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Timestamp: 2019-05-26 13:33:59+00:00

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﻿ SENTENCIA 7202 DE OCTUBRE 4 DE 1995
SENTENCIA 7202 DE 04 DE OCTUBRE DE 1995
CONTENIDO:CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES POR EL TRABAJADOR. PRUEBA MEDIANTE TESTIMONIOS
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR, PROCESO LABORAL, TESTIMONIO, PROCEDIMIENTO LABORAL, CONSUMO DE DROGAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:288 DE DICIEMBRE DE 1995, PÁG.1420
Sentencia 7202 de octubre 4 de 1995
CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES POR EL TRABAJADOR
PRUEBA MEDIANTE TESTIMONIOS
EXTRACTOS:“...puede la Corte referirse a este aspecto de si era necesario un dictamen médico que certificara que ese 15 de diciembre de 1989 J... presentaba en su organismo rastros de consumo de algún narcótico o droga enervante, o si el Tribunal podía fundar su convicción en otros medios de prueba.
En este aspecto también se equivocó el juzgador, pues el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo establece que en el proceso laboral son admisibles todos los medios de prueba previstos en la ley, “pero (que) la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales”. Incurrió por ello el Tribunal en un error al asentar que la causal de terminación unilateral del contrato de trabajo alegada por la hoy recurrente debió probarse con un “dictamen médico” sobre el consumo por parte del demandante de “sustancias heroicas” o con un “dictamen de laboratorio” sobre las sustancias que le fueron encontradas en su camarote y que en ese momento consumía, pues tampoco existe dentro del Código Procesal del Trabajo disposición que imponga al patrono —en su condición de tal o como litigante— la carga de probar con una determinada prueba el hecho de que el trabajador se encontraba bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes.
No puede pasarse por alto que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo consagra la libre formación del convencimiento como método de análisis de la prueba y, por ello, libera al juez de la tarifa legal de pruebas, imponiéndole como única condición que en la parte motiva de la sentencia indique los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, y que al hacerlo se inspire en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atienda las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal adoptada por las partes; y que sólo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus pierde esa libertad para formar su convencimiento, pues en este caso no puede admitir la prueba del hecho por otro medio diferente.
Esta regla de valoración de la prueba que, al igual que el artículo 51 del mismo Código Procesal del Trabajo, ignoró el Tribunal, lo llevó a negarle valor de convicción a dos testigos contestes que dando suficiente razón de la ciencia de su dicho, declararon bajo la gravedad del juramento las circunstancias en que encontraron a J..., y que hacen que razonablemente no pueda aceptarse que lo que consumía esa madrugada del 15 de diciembre de 1989 fuera cosa distinta a un narcótico o droga enervante, para utilizar la terminología empleada por la ley para prohibirle a los trabajadores presentarse al lugar de trabajo embriagados o bajo la influencia de estupefacientes; sin que exista razón legal para considerar que la configuración de la justa causa de terminación unilateral del contrato que resulta de la violación de esta prohibición, exija que se deba determinar técnicamente la específica droga o narcótico.
Síguese de lo anterior que el cargo prospera.
Vl. Consideraciones de instancia
Para sustentar la sentencia de reemplazo, además de las dichas como tribunal de casación, actuando como juez de apelación debe la Corte expresar las razones siguientes:
Pretender que personas con la suficiente experiencia de la vida y con el discernimiento de un hombre de sano juicio y con el buen uso de razón que debe suponerse tienen el capitán y el primer oficial de una nave mercante, no estén en condiciones de establecer por su simple percepción si una sustancia —llámese ella “bazuco” o “marihuana”, o cualquiera sea la denominación con la que en la jerga de los maleantes se le conozca— constituye un narcótico o droga enervante, es ignorar las reglas fundamentales de la sana crítica, que no son otras que las que resultan de aplicar a la solución del caso de la experiencia, el buen sentido, la perspicacia y la sindéresis.
Es cierto que en este caso el capitán ..., actuando en su condición de representante del patrono, fue quien tomó la decisión de terminar el contrato de trabajo, y que este hecho obliga a considerar su testimonio en el proceso con un especial cuidado, por ser apenas razonable pensar que tenía interés en que su determinación se calificara como ajustada a la ley. Empero, las reglas de la sana crítica no obligan a negarle credibilidad a un testigo por la sola circunstancia del interés que pueda en él existir, ya que difícilmente habrá un proceso laboral en el cual quienes declaran no tengan alguna relación o bien con el patrono, por ser empleados directivos o representantes del mismo frente a los demás trabajadores, o bien con el trabajador, por ser sus compañeros de labor o por la circunstancia de pertenecer al mismo sindicato. En un proceso laboral lo usual es que quienes rinden testimonio son las personas que conviven en la empresa y que entre sí tienen tratos de diferente índole, unos jerárquicos, otros de amistad, o al menos de compañerismo, e incluso relaciones inamistosas, por ser también natural que la convivencia pueda generar discordias o desavenencias, e incluso “celos profesionales”.
Por todos estos especiales motivos la labor del juez laboral en ejercicio de las amplias facultades que le confiere el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, debe ser especialmente cuidadosa, y debe por ello el juzgador extremar su prudencia y buen juicio, para no caer en el facilismo de negarle credibilidad a un testigo por circunstancias que en procesos de naturaleza diferente serían motivo fundado para admitir una tacha o poner en serias dudas la franqueza y veracidad de lo declarado por el deponente.
En el caso bajo examen, hay que tener presente que el testimonio del capitán ... aparece corroborado por el dicho del primer oficial ..., y que inclusive el testigo ... —que no debe olvidarse actuó en la audiencia disciplinaria en su condición de representante sindical y abogó en favor del trabajador como era su deber— confirma con su declaración bajo juramento y con el reconocimiento de la firma suya que aparece en el acta, que el contenido de tal documento corresponde a lo que ocurrió en dicha audiencia y, al menos en lo esencial, a lo que expresaron quienes en ella intervinieron.
Por todo lo anterior, resulta inaceptable tratar de descalificar el testimonio responsivo y responsable del capitán de la nave ..., y negarle la posibilidad de que pudiera establecer por “el olor” y “el color” de la sustancia mezclada con el tabaco del cigarrillo que fumaba J... esa madrugada del 15 de diciembre de 1989, que se trataba de “bazuco”, por el hecho de que él personalmente no la haya consumido o porque no mantenga tratos con personas de esa calaña, pues, como lo explicó el testigo, su experiencia como oficial mercante durante 32 años es razón suficiente para considerar que estaba en condiciones de determinar que el tripulante bajo su mando había violado los reglamentos y la ley laboral, en la medida en que la sustancia que consumía mezclada con el tabaco era o un narcótico o una droga enervante.
Se impone concluir entonces que debe revocarse la sentencia de primera instancia, y en lo pertinente la aclaración que de ella se hizo en auto posterior, en cuanto condenó a la Flota Mercante Grancolombiana a pagarle a Ramos Rodríguez la indemnización y la pensión restringida o proporcional de jubilación por despido injusto, ya que lo probado es el hecho de haber incurrido el trabajador en la conducta que se le alegó para terminar unilateralmente su contrato, comportamiento para él prohibido como trabajador en el ordinal 2º del artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo, y que en armonía con el ordinal 6º, de la letra a), del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, constituye una justa causa de terminación del contrato por parte del patrono».
(Sentencia de casación, octubre 4 de 1995. Expediente 7202. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

References: artículo 51
 artículo 61
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 60
 artículo 7