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Jefatura del Estado (BOE n�mero 299 de 15/12/2006)
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1. La atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia y la promoci�n de su autonom�a personal constituye uno de los principales retos de la pol�tica social de los pa�ses desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situaci�n de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonom�a personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadan�a.
En octubre de 2003 se aprob� en el Pleno del Congreso de los Diputados la Renovaci�n del Pacto de Toledo con una Recomendaci�n Adicional 3.� que expresa: �resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad del fen�meno de la dependencia y la Comisi�n considera necesaria una pronta regulaci�n en la que se recoja la definici�n de dependencia, la situaci�n actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protecci�n�.
El reconocimiento de los derechos de las personas en situaci�n de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organizaci�n Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Uni�n Europea. En 2002, bajo la presidencia espa�ola, la Uni�n Europea decidi� tres criterios que deb�an regir las pol�ticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten.
Las conclusiones del Informe de la Subcomisi�n sobre el estudio de la situaci�n actual de la discapacidad, de 13 de diciembre de 2003, coinciden en la necesidad de configurar un sistema integral de la dependencia desde una perspectiva global con la participaci�n activa de toda la sociedad.
En Espa�a, los cambios demogr�ficos y sociales est�n produciendo un incremento progresivo de la poblaci�n en situaci�n de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la poblaci�n de m�s de 65 a�os, que se ha duplicado en los �ltimos 30 a�os, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la poblaci�n total) a m�s de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento). A ello hay que a�adir el fen�meno demogr�fico denominado �envejecimiento del envejecimiento�, es decir, el aumento del colectivo de poblaci�n con edad superior a 80 a�os, que se ha duplicado en s�lo veinte a�os.
Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la poblaci�n mayor que conlleva problemas de dependencia en las �ltimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez m�s amplio. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlaci�n existente entre la edad y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que m�s del 32% de las personas mayores de 65 a�os tengan alg�n tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la poblaci�n.
A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe a�adirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitaci�n, que se ha incrementado en los �ltimos a�os por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades cr�nicas y alteraciones cong�nitas y, tambi�n, por las consecuencias derivadas de los �ndices de siniestralidad vial y laboral.
Un 9% de la poblaci�n espa�ola, seg�n la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, presenta alguna discapacidad o limitaci�n que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonom�a personal en igualdad de oportunidades. Para este colectivo se legisl� recientemente con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminaci�n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
2. La atenci�n a este colectivo de poblaci�n se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes p�blicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el �apoyo informal�. Los cambios en el modelo de familia y la incorporaci�n progresiva de casi tres millones de mujeres, en la �ltima d�cada, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situaci�n que hacen imprescindible una revisi�n del sistema tradicional de atenci�n para asegurar una adecuada capacidad de prestaci�n de cuidados a aquellas personas que los necesitan.
El propio texto constitucional, en sus art�culos 49 y 50, se refiere a la atenci�n a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes p�blicos para el bienestar de los ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de Estado del bienestar se centraban, para todo ciudadano, en la protecci�n sanitaria y de la Seguridad Social, el desarrollo social de nuestro pa�s desde entonces ha venido a situar a un nivel de importancia fundamental a los servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las Comunidades Aut�nomas, con colaboraci�n especial del tercer sector, como cuarto pilar del sistema de bienestar, para la atenci�n a las situaciones de dependencia.
Por parte de las Administraciones P�blicas, las necesidades de las personas mayores, y en general de los afectados por situaciones de dependencia, han sido atendidas hasta ahora, fundamentalmente, desde los �mbitos auton�mico y local, y en el marco del Plan Concertado de Prestaciones B�sicas de Servicios Sociales, en el que participa tambi�n la Administraci�n General del Estado y dentro del �mbito estatal, los Planes de Acci�n para las Personas con Discapacidad y para Personas Mayores. Por otra parte, el sistema de Seguridad Social ha venido asumiendo algunos elementos de atenci�n, tanto en la asistencia a personas mayores como en situaciones vinculadas a la discapacidad: gran invalidez, complementos de ayuda a tercera persona en la pensi�n no contributiva de invalidez y de la prestaci�n familiar por hijo a cargo con discapacidad, asimismo, las prestaciones de servicios sociales en materia de reeducaci�n y rehabilitaci�n a personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores.
Es un hecho indudable que las entidades del tercer sector de acci�n social vienen participando desde hace a�os en la atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia y apoyando el esfuerzo de las familias y de las corporaciones locales en este �mbito. Estas entidades constituyen una importante malla social que previene los riesgos de exclusi�n de las personas afectadas.
La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Aut�nomas, un marco estable de recursos y servicios para la atenci�n a la dependencia y su progresiva importancia lleva ahora al Estado a intervenir en este �mbito con la regulaci�n contenida en esta Ley, que la configura como una nueva modalidad de protecci�n social que ampl�a y complementa la acci�n protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.
Se trata ahora de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del pa�s que ampl�e y complemente la acci�n protectora de este sistema, potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la Constituci�n Espa�ola, potenciando el compromiso de todos los poderes p�blicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales. En este sentido, el Sistema de Atenci�n de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la situaci�n de los servicios sociales en nuestro pa�s, respondiendo a la necesidad de la atenci�n a las situaciones de dependencia y a la promoci�n de la autonom�a personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.
3. La presente Ley regula las condiciones b�sicas de promoci�n de la autonom�a personal y de atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia mediante la creaci�n de un Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia (SAAD), con la colaboraci�n y participaci�n de todas las Administraciones P�blicas.
El Sistema tiene por finalidad principal la garant�a de las condiciones b�sicas y la previsi�n de los niveles de protecci�n a que se refiere la presente Ley. A tal efecto, sirve de cauce para la colaboraci�n y participaci�n de las Administraciones P�blicas y para optimizar los recursos p�blicos y privados disponibles. De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atenci�n integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participaci�n en el Sistema y que administrativamente se organiza en tres niveles.
En este sentido, la competencia exclusiva del Estado para la regulaci�n de las condiciones b�sicas que garanticen la igualdad de todos los espa�oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art�culo 149.1CE), justifica la regulaci�n, por parte de esta Ley, de las condiciones b�sicas de promoci�n de la autonom�a personal y de atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia mediante la creaci�n de un Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia con la colaboraci�n y participaci�n de todas las Administraciones P�blicas, y con pleno respeto de las competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del art�culo 148.1.20 de la Constituci�n.
La Ley establece un nivel m�nimo de protecci�n, definido y garantizado financieramente por la Administraci�n General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protecci�n, la Ley contempla un r�gimen de cooperaci�n y financiaci�n entre la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas mediante convenios para el desarrollo y aplicaci�n de las dem�s prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Aut�nomas podr�n desarrollar, si as� lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protecci�n a los ciudadanos.
La propia naturaleza del objeto de esta Ley requiere un compromiso y una actuaci�n conjunta de todos los poderes e instituciones p�blicas, por lo que la coordinaci�n y cooperaci�n con las Comunidades Aut�nomas es un elemento fundamental. Por ello, la ley establece una serie de mecanismos de cooperaci�n entre la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas, entre los que destaca la creaci�n del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia. En su seno deben desarrollarse, a trav�s del acuerdo entre las administraciones, las funciones de acordar un marco de cooperaci�n interadministrativa, la intensidad de los servicios del cat�logo, las condiciones y cuant�a de las prestaciones econ�micas, los criterios de participaci�n de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situaci�n de dependencia, aspectos que deben permitir el posterior despliegue del Sistema a trav�s de los correspondientes convenios con las Comunidades Aut�nomas.
Se trata, pues, de desarrollar, a partir del marco competencial, un modelo innovador, integrado, basado en la cooperaci�n interadministrativa y en el respeto a las competencias.
La financiaci�n vendr� determinada por el n�mero de personas en situaci�n de dependencia y de los servicios y prestaciones previstos en esta Ley, por lo que la misma ser� estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones P�blicas. En todo caso, la Administraci�n General del Estado garantizar� la financiaci�n a las Comunidades Aut�nomas para el desarrollo del nivel m�nimo de protecci�n para las personas en situaci�n de dependencia recogidas en esta Ley.
El Sistema atender� de forma equitativa a todos los ciudadanos en situaci�n de dependencia. Los beneficiarios contribuir�n econ�micamente a la financiaci�n de los servicios de forma progresiva en funci�n de su capacidad econ�mica, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo.
El Sistema garantizar� la participaci�n de las entidades que representan a las personas en situaci�n de dependencia y sus familias en sus �rganos consultivos.
Se reconocer� tambi�n la participaci�n de los beneficiarios en el sistema y la complementariedad y compatibilidad entre los diferentes tipos de prestaciones, en los t�rminos que determinen las normas de desarrollo.
4. La Ley se estructura en un t�tulo preliminar; un t�tulo primero con cinco cap�tulos; un t�tulo segundo con cinco cap�tulos; un t�tulo tercero; diecis�is disposiciones adicionales; dos disposiciones transitorias y nueve disposiciones finales.
En su t�tulo preliminar recoge las disposiciones que se refieren al objeto de la Ley y los principios que la inspiran, los derechos y obligaciones de las personas en situaci�n de dependencia, y los titulares de esos derechos.
El t�tulo I configura el Sistema de Atenci�n a la Dependencia, la colaboraci�n y participaci�n de todas las Administraciones P�blicas en el ejercicio de sus competencias, a trav�s de los diversos niveles de protecci�n en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria cooperaci�n entre Administraciones se concreta en la creaci�n de un Consejo Territorial del Sistema, en el que podr�n participar las Corporaciones Locales y la aprobaci�n de un marco de cooperaci�n interadministrativa a desarrollar mediante Convenios con cada una de las Comunidades Aut�nomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el cat�logo de servicios, los grados de dependencia, los criterios b�sicos para su valoraci�n, as� como el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones.
El t�tulo II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, con elaboraci�n de planes de calidad y sistemas de evaluaci�n, y con especial atenci�n a la formaci�n y cualificaci�n de profesionales y cuidadores. En este mismo t�tulo se regula el sistema de informaci�n de la dependencia, el Comit� Consultivo del sistema en el que participar�n los agentes sociales y se dota del car�cter de �rganos consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acci�n Social.
Por �ltimo, se regulan en el t�tulo III las normas sobre infracciones y sanciones vinculadas a las condiciones b�sicas de garant�a de los derechos de los ciudadanos en situaci�n de dependencia.
Las disposiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la normativa estatal que se derivan de la regulaci�n de esta Ley. As�, se realizan referencias en materia de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, en la normativa sobre discapacidad, gran invalidez y necesidad de ayuda de tercera persona, y se prev�n las modificaciones necesarias para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.
La disposici�n transitoria primera regula la participaci�n financiera del Estado en la puesta en marcha del Sistema en un periodo transitorio hasta el a�o 2015, de acuerdo con las previsiones del calendario de aplicaci�n de la Ley que se contiene en la disposici�n final primera.
1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones b�sicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadan�a a la promoci�n de la autonom�a personal y atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia, en los t�rminos establecidos en las leyes, mediante la creaci�n de un Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, con la colaboraci�n y participaci�n de todas las Administraciones P�blicas y la garant�a por la Administraci�n General del Estado de un contenido m�nimo com�n de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado espa�ol.
2. El Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia responder� a una acci�n coordinada y cooperativa de la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas, que contemplar� medidas en todas las �reas que afectan a las personas en situaci�n de dependencia, con la participaci�n, en su caso, de las Entidades Locales.
1. Autonom�a: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de c�mo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias as� como de desarrollar las actividades b�sicas de la vida diaria.
2. Dependencia: el estado de car�cter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la p�rdida de autonom�a f�sica, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atenci�n de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades b�sicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonom�a personal.
3. Actividades B�sicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas m�s elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un m�nimo de autonom�a e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades dom�sticas b�sicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar �rdenes o tareas sencillas.
4. Necesidades de apoyo para la autonom�a personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonom�a personal en el seno de la comunidad.
5. Cuidados no profesionales: la atenci�n prestada a personas en situaci�n de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atenci�n profesionalizada.
6. Cuidados profesionales: los prestados por una instituci�n p�blica o entidad, con y sin �nimo de lucro, o profesional aut�nomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestaci�n de servicios a personas en situaci�n de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.
7. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situaci�n de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonom�a personal.
8. Tercer sector: organizaciones de car�cter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de inter�s general y ausencia de �nimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
Art�culo 3. Principios de la Ley.
a) El car�cter p�blico de las prestaciones del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
b) La universalidad en el acceso de todas las personas en situaci�n de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminaci�n, en los t�rminos establecidos en esta Ley.
c) La atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia de forma integral e integrada.
d) La transversalidad de las pol�ticas de atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia.
e) La valoraci�n de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real.
f) La personalizaci�n de la atenci�n, teniendo en cuenta de manera especial la situaci�n de quienes requieren de mayor acci�n positiva como consecuencia de tener mayor grado de discriminaci�n o menor igualdad de oportunidades.
g) El establecimiento de las medidas adecuadas de prevenci�n, rehabilitaci�n, est�mulo social y mental.
h) La promoci�n de las condiciones precisas para que las personas en situaci�n de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonom�a posible.
i) La permanencia de las personas en situaci�n de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
j) La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia.
k) La participaci�n de las personas en situaci�n de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los t�rminos previstos en esta Ley.
l) La colaboraci�n de los servicios sociales y sanitarios en la prestaci�n de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas de las Comunidades Aut�nomas y las aplicables a las Entidades Locales.
m) La participaci�n de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoci�n de la autonom�a personal y atenci�n a la situaci�n de dependencia.
n) La participaci�n del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoci�n de la autonom�a personal y atenci�n a la situaci�n de dependencia.
�) La cooperaci�n interadministrativa.
o) La integraci�n de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las Comunidades Aut�nomas, en el �mbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garant�a de su oferta mediante centros y servicios p�blicos o privados concertados.
p) La inclusi�n de la perspectiva de g�nero, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.
q) Las personas en situaci�n de gran dependencia ser�n atendidas de manera preferente.
Art�culo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situaci�n de dependencia.
1. Las personas en situaci�n de dependencia tendr�n derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado espa�ol donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los t�rminos establecidos en la misma.
2. Asimismo, las personas en situaci�n de dependencia disfrutar�n de todos los derechos establecidos en la legislaci�n vigente, y con car�cter especial de los siguientes:
b) A recibir, en t�rminos comprensibles y accesibles, informaci�n completa y continuada relacionada con su situaci�n de dependencia.
c) A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en funci�n de un proyecto docente o de investigaci�n, siendo necesaria la previa autorizaci�n, expresa y por escrito, de la persona en situaci�n de dependencia o quien la represente.
d) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
e) A participar en la formulaci�n y aplicaci�n de las pol�ticas que afecten a su bienestar, ya sea a t�tulo individual o mediante asociaci�n.
f) A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de p�rdida de su capacidad de autogobierno.
h) Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios, garantiz�ndose un proceso contradictorio.
j) A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente Ley en el apartado 1 de este art�culo. En el caso de los menores o personas incapacitadas judicialmente, estar�n legitimadas para actuar en su nombre quienes ejerzan la patria potestad o quienes ostenten la representaci�n legal.
k) A la igualdad de oportunidades, no discriminaci�n y accesibilidad universal, en cualquiera de los �mbitos de desarrollo y aplicaci�n de esta Ley.
l) A no sufrir discriminaci�n por raz�n de orientaci�n o identidad sexual.
3. Los poderes p�blicos adoptar�n las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el p�rrafo anterior, sin m�s limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situaci�n de dependencia.
4. Las personas en situaci�n de dependencia y, en su caso, familiares o quienes les representen, as� como los centros de asistencia, estar�n obligados a suministrar toda la informaci�n y datos que les sean requeridos por las Administraciones competentes, para la valoraci�n de su grado y nivel de dependencia; a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, y a aplicar las prestaciones econ�micas a las finalidades para las que fueron otorgadas; o a cualquier otra obligaci�n prevista en la legislaci�n vigente.
Las personas en situaci�n de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, no estar�n obligados a aportar informaci�n, datos o documentaci�n que obren ya en poder de la Administraci�n P�blica que los solicite o que, de acuerdo con la legislaci�n vigente, pueda �sta obtener por sus propios medios.
Art�culo 5. Titulares de derechos.
1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los espa�oles que cumplan los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situaci�n de dependencia en alguno de los grados establecidos.
b) Para los menores de 3 a�os se estar� a lo dispuesto en la disposici�n adicional decimotercera.
c) Residir en territorio espa�ol y haberlo hecho durante cinco a�os, de los cuales dos deber�n ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentaci�n de la solicitud. Para los menores de cinco a�os el periodo de residencia se exigir� a quien ejerza su guarda y custodia.
2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad espa�ola se regir�n por lo establecido en la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el pa�s de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad espa�ola se estar� a lo dispuesto en las Leyes del Menor vigentes, tanto en el �mbito estatal como en el auton�mico, as� como en los tratados internacionales.
3. El Gobierno podr� establecer medidas de protecci�n a favor de los espa�oles no residentes en Espa�a.
4. El Gobierno establecer�, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema de Atenci�n a la Dependencia de los emigrantes espa�oles retornados.
El Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia
Art�culo 6. Finalidad del Sistema.
1. El Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia garantiza las condiciones b�sicas y el contenido com�n a que se refiere la presente Ley; sirve de cauce para la colaboraci�n y participaci�n de las Administraciones P�blicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoci�n de la autonom�a personal y la atenci�n y protecci�n a las personas en situaci�n de dependencia; optimiza los recursos p�blicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
2. El Sistema se configura como una red de utilizaci�n p�blica que integra, de forma coordinada, centros y servicios, p�blicos y privados.
3. La integraci�n en el Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia de los centros y servicios a que se refiere este art�culo no supondr� alteraci�n alguna en el r�gimen jur�dico de su titularidad, administraci�n, gesti�n y dependencia org�nica.
Art�culo 7. Niveles de protecci�n del Sistema.
La protecci�n de la situaci�n de dependencia por parte del Sistema se prestar� en los t�rminos establecidos en esta Ley y de acuerdo con los siguientes niveles:
1.� El nivel de protecci�n m�nimo establecido por la Administraci�n General del Estado en aplicaci�n del art�cu�lo 9.
2.� El nivel de protecci�n que se acuerde entre la Administraci�n General del Estado y la Administraci�n de cada una de las Comunidades Aut�nomas a trav�s de los Convenios previstos en el art�culo 10.
3.� El nivel adicional de protecci�n que pueda establecer cada Comunidad Aut�noma.
Art�culo 8. Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
1. Se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia como instrumento de cooperaci�n para la articulaci�n del Sistema. El Consejo estar� constituido por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por un representante de cada una de la Comunidades Aut�nomas, recayendo dicha representaci�n en el miembro del Consejo de Gobierno respectivo que tenga a su cargo las competencias en la materia. Integrar�n igualmente el Consejo un n�mero de representantes de los diferentes Departamentos ministeriales. En la composici�n tendr�n mayor�a los representantes de las Comunidades Aut�nomas.
2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones P�blicas integrantes, corresponde al Consejo, adem�s de las funciones que expresamente le atribuye esta Ley, ejercer las siguientes:
a) Acordar el Marco de cooperaci�n interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el art�culo 10.
b) Establecer los criterios para determinar la intensidad de protecci�n de los servicios previstos de acuerdo con los art�culos 10.3 y 15.
c) Acordar las condiciones y cuant�a de las prestaciones econ�micas previstas en el art�culo 20 y en la disposici�n adicional primera.
d) Adoptar los criterios de participaci�n del beneficiario en el coste de los servicios.
e) Acordar el baremo a que se refiere el art�culo 27, con los criterios b�sicos del procedimiento de valoraci�n y de las caracter�sticas de los �rganos de valoraci�n.
g) Adoptar criterios comunes de actuaci�n y de evaluaci�n del Sistema.
h) Facilitar la puesta a disposici�n de documentos, datos y estad�sticas comunes.
i) Establecer los mecanismos de coordinaci�n para el caso de las personas desplazadas en situaci�n de dependencia.
j) Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y en especial las normas previstas en el art�culo 9.1.
k) Servir de cauce de cooperaci�n, comunicaci�n e informaci�n entre las Administraciones P�blicas.
El Consejo Territorial del Sistema, una vez constituido, acordar� sus normas en cuanto a funcionamiento y Presidencia.
Art�culo 9. Participaci�n de la Administraci�n General del Estado.
1. El Gobierno, o�do el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, determinar� el nivel m�nimo de protecci�n garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, seg�n el grado y nivel de su dependencia, como condici�n b�sica de garant�a del derecho a la promoci�n de la autonom�a personal y atenci�n a la situaci�n de dependencia.
2. La financiaci�n p�blica de este nivel de protecci�n correr� a cuenta de la Administraci�n General del Estado que fijar� anualmente los recursos econ�micos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los criterios establecidos en el art�culo 32.
Art�culo 10. Cooperaci�n entre la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas.
1. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas acordar�n el marco de cooperaci�n interadministrativa que se desarrollar� mediante los correspondientes Convenios entre la Administraci�n General del Estado y cada una de las Comunidades Aut�nomas.
2. A trav�s de los Convenios a los que se refiere el apartado anterior, la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas acordar�n los objetivos, medios y recursos para la aplicaci�n de los servicios y prestaciones recogidos en el Cap�tulo II del presente T�tulo, incrementando el nivel m�nimo de protecci�n fijado por el Estado de acuerdo con el art�culo 9.
3. En aplicaci�n de lo previsto en el apartado anterior, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia establecer� los criterios para determinar la intensidad de protecci�n de cada uno de los servicios previstos en el Cat�logo, y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, para su aprobaci�n por el Gobierno mediante Real Decreto.
4. Los Convenios establecer�n la financiaci�n que corresponda a cada Administraci�n para este nivel de prestaci�n, en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 y en la disposici�n transitoria primera de esta Ley, as� como los t�rminos y condiciones para su revisi�n. Igualmente, los Convenios recoger�n las aportaciones del Estado derivadas de la garant�a del nivel de protecci�n definido en el art�culo 9.
Art�culo 11. Participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en el Sistema.
1. En el marco del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Aut�nomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias seg�n la Constituci�n Espa�ola, los Estatutos de Autonom�a y la legislaci�n vigente, las siguientes funciones:
a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el �mbito de su territorio, los servicios de promoci�n de la autonom�a personal y de atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia.
b) Gestionar, en su �mbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoraci�n y atenci�n de la dependencia.
c) Establecer los procedimientos de coordinaci�n sociosanitaria, creando, en su caso, los �rganos de coordinaci�n que procedan para garantizar una efectiva atenci�n.
d) Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditaci�n que garantice el cumplimiento de los requisitos y los est�ndares de calidad.
f) Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y est�ndares de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios.
g) Evaluar peri�dicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.
h) Aportar a la Administraci�n General del Estado la informaci�n necesaria para la aplicaci�n de los criterios de financiaci�n previstos en el art�culo 32.
2. En todo caso, las Comunidades Aut�nomas, de conformidad con lo establecido en el art�culo 7 podr�n definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protecci�n adicionales al fijado por la Administraci�n General del Estado en aplicaci�n del art�culo 9 y al acordado, en su caso, conforme al art�culo 10, para los cuales podr�n adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren m�s adecuadas.
Art�culo 12. Participaci�n de las Entidades Locales.
1. Las Entidades Locales participar�n en la gesti�n de los servicios de atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Aut�nomas y dentro de las competencias que la legislaci�n vigente les atribuye.
2. Las Entidades Locales podr�n participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga.
Prestaciones y Cat�logo de servicios de atenci�n del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia
Secci�n 1.� Prestaciones del sistema
Art�culo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia.
La atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia y la promoci�n de su autonom�a personal deber�n orientarse a la consecuci�n de una mejor calidad de vida y autonom�a personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:
a) Facilitar una existencia aut�noma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible.
b) Proporcionar un trato digno en todos los �mbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporaci�n activa en la vida de la comunidad.
Art�culo 14. Prestaciones de atenci�n a la dependencia.
1. Las prestaciones de atenci�n a la dependencia podr�n tener la naturaleza de servicios y de prestaciones econ�micas e ir�n destinadas, por una parte, a la promoci�n de la autonom�a personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realizaci�n de las actividades b�sicas de la vida diaria.
2. Los servicios del Cat�logo del art�culo 15 tendr�n car�cter prioritario y se prestar�n a trav�s de la oferta p�blica de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Aut�nomas mediante centros y servicios p�blicos o privados concertados debidamente acreditados.
3. De no ser posible la atenci�n mediante alguno de estos servicios, en los Convenios a que se refiere el art�cu�lo 10 se incorporar� la prestaci�n econ�mica vinculada establecida en el art�culo 17. Esta prestaci�n ir� destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atenci�n al que se refiere el art�cu�lo 29, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atenci�n a la dependencia.
4. El beneficiario podr�, excepcionalmente, recibir una prestaci�n econ�mica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y as� lo establezca su Programa Individual de Atenci�n.
5. Las personas en situaci�n de dependencia podr�n recibir una prestaci�n econ�mica de asistencia personal en los t�rminos del art�culo 19.
6. La prioridad en el acceso a los servicios vendr� determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad econ�mica del solicitante. Hasta que la red de servicios est� totalmente implantada, las personas en situaci�n de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicaci�n del r�gimen de prioridad se�alado, tendr�n derecho a la prestaci�n econ�mica prevista en el art�culo 17 de esta Ley.
7. A los efectos de esta Ley, la capacidad econ�mica se determinar�, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, en atenci�n a la renta y el patrimonio del solicitante. En la consideraci�n del patrimonio se tendr�n en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se presta.
Art�culo 15. Cat�logo de servicios.
1. El Cat�logo de servicios comprende los servicios sociales de promoci�n de la autonom�a personal y de atenci�n a la dependencia, en los t�rminos que se especifican en este cap�tulo:
a) Los servicios de prevenci�n de las situaciones de dependencia y los de promoci�n de la autonom�a personal.
(i)	Atenci�n de las necesidades del hogar.
d) Servicio de Centro de D�a y de Noche:
(i)	Centro de D�a para mayores.
(ii)	Centro de D�a para menores de 65 a�os.
(iii)	Centro de D�a de atenci�n especializada.
e) Servicio de Atenci�n Residencial:
(i)	Residencia de personas mayores en situaci�n de dependencia.
(ii)	Centro de atenci�n a personas en situaci�n de dependencia, en raz�n de los distintos tipos de discapacidad.
2. Los servicios establecidos en el apartado 1 se regulan sin perjuicio de lo previsto en el art�culo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi�n y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Art�culo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Aut�nomas en el �mbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estar� formada por los centros p�blicos de las Comunidades Aut�nomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoci�n de la autonom�a personal y para la atenci�n y cuidado de situaciones de dependencia, as� como los privados concertados debidamente acreditados.
2. Las Comunidades Aut�nomas establecer�n el r�gimen jur�dico y las condiciones de actuaci�n de los centros privados concertados. En su incorporaci�n a la red se tendr� en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector.
3. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situaci�n de dependencia deber�n contar con la debida acreditaci�n de la Comunidad Aut�noma correspondiente.
4. Los poderes p�blicos promover�n la colaboraci�n solidaria de los ciudadanos con las personas en situaci�n de dependencia, a trav�s de la participaci�n de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector.
Secci�n 2.� Prestaciones econ�micas
Art�culo 17. Prestaci�n econ�mica vinculada al servicio.
1. La prestaci�n econ�mica, que tendr� car�cter peri�dico, se reconocer�, en los t�rminos que se establezca, �nicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio p�blico o concertado de atenci�n y cuidado, en funci�n del grado y nivel de dependencia y de la capacidad econ�mica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administraci�n General del Estado y la correspondiente Comunidad Aut�noma.
2. Esta prestaci�n econ�mica de car�cter personal estar�, en todo caso, vinculada a la adquisici�n de un servicio.
3. Las Administraciones P�blicas competentes supervisar�n, en todo caso, el destino y utilizaci�n de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas.
Art�culo 18. Prestaci�n econ�mica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario est� siendo atendido por su entorno familiar, y se re�nan las condiciones establecidas en el art�culo 14.4, se reconocer� una prestaci�n econ�mica para cuidados familiares.
2. Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, se establecer�n las condiciones de acceso a esta prestaci�n, en funci�n del grado y nivel reconocido a la persona en situaci�n de dependencia y de su capacidad econ�mica.
3. El cuidador deber� ajustarse a las normas sobre afiliaci�n, alta y cotizaci�n a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente.
4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia promover� acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporar�n programas de formaci�n, informaci�n y medidas para atender los periodos de descanso.
Art�culo 19. Prestaci�n econ�mica de asistencia personal.
La prestaci�n econ�mica de asistencia personal tiene como finalidad la promoci�n de la autonom�a de las personas con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la contrataci�n de una asistencia personal, durante un n�mero de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educaci�n y al trabajo, as� como una vida m�s aut�noma en el ejercicio de las actividades b�sicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, se establecer�n las condiciones espec�ficas de acceso a esta prestaci�n.
Art�culo 20. Cuant�a de las prestaciones econ�micas.
La cuant�a de las prestaciones econ�micas reguladas en los art�culos de esta Secci�n se acordar� por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, para su aprobaci�n posterior por el Gobierno mediante Real Decreto.
Secci�n 3.� Servicios de promoci�n de la autonom�a personal y de atenci�n y cuidado
Art�culo 21. Prevenci�n de las situaciones de dependencia.
Tiene por finalidad prevenir la aparici�n o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoci�n de condiciones de vida saludables, programas espec�ficos de car�cter preventivo y de rehabilitaci�n dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalizaci�n complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia acordar� criterios, recomendaciones y condiciones m�nimas que deber�an cumplir los Planes de Prevenci�n de las Situaciones de Dependencia que elaboren las Comunidades Aut�nomas, con especial consideraci�n de los riesgos y actuaciones para las personas mayores.
Art�culo 22. Servicio de Teleasistencia.
1. El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnolog�as de la comunicaci�n y de la informaci�n, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.
2. Este servicio se prestar� a las personas que no reciban servicios de atenci�n residencial y as� lo establezca su Programa Individual de Atenci�n.
Art�culo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio.
El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situaci�n de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta funci�n:
a) Servicios relacionados con la atenci�n de las necesidades dom�sticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.
b) Servicios relacionados con la atenci�n personal, en la realizaci�n de las actividades de la vida diaria.
Art�culo 24. Servicio de Centro de D�a y de Noche.
1. El servicio de Centro de D�a o de Noche ofrece una atenci�n integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situaci�n de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonom�a personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevenci�n, rehabilitaci�n, orientaci�n para la promoci�n de la autonom�a, habilitaci�n o atenci�n asistencial y personal.
2. La tipolog�a de centros incluir� Centros de D�a para menores de 65 a�os, Centros de D�a para mayores, Centros de D�a de atenci�n especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se adecuar�n a las peculiaridades y edades de las personas en situaci�n de dependencia.
Art�culo 25. Servicio de Atenci�n residencial.
1. El servicio de atenci�n residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de car�cter personal y sanitario.
2. Este servicio se prestar� en los centros residenciales habilitados al efecto seg�n el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.
3. La prestaci�n de este servicio puede tener car�cter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales.
4. El servicio de atenci�n residencial ser� prestado por las Administraciones P�blicas en centros propios y concertados.
Art�culo 26. Grados de dependencia.
1. La situaci�n de dependencia se clasificar� en los siguientes grados:
a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades b�sicas de la vida diaria, al menos una vez al d�a o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonom�a personal.
b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades b�sicas de la vida diaria dos o tres veces al d�a, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonom�a personal.
c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades b�sicas de la vida diaria varias veces al d�a y, por su p�rdida total de autonom�a f�sica, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonom�a personal.
2. Cada uno de los grados de dependencia establecidos en el apartado anterior se clasificar�n en dos niveles, en funci�n de la autonom�a de las personas y de la intensidad del cuidado que requiere.
3. Los intervalos para la determinaci�n de los grados y niveles se establecer�n en el baremo al que se refiere el art�culo siguiente.
Art�culo 27. Valoraci�n de la situaci�n de dependencia.
1. Las Comunidades Aut�nomas determinar�n los �rganos de valoraci�n de la situaci�n de dependencia, que emitir�n un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, con especificaci�n de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial deber� acordar unos criterios comunes de composici�n y actuaci�n de los �rganos de valoraci�n de las Comunidades Aut�nomas que, en todo caso, tendr�n car�cter p�blico.
2. El grado y niveles de dependencia, a efectos de su valoraci�n, se determinar�n mediante la aplicaci�n del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia para su posterior aprobaci�n por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tendr� entre sus referentes la Clasificaci�n Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organizaci�n Mundial de la Salud.
3. El baremo establecer� los criterios objetivos de valoraci�n del grado de autonom�a de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuaci�n para cada uno de los grados y niveles de dependencia, y el protocolo con los procedimientos y t�cnicas a seguir para la valoraci�n de las aptitudes observadas, en su caso.
4. El baremo valorar� la capacidad de la persona para llevar a cabo por s� misma las actividades b�sicas de la vida diaria, as� como la necesidad de apoyo y supervisi�n para su realizaci�n por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.
5. La valoraci�n se realizar� teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando, en su caso, las ayudas t�cnicas, �rtesis y pr�tesis que le hayan sido prescritas.
Art�culo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situaci�n de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.
1. El procedimiento se iniciar� a instancia de la persona que pueda estar afectada por alg�n grado de dependencia o de quien ostente su representaci�n, y su tramitaci�n se ajustar� a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, con las especificidades que resulten de la presente Ley.
2. El reconocimiento de la situaci�n de dependencia se efectuar� mediante resoluci�n expedida por la Administraci�n Auton�mica correspondiente a la residencia del solicitante y tendr� validez en todo el territorio del Estado.
3. La resoluci�n a la que se refiere el apartado anterior determinar� los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante seg�n el grado y nivel de dependencia.
4. En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Aut�noma de destino determinar�, en funci�n de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situaci�n de dependencia.
5. Los criterios b�sicos de procedimiento para el reconocimiento de la situaci�n de dependencia y las caracter�sticas comunes del �rgano y profesionales que procedan al reconocimiento ser�n acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
6. Los servicios de valoraci�n de la situaci�n de dependencia, la prescripci�n de servicios y prestaciones y la gesti�n de las prestaciones econ�micas previstas en la presente Ley, se efectuar�n directamente por las Administraciones P�blicas no pudiendo ser objeto de delegaci�n, contrataci�n o concierto con entidades privadas.
Art�culo 29. Programa Individual de Atenci�n.
1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situaci�n de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema p�blico establecer�n un Programa Individual de Atenci�n en el que se determinar�n las modalidades de intervenci�n m�s adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones econ�micas previstos en la resoluci�n para su grado y nivel, con la participaci�n previa consulta y, en su caso, elecci�n entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le represente.
2. El programa individual de atenci�n ser� revisado:
b) De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Aut�nomas.
c) Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Aut�noma.
Art�culo 30. Revisi�n del grado o nivel de dependencia y de la prestaci�n reconocida.
1. El grado o nivel de dependencia ser� revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones P�blicas competentes, por alguna de las siguientes causas:
a) Mejor�a o empeoramiento de la situaci�n de dependencia.
b) Error de diagn�stico o en la aplicaci�n del correspondiente baremo.
2. Las prestaciones podr�n ser modificadas o extinguidas en funci�n de la situaci�n personal del beneficiario, cuando se produzca una variaci�n de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ley.
Art�culo 31. Prestaciones de an�loga naturaleza y fina-lidad.
La percepci�n de una de las prestaciones econ�micas previstas en esta Ley deducir� de su cuant�a cualquier otra prestaci�n de an�loga naturaleza y finalidad establecida en los reg�menes p�blicos de protecci�n social. En particular, se deducir�n el complemento de gran invalidez regulado en el art�culo 139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignaci�n econ�mica por hijo a cargo mayor de 18 a�os con un grado de minusval�a igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensi�n de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci�n Social de los Minusv�lidos (LISMI).
Art�culo 32. Financiaci�n del Sistema por las Administraciones P�blicas.
1. La financiaci�n del Sistema ser� la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones P�blicas competentes y se determinar� anualmente en los correspondientes Presupuestos.
2. La Administraci�n General del Estado asumir� �ntegramente el coste derivado de lo previsto en el art�cu�lo 9.
3. En el marco de cooperaci�n interadministrativa previsto en el art�culo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administraci�n General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Aut�nomas determinar�n las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiaci�n de los servicios y prestaciones del Sistema. Dichos Convenios, que podr�n ser anuales o plurianuales, recoger�n criterios de reparto teniendo en cuenta la poblaci�n dependiente, la dispersi�n geogr�fica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podr�n ser revisados por las partes.
La aportaci�n de la Comunidad Aut�noma ser�, para cada a�o, al menos igual a la de la Administraci�n General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.
Art�culo 33. La participaci�n de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.
1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participar�n en la financiaci�n de las mismas, seg�n el tipo y coste del servicio y su capacidad econ�mica personal.
2. La capacidad econ�mica del beneficiario se tendr� tambi�n en cuenta para la determinaci�n de la cuant�a de las prestaciones econ�micas.
3. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia fijar� los criterios para la aplicaci�n de lo previsto en este art�culo, que ser�n desarrollados en los Convenios a que se refiere el art�culo 10.
Para fijar la participaci�n del beneficiario, se tendr� en cuenta la distinci�n entre servicios asistenciales y de manutenci�n y hoteleros.
4. Ning�n ciudadano quedar� fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos econ�micos.
La calidad y eficacia del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia
Art�culo 34. Calidad en el Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
1. El Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia fomentar� la calidad de la atenci�n a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios.
2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Aut�nomas y de la Administraci�n General del Estado, se establecer�n, en el �mbito del Consejo Territorial, la fijaci�n de criterios comunes de acreditaci�n de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, dentro del marco general de calidad de la Administraci�n General del Estado.
3. Asimismo, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut�nomas y de la Administraci�n General del Estado, el Consejo Territorial acordar�:
b) Indicadores de calidad para la evaluaci�n, la mejora continua y el an�lisis comparado de los centros y servicios del Sistema.
c) Gu�as de buenas pr�cticas.
d) Cartas de servicios, adaptadas a las condiciones espec�ficas de las personas dependientes, bajo los principios de no discriminaci�n y accesibilidad.
Art�culo 35. Calidad en la prestaci�n de los servicios.
1. Se establecer�n est�ndares esenciales de calidad para cada uno de los servicios que conforman el Cat�logo regulado en la presente Ley, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
2. Los centros residenciales para personas en situaci�n de dependencia habr�n de disponer de un reglamento de r�gimen interior, que regule su organizaci�n y funcionamiento, que incluya un sistema de gesti�n de calidad y que establezca la participaci�n de los usuarios, en la forma que determine la Administraci�n competente.
3. Se atender�, de manera espec�fica, a la calidad en el empleo as� como a promover la profesionalidad y potenciar la formaci�n en aquellas entidades que aspiren a gestionar prestaciones o servicios del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
Formaci�n en materia de dependencia
Art�culo 36. Formaci�n y cualificaci�n de profesionales y cuidadores.
1. Se atender� a la formaci�n b�sica y permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situaci�n de dependencia. Para ello, los poderes p�blicos determinar�n las cualificaciones profesionales id�neas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el Cat�logo de servicios regulado en el art�cu�lo 15.
2. Los poderes p�blicos promover�n los programas y las acciones formativas que sean necesarios para la implantaci�n de los servicios que establece la Ley.
3. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentar� la colaboraci�n entre las distintas Administraciones P�blicas competentes en materia educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, as� como de �stas con las universidades, sociedades cient�ficas y organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.
Art�culo 37. Sistema de informaci�n del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a trav�s del organismo competente, establecer� un sistema de informaci�n del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia que garantice la disponibilidad de la informaci�n y la comunicaci�n rec�proca entre las Administraciones P�blicas, as� como la compatibilidad y articulaci�n entre los distintos sistemas. Para ello, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia se acordar�n los objetivos y contenidos de la informaci�n.
2. El sistema contendr� informaci�n sobre el Cat�logo de servicios e incorporar�, como datos esenciales, los relativos a poblaci�n protegida, recursos humanos, infraestructuras de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestaci�n de los servicios.
3. El sistema de informaci�n contemplar� espec�ficamente la realizaci�n de estad�sticas para fines estatales en materia de dependencia, as� como las de inter�s general supracomunitario y las que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales e internacionales.
Art�culo 38. Red de comunicaciones.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a trav�s de la utilizaci�n preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telem�ticos de las Administraciones P�blicas, pondr� a disposici�n del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia una red de comunicaciones que facilite y d� garant�as de protecci�n al intercambio de informaci�n entre sus integrantes.
2. El uso y transmisi�n de la informaci�n en esta red estar� sometido al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, y a los requerimientos de certificaci�n electr�nica, firma electr�nica y cifrado, de acuerdo con la legislaci�n vigente.
3. A trav�s de dicha red de comunicaciones se intercambiar� informaci�n sobre las infraestructuras del sistema, la situaci�n, grado y nivel de dependencia de los beneficiarios de las prestaciones, as� como cualquier otra derivada de las necesidades de informaci�n en el Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
Art�culo 39. Acci�n administrativa contra el fraude.
Las Administraciones P�blicas velar�n por la correcta aplicaci�n de los fondos p�blicos destinados al Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, evitando la obtenci�n o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas econ�micas que puedan recibir los sujetos que participen en el Sistema o sean beneficiarios del mismo. Igualmente establecer�n medidas de control destinadas a detectar y perseguir tales situaciones.
A tales efectos, las Administraciones P�blicas desarrollar�n actuaciones de vigilancia del cumplimiento de esta Ley y ejercer�n las potestades sancionadoras conforme a lo previsto en el T�tulo III de la misma, haciendo uso, en su caso, de las f�rmulas de cooperaci�n interadministrativa contenidas en esta Ley.
�rganos consultivos del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia
Art�culo 40. Comit� Consultivo.
1. Se crea el Comit� Consultivo del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia como �rgano asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante el cual se hace efectiva, de manera permanente, la participaci�n social en el Sistema y se ejerce la participaci�n institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo.
2. Sus funciones ser�n las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial inter�s para el funcionamiento de dicho Sistema.
3. La composici�n del Comit� tendr� car�cter tripartito, en tanto que integrado por las Administraciones p�blicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y paritario entre Administraciones P�blicas por una parte y organizaciones sindicales y empresariales por otra, en los t�rminos establecidos en el siguiente apartado. Los acuerdos del Comit� se adoptar�n por mayor�a de los votos emitidos en cada una de las partes, requiriendo as� la mayor�a de los votos de las Administraciones P�blicas y la mayor�a de los votos de las organizaciones sindicales y empresariales.
4. El Comit� Consultivo estar� presidido por el representante de la Administraci�n General del Estado que designe el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su funcionamiento se regular� por su reglamento interno. Estar� integrado por los siguientes miembros, nombrados en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente:
b) Seis representantes de las administraciones de las Comunidades Aut�nomas.
d) Nueve representantes de las organizaciones empresariales m�s representativas.
e) Nueve representantes de las organizaciones sindicales m�s representativas.
Art�culo 41. �rganos consultivos.
1. Ser�n �rganos consultivos de participaci�n institucional del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia los siguientes:
El Comit� Consultivo del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acci�n Social.
2. Las funciones de dichos �rganos ser�n las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial inter�s para el funcionamiento del Sistema.
Art�culo 42. Responsables.
1. S�lo podr�n ser sancionadas por hechos constitutivos de infracci�n administrativa las personas f�sicas o jur�dicas que resulten responsables de los mismos.
2. Se consideran autores de las infracciones tipificadas por esta Ley quienes realicen los hechos por s� mismos, conjuntamente o a trav�s de persona interpuesta.
3. Tendr�n tambi�n la consideraci�n de autores quienes cooperen en su ejecuci�n mediante una acci�n u omisi�n sin la cual la infracci�n no hubiese podido llevarse a cabo.
Art�culo 43. Infracciones.
Constituir� infracci�n:
b) Obstruir la acci�n de los servicios de inspecci�n.
c) Negar el suministro de informaci�n o proporcionar datos falsos.
d) Aplicar las prestaciones econ�micas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan, y recibir ayudas, en especie o econ�micas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la presente Ley.
e) Incumplir las normas relativas a la autorizaci�n de apertura y funcionamiento y de acreditaci�n de centros de servicios de atenci�n a personas en situaci�n de dependencia.
f) Tratar discriminatoriamente a las personas en situaci�n de dependencia.
g) Conculcar la dignidad de las personas en situaci�n de dependencia.
h) Generar da�os o situaciones de riesgo para la integridad f�sica o ps�quica.
i) Incumplir los requerimientos espec�ficos que formulen las Administraciones P�blicas competentes.
Art�culo 44. Clasificaci�n de las infracciones.
1. Las infracciones se clasificar�n en leves, graves y muy graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteraci�n social producida por los hechos, cuant�a del beneficio obtenido, intencionalidad, n�mero de afectados y reincidencia.
2. Se calificar�n como leves las infracciones tipificadas de acuerdo con el art�culo 43 cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia, y no comporten un perjuicio directo para las personas en situaci�n de dependencia.
3. Se calificar�n como infracciones graves las tipificadas de acuerdo con el art�culo 43 cuando comporten un perjuicio para las personas, o se hayan cometido con dolo o negligencia grave. Tambi�n tendr�n la consideraci�n de graves, aquellas que comporten cualesquiera de las siguientes circunstancias:
b) Negativa absoluta a facilitar informaci�n o a prestar colaboraci�n a los servicios de inspecci�n, as� como el falseamiento de la informaci�n proporcionada a la Administraci�n.
c) Coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presi�n ejercitada sobre las personas en situaci�n de dependencia o sus familias.
4. Se calificar�n como infracciones muy graves todas las definidas como graves siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
b) Que se genere un grave perjuicio para las personas en situaci�n de dependencia o para la Administraci�n.
5. Se produce reincidencia cuando, al cometer la infracci�n, el sujeto hubiera sido ya sancionado por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor o por dos o m�s infracciones de gravedad inferior, durante los dos �ltimos a�os.
Art�culo 45. Sanciones.
1. Las infracciones a la presente Ley ser�n sancionadas por las administraciones competentes con p�rdida de las prestaciones y subvenciones para las personas beneficiarias; con multa para los cuidadores no profesionales; y con multa y, en su caso, p�rdida de subvenciones, cese temporal de la actividad o cierre del establecimiento, local o empresa para las empresas proveedoras de servicios. En todo caso, la sanci�n implicar� el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
2. La graduaci�n de las sanciones ser� proporcional a la infracci�n cometida y se establecer� ponder�ndose seg�n los siguientes criterios:
a) Gravedad de la infracci�n.
b) Gravedad de la alteraci�n social y perjuicios causados.
d) N�mero de afectados.
f) Grado de intencionalidad y reiteraci�n.
3. La graduaci�n de las multas se ajustar� a lo siguiente:
a) Por infracci�n leve, multa de hasta 300 euros a los cuidadores y hasta treinta mil euros a los proveedores de servicios.
b) Por infracci�n grave, multa de trescientos a tres mil euros a los cuidadores; y de treinta mil uno a noventa mil euros a los proveedores de servicios.
c) Por infracci�n muy grave, multa de tres mil uno a seis mil euros a los cuidadores; y de noventa mil uno hasta un m�ximo de un mill�n euros a los proveedores de servicios.
4. En los supuestos en los que se acuerde la suspensi�n de prestaciones o subvenciones, �sta se graduar� entre uno y seis meses seg�n la gravedad de la infracci�n.
5. Adem�s, en los casos de especial gravedad, reincidencia de la infracci�n o trascendencia notoria y grave, las infracciones muy graves se sancionar�n con la suspensi�n temporal de la actividad por un m�ximo de cinco a�os o, en su caso, con el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.
6. Durante la sustanciaci�n del procedimiento sancionador, la Administraci�n competente podr� acordar, como medida cautelar, la suspensi�n de cualquier tipo de ayudas o subvenci�n de car�cter financiero que el par-ticular o la entidad infractora haya obtenido o solicitado de dicha Administraci�n P�blica.
7. Durante la sustanciaci�n del procedimiento por infracciones graves o muy graves, y ante la posibilidad de causar perjuicios de dif�cil o imposible reparaci�n, la Administraci�n competente podr� acordar, como medida cautelar, el cierre del centro o la suspensi�n de la actividad.
Art�culo 46. Prescripci�n.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribir�n:
a) Al a�o, las leves.
b) A los tres a�os, las graves.
c) A los cuatro a�os, las muy graves.
2. El plazo de prescripci�n comenzar� a contarse a partir del d�a que se haya cometido la infracci�n y se interrumpir� por la iniciaci�n, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir�n a los cinco a�os, por faltas graves a los cuatro a�os y por faltas leves al a�o.
Art�culo 47. Competencias.
1. Las Comunidades Aut�nomas desarrollar�n el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la presente Ley.
2. La incoaci�n e instrucci�n de los expedientes sancionadores, as� como la imposici�n de las correspondientes sanciones, corresponder� a cada Administraci�n P�blica en el �mbito de sus respectivas competencias.
3. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado ser� �rgano competente para imponer las sanciones por conductas previstas como infracciones en el art�cu�lo 43:
a) El titular de la Direcci�n General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, cuando se trate de sanciones por la comisi�n de infracciones leves.
b) El titular de la Secretar�a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, cuando se trate de sanciones por la comisi�n de infracciones graves.
c) El titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se trate de sanciones por la comisi�n de infracciones muy graves, si bien se requerir� el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuant�a superior a 300.000 euros o en los supuestos de cierre de la empresa o clausura del servicio o establecimiento.
Disposici�n adicional primera. Financiaci�n de las prestaciones y servicios garantizados por la Administraci�n General del Estado.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio determinar� la cuant�a y la forma de abono a las Comunidades Aut�nomas de las cantidades necesarias para la financiaci�n de los servicios y prestaciones previstos en el art�culo 9 de esta Ley.
Disposici�n adicional segunda. R�gimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio.
La financiaci�n de los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra que corresponda, seg�n lo previsto en el art�culo 32 de esta Ley, a la Administraci�n General del Estado con cargo a su presupuesto de gastos se tendr� en cuenta en el c�lculo del cupo vasco y de la aportaci�n navarra, de conformidad con el Concierto Econ�mico entre el Estado y la Comunidad del Pa�s Vasco y con el Convenio Econ�mico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
Disposici�n adicional tercera. Ayudas econ�micas para facilitar la autonom�a personal.
La Administraci�n General del Estado y las administraciones de las Comunidades Aut�nomas podr�n, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos espec�ficos para la concesi�n de ayudas econ�micas con el fin de facilitar la autonom�a personal. Estas ayudas tendr�n la condici�n de subvenci�n e ir�n destinadas:
a) A apoyar a la persona con ayudas t�cnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria.
Disposici�n adicional cuarta. Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
Reglamentariamente el Gobierno determinar� la incorporaci�n a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el R�gimen que les corresponda, as� como los requisitos y procedimiento de afiliaci�n, alta y cotizaci�n.
Disposici�n adicional quinta. Registro de Prestaciones Sociales P�blicas.
La prestaci�n econ�mica vinculada al servicio, la prestaci�n econ�mica para cuidados en el entorno familiar y la prestaci�n econ�mica de asistencia personalizada, reguladas en esta ley, quedan integradas en el Registro de Prestaciones Sociales P�blicas. Con tal fin, las entidades y organismos que gestionen dichas prestaciones vendr�n obligados a suministrar los datos que, referentes a las que se hubiesen concedido, se establezcan en las normas de desarrollo de esta Ley.
Disposici�n adicional sexta. Modificaci�n del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
Se a�ade un nuevo apartado al art�culo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, aprobado por Real Decreto Legisla�tivo 3/2004, de 5 de marzo, con el siguiente texto:
�v) Las prestaciones econ�micas p�blicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoci�n de la Autonom�a Personal y de Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia.�
Disposici�n adicional s�ptima. Instrumentos privados para la cobertura de la dependencia.
1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, promover� las modificaciones legislativas que procedan, para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.
2. Con el fin de facilitar la cofinanciaci�n por los beneficiarios de los servicios que se establecen en la presente Ley, se promover� la regulaci�n del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia.
Disposici�n adicional octava. Terminolog�a.
Las referencias que en los textos normativos se efect�an a �minusv�lidos� y a �personas con minusval�a�, se entender�n realizadas a �personas con discapacidad�.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones P�blicas utilizar�n los t�rminos �persona con discapacidad� o �personas con discapacidad� para denominarlas.
Disposici�n adicional novena. Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de gran invalidez y de necesidad de ayuda de tercera persona.
Quienes tengan reconocida la pensi�n de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona seg�n el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimiento para el reconocimiento, declaraci�n y calificaci�n del grado de minusval�a, tendr�n reconocido el requisito de encontrarse en situaci�n de dependencia, en el grado y nivel que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta Ley.
Disposici�n adicional d�cima. Investigaci�n y desarrollo.
1. Los poderes p�blicos fomentar�n la innovaci�n en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida y la atenci�n de las personas en situaci�n de dependencia. Para ello, promover�n la investigaci�n en las �reas relacionadas con la dependencia en los planes de I+D+I.
2. Las Administraciones P�blicas facilitar�n y apoyar�n el desarrollo de normativa t�cnica, de forma que asegure la no discriminaci�n en procesos, dise�os y desarrollos de tecnolog�as, productos y servicios, en colaboraci�n con las organizaciones de normalizaci�n y todos los agentes implicados.
Disposici�n adicional und�cima. Ciudades de Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suscribir� acuerdos con las Ciudades de Ceuta y Melilla sobre centros y servicios de atenci�n a la dependencia en ambas Ciudades, pudiendo participar en el Consejo Territorial del Sistema en la forma que �ste determine.
Disposici�n adicional duod�cima. Diputaciones Forales, Cabildos y Consejos Insulares.
En la participaci�n de las entidades territoriales en el Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia se tendr�n en cuenta las especificidades reconocidas a las Diputaciones Forales en el caso de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco, a los Cabildos en el caso de la Comunidad Aut�noma de Canarias y a los Consejos Insulares en el caso de la Comunidad Aut�noma de Illes Balears.
Disposici�n adicional decimotercera. Protecci�n de los menores de 3 a�os.
1. Sin perjuicio de los servicios establecidos en los �mbitos educativo y sanitario, el Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia atender� las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, prestaciones econ�micas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de 3 a�os acreditados en situaci�n de dependencia. El instrumento de valoraci�n previsto en el art�culo 27 de esta Ley incorporar� a estos efectos una escala de valoraci�n espec�fica.
2. La atenci�n a los menores de 3 a�os, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se integrar� en los diversos niveles de protecci�n establecidos en el ar-t�culo 7 de esta Ley y sus formas de financiaci�n.
3. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia se promover� la adopci�n de un plan integral de atenci�n para estos menores de 3 a�os en situaci�n de dependencia, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las Administraciones P�blicas, sin perjuicio de sus competencias, para facilitar atenci�n temprana y rehabilitaci�n de sus capacidades f�sicas, mentales e intelectuales.
Disposici�n adicional decimocuarta. Fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Las entidades privadas que aspiren a gestionar por v�a de concierto prestaciones o servicios del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia deber�n acreditar con car�cter previo, en el caso de que vinieran obligadas a ello, el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad o, en su defecto, las medidas de car�cter excepcional establecidas en el art�cu�lo 38 de la Ley 13/1082, de 7 de abril, de Integraci�n Social de los Minusv�lidos, y reguladas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
Disposici�n adicional decimoquinta. Garant�a de accesibilidad y supresi�n de barreras.
Las Administraciones P�blicas, en el �mbito de sus respectivas competencias, garantizar�n las condiciones de accesibilidad en los entornos, procesos y procedimientos del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, en los t�rminos previstos en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminaci�n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposici�n adicional decimosexta. Pensiones no contributivas.
Se modifica el apartado 2 del art�culo 145 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes t�rminos:
Las cuant�as resultantes de lo establecido en el apartado anterior de este art�culo, calculadas en c�mputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 25 por 100 del importe, en c�mputo anual, de la pensi�n no contributiva. En caso contrario, se deducir� del importe de la pensi�n no contributiva la cuant�a de las rentas o ingresos que excedan de dicho porcentaje, salvo lo dispuesto en el art�culo 147.
Disposici�n transitoria primera. Participaci�n en la financiaci�n de las Administraciones P�blicas.
Durante el per�odo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, y para favorecer la implantaci�n progresiva del Sistema, la Administraci�n General del Estado establecer� anualmente en sus Presupuestos cr�ditos para la celebraci�n de los convenios con las administraciones de las Comunidades Aut�nomas de acuerdo con el art�culo 10 de esta Ley.
Durante un periodo m�ximo de seis meses desde la fecha de inicio para la presentaci�n de solicitudes de reconocimiento de la situaci�n de dependencia, quedar� en suspenso lo previsto en el art�culo 28.6 sobre delegaci�n, contrataci�n o concierto.
Disposici�n final primera. Aplicaci�n progresiva de la Ley.
1. La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente Ley se ejercitar� progresivamente, de modo gradual y se realizar� de acuerdo con el siguiente calendario a partir del 1 de enero de 2007:
El primer a�o a quienes sean valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1.
En el segundo y tercer a�o a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.
En el tercero y cuarto a�o a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.
El quinto y sexto a�o a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
El s�ptimo y octavo a�o a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.
2. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones p�blicas competentes generar� el derecho de acceso a los servicios y prestaciones correspondientes, previstos en los art�culos 17 a 25 de esta Ley, a partir del inicio de su a�o de implantaci�n de acuerdo con el calendario del apartado 1 de esta disposici�n o desde el momento de su solicitud de reconocimiento por el interesado, si �sta es posterior a esa fecha.
3. Transcurridos los primeros tres a�os de aplicaci�n progresiva de la Ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia realizar� una evaluaci�n de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantaci�n del Sistema que, en su caso, estime procedentes.
4. En la evaluaci�n de los resultados a que se refiere el apartado anterior se efectuar� informe de impacto de g�nero sobre el desarrollo de la Ley.
Disposici�n final segunda. Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia.
En el plazo m�ximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deber� constituirse el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia regulado en el art�culo 8.
Disposici�n final tercera. Comit� Consultivo.
En el plazo m�ximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deber� constituirse el Comit� Consultivo del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia regulado en el art�culo 40.
Disposici�n final cuarta. Marco de cooperaci�n interadministrativa para el desarrollo de la Ley.
En el plazo m�ximo de tres meses desde su constituci�n, el Consejo Territorial del Sistema acordar� el marco de cooperaci�n interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el art�culo 10, as� como el calendario para el desarrollo de las previsiones contenidas en la presente Ley.
En el plazo m�ximo de tres meses tras la constituci�n del Consejo y de conformidad con los correspondientes acuerdos del Consejo Territorial del Sistema, se aprobar� la intensidad de protecci�n de los servicios previstos de acuerdo con los art�culos 10.3 y 15, as� como el baremo para la valoraci�n del grado y niveles de dependencia previstos en los art�culos 26 y 27.
Disposici�n final sexta. Informe anual.
1. El Gobierno deber� informar a las Cortes anualmente de la ejecuci�n de las previsiones contenidas en la presente Ley.
2. Dicho informe incorporar� la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los �rganos Consultivos.
Disposici�n final s�ptima. Habilitaci�n normativa.
Disposici�n final octava. Fundamento constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones b�sicas que garanticen la igualdad de todos los espa�oles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al art�culo 149.1.1.� de la Constituci�n.
Disposici�n final novena. Entrada en vigor.
La presente Ley entrar� en vigor el primer d�a del mes siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Art. 7 de la LEY del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, de 5 de marzo (Ref. 2004/04347 ).
Criterio de ordenaci�n: por contenido por fecha
publicando el marco de cooperaci�n interadministrativa y criterios de distribuci�n: RESOLUCI�N de 21 de mayo de 2009 (Ref. 2009/09385 ).
los arts. 8.2.d), 14.7 y 33, sobre capacidad econ�mica del beneficiario y prestaciones: RESOLUCI�N de 2 de diciembre de 2008 (Ref. 2008/20452 ).
el art. 34.2, sobre criterios comunes de acreditaci�n de calidad de centros y servicios: RESOLUCI�N de 2 de diciembre de 2008 (Ref. 2008/20451 ).
con los arts. 8.2.a) y 10.1, aprobando el marco de cooperaci�n interadministrativa: RESOLUCI�N de 8 de agosto de 2008 (Ref. 2008/13945 ).
SE DICTA EN RELACION, atribuyendo el 065 al servicio de atenci�n telef�nica a las personas en situaci�n de dependencia: RESOLUCI�N de 9 de mayo de 2008 (Ref. 2008/09282 ).
sobre la aplicaci�n en las ciudades de Ceuta y Melilla: RESOLUCI�N de 16 de julio de 2007 (Ref. 2007/14137 ).
con el art. 8.2.b) y c), sobre criterios para determinar las intensidades de protecci�n de los servicios y las prestaciones econ�micas correspondientes a los Grados II y III de dependencia: REAL DECRETO 727/2007, de 8 de junio (Ref. 2007/11446 ).
con los arts. 27 y 28, estableciendo los acuerdos en materia de valoraci�n de la situaci�n de dependencia.: RESOLUCI�N de 23 de mayo de 2007 (Ref. 2007/11269 ).
con los arts. 8.2.a) y 10.1, aprobando el marco de cooperaci�n interadministrativa: RESOLUCI�N de 23 de mayo de 2007 (Ref. 2007/11011 ).
el art. 9, sobre nivel m�nimo de protecci�n del Sistema: REAL DECRETO 614/2007, de 11 de mayo (Ref. 2007/09689 ).
con los arts. 26 y 27, aprobando el baremo de valoraci�n de la situaci�n de dependencia: REAL DECRETO 504/2007, de 20 de abril (Ref. 2007/08350 ).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
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