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Timestamp: 2013-12-09 20:26:16+00:00

Document:
Cuba | Asociación Jurídica Cubana
Posted on 9 de diciembre de 2013 por ajudicuba	Responder	Julio Alfredo Ferrer Tamayo.
En horas de la mañana del 18 de noviembre de 2013, me fue notificada, la Sentencia número 1253 de 8 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resolutoria del Recurso de Casación, interpuesto por la Especialista María de los Ángeles Jiménez Madrigal, Abogada de la Unidad de Bufetes Colectivos de 17 y 24, en el Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, en representación de los iniciadores de la ASOCIACIÓN JURÍDICA CUBANA, contra la Sentencia número 157 de 22 de mayo de 2013, pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, contra la cual la Junta Directiva de la pretendida Asociación formuló Pública Denuncia, pues, además de las violaciones legales que contenía, faltaba a la verdad.
Mi asombro fue total, la Sala del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de la nación cubana, lejos de corregir los defectos señalados por esta parte en el instrumento jurídico impugnado, incurrió en similar falta: consignar en la Sentencia de Casación hechos no ciertos, aseveración que es constatable con tanto solo dar lectura al Segundo de los RESULTANDO, de la abominable Sentencia de Casación, cito: Que contra la expresada sentencia el parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el tribunal a esta Sala, previó emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente la parte no recurrente Ministerio de Justicia, representado por la letrada María Estela Suri Pereda, fin de la cita. Evidente parcialidad a favor de ese organismo de la administración central del Estado.
Lo no ajustado a la verdad, en ese fragmento de la Sentencia de Casación, es que la parte no recurrente, Ministerio de Justicia, no se personó en el término del Emplazamiento, ya que fue liquidado por la Providencia de fecha 12 de agosto de 2013, y la letrada Marta Estela Suri Pereda, representante del Ministerio de Justicia, se personó, por intermedio de un documento manuscrito, casi ilegible y sin aportar copia, el 26 de septiembre de 2013, TREINTA Y TRES DÍAS DESPUES, de liquidado o finiquitado dicho término, hecho que puede ser corroborado en la Providencia de 26 de septiembre de 2013 dictada por la Sala, teniéndola por personada como parte no recurrente, lo que determinó que nuestra Abogada interpusiera Recurso de Súplica, Recurso resuelto el 2 de octubre de 2013, mediante Auto, en el que la Sala reconoce el hecho cierto de que la representante del Ministerio de Justicia, se personó, FUERA DEL TÉRMINO DE DIEZ DIÁS previsto en los artículos 632 y 635 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.
Me pregunto si el llamado del Presidente de la República, General de Ejercito Raúl Castro Ruz, al cumplimiento estricto de lo legalmente establecido, es una más de las tantas consignas y propósitos, que no llegan a materializarse jamás, pues los funcionarios continúan como práctica habitual, irrespetando la legalidad socialista y los sagrados y fundamentales derechos de los ciudadanos, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Magna de la República de Cuba: el derecho de reunión y asociación pacífica, ignorando, incluso, el concepto de revolución, que entraña entre otros principios: NO MENTIR JAMÁS.
¿Debemos permitir que tan INCONSTITUCIONAL INSTRUMENTO JURÍDICO, RESULTADO DE UN INDEBIDO PROCESO JUDICIAL, VULNERE ESE NUESTRO HUMANO DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PACIFICA?
Se impone el obligado reclamo en términos legales ante los organismos internacionales, jurisdiccionales y de derechos humanos.
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Un planeta y otro
Posted on 9 de diciembre de 2013 por ajudicuba	Responder	Lic. Rodrigo Chávez.
A mi hijo mayor, Roylier Javier Chávez Dubrocq
Cuántas pláticas no podemos tener por la empecinada, caprichosa y torpe manía de quienes nos gobiernan de mantener el control de todo, aferrados al monopolio de la información, más bien de la desinformación. Será que además de no darnos a conocer nuestros verdaderos derechos también son dueños de la privacidad y de todos nuestros movimientos e inclusive, pensamientos.
Mi hijo está allí, donde están condenados y encarcelados los cuatro antiterroristas cubanos y Héroes de la República de Cuba, como se dice aquí, pero es que en este planeta Cuba también estamos encarcelados y sometidos a lo que les da la gana a unos pocos. Las ganas precisamente consisten en que de sus antojos, no puedes conocer, ni saber lo que hacen y deshacen, y por si resultase poco no tenemos la posibilidad real de llegar a conocer nuestros más elementales derechos y mucho menos ponerlos en práctica. En aquel otro planeta, donde sí se reconocen todos los derechos, vistos y escuchados por nosotros mismos en películas y series de televisión, allí donde se reconocen todos los procesos legales y jurídicos; donde además, se informa de todo cuanto sucede allí y en el resto de los países, siempre está siendo comparado con lo que aquí se ha mal llamado proceso revolucionario.
He aquí la rotunda diferencia, ya mi hijo es verdaderamente consciente y responsable de lo que su padre le hizo saber hace algunos años, y puede por sí solo establecer la diferencia de lo que conoció por estudios aquí y lo que está viviendo en carne propia allí. Por ello, cuando podemos tener comunicación, sus palabras son positivas, pero siempre reiterando, como se extraña Cuba, pero una Cuba con verdadera democracia, libertad y plenitud del ejercicio de todos los derechos.
Un día se ha de lograr, seguro mi hijo.
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Opciones que dispone la ley
Posted on 6 de diciembre de 2013 por ajudicuba	2	Josué Rojas Marín
Yoan Marrero Piñon junto a su esposa embarazada reside en un local perteneciente a una empresa pesquera de Camagüey, abandonado por años. Refiere que cuando los ciclones arremetieron contra la Isla en el 2008, su vivienda fue destruida, siéndole imposible reconstruirla por esfuerzo propio. Fue así como en el 2011 el Gobierno de su territorio de mutuo acuerdo con dicha entidad le concedió el inmueble, el cual convirtió en vivienda.
Ahora las cosas cambiaron, hay un nuevo Director en la Empresa y desea que Yoan abandone el local, pero no ha utilizado los canales que establece la Ley. Nos cuenta este joven que fue visitado e incluso amenazado por este directivo, un jefe de sector y otros funcionarios, quienes le advirtieron que debía abandonar el inmueble y de no hacerlo ellos tendrían que obligarlo. Apreciando las particularidades este caso, le aconsejamos que no debe atemorizarse y que las personas que lo visitaron deben conocer, si no los pondremos en conocimiento, de que la Ley General de la Vivienda prevé en su artículo 115 la ocupación ilegal y solo este proceder es el establecido para accionar contra él y su esposa que junto a nueve familias más sufren la inclemencia de la administración respecto al alojamiento donde hoy viven.
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Anteproyecto de un código que exige ser modificado (II)
Posted on 4 de diciembre de 2013 por ajudicuba	3	Lic. Eliocer Cutiño Rodriguez
Me referiré a dos aspectos que resultan de mucha importancia.
El artículo 16 del anteproyecto de Código de Trabajo, plantea: que los trabajadores tienen el derecho de participar de manera consciente y activa en la toma de decisiones, sin embargo aclara que cuando se hace de forma individual será mediante la asamblea de afiliados, reduciendo a este espacio el debate que se produce con lapsos prolongados, minimiza la posibilidad en que sea escuchado oportunamente, no solo por los empleadores sino por los propios trabajadores que puedan sumarse a sus puntos de vista para una mejor participación. La ley no prevé crear mecanismos que permitan al trabajador expresar libremente su criterio, teniendo en cuenta que en el ámbito de dirección se toman medidas que solo le competen a un pequeño grupo, los cuales se ven afectados y no podrán grupalmente emitir sus consideraciones, hasta la reunión en asamblea. Tampoco podrán llevar a sus convenios colectivos, como herramienta legal para defenderse, un concepto más participativo que el que oriente el nuevo código
El artículo 17, recoge que los dirigentes sindicales tienen las garantías para el ejercicio de sus funciones, sin embargo, no son enunciadas en el cuerpo de la ley, dejando a un lado las verdaderas posibilidades de ejercer su derecho y dando lugar a erróneas interpretaciones de lo que en materia de deber les corresponde. Sería oportuno que se plasmen cuáles son estas y el alcance que tendrán, para que en el futuro, la administración sepa de fondo el derecho que le asiste a los trabajadores, y en especial a quienes los dirigen. Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Código de trabajo, Cuba, legalidad	| 3 Respuestas
Posted on 2 de diciembre de 2013 por ajudicuba	1	Lic, Amado Calixto Gammalame.
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Posted on 29 de noviembre de 2013 por ajudicuba	9	Lic. Argelio M. Guerra Aliaga
Posted on 27 de noviembre de 2013 por ajudicuba	1	Alexis Piloto Cabrero
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Cuba, legalidad, trabajo por cuenta propia	| 1 Respuesta
Posted on 25 de noviembre de 2013 por ajudicuba	1	Wilfredo Vallín Almeida
El mes pasado se conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Laura Pollán, vocera de una de las agrupaciones contestatarias cubanas de mayor renombre: las Damas de Blanco.
En esa fecha, supimos paulatinamente, se detuvieron numerosas personas en diferentes lugares del país, al parecer, ante la preocupación oficial de manifestaciones conmemorativas por ese aniversario.
Algunas de esas detenciones se prolongaron por dos y tres días, según supimos por boca de los propios afectados.
Muchas de esas personas acudieron a la Asociación Jurídica con el propósito de que se les ayudará a formular acusación contra sus captores por la forma en que habían sido tratados.
En una gran cantidad de países, se da una situación que no tiene lugar en Cuba. Y es la independencia del poder judicial con relación a los otros poderes del Estado.
En Cuba la policía política y la ordinaria, pertenecen al Poder Ejecutivo, o dicho de otra forma, al poder estatal. La Fiscalía (militar o civil) pertenece también al aparato del estado (gobierno). Lo mismo ocurre con los tribunales.
Llevar una denuncia a la Fiscalía Militar para que presente ante los tribunales a los militares que pertenecen a su mismo ministerio, y que también se subordinan al poder gubernamental , no parece tener muchas probabilidades de éxito, sobre todo cuando de problemas políticos se trata.
La imparcialidad de que habla el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber:
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente eimparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
reclama, como puede leerse en el resaltado, que el tribunal sea independiente e imparcial y en Cuba, no es ninguna de las dos cosas.
Seguiremos asesorando a quien se nos acerque con ese propósito, pero debemos establecer la verdad, aunque no nos guste.
No es nada probable que esas acusaciones tengan resultado por cuanto la obediencia ideológica de las instituciones estatales no permite otra cosa, y mucho menos sancionar a su propia membrecía por acciones “contra el enemigo de clase”, es decir, los que no piensan como ellos.
En absoluta justicia, todos los ciudadanos debieran tener el derecho que estamos analizando, pero falta un elemento decisivo que no existe aun en los tribunales nacionales: su IMPARCIALIDAD
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Posted on 20 de noviembre de 2013 por ajudicuba	4	Lic. Amado Calixto Gammalame.
El hombre ha estado en una evolución constante. La experiencia, el instinto, y el aprender de sus errores lo ayudaron a sobrevivir. En este transcurrir utilizó su capacidad creadora para resolver los diversos conflictos producidos por la convivencia social. De esa manera el Derecho hizo su aparición y con él, la ley.
En la intervención realizada por el Presidente Raúl Castro, en la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 7 de Julio, dice:
Es hora ya de que los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maestros y profesores, nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada nivel, en resumen, todas las cubanas y cubanos dignos que constituyen indudablemente la mayoría, hagan suyo el deber de cumplir lo que está establecido, tanto en las normas cívicas como en las leyes, disposiciones y reglamentos.
Con frecuencia se dan situaciones discordantes con la alocución del Presidente de Cuba.
El propio estado y sus instituciones incumplen lo legalmente establecido.
Nos referiremos sucintamente a las recién creadas Cooperativas no agropecuarias que responden al Decreto Ley 205. Estas contravienen la Carta Magna o Ley de Leyes ( Constitución de la República de Cuba) que dice en su artículo 20: se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece.
Las no agropecuarias no tienen sustento en este cuerpo legal, antes de crearlas, la ley debería haber sido modificada.
Las Cooperativas en su conformación tradicional ( ejemplo: la antigua Cooperativa de Ómnibus Aliados, COA) son autónomas e independientes y tienen patrimonio propio, lo que no sucede con las creadas conforme al Decreto Ley 205.
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, cooperativas no agropecuarias, Cuba, legalidad	| 4 Respuestas
Sobre el derecho de propiedad (VI)
Posted on 18 de noviembre de 2013 por ajudicuba	3	Lic. Mérida de la C. Pastor Masson
Continuando con nuestro trabajo, en el artículo 164 se hace necesario el consentimiento, y así se expresa, de la mayoría de los copropietarios y en su defecto, la autoridad competente a instancia de parte resolverá lo que corresponda, pudiendo nombrar un administrador para los actos de administración de un bien común.
En cuanto al artículo 165, en él se expresa cómo se debe actuar para la disposición de bienes en común o para los actos que excedan los propios de administración y para ello es necesario el consentimiento de todos los copropietarios. A falta de ese consentimiento, la autoridad facultada podrá, con la solicitud expresa de los copropietarios, que representan la mitad o vías del valor del bien, disponer la ejecución de esos actos cuando sea en beneficio de los copropietarios.
El artículo 166 puede traer, con su expresión, un poco de discordia, ya que en él se expresa claramente que ninguno de los copropietarios está obligado a permanecer en la comunidad y que por tanto cada uno de ellos puede solicitar en cualquier tiempo que se divida el bien en común.
Cuando me refiero a traer un poco de discordia, pensemos en las viviendas que tienen copropietarios, pensemos en un divorcio, en un fallecimiento cuando el bien a heredar es una vivienda, y la litis que de ello se deriva, tema que abordaré en el próximo trabajo
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References: artículo 115
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 164
 artículo 165
 artículo 166