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Timestamp: 2014-07-22 15:11:49+00:00

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La Resolución 058 y el principio de "Seguridad y Defensa Integral de la Nación" - Por: Luis Alfonso Ochoa Durán
La Resolución 058 y el principio de "Seguridad y Defensa Integral de la Nación" Por: Luis Alfonso Ochoa Durán | Sábado, 10/11/2012 10:47 AM | Versión para imprimir
Se ha abierto todo un debate a partir de la publicación
en Gaceta Oficial de la Resolución Nro. 058 de fecha 16 de octubre
de 2012, que prevé la normativa y procedimiento para el funcionamiento
Antes de entrar en la materia necesario es referirse
a la legalidad tan cuestionada de este Acto Administrativo y la competencia
del órgano que lo emite (Ministerio del Poder Popular para la Educación).
Al respecto, tenemos que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (hoy reconocida por todos los sectores de la
sociedad), establece que la educación es un "servicio público",
lo cual significa que es una obligación del Estado asumirla como función indeclinable y de máximo
interés en todos los niveles y modalidades, conforme a los valores
y principios constitucionales (Art. 102). Además, la propia Constitución nos dice que es
el Presidente de la República quien ejerce la funciones de "jefe de estado y de gobierno"
teniendo entre sus atribuciones y competencias la de "asegurar el cumplimiento de la
constitución y las leyes". Obviamente esto lo hace conjuntamente
con sus órganos superiores de dirección, vale decir, los "Ministerios" quienes
son los órganos del Ejecutivo Nacional encargados de la "formulación, adopción seguimiento
y evaluación de las políticas, estrategias, planes generales, programas
y proyectos en las materias de su competencia", de conformidad
con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Dichos órganos como cabezas de la Administración
Pública están sujetos al "principio de legalidad"
estatuido en el artículo 141 de la CRBV, sometiendo todos sus actos
al imperio la ley y el derecho. Conforme a ello, el Ministerio del Poder
Popular para la Educación en la persona de su titular la Ministra Marian Hasson, ha emitido
el acto administrativo contenido en la mentada Resolución, para dar
cumplimiento a las políticas educativas en el marco
del Estado Docente delineado en la CRBV y en Ley Orgánica de Educación,
así pues, queda absolutamente clara la legalidad de éste acto y la
competencia plena de quien lo emite.
Determinada su legalidad, pasaré a referirme al
llamado principio de seguridad y defensa integral
señalado en la Resolución, eso sí, con argumentos científicos, sólidos
y razonados para finalmente entender que no se trata de militarizar
el subsistema de educación básica o lo que es peor, armar a
los niños, niñas y adolescente, o pretender convertirlos en milicianos,
como lo quieren hacer parecer algunas organizaciones que sin leer, recurren
a lo absurdo del pensamiento humano.
Dice el artículo 2 de la Resolución que los
Consejos Educativos se regirán por los principios de democracia participativa
y protagónica, la responsabilidad y corresponsabilidad, la justicia
e igualdad social, la formación para la independencia, la libertad
y emancipación, la cultura para la paz, el desarrollo de la conciencia
social, la igualdad de género, la identidad nacional, la
lealtad a la patria, la defensa de la integridad territorial, la soberanía
nacional e integración latinoamericana y caribeña, el respeto
y autodeterminación de los pueblos y la suprema felicidad social.
Todos estos principios son recogidos de la
CRBV, pero como el objeto del artículo es la seguridad y defensa integral
de la Nación que tanto preocupa, por ser inconstitucional
- según algunos voceros - nos referiremos a ellos particularmente en
Cuando escuchamos seguridad y defensa integral
de la Nación, fuerza es relatar que estos dos conceptos gozan de naturaleza constitucional. Y es que el artículo 322 dice que la "seguridad de la Nación" es competencia esencial y responsabilidad
del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta
y su "defensa" es responsabilidad de los venezolanos
y venezolanas; también de las personas naturales y
jurídicas que se encuentren en el
espacio geográfico nacional. De manera, que no tiene nada de inconstitucional
inculcar estos principios en el subsistema de educación básica, es decir, entre los niños desde su educación inicial y básica, pasando por los adolescentes en su bachillerato.
Preguntémonos ¿qué hay de malo en estos conceptos? ¿por qué satanizarlos sin conocer su definición?. Recordemos que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación define en su artículo 2 la "seguridad de la nación" como la condición, estado o situación que garantiza el goce y disfrute de todos nuestros derechos y garantías. Y, a la "defensa integral" como el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa,
cualesquiera sean su naturaleza e intensidad,
que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones y las personas
con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia,
la integridad y el desarrollo integral de la nación". Entonces, no tiene nada de aberrante enseñar estos conceptos desde las escuelas, más aun, cuando la seguridad y defensa ya no se concibe
meramente militar, sino integral; es decir de toda la sociedad y en todos los ámbitos: político, cultural, económico, geográfico, ambiental, social. No se trata como se pretende hacer parecer, que
se va a enseñar a disparar a los niños desde edad maternal, preescolar y escolar, de enseñarles tácticas militares, lanzamientos de granada, periodos
de campo o que cosa estúpida se les ocurra decir. ¡No! se trata de enseñarles a los niños, niñas y adolescentes conceptos como soberanía, amor a nuestra identidad como pueblo, a proteger
desde las aulas nuestros recursos ambientales, cultura, idiosincrasia; en fin, que ellos mismos descubran de manera pedagógica que verdaderamente somos libres, independientes y que tenemos una patria que defender desde las
aulas, empleando como recurso el conocimiento, el pupitre,
el lápiz y el papel. Para mayor significado de los conceptos aludidos,
tenemos que dentro de los comités que conforman los Consejos Educativos se encuentran los Comités de Seguridad y Defensa Integral, quienes tienen claramente definidas sus ocho (08) funciones. Las cuales invito a leerlas en toda su extensión: Elaborar y coordinar un plan
de promoción, defensa, prevención y protección integral para las instituciones
educativas, en el cual se articulan acciones
conjuntas entre familia, escuela y comunidad, para contrarrestar cualquier
expresión de violencia en las escuelas
y sus entornos;Impulsar acciones para la formación permanente del Consejo Educativo
que potencien una cultura de defensa, prevención y protección integral frente a situaciones
que se constituyen en amenazas, vulnerabilidades y riesgos para la integridad
de las niñas, niños y adolescentes;Articular estrategias para la seguridad
de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos y la
protección de las instituciones, con los
entes de seguridad ciudadana, tales como: Policía Nacional Bolivariana, Bomberos,, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana, Tránsito Terrestre, Milicia Bolivariana,
Consejos Comunales, ONA, entre otros;Contribuir con la formación de los colectivos de gestión integral de riesgo en la elaboración de planes de emergencia, señalizaciones de seguridad, mapas
de estrategias para la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes;Impulsar y elaborar el sistema
de alerta temprana, simulacros ante situaciones
de emergencia, entre otros;Realizar inventario de daños ocasionados a las instituciones
educativas;Impulsar jornadas culturales,
deportivas, ambientales, entre otras;Elaborar y presentar informes
trimestrales de gestión de las actividades escolares.En ninguna de estas funciones aparece "armar con un fusil" a las niñas, niños y adolescentes. Se trata de que los que integren dichos comités articulen con las instituciones del Estado y las comunidades la materia de seguridad y defensa integral de sus espacios, para así garantizar el goce y disfrute de sus derechos. Finalizo este artículo reiterando la legalidad del
principio de "seguridad y defensa integral"
dentro del marco del "Estado Docente" en la
conformación de los Consejos Educativos, no sin antes reflexionar que
los que les adversan son seres privados del conocimiento y de los asuntos
públicos, lo que es igual a "idiotez". Y que la sociedad no puede
hacerse eco de sus idioteces para evitar caer en la enfermedad.
Por algo el filósofo y escritor francés Voltaire (1694 - 1778) decía:
"La idiotez es
una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella,
sino los demás".

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 141
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 322
 artículo 2