Source: http://www.cidh.org/annualrep/77sp/sec.2d.htm
Timestamp: 2018-09-19 08:34:11+00:00

Document:
Que en comunicación de 1º de marzo de 1976, se denunció a esta Comisión varias muertes, desapariciones, detenciones ilegales y torturas, especialmente de mujeres;
Que, según la denuncia, murieron a causa de las torturas, Julia Solalinde, Juana Peralta, Antonio Perusino y Blanca Pereyra;
Que se alega la desaparición de las dependencias policiales, de Doralicia Sosa, Lorenzo González, Estanislao Sotelo, Aurelio Gaona, Feliciano Franco, Tomás Casey, Silvio R. Fernández y Oscar Centurión;
Que, de acuerdo al reclamante, Oílda Recalde, madre de cuatro, tiene 9 años en prisión; Gilberta Verdún, de 65 años de edad quien pasó "casi 10 años en prisión por haber intentado defender a su esposo, que fue degollado en su presencia", ha sido detenida nuevamente y se la mantiene incomunicada en el Departamento de Investigaciones, Agripina Portillo tiene más de un año incomunicada en Investigaciones; Teresa Asilvera entró "en prisión, con su hija de dos años y salió cuando la niña tenía 6 años y que todo ese tiempo su hija estuvo sometida al mismo régimen que las presas adultas", Rosa Goiburú "fue detenida en estado de gravidez, tuvo su hija en el calabozo, sola y permaneció allí aproximadamente 3 años con su pequeña hija hasta salir"; Gladis de Mancuello, "detenida en 1974 en avanzado estado de gravidez, tuvo su hijo en la prisión y continúa allí con el niño"; María Candelaria Ramírez "perdió a su hijo en gestación en las torturas, no recibió atención médica y solamente al estar a punto de morir fue puesta en libertad";
Que por nota de 29 de abril de 1976, la Comisión transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Artículo 42 del Reglamento) y que, por nota de 4 de febrero de 1977, le reiteró el pedido de información, prorrogando el plazo para contestar en 90 días;
Que pese al largo tiempo transcurrido el Gobierno de Paraguay no ha suministrado información alguna;
Por aplicación del Artículo 51, 1) del Reglamento presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia.
1. Observar al Gobierno de Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la personas (Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la protección de la familia (Artículo VI); al derecho a la protección a la infancia (Artículo VII); al derecho de justicia (Artículo XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Artículo XXV ), y al derecho a proceso regular (Artículo XXVI).
2. Recomendar al Gobierno poner en libertad inmediatamente a la señora Ortiz y a su hija Aída.
3. Recomendar al Gobierno sancionar de acuerdo con sus leyes, a los responsables de los hechos denunciados, medida que deberá comunicar a esta Comisión dentro del plazo máximo de 60 días.
4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Paraguay y al denunciante.
5. Incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Artículo 9(bis), inc. C, iii. del Estaturo).
Aprobada en sesión 522ª el 13 de mayo de 1977 (41º período de sesiones) y transmitida al Gobierno de Paraguay el 27 de mayo de 1977.
Caso 2076 (Paraguay)
Que en comunicación de 7 de junio de 1976, se denunció la detención en Asunción, de la señora Aída Angélica Ortíz junto con su hija de 11 meses, Aída Alejandra, a mediados de marzo de 1976;
Que según la denuncia, la señora Ortíz se encontraba incomunicada en condiciones infrahumanas y que se desconocía el paradero y destino de la criatura;
Que la señora Ortíz, de acuerdo al denunciante, se hallaba al momento de su detención bajo rigoroso tratamiento médico por padecer de asma crónica, afección cardíaca, alteración del sistema nervioso y deficiencia hepática, y que, por lo tanto, su vida peligraba;
Que la Comisión, mediante cablegrama de 12 de agosto de 1976, transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento);
Que por cablegrama de 5 de noviembre de 1976, la CIDH reiteró al Gobierno del Paraguay la solicitud de información;
Que pese al largo tiempo transcurrido el Gobierno del Paraguay no ha suministrado información alguna; y
1. Se presumirán verdaderos los hechos sobre los cuales se ha solicitado información sí en el plazo de ciento ochenta días desde la fecha en que se solicitó la información correspondiente al Gobierno aludido, éste no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros elementos de convicción.
2. Observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la protección de la familia (Art. VI); al derecho a la protección a la infancia (Art. VII); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).
3. Recomendar al Gobierno poner en libertad inmediatamente a la señora Ortíz y a su hija Aída.
4. Recomendar al Gobierno sancionar de acuerdo con sus leyes, a los responsables de los hechos denunciados, medida que deberá comunicar a esta Comisión dentro del plazo máximo de 60 días.
5. Comunicar esta Resolución al Gobierno del Paraguay y al denunciante.
Los familiares pudieron apreciar en el cuerpo de la víctima las huellas del castigo e hicieron la denuncia ante el Juez Letrado Departamental de Rocha, que enfrentó la situación con toda dignidad profesional. Se procedió al reconocimiento del cuerpo por parte de profesionales universitarios que fueron elegidos por el Juez Letrado deliberadamente entre personas que conocían al estudiante por estar radicadas en Rocha, pero que además no están caracterizadas por su militancia como opositores sistemáticos del gobierno. Había entre ellos varios Escribanos, varios abogados y varios médicos. El protocolo de la autopsia fue firmado por cinco médicos. La primera comprobación que se pudo efectuar es que no existió el tal edema de pulmón invocado como causa de la muerte, por lo cual el certificado emitido es falso. El edema agudo de pulmón es una afección que sobreviene bruscamente, producido por la falla del corazón, que deja huellas inequívocas en el pulmón y que además tiene su contraparte en alteraciones del propio músculo cardiaco. Se pudo descartar enteramente esa causa de muerte, cosa que era presumible porque un joven de 21 años en buen estado de salud, que concurría a la Facultad de Agronomía (en cuyas inmediaciones fue detenido), no podía hacer nunca una afección de este tipo; una persona que muere de un edema agudo de pulmón seguramente no está en condiciones de realizar una vida normal como la que hacía este joven. Además se pudo comprobar otra cosa que es igualmente grave que esta falsedad: se pudo comprobar una omisión. En la autopsia que se le practicó tal vez en la morgue del Hospital Militar, no se procedió a efectuar la autopsia del cráneo, a pesar de las esquímosis, de los hematomas de las huellas de lesión externa que en cara y cráneo tenía la víctima. Y justamente la verdadera causa de muerte era un hematoma intracraneano, ubicado en la fosa posterior, donde se aloja el cerebelo. Se trataba de un hematoma de origen traumático, seguramente causado por golpes de los cuales hay abundantes rastros y huellas en la totalidad del cuerpo del estudiante. Se comprobaron esquímosis en la región frontal, en la región temporal derecho e izquierdo, con un hematoma dentro de la logia del propio músculo temporal del lado izquierdo, con erosiones de ambos pómulos y también con erosiones en la región mastoidea izquierda y mentoniana. Asimismo se comprobaron grandes placas de erosiones y de esquímosis en los miembros superiores y particularmente en ambos codos, y con las mismas características de lesión en las rodillas, particularmente en la rodilla izquierda y en el muslo derecho, esquímosis en ambas nalgas y escoriaciones múltiples que indicaban que muy verosímilmente el estudiante fue arrastrado sobre una superficie rogosa, por ejemplo sobre pedregullo. Además había lesiones en la región tóraco-abdominal en la forma de esquímosis y hematomas múltiples y extensos.
"Al ser entregado el cadáver de Hugo Leonardo de los Santos Mendoza, a sus deudos, que se domicilian el Departamento de Rocha, el Juez Letrado Departamental de dicha circunscripción, ante denuncias de los familiares del fallecido, en el sentido de que existirían en el cuerpo señales visibles de malos tratos, asume competencia y despone que se practique una nueva autopsia, por un grupo de médicos designados al efecto, quienes en sus conclusiones difieren con el resultado del anterior peritaje médico-forense.
"Queda planteada una contienda de competencia que resuelve la Suprema Corte de Justicia, el 14 de agosto de 1974 por auto número 2074 atribuyendo competencia al Juzgado Letrado de Instrucción de Primer Turno de Montevideo.
Que la Comisión, en nota de 7 de agosto de 1975, se dirigió nuevamente al Gobierno del Uruguay, solicitándole: "que se sirva suministrar información adicional sobre el resultado de las actuaciones judiciales cumplidas en este asunto y en particular copia del fallo que hubiere racaído en el mismo. "
Que la Comisión, en nota de 15 de marzo de 1976, concedió al Gobierno una prórroga hasta el 20 de mayo de 1976 para el envío de la información solicitada;
"Resuelta la contienda de competencia por la Corte de Justicia el 14 de agosto de 1974, por auto No. 2074, el 19 de agosto de 1974 el Juez Letrado de Instrucción de Primer Turno de Montevideo por auto No. 4467, asume competencia e inicia las actuaciones pertinentes al cabo de las cuales y para mejor información dispone la realización de un informe pericial del Instituto Técnico Forense dependiente de la Suprema Corte de Justicia. Se procede en consecuencia a reunir las actuaciones realizadas con anterioridad y se pasan a efectos de su consideración al Dr. Alfredo Navarro, médico general perito de la Facultad de Medicinal El citado profesional tomó contacto con las actuaciones judiciales iniciadas en septiembre de 1973, procediendo a examinar los informes médicos producidos en oportunidad. Establece en su informe el examen exhaustivo de los 2 protocolos de autopsia y determina que el realizado por orden de la Justicia Militar adolece de fallas y que el protocolo de autopsia realizado en Rocha expresa: "que se remiten al Instituto Técnico Forense, antes mencionado, los órganos que servían de justificación a su conclusión". En el mismo informe se establece que los órganos envíados por el Juez Letrado del Depto. de Rocha y recibidos por el Instituto Técnico Forense son: "el corazón y el bazo intactos y fragmentos de 'pulmones' pero, no se recibe el 'encéfalo' órgano que según la autopsia practicada por orden del Juez Letrado de Rocha permitiría justificar las conclusiones emitidas en la autopsia por él dispuesta, como órgano que patentizara las lesiones que provocaron la muerte, así como tampoco la base del pulmón que peritaría justificar la conclusión de la autopsia dispuesta inicialmente por el Juez Militar. Como conclusión, el citado perito médico de la Facultad de Medicina, Dr. Alfredo Navarro, en oficio librado al Juez de Instrucción de Primer Turno de Montevideo, en la fecha ya citada (9 de agosto de 1976), concluye: "por consiguiente y habiéndose constatado fallos en los dos protocolos de autopsia a disposición es imposible emitir un juicio definitivo sobre la muerte de Hugo Leonardo de los Santos. "El 18 de agosto de 1976, el juez actuante da vista de lo actuado al Fiscal de Crimen de Primer Turno, quien el 31 de agosto del mismo año, por dictamen 2170/76, aconseja ordenar el archivo de las actuaciones. El 2 de septiembre del mismo año, vuelven 108 obrados al despacho del Juez Letrado de Instrucción de Primer Turno quien por auto 4005 dispone su clausura y archivo. "
1. Declarar que todo hace presumir que Hugo Leonardo de los Santos Mendoza, quien había sido detenido por las autoridades y se encontraba en una unidad militar cuando murió dos días después de su detención, falleció como consecuencia de un hematoma intracraneano causado por las lesiones que sufrió durante su detención.
2. Observar al Gobierno del Uruguay que tal hecho configura una gravísima violación al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de la persona (Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; al derecho de justicia (Artículo XVIII); y al derecho a proceso regular (Artículo XXVI).
3. Recomendar al Gobierno: a) que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y, de acuerdo con las leyes uruguayas, que sancione a los responsables de dichos hechos; b) que informe a la Comisión sobre las medidas tomadas para poner en práctica la recomendación contenida en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 30 días.
4. Comunicar esta resolución al Gobierno del Uruguay y a los reclamantes.
5. Incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Artículo 9 (bis), inc. c, iii del Estatuto), si en el plazo de 30 días el Gobierno no hubiere comunicado a la Comisión las medidas efectivas que haya adoptado para llevar a cabo la investigación dispuesta en el párrafo 4.
Aprobada en la sesión 559a. El 30 de enero de 1978 (43o período de sesiones) y transmitida al Gobierno del Uruguay el 21 de febrero de 1978.
Caso 1870 (Uruguay)
1. Declarar que todo hace presumir que la causa de muerte de la señorita Nibia Zabalzagaray, quien había sido detenida por las autoridades y murió diez horas después de su detención, cuando se encontraba bajo custodia de las autoridades, fue consecuencia de los actos de violencia de que fue objeto durante su detención.
2. Observar al Gobierno del Uruguay que los hechos denunciados configuran seria violación al derecho a la vida, (Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
3. Recomendar al Gobierno: a) que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la verdadera causa de la muerte denunciada y de acuerdo con las leyes uruguayas para sancionar al responsable o responsables, en el caso de comprobarse de que se ha cometido un homicidio; b) que informe a la Comisión sobre las medidas tomadas para poner en práctica la recomendación contenida en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 30 días.
5. Si en el plazo de 30 días el Gobierno no hubiere comunicado a la Comisión las medidas efectivas que haya adoptado para llevar a cabo la investigación dispuesta en el párrafo 3, incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Artículo 9 (bis), inciso c, iii. del Estatuto).

References: Artículo 51
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución