Source: https://revistadecentroamerica.org/index.php/panama/19-panama-antecedentes-historicos-del-golpe-de-estado-de-1968
Timestamp: 2020-01-29 13:54:10+00:00

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Se presenta un análisis histórico-social del golpe de Estado militar del 11de Octubre de 1968 en Panamá, con el cual comienza a tomar forma el fenómeno político-social denominado ‘torrijismo’, cuyas repercusiones se proyectan hasta el presente en la vida política panameña. El fenómeno es caracterizado como variante del nacionalismo burgués, tendencia general que alcanzó significativa y particularizada expresión en buena parte de las sociedades de la región latinoamericana entre los años 30 y 70. En términos metodológicos, el trabajo examina las interrelaciones entre factores de diverso nivel y orden, internos y externos, estructurales y subjetivos, en la producción combinada de un complejo proceso socio-político.
Discutir el problema de la génesis del golpe de estado, las condiciones de entorno que abren su posibilidad, los procesos que lo incuban y los factores que directamente lo preparan y precipitan, así como los intereses de grupo que expresa y los objetivos políticos a que responde; es decir, la causalidad plural que lo determina, exige, en primer lugar, ubicar la situación de la economía y la política internacionales que enmarca el período previo. En este sentido, parece útil destacar algunos rasgos de la etapa histórica abierta en 1943 y que, con sus diversos períodos y coyunturas, se extiende hasta finales de los 80 como un todo reconocible.
I.- ECONOMIA Y POLITICA MUNDIALES.
La situación de la segunda posguerra (tras 1945) se caracteriza fundamentalmente por dos grandes procesos: el ascenso global de las luchas sociales y el 'boom' económico u onda larga de crecimiento capitalista.
Se trata de una etapa histórica caracterizada de conjunto por una profundización de las convulsiones sociales y políticas, las cuales se extienden y generalizan a las diversas regiones del mundo. Los sectores sociales subordinados y los pueblos de los países coloniales, como de las sociedades formalmente independientes pero económicamente subordinadas, se hacen presentes en el escenario político con demandas diversas, ejerciendo presión por sus más sentidas y legítimas aspiraciones. Las razones de ello son variadas : el espectacular triunfo sobre el nazi-fascismo, que se traduce en una ampliación de los márgenes de la acción colectiva y en la multiplicación de las luchas por el ensanchamiento o apertura del espacio democrático; el debilitamiento de los mecanismos de control del orden social imperante, fracturado por la bancarrota de las viejas potencias europeas; por otro lado, el surgimiento de nuevos estados obreros[1] (economías-sociedades ‘postcapitalistas), en los cuales pasará a vivir un tercio de la humanidad, eleva a un nuevo nivel los términos del conflicto político-social fundamental, condicionando toda la vida social de la segunda parte del siglo.
Revoluciones políticas triunfantes evolucionarán hasta la expropiación de la burguesía en China, Yugoeslavia y Albania. En el resto de Europa del Este, mediado por la ocupación soviética, pero también porque la derrota del hitlerismo y sus aliados locales prácticamente liquida físicamente, como clase social, a la burguesía de esos países, el conjunto de la situación europea incidirá en el surgimiento también allí de nuevos estados obreros, aunque burocráticamente deformados. Contar este proceso como un elemento de la alteración de las relaciones de fuerza en favor de los sectores subalternos, remite al sentido concreto de su percepción por las diversas fuerzas sociales y actores políticos presentes en la escena política del período.
En Africa, Asia y el Caribe, las luchas de liberación nacional se desarrollan progresivamente hasta la derrota total del colonialismo y la conquista de la independencia política. No obstante, la mayoría de las viejas metrópolis mantienen suficiente capacidad como para realizar con éxito la maniobra neocolonial. En las potencias capitalistas de occidente, la presencia de poderosos partidos comunistas en algunos de los gobiernos europeos de posguerra, no es otra cosa que el precio que deben pagar las burguesías metropolitanas de ambos lados del Atlántico a fin de contener, aunque fuera sólo lo justo para evitar lo peor, en el momento más crítico de toda la historia del capitalismo, al más experimentado y organizado proletariado del mundo.
En América Latina, como expresión deformada de la polarización sociopolítica internacional, el nacionalismo burgués y pequeñoburgués se fortalece en todos lados, logrando alguna forma particular de manifestación, unas veces más populista, otras simplemente desarrollista. Desde el Vargas corporativista y el Perón admirador de Mussolini, hasta los herederos del Cardenismo, Arbenz, las experiencias frentepopulistas y nacionalistas en Chile, Kubistchek, Frondizi, etc.
Toda la situación, sin embargo, estará atravesada por una contradicción decisiva: la considerable influencia sobre los movimiento sociales en la casi totalidad de los países del conservador aparato internacional de la burocracia stalinista. Capitalizando todo el enorme prestigio de la URSS tras la guerra, el Partido Comunista soviético fortalece y extiende su control sobre las luchas y organizaciones obreras y populares, esforzándose por colocarlas al servicio de sus intereses diplomáticos. Los conflictos y posterior ruptura con las direcciones china y yugoeslava, son una consecuencia, ejemplos por la negativa, de esta política.
De conjunto, es sobre esta base que surgen los acuerdos de Yalta y Postdam, donde la burocracia soviética y la gran burguesía norteamericana pactarán e impondrán un nuevo orden internacional, que regirá por los próximos cuarenta años, dividiendo al mundo en zonas de influencia y estableciendo entre los contratantes una funcional y mutuamente beneficiosa relación de socios conflictivos. Es a partir de este (incómodo, pero necesario) reaseguro, que las potencias capitalistas, con EEUU a la cabeza, emprenderán la reorganización del sistema monetario internacional y el restablecimiento de las redes del comercio mundial, puntos de apoyo básicos para la reconstrucción de las arruinadas economías europeo-occidental y japonesa. Esta raíz política general tiene, pues, la impresionante expansión económica de los países metropolitanos en los años 50 y 60.
En los países atrasados, las nuevas y favorables condiciones políticas internacionales permiten un incremento del nivel de exigencias asumido por las débiles y tímidas burguesías periféricas frente a las metrópolis. La identificación de intereses comunes da pie al surgimiento del "tercermundismo"[2], expresión del intento de las burguesías de los países atrasados por encontrar una vía de desarrollo autónomo, capaz de remontar su rezago histórico. De igual forma, es en el contexto de la expansión económica general que la ideología desarrollista se despliega con particular optimismo en Latinoamérica, elaborada por Raúl Prebisch y el brillante equipo de investigadores reunidos en la CEPAL.
De esta manera, el nacional-populismo y el desarrollismo económico se nos revelan como expresiones de la combinación de la situación política internacional y las significativas modificaciones en curso en la estructura de la economía capitalista mundial.
Así llegamos a la década de los años 60. Con fluctuaciones poco importantes, el auge económico metropolitano continúa. No obstante, paulatinamente van surgiendo los primeros síntomas importantes de la gran crisis que se abrirá hacia el final de la década. La agudización de las contradicciones en la economía mundial se expresarán en dos aspectos diferenciados pero íntimamente relacionados. En primer lugar, se hace presente el hundimiento del Sistema Monetario Internacional. Creado en Bretton Woods, en 1944, su función, entre otras, consistía en proveer de liquidez a los países y al sistema en su conjunto, de acuerdo con las necesidades del comercio internacional y en el marco del esfuerzo de reconstrucción. No obstante, siguiendo a Pedro Paz, "en la década de los 60 se acentúa el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, disminuyen sus reservas de oro, comienzan a modificarse las paridades cambiarias de varios países desarrollados, surge la especulación con el precio del oro, etc."[3].
Es decir, en el marco definido por el sistema monetario vigente, la recuperación de la Europa Occidental y el Japón se traduce en una pérdida de competitividad de la economía norteamericana. La cual, si bien mantiene su posición dominante de conjunto, apoyada sobre todo en su condición de baluarte político-militar indiscutible del bloque potencias capitalistas, así como de mayor mercado individual, ve desvanecerse su posición de preponderancia cuasiabsoluta en el mercado mundial, como consecuencia de las modificaciones operadas en los niveles de producción y productividad de las diversas metrópolis. Tal evolución llevará a la crisis del sistema monetario apoyado en el patrón oro-dólar, traduciéndose todo el proceso en la intensificación de la competencia entre las metrópolis capitalistas y en la desestabilización del orden económico y de las relaciones entre las potencias de la posguerra, con inevitables consecuencias políticas. Años después, esta situación, y las dificultades crecientes que entraña, llevará al surgimiento de nuevos mecanismos de control del sistema económico internacional (Grupo de los siete, etc.). En el intertanto, sin embargo, constituirá un factor disfuncional adicional en la escena política global.
En segundo lugar, a nivel de las relaciones centro-periferia, se opera un importante "cambio en el modelo de la exportación de capital a largo plazo... el capital ya no se desplaza principalmente de los países metropolitanos a los subdesarrollados"[4], ahora circula predominantemente entre los países metropolitanos. Esta situación acciona una gigantesca aspiradora de recursos de las semicolonias. El drenaje de recursos, o flujo neto de valor negativo de los países dependientes, no solo se mantiene sino que se agrava. Así, la masa de capitales que salen de América Latina tiende a duplicar los nuevos capitales de inversión directa efectivamente ingresados. La manifestación de este proceso en Panamá se verá más adelante.
Pero el proceso que verdaderamente sacude a los 60, es el nuevo ascenso de las luchas de los trabajadores y sectores sociales oprimidos de las distintas regiones del mundo, con la consecuente multiplicación de los puntos de conflicto. Desde la tumultuosa radicalización de la juventud de los países avanzados y la crucial lucha de la juventud y el pueblo norteamericanos contra la guerra de agresión en Viet Nam; pasando por la notable combatividad del proletariado de la América del Sur, la lucha por la liquidación definitiva del colonialismo en Africa y por la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas en Euskadi, Quebec, Irlanda del norte, etc.; además del endurecimiento de la lucha antiapartheid, el combate palestino contra el estado sionista de Israel y la creciente desestabilización de todo el Medio Oriente; hasta el importante salto de la resistencia de los trabajadores y pueblos del este europeo contra los regímenes burocrático-totalitarios y la opresión soviética; entre muchas otras manifestaciones menos evidentes en la mayoría de los países de los diversos "mundos", así de abrumadora es la cadena de hechos que fundamentan la afirmación que encabeza el presente párrafo. En pocas palabras, se conjugan y potencian mutuamente en este período procesos de lucha anticapitalista, anticolonial y de revolución política antiburocrática.
En cuanto a América Latina, todo esto se refuerza con el triunfo de la Revolución Cubana y el surgimiento del primer estado obrero del continente[5]. La radicalización política de amplias camadas de la juventud y la reactivación de los diversos movimientos sociales, en su propio 'patio trasero', alcanza dimensiones preocupantes para el gobierno norteamericano.
En un contexto socioeconómico definido por las primeras manifestaciones de la llamada ‘crisis de agotamiento’ del modelo de acumulación y crecimiento basado en la sustitución de importaciones, por un lado, y por la profundización de la penetración y el control de las economías periféricas por los capitales metropolitanos (con las consecuencias del aumento de la dependencia y del drenaje de capitales ya mencionado), por otro, la inestabilidad política característica de la América Latina no podía más que agudizarse y extenderse. Se trata de una situación en la cual son las bases mismas del sistema social capitalista las que se ven amenazadas.
Evidentemente, la reacción norteamericana y de las élites sociales latinoamericanas no se hace esperar. Tras la catástrofe cubana, surge casi de inmediato toda una estrategia de contención: desde acciones socioeconómicas preventivas, como la Alianza para el Progreso y la promoción, o vigilante tolerancia, de las políticas de reformas económico-sociales orientadas a mejorar la distribución del ingreso y a moderar la desigualdad social -de las cuales la Democracia Cristiana chilena será el arquetipo; hasta el enfrentamiento político directo de las situaciones más deterioradas, mediante la represión interna, selectiva o generalizada (Brasil), o incluso recurriendo a la acción militar externa (Dominicana).
De modo que las condiciones del entorno internacional definen un escenario de agrietamiento del orden económico, de convulsiones sociales y de inestabilidad política. Incluso, de hondas modificaciones en el plano de la vida cultural (sensibilidades, valores, identidades, etc.). En una frase, de agudización de las contradicciones en el seno del complejo social global.
En este apartado, lo que nos ha interesado mostrar es justamente que los fenómenos político-sociales que marcan la región latinoamericana, y más concretamente los procesos experimentados al nivel del poder político, responden a una dinámica situacional condicionada por los rasgos principales del entorno político y económico macro. Esto es, que no son arbitrarios o gratuitos, sino productos inteligibles de factores de diverso orden. En concreto, el clima nacionalista burgués y la desestabilización de la vida política, son ocurrencias vinculadas con el momento histórico y no simples emergencias.
En el plano local, cada región o sociedad experimentará en grado mayor o menor y en formas particulares este incremento de las tensiones político-sociales. La expresión concreta de tales tendencias generales estará determinada por factores como la tradición y una configuración actual específica de factores objetivos y subjetivos, como el grado de integración social previamente alcanzado y la capacidad del sistema político en cuestión de asimilar, procesar y regular las diversas manifestaciones del conflicto. De modo que el resultado final será un producto de la relación entre tendencias desestabilizantes y mecanismos reguladores.
Los cursos posibles, en el plano de lo político, variarán desde una simple radicalización nacionalista, y hasta 'izquierdizante', del discurso y las prácticas políticas (nacionalismo y estatización económicos, no alineamiento diplomático, etc.), pero con preservación de los regímenes políticos electorales (‘democráticos’) más sólidos; hasta la llamada 'militarización' del Estado, salida de tinte muy a menudo ultraconservador e incluso intensamente represiva.
El caso panameño se ubica en algún punto intermedio. El presente capítulo intenta justamente determinar y exponer las razones explicativas de esta experiencia particular, tanto en su participación en la generalidad, como en lo que presenta de original y específico. O, dicho de otro modo, lo que se busca es mostrar cómo el proceso panameño, único e irrepetible, como todo proceso histórico, se encuentra condicionado por las tendencias más globales, procedimiento que permite definir la ‘legalidad’ del fenómeno, lo que por su vez es condición de posibilidad de una comprensión racional de la realidad. El fenómeno o caso como ‘momento del proceso’, su historización, es lo que permite hacer ‘ciencia de lo particular’.
II.- DINAMICA DE LA ECONOMIA DEPENDIENTE PANAMEÑA.
Presionada por el colapso económico de la posguerra, la burguesía criolla promoverá con decisión una importante modificación en el modelo histórico de acumulación, impulsando el ingreso definitivo del país en el proceso de sustitución de importaciones, verificándose así un limitado proceso de industrialización, que traerá sin embargo significativas consecuencias para la estructura social, en tanto que mecanismo alternativo de acumulación y desarrollo[6].
Proceso de reestructuración económica general, verificado en el conjunto de América Latina, más allá de toda particularidad, que respondió, principalmente, a importantes modificaciones operadas en la estructura del capital monopolista en las metrópolis. Tras la gran depresión de 1929, y en particular de la Segunda Guerra, en palabras de Ernest Mandel : "el modelo de las industrias de exportación imperialistas cambió cada vez más hacia las industrias de máquinas, vehículos y bienes de equipo en general..."[7]. Aparece así una de las razones explicativas centrales del relativamente importante proceso de industrialización verificado en la América Latina de la segunda postguerra : el interés de las burguesías metropolitanas en promover cierta expansión industrial en la periferia, a fin de posibilitar la constitución de un mercado receptor para los productos de sus nuevas industrias[8]. "En último análisis es esto, y ningún tipo de consideración política o filantrópica, lo que ha conducido a la raíz principal de toda la ideología 'desarrollista', fomentada en el 'tercermundo' por las clases dirigentes de los países metropolitanos"[9].
Evidentemente, a las tendencias de la economía mundial, dominada por las potencias capitalistas, debe corresponder un movimiento más o menos consciente de las clases poseedoras locales. El nacionalismo económico y la democracia política, aunque restringida y dosificada por los mecanismos de seguridad derivados del semicolonial Pacto de Defensa Hemisférica, aportan el clima ideológico requerido. El primero, postulando el industrialismo y la ampliación del mercado interno como vías para un presunto desarrollo económico nacional autónomo; el segundo, posibilitando el ascenso de la burguesía industrial y la modificación de las relaciones de fuerza al interior del bloque de clases poseedoras en el poder, así como el intento de integración política de las modernas capas medias.
Ambos factores caracterizan, en el caso panameño, el proceso político encabezado por el Coronel J. A. Remón Cantera durante su período como presidente de la república (1952-1955), aunque muy mediados, ambos, por el carácter marcadamente conservador de ese gobierno y la intensa represión de las demandas de los sectores sociales subalternos. Un nuevo marco legal más favorable será la expresión jurídica del interés de impulsar el desarrollo de las actividades productivas. Además, las relativamente importantes concesiones económicas arrancadas al gobierno norteamericano en el tratado de 1955, conocido como el 'Remón-Eisenhower', que introduce ciertas reformas en el estatuto canalero, potencian el proceso de conjunto al incrementar los beneficios obtenidos por el país de la operación de la vía de tránsito y ampliar el espacio de operaciones de la burguesía local.
La particular combinación de factores externos e internos permiten, a comienzos de los años 50, la apertura de un largo período, 20 años, de elevadas tasas de crecimiento económico, así como un notable fortalecimiento del sector industrial. Algunas cifras, bastante conocidas, pueden ilustrar lo anterior : en los años 60 el crecimiento general de la economía alcanza el 8.1% anual; en el mismo período, la media del crecimiento industrial es de 11.7%; en cuanto a su peso relativo, el sector pasa de 9.5% en 1955 a 11.8% en 1960 y 15.8% en 1970[10].
Paralelamente, se promueve también la modernización capitalista del campo y la economía agraria. Se establecen importantes complejos agroindustriales y se expande la superficie dedicada a la explotación ganadera en 293,500 hectáreas durante la década de los 60[11]; se modernizan rubros como la caña de azúcar y el arroz y se expanden otros, como la silvicultura, etc. Finalmente, se incrementa la concentración de la propiedad de la tierra, desestimulándose el latifundio ocioso[12].
Todo ese proceso de acelerado crecimiento, sin embargo, no consigue asegurar la estabilidad del conjunto del sistema social. Por el contrario, como todo proceso de desarrollo capitalista, no puede sino generar nuevas contradicciones, las cuales, en las condiciones distorsionadoras del sistema semicolonial-dependiente[13], adquieren con relativa facilidad carácter explosivo. Veamos.
En primer lugar, la parcial modernización capitalista del agro, progresiva desde el decisivo punto de vista del desarrollo técnico y de la capacidad productiva total del sistema, genera, por un lado, una colosal expropiación y concentración de la propiedad. Pero la liberación creciente de fuerza de trabajo rural no puede ser del todo absorbida por la proletarización del trabajo en el campo. Se transforma, entonces, en la inagotable fuente de la corriente migratoria hacia la periferia suburbana y marginal de una ciudad que tampoco puede asimilarla económica y socialmente en su conjunto [14]. Dicho de otro modo, la expansión industrial, con ser importante, no consigue acompañar el ritmo de la descomposición inducida de la estructura agraria tradicional.
Las consecuencias son múltiples y verdaderamente trágicas, y no solo económicamente, sino sobre todo por la desorganización abrupta y traumática de comunidades rurales o indígenas tradicionales y de las formas de adaptación asociadas al complejo cultural correspondiente.
Por otro lado, la racionalización capitalista, es decir, el ataque a los pequeños propietarios campesinos y su expropiación, provoca un salto de la conflictividad social. Al respecto, M. Gandásegui afirma : "La resistencia campesina fue tenaz... Las comunidades campesinas se organizaron en muchos lugares en Ligas Campesinas para enfrentarse al capital... Las protestas y marchas de hambre se convirtieron en gritos cotidianos en el agro panameño[15]. En última instancia, el asesinato del sacerdote Héctor Gallegos, en 1971, se da en el marco de este enfrentamiento social, desde siempre muy violento por los métodos de guerra civil empleados por los terratenientes y grandes ganaderos en contra de los pequeños campesinos.
En cuanto a la industria, además de la mencionada incapacidad para absorber el contingente de trabajadores emigrados, su rasgo fundamental es su carácter dependiente. La diversificación del aparato productivo en la posguerra, iniciado por capitales nacionales (1945-50), es rápidamente copado por intereses extranjeros, particularmente norteamericanos[16]. Para ello, estos capitales se moverán rápidamente del sector primario hacia el fabril, pasando de una participación de 34.9% y 6.6%, respectivamente, en 1960, a 20.8% y 47,7%, en 1974. Como afirma Simeón González, "El sector industrial se constituye así en un nuevo e importante punto de dependencia"[17].
Industrialización dependiente quiere decir, en el período al que nos estamos refiriendo, limitada integración en el conjunto de la estructura productiva local, muy a menudo constitución de unidades de producción exclusiva o principalmente orientadas a suplir una demanda modelada a partir de un patrón de consumo externamente inducido, esto es, artificial o suntuario, lo cual entraña su baja efectividad como factor multiplicador[18]; nivel tecnológico comparativamente alto, lo que significa baja generación de nuevos puestos de trabajo; escaso aporte tributario y, en general, ausencia de control sobre el destino de los beneficios; y un largo etcétera.
En tercer lugar, los 60 registran el despunte de una tendencia que solo se expresará en toda su plenitud tras el golpe: el incremento y creciente influencia del sector bancario-financiero, en su casi totalidad también controlado por capitales norteamericanos. En los 70, este proceso impulsará, a través de las políticas del nuevo gobierno, la reorientación del conjunto de la economía de vuelta al sector servicios, esta vez de carácter financiero. Tal redefinición de la inserción en el mercado internacional, refuerza el carácter transitista tradicional de la economía del país, así como, por supuesto, la dependencia y su vulnerabilidad respecto de las tendencias e intereses predominantes en ese mercado mundial. A pesar de las ilusiones y mistificaciones, debidas a la incomprensión teórica o a una voluntad distorsionadora, esto es lo verdaderamente perdurable del 'proceso torrijista': la 'modernización' no significa desarrollo económico autónomo sino adecuación a las nuevas formas que adopta el capital internacional.
Durante los años 60, la incipiente pero vigorosa tendencia, se expresa como agudo conflicto entre 'industrialistas' e intereses financieros. Los primeros, por otro lado, confrontados con los visibles síntomas de agotamiento del modelo vigente, debido a la reducción de las oportunidades de sustitución eficiente, y representando cada vez menos, por tanto, los intereses de la gran burguesía criolla. Los otros, a camino de alcanzar una posición hegemónica entre las diversas fracciones de las clases poseedoras en tanto que su proyecto significa la apertura de nuevas y, sobre todo, superiores fuentes de acumulación.
Finalmente, si el sólo aparentemente paradójico resultado general de 20 años de crecimiento industrial, a comienzos de los 70, ha sido el reforzamiento de la dependencia, una de sus expresiones económicas más claras será el drenaje de capitales hacia el exterior. En los años 60, la inversión externa directa será de 247.5 millones de dólares, mientras sus remesas al exterior, por concepto de utilidades e intereses, ascienden a 179.0 millones -una recuperación del 72% en diez años, lo cual habla de una alta rentabilidad- en una relación crecientemente favorable al capital extranjero[19].
III.- RELACIONES ENTRE LAS CLASES.
Se puede considerar al período abierto con la segunda posguerra, durante los años 50, como aquel en que se completa la organización económica y social del país, o proceso de acumulación capitalista originaria. Tal como lo expone Nahuel Moreno: "El marxismo ha definido como acumulación primitiva capitalista el lapso utilizado (por una sociedad), en un momento histórico determinado, para acumular los capitales, la maquinaria, la mano de obra y los métodos de trabajo necesarios para comenzar la revolución técnica y productiva que supone el capitalismo"[20].
Es pues en el período mencionado que, mediante la generalización de las relaciones mercantiles, de producción y cambio, el país se transforma en una sociedad esencialmente capitalista; dependiente y semicolonial, pero ya capitalista por su forma de organización social interna. Las formas correspondientes al modo capitalista de organizar la vida económica y social, anteriormente circunscritas principalmente a los 'enclaves' económicos establecidos para atender las necesidades del mercado internacional (vía de transito, bananeras, etc.), aparte de las correspondientes a la pequeña élite local, penetran ahora al país todo, integrándolo sobre una nueva base.
Simultáneamente, esto significa también que, como consecuencia directa, terminan de surgir todas las clases sociales que caracterizan una formación socioeconómica dominada por la producción para el mercado, sobre la base del trabajo asalariado. A las clases poseedoras tradicionales, terratenientes y burguesía comercial, se agregan ahora nuevas fracciones burguesas, industrial y agraria. Se consolida también un pequeño proletariado industrial, urbano y rural, y, más importante políticamente, un amplio sector de modernas capas medias urbanas (funcionarios públicos, estudiantes universitarios, docentes, técnicos y profesionales libres diversos).
En el interior del bloque de clases dominantes, el proceso se expresa como alteración de las relaciones de fuerza y de distribución de los beneficios entre las fracciones componentes. Desplazamiento y pérdida de influencia, aunque no eliminación, de la decadente clase de propietarios territoriales tradicionales, herencia de la sociedad señorial-colonial; emergencia de sectores modernos ligados a la producción, particularmente industrial, pero también agroindustrial, agropecuarios y comercial (en parte reconversión del sector tradicional, en parte migrantes); y, sobre todo, reconfiguración de las relaciones económicas y políticas con el capital metropolitano, en tanto que eje o detentor de la hegemonía en el seno de la alianza de clases dominantes.
En este sentido, Remón Cantera (1952-55) tratará de jugar con los factores de la nueva situación internacional al acompañar el resurgir nacionalista burgués latinoamericano, demandando del gobierno norteamericano una mayor participación de las clases poseedoras locales en los beneficios generados por la vía acuática. Al mismo tiempo, sin embargo, se alineará incondicionalmente con el agresivo proceso de culminación de la semicolonización norteamericana de la América Latina, en el contexto de la decadencia y retirada de la vieja Inglaterra y de los llamados acuerdos de seguridad hemisférica conjunta, del período de la guerra fría. Por otro lado, la variante criolla de macartismo, despojada de las veleidades y rituales 'democráticos' de la metrópoli, constituye la contraparte interna de esa política general.
De conjunto, los años 50 van a estar marcados por estos dos rasgos: la intensa y ruidosa promoción de la ideología desarrollista, sobre la base de la expansión de la producción nacional, presentada como requisito previo para el fortalecimiento y ampliación de los márgenes de la democracia política, de un lado, y la represión generalizada del movimiento obrero y popular y la izquierda política, del otro. Sin embrago, toda la situación, las tensiones generadas por el nuevo modelo de desarrollo económico, las modificaciones operadas en la estructura de clase, junto a procesos socioculturales de tipo general -creciente carácter urbano del país, generalización del sistema educativo e incremento del nivel cultural de la población, relativa integración de la población afroantillana a la vida sociopolítica- en el marco de la situacicón internacional ya descrita, incrementa la presión sobre la estructura político-institucional vigente.
La percepción por parte de las clases dominantes de la imposibilidad de promover la apertura del sistema político hacia los estratos sociales emergentes sin que esto colocase en inminente riesgo la estabilidad de un orden sociocultural informal pero rígidamente estratificado, esto es, el estado de cosas denominado 'oligárquico', determina el bloqueo parcial de la participación política, sobre todo de las modernas capas medias, en el período marcadas por la relativa radicalización de su sector más activo, estudiantes y profesionales urbanos. Se trata de una situación que marcará la vida política panameña durante los años 50 y 60, introduciendo una disfuncionalidad creciente en el sistema político. Su consecuencia será o la neutralización e incluso cooptación circunstancial, o sea, nunca lograda del todo, de estos elementos y grupos vinculados a tales sectores medios, o el estimulo para una mayor radicalización, en el proceso de profundización de las tendencias contestatarias.
Como quiera que sea, el fenómeno de exclusión política relativa de amplios sectores sociales emergentes, inevitablemente induce la acumulación de frustraciones derivadas de la sensación de ser colocado en un estado de ciudadanía incompleta -uno de cuyos efectos más significativos es el entrabamiento de los procesos de movilidad social, fundamento básico por su vez en la cuestión de la construcción de sentido de comunidad; así como actitudes de no compromiso con la institucionalidad vigente y, por tanto, un curso de deslegitimación progresiva de la misma en sectores cada vez más numerosos de la población. La combinación de crecimiento económico y expansión de sectores medios, de expectativas y aspiraciones crecientes, con un sistema político acentuadamente elitista, tiende a acumular tensiones. Movimiento económico-social expansivo y represamiento político[21].
De modo que la no disposición de las élites políticas para impulsar la apertura del sistema, promoviendo tanto su capacidad integradora como su función de representación y agregación de intereses, por definición variados e incluso contrapuestos, revela un marcado carácter conservador, de tipo no positivo en tanto que por su tendencia al inmovilismo conspira contra la estabilidad dinámica del conjunto del orden social. El acuerdo interelitario en torno al sistema político excluyente, lejos de procesar los conflictos, operando en el nivel de su regulación, acumula tensiones que tarde o temprano se tornarán explosivas.
Hacia finales de la década (años 50), el descontento social se manifestará en la resistencia del movimiento de masas, expresada a partir de la reorganización y reanimamiento de ciertos sectores, los cuales abren un nuevo período de luchas y ascenso de la protesta social. Manifestaciones destacadas de ello son la huelga estudiantil de 1958, la marcha del hambre desde la ciudad de Colón[22], los diversos incidentes y enfrentamientos con las autoridades del enclave colonial canalero y el levantamiento armado del cerro Tute, todos en 1959. La huelga bananera de 1960[23], y su réplica en 1963, marca un momento fundamental del ascenso de la conflictividad social, por su significado de clase, ya que se trataba, en la época, del más importante sector del proletariado panameño[24] -dados los elementos sociales e ideológicos que históricamente han neutralizado a los trabajadores canaleros.
Todo esto en un proceso que, con sus inevitables flujos y reflujos, alcanzará su punto más alto en enero de 1964, año en que, tras una demostración estudiantil por la reivindicación de la soberanía panameña sobre la zona del canal, veintiún jóvenes panameños mueren a manos del ejército norteamericano, enfrentamiento que deja además cerca de 500 heridos de diversa gravedad. Durante los días 9, 10 y 11 de aquel mes de enero, el país vive un verdadero levantamiento popular en el cual miles de panameños se manifiestan por la recuperación de la soberanía nacional sobre el territorio de la vía de tránsito y por el abandono inmediato y total del país de las fuerzas militares de los Estados Unidos.
Se trata, pues, de uno de esos eventos espectaculares que marcan la vida sociopolítica de un país. Después de enero de 1964, tanto para el gobierno norteamericano como para el oligárquico poder político panameño, se hace imposible desconocer el carácter inevitablemente anacrónico tanto del tratado de 1903, como del enclave colonial 'zonian' en las riberas de la vía interoceánica. El potencial desestabilizador de este estado de cosas había finalmente alcanzado niveles claramente fuera de control. Como dice Beluche : "las reclamaciones nacionales del pueblo panameño contra la presencia norteamericana habían adquirido un carácter insurreccional y no eran canalizadas por ningún sector burgués"[25].
El hecho es que estos dramáticos días funcionarán como un verdadero parteaguas histórico, colocarán la cuestión nacional en el primer plano y en el centro de la vida política del país, influyendo de manera significativa sobre su evolución ulterior en el transcurso de la década[26].
La activa presencia de los sectores sociales subordinados continuará desarrollándose a lo largo de los años 60 a través de las grandes luchas magisteriales, las movilizaciones y la organización campesinas del período y las acciones populares urbanas, como la nueva marcha del hambre colonense y el siempre activo y crecientemente radicalizado ideológicamente movimiento estudiantil.
El generalizado repudio y derrota del proyecto de tratados canaleros Johnson-Robles, también conocidos como los '3 en 1'[27], en 1967, adquiere un peso particular en el curso del proceso de desestabilización del sistema político panameño, en tanto que impide la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, sumiendo además en un profundo descrédito al gobierno de turno y a un relevante sector de la élite política.
Paralelamente, y tan importante como lo anterior, las clases dominantes, tras el período de férrea compactación política impuesto por Remón Cantera[28], en los 50, entran en un curso de atomización política que debilita progresivamente los mecanismos de mediación que caracterizan a la poliarquía y sobre los cuales se asienta en parte su funcionalidad política. Fragmentación condicionada justamente por la incompetencia demostrada para contener y reducir la conflictividad social, pero también, y principalmente, por la renovación de la competencia no funcional por el control del aparato del Estado, palanca fundamental para la distribución de la masa de ganancias y la definición y dinamización del modelo de acumulación.
Los conflictos originados por los encontrados intereses de fracción se expresan, y en un sólo movimiento son velados, por medio de los violentos enfrentamientos entre las diversas camarillas y clanes políticos, ligados a visibles grupos de la élite social. De esta manera, fenómenos como la atomización del sistema de partidos, y su transformación en instrumentos de pequeños clanes económicos, la reiteración del fraude electoral, hasta su conversión en mecanismo permanente del sistema[29], y, particularmente, la incapacidad de la fracción liberal para promover la incorporación de los nuevos sectores de capas medias al sistema político, brindándoles perspectivas de ascensión social a través del aparato del Estado y fortaleciendo así su propia base de sustentación social como fracción modernizadora, frente a los sectores más conservadores del bloque dominante; todo ello incide en la descalificación e ilegitimación progresivas de la estructura político-institucional, de la forma de ejercer la dominación política.
IV.- CONTRADICCIONES METROPOLI-BURGUESIA LOCAL.
La mediatización histórica del Estado panameño, en el momento mismo de su nacimiento, por la intervención norteamericana, se manifiesta para la clase dominante en términos de su marginación del usufructo directo de la vía de tránsito, principal fuente de la acumulación interna.
En este marco, sus relaciones con la metrópoli van a tener, entonces, un carácter profundamente contradictorio. De un lado, como clase dominante de un país sujeto a una situación semicolonial extrema, que no sólo cuestiona la efectividad de su independencia política formal, sino incluso la legitimidad de su condición de entidad estatal, las clases poseedoras locales ejercen su papel social en condiciones de un alto nivel de marginación económica y de una subordinación política casi total. Se trata de una situación que incluso ha conseguido obstaculizar la conformación de una identidad colectiva en tanto que pueblo o comunidad estatal políticamente autónoma. Su resultado histórico es lo que se ha denominado como 'nacionalidad inconclusa'.
En lo que a la burguesía se refiere, esto se refuerza socialmente por el gran peso de un importante sector extranjero, de origen o culturalmente, básicamente vinculado al sector servicios, que desde el siglo pasado ha controlado buena parte de los sectores más rentables de la economía[30]. Grupo social que resulta problemático calificar como 'inmigrante', en el sentido acostumbrado del término, en la medida que no arraiga ni se identifica con los rasgos socioculturales de la sociedad panameña, manteniéndose esencialmente aislado de la misma y desarrollando su vida social a lo interno de sus respectivas 'colonias'. El efecto desagregador provocado, objetivamente, por este sector de la burguesía local, es un hecho de carácter no sólo histórico general, sino inmediatamente político.
Es esta realidad sociocultural, en el marco determinante de las características de la estructura económica del país, el 'transitismo', lo que produjo la denominada 'psicología del enclave', nota distintiva de la llamada 'oligarquía antipatria'.
El otro polo de la contradicción está dado por el hecho de que esta misma burguesía, por la propia lógica de su naturaleza en cuanto entidad social, se ve impelida a presionar por el cambio de la ecuación de distribución de los beneficios generados por la vía de tránsito, pugnando por la elevación de sus cuota de participación. Tal es pues el contenido básico del conflicto burguesía local-burguesía metropolitana. Superarlo favorablemente y despejar el terreno para lograr un tipo de relación que bajo condiciones 'normales' tendería a ser particularmente estrecha, ha sido un móvil central en el comportamiento político de las clases poseedoras panameñas en el siglo XX (hasta antes del golpe de Estado). Y en este sentido demandó, negoció y celebró los convenios canaleros de 1936 y 1955, que le significaron beneficios decididamente importantes, pero que representaron verdaderas frustraciones desde el punto de vista de la reivindicación nacional soberana.
No obstante, en los 60, y muy a pesar de los gestos y esfuerzos de Remón Cantera, su parte del negocio canalero continuaba siendo poco más que migajas. Peor aún, el peso del capital extranjero directamente colocado en las finanzas, banca, industria y agroindustria, no solo seguía siendo abrumador y determinante sino que aumentaba[31].
Estos elementos particulares deben colocarse además en el contexto más general del problema del deterioro de los términos de intercambio y de la nueva fase de incremento de la exacción de recursos, verdadero saqueo del mundo semicolonial, por la vía del flujo negativo de capitales.
Es esta contradictoria situación inherente a las clases poseedoras locales la que explica, a la vez, la debilidad y el rápido agotamiento de todo proyecto nacionalista burgués en la historia política del país, así como las agudas manifestaciones periódicas de la inestabilidad permanente de las relaciones con los Estados Unidos.
V.- FORTALECIMIENTO DE LOS MILITARES.
Respetados analistas han establecido con claridad el papel de árbitro político asumido por el ocupante norteamericano en las interminables disputas de los diversos clanes oligárquicos por el control del aparato del Estado durante las primeras décadas de la república[32]. A mediados de los años 30, una particular combinación de factores favorece una importante modificación de la situación[33].
Dos aspectos resaltan a la hora de clarificar la cuestión. En primer lugar, en los años 20, la entrada en escena de los trabajadores y sectores burgueses medios y bajos con sus aspiraciones económicas y democráticas, su organización y luchas efectivas, obliga al ejército norteamericano, columna vertebral del régimen político y en última instancia detentor del poder real, de ahí la definición de 'protectorado de hecho', a ejercer un no deseado rol de gendarme del orden público, viéndose involucrado en la represión directa de las movilizaciones populares. Tal situación conlleva un doble peligro. De un lado, la desestabilización de su propia posición interna al contribuir a la extensión del sentimiento de repudio de la población dirigido contra el complejo político-militar norteamericano en el Istmo, cada vez más identificado por los sectores subordinados como un enemigo directo. De otro, y tal vez más importante que lo anterior, tal situación compromete y descalifica la imagen internacional, laboriosamente construida por los norteamericanos, de representantes y defensores de la Democracia y la Libertad.
En segundo lugar, y vinculado con lo último, está la situación internacional del período. Ante el acelerado rearme alemán, bajo la conducción nazi, la nueva guerra en Europa es, ya a fines del primer lustro de los años 30, una perspectiva crecientemente probable. La preparación general norteamericana incluye el asegurarse a toda costa el alineamiento latinoamericano, ante cualquier eventualidad. La ambiguedad del carácter de su posición en el istmo, con sus evidentes rasgos coloniales, constituye un elemento perturbador en sus relaciones con los países del área -tal como lo evidencian pronunciamientos de dignatarios latinoamericanos en diversos conclaves regionales- no contribuyendo al objetivo de política exterior perseguido.
Así las cosas, se puede ver con claridad en qué medida las concesiones arrancadas por la burguesía criolla en el tratado Arias-Roosevelt[34], de 1936, están determinadas por el espectro de la segunda guerra mundial y las prioridades de la política exterior norteamericana.
Estas son, pues, las razones generales que permiten entender la disposición norteamericana a aceptar la revisión del estatuto semicolonial en 1936, suprimiéndose así la situación de 'protectorado de hecho' hasta entonces existente. Para cubrir su retiro, particularmente en el terreno del control de los conflictos sociales y del sostenimiento de la estabilidad institucional, "Estados Unidos y la incipiente burguesía nacional concibieron una fuerza armada al servicio del orden interno"[35]. De este modo se inicia, alrededor de 1933, el fortalecimiento y profesionalización del cuerpo policial[36]. En los cuarenta, los mismos intereses promoverán su militarización, como respuesta al nuevo ascenso de la organización y las luchas populares, política que, desde el punto de vista institucional, culmina con el surgimiento de la Guardia Nacional, especie de policía militarizada, colocada desde el primer momento bajo control técnico, financiero e ideológico del ejército norteamericano.
Sin embargo, la nueva institución no asume solo la función represiva, dejada vacante por los norteamericanos. Con relativa rapidez supera la condición de instrumento al servicio de la sustentación del poder de la fracción burguesa vinculada a Acción Comunal[37], (años 30), pasando a incorporar también la función de árbitro de los conflictos interburgueses. Y esto, justamente porque tal función no constituye un elemento artificial, externo y extraño al sistema o impuesto por el poder extranjero, sino que es internamente generada como necesidad por las propias características y condiciones del desarrollo social y político.
Con más precisión, lo que justifica e impone la necesidad del árbitro es la inestabilidad política crónica, la cual, por su vez, es un resultado de la combinación de las particularidades de la formación económica y social -que por sí misma genera todo tipo de contradicciones, entre ellas, la tendencia a ala parasitación del Estado, y la correspondiente feroz disputa por su control- con la profunda deformación histórica provocada por la mediatización del Estado y la continuada presencia político-militar norteamericana en el país.
Los hechos que documentan el ejercicio por el cuerpo armado del papel mediador entre las diversas fracciones burguesas y de árbitro de los conflictos políticos, han sido ya debidamente expuestos por distintos investigadores[38]. Desde su papel en las elecciones de 1940, garantizando las maniobras que llevan al candidato oficialista Arnulfo Arias por primera vez a la Presidencia de la República, hasta su negativa a desconocer los resultados electorales en 1968, esta vez en beneficio del mismo Arias, la influencia de la Guardia Nacional en la vida política del país no hace más que avanzar.
Pero lo que nos interesa sobre todo destacar, es el hecho de que justamente esta función arbitral, en la cúspide de la pirámide social, su prolongación y consolidación a lo largo de casi treinta años, constituye el principal antecedente histórico del comportamiento político del cuerpo armado respecto de las clases dominantes en 1968. Es la condición de arbitro político la que da pie a una práctica política concreta de los militares, les concede un status privilegiado en los círculos de poder, permitiéndoles percibir con toda claridad las crecientes insuficiencias de los partidos-clanes económicos; la función arbitral prepara a los militares, al transformarlos en institución deliberante/actores destacados de la escena política del país. De ahí que, como guardián último del poder, el árbitro político se convierta, en situaciones extremas, en fuerza de interdicción del aparato de Estado, a fin de garantizar la estabilidad institucional y la preservación del orden social.
No obstante, hasta 1968, esta situación se encuentra mediada por la presencia de Remón Cantera, primero, y de B. Vallarino, después, en la comandancia del cuerpo, ambos miembros orgánicos de las clases poseedoras locales. El proceso de autonomización (no de independencia o ruptura) política respecto de las clases dominantes y sus aparatos-empresas políticas, de la cúpula de la Guardia Nacional, se desarrolla dando saltos hacia adelante tras el golpe, alcanzando a ampliarse en una medida significativa, lo cual resulta decisivo para entender las distintas fases en la evolución del fenómeno político autoritario.
VI.- EN CONCLUSIÓN: LAS RAZONES DEL GOLPE.
En lo que va de este trabajo, hemos intentado establecer el marco de la situación general en que se da el golpe, fuera del cual, en mi opinión, se torna imposible tratar de construir una interpretación válida del mismo, así como de los principales factores causales directamente intervinientes. Ahora se trata justamente de precisar la articulación concreta y dinámica del conjunto de determinantes.
Ya hemos visto como los años 60 se caracterizan por la profundización y generalización de la crisis política crónica del país. La desestabilización del régimen electoral es un proceso que combina un avance paulatino y constante con momentos críticos que se constituyen en saltos hacia adelante. El ascenso de masas, "la gran movilización social de las clases populares"[39], constituye el factor central, la razón principal de la desestabilización. No sólo porque abre un proceso de polarización social y tiende al desquiciamiento de la institucionalidad imperante, sino porque, además, incide sobre la fragmentación política de la burguesía, profundizando su división al no lograr ésta acuerdos firmes respecto de la mejor forma de enfrentarlo.
Por otro lado, es un hecho que a partir de enero del 64 todo el proceso pega un salto. Después de esa fecha ya no es sólo el régimen político el que se ve amenazado, sino las mismas bases del sistema capitalista semicolonial. El impresionante levantamiento popular decide la inviabilidad del enclave colonial 'zonian', liquidándolo en su pretensión de perpetuidad y abriendo la fase histórica de su retirada. De modo que es la acción de los sectores subordinados, su potencialidad desestabilizadora, lo que obliga al gobierno de los Estados Unidos y a las élites políticas panameñas a negociar una adecuación del estatuto semicolonial.
El otro proceso general que incide sobre la crisis del régimen, la división política de la élite social local, está, como ya se ha dicho, condicionado por el ascenso de la conflictividad social; pero además es permanentemente alimentado por las constantes tensiones y episódica violencia por el control del aparato del Estado, clave en los procesos de acumulación de capital (la riqueza y el poder se producen recíprocamente, decía Locke). Esto se ve con claridad en el año y medio previo al golpe. El rechazo del tratado Robles-Johnson confirma que la crítica situación abierta en 1964 no se ha cerrado. Particularmente, ilustra el desprestigio y creciente aislamiento de la importante fracción liberal, históricamente la principal institución partidaria del régimen, inhabilitada por la espectacular derrota sufrida en la crucial cuestión de la redefinición, dentro del marco de los intereses dominantes, de las relaciones con los Estados Unidos.
La necesaria y algo desesperada búsqueda de una alternativa de recambio, en los marcos institucionales del régimen electoral, pasará, primero, por el golpe legislativo contra el presidente Robles (1964-68), frustrado por la dirección del cuerpo armado. Y después, por el intento de colocar el prestigio de un viejo caudillo populista-conservador, Arnulfo Arias, al servicio de la neutralización de las masas y la estabilización política del país. Esta es la verdadera razón por la que la absoluta mayoría de las clases dominantes, y no su 'sector más atrasado' o retrógrado, como han pretendido diversos analistas, se organice electoralmente en torno a un adversario político histórico, mientras desechaba la maniobra electoral, pretendidamente reformista, formulada por el liberalismo para las elecciones de 1968, apoyado en la alta burocracia estatal. Por los antecedentes, se trata, a no dudarlo, de un movimiento (el apoyo a Arias) concebido por los sectores mayoritarios de la oligarquía como riesgoso, pero a partir de determinado momento tenido como necesario a fin de conjurar el caos amenazante y crear condiciones para una eficaz concertación del nuevo pacto canalero. De ahí el apoyo del gobierno norteamericano a la candidatura de A. Arias[40].
El intento, por algunos comentaristas, de mostrar al torneo electoral de 1968 como una confrontación entre modernizadores y conservadores, o, aún, entre elitismo oligárquico y populismo, además de revelar una apreciación unilateral de la realidad, al apoyar en elementos parciales y subordinados el análisis, comporta el peligroso inconveniente de presentar un carácter valorativo, dividiendo explícitamente el campo de las fuerzas burguesas en bandos 'progresivo-reaccionario'. Nada más infundado, si se tiene como referencia no las trivialidades epifenoménicas del economismo desarrollista o de la más superficial ciencia política, sino las cuestiones de fondo, subyacentes, colocadas para la burguesía local y el gobierno norteamericano, en la situación política del momento, a saber: la estabilización política del país y la resolución eficiente de la cuestión canalera (recordar que el país atraviesa una fase de gran crecimiento económico y modernización de la estructura social).
De cualquier manera, el resultado general de las maniobras mencionadas no será otro que la profundización de las divisiones y la generalización de la desconfianza entre las élites políticas. Hechos como el intento, a comienzos de 1968, de desplazamiento pretendidamente legal del presidente Robles, el violento trámite de la campaña electoral, la recomposición favorable a Arias del Tribunal Electoral, a pocos meses del torneo electoral, un claro intento de fraude por la parte oficialista, en el transcurso del conteo de votos, la resistencia a aceptar el triunfo de la lista opositora y el llamado de reconocidos elementos y medios liberales al golpe de estado, el acuerdo tejido por la comandancia de la Guardia Nacional mediante el cual reconoce y acuerpa el triunfo de Arias, la manipulación por parte de este último de la distribución de escaños, incluso en perjuicio de fuerzas políticas integrantes de la coalición que le había respaldado, etc.; todo ello contribuye en los ocho meses previos al golpe de estado a descalificar al conjunto de las élites políticas, llevando la deslegitimación del sistema político a niveles sin precedente.
En la base de todo este desarrollo de los acontecimientos, como una de sus condiciones centrales, se encuentra, efectivamente, el desacuerdo elitario respecto de la forma más adecuada de hacer frente al desafío del ascenso de la conflictividad social y de la radicalización política de sectores de los movimientos sociales. Con otras palabras, la incapacidad de la gran burguesía para enfrentar y resolver con éxito, a través de los mecanismos institucionales de la forma de dominación imperante, la situación abierta por las luchas obreras y populares por reivindicaciones económicas, democráticas y, sobre todo, por la liquidación definitiva del enclave colonial. Y este fracaso en los intentos de lograr el control y estabilización política de la situación, contribuye decisivamente a la dispersión política y al debilitamiento de las clases dominantes, lo que por su vez actúa de retorno sobre el conjunto de la crisis, extendiéndola y profundizándola.
Una vez puesto lo anterior, para completar el cuadro se hace necesario agregar que el fraccionamiento de la burguesía, en su génesis y autodesarrollo, constituye un proceso interno al propio sujeto social dominante. Esto es, se explica fundamentalmente por las contradicciones (conflictos de interés) surgidas respecto del modelo económico vigente -por sí mismo fuente de tensiones, en tanto que representa una relativa alteración del tradicional carácter terciario del país- y su expresión en el seno del bloque de clases dominantes como agudización de los choques entre las diversas fracciones por el control del Estado, como herramienta decisiva para privilegiar una u otra forma de acumulación, o, lo que es lo mismo, para dirimir la cuestión de la distribución de los beneficios. El modelo de acumulación y desarrollo de inspiración desarrollista, y sus efectos tanto al nivel de las formas que tiende a asumir el Estado -redistribuidor de ingresos, intervencionista-, como de la predominancia de los intereses del sector industrial -proteccionismo-, chocan con los intereses del sector más ligado a la economía de servicios, globalmente vinculados en forma tradicional a modelos librecambistas. De modo que el verdadero conflicto se da entre un sector que pretende preservar y profundizar el modelo de desarrollo y acumulación basado en el impulso de los sectores productivos, profundizando el recurso a la transferencia de renta desde las actividades terciarias (mercantiles y de servicio), a través del Estado; y otro cuyo 'proyecto' consiste en la 'hongkonización de Panamá', como dice Manduley[41].
La forma cada vez más violenta de las confrontaciones y la no resolución de las disputas, va anulando progresivamente el funcionamiento de los mecanismos de intermediación de intereses, regularmente utilizados por la burguesía como clase social, en el marco del régimen electoral, la poliarquía, para procesar los intereses contrapuestos de sus diversas fracciones, correspondientes estos a los diversos niveles y sectores del sistema económico. Sin duda, el ascenso de las luchas sociales agrava este proceso de deterioro de la unidad de clase de los sectores dominantes, llevando al extremo sus consecuencias, pero no lo determina absolutamente, ni es su principal condición[42].
El año 68, finalmente, marca el colapso del régimen electoral, totalmente desquiciado por la acción combinada de estos dos procesos (el ascenso de masas y la fragmentación del sujeto dominante), en el marco general desfavorable definido por la situación internacional y los restantes factores internos ya apuntados. De modo que la abigarrada composición de acontecimientos, grupos políticos, individualidades, ideologías, así como ocurrencias anecdóticas varias, lejos de representar un obstáculo, es justamente lo que nos permite discernir los procesos fundamentales subyacentes, ya que constituyen justamente su manera de expresarse, su forma de existencia en el plano de lo cotidiano, de lo inmediato.
En este sentido, por ejemplo, el voto masivo a A. Arias, en buena medida no es más que una expresión del colosal repudio popular al gobierno y la candidatura oficialista. Expresión deformada, ya que electoral[43] y encausada mediante un vehículo absolutamente antagónico con los verdaderos intereses y aspiraciones de los trabajadores y el pueblo, pero expresión al fin.
Finalmente, y sobre la base de todo lo anterior, se puede afirmar que el 11 de octubre de 1968, más allá de todo elemento circunstancial[44], simples detonantes de los grandes acontecimientos históricos, los militares toman el poder para cerrar una crisis política que, con el desborde de los conflictos interelitarios, se había ya tornado aguda, defendiendo así las bases del orden capitalista semicolonial, enfrentando y conteniendo el fortalecimiento del movimiento de masas y expropiando políticamente al grueso de las clases dominantes. En otras palabras, más allá de toda particularidad, un típico golpe bonapartista en un país atrasado.
A esta definición se opone el argumento de las motivaciones inmediatas. En mi opinión, sucede que no se comprende que el reflejo golpista del cuerpo armado en defensa de las posiciones de la alta oficialidad y de la autonomía institucional del proceso de sucesión jerárquica interna, constituye objetivamente una acción de preservación de la Guardia Nacional contra la avanzada anarquización del conjunto del Estado.
En 1968, la Guardia Nacional, pese a incorporar progresivamente en su interior todos los conflictos que convulsionan a la sociedad, particularmente la reproducción en el interior de la oficialidad de las principales facciones políticas burguesas enfrentadas, representa la institución más sólida del sistema político[45], el único aparato del Estado que aún mantiene una relativa coherencia interna, que ha conseguido mantener en su seno la disciplina jerárquica y, por tanto, un margen de cohesión y una capacidad de actuación que justamente le permiten emerger como fuerza política decisiva, por encima de la bancarrota del personal político tradicional.
Dicho de otro modo, el orden institucional interno constituye el límite infranqueable, desde el punto de vista de la oficialidad, entre los cuales se cuentan adeptos del presidente Arias, del creciente caos político general. Su defensa se presenta así como el primer paso en el proceso de recomposición del orden social y de restablecimiento de la estabilidad política. Todo esto, siempre, en la percepción de oficiales educados en la doctrina de la seguridad nacional y de la defensa del orden público.
Tras largos años de ejercer, en forma subordinada e informal, de guardián del poder y mediador de los conflictos interoligárquicos, ahora el cuerpo armado simplemente debe dar "un paso al frente", hacia el centro del trastornado escenario político, y representar de manera autónoma, directa, tales papeles.
El nuevo poder, inicialmente autoconcebido como salida extrema y absolutamente transitoria a la crisis, pasará rápidamente a expresar la magnitud de la quiebra sufrida por el régimen electoral y la necesidad de proceder a una reorganización en profundidad de la forma de la dominación, dando a luz un nuevo régimen político, sobre la base del cual poder enfrentar no sólo la tarea de la estabilización política del país, sino incluso intentar la resolución de los dos problemas centrales del sistema semicolonial. Primero, la modernización capitalista de la economía, promoviendo su reinserción en el mercado mundial y la reformulación correspondiente del modelo de desarrollo y acumulación. Lo que igualmente significa operar sobre la alteración de las relaciones de fuerza en el interior del bloque de clases dominantes, buscando despejar el camino a los sectores más dinámicos en el marco del nuevo modelo, permitiéndoles así establecer su preeminencia política : se resuelve de esta manera, al menos parcialmente, y por una vía autoritaria, la disputa interburguesa, lográndose un nuevo reacomodo, el cual termina asegurando en este terreno un razonable marco de estabilidad por más de 10 años.
Y, después, la cuestión del replanteamiento de la relación con los Estados Unidos en lo relativo a la cuestión canalera, por la vía de la liquidación del enclave colonial y de la recuperación 'nacional', es decir, para la burguesía criolla, del derecho a usufructuar, sin mediaciones extraeconómicas, la zona de tránsito. Esto es, sobre la base del reconocimiento de los nuevos términos en que la acción de los sectores sociales subalternos había colocado la cuestión a lo largo de los años 60.
De esta manera, en unos pocos días, el 'putch' de un grupo de oficiales pasa a convertirse en la 'revolución sin dictadura y la libertad con orden'. Esto es, de manera casi imperceptible, comienza a tomar forma todo un proyecto político, con objetivos definidos y pretensiones de permanencia, que responde a una lógica político-social muy superior a la de los hechos que actuaron como simples detonantes.
VII.- 1968-1970: RESISTENCIA Y CONSOLIDACION
El Dr. H. Ricord cierra su excelente testimonio del golpe de estado de 1968 y del período que le antecede de la siguiente manera: "Tampoco se sabe ahora mismo cuándo, ni en qué forma, se despejará la incógnita que representa el gobierno militar: si en dos meses o en unos cuantos años"[46]. A pesar de la brillante intuición de la densidad de los sucesos que se vivían y del cambio de fondo progresivamente registrado en el curso de los primeros comunicados de la Junta Militar -que rápidamente revisaba y extendía los plazos de una provisionalidad inicialmente presentada en términos muy limitados- presentes en el análisis de este autor, el hecho es que, en efecto, nada en aquel momento permitía razonablemente considerar el curso futuro que tomarían unos acontecimientos que, a la postre, acabarían abriendo toda una nueva etapa en la vida del país.
La incógnita se desplegaría a lo largo de 21 años. Y se cerraría por una vía trágica y reiteradora de una de las constantes en la historia política del país, la intervención política, económica y militar norteamericana. Curiosamente, el Dr. Ricord, recordando Santo Domingo, aún reciente en la fecha en que escribe, levanta la posibilidad de que ante un incremento de la inestabilidad, y, claro, en salvaguardia de sus propios intereses, una intervención norteamericana actúe como factor de resolución final[47]. Pese a la apariencia anecdótica, lo anterior plantea una cuestión crucial, la de conocer los factores que determinaron la sobrevivencia y consolidación del régimen. ¿Cuál es el proceso concreto que media entre el golpe y la estabilización del nuevo gobierno como proyecto político a largo plazo? Se trata de revelar la lógica interna de los hechos a fin de construir una interpretación racional de la serie de acontecimientos y comprender porqué evolucionaron en una particular dirección. Esto es así, porque la realidad social no es ni el producto de un destino desde siempre decidido, ni el resultado impredecible o incoherente del azar.
Dicho de otra manera, en las circunstancias históricas concretas, qué necesidades cubre, a qué intereses sirve la estabilización de un fenómeno que, en sus inicios, para nada responde a una intencionalidad precisa, más allá de las apremiantes manifestaciones de una profunda crisis política, que empuja al cuerpo armado a intervenir el proceso político a fin de cerrar la crisis, imponer el orden y 'preservar las instituciones', empezando por la estabilidad de la propia Guardia Nacional.
La dilucidación de esta cuestión posee una doble importancia. Primero, porque dada la magnitud de los intereses en juego, la condición de país permanentemente intervenido por los EEUU y la propia tradición política de la clase dominante, la hipótesis de la estabilización del nuevo poder aparece como poco probable. Segundo, porque de la comprensión del proceso de consolidación del poder golpista, se desprenden algunas de las claves de la longevidad del bonapartismo y de la trascendencia política del torrijismo.
A este respecto, lo primero es constatar que la acción del golpe de estado del 11 de octubre de 1968 no deriva de la voluntad caprichosa y repentina de un grupo de militares; responde a emplazamientos orquestados en forma de campaña pública y sistemática por todo un sector, minoritario pero importante, de la élite política que, ante la inminencia de la pérdida del control sobre el aparato del Estado, tras su derrota en los comicios de mayo del año en cuestión, y con la definición de que el ascenso de Arnulfo Arias no hará más que profundizar la crisis, se hace golpista. Evidentemente, para estos sectores parece claro que la misión enconmendada a los militares no es otra cosa que una faceta más en su ya establecido papel de árbitro de las disputas interburguesas.
Por otro lado, la política de la facción liberal golpista no se da en el vacío, sino que está sujeta a importantes mecanismos de control. En primer lugar, el vínculo social de la alta jefatura de la Guardia Nacional con el grupo político todavía en el poder. El Coronel Bolivar Vallarino, Comandante Jefe de la Guardia Nacional entre 1955 y octubre de 1968, es un miembro destacado de la vieja oligarquía y socio capitalista en algunas de las más importantes empresas del país[48]. En segundo lugar, la parcialización política antiarnulfista de la mayor parte de la oficialidad, producto de más de 20 años de gobiernos liberales[49]. Finalmente, aunque no en último lugar por importancia, el establecimiento militar estadounidense, como siempre, representa el gran factor de reaseguro de los intereses de la burguesía criolla y de la estabilidad de todo el orden social.
El señalamiento de la gravitación de este componente elitario progolpista, no tiene nada que ver con un esquematismo rígido y falso, del tipo que ve y presenta a los militares como simples marionetas de los intereses de las clases poseedoras. Se trata apenas de un factor puesto en el marco de la relativa autonomía de la Guardia Nacional como institución armada. Lo que se quiere destacar es el hecho de que el golpe contará desde su primer momento con una definida base de apoyo social, compuesta por un grupo político, minoritario en el momento pero todavía en control de los principales hilos del poder y, más aún, el de mayor tradición en la vida política del país desde fines del siglo anterior, y un sector de altos funcionarios públicos y profesionales tecnócratas[50]. Contra las absurdas visiones que intentan presentar a las dictaduras políticas como hechos más o menos fortuitos, desconcertantes tormentas en cielos despejados, debidas a la desmedida ambición de militares intrínsecamente perversos, sostenidos en el poder exclusivamente por la vía del terror, acá defendemos un criterio científico de interpretación, válido en términos generales, que hace depender su viabilidad, primero, del hecho de que constituye una salida extrema a problemas y contradicciones agudas situadas al nivel de la forma de dominación, salida dirigida a cambiar el régimen político y a salvaguardar el orden capitalista semicolonial. Y, segundo, de que siempre expresa en particular los intereses de un sector definido de esa clase dominante cuyo régimen social busca defender, aunque con métodos peculiares.
La reacción de los demás sectores de la población tendrá un carácter contradictorio. Por un lado, sectores estudiantiles, sindicales y cívicos, convocarán para el día 21 de octubre una huelga general, tardía y probablemente condenada a la inviabilidad o la ineficacia desde el principio[51], como forma de canalizar el repudio al golpe. La acción tenía además un carácter limitado ya que no se trataba de un llamado a paralizar indefinidamente el país hasta derrotar a los golpistas, sino de un desmovilizado paro de 72 horas. Pese a todo, el sector más combativo del movimiento de masas acatará la medida que, sin embargo, dadas las condiciones, régimen de excepción y represión activa, se cumplirá sólo de manera parcial. De toda forma, este hecho servirá para mostrar los arraigados reflejos antimilitaristas forjados por los sectores populares a lo largo de años de duras luchas que, invariablemente, les colocaban frente a la acción represiva de la Guardia Nacional, actuando como aparato coercitivo del estado burgués bajo control oligárquico.
En el fracaso de la huelga general y, más en general, en la perdida de la posibilidad de derrotar al golpe en sus primeros e inciertos momentos, mediante la convocatoria del conjunto de la población a tomar las calles, parar al país y llamar a las tropas y oficiales subalternos a desconocer a los jefes alzados, ha jugado un papel determinante la ausencia de una conducción política reconocida por las masas y verdaderamente decidida a organizar la movilización popular. Desde este punto de vista, el carácter tardío y limitado de las acciones de repudio acabaron produciendo el efecto contrario de exponer al sector mejor organizado y más beligerante del movimiento de masas y a su espina dorsal activista, a los duros embates de la represión oficial.
Sin embargo, éste no es el único factor que opera sobre el estado de ánimo y las posibilidades de puesta en movimiento de gruesas camadas de la población contra el golpe. Ya hemos pasado revista a la profunda y prolongada crisis política que caracteriza al período previo al golpe y que se traduce en una dislocación colosal del conjunto de las instituciones que conforman al régimen electoral oligarquizado. Esta situación, combinada con la falta de organización política independiente de las masas, arrastra a amplios sectores de la población al escepticismo político, pletórico de posibilidades, pero que concretamente frente al golpe se expresará como indiferencia, y aún, cierta expectativa entre sectores de capas medias cansados, y crecientemente seducidos por la posibilidad de lograr estabilidad. Dicho de otro modo, la mayoría no encontraba razón alguna para defender a un régimen ilegitimizado por su marcado contenido antipopular y la corrupción política generalizada. Aquí se torna fundamental, pues, la ausencia de una dirección política reconocida, dispuesta y capaz de explicar a las masas la diferencia entre la desprestigiada y efectivamente indefendible institucionalidad oligárquica y la necesidad de defender las libertades democráticas, esto es, los márgenes de acción de los sectores populares, frente a la amenaza bonapartista.
El tercer y decisivo factor para la sobrevivencia y consolidación del nuevo gobierno será la política del gobierno norteamericano. La década inmediatamente anterior había establecido con suficiente claridad la imposibilidad de continuar garantizando indefinidamente, en los términos vigentes, su presencia político-militar en el país. Enero del 64 se constituye en el punto de inflexión a partir del cual los EEUU se ven movidos a aceptar la inviabilidad de una explícita clausula de perpetuidad en su control y gestión del paso canalero. La defensa eficiente de sus intereses estratégicos le impone la búsqueda de una modificación del estatuto canalero que, preservando lo esencial de esos intereses, ineludiblemente condena a la liquidación del enclave colonial 'zonian'.
Sin embargo, el año de 1967 señala un hito distintivo para la configuración final de este proceso. La no aprobación y congelamiento en la Asamblea Nacional del tratado Johnson-Robles -el 'tres-en-uno'- impuesta por el impresionante rechazo de que es objeto por parte de la abrumadora mayoría de la población, polarizada por el movimiento social de reivindicación nacional, representa un punto culminante en el desarrollo de la crisis política de conjunto, con una dimensión significativa particularmente importante relacionada con la apreciación por el gobierno norteamericano del conjunto de la situación y de cada uno de los elementos involucrados. El fracaso del tres-en-uno, no solo exacerba al extremo todos los factores constituyentes de la crisis general del país, sino que es la propia crisis como tal la que pega un salto hacia adelante de carácter cualitativo. Esto es así, en la medida en que, del nivel del régimen político, el centro de la crisis se traslada al del Estado mismo, es decir, al complejo institucional como totalidad, independientemente de su forma de articulación, pasando entonces a poner en cuestión, a amenazar, el carácter semicolonial de ese Estado, expresado en la dominación económica y política del país por la metrópoli norteamericana, más allá de la existencia y los efectos derivados del enclave colonial zoneíta.
La envergadura de este acontecimiento señala el grado de madurez alcanzado por la población, en particular los sectores subalternos, tras décadas de luchas, en la consciencia de sus más legítimos intereses y aspiraciones como pueblo. Detrás de las importantes y visibles concesiones materiales del gobierno norteamericano, la mayor parte de los panameños ha sabido distinguir y rechazar el intento de mantener de hecho, bajo un burdo disfraz, la legalización de las bases militares extranjeras[52].
Considerando el accidentado proceso reconstruido e interpretado en capítulos anteriores, los sucesos de 1967 cobran una significación extraordinaria: como en 1947, cuando sectores nacionalistas, encabezados por el movimiento estudiantil y respaldados por prestantes figuras políticas burguesas, consiguen bloquear y derrotar el intento de las élites mayoritarias de prolongar la permanencia del excepcional aparato político-militar norteamericano de la guerra mundial, en 1967, contundentes sectores de capas medias y de los grupos subalternos se han erigido en obstáculos insalvables para los propósitos de la vieja oligarquía transitista, oponiendo a los mezquinos intereses y apátridas inclinaciones de la élite, valores y aspiraciones autenticamente identificadores de una comunidad político-territorial. Así pues, los sucesos del año 67 terminan de poner en perspectiva todo el significado de Enero del 64.
Luego entonces, la derrota de los tratados Robles-Johnson adquiere una significación fundamental para el asunto que nos ocupa. El régimen electoral oligárquico, sumido en una crisis colosal, se ha revelado peligrosamente incapaz de procesar la necesaria actualización del estatuto semicolonial, objetivo de la metrópoli y la élite local. Hay que insistir en la importancia descomunal de este hecho que, por ejemplo, deberá ocupar un lugar destacado en las consideraciones de los responsables políticos norteamericanos encargados de definir, pocos meses después, la postura de su gobierno frente al nuevo poder inaugurado por el golpe. Esto es así, porque al margen de las variaciones de la política exterior de los EEUU, su objetivo general permanece siempre el mismo, se trata de defender sus intereses globales, sea sustentando los mecanismos que los sirven, sea operando contra los que los obstaculizan, pero siempre adecuándose a las circunstancias.
En este sentido, el apoyo a gobiernos y formas de régimen político específicos siempre ha estado determinado en la política estadounidense, más que por consideraciones ideológico-abstractas o ético-políticas, y muy a pesar del mito de los EEUU guardián de la libertad y la democracia en el mundo, por criterios de orden enteramente pragmáticos, relativos a la capacidad o incapacidad de esos gobiernos para asegurar las condiciones de estabilidad política que mejor sirvan a sus intereses de potencia hegemónica. En caso de que alguna estructura política se torne ineficaz, desbordada por las circunstancias, tratará de ajustarse, de acuerdo a las circunstancias del momento, sea impulsando salidas conservadoras y represivas, como a fines de los 60, sea promoviendo reordenamientos y transiciones controladas de regímenes autoritarios, mediante políticas de reacción democrática (en los 80), que impidan una ruptura radical del orden social imperante. Es decir, el triunfo de procesos objetivamente revolucionarios, impuestos por las masas movilizadas, situación que invariablemente abre una dinámica distinta, trascendente e infinitamente más difícil de controlar.
Tal como Noriega en 1985, el deslegitimado régimen electoral-oligárquico, esa caricatura de democracia política de fines de los años 60 en Panamá, lejos de representar garantía alguna, no hacía más que profundizar la crisis. La propia elección de A. Arias así lo muestra. No porque este representara alguna variante de peligroso nacionalismo populista -el Arias del 68 nada tiene que ver con el del 41[53]-, sino porque profundizaba la división de la burguesía, polarizando aún más la situación, representando un elemento disfuncional en la coyuntura. Al margen de toda especulación respecto de alguna forma de implicación directa del gobierno de los EEUU en la acción del golpe de estado, esta es la razón y la lógica subyacente en su aceptación del cambio en la situación del país. Por lo demás, los golpistas, desde la partida, darán muestras de su interés en tranquilizar a los norteamericanos y aún de suprimir cualquier fuente de dudas. Desde los votos anticomunistas del primer momento[54], hasta la separación del Coronel Martinez[55], cumplen esta función.
Nada de lo dicho hasta aquí, relativo a los factores político-sociales que permiten la estabilización inicial del golpe, desconoce ni disminuye el papel del dispositivo represivo montado. Lo que se quiere poner de relieve es el hecho de que el régimen de excepción, con la supresión de garantías y derechos, la clausura de los más beligerantes centros del activismo estudiantil, la persecución, encarcelamiento o exilio de los luchadores populares y dirigentes de izquierda, la política de exterminio de los intentos de resistencia armada; es decir, la escalada represiva de conjunto, como mecanismo específico, se subordina a los tres factores que hemos destacado. Su amplitud, virulencia y, sobre todo, efectividad, están determinadas por la situación de conjunto. Siempre puede haber golpistas, pero un golpe triunfante requiere condiciones sociales y políticas concretas. Lo anterior también pone en evidencia lo inexacto de la tesis que postula el absoluto aislamiento inicial del nuevo poder.
En resumen, la profundidad de la crisis política no sólo explica las causas del golpe, sino que además ayuda a entender su estabilización en los primeros meses, o sea, la rápida extensión de los plazos de lo que en un primer momento no pasaba de una Junta Provisional cuya autoproclamada tarea central seria convocar un nuevo proceso electoral, 'el más limpio de nuestra historia'. Y que, incluso, pudo ser menos que eso, si alguna de las personalidades de la élite social consultadas hubiese aceptado el alto riesgo político de asumir la Presidencia de la República en tales condiciones.
Los once días de A. Arias en la presidencia serán la gota que rebasa; pero la crisis es mucho más profunda y no se puede cerrar con un simple cambio de gobierno. Es el propio régimen electoral-oligárquico, y no cualquier gobierno o élite política específica, el que se ha inviabilizado en el marco del ascenso de masas y la fragmentación política de la clase dominante. En estas circunstancias, 'la revolución sin dictadura y la libertad con orden' quiere nombrar no a un mero accidente sobre el camino, sino a una nueva forma de articular institucionalmente la dominación, un nuevo régimen político, recurso histórico al que apela el sistema capitalista semicolonial, en las condiciones generales del período, con el aval de la metrópoli, a fin de preservarse a sí mismo de una mayor desorganización, recomponer las relaciones entre las diversas facciones de la clase dominante y, fundamentalmente, como respuesta al ascenso de masas. Como recuerda Mandel, refiriéndose a la teoría marxista del Estado, específicamente a la distinción entre el carácter de clase del Estado y la composición del personal dirigente que ejerce el poder de forma corriente, "en condiciones normales de crisis social aguda, (la burguesía) puede incluso verse forzada a abandonar no sólo el gobierno sino hasta sus derechos políticos individuales. Su expropiación política es, entonces, condición para evitar su expropiación económica"[56].
Evidentemente que en los acontecimientos que observamos se encuentran subyacentes las profundas transformaciones operadas en la formación económica y social panameña, similares en sus líneas generales a las experimentadas por el conjunto de las sociedades semicoloniales latinoamericanas de la posguerra, que modifican las relaciones de fuerza entre los diversos componentes de las clases poseedoras autóctonas y frente al capital extranjero. No obstante, tales cambios se expresan superestructuralmente en formas y niveles variados de conflictividad social, determinados estos por las ya comentadas especificidades político-institucionales, psicosociales, etc. De ahí que sean la agudeza de tales conflictos y las modalidades específicas de su manifestación política, las que configuran el escenario sobre el que se va gestando una salida histórica concreta. En otras palabras, el golpe de estado y la estabilización del nuevo poder son fenómenos político-sociales, esto es de la superestructura social, cuya causalidad debe ser buscada y establecida en el seno de esa misma instancia. Discusión distinta es la de las condiciones generales de carácter económico-social que actúan como condición de posibilidad de todo hecho político-social. Discusión también necesaria, pero situada en otro nivel de abstracción.
Esto es así, en la lógica de la interdependencia y mutuo condicionamiento de los diversos planos de la totalidad social, concebida en términos de la determinación en última instancia, en una amplia escala histórica, de lo político por lo económico, de la subjetividad por el condicionamiento físico, natural y social, pero también de la autonomía relativa de la superestructura político-cultural de la sociedad y del efecto constructivo y transformador, consciente o no, de los individuos en interacción sobre las bases materiales de su existencia. A partir de unas posibilidades concretas, los sujetos deberán reproducir su forma de vida, conservando y creando, en un proceso que es fundamentalmente abierto, sujeto a cambiantes relaciones de conflicto y cooperación y, por tanto, a relaciones de fuerza no conocibles a priori. Lo cual no hace de la historia humana un resultado del puro azar, pero nos pone en guardia contra los recurrentes modelos mecanicistas de interpretación de la dinámica social.
Precisamente, uno de los riesgos de la tesis que trata de explicar el golpe y el nuevo régimen directamente por la crisis del modelo de acumulación y desarrollo, es que metodológicamente acaba obviando toda mediación entre lo económico y lo político. Y, al hacerlo, también hace desaparecer al sujeto de la historia, actores políticos y sociales, individuales o colectivos, en sus diversas relaciones de interacción; particularmente, desaparece la lucha entre las clases y fracciones de clase. Y como la relación directa, no mediada, que se busca forzadamente introducir es ilegítima, también es vacía. Es decir, resulta que no explica nada. Porque una vez claramente establecido el hecho cierto y fundamental de que el modelo de acumulación atraviesa a fines de los 60 una crisis de agotamiento, continúa pendiente, sin embargo, el averiguar por qué, concretamente, en el terreno de la realidad política, la crisis general acaba resolviéndose por la vía de la estabilización del golpe bonapartista, y no por otra.
En síntesis, hacia fines de la década de los 60, el objetivo principal del gobierno norteamericano y la burguesía criolla consiste en reconquistar la estabilidad perdida, actualizando el estatuto de la relación semicolonial. Un nuevo tratado canalero constituye pieza fundamental de esa estrategia. Sin embargo, emprender la resolución de tal tarea, la más aguda contradicción del régimen capitalista semicolonial en ese momento, exige un personal político concreto, decidido a mostrar su disposición y capacidad para ejecutarlo y lo suficientemente eficaz como para granjearse la confianza de los intereses dominantes. En este contexto, es posible incluso entender el intento de reagrupamiento de las principales facciones políticas burguesas tras la figura de A. Arias, su adversario de largo tiempo, en los comicios generales de 1968. Justamente, se pretende que el carisma y la influencia electoral de masas del líder del Partido Panameñista actúen como cuña para controlar la explosiva situación abierta tras Enero de 1964, y como salvador de la crisis del régimen, ante el vaciamiento de la tradicional opción liberal.
Finalmente, el nuevo fracaso de Arias, transfiere tales expectativas y las respectivas responsabilidades al nuevo gobierno.
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[1] Por 'estado obrero' se designa aquellos aparatos político-institucionales cuya génesis y funcionamiento se vinculan explícitamente con el objetivo general de superar la forma capitalista de organización socioeconómica de la sociedad, estructurándose sobre relaciones sociales de producción fundadas en la socialización de los medios de producción y distribución. De modo que la noción hace abstracción de la forma específica de articulación de la institucionalidad política, del régimen político (una dictadura burocrática), remitiéndose con exclusividad a la naturaleza social del estado, y adquiriendo sentido en un contexto teorético marxista. El concepto se emplea normalmente en oposición al término 'país socialista', de significación considerada equívoca.
[2] El ‘tercermundismo’ es una ideología política relacionada con el populismo político y el nacionalismo económico de varias regiones del mundo, según la cual el subdesarrollo de los países del ‘tercermundo’ es producto del colonialismo occidental y de la estructura de la economía mundial y sus derivaciones (deuda, intercambio desigual, monopolio tecnológico, patentes, etc.). El modelo económico propuesto por el desarrollismo Cepalino se intersecta con elementos del ‘tercermundismo’. Con posterioridad, el término adquirió una connotación peyorativa.
[3]Paz, Pedro. "Los nuevos modelos económicos en América Latina y las políticas neoliberales-monetaristas". Revista de Economía, s.n. Universidad de Panamá, 1983, p, 64.
[4]Mandel, Ernest. EL CAPITALISMO TARDIO. Editorial ERA, México, 1979, p. 64.
[5] Como dice Olmedo Beluche: "La década del 60 se inició bajo la influencia de un hecho político de primera magnitud, que fue un catalizador de los conflictos políticos y sociales, la Revolución Cubana de 1959; y se cerró con hechos como el ascenso al poder del socialdemócrata Salvador Allende, en Chile. Fueron años de grandes acontecimientos, como la invasión a República Dominicana en 1965, la masacre de Tlatelolco en México, el 'Cordobazo' en Argentina, la experiencia del 'foquismo' guerrillero, etc.". Beluche, O. DIEZ AÑOS DE LUCHAS POLITICAS Y SOCIALES EN PANAMA (1980-1990). Panamá, s/e, 1994, p. 40.
[6] Los años 50-60 marcan el período del 'impulso inicial' del proceso de favorecimiento de la sustitución de importaciones, pero su mayor despliegue se alcanza durante la década de los sesenta:
-entre 1960 y 1969, el sector de la industria manufacturera se constituyó en el de más rápido crecimiento de toda la economía, con una tasa de incremento del 11.7%. Comparado con el 6.1% del sector primario (excluída la minería), 8.0% del comercio mayorista y minorista y 10.4% de los servicios financieros.
-En un período de quince años (1955-1970), su peso en el producto interno casi se duplica, de 9.5% a 16%.
-Si a inicios de los años 60 el sector manufacturero ocupa el cuarto lugar entre las actividades económicas, ya para finales de la década se situa en el segundo, tras el rubro agropecuario, alcanzando el primer lugar en 1974.
-En cuanto a las modificaciones en la distribución de la P.E.A., para 1960, el 50% de los ocupados se encuentran en el sector primario de la economía, mientras que en 1976, el sector sólo da cabida al 29.8%. Un tal resultado se debe en gran medida, aunque no absolutamente, al hecho de que mientras la variación anual en este sector alcanzaba un escaso 0.4%, en el sector industrial la tasa de incremento anual de la P.E.A. se situaba en un notable 15.4%. Fuente: Contraloría General de la República. ESTADISTICAS NACIONALES. Panamá, 1960-1980.
A fin de apreciar la curva de evolución en su conjunto, convendría apuntar que en los años noventa el peso del sector industrial en la economía había retornado a los niveles anteriores a la década de los sesenta.
[7] Mandel, E. Ob. cit., p. 65.
[8] Más precisamente, la oportunidad y la racionalidad, desde el punto de vista de los intereses de los capitales metropolitanos, de permitir y hasta alentar, apoyar, cierto proceso, limitado y controlado, de industrialización modernizadora en ciertas regiones de la periferia capitalista.
[9] Mandel. Idem.
[10]Castillo, Jorge. LA FORMACION SOCIAL PANAMEÑA. s.e., Panamá, 1979, p. 85; Hugues, W/Achong, A. DEUDA EXTERNA Y TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LA ECONOMIA PANAMEÑA 1980-1987. Facultad de Economía-U. de Panamá, 1988, p. 9.
[11]Castillo, J. Op. cit., p. 75.
[12] Ibid., pp. 79-81.
[13] La noción 'semicolonial', designa una situación en la cual un estado de un país atrasado contrae, o se ve constreñido a asumir, acuerdos, pactos o tratados que menoscaban su autonomía real, vinculando su comportamiento político general, interno y externo, a decisiones originadas en algún centro de poder metropolitano. Al respecto, resulta ilustrativa la resistencia de la Argentina, bajo el gobierno de Perón, a suscribir las convenciones multi o bilaterales mediante las cuales los Estados Unidos buscan asegurarse el control político de la región latinoamericana en la segunda posguerra. Se trata pues de una categoría eminentemente política, que remite a un orden político mundial específico de la fase imperialista del capitalismo como sistema social global y caracterizado por relaciones de poder entre los diversos Estados no sólo asimétricas sino directamente de dominación-subordinación. Precisamente, se puede afirmar que el objetivo político general de los movimientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses consistió en alcanzar algún grado de independencia política real respecto de los centros de poder metropolitanos, como requisito para despejar el camino de un desarrollo capitalista autónomo.
Entretanto, la noción de 'dependencia' remite -al menos en sus más elaboradas exposiciones (Baran, Frank, Amin, Emmanuel, etc.)- a una relación que es básicamente de tipo económico-política, o, con más precisión, a una relación en el seno del sistema económico global entre las subunidades concurrentes, es decir, entre los diversos estados-sociedades y sus diferenciales niveles de desarrollo económico-social. Esto se manifiesta en el hecho de que, como corriente explicativa del proceso del 'subdesarrollo', los 'dependentistas' coloquen el énfasis en el peso condicionante de las fuerzas sociales externas, localizando la causa principal del mismo en unas relaciones de intercambio productoras y reproductoras de la desigualdad. Aunque, desde un punto de vista marxista, el tratamiento del desarrollo desigual del capitalismo en la fase imperialista no puede restringirse a las relaciones en el intercambio, esto es, en el plano de la circulación internacional del capital, el hecho es que, en una opinión bastante bien establecida, la noción puede ser fructíferamente incorporada al análisis desde que se la deduzca y forme parte del estudio de la formación social en sus relaciones con el sistema-mundo.
De lo anterior se desprende que en el plano de lo histórico-concreto es posible, y de hecho ocurrió repetidas veces en el presente siglo, encontrar casos de países que alcanzaron una condición que, dentro de ciertos límites, puede denominarse de independencia política real, esto es, que lograron al menos debilitar o incluso romper temporalmente los vínculos semicolomiales, pero que del punto de vista estrictamente económico-social continuaron siendo dependientes. Es el caso ya mencionado de la Argentina del primer Perón, de Egipto bajo Nasser, la India de Nehru, etc.
De modo que, aunque sutil, la distinción semicolonial/dependiente nos parece analíticamente útil.
[14] Leis, Raúl. LA CIUDAD Y LOS POBRES. Ediciones CEASPA, Panamá, 1979, pp. 31 y 49.
[15] Gandásegui, Marco. LA DEMOCRACIA EN PANAMA. Ed. Mestiza-UNAM, México, 1989, p. 34.
[16]González, Simeón. ENSAYOS SOBRE POLITICA NACIONAL. s.e. Panamá, 1980, p. 23.
[18] Gorostiaga, Xabier. LA INVERSION EXTRANJERA EN PANAMA. En LA INVERSION EXTRANJERA EN CENTROAMERICA. Ed. EDUDA, San José, 1975, p. 328.
Si bien Gorostiaga en el texto se refiere a la reducción del mercado efectivo y la alta propensión a importar de la economía panameña como consecuencias de unas 'pautas de consumo extranjerizante y artificiales', el hecho es que estas pautas acaban incidiendo y contribuyendo a modelar toda una serie de otros diversos fenómenos socioeconómicos y culturales.
[19] González, S. Ob. cit., p. 13.
En la segunda parte de la década, la relación ya se había invertido, alcanzando, en 1966-1970, las inversiones directas un monto de 84.2 millones de dólares, mientras que las remesas ascendían a la cifra de 139.4 millones.
El fenómeno es aún más claro para la América Latina de conjunto: en la década de los 60 recibió inversión directa por un valor de 5,972.9 millones, siempre de dólares, en tanto que las remesas al exterior se cifraron en 10,906 millones.
[20]Moreno, Nahuel. METODO DE INTERPRETACION DE LA HISTORIA ARGENTINA. Ed. Pluma, Buenos Aires, 1975, p. 63.
No hay duda de que el asunto en cuestión está lejos de constituir un punto pacífico en el debate sobre la evolución de la formación social panameña. Aquí, mi intención es apenas consignar un punto de vista, apoyado en el concepto general de Moreno, por un lado, y, por otro, en el hecho de que en el período previo a la segunda guerra mundial, lo que caracteriza, en lo fundamental, a la estructura productiva del país es la existencia de una economía de enclaves (bananeras, canal), la marginación del capital local, un todavía muy incipiente desarrollo sociopolítico, además del particularmente desastroso impacto de la crisis económica mundial. El inicio de la segunda guerra mundial abrió un período de gran auge por la multiplicación del mercado de la zona del canal, potenciando la demanda de bienes y servicios, "ello, aunado al desajuste de las rutas comerciales y el descenso de las importaciones que impuso la guerra, presionó fuertemente en provecho del desarrollo de la producción interna". (Manduley, Julio. EL PROCESO PANAMEÑO..., p. 66). No obstante, la conclusión del conflicto tornó a sumir al país en una crisis de magnitud.
Culminación del proceso de organización económico-social significa pues el surgimiento de un sistema productivo con niveles mínimos de integración funcional: unidades de producción centradas en un mercado interno capaz de sustentarlas, incremento del nivel de autoabastecimiento, diferenciación y complejización del tejido social, predominio de la economía monetaria y de las relaciones salariales, etc. En palabras de A. Cueva: "el proceso de acumulación originaria es al mismo tiempo un proceso de creación del mercado interno", (op. cit., p. 88). Y en seguida agrega que un factor distorsionador lo constituyen las 'situaciones de enclave', que hizo que "buena parte de nuestro mercado interior no era más que una prolongación del mercado metropolitano", (p. 89). El enclave genera un mercado propio, relativamente aislado de la economía de mercado local (debido, entre otras razones a los conocidos 'comisariatos'). El resultado concreto es la mediatización del proceso de creación de un verdadero mercado nacional. Si esto es así, el caso panameño resulta ejemplar, ya que hasta mediados de siglo se puede seguir hablando en lo fundamental de una economía de enclaves y de los subsidiarios prestadores de servicios a ella asociados.
Manduley opina que apenas en la segunda década del presente siglo se pueden observar "un conjunto de medidas que apunta al desarrollo de un mercado interno e, incluso, intentos de crear una economía de remplazo a la canalera", (ob. cit., p. 65).
[21] En la modificación, limitada, controlada y carismático-populista, de este último aspecto reside una de las claves para explicar el enorme arraigo popular que conquistará el ‘torrijismo’ en los años 70.
[22]Las reclamaciones van desde la demanda de un aumento del salario mínimo hasta los 0.50 centavos de dólar la hora, hasta la reivindicación de subsidio para los desocupados, pasando por la rebaja del 50% en los precios de los alquileres, ley agraria, etc.
[23] Beluche, O. Op. cit., p. 41: "Más de 10,000 trabajadores paran exigiendo aumento salarial y mejoras en las condiciones de empleo". En 1963, tras 45 días de huelga, los obreros consiguen "un aumento salarial de 1/2 centavo de dólar por racimo de banano cortado", en lo que puede considerarse una victoria significativa contra la bananera y el gobierno "panameño".
[24] Otras manifestaciones destacadas de la actividad del movimiento sindical son :
-la huelga, en el año de 1962, de los trabajadores del Ingenio Santa Rosa, una de las dos más importantes procesadoras de caña de azúcar del país, por un nuevo contrato colectivo, aumento de cinco centavos por hora, deducción de la cuota sindical y un día de descanso semanal. La marcha realizada sobre la ciudad de Panamá, a más de 150 kilómetros, mostró el apoyo social y el impacto político provocado por el movimiento reivindicativo.
-"Como parte del ascenso de luchas obreras, cabe destacar el significativo proceso de sindicalización. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre 1960-1970 se constituyen (debidamente registrados) al menos 69 sindicatos de trabajadores del sector industrial, marcando de manera fehaciente un proceso que se inicia en la década anterior, y que continúa en los años 70".
Gandásegui, M. y otros. LAS LUCHAS OBRERAS EN PANAMA, 1850-1970. CELA, Panamá, 1990, p. 106.
Beluche, O. Op. cit., pp. 41-42.
[25] Beluche, O. Op. cit., p. 43.
[26]Entre otras muchas formas de manifestación, enero del 64 proyectará su sombra sobre el masivo rechazo sufrido por el proyecto de tratados Robles-Johnson de 1967, acontecimiento que por su vez se hará muy presente, tras el golpe de estado, a la hora de la configuración del proyecto político del nuevo grupo en el poder.
[27] Se los conoció como '3 en 1', debido a que para sustituir al convenio de 1903 los negociadores habían elaborado tres textos: uno relacionado con todo lo concerniente a la existente zona del canal, el segundo, sobre las condiciones para asegurar la seguridad de la vía, o de 'neutralidad permanente', y un tercero que establecía las condiciones para la futura ampliación del paso o la construcción de un nuevo canal a nivel.
Los proyectos de tratado, que se presentaron bajo las administraciones de Lyndon Johnson, en los EEUU, y de Marco A. Robles, en Panamá, representaban un intento de salida a la insostenible situación creada tras los cruentos acontecimientos de enero de 1964. La cerrada oposición a los '3 en 1' (junio-julio de 1967), se relaciona con el hecho de que debajo de una serie de concesiones económicas relevantes, postulaba :
a) La legalización de la presencia militar norteamericana en el país, status nunca logrado por los Estados Unidos -y que sólo alcanzará con los tratados Torrijos-Carter, en 1977.
b) La creación de un organismo supranacional para la operación del canal, el cual, por un lado, impedía de hecho la efectivación de la administración panameña, y, por otro, sería de hecho controlado por los capitales norteamericanos -navieras, seguros, banca, etc.
c) Sustituía la odiada e ilegal clausula de perpetuidad por una plazo de cien años, vigente a partir de la firma de los tratados. Desde un punto de vista práctico, la diferencia era ninguna.
[28] Tras una nueva coyuntura de profunda inestabilidad política y social a fines de los años cuarenta (crisis económica galopante, ascenso y radicalización de la protesta social, lucha contra el intento de perpetuación del dispositivo militar norteamericano de la segunda guerra, fractura del sistema político como consecuencia de elecciones fraudulentas, en 1948, y la deposición de dos presidentes civiles en 1949 y 1951, etc.), el General Remón Cantera asume la Presidencia de la República tras vencer en un proceso electoral no exento de sospechas y reclamaciones. Se trata de la culminación de una operación de estabilización de la situación política en el marco de la cual y utilizando su posición de Comandante Jefe de la Guardia Nacional, así como el evidente respaldo del gobierno norteamericano -en las condiciones definidas por uno de los momentos de mayor crispación durante el período de la guerra fría- Remón Cantera impone la concentración del tradicionalmente atomizado sistema de partidos en dos bandos electorales, asumiendo personalmente la conducción de uno de ellos. Las elecciones de 1952 enfrentaron al tradicional Partido Liberal como fuerza opositora y a la denominada Coalición Patriótica Nacional, venciendo esta última por un estrecho margen. Tal estado de cosas consiguió mantenerse para el torneo electoral de 1956, pero ya en 1960 el panorama elitario retornaba a su patrón previo de multiplicación de partidos y postulantes presidenciales.
[29] Una vez más, según la mayoría de los analistas, el resultado electoral de 1964 fue alterado en contra del principal candidato opositor, Arnulfo Arias y su Partido Panameñista, siendo reconocido como triunfador Marcos Robles del gobernante Partido Liberal. Arias, dos veces Presidente de la República (1940, 1949), y dos veces desalojado del poder por la fuerza (1941, 1951), era objeto de despojo tras retornar de diez años de proscripción política y exilio. La accidentada carrera política del caudillo populista-conservador, recurrentemente enfrentado a los grupos poseedores mayoritarios, hace que en la víspera del proceso electoral de 1968 se desate una feroz disputa por el control faccional del Tribunal Electoral, máxima autoridad comicial del país.
[30] Gandásegui, Marco. INDUSTRIALIZACION E INVERSIONES..., p. 39.
[31] Souza, Herbert. NOTAS ACERCA..., pp. 8 y sig.
[32] Ricord, Humberto. LA DECADA DE 1941-1951 Y EL FRENTE PATRIOTICO. Cuadernos Históricos #2, Panamá, 1981; Soler, Ricaurte. PANAMA, NACION Y OLIGARQUIA, 1925-1975. Ed. Revista Tareas, Panamá, 1976; Pereira, Renato. PANAMA, FUERZAS ARMADAS Y POLITICA. Ed. Nueva Universidad, Panamá, 1979; Gandásegui, M. LA DEMOCRACIA EN PANAMA. Ed. Mestiza, México, 1989.
[33] Cortez, Dorindo. FFAA Y PODER POLITICO EN PANAMA. s.e. Panamá, 1986, p. 41.
[34] "En este tratado... se eliminan las cláusulas intervencionistas del Tratado de 1903 (art. 1), por el cual Estados Unidos 'garantizaba' la independencia de Panamá y se elimina el 'derecho' de esta potencia a intervenir en la República de Panamá para restaurar el orden público (art. 7)." Beluche, O. DIEZ AÑOS DE LUCHAS..., p. 34.
[35] Gandásegui, M. LA DEMOCRACIA EN ..., p. 126.
[36] Cortez, D. Op. cit., p. 38.
[37] Organización política populista de capas medias de la cual surgen los presidentes de la república, y hermanos, Harmodio y Arnulfo Arias.
[38] Pereira, R. Op. cit., pp. 13-14; Gandásegui, M. Op. cit., p. 59; Molina, Juan. NOTAS SOBRE PODER POLITICO, FFAA Y ESTADO EN AMERICA LATINA. Trabajo de Graduación, Facultad de Dercho y Ciencias Políticas, U. de Panamá, 1987; entre otros.
[39] González, S. Op. cit., p. 64.
[40] En 1941, el gobierno de los Estados Unidos se había involucrado en la destitución de Arias, entonces Presidente de la República, debido a sus posturas nacionalistas y sus pretensiones neutralistas respecto del conflicto bélico mundial.
[41] Ob. cit., p. 68. "Vale decir, abrir aún más la economía al capital extranjero, propiciar una mayor internacionalización de los sectores terciarios y controlar el costoso desarrollo industrial, anulando la sobreprotección." En los años 60, bajo el modelo vigente, el nivel de gasto del Estado había crecido a un ritmo superior al 20% anual.
Este conflicto, que se tornó un callejón sin salida para las élites políticas tradicionales, fue hábilmente 'administrado' en los años 70 por el torrijismo, el cual mantuvo e incluso reforzó la protección de la industria pero congelo su desarrollo, mientras impulsaba con fuerza la internacionalización de la plataforma de servicios. De esta manera consiguió incorporar y mantener, durante todo el período, a lo fundamental de la fracción industrial dentro de la coalición de grupos sociales en la que se sustentó, con lo cual se neutralizó un elemento de conflicto y amplió los márgenes de estabilidad política, al tiempo que operaba una significativa alteración en el modelo de acumulación y desarrollo.
[42] De cualquier forma, parece útil insistir que para los comicios generales de 1968, en la alineación electoral de los diferentes grupos de las clases dominantes, la cuestión principal en disputa radica en la vía, y el vehículo, más apropiados para encarar la estabilización política y la resolución del diferendo canalero. A este elemento central de la situación de conjunto se articulan, de manera inestable y en permanente tensión, todos los otros rasgos de la misma, incluyendo, por supuesto, el de la definición del modelo de desarrollo. Esto es lo que explica que la línea de recorte de los bandos electorales protagónicos (oficialismo: mayoría del Partido Liberal, algunos prominentes grupos económicos y alta burocracia estatal; oposición: Partido Panameñista de Arias, a la cabeza de una coalición de partidos menores pero tradicionalmente vinculados a importantes intereses), no reproduzca las posiciones respecto de la cuestión de la forma de acumulación a privilegiar -ni cabría esperarlo, en realidad.
[43] La expresión directa, no mediada, del descontento popular es la movilización efectiva de los sectores subalternos por sus propias aspiraciones y demandas.
[44] A menos de diez días de haber asumido la presidencia de la república, A. Arias intenta modificar la composición de la cúpula de la Guardia Nacional, violando uno de los puntos principales del acuerdo que previamente había suscrito con el cuerpo armado y que, contra la voluntad de poderosos intereses, le había posibilitado acceder al gobierno.
[45]Molina, J. Op. cit., pp. 7-8.
[46] Ricord, Humberto. LOS CLANES DE..., p. 140.
[48] Pereira, Renato. Ob. cit., p. 23.
[49] Ricord, H. Ob. cit., p. 112.
[50] Ibid., p. 107.
[51] Ibid., p. 135.
[52] Pedreschi, Carlos Bolivar. "Comentarios al proyecto de tratado sobre Defensa y Neutralidad del Canal". Rev. Tareas #20-21, Panamá, 1971, p. 87.
[53] En 1941 Arias, un populista y nacionalista acentuadamente conservador en la época, había declarado la neutralidad de Panamá ante el conflicto bélico mundial. Actitud inadmisible para los EEUU que, apoyados en grupos políticos locales opositores, promueven su derrocamiento.
[54] Ver la declaración "POSTULADOS DE LA REVOLUCION SIN DICTADURA Y LA LIBERTAD CON ORDEN". Citada en Ricord, H. Ob. cit., p. 137.
[55] Oficial que desencadena el golpe el 11 de octubre de 1968. Pese a su inferioridad de rango en la jerarquía militar, en relación a Torrijos, Martinez se convertirá durante los primeros meses tras el golpe en una de las principales cabezas del nuevo gobierno. El tono exaltado de su radicalismo plebeyo y antioligárquico, despertará tempranos temores en los círculos de la élite social, al tiempo que se proyecta como rival de Torrijos en la conducción del proceso político.
[56] Mandel, E. CLASES SOCIALES Y..., p. 145.

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