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Timestamp: 2019-05-19 21:20:34+00:00

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Foro 06-03-2017	Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Inmobiliario", el 1 de febrero de 2017.
Es verdad que si un contrato de préstamo ya ha sido íntegramente satisfecho, no tendría objeto ejercitar una acción meramente declarativa pretendiendo su nulidad por abusiva, aunque sí sería factible accionar para que, partiendo de esa nulidad, se condenara a la entidad prestamista a que devolviera la suma cobrada en exceso por la aplicación de la cláusula considerada como nula, como efecto previsto en el art. 1303 cc –EDL 1889/1 y explicitado en la STJUE de 21 de diciembre de 2016 –EDJ 2016/226005-.
En este sentido creo, siguiendo el criterio sentado por nuestro Tribunal Supremo con referencia a los contratos bancarios complejos (ST Pleno 12 de enero 2016), que el dies a quo debería ser el de los primeros pagos efectuados con liquidaciones en las que se hubiera aplicado la cláusula suelo, al ser el momento en que el prestatario pudo tomar conciencia de la trascendencia de la cláusula firmada, sin que se comparta la idea sostenida por algún autor de que pudiera ser el de la fecha de 9 de mayo de 2013 –EDJ 2013/53424 en que se dictó la sentencia por el Tribunal Supremo que recogía los requisitos necesarios para que pueda ser considerada válida una cláusula suelo, y menos aún la citada de TJUE de 21 de diciembre de 2016 –EDJ 2016/226005 que declara la retroactividad total de los efectos de la declaración de abusividad, ya que ni en una fecha ni en la otra – sino antes - es cuando conforme al art. 1979 cc –EDL 1889/1 pudo tomar conciencia el referido prestatario de la trascendencia que tenía la cláusula suelo suscrita.
Otra cosa es que, habiéndose solicitado en la demanda que la retroactividad fuera total es decir, que los efectos de la abusividad se remontaran a la fecha de inicio de aplicación de la cláusula suelo la sentencia dictada hubiera otorgado una retroactividad limitada a la data en que se publicó la STS de 9 de mayo de 2013 –EDJ 2013/53424 y que dicha sentencia hubiera adquirido firmeza. En tal caso se estaría ante la cosa juzgada y no cabría formular nueva reclamación por el resto no concedido inicialmente.
4ª. Entiendo que no. Si se alcanzó un acuerdo transaccional entre las partes contratantes y no existió vicio en el consentimiento prestado por el consumidor habrá de estarse a lo pactado (arts. 1254 y 1255 cc en relación con los arts. 1809 y ss cc –EDL 1889/1-).
Antes de entrar a examinar todos y cada una de las cuestiones planteadas debe...
1º) la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 n º 241/2013 –EDJ 2013/53424 que declara que las clausulas suelo no son nulas per se, sino que las clausulas suelo examinadas ese proceso, en virtud de esa acción colectiva, son nulas por falta de trasparencia debido a la falta de información a los prestatarios, por lo que los efectos restitutorios deben venir precedidos de la previa declaración de nulidad de la clausula suelo correspondiente, cuando se de esa insufciencia de información; en especial respecto de los contratos de prestamo con garantía hipotecaria otrogados por otras entidades de credito que no fueron parte en dicho proceso, en lo que si puede haber existido esa información.
Es indudable que la cosa juzgada tiene como efecto esencial, el impedir que sobre una cuestión ya resuelta en virtud de sentencia firme, artículo 222 de la ley de enjuiciamiento civil –EDL 2000/77463-, pueda volverse a plantear un nuevo litigio: en aquellos supuestos en que el consumidor se limitó a reclamar los interereses pagados indebidamente desde el 9 de mayo de 2013 –EDJ 2013/53424 , o bien aunque reclamando la totalidad de los intereses solo se le concedieron desde esa fecha, y la sentencia sea firme, no podrá reclamarse de nuevo el resto de los intereses, en la medida que se trata de situaciones consolidadas en virtud de una resolución judicial firme; debiendo entenderse en tales casos que se trata de situaciones jurídicas consolidadas, como consecuencia de la sentencia firme que ha resuelto el litigio; pues debe entenderse aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional, y en base el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE –EDL 1978/3879 debe entenderse limitado los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, sobre aquellas en las que no haya existido pronunciamiento judical firme. Otra interpretación dejaría vacio de contenido el principio de cosa juzgada, con los efectos que ello tendría en el ordenamiento jurídico, toda vez que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –EDJ 2016/226005 solo puede aplicarse, bien a los procesos suspendidos por la cuestión prejudicial planteada, o bien a los procesos que se inicien después de haberse dictado esa sentencia.
Esta consecuencia también se deduce, del hecho que la STJUE –EDJ 2016/226005 se limita a imponer, un cambio en la jurisprudencia, en cuanto a los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, y como todo cambio jurisprudencial no puede afectar a situaciones ya resueltas por sentencia firme; pues el mero cambio de la jurisprudencia, como es el caso examinado, no permite modificar, o volver a plantear cuestiones ya resueltas por sentencia firme; como ejemplo cabe citar el cambio de jurisprudencia sobre la nulidad de las donaciones remuneratorias encubiertas bajo la forma de una donación, esta nueva jurisprudencia de la Sala I del Tribunal Supremo no permite el volver a resolver sobre aquellos litigios que fueron resueltos en virtud de sentencia firme, con arrelgo a la jurisprudencia anterior que si mantenia su validez.
Se plantean diversas cuestiones a raíz de la esperada STJUE de 21 de diciemb...
Se plantean diversas cuestiones a raíz de la esperada STJUE de 21 de diciembre de 2016 –EDJ 2016/226005 en la que se resuelve sobre la limitación temporal de las cláusulas suelo establecida por la STS de 9 de mayo de 2013. Procede por ello, una respuesta separada a cada una de las preguntas formuladas.
La respuesta anterior nos lleva a la fijación del plazo de ejercicio de esta acción de nulidad, siendo aplicable el artículo 1301 CC –EDL 1889/1 en el que se establece un plazo de 4 años para el ejercicio de la acción. El problema surge en la interpretación del momento de consumación del contrato, siendo reiterada la jurisprudencia por la que se declara que el momento de la consumación del contrato no es el momento de la firma del mismo, sino cuando ya se han realizado por ambas partes todas las obligaciones mutuamente asistidas. Así lo recuerda la STS de 12 enero 2015 –EDJ 2015/7310-, que establece que “No puede confundirse la consumación del contrato a que hace mención el art. 1301 del Código Civil –EDL 1889/1-, con la perfección del mismo. Así lo declara la sentencia de esta Sala núm. 569/2003, de 11 de junio –EDJ 2003/29668-, que mantiene la doctrina de sentencias anteriores, conforme a las cuales la consumación del contrato tiene lugar cuando se produce « la realización de todas las obligaciones » (sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1897, 20 de febrero de 1928 y 11 de julio de 1984), « cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes » (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1989 –EDJ 1989/3328-) o cuando « se hayan consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó » ( sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983).” Por tanto el plazo de cuatro años podría computarse desde la fecha del último pago de intereses con aplicación de la cláusula suelo o desde la terminación del mismo.
Para solventar la primera de las cuestiones planteadas habría que determinar...
Para solventar la primera de las cuestiones planteadas habría que determinar la posible prescripción de la acción de nulidad de las cláusulas contractuales como a la que se refiere la pregunta. Y dentro de ello, la calificación jurídica, a estos efectos, del contrato de préstamo hipotecario. El TS en sentencia de 12-1-2015 –EDJ 2015/7310 ha dicho que estos contratos deben conceptuarse como de tracto sucesivo y que no se consideran consumados hasta que no finaliza el pago total del producto, u0022el término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completou0022 (STS nº 569/2003), por lo que nos situamos en la data de finalización de la amortización total de la hipoteca. A ello cabe añadir, que también en esa resolución, se recoge que las normas del CC como es el art 1301 -EDL 1889/1 han de interpretarse acorde al momento social presente, art 3 CC, muy diferente, al menos en lo que a contratos bancarios se refiere, de la que existía cuando ese precepto del CC se redactó, añadiendo otro parámetro no menos importante para establecer el dies a quo para comenzar a contar el plazo de prescripción de las acciones de declaración de nulidad por abusividad, y es cuando el consumidor ha tenido conocimiento de la cláusula como tal y del significado de la misma. Si una de las razones de declaración de abusividad de esas cláusulas suelo es la ausencia de transparencia, y que el consumidor no ha podido conocer claramente las consecuencias de la cláusula, será cuando de ello se ha tenido conocimiento cuando pueda comenzar a contarse el plazo de prescripción que será el de 4 años del referido art 1301 CC, o bien, en su caso, el de 5 años del art 19.5 de la ley 7/1998 –EDL 1998/43305-
.En cuanto a la segunda cuestión, considero que sí que podría el consumidor que reclamó al amparo de la STS de 9 de mayo de 2013 –EDJ 2013/53424 ejercitar una nueva acción de reclamación de lo abonado con anterioridad. Si el marco de reconocimiento ha cambiado, no es hasta esta nueva situación cuando puede invocarse su aplicación. No puede ejercitarse un derecho antes de tenerlo reconocido, y si hay una resolución previa que lo limitaba, al cambiar las circunstancias, creo que puede impetrarse esa nueva situación. En caso contrario, se estaría haciendo de mejor derecho a quien no reclamó nada en su día y ahora puede hacerlo con todo el margen establecido por el TJUE frente a aquellos que realizaron la reclamación antes y que provocaron el pronunciamiento judicial español y luego europeo.
Atendidos los términos de la cuestión planteada, creo que en primer términ...
De la lectura de la STJUE parece que debe concluirse que en aquéllos casos resueltos con anterioridad a la STS de 9 de mayo de 2013 –EDJ 2013/53424 y que no aplican el criterio contenido en la misma, la respuesta debe ser necesariamente negativa. Pero en todo caso es dudoso respecto de estos casos que nos encontremos en el escenario del juicio de revisión del artículo 510 de la LEC –EDL 2000/77463-.
Para el caso de que se estime que en aquellos supuestos de resoluciones judiciales que, en aplicación de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, apreciaron la accion de reembolso dinerario desde la publicacion de la Sentencia de 9 de mayo de 2013 –EDJ 2013/53424 sí que cabe interponer recurso de revisión, el plazo hábil es de tres meses, y por ende, el dies ad quem vendría a datarse en 21 de marzo de 2017.
En los casos en que se ha extinguido la hipoteca, esencialmente porque se haya pagado el préstamo que aquélla garantizaba, parece que se podrá reclamar la nulidad de su cláusula suelo por abusiva, con los efectos de devolución de las cantidades pagadas, desde que se les empezó a aplicar la cláusula limitativa del tipo de interés. El plazo en este caso sería el de cuatro años ex artículo 1301 del Código Civil –EDL 1889/1 y el problema podría darse en punto a datar el dies a quo, pues parece difícil poder defender que tal se daría en la fecha de la Sentencia del TJUE. Antes bien, considerando el art. 1301 cuando se refiere a la “consumación del contrato”, aun interpretando esta leyenda como referida al integro cumplimiento del contrato, deberá estarse por tanto a la fecha de vencimiento del último plazo de amortización del préstamo.
La sentencia sobre las cláusulas suelo en realidad no entra a resolver sobre...
La sentencia sobre las cláusulas suelo en realidad no entra a resolver sobre su abusividad o no, sobre su nulidad o no, sobre ese punto la decisión ha correspondido al tribunal nacional, que parte de la nulidad de la cláusula al formular las cuestiones prejudiciales acumuladas, en las que pregunta sobre el efecto de la nulidad que ya ha decidido. La contestación de Luxemburgo es que las reglas de los arts. 6 y 7 de la Directiva –EDL 1993/15910 impiden limitar el efecto de la nulidad de la cláusula a la devolución de las cantidades pagadas a partir del 9 de mayo de 2013, cuando declaró la nulidad el Tribunal Supremo.
En realidad el sistema de la Directiva –EDL 1993/15910 es parecido al del Código Civil –EDL 1889/1 y más todavía al de la legislación sobre consumidores. El art. 1303 del Código Civil contiene la regla general, que en caso de nulidad de una obligación los contratantes han de restituirse recíprocamente sus prestaciones con frutos e intereses, mientras que el art. 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios –EDL 2007/205571-, dispone que “el Juez… declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. El art. 6.1 de la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910 ordena a los estados “que no vincularán al consumidor… las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”: por ello, con una redacción próxima a la de la norma nacional, niega al Juez la facultad de moderar, limitar o condicionar el alcance de la nulidad de la cláusula. Por tanto, como ya se decía en el auto del mismo Tribunal de 11 de junio de 2015 (sobre la cláusula de vencimiento anticipado de préstamos por impago), “del tenor literal del apartado 1 del art. 6 de la Directiva 93/13 –EDL 1993/15910 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato de que se trate debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible” o que el contrato pueda subsistir sin la cláusula, como si no se hubiera pactado, o la completa desaparición del contrato si no fuere posible su subsistencia.
Es cierta la posibilidad de revisión de los acuerdos entre banco y cliente anteriores, pero sólo en el caso de que el pacto al que se haya llegado sea abusivo o tenga un defecto que produzca su nulidad o anulabilidad. Aunque en mi opinión no procede la revisión por la sola opinión del juez de que se ha producido un desequilibrio, teniendo en cuenta que el art. 4.2 de la Directiva –EDL 1993/15910 dispone “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a… a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”.
La queja que se contiene en la sentencia del TJUE de fecha 21-12-2016 –EDJ ...
La queja que se contiene en la sentencia del TJUE de fecha 21-12-2016 –EDJ 2016/226005 es que la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo del derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias. Por sentencia de 9 de mayo de 2013 –EDL 2013/53424-, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas. No obstante, el Tribunal Supremo decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la sentencia. Por ello, el TJUE señala que tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva.
La consecuencia que de ello se deriva es que los bancos deben devolver el importe cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios. Y en segundo lugar se rechaza que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo que marcaba el Tribunal Supremo (Mayo 2013) por ser u0022incompleta e insuficienteu0022. Por ello, las entidades financieras deben reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado en base a las cláusulas suelo desde el inicio de cada contrato hipotecario, y no únicamente a partir del 9 de mayo de 2013, que fijó el TS en esa fecha.
La consecuencia directa es que el carácter abusivo de las cláusulas suelo u0022debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusulau0022, por lo que tiene que permitir u0022la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidoru0022.
Por ello, podrán beneficiarse de la sentencia del TJUE –EDJ 2016/226005 y reclamar las cantidades pagadas en base al contrato de préstamo que firmaron todos aquellos titulares de hipoteca que hayan sufrido en algún momento los efectos de una claúsula suelo y no hayan reclamado, o lo hayan hecho, pero no tengan sentencia firme. Y podrán hacerlo quienes ya concluyeron el pago de su hipoteca conteniendo cláusula suelo instando la devolución de las cantidades pagadas de más, ya que el pronunciamiento judicial no se refiere solo a cláusulas incluidas en contratos pendientes de pago, sino “los que incluyeron dichas cláusulas”. Debería aplicarse el plazo de cuatro año para ejercitar la acción de nulidad desde la fecha de la sentencia del TJUE que reconoce este derecho.

References: artículo 222
 resolución 
 artículo 1301
 resolución 
 artículo 510
 artículo 1301