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Timestamp: 2019-02-21 03:36:12+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Lunes 29 Septiembre 2014
El golpe está en marcha, Rajoy duerme
EDITORIAL Libertad Digital 29 Septiembre 2014
El golpe de Estado del 9 de noviembre está en marcha. La Generalidad ha puesto a funcionar toda su maquinaria golpista, la institucional y la de la administración paralela, la llamada Asamblea Nacional Catalana, creada a tal efecto por CiU y ERC. Todo tal y como estaba previsto. Y es que, aunque algunos en Madrit se empecinan en restar importancia al gravísimo desafío planteado por los separatistas catalanes, desde que se inició el proceso en la Diada de 2012 se han ido cumpliendo todos los pasos previstos por Artur Mas. Hasta el punto de que, hoy 29 septiembre, apenas un mes antes del 9-N el referéndum separatista está convocado y, pese a ser en sí mismo un ataque directo a la soberanía nacional, fuente de legitimidad de la Constitución y, por tanto, de la legalidad, la convocatoria sigue vigente legalmente 48 horas después de que Artur Mas firmase el decreto de convocatoria.
Si resulta irritante la ceguera de muchos que, desde Madrid, se han negado en estos dos años a ver la realidad y la magnitud del desafío al que se enfrenta la Nación española, lo es mucho más la inacción del Gobierno. En cualquier Estado de Derecho, todas las instituciones, empezando por el Gobierno, habrían actuado hace ya mucho tiempo contra la Generalidad, cuyo única acción de Gobierno desde hace dos años se limita a promover un golpe de Estado. Es una cuestión de mera voluntad política ya que, lógicamente, existen herramientas legales y jurídicas que el Gobierno podría haber utilizado para atajar el desafío mucho antes de que Mas firmase este sábado la convocatoria del referéndum. No sólo no se ha hecho, sino que la única respuesta en estas 48 horas ha sido una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, y otra de Alicia Sánchez Camacho. Si Mariano Rajoy se desentiende de su responsabilidad, como presidente del Gobierno de España, de responder al desafío y, como es su obligación, dirigirse al conjunto de los españoles, lo menos que puede hacer es irse a su casa y dejar paso a otro que asuma las obligaciones constitucionales del cargo.
El error de fondo está en plantear el problema como una simple cuestión legal. El recurso al Tribunal Constitucional es un trámite necesario, pero absolutamente insuficiente. Cataluña está al borde de la secesión, y en el País Vasco, no nos olvidemos, están esperando su momento. Frente a eso, todo lo que ofrece el Gobierno es un dictamen del Constitucional y una comparecencia de Sánchez Camacho, como si lo que se estuviese dilucidando fuese una disputa por la competencia de la gestión de parques y jardines. El Gobierno se mueve entre la necedad de pensar que declarando ilegal el referéndum del 9-N (¡faltaría más!) se acabó el problema y la desidia patológica de Mariano Rajoy para enfrentarse a los problemas. En su concepción despótica del poder, Rajoy no entiende que como presidente del Gobierno su obligación es la defensa de la Nación y no sus intereses particulares o de partido, que puede gestionarlos como le plazca. Con estas premisas es difícil se optimista. Si se consuma el desafío separatistas, posibilidad que no cabe desdeñar, habrá más de un responsable. Y el primero de todo ellos será Mariano Rajoy Brey.
Las Autonomías y la venganza de la Armada Invencible
Javier Orrico Periodista Digital 29 Septiembre 2014
España inició su decadencia con aquella derrota frente a las costas escocesas, inglesas e irlandesas. Casi cincuenta años después, en Rocroy cayeron por primera vez los tercios y Westfalia refrendó el fin de nuestra hegemonía. Pero la Historia, gran madrastra, se encarga siempre de rebajar la soberbia de los vencedores, como nos hizo a nosotros, y compensa a los vencidos con venganzas refinadas. Siglos después, el primer presidente de la Irlanda independiente de Inglaterra sería Eamon de Valera, un descendiente de aquellos españoles que se estrellaron en sus espléndidos galeones en las orillas irlandesas. Y más tarde llegaría el virus autonómico, que España ha soltado en la Europa que se quiso unida para deshacerla como una “gripe española”.
Bretaña ya se proclama nación y reclama Nantes como su capital. ¡En la Francia continental, que parecía lo único libre de la plaga! En Italia, la xenofobia reaccionaria hace muchos años que persigue la independencia de una fantasmal Padania, que no es más que el Norte rico deseando desprenderse “dei terroni meridionali” del viejo reino de Nápoles que hace siglo y medio invadieron a sangre y fuego los turineses. Bélgica ya no existe, y en toda Centroeuropa una fiebre feudal remueve las fronteras. Que les vayan dando. España se desangró intentando mantener la unidad europea, y los muy cabrones se hicieron protestantes solo por joder al emperador Carlos y a los españoles.
Por su parte, la Inglaterra soberbia de aquella Reina Virgen que tanto nos odiaba, empezó concediendo parlamentos y gobiernos a sus viejas naciones medievales, Gales, Escocia, el Ulster. Luego, claro, Escocia, una verdadera nación y reino históricos, no como otras, removida por Mel Gibson y su Bravehearth (que seguro ha hecho más por la independencia que Alex Salmond), y alimentada por el petróleo y la insolidaridad (socialistas insolidarios y aldeanos, que es la norma posmoderna), se quiso Estado. Es una lógica implacable: si a alguien le reconoces la nación y le das instituciones, quiere acabar en Estado.
Hoy, para dar sentido al error, y a las nuevas competencias prometidas a Escocia (que sólo servirán para seguir alimentando al monstruo), Cameron va a extender el estatus escocés a Inglaterra, Gales y el Ulster. Saben que no se puede vivir en desigualdad. Pero mañana Escocia reclamará su singularidad y el concierto económico. Gales pedirá la inmersión gaélico y el Ulster la expulsión de los orangistas proingleses. Y en Londres reclamarán el Parlamento regional inglés, anglosajón puro y libre de celtas. Y se intensificará la deliciosa espiral española que acabará por destruirlos. Todos los españoles que cayeron en aquella Armada prodigiosa que nos condujo a la ruina y a la inanidad pueden descansar tranquilos. La Inglaterra de la Isabel malvada que nos derrotó, está muerta. Les hemos mandado las Autonomías.
Rajoy y Zapatero suspenden
Alejandro Inurrieta www.vozpopuli.com 29 Septiembre 2014
La legislatura encara el último ejercicio presupuestario y el balance no puede ser más negativo en materia económica, incluso a pesar del ligero empuje estadístico que ha supuesto la revisión de la Contabilidad Nacional con la nueva base SEC 2010.
Los dos mandatarios del bipartidismo fracasado en toda Europa han mantenido el mismo diagnóstico de la crisis, es decir, una crisis de oferta que requiere de medidas que reduzcan los costes relativos, fundamentalmente salarios, reducir la inversión pública y deprimir el consumo privado. Todo ello, sin cuestionar el papel de la deuda privada primero, y pública después, en el mantenimiento de una demanda agregada deprimida, creyendo que eso generaría más ahorro y finalmente se reactivaría el ciclo inversor. Para ello, se trataba de eliminar las supuestas rigideces del mercado laboral, facilitando el despido, y congelando y luego reduciendo las pensiones públicas. También fue clave anulando todo gasto público productivo, provocando un caos en el sistema público de dependencia, o en el sistema nacional de ciencia e investigación, lo que ha provocado que el CSIC se quede prácticamente desmantelado.
Los dos grandes partidos han diagnosticado erróneamente esta crisis y sus políticas han incidido en los mismos errores
Las supuestas reformas estructurales perseguían desmantelar progresivamente el sistema público de provisión de servicios esenciales, como la educación, sanidad, dependencia y farmacia, lo que ha derivado en un brusco descenso de la calidad de los mismos. La pérdida de empleo público ha sido generalizado, incluso en las Comunidades gobernadas por supuestos gobiernos progresistas, por lo que no se puede hablar de una política diferente, salvo en mantener los libros anteriores a la ley educativa aprobada recientemente, y algunos matices adicionales.
Esta legislatura terminará, si nos creemos las cifras oficiales, lo cual es complicado, con 395.400 ocupados menos, mientras que el número de parados se reducirían en 211.500. Todo ello, con más de 600.000 activos menos, lo cual sí que afectará al futuro crecimiento potencial. Esto refleja que las expectativas de empleo son cada vez más débiles, tanto en términos cualitativos, como cualitativos. La reforma laboral ha generado un profundo ajuste de plantillas, especialmente en materia de empleo a tiempo completo e indefinido, lo que se deja notar en el descenso del número de horas de trabajo.
La legislatura terminará con menos activos y más desempleos que la anterior
Esta situación del mercado laboral también se deja notar en materia salarial, con una sensible reducción de las retribuciones de los ocupados privados, pero también públicos. El presidente Zapatero ya inició una reducción de los salarios públicos, así como la congelación de pensiones (excepto las mínimas) y Rajoy ha mantenido la congelación salarial, eliminando en 2012 la paga extra de Navidad. Incluso con la supuesta recuperación estadística, no se vislumbra una recuperación de los salarios, lo que también mantendrá el consumo deprimido. Un detalle curioso es que el Ministro de Hacienda presume de devolver el 25% de la paga extra confiscada en 2012, algo que se produce por sentencia judicial, pero que solo se beneficiarán los trabajadores de la AGE, y no los del resto de administraciones, algo que no se hizo cuando se obligó a eliminar dicha paga extra en la Navidad de 2012.
Con esta situación y sin ningún síntoma de cambio de modelo productivo se refugian todas las expectativas de crecimiento del PIB y del empleo a las actividades estacionales e intensivas en mano de obra barata y de poco valor añadido, algo en lo que coinciden Rajoy y Zapatero. En lugar de mejorar las estadísticas de turismo, especialmente las que provee Frontur, se sigue confiando en las grandes cifras de visitantes, pero que luego las cifras de gasto no se corresponden, como ha puesto de manifiesto Hilario Alfaro, el nada sospechoso presidente de los comerciantes madrileños.
Sólo el turismo da alguna alegría a este y anterior gobierno
En un contexto de deflación por deuda, con el IPC cayendo en agosto al 0,5% anual, tampoco podremos cumplir el déficit, ni la ratio de de deuda sobe PIB que marcan los subjetivos criterios de Mastricht. Ni siquiera la revisión del PIB de 2011 y 2012 y la que se espera de 2013, van a mejorar drásticamente el desequilibro del déficit, que se mantiene en el umbral del 7% si contamos las ayudas a la banca y cerca del 98% del PIB en el caso de la deuda pública. Pero es que la deuda privada supera el 300% del PIB, lo que hará inviable cualquier política que no contemple la restructuración de parte de dicha deuda, especialmente la de familias y empresas no financieras.
Se puede hablar, por tanto, de una economía destrozada por la brusca explosión de la burbuja inmobiliaria que ha dejado casi tres millones de personas en desempleo, una parte cada vez más grande que alcanza la consideración de desempleo estructural. Hay grandes bolsas de personas que han abandonado la actividad, particularmente a las que superan los 45 años, y también una parte de jóvenes que han emigrado y que ya el Banco de España, por fin, parece que se ha dado cuenta de su impacto en el crecimiento potencial. La mejor expresión de que la influencia de los dos grandes partidos ha sido significativa en esta situación, se deja notar en la oposición que tuvieron ambos en la ley del suelo de 2007. Curiosamente, muchos altos cargos del Ministerio de Economía de Zapatero la consideraban confiscatoria, porque eliminaba en la fijación de precios las expectativas de transición de la calificación del suelo e introducía mecanismos de expropiación creíbles para los que retuvieran el suelo. El PP recurrió la ley y el Tribunal Constitucional la acaba de avalar, todo un síntoma.
La economía española está destrozada por la explosión de la burbuja y la deflación por deuda
Con este panorama, la coyuntura económica europea no hará sino empeorar nuestra posición cíclica y la situación del sector exterior que algunos ilusos creyeron nos sacaría de la ruina en la que estamos, sin duda nos lanzará de nuevo al pozo de la recesión. A pesar de ello, la propaganda del Gobierno, como en su día hizo Zapatero, niegan esta situación y presentan unos presupuestos que serán papel mojado en pocas semanas, a pesar de lo cual serán aprobados por la amplia mayoría y apenas cuestionados por una oposición más preocupada por aparecer guapa y simpática en programas de máxima audiencia.
Solo quedará el consuelo que nos ha deparado el INE, auspiciado por Eurostat; que hay dos actividades muy boyantes, prostitución y tráfico de drogas. Estas actividades ilegales y vejatorias en el caso de la prostitución, son prácticamente imposibles de medir con rigor, por lo que si ya de por sí el PIB está mal medido, estas variables, cuyas cifras se han calculado a ojo, introducirán más ruido y volatilidad al PIB. Aquí es la CE la que se ha metido en un jardín, tan absurdo como dañino, creyendo que así se va a salir estadísticamente antes de la crisis. Pero la realidad es que otros esperamos que cambien y mejoren drásticamente las estadísticas en España para que se pueda legislar con datos más cercanos a la realidad, lo que redundará en que los sucesivos gobiernos, si se atreven, ataquen los problemas de verdad: modelo productivo, equidad, formación, industrialización, demografía y fomento de la cultura.
Otra ronda de gasto público, paga su nieto
A un ritmo de 330 millones de euros al día de nueva deuda y con ella en máximos, España y otros países europeos corren el riesgo de sesgar las oportunidades de generaciones futuras
Pedro Ruiz www.elsemanaldigital.com 29 Septiembre 2014
Apenas unas semanas atrás la deuda pública española era noticia, por primera vez se superaba el billón de euros. Un uno seguido de doce ceros. Cada español debe cerca de 22.000 euros. El coste de mantener un sistema que enriquece solo a unos pocos no sólo ha arruinado a la generación presente sino que también a las futuras. Mientras muchos se aprovechan de un ente obsoleto e inviable, el Estado, otros en un futuro pagaran las consecuencias de los desmanes y avaricia de esta generación.
Da igual que aún no se haya reformado las Administraciones Públicas, sus duplicidades y altos costes. Tampoco importa que en apenas seis años el gasto público halla crecido en 80.000 millones. O que durante la legislatura socialista la deuda creciese en 360.000 millones y que el Partido Popular en la mitad de tiempo este a punto de alcanzar esa cifra. En España se quiere más gasto público, como grita la izquierda o ejecuta en la sombra la derecha. Por cierto, Andalucía tiene más coches oficiales que Estados Unidos y Madrid tiene cerca de 273. Otra ronda de gasto público mejor, a esta le invitan sus nietos.
El volumen total de deuda que se acumula en los países más desarrollados ha alcanzado cotas nunca vistas. Aunque se escuchen voces que intentan calmar conciencias sobre que la deuda no es un problema, la realidad deja a esas voces en evidencia. Normalmente esas voces representan a aquellos que tan mal han gestionado el Estado. Los dirigentes que un una nueva exhibición de negligencia lo han convertido en mastodóntico, hipertrofiado, ineficiente, inviable y en una maná para sus propios bolsillos a costa de quitárselo a todos los ciudadanos. Ya sea por rédito político, por corrupción o simple desconocimiento no sólo han hipotecado el futuro de está generación, sino la de las futuras.
Medidas duras para solucionar el desastre
Atajar los déficits presupuestarios, no gastar más de lo que se ingresa, es un sacrilegio para el político de hoy en día. Da igual el proyecto, el coste, su viabilidad o utilidad, lo único importante es hacerse la foto inaugurando la obra y ya de paso colocar amiguetes (esperando que se le devuelva el favor) e incluso llevarse alguna comisión, cosa que es delito. En España hoy en día es más fácil cruzar España saltando de obra corrupta en obra corrupta, que de árbol en árbol.
Ya en 2011 el Estudio Congressional Budget Office (CBO) establecía tres alternativas muy claras para acabar con los déficits y la deuda pública:
1. Reducir las prestaciones sociales a todos
2. Reducir las prestaciones sociales a todos menos los mayores de 60 años
3. Subir impuestos
En ambos casos, las futuras generaciones serán las que más paguen los excesos de ahora. También a este efecto el Fondo Monetario Internacional se hacía eco para solucionar el tema y ponía varios puntos de vista, desde imponer una alta inflación o la austeridad. Aunque el elemento más detallado era llevar a cabo una represión financiera, es decir, no sólo subir impuestos sino crear otros nuevos, controles de capital, nacionalización de fondos de pensiones o tipos negativos.
Hasta cierto punto, podríamos afirmar que sí que existe deuda 'buena', a esa parte se podría llamar inversión. Por el contrario, la deuda 'mala' es la que llamamos despilfarro y gasto político. Una de las claves del progreso ha sido siempre la inversión. Invertir en nuevas tecnologías o capital humano siempre ha supuesto un coste importante para aquellos que han apostado por la innovación y el desarrollo, pero el resultado en muchas ocasiones es satisfactorio. Europa y más en concreto España han superado ese umbral de inversión pública satisfactorio para la economía. España lo hizo en 2006 y los países de la OCDE a finales de 2007, se ha superado el umbral de saturación de deuda pública como señalaba el economista Daniel Lacalle. Ese punto se caracteriza porque al sumar una unidad de gasto público no genera PIB y estanca la economía.
Si el Estado se dedica a extraer dinero de los ciudadanos, de sus nominas y sus ahorros a través de impuestos para pagar proyectos inservibles la economía se resiente. Cuando un Estado se endeuda, se espera que después con el crecimiento se pueda hacer frente al pago de intereses, pero no ocurre así con una economía deprimida y poco eficaz.
Un futuro poco esperanzador
Los países que comprenden el 70% del PIB mundial están hoy un 50% más endeudados que hace tres años. Italia se acerca peligrosamente al 150% de deuda sobre PIB, y España ya ha superado el billón de euros y en un corto espacio de tiempo superará el 100% del PIB. Todo ello con un producto interior que se encuentra alejado de la realidad e inflado, situación que agrava más la situación. Otros países como Francia siguen la misma senda, sumida en un descontrol político y monetario del que todo son incógnitas de momento.
Aunque las voces despilfarradoras se esfuercen por negarlo, un alto déficit y una deuda excesiva plantea muchos problemas a una economía. En primer lugar, reduce la disponibilidad de los ahorros que son la clave en la que se sustenta la inversión. Obviamente también a mayor volumen de deuda mayor volumen de intereses a pagar, como ocurre en Japón dónde un casi un 20% del presupuesto se destina a pagar los intereses. En segundo lugar, un volumen alto de deuda hace a un país más inestable y dependiente de los mercados y por tanto más sensible a padecer una crisis. Asimismo, reduce la capacidad de los países para reaccionar ante un aumento en los gastos improvisados como en las crisis.
Consecuencias de una quita de deuda
Ya son varias las voces que más allá de pedir el default en España, que sería una ruina para el país, piden que se lleve a cabo una quita. Conviene explicar que los intereses que se pagan son más altos o menos en función del riesgo de impago. En una quita, sea selectiva o no, ya se produce un impago por lo que es lógico pensar que los intereses se desbocarían. Otro de los problemas que presenta una quita selectiva es el llamado principio de caja común que tiene la Administración. En resumen, este principio dice que es imposible determinar qué deuda ha servido para una inversión viable y cuál ha servido para el despilfarro. Entonces, no se puede ejecutar una quita selectiva en función de qué deuda ha servido para financiar distintos proyectos. Un tercer problema es que los ciudadanos españoles son los que más deuda poseen de España, por tanto, serían ellos los que saldrían perdiendo. Empezando por el Fondo de la Seguridad Social, planes de pensiones privados, pérdidas en el sistema bancario que atraerían los fantasmas del pasado y a aquellos inversores particulares. Todos ellos perderían parte de su dinero invertido.
Obviamente el anuncio de una quita alteraría el mercado de bonos que repercutiría en una subida brusca de la prima de riesgo, como se ha explicado, de nuevo los fantasmas del pasado. Ello dejaría a España a merced de los 'Fondos Buitres' que exigen rentabilidades muy altas por prestar, como bien saben en muchas empresas como Prisa. Toda la inestabilidad macroeconómica repercutiría inmediatamente en la economía real, la de la calle. Con el grifo de crédito cerrado, las empresas quebrarían al no poder pagar sus obligaciones como las nominas. Sería imposible la inversión y el mercado de trabajo se vería duramente castigado. Sin trabajo el consumo se hundiría y de nuevo se entra en un círculo vicioso difícil de salir.
Cataluña, Podemos, ERE... 2014-09-28
El espéctaculo nacional
Pedro de Tena Libertad Digital 29 Septiembre 2014
Que el mundo parece no tener sentido más que como espectáculo no es una tesis original de Guy Debord, como quieren sus cachorros actuales (no sólo los de "Podemos" sino los de todos los partidos políticos), cachorros que ignoran, al parecer, que su libro La sociedad del espectáculo data de 1967, va a hacer 50 años.
Polvo tiene ya. Mucho antes, en el Siglo de Oro, un tal Pedro Calderón de la Barca, bastante desconocido por fin gracias a la absurda o deliberada agonía de la educación en España, consideró el mundo como un gran teatro. De hecho, el Autor en la obra dice al Mundo: "...hoy prevenido quiero/ que, alegre, liberal y lisonjero,/fabriques apariencias/ que de dudas se pasen a evidencias."
O sea, que ya desde el siglo XVII español se sabía que todos formamos parte de este gran espectáculo que es la sociedad. Y antes, el Dante llamó "comedia" a su cosa. Y antes...En fin. Lo que ocurre es que en el desarrollo habitual del espectáculo no había tantos números ni tantos figurantes ni tantas repeticiones virtuales. Podía haber grandes números -guerras, revoluciones, descubrimientos... -, pero no una concatenación millonaria de numeritos, esto es, una sucesión de escenas cómicas o trágicas fingidas y representadas sin moderación.
Fíjense en esta última semana sin exhaustividad y sólo en la pista política del circo español. El cutre papelón de un Jordi Pujol, cabreado encima el ratero, afirmando que él nunca ha sido un político corrupto (risas) y de un Artur Mas, al día siguiente, atizando "heroicamente" a la Constitución con un golpecito de Estado (más risas); antes, lo del tal Sánchez y la competencia lingüística (estupor); Gallardón, al que no se le ha oído hablar del aborto en treinta años, dimitiendo, dicen que por ello. ¿O ha sido por otra cosa, tal vez relacionada con Cataluña? El nuevo ministro de Justicia, Catalá, que ya es arte el apellido, abogando por la singularidad catalana en la Carta Magna.
El Estado Islámico con tentáculos decapitatorios en Melilla mientras en Barcelona se proyecta una Mezquita en la plaza de toros. Susana Díaz saludando con La Botín yrecurriéndolo todo mientras aparece la financiación del PSOE y del PSC en los ERE de la mano de un testigo principal. RTVE, pollo sin cabeza. "Podemos" creciendo y Rajoy en China. Son sólo unos ejemplos. Pero, ¿cómo digerir este potaje sin vomitar de manera inmediata?
El problema del espectáculo nacional es que ya está siendo cansino e inútil. Aristóteles ensalzó la regeneración civil producida por la catarsis experimentada en los ciudadanos por el espectáculo de somismos y sus pasiones.
Pero aquí llevamos ya decenios comprobando cómo la presunta democracia española de la transición no era democracia - aquí el ciudadano individual importa un pito-, y lleva camino de no ser española por amputación traicionera. Más bien parece ahora, como los años, un acuerdo entre grupos de poder para comerse la tarta nacional sin respeto alguno de las leyes ni de la justicia. Pero no hay catarsis, sino catatonia.
No hay más camino que formar parte del espectáculo pasiva y mansamente u organizarse para enderezar este entuerto y reescribir el guión de la democracia española antes que los amantes de las dictaduras reescriban el texto nacional.
Recuerden el viejo dicho: el mal sólo crece cuando los buenos no hacen nada. Pero, vamos a ver, a dónde está esa gran alternativa, alternativa espectacular y con sentido comprensible, que necesitamos? (Silencio, se rueda y cuesta abajo).
EL PATRIARCA, «TODOS»
GABRIEL ALBIAC ABC 29 Septiembre 2014
No, no son Pujol & Hijos, S. L. los responsables. Responsables son «todos». Eso dice el Patriarca
PUJOL atravesó el vertedero para salvar a la Patria. Arropado por toda la familia. Se les fueron pegando unas cuantas inmundicias. Es lo suyo: dice Freud que el dinero y las heces son lo mismo en la desquiciada cabeza de los hombres.
Defraudó. Y se hizo rico. Y con él los suyos. Para salvar a la Patria, con gran mayúscula. Y para, como salvador de ella, protegerse. Es lo que aprendió de aquel padre tan cauto, que «decidió mantener un dinero en el extranjero» para ?confía a su nuera? cuando llegue el día en «que Jordi, tú y vuestros hijos os tengáis que ir». Pero eso no es «corrupción». Por supuesto. Es el desapego que define al forjador de Patria. La Patria es inversión rentable. Un clásico. Lo escribió Samuel Johnson, hace un par de siglos y medio: «El patriotismo es el último refugio de la canalla».
Hubo un instante de alta especulación ética en el discurso del Patriarca: «Si se va segando la rama de un árbol, cae la rama y, al final, caerán todas». ¿O tal vez era «todos» lo que dijo? «Si todo fuera tan corrupto, caerían todos y sería responsabilidad de todos». Sí, todos. No responsabilidad del ciudadano Pujol, que camufló unos cientos de millones opacos al fisco. No de la prole, cuya súbita riqueza exige, cuando menos, una explicación contable. No, no son Pujol & Hijos, S. L. los responsables. Responsables son «todos». Eso dice el Patriarca. ¿Y cuál es su constancia de que todos ?todos? hicieron, como mínimo, lo que hizo él mismo? ¿Y cuál es la contabilidad que fija en qué cifra todos ?todos? se hicieron en la misma medida millonarios que sus avispados hijos? ¿Y quiénes son esos «todos»? Sobre todo eso: ¿a qué «todos» estaba acusando el viernes Pujol de haber saqueado no menos que él en esos mismos años? Todos. Si una enormidad así no exige la intervención de oficio de la Fiscalía, no sé yo para qué demonios puede servir una Fiscalía en un país decente.
Pero, materia penal aparte, es una política sabia la del viejo Patriarca de la nación catalana. Enriquecer a todos hace casta. Y blinda en todos y cada uno de sus miembros la certeza de que dejar que uno caiga sería arriesgar la ruina para todos los que queden. No hay estrategia que mejor preserve los privilegios. ¡Enriqueceos! Todos. Cada cual en la medida exacta que su cuota de poder merezca. A nadie, desde el presidente hasta el jefecillo local del menos representado de los partidos que estén en el juego, se le negará su parte. No es dinero legal. Por supuesto. Pero es dinero. Mejor que nada. Libre, además, de Hacienda. Con una condición sólo: que el que reparte quede exento de responsabilidades. Si cae el Patriarca, nadie sobrevive. «Si todo fuera tan corrupto, caerían todos y sería responsabilidad de todos». Mi condena arrastraría la condena de cada uno de vosotros. Avisa. Y yo no tengo edad para acabar en presidio. Vosotros, sí. Bella estrategia, la del Patriarca.
Dieciséis horas más tarde, su heredero firmaba el acta de sedición. Todo antes que perderlo todo: el dinero, las heces.
ARCADI ESPADA El Mundo 29 Septiembre 2014
Hay que, dicen. Nadie espere aclaraciones. Como el que dice llueve. Me lo hizo ver Cayetana Álvarez de Toledo, antes de que el hayqueísmo se convirtiera en nuestro principal anacoluto político. Hay que, dicen con intransitividad. Y también con impersonalidad. Al tratarse de un suave imperativo la impersonalidad es chocante. Hay que... Pero no señalan a nadie, no sea que el nadie les dijera hay que qué, cómo y cuándo. Ni siquiera, como sería imperativamente procedente, se señalan a sí mismos. El hayqueísmo es una manifiesta irresponsabilidad. Su maestro principal y venerable es el profesor Rubio Llorente que ayer dejó en La Vanguardia un texto inmortal, porque nunca vivió. Después de decir que el referéndum es malo y mala también su prohibición, el mundo fue y será una porquería ya lo sé, remata el emérito: «Lo razonable es acudir a remedios que ataquen el mal en su raíz, que disminuyan el apoyo que hoy tiene el independentismo y ofrezcan al gobierno catalán argumentos para modificar su postura.»
Detrás del hay que solo hay pereza intelectual y política. Por más que lo pronuncien egregios supuestos el mandamiento sigue a ras de suelo a la pensadora Nierga, que al menos tuvo la virtud de exponer desinhibidamente su irritación y su impotencia: «¡Hablen, ustedes que pueden!» Los hayqueístas, a los que se suma los meses con erre el discípulo Francesc de Carreras, están desaprovechando la oportunidad de hacerse un nombre. Dada su profunda credencial democrática, deberían emprender un reto a su altura: el de convencer a los españoles de que tienen que renunciar a una parte de su soberanía por la paz. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué optan por el atajo ilegal de apropiarse de la soberanía de los ciudadanos para entregarla a los nacionalistas? ¿Por qué no emprenden un viaje unamuniano, cargado de amor y pedadogía, para lograr que los españoles accedan a escindirse en un sujeto soberano binario, terciario, cuaternario...? ¿Acaso no hay tanto español demócrata perfecto (¡el tiempo verbal de nuestro tiempo!), que dice que voten ya, como el que se toma un antiácido, y que estaría encantado de ennoblecer su dispépsico desentendimiento?
Pero mientras se queden en su intransitiva impersonalidad irresponsable, el único hay que posible es el que ha pronunciado el presidente del Gobierno: «En este justo momento lo importante es defender la Constitución.» Un haiku. Cortante. Transitivo, personal y responsable.
Manuel Azaña y la servidumbre de la actualidad
fernando garcía de cortázar / madrid ABC 29 Septiembre 2014
Rompió cualquier puente de los que habrían podido tenderse para unir a los españoles en torno a aquellos valores que proclamó como exclusivos del ideario republicano
Algún día los historiadores habremos de considerar, para entender las condiciones de aquella marcha hacia el desastre de 1936, si una de las piezas fundamentales de la tragedia no fue la sustitución de Lerroux por Azaña en el liderazgo indiscutible del republicanismo español. No me refiero solo a su habilidad para construir y gobernar un partido central del régimen del 14 de abril -en esto, Lerroux llevaba indudable ventaja a quien solo había logrado reunir un puñado de adictos a su Acción Republicana-, sino a esa capacidad de identificación personal, política e incluso moral con la II República que llegó a alcanzar Azaña a expensas del veterano caudillo cordobés.
Nadie podrá menguar el talento con el que Manuel Azaña fue abriéndose paso en el grupo de opositores a la Dictadura, especialmente cuando se aproximaba la consagración de aquella primavera de 1931. Pero, tras haber afirmado con tanta elocuencia la esperanza de una España de ciudadanos libres opuestos a la torpe excepcionalidad del golpe de Primo de Rivera, nadie podrá negar, tampoco, la dureza con la que Azaña rompió cualquier puente de los que habrían podido tenderse para unir a todos los españoles en torno a aquellos valores que, abusivamente, proclamó como exclusivos del ideario republicano.
En el mitin del 28 de septiembre de 1930 en la plaza de toros de Madrid, señalaba: «Los republicanos venimos al encuentro del país… no para comprometer el porvenir de la nación, sino como la última reserva de esperanza que le queda a España de verse bien gobernada y administrada, de hacer una política nacional».
Detractores de la Monarquía
La mitad de los oradores que intervinieron en aquel evento madrileño pertenecían a la dirección del Partido Radical, siendo Alejandro Lerroux la figura más aplaudida. Allí Azaña respondió con virulencia a los esfuerzos denodados de Lerroux por hacer un frente común en defensa de la libertad, con independencia de la asunción del republicanismo o el monarquismo.
En poco ayudaban, desde luego, la torpeza de un régimen monárquico sin sentido de orientación histórica y, menos aún, la penuria moral de quienes abandonaron a toda prisa el buque que se hundía. Para Azaña, la transición concernía exclusivamente a la izquierda, entendiendo por esta a los detractores de la monarquía. Al dictador destituido, manifestaba con ironía, habría que aclamarlo: «¡General Primo de Rivera, gracias te sean dadas! A las destrucciones que has hecho y a la revolución que sin saberlo has comenzado, nosotros les pondremos el remate».
En vísperas de la primera de las dos transiciones aleccionadoras de la historia española del siglo XX, Manuel Azaña sufrió una sobredosis de oportunismo, aunque revestida de la belleza indudable de sus invocaciones al futuro de la nación. Aquejado de un exceso de actualidad, perdió la dimensión histórica de una tradición que no debía desdeñarse. Acertaba, eso sí , en su crítica al ensimismamiento regeneracionista del 98, al considerar que ningún pueblo «es regla única y suficiente de sí mismo». Pero se equivocaba al creer que España podía encontrar su plenitud prescindiendo de una conciencia sedimentada durante siglos.
El horror al anacronismo sentimental le hizo víctima del anacronismo político, que identificaba la renovación del país con la construcción de una España inédita, de la que ni siquiera se excluía la posibilidad de una secesión de Cataluña, como lo manifestó en su discurso de Barcelona de marzo de 1930.
Una de las frases más bellas de Azaña fue pronunciada al ensalzar la República y presentarla como la única posibilidad de acuerdo entre los españoles: «La libertad no hace felices a los hombres; los hace simplemente hombres». En esa vehemencia descubrimos, conmovidos, las ilusiones desbordadas de hombres y mujeres a quienes no podrá negárseles nunca la grandeza de su espíritu y la envergadura de sus sueños. Pero también habrá que reconocer, en tales efluvios, a quienes, teniendo la obligación de liderar una transición nacional que metiera España en el corazón del siglo XX, abandonaron buena parte del equipaje modernizador de las generaciones del 98 y del 14.
En lugar de sintetizar la emoción española de unos y las ambiciones reformistas de otros en un gran proyecto de reconciliación nacional, se prefirió prescindir de ellos, calificados de sentimentales, decadentes y elitistas. Pocas veces se ha confundido, y con tan graves consecuencias, el respeto a la voluntad del pueblo con el abandono de la responsabilidad de un liderazgo de las masas; el ansia de renovación nacional con el menosprecio de tradiciones, sentimientos arraigados o referentes de una existencia colectiva.
Azaña despreciaba las ensoñaciones patrióticas de la derecha, pero estas nada tenían que ver con un extendido deseo de renovación que le hubiera permitido organizar el cambio político apoyado en una inmensa mayoría de los españoles deseosos de asomarse sin complejos a la democracia. Por el contrario, prefirió prescindir incluso de aquellos republicanos para quienes la estima por las moderadas clases medias era cuestión no solo de prudencia, sino de principio. Y eligió un programa en el que la regeneración de España se intentaría no a costa de sus estructuras envejecidas, sino en perjuicio de las creencias, e incluso de los derechos de quienes no se sentían representados por aquella primavera republicana.
El espíritu de ruptura radical alentado por Azaña quedó muy claro en el banquete de homenaje a Marcelino Domingo, en abril de 1930: «Entre el ayer de España y el futuro de España hay que poner un suceso irreparable, que no lo podamos olvidar, y que no nos lo puedan perdonar». El futuro, que hoy es nuestro pasado, daría a la dureza de esta frase la trágica respuesta que las palabras merecían, pero que los españoles teníamos derecho a habernos ahorrado.
Se iba, pero se queda.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Septiembre 2014
Igual hubo alguno que se creyó de verdad que Alberto Ruíz Gallardón iba a retornar a la vida privada y ser un militante de base en el PP. La experiencia con este singular político nos había enseñado que es de los que amagan pero no pegan y mucho menos cuando se trata de vivir a costa del erario público. Resulta que al final se lo ha pensado mejor y ha encontrado la forma de obtener unos pingües emolumentos en un puesto en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto al que tienen derecho todos los expresidentes de esta comunidad y que conlleva la asistencia a una reunión semanal por la que cobrará unos 8.500 euros brutos al mes. Un trabajo que no parece tener incompatibilidades con el desempeño de otros en la vida privada. O sea, un negocio redondo, amén del cobro de la indemnización de dos años de salario por haber sido Ministro de las Españas.
Y digo yo, ¿es esta una situación lógica en un país en recesión con más de cinco millones de parados? Absolutamente no. Es una auténtica desvergüenza, legal sí, pero desvergüenza intolerable. El Sr. Gallardón solo hace lo que todos los de su casta, aprovechar las facilidades que un Estado despilfarrador, inflacionista y pensado para el clientelismo sectario y partidista pone a disposición de sus integrantes para su beneficio exclusivo. Lo que ha pedido Alberto Ruíz Gallardón es un derecho legal al que debió haber renunciado si tuviera un poco de coherencia y ética política, aunque unir estas dos palabras es absurdo. Nadie está en política pensando en el bien común, para eso ya están las ONG y la Iglesia.
Siendo Fiscal en excedencia, hubiera sido comprensible el que hubiera pedido el reingreso, o bien hubiera acudido al mercado laboral para ofrecer sus servicios de asesoría. Seguro que cualquier bufete de primera línea no hubiera dudado en “ficharle” como un valor seguro dados sus múltiples contactos y experiencia en su paso por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por la Alcaldía y por el Ministerio de Justicia. Pero no, ha decidido que lo suyo debe seguir siendo la cosa pública y qué mejor que en el Consejo de Gobierno de la comunidad de la que fue Presidente durante ocho años.
No estaría de más que el Gobierno de España tomara nota de los salarios que se dan discrecionalmente en las comunidades autónomas, superiores con mucho a los topes establecidos para altos responsables en la Administración del Estado, incluido el mismo Presidente del Gobierno. No estaría de más que se hiciera una auditoría de gastos, de cargos y salarios y se procediera a la optimización de recursos y la adecuación de las administraciones a la realidad económica de España y de sus ciudadanos. Y luego niegan que son una casta de privilegiados que viven a costa de los impuestos de los ciudadanos.¡ Váyanse todos a esparragar!
Por una España Unida, Libre y Solidaria, no consintamos el abuso de la casta corrupta y corruptora.
Cataluña, entre el dogma y la razón
Nacho Martín Blanco www.cronicaglobal.com 29 Septiembre 2014
En Cataluña se da últimamente un fenómeno bastante insólito en el mundo occidental, pero que por desgracia muchos catalanes parecen haber aceptado como si tal cosa. Aquí los nacionalistas -tan asociados en otros países a posturas poco democráticas cuando no antidemocráticas- se han autoerigido en paladines de la democracia y niegan la condición de demócrata a todo aquel que no piense como ellos. Basta con que alguien no esté de acuerdo con el llamado “derecho a decidir” para que los nacionalistas le cuelguen el sambenito de enemigo de la democracia. “Un demócrata auténtico no bloquea un referéndum”, dice Artur Mas sobre Rajoy.
Parece mentira que hayan conseguido ocultar a los ojos de tanta gente la innegable tensión entre el nacionalismo, una ideología esencialmente basada en mecanismos de restricción de la pluralidad y de exclusión del discrepante, y la democracia, una forma de gobierno idealmente fundada en el pluralismo y el respeto a las ideas de los demás, sobre todo cuando son sustancialmente diferentes o contrarias a las propias. El matiz es importante porque no es lo mismo respetar las ideas de quien de boquilla afirma que discrepa pero que en la práctica dice amén a todo lo que establece la ortodoxia del régimen imperante, que respetar incluso a quien cuestiona los dogmas en que se basa ese régimen, ya sea la inmersión lingüística como garante de la cohesión social o el derecho a decidir como premisa mayor de la catalanidad.
Pero los dogmas -proposiciones que se asientan por firmes y ciertas y como principios innegables de toda ciencia, doctrina o religión- son armas de doble filo que a menudo obran en contra de lo que pretenden. Es verdad que por un lado constituyen la principal fortaleza de la causa nacionalista en la medida en que aseguran la adhesión acrítica e incondicional de muchos de sus fieles, la mayoría de los cuales ni siquiera se ha parado a pensar en lo que significan tales dogmas, precisamente porque son principios innegables de la fe que actúan, por decirlo así, como ficciones pertinentes a la conflictiva realidad que trasueñan los nacionalistas. Por desgracia, esa realidad imaginaria impuesta desde las más altas instancias de gobierno del Principado -que es infinitamente más conflictiva que la realidad objetiva, pues quienes se la inventan necesitan el conflicto para justificar su ansiada ruptura con el resto de España- mantiene su hegemonía sobre la opinión pública catalana.
“Yo estoy de acuerdo con la inmersión lingüística, por supuesto, pero no me parece lógico que la presencia del castellano en las aulas se reduzca a dos o tres horas a la semana”, me dicen a menudo amigos, conocidos y saludados -que diría Pla- más o menos proclives a las tesis nacionalistas, que es obvio que nunca se han parado a pensar lo que significa la inmersión lingüística que defienden a ciegas. Es más, la mayoría de ellos se acaban mostrando partidarios de un modelo en el que el número de horas lectivas en castellano y en catalán sea equilibrado, e incluso muchos reconocen en privado, ¡oh, pecado nefando!, que el modelo implantado en Baleares (enseñanza trilingüe en castellano, catalán e inglés) les parece conveniente. Es lo que ocurre cuando se observa el dogma a la luz de la razón, lo cual no resulta fácil tratándose de dogmas tan arraigados que incluso los no creyentes los aceptan.
“¿Independencia? No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que el derecho a decidir es innegociable”, repiten los mismos que de entrada se declaran partidarios de la inmersión. Dicen “innegociable” en el sentido de que consideran el “derecho a decidir” un principio innegable, lo que pone de manifiesto una vez más el carácter dogmático de sus planteamientos. Dejando a un lado a quienes de buena fe distinguen entre derecho a decidir e independencia y se han tragado eso de que el derecho a decidir es la quintaesencia de la democracia -que, en Cataluña, haberlos haylos-, el argumento de que sobre la independencia Dios dirá pero que el derecho a decidir es innegociable no es más que un ardid con el que los nacionalistas pretenden convencernos de su flexibilidad negociadora. Porque no es que el derecho a decidir “conduzca” a la independencia, sino que el derecho a decidir “es” la independencia. Ni más ni menos. No es un término medio que los nacionalistas consientan en prenda de su flexibilidad, sino la culminación de sus planteamientos. Supone que los catalanes, independientemente de lo que diga la Constitución, podamos decidir de espaldas, en contra y, sin duda, independientemente de lo que digan el resto de los españoles, sobre la base de que Cataluña es una nación y el sobrentendido de que España no lo es. ¿Podemos los barceloneses decidir de espaldas, en contra y, sin duda, independientemente de lo que digan el resto de los catalanes? ¡De ninguna manera! ¡Cataluña es una nación!, responden como autómatas los fundamentalistas del derecho a decidir. Ergo, España no lo es. Eso sí, exigen a su vez un mayor reconocimiento de Cataluña como nación, otro dogma.
Los dogmas, repito, constituyen la principal fortaleza del nacionalismo, pero es evidente que representan también su principal debilidad. Con todo, no cabe duda de que el nacionalismo necesita seguir siendo fundamentalista y dogmático para sobrevivir en un mundo de identidades cada vez más plurales y entrelazadas, por lo que, a poco que los catalanes hagamos el esfuerzo intelectual y anímico de cuestionar sus dogmas sometiéndolos al examen de la razón no sólo en privado sino también en público, su hegemonía sobre nuestra opinión pública se irá diluyendo.
Organismos inútiles
Alejo Vidal-Quadras www.vozpopuli.com
El Gobierno pretende haber puesto en marcha un ambicioso plan de reforma de la Administración que, según sus estimaciones, aportará a finales de 2015 un ahorro del orden de 35000 millones de euros, aproximadamente la mitad del déficit del año pasado. Si estas cifras fuesen reales, el cumplimiento de los objetivos de reducción del desequilibrio presupuestario se cumplirían con creces manteniendo constante el resto de gasto público.
Sin embargo, las previsiones son mucho menos favorables, lo que indica que el tal ahorro está sobrestimado o que las demás partidas no afectadas por la reforma van a seguir creciendo. Basta un solo ejemplo para demostrar que el problema del despilfarro de las Administraciones no se va a resolver sin una acción quirúrgica decidida, que ninguno de los dos grandes partidos del sistema está dispuesto a acometer. Me refiero a Radio Televisión Española, este monstruo audiovisual al servicio de la mayoría de turno cuyas cuentas son imposibles de cuadrar y cuyos presidentes van cayendo uno tras otro estrellados contra la muralla sindical que lo controla y la disminución continua de ingresos.
Una única cifra indica con elocuencia la causa de la quiebra de RTVE: su nómina es de 6500 empleados, es decir, superior a Telecinco y Antena Tres juntas, que ya la han sobrepasado en audiencia y en calidad. Es una clamorosa evidencia que en la televisión pública estatal sobra más de la mitad de la plantilla y que un ajuste de la misma liberaría su balance de los números rojos. Ahora bien, un ERE es imposible porque los sindicatos se oponen ferozmente y el Gobierno no tiene el coraje de llevarlo a cabo a pesar de que si no se hace la totalidad de la plantilla acabará en el paro, como ha sucedido con la televisión valenciana.
La situación es endiablada. Por una parte, el ministerio de Hacienda se niega a enjugar de nuevo el agujero de RTVE, pero por otra no se atreven ni a cerrarla ni a adelgazar sus efectivos. Frente a los que opinan que una televisión pública es necesaria, la racionalidad más elemental indica que con la amplísima y variada oferta privada existente, que cubre todo el arco ideológico y toda la gama temática, la existencia de canales públicos es un dispendio absurdo solamente justificado por los intereses electorales de los grandes partidos. La cobardía de nuestros gobernantes hará que al final RTVE fallezca por causa de disolución, lo que será una excelente noticia para los ciudadanos, que se habrán desprendido de un pesado fardo superfluo y que no deberán aguantar más adoctrinamiento. Quizá sea este el camino, la sucesiva desaparición de todos los pesebres municipales, autonómicos y estatales por inanición.
Es una lástima, en cualquier caso, que este proceso no sea fruto de una acción bien programada y bien comunicada a cargo del Gobierno en beneficio de los españoles porque el coste sería mucho menor y demostraría que el Gobierno alberga alguna convicción en su cabeza. La peripecia dolorosa de RTVE es la crónica de una muerte anunciada, consecuencia de que los decisores de nuestro país hace mucho tiempo que flotan en un lago estancado de ideas yertas.
Wert desmiente las cifras de Rigau sobre peticiones para recibir educación bilingüe
El Ministerio ofrecerá los datos definitivos "cuando se vean cuáles se acomodan a los requisitos" que establece la LOMCE. La consejería de Enseñanza cifró en 40 el número de familias que solicitaron las clases en castellano y catalán, pero solo las peticiones gestionadas por la AEB y por CCC multiplican varias veces ese dato.
Otro medio centenar de peticiones para recibir educación bilingüe en Cataluña
Alumnos de 85 escuelas de 39 localidades catalanas solicitan educación bilingüe
Redacción www.cronicaglobal.com
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha desmentido este domingo la cifra de peticiones para recibir una educación bilingüe que había difundido la Consejería de Enseñanza de la Generalidad.
En una entrevista publicada por La Vanguardia, Wert ha negado el dato de que solo 40 familias en toda Cataluña han solicitado recibir las clases en castellano y en catalán -como había señalado la consejera Rigau-, aunque ha subrayado que "si fueran dos, seguirían siendo merecedoras de atención".
Ofrecerá las cifras definitivas más adelante
"Hay peticiones de educación bilingüe, hay reclamaciones de compensación de educación privada por no haber visto atendido el derecho a recibir enseñanza en castellano en una proporción razonable, hay peticiones hechas a la Generalidad, peticiones al Ministerio... Facilitaremos las cifras cuando se vean cuáles se acomodan a los requisitos del real decreto de julio y cuáles, referidas a cursos anteriores, tienen que ser bien dirimidas por la justicia o directamente con la Generalidad", ha señalado.
De hecho, recientemente se ha conocido que la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha presentado más de 50 solicitudes de familias para recibir la educación bilingüe, mientras que Convivencia Cívica Catalana ha coordinado peticiones similares en otros 85 centros escolares de 39 localidades de toda Cataluña.
Rajoy: el mayor traidor a sus votantes de Europa
Roberto Centeno El Confidencial 29 Septiembre 2014
Si alguien en su ceguera todavía tenía alguna duda sobre la mendacidad y la total perversión política y moral de Mariano Rajoy, creo que la pasada semana se le habrá caído la venda de los ojos. Rajoy es la segunda plaga bíblica después de Zapatero que asuela este desgraciado país. Es igual pero en pusilánime, y además está yendo mucho más lejos en la destrucción económica, política y moral de la nación española. A lo que se añade la destrucción de la más sólida estructura social que España ha tenido jamás basada en una amplia clase media que pasó del 24% en 1936 al 56% en 1975, que hoy ha caído al 43% y está siendo sustituida por una sociedad tercermundista dual. Rajoy ha demostrado que es una persona sin principios ni valores a quien solo importa el poder. Y con tal de mantenerlo no duda en traicionar a sus votantes, a su Patria y a quien sea menester.
Zapatero era un indocumentado, un sectario y un radical. Tan indocumentado que osaba negar la existencia de España, una de las unidades políticas más antiguas del mundo, algo propio de un iletrado o un demente. Tan ignorante que nunca supo, ni él ni Solbes, por qué España crecía en los primeros años de su mandato y mucho menos por qué se hundía después. Tan demente o tan felón que dijo que aceptaría cualquier Estatut que viniera de Cataluña. Pero Zapatero nunca traicionó a sus votantes. Rajoy era diferente, su gente sabía perfectamente lo que había que hacer para salir de la crisis: bajar impuestos y no gastar más de lo que se ingresa. No pactar con terroristas, ilegalizar sus franquicias y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Esto lo dijo y prometió por activa y por pasiva. Ha hecho justo lo contrario.
Traidor a sus votantes y traidor a España
Empecemos por la pasada semana. Su última gran traición, una traición sin excusas ni paliativos a su programa electoral y a sus votantes, ha sido la retirada de la nueva ley del aborto y la confirmación de la monstruosa ley de Zapatero-Aído, que permite como en ningún otro país civilizado el asesinato indiscriminado de los no nacidos de hasta ocho meses. Una ley que el propio PP recurriría ante el Constitucional por estimar que vulneraba derechos fundamentales de las personas, ¡y que ahora se traga íntegra, en lugar de derogarla y volver al menos a la ley de Felipe González y Aznar, con algunos retoques para evitar coladeros! Rajoy insulta además a la inteligencia de los españoles afirmando que necesita mayor consenso, cuando ha aprobado la mayoría de leyes sin consenso alguno y la sectaria pareja ZP-Aído se pasarían el consenso por ahí.
Pero lo más pavoroso han sido sus motivaciones. A Rajoy le importan un pimiento los miles de niños no nacidos que van a ser asesinados con la cobertura legal de la ley más inhumana del mundo civilizado. Le importan un pimiento la moral y las promesas hechas a sus electores, a los que ignora porque piensa que solo pueden votarle a él. Únicamente le importa el poder. Su gran oráculo Arriola, que ha asesorado a todos los mediocres del PP en los últimos 20 años, a quienes explica siempre por qué no se cumple nunca lo que él les había asegurado que se iba a cumplir, le ha dicho ahora que el retirar la nueva ley del aborto le proporcionará más votos de los que le quitaba. No arrancará un solo voto a la izquierda y ya se está produciendo una desafección masiva en el PP. Y aquí hay que gritar un olé al obispo de Alcalá al llamar a no votar más al PP y sí a un partido que defienda los valores cristianos, ante el vergonzoso silencio de la Conferencia Episcopal, que, a la espera de un canal de TV, mete los valores cristianos bajo la alfombra.
Y por si esto no fuera ya bastante, nombra ministro de Justicia a Rafael Catalá, un total ignorante en cuestiones jurídicas, dispuesto a bajarse los pantalones ante el separatismo catalán y a cargarse la Constitución para adaptarla a la “sensibilidad” de 3 millones de catalanes en contra de la de los 43 millones restantes. Es lo mismo que si un ministro propusiera cambiar el clima para no herir la sensibilidad primaveral de los alérgicos. Para este irresponsable lo importante no es que se cumpla la ley y que esta sea igual para todos los españoles, nada más lejos. Está encantado de que los separatistas no la cumplan, de la prohibición de ser escolarizado en castellano y de la persecución de todo lo español. Siendo secretario de Estado de Infraestructuras cuando ocurrió el accidente del Alvia, que costó 80 muertos y 140 heridos, no hizo absolutamente nada por depurar responsabilidades, solo mintió en todo y a todos. Encomendar a este temperamento ideológico y cínico la Administración de Justicia es tanto como confiar la sanidad pública a un curandero de sensibilidades.
Y luego ya el acabose. La forma en que este pusilánime ha dejado pudrirse el tema catalán puesto en marcha por el Estatut de Zapatero ha sido tan manifiestamente desastrosa que ha caído cuando menos en el delito de colaboración tácita, pero inequívoca, de conspiración para la sedición de Cataluña. Es decir, un gravísimo delito contra la estabilidad y seguridad del Estado español. Rajoy ha cerrado los ojos desde el principio al flagrante incumplimiento de la ley constitucional por los separatistas, sin mover un solo dedo para garantizar su cumplimiento como era su obligación como presidente de la nación. Tan acostumbrados estamos a su desidia y a su irresponsabilidad en la defensa de la unidad de España que a nadie extraña hoy que haya mirado hacia otro lado mientras los separatistas iniciaban una escalada verbal y de hechos consumados para la separación.
Tanta colaboración necesaria para la sedición que, cuando en febrero de 2012 la Generalitat estaba al borde de la suspensión de pagos, en lugar de rematarlos y acabar con el problema de una vez por todas, en un acto que raya en la traición, les entregó un río de dinero que a día de hoy totaliza los 37.000 millones de euros, con lo que los separatistas han podido no solo evitar la quiebra, sino sobre todo financiar su estrategia de sedición, a lo que se suman 12.000 millones del rescate de Catalunya Banc que debería haber sido cerrado. Rajoy financia a los enemigos interiores de España que resultan ser además los paradigmas de la corrupción.
Y ahora, Artur Mas está culminando el largo proceso tendente a la separación de Cataluña del resto de España. Y si esto no es un gravísimo delito perseguible de oficio, entonces carece de fundamento incluso la existencia de un código penal, en un país donde la más alta autoridad pública la tienen los más egregios infractores de las leyes. Al firmar un referéndum ilegal para la ruptura de la unidad nacional, Mas debería haber sido detenido y encarcelado y la autonomía de Cataluña suspendida. En lugar de ello, el cómplice Rajoy junto con su “alter ego” Sáenz de Santamaría, ávida de poder a cualquier precio, sin ideología y sin principios, en una posición inequívoca de colaboración necesaria para la sedición, se contenta con el papeleo burocrático de dejar en manos del Tribunal Constitucional lo que es de incumbencia directa del poder ejecutivo del Estado.
La mentira como forma de gobierno
Rajoy convertiría desde el principio la mentira y la traición a sus votantes en su forma de gobierno. Su primera decisión nada más sentarse en su añorada poltrona fue subir los impuestos a la clase media al nivel más alto de nuestra historia. Más tarde lo haría junto con CCAA y Ayuntamientos al nivel más alto de la OCDE para una familia media con dos hijos, que es como lo calcula esta organización. Si algo predicó y prometió, primero como líder de la oposición y luego a lo largo de su campaña, fue que bajaría los impuestos. No tardó ni un solo segundo en traicionar a sus votantes, y la excusa, un insulto inaceptable: “No había otro remedio”.
Si no había otro remedio lo habría sabido dos meses antes, y en consecuencia mintió conscientemente a sus electores para conseguir el poder. Igual que hoy con los fraudulentos PGE-2015, el engaño más grande jamás contado. Prevé que los gastos superen a los ingresos en solo un 15%. Y ocurre que, según los datos de Contabilidad Nacional a julio 2014, ¡los gastos del Estado superaban a los ingresos en un 45,6%! ¿Va a cambiar la situación cuando el crecimiento se haya hundido en el tercer trimestre o a gastar acaso menos de lo que ingresan el resto de Administraciones para compensar? La falsedad de las cifras es asombrosa.
Pero es que había algo peor: ¿cómo nadie que no sea un tramposo de la peor especie puede afirmar sin que se la caiga la cara de vergüenza que en un presupuesto de gasto de 470.000 millones de euros, donde solo 36.000 millones son duplicidades entre Administraciones, es imposible recortar 6.000 millones de euros? Pero esa sería su línea de gobierno desde entonces: el nepotismo más descarnado jamás conocido. Colocó a más de 100.000 ineptos de su partido en solo tres meses, muchos con sueldos que superan los 60.000 euros anuales. Sobre este gasto tan disparatado como despótico dijo “eso ni se toca”.
Se tocan las becas, se toca el gasto social, se condena al hambre a cientos de miles de niños recortando las ayudas comedor, pero el gasto de los enchufados, los suyos y los de toda la casta política, “ni se toca”. En la misma línea prometió en campaña reducir a la mitad las 3.600 empresas públicas, ese cáncer donde parasitan más de 400.000 enchufados, con una deuda que supera los 50.000 millones y de cuyo gasto nadie explica nada. Solo “cerraría” unas decenas. Pero, ¿cómo?¿Poniendo a estos parásitos en la calle? En absoluto. Fusionándolas con otras.
Prometió ilegalizar todas las franquicias de ETA a las que Zapatero, en un acto rayano en la alta traición, entregó el poder en Guipúzcoa. No solo no lo hizo, sino que siguió negociando con ETA. Igual que su predecesor, renunció a aniquilarla, que es lo que han hecho todos los Gobiernos europeos con sus organizaciones terroristas. El caso Bolinaga sería la culminación de su cobardía insuperable y de su traición no solo a sus electores, sino sobre todo a las víctimas de estos asesinos. Se infló a decir por activa y por pasiva que “no se puede gastar más de lo que se ingresa, eso es un auténtico disparate”, en referencia al creciente endeudamiento del Gobierno socialista. Lo que hizo en realidad fue pavoroso: endeudar en más de 400.000 millones de euros, la mayor cifra de nuestra historia económica y doble de la del indigente mental, destruyendo así el futuro de varias generaciones de españoles. Esto no es solo otra traición, esto es de juzgado de guardia. Y este año se incurrirá en un déficit mayor aún que el de 2013.
Y todo ello con qué fin. Para salvar de la ruina a un sistema financiero incompetente y corrupto que tendría que haber sido cerrado en un 50%. Para salvar de la ruina a varios de los grandes oligarcas del Ibex. Y para mantener en funcionamiento un modelo de Estado inviable y corrupto, base de su poder, donde la parte más escandalosa son las duplicidades entre Administraciones que siguen intactas, los miles de coches oficiales, las oficinas de lujo y los dos millones de empleados públicos nombrados a dedo por la casta política. Para financiar todo esto, recortaría brutalmente el gasto social y elevaría los impuestos estatales, autonómicos y municipales a un nivel confiscatorio, mientras permitiría a los monopolios (gas, electricidad, productos petrolíferos) elevar los precios de sus productos y servicios al nivel más alto de Europa.
PD: El lunes que viene, una vez analizado el Libro Amarillo, comentaré los PGE-2015. Rajoy está decidido a lo que sea para no perder votos, y no hay tropelía que no esté dispuesto a cometer ni mentira que no esté dispuesto a contar para engañar de nuevo a sus electores.
Esencia nacionalista: viernes, corrupción; sábado, patria
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 29 Septiembre 2014
Y de repente el padre de la patria se cabreó, se habían mofado de él, coño, le habían venido a llamar corrupto y explotó, salió el Jordi Pujol ensoberbecido, el Pujol blindado por décadas de obscena impunidad para delinquir, de modo que el señorín empezó a mover los brazos como aspas, a agitar su dedo tembloroso hacia el viento de la imaginaria multitud que le acosaba, y a fingir puñetazos sobre la mesa, fuera de sí ese Ubú Rey que con impagable maestría retrató Albert Boadella, el codicioso emperador de la República Independiente del Tres por Ciento. Cínico consumado, maestro en el arte de dar clases de moral mientras estafa al Fisco, montó el numerito, el acreditado show Pujol, teatro, lo tuyo es puro teatro, Jordi, hasta el punto de llegar a amenazar en el mejor estilo del capo di tutti capi, “si cae la rama del árbol, al final caerán todas”, en modo Corleone, porque ustedes no deben poner en duda mi jerarquía como padre de esa patria por la que tanto he luchado y sufrido, eso es lo que vino a decir, que necesitó hacer caja para poder construir la patria catalana (“Con 40 años tenía dinero. Y un proyecto. Construir Cataluña y hacer país”), tal cual, con total desvergüenza, que necesitó afanar para hacer realidad el sueño irredento de una burguesía trincona que, después de haber tironeado durante decenios a España, ha decidido romper la baraja porque esa ubre ya no da más de sí, el sistema está muerto, y encima los jueces se están poniendo muy pesaditos.
No dijo nada de las cuentas, ni dio nombres de quienes las administran o han administrado, ni cuánto dinero tiene ni dónde; tampoco si la corrupción acaba en la familia o los Pujol son apenas la rama del árbol -vale el símil esta vez- de la corrupción clientelar de todo un sistema, porque eso es lo que ha sido CiU desde la Transición a esta parte, corrupción al por mayor, oficina de negocios consentidos por los Gobiernos centrales. Yo no soy un corrupto, dijo don Jordi. Los ladrones somos gente honrada, tituló Jardiel Poncela su afamada comedia. Y para demostrarlo se inventó esa herencia sobre la que ni su propia hermana, a la que ha tenido que socorrer la Generalitat para que pueda vivir con cierta decencia, tenía la menor idea. Todo fue culpa de un padre asustado, que tenía miedo de que el arrojo de este Robin Hood cuya pasión consistía en robar a las tropas españolas mandadas por el Sheriff de Nottingham para repartir el cobre entre los pobres catalanes, quedara un día a la intemperie. Una gran obra de teatro, porque todo en la Cataluña secuestrada por el nacionalismo es teatro, un teatro sostenido y mantenido con el dinero que el Gobierno Rajoy provee para evitar el hundimiento de esa Cataluña en default, dinero y adoctrinamiento totalitario durante 40 años, que ha dado como resultado el gigantesco engaño colectivo de la independencia.
Que un cacique bajo sospecha se permita, en su infinita desfachatez, abroncar a los diputados que le interrogan sobre su fortuna es un espectáculo que no puede sino abochornar a cualquier demócrata por cuanto reduce la majestad del Parlamento a la miseria de una barra de taberna. Lo ocurrido el viernes es también la prueba de la catadura de ese nacionalismo dispuesto a envolverse en la bandera para tapar sus vergüenzas, ocultar su dinero y desviar la atención por el desfiladero de la secesión. El “caso Pujol” es idéntico al “caso Millet”, el del Palau, con la diferencia de que don Jordi ha sido durante 23 años presidente de la Generalitat y padre putativo de la “patria” catalana. El “caso Pujol” es también el “caso CiU” y, con alguna honrosa excepción, el de toda una clase política que cerró los ojos, consintió, dejó hacer, particularmente el de esa izquierda dispuesta a embarcarse en un nacionalismo identitario y retrógrado con olvido del internacionalismo proletario. El viernes era el día adecuado para que CiU, y no digamos ya la ERC del predicador, el ayatollah Junqueras, se desmarcaran de ese patético personaje que, cogido con las manos en la masa, pretendió seguir dando lecciones de moral mientras severamente regañaba a los diputados. No lo hicieron. Ambas formaciones dejaron pasar la oportunidad, particularmente CiU, lo que viene a demostrar que el señor Mas no es sino una mera elongación de la mano, hoy frágil y temblorosa, de un Pujol que siempre ha manejado los hilos de esta Cataluña a la deriva.
El viernes 26 se firmó en el Parlament el acta de defunción de un régimen corrupto y al día siguiente, sábado 27, el trampantojo soberanista volvió a obsequiar al personal con una nueva exhibición del más puro teatro: la firma del decreto de convocatoria del referéndum soberanista, en un ejemplo de esa perfecta normalidad catalana, esencia destilada del más puro nacionalismo: los viernes, corrupción; los sábados, patria. Dos caras de la misma moneda, la de una elite que busca enterrar discretamente el pujolismo, y hacerlo escamoteando la verdad de lo ocurrido en estos cuarenta años, y al mismo tiempo superar esa doctrina apestada con una nueva vuelta de tuerca, con la huida hacia adelante de la independencia. La fallida confesión del viernes y la farsa de ayer sábado tienen el mismo sujeto: el nacionalismo que corrompe lo que toca y que ahora amenaza seriamente la convivencia entre españoles. Un nacionalismo corrupto que no solo se niega a morir, sino que echa su cuarto a espadas dispuesto a hacer saltar la banca.
Al Gobierno de España no le queda más remedio que aplicar la ley
El desafío se ha consumado, y al Gobierno de España no le queda más remedio que aplicar la ley con toda contundencia. La pretensión de Mas es tan burda, tan suicida, que es imposible que esa parte de la sociedad catalana que no ha sucumbido al rodillo del adoctrinamiento totalitario no reaccione en algún momento. Lo decía la noche del viernes alguien tan poco sospechoso de centralismo como Joan Herrera, de ICV: la sociedad catalana está obligada a reflexionar ante espectáculos como el ofrecido por Pujol. Algún día, alguna vez, esa sociedad deberá mirarse en el espejo de sus miserias para descubrir el engaño de que ha sido objeto y denunciar a los embaucadores. La deriva del nacionalismo cleptómano de CiU y compañía en estos años no hace sino evidenciar el tremendo déficit democrático en que ha vivido Cataluña en este tiempo, bajo la dirección de un grupo de poder empeñado en enriquecerse a toda costa, de espaldas a las necesidades de un pueblo llano que algún día, alguna vez, se dará cuenta de que no necesita más aventuras, ni más autonomía, ni mucho menos la independencia, sino más democracia, más calidad democrática, y controles, muchos controles democráticos, esos controles que han fallado clamorosamente en la República Independiente del Tres por Ciento a la hora de detectar cómo unos cuantos se lo estaban llevando crudo.
El discursito de Astut Mas fue ayer un canto a las medias verdades, cuando no a las mentiras flagrantes. Que se sepa, el “pueblo de Cataluña” no le dio ningún mandato en noviembre de 2012 para emprender la aventura de la independencia. Falso de toda falsedad. Dijo el astuto que el proceso viene guiado por las “Majories socials que són fruit de les multitudinàries manifestacions populars”, pues mire usted, si a la última hemos de atenernos, es fácil echar la cuenta a ojo de buen cubero: 200.000 metros cuadrados tirando de largo, a tres personas por metro, pongamos cuatro, calcule usted mismo y compare esa cifra con los 7,5 millones de personas que viven en Cataluña. ¿Tienen esos 700.000 manifestantes derecho a imponer sus condiciones a 7,5 millones, mejor dicho, a 46 millones de españoles? Habla Mas de “la voluntat d’autogovern dels catalans”, pero Cataluña ya tiene autogobierno, y con facultades mayores que las de muchos Estados federados que en el mundo son. Y autogobierno, aclara, “para construir un país millor de cara al futur. Un bon país”. Perfecto, pero ¿va a ser usted quien construya ese país mejor? Y cómo piensa hacerlo? ¿Va a obligar al ejército de tunantes que han pasado por CiU, de Maciá Alavedra a esta parte, a devolver el dinero robado? ¿Lo va a devolver Pujol? ¿Lo va a hacer usted mismo, o se lo tendrá que sacar a la luz la policía española, que es el asunto que a usted y a su señora quita ahora mismo el sueño…?
Dice el prestigioso catedrático Muñoz Machado en su libro “Cataluña y las demás Españas” (Ed. Crítica) de muy reciente aparición, que “el derecho de secesión se enfrenta con el derecho del Estado a la unidad y la integridad territorial. Aún en los casos en que esté más claramente identificada una comunidad cultural dentro de un Estado constituido, cualquier aspiración a la independencia tiene que contraponerse al derecho del Estado a su unidad y al mantenimiento de la integridad territorial”. Y es que ninguna familia permitiría que uno de sus miembros tapiara el baño, el salón o el patio trasero para quedárselo en exclusiva. “Un Estado consolidado”, prosigue Muñoz Machado, “que cuenta con instituciones democráticas, en cuyo seno pueden ejercerse en plenitud todas las libertades, y los pueblos que tengan características, tradiciones, culturas o economías diferenciadas puedan contar con instituciones de autogobierno, tiene derecho a no ser destruido por la voluntad de una parte de la población que lo integra”. “La reforma [de la Constitución] tiene que actuar con el consentimiento del sujeto constituyente, que es el pueblo soberano. Sin ese consentimiento, una secesión de parte de la población, con el territorio en que se asienta, para constituir un nuevo Estado sólo puede ser un hecho revolucionario...". Por desgracia, sabemos bien que los “hechos revolucionarios” suelen terminar casi siempre en violencia y sangre.
El “proceso” de la construcción nacional
Ernesto Ladrón de Guevara www.latribunadelpaisvasco.com 29 Septiembre 2014
Me decía un amigo, la semana pasada, que le gustaban los artículos sobre educación que escribo en La Tribuna del País Vasco pero que corro el riesgo de aburrir, de cansar a los lectores por mi “raca, raca”.
Puede ser que tenga razón, pero es que este tema de la educación como adoctrinamiento es la clave y origen del problema de los nacionalismos, que son, no lo olvidemos, el inconveniente sustancial y la raíz de casi todos los males que aquejan hoy a la democracia en España.
La desvertebración política y social de España es la fuente principal de todas las crisis que nos embargan. La crisis económica nace del monumental déficit público y la deuda que no serán capaces de sufragar ni nuestros nietos, hipotecando generaciones. Y éste déficit nace de unas autonomías gobernadas por gente sin visión de Estado, sin responsabilidad. Con estados dentro de un Estado, con crecimientos espasmódicos e ilimitados de las estructuras institucionales, de empresas públicas que no sirven para nada salvo para dar trabajo a los clientes serviles y paniaguados, con duplicidades competenciales de todo signo, etc. Pero también hay una crisis moral que nace de una política que no tiene como punto de mira a los ciudadanos sino a los intereses de las castas caciquiles. Y una crisis social, por la subordinación de una parte de la sociedad, la no nacionalista, a la que lo es, doblegándola y humillándola. Debilitando las estructuras del Estado, fragmentándolas y desprestigiándolas en el ámbito internacional, con el daño político y económico que eso supone.
Y esa construcción de falsas naciones, creadas ex profeso para constituir feudos políticos y repartirse el botín del erario público, surge, a su vez, de una educación convertida en escuela nacionalista, en adoctrinamiento alienador y empobrecedor para las generaciones de jóvenes manipulados que desconocen la historia real de su país, que carecen de los instrumentos de la lengua culta mayoritaria que les abriría puertas a un ámbito cultural de 400 millones de habitantes del que deberíamos sentirnos orgullosos. Adiestrados para desenvolverse en el espacio reducido, aldeano, de su comunidad, pero no en un mundo globalizado y sin fronteras, en el universo de la civilización occidental, manejados ideológicamente. Restringidos en su capacidad crítica e incapacitados para buscar la verdad de las cosas por tener una cosmovisión que se acerca más a la de una mosca que a la de una mente organizada, estructurada y bien amueblada desde el punto de vista humanístico.
Por eso, durante más de treinta años vengo dando la matraca allí donde puedo o me dejan. Por ello he escrito tres libros, para dar a conocer al gran público las causas por las que hemos abandonado la educación de nuestras generaciones en manos de desaprensivos.
Estos libros han sido: “La configuración del sistema educativo en Álava. Centralización y foralismo” donde repaso las resistencias a la formación del Estado liberal en España desde los ámbitos forales ligados al Antiguo Régimen de origen medieval, durante el siglo XIX y primer tercio del XX. Donde vengo a demostrar que sin un sistema educativo mínimamente homogéneo en toda España, es decir, sin un tronco común que vertebre la educación de tal manera que las ramas salgan de ese tronco y no formen entidades individualizadas, no existe Estado, desaparece la nación, no existe una columna que articule el cuerpo de la nación, y se posibilita la balcanización del Estado. Como de hecho se viene constatando a través de las realidades que han ido produciéndose durante estos treinta y cinco años de democracia.
El segundo libro es un libro descriptivo de las nefastas actuaciones del mundo nacionalista en el País Vasco, comparándolas con el sistema educativo en tiempos de Franco. Es decir, reproduciendo el modelo de “escuela nacional” que tan bien quedó caricaturizado en el “Florido Pensil”, del que la llamada “Escuela Vasca” es un triste y lamentable émulo adaptado al proyecto nacionalista abertzale. Y para los que piensen que lo que digo es una barbaridad o una exageración, reproduzco literalmente un párrafo del documento de ponencias congresuales de las juventudes abertzales (Ikasle Abertzaleak) -Tercer Congreso, en 1999-, prometiendo que el próximo artículo va a versar sobre las barbaridades enunciadas por estos engendros del nacionalismo que, como todos los jóvenes, dicen lo que sus mayores no se atreven o esconden por estrategia: “Tenemos que euskaldunizar la enseñanza de colegio en colegio, de facultad en facultad, y a lo largo de todo Euskal Herria. Y cuando hablamos de euskaldunizar no estamos hablando sólo de la lengua, sino de una euskaldunización integral. No nos vale que se aprendan en euskera los contenidos españoles y franceses (menos todavía, claro, que estos se aprendan en castellano o francés). Lo que nosotros queremos es el curriculum [sic] vasco que se transmite en euskara. Cuando hacemos la apuesta a favor de la euskaldunización de la enseñanza, ya sabemos que chocaremos con la esencia del modelo de la actual enseñanza. Esto es, el modelo de la actual enseñanza colonial” Sobran todos los comentarios.
El tercer libro “EDUCANDO. Alternativas a la farsa pedagógica” es un ensayo dirigido a los padres para que se aproximen al verdadero concepto del término “educación”, para que velen por el superior interés de sus hijos, y se opongan a que determinados poderes públicos o fácticos les manipulen, les alienen, les utilicen como carne de cañón para sus propósitos sectarios y de casta dominante. Es un alegato a la defensa de la infancia, un clamor contra la utilización de la juventud con fines políticos, un lamento y un llamamiento contra el adoctrinamiento, contra la conversión de la escuela en un campo de adiestramiento nacionalista.
Por eso desarrollo todas mis energías en parar este disparate. Por eso, aunque me quede solo y aunque predique en el desierto, seguiré en el empeño hasta que terminen mis días. Aunque solamente sea por mis nietos, que no es lo único que perturba mi ánimo.
www.educacionynacionalismo.com
El mentiroso título de la sedicente "ley de consultas no referendarias"
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 29 Septiembre 2014
El parlamento regional catalán ha aprobado una llamada "ley de consultas populares no referendarias y de participación ciudadana", fechada el 26 de septiembre y promulgada por Artur Mas en nombre de Felipe VI. El nombre de esta ley contiene ya tres graves mentiras: nO tiene por objeto en realidad una "consulta popular", y sí es "referendaria@Desdelatlantico
I. POR QUÉ ESTA LEY NO TIENE POR OBJETO UNA "CONSULTA"
La llamada ley catalana 10/2014, de 26 de septiembre dice:
Artículo 8. Efectos de las consultas
Las consultas populares no referendarias promovidas al amparo de esta ley tienen por finalidad conocer la opinión de la población sobre la cuestión sometida a consulta y su resultado no tiene carácter vinculante. Sin embargo, los poderes públicos que las han convocado deben pronunciarse sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta, en el plazo de dos meses a partir de su celebración
Dejemos al margen la cuestión de la mala fe, objetiva, de quienes han hecho esta ley y la defienden. Sirva como ejemplo elocuente esta afirmación de una colega ardiente defensora del proceso separatista:
La nueva ley de consultas populares no referendarias y de participación ciudadana aprobada por el Parlament vuelve a abrir la esperanza a la ciudadanía de Catalunya de ejercer su derecho a decidir mediante el voto.
Si se habla de "decidir" es evidente que no se habla de "consultar....
Pero concéntremonos en la ley.
El hecho de que el artículo 8 diga que "los poderes públicos que las han convocado DEBEN pronunciarse sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta" implica que esto NO ES UNA CONSULTA.
Si el objeto de la ley fuera, de verdad, una "consulta", como pretende el artículo 3, entonces el artículo 8 no podría establecer una OBLIGACIÓN de pronunciarse.
II. POR QUÉ ESTA LEY SÍ CONTIENE UN "REFERÉNDUM"
Lo primero que debe quedar claro es que, en la Constitución española, se contempla la existencia de referéndums decisorios o consultivos. Por tanto, el hecho de que se hable de referéndum no implica que necesariamente el mismo deba ser decisorio. Me remito a los artículos 92 y 149.1.32 de la Constitución.
Sentado lo anterior, se pretende en la sedicente ley catalana que estas supuestas "consultas" no son "referendarias", o sea, que no se realizan a través de un "referéndum".
Nuevamente, estamos ante algo que contradice expresamente las declaraciones de los autores de la ley que hablan claramente de un referéndum....
El "argumento" para decir que esto no es un "referéndum" es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 103/2008 dijo en su fundamento jurídico 2º:
El referéndum es, por tanto, una especie del género «consulta popular» con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio). Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si una consulta popular se verifica «por vía de referéndum» (art. 149.1.32 CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria.
Los "argumentos" separatistas se centran en que esta pseudo-consulta no es un "referendum" porque:
- no se dirige al "cuerpo electoral"
- no está basada en el "censo"
- no está gestionado por la "Administración electoral"
Ahora bien, la pseudo-consulta
1º. SÍ SE DIRIGE AL CUERPO ELECTORAL
El artículo 5.1.a de la sedicente ley dice que
1. Pueden ser llamados a participar en las consultas populares no referendarias mediante votación:
a) Las personas mayores de dieciseis años que tengan la condición política de catalanes (...)
El hecho de que el artículo 5.1.a se refiere a los jóvenes de 16 a 18 años que NO están en el cuerpo electoral... no elimina el hecho de que SÍ SE REFIERE A TODOS LOS MAYORES DE 18 AÑOS QUE FORMAN PARTE DEL CUERPO ELECTORAL.
Dicho de otro modo. El burdo truco de AÑADIR al cuerpo electoral a otros individuos (menores de edad o emigrantes marroquíes) no quita que la pseudo-consulta SÍ se dirija TAMBIÉN a todo el cuerpo electoral.
2º. SI SE BASA EN UN "CENSO"
Naturalmente que esta pseudo-consulta no se basa en el censo electoral elaborado por la administración electoral española.
Pero eso es así porque trata de CREAR OTRO CENSO (artículo 6 de la sedicente ley).
En consecuencia, el hecho de que la pseudo-consulta no se base en EL censo oficial no significa que no pretenda basarse en UN CENSO.
3º. SÍ ESTÁ GESTIONADO POR UNA "ADMINISTRACIÓN ELECTORAL"
Es obvio e que esta pseudo-consulta no se gestiona por la administración electoral española.
Pero la razón es que se pretende que sea gestionada por OTRA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL (la llamada "Comisión de Control" del artículo 12 de la sedicente ley).
A pesar de que algunos profesores hayan llegado a decir que esta ley está técnicamente muy estudiada para eludir los condicionamientos de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, mi modesta opinión es que los expedientes usados para hacerlo son sumamente pedrestres.
Es evidente que esta ley es radicalmente inconstitucional por violar de forma flagrante los artículos 92 y 149.1.32 de la Constitución.
Dejo de lado el análisis del Decreto de convocatoria de este referéndum separatista que permite votar a extranjeros (incluidos decenas de miles de súbditos marroquíes) la decisión de romper España mientras se excluye al resto de españoles no catalanes.
Sirva este artículo para dejar claro que esta ley es abiertamente inconstitucional.
Y recuerdo que está promulgada por Artur Mas en nombre de Felipe VI.
¿No dice nada el rey?
ARTÍCULOS SOBRE ESTE ASUNTO
- El mentiroso título de la sedicente "ley de consultas no referendarias" (29-IX-2014)
- Separatismo catalán: El triunfo de la voluntad o el preludio de una tragedia (25-IX-2014)
- El Gobierno separatista catalán impulsa las relaciones con Marruecos (16-IX-2014)
- 11 de septiembre de 1714: la mentira original del separatismo catalán (11-IX-2014)
- Por qué Escocia y Cataluña son casos opuestos (8-IX-2014)
Las nueve razones del 'No' de la Cataluña perpleja
Toni Bolaño www.cronicaglobal.com 29 Septiembre 2014
Hay otra Cataluña. La Cataluña perpleja. La formada por aquellos que carecen de ardor patriótico. La formada por aquellos que no creen en los recuerdos épicos del pasado, en su mayor parte falseados y manipulados con la complicidad de pseudo-historiadores que ponen su interpretación de la historia al servicio de la ideología. La formada por aquellos que no son crédulos ante las promesas de Arcadia feliz con las que el nacionalismo trufa su discurso secesionista. La formada por aquellos que quieren que España cambie porque debe cambiar para afrontar los retos de este siglo. La formada por aquellos que creen que en tiempos revueltos mejor juntos que separados. La formada por los que no aceptan la manipulación del lenguaje. La formada por esa mayoría que quiere un futuro mejor. Hay razones para no aceptar la imposición del 9N. Al menos, nueve.
1. No, porque el referéndum es ilegal. El nacionalismo consuma con la convocatoria de la consulta su ruptura con el estado vistiéndola de legalidad. De legalidad catalana. Los secesionistas han buscado argumentos jurídicos que, de entrada, rompen la unidad de España al asumir la soberanía de pueblo catalán y negar una Constitución y una legalidad que consideran impuestas. La legalidad de España es repudiada. Ahora es la hora de la legalidad catalana, la hora de forzar al Estado. Se construye un relato, el derecho a decidir, para camuflar el derecho a la autodeterminación. Nos venden como democracia la manipulación más burda de la participación de los ciudadanos en la vida pública. El 9N es la culminación de la ambigüedad y la manipulación del lenguaje. Artur Mas dice que es una consulta no vinculante. No parece que sepa, o no quiere saberlo, que los referéndums en España tampoco son vinculantes.
2. No, porque el 9N es un acto de propaganda electoral de la mayoría secesionista. Duran i Lleida, líder de Unió, y Joan Herrera, líder de Iniciativa per Cataluña, no estaban en el acto del sábado en el Palau de la Generalitat. A última hora se dieron cuenta, aunque durante años han sido las muletas del mundo secesionista- de que en el acto del Palau se escenificaba lo que será el primer acto electoral de la futura coalición secesionista –Convergència y Esquerra- que convocará elecciones anticipadas. Años atrás, el nacionalismo defendía sus postulados con una formulación matemática: CiU+ERC=Cataluña. Ahora CDC y ERC la llevarán a la práctica en la próxima contienda electoral a la que concurrirán con listas unitarias. La consulta es una mera excusa. Saben de sobra que no será autorizada. Es lo de menos. Es un paso más hacia la Declaración Unilateral de Independencia.
3. No, porque no es para todos, no tiene una pregunta clara. El 9N los contrarios a la independencia no podrán votar contra la independencia. Podrán decir no a que Cataluña sea un estado pero no podrán decir no a que sea un estado independiente. Los que apuestan por una reforma federal tampoco podrán hacerlo. Ni tan siquiera los que quieren mayores cotas de autonomía. Sólo podrán ejercer su voto con todas las garantías los que quieren un estado confederal o la independencia. El principio de igualdad es pisoteado aunque el nacionalismo considera que no lo hace. Quizás porque en su fuero interno, son ciudadanos de segunda los que no son partidarios de la secesión. No son buenos catalanes.
4. No, porque fractura la sociedad. El nacionalismo exige una Cataluña libre. Sin embargo, en este camino la libertad ha quedado en el arcén. El pensamiento único presiona en los medios de comunicación y en la calle. Se conforma una opinión que se supone mayoritaria y se pide a los ciudadanos su adhesión. Los que se niegan, sólo unos pocos hacen valer su voz, entran en una fatídica espiral de silencio, como escribía hace unos días Carme Chacón.
5. No, porque nos han mentido. El secesionismo ha construido un relato épico a partir de los hechos de 1714 tergiversando la historia. Sin embargo, esta no es la peor mentira. Ciertamente, la defenestración del Estatut ha sido el detonante usado por los nacionalistas para romper con el estado. “No nos quieren, nos echan”, han dicho en multitud de ocasiones para culminar en “España nos roba”. Para solucionarlo, Artur Mas se presentó ante Rajoy a negociar un nuevo Pacto Fiscal. La negociación apenas duró una hora y media, pero fue el pretexto para iniciar la carrera hacia la separación intentando aprovechar la situación de crisis generalizada.
6. No, porque nos están mintiendo. El nacionalismo promete más que la independencia, la felicidad. Viven en su burbuja. En la Cataluña independiente tendremos más dinero, menos paro, viviremos más años, tendremos menos accidentes en carretera, el cáncer se reducirá –véase el programa electoral de CiU en 2012- y Europa nos abrirá sus puertas de par en par mientras los mercados financiarán la deuda aunque nuestros bonos son más que basura.
7. No, porque la mayoría no es secesionista. Artur Mas dice que la mayoría del pueblo catalán está a favor del 9N. Puede ser, según indican las encuestas. Pero, el presidente catalán cuando hace esta apelación confunde de forma expresa. La mayoría quiere una consulta legal y pactada. Justo lo que niega la minoría secesionista que se arroga la representación de todo el pueblo catalán.
8. No, porque no se garantiza la democracia. En una consulta ilegal, los contrarios a ella no participan. No están presentes en el escrutinio, no pueden garantizar la libertad de voto y no se tiene ningún mecanismo para evitar “chapuzas” electorales. Además, la consulta del 9-N rechaza a todos aquellos ciudadanos que no quieren participar en una consulta ilegal. Sólo votarán los independentistas y aquellos que apuesten por un estado confederal. El resto de catalanes no tendrán cabida. Con su pregunta, con apenas un 12,5% del censo los independistas ganarán el simulacro de referéndum.
9. No, porque queremos cambiar España. La Constitución nos ha deparado más de 40 años de progreso social, económico y político. Sin embargo, en España las cosas no funcionan como deberían. Se debe apostar por la regeneración democrática, por la reformulación del Estado, por garantizar el estado del bienestar y por la cohesión social. España puede, y debe, cambiar para seguir juntos.
Yo no votaré. Pero, si tuviera que hacerlo también votaría NO.
Drama catalán: las responsabilidades del PP
Ernesto Milá. Minuto Digital 29 Septiembre 2014
Repasemos el marcados: gol a favor del soberanismo catalán con la movilización de masas del 11–S, gol a favor del Estado con el escándalo Pujol–Generalitat, golpe a favor del Estado con el resultado del referéndum escocés, gol en propia puerta por la declaración de Pujol ante el Parlament, gol de Mas doce horas después anunciando la fecha del referéndum… gol que será anulado por el recurso de inconstitucionalidad. Así pues, el marcador registra un 3 a 1 a favor del Estado. ¿Frivolizamos? En absoluto, quien frivoliza es el PP y nos equivocaríamos mucho si creyéramos que iba a ser Rajoy quien resuelva esta crisis del Estado. Los antecedentes son demasiado explícitos.
Habíamos jurado que no hablaríamos del “tema catalán” (aburrido, reiterativo, miserable y obsesivo, donde los haya), sin embargo el planteamiento de este análisis no es sobre “Cataluña” sino sobre la actitud del PP ante el caso catalán. Este planteamiento nos permite arrancar diciendo que un planteamiento exclusivamente “leguleyo” en las actuales circunstancias supone un aferrarse a una ola para evitar ser arrojado contra el acantilado. Nos explicamos.
Llevamos dos años oyendo la misma cantinela: “un referéndum debe atenerse a la legalidad vigente, si la vulnera no es de recibo”. Frente a esto, la Generalitat ha sido más práctica: se ha limitado a movilizar masas. A crear “otra legitimidad”. Le ha costado poco porque desde hace treinta años la derecha ha puesto en sus manos el aparato educativo, el aparato mediático y la máquina de repartir subvenciones a los amigos. A lo largo de esos treinta años, la “sociedad civil española en Cataluña” ha, simple y sencillamente, desaparecido en Cataluña. Lo único que existe, en la práctica, es la “sociedad civil catalana”. En 1975 parecía increíble que en una Cataluña más de la mitad de cuya población procedía de otras zonas del Estado, pudiera terminar catalanizando o neutralizando a tres millones de inmigrantes del interior del Estado.
¿Cómo ha sido posible semejante “integración”? Por vía de la subvención, por supuesto, mucho más que por la inmersión lingüística que lo único que ha generado es que desde hace 20 años los porcentajes de utilización de la lengua catalana se hayan estancado con cierta tendencia a la regresión (sí, es que el catalán, como cualquier otra lengua minoritaria, está irremisiblemente amenazada de desaparición… bien, pero una lengua ultra subvencionada tampoco parece la mejor solución).
Cuando vemos como personajes como Justo Molinero, uno de los referentes de la comunidad andaluza en Cataluña, desde los años 80 se vio obsequiado con frecuencias de radio por parte de la Generalitat a cambio de olvidar su origen y traicionar sus raíces, todavía tienen influencia en la comunidad castellano–parlante o cuando acudimos a una biblioteca pública de la Diputación y vemos que los únicos libros que se adquieren están editados en catalán (y en buena medida solamente son difundidos por las bibliotecas y, visiblemente, la mayoría jamás ha sido leída), se percibe claramente que la lengua es secundaria en el proceso de concienciación nacionalista: han sido los subsidios a los medios, a la sociedad civil, la compra al peso, pura y simplemente, de personajes (al bierzano Luis del Olmo bastó con regalarle también frecuencias de radio y allanarle el paso para algún otro asuntejo para hacer de él un perro fiel a Pujol).
PP: con Pujol, junto a Pujol, por Pujol, y hablando catalán en la intimidad
Y luego estaba las relaciones de CiU y de Pujol con la derecha española. Con AP primero, con el PP después y con la “Brunete mediática” en todo el tiempo en que fue “molt honorable president” (las comillas son simplemente para acentuar la ironía de la honorabilidad a quien es cualquier cosa menos eso), el apoyo a Pujol ha sido siempre constante.
Hay que recordar que cuando se produjo el escándalo de Banca Catalana, estaba en el gobierno español el centro–izquierda, lo cual fue suficiente como para que el centro–derecha saliera en defensa de la “honorabilidad” de Pujol. La prensa de derechas, con ABC al frente, presentó a Pujol como “víctima del PSOE” (la edición digital de ABC está completa en la hemeroteca de dicho diario, comprobadlo). Ansón lo defendió y Pilar Urbano sugirió que debía unir sus fuerzas a las de Fraga.
Hay que recordar que el Caso Banca Catalana (el saqueo de una entidades bancaria cuyos fondos de depósito fueron alegremente regalados a las asociaciones catalanistas en la línea de CiU, no lo olvidemos) fue la madre de todas las corruptelas. A partir de ahí, Pujol entendió que, apelando a los sentimientos catalanistas, podía hacer lo que quisiera, especialmente porque la derecha, siempre la derecha españolista estaría de su lado…
¿Por qué esta actitud de la derecha española? ¿Por qué esta persistencia en apuntalar a Pujol que encontró su cénit en Aznar y en su “hablar catalán en familia”? Sencillo: por la hemiplejia propia del régimen nacido en 1978, preso por la idea de que el electorado solamente podía estar situado en el centro–derecha o en el centro–izquierda… y si CiU no pertenecía al centro–izquierda… es que era de centro–derecha, es decir, que compartía las mismas posiciones en el PP y que era una especie como de sucursal catalana de este partido que solamente se diferenciaba con la central madrileña en ese prurito nacionalista que, solamente debía ser un reclamo para un electorado poco avisado, pero que, en cualquier caso, tenía a su enemigo en el PSC, como el PP lo tenía en el PSOE.
El último episodio en este apoyo del PP a CiU lo ha protagonizado el Rafael Catalá, el sucesor de Gallardón al frente del ministerio de justicia (nunca las minúsculas han estado tan justificadas) quien ha aludido a la necesidad de reconocer la “especificidad catalana”. Dejando aparte que nos gustaría saber, a parte de la lengua, qué otra “especificidad” existe en Cataluña, pues incluso en corrupción, Cataluña no es más que, con Andalucía, la vanguardia de la corrupción en España, pero ni siquiera la corrupción es un rasgo específico catalán…
De esta “comunidad de ideas” surgió la debilidad del PP en relación a CiU. A esto se añadía que el empresariado catalán que había apoyado sin fisuras a Franco durante cuarenta años y que, en la transición, pasó a apoyar a CiU (no a “ser” de CiU, ni a “creer” en CiU, sino simplemente a apoyarlo por puro interés y rentabilidad). El conde de Godó, ilustre representante de la aristocracia regional y propietario mediático, convirtió al buque insignia de su patrimonio, La Vanguardia, en boletín interno de CiU y portavoz oficioso de la Generalitat, como antes había sido uno de los más conspicuos diarios franquistas y, seguramente, si alguna vez Cataluña es invadida por extra–terrestres, será portavoz del remoto planeta Raticulín.
Cuando la apelación a la “legalidad” es poco, muy poco…
Y, de repente, por las razones que sea (las hemos analizado en muchas otras ocasiones como para insistir ahora), CiU cree que ha llegado la hora de romper con España. Era lógico: en primer lugar el catalán se absolutiza en relación a la lengua vehicular de todo el Estado, en segundo lugar la “nacionalidad catalana” se convierte en “nación catalana”, en tercer lugar se aplica el “principio de las nacionalidades” del siglo XIX en virtud del cual un grupo de población que posee una lengua es, por ese mismo hecho, una “nación” y en tanto que tal debe ser independiente…
Esto se genera, además, en un clima de crisis económica, de desindustrialización y de precarización de la sociedad. ¿Alguien se preocuparía de soberanismo en momentos de pujanza económica? Con todos los medios de comunicación a su servicio, para la Generalitat es fácil hacer justo lo que había hecho en los treinta años anteriores: echar balones fuera, eludir sus responsabilidades y decir, “la culpa de la crisis es sólo del Estado Español”, “solos, los catalanes saldríamos antes de la crisis”, “España es un lastre”, para concluir, finalmente, con el “España nos roba”.
Ante todo esto, Rajoy ni se inmuta: a fin de cuentas, los “catalanes” (léase los nacionalistas catalanes, o mejor dicho, la cúpula de CiU) son “de centro–derecha, como nosotros”, no pueden ir en serio, lo único que buscan es el “concierto económico”… tal es la esencia de sus pensamientos. Pero dado que la crisis ha agotado las arcas del Estado y que no puede permitirse una merma de ingresos y la creación de una administración económica paralela, Rajoy se enroca: “no es legal, el referéndum no es legal”… y de ahí lleva dos años sin salir.
Hubiéramos esperado otra cosa. Rajoy, hasta ahora, no ha realizado ninguna contraofensiva (salvo iniciar como advertencia el Caso Pujol como antesala de una necesaria “causa general” para depurar las responsabilidades penales protagonizadas por altos cargos de la Generalitat en los últimos treinta años). La elección de este frente a ataque ha sido –y lo hemos dicho desde el principio– un gran error. Pujol lo recordó el otro día en el parlament: “si se agita una rama, todo el árbol puede caerse”, veladas palabras de resonancias rurales que encubren una realidad objetiva.
Acaso ese momento haya sido el único de su vida en el que el viejo capo mafioso ha sido más sincero: atacándolo a él, no se ataca a Cataluña como antes… ¡se ataca a la totalidad del régimen nacido en 1978! ¡Porqué todos, absolutamente todos los partidos políticos han hecho exactamente lo mismo que él: hacer del cobro de comisiones una práctica habitual! ¿O es que alguien todavía no se ha querido enterar de que la corrupción es la primera y casi la única característica del régimen nacido en 1978? Pujol no hizo nada más que recordarlo…
Una “legalidad” que se apaga poco a poco, como una vela se extingue
Parte del año, a mí pesar, lo paso en Cataluña, así que conozco muy bien esta sociedad. Es exactamente igual a la de cualquier otro lugar de España. Y si se me apura, a la que más se parece es a Andalucía (región tan denostada por los nacionalistas). Casi las mismas tasas de paro, especialmente de paro juvenil, la misma persistencia en el poder de partidos clientelares e inamovibles, escándalos de corrupción que alcanzan hasta las cúpulas autonómicas, inmigración masiva… Hace tres años, apenas el 19% de los catalanes apoyaban soluciones soberanistas, hoy esta cifra haya crecido. Imposible cuantificarla, los sondeos de opinión no son más que mentiras estadísticas cocinadas para mayor gloria de españolistas o de soberanistas. Pero no me cabe la menor duda de que en una campaña abierta en igualdad de condiciones, el soberanismo quedaría muy –pero que muy– por debajo del independentismo escocés…
El problema es que la mayoría silenciosa partidaria de mantener los vínculos con España, sigue siendo… silenciosa. Entre otras cosas porque no tiene nada que decir: ¿defender la “España constitucional” que ha fracasado? ¿Defender la gestión de los que han gobernado desde la poltrona de La Moncloa en lo que parece una competencia para ver quién lo hace peor? ¿Defender al régimen nacido en 1978 y que ha ido decepcionando desde 1978? El desprestigio y la irrelevancia del PP en Cataluña, hace imposible que de ahí pueda salir alguna campaña movilizadora. La “sociedad civil española en Cataluña” simplemente ha sido completamente destruida… a pesar, paradójicamente, de que el castellano sigue siendo la lengua más hablada en esta región del Estado con tendencia al alza, incluso tras 25 años de inmersión lingüística y de censores lingüísticos en medios de comunicación.
Los grupos de resistencia –Sociedad Civil Catalana, Somatemps, etc. – son todavía débiles para afrontar la marejada soberanista. Y no se crea un movimiento cívico de un día para otro. La traición socialista ha sido flagrante y el PSC la pagará con su creciente desaparición y un proceso irreversible de gropuscularización del que la talla de sus secretarios generales, cada vez más irrelevante, es el reflejo público. UPyD es casi inexistente, Ciutadans terminará absorbiendo el voto popular antinacionalista, pero salvo las intervenciones mediáticas de Albert Rivera, el resto del partido no suscita grandes entusiasmos, especialmente cuando se percibe que en materia de inmigración No Sabe/No Contesta (y la inmigración es, después del soberanismo y del paro, el principal problema en Cataluña). En cuanto al PP catalán, parece como si el recauchutado del rostro de la Sánchez-Camacho estuviera en razón inversa a sus posibilidades electorales…
Así pues, no está tan claro de dónde podría partir una reacción “estatalista” en Cataluña. Rajoy paga ahora los errores acumulados por el PP a lo largo de los últimos treinta años: el haberse quedado sin “delegación” en Cataluña, el primero de todos. Pero, la opinión pública espera que Rajoy haga algo además de proclamar la ilegalidad del referéndum a través suyo y a través de su becaria favorita (la Sáez de Santamaría). A fin de cuentas, algo puede ser “ilegal”… pero también “legitimo” (y tal será la defensa que Artur Mas hará del referéndum).
Sin olvidar que, en estos momentos en los que casi todas las fuerzas políticas y sociales coinciden en que hay que cambiar los términos de la legalidad (es decir, la reforma de la Constitución) no es el mejor momento para enrocarse en la defensa de una legalidad que, en breve, pasará a mejor vida o que, en cualquier caso, será alterada y modificada. Y, por supuesto, corriendo un tupido velo, sobre el hecho de que “la legalidad es como el timón, hacia donde se la da, gira” (Lao–Tsé).
Depende de quien se instale en la Moncloa para que la interpretación de la legalidad sea en tal o cual dirección, por contradictorias que sean… a fin de cuentas, un “buen jurista”, es un acróbata capacitado para dar las piruetas más inverosímiles y retorcer las leyes en beneficio de lo que le han ordenado. Así pues, si la unidad del Estado se defiende en función de la “legalidad”, esa unidad durará lo dure esa forma de “legalidad”.
Sólo hay una solución: la suspensión temporal del Estatuto de Autonomía
Lo que está claro es que de hoy al 9–N, la Generalitat va a poner los restos y a tratar de que la partida no se cierre con un bochornoso 5 ó 6 a 1 en su contra.
Su único recurso es la calle, movilizar a masas después de cada movimiento del contrario. Cuando Rajoy recurra la sentencia: lanzar a las masas a la calle. Cuando se prohíba definitivamente en referéndum: volverlas a lanzar a la calle. Mientras, el Estado escarba en los armarios de la Generalitat y proyecta, no ya la sombra de la corrupción –sino la losa de la corrupción– sobre el soberanismo (rezando, por supuesto, para que los juzgados no hagan mucho ruido con los cadáveres instalados en el propio armario, en forma de Gürtel o de las relaciones entre Aznar y Pujol…).
Pero todo esto tiene un recorrido muy corto: no se puede ni movilizar permanentemente a unas masas que ya han llegado a su límite y que a partir de ahora irán descendiendo en presencia y afluencia en la calle por puro hartazgo, ni tampoco se puede apelar permanentemente a una “legalidad” crepuscular que cada día se apaga un poquito más y en la que ya muy pocos creen.
Esta situación no se puede prolongar por mucho tiempo, especialmente en Cataluña en donde existe cada vez más un clima irrespirable en la calle que, antes o después, irá degenerando en incidentes y choques entre unas fracciones y otras, o incluso entre fracciones independentistas. El que pierda los nervios antes, pierde…
La única salida consiste en resetear el sistema (aprovecho ahora para sonreír por la ingenuidad de la Generalitat que desde hace 20 años intenta imponer el catalán a los informáticos. Así, por ejemplo, software debería decirse en Cataluña “programari”, y hardware “maquinari”… tal ingenuidad no deja de suscitar sino una irreprimible tristeza). Hoy, en política, resetear el sistema ¿supone convocar elecciones anticipadas?
Es lo que propone Ciutadans sabiendo que el resultado radicalizaría las posiciones, liquidaría a CiU y al PSC y daría un impulso a C’s y a Podemos que haría cambiar definitivamente el panorama político regional. Es también la carta final de Artur Mas antes de su desaparición política (porque judicialmente seguirá apareciendo durante años): convocar unas elecciones “plebiscitarias” con un “bloque soberanista” frente a una galaxia estatalista… verdadero referéndum sin serlo.
Pero nunca unas elecciones han resuelto ningún problema de fondo. Y también en esta ocasión sólo contribuirían a prolongarlo. ERC pasaría a ser partido mayoritario, con lo que el soberanismo seguiría en el candelero. Así pues, la resolución definitiva del problema no puede pasar por ahí. Hay otra: la suspensión el Estatuto de Cataluña. Para que no pareciera ni fuera una solución dictatorial ante un problema concreto, sería preciso que también se suspendiera el Estatuto de Andalucía. ¿Motivos? La corrupción generalizada que se da en ambas autonomías desde su arranque mismo y que hace que en estas décadas, miles y miles de millones que hubieran debido destinarse a satisfacer las necesidades de la sociedad, hayan enriquecido a las clases políticas regionales. Es evidente que una investigación en profundidad de lo que ha supuesto todo este régimen de corruptelas generalizadas no puede realizarse manteniéndose en el poder las mismas estructuras que la han permitido, estimulado, cubierto y promovido. De ahí la necesidad de que mientras durase una investigación de este tipo, ni la Generalitat ni la Junta de Andalucía estuvieran en condiciones manejar los resortes económicos y mediáticos en sus respectivas autonomías.
Ahora bien, esto solamente sería posible si existiera un verdadero poder judicial, y no un apéndice del poder político disfrazado con toga. Y una salida de este tipo solamente sería admisible si las suspensiones temporales de los Estatutos de Autonomía se dieran en cualquier región en la que se tuvieran fundadas sospechas de corrupción generalizada.
Y, claro, algunas de estas comunidades son gobernadas por el PP… Por eso decíamos al principio que la ola leguleya puede acabar con el PP arrojado contra las rocas. Es lo que tiene llenarse la boca hablando de “respeto a la legalidad”… cuando todos, de una manera u otra, han vulnerado esa legalidad. Tal era la amenaza de Pujol ante el parlament.
EDUCACIÓN Acuerdo bilateral
El Gobierno vasco esquiva parte de la Lomce y determinará el aprendizaje del euskera en las aulas
VASCO PRESS Vitoria El Mundo 29 Septiembre 2014
El Gobierno vasco y el Ejecutivo central han firmado un acuerdo en torno a Lomce que hace referencia a la capacidad de Euskadi para determinar el aprendizaje del euskera en las aulas, así como la relación entre los Consejos Escolares y las direcciones de los centros.
El acuerdo firmado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y en el BOE.
Además, llega tras seis meses de negociación bilateral entre los dos gobiernos y es de carácter parcial, por lo que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no ha retirado el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional para el resto de la ley.
En este sentido, el Gobierno vasco ha reiterado a través de una nota su "frontal rechazo" a la reforma educativa aunque considera "muy importante" que el ejecutivo central reconozca explícitamente la capacidad de Euskadi para determinar el aprendizaje del euskera en las aulas, así como para establecer la relación entre los Consejos Escolares y las direcciones de los centros educativos.
La Lomce establece en su artículo 38.4 que las administraciones educativas deben integrar, en "proporción razonable", la lengua castellana y la lengua cooficial de manera que se procure el dominio de ambas. Además, establece que, cuando la
Administración del Estado interprete que no haya garantías en este sentido, podrá intervenir en el sistema autonómico para garantizarlo.
El Gobierno vasco ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado en este punto porque se consigue en Euskadi "sean inaplicables", ya que se reconoce y explicita que la legislación vasca ya garantiza un uso de ambas lenguas con criterios de "proporcionalidad razonable".
Además, la Disposición Adicional 39 exige que se de un tratamiento análogo en todas las etapas educativas a las asignaturas de "lengua cooficial y literatura" y "lengua castellana y literatura".
El acuerdo, según el Gobierno vasco alcanzado en este punto es igualmente importante porque supone reconocer que Euskadi "no tendrá limitación alguna para establecer la carga lectiva de cada una de ellas dentro de los límites de la normativa básica". En relación a los consejos escolares, la Lomce pretendía que los Consejos Escolares fuesen órganos de propuesta sin capacidad de decisión.
Con el acuerdo firmado entre los dos Ejecutivos, se reconoce que corresponde a las administraciones educativas regular cómo se gestionan estas relaciones.
Este acuerdo posibilita que el Gobierno vasco defina las relaciones entre las direcciones de los centros y los órganos colegiados de participación, garantizando el papel relevante de estos últimos en las decisiones que se adopten en los centros educativos.
Finalmente, se han alcanzado otros tres acuerdos parciales en torno a diversos aspectos de la regulación de la admisión de alumnos en los centros docentes de Formación Profesional, en las Universidades y en los centros con especialización curricular modular.
Gracias al acuerdo, se respeta que los procedimientos y criterios de admisión de alumnos en los supuestos señalados por esos preceptos, es competencia y decisión de Euskadi y no del ejecutivo central.
Permite al PNV establecer el nivel de euskera que se impondrá en el sistema educativo
El Gobierno del PP sentencia a muerte la educación en español en el País Vasco
www.latribunadelpaisvasco.com 29 Septiembre 2014
El 80% de los ciudadanos que habita en Euskadi tiene el español como lengua materna, pero el sistema educativo que el PNV ha diseñado e impuesto durante las últimas cuatro décadas hace prácticamente imposible que, en la actualidad, los alumnos más jóvenes de esta comunidad pueden realizar sus estudios en la educación pública en castellano.
En este sentido, la nueva ley de educación (Lomce) diseñada por el ministro José Ignacio Wert se abría como una pequeña puerta de esperanza para decenas de miles de familias vascas que, deseosas de que sus hijos se eduquen en español, veían en esta norma una posibilidad para alcanzar sus objetivos. La Lomce establece que las administraciones educativas deben integrar, en “proporción razonable”, el estudio de la lengua castellana y la lengua cooficial, “de manera que se procure el dominio de ambas”. Además, la Lomce indica que, cuando la Administración del Estado interprete que no haya garantías en este sentido, “podrá intervenir en el sistema autonómico para garantizarlo”.
Pues bien, el Ejecutivo central, representado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el Gobierno del PNV, representado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, acaban de firmar un acuerdo por el cual el Gobierno de Mariano Rajoy permite que la Administración autonómica vasca, en manos del PNV, “salvaguarde” para sí en exclusiva la capacidad de este territorio para determinar el nivel de aprendizaje del euskera en las aulas.
El Gobierno central acuerda esta cesión porque explicita que, a su juicio, la legislación vasca “ya garantiza” un uso de ambas lenguas con criterios de "proporcionalidad razonable". De este modo, gracias al pacto logrado, y tal y como reconoce el Gobierno nacionalista vasco, “Euskadi no tendrá limitación alguna para establecer la carga lectiva” de cada una de las lenguas “dentro de los límites de la normativa básica”.
Euskadi esquiva la Lomce y podrá determinar el aprendizaje del euskera en las aulas
El acuerdo con el Ejecutivo central reconoce la capacidad del Gobierno vasco en el área educativa
EUROPA PRESS | BILBAO El Correo 29 Septiembre 2014
Los boletines oficiales del País Vasco y del Estado han publicado este lunes el acuerdo bilateral, firmado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en torno a la interpretación de varios preceptos de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) y que permitirá "salvarguardar" el euskera y los consejos escolares de ésta.
El acuerdo llega tras seis meses de negociación bilateral entre los Ejecutivos vasco y español y es de carácter parcial al no evitar el recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional interpuesto ya por el grueso de la ley, ha informado el Ejecutivo de Vitoria.
En este sentido, el Gobierno vasco ha reiterado su "frontal rechazo" a la reforma educativa aunque considera "muy importante" que el Gobierno español reconozca explícitamente la capacidad de Euskadi para "determinar el aprendizaje del euskera en las aulas, así como para establecer la relación entre los Consejos Escolares y las direcciones de los centros educativos".
La Lomce establece en su artículo 38.4 que las administraciones educativas deben integrar, en "proporción razonable", la lengua castellana y la lengua cooficial de manera que se procure el dominio de ambas. Además, establece que, cuando la Administración del Estado interprete que no haya garantías en este sentido, podrá intervenir en el sistema autonómico para garantizarlo.
El Gobierno vasco ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado en este punto porque se consigue en Euskadi sean "inaplicables los instrumentos de intervención" del Estado español en este supuesto ya que se reconoce y explicita que la legislación vasca ya garantiza un uso de ambas lenguas con criterios de "proporcionalidad razonable".
Además, la Disposición Adicional 39 exige que se dé un tratamiento análogo en todas las etapas educativas a las asignaturas de "lengua cooficial y literatura" y "lengua castellana y literatura".
"El acuerdo alcanzado en este punto es igualmente importante porque el Gobierno español reconoce que Euskadi no tendrá limitación alguna para establecer la carga lectiva de cada una de ellas dentro de los límites de la normativa básica", han destacado.
En relación a los Consejos Escolares, destaca un acuerdo parcial en torno a la regulación de las relaciones entre la dirección de los centros educativos y órganos colegiados de participación.
La Lomce pretendía que los Consejos Escolares fuesen órganos de propuesta sin capacidad de decisión. Tras este acuerdo, el Gobierno español reconoce que corresponde a las administraciones educativas regular cómo se gestionan estas relaciones.
"Este acuerdo posibilitará que el Gobierno vasco defina las relaciones entre las direcciones de los centros y los órganos colegiados de participación, garantizando el papel relevante de estos últimos en las decisiones que se adopten en los centros educativos", han subrayado.
Finalmente, se han alcanzado otros tres acuerdos parciales en torno a diversos aspectos de la regulación de la admisión de alumnos en los centros docentes de Formación Profesional (art 41), en las Universidades (art 38) y en los centros con especialización curricular modular (art 84.2). Gracias al acuerdo, el Gobierno español respeta que los procedimientos y criterios de admisión de alumnos en los supuestos señalados por esos preceptos, es competencia y decisión de Euskadi y no del Gobierno español.
Este acuerdo se ha publicado este lunes en los boletines oficiales de Euskadi y del Estado, ha sido firmado ya por el Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

References: real decreto 

Artículo 8
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 12
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38