Source: http://www.libertadidioma.com/2012/20120112.htm
Timestamp: 2020-04-01 17:32:16+00:00

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Recortes de Prensa Jueves 12 Enero 2012
Emilio J. González Libertad Digital 12 Enero 2012
Según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno va a sancionar a aquellas autonomías que superen los techos de gasto y endeudamiento establecidos por el Ejecutivo, tal y como contemplará la anunciada nueva ley de estabilidad presupuestaria. No cabe duda de que este tipo de medidas son necesarias para evitar que se vuelva a repetir el descontrol de las cuentas públicas que ha tenido lugar a lo largo de los últimos años y que han colocado a España al borde de la crisis fiscal. La cuestión es si bastará con ello o habrá que adoptar medidas adicionales para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Les guste o no a los gobiernos regionales, cuando ellos controlan aproximadamente la mitad del gasto público de este país, también tienen que participar en la reducción del déficit público del conjunto de la Nación. Lo que no puede ser es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, que las autonomías gastaban y gastaban y no hacían más que pedir más y más dinero al Estado para seguir gastando, en lugar de ajustar su presupuesto a sus posibilidades reales y al cumplimiento estricto de las competencias que tienen transferidas. Lo que tampoco puede ser es negar, como se ha venido haciendo hasta ahora, la capacidad del Estado para ordenar la actividad económica, que es una de las competencias que le reconoce la Constitución y que implica el establecimiento de los objetivos fundamentales de la política económica, de la que la política presupuestaria es una parte muy importante. Esta es una capacidad que, en gran medida, ha perdido el Gobierno central y que debe recuperar claramente.
Ahora bien, no nos podemos olvidar de que buena parte de los males presupuestarios relacionados con las autonomías derivan de los momentos en los que el partido que gana las elecciones necesita del apoyo de los nacionalistas para gobernar. Éstos siempre venden sus votos a cambio de más competencias y de más dinero y, en cuanto puedan, van a hacer todo lo que esté en sus manos para desatar lo que Montoro quiere dejar bien atado. Ya lo hicieron en 2004 cuando instaron a Zapatero a cargarse la anterior ley de estabilidad presupuestaria, y pueden volver a hacerlo en cuanto sus votos sean necesarios para sustentar a otro Gobierno.
Otra cuestión que debe tener en cuenta el Ejecutivo es la de las competencias autonómicas, no sólo por lo que se refiere a las duplicidades con el Estado. Cada vez que los nacionalistas arrancan nuevas competencias al Gobierno central, los demás también las quieren y, de esta forma, entramos en una dinámica incrementalista del gasto público que es una de las causas de la actual crisis fiscal española. Todo esto transciende a la ley de estabilidad presupuestaria y requiere, por tanto, de una norma de mayor rango, incluso de una reforma constitucional, que ponga orden, de una vez por todas, en nuestro caótico Estado de las autonomías.
Por último, el Gobierno debe dotarse de los instrumentos necesarios para impedir que las autonomías falseen sus cuentas externalizando déficit y deuda a través de la creación de empresas públicas. En este sentido, puede que un régimen de sanciones funcione, pero quizá sería mejor un sistema de autorización previa de creación de dichas empresas en el que se justifique debidamente su necesidad.
La vía europea al crecimiento
GEES Libertad Digital 12 Enero 2012
Regresan las reuniones. Sarkozy y Merkel reafirman su voluntad de saldar la deuda y piden a Grecia, otra vez, que cumpla. Subrayan la necesidad de crecimiento y empleo. Merkel traslada a Monti, que presentó una mejora del déficit al 2,7%, exigencias para seguir reformando. Momento de hacer memoria.
La crisis surgió porque países esclerotizados económicamente se creyeron obligados por la catástrofe bancaria de 2007-2008 a asumir la labor crediticia. Esta tarea en estados saneados y condiciones asumibles no provocó más de un año de decrecimiento. Pero aquellos cuyas cuentas públicas estaban más desequilibradas o dependían de recursos recaudatorios incapacitados por la ruptura de la burbuja, incrementaron sus gastos desmesuradamente.
El primero en caer fue Grecia. Requirió un rescate de 110.000 millones. Pronto sucedería lo mismo con Irlanda (85.000 millones €), por diferentes razones, y Portugal (78.ooo millones €). Paralelamente los socialistas de todos los partidos se quejaron de que la contrapartida a las ayudas fuera, como fue siempre, la contracción del gasto y la vigilancia del presupuesto por los acreedores. Pedían emisión sobrada de dinero artificial por parte del BCE. Para calmarlos, intervino comprando deuda de los estados miembros vulnerando el tratado y se estableció un fondo de rescate. Pero la gravedad de la situación y la insistencia de muchos políticos en aprovecharse del respaldo de los ricos –Grecia, ejemplo paradigmático– produjeron cambios de gobierno. Portugal e Irlanda expulsaron a quienes les quebraron. Grecia e Italia intentaron resistir las reformas alemanas –respaldadas desde el acuerdo de Deauville de 2010 por Francia– viéndose obligadas a cambiar de primer ministro tras la desfachatez de Papandreu de renegociar los nuevos 130.000 millones de ayuda y la obligación a las entidades privadas de anotarse pérdidas del 50% sobre sus bonos. España, Zapatero entonces, instada por el BCE, fingió reformas mientras convocaba elecciones, que arrollaron al partido incapaz.
Así las cosas, el acuerdo griego de octubre es ya insuficiente, la recesión acecha y los tratados para controlar presupuestos y apoderar al fondo llegan tarde. Además, el relleno del FMI, que serviría para préstamos de último recurso que Alemania se niega a proporcionar al BCE, no acaban de desembolsarse y ésta hace depender su contribución de la inglesa.
El mantra socialista, rebautizado keynesianismo, era que sin gasto no habría crecimiento. Hasta aquí nos trajo. Ahora, avisan desde esos cuarteles, la austeridad provocará recesión. No si se funda en restringir el gasto y deja respirar a los ciudadanos. Demasiadas medidas se basan en incrementos impositivos: justificados en España por la obligatoriedad de cumplir a corto plazo la disminución drástica del déficit ante la UE e inversores. Más allá de que el culpable fuera el socialismo, arma de destrucción masiva de la riqueza, los dirigentes deben centrarse en el crecimiento a largo plazo. Solo vendrá favoreciendo el ahorro privado y reduciendo cargas públicas. Europa saldrá reforzada si se desprende del corsé impuesto por los desmentidos dogmas socialistas, que aun después de muertos, causan desorden, confusión y miseria.
José Antonio VERA La Razón 12 Enero 2012
Griñán ha tenido a bien convocar elecciones para el 25 de marzo, en una decisión que la ciudadanía le agradecerá por lo que supone de «ahorro» en el gasto, al separar los comicios regionales de los generales. Una muestra de lo que le importa al mandamás sevillano el dinero público con tal de mantenerse en el poder. Ya veremos si la suerte le acompaña, pues las encuestas son adversas y mucho tienen que cambiar las cosas para que los socialistas puedan renovar la mayoría que les ha permitido gobernar treinta años en Andalucía. ¿Qué han conseguido a la postre, después de tanto tiempo? Nada distinto a lo que había: el porcentaje de paro más alto de España y una estructura de producción basada en la subvención, el subsidio, las empresas públicas, el clientelismo y el nepotismo.
En el ocaso del régimen nos llega este escándalo de los «ERE» que apesta más que hiede. No por el hecho gravísimo, según la denuncia del «chófer» Juan Francisco Trujillo, de que usaran «el dinero de los parados» para juergueárselo en borracheras y cocaína, sino por lo que supone que se creara un «fondo opaco» por valor de 780 millones de euros que era administrado por los responsables de la Junta para favorecer a empresas, ayuntamientos y personas afines al PSOE.
Griñán quiere esconderse y dejar el caso en la simple «chorizada de un golfo». La realidad es que el escándalo le salpica de lleno, en cualquiera de los escenarios. Si lo sabía, por permitir el expolio. Si lo desconocía, por no enterarse de que a su alrededor se repartía el dinero público con total arbitrariedad, impunidad y sin control alguno, como hizo su ex director de trabajo: 1,3 millones de euros para proyectos tan pintorescos como falsos de su mismísimo chófer. Tal es el estercolero de la política.
Los árboles de la crisis económica y el bosque de la democracia
José Luis González Quirós*. EC
Cuando se acaba de llegar al gobierno a consecuencia de unas elecciones perfectamente legítimas, se está en muy malas condiciones psicológicas para percibir los problemas de la democracia. Si, además, como sucede, la crisis económica se encalabrina, es muy normal que el Gobierno trate de refugiarse en la gestión a la búsqueda de un éxito a no muy largo plazo que muestre la pertinencia y la eficacia de ese diagnóstico tan común de que lo importante es la economía. Lo acaba de repetir Rajoy, y en eso no se diferencia tampoco gran cosa del diagnóstico que hacen los dolidos aspirantes al liderazgo del PSOE, que también repiten, a hora y a deshora, que la crisis económica los descabalgó del poder. Normal, pues, que Montoro diga eso “de olvidémonos de las ideologías y superemos la crisis”. Y, sin embargo, se trata de un error, de un profundo error que, unos y otros, no tardarán en pagar caro.
La crisis económica juega un papel determinante en el malestar social y en el desafecto creciente de los ciudadanos hacia los políticos, pero hay algo más. El hecho de que no produzca auténticas oleadas de indignación la publicación de que un dirigente andaluz, solo o en compañía de su chofer, se gastase más de un millón de euros del dinero que debería destinar a los parados en cocaína y putillas, testimonia hasta qué punto estamos los españoles al cabo de la calle respecto a las fechorías que puedan perpetrar los que dicen gobernar en nuestro nombre. Detrás de la crisis económica se está incubando una crisis brutal de la confianza en la democracia, mediante una mezcla confusa de dos ingredientes muy distintos: el convencimiento de que la democracia española es imperfecta, pero podría mejorarse, y la más negra y escéptica resignación.
Hace falta ser muy insensible para no percibir un desafecto creciente hacia la política y muy necio para pensar que sea casual o pasajero; nuestra democracia carece por completo de algo esencial, de cualquier ingrediente atractivo para el compromiso activo. Al poder político se llega únicamente por la casualidad afortunada, por la pertenencia a un grupito organizado con influencias cerca del líder ocasional. Todo va de arriba abajo, nada de participación, ninguna apertura, ningún cursus honorum que permita conocer y elegir a los mejores.
Quienes deberíamos aprender de una buena vez somos los ciudadanos: la democracia es una asignatura larga, pero merece la pena tratar de aprobarla, ya que nunca llegará sin nuestro esfuerzo
Este entramado tuvo cierta disculpa en los orígenes de la democracia, pero ya no la tiene cuatro décadas después, y hace que los partidos puedan sentirse completamente ajenos a los intereses reales de su electores, que puedan hacer cualquier cosa con tal de que le parezca oportuno a los que tienen la sartén por el mango. En consecuencia, nunca se cambia nada, y las causas de los ciudadanos siguen esperando el santo advenimiento, mientras que los intereses de los bancos, las grandes corporaciones, los sindicatos o los grupos de presión, siempre se acaban atendiendo. Se establece, pues, un auténtico desgobierno, el olvido de los ideales, de los intereses nacionales, y de los problemas de fondo, un paraíso artificial de despotillas y funcionarios cegatos convertidos en líderes de ocasión, a los que nadie tiene la piedad de advertir que están haciendo el ridículo.
¿Nos llegará alguna vez la hora de la libertad política, de la verdadera democracia? No podemos echarle a nadie la culpa de lo que nos pasa, porque lo que ocurre no hace sino expresar la cultura política dominante, lo que practicamos a cada hora en los distintos ámbitos en que nos movemos. Lo que extraña es que en épocas de tanta tribulación, las voces críticas apenas lleguen a esbozarse, que entre los propios políticos no abunden quienes comprendan que reducir su función a la de unos expertos capaces de resolver, eso dicen, la crisis económica supone tirar piedras a su tejado. La paciencia es un tesoro del pueblo, pero acaso pueda estar a punto de colmarse en unos cuantos meses, cuando, Dios no lo quiera, se constate que las raíces de la crisis eran más hondas de lo que se pensaba, y que todo sigue igual, es decir, peor.
Los lideres del PP parecen pensar que les queda credibilidad como para que se les admita que la subida de impuestos vaya a ser cosa provisional; lo que es seguro es que su veracidad va a tener un contraste inequívoco a muy corto plazo. Su gran ventaja pudiera ser que el PSOE confíe en un llamamiento a la España alegre y faldicorta, pero es poco es probable que tenga éxito, ni siquiera en un país tan crédulo como éste.
Se ha abierto una oportunidad excepcional de hacer política, y el PP se equivocará de medio a medio si renuncia a ello con la excusa del mucho trabajo que van a tener para devolvernos al paraíso perdido, y con la presunción de haber dejado atónitos a sus adversarios, cosa que nadie les había pedido, por cierto. ¿Sabrán otros aprovecharla? Quienes deberíamos aprender de una buena vez somos los ciudadanos: la democracia es una asignatura larga, pero merece la pena tratar de aprobarla, ya que nunca llegará sin nuestro esfuerzo.
Jorge de Esteban El Mundo 12 Enero 2012
Tenemos nuevo Gobierno con una cómoda mayoría absoluta, es decir, con las condiciones suficientes para que podamos salir de la postración a que nos han llevado especialmente los Gobiernos de Zapatero. Ahora bien, lo primero que habría que decir, en la preocupante situación en que nos hallamos, sería, parafraseando la famosa sentencia de Clinton, pero adaptada a nuestro caso, que lo grave «no es sólo la economía, estúpidos».
El Gobierno de Rajoy ha comenzado su mandato tomando una serie de medidas -algunas muy discutibles- para tratar de no incrementar el déficit en que nos hallamos inmersos, y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela de cinco millones de parados que sobreviven como pueden. Por supuesto, todos sabemos que la crisis económica que afecta a Europa y, por tanto, a España, es consecuencia de la crisis financiera que surgió en los Estados Unidos, causada por los famosos créditos subprime. Todo eso es verdad, pero lo más grave es que tal desastre ha venido a aumentar la amplia manada de lobos que ya tenían atemorizada a la sociedad española. Porque la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta. La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, pero posee un carácter progresista y moderno que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política. Pero dicho eso, tiene, con todo, un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual. Me refiero al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que es una verdadera calamidad nacional, como ya señalé, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable. De esta manera, sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos. Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.
Se creaban así, en cada comunidad autónoma, órganos solapados con los propios del Estado, como defensores del Pueblo; consejos asesores; televisiones autonómicas; aeropuertos como los de Alguaire, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Castellón o Murcia, que no tienen ni aviones ni pasajeros; universidades como la de Elche, creada en 1996, que dista de la de Alicante, erigida en 1979, 20 kilómetros, y 57 de la centenaria de Murcia; más de 4.000 empresas públicas para colocar a políticos y simpatizantes, que elevaban a las alturas la deuda autonómica... Se creaban todo tipo de cargos públicos, parlamentarios, asesores, consejeros, en proporciones desmesuradas, se consagraba la politización de las cajas de ahorro, y para qué continuar.
En suma, este derroche, este despilfarro, que estamos pagando ahora a un precio desorbitado, no se debe a las hipotecas subprime de Estados Unidos, ni a la falta de unidad fiscal de la Comunidad Europea, aunque hayan podido influir también. Se debe sobre todo al galimatías de nuestro Estado de las Autonomías interminables, en el que ni se especificaron las competencias propias del Estado y las propias de las autonomías, ni se ponía tampoco fin a las transferencias de las materias traspasables. Por otro lado, la Constitución había creado un Senado, como Cámara de representación territorial, antes de saber cuántas y cuáles serían las comunidades autónomas, esto es, se había puesto el carro antes de los bueyes, con lo que nadie sabe con exactitud para qué sirve el Senado en la actualidad, integrado por 266 senadores que aumentan ostensiblemente los gastos del Estado pero no tienen, la mayoría de ellos, un cometido concreto.
Así las cosas, ha habido tentativas de atajar esta desmesura, tratando de racionalizar semejante engendro de Estado, pero todas las veces han fracasado. La primera fue la que llevó a cabo el Gobierno de Calvo-Sotelo, con el Pacto autonómico de 1981 entre UCD y el PSOE, concretándose en la LOAPA, que, posteriormente, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional en varios artículos, acentuando así de forma irresponsable el desgobierno de España. La segunda fue en 1992 con el segundo Pacto autonómico firmado por Felipe González y José María Aznar, que llevaría durante el Gobierno de Aznar a cierta igualación de competencias en todas las autonomías. En ese periodo se pudo cerrar el diseño final del Estado autonómico, y se pudo haber modificado el Senado para que fuese un espejo que reflejase el mapa definitivo de las comunidades. Pero por las razones que sean no se hizo. Y, finalmente, una nueva posibilidad se plasmó durante el primer Gobierno de Zapatero, respecto a la idea de reformar la Constitución para enumerar en ella las autonomías, y modificar igualmente el Senado. El proyecto no pasó de una mera tentativa, porque el veneno del desacuerdo lo había introducido Zapatero, incluso antes de llegar a ser presidente, prometiendo a los nacionalistas catalanes, encabezados paradójicamente por el socialista Maragall, que aceptaría un nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. En ese momento, el Estado de las Autonomías estaba sentenciado a muerte, pues el Estatuto que se aprobó en el 2005, a pesar del cepillado que se le hizo en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aumentado por el tijeretazo del Tribunal Constitucional, ha convertido a nuestro Estado en algo inviable. Otras autonomías siguieron el mismo camino, imitando con sus nuevos estatutos al catalán. Si no hubiese sido por la crisis económica que azota a Europa y, especialmente, a España, mal que bien, hubiese ido renqueando el maltrecho Estado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que el actual Estado español es ingobernable y que es una auténtica fábrica de producir déficit, pues son principalmente las comunidades autónomas las que, como he dicho, lo producen en mayor medida.
Así las cosas, no caben más que dos posibilidades: una que podríamos llamar minimalista, y que consistiría, como me temo sea el proyecto del Gobierno de Rajoy, en tomar especialmente medidas económicas y en poner algún parche en la estructura del Estado. Pero tal solución es una falsa solución, pues a la larga volveríamos a caer en los excesos de algunas comunidades,que incluso querrían pasar de la autonomía a la soberanía. Por consiguiente, si el famoso sentido común de Rajoy debe imponerse ante los acechos de un derrumbe del Estado, no cabe más que coger el toro por los cuernos y reformar la Constitución, según la posición maximalista, que creo es la única realista en esta situación de emergencia nacional.
de esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.
Estas reivindicaciones se pueden llevar a cabo, si hay voluntad política, cuando se dispone de una mayoría absoluta no sólo en las Cortes Generales sino también en 12 de las comunidades autónomas. De nada serviría que se aumenten los impuestos a los españoles, que en algunos casos podría llegar a ser inconstitucional, porque indudablemente tener que pagar el 52% de las rentas del trabajo posee claramente un carácter confiscatorio. No es extraño, por tanto que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en este sentido en alguna ocasión. En definitiva, España no puede seguir adelante si no se reforma la Constitución en los puntos señalados y en otros más que, en su momento, habría que detallar. Aunque sea una vulgaridad, cabe decir, en este caso, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El que quiera entender, que lo entienda.
Francisco Rubiales Periodista Digital 12 Enero 2012
Decía Tomás Jefferson, uno de los más grandes y limpios demócratas de la Historia, que algunos partidos políticos, por haber traspasado la linea roja al anteponer sus intereses al bien común, están definitivamente perdidos para la democracia y son irrecuperables.
¿Es el PSOE uno de esos partidos perdidos para la democracia? Muchos creen que sí porque ese partido ha traspasado casi todas las líneas rojas en su historia reciente y parece ya incapaz de regenerarse.
El primer síntoma de que el PSOE es un partido sin remisión es su incapacidad para analizar correctamente la realidad y para adoptar las medidas adecuadas. Tras su profunda derrota electoral del 22 de noviembre último, no fue capaz de asumir error alguno importante como causante de su derrota, que achacó exclusivamente a los estragos causados por la crisis. El segundo síntoma de su deterioro sin retorno es su adicción a la mentira. Prueba de ello es que Carme Chacón,candidata a secretaria general, furiosa nacionalista en el pasado, se presenta ahora, hipócritamente, como hija de andaluces, sin otro objetivo que ganar adicciones en la poderosa federación socialista andaluza. Rubalcaba, por su parte, se presenta ante los socialistas como si él no hubiera sido responsable de los errores y dramas del "zapaterismo",cuando fue el principal colaborador y cómplice de Zapatero.
Aunque el PSOE no es el único partido político español que parece haber traspasado los límites de la decencia y del decoro democrático, donde el PP le sigue y también tiene mucho que limpiar, hay muchos más "indicios" del inmenso deterioro socialista que de cualquier otro partido, el principal de los cuales quizás sea que el partido sigue cobijando en sus filas a corruptos, despilfarradores y a políticos que, con su gestión, han arruinado y casi destruido a España, como el manchego Barreda, que aparece todavía como miembro destacado del partido, el andaluz Griñán, cuya culpabilidad en los falsos EREs es ineludible, Pepiño Blanco, que será procesado por delitos muy graves. todos relacionados con la corrupción, y un larguísimo etcétera que demuestra que el PSOE ya no distingue entre corrupción y limpieza o entre democracia y sucia oligocracia.
Citemos un ejemplo concreto que demuestra el grado de miseria y vileza alcanzado por el PSOE es su comportamiento habitual: El PSOE boicoteó la celebración de la reciente final de la Copa Davis en Sevilla sólo porque la ciudad está en manos de un alcalde del PP. Esa facilidad para anteponer los intereses propios al bien común parece confirmar que el PSOE es ya uno de esos partidos irrecuperables descritos por Jefferson.
La única posibilidad que el PSOE tiene para renacer es condenar sin paliativos su pasado reciente, desde la corrupción y el terrorismo de Estado del "felipismo" hasta la arrogancia y la persistencia en el error y la corrupción pilotadas por Zapatero. Sólo cuando condene ese pasado y a sus artífices, asumiendo que violó la democracia en sus reglas básicas, sólo entonces, el PSOE podrá presentarse ante los españoles sin el terrible lastre que hoy arrastra como un partido apestado.
Conviene recordar que los demócratas, en la etapa inicial de la democracia, rechazaban a los partidos políticos con todas sus fuerzas y les cerraban las puertas del sistema porque creían que los partidos jamás podrían servir a los ciudadanos con honradez y prioridad. Los revolucionarios franceses y los fundadores de los Estados Unidos fueron inflexibles enemigos de los partidos políticos, a los que condenaron sin prudencia y con profunda honradez intelectual.
Los partidos sólo consiguieron entrar en el sistema gracias al apoyo de Alemania y sus teóricos, que los consideraron como instrumentos de orden, sin dejar nunca de recelar frente a ellos. Una vez admitidos, los partidos, cumpliendo las peores previsiones de los pensadores y fundadores de la democracia, se olvidaron del ciudadano, se adueñaron del Estado y suprimieron casi todos los controles al poder, que habían sido concebidos como la esencia ineludible del sistema democrático.
Hoy, la mayoría de los ciudadanos del mundo, se sienten rehenes de los partidos políticos, más que servidos por esas organizaciones, que han sido contaminadas y pervertidas por la arrogancia, el verticalismo, la falta de verdad, la manipulación, el egoísmo, la avaricia, la corrupción en todas sus facetas y, en algunos casos, por comportamientos mafiosos y delictivos.
Natalia Bore madrid / la voz 12 Enero 2012
No serán 16.500, sino del orden de 40.000, los millones que el Estado tendrá que ahorrarse este año para cumplir con los objetivos de déficit comprometidos con Europa. Así lo aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la víspera de la aprobación en el Congreso del primer paquete de medidas de ajuste -que incluyen subidas de impuestos- diseñado por el Ejecutivo y que, en conjunto, se traducen en una reducción del gasto de 8.900 millones.
La pregunta ahora es por dónde se seguirá recortando. Y entre las posibles respuestas vuelven a desempolvarse viejos debates sobre la conveniencia de eliminar, o cuando menos rediseñar, instituciones que se han quedado obsoletas y son, además, un saco sin fondo para los recursos públicos. La supresión de las diputaciones, del Senado o de las cámaras de comercio, entre otros organismos, o la persecución del fraude fiscal podrían ser parte de la solución. Pero ¿cuánto ahorro supondrían?
El 50 % del recorte estimado. Creadas hace dos siglos, las diputaciones llevan tiempo en el punto de mira. Según un reciente informe del Círculo de Empresarios, las 38 diputaciones provinciales, tres forales (correspondientes a cada una de las provincias vascas), siete cabildos y cuatro consejos insulares suponen un gasto anual cercano a los 22.000 millones de euros.
De ellos, algo más de 15.000 millones corresponden a las tres forales (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava), mientras que los 6.800 millones restantes los suponen las demás instituciones intermedias, cuya función principal es prestar servicios (culturales, sociales, de mantenimiento de carreteras o gestión) a los municipios más pequeños.
Con más de un millar de diputados provinciales, emplean a cerca de 80.000 personas (casi la mitad de su presupuesto se va en personal y gastos de funcionamiento) y tienen otro punto débil en su deuda, que al cierre del 2010 alcanzaba los 6.358 millones de euros.
Tan abultadas cifras son especialmente relevantes en este momento de crisis porque, además de equivaler a la mitad del recorte anunciado para este ejercicio por el Gobierno, dichos organismos han ido perdiendo sus funciones en un Estado tan descentralizado como el español. «Estos entes locales intermedios han quedado, en la mayoría de los casos, relegados, lo que los convierte en Administraciones redundantes», además de añadir una «complejidad innecesaria que solo alimenta el gasto, la confusión competencial y la ineficiencia», recoge el mismo informe.
En el 2010, el entonces ministro de Fomento, José Blanco, abogó abiertamente por su supresión, mensaje que luego abanderó el expresidente Felipe González, y el pasado verano, también el candidato Rubalcaba. Pero aunque el PP dijo estar dispuesto a suscribir un pacto de Estado para reformarlas, Rajoy es partidario de mantenerlas.
Fusionar municipios. Otra receta para hacer más eficientes las cuentas pasaría -según el informe del Círculo de Empresarios sobre Administraciones territoriales- por reducir el número de municipios. En España hay 8.114 ayuntamientos, de los que un 60 % tienen menos de 1.000 habitantes. Aunque no cuantifican el ahorro, los empresarios ponen como ejemplo la reorganización municipal de Dinamarca (en el 2007 pasó de 275 a 98) para dar respuesta a las crecientes dificultades que tenían para hacer frente a las múltiples competencias asumidas. También en Grecia -por la insostenible situación económica del país- se aprobó por ley reducir de 1.034 a 355 el número de municipios.
En cualquier caso, si no por una fusión, abogan por cooperación intermunicipal que permita optimizar recursos y reducir costes.
Ya en estudio. El Ministerio de Hacienda ya tiene en marcha un estudio, según informó la pasada semana al Consejo de Ministros Cristóbal Montoro, para reducir el número de empresas públicas. El Banco de España alertó de que una de las vías de agua de la disciplina fiscal de las autonomías -también en el punto de mira por sus déficits desbocados- está en las empresas públicas, cuya deuda se ha duplicado entre el 2004 y el 2010, pasando de 17.284 millones a más de 29.000. De las más de 4.000 empresas públicas, en números redondos unas 1.900 dependen de las comunidades y otras 1.700 de los ayuntamientos.
El debate infructuoso. Aunque la supresión de la Cámara alta no se traduciría, en términos económicos, en un ahorro cuantioso, el debate sobre su utilidad se ha reavivado con la crisis. La integran 207 senadores electos y 56 más designados por las comunidades, y el pasado año su presupuesto ascendió a poco más de 55 millones, un 6,7 % menos que en el 2010. Son muchos los constitucionalistas que defienden su clausura en caso de que no se reforme, dado que se ha convertido en una Cámara inútil.
En la cuerda floja. Con 125 años de existencia, la supresión -aprobada por el Gobierno de Zapatero- de la obligatoriedad de las cuotas con las que las empresas cofinanciaban a estas entidades, las ha colocado en la cuerda floja, pues dichas cuotas suponían el 60% de su presupuesto anual.
Casi 700 millones. La deuda de los clubes de fútbol con Hacienda y con la Seguridad Social es un secreto bien guardado. El pasado septiembre, el entonces director general de la Agencia Tributaria la calificó de «importante» e «inadmisible», pero no dio cifras. Las últimas disponibles (de hace menos de un año) apuntan a más de 690 millones de deuda tributaria, a la que habría que añadir la desconocida con la Seguridad Social.fraude fiscal
Cerca de 90.000 millones. Desde la organización de los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman que la tasa de economía sumergida es del 23,3 % del PIB, y que en el 2010 las arcas dejaron de ingresar nada menos que 88.000 millones por este concepto.
efe / budapest ABC 12 Enero 2012
El Gobierno húngaro despedirá a 6.300 empleados de la Administración del Estado a partir del 18 de enero dentro de la política de reducción del déficit público, según informa el Boletín Oficial Húngaro.
Este despido afectará principalmente a los ministerios, pero también a otros organismos como la Oficina Central de Estadísticas o la Oficina de Impuestos.
La medida se debe al "cumplimiento de la meta de déficit presupuestario para 2012" (del 2,94 %) y a la creación de un "Estado de funcionamiento eficaz", indica el decreto publicado este jueves.
Al mismo tiempo se anunció un programa de ayuda a los despedidos, aunque no se especificó su consistencia.
El Gobierno anunció en 2010 varios programas de ajustes para mantener el déficit presupuestario por debajo del 3% en 2012. Ya el pasado septiembre, el Ministerio de Economía anunció el despido de 5.500 empleados públicos, como parte de un plan de ahorro de 3.400 millones de euros para este año.
La Comisión Europea advirtió este miércoles de que podría sancionar a Hungría por considerar que el país no ha aplicado las medidas necesarias para reducir el déficit.
Gabriel Moris Libertad Digital 12 Enero 2012
Comenzamos un nuevo año bisiesto; digo nuevo porque en los dos anteriores ocurrieron sendos atentados terroristas preelectorales. Afortunadamente, en el año 2012 sólo hay elecciones en Andalucía. Por cierto, coinciden con el octavo centenario de la batalla de Las Navas de Tolosa. Yo no creo en las predicciones de los acontecimientos pero, en este caso, desearía que se produjera un cambio de ciclo y, las catástrofes precedentes, se transformaran en acontecimientos de signo positivo.
El año pasado, marcado por el paro, la crisis económica y la nefasta clase política, no creo que, salvo milagro, cambie la tendencia negativa que arrastramos de las dos legislaturas precedentes. Sí quisiera mostrar algo de esperanza en el tratamiento y la resolución de otros problemas que, siendo vitales, pasan desapercibidos para las encuestas demoscópicas y la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Me refiero evidentemente a los que conforman la crisis de valores que padecemos. Este virus se nos inocula de forma permanente hasta el punto de impedirnos percibir sus efectos nocivos. Basta con asomarse a las informaciones y los mensajes que sistemáticamente nos brindan, o nos ocultan, los medios de comunicación.
Uno de esos problemas es el posicionamiento de la sociedad y de las clases dirigentes ante el derecho a la vida de los hombres. La ley de "derecho al aborto", los prolegómenos para una futura "ley de muerte digna", la incorporación de personas del entorno terrorista a las instituciones y el desistimiento de nuestros dirigentes para acometer una planificación-a largo plazo-en pro de la vida y de la familia, me hacen presagiar turbios manejos "consensuados" en torno al primero y más importante de los derechos humanos: el derecho a nacer del "nasciturus" y el derecho a vivir de todos los hombres. Cualquiera puede pensar que exagero en mi afirmación anterior pero no es así. Las cifras de abortos lo ratifican. Seguro que las especies animales, tan protegidas hoy día, ni practican abortos voluntarios ni matan a sus semejantes.
Soy consciente de que la sociedad debe evolucionar pero las actitudes que mantenemos ante la vida son más bien involucionistas y regresivas. ¿No es acaso eso quitar la vida en una sociedad que, voluntariamente, no condena a muerte ni a cadena perpetua?
Estamos sólo a dos meses de que se cumpla el octavo aniversario de una masacre que cambió el curso normal de muchas vidas individuales e incluso de nuestra historia como país. Ese crimen de lesa humanidad, origen –en mi opinión– de la mayoría de los males que nos aquejan, ha sido objeto de un gran despliegue de medios y de recursos para su tratamiento pero, todo ello ¿ha servido para algo? ¿Sabemos quién atentó impunemente contra tanto ciudadano inocente e indefenso? ¿Conocemos el por qué y el para qué? Este gran atentado contra el derecho a la vida de miles de personas ¿interesa en 2012 a la clase política que protagonizó los hechos y sigue siendo responsable de nuestra seguridad ciudadana? Las responsabilidades políticas y penales siguen pendientes de saldarse pero ¿alguien, salvo algunas víctimas, algunos ciudadanos y algunos –muy pocos– medios de comunicación, quieren abanderar la defensa de las víctimas de aquel atentado, el esclarecimiento del mismo y la erradicación por prevención de las causas que lo hicieron posible? Todos conocemos los vencedores y los vencidos de aquel atentado político, pero ¿hay algún acuerdo institucional –tácito o explícito– para que "los muertos (víctimas) entierren a sus muertos"? "Nosotros nos conformamos –de momento– con la alternancia", parece el susurro de la inmerecida clase política que padecemos desde aquella inolvidable fecha de marzo de 2004.
La justicia, virtud escurridiza cual pez en el agua, es otro de los valores que, salvo honrosas excepciones, ha sufrido una bajada considerable hasta el punto de que, valores, otrora muy cotizados, han desaparecido de la bolsa, pero con su bolsillo intacto. En el caso del 11-M, la Audiencia Nacional, la que entiende de delitos de terrorismo, parece dar por finiquitado un proceso inconcluso y creo que sin instruir. La instrucción del "Caso Faisan" ha recibido por el juez Bermúdez un trato muy distinto a la pseudoinstrucción del juez del Olmo. "Confiad en la justicia divina", esta frase nos la dirigió en una ocasión el juez Bermúdez... Creo que no necesita comentarios. Afortunadamente, confiamos en ella. No podemos decir lo mismo de la justicia administrada por nuestro Estado de Derecho.
Pese a todo, tres juezas brillan con luz propia en el panorama jurídico de nuestro país: Coro Cillán, en Madrid, investigando aspectos relevantes del 11-M y no abordados por la Audiencia Nacional; Alaya y San José, investigando presuntos delitos de corrupción en Sevilla y Lugo. Las tres hostigadas por los enemigos de la justicia. Mi apoyo incondicional a su profesionalidad y valentía. Lo que debería ser normal en una sociedad sana, se convierte en excepcional en el poder judicial de una sociedad corrupta.
Pese al panorama poco alentador que nos ofrece la clase política yo creo en las personas y sigo esperando que, algunas, a pesar de las instituciones, sean o seamos capaces de seguir luchando por rectificar las derivas de nuestra sociedad. Sólo así podremos atisbar algo de luz en el horizonte inmediato y a más largo plazo. El esclarecimiento del 11-M seguirá siendo un elemento clave en la regeneración de España como nación.
La mentira más exitosa del nacionalismo
Domingo Soriano Libertad Digital 12 Enero 2012
Es realmente curioso que el mejor programa que se emite en estos momentos en la televisión española lo dirija un inglés que ni siquiera es periodista. Michael Robinson lleva veinte años demostrando que es posible ser un gran comentarista de fútbol sin caer en el topicazo vulgar de algunos locutores populacheros ni en la absurda pedantería de los entrenadores metidos a ingenieros técnicos. Desde hace unas temporadas, además, ha conseguido que los amantes del deporte nos reconciliemos con la televisión, con una serie de maravillosos documentales.
El Informe Robinson nos ha dejado decenas de momentos inolvidables, pero quizás ninguno de sus programas haya sido tan emotivo como el que se estrenó estas Navidades dedicado a Barcelona 92. En poco menos de una hora de duración van pasando delante de nuestros ojos los 22 medallistas que hicieron de aquellos Juegos Olímpicos el punto de partida de la Edad de Oro que vive el deporte español. Además, Robinson no se limita al relato deportivo y entrevista también a Jordi Pujol o Pascual Maragall, con los que habla del impacto que aquel evento tuvo en Barcelona, Cataluña y España.
La casualidad hizo que apenas unos minutos después de ver este programa me encontrase con las noticias acerca del discurso de fin de año de Artur Mas, en el que volvió a repetir la cantinela nacionalista de las balanzas fiscales y a amenazar al Gobierno con el alejamiento entre Cataluña y España si no se acaba con esta supuesta injusticia. El caso es que mi devoción deportiva se mezcló con mi ocupación económica y llevo desde entonces dándole vueltas a lo mucho que tienen en común ambos programas, aunque no lo parezca.
Vaya por delante que en mi opinión sería positivo avanzar hacia una mayor responsabilidad fiscal entre las autonomías. Los gobiernos regionales deberían recaudar los impuestos necesarios para pagar sus competencias y así los ciudadanos sabrían quién les cobra y para qué. Sin embargo, esto no puede servir para justificar la mentira constante que se esconde detrás de la reivindicación de las balanzas.
El sistema fiscal vigente, nos guste o no, se basa en que los que más ganan pagan más y reciben menos; así, un catalán y un extremeño con un salario de 100.000 euros pagan lo mismo. Si Cataluña aparece como deficitaria es en parte porque tiene más ricos que otras regiones (al igual que los habitantes de Barcelona pagan de media más que los de Gerona o los vecinos de Pedralbes más que los del Raval). La legislación tributaria española es muy criticable, entre otras cosas porque penaliza el ahorro, el trabajo y la creación de riqueza; pero no parece que el señor Mas quiera acabar precisamente con la progresividad del sistema.
Las balanzas fiscales son un instrumento perverso, porque es imposible saber qué aporta cada región y cuánto recibe. Por ejemplo, ¿qué parte de la inversión del AVE Madrid-Barcelona se puede imputar a Madrid, Cataluña, Aragón o Castilla-La Mancha? Y cómo se mide el IVA que paga una empresa catalana o madrileña que vende en todo el territorio nacional. La actual financiación autonómica es muy mejorable, sobre todo porque provoca la irresponsabilidad de los políticos regionales, algo de lo que la deuda de la Generalidad es una buena muestra. Pero el razonamiento nacionalista sobre el expolio que sufren sus ciudadanos es tan falso como demagógico.
Lo más peligroso es que es un argumento que ha hecho fortuna y no sólo en Cataluña. A fuerza de repetir esta mentira una y otra vez, se ha generalizado la idea de que las autonomías más pobres someten a un saqueo constante a las más ricas. Viendo el fantástico reportaje de Michael Robinson sobre Barcelona 92 y oyendo a Jordi Pujol comentar lo importante que fueron aquellos quince días, comenzaron a venirme a la cabeza una serie de preguntas a las que el nacionalismo catalán nunca ha respondido:
El argumento es que Cataluña aporta al Estado más de lo que recibe. Es fácil imaginar que Barcelona aportará a las arcas de la Generalidad en torno al 90-95%% de sus ingresos y no recibirá más del 60-70% de las inversiones. ¿Cree Artur Mas que Gerona, Lérida y Tarragona están expoliando fiscalmente a sus vecinos barceloneses? ¿Por qué no hace nada por evitarlo?
Si en CiU están tan preocupados por las balanzas fiscales en el conjunto de España, ¿por qué, ahora que pueden, no publican la balanza fiscal de las provincias catalanas?
Todos los estudios coinciden en que la Comunidad de Madrid aporta más a la caja común que Cataluña. Y a pesar de todo, la región de Esperanza Aguirre crece más que la de Artur Mas, atrae más inversiones del extranjero y tiene unas cuentas públicas mucho más saneadas. ¿Cómo puede ser?
Desde 1960, sólo Seúl (para llevar los JJOO a Asia) y Atenas (por razones obvias) han sido sede de unas Olimpiadas representando a países pequeños. El gran rival de Barcelona 92 fue París y las crónicas cuentan que la clave para ganar la nominación estuvo en el apoyo en bloque de los países hispanoamericanos, tanto por cercanía cultural como por cuestiones diplomáticas (parece ser que el papel del Rey fue especialmente destacado). ¿Habría ganado una Cataluña independiente aquella votación?
¿Cuánto vale que España escogiese a Barcelona como su candidata?
¿Cuánto pesan esos JJOO en la balanza de Artur Mas y Jordi Pujol?
¿Cómo se mide el impacto publicitario, el conocimiento de la marca Barcelona y la proyección de Cataluña conseguidos en aquel verano de hace veinte años?
Mucho me temo que, por muchas veces que vea el gran documental de Michael Robinson, analice los discursos de Artur Mas o lea el libro de memorias de Jordi Pujol no encontraré en ninguno de ellos respuestas a ninguna de mis preguntas.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Enero 2012
De forma coloquial quisiera hacer simplemente un ejercicio teórico de recopilación de datos dispersos para llegar a plantear una hipótesis plausible de las intenciones del PSOE y del PP respecto a ETA y el llamado cínicamente "conflicto vasco”. Así que empezaré a atar los diversos cabos sueltos a los que nadie quiere darles importancia, e incluso parecen resultar incómodos. Si no fuera así, ¡a qué vienen las prisas, los secretismos, las declaraciones tópicas pero sin firmeza?.
Uno de los cabos sueltos es el repentino silencio del Sr. Mayor Oreja ante los últimos acontecimientos. Ni una sola reseña, ni una sola declaración a los medios, ni siquiera en las tertulias. Nada, silencio absoluto, cuando en otras ocasiones su reacción ha sido inmediata y firme. Su famosa hoja de ruta y pactos entre el PSOE, el PSE, Zapatero con su “proceso de paz” y ETA, parece haber quedado en el olvido y archivada en los legajos olvidados de un archivador perdido. Ningún interés o lo que puede ser peor, ley de la omertá por el inminente desarrollo de los acontecimientos.
El cabo suelto constante de este caso no es otro que el actual Lehendakari, Patxi López y su empecinamiento en que ETA ha abandonado la “lucha armada” y que es hora de que el Estado dé respuesta a este hecho histórico. Una muestra de buena voluntad es la del acercamiento de los presos terroristas etarras y la liberación de los arrepentidos y aquellos que sufren algún tipo de enfermedad. Esta petición ha sido apoyada por una manifestación multitudinaria de BILDU y resto de fuerzas abertzales en Bilbao, en la que la petición se ha transformado en exigencia. Mientras, en paralelo, los presos etarras van a solicitar de forma individual su traslado a cárceles de El País Vasco y Navarra para contribuir al “proceso político”. La respuesta del Gobierno del PP a través de su Ministro de Justicia Sr. Gallardón, solo ha hecho referencia a que se aplicará la Lay y que no habrá amnistía general. ¿Qué pasa con el tema de los traslados?¿Quién ha hablado de amnistía? Claro que lo lógico es que tras los traslados la suelta de presos iba a ser la acción inmediata.
Otro cabo suelto ha sido la visita sorpresa y a escondidas del ex Presidente Sr. Zapatero al despacho del Ministro de Interior Sr. Fernández Díaz, con el que tuvo una entrevista de dos horas de la que aún no ha trascendido nada. ¿Por qué el Gobierno del Sr. Rajoy sigue guardando silencio absooluto sobre este insólito encuentro y el contenido de la reunión?¿Estamos ante una advertencia a Rajoy sobre la hoja de ruta y la respuesta de ETA en caso de que no se cumpla? Desde luego resulta inquietante el que ETA haya confirmado lo que ya sabíamos, que nunca entregará las armas al enemigo. Es decir, ETA mantiene intacta su amenaza terrorista.
Otros cabo suelto es la actitud inexplicable de la Audiencia Nacional con las repentinas prisas por cerrar el caso Faisán, sin que el nuevo equipo instructor haya acabado sus investigaciones sobre los responsables de la delación, aunque siguen apareciendo pruebas inculpatorias. Quizás la única acción medio comprensible haya sido la renovación al completo de la cúpula policial que el PSOE había dejado y cuyos responsables eran los más directos implicados en los casos más escandalosos como el del Faisán, el 11M....
Pues atando cabos sueltos la conclusión es que todos los hechos llevan a certificar que en breve vamos asistir a la auténtica rendición del estado de Derecho, de España y de la dignidad de las víctimas ante la ETA, su brazo político legalizado BILDU, y la complicidad y colaboración de las formaciones nacionalistas del PNV y PSE junto a la más incomprensible colaboración y apoyo del PPV soportando con sus votos al actual Gobierno Vasco y pragmático Lehendakari.
Me parece absolutamente necesaria una urgente explicación por parte del Gobierno y del PP, para que los ciudadanos que no apoyamos esta rendición ante ETA y su entorno, no lleguemos a la conclusión de que el PP va a ser colaborador en esta acto de Alta traición a España.
Los mensajes constantes de ETA y su entramado
Jesús María Zuloaga La Razón 12 Enero 2012
ETA y su entramado han encontrado con el nuevo Gobierno la horma de su zapato.
Desde que el nuevo Ejecutivo tomó posesión, no pasa un día sin que uno (o varios) miembros de la izquierda abertzale, que es tanto como decir la propia banda, lancen advertencias (algunas tienen ribetes de amenaza) para exigir que el «proceso no se bloquee».
Los terroristas y los que los apoyan desde la ilegalidad consentida no están dispuestos a que su plan, urdido en los últimos tres años, tras el fracaso de las negociaciones con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, quede frenado ahora.
Mientras gobernaban los socialistas, con el apoyo en este asunto de los nacionalistas, la «hoja de ruta» o «cronograma», pactada a través de mediadores internacionales, se cumplía a rajatabla: Bildu y Amaiur son la mejor prueba de ello.
Ahora tocaba dar dos pasos de suma importancia: el traslado de los presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra, y el inicio de las gestiones (con la legalización por el Tribunal Constitucional de Sortu) para la creación de una «mesa de partidos» en la que se discuta todo lo relativo a la independencia del País Vasco.
El escenario que deseaban los terroristas (y los que estaban con ellos en este nuevo «proceso») era el de una victoria de los socialistas en las elecciones generales (poco probable a la vista de las encuestas) o, como mal menor, que el Partido Popular no alcanzara la mayoría absoluta y tuviera que depender de grupos nacionalistas, u otras alianzas, para poder gobernar.
No ocurrió así, porque el pueblo español apoyó masivamente al PP. Los terroristas han de enfrentarse a una situación con la que tienen que convivir pero que no les gusta.
Además, para colmo, los primeros anuncios de Rajoy en el sentido de nada les debía (otros sí que estaban y están en deuda); el apoyo decidido a las víctimas y una postura firme en el asunto de los presos, les han llevado al convencimiento de que ya nada será como antes.
¿Qué es lo que va a hacer ahora ETA y su entramado?
La respuesta no es fácil. Han apostado mucho en el actual «proceso» para darlo por liquidado de un plumazo; y no será por falta de ganas de los que, dentro de la banda, han mantenido posturas más críticas con lo que se estaba haciendo.
De momento, se han limitado al lanzamiento de los citados mensajes y a la demostración de fuerza que hicieron en la manifestación del pasado sábado en Bilbao.
Conociendo la forma de actuar de la banda, no se puede descartar, según comentan a LA RA ZÓN expertos antiterroristas, que utilicen sistemas sutiles que creen más efectivos para hacer llegar esos mensajes hasta los máximos responsables del nuevo Gobierno.
Otras veces lo han hecho y no hay ningún motivo para pensar que ahora no lo vayan a repetir.
Su contenido, aunque esté amparado por el secreto, no variará mucho de lo que vienen exigiendo a lo largo del último año, desde que anunciaron el alto el fuego «permanente, general y verificable por la comunidad internacional»: una negociación directa con el Gobierno para tratar sobre los presos y lo que llaman la desmilitarización (salida del País Vasco y de Navarra de las Fuerzas de Seguridad y de los Ejércitos). El nuevo Ejecutivo ya les ha contestado que no va a pasar por esas exigencias, lo que a buen seguro habrá suscitado un debate en el seno de ese conglomerado siniestro que agrupa a ETA y su entramado. En ese mundo, tan acostumbrado a la amenaza y la coacción, la tentación de ejercer la violencia es permanente, por más que durante la campaña electoral, lágrimas incluidas, algunos dijeran que ETA había acabado para siempre. Son ésos, por lo que se juegan de futuro político, de los más preocupados en estos momentos, y se les nota.
La Xunta de Galicia despilfarra 520.000 euros en promover la 'galleguización'
Galicia Bilingüe denuncia que los Ayuntamientos disponen de una nueva subvención con la que premiar el monolingüismo
www.lavozlibre.com 12 Enero 2012
Madrid.- Hasta 520.000 euros se gastará la Xunta de Galicia en promover la 'galleguización' en toda la Comunidad. Una despilfarro que Galicia Bilingüe considera exagerado e innecesario pues, su único cometido, dicen, es formentar el monolingüismo.
Los Ayuntamientos de Galicia tienen, a partir de ahora, una partida más de subvención con la que la Xunta de Galicia no hará sino fomentar el monolingüismo que desde hace tiempo denuncia Galicia Bilingüe se ha extendido por toda la comunidad gallega. Hasta 520.000 euros despilfarrá la Xunta en la contratación de técnicos lingüisticos licenciados en filología gallega o gallego-portuguesa que se encargarán de encontrar los perfiles lingüísticos acordes a los puestos municipales, seleccionar el personal necesario para los mismos y promover la 'galleguización' de todas las localidades.
Un despilfarro que llega en época de recortes en servicios y en un momento en el que Galicia Bilingüe se está esforzando por animar a todos los ayuntamientos gallegos a cumplir con la norma de cooficialidad lingüística. Destinados al cambio de lengua de los ciudadanos o a tareas similares de dudoso éxito, esta partida de 520.000 euros es innecesaria en un momento en el que la crisis está obligando a muchas empresas a cancelar programas de innovación empresarial. Por eso, insisten en Galicia Bilingüe, tendrían que paliar esa situación y no destinar fondos públicos a decirle en qué idioma han de atender a sus clientes.
Desde la Xunta de Galicia se quiere destinar este más de medio millón de euros a "estimular en las generaciones más jóvenes un uso generalizado del gallego superando viejos prejuicios y presiones globalizadoras".
Galicia / EN OURENSE
Galicia Bilingüe insiste en que no se está cumpliendo la cooficialidad lingüística
I. BUGALLO / OURENSE ABC Galicia 12 Enero 2012
El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, recibió ayer a la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, quien le presentó un estudio pormenorizado de la situación respecto a la cooficialidad lingüística que hay en este municipio donde «se incumple la legalidad lingüística en algunos ámbitos». El regidor recibió la documentación y, según comentó posteriormente Lago, «se comprometió a ajustarse a la legalidad tanto en su página web como en la comunicación con los ciudadanos y ordenanzas».
Así, la representante de la plataforma lingüística se manifestó satisfecha por la respuesta del alcalde a quien valoró como «muy razonable, muy respetuoso y muy sensato». Consciente de que está gobernando en coalición con el BNG, «lo que —dijo— dificulta la convivencia de ambas lenguas», felicitó la voluntad de Rodríguez que «se mostró receptivo y se comprometió a ir subsanando poco a poco esos incumplimientos ».
La presidenta de Galicia Bilingüe recordó que «en la administración no hay lenguas preferentes» y por ello, «Motu proprio, deben hacer comunicaciones o recibos en los dos idiomas». En cuanto a las ordenanzas municipales, señaló «deben estar en los dos idiomas porque es una norma jurídica y si no se hace así es ilegal». Estos son algunos de los temas que detalló a Francisco Rodríguez que, insistió, «se comprometió a cumplir la ley».
En declaraciones a ABC, afirmó que «en todos los ayuntamientos se ha ido tendiendo al monolingüismo y se ha considerado normal cuando no lo es». Para Galicia Bilingüe, salvo La Coruña (donde se utilizan más las dos lenguas), en el resto de los ayuntamientos «se han ido dejando llevar». «Hemos llegado a una situación en la que no hay ni obras de teatro ni títeres para los niños en su idioma, los recibos se hacen solamente en una lengua y si te diriges al ayuntamiento te contestan solamente en gallego, cuando no debe ser así». Lamentó, además, que la visibilidad sea de una sola lengua pero, al tiempo que abogó por «comenzar a desmontar todo eso». Según apuntó, «el problema es que si no se respetan las normas de la democracia y se saltan barreras, al final nos cargamos la esencia de la democracia».
En 2010 obtuvo una subvención de 2,2 millones para una rotativa nueva
A pesar de estas importantes inyecciones de dinero público, el buque insignia del grupo de Santiago Rey hace agua
Antonio José Chinchetru, Periodista Digital 12 Enero 2012
La Xunta de Galicia no escatima dinero público para los medios de comunicación gallegos. En una comunidad con menos de tres millones de habitantes, las aportaciones de dinero público por parte del Gobierno autonómico permiten que en plena crisis hayan existido hasta 13 cabeceras en papel de forma simultánea (en 2011 cerraron dos).
Entre todos ellos, el Ejecutivo regional tiene un claro favorito: La Voz de Galicia. Periodista Digital ha localizado subvenciones, convenios y contratos otorgados por la Xunta por un monto total de 2,7 millones de euros sólo en 2011.
Si a esto le sumamos una suculenta ayuda de 2,2 millones para renovar sus rotativas (que el diario asegura a PD no haber cobrado todavía), y el más de millón de euros que el diario recibe de ayudas todos los años, La Voz de Galicia ha recibido más de cinco millones de euros en sólo dos años. Y todo ello sin contar el dinero que ingresa por publicidad institucional.
A pesar de estas importantes inyecciones de dinero público, la situación económica del buque insignia de la corporación Voz de Galicia es grave. Tras embarcarse en una ambiciosa estrategia de crecimiento acelerado durante los últimos años invirtiendo en radio y televisión, el diario va a despedir hasta a un 15% de su plantilla, mientras que el resto de los trabajadores van a ver reducidos sus salarios y perderán antigüedad. Todo ello después de un 2011 en el que el número de empleados ya se redujo de forma importante mediante bajas incentivadas y prejubiliaciones.
DESPIDOS EN UNA PLANTILLA YA DISMINUIDA
Desde el Comité de Empresa de La Voz de Galicia han informado a Periodista Digital sobre el acuerdo que acaban de alcanzar con la compañía, en el que se contemplan despidos y una reforma del convenio colectivo con reducciones de sueldo y supresión paulatina de la antigüedad en los puestos de trabajo.
A principios de 2012 la plantilla está formada por 376 empleados. Según han informado las fuentes sindicales, en los próximos tres años se despedirá hasta a un 15% de la plantilla, si bien "ellos dicen que esperan no llegar" a esa cifra. Además, han explicado que:
Ellos querían hacerlo como despidos objetivos, pero esos despidos objetivos no se podrán hacer en las condiciones que marca la ley ahora, de 20 días y un año, sino que la empresa se compromete a pagar 35 días y dos años a las personas que se despida. Afecta a parte de gestión y a parte de publicidad, pero la mayor parte es redacción.
Aunque en principio lo acordado se refiere tan sólo al periódico, el recorte de plantilla podría llegar a aplicarse en otras áreas del grupo de La Voz de Galicia. De hecho, según informan las fuentes a Periodista Digital, en las emisoras radiofónicas de la corporación ha habido cinco despidos el día 9 de enero: dos en Pontevedra y uno en cada una de las siguientes localidades: Orense, La Coruña y Carballo.
En cuanto al número de trabajadores del diario, ya se ha visto muy recortado en los últimos meses:
El año pasado estábamos cerca de los 450 trabajadores y a lo largo de 2011 fue un bombardeo continuo de "vamos mal", desde febrero. A mediados de año les dijimos que "si queréis hacer desvinculaciones de personas que quieran irse, planteádselo vosotros". Hubo gente con 58 o 59 años que se fue. Hubo un acuerdo con un grupo al que se le aplicó lo de los 35 días y algunos a los que se le subió un poco... o gente que se iba como una prejubilación. En Madrid había una delegación con once personas, y cerraron la parte administrativa y publicitaria y dejaron sólo tres redactores y un fotógrafo, que en teoría es a tiempo parcial.
La reforma del convenio colectivo alcanzada entre el Comité y la empresa contempla que se suprima "paulatinamente la antigüedad en tres años", según informan las fuentes. A esto se suma la rebaja de salario. Según explican:
Seguimos manteniendo una reducción del sueldo de un 3%. Habíamos firmado un acuerdo en octubre de 2009 por el que rebajábamos los sueldos y no habría despidos. Ese acuerdo tenía vigencia hasta diciembre de 2011. Ahora lo que hemos hecho es firmar un convenio colectivo por tres años. Durante ese periodo se va a mantener esa reducción salarial. Se mantiene durante 2012, aunque hay un pequeño escalado entre el 3% y el 4%, dependiendo de los salarios. Por debajo de los 25.000 euros no se aplica y luego hay de 25.000 a 60.000 euros y de 60.000 para arriba. Ese escalado este año sería el 3%, el año que viene sería el 2% y en 2014 sería el 1%.
Aunque hasta el año pasado el periódico mantenía económicamente al conjunto del grupo, la situación del diario ha cambiado. Según los representantes sindicales, la empresa les ha informado de una caída de la publicidad de entre un 22% y un 23%, a lo que hay que sumar una fuerte disminución de las ventas en 2011. Las fuentes sindicales han dicho que según las cuentas auditadas de 2010, a las que han tenido acceso, La Voz de Galicia registró ya en aquel año unas pérdidas de 97.000 euros.
Sin embargo, según los representantes sindicales se trataría de "pérdidas técnicas":
La idea que tenemos en el Comité es que buscaron hacer un balance de pérdidas, precisamente pensando presentar los despidos como objetivos. Y uno de los temas más complicados de la negociación fue justo ese de que no fueran despidos objetivos, que la gente no se fuera con los 20 días.
1,3 MILLONES DE SUBVENCIONES EN 2011
Sólo en dos ayudas a "empresas periodísticas", La Voz de Galicia recibió 1.229.807 euros en 2011.La primera de las subvenciones corresponde a la RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2011, de la Secretaría General de Medios, por la que se les da publicidad a los beneficiarios de las ayudas concedidas a las empresas periodísticas y de radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 8 de marzo de 2011. A La Voz de Galicia se le otorgan 619.652 euros, mientras que a Voz de Galicia Radio (Radio Voz) le corresponden 10.660 euros y a la sociedad de contenidos digitales Canal Voz otros 18.142 euros.
La segunda subvención, de 610.155 euros, se hizo pública mediante la RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Medios, por la que se da publicidad a los beneficiarios de las ayudas concedidas a las empresas periodísticas y de radiodifusión, publicada en el DOG del 23 de noviembre de 2011. Otras empresas del grupo beneficiadas en la misma convocatoria son Canal Voz, a la que se le otorgó 44.801,89 euros, y Voz de Galicia Radio (Radio Voz), a la que se le concedieron 14.501,26 euros.
En el capítulo de subvenciones, aunque no corresponde a 2011, cabe destacar la que en 2010 publicó el propio periódico el 9 de enero, cuando el Instituto Galego de Promoción Económica otorgó a dicho rotativo 2,2 millones de euros para renovar sus rotativas. El diario asegura no haber recibido aún ese monto. --El Ipage aprueba una subvención de 2,2 millones de euros a Galicia Editorial para modernización económica--.
CONVENIOS POR MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS
En cuanto a los convenios firmados por la Xunta con La Voz de Galicia a lo largo de 2011, son cuatro y suman 510.00 euros. Los dos de mayor cuantía ascienden 150.000 euros cada uno.
El primer de ellos está recogido en la RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Economía e Industria, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el primer cuatrimestre (DOG del 1 de julio de 2011), se trata del 'Convenio de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria y la entidad La Voz de Galicia, S.A., editora del periódico La Voz de Galicia, para la difusión en este medio de contenidos de interés para la sociedad gallega sobre actuaciones en materia de I+D+i, Industria y Comercio'.
El segundo, del que se informa en la RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Medios, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos en el segundo cuatrimestre del año 2011 (DOG del 5 de diciembre de 2011) es el 'Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Medios y La Voz de Galicia, S.A. para el desarrollo del programa La prensa en las aulas: ¿qué medios? ¿qué fines?'.
Algo menor desde el punto de vista económico es el 'Convenio de colaboración entre la Consellería de Trabajo y Bienestar y la corporación Voz de Galicia S.L.' recogido en la RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el segundo cuatrimestre del año 2011 (DOG del 18 de octubre de 2011).
Tiene un presupuesto de 140.000 euros y su objeto es "dar a conocer a la sociedad los programas y campañas que vaya a desarrollar la consellería vinculados a la formación, al funcionamento del servicio público de empleo y a sus instrumentos, para mejorar la empleabilidad y la colocación de las personas desempleadas".
El cuarto es el 'Convenio de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y la entidad La Voz de Galicia, S.A. para la elaboración y difusión de reportajes sobre el Plan Ferrol', por 70.000 euros, hecho público en la RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de los convenios de colaboración celebrados por esta consellería en el segundo cuatrimestre del año 2011 (DOG del 20 de septiembre de 2011.
580.000 EUROS POR "TRABAJOS" PARA EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA
De los dos contratos, que ascienden a un total de 834.00 euros, el de mayor cuantía tiene como objeto descrito el "servicio consistente en la realización de trabajos para la elaboración de la edición electrónica del Diario Oficial de Galicia", con un importe neto de 579.661,02 euros y un importe total de 684.000 euros por 12 meses. Además, el 'valor estimado del contrato' se incrementa (en neto) hasta 1.159.322,04 euros "incluidas prórrogas".
Se informa de él en la RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se hace pública la formalización de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada (DOG del 15 de julio de 2011). El segundo contrato corresponde a la Consellería del Medio Rural y está recogido en la RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011 por la que se hace pública la formalización de varios contratos administrativos (DOG del 19 de julio de 2011), en la que se informa de diversos contratos con varios medios de comunicación gallegos.
El servicio está descrito como "difusión y divulgación de información agroganadera y forestal en periódico de mayor difusión dentro de la provincia de A Coruña" y el importe es de 150.000 euros, IVA incluido. Se formalizó el 6 de junio de 2011 y se adjudicó mediante un proceso negociado sin publicidad.
Revisión técnica: Luis Balcarce y Roberto Marbán.
Huelga de firmas de los periodistas, que no han cobrado la paga de diciembre
Los dueños de 'El Punt Avui' piden más dinero a la Generalidad
Malestar entre los trabajadores por la forma en la que sus jefes están negociando el ERE que afectará a 78 de 304 empleados
Redacción Cataluña, Periodista Digital 12 Enero 2012
La empresa editora de El Punt Avui, Hermes Comunicacions, solicitó a la Generalidad que se le avance los pagos de la publicidad institucional prevista, y así hacer frente a las deudas contraídas con los empleados.
La idea sería que las centrales de medios que trabajan para la Administración pública adelantasen el pago de la propaganda contratada. De esta manera se aliviaría la tesorería del diario, en una situación delicada y en plena negociación de un ERE.
La cantidad, según publicó Economía Digital --'El Punt-Avui' pide a la Generalitat que avance los pagos de su publicidad--, podría ascender al millón de euros. Esta cifra incluiría publicidad y subvenciones directas que la Generalidad otorga a los periódicos escritos solo en catalán.
Desde la Generalidad se están haciendo gestiones para adelantar el pago de algunas cantidades pero no consideran oportuno relacionar el pago de las nóminas de los trabajadores con las subvenciones --convertidas ya en regulares-- que deberían ser una ayuda excepcional --Mas regala otros 700.000 euros a El Punt Avui, Ara y Ràdio Flaixbac--.
Mientras tanto, esta misma semana --enero 2012-- finaliza el plazo dado por la empresa para llegar a un acuerdo con los trabajadores sobre el ERE que afectará a 78 de los 394 empleados, según confirmaron a Periodista Digital fuentes de El Punt Avui. Una negociación que, de momento, está estancada y sin acuerdo: la empresa ofrece dos días más por año trabajado de los que establece la ley, pero no puede asegurar nuevos recortes en el futuro.
De hecho, los trabajadores creen que la negativa de la empresa de hacer frente al pago de la nómina de diciembre podría ser una estrategia de la empresa para, por un lado, presionar a la Generalidad a que adelante parte de las subvenciones, pero por otro, para presionar a los trabajadores en la negociación del ERE --'El Punt Avui' prepara un ERE que podría afectar al 30% de la plantilla--.
Uno de los puntos en los que la negociación (empresa-trabajadores) se ha estancado es por culpa del plan de reestructuración propuesto por los directivos, ya que, según el comité de empresa, hay un número excesivo de jefes. La situación podría llegar incluso a dejar un ratio de un jefe por cada dos subordinados, según fuentes del diario consultadas por Periodista Digital.
Por otro lado, los periodistas del diario empezaron este martes 10 de enero de 2012 una huelga de firmas indefinida hasta que la empresa les pague el mes de diciembre de 2011; y la extra de Navidad a los antiguos empleados de la empresa madre que compró al Avui.
Los trabajadores, por su parte, pusieron en marcha varias cuentas en las redes sociales --en Twitter; y en Facebook-- para denunciar la situación que están viviendo y animar a los ciudadanos a respaldar el diario, y han creado la plataforma Salvem El Punt Avui con esa intención.

References: artículo 135
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