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Publicado en BOIC núm. 96 de 01 de Agosto de 1990 y BOE núm. 225 de 19 de Septiembre de 1990
Vigencia desde 21 de Agosto de 1990. Revisión vigente desde 15 de Diciembre de 2001 hasta 13 de Junio de 2015
CAPITULO PRIMERO. LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CANARIAS
CAPITULO II. SISTEMAS DE COMPETENCIAS
SECCION 1. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
SECCION 2. CONVENIOS DE COLABORACION Y SOCIEDADES MIXTAS
SECCION 3. COORDINACION ADMINISTRATIVA
TITULO II. De la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias
TITULO III. De la prohibición de Federaciones o Mancomunidades de Cabildos Insulares
TITULO IV. Los Cabildos Insulares
CAPITULO II. INICIATIVA LEGISLATIVA
CAPITULO III. REPRESENTACION Y COLABORACION CON EL GOBIERNO DE CANARIAS
CAPITULO IV. COMPETENCIAS Y FUNCIONES
SECCION 1. COMPETENCIAS PROPIAS
SECCION 2. COMPETENCIAS DELEGADAS
TITULO V. De los municipios canarios
CAPITULO II. DE LA ORGANIZACION DE LOS MUNICIPIOS
SECCION 1. DE LOS ORGANOS MUNICIPALES
SECCION 2. DEL ALCALDE
SECCION 3. DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
SECCION 4. DEL PLENO
SECCION 5. DE LA COMISION DE GOBIERNO
SECCION 6. DE LOS CONCEJALES DELEGADOS
SECCION 7. DE LOS CONCEJALES
SECCION 8. DE LAS COMISIONES MUNICIPALES INFORMATIVAS
SECCION 9. DE LAS COMISIONES ESPECIALES
SECCION 10. DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES INFRAMUNICIPALES
SECCION 11. DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO O DE BARRIO
SECCION 12. DE LOS CONSEJOS DE BARRIO Y DE SECTOR
CAPITULO III. DE LAS SESIONES DE LOS ORGANOS MUNICIPALES
SECCION 1. DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO
SECCION 2. DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO
SECCION 3. REQUISITOS DE LA CELEBRACION Y DESARROLLO DE LAS SESIONES
SECCION 4. ADOPCION DE ACUERDOS
SECCION 5. DE LAS ACTAS
SECCION 6. PUBLICIDAD DE LOS ACTOS Y ACUERDOS
SECCION 7. DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONTROL Y FISCALIZACION
SECCION 8. DE LAS SESIONES DE LA COMISION DE GOBIERNO
SECCION 9. DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ORGANOS Y ENTES MUNICIPALES
CAPITULO IV. DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
SECCION 1. DEL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACION
SECCION 2. DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES
BOIC 5 Octubre. D 223/1990 de 24 Sep. CA Canarias (corrección de error en el título de la L 14/1990 de 26 Jul., de régimen jurídico de las administraciones públicas)
L 7/2015 de 1 Abr. CA Canarias (municipios)
Título V derogado por el número 2 de la disposición derogatoria única de Ley [CANARIAS] 7/2015, 1 abril, de los municipios de Canarias («B.O.I.C.» 14 abril).
L 8/2015 de 1 Abr. CA Canarias (cabildos insulares)
Título III derogado por la disposición derogatoria única de Ley [CANARIAS] 8/2015, 1 e abril, de cabildos insulares («B.O.I.C.» 14 abril). Título IV derogado por la disposición derogatoria única de Ley [CANARIAS] 8/2015, 1 e abril, de cabildos insulares («B.O.I.C.» 14 abril). Téngase en cuenta que la disposición derogatoria única de Ley [CANARIAS] 8/2015, 1 abril, de cabildos insulares («B.O.I.C.» 14 abril), establece que queda derogada la presente Ley en todo lo regulado por aquélla. Asimismo deroga expresamente sus títulos III y IV.
TC, Sala Primera, S 159/2012, 17 Sep. 2012 (Rec. 2331/2012)
Número 2 del artículo 131 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia nº 159/2012 del TC (Sala Primera) de 17 septiembre 2012.
D 73/2012 de 2 Jul. CA Canarias (delega en la Secretaria General el ejercicio de la competencia para incoar y resolver los expedientes de revisión de oficio de los actos de la Presidencia del Gobierno)
Véase el D [CANARIAS] 73/2012, 2 julio, del Presidente, por el que se delega en la Secretaria General el ejercicio de la competencia para incoar y resolver los expedientes de revisión de oficio de los actos de la Presidencia del Gobierno («B.O.I.C.» 13 julio).
Orden Empleo, Industria y Comercio 27 Oct. 2008 CA Canarias (delegación de determinadas competencias en materia de personal)
Véase la letra a) del apartado primero de la O [CANARIAS] 27 octubre 2008, por la que se delega en la Secretaría General Técnica de esta Consejería el ejercicio de determinadas competencias en materia de personal («B.O.I.C.» 7 noviembre). Véase la letra B) del apartado primero de la O [CANARIAS] 27 octubre 2008, por la que se delega en la Secretaría General Técnica de esta Consejería el ejercicio de determinadas competencias en materia de personal («B.O.I.C.» 7 noviembre).
Orden Obras Públicas y Transportes 30 Jul. 2008 CA Canarias (delega la aprobación de los planes de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de carreteras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas)
O [CANARIAS] 30 julio 2008, por la que se delega en el Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación la aprobación de los planes de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de carreteras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, cuya cuantía exceda de 700.000,00 euros («B.O.I.C.» 29 septiembre).
D 153/2008 de 29 Jul. CA Canarias (se delega en el Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático la firma de Convenios y la concesión de ayudas y subvenciones que sean de la competencia de dicho órgano)
Véase D [CANARIAS] 153/2008, 29 julio, del Presidente, por el que se delega en el Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático la firma de Convenios y la concesión de ayudas y subvenciones que, por razón de la materia, sean de la competencia de dicho órgano («B.O.I.C.» 5 agosto).
Orden Presidencia, Justicia y Seguridad 23 Jun. 2008 CA Canarias (delega la competencia para la formalización de contratos así como la suscripción de Pliegos de Prescripciones Técnicas de los contratos de suministros)
Véase O [CANARIAS] 23 junio 2008, por la que se delega en los titulares de los centros directivos de este Departamento la competencia para la formalización de los contratos en el área de sus respectivas competencias así como para la suscripción de los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los contratos de suministros a que hace referencia el artículo 5 del D 6/2006, 27 enero, de fiscalización previa limitada para determinados expedientes de gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 26 junio).
D 291/2007 de 24 Sep. CA Canarias (delegación de la firma de los Convenios de colaboración en el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad Información para realizar prácticas en el Instituto Canario de Ciencias Marinas)
Véase D [CANARIAS] 291/2007, 24 septiembre, del Presidente, por el que se delega en el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información la firma de los Convenios de colaboración a suscribir por el Instituto Canario de Ciencias Marinas con la Universidad de Oriente (Venezuela), con el fin de presentar por escrito programas específicos de trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés y con la Universidad Complutense de Madrid, en materia de realización de prácticas en el Instituto Canario de Ciencias Marinas por parte de los alumnos de dicha Universidad («B.O.I.C.» 2 octubre).
L 14/2003 de 8 Abr. CA Canarias (puertos)
Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 5.ª de la Ley [CANARIAS] 14/2003, 8 abril, de Puertos de Canarias («B.O.I.C.» 6 mayo), establece lo siguiente: «A los efectos previstos en la Ley 14/1990, de 26 de julio, en redacción dada por la Ley 8/2001, de 8 de diciembre, se sustituye la denominación "Puertos de Interés Regional", por "Puertos de Interés General de la Comunidad Autónoma de Canarias".».
Orden Presidencia e Innovación Tecnológica 25 Ene. 2002 CA Canarias (ampliación de la delegación en el Director General de Seguridad y Emergencias de la competencia para la firma de acuerdos operativos)
Véase la O [CANARIAS] 25 enero 2002, por la que se amplía la delegación en el Director General de Seguridad y Emergencias de la competencia para la firma de acuerdos operativos («B.O.I.C.» 13 febrero).
L 8/2001 de 3 Dic. CA Canarias (modificación parcial de la L 14/1990 de 26 Jul., de régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias)
Disposición Adicional 2.ª redactada por el artículo 2 de la Ley [CANARIAS] 8/2001, 3 diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 14 diciembre). Apartado 1.º de la Disposición Transitoria 3.ª redactado por el artículo 3 de la Ley [CANARIAS] 8/2001, 3 diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 14 diciembre). Disposición Adicional 1.ª redactada por el artículo 1 de la Ley [CANARIAS] 8/2001, 3 diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 14 diciembre; corrección de errores «B.O.I.C.» 21 enero 2002).
Párrafo 2.º del número 2 del artículo 16 introducido por el número 1 del artículo 9 de la Ley [CANARIAS] 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 9 julio). Párrafo 2.º del artículo 58 introducido por el número 2 del artículo 9 de la Ley [CANARIAS] 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 9 julio).
Orden Presidencia e Innovación Tecnológica 23 Feb. 2001 CA Canarias (se delega en el director general de seguridad y emergencias la competencia para la firma de acuerdos operativos a celebrar con corporaciones insulares y municipales del archipiélago Canario relativos a asuntos en materia de protección civil y atención de emergencias)
Véase la O [CANARIAS] 23 febrero 2001, por la que se delega en el Director General de Seguridad y Emergencias la competencia para la firma de acuerdos operativos a celebrar con Corporaciones Insulares y Municipales del Archipiélago Canario relativos a asuntos en materia de Protección Civil y Atención de Emergencias («B.O.I.C.» 2 marzo).
Número 5 del artículo 27 derogado por la Disposición Derogatoria 2.ª de la Ley [CANARIAS] 2/2000, 17 julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias («B.O.I.C.» 28 julio).
L 4/1996 de 5 Nov. CA Canarias (modificación parcial de la L 14/1990 de 26 Jul.; de régimen jurídico de las administraciones públicas canarias)
Número 2º del artículo 45 redactado por Ley [CANARIAS] 4/1996, 5 noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C» 11 noviembre). Artículo 52 redactado por Ley [CANARIAS] 4/1996, 5 noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C» 11 noviembre). Número 1 del artículo 53 redactado por Ley [CANARIAS] 4/1996, 5 noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C» 11 noviembre). Letra b) del artículo 54 redactada por Ley [CANARIAS] 4/1996, 5 noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C» 11 noviembre). Número 2 de la Disposición Adicional 2ª introducido por Ley [CANARIAS] 4/1996, 5 noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C» 11 noviembre). Número 3 de la Disposición Adicional 2ª introducido por Ley [CANARIAS] 4/1996, 5 noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, 26 julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C» 11 noviembre).
D 164/1994 de 29 Jul. CA Canarias (adaptación de los procedimientos administrativos de la LRJAP)
Letra f) del número 1 del artículo 29 redactada por D. [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto).
Ley [CANARIAS] 14/1990, 26 julio, recitificada por D [CANARIAS] 223/1990, 24 septiembre, del Presidente, por el que se corrige error en el título de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias («B.O.I.C.» 5 octubre).
El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, no efectuó un diseño acabado y preciso de la organización administrativa que debía asumir el ejercicio de las competencias ejecutivas atribuidas a Canarias al acceder a su autonomía, sino que dejó en manos del legislador regional (artículo 21.3) la definitiva determinación del modelo al que deberían ajustarse las Administraciones Públicas Canarias. No obstante, el Estatuto sí perfiló las líneas maestras a las que el Parlamento regional debería ajustarse al dibujar tal organización administrativa.
En efecto, la norma básica de la Comunidad integró a los Cabildos Insulares en el entramado institucional de la Comunidad Autónoma haciéndoles copartícipes de las funciones autonómicas, sin que ello supusiera mengua alguna en las competencias propias que históricamente asumieron las islas ni la desnaturalización de su carácter autónomo.
En este marco amplio debe moverse el legislador regional quien ya asumió el reto planteado por el Estatuto, aprobando en la pasada legislatura la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
Esta Ley, conocida como «Ley de Cabildos», perfiló la ordenación de las Administraciones Públicas de Canarias, regulando los criterios de distribución de competencias entre las mismas y las técnicas de relación entre todas ellas, centrándose entre otras, en la figura de los Cabildos Insulares, tratando de dar contenido a su nueva condición de instituciones de la Comunidad Autónoma.
Después de casi cuatro años de la entrada en vigor de dicha norma, el legislador canario ha considerado necesario producir un nuevo texto ordenador tendente a corregir algunos aspectos de la misma y, asimismo, ha procurado contar con el mayor consenso político.
El Estatuto de Autonomía de Canarias, recogiendo criterios constitucionales, no se limita a crear unos nuevos poderes regionales, Parlamento y Gobierno, manteniendo a los Ayuntamientos y Cabildos Insulares en su posición histórica de Corporciones Locales, sino que, sin perder tal carácter, eleva a estos últimos a la categoría de Instituciones de la Comunidad Autónoma, dotándolos de iniciativa legislativa configurándolos como representantes ordinarios del Gobierno de Canarias y obligados ejecutores de sus acuerdos, y permitiendo que el Gobierno Regional actúe sus competencias ejecutivas a través de las Administraciones insulares, mediante diversas técnicas de traslación. Determinar el elenco y régimen jurídico de estas técnicas es objeto la presente Ley, dando de este modo cumplimiento al mandato contenido en los artículos 21.3 y 22.3 del Estatuto de Autonomía. La referencia a los artículos 21.3 y 22.3 del Estatuto de Autonomía ha de entenderse hecha a los artículos 22.3 y 23.3, respectivamente, tras la modificación del mismo efectuada por la LO 4/1996, 30 diciembre.
Para el desarrollo de estos preceptos de la norma institucional básica de Canarias y, parcialmente, de las previsiones contenidas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, es necesario dictar una norma estructural que regule la actuación ejecutiva de la Comunidad Autónoma, bien sea directa, por su propia Administración, bien indirecta, mediante las técnicas de relación con los Cabildos Insulares y con los Ayuntamientos de su territorio, a las que nos acabamos de referir, reconduciéndola a la unidad, tanto de dirección como de responsabilidad, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
La Ley pretende construir un ordenamiento coherente que refleje los principios políticos expuestos a partir de afirmaciones generales que sientan la definición de cada Administración Pública canaria, regula las técnicas de atribución de competencias propias a cada una de ellas y prevé las relaciones recíprocas, generando, en definitiva, una actuación administrativa eficaz y coordinada. Se desarrollan los instrumentos de gestión para aplicar aquel que resulte más adecuado, fijando el grado de intervención del Gobierno de Canarias en la necesidad de cumplir con la exigencia del interés general de la región a satisfacer en cada caso concreto, de tal forma que, en presencia de aquel interes que afecte a la idea misma de región, la Comunidad Autónoma de Canarias actuará a través de su propia Administración Central o Territorial. Cuando el interés a cuyas satisfacciones tienda una competencia administrativa estatutaria, responda a un interés preponderantemente insular, la Ley la atribuye a los Cabildos, de forma que la función transferida se integra en el núcleo de competencias propias de los mismos, como Entidades locales. De este modo se da contenido propio a la técnica de la transferencia, contrapuesta por el Estatuto de Autonomía a la mera delegación y, no mencionada, empero, por la Ley Básica de Régimen Local entre los instrumentos de gestión de competencias regionales por las Entidades locales.
Se refuerza la capacidad de actuación de las Entidades locales en aquellas competencias cuya gestión administrativa territorial deba prestarse con referencia a las poblaciones de una isla o un municipio. Se huye entonces de la construcción de una Administración periférica regional burocratizada, permitiendo la Ley su ejercicio por los Cabildos Insulares o los Ayuntamientos canarios mediante la institución de la delegación.
Cierra el elenco de técnicas de traslación de funciones previstos por la Ley el reconocimiento de un instrumento que, huerfano de toda regulación, ha sido muy utilizado desde el inicio de la actual etapa constitucional por las Administraciones Públicas para autolimitar sus respectivas esferas de autonomía en aras a la consecución de finalidades comunes de interés público. Se trata de los convenios o acuerdos interadministrativos permitidos y auspiciados por la Ley como técnica útil de colaboración concreta entre el Gobierno de Canarias, de un lado, y los Cabildos y Municipios, de otro.
La Ley regula el Régimen Jurídico, la organización y funcionamiento de la Administración propia de la Comunidad Autónoma inspirándose en los criterios de flexibilidad y máxima funcionalidad, renunciando a la congelación legal de una determinada estructura administrativa y permitiendo, en cambio, al responsable político de tal Administración organizar libremente la misma de forma que pueda darse inmediata satisfacción a las necesidades de intereses sociales a los que aquélla sirve.
Afronta la Ley la regulación de los Cabildos Insulares en su doble consideración de lustituciones de la Comunidad Autónoma y de Entidades locales. En el primero de estos aspectos se desarrollan las facultades conferidas a los mismos por el Estatuto de Autonomía en las materias de iniciativa legislativa ante el Parlamento Regional, representación ordinaria del Gobierno de Canarias y ejercicio de las competencias administrativas propias de la Comunidad Autónoma. Como Entidades locales se desarrollan los diversos sistemas de atribución de competencias, propias de su esfera de autonomía constitucionalmente garantizada, iniciándose ya la incorporación a tal esfera de concretas funciones administrativas hasta ahora prestadas por la Administración de la Comunidad Autónoma.
La Ley aborda también la normación de los Municipios canarios como Entidades locales mediante su remisión a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
No obstante lo anterior, se procede a un pormenorizado desarrollo de las normas de organización y funcionamiento municipal contenidas en la citada Ley Básica.
El legislador considera que la norma de desarrollo del régimen local canario debe realizarse con carácter unitario y propio, y mandata al Gobierno a la elaboración de una norma de estas características.
Las líneas básicas y razones o técnicas que sirven a la voluntad de la Ley han quedado expuestas y sólo terminan comprometiéndose con la articulación de las disposiciones que la cierran, que significan medidas de prudencia y agilidad administrativa para evitar vacíos y distorsiones que de no preverse, o impiden o puedan causar graves perjuicios a la vigencia de la norma. La Ley enmarca, por tanto, al conjunto de los mecanismos jurídicos que sirven a una voluntad integradora de distribución de competencias que hagan posible una actividad pública eficaz, desplegada tanto a partir de la entrada en vigor de la Ley como en el futuro desarrollo de cada sector de la acción administrativa, siempre sometida a los controles políticos que nuestra estructura democrática exige.
En sus disposiciones adicionales primera y segunda se describen, de forma no muy distinta a la contenida en la Ley que se modifica, la lista de competencias que se transfieren a los Cabildos Insulares y el enunciado de aquellas que, manteniéndose en la titularidad de la Administración Regional, su ejercicio pueda ser delegado por el Gobierno de Canarias en las Administraciones Insulares.
En las disposiciones transitorias se regula principalmente el procedimiento a seguir para la efectiva asunción por los Cabildos Insulares de las competencias transferidas.

References: artículo 131
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 58
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 45
 Artículo 52
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 29