 1976 (Suiza), p. 107.
Comisión Europea de Derechos Humanos, Dec Adm Com
Ap 8261/78 (11 de octubre de 1979), 18 D&R 150, 151.
Andrés Aguilar, Derechos Humanos en las Américas,
supra, pág. 202.
El artículo 44 de la Convención establece: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 61.
Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 del julio de 1988, párr. 62.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos: Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 87; Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 87;
Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 90; Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 59, Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, párr. 38; Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, párr. 30; y Castillo Páez,, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 40.
Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 137).
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 95.
Mónica Pinto, La Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Editores del Puerto, 1993, pág. 64.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 62-66; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, de 15 de marzo de 1989, párr. 86-90; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 65-69.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 72; Sentencia Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, 15 de marzo de 1989, párr. 97; Sentencia Godínez Cruz, 20 de enero de 1989, párr. 75.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 95.
Este tipo de demoras tiene un efecto negativo para la eficacia de los recursos jurisdiccionales internos, ya que lleva al deterioro de las pruebas, especialmente la de los testigos, quienes, transcurridos tantos años, o se mudan o tienden a olvidar los hechos. Esto, en definitiva, resta efectividad a los procesos encaminados a deslindar las responsabilidades y condenar a los culpables.
A este respecto es necesario tener en cuenta que en los delitos de acción pública y aún en aquellos que dependen de instancia privada (materia criminal), el Estado tiene la obligación indelegable de perseguir los delitos, es decir, de preservar el orden público y de garantizar el derecho a la justicia. En estos casos, en consecuencia, no es válido exigirle a la víctima o a sus familiares el agotamiento de los recursos internos. En efecto, al Estado, por intermedio del Ministerio Público, corresponde actuar la ley penal promoviendo e impulsando las etapas procesales hasta su conclusión. En relación a este punto véase por ejemplo, Informe Nº 12/95 Caso 11218, Nicaragua, OEA/L/II.90. Doc. 16, 13 septiembre 1995, párr. Nos. 7.19. Como dice un tratadista brasileño, el Ministerio Público es "representante de la ley y fiscal de su ejecución". Véase Luis Claudio Alves Torres,
Práctica do Processo
Penal Militar, Editora Destaque, Río de Janeiro (1993), p. 31. Con respecto a la necesaria acuciosidad que debe demostrar el Ministerio Público en el ejercicio del impulso procesal Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 79. En la misma sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó que la obligación de investigar "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad". Idem.
pág, 73, párr. 177.
Nota Nº 22 del Gobierno de Brasil de 16 de enero de 1990, recibida el 26 de enero de 1990.
El Gobierno de Brasil informó que, como consecuencia del proceso criminal 227/89, iniciado para juzgar a los policías civiles involucrados, se indiciaron los policías civiles José Ribeiro,
y Celso José da Cruz (Véase información presentada por el Gobierno de Brasil el 29 de septiembre de 1989).
De igual forma, y haciendo siempre referencia a la información suministrada por las partes, en el proceso criminal 227/89 el indiciado Celso José da Cruz fue sentenciado el 29 de septiembre de 1993 a 516 años y 7 meses de prisión en primera instancia y a 54 años y 7 meses de prisión en segunda instancia; el indiciado
fue condenado el 1º de diciembre de 1993 a 45 años de prisión en primera instancia con derecho a apelar en libertad, habiendo interpuesto tanto la fiscalía como la defensa un recurso en contra de dicha sentencia; y el indiciado Carlos Eduardo Vasconcelos fue absuelto el 12 de agosto de 1994, habiendo el Ministerio Público interpuesto un recurso en contra de dicha sentencia el 15 de agosto del mismo año (informaciones adicionales presentadas por el Gobierno el 18 de octubre de 1993 y el 2 de diciembre 1994). Hasta la fecha de elaboración del presente informe no se han resuelto estos dos últimos recursos de apelación, a pesar de que ha transcurrido más de año y medio desde la interposición de los mencionados recursos por el Ministerio Público.
Conforme a información recibida del Gobierno el 2 de diciembre de 1994, la acción promovida en la Justicia Militar en contra de los 28 policías militares involucrados en el crimen se encontraba en la fase de audiencia de los testigos de la acusación, habiéndose concluido el interrogatorio de los reos. Esta información fue confirmada el 10 de agosto de 1995, por las organizaciones peticionarias.
Véase, por ejemplo, "Brazilian Deaths Coincide with U.S. Rights Report: 18 Men Suffocate in São Paulo Jail Cell", R. House, Washington Post, febrero 16, 1989, p. El. Si bien estos recortes de prensa no tienen el carácter de prueba documental propiamente dicha, "constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios que, como tales, no
requieren en sí
mismos de prueba" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de
julio de 1988, párr. 146).
Los Derechos Humanos en Brasil, 95, Universidad de São Paulo, Núcleo de Estudios de la Violencia y Comisión Teotonio Vilela,
São Paulo:NEV:CTV, 1995; Capítulo IV. Sistema Policial y Carcelario; 13. Relato de una masacre. Muerte de dieciocho detenidos en el 42o.
Distrito Policial, Parque San Lucas, San Paulo, págs. 139 y sig.., en que se confirma y se amplía el relato de los hechos.
Información adicional enviada por las partes peticionarias el 10 de agosto de 1995, recibida el 15 de agosto de 1995. Esta información no fue controvertida por el Gobierno de Brasil.
Según informaciones de la prensa, los muertos pertenecían a un grupo de 51 prisioneros que habían sido encerrados desnudos en una celda de aislamiento. Cuando tres horas después los funcionarios policiales encargados de la custodia de los presos fueron a abrir la puerta de la celda, nueve habían muerto por asfixia; otros nueve murieron posteriormente en el hospital. Doce de los sobrevivientes que habían testificado en una investigación preliminar declararon --según el Washington Post--
que, con la ayuda de miembros de la milicia, el funcionario policial de turno, detective Celso Jose da Cruz, había forzado a los hombres a entrar en la celda como castigo por una tentativa de escape de 64 presos, ocurrida dos días antes. Los hombres declararon que habían sido golpeados con palos y que se había arrojado un fuego artificial dentro de la celda. Uno de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de São Paulo que entrevistó a los sobrevivientes, el padre Agostinho
Guerra, manifestó: "Esto no fue sólo un tratamiento degradante e inhumano sino tortura". (Brazilian Deaths Coincide with U. S. Rights Report: 18 Men Suffocate in São
Paulo Jail Cell), R. House, Washington Post, febrero 16, 1989, pág. El).
Contestación del Gobierno de Brasil del 12 de julio de 1989.
Escrito de Contestación del Gobierno de Brasil del 29 de septiembre de 1989.
Véase, por ejemplo, información enviada por el Gobierno el 22 de septiembre de 1992, y el 2 de diciembre de 1994.
Véase, Santiago Benadava, Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica de Chile, 1976, p. 151.
La siguiente cita ilustra en forma sencilla y gráfica lo que acabamos de decir: “En la -administración del Estado de este país las funciones otorgadas a los ministros (constitucionalmente otorgadas a los ministros porque son constitucionalmente responsables) son funciones tan diversas que ningún ministro nunca podría cumplirlas personalmente. Las obligaciones impuestas y los poderes otorgados a los ministros son ejercidos habitualmente bajo su autoridad por funcionarios responsables de cada ministerio. De no ser así, no se podrían llevar adelante los asuntos públicos. Constitucionalmente las decisiones de esos funcionarios son naturalmente decisiones del ministro. El ministro es responsable. Él es quien debe responder ante el Parlamento de cualquier acto que los funcionarios hayan realizado bajo su autoridad y, si para un asunto importante designara a un funcionario de categoría inferior del cual no cabría esperar el cumplimiento competente de la labor encomendada, el ministro tendría que responder de ello ante el Parlamento. Todo el sistema de organización y administración por departamentos se basa en el supuesto de que los ministros, al ser responsables ante el Parlamento, velarán porque las tareas importantes sean encomendadas a funcionarios experimentados. Y si no actúan de esa forma, el Parlamento es el lugar al que habrán de dirigirse las quejas oportunas”. (El subrayado no es del original). Véase, Juicio de Lord Green M.R. en Carltona Ltda. Y. Commissioners of Works and Others
(1943) 2 All
E.R. 560, citado en Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 450 período de sesiones E/CN.4/Sub.2/1993/21, 25 de junio de 1993, pie de página 108, pág. 81.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 170.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 172.
Las policías militares en Brasil no forman parte ni están coordinadas por la armada, ya que dependen, junto con las fuerzas policiales civiles, de los gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios (artículo 144, inciso III, numeral 6 de la Constitución Federal vigente). Sin embargo, son unidades auxiliares y de reserva del Ejército. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores, "Relatório Inicial Brasileiro Relativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, Ministério das Relações Exteriores, Fundação Alexandre de Gusmão e Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo", pág. 34 (1994). El artículo 42 de la Constitución, por otra parte, establece que los integrantes de las policías militares son servidores militares. AI respecto dice: “Son servidores militares federales los integrantes de las Fuerzas Armadas y servidores militares de los Estados, Territorios y Distrito Federal los integrantes de sus policías militares y de sus cuerpos de bomberos militares”.
Véase, entre otros, el comunicado de prensa emitido por la CIDH al finalizar su visita in loco a Brasil, en el que la Comisión menciona los problemas que han surgido de los testimonios proporcionados por los organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Entre dichos problemas se destacan, en relación con el tema al que se refiere el caso sub judice: la Administración de justicia, incluidas las facultades del Ministerio Público; la violencia policial e impunidad; el sistema penitenciario y la competencia de los tribunales militares para juzgar delitos comunes cometidos por la Policía Militar. La Comisión expresó, además: “Sin perjuicio que la CIDH analizará detalladamente dichos temas en su reunión de febrero del próximo año, desea señalar en esta ocasión que un poder judicial eficaz es requisito esencial de un sistema moderno de democracia. Como lo señala el Pacto de San José, los habitantes de los Estados Partes en la Convención tienen derecho a acceder a la justicia en un plazo razonable. El artículo 25 del mencionado instrumento establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Los Estados miembros, por su parte, se comprometen a garantizar el ejercicio de ese recurso. A este respecto, la Comisión nota con preocupación las dificultades que se plantean para el ejercicio del referido derecho en Brasil, en especial, con respecto a la sustanciación de una causa dentro de un plazo razonable”.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 51
 artículo 44
 artículo 42
 artículo 25