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Timestamp: 2020-07-03 20:03:03+00:00

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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 6 de Agosto de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 754241929
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado F.L.P.M., en su condición de apoderado judicial de EDUARDO A.S.T., contra decisión emitida en acto de audiencia celebrado el día trece (13) de junio de dos mil once (2011) y la inspección ocular practicada el día diez (10) de enero de dos mil doce (2012), por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de la Provincia de Colón, Ramo de lo Penal.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, como sede constitucional de primer grado, mediante decisión de veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) (fs.801-803), resolvió no admitir la presente acción constitucional.
En la parte motiva de esta decisión, el A Quo se manifiesta impedido de conocer la pretensión del actor, toda vez que resulta improcedente el analizar a través de la presente acción dos órdenes, que además exceden el lapso de inminencia requerido por la jurisprudencia para este tipo de recurso.
En su escrito de apelación, el licenciado F.L.P.M. plantea que, contrario a lo expuesto, por el Tribunal Constitucional de Primera Instancia sí resulta viable decretar la admisión del amparo tomando como referencia lo expuesto en el punto VI del libelo de demanda denominado "VIABILIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES", donde se señala las razones jurídicas y jurisprudenciales por las cuales el A., que prima facie se pudiera ver relegado en el tiempo por tratarse de un acto dividido en dos diligencias realizadas en los años 2011 y 2012, puede ser admitido y concedido bajo el principio de unidad del acto consagrado en el artículo 2228 del Código Judicial, viéndolo bajo los nuevos conceptos garantistas propios de las corrientes modernas que plantean la tutela efectiva y permanente de los Derechos Humanos, trascendiendo los otrora presupuestos de formalidad excesiva y de vigencia en el tiempo, como lo establece el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Destaca además el recurrente, que el Pleno mantiene la plena vigencia del presupuesto de procedibilidad de la Acción de Amparo de Derechos Fundamentales concerniente a la gravedad que representan las actuaciones que implican lesión procesal que pudiera perdurar en el tiempo. Agrega que no fue hasta el 23 de agosto de 2017 que el Juzgado Primero de Circuito Penal de la Provincia de C. le notificó personalmente al Ministerio Público de la Providencia de reingreso del negocio, razón por la cual el proceso hasta ese momento no había hecho tránsito a cosa juzgada y que, en atención a ese hecho, su representado solicitó el día 30 de octubre de 2017, las copias que acompañan la presente acción, mismas que no le fueron otorgadas sino hasta el día 17 de enero del año en curso.
Concluye el censor su escrito de alzada señalando que las afectaciones derivas del proceso seguido a E.A.S. TORRES, constituyen una violación permanente de sus derechos y garantías, lo que le ha provocado efectos perniciosos que subsisten, pues no solamente tuvo que cumplir con una pena de cárcel de 60 meses, sino que ha soportado un deterioro en su integridad moral, familiar, social e incluso laboral, por mantener un antecedente penal que lo estigmatiza y le impide lograr un trabajo digno, de allí que le asista el derecho de ser reparado jurídicamente por una mala praxis procesal por parte del juzgado que atendió su causa y lo encontró culpable de manera irregular.
Hecha la reseña de los argumentos que sustentan la decisión de primera instancia y los cargos de agravio que a esta le formula el promotor de la presente acción constitucional subjetiva, procede este máximo tribunal de justicia a decidir la alzada.
Como ha quedado expuesto, fue el convencimiento del A Quo que la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovida en favor de E.A.S. TORRES, no podía ser admitida en cuanto se dirigía, en forma simultánea, contra dos actos, al tiempo que desatendía el principio de gravedad e inminencia consagrado en el Código Judicial.
El amparista, hoy apelante, se muestra en desacuerdo con la decisión, pues estima que, si bien se trata de dos diligencias separadas en el tiempo, la acción puede ser admitida en observancia al principio de unidad del acto consagrado en el artículo 2228 del Código Judicial, así como a los principios garantistas que en la actualidad informan al proceso penal. Apunta haber observado el principio de gravedad e inminencia, pues el proceso hizo tránsito a cosa juzgada el 23 de agosto de 2017 y destaca que los efectos perniciosos del proceso legal se mantienen a la fecha.
Luego de examinar las piezas probatorias que acompañan la presente acción de amparo, esta Sala Plena no puede más que comulgar con el criterio externado por el Primer Tribunal Superior en la resolución apelada. En ese sentido, se observa que la acción constitucional subjetiva se dirige contra dos actos dentro de un mismo proceso penal que se adelantó contra E.A.S. TORRES, a saber, y según se desprende del libelo de demanda: el acto de audiencia ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2011 y la inspección ocular practicada el día 10 de enero de 2012.
La jurisprudencia de esta Suprema Corte, como atinadamente lo señala el Tribunal Primario e implícitamente lo reconoce el apelante, ha sido consistente en indicar que la acción constitucional subjetiva del amparo no puede ser incoada contra dos resoluciones al mismo tiempo; salvo que se traten de actos originarios y confirmatorios o que, de otro modo, exista un grado de conexidad suficiente entre ambas que le permitan recibir un pronunciamiento de mérito por parte de este Tribunal Constitucional.
Si bien el procurador judicial de E.A.S. TORRES parece alegar la existencia de un grado de conexidad entre los actos demandados cuando invoca el Principio de Unidad del Acto consagrado en el artículo 2228 del Estatuto Judicial, este argumento carece de eficacia, en cuanto de la lectura de los hechos que ofrecen soporte a la acción, así como la del concepto de la infracción a la garantía del debido proceso, se desprende que su disconformidad en cuanto a la audiencia, se sitúa en el hecho que se haya dispuesto en él la práctica de la prueba de inspección ocular, luego de que había concluido el acto y sin que se tratara de una medida adoptada mediante un Auto de Mejor Proveer; mientras que, en lo que respecta a la inspección ocular, el cargo de infracción constitucional se sustenta en el presunto desconocimiento del artículo 2257 del Código Judicial. Queda claro entonces que los hechos en estricto sentido son distintos y que, por serlos, no le es permitido al actor su acumulación.
Dicho esto, el que se haya atacado de manera simultánea dos actos jurisdiccionales, como bien apunta el A Quo, no es la única razón para inadmitir la presente de Acción de Amparo, pues además no observa los parámetros de gravedad e inminencia del daño establecidos en el párrafo tercero del artículo 2615 del Código Judicial.
No desconoce el Pleno que este criterio jurisprudencial, relacionado con la urgencia en la reivindicación del derecho constitucional que distingue a la presente acción, no es absoluto, toda vez que se han admitido acciones de amparo cuando la inacción responde a razones ajenas a la voluntad de su promotor y se compruebe que la afectación, lesión, alteración, amenaza o restricción de algún derecho fundamental persiste (v.gr. Fallo de 28 de abril de 2010); sin embargo, estas circunstancias no se perfeccionan en el caso bajo análisis.
N. que los actos demandados se remontan a los años 2011 (acto de audiencia) y 2012 (práctica de la inspección ocular) por lo que exceden ampliamente el término razonable establecido por la jurisprudencia del Pleno para la interposición de la acción (c.fr. fallos de 31 de julio de 2014, 29 de marzo de 2015 y 11 de mayo de 2015, entre otros), esto es, tres meses, contados a partir de la fecha de notificación del acto o desde la fecha en que el amparista tuvo conocimiento del mismo, en ausencia de notificación formal.
En el caso que nos ocupa, el amparista justifica su inacción en el hecho que la providencia de reingreso del expediente al juzgado de la causa - luego de haber la Sala Segunda de lo Penal inadmitido el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de E.A.S. TORRES - fue notificada al Ministerio Público en el mes de agosto de 2017 (cfr.f.792), empero, esta notificación nada tiene que ver con la de los actos demandados que necesariamente le antecede en el tiempo y que sirve de parámetro para determinar laurgencia e inminencia del daño que, a juicio del actor, representa y justifica su revocación inmediata. Igual comentario merece del Pleno el argumento que se apoya en el hecho que la sentencia que decida la causa haga tránsito a cosa juzgada.
La revisión de las pruebas aportadas a esta acción constitucional permite corroborar que el hoy amparista y su defensor técnico estuvieron presentes en la audiencia (cfr.fs.14-40), así como en la diligencia de inspección objeto de reparo (cfr.fs.41-45,46-49), por lo que mal puede estimarte en este caso que desconocían el acto, máxime cuando la causa, como ha quedado expuesto, cuenta con sentencia en firme y ejecutoriada. Bajo estas circunstancias, y aun cuando el amparista soporte los efectos de una sanción penal, no es factible sostener que persiste una afectación, lesión, alteración, amenaza o restricción de un derecho fundamental producto de los actos demandados.
Son pues estas las consideraciones que conducen a este Tribunal Constitucional a confirmar la decisión proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá y a ello se procede.
En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado F.L.P.M., en su condición de apoderado judicial de EDUARDO A.S.T., contra la decisión emitida en acto de audiencia celebrado el día trece (13) de junio de dos mil once (2011) y la inspección ocular practicada el día diez (10) de enero de dos mil doce (2012), por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de la Provincia de Colón, Ramo de lo Penal.
MGDO. JOSE E. AYU PRADO CANALS
MGDO. C.C.R. M.. HERNAN DE LEON
MGDO. H.A.D. M.. LUIS RAMÓN FÁBREGA S.
MGDO. J.E.M.E. M.. A.A.Z.
(VOTO EXPLICATIVO)
MGDO. O.O.D. M.. ANGELA RUSSO DE CEDEÑO
LCDA. YANIXSA Y. YUEN
/6/dxbj.
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Abril de 2014 (caso Plena Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 08 de Abril de 2014)

References: artículo 2228
 artículo 25
 artículo 2228
 resolución 
 artículo 2228
 artículo 2257
 artículo 2615
 Resolución