Source: http://documentadesdeabajo.org/informe-H-obligaciones-04-etapa-posterior-al-sismo.html
Timestamp: 2018-12-10 15:13:55+00:00

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Los principios que deben regir la actuación de las autoridades en esta etapa son la no regresividad y la progresividad de los DESCA. El primero implica que, como mínimo, debe buscarse el restablecimiento de la situación en la que se encontraba la población afectada antes del sismo. El segundo, implica un compromiso por parte del Estado de adoptar todas las medidas posibles, particularmente económicas y técnicas, para garantizar que progresivamente el goce de los DESCA se extienda a toda la población73.
En relación con el sismo, el anterior principio conlleva a que las autoridades deben adoptar medidas transformadoras para la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de aquellas personas que fueron damnificadas. Bajo ninguna circunstancia el Estado puede permitir que las desigualdades existentes influyan en la etapa posterior a la emergencia y menos que éstas empeoren la situación en la que vivían las personas.
La etapa posterior al desastre requiere diferenciar dos momentos. El primero se refiere al periodo intermedio entre la etapa de emergencia inmediata y la reconstrucción. Así, entre la asistencia humanitaria de emergencia y la materialización de la reconstrucción, existe un periodo poco visibilizado y bastante crítico para la población afectada, en el que por diversas razones las redes de apoyo ciudadano van perdiendo su capacidad de apoyo y en las que el Estado debe asumir con mayor ahínco sus responsabilidades, proporcionando medidas de transición que busquen estabilizar socio-económicamente a las personas afectadas74.
El segundo momento es aquel relacionado con la reconstrucción y con la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población cuyo acceso a los DESCA aún no ha sido garantizada.
Asimismo, el acceso a la justicia para las y los damnificados es un punto clave en el momento posterior a la emergencia puesto que es recurrente que la condición de damnificado derive de una actuación defectuosa de privados que incumplieron con obligaciones en la seguridad de las construcciones, de particulares que proporcionaron información incompleta sobre inmuebles rentados o de autoridades que fallaron en la fiscalización de los agentes en mención.
El Estado debe garantizar que existan recursos adecuados y efectivos para que las personas puedan acceder a las instancias de justicia correspondientes para exigir sus derechos o para que se investigue y sancione a quienes incumplieron con sus obligaciones.
En este apartado se expondrán las fuentes de las obligaciones que vinculan al Estado a tomar medidas en este momento y se propondrán algunas recomendaciones para que tal labor se realice de la mejor manera.
3.1.	Obligaciones
3.1.1.	Obligación de estabilización socio-económica y restitución de vivienda a partir del derecho internacional de los desplazamientos internos.
Un debate constante en materia de desplazamientos internos es cómo lograr que las personas que se vieron forzadas a abandonar sus lugares de residencia, no permanezcan en un estado permanente de desplazamiento y que, por el contrario, logren recuperar las condiciones en las que se encontraban de forma previa al evento que los obligó a dejar su hogar.
Para este aspecto particular una fuente de vital importancia son los Principios sobre la Restitución de Viviendas y Patrimonio sobre el Terreno de los Refugiados y las Personas Desplazadas75, cuya interpretación puede estar acompañada de documentos más específicos en materia de personas cuyo desplazamiento ocurre como consecuencia de desastres asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales76. El punto central de estos documentos reside en el derecho de las personas afectadas de recuperar su patrimonio y de lograr estabilizarse socio-económicamente de forma paulatina.
La meta que trazan estos documentos es lograr restituir las viviendas por medio de un retorno voluntario o, en caso de que sea imposible, mediante una reubicación voluntaria e informada. Ahora bien, en tanto que por cuestiones técnicas y de disposición de recursos materiales la restitución de vivienda no es inmediata, se contempla que “se tomarán medidas apropiadas que permitan la rápida transición de un refugio de emergencia a un alojamiento temporal o a una vivienda permanente, sin discriminación alguna y a la mayor brevedad posible”77.
En efecto, en el periodo intermedio entre la emergencia y la restitución de derechos se requiere de la atención del Estado para que las personas damnificadas se estabilicen socio-económicamente y puedan recuperar los medios de subsistencia que se vieron interrumpidos por el desastre.
Tras este periodo de estabilización socio-económica debe garantizarse la restitución de un vivienda definitiva, esta debe guiarse por el derecho a una vivienda adecuada y al regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad o, en caso de que no sea posible, a través de una reubicación consentida e informada78. Al respecto, los Principios sobre la Restitución de Viviendas y Patrimonio establecen:
“Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus países o lugares de origen”79.
3.1.2. Obligaciones generales de garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Además de las fuentes particulares en materia de desplazamiento interno, la garantía de los DESCA debe convertirse en la prioridad para el Estado en dos sentidos: primero, atendiendo de forma prioritaria a la población en situación de vulnerabilidad que fue afectada por el sismo o que, pese a no haber sido afectada por éste, se encuentra en zonas de alto riesgo. Segundo, teniendo en cuenta que existen grupos históricamente discriminados y en situación de pobreza que han vivido en condiciones precarias incluso antes del desastre y cuyo derecho a la vivienda también debe ser garantizado.
Como se dijo anteriormente, la garantía de esos derechos implica el cumplimiento de estándares concretos en materia de dignidad, seguridad, disponibilidad, habitabilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad, adecuación cultural, progresividad y no discriminación. En razón de lo anterior, el Estado tiene el deber de, en primer lugar atender a las necesidades apremiantes e inmediatas de la población afectada y, posteriormente, mejorar la situación de aquéllos grupos a los que se les han sido sistemáticamente negados sus derechos con base en el principio de progresividad.
El principio de progresividad contenido en el artículo 1 de la Constitución mexicana establece un mandato dirigido a todas las autoridades del Estado, las cuales han de realizar las acciones constantes y concretas para avanzar lo más expedita y eficazmente hacia la realización plena de los derechos de todas las personas80. La noción de progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar y, por ende, comporta implícitamente un principio de no regresividad.
El principio de progresividad implica que los derechos consagrados en los tratados son un mínimo y su alcance progresivo debe extenderse a la totalidad de la población, ello significa que los Estados deben adoptar medidas concretas que procuren la igualdad material de su población81.
Además, las medidas deben de tener especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad. El Comité DESC señala que en el caso de grupos en situación de vulnerabilidad y desfavorecidos, la obligación de cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales. En razón de lo anterior, el cumplimiento progresivo de los DESC es una fuente jurídica que obliga al Estado a adoptar políticas de reconstrucción de acuerdo con las múltiples desigualdades que existen. Por ello, su deber fundamental independiente de la ocurrencia o no de un desastre, es reducir las desventajas en que viven los grupos puestos en condición de vulnerabilidad, los cuales suelen tener una relación con la negación histórica de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
3.1.3. Obligación de reparar. Particularidad de los daños causados tras la ocurrencia de un fenómeno natural.
La importancia de entender los desastres como socialmente construidos es que los daños ocurridos tras un fenómeno natural -como un sismo- no se atribuyen exclusivamente a factores que escapan del control humano sino que implican responsabilidades, sobre todo cuando se encuentra que existieron fallas en el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención.
El artículo primero de la Constitución mexicana señala que todas las autoridades del Estado tienen el deber de reparar las violaciones de derechos humanos cuando este falla en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía primaria de los derechos. De esta forma, al Estado le surge la obligación de reparar las consecuencias de la infracción, y quienes sufrieron un daño derivado de tal falla se convierten en titulares del derecho a la reparación.
Lo anterior tiene relación con el derecho de acceso a la justicia pues, una vez que se han violentado los derechos, el Estado debe contar con los mecanismos necesarios para que las demandas relacionadas con violaciones de derechos humanos sean atendidas y resueltas. Para lograr esto, se necesita que el Estado cuente con recursos adecuados y efectivos e instituciones que investiguen de forma diligente, con protocolos detallados de recolección de pruebas y cadena de custodia82.
La legislación mexicana aborda el tema de reparaciones en la Ley General de Víctimas, que señala que la reparación integral “comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición83, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”. Además, reconoce el derecho a reparar de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.
La forma en que las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden acceder a reparaciones integrales es a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No obstante, para estos casos en primer lugar deben ser declaradas víctimas por juzgador penal a través de una sentencia, juzgador penal o de paz que conozca la causa, juez en materia amparo, civil o familiar, organismos públicos de protección de los derechos humanos, organismos internacionales de protección de derechos humanos, la autoridad responsable de la violación a los derechos, la Comisión Ejecutiva o el Ministerio Público.
Así pues, para escenarios ordinarios, la legislación mexicana establece mecanismos de acceso a la justicia que permiten la reparación por violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿qué hacer ante escenarios extraordinarios o excepcionales de emergencia, en los que una parte importante de la población se ve privada de derechos como la vivienda como resultado de una falla general en la obligación estatal de prevención, y en los que el acceso a la justicia caso por caso puede impedir una solución oportuna y adecuada de la problemática? Más allá del carácter restitutivo de las reparaciones, se requieren medidas de carácter correctivo84 de la situación que establezcan condiciones para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos.
Como se expondrá más adelante, aunque su contenido tiene serias falencias desde el punto de vista de los derechos humanos, la Ley de Reconstrucción de la CDMX es un ejemplo de que, antes que resolver judicialmente caso por caso las demandas individuales de reparación, es importante adoptar una política pública de reconstrucción que repare los daños sufridos por la población damnificada e impida su repetición.
Una política de esa naturaleza se fundamenta tanto en la obligación jurídica de reparar los daños resultantes de fallas del Estado en materia de prevención y atención, como en la obligación de garantizar el acceso progresivo a los DESC. Ignorar estas obligaciones podría acarrear la intervención de órganos internacionales y regionales de derechos humanos competentes en estas materias.
3.1.4. Obligación de garantizar el derecho a la verdad
Como se ha expresado, en casos de desastres como el sismo del 19 de septiembre de 2017, las consecuencias no son únicamente atribuibles a factores externos, pues existen responsabilidades estatales previas, durante y posteriores al fenómeno natural. Cuando dichas obligaciones se violan y traen consigo afectaciones a derechos humanos, emerge el derecho a la verdad.
La verdad es un derecho humano en cabeza de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la verdad es un derecho autónomo85, enmarcado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y cuenta con dos dimensiones. La primera se refiere al derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad respecto de los hechos que dieron lugar a violaciones de derechos humanos, así como a saber la identidad de quienes participaron en ellas86.
Por otro lado, se encuentra la dimensión colectiva del derecho a la verdad, que se refiere a que la sociedad debe conocer lo que sucedió con el objeto de establecer una memoria y, con base en ella, evitar que se repitan los hechos violatorios de derechos humanos87.
Si bien ha sido desarrollado en el marco de violaciones graves a derechos humanos, el derecho a la verdad parece aplicable en contextos de desastre en los que hay afectaciones de derechos humanos derivados del incumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, atención humanitaria de emergencia y protección y garantía de derechos durante y con posterioridad a la emergencia.
En el caso del 19S, tanto los familiares de víctimas que perdieron la vida por colapsos de edificios o casas, como las personas que vieron sus derechos a la integridad física, la salud física o psicosocial, la vivienda, la información, la prohibición de discriminación, entre otros, tienen derecho a que se realice una investigación imparcial y eficaz que establezca la verdad sobre lo ocurrido. Dicha verdad debería incluir las razones por las cuales colapsaron o se dañaron sus viviendas o no se protegieron adecuadamente sus derechos durante la emergencia, así como el establecimiento de responsabilidades de personas y autoridades estatales. La construcción de una narrativa oficial sobre lo ocurrido también resulta crucial para que la sociedad toda conozca lo sucedido, que sirva de base al rechazo de las violaciones a derechos y a la garantía de no repetición.
3.2.Acciones específicas que debe desplegar el Estado, obstáculos existentes y recomendaciones para su superación
3.2.1. Estabilización socioeconómica
Como se ha mencionado previamente, la protección de la población desplazada internamente comprende también a aquellas personas cuyo motivo de desplazamiento derivó de la ocurrencia de un evento natural con efectos catastróficos88. Esto se explica por la existencia de un factor exógeno que supera la voluntad de quien se ve obligado a abandonar su hogar.
En materia de desplazamiento las obligaciones estatales tienen un orden cronológico de atención, que inicia en la asistencia humanitaria -que consiste en cubrir las necesidades inmediatas de la población desplazada-, posteriormente atender un periodo intermedio en el que se procura estabilizar socio-económicamente a la población y, finalmente, una etapa de restitución de derechos que para el caso particular del sismo debe materializarse con la reconstrucción o reparación de las viviendas.
Lo anterior implica realizar una diferenciación que suele pasar desapercibida. No es lo mismo un refugio de emergencia –como el brindado en albergues y campamentos- que una vivienda temporal, que requiere mejores condiciones de habitabilidad para que las familias puedan permanecer en condiciones de dignidad mientras se lleva a cabo la reconstrucción o reparación de la vivienda permanente. La vivienda temporal ha estado ausente en las políticas post-sismo del Estado mexicano y los casos que se registran al respecto, como los refugios construidos en el multifamiliar de Tlalpan derivan de iniciativas civiles financiadas principalmente a través de donaciones particulares.
Adicionalmente, en el periodo intermedio entre la emergencia y la restitución de derechos se requiere de la atención del Estado para que las personas damnificadas puedan recuperar los medios de subsistencia que se vieron interrumpidos por el desastre. Por lo tanto, medidas como la vivienda temporal deben estar acompañadas de facilidades para acceder a un empleo, la implementación de proyectos productivos y, en general, la recuperación de condiciones de subsistencia, que de una atención inicial centrada en la alimentación, el agua potable, el saneamiento, vestido y servicios básicos de salud y educación, debe transitar a una estabilidad socio-económica que contemple derechos como el empleo y la educación secundaria y superior89.
La primera falla del Estado mexicano al respecto es que el periodo intermedio entre la asistencia de emergencia y la reconstrucción de viviendas ha sido ignorado, por consiguiente, no ha existido una política de vivienda temporal en condiciones de dignidad.
Asimismo, esta etapa requiere la recuperación de los medios de subsistencia, el acceso al empleo, así como la facilitación de acceso a educación secundaria y superior. Por ejemplo, en una de las entrevistas recabadas en San Gregorio, Xochimilco, una mujer damnificada explicaba cómo el sismo había destruido la estufa que servía como medio para la producción de obleas que le garantizaban sus ingresos. Por la magnitud del daño de su vivienda, no había clasificado en los esquemas de reconstrucción ni reparación. En efecto, aun cuando el daño sufrido pareciese menor, en verdad revestía de una especial gravedad pues implicaba la pérdida de los medios de subsistencia.
El nivel de detalle de las medidas puede variar dependiendo de las particularidades de cada contexto pero el principio general supone la necesidad de apoyos para la estabilización en el periodo entre la emergencia y la reconstrucción.
3.2.2.	La reconstrucción en condiciones de seguridad o reubicación consentida.
Para el caso del sismo la principal medida de restitución de derechos se encuentra en la reconstrucción o reparación de la vivienda que fue dañada como consecuencia del fenómeno natural, la cual debe ser desplegada como una política pública con perspectiva de derechos humanos. El Estado mexicano tiene establecido en la Ley General de Protección Civil, que el Ejecutivo Federal proveerá de recursos financieros para la atención de las situaciones de emergencias y desastres para la reconstrucción90. Además, con base en el artículo primero de la Constitución, la reconstrucción debe guiarse por el principio pro persona y los estándares más protectores de derechos humanos.
De acuerdo con los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN, el Gobierno Federal a través de la SEDESOL proporcionará recursos para que las personas cuyas viviendas sufrieron daños parciales o totales puedan ser reconstruidas después de un examen de la situación del lugar donde ocurrió el desastre. Si bien este documento se enfoca únicamente en dar dinero para la vivienda de familias en pobreza patrimonial, el Estado debe usar el máximo de los recursos disponibles para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, además de atender a situaciones de vulnerabilidad como la edad, sexo o género. En este sentido, la interpretación de los lineamientos debe ser lo más amplía posible para que el mayor número de personas pueda recibir una vivienda o reparación gratuita.
De acuerdo con los Lineamientos del FONDEN, SEDESOL con ayuda de CONAGUA y CENAPRED debe realizar estudios técnicos de mecánica de suelo, entre otros, antes de iniciar la reconstrucción para que las personas puedan decidir con información suficiente si desean quedarse en el lugar donde está su vivienda o moverse a otro lugar. Además, dicho documento señala que las entidades federativas o municipales se encargarán de la donación de terrenos para atender la reubicación de las personas afectada.
Los mismos lineamientos contemplan la posibilidad de autoconstrucción, producción social del hábitat por parte de las personas o la contratación de empresas para realizarlo. Las autoridades deben respetar la elección de las personas de reconstruir su vivienda de la forma en la que deseen, evitar acuerdos al margen de la ley y proscribir presiones injustificadas de empresas inmobiliarias en contra de la voluntad de la(s) persona(s) que desean reestructurar o reconstruir su vivienda.
El momento de la reconstrucción debe ser asumido por las autoridades como una oportunidad para implementar medidas transformadoras que combatan la marginalización y discriminación estructural en la que han vivido muchas personas y comunidades. Si se toma esta perspectiva, se podrán solucionar muchas situaciones de desventaja en la que están las poblaciones afectadas por fenómenos con efectos sociales catastróficos.
Es necesario que para la reconstrucción se siga con una serie de criterios para el respeto de los derechos de las personas. Después de un desastre existen tres opciones: reparar en caso de ser posible, reconstruir o reubicar. La primera opción implica una adecuada evaluación técnica de los daños sufridos, los cuales pueden ser estructurales pero reparables o menores y, por consiguiente, también reparables. Al respecto, en San Gregorio, Xochimilco, durante el ejercicio de documentación se recabó información que indicaba que existieron presiones para acelerar las demoliciones y promover la reconstrucción por parte de agentes privados.
Como segunda opción, las viviendas afectadas deben ser reconstruidas, una vez realizados estudios de suelos que arrojen los datos para que las personas puedan vivir con seguridad en su nueva vivienda, en el lugar en el que se encontraban antes del desastre. Como se establece en los principios sobre Restitución de Viviendas y Patrimonio, la información proporcionada por las autoridades debe ser “completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica”91. En relación con el sismo, esta información requiere una actualización de los atlas de riesgo y su publicidad con la población afectada.
Las personas únicamente podrán ser reubicadas con su consentimiento y después de un proceso de consulta informado y legítimo. En caso de que se reubique a las personas, el criterio prioritario debe ser cambiar de casa, no de barrio. Es decir, las personas deberán vivir lo más cerca posible a su domicilio anterior para continuar su vida diaria lo más parecido a la situación en la que estaban previo al desastre.
Muchas de las personas que fueron afectadas por los desastres vivían en condiciones que no cumplían con los mínimos de sus derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la base para la reconstrucción debe ser la progresividad en los derechos de las personas, es decir, que se mejoren las condiciones en las que vivían de forma previa al fenómeno natural que por diversas razones tuvo efectos catastróficos.
Aunado a lo anterior, en el proceso de reconstrucción el Estado debe promover la recuperación del tejido social e impulsar procesos organizativos que empoderan a las comunidades. El Estado debe evitar a toda costa que el proceso de reconstrucción divida o fragmente a las comunidades.
Las viviendas que se reconstruyan deben contar con las siguientes características:
Disponibilidad. Esta característica se refiere a que las viviendas deben ofrecer instalaciones necesarias para la salud, seguridad y nutrición. Por ello, las viviendas deben tener acceso permanente a recursos naturales, agua potable, energía para cocinar, calefacción e iluminación, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje, servicios de emergencia y servicios de seguridad ciudadana.
Accesibilidad. Todas las personas deben tener acceso a una vivienda adecuada y se debe prestar atención especial a los grupos históricamente discriminados.
Adecuación cultural. Los materiales con los que se construyan las viviendas deben ser conforme a la identidad cultural de sus habitantes y de la diversidad de tipos de vivienda.
Asequibilidad. Las viviendas y los costos relacionados a ellas deben ser proporcionales al nivel de ingreso de las personas y que su mantenimiento no comprometa las necesidades básicas de sus habitantes.
Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe garantizar que sus habitantes tengan un espacio suficiente, conforme al número de personas que vivan en la misma, debe ser segura para vivir y ha de estar protegida en contra de las variaciones climáticas y riesgos estructurales.
Seguridad jurídica de la tenencia. Esto implica que todas las personas deben tener un nivel de protección en su vivienda para estar protegidas frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas.
Ubicación. El lugar de la vivienda debe tener en cuenta que las personas consuman el menor tiempo posible para moverse de su trabajo o escuela a casa92.
Respecto a la reconstrucción de otros edificios que fueron dañados por un desastre, las distintas autoridades responsables, dependiendo del tipo de edificio del que se trate, deben priorizar la revisión de infraestructura y puesta en marcha de aquellos edificios que tengan relación con el cumplimiento de derechos sociales como escuelas, hospitales, asilos, entre otros.
En caso de que el restablecimiento se demore, es necesario que el Estado despliegue todas las acciones posibles para garantizar el derecho en lugares alternos. Por ejemplo, en caso de escuelas, se pueden adecuar edificios públicos aledaños para el funcionamiento temporal de escuelas.
3.2.3. Comentario sobre la Ley de reconstrucción de la CDMX
Ante la ausencia de una política pública clara para enfrentar los daños ocasionados por el sismo y restablecer los derechos de los damnificados, la “Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente” constituye uno de los pocos instrumentos jurídicos por medio de los cuales los afectados de la CDMX pueden reclamar el cumplimiento de algunos derechos.
La importancia de la Ley reside en que entiende la reconstrucción como un problema de política pública que requiere de una atención generalizada, la cual no se limite a procesos individuales derivados de acciones judiciales de reparación. No obstante, desde la publicación de la Ley en diciembre de 2017, el proyecto documenta desde abajo planteó reparos a este instrumento jurídico, entre otros, se pueden señalar las siguientes:
La ley no contempla ningún esquema de vivienda temporal de emergencia en condiciones de dignidad para los damnificados. Si bien la ley establece vivienda de reposición y condiciones para la reparación, no contempla que los procedimientos para acceder a los apoyos de la ley, bajo una adecuada planeación, tardará un periodo importante de tiempo durante el cual los damnificados no cuentan con una alternativa de vivienda digna.
El esquema mixto de financiamiento a través de la construcción y venta de viviendas adicionales (artículos 38 y ss), supone un esquema de redensificación en zonas de alto riesgo, pues permite un incremento de hasta el 35% respecto de la zonificación establecida en los Programas de Desarrollo Urbano sin que previamente se cuente con estudios técnicos y espacios de deliberación que permitan determinar si el terreno donde se pretende hacer la redensificación es idóneo. La disposición puede incrementar el riesgo tanto de los damnificados como de posibles futuros propietarios, poseedores y arrendatarios.
Adoptar una política de vivienda temporal en condiciones de disponibilidad, habitabilidad, adecuación cultural y asequibilidad FONDEN (A nivel federal)Comisión de reconstrucción y SEDESOL a nivel CDMX Desarrollar una política de vivienda temporal mediante la construcción o subsidio de arriendo suficiente, que se extienda durante el tiempo que tardará la reparación o reconstrucción de la vivienda afectada.
Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro).
Adoptar e implementar una política pública reconstrucción que no se restrinja a la CDMX y proporcionar recursos para vivienda nueva o para reparación de las que sufrieron daños FONDEN Comisión de reconstrucción y SEDESOL a nivel CDMX
La política ha de contemplar las viviendas colapsadas y con daño estructural, así como de reforzamiento de viviendas con daño no estructural. Se debe garantizar la gratuidad hasta el máximo de los recursos disponibles, dándole prioridad a las personas con necesidades socioeconómicas o pertenencia a algún grupo en situación de vulnerabilidad como personas de la tercera edad, pueblos o comunidades indígenas o familias con mujeres jefas de familia.
Garantizar que el acceso a la política de reconstrucción no esté condicionado a la tenencia de un título de propiedad o se de prioridad a los propietarios.
Crear un impuesto para la reconstrucción para cubrir los costos de la misma, recabado de empresas constructoras, de desarrollo inmobiliario, entre otras que se beneficiarán del proceso.
Incluir en la reconstrucción los edificios que permiten la vida de barrio como escuelas, iglesias, hospitales, plazas, mercados, parques, etcétera.
Brindar asesoramiento jurídico a personas poseedoras legítimas y no legítimas, arrendadoras y propietarias sobre sus derechos en la reconstrucción.
Promover la producción social del hábitat sin fines de lucro.
Proteger a las personas afectadas en contra de la especulación y presión del mercado sobre sus tierras, por ejemplo, a través de la declaratoria de inalienabilidad temporal de los terrenos de edificios colapsados o que deben ser derrumbados, o el congelamiento temporal de rentas en las zonas afectadas.
Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Garantizar de forma progresiva que las viviendas reconstruidas cumplan con los parámetros de una vivienda adecuada Sistemas Estatales encargados de la reconstrucción Realizar estudios de suelos especializados previo a la reconstrucción para que la nueva vivienda esté en las mejores condiciones posibles dependiendo del lugar en el que se encuentre. Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Reubicar a las personas que lo deseen en caso de vivir en zona de riesgo Dependencia a nivel estatal de Desarrollo territorial
Realizar proceso de consulta amplios e informados para que las personas decidan si desean reconstruir en el lugar en el que vivían o desean reubicarse.
En caso de que las entidades federativas o municipios no cuenten con terrenos para la reubicación, se debe considerar la expropiación para creación de nueva vivienda.
En caso de que las personas deseen reubicarse, el Estado debe tener como premisa el cambio de casa más no de barrio.
73. Artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
74. Como se ha intentado exponer en este informe, las afectaciones derivadas del sismo también generaron un detrimento en los ingresos de algunas familias que perdieron su empleo o cuyo lugar de residencia representaba su medio de generación de ingresos. Asimismo, las afectaciones también derivaron en un detrimento patrimonial en razón de la pérdida, no solo de bienes inmuebles, sino también de bienes muebles.
75. Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro). Sub-Comisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (E/CN.4/Sub.2/2005/17).
76. Es el caso de las Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, proferidas por el Comité Permanente entre Organismos (IASC) en 2011. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_045.pdf.
77. Ibídem. Apartado relativo a la “Protección de los derechos relacionados con la vivienda, la tierra, la propiedad, los medios de subsistencia, la educación secundaria y superior”.
78. Ver principios 2, 3, 4, 6, 8 y 10. Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas. Op., Cit.
79. Ibídem, principio 10.1.
80. Comité DESC. Observación general Nº 2 (1990) Medidas internacionales de asistencia técnica (artículo 22 del Pacto) (E/CN.4/1334).
81. Serrano, S., y Vázquez, D. (2013). Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, México: CDHDF, p. 36.
82. La Ley General de Atención a Víctimas señala que las víctimas tienen “derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos”. Ley General de Víctimas Artículo 10.
83. Ley General de Víctimas Artículo 27.
84. Un ejemplo de ello son las medidas transformadoras como forma de reparación, las cuales han sido ordenadas por la Corte IDH en diversos casos y en particular en la sentencia de Campo Algodonero, obligatoria para México. El Tribunal ha señalado sobre estas medidas que, ante casos de discriminación estructural, es necesario que las reparaciones no solo tengan un efecto restitutivo sino también correctivo de las situaciones que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad. Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.
85. Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2016. Serie C No. 324, párr. 264.
86. Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 117, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 118.
87. OACNUDH (2009). El derecho a la verdad. Ginebra, A/HRC/12/19, párr. 5.
88. Manual del Sistema Nacional de Protección Civil p. 66
89. Ídem.
90. Ley General de Protección Civil, art. 57.
91. Principio 10.1. Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas. Op., Cit.
92. Comité DESC. Observación general Nº 4 (1991). El derecho a una vivienda adecuada (E/1992/23)

References: artículo 1
in fine

Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 26
 Artículo 10
 Artículo 27