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Timestamp: 2018-03-21 18:28:18+00:00

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EL QUIJOTE SIGLO 21: ESTADO AGUANTADERO (I): La macriavélica historia de Correo Argentino
ESTADO AGUANTADERO (I): La macriavélica historia de Correo Argentino
La causa de Correo Argentino es un notable ejemplo de la existencia de un Estado aguantadero. Pero no a favor de la política como señaló el presidente Mauricio Macri, sino de un grupo empresario. En este caso del mismo grupo Macri, del que es accionista el actual presidente de la Nación. Que a lo largo de veinte años procuró, con la complicidad de estamentos del Poder Ejecutivo y Judicial, transformar un mal negocio con el Estado, motivado por erróneas decisiones empresarias, en las que habría intervenido directamente el presidente Macri, en una oportunidad de notable enriquecimiento.
Tal como ha sido la macriavelica trayectoria de este grupo a lo largo de los años, y que en este caso por su excesiva codicia hasta ahora no pudo culminar, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Judicial. Poniéndose así como contrapartida, en una situación cada vez más riesgosa, que puede derivar en la extensión de la quiebra a todo el grupo. Ante esta situación desesperada, el presidente Macri descabezó a la Procuración del Tesoro que institucionalmente tenía a cargo la auditoría de la causa, y había confeccionado un dictamen totalmente adverso al grupo Macri, cuyas conclusiones se habrían adulterado, tras poner a cargo de ella a un abogado del grupo Macri.
Y apeló como última salida al Poder Legislativo, con la inusitada intervención de la AGN (Auditoría General de la Nación) atribuyéndole un rol que nada tiene que ver con su función. Cuando en todo caso el Poder Legislativo debería avocarse a concretar un juicio político contra el actual presidente, por la notoria existencia de intereses en conflicto en que incurrió, como culminación de veinte años de inconductas por parte del grupo, en la que participaron funcionarios que hoy pertenecen al gobierno de Cambiemos.
Síntesis de la macriavélica historia de Correo Argentino
Los intentos de “solución integral” con el Poder Ejecutivo
Según diversas fuentes, la decisión de obtener la concesión del Correo en 1997, cuando ya había irrumpido en forma potente Internet y su revolución de las comunicaciones, la tomó personalmente el actual presidente de la Nación Mauricio Macri, con la oposición de su padre Franco.
Bajo la visión elemental de que “si los carteros pudieran vender algo de un dólar el grupo Macri se quedaría con más de 30 millones de dólares casi sin esfuerzo. Y si vendieran algo de 10 dólares, con 300 millones”. Y que “hoy día el que escribe una carta lo hace como acto de amor. Las cartas comerciales se van a reemplazar por el email. Pero la personal no. Podríamos llevar tarjetas del día del amigo, del perro, de San Valentín. Hacemos buen marketing y ése es el negocio del Correo”.
De esa forma Correo Argentino se comprometió a pagar un canon semestral de 51,6 millones de pesos dólares. No obstante el negocio no funcionó como se esperaba, agravado además por sobreinversiones, y altos costos de conducción de Correo Argentino. Y en consecuencia a partir de allí hasta ahora, como si fuera un karma, el grupo Macri se empecinó en tocar una melodía con un leiv motiv de un solo compas. Que podría denominarse “compensación de deudas” con el Estado, y que hasta la fecha la sigue tocando. Ahora con la magistral intervención de Mauricio Macri, como director de la orquesta del Estado.
De entrada sin haberse cumplido un año de la concesión, puso en marcha esa música, al condicionar el pago del canon, a la compensación de supuestas deudas que tenía el Estado con Correo Argentino. Obligando primero al presidente Carlos Menem a dictar decretos con ese objeto.
Seguido luego por el presidente Fernando De la Rua, que dictó un sigiloso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al respecto, en el que ni nombraba a Correo Argentino, por el que después fue procesado penalmente, junto con otros funcionarios. Y paralelamente Correo Argentino profundizo esa actitud, al directamente pretender, mediante el incumplimiento del pago del canon comprometido, una renegociación integral del contrato, en contra de los intereses del Estado, aduciendo la existencia de asimetrías con otros correos privados.
Para tratar de lograr esto, contó entonces con la complicidad de funcionarios que actualmente son integrantes o funcionarios de Cambiemos. Como Germán Kammerath, mentor de la senadora Laura Rodríguez Machado, y de su ex yerno, el diputado por Córdoba no cordobés, Nicolás Massot. Del hoy vicepresidente del ENACON, Henoch Aguiar. Y del actual director del ENRE, Carlos Bastos. Quienes fueron procesados penalmente junto con De la Rua, por el referido DNU.
Ver Nicolás Massot, el diputrucho No Cordobés
Siendo además estos quienes anómalamente introdujeron al Estado en el concurso de acreedores, en el que Correo Argentino se presentó a fines del 2001, con el objeto de tratar forzar esa renegociación. Situación que esos funcionarios bien podrían haber evitado, al haber decretado al mismo tiempo la continuidad del contrato de concesión. Por lo que resultan ser los primeros responsables de todo el desbarajuste que vino luego y a la fecha, 16 años después, no ha terminado.
Seguidamente el presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, le facilitaron una salida a Correo Argentino. Autorizando la renegociación del contrato, para arribar a una “solución integral” a favor del grupo Macri, compensando deudas y supuestas obligaciones recíprocas incumplidas, entre el Estado y Correo Argentino. Pero la que seguidamente abortó, porque Remes Lenicov retrocedió, y pidió que primero se expidiera la Procuración del Tesoro respecto las supuestas acreencias que reclamaba Correo Argentino.
Pocos meses después Remes Lenicov fue sustituído por Roberto Lavagna, quién se olvidó de la opinión del Procurador, y abrió nuevamente la puerta a la renegociación. La que no se concretó, por las desmedidas pretensiones de Correo Argentino. Por lo que este más bien que una compensación, pretendía una notable descompensación a su favor, postura que resulta típica en los integrantes de la “patria contratista” argentina.
Y así igual, que sucedió contemporáneamente en Brasil y hoy está en plena crisis con el Lava Jato, un grupo de advenedizos contratistas del Estado, como los Macri, Rocca, Roggio, Perez Companc, Bulgheroni, Soldatti, etc, pasaron a ser las familias más ricas de Argentina. Mientras que millones de argentinos se hundían en la pobreza e indigencia.
Al mismo tiempo el secretario de Comunicaciones designado por Lavagna, Marcelo Kohan, ratificó a favor del grupo Macri, el grave “error” incurrido por Aguiar y Bastos, de meter al Estado en el concurso del Correo, y en el embrollo en que se encuentra actualmente. Desperdiciando la oportunidad para sacarlo de él, al haberle requerido el juez del concurso Eduardo Favier Dubois, poderes especiales para esa renuncia de derechos por parte del Estado, que Kohan otorgó. Kohan venía de presidir el CEAMSE, en cuya gestión había concretado cuestionadas renegociaciones con el grupo Macri, denunciadas por entonces por la diputada Graciela Ocaña.
Seguidamente, en el 2003 el presidente Kirchner abrió una nueva posibilidad de renegociación, a través de la UNIREN, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, que incluso evitaba la intervención del Congreso. Pero finalmente por recomendación de la AGN y la secretaria de Comunicaciones a cargo de Guillermo Moreno, optó por rescindir la concesión, ante las inusitadas pretensiones del grupo Macri en cuanto sus compensaciones, y obstinada postura en no pagar el canon comprometido. Y a la par Kirchner rechazó las supuestas acreencias reclamadas por Correo Argentino, dejando así cerrada la vía administrativa ante el Poder Ejecutivo.
Los intentos de solución integral en el Poder Judicial
Tras la rescisión de la concesión, el Estado en el 2003 también rechazó la propuesta de acuerdo preventivo efectuada por Correo Argentino en el concurso de acreedores. Considerando entonces que era un “proceso para la licuación de su deuda”, al representar una quita al valor actual de entonces, de entre el 93 y el 95 %. En consecuencia el juez del concurso Eduardo Favier Dubois, a fines del 2003 declaró la quiebra de Correo Argentino, considerando que al haber perdido la concesión, no existía posibilidad de un salvataje o cramdown. Mecanismo por el cual otra empresa se hace cargo del concurso, y se queda con la empresa concursada.
Esta medida fue suspendida velozmente a principios del 2004, y luego revocada en octubre de ese año, por la Cámara de Apelaciones, que ordenó que se abriera el cramdown. La misma estaba integrada por Ana María Piaggi de Vanossi, esposa del entonces primer diputado del PRO, y actual parlamentario del Mercosur por el Frente Renovador, Jorge Vanossi. Lo cual motivo un pedido de jury contra ella, y su momentáneo apartamiento de la causa de Correo Argentino.
También estaba integrada por María Lila Gómez Alonso, actual presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Puesto al que llegó con el apoyo explícito del PRO, y del anterior titular Ricardo Recondo. Juez que había sido subsecretario de Justicia de Ideler Tonelli, que es mencionado por el actual Gobierno para sustituír a la Procuradora General Alejandra Gils Carbo.
La mención de Tonelli no es gratuita, dado que en esos manejos estuvo involucrado el influyente estudio Tonelli, que hasta hoy tiene como cliente a Correo Argentino. Creado por el mencionado Ideler Tonelli, un borocotó de la política, que fue diputado nacional durante el gobierno de Frondizi. Asesor del gobierno de la Revolución Argentina. Asesor del gobierno de Perón e Isabel. Juez durante el Proceso Militar, jurando por el estatuto de este. Y secretario de Justicia durante el gobierno de Alfonsín, autor de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final, que impidieron durante un tiempo el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Dicho estudio actualmente está integrado por sus hijos, Alejandro, asesor de Yacyreta. Y Pablo, diputado del PRO, integrante del Consejo de la Magistratura, al cual entró por la ventana, mediante una argucia que otorgó a Cambiemos la mayoría en dicho Consejo. En el que se encarga de redactar los sumarios de los magistrados judiciales, adquiriendo así una posición dominante sobre estos.
Y desvergonzadamente, como si no fuera un representante del pueblo sino del grupo Macri, fue uno de los más acerbos críticos de la fiscal Gabriela Boquín, tras conocerse la impugnación de esta al acuerdo que Correo Argentino había arribado con el Estado. Además pese su antecedente familiar, fue uno de los autores de la flamante ley prohibiendo el Dos por Uno en los delitos de lesa humanidad, sancionada con posterioridad al estruendoso fallo de la Corte Suprema.
Seguidamente a principios del 2005, cuando la causa bajó de la Cámara, Correo Argentino utilizó la clásica treta de designar a un abogado amigo del juez, Jaime Kleidermacher, con lo que logró que el juez Favier Dubois se apartara de la causa. Y no obstante que el juez alternativo se opuso a ese apartamiento, aduciendo que no correspondía porque se trataba de un concurso, la Cámara de Piaggi de Vanossi y Gómez Alonso, convalidó el apartamiento de Favier Dubois
La causa del concurso pasó así a manos de la flamante jueza designada por el Consejo de la Magistratura, Marta Cirulli. Quien notablemente desobedeció la orden de la Cámara de abrir el cramdown, al darle a Correo Argentino en ese año, una nueva oportunidad para que presentara una nueva propuesta de acuerdo preventivo. Quien para esto arguyó que existía una posible continuidad de Correo Argentino, como complemento de Pago Fácil, otra empresa del grupo. No obstante que ante la IGJ (Inspección General de Justicia) Correo Argentino siguió figurando como empresa inactiva.
A partir de allí la causa se hundió en un caos, que dura hasta hoy, ya que actualmente se encuentra en la misma situación que doce años atrás. Como consecuencia del accionar de Correo Argentino, pretendiendo una compensación de sus deudas con el Estado, y la tolerancia lindante con la complicidad por parte de la jueza Cirulli, y de la Cámara de Apelaciones integrada actualmente por Piaggi de Vanosi, Gómez Alonso, y Matilde Ballerini.
Al haber interpuesto el grupo Macri, sucesivos planteos judiciales, para tratar de obtener la “solución integral”, consistente en que el Estado reconociera en el mismo concurso, las supuestas acreencias que el grupo Macri decía tener a su favor. Primero pretendiendo que el concurso funcionara como “fuero de atracción”, para que en él se ventilaran las demandas que Correo Argentino había iniciado contra el Estado. Y así con esa compensación de deudas salir libre y ganancioso del mismo. Pretensión que fue rechazada definitivamente por la Corte Suprema en el 2006.
Seguidamente insistió con una variante parecida, al pretender compensar los 296 millones de pesos dólares de la deuda verificada del canon, con supuestas acreencias del Estado a su favor. Pretensión que fue definitivamente rechazada por la Corte Suprema en el 2010. Dictaminando en ambos casos que las deudas en el concurso y las demandas del grupo Macri eran cosas enteramente distintas, que debían tramitarse cada una por su lado en el fuero correspondiente. Y que la compensación en concursos solo podía darse si las deudas recíprocas eran líquidas y exigibles.
Razón por la que la pretensión del presidente Macri de obtener una “solución integral” con la compensación de deudas, con la que procuró tapar el escándalo de la enorme quita de deuda que obtuvo el grupo Macri con su “propuesta abusiva”, aceptada por el ministro Oscar Aguad e impugnada por la fiscal Gabriela Boquín, resulta absolutamente inviable en la Justicia, igual que ante el Poder Ejecutivo. Al alzarse contra sentencias firmes con carácter de cosa juzgada emitidas por la Corte.
La jueza Cirulli le permitió además otras numerosas tropelías a Correo Argentino. Como la de concretar una ilegal recategorización de deudores, previamente dispuesto por el juez Favier Dubois, pese que se trataba de cosa juzgada. Facilitando así que Correo Argentino lograra la aprobación de su abusiva propuesta por parte de otros acreedores. Y paralelamente el grupo Macri se las ingenió para recomprar subrepticiamente las deudas de sus acreedores, tanto en cantidad de ellos, como cuanto la importancia de sus montos, para poder obtener fraudulentamente las mayorías necesarias para la aprobación de su propuesta abusiva.
Maniobra en la que habría intervenido el Meinl Bank AG como pantalla, el mismo que intervino en el pago de las coimas del Lava Jato de Odebrecht. Y que aparece como acreedor de Correo Argentino, y al mismo tiempo detenta una prenda de acciones de empresas del grupo Macri a favor de dicho banco. Transferencia que el grupo Macri trato de ocultar, al mismo tiempo que obtenía la aprobación de su propuesta por parte del actual Gobierno, retirando de la oferta pública de acciones a Sideco Americana, la integrante del grupo Macri que cotizaba en bolsa.
Quedando en evidencia así que el Meinl Bank es una pantalla, que oculta una triangulación de deudas. Y algo similar sucede con el Banco BST, que compró la deuda de Correo Argentino con los Banco Rio y Galicia, cuya vicepresidencia la ocupaba Marcelo Mindlin, el mismo que actualmente aparece como nuevo dueño de IECSA – SACDE.
La jueza Cirulli le permitió también hacer riesgosas inversiones con los fondos con que contaba Correo Argentino, concretadas en otras empresas del mismo grupo (Chery Socma) que hasta la fecha no reportaron dividendos. Posibilitándole incluso a partir de la asunción de Macri como presidente, que Correo Argentino extrajera a lo largo del año 2016, cuantiosos fondos de las cuentas que tenía embargadas, para supuestamente solventar gastos de funcionamiento.
Los que fueron respaldados con abultados contratos pactados con el mismo grupo Macri, o a los efectos de solventar gastos de personal, que también pertenece al grupo. Todo lo cual fue denunciado por la fiscal Boquín como una maniobra de vaciamiento, razón por la que pidió que se apartara a la actual administración del Correo, y se investigaran las inversiones concretadas por el grupo.
Los planteos de Correo Argentino ante la jueza Cirulli llegaron hasta la exuberancia, de requerir que el Estado no interviniera en la Junta de Acreedores, por ser el supuesto responsable de la quiebra. Y ante el rechazo de esta postura, pretendió que la jueza diera por aceptada “implícitamente” por el Estado la propuesta de acuerdo preventivo que había formulado, por supuestamente haber aceptado ciertos rubros de ellas.
Finalmente, tras el segundo rechazo de la Corte Suprema en el 2010, al intento de lograr la “solución integral” y la compensación de deudas por parte del Estado, la jueza Cirulli, después de seis años, volvió la causa a la situación que tenía en el 2004. Al rechazar el acuerdo preventivo propuesto por Correo y abrir el cramdown. Ante lo cual Correo Argentino apeló ante la Cámara de Apelaciones.
El trámite ante la Cámara de Apelaciones
Si la jueza Cirulli de consuno con Correo Argentino había hecho un caos del proceso, las tres integrantes de la Cámara Federal Piaggi de Vanossi, Gómez Alonso, y Ballerini, se encargaron de completarlo acabadamente a lo largo de otros siete años. Siendo notable que las tres acumulan una cuarentena de pedidos de jury, por sus actuaciones como juezas y camaristas.
En el 2010 la entonces fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó, rechazó la apelación de Correo Argentino, diciendo que debía abrirse el cramdown. Y lo mismo hizo en el 2011 ante la obstinada postura de Correo ante la Cámara, insistiendo absurdamente con la compensación de sus deudas con las del Estado, que la Corte Suprema ya había rechazado.
A partir de allí la causa comenzó de nuevo a boyar para atrás, al convocar la Cámara de Apelación en marzo del 2014 a una audiencia para octubre de ese año. En la que el Correo Argentino presentó una nueva propuesta de acuerdo preventivo. Para la que supuestamente, según la ley de quiebras, solo tiene un plazo de 90 días más 30 días adicionales, tras confirmarse las categorías de acreedores que dispuso el juez Favier Dubois en el año 2002.
Y hasta ahora se ha extendido a 5.500 días desde ese año, en lo que constituye una verdadera burla a un procedimiento que se supone que es compulsivo, con plazos fatales, e irretroactivo. Esta inusitada e inexplicable demora, fue lograda en base a los sucesivos planteos y chicanas efectuadas por Correo Argentino y consentidas por la justicia. Consistente en aperturas de incidentes, ampliaciones de plazos, suspensiones de términos, corridas de vista, etc.
La existencia de esa nueva propuesta fue comunicada por edictos en marzo del 2015. Dado que el enorme tiempo transcurrido y las paralizaciones del expediente, habían hecho que se perdiera el contacto con los acreedores menores del concurso. La que a su vez fue rechazada por Banco Nación, que consideró que provocaba una notable desvalorización de su crédito.
A partir de allí la causa volvió a dormirse, a la par que Macri se erigía como un fuerte candidato para llegar a la presidencia de la Nación. Y así tras la asunción del presidente Macri, fue elocuentemente el Estado el que tomó la iniciativa, al solicitar en mayo de 2016 a la Cámara de Apelaciones, que convocara a una nueva audiencia. Adelantando que podía prestar su conformidad si existía una mejora de la oferta por parte de Correo Argentino. Existiendo evidencias que por fuera de la Justicia, existieron conciliábulos previos entre los funcionarios del ministerio de Comunicaciones, a cargo del cordobés Oscar Aguad, y Correo Argentino.
Este por su parte este presentó una supuesta mejora, y ahí sí la audiencia se concretó rápidamente a fines de junio. En la que el cordobés Juan Manuel Mocorea, representante del ministerio de Comunicaciones, manifestó que tenía facultades para solicitar ajustes de ella, a los que detalló. Por lo que la pantomima prosiguió con un cuarto intermedio, tras el cual Correo Argentino aceptó los insignificantes ajustes solicitados por Mocorea.
Con los cuales se redujo el plazo de pago de 20 años a 16, a cambio de un aumento de la tasa de interés del 6 al 7 %. Lo cual, en términos de valor actual, solo representaba en el mejor de los casos, una mejora de 8 puntos sobre un 80 % de quita. Sin tener en cuenta la enorme quita existente desde el 2001 a la fecha, del orden del 93 %, lo que hacía que la quita total de la deuda sea cercana al 99 %.
Seguidamente Correo Argentino hizo una nueva solicitud de aprobación de su propuesta al Banco Nación, a cargo entonces de Carlos Melconian. El que en esta oportunidad ni aprobó ni rechazó la misma. Siendo esta indeterminación la que, según algunos analistas, habría precipitado la remoción de Melconian como presidente de ese banco, a fines de ese año.
De esa manera en septiembre pasado, Correo Argentino presentó triunfalmente ante la Cámara los acuerdos que había alcanzado con la Junta de Acreedores, pidiendo su homologación. La que por su parte le dio traslado a la fiscal de Cámaras Gabriela Boquín, sucesora de Gils Carbo. Quién había sido designada en la justicia y en ese cargo, que ganó por concurso, en febrero de 2015. Siendo no obstante acusada falsamente por el Gobierno, de pertenecer a Justicia Legítima, pese no aparecer en sus listados. Como si esta asociación se tratara de una mafia, cuando la mafia en realidad, conforme las constancias de la causa, estaba operando por otro lado.
Allí se aguó la fiesta de Correo Argentino y del grupo Macri, dado que la fiscal se pronunció rotundamente por el rechazo del acuerdo. Al considerarlo “abusivo”, equiparable a una “condonación de deuda”, con grave perjuicio para el Estado, al trepar la quita a un 98,82 % del monto nominal.
Señalando que la supuesta mejora negociada por este, era en la práctica inexistente. Y que además Mocoroa carecía de antecedentes y poderes para haberla aceptado, y su designación en el cargo estaba vencida. Y además existía una grave violación de la Ley de Etica Publica, por la dependencia de este funcionario y sus jefes, hacia el presidente Macri, accionista del grupo Macri.
Boquín denuncio también que Correo Argentino se había beneficiado con un estado de “eterno concurso”, con el cual durante quince años había logrado suspender el pago a sus acreedores. Y que el periodo de exclusividad para poder formular sus sucesivas propuestas, había vencido por lo menos tres años y medio antes.
Agregando luego que simultáneamente con ese acuerdo abusivo, Correo Argentino había entablado y ampliado demandas contra el Estado, por montos de miles de millones de pesos, más intereses que en la práctica triplicaban los del acuerdo con el Estado. Lo cual entre la licuación de sus deudas, y potenciación de sus acreencias, le reportaban una diferencia a su favor del orden de los diez mil millones de pesos.
El actual intento de solución en el Poder Legislativo
Ante el escándalo público que suscitó la revelación de ese acuerdo y su impugnación judicial, tras tratar de sostenerlo a toda costa, como si se tratara de una posición tomada y con la bandera plantada, el presidente Macri se vio obligado a recular. Y por ello dispuso “volver todo a fojas cero”, tras 20 años, doscientos cuerpos, y más de veinticinco mil fojas acumuladas en los expedientes judiciales.
Lo cual también fue una forma de reducir su responsabilidad penal al grado de tentativa, por haber intervenido en flagrantes intereses en conflicto. Al presentar seguidamente el Estado un escrito ante la Cámara comunicándole que desistía del acuerdo aprobado por Aguad y Mocoroa.
Dispuso también que se debía buscar una “solución integral”, planteando nuevamente la sempiterna “compensación de deudas” exigida por el grupo Macri, para arribar a la solución de la cuestión. O sea la misma tesitura que desde veinte años atrás viene intentado y fracasando el grupo Macri. Primero en el Poder Ejecutivo, y luego en el Poder Judicial.
Por lo que solo le quedaba de por medio el Poder Legislativo, en el que encontró un intersticio por donde colar el affaire, al lograr que la AGN (Auditoria General de la Nación) dependiente de este poder, se haga cargo del mismo. No obstante que esta institucionalmente, solo puede controlar al Ejecutivo, y no al Poder Judicial.
Esta salida contó inicialmente con la oposición del presidente de la AGN, Carlos Lamberto, quién aseguró: “no somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”. Y que en todo caso esa intervención la debía disponer el Congreso.
No obstante después de algunas componendas, el Congreso a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, le requirió a la AGN, dándole un plazo máximo de 120 días, que realice una auditoría de lo actuado por el ministerio, secretaria, y comisión de Comunicaciones. Y además dos “Estudios Especiales”, uno referido a las acreencias que tiene el Estado con Correo Argentino. Y otro más ambiguo, referido a “relevamientos administrativos y judiciales entre el Estado y Correo Argentino”.
Sin explayarse gran cosa respecto este último, siendo esta la brecha por donde el Gobierno y el grupo Macri, ya confundidos en sus roles, desnaturalizando la función de la AGN, que solo puede actuar como organismo de control a posteriori, tratara nuevamente de obtener su ya veinteañera “solución integral” y compensación de deudas, que fracasó en el Ejecutivo y la Justicia. Siendo elocuente que en dos décadas no hayan prosperado ningunas de las demandas que Correo Argentino entabló contra el Estado.
Para legalizar esta intervención de la AGN, a fines de marzo, con la firma de Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro Germán Garavano, el Gobierno emitió un decreto (201/17) referido a los conflictos de intereses. En él que dispuso que antes de arribar a “allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, o rescindir convenios”, la Procuración del Tesoro deberá comunicarlo a, entre otros, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que es la que tiene la potestad sobre la AGN.
Pocos días después de conocido el dictamen de Boquín, el 14 de Febrero, el fiscal Juan Pedro Zoni imputó al Presidente Mauricio Macri y a Oscar Aguad por incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quién ordenó un allanamiento al Ministerio de Comunicaciones, y de allí nada más se supo de ella.
Seguidamente el presidente Macri hizo un gesto para la tribuna, anunciando que había pedido la prescripción de las demandas entabladas por Correo Argentino contra el Estado. Cuando en realidad, lo que pidió fue solo la “perención de instancia”, por haber estado inmovilizada la causa algunos meses, que nada tiene que ver con la prescripción del supuesto derecho.
Para esto contó con el asesor en picardías del Gobierno, “Pepin” Rodriguez Simón, quien está muy bien retribuido como director de YPF y parlamentario del Mercorsur. Y fue el que sugirió a Macri la designación de los integrantes de la Corte por decreto. Y también habría sido uno de los gestores del estruendoso fallo de la Corte Suprema, aplicando el 2×1 a favor de los delitos de lesa humanidad.
Posteriormente el Gobierno también pidió a la Cámara de Apelaciones, la suspensión de la audiencia que había convocado, para tratar la impugnación concretada por la fiscal Boquín. La que no solo dispuso hacerlo por 120 días, acorde con el plazo otorgado a la AGN para que se expida, sino que además, se encargó de mandarle a esta los originales de la causa, como para supeditar claramente una cosa con la otra.
Casualmente Mocorea, el asesor jurídico del ministerio de Comunicaciones que intervino en el acuerdo abusivo con Correo Argentino, provenía de la AGN. La cual tras la presidencia de Leandro Despouy, a lo largo de catorce años a partir del 2002, evidencia haberse convertido en un nido del partido radical, aliado a Cambiemos. Desde donde, por más que escape enteramente a su objetivo institucional, seguramente se parirá la “solución integral” y su compensación de deudas. Vehementemente aspirada y buscada por el grupo Macri a lo largo de dos décadas, que no pudo conseguir ni en el Ejecutivo ni en la Justicia.
El dictamen de la fiscal Boquín oponiéndose a la prórroga de plazo
Recientemente la fiscal Boquin, emitió dos dictámentes adicionales, con durísimos términos en relación al proceso del concurso de Correo Argentino. Uno de ellos, referido a la apelación interpuesta por Correo Argentino por la extracción de fondos. A los que la jueza Cirulli había denegado, y luego aprobado con la llegada de Macri a la presidencia, y seguidamente nuevamente denegado. Tras el escándalo que se suscitó con la aprobación por parte del Estado de la propuesta abusiva concretad por el Correo Argentino.
En el cual a modo de síntesis, Boquín expresó que las conductas de Correo Argentino y las irregularidades del trámite “importan la comisión de abuso del proceso concursal y fraude a la ley que impide su convalidación”. Por lo que opinó que debía requerirse al grupo Macri la devolución de dichos dineros, y el de las inversiones hechas en Chery Socma.
Aún más duro es su otro dictamen, referido a la ampliación de plazo de 120 días para el tratamiento del acuerdo abusivo logrado por Correo Argentino con el Estado, impugnado por la fiscal Boquín, y desestimado seguidamente por el mismo Estado, ante el escándalo público que suscitó. Plazo que el mismo Estado a través del ministerio de Comunicaciones, había solicitado a la espera que la AGN le tire un salvavidas a Correo Argentino, el grupo Macri, y al presidente Macri.
Al respecto Boquín expresó que “el mismo es improcedente y su admisión configuraría una nueva irregularidad, que se sumará a las ya señaladas” anteriormente por algunas de las sindicaturas y la Fiscalía General. Apuntando:
“Como se advierte a lo largo del proceso, se ha soslayado sistemáticamente que las normas concursales no son disponibles ni modificables – aún de común acuerdo- por las partes, en el caso solo por la concursada y el Estado Nacional con la conformidad de las sindicaturas controlante y general. Estos acuerdos o conformidades es un ejemplo más del status de excepción contra la ley del que ha gozado la concursada y al amparo del cual continúa actuando en su exclusivo beneficio.”
Agregó que en los 16 años del concurso, “no ha habido ni un principio de ejecución de pago de los créditos, ni una propuesta aprobada, ni un salvataje abierto, ni una quiebra decretada, con la subsiguiente liquidación de activos. Todo ello con la particularidad de que nunca se han logrado las mayorías requeridas por la ley”. Efectuando más adelante una descripción de lo que típicamente es un ·estado aguantadero” al expresar:
“Las medidas que se han tomado resultan paradójicas porque la excepcionalidad de este proceso radica especialmente en la complacencia de los operadores del proceso para aceptar “soluciones atípicas”, que no han hecho “otra cosa que permitir una inusitada dilación del trámite con regresiones procesales, sin arribar a solución alguna, afectándose el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, pues otro deudor concursado no gozaría de las prerrogativas, prórrogas y dilaciones que se le han concedido a Correo Argentino, ni una prolongación sine die de su periodo de exclusividad” (para formular propuestas de acuerdo preventivo.
Además Boquín denuncio que la sindicatura general del concurso, está ahora representada por dos abogados, Julio César Rivera y Beltrán Louge, que antes se habían excusado de intervenir, por patrocinar a SOCMA, integrante del grupo Macri. Y por haber tenido como cliente en el 2005 al actual presidente Mauricio Macri, en su divorcio con Isabel Menditeguy.
Respecto las razones alegadas para dicha prorroga, basadas en que el Congreso había pedido a la AGN un informe que demoraría ese tiempo; que Macri estaba por firmar un nuevo decreto sobre conflictos de intereses; y que se trataba de un caso “extraordinario”, que estaba ante “circunstancias especiales”, Boquín expresó:
“Las únicas características extraordinarias del caso y las especiales circunstancias del mismo surgen de las severas irregularidades producidas a lo largo del proceso que han permitido dilatarlo durante 16 años y transformarlo, consolidando una posición de la concursada, construida al margen de lo que establece la ley y aniquilando los créditos adeudados, entre ellos los del mismo Estado Nacional”.
Opinó al respecto que la AGN es un órgano totalmente ajeno al proceso concursal, e independiente del trámite de la causa. Señalando que su intervención configuraría una injerencia inaceptable en el Poder Judicial, por parte del Poder Legislativo. Y respecto el decreto de conflictos de intereses (201/17) que emitió el Poder Ejecutivo, alegó que no modificaba nada, al estar en vigencia la Ley de Ética Pública desde 1999, que prohíbe la actuación por sí o por sus subordinados, frente intereses en conflicto como el que se encontraba el presidente Macri.
Finalmente Boquín insistió con su denuncia, que había existido una burda manipulación de las mayorías, al haberse resumido la existencia de 354 acreedores minoritarios, en solo 14 personas. Que ostentaban poderes u obtenido cesión de créditos, vinculadas todas ella al grupo Macri, o a los estudio Kleidemarcher y Tonelli, etc.
Recalcando que también había sucedido algo similar con los grandes acreedores, cuyas acreencias habían terminado en manos del Meinl Bank, propiedad de Odebrecht, a través del cual se cursaron las coimas del Lava Jato. Y del banco BST, propiedad del grupo Mindlin, quien recientemente pasó a detentar IECSA, la ex constructora del grupo Macri.
En concretó en su dictamen Boquín se expidió diciendo que todos los plazos estaban vencidos; que no había habido aprobación del acuerdo preventivo, al haber el Estado desistido respecto el acuerdo alcanzado por Aguad y Mocorea; y que en definitiva la Cámara debía expedirse en la apelación concretada nada menos que siete años antes, en el 2010 por Correo Argentino, respecto la apertura del cramdown dispuesta por la jueza Cirulli.
Ante este dilema se encuentra ahora la Cámara de Apelaciones. Constituida por Piaggi de Vanossi, Gómez Alonso, y Ballerini, quienes durante décadas fueron objetivas cómplices de Correo Argentino. Ante la alternativa de seguir dilatando el proceso, como hizo o consintió a lo largo de doce años, para que el grupo Macri insista en su inveterada postura de una “solución integral”, mediante la compensación de supuestas deudas. O de expedirse respecto una apelación interpuesta en el 2010, que equivale a decretar el cramdown, desapoderando al grupo Macri de Correo Argentino. Que incluso podría derivar en la quiebra de este, si no hay interesados en él cramdown, arrastrando al grupo Macri en ella.-
Próximamente: ESTADO AGUANTADERO II: El fraude en la auditoría de la causa del Correo tras la expulsión del Procurador Balbín
La macriavélica historia de Correo Argentino
Correo Argentino S.A, es una sociedad conformada mayoritariamente por SIDECO AMERICANA SA, cuyo titular principal es la empresa holding SOCMA S.A., perteneciente a la familia Macri. La cual detento la concesión de la ex Encotel (empresa estatal de correos) desde agosto de 1997 hasta noviembre del 2003.
Notablemente, desde casi el mismo inicio de ella, el grupo Macri decidió dejar de pagar el canon que debía abonar Correo Argentino, por un monto de 51.600.000 pesos dólares cada seis meses. Con el pretexto que era abusivo, porque había supuestas asimetrías con otras prestatarias privadas del servicio, y existían deudas por parte del Estado. Utilizando así la eterna estrategia desplegada por la patria contratista argentina, en la que los contratos no se firman para ser cumplidos. Sino para ser renegociados permanentemente, haciendo una explotación integral de ellos, gracias a la corrupción de los sucesivos funcionarios intervinientes en los mismos.
Al respecto diversas fuentes sostienen que fue Mauricio Macri como CEO de SOCMA, quien tomó las decisiones en el grupo con miras a obtener la concesión del Correo. En un momento en que la aparición de internet comenzaba a jaquear duramente la comunicación postal, reemplazándola por la digital. Asumiendo un riesgo empresario, cuando el negocio enfrentaba un franco declive.
El fracaso de la “solución integral” con el Poder Ejecutivo
Esto explicaría la tozudez con que actuó a partir de entonces, con pretensiones desmedidas por parte del grupo, para recomponer el contrato o salvar de cualquier manera el negocio. Que fracasaron una y otra vez, tanto en la instancia administrativa como en la justicia. Y ahora también como primer mandatario, al punto de haber descabezado a la Procuración del Tesoro, ante un dictamen nuevamente adverso, como otros tantos previos.
Menem, y Kammerath, la eminencia gris de Cambiemos en Córdoba
El canon propuesto por el grupo Macri para hacerse de la concesión, representaba un importe del orden del 20 % de la recaudación. Y la pretensión de entrada por parte del grupo Macri fue reducirlo al nivel del canon que pagaban otros correos de menor dimensión, del orden del 6 % de la facturación. El gobierno de Carlos Menem, lejos de intimar al Correo Argentino a cumplir con las obligaciones contractuales ofrecidas, o rescindir el contrato, tácitamente aceptó la postura del grupo.
En mayo de 1998, a menos de un año de concesionado el servicio, Menem emitió el decreto 617/98. A través del cual instrumentó un procedimiento de excepción para saldar las deudas acumuladas por el canon impago del Correo Argentino. Permitiendo que fuera compensada con supuestas deudas del Estado con el concesionario, siendo esta compensación el primer esbozo de la “solución integral” que 19 años después propuso el presidente Macri.
El que implementó este “procedimiento de excepción” por resoluciones 1368 y 1817/98, fue el secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, que actualmente es el numen del PRO en Córdoba. Y padrino político de la senadora de Cambiemos Laura Rodríguez Machado, y de su ex yerno y actual jefe de la bancada del PRO, el diputado por Córdoba Nicolás Massot. Bancada a la que llego sin ser cordobés, y sin haber residido en Córdoba el tiempo legal exigido por ley.
Kammerath se encuentra citado a juicio oral y público, por defraudación en la privatización del control y seguimiento del espacio radioeléctrico, a favor de Thales Spectrum, cuando se desempeñaba en esa función. También fue denunciado por la Oficina Anticorrupción y procesado por la justicia federal, por fraude contra la administración pública a favor de Correo Argentino. Por haber reconocido como “inversiones obligatorias”, 100 millones de pesos dólares que el grupo Macri pagó en concepto de despidos del personal del correo. Causa que estuvo boyando por la justicia federal con su característica ineficacia durante largo tiempo.
Luego Kammerath fue elegido vicegobernador de Córdoba, en fórmula con José Manuel de la Sota, y seguidamente pasó a desempeñarse como intendente de Córdoba. Donde enfrentó un proceso de destitución, por la existencia de múltiples denuncias penales por administración fraudulenta. Que logró trabar gracias a un fallo de la Corte Suprema menemista.
En una de ellas, la causa de Radioaviso, resultó condenado a tres años y medios de prisión, al haberle concedido este servicio municipal a su entonces cuñado Marcos Aurelio Álvarez, que también se había desempeñado como gerente de Control de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Siendo esos descalificantes antecedentes, los que han obligado a Kammerath a recluirse como eminencia gris del PRO en Córdoba, sin figurar públicamente, pero que le habrían permitido construir sólidos lazos con la familia Macri.
De la Rua, Gallo, Bastos y Aguiar, hoy funcionarios de Cambiemos
El grupo Macri usufructuó al máximo estas compensaciones de deuda. Agravándose no obstante la situación, por la cesión que hizo en el año 1999 la secretaria de Hacienda al Banco Ciudad, del 70 % del canon que debía abonar el Correo Argentina ese semestre, a cambio del adelanto de esa suma a su favor. Volviendo así a caer el Correo Argentino en situación de mora en el pago del canon, siendo ya Fernando De la Rúa presidente.
De la Rúa puso al frente del ministerio de Infraestructura y Viviendas, a su amigo el ingeniero Nicolás Vicente Gallo, hijo de un notable radical antipersonalista. Con conspicuos lazos con la patria contratista, como consultor de ingeniería en Latinoconsult. Quien además se había desempeñado como interventor de ENTEL, la empresa de telefonía estatal, durante el gobierno de Ricardo Alfonsín.
Función en la que había sido acusado de peculado por el fracaso del Plan Megatel, mediante el ahorro previo del cliente para obtener una línea telefónica, que reportó un notable beneficio a las empresas privadas que lo ejecutaban. Negocio que luego tras la privatización, también aprovecharon las concesionarias Telefónica y Telecom, que revendieron lucrativamente parte de esas líneas, que habían sido costeadas por los mismos consumidores.
Esta blonda relación de Gallo con las empresas privadas, explicaría por qué poco después de asumir, en marzo del 2000, dicto la resolución 43. Creando una comisión con funcionarios del ministerio y la Comisión de Comunicaciones, para que estudiara ciertas “disfuncionalidades” en la concesión del Correo Argentino, de las que este venía quejándose. Comisión que se despachó negativamente, al conocer las inusitadas pretensiones que planteó Correo Argentino.
En marzo del 2001 Galló pasó a desempeñarse como secretario de la Presidencia, y fue reemplazado en su ministerio por el cordobés ahijado de Domingo Cavalllo, Carlos Bastos. Quien inmediatamente, al mes siguiente, en abril, convocó a una nueva instancia de negociación del contrato con el grupo Macri por el Correo Argentino.
Bastos luego fue denunciado por defraudación por la Oficina Anticorrupción, por las prebendas otorgadas al grupo Macri en las concesiones viales, además de haber estado involucrado en la escandalosa quiebra de la Enron. Posteriormente en el 2015 se incorporó al PRO, y en el 2016 fue designado por el presidente Macri, como vocal primero del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).
En esa oportunidad Bastos, le pidió al grupo Macri que pagara simbólicamente una parte “aunque fuese pequeña” de la deuda por el canon, para poder sentarse a renegociar el contrato, ante la resistencia que encontraba al respecto en otros espacios de la administración. Mientras que el grupo Macri insistió tozudamente en su postura, que se compensara la deuda del canon, con supuestos servicios postales al Estado, que se encontraban impagos. A la par la AGN (Auditoría General de la Nación) a cargo de Leandro Despouy, dictaminó que se debía cobrar la deuda del canon del Correo Argentino, o sino ejecutar las garantías y/o rescindir el contrato de concesión.
El caso estaba bajo la férula directa del secretario de Comunicaciones, el también cordobés e histórico militante radical, que en el 2007 se afilió al PRO, Henoch Aguiar. Quién en el 2016 fue nombrado por el presidente Macri vicepresidente de ARSAT. Siendo su presidente Rodrigo de Loredo, el yerno del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, responsable de la escandalosa quita a favor del grupo Macri cuestionada en la justicia.
En el 2000, poco después de asumir el puesto, Aguíar fue denunciado penalmente por el diputado cordobés Arnoldo Lamisovsky, por nombramiento ilegal, en violación a la ética pública, al haber sido hasta el día previo asesor de Telecóm, Telefónica, y otras empresas de comunicaciones. Y también fue denunciado por el abogado Ricardo Moner Sans, por haber dejado de cobrar un canon en favor de estas.
En ese contexto, Aguiar tuvo una aparente dura actitud inicial ante los reclamos del Correo Argentino, que luego fue mutando en una llamativa comprensión hacia el mismo. La que culminó en septiembre del 2001, en plena crisis de ese año, cuando el grupo Macri adujo no tener ingresos para pagar los sueldos de Correo Argentino, a pesar que adeudaba ya 296 millones de canon.
Luego de un fuerte lobby, que habría sido encabezado por Gallo, Bastos y Aguiar, el presidente De la Rúa y sus ministros, firmaron el decreto de Necesidad y Urgencia 1.176 que sin mencionar al Correo Argentino, le ordenaba a la AFIP pagar una deuda de 29.057.500 pesos dólares.
No obstante la vigencia de la ley de “déficit cero” y el recorte del 13 % dispuesto en los haberes de jubilados y empleados estatales, y que en ese mes venció otro semestre de pago del canon por 51,6 millones, que el Correo no abonó. Dicho pago se ordenó hacerlo mediante entrega de bonos de consolidación de deuda, por lo que habría trepado nominalmente a los 34 millones de pesos dólares.
El DNU lleva fecha 14 de septiembre, y fue publicado el 19 de septiembre, el mismo día en que el Correo Argentino se presentó en convocatoria de acreedores. Medida que habría comunicado Franco Macri al presidente De la Rua en una audiencia en el día anterior. Imponiéndolo que supuestamente les era imposible seguir operando, si no se cambiaban las condiciones del contrato, tratando así de forzar la mano para conseguir una renegociación del mismo.
https://www.clarin.com/economia/correo-concurso-acreedores_0_Hyvz4-wgCFg.html
Posteriormente tanto De la Rua, Domingo Cavallo, Bastos, y Henoch Aguiar fueron procesados penalmente por el juez federal Norberto Oyarbide, por ese inusitado decreto en favor de Correo Argentino, coincidente con convocatoria de acreedores. Ante el cual en el 2006, De la Rua se defendió pánfilamente, diciendo que no sabía que el Correo se iba a presentar en convocatoria.
Afirmado además que era usual que el estado pagara sus supuestas deudas con los concesionarios, aunque estos se negaran a pagar el canon, poniendo como ejemplo también a Aeropuertos 2000. Finalmente todos los imputados fueron beneficiados por Oyarbide con falta de mérito, hasta que la causa prescribió.
Ante esa movida del Correo presentándose en convocatoria, al Estado le quedaban dos actitudes correctas. O rescindir el contrato, o mantenerlo fuera de la convocatoria de acreedores, exigiendo a Correo Argentino que cumpla sus obligaciones como concesionario. Pero con la venía de Bastos, Aguiar y el gobierno radical, el Estado optó por la peor alternativa, engendrando así el embrollo que dura hasta hoy.
Al no rescindir el contrato, e introducir al estado en la convocatoria de acreedores, pese que lo podría haber evitado olímpicamente. Esto último fue dispuesto por Bastos, con el dictado el 23 de noviembre de la resolución 515/01, que informaba de la convocatoria del Correo. Y daba un cortísimo plazo hasta el 5 de diciembre, para que las distintas áreas de gobierno mandarán la documentación respaldatoría, de las acreencias que pretendieran verificar en el concurso.
No obstante que el estado podía haberse mantenido al margen del mismo, al darle a la par continuidad al contrato con el Correo. Lo cual fue expresado claramente por Aguiar pocos días después, el 13 de diciembre, con el dictado de la resolución 515/01. Al encuadrar al Correo Argentino en los beneficios de los convenios para mejorar la competitividad, ideados por Cavallo, desechando así tácitamente la posibilidad de una rescisión del contrato.
Pocos días después el huracán de la crisis se precipitó sobre Argentina, con su secuela de muertos y sucesivos presidente, arrasando con los protagonistas de esta primera etapa de la macriavélica historia del Correo Argentino, y lo que vino después fue aún más escabroso.
Duhalde, Lavagna, y Kohan
Tras la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, en enero de 2002, se aprobó la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma de Régimen Cambiario. Estableciendo en el artículo 8 de esta norma, impulsada por el presidente interino Eduardo Duhalde, las bases para la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos.
Además Duhalde, en el decreto reglamentario de esa ley (293/02) del 12 de febrero, incluyo en las renegociaciones al servicio postal. Y a su vez el 18 de marzo de ese convulsionado 2002, el ministro Jorge Remes Lenicov emitió la resolución 20/2002 del Ministerio de Economía, incluyendo expresamente al Correo Argentino en dichas renegociaciones, dando un plazo de 10 días para su inicio.
Pero al mes siguiente, el 18 de abril, con la resolución 64/02, dio marcha atrás en relación con el Correo y Aeropuertos 2000, suspendiendo los plazos, hasta tanto la Procuración del Tesoro se expidiera respecto las reclamaciones administrativas y judiciales, interpuestas por estas firmas. Mientras tanto el grupo Macri seguía ganando tiempo, ya que continuó sin pagar el canon durante el concurso de acreedores, pese que legalmente podría haberlo hecho como deuda posconcursal.
Pero pocos días después, el 27 de abril, en medio de los remezones del año 2002, Remes Lenicov dejó su cargo, y fue sustituido por Roberto Lavagna. Quien como ex secretario de Industria del presidente Ricardo Alfonsín, y su consultora Ecolatina, tenía como clientes a empresas poderosas. Tal como se puede ver hoy en su listado, en el que figura Caputo, propiedad del “hermano del alma” del presidente Macri, y Peugot, ex Sevel, que en un tiempo detentó el grupo Macri.
Además Lavagna actualmente, es públicamente un hombre de consulta del presidente Macri, demostrativo de viejas relaciones entre ambos. Por su parte recientemente el ex presidente Duhalde, manifestó públicamente su estrecha relación con el PRO, al compartir el palco con los ministros de Cambiemos, como si fuera otro ministro más, en la última apertura de sesiones del Congreso.
Lo concreto es que pocos meses después, en agosto, Lavagna, olvidándose de lo dispuesto por Remes Lenicov, dispuso tratar de darle una “solución integral” a la cuestión del Correo, tal como pretendía el grupo Macri, y pretende actualmente el presidente Macri. Posibilitada con la emisión del decreto 1434/02 que dispuso, sin esperar el informe de la Procuración del Tesoro pedido por Remes Lenicov, una renegociación integral del contrato.
Para lo que se debería tener “en cuenta, asimismo, la solución de los múltiples reclamos y litigios planteados entre CORREO ARGENTINO S.A. y el ESTADO NACIONAL, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, respectivamente.” A ese decreto le siguió pocos días después otro decreto modificatorio (1621/02) agregando que el resultado de la renegociación debía pasar por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada en los tiempos del presidente Carlos Menem.
En momentos en que el Congreso era un incendio diario por la crisis, al punto de que sus integrantes procuraban no ser reconocidos en la calle, y por ello prescindían de sus trajes y corbatas. Y no estaban precisamente entusiasmados en sacar adelante los negocios de los capitanes de industria, que se habían beneficiado extraordinariamente en la década del ´90 con su catastrófico final.
Esta instancia de negociación fracasó, porque el Correo Argentino formuló el 9 de diciembre de 2002 una “propuesta de renegociación”, en la que pretendía un virtual allanamiento por parte del Estado, a las reclamaciones incoadas en un juicio iniciado por el Correo Argentino contra el Estado; sumado a la reducción del canon a un porcentual variable anual; y la sustantiva modificación de la cobertura geográfica del servicio.
Simultáneamente, en el trámite del proceso de convocatoria de acreedores del Correo Argentino, el juez Eduardo Favier Dubois, ante el hecho extraordinario de que el Estado se había presentado a verificar sus créditos tratándose de un servicio público, cuando bien podría haberse mantenido al margen del mismo, dispuso que para esa renuncia de derechos no bastaba la firma del abogado de la secretaría de Comunicaciones, con los poderes que este había acreditado.
Por ello exigió que ella se concretara con los poderes necesarios, para poder renunciar a los derechos del Estado. Abriendo así una oportunidad para enmendar el embrollo en que habían metido al Estado Bastos y Aguiar. Y quien desperdició esa oportunidad fue el secretario de Comunicaciones, que dependía ahora del ministerio de Economía, Eduardo Marcelo Kohan, nombrado en mayo anterior por Duhalde y Lavagna (Decreto 746/02).
Al asumir Kohan, Clarín le preguntó si reclamaría el pago del canon, o aplicaría la facultad de cancelar la concesión por mora. “Es una opción que tiene el concedente, pero no es una obligación”, respondió Kohan. Quien hasta ese momento se desempeñaba como presidente del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) el organismo regulador de la basura de la Capital y el conurbano, que durante años tuvo profundos vínculos con Manliba y Sideco, del grupo Macri. Además bajo la jurisdicción del CEAMSE, estaban la autopista Camino del Buen Ayre, y el Buenos Aires Golf Club, controlados por este grupo.
https://www.clarin.com/economia/auditoria-recomendo-rescindir-concesion-correo-argentino_0_H1yWVe0Fe.html
El caso es que tras la designación de Kohan, la entonces diputada del ARI Graciela Ocaña, pidió que se informara acerca de la gestión de Kohan frente al CEAMSE. Apuntando que “entre los méritos del flamante secretario de Comunicaciones se cuenta la prórroga indefinida, sin llamar a licitación, de los contratos por los depósitos de basura, la instalación de cabinas de peajes privadas en el Camino Buen Ayre, cuya recaudación no ingresaba a la contabilidad oficial, y la celebración de acuerdos con el entonces concesionario de la obra”.
El que debía devolver el Camino del Buen Ayre repavimentado, sin personal y libre de costos. “A cambio y como resultado de una negociación directa con el contador Marcelo Kohan, el CEAMSE terminó haciéndose cargo de la repavimentación y de los empleados… y posteriormente sometió a arbitraje un litigio entre el CEAMSE y el concesionario cuyo laudo lo obligó a pagar sumas millonarias al concesionario que no debió abonar si la Justicia ordinaria hubiese intervenido”.
“Por supuesto que el concesionario no es otro que el grupo Macri, el mismo que hoy maneja la empresa Correo Argentino y debe al Estado más de 300 millones de pesos en concepto de cánones”, remató la diputada. Por ello pidió además información sobre las medidas que la Secretaría de Comunicaciones había adoptado para cobrar los cánones atrasados que Correo Argentino mantenía con el Estado.
Kohan consultó al respecto la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio, y al Procurador del Tesoro, quienes dijeron que la postura del juez Favier Dubois era correcta. Y en consecuencia este último emitió a mediados de agosto un dictamen, señalando los pasos que el secretario de Comunicaciones debía seguir, y el contenido de la resolución que debía dictar, para formalizar esa renuncia a los derechos del Estado. Que en septiembre se presentó en el concurso, pero sigilosamente no se publicó en el Boletín Oficial.
Pero tras este sigiloso favor a los Macri, y sabiéndose en la mira de la diputada Ocaña, a continuación a Kohan no le quedó mucho margen para seguir haciendo picardías a favor del grupo. Y por eso lleva su firma una tanda de resoluciones en la que rechaza distintas pretensiones del mismo, abonando así el camino hacia una rescisión del contrato.
Resolución 1081/2002 Comision Nacional Comunicaciones, 04-oct-2002, rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa Correo Argentino S.A., contra el acto de imputación contenido en la nota CNC nro. 1489/02, por improcedente.
Resolución 253/2002 Secretaria de Comunicaciones, 02-dic-2002, rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Correo Argentino SA contra la intimación de pago del canon correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro. de marzo y el 31 de agosto del año 2002, como así también contra el rechazo de los bonos de consolidación en dólares estadounidenses tercera serie
Resolución 42/2003 Secretaria de Comunicaciones, rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Correo Argentino SA, contra la intimación de pago del canon correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de septiembre y el 28 de febrero del año 2003, como así también contra el rechazo de los bonos de consolidación en dólares estadounidenses tercera serie
Resolución 742/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 14-abr-2003, declarase que la empresa Correo Argentino SA ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento de control del correo oficial e intimase a la misma a suspender el aumento dispuesto para los servicios internacionales.
Kirchner, Lavagna, Madaro, y Moreno
Posteriormente, durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, apenas asumió este, en julio del 2003, dicha renegociación fue transferida a la UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos). Por medio del decreto 311/03, que cuenta con la firma de Alberto Fernández, Lavagna, y Julio De Vido.
Disponiendo en el mismo que su aprobación no estaba sujeta a la intervención de la Comisión Bicameral del Congreso, donde las papas quemaban, pero debía contar con una audiencia pública previa. Además se preveía laxamente, que con la renegociación se podría hacer cualquier cosa, incluso reducir la calidad del servicio, al disponer que: “los acuerdos podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencias; contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas del contrato de carácter transitorio; incluir revisiones periódicas pautadas; así como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios.”
La secretaría de Comunicaciones fue además traspasada a la órbita del flamante ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, que a lo largo de sus doce años de duración estuvo a cargo de De Vido. Pero antes y después de ese decreto, el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se despachó con otra tanda de resoluciones que abonaron el camino a la rescisión del contrato con Correo Argentino, por diversos incumplimientos en los que siguió incurriendo.
Resolución 1137/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 13-jun-2003, Correo Argentino SA desestimar in limine la presentación de fecha 6 de junio de 2003 contra la nota CNC nro. 571/03, calificada como recurso de alzada. hacer efectivo el apercibimiento previsto en la nota CN nro. 571 de fecha 26 de mayo de 2003 y, en consecuencia, imponer a la empresa Correo Argentino SA, una multa a cargo del concesionario de $ 100.000 por el incumplimiento del concesionario a lo ordenado por resolución CNA nro 742/03, correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de junio de 2003.
Resolución 1465/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 30-jul-2003, Correo Argentino SA, hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 4ro. de la resolución CNC nro. 1137 y en consecuencia, imponer a la empresa Correo Argentino SA, una multa a cargo del concesionario de $ 100.000 por el incumplimiento del concesionario a lo ordenado por Resolución CNA nro. 742/03, correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de julio de 2003.
Resolución 1651/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 09-sep-2003, Correo Argentino – multa, hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 3º de la resolución CNC nº 1465 de fecha 30 de julio de 2003 y, en consecuencia, imponer a la empresa Correo Argentino SA, una multa a cargo del concesionario de pesos cien $ 100.000 por el incumplimiento del concesionario a lo ordenado por resolución CNA nº 742/03, correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de agosto de 2003.
Resolución 1743/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 11-sep-2003, Correo Argentino SA – rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa Correo Argentino SA contra la nota 229/03 del centro de atención al usuario de la gerencia de control, en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente.
Resolución 1973/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 24-oct-2003, Correo Argentino SA, hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 3º de la resolución CNA nro. 1651 de fecha 9 de setiembre de 2003 y, en consecuencia, imponer a la empresa Correo Argentino SA, una multa a cargo del concesionario de $ 100.000 por el incumplimiento del concesionario a lo ordenado por resolución CNC nro. 742/03, correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de setiembre de 2003.
El firmante de estas resoluciones conminatorias en reemplazo de Kohan, fue Fulvio Madaro. Quién luego como interventor en el Enargas, fue imputado en el primer escándalo de corrupción del gobierno kirchnerista, el caso Skanka, junto el director de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y una treintena de notables empresarios. Razón por la que como chivos expiatorios, ambos fueron apartados del gobierno en el año 2007, habiéndose reflotado actualmente dicha causa por orden de la Corte Suprema.
Pero el supervisor de Madaro, era el secretario de Comunicaciones Guillermo Moreno, que luego desde el 2006 ganó una ostensible notoriedad como secretario de Comercio, con sus heterodoxas actitudes y medidas. Pero que a lo largo de su dilatada gestión, detentó la fama de no ser coimero, y hasta ahora se encuentra a salvo de los procesamientos por corrupción que han asolado al anterior gobierno.
Por lo que cabe colegir que al no poder ser cooptado por el grupo Macri, como es la operatoria usual de la patria contratista, el contrató del Correo Argentino estaba condenado a su terminó, con la rescisión por parte del Estado, que sucedió poco después. A la sazón Mauricio Macri ya había incursionado en la política, al proponerse a mediados de ese año como candidato a jefe de Gobierno de la CABA.
Pero en manera alguna puede sospecharse que ello fue una revancha política. Dado que seguidamente IECSA, la constructora insigne de los Macri, que luego pasó a manos de Calcaterra Macri, se alió con la constructora Austral de Lázaro Baez, para ejecutar distintas obras públicas. Habiéndose presentado consorciadas en UTEs (Unión Transitoria de Empresas) en numerosas licitaciones, por un importe estimado de nueve mil millones de dólares. Y otro tanto hizo IECSA con Electroingeniería, la otra constructora compinche del kirchnerismo, evidenciando así la existencia de negocios comunes con el macrismo.
Por lo que cabe suponer que la inusitada rescisión del contrato del Correo Argentino, en una Argentina donde brilla la componenda y la corrupción, como sucedió con el contrato paralelo de Aeropuerto 2000, se debió al doble efecto de los abusos y codicia del grupo Macri, e incorruptibilidad de Moreno. Y así se llegó al decreto 1074/03, del 19 de noviembre, que rechazó de plano la pretensión efectuada el 11 de septiembre por parte del Correo Argentino, y la totalidad de sus otros reclamos.
El extenso decreto, que abarca tres páginas del Boletín Oficial, cierra enteramente el trámite administrativo. Por lo que al presidente Macri le resulta políticamente imposible actualmente, aportar por las suyas una solución a la situación del grupo; y por eso insiste en la “solución integral” por parte de la justicia.
El mismo, entre otras consideraciones, describe la audaz y desparpajada actitud asumida por el Correo Argentino, diciendo que su accionar puede calificarse como “una estrategia de reclamaciones sistemáticas orientadas a generar presuntas acreencias… que indefectiblemente, son invocadas” para eximirse de la obligación de pagar el canon:
“… del análisis de la totalidad de los reclamos efectuados permanentemente por la Concesionaria, su accionar puede calificarse como una estrategia de reclamaciones sistemáticas contra el Concedente, todas orientadas a generar presuntas acreencias que, indefectiblemente, son invocadas para condicionar y/o eximirse de la obligación de pagar el canon, único criterio tenido en cuenta al momento de seleccionar al concesionario… por otra parte debe considerase la pretensión de CORREO ARGENTINO S.A. de entender como cancelatoria de los cánones devengados por los años 2002 y 2003 la suma de $ 26.680.861,19 oportunamente depositados con la aludida presentación de fecha 11 de setiembre de 2003. Que a esa suma se llega en función de un análisis realizado por el Concesionario que implica una modificación unilateral del Contrato de Concesión, que carece de todo sustento y que resulta violatoria de los presupuestos básicos sobre los cuales se le adjudicó la concesión”.
Al día siguiente sobrevino el decreto 1075/03, publicado el mismo día que el anterior en el Boletín Oficial. Que rescindió el contrato con el Correo Argentino con lapidarios argumentos, por no haber cumplido reiteradamente y obstinadamente con el pago del canon pre concursal y posconcursal por un total de más de 500 millones de pesos. No haber cumplido con el precio del Servicio Básico Universal. Haberse presentado en concurso público. Y haber aumentado unilateralmente el precio de los servicios internacionales, aplicándosele severas multas mensuales, sin que cesara en su actitud.
“…la empresa concesionaria dio solamente normal cumplimiento a su obligación de pago del canon respecto del primero y segundo semestres de la concesión… el desarrollo posterior de la relación contractual se vio afectado por constantes reclamos e incumplimientos de diversa índole por parte de la empresa concesionaria… a poco de iniciada su gestión, la concesionaria comenzó sistemáticamente a cuestionar y condicionar su obligación de pagar el canon con diversas argumentaciones y manifestaciones que fueron modificándose y ampliándose en el tiempo… solicitó inicialmente la habilitación de un procedimiento de compensación de créditos, aunque de menor cuantía, derivados de servicios prestados al Estado exigencia que luego modificó, condicionando el pago del canon a la satisfacción de dichos créditos”.
“Que la empresa CORREO ARGENTINO SA se ha presentado en concurso preventivo… que el Estado Nacional se presentó a verificar su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma de $ 296.205.376,49. Que además se ha generado una deuda postconcursal en concepto de canon, que alcanza a la suma $ 206.400.000. Que la Autoridad de Aplicación comprobó incumplimientos vinculados a los precios del Servicio Postal Básico Universal… que durante el año 2002 la Concesionaria implementó unilateralmente una serie de aumentos generalizados en los precios de los servicios postales de carácter internacional. Que pese a las sanciones impuestas, el Concesionario no ha cesado en su conducta infractora… Que a los incumplimientos antes mencionados debe agregarse la realización de actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario afectado a la prestación del servicio público, con grave peligro para su continuidad y regularidad…”
Posteriormente, los últimos estertores administrativos de Correo Argentino, consistieron en cuatro normas dictadas entre el 2004 y 2010. Rechazando recursos jerárquicos interpuestos anteriormente. Reconociéndole como inversiones en Monte Grande una cifra cercana a los cincuenta millones de pesos. Disponiendo la ejecución de las garantías por una cifra igual, que hasta la fecha no ha sido cobrada, como se verá más adelante. Y rechazando la pretensión de compensar sus quebrantos impositivos pasados los cinco años.
Resolución 219/2003 Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 17-nov-2003, rechazó recurso jerárquico interpuesto por Correo Argentino SA contra la nota n° 285 del 23 de mayo de 2003, cerrando la vía administrativa.
Resolución 32/2004 Secretaria Comunicaciones, 12-feb-2004, reconocer como inversiones realizadas por Correo Argentino SA, la suma de $ 46.883.729,93, por las inversiones hechas en el predio de Monte Grande.
Resolución 843/2004 Comision Nacional Comunicaciones, 23-mar-2004, disponer la ejecución de las garantías de ejecución del contrato del Correo Argentino SA, por la suma de $ 50.000.000
Decreto 260/2006 Poder Ejecutivo Nacional, 08-mar-2006, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rechaza la pretensión planteada en el año 1998 de agregar al costo del despacho obrero, el IVA, cerrando la vía administrativa.
Resolución 170/2010 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, 05-abr-2010, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Correo Argentino SA., contra la resolución de la AFIP, que dio por prescriptos los plazos para la compensación de los quebrantos impositivos, cerrando la vía administrativa.
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Por esa razón resultan inadmisibles las tonantes y reiteradas declaraciones que efectuó el diputado Tonelli, descalificando la labor de la fiscal Boquín, por los dictámenes que emitió contra Correo Argentino, afirmando que “dice cualquier cosa” y que “no reúne las aptitudes” para ejercer su cargo. Como si él fuera un representante de Correo Argentino o el grupo Macri, y no del pueblo argentino. Revelando así que quien “dice cualquier cosa” y que “no reúne las aptitudes” para ejercer su cargo, es el mismo Tonelli.
http://www.perfil.com/politica/para-pablo-toneli-la-fiscal-que-freno-el-acuerdo-con-el-correo-dice-cualquier-cosa.phtml
Tonelli también es integrante del Consejo de la Magistratura, organismo que digita el nombramiento, sanción, remoción, y traslado de los jueces, por lo que está también en una posición dominante en relación a los integrantes de la justicia. Razón por la cual podría decirse que los Tonelli desde hace mucho tiempo han convertido al Estado en un aguantadero.
En el concurso de Correo Argentino, el juez Favier Dubois, además de requerir una ratificación especial por parte del Estado, por la inusitada renuncia de derechos que había efectuado, dispuso crear una categoría especial para este. Ante la situación de que la mayoría de las deudas de Correo Argentino eran a favor del mismo grupo Macri, representando las del Estado solo un 36 % del total de ellas, haciendo así que intervención fuera decisiva en la Junta de Acreedores.
Por su parte Correo Argentino propuso entonces un acuerdo preventivo con tasas del 1 % anual, a 25 años. Que los representantes del Estado calcularon que implicaba una espera, con una quita inaceptable, de entre el 92 y el 94 %. Concluyendo “se advierte claramente que implica de modo claro y contundente un procedimiento de licuación de pasivos y no una propuesta de pagos.” Señalando que ella no podría homologarse, porque encuadraba como una “propuesta abusiva”.
Por esa razón, un mes después de la rescisión de la concesión por parte del Estado, a fines del 2003, el juez Eduardo Favier Dubois rechazó dicha propuesta, por no haber sido aceptada por el Estado. Y en consecuencia decretó la inaplicabilidad del cramdown (salvataje empresarial, consistente en que otro grupo empresario se quede con Correo Argentino, haciéndose cargo de sus pasivos).
Sosteniendo que al haber perdido la concesión, la empresa ya no estaba en condiciones de seguir funcionando y había perdido su objetivo social, y que al haber absorbido el estado a todo su personal, ella se convertía en una “pequeña quiebra”. En consecuencia decretó la quiebra de Correo Argentino; ordenó recaratular la causa de concurso a quiebra; prohibió la salida del país de Franco Macri y otras autoridades de Correo Argentino; y dispuso la liquidación de sus bienes.
Piaggi de Vanossi, y otros integrantes de la Cámara de Apelaciones
No obstante a comienzo del 2004, el grupo Macri logró revertir velozmente ese fallo de Favier Dubois. El 16 de enero de ese año, en plena feria judicial, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial integrada por los jueces Ana Piaggi de Vanossi, María Gómez Alonso de Díaz Cordero, y Enrique Butty, decretó que la apelación interpuesta por Correo Argentino, suspendía el fallo de Favier Dubois. Y a mediados de ese año se despachó diciendo que no correspondía no haber abierto el cramdown. Dejando así sin efecto la declaración de quiebra de Correo Argentino, y sus concomitantes medidas en relación a sus autoridades y bienes.
Pocos meses después de ese sorpresivo fallo favorable al grupo Macri, la integrante de la Cámara Piaggi de Vanossi fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura. Imputándosele el haber liderado ese fallo, en benefició de una empresa perteneciente al líder del grupo político de su esposo, Jorge Vanossi. Quien entonces encabezaba la lista de diputados nacionales del partido de Macri (Acción para el Cambio), y actualmente se desempeña como parlamentario del Mercorsur, representando al Frente Renovador de Sergio Massa.
Vanossi fue también el abogado de Deltec, en el famoso caso de los años setenta de la quiebra de Swift – Deltec, que dio origen a la doctrina de la penetración de las sociedades jurídicas, enunciada en un célebre fallo por el Juez Salvador María Lozada. Que sostiene que deben tenerse en cuenta la composición de los grupos económicos, a los fines de determinar sus obligaciones y acreencias en el caso de concursos y quiebras. En las que el mismo grupo disimuladamente puede aparecer como deudor y acreedor, a través de distintas personas jurídicas, como es el caso de Correo Argentino.
La denuncia fue desechada por el Consejo de la Magistratura, con consideraciones más que ambiguas. Pero no obstante Piaggi de Vanossi durante un tiempo declino intervenir en la causa. Por su parte el juez Favier Dubois también se vio obligado a hacer lo mismo, por haberse presentado como abogado de Correo Argentino una persona de su amistad, Jaime Kleidemarcher.
Incurriendo así este y Correo Argentino, en la clásica chicana para apartar a un magistrado que molesta. Favier Dubois le traspasó la causa a su colega del juzgado Nº 6, quien se opuso a ese apartamiento, diciendo que tratándose de un concurso no correspondía. Pero la Cámara de Apelaciones falló en contra de esta postura, y así la causa paso a manos de la titular de ese juzgado desde el año 2005, la jueza Marta Cirulli.
Por otro lado Gómez Alonso es actualmente presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, representando a la lista del juez Ricardo Recondo como sucesora de este. Que fue apoyada explícitamente por el PRO, mencionándose a Recondo como favorito del presidente Macri para reemplazar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.
Pero el vínculo se cierra más estrechamente por otro lado, dado que Recondo fue subsecretario de Justicia de Alfonsin, cuando el secretario era Ideler Tonelli, el estudio que tiene como cliente a Correo Argentino. Recondo además tuvo una destacada actuación como opositor del kirchnerismo de la ley de medios, siendo acusado él y su hija de ser lobistas del grupo Clarín.
La deplorable actuación de la jueza Cirulli
A continuación el grupo Macri se las ingenió ante la jueza Cirulli, para que esta no abriera el cramdown ordenado por la Cámara, alegando que existía una posibilidad de continuidad de Correo Argentino, pese la pérdida de la concesión, como complemento de Pago Fácil. Y por contrario Cirulli, que cuenta en su haber tres pedidos de jury, que tienen ahora como instructor al abogado del Correo y diputado Tonelli, reabrió en diez ocasiones sucesivas, nuevos periodos de exclusividad a favor de Correo Argentino, para que este pudiera efectuar distintas propuestas de arreglo preventivo, para la que ley fija como máximo un plazo de 90 días.
Seguidos a su vez de pedidos de prórroga, suspensión de plazos, y aperturas de incidentes, que en dos oportunidades llegaron hasta la Corte Suprema, como se verá seguidamente. Y también dispuso una recategorización de los acreedores, pese encontrarse con sentencia firme y ser cosa juzgada, para que Correo pudiera manipular la Junta de Acreedores, y obtener la aprobación de sus propuestas.
Llegando a plantear finalmente Correo Argentino ante ella, que el Estado no debía intervenir en la Junta de Acreedores, por ser supuestamente el responsable del concurso del Correo. Posición que luego varió, diciendo que este habría hecho una aceptación “implícita” de la propuesta del Correo, pidiendo que la jueza la diera por aprobada.
Posturas que matizadas con distintas chicanas interpuestas por el Correo y permitidas por la jueza, dilataron el proceso en manos de ella hasta marzo del 2010. Oportunidad en que recién la jueza Cirulli dispuso nuevamente la apertura del cramdown, seis años después de haberlo ordenado la Cámara.
La “solución integral” intentada ante la Corte por la puerta ancha
Ante Cirulli Correo Argentino planteó la posibilidad de un nuevo acuerdo preventivo, basado en una “solución integral”, idéntica a la que pretende obtener el presidente Macri. Consistente en que el tribunal funcionara como “fuero de atracción”, en las demandas que Correo Argentino había iniciado contra el Estado.
Para que se determinara en el mismo, las supuestas deudas que este tendría con el Correo Argentino, a los efectos de compensarlas mutuamente, y que su excedente ingresara a favor del Correo en el concurso. Esta audaz propuesta del grupo Macri, fue denegada por la jueza Cirulli, que resolvió que el fuero de atracción solo opera en los casos que el concursado es demandado, y no cuando demanda. Y no tenía sentido mantener dos contiendas paralelas en el fuero comercial y administrativo.
“… el fuero de atracción no opera cuando el concursado asume el rol activo y que su acumulación por conexidad con el proceso concursal del Correo Argentino SA, resultaba inconveniente pues no era razonable ni lógico mantener dos contiendas con contenido análogo en distinta sedes, siéndolo por el contrario, que se concrete con el proceso donde se demanda la nulidad de los decretos 1074/03 y 1075/03”
Esta postura fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, ante la cual hoy el presidente Macri pretende resucitarla. Y ante ello el Correo Argentino presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, con la firma del abogado del Correo Arnoldo Kleidermacher. El que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, ante lo cual el Correo presento un recurso directo (De hecho) ante la Corte Suprema. Y en su trámite la subprocuradora general Marta A. Beiró de Gonçalvez compartió esos argumentos de la jueza, en su dictamen de mayo de 2006.
Apuntó además que el recurso era inadmisible, al no tratarse de una cuestión federal. Y no existía violación al derecho de defensa en juicio, “pues, no resulta que el recurrent e pueda quedar sin juez ante quien reclamar la tutela de sus derechos y con ello concretarse una violación del derecho de defensa de la Constitución Nacional”. Luego en noviembre de ese año, los cinco integrantes de la Corte Suprema, compartiendo los argumentos de la Procuración, desecharon el planteo interpuesto por Correo Argentino (Recurso de Hecho C. 217. XLII).
La “solución integral” intentada ante la Corte por el ventiluz
No obstante ese fracaso rotundo, el grupo Macri y Correo Argentino insistió en su trece, e ingeniosamente volvió a meter por la ventana, la cuestión por la que había recibido en la Corte un portazo en la nariz. Con diversos argumentos al cual más traído de los pelos, presentó un recurso de revisión contra la verificación del crédito del canon a favor del Estado por $ 296 millones, no obstante tratarse de cosa juzgada, pidiendo que ese monto se compensara con las supuestas deudas que el Estado tenía con Correo Argentino. Requiriendo en consecuencia la apertura a prueba del incidente, para demostrar la existencia de esas supuestas acreencias.
La jueza Cirulli rechazó la apertura a prueba, diciendo que se trataba de una cuestión de puro derecho, sobre la que iba a decidir. Y ante ello Correo Argentino presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones, integrada por Piaggi de Vanossi y presidida por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, ambas firmantes del fallo del 2004 que revocó la declaración de quiebra de Favier Dubois. Quienes en esta ocasión, le dieron nuevamente la razón a Correo Argentino, ordenando que el incidente se abriera a prueba, para constatar las supuestas acreencias a favor del Correo.
Ante esto el Estado presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que dichas camaristas rechazaron, por según ellas no tratarse de una sentencia definitiva. Y en consecuencia ahora fue el Estado el que fue con un recurso de directo ante la Corte. En el cual el Procurador Esteban Righi, en junio del 2008, dictaminó a favor del mismo, diciendo que el fallo apelado era equiparable a una sentencia definitiva, por lo que debía admitirse el recurso.
Y en cuanto al fondo del asunto, opinó que esa postura de Correo Argentino y la Cámara, podría deparar resultados judiciales escandalosos en contrario. Si lo que se decidía en el fuero comercial, contradecía lo que pudiera sentenciarse en el fuero contencioso administrativo, en las demandas contra el Estado promovidas por Correo Argentino. Y que además la compensación conforme el Código Comercial, solo podía darse entre deudas líquidas y exigibles, y no de índole eventual o litigiosa. Señaló además las contradicciones en sus actos propios en que había incurrido el Correo a lo largo del proceso, aceptando primero la acreencia del Estado, y pretendiendo luego su revisión cuando era cosa juzgada. Y la torpeza en la que había incurrido la Cámara al darle la razón a este.
“… resolvió la apertura a prueba del procedimiento y ordenó la producción de todas las medidas ofrecidas apoyándose en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva latitud, como son los asertos sobre la entidad (importancia o valor) de las defensas opuestas y la premura en decidirlas, insuficientes para satisfacer el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales”
Por su parte la Corte Suprema, en marzo del 2009 con una mayoría de cuatro a uno, le dio la razón al Estado y al Procurador, compartiendo los argumentos de este. En consecuencia declaró procedente el recurso extraordinario, anulando el falló a favor del Correo, y ordenando a la Cámara que dictara una nueva sentencia conforme lo expuesto. El único voto en contra fue el de la jueza Argibay que rechazó la apertura del recurso, por considerar que no se trataba de una sentencia definitiva. (Recurso de Hecho C. 217. XLII).
La “solución integral” ante la Corte por la hendija
Otro coletazo ante la Corte Suprema lo provocó el inusitado giro que tomó la causa iniciada por el Estado, contra la Aseguradora de Créditos y Garantias. Que debía hacer frente a la garantía del cumplimiento del contrato de Correo Argentino por $ 42.735.000 pesos dólares. Y en vez de abonar ese importe, acorde la ejecución de garantías dispuesta por el Estado en marzo del 2004 (Resolución 843) intimando a Correo Argentino a pagar la misma, o que en su defecto lo hiciera esa aseguradora, esta se obstinó en no pagar.
Razón por la que el Estado inició una demanda en su contra. En la cual sorpresivamente, los integrantes de la Cámara Contencioso Administrativa Dra. María Caputi, Luís Márquez, y José López Castiñeira, dispusieron que esta causa del Estado contra la Aseguradora de Créditos y Garantías, se acumulara a las causas que Correo Argentino había iniciado contra el Estado. Adujeron que siendo acciones conexas, dos magistrados distintos podían dictar sentencias encontradas respecto la rescisión de la concesión de Correo Argentino, y por eso era menester una sentencia única que resuelva ambas procesos.
Dos de estos magistrados, habían llegado a sus puestos de manera escabrosa. Márquez había sido acusado de haber sido examinado en el Consejo de la Magistratura, por un viejo amigo de más de 30 años. Y por su parte López Castiñeira había sido acusado por su ex conyugue, de haber recibido previamente el contenido del examen, a través del auditor general y operador de la SIDE de “Jaime” Stiuso en la justicia, Javier Fernández.
Contra ese inusitado fallo, en el 2010 el Estado presentó un recurso extraordinario, que fue rechazado por la Cámara Contenciosa, con la excusa de que no se trataba de una sentencia definitiva. Así el caso llegó de nuevo a la Corte con un recurso directo por parte del Estado. Donde en mayo del 2013, casi diez años después de haberse ordenado la ejecución de las garantías de Correo Argentino, la Procuración General con la firma de la subprocuradora Laura Montí, se despachó a favor de este.
Alegando que la sentencia era equiparable a definitiva, por las enormes demoras que podrían ocurrir ínterin. Y que no se verificaba la identidad de las parte en ambas causas, y tenían objetos diversos, por lo que por ende no podrían existir sentencias contradictorias, que provocaran escándalo jurídico. Hizo además severos críticas respecto la sentencia de la Cámara.
“el fallo apelado se aparta injustificadamente de las normas aplicables y omite expedirse sobre cuestiones oportunamente planteadas y que son conducentes para la solución del caso… exhibe defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las garantías constitucionales, circunstancia que habilita a descalificarlo como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias”.
La Corte Suprema por su parte en diciembre de 2014, también se expidió por unanimidad a favor del Estado. Tras examinar la índole de la garantía presentada por el grupo Macri, y lo expresado en los pliegos y el contrato de concesión, que establecíaa que “el pago por el Asegurador se deberá hacer efectivo inmediatamente, al solo requerimiento y sin restricción alguna”, inmediatamente después de la resolución dictada al efecto, y la intimación extrajudicial cursada al Correo Argentino. Ratificando además que al ser diversas las materias litigiosas y la acción incoada, “impide considerar que la sentencia a dictarse en uno de ellos pueda producir efectos de cosa juzgada en el otro o que podrían dictarse sentencias contradictorias provocando así un escándalo jurídico” (Recurso de Hecho 258/2010 (46-E).
La deplorable actuación de la Cámara de Apelaciones
Tras el fallo de la Corte del 2009, rechazando la nueva variante de la “solución integral” y compensación de deudas, la jueza Cirulli en marzo del 2010 rechazó la homologación del acuerdo preventivo propuesto por Correo Argentino, por no contar con la aceptación del Estado. Y en consecuencia dispuso la apertura del registro previsto a efectos de abrir el cramdown. Volviendo así la cuestión al año 2003.
Correo Argentino apeló este fallo, y en la Cámara de Apelaciones la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó emitió en julio de 2010 su dictamen, opinando que se debía rechazar la apelación de Correo Argentino, y abrir el cramdown. Luego en mayo y diciembre de 2011, emitió Gils Carbó dos nuevos dictámenes negativos, respecto la obstinada y cerril postura de Correo Argentino, de compensar sus deudas con las del Estado, pese la existencia de sendos fallos de la Corte Suprema denegando esa compensación.
A partir de allí el expediente entro en un largo letargo, siendo responsables del mismo Correo Argentino, las sindicaturas de la quiebra, y las integrantes de la Cámara de Apelaciones, Piaggi de Vanosi, Gómez Alonso, y Matilde Ballerini.
Si uno consulta el portal del Consejo de la Magistratura, se encuentra que esta última acumula 22 pedidos de jury desde el 2000 en adelante, durante su desempeño como jueza y vocal de Cámara. Con casos escandalosos que llegaron a la prensa, como el embargo de una autobomba de Bomberos. Por su parte Gómez Alonso acumula 11 pedidos de jury, desde el 2002 hasta la fecha. Mientras que Piaggi de Vanossi registra 6 pedidos de jury, acumulados desde el 2003 hasta la fecha.
El interrogante es si sus más que morosas y sesgadas actuaciones en la causa de Correo Argentino, les sumaran otro pedido de jury mas, y su destitución, como correspondería en un país serio. Lo cual difícilmente sucederá hoy en ese organismo, controlado actualmente por el PRO Cambiemos, que tiene como instructor de los sumarios contra los magistrados, al abogado de Correo Argentino, el diputado Pablo Tonelli.
Consultar https://www.pjn.gov.ar/index.asp?id=19
Años después, en marzo de 2014, tras tres años de producidos los dictámenes de la fiscal Gils Carbó, la Cámara sin haberse expedido sobre la apelación de Correo Argentino, enredó aún más el procedimiento. Al convocar a una audiencia, en la que inusitadamente le dio a Correo Argentino otra oportunidad para presentar una nueva propuesta de acuerdo preventivo. La que recién se concretó en octubre de ese año, en otra audiencia en la cual Correo Argentino la presentó.
La cual la Cámara recién notificó a los interesados en marzo del 2015, por medio de edictos. Ante la cual el Banco Nación respondió que no daba conformidad a la propuesta, por considerar que ello provocaría una fuerte desvalorización de su crédito. Y allí la causa nuevamente se durmió, a la espera del resultado electoral, en la que Macri, el flamante candidato de Cambiemos, se presentaba con altas chances de llegar a la presidencia.
La causa durante el Gobierno de Cambiemos
Cinco meses después de que Macri arribó a la presidencia, a mediados de mayo de 2016, el Estado por intermedio del ministerio de Comunicaciones, solicitó por su parte una
nueva audiencia. Informando al tribunal que si la concursada mejoraba su propuesta de
pago, el Estado podría brindar su conformidad para que se concretara el acuerdo preventivo.
La audiencia se llevó esta vez rápidamente a cabo, a fines de junio de ese año. Concurriendo a la misma los abogados de Correo Argentino, los síndicos del concurso, y el cordobés Juan Manuel Mocoroa, director General de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones, a cargo del también cordobés Oscar Aguad. No habiendo sido citada la fiscal de Cámara Boquin.
En ella Correo Argentino formuló una nueva oferta de pago al Estado, consistente en pagar el valor nominal de $ 296 millones del canon adeudado desde el año 2001, en 19 cuotas anuales futuras sucesivas y crecientes. Con un reconocimiento final de supuestos intereses con una tasa del 6 % anual, no acumulativa, y no sobre saldos. Lo cual se trata de una novedosa aberración de las finanzas, que ningún banquero aceptaría.
La propuesta fue rechaza por Mocoroa, quién a su vez expresó que estaba autorizado a aceptar una propuesta con exactamente la misma estructura, lo cual muestra lo concertado que estaba el asunto, entre el ministerio de Comunicaciones y Correo Argentino. Pero con un plazo de 15 años, y una cuota final de intereses con una tasa del 7 % anual. Que luego de un cuarto intermedio, fue aceptado por Correo Argentino.
Sin tener para nada en cuenta la enorme desvalorización de la moneda de 16 veces, desde el 2001 a la fecha, esa supuesta negociación era evidentemente una componenda. Que la pone de manifiesto el hecho que el capital nominal a pagar por el Correo, en vez de subir, bajo 9 puntos, del 214 % del monto del canon adeudado nominal, al 205 % del mismo. Y en cuanto a la tasa efectiva anual de interés, calculada sobre el flujo de pagos conforme los cánones financieros, ella solo subía 0,6 %, del 4,4 % anual, al 5,2 % anual.
Además si se profundiza la cuestión, haciendo el cálculo a valor actual a junio de 2016, de la propuesta de Correo Argentino y la contrapropuesta de Mocoroa, la mejora obtenida por el Estado se revela insignificante. Ya que calculándola con la tasa de intereses del 16 % anual, que es la que brinda el Estado en sus títulos públicos en pesos a mediano plazo, la quita del valor actual, sin considerar la enorme pérdida desde el 2001 hasta esa fecha, habría bajado solo del -80 % al -72 %, o sea solo 8 puntos.
Tomando la tasa de descuento del 26,4 % anual que cobra la AFIP, la mejora sería del -93 % a -89 %, o sea solo 4 puntos. E incluso si se toma una tasa de descuento optimista del 8 % anual, la mejora obtenida por Mocoroa sería solo de 13 puntos, de -43 % a -30 %. O sea que ella en ninguno de los casos resulta ser significativa, y se revela como pura apariencia, para simular un regateo convenido previamente.
Los cuestionamientos al acuerdo por parte de la fiscal Boquín
Morosamente los camaristas le dieron traslado de ese acuerdo a la fiscal de Cámara Boquín. Quién a fines de 2016 se pronunció rotundamente en contra, diciendo que se trataba de una “propuesta abusiva”, que representaba una “condonación de deuda”. Al existir una quita de casi el 99 % respecto el monto del canon adeudado hasta el 2001, por 296 millones de pesos dólares. Sin tener en cuenta el canon posconcursal, que sumaba otros 200 y pico millones.
Al haberse rebajado la quita del 99,16 %, a solo el 98,82 %. O sea que se trataba de un pago efectivo, de solo el 1,18 % de la deuda original, cuando en el 2003 el Estado había rechazado propuestas con un pago efectivo del 5,7 % de la deuda original, que luego Correo Argentino elevó al 7,7 %.
Lo cual implicaba para el grupo Macri hacer una diferencia de casi diez mil millones de pesos, equivalente a 600 millones de dólares, entre lo que dejaba de pagar, y lo que podía cobrar. Siendo en rigor de verdad el monto de setenta mil millones de pesos popularizado por los medios, solo un ejercicio numérico ejemplificativo del monto que podría haber alcanzado la deuda del grupo, conforme los parámetros económicos previos, una vez que terminara el plazo de la espera propuesta para el 2033.
Boquín señaló además que Mocoroa carecía de facultades para arribar a ese acuerdo. Al tratarse de un funcionario con designación transitoria, sin control de idoneidad, al no haber acreditado el cumplimiento de los estándares mínimos para el acceso al cargo. Lo que se veía agravado por el hecho que su designación no se encontraba vigente a la fecha, dado que ya había vencido el plazo de 180 días fijado en su designación.
Y que además carecía de los poderes suficientes para convenir esa quita, que implicaba una renuncia de derechos, para la que debería haber contado con autorización expresa de la autoridad correspondiente. Citando como antecedente la exigencia del juez Favier Duvois respecto la introducción del Estado en el concurso de Correo Argentino, cuando bien podría haber evitado caer en esa situación.
Boquín expresó también que no se había cumplido con la Ley de Ética Pública, dado que la familia del presidente Macri detentaba la totalidad del capital accionario de la compañía controlante de Correo Argentino. Asegurando que la existencia de un conflicto de interés era palmaria, dada la dependencia jerárquica entre el presidente Macri y el Jefe de Gabinete Marcos Peña, de entre éste y sus ministros, y entre el ministerio de Comunicaciones a cargo de Aguad, y la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Señalando que ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con el Presidente, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente lo beneficie a este. Por lo que “previo a expresar voluntad por parte del Estado para la aceptación de una propuesta, en caso de que hubiera existido duda por parte del representante del Ministerio de Comunicaciones, debió haberse requerido opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de
Etica Pública”.
Boquin dictaminó también que se apreciaban serías irregularidades en el proceso concursal, poniendo de resalto que Correo Argentino se había beneficiado con un estado de “eterno concurso”, habiendo logrado suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores. Y apuntaba directamente contra las integrantes de la Cámara de Apelaciones, al señalar que el fallo de marzo de 2010 que había rechazado la homologación del acuerdo, por la falta de conformidad del Estado, y ordenado el cramdown, todavía se encontraba a estudio. Seis años después, en diciembre de 2016, tras la contestación de la vista al fiscal concretada en diciembre del 2010,
Señaló además que en el camino, se había derogado el cramdown y reabierto el período de exclusividad a favor de Correo Argentino, cuando el mismo llevaba ya más de tres años de vencido. Y se había permitido a Correo Argentino reformular las categorías de acreedores, pese a que existía una resolución anterior firme al respecto, con carácter de cosa juzgada.
Con el agravante que con ello se había dejado sin efecto, la medida tomada por el juez Favier Dubois, de crear una categoría especial para los acreedores de Correo Argentino, pertenecientes al grupo Macri, en resguardo de la transparencia del proceso, conforme la doctrina Swift Deltec del juez Lozada. Que era una sentencia con calidad de cosa juzgada, y no obstante había sido alterada.
A juicio de la fiscal Boquín, está recategorización extemporánea, constituyó una estrategia llevada adelante por Correo Argentino, para “escaparse” del marco impuesto por el juez Favier Dubois. A los efectos de garantizar la transparencia de la decisión de la Junta de Acreedores que debía aceptar o rechazar las propuestas de acuerdo efectuadas por Correo Argentino. Que deben tener una aceptación por parte de los acreedores, tanto en función de su número, como del importe de sus acreencias.
Finalmente, Boquín apunto que del análisis de la causa surgía que se habían manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores comunes, con la finalidad que éstos quedaran sometidos por una mayoría ficticia, con una pérdida sustancial de sus derechos. Maniobra concretada por Correo Argentino a través de cesiones de crédito, pagos por subrogación, y el otorgamiento de poderes irrevocables a apoderados. Algunos de ellos vinculados a la concursada, o a los estudios jurídicos que la patrocinaban.
Entre los indicios que conducían a concluir que las mayorías habían sido manipuladas, Boquín señaló que carecía de sentido el otorgamiento de conformidades para cobrar créditos insignificantes, a larguísimos plazos. Apuntó al respecto que de 375 acreedores, 361 aprobaron el acuerdo, no obstante que 86 de esos acreedores tenía acreencias que no superaban los $ 1.000; otros 41 tenían acreencias entre $ 1.000 y $ 2.000; otros 62 entre $ 2.000 y $ 3.000; y 42 entre $ 3.000 y $ 4.000. Señalando, “no es creíble que estos 231 acreedores estuvieran todos de acuerdo en cobrar sus créditos por montos insignificantes en un plazo de 34 años desde la presentación del concurso, lo que equivale a una renuncia”.
Observando que en muchos casos, el costo de la instrumentación de esos actos de cesión de créditos u otorgamiento de poderes, resultaba superior al monto mismo del crédito verificado. Siendo este carácter antieconómico de la operación, un elemento ilustrativo de la manipulación. Sumado a que “los acreedores hubieran otorgado un poder irrevocable a quien luego concurrió a votar el acuerdo, también es indicativo de que han sido desinteresados”.
Apuntando que algunos de estos apoderados, estaban directamente vinculados con Correo Argentino, como Susana Piantelli, gerente del estudio Kleidermacher, abogado del Correo. Y Germán Carnevale, Ignacio Buceta, y Clauydio Lehmann que figuran como directores suplentes del mismo, etc.
El fraude mayor en el concurso de Correo Argentino
Pero lo más grave vino cuando la fiscal Boquín expresó que con relación a las mayorías de capital, tuvieron un peso determinante los votos favorables del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por más de 194 millones; Banco Rio, por más de 31 millones; y CFI (Corporación Financiera Internacional) por más de 179 millones.
Boquín apunta al respecto que Favier Dubois categorizó especialmente a CFI como acreedor accionista, y al BID en una categoría especial como acreedor en moneda extranjera. Apuntando que por ello dos de esos acreedores mayoritarios no podían entrar en la categoría de acreedores comunes. Como luego fueron recategorizados, pese estar firme y ser cosa juzgada las categorías establecidas por Favier Dubois.
No obstante ello fue posible, conforme detalla Boquín, porque el BID le cedió sus acreencias al Meinl Bank AG, y lo mismo hizo el CFI. A lo que se sumó la cesión que hicieron los Banco Rio y Galicia a favor del BST (Banco de Servicios y Transacciones). Y la explicación de estas inusitadas cesiones de créditos a cobrar con una quita del 99 %; que representa una virtual condonación de deuda, resulta ser horrible para la Republica.
Conforme informó Política Argentina, la clave la aportó SIDECO Americana SA, la empresa que controla Correo Argentino. Que tiene como accionista a SOCMA SA con un 60 %, y a Inversid SA, con otro 40 %. Inversid a su vez, tiene el 90 % por ciento de SOCMA. Y en su último balance presentado ante la CNV (Comisión Nacional de Valores) por SIDECO Americana, correspondiente al año 2015, figura que tiene dada como garantía prendaria de sus deudas a favor del Meinl Bank AG, 93.183.300 acciones de Socma, y 16.626.899 acciones de Inversid.
Siendo este el último balance público, dado que en mayo, en el mismo mes que se concretó la presentación del representante del Estado Mocorea en la causa de Correo Argentino, que facilitó el acuerdo, el presidente de SIDECO, Edgardo Poyard, informó a la CNV que la empresa se retiraba de la cotización en la bolsa. Y que, por lo tanto, no entregaría más información sobre sus balances.
http://www.politicargentina.com/notas/201702/19199-la-empresa-insignia-de-macri-tiene-acciones-prendadas-por-el-banco-clave-del-lava-jato.html
Lo cual explicaría que en realidad las deudas del CFI y el BID, habrían sido compradas por Correo Argentino a través y con un crédito del Meinl Bank AG. Quien a su vez actuaría como pantalla de esa adquisición en el concurso de acreedores, para posibilitar el leonino acuerdo preventivo propuesto por Correo Argentino.
Y el círculo se estrecha aún más, si se tiene en cuenta que el actual accionista controlante del Meinl Bank, es nada menos que Odebrecht. La mega constructora socia de los Macri en múltiples emprendimientos, entre ellos el faraónico soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que es la protagonista del mega escándalo continental de corrupción que se investiga en Brasil, con el nombre de Lava Jato.
Meinl es un banco austríaco con sede en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda, y su titular, Julius Meinl, fue arrestado en Austria e investigado por un presunto fraude y lavado de dinero, por un total de 750 millones de euros. En el 2010 Odebretch compró el 51 % de sus acciones y según averiguó hasta ahora el Poder Judicial brasileño, a través de ese banco se pagaron coimas por 1.600 millones de dólares a través de 49 empresas offshore.
Y con respecto la deuda del Correo con el Banco Rio y Banco Galicia, también se verifica una vuelta de tuerca que gira sobre lo mismo. Ya que el vicepresidente de esa entidad era Marcelo Midlin, quien ahora es el supuesto comprador de IECSA, la tradicional constructora del grupo Macri, que luego pasó supuestamente a manos de Calcaterra Macri. Y ahora con el cambio de nombre de SACDE, como para borrar rastros, detenta Midlin.
Igual que en el caso de Meinl Bank, el BST de Midlin y sus socios, también fueron acusados en el 2013 de lavado de dinero, en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Conforme distintos ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) enviados por diferentes entidades bancarias a la UIF (Unidad de Información Financiera) entre 2009 y 2010.
Reportando “la inyección de más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas… Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”. No obstante a fines del 2014, los imputados fueron sigilosamente absueltos por el juez Ariel Lijo, quien parece ser la imagen de la Justicia tuerta, que la reparte en forma desigual, según de quién se trate.
http://www.lapoliticaonline.com/nota/89767/
Tras hacerse público el primer dictamen de Boquín en febrero del 2017, la fiscal emitió otro, en la que denunciaba la “mala fe procesal” por parte de Correo Argentino. Informando a la Cámara que en junio del año anterior, tan solo quince días antes del acuerdo que arribaron Correo Argentino y el Estado, el primero promovió una demanda contra el segundo, por presuntas inversiones impagas.
Y dos meses después en agosto, Correo Argentino ajustó la demanda contra el Estado, a $ 1.794 millones al año 2009. A la que sumó $570 millones más, y una tasa efectiva de interés sobre saldos del 11%. O sea casi el triple del 4,4 % efectiva anual y 6 % nominal, pactada previamente con el Estado.
Posteriormente se conoció un tercer dictamen de la fiscal Boquin, que revela el proceso de cooptación de la justicia desarrollada en el concurso del Correo Argentino por el grupo Macri y sus abogados. Que llegó a su máxima expresión cuando Mauricio Macri, el ex CEO del grupo, arribó a la presidencia de la Nación. Mostrando que su influencia va mucho más allá del área del Poder Ejecutivo, por la extensa tramazón de funcionarios vinculados al affaire.
Como es el caso de Pablo Tonelli, abogado de Correo Argentino, quién ocupa un lugar expectable en el Consejo de la Magistratura, como instructor de las denuncias que se reciben contra los magistrados. Con la carga de autoridad y amedrantamiento que ello supone. Acumulándose allí, además de las cuarenta denuncias concretadas contra las camaristas intervinientes en la causa Correo, tres denuncias contra la jueza Cirulli, desestimadas recientemente.
En su dictamen Boquin señala las graves irregularidades en que incurrió y consintió la jueza Cirulli, que se hizo cargo de la causa desde mediados del 2005, impulsadas por Correo Argentino. Con graves regresiones hacia atrás, esperas, y otorgamiento de nuevas oportunidades. Como si se tratara de un juego infantil, y no un proceso público, compulsivo, y reglado, con plazos perentorios y fatales fijados en la ley de quiebras. Lo cual llevó a la fiscal Boquín a expresar como síntesis en su escrito de 88 páginas, de que el proceso de Correo Argentino es un verdadero mamarracho, llevado adelante contra la ley:
“En suma, la concursada (Correo Argentino) gozó de un plazo por demás extenso para obtener la conformidad de su acreedor mayoritario (el Estado) inusual en cualquier trámite concursal y contralegem (contra la ley). El proceso del concurso del proceso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades; muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal; retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluídas (ya realizadas o cuya oportunidad se había vencido).
Tras citar una jurisprudencia de la Corte Suprema, respecto los principios de orden público en que se asienta el concurso, “obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo e universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor”, la fiscal apuntó que Correo Argentino “abusó del proceso” con el fin de socializar sus pérdidas, habiendo incumplido la jueza Cirulli el rol que debía cumplir como director del mismo:
“De otra manera, el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos. En tal contexto, no puede avalarse la manipulación del proceso, dado que no es disponible, no puede ser dejado sin efecto o alterado por decisión de las partes. El deudor abusó del proceso, la a aquo (jueza Cirulli) no cumplió su rol de director del mismo, violentándose de esta forma los principios y fines del mismo…”
En este dictamen, la fiscal Boquín se pronunció respecto la apelación interpuesta por Correo Argentino, contra la negativa por parte de la jueza Cirulli, de seguir permitiéndole a Correo Argentino extraer dineros de los fondos embargados en el concurso, para supuestamente hacer frente a sus gastos.
A las que se había negado a autorizar, hasta que en el 2016 la aparición de Macri como presidente de la Nación, parece haberle abierto la mano. Siendo esta otra notable muestra de la cooptación ejercida sobre la jueza Cirulli, y de la colonización de la justicia. Pero tras el escándalo público que se suscitó al conocerse los dictámenes de Boquín, la jueza Cirulli nuevamente cerró la mano, ante un nuevo pedido concretado en marzo de este año por Correo Argentino.
Demostrando su anterior complicidad con el Correo, o al menos sus dudas sobre lo que antes había dispuesto, Cirulli dispuso diferir resolver al respecto, por “razones de elemental prudencia, en atención a las contigencias recientemente sobrevenidas en la Alzada (la Cámara) con relación a la propuesta concordataria”.
Boquín apuntó que entre mayo y diciembre del 2016, o sea en el interregno en el que Correo Argentino había arrancado la aprobación de su propuesta abusiva al Estado, la jueza consintió extracciones de las cuentas embargadas a Correo Argentino. por 1,86 millones de pesos, y 185 mil dólares, para supuestos gastos de funcionamiento. Y en marzo pretendió extraer otros 422 mil pesos, y 12 mil dólares, con el mismo fin.
Al respecto Boquín expresó que esas extracciones, que recién se inauguraron con el advenimiento de Macri, y habían sido negadas previamente, no eran necesarias, porque Correo Argentino tenía tenencia de bonos con los que podía sufragar esos gastos. Pero además señaló que estos son falsos y exorbitantes.
Dado que consisten en pago de alquileres exorbitantes, con precios diez veces superiores a los vigentes en plaza, junto otros servicios pactados con empresas del mismo grupo Macri. Y el pago a supuestos empleados y directores, que también se desempeñan con ese carácter en empresas del grupo Macri, etc. Razón por la que pidió el desplazamiento de la administración de Correo Argentino, conforme las previsiones de la ley de quiebras ante una administración infiel.
Boquin también cuestionó la adquisición con fondos del Correo Argentino, a Socma Americana del grupo Macri, del 25 % de las acciones de la firma uruguaya Neficor SA, que también pertenece al grupo. La que a su vez detenta el 49 % de las acciones de la uruguaya Chery Socma SA, también perteneciente al grupo.
Habiendo invertido en esa operación 2,1 millones de dólares en el 2007, que hasta la fecha no reportó ningún dividendo. Y que además tiene una cláusula de recompra a favor de Socma Americana, ante la quiebra, apertura de cramdown, u otras vicisitudes de Correo Argentino, que podría ser ruinosa para este y sus acreedores.
Agravadas al fijarse que cualquier diferencia entre esas empresas del mismo grupo, deberán ventilarse en los tribunales de Montevideo, Uruguay. Razón por la que la fiscal advirtió sobre un posible vaciamiento, del que se reserva para pronunciarse oportunamente, al no estar disponible en el juzgado la documentación, ni acreditada la autorización de esa inversión por parte de la jueza Cirulli.-

References: resolución 
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 artículo 8
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 artículo 10

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 artículo 4
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 artículo 3
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