Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24977
Timestamp: 2020-01-17 18:18:53+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 95/2016
SENTENCIA 95/2016, de 12 de mayo
ECLI:ES:TC:2016:95
En el conflicto positivo de competencia núm. 6975-2013, promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, contra el art. 5, apartados 1 y 2, la disposición final segunda, apartados 3 y 18, la disposición adicional tercera, apartado 5, y la disposición final primera del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, así como contra los arts. 1.1, 2.4 y 50, apartados 6 y 7, y la disposición transitoria primera.2 de la Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. Ha intervenido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
No obstante, con carácter provisional, en tanto no se aprobare el traspaso de las funciones, medios y servicios necesarios para la asunción de las competencias que el Tribunal Constitucional había declarado que correspondían a la Generalitat de Cataluña, en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1721/2007 se dispuso un régimen transitorio en cuanto a la gestión de las becas, de modo que “las funciones ejecutivas autonómicas a que se refieren sus artículos 40, 41 y 42 serían realizadas por el Ministerio de Educación”. Así se mantuvo en sede estatal la convocatoria y otras decisiones de carácter ejecutivo sobre las becas hasta su efectivo traspaso, permitiendo que las Comunidades Autónomas competentes realizaran funciones de tramitación, previa firma del correspondiente convenio con el Ministerio. En esta situación provisional han transcurrido seis años más, esto es, un total de doce años desde la STC 188/2001, y el anunciado traspaso de las becas aún no ha tenido lugar, como es notorio y se reconoce expresamente en el escrito de respuesta al requerimiento. En este escrito se menciona la existencia del acuerdo del pleno de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de 19 de julio de 2011, conforme al cual “ambas partes proseguirán la negociación del acuerdo de traspaso, intensificarán sus esfuerzos para resolver los problemas pendientes y se comprometen a alcanzar una propuesta de acuerdo que deberá ser sometida a la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña en los próximos meses”. En lugar del traspaso de funciones, medios y servicios se han venido firmando convenios anuales por los que, a modo de encomienda de gestión, la Administración realiza las funciones de tramitación de las becas, pero sin poder ejercer con propiedad la plenitud de las competencias ejecutivas que le corresponden.
En la norma objeto del presente conflicto “se acomete una reforma de la estructura del sistema”, pero sin avanzar hacia la configuración de un sistema que facilite el ejercicio de las competencias autonómicas al respecto y los oportunos traspasos. Al contrario, no solo se mantiene aquella situación provisional de retención estatal de funciones de gestión de las becas que no le corresponden al Estado, sino que atribuye al Ministerio las funciones de distribución del nuevo componente de las becas, la denominada “cuantía variable”, pues para su reparto se recurre al método de la lista única. Todo ello supone la vulneración de las competencias asumidas por la Generalitat y provoca la necesidad de acudir nuevamente a la jurisdicción constitucional formulando el presente conflicto.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 reconoce el derecho de todas las personas a disponer, en los términos y condiciones que establezcan las leyes, de ayudas públicas para satisfacer los requerimientos educativos y acceder a los niveles educativos superiores, en función de sus recursos económicos, capacidad y preferencias (art. 21.6 EAC). Por lo que se refiere al contenido de las competencias que corresponden a la Generalitat, la competencia compartida de la Generalitat en materia de educación no universitaria incluye, respetando los aspectos esenciales del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.1.30 CE, “el régimen de fomento del estudio, de becas y de ayudas estatales” (art. 131.3 EAC) y la competencia en materia de enseñanza universitaria incluye “la regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la regulación y gestión de los fondos estatales en esta materia” [art. 172.1 g) EAC].
c) Un tercer bloque de alegaciones tiene como objeto la reforma introducida por el Real Decreto 609/2013: el componente denominado “cuantía variable”.
No cabe aceptar como básica una regulación pormenorizada cuya aplicación tiene, además, carácter eventual. Lo básico debe quedar referido a los componentes fijos de las becas y al establecimiento del importe mínimo y/o máximo de la cuantía variable, pero no más allá. Y las Comunidades Autónomas deben utilizar su competencia de desarrollo normativo para modular la aplicación de la cuantía variable en su respectivo territorio, ponderando los componentes de la fórmula a la que se refiere el artículo 9.2 y determinando el porcentaje del importe que se destinará a los estudiantes universitarios y no universitarios, respectivamente, pues en permitir esa modulación puede consistir la oportuna “atención a las peculiaridades territoriales” (STC 188/2001, FJ 11).
d) La disposición adicional tercera del Real Decreto 609/2013, relativa a la compensación a las universidades por la exención de matrícula, merece una consideración especial. El precepto obliga a las Comunidades Autónomas a asumir la diferencia entre el coste del precio público que se haya fijado para las matrículas universitarias y la cuantía que por el concepto de “beca de matrícula” [art. 9.1 a)] aporte el Ministerio de Educación. Con ello se compensa a las universidades y el beneficiario de la beca queda efectivamente exento de cualquier obligación económica. En síntesis, el precepto establece el deber de las Comunidades Autónomas de cofinanciar las becas estatales de matrícula, lo que afecta a la autonomía financiera de las mismas, en su vertiente de gasto (SSTC 13/1992, FJ 7;, y 68/1996, FJ 11, entre otras). De acuerdo con la autonomía de gasto garantizada por el art. 156.1 CE y reconocida en el art. 211 EAC, la Generalitat ha de poder escoger y llevar a cabo sus propias políticas, fijando con libertad el destino y orientación del gasto público dentro de sus competencias. En cambio, la obligación que impone la mencionada norma es una medida unilateral, poco respetuosa con el principio de lealtad institucional en el ámbito de la autonomía financiera, que al condicionar las decisiones de gasto de la Generalitat vulnera el orden competencial e incide inconstitucionalmente en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
La reclamación competencial que se plantea en el presente conflicto en relación con el art. 1.1 de la resolución, más que a la titularidad de la competencia, que ya fue declarada en la STC 188/2001, se refiere a su efectivo ejercicio actual. Cabe lealmente entender y aceptar que, en aplicación del principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos, sea necesario el ejercicio estatal de una competencia autonómica mientras los servicios no sean transferidos, pero este ejercicio debe quedar necesariamente limitado en el tiempo, pues lo contrario supone mantener indefinidamente una situación que, amén de anómala, deviene en burla del orden constitucional. Como afirma la jurisprudencia constitucional, la situación anómala debe ser provisional (STC 155/1990, FJ 2); “cualquier retraso en el cumplimiento de las transferencias implicaría una prolongación indebida de aquella provisionalidad y un obstáculo grave a la plena efectividad del reparto de competencias” (STC 209/1990, de 20 de septiembre, FJ 4).
En definitiva, la representación procesal del Gobierno de la Generalitat aboga por que se produzca sin más dilaciones el ineludible traspaso a Cataluña de la gestión de las becas y ayudas al estudio, pues entiende que no se ajusta a la debida lealtad institucional y constitucional que el Gobierno mantenga indefinidamente una anómala situación provisional que impide el normal ejercicio de las competencias autonómicas previstas en el bloque de la constitucionalidad, según declaró el Tribunal Constitucional en la STC 188/2001, de 20 de septiembre, hace más de doce años.
Por otrosí primero, solicita al Tribunal Constitucional que, “en aplicación de lo previsto en el art. 92 y concordantes LOTC, adopte las medidas procedentes, o señale un límite temporal, para que no se pueda mantener indefinidamente la actual situación de provisionalidad en la que el Estado, al no haber dictado los correspondientes y obligados Reales Decretos de transferencias en materia de becas y ayudas al estudio, realiza unas funciones ejecutivas que no le compete ejercer, incumpliendo lo que se declaró hace ya más de 12 años en la STC 188/2001, de 20 de septiembre”.
2. Mediante providencia de 17 de diciembre de 2013, el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de 20 días alegara cuanto considerase conveniente. La incoación del conflicto fue publicada en el “Boletín Oficial del Estado” de 23 de diciembre de 2013 y su corrección de errores en el de 20 de enero de 2014.
b) El escrito aborda, en segundo lugar, la competencia autonómica de ejecución de la legislación estatal y las medidas transitorias de coordinación. El Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat de Cataluña la competencia compartida con el Estado en relación con el “régimen de fomento al estudio, de becas y de ayudas estatales” en materia de enseñanzas no universitarias, salvaguardando las competencias estatales sobre la materia tanto de regulación como en su caso de ejecución [art. 131.3 d) EAC]. El problema se suscita en relación con la competencia de ejecución de la legislación básica sobre el aspecto variable de la cuantía de las becas.
Por lo tanto, no han resultado infringidas las competencias de la Generalitat de Cataluña relativas a la ejecución de la legislación del Estado en la materia (art. 131 EAC), dada la situación actual de ausencia de concreción de un acuerdo de voluntades completo que lleve a plasmar definitivamente en un acuerdo formal de la comisión mixta la relación, número y alcance de los medios personales y materiales y de los servicios que habrían de ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma. A su vez, debe decaer la impugnación de algunos preceptos de la resolución de 13 de agosto de 2013 por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, en cuanto que resultan ajustados a la normativa que les sirve de fundamento —el Real Decreto 609/2013—, al criterio jurisprudencial anteriormente analizado y a la deseable coordinación entre las Administraciones territoriales en tanto se completa el proceso de traspaso de medios y servicios a la Comunidad Autónoma.
El conflicto se promueve exclusivamente en relación con algunos preceptos de los mencionados actos. Por lo que respecta al Real Decreto 609/2013, se impugnan, en primer lugar, los apartados 1 y 2 del art. 5, que regula la gestión por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la parte de los recursos asignados para la convocatoria del curso escolar 2013-2014 de becas y ayudas al estudio de carácter general que se destina a la llamada “cuantía variable”. En segundo lugar, se impugna el apartado 5 de la disposición adicional tercera del Real Decreto, que establece la obligación de las Comunidades Autónomas de compensar a las universidades públicas por la diferencia entre el coste de la matrícula y la beca de matrícula que el Ministerio proporciona a los estudiantes. En tercer lugar, se impugna la disposición final primera del Real Decreto que afirma los títulos competenciales en los que se basa dicha disposición general. Y en cuarto y último lugar, se impugnan determinadas modificaciones introducidas en el Real Decreto 1721/2007 por la disposición final segunda del Real Decreto 609/2013: modalidades de las becas en las enseñanzas postobligatorias (apartado 3) y reglas relativas a la liquidación a las Comunidades Autónomas de las cantidades que le corresponda financiar al Estado de las becas y ayudas concedidas [apartado 18, únicamente en cuanto que añade el párrafo d) al apartado 2 del art. 40 del Real Decreto 1721/2007].
La pretensión de la Generalitat de Cataluña no se limita, en suma, a que este Tribunal declare, como en casos anteriores, que el carácter pormenorizado de las bases vulnera la competencia autonómica y que la competencia de gestión, atribuida al Estado en los preceptos impugnados, corresponde a la Generalitat. Además de ello, formula en el suplico de su escrito, mediante su otrosí primero, la solicitud de que este Tribunal adopte, en aplicación de lo previsto en el art. 92 y concordantes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), las medidas procedentes o, en su caso, señale un límite temporal “para que no se mantenga indefinidamente la actual situación de provisionalidad en la que el Estado, al no haber dictado los correspondientes y obligados Reales Decretos de transferencias en materia de becas y ayudas al estudio, realiza unas funciones ejecutivas que no le compete ejercer, incumpliendo lo que se declaró hace ya más de 12 años en la Sentencia TC 188/2001, de 20 de septiembre”. Dicho en otros términos, la reivindicación competencial articulada en el suplico es instrumental de lo que parece constituir la finalidad última del conflicto aquí deducido: que este Tribunal ponga fin a la situación anómala de ejercicio estatal de competencias de titularidad autonómica.
En los apartados 1 y 2 del art. 5 del Real Decreto se regula la gestión por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la parte de los recursos asignados para la convocatoria del curso escolar 2013-2014 de becas y ayudas al estudio de carácter general que se destina a la llamada “cuantía variable”, parte de la beca que se distribuye entre los solicitantes en función de la renta familiar y del rendimiento académico y cuyo importe global se obtiene una vez satisfechas las becas básicas y las cuantías fijas ligadas a la renta y a la residencia del solicitante. La nueva estructura de las becas en las enseñanzas postobligatorias, compuestas de cuantías fijas y variables, se introduce no solo para el curso académico 2013-2014, sino también en la regulación general contenida en el Real Decreto 1721/2007 por medio de la disposición final segunda del Real Decreto 609/2013. De hecho, el conflicto se deduce también en relación con los apartados 3 y 18 de la disposición final segunda del Real Decreto 609/2013 y los arts. 1.1, 2.4 y 50, apartados 6 y 7, y la disposición transitoria primera, apartado 2, de la resolución de 13 de agosto de 2013. Por ello, la impugnación de los mencionados preceptos será abordada de forma conjunta.
La representación procesal de la Generalitat sostiene que esa nueva regulación vacía de contenido la competencia autonómica en la materia y desperdicia la oportunidad de configurar un sistema que armonice los principios de igualdad en las condiciones básicas y de respeto por la diversidad autonómica, lo que se podría conseguir si el Estado, a la par que establece por igual en todo el territorio las cuantías, permitiera que las Comunidades Autónomas competentes decidieran sobre los criterios de distribución de la cuantía variable en su respectivo ámbito territorial, respetando siempre y en todo caso el importe que fije el Gobierno del Estado como mínimo y/o máximo para cada curso académico. Asimismo, rechaza como básica una regulación pormenorizada cuya aplicación tiene, además, carácter eventual: lo básico, a su juicio, debe quedar referido a los componentes fijos de las becas y al establecimiento del importe mínimo y/o máximo de la cuantía variable, pero no más allá, mientras que a las Comunidades Autónomas les correspondería la aplicación de la cuantía variable en su respectivo territorio, ponderando los componentes de la fórmula prevista y determinando el porcentaje del importe que se destinará a los estudiantes universitarios y no universitarios, pues la oportuna “atención a las peculiaridades territoriales” (STC 188/2001, FJ 11) podría consistir en permitir esa modulación. Por su parte, el Abogado del Estado rechaza el pretendido exceso de regulación y argumenta que si la regulación de la cuantía de las becas constituye un aspecto básico, ello se ha de extender a todo su concepto y que el carácter variable de una cuantía puede resultar un elemento discriminatorio si no se sujeta a parámetros normativos.
A este respecto la STC 212/2005, de 21 de julio, FJ 6 a), citando la STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 7, señaló lo siguiente: “en relación con las ayudas o subvenciones incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado, hemos manifestado que no existe una competencia subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del Estado, o, lo que es lo mismo, que el Estado ... no dispone de un poder general para subvenciones (gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial (STC 13/1992, de 6 de febrero, FFJJ 4 y 6). En los fundamentos jurídicos 7 y 8 de esa misma Sentencia hemos advertido que, cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, aun si ésta se califica de exclusiva, o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas las competencias de desarrollo normativo y de ejecución, puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino o, al menos, para desarrollar o complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación y siempre que respete las competencias exclusivas de ejecución y gestión que corresponda a las Comunidades Autónomas, salvo que la naturaleza de la medida haga imprescindible la gestión directa y centralizada para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector, para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional o, por último, cuando dicha centralización sea un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados a la subvención. En todo caso, la necesidad de la gestión centralizada debe aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate (STC 91/1992, de 11 de junio)”.
Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la competencia estatal para regular las condiciones esenciales del otorgamiento de las becas y ayudas al estudio alcanza hasta donde lo permita la competencia sustantiva ejercida, en el presente supuesto hasta donde lo permita la competencia estatal sobre las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE (art. 149.1.30 CE), o, como viene reiterando nuestra doctrina, “hasta donde sea imprescindible para garantizar el cumplimiento por los poderes públicos de sus deberes en esta materia (art. 149.1.30 CE), y resulte necesario para conseguir la finalidad deseada y garantizar una política educativa homogénea para todo el territorio nacional” [SSTC 188/2001, FJ 10 a); 212/2005, FJ 9, y 25/2015, FJ 3]. Es evidente que el Estado es competente para decidir el modelo de otorgamiento de las ayudas, y es lo que ha llevado a cabo el Gobierno, al adoptar el Real Decreto 609/2013, de acuerdo con sus competencias, a implantar a partir del curso académico 2013-2014 un modelo de becas basado en varios componentes fijos y en un componente variable. Nada de lo indicado por el escrito de la Generalitat permite sostener que, al regular ese componente variable, el Gobierno, ha ido más allá de lo que le facultan sus competencias; ni nada permite fundamentar la tesis de que el Gobierno solo podría prever el componente variable y tendría forzosamente que dejar su plena determinación a las Comunidades Autónomas. Tampoco la determinación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del porcentaje destinado a cuantía variable que corresponderá a los estudiantes universitarios, por un lado, y a los estudiantes no universitarios, por otro, excede de lo básico, pues está intrínsecamente vinculada a la decisión del destino de las ayudas que se incardina en la competencia legislativa básica del Estado. Quizás puedan concebirse otras fórmulas para articular la competencia legislativa básica y la competencia autonómica de desarrollo legislativo en esta materia, pero lo decisivo en el presente proceso constitucional es que la opción del legislador estatal entra plenamente dentro de sus competencias. Por todo ello, ha de concluirse que el establecimiento del régimen normativo aplicable a la cuantía variable no afecta a las competencias de desarrollo legislativo de la Generalitat de Cataluña.
Tampoco el carácter eventual de la cuantía variable, así considerada en cuanto que depende de que los componentes fijos de las becas no agoten la totalidad de los recursos asignados a esta finalidad en los presupuestos generales del Estado, es un argumento del que puedan extraer consecuencias sobre la extensión de lo básico, pues en último término sería extensible a toda la actividad de fomento: las ayudas están siempre condicionadas a la existencia de un crédito adecuado y suficiente para atenderlas, como a menudo se encargan de recordar sus normas reguladoras y, en todo caso, proclama con carácter general el art. 9.4 d) de la Ley general de subvenciones, de forma que bastaría la invocación de esa regla —que es expresión del principio constitucional de legalidad presupuestaria (art. 134.2 CE)— para excluir el carácter básico de la regulación de las condiciones esenciales de otorgamiento de las ayudas en cualquier materia que se rija por el esquema bases/desarrollo.
En la STC 188/2001, FJ 11, establecimos un criterio, luego confirmado en la SSTC 212/2005, FJ 10 a), y 25/2015, FJ 3, según el cual, resultaban contrarias a las competencias de gestión de la Generalitat de Cataluña las disposiciones estatales allí examinadas “que centralizan operaciones de tramitación de las becas, pues las mismas deben ser realizadas por aquella”. Dicho en otros términos, estimamos que nos encontrábamos en uno de los casos a los que se refiere la STC 13/1992 en su fundamento jurídico 8 b), conforme al cual “la competencia del Estado para dictar normas básicas (en este caso, en desarrollo del art. 27 CE) le permite consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación” [STC 188/2001, FJ 10 a), reiterado en las SSTC 212/2005, FJ 9; y 25/2015, FJ 3]. Por el contrario, descartamos que resultará procedente la centralización aludida en la doctrina de este Tribunal contenida en la citada STC 13/1992, FJ 8 d), la cual “solo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate” (ibidem).
Como sintetizamos en la STC 25/2015, FJ 4, “la centralización de la funciones de ejecución sólo puede tener lugar, como venimos insistiendo, en supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados, ya que la regla ha de ser la de que las Comunidades Autónomas competentes gestionen las subvenciones en materias en las que, como la educación, ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución de las bases estatales, incluso cuando tal ejecución pueda tener un alcance supraterritorial, pues es responsabilidad del Estado en estos casos fijar los puntos de conexión que permitan la ejecución autonómica de las medidas”.
El argumento no puede compartirse de acuerdo con nuestra doctrina reiterada en materia de becas. Tal como expusimos en la STC 25/2015, FJ 4, “[n]uestra doctrina en materia de becas ya ha rechazado ‘que la subvención pueda centralizarse con el argumento de que ‘la territorialización de los créditos crearía compartimentos estancos por cada Comunidad Autónoma, posibilitando que resulten beneficiados en algunas de ellas quienes tuvieran peor derecho que otros posibles beneficiarios de otras Comunidades que, efectivamente, no recibieran la ayuda’, puesto que ‘las posibles dificultades previas pueden salvarse mediante diversas técnicas. En primer lugar, mediante una planificación que determine... el tipo de proyectos que deba ser objeto de la actuación estratégica. La información que al respecto posea el Estado, junto con la proveniente de las Comunidades Autónomas, permite alcanzar criterios objetivos para distribuir territorialmente los fondos presupuestarios, con lo cual no tienen por qué producirse quiebras relevantes en la garantía de alcanzarse las mismas posibilidades de obtención de la subvención en todo el territorio nacional. En segundo lugar, mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación, a través de los cuales puede garantizarse la eficacia de las medidas que constituyen el objeto del Plan.’” En la STC 188/2001 este Tribunal descartó en particular por injustificado el argumento de la necesidad de una lista única de solicitantes de beca para todo el territorio nacional, con el fin de evitar que posibles becarios con mejor derecho en una determinada Comunidad Autónoma dejen de percibir la ayuda en beneficio de otros en una Comunidad diferente. Esta fue nuestra argumentación para descartar dicho argumento: “esta posibilidad, que, de existir, sólo se daría en el último segmento de becarios de la lista única, puede ser obviada con facilidad, dejando sin distribuir entre las Comunidades Autónomas un porcentaje de los fondos, de modo que, mediante los oportunos instrumentos de colaboración y, específicamente, a través de mecanismos de coordinación (por todas, STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2), dichos fondos se canalicen hacia los becarios con mejor derecho con independencia de su localización territorial, o utilizando cualquier otra técnica que no implique la centralización del procedimiento de otorgamiento del sistema de becas, impidiendo la gestión autonómica de la normativa estatal básica” (FJ 11). En suma, en este contexto este Tribunal ha descartado de forma reiterada el carácter determinante del argumento del agotamiento de los fondos, puesto que pueden arbitrarse sistemas de cooperación que posibiliten el desplazamiento de los fondos (SSTC 186/1999, FJ 10; 188/2001, FJ 11, y 25/2015, FJ 4).
c) El hecho de que en la disposición final primera del Real Decreto sometido a conflicto se invoque expresamente como título competencial habilitante para el Estado el contemplado en el art. 149.1.1 CE, además del previsto en el art. 149.1.30 CE, no enerva, como veremos a continuación, la anterior conclusión, pues la invocación meramente formal de un título competencial no puede bastar para desplazar la operatividad del supuesto previsto en el fundamento jurídico 8 b) de la STC 13/1992. Antes bien, una interpretación sistemática de los supuestos contemplados en la STC 13/1992 nos lleva a entender que el título estatal invocado de manera formal debe existir también materialmente pues, de lo contrario, se correría el riego de vaciar de contenido este primer supuesto en aquellos casos en los que el Estado invocase indebidamente un título competencial. Ello nos obliga a pronunciarnos sobre la suficiencia, en el presente caso, del referido título competencial invocado por el Real Decreto sometido a conflicto.
En primer lugar, debemos recordar nuestra doctrina general sobre el art. 149.1.1 CE, de acuerdo con la cual dicho precepto constitucional “constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico” [STC 61/1997, FJ 7 b)], si bien “no puede operar como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento” (entre otras, SSTC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 10; 228/2003, de 18 de diciembre, FJ 10; y 150/2012, de 5 de julio, FJ 4). Esta doctrina nos ha llevado a rechazar que el art. 149.1.1 CE fuese un título competencial suficiente para justificar ayudas condicionadas a la realización municipal de proyectos que generen empleo y de actuaciones que tengan en cuenta la sostenibilidad social (STC 150/2012, de 5 de julio, FJ 4), ayudas en materia de asistencia social [SSTC 173/2012, de 15 de octubre, FJ 5 a), y 177/2012, de 15 de octubre, FJ 5 a)] y ayudas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales (SSTC 21/2013, de 31 de enero, FJ 5; y 70/2013, de 14 de marzo, FJ 4).
En segundo lugar, debemos recordar nuestra doctrina particular sobre el art. 149.1.1 CE en el ámbito de las becas y ayudas al estudio. Así, en la STC 188/2001, FJ 13, cuya doctrina fue reiterada en la STC 212/2005, FJ 5, Sentencias invocadas por ambas partes, declaramos que “aunque el art. 149.1.1 CE, habilite al Estado junto con la normativa básica a que se refiere el art. 149.1.30 CE, para hacer efectiva la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación”, aquella regla competencial no puede cobijar en puridad preceptos “que atribuyen a los órganos centrales del Estado competencias de carácter ejecutivo, pues aquel precepto constitucional está ‘constreñido al ámbito normativo’” o que, desde la perspectiva de su regulación material, “no respondan a lo que ha de ser el contenido sustantivo de las ‘condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales’”. Dichas condiciones básicas, dijimos entonces, “deben hacer referencia al contenido primario del derecho y a las posiciones jurídicas fundamentales relativas al mismo”, debiendo “distinguirse, de un lado, entre los elementos generales conformadores del derecho a obtener una beca, amparables en el art. 149.1.1 CE y alcanzados por la legislación orgánica y, cumpliendo determinadas exigencias, por la reglamentaria general, y, de otro, los criterios de política educativa que instrumentan coyunturalmente su acceso al mismo”. En la segunda categoría se incluye la regulación de todas aquellas cuestiones (estudios objeto de ayuda, modalidades de ayuda, cuantías de las ayudas, requisitos económicos y académicos, sistemas de baremación, etc.) que “no gozan de la estabilidad necesaria como para ser incluidos en el núcleo esencial del derecho a beca en cuanto condición de efectividad del derecho a la educación”.
En la reciente STC 26/2016, de 18 de febrero, FJ 7, resolviendo una impugnación idéntica deducida contra el art. 7.1 del Real Decreto-ley 14/2012 en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4528-2012 interpuesto por la Junta de Andalucía, este Tribunal declaró que, aun afectando a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, el precepto legal no produce una injerencia inconstitucional, y ello por dos razones: por un lado, porque queda en manos de la propia Comunidad Autónoma la decisión previa de elevar los precios públicos universitarios, dentro de las horquillas legales fijadas por la legislación estatal, y porque la carga financiera a asumir se circunscribe sólo al incremento que se establezca sobre el precio mínimo de los créditos ECTS, que es el que cubre la Administración general del Estado; por otro lado, porque “desde un punto de vista global el impacto de esta medida en los presupuestos autonómicos puede llegar a ser positivo, al ser compensado con creces por el incremento general de los precios públicos de los estudios oficiales”, permitiendo así disminuir las transferencias anuales de las Comunidades Autónomas a su sistema universitario público. Por todo ello, concluimos que el art. 7.1 del Real Decreto-ley 14/2012 es “una medida de corresponsabilidad entre Administraciones públicas, que el Estado introduce como coordinador de las haciendas públicas (art. 156.1 CE), en una materia, como la regulación de las becas y ayudas al estudio en la que el Estado ostenta indiscutibles competencias”.
7. Por lo que respecta a la impugnación de la disposición final primera que enuncia los títulos competenciales que habilitan al Estado para aprobar el Real Decreto 609/2013, dicha impugnación ha de resolverse en consonancia con las conclusiones alcanzadas en el fundamento jurídico 5 de esta Sentencia, procediendo, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del inciso “1ª” de la mencionada disposición final, por cuanto que la competencia estatal contemplada en el art. 149.1.1 CE no ampara las disposiciones contenidas en dicho Real Decreto.
8. Por último, antes del fallo debemos pronunciarnos sobre la solicitud, formulada en el otrosí primero del escrito de la representación de la Generalitat, de adoptar las medidas procedentes en aplicación del art. 92 “y concordantes LOTC” o, alternativamente, de señalar un límite temporal, para que no se pueda mantener indefinidamente la actual situación de provisionalidad en la que el Estado, al no haber dictado los correspondientes y obligados reales decretos de transferencias en materia de becas y ayudas al estudio, realiza unas funciones que no le compete ejercer, incumpliendo lo que se declaró hace casi quince años en la STC 188/2001, de 20 de septiembre.
a) Por regla general las decisiones que ponen fin a los conflictos positivos de competencia no requieren medidas de ejecución. Como afirmamos en la STC 110/1983, de 25 de noviembre, FJ 2, las finalidades de un conflicto positivo de competencia son dos: por un lado, “la determinación de la legitimidad o ilegitimidad constitucional de la disposición o resolución concreta de que se trate”; por otro, “la interpretación y fijación del orden competencial y en la determinación de qué competencias pertenecen a qué sujetos, yéndose así más allá de la mera solución del caso concreto origen del conflicto o controversia”. Por este motivo, el art. 66 LOTC prevé una doble dimensión de la Sentencia constitucional en caso de conflicto. Esta Sentencia debe “acordar, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de su competencia”; y, además, debe efectuar un pronunciamiento más general, relativo al orden competencial, ya que, como señala el mismo artículo, en su primer inciso, “la Sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida”.
La decisión que ponga fin al conflicto positivo de competencias vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos, como indican los arts. 164.1 CE y 61.3 LOTC. La especial vinculación que para todos los poderes públicos tienen las Sentencias de este Tribunal no se limita, según doctrina de este Tribunal, al contenido del fallo, sino que se extiende a la correspondiente fundamentación jurídica, en especial a la que contiene los criterios que conducen a la ratio decidendi (STC 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 4). Como consecuencia, tal como declaramos en la citada STC 110/1983, “una vez declarada la titularidad de la competencia de que se trate, desaparece su carácter controvertido, por lo que el ejercicio de esa competencia quedará, tanto respecto a la disposición que dio lugar al conflicto, como en ulteriores ocasiones en que tal competencia pueda ejercerse, atribuido y reservado al titular que la Sentencia señale, en virtud de la interpretación que el Tribunal lleve a cabo de las normas reguladoras del reparto competencial”. Y si bien puede plantearse un nuevo conflicto de competencia sobre una discrepancia competencial sobre la que ya nos hemos pronunciado con reiteración (STC 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 4), este Tribunal puede apreciar que el objeto de la controversia competencial a la que se pretende dar lugar está ya resuelto (STC 110/1983, de 28 de noviembre, FJ 5; y ATC 726/1986, de 18 de septiembre, FJ 2).
b) Por lo que respecta a la segunda petición, debemos recordar que este Tribunal ya resolvió en la reciente STC 25/2015, de 19 de febrero, FJ 7, una pretensión similar ejercitada también en el ámbito de la gestión de las ayudas al estudio por la misma Comunidad Autónoma que ha interpuesto el presente conflicto. La Generalitat de Cataluña impugnaba la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1721/2007 por diferir el traspaso del pleno ejercicio de las competencias a cada Comunidad Autónoma a la fecha del acuerdo de la comisión mixta por el que se aprueba el traspaso de las funciones, medios y servicios necesarios para la asunción de las competencias en este ámbito de la gestión de las ayudas al estudio. En síntesis, entonces declaramos lo siguiente: “no estamos ante una materia en la que no sea necesario el traspaso de medios y servicios para que pueda ser efectivamente ejercida dicha competencia de gestión. Antes al contrario, la necesidad de dicho traspaso, como condición plena para el ejercicio de las competencias de gestión, se infiere sin dificultad tanto de los precedentes como de la situación administrativa actualmente existente” (aludiendo a las SSTC 124/1989, de 7 de julio, y 209/1990, de 20 de diciembre). No obstante, desestimada del modo expuesto la queja de la Generalitat, advertimos que “dado el tiempo transcurrido, el mantenimiento de este régimen transitorio y excepcional, derivado del retraso en la asunción por las Comunidades Autónomas de la mayor parte de la gestión del sistema de becas y ayudas al estudio, es difícilmente conciliable con las exigencias de un Estado descentralizado como el nuestro”. Tanto los motivos como las advertencias que formulamos entonces son perfectamente trasladables al presente conflicto y deben, por tanto, ser reiterados.
Al afrontar en ocasiones la persistencia de situaciones anómalas de disconformidad con la Constitución, este Tribunal ha proclamado el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos (en la STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4, afirmado ese deber como “un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico”, y en la STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 4, destacado en relación con las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas) o el principio de lealtad constitucional que obliga a todos los poderes públicos (en las SSTC 209/1990, de 20 de diciembre, FJ 4; 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 7; y 245/2012, de 18 de diciembre, FJ 26, destacado en relación con las instituciones centrales del Estado). Más en concreto en la STC 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 8, afirmamos “la necesidad de que, para la plena realización del orden de competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, se evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden”, al entender que “[e]l Estado de las Autonomías configurado por nuestra Constitución no alcanzará, en esta materia, su diseño acabado en tanto el orden de competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos no alcance plena realización”. Son palabras plenamente válidas y suficientes para responder a la pretensión ejercitada por la Comunidad Autónoma promotora del conflicto.
1º Estimar parcialmente el presente conflicto positivo de competencia y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “1ª” de la disposición final primera y del apartado 18 de la disposición final segunda del Real Decreto 609/2013 —en lo relativo a la adición del párrafo d) al art. 40.2 del Real Decreto 1721/2007—, así como declarar que vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña el art. 5.2 del Real Decreto 609/2013 y los arts. 1.1, 2.4 y 50, apartados 6 y 7 de la resolución de 13 de agosto de 2013.
Dada en Madrid, a doce de mayo de dos mil dieciséis.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan José González Rivas respecto de la Sentencia de 12 de mayo de 2016, dictada en el conflicto positivo de competencia núm. 6975-2013.
En conclusión, en mi opinión, ya en el Voto particular que entonces suscribí y ahora ratifico expuse que lo que determinaba que se diesen los requisitos que la doctrina constitucional venía exigiendo para que procediera la gestión centralizada era que “el traslado al Estado de la titularidad de la competencia de gestión sólo puede tener lugar, ‘cuando, además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación o coordinación, sino que requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un solo titular, que forzosamente deba ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente con capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias Comunidades Autónomas’ doctrina reiterada en las SSTC 243/1994, de 21 de julio, FJ 6; 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 18; 190/2000, de 13 de julio, FJ 9, y 113/2013, de 9 de mayo, FJ 7”, y que entiendo era de plena aplicación en la cuestión planteada.
Tipo y número de registro Conflicto positivo de competencia 6975-2013
Fecha de resolución 12/05/2016
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, así como de la resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Se plantea un conflicto positivo de competencia contra diversos preceptos del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, que fijan parámetros cuantitativos de convocatorias a becas y ayudas al estudio para el curso académico 2013-2014 y que modifican el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Asimismo, también se enjuicia la resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general respecto del curso académico 2013-2014 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Se estima parcialmente el conflicto. La Sentencia afirma que el Estado puede ejercer competencias sobre gestión de subvenciones de educación que garanticen la igualdad de acceso, siempre que existan supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados. En el presente caso, el Estado no probó la existencia de dichos supuestos respecto de los preceptos relativos a la gestión de la cuantía variable de becas y ayudas al estudio del Decreto 609/2013, tampoco de los que fundamentarían la resolución de 13 de agosto de 2013. Por ello, son declarados inconstitucionales y nulos por vulnerar competencias autonómicas en la materia señalada. Se desestima el recurso en todo lo demás.
La centralización de las funciones de ejecución sólo pueden tener lugar en supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados, ya que la regla ha de ser que las Comunidades Autónomas competentes gestionen las subvenciones en materias en las que, como la educación, ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución de las bases estatales, incluso cuando tal ejecución pueda tener un alcance supraterritorial, siendo responsabilidad del Estado en estos casos fijar los puntos de conexión que permitan la ejecución autonómica de las medidas (SSTC 25/2015) [FJ 5].
El art. 149.1.1 CE constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, pero no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico (STC 61/1997) [FJ 5].
La competencia del Estado para dictar normas básicas, particularmente para el desarrollo del art. 27 CE, le permite consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento, hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación (STC 13/1992; 25/2015) [FJ 5].
Resulta injustificado el argumento de la necesidad de una lista única de solicitantes de beca para todo el territorio nacional, a fin de evitar que posibles becarios con mejor derecho en una Comunidad Autónoma dejen de percibir la ayuda en beneficio de otros de Comunidad diferente; esta posibilidad que, de existir, sólo se daría en el último segmento de becarios de la lista única, puede ser salvada dejando sin distribuir entre CC AA un porcentaje de los fondos, mediante instrumentos de colaboración, que se canalizarían hacia los becarios con mejor derecho con independencia de su localización territorial (SSTC 32/1983; STC 188/2001) [FJ 5].
La celebración de un convenio de colaboración no es un requisito constitucionalmente exigible para poder ejercer competencias que, en virtud del bloque de constitucionalidad, corresponden a uno de los poderes públicos territoriales [FJ 5].
Cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención, que se superpone al autonómico, puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para detallar su destino; salvo que la naturaleza de la medida haga imprescindible la gestión directa y centralizada para asegurar su plena efectividad que garantice la igualdad de posibilidades de obtención en todo el territorio nacional o sea preciso para evitar sobrepasar la cuantía de los fondos destinados a la subvención (STC 212/2005) [FJ 4].
En relación con las ayudas o subvenciones incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado no existe una competencia subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del Estado, es decir, que el Estado no dispone de un poder general para subvenciones (gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial (SSTC 13/1992; 212/2005) [FJ 4].
La necesidad de la gestión centralizada por parte del Estado debe aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate (STC 91/1992) [FJ 4].
La competencia estatal para regular las condiciones esenciales del otorgamiento de las becas y ayudas al estudio alcanza hasta donde lo permita la competencia estatal sobre las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE (art. 149.1.30 CE) o, hasta donde sea imprescindible para garantizar el cumplimiento por los poderes públicos de sus deberes en esta materia (art. 149.1.30 CE) y resulte necesario para conseguir la finalidad deseada y garantizar una política educativa homogénea para todo el territorio nacional (SSTC 188/2001; 25/2015) [FJ 4].
Las finalidades de un conflicto positivo de competencia son dos, la determinación de la legitimidad o ilegitimidad constitucional de la disposición o resolución concreta de que se trate, y de otro lado, la interpretación y fijación del orden competencial y la determinación de qué competencias pertenecen a qué sujetos, yéndose así más allá de la mera solución del caso concreto origen del conflicto o controversia (STC 110/1983) [FJ 8].
La decisión que ponga fin al conflicto positivo de competencias vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos, como indican los arts. 164.1 CE y 61.3 LOTC; la especial vinculación que para todos los poderes públicos tienen las Sentencias de este Tribunal no se limita, según doctrina de este Tribunal, al contenido del fallo, sino que se extiende a la correspondiente fundamentación jurídica, en especial a la que contiene los criterios que conducen a la ratio decidendi (STC 158/2004) [FJ 8].
Artículo 5.2 (declara vulnerado el orden competencial)
Disposición final primera, inciso 1 (anula)
Disposición final segunda, apartado 18 (anula)
Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2013-2014
Artículo 1.1 (declara vulnerado el orden competencial)
Artículo 2.4 (declara vulnerado el orden competencial)
Artículo 50.6 (declara vulnerado el orden competencial)
Artículo 50.7 (declara vulnerado el orden competencial)
Artículo 149.1.1, ff. 5, 7
Artículo 149.1.30, ff. 1, 3 a 5
Artículo 66 , f. 8
Artículo 92, ff. 2, 8
Artículo 92.1 (redactado por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre), f. 8
Artículo 92.1 párrafo 1 (redactado por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre), f. 8
Artículo 92.1 párrafo 2 (redactado por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre), f. 8
Artículo 9.4 d), f. 4
Artículo 131.3 d), ff. 1, 3
Artículo 172.1 g), ff. 1, 3
Artículo 1.4, VP
Artículo 40.2 d), ff. 2, 5
Disposición adicional cuarta, f. 8
Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal. Se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas específicos de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados en situación o con riesgo de exclusión social
Artículo 7.1 b), f. 6
En general, ff. 3 a 5 VP
Artículo 5.1, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 5.2, ff. 1, 2, 4, 5
Disposición adicional tercera, apartado 5, ff. 1, 2, 6
Disposición final primera, inciso 1, ff. 7, 8
Disposición final segunda, ff. 2, 4
Disposición final segunda, apartado 18, ff. 1, 2, 4, 5
Disposición final segunda, apartado 3, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 1.1, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 2.4, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 50.6, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 50.7, ff. 1, 2, 4, 5
Disposición transitoria primera, apartado 2, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 92, f. 8
Competencias autonómicas de ejecuciónCompetencias autonómicas de ejecución, ff. 4, 5
Competencias autonómicas de gestiónCompetencias autonómicas de gestión, ff. 3, 4, 5, 8, VP
Competencias autonómicas normativasCompetencias autonómicas normativas, ff. 4, 5
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 1, 8
Competencias en materia de becas y ayudas al estudioCompetencias en materia de becas y ayudas al estudio, ff. 1 a 6, 8, VP
Conflictos positivos de competenciaConflictos positivos de competencia, ff. 1, 8
Omisión del traspaso de serviciosOmisión del traspaso de servicios, ff. 1, 2, 5, 8
BecasBecas, ff. 1 a 6, 8, VP
Cuantía de las subvenciones públicasCuantía de las subvenciones públicas, ff. 1, 2, 4, 5, VP
EducaciónEducación, ff. 1 a 5
Estatutos de AutonomíaEstatutos de Autonomía, ff. 1, 8

References: Real Decreto 
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 Resolución 
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 artículo 9
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