Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831283.html
Timestamp: 2019-11-19 09:07:02+00:00

Document:
as201831283
Expediente: 108/2017
Demandante: Sociedad Mercantil Kaiser Servicios SRL
Demandado: Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 162 a 168 de obrados, interpuesto por Marcelo David Diaz Meave en representación legal de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO Scz del SIN), contra el Auto de Vista Nº 185/2015 de 09 de junio de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 156 y vta.), en el proceso contencioso tributario por determinación de obligación tributaria Impuesto a la Transferencia (IT) “Verificación de la compensación del IUE como pago a cuenta del IT” de los periodos mayo, junio y julio2008, seguido por sociedad mercantil Kaiser Servicios SRL. Contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos dependiente del SIN; la respuesta de fs. 189 a 191; el Auto Supremo Nº 108-A de 24 de marzo de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 202 y vta.), los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso tributario, el Juez Segundo Administrativo, Tributario y Coactivo de la ciudad de Santa Cruz, emitió el Auto Nº 02 de 04 de octubre de 2011 (fs. 43 a 44), que rechazó en cuanto hubiere en derecho, la demanda de fs. 37 a 41 vta., deducida por Jorge Fernando Delius Senzano en representación legal de la Sociedad Mercantil Kaiser Servicios SRL, disponiéndose en consecuencia, el archivo de la misma, una vez que se encuentre ejecutoriado el presente Auto.
I.1.2. Auto Constitucional y Auto de Vista:
En grado de apelación, promovido por Jorge Fernando Delius Senzano en representación legal de la Sociedad Mercantil Kaiser Servicios SRL (fs. 47 a 50 vta.), concedido el mismo mediante Auto de 06 de marzo de 2012 en el efecto suspensivo por ante la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 51).
Posteriormente, tanto la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Distrito de Santa Cruz, de oficio, como también el representante legal de la Sociedad Mercantil Kaiser Servicios SRL promovieron la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 174 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 (fs. 56 a 59 vta., y fs. 70 a 76; respectivamente), y mediante Auto Constitucional Nº 0258/2014-CA de 5 de agosto de 2014 de fs. 135 a 140 emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revocó la Resolución Nº 57 de 6 de marzo de 2014, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y rechazó la solicitud de la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Jorge Fernando Delius Senzano, en representación de la Sociedad Mercantil “Kaiser Servicios” SRL, demandando la inconstitucionalidad del art. 147 del CTb.1992.
Posteriormente, mediante oficio CITTE OF. ONTC Nº 3311/2014 (fs. 149), se devolvió el expediente a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con el Auto Constitucional Nº 0258/2014-CA de 5 de agosto; por proveído de fs. 154 de obrados, el proceso ingresa a sorteo, sin espera de turno; y mediante Auto de Vista Nº 185de 09 de junio de 2015, la mencionada Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó el auto apelado de fecha 04 de octubre de 2011 de fs. 43 a 44, disponiendo que el juez de origen admita de forma inmediata y sin dilaciones la demanda de fs. 37 a 41 vta., de obrados interpuesta por la Sociedad Mercantil Kaiser Servicios SRL y le imprima el trámite previsto por ley.
Contra el referido Auto de Vista, Marcelo David Diaz Meave en representación legal de GRACO Scz del SIN, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 162 a 168, recurso que fue respondido por la parte demandante mediante memorial de fs. 189 a 191, con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 108-A de 24 de marzo de 2017 (fs. 202 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:
Denuncia que el Auto de Vista Nº 185/2015 vulneró flagrantemente el debido proceso en su vertiente a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, lesionando derechos legítimos del Estado, al fallar sin la debida motivación, fundamentación y falta de sustento legal que ampere la misma, mucho menos fundamenta ni resuelve los puntos expuestos por el Juez a quo en el Auto Nº 01/2011 de 04 de octubre de 2011. En ese sentido y de acuerdo a lo establecido el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), que dispone que el Auto de Vista, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación; así mismo resultan nulas las resoluciones que hayan sido dictadas sin fundamentar lo agravios que alegan los apelantes, por lo que el Tribunal ad quem incurrió en la omisión de la referida disposición legal.
Señala también, que el Auto de Vista recurrido, no se ajusta a la legalidad porque no cumple en lo más mínimo con la fundamentación, motivación y mucho menos resuelve de acuerdo a los puntos expuestos en el Auto N° 01/2011, en el cual rechaza la demanda interpuesta por Kaiser Servicios por presentación extemporánea conforme el art. 174 de la Ley N° 1340, viciando de nulidad totalmente dicha Resolución, violando el derecho al debido proceso en sus elementos de la motivación y fundamentación, aplicación objetiva de la ley y la seguridad jurídica, desacatando lo dispuesto por el art. 236 del CPC-1975.
Indica que el Auto N° 01/2011 de 04 de octubre, objeto del Auto de Vista ahora recurrido, fue pronunciado por el Juez a quo en estricta aplicación de los arts. 174 y 227 de la Ley N° 1340, rechazando la demanda porque el demandante Kaiser Servicios SRL fue legalmente notificado por la Administración Tributaria en fecha 14 de septiembre de 2011 a hrs. 16:47 con la Resolución Determinativa N° 17-000231-11 y su demanda contenciosa tributaria, conforme fecha de ingreso de causas la efectuó en fecha 29 de septiembre de 2011 a hrs. 16:56; es decir, fuera del término perentorio de quince días, en aplicación del art. 174 y 227 de la Ley N° 1340.
Manifiesta también que, de una revisión del Auto de Vista recurrido, se puede verificar que el Tribunal ad quem, resolvió el recurso de apelación en el quinto parágrafo; sin embargo, no realiza el análisis y la fundamentación del por qué llega a esa conclusión y la normativa en la cual sustenta su posición, y de una forma errónea indica:“tal como señal el auto constitucional 0256/2014-CA de 5 de agosto de 2014, resultaría aplicable lo previsto los arts. 1488 y 1489 del CC…”; sin embargo, de la lectura del mencionado Auto Constitucional en ninguna parte se establece la aplicación de los arts. 1488 y 1489 del CC, puesto que, simplemente hace una aclaración respecto a la aplicación de tales artículos, indicando que no es posible efectuar el control de constitucionalidad de tal situación y que en todo caso implicaría un control de legalidad y no de constitucionalidad, y resultaría inviable la acción.
Por lo expuesto, señala que mal podría indicar el Tribunal ad quem que en base al Auto Constitucional resultarían aplicables los arts. 1488 y 1489 del CC, y peor aún sin la debida motivación y fundamentación en la cual establezca la legalidad de la aplicación de tales artículos, con el fin de asegurar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad ya que debe darse estricto cumplimiento que debe dar la autoridad a las normas vigentes; con la obligación de fundar y motivar sus actos y resoluciones, fundamentos que se encuentran contrarios al Auto de Vista N° 185/2015 de 09 de junio emitido por el Tribunal ad quem, argumentación que debería seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición, aspectos que no se realizaron en el presente caso, violando los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que, corresponde anular el Auto de Vista Nº 185/2015 por no contener los requisitos mínimos para su validez.
Finaliza su recurso de casación en la forma, citando como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0177/2013 de 22 de febrero, que señala la exigencia que se debe haber dentro del debido proceso, a fundamentar debidamente las Resoluciones y cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, sin que permita conocer a las partes cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión.
Alega que el Tribunal ad quem realizó una incorrecta y errónea aplicación de los arts. 1488 y 1489 del CC, violando el derecho constitucional del debido proceso en sus elementos intrínsecos de la garantía a la seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley, toda vez que el Auto de Vista N° 185/2015 revocó el Auto N° 01/2011, aludiendo que el art. 174 de la Ley N° 1340 se encontraría abrogado por disposición transitoria novena y décima de la Ley N° 2492 y que tal como señala el Auto Constitucional N° 0256/2014 de 05 de agosto, resultaría aplicable lo previsto en los arts. 1488 y 1499 del CC, respecto al cómputo del plazo para la presentación de la demanda tributaria; sin embargo, no tomó en cuenta lo argumentado por el Juez a quo respecto a la abundante jurisprudencia constitucional que resuelve la controversia respecto a la aplicación del art. 174 de la Ley N° 1340, referido al plazo establecido para la presentación de la demanda tributaria, existiendo ya una manifestación clara por parte de este Tribunal, mediante los Autos Supremos Nos. 838/2007 de 4 de diciembre, 002/2014 de 18 de agosto y 046/2014 de 09 de septiembre, estableciendo claramente que el plazo a computarse en caso de las demandas contenciosas tributarias están previstas por la Ley N° 1340, señalándose que este cómputo corre de momento a momento, ratificando los plazos legales para la interposición de demandas tributarias, mediante el Auto Supremo N° 47/2015 de 11/02/2015 emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda de este Tribunal.
Finaliza señalando que, por todo lo descrito precedentemente, estos aspectos no fueron tomados en cuenta por el Tribunal ad quem al momento de emitirse el Auto de Vista N° 185/2015, llegándose a la conclusión que la demanda contenciosa tributaria incoada por la empresa Sociedad Kaiser Servicios SRL fue interpuesta después que venció el plazo previsto en los arts. 174 y 227 de la Ley N° 1340, cuya vigencia fue restituida por las Sentencias Constitucionales precedentemente citadas, por lo que, en mérito a los fundamentos expuestos, normativa citada y jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, se concluye que, el Tribunal de Alzada incurrió en interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, violación expresa de las normas inherentes al caso, aplicando erróneamente los arts. 1488 y 1489 del CC, respecto al plazo perentorio para la presentación de la demanda tributaria.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia anule el citado Auto de Vista hasta que la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emita nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado, motivado y realizando una valoración integra conforme lo resuelto en el Auto N° 01/2011; o en su caso case el Auto de Vista N° 185/2015 de 9 de junio, en consecuencia, se mantenga firme y subsistente el Auto N° 01/2011 de 4 de octubre de 2011.
El representante legal de la empresa demandante presentó memorial de respuesta al recurso de casación interpuesto (fs. 189 a 191), conforme los argumentos expresados en el insertos.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 162 a 168, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones de forma previamente:
Conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el Tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos), para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de oficio si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, según prevé el art. 252 del CPC.
En el contexto señalado supra, corresponde establecer que de acuerdo a lo determinado por el art. 213.II.3. y 4 del Código Procesal Civil (CPC-2013), las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas, fundamentadas y sobre todo, acordes con las peticiones expuestas por las partes.
Además que las Resoluciones deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto en la valoración de las pruebas aportadas y producidas como en el trámite del proceso y como también en los fundamentos de la Resolución que deben circunscribirse a los puntos que hubieran alegado las partes.
Bajo estas premisas, es innegable que la congruencia y la motivación de las resoluciones judiciales constituyen un deber jurídico consagrado constitucionalmente como los elementos del debido proceso, que se traducen en la garantía de legalidad procesal que permite proteger la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita comprender con nitidez las razones de la decisión asumida por el Tribunal.
Esto significa que todo administrador de justicia al resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe exponer claramente los hechos y los razonamientos adoptados para el efecto, explicando el análisis y valoración de las pruebas en su conjunto, fundamentando legalmente y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Pero principalmente, debe existir congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Tal como la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia ha determinado en numerosos Autos Supremos y en correspondencia con lo señalado por el Tribunal Constitucional al respecto, la Sentencia Constitucional N° 1494/2011-R emitida en fecha 11 de octubre de 2011, reiterando fallos constitucionales anteriores, precisó que de la esencia del debido proceso:“…deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
Por lo expuesto, se evidencia que la motivación de las resoluciones judiciales debe contener necesariamente un estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, preservando la correcta administración de justicia (las negrillas son añadidas).
La jurisprudencia constitucional también se pronunció sobre el principio de congruencia que debe ser observado en las decisiones pronunciadas por los tribunales de alzada; concluyendo en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0593/2012 de 20 de julio, que cita a su vez, la Sentencia Constitucional N° 0682/2004-R de 6 de mayo, señalando que: “…toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo….” (Sic).
De lo referido y en base a la revisión del Auto de Vista N° 185/2015 de 09 de junio cursante a fs. 156 y vta., de obrados, se advierte que en el Segundo Considerando como fundamentos jurídicos estableció: “Que, al haberse declarado por el Tribunal Constitucional Plurinacional que el art. 174 de la ley 1340 de 28 de mayo de 1992 fue derogado por el Código Tributario Boliviano, contenido en la ley 2492 de 02 de agosto del 2003; realizado que ha sido el rechazo de la demanda del apelante mediante resolución de fecha 04 de octubre de 2011, de fs. 43 a 44 del expediente; para el caso de autos, tal como señala el auto Constitucional 0258/2014-CA de 5 de agosto de 2014, resultaría aplicable lo previsto en los Arts. 1488 y 1489 del CC; por lo que corresponde revocar la resolución de primera instancia”; sin embargo tal afirmación no resulta evidente puesto que de una lectura del Auto Constitucional N° 0258/2014-CA de 5 de agosto de 2014 se advierte que, el Tribunal Constitucional Plurinacional expresamente señaló que no era posible efectuar el control de constitucionalidad sobre la norma que se impugnaba - art.174 -, en razón a que la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1192, fue derogada por el Código Tributario Boliviano, y que ante tal situación no era posible efectuar el control de constitucionalidad sobre tal situación; puesto que, en todo caso implicaría un control de legalidad y no de constitucionalidad; por lo que, no cabe duda sobre la inviabilidad de la acción impetrada y concluyó revocando la Resolución N° 57 de 6 de marzo de 2014 de fs. 85 a 87 de obrados pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Resolución que promovió la acción de inconstitucionalidad concreta del art. 174 de la Ley 1340.
Por lo expuesto, claramente resulta evidente que el escaso fundamento del Auto de Vista ahora recurrido no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 213.3) del CPC-2013, puesto que, entre los agravios del recurso de apelación (ver fs. 47 a 50 vta., de obrados) reclamaban que:
1. Existió violación del art. 229 de la Ley N° 1340 por parte del Juez a quo.
2. Incurrió en la nulidad de pleno derecho prevista en los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30 de la Ley de Organización Judicial, vigente al dictarse el auto apelado.
3. Los fundamentos empleados por el Juez de primera instancia no se ajustan a derecho y vulneran el debido proceso porque en el auto recurrido se aplica una norma inexistente en el sistema legal del Estado boliviano, como es el art. 174 de la Ley 1340.
4. Las Sentencias Constitucionales citadas por el Juez en el Auto apelado fueron dictadas en recursos de amparo constitucional, vinculantes solamente con relación a las partes y a los terceros interesados intervinientes conforme los arts. 128 a 129 de la CPE, aspecto que no ocurre en el caso de las Sentencias Constitucionales dictadas dentro de un recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad cuya aplicación es general y teniendo efectos para todos por mandato del art. 133 de la CPE y que el Juez no tomó en cuenta tal aspecto.
5. De acuerdo al art. 133 de la CPE, la Sentencia Constitucional Nº 0076/2004 de 16 de julio de 2004, al haber sido emitida dentro de un recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad tiene aplicación general y surte efectos para todos, aspecto que debía considerar el Juez.
6. Conforme los arts. 145 y 158.I.3 de la CPE es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar y sancionar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y no así el Tribunal constitucional mediante Sentencias, por lo que las Sentencias que cita el Juez en el Auto apelado no podían reponer la vigencia del art. 174 de la Ley Nº 1340, que fue abrogado por las disposiciones transitorias novena y décima de la Ley Nº 2492, tal reclamo lo hace también respecto a los Autos Supremos citados por el Juez a quo toda vez que la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia) no tenía facultad para legislar por medio de Autos Supremos dictados dentro de procesos contencioso tributarios, pues como ya se señaló, es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
7. No podía aplicar el Juez una norma extinguida y al no tener vida en el ordenamiento jurídico boliviano, correspondía la aplicación de los arts. 1488 y 1489 del CC respecto al cómputo de plazo en días.
8. El plazo del art. 227 de la Ley Nº 1340, cuya vigencia fue respuesta a la aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 0076/2004 de 16 de julio, debe interpretarse como días de veinticuatro horas completas que corren de una media noche a la otra, por lo que, el plazo mencionado en el artículo citado en el caso de autos vencía a la media noche del 29 de septiembre de 2010 y no a horas 16:47 como ilegal y falsamente afirmó el Juez en la resolución apelada.
9. La aplicación de las normas del CC en el presente caso, fue porque se reconoció su vigencia mediante el art. 39 de la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010, aspecto reconocido por el Juez a quo pero omitió remitirse a las normas complementarias a su art. 1489, como es esencialmente para el caso de autos el art. 1488 del CC.
10. El rechazo de la demanda de forma totalmente ilegal porque el juzgador público ha vulnerado y suprimido los derechos de la parte demandante a ser protegida de manera pronta, oportuna y efectiva por los jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, al debido proceso y a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, previstos por los arts. 115 y 120.I de la CPE y 30.7), 10) y 12 de la LOJ, actuación ilegal por la que se debe imponer al Juez, la responsabilidad prevista en el art. 110 de la CPE ya que su actuación inclusive tipifica ilícitos penales.
De la descripción de los agravios citados y que fueron reclamados en el recurso de apelación de fs. 61 a 64 vta., de obrados; se evidencia que el Auto de Vista Nº 185 de 09 de junio de 2015, es discordante con los datos del proceso, no contiene temas reclamados y relacionados al objeto de la Litis, no guarda relación con la demanda y Sentencia, llegándose al razonamiento de que no se dio estricto cumplimiento del principio de congruencia por parte del Tribunal Ad quem a tiempo de emitirlo, aspectos que no pueden ser soslayados por este Tribunal. En ese sentido se observa que el Auto de Vista en su fundamentación contenida en el último Considerando, refiere: “Que, al haberse declarado por el Tribunal Constitucional Plurinacional que el art. 174 de la ley 1340 de 28 de mayo de 1992 fue derogado por el Código Tributario Boliviano, contenido en la ley 2492 de 02 de agosto del 2003; realizado que ha sido el rechazo de la demanda del apelante mediante resolución de fecha 04 de octubre de 2011, de fs. 43 a 44 del expediente; para el caso de autos, tal como señala el auto Constitucional 0258/2014-CA de 5 de agosto de 2014, resultaría aplicable lo previsto en los Arts. 1488 y 1489 del CC; por lo que corresponde revocar la resolución de primera instancia” (sic). Del fundamento transcrito se advierte total contradicción e incongruencia con los datos de la demanda, y el Auto Nº 01 de 04 de octubre de 2011, evidenciándose que fundamenta respecto a una errónea interpretación al Auto Constitucional Nº 0258/2014-CA de 5 de agosto de 2014, puesto que éste simplemente manifestó que no era posible efectuar el control de constitucionalidad el art.174 de la Ley N° 1340 porque fue derogada por el Código Tributario Boliviano, y por tanto no era posible efectuar el control de constitucionalidad y que en todo caso implicaría un control de legalidad y no así de constitucionalidad; por consiguiente se establece la vulneración del art. 236 del CPC ante la evidente falta de pertinencia y de motivación en el Auto de Vista recurrido.
Por todo lo expuesto, debe tenerse presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0092/2012 de 19 de abril, cuyo Fundamento Jurídico III.2. expresa que: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...".
Asimismo la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas" (las negrillas son añadidas).
Por lo anotado y en el marco legal descrito, habiéndose evidenciado que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el principio de congruencia, previsto en los arts. 90 y 236 del CPC, normas de orden público y cumplimiento obligatorio, es innecesario analizar los fundamentos del recurso de casación en el fondo interpuesto por la institución demandada, correspondiendo en consecuencia, que este Tribunal Supremo de Justicia en virtud a la previsión contenida en el art. 252 del CPC, emitir su fallo conforme lo previsto por el art. 271 Num. 3) del mismo cuerpo legal.
Por consiguiente, se advierte que el Tribunal de Alzada no dio una repuesta fundamentada y motivada a los agravios llevados en apelación y no dio cumplimiento al citado art. 213.3) del CPC-2013 y por tanto, no existe la congruencia debida entre lo resuelto en Sentencia y los puntos apelados ni la suficiente fundamentación de hecho y de derecho, tomando en cuenta que no resulta suficiente el simple enunciado de hechos en el caso, como ya se explicó que sucedió en el Auto de Vista recurrido, puesto que, el Tribunal de Alzada no respondió a todos los puntos apelados por la empresa demandante, conforme su memorial de apelación de fs. 47 a 50 vta., de obrados.
Todos estos elementos nos permiten establecer que existe falta de motivación y congruencia entre la Resolución emitida y lo apelado, lo que implica la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, omisión que interesa al orden público.
En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 220.III.1.c) del CPC-2013, aplicables al caso presente por mandato del art. 74.2 de la Ley Nº 2492.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 156 inclusive, disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista teniendo en cuenta los fundamentos de la presente resolución.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 220.III del CPC-2013 y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERACIONES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.
Interviene el Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Carlos Alberto Eguez Añez.
Se constituye en disidente la Magistrada de la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. María Cristina Diaz Sosa, con los fundamentos contenidos en el libro de disidencia cursantes en Secretaría de Sala.
PRIMER RELATOR : Dra. María Cristina Diaz Sosa
SEGUNDO RELATOR : Dr. Esteban Miranda Terán

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