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BOE.es - Documento BOE-A-2015-14338
Documento BOE-A-2015-14338
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 2015, páginas 124028 a 124048 (21 págs.)
BOE-A-2015-14338
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 9 de diciembre de 2011, el Abogado del Estado, actuando en la representación que legalmente ostenta del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 6.1 y 2 y 10, así como sus apartados 2 c), d) y f) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» núm. 50, de 10 de marzo). El Abogado del Estado hizo invocación expresa de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
b) Tras precisar el objeto del recurso, se refiere el Abogado del Estado a las «competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma» consignadas en los arts. 149.1.18 CE y 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr). Los preceptos legales impugnados regulan la documentación exigida en los procedimientos negociados y simplificados (artículo 6) y el procedimiento simplificado de adjudicación de contratos (artículo 10) y, a juicio del recurrente, contravienen los arts. 138, 142, 146, 151 y 159 del texto refundido de la Ley estatal de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, todos ellos declarados básicos ex art. 149.1.18 CE (disposición final segunda.3 de este mismo texto refundido). Cita, igualmente, las SSTC 141/1993, de 22 de abril; 331/1993, de 12 de noviembre, y 162/2009, de 29 de junio.
c) Precedida de una sucinta reflexión sobre la doctrina general acerca de la noción de lo básico, pasa el Abogado del Estado a examinar la «doctrina en relación con las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y, en particular, en materia de contratación administrativa»; examen que arranca de la STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3. De esta resolución infiere que «en este ámbito … la finalidad principal de lo básico es garantizar a los ciudadanos un tratamiento común ante las distintas Administraciones, por lo que tendrá mayor intensidad cuando se trate de regular actividades de eficacia externa, que cuando se trate de cuestiones puramente organizativas de incidencia exclusivamente interna». Según refiere, la STC 141/1993 aclara, en su fundamento jurídico 5, los requisitos generales que debe reunir una norma para que pueda considerarse básica: «la normativa básica en materia de contratación tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas»; por el contrario, excederán lo básico «otras prescripciones de detalle o de procedimiento que, sin merma de la eficacia de tales principios básicos, pudieran ser sustituidas por otras regulaciones asimismo complementarias o de detalle, elaboradas por las Comunidades Autónomas con competencia para ello».
2. Mediante providencia de 20 de diciembre de 2011, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, así como dar traslado, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, así como a la Diputación General de Aragón y a las Cortes de Aragón, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el núm. 313, de 29 de diciembre de 2011, y en el «Boletín Oficial de Aragón» núm. 88, de 9 de mayo de 2012.
a) Estas alegaciones arrancan con un epígrafe rubricado «Distribución competencial Estado-Comunidad Autónoma en materia de contratación. Alcance respectivo de la legislación básica estatal y del desarrollo de la misma por la Comunidad Autónoma». Al respecto invoca el art. 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que permitiría a la Comunidad Autónoma «desarrollar una política propia en materia de contratación, lo que supone que el contenido de la legislación básica estatal no podrá ser tan detallada que vacíe el desarrollo de una política diferenciada» (STC 50/1999, de 6 de abril). El alcance de lo básico en materia de contratación pública ha sido definido en las SSTC 141/1993 y 331/1993. No discute la Letrada autonómica el carácter básico de la normativa estatal que se dice vulnerada por los preceptos legales autonómicos (arts. 146.1, 151.2, 138.2, 142.1 y 159 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público). Sentado esto, subraya que los preceptos legales controvertidos se limitan a completar la normativa básica estatal con ciertas novedades destinadas a dotar de una mayor agilidad a la tramitación procedimental.
En opinión de la Letrada autonómica, «parece competencialmente viable, a la vista de los preceptos estatutarios vigentes, que la Comunidad Autónoma de Aragón adopte estrategias normativas que den adecuada respuesta a las exigencias de la Directiva 2004/18, de contratación del Sector Público y de la jurisprudencia que el TJCE ha venido dictando en los últimos años que ha subrayado con insistencia los principales: publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad de trato y eficiencia de los recursos públicos. Sobre esta base, la ley autonómica sobre (sic) cuestiones propias de la tramitación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos implicaría un ejercicio de las competencias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía de tal modo que se refuerzan las garantías de las que se revisten estos principios en la legislación básica estatal.»
b) Aborda seguidamente el estudio de los «principios de la política propia de contratación pública de la Comunidad Autónoma. Ámbito y límites». En ejercicio de la competencia autonómica, las Cortes de Aragón establecieron en la Ley recurrida una serie de medidas de simplificación en la tramitación de los procedimientos. Se trata de unas medidas que resultan obligadas en virtud del art. 5 de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como «Directiva de servicios». Esta Directiva proclama una serie de principios del procedimiento administrativo que necesariamente deben inspirar la regulación de desarrollo procedimental autonómica. A este respecto identifica una serie de medidas de simplificación administrativa que se contienen en la propuesta de Directiva sobre contratación pública COM (2011) 896 final.
Respecto del art. 6 de la Ley de las Cortes de Aragón 3/2011, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, señala que la posibilidad de sustituir la presentación inicial de documentación –cuando se opte por la no existencia de mesa de contratación– por una declaración responsable no altera el elenco mínimo de requisitos del art. 146.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público ni tampoco el momento de exigencia de su concurrencia efectiva. El legislador autonómico hace uso de la posibilidad introducida en el art. 71 bis de la Ley 30/1992 por la Directiva de servicios. La Letrada autonómica defiende que la previsión del artículo 6 es perfectamente legítima por tratarse de un ámbito organizativo de la tramitación procedimental y porque sigue las pautas y exigencias marcadas de simplificación administrativa previstas en la Directiva de servicios. A mayor abundamiento, esta misma solución ha sido recogida en la Ley Foral 6/2006, de contratos públicos de Navarra, frente a la que no se han alzado reproches de inconstitucionalidad.
Sobre la impugnación del art. 10.2 c) de la Ley, recuerda la Letrada autonómica que se recurre por su oposición con el art. 142 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, relativo a la publicidad de determinados contratos. La doctrina constitucional ya ha afirmado que la regulación de la publicidad de las licitaciones tiene carácter básico al ser esencial para garantizar la igualdad entre todos los licitadores. Pero ello no incluye la forma concreta de publicidad ni la exigencia de una sola modalidad de publicación. Pues bien, la Ley recurrida no está suprimiendo ni variando el contenido de esa publicidad sino «únicamente atendiendo a la especialidad concurrente en la Comunidad Autónoma en la publicación telemática del ‘‘Boletín Oficial de Aragón’’, tanto en la sede misma del Boletín como en la propia sede del perfil del contratante, esto es, de la página web del Gobierno de Aragón». En opinión de la Letrada autonómica, el cambio resultaría intrascendente en sí mismo y «muy beneficioso en el ámbito de las cargas procedimentales en la presentación de ofertas por los licitadores, que resultan del carácter gratuito de tal publicidad en el perfil del contratante frente a la publicidad en el ‘BOA’». En defensa de su tesis, cita el informe 15/2011 de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, en el que se afirma que la publicidad únicamente en el perfil del contratante no quiebra la garantía de la transparencia sino que genera una publicidad por medios electrónicos inmediata, gratuita y que permite aumentar la concurrencia mediante un portal específico que tiene los mismos efectos que la publicidad insertada en el «Boletín Oficial de Aragón».
a) Rubrica su primera alegación «Doctrina constitucional sobre el equilibrio de las competencias estatales sobre legislación básica y de las competencias de desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas. Aplicación a la materia de contratación pública». El art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo común y sobre legislación básica de contratos y concesiones administrativas, en tanto que el art. 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias de desarrollo de las bases fijadas por el Estado ex art. 149.1.18 CE (apartado 11) y de desarrollo del régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de las Administraciones públicas (apartado 12).
Al respecto, la Letrada autonómica cita diversas resoluciones de este Tribunal, destacadamente la SSTC 109/2003, relativa a los elementos formal y material de lo básico; 141/1993, que delimitó el alcance de lo básico en materia de contratación pública, y 61/1997, en cuanto señala que «en la dinámica bases-desarrollo siempre ha de restar un espacio normativo para las Comunidades Autónomas». Desde el punto de vista formal, no hay duda de la suficiencia de la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de contratos del sector público para establecer lo básico. Desde el material, la Letrada parlamentaria reprocha al escrito rector de este proceso constitucional que venga a negar lo que aparentemente afirma pues, tras proclamar que la Comunidad Autónoma «puede, sin duda, en ejercicio de su facultad de desarrollo, simplificar trámites en aquellas regulaciones que puedan considerarse complementarias o de detalle», se controvierten seguidamente previsiones de detalle y procedimiento, como son las relativas a los plazos, obligaciones y cargas documentales o económicas de los licitadores en los procedimientos de adjudicación.
Rechaza la Letrada parlamentaria que la forma de acreditación del requisito diga nada sobre su relevancia y que mediante la declaración responsable el empresario asume una responsabilidad cierta ante la Administración contratante, pues la falsedad da lugar a la sanción más grave que pueda imponerse: la prohibición de contratar con esa misma Administración. El precepto legal controvertido sigue la senda de flexibilización abierta por el propio legislador estatal, entre otras en la Ley 25/2009, de adaptación a la Directiva de servicios, que introduce específicamente en nuestro Derecho —mediante el nuevo art. 71 bis de la Ley 30/1992— la figura de la comunicación y la declaración responsable en una gran variedad de ámbitos. En el de la contratación administrativa, esta tendencia a la simplificación se refleja en el Libro Verde de la Comisión sobre modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea, «Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente» y en el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre nuevos aspectos de la política de contratación pública [2009/2175 (INI)]. También ha apostado por la flexibilización el Comité de las Regiones y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública [COM (2011) 896 al final]. Algunas Comunidades Autónomas han legislado en esta dirección, como ha sucedido en el art. 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de contratos de Navarra.
Hace hincapié la Letrada parlamentaria en que la acreditación de que el empresario no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar no es una obligación «puramente formal», como vendría a sostener el Abogado del Estado en el escrito de demanda, pues su incumplimiento lleva aparejada la sanción de prohibición de contratar. El propio legislador estatal permite la sustitución de la acreditación por la declaración responsable. Por tanto, «la decisión legal de optar por una u otra forma de acreditación no parece responder a una decisión anclada en los principios básicos de contratación administrativa ni en la relevancia intrínseca del requisito considerado en cada caso … sino probablemente en distinciones de orden más práctico, como puede ser la de distinguir aquellos elementos a disposición directa del empresario (escrituras de constitución y poder, o elementos de solvencia provenientes de su propia actividad empresarial) de aquellos otros que dependen de la formación de un expediente en la Administración tributaria o de la Seguridad Social y por tanto, de persona jurídica distinta al propio empresario». De modo que la sustitución de la forma y momento de acreditación de los requisitos a los que atañe la regulación del precepto legal recurrido es una cuestión de orden puramente procedimental, que se enmarca dentro de las capacidades de desarrollo normativo que ostenta la Comunidad Autónoma en materia de contratación pública y que no vulnera las bases estatales.
Tras exponer sucintamente el contenido del precepto legal recurrido, concluye la Letrada parlamentaria que en él «no se está regulando … un nuevo procedimiento de adjudicación … ya que … las especialidades contenidas en él se refieren a elementos de detalle en el procedimiento abierto, sin alterarlo en ninguna de sus fases». La innovación autonómica sobre formas de adjudicación de los contratos ha sido descartada por la STC 162/2009, FJ 4, referida precisamente a una ley aragonesa –la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón– que primaba el concurso sobre la subasta. Ahora bien, en esa misma Sentencia el Tribunal ya precisó que el legislador autonómico puede llevar a cabo «desarrollos normativos que, sin detrimento de la eficacia de la norma estatal básica, contengan prescripciones y peculiaridades de detalle o de procedimiento». Esa es justamente la labor que desempeña el art. 10 de la Ley aragonesa impugnada, que se limita a simplificar el procedimiento abierto, respetando sus fases y características básicas y permitiendo su utilización, siempre potestativa y previamente establecida en los pliegos, en aquellos casos en los que podría optarse por el procedimiento negociado por razón de la cuantía, pero en los que no se considera adecuado o necesario por el órgano de contratación iniciar una fase de negociación con los licitadores. En respuesta a las dudas suscitadas por la terminología originalmente empleada, la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificó la rúbrica del precepto, que pasó a ser «trámite simplificado» y especificó su contenido mediante las modificaciones legales al efecto pertinentes.
1. Según se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta resolución, son objeto del presente proceso constitucional los arts. 6.1 y 2 y 10 –en su integridad y, subsidiariamente las letras c), d) y f) de su apartado segundo– de la Ley de las Cortes de Aragón 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón. A estos preceptos legales reprocha el Presidente del Gobierno inconstitucionalidad mediata por contravención de la normativa básica estatal en materia de contratación pública contenida en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Concretamente, los apartados primero y segundo del art. 6 de la Ley aragonesa se impugnan por su incompatibilidad con los arts. 146 y 151.2 de este texto refundido, en tanto que al art. 10 se le achaca, además, la contravención de lo dispuesto en los arts. 138, 142.1 y 159, siempre del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.
A este respecto, debe comenzarse recordando, como ya hiciéramos en la STC 56/2014, de 10 de abril, FJ 3 a), que «el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva para dictar ‘la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas’. En términos de la STC 141/1993, de 22 de abril, FJ 5, ‘la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas’ (en el mismo sentido, SSTC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 6, y 162/2009, de 29 de junio, FJ 4).»
Añadíamos entonces que «en el marco de lo dispuesto por el art. 149.1.18 CE, las Comunidades Autónomas han podido asumir la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal en materia de contratos administrativos.» Y debemos especificar ahora que la Comunidad Autónoma de Aragón ha ejercido esa posibilidad al asumir en su Estatuto de Autonomía reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, la competencia genérica de «desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas, incluidas las Entidades Locales» y específica sobre «régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma» (art. 75.11 y 12), títulos ambos que el propio texto estatutario caracteriza como «competencias compartidas».
Por último, en la reciente STC 84/2015, de 30 de abril, hemos reafirmado esta misma línea doctrinal, al afirmar que los «dos elementos, subjetivo –quién contrata– y objetivo –lo que se contrata–, sirven para determinar qué reglas del texto refundido de la Ley de contratos del sector público resultan de aplicación al contrato de gestión de servicio público, es decir, tanto las que regulan los actos de preparación y adjudicación, como las que disciplinan los derechos y deberes de las partes en el mismo. Las primeras garantizan, tal y como señala el art. 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que la contratación se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y aseguran, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. En definitiva, estas reglas pueden considerarse materialmente básicas, pues constituyen el mínimo común uniforme que permite garantizar, de un lado, la igualdad de los licitadores y su tratamiento común ante las Administraciones [SSTC 141/1993, de 22 de abril, FFJJ 5 y 6 b); 56/2014, de 10 de abril, FJ 3] y, de otro, la eficiente utilización de los fondos públicos.» [FJ 5 a)].
b) Por su parte, el art. 146 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público se reformó por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En el preámbulo de esta Ley expresamente se señala que «para reducir las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas en los procedimientos de contratación administrativa, se prevé que los licitadores puedan aportar una declaración responsable indicando que cumple las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración. Así, solo el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá presentar toda la documentación que acredite que cumple las mencionadas condiciones.»
Al respecto, conviene recordar con la reciente STC 106/2015, de 28 de mayo, que «la STC 96/2014, de 2 de junio, FJ 2 expone los criterios de la doctrina de este Tribunal respecto a la pérdida de objeto en los recursos de inconstitucionalidad. Tras señalar que la regla general en el ámbito de los recursos de inconstitucionalidad es que la derogación de la norma impugnada extingue su objeto, indica que no cabe dar una respuesta unívoca a esta cuestión, ya que, citando la STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 3, señala que ‘en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva... la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley, [pues] si así fuera, no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC) (STC 199/1987, FJ 3). Por ello, carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento... de modo total, sin ultraactividad (SSTC 160/1987, FJ 6; 150/1990, FJ 8; 385/1993, FJ 2). Por idéntica razón, para excluir toda aplicación posterior de la disposición legal controvertida, privándola así del vestigio de vigencia que pudiera conservar, puede resultar útil —conveniente— su enjuiciamiento, aun cuando haya sido derogada (SSTC 160/1987, FJ 6; 385/1993, FJ 2)’.» (FJ 2, comillas interiores suprimidas).
En esta misma resolución y lugar se identifican dos excepciones a la regla general que acaba de exponerse: de un lado, la eventual denuncia de vulneración del art. 86.1 CE, supuesto en el que «la derogación de la norma no impide controlar si el ejercicio de la potestad reconocida al Gobierno se realizó siguiendo los requisitos establecidos en dicho precepto constitucional, pues al hacerlo se trata de velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes, dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo [por todas, STC 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 2 c)].» y, de otro, aquellos supuestos en los que lo que se plantea «en realidad es una controversia competencial, el Tribunal habrá de pronunciarse sobre su titularidad en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva [por todas, STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)]. Esta circunstancia exige analizar si pervive la controversia competencial trabada sobre alguno de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad, tomando en consideración a este efecto la normativa que sustituyó a la impugnada.» (Ibídem). Siendo este el caso, debemos examinar la pervivencia de la controversia competencial, tomando en consideración a este efecto la redacción que a los preceptos impugnados dio la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ambos preceptos –el estatal y el autonómico– hacen uso de la figura de la «declaración responsable», introducida en nuestro Derecho interno por el art. 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Esta Ley define la «declaración responsable» como «el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.» Apenas un mes después, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, introdujo un nuevo art. 71 bis en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, donde, en coherencia con lo dispuesto en el art. .9 de la Ley 17/2009, si bien ampliando notablemente el ámbito subjetivo de aplicación, hallamos la siguiente definición de «declaración responsable»: «documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.»
8. El art. 10.2 c), en la redacción impugnada, prevé que en el procedimiento simplificado «el anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del poder adjudicador». El art. 33 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón ha dado una nueva redacción a la letra c del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón. Así, tras la reforma de 2012, esa publicación ha de hacerse «en el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón», por lo que pervive la controversia competencial en su día trabada frente a aquel apartado y referida a la contradicción del lugar de publicación del anuncio de licitación con las bases del Estado.
Para el recurrente, la previsión del lugar de publicación entra en contradicción frontal con el art. 142.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, conforme al cual, con la sola excepción de los procedimientos negociados distintos de los contemplados en el art. 177.1 y 2, todos los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones públicas deberán anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en los correspondientes diarios oficiales autonómicos o provinciales (en el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada, la publicación ha de hacerse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea»).
9. De acuerdo con el art. 10.2 d) de la Ley en la redacción recurrida, en los contratos a los que resulte de aplicación el trámite simplificado, «el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.»
La alusión a «los plazos mínimos recogidos en la legislación básica para la tramitación urgente», incluida en el precepto legal autonómico con ocasión de su reforma por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, remite a lo dispuesto en el art. 112 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, en cuyo apartado 2 b) se dispone que «acordada la apertura del procedimiento de adjudicación», en los expedientes de tramitación urgente «los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad». De la lectura conjunta de la nueva redacción del art. 10.2 d) de la Ley territorial y del art. 112 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público se deduce que el plazo mínimo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior, en ningún caso, a siete días, trece para los contratos de obras y de concesión de obras públicas, por lo que subsiste la controversia competencial trabada en su día, pues los plazos mínimos fijados por el legislador autonómico aragonés, no se adecuan a los umbrales establecidos en la norma estatal.
1.º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos e incisos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón en la redacción impugnada:
DICTADA en el Recurso 6720/2011 (Ref. BOE-A-2011-20467).
DECLARA nulos e inconstitucionales los incisos indicados del art. 6.1 y 2 y el art. 10.2.c) y d) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2011-6241).

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 10