Source: http://www.hcdmza.gob.ar/proy/viewer.php?nro=75322&fbclid=IwAR21ORSY2oqktl-ee_g41mTBoPKXnD6t9cEmUQMhyZunMdyvKv9wqfKDbRQ
Timestamp: 2019-12-10 03:16:28+00:00

Document:
Nombre del proyecto:	mjs-l-prevención-integral-violencia
Autor:	Diputada María José Sanz
Bloque:	Unión Cívica Radical
Tema: “PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”
mjs-l-prevención-integral-violencia
El siguiente proyecto de Ley tiene por objetivo prevenir, concientizar y brindar una solución integral a las problemáticas que se desarrollan por violencia contra la mujer para la provincia de Mendoza. El pasado 3 de junio se cumplieron tres años de la primera movilización bajo el lema “Ni Una Menos”, aquella manifestación que en 2015 reunió a miles de mujeres a lo largo y ancho del país para manifestarse contra la violencia de género, y que se volvió un grito colectivo. Pese a que a partir de allí surgieron diversas políticas públicas en pos de disminuir este flagelo, un total de 139 mujeres y personas trans se convirtieron en víctimas de femicidio durante el primer semestre de este año en Argentina. El 18% de las víctimas fueron menores de 18 años, el 30,9% tenía entre 19 y 30, el 29,5% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años, y el 20,9% a mujeres mayores de 50. Estos datos surgen del Observatorio de femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación.
Los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en el marco de sus relaciones interpersonales han sido reconocidos en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país, tales como la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), e Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En la Argentina rige desde 1994 la Ley Nacional 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar y en Mendoza la Ley Provincial 6.672 de Violencia Intrafamiliar.
En el año 2009 se sanciona la Ley Nacional 26.485 De Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la cual se reglamentó mediante el Decreto Nº 1011/2010 (B.O. 20/1/10). Esta Ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, normativa a la que adhirió en forma total la provincia de Mendoza en el año 2010 mediante la Ley Nro. 8.226 (BO 30/11/10), se completó el texto normativo permitiendo que rija el Procedimiento previsto en el Título III de la Ley Nro. 26.485 con el dictado de la Ley Provincial Nro. 8.653 (B.O. 8/5/14). A partir de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se entiende por violencia de género a cualquier tipo de violencia: física, psicológica, simbólica, económica o sexual ejercida contra cualquier mujer y que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. La diferencia fundamental entre la violencia basada en el género y otras manifestaciones de violencia interpersonal y social, es que la primera tiene como fin el sometimiento de la mujer al orden establecido de subordinación. En este sentido, es un delito sustentado en el poder y el control.
El enfoque de género explica el ordenamiento social y la distribución desigual de poder entre varones y mujeres, subordinando lo femenino a lo masculino en lo que se denomina sistema patriarcal, que adjudica roles diferentes, espacios y atributos por sexo. Los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género legitiman la violencia contra la mujer. Las causas de violencia de género se encuentran en la discriminación y desigualdad. La única manera de generar cambios en las pautas socioculturales que sostienen violencia y desigualdad de género, es que toda la sociedad intervenga con actuaciones articuladas, consensuadas y comprometidas.
Es necesario fortalecer la conciencia sobre los derechos humanos como tarea colectiva públicamente construida, tendiente a mejorar la calidad de los aprendizajes para el desarrollo de la vida en democracia. Difundir a la comunidad en general la problemática victimológica y las medidas de prevención del delito. Consolidar, coordinar y dirigir todos los servicios de asesoría a las víctimas, mejorando la seguridad ciudadana. Crear una infraestructura adecuada para la atención de la víctima. La prevención a través de la sensibilización constituye una de las claves contra la violencia de género, y en ese marco de acción la Ley nacional 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual insta en su artículo “M” a promover la igualdad en el tratamiento tanto a varones como a mujeres, el tratamiento igualitario, plural y no estereotipado, además de evitar cualquier discriminación por género u orientación sexual en los medios. En consonancia con esta temática, se presenta la publicidad como medio de difusión de información respecto de la violencia de género, con el objetivo de lograr educación y concientización de la sociedad sobre esta problemática actual, y es por eso que surge el Decreto nacional 936 que promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para erradicar la violencia, informar a las víctimas de sus derechos e instrumentos previstos para su protección y conseguir el rechazo social de conductas de violencia. Las vías de comunicación aumentan masivamente, es decir que aumentan los canales de divulgación de información, y con ello aumentan las probabilidades de erradicar todas las formas de violencia.
Para poder prevenir la violencia de género no alcanza con la publicidad, es necesario capacitar a los organismos públicos para que reconozcan los patrones de violencia e intervengan debidamente. Los institutos que están al servicio de la sociedad deben ser los primeros en auxiliar a las víctimas. Para ello deben conocer la problemática, las causas y consecuencias de la violencia, como así también las conductas, actitudes y percepciones tanto del victimario como de la víctima de violencia. El objeto es lograr la intervención efectiva y oportuna de autoridades públicas y equipos de profesionales que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, entendiendo que la violencia contra las mujeres y por cuestiones de género en todas sus manifestaciones son violaciones a los Derechos Humanos. La información adecuada pone en alerta a la sociedad, y junto con el conocimiento viene el accionar. Es fundamental la coordinación entre la Justicia, la Policía y las áreas de salud, acción social y educación tanto para acompañar y apoyar a las víctimas como para eliminar la violencia de género.
En este sentido, se vuelven fundamentales los Protocolos de actuación, como por ejemplo el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que fue aprobado por la Procuración General de la Nación en marzo del corriente año. Asimismo, distintas provincias han elaborado similares documentos que establecen el accionar interdisciplinario de las distintas esferas del Estado para la atención integral de las víctimas de violencia de género, tal es el caso de la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Santa Cruz, entre otras. Es indispensable la creación de un Consejo Provincial de la Mujer como el organismo apto para promover la participación femenina en la sociedad, así como para impulsar el desarrollo integral de las mujeres en cuanto a sus inquietudes y proyectos. La máxima participación de la mujer en todas las esferas es fundamental para el desarrollo pleno y completo de un país. El Consejo facilita la participación de instituciones, coordinando sus recursos y haciendo más efectivas las acciones y políticas que éstas desarrollan.
La violencia causa lesiones físicas y psíquicas en las víctimas. Los daños psíquicos son casi imperceptibles, y sin duda los más graves. Afectan negativamente en la autoestima de la víctima, así como la imagen de sí misma, dificultando que esta persona pueda salir de la situación de violencia. Esto se traduce en una menor valoración y reconocimiento que genera menor oportunidad de cambio, de acceso y control de los recursos. Es precisa la actuación conjunta de instituciones públicas, de salud y seguridad para asistir a la víctima en el proceso judicial. Además, para que éste sea eficaz, es imperioso contar con los mecanismos adecuados que acompañen a quienes resultan afectadas/os. Aquí resulta fundamental el Decreto provincial 965 que habilita la conformación de un cuerpo de profesionales que brindan asesoramiento jurídico y representan en los procesos judiciales a las personas que hayan sufrido violencia de género o intrafamiliar. El sistema de Asistencias Públicas en beneficio de las Víctimas de Violencia de Género se compone de la prestación de asistencia social la que consistirá en un aporte de carácter económico, facilidades para acceder a los planes de viviendas sociales, concesión de becas para estudio o profesionalización según el caso; y la prestación de asistencia médica proveyendo atención, contención, y/o servicios de tratamiento psicológico y psiquiátrico.
En la provincia, además de las normativas anteriormente nombradas, se han sancionado otras leyes de gran importancia para el tratamiento de este tema, como la ley 8931 que crea en el territorio mendocino un Sistema Georeferencial de Monitoreo, supervisión, rastreo y alerta electrónico para las mujeres que hayan formalizado denuncia penal por violencia de género y que cuenten con una medida judicial de prohibición de acercamiento incumplida por el agresor; y la ley 8.933 que adhiere a nuestra provincia a la ley nacional 27.234 cuyo objeto es educar en igualdad, mediante la prevención y erradicación de la violencia de género.
La existencia de normas claras de procedimiento implica cumplir con principios básicos que garanticen los derechos de las personas a vivir una vida libre de violencia, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
La presente ley crea el Régimen de Compensación Económica a modo de reparar el daño producido por la violencia. La violencia de género afecta la integridad, dignidad y libertad de las mujeres, generando síntomas de reexperimentación de la situación vivida que consisten en traumas o limitación afectiva, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultades para concentrarse, pánico, depresión, angustia, dolor, pena, rabia, desesperanza, fatiga, baja autoestima, baja autoimagen, desmotivación, inseguridad, vergüenza, sentimiento de inferioridad, miedo al castigo que puede proporcionar la sociedad, entre otras.
El Estado debe proveer las medidas necesarias para que las víctimas logren recuperar el bienestar social, físico, psicológico y económico vulnerado. La adecuada y correcta aplicación de la presente norma favorecerá una intervención que, coordinada con las instituciones, permitirá brindar respuestas integrales y satisfactorias acordes a cada caso, considerando esta problemática como un fenómeno multicausal y complejo que trasciende lo privado.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Mendoza 25 de octubre de 2018
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
TÍTULO I PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ART. 1: A los fines de esta ley, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión comprendida en el artículo 4 de la ley nacional 26.485.
ART. 2: Se entiende por sexismo al establecimiento de un deber ser, con conductas y características humanas para cada sexo. Por sexismo lingüístico se entiende el empleo de vocablos (sexismo léxico) o la construcción de oraciones (sexismo sintáctico) que, debido a la forma escogida por el/la hablante y/o escritor/a, y por ninguna otra razón, resulta discriminatoria por razón de sexo.
CAPÍTULO II CAPACITACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
ART. 3: Realícense en forma obligatoria capacitaciones en todos los organismos públicos centralizados, descentralizados o autárquicos, Empresas del Estado y Sociedades de Economía Mixta con participación estatal mayoritaria y de las fuerzas de seguridad de la provincia para: a) la atención de personas que han sido víctimas de violencia de género. b) perspectiva de género en las relaciones hacia y con las mujeres que son empleadas o funcionarias de los mismos.
ART. 4: Las capacitaciones a las que hace referencia el artículo anterior, deberán realizarse en el instituto de formación desde su ingreso ó como parte integrante del curso nivelatorio previo al concurso de ingreso, en cada ocasión en que los efectivos se incorporen al ejercicio de su actividad por primera vez y al menos una vez por año para el resto de los empleados o funcionarios de los diferentes organismos mencionados en el artículo 3 de la presente Ley.
ART. 5: En todos los casos las capacitaciones deberán contener, como mínimo: A. Concepto o definición de violencia conforme a la ley 26485 B. Tipos de violencia C. Modalidades en que se puede presentar D. Preceptos rectores conforme a la ley 26485 E. Especificación en el trato que debe recibir la mujer al momento de realizar una denuncia por caso de violencia, evitando por todos los medios la estigmatización, la victimización secundaria y la mediación o acercamiento con la parte denunciada. Las capacitaciones deberán basarse en los principios que establece la ley 26.485, las recomendaciones de la Convención para Erradicar toda forma de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y toda otra legislación constitucional o convencional ratificada, nacional o provincial existente o que en el futuro se dicte cuyo espíritu busque la igualdad entre el varón y la mujer.
CAPÍTULO III CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN NO SEXISTA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ART. 6: Invítese a la Dirección General de Escuelas a realizar Jornadas de educación no sexista, a los fines de que la división entre lo que se espera de mujeres y varones de acuerdo a las generalizaciones o estereotipos presentes en la sociedad dejen de existir.
ART. 7: El objeto de las Jornadas de educación no sexista será constituir estrategias fundamentales para el fortalecimiento de la tarea docente, que permitan compartir los criterios que guiarán la enseñanza, reflexionar sobre objetivos y estrategias para fortalecer procesos de formación y garantizar el proceso continuo de mejora escolar.
ART. 8: Dichas Jornadas estarán dirigidas al personal docente y no docente, de los niveles Inicial, Primario y Secundario realizándose al menos una vez por año en todas las Instituciones Educativas de la Provincia.
ART. 9: Las Jornadas serán dictadas por personas con formación en Perspectiva de Género, siendo necesario revisar la currícula que imparten las escuelas y diversos centros de atención a la infancia, de modo de analizar profundamente sus concepciones, sus propuestas metodológicas, sus espacios de aprendizaje y prácticas educativas.
CAPÍTULO IV INTEGRACIÓN A LA LEY DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
ART. 10: Instaúrese el día 4 de septiembre de cada año en los medios de comunicación estatales locales la obligación de transmitir a través de tandas publicitarias y durante la programación habitual temáticas que estén directamente relacionadas con la prevención y sanción de la Trata de Personas conforme ley provincial N°8723. La mencionada ley lo estableció como "Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana", en memoria a la desaparición de Johana Chacón, ocurrida el mismo día en el año 2012 en el Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza.
ART. 11: Realícese el dia 4 de septiembre de cada año una jornada de reflexión en todos los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades dependientes de la Provincia, conforme lo establece el art.2 de la ley 8723.
CAPÍTULO V PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE
ART. 12: En el transporte colectivo de pasajeros, salvo en el ámbito de competencia municipal, deberá constar en forma legible y destacada, el número de teléfono 144, destinado a contener, informar y asesorar a quienes sufren violencia de género en todas sus formas.
ART. 13: De conformidad con lo establecido en el artículo precedente, la leyenda deberá consignar el siguiente texto o similar: “Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá gratuitamente al 144 ó al 911, en caso de emergencia, las 24 horas del día”.
ART. 14: Los pliegos de licitación relacionados a la concesión del transporte público de pasajeros, dentro de sus condiciones, deberán especificar el porcentaje económico y de transporte que tendrá dicha publicidad en los mismos. La garantía de la fiscalización de dicho porcentaje será competencia de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Transporte o el organismo que en el futuro lo reemplace.
CAPÍTULO VI PROMOCIÓN A CARGO DE MEDIOS
ART. 15: Instáurese la semana entre el 8 y 15 de marzo de cada año, como la semana de la lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación. Durante esos siete días los medios estatales locales deberán transmitir a través de tandas publicitarias y durante la programación habitual, temáticas que estén directamente relacionadas a la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Especialmente deberá versar sobre los distintos tipos de violencia que menciona la ley 26.485 y específicamente referida a la forma en que los medios de comunicación difunden las noticias procurando transmitir un rechazo a la estigmatización de la mujer, la violencia simbólica y mediática.
CAPÍTULO VII DICTADO DE GUÍAS EN CUERPOS COLEGIADOS
ART. 16: Créase en los cuerpos colegiados que conforman el gobierno provincial una “Guía de Actuación con Enfoque de Género” que permita el acceso a la información adecuada para legislar con perspectiva de género.
ART. 17: El objeto de la “Guía de Actuación con Enfoque de Género” es establecer herramientas para trabajar por una transformación cultural a través de legislar con mayor perspectiva.
ART. 18: Dicha Guía deberá contener, como mínimo: A. Información general de conceptos básicos sobre perspectiva de género, B. Información sobre la Ley 26.485 donde se definen los tipos y modalidades de violencia y los derechos que la misma protege, C. Medidas cautelares de protección disponibles en cada caso, D. Recursos económicos y materiales que la mujer puede solicitar en caso de necesidad, E. Organismos de recepción de denuncias, con la correspondiente dirección y teléfonos de contacto.
TÍTULO II EJECUCIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO CAPÍTULO I PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD
ART. 19: Díctense protocolos de actuación para la atención en casos de violencia de género para todas las instituciones sanitarias dependientes de la Provincia, así como en todos los organismos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
ART. 20: Entiéndase por protocolo al reglamento, serie de instrucciones, documento o normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos, recopilando conductas, acciones y técnicas que determinan el comportamiento adecuado.
ART. 21: Cuando se detecten signos de violencia en una mujer, la persona que la atiende deberá preguntar de forma respetuosa sobre el origen de los mismos.
ART. 22: Si la mujer desea exponer su situación o relatar lo sucedido, la persona que la asiste deberá escucharla y contenerla propiciando un clima de privacidad. La escucha debe ser desde un profundo respeto, manteniendo un cuidado atento y personalizado en todo momento. Se procederá a ejecutar el protocolo establecido para la institución.
ART. 23: En caso de silencio o negativa de la mujer se deberá respetar su voluntad.
ART. 24: En todo los casos se le entregará información verbal, clara y sencilla, y con folletería sobre las distintas posibilidades a las que puede acceder para denunciar y posibles auxilios o asistencias que pueda obtener.
ART. 25: En cualquiera de los casos, el abordaje deberá incluir la perspectiva de género y la mirada interdisciplinaria en la intervención por la complejidad de la problemática.
TÍTULO III ACCIONES DE REPARACIÓN POR PARTE DEL ESTADO PARA LA MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA CAPÍTULO I LICENCIA ESPECIAL
ART. 26: Créase como causal de licencia laboral la “Violencia de Género” para las trabajadoras del Estado Provincial en sus tres Poderes, Organismos Autárquicos, Descentralizados, Empresas del Estado y Sociedades de Economía Mixta con participación estatal mayoritaria de la Provincia de Mendoza, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan.
ART. 27: La presente licencia tendrá carácter especial y las trabajadoras podrán solicitarlas por cualquier medio. La licencia entra en vigencia a partir de la comunicación de la situación de violencia ante las autoridades del área en la que presta servicio la trabajadora, debiendo en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas presentar la debida justificación emitida por la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace, centro de salud u hospital con firma y sello de profesional de la salud que lo avale.
ART. 28: La licencia se otorga por un plazo de tres (3) días hábiles.
ART. 29: El Organismo empleador debe notificar por escrito, en soporte papel y/o electrónico, a la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia o al organismo que en el futuro la reemplace, toda licencia laboral por violencia de género en un plazo máximo de 24 horas desde su inicio, debiendo constar en la notificación el nombre completo de la trabajadora, su documento nacional de identidad, domicilio y teléfono de contacto. También debe enviar una copia de la certificación presentada por la trabajadora en un plazo de veinticuatro (24) horas de haberla recibido.
ART. 30: Ante la notificación del Organismo empleador, la Dirección de Género o el organismo que en su futuro la reemplace, dispondrá medidas y acciones para el acompañamiento, seguimiento, información y abordaje integral de la situación de violencia de género, de acuerdo a la complejidad del caso.
ART. 31: Créase en el ámbito de la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia o del organismo que en el futuro lo reemplace, el “Registro Provincial de Licencias Laborales por Violencia de Género”, con el objeto de proceder a su sistematización, facilitar el estudio y generar estadísticas sobre esta problemática.
ART. 32: En todo momento el Organismo empleador debe preservar el derecho a la intimidad de la trabajadora en situación de violencia.
ART. 33: Las condiciones laborales de quien haya solicitado la licencia que instituye esta ley no podrán ser modificadas, salvo a instancia y solicitud de la misma.
ART. 34: El uso de esta licencia nunca podrá afectar la remuneración que corresponda abonar a la trabajadora. Tampoco eliminará ni compensará aquellas otras licencias a las que la misma tenga derecho a usufructuar según la legislación vigente.
ART. 35: Nunca podrá requerirse para el goce de esta licencia un mínimo de antigüedad en el cargo ni ningún otro tipo de condicionamiento.
CAPÍTULO II RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
ART. 36: Créase el Régimen de Compensación Económica para las víctimas de violencia de género.
ART. 37: Podrán acceder a la compensación establecida en el artículo anterior las personas que sean argentinas nativas, naturalizadas o por opción, con domicilio real y residencia habitual en el territorio de la Provincia de Mendoza; y quienes no sean argentinas que posean domicilio real y residencia habitual en la Provincia de Mendoza con anterioridad a producirse el hecho de violencia de género.
ART. 38: La prestación contemplada por esta ley, debe ser abonada por el Estado Provincial mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la Ley 26.417.
ART. 39: La compensación dispuesta es compatible con la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, pensiones y otros beneficios que perciban y/o cualquier otra prestación de la cual sean destinatarias.
ART. 40: El Estado deberá otorgar la compensación económica a solicitud de la víctima desde que el juez o jueza de garantía eleve la causa a juicio. La solicitud podrá ser presentada por quien tenga interés jurídico o por su representante legal ante la Dirección de Género y Diversidad de la provincia debiendo contener:
A. Datos personales de quien tiene interés jurídico en la compensación económica. B. Copia de la resolución de elevación de la causa a juicio.
C. Declaración Jurada sobre indemnizaciones y ayudas percibidas por quien lo solicite o de los medios económicos de que dispone.
D. Fundar la necesidad de compensación económica.
E. Lugar, fecha y firma. F. Acreditación de representación, en su caso.
La Dirección de Género y Diversidad de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace podrá solicitar, con carácter reservado, a los organismos públicos intervinientes la información que estime necesaria para resolver sobre su competencia.
ART. 41: Las solicitudes de compensación económica serán tramitadas por la Dirección de Género y Diversidad dentro de cinco (5) días hábiles desde que se presentó la solicitud que hace referencia el artículo anterior.
ART. 42: La compensación económica será concedida por el plazo de un año, pudiendo prorrogarse por un período igual a criterio de la Dirección de Género y Diversidad teniendo en cuenta las necesidades sociales, físicas, psicológicas y económicas de la vulnerada.
ART. 43: La percepción de la compensación económica se extingue con el sobreseimiento o absolución del imputado. La autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos.
ART. 44: En aquellos casos, que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, ya haya habido sentencia condenatoria, podrá solicitar compensación económica ante la Dirección de Género, cumpliendo con los requisitos del artículo 40 y adjuntando copia de la sentencia condenatoria, siempre que acredite necesidad de dicha compensación.
ART. 45: La presente ley es aplicable desde la fecha de su publicación a las situaciones jurídicas pendientes, en curso de ejecución y a las que expresamente quedan aquí establecidas.
CAPÍTULO III ACCESO A PLANES DE VIVIENDAS SOCIALES
ART. 46: En todos los programas de construcción de viviendas sociales cuya ejecución se encuentre a cargo del Gobierno de la Provincia de Mendoza, independientemente de la fuente de financiamiento, se destinará un cupo del diez por ciento (10%) para ser asignado a “Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, quedando a disposición de la reglamentación los requisitos mínimos para acceder al beneficio. En caso que las postulantes calificadas no alcanzaren ese porcentaje, el remanente de viviendas del cupo será de libre disponibilidad, de acuerdo con los requisitos exigidos en el plan.
ART. 47: A los fines de esta Ley, se entiende por “Mujeres Víctimas de Violencia de Género” a todas aquellas que hayan sido sujeto de las conductas, acciones u omisiones encuadradas en el artículo 1 de la presente ley.
ART. 48: El cupo establecido en el artículo 46 podrá ser incrementado por el ente a cargo de la ejecución de programas de construcción de viviendas sociales, y sólo respecto de programas determinados.
TÍTULO IV FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPÍTULO I REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ART. 49: Créase bajo la órbita de la Dirección de Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, o el organismo que en el futuro lo reemplace, el Registro Único de Casos de Violencia de Género de la Provincia de Mendoza, que tendrá por objeto llevar un asiento unificado de datos relacionados a hechos de violencia contra las mujeres, conforme los términos establecidos en la ley 26.485.
ART. 50: El Registro Único de Casos de Violencia de Género deberá:
a). Reunir los antecedentes que sobre la materia posean y en lo sucesivo reciban de los diferentes registros públicos con competencia en la temática, los que deberán comunicarlos a la brevedad.
b). Distinguir objetivamente los datos recabados conforme a los siguientes criterios: edad de los agresores, relación con el agresor, convivencia con el agresor, disponibilidad de acceso a vivienda ante situación de crisis de la denunciante, cobertura de seguro médico de la denunciante, grados de contención en redes comunitarias o sociales de la víctima, motivos que definieron su acceso a la denuncia, tipo de violencia predominante, y/o cualquier otro dato que haga al mejoramiento o perfeccionamiento de la temática.
c). Suministrar información a los distintos organismos dependientes del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo que lo requieran con competencia en la materia. En ningún caso los informes suministrados contendrán datos identificatorios, filiatorios o que de alguna manera permitan individualizar a las personas registradas.
d). Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas referentes a los hechos de violencia previstos por la ley 26.485 de manera discriminada a los efectos de posibilitar su análisis a partir de diferentes patrones.
ART. 51: El registro deberá organizarse de manera digitalizada, asegurando el acceso ágil pero también confidencial de la información, debiendo su reglamentación adecuarse a las disposiciones establecidas por la ley nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales.
ART. 52: Toda información contenida en el Registro Único de Casos de Violencia de Género tendrá el carácter de confidencial.
ART. 53: El Poder Judicial de la Provincia, el Ministerio Público Fiscal, El ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, la Dirección General de Escuelas, los Órganos Administrativos Locales, y todo otro organismo que en el futuro sea depositario de datos necesarios para el mencionado registro, deberán otorgar toda información que le sea requerida por el Registro Único de Casos de Violencia de Género, respecto del conocimiento que hayan tomado a través de sus diversas dependencias, de casos en los que sea manifiesta la presencia de hechos de violencia conforme lo establece la ley 26.485.
CAPÍTULO II CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER
ART. 54: Créase el Consejo Provincial de la Mujer, como ente autárquico dentro de la provincia, el que tendrá como objeto crear políticas de prevención y acción contra la violencia de género.
ART. 55: El Consejo estará conformado por representantes de los poderes públicos del gobierno provincial, quien preside la Comisión de Género y Equidad de la Cámara de Senadores, quien preside la Comisión de Género y Equidad de la Cámara de Diputados, la autoridad de la Dirección de Género y Diversidad, un representante por cada municipio que se adhiera a la presente ley y un representante de la Universidad Nacional de Cuyo.
ART. 56: Serán funciones del Consejo Provincial:
A. Definir la política anual del organismo.
B. Profundizar en el estudio y especialización en temas inherentes a la violencia de género para enunciar los criterios para la formulación estratégica del mismo.
C. Impulsar medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes con respecto a la mujer en nuestra sociedad.
D. Impulsar medidas que contribuyan a eliminar la violencia de género en la sociedad.
E. Coordinar, planificar y evaluar los resultados de las políticas, programas y acciones, específicamente relacionados con la problemática de la mujer.
F. Fomentar la prestación de servicios en favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a aquellos sectores sociales que tengan una especial necesidad de ayuda.
G. Promover y coordinar la celebración de acuerdos institucionales tendientes a evitar la discriminación de la mujer.
H. Emitir dictámenes no vinculantes para que sean considerados por la autoridad de aplicación de la presente ley.
I. Realizar la evaluación anual de lo actuado.
J. Dictar su reglamento interno.
ART. 57: El Consejo sesionará al menos dos (2) veces al año con la mitad más uno de sus miembros designados; adoptará sus decisiones por mayoría de votos, y en caso de empate decidirá el voto de la Presidencia.
TÍTULO V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ART. 58: La Dirección de Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente ley en todo lo que no competa a otra dependencia por disposición específica.
ART. 59: La Dirección de Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes o el organismo que en el futuro lo reemplace deberá coordinar sus actividades con toda otra dependencia a la que por disposición específica corresponda la aplicación de parte de la presente ley.
ART. 60: La Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte, o la autoridad que en el futuro la reemplace, bajo la órbita de la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza, será autoridad de aplicación del Título I del Capítulo V de la Presente Ley.
ART. 61: El Poder Ejecutivo dictará las normas complementarias y procedimientos necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el Título III del Capítulo III de la presente ley.
ART. 62: Invítese a los municipios a adherir a las disposiciones que correspondan de la presente ley.
ART. 63: Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las partidas del Presupuesto General de la Administración Provincial que correspondan. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente ejercicio fiscal, a efectos de hacer efectivo el cumplimiento de la presente ley.
ART. 64: La presente ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ART.65: DE FORMA.

References: artículo 4
 artículo 3
 resolución 
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 46