Source: http://acariciando.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-31 00:24:57+00:00

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JCE suspende genocidio contra dominicohaitianos Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Mediante un oficio de la directora del Registro Civil la Junta Central Electoral (JCE) dispuso
la entrega de copias de sus actas de nacimiento a todos los descendientes de extranjeros que se encuentren en investigación hasta que se determine si procede pedir a un tribunal que disponga su nulidad.
De esa forma se da satisfacción al movimiento nacional e internacional que viene denunciando un genocidio civil contra ciudadanos descendientes
de haitianos a quienes se les venía negando la expedición de copias de actas de nacimiento, lo que fue debatido esta semana en Washington, D. C. en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El oficio 32-2011, suscrito por la licenciada Dolores Fernández Sánchez,
Directorta Nacional del Registro del Estado Civil, modifica la polémica
Resolución 12-07 (en adelante R12-07) del Pleno de la JCE emitida el 10
de diciembre del 2007 que dispuso “que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición”.
El único párrafo del oficio señala: “De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de la Junta Central Electoral de fecha 05 de octubre de los corrientes, se les instruye en el sentido de que las actas de nacimiento correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros que se encuentren en estado de investigación, sean expedidas
libremente hasta tanto el Pleno de la Junta Central Electoral determine
si las mismas son válidas o no, conforme a la investigación correspondiente, y proceda a suspenderla provisionalmente, a demandar su
nulidad ante un Tribunal o a reconocer su regularidad”.
La decisión trascendió el miércoles y ya al día siguiente decenas de afectados habían concurrido a las oficialías del Estado Civil en Monte Plata para reclamar actas que se les había negado desde el 2007, primero
por la Circular 17-07 de la Cámara Administrativa de la JCE, validada después por la R12-07 del pleno del organismo entonces presidido por el
doctor Julio César Castaños, aunque con la oposición de los jueces Aura
Celeste Fernández y Eddy Olivares.
Pero extrañamente la decisión atribuida a la Comisión de Oficialías de la JCE y firmada por una jefa departamental, modifica la resolución de la máxima instancia de la institución. No se sabe si tuvo algún vínculo,
pero fue adoptada el 5 de octubre cuando llegó al país la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien advirtió de “preocupaciones muy serias” sobre el despojo de la ciudadanía a descendientes de haitianos que la habían obtenido por haber nacido en el
país, e instó a que se adoptara una resolución que reconozca sus derechos.
Los han querido confundir con casos de declaraciones tardías de mafiosos
y de beisbolistas que buscaban aparecer más jóvenes. Pero la Circular 17-07 que inició el genocidio civil especifica en su segundo párrafo que
“fueron expedidas en tiempo pasado Acta de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”. Luego prohibió a los oficiales del Estado civil expedir actas de nacimientos con “cualquier irregularidad”, debiendo proceder a enviar el expediente a la JCE para investigación.
La decisión de expedir libremente las actas de nacimiento está llamado a
eliminar un factor que generaría múltiples desaprobaciones y condenas internacionales al país, y es un triunfo del “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación”, que defiende los derechos de los desnaturalizados.
Ese movimiento esta integrado por una docena de entidades religiosas y sociales como el Centro Bono, Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes
(SJRM), el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica, Visión Mundial, Catholic Relief Services, Centro de Estudios Constitucionales de la UASD y la Coalición de ONGs por la Infancia, así como por decenas de núcleos de afectados. Y han movilizado la solidaridad de una docena de instituciones internacionales.
Sostienen que los afectados no son solo los 457 documentados ante la CIDH, sino miles y potencialmente decenas de miles que todavía no han requerido actas de nacimiento o no lo harán por estar en edades y circunstancias de pobreza en las que no la necesitan al tener la cédula personal de identidad. Un comunicado publicado en HOY del viernes por el
movimiento citado indica que “un estudio de campo realizado por el SJRM
revela que en Monte Plata, San Pedro de Macorís y Guaymate unos 1600 dominicanos-as han ido a las oficialías a buscar una copia de sus actas de nacimiento y la negación ha estado amparada bajo alegatos discriminatorios tales como tu apellido es de haitiano, eres negro, etc.”
Para muchos de los afectados en los cuatro años en que se aplicó la restricción los daños son irreparables, al haber perdido oportunidades de realización personal, porque el acta de nacimiento es requerida para tener acceso a la cédula y el pasaporte, a estudios de todos los niveles, a empleos formales, al seguro médico y los fondos de pensiones,
a casarse o divorciarse, al crédito bancario, a vender y comprar inmuebles. De ahí que se hablara de muertos civiles y de genocidio civil.
Los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares se opusieron firmemente tanto a la Circular 17 como a la R12-07 que originaron la exclusión de los dominico-haitianos, considerando que la JCE invadía el ámbito de la justicia, que es la que puede dictaminar. En
una instancia de impugnación, la doctora Fernández sostuvo que “No existe ninguna disposición expresa de la ley 659 sobre actos del Estado Civil que le confiera a la JCE la facultad de ordenar la retención de actos del Estado Civil. Por el contrario ese papel se le confiere de manera exclusiva a los jueces del Poder Judicial.” Citó el Artículo 31 de esa ley el cual dispone que cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del Estado Civil, las cuales “se tendrán como fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas
actas”.
Abogados y las entidades defensoras de los derechos humanos han denunciado que la acción de la JCE ha violado principios constitucionales básicos, como el del Arículo 18 de la nueva Constitución que proclamó dominicanos a todos los que disfruten de la nacionalidad antes de su entrada en vigencia, el ordinal 13 del Artículo
48 el cual indica que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o comisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”.
Y el Artículo 110 y el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la irretroactividad de la ley. También han citado violaciones a la
Ley 659-44 sobre Actos del Estado Civil, así como a los códigos Civil y
de Procedimiento Civil.-
La decisión de la JCE es correcta porque suspende la arbitrariedad de un
acto administrativo que suspende un derecho fundamental y reivindica la
jurisdicción de los tribunales donde seis afectados que recurrieron encontraron amparo, dos de ellos incluso en la Suprema Corte. Puede ser una forma subrepticia de rectificar el genocidio civil.-
Justicia Vecinos acaban red prostituía a menores
Proceso. Ayer fue la audiencia contra Amarfis Tavares. (Ricardo Flete) COMPARTIR ESTA NOTICIA
Santiago. La red de proxenetas desmantelada
tras una investigación que iniciaron en el año 2008 los moradores de los barrios La Piña y Santa Lucía, del sector Cienfuegos, había prostituido al menos a 100 niñas menores de 16 años que luego eran explotadas sexualmente en centros de diversión.Amarfis Altagracia Tavares, a quien la magistrada Yisel Naranjo, del tribunal de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción le dictó ayer prisión preventiva, presuntamente operaba una red de 50 adolescentes. Sara
Cepín, del Núcleo de Apoyo a la Mujer, entidad que presta ayuda legal a
las afectadas, declaró a El Caribe que otros dos hombres identificados como Danilo y El Bobo manejaban otro grupo de 50 menores explotadas.
Tras salir de la audiencia Amarfis amenazó de manera directa al pastor Pablo Ureña, al advertirle que pagaría por apoyar a las víctimas en su contra. En principio eran cuatro las damas acusadoras, dos de ellas explotadas cuando apenas contaban con 15 años, pero la versión fue cambiada, supuestamente por presiones de la banda que estaba ofreciendo cien mil pesos.
Gracias a que una joven identificada como Karina Matos, otra de las abusadas sexualmente, se armó de valor, el caso no volvió a quedar en el
En el 2008, la imputada fue sometida a la Justicia por intentar prostituir a 50 menores. Aunque el caso fue conocido por Manuel Güichardo, quien fungió como juez interino, Taveras permanecía prófuga. Al
departamento contra Violencia de Género acudieron familiares de las acusadas, así como madres para presentar la denuncia formal. Entre las querellantes figura María Magdalena, la madre de una menor que presuntamente fue sonsacada con planes de llevarla a uno de los burdeles. Basilo Peralta, de la junta de vecinos, recuerda que desde el 2008 Amarfis fue denunciada por dos jóvenes que en ese entonces eran menores de edad.
“Al principio una se siente mal al ver que está sola, desprotegida. Sin embargo, después uno termina como si le gustara esa vida; bueno, uno
no sabe hacer otra cosa para sobrevivir”, indica una de las menores contratadas y que posteriormente era explotada sexualmente. Algunas fueron prácticamente violadas en los lugares donde eran llevadas a laborar. Otras narran la tragedia de vivir en un lugar donde solo les brindan una comida, sin pagarles.
Como ellas, por andar defendiendo gente desvalida, tres mujeres africanas acaban de recibir el Premio Nóbel de la Paz.
En abril del 2007, instituciones de mujeres y de otra naturaleza, así como personas llamamos a que cese la hostilidad contra Sonia Pierre cuando se cuestionaba su nacionalidad porque ella es activa defendiendo su grupo social cultural étnico.
Y son querida gente que tenían sus documentos antes de ese 2005 que es cuando surge una interpretación de la Suprema Corte de Justicia, contradiciendo la Constitución de ese entonces que no definía el jus soli como el “tránsito” que se hizo equivalente a una averiguadera sobre qué tipo de documentos tenían los padres y madres cuando ellas y ellos nacieron acá. Y la Constitución no decía nada de eso.
Con la resolución del 2005 de la SCJ se vulneró la Constitución de ese entonces para adecuarla a la ley de Migración 285-04, que era cuestionada por ser inconstitucional.
Y parece que es un poco difícil lograr que amemos más nuestro país para que el pequeño grupo que dirige ideológicamente a la JCE, no nos ponga a andar exhibiendo esas incoherencias y persecuciones. Y entonces alguna gente se pone “brava” cuando el mundo nos cuestiona, y cuando Sonia Pierre clama contra estas injusticias.
Las acciones violatorias a los derechos humanos, a la hermandad civilizatoria y a la coherencia de un Estado de Derechos van a ser apeladas eternamente, el mundo ama la libertad y la felicidad de todos los humanos. ¡Viva el amor hacia las y los dominicanos de origen haitiano!
Bibilografía Bolívar Díaz. Junio 2008. Genocidio legal retroactivo.
Pendiente cargo de homicidio con posibilidad de absolverla Jurado de EEUU retira cargos de asesinato a dominicana mató marido abusador
La dominicana Dermy Ureña (izquierda) quien mató a puñaladas a su marido abusador William Bailey (derecha), fue descargada de la acusación de asesinato por un Gran Jurado en El Bronx. (+) Click para ampliar
El asesinato lo cometió el pasado 6 de agosto en El Bronx y luego de revisar las circunstancias atenuantes y agravantes, el Gran Jurado le retiró el cargo por asesinato del que fue acusada por la policía, aunque todavía queda pendiente el de homicidio pero con la posibilidad de que también le sea cancelado.
De ser así, ella quedará libre en los próximos días y su destino está ahora en manos del juez del caso que revisará si la decisión del jurado fue correcta.
Ella tiene 42 años de edad y la víctima tenía 33. El la acosaba a tal extremo que incluso en presencia de una hija de 9 años de la mujer, la amenazó en diferentes oportunidades con asesinarla y desmembrar su cuerpo.
La dominicana no esperó que el hombre ejecutara su advertencia y adelantándose a éste, lo acuchilló varias veces para salvar su vida. “Me decía que me iba a destruir la cara para que nadie más me mirara”, relató ella en una entrevista que publica hoy martes el tabloide NY Post.
Dijo que conoció al ex prisionero en el 2008 y en poco tiempo, su marido se convirtió en parte de su familia. Ureña, quien hace algunos años dirigió la Oficina de Alguaciles de Nueva York, narró que el hombre no tenía ninguna familia, lo que la conmovió aún más para mudarlo a su apartamento.
La promesa, era falsa.
Bailey prosiguió luego con la misma conducta de violencia contra su compañera y dos semanas después de salir de la cárcel, repitió los golpes.
El 14 de julio, el hombre se armó de un cuchillo con la intención de asesinar a la dominicana, pero ella logró quitarle el arma y acuchillarlo.
“Pensé que finalmente lo había asustado para siempre y que me dejaría tranquila”, sostiene. Pero en un momento de descuido, el sujeto retomó el cuchillo, tiró a la mujer sobre la cama y le puso la filosa hoja en la mejilla, amenazándola con desfigurarle el rostro. “Me retiró el cuchillo de la cara y me advirtió que lo haría más tarde, entonces, comenzó a estrangularme hasta que sentí que estaba perdiendo la visión”.
Precisó que cuando sintió que estaba por morir, pudo agarrar el cuchillo y apuñalar al abusador dos veces en la espalda y una en el pecho. Sobrevivió a las estocadas.
A pesar de que ella le había puesto una orden de protección (alejamiento), Bailey no fue arrestado ni acusado por la policía y a las tres semanas de ser apuñalado, estaba de vuelta y la golpeó con una llave de arreglar bicicletas.
Una vez más, la dominicana lo acuchilló y el hombre murió camino al hospital Lincoln de El Bronx. A partir de ese momento, terminó la larga cadena de abusos a la que la había sometido.
Ella espera que el cargo de homicidio le sea absuelto también o de lo contrario, se enfrentaría a una pena de hasta 25 años en la cárcel.
La bloggera cubana Yoani Sánchez destaca como las Mujeres de Blanco, y la maestra fenecida hoy 23 de octubre 2011, Laura Pollán, esposa del contradictor del gobierno de Cuba, Héctor Maseda, apresado en el 2003, junto a otros 75 políticos en Cuba, son un símbolo de cómo la integración de la mujer en la política es un plus para la democracia.
Viva la participación política de las mujeres. Yoani Sánchez, Laura Pollán están rindiendo frutos para la ampliación de la democracia en Cuba.
Lo que evidencia que a más participación de todas y todos, es más capital social, y más capital político democrático!
La Habana sin gladiolos YOANI SÁNCHEZ
Incluso cuando la líder de este movimiento pacífico entró a la sala de terapia intensiva, la prensa nacional seguía injuriándola a través de un serial retransmitido en el horario estelar de la noche.
Con fuertes dolores articulares, falta de aire y decaimiento, Laura Pollán fue internada muy grave en uno de esos hospitales habaneros donde sobra el talento médico y escasean las luminarias y los desinfectantes para el baño. Ante la gravedad, su familia fue consultada sobre si la paciente podría ser trasladada a una lujosa clínica destinada para militares. Sin embargo, ella lo había advertido antes de perder el conocimiento con los sedantes: "Me quedo en el hospital del pueblo".
La autora es Trabajadora Social y ciudadana. Ver también, en:
MARTES, 4 DE OCTUBRE DE 2011 Cuanto más gozoso estés de acoger los pequeños obstáculos de la vida que se cruzan en el camino, más probabilidades tienes de recorrer grandes distancias.
Meditación Kabalah En
mildred dolores mata ____
El ABORTO en República Dominicana En el país podrían estar muriendo 70 mujeres al año a causa de los abortos ilegales Escrito por: Denise Paiewonsky La República Dominicana es uno de sólo 6 países en el mundo donde el aborto no se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Ante la posibilidad de que esta legislación decimonónica pudiera dar paso a la despenalización por causales como parte del proceso de modificación y actualización del Código Penal, los sectores ultraconservadores del país, liderados por la iglesia católica, lograron la aprobación en enero del 2010 de un artículo constitucional que establece el derecho a la vida desde el momento de la fecundación. En términos prácticos este artículo equivale a declarar al cigoto persona humana, equiparando su derecho al de la mujer adulta.
La tasa de mortalidad materna (MM) de 159 por 100,000 nacidos vivos estimada por la ENDESA (2007) es desproporcionadamente alta en relación a los demás indicadores sociales del país y no se ha reducido significativamente en la última década. Si bien la MM se asocia fundamentalmente a problemas de calidad en la atención hospitalaria, no hay duda que la ilegalidad del aborto contribuye significativamente a las altas tasas que se observan en el país. Las estadísticas oficiales sitúan el aborto inducido como la cuarta causa de MM, atribuyéndole un 13% del total de los casos, si bien en su “Análisis de la Situación del Aborto Inseguro” (2009), la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia estima la cifra real en 20%. Las condiciones de ilegalidad en que se practica el aborto no permiten establecer estos porcentajes con certeza, como tampoco precisar el número de abortos que se inducen anualmente en el país.
El último estimado de incidencia basado en datos de investigación data de 1994 y situó la cifra en 82,500 abortos anuales. El Instituto Guttmacher ajustó el estimado a 90,000 hacia finales de esa década y algunos especialistas dominicanos han especulado que la cifra puede haber aumentado desde entonces. Cifra abrumadora
Sea cual sea el número real de abortos, cuando aplicamos la tasa de 159/100,000 muertes maternas al estimado de 220,000 nacimientos anuales de la ONE obtenemos la escalofriante cifra de 350 muertes maternas al año, que supera todas las causas de muerte bajo vigilancia epidemiológica registradas en el país. Si aplicamos el estimado del 20% de las MM atribuibles al aborto ofrecido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, obtenemos la cifra de 70 muertes anuales por causa del aborto ilegal en el país. Como se sabe, la abrumadora mayoría de las muertes maternas son prevenibles, lo que hace más urgente la necesidad de enfrentar esta problemática con mayor determinación y eficacia. Más aún en el caso de las muertes asociadas al aborto, dado que el procedimiento en sí presenta muy bajas tasas de complicación cuando se realiza en condiciones médicas adecuadas. Impacto del artículo 37
El Art. 37 de la Constitución genera preocupaciones cuanto a su potencial impacto sobre la morbi-mortalidad materna por aborto en dos sentidos: Primero, a que el temor a consecuencias judiciales resulte en la negativa de médicos y médicos y/o establecimientos de salud a realizar procedimientos terapéuticos cuando estos son necesarios para preservar la salud o la vida de mujeres embarazadas (situación de la que ya se han registrado casos). Segundo, que por las mismas razones se pueda ver afectado el tratamiento de los abortos incompletos y complicados que llegan a los establecimientos de salud. Esta última consideración es de mucha importancia dado el hecho bien documentado de que muchas mujeres dominicanas de bajos ingresos se ven obligadas a iniciar el proceso por sus propios medios, para luego acudir a un hospital público de ser necesario un legrado, ya sea para completar el aborto o para atender complicaciones resultantes de la auto-inducción o de procedimientos médicos inadecuados. Dado que las soluciones a la problemática de la morbi-mortalidad materna por aborto son bastante evidentes, la pregunta es por qué no se toman las medidas necesarias. Los responsables de esta situación que asuman también la responsabilidad por las tantas muertes innecesarias. En

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 31
 Artículo
48
 Artículo 110
 resolución 
 artículo 37