Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-07866.htm
Timestamp: 2017-12-14 06:33:29+00:00

Document:
B.O.E. Nº 90 de 14/04/2007
ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturaciÃ³n telemÃ¡tica y conservaciÃ³n electrÃ³nica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n.
Las obligaciones relacionadas con la expediciÃ³n y la conservaciÃ³n de facturas han sido desarrolladas, conforme a las habilitaciones legales previstas al efecto, por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n. Los artÃ­culos 17 y 18 del citado Reglamento regulan la forma de remisiÃ³n de las facturas o documentos sustitutivos y, en particular, la remisiÃ³n por medios electrÃ³nicos de dichos documentos, estableciendo los procedimientos mediante los que puede efectuarse dicha remisiÃ³n que, en todo caso, deben garantizar la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Por su parte, los artÃ­culos 19 y siguientes de dicha norma regulan la conservaciÃ³n de facturas o documentos sustitutivos y, especialmente, el artÃ­culo 21 regula la conservaciÃ³n de dichos documentos mediante medios electrÃ³nicos. Los artÃ­culos 18.3. y 21.3 establecen que el Ministro de Hacienda dictarÃ¡ las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de lo establecido en esos artÃ­culos. Aunque no los defina, cuando la norma menciona a las facturas o documentos sustitutivos, se refiere a aquellos documentos originales que contienen los datos establecidos en el propio Reglamento. Se trata, por tanto, de los documentos que han sido creados por quienes estÃ¡n obligados a su expediciÃ³n, tanto en los supuestos en que la expediciÃ³n haya sido efectuada por ellos mismos como cuando hayan sido expedidos por los destinatarios o por terceros actuando en nombre y por cuenta de los citados obligados a su expediciÃ³n. Por tanto, sÃ³lo los originales de las facturas y documentos sustitutivos, asÃ­ como las copias y duplicados de aquellos, tendrÃ¡n el valor como justificantes que la normativa tributaria respectivamente les otorga, no teniendo dicha consideraciÃ³n los obtenidos por los destinatarios sin la intervenciÃ³n y aceptaciÃ³n del obligado a su expediciÃ³n, con las excepciones contempladas en esta norma, por no quedar garantizada la autenticidad del origen y la integridad del contenido de los mismos. La generalizaciÃ³n del uso de las telecomunicaciones y del correo electrÃ³nico para la remisiÃ³n de todo tipo de mensajes, incluidos entre ellos el envÃ­o de las facturas o documentos sustitutivos, hace necesario aclarar la validez legal de los remitidos en formato electrÃ³nico al destinatario, debiendo aceptarse esta prÃ¡ctica como vÃ¡lida en la medida que, como ya se ha indicado, incorpore medios que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de los documentos asÃ­ remitidos. Si bien hasta Ã©poca bien reciente la firma electrÃ³nica reconocida por la AdministraciÃ³n tributaria era Ãºnicamente la gestionada por la FÃ¡brica Nacional de Moneda y Timbre, actualmente se han incorporado al catÃ¡logo de certificados electrÃ³nicos admitidos aquellos otros homologados por la propia Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria recogidos en su pÃ¡gina web, siendo todos ellos admisibles para la firma electrÃ³nica de facturas. No obstante, la presente Orden aclara que cualquier otra firma electrÃ³nica avanzada, basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de firma de las reguladas en el artÃ­culo 3.3 de la Ley 59/2003, de firma electrÃ³nica, es plenamente vÃ¡lida. Igualmente, la Orden aclara los requisitos exigibles a las facturas electrÃ³nicas recibidas desde el extranjero que utilizan una firma electrÃ³nica como medio para garantizar la autenticidad de origen e integridad de contenido. En otro orden de cosas, el Real Decreto 1496/2003, de 28 de diciembre, atribuye a la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria la competencia para autorizar ciertas prÃ¡cticas sin asignarla a ningÃºn Departamento en concreto. AsÃ­ sucede con las autorizaciones contempladas en los artÃ­culos 5.4, 18.1.c) y 19.4 del citado Reglamento. En esta Orden se define cual es el Ã³rgano competente asÃ­ como los requisitos exigibles y el procedimiento a seguir en dichos supuestos. El artÃ­culo 19.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n establece la obligaciÃ³n, segÃºn sea el caso, de conservar los originales o las copias de los documentos que se enumeran en dicho precepto. Con carÃ¡cter general, las facturas y documentos sustitutivos deben conservarse en el soporte en que originalmente fueron expedidos y recibidos, pues de esta forma se asegura la posibilidad de que pueda verificarse en todo momento que se trata de originales. Como excepciÃ³n, en esta Orden se prevÃ© la posibilidad de que en el caso de que el documento se reciba en soporte electrÃ³nico y venga firmado mediante un sistema de firma electrÃ³nica reconocida o cualquier sistema de firma homologado por la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria en los tÃ©rminos descritos en el citado Reglamento y en esta Orden, el destinatario que disponga de la correspondiente opciÃ³n en su dispositivo de verificaciÃ³n de firma pueda imprimir el documento de forma legible junto a sendas marcas grÃ¡ficas de autenticaciÃ³n, producidas segÃºn la especificaciÃ³n PDF 417, tal como se dispone en la ResoluciÃ³n 2/2003, de 14 de febrero de 2003, de la DirecciÃ³n General de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, sobre determinados aspectos relacionados con la facturaciÃ³n telemÃ¡tica. La factura o documento sustitutivo asÃ­ conservado es una opciÃ³n vÃ¡lida, pensada para posibilitar la conciliaciÃ³n de los intereses de aquellos empresarios y profesionales que desean expedir facturas electrÃ³nicas firmadas y los de aquellos destinatarios que, por su reducida dimensiÃ³n o desarrollo tecnolÃ³gico, desean que la conservaciÃ³n de tales documentos se realice en papel. En el sentido opuesto, asistimos a una demanda creciente que solicita que se reconozca la validez de la digitalizaciÃ³n de documentos recibidos en soporte papel y permita la sustituciÃ³n de los documentos originales en papel por los correspondientes ficheros que contengan las imÃ¡genes grÃ¡ficas de las mismas y, consecuentemente, pueda autorizarse la destrucciÃ³n de ingentes cantidades de papel que constituyen los documentos originales, con los consiguientes ahorros en la gestiÃ³n, manejo documental y de archivo, favoreciendo de esta manera la reducciÃ³n de costes fiscales indirectos. Esta digitalizaciÃ³n, sin embargo, debe efectuarse sin menoscabo de la seguridad y garantÃ­as documentales que, como justificantes, aportan los documentos originales en papel a las que se pretende sustituir, en cuyo soporte, generalmente, son expedidas y recibidas por los empresarios o profesionales. En esta Orden se regula un sistema de digitalizaciÃ³n certificado que permite equilibrar el interÃ©s pÃºblico que representa la Hacienda PÃºblica y los intereses de aquellos empresarios y profesionales que desean disponer de un archivo o base de datos documental de naturaleza informÃ¡tica que compile todas las imÃ¡genes grÃ¡ficas de las facturas y otros documentos o justificantes en papel, que deben ser conservados durante el plazo que resulta de lo dispuesto por la Ley General Tributaria. A estos efectos, la Orden define como digitalizaciÃ³n certificada la obtenciÃ³n de una imagen digital fiel e Ã­ntegra del documento original en papel que se pretenda sustituir, cumpliendo con las especificaciones tÃ©cnicas que se publiquen por ResoluciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. Este proceso de digitalizaciÃ³n se prevÃ© que pueda ser realizado por los propios obligados tributarios o por un tercero prestador de servicios de digitalizaciÃ³n mediante el empleo en ambos casos de un software de digitalizaciÃ³n certificado, cuya homologaciÃ³n deberÃ¡ ser solicitada por las entidades desarrolladoras del software a la Agencia Tributaria. Asimismo, se especifican los requisitos para obtener la autorizaciÃ³n de dicho software de digitalizaciÃ³n certificado por parte de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. En su virtud, dispongo:
Por la presente Orden se desarrollan determinados aspectos relacionados con la remisiÃ³n y conservaciÃ³n de facturas y documentos sustitutivos en el marco del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n.
Todas las referencias que se realizan en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n al concepto de factura o documento sustitutivo deben entenderse realizadas al documento original en el soporte fÃ­sico o electrÃ³nico que ha sido creado por el expedidor obligado a su realizaciÃ³n y que ha sido remitido o puesto a disposiciÃ³n del destinatario, con independencia de que el expedidor material sea el propio sujeto pasivo, su cliente o un tercero que actÃºe en nombre y por cuenta del sujeto pasivo y siempre que cuente con los contenidos exigibles conforme a los artÃ­culos 6 y 7 del citado Reglamento.
ArtÃ­culo 2. RemisiÃ³n de facturas y documentos sustitutivos.
1. De acuerdo con el artÃ­culo 17 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, la obligaciÃ³n de remisiÃ³n de las facturas o documentos sustitutivos podrÃ¡ ser cumplida por medios electrÃ³nicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de su contenido, siempre que el destinatario haya dado su consentimiento.
El consentimiento podrÃ¡ formularse de forma expresa por cualquier medio, verbal o escrito. En cualquier momento el destinatario que estÃ© recibiendo facturas o documentos sustitutivos electrÃ³nicos podrÃ¡ comunicar al proveedor su deseo de recibirlos en papel. En tal caso, el proveedor deberÃ¡ respetar el derecho de su cliente y proceder en el sentido solicitado a partir de la recepciÃ³n de dicho comunicado. La expediciÃ³n de documentos en un soporte dado, en papel o electrÃ³nico, no condicionarÃ¡ el medio por el que deban remitirse en un momento ulterior al mismo destinatario, o el medio por el que se deban remitir las facturas rectificativas relacionadas con aquellos, o los duplicados de facturas remitidas con anterioridad. 2. A efectos de lo establecido en el artÃ­culo 18.1.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, serÃ¡ vÃ¡lida cualquier firma electrÃ³nica reconocida, cuya definiciÃ³n segÃºn el artÃ­culo 3.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrÃ³nica, consiste en cualquier firma electrÃ³nica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de firma. 3. Cuando las facturas o documentos sustitutivos sean remitidos electrÃ³nicamente y la opciÃ³n utilizada para garantizar la autenticidad de su origen e integridad de contenido sea la utilizaciÃ³n de un sistema de firma electrÃ³nica reconocida, conforme a lo establecido en el artÃ­culo 18.1.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, la firma electrÃ³nica aplicada serÃ¡ la que se derive de la utilizaciÃ³n del certificado del expedidor del documento, aunque sea Ã©ste el destinatario o un tercero que intervenga en la expediciÃ³n en nombre y por cuenta del obligado tributario. Las copias de las facturas expedidas por medios electrÃ³nicos, remitidas a los empresarios o profesionales que realicen las operaciones, incluso en el supuesto de facturaciÃ³n por el destinatario o por un tercero en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, incorporarÃ¡n las firmas electrÃ³nicas en los mismos tÃ©rminos indicados en el pÃ¡rrafo anterior. 4. Cuando se trate de un sistema de facturaciÃ³n electrÃ³nica basado en acuerdos de intercambio electrÃ³nico de datos (EDI), tal como se define en el artÃ­culo 2 de la RecomendaciÃ³n 1994/820/CE de la ComisiÃ³n, de 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos jurÃ­dicos del intercambio electrÃ³nico de datos, entre expedidor y destinatario, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 18.1.b) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, en el acuerdo de intercambio electrÃ³nico de datos entre las partes debe reflejarse con precisiÃ³n cuÃ¡les son los medios o procedimientos implementados en el sistema de facturaciÃ³n que permitan garantizar la autenticidad de origen y la integridad de contenido de los documentos intercambiados. 5. Las facturas y documentos sustitutivos remitidas electrÃ³nicamente firmadas con certificados caducados, revocados o suspendidos en el momento de su expediciÃ³n no se considerarÃ¡n vÃ¡lidamente remitidas a sus destinatarios ni recibidas por Ã©stos.
ArtÃ­culo 3. AutorizaciÃ³n de sistemas de facturaciÃ³n electrÃ³nica a propuesta del contribuyente.
1. Cuando el sistema utilizado por el expedidor de facturas electrÃ³nicas para garantizar la autenticidad de origen y la integridad del contenido de las facturas o documentos sustitutivos remitidos electrÃ³nicamente no tenga cabida de forma expresa en alguna de las letras a y b del artÃ­culo 18.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, el obligado a la expediciÃ³n de las mismas deberÃ¡ presentar una solicitud de autorizaciÃ³n de forma previa ante la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria dirigida al Director del Departamento de InspecciÃ³n Financiera y Tributaria.
En dicha solicitud deberÃ¡ describir cuÃ¡les son los elementos o medios que propone aplicar para que quede garantizada la autenticidad de origen y la integridad de contenido de los documentos electrÃ³nicos remitidos, de modo que estas garantÃ­as puedan ser verificadas por la AdministraciÃ³n Tributaria en cualquier momento ulterior a su remisiÃ³n durante el plazo que resulte de lo dispuesto al efecto por la Ley General Tributaria. 2. Los elementos o medios de control utilizados no estÃ¡n sujetos a priori a ninguna restricciÃ³n conceptual ni tecnolÃ³gica, pero deberÃ¡n ser detallados por el solicitante y estar a disposiciÃ³n del destinatario o de una entidad tercera que actÃºe como tercera parte de confianza del sistema, en cuyo caso, dicha entidad tercera deberÃ¡ ser identificada en la solicitud. Estos elementos o medios de control serÃ¡n accesibles a la AdministraciÃ³n Tributaria durante el plazo que resulte de lo dispuesto al efecto por la Ley General Tributaria a los efectos de que Ã©sta pueda verificar dichas propiedades de autenticidad de origen e integridad de contenido de los documentos recibidos. Cuando la solicitud presentada no contenga todos los elementos que sean necesarios para permitir la verificaciÃ³n de los requisitos exigidos normativamente, se podrÃ¡ requerir al solicitante para que en el plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca, con indicaciÃ³n de que si asÃ­ no lo hiciera se le tendrÃ¡ por desistido y se procederÃ¡ al archivo de la solicitud sin mÃ¡s trÃ¡mite. Cuando el requerimiento de subsanaciÃ³n haya sido atendido en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se notificarÃ¡ al solicitante la denegaciÃ³n de la solicitud de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 siguiente. 3. Para efectuar la mencionada verificaciÃ³n, el Departamento de InspecciÃ³n Financiera y Tributaria podrÃ¡ recabar la informaciÃ³n complementaria que entienda necesaria para comprobar la exactitud de lo declarado por el solicitante y efectuar las comprobaciones adicionales que estime convenientes. 4. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Orden, el Director del Departamento de InspecciÃ³n Financiera y Tributaria acordarÃ¡ la autorizaciÃ³n para expedir facturas electrÃ³nicas con arreglo al sistema propuesto por el solicitante asignando una referencia identificativa a la misma. En la resoluciÃ³n se describirÃ¡n las condiciones en que la autorizaciÃ³n se entiende concedida. En caso contrario, en el escrito de denegaciÃ³n de la autorizaciÃ³n se deberÃ¡ motivar la causa que impide la autorizaciÃ³n. El acuerdo que se dicte serÃ¡ recurrible en alzada ante el Director General de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. 5. El Director del Departamento de InspecciÃ³n Financiera y Tributaria resolverÃ¡ sobre la solicitud de admisiÃ³n en un plazo de seis meses. Si, por cualquier motivo, la verificaciÃ³n no hubiera finalizado en ese plazo o no se hubiera dictado resoluciÃ³n expresa, la solicitud podrÃ¡ entenderse desestimada por silencio administrativo. 6. PodrÃ¡n solicitar la autorizaciÃ³n a que se refiere este artÃ­culo los empresarios o profesionales o cualquier otra persona o entidad obligada a la expediciÃ³n de facturas o documentos sustitutivos establecida o residente en EspaÃ±a.
ArtÃ­culo 4. Facturas electrÃ³nicas recibidas de terceros paÃ­ses.
1. A los efectos de garantizar la autenticidad de origen y la integridad del contenido, los requisitos exigibles a las facturas o documentos sustitutivos electrÃ³nicos recibidos de terceros paÃ­ses serÃ¡n los mismos que los que deben cumplir los expedidos y remitidos en territorio espaÃ±ol, independientemente del soporte y formato electrÃ³nico de los mismos.
2. Cuando se trate de documentos recibidos por medios electrÃ³nicos y el sistema utilizado para garantizar la autenticidad de origen y la integridad del contenido de los mismos sea la utilizaciÃ³n de un mecanismo de firma electrÃ³nica, Ã©sta deberÃ¡ ser una firma electrÃ³nica reconocida, teniendo tal consideraciÃ³n, la que, conforme a la letra a del apartado 1 del artÃ­culo 18 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, cumpla lo dispuesto en los apartados 2, 6 y 10 del artÃ­culo 2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrÃ³nica, que se corresponde con el concepto recogido en nuestro ordenamiento interno en el artÃ­culo 3.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrÃ³nica. 3. En el caso de que el sistema utilizado para la remisiÃ³n de facturas o documentos sustitutivos por medios electrÃ³nicos sea el de firma electrÃ³nica reconocida, corresponderÃ¡ al destinatario del documento residente en EspaÃ±a, previamente a aceptar la recepciÃ³n, cerciorarse de que la firma electrÃ³nica utilizada es una firma electrÃ³nica reconocida conforme a lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior. Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior podrÃ¡ cumplirse entre otros, por alguno de los siguientes medios:
a) Cuando el certificado en cuestiÃ³n sea expedido por una autoridad de servicios de certificaciÃ³n residente en alguno de los paÃ­ses de la UniÃ³n Europea, bastarÃ¡ con que se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1.Âº Que el certificado indique en su propio contenido que se trata de un certificado cualificado o reconocido, en el sentido regulado en la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, y que la entidad de certificaciÃ³n expedidora sea residente en algÃºn paÃ­s de la UniÃ³n Europea y tenga accesibles y pÃºblicas sus prÃ¡cticas y polÃ­ticas de certificaciÃ³n, con especial reconocimiento del cumplimiento de los requisitos exigibles en dicha Directiva a las entidades expedidoras de certificados reconocidos o cualificados.
2.Âº Que la entidad de certificaciÃ³n se halle acreditada en dicho sentido por una entidad establecida en la UniÃ³n Europea conforme a un sistema voluntario de acreditaciÃ³n destinado a mejorar los niveles de provisiÃ³n de servicios de certificaciÃ³n, en base al apartado 2 del artÃ­culo 3 de la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999. 3.Âº Que la entidad de certificaciÃ³n se halle inscrita con dicha condiciÃ³n en algÃºn registro pÃºblico controlado por la autoridad competente del Estado miembro en materia de firma electrÃ³nica o por una autoridad competente en materia de control fiscal de dicho paÃ­s, en materia del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido o de Impuestos directos.
b) Respecto de los certificados expedidos por una autoridad de servicios de certificaciÃ³n no residente en alguno de los paÃ­ses de la UniÃ³n Europea, deberÃ¡ acreditarse que el certificado tiene la condiciÃ³n de certificado reconocido o cualificado y que la entidad expedidora del mismo estÃ¡ igualmente cualificada para la expediciÃ³n de tales certificados, por alguna de las siguientes opciones:
1.Âª Que el proveedor de servicios de certificaciÃ³n cumpla los requisitos establecidos en la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, y haya sido acreditado en el marco de un sistema voluntario de acreditaciÃ³n establecido en un Estado miembro.
2.Âª Que un proveedor de servicios de certificaciÃ³n establecido en la UniÃ³n Europea, que cumpla las prescripciones de la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, avale el certificado. 3.Âª Que el certificado o el proveedor de servicios de certificaciÃ³n estÃ©n reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la UniÃ³n Europea y terceros paÃ­ses u organizaciones internacionales.
4. El destinatario deberÃ¡ disponer del software de verificaciÃ³n de firma y del procedimiento que le permita comprobar la validez de los certificados extranjeros, en los mismos tÃ©rminos que lo dispuesto en el tercer pÃ¡rrafo del apartado 4 del artÃ­culo 6 de esta Orden.
ArtÃ­culo 5. Obligaciones del expedidor en la conservaciÃ³n de las facturas y documentos sustitutivos.
1. Los empresarios o profesionales deberÃ¡n conservar, durante el plazo que resulte de lo dispuesto por la Ley General Tributaria, los documentos a que se refiere el artÃ­culo 19.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n.
Esta obligaciÃ³n podrÃ¡ ser realizada directamente por el propio obligado tributario o por un tercero, actuando este Ãºltimo en nombre y por cuenta del primero, con quien deberÃ¡ tener el correspondiente acuerdo de prestaciÃ³n de servicios. En cualquier caso, el obligado tributario serÃ¡ el Ãºnico responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en el artÃ­culo 19.1 del citado Reglamento, debiendo asegurarse de la existencia de las copias de seguridad necesarias y de que se apliquen las medidas tÃ©cnicas y los planes de contingencias necesarios que permitan garantizar la recuperaciÃ³n de los archivos informÃ¡ticos en caso de siniestro o averÃ­a del sistema informÃ¡tico en el que se almacenan las facturas o documentos sustitutivos electrÃ³nicos. 2. Se entiende por copia de una factura o documento sustitutivo, en soporte papel, un documento que tenga el mismo soporte, formato y contenido que el original, pudiendo contener algÃºn distintivo que asÃ­ lo indique, como es la expresiÃ³n Â«copiaÂ». En las facturas o documentos sustitutivos electrÃ³nicos, la copia es un fichero idÃ©ntico al original. Cuando el original haya sido firmado electrÃ³nicamente, la copia se refiere al fichero firmado. Se entiende por matriz de una factura o documento sustitutivo, o conjunto de facturas o documentos sustitutivos expedidos, un conjunto estructurado de datos, tablas, base de datos o sistema de ficheros que contienen todos los datos reflejados en las facturas o documentos sustitutivos junto a los programas o aplicaciones que permitan al expedidor la generaciÃ³n de las facturas o documentos sustitutivos y la obtenciÃ³n de copias y de duplicados. 3. La gestiÃ³n de la conservaciÃ³n de los documentos expedidos a que se refiere el artÃ­culo 19 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, y de las copias o matrices de esos documentos, debe hacerse ordenadamente, de modo que, cualquiera que sea su formato y soporte, y en especial cuando este sea electrÃ³nico, se garantice la legibilidad de tales documentos, copias o matrices, debiendo el obligado tributario facilitar, en su caso, a requerimiento de la AdministraciÃ³n Tributaria, el descifrado y la decodificaciÃ³n de datos no auto explicativos.
Asimismo, el obligado tributario deberÃ¡ facilitar el acceso completo y sin demora injustificada a tales documentos, entendiÃ©ndose por tal aquÃ©l que permita la consulta directa de todos y cada uno de los documentos, copias o matrices conservados, cualquiera que sea su soporte.
Cuando se utilice un sistema informÃ¡tico en la llevanza y conservaciÃ³n de los documentos expedidos y las copias o matrices de los documentos y, por tanto, Ã©stos tengan un soporte electrÃ³nico, tanto en un sistema de almacenamiento local como remoto, el acceso completo debe entenderse como aquÃ©l que posibilite una consulta en lÃ­nea a los datos que permita la visualizaciÃ³n de los documentos con todo el detalle de su contenido, la bÃºsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro regulados en el artÃ­culo 62 y siguientes del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, la copia o descarga en lÃ­nea en los formatos originales y la impresiÃ³n a papel de aquellos documentos que sean necesarios a los efectos de la verificaciÃ³n o documentaciÃ³n de las actuaciones de control fiscal.
ArtÃ­culo 6. Obligaciones de los destinatarios en la conservaciÃ³n electrÃ³nica de las facturas y documentos sustitutivos.
Cuando las facturas o documentos sustitutivos se reciban en soporte electrÃ³nico, acompaÃ±adas de una firma electrÃ³nica reconocida o de cualquiera otra admitida u homologada por la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, el destinatario deberÃ¡ proceder a la verificaciÃ³n de la firma y disponer del procedimiento de control interno que a su juicio considere apropiado que le permita verificar la validez de los certificados utilizados. 2. La obligaciÃ³n de conservaciÃ³n se refiere a las facturas y documentos sustitutivos recibidas en el formato y soporte original en el que Ã©stas hubieran sido remitidas, salvo que el destinatario opte por alguna de las formas alternativas de conversiÃ³n autorizadas contempladas en los artÃ­culos 7 y 8 de esta Orden, en cuyo caso la conservaciÃ³n se referirÃ¡ a dichos formatos y soportes. Cualquier conversiÃ³n de soporte o de formato de los documentos recibidos distinta de las previstas en los artÃ­culos 7 y 8 de esta Orden efectuada por el destinatario darÃ¡ origen a un nuevo documento que no tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de documento original. 3. La gestiÃ³n de la conservaciÃ³n de las facturas y documentos sustitutivos recibidos debe hacerse ordenadamente, de modo que cualquiera que sea su formato y soporte, y en especial cuando este sea electrÃ³nico, se garantice su legibilidad, debiendo el obligado tributario facilitar, en su caso, a requerimiento de la AdministraciÃ³n tributaria, el descifrado y la decodificaciÃ³n de los datos no auto explicativos. 4. El obligado tributario debe facilitar el acceso completo y sin demora injustificada a las facturas o documentos sustitutivos recibidos, entendiÃ©ndose por tal aquÃ©l que permita la consulta directa de todos y cada uno de ellos, cualquiera que sea su soporte. Cuando se utilice un sistema informÃ¡tico en la Ilevanza y conservaciÃ³n de los documentos y, por tanto, Ã©stos tengan un soporte electrÃ³nico, tanto en un sistema de almacenamiento local como remoto, el acceso completo debe entenderse como aquÃ©l que posibilite una consulta en lÃ­nea a los datos que permita la visualizaciÃ³n de los documentos con todo el detalle de su contenido, la bÃºsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro regulados en el artÃ­culo 62 y siguientes del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la copia o descarga en lÃ­nea en los formatos originales y la impresiÃ³n a papel de aquellas facturas y documentos sustitutivos que sean necesarios a los efectos de la verificaciÃ³n o documentaciÃ³n de las actuaciones de control fiscal. Cuando entre las facturas o documentos sustitutivos recibidos existan documentos electrÃ³nicos en cuya remisiÃ³n se optÃ³ por la utilizaciÃ³n de firma electrÃ³nica en los tÃ©rminos de los artÃ­culos anteriores de esta Orden como medio para garantizar la autenticidad de su origen e integridad del contenido, el destinatario deberÃ¡ conservar de forma ordenada, ademÃ¡s de las facturas y documentos sustitutivos electrÃ³nicos recibidos, las firmas electrÃ³nicas asociadas a cada uno de ellos, cuando no vengan incluidas en el propio fichero que contenga cada documento. Asimismo, deberÃ¡ disponer de los dispositivos de verificaciÃ³n de firma y de un procedimiento de control interno que garantice de forma adecuada la validez de los certificados electrÃ³nicos utilizados por los expedidores, de modo que se adviertan aquellos que pudieran estar caducados, revocados o suspendidos en el momento de la expediciÃ³n. 5. Cuando el emisor y/o receptor de facturas y documentos sustitutivos electrÃ³nicos sea un tercero que actÃºa en nombre y por cuenta de los obligados tributarios, deberÃ¡ cumplir con los requisitos expresados anteriormente. No obstante, cumplidos Ã©stos, podrÃ¡n poner a disposiciÃ³n de sus clientes aplicaciones informÃ¡ticas que gestionen un repositorio de facturas y documentos sustitutivos emitidos o recibidos, segÃºn corresponda, junto con la firma electrÃ³nica generada o verificada en los tÃ©rminos de esta Orden, proporcionando un cÃ³digo de autenticaciÃ³n de mensajes asociado a cada documento. Este cÃ³digo permitirÃ¡ el acceso al documento asociado existente en el repositorio y garantizarÃ¡, al que accede, que cumple con los requisitos contemplados en esta Orden. En el supuesto del pÃ¡rrafo anterior, un documento impreso a papel con este cÃ³digo es vÃ¡lido, como en el artÃ­culo 8, siempre que se mantenga el mencionado repositorio en el que se encuentra el documento y su firma electrÃ³nica, exista un mecanismo de verificaciÃ³n de la firma en el mismo y se pueda acceder de forma completa al documento mediante dicho cÃ³digo electrÃ³nico de autenticaciÃ³n.
ArtÃ­culo 7. DigitalizaciÃ³n certificada de facturas recibidas y documentos sustitutivos recibidos y de otros documentos o justificantes.
1. Los obligados tributarios podrÃ¡n proceder a la digitalizaciÃ³n certificada de las facturas, documentos sustitutivos y de cualesquiera otros documentos que conserven en papel que tengan el carÃ¡cter de originales.
Las facturas, documentos sustitutivos y otros documentos asÃ­ digitalizados permitirÃ¡n que el obligado tributario pueda prescindir de los originales en papel que les sirvieron de base. 2. Se entiende por digitalizaciÃ³n certificada el proceso tecnolÃ³gico que permite, mediante la aplicaciÃ³n de tÃ©cnicas fotoelectrÃ³nicas o de escÃ¡ner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital codificada conforme a alguno de los formatos estÃ¡ndares de uso comÃºn y con un nivel de resoluciÃ³n que sean admitidos por la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. Este proceso de digitalizaciÃ³n deberÃ¡ cumplir los siguientes requisitos:
a) Que el proceso de digitalizaciÃ³n sea realizado por el propio obligado tributario o bien por un tercero prestador de servicios de digitalizaciÃ³n, en nombre y por cuenta de aquÃ©l, utilizando en ambos casos un software de digitalizaciÃ³n certificado en los tÃ©rminos del apartado 3 de este mismo artÃ­culo.
b) Que el proceso de digitalizaciÃ³n utilizado garantice la obtenciÃ³n de una imagen fiel e Ã­ntegra de cada documento digitalizado y que esta imagen digital sea firmada con firma electrÃ³nica en los tÃ©rminos de los artÃ­culos anteriores de esta Orden en base a un certificado electrÃ³nico instalado en el sistema de digitalizaciÃ³n e invocado por el software de digitalizaciÃ³n certificada. Este certificado debe corresponder al obligado tributario cuando la digitalizaciÃ³n certificada se realice por el mismo o al prestador de servicios de digitalizaciÃ³n en otro caso. Uno u otro, segÃºn corresponda, deberÃ¡ disponer de los procedimientos y controles necesarios para garantizar la fidelidad del proceso de digitalizaciÃ³n certificada. c) Que el resultado de la digitalizaciÃ³n certificada se organice en torno a una base de datos documental y que por cada documento digitalizado se conserve un registro de datos con todos los campos exigibles en la llevanza de los libros de registros incluidos en los artÃ­culos 62 y siguientes del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, ademÃ¡s de un campo en el que se contenga la imagen binaria del documento digitalizado o que enlace al fichero que la contenga, en ambos casos con la firma electrÃ³nica de la imagen del documento conforme a como se indica en la letra b). d) Que el obligado a la conservaciÃ³n disponga del software de digitalizaciÃ³n certificado con las siguientes funcionalidades:
1.Âª Firma de la base de datos que garantice la integridad de datos e imÃ¡genes al cierre de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n al que estÃ© sometido el obligado tributario.
2.Âª Acceso completo y sin demora injustificada a la base de datos. A estos efectos, se entiende por acceso completo aquÃ©l que posibilite una consulta en lÃ­nea a los datos que permita la visualizaciÃ³n de los documentos con todo el detalle de su contenido, la bÃºsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro regulados en el artÃ­culo 62 y siguientes del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la copia o descarga en lÃ­nea en los formatos originales y la impresiÃ³n a papel de aquellos documentos que sean necesarios a los efectos de la verificaciÃ³n o documentaciÃ³n de las actuaciones de control fiscal.
3. Las entidades desarrolladoras que deseen homologar software de digitalizaciÃ³n que cumplan los requisitos del apartado 2 de este artÃ­culo deberÃ¡n cumplir los siguientes trÃ¡mites:
a) Las entidades interesadas presentarÃ¡n una solicitud ante el Director del Departamento de InformÃ¡tica Tributaria de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria que deberÃ¡ contener una declaraciÃ³n responsable de cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Orden, acompaÃ±ada de la documentaciÃ³n que acredite su cumplimiento.
En particular, el solicitante deberÃ¡ aportar, junto con la solicitud, las normas tÃ©cnicas en las que se base el procedimiento de digitalizaciÃ³n certificada que pretenda homologar, asÃ­ como los protocolos o normas y procedimientos de seguridad, de control y de explotaciÃ³n referidos a la creaciÃ³n y consulta de la base de datos documental que contenga las imÃ¡genes digitalizadas de los documentos originales en papel suministrados por el obligado tributario y los mecanismos de firma electrÃ³nica utilizados. b) Adicionalmente, la documentaciÃ³n aportada deberÃ¡ contener un informe emitido por una entidad de auditorÃ­a informÃ¡tica independiente con solvencia tÃ©cnica acreditada en el Ã¡mbito del anÃ¡lisis y la evaluaciÃ³n de la actividad desarrollada, en el que se exprese la opiniÃ³n acerca del cumplimiento, por parte de la entidad solicitante, de las condiciones establecidas en esta Orden para la admisiÃ³n de su sistema de digitalizaciÃ³n certificada cuya homologaciÃ³n se solicita y sobre los procedimientos utilizados. c) Cuando la solicitud presentada no contenga todos los elementos que sean necesarios para permitir la verificaciÃ³n de los requisitos exigidos normativamente, se podrÃ¡ requerir al solicitante para que en el plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca, con indicaciÃ³n de que si asÃ­ no lo hiciera se le tendrÃ¡ por desistido y se procederÃ¡ al archivo de la solicitud sin mÃ¡s trÃ¡mite. Cuando el requerimiento de subsanaciÃ³n haya sido atendido en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se notificarÃ¡ al solicitante la denegaciÃ³n de acuerdo con lo previsto en la letra e siguiente. d) Para efectuar la mencionada verificaciÃ³n, el Departamento de InformÃ¡tica Tributaria podrÃ¡ recabar cuanta informaciÃ³n complementaria entienda necesaria para comprobar la exactitud de lo declarado por el solicitante, asÃ­ como efectuar las comprobaciones adicionales que crea convenientes. e) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Orden, el Director del Departamento de InformÃ¡tica Tributaria acordarÃ¡ la homologaciÃ³n del software de digitalizaciÃ³n presentado y su inclusiÃ³n en una lista que se harÃ¡ pÃºblica en la pÃ¡gina web de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, www.agenciatributaria.es. En la resoluciÃ³n se describirÃ¡n las condiciones en que la solicitud se entiende concedida y la referencia identificativa de la misma. En caso contrario, en el escrito de denegaciÃ³n de la autorizaciÃ³n se deberÃ¡ motivar la causa que impide la autorizaciÃ³n. El acuerdo que se dicte serÃ¡ recurrible en alzada ante el Director General de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. f) El Director del Departamento de InformÃ¡tica Tributaria resolverÃ¡ acerca de la solicitud de admisiÃ³n en un plazo de seis meses. Si la verificaciÃ³n no hubiera finalizado en ese plazo, o no se hubiera dictado resoluciÃ³n expresa, la solicitud podrÃ¡ entenderse desestimada por silencio administrativo. g) PodrÃ¡ efectuar la solicitud a que se refiere este artÃ­culo cualquier entidad desarrolladora establecida en EspaÃ±a o en cualquier otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea.
ArtÃ­culo 8. ImpresiÃ³n de facturas y documentos sustitutivos remitidos en formato electrÃ³nico.
En general, las facturas y documentos sustitutivos remitidos electrÃ³nicamente deben ser conservados por los destinatarios en el mismo formato electrÃ³nico de remisiÃ³n, sin conversiÃ³n alguna, junto con los medios que garanticen su autenticidad de origen e integridad del contenido. No obstante, cuando los documentos sean remitidos por medios electrÃ³nicos y firmados con firma electrÃ³nica en los tÃ©rminos de los artÃ­culos anteriores de esta Orden, los contribuyentes destinatarios que deseen conservarlas de forma impresa en papel, despuÃ©s de verificada la firma, podrÃ¡n realizar dicha conversiÃ³n de soporte mediante la correspondiente opciÃ³n de software que permita la impresiÃ³n a papel, junto a los contenidos del documento, de dos conjuntos de cÃ³digos PDF-417, considerados como sendas marcas grÃ¡ficas de autenticaciÃ³n, en el primero de los cuales se incluirÃ¡ Ã­ntegramente el contenido de los datos de la factura o documento sustitutivo, tal y como fueron firmados en su expediciÃ³n, y en el segundo la firma electrÃ³nica del fichero anterior y todos los elementos que de forma estandarizada permitan, previa lectura, la verificaciÃ³n de la firma. En el supuesto de estar la firma electrÃ³nica embebida en el fichero que contiene la factura o documento sustitutivo o de que los datos del documento estÃ©n contenidos en el formato de firma electrÃ³nica, bastarÃ¡ con la impresiÃ³n de un solo conjunto de marca grÃ¡fica que incluya todos los datos del fichero o formato de firma electrÃ³nica.
Las marcas grÃ¡ficas tendrÃ¡n las siguientes caracterÃ­sticas:
a) Deben permitir la lectura para la regeneraciÃ³n de los ficheros originales y mantendrÃ¡n una redundancia de datos para posibilitar la lectura, incluso cuando el cÃ³digo se haya deteriorado en parte. Este rasgo se conseguirÃ¡ utilizando el nivel de correcciÃ³n de errores 5 de la especificaciÃ³n citada en la letra c de este artÃ­culo. Se deberÃ¡ utilizar la compactaciÃ³n en modo Byte (Byte compaction BC mode) para permitir la codificaciÃ³n de la informaciÃ³n en formato BASE code 64.
b) Las marcas se situarÃ¡n en un Ã¡rea de impresiÃ³n rectangular cuyo vÃ©rtice superior izquierdo tendrÃ¡ siempre la misma coordenada absoluta respecto del vÃ©rtice superior izquierdo del papel, que tendrÃ¡ formato DIN A4, impreso en posiciÃ³n vertical. c) Para no limitar el tamaÃ±o mÃ¡ximo de datos se emplearÃ¡ el procedimiento MACRO PDF417. No se deberÃ¡ utilizar el procedimiento denominado Truncated PDF417, lo que permitirÃ¡ garantizar la lectura de las marcas grÃ¡ficas generadas. Para incluir la descripciÃ³n de cada fichero en la marca grÃ¡fica se deben emplear los campos de informaciÃ³n opcional definidos en la propia especificaciÃ³n del procedimiento. d) A los efectos de este apartado se entiende por PDF417 un cÃ³digo de barras multilineal segÃºn la especificaciÃ³n Uniform Symbology Specification-PDF417 publicada por la AsociaciÃ³n para el Desarrollo de EstÃ¡ndares (AIM) acreditada por American National Standards Institute.
ArtÃ­culo 9. ExpediciÃ³n y conservaciÃ³n de facturas y documentos sustitutivos fuera del territorio espaÃ±ol.
1. Los obligados a la conservaciÃ³n de las facturas o documentos sustitutivos destinatarios de los ejemplares originales y los expedidores, respecto de las copias o matrices de dichos documentos, podrÃ¡n determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligaciÃ³n en territorio espaÃ±ol o en el extranjero, a condiciÃ³n de que pongan a disposiciÃ³n del Ã³rgano de la AdministraciÃ³n tributaria que estÃ© desarrollando una actuaciÃ³n dirigida a la comprobaciÃ³n de su situaciÃ³n tributaria, ante cualquier solicitud de dicho Ã³rgano y sin demora injustificada, toda la documentaciÃ³n o informaciÃ³n asÃ­ conservada.
2. Cuando la conservaciÃ³n se efectÃºe fuera de EspaÃ±a, tal obligaciÃ³n Ãºnicamente se considerarÃ¡ vÃ¡lidamente cumplida si se realiza mediante el uso de medios electrÃ³nicos que garanticen el acceso completo al sistema informÃ¡tico de almacenamiento remoto y sin demora injustificada, no siendo admisible, en consecuencia, el almacenamiento fuera del territorio espaÃ±ol cuando los documentos estÃ©n en soporte papel. A los efectos de lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, se entiende por acceso completo al sistema informÃ¡tico de almacenamiento remoto aquÃ©l que posibilite una consulta en lÃ­nea a los datos que permita la visualizaciÃ³n de los documentos con todo el detalle de su contenido, la bÃºsqueda selectiva de cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro regulados en el artÃ­culo 62 y siguientes del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la copia o descarga en lÃ­nea en los formatos originales y la impresiÃ³n a papel de aquellos documentos que sean necesarios a los efectos de la verificaciÃ³n o documentaciÃ³n de las actuaciones de control fiscal. Cuando el lugar seleccionado para la conservaciÃ³n por el propio obligado tributario, o por un tercero que actÃºe en nombre y por cuenta del obligado tributario sea un tercer paÃ­s no perteneciente a la UniÃ³n Europea o con el cual no exista un instrumento jurÃ­dico relativo a la asistencia mutua con un Ã¡mbito de aplicaciÃ³n similar al previsto por la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los crÃ©ditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas, y por la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el Ã¡mbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros, y por el Reglamento (CE) n.Â° 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperaciÃ³n administrativa en el Ã¡mbito del impuesto sobre el valor aÃ±adido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.Â° 218/92, Ãºnicamente cabrÃ¡ la conservaciÃ³n de facturas o documentos sustitutivos en dichos terceros paÃ­ses cuando la conservaciÃ³n sea realizada de forma directa por el propio obligado tributario previa comunicaciÃ³n a la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria o cuando la conservaciÃ³n sea encomendada a terceras personas distintas del obligado tributario siguiendo el procedimiento detallado en el apartado 4 de este artÃ­culo. 3. El procedimiento a seguir en la autorizaciÃ³n administrativa respecto a la conservaciÃ³n electrÃ³nica de facturas y documentos sustitutivos en terceros paÃ­ses, en los tÃ©rminos del apartado anterior, resultarÃ¡ asimismo aplicable a los supuestos de autorizaciÃ³n previstos en relaciÃ³n con la expediciÃ³n de facturas o documentos sustitutivos por los clientes o por terceros prestadores de servicios de facturaciÃ³n no residentes en territorio espaÃ±ol en nombre y por cuenta de empresarios y profesionales residentes en EspaÃ±a. Este procedimiento sÃ³lo podrÃ¡ instarse por empresarios o profesionales establecidos o residentes en EspaÃ±a interesados en la expediciÃ³n o en el almacenamiento de las facturas o documentos sustitutivos respecto de los que son sujetos obligados a expedir o a conservar. No se admitirÃ¡n las solicitudes de prestadores de servicios residentes en el extranjero que pretendan homologar sus sistemas para prestar servicios a entidades residentes en EspaÃ±a. 4. El procedimiento al que se refieren los apartados anteriores serÃ¡ el siguiente:
a) Previamente a la realizaciÃ³n de las actividades de expediciÃ³n o de almacenamiento para la conservaciÃ³n de facturas o documentos sustitutivos, el interesado en dicha expediciÃ³n o conservaciÃ³n dirigirÃ¡ una solicitud de autorizaciÃ³n al Director del Departamento de GestiÃ³n Tributaria de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria que serÃ¡ el Ã³rgano competente para resolver.
Para la tramitaciÃ³n de la solicitud, el Departamento de GestiÃ³n Tributaria podrÃ¡ solicitar los informes que estime convenientes. b) Para la resoluciÃ³n del expediente, el interesado estarÃ¡ obligado a facilitar cualquier informaciÃ³n que resulte necesaria para evaluar por la AdministraciÃ³n tributaria las garantÃ­as ofrecidas respecto del nivel de los accesos a los sistemas informÃ¡ticos remotos y respecto de la seguridad y confiabilidad en los sistemas, resultando exigibles las auditorÃ­as informÃ¡ticas externas realizadas por entidades de reconocido prestigio internacional. En el supuesto de sistemas de expediciÃ³n de facturas, se valorarÃ¡ si los sistemas de facturaciÃ³n electrÃ³nica propuestos por residentes espaÃ±oles para operar en el extranjero satisfacen las garantÃ­as esenciales de autenticidad de origen de las facturas expedidas y la integridad de los contenidos y si los contratos entre los obligados y los clientes o terceros expedidores se adecuan a la legalidad. La AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡ requerir, cuando se trate de un paÃ­s tercero distinto de los integrados en la UniÃ³n Europea, entre otros requisitos, el compromiso escrito de la AdministraciÃ³n fiscal donde reside el sistema de datos remoto de colaboraciÃ³n con la AdministraciÃ³n fiscal espaÃ±ola en caso necesario. A estos efectos, se deberÃ¡ permitir a los auditores informÃ¡ticos espaÃ±oles designados la colaboraciÃ³n activa con los existentes, en su caso, en el paÃ­s remoto para la realizaciÃ³n de los trabajos de anÃ¡lisis o auditorÃ­a de tales sistemas informÃ¡ticos de almacenamiento remoto y, en su caso de obtenciÃ³n de la informaciÃ³n relacionada con la facturaciÃ³n allÃ­ almacenada referida a los obligados tributarios establecidos o residentes en EspaÃ±a. En el supuesto de tratarse de un paÃ­s de la UniÃ³n Europea resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n la normativa europea sobre asistencia mutua. c) Cuando la solicitud presentada no contenga todos los elementos que sean necesarios para permitir la verificaciÃ³n de los requisitos exigidos normativamente, se podrÃ¡ requerir al solicitante para que en el plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca, con indicaciÃ³n de que si asÃ­ no lo hiciera se le tendrÃ¡ por desistido y se procederÃ¡ al archivo de la solicitud sin mÃ¡s trÃ¡mite. Cuando el requerimiento de subsanaciÃ³n haya sido atendido en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se notificarÃ¡ al solicitante la denegaciÃ³n de acuerdo con lo previsto en la letra e siguiente. d) Tras el anÃ¡lisis de la informaciÃ³n aportada junto al escrito inicial y de la expresamente requerida y de la prÃ¡ctica de las pruebas que se estimen necesarias, el Ã³rgano que haya conocido del sistema emitirÃ¡ el correspondiente dictamen que servirÃ¡ de base para que el Director del Departamento de GestiÃ³n Tributaria adopte el acuerdo que corresponda. e) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Orden, el Director del Departamento de GestiÃ³n Tributaria acordarÃ¡ la autorizaciÃ³n solicitada asignando una referencia identificativa a la misma. En el acuerdo podrÃ¡n establecerse condiciones especÃ­ficas para la aceptaciÃ³n del sistema de expediciÃ³n o de almacenamiento solicitado. En caso de denegaciÃ³n de la autorizaciÃ³n se deberÃ¡ motivar la causa que impide la autorizaciÃ³n. El acuerdo que se dicte serÃ¡ recurrible en alzada ante el Director General de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. f) El plazo para resolver el expediente es de seis meses. Si al tÃ©rmino del plazo no se hubiera dictado resoluciÃ³n expresa, la solicitud podrÃ¡ entenderse desestimada por silencio administrativo.
DisposiciÃ³n adicional primera. Otras obligaciones formales.
Para facilitar la prÃ¡ctica de las comprobaciones administrativas en relaciÃ³n a los documentos que se regulan en esta Orden se deberÃ¡n conservar, durante los plazos que resulten de la normativa tributaria, los datos en soporte informÃ¡tico legibles y tratables por otros sistemas informÃ¡ticos distintos a aquellos que se utilizaron en su generaciÃ³n.
Para ello, las aplicaciones informÃ¡ticas utilizadas por el contribuyente en la generaciÃ³n de los datos deberÃ¡n disponer de la adecuada funcionalidad de exportaciÃ³n de datos que garantice, en su caso, su importaciÃ³n por otros sistemas y aplicaciones informÃ¡ticas distintas a las utilizadas por el contribuyente en el momento de su generaciÃ³n y que sean accesibles en el mercado en el momento en que la AdministraciÃ³n tributaria necesite comprobar los datos del contribuyente.
DisposiciÃ³n adicional segunda. RÃ©gimen de los sistemas de facturaciÃ³n telemÃ¡tica autorizados.
1. Todos los sistemas de intercambio de facturaciÃ³n por medios telemÃ¡ticos autorizados a la fecha de entrada en vigor de esta norma, conforme al apartado cuarto de la Orden de 22 de marzo de 1996, por la que se dictan las normas de aplicaciÃ³n del sistema de facturaciÃ³n telemÃ¡tica previsto en el artÃ­culo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, continuarÃ¡n siendo vÃ¡lidos.
2. Todos los sistemas de facturaciÃ³n aprobados conforme al punto 2 del apartado Quinto de la Orden HAC/3134/2002, de 5 de diciembre, sobre un nuevo desarrollo del rÃ©gimen de facturaciÃ³n telemÃ¡tica previsto en el artÃ­culo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, y en el artÃ­culo 9 bis del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, continÃºan siendo vÃ¡lidos conforme a las condiciones autorizadas sin que precisen de una nueva autorizaciÃ³n conforme a la presente Orden. 3. No serÃ¡n admisibles modificaciones en tales sistemas autorizados salvo que sean necesarias para adaptarlos a los nuevos requisitos establecidos por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, aprobado por el artÃ­culo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y desarrollado por esta Orden. En caso de que sea necesaria una modificaciÃ³n en los sistemas autorizados, los interesados deberÃ¡n comunicarlo previamente al Departamento de InspecciÃ³n Financiera y Tributaria, que deberÃ¡ resolver atendiendo exclusivamente al cumplimiento de los requisitos exigibles en dicho Reglamento y en esta Orden.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Certificados electrÃ³nicos de las entidades prestadoras de servicios de certificaciÃ³n y firma electrÃ³nica.
En el Ã¡mbito de la presente Orden, las entidades prestadoras de servicios de certificaciÃ³n y firma electrÃ³nica, podrÃ¡n desarrollar su actividad prestadora tambiÃ©n en el caso de que Ã©sta deba realizarse con certificados electrÃ³nicos emitidos por dichas entidades, con el alcance y lÃ­mites previstos en la correspondiente declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n.
Queda derogada la Orden HAC/3134/2002, de 5 de diciembre, sobre un nuevo desarrollo del rÃ©gimen de facturaciÃ³n telemÃ¡tica previsto en el artÃ­culo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, y en el artÃ­culo 9 bis del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre.
Se autoriza al Director General de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicaciÃ³n de esta Orden.
Madrid, 10 de abril de 2007.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, Pedro Solbes Mira.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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