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Timestamp: 2020-01-27 08:30:16+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de Julio de 2005, A. 392. XXXVII - Jurisprudencia - VLEX 40262702
392. XXXVII.
Astilleros Vicente Forte S.A.M.C.I. c/ BANADE en liquidación s/ daños y perjuicios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 5 de julio de 2005.
Vistos los autos: "Astilleros Vicente Forte S.A.M.C.I. c/ BANADE en liquidación s/ daños y perjuicios".
) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al revocar la sentencia de la instancia anterior, hizo lugar Cen lo sustancialC a la demanda deducida por A.V.F.S.A. contra el Banco Nacional de Desarrollo por indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento malicioso que le imputa a dicho banco, respecto de lo acordado en la resolución 2147 del 6 de junio de 1991.
En aquella resolución, básicamente, se plasmó la ayuda económica que el Banco Nacional de Desarrollo prestaría a la actora con el fin de poner en marcha el astillero por entonces inactivo; cancelar una antigua deuda que mantenía el astillero con aquel banco y permitir el acceso a la financiación por parte de terceros para llevar adelante un proyecto de construcción de 10 buques portacontenedores de 5300 TPB por un precio total de 84 millones de dólares, que serían exportados a armadores noruegos.
Con tal objeto Cy según será explicado con mayor detalle en el desarrollo de la presenteC el Banco Nacional de Desarrollo se comprometió a otorgar a la actora garantías hasta un tope máximo de u$s 16.700.000, que se utilizarían para avalar la financiación que C. líneas de crédito en el mercado localC conseguiría el astillero y que destinaría del siguiente modo: a) un primer tramo de asistencia consistía en el otorgamiento de avales por u$s 5.700.000 que debían ser utilizados para cancelar una deuda anterior que mantenía la actora con el Banco Nacional de Desarrollo y para rehabilitar y poner en funcionamiento la planta en la que se construirían
los buques; b) un segundo tramo consistente en otorgar avales por u$s 11.000.000 para garantizar el financiamiento parcial que obtendría el astillero con el objeto de construir los 10 buques encargados.
) Que la cámara adoptó dicha solución sobre la base de considerar que al momento de contratar el Banco Nacional de Desarrollo (de aquí en más BANADE) sabía perfectamente que el astillero se encontraba en una delicada situación patrimonial (había salido de su estado de quiebra en el año 1986 y mantenía aún importantes pasivos) y por lo tanto la asistencia comprometida para construir los 10 buques no podía ser retaceada ni estar sujeta a deducciones puesto que implicaría la imposibilidad de llevar adelante el contrato de construcción acordado con los armadores escandinavos. En el criterio de la cámara si el BANADE había aprobado el "cash flow" presentado por el astillero (cálculo del flujo de fondos y de la utilidad esperada por la construcción) las sumas establecidas debían ser respetadas por dicho banco. Asimismo, ponderó que la decisión del caso exigía no perder de vista que el contrato entre el BANADE y el astillero y el suscripto entre éste y los compradores europeos guardaban entre sí una estrecha relación, a punto tal que este último mereció la aprobación en sus aspectos técnicos, de factibilidad y de rentabilidad por parte de funcionarios del banco demandado.
Según el a quo, las condiciones a que estaba sujeto el primer tramo de la asistencia (cancelación de la antigua deuda y puesta en funcionamiento de la planta en la que se construirían los buques) fueron plenamente cumplidas y la relación de asistencia bancaria funcionó normalmente hasta que a mediados del año 1992 "...sufrió un giro de 180°" (fs. 1001), cuando el interventor en el BANADE ordenó suspender toda la operatoria
Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionada con "A.V.F.S.A." y retuvo en su despacho el legajo del astillero.
Para el a quo habría existido una orden de "parar todo" (fs. 1001 vta.) y la única explicación posible es la denuncia que en sede penal efectuó un diputado de la agrupación política MODIN mediante la cual endilgó a funcionarios del BANADE irregularidades en el otorgamiento de la asistencia financiera con que se benefició la actora. De acuerdo con el relato de la cámara, el astillero habría constituido en mora al BANADE y, tras sucesivos informes internos de la demandada, mediante un dictamen de la Subcomisión de Asuntos Legales del BANADE, del 18 de mayo de 1993, se le hizo saber a la actora que era ella quien estaba en mora y se detallaron los incumplimientos en que habría incurrido el astillero, en especial que mientras la asistencia bancaria había sido acordada para la construcción de 10 buques, sólo existía el encargo en firme de 3 o acaso solamente 1 buque. Aseveró el a quo que el astillero comunicó al BANADE que el armador noruego, por nota de fecha 25 de junio de 1993, había confirmado la opción por 7 buques más y que, por lo tanto, el contrato era por 10 buques (fs. 1020 vta. y sgtes.). Entre los hechos que dio por probados, el a quo destacó que del primer tramo de asistencia (u$s 5.700.000) fueron deducidos el importe de u$s 800.000 para cancelar la deuda anterior que con el BANADE mantenía la actora y u$s 264.679 en concepto de honorarios de escribanos e impuestos sobre la compra de títulos valores, con lo cual el ingreso neto experimentó una quita del 19%.
En el segundo tramo de la asistencia se autorizaron avales por u$s 4.500.000 pero este monto sufrió una importante disminución por haberse retenido honorarios de escribanos, por la atención de vencimientos de cupones de los títulos públicos y por diferencias en la paridad cambiaria de dichos títulos. En definitiva, se afirmó que
no obstante que la asistencia comprometida alcanzaba hasta los u$s 16.700.000, la actora obtuvo nominalmente u$s 10.200.000 y neto sólo u$s 7.544.009, en razón de las detracciones realizadas y el posterior cese de la asistencia a partir de mediados del año 1992.
En la sentencia se reprochó al BANADE no haber respetado el principio de buena fe que rige el cumplimiento de los contratos, no haber prestado la suficiente colaboración ni haber extremado el cuidado y las diligencias necesarias para que el proyecto de construcción de los buques se llevara a cabo. En este sentido, se afirmó que la demandada sabía de la imperiosa necesidad del astillero de contar con la totalidad de la asistencia prometida y, en consecuencia, no debió aplicar quitas al capital o detraer débitos de éste por rubros accesorios, pues aunque en la resolución del 6 de junio de 1991 se habían incluido cláusulas que habilitaban dichas detracciones, no se había estipulado que podían ser hechas antes de la finalización del emprendimiento. Esto fue calificado por el a quo como al menos "...una conducta antifuncional del Banco" (fs. 1011 vta.). Tampoco tuvo por acreditado en la causa el estado de mora del astillero que adujo la demandada y que conllevaría al fin del acuerdo.
En otro orden de ideas tuvo en cuenta que si bien la actora renegoció el contrato de construcción de buques y el 12 de septiembre de 1991 acordó en firme la construcción de tres buques y la opción del comprador a otros siete, esto lo hizo con el fin de disminuir el costo de las garantías y las modificaciones no fueron objetadas por la demandada (fs. 1017 vta. y 1018).
Expresó, además, que después de las modificaciones contractuales obtenidas el 16 de junio de 1992, la actora solicitó un incremento de avales de u$s 12.600.000 porque el monto previsto para el segundo tramo no alcanzaba,
Corte Suprema de Justicia de la Nación pero en el juicio del a quo, esto no podía ser interpretado como lo hizo la demandada en el sentido de que el astillero no podía cumplir con el encargo.
Dicho incremento de avales también fue pedido en diciembre del mismo año y no fue aceptado por la demandada.
Analizó las obligaciones contractuales que en el criterio del BANADE la actora no cumplió y que, según dicho banco, habrían justificado la negativa a aportar el segundo tramo de la financiación. Al respecto señaló: a) que la apertura de una carta de crédito por parte del armador tal como se había estipulado, esto es, del 95% del precio contractual, tenía un altísimo costo financiero y por eso el astillero buscó mediante renegociaciones contractuales otras formas de garantías que disminuyeran aquel costo. Según el a quo, fue la conducta del BANADE la que obstaculizó las negociaciones emprendidas al no dar contestación sobre la garantía ofrecida, que se adaptaba a las nuevas condiciones contractuales (ver fs. 1026 y 1027). Además, expresó que mantener las garantías iniciales frente a las renegociaciones que la actora realizó hubiese importado un abuso del derecho; b) si el astillero no obtuvo la financiación necesaria no fue ajena a ello la conducta del BANADE que se negó a otorgar en el segundo tramo parte de los avales prometidos; c) descartó que el astillero fuera un deudor moroso del BANADE en términos tales que permitieran poner fin al contrato pues el acuerdo no establecía plazos de pago para los créditos sino que los créditos se debitaban en una cuenta con los respectivos intereses, cuyo recupero se efectuaría al concluir el emprendimiento; d) en cuanto a que no hubo avance de las obras (no se llegó a construir ningún buque) y que por esta razón no se otorgaron parte de los avales del segundo tramo, atribuyó dicha falta de avances al hecho de que cuando el astillero se
disponía a iniciar la adquisición de insumos (acero) el BANADE interrumpió la asistencia financiera.
Tras este examen el a quo concluyó que hubo un incumplimiento por parte del BANADE deliberado y con plena conciencia del daño, razón por la cual debía responder por los daños y perjuicios ocasionados, en los términos del art. 521 del Código Civil. Así, tras desestimar el daño moral reclamado y un eventual reclamo por parte de los armadores noruegos, admitió, en cambio, la procedencia del lucro cesante, de los costos improductivos y los adelantos a proveedores, con los alcances detallados en los considerandos XXII y XXIII de la sentencia.
) Que contra la sentencia ambas partes interpusieron recursos ordinarios de apelación (fs. 1056 y 1057), los que fueron fundados (fs. 1396/1404 y 1408/1432) y concedidos (fs. 1107). Dichos recursos resultan formalmente admisibles toda vez que se dirigen contra una sentencia definitiva dictada en una causa en la que la Nación es parte y el valor disputado en último término supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708, y la resolución 1360/91 de esta Corte.
) Que la actora, básicamente, se quejó de que la sentencia limitó el resarcimiento en concepto de lucro cesante y pidió, en consecuencia, la elevación del monto a la suma fijada en el peritaje, esto es, u$s 14.700.000.
) Que la demandada, en cambio, solicitó que se deje sin efecto el pronunciamiento porque si bien admitió que la cámara hizo un exhaustivo examen del caso, sostuvo que toda la tesis del fallo está construida a partir de un error inicial, esto es, el de pretender que el BANADE debió hacer cosas a las que no estaba obligado ni por las resoluciones 2147/91 y
Corte Suprema de Justicia de la Nación 2168/91, ni por su carta orgánica, ni por las normas aplicables a la administración bancaria, e ignorar que, de haberlas hecho, los funcionarios actuantes hubieran incurrido en faltas graves o delitos (fs. 1428 vta.). En el concepto de la demandada, la cámara ha supuesto que el principio de buena fe que rige la celebración de los contratos y el de colaboración en su cumplimiento, obligaba al BANADE a una suerte de auxilio aunque el astillero presentara una situación de riesgo y no cumpliera con las obligaciones pactadas. En el mismo orden de ideas, expresó que el a quo se había equivocado al suponer que los bancos oficiales, como lo es el demandado, por el hecho de asistir operaciones con fines de fomento, deban ser considerados como "entidades de beneficencia".
Agregó que dichos bancos "no son socios de sus clientes" y si aquéllos advierten "...en un momento dado que el deudor no está en condiciones de pagar su deuda o que corre peligro de insolvencia, la lógica más elemental obliga a tomar los recaudos pertinentes, el primero de los cuales es suspender las entregas de dinero o el otorgamiento de nuevos avales" (fs. 1411 vta.). Tampoco coincidió con el alcance del "sentido social" que la sentencia reclama en la actuación de los bancos públicos, pues implicaría sostener que un "...banco público no debe privilegiar el cobro de sus acreencias, sino, en todo caso, posponer la cobranza hasta el momento en que la erogación cause el menor perjuicio a los intereses del cliente, es decir, cuando éste pueda pagarlo" (fs. 1412 vta./ 1413).
Señaló que la cámara había errado al sostener que la decisión del BANADE de suspender el otorgamiento de nuevos avales fue la causa determinante que frustró el negocio con los armadores noruegos, pues la obligación asumida por el BANADE consistió solamente en otorgar avales Cno en el prés-
tamo de dineroC respecto del 15% del costo total de los buques a construir, mientras que competía al astillero obtener el 100% de la financiación que permitiría dicha construcción.
Dijo que "...no surge del fallo apelado, ni se apoya en la lógica, que el BANADE deba responder por la frustración de un negocio de u$s 84.000.000, cuando su obligación no fue prestar una suma de dinero, sino otorgar avales hasta u$s 16.700.000, para que el Astillero pueda conseguir [los] créditos...".
Menos aún, cuando quedó acreditado en el juicio que de los u$s 16.700.000 comprometidos como monto máximo, el BANADE otorgó avales por u$s 10.200.000 (fs.
Recalcó en varios pasajes del memorial que en ningún momento se había acreditado en la causa que el astillero hubiera conseguido la financiación para construir los buques y que dicha financiación no hubiese podido hacerse efectiva porque el BANADE no le concedió más avales; asimismo, destacó que tampoco este punto fue abordado en la sentencia.
Rechazó lo afirmado por el a quo en el sentido de que el BANADE efectuó indebidamente deducciones o quitas (gastos, honorarios de escribanos, impuestos, etc.) que disminuyeron el monto de los avales comprometidos, pues tal clase de deducciones fue expresamente pactada en la resolución del 6 de junio de 1991 (hecho admitido en la sentencia) y, además, responde a la práctica de cualquier operación financiera que quien recibe garantías o dinero para un financiamiento paga los gastos originados por la operación en el acto que se celebra ésta.
Negó que la decisión del BANADE de no otorgar más avales hubiera obedecido a una supuesta orden de un funcionario de "parar todo" (fs. 1415 vta.), pues aquella decisión fue examinada por varias autoridades y tomada ante los incumplimientos del astillero y la comprobación de no haber utili-
Corte Suprema de Justicia de la Nación zado gran parte del dinero para la finalidad invocada al solicitar la asistencia financiera. Expresó que al tiempo de suspenderse el otorgamiento de parte del segundo tramo de avales, el astillero no había comprado ni un solo insumo pese al hecho de haber transcurrido más de dos años y de haber recibido el 60% de los avales comprometidos (fs. 1416/1416 vta.).
También hizo hincapié en otros incumplimientos del astillero, a saber: no haber acompañado el contrato en firme para la construcción de 10 buques; no haber presentado la carta de crédito que se había pactado; no haber cancelado las operaciones de crédito que debieron ser asumidas por el BANADE (fs. 1417).
Destacó que los avales que fueron pactados tenían por finalidad cancelar una antigua deuda del astillero con el BANADE, poner en funcionamiento la planta industrial de la actora y comenzar a construir los buques, razón por la cual las renovaciones sucesivas a las que se obligó el BANADE (hasta un monto total de u$s 16.700.000) suponían CobviamenteC la cancelación de los créditos avalados por parte de la actora para, de ese modo, poder tomar nuevas financiaciones que también serían avaladas.
Según relató, como los buques se construirían en forma sucesiva, una vez terminados los primeros, lo previsible era cancelar con su precio las deudas avaladas por el BANADE y abrir nuevas cartas de crédito para adquirir los insumos necesarios para la construcción de los otros buques. Sin embargo, transcurridos dos años desde la firma de la resolución que establecía las obligaciones de las partes, no se había comprado ningún insumo, no se había abierto ninguna carta de crédito, y que ni siquiera se demostró que se había conseguido el financiamiento necesario. Asimismo, afirmó que no es cierto lo expuesto por la cámara en el sentido de que el astillero no se encontraba en mora porque no
se había previsto ningún plazo de vencimiento para la devolución de los préstamos avalados por el BANADE, y que es inadmisible sostener C. lo hizo la sentenciaC que dicho banco sólo podía reclamar al astillero las deudas avaladas impagas una vez que concluyera con la construcción y venta de los buques. Aclaró que el astillero le había encomendado al BANADE la gestión de convertir en dinero títulos de la deuda pública que la actora obtuvo de otras instituciones en préstamo, operación que fue avalada por el BANADE y que, según explica, fue una forma de "monetizar" los avales (fs. 1420).
Sin embargo, al vencimiento de dicho préstamo, la actora no devolvió los títulos públicos ni su correspondiente valor en dinero, razón por la cual el BANADE, en calidad de avalista, tuvo que asumir la deuda.
Se explayó acerca de que el astillero no había cumplido con la obligación que surgía de la resolución del 6 de junio de 1991 relativa a presentar un contrato en firme para la construcción de 10 buques, obligación que no puede considerarse cumplida C. se pretendióC con la presentación de un contrato para la construcción de "...un buque, con opción a otros cuatro más y una segunda opción a cinco más" (fs. 1422), o de "...tres buques y la opción del comprador a otros siete" (fs. 1421 vta.). Restó valor a la nota del armador presentada por la actora en la que se ejercería la opción de compra de los 10 buques, después de un largo incumplimiento y antes de que el BANADE resolviera cancelar la operación, pues se trató de un "manotón de ahogado" que no suplía a un compromiso de compra en firme (fs.
Tampoco nunca acreditó haber conseguido el financiamiento que le permitiría construir los buques, incumplimiento éste que consideró tanto o más relevante que el anterior (fs. 1423 vta.).
Por último, en cuanto a los incumplimientos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación actora señaló que de acuerdo con lo pactado, aquélla debió abrir una carta de crédito por el 95% del precio contractual y que no es admisible entender C. lo hizo la sentenciaC que las nuevas modalidades del contrato justificaban incumplir este requisito (fs. 1426 vta.); menos aún, puede aceptarse una dispensa sobre la base de que la apertura de dicha carta de crédito implicaba para el astillero una "pesada carga financiera" (fs. 1425/1425 vta.). Desechó de plano el valor que pretendió atribuir la sentencia a una comunicación enviada por el American Express Bank, en tanto "...no contenía ninguna operación en firme" (fs.
1425 vta.).
Tras descartar toda similitud con el precedente "Conapa" pues los hechos de ese caso "...no tienen nada que ver con los que aquí debatimos" (fs. 1429 vta.), en la eventualidad de que la demanda no sea rechazada, desarrolló a fs. 1430 a 1432 sus cuestionamientos en relación a los rubros de la indemnización cuya procedencia admitió la sentencia apelada.
) Que de lo expuesto resulta que mientras la demandada sostiene que su contraria se hallaba en mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas con anterioridad a la fecha en que se declaró caduca la resolución 2147, la actora aduce que fue la parte demandada la morosa en el cumplimiento del contrato, pues en forma abrupta y maliciosa interrumpió la asistencia financiera comprometida.
) Que en el desarrollo de su actividad industrial, A.V.F. tuvo, con anterioridad a los hechos que originan esta causa y desde antigua data, una vinculación crediticia con el BANADE, producto de la cual mantuvo con éste una deuda que C. a las tratativas y las acciones judiciales iniciadasC nunca fue pagada por el astillero, hasta que con el dictado de la resolución 1927 del 20 de diciembre de 1990 se instrumentó un particular modo de cancelación. En
efecto, en esta resolución se aceptó que la deuda del astillero (calculada en u$s 2.273.916) fuera reducida y saldada mediante la entrega de cierta cantidad de obligaciones de la deuda externa argentina, o, en su defecto, mediante la entrega de u$s 800.000 dólares billetes (ver documentación identificada como VI, 1, obrante en uno de los dos sobres que acompañan a los cuerpos nros.
5 y 6 de los expedientes agregados).
Así fue que con posterioridad, a raíz de la asistencia financiera que A.V.F. solicitó al BANADE para llevar a cabo el contrato de construcción de buques que se examina en esta causa, se pactó como una de las condiciones de dicha asistencia, que A.V.F. cancelara aquella deuda pero no mediante la efectiva entrega de bonos externos por parte del astillero, sino por medio de una retención que efectuaría el BANADE al momento de liquidar el primer tramo de la nueva asistencia pactada para la construcción de los 10 buques portacontenedores (ver punto 3.1. d, de la resolución 2147, del 6 de junio de 1991, en documentación identificada como VI.2 en los sobres de las actuaciones antes citadas).
) Que es importante detenerse en el contenido de la citada resolución 2147, del 6 de junio de 1991, en tanto en ella el BANADE ha establecido las condiciones básicas de la ayuda de orden económico que se comprometió a prestar a la actora para que ésta pudiera hacer frente a una parte de los compromisos que le demandaba la construcción de los buques. No se trató de una clásica operación de prefinanciación o de financiación, pues la ayuda requerida no consistió en el otorgamiento de una línea de crédito de dinero en efectivo para financiar el proyecto; tampoco se pactó la asunción de obligaciones por parte del BANADE relativas al monto global de la operación (originariamente, u$s 84.000.000, precio que
Corte Suprema de Justicia de la Nación luego fue fijado en u$s 91.600.000), sino que C. se adelantó en el considerando 1° de la presenteC se estableció que el BANADE, hasta el límite máximo de u$s 16.700.000, otorgaría garantías Cen dos tramosC con el objeto de respaldar el cumplimiento de los contratos de financiación local que debía gestionar y obtener A.V.F.. Dichos tramos consistían en que: a) se garantizaría hasta el importe de u$s 5.700.000 que debía utilizarse en cancelar la deuda a la que se ha hecho referencia en el considerando precedente (convenida en u$s 800.000) y en rehabilitar y poner en marcha el astillero que tras el estado de quiebra de A.V.F. se hallaba inactivo; b) se garantizaría hasta el importe de u$s 11.000.000 cuyo destino sería "financiar parcialmente la construcción de 10 (diez) buques portacontenedores de 5.300 T.P.B., a exportar para armadores escandinavos, según contrato de compraventa suscripto el 9.11.90 con LIAS HOLDING INC., Panamá, por un precio total de u$s 84.000.000.-" (puntos 2.1. y 2.2. de la resolución 2147).
Estas garantías, según se estableció, "serán exten- didas por este Banco, y estarán vigentes" en tanto se cum- plieran, básicamente, las siguientes condiciones:
) Respecto del primer tramo debían presentarse el contrato de construcción de buques, debidamente firmado con el comprador y habilitado, los planos aprobados y las especificaciones técnicas y los contratos de financiación local concertados por la titular Astilleros Vicente Forte, cuyos textos Cal igual que las garantías que debía ofrecer Astilleros Vicente ForteC debían ser previamente aprobados por el BANADE. Asimismo, A.V.F. debía constituir una hipoteca civil sobre la planta industrial del astillero por valor de u$s 7.000.000; el señor V.F.F.
debía constituir una fianza solidaria por valor de u$s 5.700.000 y debía cumplirse la resolución del BANADE 1927 del 20 de diciembre de 1990, es decir, cancelar la deuda de u$s 800.000 (puntos 3.1. y 3.3. de la resolución 2147).
) Respecto del segundo tramo, además de cumplir con las obligaciones antes señaladas, debían haberse cumplido entre A.V.F. y LIAS HOLDING INC. las condiciones para la entrada en vigencia del contrato de construcción de los buques; debía haberse constituido una prenda fija sobre los bienes existentes en la planta del astillero y una hipoteca naval sobre cada buque a construir por valor de u$s 8.400.000, y el BANADE debía verificar la necesidad de financiación local, conforme al avance de las obras (punto 3.2. de la resolución 2147).
Entre las condiciones generales se estableció: que el incumplimiento por la deudora de cualquiera de las obligaciones del acuerdo, facultaría al BANADE a exigir el inmediato pago de las cuotas vencidas y a vencer, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna; que el BANADE quedaba facultado para debitar en la cuenta corriente ordinaria de la deudora las sumas necesarias para cubrir las cuotas vencidas y a vencer con más los intereses correspondientes, comisiones, gastos y todo otro accesorio por cualquier concepto originado en el acuerdo, adicionándose a la tasa de interés fijada un 50% de recargo por mora (punto 7, cláusula anexa); que el BANADE cobraría como comisión una tasa del 1,2% anual sobre los saldos de las sumas garantizadas, pagadera por semestres o fracciones vencidas, devengables desde las fechas de extensión de las garantías hasta sus cancelaciones (punto 8.1); que como mejora del pago de la deuda de u$s 800.000 que debía cancelar A.V.F., con la exportación de cada buque debía abonarse al BANADE una suma de u$s 40.000 y,
Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente, que "todos los gastos, honorarios e impuestos emergentes de la constitución de las garantías establecidas en la presente, serán por cuenta y a cargo del titular" (punto 10 de la resolución 2147 del 6 de junio de 1991).
) Que el 20 de junio de 1991, mediante el dictado de la resolución 2168, se mantuvieron las condiciones concertadas entre las partes, pero con relación al primer tramo (garantías a otorgar por el BANADE por valor de u$s 5.700.000) se introdujo una modificación que consistió en que a opción de A.V.F. se utilizara la forma de garantía prevista originariamente, o bien se utilizara la garantía en relación a préstamos en títulos valores públicos nacionales, conforme al régimen de la comunicación "A" 990 del BCRA.
Dichos préstamos debían ser gestionados y obtenidos por A.V.F., tener un plazo mínimo de 370 días, y el BANADE se reservaba la tarea de 'intermediación' por la cual cobraría una tasa de interés que sería fijada por ese banco.
Posteriormente, el 28 de noviembre de 1991, con relación al segundo tramo (garantías a otorgar por el BANADE por valor de u$s 11.000.000), se autorizó que dichas garantías se utilizaran no sólo para respaldar el cumplimiento de contratos de financiación local que debía obtener A.V.F., sino para la extensión de avales con relación a los equipos a importar y para la apertura de créditos documentarios de importación. Con fecha 17 de febrero de 1992 se incrementó a u$s 7.300.000 el importe del primer tramo para operar con préstamos de títulos valores en los términos de la comunicación "A" 990 del BCRA, pero, como se buscaba mantener el importe global originario (u$s 16.700.000), se redujo a u$s 9.400.000 el importe del segundo tramo, decisión que por su carácter transitorio, se decidió anular el 30 de junio de 1992. Tras modificar el importe de la prenda fija a constituir
por A.V.F., el 22 de abril de 1992, por resolución del BANADE se modificó el importe de la hipoteca naval en primer grado que no sería inferior a u$s 16.700.000, y se fijó como plazo de la operación concertada entre las partes el de 60 meses a partir de la constitución de la hipoteca civil sobre la planta industrial.
10) Que el contrato para la construcción de buques que en un origen fue presentado por A.V.F. al BANADE para solicitar la asistencia financiera, fue el celebrado por A.V.F. con la firma Lías Holding Inc. Panamá (tiempo después sustituida por la firma Bredrup Shipping A/S), el 9 de noviembre de 1990, en Oslo. Dicho contrato previó la construcción de 10 buques de las características que detalla, cuya entrega se produciría en forma sucesiva y escalonada (el 15 de agosto de 1992 el primero de ellos y el 15 de enero de 1995 el último) por un precio de u$s 8.400.000 por buque y un precio total para los 10 buques de u$s 84.000.000.
Entre las condiciones principales que se pactaron Cy que interesa retener para la solución del casoC se estableció que al momento de entrada en vigencia del contrato los compradores pagarían a los constructores (A.V.F.) un 5% del precio total de los 10 buques; posteriormente, cuatro cuotas sucesivas equivalentes al 10% de dicho precio y, al momento de entrega de cada buque, el 85% del valor de cada buque. Además, antes o simultáneamente con el pago del primer 5% del precio total, el comprador debía abrir una carta de crédito irrevocable y confirmada a favor de los constructores que cubriese el 95% del precio de compra (esta documentación está en el sobre al que se ha hecho referencia, bajo el rótulo VI.4).
Es importante destacar que cuando el BANADE comprometió su asistencia financiera, tuvo en cuenta las condiciones
Corte Suprema de Justicia de la Nación pactadas en el contrato que se reseñó precedentemente; sin embargo, una serie de negociaciones realizadas por A.V.F. con los armadores y proveedores extranjeros con el fin de reducir el costo financiero de las garantías a otorgar, se plasmaron en sucesivas modificaciones que importaron, con relación a algunos aspectos del contrato, un cambio sustancial (todas las modificaciones que a continuación se detallan obran en un sobre que acompaña a los cuerpos Nros.
5 y 6 de los expedientes administrativos, bajo el rótulo VI.4.).
Así, el 12 de septiembre de 1991, se firmó en Oslo un nuevo contrato cuyo objeto ya no era la construcción de diez buques, sino la construcción de tres buques, "...con opción de uno (1) más uno (1) más hasta cinco (5) buques más (total 10 buques)". Las primeras dos opciones debían ser hechas por el comprador por escrito antes del 10 de diciembre de 1991 y las siguientes cinco opciones antes del 30 de junio de 1992 (cláusula 1 del contrato). Si bien se mantuvo el precio de cada buque (u$s 8.400.000), se estipuló un precio total para tres buques (u$s 25.200.000) puesto que éste era el objeto cierto del contrato, y también el precio de las opciones, para el supuesto de que éstas fueran ejercidas (cláusula 3 y cláusula adicional I del contrato). En cuanto al modo de pago, a diferencia del contrato anterior, se estableció que simultáneamente con la entrada en vigencia del contrato se pagaría un 5% del precio de un solo buque, dos pagos posteriores también del 5% del valor de un buque, y al momento de entrega de cada buque el 85% restante (cláusula 4 del contrato). Se mantuvo la obligación de que con anterioridad o en forma simultánea a la entrada en vigencia del contrato, el comprador abriera una carta de crédito irrevocable y confirmada a favor de los constructores que cubriese el 95% del
precio de compra (cláusula 4 y cláusula adicional II del contrato).
El 16 de junio de 1992, tras las reuniones mantenidas en Buenos Aires entre A.V.F. y el comprador, se firmó un acuerdo preliminar que introdujo nuevos cambios con relación al último contrato del 12 de septiembre de 1991. Se estipuló la construcción de un buque, "...con opción de [cuatro buques], más la opción de cinco buques más (total, 10 buques)". Las primeras cuatro opciones debían ser declaradas por escrito por el comprador el 31 de agosto de 1992 o antes de esa fecha, y las restantes cinco opciones el 30 de noviembre de 1992 o con anterioridad a dicha fecha CA) Párrafo N. 1. El buqueC. En cuanto a la forma de pago, se estableció esta vez que en relación "...a los primeros buques..." los compradores pagarían a los constructores durante la construcción u$s 3.000.000 por buque mediante la provisión de equipos y, contra la entrega del primer buque, la suma de u$s 5.600.000 CC) Párrafo N. 4. Forma de pagoC. Según se estableció, el contrato de provisión de equipos se suscribiría con N.C. International B. V., por un monto de u$s 4.580.000, de los cuales el constructor otorgaría una garantía por valor de u$s 1.580.000 por buque en favor del comprador y del proveedor de los equipos. CH) ADDENDUM IV al contrato de fecha 12 de septiembre de 1991C. En lo que respecta al precio, se estableció para el primer buque una suma de u$s 8.600.000, para los siguientes cuatro buques u$s 36.000.000, y para los siguientes cinco buques u$s 47.000.000, lo que elevaba el monto global del contrato Cen el supuesto de ejercerse todas las opcionesC a la suma de u$s 91.600.000 CE) ADDENDUM I al contrato de fecha 12 de septiembre de 1991C.
Finalmente, el 2 de abril de 1993 un nuevo acuerdo preliminar entre A.V.F. y Bredrup Shipping
Corte Suprema de Justicia de la Nación A/S incluyó en los acuerdos anteriores, básicamente, estos ítems: que "el armador ejerce la opción para la construcción de los primeros tres buques"; que con relación a la provisión de los equipos para cada buque, mientras el armador debía otorgar una garantía para cubrir el importe de u$s 3.000.000, el astillero otorgaría al proveedor una garantía para cubrir el 30% de cada entrega hasta la suma de u$s 1.600.000 para cada buque, y que cinco meses antes de la fecha de entrega de los buques el armador otorgaría al astillero una garantía bancaria para cubrir el resto del precio del buque (u$s 5.600.000) Cpuntos a, b, c y d del acuerdo preliminarC.
11) Que las dificultades para el cumplimiento de las condiciones pactadas entre Astilleros Vicente Forte y la firma compradora en el contrato originario de construcción de buques (suscripto el 9 de noviembre de 1990) surgieron prácticamente desde su suscripción, lo cual no sólo motivó las sucesivas modificaciones de aquel contrato, sino que dio lugar a dos presentaciones de A.V.F. ante el BANADE que daban cuenta de dichas dificultades para cumplir con lo pactado. La primera, de fecha 1° de abril de 1992 (esto es, antes de la fecha que se declaró como de entrada en vigencia del contrato; ver fs. 914/915, 993 y 994 del cuerpo N° 14 de los expedientes administrativos agregados), y la segunda, del 23 de junio de 1992, es decir, antes de que la demandada otorgara en forma parcial el segundo tramo de avales y se produjera el incumplimiento que se le achaca al BANADE. En aquéllas básicamente se da cuenta de que para la apertura de la carta de crédito irrevocable y confirmada que abriría el comprador en favor del astillero (una de las condiciones a las que se sujetó el contrato de construcción y el otorgamiento de
la asistencia financiera) se le exigía a éste que un banco internacional de primera línea avalara los anticipos que enviaría el comprador. Así Csegún adujo A.V.F., intentó ofrecer un aval en Bonex que no fue aceptado porque ningún banco "quería tomar riesgo argentino a más de un año" y, en consecuencia, propuso que aquellos anticipos quedaran a la orden en el mismo banco extranjero que otorgaría el aval, lo cual significaba verse privado de un 15% del contrato (o sea u$s 12.600.000).
Por este importe, precisamente, el 1° de abril de 1992, A.V.F. solicitó al BANADE que le ampliara el límite concedido en la resolución 2147, del 6 de junio de 1991 (esto es, a la suma de u$s 11.000.000 correspondiente al segundo tramo de avales, pidió que se adicionara una extensión de avales por un importe casi igual al de origen). En la segunda de las presentaciones, adujo que "cuando a principios de 1992 se empezó a instrumentar el detalle fino de las garantías bancarias se observó que su costo real era muy superior al estimado en origen" y que se estaban buscando "...variantes que garantizaran en forma satisfactoria a las partes, pero a un menor costo bancario...". Concretamente, A.V.F. manifestó que de acuerdo con las tratativas mantenidas con los armadores que culminaron con el acuerdo preliminar firmado el 16 de junio de 1992, se estableció que "el comprador garantizará el pago del saldo de precio a la entrega mediante instrucción irrevocable de pago de un crédito que le otorgó un banco aceptable para el Astillero (en principio el NMB Bank de Holanda)..." con destino a la compra del buque. Y agregó: "Se está buscando una forma legal adecuada para lograr un instrumento de crédito equivalente a una carta de crédito pero con mucho menor costo bancario.
La típica carta de crédito para exportaciones comunes que se concretan dentro de
Corte Suprema de Justicia de la Nación los 180 días, tiene un costo muy elevado para buques por el gran plazo que requiere su construcción". Asimismo, reiteró en esa presentación su pedido de que se incrementara en u$s 12.600.000 más el límite de avales que el BANADE había comprometido al dictar la resolución 2147 que ligó a las partes (ver las notas que como anexo 17 figuran en el sobre que acompaña a los cuerpos Nros. 5 y 6 de los expedientes agregados y fs. 957, del cuerpo N° 14 bis de dichos expedientes).
Meses más tarde, el 15 de diciembre de 1992, mediante una nota dirigida al Banco de la Nación Argentina (banco que se haría cargo del BANADE ante el anunciado cierre de éste), volvió a intentar una "reestructuración de la asistencia crediticia comprometida", es decir, pretendió el otorgamiento de avales adicionales por la suma de u$s 4.500.000 y de u$s 12.600.000; la concesión de un financiamiento a largo plazo respecto de todos los avales; la conversión a largo plazo del "...actual pasivo a corto plazo". Asimismo, peticionó que el segundo tramo de avales aún no otorgados fuese reemplazado por un "fondeo a largo plazo".
Es importante retener el contenido de esta última nota de A.V.F., pues si bien se presentó una vez producido el incumplimiento que endilga al BANADE y tuvo por objeto demostrar que dicho banco retaceó avales del segundo tramo de la resolución 2147, contiene una expresa admisión por parte de Astilleros Vicente Forte de las razones que, en su criterio, perjudicaron el cumplimiento del contrato tal como fue concebido originariamente, algunas de las cuales distan de ser atribuibles a la conducta asumida por la demandada durante el cumplimiento del contrato. Así, atribuyó al anuncio de cierre del BANADE el comienzo de las dificultades para "...la obtención de fondos a largo plazo con los avales otorgados. Ante tal dificultad, se inicia una negocia-
ción con los compradores a los efectos de minimizar el costo financiero de las garantías a entregar.
Dicha negociación culmina con la firma de un nuevo acuerdo el 16/6/92..." con los compradores noruegos. Agregó que "las acciones tomadas en relación al cierre del BANADE, quien fue presentado como el banco argentino interviniente, amenazan con malograr este contrato y llevar a nuestra empresa a una situación financiera insostenible". Adujo, además, que "el aumento de paridad de los bonex tomados con aval de BANADE determinó que a la renovación de los préstamos se nos afectaran montos crecientes del límite de avales sin percibir ingresos efectivos de fondos por los valores correspondientes" (ver fs.
1047/1054, del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados).
12) Que, en primer término, corresponde realizar las siguientes aclaraciones:
La asistencia que mediante la resolución 2147, del 6 de junio de 1991, comprometió el BANADE con respecto al proyecto de construcción de buques, implicaba para las partes la asunción de obligaciones recíprocas y el cumplimiento en forma permanente de ciertas condiciones, sin cuya existencia no serían exigibles las garantías del BANADE.
En este sentido es clara la cláusula reseñada en el considerando 8° de la presente, relativa a que las garantías "serán extendidas...y estarán vigentes..." en tanto se cumplan las condiciones que allí se detallan, o bien, la que establece que el BANADE otorgaría los avales del segundo tramo de la operación, previa verificación de la necesidad de financiación local por parte del astillero, conforme al avance de las obras (ver punto 3 y punto 3.2.c, de la resolución 2147, del 6 de junio de 1991); b) Puesto que la actora sustentó la reclamación de daños y perjuicios en el incumplimiento malicioso del BANADE porque éste habría interrumpido
Corte Suprema de Justicia de la Nación unilateralmente el otorgamiento de avales, es pertinente examinar Cy así se hará en este pronunciamientoC si al producirse el supuesto incumplimiento de la demandada, la actora había cumplido con las obligaciones a su cargo (arts. 510 y 1201 del Código Civil), las que a ese tiempo C. lo señaló la demandadaC consistían, básicamente, en haber abierto una carta de crédito irrevocable y confirmada que respaldara el contrato de construcción de buques; que dicho contrato fuese un contrato en firme respecto a la totalidad de los buques, esto es, 10 buques; haber obtenido la financiación local del proyecto y hallarse al día respecto de los vencimientos producidos por las operaciones con títulos públicos; c) En el examen antes indicado se tendrá en cuenta que, según la actora, el incumplimiento de la demandada se produjo en el mes de agosto de 1992 y ésta fue constituida formalmente en mora el 15 de septiembre de 1992 (fs. 1150, cuerpo N° 15 de los expedientes agregados; fs. 746 y 748 del expediente principal y 995 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados).
13) Que una de las condiciones establecidas por la resolución 2147 del 6 de junio de 1991 para habilitar el segundo tramo de avales hasta el importe de u$s 11.000.000, fue el cumplimiento de los recaudos exigidos para la entrada en vigencia del contrato de construcción de buques, entre ellos, que el comprador abriera a favor del constructor una carta de crédito irrevocable y confirmada que cubriese el 95% del precio de compra (cláusula adicional II del contrato suscripto el 9 de noviembre de 1990, esto es, el contrato que evaluó el BANADE al conceder la asistencia financiera). La actora comunicó al BANADE que se habían cumplido las condiciones para la puesta en vigencia del contrato y que el N.M.B. Bank, Holanda, "será el banco abridor de la carta de crédito" (esto ocurrió
el 18 de mayo de 1992 y luego se pospuso la entrada en vigencia del contrato de construcción de buques hasta el 16 de junio de 1992, fecha en que se produjo la segunda modificación de dicho contrato; ver fs.
914/915, 993 y 994 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados). Sin embargo, dicha carta de crédito nunca fue abierta, y en este punto cabe detenerse, pues la cámara hizo extensas consideraciones en el sentido de que ante las posteriores modificaciones que sufrió el contrato celebrado entre A.V.F. y los armadores noruegos, era contraria a la naturaleza de los nuevos compromisos asumidos la exigencia de la apertura de una carta de crédito, tal como se había previsto en la citada resolución 2147 del 6 de junio de 1991 que otorgó la asistencia.
Es cierto que el contrato de construcción se sujetó a diversas y sucesivas modificaciones Cpactadas entre el astillero y el armador y por razones ajenas a la demandadaC que implicaron importantes modificaciones en relación a la forma de pago, esto es, a partir del acuerdo preliminar del 16 de junio de 1992 Ccontrato vigente al momento en que, según la actora, el BANADE se hallaría en moraC, el comprador no adelantaría en favor del astillero pagos en efectivo desde la entrada en vigencia del contrato (que escalonados totalizaban un 15% del precio pactado) y el 85% restante al momento de la entrega de cada buque, sino que durante la construcción de los buques pagaría parte del precio de compra mediante la provisión de equipos (u$s 3.000.000), y contra la entrega de cada buque el saldo restante del precio de compra (u$s 5.600.000) Cver en el considerando 10 de la presente, la cláusula que se identifica como "C) Párrafo N.4. Forma de pago"C.
Sin embargo, nada indica Cni resulta lógico con-
Corte Suprema de Justicia de la Nación cluirC que en una operación de tamaña magnitud (con un precio por unidad de u$s 8.600.000 y un valor total de contrato en relación a los 10 buques de u$s 91.600.000) se pudiera dispensar la emisión de un instrumento que, aunque adaptado a las nuevas modalidades contractuales de pago, respaldara de un modo suficientemente seguro la totalidad del compromiso asumido por el comprador. La propia actora, con fecha 23 de junio de 1992, es decir, con posterioridad a las modificaciones introducidas por el acuerdo preliminar del 16 de junio de 1992, consideró que aún era exigible la apertura de dicha carta o de un documento sustitutivo que garantizara adecuadamente el contrato, pues informó que estaba tratando de lograr un instrumento legal "equivalente" a una carta de crédito (ver considerando 11 de la presente). La creencia en esta gestión pudo haber sido el motivo por el cual, tres días después (el 26 de junio de 1992), el BANADE autorizó el segundo tramo de avales sin que la actora contara con aquel instrumento, pues, como se ha dicho en el primer párrafo de este considerando, era una condición indispensable que las partes habían previsto para poder disponer de dicho tramo de avales.
En este sentido, los funcionarios del BANADE que desde el punto de vista técnico y contable evaluaron las modificaciones que se introdujeron mediante aquel acuerdo preliminar, expresaron sobre este punto, en un informe emitido el 18 de agosto de 1992, que la actora estaba "...realizando gestiones con el N.M.B. Bank de Holanda..." con el objeto de obtener una instrucción irrevocable de pago que pudiera sustituir adecuadamente la carta de crédito que C. el astilleroC tenía un alto costo financiero (ver informe de veeduría a fs.
959 bis a 961, del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados). Es importante destacar que en este informe no sólo se tuvieron en cuenta las modificaciones señaladas sino nuevas
negociaciones que seguían teniendo lugar entre el armador y el astillero en virtud de las cuales, básicamente, aquél asumiría a su cargo la totalidad del valor de los equipos (u$s 4.580.000) mediante su provisión durante la construcción de los buques, y por lo tanto pagaría a la entrega del buque un importe menor (u$s 4.000.000) como saldo del precio de compra (ver lo expresado a fs. 960 y la nota de fs. 975/976, del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados).
Pese a las anunciadas gestiones con el N.M.B. Bank de Holanda, no hay ninguna constancia en la causa acerca de su contenido, ni la actora explicó las razones por las cuales no obtuvo aquella instrucción irrevocable de pago.
Más aún, durante los días 13 a 18 de agosto de 1992, se intercambiaban entre el astillero, el armador y el proveedor de los equipos propuestas relativas a las garantías a otorgar, tanto respecto del precio de compra, como en relación a dichos equipos, sin saber todavía el nombre del banco que emitiría la garantía (fs. 970/971 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados). Posteriormente, el 25 de agosto de 1992, uno de los armadores envió al BANADE un fax en el que le solicitó la aceptación de una garantía (aparentemente sería una "carta de garantía", ver fs. 1425 vta. del expediente principal) que ofrecería otro banco internacional, esta vez, el American Express Bank Ltd., N.D., por un importe de u$s 10.000.000. El BANADE, al día siguiente, contestó dicho fax dirigiéndose C. le fue solicitado por el armadorC a aquel banco y, al así hacerlo, requirió la remisión de un texto de la garantía ofrecida, recaudo que resultaba ineludible para evaluar de qué clase de garantía se trataba y si ésta respaldaba adecuadamente la financiación del precio de compra que los armadores pagarían al astillero. En efecto, el mismo día (26 de agosto de 1992) los veedores de la demandada, tras
Corte Suprema de Justicia de la Nación mantener una reunión con los directivos del astillero para determinar el alcance de la cobertura bancaria, manifestaron que darían su opinión en relación a la garantía ofrecida una vez cumplida dicha remisión (fs. 963, 965, 967 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados) y, en un informe de los mismos funcionarios de fecha 17 de septiembre de 1992 (en el que expresamente se expidieron sobre el "Estado de trámite de las Cartas de Crédito"), se expresó que la demandada continuaba aún esperando la contestación del American Express Bank (ver fs. 997/999 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados).
Después de una comunicación que habría existido el 3 de septiembre entre el armador y el BANADE (que se menciona a fs. 1015/1016 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados pero no fue agregada a la causa), sólo el 2 de octubre de 1992 fue enviado al BANADE un fax por parte de quienes se presentaron "...como el contacto entre el American Express Bank y Euroscan Shipping". En dicho fax se adujo un supuesto error en el envío de la contestación que el BANADE había dirigido al American Express Bank el 26 de agosto de 1992, y Cpara evitar "malos entendidos"C se propuso un texto que debía ser enviado al American Express Bank por el cual el BANADE lisa y llanamente aceptaba acordar una "Carta de Crédito Stand-by por un valor de u$s 10 millones, Formato 3039, por un período de 3 años", de cuyo contenido concreto no se dio referencia alguna (fs. 1021 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados). Es este último fax el que, cuatro días después, esto es, el 6 de octubre de 1992, el BANADE decidió que no debía ser contestado (fs. 1025, ídem cit. anterior).
Este relato, que responde a las actuaciones contenidas en el cuerpo N° 14 de los expedientes agregados que se tienen a la vista, difiere absolutamente del efectuado en la
sentencia, pues en ésta sobre la base de afirmar que el BANADE "...se tomó un mes y medio..." para decidir finalmente no contestar la propuesta del American Express Bank, calificó a la conducta del BANADE como un "palmario abuso del derecho" por parte de la demandada (fs. 1026 vta., 1027 y 1029 del expediente principal).
Sin embargo, de la secuencia antes descripta Caun con las deficiencias que exhiben las actuaciones, esto es, foliaturas enmendadas, faltante de piezas, falta de orden cronológico, etc. (ver informe pericial contable a fs. 848/ 849 expte. principal)C resulta acreditado algo muy distinto:
que el único ofrecimiento de garantía que fue hecho por el armador fue contestado por el BANADE al día siguiente de su recepción (26 de agosto de 1992); b) que en dicha oportunidad los veedores manifestaron mediante un informe que era indispensable contar con un texto de la garantía ofrecida antes de expedirse al respecto; c) que de la compulsa de las actuaciones resulta que dicho texto Csi fue enviadoC no se agregó a la causa; d) que la presentación de un intermediario entre el American Express Bank y el armador sólo se produjo el 2 de octubre de 1992, pero no para hacer llegar el texto de la garantía que ofrecería el American Express Bank, sino con el objeto de que el BANADE otorgara su aceptación a una carta de crédito "stand-by" cuyo contenido concreto ni siquiera se detalló.
Es importante retener esta fecha, pues la actora sostuvo que el BANADE había incumplido sus obligaciones en el mes de agosto de 1992 y por ello lo constituyó en mora el 15 de septiembre de 1992; sin embargo Csegún se relatóC con posterioridad a aquella fecha, es decir, el 2 de octubre del mismo año, se presentó el intermediario al que se hizo referencia, lo cual revela que el cumplimiento de la obligación que le incumbía a la actora C. la carta de créditoC
Corte Suprema de Justicia de la Nación seguía en estado embrionario; e) puesto que la actora admitió la necesidad de contar con un instrumento legal, al menos, equivalente a una carta de crédito irrevocable; que esta última resultaba exigible según el compromiso de asistencia asumido con el BANADE y que en otras presentaciones adujo que hubo una "inmovilidad" del BANADE que le impidió al astillero cumplir con la emisión de las garantías del contrato (ver. fs.
1047/1054, del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados), debió señalar qué gestiones hizo Cu ofreció hacerC para obtener algo tan simple, pero vital, como lo era el texto de la garantía que el BANADE había requerido al American Express Bank, o bien debió acreditar concretamente que las condiciones ofrecidas por este banco con relación a la operación de autos eran equivalentes a una carta de crédito irrevocable, que se aseguraba adecuadamente el contrato y que, pese a ello, fueron ignoradas o rechazadas, arbitrariamente, por el BANADE.
En consecuencia, quedó incumplido un recaudo que era condición necesaria para la entrada en vigencia del contrato de construcción y para el otorgamiento del segundo tramo de avales por parte del BANADE, sin que se haya demostrado debidamente que dicho incumplimiento obedeciese a la exclusiva conducta de la demandada (resolución 2147, punto 3.2.a, del 6 de junio de 1991).
14) Que, como se expresó, el BANADE comprometió su asistencia para "...la construcción de 10 (diez) buques portacontenedores de 5.300 T.P.B., a exportar por armadores escandinavos, según contrato de compraventa suscripto el 9.11.
90 con LIAS HOLDING INC., Panamá, por un precio total de u$s 84.000.000 (punto 2.2. de la resolución n° 2147), y fijó como condición Centre otrasC para ambos tramos de dicha asistencia@, que debía presentarse el contrato de construcción de buques "...debidamente firmado con el comprador y habilita-
do..." (punto 3.1. de la resolución 2147).
Dicho contrato originario, firmado en la ciudad de Oslo, Noruega, el 9 de noviembre de 1990, fue objeto de una primera modificación al suscribirse un nuevo contrato en aquella ciudad el 12 de septiembre de 1991 y mediante dos "acuerdos preliminares", uno suscripto el 16 de junio de 1992 en la Argentina, y otro, celebrado el 2 de abril de 1993 en Noruega, en la ciudad de B., se introdujeron modificaciones a dicho contrato originario C. considerando 10 de la presenteC.
Seguidamente se examinará si, como lo sostiene el BANADE, la actora no cumplió con la presentación de un contrato por diez buques en firme, puesto que las aludidas modificaciones cambiaron el contrato en ese aspecto, o si, como lo sostuvo el a quo, si bien los textos de los contratos son claros en cuanto a la variación del número de buques, correspondía dar por cumplido este requisito contractual a partir de la presentación de un fax que el armador remitió a la actora mediante el cual, en el juicio de la cámara, se ejercía la opción para la construcción de 10 buques (ver fs. 1142 del cuerpo N° 15 de los expedientes administrativos y fs. 1023/ 1023 vta. del expediente principal).
15) Que las cláusulas de los acuerdos firmados el 12 de septiembre de 1991 y el 16 de junio de 1992 son más que elocuentes y basta con atender a su literalidad para concluir que Ca diferencia del contrato originarioC no se estipuló la construcción de 10 buques, sino de una cantidad menor que podía alcanzar aquella cifra si era ejercitada la totalidad de las opciones que se previeron al respecto.
En efecto, de acuerdo con la cláusula 1 del contrato del 12 de septiembre de 1991, se pactó la construcción de tres buques "...con opción de uno (1) más uno (1) más hasta cinco (5) buques más (total 10 buques). Las primeras dos opciones deberán ser declaradas
Corte Suprema de Justicia de la Nación por el comprador por escrito antes del 10 de diciembre de 1991. Las siguientes cinco (5) opciones deberán ser declaradas por el Comprador por escrito antes del 30 de junio 1992". A su vez, en el acuerdo preliminar del 16 de junio de 1992 CA) Párrafo N.1. El buqueC se previó la construcción de un buque "...con opción de [cuatro buques] más la opción de cinco buques más (total, 10 buques)". Las primeras cuatro opciones "deberán ser declaradas por escrito por el comprador el 31 de agosto de 1992 o con anterioridad a dicha fecha.
Las siguientes cinco (5) opciones deberán ser declaradas por escrito por el comprador el 30 de noviembre de 1992, o con anterioridad a dicha fecha (ver documentación obrante en un sobre que acompaña a los cuerpos Nros. 5 y 6 de los expedientes agregados, bajo el rótulo VI.4).
Frente a la contundencia de los textos, la opinión del informe pericial producido en la causa nada clarifica, puesto que el perito se ha limitado a sostener que el contrato que se le entregó y verificó se refiere a la construcción de 10 buques (fs.
709 y 805 vta. del expediente principal); tampoco esclarecen el punto los testimonios de los funcionarios del BANADE, que al ser preguntados por cuántos buques comprendía el contrato de construcción respondieron "10 buques", pero, al ser repreguntados acerca de si en este aspecto el contrato sufrió modificaciones, respondieron de manera imprecisa o dubitativa (ver fs. 505, contestación a la primera repregunta; fs. 511, contestación a la primera repregunta; fs.
517, contestación a la pregunta novena). Sí es cierto que la contadora M.R., veedora de la demandada, respondió a fs. 513 con certeza que el contrato comprendía 10 buques y que no fue modificado con relación a la cantidad de buques sino a un nuevo cronograma financiero, pues tuvo oportunidad de examinar las modificaciones que se sometieron a su
consideración. Sin embargo, no puede perderse de vista que en el primero de los informes que produjo aquella funcionaria en relación a las modificaciones contractuales del 12 de septiembre de 1991 Cinformes que eran suscriptos en forma conjunta con el ingeniero R.B., también veedor del BANADEC, se expresó una opinión favorable a los cambios propuestos "desde el punto de vista técnico financiero...", pero expresamente ambos funcionarios aclararon que no habían sido "...contemplados los aspectos legales del contrato por exceder las facultades profesionales de los veedores" (ver fs.
899/900, del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados; ver también fs. 959 bis/961 del mismo cuerpo).
Para la actora, de todos modos, siempre existió un contrato por 10 buques y lo explicó así: con respecto a la primera modificación del contrato dijo que mientras "originalmente se ponía en vigencia el contrato para los 10 buques al mismo tiempo, el nuevo contrato se pone en vigencia con 3 buques y los 7 restantes son opciones con incrementos de precio según la fecha en que se pongan en vigencia..." (fs. 169 del expediente principal); al presentar la segunda modificación que alude a la construcción de un buque y las sucesivas opciones, sólo adujo que "...se realizaron algunos cambios en la instrumentación del contrato original con el objeto de disminuir costos de las garantías bancarias que debían intercambiarse entre el comprador, proveedor y astillero" (fs. 180 del expediente principal); y, por último, en una presentación posterior dijo que "...las modificaciones del contrato en las que se consignaron cantidades de buques diferentes al número original de diez, no fueron otra cosa que una parcialización originada en las realidades y necesidades financieras de los diferentes pooles de armadores noruegos que de manera alguna modificaron el número de buques..." (fs. 1457 del cuerpo N° 16
Corte Suprema de Justicia de la Nación de los expedientes agregados).
Lo primero que debe destacarse es que el hecho de no objetar la modalidad elegida por la actora o ser condescendiente con ella, no inhibe a la demandada para hacerlo con posterioridad, pues Cen el casoC se trata de ejercer un derecho que deriva de lo pactado entre las partes. Más precisamente se ha dicho que la tolerancia administrativa o la falta de objeción expresa frente al incumplimiento del particular no importa conformidad ni impide Cen tanto aquellas conductas no son factum propriumC la eventual objeción posterior. A lo que cabe añadir que, salvo disposición expresa del orden normativo, el silencio debe ser interpretado en sentido negativo (ver L.D.-PicazoP. de León, La doctrina de los propios actos, Barcelona, Ed. B., 1963, en especial págs. 200 y 201, en conformidad con la doctrina que surge de Fallos:
310:282; 308:618, considerando 8°, y 308:2411, considerando 6°).
Si se aceptara la tesis de la actora en el sentido de que la metodología de utilizar opciones obedeció solamente a la necesidad de abaratar costos o, como lo expresó el perito contable, a las "ingenierías financieras" que idearon las partes del contrato de construcción (ver fs. 805 vta. del expediente principal), dicha metodología no implicaría por sí sola un incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas con el BANADE, en tanto la totalidad de las opciones sean ejercidas y se garantice su efectivización. En consecuencia, podría pensarse que el hecho de que la demandada avalara las operaciones del primer tramo Cpara la puesta en marcha del astillero y el pago de la antigua deuda que la actora mantenía impaga con el BANADEC y parcialmente las del segundo tramo con sustento en las opiniones técnicas de los
veedores (fs. 899/900; 959 bis/961 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados), sin objetar las modificaciones del contrato, obedeció a la razonable expectativa de que la actora respetaría lo pactado con el armador, ejercería las opciones por el total de 10 buques en las fechas contractualmente señaladas y cumpliría las restantes condiciones para la entrada en vigencia del contrato. Sin embargo, nada de esto ocurrió: no se ejerció ninguna de las opciones, cuyas fechas últimas fijadas por las partes eran el 31 de agosto de 1992 y el 30 de noviembre del mismo año.
De todos modos, la voluntad de la demandada puede verse con claridad al suscribir con la actora una declaración de intención y de crédito, el 13 de julio de 1992, es decir, después de las dos modificaciones mencionadas, oportunidad en la que expresó: "Se deja expresamente aclarado, que el [BANA- DE]...solamente avalará operaciones de crédito destinadas a la construcción de 10 buques portacontenedores, de acuerdo a lo oportunamente establecido en su resolución del 06.06.91" (fs.
942/943 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados).
16) Que mediante la tercera modificación contractual, que consistió en un nuevo "acuerdo preliminar" suscripto en Bergen el 2 de abril de 1993 entre el astillero y el armador, se expresó que "el armador ejerce la opción para la construcción de los primeros tres buques" (ver documentación identificada bajo el rótulo VI.4, en uno de los sobres que acompaña a los cuerpos Nros. 5 y 6 de los expedientes agregados) razón por la cual, más allá de lo que se dirá a continuación en relación al carácter de este acuerdo preliminar, el contenido de dicha opción confirma que la opción por los diez buques no fue ejercida al tiempo en que, según la actora, el BANADE se hallaría en mora; tampoco durante la vigencia de los dos acuerdos anteriores ni al suscribirse este acuerdo en
Corte Suprema de Justicia de la Nación Bergen. Pero algo más debe ser dicho del "acuerdo preliminar" puesto que a éste se refiere el fax de fecha 25 de junio de 1993 (fs. 1142 del cuerpo N° 15 de los expedientes agregados), mediante el cual, según el a quo, se ejerció la opción por los diez buques, situación que purgaría el incumplimiento anterior de la actora.
Las tratativas entre el astillero y el armador se produjeron en B. a raíz del viaje que emprendió la actora a Noruega con el fin de "lograr de los armadores noruegos el tiempo necesario para recomponer el esquema financiero local" (fs. 1088 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados) pues se daba la siguiente situación: a) los veedores de la demandada habían producido distintos informes durante el mes de septiembre de 1992, que daban cuenta del endeudamiento del astillero, de que los fondos habían sido utilizados para rehabilitar la planta industrial, para atender parcialmente los gastos originados en las operaciones con títulos públicos, sanear pasivos con otros acreedores concursales y deudas impositivas; con destino a un "blanqueo laboral"; para afrontar "...gastos de remodelación y mantenimiento de las oficinas administrativas de la calle Uruguay..."; y de que la construcción de los buques aún no se había iniciado (ver fs.
988/990; 997/999; 1001/1003; 1014 y 1031 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados); b) el astillero, mediante una nota que dirigió al Banco de la Nación Argentina (el 15 de diciembre de 1992), había solicitado avales adicionales por valor de u$s 17.100.000; la reconversión a largo plazo del pasivo a corto plazo y la extensión de los avales correspondientes al segundo tramo aún no concedidos (u$s 6.500.000) mediante una entrega de fondos o "fondeo a largo plazo" (fs.
1048 del mismo cuerpo); c) el 25 de febrero de 1993 el BANADE
no había accedido a la concesión de nuevos avales ni a los pendientes de concesión, con sustento en que la actora se hallaba en mora en el pago de vencimientos de préstamos y avales oportunamente otorgados C. pago se intimaba bajo apercibimiento de caducidad de la asistenciaC y no había "...siquiera iniciado la construcción de un buque" (fs. 1067 del mismo cuerpo).
El resultado de aquel viaje fue la firma del "acuerdo preliminar" del 2 de abril de 1993, que contiene nuevas modificaciones a los acuerdos anteriores Cen especial en cuanto al modo de pago y a las garantías a otorgarC e incluso un nuevo "cash flow" que se habría hecho llegar a los veedores de la demandada (fs. 1120/1121 y 1125/1126 del cuerpo N° 15 de los expedientes agregados). Dicho acuerdo no fue objeto de tratamiento por parte de ninguno de los cuerpos técnicos y legales de la demandada, puesto que a la fecha de su presentación (15 de abril de 1993), la actora ya había sido intimada por su mora, y tras un examen de la situación, al mes siguiente (18 de mayo de 1993) se le reiteró la anterior intimación y se le notificó que no se concederían nuevos avales pues además de la mora antedicha, no había abierto la carta de crédito por el precio de los buques, no contaba con un encargo en firme por los 10 buques, no había iniciado la construcción de ningún buque pese al tiempo transcurrido, no tenía posibilidad de cumplir sus obligaciones, ni el BANADE se encontraba suficientemente garantizado por los desembolsos realizados (fs.
1128/1134 del cuerpo N° 15 de los exptes. agreg.), disponiéndose el 21 de junio de 1993 la caducidad de la operación celebrada con el BANADE el 6 de junio de 1991, acto que fue notificado a la actora el 20 de julio de 1993 (fs. 1140 y 1146 del cuerpo N° 15, de los expedientes agre-
Corte Suprema de Justicia de la Nación gados).
Además de que ningún cuerpo técnico ni legal se había expedido en relación a este acuerdo, el propio texto de las comunicaciones intercambiadas entre el astillero y el armador después de producida la caducidad de la resolución de asistencia financiera, negaría su carácter de compromiso definitivamente cerrado. En efecto, mediante un fax del 8 de septiembre de 1993 dirigido por el armador al astillero en relación al "acuerdo preliminar" de B., se le hizo saber al astillero, con respecto a un tema que tantas idas y vueltas produjo como lo fue el de las garantías, que: "Hemos analizado el tema con los proveedores...y hemos modificado...las condiciones con todos ellos", y se le señaló al astillero, en relación al aval que éste debía ofrecer, que era imperioso contar con esa garantía puesto que era el único elemento activador "para poner en marcha nuestro proyecto". A los pocos días, mediante un nuevo fax del 23 de septiembre de 1993, el armador le comunicó al astillero que "...contamos con algo importante que perfecciona el A.B. y que nos libera de toda duda con respecto a la cuestión de la provisión de equipos", y dio cuenta de condiciones de pago que diferían de las fijadas en el acuerdo suscripto en Bergen el 2 de abril de 1993 (ver documentación que bajo el rótulo VI.4. obra en el sobre que corre con los cuerpos Nros. 5 y 6 de los agregados).
Como simple elemento de juicio coadyuvante, cabe señalar que la actora, en el año 1996, solicitó al Banco de la Nación Argentina una nueva asistencia financiera para emprender otro contrato por 10 buques portacontenedores que serían exportados a Noruega, Oslo, y un contrato que se suscribiría con Cuba, y, al así hacerlo, propuso que la deuda referente a esta causa
formara parte de una compensación ante un supuesto crédito que tendría contra el ex Fondo Nacional de la Marina Mercante. Al aclarar qué contratos fueron los firmados en la causa en examen, en dos presentaciones sucesivas relató que dichos contratos eran los suscriptos el 9 de noviembre de 1990, el 12 de septiembre de 1991 y el 17 (debió decir 16) de junio de 1992, sin hacer mención alguna del de fecha 2 de abril de 1993 firmado en Bergen (ver fs. 1408; 1448 y 1458/ 1459 del cuerpo N° 16 de los expedientes agregados).
17) Que el 21 de junio de 1993 la demandada, tras señalar que la actora no había cumplido con las dos intimaciones referidas en el considerando anterior de la presente, y ante la persistencia de la mora, declaró caduca la resolución 2147 del 6 de junio de 1991 mediante el acto que fue agregado a la causa a fs. 1140 del cuerpo N° 15 de los agregados. Cuatro días después de dictado este acto, pero antes de ser enviada y recibida la carta documento que notificaba al astillero dicha caducidad, lo que ocurrió el 20 de julio de 1993 (ver fs. 1140 y 1146), la actora agregó a la causa un fax que el armador envió al astillero (de fecha 25 de junio de 1993) mediante el cual por primera vez se ejercía la opción por diez buques (fs.
1142; ver explicación dada por la actora para la agregación de ese fax a fs. 1143/1145) y que, según el a quo, demostraba que la actora había cumplido con la obligación a su cargo. Varias cosas deben ser señaladas al respecto: 1°) Puesto que no han sido mantenidas en esta instancia las impugnaciones rechazadas por el a quo relativas a las diferencias entre el texto del fax agregado a las actuaciones administrativas que no contiene el sello de certificación de la embajada argentina en Noruega y el que agregó el perito como "anexo 2.c" de su informe, que sí lo contiene (ver fs.
789 del expte. principal), no
Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde su tratamiento; de todos modos cabe destacar que contrariamente a muchos otros remitidos por el armador, el del 25 de junio fue agregado a la causa sin su traducción. 2°) En dicho fax el armador se refiere únicamente a condiciones fijadas en el acuerdo de B.; más concretamente, a una cláusula de ese acuerdo de B. que había fijado la posibilidad de ejercer la opción para construir el cuarto y el quinto buque y los cinco restantes. 3°) Es en relación a esa cláusula que los armadores expresaron que ejercitaban la opción y confirmaron que el contrato era entonces por el total de 10 buques ("...the contract now is for total 10 ships"). 4°) Acto seguido, en el párrafo siguiente de ese fax, los armadores manifestaron "entender" que las fechas de entrega de los buques Ctambién fijadas en una cláusula del acuerdo de B. (cláusula d)C deberían ser pospuestas y que estarían de acuerdo en establecer nuevas fechas cuando la cuestión de las garantías del 30% que el astillero debía ofrecer en favor de los proveedores Ccuestión a la que se refiere la cláusula c del acuerdo de BergenC estuviese finalmente arreglada.
En consecuencia, es incorrecto extraer del texto de ese fax la conclusión de que la actora cumplió con su obligación de presentar un contrato en firme para la construcción de 10 buques, lo cual purgaría el hecho de que no lo hubiera hecho al tiempo en que constituyó en mora al BANADE (15 de septiembre de 1992) ni en el transcurso de dos años, puesto que, según resulta de lo dicho precedentemente en relación al acuerdo firmado en Bergen, a cuyo contenido remite el fax Cy del propio texto de ésteC se trató de un "acuerdo preliminar" que fijó condiciones que estaban sujetas a tratativas de las partes (a punto tal que fueron nuevamente cambiadas después de que el BANADE decretó y comunicó la caducidad de la operación
de asistencia) y que modificó aspectos importantes de los anteriores acuerdos suscriptos el 12 de septiembre de 1991 y el 16 de junio de 1992, sin que la demandada llegara a emitir opinión técnica o legal respecto del mencionado acuerdo.
18) Que, con independencia de los incumplimientos anteriores Co del juicio que a su respecto se tengaC, asiste razón a la demandada cuando atribuye al a quo haber cometido errores en el enfoque de la operación concertada mediante la resolución 2147 del 6 de junio de 1991. En efecto, el razonamiento del a quo tendiente a demostrar que la demandada indebidamente suspendió el otorgamiento de avales a partir del 26 de junio de 1992 Cpues su obligación era mantener la asistencia comprometida por el lapso de 60 mesesC partió de una serie de premisas que no se compatibilizan con las constancias de la causa, a saber: a) las operaciones de préstamo de títulos públicos concertadas y las de avales de éstas no tenían plazo cierto y de no haber sido intimada la actora no habría habido estado de mora a su respecto; b) dos informes producidos por la demandada avalaban que toda deuda o gasto fuese debitado en la cuenta corriente de la actora pero se cobrara al finalizar la construcción de los buques, y que los contratos de préstamo de títulos estuvieran sujetos a sucesivas renovaciones sin que se pudiera exigir ningún concepto en relación a éstos hasta la finalización de las obras (fs. 1012 del expediente principal); y c) puesto que para llevar adelante el proyecto de construcción de los 10 buques se necesitaban aproximadamente u$s 25.000.000, "...el capital a obtener" del BANADE era muy importante y, por ende, no podía sufrir ninguna mengua o retención aunque existieran cláusulas contractuales que así lo permitiesen porque, cuanto menos, se habría tratado de una conducta antifuncional que no habría respetado el espíritu del contrato (fs. 1008/1008 vta; 1011 vta. y 1038 del expediente
Corte Suprema de Justicia de la Nación principal).
19) Que, en relación a lo afirmado por la sentencia en los puntos a y b del considerando anterior, debe recordarse que la actora y la demandada acordaron respecto del primer tramo de avales (u$s 5.700.000, importe que temporariamente fue elevado a u$s 7.300.000), la posibilidad de obtener avales en relación a préstamos de títulos valores públicos nacionales (bonos externos) y préstamos de esa clase de títulos valores (comunicación "A" 990 del Banco Central de la República Argentina), que fueron liquidados en operaciones de compraventa realizadas con la intermediación financiera del BANADE, lo cual permitió al astillero obtener dólares en efectivo, frente a la admitida dificultad de hallar préstamos de fondos a largo plazo en el mercado local (fs. 1458 del cuerpo N° 16 de los expedientes agregados). Esta operatoria se convino a solicitud de la actora y, entre otras características, se previó que el plazo mínimo de dichos préstamos C. debían ser gestionados por la actoraC fuese de 370 días (ver resolución 2168, punto 1.3, del 20 de junio de 1991). Con esta modalidad el BANADE otorgó cuatro préstamos en bonos externos con diferentes plazos ciertos de vencimiento, que fueron liquidados y convertidos a dólares de la siguiente manera: 1°) los dos primeros fueron otorgados y liquidados el 4 de julio de 1991 y vencían en el breve plazo de 90 días. Estos títulos respondían a un plazo fijo en Bonex, series 1982 y 1989 que su titular (Petroquímica Bahía Blanca SAIC) había constituido en el BANADE y, al así hacerlo, había autorizado su renovación sucesiva hasta totalizar un año, en tanto las
condiciones económicas del país y de su empresa se lo permitieran (ver fs. 17/18, 21, 48/49 y 181/184 de la carpeta 1 de numeración separada); 2°) otro préstamo de Bonex serie 1989 fue otorgado y liquidado el 30 de diciembre de 1991 y su vencimiento se pactó a los 371 días (fs. 57 y 58 de la misma carpeta); y 3°) un cuarto préstamo de Bonex 1989 fue convenido y liquidado el 26 de junio de 1992 y vencía a los 371 días (fs. 105/106 de la misma carpeta). A su vez, se otorgaron y liquidaron tres préstamos de títulos públicos en operaciones en que el BANADE era avalista de dichos préstamos suscriptos entre la actora y la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, en las fechas siguientes: 1°) el 1° de agosto de 1991, cuyo vencimiento operaba el 1° de febrero de 1993; 2°) el 17 de febrero de 1992, cuyo vencimiento operaba el 17 de febrero de 1994; y 3°) el 19 de febrero de 1992, con vencimiento el 19 de febrero de 1994 (fs.
44/47, 72/76 y 81/86 de la misma carpeta). Esta clase de contratación Cobtención de préstamos de títulos valores y su posterior conversión en dólares billeteC revela claramente, por una parte, el extremo riesgo que tomó desde el comienzo la actora C. que esta modalidad fue solicitada por dicha parte y concedida el 20 de junio de 1991, es decir, a los pocos días de haberse firmado la resolución 2147 del 6 de junio de 1991, que le otorgó la asistencia del BANADEC y la impropiedad de la modalidad elegida pues, además de tratarse de plazos reducidos en relación al financiamiento que requería la obra a encarar, suponía depender de variables tan incontrolables como las diferencias en la cotización de la divisa o la fluctuación del valor de mercado de los títulos y el cumplimiento de obligaciones que se generarían con la propia compraventa del título Centre
Corte Suprema de Justicia de la Nación otras, el pago del impuesto a la transferencia de títulos valoresC, que necesariamente, como se verá, repercutirían en la conveniencia de la operación. Pero, por otra parte, la contratación de préstamos de títulos valores Csean préstamos directos del BANADE o en los que éste actuaba como avalistaC implicaba que, con independencia de la fecha en que vencía el contrato en el que se instrumentaba el préstamo y de su posibilidad de renovación o no, durante el curso del contrato se adicionarían, en las fechas estipuladas, los intereses compensatorios por el préstamo del título C. se pactaba expresamente su cobro durante el contratoC y vencerían también en las fechas fijadas, cupones de renta o amortización del capital Cen la medida en que el título hubiera sido entregado con dichos cuponesC, conceptos respecto de los cuales la demandada entendió que el astillero estaba en mora a partir de no revertirse, desde el 10 de agosto de 1992, el saldo negativo de su cuenta corriente. La cancelación de dichos intereses y cupones Ca diferencia de lo sostenido por el a quoC era inmediatamente exigible a la actora, según resulta con toda claridad de los contratos de mutuo que fueron acompañados a la causa. Así, con relación a los préstamos directos de títulos valores firmados por la actora y el BANADE, se agregó a la causa únicamente el que se habría suscripto el 26 de junio de 1992, con vencimiento el 1° de julio de 1993, según resulta de fs. 105/106 de la carpeta 1 de numeración separada (ver la copia del contrato que lleva la firma de ambas partes y en el reverso un número de registro ante el BANADE, texto que aparentemente reemplazaría al de fs. 101/104, y cuya autenticidad no ha sido cuestionada). En él se estableció que si la actora no restituía en tiempo y forma los cupones correspondientes a amortizaciones o rentas que vencieran durante la vigencia del contrato, o los títulos objeto del préstamo, se facultaba al
BANADE a comprarlos por su cuenta y orden, a debitarlos de su cuenta corriente, y la prestataria se obligaba expresamente "... a cubrir el saldo deudor de la cuenta corriente el mismo día en que se produzca" (cláusulas cuarta y segunda).
Asimismo, se previó que "...sus obligaciones caerán en mora por incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas...en el presente contrato, quedando a partir de ese momento constituida en mora de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, dándose también de pleno derecho por decaídos todos los plazos y resultando exigible la totalidad de la obligación" (cláusula sexta). Por su parte, en los contratos suscriptos entre la actora y la Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, en los que el BANADE actuó en calidad de avalista con carácter de principal pagador y con expresa renuncia al beneficio de excusión, se previó lo siguiente: En el firmado el 1° de agosto de 1991, con vencimiento el 1° de febrero de 1993, se estableció que la tomadora del préstamo se obligaba a restituir a la mutuante en la fecha estipulada para el vencimiento, el título y los cupones de renta o amortización que vencieran durante el curso del contrato; asimismo se previó el pago de un interés compensatorio del préstamo del título, que debía ser efectuado desde la fecha de suscripción del contrato hasta el momento de restitución de los bonos, en forma semestral vencida (cláusulas segunda y tercera); y, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el contrato, se previó que se produciría de pleno derecho la caducidad de los plazos y las cosas y/o cantidades debidas serían inmediatamente exigibles, quedando "LA MUTUARIA" constituida en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna (cláusula cuarta) Cfs.
Corte Suprema de Justicia de la Nación 44/47 de la carpeta 1 de numeración separada de los agregadosC. Asimismo, en el contrato firmado el 17 de febrero de 1992, que vencía el 17 de febrero de 1994, y en el suscripto el 19 de febrero de 1992 con vencimiento el 19 de febrero de 1994, se estableció la obligación de restituir al BANADE los cupones de amortización o de renta que vencieran en el curso del contrato en las fechas estipuladas para su vencimiento, y el pago de un interés compensatorio por el préstamo del título, que se pagaría por semestres a partir de una fecha cierta que se consigna (ver puntos segundo, tercero y cuarto de ambos contratos, que se encuentran agregados a fs. 72/76 y 81/86 de la carpeta 1 de numeración separada de los expedientes agregados).
De lo hasta aquí reseñado surge que incumplimientos como la falta de pago de los cupones o de los intereses durante el curso del contrato en las fechas estipuladas Cincumplimientos por los cuales la actora fue intimada el 25 de febrero de 1993C provocarían la inmediata mora del astillero sin necesidad de interpelación alguna, pues habían sido fijados plazos ciertos, de manera tal que la mora se producía en forma inmediata, sea con sustento en lo expresamente consignado en alguna de las cláusulas transcriptas, o bien por así disponerlo el art. 509 del Código Civil. Es incorrecto sostener C. lo hizo el a quoC que el hecho de que se debitaran en la cuenta corriente del astillero importes por aquellos conceptos no significaba que podían ser inmediatamente exigidos por el BANADE sino que su cancelación sólo podría ser intimada una vez finalizada la obra de construcción. La consecuencia de tal aseveración sería por lo demás objetable, al menos, respecto de aquellas operaciones en las que se acreditó
en la causa que los títulos valores no eran de propiedad del BANADE (por ej., la totalidad de los títulos avalados), pues si el astillero incumplía su obligación de cancelar los intereses por el préstamo en el plazo pactado o los cupones de renta y amortización del título vencidos durante el curso del contrato se constituía automáticamente en mora, y aquellos conceptos podían ser exigidos por el titular al BANADE en su calidad de avalista, configurándose la sinrazón de que el BANADE debiera afrontar con fondos propios estas deudas sin posibilidad de recupero hasta que finalizara la construcción de los buques, cuando desde el principio se acudió a la modalidad de avalar operaciones porque el BANADE carecía de fondos propios para el otorgamiento de una línea de crédito (ver lo expresado por la actora a fs. 374/374 vta. del escrito de demanda; ver también fs. 741 y cuarto párrafo de fs. 805 del principal; fs.
162/163 de la carpeta 1 de numeración separada de los expedientes agregados, de la cual resulta que el BANADE, finalmente, no sólo debió afrontar las deudas del astillero por estos conceptos sino también cancelar los contratos avalados una vez que éstos vencieron). En consonancia con lo expuesto, debe señalarse que el concepto por el cual la demandada consideró a la actora en mora en el cumplimiento de sus obligaciones a partir del 10 de agosto de 1992 fue precisamente un vencimiento de "...intereses semestrales del aval en Bonos serie 1984 CValor Nominal= 1.571.500C, [débito] a partir del cual en ningún momento se revirtió el saldo negativo en su cuenta corriente", esto es, se había producido el vencimiento semestral de intereses compensatorios por el préstamo del título a que se refiere la cláusula tercera del contrato antes citado, que fue suscripto el 1° de agosto de 1991 con vencimiento el 1° de febrero de 1993 y en el que el BANADE actuó como avalista, y de acuerdo con la cláusula
Corte Suprema de Justicia de la Nación cuarta del mismo contrato, al no ser pagado, se produciría la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna (ver folio 0031099 del informe de la demandada acompañado en la carpeta 3 de numeración separada de los exptes. agreg., que no ha sido cuestionado por la actora, y lo expresado por el perito a fs. 746 del expediente principal). A partir de este débito del 10 de agosto de 1992, se registran en la cuenta corriente de la actora Ccuyos resúmenes fueron agregados a la causa y no fueron impugnados por éstaC sucesivos débitos que responden Ctodos ellosC a vencimientos que se produjeron en un plazo cierto tales como:
las comisiones semestrales del BANADE; los vencimientos de intereses y cupones en operaciones avaladas por el BANADE e, incluso, la única cancelación que se registra respecto de un préstamo de títulos es la cancelación del contrato avalado por el BANADE a que se hizo referencia en último término (esto es, el firmado el 1° de agosto de 1991 con vencimiento el 1° de febrero de 1993, que, según se vio, contempló la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna también para el supuesto de que el título no fuera devuelto a su vencimiento).
Todos estos débitos integraron el importe del saldo deudor al 23 de febrero de 1993 (u$s 1.467.567,37) cuyo pago fue intimado por el BANADE, el 25 de febrero de 1993, bajo apercibimiento de considerar resuelta la asistencia comprometida y caducar los plazos pactados (ver, en especial, en los resúmenes de cuenta, los folios 0170996; 0542003; 0542009 y el siguiente folio sin número de la carpeta 3 de numeración separada de los agregados, lo cual se ve corroborado a fs. 983, 1037, 1041, 1055, 1089 del cuerpo N° 14 de los agregados; ver también fs.
1067 de dicho cuerpo). En consecuencia, contrariamente a lo afirmado por el a quo, el contrato de mutuo relativo a
operaciones de préstamos de títulos públicos que se agregó a la causa y los contratos en los que el BANADE actuó como avalista, previeron claramente y en forma expresa, además de plazos ciertos de vencimiento del préstamo, plazos ciertos para la entrega de los cupones vencidos durante el curso del contrato o para pagar los intereses semestrales compensatorios del préstamo del título, de manera tal que en los respectivos vencimientos podían ser reclamados los importes adeudados sin necesidad de interpelación alguna. Asimismo, según resulta del resumen de la cuenta corriente de la actora, existen vencimientos de intereses, cupones y comisiones del BANADE respecto de operaciones de aval de títulos públicos, que se produjeron a partir del 10 de agosto de 1992, esto es, con anterioridad a la fecha (15 de septiembre de 1992) en que la actora constituyó en mora a la demandada (ver folio 0170996 de la carpeta 3 de numeración separada de los expedientes agregados).
Ninguna influencia ejerce sobre la conclusión precedente, el párrafo extraído del dictamen de la "Sub Comisión de Asuntos Legales del Banco de la Nación Argentina" de fecha 18 de mayo de 1993 y el de un informe interno de funcionarios del BANADE, transcriptos por la sentencia (fs. 1011 vta. y 1012 de la sentencia), a los que la cámara le ha dado "singular importancia" con el propósito de sostener que el BANADE no podía reclamar ninguna acreencia al astillero antes de finalizada la construcción de los buques, puesto que no habría plazos ciertos ni estado de mora y se obraba "en el entendimiento de que [el astillero] debe devolver cuando cobre los buques". Sin embargo, dicho dictamen C. no hace más que recontar lo actuado por el BANADE y los incumplimientos de la actora detectados hasta entoncesC sólo alude a una hipótesis
Corte Suprema de Justicia de la Nación Cque además descartaC, lo que se revela con su simple lectura:
"...F. dice que primero hubo mora del BND, pero no explica en qué consistió. Tratando de ponernos en su lugar, pensamos que pueda referirse: O a que no le renovamos algún aval vencido o algunos préstamos de títulos (en el entendimiento de que recién debe devolver cuando cobre el precio de los buques); o bien a que no le damos los $ 6.500.000 en avales que faltan del crédito original. Ahora bien, lo primero no es posible porque no tenemos pedido alguno de renovación; y lo segundo es absurdo porque, según se indicará seguidamente, no corresponde que demos más. Además pide dinero y no avales...".
A continuación, en el informe se detallan todos los incumplimientos de la actora; se aconseja rechazar definitivamente el otorgamiento de más ayuda financiera y dictar una comunicación posterior dando por rescindido el contrato con el astillero (el resaltado no pertenece al texto; ver en el dictamen de fs. 1129/1132, la fs. 1130 y sgte. del cuerpo N° 15 de los expedientes agregados). Por su parte, del informe interno de la demandada, la sentencia sólo transcribe la siguiente frase: "El Banco estaba comprometido a sucesivas renovaciones" de los préstamos de títulos públicos, sin advertir el valor relativo de este informe interno, pues en el párrafo anterior se afirmaba, con la misma generalidad, "Los plazos de cada operación (contratos de mutuos por los Bonex) oscilaban entre los 90 y los 180 días, aproximadamente, generando una tasa de interés que se debitaba en su cuenta corriente", afirmación que no se compadece con los plazos de la totalidad de los contratos de mutuo suscriptos (sólo dos fueron concertados en su origen a 90 días y los restantes lo fueron a 371 días, a 2 años o a 1 año y 6 meses) e induciría a pensar que, quizá, la "renovación sucesiva" a la que se alude C. de contratos de plazos brevesC respondió a la
necesidad de adecuarlos al plazo mínimo que para todas las operaciones exigía la resolución 2168 del 20 de junio de 1991, es decir, 370 días.
Esto ocurrió con los dos contratos firmados en su origen a 90 días, en los que el titular de los bonos manifestó ante el BANADE su voluntad de "renovar [su plazo fijo en bonos] a su vencimiento por períodos sucesivos de 90 días hasta totalizar un año...", aunque sujetó tal posibilidad a que las condiciones económicas del país y de la empresa se lo permitieran (fs. 21, carpeta 1 de numeración separada de los agregados y lo dicho en el comienzo de este considerando).
Aun cuando no se coincida con lo expuesto, claramente no puede inferirse de un "compromiso" de renovación sucesiva, que no existían plazos ciertos y que nada podría intimarse hasta que finalizara la construcción de los buques.
En efecto, esto es así porque: aquella renovación suponía el vencimiento de un plazo cierto y la suscripción de un nuevo contrato, el que fijaría otro plazo, igualmente cierto; la posibilidad de que un contrato sea renovado a su vencimiento, nada dice acerca de los vencimientos ocurridos durante el curso del contrato, como es el caso, de los vencimientos de intereses, cupones de renta o de amortización que motivaron intimaciones a la actora, ni conlleva la postergación de tales vencimientos; difícilmente pueda argumentarse que nada era exigible hasta que finalizara el contrato de construcción, con fundamento en el hecho de que el BANADE había "comprometido" la renovación sucesiva, puesto que al tratarse de operaciones en las que los bonos pertenecían a un tercero, aquella renovación se produciría con certeza, únicamente, en el supuesto de contarse con el expreso consentimiento del titular de los bonos.
20) Que con relación a lo expresado en la sentencia C. considerando 18 punto c, de la presenteC en el sentido de
Corte Suprema de Justicia de la Nación que la asistencia del segundo tramo Cu$s 11.000.000C no podía ser objeto de retención alguna pues implicaría privar al astillero de una parte importante del capital necesario para llevar adelante el proyecto de construcción, cabe recordar que Ca diferencia del primer tramoC, en el tramo que se examina el BANADE se comprometió a otorgar avales con el fin de respaldar el cumplimiento de contratos de financiación local que debía obtener la actora, o para garantizar la importación de equipos e insumos que requería dicho proyecto, los que serían otorgados conforme al avance de las obras (ver considerando 8 de la presente). En consecuencia, el incumplimiento sólo podía provenir de una negativa de avales frente a un contrato de financiación local presentado por la actora Cfinanciación que pese a ser un requisito exigido por la resolución 2147, punto 3.2 del 6 de junio de 1991, la actora nunca acreditó haber obtenidoC, o ante un concreto pedido de avalar la importación de insumos o equipos, sin que quepa considerar que pudo tener tal virtualidad la nota presentada por el astillero el 15 de septiembre de 1992 solicitando el libramiento de avales en favor de los proveedores de equipos (fs. 995 del cuerpo N° 14 de los exptes. agreg.), pues, según lo admite la actora (fs.
992 del mismo cuerpo), aún estaba negociando "...la instrumentación de las garantías correspondientes" que respaldarían el contrato de construcción (ver también lo dicho en el considerando 13 de la presente, acerca de la ausencia de una carta de crédito o instrumento equivalente que avalara el precio del contrato).
Por lo mismo, tampoco es correcto endilgar a la demandada una interrupción de la asistencia, pues ésta pareciera fundarse, antes que en el compromiso firmado entre ambas partes que requería contar con una financiación local (resolución 2147, del 6 de junio de 1991), en la expectativa de la actora expresada el 15 de diciembre de
, al solicitar no solamente un incremento de avales sino que el monto de u$s 6.500.000 correspondiente al segundo tramo de avales no librados se concretara mediante la entrega de fondos ("fondeo a largo plazo") Cver fs. 1047/ 1054 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados; ver también a fs. 901 del cuerpo N° 14 bis de los agregados, lo manifestado por la actora en el sentido de tener avanzadas tratativas con un grupo inversor que le permitiría "la obtención de fondos para el financiamiento de la construcción de los buques a exportar", aunque dicha obtención nunca fue acreditada en la causaC.
La demandada autorizó el segundo tramo de avales que se examina el 26 de junio de 1992 hasta la suma de u$s 4.500.000 y, al hacerlo, dispuso verificar si la actora estaba "...al día con sus compromisos", ordenando Cen el caso contrarioC retener los importes necesarios (fs. 934 y 935 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados). El mismo día se liquidaron en favor de la actora Bonex serie 1989 por un valor nominal de u$s 2.467.600, equivalente a u$s 1.995.842, en las condiciones establecidas en la comunicación "A" 990 del Banco Central de la República Argentina; se cubrieron gastos originados, básicamente, en diferencias en la paridad de los Bonex "por el efecto mercado", y se efectuaron retenciones en concepto de pago de honorarios de escribanos en la constitución de garantías, pago del vencimiento de cupones y otros gastos financieros (ver el informe de fs. 318/326 de la carpeta 2 de numeración separada de los expedientes agregados; ver informe pericial contable a fs. 805 del expediente principal y las aclaraciones suministradas a fs. 848 vta. del mismo expediente; ver el informe de fs. 1001/1003 del cuerpo N° 14 de los expedientes agregados, constancias de las que no
Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta un monto total unívoco en concepto de retenciones: en el primer informe se calculó un importe de u$s 1.877.951; el peritaje estimó una suma de u$s 2.818.078, aunque en las aclaraciones, el perito dijo que sus cálculos se adecuaban al informe de fs. 1001/1003 antes citado, del que, sin embargo, resulta un importe de u$s 2.046.624). De todos modos, puesto que no es materia de agravios la corrección del cálculo de las retenciones, ni si con las liquidaciones efectuadas el 26 de junio de 1992 se respetó el tope autorizado para efectuar operaciones con títulos públicos en relación al primer tramo de avales (esto es, u$s 5.700.000, suma temporariamente elevada a u$s 7.300.000), sólo corresponde examinar lo afirmado por la cámara en el sentido de que toda retención por parte del BANADE debía ser pospuesta hasta la finalización de la construcción de los buques, pues el punto 10 de la resolución 2147 del 6 de junio de 1991 estableció que: "todos los gastos, honorarios e impuestos emergentes de la constitución de las garantías establecidas en la presente, serán por cuenta y a cargo del titular", pero no determinó el momento en que se deducirían tales conceptos.
En este sentido asiste razón a la demandada cuando afirma que se aparta de los usos y las prácticas bancarias el pretender que los gastos originados en un acto de asistencia financiera no sean saldados al otorgar dicha asistencia sino que se posponga su cobro, en el caso hasta finalizar la construcción de los buques. Máxime si se repara en que el BANADE actuó por cuenta y orden del astillero al efectuar la compraventa de títulos valores y su posterior liquidación en el mercado financiero y, en consecuencia, le asistía el derecho de quien cumple el encargo de un comitente, esto es, retener aquellos conceptos generados en la propia operación encomendada. Más allá de ello, fue la actora quien de modo expreso
aceptó la modalidad de retenciones aplicada por el BANADE al solicitarle a éste que "...se disponga el pago de los honorarios pactados por la empresa con el Escribano Federico España Solá..., respecto de la hipoteca que constituyéramos a favor de ese Banco" y, con tal finalidad, se retuvo de la liquidación de Bonex serie 1989, efectuada el 19 de febrero de 1992, el importe de aquellos honorarios (ver fs. 50 a 55, 60 a 63 y 93 de la carpeta 1 de numeración separada de los expedientes agregados, y fs. 1465, cuerpo N° 16 de los expedientes agregados). En relación con el importe correspondiente a las diferencias en la paridad de los bonos liquidados "por el efecto mercado", que implicó para la actora una importante disminución del monto total autorizado para este segundo tramo, aquella mengua no respondió C. lo expresó el a quoC a una conducta "antifuncional" del BANADE, sino que, en todo caso, lo impropio sería imponer a la demandada que posponga el recupero de tales diferencias, cargando con las negativas C. previsiblesC consecuencias de la actuación de quien, como la actora, acudió a la negociación de títulos valores en el mercado financiero.
21) Que lo expresado precedentemente impide considerar que la actora haya cumplido con las obligaciones a su cargo, en los términos de los arts. 510 y 1201 del Código Civil. Sin embargo, toda vez que aquélla atribuyó la caducidad de la asistencia dispuesta a la conducta que habría asumido el BANADE a partir de una denuncia radicada en sede penal, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.
La denuncia tuvo por objeto investigar al entonces interventor del BANADE (R.D.P. y a las restantes autoridades de ese banco respecto de los "reiterados beneficios" que habría recibido la actora mediante líneas de crédito otorgadas por el
Corte Suprema de Justicia de la Nación BANADE. En especial, se denunció respecto de la operación de asistencia que se examina en este expediente: la improcedencia del método utilizado para calcular el monto de la antigua deuda del astillero que permitió llegar a un importe de u$s 2.273.916, que sería mucho menor que el real; la decisión de reducir aún más ese monto fijando la suma de u$s 800.000; y el permitir su cancelación con una retención efectuada en la nueva operación de asistencia concedida mediante la resolución 2147, del 6 de junio de 1991. En esa causa se produjo una prueba pericial Cen la que se señaló al respecto que era posible calcular la deuda conforme a otro método, lo que arrojaría un importe de u$s 6.516.764,63C, pero el juez entendió que por tratarse de una deuda anterior, este aspecto era ajeno a la investigación de la causa; dispuso adoptar un "temperamento de carácter expectante" y, finalmente, sobreseer provisionalmente en las actuaciones sin procesar a persona alguna (fs.
240/243 del expediente principal).
Según la actora, a raíz de aquella denuncia el entonces interventor del BANADE, a "mediados del año 1992" impartió la orden de "parar todo" y, en su criterio, éste sería el verdadero motivo de la suspensión de la asistencia financiera a partir del 26 de junio de 1992; basa su aserción en la declaración de dos funcionarios de la demandada (fs. 504/505 y 517), hecho que ha sido negado por el testimonio del interventor del BANADE (fs.
618/620).
Sin embargo, difícilmente pueda aceptarse tal tesitura, pues las constancias de autos sustentan objetivamente las razones invocadas para declarar la caducidad de la asistencia pactada.
En efecto, una vez que el juez penal ordenó la remisión del expediente mediante un oficio recibido por el BANADE el 4 de agosto de 1992, este organismo solicitó un plazo de 30 días para fotocopiar la totalidad de los cuerpos y el 9 de septiembre de 1992 encomendó a las dependencias
correspondientes la realización de específicos informes sobre el estado del trámite de las actuaciones (fs. 1009/1011 y 979 del cuerpo N° 14 de los agregados). Como resultado de esa actividad, se constataron incumplimientos, algunos de los cuales no pudieron obedecer a la conducta asumida por la demandada, pues son anteriores a la fecha en que se habría interrumpido la asistencia (26 de junio de 1992), como lo son los relatados en los considerandos 13 a 17 de la presente; otros que también avalan razonablemente la decisión del BANADE fundada en que, sin que se hubiera iniciado la construcción de un solo buque Clo cual impedía hacer valer la hipoteca navalC, se presentaba un endeudamiento del astillero superior al monto de las garantías realizables (fs.
997/999; 1001/1003 del cuerpo antes citado y 1129/1132 del cuerpo N° 15 de los agregados), e incluso, un último incumplimiento, como lo es la falta de presentación de los contratos de financiación local que habrían permitido llevar adelante la construcción C. exigido por la resolución 2147, punto 3.2, y que dependía de la exclusiva conducta de la actoraC, respecto del que ni siquiera se dio una explicación en la causa.
22) Que, por lo expuesto, no se ha demostrado que la caducidad de la resolución 2147, del 6 de junio de 1991 y la consiguiente imposibilidad de llevar adelante el contrato de construcción de buques celebrado entre la actora y la firma Bredrup Shipping A/S, puedan ser imputables al incumplimiento malicioso de la demandada, en los términos del art. 521 del Código Civil.
Por ello, se declara procedente el recurso ordinario de fs. 1408/1432 y se rechaza el de fs. 1396/1404, sin necesidad de tratamiento alguno en atención al resultado al que se arriba. Se revoca la sentencia de fs. 986/1047 y, en consecuencia, se rechaza la demanda. Con costas a la actora en
Corte Suprema de Justicia de la Nación todas las instancias. R., notifíquese y, oportunamente, devuélvase. A.C.B. -C.S.F. -J.C.M. -E.R.Z. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.
Recursos ordinarios interpuestos por Astilleros Vicente Forte S.A.M.C. e I., actora en autos, representada por el Dr. F.M.G., con el patrocinio letrado del Dr. R.G.R.; y J.B.L., apoderado del patrimonio en liquidación del BANADE, en representación del Banco Nacional de Desarrollo demandado en autos Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, S.I.T. que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Civil y Comercial Federal N° 8
Sentencia de Sala I, 24 de Septiembre de 2013 (caso Amarilla, César Daniel y Otros S/Procesamiento)
Dictamen en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 1 de Enero de 1999, C. 810. XXXV

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