Source: http://aporrea.org/actualidad/a146673.html
Timestamp: 2013-05-23 06:00:51+00:00

Document:
Gobernar obedeciendo - Por: José Marín Silva (*)
Gobernar obedeciendo Por: José Marín Silva (*) | Miércoles, 11/07/2012 08:06 PM | Versión para imprimir
El presidente Chávez ha afirmado que el Poder Popular cuando se despierta, se organiza y se desata, no tienes límites, puede hacer milagros. Y ésta es una verdad del tamaño del Machu Pichu. Lo he visto con los propios ojos. Quien dude no se le ocurra ponerlo a prueba. Este huracán bolivariano hecho pueblo tomó la calle desde febrero de 1989 y anda desenfrenado por los cuatro costados del país con una pasión patria. Ya lo demostró el 13 de abril de 2002 cuando rescató a su líder de las fauces de los golpistas. Y está listo para el 7 de octubre cuando se reedite la batalla de Carabobo con Hugo Chávez en primera línea de combate. El líder de la revolución ha dicho que él manda, obedeciendo, porque está convencido de que él no es ya un hombre, “yo soy un pueblo” como dijo Jorge Eliecer Gaitán. El pueblo es Chávez hecho millones. Y el legislador patrio incorporó la figura del Poder Popular en el ordenamiento jurídico interno mediante una Ley Orgánica que
consagra en su artículo 24 que “Todos los órganos, entes e instancias
del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar
obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y
de las organizaciones del Poder Popular, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes”. Y más aún, cuando las expresiones organizativas del Poder Popular tiene entre sus fines:
“Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la
insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción
de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia…”,
como se establece en el artículo 11 ejusdem. Recientemente, fui testigo del ímpetu que emana del Poder Popular, cuando hay conciencia ideológica, en sus integrantes, del rol protagónico que deben desempeñar en las localidades. Un evento que luce
trivial como una medida judicial de desalojo de un miembro de la
parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo, estado Zulia, se
convirtió en una bandera de lucha para los consejos comunales y
movimientos sociales como expresiones organizativas del Poder Popular. El 22 de mayo de 2012, el Tribunal Cuarto de Ejecución de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y
Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, cuya
titular es la jueza Zimaray Carrasquero, intentó llevar a cabo el
procedimiento judicial contra Ramón Antonio Díaz quien ha sido poseedor desde hace medio siglo del local nº 9, donde funciona el Estudio Fotográfico Enrique, ubicado en el centro comercial Villa Inés, en la avenida 4 (Bella Vista) de la ciudad de Maracaibo. Cuatro
días antes se activó el Poder Popular para resistir este acto
arbitrario de un órgano del Poder Público, por cuanto no sólo a Ramón
Díaz se le vulneraron sus derechos consagrados en la Constitución nacional de 1999 y en los tratados e instrumentos internacionales,
sino que la sentencia del Tribunal Superior Primero en lo Civil,
Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia,
cuya jueza provisoria es la doctora Ismelda Rincón Ocando, jueza rectora
del Circuito, incurrió en un error de juzgamiento al revocar la decisión de la doctora Ana Atencio, jueza Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia y declarar con lugar el desalojo cuando estaba vigente la
prórroga legal prevista en el artículo 38, ordinal D, de la Ley de
Arrendamiento Inmobiliario. Esta medida judicial fue neutralizada por el Poder Popular y la Jueza no pudo ejecutar el desalojo en esa fecha.
Dos días después, la apoderada judicial de la sociedad mercantil
Administradora Sucesión Colmenares C.A. solicitó se fijará nuevamente la
fecha de ejecución. El Juzgado Cuarto señaló el 27 de junio de 2012 a
las 8 y 45 minutos, para lo cual la jueza Carrasquero requirió del Cuerpo Policial del Zulia al servicio del gobernador Pablo Pérez Álvarez. Ese día, Ramón Antonio Díaz le entregó las llaves del local al Poder Popular para instalar en ese espacio la sala de batalla social Ana María Campos.
La representante del Poder Judicial a pesar de estar informada del mandato del Poder Popular para Gobernar obedeciendo, a
solicitud de la parte actora de la demanda procedió a forzar la puerta
principal con la presencia de un cerrajero y un cordón policial para
ingresar al local y ejecutar la medida de desalojo, aun con la
resistencia de los integrantes de los consejos comunales y movimientos
sociales de Maracaibo. A la Jueza se le notificó además que se esperaba una acción de amparo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
solicitada por Ramón Antonio Díaz a la Defensoría del Pueblo, de
acuerdo con el artículo 51 de la Norma Suprema, pero la titular desoyó
al ciudadano ejecutado y a los miembros de la comunidad organizada. A
partir de entonces, comenzó un
conjunto de acciones que desarrolla el Poder Popular para restituir la
situación infringida y conquistar un espacio que ha sido el centro de operaciones de la oposición venezolana en el Zulia. Se prevé la presencia en la capital de la República de los voceros del Poder Popular en solidaridad con Ramón Antonio Díaz para
exigir el pronunciamiento de Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, en
torno de las atribuciones conferidas por el artículo 281 de la CRBV y
el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
De igual modo, los integrantes del Poder Popular entregarán un
documento en la Asamblea Nacional y en el Palacio de Miraflores
solicitando la expropiación del centro comercial Villa Inés,
cuyos propietarios la sucesión Colmenares negocian presuntamente con
un grupo de empresarios colombianos la venta de sus instalaciones por 10
millones de dólares, mientras se les niega el derecho preferencial de adquisición a los inquilinos. A la par de estos acontecimientos, en las paredes del centro comercial Villa
Inés a partir del desalojo de Ramón Antonio Díaz, supuestos aliados de
la sucesión Colmenares utilizan las paredes para intimidar a los
arrendatarios que osen defender sus derechos, con la frase: ¡fuera Fidel!. Inferimos que la acción del Poder Popular en solidaridad con Ramón Díaz es atribuida a los órganos de la inteligencia cubana. ¡Cosas tenedes! O ¡cosas veredes, amigo Sancho!. Entretanto, el cuartel general de la oposición venezolana, desde donde se han fraguado las operaciones contra el Gobierno de Hugo Chávez y los más altos intereses del país tiene los días contados. [email protected]
(*) CNP Nº 7275 Esta nota ha sido leída aproximadamente 639 veces.

References: artículo 24
 artículo 11
 artículo 38
 artículo 51
 artículo 281
 artículo 15