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INFORME Nº Sobre Competencias Del Gobierno Regional
INFORMEINCONSTITUCIONALIDAD
Pip Agua Remolinos
acu0795_2012
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AnexoSNIP11
Sentencia del Juzgado que falló recurso de amparo por andenes en el Cusco.
Cpp Tercera Entrega
0020-2005-PlrrC
0021-2005-PlrrC
Del 27 de septiembre de 2005
PROCESO DE INCONSTITUCIONALlDAD
Presidente de la República (demandante) c. Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco (demandados)
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la República contra la Ordenanza Regional N.o 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Presidente del Gobierno Regional de Cusco, y las Ordenanzas Regionales N. os 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E- CR-GRH, promulgadas por la Presidenta del Gobierno Regional de Huánuco.
BARDELLI LARTIR
GONZALES OJE
VERGARAGOT
Argumentos de las demanda
Contestaciones de las demandas
Apersonamiento de la Defensoría del Pueblo
~ §1. Cuestiones preliminares
1.1 Sobre las excepciones deducidas por el Gobierno Regional de Huánuco
1.2 Sobre la supuesta afectación del derecho de defensa alegada por el Procurador
Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional del Cusco
1.3 Con relación al apersonamiento de la Defensoría del Pueblo.
§2. Delimitación del petitorio
§3. Proceso de inconstitucionalidad y Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución
3.1 La doble dimensión de los procesos constitucionales
3.2 Los principios que determinan la invalidez constitucional de las normas: jerarquía /
- 3.3 Tipología de infracciones constitucionales
3.3.1 Infracciones constitucionales por la forma y por el fondo
3.3.2 Infracciones constitucionales parciales o totales
3.3.3 Infracciones
A§4. Test de la competencia y conflicto normativo
4.1 Proceso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias
4.2 esupuestos del test de la competencia El principio de unidad: La República del Perú como Estado unitario y descentralizado
4.3.1 Diferencias
descentralizado" y "Estado unitario y descentrazlizado"
centralizado",
.2 Principio de cooperación y lealtad regional
.3 Principio de taxatividad y cláusula de residualidad
ji 4.4 P~;7.iPiOde competencia
4.4(.1
cC}tnpetenclas.
~:J Principio de control y tutela
4j 4.2 El bloque de constitucionalidad de las ordenanzas regionales
4.4.2.1 La integración en el bloque de las leyes orgánicas
4.4.2.2 La integración en el bloque de otras normas legales
4.5 Otros principios constitucionales del reparto competencial
4.5.1 Principio del efecto útil y poderes implícitos
4.5.2 Principio de progresividad en la asignación de competencias y transferencia de
§5. Planta de la hoja de coca, patrimonio cultural y derecho fundamental a la
1 entidad cultural .1 Determinación del órgano competente para declarar bienes como patrimonio cultural .2 Uso tradicional de la hoja de coca y derechos culturales
5.3 Hoja de coca y patrimonio cultural
§6. Planta de la hoja de coca y liberalización de su producción
6.1 El combate contra el tráfico ilícito de drogas
6.2 Convenios internacionales relacionados con el tráfico ilícito de drogas y su adecuada interpretación
6.3 Política legislativa del Estado contra el tráfico ilícito de drogas
6.4 Determinación del órgano competente para designar las zonas de cultivo legal de la hoja de coca
6.5 Deber constitucional del Estado de diseñar una política eficiente contra el tráfico ilícito de drogas
6.6 Programas de desarrollo alternativo
§7. Planta de la hoja de coca como bien transmisible y sucesorio
~ §8. El Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución y efecto .v¡ vinculante de la sentencia
EXP. N.O0020-2005-PI/TC EXP . N.O0021-2005-PIITC (acumulados) LIMA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
En Lima, a los 27 días del mes de setiembre de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión
de Pleno Jurisdiccional, integrado por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli
Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto adjuntos de los magistrados Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen y Juan Vergara Gotelli :
l. ASUNTO
Demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Presidente de la República contra:
A) La Ordenanza Regional N .O 031-2005-GRC/CRC, expedida por el Presidente del Gobierno Regional de Cusco, en los extremos en que:
Declara a la planta de la hoja de coca como patrimonio regional natural, biológico,
como recurso botánico integrado a la cultura y
cosmovisión del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales y medicinales (artículo 1°). econoce como zonas de producción tradicional de carácter legal de la planta de la hoja ,ecoca los valles de La Convención y Yanatile, de la provincia de Calca, y Qosñipata, de la provincia de Paucartambo, todos integrantes del departamento del Cusco (artículo
cultural e histórico de Cusco , y
Declara a la planta de la hoja de coca como un bien económico transmisible y sucesorio
ampesinado que habita en las zonas mencionadas (artículo 3°).
a Ordenanza Regional N .O 015-2004-CR-GRH , promulgada por la Presidenta del
Gobierno Regional de Huánuco, que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural
de seguridad alimentaria de la Región Huánuco .
La Ordenanza Regional N.O027-2005-E-CR-GRH, promulgada por la Presidenta del
Regional de Huánuco , que incorpora a la Ordenanza Regional N.O015-2004-
CR-GRH un artículo por el cual se declara la legalidad del cultivo de la hoja de coca en
la jurisdicción del Gobierno Regional de Huánuco, para el consumo directo (en la modalidad de chaccheo), con fines medicinales, ceremoniales y de industrialización
Tipo dé proceso
Proceso de inconstitucionalidad .
Normas sometidas a control
: Ordenanzas Regionales N .o' 031-2005-GRC / CRC, 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH.
: artículos 43°, y 192° 10.
: Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2° Y 3° de la Ordenanza Regional N.O 031-2005- GRC/CRC y la incostitucionalidad de las Ordenanzas Regionales N.o' 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E- CR-GRH.
1. Ordenanza Regional N .O 031-2005-GRC / CRC:
"Artículo Primero.- DECLARAR a la Planta de la Hoja de Coca, como Patrimonio Regional Natural-Biológico-Cultural-Histórico del Cusco y como Recurso Botánico integrado a la cultura y cosmovisión del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales y medicinales.
¡j¿ Artículo Segundo.- RECONOCER como zonas de producción tradicional de
carácter legal de la Planta de la Hoja de Coca a los valles de: La Convención; Yanatile de la provincia de Calca y Qosñipata de la provincia de Paucartambo, todos ellos del departamento del Cusco, donde la producción de esta especie está destinada al uso medicinal, ceremonial, religioso, cultural, 'chaccheo' y aquellas que son adquiridas en forma lícita por la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, ENACO S.A., para su respectiva comercialización.
Artículo Tercero.- DECLÁRASE a la Planta de la Hoja de la Coca como
.':=f
1 2.' ¿rden za
bien económico transmisible y sucesorio del campesinado que habita en las zonas mencionadas en el artículo segundo de la presente Ordenanza
Regional N.o 015-2004-CR-GRH:
"Artículo 1.- REC?NOC~R a l~ HOJA D~ CO~A como P~~rimonio
Cultural y de Segundad Ahmentana de la ReglOn Huanuco, en mento a los
considerandos expuestos."
3. Ordenanza Regional N. ° 027-2005-E-CR-GRH:
"Artículo Primero.- INCORPORAR A LA ORDENANZA REGIONAL N.O 015-2004-CR-GRH, que declara como Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaria a la Hoja de Coca, el siguiente articulado:
Artículo 1.A.- Declara la Legalidad del cultivo de la Hoja de Coca en la jurisdicción del Gobierno Regional de Huánuco, para el consumo directo en la modalidad de Chaccheo con fines medicinales, ceremoniales, y de industrialización lícita, de acuerdo a la presente Ordenanza Regional."
1. Argumentos de las demandas
Con fechas 25 y 27 de julio de 2005, el demandante ha interpuesto las presentes demandas,
solicitando se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2° Y 3° de la Ordenanza Regional N.O 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Gobierno Regional de Cusco; y de
las Ordenanzas Regionales N os 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH , expedidas el Gobierno Regional de Huánuco .
Las demandas se sustentan en argumentos sustancialmente análogos. Tales argumentos, son los siguientes:
De conformidad con el artículo 192° 10 de la Constitución, toda competencia de los
gobiernos regionales, fuera de aquellas enumeradas en los incisos 1 a 9 del mismo artículo constitucional, debe estar prevista en la ley. Sin embargo, ni la Ley N.O
27783, Ley de Bases de la Descentralización (en adelante, LBD), ni la Ley N.O
if 27867' Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (en adelante, LOGR), prevén que
ea competencia (exclusiva, compartida o delegada) de estos gobiernos declarar
como patrimonio cultural a la hoja de coca o declarar la legalidad de su cultivo en
su respediva jurisdicción. El artíc o 43° de la Constitución estipula que el Estado peruano es unitario. En tal nti o, las competencias que no han sido expresamente asignadas por la ley a los
ternos regionales, corresponden al Gobierno Nacional.
.---\
L¡ Convención Única sobre Estupefacientes de 1961; el Decreto Ley N.o 22095, r,/ey de Represión del Tráfico Ilícito de DrogasM la creación de la Comisión de ,Lucha contra el Consumo de Drogas (DEVIDA); el Decreto Legislativo N.O 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas; el Decreto Supremo N.o 004- . 2004-PCM, que aprobó la "Estrategia Nacional de Lucha contra la Drogas 2002- 2007", Y el Decreto Supremo N.o 006-2005-PCM, que actualizó dicha estrategia, evidencian que tanto el combate contra el tráfico ilícito de drogas, como el control de los cultivos de hoja de coca a través de su regulación, son una política nacional del Estado peruano. En tal sentido, de conformidad con el artículo 26°, inciso 1,0rdinal a) de la LBD, son competencias exclusivas del Gobierno Nacional.
Las ordenanzas cuestionadas han vulnerado el artículo 45°, inciso a) de la LOGR, que establece que dichas instancias de gobierno definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales.
El ' artículo 47°, inciso 1) de la LOGR establece como función de los gobiernos regionales proteger y conservar, en coordinación con los gobiernos locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración, por los organismos competentes, de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región. Por su parte, el artículo 19° de la Ley N.O 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece que son organismos del Gobierno Nacional los encargados de la identificación, inventario, inscripcIOn, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. En tal sentido, los gobiernos regionales no tienen competencia para declarar bienes como patrimonio cultural. El control del cultivo de la hoja de coca debe ser realizado por una sola autoridad de nivel nacional, con las atribuciones técnicas para determinar el nivel de producción del cultivo legal. El incremento de la producción de hojas de coca en el territorio nacional afectaría la labor del Gobierno Nacional referida al orden interno y a la prevención de delitos, que es de su exclusiva competencia.
Al expedir las normas cuestionadas, los gobiernos regionales emplazados no han considerado las consecuencias que tiene la siembra ilegal de hoja de coca en otros ámbitos, como la drogadicción, la violencia, la corrupción y el narcotráfico (alimentado en su mayoría por la producción ilegal de hoja de coca).
Otorgar legalidad al cultivo de hoja de coca destinado a fines medicinales, ceremoniales y de industrialización, provocará que toda la producción de hoja de coca sea cultivada alegando que se destinará a tales fines, con lo cual el control se tomará imposible.
de agosto de 2005, 31 Congresistas de la República, solicitan ser admitidos co o . lsconsortes activos facultativos en el proceso de inconstitucionalidad . En tal
s ti , solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional N.O031- O -GRC/CRC, expedida por el Gobierno Regional de Cusco, básicamente, por las
m A =consideraciones expuestas por la Presidencia del Consejo de Ministros en su escrito de ~e t nda .
Dich o/ solicitud fue estimada por el Tribunal Constitucional , mediante resolución de fecha 8 de a,~ostode 2005.
2. (:ontestaciones de las demandas
La Presidenta del Gobierno Regional de Huánuco, doña Luzmila Templo Condeso, con fecha 16 de septiembre de 2005 , deduce excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, por considerar que mediante la Resolución Ministerial N. O 260-2005-PCM, sólo se autorizó a la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros a presentar demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Regional N .o 027-2005-E-CR-GRH, más no contra la Ordenanza Regional N .o 015-2004- CTR-GRH; sin embargo, ésta ha interpuesto la demanda contra ambas. En el mismo escrito contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada por las siguientes consideraciones:
gobiernos regionales tienen la potestad de dictar normas sobre asuntos de su
competencia, tal como lo estipula el artículo 192°,inciso 6, de la Constitución.
De conformidad con el artículo 192°, inciso 7, de la Constitución, los gobiernos regionales tienen competencia en materia de agricultura. Por otra parte, el artículo 10°, inciso 1, ordinal g), de la LOGR, estipula que los gobiernos regionales tienen
competencia exclusiva para facilitar los procesos orientados a los mercados ·nternacionales para la agricultura. Los cultivos de la hoja de coca se encuentran inmersos dentro de la actividad agrícola, razón por la cual su regulación es competencia de los gobiernos regionales.
Ordenanzas Regionales no contravienen ninguna política nacional, pues en tanto la
de coca forma parte de una tradición cultural milenaria, su cultivo nunca ha sido
ilegal, tal como ha sido reconocido por el artículo 14°, inciso 2, de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes de 1988.
El Gobierno Regional de Huánuco ha dictado las normas cuestionadas con el propósito de rescatar las raíces ancestrales que enfatizan una identidad cultural regional, con
miras a revalorar la hoja de coca como un recurso natural de atributos alimenticios, medicinales, místicos, religiosos e industriales, distinguiéndola de su destino al narcotráfico.
En tal contexto, el Gobierno Regional debe coordinar con los organismos competentes
del Gobierno Nacional los asuntos relacionados con la comercialización de la hoja de coca. De ahí que la reglamentación de las Ordenanzas deberá, necesariamente, observar las n as legales de carácter nacional.
L Ordenanzas no han regulado los cultivos ilícitos de la hoja de coca, sino sólo quellos destinados a fines lícitos.
g) El cultivo de la hoja de coca no sólo es una opclOn para el desarrollo de nuestra 'versidad, sino también un elemento de primera importancia para lograr el desarrollo s cioeconómico del país por constituir un producto agrícola.
El P ocurador Público Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Huánuco, con fecha 16 de eptiembre de 2005, deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar y representación insuficiente del demandante, por considerar que no se le han delegado
exPresas facultades para impugnar la constitucionalidad de la Ordenanza Regional N.O 015- 2004-GR-GRH. En el mismo escrito contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada por las siguientes consideraciones:
a) Las Ordenanzas Regionales resultan acordes y compatibles con el ordenamiento juridico nacional y no derogan ni invalidan norma alguna.
b) Reconocer a la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria de la Región Huánuco y declarar la legalidad del cultivo de la hoja de coca, en la jurisdicción del Gobierno Regional de Huánuco, para el consumo directo en la modalidad de chaccheo y con fines medicinales, ceremoniales e industriales lícitos, son competencias de los gobiernos regionales, tal como lo tiene establecido el artículo 10°, inciso 1 de la LOGR.
c) En ningún momento se ha legalizado el uso indebido de la hoja de coca.
d) El demandante confunde el interés nacional con los intereses de otros países, pues el Gobierno Nacional ha celebrado tratados que jamás favorecieron una real investigación del uso de la hoja de coca y la obtención de sus beneficios.
El Presidente Regional de Cusco, don Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez, y el Procurador Púb ico Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Cusco, con fecha 20 de setiembre de
5, contestan la demanda solicitando que sea declarada infundada por las siguientes onsideraciones:
Desde épocas pretéritas, la planta de la hoja de coca cumple un rol importante en las interrelaciones sociales y económicas de las familias andino-amazónicas (en las fiestas comunales, matrimonios, trabajos colectivos, celebración de acontecimientos importantes, trueque y otros hechos que han fomentado la solidaridad interna e integración del grupo social). Desde tiempos incaicos, fue objeto de adoración, siendo considerada una planta divina que, además, ostentaba propiedades curativas, razones por las cuales era objeto de intercambio y apreciado regalo. Se le reconoce un amplio valor social, médico y terapéutico en su forma de masticación, infusión y aplicada en cataplasma. Ello permite sostener que en Cusco no hay narcotráfico ni lo habrá porque los cu . os legales lo son desde hace siglos y existe un eficiente control social.
a cionalidad del pensamiento andino-amazónico, principalmente en el departamento Cusco, con respecto al uso tradicional de la planta de la hoja de coca, obedece a una serie de conductas aprendidas con relación a su entorno y/o naturaleza en el curso de los tiempos, la misma que se traduce en una serie de patrones culturales, creados, recreados
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L~~~~ J ~39't
cticados milenariamente. . {;f ~ En e ámbito cultural andino la hoja de coca tiene un rol tan importante que es difícil
I ima inarse a esa cultura sin la presencia de dicha planta. De ahí que los pueblos andinos ten an el derecho de utilizar plantas como la hoja de coca como parte de su religiosidad
y osmovisión.
d) I}~tas manifestaciones llevan a reconocer que el uso de la planta de la hoja de coca forma parte de los derechos culturales de los pueblos indígenas, que los tratados internacionales de derechos humanos reconocen. En tal perspectiva, la Ordenanza Regional impugnada reconoce dichos derechos, por lo que tiene un estricto carácter declarativo.
e) Las zonas en las que se ha legalizado el cultivo son ya reconocidas como cuencas, valles o zonas lícitas en el mapeo que tiene ENACO S.A.
f) El artículo 3° de la Ordenanza también es declarativo, al señalar que la planta de la hoja
de coca es un bien económico transmisible y sucesorio.
g) La Ordenanza reconoce la competencia de ENACO S.A. como ente fiscalizador de la producción de hoja de coca, pero diferenciando la producción que se destina al uso tradicional de aquella que se destina al narcotráfico.
El padrón de productores de ENACO S.A. se encuentra " estancado", y ello ha impedido
que otros productores que han adquirido el derecho por transmisión o sucesión, puedan convertirse en productores lícitos.
No existe una política nacional de protección a este producto natural botánico, sino únicamente una política represiva y erradicadora vinculada al delito, lo que genera consecuencias negativas para el productor cocalero. Exist una política discriminatoria contra la hoja de coca, pues en la Ley N.o 28477, que rec noce como patrimonio natural de la Nación a diversos cultivos nativos, no se la ha i cluido. Con el reglamento de la Ordenanza queda evidenciado que ésta no es contraria a la política nacional, pues en aquel se ha precisado que la legalización sólo comprende a los valles reconocidos como zonas de producción legal por ENACO S.A., y sólo en la medida en que se encuentre producida por personas empadronadas y sea destinada al consumo legal. 1) La Ordenanza es compatible con el artículo 14°, inciso 2 , de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, que señala que las medidas orientadas a evitar el cultivo de la hoja de
coca deben respetar los derechos fundamentales .
La hoja de coca, per se, no es parte del, iter crimen , pues se .requiere la participación de
muchos insumos químicos para producir cocaína. La Ordenanza Regional no colisiona con la política represiva, erradicadora y de control
de la oja de coca, sino que se ubica en el contexto legal, otorgando protección a los
cul . os legales y tradicionales. norma ha sido dictada en ejecución de la competencia exclusiva de los gobiernos regionales de promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad, según lo establecen tanto el artículo 35° de la LBD, como el artículo 10°, inciso n), de la
,2G¡~¡~L C.-,: ~I JTUC¡ONAL
,¡:,
pr-Lf Ordenanza ha sido dictada ante el vacío legal de una política nacional orientada a la
" l.eservación y conservación de la hoja de coca. Sólo existe una política represiva de den penaL
q) a ordenanza es compatible con el Convenio 169 0 de la Organización Internacional del
,I Trabajo (OIT), que establece que al aplicar la legislación nacional, los Estados deben " reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas. r) La Ordenanza no resulta contraria al artículo 8° de la Constitución, que reserva al
Gobierno Central el combate contra el tráfico ilícito de drogas, pues sólo busca la protección de un recurso botánico naturaL
Adicionalmente, el Procurador Público Regional Ad hoc del Gobierno Regional de Cusco, acusa una supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y, concretamente, del derecho de defensa, pues considera que debió notificársele con el auto admisorio, la demanda y los anexos, así como con el escrito presentado por los 31 Congresistas de la República.
2. Apersonamiento de la Defensoría del Pueblo.
Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2005, la encargada del Despacho del
Defensor del Pueblo, se presenta al proceso para intervenir en calidad de amicus curiae.
de analizar, como cuestiones preliminares, las excepciones deducidas por el
ierno Regional de Huánuco, y la supuesta afectación del derecho fundamental a la
fensa en la tramitación de la presente causa, acusada por el Procurador Público Regional
d hoc del Gobierno Regional de Cusco, se analizarán, como cuestiones
constitucionalmente relevantes, las siguientes:
1. Determinar los presupuestos para la resolver un proceso de inconstitucionalidad contra
normas con rango de ley que, supuestamente, se ocupan de materias reservadas a otros
órganos constitucionales; en ese sentido deberán analizarse los siguientes temas:
¿Cuáles son las dimensiones de un proceso de inconstitucionalidad?
¿Cuáles con los principios, cuya afectación determina la invalidez constitucional de
una nQrma con rango de ley?
¿C~l es la tipología de infracciones constitucionales en las que puede incurrir una
con rango de ley?
¿Cuál es la relevancia de las infracciones "indirectas" a la Constitución para
esolver la presente causa (el bloque de constitucionalidad)?
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2. Iy.e-ide cia del test de la competencia para determinar a los órganos competentes para
,regular 1 materias de las que se ocupan las normas cuestionadas; para tales efectos erá analizar:
áles son lo presupuestos del test de la competencia?
n qué consiste el principio de unidad y que alcances constitucionales tiene la con guración de la República del Perú como un Estado unitario y descentrazlizado? 2.3/¿En qué consiste el principio de cooperación y lealtad regional?
2.4 ¿En qué consiste el principio de taxatividad y la cláusula de residualidad?
2:'S ¿En
qué consiste el principio de control y tutela?
2.6 ¿En qué consiste el principio de competencia?
2.7 ¿En qué consiste el principio de efecto útil y poderes implícitos?
2.8 ¿En qué consiste el principio de progresividad?
2.9 ¿Cuál es el bloque de constitucionalidad de las ordenanzas regionales?
3. Evaluar la relación entre la planta de la hoja de coca y el derecho fundamental a la
identidad cultural (artículo 2° 19 de la Constitución) y la posibilidad de que se la declare patrimonio cultural; para tales efectos corresponderá analizar:
En base al test de la competencia, ¿cuál es el órgano constitucional competente para
declarar bienes como patrimonio cultural?
¿Cuáles son las características del uso tradicional de la hoja de coca en el Perú? ¿La hoja de coca puede tener la condición de patrimonio cultural de la Nación?
Analizar las relaciones entre el cultivo y la comercialización de la planta de la hoja de
coca y el tráfico ilícito de drogas; en tal sentido corresponderá responder a las siguientes . err gantes:
.1 ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en relación con el combate al tráfico ilícito de drogas?
¿Cuáles son los alcances de los Convenios internacionales relacionados con la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas?
¿Es eficiente la política legislativa del Estado contra el tráfico ilícito de drogas?
¿Cuál es el órgano constitucional competente para regular lo referente al cultivo de
la planta de la hoja de coca? 4.S Programas de desarrollo alternativo.
S. Finalmente este Tribunal determinará cuál es el órgano constitucional competerite para regular la materia referida a al transmisión y sucesión de la planta de la hoja de coca.
uestiones preliminares. .1 Sobre las excepciones deducidas por el Gobierno Regional de Huánuco.
Tanto la Presidenta como el Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco han
r "RiBGi\lAL co~:~'IITUC¡ONA~ j
deducido las excepciones de falta de legitimidad para obrar y representación insuficiente del demandante, pues consideran que, de conformidad con la Resolución Ministerial N:o 0-2005-PCM, la delegación conferida a la Procuradora Pública por el Presidente del
C sejo de Ministros (quien, a su vez, fue designado por el Presidente de la República
p a que lo represente en este proceso) tan sólo incluía la impugnación de la Ordenanza R gional N.O 027-2005-E-CR-GR, más no la Ordenanza Regional N.o 015-2004-CR- ; a pesar de lo cual la Procuradora ha solicitado también la inconstitucionalidad t por conexión" de esta última.
z·:" Existen diversos motivos que justifican la desestimación de las excepciones deducidas
" por el Gobierno Regional de Huánuco:
a) La Ordenanza Regional N.O 027-2005-E-CR-GR, consta de dos artículos, de los cuales tan sólo el primero resulta relevante en la resolución de la presente causa, pues el segundo se limita a ordenar la publicación de la norma. El artículo primero dispone lo siguiente:
"INCORPORAR A LA ORDENANZA REGIONAL N.O 015-2004-CR- GRH, que declara como Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaria a la Hoja de Coca, el siguiente articulado:
La Ordenanza Regional N.O 027-2005-E-CR-GR incorpora un nuevo artículo en el corpus normativo de la Ordenanza Regional N.O 015-2004-CR-GRH, por lo que, ara efectos del análisis material del contenido impugnado, resulta indistinto referirse a una u otra fuente.
Si bien el demandado ha cuestionado que la Procuradora Pública del Consejo de Ministros recurra a la figura de la conexidad existente entre ambas Ordenanzas para justificar su impugnación en conjunto, tal cuestionamiento resulta injustificado, no sólo porque, según ha quedado dicho, la conexidad existe, sino, fundamentalmente, porque tal posibilidad no surge de la voluntad de la referida Procuradora, sino del propio Código Procesal Constitucional (CPConst.), cuyo artículo 78° permite extender la sanción de inconstitucionalidad de una norma a aquellas a las que el vicio deba alcanzar "por conexión o consecuencia".
ello, en aras de garantizar la supremacía normativa de la Constitución (artículo del Título Preliminar del CPConst.), el Tribunal Constitucional tiene el deber de realizar una apreciación extensiva de las fuentes del ordenamiento conexas que resulten incompatibles con ella, aún en los supuestos en los que sólo alguna de dichas normas haya sido objeto de impugnación.
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c) Finalmente, incluso en el supuesto de que los argumentos referidos no despejen totalmente las dudas existentes con relación a si este Colegiado debe o no continuar con la resolución de la causa ante las excepciones alegadas, lejos de aplicar el
/~/./ artícul~ ,451°, inciso ~, del Cód~go Procesa~ Civil, que ind~bid~~ente ha, sido traído
" a colacIOn por el GobIerno RegIOnal de Huanuco, es de aphcaclOn el ArtIculo III del
Título Preliminar del CPConst, según el cual:
"Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable
respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal
declararán su continuación."
3. Por todas estas razones, el Tribunal Constitucional declara infundadas las excepciones deducidas por el Gobierno Regional de Huánuco.
1.2 Sobre las supuestas afectación del derecho de defensa alegada por el Procurador Público Regional Ad hoc del Gobierno Regional de Cusco.
4. El Procurador Público Regional Ad hoc del Gobierno Regional de Cusco, acusa una supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y, concretamente, del derecho de defensa, pues considera que debió notificársele con el auto admisorio, la demanda y los anexos, así como con el escrito presentado por los 31 Congresistas de la
Como fundamento normativo de su alegato ha recurrido a diversas disposiciones del Decreto Ley N.O 17537 -Ley de Representación y defensa del Estado en juicio-, de la Ley N.O 27867 -Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales-, y del Decreto Supremo .0 002-2003-JUS -Reglamento de la Representación y Defensa de los derechos e
ereses del Estado a nivel del Gobierno Regional-.
Empero, es preciso recordar que a partir del 1 de diciembre de 2004, la norma llamada a regular los procesos constitucionales es el Código Procesal Constitucional (CPConst.), aprobado mediante Ley N.O 28237, y no los diferentes dispositivos legales a los que indebidamente recurre el Procurador Público.
En tal sentido, el precepto que resulta aplicable a la presente causa es el artículo 7° del CPConst., referido a la representación procesal del Estado en los procesos constitucionales, cuyo tercer párrafo, establece:
"Las instituciones públicas con rango constitucional actuarán directamente, sin la intervención del Procurador Público."
as las instituciones públicas que actúan en el presente proceso, gozan de rango onstitucional. Así, el Presidente de la República (artículo 110°), la Presidencia del Consejo de Ministros (artículo 123°), el Congreso de la República (artículo 90°) y los Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco (artículo 191°). En consecuencia, debían
actuar directamente en el proceso, y no por intermedio del Procurador Público. A ello ob e que éste no haya sido notificado con el escrito demanda.
/, ¡{ Asimi mo, corno luego tendrá oportunidad de precisarse, el caso de autos, desde un
punto de vista material, es un conflicto de competencias, razón por la cual también
resul a aplicable el artículo 109° del aludido Código, en el que se estipula que
"Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a
través de sus titulares."
7. Lo expuesto, desde luego, no impide que los Procuradores Públicos de los órganos de
rango constitucional también actúen en representación de estas entidades, tal corno ha
ocurrido en el proceso de autos . Simplemente, dicha intervención no resulta obligatoria,
quedando en criterio de los titulares de las respectivas entidades solicitarla o permitirla.
8. Sin perjuicio de lo expuesto, debe indicarse también que en los procesos constitucionales
no cabe exigir la protección del derecho fundamental a la defensa desde una perspectiva
formal, sino sustancial. De ahí que, aún en la hipótesis negada de que hubiese existido
algún vicio al no haberse notificado al Procurador Público con la demanda y sus anexos,
éste habría sido subsanado al haber tornado oportuno conocimiento de su contenido,
haber presentado el escrito de contestación correspondiente y haber participado en la
vista de esta causa.
Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2005, la encargada del Despecho de
efe sor del Pueblo, solicita su apersonamiento al proceso en calidad de amicus curiae,
esar de que dicha entidad goza de legitimación activa en los procesos de
onstitucionalidad (artículo 203° 3 de la Constitución).
La posibilidad de permitir la intervención en el proceso constitucional de personas o
entidades especializadas que puedan coadyuvar en la resolución de la causa, ha sido
prevista en el artículo 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional,
aprobado mediante Resolución Administrativa N.O 095-2004-P-TC. Dicho precepto
"Artículo 13-A.- El Pleno o las Salas pueden solicitar los informes que
estimen necesarios a los órganos de Gobierno y de la Administración y
requerir respuesta oportuna de ellos, de acuerdo al artículo 119 del Código
Procesal Constitucional; así corno solicitar información del (los) amicus
curiae (amici curiarum), si fuera el caso, que permita esclarecer aspectos
especializados que puedan surgir del estudio de los actuados."
omo se aprecia
del tenor de la disposición, el apersonamiento al proceso de
sonas o entidades en calidad de amicus curiae, se encuentra sujeto a la previa
olicitud realizada por este Colegiado, lo que no ha sucedido en el presente caso. No
obstante, considerando las tareas que el Constituyente ha reservado a la Defensoría del Pueblo (artículo 162° de la Constitución), este Colegiado entiende prudente atender las co~~i raciones planteadas por el referido órgano constitucional.
§2. Delimita ión del petitorio.
12. Se ha so icitado a este Tribunal declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2° Y 3° de 1 Ordenanza Regional N.O -2005-GRC/CRC, expedida por el Gobierno Regional
de Cu co, y de las
GR, l' pedidas por el Gobierno Regional del Huánuco.
Ordenanzas Regionales N. O' 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-
Lo~· artículos respectivos de la Ordenanza Regional N.o 031-2005-GRC/CRC, eS,Úlblecen:
"Artículo Primero.- DECLARAR a la Planta de la Hoja de Coca, como Patrimonio Regional Natural - Biológico - Cultural - Histórico del Cusco y como Recurso Botánico integrado a la cultura y cosmovisión del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales y medicinales.
Artículo Segundo.- RECONOCER como zonas de producción tradicional de carácter legal de la Planta de la Hoja de Coca a los valles de: La Convención; Yanatile de la provincia de Calca y Qosñipata de la provincia de Paucartambo, todos ellos del departamento del Cusco, donde la producción de esta especie está destinada al uso medicinal, ceremonial, religioso, cultural, 'chaccheo' y aquellas que son adquiridas en forma lícita por la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, ENACO S.A., para su respectiva comercialización.
Artículo Tercero.- DECLÁRASE a la Planta de la Hoja de la Coca como bien económico transmisible y sucesorio del campesinado que habita en las zonas mencionadas en el artículo segundo de la presente Ordenanza Regional."
Por su parte, el artículo 1° de la Ordenanza Regional N.O 015-2004-CR-GRH, dispone:
"Artículo 1.- Reconocer a la HOJA DE COCA como Patrimonio Cultural y I ti de Seguridad Alimentaria de la Región Huánuco, en mérito a los considerandos expuestos."
y el artículo 1° de la Ordenanza Regional N. ° 027-2005-E-CR-GRH, establece:
Artículo 1.A.- Declara la Legalidad del cultivo de la Hoja de Coca en la jurisdicción del Gobierno Regional de Huánuco, para el consumo directo en
la modalidad de Chaccheo con fines medicinales, ceremoniales, y de industrialización lícita, de acuerdo a la presente Ordenanza Regional."
13. El rec ente sostiene que las normas impugnadas resultan constitucionalmente inválid s, por considerar que los gobiernos regionales carecen de competencia tanto para declar a la hoja de coca patrimonio cultural, como para legalizar su cultivo en sus respe,ctivas jurisdicciones, y para disponer que la referida planta constituya un bien tran~ínisible y sucesorio . En criterio del demandante, la Constitución no confiere tales facúltades a los gobiernos regionales y no existe norma alguna en el ordenamiento jurídico que así lo haga. Entiende que, de conformidad con la normativa vigente, tales competencias corresponden al Gobierno Nacional.
14. Como se verá en detalle luego, de conformidad con lo previsto por el artículo 43 0 de la Norma Fundamental, el Estado peruano es unitario, pero descentralizado. Es una república distribuida territorialmente en regiones, departamentos, provincias y distritos, y, gubernativamente, en los niveles nacional, regional y local (artículo 189 0 de la Constitución), circunstancia que da lugar a la existencia, junto al ordenamiento jurídico nacional, de ordenamientos jurídicos regionales y locales y, consecuentemente, a la potencial incompatibilidad entre fuentes normativas (v.g. la ley y la ordenanza regional) que, por ostentar idéntico rango (artículo 200 0 4, de la Constitución), no puede ser resuelta apelando al principio de jerarquía normativa, sino al de competencia.
Cabe afirmar, sin embargo, que el principio de competencia es tributario del de jerarquía, pues si una entidad estatal puede incurrir en la expedición de una norma inválida por invadir esferas competenciales previstas como ajenas por otra norma de su mismo rango, es porque la Norma Normarum (Constitución), fuente normativa . rárquicamente superior a cualquier otra, reservó en ésta la capacidad de regular la distribución competencial.
y Tomás-Ramón
Fernández, pueda
en la Constitución se encuentra la 'competencia de la competencia '
),,1.
afirmarse que:
(Kompetenz-Kompetenz), pues su primera función es la de distribuir todas las
competencias públicas y (
los espacios competenciales de cada uno de los ordenamientos subordinados
), en su función de supraordenamiento, distribuir
que, en el caso del Estado peruano, serían el nacional, el regional y el local.
de inconstitucionalidad y Tribunal Constitucional como órgano de control
la de Enterria, Eduardo y Femández, Tomás-Ramón . Curso de D erecho Administrativo 1. Madrid :
s Ediciones, 2000, p. 286.
TRIBuNAL CC"J"¡ rrUet U(I!JI
4J2 J
de la Constitución. 3.1 La doble dimensión de los procesos constitucionales.
16. . edia te el proceso de inconstituciona1idad, la Constitución Política del Estado ha
/ / confia o al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes y las
1:< norm s con rango de ley. En él, quien cuenta con legitimación para interponer la
' " derrya~da,prima Jacie, no pe~sig;u~la tutela de intereses subjeti;os, sino "la defensa de la
, ConstItuclOn" como norma ]UndlCa suprema. No obstante, aun cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre 2 fuentes de distinta jerarquía ("Por un lado, la
Constitución, que actúa como parámetro (
de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese contro1,,2), tal como ha afirmado este
Co1egiad0 3 , también tiene una dimensión subjetiva, en la medida que son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, según establece el Artículo 11 del Título Preliminar del CPConst.
En efecto, el tránsito del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho
); y, por otro, la ley o las normas con rango
supone alejarse de una concepción de ley como fuente meramente abstracta, impersonal
generalizada, y aceptar la posibilidad de que ésta tenga alcances bastante más
restringidos y concretos, procurando estrechar las distancias económicas, políticas y sociales entre los diferentes sectores poblacionales y logrando una igualdad no sólo formal sino también sustancial, lo cual se evidencia en el tránsito de la ley general a la ley especial. Muestra de ello es el artículo 59° de la Constitución que, en consonancia con el artículo 2°, inciso 2, que consagra el principio-derecho de igualdad, establece:
"El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren
cualquier desigualdad (
En tal sentido, son constantes las ocasiones en las que el juez constitucional, a efectos de evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, debe ingresar en una aproximación clara e inequívoca con los supuestos concretos en los que éstas han sido o pueden ser aplicadas.
Tal constatación evidencia que a la dimensión objetiva de los procesos de inconstituciona1idad acompaña una subjetiva. Y es que no puede olvidarse que aunque
control concentrado de las normas tiene una finalidad inmediata, que es defender la
supremacía normativa de la Constitución, depurando el ordenamiento de aquellas disposiciones que la contravengan, tiene, como fin mediato, impedir su aplicación, es
decir, impedir que éstas puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los derechos fundamentales de los individuos. Pudiendo, incluso, en determinados casos,
32-2004-AI, Fundamento 2. 0002-2005-AI, Fundamento 2; Resolución N. O0020-2005-AI, Fundamento 4.
declarar la nulidad de aplicaciones pasadas 4 •
Si, como sostiene Zagrebelsky,
"toda concepción de la Constitución trae consigo una concepClOn del
procedimiento, como toda concepción del procedimiento trae consigo una
concepción de Constitución, [pues] no existe un prius ni un posterius , sino
una implicación recíproca"s,
ara luego sostener que las dos vocaciones del proceso constitucional (subjetiva y
bjetiva), son
"mezclas que se hacen necesarias todas las veces en que la tutela primaria
de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte el abandono o la
violación del otro,,6,
es deber del juez constitucional tener presente que el proceso orientado por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución (proceso de inconstitucionalidad), siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los derechos fundamentales de las personas.
jerarquía/competencia.
19. La finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de la Constitución en su condición de Ley Superior. Ella ostenta el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del Poder Constituyente; reconoce los derechos fundamentales del ser humano; contiene las reglas básicas de convivencia social y política; además de crear y regular el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional.
En efecto, la Constitución no sólo es la norma jurídica suprema formal y estática, sino también material y dinámica, por eso es la norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del derecho, y la norma de unidad a la cual se integran.
Es así que por su origen y su contenido se diferencia de cualquier otra fuente del derecho. Y una de las maneras como se traduce tal diferencia es ubicándose en el vértice del ordenamiento jurídico. Desde allí, la Constitución exige no sólo que no se cree legislación contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se realice en armonía con ella misma (interpretación conforme con la Constitución).
20. Conforme a ello, el artículo 75° del CPConst., señala que el proceso de inconstitucionalidad, tiene por finalidad:
4 Recuér se que el artÍCulo 83° del Código Procesal Constitucional permite revivir procesos fenecido s con v. ' lac " n de los derechos fundamentales de las personas en materias que versen sobre materia penal o
Constitucional ? En : Revista Peruana de Derecho Procesal. N. o
agrebelsky, Gustavo. ¿Derecho Procesal
,diciembre, 2001. Lima: Estudio Monroy, pA02. 6 Op. cit. p. 404.
"la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa."
'culo realiza una clara alusión al principio de jerarquía normativa que, como se
adelan ra, es el que, en última y definitiva instancia, determina la validez o invalidez
consti cional de una ley o norma con rango de ley. En dicha perspectiva, este
Coleg·ado ha señalado que:
"La validez en materia de justicia constitucional (
relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma superior (v.g. la Constitución)."
En tal sentido, el parámetro de control de constitucionalidad de las leyes o normas de su mismo rango, está integrado, siempre y en todos los casos, por la Constitución. Aún cuando también puede encontrarse conformado por otras normas legales.
Cuando dichas normas delimitan el ámbito competencial de los distintos órganos constitucionales, además del principio de jerarquía normativa, el principio de competencia es medular para determinar la validez o invalidez constitucional de las normas con rango de ley; máxime en aquellos Estados que, como el nuestro, son unitarios y descentralizados (artículo 43° de la Constitución). Tal es el sentido del artículo 79° del CPConst., al establecer que
"Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona."
.3. Tipología de infracciones constitucionales.
El artículo 75° del CPConst. establece que la infracción a la jerarquía normativa de la Constitución, puede ser: a) por la forma o por el fondo; b) parcial o total; y, c) directa o indirecta.
3.3.1 Infracciones constitucionales por la forma o por el fondo.
22. Una norma incurre en una infracción constitucional de forma, fundamentalmente, en 3 jz~ supuestos:
Yj a) Cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en la Con titución para su aprobación. Dicho evento tendría lugar, por ejemplo, si, fuera
as excepciones previstas en el Reglamento del Congreso de la República, un royecto de leyes sancionado sin haber sido aprobado previamente por la respectiva Comisión dictaminadora, tal como lo exige el artículo 105° de la Constitución.
7 STC 0004-2004-AI, acumulado. Fundamento 2.
b) Cuando se ha ocupado de una materia que la Constitución directamente ha reservado
a otra específica fuente formal del derecho . Así, por ejemplo, existen determinadas
materias que la Constitución reserva a las leyes orgánicas (v.g. de conformidad con
1 artículo 106°, la regulación de la estructura y el funcionamiento de las entidades
(lel Estado previstas en la Constitución), razón por la cual en caso de que una ley
ordinaria se ocupe de dicha regulación, incurriría en un vicio de inconstitucionalidad
Cuando es expedida por un órgano que, constitucionalmente, resulta incompetente
para hacerlo. Ello tendría lugar, por ejemplo, si el Poder Legislativo expidiera
decretos de urgencia, pues la posibilidad de dictar dichas fuentes normativas ha sido
reservada al Presidente de la República, conforme a lo previsto en el artículo 118° 19
Las infracciones constitucionales de fondo tienen lugar cuando la materia regulada por
la norma con rango ley, resulta contraria a algunos de los derechos, principios y/o
valores constitucionales, es decir, cuando resulta atentatoria no de las normas
procedimentales o del iter legislativo, sino de las normas sustanciales reconocidas en la
.3.2 Infracciones constitucionales parciales o totales.
La totalidad o parcialidad de las infracciones constitucionales, no se encuentra referida a
un quantum de la fuente afectada (la Constitución), sino de la fuente lesiva (la ley o
norma con rango de ley). En efecto, una ley puede ser totalmente inconstitucional
cuando la totalidad de su contenido dispositivo o normativo es contrario a la
Constitución. En tales supuestos, la demanda de inconstitucionalidad es declarada
fu dada, y la disposición impugnada queda sin efecto.
ontrario sensu, la leyes parcialmente inconstitucional cuando sólo una fracción de su contenido dispositivo o normativo resulta inconstitucional. En caso de que el vicio parcial recaiga sobre su contenido dispositivo (texto lingüístico del precepto) , serán dejadas sin efecto las palabras o frases en que aquel resida . Si el vicio recae en parte de su contenido normativo , es decir, en algunas de las interpretaciones que pueden ser 11_ atribuidas al texto del precepto, todo poder público quedará impedido, por virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos sentidos interpretativos.
Finalmente, el artículo 75° del CPCont., alude a la afectación directa o indirecta de la Constitución en la que puede incurrir una ley o norma con rango de ley.
infracción directa de la Carta Fundamental por una norma, tiene lugar cuando dicha vulneración queda verificada sin necesidad de apreciar, previamente, la incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna(s) norma(s) legal(es). Se trata de aquellos supuestos en los que el parámetro de control de constitucionalidad, se reduce únicamente a la
IÍ I
Norma Fundamental. Así, todos los ejemplos a los que se ha hecho referencia hasta el momento revelan una vulneración directa de la Constitución.
27. Por su parte, la infracción indirecta de la Constitución implica incorporar en el canon del juicio de constitucionalidad a determinadas normas además de la propia Carta Fundamental. Se habla en estos casos de vulneración "indirecta" de la Constitución, gue la invalidez constitucional de la norma impugnada no puede quedar acreditada
con mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución, sino sólo luego de una previa verificación de su disconformidad con una norma legal perteneciente al pa 'metro de constitucionalidad.
T 1corno ha afirmado este Colegiado,
"en determinadas ocasiones, ese parámetro puede comprender a otras fuentes
distintas de la Constitución y, en concreto, a determinadas fuentes con rango
de ley, siempre que esa condición sea reclamada directamente por una
disposición constitucional (v.g. la ley autoritativa en relación con el decreto
legislativo). En tales casos, estas fuentes asumen la condición de 'normas
sobre la producción jurídica', en un doble sentido; por un lado, corno
'normas sobre la forma de la producción jurídica', esto es, cuando se les
encarga la capacidad de condicionar el procedimiento de elaboración de
otras fuentes que tienen su mismo rango; y, por otro, corno 'normas sobre el
contenido de la normación', es decir, cuando por encargo de la Constitución
pueden limitar su contenido."g
8 STC 0007-2002-AIlTC, Fundamento 5.
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De esta manera, la afectación indirecta de la Constitución responde al siguiente esquema:
Norma interpuesta
I Norma impugnada
(Viola indirectamente la Constitución, puesto que no observó los límites que ella encomendó establecer a la norma interpuesta)
(Viola directamente la norma que la limitó)
En tal sentido, se produce una afectación indirecta de la Constitución, ante la presencia
de una in mpatibilidad entre la norma sometida a juicio y otra norma legal a la que el
propio onstituyente delegó:
regulación de un requisito esencial del procedimiento de producción normativa.
En la STC 0041-2004-AI, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de centrar su
análisis en un vicio de esta índole, estableciendo que el requisito de ratificación de
las ordenanzas distritales por parte de la Municipalidad Provincial, previsto en el
artículo 40° de la Ley N.O 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)-,
constituye un requisito de validez de tales ordenanzas:
Á./ "En un Estado descentralizado como el peruano, los distintos niveles de
gobierno deben apuntar hacia similares objetivos, de modo que el diseño de
una política tributaria integral puede perfectamente suponer -sin que con
ello se afecte el carácter descentralizado que puedan tener algunos niveles- ,
la adopción de mecanismos formales, todos ellos compatibles entre sí, lo que
implica que un mecanismo formal como la ratificación de ordenanzas
distritales por los municipios provinciales coadyuva a los objetivos de una
TNI6liNAL C('r-~irrUC!üNÁq
8_'
~_OJ_A_S "Ili-f-_A_4_0
política tributaria integral y unifonne acorde con el principio de igualdad que
consagra el artículo 74° de la Constitución.,,9
regulación de un contenido materialmente constitucional. Es el caso , por ejemplo,
las leyes que, por mandato de la propia Constitución, se encuentran encargadas de
onfigurar detenninados derechos fundamentales.
Cy La detenninación de las competencias o límites de las competencias de los distintos
órganos constitucionales. Tal es el caso de la LBD. Nonnas legales de esta categoría
servirán de parámetro cuando se ingrese en la evaluación de la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de las ordenanzas regionales incoadas.
29. Mientras las nonnas legales a las que se ha hecho referencia en el fundamento precedente sean plenamente compatibles con la Constitución, fonnarán parte del denominado "bloque de constitucionalidad", a pesar de que, desde luego, no gozan del mismo rango de la lex legum. En estos casos, las nonnas delegadas actúan como nonnas interpuestas, de manera tal que su disconfonnidad con otras nonnas de su mismo rango, que sean impugnadas en un proceso de inconstitucionalidad, desencadena la invalidez constitucional de éstas.
A dicho bloque hace alusión el artículo 79° del CPConst. al referir que:
"Para apreciar la validez constitucional de las nonnas el Tribunal Constitucional considerará, además de las nonnas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para detenninar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona."
§4. Test de la competencia y conflicto normativo.
Se ha alegado que las ordenanzas regionales cuestionadas se habrían dictado excediendo
reparto competencial de los gobiernos regionales . Los problemas que detrás de dicha
impugnación subyacen son inherentes al proceso progresivo de descentralización, por
medio de la regionalización, en la que se encuentra el país.
La opción adoptada por la Constitución peruana al asumir la fonna de Estado propia del
Estado unitario y descentralizado, a través del establecimiento de gobiernos regionales y
locales dotados de autonomía, no sólo incide en 10 que es propio a la organización
territorial del poder estatal, sino que se proyecta en el sistema de fuentes del derecho,
planteando la necesidad de establecer la fonna cómo éstas deben articularse.
4.1 Proceso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias.
c so cuando, desde un punto de vista fonnal, el presente proceso responde a los
esupuestos del proceso de inconstitucionalidad, en la medida que se trata de enjuiciar
a eventual inconstitucionalidad de una serie de nonnas con rango de ley, es imposible
STC 004l-2004-Al, Fundamento 10 .
§osfay que, desde un punto de vista material, se trata de un conflicto de competencias positivo pues las distintas partes reclaman como propia la competencia para regular las materi abordadas por las ordenanzas regionales objeto de control.
No e vano existe un artículo de articulación de estas perspectivas en el CPConst. En efecj ,su artículo 110° señala:
"Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en
una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad."
De este modo se trata de encausar en la vía del proceso de inconstitucionalidad un conflicto de competencias que, no por tener su origen en la expedición de una serie de normas de rango legal, deja de ser tal.
4.2 Presupuestos del test de la competencia.
32. Es por ello que el Tribunal Constitucional considera que el presente conflicto puede ser resuelto apelando al test de la competencia 10. De allí que, antes de precisar cuál sea el
bloque de constitucionalidad conforme al cual el Tribunal analizará la constitucionalidad de las normas cuestioonadas, es preciso detenerse en el análisis de los distintos criterios que permiten, en aplicación del referido test, determinar la titularidad de las competencias en los Estados de configuración compleja como el nuestro.
Tal como ha tenido oportunidad de referir este Colegiado,
"en aquellos casos en los cuales deba definirse competencias o atribuciones que cuenten con desarrollo constitucional, pero que generen confusión al momento de interpretar y definir titularidad, sobre todo cuando, por la naturaleza de los órganos y funciones, se reconozcan competencias compartidas -como es el caso de los Gobiernos Locales y Regionales-, el análisis de competencia deberá superar el Test de la Competencia, método
mediante el cual el Tribunal analiza las materias asignadas a los sujetos constitucionales en conflicto bajo los parámetros de actuación desarrollados,
exclusivas, compartidas o
según se trate del ejercicio de competencias ( delegables."¡¡
De conformidad con dicho test, en primer lugar se debe analizar el principio de unidad . Luego, se debe ingresar propiamente en el análisis del principio de competencia, rel ionado con la lista de materias pormenorizada prevista en la Constitución y en el
uñoz Machado, Santiago . Derecho Público de las comunidades autónomas . T. 1. Madrid: Civitas, 1982, ss.
0013-2003-CC , Fundamento 10 .3.
, ///b~qe ~e constitucionalidad. T~mbién cabe recurrir a las, cláusulas ge~era~es, es decir,
nCIOnes generales confendas a cada uno de los organos constItucIOnales. Las
com etencias de los órganos constitucionales pueden ser:
también excluyentes.
si son privativas del órgano respectivo, es decir, no sólo exclusivas sino
b) Competencias compartidas: Son materias divididas en determinadas áreas de atención, repartiéndose responsabilidades entre dos o más niveles de gobierno, actividad coherente con los principios de cooperación y de tutela y control de los organismos constitucionales autónomos, según se verá luego.
c) Competencias delegadas: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada.
descentralizado regional.
4.3.1 Diferencias entre "Estado unitario centralizado", "Estado unitario descentralizado" y "Estado unitario y descentralizado".
34. De conformidad con el artículo 43° de la Constitución, el Estado peruano es unitario y descentralizado. Esta definición, en primer término, excluye la posibilidad de que nuestro Estado sea concebido como un Estado unitario centralizado, en decir, aquel en el qu as actividades fundamentales se encuentran concentradas en un órgano único.
el Estado unitario centralizado el poder central "domina" a los poderes locales y particulares. No confiere poder a ningún otro órgano, simplemente, acrecienta su burocracia a través de entidades directamente dependientes, a las que en todo momento
puede subrogarse. Por 10 general, en este tipo de Estado, no tiene cabida la resolución de
conflictos mediante el principio de competencia. La absoluta subordinación orgánica al
! 'poder central se proyecta en una configuración vertical del ordenamiento jurídico, de
modo tal que, comúnmente, las incompatibilidades entre las fuentes del Derecho son
resueltas apelando al principio de jerarquía normativa o a las técnicas que permiten
resolver antinomias.
.co, en el que la única autoridad investida con competencias normativas es el ierno Central, cuyas normas tienen vigencia y aplicación en todo el territorio aciona!. Como señalara Kelsen,
Estado unitario centralizado supone un
"la comunidad jurídica centralizada es aquella cuyo ordenamiento está constituido exclusivamente de normas que valen para todo el territorio,,12.
35. mo quedó dicho, no es ése el caso del ordenamiento jurídico de la República del Perú. n efecto, siendo el Estado peruano un Estado unitario, sin embargo, éste no ha sido ;tonfigurado como un Estado centralizado. En efecto, el tercer párrafo del artículo 43° de / la Constitución establece que el Estado unitario es de carácter descentralizado,
entendiendo por descentralización,
''una forma de organización democrática [y] una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país.,,13
36. La descentralización,
"1.0 Una pluralidad de órganos de decisión y de centros particulares de intereses; 2.° Una dirección de estas instituciones por autoridades propias, de carácter dependiente o semiindependiente (reflejado con frecuencia en el modo de su designación); 3.° Una sujeción de estas autoridades a un control cualificado (tute1a).,,14
Por su parte, el artículo 189° de la Norma Fundamental, establece que
"El territorío de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado de la Nación."
Mientras que, tal como disponen los artículos 191° y 194° de la Constitución, los gobiernos regionales y locales, respectivamente, gozan de autonomía política, económica y administrativa.
sostiene Prélot,
Un análisis conjunto de las referidas disposiciones permite sostener que el Estado peruano no es ''unitario descentralizado", sino "unitario y descentralizado". La diferencia entre uno y otro caso no es un simple juego de palabras. Encierra profundas diferencias en 10 que a la distribución horizontal del poder respecta.
Un Estado ''unitario descentralizado" es meramente un Estado unitario complejo, es decir, aquel en el que la descentralización solamente se presenta en un ámbito admi istrativo, más no en un ámbito político. En dichos Estados, las entidades
s Kelsen, Teoría general del Estado. México : UNAM, 1965, p. 215.
ículo 188 0 de la Constitución. 1 Prélot, M. Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1972, p. 24 L Citado por: Ferrando Badía, Juan. El Estado unitario, el Estado federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978, p, 46,
escentralizadas no gozan de verdadera autonomía, pues si bien tienen importantes
testades reglamentarias y ejecutivas, éstas, finalmente, reducen su cometido a la e' cución de las leyes estatales.
in embargo, nuestra Constitución no sólo ha conferido a los gobiernos descentralizados regiones y municipios) autonomía administrativa, sino también económica, y, lo que es / más importante, autonomía política. Esta última se traduce, de un lado, en la elección de sus órganos por sufragio directo (artículo 191 0 de la Constitución), y, de otro, en la capacidad de dictar normas con rango de ley (artículo 192 0 6 y 200 0 4 de la Constitución).
/ 4.3.2 Principio de cooperación y lealtad regional.
39. El carácter descentralizado del Estado peruano, por otro lado, no es incompatible con la configuración de Estado unitario, desde el momento que si bien ella supone el establecimiento de órganos de poder territorialmente delimitados, a los cuales se les dota de autonomía política, económica y administrativa, sin embargo, su ejercicio debe realizarse dentro de lo previsto por la Constitución y las leyes marco que regulan el reparto competencial de los gobiernos regionales y municipales.
40. Tal como sostiene Ferrando Badía, "La autonomía implica siempre competencias legislativas. Ser entidades autónomas no supone que sean soberanas, sino que presupone su integración
ahí que la actividad legislativa de los entes autónomos ha de
estar de acuerdo con los principios de integración del Estado del que forman
en el Estado . De
parte. (
La autonomía es, en efecto, libertad , facultad de promulgar
normas, gero con coordinación necesaria, respecto de una colectividad más grande." 5
En t medida, el ejercicio de las competencias de los gobiernos regionales deberá de e Izarse en los términos que establece la Constitución y las leyes orgánicas, , reservando la unidad e integridad del Estado y la Nación" (artículo 189 0 de la Constitución), coordinando "con las municipalidad sin interferir sus funciones y atribuciones" (artículo 191 0 de la Constitución). En suma, en "armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo" (artículo 192 0 de la Constitución).
Los gobiernos regionales, al tener un deber de cooperación leal, o de lealtad regional, en
la consecución de los fines estatales, no pueden dictar normas que se encuentren en contradicción con los intereses nacionales . Asimismo, tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de la misión constitucionalmente asignada al Gobierno Nacional así como
los gobiernos municipales. También la de abstenerse de realizar toda medida que
pueda co rometer o poner en peligro el cumplimiento de los fines constitucionalmente
'gna a tales instancias de poder estatal y vecinal.
43. Por ello, los gobiernos regionales tienen la obligación genenca de respetar la C~itución y las leyes que por encargo de ella limitan su actuación competencial. Y la obligación específica de cooperar con el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, cuando éstas precisen de la asistencia regional para el cumplimiento de sus fines .
implícitamente de los artículos 189°, 191 °
Y 192° de la Constitución. Opera como una garantía institucional, pues asegura que el proceso de descentralización no degenere en uno de desintegración en el que los gobiernos regionales puedan confundir el principio de autonomía que le ha sido
Dicho principio de lealtad regional, se deriva
/ reconocido constitucionalmente (artículo 191°) con los de autarquía o soberanía interna.
45. Si bien el gobierno del Perú es descentralizado, su Estado es uno e indivisible (artículo 43° de la Constitución), motivo por el cual ninguna política descentralizadora puede soportar decisiones gubernativas incompatibles o asistemáticas. Por el contrario, el proceso de descentralización debe ser concebido como el sistema más eficiente para asegurar el desarrollo integral del país.
Tal como refiere Pedro de Vega, la descentralización del Estado
"no sólo es un instrumento democratizador del poder y una garantía para la libertad, sino que, además, puede sUfoner una mejor técnica de organización para resolver los asuntos públicos."¡
4.3.3 Principio de taxatividad y cláusula de residualidad.
De onformidad con el artículo 190° de la Constitución, la regionalización es una de las :6 as como se realiza el proceso de descentralización del Estado peruano. Las regiones onstituyen espacios territorialmente delimitados, organizados sobre la base de caracteres geográficos, etnográficos, culturales, económicos, históricos y sociales comunes. Conforme establece el referido artículo 190°,
"Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles".
Aunque el establecimiento de estados federados es también una forma de descentralización, resulta sustancialmente distinta a un sistema regional. Mientras el sistema federal resulta incompatible con los presupuestos de un Estado unitario, el sistema regional es perfectamente compatible con la unicidad estatal.
En efepto, por lo general, en los países de sistema federal la presunción de la unidad
y regionalismo . Gurmesindo
ega, Pedro . Poder Constituyente y Regionalismo . En: Federalismo ru" o, compilador. Madrid, 1979, p. 354 .
estat~ es una herramienta a favor del Estado Federal, sino más bien de los Estados
federadqs, sobre la base de una delicada atribución de competencias. De esta manera, la ausencia de una clara delimitación competencial, desencadena que la específica compet~nciasea atribuida a los Estados federados.
48. Por el · contrario, en los Estados regionales, la unidad estatal continúa siendo el fundamento de la organización y marcha de la estructura del Estado, y consecuentemente, de su sistema jurídico. En un Estado como el nuestro, el principio de unidad resulta determinante al momento de evaluar la atribución de competencias que no se encuentren claramente definidas por el bloque de constitucionalidad, de manera tal que bajo una cláusula de residualidad, prima Jade, la competencia corresponderá al Gobierno Nacional.
49. Bajo tal perspectiva, a tal como ha tenido oportunidad de reseñar este Tribunal, "Por más que la cláusula de residualidad no está expresamente reconocida en la Constitución, a diferencia de lo que sucede en ordenamientos comparados
regionales sólo serán aquellas que explícitamente estén consagradas en la Constitución y en las leyes de desarrollo de descentralización, de modo que lo que no esté señalado en ellas, corresponde a la competencia exclusiva del Gobierno Central.,,17
cabe señalar que las competencias
a partir del principio de unidad (
Los gobiernos regionales no tienen más competencias que aquellas que la Constitución las leyes orgánicas les hayan concedido. En otras palabras, los gobiernos regionales se ncuentran sometidos al principio de taxatividad, de modo tal que aquellas com tencias que no les han sido conferidas expresamente, corresponden al Gobierno Na onal (cláusula de residualidad).
1 principio de taxatividad se desprende del segundo párrafo del artículo 192° de la Constitución que establece cuáles son las competencias de los gobiernos regionales. Y se encuentra reforzado en el inciso 10) del mismo precepto constitucional, al establecerse que también son competentes para
"Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley". (subrayado agregado).
Adicionalmente, será determinante definir los intereses de alcance nacional, pues la definició normativa y ejecutiva de las políticas encargadas de abordarlos, es siempre ncia exclusiva del Gobierno Nacional.
pnnClplO
autod terminación. Estos últimos presuponen la desintegración de la unidad político- estat , en tanto que la regionalización su fortalecimiento, dentro de una forma de orgru;\ización democrática del poder estatal. No puede olvidarse, pues, que tal como reza el adículo 189 0 de la Constitución, la organización de los gobiernos nacional, regional y local, dentro de sus determinadas circunscripciones, debe realizarse conforme a la Constitución ya la ley,
"preservando la unidad e integridad del Estado y la Nación".
52. En ese sentido, la regionalización supone el establecimiento de una estructura de gobierno y administración, a la cual se le dota de autonomía, para el ejercicio de determinadas competencias previamente asignadas por la Constitución y las leyes de desarrollo constitucional, en los ámbitos político, económico y administrativo.
4.3.4 Principio de control y tutela.
53 . En la medida que la regionalización se inserta dentro del proceso de descentralización, y éste se realiza "por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales", los gobiernos regionales
están sujetos a instancias de control y tutela por parte de órganos nacionales competentes.
Tal principio se encuentra recogido en el artículo 199 0 de la Constitución, según el cual, "Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente".
por el artículo 75 0
ículo constitucional desarrollado por el artículo 21 0 de la LBD y e la LOGR. Este último precepto señala:
"Artículo 75.- Régimen de fiscalización y control
El Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a ley y al R~glamento del Consejo Regional.
El control a nivel regional está a cargo del Órgano Regional de Control
/l Interno, el cual depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República."
55. En virtud del principio sub examine, los gobiernos regionales (y, desde luego, también los locales) se encuentran sometidos a supervisión directa y permanente por órganos del Gobierno Nacional. Principio que se explica por la función de la Constitución de integrar, tanto a nivel social como jurídico. La integración exige que el ordenamiento jurídico regional se articule armónicamente con el ordenamiento constitucional y legal.
56. Tal principio de control, sin embargo, no debe entenderse sólo en el sentido de que los únicos autorizados para realizar el control sean los órganos estatales competentes. Conforme al principio democrático, que transversalmente informa al proceso de descentralización mediante la regionalización, el artículo 8 0 3 de la LOGR, ha establecido que:
"La administración pública regional está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño. Los gobiernos locales incorporarán a sus programadas de acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. Los titulares de la administración pública regional son gestores de los intereses de la colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley establezca".
4.4 Principio de competencia. 4.4.1 Estado unitario y descentralizado, sistemas normativos y distribución de competencias.
En el Estado unitario y descentralizado regional, la potestad normativa está distribuida entre órganos nacionales y regionales, además de los locales. La autonomía político- normativa de los gobiernos regionales conlleva la facultad de crear Derecho y no sólo de ejecutarlo. Precisamente por ello, como quedó dicho, el Estado peruano no puede concebirse como un Estado ''unitario descentralizado", es decir, como aquel en el que la descentralización tan sólo refleja una proyección estamentaria o administrativa de un único ordenamiento jurídico a ejecutar. Se trata, por el contrario, de un Estado "unitario y descentralizado", esto es, un Estado en el que la descentralización, al alcanzar una manifestación político-normativa, fundada en el principio constitucional de la autonomía, prevista en los artículos 191 0 y 194 0 de la Constitución, acepta la convivenc'a de sub-sistemas normativos (nacional, regional y local).
eación de gobiernos regionales con competencias normativas comporta la
i oducción de tantos sub-sistemas normativos como gobiernos regionales existan al
'nterior del ordenamiento jurídico peruano. Tal derecho regional, sin embargo, tiene un ámbito de vigencia y aplicación delimitado territorialmente a la circunscripción de cada gobierno regional, además de encontrarse sometido a la Constitución y a las leyes de
/ /1 esarrollo constitucional, particulannente, a la LBD y a la LOGR.
/// 59. ~aarticulación de las fuentes en un ordenamiento de tal naturaleza no puede efectuarse / / exclusivamente bajo los alcances del principio de jerarquía, pues éste no pennite dar respuesta coherente al conflicto que se pudiera presentar entre nonnas expedidas por el Gobierno Central y los gobiernos regionales, que cuentan con el mismo rango nonnativo. En efecto, si las nonnas regionales no son jerárquicamente subordinadas a las del Gobierno Central, su articulación con éstas no puede sustentarse en el principio de jerarquía, sino confonne al principio de competencia, según el cual en el ámbito competencial regional la nonna regional tennina excluyendo a la nonna del Gobierno Central y, en general, a la de cualquier otro ordenamiento (v.g. del gobierno local) . Corno se expresa a contrario sensu en el artículo 36 0 de la Ley Orgánica de Regiones, las
ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto
nonnas de otro gobierno regional ni de los otros niveles de gobierno."
nonnas y disposiciones del Gobierno Regional se adecuan al
En ese sentido, la articulación de las fuentes del derecho regional, tanto con las fuentes del derecho nacional corno con las del derecho local, exige que se delimiten los ámbitos competenciales a través de la técnica constitucional del test de la competencia, postulada en el artículo 13 0 de la LBD al distinguir entre competencias exclusivas, compartidas y elegables. Ello es así puesto que no sólo el ámbito competencial constitucionalmente arantizado de los gobiernos regionales está supeditado a que su ejercicio se efectúe "en os ténninos que establece la Constitución y la ley" (artículo 189 0 de la Constitución), sino, adicionalmente, sin perder de vista que sus atribuciones deben realizarse "en annonÍa con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo" (artículo 192 0 de la Constitución), no pudiendo interferir en el ejercicio de las funciones y atribuciones de los gobiernos locales (artículo 191 0 de la Constitución).
De ahí que el artículo
1 de la LBD establezca que los órganos con competencia
J?Anonnativa, corno consecuencia del proceso de descentralización,
I "se sujetan al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución y las leyes de la República".
Y, a su vez, el artículo 50 de la LOGR haya previsto que la misión de los gobiernos regionales s:
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
políticas nacionales, regionales y locales de desarrollo".
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
Dado que las ordenanzas regionales son normas con rango de ley (artículo 200° 4 de la Constitución), no se encuentran jerárquicamente subordinadas a las leyes nacionales del Estado, por lo que para explicar su relación con éstas no hay que acudir al principio de ·erarqUía, sino al principio de competencia, pues tienen un ámbito normativo ompetencial distinto. Lo cual no significa que éste pueda ser desintegrado, ni mucho menos, contrapuesto. De hecho -según se ha podido referir, y respecto de lo cual a
,fi 1 continuación se profundizará-, en tanto existen leyes a las que la Constitución ha
/ d~l~gado l~ determinació.n d.e las competenci~s o límite~ de las competencias de l~s
dIstmtos
que inconstitucionalidad indirecta.
so pena de incurrir en un vicio de
62. el literal c) del Fundamento 28, supra, ha quedado dicho que forman parte del bloque
constitucionalidad o parámetro de control constitucional, aquellas leyes a las que la
Constitución delega la determinación de las competencias o límites de las competencias
de los distintos órganos constitucionales.
63. En tal sentido, si bien de la colisión de dos fuentes del mismo rango normativo, no se deriva, primaJade, un problema de validez constitucional, sino
que se resuelve conforme a las
técnicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico (vg. 'ley especial deroga ley general', 'ley posterior deroga ley anterior', etc.)" (STC 0032- 2004-AI, Fundamento 3),
"un típico problema de antinomia (
en el análisis del presente caso, nos encontramos ante ordenanzas regionales del mismo
rango que una ley del Congreso, 10 cual no supone que la norma posterior y especial - ordenanza- prime sobre la ley nacional, por cuanto en un modelo jurídico de Estado U . ario, pero descentralizado, no es, en primera instancia, el principio de jerarquía
seniano, sino el principio jurídico de competencia el que sustenta y ordena la esolución de los conflictos entre normas jurídicas del mismo rango legal.
Así las cosas, sin peIjuicio de la autonomía normativa de los gobiernos regionales, sus
ordenanzas no sólo se encuentran limitadas territorialmente (sólo resultan aplicables en
respectiva circunscripción territorial del gobierno regional), sino que su validez se
encuentra supeditada a su compatibilidad con la Constitución y las normas legales que,
para tales efectos, integren el bloque de constitucionalidad.
.4.2 El bloque de constitucionalidad de las ordenanzas regionales.
4.4.2.1 La integración en el bloque de las leyes orgánicas.
Las competencias de los gobiernos regionales se encuentran previstas en el artículo 192° de la Constitución. Sin embargo, dicha enumeración no es cerrada, pues el propio re ~pto delega en la ley la posibilidad de establecer otras competencias a ser ejercidas r los gobiernos regionales . En efecto, por un lado, el inciso 7 del artículo 192°, establece que los gobiernos regionales son competentes para
.FOJAS ,." :0
"7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.";
mientras que, de otro lado, el inciso 10 del mismo artículo estipula que los gobiernos regionales son competentes para
"10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley."
En criterio del Tribunal Constitucional, la "ley" a la que hacen alusión los artículos referidos es la ley parlamentaria, y, más concretamente, la ley orgánica, pues, de conformidad con el artículo 106° de la Constitución,
"[m]ediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución".
Así, si bien no está expresamente prevista en la Constitución una reserva de ley orgánica para determinar las competencias de los gobiernos regionales, tal como sí ocurre con el caso de los gobiernos locales (artículo 194°), sin embargo, dicha exigencia se encuentra prevista de modo indirecto en el artículo 106°. Ello , empero, no debe ser interpretado en el sentido de que el establecimiento de la categoría de ley orgánica previta en el primer párrafo, ah initio, del artículo 106°, sea un mandato numerus apertus, pues es numerus clausus en tanto queda limitada la regulación mediante ley orgánica sólo la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución -entiéndase, los poderes del Estado, gobiernos locales, regionales y organismos autónomos-, más no cualquier actividad, función o servicio público que la Constitución reconozca.
regionales, son la LBD y la LOGR.
Dichas competencias, de conformidad con el
ículo 13° de la referida ley, pueden ser exclusivas, compartidas o delegadas:
"Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de
manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la
Competencias delegables: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el período de la delegación. "
~n tanto las competencias compartidas dan lugar a funciones específicas que cada uno ~6 ~os nivele~ de gobiern? debe ll.evar a cabo, tal~s funcion~s,. en el ca , so de los
gobIernos regIOnales, han sIdo recogIdas en su respectIva ley orgamca; especIficamente
en sus artículos 47° a 64°.
En tal sentido, la validez de las ordenanzas regionales se encuentra sujeta al respeto del marco normativo establecido tanto en la LBD como la LOGR, por lo que forman parte del parámetro de control en la presente causa.
4.4.2.2 La integración en el bloque de otras normas legales.
69. Sin embargo, lo recién expresado no significa que allí se agoten las normas que pueden L conformar el bloque de constitucionalidad. La apertura de éste a otras normas, ya sean leyes orgánicas o simples leyes estatales o decretos legislativos, depende del tipo de materias que hayan sido reguladas por una ordenanza regional y, particularmente, de la clase de competencia (exclusiva, compartida o delegable) de que se trate.
Así, por ejemplo, si se trata de una norma que regula una competencia compartida, esto es, aquella en la cual el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional concurren y colaboran en la regulación de una materia dada, correspondiendo al primero de ellos precisar los principios fundamentales a los cuales está sujeta, en tanto que a la Ordenanza Regional completar la regulación estatal, el control de constitucionalidad de la ordenanza no sólo deberá de realizarse conforme a la Constitución, la LBD y LOGR, sino también conforme a las normas legales dictadas por el Gobierno Nacional que hayan establecido dichas pautas fundamentales.
Tal es el sentido en el que debe ser interpretado el artículo 79° del CPConst. cuando establece que "Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la .i!/ competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los
derechos fundamentales de la persona."
Lo mismo puede sostenerse en relación con las competencias "delegadas" de los gobiernos regionales. En efecto, tratándose de la impugnación de una ordenanza regional que haya regulado una materia supuestamente delegada, la determinación de validez constitucional de tal regulación no sólo habrá de efectuarse tomando únicamente como cánon interpretativo de control a la Constitución, la LBD y la LOGR, sino también al acto normativo que contiene el acuerdo entre ambos niveles de gobierno que exprese el ámbito de la materia delegada a favor del gobierno regional. Tal integración del acuerdo de tro el parámetro de control se debe al hecho de que éste contiene los límites ales a los cuales se encuentra vinculada la legislación regional.
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/ " C nstitución, la LBD y la LOGR. Pero también, tratándose de la regulación de
erminadas materias, el bloque de constitucionalidad puede encontrarse conformado ,
a .icionalmente, por otras leyes nacionales, En estos casos, dichas normas forman parte d~ lo que bien podría denominarse parámetro "eventual " de constitucionalidad ,
4.5 Otros principios constitucionales del reparto competencial.
72. Es preciso advertir que este ensanchamiento del parámetro no qUIere decir que el proceso de descentralización y, en particular, su realización "por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales" (artículo 188 0 de la Constitución), quede a merced exclusiva y excluyente de lo que el legislador nacional pueda dictaminar.
73. Todas las normas de rango infra-constitucional que sean capaces de conformar tal parámetro de constitucionalidad, para integrarlo y servir de normas de referencia para evaluar la constitucionalidad de las ordenanzas regionales, previamente deberán ser conformes con los principios constitucionales que regulan el reparto competencial de los gobiernos regionales.
y es que la conformación del parámetro de las ordenanzas regionales con normas de rango legal no altera en lo absoluto el hecho de que el control que este Tribunal realiza el proceso de inconstitucionalidad de las leyes es, en esencia, un control de validez I stitucional. Asumir una idea contraria, además de desnaturalizar la esencia del roceso de inconstitucionalidad, podría conducir a la hipótesis no auspiciada por la Constitución, de que el proceso de regionalización quede en manos enteramente del
y desarrollo progresivo ,
sino, incluso, en lo que hace a su propia viabilidad, es decir, a las posibilidades reales de
legislador central. No sólo en lo referente a su implementación
que el proceso de regionalización sea real y efectivo .
Así, a los principios constitucionales que determinan el reparto competencial que han sido desarrollados hasta el momento (supremacía constitucional, unidad, cooperación y
lealtad regional, taxatividad, tutela y control, y competencia), cabe agregar los principios
de efecto útil y progresividad.
4.5.1 Principio del efecto útil y poderes implícitos.
75 . A juicio del Tribunal, cada vez que una norma (constitucional o legal) confiere una competencia a los gobiernos regionales, debe entenderse como que ésta contiene normas
i icitas de sub-competencia para reglamentar la norma legal , sin las cuales el ejercicio
d la competencia conferida a los gobiernos regionales carecería de eficacia práctica o utilidad.
El princIpIo del efecto útil, así , pretende flexibilizar la rigidez del princIpIO de
taxatividad, de modo que la predeterminación difusa en tomo a los alcances de una competencia por la ley orgánica o la Constitución, no termine por entorpecer un proceso
que, en principio, se ha previsto como progresivo y ordenado conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias (artículo 188 0 de la Constitución).
Así, el principio de taxatividad de competencias no es incompatible con el reconocimiento de que los gobiernos regionales también pueden realizar aquellas competencias reglamentarias no previstas legal ni constitucionalmente, pero que sin embargo son consustanciales al ejercicio de las previstas expresamente (poderes implícitos), o constituyan una directa manifestación y exteriorización de los principios que rigen a los gobiernos regionales dentro de un Estado unitario y descentralizado.
4.5.2 Principio de progresividad en la asignación de competencias y transferencia de recursos.
proceso de descentralización del poder estatal mediante el establecimiento de las
regiones y sus gobiernos regionales no es un acto acabado o definitivo, pues se realiza por etapas, conforme dispone el artículo 188 0 de la Constitución. En ese sentido, la asignación de competencias hacia los gobiernos regionales, así como la de sus recursos, es un proceso abierto, que la Constitución ha querido asegurar, entre otros medios, al
establecer sólo de manera enunciativa las competencias de los gobiernos regionales, y dejar que esta tarea se complemente y amplíe mediante la incorporación de nuevas competencias por medio de la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 192 0 10 de
Constitución o, incluso, mediante acuerdo entre gobierno nacional y gobiernos
regionales tratándose de competencias delegadas.
ese sentido, sobre el legislador nacional pesa un mandato constitucional que lo obliga
no adoptar medidas regresivas que posterguen el proceso de regionalización o dificulten irrazonablemente la asignación adecuada de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, conforme enuncia el artículo 188 0 de la Constitución; en la medida, claro está, de que exista disponibilidad presupuestal y de gasto público para tales efectos (Undécima Disposición Final y Transitoria de la Constitución).
Teniendo presentes los criterios expuestos, corresponde evaluar la constitucionalidad de
1 §5. Planta de la hoja de coca, patrimonio cultural y derecho fundamental a la identidad cultural.
ordenanzas regionales impugnadas.
'nación
1 artículo 10 de la Ordenanza Regional N .O 031-2005-GRC I CRC, dispuso declarar a la
planta de la hoja de coca
"como Patrimonio Regional Natural - Biológico - Cultural - Histórico del Cusco y como Recurso Botánico integrado a la cultura y cosmovisión del
mundo andino y a las costumbres y tradiciones
/ /"\
culturales y medicinales."
f'or su parte, el artículo l° de la Ordenanza Regional N.O 015-2004-CR-GRH, dispuso
"reconocer a la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria de la Región Huánuco."
El artículo 21 ° de la Constitución establece lo siguiente:
"Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
Por su parte, el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N.O 28296 -Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación- dispone:
"Se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la Nación, toda manifestación del quehacer humano -material o inrnaterial- que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente
declarado como tal, o sobre el que exista la presunción legal de serlo. (
Así as cosas, dada la amplitud y alcances del concepto de patrimonio cultural (ver F ndamento 100 y ss., infra), más allá de la diversidad terminológica utilizada por bas ordenanzas en sus respectivos artículos, debe interpretarse que en suma, los Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco, al expedir las normas referidas, se han considerado competentes para declarar a la planta de la hoja de coca como patrimonio cultural en sus respectivas regiones. Motivo por el cual su validez o invalidez constitucional de dichas normas, de conformidad con los principios de supremacía constitucional y taxatividad, se encuentra supedita a que la Constitución, la LBD o la LOGR le hayan conferido a los gobiernos regionales dicha competencia, y, en tal supuesto, a que se haya desarrollado en armonía con las políticas nacionales sobre la materia.
Al respecto, el demandante sostiene que en la Constitución, la LBO o la LOGR
"no aparece directamente, ni por interpretación que constituya competencia de estos gobiernos, el declarar como Patrimonio Cultural a la hoja de coca."
elación con tal argumento, el Gobierno Regional de Cusco sostiene que
"parece una falacia el querer decir que el Gobierno Regional de Cusco
debería tener una competencia para declarar talo cual patrimonio cultural o específicamente la Planta de la Hoja de Coca."
Lo cierto, sin embargo, es que no se trata de "falacia" alguna, puesto que, tal como uedó dicho, los Gobiernos Regionales se encuentran sometidos a un principio de taxatividad en el ejercicio de sus competencias, de modo tal que éstas deben encontrarse expresamente previstas en el ordenamiento jurídico nacional. En caso contrario, bajo la ! cláusula de residualidad implícita en todo Estado unitario y descentralizado, la
i competencia debe entenderse como propia del Gobierno Nacional.
No obstante, luego el demandado ampara la dación del precepto en cuestión en el artículo 35° n) de la LBD que reconoce como competencia exclusiva de los gobiernos regionales,
"Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad."
El Tribunal Constitucional no considera atendible este argumento. No sólo porque la
declaración como patrimonio cultural de un determinado bien no resulta un requisito sine qua non para la promoción de su uso sostenible, sino también, y principalmente, porque las competencias relacionadas a la promoción de los bienes que constituyen patrimonio cultural se encuentran específicamente reguladas por nuestro ordenamiento jurídico nacional.
En efecto, el artículo 47° 1) de la LOGR establece que los gobiernos regionales tienen como función específica,
"Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región."
1 respecto, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley N.O 28296 -Ley General del atrimonio Cultural de la Nación-, dispone:
"El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, están encargados de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación dentro de los ámbitos de su competencia."
Por consiguiente, en criterio del Tribunal Constitucional, aún cuando los Gobiernos Regionales gozan de una participación expresamente reconocida en los actos preliminares a la declaración como patrimonio cultural de un determinado bien situado
en su jurisdicción, la concreta declaración es responsabilidad de entidades del Gobierno Nacional. Esto quiere decir que la promoción de los bienes que constituyen patrimonio cultural de la Nación, es una competencia compartida entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno Regional en cuya jurisdicción se encuentran, pues mientras a éste corresponde
liz la propuesta de declaración del bien como patrimonio cultural, es el Gobierno
a·onal el encargado de definirlo normativamente para que tenga validez y eficacia.
sí las cosas, la Constitución (artículo 192°) no reconoce expresamente a los gobiernos
regionales la competencia para declarar un bien corno Patrimonio Cultural de la Nación; lo que no obsta para que dichos gobiernos puedan realizar propuestas a fin de que un et inado bien sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En ese sentido, pues, esta os frente a una competencia compartida entre el gobierno central y los gobiernos regi nales , en el sentido que, de acuerdo con el artículo 10 0 2 f) de la LOGR, es co~petenciadel gobierno central, a través del Instituto Nacional de Cultura (artículo VII de 'la Ley N.o 28296 -Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación-), la declaración de un bien corno patrimonio cultural de la Nación, lo que no excluye, sin embargo, que los gobiernos regionales lo puedan proponer; claro está siempre que estas propuestas no afecten la integridad del Estado (artículo 189 0 de la Constitución) y se realicen en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, según dispone el artículo 192 0 de la Constitución.
Ello obedece, por lo demás, a que, corno ha señalado este Colegiado,
"es el Estado quien protege dichos bienes culturales, competencia asignada porque, según la misma Constitución, tales bienes constituyen patrimonio cultural de la Nación. Este Colegiado no comparte la tesis interpretativa de la demandante, según la cual sólo la Municipalidad tendria competencia para realizar actividades y/o servicios en materia de 'conservación de monumentos arqueológicos e históricos'. En efecto, para todo bien considerado corno Patrimonio Cultural de la Nación, su protección es un asunto que trasciende la circunscripción territorial dentro de la cual las municipalidades ejercen sus competencias.,,18
En ese sentido, de una interpretación sistemática de las normas reguladoras del reparto de competencias en materia de declaración del Patrimonio Cultural de la Nación se desprende que:
a) Los gobiernos regionales no tienen competencia para declarar que un bien pueda
tener la condición de patrimonio cultural de la Nación. Tal declaración, cualquiera , sea el lugar en el que se encuentre el bien, corresponde al Instituto Nacional de
.f ámbitos de competencia de estos tres órganos de carácter nacional.
Cultura, la Biblioteca Nacional y
el Archivo General de la Nación, dentro de los
b) Los gobiernos regionales sí tienen competencia, en cambio, para promover la declaración de un bien que se encuentre en su ámbito territorial corno patrimonio cultural. También la tienen en materia de "protección" y "conservación" sobre los bienes del patrimonio cultural de la Nación que se encuentren dentro del ámbito territorial de la Región respectiva.
88. ell ,corno quiera que la Constitución ha conferido al legislador orgánico la facultad stablecer el elenco de competencias de los gobiernos regionales , y que al
--~~,~ :_:~ ~:::: . ;-~.~
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arrollarse éstas, mediante la LOGR, no se ha previsto que éstos sean competentes
pa a declarar a determinados bienes como Patrimonio Cultural, sea Regional o de la N ción, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ordenanza
/ Rkgional N.O 031-2005-GRC/ CRC y del artículo 1° de la Ordenanza Regional N.O 015-
2Ó04-CR-GRH.
89 . El Gobierno Regional de Cusco, implícitamente, ha reconocido la competencia del Gobierno Nacional en la declaración de la planta de la hoja de coca como patrimonio cultural. En efecto, en el escrito de su demanda ha sostenido:
"el hombre vinculado desde sus ancestros de siglos atrás, a la Planta de la Hoja de Coca no puede ser olvidado, como sí lo hace la política nacional en esta materia en forma discriminatoria y el Gobierno Regional de Cusco, lo reivindica y reconoce, bajo un concepto declarativo.
La Ordenanza Regional busca superar la falta de reconocimiento como Patrimonio Natural a la Planta de la Hoja de Coca, que el mismo Estado a nivel nacional soslaya, como es la dación por el Congreso de la República de la Ley N.o 28477 que incluye a 45 cultivos nativos; 3 crianzas nativas y 11 especies de Fauna Silvestre Usufructuadas y en dicha relación NO ESTÁ CONSIDERADA LA PLANTA DE LA HOJA DE COCA (oo.)".
En otras palabras, es el vacío legal existente el que, en criterio del demandado, le autoriza a suplir la inercia del Gobierno Nacional en una competencia que no es exclusiva de los gobiernos regionales, sino compartida con aquél.
90 . al argumento, desde luego, no puede ser admitido por este Colegiado. Concebir que las competencias exclusivas o las funciones específicas dentro de las competencias compartidas que han sido asignadas por la Constitución o las leyes orgánicas al Gobierno Nacional, pueden ser ejercidas por los Gobiernos Regionales sólo por el hecho de que éstas aún no han sido realizadas, contraviene los más elementales principios del Estado unitario. En efecto, bajo tal perspectiva, por ejemplo, ante la inercia del Gobierno Nacional en el ejercicio de una competencia exclusiva, podrían existir tantos modos de ejecución de dicha competencia como gobiernos regionales existen, con la consecuente afectación del equilibrío y el desarrollo integral de la Nación exigido por el artículo 188° de la Constitución.
91. Lo expuesto, desde luego, tampoco significa que este Tribunal sea ajeno a los importantes argumentos planteados por los demandados en relación con las causas que explicarían la necesidad de la declaración de la planta de la hoja de coca como patrimonio natural y cultural de la Nación. Por ello este Colegiado estima pertinente realizar una aproximación al tema.
5.2. Uso tr tlicional de la hoja de coca y derechos culturales.
ltivo y el consumo de la hoja de coca en el Perú ha formado parte de la tradición 'stórica y cultural de un importante sector de la población andina. En manifestación
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fuertemente arraigada que se ha transmitido de generación en generación dejde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, para dichas comunidades, la hoja de copa tiene una significación de especial valía en una dimensión religiosa, medicinal,
eQbnómica y social.

References: Artículo 1
 artículo 192
 artículo 26
 artículo 45
 artículo 47
 artículo 19
 resolución 
 Resolución 
 artículo 192
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 artículo 10
 artículo 14
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 artículo 3
 artículo 14
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 8
 Resolución 
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 artículo 78
 resolución 
 artículo 7
 artículo 109
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 artículo 13
 Resolución 
 artículo 119
 artículo 1
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Artículo 1
 artículo 43
 Artículo 11
 artículo 59
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 75
 artÍCulo 83
 artículo 79
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 artículo 105
 artículo 106
 artículo 118
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 artículo 189
 artículo 190
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 artículo 199
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 artículo 8
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 artículo 13
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 artículo 50
 artículo 192
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 artículo 106
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 artículo 79
 artículo 188
 artículo 192
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