Source: https://hayderecho.com/2017/09/13/segunda-oportunidad-y-exoneracion-del-pasivo-insatisfecho/
Timestamp: 2018-01-20 17:03:06+00:00

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Segunda oportunidad y exoneración del pasivo insatisfecho | Hay Derecho
La ley 25/2015 de 25 de julio denominada de segunda oportunidad modificó la regulación del acuerdo extrajudicial de pagos (arts. 231 a 242 bis de la LC) y completó el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho de las personas naturales (178 bis LC), sean o no profesionales o empresarios. La Ley 7/2015, de 21 de julio, modificó el art 86 ter de la LOPJ y 45.2 b) de la LEC atribuyendo a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para la tramitación de los concursos de persona natural que no sea empresario.
En octubre de 2016 publiqué en este blog un post crítico sobre el auto, de 20 de septiembre de 2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Majadahonda en un concurso consecutivo de persona natural no empresario presentado después del fracaso de un acuerdo extrajudicial acordando la declaración de concurso, su conclusión y la denegación de la exoneración del pasivo insatisfecho. La conclusión la acordó por insuficiencia de bienes para el pago de créditos contra la masa. Esta resolución causaba una grave indefensión y desamparo a las personas afectadas por dicho pronunciamiento en caso de quedar firme. Fui muy crítico con la atribución de competencia a los Juzgados de Primera Instancia para la tramitación de los concursos de persona física no profesional remediada, en parte, con la atribución a las Secciones Mercantiles especializadas de las Audiencias Provinciales para tramitar los recursos de apelación (Ley 7/2015, de 21 de julio).
Contra la citada resolución se interpuso recurso de apelación ante la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid que dictó resolución el 21 de abril de 2017 estimándolo (Ponente el Magistrado Don Francisco de Borja Villena Cortés).
La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el auto nº 69/2017, de 21 de abril de 2017, acuerda:
Estimar el recurso de apelación frente al auto recurrido.
Revocar parcialmente dicha resolución y en su lugar realizamos los siguientes pronunciamientos:
No ha lugar a la conclusión del concurso declarado.
Acordar la continuación de la tramitación del presente concurso, con la consideración de consecutivo, a cuyo efecto, se dictarán por el Juzgado las resoluciones y proveídos necesarios conforme a la ley.
En los fundamentos de la resolución dictada por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid se afirma que la norma del párrafo 2º del art. 176 bis 4 d la LC “supone una excepción a la recogida en el párrafo 1º (conclusión de concurso por insuficiencia de masa para el pago de créditos contra la masa) de suerte que en el caso del concurso de deudor persona física, sea o no consecutivo el concurso, el Juez no puede aplicar el archivo inmediato y simultáneo a la declaración del concurso, sino que debe proceder a designar administrador concursal para liquidar los bienes y a dar trámite a la resolución de la petición de exoneración del pasivo, todo ello con carácter previo a la conclusión”. Esta especialidad afirma “es especialmente intensa cuando se está, además, en un concurso consecutivo, donde ya se acompaña por el mediador la petición e informe sobre dicha exoneración de pasivo”.
La solicitud de concurso a que hace referencia este post se presentó el 6 de septiembre de 2016. Ha transcurrido un año y estamos en el punto de partida todavía.
Mientras tanto el acreedor principal ha compensado créditos, otros acreedores han intentado ejecutar y embargar bienes y derechos y la AEAT ha dictado providencias de apremio administrativo.
La estructura del proceso (acuerdo extrajudicial y concurso consecutivo con apertura automática de la fase de liquidación para persona natural no profesional) se tiene que unificar para todas las personas naturales (sin distinción entre profesionales y empresarios y aquellos que no lo son) y simplificarlo. Hay que dar solución a quien nada tiene, es decir a aquellos que son pobres o están en riesgo de exclusión social a los que alguna resolución judicial les atribuye ánimo fraudulento.
Además se deben unificar, en la ley de segunda oportunidad, los quorum del acuerdo extrajudicial con los del convenio concursal, los plazos de tramitación y suspensión de las ejecuciones, así como las personas legitimadas para instar el concurso consecutivo. En la actualidad (art. 242 bis 9º LC concurso consecutivo de persona natural no profesional) la LC no contempla la presentación del concurso consecutivo por el propio interesado, solo regula la presentación por el mediador dentro de los 10 días hábiles siguientes al fracaso del acuerdo con los acreedores. Los agentes que intervienen en su tramitación (deudores, mediadores, administradores concursales, notarios y juzgados) deberían poner más de su parte para que este proceso concluya con éxito.
Los deudores para eludir retenciones y embargos de sus salarios o prestaciones, por parte de sus acreedores continúan la vida al margen de la legalidad (economía sumergida). De no ser así nos encontraríamos en una situación de involución social por las altas tasas de desempleo (17/20%) y precarización del mismo que mantiene este país en los últimos años. El deudor, en general, prefiere continuar en esta situación a iniciar un proceso con resultado incierto, tutelado, intervenido o sustituido, en su caso, en las facultades de administración y disposición de sus bienes y derechos por un mediador/administrador concursal que no tiene ningún incentivo profesional ni económico en su tramitación.
Los Juzgados de Primera Instancia (tercero de los agentes intervinientes), a los que no se les ha facilitado una mínima formación en este tipo de procesos, en lugar de tramitar el concurso dictan auto de declaración y conclusión de concurso. Esta resolución judicial impide la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho (Juzgado de Primera Instancia de Majadahonda nº 1 auto de 20 de septiembre de 2016 revocado por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en auto de 21 de abril de 2017). Algún otro Juzgado de Primera Instancia, en el caso de deudores carentes de bienes y derechos para ofrecer a los acreedores, considera que al solicitar una quita próxima al 100% se está utilizando de manera fraudulenta éste proceso (Auto de 20 de febrero de 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño) y deniega la exoneración del pasivo insatisfecho. El archivo y conclusión de concurso en el auto de declaración de concurso es un error en el que algunos Juzgados de Primera Instancia han incurrido por recomendación del propio mediador concursal como solución para concluir rápidamente con el expediente sin analizar las gravísimas consecuencias que ello tiene para el deudor persona natural, a quien con esta solución se le priva del derecho a solicitar y obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. Se deberían especializar Juzgados de Primera Instancia a los que se les atribuyese la competencia para la tramitación de los concursos consecutivos.
La propuesta de texto refundido elaborada (si es que se aprueba) en los arts. 704 y siguientes al regular el concurso consecutivo no resuelve ninguno de los problemas de coordinación comentados con anterioridad porque, efectivamente, supondría una innovación que excedería de su objeto (refundir, interpretar y coordinar).
El poder legislativo debería, con urgencia, afrontar la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad o quizás el sistema financiero y el mercado lo impidan. Las entidades financieras prefieren ceder sus créditos a fondos de inversión por cantidades insignificantes antes que hacer una quita al deudor ¿Por qué? Si se hace esta pregunta a las entidades todas contestan lo mismo: por riesgo reputacional.
Etiquetas: consumidores, Derecho concursal, personas físicas
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2017/07/no-money-2070384__340.jpg 340 604 Gregorio de la Morena Sanz https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2016/09/hay-derecho-conciencia-civica-logo-3.png Gregorio de la Morena Sanz2017-09-13 08:00:212017-09-13 08:00:21Segunda oportunidad y exoneración del pasivo insatisfecho
Lasalles Dice:
También pueden intervenir, aparte de los agentes que se cita en el artículo, registradores mercantiles y cámaras de comercio.
13 septiembre, 2017 en 12:44
Gracias Gregorio por tu post que, como siempre, es muy interesante.
Desde luego, las leyes deben ser buenas, pero también los profesionales que las aplican y que en este caso son mediadores, administradores concursales, abogados y jueces. La falta de preparación de los profesionales implicados, unido a que puede suceder que ni cobren por su trabajo, hace que, en definitiva, deudores que merecerían una segunda oportunidad y que sus deudas se exoneraran y pudieran volver a empezar, al final no lo consigan. Así de grave es el tema. En el caso que cuentas, el juez archiva y no da trámite a la exoneración. Un fallo muy grave que menos mal que ha sido subsanado en la Audiencia. El deudor ha visto retrasada la tramitación por “desconocimiento” de los profesionales implicados, particularmente, del juez.
Por lo tanto, muchas veces la culpa no la tiene la ley (que debe ser mejorada, sin duda), sino las dificultades que encuentra su aplicación práctica.
Por ello hay que insistir en la formación de los profesionales que participan en estos procedimientos. El futuro de una persona puede estar en juego. No basta quejarse: hay que estudiar y, sobre todo, no es de recibo que profesionales puedan no cobrar en estos procedimientos. Esto no tiene sentido y es tercermundista.
La ley debe ser mejorada y hemos organizado un congreso que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en el que debatiremos sobre la necesaria adaptación de nuestra Ley Concursal a la Propuesta de Directiva de Segunda Oportunidad. Este es el momento de discutir, con especialistas y los representantes de la Comisión Europea, acerca de cómo debemos recuperar a los empresarios insolventes. Toda la información del congreso está aquí https://congresoinsolvenciaymercado.com//
13 septiembre, 2017 en 14:17
Muy buen post. Señala aspectos claves cuya reforma debe ser estudiada sin dilación (en el marco de la futura reforma europea: que va más allá de los empresarios).
Aquí me referiré solo a la propuesta del autor de “unificar la estructura del proceso”, a los incentivos del -impropiamente denominado “mediador concursal” y por último a un aspecto conceptual.
En cuanto a lo primero: El pº AEP se diseña para todo tipo de deudores con una estimación inicial del pasivo superior a 5 millones de euros. Luego, ¿por qué la “unificación del proceso” propuesta se limita a las personas naturales -que cumplan con ese requisito- y no a todos los deudores que pueden acudir al pº AEP?
En segundo lugar, en cuanto a los incentivos del “mediador”, en mi opinión, en definitiva son los mismos que tiene un abogado para no defender a un cliente pobre, por lo que, una posible solución podría venir bien por la creación de un “turno de oficio pre-concursal” que asigne mediadores “de oficio” a quien carece de recursos para “re-negociar” su deuda cuando se encuentra en una situación de insolvencia.
Por último, no comprendo el título del post ¿acaso la “segunda oportunidad” y la exoneración del pasivo insatisfecho -tras la conclusión del concurso-, no son lo mismo?
pd: la Propuesta de RD por el que se aprueba el TR de Ley Concursal, en mi opinión, sí que va más allá del mandato a la Comisión en lo referido a la nueva exigencia de que el “mediador” sea necesariamente Administrador Concursal, cuando la ley vigente admite la posibilidad de que no lo sea (porque la ley admite la posibilidad -especialmente en el caso de la persona natural no empresaria- de que dicho mediador no sea administrador concursal en el concurso consecutivo). Véanse, a este respecto, los arts. 545 y 641 de la citada propuesta, y el actual art. 233.1 LC.
Ley de la Segunda Oportunidad Dice:
20 septiembre, 2017 en 19:07
Desde este despacho nos hemos encontrado con dos problemas claros en la media que aplicamos a la práctica la teoría de la ley de segunda oportunidad.
Habida cuenta la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, que se acuerda en el auto de declaración de concurso, desde el cual se somete a un estricto control de cuentas, ya en sede judicial.
La administración concursal, establece el derecho del deudor a percibir alimentos con cargo a la masa activa en cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional mensual, siempre que en la masa activa existan bienes bastantes para atender sus necesidades y las de su cónyuge (cuestión a parte son las pensiones de alimentos). Llegado a este momento la seguridad jurídica de los resultados después del arduo camino, efectivamente debería estar más clara.
Puesto que antes hemos debido sortear a notarios y administradores.
Los primeros, nos hemos encontrado en nuestras reuniones previas con los Notarios, algunos que directamente nos han pedido “amablemente” que no lo presentáramos en su Notaria porque no tenía suficiente personal para tramitarlo, a sabiendas que debe ser el domicilio del deudor y que hay más notarios, puesto que, si únicamente hay uno, nada puede obstar a que recaiga en él.
Los segundos administradores concursales, piden cuantían a veces inasumibles por los propios clientes, por no hablar de los honorarios de los abogados que no se contemplan de ninguna forma en los acuerdos que se establezcan de pagos
Nos hemos encontrado que los administradores que se nombran o bien piden cuantías desorbitas, sin tener en consideración que los clientes están en esta situación porque como afirma el compañero no tienen nada, o que directamente nos dicen que bueno, que si lo redactamos (los abogados) nosotros, “baja en mucho la tarifa”.
Efectivamente a estas alturas de la aplicación de la ley topamos de bruces con que los agentes que deben aplicarla, pasan soslayadamente a preguntarnos a los letrados como deben actuar, y a veces con todo el respeto sin ninguna motivación, sin pensar que en nuestras manos y nuestro trabajo esta ese “segunda oportunidad” a la que la ley no hace merecido respeto.
Efectivamente si ddespues de todo este periplo prejudicial y judicial, no se consiente judicialmente con la exoneración del pasivo insatisfecho poco hemos avanzado. Recurriendo a la sentencia de 2 de diciembre de 2015 –
“Esta figura jurídica es incorporada a nuestro ordenamiento por la (siguiendo las directrices y recomendaciones de la Unión Europea (Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014), del Banco Mundial o las reglas UNCITRAL), modificando el art.178.2 LC, que a su vez ha sido cambiado con la reforma del RDL 1/2015 (convalidada por la), trasladando la regulación al art.178 bis LC.
1. El deudor ha de ser persona natural sin distinción entre empresario o no, incluyendo a los consumidores o personas naturales que no sean empresarios, pero dejando fuera a las personas jurídicas, a las que se les aplica su propio régimen, el previsto en el art.178.3 LC.
2. El concurso hubiese finalizado por liquidación o por insuficiencia de masa activa para pagar a los acreedores, excluyendo optar a este beneficio en el resto de causas por las que se concluye el proceso universal.
3. Solicitud cursada por el propio deudor concursado.
4. El deudor ha de ser calificado de buena fe. Para ello el legislador ha fijado qué se entiende por tal, acudiendo a la descripción de los requisitos que necesariamente deben existir. Son los siguientes:
a. Que el concurso no haya sido declarado culpable, o no obstante dicha declaración, por aplicación del artículo 165.1.1 LC, se permite que el juez podría conceder el beneficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.
b. Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.
c. Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231 (los necesarios para poder solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos), haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.
d. El pago de determinados créditos: con el producto de los bienes y derechos del concurso, la regla general es la obligación de pagar la totalidad de los créditos contra la masa existentes y reconocidos por la administración concursal. A ello se unen los créditos concursales privilegiados (comprendiendo tanto los especiales como los generales) y si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo (aunque en este caso no es de aplicación está regla por cuanto la fecha de solicitud y declaración del concurso, no existía la previsión legal del acuerdo extrajudicial de pagos), al menos el 25% del importe de los créditos ordinarios concursales. Una obligación que no se reduce a la única posibilidad de satisfacción total de ciertos créditos, sino que, además, ofrece otras dos de satisfacción parcial o aplazada de créditos como presupuesto previo para obtener la remisión de las deudas no satisfechas, sometiéndose a un plan de pagos presentado”.
Sin entrar a debatir porque son los entes públicos AEAT Seguridad Social etc los que no se contemplan dentro de este plan de pagos. “Es importante destacar que aunque los créditos públicos no se ven afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos y se someten a sus normas específicas en materia de aplazamientos y fraccionamientos, lo cierto es que, declarado el concurso consecutivo, los bienes y derechos del deudor quedan sometidos a las normas del concurso, no tendría sentido que se pagara antes un crédito subordinado de intereses o recargos por créditos públicos que un crédito contra la masa por alimentos a los hijos del deudor, de ahí que el plan de pagos haya de reflejar cómo se van a pagar los créditos no exonerables en esos cinco años, respetando las normas del concurso.
La propia exposición de motivos de la ley 25/2015 recoge los principios anunciados con la publicación del Rd 1/2015 y razona: ‘La segunda oportunidad que recoge esta Ley responde obviamente a una técnica legislativa más moderna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro derecho histórico. Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus principios inspiradores no obedezcan a una improvisación, sino antes bien al resultado de muchos años o incluso siglos de reflexión sobre la materia. Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende beneficiar. Para que la economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco jurídico aplicable dé confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se produciría precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su encarecimiento.
Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa
Por todo lo razonado, la necesaria unidad del proceso concursal especialmente en esta fase, en coherencia con las instituciones previstas como mecanismo de exoneración de pasivo insatisfecho, justifica la inclusión de tales créditos en el plan de pagos” (AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5 PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00260/2016 N10250ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000340 /2016 Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de PALMA DE MALLORCA Procedimiento de origen: INCIDENTE CONCURSAL COMUN 0000330 /2010 Recurrente: AEAT AEAT)
Es una pena que la sensación general tras la aprobación de la ley de segunda oportunidad sea que se ha quedado en un quiero y no puedo. En cualquier caso, el autor exprime la explicación aportando un montón de ideas. Gracias
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 artículo 165
 artículo 231