Source: https://www.fiscal.es/memorias/memoria2017/FISCALIA_SITE/capitulo_II/cap_II_5.html
Timestamp: 2019-02-22 10:54:44+00:00

Document:
A lo largo del año 2016 se ha reunido mensualmente la comisión de seguimiento de destrucción de drogas creada el 3 de octubre de 2012 por el Acuerdo Marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior, y la agencia estatal «agencia española de medicamentos y productos sanitarios». Este año se han consolidado las cifras manejadas por los Ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado) y del Interior, que nos dan los siguientes datos de incautaciones y destrucción.
El año al que se contrae la Memoria se incautaron 361.754 kilos de las drogas más importantes, lo que supone una importante cantidad, pero una disminución 13,53% en relación a 2015 (418.362 Kilos).
Desde el punto de vista geográfico, destacan Cádiz/Algeciras, con el 40% del volumen total), Málaga (14%), Almería (12%), Murcia (11%) y Madrid (3%).
En lo que se refiere a las cantidades incautadas, las cifras provisionales nos dan los siguientes resultados: en hachís, 324.379 kilogramos (frente a 380.361 del año anterior, con una disminución del 14,72%); cocaína, 15.629 (21.621 el período anterior, disminución del 27,71%); heroína, 253 (256 el año anterior, disminución de 1,17%); speed, 355 (209 el período anterior, aumento del 69,86%); marihuana, 21.138 (15.915 el período anterior, aumento del 32,82%)
Ello se traduce en que el hachís representa el 89,67% de las cantidades incautadas, la cocaína el 4,32%, la heroína el 0,07%, el Speed el 0,10% y la marihuana el 5,84%. La suma de hachís y marihuana representa, por tanto, el 95,51%.
Además se incautaron en dicho período 346.848 unidades de MDMA (frente a 134.063 del período anterior, con un aumento del 158,72%), y 724.611 plantas de cannabis (frente a 379.846 del año anterior, con un aumento del 90,76%).
De estas cifras podemos destacar la notable proporción de los derivados del cannabis, y, dentro de ella, una eventual disminución del hachís en favor de la marihuana, tanto ya procesada como, especialmente, el muy importante aumento de las plantaciones de cannabis en nuestro propio país, cuestión a la que ya hicimos mención en la Memoria de 2014, y que genera especiales problemas de depósito y destrucción. Asimismo es preocupante el aumento del MDMA y del SPEED.
Las destrucciones programadas de droga que se han realizado en territorio nacional durante el año 2016, en colaboración con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alcanzaron los 369.616 kilos, destacando la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 280.046,74, lo que supone el 76,65%. Esta importancia de Andalucía se comprueba asimismo en los datos de las URCD'S dependientes del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, donde destaca Algeciras (más de 70.000 kilogramos), Almería (21.000), Cádiz (casi 56.000), Murcia (más de 27.000) o Valencia (más de 7.700 kilogramos).
Como consecuencia de las actuaciones realizadas, la media de droga almacenada por las Delegaciones del Gobierno procedente del tráfico ilícito ha disminuido en un 50% entre 2012 y 2016, ya que se ha pasado de 130.000 kg en 2012, a una media de 69.000 kg en 2016.
En todo caso, el importantísimo volumen de la droga que se destruye anualmente puede comenzar a generar problemas de capacidad de los centros de destrucción; circunscribiéndonos a estas cifras, e incluyendo los datos consolidados aportados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), podemos comparar la evolución de las cifras de destrucción, rectificando así las cifras de la Memoria correspondiente a 2015, que se limitaba, a las sustancias depositadas en dependencias del entonces Ministerio de Administraciones Públicas:
Año 2012: 373.725,00 kg
Año 2013: 454.902,50 kg
Año 2014: 364.743,91 kg
Año 2015: 446.844,38 kg
Año 2016: 369.616 kg
Total de los cinco años: 2.009.831,79 kg
También destacan las memorias de los fiscales Delegados el incremento de las asociaciones y clubes de cannabis, y la complejidad derivada de la inscripción de muchas de ellas sin actividad real, pero que exigen una investigación previa. En todo caso, por regla general, está funcionando adecuadamente la comunicación entre el registro central y los registros autonómicos, de una parte, y las fiscalías, de otra, a los efectos de denuncia de las mismas, previa al acto de inscripción.
5.2 La actividad de la Fiscalía
No ha habido cambios en la plantilla de Fiscales del órgano central; ya en 2017 el Ilmo. Sr. don Ángel Bodoque Agredano ha sido destinado, mediante la pertinente comisión de servicios, como asesor en la Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Por lo que se refiere al personal de Secretaría, se han producido los siguientes cambios:
D. Rafael Enrique Lacalle Gloria: Toma de posesión: 22 de noviembre de 2016. Titular del Cuerpo de Auxilio Judicial.
D. Miguel Ferre Grau. Toma de posesión: 17 de noviembre de 2016. Titular del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
D.ª Consuelo Olmo Carreño. Toma de Posesión: 5 de julio de 2016. Cese: 22 de noviembre de 2016. Interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
D. Antonio Miguel Luque Collantes. Cese: 14 de noviembre de 2016. Titular del Cuerpo de Auxilio Judicial.
D. Antonio Reyes Noguera. Cese: 1 de septiembre de 2016. Interino del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
D.ª María Antonia Delgado Capllonch. Posesión: 5 de mayo de 2016. Cese: 12 de julio de 2016. Interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
D.ª Encarnación Belmonte Henares. Cese por jubilación: 4 de julio de 2016. Titular del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
En cuanto a los Delegados, en enero, una vez acordada la creación de una plaza de Delegado en Guipúzcoa, se procedió al nombramiento del Ilmo. Sr. don David Mayor Fernández.
En febrero, tras la renuncia del anterior delegado, Ilmo. Sr. don Salvador Ortolá Fayos, se procedió al nombramiento de la Ilma. Sra. D.ª María Jesús Armesto Rodríguez.
En marzo cesó el Ilmo. Sr. Don Ismael Teruel García, delegado en la provincia de Castellón, al ser trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia, quien fue sustituido por el Ilmo. Sr. don José Joaquín Taus Ballester.
Tras el cese de la anterior delegada en Huelva, Ilma. Sra. D.ª Ángela Gómez Rodulfo de Solís (trasladada en comisión de servicios a la Fiscalía de la Audiencia Nacional), se procedió al nombramiento de la Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Laso Mota.
La especial estructura de la Fiscalía Especial Antidroga nos obliga a distinguir entre las Juntas Ordinarias –celebradas con los Fiscales destinados en la sede central– y las Juntas Generales, que se suelen celebrar dos al año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y a las que son convocados todos los Fiscales Delegados.
El año 2016 sólo se ha celebrado una Junta General, porque, cuando ya estaba convocada la primera de ellas para los días 19 y 20 de mayo, en Sanjenjo (Pontevedra) y hechas las pertinentes gestiones por nuestro Delegado en dicha provincia, llegó una comunicación de la Subdirección General de relaciones con la Administración de Justicia, fechada el 3 de mayo, comunicando la denegación de las correspondientes comisiones de servicios por razones de «máximo aprovechamiento de los recursos públicos», y sugiriendo la posibilidad de celebrarla en Madrid, posibilidad que hubo que desechar, ante la dificultad de encontrar alojamiento adecuado en fechas anteriores al verano en Madrid.
Por lo tanto, sólo se celebró una Junta General, en Madrid, los días 7 y 8 de noviembre, en que hubo que retomar los temas que no se pudieron tratar en la Junta suspendida, que tuvo por objeto los siguientes temas:
Primero: Presentación por la Ilma. Sra. D.ª Dolores López Salcedo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de tráfico de drogas y blanqueo asociado, y subsiguiente debate.
Segundo: Presentación por el Excmo. Fiscal Jefe sobre la demanda de comiso autónomo 1/2016, presentada por esta Fiscalía ante la Audiencia Nacional, derivada del fallecimiento de un procesado anteriormente declarado en rebeldía, en que la demanda se ha dirigido contra la viuda e hijas menores de aquél, como herederas suyas, y contra los padres del fallecido, como partícipes a título lucrativo.
Tercero: Información del Excmo. Sr. Fiscal Jefe sobre el recurso de amparo interpuesto por una asociación cannábica contra la sentencia del Tribunal Supremo número 484/2015.
Cuarto: Análisis del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1373/2016, de 29 de septiembre, sobre la práctica de prueba pericial en el acto del juicio oral. Postura a adoptar por la Fiscalía.
Quinto: Mesa redonda sobre los problemas/cuestiones prácticas que se han venido detectando en la aplicación de la LO 13/ 2015 de 5 octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con las medidas de investigación tecnológica, moderada por el Fiscal Jefe, y en la que intervinieron los Ilmos. Sres. D. Javier Moltó (delegado en Alicante) y D. Luis Uriarte (delegado en Pontevedra). Estudio de la STS 610/2016, de 7 de julio, sobre medios de geolocalización (GPS).
Sexto: Problemas competenciales en las entregas controladas de contenedores, expuesta por el Delegado en Algeciras y el Campo de Gibraltar, Ilmo. Sr. Don Emilio Miró.
No ha habido celebración de Juntas formales, sino reuniones para resolver cuestiones de reparto de trabajo, turnos de vacaciones, y cuestiones técnico-jurídicas.
5.2.2.3 Participación en foros
5.2.2.3.1 Nacionales
El Fiscal Jefe es miembro nato de los siguientes órganos:
Primero: la comisión de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que el pasado año, celebró sesión el 7 de julio, además de informar determinados procedimientos sancionadores por la fórmula de informe escrito por razones de urgencia.
Segundo: la comisión de seguimiento de la destrucción de drogas, a la que ya hemos hecho referencia en la introducción y que, por regla general, celebra reuniones mensuales.
Tercero: El Consejo Español de drogodependencias y otras adicciones, que sólo ha celebrado su sesión constitutiva, el 8 de junio, en la que se acordó constituir un grupo de trabajo especializado, de carácter temporal, para la redacción del proyecto del Reglamento de Régimen Interior del Consejo, sin perjuicio de ulteriormente constituir grupos de trabajo especializados.
D.ª Inmaculada Ávila forma parte de los Comités Permanente y de inteligencia financiera, dependientes de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; el primero de ellos celebró sesiones el 13 de enero y el 2 de junio
5.2.2.3.2 Internacionales
En febrero de 2016, la Ilma. Sra. D.ª Inmaculada Ávila Serrano formó parte de la delegación española en el Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos de GAFI –antiguo Grupo de Trabajo de Tipologías–, en el que se trataron las siguientes cuestiones:
Los principales aspectos tratados en dicho Grupo se han centrado en proyectos vinculados al estudio de las diferentes facetas de la financiación de terrorismo, tal y como se aprecia más abajo, siendo de reseñar la propuesta de adelanto al mes de mayo de Reunión Anual de Expertos en Tipologías de GAFI, que estaba previsto que se celebrara de manera conjunta con Naciones Unidas y EAG en Viena (Austria).
Se informó a los asistentes sobre los diferentes proyectos en vigor en materia de financiación del terrorismo, en concreto:
1. Proyecto de estudio sobre financiación de la organización terrorista ISIS en Siria e Irak. Este proyecto supone una actualización del informe presentado en la sesión extraordinaria del Plenario de GAFI celebrada en diciembre de 2015. Se acordó presentar una nueva propuesta de actualización en junio con el fin de preparar un nuevo informe en octubre de 2016.
2. Proyecto sobre Indicadores de Riesgo sobre nuevas formas de financiación del terrorismo (proyecto liderado por Francia y EE. UU.). Se tiene previsto presentar un borrador de informe en la próxima reunión del Grupo del mes de junio.
3. Proyecto sobre Financiación del Terrorismo en África Central y Occidental, dirigido por España, colaborando en el mismo GIABA y GABAC. Se tiene previsto, aunque el proyecto continúe con posterioridad, que se presente un informe provisional en la reunión del mes de junio.
Continuando con las sesiones, se informó a los asistentes sobre distintos aspectos de la financiación del terrorismo, en concreto se realizaron presentaciones por parte de:
– Interpol, sobre herramientas de Interpol en la lucha contra la financiación del terrorismo, y el establecimiento de listados de personas que acuden a luchar a zonas en conflicto.
– Europol, sobre las funciones del centro antiterrorista de Europol.
– Naciones Unidas, sobre un proyecto de estudio sobre financiación global de ISIS.
– Grupo Egmont, sobre un proyecto de estudio sobre lucha contra la financiación del Estado Islámico a través de las Unidades de Inteligencia Financiera.
– Otras iniciativas en materia de lucha contra la financiación del terrorismo tales como estudios sobre la mejora en la colaboración del sector privado en la lucha contra la financiación del terrorismo, o el estudio sobre el empleo de tarjetas prepago o de empresas remesadoras de dinero como instrumentos en la financiación del terrorismo.
Las delegaciones de Reino Unido y Malasia compartieron sus experiencias en la elaboración y desarrollo del análisis sobre la evaluación del riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo de sus respectivos países, conforme a la Recomendación 1.
Igualmente se informó sobre los avances del proyecto sobre blanqueo de capitales y titulares reales, liderado por España y el Banco Mundial y en el que la Comisaría General de Policía Judicial española ha participado mediante la aportación de nuevos ejemplos prácticos en los que se ha detectado operativa de blanqueo de dinero empleando «trusts».
Se presentó para su aprobación en el Pleno de GAFI la propuesta de celebración de la Reunión Anual de Expertos en Tipologías de GAFI de manera conjunta con Naciones Unidas el mes de mayo de 2016 en Viena (Austria).
Dicho organismo celebró su sesión plenaria en París del 16 al 21 de octubre.
Comisión de estupefacientes:
El Fiscal Jefe formó parte de la delegación española en el 59.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y social de Naciones Unidas, en Viena, del 14 a 22 de marzo de 2016, de especial trascendencia, porque junto a las sesiones ordinarias, se celebró una extraordinaria destinada a preparar el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebró en Nueva York en abril de 2016.
De las intervenciones de la sesión plenaria, se desprende un importante conflicto entre Estados (y ONG'S) que pretenden una revisión completa del sistema actualmente vigente, al menos en relación con el cannabis, y aquellos otros (como España), que defienden el mantenimiento del statu quo, y, específicamente, de los Convenios actualmente vigentes.
Por otra parte, la Delegación del Gobierno en el Plan Nacional contra las drogas organizó un «side event», para presentar el programa COPOLAD 2, aprobado por la UE, a iniciativa de España.
Además de la asistencia al Pleno, tuvimos las siguientes reuniones:
Con el Director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, Aldo Lale-Demoz, con el que se intercambiaron distintas informaciones y análisis, además de recordar el memorándum de cooperación con la Fiscalía Española.
Bilateral con la Delegación de Perú, tanto para comprobar la identidad de posicionamiento entre ambos países de cara al UNGASS como para constatar la excelente relación y cooperación en distintos ámbitos, incluida la cooperación jurídica.
Con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a quien se informó de la solución definitiva al problema de los clubes cannábicos dadas por las recientes sentencias del Tribunal Supremo, de las plantaciones legales de amapola para la industria farmacéutica y del control sobre la única empresa que las realiza, del tratamiento jurídico de los toxicómanos delincuentes y del problema creciente de las plantaciones de cánnabis.
Estuvimos asistidos en todo caso por diplomáticos de la REPER, incluido el embajador, y celebramos con ellos distintas reuniones que sirvieron para ir evaluando la situación. Asimismo se planteó la posibilidad de organizar un «side event» sobre la red iberoamericana de Fiscales Antidroga y el programa de control de contenedores, coincidiendo con la reunión en mayo referida a la delincuencia organizada, aunque, por razones presupuestarias, resultó imposible organizar dicho evento.
El Fiscal Jefe formó parte de la Delegación española que asistió a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), encabezada por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, quien intervino en el debate general. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas participó en la sesión de inauguración y en varias mesas redondas. También integraron la delegación española representantes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Departamento de Aduanas y IIEE de la AEAT y de la FIAPP, además de nuestro Embajador ante la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito en Viena, y el Embajador en Misión Especial para Asuntos Estratégicos del MAEC.
Durante la sesión, la Asamblea General adoptó la resolución A/S-30/ L.1, por la cual se aprobó formalmente el documento político «Nuestro compromiso de abordar efectivamente la lucha contra el problema mundial de las drogas» consensuado en Viena.
La UNGASS comenzó el martes 19 de abril con una sesión de apertura, seguida por un debate general en el que participaron grupos regionales, Estados miembros, Estados observadores, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. En paralelo, se desarrollaron cinco mesas redondas interactivas sobre los temas más relevantes: reducción de la oferta, reducción de la demanda, derechos humanos, nuevos retos, amenazas y realidades en la prevención del problema de las drogas y desarrollo alternativo. Se adjunta programa completo.
La UNGASS comenzó con las intervenciones del Vicesecretario General de las Naciones Unidas, la directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Director Ejecutivo de la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. A continuación, la Asamblea General adoptó la resolución por la que se adopta el documento político consensuado en Viena. Varias delegaciones realizaron explicaciones de posición antes de la adopción, expresando su descontento con la falta de una mención expresa a la abolición de la pena de muerte.
La sesión de apertura se inició con la Intervención del Vicesecretario General de las Naciones Unidas, Sr. Eliasson. Declaró que el problema mundial de las drogas afecta a casi todas las naciones y a todos los sectores de la sociedad. Expresó que el tráfico de drogas y las redes de crimen organizado alimentan la corrupción y debilitan las instituciones y el Estado de Derecho, a la vez que financian y favorecen el terrorismo y el extremismo violento. Finalmente, destacó que el problema mundial de las drogas requiere una respuesta integral que sea efectiva, compasiva y humana, que se adapte a los nuevos retos, incluyendo la aparición de nuevas sustancias psicoactivas.
En línea con este último punto, la Directora General de la OMS expresó que el daño causado por el consumo de fármacos psicoactivos incluye daños a la salud física y mental. Subrayó que unas 27 millones de personas han sufrido trastornos por consumo de drogas y que más de 400.000 de ellas mueren cada año. Destacó que las convenciones internacionales sobre drogas imponen la obligación a los gobiernos de prevenir el tráfico de drogas, y subrayó que estás mismas convenciones les exigen que garanticen la disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos, como la cirugía y el tratamiento de los trastornos mentales, señalando que el 80 por ciento de la población mundial vive en países con poco acceso a los medicamentos para aliviar el dolor moderado a severo.
El Director Ejecutivo de la ONUDD expresó que si podía extraerse un mensaje claro de las muchas discusiones mantenidas en el período previo a la sesión especial, era que la política global de drogas debe «poner a las personas primero», lo que requiere reafirmar los principios fundamentales del sistema internacional de control de drogas. Subrayó que la ONUDD estuvo trabajando con los Estados miembros para poner en práctica sus compromisos, señalando que la Oficina contó con apoyo político y financiero para llevar a cabo su labor de manera eficiente y efectiva.
El Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes acogió favorablemente la evolución de las políticas de control de drogas hacia un enfoque centrado en la salud, más que un enfoque estrictamente punitivo. Añadió que las políticas asociadas con el desprecio a los derechos humanos, el exceso de encarcelamiento y la denegación de tratamientos médicos adecuados así como otros enfoques inhumanos o desproporcionados no se ajustan a los principios de las convenciones internacionales, Expresó que la lucha contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que debe abordarse mediante una mayor y más efectiva cooperación internacional. Además, exigió un enfoque integrado, multidisciplinario, y basado en la evidencia científica.
Tras estas intervenciones, La Asamblea General aprobó la resolución y el documento político que reconoce que, a pesar de los progresos tangibles, el problema mundial de las drogas continúa presentando desafíos para la salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad. La Asamblea reconoció la necesidad de un enfoque global, integrado y equilibrado para hacer frente a los múltiples retos presentados por las drogas en todo el mundo. Se hizo hincapié en que se debe colocar un enfoque particular en personas, en las familias, en las comunidades y sociedades.
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Noruega, Colombia, Honduras, Lituania, Australia, Greda, Luxemburgo, Austria, Italia, España, Grupo Pompidou, y la UE manifestaron su oposición a la pena de muerte solicitando su abolición. Además, señalaron que se deben buscar alternativas al encarcelamiento y que las sanciones deben ser proporcionadas a los delitos. Los países reclamaron la abolición de la pena de muerte, especialmente en relación con los delitos de drogas. Argumentaron que la eficacia de la pena de muerte como elemento disuasorio de la delincuencia no ha probado sus resultados y que existen sanciones más efectivas que no conllevan una vulneración de los derechos fundamentales de las personas y en especial del derecho a la Vida. Solicitaron a los países que contemplan la pena de muerte en sus ordenamientos, que apliquen una moratoria y estudien otras políticas más efectivas hasta que se decida la eliminación de la pena de muerte.
Por su parte, el representante de Indonesia, que habló en nombre de Singapur, Yemen, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irán, Sudán y Bahrain, declaró que no había consenso sobre la abolición de la pena de muerte, añadiendo que es una práctica que no está prohibida por el derecho internacional. Destacó que los Estados tienen el derecho soberano a decidir sobre sus sistemas judiciales y tener en cuenta sus propias circunstancias nacionales. Reiteró que la pena de muerte es un componente importante del sistema de justicia de Indonesia, impuesto solamente para los delitos más graves, constituyendo a la vez un elemento disuasorio.
En cuanto al debate general, todas las delegaciones coincidieron en que el problema mundial de las drogas se mantiene como un desafío global que tiene múltiples causas y genera altos costes en la salud pública, en la seguridad y en el desarrollo económico, a pesar de los significativos esfuerzos nacionales, regionales y mundiales, pero se manifestaron discrepancias en algunos puntos:
En cuanto a la derogación o al menos, moratoria, de la pena de muerte, fue una de las principales cuestiones tratadas en la sesión ya que no se ha logrado incluir una referencia a la misma en el documento final (propiciada por los países de la UE, Suiza y Noruega) por la negativa de varios países como China, Singapur, Vietnam e Indonesia, entre otros. En este sentido, hubo una clara división durante el debate entre los Estados abolicionistas y los defensores de la misma, acerca la legalidad de esta pena.
La mayoría de las delegaciones expresaron que el documento final proporciona una buena base para el progreso, si bien muchos lamentaron que el documento final no incluyera ninguna referencia a la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. Entre ellos Armenia, Brasil, Costa Rica, Noruega, Uruguay, Jamaica, UE, e Indonesia.
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Noruega, Colombia, Honduras, Lituania, Australia, Grecia, Luxemburgo, Austria, Italia, España, Grupo Pompidou, y la UE manifestaron su oposición a la pena de muerte solicitando su abolición. Además, señalaron que se deben buscar alternativas al encarcelamiento y que las sanciones deben ser proporcionadas a los delitos. España reiteró su llamamiento a aquellos países que todavía aplican la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas a considerar la moratoria, como vía para avanzar hacia su abolición.
Respecto de los derechos humanos, la mayoría de los países señalaron que su respeto debe ser una prioridad de las políticas de drogas, subrayando que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos de las personas, que deben ser el centro de las políticas de drogas. En este sentido, España expresó que las políticas de lucha contra el narcotráfico deben estar sujetas al más estricto respeto a los derechos humanos. Por ello, pidió a los países que aún aplican la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas a considerar la moratoria en su uso corno vía para avanzar hacia su abolición.
Por otro lado, Francia, México, Brasil, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Rumania, Costa Rica, Túnez, Lituania, OSCE y España expresaron que se debe prestar especial atención a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad: los niños y los jóvenes, siendo aquí imprescindibles el componente de prevención y los sistemas educativos.
China, México, Nigeria, Turquía, Líbano, Israel y España, entre otros, subrayaron la importancia de la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, expresando que la estrategia internacional de drogas debe sustentarse en esos mismos pilares (derechos humanos, seguridad y desarrollo), generando mayor coherencia en todo el sistema de NNUU. Varios países hicieron referencia a la importancia de aplicar políticas de lucha contra las drogas que promuevan y favorezcan el desarrollo nacional.
La mayoría de los países mencionaron la salud pública como tema central de las políticas de drogas. Subrayaron que estas políticas deben adoptar un enfoque de salud pública que permita asumir una visión global del problema, al abordar las repercusiones indirectas en las actividades asociadas al consumo.
Algunos países manifestaron su apoyo a la despenalización, como fue el caso de México y Perú. México expresó que la actual política prohibicionista no ha dado los resultados esperados a nivel mundial y que México ha pagado un «precio excesivo» en pérdidas de vidas humanas.
En contraposición a esta postura, algunos países como Colombia, Rusia y Turquía subrayaron que el problema de las drogas no es solamente un imperativo legal, sino que es un asunto de seguridad nacional. Turquía concretamente señaló que se trata de un crimen contra la humanidad.
Por otro lado, varios países, como México, Panamá, Uruguay, Líbano, Lituania, Bélgica y España subrayaron que para garantizar el pleno acceso al derecho a la salud, resulta también fundamental asegurar la disponibilidad y acceso a sustancias controladas con fines médicos para quienes las necesiten. En este sentido, España destacó la importancia de establecer un régimen efectivo para el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas limitado a los fines médicos y científicos de éstas.
Por lo que se refiere a las nuevas sustancias, República Dominicana, Rusia, Honduras, Lituania, Vietnam, Australia, Luxemburgo, Bélgica, España y la UE expresaron que la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, un tipo de drogas de reciente aparición y en su mayoría sintéticas, ha alcanzado una variedad inédita que plantea retos para quienes diseñan las políticas de control de drogas. Señalaron que para hacer frente a ese desafío es necesaria una política basada en información relevante y actualizada para poder controlar de forma efectiva. En este contexto, algunos países solicitaron una aplicación más flexible de las convenciones, que permita la penalización de estas sustancias para evitar el daño que causan a la salud aunque no estén específicamente tipificadas como sustancias ilegales.
Por lo que respecta a la prevención, rehabilitación y reinserción social, esta cuestión fue abordada por la mayoría de los países. Rusia, Reino Unido, Malasia, Turquía, México, Nigeria, Rumania, Montenegro, Haití, Zambia, Vietnam, Italia, Australia, Grecia, Bélgica y España subrayaron la importancia de incluir políticas dirigidas a las prevención, al tratamiento de las personas, a la reducción del daño producido por el consumo de drogas, o por enfermedades ligadas a dicho consumo, como ocurre con el SIDA, y a su rehabilitación y reinserción social.
Algunos países como Francia, Uruguay, República Dominicana, Honduras y el Grupo Pompidou (que comprende a 38 Estados y a México como observador y coopera en la lucha contra el tráfico de drogas) hicieron énfasis en la importancia de la educación en la prevención del consumo de drogas.
En lo que respecta al Desarrollo alternativo, políticas integrales y equilibradas, algunos países como China, Rusia, México, Bolivia, Vietnam, República Dominicana y España expresaron su apoyo a las políticas de desarrollo alternativo. España expresó en su intervención que concede gran importancia a la búsqueda de políticas de desarrollo alternativo para las poblaciones productoras de sustancias psicotrópicas, en particular, reforzando los mecanismos legales e institucionales del Estado de Derecho y mejorando la gobernanza.
Reino Unido, Lituania, Italia, Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Israel, España y UE expresaron que se requieren políticas integrales y equilibradas que le den la misma importancia a contrarrestar la demanda de drogas ilícitas que a contrarrestar la producción y el tráfico de las mismas, desde un enfoque que gire en torno al individuo y no a la sustancia. En este sentido, España manifestó expresamente su apoyo a un enfoque equilibrado entre la reducción de la oferta y la reducción de la demanda, a través de la cooperación internacional entre países productores, países de tránsito y países consumidores.
Por su parte, México, Costa Rica, República Dominicana, Rusia, Uruguay, Tailandia, Lituania y España, entre otros, destacaron que se deben plantear estrategias que no sólo se encaminen al control de la oferta y la reducción de la demanda de drogas, sino que además tomen en cuenta acciones dirigidas a abordar los daños sociales causados por los mercados ilícitos de las drogas, proponiendo por ejemplo medidas alternativas de justicia para los delitos menores relacionados con las drogas.
Por lo que se refiere al crimen organizado y corrupción, muchos paises se manifestaron en contra del crimen y la delincuencia organizada. Rusia, México, Colombia, Uruguay, Vietnam, Panamá, Honduras, Líbano, Lituania, Letonia y España subrayaron la importancia de reforzar el frente común frente a la delincuencia transnacional. España expresó que sólo a partir de las prácticas de las buena gobernanza se podrá erradicar la corrupción promovida por las redes de narcotraficantes como forma de pervertir las democracias y empobrecer los pueblos, para así mejor someterles a sus intereses de buscar soluciones para afrontar estos nuevos retos.
Finalmente se abordó el problema de la llamada «responsabilidad compartida y cooperación internacional». En línea con el reconocimiento otorgado al problema en las declaraciones políticas anteriores, los países reconocieron en sus discursos que el problema de las drogas es un problema mundial, que afecta a todos los Países y que la lucha contra el problema es una responsabilidad común y compartida que incluye a los países productores, de tránsito y consumidores. Además, las delegaciones hicieron especial referencia a la necesidad de cooperación internacional en lo que se refiere al intercambio de información, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y las mafias. En esta línea, algunos países destacaron la importancia de la cooperación bilateral, triangular y regional para hacer frente al problema de las drogas.
Por otro lado, muchos países subrayaron la importancia del trabajo de las Agendas de NNUU y en particular la ONUDD, la OMS y ONUSIDA. República Dominicana, Montenegro, Bolivia, Rumania, Senegal, Túnez, Tailandia, Austria, Bélgica, España y las delegaciones de la UE y UNASUR, entre otros, subrayaron la necesidad de mayor cooperación entre las agencias para mantener la coherencia en sus políticas colaborando con los Estados para lograr una política más efectiva de lucha contra las drogas. En este contexto, México, entre otros, hizo un llamamiento a apoyar los programas de las agencias y a adoptar en las políticas contra las drogas un enfoque centrado en la Salud.
EL Fiscal Jefe fue asimismo invitado a una reunión del MAOC-N, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de drogas, en Lisboa, del 31 de mayo al 1 de junio, para conocer dicho organismo, y ofrecer a sus miembros una exposición sobre la problemática española e internacional del abordaje de barcos de pabellón extranjero.
El 4 de octubre de 2016, la Fiscalía Especial Antidroga recibió una delegación de la Fiscalía nacional antimafia y antiterrorismo de Italia, presidida por el Excmo. Sr. Don Franco Roberti, Fiscal Jefe Nacional Antimafia y Antiterrorismo, que sirvió para analizar la situación de la cooperación bilateral en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo asociado a aquél, y para comprobar la efectividad del Memorándum bilateral firmado en abril de 2006.
Los días 24 y 25 octubre de 2016 tuvo lugar en Panamá la reunión de puntos de contacto de la Red Iberoamericana de Fiscales Antidroga, sobre transmisión de información operativa, en la que participaron Fiscales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, cuyos objetivos eran los siguientes:
1.º Plan de Acción de la Red 2017. Identificación de los principales desafíos en la cooperación para la investigación eficaz del tráfico de drogas transnacional. Definición de las estrategias y acciones para elaborar el Plan de Acción de 2017.
2.º Análisis de la plataforma de la Red: identificación de buenas prácticas y propuestas para mejorar sus contenidos, acceso y difusión de actividades.
3.º Pilar de capacitación: Identificación de temas, metodología y docentes.
4.º Pilar operativo: Afianzar el compromiso entre las Fiscalías participantes, orientado a asegurar la transmisión de información sobre aprehensiones tanto de contenedores por vía marítima como terrestre.
5.º Evaluación de los resultados en materia de transmisión e intercambio de información. Aplicación del Protocolo de Bogotá y el formulario. Identificación de los principales obstáculos para el intercambio espontáneo de información.
6.º Cómo coordinar investigaciones conjuntas sobre lavado de activos.
El 29 de noviembre de 2016, el Fiscal jefe, junto con las Fiscales señoras Conde-Pumpido y Baena, recibió a la Sra. Sue Patten, Directora de la división de justicia internacional y crimen organizado de la Fiscalía británica (International Justice and OrganisedCrimeDivision, Crown Prosecution Service) y Sr. Patrick Stevens, Fiscal Jefe responsable de asuntos internacionales de la Fiscalía británica, con el fin de que:
1. Puedan conocer a los contactos principales del magistrado de enlace y del asesor de recuperación de bienes en España;
2. Tengan la oportunidad de expresar su agradecimiento por la colaboración inestimable de la Fiscalía Especial Antidroga con el magistrado de enlace y con el asesor de recuperación de bienes;
3. Entiendan mejor los aspectos prácticos del trabajo del magistrado de enlace y del asesor de recuperación de bienes dentro del sistema español de cooperación judicial;
4. Puedan destacar la importancia continuada para las fiscalías británicas de la cooperación judicial con España, y hacer especial mención de la importancia de la estrecha colaboración en la introducción de la orden europea de investigación a partir de mayo de 2017, para resolver los problemas prácticos que puedan surgir sobre todo en las fases iniciales;
5. Tengan la oportunidad de reiterar que el magistrado de enlace británico está a disposición del Ministerio de Justicia español para compartir la experiencia de las fiscalías británicas con sistemas de justicia penal contradictorios y contestar a otras cuestiones legales sobre el ordenamiento jurídico británico que puedan ser de su interés.
En dicha reunión se constató la fluidez de las relaciones con las autoridades británicas, de lo que es buena muestra el hecho de que en 2016 las fiscalías británicas habían emitido cerca 100 comisiones rogatorias internacionales a las autoridades españolas, y que una gran parte de estas comisiones rogatorias estaban dirigidas a los Fiscales de la Fiscalía Especial Antidroga por razón de su disposición y capacidad de gestionar todo los procesos necesarios por ejecución exitosa de las CRIs.
5.2.2.4 Otras actividades
5.2.2.4.1 Informes externos
El Fiscal Jefe formuló algunas observaciones al documento por el que el Delegado del Gobierno en el Plan Nacional contra la droga contestaba a la solicitud de información que efectúa, en escrito del 12-9-2016, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el secretario de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (J. I. F. E.), de la O. N. U. en relación con los marcos legales y reglamentarios aplicables en España a los denominados clubes privados de consumo o de consumidores de cannabis, sobre su conformidad con la convención única de 1961, sobre estupefacientes, y sobre otros aspectos distintos relacionados también con el funcionamiento de dichas entidades, siendo sus observaciones recogidas íntegramente en dicho documento.
El Fiscal Jefe emitió un informe favorable a la interposición de un recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la ordenanza municipal de San Sebastián en materia de clubes cannábicos.
5.2.4.2 Reconocimientos
La Organización Mundial de Aduanas premió a la Fiscalía Especial Antidroga de España «por su excepcional colaboración con la comunidad internacional de Aduanas».
El acto de entrega del correspondiente certificado se realizó en la sede madrileña del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, presidida por la Directora, Pilar Jurado, y en presencia de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado.
Se hizo entrega al Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga del correspondiente diploma, así como de una reproducción del gallardete de las embarcaciones de Aduanas.
El Fiscal Jefe Antidroga agradeció, en nombre de todos los miembros de la Fiscalía la distinción, y destacó la fluida colaboración con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, anterior a su llegada al cargo hacía más de nueve años, tanto en el uso de técnicas especiales de investigación, como en la gestión del abordaje de barcos con drogas en alta mar, de modo que todas las operaciones efectuadas hasta la fecha resultaron exitosas, tanto por la incautación de grandes cantidades de sustancias estupefacientes y detención de tripulaciones, como por la adecuada tramitación de los procesos ante la Audiencia Nacional, así como, más en general, en investigaciones patrimoniales de todo tipo a los efectos de poder formular acusaciones por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
El 12 de agosto de 2016 se recibió en esta Fiscalía una carta de la oficina de la Fiscalía de la Corona británica, de Edimburgo, agradeciendo la ágil cooperación del Fiscal Delegado en Santa Cruz de Tenerife, Ilmo. Sr. Don Sebastián Zapata Agüera, respecto del abordaje de la embarcación «Hamal». De dicha comunicación se dio traslado al interesado y a la Inspección Fiscal.
Procedimientos por fiscalías provinciales trafico drogas
%Año 2015-2016
Debe destacarse que, frente a una cierta estabilidad en los años 2012 a 2014 (21.977, 21.299 y 22.500, respectivamente), en 2015 se redujeron a 18.523, y en 2016 han sufrido una nueva reducción, del 9,35%, hasta llegar a los 16.792 en 2016, y que, a diferencia de otros años, han aumentado los procesos en provincias con gran volumen de procesos, como Alicante, Almería, La Coruña, etcétera, y disminuido en otras como Cádiz, Gerona, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, etc.
Diligencias previas instruidas como consecuencia del tráfico o consumo de drogas: 7 (4 Sevilla, 3 La Coruña).
Sumarios instruidos: 1 (Madrid).
Otras actuaciones procesales instruidas como consecuencia del tráfico o consumo de droga (incluso inhibiciones) o de las que se hayan deducido testimonios al respecto: 1 (Sevilla).
Expedientes disciplinarios instruidos en 2016 como consecuencia de la tenencia e introducción de drogas y/o su consumo (arts. 7.19 y 7.27 de la LO 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: 23 (3 de la Fiscalía del Tribunal Militar Central (Madrid), 4 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid), 4 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla), 3 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Tercero (Barcelona), 4 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Cuarto (La Coruña) y 5 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Quinto (Santa Cruz de Tenerife).
Expedientes disciplinarios instruidos en 2016 como consecuencia del consumo de drogas con habitualidad y/o en el desempeño del servicio (art. 8.8 de la LO 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: 78: 1 de la Fiscalía del Tribunal Militar Central (Madrid); 26 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid); 19 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla); 6 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Tercero (Barcelona); 12 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Cuarto (La Coruña); 14 de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Quinto (Santa Cruz de Tenerife).
Expedientes disciplinarios instruidos como consecuencia de la comisión de la falta muy grave de prestar servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotrópicas o el consumo de los mismos durante el servicio (art. 7.23 de la LO 12/2007, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil): 8, todos por embriaguez.
Expedientes disciplinarios instruidos como consecuencia de la comisión de falta grave por embriaguez, consumo y/o tenencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 8.26 y 8.28 de la LO 12/2007, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil): total 20, 13 por embriaguez y 7 por consumo de drogas.
Evolución de los datos: Las cifras de este año regresan a las de 2013, por lo que no se ha confirmado el posible cambio de tendencia a que aludíamos en la memoria correspondiente a 2014, sino que se mantiene la progresiva disminución de procedimientos incoados –circunscritos los datos a las diligencias previas, que son las auténticas incoaciones– por los Juzgados Centrales de Instrucción, que pasaron de 237 en 2005 a 239 en 2006, 212 en 2007, 199 en 2008, 155 en 2009, 121 en 2010, 113 en 2011, 101 en 2012, 87 en 2013, aumentando a 104 en 2014, pero disminuyendo nuevamente a 88 en 2015, y a 89 en 2016.
Actividad procesal por Juzgado Central Instrucción
Juzgado Central 1
P. Abreviado
D. Prev. Incoadas por B. Capitales
D. Prev. Incoadas por B. Capitales…
En blanqueo de capitales se observa una nueva disminución de procesos incoados, que en el año 2006 ascendieron a 16, en 2007 a 11, en 2008 a 8, en 2009 a 9, en 2010 a 8 procedimientos y en 2012 a 5, aunque en 2013 se elevó a 7, en 2014 a 9, en 2015 a 25, para volver a bajar en 2016 a 8. En todo caso, debe destacarse que los datos se refieren a las diligencias registradas en esta Fiscalía, y, en consecuencia, todos ellos son de blanqueo procedente del tráfico de drogas.
Por otra parte, la proporción de procesos por blanqueo de capitales en relación con los incoados por tráfico de drogas es del 8,99%.
Personas físicas-españolas
Personas físicas-extranjeras
Dictadas por Sección Primera
Dictadas por Sección Segunda
Dictadas por Sección Tercera
Dictadas por Sección Cuarta
En Sumarios
En procedimientos abreviado
Durante el pasado año, los órganos judiciales de la Audiencia Nacional, han pronunciado en procedimientos penales competencia de esta Fiscalía un total de 47 sentencias, frente a 54 en 2015, 47 en 2014, 49 en 2013, 57 en 2012, 45 en 2011, 78 en 2010, 69 en 2009, 61 en 2008 y 63 en 2007, con una disminución respecto a 2015 del 12,96%; por otra parte, el Juzgado de lo Penal no ha dictado ninguna sentencia, como en 2014. Esto es consecuencia lógica de las penas procedentes por tráfico de drogas competencia de la Audiencia Nacional, tras la reforma de 2010.
5.3.3.4.1 Dictámenes de los Fiscales
Total Dictámenes 2016
Este es el primer año en que se incluye este dato estadístico, que revela cómo, pese a la progresiva disminución de procedimientos incoados, las causas son muy complejas, y generan gran cantidad de dictámenes, más de 500 de media al año por cada Fiscal.
5.3.3.4.2 Otros actos procesales
(Ordinarias y extraord.)
Reformas-apelaciones
Refunción condena
Salvo las peticiones, quejas y recursos, el resto de los dictámenes han sufrido aumento, siguiendo la tendencia progresiva destacada en anteriores Memorias. Las redenciones sufren una reducción, pero no desaparecen, debido principalmente a condenados en el extranjero, cuyas legislaciones mantienen esta figura, desaparecida en nuestro vigente Código Penal.
En lo que concierne a la aplicación de los instrumentos de reconocimiento mutuo hay que señalar dos apartados diferentes: por un lado lo referente a la ejecución OEDES (tanto activas como pasivas), y por otro al resto de instrumentos recogidos en la Ley 23/2014 de 20 noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
1. En lo que afecta a las OEDES, se sigue sin datos concretos de las emitidas (OEDES activas) en el marco de los procedimientos que se llevan en esta FEAD (Fiscalía Especial Antidroga). Y ello por cuanto al ser el Juez de instrucción el competente para hacerlo en el marco de sus causas, no se lleva registro alguno en el sistema FORTUNY.
Cosa diferente es el tema de las OEDES pasivas, que sí que se registran en el citado sistema informático. En concreto, los datos del año 2016 reflejan como ejecutadas en esta FEAD un total de 244 OEDES, de entre las cuales 157 fueron entregas, frente a 12 denegaciones.
En el capítulo concerniente a las OEDES suspendidas por quedar supeditada la entrega a la ejecución de una pena en España o a la instrucción de un procedimiento en nuestro país, en 2016 se han registrado 20 expedientes.
2. Respecto del resto de instrumentos de reconocimiento mutuo, tanto activos como pasivos, se sigue sin datos concretos registrados. En el caso de los activos, como ocurre con las OEDES, por corresponder a los Jueces centrales su emisión y no estar registrados específicamente como tales en FORTUNY. Y en el caso de los pasivos, por cuanto los recibidos como comisión rogatoria internacional (CRI), constan registrados en el sistema informático CRIS como CRI y no bajo otra denominación.
5.3.3.6.2 Estadística de comisiones rogatorias
Reino Unido (Incluido Islas Man y Canal de la Mancha
5.3.3.6.3 Extradiciones
Sin embargo, en el año 2016 se han registrado en la FEAD un total de 83 expedientes extradicionales pasivos por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, de los cuales 21 han concluido con la entrega del reclamado, y 7 con denegación de tal entrega, habiendo sido resueltos de modos diversos los restantes (busca y captura, inhibiciones…).
Es en la categoría de extradiciones pasivas en donde en 2016 nos hemos encontrado con una nueva interpretación jurisprudencial de la normativa que ha cambiado el contenido de las resoluciones judiciales de la AN. En concreto, el cambio trae su origen en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Gran Sala) de 6 septiembre de 2016, caso Petruhhin, relativa a solicitudes de extradición de terceros países respecto de ciudadanos de la UE de distinto país del que tramita la extradición. El Tribunal declara al respecto que «los art. 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, cuando un estado miembro al que se ha desplazado un ciudadano de la Unión, nacional de otro estado miembro, recibe una solicitud de extradición de un estado tercero con el que el primer estado miembro ha celebrado un acuerdo de extradición, deberá informar al estado miembro del que dicho ciudadano es nacional y, en su caso, a solicitud de este último estado miembro, entregarle a este ciudadano, con arreglo a las disposiciones de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros (…) siempre que este estado miembro tenga competencia, conforme a su Derecho nacional, para procesar a esta persona por hechos cometidos fuera de su territorio nacional.»
Esta resolución ha provocado en el ámbito de la AN que, en todos los procedimientos de extradición de ciudadanos de la UE, se tenga que informar al estado de la UE del que el reclamado es nacional, de tal reclamación extradicional, ofreciéndosele la posibilidad de su enjuiciamiento (si es posible conforme a su Derecho), siempre que además emitan una OEDE a España para su entrega con tal fin.
Con motivo de tal cambio en la interpretación de las normas europeas, la Sección 2.ª AN dictó por primera vez el 11-10-16 con motivo de una solicitud de extradición de los EEUU por tráfico de drogas, el primer auto en virtud del cual se acordaba informar a Chipre de la extradición solicitada por EEUU a España de un ciudadano de este país europeo, a los efectos de que manifestase su interés en otorgarle la protección que como nacional tuviera en su legislación interna y, en todo caso, en perseguir penalmente al referido nacional por los hechos de la extradición, para lo que debería emitir una OEDE a España para ser entregado.
En este caso se otorgaba a Chipre un plazo de 45 días para contestar, pasados los cuales sin respuesta, se seguiría la tramitación del expediente de extradición de conformidad con la LEP.
Después de este auto, se han dictado otros hasta un total de 4 (incluyendo temas de la Fiscalía ordinaria de la AN) a fecha 31 diciembre 2016, todos ellos con idéntico contenido, pero con la variación del plazo que se otorga al país para responder. Esto ha dado lugar a unas disfunciones importantes en la tramitación de los expedientes de extradición. El primero de los problemas que se genera es saber a qué órgano del país europeo concreto se tiene que mandar la resolución judicial española, y el segundo es la disparidad (amplia) del citado plazo. Se tiene constancia de que desde Eurojust se está debatiendo la posibilidad de centralizar el tema de comunicación entre estados en ese órgano, sin que a fecha de realización de esta memoria, se sepa qué decisión han adoptado.
Otro problema, y no menos importante, que va a surgir como consecuencia de esta STJUE, va a ser el contrario: saber quién tiene que decidir en España sobre si se enjuicia en nuestro país a los nacionales españoles reclamados en extradición en cualquier país de la UE. Sobre esto no hay norma alguna prevista, aunque como es la Audiencia Nacional la competente para conocer de los delitos cometidos por nacionales en el extranjero, deberían ser sus Jueces y Tribunales los que resolvieran en su caso.
Cuestión aparte es la disfunción que se puede generar al solicitar el enjuiciamiento de una persona sola en España cuando puede que sea parte de una organización criminal que se enjuicia en el tercer país, no solo por las penas divergentes que pueden recaer según el país, sino también por el problema de la remisión de toda la causa a España, su traducción, y el manejo de unas prueba obtenidas de conformidad con otra legislación y que precisan ser introducidas en juicio en España de conformidad con nuestras normas.
En definitiva, se está intentando solucionar los problemas de extradiciones pasivas caso a caso, pero se está en un auténtico «limbo» procesal en lo que concierne a posibles remisiones de información a España.
Art. 13 de la Decisión de EUROJUST
Este año 2016 se ha llevado a cabo por primera vez, la notificación prevista al amparo de la Decisión de EUROJUST, en concreto en su art. 13.
Los 6 formularios cumplimentados lo son en su totalidad relativos a entregas vigiladas autorizadas desde esta FEAD (punto 7 del art. 13).
El canal utilizado para ello ha sido la UCIF, tal y como se prevé para la Fiscalía española.
5.3.3.7 OEDE y extradiciones
5.3.3.7.1 Datos estadísticos OEDE. Total: 244
5.3.3.7.2 Datos estadísticos Extradiciones pasivas: Total: 83
En 2016 no se ha recibido ninguna comunicación directa del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales.
De acuerdo con los datos aportados, cabe destacar:
Un número inferior de funcionarios (6) pertenecientes a esta Unidad Adscrita con respecto a los 8 del año 2015, y más aún frente a los 10 que había en el año 2013.
Un notable incremento del número de Asuntos recibidos, pasando de 104 en el año 2015 a 125 en el año 2016 (incremento del 20,19%); siendo también muy notable el incremento en Comisiones Rogatorias pasando de 93 a 115 en el mismo período (incremento del 23,66%), aumentando el número de Diligencias de Investigación y disminuyendo las Diligencias Informativas.
En cuanto a los asuntos finalizados es donde más se nota el incremento, casi un 80 %, pasando de 81 en el año 2015 a 132 en el 2016, y consecuentemente las Comisiones Rogatorias en el mismo período ascendieron de 71 a 126.
Destacan como asuntos más destacados a lo largo del año 2016:
1. OPERACIÓN MARKOVIC (NIV C/03496/15) dimanante del Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional 166/15 de Países Bajos, detectándose en la investigación económico patrimonial realizada sobre 3 personas de procedencia holandesa, cuentas con diversas cantidades de dinero (7000 €), así como una vivienda en Lloret de Mar (Gerona).
2. OPERACIÓN BOERSMA, procedente de la Comisión Judicial Internacional 72/16 de Holanda, investigación económica patrimonial, en la que se han detectado a nombre de los 4 integrantes (3 holandeses y 1 británico), de una organización de dedicada al blanqueo de drogas procedentes del narcotráfico, 5 viviendas (2 en Manilva —Málaga– y 3 en Ibiza), así como 4 empresas (1 en San Pedro de Alcántara y 3 en Ibiza).
3. OPERACIÓN MALIHE (NIV C/01294/16) dimanante del Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional 53/16 de Bélgica, investigación económico patrimonial realizada sobre dos personas de origen marroquí dedicada al blanqueo de capitales con origen en el tráfico de drogas, se detectan diversas cuentas en el Banco Popular, así como dos viviendas y una empresa en la localidad malagueña de Benalmádena.
4. OPERACIÓN DEL POPOLO (NIV C/02446/16) procedente de la PCJI 49/16 de Holanda, investigación económica-patrimonial, realizada en torno a organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico liderada por un italiano, se localizan 11 viviendas dúplex, 6 empresas, dos vehículos, así como diversas cuentas en varias entidades bancarias en Las Palmas de Gran Canaria.
5. OPERACIÓN ITALIA, procedente de PCJI 131/16 de Turquía, se detiene por parte del Grupo de Reclamados de la BPPJ de Sevilla, en la localidad sevillana de Alcor, a una persona de nacionalidad española, al tener pendiente una Búsqueda y Detención para Extradición de Italia, ordenada por el JCI 4 de la Audiencia Nacional.
6. OPERACIÓN LOENDERS (NIV C/01781/16) dimanante del PCJI 37/16 de Bélgica, se detectan en la investigación económica-patrimonial realizada sobre organización de crimen organizado integrado por 10 personas de origen belga, 7 viviendas, 6 vehículos, 7 empresas, así como cuentas en varias entidades bancarias con un saldo aproximado de 400.000 € en Santa Cruz de Tenerife.
7. OPERACIÓN BOUYAKHRICHAN (NIV C/01776/16), procedente de PCJI 93/16 de los Países Bajos, en la investigación económica-patrimonial realizada sobre una organización de crimen organizado de carácter internacional compuesta por 9 personas de una misma familia de origen holandés, se localizan 8 viviendas, 6 plazas de garaje en Melilla, 3 empresas en Marbella (Málaga), 4 vehículos y cuentas en diversas entidades bancarias con un saldo aproximado de 7 millones trescientos mil euros (7.300.000 €).
8. OPERACIÓN CHENTE (NIV C/04746/16), procedente de PCJI 192/16 de Chile, en la investigación económica-patrimonial centrada en 3 personas de nacionalidad española, se localizan 1 vivienda, 4 plazas de garaje en Archena (Murcia), así como 9 empresas en la provincia de Alicante, 3 empresas en Marbella (Málaga, 4 vehículos y cuentas en diversas entidades bancarias.

References: artículo 24
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