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Timestamp: 2017-04-30 03:35:44+00:00

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Consulta al Ministerio Educación en materia de Disciplina Escolar (Septiembre de 2011) | Disciplines | Violence
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Capítulo II Circunstancias de Hecho Los centros educativos deben ser espacios seguros para todos sus integrantes, en especial para proteger el adecuado desarrollo y formación de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo en los últimos años, según los reportes obtenidos a partir de intercambios con centros educativos públicos y privados en diversos espacios formativos, se han registrado incrementos significativos de hechos violentos en la dinámica escolar cuyos afectados principales son los niños, niñas y adolescentes en condiciones de víctimas y victimarios. El Informe Mundial de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes de Naciones Unidas1 del año 2006 refleja que el problema de la violencia es una realidad cotidiana en muchos países y se reconoce que la violencia escolar es una problemática multifactorial, siendo necesario que desde el Estado, las familias y la sociedad se desarrollen acciones conjuntas para que todos los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en entornos libre de violencia.
Pinheiro, P. S. (2006). Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. [S.l.]: Unicef. [También disponible en línea, en diversas páginas].
Existen muchos conceptos y aproximaciones sobre lo que debe entenderse por violencia escolar, de acuerdo Jesús Machado (2010, pág. 8) la violencia escolar “es el uso intencionado de la fuerza o del poder de manera reiterada o puntual, ocasionando daño -físico, emocional, psicológico, sexual, social- a una o varias personas. Implica una intencionalidad predefinida. Se manifiesta entre miembros de una misma comunidad educativa (alumnado, personal docente, personal administrativo, padres o representantes), o se ejerce contra uno o varios miembros de esa comunidad. Se lleva a cabo en instalaciones escolares o en otros espacios directamente vinculados con la escuela” 2 El Informe sobre Violencia en las Escuelas del Centro Gumilla3 del año 2009 afirma que la violencia escolar no constituye un hecho fortuito o aislado y existe una clara identificación de la comunidad educativa de quienes son las víctimas y victimarios. A partir de 539 entrevistas entre estudiantes y profesores de Catia y Petare se observa que el 73% de los estudiantes y el 68% de los docentes entrevistados han presenciado situaciones de violencia dentro del centro educativo, siendo las agresiones verbales y las físicas las más frecuentes. De esta manera, el Informe indica que: “la violencia en los centros educativos es abierta, y desafiante. En los espacios más públicos y donde se da por sentado que existen autoridades, pertenecientes a los mismos centro de educación, es donde se realizan con mayor frecuencia hechos violentos de distintos tipos”. (Gumilla, 2009. pag 25) “La violencia perturba de manera muy particular el ambiente escolar, pues además de ser un factor que afecta el desempeño académico y la calidad de la enseñanza, ella contribuye a configurar “un ambiente escolar hostil que perjudica las relaciones entre las personas que componen la escuela (...) y que dificulta la socialización en valores de convivencia pacífica, que privilegien el diálogo y la conciliación.” (Gumilla, 2009. pag 15) Si bien es cierto desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación se han realizado esfuerzos para diagnosticar la situación de violencia escolar, a través de una encuesta de carácter nacional, a la presente fecha no se conocen púbicamente los resultados, razón por la cual, se puede afirmar que no existen suficientes datos e investigaciones sobre la problemática que permita identificar la magnitud y dimensiones del problema. Existe un cúmulo de experiencias, vivencias y episodios violentos que pueden ser relatados por docentes, directivos, padres, familiares e incluso los propios estudiantes. Estas circunstancias y realidades, aunado a un abordaje inadecuado o negación sistemática por parte de los centros y autoridades educativas, constituyen factores que estimulan y agravan la violencia escolar. Por otra parte, el último Informe Somos Noticia 4 elaborado por Cecodap reportó 339 casos de violencia escolar reflejados en la prensa nacional durante el período Octubre 2009 a septiembre de 2010. Este hecho refleja que la violencia escolar, tradicionalmente silenciada, esta progresivamente posicionándose dentro de la sociedad a través de hechos cada vez más violentos en sus características, víctimas y consecuencias.
MACHADO, Jesús y GUERRA, José (2009). Investigación sobre violencia en las escuelas. Informe Final. [Fecha de consulta: 09 de Septiembre de 2011]. Centro Gumilla. Disponible en http://www.gumilla.org/violenciaescolar
VILLAMEDIANA, Carla (2010). Informe Somos Noticia [Fecha de consulta: 09 de Septiembre de 2011 Disponible en http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_docman&Itemid=100
El informe elaborado por Cecodap reflejó 106 robos en escuelas, 54 suspensiones de clases por disturbios, 46 estudiantes heridos en disturbios estudiantiles, 29 incidentes con bombas lacrimógenas y 15 situaciones con armas de fuego. Asimismo, dentro de los incidentes reportados se encuentran 5 estudiantes fallecidos a consecuencia de la violencia escolar (2 estudiantes por rivalidades escolares, 1 por disparo accidental, 1 al ser golpeado por una botella de agua congelada y una adolescentes fue arrollada durante una protesta estudiantil). Finalmente, el informe indica que la violencia escolar sigue naturalizada, banalizada y por lo tanto invisibilizada, sólo se publica información que da cuenta al manejo de armas, explosivos y bombas lacrimógenas dentro de las instituciones educativas, ciertamente estos hechos inciden en el aumento de las situaciones de violencia y aumenta considerablemente la cantidad de niños, niñas y adolescentes afectados. Sin embargo, en la prensa nacional no se reseña sistemáticamente situaciones de violencia escolar por agresiones verbales (acoso escolar / “chalequeo”), física entre los miembros de la comunidad educativa, agresiones institucionales por abuso de poder en el uso discrecional y arbitrario de las normas, el deterioro de las instalaciones físicas por parte del estudiantado, entre otras. A partir de estos hechos y realidades se puede afirmar que en los centros educativos independientemente sean de carácter público o privado se materializan hechos violentos, donde sus involucrados en la mayoría de los casos son niños, niñas y adolescentes y donde el personal docente, directivo y autoridades educativas no ha podido desarrollar acciones efectivas para la promoción de la convivencia escolar y prevención de comportamientos violentos. Por ello, resulta indispensable para los centros educativos contar con un marco normativo para regular la vida escolar, donde se tipifiquen y sancionen aquellos actos que amenacen la convivencia ya sean cometidos por estudiantes, docentes, directivos o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, como también, desarrollar acciones de prevención donde el niño, niña y adolescente sea visto, entendido y abordado de manera integral como sujeto de derechos. Capítulo II Circunstancia de Derecho. A los fines de normar todo lo relativo a la disciplina escolar la derogada Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de julio de 1980 en sus artículos 123 y 124 desarrolló todo lo relativo a las faltas graves que pueden incurrir los estudiantes, así como las sanciones correspondientes. En esta sentido, las normas señalaban que: Artículo 123: Los alumnos incurren en falta grave en los casos siguientes: 1º.- Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades escolares o alteren gravemente la disciplina. 2º.- Cuando cometan actos violentos de hecho o de palabras contra cualquier miembro de la comunidad educativa, o del personal docente, administrativo u obrero del plantel. 3º.- Cuando provoquen desórdenes graves durante la realización de cualquier prueba de evaluación o participen en hechos que comprometan su eficacia. 4º.- Cuando deterioren o destruyan en forma voluntaria los locales, dotaciones y demás bienes del ámbito escolar. Artículo 124: Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas según su gravedad, con:
1º.- Retiro del lugar donde se realice la prueba y anulación de la misma, aplicada por el docente. 2º.- Retiro temporal del plantel, aplicada por el director respectivo. 3º.- Expulsión del plantel hasta por un año, aplicada por el Consejo de Profesores. 4º.- Expulsión del plantel hasta por dos años, aplicada por el Ministro de Educación. De esta manera, las normas citadas tipifican y describen un conjunto de conductas en que puedan incurrir los estudiantes, así como, las sanciones correspondientes previo cumplimiento del procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Igualmente, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes publicada en Gaceta Oficial Número 5.859 de fecha 10 de diciembre de 2007, en su artículo 57 establece de manera taxativa que la disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes. La norma orgánica establece, entre otros aspectos, los parámetros y condiciones para la aplicación de la disciplina escolar, donde expresamente se señala que las sanciones de retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación sólo se impondrán por las causas expresamente establecidas en la ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable, es decir, un reglamento interno de disciplina escolar o manual de convivencia de un centro educativo no puede bajo ninguna circunstancia tipificar conductas y sanciones de retiro o expulsión de estudiante, ni tampoco puede desarrollar disposiciones contrarias al espíritu, propósito y razón de la ley. Por esta razón, en resguardo al principio de legalidad, es un requisito indispensable la preexistencia de una norma jurídica que describa claramente los supuestos de hecho y la correspondiente consecuencia jurídica, que en éste caso, sería la aplicación de sanciones de retiro y expulsión de los centros educativos. Ahora bien, a partir de la nueva Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial Número 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009 se establece un nuevo marco normativo que tiene por objeto desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento del Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica de Educación (2009) no contempla desarrollo normativo sobre la disciplina escolar, ya que estará sujeto a una ley especial que regule el funcionamiento del subsistema de educación básica, desde el nivel de educación inicial hasta la educación media de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley in comento. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia número 10145 de fecha 09 de agosto de 2011 reconoció la existencia de un vacío legal en relación a la disciplina escolar, en consecuencia, todo lo relativo a su regulación debe provenir de la Asamblea Nacional en carácter de cuerpo legislativo, tomando en consideración el principio de reserva legal. La novísima Ley Orgánica de Educación (2009) derogó los artículos que establecían las faltas graves y las sanciones a ser aplicadas a los estudiantes, según su gravedad, estableciendo en forma genérica, en la Disposición Transitoria Primera, numeral 10º, que los estudiantes que incurran en faltas de disciplina, se someterán a medidas alternas de resolución de conflictos, mediante la mediación y conciliación que adopten los integrantes de la comunidad educativa.
SALA DE CASACION SOCIAL. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (2011). Recurso de Interpretación del artículo 57 de la Ley Orgánica para la P
Sobre este aspecto resulta oportuno indicar que una “disposición transitoria” cumple la función de regular un proceso de cambio de un sistema a otro, de manera tal, que todo acto jurídico iniciado o constituido en la vigencia de un sistema por sustituir no quede sin regulación normativa, es decir, que no se provoque un vacío jurídico. A partir de este criterio es indispensable que los centros educativos dispongan de orientaciones y lineamientos oficiales sobre cómo entender y aplicar la Disposición Transitoria Primera, numeral 10º de la Ley Orgánica de Educación (supuestos de procedencia, atribuciones, procedimientos, consecuencias jurídicas), que si bien es cierto tiene un carácter temporal hasta tanto sea promulgada la ley especial correspondiente, la realidad de la violencia escolar en Venezuela no puede seguir esperando. Resulta altamente preocupante la libre interpretación y aplicación de dicha norma por parte de centros educativos, la cual generado dudas e incertidumbres, ya que se han recurrido a sanciones de retiro y expulsión a estudiantes a pesar de su ilegalidad, como también, situaciones de violencia extrema han quedado sin respuesta con impactos significativos en la convivencia escolar, social y comunitaria, así como en la formación del estudiantado. Ahora bien, si bien es cierto todo lo relativo a la disciplina escolar debe ser normado a través de una ley, el Ministerio del Poder Popular para la Educación desempeña un papel fundamental en orientar el funcionamiento del sistema educativo de acuerdo a los principios contenidos el nuestro marco jurídico. Por ello, sin ánimo usurpar competencias por vía administrativa, consideramos importante que el órgano rector en la materia pueda emitir orientaciones a los centros educativos tomando en consideración las premisas previamente señaladas. En consecuencia, solicitamos la opinión jurídica sobre la Disposición Transitoria Primera, numeral 10º de la Ley Orgánica de Educación en base a los siguientes aspectos: 1. ¿Qué se debe entender por mecanismos alternos de resolución de conflicto en el ámbito educativo y qué acciones comprende? 2. ¿Cuáles son los hechos violentos cometidos por los estudiantes que pueden ser sometidas a mecanismos alternos de resolución de conflictos? 3. ¿Cuáles son los hechos violentos cometidos por los estudiantes a los que no se les puede aplicar los mecanismos alternos de resolución de conflicto?
4. ¿Cómo se debe materializar la participación de los estudiantes en la aplicación de mecanismos alternos de resolución de conflictos? 5. ¿Cuáles son los criterios que deben aplicar los centros educativos para calificar, según su gravedad, las faltas cometidos por los estudiantes en sus reglamentos internos de disciplina escolar o manuales de convivencia? 6. ¿Qué medidas disciplinarias debe adoptar un centro en caso de situaciones graves de violencia (física, verbal u otras) por parte de un estudiante contra cualquier miembro de la comunidad educativa o instalaciones? 7. ¿Qué medidas disciplinarias debe adoptar un centro educativo en caso de situaciones graves de violencia (física, verbal u otras) cometida por un adulto miembro de la comunidad educativa contra un estudiante?
8. ¿Qué medidas disciplinarias o de cualquier otra índole debe adoptar un centro educativo si los mecanismos alternos de resolución de conflictos resultan ineficaces frente a la situación de violencia escolar? 9. ¿Qué medidas administrativas puede tomar un centro educativo cuando denuncia, ante los órganos competentes, a un estudiante por la presunta comisión de un hecho punible cometido contra un miembro de la comunidad educativa? 10.¿Qué medidas administrativas puede tomar un centro educativo durante el proceso de investigación y juicio a un adolescente, por la presunta comisión de un hecho punible cometido contra un miembro de la comunidad educativa? 11. ¿Cuáles son las medidas y garantías que debe adoptar un centro educativo para los denunciantes de situaciones de violencia escolar? 12.Tomando en consideración la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica de Educación (2009) ¿son aplicables las sanciones de retiro y expulsión previstas en la Ley Orgánica de Educación de 1980? 13.¿Cuáles es son las atribuciones y formas de participación de las zonas educativas y defensorías escolares en la aplicación de los mecanismos alternos de resolución de conflicto? 14. ¿Cuáles son las estrategias y acciones que ha desarrollado el Ministerio del Poder Popular para la Educación a fin de capacitar y supervisar a los centros educativos a nivel nacional en mecanismos alternos de resolución de conflictos? 15.Para la aplicación de los mecanismos alternos de resolución de conflicto en el ámbito educativo ¿cuáles son las formas de coordinación y articulación con los órganos del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente, los consejos de protección y defensorías de niños, niñas y adolescentes? 16. Para la aplicación de los mecanismos alternos de resolución de conflicto en el ámbito educativo ¿cuáles son las formas de coordinación y articulación con los órganos del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente? 17.¿Cuáles son las medidas que un centro educativo debe adoptar en caso de niños, niñas y adolescente que generen violencia a consecuencia de problemas de salud mental diagnosticada? ¿Cuáles son las medidas que un centro educativo deben adoptar para proteger a los miembros de la comunidad educativa en estos supuestos? ¿Qué medidas de apoyo puede desarrollar la zona educativa o distrito escolar a un niño, niña y adolescente con problemas de salud mental diagnosticada? 18.¿El cambio de ambiente realizado por los centros educativos representa un retiro o expulsión por vía de hecho? ¿En qué condiciones y circunstancia se justifica este tipo de medidas? Capítulo III Petitorio Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que anteceden, respetuosamente solicitamos lo siguiente: UNICO: Que la presente solicitud de opinión jurídica sea debidamente valorada y tramitada de manera oportuna.
Capítulo IV Domicilio para Notificaciones A los fines de notificaciones y correspondencia indicamos como domicilio: Avenida Orinoco, entre calle Baruta y Chacaíto, Quinta Papagayo. Teléfonos (0212) 952.62.69 / 952.72.79. Correo electrónico ctrapani@cecodap.org.ve Es justicia a la fecha de su presentación.
Fernando Pereira Cecodap
Gloria Perdomo Fundación Luz y Vida
Mireya Lozada Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela
Manuel Aristorena Dirección Nacional Fe y Alegría
Jesús María Aguirre Centro Gumilla
Gabriela Arenas Fundación TAAP
Marian Barre Cátedra de Prevención de la Violencia en la Escolaridad
Gladys Delgado Observatorio Venezolano de Violencia Escolar
Carlos Trapani Abogado Asistente.
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References: Artículo 123
 Artículo 124
 artículo 57
 artículo 31
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 artículo 57
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