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Timestamp: 2018-06-21 04:47:37+00:00

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Equipo Nizkor - Escrito de reforma y subsidiario de apelación de la defensa de Remedios García Albert contra el auto del Juez Garzón de prisión provisional.
Escrito de reforma y subsidiario de apelación de la defensa de Remedios García Albert contra el auto del Juez Garzón de prisión provisional
DON JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procurador de los Tribunales, y de DOÑA REMEDIOS GARCIA ALBERT, imputada en el presente procedimiento, según acreditaré en el momento procesal oportuno, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho D I G O:
PRIMERO.-Violaciones del Derecho Internacional Humanitario y actos de terrorismo realizados en Colombia: De lo actuado en las presentes diligencias se desprende que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas 4 Convenciones de Ginebra así como en los II Protocolos Adicionales de 1977.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados. Es una evidencia que dicho conflicto armado –que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del Siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del estado contra fuerzas irregulares-es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados – diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del estado, ejércitos paramilitares diversos-existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados – el estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC-y organizaciones
armadas de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.
Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos -46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que
A juicio de esta parte, las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano –FARC incluidas-han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas victimas entre la población civil. Según los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma. (Cuadro del Informe “Noche y Niebla 36” del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús)
La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Estos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, carente de
sustento probatorio alguno, la siguiente afirmación contenida en el Auto ahora recurrido en su hecho Primero:
Y ello debido a que desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano – empezando por el propio estado-viene utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas (Documento TRES).
Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad (Documento CUATRO).
SEGUNDO.-Sobre los vínculos de la imputada con (a) Raúl Reyes y las FARC-EP
Los responsables de la FARC, y concretamente (a) Raúl Reyes, fueron recibidas en el Parlamento español por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el señor
Javier Rupérez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno.
Mi representada RGA ha venido mantenido comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribución a la resolución del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicación del D.I.H. a dicho contexto, aspecto que no queda desvirtuado porque el contacto lo haya mantenido con la “cúpula” de dicha organización -como indica el Auto ahora recurrido (F.J. Primero) como justificación de la imputación de colaboración con banda armada-en lugar de con las bases de esta organización. Es mas, su relación con las bases de esta organización podría no tener justificación alguna, toda vez que es la cúpula dirigente quien maneja las conversaciones mantenidas con los interlocutores, negociadores y mediadores que tratan de contribuir a la resolución del conflicto colombiano o a la mejora de la suerte de las victimas de este, secuestrados por las FARC incluidos.
TERCERO. -Sobre otros hechos imputados a R.G.A. en el Auto recurrido
Respecto a la “presencia de menores en los campos de la guerrilla” la declarante se extendió sobre las fotografías que se le exhibieron, encontradas en su poder, dando las pertinentes explicaciones en todo caso acreditativas de que dichos menores en absoluto eran combatientes o se encontraban en el citado campamento por haber sido reclutados, previsiones ambas expresamente prohibidas en el art, 4.3. c) del citado Protocolo II. Concretamente, respecto al único menor que aprecia en las fotos vistiendo traje de camuflaje –sin portar armas-la imputada aclaró que se trataba de un menor que, tras perder a su familia en una masacre perpetrada en la zona por paramilitares, llegó al citado campamento en situación de desamparo, procediendo las mujeres integrantes de las FARC encargadas del vestuario, a confeccionarle ropa con la única tela a su disposición, la de camuflaje. Respecto al resto de menores que aparecían en las fotos, indígenas vestidos de civil todos ellos, la declarante manifestó que se trataba de menores que no vivían en dichos campamentos, sino que residían en zonas próximas y que entraban o salían de los campamentos a su libre voluntad.
CUARTO.- Sobre la licitud de las “pruebas” supuestamente encontradas en el ordenador de (a) Raúl Reyes.-Los correos electrónicos remitidos por las autoridades colombianas a las españolas como presunta prueba de las relaciones orgánicas de RGA con las FARC, que dan origen a la detención de mi representada y a la posterior investigación en curso, a tenor de lo conocido hasta ahora, tiene origen en una incursión realizada por el Ejército Colombiano en territorio ecuatoriano el pasado mes de marzo, que por no ser consentida por las autoridades ecuatorianas ha supuesto la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por violación de la soberanía de la República de Ecuador. En concreto, esos correos electrónicos se son los que supuestamente han aparecido en los ordenadores y elementos informáticos supuestamente incautados a (a) Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en el curso de la referida incursión. El origen ilegal de las pruebas indiciarias que dan origen al procedimiento invalida cualquier posible acusación contra mi representada, así como cualquier posterior prueba obtenida en la investigación, aun lícitamente, de acuerdo con la “doctrina del fruto del árbol envenenado”, creada por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 1920, acogida posteriormente por nuestro Tribunal Supremo con motivo del caso Naseiro. El origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las actuaciones vicia todo el procedimiento incluidas las pruebas incriminatorias obtenidas de forma lícita con posterioridad.
1.-Posibles violaciones al derecho internacional y la Convención de Ginebra realizadas para obtener dichas pruebas.
2.-El ejército colombiano no puede decomisar fuera de su jurisdicción: según las autoridades colombianas la aprensión de los referidos elementos informáticos se produjo en la referida incursión en territorio ecuatoriano. No sería válido el término decomisar ya que éste sólo es válido cuando la acción es bajo propia jurisdicción.
3.-El” INFORME FORENSE DE INTERPOL SOBRE LOS ORDENADORES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS FARC DECOMISADOS POR COLOMBIA”, (documento CATORCE) supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.
4.-Según el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.
5.-Aparecen miles de documentos con fechas a futuro.
2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010 96. Basándose en el análisis de las características de estos archivos, los especialistas de INTERPOL concluyeron que estos archivos habían sido creados antes del 1 de marzo de 2008 en uno o varios dispositivos con una configuración de fecha y hora del sistema incorrecta. El hecho de que estos archivos aparezcan en las pruebas no 30 y no 31 indica que o bien fueron creados cuando dichas pruebas instrumentales se encontraban conectadas a un dispositivo con una configuración de fecha y hora del sistema incorrecta, o bien se transfirieron posteriormente (después de su creación), junto con sus respectivas marcas de tiempo de 2009, a las pruebas no 30 y no 31.
La LOPJ en su artículo 11.1 recoge que:
QUINTO.-Sobre la consideración jurídica de las FARC-ep como organización terrorista en España.
Entiende esta parte que la mencionada Posición Común tiene en derecho valor administrativo, a efectos de autorizar la entrada de personas en la Unión Europea o no mantener contactos oficiales con las mencionadas organizaciones consideradas terroristas – al margen de que dichos contactos se hayan seguido manteniendo asiduamente entre gobiernos europeos y las FARC con posterioridad y muy recientemente, Documentos nº ONCE y DOCE-pero en el plano estrictamente jurisdiccional y a efectos de calificar a alguien como “colaborador” o “integrante” de banda armada, la mera existencia de la mencionada Posición Común no establece ninguna presunción de veracidad sobre dichas imputaciones.
Es decir, para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español hay establecido en sentencia firme dicho carácter de organización terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Y tratándose en el presente caso de acusaciones basadas no en la realización de actividades criminales violentas de las contempladas en los artículos 571 al 575 del C. Penal, no existe en las presentes actuaciones la premisa previa de consideración jurisdiccional de las FARC como
organización terrorista para que resultare de aplicación lo previsto en el artículo 576 del C.P. Es decir, no pueda haber colaboración con banda armada si previamente no está acreditada en sede judicial la existencia de la misma, con la que supuestamente se colabora. Y la mera existencia de una lista europea de organizaciones consideradas terroristas en absoluto permite considerar en sede jurisdiccional la acreditación de la preexistencia de banda armada si no existe sentencia que así lo determine de forma firme.
SEXTO.-Sobre la tipificación de los hechos realizados por RGA como un delito de colaboración con banda armada del art. 576 C.P.
Sin embargo, y a pesar de lo que se manifiesta en el Auto recurrido, no existe actividad probatoria que ampare la mencionada colaboración con banda armada, y todo ello, porque no se cumplen los requisitos subjetivos y objetivos del tipo. Cierto es que no es este el momento procesal oportuno para entrar en el fondo del asunto y que las diligencias, que se encuentran secretas, están en su fase de investigación más primaria. Sin embargo de lo que se desprende del Auto -y de las publicaciones que el diario “El País” ha hecho del contenido del Sumario, y todo ello, como ya hemos reiterado, pese a estar secreto-podemos afirmar que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la inocencia de nuestra mandante, y todo ello porque no ha cometido delito alguno. Siendo, por tanto carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos términos de defensa, la imposición de prisión preventiva eludible bajo fianza de 12.000 Euros.
1º.-Todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el Auto carecen de validez jurídica y devienen inhábiles por tratarse de una obtención de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Raúl Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 días después de permanecer en poder de las autoridades colombianas. Al iniciarse las actuaciones en una prueba obtenida ilegalmente, el resto del procedimiento y de pruebas aparecidas en el mismo quedarían “contaminadas”, careciendo de valor probatorio. Sobre este extremo volveremos más adelante en el presente recurso
2º.-Todos y cada uno de los elementos de prueba mencionados en el Auto han sido aclarados y explicados por nuestra mandante en la comparecencia del 505 y declaración como imputada, de forma extensa, racional y sin contradicción alguna.
3º.-En el caso de que no se tratara, como aquí ocurre, de elementos de prueba inválidos, tenemos que los hechos aquí enumerados no son, ni de lejos, elementos que den base a la realización del tipo de la colaboración con organización terrorista, y mucho menos con el de integración.
1º.-Los correos electrónicos a los que se refiere el Auto que ahora recurrimos se han obtenido del ordenador de (a) Raúl Reyes, todos enviados a o supuestamente remitidos por nuestra patrocinada, sin ninguna validez jurídica, como ya hemos expuesto a lo largo de este escrito, y para mayor abundamiento, reconocidos solo en parte por nuestra patrocinada. Siendo que de su lectura se puede extraer la inexistencia de elementos que corroboren que nuestra patrocinada ha colaborado con organización terrorista alguna.
2º.-Que Remedios García, ha explicado sucintamente en que ha consistido sus viajes a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisión Internacional, a los que han acudido multitud de personas de diferentes nacionalidades, organizaciones políticas, financieras e incluso cargos públicos, como los ya mencionados candidatos presidenciales colombianos, el presidente de la Bolsa de Nueva York o la delegación de diputados del Parlamento Europeo que recientemente acudió al campamento de (a) Raúl Reyes. Que ha explicado que en ningún caso se trataban de campos de entrenamiento militar, que no se encontraba en territorio colombiano que ella supiera, ya que se trataba de zonas en la Selva a las que accedió desde otros países en ambos casos y que jamás ha visto a menores “combatientes” Que sus viajes a estos campamentos han estado relacionados con su actividad como mediadora para la paz y su trabajo humanitario.
3º.-En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 USD, ya explicó nuestra mandante, que efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no “representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo (documento DIEZ)-que se encontraba gravemente enferma, que debía operarse y que al carecer de seguridad social debía hacer frente al pago de la operación. Nuestra patrocinada, por tanto actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operación, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada. Tal es así, que desde el primer momento reconoció que había efectuado ese traslado de dinero y que conocía al destinatario del mismo. No tiene mucho sentido que si supiera que se trataba de una actividad de la realización del tipo de colaboración con banda armada haya estado reconociendo desde el primer momento este extremo.
SEPTIMO.-Improcedencia de acordarse la prisión provisional respecto a la acusada RGA:
Asimismo, recoge nuestro ordenamiento interno, en el Artículo 502. 2. LECrim: “La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.”
2. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Pues bien:
1º.-No estamos ante la comisión de delito alguno. Nuestra patrocinada no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organización terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningún hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el Auto del a quo han sido desvirtuados por nuestra patrocinada en su declaración como imputada, por esta parte en la comparecencia del 505 LeCrim, y en las anteriores alegaciones contendidas en este recurso.
2º.-No existe ningún elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboración con banda armada, y desde que fué detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplicó la legislación especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusacion han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso.
1º.-Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
2º.-Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
3º.-Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1 de este apartado.
1º.-No existe en el presente caso riesgo de fuga. Está más que acreditado el arraigo de nuestra mandante en España, concretamente en Madrid, tiene domicilio conocido – demasiado conmocido a la vista de la peregrinacion de la prensa internacional en su domiclio-, un trabajo estable, escasos medios económicos y la edad de 57 años, elementos que por sí solos hacen suponer que no es intención de nuestra mandante sustraerse de la acción de la justicia, máxime cuando ha sido portada en periódicos de tirada nacional e internacional y su intención es colaborar con la justicia para la pronta llegada del juicio oral donde podrá acreditar su inocencia. Pero además, en el propio Auto que ahora recurrimos, admite que nuestra mandante “dispone de arraigo suficiente en España y no se sustraerá a la acción de la justicia,…”.
2º.-En el presente procedimiento es imposible la destrucción, ocultación y/o alteración de las fuentes de prueba y de las pruebas en sí mismas relevantes para el enjuiciamiento, y ello es así porque, de un lado tenemos las pruebas obtenidas ilícitamente y por lo tanto inválidas, en territorio ecuatoriano y que se corresponden con el contenido del ordenador del asesinado Raúl Reyes, por otro lado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que procedieron a detener a nuestra mandante realizaron una entrada y registro en su domicilio incautándose de todas aquellas pruebas que estimaron necesarias para la práctica de diligencias de prueba. Por tanto es imposible que nuestra mandante pudiera alterar u ocultar las mencionadas pruebas, por encontrarse todas y cada una de ellas en poder de la policía.
3º.-En ningún caso nos encontramos ante la posibilidad de que nuestra mandante pudiera actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna, más al contrario, tenemos que nuestra
mandante es la víctima de una detención injustificada y carente de sentido, dicho siempre en estrictos términos de defensa.
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito junto con su copia y documentos adjuntados, se sirva admitirlo, y tenga por presentado RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACION CONTRA EL AUTO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2008 QUE DECRETA LA PRISIÓN PROVISIONAL DE MI REPRESENTADA, conforme a las alegaciones contenidas en el presente escrito, revoque el mismo y acuerde la puesta en libertad provisional de mi representada sin necesidad de prestar fianza alguna, a la espera del correspondiente juicio, y subsidiariamente para el caso de no admitirse la anterior petición, se acuerde mantener la medida de prisión provisional eludible bajo fianza, con disminución de esta hasta una cantidad no superior a los 3.000.-Euros.
Ldo: Enrique Santiago Romero
Proc: Jose Miguel Martínez-Fresneda Abogado Procurador

References: resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 576
 Artículo 502
 artículo 173