Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-221-de-abril-17-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e001a16548160004e0430a0101510004&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 04:39:00+00:00

Document:
﻿ Sentencia C-221 de abril 17 de 2013
SENTENCIA C-221 DE 17 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:CONSTITUCIONAL CONVENIO CONTRA DOBLE IMPOSICIÓN Y EVASIÓN FISCAL FIRMADO CON MÉXICO. EL CONVENIO ACUERDA LAS REGLAS DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SE AJUSTAN A LOS FINES, PRINCIPIOS Y DERECHOS QUE ORIENTAN LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y SE ENCUENTRAN RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO” Y SU “PROTOCOLO”, HECHOS EN BOGOTÁ D.C., A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE (2009). Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1568 DEL 2 DE AGOSTO DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO AL PATRIMONIO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EVASIÓN TRIBUTARIA, DOBLE TRIBUTACIÓN, ACUERDO INTERNACIONAL
Sentencia C-221 de abril 17 de 2013
Ref.: Expediente LAT-393
Revisión de constitucionalidad del “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), así como de la Ley aprobatoria número 1568 del 2 de agosto de 2012.
Bogotá D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.
Diario Oficial 48.510 del 2 de agosto de 2012
Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y el ‘Protocolo del convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009)”.
ART. 11—
Autorizado. Sométase a consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales
ART. 1º—Apruébense el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio “ y el “Protocolo del convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” hechos en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7a de 1944, el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el “Protocolo del convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” hechos en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
El Ministro de las Relaciones Exteriores
«V. Consideraciones de la Corte Constitucional
De acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, corresponde a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, en este caso la Ley 1568 de 2012 por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, una de las funciones de la Corte Constitucional es decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Al respecto esta corporación ha emitido numerosos pronunciamientos acerca de las características que de este control se predican y el alcance del mismo. Tales particularidades ya fueron explicadas en jurisprudencia reciente, así:
“El control constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias presenta algunas particularidades que en reiteradas oportunidades han sido reseñadas por la jurisprudencia de esta corporación. Son ellas las siguientes: (i) es previo a la ratificación que perfecciona el tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y la sanción del Gobierno; (ii) es automático, pues debe remitirse por el Gobierno a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley aprobatoria del tratado; (iii) es integral, toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con toda la Constitución, incluidas las normas que se integran a ella; (iv) es preventivo, ya que busca garantizar no solo el principio de supremacía de la Constitución sino también el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad internacional; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del tratado y la consecuente obligación del Estado; y, finalmente, (vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional. Adicionalmente, el examen de constitucional comprende un análisis formal y material tanto del tratado como de su ley aprobatoria”(1) (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, cabe aclarar que en el ordenamiento constitucional no se encuentra regulado un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual se aplica el trámite de una ley ordinaria en el cual se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (C.N., art. 157) mediante votación nominal conforme a lo establecido en el Auto 242 del 17 de octubre de 2012 de la Corte Constitucional(2); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (C.P., art. 241-10)(3).
En el presente caso se revisa la constitucionalidad del “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, y del “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), así como de su ley aprobatoria, 1568 del 2 de agosto de 2012.
2.1.1. De acuerdo con la comunicación remitida a la Corte Constitucional por la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados - Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,(4) el convenio y su protocolo fueron suscritos en nombre del Estado colombiano por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, el día 13 de agosto de 2009, sin que fueran expedidos plenos poderes por parte del Presidente de la República, de conformidad con lo previsto en el literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, que dispone:
[...]” (resaltado fuera de texto).
2.1.2. El 22 de junio de 2010 el señor Presidente de la República de Colombia impartió la aprobación ejecutiva al “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de 2009. En dicho acto, suscrito también por el Ministro de Relaciones Exteriores, se dispuso someter el tratado a consideración del Congreso para su aprobación(5).
2.1.3. Observa la Corte que la aprobación del convenio y de su protocolo por el Presidente de la República es válida a la luz del literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados, aprobado en Colombia mediante la Ley 32 de 1985. En consecuencia, desde esta perspectiva formal no existe reparo alguno de constitucionalidad.
2.2. Remisión del tratado, del protocolo y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional
El 6 de agosto de 2012 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional fotocopia autenticada de la Ley 1568 de 2012. En consecuencia, la Sala observa que la remisión para efecto del control constitucional fue dentro del término de los seis (6) días siguientes a la sanción de la ley, ajustándose a lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política.
3. Trámite de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012.
De acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, a continuación la Corte reseña el trámite en el Congreso de la República del proyecto de Ley 233 de 2011 Senado - 263 de 2011 Cámara, procediendo al examen formal de rigor
3.1.1. Radicación del proyecto: el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y su protocolo”, hechos en Bogotá D.C., el 13 de agosto de 2009”, fue presentado ante el Senado de la República el día 31 de marzo de 2011, por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón. Fue radicado bajo el número 233 de 2011 Senado, repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado y se dispuso enviar una copia del mismo a la Imprenta Nacional con destino a su publicación(6).
3.1.2. Publicación: el texto original del convenio, del protocolo, del proyecto de ley y de su exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 148 del 1º de abril de 2011 Senado(7).
3.2. Trámite del proyecto en Comisión Segunda del Senado.
3.2.1. Ponencia para primer debate: la ponencia para primer debate en Comisión Segunda del Senado fue presentada por el congresista Juan Francisco Lozano Ramírez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 242 del 9 de mayo de 2011, Senado(8).
3.2.2. Anuncio previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se dio en la Sesión ordinaria del miércoles 11 de mayo de 2011. De acuerdo con el Acta 32 del 11 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 755 del 6 de octubre de 2011, Senado,(9) el anuncio para discusión y votación del proyecto se realizó en los siguientes términos:
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A. L. 01/2003, art. 8º).
2. Proyecto de ley 233 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2009.
Informa que se levanta la sesión y se convoca para el día martes a las 10:00 a.m., si de no haber sesión el martes, porque el senador Chavarro con el apoyo de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, han convocado a una sesión de la Comisión Accidental al tema de seguimiento a la ola invernal, tendremos sesión el día miércoles” (resaltado fuera de texto).
3.2.3. Votación y aprobación: el proyecto fue debatido y aprobado el día martes 17 de mayo de 2011, según consta en el Acta 33 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, publicada en la Gaceta 755 del 6 de octubre de 2011, Senado(10).
3.2.4. Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación del proyecto fue de 10 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, según consta en Acta 33 del 17 de mayo de 2011, publicada en Gaceta 755 de 2011, Senado,(11) en concordancia con el informe remitido a la Corte Constitucional por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado(12).
“En relación a la solicitud del honorable magistrado de certificar el quórum deliberatorio y decisorio, esta Secretaría se permite certificar que una vez revisados los archivos y de acuerdo al Acto Legislativo 1 de 2009, donde se exige votación nominal y pública, la proposición final con que termina el informe de ponencia, tal como consta en el Acta 33 de 17 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta 755 del 06 de octubre de 2011, la cual se adjunta (págs.: 22-24); fue aprobada por los honorables senadores presentes al momento de abrirse el registro, así:
Espíndola Niño Édgar Ninguno
Paredes Aguirre Miryam Alicia Ninguno
Romero Galeano Camilo Ninguno
Siguiendo con la votación y sometidos a consideración, discusión y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del articulado, el texto del articulado propuesto, el título del proyecto y si quieren que este pase a segundo debate en la plenaria del Senado, tal como consta en el Acta 33 del 17 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta 755 del 06 de octubre de 2011, la cual se anexa (págs.: 22-24); fueron aprobados por los honorables senadores presentes al momento de abrirse el registro, conforme al artículo 1º de la Ley 1431 de 2011
Constancia de esta votación queda registrada en el Acta 33 del 17 de mayo de 2011, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha, publicada en la Gaceta 755 del 06 de octubre de 2011, la cual se adjunta (págs.: 22-24)”(13).
3.2.5. Publicación del texto aprobado. El texto aprobado en primer debate en Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado(14).
3.3.1. Ponencia para segundo debate: la ponencia para segundo debate en plenaria del Senado fue presentada por el congresista Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado(15).
3.3.2. Anuncio previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se dio en la sesión del miércoles 1º de junio de 2011, de acuerdo con al Acta 58 de esa fecha, publicada en la Gaceta 483 del 6 de julio de 2011,(16) en concordancia con el informe remitido a la Corte Constitucional por el Secretario General del Senado,(17) en los siguientes términos:
Proyecto de ley 233 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2009.
Siendo las 4:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día 7 de junio de 2011” (resaltado fuera de texto).
3.3.3. Votación y aprobación: el proyecto fue efectivamente votado en la sesión del 7 de junio de 2011, según consta en el Acta 59 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 484 del 6 de julio de 2011, Senado(18).
3.3.4. Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación —por unanimidad— del proyecto fue de 98 de los 101 senadores que conformaron la plenaria de esa corporación, según consta en el Acta 59 del 7 de junio de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 484, Senado de esa fecha,(19) en concordancia con el informe remitido por el secretario general del Senado(20). En tal sentido, el secretario general del Senado de la República certificó lo siguiente:
“Que el proyecto de Ley 233 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), fue aprobado sin modificaciones en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, con un quórum de 98 de 101 senadores, en la sesión plenaria del día 7 de junio de 2011, como consta en el Acta 59 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 484 del 6 de julio de 2011 (pág. 10)”(21).
Ahora bien, a partir de la modificación que el Acto Legislativo 01 de 2009 introdujo al artículo 133 de la Constitución se exige que, con las excepciones que señale la ley, la votación de un proyecto sea nominal y pública(22). Con ello se pretende asegurar los principios de publicidad y transparencia, de manera que se conozca el sentido del voto emitido por cada uno de los congresistas, permitiendo el escrutinio de sus actuaciones por parte de la ciudadanía en general y de sus electores en particular(23).
Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, que modificó el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 en lo relativo a la votación nominal y pública, dispuso en su numeral 16 que una de las excepciones a esta clase de votación se presenta, justamente, cuando existe unanimidad en la votación,(24) como en efecto ocurrió. De esta manera, como ninguno de los senadores solicitó votación nominal ni verificación de quórum, ni se registraron votos negativos o impedimentos, este requisito se encuentra debidamente satisfecho.
3.3.5. Publicación del texto definitivo: el texto definitivo aprobado en plenaria de Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 426 del 14 de junio de 2011, Senado(25).
3.4.1. Ponencia para primer debate: la ponencia para primer debate en Comisión Segunda de Cámara de Representantes fue presentada por el congresista Augusto Posada Sánchez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 847 del 10 de noviembre de 2011, Cámara(26) (Proyecto de ley 263/2011 Cámara).
3.4.2. Anuncio previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se hizo en sesión del 29 de noviembre de 2011, de acuerdo con el Acta 13 de esa fecha, publicada en la Gaceta 100 del 23 de marzo de 2012,(27) en los siguientes términos:
(...) Cuarto punto del orden del día, anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate.
Para la sesión del día de mañana honorables representantes, estos anuncios se hacen para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
— Proyecto de ley 263 de 2011 Cámara, 233 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2009.
Agotado el orden del día se levanta la sesión y se cita para mañana miércoles a las 10 de la mañana” (resaltado fuera de texto).
3.4.3. Votación y aprobación: el proyecto fue votado en la sesión del día siguiente, correspondiente al 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta 14 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 134 del 30 de marzo de 2012, Cámara(28).
3.4.4. Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación del proyecto fue de 15 representantes, según consta en el Acta 14 del 30 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 134 del 30 de marzo de 2012, Cámara,(29) en concordancia con la certificación remitida por la secretaría general de la Comisión Segunda de la Cámara(30).
“Quórum y votación en primer debate en Cámara
b. Certifico que en sesión del día 30 de noviembre de 2011, Acta 14, publicada en Gaceta del Congreso 134 del 30 de marzo de 2012, páginas 02 a 05 (anexo Gaceta), con el quórum reglamentario se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, el proyecto de ley 263/11 Cámara, 233/11 Senado por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), en los siguientes términos con la presencia de 15 honorables representantes:
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. Augusto Posada Sánchez, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria
Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta 847 de 2011 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República, se aprobó por unanimidad en votación ordinaria”(31)
3.4.5. Publicación del texto aprobado. El texto aprobado en primer debate en Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara(32).
3.5.1. Ponencia para segundo debate: la ponencia para segundo debate en plenaria de Cámara fue presentada por el congresista Augusto Posada Sánchez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara(33).
3.5.2. Anuncio previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se dio en la sesión plenaria del 6 de junio de 2012, de acuerdo con el Acta 129 de esa fecha, publicada en la Gaceta 501 del 10 de agosto de 2012,(34) en los siguientes términos:
Señor presidente, dando cumplimiento al Acto Legislativo 01 de julio de 2003 procedemos a anunciar los siguientes proyectos:
Se levanta la sesión plenaria siendo las 9:50 p.m.” (resaltado fuera de texto).
3.5.3. Votación y aprobación: el proyecto fue efectivamente votado en la sesión del 12 de junio de 2012, según consta en el Acta 130 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 541 del 23 de agosto de 2012, Cámara(35).
3.5.4. Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación del proyecto fue de 159 de los 166 representantes que conforman esa plenaria, según consta en el Acta 130 del 12 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 541, Cámara de esa fecha,(36) en concordancia con la certificación remitida por la secretaria general de la Cámara de Representantes(37).
“Que en sesión plenaria de la honorable Cámara de Representantes del día 12 de junio de 2012, que consta en el Acta 130, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y nueve (159) honorables representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad, la ponencia para segundo debate, el articulado, título y la pregunta “Quiere la plenaria que este tratado sea Ley de la República” del proyecto de ley 263 de 2011 Cámara - 233 de 2011 Senado, hoy Ley 1568 de 2012, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009)”.
3.5.5. Publicación del texto definitivo: el texto definitivo aprobado en plenaria de Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 395 del 26 de junio de 2012, Cámara(38).
Remitido el proyecto al Presidente de la República, este impartió la sanción correspondiente el 2 de agosto de 2012, convirtiéndose en la Ley 1568 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2009”.
4. Revisión formal de la Ley 1568 de 2012. Cumplimiento de los requisitos de trámite en el Congreso de la República.
En esta etapa del control de constitucionalidad formal se evalúa el cumplimiento de las reglas en el proceso de formación de la ley aprobatoria del tratado(39). Para ello, salvo en lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República (C.P., art.154), se debe observar el trámite propio de un proyecto de ley ordinaria(40). De esta manera, el examen comprende el análisis de los siguientes aspectos del trámite legislativo:
(iv) Aprobación del proyecto en primer y segundo debate en cada cámara (C.P., art. 157), acompañada de la verificación del quórum y de las mayorías con las que fue aprobado en cada instancia, así como la verificación de la votación nominal conforme a lo establecido en el Auto 242 del 17 de octubre de 2012 de la Corte Constitucional;
El inciso final del artículo 154 de la Constitución establece que “los proyectos de ley relativos a tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”. En esta ocasión dicha exigencia se cumplió, por cuanto el proyecto de ley fue presentado en el Senado de la República, por el Gobierno (Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuellar y el Ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry Garzón) el día 31 de marzo de 2011 donde se radicó bajo el número 233 de 2011. El asunto fue luego repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa corporación, donde continuó el trámite de rigor.
4.2.1. Publicación del proyecto. El texto original del proyecto de ley junto con la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 148 del 1º de abril de 2011, Senado, antes de darle curso en la comisión respectiva.
— La ponencia para debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso 242 del 9 de mayo de 2011, Senado.
— El texto aprobado en la Comisión Segunda del Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado.
— La ponencia para debate en la plenaria del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado.
— El texto definitivo aprobado en la plenaria de Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 426 del 14 de junio de 2011, Senado.
— La ponencia para debate en la Comisión Segunda de Cámara fue publicada en la Gaceta del Congreso 847 del 10 de noviembre de 2011, Cámara.
— El texto aprobado en la Comisión Segunda de Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara.
— La ponencia para debate en la plenaria de Cámara fue publicada en la Gaceta del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara.
— El texto definitivo aprobado en la plenaria de Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 395 del 26 de junio de 2012, Cámara.
En la Comisión Segunda del Senado: (i) el anuncio fue realizado en debida forma el día miércoles 11 de mayo de 2011, al emplearse la expresión “próxima sesión”; (ii) el anuncio fue para la sesión siguiente de la comisión, es decir, en fecha diferente a la votación; (iii) la votación se llevó a cabo en la sesión inmediatamente siguiente, esto es, el martes 17 de mayo de 2011, sin que se presentara la circunstancia previamente mencionada. Todo ello puede verificarse según el consecutivo de actas (32 y 33) y en las gacetas donde fueron publicadas.
Conforme con lo anterior, la Corte considera que se cumplió con el requisito consagrado en el artículo 160 de la Constitución, según el cual “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”(41). En efecto, el anuncio previo se realizó para la “próxima sesión”, de manera que la fecha de la misma era claramente determinable para saber cuándo se realizaría la discusión y votación del proyecto anunciado.
En plenaria de Senado: (i) el anuncio fue realizado en debida forma el 1º de junio de 2011, al emplearse la expresión “próxima sesión”; (ii) el anuncio fue para la sesión siguiente, del 7 de junio de 2011, es decir, en fecha diferente a la votación; (iii) la votación se llevó a cabo el día efectivamente anunciado. Todo ello puede verificarse con el consecutivo de actas 58 y 59, que corresponden a las sesiones plenarias de los días 1º de junio de 2011 y 7 de junio de 2011, respectivamente, así como en las gacetas donde fueron publicadas.
4.3.3. Comisión Segunda de Cámara.
En Comisión Segunda de Cámara de Representantes: (i) el anuncio fue realizado en debida forma el 29 de noviembre de 2011, al emplearse la expresión “para la sesión del día de mañana”; (ii) el anuncio fue hecho para la sesión siguiente de la Cámara de Representantes, es decir, para una fecha diferente a la votación; (iii) la votación se llevó a cabo al día siguiente, esto es, el 30 de noviembre de 2011. Todo ello puede verificarse con las actas 13 y 14, que corresponden a las sesiones de los días 29 y 30 de noviembre de 2011, respectivamente, así como en las gacetas donde fueron publicadas.
El trámite reseñado conforme a las actas, gacetas y certificaciones remitidas por el Congreso de la República permite a la Corte concluir que el proyecto de ley fue aprobado en comisión y plenaria de Senado y Cámara de Representantes, atendiendo el quórum y mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el reglamento del Congreso (L. 5ª/92), así como el deber de votación nominal y pública, o su excepción en caso de votación unánime (C.P., art. 133 y L. 5º/92, art. 129, num. 16), así:
4.4.1. El quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación del proyecto en primer debate del Senado fue de 10 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, con votación nominal y pública, según consta en Acta 33 del 17 de mayo de 2011, publicada en Gaceta 755 de 2011, Senado.
4.4.2. El quórum deliberatorio y decisorio (por unanimidad) para la aprobación del proyecto en plenaria del Senado fue de 98 de los 101 senadores que la conforman, según consta en el Acta 59 del 7 de junio de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 484.
4.4.3. El quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación (por unanimidad) del proyecto en primer debate de la Cámara fue de 15 de los 19 representantes que conforman la comisión, según consta en el Acta 14 del 30 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 134 del 30 de marzo de 2012, Cámara.
4.4.4. El quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación (por unanimidad) del proyecto en plenaria de la Cámara fue de 159 de los 166 representantes que la conforman, según consta en el Acta 130 del 12 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 541, Cámara de esa fecha.
En el trámite del proyecto analizado se cumplieron las exigencias del inciso primero del artículo 160 de la Constitución, según el cual entre el primero y el segundo debate en cada cámara legislativa debe transcurrir un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación de la discusión en la otra deberán transcurrir por lo menos quince (15) días. Cabe precisar que los plazos que deben mediar entre los debates se contabilizan en días comunes y no hábiles(42)
— En el Senado el primer debate en la comisión fue el 17 de mayo de 2011 y en la plenaria el 7 de junio de 2011, de modo que transcurrieron más de 8 días.
— En la Cámara el primer debate en la comisión fue el 30 de noviembre de 2011 y en la plenaria el 12 de junio de 2012, de modo que transcurrieron más de 8 días.
— La aprobación del proyecto en la plenaria del Senado fue el 7 de junio de 2011 y la iniciación del debate en la Cámara fue el 30 de noviembre de 2011, de modo que transcurrieron más de 15 días.
Examinado el trámite surtido en el Congreso de la República al proyecto de ley 233 de 2011 Senado - 263 de 2011 Cámara, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2009” la Corte advierte que el mismo cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso (L. 5ª/92) para las aprobación de este tipo de normas. En consecuencia, desde el punto de vista formal se declarará la exequibilidad de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012.
De igual forma, es preciso hacer alusión a los diferentes interrogantes planteados por el director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, profesor Julio Roberto Piza Rodríguez respecto del control formal de este tipo de convenios, que implicarían el cumplimiento ciertos requisitos.
En cuanto a la referencia que ha hecho sobre la Decisión 40 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el interviniente considera que existe una norma con naturaleza de tratado internacional comunitario que establece unos requisitos tanto de consulta a la CAN para la celebración de los CDI como del seguimiento de un modelo de convenio,(43) que ha sido incumplida por el Estado Colombiano y por los demás Estados miembros. Además, este “requisito comunitario”, en su parecer, no ha sido respetado por el Gobierno ni por el Congreso, o no ha existido por lo menos una indagación sobre su vigencia.
Al respecto, tal y como lo reconoce el propio interviniente, esta corporación ya se ha manifestado sobre la discusión planteada indicando que la Decisión 40 no hace parte del bloque de constitucionalidad, lo que la excluye como un parámetro para ejercer el control de su competencia, porque no versa sobre derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción, conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política(44).
En este sentido, vale recordar lo mencionado en Sentencia C-864 de 2006, en la cual se estudió la exequibilidad del acuerdo de complementación económica”, suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados partes de Mercosur, y Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina y del “Primer Protocolo Adicional Régimen Solución de Controversias”. En dicha providencia esta corporación explicó que aun cuando las disposiciones del Acuerdo bajo estudio resulten contradictorias con lo previsto en los tratados que rigen la Comunidad Andina de Naciones, tal incompatibilidad no afecta la constitucionalidad del instrumento internacional y de la ley que lo aprueba, puesto que los mismos no constituyen un parámetro para ejercer el control de constitucionalidad.
Lo anterior, indica la Corte, se traduce en que los tratados de integración ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos estipulados en el artículo 93 de la Carta por cuanto la finalidad de los mismos no es el reconocimiento de derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., lo que hace carente de sustento la prevalencia del derecho comunitario sobre el ordenamiento interno(45).
Por otro lado, una intervención considera que la Corte Constitucional no ha ofrecido una justificación adecuada para no dar cumplimiento al requisito del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, relativo al marco fiscal de mediano plazo(46).
Esta norma exige que en la exposición de motivos de todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda beneficios tributarios, así como en cada una de sus ponencias para debate, se incluyan los costos fiscales y la fuente de ingreso adicional para cubrir dichos costos, explicando de esa manera el impacto fiscal de la ley que se intenta introducir y su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional. Para el efecto, requiere que durante el trámite del proyecto se rinda concepto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cual exista un pronunciamiento acerca de dichos aspectos(47).
Sobre la importancia de esta norma se ha precisado que la misma constituye una herramienta tanto para racionalizar el proceso legislativo como para promover la aplicación y el cumplimiento de las leyes, así como la implementación efectiva de las políticas públicas, sin que por esto deba convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la función legislativa o en una carga adicional que recaiga únicamente sobre el Congreso. En otras palabras, el análisis de compatibilidad de un proyecto con el marco fiscal le corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda, quien tiene la obligación de intervenir en el proceso legislativo que considere puede resultar afectando la economía del país y cuyas conclusiones corresponderá analizar y valorar al Congreso de la República(48). Esto significa, que no necesariamente resulta afectada la validez del proceso legislativo ante la omisión del concepto por parte del Ministerio de Hacienda, en tanto que no se considera necesaria su emisión en todos y cada uno de los proyectos a los que hace referencia la norma.
Ahora, en virtud de la manifestación según la cual la Corte ha basado su posición de no ser necesario el cumplimiento de la norma bajo discusión en este acápite atendiendo únicamente a una interpretación gramatical del concepto de “beneficio tributario”, sin tener en cuenta la finalidad del artículo 7º en mención, que a su juicio y tratándose de los CDI podría comprometer la estabilidad macroeconómica del Estado, la Corte retoma lo explicado en las sentencias C-577 de 2009 y C-460 de 2010, recordándole al interviniente la aclaración realizada previamente respecto de la exclusión del análisis constitucional de aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los tratados.
Quiere decir lo anterior que el asunto planteado ya fue analizado conforme a los postulados de la Carta Política y en dos decisiones que versan sobre tratados internacionales de la misma naturaleza, a saber: la revisión automática del “Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y su protocolo (Sent. C-577/2009); y la del “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo” (Sent. C-460/2010).
Lo anterior por cuanto estos instrumentos internacionales están dirigidos, por un lado, a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos Estados, el cual se presenta cuando “un mismo hecho se integra en la previsión de los dos normas distintas”, es decir cuando se presenta la doble tributación,(49) y por el otro, a combatir la evasión fiscal internacional.
5. Análisis material del convenio.
Como ha sido explicado en pronunciamientos previos, dentro del juicio de constitucionalidad que se llevará a cabo no se tendrán en cuenta aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los tratados, puesto que los mismos escapan a las funciones que le fueron otorgadas a la Corte Constitucional en virtud del artículo 241, numeral 10, de la Carta Política. La valoración de tales criterios son competencia del Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales conforme lo establecido en el artículo 192, numeral 2º; y del Congreso, según lo estipulado en el artículo 150, numeral 16, en cuanto a la decisión de aprobar o no tratados internacionales mediante ley.
5.1. Aspectos generales sobre los convenios para evitar la doble tributación y su alcance normativo. Reiteración de jurisprudencia.
La doble tributación internacional implica la aplicación de dos o más normas tributarias por parte de diferentes Estados sobre un mismo supuesto fáctico (hecho generador). Este conflicto de aplicación de la ley se suma a la presencia de los llamados “elementos de conexión”, definidos como: “relaciones existentes entre las personas, los objetos y los hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad, ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o sitio de celebración del contrato)”(50).
Lo anterior significa que la doble tributación puede presentarse en virtud del ejercicio de la jurisdicción tributaria de la fuente y de la jurisdicción tributaria de la residencia. En el primer caso, un Estado grava los ingresos percibidos por una persona natural o jurídica que no es residente de dicho Estado, pero cuyo ingreso económico proviene de la venta o uso de bienes, servicios, capital y otros recursos a personas dentro de su territorio; es decir, cuando se obtiene un beneficio o aprovechamiento de los servicios de ese Estado, por lo que este considera necesario exigir el pago de una obligación fiscal. En el segundo evento, el Estado grava los ingresos que perciben sus propios residentes, ya que además de estar presente la circunstancia del aprovechamiento de los bienes y servicios para ejercer la actividad que le genera tales beneficios, se suma el hecho de existir mayor facilidad de obtenerlos para un residente que para una persona que no lo es(51).
“La doctrina especializada ha reconocido al menos tres formas de doble imposición, a saber: (i) conflicto fuente-fuente; (ii) conflicto residencia-residencia; (iii) conflicto fuente-residencia. El conflicto fuente-fuente surge cuando dos jurisdicciones tributarias, de conformidad con sus normas fiscales internas, consideran que el ingreso se generó dentro de su territorio. De esta forma, ambos países aducen ser la fuente generadora de dicha renta. El conflicto residencia-residencia, por otro lado, ocurre cuando dos jurisdicciones tributarias afirman ser del país de la residencia del sujeto generador del ingreso gravable. Y finalmente, el conflicto fuente-residencia se suscita cuando una jurisdicción tributaria grava determinado ingreso por haber sido percibido por uno de sus sujetos residentes, mientras que otra lo somete a un impuesto porque la renta se generó dentro de sus fronteras(52)”.
Adicionalmente, se usan otras figuras tales como el método denominado “foreing tax credit”, que busca solucionar el conflicto fuente-residencia al descontar los impuestos que son pagados en el exterior, donde la jurisdicción tributaria de la residencia del contribuyente tiene la facultad de gravar los ingresos percibidos tanto en su territorio como en el de cualquier otro Estado, pero permitiendo que los impuestos pagados por la renta generada fuera del territorio sean descontados para efectos de calcular la obligación tributaria a pagar. Un segundo método es el llamado “tax sparing”, mediante el cual es permitido descontar los impuestos efectivamente pagados en el exterior así como aquellos que se hubieran pagado de no existir una exención tributaria(53).
Estas soluciones, vistas desde el derecho interno, han sido acompañadas por otro mecanismo adicional constituido para dirimir los conflictos de doble tributación, esta vez a nivel internacional, a través de los convenios para evitar la doble imposición (CDI), también conocidos como acuerdos para evitar la doble tributación (ADT), definidos como “acuerdos solemnes entre los estados contratantes que tienen una naturaleza jurídica dual, puesto que son tratados internacionales y al mismo tiempo forman parte del ordenamiento jurídico interno, cuyo objetivo principal es el de eliminar los conflictos positivos de tributación, originados por el ejercicio de la soberanía fiscal de los Estados”(54).
Los objetivos principales de este tipo de acuerdos fueron definidos por esta corporación en reciente jurisprudencia, así(55):
Control a la evasión fiscal: mediante las disposiciones incluidas en el acuerdo se busca incluir a través de diversas reglas, fórmulas para prevenir la evasión fiscal y de esta forma evitar que los contribuyentes que realicen actividades que les reportan un beneficio económico en más de un país trasladen a la jurisdicción de menor imposición rentas carentes de cualquier factor de conexión con aquella(56).
En Colombia se ha hecho uso de esta clase de instrumentos internacionales en varias oportunidades, a saber: el Convenio de Doble Imposición entre Colombia y España, aprobado por la Ley 1082 de 2006 (Sent. C-383/2008); el Convenio de Doble Imposición entre Colombia y Chile, aprobado por la Ley 1261 de 2008 (Sent, C-577/2009); el Convenio de Doble Imposición entre Colombia y Suiza, aprobado por la Ley 1344 de 2009 (Sent. C-460/2010); y el Convenio de Doble Imposición entre Colombia y Canadá, aprobado por la Ley 1459 de 2011 (Sent. C-295/2012).
En cuanto a la aplicación de este tipo de tratados internacionales dentro de la legislación interna, esta Corte ha explicado que la misma es de carácter preferente, no porque se trate de una norma de mayor jerarquía, sino en virtud del criterio de especialidad, esto es, únicamente respecto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, siendo aplicable para los demás casos las disposiciones nacionales pertinentes(57).
5.3. Descripción general del convenio y de su protocolo.
Los artículos 1º y 2º definen el ámbito de aplicación del convenio. El primero regula las personas comprendidas en el mismo, estableciendo como tales a los residentes de uno o de ambos Estados contratantes. El segundo hace referencia a los impuestos a los cuales les será aplicado el convenio, que son el patrimonio y la renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes cualquiera que sea el sistema de exacción, así como todos aquellos de naturaleza idéntica o análoga y los que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo.
Más adelante se encuentran las definiciones generales del convenio: los términos “México”, “Colombia”, “Estado contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa”, “empresa de un Estado contratante”, “tráfico internacional”, “actividad empresarial”, “autoridad competente” y “nacional” (art. 3º); así como el significado de las expresiones “residente” (art. 4º) y “establecimiento permanente” (art. 5º).
En los artículos 6º a 21 se encuentran estipuladas las rentas que serán sometidas a imposición en virtud del Convenio Internacional: rentas de bienes inmuebles (art. 6º); beneficios empresariales (art. 7º); transporte marítimo y aéreo (art. 8º); empresas asociadas (art. 9º); dividendos (art. 10); intereses (art. 11); regalías (art. 12): ganancias de capital (art. 13); rentas de un empleo (art. 14); participaciones de directores (art. 15); artistas y deportistas (art. 16); pensiones (art. 17); remuneraciones por funciones públicas (art. 18); estudiantes (art. 19) y otras rentas (art. 20).
El artículo 21 describe los supuestos bajo los cuales se realizará la imposición sobre el patrimonio, constituido por bienes muebles, inmuebles, explotación de buques o aeronaves y los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado contratante que solo puede someterse a imposición de ese Estado.
Siguiendo la estructura del convenio, en los artículos 23 a 28 se encuentran las disposiciones especiales referentes a la no discriminación (art. 23); el procedimiento de acuerdo mutuo (art. 24); el intercambio de información (art. 25); las normas anti abuso (art. 26); la asistencia mutua en la recaudación (art. 27); y la regulación de los privilegios fiscales de miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares (art. 28).
Por su parte, mediante el Protocolo del Convenio entre Colombia y México se hacen precisiones respecto del alcance de los artículos 7º, 10, 11, 12 y 22, referentes a: beneficios empresariales, dividendos, intereses, regalías y métodos para evitar la doble imposición. Así mismo incluye una regla general de interpretación del convenio, todas ellas que serán explicadas más adelante.
5.4. Análisis constitucional del contenido del convenio y su protocolo.
5.4.1. Artículos 1º y 2º.
Definen el ámbito de aplicación del convenio respecto de las personas y los impuestos comprendidos en el mismo. Se encuentran acordes con el principio de reciprocidad consagrado en el artículo 9º de la Constitución puesto que, como se desprende de la lectura de ambas disposiciones, el contenido del convenio será aplicado a los residentes de ambos Estados y al “impuesto sobre la renta federal” y el “impuesto empresarial a tasa única”, para el caso de México, así como del “impuesto sobre la renta y complementarios” y el “impuesto de orden nacional sobre el patrimonio”, para el caso de Colombia, ampliando la aplicación a aquellos de naturaleza idéntica o análoga y para los que surjan después de la fecha de la firma del tratado. Además, incluye la comunicación mutua entre las autoridades de ambos Estados sobre las modificaciones sustanciales en cada una de sus legislaciones.
5.4.2. Artículo 3º.
5.4.3. Artículo 4º.
Este artículo define el alcance la de expresión “residente de un Estado contratante” y las reglas mediante las cuales se soluciona la situación de aquellas personas naturales o físicas que sean residentes en ambos Estados, ajustándose a lo estipulado en el artículo 363 de la Constitución. Al respecto debe decirse que la residencia constituye el factor mediante el cual se determinará la jurisdicción tributaria facultada para exigir el pago de la obligación, independientemente del lugar del cual provienen, esto es, aun cuando la fuente de la misma se encuentre en el exterior(58).
5.4.4. Artículo 5º.
Define el “establecimiento permanente” como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad, e indica los supuestos y actividades que se incluyen bajo dicho término y los que no. La doctrina internacional ha establecido que en virtud de dicha figura “el Estado de la fuente está excepcionalmente autorizado a tributar los resultados de las actividades que se ejercen en su territorio con cierta intensidad, materializada en la instalación de un establecimiento estable, de suerte tal que las actividades meramente accidentales, ocasionales o que no presupongan una base fija, escapan a su competencia tributaria”(59).
En este punto, es necesario hacer mención a otro de los interrogantes planteados por la Universidad Externado de Colombia para el análisis de la exequibilidad del Convenio que se estudia, relativo a si los CDI necesitan una regulación legal o reglamentaria. En cuanto al “establecimiento permanente” la universidad considera que implica un problema de inconstitucionalidad definir si esta figura crea o no un sujeto pasivo y si los aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo del hecho generador del tributo están plenamente determinados en la ley interna.
Sobre el particular, en la Sentencia C-295 de 2012 la Corte expresó que si bien la legislación interna no ha regulado el asunto, para interpretarlo se ha acudido al artículo 471 del Código de Comercio, del cual se infiere que una sociedad extranjera sin domicilio en Colombia pero que realiza sus actividades en el país debe constituir una sucursal, la cual podrá ser gravada respecto de las rentas de fuente nacional que aquellas obtengan. Adicionalmente menciona las interpretaciones jurisprudenciales que se han hecho al respecto en las sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009 y C-460 de 2010.
5.4.5. Artículo 6º.
Esta disposición establece en su numeral 1º: “Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas) situados en el otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado”. Esto significa que el Estado de la fuente, es decir, el lugar en el que se encuentran ubicados los bienes, es el facultado para gravar las rentas que de ello se deriven. Lo anterior no plantea reparos constitucionales por parte de esta corporación.
5.4.6. Artículo 7º.
Esta disposición es aclarada por el protocolo, en el entendido que “también pueden atribuirse los beneficios procedentes de la venta de bienes o mercancías en el Estado contratante donde se encuentre el establecimiento permanente que sean del mismo o similar tipo a aquellos bienes o mercancías vendidas a través de ese establecimiento”. Así mismo, indica en qué casos no serán deducibles los gastos y aclara que la procedencia de deducibilidad depende del cumplimiento de los requisitos, condiciones y limitaciones a que estén sujetos de acuerdo a la legislación interna del Estado donde se ubique. Nada de ello presenta problemas de orden constitucional.
5.4.7. Artículo 8º.
5.4.8. Artículo 9º..
Regula la figura de las empresas asociadas, la cual se presenta cuando existe participación directa o indirecta de la empresa residente de un Estado contratante en la dirección, el control o el capital de una empresa residente del otro Estado contratante, lo que significa que pueden considerarse como entidades asociadas las sociedades matrices, filiales y las sociedades sometidas a control común(60).
Adicionalmente, la Corte señaló que la norma pretende que se respete el principio de la libre concurrencia en la aplicación de la normativa interna, porque permite a los Estados presentar sus resultados contables, de forma que se incluyan los beneficios o rentas de la empresa declarados en el importe necesario para reflejar los beneficios o rentas que hubieran obtenido partes de forma independiente para que puedan someterse a imposición.
5.4.9. Artículos 10 y 11.
El primero permite a la jurisdicción tributaria de la fuente someter a imposición los dividendos pagados por sociedades que residen en un Estado a los socios residentes en el otro Estado contratante, aunque sometido al cumplimiento de ciertos requisitos. Al respecto, el protocolo aclara que para el caso colombiano “cuando la sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto sobre la renta sobre utilidades que se repartan a los socios o accionistas por tener una exención o por exceder el límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el parágrafo 1º del artículo 245 del estatuto tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse a imposición en Colombia a la tarifa del 33% si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista residente en México”.
El segundo dispone que “los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado”. Es decir, permite al Estado del que es residente el beneficiario de los intereses someterlos a imposición, únicamente bajo las condiciones que en la disposición se mencionan. Una de estas condiciones se encuentra contenida en el párrafo 3º, literal a), del artículo 11, según el cual se permite tal imposición cuando “el beneficiario efectivo es uno de los Estados contratantes, una subdivisión política o una entidad local o territorial del mismo, o el banco central de un Estado contratante”(61).
5.4.10. Artículos 12 a 20.
Estas disposiciones indican la manera en la que se llevará a cabo la imposición dependiendo de la actividad sobre la cual se va a gravar. Para el caso de las regalías (art. 12) se prevé que las que provengan de un Estado contratante y sean pagadas a un residente del otro Estado puedan ser sometidas a imposición en este último, así como también permite que las regalías sean sometidas a imposición del Estado de la procedencia dependiendo de las condiciones fijadas en el artículo.
Por su parte, el artículo 13 establece que “las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 6º, situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este último Estado”.
Estas y las demás disposiciones se puede decir que se encuentran ajustadas a la Carta Política, debido a que facilitan el ejercicio de diferentes actividades laborales y culturales realizadas en ambos Estados con el fin de impedir que las mismas sean sometidas a una doble imposición,(62) esto es, para el caso de las rentas de un empleo, las pensiones, los sueldos, salarios u otras remuneraciones por razón del servicio prestado al Estado, las participaciones de directores de órganos consejeros o de un órgano similar, las actividades de artistas y deportistas, los estudiantes, entre otras rentas.
5.4.11. Artículo 21.
5.4.12. Artículo 22.
“Los mencionados métodos y reglas se inscriben en la evolución que ha conocido la práctica de la fiscalidad internacional, encaminada a eliminar, o al menos atenuar, los efectos de la doble imposición tributaria, sea por medio de la suscripción de un ADT, como en el presente caso, o a falta de aquel, considerando la necesidad de colaboración y cooperación internacionales. En tal sentido, se han ideado sistemas tales como (i) exención de las rentas obtenidas en el exterior (exemption method); (ii) crédito por impuestos exonerados (tax credit); (iii) crédito por impuestos exonerados (tax sparing credit); (iv) crédito por impuesto nacional (matching credit); (v) crédito por inversiones en el exterior (investment tax credit); (vi) reducción del impuesto (tax reduction); y (vii) sistema de aplazamiento (tax deferral)84”
5.4.13. Artículos 23 y 26.
El primero contiene el principio de no discriminación en materia tributaria, según el cual: “Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exija o que sea más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia”. En otras palabras, las autoridades competentes en uno y otro Estado otorgarán a los nacionales del otro Estado que deban tributar ante ellas un tratamiento semejante al que darían a sus propios nacionales(63).
5.4.14. Artículo 24.
5.4.15. Artículo 25.
5.4.16. Artículo 27.
Igualmente, explica que la expresión crédito fiscal hace referencia a “un monto adeudado respecto de impuestos de cualquier naturaleza y descripción, exigido por cualquiera de los Estados contratantes (...) en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al presente convenio o cualquier otro instrumento del que sean partes los Estados contratantes, así como los intereses, penas administrativas y costos por recaudación y por medidas cautelares relacionadas con dicho monto”.
5.4.17. Artículo 28.
Dispone: “Las disposiciones de este convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales”. Vale decir, que (sic).
5.4.18. Artículos 29 y 30.
Regulan la entrada en vigor del convenio y su denuncia, respectivamente. Se ajustan a la Constitución por tratarse de previsiones conformes con la práctica de los Estados en materia de instrumentos internacionales(64).
5.4.19. El protocolo.
Sin embargo, es necesario hacer una mención especial al numeral 4º del protocolo que contiene lo que podría determinarse como la “cláusula de la nación más favorecida”. En virtud de esta adición, en el caso de que Colombia acuerde con un tercer Estado una tasa impositiva que resulte inferior a la establecida en el artículo 12 o dichos pagos son considerados con una naturaleza diferente, esa nueva tasa se aplicará automáticamente al convenio como si constara en el mismo.
Sobre el particular la Corte ha señalado que no representa un vicio de inconstitucionalidad y por el contrario se adecúa al principio de reciprocidad, en la medida en que el convenio y el protocolo no pueden valorarse a partir de una lectura independiente de cada una de sus disposiciones. Este tipo de cláusulas requiere de una interpretación conjunta e integral que armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos alcanzados(65).
6. Constitucionalidad de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012.
La Ley 1568 de 2012 aprobatoria del convenio bajo estudio se compone de tres artículos. El primero es la disposición mediante la cual se aprueba el convenio y su protocolo; el segundo dispone que en virtud del artículo 1º de la Ley 7ª de 1994, sobre la vigencia en Colombia de los tratados internacionales y su publicación, el convenio y su protocolo “obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo”(66); y el tercero señala que la ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación.
Una vez conocido el contenido de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012, mediante la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), la Corte no encuentra reparo alguno de constitucionalidad.
La Corte concluye que el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), así como la Ley Aprobatoria 1568 del 2 de agosto de 2012, se ajustan a los fines, principios y derechos que orientan las relaciones internacionales y que se encuentran reconocidos en la Constitución Política, razón por la cual se declarará su exequibilidad.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009),
(1) Corte Constitucional. Sentencia C-460 de 2010. En aquella oportunidad la Corte declaró exequible el Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”. Cfr., entre muchas otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-378 de 1996, C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-400 de 1998, C-924 de 2000, C-206 de 2005, C-176 de 2006, C-958 de 2007, C-927 de 2007, C-859 de 2007, C-036 de 2008, C-464 de 2008, C-387 de 2008, C-383 de 2008, C-189 de 2008, C-121 de 2008 y C-1056 de 2008.
(2) Corte Constitucional. Auto 242 del 17 de octubre de 2012. Relativo a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 095 de 2011 Senado y 024 de 2010 Cámara “Por medio del cual se adoptan medidas de carácter fiscal para propietarios o poseedores de vehículos automotores hurtados”.
(3) Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2009.
(4) Cuaderno principal, folios 40 y 41.
(5) Cuaderno principal, Folios 41 y 42.
(6) Página 21, Gaceta 148. Ver cuaderno 2. Comisión Segunda del Senado de la República.
(7) Páginas 1-21, Gaceta 148 Senado. Ver cuaderno 2. Comisión Segunda del Senado de la República.
(8) Páginas 1-22. Ver cuaderno 2, Comisión Segunda del Senado de la República.
(9) Páginas 3-13. Ver cuaderno 2, Comisión Segunda del Senado de la República.
(10) Páginas 13, 15, 22-24. Ver cuaderno 2, Comisión Segunda del Senado de la República.
(11) Páginas 22-24. Ver cuaderno 2, Comisión Segunda del Senado de la República.
(12) Cuaderno 2. Oficio del 6 de septiembre de 2012, folios 1-3.
(13) Cuaderno 2. Oficio OPC-205 del 5 de septiembre de 2012. Secretaría general del Congreso de la República.
(14) Página 31. Ver cuaderno 2, plenaria de Senado de la República.
(15) Página 1-30. Ver cuaderno 2, plenaria de Senado de la República.
(16) Página 5. Ver cuaderno principal, plenaria de Senado de la República.
(17) Cuaderno principal. Oficio del 18 de septiembre de 2012, folios 43 y 44.
(18) Página 10. Ver cuaderno principal, plenaria de Senado de la República.
(19) Páginas 10. Ver cuaderno principal, plenaria de Senado de la República.
(20) Cuaderno principal. Oficio del 18 de septiembre de 2012, folio 45
(21) Cuaderno principal, folio 45.
(22) “ART. 133.—Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
(23) Cfr. Corte Constitucional, Auto 242 de 2012.
(24) “Dice la norma: “(...) 16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias”.
(25) Páginas 21-22. Ver Cuaderno principal, plenaria de Senado de la República.
(26) Páginas 3-32. Ver cuaderno 3.
(27) Páginas 23 y 24. Ver cuaderno 3.
(28) Páginas 2-5. Ver cuaderno 3.
(29) Páginas 2-5. Ver cuaderno 3.
(30) Cuaderno 3, folios 1-3.
(31) Cuaderno 3. Oficio No OPC – 206/12. Secretaria general Comisión Segunda Cámara de Representantes.
(32) Página 30. Ver cuaderno 3.
(33) Páginas 1 a 29. Ver cuaderno 3, plenaria Cámara de Representantes.
(34) Páginas 31 y 32. Ver cuaderno 4, plenaria Cámara de Representantes.
(35) Páginas 18-19. Ver cuaderno 4, plenaria de Cámara de Representantes.
(36) Páginas 18-19. Ver cuaderno 4, plenaria de Cámara de Representantes.
(37) Cuaderno 4, folio 3.
(38) Página 21. Ver cuaderno 4, plenaria de Cámara de Representantes.
(39) El artículo 150-14 de la Constitución señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
(40) La Ley Orgánica del Congreso, Ley 5ª de 1992, dispone en su artículo 204: “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente reglamento”.
(41) Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 8º.
(42) Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras.
(43) El artículo 5º de la Decisión 40 de la CAN versa lo siguiente: “Los convenios para evitar la doble tributación que suscriban los países miembros con otros Estados ajenos a la subregión, se guiarán por el convenio tipo a que se refiere el artículo 2º de la presente decisión. Cada País miembro celebrará consultas con los demás, en el seno del consejo de política fiscal, antes de suscribir dichos convenios”.
(44) Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2010, al respecto expuso la Sala lo siguiente: “en cuanto a la referencia que se ha hecho a la Decisión 40 de la Comunidad Andina de Naciones, la Corte advierte que la misma no hace parte del bloque de constitucionalidad, de modo que no constituye parámetro para el control asignado a esta corporación, por cuanto no versa sobre derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción. Cfr. sentencias C-225 de 1995, C-358 de 1997, C-191 de 1998, C-582 de 1999, C-177 de 2001, C-774 de 2001, T-1319 de 2001, C-200 de 2002, C-802 de 2002, C-067 de 2003, C-148 de 2005, C-401 de 2005, C-028 de 2006, C-047 de 2006, C-291 de 2007, C-425 de 2008 y C-488 de 2009, entre muchas otras.
(45) Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2006. Cfr. sentencias C-256 de 1998 y C-327 de 1997.
(46) Artículo 7º, Ley 819 de 2003: “(...) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso (...)”.
(47) Corte Constitucional. Sentencia C-373 de 2009. Cfr. Sentencias C-874 de 2005, C-502 de 2007, C-315 de 2008 y C-731 de 2008.
(49) En la Sentencia C-577 de 2009 la Corte citó el modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio”, elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, según el cual la doble imposición jurídica internacional es el resultado de la aplicación de impuesto similares, en dos (o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma materia imponible y por el mismo periodo de tiempo.
(50) Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2009.
(51) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-460 de 2010.
(52) Roy Rohatgi, Principios básicos de tributación internacional. Traducción de Juan Manuel Idrovo. (Bogotá: Legis, 2008), p. 32.
(53) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-460 de 2010.
(54) Instituto Colombiano de Derecho Tributario. ”Estudios de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición.” Legis Editores S.A. Pág. 9. Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
(55) Corte Constitucional Sentencia C-460 de 2010.
(56) Cfr., Corte Constitucional, sentencias C-388 de 2008 y C-577 de 2009.
(57) Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2010. La sentencia explicó que el convenio y su protocolo deben guardar total armonía con las disposiciones de la Carta Política, esto es, sin contravenir los preceptos que en ella se encuentran incorporados, conforme a lo consagrado en el artículo 4 superior. Además, su cumplimiento debe ligarse con el principio de pacta sun servanda, según el cual los compromisos internaciones a adquiridos por los Estados deben cumplirse de buena fe.
(58) Cfr. Sentencias C-460 de 2010 y C-295 de 2012.
(59) Xavier; Alberto.”Derecho tributario internacional”. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires, Argentina. 2005. Pág. 329. Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
(60) Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
(61) El Protocolo hace una aclaración en este punto, en el sentido de que para el caso de Colombia este apartado se refiere a la Nación, entidades territoriales y en general a una autoridad de cualquier orden.
(62) Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
(63) Cfr. Sentencia C-383 de 2008.
(64) Cfr. Sentencia C-577 de 2009.
(65) Cfr. sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009, C-460 de 2010 y C-295 de 2012. En esta última oportunidad la Corte sostuvo: “En lo que dice relación al Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y la República de Canadá, la Corte encuentra reparo de carácter constitucional. // Si bien en las intervenciones se planteó objeción en relación con la letra g) del artículo 1º del protocolo, que establece la cláusula de “nación más favorecida” de carácter unilateral en cabeza de Colombia, en virtud de la cual en el evento en que el Estado colombiano suscriba un acuerdo de tipo impositivo con un tercer Estado que contemple mejores condiciones, estas se entenderán extendidas automáticamente a la República del Canadá, país que por virtud de la misma cláusula no se obliga a garantizar la igualdad de trato. Al respecto, la Corte considera que esa circunstancia no representa un vicio de inconstitucionalidad por sí solo a la luz del principio de reciprocidad, porque tal como se señaló en la Sentencia C-460 de 2010, el convenio y su protocolo no pueden valorarse a partir de una lectura independiente de cada uno de sus artículos, sino que se exige una interpretación conjunta e integral del acuerdo, que en este caso armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos alcanzados. Sin embargo, se reitera el llamado al Gobierno y al Congreso de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúen la pertinencia de este tipo de cláusulas en los tratados internacionales y particularmente en los acuerdos para evitar la doble tributación”.
(66) En concordancia norma con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, según la cual: “(...) Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas (...)”, es decir, el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas y perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control constitucional respectivo.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 154
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 241
 artículo 192
 artículo 150
 artículo 21
 artículo 9
 Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 363
 Artículo 5
 artículo 471
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 49
 artículo 245
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 6
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 28
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 204
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 2
 Artículo 7
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 241