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Timestamp: 2018-07-21 17:32:15+00:00

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Que la Delegación de Educación de Granada facilite la información que solicita un particular | Defensor del Pueblo Andaluz
Que la Delegación de Educación de Granada facilite la información que solicita un particular
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/2562 dirigida a Consejería de Educación, Delegación Territorial en Granada
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Educación por la que recomienda que se proceda a revocar la Resolución de 10 de noviembre de 2015, y la Resolución 7 de junio de 2016, accediendo a la puesta a disposición del interesado de la información que solicitaba.
I.- El interesado manifestaba que en fecha 18 de octubre de 2015 presentó escrito de solicitud de información pública, interesando copia del Estado de Cuentas Rendidas por el Centro (Anexo X) del IES Luis Bueno Crespo de Armilla (Granada), Cursos 2007-2008 al 2014-2015, ambos inclusive.
Al respecto habría recibido comunicación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Granada, por la que resolvía la inadmisión de su solicitud y el archivo de la misma, razón por la que interpuso nueva solicitud a través del Portal de Transparencia.
II. Tras la admisión a trámite de la queja presentada ante esta Institución, solicitamos informe al órgano administrativo, que en su respuesta nos indicaba que el interesado habría formulado múltiples solicitudes de información pública a través del portal.
La Delegación Territorial consideraba que en el procedimiento tramitado a raíz de las solicitudes del interesado, formuladas en aplicación de lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía y, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información y Buen Gobierno, había cumplido con todos los trámites oportunos y, que había sido resuelto -en tiempo y forma- mediante Resolución de 10 de noviembre de 2015, en la que consideraba suficientemente motivada la inadmisión en base a lo previsto legalmente y a lo argumentado en sus fundamentos de Derecho.
Señalando en especial, en el fundamento tercero que: “En el presente caso se observa que se trata de una cuestión relacionada con la gestión económica del Centro regulada en la Orden de 10 de mayo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos, e incluida en el proyecto de gestión en base a lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los IES, que a su vez forma parte del Plan de Centro que “será público” y se facilitará su conocimiento por la Comunidad Educativa y la Ciudadanía en general”.
Añadía la Delegación Territorial en su informe que, en fecha 17 de mayo de 2016, el interesado había vuelto a presentar la petición de información pública solicitando copia del Estado de Cuentas del IES (cursos indicados); siendo desestimada por Resolución de 7 de junio de 2016, al ser manifiestamente repetitiva de otras peticiones anteriores.
Vista la información y documentación remitida en su momento por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de Granada, efectuamos al respecto las siguientes
Tratándose en el supuesto de hecho que analizamos en las presentes actuaciones de la denegación expresa de petición de acceso a información pública (Cuentas anuales de un centro educativo) obrante en poder de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Granada, elaborada por órganos de la misma en ejercicio de sus funciones, entendemos que por aplicación de lo establecido en el artículo 3.1, a) de la Ley 1/2014, citada, la misma, resulta plenamente incardinada en el ámbito subjetivo de aplicación, en cuanto integrada en la Administración de la Junta de Andalucía.
Resultando sujeto obligado a facilitar el acceso y suministrar la información relativa a las Cuentas referidas y solicitadas por el interesado en el procedimiento.
Ostentando un derecho subjetivo el interesado en las actuaciones que tratamos conforme a lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley básica estatal de Transparencia de derecho de acceso a la información pública, que a tal efecto, incluyó una nueva redacción en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (de aplicación en el momento de la presentación de las solicitudes del interesado en nuestra queja), del siguiente tenor:
«Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.»
En consecuencia, entendemos que además de legitimado para iniciar el procedimiento, tiene derecho al acceso y obtención material de la información solicitada, ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 7 de la repetida Ley 1/2014, pues según el citado precepto, cualquier persona legitimada ostenta los siguientes derechos:
Así pues, no consideramos procedente que la Delegación Territorial negara primeramente el acceso y obtención de la información pública que instaba el interesado en la queja, pues la información que se le solicitaba no figura incluida en ninguno de los supuestos de limitación del acceso a la información por posibles perjuicios a las materias sensibles que relaciona el artículo 14 de la Ley 19/2013 y considerar que resultaba inadmisible por la causa señalada en el artículo 18.1, e) de la Ley citada, por repetitiva de una información que no se le había concedido, nos parece inadecuado.
Siendo además injustificada y desproporcionada la denegación, puesto que ya se había elaborado y hecho publica la información con destino a órganos de gestión del Centro, como reconoce la propia Delegación en documentación adjunta a su respuesta.
Debiendo haber sido motivada la denegación del acceso pretendido y entendemos que desproporcionada, al no ser atendida igualmente la segunda de las peticiones por repetitiva, pues al no haber sido atendida la primera petición la segunda renunciando a promover la previa reclamación ante el Consejo de Transparencia y la posterior en vía contencioso administrativa, cabría interpretarla como un acto de buena fe por parte del interesado cuyas reclamaciones de ser planteadas ante el citado órgano de control podrían tal vez derivar a la imposición de sanciones; por lo que en nuestra opinión se debería haber facilitado el acceso e información pretendidos.
RECOMENDACIÓN concretada en que se proceda a revocar la Resolución de 10 de noviembre de 2015, y la Resolución 7 de junio de 2016, de esa Delegación Territorial, accediendo a la puesta a disposición del interesado de la información que solicitaba.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 37
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución