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Timestamp: 2018-10-18 11:14:24+00:00

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18 junio, 2016 By Fabio Balbuena Deja un comentario
Poder de representación y… ¿mandato?
En el tráfico jurídico es frecuente y habitual que se otorguen poderes de representación con diferentes facultades que permitan operar con mayor comodidad y fluidez. Por ejemplo, es frecuente que personas que residen o van a desplazarse al extranjero, otorguen poderes para vender o comprar propiedades, a fin de no tener que desplazarse de vuelta para firmar la escritura de compraventa si se produce la operación.
Cuando se produce la decisión de realizar la operación por el poderdante, se genera un verdadero mandato. El problema surge en muchas ocasiones cuando el apoderado utiliza el poder incumpliendo el mandato, o extralimitándose en su ejercicio.
El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente un caso de estas características. Se trata de la STS, Sala 1ª, de 20 de mayo de 2016 (nº de Sentencia 333/2016, nº de Recurso 2876/2013), Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Orduña Moreno.
Se trataba de una sociedad familiar, en la que los socios, dos hermanos y su madre, se habían otorgado recíprocamente poderes con amplias facultades, entre las que se incluían las de vender y transmitir bienes muebles e inmuebles.
Llegado un momento, surgieron “desavenencias entre los hermanos relativas a la gestión de la sociedad”, y ambos y su madre revocaron los poderes.
Sin embargo, con posterioridad a la revocación de tales poderes, ambos realizaron unas ventas de participaciones sociales, lo que motivó que uno de ellos demandara al otro solicitando la nulidad de las operaciones realizadas, y el otro contestara la demanda y formulara reconvención solicitando igualmente la nulidad de las operaciones realizadas por el demandante.
La sentencia en primera instancia desestimó la demanda y estimó la reconvención. En cambio, la Audiencia Provincial revocó la sentencia y estimó la demanda y desestimó la reconvención.
Los demandados-reconvinientes formularon recurso de casación, combatiendo únicamente la desestimación de su reconvención.
El Supremo estima el recurso y confirma el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia estimatorio de la reconvención.
En la reconvención, en esencia, se solicitaba la nulidad de la venta de las participaciones sociales por entender que existió una ilegítima transmisión de acciones y participaciones sociales llevada a cabo por el hermano demandante, pues ya no estaba vigente el poder y no existió una instrucción para vender participaciones.
El Tribunal así lo estima, al concluir que se incurrió en un “exceso o extralimitación en el ejercicio del mandato al celebrar las compraventas de participaciones sociales…”.
Lo explica el Magistrado Ponente Sr. Orduña Moreno con un razonamiento digno de enmarcar:
«Con relación a la interpretación del poder de representación, particularmente respecto de los formulados en términos muy generales, debe señalarse, en primer lugar, que quedan sujetos a las directrices y reglas que nuestro Código Civil dispone en materia de interpretación (artículos 1281 y siguientes del Código Civil), si bien con inclusión de los criterios legales establecidos en el artículo 1713 del mismo cuerpo legal.
En este contexto, la voluntad querida por las partes se erige como criterio rector de la interpretación, de modo que no puede atenderse de forma automática o mecánica a la mera literalidad del poder conferido, sino principalmente al sentido del encargo realizado, esto es, a la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad querida y en relación con las circunstancias que concurran.
En segundo lugar, y dado el fundamento del contrato de mandato en el recíproco vínculo de confianza entre mandante y mandatario, también deben destacarse los deberes de fidelidad y lealtad que constituyen auténticas directrices en el desenvolvimiento de la actividad de gestión que realiza el mandatario; STS de 28 de octubre del 2004 (núm. 1045/2004). Estos deberes, con fundamento tanto en el principio general de buena fe (artículo 7 del Código Civil), como en su proyección en el artículo 1258 del mismo cuerpo legal (consecuencias que según la naturaleza del contrato sean conformes a la buena fe), y también en el criterio general de la diligencia específica aplicable en los negocios de gestión (artículo 1719 del Código Civil), implican que el mandatario debe comportarse como cabe esperar de acuerdo con la confianza depositada (servare fidem), diligentemente y en favor del interés gestionado, con subordinación del propio interés.»
Se añade además que no existió una ratificación tácita del mandato:
“una vez declarada la extralimitación en el ejercicio del poder otorgado, se comprende mejor que en el presente caso no concurra la existencia de una ratificación tácita (facta concludentia) de los mandantes respecto de las compras de participaciones sociales llevadas a cabo por el mandatario…”
Por lo tanto, con la estimación de la demanda por la Audiencia Provincial, y la estimación de la reconvención por el Tribunal Supremo (confirmando así la sentencia de primera instancia), lo que se produce es la nulidad de las compraventas de participaciones sociales llevadas a cabo por los dos hermanos enfrentados.
En conclusión, en estos casos hay que atender a las directrices y reglas de interpretación del poder de representación, en relación con el fundamento del contrato de mandato (“recíproco vínculo de confianza entre mandante y mandatario”) y los deberes de fidelidad y lealtad.
Archivada en: Apoderamiento especial, Buena fe, Código Civil, Confianza, Nulidad, Tribunal Supremo Etiquetada con: Buena fe, Confianza, Contrato de Mandato, Fidelidad, Lealtad, Poder de representación
8 octubre, 2013 By Fabio Balbuena Deja un comentario
Nulidad de actuaciones e indefensión
Ya hemos hablado en otra ocasión de la “nulidad de actuaciones”.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de fecha 2 de septiembre de 2013 (nº 522/2013) analiza la cuestión, en un supuesto en el que la Audiencia Provincial de Málaga declaró la nulidad de actuaciones de la primera instancia desde la audiencia previa del juicio.
El supuestoes el siguiente:
Los actores interponen demanda solicitando que se declare resuelto un contrato y la devolución de un dinero más intereses. La sentencia estima la demanda, y la parte condenada recurre en apelación. La Audiencia Provincial declara la nulidad de actuaciones consistente en que la parte actora no compareció a la audiencia previa del juicio personalmente ni había otorgado apoderamiento especial a su Procurador para renunciar, allanarse o transigir, y por tanto, entiende la Sala que se le debió tener por no comparecida y decretarse el sobreseimiento del proceso.
El caso es que cuando se observó en la audiencia previa que los actores no habían comparecido personalmente ni habían otorgado apoderamiento especial al Procurador, la juez suspendió el acto por entender que se trataba de un defecto subsanable, pese al recurso de reposición de la parte demandada que fue desestimado en el acto. Además, la falta de apoderamiento no existía, pues se había testimoniado mal el poder al no copiarse el folio en el que se reflejaban las facultades especiales concedidas al Procurador. Pero en todo caso, el defecto fue subsanado y la audiencia previa se celebró el nuevo día señalado, continuando el proceso hasta dictarse sentencia estimatoria de la demanda.
Pues bien, la Audiencia Provincial acogió la petición de la demandada en el recurso de apelación y declaró la nulidad de actuaciones desde la audiencia previa, entendiendo que el defecto de falta de apoderamiento especial al Procurador era insubsanable, con lo que ordenó el sobreseimiento del proceso y el archivo de las actuaciones, imponiendo a la parte actora las costas devengadas en la 1ª Instancia hasta la Audiencia Previa, sin imponer las costas de la alzada por el recurso de apelación estimado, pero imponiendo al impugnante las costas de la impugnación desestimada.
Ahora el Tribunal Supremo, en Sentencia de la que ha sido Ponente el Excmo. Sr. SalasCarceller, ha estimado el recurso por infracción procesalpor entender que se ha producido la indefensiónde la parte demandante, pues no se ha dado respuesta a su demanda.
Así, anula la Sentencia de la Audiencia Provincialy ordena que se repongan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la mismapara que por la Audiencia Provincial se dicte nueva sentencia que resuelva sobre el fondode los recursos de apelación interpuestos.
El recurso por infracción procesal se estima por el Alto Tribunal por las siguientes razones:
“A) Porque, según se acreditó ante la propia Audiencia Provincial, el poder otorgado a procuradores por la parte demandante sí comprendía las facultades exigidas por el artículo 414.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para suplir la asistencia personal de la parte, habiéndose producido un error a la hora de testimoniar en autos el poder original por omisión de ciertos folios del mismo.
B) Porque, en todo caso, la nulidad de actuaciones acordada por la Audiencia Provincial en la sentencia hoy recurrida se fundamentaba necesariamente en la causa prevista en el artículo 225, caso 3º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil -coincidente con igual ordinal del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial – que se refiere a los supuestos en que «se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esta causa, haya podido producirse indefensión». Sin embargo la decisión de la juzgadora de primera instancia al conceder a la parte demandante un plazo para subsanar un defecto de poder – por demás, inexistente- en lugar de acordar el sobreseimiento del proceso a que se refiere el artículo 414.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podría haber constituido una irregularidad procesal pero, desde luego, no generaba indefensión alguna para la parte demandada por lo que no podía dar lugar a una declaración de nulidad de pleno derecho”.
Y concluye: “En consecuencia, ha sido la declaración de nulidad de actuaciones la que ha de considerarse vulneradora de las normas legales que rigen el proceso y la validez de las actuaciones procesales, por lo que ha de estimarse el motivo formulado por infracción procesal al amparo de lo previsto en el artículo 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues como resultado se ha producido la indefensión de la parte demandante y la falta de respuesta en este proceso a las pretensiones formuladas en su demanda”.
Enfin, excelente sentencia que demuestra que no basta una mera irregularidad procesal, y ni siquiera que dejen de cumplirse normas esenciales del procedimiento, para considerar que existe nulidad de actuaciones, cuando no se sigue indefensión para una parte procesal.
Archivada en: Alto Tribunal, Apoderamiento especial, Audiencia Previa, Defecto subsanable, Indefensión, Infracción procesal, Irregularidad procesal, Nulidad de actuaciones, Sentencias, Sobreseimiento, Tribunal Supremo

References: artículo 1713
 artículo 1258
 artículo 414
 artículo 225
 artículo 238
 artículo 414
 artículo 469