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Timestamp: 2018-03-20 03:01:48+00:00

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Decreto 61/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León (Vigente hasta el 13 de Enero de 2015).
Vigencia desde 21 de Diciembre de 2010. Esta revisión vigente desde 21 de Diciembre de 2010 hasta 13 de Enero de 2015
Primera Solicitudes de Ingresos Mínimos de Inserción pendientes de resolución
Segunda Conversión de las prestaciones de Ingresos Mínimos de Inserción
Primera Desarrollo del Reglamento
Artículo 2 Situaciones de exclusión social
Artículo 3 Requisitos del titular y de los miembros de las unidades familiares o de convivencia
Artículo 4 Estimación de la situación de carencia de medios económicos
Artículo 5 Cálculo de los ingresos
Artículo 6 Estimación del patrimonio
Artículo 7 Obtención y verificación de datos
Artículo 8 Medios económicos suficientes
Artículo 9 Obligaciones generales
Artículo 10 Proyecto Individualizado de Inserción
Artículo 11 Adaptación del Proyecto Individualizado de Inserción
Artículo 14 Subsanación de la solicitud
Artículo 16 Informe Social
Artículo 17 Trámite de audiencia
Artículo 18 Terminación
Artículo 19 Contenido de la Resolución
Artículo 20 Régimen de impugnación
Artículo 21 Mantenimiento temporal de la prestación
Artículo 22 Seguimiento de la prestación
Artículo 23 Modificación de la prestación
Artículo 24 Suspensión de la percepción de la cuantía de la prestación
Artículo 25 Extinción
Artículo 26 Colaboración en materia de Inclusión Social
Artículo 27 Colaboración en materia de empleo
Artículo 28 Colaboración en materia de hacienda
Artículo 29 Medios materiales y personales
Artículo 30 Otras entidades
D 10/2015, de 29 Ene., CA Castilla y León (medidas para la reforma de la Administración en la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud)
Capítulo VIII derogado, derogado por la letra k) de la disposición derogatoria del D [CASTILLA Y LEÓN] 10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud («B.O.C.L.» 2 febrero) el 3 de febrero de 2015.
Número 2 del artículo 12 redactado por el número uno del artículo 14 del D [CASTILLA Y LEÓN] 3/2015, de 8 enero, sobre la aplicación de medidas en materia de administración electrónica y de simplificación administrativa en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades («B.O.C.L.» 12 enero). Párrafo primero del número 1 del artículo 13 redactado por el número dos del artículo 14 del D [CASTILLA Y LEÓN] 3/2015, de 8 enero, sobre la aplicación de medidas en materia de administración electrónica y de simplificación administrativa en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades («B.O.C.L.» 12 enero).
Se aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, cuyo texto se inserta como Anexo a continuación.
Las solicitudes de Ingresos Mínimos de Inserción pendientes de resolver a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán como solicitudes de renta y se resolverán conforme a las prescripciones contenidas en el presente Decreto, para lo cual se realizarán de oficio los requerimientos que resulten necesarios, computándose, a los efectos de reconocimiento del derecho, como fecha de solicitud la inicial.
En relación con lo previsto en el apartado primero de la Disposición Transitoria Única de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, sobre el pase de los titulares de la prestación de Ingresos Mínimos de Inserción a titulares de la Renta Garantizada de Ciudadanía, los efectos económicos se producirán el primer día del mes siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.
Se faculta a quienes ostenten la titularidad de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales para dictar las disposiciones y actos necesarios para el desarrollo y aplicación de este Decreto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
1. Se entiende por situaciones de exclusión social aquellas en las que las personas carecen de los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y se encuentran en un estado de dificultad personal y social.
1. Son destinatarios de la prestación el titular de la renta garantizada de ciudadanía, a quien se le reconoce el derecho a ésta, y, en su caso, el resto de personas que, junto a él, integran la unidad familiar o de convivencia.
Para la estimación de la situación de carencia de medios económicos y patrimoniales conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 7/2010, se aplicarán los criterios y reglas previstos en los artículos 5 a 8 de este reglamento.
En la determinación de los ingresos mensuales se computará el conjunto de ingresos de que dispongan todos los posibles destinatarios en el mes en que se presente la solicitud, e incluirá:
a) Los ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia:
Los ingresos netos de los trabajadores por cuenta propia y asimilados procedentes de actividades profesionales, agropecuarias o económicas de cualquier naturaleza, se determinarán de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa fiscal que sea de aplicación.
b) Los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena:
Los ingresos netos de trabajo por cuenta ajena procedentes de sueldos y salarios se determinarán deduciendo de los ingresos brutos mensuales computables las siguientes cuantías:
c) Los ingresos procedentes de pensiones y prestaciones:
Los rendimientos procedentes de pensiones, prestaciones o subsidios por desempleo o cese de actividad, o de cualquier otra prestación social asimilable se calcularán de la misma forma que los rendimientos de trabajo por cuenta ajena. La pensión de alimentos y la pensión compensatoria tendrán el mismo tratamiento.
d) Los ingresos procedentes del patrimonio:
Los rendimientos patrimoniales incluirán el total de los rendimientos netos procedentes de la explotación del patrimonio de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, sea cual sea la forma que adopte la mencionada explotación y, en todo caso, los rendimientos obtenidos por alquileres, precios de traspaso, cesiones, tanto de bienes rústicos como urbanos, así como todo tipo de ingresos financieros.
1. Se considerará patrimonio el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo, incluyendo, al menos, los bienes inmuebles urbanos y rústicos, los títulos, valores, derechos de crédito de fácil realización o dinero en efectivo, los títulos de renta variable o fija, los vehículos a motor y los bienes del ajuar familiar que reúnan los requisitos previstos en el apartado 2. d).
Se tendrán en consideración las valoraciones que a efectos tributarios emplee la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda. Queda exceptuada la vivienda habitual que constituya el hogar de convivencia en lo que no alcance carácter suntuario. A estos efectos se entenderá incluido en el concepto de vivienda habitual además de la propia vivienda:
b) Títulos, valores y derechos:
Los títulos, valores, derechos de crédito de fácil realización así como el dinero en efectivo existente en depósitos bancarios a disposición de cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, se computarán en términos de su valor de ejecución.
c) Vehículos a motor.
Los vehículos a motor, considerados de forma conjunta, quedarán exentos de la valoración del patrimonio hasta las siguientes cuantías, actualizadas anualmente atendiendo a la evolución del índice de precios al consumo:
d) Ajuar familiar.
El ajuar familiar quedará exceptuado de la valoración del patrimonio salvo aquellos bienes de carácter suntuario y de fácil realización que en el mismo puedan existir.
1. Para la determinación tanto de los ingresos como del patrimonio de la unidad familiar o de convivencia, se tendrán en cuenta los datos contenidos en la solicitud y los obtenidos por el órgano gestor a través de la consulta a las distintas bases de datos públicas o cualquier otro medio disponible que proporcione información sobre la situación económica y el patrimonio del solicitante y de los miembros de la unidad familiar o de convivencia.
2. La Gerencia de Servicios Sociales podrá realizar las comprobaciones oportunas para verificar los ingresos que realmente ha obtenido la unidad familiar o de convivencia así como su patrimonio, a efectos de realizar las regularizaciones que procedan y que podrán motivar, en su caso, la extinción de la prestación o la modificación de su cuantía y, en consecuencia, el reintegro de las cuantías indebidamente percibidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 7/2010.
Cuando se constate que algún miembro de la unidad familiar o de convivencia posee o adquiere determinados bienes y servicios o cuenta con gastos de mantenimiento de bienes que implican la existencia de recursos diferentes de los declarados y de los obtenidos mediante la prestación, se considerará que la unidad familiar o de convivencia dispone de medios económicos suficientes para atender las necesidades básicas de subsistencia.
1. La concesión de la renta garantizada de ciudadanía supondrá la aceptación y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 7/2010, así como la obligación del titular de la prestación de comunicar de forma fehaciente, en el plazo de veinte días desde que se produzca, cualquier cambio que la unidad familiar o de convivencia o sus miembros experimenten en las circunstancias económicas o personales que puedan dar lugar a la modificación o extinción de la prestación, o a la suspensión de la percepción de su cuantía.
1. Todo proyecto individualizado de inserción, que deberá elaborarse bajo la responsabilidad de la administración, debe incluir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/2010, las siguientes obligaciones y compromisos genéricos:
Todos aquellos cambios en el proyecto individualizado de inserción que no influyan en la determinación de cualquiera de las condiciones del reconocimiento de la prestación conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 7/2010, implicarán una simple adaptación del mismo, mediante la incorporación de una adenda al proyecto suscrita por el trabajador social correspondiente y por todos los destinatarios.
Procedimiento de reconocimiento del derecho a la prestación
1. El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado. Cuando las administraciones públicas con competencia en materia de servicios sociales tuvieran conocimiento de una situación de exclusión social que pudiera generar el derecho de acceso a la renta garantizada de ciudadanía, deberán proporcionar la información, orientación y asesoramiento necesarios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/2010 en relación con el artículo 11 del Decreto 2/2003, de 2 de enero.
2. La solicitud se formulará en instancia normalizada, dirigida a la Gerencia de Servicios Sociales, presentándose preferentemente en el registro de la Gerencia Territorial correspondiente al domicilio del interesado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El modelo normalizado de solicitud, junto con las instrucciones para su formalización, se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Número 2 del artículo 12 redactado por el número uno del artículo 14 del D [CASTILLA Y LEÓN] 3/2015, de 8 enero, sobre la aplicación de medidas en materia de administración electrónica y de simplificación administrativa en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades («B.O.C.L.» 12 enero).
1. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ir acompañada, con carácter general, de la siguiente documentación, original o compulsada: A partir de: 13 enero 2015 Párrafo primero del número 1 del artículo 13 redactado por el número dos del artículo 14 del D [CASTILLA Y LEÓN] 3/2015, de 8 enero, sobre la aplicación de medidas en materia de administración electrónica y de simplificación administrativa en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades («B.O.C.L.» 12 enero).
b) Las mujeres víctimas de violencia de género, al objeto de acreditar dicha situación, deberán aportar la correspondiente orden de protección, sentencia resolutoria en vigor o informe del órgano autonómico competente en la materia.
En caso de percibir la prestación de la Renta Activa de Inserción deberán aportar resolución de su reconocimiento.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.
1. Instruirá el procedimiento la Gerencia Territorial de Servicios Sociales correspondiente al domicilio de solicitante.
1. En los supuestos de situación de exclusión social estructural y cuando se precise para la clasificación, la información contenida en el expediente será remitida al Centro de Acción Social correspondiente al domicilio del solicitante para que por el trabajador social se elabore el Informe Social.
1. En el caso de que sean tenidos en cuenta en el procedimiento documentos, hechos, alegaciones o pruebas que no hayan sido aportados al expediente por el interesado, se procederá a dar audiencia a los solicitantes con carácter previo a la propuesta de resolución, por plazo de diez días.
1. El titular de la Gerencia Territorial correspondiente elevará la propuesta de resolución a la Gerencia de Servicios Sociales. Cuando el sentido de la propuesta sea contrario a la opinión razonada favorable a la concesión incluida en el informe social, la propuesta de resolución deberá contener una motivación concreta y específica en ese sentido.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir el contenido previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y si es estimatoria, además, la cuantía mensual de la prestación y el proyecto individualizado de inserción que corresponda en función del carácter estructural o coyuntural de la situación de exclusión social y de las circunstancias y necesidades que en el caso concurran.
Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento de reconocimiento del derecho, así como contra las que pongan fin a los procedimientos regulados en los Capítulos V y VI, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante el titular de la Gerencia de Servicios Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde la misma fecha.
1. En el supuesto de que se produzca cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 25 de la Ley 7/2010, para que se produzca el mantenimiento temporal de la prestación, cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, que reúna los requisitos previstos en el artículo 10 de la citada Ley, deberá solicitar la nueva titularidad en el plazo de quince días desde la producción del hecho causante, presentando la documentación que acredite la causa alegada:
1. Desde las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales se efectuará el seguimiento continuado de la prestación.
Procedimiento de modificación, suspensión y extinción de la prestación
1. Cuando se produzca cualquiera de las causas previstas en el artículo 27 de la Ley 7/2010, habrá de dictarse una nueva resolución en los términos establecidos en el Capítulo IV, garantizándose la audiencia al titular de la prestación en el supuesto de que el procedimiento de modificación se haya iniciado de oficio. La modificación acordada producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a aquél en el que se hubiesen producido los motivos que la fundamentasen.
1. La percepción de la cuantía de la renta garantizada de ciudadanía quedará suspendida cuando concurra cualquiera de las causas previstas en el artículo 29 de la Ley 7/2010.
1. Se producirá la extinción de la renta garantizada de ciudadanía cuando concurra cualquiera de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 7/2010.
El análisis de la situación de exclusión social, el seguimiento global y el desarrollo general de los proyectos individualizados de inserción y de la prestación, y la coordinación con las entidades que gestionen prestaciones sociales, se realizará, en el ámbito de cada provincia, en colaboración con las Comisiones de Inclusión Social, debiendo ser convocados para la realización de estas tareas, en todo caso, representantes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de la Consejería con competencias en materia de Hacienda, y de las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas en el ámbito de la inclusión social, en relación con las actuaciones previstas en la Ley 7/2010.
1. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, colaborará con la Gerencia de Servicios Sociales, para lo cual:
Para el cálculo de la capacidad económica, la valoración y acreditación de la situación económica de los destinatarios de la prestación, conforme a los criterios contenidos en el Capítulo II, la Gerencia de Servicios Sociales solicitará la colaboración de la Consejería competente en materia de hacienda, en el marco de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 7/2010.
Los distintos órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León colaborarán, en el ámbito de sus funciones, en las actuaciones previstas en la Ley 7/2010, asegurándose la dotación a la Gerencia de Servicios Sociales de los medios personales, materiales e instrumentos técnicos necesarios para garantizar en todo momento una gestión de la prestación ágil y eficaz.
1. Se podrá solicitar la colaboración en el seguimiento de la prestación y en la inserción social de los destinatarios de la renta garantizada de ciudadanía a cualquiera de las entidades que intervengan en el ámbito de la inclusión social en Castilla y León.
La Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, adscrita a la Consejería que tenga atribuida las competencias en materia de servicios sociales, es un órgano colegiado de seguimiento general de la renta garantizada de ciudadanía, de evaluación de sus resultados y de propuesta de actuaciones de mejora general de la prestación, encargado de velar por la consecución de sus objetivos en el marco de la planificación de acciones frente a la exclusión social, sin perjuicio del necesario seguimiento en el seno del Consejo del Dialogo Social.
1. La Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía está integrada por representantes de las siguientes instituciones:
a) La Gerencia de Servicios Sociales, representada por su titular que ostentará la Presidencia, por la persona titular de la Dirección General de Política Social y Atención a la Dependencia, que ostentará la Vicepresidencia, así como por dos vocales.
b) Las organizaciones sindicales más representativas de Castilla y León, con dos vocales.
c) La organización empresarial más representativa de Castilla y León, con dos vocales.
d) Las Entidades Locales, con un vocal en representación de los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y otro en representación de las Diputaciones Provinciales, designados ambos por la Federación Regional de Municipios y Provincias.
e) El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con un vocal.
f) La Consejería competente en materia de Hacienda, con un vocal.
g) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas en el ámbito de la inclusión social, con un vocal designado por la Presidencia.
2. Las funciones de Secretaría se llevarán a cabo por personal funcionario nombrado por la Presidencia de la Comisión, que actuará con voz pero sin voto.
3. A las reuniones de la Comisión de Seguimiento, cuando ésta lo considere oportuno, podrán asistir expertos que por sus actividades o conocimientos puedan informar o asesorar sobre los asuntos a tratar.
1. La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario dos veces al año y, con carácter extraordinario, por convocatoria de su Presidente a iniciativa propia o de dos de las instituciones representadas.
2. El funcionamiento de esta Comisión se regirá por las normas básicas del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, por las contenidas en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León y por lo determinado en el presente capítulo.
a) Conocer las cuestiones que le sean planteadas por los distintos órganos de las administraciones implicadas en la materia.
b) Potenciar el desarrollo de buenas prácticas que favorezcan la superación de las situaciones de exclusión.
c) Realizar un seguimiento sobre la evolución de la prestación.
d) Analizar y evaluar periódicamente los resultados obtenidos.
e) Proponer actuaciones de mejora general de la prestación.

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Artículo 5

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Artículo 7

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Artículo 14

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Artículo 17

Artículo 18

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Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 13
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 artículo 27
 artículo 21
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 artículo 38
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 artículo 14
 artículo 13
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