Source: http://justiciabol.blogspot.com/2018/04/
Timestamp: 2019-12-15 13:33:05+00:00

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Justicia en Bolivia: April 2018
Magistrado William Dávila Cambios al Sistema Judicial deben efectuarse en democracia
“Todo cambio al Sistema Judicial debe ser planteado en el marco de la democracia y no por la vía que rompa la legalidad”, declaró el responsable departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, William Dávila.
“Si estamos hablando del Estado de Derecho no podemos ir por la vía de estado de excepción, cualquier insurrección, levantamiento armado o sedicioso ya está fuera de la Constitución Política del Estado (CPE) se convierten en hechos delictivos”, afirmó el entrevistado.
A diferencia de este criterio, el abogado constitucionalista Williams Bascopé alegó que “si bien los esfuerzos deben estar orientados a enfrentar el caótico Sistema Judicial por la vía democrática, mediante el voto popular en contra del gobierno de Evo Morales, esta no es realidad nacional porque el Poder Ejecutivo ha puesto la administración judicial al servicio de una cúpula empoderada”.
En contraparte, el magistrado Dávila señaló que como país se defiende la democracia y la institucionalidad, en ese contexto “tenemos que actuar al amparo de la CPE, como sociedad, estamos organizados democráticamente, las intervenciones como ciudadanos están en el marco del Estado de Derecho”, apuntó.
En este sentido, la autoridad judicial desestimó que la administración del Estado estuviera sometida a un orden político por encima del entendimiento democrático, considerando que las acciones civiles y el ejercicio institucional están plenamente ejercitados.
Entretanto, Bascopé sostiene que el poder político no está dispuesto a cambiar el andamiaje judicial porque “así corrompido le sirve a sus propósitos políticos concretos para un grupo de poder”.
Williams Bascopé Poder político creó crisis del sistema judicial
Superar la crisis del sistema judicial plantea dos vías, una salida democrática que es derrotar al MAS en las urnas y purgar el parlamento, la otra opción es seguir el camino traumático o la vía de la insurrección popular como ocurrió en 2003; “pensar que la crisis judicial debe ser resuelta por la vía jurídica es ingenuo” declaró el abogado constitucionalista Williams Bascopé.
“Está claro que al Gobierno no le interesa respetar la ley. Lo jurídico está derrotado, es así de claro. No hay un Estado Constitucional sino uno político. Es necesario purgar el Parlamento y dar espacio a nuevos líderes por la vía electoral que orienten al país”, puntualizó el jurista, tras aclarar que es única opción de evitar un enfrentamiento civil frente al abuso de poder.
La crisis del sistema judicial es el reflejo de un “Estado persecutorio, autoritario y totalitario al servicio de una cúpula”. Siendo esa la realidad de justicia y del Estado boliviano, según afirma Bascopé, la salida a la deformidad estructural es política en medio de una fuere contienda que podría, inclusive, derivar en sublevación popular que ningún boliviano quiere.
CUESTIONADO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Desde el análisis del jurista, la cuestionada selección de los miembros del Tribunal Constitucional inclinado y exjuristas que ahora ejercen la función pública constituyen un total irrespeto a la sociedad boliviana, donde el ejercicio del derecho ciudadano en busca de justicia se vuelca contra sí mismo.
En este sentido, Bascopé plantea que una de las pocas opciones que tiene la sociedad boliviana para cuestionar al Estado Plurinacional, en cuyo criterio en decadencia en 12 años de gobierno, son movilizaciones desde las calles porque la Constitución Política del Estado (CPE) ha sido rebasada.
A manera de ejemplo, recordó la movilización nacional en defensa del referéndum del 21 de Febrero del 2016 y la agitación nacional cuando el MAS pretendía aprobar el nuevo Código Penal, que penalizaba las movilizaciones sociales y protegía a la cúpula que podría ser investigada, eliminado de la normativa nacional los delitos de corrupción pública.
“Bajo esa errada lógica de administración del Estado, Morales trata de cooptar a toda la sociedad, intimidando, generando miedo y desconfianza, creando los paralelismos sindicales e institucionales”, argumentó Bascopé.
“Por estas razones las respuestas a la crisis del sistema de justicia ya no es jurídica, sino política. Cuando la ciudadanía ya no encuentra respuesta en las instituciones, como es el caso en la administración de justicia, la gente sale a protestar. Se está desafiando en demasía a la tolerancia de los bolivianos”, puntualizó.
Con relación a los casos de corrupción de proporciones mayores y que involucran al Gobierno, como el caso de tráfico de influencias en torno a la empresa china CAMC, que involucra al propio presidente Evo Morales, el escándalo del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) que a la fecha no se recupera el dinero ni existen sentenciados, o el caso Taladros de YPFB, el Puente de Cochabamba, entre otros, el jurista señala que al respecto no emite no se emite mayor información.
“En varios de estos temas no hay condenados, hay una serie de dilaciones, los plazos procesales continúan y esto se traducen en franca impunidad. La Ley es drástica para quienes son opositores al Gobierno y benevolente para los afines a esta administración. Son tolerantes hasta el extremo de la displicencia”, apuntó el abogado constitucionalista.
Miles de sospechosos son encarcelados durante años, ante la falta de presunción de inocencia.
Jueces, fiscales, abogados y policías afrontan un dilema al hablar de la presunción de inocencia (¿o presunción de culpabilidad?) debido a la constante vulneración de este principio constitucional en cada una de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.
Diversas autoridades judiciales y policiales reconocen que en la actualidad se vulnera este principio jurídico penal, situación que de no controlarse podría llevar a agudizar más la crisis del sistema judicial.
La retardación de justicia, la condena pública y la detención preventiva como pena anticipada son los principales elementos que atentan contra la presunción de inocencia, y ha llevado a las autoridades, en los hechos, a presumir la culpabilidad; a los policías a estigmatizar a inocentes y a la sociedad a ver la cárcel como un mecanismo de venganza y castigo para enfrentar los problemas relacionados con la seguridad.
La abogada Martha Requena refiere que la presunción de inocencia es un principio, un derecho fundamental y una garantía judicial que implica que “a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad”. Rige desde el momento en que se imputa a alguien sobre la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva.
La presunción de inocencia está garantizada por la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 116, la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 11.1, artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
“Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado”, establece el artículo 116.I de la CPE.
Para el abogado Andrés Zúñiga, el espíritu de esta garantía está plasmado en el Código de Procedimiento Penal (CPP) que establece que “todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare su culpabilidad con una sentencia ejecutoriada”.
Entonces, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada en un debido proceso y sólo una sentencia ejecutoriada elimina la presunción de inocencia.
“La presunción de inocencia se vulnera en un ejercicio contrario, cuando se piensa en la presunción de culpabilidad”, mencionó Zúñiga.
Los casos con sentencia informados por el Ministerio Público, de 2017 a la fecha, han sido procesado en periodos de 1 a 3 años y tienen que ver con delitos de violación, feminicidios, robos, homicidios, estafas con sanciones desde 15 a 30 años de prisión, y delitos menores con sanciones de entre 3 a 5 años.
Sin embargo, otro gran número de procesos están desde hace más de cinco años sin resolverse, entre los cuales se pueden mencionar los casos bebé Alexander, Chaparina, Caranavi, Fondo Indígena, Terrorismo y Olorio.
El abogado Zúñiga refiere que según la jurisprudencia internacional un detenido preventivo no puede estar demasiado tiempo encarcelado sino un periodo razonable que se puede marcar a partir de los dos meses. Respecto a la duración de un proceso hasta la sentencia éste no debe sobrepasar los tres años.
Cientos de detenidos afirmaron que el sistema es “inquisitorio” donde existe condena anticipada, ante la sociedad, al dictarse detención preventiva, además no se respeta el debido proceso.
Pero la realidad muestra un panorama diferente, con moras procesales notorias, cuando un juez debe atender entre 1.500 a 2.000 causas civiles, o en el caso penal hasta 3.000. Por este motivo se dejan muchas causas pendientes. Sólo a modo de ejemplificar, en Cochabamba para este año se dejaron 75.864 causas procesales pendientes, la mayoría de tipo penal.
Con la retardación judicial se vulnera más la presunción de inocencia porque el imputado permanece en un limbo sin saber cuál será su destino y situación legal, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Johnny Aguilera.
“Esta retardación es presumir la culpa de alguien, es castigar a alguien antes de darle sentencia. La duración eterna de los procesos es una sanción, someterse a un calvario que nunca termina”, lamentó el jefe policial.
Este panorama refleja que tampoco se respeta el derecho al debido proceso que tiene todo litigante y que invoca “celeridad y agilidad en la resolución de las causas” (art. 180 CPE) y el respeto de otros derechos.
La jueza Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, afirmó que el debido proceso consiste en respetar “plazos, requisitos y procedimientos establecidos en la norma”.
Castro presume que se incumple el debido proceso por la gran carga procesal, lo que genera sobrecarga judicial, sobrepoblación carcelaria de detenidos preventivos que, en su opinión, e convertirá en insostenible para el Estado en un tiempo muy corto porque no se está priorizando la aplicabilidad de la normativa procedimental, constitucional y los convenios internacionales.
PRESENTACIÓN PÚBLICA, SENTENCIA ANTICIPADA
Casi todos los días se ve en los medios de comunicación la presentación pública, de parte de la Policía y el Ministerio de Gobierno, de personas vinculadas sobre todo a delitos de robo, violación, feminicidio, estafas, homicidios y violencia. Las autoridades judiciales admiten que este tipo de procedimientos vulneran la presunción de inocencia porque presentan como culpables a los investigados, y cuando la sociedad los ve por los medios de comunicación asume que son culpables y emite una sentencia social sobre ellos.
El fiscal Blanco fue contundente al decir que la ley prohíbe presentar a las personas sin su autorización. “Está prohibido por ley, prohibidísimo, si haces la presentación de un tipo que no te autoriza eso es vulnerar todos su derechos”, indicó.
El abogado Zúñiga manifestó que “si el fiscal o la Policía sin el consentimiento del imputado sometido a juzgamiento lo muestra en medios de comunicación, viola su derecho a la privacidad y a la imagen”.
El excomandante de la Policía Boliviana, general Abel de la Barra, reconoció que en “algunas ocasiones” los efectivos policiales vulneran el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos. Justificó esta acción porque, según afirmó, los efectivos están sometidos a “mucha presión” por la exigencia de conseguir resultados ágiles.
“La Policía comete equivocaciones algunas veces, me atrevo a decir vulneran, comete equivocaciones (…) Andan muy presionados, muy estresados, tienen mucha carga de trabajo”, explicó.
Sin embargo, el coronel Aguilera argumentó convencido, pese a que la ley dice lo contrario, que respetando la doctrina policial y el derecho penal “se exhibe a personas que han incurrido en conductas delictivas con el objetivo de que sus víctimas los reconozcan”. Destacó que con este método se logró la mayoría de las veces detectar clanes y organizaciones criminales vinculadas a asesinatos y robos.
“Ahí no se está diciendo que fueran culpables o no, no se está hablando acerca de su presunción de inocencia, se está hablando acerca de lo que la criminología aplicada y los diagnósticos criminales llaman como prevención situacional”, aseveró.
FALTA DE REINSERCIÓN SOCIAL
El fiscal Blanco mencionó que la línea de la presunción de culpabilidad se hace efectiva cuando los detenidos ingresan a las cárceles y en vez de salir reformados salen “maleados”.
“La ley dice que la cárcel debería ser un centro de readaptación, de rehabilitación, de cambio para que esta persona salga y se reintegre a la sociedad (…). La cárcel es una escuela del crimen, el que entra sale maleado”, indicó.
Mencionó que este panorama ha hecho que se hable de presunción de culpabilidad y ahora la población ha asumido eso y ve la cárcel como un mecanismo de venganza o castigo pensando que esa sería la solución a los problemas.
“Hay instituciones (vinculadas al ámbito judicial) que presumen la culpabilidad y por esa presunción de culpabilidad quieren que en algunos casos, asumo no en todos, que los metamos a la cárcel a la mala” a los procesados.
DAÑO CIVIL IRREPARABLE
Blanco indicó que muchas veces se conduce a la Fiscalía a gente sospechosa, arrestada o sobre la que no hay pruebas suficientes, pero en ese momento por la presión social se los encarcela, vulnerando así su derecho a la presunción de la inocencia.
La jueza Castro coincidió en que los “centros penitenciarios no rehabilitan a la persona” y cuando no se respeta la presunción de inocencia y se aplica la presunción de culpabilidad “puede generarse un daño civil irreparable a la persona”.
A la fecha hay 18.195 privados de libertad en las cárceles del país, de los cuales el 70% son detenidos preventivos que aguardan sentencia, según el director general de Régimen Penitenciario, Jorge López.
López indicó que las reformas penitenciarias deben ir de la mano con la reforma judicial y las cifras mencionadas hay que analizarlas de manera integral y no únicamente de manera punitiva, ya que la detención preventiva tampoco es solución al problema judicial.
Respecto a la reinserción indicó que se trabaja de manera gradual en las distintas cárceles. “Es todo un proceso y en esto estamos trabajando, yo quiero informar a la ciudadanía que el trabajo que estamos proyectando es de forma muy seria, muy técnica, muy profesional”, manifestó.
En 2016 se realizó la Cumbre de Justicia, promovida por el Gobierno, con el objetivo de atender las problemáticas críticas de la justicia en el país, pero que no ha llegado a concreciones efectivas. Asimismo en reiteradas oportunidades se ha planteado la reforma del régimen penitenciario sin que a la fecha se haya concretado nada, salvo los indultos presidenciales para reducir el hacinamiento en las cárceles. (ANF y El Diario)
Constitucionalista Williams Bascopé: Sistema judicial boliviano sometido al poder político
El sistema judicial boliviano revela la “degradación del sistema político, la inmoralidad y la corrupción en la administración del Estado”. Como prueba de ello, citó la desproporción en el tratamiento legal entre el caso de daños al Estado que involucra al exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, frente a la denuncia de corrupción contra el alcalde actual, José María Leyes.
El criterio corresponde al abogado constitucionalista Williams Bascopé, quien afirmó que se trata de “protección política, la que recibe el exalcalde de Cochabamba (Edwin Castellanos). En algunos casos inmediatamente se activan los mecanismos de la justicia y en otros, donde está metida gente del Gobierno o sus partidarios, hay complacencia y dilación, lo que muestra que en Bolivia tenemos ciudadanos de primera y de segunda”.
Con el mismo enfoque, sostuvo que Bolivia hace muchos años que enfrenta una “vergonzosa” crisis, a extremos de haber reducido a los ciudadanos a una situación de inseguridad y desconfianza en la administración de justicia.
“Esto no va a cambiar hasta que el gobierno de Evo Morales sea relegado del poder. No existe institucionalidad en Bolivia, estamos viviendo un Estado de carácter político, policial, que se está tornando totalitario, penosamente esa es la realidad”, agregó el jurista.
PROTEGIDOS POLÍTICOS
En criterio de Bascopé, el caso de daños al Estado y otros causados por la mala construcción de una peatonal en Cochabamba, durante la gestión edil de Castellanos, no va a tener mayores avances por el sojuzgamiento del sistema judicial al poder político.
“Más allá de las discrepancias ideológicas que siempre van a existir, es una forma aberrante de desahuciar al ciudadano en su esperanza de tener el Estado que los ciudadanos nos planteamos en la Constituyente”, refirió.
Entretanto, el asambleísta departamental de La Paz, Edwin Herrera (Sol.bo), en declaraciones públicas, alertó a la comunidad internacional que el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Gobierno “iniciaron una arremetida contra líderes de oposición y están utilizando una supuesta lucha contra la corrupción para ejercer persecución política” a sus los detractores.
Afirmó que cuando se trata de “autoridades electas de oposición se activan el Ministerio Público y otras instancias llamadas por ley. En casos donde están involucradas autoridades del partido de gobierno, no se llega a ningún tipo de conclusiones ni investigación”.
En este sentido, reprochó la detención instruida en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en cuyo criterio se trata de “una arremetida en contra los de líderes políticos de oposición, que cuestionan el irrespeto de los gobernantes al referéndum del 21 de febrero de 2016, que le negaron a Evo Morales su aspiración a ser reelecto.
Herrera solicitó al poder judicial que se investiguen todos los casos con denuncias de corrupción y puntualizó que “no pueden existir investigaciones ni procesos ‘diferenciados’, si realmente se busca luchar contra la corrupción. “Tiene que investigarse de la misma manera, con la misma intensidad, recursos y con la misma voluntad institucional”, remarcó.
Procesos judiciales Falta de morgue adecuada perjudica investigación
Alrededor de cuatro gestiones de autoridades municipales en El Alto y ninguna, a la fecha, logró la construcción de una morgue adecuada, donde sean remitidos todos los cadáveres que genera la urbe por diferentes circunstancias, aspecto que perjudica el proceso de investigación.
El director de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Freddy Medinacelli, lamentó que hasta el momento ninguna instancia local, y sobre todo el municipio, se preocupen para definir la construcción de una morgue adecuada que no solo permita que se mantengan los cadáveres refrigerados, sino que se logre también una investigación científica en el caso de muertes violentas.
Alrededor de 20 cadáveres se da por semana en El Alto y que deriva al depósito del Hospital de Clínicas, donde no responde a las condiciones adecuadas de una morgue, generando una contaminación permanente tanto a quienes deben involucrarse en el traslado de cuerpos y también a personas que deben realizar diferentes peritajes, para establecer tanto la causa de la muerte de persona, como la colección de evidencias o indicios que permitan establecer el posible responsable o responsables del hecho.
“El depósito de cadáveres del Hospital de Clínicas no reúne las condiciones que requiere un departamento de Homicidios de la Policía, por ser un ambiente totalmente contaminado donde los cadáveres están hacinados y no existe ningún tipo de refrigeración, sanidad.”, indicó a EL DIARIO.
La instancia de investigación que diariamente es convocada por la población a objeto de realizar el levantamiento legal de cadáver, sus investigadores, no solo corren el riesgo de contaminarse con posibles enfermedades de la personas fallecida, sino que deben llevar el cadáver desde el lugar del levantamiento a las oficinas de la Felcc, para luego trasladarse hasta la Fiscalía y solicitar que esta instancia autorice la autopsia y una vez obtenido el requerimiento trasladarse con el cadáver al interior de una camioneta tapado con una frazada, hasta ser llevado al Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz.
Mientras que tránsito de El Alto que remite entre uno a tres cadáveres por hechos de tránsito observa que cuando se reporta un accidente con más de 25 muertos, como el registrado en Apolo, el depósito de cadáveres de La Paz es insuficiente.
MUNICIPIO EL ALTO
El director de Salud del Gobierno Municipal de El Alto, Marco Antonio Tito, dio a conocer que desde el 2017 esta instancia busca los mecanismos de poder definir un proyecto que permita la construcción de una morgue para esta ciudad, pese a que en competencias, este proyecto corresponde a la Gobernación.
“En ese entendido, el municipio por competencia solamente le corresponde realizar la administración de una morgue y no así su construcción, pero ante la ausencia de recursos por parte de la Gobernación, al momento se ha avanzado con el diseño estructural por parte de la Universidad Pública de El Alto”, explicó.
Según el diseño realizado hasta el momento, contempla la manipulación de equipamiento, para el manejo cadavérico, aspecto que permitirá que la construcción de esta morgue pueda tener las condiciones arquitectónicas y mecanismos especializados, con la finalidad de evitar la contaminación del ambiente.
Al momento, el proyecto contempla que la construcción de la morgue en predio al interior de la UPEA, con un monto económico de construcción de alrededor de nueve millones de bolivianos, que estará destinado a la construcción de dos tipos de morgue.
“Son tres tipos de morgue que se ha proyectado, la primera es una clínica que debe ser construida al interior del hospital, la morgue fiscal que tienen que ver con la preservación del cadáver para fines de investigación criminal y la morgue académica que está diseñada a procedimientos de formación académica, siendo que las dos últimas morgues están incluidas en el diseño realizado con la UPEA”, detalló.
Pero la realidad aún es más compleja, porque ante la ausencia de competencia por parte del municipio de ser esta instancia la que defina un proyecto de construcción de una morgue, siendo deber de la Gobernación, que aduce carecer de recursos, al igual que la UPEA, no se vislumbra ningún interés por parte de la Fiscalía o el IDIF de proponer recursos para la conclusión de este proyecto, tal parece que la construcción de una morgue en El Alto, no será atendido con prontitud.
Ministerio Público niega información de acusaciones contra fiscales anticorrupción
El Ministerio Público procesa en la vía disciplinaria a los fiscales anticorrupción Erlan Almanza y Daniel Ayala y niegan dar información acerca de las denuncias de extorsión abiertos en su contra.
El “fiscal suspendido” Erlan Almanza, el martes pasado, se presentó a declarar ante un fiscal sumariante, a dicha audiencia también fue convocado en calidad de testigo, Alexis Calderón, exsocio de Juan Pari, responsable del desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión.
Miguel Castaños, abogado de Calderón, informó a El Diario, que el fiscal Almanza extorsionó a su cliente, quien le entregó 5.000 dólares en su despacho para ser favorecido en el pedido de cesación a la detención preventiva por la cual guarda detención en San Pedro.
“No hay por donde perderse, (es testimonio) es prueba contundente, el hecho de corrupción sí ha existido (…). No se olviden que también hay otro proceso (disciplinario) donde vamos a pedir que el señor Juan Pari declare como testigo y se verifique que existe actividad delictiva reiterada”, afirmó Castaños.
El abogado de Almanza, que reusó identificarse también negó dar declaraciones al ser consultado sobre los supuestos descargos que el procesado anunció presentaría en el mes de febrero.
EXFISCAL AYALA
Asimismo, fuente oficial confirmó a El Diario que otro procesado por orden del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, es Daniel Ayala, quien renunció a su cargo en febrero y estuvo bajo su responsabilidad el juicio contra Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, donde nunca se investigó el supuesto tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa China CAMC.
Consultados por esos dos procesos disciplinarios, los fiscales sumariantes de La Paz, negaron dar información señalando que solo se emitirá pronunciamiento al concluir dichas investigaciones.
Además de los procesos disciplinarios, Almanza y Ayala también fueron imputados en la vía penal, el primero afronta al menos tres denuncias de supuesta extorsión, vinculados al caso Banco Unión.
En tanto que Ayala afronta procesos por violencia familiar, como lo confirmó el fiscal general Ramiro Guerrero, que aseguró que ese era el motivo de su renuncia.
Piden auditoría y anulación del juicio “bebé Alexander”
Tres instituciones relacionadas a los derechos humanos y el Colegio Médico de Bolivia (CMB) coincidieron en señalar que el juicio por la muerte del bebé Alexander (13 de noviembre de 2014) vulneró los derechos del médico Jhiery Fernández y piden auditoría jurídica y anulación del proceso, luego de que los estudios revelaron que el galeno fue víctima de tratos inhumanos y degradantes por parte del Estado.
Hasta la fecha, el fiscal general, Ramiro Guerrero, no ha realizado ningún pronunciamiento sobre las acusaciones en su contra, mientras los representantes del Colegio Médico de Bolivia (CMB) han desmentido las declaraciones del fiscal departamental, Edwin Blanco, y su colega Susana Boyan.
El miércoles pasado, el CMB presentó varias pruebas genéticas que respaldan la inocencia de su colega Fernández, acusado de la supuesta violación en contra del menor.
Luego de que los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia determinaron 20 años de cárcel a contra el médico, el asesor jurídico del Colegio Médico, Sergio Pérez, anunció que en coordinación con la defensa de Fernández solicitará una auditoría jurídica al caso, para demostrar que se cometió una injusticia contra el galeno que fue sentenciado por delito de violación, hecho que permanece en duda.
FALLAS EN PERICIAS
Pérez afirmó que la auditoría jurídica podría determinar “fallas tan sencillas como las pericias”, realizadas por el Ministerio Público que no muestran elementos suficientes para condenar a Fernández.
Por otra parte, en una postura más drástica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Paz pidió a las autoridades judiciales anular todo el proceso calificado de “amañado”.
“La APDH rechaza la vulneración de derechos del médico Jhiery Fernández dentro del caso del bebé Alexander, exige la anulación de ese amañado proceso hasta el vicio más antiguo y demanda la inmediata libertad (del galeno) para que se defienda dentro de un proceso justo”, señala un comunicado de la APDH.
Asimismo, la jornada de ayer, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) reveló, mediante un informe, que Fernández fue víctima de tratos crueles inhumanos y degradantes por parte del Estado al no respetar la presunción de inocencia y condenarlo a 20 años de prisión en un juicio que tampoco respetó las exigencias de un juicio oral y contradictorio.
INVESTIGACIÓN NO FUE SERIA
El ITEI como varios medios de comunicación corroboró que no hubo una investigación seria previa a la detención de Fernández y tras ella tampoco se encontró ninguna prueba que demuestre algún tipo de responsabilidad. “Un caso tan mediático, que da cuenta de un crimen verdaderamente atroz, exigía un culpable. Es por eso que se deberían haber tomado todos los recaudos necesarios con tal de encontrar a la verdadera persona responsable, comenzando por una debida investigación científica”, se lee en el documento difundido por la institución.
En esa línea, Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, fue más claro y respaldando la defensas de su colega sustentado en que en el juicio la forense María Ángela Terán descartó que el bebé Alexander haya sido víctima de violación y que las causas de la muerte del infante nunca se investigaron.
En segundo lugar, sobre la base de los informes genéticos, señalan que el Fernández nunca tuvo contacto con el menor, además que los registros de llamadas y los testigos confirman que nunca estuvo en el lugar de los hechos.
A pedido de acusado de extorsión Abren proceso contra jueces, fiscales e investigador
Por instrucción de la fiscal especial de seguimiento y persecución de delitos de corrupción, Marina Amparo Tinoco Frías, de la Fiscalía General en Sucre, se abrieron procesos en contra de dos jueces anticorrupción, un fiscal y un investigador policial a petición de Antonio de la Fuente Amelunge sobre quien pesan antecedentes desde el 2004 e imputación por delito de extorsión en contra del excomandante de la Policía, general Abel de la Barra.
La información fue confirmada a EL DIARIO por los involucrados. De la Fuente asegura que las denuncias por prevaricato, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes tiene sustento en la vulneración de sus derechos desde el momento en que fue aprehendido, el 11 de agosto de 2017, sindicado de orquestar una supuesta conspiración en contra del general De la Barra en complicidad con el exdirector de Tránsito, coronel Mauricio Rocabado.
Aclaró que se tratan de dos casos, uno el que le sigue el general De la Barra y el segundo que él interpone denunciando tráfico de influencias para inculparlo en el primer proceso.
El mismo aseguró que según las instrucciones emitidas por la fiscal Tinoco, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, ordenó iniciar procesos en contra de los jueces Claudia Castro, Alan Zarate, el fiscal de materia Lucio Siles y el investigador del caso.
“Lo que pasa es que ha habido dilación, De la Barra fue imputado el 22 de enero y el juez Zarate se toma 20 días para notificarlo”, señaló De la Fuente, en relación a la contra denuncia que le inicia al general.
Por su lado, Iván Vallejos, abogado del general de la Barra, señaló que las denuncias presentadas por De la Fuente son un medio de presión contra los jueces, fiscales e investigadores, para obtener resultados en su favor.
“Tenemos conocimiento de que este señor ha promovido denuncias para que avance el caso por medio de la intimidación, es un medio que tiene para amedrentar a las autoridades que lo investigan”, afirmó De la Barra en entrevista con nuestro medio.
Asimismo, según denuncia de uno de los involucrados, quien solicitó la reserva de su identidad, el sistema informático del Poder Judicial revela que De la Fuente cuenta con antecedentes desde el 2004, sumando más de 10 procesos relacionados a delitos de extorsión, hurto, amenazas, inclusive conducción peligrosa.
De esa relación, al menos tres son por extorsión, uno de 2009 donde figura como querellante el exgobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo y publicaciones de prensa que también lo relacionan por el mismo delito en los casos AeroSur y terrorismo.
En contraparte, De la Fuente denunció al General, por haber presentado más de 200 avales políticos para lograr su ascenso y posterior posesión en el cargo de Comandante General de la Policía.
Senadora Jeanine Añez Docente y exasesor ocupan cargos en Órgano Judicial
Carlos Ortiz Quezada y Rodolfo Flores, quienes participaron del proceso de preselección de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial en la Asamblea Legislativa, ocupan cargos jerárquicos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en Concejo de la Magistratura, respectivamente, denunció la senadora Jeanine Añez de UD.
“Tenemos conocimiento que Carlos Ortiz Quezada y Rodolfo Flores ocupan cargos en el Órgano Judicial. Esto demuestra que los actuales magistrados de justicia están pagando favores a quienes los ayudaron en el proceso e preselección”, explicó Añez.
Ambos profesionales figuran en la página de declaraciones juradas de bienes y rentas de la Contraloría. Ortiz ingresó a trabajar al TCP el pasado 24 de enero. Flores ocupa el cargo de Director Nacional de Planificación en el Consejo de la Magistratura, y su declaración es del 8 de febrero de la presente gestión.
Ortiz fue elegido como representante de la Universidad Autónoma del Beni (UAB) para participar de la comisión de académicos encargado de elaborar las preguntas de los exámenes y la evaluación de los postulantes al Órgano Judicial.
Además, fue vocal del Tribunal Electoral departamental de Beni entre 2011 y 2013, cuando se anuló la candidatura de Ernesto Suárez a la Gobernación y otros 220 representantes de los demócratas, se apuntó como el principal responsable por de las inhabilitaciones.
El académico tenía tratos cercamos con el magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado Zamorano, elegido en el departamento del Beni.
Por otra parte, Flores fue asesor del senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, hizo seguimiento a todo el proceso de preselección de los postulantes.
La senadora recordó que, durante el proceso desarrollado en el Legislativo, denunciaron estas irregularidades y la falta de transparencia del proceso de evaluación, lamentó que no se hayan tomado los recaudos necesarios.
Por último, señaló que enviaron una carta al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que sea destituido de su cargo, a su criterio es antiético que continúe en funciones en esa instancia.
Autoridades del Ministerio de Justicia y del departamento, ayer en ambientes del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO), realizaron la entrega de 57 credenciales a profesionales en la abogacía que logaron ingresar al Registro Público de Abogados (RPA) , los cuales se suman a los 64.500 que ya se encuentran inscritos en todo el país.
El director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Willy Angulo Díaz, indicó que en el departamento de Oruro ya existen 4.300 abogados suscritos en el RPA y a nivel nacional se cuenta con 64.500.
Angulo explicó que la obtención de esta credencial pasa por un proceso normativo minucioso, donde se solicita a los postulantes la presentación de sus documentos como profesionales, los cuales deben ser originales adjunto una fotocopia legalizada, una certificación por parte de la universidad y otros elementos que les permite el registro y el ejercicio libre a nivel nacional.
"Nótese que este registro tiene una diferencia en relación con los colegios de abogados de los departamentos, ya que a partir de la creación del RPA se procede directamente al ejercicio de la profesión a nivel nacional y ya no por departamentos como era antes", explicó
Angulo también señaló que con este registro, en el país se logró detectar a falsos abogados, siendo que ya se tienen más de 6 sentenciados por uso de instrumento falsificado y más de 14 personas fueron procesadas por presentar documentos que eran utilizados ilegalmente.
Asimismo, señaló que el 60 por ciento de estos casos pertenecen a la región del oriente y el restante 40 por ciento a La Paz. En Oruro aún no se ha presentado ningún caso.
"Todos los ciudadanos en los nueve departamentos pueden acudir a las oficinas del registro público y solicitar información con relación al abogado que patrocina su proceso para verificar si están o no certificados", añadió.
El Gobierno y asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) responsabilizaron a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre dictamen de la ONU y analizan aplicar sanciones judiciales, puesto que esta instancia emitió una circular en el 2014 para la candidatura de Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado y Edwin Tupa en las elecciones subnacionales de 2015.
“Este dictamen desestima dos pretensiones infundadas que hicieron los peticionarios. En primer lugar que no hubo intromisión por parte del Ejecutivo al Órgano Judicial (…) los funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional han actuado debidamente bajo la independencia e imparcialidad y que han gozado de la garantías correspondientes para actuar dentro de sus marcos y atribuciones”, aseguró el procurador general del Estado, Pablo Menacho.
El dictamen en los procesos de ambos afectados, determina que no se evidenció la falta de independencia e imparcialidad del Órgano Electoral Plurinacional y se declara la queja como inadmisible, lo mismo sucede con relación a la supuesta intromisión del Ejecutivo sobre la sala civil primera del departamento de La Paz, que resolvió el recurso de Amparo Constitucional que presentó delgado en el 2015.
Por su parte, el diputado Víctor Borda del MAS indicó que la circular que inhabilitó a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado como candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente, fue emitida por el Órgano Electoral y no por el Ejecutivo, por lo que las exautoridades deben responder por estas acciones.
En base a estas explicaciones, el legislador subrayó que en una condena contra el Estado boliviano, este tiene obligación de reparar el daño y de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) podrá repetir el pago e iniciar una acción en contra de las exautoridades que emitieron esa resolución.
El Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un “Reglamento” inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, donde estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
Esto implicó que varios candidatos que fueron diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.
Posteriormente generó una contradicción en sentido de que los legisladores podían luego ser candidatos en otras regiones. Fue el caso de Carlos Romero, de que pese a haber sido ministro de Gobierno, en La Paz, hasta 2014, se le permitió ser candidato a senador en Santa Cruz en las elecciones de ese año.
Pasaron 21 días Tribunal Décimo no entrega texto de sentencia por caso Alexander
La presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, admitió que el médico Jhiery Fernández fue condenado a 20 años de cárcel sin pruebas científicas (prueba plena) que evidencien su autoría en la supuesta vejación al bebé Alexander por la que fue sentenciado.
Las acciones de investigación no efectuaron la prueba científica antígeno prostática, o de espermatozoides de Fernández en la víctima, que demuestre científicamente que el galeno vejó al infante en noviembre de 2014.
“El fallo ha sido emitido en la Sentencia nº 5 por voto unánime del Tribunal (…) no se ha hecho ese estudio, más al contrario han sometido a otra prueba científica la defensa, PDD 10 y PDD 11 en el entendido de que en ese antígeno prostático no había espermatozoides. No se ha determinado eso” afirmó Pacajes en declaraciones públicas difundidas por la televisora ATB.
El pasado 27 de marzo, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó al médico Jhiery Fernández a 20 años de presidio, decisión judicial cuetionada y apelada por la defensa a cargo de los abogados Cristhian Alanes y Zuleika Lanza.
“Es una sentencia completamente alejada de todo lo que se ha podido probar en juicio. Se han hecho de pruebas ilegales que has sido introducidas al juicio. No se ha demostrado con prueba idónea la culpabilidad y participación del doctor Jhiery Fernández en el delito de violación”, declaró Alanes, abogado del médico tras conocer la sentencia.
Según declaraciones de Pacajes, resultados de los estudios médico forenses “establecen que hay destrozo del ano del bebé, hay desgarro”, sin embargo, no afirma que estos daños ocasionados al infante fueran atribuibles al galeno sentenciado en primera instancia.
A pesar de las denuncias y pruebas que señalaban extorsión y presión cometidos por la comisión de fiscales compuesta por Edwin Blanco (actual Fiscal de Distrito) y Susana Boyán contra los cerca de 16 implicados que se dieron en la parte inicial de la investigación, la acusación fue presentada en junio de 2015.
Otra irregularidad del caso, que vulneró el debido proceso, tiene que ver con la validez de las actuaciones de los supuestos peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ángela Yharmila Mora Vera y Christian Vargas Camacho, quienes a esa fecha no estaban afiliados a la institución de investigación especializada pero diagnosticaron la supuesta violación en contra del menor, anomalía que fue sustentada y evidenciada por el Colegio Médico de La Paz.
No obstante, el fiscal departamental Edwin Blanco, aseguró en declaraciones públicas que Mora y Vargas prestaron su declaración y corroboraron el informe forense, que en realidad fue rebatido por otra junta médica del mismo IDIF, que descartó la supuesta violación en contra del menor.
Otra versión tergiversada por el fiscal Blanco tiene relación con las declaraciones de Mora y Vargas, quienes según el registro de actas se presentaron como testigos, mientras que Blanco sostiene que los mismos declararon en condición de peritos, olvidando sus propias declaraciones del 05 de abril de 2016, cuando él aseguró que el forense declaraba como testigo “por estrategia”.
Mónica Palma, una de las abogadas del doctor Fernández, en ese entonces, cuestionó esa actitud, explicando que con esa “argucia”, la Fiscalía impedía que los informes emitidos por Mora y Vargas sean introducidos como prueba, de modo que los jueces verifiquen que estos eran incongruentes y que presentaban varios errores.
La anomalía más grave es atribuida a Ángela Mora, quien diagnosticó una violación inexistente, descartado por la necropsia, cuyo informe señala que no fue causa de la muerte de Alexander.
La abogada Palma explicó que los supuestos peritos del Idif, “Vargas y Mora, no pueden ser cuestionados por las falencias que como defensa hemos detectado en sus informes”, por tal razón, de manera anómala, sus declaraciones fueron admitidas en calidad de testigos.
FISCAL PIDIÓ QUE MIENTA
Otro polémico episodio dentro de este proceso, de los varios denunciados y que nunca fueron investigados, se dio el 29 de diciembre de 2015 en la sexta audiencia del juicio oral, cuando la enfermera Lola Rodríguez afirmó que el fiscal Blanco le pidió diez mil dólares para salir en libertad.
El mismo fiscal durante la primera reconstrucción del caso le solicitó “ayuda” de Rodríguez pidiéndole que mienta en sus declaraciones ampliatorias sobre la utilización de una sonda rectal en el Hospital del Niño.
Consultado sobre tan serias acusaciones, Blanco se refugió en el argumento que la Fiscalía ha mal utilizado “la reserva del caso” durante todo el proceso.
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El Ministerio de Justicia y Transparencia, mediante un comunicado oficial, aclaró que el proceso de selección de notarios y notarias de Fe Pública garantizó que sólo los mejores abogados ingresen a la carrera notarial, a través de un proceso histórico que los eligió con base en su experiencia y meritocracia.
El comunicado fue difundido por el Ministerio de Justicia y Transparencia debido a que la diputada de oposición Lourdes Millares presentó en marzo una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 915, que regula la selección de los notarios, además acusó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de favorecer los intereses del Gobierno.
“En el proceso de selección se implementaron los estándares más altos en seguridad y tecnología, con la participación y colaboración del Órgano Electoral y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), cumpliendo el objetivo de transparentar esta disposición para que únicamente ingresen los más calificados”, señala el documento en respuesta al pronunciamiento de la diputada.
Los postulantes respondieron 100 preguntas sobre 50 puntos (50% de la calificación total), los cuales se sumaron a la puntuación obtenida anteriormente en la etapa de calificación de méritos, también sobre 50 puntos, a cargo del sistema universitario.
Además indica que esta elección “histórica” fue calificada de exitosa por organismos internacionales como la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL, por su sigla en inglés).
EL 4 de marzo, más de 2.000 abogados y abogadas rindieron por primera vez en Bolivia el examen de competencia, de manera simultánea en los nueve departamentos, para optar a 442 notarías de fe pública.
Labels: Ministerio de Justicia, Notariado
TSJ impulsará Ciudadela Judicial de $us 50 MM
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que la cabeza del Órgano Judicial tiene interés en impulsar el proyecto de construcción del Fórum o Ciudadela Judicial, en la ciudad de Sucre, según reportó ABI.
“En primer lugar, hay que consolidar a favor del Órgano Judicial la transferencia de terrenos correspondientes, un requisito indispensable para efectuar tareas de supervisión”, explicó.
La autoridad indicó que la Ciudadela Judicial es una prioridad de la agenda regional, que fue elaborada en coordinación con la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca.
Se prevé que ese proyecto sea emplazado en 54 hectáreas en la zona Qhora Qhora, con una inversión que supera los $us 50 millones.
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References: artículo 116
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 116
 resolución