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Timestamp: 2017-12-11 19:08:28+00:00

Document:
Derecho Administrativo Global: LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, ratificada por la OEA
La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, que reúne estándares internacionales en la materia, fue primero aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y ahora también, ratificada por la Asamblea General.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CAJP-2840/10 Corr.1
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS Original: inglés/español
(Documento presentado por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información coordinado por el
Departamento de Derecho Internacional, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de conformidad con la
resolución AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General)
La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y la Guía de Implementación y
comentarios que la acompañan, se presentan en cumplimiento del párrafo 9 de la resolución AG/RES.
2514, que encomienda al Departamento de Derecho Internacional, en cooperación con el Comité
Jurídico Interamericano, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y el Departamento de Modernización del Estado y
Gobernabilidad, y con la cooperación de los Estados Miembros y la sociedad civil, elaborar una Ley
Modelo de Acceso a la Información Pública y una guía para su aplicación, de conformidad con los
estándares internacionales en la materia. En el desarrollo de esta ley modelo y de esta guía, el
Departamento de Derecho Internacional formó un grupo de expertos de la Organización de Estados
Americanos, la sociedad civil, y los Estados Miembros quienes han contribuido en el debate y
redacción del documento para que se reflejen las normas internacionales y buenas prácticas sobre
La Ley Modelo y su Guía de Implementación se elaboraron para funcionar tanto en sistemas de
Derecho Anglosajón (common law) como de Derecho Civil. Cuando el contexto así lo requiera, los
comentarios e instrucciones prevén instrucciones específicas en la aplicación y/o interpretación de las
disposiciones específicas de la Ley Modelo.
El grupo de expertos se conformó con las siguientes personas, quienes provienen de los órganos de la
OEA, de los Estados miembros, de organizaciones de la sociedad civil y otros, y quienes participaron
exclusivamente en sus capacidades personales: Karina Banfi, Directora Ejecutiva de la Alianza
Regional para el Acceso de Información; Leslie Bar-Ness, Manager, Relaciones Gubernamentales,
Symantec Corporation; Eduardo Bertoni, Director, Centro de Estudios para la Libertad de Expresión
e Información, Universidad de Palermo; Catalina Botero, Relatora Especial para Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sandra Coliver, Oficial Legal
Principal de Libertad de Información y Expresión del Open Society Justice Initiative; Damian Cox,
Director de la Unidad de Acceso a la Información, Jamaica; Annie Goranson, Abogada de Acceso a
la Información, Symantec Corporation; Patricia Milagros Guillén Nolasco, Consejera de la Secretaría
de Gestión Pública, Perú; Edison Lanza, Alianza Regional para la Libertad de Expresión e
Información; María Marván Laborde: Comisionada, Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI), México; Toby Mendel, Director Ejecutivo, Center for Law and Democracy; Laura Neuman,
Directora Asociada del Programa de las Américas y Directora del Proyecto de Acceso a la
Información del Centro Carter; Juan Pablo Olmedo, Presidente, Consejo para la Transparencia, Chile;
María del Carmen Palau, Especialista del Departamento de Modernización del Estado, Secretaría de
Asuntos Políticos, OEA; Darian Pavli, Oficial Legal de Libertad de Expresión e Información, Open
Society Justice Initiative; Issa Luna Pla, Investigadora, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, México/American Bar Association Rule of Law Initiative; Melanie Ann Pustay, Directora de
la Oficina de Información, Departamento de Justicia de Estados Unidos; Andrea Paola Ruiz Rosas,
Jefe de la Unidad de Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia, Chile; Pablo
Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; David Stewart, Miembro,
Comité Jurídico Interamericano; Natalia Torres, Investigadora, Centro de Estudios para la Libertad
de Expresión e Información, Universidad de Palermo; y Josée Villeneuve, Directora de Política y
Relaciones Parlamentarias del Comisionado de Información, Canadá. Esta labor fue coordinada por
John M. Wilson, Oficial Legal Principal, y Sarah Rivard, Consultora, Departamento de Derecho
Internacional, Secretaría de Asuntos Jurídicos, OEA.
Que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, en la Declaración de Nuevo León,
establecieron su compromiso de proporcionar los marcos jurídicos necesarios para garantizar el
derecho al acceso a la información;
Que la Asamblea General de la OEA encomendó al Departamento de Derecho Internacional,
mediante su resolución AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) la elaboración de un proyecto de Ley
Modelo sobre Acceso a la Información y una Guía para su Implementación con la colaboración
del Comité Jurídico Interamericano, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el
Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, con la cooperación de los Estados
Miembros, la sociedad civil y otros expertos, para servir como modelo de reforma en el
hemisferio, y
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 13 sobre la
Libertad de Pensamiento y de Expresión;
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Claude Reyes v. Chile, que
reconoció formalmente el derecho de acceso a la información como parte del derecho
fundamental a la libertad de expresión;
Los Principios sobre el derecho de acceso a la información del Comité Jurídico Interamericano;
Las “Recomendaciones de Acceso a la Información” elaboradas por el Departamento de Derecho
Internacional de la OEA, en coordinación con los órganos, agencias y entidades del sistema
interamericano, la sociedad civil, los expertos de los Estados Miembros y el Comité de Asuntos
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente;
Los informes anuales del la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos;
La Declaración de Atlanta y el Plan de Acción de las Américas para el Avance del Derecho de
Acceso a la Información del Centro Carter, y
Que el acceso a la información es un derecho humano fundamental del hombre y una condición
esencial para todas las sociedades democráticas;
Que el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en
posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en
cualquier formato o medio;
Que el derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de
Que las excepciones al derecho de acceso a la información deberán ser clara y específicamente
establecidas por la ley;
Que aun en la ausencia de una petición específica, los órganos públicos deberán divulgar
información sobre sus funciones de forma regular y proactiva, de manera que asegure que la
información sea accesible y comprensible;
Que el proceso para solicitar información deberá regirse por reglas justas y no discriminatorias
que establezcan plazos claros y razonables, que provean de asistencia para aquél que solicite la
información, que aseguren el acceso gratuito o con un costo que no exceda el costo de
reproducción de los documentos y que impongan a los órganos públicos la justificación del
rechazo a una solicitud de acceso dando las razones específicas de la negativa;
Que toda persona deberá tener el derecho de recurrir cualquier negativa u obstrucción al acceso a
la información ante una instancia administrativa y de apelar las decisiones de este órgano
administrativo ante los tribunales de justicia;
Que toda persona que intencionalmente niegue u obstruya el acceso a la información violando las
reglas establecidas en la presente Ley deberá estar sujeta a sanción; y
Que deberán adoptarse medidas para promover, implementar y asegurar el derecho de acceso a la
información en las Américas, [Estado Miembro] aprueba la siguiente:
I. DEFINICIONES, ALCANCE Y DERECHO DE ACCESO
1. En la presente Ley, salvo que el contexto requiera lo contrario:
a) “Altos Funcionarios” se refiere a cualquier funcionario dentro de una autoridad
pública cuyo salario anual total exceda [USD$100,000];
b) “Autoridad Pública” se refiere a cualquier autoridad gubernamental y a las
organizaciones privadas comprendidas en el Artículo 3 de esta Ley;
c) “Documento” se refiere a cualquier información escrita, independientemente de su
forma, origen, fecha de creación o carácter oficial, de si fue o no fue creada por la
autoridad pública que la mantiene, y de si fue clasificada como confidencial o no;
d) “Información” se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una
autoridad pública;
e) “Información Personal” se refiere a información relacionada a una persona viva y a
través de la cual se puede identificar a esa persona viva;
f) “Oficial de Información” se refiere al individuo o individuos designados por la
autoridad pública de conformidad con los Artículos 30 y 31 de esta Ley;
g) “Publicar” se refiere al acto de hacer información accesible al público en general e
incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión; y
h) “Terceros Interesados” se refiere a las personas que tienen un interés directo en
impedir la divulgación de información que han proporcionado en forma voluntaria a
una autoridad pública, ya sea porque dicha divulgación afecta su privacidad o sus
2. Esta ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información
que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. La ley se basa en el
principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en manos de
instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen
de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática.
3. La presente Ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del
gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura
gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal); se aplica también
a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del gobierno
o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por
otras leyes y se aplica asimismo a las organizaciones privadas que reciben fondos o
beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), o que desempeñan funciones y
servicios públicos, pero solamente con respecto a los fondos o beneficios públicos recibidos o
a las funciones y servicios públicos desempeñados. Todos estos órganos deberán tener su
información disponible de acuerdo a lo previsto en la presente ley.
Comentario: el término beneficios públicos no debe ser interpretado ampliamente, de
manera tal de comprender dentro del término a todo beneficio financiero recibido
4. En caso de cualquier inconsistencia, esta Ley prevalecerá sobre cualquier otra ley.
Comentario: Sin perjuicio que la ley modelo no contiene una disposición que
comprenda dentro de su ámbito de aplicación a aquella información en posesión de
empresas privadas que sea necesaria para el ejercicio o protección de los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, se hace notar que algunos estados, entre
ellos Sudáfrica, han adoptado este enfoque.
5. Toda persona que solicite información a cualquier autoridad pública que esté comprendida
por la presente Ley tendrá los siguientes derechos, sujetos únicamente a las disposiciones del
Capítulo IV de esta Ley:
a) a ser informada si los documentos que contienen la información solicitada, o de los
que se pueda derivar dicha información, obran o no en poder de la autoridad pública;
b) si dichos documentos obran en poder de la autoridad pública que recibió la solicitud,
a que se le comunique dicha información en forma expedita;
c) si dichos documentos no se le entregan al solicitante, a apelar la no entrega de la
d) a realizar solicitudes de información en forma anónima;
e) a solicitar información sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita la
f) a ser libre de cualquier discriminación que pueda basarse en la naturaleza de la
g) a obtener la información en forma gratuita o con un costo que no exceda el costo de
reproducción de los documentos.
6. El solicitante no será sancionado, castigado o procesado por el ejercicio del derecho de
7. (1) El Oficial de Información deberá hacer esfuerzos razonables para ayudar al solicitante en
relación con la solicitud, responder a la solicitud de forma precisa y completa y, de
conformidad con la reglamentación aplicable, facilitar el acceso oportuno a los
documentos en el formato solicitado.
(2) La Comisión de Información deberá hacer esfuerzos razonables para ayudar al solicitante
en relación con un recurso de apelación interpuesto ante una negativa de divulgación de
8. Toda persona encargada de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra legislación o
instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar la
interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la información.
II. MEDIDAS PARA PROMOVER LA APERTURA
Adopción de Esquemas de Publicación
9. (1) Toda autoridad pública deberá adoptar y diseminar de manera amplia, incluyendo la
publicación a través de su página de Internet, un esquema de publicación aprobado por la
Comisión de Información dentro de [seis] meses de:
a) la entrada en vigor de la presente Ley; o
b) del establecimiento de la autoridad pública en cuestión.
(2) El Esquema de Publicación deberá establecer:
a) las clases de documentos que la autoridad publicará de manera proactiva; y
b) la forma en la cual publicará dichos documentos.
(3) Al adoptar un Esquema de Publicación, una autoridad pública deberá tomar en
consideración el interés público:
a) de permitir el acceso a la información que está en su posesión; y
b) de divulgar información de manera proactiva a los efectos de minimizar la necesidad
de que los individuos presenten solicitudes de información.
(4) Toda autoridad pública deberá publicar información de conformidad con su esquema de
Aprobación de Esquemas de Publicación
10. (1) Al aprobar un esquema de publicación, la Comisión de Información podrá establecer que
dicha aprobación caducará en una fecha específica.
(2) Al rechazar la aprobación de un esquema de publicación, la Comisión de Información
deberá fundamentar las razones y proporcionar instrucciones razonables a la autoridad
pública sobre como podrá enmendar el esquema para obtener su aprobación.
(3) La Comisión de Información podrá retirar su aprobación a un esquema de publicación
dando [seis] meses de aviso y fundamentando su decisión.
(4) La Comisión de Información deberá tomar en consideración la necesidad de cumplir con
el Artículo 12 (2) al aprobar o rechazar la aprobación de un esquema de publicación.
Esquemas de Publicación Modelo
11. (1) La Comisión de Información podrá adoptar o aprobar esquemas de publicación modelo
para distintas clases de autoridades públicas.
(2) Cuando una autoridad pública en una clase particular adopte un esquema de publicación
modelo aplicable a esa clase de autoridad pública, no deberá requerir la aprobación
adicional de la Comisión de Información, siempre que informe a la Comisión de
Información que está empleando dicho esquema de publicación modelo.
(3) La Comisión de Información podrá establecer un tiempo límite para la validez de un
esquema de publicación modelo o, dando [seis] meses de aviso a todas las autoridades
que utilizan dicho modelo, terminar la validez de cualquier esquema de publicación
Clases de Información Clave
12. (1) Las clases de información clave sujetas a diseminación de manera proactiva por una
autoridad pública son las siguientes:
a) la descripción de su estructura orgánica, de sus funciones y deberes, de la ubicación
de sus departamentos y organismos, de sus horas de atención al público y de los
nombres de sus funcionarios;
b) las calificaciones y salarios de los altos funcionarios;
c) todo mecanismo interno y externo de supervisión, de reportes y de monitoreo de la
autoridad pública, incluyendo sus planes estratégicos, códigos de gobernabilidad
empresarial y principales indicadores de desempeño, incluidos los informes de
d) su presupuesto y planes de gasto público del año fiscal en curso y de años anteriores,
y los informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el presupuesto;
e) sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones, contratos
otorgados y datos para la ejecución y seguimiento del desempeño de contratos;
f) las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del
salario total, correspondientes a todas las categorías de funcionarios y consultores
que trabajan en la autoridad pública (actualizando la información en cada
oportunidad que se realicen reclasificaciones de puestos);
g) detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público,
incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
h) todo mecanismo de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del
público en relación con acciones u omisiones de esa autoridad pública, junto con un
resumen de toda solicitud, denuncia u otra acción directa de personas y la respuesta
de ese órgano;
i) una descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y los
procedimientos que se siguen para tomar decisiones;
j) todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos o manuales, u otros
documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el
desempeño del órgano en el cumplimiento de sus funciones que afectan al público en
k) todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar
peticiones, o de alguna otra manera incidir en la formulación de la política o el
ejercicio de las facultades de esa autoridad pública;
l) una guía sencilla que contenga información adecuada sobre sus sistemas de
mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su
poder, las categorías de información que publica y los procedimientos que deben
seguirse para formular una solicitud de información y una apelación interna;
m) un Registro de Solicitudes y divulgaciones, de conformidad con el Artículo 18, que
contenga una lista de las solicitudes recibidas y los documentos divulgados de
conformidad con la presente Ley, los que deberán estar automáticamente disponibles,
así como un Registro de Activos de Información, de conformidad con el Artículo 17;
n) una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública;
o) aquella información que sea solicitada con frecuencia; y
p) cualquier información adicional que la autoridad pública considere oportuno
(2) Los esquemas de publicación adoptados por las autoridades públicas deberán cubrir todas
las clases de información clave establecidas en el Artículo 12 (1) dentro de un plazo de
[siete] años contados a partir de la adopción del primer esquema de publicación de esa
autoridad publica, de conformidad con el Artículo 9 (1).
(3) La autoridad pública deberá crear y archivar en forma anual una imagen digital de su
página Web que contenga toda la información requerida por el esquema de publicación.
Comentario: La lista de elementos sujetos a divulgación proactiva se sujeta, obviamente,
a las excepciones establecidas en el Capítulo IV de la Ley. Sin embargo, quien tiene el
poder de determinar la aplicación de el Capítulo IV es exclusivamente la Comisión de
Información (no la autoridad pública), al formular y aprobar los esquemas de
Políticas Públicas y Poblaciones Específicas
13. (1) Los documentos de políticas públicas deberán ser de acceso público.
(2) Nadie podrá sufrir perjuicio alguno debido a la aplicación de una política pública que no
fue divulgada de conformidad con el inciso (1) del presente artículo.
14. Las autoridades públicas deberán divulgar la información que afecta a una población
específica de la manera y la forma que permita a esa población afectada acceder a esa
información, salvo que existan fundadas razones legales, políticas, administrativas o de
interés público para no hacerlo.
Otras Leyes y Mecanismos que Contemplan la Divulgación de Información
15. La presente Ley no afecta el ejercicio de otra Ley o acto administrativo que:
a) Requiera que la información contenida en documentos en posesión, custodia o
control del gobierno esté a disposición del público;
b) Permita el acceso de todas las personas a los documentos en posesión, custodia o
control del gobierno; o
c) Requiera la publicación de información sobre las operaciones del gobierno;
16. Cuando cualquier persona solicite información, dicha solicitud deberá ser procesada de
manera igualmente favorable como si la hubiese realizado bajo esta Ley.
17. (1) Toda autoridad pública deberá crear y mantener actualizado un Registro de Activos de
Información que incluya:
a) todas las categorías de información publicada por la entidad;
b) todo documento publicado; y
c) todo documento disponible para ser comprado por el público.
(2) La Comisión de Información podrá establecer estándares en relación a los Registros de
(3) Toda autoridad pública deberá asegurarse que sus Registros de Activos de Información
cumplan con los estándares establecidos por la Comisión de Información.
Registros de Solicitudes y Divulgaciones
18. (1) Las autoridades públicas deberán crear, mantener y publicar un Registro de Solicitudes y
Divulgaciones de todos los documentos divulgados en respuesta a solicitudes realizadas
de conformidad con la presente Ley, en su sitio Web y en el área de recepción de todas
sus oficinas, accesibles al público, sujeto a la protección de la privacidad del solicitante
(2) La Comisión de Información podrá establecer estándares relacionados con la información
contenida en los Registros de Solicitudes y Divulgaciones.
(3) Toda autoridad pública deberá asegurarse de cumplir con los estándares que la Comisión
de Información establezca para el mantenimiento de los Registros de Solicitudes y
Información Divulgada con Anterioridad
19. (1) Las autoridades públicas deberán garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera más
sencilla posible, el acceso a todos los documentos previamente divulgados.
(2) Las solicitudes de documentos contenidos en los Registros deSolicitudes y
Divulgaciones, deberán publicarse, a la mayor brevedad, cuando dichos documentos estén en
formato electrónico y, cuando no estén en formato electrónico, a más tardar a los [tres] días
hábiles a partir de la presentación de una solicitud.
(3) Cuando la respuesta a una solicitud se haya entregado en formato electrónico, esta deberá
hacerse pública de manera proactiva en la página Web de la autoridad pública.
(4) En caso de que por segunda vez se solicite la misma información, ésta deberá hacerse
pública de manera proactiva en la página Web de la autoridad pública.
III. ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS
20. La solicitud de información puede ser presentada por medio escrito, por vía electrónica,
verbalmente en persona, por teléfono o por cualquier otro medio análogo, con el Oficial de
Información correspondiente. En todos los casos, la solicitud deberá ser debidamente
registrada conforme a lo dispuesto por el Artículo 21 de la presente Ley.
21. Salvo que la información pueda ser entregada de manera inmediata, toda solicitud de
información deberá ser registrada y se le deberá asignar un número para su debido
seguimiento, el cual deberá ser proporcionado al solicitante junto con la información de
contacto del oficial de información encargado de procesar esta solicitud.
22. No deberá haber costo alguno para la presentación de una solicitud.
23. Las solicitudes de información deberán registrarse en el orden en el que son recibidas y
deberán ser atendidas en una forma justa y sin discriminación alguna.
24. (1) Una solicitud de información deberá contener los siguientes datos:
a) información de contacto para recibir notificaciones así como la información
b) una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir
que la información sea ubicada; y
(2) En caso de que no se haya indicado la preferencia en la forma de entrega, la información
solicitada deberá entregarse de la manera más eficiente y que suponga el menor costo
posible para la autoridad pública.
Comentario: El solicitante no necesita dar su nombre en la solicitud de información. Sin
embargo, en la medida en que la solicitud se refiera a información personal, será
necesario incluir el nombre del solicitante.
25. (1) La autoridad pública que reciba una solicitud deberá realizar una interpretación razonable
acerca del alcance y la naturaleza de la solicitud.
(2) En caso que la autoridad pública tenga dudas acerca del alcance o naturaleza de la
información solicitada, deberá ponerse en contacto con el solicitante con el objetivo de
clarificar lo solicitado. La autoridad pública tiene la obligación de asistir al solicitante en
relación con su solicitud y de responder a la solicitud en forma precisa y completa.
26. (1) En caso de que la autoridad pública determine, de manera razonable, que no es ella la
autoridad responsable de contestarla, deberá, de la manera más rápida posible y en todo
caso dentro de un plazo no mayor a [cinco] días hábiles, enviar la solicitud a la autoridad
correcta para que ésta procese la solicitud.
(2) La autoridad pública que recibió la solicitud deberá notificar al solicitante que su solicitud
ha sido remitida a otra autoridad pública a fin de poder ser atendida.
(3) La autoridad que recibe la solicitud deberá proveer al solicitante información de contacto
para que el solicitante pueda darle el debido seguimiento a su solicitud.1
27. Las terceras partes interesadas deberán ser informadas en un período de [5] días desde la
recepción de una solicitud, y se les dará un plazo de [10] días para manifestar lo que a su
derecho corresponda ante la autoridad pública que recibió la solicitud. En esta comunicación
escrita el tercero interesado podrá:
a) consentir al acceso de la información solicitada; o
28. (1) El solicitante sólo pagará el costo de reproducción de la información solicitada y, de ser el
caso, el costo de envío, si así lo hubiese requerido. La información enviada de manera
electrónica no podrá tener ningún costo.
(2) El costo de reproducción no podrá exceder el valor del material en el que se reprodujo la
información solicitada; el costo del envío no deberá exceder el costo que éste pudiera
tener en el mercado. El costo del mercado, para este propósito, deberá ser establecido
periódicamente por la Comisión de Información.
1 ALTENATIVA: En caso que la autoridad pública que recibió la solicitud determine razonablemente que
no es la autoridad competente para contestar dicha solicitud, deberá, dentro de los [cinco] días hábiles
posteriores a la recepción de la solicitud, indicar la autoridad correspondiente al solicitante.
(3) Las autoridades públicas podrán entregar la información de forma totalmente gratuita,
incluyendo costos de reproducción y envío, para cualquier ciudadano que tenga ingresos
anuales menores a una cantidad establecida por la Comisión de Información.
(4) La Comisión de Información establecerá normas adicionales con relación a los costos que
podrán incluir la posibilidad de que cierta información sea entregada sin costo cuando se
trate de casos de interés público, o la posibilidad de establecer un número mínimo de
páginas que se entreguen sin costo alguno.
29. Las autoridades públicas facilitarán el acceso mediante exhibición de documentos originales
en instalaciones adecuadas para tales propósitos.
30. El titular de la autoridad pública responsable de responder las solicitudes de información
deberá designar un Oficial de Información. Este será el encargado de implementar la Ley en
dicha autoridad pública. La información de contacto para cada Oficial de Información deberá
publicarse en la página Web de la autoridad pública y estar fácilmente accesible al público.
31. El Oficial de Información tendrá, además de las obligaciones específicamente establecidas en
otras secciones de esta Ley, las siguientes obligaciones:
a) Promover dentro de la autoridad pública las mejores prácticas en relación con el
mantenimiento, archivo y eliminación de los documentos; y
b) Ser el contacto central en la autoridad pública para la recepción de solicitudes de
información, para la asistencia a los individuos que solicitan información y para la
recepción de denuncias sobre la actuación de la autoridad pública en la divulgación
32. Tras el recibo de una solicitud de información, la autoridad pública que reciba la solicitud
tendrá que emprender una búsqueda razonable de los documentos necesarios para responder a
Mantenimiento de Documentos
33. El/la [autoridad responsable de archivos] deberá elaborar, en coordinación con la Comisión
de Información, un sistema de mantenimiento de documentos que será vinculante para toda
Información Extraviada
34. Cuando una autoridad pública no esté en posibilidades de localizar la información que dé
respuesta a una solicitud y se establezca que la información debería existir en sus archivos, se
requerirá que se haga un esfuerzo razonable para obtener la información extraviada a fin de
entregarle una respuesta al solicitante.
Período de Respuesta
35. (1) Toda autoridad pública deberá responder a una solicitud de información lo antes posible
y, como máximo, dentro de [veinte] días hábiles contados a partir de la recepción de la
(2) En caso que una solicitud haya sido transferida de una autoridad pública a otra, la fecha
de recibo será la fecha en que la autoridad pública competente para responder la solicitud
recibió la misma, pero en ningún caso deberá esa fecha exceder los [diez] días hábiles a
partir de la fecha en que la solicitud fue inicialmente recibida por una autoridad pública
con competencia para recibir solicitudes de información.
36. (1) Toda vez que una solicitud requiera una búsqueda o revisión de un gran número de
documentos, una búsqueda en oficinas físicamente separadas de la oficina que recibió la
solicitud o consultas con otras autoridades públicas antes de alcanzar una decisión con
respecto a la divulgación de la información, la autoridad pública que tramita la solicitud
podrá prorrogar el plazo para responder a la solicitud por un período de hasta [veinte]
(2) En caso que la autoridad pública no pueda completar el proceso de respuesta en [veinte]
días hábiles o, si se cumplen con las condiciones del Párrafo 1, en [cuarenta] días hábiles,
la falta de respuesta de la autoridad pública se entenderá como un rechazo a la solicitud.
(3) En casos verdaderamente excepcionales, cuando la solicitud comprenda un volumen
significativo de información, la autoridad pública podrá solicitar a la Comisión de
Información el establecimiento de un plazo mayor a los [cuarenta] días hábiles para
responder a la solicitud.
(4) Cuando una autoridad pública no cumpla con los plazos establecidos en este Artículo, la
información se entregará sin costo. Asimismo, la autoridad que no cumpla con los
referidos plazos deberá obtener la aprobación previa de la Comisión de Información para
negarse a divulgar información o para realizar una divulgación parcial de información.
37. La notificación a terceras personas no eximirá a las autoridades públicas de cumplir con los
plazos establecidos en esta Ley para responder una solicitud.
Avisos al solicitante
38. Cuando la autoridad pública considere razonablemente que una solicitud tendrá costos de
reproducción superiores a los establecidos por la Comisión de Información o que requerirá
más de [veinte] días hábiles para responder, podrá informar al solicitante con el fin de darle la
oportunidad de reducir o modificar el alcance de su solicitud.
39. (1) Las autoridades públicas deberán garantizar el acceso en la forma solicitada a menos que:
a. se pueda dañar el documento;
b. se violen derechos de autor que no pertenezcan a la autoridad pública; o
c. ello no sea viable debido a la necesidad de excluir o tachar cierta información
contenida en el documento, de conformidad con el Capítulo IV de esta Ley.
(2) Cuando se solicite información en formato electrónico que ya está disponible al público
en Internet, la autoridad pública podrá dar por satisfecha la solicitud si indica al
solicitante la dirección URL de manera exacta.
(3) Cuando el solicitante solicite la información por medio de un formato no electrónico, la
autoridad pública no podrá responder a dicha solicitud haciendo referencia a la dirección
40. (1) Cuando la información se entrega al solicitante, éste deberá ser notificado e informado
sobre cualquier costo o acción necesaria para acceder a la información.
(2) En caso que la información solicitada o una parte de ella no se entregue al solicitante
debido a que está comprendida dentro del régimen de excepciones bajo el Capítulo IV de
esta Ley, la autoridad pública deberá dar a conocer al solicitante:
a) un estimado razonable del volumen de material que se considera reservado;
b) una descripción específica de las disposiciones de esta ley empleadas para la reserva;
c) su derecho a interponer una apelación.
41. Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información únicamente bajo las
siguientes circunstancias, cuando sean legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad
democrática, basándose en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano:
a) Cuando el acceso dañare los siguientes intereses privados: -
1. el derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la vida, la salud o
2. los intereses comerciales y económicos legítimos; o
Las excepciones de este literal no deberán aplicarse cuando el individuo ha
consentido la divulgación de sus datos personales o cuando de las circunstancias del
caso, surge con claridad que la información fue entregada a la autoridad pública
como parte de aquella información que debe estar sujeta al régimen de publicidad.
Le excepción del literal (a) 1 no tendrá aplicación con respecto a asuntos
relacionados con las funciones de los funcionarios públicos, o bien cuando hayan
transcurrido más de [20] años desde la defunción del individuo en cuestión.
Comentario: En casos donde la información sobre intereses comerciales y
económicos legítimos haya sido proporcionada a la autoridad pública de manera
confidencial, dicha información deberá permanecer exenta de divulgación.
b) Cuando el acceso generare un riesgo claro, probable y específico de un daño
significativo, [el cual deberá ser definido de manera más detallada mediante ley] a los
siguientes intereses públicos:
2. defensa nacional;
3. la futura provisión libre y franca de asesoramiento dentro de y entre las
autoridades públicas;
4. elaboración o desarrollo efectivo de políticas públicas;
5. relaciones internacionales e intergubernamentales;
6. ejecución de la ley, prevención, investigación y persecución de delitos;
7. habilidad del Estado para manejar la economía;
8. legítimos intereses financieros de la autoridad pública; y
9. exámenes y auditorías, y procesos de examen y de auditoría.
Las excepciones contenidas en los literales (b) 3, 4, y 9 no deberán aplicarse a
hechos, análisis de hechos, informaciones técnicas y estadísticas.
La excepción del literal (b) 4 no deberá aplicarse una vez que la política pública se
La excepción del literal (b) 9 no deberá aplicarse a los resultados de un examen o de
una auditoría en particular, una vez que éstos hayan concluido.
c) Cuando permitir el acceso constituyere una violación a las comunicaciones
confidenciales, incluida la información legal que debe ser considerada privilegiada.
Comentario: A pesar que el Sistema Inter-Americano prevé una posible excepción
para la protección del “Orden Público”, ésta es explícitamente rechazada en esta
Ley Modelo por considerar que dicha expresión es sumamente vaga y podría
casionar abusos en la aplicación de la excepción.
Comentario: Para cumplir con los estándares del sistema interamericano
requiriendo un régimen de excepciones claro y preciso, se entenderá que el texto en
corchetes del literal (b) “definido de manera mas detallada mediante ley,” incluye
las definiciones realizadas a través de la legislación y/o de la jurisprudencia, de las
cuales resultará una definición de las excepciones. Asimismo, aunque este texto
permite que se definan de manera más detallada por ley, la operación de dichas
definiciones adicionales se limita por los principios y disposiciones de esta ley. A
dicho efecto, la ley establece un derecho amplio de acceso a la información basado
en el principio de máxima divulgación (artículo 2); establece que esta ley prevalece
sobre cualquier otra legislación, en casos de inconsistencia (artículo 4); y requiere
que cualquier persona a cargo de interpretar la ley o algún otro instrumento que
puede llegar a afectar el derecho de acceso a la información adopte cualquier
interpretación razonable a favor de la divulgación (artículo 8).
42. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento
no esté exenta de divulgación mediante las excepciones enunciadas en el Artículo 41, podrá
hacerse una versión del documento que tache o cubra solamente las partes del documento
sujetas a la excepción. La información no exenta deberá ser entregada al solicitante y hacerse
43. Las excepciones a las que se refiere el Artículo 41 (b) no son aplicables en el caso de un
documento que tenga más de [12] años de antigüedad. Cuando una autoridad pública desee
reservar la información, este período podrá ser extendido hasta por otros [12] años mediante
la aprobación de la Comisión de Información.
44. Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o
negar la divulgación de un documento, de conformidad con las excepciones contenidas en el
Artículo 41, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de
45. Las excepciones contenidas en el Artículo 41 no deberán aplicarse en casos de graves
violaciones de derechos humanos o de delitos contra la humanidad.
V. APELACIONES
46. (1) El solicitante podrá, dentro de un plazo de [60] días hábiles contados a partir de la falta de
contestación a su solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento
de las reglas establecidas en esta Ley respecto a la contestación de solicitudes, presentar
una apelación interna frente al titular de la autoridad pública.
(2) El titular de la autoridad pública deberá emitir una resolución fundada y por escrito dentro
de un plazo no mayor a [10] días hábiles a partir de la recepción de la apelación interna, y
entregar al solicitante una copia de dicha resolución.
(3) Si el solicitante decide presentar una apelación interna, deberá esperar el término
completo de los tiempos establecidos en esta disposición antes de presentar una apelación
Comentario: Una apelación interna no debe ser obligatoria, sino opcional para el
solicitante antes de presentar una apelación externa.
Apelación Externa
47. (1) Cualquier solicitante que considere que su solicitud no ha sido atendida de conformidad
con las disposiciones de esta Ley, independientemente de que haya presentado o no una
apelación interna, tiene derecho a presentar una apelación frente a la Comisión de
(2) Dicha apelación deberá presentarse dentro de un plazo no mayor a [60] días del
vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de una solicitud o para la
contestación de una apelación interna, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.
(3) Dicha apelación deberá contener: -
a) la autoridad pública ante la cual se presentó la solicitud;
b) información para poder contactar al solicitante;
c) los fundamentos de la apelación; y
d) cualquier otra información que el solicitante considere relevante.
48. Una vez recibida una apelación, la Comisión de Información podrá mediar entre las partes a
fin de lograr la entrega de la información sin necesidad de agotar el proceso de apelación.
49. (1) La Comisión de Información deberá registrar la apelación en un sistema de seguimiento
centralizado e informará a todas las partes interesadas, incluidas las terceras partes, sobre
la apelación y su derecho a comparecer en el proceso.
(2) La Comisión de Información deberá establecer reglas claras y no discriminatorias en lo
relativo a la sustanciación de la apelación a través de las cuales se asegure a todas las
partes la oportunidad de comparecer en el proceso.
(3) Cuando la Comisión de Información no tenga certeza del alcance y/o la naturaleza de una
solicitud y/o apelación, deberá contactar al recurrente para que aclare lo que está
solicitando y/o apelando.
50. (1) La Comisión de Información tomará una decisión dentro de un plazo de [60] días hábiles
dentro de los que se incluyen cualquier intento de mediación. En circunstancias
excepcionales, los plazos podrán ser ampliados por otros [60] días hábiles.
(2) La Comisión de Información podrá decidir:
a) rechazar la apelación;
b) requerir a la autoridad pública para que tome las medidas necesarias para cumplir con
sus obligaciones bajo esta Ley, tales como, pero no limitadas a, la entrega de la
información y/o la reducción de costos.
(3) La Comisión de Información deberá notificar al solicitante, a la autoridad pública, y a
cualquier parte interesada, de su decisión. Cuando la decisión no es favorable al
solicitante, éste deberá ser informado de su derecho de apelación.
(4) Si la autoridad pública no cumple la decisión de la Comisión de Información dentro de los
plazos establecidos en dicha decisión, la Comisión de Información o el solicitante podrán
interponer una queja frente al tribunal [competente] a efectos de obtener el cumplimiento
Comentario:La forma de obligar el cumplimiento previsto en el numeral 4 de este
artículo variará de acuerdo con cada país.
51. Un solicitante puede entablar una demanda de revisión en los tribunales solamente para
impugnar una decisión de la Comisión de Información, dentro de un plazo no mayor a [60]
días contados a partir de una decisión adversa o del vencimiento de los plazos establecidos
por esta Ley para responder a las solicitudes.
52. El tribunal deberá tomar una decisión final tanto en la parte procedimental como substantiva
Comentario: Estas reglas se establecen partiendo del supuesto de que en muchos países
las Cortes tienen todos los poderes necesarios para procesar este tipo de casos,
incluyendo la posibilidad de sancionar a las autoridades públicas. Cuando este no sea el
caso, es probable que haya necesidad de otorgarle estos poderes a través de la ley de
53. La carga de la prueba deberá recaer en la autoridad pública a fin demostrar que la
información solicitada está sujeta a una de las excepciones contenidas en el Artículo 41. En
particular, la autoridad deberá establecer:
a) que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática
basada en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano;
b) que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés
protegido por esta Ley; y
c) que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público en la
VI. LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN
Establecimiento de la Comisión de Información
54. (1) Por intermedio de esta Ley se crea una Comisión de Información que tendrá a su cargo la
promoción de la efectiva implementación de esta Ley;
(2) La Comisión de Información deberá tener personalidad jurídica completa, incluyendo
poderes para adquirir y disponer de propiedad, y el poder de demandar y ser demandada;
(3) La Comisión de Información deberá tener autonomía operativa, de presupuesto y de
decisión, y deberá entregar informes periódicos al Poder Legislativo;
(4) El Poder Legislativo deberá aprobar el presupuesto de la Comisión de Información, el que
deberá ser suficiente para que la Comisión de Información pueda cumplir con sus
facultades de manera adecuada.
55. (1) La Comisión de Información deberá estar integrada por [tres o más] comisionados que
reflejen una diversidad de experiencia y talento.
(2) Los Comisionados deberán elegir al Presidente de la Comisión de Información.
Comentario: Es preferible que la Comisión de Información esté integrada por cinco
comisionados. En comparación con un cuerpo colegiado de cinco miembros, un cuerpo
de tres puede aislar y obstruir el consejo y la participación de uno de los comisionados
en casos donde los otros dos estén cercanamente asociados de manera filosófica,
personal o política – una dinámica que es más difícil en un cuerpo de cinco.
56. Nadie podrá ser nombrado comisionado si no cumple con los siguientes requisitos: -
b) ser una persona de alto carácter moral;
c) no haber ocupado un cargo [de alto nivel] en el gobierno o partido político en los
últimos [2] años; y,
d) no haber sido condenado por un delito violento o un delito que comprometa su
honestidad en los últimos [cinco] años, salvo que haya sido objeto de indulto o
57. Los Comisionados serán designados por el [Poder Ejecutivo] luego de haber sido nominados
por una mayoría de dos tercios de los miembros del [Poder Legislativo] y en un proceso que
cumpla con los siguientes principios:
a) participación del público en el proceso de nominación;
b) transparencia y apertura; y
c) publicación de una lista de los candidatos que se consideren más idóneos para el
Comentario: A fin de aumentar la confianza en la institución, es preferible que tanto el
ejecutivo como la legislatura participen en el proceso de selección; que cualquier
decisión de la legislatura sea por una mayoría calificada suficiente para garantizar el
apoyo bipartidista o multipartidista (ej: 60 por ciento o 2/3); que el público tenga la
oportunidad de participar en el proceso de nominación; y que el proceso sea
transparente. Hay dos enfoques principales: nombramiento ejecutivo, con la nominación
y aprobación de la legislatura; y nombramiento legislativo, con la nominación o
aprobación del ejecutivo.
58. (1) Los Comisionados desempeñarán sus funciones a tiempo completo y serán remunerados
con un sueldo igual al de un juez [de un tribunal de segunda instancia].
(2) Los Comisionados no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, a excepción de
instituciones académicas, científicas, o filantrópicas.
Comentario: Se recomienda que los Comisionados sirvan a tiempo completo y que su
salario esté vinculado a un monto fijado externamente para aumentar la independencia
59. El cargo de los comisionados tendrá una duración de [5] años y podrá ser renovado una sola
Comentario: Para garantizar la continuidad de servicio, es necesario alternar los
mandatos de los comisionados, cuando la comisión sea inicialmente creada, con el
objetivo de evitar que expiren en el mismo año los términos de más de las dos terceras
partes de los miembros de la Comisión de Información.
60. (1) Los comisionados sólo podrán ser destituidos o suspendidos de sus cargos de conformidad
con el proceso de selección por el cual fueron designados y solamente por razones de
incapacidad o por alguna conducta que amerite la destitución de su cargo. Estas
conductas incluyen:
a) ser condenado de un delito;
b) afección de salud que afecte directamente su capacidad individual para cumplir con
sus obligaciones;
c) infracciones graves a la Constitución o a esta Ley;
d) negativa a cumplir con cualquiera de los requisitos de divulgación, tales como no
hacer público su salario o los beneficios de los que goza.
(2) Cualquier comisionado que haya sido destituido o suspendido de su cargo tiene derecho a
apelar dicha destitución o suspensión ante el Poder Judicial.
Facultades y Atribuciones de la Comisión
61. Además de las facultades establecidas por esta Ley, la Comisión de Información tendrá todas
las facultades necesarias para cumplir con sus obligaciones, entre las cuales deberán incluirse
a) de revisar la información en posesión de cualquier autoridad pública, incluso
mediante inspecciones in situ;
b) la autorización sua sponte de monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la
c) de llamar testigos y producir pruebas en el contexto de un proceso de apelación;
d) de adoptar las normas internas que sean necesarias para desempeñar sus funciones;
e) de expedir recomendaciones a las autoridades públicas; y,
f) de mediar disputas entre las partes de una apelación.
62. Además de los deberes ya establecidos por esta Ley, la Comisión de Información tendrá los
a) interpretar la presente Ley;
b) apoyar y orientar, previa solicitud, a las autoridades públicas en la implementación de
c) promover la concientización acerca de la presente Ley y sus disposiciones, así como
su comprensión, entre el público, incluso mediante la publicación y difusión de una
guía sobre el derecho de acceso a la información;
d) formular recomendaciones sobre la legislación vigente y legislación propuesta;
e) remitir los casos en donde se sospeche mala conducta administrativa o penal a los
órganos competentes; y
f) cooperar con la sociedad civil.
63. (1) Las autoridades públicas deberán presentar informes anuales a la Comisión sobre sus
actividades de conformidad con, o para promover el cumplimiento de, la presente Ley.
Este informe incluirá, por lo menos, información sobre:
a) el número de solicitudes de información recibidas, concedidas en su totalidad o en
parte, y de las solicitudes denegadas;
b) cuáles secciones de la Ley fueron invocadas para denegar, en su totalidad o en parte,
las solicitudes de información, y con qué frecuencia fueron invocadas;
c) apelaciones interpuestas contra la negativa a comunicar información;
d) los costos cobrados por las solicitudes de información;
e) sus actividades de conformidad con el derecho del Artículo 12 (obligación de
publicar);
f) sus actividades de conformidad con el Artículo 33 (mantenimiento de documentos);
g) sus actividades de conformidad con el Artículo 68 (capacitación de funcionarios)
h) información sobre el número de solicitudes respondidas dentro de los plazos
establecidos por esta ley;
i) información sobre el número de solicitudes respondidas fuera de los plazos
establecidos por esta ley, incluyendo las estadísticas de cualquier demora en la
contestación; y
j) cualquier otra información que sea útil a los efectos de evaluar el cumplimiento de
esta Ley por parte de las autoridades públicas.
(2) La Comisión deberá presentar informes anuales sobre la operación de la Comisión y el
funcionamiento de la Ley. Este informe incluirá, al menos, toda información que reciba
de las autoridades públicas en cumplimiento del derecho de acceso, el número de
apelaciones presentadas ante la Comisión, incluyendo un desglose del número de
apelaciones provenientes de las diversas autoridades públicas, y los resultados y el estado
64. Nadie será objeto de acción civil o penal, ni de perjuicio laboral, por un acto de buena fe en el
ejercicio, cumplimiento o intención de cumplimiento de las facultades o atribuciones en los
términos de la presente Ley, siempre que se haya actuado razonablemente y de buena fe.
65. Es delito penal actuar deliberadamente con intención de destruir o alterar documentos una vez
hayan sido objeto de una solicitud de información.
66. (1) Se considerarán como infracciones administrativas las siguientes conductas deliberadas:
a) Obstruir el acceso a cualquier documento en forma contraria a lo dispuesto en las
Secciones II y III de esta Ley;
b) Impedir a una autoridad pública el cumplimiento de sus obligaciones bajo los
Capítulos Secciones II y III de esta Ley;
c) Interferir con el trabajo de la Comisión de Información;
d) Incumplir las disposiciones de esta Ley;
e) Omitir la creación de un documento en incumplimiento de políticas o normas
aplicables o con la intención de impedir el acceso a la información; y
f) Destruir documentos sin autorización.
(2) Cualquier persona puede denunciar la comisión de una de las infracciones administrativas
definidas anteriormente.
(3) Las sanciones administrativas se regirán por el derecho administrativo del Estado y
podrán incluir multa [de hasta x salarios mínimos], suspensión por un período de [x]
meses/años, destitución o inhabilitación para el servicio por un período de [x]
(4) Cualquier sanción deberá ser publicada en el sitio Web de la Comisión de Información y
de la autoridad pública dentro de los cinco días de haber sido impuesta.
VII. MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO
67. El [Poder Legislativo] deberá regularmente monitorear la operación de esta Ley con el
objetivo de determinar si es necesario modificarla para garantizar que toda autoridad pública
cumpla con el texto y el espíritu de la ley, y para garantizar que el gobierno sea transparente,
permanezca abierto y accesible a sus ciudadanos y cumpla con el derecho fundamental de
68. El Oficial de Información deberá garantizar el suministro de capacitación adecuada para los
oficiales de la autoridad pública, en la aplicación de esta Ley.
69. La Comisión de Información deberá asistir a las autoridades públicas en la capacitación para
oficiales, en la aplicación de esta Ley.
70. El [Ministerio de Educación] deberá garantizar que los módulos educativos básicos sobre el
derecho de acceso a la información se proporcionen a estudiantes en cada año de educación
VIII. MEDIDAS TRANSITORIAS
71. La presente Ley puede citarse como la Ley de Acceso a la Información de [insertar el año
correspondiente].
72. La presente Ley entrará en vigor en la fecha de su promulgación por [insertar nombre de la
persona pertinente, como el Presidente, Primer Ministro o Ministro], no obstante lo cual
entrará automáticamente en vigor a los [seis] meses de su sanción, de no haber promulgación
73. Esta Ley deberá ser reglamentada dentro de [1] año de su entrada en vigor y con la
participación activa de la Comisión de Información.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 Artículo 3
 Artículo 12
 Artículo 18
 Artículo 17
 Artículo 12
 Artículo 9
 Artículo 21
 Artículo 41
 Artículo 41

Artículo 41
 Artículo 41
 resolución 
 Artículo 41
 Artículo 12
 Artículo 33
 Artículo 68