Source: https://jurisprudencia.cladem.org/bolivia/Comit%C3%A9_de_Derechos_Econ%C3%B3micos_Sociales_y_Culturales_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:11:59+00:00

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1º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en febrero de 1988.1
El Comité examinó el segundo informe periódico de Chile relativo a los derechos enunciados en los artículos 10 a 12 del Pacto (E/1986/4/Add.18) así como el informe inicial de este país relativo a los derechos enunciados en los artículos 13 a 15 del Pacto (E/1982/3/Add.40) en sus sesiones 12ª., 13ª. y 16ª., celebradas los días 16 y 18 de febrero de 1988 (E/C.12/1988/SR.12, 13 y 16).
B. Artículo 10: Protección de la familia, las madres y los niños
En lo que respecta al artículo 10 del Pacto, los miembros del Comité preguntaron qué protección se daba a los niños y a los jóvenes y, en particular, pidieron información adicional sobre los niños abandonados, la venta de niños en el extranjero y la prostitución infantil. Refiriéndose a las afirmaciones sobre frecuentes detenciones y torturas de que eran objetos niños de corta edad, algunos miembros preguntaron cuál era la situación en Chile a este respecto
Por otra parte, los miembros del Comité desearon saber qué se entendía por familia en Chile, cuál era la tasa de natalidad, cuáles eran las condiciones del matrimonio y, en particular, si estaba autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, si era obligatoria una consulta médica prenupcial, si el divorcio era jurídicamente posible y por qué motivos, si la mujer no podía contraer matrimonio antes de la expiración de cierto plazo después del fallecimiento de su marido, si se concedía una ayuda a las familias numerosas y si existían centros de planificación de la familia. Respecto a la protección de la mujer contra ciertos tipos de trabajo perjudiciales para su salud, se preguntó si esta protección se le daba después del parto. Asimismo se preguntó cuál era la posición de Chile con respecto a algunos convenios de la OIT relativos a la protección de la maternidad. En relación con la igualdad de sexos, se preguntó, además, si sólo era la mujer la que no podía contraer matrimonio con un coacusado en el delito de adulterio, por qué razones las mujeres casadas no podían efectuar ciertas operaciones comerciales y cuál era la tasa de desempleo de las mujeres. También se pidieron aclaraciones sobre ciertos aspectos del permiso de maternidad mencionados en el informe (E/1986/4/Add.18, párr. 22).
2º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 26 de noviembre de 2004.2
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer informe periódico de Chile sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase E/1994/104/Add.26) en sus sesiones 44ª y 46ª, celebradas los días 18 y 19 de noviembre de 2004 (véase E/C.12/2004/SR.44 a 46), y, en su 56ª sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2004, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
D. Principales motivos de preocupación3
Al Comité le preocupa que, a pesar de que el Estado Parte ha procurado promover la igualdad de género, los estereotipos culturales sobre el papel de ambos sexos siguen menoscabando el disfrute en pie de igualdad de los derechos económicos, sociales y culturales por hombres y mujeres.
El Comité observa con inquietud que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo sigue siendo una de las más bajas de América Latina (el 35% en 2002). El Comité toma conocimiento a este respecto de la serie de obstáculos a la plena integración de la mujer en la fuerza de trabajo señalada por el Estado Parte en sus respuestas por escrito a la lista de cuestiones del Comité.
Al Comité le inquieta profundamente que el régimen de pensiones privado, basado en cotizaciones individuales, no garantice una seguridad social adecuada a un gran sector de la población que no trabaja en la economía estructurada o no puede hacer contribuciones suficientes al régimen, como el amplio grupo de los trabajadores de temporada y temporales. El Comité observa que las mujeres se ven particularmente afectadas a este respecto: las “amas de casa” y alrededor del 40% de las mujeres trabajadoras no cotizan en el plan de seguridad social y por consiguiente no tienen derecho a prestaciones de vejez. Además, al Comité le inquieta que las mujeres trabajadoras tengan pensiones medias muy inferiores a las de los hombres, porque se jubilan cinco años antes.
El Comité está preocupado porque no se ha completado aún la reforma legislativa iniciada hace diez años para tipificar como delito el acoso sexual y sancionarlo.
El Comité observa que el artículo 349 del Código de Comercio discrimina a las mujeres que no optan por el régimen matrimonial de separación de bienes.
Al Comité le preocupa el gran número de niños que trabajan en la industria del sexo en el Estado Parte.
Al Comité le preocupan las consecuencias para la salud de la mujer de la prohibición legal del aborto, sin excepciones, en el Estado Parte. Aunque no hay estadísticas oficiales del número de abortos que se practican anualmente, el gran número de mujeres que se hospitalizan por complicaciones de abortos cada año (34.479 en 2001) da una indicación de la amplitud del problema.
Al Comité le preocupa que, no obstante los avances hechos en la lucha contra la propagación de la infección por el VIH/SIDA en el Estado Parte, esas infecciones aún van en aumento. También observa con preocupación las altas tasas de infecciones de transmisión sexual entre las mujeres jóvenes.
El Comité está preocupado por el alcance de la prevista ley (sobre racionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias médicas) por la cual se restringiría la ley actual, que permite a los padres obtener una licencia con sueldo en caso de grave enfermedad de un hijo menor de 1 año de edad.4
Aunque tiene en cuenta los progresos realizados en la cobertura de educación, el Comité está preocupado por la calidad dispar de la educación que se imparte en las escuelas públicas y privadas, así como por las tasas de deserción relativamente altas, especialmente entre las adolescentes.
El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique aún más los esfuerzos para promover la igualdad de género en todas las esferas de la sociedad, entre otras cosas dotando al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) del apoyo y los recursos necesarios.
El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas efectivas contra las muchas barreras que impiden la participación de la mujer en el mercado laboral. En particular, debería fomentar condiciones de empleo que respeten la vida familiar y proporcionar suficientes recursos y apoyo a los programas que permiten a los progenitores conjugar la familia y el empleo, como las guarderías que tiene pensado crear el Servicio Nacional de la Mujer. También le recomienda que incorpore en su ordenamiento jurídico el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor para hombres y mujeres.
El Comité recomienda, de conformidad con las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos de la OIT en 2003 acerca del Convenio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), que el Estado Parte revoque explícitamente las disposiciones del derecho laboral que ya no se aplican.
El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas efectivas para que todos los trabajadores gocen de prestaciones de seguridad social adecuadas, con inclusión de medidas especiales para prestar asistencia a los grupos que actualmente no pueden hacer cotizaciones al régimen privado de seguridad social, prestando particular atención a la situación de desventaja de la mujer y del gran número de trabajadores temporales y de temporada y de trabajadores de la economía no estructurada.
El Comité alienta al Estado Parte a que acelere la adopción de las propuestas enmendadas a la Ley Nº 19325 sobre la violencia intrafamiliar que están actualmente en examen.5
El Comité recomienda al Estado Parte que acelere la aprobación del proyecto de ley que tipifica como delito el acoso sexual y lo sanciona.
El Comité recomienda al Estado Parte que enmiende el artículo 349 del Código de Comercio para garantizar que la mujer pueda ejercer sus actividades comerciales en igualdad de condiciones con el hombre.
El Comité recomienda al Estado Parte que adopte más medidas contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial de los niños y que disponga la debida atención de las víctimas.
El Comité alienta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.6
El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas efectivas para promover el derecho a la vivienda, especialmente de los grupos desfavorecidos y marginados, y a que vele por que se ofrezca una protección adecuada a las personas que viven en asentamientos ilegales y pueden ser objeto de desalojos forzosos. El Comité recuerda a este respecto sus Observaciones generales Nº 4 (sobre el derecho a una vivienda adecuada) y Nº 7 (sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos), y pide al Estado Parte que proporcione más información sobre el número y la naturaleza de los desalojos forzosos en su siguiente informe periódico.
El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico facilite información acerca de la naturaleza y el alcance del problema de la falta de vivienda en el Estado Parte.
El Comité recomienda al Estado Parte que revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.
El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las medidas encaminadas a promover los programas de educación sobre la salud sexual y reproductiva y a dar a conocer mejor los métodos anticonceptivos seguros y aumentar el acceso a ellos. Asimismo, recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos, por ejemplo mediante campañas de información pública, para frenar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual.
El Comité recomienda al Estado Parte que refuerce las iniciativas, entre otras cosas mediante campañas de información pública, para frenar la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y que en su próximo informe periódico facilite información sobre el efecto de las medidas adoptadas, incluidos los efectos de las campañas por televisión y otros medios de información, así como sobre el papel desempeñado por la sociedad civil y los grupos religiosos a este respecto.
El Comité recomienda al Estado Parte que revise la legislación propuesta por la que se reducirían las prestaciones del sistema de licencias médicas para los padres, con el fin de garantizar que no represente una medida retrógrada que afecte al derecho mínimo a la salud, como se expone en la Observación general Nº 14 del Comité.
El Comité recomienda al Estado Parte que vele por que la mujer en edad reproductiva no sea objeto de discriminación en el sistema de atención de salud privado.
El Comité recomienda al Estado Parte que siga intensificando sus esfuerzos por mejorar la calidad de la educación en las escuelas públicas y que aborde la cuestión de la deserción, especialmente entre las adolescentes, por ejemplo prestando el apoyo adecuado a las madres adolescentes para que puedan seguir sus estudios.
3º Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Chile.7
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de Chile sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/CHL/4) en sus sesiones 34.ª y 35.ª, celebradas los días 9 y 10 de junio de 2015 (E/C.12/2015/SR.34 y 35), y aprobó en su 50.ª sesión, celebrada el 19 de junio de 2015, las siguientes observaciones finales.
El Comité nota con preocupación los limitados datos estadísticos actualizados presentados por el Estado parte sobre la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2, párr. 1).
Preocupa al Comité que los estereotipos de género continúan profundamente arraigados en la familia y en la sociedad. Al Comité también le preocupa la persistente y significativa brecha salarial y desigualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres (art. 3).
Teniendo en cuenta su observación general núm. 16 (2005), sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité recomienda al Estado parte que:
Tome medidas para modificar la percepción del papel de los sexos en la sociedad, entre otras cosas, mediante campañas de sensibilización sobre el igual reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, y sobre la igualdad de oportunidades de carrera como resultado de la educación y la formación en materias distintas de aquellas en que tradicionalmente predomina uno u otro de los sexos;
Tome medidas para cerrar la persistente brecha salarial de género combatiendo la segregación vertical y horizontal en el empleo, que hace que las mujeres ocupen puestos de trabajo mal remunerados y tropiecen con obstáculos para acceder a las oportunidades de carrera en las mismas condiciones que los hombres.
El Comité sigue preocupado por que las disposiciones legales que discriminan a la mujer en lo que se refiere a la administración de los bienes matrimoniales aún sigan vigentes (arts. 3 y 10).
Al Comité le preocupa que, a pesar de las medidas adoptadas para luchar contra el desempleo, este siga afectando desproporcionadamente a los jóvenes y a las mujeres (art. 6).
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por reducir la alta tasa de desempleo, entre otros, mediante el diseño de una política integral de empleo que conlleve un plan de acción con metas específicas, centrada particularmente en los grupos más expuestos al desempleo, como los jóvenes y las mujeres. El Comité recomienda que se siga dando prioridad a programas de formación y capacitación técnica y profesional de calidad adaptados a las necesidades del mercado del trabajo y teniendo en cuenta las necesidades de las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados.
Pese la información proporcionada por la delegación sobre la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) y las medidas legislativas adoptadas para mejorar sus condiciones de trabajo, preocupa al Comité la información sobre prácticas discriminatorias en el trabajo doméstico (art. 7).
Adopte las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores domésticos las mismas condiciones laborales que a los demás trabajadores;
Establezca un mecanismo de inspección laboral efectivo para la supervisión de las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos;
Establezca mecanismos eficaces para denunciar los abusos y la explotación, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentran muchos trabajadores domésticos.
El Comité nota con preocupación que la legislación del Estado incorpora el principio de igual salario por trabajo de igual valor de una forma limitada (art. 7).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, como se dispone en el artículo 7, apartado a), inciso i) del Pacto , entre otros mediante la realización de estudios comparados sobre las distintas categorías de trabajo en lo que se refiere a la igualdad de remuneración y el igual valor con el objeto de elaborar una estrategia integral.
Si bien el Comité toma nota sobre la elaboración de una ley integral para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, le preocupan la alta incidencia de violencia doméstica en el Estado parte y las limitaciones que la legislación actual contiene para que las víctimas tengan acceso a la justicia (art. 10).
El Comité recomienda que el Estado parte acelere el proceso de elaboración y aprobación de una legislación integral para eliminar todas las formas de violencia doméstica, en la que todos los tipos y grados de violencia doméstica y de género sean tipificados como delito e incluyan sanciones adecuadas. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas efectivas necesarias para prevenir los casos de violencia doméstica y proteger a todas las víctimas proporcionándoles un acceso adecuado a centros de acogida para ofrecerles una protección física inmediata, asesoramiento jurídico y servicios médicos, así como medios de reparación e indemnización. El Comité también insta al Estado parte a que organice campañas de información a fin de aumentar la conciencia de la población e imparta capacitación a los agentes del orden y los jueces sobre la gravedad y el carácter delictivo de la violencia doméstica.
Aun cuando el Comité toma nota de la discusión del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, le preocupa la vigencia de una estricta prohibición del aborto. Asimismo, le preocupan las altas tasas de embarazo en la adolescencia, debido en parte a la falta de servicios de salud sexual y reproductiva e información adecuados (art. 12).
Agilice la adopción del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo y garantice su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas;
Redoble sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la entrega de contraceptivos de emergencia;
Amplíe y refuerce la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos.
E/1988/14 - E/C.12/1988/4 par. 184-218, 8 a 25 de febrero de 1988↩
E/C.12/1/Add.105, 1 de diciembre de 2004↩
Enlace CLADEM Chile. Reporte Alternativo. Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en Chile: “El texto propuesto para la reforma señala “Cuando la salud de un niño menor de un año requiera atención con motivo de enfermedad grave, debidamente acreditada mediante licencia médica otorgada por el médico tratante, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior, por el período que se autorice. Para los efectos de este artículo, se entenderá por enfermedad grave del niño menor de un año a aquella condición que ponga en riesgo la vida del niño o que comprometa su crecimiento y desarrollo al punto de significar un riesgo evidente de minusvalía en las etapas posteriores de su ciclo vital. Dicha enfermedad grave debe requerir el cuidado directo de la madre a efectos de minimizar los riesgos señalados. El médico tratante, al otorgar la respectiva licencia médica, deberá detallar el diagnóstico, su carácter de grave, la necesidad de cuidado directo de la madre y los procedimientos para llegar a él, los cuales deberán corresponder a los protocolos definidos por resolución conjunta de los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social” (…) “El proyecto trascrito es claramente un retroceso en la protección de la familia y atenta no sólo en contra de las obligaciones estatales a propósito del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales sino también las que derivan de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer…”↩
La Ley Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, reemplazó la Ley Nº 19.325, tipificando el delito de Maltrato Habitual, entre otras modificaciones.↩
El Decreto Nº 342 promulgó la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Diario Oficial 16 de febrero de 2005.↩
E/C.12/CHL/CO/4, 7 de julio de 2015↩

References: Artículo 10
 artículo 10
 artículo 349
 artículo 349
 artículo 7
 resolución