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Timestamp: 2020-07-09 02:11:01+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 10037 DE 2009
RESOLUCIÓN 10037 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. MODIFICA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS CUANDO EL CONTRATISTA INCUMPLA TOTAL O PARCIALMENTE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ACORDE CON LO INDICADO EN LA LEY 1150 DE 2007 Y EN EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEROGA LA RESOLUCIÓN 2506 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANISMOS DE NOTARIADO Y REGISTRO, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1376 DE FEBRERO 15 DE 2010, PG.88
RESOLUCIÓN 10037 DE 2009
“Por medio de la cual se adopta un procedimiento para regular la imposición de multas y se deroga la Resolución 2506 de fecha 14 de abril de 2008”.
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y lo señalado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008,
Que según lo establecido en el artículo 13 inciso 1º de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en el estatuto de contratación estatal.
Que de acuerdo al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refieren el estatuto de contratación, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales.
Que conforme el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las estipulaciones de los contratos estatales son aquellas que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto de contratación correspondan a su esencia y naturaleza.
Que en derecho civil el pacto de cláusulas penales puede fungir como sanción convencional a manera de premio, pues al tenor del artículo 1599 del Código Civil “habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”.
Que en desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades estatales a imponer multas que hayan sido previamente pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.
Que la imposición de multas de carácter coercitivo sancionatorio debe estar precedida de una audiencia del afectado, con base en un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista.
Que las entidades estatales deben sujetarse a las normas procesales establecidas para el ejercicio de sus competencias, pues la vigencia constitucional del debido proceso, aplicable a las actuaciones administrativas, así se lo exige.
Que la existencia de un diseño procedimental previo garantiza el ejercicio pleno del derecho de defensa y permite el control de validez de la decisión sancionatoria.
Que en el ámbito constitucional el principio de igualdad tiene diferentes manifestaciones, dentro de las cuales, en el campo del derecho procesal, en lo que concierne la administración de justicia y en el desarrollo de procedimientos administrativos, se destaca el deber de que todos sean juzgados de igual manera, por el mismo procedimiento, “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
Que diversos son los pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, en relación con la importancia que tiene la aplicación de normas previamente establecidas para el desarrollo de las actuaciones públicas, ya que por esta vía se preservan los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa en concreto, y hacer efectivo el principio de justicia material que rige al Estado social de derecho.
Que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se rigen por estas y solo en lo no previsto en ellas se aplican las normas de la parte primera del Código Contencioso Administrativo que sean compatibles.
Que a falta de una normativa expresa y específica que garantice la aplicación de un procedimiento administrativo determinado, corresponde a los servidores públicos acudir a las normas del Código Contencioso Administrativo para ejercer la competencia sancionatoria.
Que ante la ausencia de un procedimiento legal previamente establecido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que la administración está obligada a observar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, relacionadas con los principios que inspiran la función administrativa, con la oportunidad y modo de inicio de las diligencias, con la forma de notificar las actuaciones, con los recursos pertinentes, las oportunidades de audiencia del afectado, los términos en que deben resolverse las peticiones y, en general, aquellas normas del régimen general que resulten pertinentes para imponer la sanción cuya competencia fue otorgada por la ley.
Que la Ley 1150 de 2007 no establece un procedimiento administrativo especial para imponer multas, toda vez que sus disposiciones se limitan a indicar que el procedimiento debe ser breve y que en desarrollo del mismo se debe conceder audiencia al afectado.
Que el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 señala que: “Para la imposición de la respectiva multa, a efecto de respetar el derecho de audiencia del afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad señalará en su manual de contratación el procedimiento mínimo a seguir, en el que en todo caso se precisará el mecanismo que le permitirá al contratista ejercer su derecho de defensa de manera previa a la imposición de la sanción, dejando constancia de todo ello en el acto administrativo de imposición”,
ART. 1º—Objeto. Establecer en el manual de contratación estatal de la entidad un procedimiento administrativo para la imposición de multas acorde a lo indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y a lo dispuesto en el inciso 2º, artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.
ART. 5º—Requerimiento previo. En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cuando se detecte el incumplimiento parcial o total de algunas de las obligaciones principales del contrato, se informará al contratista por escrito, sobre la procedencia de la imposición de una multa, señalando para tales efectos su valor estimado y las razones que la acarrean. De igual manera se conminará al contratista a cumplir la respectiva obligación.
En el requerimiento, en caso de esgrimirse medios de prueba sobre los cuales no haya tenido oportunidad de pronunciarse el contratista, se allegará copia de los mismos o se indicará una dependencia al interior de la superintendencia donde puedan ser consultados. El requerimiento previo deberá ser comunicado conforme lo señalado en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se enviará por correo a la dirección que se conozca del contratista si no hay otro medio más eficaz. Una vez comunicado el requerimiento previo, se otorgará un término de cinco (5) días para que el contratista, ejerza sus derechos constitucionales y legales, consulte el expediente administrativo, exprese sus opiniones, pida pruebas y allegue la información que estime pertinente.
PAR.—El texto del presente artículo deberá ser reproducido literalmente como cláusula contractual, en los acuerdos de voluntades que suscriba la entidad a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.
ART. 7º—Citación de terceros. De ser procedente, el requerimiento previo será dirigido a terceros interesados, como aseguradoras o entidades que brinden otros medios de cobertura frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a dichas personas se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos en el procedimiento administrativo. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.
ART. 10.—Notificación y recursos. La decisión adoptada al término del procedimiento administrativo deberá ser notificada personalmente o subsidiariamente por edicto, conforme lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Contra la imposición de la multa será procedente el recurso de reposición.
ART. 11.—Caducidad de la sanción. La prerrogativa para imponer multas solo podrá ejercerse durante la vigencia del contrato, con todo dicha facultad caduca a los tres (3) años de producido el hecho que pueda ocasionar la sanción.
ART. 12.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 2506 de fecha 14 de abril de 2008.
Dada en Bogotá, D.C., a 10 de diciembre de 2009.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
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RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 87
 artículo 13
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 1599
 artículo 17
 artículo 87
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 28
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