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Timestamp: 2019-08-17 20:59:41+00:00

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CAYARA: EL CLAMOR POR JUSTICIA SE MANTIENE VIGENTE
Aprodeh Publicado el 7 junio, 2019
Oficial del Ejército Luis Álvarez Rodríguez decidió guardar silencio en juicio oral, a pesar de haber brindado importantes declaraciones en etapas previas del proceso penal.
El caso Cayara es uno de los más emblemáticos del periodo de violencia política ocurrido en el país. Los hechos ocurridos desde hace más de tres décadas demuestran el ensañamiento contra ese pueblo, las acciones posteriores para eliminar pruebas y testigos, así como los obstáculos que se erigieron para garantizar impunidad.
No obstante, la lucha de las familias, con el acompañamiento de APRODEH, se ha logrado llevar el caso ante la justicia, estando ahora en la etapa de juicio oral ante la Sala Penal Nacional.
Así, en el marco de dicho juicio oral, el día martes 4 se desarrolló una nueva audiencia del caso Cayara, contando con la presencia de diversas asociaciones de Cayarinos que vienen buscando justicia desde hace más de 30 años. En esta audiencia tocaba declarar al Oficial del Ejército Luis Álvarez Rodríguez, quien siendo de la compañía “Lince” del cuartel Domingo Ayarza – Los Cabitos en Huamanga – Ayacucho, fue enviado a la localidad de Cayara con una patrulla a la ejecución del plan de operaciones “Persecución”. La patrulla que dirigió era la llamada patrulla “Otorongo”, una de las patrullas que participaron en estos cruentos hechos.
Sin embargo, por consejo de su abogado decidió guardar silencio, y así no responder preguntas sobre su participación en este hecho.
Gloria Cano, responsable del Área Legal de APRODEH y representante de las víctimas, señaló al término de la audiencia que Álvarez Rodríguez ya había declarado ante el fuero militar en 1988, así también en su oportunidad ante la Fiscalía y Juzgado, precisamente ante esta última dependencia, en presencia de su defensa técnica, dio datos importantes para el proceso: si bien señaló que no participó en ningún hecho de sangre, indicó que a él le ordenaron desaparecer los cadáveres de las víctimas, que él se negó en un primer momento porque no era responsabilidad de la compañía Lince, que le insistieron señalando que era una orden presidencial “que la orden la dio el Presidente de la República (Alan García)”, agregando en su declaración que al cuestionar de dónde constaba que era la orden del Presidente, el teniente de seudónimo “Cobra” manifestó que él escuchó la orden del Presidente cuando llegó este a la base de San Pedro de Hualla, por ello tuvo que cumplir la orden entregando los cuerpos que desenterró al mayor Najar. El trabajo de desentierro lo hicieron con personal de las patrullas, trasladándolos con acémilas.
“Las autoridades han visto negando los hechos, si bien el acusado se negó a declarar hoy, ya sus dichos están en el expediente y concuerdan con declaración de algunos soldados que fueron obligados a desenterrar a las víctimas para desaparecer los cuerpos y negar oficialmente lo sucedido”, señaló la Dra. Cano.
Agregó que, “a pesar de los esfuerzos de los acusados la verdad se abrirá paso, confiamos que a pesar de los múltiples obstáculos, se logrará sanción para este hecho terrible. Cabe recordar que si bien Alan García Pérez fue denunciado por la Fiscalía como autor mediato de la matanza, la maquinaria aprista logró que se archivara en cuanto a su participación y a la Fiscal la sacaron del cargo, pero en este proceso se conocerá sus órdenes, su responsabilidad así como la de los ejecutores.”
El juicio oral por el caso Cayara inició un 26 de enero de 2018, a treinta años de ocurrirse los hechos, pero las voces de justicia y la lucha contra la impunidad no cesaron y se mantendrá firme en esta importante etapa judicial, porque ¡Cayara no se olvida!”.
Próxima audiencia: viernes 7 de junio 10:30 am, Av. Prolongación Tacna 734 – Cercado de Lima.
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NUEVAMENTE SUSPENDEN AUDIENCIA DEL CASO CAYARA
Aprodeh Publicado el 28 mayo, 2019
Para hoy 28 de mayo Sala Penal Nacional, se tenia previsto continuar el juicio oral a los presuntos responsables de la matanza ocurrida en la localidad de Cayara- Ayacucho en 1988. La audiencia fue breve, duró aproximadamente 20 minutos y fue realizada por vídeo conferencia; en la que solo se pudo aprobar el acta de la audiencia anterior, ante la imposibilidad del presidente del Colegiado, magistrado Hans Contreras Cuzcano, de estar presente físicamente en la sala de audiencia; por haberse prolongado otra diligencia con otro colegiado en la base naval del Callao. Razón por la cual la audiencia fue suspendida.
Esta situación viene causando preocupación porque no es la primera vez que se suspende una audiencia, en la medida que el Poder Judicial, ha designado solo un colegiado, para causas de derechos humanos a pesar de la complejidad y magnitud de las mismas, los tres magistrados deben hacer malabares en sus agendas para poder coincidir y tener apenas una sesión semanal de una hora y en muchas ocasiones deben realizarse aplicando el plazo máximo de 12 días; por ello, con la lentitud que se aborda, no es extraño que los testigos de los hechos que datan de más de 30 años vayan falleciendo; lo que favorece a la impunidad, que han venido gozando los perpetradores de tan horrendo crimen.
En la audiencia participó el fiscal Luis Pinto Saavedra, los abogados de APRODEH representado a la parte civil Gloria Cano Legua y Pablo Arias Rivera; así como gran parte de los acusados y familiares de las víctimas que viajaron desde Pisco y Ayacucho, para estar presentes en el juicio.
La Asociación de familiares, víctimas, torturados, asesinados, desaparecidos, detenidos, secuestrados y ejecutados extrajudicialmente y desplazados de Cayara (ASFAVITADE), mostraron su indignación por las continuas suspensiones y exigen que se destine más Magistrados para la atención de casos graves de violaciones a derechos humanos, a fin de llevarse a cabo las diligencias sin interrupciones y en el plazo debido.
Al no tener las condiciones necesarias para proseguir la audiencia, se suspendió para el martes 04 de junio a las 4 pm.
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Aprodeh Publicado el 14 abril, 2019
Corte Suprema confirma condenas del jefe del Cuartel Militar Los Cabitos y del Jefe de la Casa Rosada por el Caso Cabitos 83 y ordena un nuevo juicio oral por el delito de desaparición forzada.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), saluda la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de fecha de 27 de diciembre de 2018, notificada el día 11 de abril del presente, sobre el recurso de nulidad de la sentencia de la Sala Penal Nacional por el caso conocido como “Cabitos 83”.
“La Hoyada”, zona en donde se encontraron más de un centenar de restos de víctimas. Se puede observar en el centro el horno crematorio donde se prendía borrar evidencias de los delitos cometidos.
El caso “Cabitos 83” es un caso emblemático de la violencia desmedida que se usó contra la población civil en los años del conflicto armado interno, que incluyó desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Los hechos específicos del caso ocurrieron en el cuartel militar Domingo Ayarza en Ayacucho conocido como cuartel “Los Cabitos”. El proceso judicial por la búsqueda de justicia, ha sido afrontando por los familiares y víctimas del caso, en su mayoría agrupados en la asociación ANFASEP y representados por APRODEH, proceso que ha sido muy largo y doloroso.
Audiencia del Juicio Oral realizado en Huamanga – Ayacucho por el caso “Los Cabitos 83”
Es así que, 36 años después de ocurridos los hechos y más de un año después de emitida la mencionada sentencia de la Sala Penal Nacional, la Corte Suprema confirmó las condenas del Jefe Militar del cuartel Los Cabitos (Humberto Obegozo Talavera) y del Jefe de la Casa Rosada (Edgar Paz Avendaño).
La Corte Suprema señaló que “al margen de las actividades licitas que se realizaban a fin de combatir el terrorismo en la zona y que formaban parte del Plan de Defensa del Territorio, también se llevaron a cabo actividades ilícitas, como las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
La Corte Suprema también consideró nula la decisión de la Sala Penal Nacional de declarar fundada la “excepción de naturaleza de acción” y ordenó que se iniciara un nuevo juicio oral por el delito contra la humanidad de desaparición forzada en contra de Pedro Edgar Paz Avendaño y Carlos Arnaldo Briceño Zevallos. APRODEH considera que la decisión de la Corte Suprema en este aspecto representa una increíble victoria para todas las víctimas de desaparición forzada en el país. Esta decisión deja en claro y sienta el precedente de que la desaparición forzada es un delito continuo, es decir, que mientras se siga sin conocer el paradero de la víctima, se sigue cometiendo el mismo, por lo que, más allá de la entrada en vigor de la ley que tipifica este delito o el hecho de que el funcionario público acusado ya no esté en servicio, los hechos deben ser investigados y sancionados, de ser el caso.
La Corte Suprema también declaró nula la absolución de la Sala Penal Nacional del Coronel Saldaña Vásquez, y ordenó un nuevo juicio oral en su contra por los delitos de detención arbitraria, tortura, secuestro agravado y desaparición forzada. Respecto a Arturo Moreno Alcántara, quien fue uno de los responsables e interrogadores de la Casa Rosada y del Cuartel “Los Cabitos”, la Corte Suprema ha dejado en reserva el juicio y ordenado su captura nacional e internacional. Se conoce que este acusado se encuentra viviendo en Chile desde hace varios años, donde, aduciendo persecución política, obtuvo estatus de refugiado.
Con esta importante y esperada decisión de la Corte Suprema, los familiares y las víctimas han obtenido respuesta a su exigencia de justicia. Al respecto, Gloria Cano, responsable del Área Legal de APRODEH manifestó su alegría y satisfacción, y recordó que:
“ANFASEP y APRODEH se crearon en 1983, precisamente para luchar por la aparición de los desaparecidos, para denunciar la barbarie que ocurría en Ayacucho y en zonas declaradas en emergencias, y desde esas fechas fue uno solo el camino; la búsqueda de justicia. Hoy ya no está doña Angélica Mendoza, pero hoy la justicia dio respuesta a aquellos que quieren sacar su nombre de la historia, así como los de doña Celsa, Mercedes, Adelina, Isabel y tantas otras madres que nunca dejaron de denunciar los hechos y exigir justicia.
De otro lado Doña Adelina Mendoza, esposa de Zozimo Tenorio hasta el día de hoy desaparecido, señaló su alegría por este resultado, señalando, no obstante, que no descansarán hasta encontrar a los desaparecidos.
“Seguiremos buscando, no basta condenarlos, hay que encontrar a nuestros seres queridos” anotó.
Angélica Mendoza de Ascarza, conocida como “Mamá Angélica”, símbolo de la búsqueda de justicia de los familiares de víctimas de desaparición forzada en Ayacucho.
La sentencia de la Corte Suprema realiza un análisis detallado de los hechos y un análisis jurídico minucioso que deben consolidarse criterios de evaluación en esta materia.
Lima, 13 de abril de 2018.
Caso Chuschi – Ayacucho
wpaprodeh Publicado el 13 mayo, 2018
El 14 de marzo de 1991, una patrulla del Ejército del Batallón de Infantería Motorizado (BIM) 34 de Pampa Cangallo (Ayacucho) al mando del Tte. EP Collins Collantes Guerra ingresó a la localidad de Chuschi. Luego de coordinar con el Jefe del Puesto Policial Luis Juárez Aspiro, la patrulla se quedó en las instalaciones de la sede policial.
Horas más tarde, los efectivos militares simularon un ataque subversivo a la comisaría. En esas circunstancias, otro grupo de militares, acompañados por el jefe de la policía se dirigieron a los domicilios de Manuel Pacotaype (alcalde), Marcelo Cabana (Teniente gobernador), Martin Cayllahua (Secretario Municipal) y del menor Isaías Huamán, procediendo a detenerlos. El motivo habría sido el haberse negado a constituir los Comités de Auto Defensa y por haber denunciado los abusos de los policías con los pobladores de Chuschi.
Las cuatros personas fueron conducidas a la comisaría, y a las 6 de la mañana del 15 de marzo son llevadas por los militares rumbo a la base de Pampa Cangallo. Los familiares al tomar conocimiento de ello los siguen, pero al percatarse los militares obliga a detenerse al conductor de un vehículo quien los transporta hasta el paraje de Huaccanccasa, donde desciende los de la patrulla y los detenidos, continuando la caminata hasta la parte posterior del BIM 34 por donde finalmente ingresan.
Los familiares de los detenidos logran darles cierto alcance y pueden ver claramente que los detenidos son ingresados por los miembros de la patrulla al recinto militar. Así, deciden caminar hasta la puerta principal con el fin de preguntar por ellos. Al llegar a la puerta del BIM 34 los encargados les niegan la presencia de los detenidos, obligándolos a retirarse, pese a sus reclamos.
Hasta la fecha se desconoce el paradero de las víctimas.
En 2007 se dictó sentencia condenatoria contra Collins Collantes y Juárez Aspiro reservándose el proceso en contra del entonces jefe del BIM 34 Mario Caldas Dueñas quien hasta la actualidad está prófugo de la justicia.
En julio del 2011 comenzó un nuevo juicio oral contra el entonces Jefe Político Militar de Ayacucho en 1991 Hugo Martínez Aloja y dos miembros de su estado mayor, y contra 3 miembros del BIM 34 Pampa Cangallo por la desaparición de los 4 pobladores de Chuschi.
El 15 de diciembre se dictó condena a 16 años de prisión contra Cangallo José Humberto Zavaleta Ángulo (S3 – Operaciones) y Néstor Raúl Oblitas Carrera (S2 – Inteligencia y S4 – Logística) miembros de la Base de Pampa Cangallo (Ayacucho) por la desaparición forzada de Manuel Pacotaype Chaupín (alcalde), Martín Cayllahua Galindo (secretario edil), Marcelo Cabana Tucno (teniente gobernador), y el menor de edad, Isaías Huamán Vilca. No obstante, se absolvió por este mismo delito al entonces Jefe Político Militar de Huamanga Hugo Martínez Aloja, y a los miembros de su Estado Mayor: Bernhard Christian Eduard Braun Luy, Sigifredo Celso Miranda Vásquez y Carlos Alberto del Busto Hervías. El argumento para la absolución fue que cada base militar era autónoma en sus operaciones contrasubversivas, argumento sin consistencia dado los elementos probatorios expuestos en el proceso. En ese sentido, Aprodeh interpuso recurso de nulidad por las absoluciones de manera inmediata, así como por el silencio de la Sala, respecto al pedido de búsqueda y ubicación de los restos de los desaparecidos.
Caso Cayara – Ayacucho
El 13 de mayo de 1988 a las 22:30 horas el convoy del Ejército Peruano conformado por dos vehículos de la Base de Pampa Cangallo fue emboscado por un grupo de senderistas cerca al paraje denominado “Erusco”, anexo del distrito de Cayara, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho ocasionando la muerte de 4 de ellos y 15 heridos. A la 1 y 30 de la madrugada del 14 de mayo, el jefe de la Base de Huancapi es informado del atentado, ante lo cual ordenó la salida de una patrulla con dirección a Erusco, llegando a las 5 y 30 de la mañana, para ubicar al personal militar sobreviviente.
El entonces jefe político militar José Valdivia Dueñas es informado de los hechos, por lo que convocó a sus oficiales del Cuartel de Ayacucho quienes elaboraron, aprobaron y pusieron en marcha el Plan Operativo “Persecución” cuyo objetivo era realizar operaciones ofensivas a partir de las 5 y 30 horas del 14 de mayo de 1988 en las localidades de Huancapi, Erusco, San Pedro de Hualla y Huancaraya para capturar y/o eliminar a los delincuentes terroristas que participaron en la emboscada, recuperar el armamento. Las patrullas incursionaron en Cayara y pueblos aledaños desde las 9 horas del 14 de mayo de 1988 en busca de elementos subversivos para lo cual cerraron el acceso a la carretera. En la entrada del poblado dieron muerte a Máximo Asto Palomino. Continuando su marcha, encontraron a un grupo de pobladores en el exterior de la iglesia que bebían licor y celebraban la culminación de la festividad de la Virgen de Fátima. Al verlos procedieron a detener a 5 varones a quienes encerraron en la iglesia, que fueron eliminados al día siguiente. Horas después a las 3 de la tarde, los militares tomaron conocimiento que la mayor parte de la población de Cayara se encontraba en Ccehua, por lo que se dirigieron a dicho lugar donde reunieron a cerca de 80 pobladores entre hombres, mujeres y niños, seleccionaron a varones jóvenes y adultos, obligándolos a echarse en el piso boca abajo, para luego caminar sobre sus espaldas sobre las que habían colocado plantas de cactus. Momentos después, ejecutaron a 23 personas en un paraje cercano. Al día siguiente, hicieron lo mismo con 3 pobladores. Las evidencias demuestran que en la quebrada de Ccehua fueron enterrados sólo algunos de los cadáveres de las personas ejecutadas por los militares, ya que los otros fueron trasladadas a las alturas de Hualla, sin embargo, al ser denunciada públicamente las ejecuciones extrajudiciales, los cadáveres enterrados en Ccehua fueron desenterrados y trasladados por los militares hacia las alturas de Hualla donde finalmente fueron incinerados.
El 29 de junio de 1988 agentes del estado secuestraron y desaparecieron a Guzmán Bautista, Gregorio Ipurre, Humberto Ipurre, Benigna Valenzuela y Catalina Ramos, porque habrían realizado públicas acusaciones contra efectivos militares por los hechos de Cayara. El 8 de setiembre de 1988, a las 3 de la madrugada, ocho encapuchados uniformados ingresaron al domicilio de Martha Crisóstomo ubicado en Huamanga, dándole muerte con disparos de arma de fuego. Ella había sido técnica de enfermería de Cayara en mayo de 1988 y era testigo clave de los hechos.
El 14 de diciembre de 1988 cuando 15 pobladores de Cayara entre ellos el Alcalde Justiniano Tinco García y Fernandina Palomino Quispe viajaban en un camión conducido por Antonio García Taype, por alrededores de dicha comunidad fueron interceptados por militares encapuchados que procedieron a identificarlos y seleccionarlos siendo finalmente ejecutados. Estas tres personas eran testigos claves de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 1988 en Cayara.
Se hicieron denuncias ante diversas instancias nacionales e internacionales. Desde el mismo Congreso se formó comisiones investigadoras. Recién a finales del 2012 se emitió acusación fiscal por los hechos contra diversos oficiales del Ejército que participaron en la masacre.
Se espera el inicio del juicio oral, pero la Sala Penal Nacional deberá resolver antes el pedido de la APRODEH, representantes de las víctimas, que ha formuló el 27 de febrero de 2015 Recusación contra la magistrada Mirtha Bendezú por la falta de garantías de imparcialidad y objetividad en el citado proceso, debido a que su cónyuge es socio del mismo Estudio Jurídico del abogado Edmundo Peláez Bardales. Como se recordará Peláez fue abogado del ex presidente Alan García Pérez.
Actividad procesal del 2016 – 2017
No obstante, posteriormente, la defensa de los procesados recusaron a los magistrados Marco Fernando Cerna Bazán y a Alfonso Payano Barona, recusaciones que en su oportunidad fueron declaradas Infundadas. Ante ello, se interpusieron sendos recursos de nulidad, siendo elevado el incidente a la Corte Suprema, lo que suspendió temporalmente toda actividad procesal.
Finalmente, la Corte Suprema confirmó la resolución de la Sala Penal Nacional en el extremo que declaró sin lugar a pronunciamiento respecto a la recusación propuesta en contra de la jueza Superior Rosa Mirta Bendezú Gómez y que declaró improcedentes las recusaciones planteadas contra los señores jueces superiores Marco Cerna Bazán, Alfonso Carlos Payano Barona, por lo que mediante resolución de 22 de agosto de 2016 la Sala Penal Nacional dispone que se continúe el trámite de acuerdo a Ley y dispuso inicio del Juicio Oral para el 14 de octubre de 2016.
Sin embargo, una nueva recusación planteada por la defensa de los procesados en contra del nuevo Colegiado, postergó nuevamente el inicio del juicio Oral para el 26 de enero de 2018.
Actividad Procesal de 2016
La sala Penal Nacional con Resolución de 05 de agosto de 2016 ponen en conocimiento Dictamen Fiscal Acusatorio N° 51-2016-3°FSPN-MPFN de fecha 06 de julio de 2016, proveniente de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, en aplicación de lo establecido en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales concordante con lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, y, siendo que la Acusación Fiscal está sujeta a control jurisdiccional, previo otorgamiento a las partes de un plazo prudente definido en función a las características y complejidad de la causa, garantizando con ello la tutela jurisdiccional y el principio de contradicción, para la presentación de los descargos y observaciones que considere pertinentes y disponen 10 días hábiles para que las partes formulen sus observaciones.
Posterior a los escritos presentados por las partes la Sala Penal mediante resolución de fecha 13 de octubre de 2016 SEÑALA fecha de vista de la causa de control de acusación siendo el día SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS a horas ocho y treinta de la mañana en la Sala de Audiencias de la Sala Penal Nacional.
Caso Pichari
El 5 de noviembre de 1983, aproximadamente a horas once con treinta minutos de la mañana, en circunstancias que el Capitán del Ejército Peruano Jefe de la Base Militar de Pichari, Juan Enrique Salazar y personal militar luego de haber realizado algunas coordinaciones con el agraviado Jesús Yauli Valladolid, profesor del Centro Educativo Secundario Gervasio Santilla de Sivia, se disponían a retornar en un bote con destino a la Base Militar de Pichari, sorpresivamente fueron emboscados por elementos de la organización terrorista “Sendero Luminoso” y como resultado de dicho ataque terrorista fueron heridos de muerte el capitán Juan Enrique Davelouis Salazar y el cabo Manuel Torres Delgadillo, así como resultaron con heridas de consideración el teniente José Antonio Antezana Soto y el soldado Jorge Brasil Cerrón. Como consecuencia de este ataque subversivo, aproximadamente a las catorce horas del cinco de noviembre de 1983, varios contingentes del Ejército Peruano fuertemente armados de la compañía de reserva y elite denominados “Linces” hicieron su arribo a la Base Militar de Pichari en dos helicópteros provenientes del Cuartel “Los Cabitos” de Ayacucho al mando del capitán “ZAJ” el mismo que ha sido identificado a la fecha como Jesús Salvador Zamudio Aliaga, efectivo militar que asumiendo el mando en el lugar de los hechos ordeno realizar una redada en los distritos de Sivia y Hatunrumi, con la finalidad de realizar la detención de personas en sus domicilios y de las calles aledañas, logrando detener a varios de los pobladores entre varones, mujeres y niños, quienes luego fueron trasladados a la Base Militar de Pichari y posteriormente fueron conducidos al lugar cercano a la Base Militar donde fueron ejecutados.
En el año 2005 la Fiscalía de Ayacucho dispuso practicar la diligencia exhumación en el sector de Pichari Bajo habiéndose hallado en esta diligencia 25 restos óseos y elementos asociados como prendas de vestir, los mismo que han sido sometidos a los trabajos de laboratorio por parte de peritos del Equipo Forense del Instituto de Medicina Legal en la que se puedo advertir que estos restos tienen lesiones de proyectil de arma de fuego, asimismo de las personas exhumadas hasta la fecha se han podido identificar a Jesús Yauli Valladolid, Gilberto Wiliam Ruiz Gomez, Claudio Mayta Ore, Julián Luis Enrique Martínez, Oscar Rivera Rúa, Diego Gavilán Palomino y un número. Por estos hechos el 19 de abril de 2010 el Juzgado Penal Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos de Ayacucho apertura proceso judicial, el mismo que concluyó en junio del 2015, estando el expediente en la fiscalía superior para que se emita la respectiva acusación fiscal.
Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2016 se dispuso: Ampliar la Instrucción por Sesenta días a efectos de que el Juez de la causa, emita pronunciamiento respecto de lo solicitado por el Fiscal Superior mediante dictamen fiscal N° 119-2016. Recomendaron: Al A-Quo llevar a cabo las diligencias puntualizadas, así como las demás que resulten necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados; debiendo hacer uso de los apremios que la Ley le concede; y, cumpliendo escrupulosamente el plazo concedido, bajo responsabilidad. Ordenaron: Remitir la presente causa al Primer Juzgado Penal Nacional.
Caso Jorge Gutierrez Quintero
El 25 de enero de 1990 en horas de la noche, militares de la base de Castropampa, provincia de Huanta, Ayacucho, ingresaron a la casa de Jorge Gutierrez Quintero que se encontraba durmiendo junto con su conviviente embarazada de 8 meses y sus dos menores hijos.
De manera violenta, lo detuvieron y sacaron, pese a los reclamos de su conviviente. Al salir de la casa, los militares atacaron la puerta con unos alambres para evitar que los siguieran. Ante los gritos de auxilio de la conviviente, un vecino va en su auxilio y logra abrir la puerta. Al día siguiente la madre, conviviente y otros familiares fueron a pedir información a la base pero no fueron recibidos. Así, fueron a denunciar los hechos a la fiscalía y ante el pedido del fiscal, el entonces jefe de la Base mediante un oficio acepta la detención e informa que Jorge será liberado al término de las investigaciones. Sin embargo, al pasar los días y ver que no era liberado, volvieron a insistir con el fiscal quien vuelve a requerir al jefe de Castropampa quien informa que Jorge ya fue liberado, lo cual no fue verdad ya que continua en calidad de desaparecido.
Pese a que se denunció al día siguiente de su detención, las investigaciones no dieron resultados. Recién en el 2010 se llevó a cabo el primer juicio oral contra el jefe de Castropampa Alberto Barrantes Limo, sin embargo a finales del 2011 fue absuelto. Dado que se apeló dicha sentencia, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio oral, el mismo que comenzó en mayo del 2014. A julio del 2015, se está en la parte final de los alegatos del acusado, por lo pronto se emitirá sentencia.
Con fecha 16 de noviembre de 2015 se resuelve: Conceder el Recurso de Nulidad interpuesto por: la abogada de la Parte Civil, el Fiscal Adjunto Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional y el abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa contra la sentencia de fecha 14 de septiembre del 2015; en consecuencia precisan elevar el expediente a la Sala Penal correspondiente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, se ordenó remitir copias certificadas de las piezas procesales pertinentes a la Fiscalía Provincial competente, a efecto de que formulen cargo contra Maximiliano de la Cruz Hinostroza por el delito de Negativa a contribuir con la Administración de Justicia.
Caso Chumbivilcas – Cuzco
Autor mediato: Jaime Manuel Pando Navarrete
Autores directos: Alan Edwar Olivari Medina, Federico Cahuascanco Pucho, Mario Cruz Porcela, Felipe Montañez Ccama, Beltrán Tapia Carrasco, Elberto Alviz Medina, José Santiago Pérez Quispe.
Contra la humanidad en la modalidad de Desaparición Forzada:
Jesus Jauja Sullo, Julio Humani Huisa, Jose Eusebio Huamanio Charcahuana, Julio Apfata Tañire, Eustaquio Apfata Salhua, Juan Huisa Pacco, Zenon Huisa Pacco, Marcos Zacarías Huisa Llamoca, Gregorio Alferes Triveño, Marcos Torres Salhua, Máximo Huamanga, Huachaca, Quintin Alferes Kjuro, Telesforo Alferes Achinquipa, Gregorio Huiosa Alccahuman, Toribio Achinquipa Pacco, Dalmacio Charcahuana Huisa
Delito contra la vida el cuerpo y la salud: Lesiones seguida de muerte.
Víctor Huachaca Gómez, Balbino Huamaní Medina
Delito contra la libertad y el honor sexual- Violación Sexual
Aurelia Huamaní Apfata, Isabel Leocalla de Alccahuaman
El 19 de abril de 1990, una patrulla encabezada por el entonces teniente Alan Edward Olivari Medina conocido con el apelativo de “Negro”, partió de la Base Contrasubversiva de Antabamba, al mando del capitán EP Jaime Manuel Pando Navarrete.
Esta patrulla llega el día viernes 20 de abril de 1990 a la estancia Cochapata, comunidad de Huacuyo (Totora-Oropesa), con dos detenidos uno de ellos era el agraviado Máximo Humanga Huachaca, además de una menor de ocho años. Al llegar a la casa del señor Antonio Huachaca inmediatamente detienen a este y sus hijos Francisco, Víctor Huachaca Gomez y al chofer Eleuterio Cuito, quienes luego fueron conducidos al centro educativo de la zona, donde fueron cruelmente torturados al ser acusados de colaborar con la subversión.
Al día siguiente el sábado 21 de abril de 1990 una parte de la patrulla al mando de Olivari sale desde Huacullo llevando a Máximo Huamanga y otro detenido con dirección a la comunidad de Fuchungo y la otra patrulla se quedan con los demás detenidos en Huacullo, donde continúan los actos de tortura contra los demás detenidos y consecuencia de las agresiones fallece Víctor Huachaca. Al llegar a Fuchungo, se dirigen al domicilio de Sebastián Apfata Inga donde detuvieron a varias miembros de su familia, obligándolos a desnudarse, para luego ser atados y sometidos a actos de tortura, las mujeres fueron obligadas a tomar alcohol para luego ser violadas, asimismo en horas de la mañana cuando se encontraba pastando ganado, fue detenido el agraviado Gregorio Huisa Alcahuaman.
El día domingo 22 de abril de 1990 la patrulla detiene a Jesús Jauja y Hermenegildo Jauja Salazar, los torturan y como consecuencia de estos actos fallece Hermenegildo Jauja Salazar, siendo encontrado por sus familiares agonizando. Igualmente ese día domingo dieron libertad a las personas que fueron detenidos el día 20 abril en la localidad de Huacullo.
El día lunes 23 de abril de 1990 a las ocho de la mañana la patrulla detiene en las inmediaciones de la comunidad de Yurenca Collana, distrito de Quiñota, a dos personas y al agraviado Julio Huamaní Huisa, quien posteriormente fue muerto por esta patrulla, además violan a una mujer.Al mediodía detienen al agraviado Julio ApfataTañarí, por la tarde llegan a la localidad de Tirani, donde estaban celebrando el lunes de pascua, procediendo a detener un número no determinado de campesinos, entre ellos el agraviado Eustaquio Apfata Salhua, dichos detenidos fueron conducidos a una laguna cercana donde fueron torturados, para luego ser conducidos desnudos y encerrados en una habitación donde las mujeres fueron violadas. El día martes 24 de abril de 1990, esta misma patrulla salió de Tiranien con dirección de “Ranrapata” llevando consigo, entre otros, a los agraviados Máximo Huamánga Huachaca, Julio Huamaní Huiza, Jose Eusebio Huamaní Charcahuana, Jesus Jauja Sullo, Julio Apfata Tañire y Eustaquio Apfata Salhua y a la niña de 8 años de edad. Así, en Ranrapata esta patrulla encontró a un grupo de siete campesinos, entre ellos, Balbino Huamani Medina, Juan Huisa Pacco, Zenon Huisa Pacco, Marcos Zacarias Huisa Llamocca y Gregorio Alferes Triveño, además de Quintin Alferes Kjuro y Telésforo Alférez Achinaquipa procediendo a detenerlos.
El miércoles 25 de abril de 1990, detuvieron a Marcos Torres Salhua; el jueves 26 de abril de 1990, aproximadamente a las nueve de la mañana Jesús Jauja, Julio Huamani, Jose Huamani, Julio Apfata, Eustaquio Apfata, Juan Huisa, Zenon Huisa, Marcos Huisa, Gregorio Alferes y Marcos Torres fueron conducidos al cerro capullo donde los ejecutaron, mientras que Máximo Huamanga Huachaca, Quintín Alferes Kjuro, Telésforo Alferes Achinquipa, Gregorio Huisa Alccahuaman, Quintin Alferes Rivas y a la menor de ocho años se quedaron en la casa bajo custodia de los demás soldados, mientras que el anciano, el señor Balbino Huamaní Medina fue obligado a ingerir alcohol y a consecuencia de los golpes que recibió amaneció muerto. El sábado 28 de abril de 1990 los soldados retornaron al sector de Pacopampa porque se habían olvidado una granada, ese día liberaron a Nazario Huaycani y Tomas Charcahuana conservando a cuatro detenidos, en esas circunstancias retornaron a la casa de Nicolás Huamaní en el sector de “Ranrapata”, donde pernoctaron.
El día 29 de abril de 1990, en horas de la mañana los integrantes de la Patrulla se dirigieron a Tirani y luego al sector de Fuchungo, llegando aproximadamente a la 13 horas, y detuvieron a Toribio Achinquipa Pacco; continuando su viajes a Huacullo donde detuvieron a Dalmacio Chalcahuana.El día 30 de Abril la patrulla al mando del Teniente “Negro” regresaron a la Base Militar de Antabamba, llevando consigo a 8 detenidos Quintin Alferes Kjuro, Telésforo Alferes Achinquipa, Máximo Huamanga, Quintin Silva Rivas, Gregorio Huisa Alccahuaman, Toribio Achinquipa Pacco, Dalmacio Charcahuana Huisa y la niña de 8 años de edad. El 1 de mayo de 1990, los pobladores de Antabamba vieron llegar a los soldados con solamente 3 detenidos y la niña de 8 años.
En el año 1990 los familiares hicieron las denuncias correspondientes pero no se llegaron a sancionar a los responsables de los hechos antes descritos.Recién el 2008 la Fiscalia realizo la denuncia contra Jaime Manuel Pando Navarrete Jefe de la Base Militar de Antabamba de 1990, al Teniente “Negro” identificado como Alan Olivari Medina y a seis miembros de la patrulla por el delito de homicidio calificado, desaparición forzada, violación sexual y lesiones seguidas de muerte.
El juicio oral se llevó a cabo en el año 2017 en la Sala Penal Nacional. Actualmente a la fecha (marzo 2018) el caso ha sido elevado a la Corte Suprema, donde se resolverán los recursos de nulidad.
Caso Pachaconas
El día 11 de octubre del año 1993 una patrulla militar de la Base Contrasubversiva de Antabamba al mando de Julio Armando Garbay Bravo se dirigió al distrito de Pachaconas – Apurímac en misión especial con la finalidad de capturar y recuperar el armamento FAL que supuestamente tenía en su poder el agraviado Jaime Rolando Velásquez Alarcón ya estando en el lugar donde se encontraba el agraviado Jaime Rolando Velásquez Alarcón, quien se estaba libando licor con otras personas les dijo “¡alto!”, circunstancias en que huyen estas personas, para luego hacer disparos directos. Como consecuencia de ello Jaime Rolando Velásquez Alarcón resultó con herida de bala a la altura del glúteo con salida por el abdomen, y en ese estado fue sometido a un interrogatorio por la presunta posesión de un armamento. Ante la negativa de Jaime Rolando Velásquez Alarcón, el acusado, procede a inferirle cortes en diversas partes del cuerpo: le corta las orejas y los dedos de la mano derecha.
Asimismo, Julio Armando Garbay Bravo procedió a introducirle un trapo en la boca del agraviado y ponerlo boca abajo, y seguidamente pisarle la nuca y aplastarlo con la culata de su FAL hasta asfixiarlo y matarlo. Luego de ello ordenó el traslado del cadáver para enterrarlos clandestinamente en un lugar alejado (Abra), acción realizada con toda la voluntad y conciencia con el claro propósito que no se conozcan los hechos, eludir su responsabilidad y consagrar la impunidad de los mismos.
El año 2008 el Juzgado Mixto de Antabamba abre proceso judicial contra Julio Armando Garbay Bravo por el delito de homicidio calificado y tortura; sin embargo la Sala Penal Nacional el año 2012 determinó que se le siga proceso únicamente por el delito de homicidio calificado. A la fecha, luego de haber transcurrido 20 años de este lamentable hecho, y pese a la orden de captura en su contra, recién a inicios de mayo del 2015, el acusado fue detenido por la policía judicial, habiéndose empezado el juicio oral en junio del mismo año.

References: resolución 
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 artículo 226
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