Source: http://argentinaoculta.com/privatiz.htm
Timestamp: 2018-05-22 15:25:07+00:00

Document:
La ley de Reforma del Estado es la N° 23.696, fue sancionada el 17/08/89 y promulgada el 18/08/89. Este fue el instrumento que tuvo el gobierno de turno para desguazar al Estado Nacional y lo hizo a través de artículos infames como el 15 (inc. 10) en el cual establecía mecanismos por los cuales los compradores de las empresas del estado no estaban obligadas a pagar con billetes el valor del ente a privatizar; o como en su inciso 12 se dispone que el estado se haga cargo de todas los pasivos de dichos entes.También en su artículo 19 la ley evita la intervención del Tribunal de Tasaciones para tasar los entes a privatizar. O como se restringió el control de dichas privatizaciones por Tribunal de Cuentas de la Nación y por Sindicatura de Empresas Públicas (art. 20).Y lo más importante, el aspecto humano, fue pasado por alto con el artículo 41, muy bien maquillado, dejando abierta la facultad de intervención a los sindicatos.
Ley pro-Monopolio:
Lo que el artículo 10 quiere decir es que si el monopolio no afecta la privatización, el sector privado queda dueño del monopolio. Se transfieren, por lo tanto, monopolios del Estado a monopolios de empresas privadas (caso Aerolíneas Argentinas).
No se recibió ningún billete por la venta:
A través del Artículo 15, inc.10) se establecen mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado pueden capitalizar sus créditos: esto significa lisa y llanamente que las empresas, organismos y entes que se vendan no serán pagados en su precio con billetes argentinos o norteamericanos, sino con títulos de la deuda externa, los cuales el día 8 de julio de 1989 se cotizaban en el mercado interbancario o mercado secundario al 14% de su valor nominal por ser todos ellos títulos fraguados con falsedad en la inhabilidad para su cobro. El negocio fue transferir patrimonio genuino por títulos apócrifos de la deuda externa. El valor de los bienes vendidos a empresas de Gran Bretaña entre 1991 y 1992 fue de un billón de dólares (o sea un millón de millones) el precio pagado por esos bienes, según informe del Ministerio de de Economía, fue del 1% de ese valor, es decir bien mil millones de dólares norteamericanos. Este precio no se abonó en billetes norteamericanos en su gran mayoría, sino entregándo los apócrifos títulos de la deuda externa contraída bajo el gobierno del "proceso" y subsiguientes para su cobro (conforme lo que dicta la causa N° 14.467), sentencia de fecha .
Posteriormente, según un estudio en "Mundo Diplomático" por los Dres. Eric Carcagno determinan que las sumas por ventas posteriores ascendían aproximadamente a 26.600 millones de dólares. percibiendo parte en dólares y en su mayor cantidad en títulos de la deuda externa argentina. El precio de venta sería en consecuencia del 1 % o del 2,6% del valor de los bienes entregados. Esto no es ni siquiera un precio vil, porque un precio vil hubiera sido el 20%. En consecuencia estamos en presencia de una entrega que tiene la forma jurídica de una compra-venta con un precio simbólico. Complementando este criterio, el ex ministro de economía durante épocas del "proceso" según lo publicado en el diario La Nación: "La forma más simple de concretar la privatización es regalar".
El Estado se hizo cargo de todo el pasivo de cada una de las empresas:
Remate sin base:
Tasación por parte de los mismos compradores:
En su artículo 19, la ley ha evitado la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo sumamente competente, para tasar los bienes que el Estado adquiera por expropiación venda por privatización. Un caso que siempre debe recordarse es el de la Ingeniera María Julia Alsogaray que como interventora de ENTEL, quiso que la Inspección General de Justicia le otorgase personería jurídica a una empresa consultora de tasaciones cuya presidente era la Ingeniera María Julia Alsogaray. El Inspector General de Justicia, Dr. González Arzac fue obligado a renunciar por no querer adjudicar personería jurídica a esa consultora, cuya actividad hubiese tipificado el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Un sarcasmo. Una impunidad.
Control ridículo:
Desprotección al trabajador:
Manejo de los medios:
El artículo 32 de la Constitución Nacional que fue sancionada el 9 de diciembre de 1853 prohibe a la Argentina tener una ley de prensa. Esto, sumado al artículo 65 de la Ley de Reforma del Estado no hace sino propender a la manipulación de los medios masivos de comunicación a través de los monopolios. Es decir, que la empresa propietaria puede se dueña de radios, canales de televisión y también de diarios, de esta manera se pretende una concentración de todos los medios. Los monopolios, en cuanto a los medios de comunicación, en cualquier país serio están seriamente restringidos.
Tarifa de peaje:
El art. 6 garantiza a las empresas británicas “las transferencias sin restricciones de sus inversiones y ganancias” hacia el país del cual proceden. Esto es, hacia Gran Bretaña o países del Conmonwealth donde se halle el domicilio de su casa matriz, conforme lo contemple el art. 12 del tratado que estamos considerando.
5) Poder sobre las Materias Primas: Supresión de la Junata Nacional de Carnes (Decreto N° 2284 del 30-X-1991 de Desregulación), Privatización de la Junta Nacional de Granos, Unidades de Campaña (Silos de Almacenamiento de Granos) y Elevadores de Granos Terminales (Portuarios) (Confr. Ley de Reforma del Estado N° 23696 Anexo I), Pesca en el Atlántico Sur (Conf. Art. 7 del Acuerdo-Tratado de Madrid del 15-II-1990 entre Gran Bretaña y la República Argentina).
9) Poder sobre el Trabajo, las retribuciones y las remuneraciones de los argentinos: Esta protestad les fue discernida a los británicos por el Art. VII del Tratado de 1825. Actualmente, la Ley de Empleo N° 24013 al tornar discontinuo y limitado en su vigencia al “contrato de trabajo” ha suprimido el derecho a trabajar al que el pueblo argentino había accedido por imperio de un derecho natural que fue recepcionado por el derecho positivo. Este principio que es fundamento de toda sociedad civilizada se hallaba en el art. 37-I-1 de la Enmienda Constitucional de 1949 y en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744 de 1974. E n cuanto al poder sobre las remuneraciones y retribuciones está expresado en el programa de reemplazar el salario en dinero por una “tarjeta de crédito” que en forma sutil pero sostenida se viene publicitando. Fácil es de advertir que con la supresión del salario en dinero líquido la relación laborativa habrá de conformar un estamento de asalariados muy similar al de la esclavitud. Justificando el sistema esclavista el Duque de Edimburgo ha proclamado el siguiente concepto: “la esclavitud no es mas que un sistema de trabajo dirigido y de beneficios marginales. Estos increíbles criterios han sido publicados en Londres en 1978 y en la Argentina en 1981.
10)Poder sobre la vida a través de la extensión horaria de la relación de trabajo: La conquista universal de la jornada máxima de 8 hs de trabajo que nuestro país adoptó por la Ley Nacional N°11544 promulgada y publicada el 12 de septiembre de 1929 ha de ser reemplazada por una jornada de trabajo de diez horas de labor conforme al anuncio oficial publicado los días 2 y 3 de mayo de 1993. Las implicancias últimas de esto son el forzoso desgaste físico y la reducción del promedio de vida para todos los argentinos. En definitiva, una reducción demográfica que hará que en pocos años se fabriquen mas ataúdes que cunas.
11)Poder sobre el sistema previsional: La Ley de Jubilaciones Privadas recientemente sancionada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (abril-mayo de 1993) impone un sistema compulsivo de “ahorro forzoso” para los trabajadores. Este ahorro forzoso se hará efectivo sobre los sueldos y salarios congelados que soportan todos los argentinos que trabajan, ya sea en tareas físicas o intelectivas. El destino de ese ahorro forzoso para un país con un desempleo y subempleo que abarca a millones de personas y con un ingreso que no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de mas de 10 millones de habitante, será para empresas extranjeras (bancarias, de seguros o financieras) que formarán su capital con el aporte obligatorio de los argentinos. El riesgo de que la empresa de jubilaciones privadas termine fallida, es decir quebrada, y no pague las jubilaciones y pensiones será soportado por el trabajado.

References: artículo 19
 artículo 41
 artículo 10
 Artículo 15
 artículo 19
 artículo 32
 artículo 65