Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/00225-1995-AA.html
Timestamp: 2017-12-14 22:51:40+00:00

Document:
0225-1995-AA
EXP. N.° 225-95-AA/TC
VÍCTOR BENITES CASTILLO
En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sáchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
Recurso Extraordinario interpuesto por don Víctor Benites Castillo, contra la Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas dieciocho del Cuaderno de Nulidad, su fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, que declaró infundada la Acción de Amparo.
Don Víctor Benites Castillo interpone Acción de Amparo contra el Consejo Administrativo del Servicio de Parques, SERPAR Lima; manifiesta que ésta ha violado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la estabilidad laboral, a la defensa y su derecho de petición. El objeto de la acción es que se declaren inaplicables las resoluciones del Consejo Administrativo N.° 061-92 y N.° 066-92, del cinco de octubre y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, respectivamente; a través de la primera se dispuso el reinicio del proceso administrativo disciplinario instaurado contra el demandante por Resolución N.° 018-92 del veinticinco de mayo del año en mención y por la segunda se le destituyó. Señala que el día diecinueve de noviembre se le notificaron las dos resoluciones y que el uno de diciembre del mismo año se le negó la entrega de su tarjeta de control de asistencia.
A fojas setenta y tres, por resolución del ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima dio por contestada la demanda en rebeldía de la Empresa emplazada; y a fojas setenta y siete, con fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y tres, declara fundada la demanda; la fundamenta en que se ha contravenido el Decreto Legislativo N.° 276 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, afectándose los derechos a la defensa y al debido proceso del demandante.
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos dos, con fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, revoca la apelada y declara improcedente la Acción de Amparo al considerar que, encontrándose en trámite los recursos de nulidad y apelación presentados por el demandante contra las resoluciones objeto de la Acción de Amparo, no se agotó la vía previa.
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fojas dieciocho del Cuaderno de Nulidad, con fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, reformando la de vista declara infundada la demanda al considerar que el demandante ha tenido amplia oportunidad para desvirtuar la imputación, vale decir, ha ejercido su derecho de defensa. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.
1. Que el objeto de la presente Acción de Amparo es que se declaren inaplicables al demandante las resoluciones del Consejo Administrativo del SERPAR N.° 061-92 del cinco de octubre y N.° 066-92 del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos; a través de la primera, se dispone el reinicio del proceso administrativo instaurado al demandante mediante Resolución N.° 018-92 del veinticinco de mayo del mismo año, al haberse atribuido la comisión de falta disciplinaria por la retención indebida de un expediente administrativo. Asimismo, mediante la Resolución N.° 066-92 se le destituye.
2. Que del Memorándum N.° 07-92-SERPAR de fojas tres, su fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ,se aprecia que la Resolución N.° 061-92 fue notificada al demandante el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, vale decir, cuando éste ya había sido destituido, de lo que se infiere que la Resolución N.° 066-92 fue notificada en la misma fecha o, en todo caso, después de ésta, lo que no ha sido desvirtuado por la demandada.
3. Que, si tenemos en cuenta que las resoluciones objeto de la Acción de Amparo, no constituyen actos administrativos autónomos sino vinculados y referidos a los mismos hechos; corresponde entonces examinar si respecto a la resolución que destituye al demandante se ha agotado la vía administrativa o, en su caso, si la misma no es exigible.
4. Que, a fojas seis de autos aparece la constancia de la Delegación Policial de San Juan de Miraflores de fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, respecto a la constatación efectuada en la Administración del Parque Recreacional Huayna Cápac, lugar donde laboraba el demandante, en la cual aparece que su tarjeta de control de asistencia fue retirada; en consecuencia, está acreditado que la Resolución N.° 066-92 que destituyó al demandante fue ejecutada antes de quedar consentida, en cuyo caso no es exigible el agotamiento de la vía previa, siendo aplicable la excepción prevista en el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo.
5. Que, en cuanto al fondo se refiere, en el presente caso, la demandada no ha observado el procedimiento establecido en la ley de la materia. En efecto, el artículo 163° del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa establece que el servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederá de treinta días hábiles improrrogables. Es el caso que la demandada instauró el proceso administrativo el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos y lo suspende el seis de julio del mismo año, es decir, vencidos los treinta días que tenía para culminar el proceso; luego, tres meses después, en octubre, lo reinicia con la agravante de que se trataban de ventilar los mismos hechos o infracciones atribuidas al demandante y, además, éste no fue notificado oportunamente para poder ejercer su derecho de defensa, siendo el caso que la notificación de la Resolución que dispuso se reinicie el proceso, se llevó a cabo después de emitida la Resolución de destitución.
6. Que, asimismo, el artículo 70° del referido Reglamento establece que la Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando la sanción que sea de aplicación. En autos la demandada no ha probado que se haya cumplido con dicha disposición.
7. Que, en consecuencia, la demandada ha vulnerado los derechos constitucionales a la protección contra el despido arbitrario, al trabajo y al debido proceso del demandante.
8. Que la remuneración constituye la contraprestación de un servicio real, lo que no ha ocurrido en el presente caso durante el período no laborado por el demandante, por lo que no corresponde el pago, como lo tiene establecido en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal Constitucional.
REVOCANDO la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas dieciocho del Cuaderno de Nulidad, su fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, que revocando la apelada declaró infundada la demanda; reformándola la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable al demandante las resoluciones N.° 061-92 y N.° 066-92 del cinco de octubre y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, respectivamente, debiendo la demandada reponerlo en el cargo que ocupaba u otro de igual nivel, sin reintegro de remuneraciones. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
NF/..em

References: Resolución 
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 artículo 28
 artículo 163
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 artículo 70
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