Source: http://www.slideshare.net/PercyBustamante/plan20-nacional20ddhh
Timestamp: 2016-06-28 17:00:53+00:00

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by Eloy Tebes
by Andrea Rojas Llano 13584 views
Maria Ysabel Terrazas Durand
Lorenita Hurtado Patilongo
Plan Nacional de Derechos Humanos del PerúCEDAL – Plan Nacional de Derechos Humanos - Perú
Plan Nacional de Derechos Humanos del PerúCEDAL – Plan Nacional de Derechos Humanos - Perú1ª. edición, Lima, diciembre 2008Tiraje: 3000 ejs.Diseño, diagramado y cuidado de la edición: Centro de Estudios y PublicacionesDiseño de carátula : Willy ZabarburúE-mail: willizab@yahoo.comImpresión: Sonimágenes del Perú SCRLAv. 6 de Agosto 968 – Jesús MaríaTeléfono: 332 3965Email: sonimagenes@infonegocio.net.peMovimiento Ciudadano “Para que no se repita” (PQNSR)Camilo Carrillo 479, Jesús María, Lima 11, PerúTeléfono: 4336453 – Fax: 3302419Email: paraquenoserepita@infonegocio.net.peWeb: www.paraquenoserepita.org.peLa introducción de esta publicación reproduce el folleto popular “Plan Nacional de De-rechos Humanos”, editado por el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), Jr. Talara769, Lima 11, Perú. Textos: Javier Mujica, Alejandro Silva. Ilustraciones: Mauricio Rossi.Se reproduce luego la versión oficial del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2005.Diciembre 2008
Contenido1. ¿Qué es el Plan Nacional de Derechos Humanos?2. Plan Nacional de Derechos Humanos (DS. Nº 017-2005-JUS) 5
PresentaciónEl movimiento ciudadano Para que no se Repita (PQNSR) aporta con esta publicación, a ladifusión del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2006-2010 del Estado Peruanoque fue entregado al país el 10 de diciembre de 2005, y de cuyo cumplimiento se ratificóel actual gobierno ante las Naciones Unidas, en el Examen Periódico Universal de DerechosHumanos, en Ginebra, mayo de 2008.Esta política de Estado fundamental para la transición democrática de nuestra sociedad, noes suficientemente conocida por muchas autoridades y ciudadanos que venimos trabajandoobjetivos comunes. Es por ello que ponemos en vuestras manos este documento, en cuyapresentación hemos incorporado una versión abreviada y sencilla con la finalidad de estimu-lar su mejor comprensión por parte de la mayor cantidad de peruanos y peruanas.El PNDH integra las Recomendaciones de varias Comisiones de importancia nacional (comoel Plan Integral de Reparaciones - PIR) y considera los derechos civiles y políticos, así comolos económicos, sociales, culturales, y los relativos al medioambiente; proponiendo y dis-eñando estrategias y políticas públicas en beneficio de las personas en situación de mayorvulnerabilidad, procurando desterrar la discriminación y exclusión, y afirmando la igualdadde oportunidades entre hombres y mujeres.En nuestras manos está y de nosotros dependerá su aplicación creativa al contexto regionaly local.Diciembre de 2008Movimiento ciudadana Para que no se Repita 7
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITAEntre el 5 y 16 mayo de 2008, el Perú fue sometido al “Examen Periódico Universal” ante laONU, un examen de la situación del cumplimiento de los Tratados de la ONU en materia deDerechos Humanos que se realiza cada cuatro años.Lo que a continuación les presentamos son extractos de los Informes que Naciones Unidastiene registrados sobre el examen realizado a Perú en mayo.C. Adopción del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 - 2010La elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos para el período 2006-2010 (PNDH)responde por un lado al cumplimiento de la obligación del Estado contraída con ocasión dela Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), a la Vigésimo Octava Políticade Estado del Acuerdo Nacional así como a los compromisos que asumió el Perú al presen-tar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos.Luego de la difícil situación por la que atravesó el país en las dos últimas décadas del sigloXX, que trajo consigo una secuela de graves violaciones a los derechos humanos y las liber-tades fundamentales, el Estado tomó conciencia de la necesidad de contar con un docu-mento de carácter integral cuya aplicación se refleje en una mayor eficacia en la promoción,difusión y defensa de los derechos humanos en el país.Para lograrlo, el Estado, a través del CNDH, emprendió un amplio proceso de consultas sinprecedentes que comprendió 18 audiencias públicas precedidas de eventos preparatorioso pre-audiencias, celebradas a nivel nacional con la participación activa de representantesde instituciones públicas y privadas, así como de organizaciones sociales de base de todoel país, en las que participaron aproximadamente 2,800 personas en todo el territorio. Esoportuno resaltar que el 78% de los participantes provenían de la sociedad civil.En ese marco, el Plan concibe que la democracia, la justicia, la paz, el desarrollo y el respetode los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos interdependientes 9
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERú que se refuerzan mutuamente. Tiene por objeto lograr que en las políticas públicas de todos los sectores se incorpore este enfoque. Si bien hasta la fecha varias recomendaciones del PNDH se vienen aplicando, en la práctica su implementación no ha estado carente de dificultades. De hecho no todos los actores involucrados conocen aún este documento o lo reconocen como una herramienta cotidiana de trabajo.10
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IC A D EL BL P U ER P RE Ministerio de Justicia U Consejo Nacional de Derechos HumanosPLAN NACIONAL DEDERECHOS HUMANOS Diciembre, 2005
ÍNDICEI. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 1.1 Los derechos humanos como derechos inherentes a la persona humana y límite al poder estatal. La relación con el Estado de Derecho 1.2 La dignidad de la persona y los derechos humanos como fundamento del orden político democrático 1.3 La promoción y protección de los Derechos Humanos en el ámbito internacional 1.3.1 Naturaleza particular de los tratados de derechos humanos: las obligaciones objetivas y la autonomía de conceptos y la noción de garantía colectiva en los tratados de derechos humanos. La promoción y protección conjunta de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y Derechos Colectivos como obligación exigible al Estado 1.3.2 La promoción y protección conjunta de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y Derechos Colectivos como obligación exigible al Estado 1.4 La labor de protección en el ámbito universal 1.5 La labor de protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito regional 1.6 Las necesidades evidenciadas por la historia reciente del país 1.7 Los derechos humanos en el Acuerdo Nacional 1.8 La necesidad de un Plan Nacional de los Derechos Humanos 1.8.1 Objetivo central de los Planes Nacionales de Derechos Humanos 1.8.2 Sobre el compromiso del Estado peruano para elaborar su Plan Nacional de Derechos HumanosII. SISTEMATIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2006-2010 2.1 Equipos Regionales Impulsores 2.2 Instituciones que apoyaron y autoridades regionales y locales presentes en las audiencias de Consulta Ciudadana 39
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERú 2.3 Pre-audiencias y actividades culturales o festivas implementadas para la difusión de la consulta nacional en torno al Plan Nacional de Derechos Humanos 2.4 Metodología de implementación de las audiencias 2.5 Conclusiones Finales III. DIAGNÓSTICO 3.1 Antecedentes 3.2 Del objeto del diagnóstico 3.3 Referente jurídico y conceptual 3.4 Estructura del diagnóstico IV. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 1. Misión 2. Visión 3. Principios rectores 3.1 Finalidad y alcances 3.2 Principios rectores 4. Objetivo General 5. Lineamientos estratégicos, objetivos, metas y actividades LE1: Institucionalizar y transversalizar el enfoque de DDHH en las políticas públicas OE1 Atención a las recomendaciones de los órganos pertenecientes al SIDH OE2 Implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CVR OE3 Articulación de los Planes sectoriales relacionados con los DDHH LE2: Contribuir a la difusión del enfoque de DDHH en las instituciones del Estado y la sociedad civil OE1 Implementación de Programa Nacional de Difusión del PND OE2 Implementación de Programa Nacional de Educación en DDHH40
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA OE3 Implementación de Programa Nacional de Capacitación para institucionalizar y transversalizar integración el enfoque de DDHH en políticas públicasLE3: Asegurar la plena vigencia de los derechos humanos integrales OE1 Garantizar el respeto y plena realización de los Derechos Humanos Integrales OE2 Garantizar el respeto y plena realización del derecho a un medio ambiente sano y protegidoLE4: Implementar políticas afirmativas a favor de los derechos de los sectores de la población en condición de mayor vulnerabilidad, en condiciones de igualdad de trato y sin discriminación OE1 Garantizar los derechos de las mujeres OE2 Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos OE3 Garantizar los derechos de las personas con discapacidad OE4 Garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia OE5 Garantizar los derechos de los adultos mayores OE6 Fomentar acciones para promover una cultura social de respeto a las diferencias, que evite el trato denigrante o violento por motivos de índole/ orientación sexual, en el marco de la Constitución y la Ley OE7 Garantizar los derechos de los migrantes OE8 Garantizar los derechos de las personas con VIH/SIDAAnexo Nº 1Anexo Nº 2 41
I. Marco conceptual y jurídico sobre las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos1.1 Los derechos humanos como derechos inherentes a la persona humana y límite al poder estatal. La relación con el Estado de DerechoLos derechos humanos tienen su origen en la propia naturaleza del ser humano. La dignidaddel ser humano implica libertad e igualdad. Al respecto, la Declaración Universal señala ensu Preámbulo que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…).”En el ámbito internacional, los derechos inherentes a la persona toman la denominación dederechos humanos, ámbito en el cual el Estado es quien resulta responsable por cualquierviolación de los mismos; mientras que en el ámbito interno de los Estados, se los identificacomo derechos fundamentales o derechos constitucionales de la persona humana, los quedeben ser respetados y garantizados por el propio Estado, pudiendo caer en responsabili-dad internacional en cuanto no sea capaz de adoptar las acciones necesarias para atender,sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a estos derechos fundamentales dentrode la jurisdicción nacional.Los derechos humanos surgen como una respuesta a la necesidad de establecer límites alpoder público. Por tanto, consisten en derechos subjetivos de defensa de los individuosfrente al Estado.Las primeras declaraciones de derechos individuales con fuerza legal, fundadas sobre elreconocimiento de derechos inherentes al ser humano las encontramos en las revolucionesde independencia norteamericana e iberoamericana, así como en la revolución francesa. Di-chas declaraciones constituyen la manifiesta expresión de la lucha por eliminar los gobiernosabsolutistas y reemplazarlos por gobiernos democráticos.De esta forma se realiza el tránsito hacia el Estado de Derecho, que implica la delimitacióny reglamentación de las funciones del poder mediante un control del Estado por el derechoy la adopción de las formas representativas con la finalidad de defender los derechos de losciudadanos.Esto evidencia no sólo el desarrollo paralelo y estrechamente vinculado entre el Estado deDerecho y los derechos humanos, sino también que estos derechos se constituyen en losprincipios inspiradores de la política estatal, cumpliendo un rol de fundamento y límite detodas las normas que rigen los poderes públicos.El Estado de Derecho es el producto de la necesidad de conciliar los derechos de los particu-lares con la soberanía estatal, de modo tal que las normas no sean un producto arbitrario,sino el resultado de una voluntad mayoritaria democrática, dirigida a garantizar los dere-chos fundamentales. 43
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ 1.2 La dignidad de la persona y los derechos humanos como fundamento del orden político democrático Los derechos humanos, sin dejar a un lado su carácter inicial de derechos de defensa frente al Estado, se proyectan más allá para arribar a una dimensión funcional e institucional que los convierte en parte esencial de un ordenamiento democrático; en deberes positivos por parte del propio Estado que consisten en contribuir a la efectividad de dichos derechos. Estos deberes positivos del Estado comprenden a todo empleado público y personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Al pronunciarse sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se- ñalado que: “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada”, en la que cada com- ponente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. (Caso Yatama, sentencia de 23 de junio de 2005, párr. 191). En el ámbito regional, la Carta de la OEA, establece entre otros principios, tres estrechamen- te vinculados: la solidaridad de los Estados americanos, la que requiere la organización po- lítica de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa (ar- tículo 3 d.); la proclamación de los derechos humanos sin distinción (artículo 3 I.), así como la eliminación de la pobreza crítica como parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa, lo que constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos (artículo 3 f). La consideración de la pobreza crítica hace necesario tener presente que la relación entre democracia y los derechos humanos no se agota en los derechos políticos. La Carta Democrática Interamericana, adoptada en el Vigésimo Octavo Período Extraordina- rio de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en septiembre de 2001, establece en su artículo 13 que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y cultura- les son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio. Sin embargo, la unión indisoluble de estos conceptos, llega a su máxima expresión con la consideración de la democracia en sí misma como un derecho de los pueblos, concepto repetido también en la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Huma- nos de julio de 2002. 1.3 La promoción y protección de los Derechos Humanos en el ámbito internacional Una cabal promoción y protección de los derechos humanos al interior de cada Estado implica tener presente que, en el ámbito internacional, existe el denominado derecho in- ternacional de los derechos humanos, compuesto por un conjunto de instrumentos, de doctrina y jurisprudencia que han desarrollado un cuerpo de normas y criterios de interpre-44
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITAtación coherentes con la naturaleza particular de los derechos que protegen. Estas normasinternacionales priman sobre las que puedan formularse de manera distinta al interior delEstado. La primacía de los tratados internacionales, y entre ellos de los relativos a derechoshumanos, está consagrada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho delos Tratados de 1969, ratificada por el Perú y en plena vigencia.En tal sentido, el Estado, a través de sus diversos organismos, hará sus mejores esfuerzospara actuar de conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos y loscriterios interpretativos de las mismas, establecidos por los órganos internacionales compe-tentes, salvo en el caso de los pronunciamientos de los tribunales internacionales (OpinionesConsultivas y Sentencias). 1.3.1 La naturaleza particular de los tratados de derechos humanos: Las obligaciones objetivas, la autonomía de conceptos y la noción de garantía colectiva en los tratados de derechos humanosLas obligaciones objetivas, así como la noción de garantía colectiva, reconocidas por ladoctrina y consagradas por la jurisprudencia, evidencian la particularidad de los tratados dederechos humanos.La Corte Interamericana ha precisado: “que: (...) los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en parti- cular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los dere- chos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionali- dad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.” (Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Fundamento 29).El carácter objetivo de las obligaciones adquiridas por los Estados Partes al ratificar la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos, así como cualquier otro tratado de derechoshumanos, implica que dichas obligaciones tienen una existencia propia, trascendiendo losintereses individuales o coyunturales de las partes contratantes. Por esta razón se encuen-tran más allá de las interpretaciones particulares que los Estados puedan tener.Este carácter objetivo nos conduce a la autonomía de los conceptos consignados en lostratados de derechos humanos respecto de los conceptos del derecho interno de cada Esta-do. Esta cualidad es la que permite a los tribunales internacionales determinar cuando unanorma interna es contraria a las Convenciones sobre la materia.La jurisprudencia ha presentado un desarrollo sostenido respecto a la autonomía de losconceptos en este tipo de tratados. La Corte Interamericana se ha pronunciado en estesentido en diversas opiniones consultivas como la opinión sobre las Restricciones a la Penade Muerte (1983). 45
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ Con relación a estas obligaciones, la Corte Interamericana ha señalado que el objeto y fin de los tratados de derechos humanos es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes (Opinión Consultiva OC-2/ 82 de 24 de sep- tiembre de 1982). De esta manera, la naturaleza objetiva de estas obligaciones conduce inevitablemente a que tengan que ser implementadas o garantizadas de manera colectiva dentro de la comunidad internacional. La Corte Interamericana, tomando en cuenta la jurisprudencia europea, ha señalado en recientes sentencias sobre Competencia que la Convención Americana se aplica de confor- midad con la noción de garantía colectiva, según la cual, las limitaciones materiales unilate- rales a su competencia no tendrían cabida. 1.3.2 La promoción y protección conjunta de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y Derechos Colectivos como obligación exigible al Estado El Estado, a través de estos tratados sobre la materia, se obliga a promover y proteger todos los derechos humanos, de tal modo que junto con el cumplimiento inmediato y pleno de los derechos civiles y políticos, debe garantizar el respeto de los derechos mínimos de subsisten- cia para todos, con independencia del nivel de desarrollo económico del país. En el campo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, se admite un margen de dis- crecionalidad de parte del Estado, con la finalidad de que seleccione los medios para llevar a cabo sus objetivos. Sin embargo, esta discrecionalidad va de la mano con la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos económicos sociales y culturales. Por tanto, los esfuerzos desplegados por el Estado en este sentido, no pueden ser diferidos indefinidamente. El Tribunal Constitucional tiene numerosa jurisprudencia sobre la materia, en donde se reco- ge los desarrollos logrados en el campo internacional. Al respecto establece: “No se trata, sin embargo, de meras normas programáticas de eficacia mediata, como tradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y políticos de eficacia inmediata, pues justamente su mínima satis- facción representa una garantía indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. Sin educación, salud y calidad de vida digna en general, mal podría hablarse de libertad e igualdad social, lo que hace que tanto el legislador como la administración de justicia deban pensar en su reconocimiento en forma conjunta e interdependiente”. (Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 05 de octubre del 2004 en el Exp_2016_2004_AA_TC. Fundamento 10).46
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITAAnalizando el principio de progresividad en el gasto público, el Tribunal señala: “no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este modo, servir de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues para este Colegiado la progre- sividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de plazos razona- bles, ni de acciones concretas y constantes del Estado para la implementación de políticas públicas”. (STC 2945-2003-AA, Fundamento 36). (Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 08 de julio del 2005 en el Exp_1417_2005_AA_TC).Se debe entender que el Estado incumple con sus obligaciones en materia de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales y Derechos Colectivos cuando: no logra adoptar una medidaexigida por los tratados sobre la materia; no logra remover con la mayor brevedad posible ycuando deba hacerlo, todos los obstáculos que impidan la realización inmediata de un de-recho; deliberadamente no logra satisfacer una norma internacional mínima de realizacióngeneralmente aceptada y para cuya satisfacción está capacitado; retrasa deliberadamente,o detiene la realización progresiva de un derecho, a menos que actúe dentro de los límitespermitidos en el tratado o que dicha conducta se deba a la falta de recursos o a una fuerzamayor.1.4 La labor de protección en el ámbito universalLos principales tratados de la Naciones Unidas en materia de derechos humanos, estable-cen un conjunto de órganos encargados de la vigilancia y del cumplimiento de los mismosllamados Comités conocidos como mecanismos convencionales. El Estado debe presentarante cada uno de estos Comités, informes nacionales periódicos sobre el cumplimiento delos compromisos asumidos en el respectivo tratado.La presentación de informes nacionales no busca condenar al Estado que no cumple, sinoacompañarlo en un proceso serio de aplicación práctica de los compromisos. Esto implicaque adicionalmente a la finalidad de conocer la marcha real de la implementación, pro-moción y protección de los derechos humanos dentro del Estado a través del informe, éstese convierte en base documental para establecer un diálogo con los Comités de NacionesUnidas en el que se explican los logros y dificultades del lado del Estado, y el análisis y reco-mendaciones al proceso de parte de éstos órganos. En este sentido, el Estado, debe dar es-pecial valor a dichas recomendaciones y tenerlas presente al momento de evaluar el estadode cumplimiento de los tratados.La elaboración de dichos informes deben convertirse en una oportunidad para generar unamplio debate público sobre los logros y planes destinados a la realización de los derechosciviles, políticos, sociales, económicos y culturales.Asimismo, algunos Comités desempeñan también una importante labor de protección me-diante el conocimiento de denuncias individuales por violaciones a los derechos contenidosen los tratados. Para que un Comité conozca un caso contra el Estado, éste tiene que haberreconocido previamente dicha competencia de manera expresa. Por tanto, los dictámenes ydecisiones emitidos en estos procedimientos, si bien carecen del carácter obligatorio de unasentencia, deben demandar del Estado los máximos esfuerzos para lograr su atención, paralo cual, deben buscarse mecanismos destinados a una adecuada evaluación de los mismos,y de ser pertinente, a su seguimiento. 47
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ El sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas comprende tam- bién un conjunto de mecanismos no convencionales compuestos por relatores, expertos y grupos de trabajo, así como procedimientos para quejas individuales ante la Comisión de Derechos Humanos respecto de los cuales, el Estado debe mantener y manifestar una actitud de constante apertura y colaboración, así como de atención a las sugerencias u opi- niones que provengan de ellos. 1.5 La labor de protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito regional Para vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala a la Comisión Interamericana de Derechos Hu- manos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los órganos competentes. Asimismo, la Carta de la OEA encarga a la Comisión la vigilancia con relación al cumplimien- to de la Declaración Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana como órgano encargado de promover la observancia y la de- fensa de los derechos humanos, tiene la facultad de recibir peticiones o comunicaciones que contengan denuncias o quejas de violación de los derechos humanos contenidos en la Convención o en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, no es un órgano jurisdiccional, por lo que una de sus labores fundamentales en este proceso es la de facilitar una composición entre las partes. El procedimiento seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constitu- ye una oportunidad para alcanzar soluciones amistosas. Si no se concreta una solución, la Comisión emite un informe con sus conclusiones y recomendaciones. Si bien sus recomen- daciones carecen del carácter mandatorio de una sentencia, el Estado tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicarlas, de conformidad con lo establecido por la Cor- te Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia emitida en el caso Loayza Tamayo de 17 de septiembre de 1997. En este sentido, resulta importante contar con un mecanismo que permita realizar un seguimiento a dichas recomendaciones. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos posee una competencia consul- tiva y otra contenciosa. La función consultiva de la Corte Interamericana se manifiesta en sus opiniones consultivas, las que si bien no son vinculantes, contienen la línea interpretativa y de razonamiento de este Tribunal, por lo que deben ser tomadas en cuenta por los organis- mos del Estado en caso de ser aplicables a casos similares. La competencia contenciosa se manifiesta mediante sentencias condenatorias o exculpatorias del Estado respecto a la vio- lación o no de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las que son definitivas e inapelables. Por ello, los órganos nacionales tienen la obligación de dar cumplimiento a las mismas dentro de los plazos fijados por la Corte. 1.6 Las necesidades evidenciadas por la historia reciente del país La muerte y destrucción vivida por la sociedad peruana a lo largo de veinte años ha gene- rado numerosas y urgentes necesidades que pueden reunirse desde una visión de derechos humanos en tres grupos.48
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITADe un lado, la necesidad de revertir las brechas socioeconómicas, las desigualdades étnico-culturales y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana que ocasionaron,a decir de la CVR, que el 79% de la totalidad de víctimas reportadas viviera en zonas rurales;que el 75% de las víctimas fatales de la violencia política tuvieran como lengua materna alquechua y otras lenguas nativas, siendo únicamente el 16% de la población peruana segúnel censo nacional de 1993; que el 85% de las víctimas registradas por la CVR provenían delos departamentos de Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín,zonas signadas por la pobreza y la exclusión.Un segundo grupo de necesidades a ser atendidas por el Estado está relacionado con losefectos de esta violencia sin precedentes: atender en lo posible las pérdidas, las ausencias,los daños físicos y psicológicos, la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido y hacerjusticia.Respecto al derecho a la verdad, el Tribunal Constitucional ha señalado que “no sólo derivade las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de lapropia Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, establece la obligación estatal decautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre,pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puedeafectar la vida misma de las instituciones”.Como se hace evidente, la tarea de atención a todas las víctimas con vida de esta violenciairracional es enorme y representa uno de los retos más importantes para el Estado.El tercer grupo de necesidades derivadas de los años de violencia está marcado por la ne-cesidad de restablecer los valores democráticos de paz y respeto a los derechos humanos yjusticia en todos los niveles.1.7 Los derechos humanos en el Acuerdo NacionalLa recuperación de la democracia en el país y la necesidad de establecer bases sólidas parainiciar un nuevo rumbo en la marcha del Estado luego de las traumáticas experiencias de lasdécadas pasadas lleva a la firma del Acuerdo Nacional entre el Presidente de la República,Alejandro Toledo Manrique, y los líderes de los partidos políticos, de las organizaciones so-ciales e instituciones religiosas el 22 de julio de 2002.Los dos primeros objetivos planteados en el Acuerdo tienen una vinculación directa con eltema de los derechos humanos: democracia y estado de derecho y equidad y justicia social.Estos objetivos han determinado que cinco de las políticas de Estado adoptadas en el Acuer-do recojan el tema de los derechos humanos desde diversos aspectos.Particularmente destacables son dos de las políticas de Estado planteadas en el AcuerdoNacional debido a sus alcances: La primera es el compromiso para consolidar el régimendemocrático y el Estado de derecho (Primera Política de Estado) y la segunda es llevar acabo una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrollo que promuevauna adecuada inserción del país en el mundo (Sexta Política de Estado). En torno a estoscompromisos centrales pueden agruparse las siguientes políticas vinculadas a los derechoshumanos, como son: fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechosy al cumplimiento de los deberes individuales (Séptima Política de Estado); Promoción de la 49
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ Igualdad de Oportunidades sin Discriminación (Undécima Política de Estado); adoptar polí- ticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia (Vigésimo Octava Política de Estado); optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas dentro del irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al ordenamiento legal y a los derechos humanos (Vigésimo Quinta Política de Estado). Estas políticas y acciones deben ser recogidas por el Plan Nacional de Derechos Humanos. 1.8 La necesidad de un Plan Nacional de los Derechos Humanos El origen de los Planes Nacionales de Derechos Humanos se remonta a 1993. En dicho año, reunidos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), convocados por las Naciones Unidas, los Estados miembros de la ONU adoptaron el compromiso de “con- siderar la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos” (Declaración y Programa de Acción de Viena, Parte II, párr. 71). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó una reunión en Quito, Ecuador en diciembre de 1999, y otra específica para los países andinos en julio de 2001, siendo el Gobierno del Perú anfitrión de la reunión. Al término de este “Taller subregional sobre la elaboración de Planes Nacionales de acción para la promoción y protección de los derechos humanos en la región andina”, que contó con la presencia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concluyó que los “planes nacionales de derechos humanos deben ser una tarea nacional y por lo tanto deben desarrollarse con la participación y apoyo de todas las instancias del Estado, instituciones nacionales y deben recibir apoyo político de alto nivel y también de la sociedad civil”. 1.8.1 Objetivo central de los Planes Nacionales de Derechos Humanos La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (en adelante, OACDH), elaboró un “Compendio de Planes Nacionales de acción en materia de derechos humanos para la promoción y protección de los derechos humanos” (1999), con el fin de destacar los propósitos, principios, componentes esenciales y procesos clave para la formulación de planes nacionales de acción en materia de derechos humanos. Según el Compendio, “el objetivo central de los planes nacionales de acción en materia de derechos humanos es reforzar los medios nacionales para promover y proteger los derechos humanos y garantizar la conformidad de la legislación nacional con las normas internacionales”. El mismo documento señala que “los planes nacionales de acción para la educación en la es- fera de los derechos humanos deberían formar parte integrante del plan nacional general de acción para la promoción y la protección de los derechos humanos y ser complementarios de otros planes nacionales de acción pertinentes ya definidos (por ejemplo los relacionados con las mujeres, los niños, las minorías, las poblaciones indígenas, etc.).”50
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA 1.8.2 Sobre el compromiso del Estado peruano para elaborar su Plan Nacional de Derechos HumanosLa obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos se sustenta en elartículo 1 de la Carta Política del Perú, según el cual “el fin supremo” del Estado (y de lasociedad) es “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”.Asimismo, se sustenta en el artículo 44 de la Constitución que establece como uno de losdeberes del Estado Peruano el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.A su vez, la Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución dispone que los derechosy libertades de los individuos y grupos humanos se interpretan de acuerdo con los tratadosinternacionales que sobre la materia ha ratificado el Perú, los que establecen la obligaciónde respetar y garantizar el disfrute de estos derechos.Esta realidad ha sido tenida en cuenta en el D.S. 015-2001-JUS, Reglamento del ConsejoNacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus normas complementarias, al establecer quees éste órgano quien debe proponer la política gubernamental en este campo en el marcodel Plan Nacional de Derechos Humanos. A este efecto, el CNDH recibió el mandato legalde elaborar el proyecto del referido Plan Nacional con el fin de que sea aprobado por elConsejo de Ministros.Asimismo, mediante la Ley Nº 27741, de 9 de mayo de 2002, se modificó el artículo 1 dela Ley Nº 25221 estableciéndose la obligatoriedad de la difusión y enseñanza sistematizaday permanente de la Constitución Política del Perú, de los derechos humanos y del derechointernacional humanitario, en todos los niveles del sistema educativo civil o militar, educa-ción superior, universitaria y no universitaria. A este efecto, se dispuso también que el PoderEjecutivo elaborara un Plan nacional de educación en materia de derechos humanos.El Plan Nacional de Derechos Humanos en el Perú también se hace necesario para articularlos diversos planes de acción a favor de distintos sectores de la población en condición demayor vulnerabilidad que se han ido implementando en el país desde el año 2000.Todas estas políticas requieren ser monitoreadas y coordinadas entre sí con la finalidad deevitar la duplicación de funciones y el gasto innecesario de recursos económicos y humanos.De este modo, se asegurará un seguimiento y visión integral de las acciones realizadas porel Estado en beneficio de los derechos humanos en conjunto. 51
II. Sistematización de las propuestas formuladas en las audiencias públicas del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 - 2010Con el objeto de garantizar la más amplia participación ciudadana en la formulación delPNDH se estableció un cronograma para la realización de trece (13) audiencias públicasmacrorregionales y cinco (5) audiencias públicas en Lima y Callao, a llevarse a cabo entre losmeses de marzo y julio de 2005.Al 31 de julio de 2005 se completaron las dieciocho (18) Audiencias programadas, con laactiva participación de representantes de instituciones públicas y privadas, y de organizacio-nes sociales de base, de los 24 departamentos y la Provincia del Callao. En la mayoría de ellasparticiparon, además, representantes institucionales de dos o más departamentos.El total de instituciones que participaron a través de sus representantes en las audienciassuma un total de 2,802. De éstos, 610 fueron representantes de instituciones públicas,representando el 22%; y 2,192 representantes de la sociedad civil, que hicieron el 78% deltotal de participantes.En referencia a la participación del Estado, cabe destacar la participación en todas las au-diencias de Presidentes Regionales o sus representantes, alcaldes provinciales y distritales,representantes de la Defensoría del Pueblo, funcionarios regionales de los sectores de Salud,Educación, Trabajo, Interior, Transportes, de la Mujer y Desarrollo Social, entre otros.En referencia a la participación de la sociedad civil, participaron en las audiencias convo-cadas representantes de gremios de campesinos, organizaciones juveniles, trabajadores ypensionistas agremiados, organizaciones funcionales, madres organizadas, comedores po-pulares, grupos de iglesia, así como grupos de personas con discapacidad y de mujeres,entre otros.2.1 Equipos Regionales ImpulsoresEn forma previa a la realización de las audiencias, el Equipo Central seleccionó y capacitóa un conjunto de representantes de instituciones regionales, públicas y privadas y de orga-nizaciones sociales de base, con el fin de que se encargaran de coorganizar las audienciasdel Plan Nacional de Derechos Humanos de manera participativa.Todas estas institucionestienen como común denominador su compromiso con el esfuerzo de promover y defenderlos derechos humanos, así como su reconocida capacidad de concertación institucional, deconvocatoria y de organización.Cabe destacar, asimismo, la valiosa participación de las Mesas de Concertación y Luchacontra la Pobreza y de los diversos Comités de Derechos Humanos existentes en el interiordel país.De esa manera se constituyeron Grupos Impulsores en cada departamento, con la participa-ción de un total de 48 instituciones. 53
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ 2.2 Instituciones que apoyaron y autoridades regionales y locales presentes en las audiencias de Consulta Ciudadana Previamente a la realización de las audiencias, los Grupos Impulsores concertaron con di- versas instituciones públicas, ONG’s, grupos religiosos, así como autoridades y funcionarios públicos, con el fin de comprometer su activa participación en éstas. En este contexto, se celebraron reuniones de difusión acerca de la problemática de los derechos humanos en el Perú, compartiéndose la metodología a ser usada en las audiencias. Asimismo, se distri- buyeron tareas y responsabilidades de carácter organizativo y logístico, así como se eligió a los facilitadores que apoyarían la conducción temática de los grupos de trabajo de las audiencias. Los Grupos Impulsores lograron crear una red nacional compuesta por 157 instituciones, de las cuales 49 fueron instituciones del Estado y 108 de la Sociedad Civil. 2.3 Pre-audiencias y actividades culturales o festivas implementadas para la difusión de la consulta nacional en torno al Plan Nacional de Derechos Humanos Por iniciativa de los grupos impulsores, se llevaron a cabo pre-audiencias en: Tingo Ma- ría, Huaraz, Puno, Cusco, Arequipa, Ica, Ayacucho, Piura, Loreto, Lambayeque, Huancayo, Pasco y Huancavelica, con el fin de recoger aportes que luego serían presentados por sus representantes en las audiencias. Los grupos impulsores desplegaron, asimismo, un amplio número de iniciativas de carácter cultural y/o festivo con el fin de dar a conocer a la opinión pública regional y local las acti- vidades programadas. 2.4 Metodología de implementación de las audiencias El Equipo Central del Plan Nacional de Derechos Humanos privilegió la participación activa de los asistentes. La metodología empleada en cada audiencia se organizó sobre la base de una presentación general e introductoria del proceso y de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, a cargo de miembros del Equipo Central del Plan Nacio- nal de Derechos Humanos; la presentación de un video sobre la situación de los derechos humanos en el país; y la absolución por parte de los asistentes, organizados en Grupos de Trabajo apoyados por Facilitadores y un Coordinador elegido entre los participantes, de las siguientes cuestiones: a) Las principales necesidades no resueltas en el campo de los derechos humanos Civiles y Políticos, y respecto de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de los derechos colectivos y ambientales; b) Las medidas prioritarias que deberían adoptarse para promover, proteger y ejercer tales derechos;54
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA c) Las instancias del Estado que deberían atender tales medidas prioritarias; d) Los compromisos de acción que las instituciones y organizaciones presentes en la audiencia estaban dispuestos a asumir para la implementación y sustentabilidad del Plan Nacional de Derechos Humanos.Las preguntas señaladas fueron respondidas en dos segmentos: en la mañana con referen-cia a los Derechos Civiles y Políticos; y por la tarde, con relación a los Derechos económicos,sociales, culturales, colectivos y ambientales. Luego las propuestas grupales serían presenta-das en plenaria y recogidas por el Equipo Central para su sistematización posterior.2.5 Conclusiones FinalesTeniendo en cuenta las propuestas realizadas en las Audiencias Públicas, realizadas en elcontexto de la compleja situación social, política y económica en la que vive el Perú, elinterés en torno a los Derechos civiles y políticos resulta similar respecto de los Derechoseconómicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales.Conclusiones respecto a los derechos civiles y políticosLas audiencias han revelado un interés mayoritario por el derecho a la igualdad y a la nodiscriminación. Una primera explicación a este resultado sería que el componente de igual-dad es percibido como una condición mínima indispensable para el cumplimiento de otrosderechos.El segundo derecho más mencionado y analizado ha sido el derecho a la justicia, cuyoscomponentes han sido analizados en su totalidad. Ello revela que existe claridad por partede los asistentes a las audiencias en cuanto al carácter integral de este derecho: todos susaspectos están muy vinculados entre sí, por lo que no puede atenderse uno dejando de ladoa los otros.En cuanto al derecho a la identidad, es muy claro el reclamo en torno a los problemas paraobtener el DNI, documento básico para realizar los actos señalados en el artículo 84 del DS015-98-PCM- Reglamento de Inscripciones del RENIEC, y que a partir del 01.08.05 constitu-ye la única cédula de identidad personal de acuerdo a RJ.789-2005-JEF-RENIEC.Conclusiones respecto a los derechos económicos, sociales yculturalesExiste un análisis más detallado de estos derechos en las audiencias. Ello podría revelar que,no sólo los asistentes a las audiencias, sino también la sociedad peruana en general, estánmás familiarizados con este tipo de derechos y las violaciones que los afectan.Los derechos que concitaron mayor interés fueron los derechos a la salud, el trabajo y laeducación. En cada uno de estos casos, la principal demanda formulada giró en torno a lacalidad de los servicios; es decir, a las condiciones en las que dichos derechos se ejercen.En el nivel regional, fue muy notoria la preocupación en torno a la protección del medio am-biente. Ello podría relacionarse con el ambiente de tensión que existe entre las comunidadesy las empresas de extracción o explotación de recursos naturales. 55
III. Diagnóstico3.1 AntecedentesLa implementación de todo proceso de adecuación de las normas y prácticas de los Esta-dos a las obligaciones internacionales que contrajeron libremente al adoptar y ratificar lasnormas internacionales de derechos humanos requiere, antes de iniciarse, un adecuadoproceso de planificación. En tal virtud, para que el Plan Nacional de Derechos Humanos (enadelante, el Plan) que oriente ese proceso sea a la vez consistente, se hace necesario contarcon un diagnóstico sobre la realidad de los derechos humanos en el país, el cual ofrezca alos formuladores y operadores de políticas públicas los elementos de juicio requeridos pararemover, de una manera sistemática y adecuada, los obstáculos o dificultades que dificultenla realización de estos derechos.Un diagnóstico consistente posibilita, además, que el conjunto de las Instituciones de Es-tado pueda internalizar y organizar respuestas adecuadas a los problemas que enfrentanvinculados al ejercicio y protección de los derechos humanos, desde una perspectiva en laque los valores constituyen uno de los componentes más importantes.Sin embargo, no debemos olvidar que los diversos aspectos de la realidad social, sobre todoen materia de derechos humanos, no son uniformes, existiendo más bien posiciones con-tingentes entre sí. En otras palabras, tales aspectos no siempre reflejan la existencia de unconsenso social sobre determinados temas, sino más bien son escenarios de discrepanciasy disensos razonables. Debido a ello, el diagnóstico, en la medida que refleja esta realidad,considera los principales aspectos que generan controversia y se hayan advertido en el casodel Perú.Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la formulación del diagnóstico que sirve de sustentoal Plan ha tenido especial cuidado en presentar en su integridad los puntos de vista y reco-mendaciones que los distintos órganos del sistema internacional de promoción y protecciónde los derechos humanos han formulado respecto de las diferentes temáticas tratadas,sin asumir necesariamente una posición a favor o en contra de ellas. Por lo demás, dichosaspectos podrán ser considerados al momento de plantear los lineamientos estratégicos,objetivos específicos y acciones propuestas finalmente en el texto del Plan, según el gradode consenso que las mismas merezcan en el ámbito internacional, el temperamento reco-gido sobre las mismas en el proceso de consulta nacional realizado para la formulación delPlan, así como su compatibilidad con las normas reconocidas por nuestra Constitución y lasobligaciones internacionales asumidas por el Perú.En el presente caso, el diagnóstico a partir del cual se ha elaborado el Plan ha sido estructu-rado con el identificar las causas que explican las violaciones a los derechos humanos en elPerú, desde una perspectiva que, en lo fundamental, trascienda lo estrictamente coyuntural.Con este objeto, el diagnóstico procurará tomar en consideración no solo los aspectos queguardan relación con los episodios dramáticos que formaron parte la historia reciente delpaís, sino que buscará implementar las transformaciones estructurales que, tal como ha sidopuesto de relieve por el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),necesitan ser asumidas para encaminarnos a un real proceso de reconciliación nacional, que 57
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ signifique “un proceso de reestablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos”, sobre la base de la consolidación de una política de Estado en materia de derechos humanos. No debemos olvidar que el Perú enfrentó entre los años 1980 y 2000 complejos problemas sociales derivados de la constante vulneración de los derechos humanos ocasionada por las acciones de violencia terrorista, así como por la forma en que ésta fue combatida desde el Estado. A ello debemos agregar el sistemático desconocimiento de los principios democráti- cos de un Estado de Derecho que caracterizó el régimen del ex -presidente Alberto Fujimori, en aras de un desmedido pragmatismo populista, en donde se privilegiaba la obtención de los resultados y logros de su gobierno, sin importar la forma en que éstos eran obtenidos. Esta situación propició el escenario ideal para la existencia de una red de corrupción estruc- tural al interior de la Administración Pública, unida a la vulneración de los mecanismos de protección de los derechos humanos, en la medida que eran obstáculos para el logro de los objetivos particulares de los gobernantes de turno. Lamentablemente, estos rasgos fueron extendiéndose a todos los niveles de la sociedad, generando cierto nivel de tolerancia hacia la corrupción, en la medida que exista un beneficio directo a cambio, así como una notoria disminución de la legitimidad de la democracia como régimen de gobierno y de los valores que ésta inspira. Frente a ello, el régimen democrático del presidente Alejandro Toledo iniciado el año 2001, ha promovido el pleno restablecimiento de los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos, quedando pendiente la construcción de una perspectiva ciudadana que legitime el régimen democrático y sus alcances. En tal virtud, uno de los propósitos del Plan es generar los incentivos necesarios para fomentar este proceso. En consecuencia, la construcción de la cultura de respeto a los derechos humanos cons- tituye un objetivo nacional y al mismo tiempo un imperativo constitucional, por lo que demanda una ratificación del compromiso de la sociedad y el Estado para orientar el siste- ma jurídico, las acciones de política pública y la necesaria coordinación entre las distintas entidades de la Administración Pública existentes en los diversos niveles de gobierno hacia el fortalecimiento de la protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el Perú, de conformidad con los principios recogidos en nuestra Constitución Política y los tratados Internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte. Con esta perspectiva, y trabajando de manera eficaz y coordinada, la sociedad civil y la Administra- ción Pública podrán cumplir con el mandato constitucional de garantizar la primacía y la vigencia efectiva de los derechos humanos. La formulación del diagnóstico del Plan ha considerado los diversos pronunciamientos y recomendaciones referidos al desempeño del Perú en esta materia, los cuales han sido emi- tidos por los organismos del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de reconocidas organizaciones no gubernamentales, nacionales e in- ternacionales, especializadas en la protección de los derechos humanos. La sistematización de esta información estuvo a cargo de un equipo especial creado por la Comisión Andina de Juristas (CAJ).58
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA3.2 Del objeto del diagnósticoEl diagnóstico del Plan persigue ofrecer elementos de juicio que asienten y rijan las accionesde las entidades del Estado como garantes primordiales de los derechos humanos en el país.Procurará señalar, asimismo, aquellos aspectos en los que la legislación nacional requiere sermodificada para armonizarla con los compromisos internacionales contraídos por el Estadoperuano, así como proponer los cambios estructurales y legislativos de carácter permanenteque resulten imprescindibles para fortalecer las instituciones del régimen democrático y ha-bilitar un consistente sistema de respeto, protección y promoción de los derechos humanosen el Perú. Para ello requerirá tener en cuenta, además, los condicionantes que afectan demanera transversal a ciertas categorías de personas en condiciones de especial vulnerabili-dad.El diagnóstico del Plan permitirá incluir en los programas y planes institucionales y sectoria-les la perspectiva de derechos humanos, así como orientar tanto la concertación de tareasen esta materia entre los distintos Poderes del Estado, como la participación cooperativa dela sociedad civil con el objeto de reforzar el régimen de protección, defensa y promoción delos derechos humanos en el Perú.3.3 Referente jurídico y conceptualConsiderando que la adopción e implementación del Plan constituye un ejercicio inédito ennuestro país, es fundamental que el mismo se fundamente en un marco conceptual querefleje los pilares teóricos sobre los cuales se estructura el sistema internacional de derechoshumanos, base de toda política de Estado en materia de derechos humanos. La formulacióndel diagnóstico del Plan toma en consideración, por ello, el hecho fundamental de que elPerú es parte de un sistema internacional en el que, tal como está expresado en la Cartade la Organización de las Naciones Unidas, se asume como fundamento de la civilizacióncontemporánea la reafirmación de “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en ladignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeresy de las naciones grandes y pequeñas”, así como “el desarrollo y estímulo del respeto a losderechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por moti-vos de raza, sexo, idioma o religión”.Toma como base de su análisis de la realidad del Perú en materia de derechos humanos,asimismo, la existencia de un código internacional de derechos humanos que ha establecidomecanismos claros para su promoción y protección, así como de asistencia para que los go-biernos asuman sus responsabilidades. El primero y más importante de estos instrumentosinternacionales es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptadael 10 de diciembre de 1948 en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-manos. Norma que complementada, más adelante, por el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-rales (PPIDESC), establecidos ambos el 16 de diciembre de 1966. Estos pactos tratan de unamanera más amplia y pormenorizada los derechos enumerados en la Declaración.La Declaración, los Pactos y sus Protocolos forman la Carta Internacional de Derechos Hu-manos y han sido complementados por un vasto número de convenios y declaraciones quedesarrollan, de una manera más vasta, los derechos reconocidos por estas normas. 59
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ Una buena parte de los instrumentos internacionales antes referidos ha servido de base para la constitución de órganos que, bajo diferente denominación, han recibido el encargo de supervisar su cumplimiento por los Estados Partes; y, en cumplimiento del mandato recibi- do, han producido importantes balances acerca de la situación de los derechos humanos en nuestro país, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser tenidas en cuenta en el proceso de adecuación de las prácticas de los Estados Partes a sus obligaciones internacio- nales en este campo. Las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos se pueden apreciar a la luz de los cuadros de adhesiones formuladas respecto de los tratados de derechos humanos del sistema universal y regional interamericano, que se encuentran desarrollados en el Anexo 2. Tomando como referencia los términos de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos de 19931, el diagnóstico del Plan destaca, asimismo, la relación entre la democracia, el desarrollo y la pr omoción de los derechos humanos; la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, culturales, econó- micos, políticos y sociales; la legitimidad del derecho al desarrollo, así como la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de los grupos particularmente vulnerables, tales como las mujeres, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, los niños, las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, los migrantes y sus familias o las personas afectadas por el síndrome del VIH/SIDA. 3.4 Estructura del diagnóstico Con el fin de elaborar un Plan que tome en cuenta la situación de los derechos humanos en el país, el diagnóstico se encuentra estructurado de la siguiente manera: 1. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de Derechos Civiles y Políticos. 2. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de Derechos Colectivos. 4. Análisis acerca del cumplimiento del derecho al Desarrollo. 5. Análisis acerca del cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano y prote- gido. 6. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derecho a la Igualdad y No Discriminación. 7. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de Derechos de la Mujer. 1 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, ONU Doc. A/CONF.157/23 (1993).60
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA 8. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de los Derechos de las Niñas y los Niños. 9. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos. 10. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de las Personas con Discapacidad. 11. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de las personas Adultos Mayores. 12. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de las personas con diferente orientación/ índo- le sexual. 13. Análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de los migrantes. 14. Análisis acerca del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el infor- me final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).A su vez, y finalmente, cabe referir que en el análisis acerca del estado de la situación entorno a cada derecho, se consideraron los siguientes aspectos: • Los estándares mínimos establecidos por los órganos internacionales vinculados a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es Estado parte; • El marco jurídico interno; • Las políticas públicas establecidas sobre cada materia; y • Las decisiones jurisdiccionales y no jurisdiccionales relativas a las prácticas del estado peruano en cada uno de los campos tratados, de ser el caso.Tal como hemos señalado, el texto final del Plan no considera necesariamente todos losaspectos y perspectivas que forman parte del diagnóstico. Sin embargo, el contenido deeste último puede ser de utilidad para quienes deseen investigar y analizar a profundidad elcontexto dentro del cual se aprobará esta importante herramienta para la promoción de losderechos humanos en el Perú. Por ello, la totalidad de los componentes para la elaboracióndel diagnóstico estarán a disposición de los interesados en la página web del Ministerio deJusticia: www.minjus.gob.pe. 61
IV. Plan Nacional de Derechos Humanos1. VisiónHacer del Perú un país en el que el fomento y garantía del desarrollo integral de las per-sonas y las comunidades que lo integran, así como el respeto y defensa de su dignidad,constituyen el fundamento de la legitimidad de sus instituciones y de todas sus formas deconvivencia social.2. MisiónGarantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en el Perú a través de la ac-ción coordinada entre las instituciones del Estado, con la participación y cooperación de lasorganizaciones de la sociedad civil, y de la cooperación de la comunidad internacional.3. Principios rectores 3.1 Finalidad y alcancesLos Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesidades específicasde los distintos actores comprometidos por el objetivo común de implementar una políticanacional de promoción y protección de los derechos humanos.Definen los criterios básicos que orientan la formulación del Plan Nacional de DerechosHumanos en orden a asegurar la correspondencia de las políticas públicas en el ámbito na-cional respecto de los compromisos internacionales voluntariamente asumidos por el Perúen materia de derechos humanos.A los efectos de estos Principios, se entiende por derechos humanos aquellos atributos odominios inherentes, inalienables y pertenecientes a todos los seres humanos por su solacondición de tales. Estos derechos son necesarios para asegurar la libertad y el manteni-miento de una calidad de vida digna, y están garantizados a todas las personas en todomomento y lugar.La fuente de todos los derechos humanos es la dignidad humana. La democracia, la justicia,la paz, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sonconceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente.Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y exigibles, y los de-rechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo estatuto legal, importancia y ur-gencia que los derechos civiles y políticos. Desde esta perspectiva, el goce de los derechoseconómicos, sociales y culturales es determinante para la posibilidad de un goce efectivo,igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles y políticos.Los derechos humanos fijan límites a la discrecionalidad estatal en la decisión de sus polí-ticas públicas. La asunción de obligaciones en este campo establece un catálogo de priori- 63
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ dades que el Estado se ha comprometido a asumir, debiendo dedicar prioritariamente sus recursos a cumplir estas obligaciones. Bajo esta perspectiva, estos Principios deben servir de orientación a: • Las autoridades, funcionarios y empleados públicos en general, en el cumplimiento de su mandato constitucional y las funciones que les son propias. • Las demás instituciones, empresas y colectividades en susrespectivos ámbitos y cir- cunscripciones. • Las personas en tanto sujetos de derechos y obligaciones. • Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su quehacer ins- titucional. Estos Principios se deberán difundir y aplicar con la mayor amplitud posible. 3.2 Principios rectores 3.2.1 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 expresa el consenso so- cial entre las distintas instituciones, colectividades, sectores y movimientos que se expresan en su seno. 3.2.2 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 se define como una política de Estado que trasciende la acción limitada de un gobierno o de cualquiera de los componentes y niveles del Estado individualmente consi- derados. 3.2.3 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 expresa un compromiso ético y político del Estado peruano para que su formulación e implementa- ción refleje un permanente proceso participativo. 3.2.4 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 asume como su marco necesario de referencia, ética, jurídica y política, los compromisos inter- nacionales derivados de las normas internacionales y de los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario que le obligan o que hayan sido formalmente ratificados por el Perú, así como las normas establecidas en la Constitución Política del Estado. 3.2.5 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 toma en cuenta las recomendaciones de los órganos de supervisión internacional ligados a los Sistemas internacionales de Protección de los Derechos Humanos, toda vez que entrañan la buena fe y la obligación de realizar los mejores esfuerzos de cumplimiento por parte del Estado. 3.2.6 El Plan Nacional de Derechos Humanos asume como su marco de refe- rencia político y ético los distintos componentes del Acuerdo Nacional y las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 3.2.7. El Plan Nacional de Derechos Humanos, asumiendo el carácter unitario del Estado peruano, nace del reconocimiento y respeto del carácter pluricultu- ral, multiétnico y plurilingüe del Estado y la Nación peruana.64
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA4. Objetivo generalReforzar los mecanismos nacionales para promover y proteger los derechos humanos ygarantizar la conformidad de la legislación y prácticas nacionales con las obligaciones deri-vadas de las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humani-tario que obligan al Estado peruano.5. Lineamientos estratégicos, justificación, metas, objetivos específicos, resultados esperados, y actividades para el logro de los resultados esperados OG= Objetivo general LE= Lineamientos estratégicos J= Justificación M= Metas OE= Objetivos específicos RE= Resultados esperados A= Actividades para el logro de los resultados esperados 65
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ LE1: INSTITUCIONALIZAR Y TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS OE1: Atención a las recomendaciones de los órganos pertenecientes al sistema internacional de protección de los derechos humanos 1. Justificación El Estado tiene el deber de garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos; por tanto, frente a una situación de vulneración de los mismos, es el primer llamado a velar por su protección. La razón de ello guarda relación con la naturaleza de dichos derechos, que están recogidos en diversos tratados internacionales que, una vez aceptados y ratificados formalmente por los Estados que se hacen parte de los mismos, adquieren plena obligatoriedad para éstos. Cualquier violación de los derechos reconocidos en estos instrumentos activa los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos, los que entran en funcionamiento de manera supletoria cuando a nivel interno los ciudadanos no encuentran satisfecha la pro- tección a sus derechos humanos. Conviene resaltar, particularmente, que los órganos del sistema interamericano de protec- ción de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH), tienen mucha actividad con relación al Perú, toda vez que nuestro país registra el mayor número de denuncias ante dichos órganos conforme consta en los datos oficiales que obran, tanto en los registros del Ministerio de Justicia en el Perú, cuanto en los propios órganos del sistema interamericano2. Esta situación demanda una pronta y adecuada respuesta de parte del Estado. Cabe resaltar, no obstante, que muchas de esas denuncias han sido originadas por hechos ocurridos durante la década pasada o en el contexto de la violencia desatada por el terrorismo. Sin embargo, una decisión que condene a un Estado por hechos ocurridos varios años atrás, expresa tardíamente que existen víctimas cuyos derechos no han sido reparados así como una situación de impunidad, hechos que afectan la consolidación del Estado de Derecho. Obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos Las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos se pueden apreciar a la luz del amplio cuadro de adhesiones a los tratados de 2 21 casos en trámite ante la Corte Interamericana, 188 casos en trámite ante la Comisión Interamericana y 1224 denuncias en evaluación por la Secretaría de la CIDH que aún no han sido notificadas al Estado.66
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITAderechos humanos del sistema universal y regional interamericano formuladas por el Perú.Una estrategia sistemática y organizada del Estado peruano para lograr de manera adecua-da el seguimiento de las decisiones emanadas por órganos internacionales de protección deDerechos Humanos, tanto universal como regional, debe partir por identificar las instanciasque emiten estas decisiones.De manera inicial, se debe señalar que existen dos clases de órganos internacionales de pro-tección de derechos humanos: los de carácter jurisdiccional (por ejemplo la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos), y los de carácter no jurisdiccional (por ejemplo el Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas). En el presente acápiteno se hará un mayor desarrollo respecto de los órganos internacionales de carácter jurisdic-cional, puesto que han sido investidos para ejercer todas las competencias y atribucionespropias de la jurisdicción, no existe duda acerca del carácter imperativo de sus decisiones.De esta manera lo ha entendido el Perú al definir, mediante la Ley Nº 27775 el procedi-miento de ejecución de sentencias supranacionales, así como mediante el Decreto SupremoNº 007-2005-JUS, que reglamentó la designación y desempeño de los Agentes del Estadoperuano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Los órganos internacionales de carácter no jurisdiccional pueden ser clasificados en 2 gran-des grupos: los órganos derivados de los tratados también llamados órganos convencio-nales, y los órganos no derivados de tratados y también denominados no convencionales.Entre los primeros tenemos, por ejemplo, los órganos de control relativos al PIDCP así comoa la Convención contra la Tortura, Tratos crueles, o Penas inhumanas o degradantes, estoes, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, respectivamente. Entrelos segundos tenemos los órganos subsidiarios de la Comisión de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas, tales como Relatores temáticos (sobre Tortura, por ejemplo) o de caráctergeográfico, Grupos de Trabajo, Expertos Independientes, etc. Estado actual de la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección derechos humanos.En los últimos años, el Estado peruano ha dado pasos importantes para la construcciónde una estructura institucional y competencial que le permita seguir, de manera eficaz, lasrecomendaciones de órganos internacionales en materia de Derechos Humanos.Una medida que refleja la disposición del Estado de honrar sus compromisos internacio-nales es el reconocimiento de responsabilidad efectuado mediante Resolución Suprema Nº285-2001-JUS, del 18 de julio de 2001, en relación al caso 12.120 (FORO DEMOCRATICO)referido a los impedimentos que afectaron los derechos de participación política de más deun millón de ciudadanas y ciudadanos al impedirse la realización de un referéndum en tornoa la reelección presidencial de Alberto Fujimori. Otra medida a mencionar es la aprobacióndel Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS mediante el cual se conformó una Comisión de Tra-bajo Interinstitucional para dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH relativas alComunicado de Prensa Conjunto suscrito entre el Estado peruano y la CIDH el 22 de febrerode 2001.Debe mencionarse, también, el Reglamento del Consejo Nacional de Derechos Humanos(D.S. Nº 015-2001-JUS), mediante el cual se encarga a este Consejo Nacional la función de 67
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ propiciar acciones para asegurar el debido seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes emitidos por los órganos internacionales constituidos por tratados de los cuales el Perú es parte. Este mismo Consejo atiende los casos que se siguen al Estado perua- no ante los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con los principios y normas derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de cooperar para coadyuvar a la promoción y protección de los derechos humanos y hacer sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones emitidas por los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos y creados generalmente por éstos. Al respecto, debe consi- derarse que el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) resalta la obligación estatal de cumplir de buena fe los compromisos adquiridos por medio de los tratados. De manera tal que, si un Estado ratifica un tratado que prevé la emisión de recomendaciones de un órgano especializado, tiene la obligación de realizar, de buena fe, sus mejores esfuerzos para evaluar y atender dichas recomendaciones. Considerar dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos un mecanismo de evaluación, seguimiento y atención de las recomendaciones emitidas por órganos internacionales de protección de derechos humanos de carácter no jurisdiccional, resulta responsable, y res- ponde a la voluntad del Estado de honrar sus compromisos internacionales. 2. Meta Contar con lineamientos y disposiciones específicas para unificar y definir los criterios y medios estatales dirigidos a dar respuesta a las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección de derechos humanos de carácter jurisdiccional y no jurisdic- cional, así como para la elaboración y consolidación de los informes nacionales que deben rendirse en cumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Perú es parte. 3. Resultados esperados R1 Se da atención a las recomendaciones emanadas de los informes emitidos por los órganos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Actividades para asegurar el logro del R1 A1. Consolidar y elaborar los informes periódicos nacionales, en coordinación con las instituciones públicas que correspondan, para el oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales sobre derechos huma- nos de los cuales el Perú es Estado Parte. A2. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las sentencias de los órganos interna- cionales de carácter supranacional sobre las cuales el Estado haya consentido en la correspondiente competencia contenciosa, así como en los casos en que se hubie- se llegado a una solución amistosa.68
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITA A3. Desarrollar metodologías de gestión que incrementen la capacidad de resolución de los casos que el Perú mantiene pendientes de solución en los sistemas universal y regional de protección y promoción de los derechos humanos. A4. Estructurar una visión sistemática, integral y articulada del conjunto de casos rela- tivos a Perú que se tramitan en los sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos. A5. Elaborar e implementar protocolos sistemáticos de intervención de los represen- tantes del Estado peruano en la resolución de controversias relativas a la violación de derechos humanos. A6. Definir e implementar un programa para fomentar acuerdos de soluciones amis- tosas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos previniendo dilaciones que impliquen mayores perjuicios para las partes. A7. Desarrollar un programa de intervenciones preventivas que conduzca a una reduc- ción del número de casos postulados ante los órganos de protección internacional de los derechos humanos.OE2: Implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)1. JustificaciónLa Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entregó su Informe Final al país el 28 deagosto del año 2003. Este documento, elaborado sobre la base de 16,986 testimoniosrecogidos en todo el territorio nacional, presenta un serio estudio sobre las causas y conse-cuencias de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos enel Perú desde mayo de 1980 a noviembre de 2000.En atención a su mandato, la CVR no sólo ha presentado importantes conclusiones sobrelo ocurrido en el país en el periodo antes mencionado, sino también ha formulado diversasrecomendaciones con el objetivo de alcanzar la reconciliación nacional, el imperio de lajusticia y el fortalecimiento del régimen democrático. Estas recomendaciones pueden seragrupadas en tres ejes principales: recomendaciones referidas a la justicia; a las reparacionesintegrales y a las reformas institucionales.Si bien se verifican avances de diverso grado, aún es esencial que desde los distintos nivelesde gobierno y poderes del Estado se continúe con la generación de normas, la asignación derecursos y el diseño de planes y programas concordantes con los planteamientos de la CVR. JusticiaUna de las principales recomendaciones de la CVR fue la de establecer un subsistema dejusticia especializado en derechos humanos, a través de la creación de instancias especia-lizadas a nivel policial, judicial y del Ministerio Público en las zonas donde la violencia tuvomayor impacto. El Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa Nº 170-2004-CE-PJ 69
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ de fecha 17 de septiembre de 2004, dispuso la creación de tal Sub Sistema Judicial espe- cializado en violaciones de los derechos humanos, haciendo expresa referencia a que luego de la “información hecha pública por la referida Comisión (de la Verdad y Reconciliación) el Poder Judicial no puede permanecer impasible, debiendo tomar acciones”, esto es, disponer la implementación de “órganos jurisdiccionales especializados”. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación, mediante Resolución Nº 1645-2004-MP-FN, de fecha 22 de noviembre de 2004, creó un Sub Sistema Judicial Especializado en violaciones de los derechos humanos. Con esta Resolución se dispuso ampliar la competencia de la Fiscalía Superior Penal Nacional para conocer, además, los delitos contra la humanidad previstos en los capítulos I, II y III del título XIV-A del Código Penal (genocidio, tortura y desaparición forzada) y de los delitos conexos a los mismos. Posteriormente, mediante la Resolución Nº 048-2005-MP-FN, de fe- cha 10 de enero del 2005, se designó a la Fiscal Superior Coordinadora en los Procesos por Delito de Terrorismo, cuyo ámbito de competencia abarca, además del delito de terrorismo, los delitos contra la humanidad, los casos de violaciones de derechos humanos y los delitos conexos a los citados. Inicialmente fueron cuatro las fiscalías penales supraprovinciales; sin embargo a la fecha son seis, ya que las fiscalías especializadas de Lima y Ayacucho pasaron a formar parte de la estructura de las fiscalías penales supraprovinciales siendo denominadas Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial y Fiscalía Penal Supraprovincial con competencia en el Distrito Judicial de Ayacucho, respectivamente. De otro lado, es necesario tomar medidas que permitan superar algunos aspectos y efec- tivizar el tratamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos. Uno de los pun- tos que ha generado controversia es el referido a la decisión del Poder Judicial de asignar competencia nacional a determinados magistrados de Lima; ello, entre otros efectos, ha generado descoordinaciones entre el Poder Judicial y los magistrados del Ministerio Público que están adscritos a los juzgados en mención. Asimismo, a fin de garantizar un ejercicio pleno de los derechos de las víctimas y de sus fa- miliares, es recomendable incorporar una perspectiva multidisciplinaria, es decir, contar con profesionales en la administración de justicia que empleen enfoques de interculturalidad, pluriculturalidad, intervención comunitaria y psicosocial en la atención de los casos. La CVR recomendó asimismo brindar las seguridades necesarias a los testigos y las víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, mediante un sistema que integre los recursos del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. Al respecto, no se cuenta con un marco normativo específico sino uno relativo a la colabora- ción eficaz, constituido por la Ley Nº 27378 -Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada- y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 020-2001-JUS. Para superar esta situación es de relevar que el Poder Ejecutivo creó una Comisión Especial (Resolución Suprema Nº 059-2005-JUS) para el estudio de los procedimientos y normativa existente en materia de colaboración eficaz y de protección de testigos. Esta Comisión Espe-70
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA QUE NO SE REPITAcial ha elaborado el Proyecto de Ley que luego el Gobierno presentó al Congreso de la Repú-blica el 20 de julio de 2005, constituyéndose en el Proyecto de Ley Nº 13398/2004-PE.Este proyecto, dispone la entrada en vigencia de diversos artículos del Código Procesal Penalde 2004, referidos al proceso de beneficios por colaboración eficaz, así como a la protecciónde colaboradores, agraviados, testigos y peritos. ReparacionesLa reparación es una acción material o simbólica, mediante la cual el Estado reivindica losderechos de personas o grupos de personas, civiles y miembros de las Fuerzas del Orden engeneral, que fueron víctimas del conflicto armado interno vivido por el país entre mayo de1980 y noviembre de 2000.Para responder al derecho a la reparación de las víctimas y sus familiares, la CVR planteócomo recomendación un Plan Integral de Reparaciones (PIR), el que constituye el marcoconceptual y de alcance programático para el diseño e implementación de una política na-cional de atención a los afectados. El Marco Jurídico de las ReparacionesLa promulgación de la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones de 29 dejulio de 2005, recoge gran parte de las definiciones y propuestas programáticas planteadaspor la CVR, constituyéndose así en el marco normativo para una real política nacional dereparaciones. Con esta norma se amplía el mandato y se fortalece la labor de la ComisiónMultisectorial de Alto Nivel para el Diseño y Seguimiento de las Políticas del Estado en losámbitos de la paz, la reparación colectiva y Reconciliación Nacional, (CMAN), creada me-diante D.S. 011-2004-PCM. La Ley Nº 28592 encarga a la CMAN el diseño del Consejo deReparaciones,organismo que se hará cargo del Registro Único de Víctimas creado por lamisma Ley.Lo programado para el año 2005 en materia de reparaciones, a propuesta de la CMAN -de acuerdo con el Marco Programático del Estado en Materia de Reparaciones establecidopor el D.S. 062- 2004 PCM y según la Programación Multianual 2005 - 2006 aprobada porel D.S. 047 - 2005 PCM, cuenta con 10 millones de nuevos soles provenientes del créditosuplementario del presupuesto nacional. Para el año 2006, el MEF realizará las previsionescorrespondientes a fin de que se cumpla con la Programación Multianual 2005-2006. Final-mente, a partir de la Ley precitada debe producirse la articulación de las iniciativas regiona-les y locales a los esfuerzos de carácter nacional. Los avances de las regiones van desde laformulación de planes integrales de reparaciones, tal es el caso de Huancavelica y Huánuco,hasta la conformación de Comisiones Regionales Multisectoriales para la elaboración de losmismos. Reformas InstitucionalesLa CVR, en su Informe Final, recomendó una serie de reformas institucionales necesariaspara hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia. Entre ellas, se encuentran aque-llas reformas para afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del po-der político, para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno; la reforma delsistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor 71

References: artículo 13
 artículo 27
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 84
 Resolución 
 artículo 26
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