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Timestamp: 2017-04-29 17:34:56+00:00

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SENTENCIAS ANTERIORES - ÍNDICE CRONOLÓGICO 2010
CC SC 1008 de 2010
No resulta contrario al orden justo que promueve la Constitución, la regla que establece que todo deudor incumplido, actúe con dolo o con culpa, está obligado a responder de todos los daños que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento y que paralelamente limite los daños imputables al contratante no doloso, a aquellos que podían preverse al momento de contratar. La equidad contractual permite que el deudor que no se ha comportado de mala fe, se le dé un trato más favorable consistente en que los perjuicios que deba soportar sean solamente aquellos previstos, o que al menos resulten previsibles, al tiempo del contrato. Código Civil; Art. 1616 : Exequible
CC SC 1007 de 2010
Presunción de culpa o dolo del infractor. Ley 1333 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"; Art. 1, Par. y Art. 5, Par. 1o. : Cosa juzgada
CC SC 987 de 2010
¿El carácter eventual de la revisión de los fallos de tutela prevista en los artículos 32 y 33 del Decreto ley 2591 de 1991, vulneraría el principio de igualdad, pues los demandantes cuyos fallos no son seleccionados se verían desfavorecidos respecto de aquéllos a quienes la Corte Constitucional sí les revisa las decisiones? Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política": Arts. 32 y 33 : Cosa juzgada
CC SC 986 de 2010
Acto Legislativo 1 de 2009, "por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia"Art. 4 (parcial) : Cosa juzgada, e inepta demanda. El texto demandado no tiene por objeto regular las inhabilidades aplicables al delincuente político, sino al común, en cuanto incurra en las conductas de conformación, financiación o promoción de grupos armados ilegales
CC SC 985 de 2010
El establecimiento de términos de caducidad para alegar las causales subjetivas de divorcio es inconstitucional porque (i) si bien persigue dos finalidades legítimas promover la estabilidad del matrimonio y garantizar la imprescriptibilidad de las sanciones; (ii) no es necesario, pues las finalidades se pueden alcanzar por otros medios, y, en todo caso, (iii) no es proporcionada en estricto sentido, pues impone un sacrificio muy elevado de los derechos de los cónyuges inocentes a al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad en su faceta de autonomía, a elegir el estado civil, e incluso a conformar una nueva familia en vista de que en Colombia no existe el divorcio subjetivo. No obstante, para garantizar que las sanciones ligadas al divorcio subjetivo no se tornen imprescriptibles, es preciso adoptar una decisión de exequibilidad condicionada de la expresión "y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª", en el sentido de que el términos previsto en la disposición solamente opera para reclamar la aplicación de las sanciones, no para solicitar el divorcio. Ley 25 de 1992, "por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política"; Art. 10 (Mod. el Art. 156 del Código Civil)
¿Puede afirmarse que para los curadores urbanos se ha creado un sistema específico de carrera administrativa? Los curadores urbanos no pertenecen a carrera administrativa, por tanto el señalamiento de un período de cinco (5) años para el ejercicio de la curaduría urbana no viola el artículo 125 de la Constitución. El concurso de méritos y la designación de conformidad con el orden resultante del concurso no son indicativos, por sí solos, de la instauración de un sistema de carrera administrativa. Sistemas especiales y específicos de carrera. Ley 810 de 2003, "por la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones"; Art. 9, Num 4. (Mod el Art. 101 de la Ley 388 de 1997) : Exequible
¿Los incisos 2o. y 3o. del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, en cuanto prevén requisitos y procedimientos para la legalización de explotaciones mineras en terrenos en donde existen concesiones, vulneran los derechos al debido proceso y los derechos adquiridos?; y ¿El parágrafo 2º del artículo 16 de la misma ley, en cuanto prevé la acreditación del canon superficiario a la primera anualidad para las propuestas de concesión que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la ley y para los títulos mineros que no hubieren pagado dicho canon, dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la citada ley, vulnera igualmente el debido proceso y los derechos adquiridos, al estatuir una nueva causal de caducidad aplicable a propuestas presentadas antes de la vigencia de la Ley 1382 de 2010, que desconocería el derecho subjetivo adquirido mediante la presentación de la propuesta? Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas"; Art. 12, Incs, 2o. y 3o. y Art. 16, Par (Mod el Art. 230 de la Ley 685 de 2001) : Exequibles
Revisión de la Ley 1345 del 31 de julio de 2009 "Por medio de la cual se aprueba el convenio de cooperación comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía" hecho y firmado en Ankara el 17 de mayo de 2006. Exequible
CC SC 943 de 2010
Inepta demanda en contra del texto que establece como empleos de libre nombramiento y remoción, los empleos pertenecientes a la Justicia Penal Militar de que trata la Ley 940 de 2005 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con excepción de los empleos de período fijo. Decreto 091 de 2007, "por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal"; Art. 8, Num. 7
CC SC 942 de 2010
Inepta demanda contra de los artículos 268, 271 , 272 y 442 de la Ley 906 de 2004, "por la cual de expide el Código de Procedimiento Penal"
CC SC 941 de 2010
Revisión constitucional del "Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC, el Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC y el Canje de Notas respecto del Capítulo 4 del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC, suscritos en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil ocho; el Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; el Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la República de Islandia, hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; y el Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y el Reino de Noruega, hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008" y la Ley aprobatoria número 1372 del 7 de enero de 2010. EXEQUIBLE, salvo las referencias a "el Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC", contenidas en el título y los artículos 1º y 2º de la misma, que se declaran INEXEQUIBLES, por vicios de trámite insubsanable, ante su falta de publicación al inicio del trámite del proyecto de ley
CC SC 940 de 2010
¿La fijación de la regla especial de competencia de los jueces de circuito para conocer de las acciones de tutela contra medios de comunicación constituye una vulneración de los derechos al acceso a la administración de justicia, en cuanto excluye el trámite de la tutela contra los medios de comunicación en los municipios en los que no existen juzgados de circuito? La regla es en general, razonable y proporcionada y por ello se ajusta a la Constitución. Sin embargo, en atención a la limitación que la misma puede dar lugar en ciertos casos, procedió a declarar una exequibilidad condicionada, en el sentido que permita instaurar la acción de tutela contra medios de comunicación ante cualquier juez del lugar, cuando no exista juzgado de circuito, quien deberá remitirla al competente; así como, surtir las actuaciones y comunicaciones a través del juzgado ante el cual se presentó dicha acción. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 37, Inc. 3 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 939 de 2010
¿La ampliación del Sistema Universitario de Salud a las personas que se pensionen encontrándose trabajando para la Institución de Educación Superior, desconoce el derecho a la igualdad de los demás jubilados, y afecta la sostenibilidad financiera, los principios de universalidad, solidaridad y eficacia del Sistema General de Seguridad Social en Salud?; o ¿afecta el principio de progresividad de la educación superior, dado que se destinarán recursos de este servicio a la salud de los pensionados de la universidades públicas?.Objeciones al Proyecto de Ley 227 de 2008- Senado, 103 de 2008 Cámara, "por la cual se modifica el artículo 2° de la Ley 647 de 2001". Exequible
CC SC 937 de 2010
¿Las medidas correctivas previstas en el artículo 13 del Decreto 28 de 2008, concretamente, la suspensión de giros (art. 13.1), el giro directo de recursos (art. 13.2), la asunción temporal de competencias (artículos 13.3 y 16), así como la suspensión de procesos contractuales (art. 13.4), exceden el ámbito de las atribuciones otorgadas por el Acto Legislativo 4 de 2007 y vulneran la autonomía de las entidades territoriales reconocida por los artículos 1º y 287 de la Constitución? Si bien las medidas correctivas impugnadas introducen límites a la autonomía de las entidades territoriales en el manejo de los recursos del SGP, esas restricciones encuentran amplio soporte constitucional. De un lado, en los fines del Acto Legislativo 4 de 2007 y de otro, teniendo en cuenta que los recursos del SGP tienen una especial destinación social derivada de la propia Carta Política, con lo cual es claro que transciende el ámbito de interés meramente local o regional. Decreto 028 de 2008, "por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones"; Arts. 13 y 16 : Exequibles. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 11 (parágrafo), 14, 15 y 21
CC SC 936 de 2010
Inexequible la causal de aplicación del principio de oportunidad (Art. 2 Num.17) al desmovilizado de un grupo armado al margen de la ley, por desconocer el principio de legalidad, los límites constitucionales para su aplicación y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así mismo la Corte Condiciona el parágrafo 3º. en el entendido de que la imposibilidad de aplicar el principio de oportunidad también comprende las graves violaciones a los derechos humanos. Ley 1312 de 2009, "por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad"; Art.2 Num. 17 ; Par. 3 (Mod. el Art. 324 de la Ley 906 de 2004)
CC SC 916 de 2010
La prescripción de la acción en materia laboral establecida en la norma demandada, no desconoce los derechos al trabajo, la igualdad y demás garantías constitucionales de los trabajadores. La Corte reafirmó que: (i) no se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo, por el hecho de existir la prescripción concreta de la acción laboral; (ii) la prescripción extintiva lo es de la acción, pero en momento alguno hace referencia alguna al derecho protegido por el artículo 25 de la Constitución; (iii) no se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral, ya que el núcleo esencial del derecho al trabajo permanece incólume, en la medida que la prescripción a corto plazo busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Lo que se prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de una acción laboral, pero nunca, el derecho-deber del trabajo. (iv) la finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez que obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral; (v) las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general es prevalente y hacen posible la vigencia de un orden justo, el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho sustancial; (vi) las normas acusadas, lejos de atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a empleadores y trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Decreto 3135 de 1968, "por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre le sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y los trabajadores oficiales"; Art. 41 : Exequible. Estarse a lo resuelto en relación con el Art. 488 del C.S.T. Fallo inhibitorio en relación con el Art. 102 del Decreto 1848 de 1969
Medidas por declaratoria de emergencia social. Exclusión temporal, selectiva y zonal del impuesto a las ventas. Exequible el Decreto 3148 de 2010, "por el cual se adicionan unos parágrafos al artículo 1o del Decreto 2694 de 2010, modificado por el Decreto 2799 de 2010"
Medidas por declaratoria de emergencia social. Exclusión temporal, selectiva y zonal del impuesto a las ventas. Exequible el Decreto 2799 de 2010, "por el cual se modifican parcialmente los Decretos 2693 y 2694 de 2010". Emergencia social
CC SC 886 de 2010
Fallo inhibitorio por inepta demanda en relación con los derechos de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y conformar una familia. Código Civil; Art. 113. Ley 294 de 1996; Art. 2 (parcial)
CC SC 885 de 2010
¿Desconoce los derechos a la libertad de locomoción y al trabajo, el establecer que a los conductores de moto, en los casos de mora en el pago de las multas, se les puede también inmovilizar su vehículo, sin importar que el mínimo vital pueda verse comprometido? y ¿Se vulnera el derechos a la igualdad, al permitir que a los motociclistas se les inmovilice la moto en los casos de mora por cuenta de las multas, a pesar de que no ocurre lo mismo con los otros automotores? No significa una doble sanción para el conductor sino una medida administrativa que busca suspender la continuación de la conducta por la cual se sancionó al conductor de la motocicleta. La afectación de los ingresos derivados del trabajo del conductor o propietario del vehículo es razonable cuando, como sucede en este caso, dicha afectación resulta de un acto voluntario y autónomo, contrario a un mandato legal y su prolongación depende, también de la decisión libre del afectado. Ley 1383 de 2010, "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones"; Art. 21 (Mod. el Art. 131 de la Ley 769 de 2002)
CC SC 884 de 2010
Exequible el Decreto 2694 de 2010, "por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimular la actividad económica en los municipios que limitan con la República Bolivariana de Venezuela", emitido en desarrollo del Decreto 2693 de 2010, que declaró el estado de Emergencia Social, por cuanto cumplió con los requisitos de conexidad, necesidad y proporcionalidad
CC SC 871 de 2010
¿Por qué el legislador decidió limitar el derecho moral del arquitecto? y ¿qué otros bienes constitucionalmente protegidos, diferentes a la propiedad intelectual, está salvaguardando al permitir la alteración de la obra arquitectónica por un sujeto diferente al autor? La autorización que el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 permite al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el consentimiento del arquitecto, se ajusta a la "regla de los tres pasos", es legal y taxativa, no atenta contra la normal explotación que en ejercicio de sus derechos puede hacer el arquitecto respecto de su obra y el perjuicio que se le causa está justificado en la protección de intereses reconocidos constitucionalmente. En lo relacionado con el derecho a la igualdad, la Corte señala que todos los creadores se encuentran en una situación fáctica diferente, lo que significa que el legislador no puede establecer para todos los tipos de obra las mismas limitaciones y excepciones, por cuanto las especificidades de aquellas demandan un tratamiento diferenciado. Ley 23 de 1982, "sobre derechos de autor"; Art. 43 (parcial) : Exequible
CC SC 870 de 2010
Inepta demanda en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad, basado en que debe equiparse la edad para obtener la licencia de conducción de vehículos públicos con la edad para vehículos diferentes a dicho servicio. Ley 1383 de 2010 - "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito- y se dictan otras disposiciones"; Art. 5 (Mod. el Art. 19 de la Ley 769 de 2002)
CC SC 869 de 2010
¿La obligación de contratación mínima del 60% del gasto para atención en salud de las EPS-S con las ESE y que impone igual restricción para las EPS públicas del régimen contributivo respecto de la ESE escindidas del Seguro Social, de acuerdo con las condiciones previstas en dicha normatividad, viola la libertad de empresa, la libre iniciativa económica y los principios de eficiencia, calidad y libre escogencia del sistema de salud?. Para la Corte estas reglas son compatibles con los principios y reglas constitucionales del sistema general de seguridad social en salud, en la medida que de acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Constitución, es competencia del legislador determinar si la seguridad social en salud será prestada por instituciones públicas o con participación privada, lo cual tiene incidencia en el régimen contractual del sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 16, Inc. 1o. : Exequible; Art. 26 : Fallo inhibitorio
CC SC 868 de 2010
¿La no previsión de la figura del desistimiento tácito para los procesos laborales en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, constituye una omisión legislativa relativa que vulnera los derechos constitucionales a la igualdad y al acceso célere y efectivo a la administración de justicia y el deber de colaboración con dicha administración? E n materia laboral, para combatir la negligencia procesal de las partes y evitar la paralización de los procesos, además de las facultades del juez como director del proceso (art. 48 C.P.L.), existe la figura denominada contumacia prevista en el artículo 30 del Código de Procedimiento Laboral, la cual da lugar a un impulso oficioso del proceso que impide su paralización indefinida. Adicionalmente, si transcurridos seis meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvención, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación, el juez debe ordenar el archivo de las diligencias o disponer que se continúe el trámite únicamente con la demanda principal. No existe entonces, un único camino para garantizar la efectividad de la administración de justicia. Ley 1194 de 2008, "por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 (Adiciona el Art. 346 al C.P.C)
CC SC 867 de 2010
¿Desconoce la norma acusada la potestad del Presidente de la República establecida en el artículo 189, numeral 3 de la Constitución, al no mencionarlo dentro de las autoridades con competencia para suspender la vigencia del permiso de tenencia y porte armas? y ¿se viola el artículo 315-2 de la Carta, porque pese a ser los alcaldes la primera autoridad de policía del municipio y no estar sometidos sino al Presidente de la República en cuanto se refiere a la conservación del orden público, deben "solicitar" a las autoridades militares la suspensión general del mismo permiso?. No puede deducirse que al Presidente de la República se le haya "prohibido" la suspensión de la vigencia de los citados permisos, pues el contexto de la norma es eminentemente facultativo y el legislador -en este caso, el Presidente de la República, en ejercicio de facultades extraordinarias- no tiene la obligación de reiterar lo que ya dispone la Constitución, como ocurre en este caso. En cuanto a los alcaldes, la facultad de suspensión de los permisos de porte y tenencia de armas no es una condición indispensable para mantener el orden público, pues cuenta en todo caso con el apoyo de la policía para lograr ese cometido. Sin embargo, es evidente que esa solicitud forma parte del tipo de medidas que el alcalde como primera autoridad de policía del municipio puede requerir en unas circunstancias determinadas, razón por la cual las autoridades militares no deben demorar una respuesta pronta, oportuna y motivada a la solicitud que les haga el alcalde, para suspender el porte y tenencia de armas, en la medida que de todas maneras, la fuerza pública está sujeta a la autoridad civil y no puede entorpecer la acción del ejecutivo en este campo en el que debe prestar toda la colaboración que requiera el gobierno municipal en este campo. Decreto 2535 de 1993, "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos; Art. 41 (Mod. por el Art. 10 de la Ley 1119 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 866 de 2010
Objeciones al Proyecto de Ley No. 086 de 2008-Senado, 366 de 2009-Cámara, "por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias de las personas secuestradas con posterioridad al ejercicio del cargo" Ley 1436 de 2011, al no haberse estudiado sus incidencias fiscales y su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. La presentación extemporánea del informe desfavorable por parte del Ministerio de Hacienda no puede traducirse en un vicio en la iniciativa. Infundadas
CC SC 844 de 2010
Debe entenderse que la designación del "cónyugue" como beneficiario supletorio de los seguros de vida en los que el tomador no lo haya definido, cobija por igual al compañero o compañera permanente. Código de Comercio; Art. 1142 : CONDICIONALMENTE exequible. Fallo inhibitorio en relación con el Art. 1162 (parcial)
CC SC 842 de 2010
Inepta demanda sobre la interpretación, que en criterio del demandante, ha hecho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de los artículos 372 del Decreto Ley 100 de 1980 y 267 de la Ley 599 de 2000 desde el 18 de diciembre de 2003 hasta la fecha, por considerarla violatoria de los principios de favorabilidad y non bis in ídem y del derecho a la igualdad. La interpretación de las normas legales no involucra un problema de carácter constitucional aunque así pareciera. En efecto, la problemática planteada sobre la supuesta violación del principio de non bis in ídem reviste un problema de orden legal que no fue resuelto por el legislador y por tanto, le corresponde solucionarlo al intérprete autorizado por la Constitución, esto es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a quien le compete fijar el alcance legal de las normas acusadas
CC SC 841 de 2010
Inepta demanda sobre la demanda de inconstitucionalidad del término establecido para el registro inicial de vehículos nuevos. Ley 1281 de 2009, "por medio de la cual se modifica el parágrafo del artículo 37 de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 903 de 2004"; Art. 1, Par. (Mod el Art. 37 de la Ley 769 de 2002)
CC SC 840 de 2010
¿La exigencia de por lo menos dos (2) años de convivencia ininterrumpida, como requisito para que los compañeros permanentes puedan adoptar conjuntamente a un menor de edad, vulnera la igual protección que se debe a toda familia, independientemente de su origen, así como el principio del interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes que debe orientar la institución de la adopción? La propia Constitución legitima ciertos efectos a regulaciones diferentes para las uniones matrimoniales y las que se originan únicamente en la voluntad libre y responsable de conformarla, lo cual obedece a su naturaleza fáctica y jurídica diversa, no obstante una y otra convoquen indiscutiblemente el reconocimiento y la legitimidad constitucional, como fuentes de la institución familiar. Concepto de igualdad familiar previsto en la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia. Matrimonio y la unión marital de hecho - Diferencias existentes. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; Art. 68 Num. 3 : Exequible. Num. 5 : Fallo inhibitorio
CC SC 831 de 2010
¿El legislador, al establecer la posibilidad de descontar del valor patrimonial neto únicamente las acciones "poseídas en sociedades nacionales", sin considerar los aportes o cuotas sociales, incurrió en una omisión legislativa relativa que desconoce los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, y la libre creación de empresas? y ¿desconoce los mismos principios de igualdad, justicia y equidad tributaria, al consagrar un beneficio tributario para las "entidades" que se encuentren en régimen de insolvencia, omitiendo incluir como beneficiarios a las personas naturales que se encuentren bajo el mismo régimen de insolvencia empresarial o en fase de organización de sus pasivos, conforme a la ley? En las regulaciones anteriores contenidas en el Decreto Legislativo 1838 de 2002, la Ley 863 de 2003 (art. 17) y la Ley 1111 de 2006 (arts. 25 a 29), siempre se había establecido el descuento de la base gravable, del valor patrimonial neto de las "acciones o aportes", mientras que en la nueva versión del impuesto que se aplicará para el 1º de enero de 2011 (art. 4º de la Ley 1370 de 2009), solamente permite restar de la base gravable, el valor patrimonial neto de las "acciones poseídas en sociedades nacionales". Según esto, el nuevo impuesto al patrimonio no permitiría descontar el valor patrimonial neto de los "aportes en sociedades", es decir, de los valores que se tiene en sociedades limitadas o asimiladas, con lo cual se presenta un tratamiento inequitativo respecto de los socios de las sociedades de personas, configurándose así una doble imposición económica, contraria a los principios de justicia y equidad en materia tributaria. Para la Corte, se configura en este caso una omisión legislativa relativa; de ahí que la expresión "de las acciones poseídas" contenida en el mencionado artículo 4 es exequible, siempre y cuando se entienda que comprende también el valor patrimonial neto de los "aportes" en sociedades nacionales. De igual modo, la Corte encontró que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, violatoria de los principios de igualdad, justicia y equidad tributaria y de la libertad de empresa, al establecer una exención del impuesto al patrimonio únicamente para las "entidades", esto es, las personas jurídicas que atraviesan dificultades económicas y por tanto están sometidas a procesos de concordato y liquidación (Ley 550 de 1999), sin incluir a las personas naturales no comerciantes sometidas conforme a la ley a un régimen de insolvencia (ley 1380 de 2010), así que condicionó la expresión "entidades", de manera que se entienda que la exención del pago del impuesto al patrimonio para las entidades en liquidación o reestructuración, también se aplica a las personas naturales sometidas al régimen legal de insolvencia. Ley 1370 de 2009, "por la cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tributario" Arts. 4 y 6 (parciales) (Adicionan el Arts. 295-1 y 297-1 del E.T., respectivamente) : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 820 de 2010
Exigencia de maestría o doctorado afines, para ser miembro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ley 1341 de 2009, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones"; Art. 20 (parcial) : Cosa juzgada
CC SC 819 de 2010
¿La incompatibilidad de los servidores públicos para el ejercicio de la abogacía, vulnera los derechos de autonomía personal, igualdad, trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio? La norma busca proteger la función pública y asegurar condiciones objetivas de igualdad. De un lado, se busca la transparencia en el ejercicio profesional, evitando que el servidor público utilice los poderes derivados de su cargo en su ejercicio profesional y se logra una mayor igualdad entre los litigantes y los justiciables, ya que impide que la función pública, se traduzca en tratos discriminatorios entre las personas. De otro lado, la disposición preserva la función pública pues garantiza su moralidad, imparcialidad y eficacia, ya que asegura que el empleado oficial se dedique esencialmente al cumplimiento de los deberes de su cargo. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado". Art. 29 Num. 1 : Exequible. Art. 1 (parcial) : Fallo inhibitorio
CC SC 818 de 2010
¿El reconocimiento de la particularidad de la cultura caribe, cuando específicamente sobre ella establece su especificidad y la especial protección que el estado le debe brindar a sus diversas expresiones, implica un trato diferenciado respecto de aquellas que coexisten en Colombia? El mero reconocimiento de la especificidad de la cultura caribe no riñe con el principio de igualdad ni el reconocimiento de la diversidad cultural y de la dignidad e igualdad de todas las culturas que conviven en el país. Adicionalmente el legislador goza de una amplia libertad de configuración en materia de promoción de la cultura y protección del patrimonio cultural de la Nación. Ley 397 de 1997, "por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias"; Art. 1 Num 6 Inc. 2 : Exequible
CC SC 776 de 2010
¿Asignar a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud las prestaciones de alojamiento y alimentación establecidas a favor de la mujer víctima de violencia vulneran los artículos 48 y 49 de la Constitución? Estas prestaciones hacen parte de las medidas de protección y atención propias de su derecho integral a la salud, siempre y cuando sean proporcionadas dentro de las condiciones previstas (i) en la Constitución Política; (ii) en la Ley 1257 de 2008; (iii) en el reglamento que deberá expedir el Ministerio de la Protección Social; y (iv) en esta providencia. Análisis del impacto fiscal en los proyectos de Ley. Ley 1257 de 2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"; Arts. 13 y 19 (parciales) : Exequibles
CC SC 775 de 2010
Para la Corte el sistema de protección integral que concibió el legislador, implicó la derogación del artículo 268 del Código Civil, dado que los supuestos de hecho del precepto acusado no tienen aplicación, toda vez que el "abandono", primer supuesto de hecho que establece, ha sido plenamente regulado por el legislador extraordinario, en el Decreto 2737 de 1989 y extraordinario en la Ley 1098 de 2006 y como tal, los dos supuestos de hecho restantes, es decir la posibilidad de los padres biológicos de solicitar el retorno de su hijo o hija a la familia de origen, como el pago de los gastos de crianza deben estar mediados por las autoridades del sistema nacional de protección. Código Civil, Art. 268 Fallo inhibitorio por carencia actual de objeto
CC SC 768 de 2010
¿Al autorizar mediante ley a los entes territoriales la imposición de un tributo, en este caso la emisión de una estampilla, con el objeto de captar recursos propios, debe, de conformidad con el principio de legalidad tributaria, señalar en ella todos los elementos esenciales del tributo? No necesariamente debía contener todos y cada uno de los elementos del tributo, pues en desarrollo de tal autorización, los elementos faltantes pueden ser definidos por la asamblea departamental.¿Se vulnera la garantía de la autonomía universitaria del ente educativo porque sea la ley de autorización del tributo la que señale el porcentaje y destinación de los recursos recaudados con ocasión de la emisión de la estampilla "Pro-Universidad de la Guajira"?. Estampilla - Tasa parafiscal - Tasa administrativa. Alcance del principio de legalidad del tributo frente a la autonomía de las entidades territoriales. Destinación de los recursos de la estampilla pro-universidad de la guajira no desconoce la autonomía universitaria. Proyecto de Ley No. 133-08 Senado - 354-09 Cámara, "por la cual se modifica la Ley 71 del 15 de diciembre de 1986 - "por la cual se autoriza la emisión de una estampilla Pro- Universidad de La Guajira y se establece su destinación"". Infundadas
CC SC 766 de 2010
Proyecto de Ley No. 195-08 Senado - 369-09 Cámara, " por medio del cual se conmemoran los cincuentas años de la coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones" ¿La consagración del municipio de La Estrella como ciudad santuario implica un privilegio de la iglesia católica respecto de las demás iglesias reconocidas en Colombia, desconociendo el artículo 19 de la Constitución? Las leyes de honores, homenaje y de aniversario en el ordenamiento constitucional colombiano. INCONSTITUCIONAL Salvamento de voto: Reconocimiento como Patrimonio de Interés Cultural
CC SC 743 de 2010
En criterio del demandante la competencia otorgada a los jueces municipales, en el numeral demandado constituye un conflicto entre normas legales. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 37, Num 3 : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 742 de 2010
El prodecimiento sancionaririo ambiental constituye un régimen de responsabilidad subjetiva en el que por razones de índole constitucional -la protección efectiva y preventiva del medio ambiente- se invierte la carga de la prueba. Esta inversión de la carga de la prueba, no implica una limitación desproporcionada del derecho de defensa y otras garantías del debido proceso de los presuntos infractores. No es cierto que el legislador haya omitido consagrar la ausencia de culpa o dolo como causales de exculpación en materia sancionatoria ambiental ni que los presuntos infractores solamente puedan exculparse probando la ruptura del nexo causal. Ley 1333 de 2009, "por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"; Arts 3 y 8, y apartes de los Arts. 23, 24, 25, 27 , 33 y 37 : Exequibles
CC SC 704 de 2010
Las normas demandadas no vulneran la reserva de ley en relación con la autonomía universitaria, ni exceden el ámbito propio de la facultad de inspección y vigilancia otorgada al Gobierno Nacional. Para la Corte, el establecimiento de estándares mínimos de calidad de los programas de formación y los criterios para la evaluación de los mismos, no hace parte integral de la potestad que la Constitución ha reconocido a los establecimientos de educación superior para establecer sus planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación, en virtud del principio de autonomía universitaria. Las tarifas establecidas corresponden a tasas y están reguladas por la Ley 1324 de 2009 y la Ley 635 de 2000. Esta última establece los elementos esenciales del tributo. Ley 1324 de 2009, "por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES"; Arts 1 a 7 y 11 (parcial) : Exequibles.Fallo inhibitorio en relación con otros artículos
CC SC 703 de 2010
Medidas preventivas de protección ambiental y tipos de sanciones por infracciones ambientales resultan acordes con la Constitución Política. Para la Corte, aún cuando las repercusiones de esas medidas preventivas sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de una sanción que se imponga al infractor. Ley 1333 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"; Arts. 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 : Exequibles por los cargos analizados
CC SC 702 de 2010
¿Se incurrió en vicio de trámite - omisión de consulta previa a las minorías étnicas - cuando en la norma demandada dispone que los partidos y movimientos políticos que hayan obtenido su personería jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas pueden avalar candidatos "sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una antelación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción". La omisión de consulta previa a las minorías étnicas en relación con la norma acusada, conduce a su inexequibilidad por pretermitir un requisito establecido en un convenio internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad. En criterio de la Corte la expresión "medidas legislativas" utilizada por el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, incluye actos reformatorios de la Constitución Política. Conclusiones jurisprudenciales sobre la aplicación de consulta previa a las minorías étnicas. Acto Legislativo 1 de 2009; Art. 2, Inc. 8 : INEXEQUIBLE
CC SC 701 de 2010
Objeciones al Proyecto de Ley No. 383 de 2009 Cámara, 206 de 2008 Senado, " por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal". La acusación se centra en considerar que los artículos objetados son inconstitucionales, puesto que modificaron la legislación orgánica que en materia presupuestal ofrece la Ley 617
CC SC 700 de 2010
Objeciones al Proyecto de Ley No. 240 de 2007 Cámara, 136 de 2006 Senado, "por medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional de los miembros de las Asambleas Departamentales. ", Arts. 2, 3 y 4 : Fundadas, artículos declarados INEXEQUIBLES. El establecimiento del régimen prestacional de los diputados es de competencia exclusiva del Congreso y su impacto para las finanzas públicas debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se cumplió con suficiencia la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional sobre el efecto fiscal de las disposiciones objetadas exigido por el artículo 7o. de la Ley 819 de 2003
CC SC 649 de 2010
Competencia por razón del territorio en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Para el demandante la existencia de un trato diferente entre los funcionarios públicos y los trabajadores oficiales en relación con el lugar donde pueden demandar laboralmente a la Nación representa una situación injusta, por cuanto los primeros sólo pueden hacerlo en el lugar donde prestaron sus servicios, en tanto que los segundos gozan de la facultad de hacerlo además, en su lugar de domicilio. La argumentación planteada por el ciudadano, como se puede observar, parte del equívoco de considerar que la Ley 712 de 2001 creó un nuevo beneficio o prerrogativa a favor de los trabajadores oficiales, facultad de la cual siempre han gozado en los términos del Código Procesal Laboral. Código Contencioso Administrativo; Art. 134-D(Adic. por el art. 43 de la Ley 446 de 1998) : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 666 de 2010
Las excepción establecidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 (el rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como riñas de gallos) al régimen de protección animal general resulta adecuada a la Constitución, siempre y cuando la misma se entienda limitada a aquellas actividades que se han realizado tiempo atrás, de forma regular y con una cierta periodicidad en los distintos municipios del territorio nacional. De manera que las mismas, en cuanto involucran maltrato animal, no podrán extenderse a municipios en los que tradicionalmente no hayan tenido lugar, pues en estos eventos no se trataría de una manifestación cultural. Tampoco estarán cubiertas por esa excepción, nuevas manifestaciones de dichas actividades, de manera que en el territorio nacional no podrán realizarse eventos de este tipo distintos a los que ya existan y que respondan a criterios de tradición y, por consiguiente, manifestación cultural arraigada en la población de los municipios donde tengan lugar. Al mismo tiempo, al Estado le está vedado el desconocimiento absoluto del deber de protección a los animales, de manera que las actividades a que alude el artículo 7º sean las únicas que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales y que las autoridades municipales en ningún caso puedan destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. Ley 84 de 1989, "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia"; Art. 7 : CONDICIONALMENTE exequible
Régimen de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta. Ley 768 de 2002, "por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta". El régimen jurídico aplicable a los Distritos especiales de la Costa Atlántica y su relación con los regímenes fijados para el Distrito Capital y para los municipios - No se puede deducir que existe una supuesta "reserva de ley" respecto del régimen especial aplicable a los distritos especiales, que no permite que le sean aplicables de manera subsidiaria, en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, las disposiciones vigentes para los municipios. Art. 2 (parcial) : Fallo inhibitorio
CC SC 641 de 2010
¿El régimen de avalúo de las servidumbres de hidrocarburos previsto en la Ley 1274 de 2009 resulta contrario a los mandatos del artículo 58 de la Constitución? Ley 1274 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras"; Art. 5, Num 5 (parcial) : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 639 de 2010
¿La venta de cigarrillos por unidad vulnera el derecho a la autodeterminación personal y el mínimo vital de los vendedores ambulantes? ¿Es desproporcional a los fines que busca? ¿Vulnera el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores? La medida no implica una prohibición, se inscribe dentro de aquellas medidas que procuran dificultar la realización de la conducta. Ley 1335 de 2009, "disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana"; Art. 3, Par. : Exequible
CC SC 626 de 2010
¿La no inclusión de los trabajadores independientes en el artículo 387 del Estatuto Tributario, como beneficiarios de los descuentos de la base gravable de la retención en la fuente, de los pagos realizados por conceptos de salud y educación, vulnera el principio de igualdad, al concederse un beneficio tributario únicamente a quienes tienen una relación laboral o legal y reglamentaria? Estatuto Tributario, Art. 387 (sobre apartes adicionados por el Art. 120 de la Ley 6 de 1992) : Fallo inhibitorio
CC SC 625 de 2010
Objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 50\07 Senado, 329\08 Cámara, Acumulado No. 100 de 2007 Senado , "por medio de la cual se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsables y se establecen estímulos para los ciudadanos" por desconocer la norma orgánica del presupuesto que exige hacer explícito el impacto fiscal de todo proyecto de ley que ordene gasto u otorgue beneficios tributarios. Fallo inhibitorio por cuanto el ejecutivo no cumplió a cabalidad con la carga de argumentación y convicción que le compete desplegar frente a este tipo de situaciones
CC SC 609 de 2010
Revisión de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia", hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el "Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia". Exequible
CC SC 608 de 2010
Revisión de constitucionalidad del "Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia", así como de la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009, aprobatoria del mismo. Exequible
CC SC 600 de 2010
¿Limitar el ejercicio de la Biología a quien obtuviera el título de formación universitaria con denominación de "Biólogo" incurría en una discriminación y vulneración de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión y oficio, con respecto a la persona que obtuviera el título profesional de "licenciado en Biología"? Ley 22 de 1984 "por la cual se reconoce a la Biología como una profesión, se reglamenta su servicio en el país y se dictan otras disposiciones"; Arts 1, 2, 4 y 8 : Cosa juzgada
CC SC 599 de 2010
Requisito de procedibilidad de la acción de nulidad electoral. Acto Legislativo 1 de 2009, "por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia"; Art. 8 (Art. 237 de la C.P) Num 7 : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 598 de 2010
¿La atribución legislativa a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para sustraer áreas protegidas de Parques Regionales, contradice el mandato constitucional de protección de la integridad del ambiente y los fines sociales y ecológicos propios del Estado Social de Derecho? Una vez hecha la declaración por parte del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -en el caso de los Parques Naturales Nacionales- o por parte de la Corporaciones Autónomas Regionales -en el caso de los Parques Naturales Regionales- y dados los criterios que suelen tenerse en cuenta para el cambio de afectación o destinación, carece por entero de justificación que se trate de parques de orden nacional o regional. Ley 99 de 1993, "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones"; Art. 31, Unm 16 (parcial) : "sustraer" INEXEQUIBLE
CC SC 597 de 2010
¿La extinción de las sociedades unipersonales hacia el futuro y el establecimiento de un plazo para transformarse en sociedades por acciones simplificadas desconoce la propiedad privada y los derechos adquiridos, así como los derechos a la igualdad, trabajo, asociación o la libertad económica? La transformación de la sociedad en otro tipo de entidad permitido por la ley no extingue sino que preserva, aunque modificados, los derechos del (los) inicial (es) accionista (s). También es claro que incluso la disolución por ministerio de la ley que pudiera resultar de la inercia de aquél frente a las alternativas contenidas en la norma acusada, tampoco afecta de manera definitiva tales derechos, ya que de conformidad con las normas mercantiles, sobreviven a la disolución de la sociedad y pueden hacerse valer durante la subsiguiente etapa de liquidación. No existe en Colombia un derecho a la no alteración legislativa de un determinado marco normativo. Ley 1258 de 2008, "por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada"; Art. 46 (parcial) : Exequible
CC SC 596 de 2010
Presunción de culpa o dolo en materia de infracciones ambientales. Ley 1333 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones" Arts. 1, Par. y 5, Par. 1 : Cosa Juzgada C-595-10
CC SC 595 de 2010
¿La presunción de culpa o dolo en materia de infracciones ambientales resulta violatoria de la presunción de inocencia? Para la Corte, la presunción legal establecida y la consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia. A su juicio, este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador en desarrollo de su potestad de configuración, busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia como lo es la conservación del ambiente sano para la preservación de la humanidad. Advirtió que las disposiciones condicionadas no establecen una presunción de responsabilidad sino de culpa o dolo del presunto infractor ambiental, por lo que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad. Ley 1333 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones" Arts. 1, Par. y 5, Parr 1 : Exequibles
CC SC 594 de 2010
¿Las transferencias del sector eléctrico creadas y reguladas por los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994 vulneran los principios de legalidad y certeza en la determinación de los elementos esenciales del tributo, así como el principio de reserva legal en materia tributaria? Para la Corte tales transferencia corresponden a una contribución parafiscal y sobre ellas hay claridad en la determinación de los sujetos activos y pasivos, al hecho generador, así como a la base gravable y tarifa. Exequibles
CC SC 593 de 2010
Objeciones al Proyecto de ley No. 309\07 Cámara - 218\07 Senado, "por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia". Declara infundada la siguiente objeción : "El parágrafo del artículo 2° del proyecto de ley, al remitir a las normas sobre Telemedicina incluidas en las leyes 1122 y 1151 de 2007, permite que recursos de la Seguridad Social en Salud se destinen a una actividad que no corresponde ni al aseguramiento de la población ni a la prestación directa del servicio de salud, lo cual desconoce los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad que presiden la Seguridad social, así como la prohibición del inciso 5° del artículo 48 superior."
¿Las expresiones "datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados" vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no definir expresamente la manera en que tales conceptos son usados por la ley? Los vocablos presentes en los artículos 260-10, 647 y 658-3 numeral 4 del Estatuto Tributario, en el contexto tributario, hacen referencia a situaciones en las que la información otorgada por los contribuyentes a la administración de impuestos relacionada con su actividad económica no coincide con la realidad. Una norma legal de carácter tributario es inexequible si da lugar a "dificultades de interpretación insuperables"- ¿Resulta irrazonable la sanción de clausura de establecimiento contemplada en el artículo 657, inciso tercero del Estatuto Tributario? No está prohibido constitucionalmente imponer sanciones administrativas sobre el lugar de trabajo u oficio. Estatuto Tributario, Arts. 260-10, 647, 657 y 658-3 (parciales) : EXEQUIBLES. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 260-10, 641, 642, 643, 644, 647, 647-1, 648, 649 transitorio, 651, 655, 656 y 657 (literales b, y f e incisos 3° y 4°), 658-1, 658-2, 663, 669 y 671 literal a) del Estatuto Tributario y el artículo 402 del Código Penal TRIBUTARIO
Excepción transitoria para la inscripción en un partido distinto al que lo avaló. Estarse a lo resuelto en la C-303-10 que declaró exequible el parágrafo Transitorio 1 del Art. 1 (107 C.P) del Acto Legislativo 1 de 2009, "por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia"
Excluir al licenciado en Biología que no haya cursado y aprobado el curriculum propio de la carrera de Biología, del acceso a la matrícula profesional de biólogo, no constituye conculcación de los derechos fundamentales contenidos en los artículos de la Constitución Política 13 (igualdad), 16 (libre desarrollo de la personalidad), 25 (trabajo), 26 (libertad de escoger profesión u oficio), por lo cual procedió a declarar la exequibilidad de los artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 22 de 1984, "por la cual se reconoce la Biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones"; tal exigencia no le impida al licenciado el ejercicio de la enseñanza, docencia o pedagogía en el área, que fue para lo que lo que se capacitó en una facultad de Educación
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009, "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria' Enmendado, y el 'Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria' enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996". Exequible
CC SC 553 de 2010
Cargos de carrera administrativa especial de la registraduría nacional del estado civil, siempre deben ser provistos mediante concurso público de méritos y la remoción de los cargos de responsabilidad administrativa o electoral tiene que ser motivada. La Corte profirió un fallo modulado que cumple el doble propósito de conservar la competencia del legislador en la denominación de los cargos de responsabilidad administrativa o electoral y garantizar que tales empleos sean provistos por concurso de méritos, en los términos del artículo 266 de la Constitución Política. Condiciones para la legitimidad constitucional de la fijación por el legislador de cargos de libre nombramiento y remoción. Discrecionalidad absoluta vs. Discrecionalidad relativa del nominador. Ley 1350 de 2009, "por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan normas que regulen La Gerencia Pública"; Art. 6, Lit. a) : CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE
CC SC 543 de 2010
Inexequible el negar la licencia de maternidad para madres adoptantes de mayores de 7 años, menores de 18. La distinción efectuada por el legislador en el numeral 4º del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo (Mod. por el Art. 34 de la Ley 50 de 1990) en la medida que el descanso remunerado para la madre adoptante sólo se concede cuando el hijo es menor de siete (7) años de edad resulta injustificada e incompatible con lo dispuesto por la Carta Política. No resulta lógico ni razonable, que luego de las situaciones de abandono, violencia, maltrato físico y emocional, soledad y pérdida de los padres, a las que suelen estar expuestos los y las adolescentes, se prive precisamente a este grupo etáreo del goce de un conjunto de prestaciones encaminadas a asegurar la integración a la nueva familia en condiciones de calidad y dignidad
CC SC 542 de 2010
¿Cuándo las normas demandadas establecen el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta sólo respecto de la decisión judicial que impone sanciones por desacato a la orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos relacionados con acciones populares y acciones de cumplimiento, pero no en el evento que la decisión en el incidente respectivo resulte contraria a la petición de quien lo inició, es decir, la falta de reconocimiento al promotor del incidente para interponer recursos de alzada, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial? Para la Corte resulta razonable la diferencia de trato dispensada por el legislador a favor de la persona sancionada, al cabo del incidente de desacato regulado mediante las normas examinadas, teniendo en cuenta que (i) se trata de un trámite disciplinario en que el Estado, mediante un juez, decide si hubo o no incumplimiento de una orden impartida por el mismo juez; (ii) no consiste en un proceso contencioso entre el promotor del incidente y el investigado, sino de un trámite correccional que puede concluir con medidas disciplinarias que, según el caso, implican restricción a la libertad individual del sancionado o afectación de su patrimonio, sin que la imposición de estas medidas garantice per se el cumplimiento de la decisión judicial; y (iii) existe diferencia sustancial entre el promotor del incidente de desacato y el investigado, por cuanto el primero da inicio al trámite sin correr el riesgo de ser sancionado; por lo mismo, el legislador no lo facultó para recurrir decisiones que no afectan su libertad personal o su peculio, al paso que, para rodear de mayores garantías al procesado, acordó permitirle en uno de los casos el ejercicio del recurso de apelación (art. 29 de la Ley 393 de 2007) y en ambos casos dar trámite al grado jurisdiccional de consulta. Ley 393 de 1997, "por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política"; Art. 29 (parcial). Ley 472 de 1998, "por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones"; Art. 41 (parcial) : Exequibles
CC SC 541 de 2010
Cosa juzgada respecto de inhabilidad establecida en el artículo 4, Inc. 6o.del Acto legislativo 01 de 2009 (Adiciona el Art. 122 de la Constitución .Política, por el cargo de sustitución de la Constitución
CC SC 540 de 2010
Inepta demanda para demostrar violaciones al quejoso dentro del proceso disciplinario reglado por el Código Disciplinario del Abogado al no ser considerado sujeto procesar cuando fuera víctima de graves violaciones a los derechos fundamentales. El demandante busca hacer extensivas las consideraciones vertidas en la Sentencia C-014-04, sin lograr demostras la esta similitud en las conductas sancionadas en uno y otro régimen disciplinario. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 66, Par. : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 539 de 2010
Existencia de cosa juzgada sobre la constitucionalidad de la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones frente al derecho de igualdad entre el Estado y los particulares. Decreto 028 de 2008, "por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones"; Art. 21 : Cosa juzgada. Fallo inhibitorio en relación a otros cargos
CC SC 538 de 2010
Revisión de constitucionalidad del "Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998", y de la Ley aprobatoria número 1208 del 14 de julio de 2008. Exequible, con condicionamiento sobre el artículo 6
CC SC 537 de 2010
La doctrina probable de la Superintendencia de Industria y Comercio sólo se aplica a las "actuaciones administrativas" - no a las actuaciones jurisdiccionales - relacionadas con la competencia desleal y la vigilancia administrativa de la competencia desleal. El ámbito de aplicación de la Ley 1340 se extiende no sólo a aquellas prácticas relacionadas con la libre competencia propiamente dicha, es decir, con la prohibición de las prácticas restrictivas e integraciones empresariales lesivas a la libre concurrencia, sino también por vía del artículo 6º de la misma Ley, a las actuaciones relativas a la vigilancia administrativa de la competencia desleal. Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia"; Art. 24 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 530 de 2010
Término para impugnar la paternidad o la maternidad. Código Civil; Art. 216 (Mod. por el Art. 4 de Ley 1060 de 2006) : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 529 de 2010
¿La cesación de la obligación de cotizar al momento en que el afiliado cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, vulnera el principio de solidaridad consagrado en los artículos 1º, 48 y 95 de la Constitución Política? La medida presupone que los afiliados han cumplido con el tiempo y las semanas de cotización y han llegado a la edad legalmente exigida, o han acumulado el capital suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas vitales y por tanto han cumplido de manera suficiente su deber de solidaridad para con el sistema y ya se han hecho acreedores de sus beneficios. De esta forma, la medida encaja razonablemente dentro del margen de configuración de que goza el Congreso en esta materia, aunque nada obsta para que el legislador, dentro de esa amplia competencia, opte en un futuro por establecer otro régimen de nacimiento y extinción de la obligación de cotizar al sistema pensional. La Corte aclara que la cesación de la obligación de cotizar es únicamente al sistema de pensiones. Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales"; Art. 4, Inc. 2 y 3 (Mod. el Art. 17 de la Ley 100 de 1993) : Exequibles
CC SC 461 de 2010
CC SC 460 de 2010
Revisión de constitucionalidad del "Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio" y su "Protocolo", firmados en Berna el 26 de octubre de 2007, así como de la Ley aprobatoria 1344 del 31 de julio de 2009. : Exequible. La Corte advirtió que si bien es cierto que el presente tratado puede significar en la práctica, situaciones favorables para los contribuyentes que impliquen en últimas, un sacrificio fiscal para la República de Colombia, también lo es que la renuncia parcial del ejercicio del poder tributario para gravar las hipótesis allí contempladas ocurre (i) de manera recíproca, pues la Confederación Suiza también renunciará a ejercer su potestad tributaria en esos eventos y (ii) con el fin de aumentar la inversión extranjera, pues el alivio tributario generado mediante el presente Acuerdo apunta a crear condiciones más favorables para el desarrollo de los negocios en territorio colombiano. No toda renuncia parcial a la potestad tributaria en virtud de un Acuerdo de Doble Imposición (ADT) que suscriba Colombia se ajusta a la Carta Política. Debe examinarse, en cada caso particular, si los niveles de inversión y las políticas fiscales de cada uno de los Estados contratantes permiten garantizar un nivel de reciprocidad real y efectiva a través de convenio de doble imposición
CC SC 459 de 2010
Demanda por presunta violación al derecho a la igualdad en cuanto a las normas que establecen separación absoluta y temporal para los miembros de las fuerzas militares y la policía nacional. Decreto 1790 de 2000, "por el cual se modifica el Decreto que regula que regula las normas la carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares" Arts. 111 y 112; y Decreto 1791 de 2000, "por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, y suboficiales y agentes de la Policía Nacional", Arts. 66, 67 y 68 : Fallo inhibitorio por inepta demanda
¿Incurrió el Congreso en una omisión legislativa relativa, y desconoce el mandato de no discriminación que se desprende del derecho a la cultura, al no incluir como patrimonio cultural de la nación los carnavales de negros y blancos que se celebran en el departamento de Nariño, distintos a Pasto? La pertenencia de una manifestación cultural al patrimonio cultural de la Nación tiene una naturaleza declarativa y no constitutiva; el que una manifestación cultural pertenezca al patrimonio cultural depende de que sus características se ajusten a la descripción contenida en el artículo 4 de la Ley 397 de 1997, interpretada de conformidad con el bloque de constitucionalidad y sus interpretaciones autorizadas. Además, la no extensión de la disposición demandada a los demás carnavales del departamento no conduce a su desprotección como manifestaciones culturales sumamente valiosas. Ley 706 de 2001, "por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación, el Carnaval del Distrito especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y a los Carnavales de Pasto y se ordenan unas obras". Exequible.
¿El legislador, al prohibirle a las aseguradoras ofrecer seguros exequiales indemnizables en especie, vulneró la normatividad subregional andina, en especial, la Decisión 608, en la medida en que vulnera el deber estatal de promover la libre competencia? ¿Vulnera esta prohibición el artículo 150.19 de la Constitución Política, esto es, el reparto de competencias entre el Congreso y el Presidente de la república? La Sala reafirmó que los tratados internacionales sobre derecho comunitario andino, ni tampoco el derecho comunitario derivado, hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, no son parámetro para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, salvo que, de manera específica, regulen un determinado derecho humano. Ley 1328 de 2009, "por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones"; Art. 86 (Mod. el Art. 111 de la Ley 793 de 1995) : Exequible
¿Los derechos reconocidos en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 a los empleados de carrera administrativa, en el evento de supresión de cargos -por liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias o de traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación de la planta de personal- constituyen una diferencia de trato injustificada frente a los demás servidores públicos, violatorio al derecho a la igualdad? La Corte advirtió que aunque todos los empleados tienen la categoría de servidores públicos, su situación no es exactamente la misma, pues al paso que los empleados inscritos en el Régimen de Carrera Administrativa han sido sometidos a un estricto mecanismo de selección sustentado en el mérito y en el concurso, los demás empleados o servidores no lo han hecho. Tampoco existe una identidad entre la circunstancia propia de los empleados inscritos en el régimen de carrera y quienes no lo están así de manera provisional. Exequible
Ley 1341 de 2009, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones". En relación con algunos apartes que regulan el acceso al uso del espectro radioeléctrico mediante asignación directa, la Corte los declara inexequibles o condiciona pues en su criterio favorecían la concentración de los medios y las prácticas monopolísticas. Adicionalmente declara inexequible la expresión "radiodifundida" para aclarar que la MTIC queda excluida de todo lo relacionado con el servicio de televisión, pues es la CNTV la entidad encargada. INEXEQUIBLES apartes de los Arts. 11, 22-4, 72, y CONDICIONA otros apartes de los mismos artículos. Exequibles los Arts. 20 y 68 (parciales)
¿El señalamiento por la Junta Directiva de INCORA - hoy INCODER- de las tarifas máximas que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos baldíos por los servicios de titulación, desconoce el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política, en la medida que no estableció el sistema y el método para definir tales costos? Al determinar que la tasa equivaldrá a los costos en que incurre la Administración por el servicio de titulación. En criterio de la Sala, tal expresión no cumple las condiciones de precisión mínimas requeridas para que pueda concluirse la definición del método y sistema para el cálculo de la tasa, en los términos que ha previsto la jurisprudencia constitucional, condiciones que en cualquier caso exigen que la previsión legislativa sea clara y expresa, resultando inadmisibles para la Corte previsiones tácitas o carentes de univocidad. Ley 160 de 1994, "por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones"; Art. 78, Inc. 2o. : INEXEQUIBLE
¿Constituye una violación al principio de unidad de materia la inclusión del Art. 74 que faculta al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, para otorgar garantía a los proyectos agropecuarios, de acuerdo con el reglamento expido la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, mientras que la mencionada Ley 633 modifica el Estatuto Tributario, regula los fondos obligatorios para la vivienda de interés social -FOVIS-, y consagra normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial, como lo enuncia su título?. Conexidad temática. Conexidad causal y teleológica, Conexidad sistemática - Definición. La Corte constata que el artículo 74 acusado no modifica en modo alguno el objeto ni las condiciones de funcionamiento del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-. Ley 633 de 2000, "por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatoria para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial"; Art. 74 : Exequible
Objeciones al Proyecto de Ley No. 028-07 Senado, 341-08 Cámara. "por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan principios y lineamientos para su atención integral". Infundadas las objeciones relativas con la necesidad de que el proyecto hubiese sido tramitado como ley estatutaria y se inhibe respecto a otras
CC SC 397 de 2010
Inexequible por vicios de trámite la Ley 1327 de 2009, "por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional" - Pena de prisión perpetuo en relación con los delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales agravadas y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física y\o mental. 1) Por no haber sido adjuntada la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil; y 2) Por modificación sustancial del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana (principio de identidad flexible)
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1348 del 31 de julio de 2009 "Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas" adoptada en Washington el 2 de diciembre de 1946, y el "Protocolo a la Convención Internacional para la regulación de la Caza de Ballenas" firmada en Washington el dos de diciembre de 1946", hecho en Washington el 19 de noviembre de 1956". Exequible
¿Limitar la procedencia de la tutela contra particulares que brindan servicio públicos, exclusivamente sobre aquellos que tengan el carácter de "domiciliarios", resulta contraria a los artículos 4º y 86 de la Carta Política? La acción de tutela procede siempre contra el particular que está prestando "cualquier" servicio público y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental. Decreto 2591 de 1991, "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 42, Num 3 "domiciliario": INEXEQUIBLE
Revisión automática del "Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Colombia sobre promoción y protección recíproca de inversiones", suscrito en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007; y de la Ley 1342 de 31 de julio de 2009, por medio de la cual fue aprobado. Exequible. S.V. - anuncio previo
CC SC 376 de 2010
La Corte constitucional condiciona el cobro de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales, en cuanto a que estos no aplican en el nivel básico primaria, la cual debe ser gratuita y obligatoria. Ley 115 de 1994, "por la cual se expide la ley general de educación"; Art. 183 : CONDICIONALMENTE exequible
¿Los artículos 10 y 11 de la Ley 1324 de 2009, que disponen que los recursos que se trasladan del ICFES al Ministerio de Educación Nacional para inversión social, estarán dirigidos exclusivamente a actividades de fomento de la educación en universidades públicas, vulneran el principio constitucional que establece que no habrá rentas nacionales de destinación específica? Los recursos de que tratan las normas demandadas corresponden a recursos del gasto social, los cuales están exceptuados expresamente del mandato constitucional supuestamente vulnerado. Exequibles
Decreto 132 de 2010 " Por el cual se establecen mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el Régimen Subsidiado de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones " declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social.
CC SC 336 de 2010
¿El limitar el gasto de las contralorías departamentales a un porcentaje determinado del monto de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, afecta la autonomía de estas entidades territoriales y, en particular, el artículo 308 de la Constitución que permite a la ley limitar las apropiaciones departamentales en lo referente a gastos de funcionamiento, pero no en lo relativo a gastos de inversión? La interpretación del aparte demandado no puede ser aislada, para concluir que la limitación que la norma impone es a los gastos de funcionamiento. Ley 617 de 2000, "por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"; Art. 8 (parcial) : Cosa juzgada
¿Prever solamente un control judicial posterior a la práctica del cotejo de exámenes de ADN con la información genética del indicado o imputado resulta contrario a la Constitución? La revisión de legalidad que corresponde al juez de garantías, debe hacerse de manera previa. Ley 906 de 2004, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal" Art. 236 : cosa juzgada; Art. 245 : CONDICIONALMENTE exequible y aparte INEXEQUIBLE
¿La conciliación contencioso administrativa en materia de impuestos territoriales regulada en el texto demandado, vulnera los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible y la infracción al artículo 294 constitucional que prohíbe el otorgamiento a través de ley de exenciones sobre impuestos territoriales, así como el derecho de aquéllas a administrar sus recursos (Art. 287)? Ley 1328 de 2009, "por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones"; Art. 77 (parcial) : INEXEQUIBLE desde su promulgación
Decreto 130 de 2010, "por el cual se dictan disposiciones del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en desarrollo del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009", declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
La utilización en la Defensoría del Pueblo de listas de elegibles para proveer vacantes de grado inferior correspondientes a cargos de la misma denominación, vulnera el principio de igualdad de oportunidades, por tanto es INEXEQUIBLE. Así mismo debe entenderse como un "deber" y no una simple facultad el utilizar estas listas para proveer una vacante de grado igual. Ley 201 de 1995, "por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y se dictan otras disposiciones"; Art. 145 : CONDICIONALMENTE exequible, y aparte INEXEQUIBLE.
Exigencia de paz y salvo para autorización de trámite de especies venales a los organismos de tránsito, constituye una medida desproporcionada que desconoce derechos fundamentales, la continuidad de los servicios públicos y la autonomía territorial. La medida legislativa tiene una finalidad legítima, pero que resulta desproporcionada porque anula del todo la autonomía territorial y vulnera de derechos fundamentales comprometidos y los cometidos del servicio público sacrificados a la postre, para obtener la cancelación de las sumas adeudadas. Observó que el mismo parágrafo del artículo 18 señala en su primer inciso, que el Gobierno Nacional determinará el régimen de sanciones aplicables a los organismos de tránsito y por supuesto, el Congreso de la República, en uso del margen de intervención que le corresponde y sin desconocer la autonomía fiscal de las entidades territoriales ni los derechos de los ciudadanos, podrá modificar las regulaciones existentes o adoptar fórmulas orientadas a obtener el pago de las sumas debidas, asegurar su cancelación oportuna, establecer sanciones e incluso examinar la posibilidad de implantar formas de compensación. Ley 1005 de 2006, "por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002" Art. 18, Par. Inc. 2º. : INEXEQUIBLE
Ley 72 de 1926, "sobre facultades al Municipio de Bogotá ", Art. 17. Vigencia de disposiciones especiales de Bogotá en materia de rentas. La norma quiso elevar a rango legal unas disposiciones tributarias . En consecuencia, la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tributos que por virtud de esta norma de vigencia continuaron existiendo en el ordenamiento jurídico debe darse, no por la vía de una demanda contra la misma disposición - pues esta no creó, ni modificó, ni convalidó ningún gravamen- sino contra las disposiciones legales que sirvieron de fundamento a los tributos locales cuya vigencia se ratificó en la Ley 72 de 1926 o por la vía de demandar la legalidad de los respectivos actos administrativos. Fallo inhibitorio
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1347 de 2009, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la gestión del agua en las zonas urbanas para América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la UNESCO", suscrito en París, el 28 de septiembre de 2007: Exequible
Acciones de grupo. Oportunidad para hacerse parte del proceso. La demanda se basa en una interpretación que no corresponde al contenido normativo, toda vez que parte del supuesto errado de que si el juez vincula a un nuevo responsable con posterioridad al auto de pruebas, los afectados no podrán presentar nuevas reclamaciones, cuando la norma lo que establece es precisamente, permitir que otros lleguen al proceso sin haber estado en su inicio y puedan participar en él haciéndose parte como los demás. Ley 472 de 1998, "por el cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones";Art. 55 (parcial) : Fallo inhibitorio
Decreto 126 de 2010, "Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección y control de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones", declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
CC SC 298 de 2010
Decreto 74 de 2010 "por medio del cual se introducen modificaciones al régimen de Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -Fonsat- y se dictan otras disposiciones", declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
CC SC 297 de 2010
Decreto 134 de 2010 "por el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010"., declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social. La Corte difiere sus efectos hasta el 16 de diciembre de 2010 en lo que tiene que ver con la adición relativa al establecimiento de fuentes tributarias de financiación. Y ordena que los recursos adicionados que provengan del establecimiento de fuentes tributarias de financiación, deberán ser dirigidos en su totalidad a la red hospitalaria pública y a garantizar el derecho a acceder a los servicios de salud de aquellas personas que se encuentran en el régimen subsidiado o tan solo vinculadas al sistema de salud
Cosa juzgada sobre excepción a inhabilidad para ser elegido para más de una corporación o cargo. Acto Legislativo 1 de 2009 'por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia'"; Art. 13 (Mod. Num. 8 del Art. 179)
Revisión constitucional de la Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y del contenido de la misma Convención. Exequible
Decreto 135 de 2010 "por medio del cual se distribuyen recursos del Fisco para el fortalecimiento de la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto y se dictan otras disposiciones" declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
Decreto 129 de 2010 "por medio del cual se adoptan medidas en materia de control a la evasión y elusión de cotizaciones y aportes al sistema de protección social y se dictan otras disposiciones" declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
Decreto 75 de 2010 "por el cual se expiden disposiciones para agilizar la solución de controversias entre las diferentes entidades y organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud" declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
Decreto 131 de 2010 "por el cual se crea el Sistema Técnico Científico en Salud, se regula la autonomía profesional y se definen aspectos del aseguramiento del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones" declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
Revisión de constitucionalidad del Decreto 128 de 2010 "por medio del cual se regulan las prestaciones excepcionales en salud y se dictan otras disposiciones" declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social
Inexequible por consecuencia ante la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del estado de emergencia social, el Decreto 133 de 2010, "por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, y se dictan otras disposiciones". No difiere sus efectos al no regular materias referentes a fuentes tributarias de financiación del sistema de seguridad social en salud
Inexequible por consecuencia ante la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social, el Decreto 4976 de 2009, "por el cual se expiden medidas excepcionales con el fin de liberar recursos que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población beneficiaria y se dictan otras disposiciones". No difiere sus efectos al no regular materias referentes a fuentes tributarias de financiación del sistema de seguridad social en salud
Inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social, el Decreto 127 de 2010, "por el cual se adoptan medidas en materia tributaria". La Corte difiere sus efectos hasta el 16 de diciembre de 2010. Y ordena que los recursos recaudados en la aplicación del mismo, sean dirigidos en su totalidad a la red hospitalaria pública y a garantizar el derecho a acceder a los servicios de salud de aquellas personas que se encuentran en el régimen subsidiado o tan solo vinculadas al sistema de salud
Declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del Decreto 4975 de 2009, declaratorio del estado de emergencia social, por la inexistencia de hechos sobrevinientes y la disposición de mecanismos ordinarios para conjurar la actual situación. Efectos diferidos de los decretos de desarrollo que establezcan fuentes tributarias
CC SC 242 de 2010
¿Carece el inciso demandado en la presente oportunidad de directrices o criterios normativos que permitan a las personas disciplinadas prever cuál es el procedimiento que habrá de aplicárseles, con ocasión de haber incurrido en faltas disciplinarias distintas a las previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 175 de la Ley 714 de 2002?. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 175, Inc. 3o. : Exequible
CC SC 241 de 2010
Acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho. Si bien el Código Nacional de Policía no derogó expresamente el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, si operó una subrogación y modificación de los alcances de la norma, dado que el Decreto ley 1355 de 1970, reguló integralmente la materia a que se refería la disposición acusada, ampliando su objeto a todo tipo de perturbación sobre la posesión y la tenencia y autorizando la defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración de la tenencia sino también de la constatación de cualquier otro título que justifique válidamente la ocupación de hecho. Vías de protección frente a eventos de perturbación de la posesión o la tenencia. Ley 57 de 1905, "sobre reformas judiciales"; Art. 15 : Fallo inhibitorio por carencia actual del objeto
CC SC 240 de 2010
Pensiones entidades territoriales. De la demanda se aduce que en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 no se incluyó, para los fines pensionales allí escritos, a los servidores públicos vinculados con entidades del sector nacional descentralizado por servicios, lo cual en concepto de los actores, vulnera el derecho a la igualdad. No obstante, los demandantes no exponen razones suficientes por las cuales el legislador estaba en el deber de incluir en la norma demandada a dichos servidores, como tampoco los motivos de orden constitucional que impondrían la aplicación del precepto legal a los mismos. Fallo inhibitorio.
CC SC 239 de 2010
Objeción de inconstitucionalidad a los artículos 3, 4 y 5 del proyecto de ley que reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística. La Corporación encontró que de los artículos objetados no se desprende exclusión o discriminación alguna con otras profesiones
CC SC 229 de 2010
Declaración informativa de precios de transferencia. Sanciones por extemporaneidad o error. Estatuto Tributario, Art. 260-10 (parcial) (Mod. por el Art. 46 de la Ley 863 de 2003) : Cosa juzgada.
CC SC 228 de 2010
¿El control de operaciones de integración empresarial es incompatible con la libertad de empresa, la libre competencia y los principios de buena fe y proporcionalidad? ¿Afecta la reserva de ley en la definición de los parámetros que habilitan el control de integraciones empresariales? y ¿Se desconoce el principio de legalidad tributaria con el establecimiento de un ingreso fiscal denominado contribución de seguimiento? Si bien la intervención del Estado en la economía es un asunto sometido a la reserva de ley, no puede perderse de vista que en el ejercicio de esa potestad concurren tanto el poder legislativo como el ejecutivo, representado por las autoridades de inspección, vigilancia y control de los mercados. Ley 1340 de 2009, "Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia"; Arts. 9, 11, 12, 13, 22 y 25 (Mod. el Art. 4 de la Ley 155 de 1959; y los Arts. 4 y 51 del Decreto 2153 de 1992) : Exequibles.
CC SC 184 de 2010
Valuación de de incapacidades permanentes de accidentes de trabajo. Monto de la incapacidad. En efecto, como se ha dicho, la acusación central consiste en decir que en las normas demandadas el legislador otorgó al ejecutivo facultades extraordinarias para modificar el Código Sustantivo del Trabajo, justamente en sus artículos 209, 210 y 211. No obstante, el Decreto ley 1295 de 1994, cuyo artículo 44 aquí se demanda parcialmente, y que fue la primera de las normas acusadas en entrar en vigencia, derogó tácitamente dichos artículos 209, 210 y 211 del Estatuto Laboral . Así las cosas, carece de toda lógica suponer que al mismo tiempo que dicho Decreto derogaba los mencionados artículos, también le estuviera dando facultades al Gobierno para modificarlos. Fallo inhibitorio para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de la referencia, dirigida contra los artículos 41 (parcial) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, 44 (parcial) del Decreto ley 1295 de 1994 y 7° (parcial) de la Ley 776 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda
CC SC 183 de 2010
Selección de gerentes de empresas sociales del estado mediante concurso de méritos. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 28 : Estarse a lo resuelto en Sentencia C-181-10
CC SC 182 de 2010
Cooperativas de trabajo asociado están obligadas al pago de las contribuciones a la seguridad social, Sena, ICBF y cajas de compensación familiar. Ley 1233 de 2008, "Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones". Debió esta ley ser tramitada como ley estatutaria? ¿Los criterios para establecer la base de cotización vulneran el principio de progresividad de los derechos sociales y la garantía prima facie de no regresividad de los mismos (Art. 6)? ¿Puede considerarse que éstas contribuciones parafiscales no redundan en beneficio para "el gremio de las cooperativas especializadas"y por ende desconocen el artículo 338 superior (Arts. 1, 2 y 5)?
CC SC 181 de 2010
Selección de gerentes de empresas sociales del estado mediante concurso de méritos. La terna a la que se refiere la norma demandada deberá ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones en el respectivo concurso de méritos; de que el nominador de cada empresa social del Estado deberá designar en el cargo de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje; y de que el resto de la terna operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea posible designar al candidato que obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero. Mérito como criterio rector del acceso a la función pública. Los criterios de selección objetiva también pueden aplicarse en los procesos de selección de funcionarios destinados a ocupar cargos de libre nombramiento y remoción y en ese caso, la provisión de estos empleos debe sujetarse a las reglas propias del concurso fijadas por la ley y la jurisprudencia constitucional. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 28 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 173 de 2010
¿Vulnera principios constitucionales el que las leches de "crecimiento" estén gravadas con el IVA, mientras que las otras se encuentran exentas de dicho impuesto? La Corte reiteró la línea jurisprudencial, según la cual, cuando el legislador no concede una exención a un bien o servicio que en principio es igual o similar a otro que sí resulta exento, debe precisar si la exclusión del mencionado beneficio tiene una razón de ser que la haga admisible. De lo contrario, será patente la violación del principio de igualdad en la carga tributaria. La Corte encontró que no está demostrado dentro del expediente que la "leche de crecimiento" sea un producto de consumo necesario para los niños de dos a cinco años, como sí lo son las "leches maternizadas o humanizadas" que requiere el recién nacido que no puede alimentarse mediante lactancia materna. Estatuto Tributario; Arts. 420, Lit. a) Arts. 477, Nums 04.01, 04.012 y 19.01.10.10.00 (Mod. por el Art. 31 de la Ley 788 de 2002) : Exequibles
CC SC 149 de 2010
Inexequible la atribución de competencias al Gobierno Nacional para la definición, formulación, adopción y ejecución de macroproyectos de interés social nacional, tal como están concebidos en el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007. La inconstitucionalidad de la norma acusada está determinada en términos de validez jurídica, es decir, de oposición entre la ley y la Constitución, y no de eficacia. La posibilidad de que mediante megaproyectos se puedan modificar de manera automática cualquier POT del país, termina generando una grave inseguridad jurídica sobre los mismos. Resulta inadmisible que actos administrativos adoptados por una autoridad del orden nacional terminen convirtiéndose en instrumentos de planeación que se sobrepongan sobre los POT. No es que se impida la viabilidad de macro proyectos de interés social nacional, sino que ello debe hacerse bajo el marco de los principios constitucionales. Hay proyectos efectivos de intervenciones urbanísticas, pero no es interrumpiendo la autonomía de los municipios. En el caso concreto, la sentencia tiene efectos hacia el futuro, con lo cual no se produce traumatismo alguno, es decir, se aplicaría para nuevos megaproyectos y no para aquellos que se encuentren en curso.
CC SC 144 de 2010
¿Vulnera el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas la suspensión de la actuación procesal en general y de la audiencia del juicio oral, sin que el legislador establezca de manera precisa cuáles son las causales que lo justifican, ofrece las condiciones para que el juez a su libre arbitrio, determine cuándo suspender el proceso, en perjuicio del principio de concentración y en general de los derechos del procesado (Arts. 17 y 454)? ¿Podía el legislador atribuir al Ministerio público la facultad excepcional para solicitar pruebas que no hayan sido pedidas por las partes, pero que puedan tener esencial influencia en los resultados del juicio(Arts. 112, 357 y 374)? ¿La facultad reconocida en cabeza del juez de conocimiento y del Ministerio público para que, una vez concluidos los interrogatorios de las partes, hagan preguntas complementarias a los testigos del proceso para el cabal entendimiento del caso, vulnera el derecho al debido proceso por suponer una ruptura tanto del principio de pasividad del juez en el sistema penal colombiano con tendencia acusatoria, como de la igualdad de armas. Igualmente, debe establecerse si la intervención del Ministerio público en la práctica de la prueba testimonial vulnera el principio de legalidad, en la medida en que tal atribución no hace parte de las que contemplan los artículos 250 y 277 de la C.P. (Art. 397)? ¿La admisión de la prueba de referencia de un declarante víctima de un evento similar al secuestro o a la desaparición forzada, vulnera el debido proceso por crearse así una excepción indeterminada a los principios de contradicción e inmediación del juez con la prueba, así como un desconocimiento de las reglas de admisibilidad y pertinencia propios al acervo probatorio. La función del Ministerio público en el proceso penal. La función del juez de conocimiento respecto de la prueba. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 17, 154, 112, 357, 397, 438 : Exequibles, Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 245, 362, 415 y 450
CC SC 141 de 2010
INEXEQUIBLE la Ley 1354 de 2009, "por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional" Reforma a la constitución - mecanismos. Referendo - requisitos. Ley de referendo - Parámetros de control. Iniciativa legislativa popular - Regulación. Límites en cuanto a su financiación. Inicio y culminación de la campaña. Régimen de bancadas - Transfuguismo político
CC SC 121 de 2010
¿Vulneran las normas acusadas la Constitución, por cuanto desconocen, según el caso, los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad social, el principio de igualdad y el precepto constitucional que dispone que la familia se conforma tanto a través de vínculos jurídicos como naturales? ¿Los mismos derechos se vulneran al disponer que la viuda que contraiga nuevas nupcias o establezca una unión libre perderá el derecho a disfrutar de la pensión de sobreviviente? Los términos "esposa" y "cónyuge" y de la expresión "cónyuge sobreviviente", el artículo 134 del Decreto Ley 613 de 1977, reproducidos en los artículos 175 del Decreto Ley 2062 de 1984; 172 del Decreto Ley 096 de 1989; y 173 del Decreto Ley 1212 de 1990 : Exequibles en el entendido que aplican también a los compañeros permanentes. La expresión "para la viuda si contrae nuevas nupcias" del artículo 137 del Decreto Ley 613 de 1977, reproducidas en los artículos 176 del Decreto Ley 2062 de 1984, 173 del Decreto Ley 096 de 1989 y 174 del Decreto Ley 1212 de 1990 : INEXEQUIBLE
CC SC 102 de 2010
Fallo inhibitorio por inepta demanda contra apartes del artículo 19 de la Ley 53 de 1990 (Mod. el Art. 87 del Decreto 1333 de 1986). Para el demandante a los apartes demandados - que imponen unas inhabilidades a los parientes de autoridades territoriales - se debe aplicar la jurisprudencia sentada en la sentencia C-903-08, que se pronunció respecto de la constitucionalidad de las inhabilidades para ser nombrados y contratar con la respectiva entidad territorial, de los cónyuges, compañeros permanentes y de ciertos parientes del gobernador, diputados, alcalde y concejales, establecidas en el artículo 1º de la Leu 1148 de 2007. Sin embargo, no expone los argumentos específicos por los cuales, el aparte acusado vulnera los preceptos constitucionales que invoca. A juicio de la Sala, el precedente no es tan descriptivo de la situación de inhabilidad establecida por el legislador para aplicarlo de manera automática al presente caso. Advirtió que el artículo 292 de la Carta no regula de manera íntegra las inhabilidades e incompatibilidades a nivel de las entidades territoriales, sino que se circunscribe a los concejales y diputados, mientras que en la Constitución existen otras normas que deberían haber sido tenidas en cuenta para establecer con rigor cuales son las implicaciones de cada una de las prohibiciones establecidas por el constituyente.
¿La exclusión de beneficios y subrogados penales en los casos de delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, desconoce el derecho a la igualdad? ¿Desconoce la norma demandada el principio de unidad de materia? Análisis de la vigencia de la norma acusada y sus relaciones con los dos sistemas procesales penales existentes, esto es, el mixto (Ley 600 de 2000) y el acusatorio (Ley 906 de 2004), de conformidad con lo que ha señalado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, tuvo en cuenta que en los términos de la Ley 1312 de 2009, las personas investigadas por los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de organizaciones delictivas, pueden solicitar a la Fiscalía que acuda ante el juez de control de garantías, a efectos de que aplique el principio de oportunidad, siempre y cuando se cumpla, una de las dos condiciones señaladas en los numerales 4º o 5º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. De esta forma, el rigor inicial del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 que excluía a esos delitos del otorgamiento de cualquier beneficio o subrogado ha sido morigerado por la Ley 1312 de 2009. Evolución normativa y jurisprudencial en materia de negación de otorgamiento de beneficios penales a determinados delitos considerados especialmente graves.Ley 1121 de 2006, "por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones"; Art. 26 : Exequible.
¿La terminación de los contratos laborales como uno de los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial de una empresa, sin que medie autorización administrativa o judicial, con reconocimiento de una indemnización cuyo pago se someterá a las reglas concursales, reduce la protección que la Constitución otorga al derecho al trabajo? El alcance de la garantía de estabilidad laboral. Los derechos de los trabajadores en el marco de procesos de liquidación de empresas privadas. La autorización del Ministerio de la Protección Social para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo a una pluralidad de trabajadores no exime al empleador de la obligación de indemnizar. Ley 1116 de 2006, "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones"; Art. 50, Num 5 : Exequible.
CC SC 63 de 2010
La afiliación inicial de la población de desplazados y desmovilizados cuyo financiamiento en su totalidad esté a cargo del Fosyga se hará a una Entidad Promotora de Salud de naturaleza pública del orden nacional. La Corte condiciona el fallo a que a la población indígena desplazada le será reconocida, desde el momento de su inscripción en el Registro Único de Desplazados, la posibilidad de realizar su afiliación inicial al sistema de salud en una EPS de naturaleza indígena o en una EPS pública de carácter nacional. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 14, Lit. i : CONDICIONALMENTE exequible.
CC SC 61 de 2010
Acuerdos de reestructuración en las entidades territoriales. Se suspende término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones. El demandante considera que la norma acusada vulnera los artículos 2º, 13, 95-7 y 229 de la Constitución, porque durante la negociación y vigencia de un acuerdo de reestructuración los acreedores no pueden acudir ante los jueces para hacer efectivo el pago de obligaciones surgidas "con posterioridad" a la celebración del acuerdo. Ley 550 de 1999; Art. 58.13 : Cosa juzgada.
CC SC 60 de 2010
Deber de repetir una audiencia de juzgamiento cuando quiera que el paso del tiempo pueda alterar gravemente la percepción que tiene el fallador acerca de las pruebas practicadas o no ha presenciado su práctica. Ley 906 de 2004, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Panal"; Art. 454 : Estarse a lo resuelto en la C-059-10
CC SC 59 de 2010
¿La limitación a la celebración de acuerdos del imputado o procesado con la Fiscalía en los supuestos establecidos en la norma, los cuales se condicionan a que se reintegre, al menos, el 50% de lo percibido en el incremento patrimonial y se asegure el recaudo del remanente, vulnera el derecho a la igualdad, al debido proceso, y los derechos de las víctimas (Art. 349)? ¿El deber de repetir una audiencia de juzgamiento cuando quiera que el paso del tiempo pueda alterar gravemente la percepción que tiene el fallador acerca de las pruebas practicadas o no ha presenciado su práctica, se opone al derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas, consagrado en los artículos 29 de la Constitución y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?. La repetición de las audiencias de juzgamiento debe ser muy excepcional y fundada en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos. Llamado de atención a las autoridades competentes a efectos de que aseguren la disponibilidad de equipos de audio y video en todos los despachos judiciales encargados de manejar el sistema penal acusatorio, en especial, en regiones apartadas del país. Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia; Art. 189 y Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Panal -; Arts. 349 y 454 : Exequibles. Fallo inhibitorio sobre el Art. 294 y cosa juzgada en relación con el Art. 108 PENAL
CC SC 58 de 2010
Los decretos ejecutivos proferidos en virtud del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, la cual estableció los principios y reglas generales a los que se debe someter el Gobierno Nacional en los procesos dirigidos a modificar, suprimir, fusionar y reestructurar entidades y organismos de la administración pública (art. 189-16 C.P.); por su naturaleza y contenido, son propios de un acto administrativo cuyo control judicial corresponde al Consejo de Estado. Decreto 110 de 2004, "por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones"; Art. 8 : Fallo inhibitorio por falta de competencia.
CC SC 55 de 2010
¿La suspensión del juicio mientras comparece el adolescente acusado representa una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas? La Sala determinó que resulta ajustada a la Constitución, en la medida que la ausencia del menor tenga justificación y no obedezca simplemente a la renuencia a comparecer o a la contumacia como forma de eludir las obligaciones que ante sí mismo, las víctimas del delito, la sociedad y el Estado, contrajo con ocasión del delito. Ley 1098 de 2006, "por el cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia"; Art, 158 : Condicionalmente exequible. Sobre los Arts. 150, 197 y 199 : Fallo inhibitorio. Y sobre el Art. 129 : Estarse a lo resuelto.
CC SC 56 de 2010
Régimen especial transitorio pensional de los aviadores civiles. Requisitos, condiciones y montos. Para el demandante la remisión por parte del art. 6 del Decreto 1282 de 1994 a los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 - teniendo en cuenta la modificación por la Ley 797 de 2003 - violan derechos constitucionales. Decreto 1282 de 1994, "por el cual se establece el Régimen Pensional de los Aviadores Civiles"; Art. 6; y Ley 797 de 2003, Arts. 9 y 10 : Fallo inhibitorio por inepta demanda. S.V
CC SC 40 de 2010
Inexequible, por vicios de trámite, reforma constitucional que introdujo modificaciones a la inhabilidad por periodos coincidentes. Acto Legislativo 1 de 2009; Art. 13 (Adic. Num. 8 al Art. 179 de la C.P): INEXEQUIBLE.
CC SC 25 de 2010
El principio de congruencia previsto en el artículo demandado, se predica tanto de la concordancia entre la acusación y la sentencia como, guardadas proporciones, entre la imputación de cargos y la audiencia de formulación de la acusación, siendo manifestación del derecho al debido proceso penal. No se pueden incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados previamente al procesado. Esto no significa que la valoración jurídica de los hechos deba permanecer incólume, pues como fruto de la labor investigativa, es posible que al momento de efectuar la calificación jurídica cuente con mayores detalles sobre lo acaecido, lo cual implica, dentro de unos parámetros racionales y preservando el derecho de defensa, modificar la calificación jurídica de los hechos. Para la Corte, aunque el artículo 448 atacado puede admitir una interpretación literal según la cual, el principio de congruencia opera únicamente entre la acusación y la sentencia, lo cierto es que acorde con los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal garantía procesal se extiende igualmente y dentro de ciertos límites fácticos, a la relación existente entre la imputación de cargos y la formulación de la acusación. Ley 906 de 2004; Art. 448 : Exequible. Art. 6 : Fallo inhibitorio
La asignación de competencia a los árbitros y amigables componedores para conocer de los conflictos societarios sobre decisiones de las asambleas o juntas directivas de las sociedades de acciones simplificadas -de pactarse en los estatutos- no vulnera normas constitucionales de asignación de competencias judiciales ni de limitación de las materias propias de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tampoco prosperan los cargos por violación del artículo 229 superior, así como tampoco el cargo por vulneración al principio de igualdad en lo concerniente al régimen de asambleas, entre las sociedades comerciales reguladas por el Código de Comercio y las sociedades de acciones simplificadas. Diferencias entre las sociedades comerciales reguladas en el Código de Comercio y las SAS, en cuanto al régimen de asambleas, en relación con el procedimiento para incorporar la cláusula compromisoria en los estatutos y en términos generales. Ley 1258 de 2008, "por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada"; Art. 40 (parcial) : Exequible
CC SC 8 de 2010
Es inexequible negar la nulidad de matrimonio cuando la mujer, aunque sea impúber, haya concebido. Para la Corte, la exclusión establecida en la norma demandada, constituye un trato discriminatorio prohibido por el artículo 13 de la Constitución, de los contrayentes menores de edad que han concebido, toda vez que el matrimonio no es el único mecanismo del ordenamiento jurídico para proteger al hijo concebido, quien goza de una amplia gama de instrumentos de protección. Código Civil, Art. 143 (parcial) : INEXEQUIBLE

References: artículo 86
 artículo 42
 artículo 125
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 346
 artículo 30
 artículo 189
 artículo 315
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 268
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 387
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 657
 artículo 402
 artículo 266
 artículo 236
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 150
 artículo 44
 artículo 338
 artículo 74
 artículo 86
 artículo 308
 artículo 294
 artículo 18
 artículo 88
 artículo 175
 artículo 15
 artículo 146
 artículo 44
 artículo 52
 artículo 338
 artículo 79
 artículo 134
 artículo 137
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 324
 artículo 26
 artículo 54
 artículo 448
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 229
 artículo 13