Source: http://blogdemediacionmonterrey.blogspot.com/2015/03/1562-la-sesion-informativa-obligatoria.html
Timestamp: 2018-02-23 02:16:18+00:00

Document:
Mediación Monterrey: 1562. La sesión informativa obligatoria en la Mediación Intrajudicial en España
1562. La sesión informativa obligatoria en la Mediación Intrajudicial en España
I. Conceptualización de la Mediación Intrajudicial.
Finalidad y modelos de Mediación.
La mediación intrajudicial, puede ser definida como aquella que se vincula al proceso jurisdiccional, sea porque «el acceso a la mediación se produce a iniciativa o propuesta judicial durante el procedimiento jurisdiccional» (Blanco Carrasco 2009, 189-190), o cuando «el proceso de mediación discurre dentro del proceso judicial» (Mejías Gómez 2010, 120).
Cuando la mediación se desarrolla en el ámbito judicial, es necesario examinarla desde la óptica del acceso a la justicia dentro de los derechos y garantías constitucionales, es decir, bajo la lupa de Tutela Judicial Efectiva (1).
La obligatoriedad de asistir a una audiencia informativa sobre mediación se ve de distinto modo según se trate de una mediación extrajudicial, donde hablamos de un derecho del ciudadano a ser informado, o de una mediación intrajudicial donde se habla de la facilitación del acceso a la justicia y de la obtención de una solución justa y eficaz en un plazo de tiempo razonable, lo que permite evitar la actual sobrecarga del sistema de justicia.
En el sentido propuesto, el proceso judicial es entendido como un espacio de garantías constitucionales (2) (Conforti 2014d) y el rol del Juez como garante (Freire Pérez 2011) de dicha protección suprema (arts. 117.1 y 117.3 CE).
Así las cosas, para analizar la finalidad de la mediación en el ámbito jurisdiccional, se debe tener presente, por un lado, que cuando los ciudadanos acuden a la jurisdicción lo hacen buscando una resolución judicial que ponga punto final al asunto que allí ventilan (Monserrat Quintana 2013, 41), y, de otro lado, no debemos perder de vista que «… en el proceso judicial debe de haber una decisión. El juez no puede eximirse del deber de juzgar.» (DALLA BERNADINA DE PINHO 2014, 76) (3).
Siendo que la mediación en el ámbito jurisdiccional comparte el objeto y finalidad con el proceso judicial, es dable concluir que sólo tendrá sentido si busca resolver la disputa a través del acuerdo (4).
Veamos, los dos modelos de mediación más difundidos a nivel internacional (5). Estudiemos las etapas y finalidad que persiguen el modelo «transformativo» (6) (BARUCH BUSH 1996) y el modelo de «resolución de conflictos» (7) (FOLBERG 1996).
A) El Modelo Transformativo: en este modelo, el propósito de la mediación es el de dar lugar a una introspección de patrones de conducta pasados y cambiar la personalidad de los participantes. El foco de atención está puesto en las causas internas del conflicto.
El mediador tiene por objetivo modificar la relación entre las partes; dicha transformación relacional la logrará siempre con la concurrencia de la voluntad de cambio de las personas involucradas en el conflicto. Ha de promover la adquisición de diversas habilidades por parte de los participantes del proceso, empezando por la revalorización del otro como persona. Se aplicará el microenfoque, es decir, el análisis de los enunciados de la partes, se plantean interrogantes y argumentos que permitan alternativas para sacar a la luz «revalorización y reconocimiento», se alienta la deliberación y decisión, se busca generar empatía que permita considerar las perspectivas de la otra parte, se emplea la reinterpretación, traducción y reformulación de enunciados.
B) El Modelo de Resolución de Conflictos: para esta propuesta, la mediación es una intervención que tiene el propósito de resolver desavenencias y manejar conflictos, facilitando la toma de decisiones. La mediación emplea un enfoque cognoscitivo y conducta no existencial, es interactiva, y se someterse a los rasgos de personalidad y la conducta de los participantes pero la personalidad no representa el punto central del proceso.
Se podría decir que el objetivo del mediador es lograr que los participantes se expresen con total libertad para sacar a la luz todos los conflictos ocultos, que puedan negociar criterios objetivos para resolverlos (8) y acordar un plan de acción para cumplir sus expectativas. Ha de desarrollar habilidades que tienen que ver con la motivación, los sentimientos, la conducta y percepción, la empatía, el manejo de la tensión, ira y ansiedad, y una formación muy completa en el ámbito de la comunicación que le permita manejar los bloqueos comunicacionales, la reflexión, resumen y esclarecimientos, entre otros no menos importantes como saber preguntar e interpretar el lenguaje corporal.
En conclusión, es posible sostener que mientras en el modelo transformativo se busca modificar las relaciones entre las partes, en el de solución de conflictos se busca un acuerdo de carácter resolutivo.
Considerando que las partes buscan encontrar la solución a un conflicto, y que el proceso judicial ha de concluir con una sentencia que ponga punto final a la disputa, es dable sostener que la respuesta parece estar en el modelo de «resolución de conflictos», este modelo se presenta como el más indicado porque es el que busca (al igual que el proceso judicial) un acuerdo que ponga fin al conflicto (9).
Ahora bien, hay un principio básico en mediación que necesita ser revisado para que pueda implantarse de manera eficaz este método de resolución de conflictos en el sistema de justicia, y no es otro que «la voluntariedad», ¿De qué forma se podría introducir la mediación intrajudicial obligatoria sin desvirtuar los principios informadores de la mediación ante la obligación de respetar los principios y derechos reconocidos por la Tutela Judicial
En un Estado construido sobre los pilares de los modelos ideales jerárquicos, el Derecho cumple la función de «dirigir» la conducta de los ciudadanos hacia un determinado modelo de relaciones sociales, para ello implanta un «sistema de control social» que busca alcanzarel objetivo o finalidad ulterior que trata de satisfacer, la «paz social» (CONFORTI
La mediación de conflictos se ha convertido en un objetivo de políticas públicas de los distintos Estados (10) que ven en ella una herramienta idónea (11) para «modernizar el sistema de administración de justicia», «desjudicializar el sistema, es decir, descargarlo de asuntos de baja trascendencia jurídica» y «mejorar la calidad de soluciones a través de aquellas que se otorgan las partes a sí mismas»
(VARGAS PAVEZ 2008).
Con un mínimo de variación, toda la legislación española (12), en materia de mediación, tiene en común los principios de la mediación.
La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, estableció como principios informadores los siguientes: voluntariedad y libre disposición (art. 6), igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores (art. 7), neutralidad (art. 8), confidencialidad (art. 9) y la buena fe y flexibilidad de las partes en la mediación (art. 10).
La cuestión planteada alrededor de «la información» que, sobre la prevención de un conflicto y los procedimientos de gestión más recibir el cliente, no ha sido tratada ni consagrada por Ley como uno de los principios de la mediación. La transformación del modelo paternalista en el que el abogado es el que «sabe y obra en beneficio del cliente», sin que sea necesaria la intervención del mismo, bajo el principio ético primum non nocere, se evidencia cuando los conceptos de autonomía de la voluntad y autocomposición se llevan a la práctica.
El consentimiento informado es un proceso que consiste en explicar al cliente, con todo detalle, los distintos aspectos trascendentes sobre una determinada situación de conflicto, para que el cliente pueda tomar una decisión una vez que haya ponderado riesgos, beneficios y alternativas.
La «información previa», sobre la naturaleza y características de la mediación de conflictos, es la esencia del «consentimiento informado». Sólo podrá prestar su consentimiento para acceder a una mediación quien esté informado sobre los distintos aspectos y diferencias que este método de resolución de conflictos le puede ofrecer respecto del proceso judicial.
a) Concepto: la participación de las partes en una mediación es totalmente voluntaria. Vale decir que nadie está obligado a asistir a una mediación y, aunque ésta esté iniciada, puede interrumpirse o suspenderse cuando alguna de las partes así lo solicite. En este sentido, la continuación del procedimiento depende de que las partes sigan, sesión tras sesión, aceptándolo. El mediador también puede interrumpir la mediación (LERER 2010, 122).
Se debe tener presente que este principio de voluntariedad se vincula con la «buena fe» (15) y al consentimiento informado porque, adecuados para procurar su resolución, debe como hemos visto, para poder decidir primero se ha de estar informado sobre las opciones y posibilidades que se tiene (16).
b) Clasificación: en torno al tópico de la voluntariedad hay dos posturas generalizadas que podemos tomar como punto de partida
i) En sentido amplio: para quienes sustentan una extensión amplia, la voluntariedad es concebida como un principio o elemento definitorio de la mediación, que se inicia con la solicitud de mediación y concluye con el acta final o de cierre, es decir, voluntariedad en todo el proceso de mediación. Como el proceso de mediación se basa en la libertad de las partes, la primera elección que éstas realizarán tiene que ser el modo en que desean resolver su conflicto, de allí que en doctrina se diga que es necesario que exista una «solicitud o demanda genuina» (18) para participar en el proceso de mediación, así, si no hay solicitud o demanda, el mediador no puede trabajar porque no estaría legitimado para ayudar a alguien que no requiere su intervención (REAL
FLORES 2013, 276).
ii) En sentido restringido: para quienes sostienen un sentido menos amplio de aplicación del principio la voluntariedad, ésta es una característica de ciertas etapas del procedimiento (las reuniones conjuntas), de las que se excluyen la solicitud y la audiencia informativa (también denominada premediación); equivale a decir voluntariedad a partir de la etapa conjunta de mediación. Se dice, en favor de la postura que aboga por la llamada mediación obligatoria, que ésta es desconocida y que, si la gente conociera las bondades de la misma, la utilizaría; por ello, quienes sostienen esta postura ven con buenos ojos que se establezca por ley la obligatoriedad de acudir, al menos, a una sesión informativa o de pre-mediación, y si luego en dicha sesión informativa las partes deciden no continuar con la mediación, el proceso seguiría su curso jurisdiccionalmente, ya que la mediación no obliga a las partes a alcanzar ningún acuerdo.
El quid fundamental, para determinar la obligatoriedad de la mediación, es «la permanencia en el proceso» (SÁNCHEZ GARCÍA 2012, 60).
Conforme lo dicho, y toda vez que dicha sesión no forma parte del proceso de mediación, el supuesto quebranto al derecho de la libre de elección que supone la obligación de asistir a una audiencia informativa no se configuraría.
c) Obligatoriedad de la sesión informativa: aun entendiendo la voluntariedad de forma restringida (19), lo cierto es que la obligatoriedad de asistir a una audiencia informativa sobre mediación no es una cuestión pacífica (20). Además, del consentimiento informado y la voluntariedad, que ya hemos visto, las otras cuestiones que la obligatoriedad de la sesión informativa de mediación trae consigo tienen que ver con: el libre acceso a la jurisdicción, la mediación como «proceso» o «procedimiento» en el ámbito jurisdiccional, y por último, el impacto que tiene la Tutela Judicial Efectiva sobre la confidencialidad.
i) Libre acceso a la jurisdicción: el derecho de libre acceso a la jurisdicción (jueces y tribunales) supone que cualquier norma que estableciera la obligatoriedad de asistir a una audiencia informativa sobre mediación de forma previa y obligatoria a la instancia judicial, estaría atentando contra el derecho de libre acceso a la jurisdicción (21), no olvidemos que este derecho de libre acceso es fundamental y jurídicamente relevante porque es un derecho incondicional, es decir, no sometido a la concurrencia de supuestos o presupuestos determinados; desde el punto de vista subjetivo, se puede decir que no hay personas físicas o jurídicas excluidas de él, y desde una dimensión objetiva, implica que no se pueda establecer relevancia en los ámbitos (derechos, intereses, relaciones jurídicas) respecto de los que no sea posible solicitar la tutela de Estado.
Además, vale recordar que la Jurisprudencia del STC no parece favorable a una solución normativa que establezca la obligatoriedad de asistir a una audiencia previa obligatoria, ya que en la STC 81/1992, de 28 de mayo, ha sostenido la innecesariedad del acto de conciliación (22) como presupuesto procesal para el restablecimiento de derechos fundamentales, pues se estaría prolongando el procedimiento con una formalidad anterior al proceso previamente dicho, y ello sólo conduce a dilatar la situación de probable lesión de un derecho fundamental, cuya tutela corresponde únicamente al proceso jurisdiccional, vale decir que vulnera la Tutela Judicial
Efectiva, argumento válido para sostener que, la obligatoriedad de una audiencia previa en mediación, vulneraría el libre acceso a la jurisdicción.
El informe «Rebooting» the mediation directive: assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU (European Parliament’s Committee on Legal Affairs 2014) plantea una modalidad de «mediación obligatoria mitigada», que podría adquirir dos formas: a) asistencia obligatoria a la sesión informativa, y, b) mediación obligatoria con la posibilidad de desistir y retirarse de la misma. En este último supuesto, esto es así porque cualquier norma que obligue a una sesión previa informativa de mediación, no debe impedir el acceso a la jurisdicción, contemplado en nuestro art. 24 CE, art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. I-202029, II-2020107, II- 2020257, II-2020269 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y arts. I-202029.1 y II-2020107 de la Constitución Europea.
Así las cosas, al decir el legislador Español, en el art. 19.1 Ley 5/2012 que «El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva...» queda claro que ha optado por abrigar el sentido menos amplio del principio de la voluntariedad.
Ello significa que ni la solicitud de inicio de una mediación (art. 16), ni las informaciones y sesiones informativas (art. 17) forman parte del mismo. Vale decir que ha quedado señalado el momento y oportunidad para instituir la obligatoriedad en el procedimiento de mediación, esto es «la audiencia informativa».
Y así lo ha entendido el Consejo General del Poder Judicial en su Guía para la práctica de la mediación intrajudicial (MONSERRAT QUINTANA 2013, 14).
Sin embargo, el legislador ha optado, una vez más, por una fórmula poco clara, ya que se establece que «... el Tribunal podrá invitar a las partes... instándolas a que asistan a una sesión informativa...» (disp. final 3.ª de la Ley 5/2012, modificatoria de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en el art. 443.3). Y es que, «invitar» significa llamar a alguien para que asista a algún sitio, o bien estimular a alguien a algo, e «instar» significa repetir la petición, insistir en ella con ahínco; vale decir que en ningún caso se «obliga» a las partes a acudir a la sesión obligatoria de mediación (23).
Es dable concluir que se hace preciso delimitar el concepto «derivación a sesión obligatoria» con toda claridad (24).
ii) La mediación como «proceso» o «procedimiento» en el ámbito jurisdiccional: el siguiente «escollo» a sortear tiene que ver con el «carácter o sitio que ocupa la mediación» en el ámbito intrajudicial. Se debe definir claramente si se trata de un «proceso o de un procedimiento».
Esta diferencia no es menor, aunque de ordinario el «proceso» implica una serie de pasos a seguir en el tiempo, el «procedimiento» es un método o forma de hacer una determinada cosa. El proceso es el todo, el conjunto de trámites en la jurisdicción que hacen posible la realización del Derecho a través de una resolución judicial, mientras que el procedimiento es una parte de ese todo, el modo concreto de proceder y desarrollar el proceso haciendo referencia sólo a los trámites, al aspecto externo de dicha actividad, dejando fuera o sin hacer cuestión sobre su naturaleza, jurisdiccional, administrativa, etc.
Desafortunadamente la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles 5/2012, es contradictoria, por un lado sostiene que dentro de los sistemas alternativos de resolución de conflictos destaca la mediación «...como instrumento complementario de la Administración de Justicia.» (preámbulo, ap. I, segundo párrafo) y en el párrafo siguiente se contradice al decir que la mediación se configura «... como una alternativa al proceso judicial...» (preámbulo, ap. I, tercer párrafo) [La negrita me pertenece]. Las consecuencias de esta contradicción son muy importantes porque, si se consideraseque la mediación intrajudicial no es parte del proceso judicial, y si las partes no solicitan la suspensión del juicio (art. 19 LEC), habría que preguntarse si la derivación a mediación «suspende» o no, las obligaciones que la Tutela
Judicial Efectiva pone en cabeza del Juez.
La «Guía para la Implantación de Servicios de Mediación en el Ámbito Civil del CGPJ» propone, para la llevar a cabo la sesión informativa, dos alternativas: a) que la sesión informativa esté a cargo del Secretario o Gestor con formación específica de mediación, o, b) un listado o panel de mediadores 14).
En el supuesto a), cuando la sesión informativa está a cargo del Secretario Judicial, el procedimiento se asemeja al de la conciliación y se aplicarán los arts. 19, 414.1, 440.1, 443.3, 451, 452, 770.7 y concordante de la LEC. Hasta aquí ningún problema con lo dispuesto por la Tutela Judicial Efectiva.
Sin embargo, si luego de la audiencia informativa el proceso de mediación es continuado por persona distinta del Secretario, es posible colegir que el asunto sale de la esfera de custodia del Juez. Y esto es relevante porque, debido a la confidencialidad del proceso de mediación, el Juez no tomará conocimiento de nada de lo que en él ocurra, excepto si ha habido acuerdo y en que consta el mismo.
Ahora supongamos por un momento que ha habido algún tipo de «abuso de derecho»
(TARUFFO 1999) durante el transcurso del proceso de mediación, el Juez no se enterará, la pregunta que se sigue es: ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Juez sobre durante el transcurso del proceso de mediación, el Juez no se enterará, la pregunta que se sigue es: ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Juez sobre ese «abuso de derecho» que se ha cometido en un caso que se encontraba bajo su tutela?
En el supuesto b) no hay duda alguna de que el caso sale de la esfera de custodia Juez.
Con lo cual, la situación del supuesto anterior (¿Qué grado de responsabilidad tiene el Juez sobre ese «abuso de derecho» que se ha cometido en un caso que se encontraba bajo su tutela?) se repite, ahora, desde la misma audiencia informativa.
iii) ¿Qué impacto tiene la Tutela Judicial Efectiva sobre la confidencialidad? Si la derivación no suspende la tutela, ¿Qué impacto tiene ésta sobre la confidencialidad en el procedimiento de mediación?
A priori puede resultar llamativo que en un ámbito como el jurisdiccional, en el que la voluntad del Juez suple a la de las partes, éstas puedan acordar someter una etapa del proceso a una regla de confidencialidad que, aunque no es ajena al proceso judicial, tampoco es una regla general; esta aparente contradicción entre publicidad y confidencialidad encuentra su explicación en el hecho de que nos encontramos antes situaciones de conflicto que versan sobre derechos dispositivos en los que las partes gozan de la autocomposición aun dentro del proceso judicial.
En la mediación intrajudicial, el Juez podría solicitar (a fin de comprobar que se ha respetado el consentimiento informado, por ejemplo), al mediador o a las partes, la información de lo acontecido en el proceso de mediación, con lo cual podría haber un choque entre esta obligación, que la Tutela Judicial
Efectiva pone en cabeza del Juez, y el principio de confidencialidad (si las partes acordaron someter ese procedimiento de mediación a la regla de la confidencialidad), puesto que el Juez no podría acceder a dicha información; y digo podría porque la cuestión viene a ser resuelta en términos de otros principios fundamentales, que tienen que ver con el consentimiento informado o el respeto de las reglas (25) del procedimiento de mediación.
Una posible solución contingente se podría encontrar a través del art. 120.1 CE que establece que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, vale decir que el legislador podría haber advertido la problemática que aquí señalo y dotar a la mediación de esta solución, y como ello no ha acontecido ahora cabe esperar una reforma legislativa, ya que han de ser las leyes procedimentales las que expresamente lo establezcan y regulen.
Tal vez sea hora de pensar que «... debemos abandonar la idea de que en sede judicial la mediación obligatoria es más perniciosa que la voluntaria o que vulnera los principios rectores del proceso. En ese escenario, no es más que una falsa dicotomía.» (VARGAS PAVEZ 2008, 194) y comenzar a trabajar sobre la forma de superar los distintos «escollos» que su implementación conlleva.
De los aspectos antes señalados, se deduce que el debate no ha hecho más que presentarse porque hay, cuanto menos, tres escenarios posibles:
A) La jurisprudencia se mantiene y se reproduce específicamente para la mediación, es decir, que no sería posible establecer la obligatoriedad de la mediación como requisito de preclusión o acceso a la jurisdicción.
B) Si la jurisprudencia citada cambiase o no fuera reproducida, en particular para la mediación (no olvidemos que se trata en el caso citado de conciliación obligatoria y no de mediación), y a la vez se estableciera la obligatoriedad de la audiencia informativa de mediación como paso previo y prejudicial, es decir, que no forma parte del proceso judicial, nos deja dos supuestos, en uno de ellos se afecta a la Tutela Judicial Efectiva y en otro no, veamos:
b.1) Toda vez que el proceso judicial no se ha iniciado, la obligatoriedad significa limitar el libre acceso a la jurisdicción, vale decir que aquí sí se afecta a la Tutela Judicial Efectiva; y, b.2) Toda vez que la Tutela Judicial Efectiva no es ejercitable sin más (26), sino sólo por los cauces que el legislador establece, cabría la posibilidad de establecer un requisito previo de acceso a la jurisdicción, como es pasar antes por la mediación, y ello haría que el acceso a la jurisdicción no se viera afectado (27).
C) Si se estableciera la obligatoriedad de la audiencia informativa de mediación como una etapa intraproceso judicial previa, nos dejaría el siguiente supuesto: iniciado el proceso judicial, una de las primeras etapas se correspondería a la obligatoriedad de asistir a una audiencia informativa sobre la mediación como método de resolución de conflictos.
Para que este último supuesto sea posible, es decir, que no presente problema desde el punto de vista de la Tutela Judicial Efectiva, se debería dar cumplimiento de la siguiente doble condición: c.1) Establecer legislativamente un sentido restringido de voluntariedad, de forma tal que no se pueda considerar a la sesión informativa obligatoria un oximoron; y, c.2) Considerar a la mediación como un procedimiento que forma parte del proceso judicial, de forma tal que se pueda considerar que el ciudadano ya ha accedido a la jurisdicción.
1. Promover un modelo de mediación intrajudicial de solución de conflictos basado en el acuerdo.
3. Establecer la obligatoriedad de asistir a la audiencia informativa previa sobre mediación.
4. Establecer, en relación con el procedimiento de mediación y su confidencialidad, un nivel de protección y garantías de tutela sobre los derechos de cada una de las partes, consideradas individual e íntegramente, que evite el riesgo de que éste se transforme en una «caja negra».
En resumen, si lo que se pretende es que la Administración de Justicia incorpore al «paradigma
decisional-retributivo» este nuevo «paradigma autocompositivo-reparador», se necesitará de una Ley de Mediación valiente y decidida (28) que resuelva éstas y otras cuestiones (29) que la Tutela Judicial Efectiva plantea en torno a la implantación de la mediación en la jurisdicción.
BARROSO BENÍTEZ, Inmaculada; HERMOSO RICO, Blas R. y MORENTE MEJÍAS, Felipe.
2010. «Mediación institucional ante el conflicto social ¿Articulación o desarticulación de la participación ciudadana?» en La mediación en tiempos de incertidumbre, Morente Mejías, Felipe (Dir.). Madrid: Dykinson.
BARUCH BUSH, Robert A. y FOLGER JOSEP, P. 1996. La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la revalorización y el reconocimiento. Trad., por Aníbal Leal.: Ed. Granica.
BLANCO CARRASCO, Marta. 2009. Mediación y sistemas alternativos de resolución de conflictos: una visión jurídica. Zaragoza: Reus.
CALVO SOLER, Raúl. 2012. Del alcance de la mediación, en Programa Compartim de gestió de coneixement. VII Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària. Escenaris del diáleg, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya, noviembre 2012, págs. 4-5.
COBB, Sara., 2013. Speaking of violence. The politics and poetics of narrative in conflicto resolution. Nueva York: Oxford University Press.
CONFORTI, Oscar Daniel Franco. 2014a. Impacto de la Tutela Judicial Efectiva sobre
el modelo de mediación de conflictos en España, en Confluencia: análisis, experiencias y gestión de conflictos, Bogotá, núm. 10, 125- 154, 2014.
— 2014b. Incidencia de la Mediación de Conflictos en la Tutela Judicial Efectiva. Tesis
Doctoral. Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de Derecho Campus de Ciudad Real.
— 2014c. Mediación Electrónica de Conflictos en España, en Democracia Digital e Governo Eletrônico, Florianópolis, n.° 10, pág. 285- 309.
— 2014d. Tutela Judicial Efectiva y mediación de conflictos. Clarificando conceptos, en Noticias Jurídicas. Artículos Doctrinales. Wolters Kluwer España, S.A.
DALLA BERNADINA DE PINHO, Humberto. 2014. Reflexiones sobre la mediación judicial
y las garantías constitucionales del proceso, en Confluencia. Análisis, experiencias y gestión de conflictos, año 2, núm. 2.
DE LA OLIVA SANTOS, Andrés y PEITADO MARISCAL, Pilar. 2009. Sistema de Tutela Judicial Efectiva. Madrid: Centro de Estudios Financieros.
FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison. 1996. Mediación. Resolución de conflictos sin litigio. Trad., por Beatriz E. Blanca Mendoza. México: Limusa.
FREIRE PÉREZ, Rosa. 2011. «La posición del Juez ante la mediación: ¿Espectador, participante, garante?», en Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, ed., por Helena (dir.) Soleto Muñoz, 281-286. Madrid: Tecnos.
GARRIDO SOLER, Salvador y Munuera Gó- mez, Pilar. 2014. «Contra la neutralidad. Ética y estética en el modelo circular-mnarrativo de mediación de conflictos», Revista Telemá- tica de Filosofía del Derecho, núm. 17, 2014, págs. 139-166.
LERER, Silvio. 2010. Vamos a mediar. Guía práctica de procedimientos, técnicas, herramientas y habilidades para el manejo de los conflictos. Cali, Colombia: Universidad de San Buenaventura Cali.
MEJÍAS GÓMEZ, Juan Francisco. 2010. La mediación como forma de Tutela Judicial Efectiva.
Madrid: El Derecho, Quantor. MONSERRAT QUINTANA, Antonio (dir). 2013. Guía para la práctica de la mediación intrajudicial. Madrid: Consejo General del
MORALES FERNÁNDEZ, M. G. 2014. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos:
La mediación. Sistemas complementarios al proceso. Nuevo enfoque constitucional del Derecho a la tutela judicial efectiva. Sevilla, Hispalex.
QUEK, Dorcas. 2010. «Mandatori Mediation: An orimoron? Examining the feasibility of
implementing a court-mandated mediation program», en Cardozo Journal of Conflict Resolution, vol. 11, págs. 479-510.
Real Flores, Miren Josune; García Real, Asier; Díez Díez, Angharad y López Berdonces, Álvaro.
2013. ¿Cómo mediar en asuntos civiles y mercantiles? Bilbao: Gomylex.
Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Tribunal Supremo
de Puerto Rico. Disponible en Internet
https://noticiasmicrojuris.files. wordpress.com/2015/01/reg-metodosalternos_4mar2005.pdf (ví 11 de enero 2015).
«Rebooting» the mediation directive: assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU. 2014 European Parliament’s Committee on Legal Affairs. Study. Disponible en Internet <
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOLJURI_ET(2014)493042_EN.pdf> (ví 14 de diciembre 2014).
SACCUZZO, Dennis P.; JOHNSON, Nancy E. y KOEN, Wendy J. 2003. Mandatory Custody Mediation: Empirical Evidence of Increased Risk for Domestic Violence Victims and Their Children. edited by Office of Justice Programs Grant núm. 1999-WT-VX-20200015 awarded by the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice.: U.S. Department of
SÁNCHEZ GARCÍA, Arnulfo. 2012. La eficacia de los métodos alternos de solución de conflictos en España y México: perspectiva integral de los acuerdos de mediación y los laudos arbitrales, Tesis Doctoral, Derecho Privado, Universidad Rey Juan Carlos.
TARUFFO, MICHELE. 1999. «Aspectos de crisis de la justicia civil: fragmentación y privatización», AFDUAM, núm. 3, págs. 61-75.
— 2008. «¿Verdad Negociada?», Revista de Derecho, Texto correspondiente a la exposición realizada en Bolonia el 1.º de diciembre de 2007 en el seminario sobre «Acuerdos de parte y proceso». vol. XXI, núm. 1, julio 2008, págs. 129-151.
TORRES OSORIO, Edilsa. 2013. La mediación a la luz de la Tutela Judicial Efectiva. Salamanca:
ZYLSTRA, Alexandria. 2001. «The road from voluntary mediation to mandatory good faith requirements: a road best left untraveled», Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers.
Oscar Daniel Franco Conforti. Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla La-Mancha (UCLM)
Diario La Ley. "La sesión informativa obligatoria en la mediación intrajudicial en España". Madrid, España, Año XXXVI, Número 8486 pp. 6-12, 2014.
http://www.acuerdojusto.com/Descargas/FRANCO_CONFORTI_La_sesion_informativa_obligatoria_en_la_mediacion_intrajudicial_LA_LEY.pdf
Ver más entradas sobre estos temas: Franco Conforti, Mediación España, Mediación Obligatoria, Mundo Mediación

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución