Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2016/35/11/
Timestamp: 2019-09-18 17:50:17+00:00

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Diario de Sesiones 35/2016, de fecha 11/5/2016 - Punto 11 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 35/2016, de fecha 11/5/2016 - Punto 11
9L/PNL-0203 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, una PNL más. Sería, a instancias del Grupo Socialista, una solicitud al Gobierno del Estado en relación con la contratación y subcontratación de trabajadores para realizar obras y servicios.
Señor Gómez, cuando quiera.
El Grupo Parlamentario Socialista eleva al seno de este Parlamento una proposición no de ley orientada a instar al Gobierno del Estado en relación con la contratación y subcontratación de trabajadores para realización de obras o servicios.
No es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista trata aspectos relacionados con las desigualdades y desequilibrios en el mercado laboral, hemos tocado en esta Cámara no solo en materia de políticas activas de empleo, también la reforma del Estatuto de los trabajadores.
En este caso y atendiendo a una evolución del mercado laboral en materia de externalización de servicios, y teniendo en cuenta las características singulares de Canarias, en la medida en la que el sector servicios, el sector turístico, juega un papel fundamental aportando más del 30 % al producto interior bruto, y con una realidad en la que las empresas cada vez externalizan más servicios. Esto provoca, sin lugar a dudas, una realidad compleja para los trabajadores. Hablamos de trabajadores contratados directamente por empresas que tienen unas condiciones salariales determinadas y unas condiciones laborales determinadas, y, desde luego, aquellos que están contratados por empresas de servicios que, desde luego, no atienden, no están en igualdad de condiciones que los que sí están contratados directamente por la empresa.
Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, atendiendo a esta realidad que acabo de exponer, y tomando como referentes normativos la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratación del Sector de la Construcción, que define y garantiza las condiciones laborales de los trabajadores, y también la Ley 14/1994 -con su reforma posterior, la 29 de 1999-, de las empresas de trabajo temporal, en la que se recogen las obligaciones, digamos que las condiciones de los trabajadores cedidos a las empresas principales, elevamos a esta Cámara una propuesta de modificación del apartado primero del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge y dice lo siguiente: "Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos, deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá liberar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante".
Y aquí, desde luego, el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista no es otro que incorporar una mayor protección a los trabajadores que prestan servicios, en este caso a través de empresas de intermediación o de empresas de trabajo temporal, que den cobertura y protección a estos trabajadores en materia de igualdad salarial, estabilidad en las plantillas, y también incorporar, desde luego, medidas orientadas a la protección en maternidad, paternidad, lactancia y prevención de riesgos laborales. Todo esto se debe de incorporar, y es la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, en la modificación del apartado 1.º del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
Esta realidad y esta modificación no es un aspecto ni es un tema baladí. Canarias tiene una realidad extremadamente compleja, lo hemos tocado, lo hemos debatido en numerosas ocasiones en esta Cámara: el mercado laboral extremadamente sesgado al sector servicios. Hemos debatido también, no lo relacioné con anterioridad, las camareras de piso, se han tratado también en esta Cámara. Vamos a actuar directamente en los aspectos legislativos que den cobertura a la protección de los trabajadores, no podemos atacar y coger el árbol por las ramas, vamos a cogerlo desde el tronco, vamos a actuar contundentemente en este tipo de realidades, que, desde luego, crean un desequilibrio importante en nuestro mercado laboral.
Podemos perfectamente apelar a lo que recoge la Constitución y lo que recoge, desde luego, también el Estatuto de los Trabajadores: libertad, que las empresas se autoregulen, que negocien. En el ámbito público tenemos la obligación de trabajar y velar por las garantías y por los derechos de los trabajadores, por lo tanto, sin ningún propósito de extenderme más allá, y con el compromiso adquirido con los portavoces de los diferentes grupos de minimizar mi intervención en tiempo, les pido a todos los grupos de la Cámara el apoyo a esta iniciativa, que podamos elevar e instar al Gobierno del Estado a tomar las medidas correctoras que he desarrollado en mi intervención.
Hay presentadas enmiendas por el Grupo Podemos y por el Grupo Popular.
Para la defensa del Grupo Podemos, señora Arnaiz.
Hablar de subcontratación y hablar de precariedad generalmente son sinónimos, y siempre por un motivo puramente económico.
Desgraciadamente, la gente que tiene trabajo en estos últimos años ha visto cómo la pérdida de derechos ha sido constante. Además, estos días todos hemos visto, con las filtraciones del TTIP, que se han demostrado gran parte de nuestras peores sospechas, como, por ejemplo, que con este tratado se pueden ver afectados aún más los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
En Canarias hay demasiados ejemplos de subcontrataciones, que representan una auténtica disminución de derechos y un agravio comparativo intolerable. El sector hotelero es sin duda uno de los más graves, nos encontramos con hoteles que presumen de sus estrellas pero luego externalizan los servicios de socorrismo, externalizan también los servicios de limpieza, precarizando aún más a las camareras de piso, y estos trabajadores realizan las mismas horas y tienen la misma responsabilidad que los de la empresa principal, pero, sin embargo, sus sueldos y sus derechos son de segunda.
Ahora nos encontramos con que se está negociando el convenio de referencia de hostelería de la provincia de Las Palmas, una negociación en la que los sindicatos nos están alertando de que la patronal lo que está buscando es que las subcontrataciones no tengan que adherirse al convenio de hostelería. Esto nos parece una barbaridad y una pérdida de derechos tremenda para el sector que no deberíamos tolerar.
Las contrataciones y subcontrataciones tienen que respetar el convenio de referencia para conseguir igualdad en los trabajadores, o, si no, seguiremos creando trabajadores pobres, trabajadores que no van a poder llegar a fin de mes, una espiral en la que nos hemos metido con políticas de derechas y de la que debemos salir.	Señorías, permítanme que les recuerde que las administraciones públicas no son ajenas a esta problemática, son parte del problema y tienen que empezar a ser parte de la solución.
Las externalizaciones son sinónimo de precariedad, y, aunque desde Podemos no las apoyamos, lo que sí les pedimos por favor es que ya que las hacen respeten los derechos de los trabajadores y que no se les siga machacando.
Qué me dicen por ejemplo del servicio del 112, que estos días, ahora mismo, se está resolviendo la subcontratación por parte del Gobierno de Canarias por bastante menos dinero que otros años, esto nos preocupa, de hecho en comisión ya lo hemos planteado.
Los sindicatos llevan años pidiendo que no se externalice un servicio público en empresas que no cumplen ni con el convenio del sector ni con el territorial tampoco, que se incluya en los pliegos el hecho de que tenemos que proteger a los trabajadores para que puedan tener una vida digna y llegar a fin de mes.
Vuelvo a repetir por tercera vez en esta Cámara que en Fuerteventura se está externalizando la red de museos y no se menciona una sola palabra de las condiciones laborales que van a tener que cumplir estas empresas con sus trabajadores.
También hemos pedido en este Parlamento que los comedores escolares sean de gestión directa para respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan para estas empresas, que todos conocemos cuáles son, y dar, además, un servicio de calidad y sano, y ustedes votaron que no. La precariedad consideramos que es un problema que tenemos que empezar a solucionar desde casa y por eso nuestras enmiendas van dirigidas en este punto.
La enmienda que proponemos es de adición: instamos al Gobierno de Canarias para que incluya en los pliegos tipo de cláusulas administrativas de contratación, para la gestión externa de obras y servicios, que los licitadores deban acreditar que sus relaciones laborales están regidas por convenios colectivos del sector, territoriales o empresas y en ese orden de prioridades. Esperamos que acepten la enmienda para que no solo apliquemos esta teoría a las empresas privadas sino que nos las apliquemos nosotros mismos.
Por parte del Grupo Popular, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (don Jorge Alberto): Sí, buenas tardes, señora presidenta, muchas gracias.
Tengo muy poco tiempo, y este asunto tiene la envergadura que el proponente decía como para debatirlo con sosiego. Pero voy a comenzar mi intervención diciendo que el texto que traen a debate tiene a mi juicio varias características que quisiera destacar: primero, es una pura contradicción en sí misma entre la exposición de motivos y el texto dispositivo; segundo, atenta contra la libertad de empresa establecida en el artículo 38 de la Constitución; tercero, genera una auténtica inseguridad jurídica; cuarto, atenta contra la libertad de negociación colectiva y contra la libertad de negociación entre empresas y trabajadores que ya existe desde hace mucho, no la inventó la reforma laboral del 2012; y, quinto, desconoce la realidad de la externalización de obras y servicios y atenta contra los intereses de los trabajadores. Brevemente me referiré a alguna de ellas porque no tengo mucho más tiempo.
Mire, la externalización de la propia actividad es una actividad absolutamente lícita, y usted la está demonizando. Y lo es como cualquier otra organización empresarial. En la proposición no de ley anulan ustedes la capacidad de organización de las empresas que prestan servicios mediante contratos de externalización al obligarlas a que tengan que mantener idénticas condiciones que la empresa principal y no solamente salariales, también ustedes se refieren, en fin, a aquellas que tienen que ver con la organización del tiempo de descanso, la organización del propio trabajo, etcétera. En la práctica suprimen ustedes la actividad empresarial como tal porque incluso la llegan a asimilar, a confundir, a comparar, con las empresas de trabajo temporal y esta es, señor Gómez, la clave del error. Demuestra, permítame que se lo diga con absoluta cordialidad, un desconocimiento rotundo del funcionamiento de la economía en lo que es la contratación y la subcontratación, donde la especialización es una realidad y donde la externalización de servicios nada tiene que ver con la actividad de las CTT, que sí proporcionan trabajadores, es decir, personas a la empresa principal, que quedan estos, como usted sabe, después bajo la dirección y organización de dicha empresa en la que temporalmente realizan tareas iguales a otros trabajadores dependientes de la misma.
En cuanto a la inseguridad jurídica, mire, el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación de control por parte de los contratistas y respecto de las deuda salariales y de las cotizaciones a la Seguridad Social con el objetivo, evidentemente, de eliminar del mercado aquellas empresas piratas que no cumplan con sus obligaciones con la Seguridad Social y que no abonen los salarios a sus trabajadores, pero, de ningún modo, establece un control respecto a los salarios que deba pagar cada empresario a sus trabajadores puesto que eso, en fin, es una cuestión de convenios, es una cuestión de tablas salariales y, por consiguiente, depende de la misma empresa.
Mire, por último, atentan ustedes contra la libertad de empresa, perdón, me voy a saltar eso porque no tengo tiempo, me interesa más resaltarlo contra la libertad de la negociación colectiva de sector o de empresa.
Mire, el convenio de empresa existe desde hace muchísimo tiempo, desde hace..., la propia existencia del Estatuto de los Trabajadores, no la ha traído, por tanto, la reforma laboral del Partido Popular ni la reforma laboral que hizo el Partido Socialista en su momento. ¿Saben ustedes los convenios colectivos que existen en los sectores de obras y servicios externalizados? Ustedes de un plumazo se lo están cargando y meten a todos en el convenio de la empresa principal. ¿Y qué pasa cuando el convenio o en el convenio de la empresa principal no existe la categoría del servicio que presta la empresa contratada?
En fin, yo creo que con esta propuesta están ustedes de verdad olvidando que en la normativa laboral todo esto ya está absolutamente regulado, absolutamente previsto.
Y mire, termino porque no tengo tiempo para más. Mire, cierre de empresas y generación de paro es exactamente lo mismo que Partido Socialista.
Señor Gómez, para fijar la posición, si es tan amable.
El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Señora presidenta.
No admitimos la enmienda del Partido Popular. Y a propósito de la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos, los emplazamos al Proyecto de cláusulas de responsabilidad social, que está tramitando el Gobierno de Canarias, por lo tanto no la admitimos.
La señora PRESIDENTA: Ninguna de las dos. ¿No?, señor Gómez. Gracias.
Continuamos señorías, Grupo Mixto, señora Mendoza.
El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, recoge la subcontratación, pero se refiere únicamente a la contrata o subcontrata o servicio correspondiente a su propia actividad, quedando excluida la contratación de obras o servicios que no sea de su propia actividad.
El problema que se deriva de esta normativa es que el término "propia actividad" no está definido, por lo que hablamos de un concepto jurídico indeterminado, que no está claro y que ha generado sentencias contradictorias.
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la subcontratación es una práctica cada vez más habitual, probablemente como consecuencia del incremento de la especialización en todos los ámbitos y sectores, y que ha llevado a que muchas empresas no puedan abarcar todos los servicios. Y esta imposibilidad lleva a la cesión de parte de la actividad en un tercer agente o subcontrata que desarrolla parte del proceso productivo y que, sin lugar a dudas, incrementa las oportunidades de empleo.
Es importante tener en cuenta, no obstante, que de esta figura se generan ciertos problemas tales como la falta de un lugar para la prestación de los servicios. Si los trabajadores de la entidad auxiliar desempeñan su trabajo en los locales de la principal, se entiende que los servicios están conectados al ciclo de producción; la propiedad de los útiles de trabajo o materias primas empleadas por los trabajadores de la auxiliar para ejecutar la contrata; y la relativa permanencia de la relación contractual entre empresa principal y auxiliar o la existente de antecedentes de gestión directa, entre otros.
Por todo ello, Agrupación Socialista Gomera apoya la presente proposición no de ley y se suma a la necesidad de que efectivamente se dote de mayor seguridad jurídica a la contratación y subcontratación para la realización de obras o servicios.
Nuestra apuesta, señorías, es que las condiciones laborales deben ajustarse en todo momento a las previstas en los convenios colectivos así como se mantenga la relación laboral en las mismas condiciones que esté estipulada dentro de la empresa principal.
Es recurrente en este Parlamento y en otras instituciones venir a hablar de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, en el ámbito privado y en el ámbito público, y la propuesta del Grupo Socialista lo hace sobre la actividad económica ordinaria y la enmienda que propone el Grupo Podemos sobre el sector público.
Lo que se pone en evidencia es que también una de las graves consecuencias de esta crisis ha sido la desregulación de los derechos laborales. Yo creo que no hay nadie que no acepte ya que se les fue la mano.
Decía el otro día un importante ministro en funciones que, con relación a la austeridad, al ajuste fiscal, se habían pasado cuatro pueblos; pues con relación a este tema habrá algún que otro dirigente popular que más pronto que tarde también lo diga, en la desregulación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, se han pasado también cuatro pueblos. Se necesita redefinir un marco más justo, más equilibrado, entre los derechos de los trabajadores y los intereses y derechos de las empresas; y en el Estado español entre las muchas conquistas de la transición política fue colocar un razonable equilibrio entre el poder de los trabajadores y el poder de los empresarios, y colocar la negociación colectiva de verdad como un instrumento para el acuerdo razonable y equilibrado.
Esto se ha desequilibrado y los datos son incontestables. Se han perdido derechos, se han perdido condiciones, se ha precarizado el trabajo, el poder de la empresa sobre los trabajadores está absolutamente desequilibrado; lo dicen los analistas, lo dicen los expertos y lo dicen los datos, que lo que han hecho no es generar más riqueza y más trabajo sino fraccionar y precarizar el trabajo preexistente.
Por lo tanto, es oportuna esta iniciativa, aunque también hay que decir que claramente insuficiente. Nosotros apoyamos la proposición no de ley, hubiéramos apoyado también la enmienda de Podemos porque actúa sobre otra parte de nuestra realidad, pero ha dicho el proponente que hay un trabajo gubernamental en trámite que trata de encauzar esa problemática. Pero lo que sí decimos es que siguen siendo insuficiente estas intervenciones legítimas de este Parlamento con relación a las camareras de piso, hoy a la subcontratación..., porque lo que necesitamos es un nuevo marco, un nuevo clima, justo, equilibrado, entre el poder empresarial y el poder de los trabajadores, que se ha desequilibrado también al calor de esta injusta crisis que ha sido el pretexto para casi todo, para limitar derechos, para limitar libertades, para limitar conquistas, y, en definitiva, para repartir mal la riqueza, que es la gran resultante de esta crisis, el injusto reparto de la riqueza, y el mundo del trabajo tienen mucho que ver con ello.
Por lo tanto, nuestro apoyo a la iniciativa, nuestro apoyo también, aunque no puede ser, a la enmienda, y esperaremos con relación a ese asunto las...
Por último, Grupo Nacionalista, señor De la Hoz.
El señor DE LA HOZ FERNÁNDEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Señorías.
El Grupo Nacionalista Canario comparte gran parte del discurso que algunos portavoces han hecho en lo referente a la pérdida de derechos de los trabajadores, y a que a alguno se le ha ido la mano, se le ha ido la mano buscando la agilidad, la flexibilidad, en el mercado laboral, y han confundido esa flexibilidad y agilidad en la pérdida consecutiva de los más débiles, que son los trabajadores.
En ese sentido, el Grupo Nacionalista Canario no está en contra de la externalización, no está en contra de la subcontratación, que evidentemente es una actividad legítima que permite de alguna forma que las empresas sean competitivas. En lo que no estamos de acuerdo es en que esa competencia o competitividad que ganan algunas empresas sea a costa de otras empresas. Contratar trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal para pagarles menos, para tener peores condiciones, pues, parece que todos estamos de acuerdo en que no es de recibo. Y se está viviendo una fórmula nueva en todos los servicios, y en el mundo de la actividad principal en Canarias, que es el turismo, estamos viendo cómo se están subcontratando las recepciones, las camareras de piso, etcétera. Y eso va en detrimento de la calidad, de la excelencia, de nuestra mayor actividad.
Por lo tanto, señor Gómez, el Grupo Nacionalista va a respaldar su iniciativa. Y no tengo más que añadir.
Una vez realizadas las intervenciones de todos los grupos, y con la no aceptación de las enmiendas presentadas, vamos a votar.
Ruego a los miembros de la Mesa que en lo que llamo... Gracias (El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, y el señor secretario segundo, Gómez Hernández, se reincorporan a sus lugares en la Mesa. La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación).
Señorías, 49 votos emitidos; 41 síes, 7 noes y 1 abstención.
Señorías, se suspende la sesión y la reanudamos a las cinco de la tarde, como hemos acordado en la Junta.
(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y un minuto)
(La señora vicepresidenta primera, Tavío Ascanio, ocupa un escaño en la sala).
9L/PNL-0203 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la contratación y subcontratación de trabajadores para la realización de obras o servicios.

References: artículo 42
 artículo 42
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 42
 Real Decreto