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Timestamp: 2013-05-21 09:59:20+00:00

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NYR. Informe n� 183. BOE de diciembre de 2009.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 183. (BOE de DICIEMBRE de 2009)
Ventajas contratar
Deducci�n mantener empleo
Reforma extranjer�a
Valencia: d. matrimonial
Financiaci�n CCAA
C�lculo de retenci�n
Sede AEAT
D�as inh�biles 2010
Notificaci�n por fax
Disminuci�n de cabida
CONTRIBUYENTE. Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Cobertura legal. Se encuentra en el art�culo 34.2 de la
Ley General Tributaria que da por primera vez a la regulaci�n del Consejo para la Defensa del Contribuyente rango de Ley. Este decreto refuerza la configuraci�n del Consejo como �rgano asesor y de defensa de los derechos de los contribuyentes, y reconoce su independencia funcional.
Objeto. Se regula la composici�n y funciones del Consejo para la Defensa del Contribuyente, as� como el r�gimen jur�dico de las quejas, sugerencias y propuestas a que se refiere el art�culo 34.2
de la General Tributaria, y el procedimiento para la recepci�n y tramitaci�n de las que sean presentadas.
Naturaleza jur�dica. Se trata de un �rgano colegiado de la Administraci�n del Estado, integrado en el Ministerio de Econom�a y Hacienda y adscrito a la Secretar�a de Estado de Hacienda y Presupuestos. Qu� quejas tramita. Las quejas deber�n tener relaci�n, directa o indirecta, con el funcionamiento de los �rganos y unidades administrativas que conforman la Secretar�a de Estado de Hacienda y Presupuestos, de las dependencias y unidades de la AEAT, as� como del resto de la Administraci�n del Estado con competencias tributarias. En particular, podr�n presentarse quejas en relaci�n con el ejercicio efectivo de los derechos de los obligados tributarios en el seno de los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, as� como relativas a las deficiencias en la accesibilidad de las instalaciones, la calidad o accesibilidad de la informaci�n, el trato a los ciudadanos, la calidad o accesibilidad del servicio o el incumplimiento de los compromisos de las cartas de servicios.
Qui�nes pueden quejarse. Cualquier persona f�sica o jur�dica espa�ola o extranjera sobre las materias referidas. Sin embargo, las quejas relacionadas, directa o indirectamente, con un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria, solo podr�n ser presentadas por quien tenga el car�cter de interesado en dicho procedimiento o su representante.
Propuestas. El Consejo puede proponer aquellas modificaciones normativas o de otra naturaleza que se consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos de los obligados tributarios en general y del contribuyente en particular.
Composici�n: Lo formar�n diecis�is miembros, de los cuales, ocho vocales ser�n representantes de los sectores profesionales relacionados con el �mbito tributario y de la sociedad en general y cuatro, de la AEAT.
PDF (BOE-A-2009-19438 - 13 p�gs. - 259 KB)
ENTIDADES DE CR�DITO. Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto
5/2009, de 29 de junio-, en lo que ata�e a las normas procedimentales y los criterios de evaluaci�n aplicables en relaci�n con la evaluaci�n cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. La Directiva
2007/44/CE regula los procedimientos y criterios conforme a los cuales se realiza la evaluaci�n de las participaciones significativas, atendiendo a la identidad, honorabilidad y solvencia de los accionistas m�s significativos de las entidades.
Esta Directiva comenz� a transponerse mediante la Ley
5/2009, de 29 de junio, la cual fij� los criterios que la autoridad supervisora deber� observar a la hora de evaluar una modificaci�n de la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas y, por otro, el propio procedimiento de no oposici�n.
- C�mo se habr�n de computar las participaciones en entidades de cr�dito para determinar lo que se considera una participaci�n significativa. - Elaboraci�n y publicaci�n de
una lista por parte del Banco de Espa�a en la que se determinar� el contenido de la informaci�n que el mismo podr� exigir para evaluar la adquisici�n de una participaci�n significativa.
PDF (BOE-A-2009-19670 - 9 p�gs. - 221 KB)
INSTITUCIONES DE INVERSI�N COLECTIVA. Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
La Ley 5/2009, de 29 de junio, incorpora los
aspectos esenciales de esta directiva, como son, por un lado, los criterios que la autoridad supervisora deber� observar a la hora de evaluar una modificaci�n de la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas y, por otro, el propio procedimiento de no oposici�n.
- Se desarrolla el procedimiento de no oposici�n de una modificaci�n en la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas. PDF (BOE-A-2009-19671 - 7 p�gs. - 203 KB)
MERCADO DE VALORES. Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
1309/2005, de 4 de noviembre. Este real decreto desarrolla la modificaci�n que la Ley 5/2009, de 29 de junio ha producido en la Ley del Mercado de Valores. La Ley 5/2009 inicia la transposici�n al ordenamiento jur�dico nacional de la Directiva
2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, que tiene por objetivo mejorar el r�gimen de participaciones significativas, regulando los procedimientos y criterios que han de usarse para evaluar cautelarmente las adquisiciones de participaciones que pueden suponer el ejercicio de una influencia notable en las entidades financieras. Supone, en definitiva, un control administrativo previo que tiene por objeto evaluar, a efectos prudenciales, la identidad, honorabilidad y solvencia de los accionistas m�s significativos de las entidades.
PDF (BOE-A-2009-19672 - 10 p�gs. - 233 KB)
SEGUROS PRIVADOS. Real Decreto 1821/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto
Este real decreto desarrolla la modificaci�n que la referida Ley 5/2009, de 29 de junio ha producido, en este caso, en la
Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados., tambi�n como consecuencia de la transposici�n de la Directiva
2007/44/CE sobre el r�gimen de participaciones significativas.
PDF (BOE-A-2009-19673 - 7 p�gs. - 209 KB) TRINIDAD Y TOBAGO. Convenio entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica de Trinidad y Tobago para evitar la doble imposici�n y prevenir la evasi�n fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y Protocolo, hecho en Puerto Espa�a el 17 de febrero de 2009.
En el caso de Espa�a, afecta al IRPF, Sociedades, No Residentes e impuestos locales sobre la renta.
PDF (BOE-A-2009-19767 - 22 p�gs. - 339 KB)
AUDITORES EXTERNOS. Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, que regula el Informe Anual del Auditor sobre Protecci�n de Activos de Clientes. La presente Circular tiene por objeto fijar el contenido del trabajo a realizar para dar cumplimiento al requerimiento de emisi�n del Informe sobre Protecci�n de Activos de Clientes establecido en el art�culo 43 del Real Decreto
PDF (BOE-A-2009-19770 - 20 p�gs. - 393 KB)
D�AS INH�BILES. Resoluci�n de 26 de noviembre de 2009, de la Secretar�a de Estado para la Funci�n P�blica, por la que se establece el calendario de d�as inh�biles en el �mbito de la Administraci�n General del Estado para el a�o 2010, a efectos de c�mputo de plazo. Se cumple as� con el art. 48.7 de la Ley
PDF (BOE-A-2009-19837 - 2 p�gs. - 517 KB)
EDIFICIOS. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio. Esta modificaci�n procede del
Plan de Activaci�n del Ahorro y la Eficiencia Energ�tica 2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros, entre cuyas medidas se encuentra la obligaci�n de
limitar las temperaturas a mantener en el interior de los establecimientos de edificios y locales climatizados destinados a usos administrativos, comerciales, culturales, de ocio y en estaciones de transporte, con el fin de reducir su consumo de energ�a. En concreto afecta a su instrucci�n t�cnica IT-3 dedicada al mantenimiento y uso de estas instalaciones y a la instalaci�n de calderas.
PDF (BOE-A-2009-19915 - 4 p�gs. - 213 KB)
Motivos. La reforma viene motivada por - la evoluci�n del fen�meno migratorio, - la adaptaci�n de la Ley a varias Sentencias del Tribunal Constitucional,
- la necesidad de introducir en el derecho espa�ol el contenido de diversas Directivas comunitarias
- y por el surgimiento de competencias en determinadas las Comunidades Aut�nomas.
Objetivos. Entre los objetivos perseguidos con esta reforma se encuentran:
3. Aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigraci�n irregular.
4. Reforzar la integraci�n, apostando por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas.
5. Adaptar la normativa a las competencias de ejecuci�n laboral previstas en los Estatutos de Autonom�a que inciden en el r�gimen de autorizaci�n inicial de trabajo, y a las competencias estatutarias en materia de acogida e integraci�n. Se fija un marco regulador 6. Reforzar e institucionalizar el di�logo con las organizaciones de inmigrantes y otras.
- La reforma del derecho de reagrupaci�n familiar centr�ndola en la familia nuclear, pareja afectiva y ascendientes de m�s de 65 a�os. - Derecho a la documentaci�n. Est� en el art. 4. Cambia fundamentalmente su p�rrafo 2, a�adi�ndose lo que aparece en cursiva:
- Tipos de visado. Los regula el art. 25 bis y se prev� su desarrollo reglamentario. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio espa�ol deber�n estar provistos de visado, v�lidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo normativa europea o convenio internacional. a) De tr�nsito, que habilita a transitar por la zona de tr�nsito internacional de un aeropuerto espa�ol o a atravesar el territorio espa�ol. b) De estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un per�odo o suma de per�odos cuya duraci�n total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
- Trabajo por cuenta propia. Ha de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislaci�n vigente exige a los nacionales y, adem�s, los relativos a la suficiencia de la inversi�n y la potencial creaci�n de empleo, entre otros. La autorizaci�n inicial por la Comunidad Aut�noma se limitar� a un �mbito geogr�fico no superior al de una Comunidad Aut�noma, y a un sector de actividad. - Trabajo por cuenta ajena. Para la concesi�n inicial, se tendr� en cuenta la situaci�n nacional de empleo. Se basar� en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentaci�n exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer pa�s. La autorizaci�n inicial se limitar�, salvo excepciones, a un determinado territorio y ocupaci�n. T�tulo III. Se dedica a las infracciones y sanciones
T�tulo IV. Es el relativo a la
coordinaci�n de los poderes p�blicos. - Se exige una actuaci�n coordinada de ambas Administraciones P�blicas, cuando la Comunidad Aut�noma hubiera asumido competencias en materia de autorizaci�n inicial de trabajo.
- Se incorpora la Conferencia Sectorial de Inmigraci�n y la Comisi�n Laboral Tripartita. Modificaci�n de la
Ley del Registro Civil. No tiene contenido org�nico. Se a�ade un nuevo p�rrafo al art�culo 63, dedicado a la concesi�n de nacionalidad por residencia. Por el nuevo p�rrafo, el interesado podr� aportar al expediente un informe emitido por la Comunidad Aut�noma a efectos de acreditar su integraci�n en la sociedad espa�ola.
Ver Reglamento de Extranjer�a 2011.
PDF (BOE-A-2009-19949 - 46 p�gs. - 723 KB)
*VALENCIA. Ley 8/2009, de 4 de noviembre, de modificaci�n de la Ley
10/2007, de 20 de marzo, de R�gimen Econ�mico Matrimonial Valenciano. La Ley Valenciana
10/2007 de 20 de marzo, de R�gimen Econ�mico Matrimonial Valenciano establec�a en su disposici�n final 4�, que entrar�a en vigor el 25 de abril de 2008.
M�s tarde, el Pleno del TC por Auto de 12 de junio de 2008, levanta la suspensi�n de la aplicaci�n de
la Ley, que finalmente entra en vigor y con vigencia a partir de 1 de julio de 2008, pendiente de la resoluci�n del recurso.
Art�culos modificados o suprimidos de la LRMV. La exposici�n de motivos de la Ley de Reforma de la LRMV insiste, una vez m�s, siguiendo el ejemplo de Catalu�a, en la redacci�n de un C�digo Civil Valenciano, que englobe las distintas leyes sectoriales que se promulguen. Y aunque la ley LRMV es adecuada para instaurar determinadas novedades en la regulaci�n del r�gimen econ�mico matrimonial valenciano, se ha constatado la conveniencia de reconsiderar determinados aspectos puntuales (los arts impugnados) que son merecedores de una regulaci�n diferenciada (que se producir� en breve, asi la Ley de Sucesiones), mientras que en otros se produce una remisi�n al contenido de la legislaci�n estatal. Por tanto la ley 8/2009 reforma cuatro grandes bloques:
Primer bloque de la reforma: Se refiere a los arts 15.2, 17.2, 27.2 y 46, que hacen ahora una remisi�n al c.c. o a la legislaci�n estatal, en cuanto al plazo de prescripci�n de la acci�n para reclamar el pago de la compensaci�n por el trabajo dom�stico; el r�gimen de caducidad de la acci�n para instar la anulabilidad del acto dispositivo sobre la vivienda habitual de la familia efectuado por el c�nyuge titular sin consentimiento del otro o sin autorizaci�n judicial; el r�gimen de oponibilidad de la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales frente a terceros; y la atribuci�n de los bienes pose�dos por los c�nyuges cuando no se pueda acreditar a cu�l de ellos pertenecen:
Segundo bloque de la reforma: Se refiere a los arts 39 y 42.2. - Se suprime en el art 39, dentro de la regulaci�n de la german�a, la menci�n que se realizaba a que el cambio de r�gimen jco de un bien no perjudicar�a los dchos adquiridos por terceros antes de la publicidad registral de aquel o antes de que tuviese conocimiento del mismo el tercero; - y en cuanto al art�culo 42.2 se suprime, en el marco de la regulaci�n de la extinci�n y disoluci�n de la german�a, la menci�n a la posibilidad de que el acreedor solicite el embargo de los bienes agermanados, cuando los bienes propios de un c�nyuge, no sean suficientes para responder de sus deudas particulares, en cuyo caso, se conced�a al otro c�nyuge la opci�n de solicitar que en la traba se sustituyeran aquellos bienes por la parte que, en ellos, ostentara el c�nyuge deudor, de forma que el embargo comportara la disoluci�n de la german�a sobre el bien o bienes trabados.
Tercer bloque de la reforma: En este tercer bloque se incluye la derogaci�n de los arts 30 y 37 y la disposici�n transitoria segunda del texto original, as� como la supresi�n del art 33.1, a la espera de la futura promulgaci�n de otras leyes de la Generalitat, que puedan incidir sobre estas cuestiones. Tales preceptos se refer�an a determinados aspectos vinculados con las consecuencias jcas del r�gimen econ�mico en el �mbito sucesorio: - El art 30 alud�a a la eficacia de la carta de nupcias tras de la muerte de un c�nyuge; - el art 37 regulaba la colaci�n de las donaciones propter nupcias, estableciendo la obligaci�n del donatario de traer a colaci�n los bienes donados a la herencia del donante, conforme al dcho sucesorio valenciano
- la transitoria 2� establec�a que hasta que se aprobara el dcho sucesorio valenciano, la referencia se entender�a hecha al c.c, - y el art 33.1 se refer�a a la posibilidad de realizar donaciones propter nupcias con car�cter sucesivo a los hijos e hijas con ocasi�n del matrimonio, para el caso de defunci�n de uno de ellos.
Finalmente se retoca el pre�mbulo de la ley, ya que los preceptos pasan a ser 44 y no 48 como antes, y las dos disposiciones transitorias se convierten en s�lo una disp. Transitoria. Ver resumen completo de Jorge L�pez Navarro.
PDF (BOE-A-2009-20071 - 4 p�gs. - 180 KB)
DISCAPACIDAD. Real Decreto 1853/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composici�n, funcionamiento y funciones de la Comisi�n de protecci�n patrimonial de las personas con discapacidad.
41/2003, de 18 de noviembre, de protecci�n patrimonial de las personas con discapacidad, establece nuevos mecanismos de protecci�n de las personas con discapacidad, en el aspecto patrimonial, creando en su art�culo 7 la Comisi�n de protecci�n patrimonial de las personas con discapacidad, como �rgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en las funciones de supervisi�n de la administraci�n del patrimonio protegido que a �ste le corresponden.
Su composici�n fue fijada por el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero. Ahora este Real Decreto la modifica, adapt�ndose a las funciones y estructura del Ministerio de Sanidad y Pol�tica Social, incorporando al propio Ministerio Fiscal y haciendo part�cipes a los representantes de la asociaci�n de utilidad p�blica m�s representativa en el �mbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
PDF (BOE-A-2009-20158 - 4 p�gs. - 179 KB)
*FINANCIACI�N CCAA. Ley Org�nica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificaci�n de la Ley Org�nica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas.
Los textos constitucionales que tratan sobre la materia son los art�culos
- El art�culo 156 instituye el
principio de autonom�a financiera de las Comunidades Aut�nomas con arreglo a los principios de coordinaci�n con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espa�oles. - El art�culo 157 enumera los recursos de las Comunidades Aut�nomas, remitiendo a una Ley Org�nica la regulaci�n del ejercicio de estas competencias financieras.
Esta Ley Org�nica es la
8/1980, de 22 de septiembre (LOFCA), que ahora se modifica, tras la reforma de varios estatutos de autonom�a y el Acuerdo para la reforma del sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas tomado por el Consejo de Pol�tica Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut�nomas
Nuevos principios fundamentales: Aparte de los de coordinaci�n y solidaridad del art�culo 157, se introducen otros dos:
- La garant�a de un nivel base equivalente de financiaci�n de los servicios p�blicos fundamentales. Los servicios b�sicos del Estado del Bienestar deben poder ser prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad Aut�noma en la que residan. Para ello se crea el Fondo de Garant�a de Servicios P�blicos Fundamentales. Tambi�n
se ampl�an estos servicios p�blicos fundamentales, a�adiendo a los ya contemplados de educaci�n y sanidad, los servicios sociales esenciales.
- La corresponsabilidad de las Comunidades Aut�nomas y el Estado ha de estar en consonancia con sus competencias en materia de ingresos y gastos.
An�lisis quinquenal. Cada cinco a�os se determinar� el impacto, positivo o negativo, de las actuaciones legislativas del Estado y de las CCAA. La valoraci�n resultante se compensar�, en su caso, como modificaci�n del Sistema de Financiaci�n para el siguiente quinquenio.
Fondo de Suficiencia. Este Fondo, ya existente, se modifica. Tiene por objeto cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto y la suma de la capacidad tributaria de cada Comunidad Aut�noma y las transferencias recibidas del nuevo Fondo de Garant�a de Servicios P�blicos Fundamentales. Tambi�n cambia de nombre, pasando a denominarse Fondo de Suficiencia Global, ya que busca asegurar la suficiencia en financiaci�n de la totalidad de las competencias.
Corresponsabilidad fiscal. Han sido tres acuerdos fundamentales del Consejo de Pol�tica Fiscal y Financiera (adoptados en 1996, 2001 y el �ltimo de 15 de julio de 2009) los que motivaron un importante incremento de la corresponsabilidad fiscal de las CCAA, ampliando las posibilidades de cesi�n de tributos y atribuyendo competencias normativas sobre los tributos cedidos, capacidad legal para modificar el nivel o la distribuci�n de los recursos tributarios y la participaci�n y colaboraci�n en las labores de gesti�n tributaria.
- IRPF. Se eleva del 33% al 50% la cesi�n del producto del Impuesto. Se incrementan las competencias normativas de las CCAA, hasta ahora limitadas a la determinaci�n de la tarifa y las deducciones, ampli�ndolas a la fijaci�n de la cuant�a del m�nimo personal y familiar.
- IVA. Se eleva la cesi�n del 35% al 50%. - Impuestos especiales sobre bebidas, tabaco e Hidrocarburos, la cesi�n pasa del 40% al 58%.
- En materia de Revisi�n Econ�mico-Administrativa se posibilita que las competencias para el ejercicio de la funci�n revisora en v�a administrativa de los actos de gesti�n dictados por las Administraciones Tributarias de las CCAA en relaci�n con los tributos estatales sean asumidas por las propias CCAA, aunque se mantenga la colaboraci�n con la Administraci�n Tributaria del Estado.
- Tributos propios. Se trata de clarificar los l�mites para la creaci�n de tributos propios por las CCAA. Para reducir la conflictividad, se modifica el art�culo sexto de la LOFCA para que las reglas de incompatibilidad se refieran al �hecho imponible� y no a la �materia imponible�, con lo que habr�a un espacio fiscal auton�mico m�s claro en relaci�n con los tributos locales, con una delimitaci�n similar a la que existe en relaci�n con los tributos estatales. Dice ahora: �Los tributos que establezcan las Comunidades Aut�nomas no podr�n recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado�. Entrada en vigor: 20 de diciembre de 2009. PDF (BOE-A-2009-20374 - 9 p�gs. - 219 KB)
**FINANCIACI�N CCAA. Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias. Objeto de la Ley. Regular el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n, Ceuta y Melilla, desde el 1 de enero de 2009, incluyendo:
- la garant�a de financiaci�n de servicios p�blicos fundamentales, - los fondos de convergencia auton�mica, - el establecimiento del r�gimen general de la cesi�n de tributos del Estado a las CCAAs, - los �rganos de coordinaci�n de la gesti�n tributaria y - la adaptaci�n al sistema de financiaci�n de la normativa de los tributos cedidos y dem�s disposiciones tributarias afectadas. Este resumen de la Ley Ordinaria se centra fundamentalmente en los aspectos m�s esenciales de inter�s en el �mbito notarial y registral (b�sicamente los tributarios; no los financieros). Reformas esenciales. Muchas coinciden con las apuntadas en la Ley Org�nica, s�lo que ahora afectan a normativa con rango ordinario. El Proyecto sigue las l�neas esenciales de la vigente Ley
21/2001, de 27 de diciembre (que se deroga, salvo derecho transitorio) Principios. Se refuerzan los Principios de equidad, de suficiencia, de solidaridad, de autonom�a y, sobre todo el de corresponsabilidad fiscal de las CCAAS, e incrementa los porcentajes de cesi�n de tributos y las competencias normativas de aqu�llas. T�tulo I. �El Sistema de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas�. De �l, destacamos: - Los tributos cedidos son los que ya recog�a la Ley 21/2001, aunque se produce una elevaci�n del porcentaje de cesi�n en el IRPF del 33% al 50%; en el IVA, del 35% al 50% y en los Impuestos Especiales sobre bebidas, hidrocarburos o tabaco, del 40% al 58%.
- El nuevo sistema de financiaci�n opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidaci�n y una liquidaci�n definitiva de los mismos, realizando una liquidaci�n conjunta de los recursos sujetos a liquidaci�n y de los Fondos de Convergencia.
T�tulo II. Regula dos nuevos Fondos de Convergencia Auton�mica creados con recursos adicionales del Estado:
- El Fondo de Competitividad se crea con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiaci�n de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiaci�n homog�nea per c�pita entre Comunidades Aut�nomas, al mismo tiempo que se incentiva la autonom�a y la capacidad fiscal y se desincentiva la competencia fiscal a la baja.
- Y el Fondo de Cooperaci�n se crea con el objetivo �ltimo de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en t�rminos de renta de Comunidades Aut�nomas y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
T�tulo III. Es el dedicado a la Cesi�n de tributos del Estado a las Comunidades Aut�nomas y se trata del m�s interesante a nuestros efectos.
- Listado de tributos cedidos. Se mantiene respecto a la Ley 21/2001. Entre ellos se encuentran el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, IVA, Juego o Especiales sobre bebidas, tabaco e hidrocarburos.
- Normativa aplicable a los tributos cedidos. Se regir�n por:
- los Convenios o Tratados internacionales, - la Ley General Tributaria, - la Ley propia de cada tributo, - los Reglamentos generales que desarrollen la LGT y las Leyes propias de cada tributo, - las disposiciones generales, reglamentarias o interpretativas, dictadas por la Adm�n del Estado y
- en los t�rminos previstos en este T�tulo, por las normas emanadas de la Comunidad Aut�noma competente seg�n el alcance y los puntos de conexi�n establecidos en el mismo.
- Titularidad de competencias. La titularidad de las competencias normativas y de aplicaci�n de los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Aut�nomas, de la potestad sancionadora, as� como la revisi�n de los actos dictados en ejercicio de las competencias citadas, corresponde al Estado.
- No uso de las competencias normativas. Si una Comunidad Aut�noma no hiciera uso de las competencias normativas que le confieren los art�culos 4 a 52, se aplicar�, en su defecto, la normativa del Estado, salvo escala auton�mica del IRPF.
- Residencia habitual de las personas f�sicas. Se regula en el art. 28 en el cual, partiendo de que �se considerar� que las personas f�sicas residentes en territorio espa�ol lo son en el territorio de una Comunidad Aut�noma�, se van fijando criterios sucesivos para determinar dicha comunidad, como son los de permanencia en un territorio mayor n�mero de d�as (normalmente en el a�o), rendimientos en el IRPF y residencia declarada en el IRPF. - Domicilio fiscal de las personas jur�dicas. Se entiende que lo tienen en la Comunidad Aut�noma que resulte de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
- ISD. - Se modifica el concepto de residencia habitual del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ampliando el periodo a considerar para su determinaci�n de uno a cinco a�os.
- Se hace coincidir el punto de conexi�n para la atribuci�n del rendimiento con el que determina la normativa aplicable. - Se considera producido para los sujetos pasivos residentes en Espa�a, seg�n los siguientes puntos de conexi�n: a) Sucesiones, donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo. B) Donaciones de inmuebles, donde est�n situados. C) Resto de donaciones, en el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.
- ITPYAJD. - Por un lado, se adapta la definici�n del hecho imponible que es objeto de cesi�n a la nueva redacci�n del art�culo 19 del Texto Refundido (operaciones societarias).
- Por otra parte, se clarifica el punto de conexi�n para la atribuci�n del rendimiento entre Comunidades Aut�nomas en el caso de anotaciones preventivas de embargo, cuando el valor real de los bienes embargados en diferentes Comunidades Aut�nomas sea superior a la base imponible gravada con arreglo a las normas del impuesto, en l�nea con la doctrina administrativa.
- Las complejas reglas que determinan el lugar de producci�n del rendimiento est�n en el art. 33.
- IRPF. - Se considera producido en el territorio de una Comunidad Aut�noma el rendimiento cedido del IRPF que corresponda a aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en dicho territorio.
- Se ampl�an las facultades de las Comunidades Aut�nomas para regular la escala auton�mica aplicable a la base liquidable y tambi�n el tramo auton�mico de la deducci�n por inversi�n en vivienda habitual.
- Se permite que las Comunidades Aut�nomas puedan establecer deducciones auton�micas por subvenci�n o ayudas p�blicas en determinadas condiciones. - Se posibilita que aprueben incrementos o disminuciones en el m�nimo personal y familiar.
- Se excepciona la aplicaci�n supletoria de la normativa estatal en materia de tarifa auton�mica para el supuesto en que las Comunidades Aut�nomas no hicieran uso de sus competencias normativas, salvo, transitoriamente, para el a�o 2010.
- IVA. Se considerar� producido en el territorio de una Comunidad Aut�noma el rendimiento cedido del IVA que corresponda al consumo en el territorio de dicha Comunidad Aut�noma, seg�n el �ndice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estad�stica - Competencias normativas en el ISD de las CCAAs.
a) Reducciones de la base imponible: Las Comunidades Aut�nomas podr�n crearlas, tanto para las transmisiones �nter vivos, como para las mortis causa. Tambi�n podr�n regular las establecidas por la normativa del Estado, manteni�ndolas en condiciones an�logas a las establecidas por �ste o mejor�ndolas, en cuyo caso, sustituir� a la del Estado. Las propias reducciones se aplicar�n con posterioridad a las establecidas por la normativa del Estado.
c) Cuant�as y coeficientes del patrimonio preexistente.
d) Deducciones y bonificaciones de la cuota, que ser�n compatibles con las estatales y se aplicar�n con posterioridad.
e) Aspectos de gesti�n y liquidaci�n. No obstante, el Estado retendr� la competencia para establecer el r�gimen de autoliquidaci�n del impuesto con car�cter obligatorio en las diferentes Comunidades Aut�nomas, implantando �ste conforme cada Administraci�n auton�mica vaya estableciendo un servicio de asistencia al contribuyente para cumplimentar la autoliquidaci�n del impuesto.
a) Tipos de gravamen en: - Concesiones administrativas.
- Transmisi�n de bienes muebles e inmuebles.
- Derechos reales, salvo los de garant�a.
b) Deducciones y bonificaciones de la cuota. S�lo si pueden fijar el tipo de gravamen. Ser�n compatibles con las estatales y se aplicar�n con posterioridad.
c) Aspectos de gesti�n y liquidaci�n.
- Efectos liberatorios. Art. 55.3. Los documentos y autoliquidaciones de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados sobre Determinados Medios de Transporte y sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se presentar�n y surtir�n efectos liberatorios exclusivamente ante la oficina competente de la Comunidad Aut�noma a la que corresponda el rendimiento de acuerdo con los puntos de conexi�n aplicables. Cuando el rendimiento correspondiente a los actos o contratos contenidos en el mismo documento se considere producido en distintas Comunidades Aut�nomas, proceder� su presentaci�n en la oficina competente de cada una de ellas, si bien la autoliquidaci�n que en su caso se formule s�lo se referir� al rendimiento producido en su respectivo territorio.
- Delegaci�n de competencias.
- Los �rganos estatales llevar�n a cabo la aplicaci�n de los tributos, as� como la revisi�n de los actos dictados, entre otros, en el IRPF, IVA o Impuestos especiales.
- La Comunidad Aut�noma se har� cargo, por delegaci�n del Estado de la aplicaci�n de los tributos as� como de la revisi�n de los actos dictados en ejercicio de la misma, entre otros, en el ISD e ITPAJD. - Les corresponder� en gesti�n tributaria:
a) Incoar expedientes de comprobaci�n de valores, utilizando los mismos criterios que el Estado.
b) La realizaci�n de los actos de tr�mite y la pr�ctica de liquidaciones tributarias.
c) La calificaci�n de las infracciones y la imposici�n de sanciones tributarias.
d) La publicidad e informaci�n al p�blico de obligaciones tributarias y su forma de cumplimiento.
e) La aprobaci�n de modelos de declaraci�n. f) En general, las dem�s competencias necesarias para la gesti�n de los tributos. - No son objeto de delegaci�n las siguientes competencias, entre otras:
a) La contestaci�n de las consultas reguladas en los art�culos 88 y 89 de la
Ley General Tributaria (consultas escritas), salvo en lo que se refiera a la aplicaci�n de las disposiciones dictadas por la Comunidad Aut�noma en el ejercicio de sus competencias.
b) La confecci�n de los efectos estancados que se utilicen para la gesti�n de los tributos cedidos.
- Les corresponde en recaudaci�n: - En per�odo voluntario de pago y en per�odo ejecutivo, ISD e ITPYAJD, entre otros.
- En ITPYAJD no se extiende a efectos timbrados, sin perjuicio de la atribuci�n a cada Comunidad Aut�noma del rendimiento que le corresponda.
- Aplazamiento y fraccionamiento de pago de los tributos cedidos, debiendo resolver de acuerdo con la normativa del Estado, incluso en autoliquidaciones que se presenten ante la Adm�n tributaria del Estado.
- Las Comunidades Aut�nomas podr�n organizar libremente sus servicios para la recaudaci�n de los tributos cedidos, pero han de ajustarse a lo dispuesto en la normativa del Estado, asumiendo los �rganos correspondientes de las Comunidades Aut�nomas las potestades atribuidas en la citada normativa del Estado.
- La recaudaci�n de los tributos cedidos podr� realizarse directamente por las Comunidades Aut�nomas o bien mediante concierto con cualquier otra Administraci�n p�blica o viceversa.
- Les corresponde en Inspecci�n: - En ISD e ITPYAJD, entre otros, corresponden a las Comunidades Aut�nomas las funciones previstas en el art�culo 141 de la
Ley General Tributaria, aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo los planes de actuaci�n inspectora, que habr�n de ser elaborados conjuntamente por ambas Administraciones.
- Fuera de su territorio, estas actuaciones ser�n realizadas por la Inspecci�n de los Tributos del Estado o la de las Comunidades Aut�nomas competentes por raz�n del territorio, a su requerimiento.
- Revisi�n en v�a administrativa. Como novedad, las Comunidades Aut�nomas, Ceuta y Melilla podr�n asumir, siguiendo lo dispuesto en la Ley General Tributaria, la competencia para la revisi�n de los actos por ellas dictados en relaci�n a ISD e ITPYAJD, entre otros Tributos e Impuestos. Esta competencia se extiende a los siguientes procedimientos, recursos y reclamaciones:
a) Procedimientos especiales de revisi�n (actos nulos de pleno derechos, lesividad de actos anulables, revocaci�n, rectificaci�n de errores y devoluci�n de ingresos indebidos).
b) Recurso de reposici�n.
c) Reclamaciones econ�mico-administrativas: en �nica o primera instancia y abreviado.
d) Extraordinario de revisi�n.
e) Podr�n recurrir en alzada.
T�tulo IV. El t�tulo IV se ocupa de regular los �rganos de coordinaci�n de la gesti�n tributaria entre las Administraciones tributarias del Estado y de las Comunidades Aut�nomas. - Se crea el Consejo Superior para la Direcci�n y Coordinaci�n de la Gesti�n Tributaria, un �rgano que refunde los vigentes Consejo Superior de Direcci�n y Comisi�n Mixta de Coordinaci�n de la Gesti�n Tributaria.
- Se mantienen los Consejos Territoriales para la Direcci�n y Coordinaci�n de la Gesti�n Tributaria, con su composici�n, organizaci�n y funciones.
IGIC. La disposici�n adicional octava atribuye a la Comunidad Aut�noma de Canarias competencias normativas en el Impuesto General Indirecto Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercanc�as en las Islas Canarias.
Leyes modificadas expresamente. Las Disposiciones finales modifican, para adaptarlas a este texto:
- La Ley del
IRPF. - La
Ley General Tributaria (arts. 5, 226 a 229, 239, 241 a 243 y disp. Ad 13�)
Entrada en vigor: 20 de diciembre de 2009. El sistema contenido en esta Ley rige desde el 1 de enero de 2009, surtiendo con car�cter general todos los efectos desde esa fecha, sin perjuicio de lo previsto en la disposici�n transitoria primera. Entrar�n en vigor y surtir�n efectos a partir del 1 de enero de 2010 entre otros:
- El art�culo 46 y la disposici�n final segunda (IRPF).
- El art�culo 28, en cuanto al per�odo de residencia en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- El art�culo 59, en cuanto a la delegaci�n de la revisi�n en v�a econ�mico-administrativa.
- La disposici�n final tercera (refirma de la Ley General Tributaria).
Ver resumen al
Ver Leyes de cesi�n a las diversas Comunidades Aut�nomas.
PDF (BOE-A-2009-20375 - 70 p�gs. - 1346 KB)
SEDE ELECTR�NICA HACIENDA. Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean sedes electr�nicas en el Ministerio de Econom�a y Hacienda.
Una sede electr�nica es aquella direcci�n electr�nica disponible para los ciudadanos a trav�s de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gesti�n y administraci�n corresponde a una Administraci�n P�blica, �rgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.
Se crean seis sedes y entre ellas, la Central del Ministerio, la de la Direcci�n General de Seguros y la de la Direcci�n General del Catastro.
La Sede Electr�nica de la Direcci�n General del Catastro se crea con las siguientes caracter�sticas:
- Actuaciones. Se realizar�n a trav�s de ella todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticaci�n de los ciudadanos o de la Administraci�n P�blica en sus relaciones con �stos por medios electr�nicos, as� como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusi�n en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestaci�n de servicios a los ciudadanos.
- Direcci�n electr�nica: https://www.sedecatastro.gob.es
- Canales de acceso:
1.� Para el acceso electr�nico, Internet, mediante acceso directo o a trav�s de los Puntos de Informaci�n Catastral respecto a los servicios prestados a trav�s de �stos.
2.� Para la atenci�n presencial, las Gerencias y Subgerencias del Catastro, sin perjuicio del acceso a trav�s de los registros regulados en el art�culo 38 de la Ley 30/1992.
3.� Para la atenci�n telef�nica, la L�nea Directa del Catastro (902 37-36-35).
a) Para las relacionadas con procedimientos administrativos de naturaleza tributaria ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el Real Decreto por el que se regula el
b) Para el resto de de los servicios, cabe la presentaci�n presencial, por correo y la electr�nica, esta �ltima a trav�s del servicio de la Inspecci�n General del Departamento operativo en la Sede Electr�nica Central del Ministerio de Econom�a y Hacienda.
PDF (BOE-A-2009-20384 - 7 p�gs. - 201 KB)
GALICIA. Ley 4/2009, de 20 de octubre, de medidas tributarias relativas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur�dicos documentados para el fomento del acceso a la vivienda y a la sucesi�n empresarial.
Se reducen los tipos de gravamen del ITP (al 4%) y de AJD (al 0,30%) en la adquisici�n de vivienda habitual para las
familias numerosas y los menores de treinta y seis a�os, hasta determinados l�mites de patrimonio.
En la adquisici�n de inmuebles incluidos en la transmisi�n de la totalidad de un patrimonio empresarial, se aplicar� tambi�n el tipo del 4% si se solicita y se cumplen determinados requisitos. Aspectos temporales. Se aplicar� a los hechos imponibles acaecidos entre el 1� de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Para las familias numerosas no hay fecha de caducidad.
PDF (BOE-A-2009-20653 - 3 p�gs. - 175 KB)
Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears. Esta Ley persigue establecer medidas para agilizar y simplificar tr�mites de car�cter ambiental. Afecta, entre otras, a las normativas reguladoras de las evaluaciones de impacto ambiental, residuos, ruido, espacios de relevancia ambiental o responsabilidad con el medio ambiente. PDF (BOE-A-2009-20658 - 20 p�gs. - 348 KB)
*LEY �MNIBUS.
Esta Ley completa la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
En este resumen haremos una referencia a cada t�tulo y despu�s trataremos de las reformas que pudieran suscitar mayor inter�s entre los usuarios.
El T�tulo I ��Medidas horizontales�� concreta diversas modificaciones que afectan de forma gen�rica a las actividades de servicios. - Se introduce la figura de comunicaci�n y de declaraci�n responsable (en vez de licencias) y se generaliza el uso del silencio administrativo positivo. - Ley Reguladora de las
Bases del R�gimen Local.
- Ley para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. - Se adaptan la regulaci�n de los Colegios Profesionales y Sociedades Profesionales. - Ley sobre
- Y reformas en el �mbito laboral y de Seguridad Social.
- RDL 1/1986, de 14 de marzo, de
medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de
- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social.
- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
El T�tulo II ��Servicios industriales y de la construcci�n�� adecua la legislaci�n relativa a la seguridad y calidad industrial referente a los servicios en el �rea de la instalaci�n y mantenimiento de equipos, favorece la reducci�n de cargas administrativas y de trabas desproporcionadas en el ejercicio de la actividad de las peque�as y medianas empresas e impulsa la simplificaci�n de tr�mites.
- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenaci�n de la Edificaci�n.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontrataci�n en el Sector de la Construcci�n.
- RDL 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tr�fico, Circulaci�n de
Veh�culos a Motor y Seguridad Vial.
- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
- Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de los
puertos de inter�s general.
- Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalizaci�n de los Servicios Postales.
El T�tulo V ��Servicios medioambientales y de agricultura�� concreta la eliminaci�n de ocho reg�menes de autorizaci�n. Se eliminan requisitos prohibidos de car�cter discriminatorio as� como limitaciones territoriales y se incluye el principio de concurrencia en la concesi�n de autorizaciones cuando se hace uso del dominio p�blico.
- Ley de 20 de febrero de 1942, de la
- Ley 1/1970, de 4 de abril, de
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
V�as Pecuarias.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de
- Texto Refundido de la
Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
- Ley 5/2007, de 3 de abril, de la
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
- Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Mar�tima del Estado.
- Ley 8/2003, de 24 de abril, de
- Ley 30/2006, de 26 de julio, de
Semillas y Plantas de Vivero de Recursos Fitogen�ticos.
El T�tulo VI ��Otras medidas�� especifica las modificaciones en diversos sectores de los servicios relacionados con el devengo de las tasas de las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la distribuci�n e importaci�n de labores del tabaco, las instalaciones de suministro de productos petrol�feros a veh�culos en establecimientos comerciales, las entidades de gesti�n de la propiedad intelectual y los servicios sanitarios.
- Texto Refundido de
Tasas Fiscales aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
- Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, 1/1996, de 12 de abril.
- Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenaci�n del Mercado de
- Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Intensificaci�n de la Competencia.
- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenaci�n de las
- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al
Tabaquismo�
- Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garant�as y Uso Racional de los
- Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre Acceso a las Profesiones de
Del resto del articulado, rese�emos:
- La Disposici�n adicional cuarta se refiere a la vigencia del silencio administrativo desestimatorio regulado en normas con rango de ley o derivadas de la normativa comunitaria preexistentes. - La Disposici�n transitoria primera establece el r�gimen transitorio aplicable a aquellos prestadores autorizados o habilitados para el ejercicio de una actividad de servicios antes de la entrada en vigor de la Ley. - Las Disposiciones transitorias tercera y cuarta determinan la vigencia de la exigencia del visado colegial y las obligaciones de colegiaci�n, respectivamente. - Las Disposiciones transitorias quinta y sexta se refieren a la implantaci�n de la ventanilla �nica y del servicio de atenci�n a los consumidores y usuarios.
- La Disposici�n derogatoria deja sin vigor cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario o estatutos de corporaciones profesionales y dem�s normas internas colegiales se opongan a la Ley.
Bases del R�gimen Local. Se a�ade un apartado 4 al art. 70 bis y se modifica el art.84 de la Ley Reguladora de las
Bases del R�gimen Local
- Ventanilla �nica. Cuando se trate de procedimientos y tr�mites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 17/2009, los prestadores podr�n realizarlos, por medio de una ventanilla �nica, por v�a electr�nica y a distancia, salvo que se trate de la inspecci�n del lugar o del equipo que se utiliza en la prestaci�n del servicio. A trav�s de ella, tambi�n podr�n obtener la informaci�n y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relaci�n con sus solicitudes.
- Medios por los que las Entidades locales podr�n intervenir la actividad de los ciudadanos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 17/2009, se estar� a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicaci�n previa o a declaraci�n responsable (art. 71 bis
LPA).
e) �rdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecuci�n de un acto o su prohibici�n.
Procedimiento Administrativo. Se a�aden los arts. 39 bis y 71 bis y se modifica el 43 de la Ley de R�gimen Jur�dico de las AAPP y del
- Principios de intervenci�n de las Administraciones P�blicas para el desarrollo de una actividad. Seg�n el nuevo art. 39 bis, las Administraciones P�blicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deber�n elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protecci�n del inter�s p�blico as� como justificar su adecuaci�n para lograr los fines que se persiguen, sin que en ning�n caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias�
- Regla general: En estos procedimientos, el vencimiento del plazo m�ximo sin haberse notificado resoluci�n expresa legitima a los interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo. - Excepciones.
/ una norma con rango de ley por razones imperiosas de inter�s general
/ ejercicio del derecho de petici�n del art. 29 de la Constituci�n, / si implica facultades relativas al dominio p�blico o al servicio p�blico, / los procedimientos de impugnaci�n de actos y disposiciones. - Alzada. Incluso en estas excepciones, en alzada se entender� estimado el recurso si, llegado el plazo de resoluci�n, el �rgano administrativo competente no dictase resoluci�n expresa sobre el mismo.
/ La estimaci�n tiene a todos los efectos la consideraci�n de acto administrativo finalizador del procedimiento.
/ Estos actos administrativos se podr�n hacer valer tanto ante la Administraci�n como ante cualquier persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada. / Producen efectos desde el vencimiento del plazo m�ximo en el que debe dictarse y notificarse la resoluci�n expresa sin que la misma se haya producido
- Efectos del silencio negativo. La desestimaci�n tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposici�n del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- Resoluci�n expresa. Hay obligaci�n de dictarla en los siguientes t�rminos:
b) En los casos de desestimaci�n por silencio, la Administraci�n no tendr� vinculaci�n alguna al sentido del silencio.
- Prueba. Su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del �rgano competente para resolver. Solicitado el certificado, �ste deber� emitirse en el plazo m�ximo de quince d�as.
- Declaraci�n responsable y comunicaci�n previa. Nuevo art. 71 bis.
- Concepto de declaraci�n responsable. Es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos (que han de especificarse) establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentaci�n que as� lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
- Concepto de comunicaci�n previa. Es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administraci�n P�blica competente sus datos identificativos y dem�s requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 70.1.
- Efectos. Los que se determinen en cada caso por la legislaci�n correspondiente y permitir�n, con car�cter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el d�a de su presentaci�n, sin perjuicio de las facultades de comprobaci�n, control e inspecci�n que tengan atribuidas las Administraciones P�blicas. La comunicaci�n tambi�n podr� presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislaci�n correspondiente lo prevea expresamente�
- Modelos. Las Administraciones P�blicas tendr�n permanentemente publicados y actualizados modelos de ambas y se podr�n presentar a distancia y por v�a electr�nica.
Acceso electr�nico a los servicios p�blicos. Se modifica, el art. 6.3 de la Ley de
acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos. En los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realizaci�n de la tramitaci�n a trav�s de una
ventanilla �nica, por v�a electr�nica y a distancia, y a la obtenci�n de la siguiente informaci�n a trav�s de medios electr�nicos:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio espa�ol, en especial los relativos a los procedimientos y tr�mites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, as� como los datos de las asociaciones y organizaciones que ofrezcan ayuda.
c) C�mo acceder a los registros y bases de datos p�blicos de prestadores de actividades de servicios. d) Las v�as de reclamaci�n y recurso.
Consumidores. Afecta a tres art�culos de la Ley para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. - Quejas e informaci�n. los prestadores de servicios pondr�n a disposici�n de los consumidores y usuarios informaci�n sobre la direcci�n postal, n�mero de tel�fono y n�mero de fax o direcci�n de correo electr�nico en la que el consumidor o usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar informaci�n sobre el servicio ofertado o contratado..
- Respuesta. Los prestadores deber�n de responder antes de un mes desde la presentaci�n de la reclamaci�n. Pasado el plazo, sin soluci�n satisfactoria, los prestadores de servicios adheridos a un sistema extrajudicial de resoluci�n de conflictos facilitar�n al usuario el acceso al mismo. - Obligaciones de informaci�n previas al contrato. Se a�ade al art. 60.2 una nueva obligaci�n: h) La direcci�n completa en la que el consumidor o usuario puede presentar sus quejas y reclamaciones, as� como, en su caso, la informaci�n sobre el sistema extrajudicial de resoluci�n de conflictos prevista en el art�culo 21.4.
Colegios Profesionales. La Ley sobre
Colegios Profesionales sufre 18 modificaciones, de las que destacamos:
- Fines esenciales de estas corporaciones (art. 1.3) - Respeto a la Ley de Defensa de la Competencia y al principio de no discriminaci�n..
- Los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesi�n o que limiten el ejercicio conjunto de dos o m�s profesiones, ser�n s�lo los que se establezcan por ley.
- El ejercicio profesional en forma societaria se regir� por lo previsto en las leyes. No cabe imponer restricciones estatutarias o no al ejercicio profesional en forma societaria.
- Colegiaci�n.
- Tendr� derecho a ella quien ostente la titulaci�n requerida y re�na las condiciones se�aladas estatutariamente.
- Ser� requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando as� lo establezca una ley estatal. A sensu contrario, si no hay ley estatal que lo imponga, no ser� precisa la colegiaci�n.
- La cuota de inscripci�n o colegiaci�n no podr� superar en ning�n caso los costes asociados a la tramitaci�n de la inscripci�n.
- Cuando una profesi�n se organice por colegios territoriales, bastar� la incorporaci�n a uno solo de ellos, que ser� el del domicilio profesional �nico o principal, para ejercer en todo el territorio espa�ol. Los Colegios no podr�n exigir colegiados que ejerzan en un territorio diferente comunicaci�n ni habilitaci�n alguna ni el pago de contraprestaciones econ�micas distintas. - Ventanilla �nica. Las organizaciones colegiales dispondr�n de una p�gina web para que, a trav�s de la ventanilla �nica, los profesionales puedan realizar todos los tr�mites necesarios para la colegiaci�n, su ejercicio y su baja en el Colegio, a trav�s de un �nico punto, por v�a electr�nica y a distancia, con accesibilidad para las personas con discapacidad. - Se enumeran servicios gratuitos para los profesionales.
- Se enumera la informaci�n para consumidores entre la que est� la referente a las v�as de reclamaci�n y los recursos que podr�n interponerse. - Las organizaciones colegiales han de confeccionar una memoria anual. - Deben de disponer de un servicio de atenci�n a los consumidores o usuarios, con posibilidad de presentar quejas y reclamaciones por v�a electr�nica y a distancia.
- Visado. Los Colegios de profesiones t�cnicas no podr�n imponer la obligaci�n de visar los trabajos profesionales. S�lo los visar�n cuando se solicite por petici�n expresa de los clientes, incluidas las Administraciones P�blicas actuando como tales, o cuando as� lo establezca el Gobierno. - Su objeto es comprobar, al menos:
- Debe de concretar su objeto, detallando qu� extremos son sometidos a control e informar� sobre la responsabilidad subsidiaria que asume el Colegio. - Su coste ser� razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios har�n p�blicos los precios de los visados de los trabajos, que podr�n tramitarse por v�a telem�tica. - Honorarios. Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podr�n establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientaci�n, recomendaci�n, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposici�n adicional cuarta, seg�n la cual, los Colegios podr�n elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasaci�n de costas, de la jura de cuentas de los abogados, los cuales ser�n tambi�n v�lidos a los efectos de tasaci�n de costas en asistencia jur�dica gratuita.
- Sociedades profesionales de pa�ses comunitarios. Ser�n reconocidas en Espa�a como sociedades profesionales las constituidas como tales de conformidad con la legislaci�n de un Estado miembro de la Uni�n Europea y cuya sede social, administraci�n central y centro de actividad principal se encuentre en el territorio de un Estado miembro, siempre que hayan cumplido los requisitos previstos, en su caso, en dicho pa�s comunitario para actuar como sociedades profesionales�
Centros de trabajo. Se modifica el RDL 1/1986, de 14 de marzo, de
medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales. Queda
suprimido el requisito de la previa autorizaci�n para proceder a la apertura de un centro de trabajo o para reanudar o proseguir los trabajos despu�s de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia. En adelante, ser� suficiente la comunicaci�n con car�cter previo o dentro de los treinta d�as siguientes a la apertura, a la autoridad laboral competente. Riesgos laborales. Sufre diversos cambios la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de
Riesgos Laborales. Entre ellos, es de destacar que hasta 10 trabajadores, podr� asumir el empresario personalmente la funci�n del art. 30.1, seg�n el cual, en cumplimiento del deber de prevenci�n de riesgos profesionales, el empresario designar� uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituir� un servicio de prevenci�n o concertar� dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Antes el l�mite estaba en seis trabajadores.
Patentes. Var�a el art. 79 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes. El p�rrafo 4� (antiguo 5�) deja de exigir el documento p�blico para la inscripci�n. Dice as�: �4. La Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas calificar� la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. Este Registro ser� p�blico.
Ordenaci�n de la edificaci�n. Tan s�lo afecta a un art�culo de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenaci�n de la Edificaci�n. Se trata del 14, dedicado a las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificaci�n, permitiendo que, para el ejercicio de su actividad en todo el territorio espa�ol sea suficiente con la presentaci�n de una declaraci�n responsable. Tambi�n se redefinen sus obligaciones.
Costas. Cambian tres art�culos de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, entre los que rese�amos el art. 75.1 �La Administraci�n podr� convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio p�blico mar�timo-terrestre. En dichos procedimientos se respetar�n los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.
A la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos se le a�ade, entre otros el art. 6 bis donde se crea un Registro de producci�n y gesti�n de residuos, que ser� compartido por las CCAA y �nico para todo el territorio espa�ol. Ser� p�blico y accesible a cualquier persona f�sica o jur�dica que cumpla con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Aguas. Del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, conviene rese�ar que en el art. 51 se determinan los usos comunes especiales sujetos a declaraci�n responsable, entre los que est�n la navegaci�n y cualquier uso no incluido en el art. 50 que no excluya la utilizaci�n del recurso por terceros. La declaraci�n responsable deber� presentarse con un periodo m�nimo de antelaci�n de quince d�as, para que pueda comprobarse la compatibilidad de dichos usos con los fines del dominio p�blico hidr�ulico.
Montes. Simplemente se a�ade un apartado 5 al art�culo 15 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, relativo a los procedimientos de concesi�n y autorizaci�n de actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales. En esa misma l�nea la reforma de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la
Red de Parques Nacionales. y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Propiedad intelectual. El Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, 1/1996, de 12 de abril, cambia en cuatro art�culos. Entre ellos, seg�n el art. 147, �Las entidades legalmente constituidas que tengan establecimiento en territorio espa�ol y pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gesti�n de derechos de explotaci�n u otros de car�cter patrimonial, por cuenta y en inter�s de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deber�n obtener la oportuna autorizaci�n del Ministerio de Cultura, que habr� de publicarse en el BOE. Estas entidades no podr�n tener �nimo de lucro.
Abogado y Procurador. Se modifica la D. Ad. 1� de la Ley
34/2006, de 30 de octubre, dedicada a la Libertad de establecimiento: �El ejercicio permanente en Espa�a de la profesi�n de abogado o procurador y la prestaci�n ocasional de sus servicios con t�tulo profesional obtenido en otro Estado miembro de la Uni�n Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo se regular� por su legislaci�n espec�fica�. Entrada en vigor: el 27 de diciembre de 2009.
Ver resumen del Proyecto de Albert Capell.
Ver rese�a del Consejo de Ministros.
PDF (BOE-A-2009-20725 - 72 p�gs. - 1244 KB)
*PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2010. IRPF: (arts. 64 y ss).
- Se suprime la deducci�n de hasta 400 euros por obtenci�n de rendimientos del trabajo o de actividades econ�micas, procedi�ndose, en consecuencia, a efectuar un ajuste t�cnico, equivalente al que se realiz� cuando se introdujo aqu�lla, pero en sentido inverso, en el l�mite de la obligaci�n de declarar. Hasta 8000 euros de base imponible se mantiene la deducci�n. Entre 8000 y 12000 euros, parcialmente.
- Aumenta el gravamen de las rentas de ahorro del 18% al 21%. Hasta 6000 euros, el 19%. Art. 69.
- Se eleva el l�mite de la exenci�n por las prestaciones por desempleo percibidas en su modalidad de pago �nico.
- Se mantienen para 2010 la regulaci�n de incentivos fiscales relacionados con la vivienda, a la espera de la futura Ley de Econom�a Sostenible. Ver D.Ad. 45�.
- Para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades econ�micas, se incluye la actualizaci�n de los coeficientes correctores del valor de adquisici�n al 1 por ciento.
A�o de adquisici�n y Coeficiente 1994 y anteriores 1,2780
- Se regulan las compensaciones por la p�rdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley del IRPF: los adquirentes de vivienda habitual y los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con per�odo de generaci�n superior a dos a�os en 2009 respecto a los establecidos en la normativa del IRPF vigente hasta 31 de diciembre de 2006.
- Dos disposiciones transitorias (5� y 6�) regulan las compensaciones por la p�rdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley del IRPF: los adquirentes de vivienda habitual y los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con per�odo de generaci�n superior a dos a�os en 2008 respecto a los establecidos en la normativa del IRPF vigente hasta 31 de diciembre de 2006.
- Reducci�n del rendimiento neto de las actividades econ�micas por mantenimiento o creaci�n de empleo. El art�culo 77 a�ade una disposici�n adicional 27� a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, que, por su importancia pr�ctica, se transcribe parcialmente:
�Disposici�n adicional vig�sima s�ptima. Reducci�n del rendimiento neto de las actividades econ�micas por mantenimiento o creaci�n de empleo.
1. En cada uno de los per�odos impositivos 2009, 2010 y 2011, los contribuyentes que ejerzan actividades econ�micas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados, podr�n reducir en un 20 por 100 el rendimiento neto positivo declarado, minorado en su caso por las reducciones previstas en el art�culo 32 de esta Ley, correspondiente a las mismas, cuando mantengan o creen empleo.
A estos efectos, se entender� que el contribuyente mantiene o crea empleo cuando en cada uno de los citados per�odos impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto de sus actividades econ�micas no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del per�odo impositivo 2008.
El importe de la reducci�n as� calculada no podr� ser superior al 50 por ciento del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores.
La reducci�n se aplicar� de forma independiente en cada uno de los per�odos impositivos en que se cumplan los requisitos.
2. Para el c�lculo de la plantilla media utilizada a que se refiere el apartado 1 anterior se tomar�n las personas empleadas, en los t�rminos que disponga la legislaci�n laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relaci�n con la jornada completa y la duraci�n de dicha relaci�n laboral respecto del n�mero total de d�as del per�odo impositivo.
No obstante, cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad econ�mica con anterioridad a 1 de enero de 2008 e inicie su ejercicio en el per�odo impositivo 2008, la plantilla media correspondiente al mismo se calcular� tomando en consideraci�n el tiempo transcurrido desde el inicio de la misma.
Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad econ�mica con anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio con posterioridad a dicha fecha, la plantilla media correspondiente al per�odo impositivo 2008 ser� cero. 3. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendr� en consideraci�n lo establecido en el apartado 3 del art�culo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades�.�
RENTA DE NO RESIDENTES. Afecta al tipo de gravamen regulado en los art�culos 19.2 y 25.1f del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, fij�ndolo en el 19% a partir del 1� de enero de 2010.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: (arts. 74 al 77)
- Se reduce al 20% el tipo de gravamen aplicable a las peque�as y medianas empresas que creen o mantengan empleo, en paralelo al beneficio que se concede en el IRPF a los empresarios y profesionales individuales. Se aplica a los per�odos impositivos iniciados dentro de los a�os 2009, 2010 y 2011 a entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos per�odos sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados. A partir de una base imponible de 120.202,41 euros, el tipo ser� del 25 por ciento. - Se incluye la actualizaci�n de los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios, que permite corregir la depreciaci�n monetaria en los supuestos de transmisi�n. - Se fija la forma de determinar los pagos fraccionados durante el ejercicio 2010.
IVA. Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se elevan los tipos impositivos general y reducido, que pasan del 16 y 7 por ciento al 18 y 8 por ciento, respectivamente. CATASTRO. Con efectos de 1 de enero del a�o 2010, se actualizar�n todos los valores catastrales de los bienes inmuebles mediante la aplicaci�n del coeficiente 1,01. Este coeficiente se aplicar� en los siguientes t�rminos: a) Inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, se aplicar� sobre el valor asignado a dichos bienes para 2009. b) Valores catastrales notificados en el ejercicio 2009, obtenidos de la aplicaci�n de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio: se aplicar� sobre dichos valores. c) Inmuebles que hubieran
sufrido alteraciones de sus caracter�sticas conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad: sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Direcci�n General del Catastro. d) Inmuebles r�sticos que se valoren, con efectos 2010, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la d. tr. 1� de la
Ley del Catastro Inmobiliario, el coeficiente �nicamente se aplicar� sobre el valor catastral vigente en el ejercicio 2008 para el suelo del inmueble no ocupado por las construcciones.
e) No se actualizan los valores catastrales obtenidos de la aplicaci�n de las Ponencias de valores totales aprobadas entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2002, as� como los valores resultantes de las Ponencias de valores parciales aprobadas desde la primera de las fechas indicadas en los municipios en que haya sido de aplicaci�n el art�culo segundo de la Ley
Se a�ade el siguiente p�rrafo al apartado 4 del art�culo 29 de la Ley del Catastro Inmobiliario:
�Los Ayuntamientos, como destinatarios del impuesto de Bienes Inmuebles y sujetos activos del mismo, ser�n notificados por el Catastro de la presentaci�n de reclamaciones que interpongan los sujetos pasivos contra la notificaci�n de valores.� (D.Ad. 69�).
ITPyAJD: Se actualiza la escala que grava la transmisi�n y rehabilitaci�n de Grandezas y T�tulos Nobiliarios al 1 por ciento. TASAS: - Se actualizan, con car�cter general, al 1 por ciento los tipos de cuant�a fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan creado o actualizado espec�ficamente por normas dictadas en el a�o 2009. - Se modifican las tarifas de las tasas por las distintas modalidades de Propiedad Industrial, reduci�ndose en t�rminos generales respecto de las actualmente vigentes.
ARANCELES: Al igual que en la anterior Ley de Presupuestos, el apartado 5 del art. 57, dedicado a los avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulizaci�n de activos, dice as�: Cinco. �La constituci�n de los Fondos de titulizaci�n de activos a que se refieren los apartados anteriores estar� exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral.�.
SEGURIDAD SOCIAL. Arts. 129 y ss.
- En el T�tulo VIII se recogen las
bases y tipos de cotizaci�n a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garant�a Salarial y Formaci�n Profesional, a partir de 1 de enero de 2010, tanto en el R�gimen General, como en los reg�menes especiales de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos o de Empleados de Hogar, entre otros. Tambi�n se tratan de modo especial los contratos de formaci�n y los de becarios e investigadores.
- Prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo. Disposici�n adicional primera.
- Los contratos de trabajo de car�cter indefinido de los trabajadores de cincuenta y nueve o m�s a�os, con una antig�edad en la empresa de cuatro o m�s a�os, dar�n derecho a la reducci�n, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 40 por ciento de la aportaci�n empresarial en la cotizaci�n a
la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal. D.Ad. 4�.
- La reducci�n en la cotizaci�n a la Seguridad Social por cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, as� como en los supuestos de enfermedad profesional se regula en la D.Ad. 5�.
Inter�s legal del dinero. Queda establecido en el 4 % hasta el 31 de diciembre del a�o 2010. (Disp. Ad. 18�).
art�culo 26.6 de la Ley General Tributaria, ser� del 5 %. (Disp. Ad. 18�).
IPFREM. El Indicador p�blico de rentas de efectos m�ltiples (IPREM) al que se refiere el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalizaci�n de la regulaci�n del salario m�nimo interprofesional y para el incremento de su cuant�a, tendr�, durante 201o, las siguientes cuant�as: a) El IPREM diario, 17,75 euros. b) El IPREM mensual, 532,51 euros. c) El IPREM anual, 6390,13 euros. d) En los supuestos en que la referencia al salario m�nimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicaci�n de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuant�a anual del IPREM ser� de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario m�nimo interprofesional en c�mputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuant�a ser� de 6.390,136 euros.
Refundici�n. Se refunden los Organismos Aut�nomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. (Disp. Ad. 51�).
Familias numerosas. El Gobierno har�, antes del 1� de febrero de 2010, las modificaciones legales precisas para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo, as� como las familias con un c�nyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideraci�n de familia numerosa. Disposici�n adicional sexag�sima octava. SOCIMIS. Se modifica la Ley
- El tipo general se establece
en el 19%, aunque se exigir� el tipo general en determinados casos que se concretan (art. 9 apartados 3 y 7)
PDF (BOE-A-2009-20765 - 424 p�gs. - 40748 KB) Correcci�n
FNMT. Resoluci�n de 22 de diciembre de 2009, de la F�brica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, por la que se crea la Sede Electr�nica del Organismo F�brica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Esta Resoluci�n crea la Sede electr�nica de la FNMT-RCM Caracter�sticas:
a) El �mbito de aplicaci�n de la sede ser�n los servicios p�blicos de car�cter no comercial ofrecidos por la FNMT-RCM, y que requieran la autenticaci�n por medios electr�nicos del ciudadano, empresa o Administraci�n P�blica.
b) La direcci�n electr�nica de referencia de la sede ser�: https://www.sede.fnmt.gob.es
c) Ser�n canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
- Para la gesti�n electr�nica, a trav�s de Internet.
- Para la gesti�n presencial, las oficinas del Organismo, sin perjuicio del acceso a trav�s de los registros regulados en el art�culo 38 de la Ley 30/1992.
- Para la atenci�n telef�nica:
/ informaci�n relativa a los certificados electr�nicos FNMT: 902 181 696 / revocaci�n de certificados electr�nicos: 902 200 616
/ resto de los servicios de la FNMT-RCM: 91 566 66 66.
a) Presentaci�n telem�tica a trav�s de esta sede electr�nica de la FNMT-RCM.
b) Presentaci�n presencial o por correo postal ante el registro general, dirigidas a los �rganos responsables, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art�culo 15 del Real Decreto
951/2005, de 29 de julio.
PRECIOS MEDIOS. Orden EHA/3476/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gesti�n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Los precios medios de venta, que se aprueban por esta disposici�n, ser�n utilizables, como medios de comprobaci�n a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
valor de los veh�culos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicar�n sobre los precios medios, que figuran en el anexo I de esta Orden, los porcentajes que correspondan, seg�n los a�os de utilizaci�n y, en su caso, actividad del veh�culo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta Orden.
El anexo I relaciona los precios medios de VEHICULOS usados durante el primer a�o posterior a su primera matriculaci�n
El anexo II recoge los precios medios de EMBARCACIONES A MOTOR usadas durante el primer a�o posterior a su matriculaci�n
Y el anexo IV fija los porcentajes determinados en funci�n de los a�os de utilizaci�n. Para la elaboraci�n de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de asociaciones de fabricantes y vendedores de medios de transporte, as� como las indicaciones sobre nuevos veh�culos de los propios fabricantes.
La potencia se expresa en kilowatios (Kv), pero se mantienen como datos identificativos tambi�n la potencia de los motores (Cv) y la potencia fiscal, por ser datos de car�cter comercial y general que sirven para identificar algunos modelos de autom�viles. Entra en vigor el 1� de enero de 2010. PDF (BOE-A-2009-20887 - 273 p�gs. - 3298 KB) Correcci�n de errores
ESTAD�STICAS. Resoluci�n de 16 de diciembre de 2009, del Instituto Nacional de Estad�stica, por la que se crea la Sede Electr�nica del Instituto Nacional de Estad�stica. �mbito: La Sede Electr�nica del Organismo Instituto Nacional de Estad�stica que se crea se aplicar� a la totalidad de los procedimientos tramitados en el Instituto Nacional de Estad�stica.
Direcci�n electr�nica: https://sede.ine.gob.es.
- El acceso electr�nico ser� a trav�s de Internet, con las caracter�sticas definidas en la presente Resoluci�n.
- Para la atenci�n presencial, las oficinas del Organismo, tanto de car�cter central como territorial, sin perjuicio del acceso a trav�s de los registros regulados en el art�culo 38 LRJAPYPAC.
a. Presentaci�n presencial, o por correo, ante los registros generales y de las oficinas de atenci�n al p�blico de los servicios centrales y perif�ricos de las oficinas del Ministerio de Econom�a y Hacienda, o de cualquier otro �rgano Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 38 LRJAPYPAC.
b. Presentaci�n telem�tica. Se realizar� por medio de una �nica aplicaci�n, accesible a trav�s del registro electr�nico del Ministerio de Econom�a y Hacienda, sin perjuicio del enlace inform�tico de dicho registro con las unidades responsables de la gesti�n de las mencionadas quejas y sugerencias.
PDF (BOE-A-2009-20960 - 2 p�gs. - 165 KB) MEDIDAS TRIBUTARIAS. Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gesti�n e inspecci�n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaci�n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor A�adido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al m�todo de estimaci�n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y a los reg�menes especiales simplificado y de la agricultura, ganader�a y pesca del Impuesto sobre el Valor A�adido.
- C�lculo de retenci�n. Como consecuencia de la decisi�n de restringir el �mbito de aplicaci�n de la deducci�n de hasta 400 euros en la cuota l�quida del IRPF a las rentas bajas, se efect�an ahora las modificaciones pertinentes para introducir las nuevas reglas que permitan determinar el importe de las retenciones a practicar a los perceptores de rendimientos del trabajo y los pagos fraccionados a efectuar por empresarios y profesionales. - Se establecen los nuevos l�mites excluyentes de la obligaci�n de retener.
- Se incorporan al texto reglamentario los nuevos tipos de retenci�n aprobados para el a�o 2010, como consecuencia de la elevaci�n legal del 18 al 19 por ciento del tipo de retenci�n aplicable a los rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales sujetas a retenci�n, arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos y a otras rentas.
- Cambia el art. 110 para el c�lculo de los pagos fraccionados a efectuar por empresarios y profesionales al nuevo importe de la deducci�n por obtenci�n de rendimientos del trabajo y de actividades econ�micas.
Reglamento de Gesti�n e Inspecci�n.
- Se ampl�a la obligaci�n que recae sobre las entidades intervinientes en la financiaci�n de bienes inmuebles, de informar a la Administraci�n tributaria sobre las cantidades percibidas del prestatario tambi�n en concepto de otros gastos derivados de la financiaci�n, al margen de los intereses. - Se pospone hasta el a�o 2012, para todos los sujetos pasivos que no est�n inscritos en el registro de devoluci�n mensual del IVA o del IGIC canario, la entrada en vigor de la obligaci�n de presentar electr�nicamente la informaci�n de los libros registro de dichos impuestos contenida en el art�culo 36 del citado Reglamento.
- Se limita la obligaci�n de informar acerca de pr�stamos y cr�ditos que vincula a las entidades que se dedican al tr�fico bancario o crediticio, de forma que s�lo tendr�n que informar, para el a�o 2009, respecto de los saldos cuando su cuant�a sea superior a 6.000 euros.
Renuncia a reg�menes.
Por la disposici�n transitoria �nica, la renuncia al m�todo de estimaci�n objetiva del IRPF y al r�gimen especial simplificado del IVA para el a�o 2010, as� como la revocaci�n de la misma, podr� efectuarse en el plazo de un mes desde la publicaci�n en el BOE de la orden ministerial que los regule para 2010.
PDF (BOE-A-2009-21046 - 9 p�gs. - 228 KB) Correcci�n
PENSIONES. Real Decreto 2005/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorizaci�n y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el a�o 2010.
La Ley de Presupuestos para 2010 contiene, dentro de su t�tulo IV y disposiciones concordantes, los criterios b�sicos para determinar el importe de las pensiones p�blicas, fijando, con car�cter general, su revalorizaci�n de acuerdo con el �ndice de precios de consumo (IPC) previsto para dicho ejercicio econ�mico.
Mediante el presente real decreto
se desarrollan, en materia de Clases Pasivas, las previsiones legales contempladas en la citada ley, fijando la revalorizaci�n de las pensiones en un uno por ciento, salvo excepciones. Se establecen determinadas reglas en relaci�n con las nuevas condiciones establecidas para las pensiones de viudedad, en supuestos de divorcio o separaci�n judicial,.
PDF (BOE-A-2009-21047 - 8 p�gs. - 224 KB) IVA. Resoluci�n de 23 de diciembre de 2009, de la Direcci�n General de Tributos, relativa a la aplicaci�n e interpretaci�n de determinadas directivas comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor A�adido. En la regulaci�n del sistema com�n dentro de la Uni�n Europea del impuesto sobre el valor a�adido es fundamental la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006.
A lo largo de 2008 ha tenido lugar la aprobaci�n de un conjunto de directivas comunitarias que la modifican y cuya tramitaci�n conjunta ha motivado que sean conocidas con el nombre de �Paquete IVA�.
1. Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, relativa al lugar de la prestaci�n de servicios.
2. Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero de 2008, sobre devoluci�n del IVA
3. Directiva 2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008, que trata de la prevenci�n del fraude.
La transposici�n al Derecho espa�ol debi� de hacerse antes del 1� de enero de 2010. Para ello, se est� tramitando en las Cortes un Proyecto de Ley por la que se modificar� la Ley del IVA, existiendo tambi�n un proyecto de Decreto que afecta al Reglamento del IVA. Mientras tanto, el derecho comunitario puede ser objeto de invocaci�n directa por los particulares, por lo que se dicta esta Circular fijando criterios interpretativos. PDF (BOE-A-2009-21050 - 13 p�gs. - 261 KB) *AGENCIA TRIBUTARIA. Resoluci�n de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, por la que se crea la sede electr�nica y se regulan los registros electr�nicos de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.
Objeto. La creaci�n de la sede electr�nica de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria as� como la regulaci�n de su Registro Electr�nico y del Registro electr�nico en materia de personal.. Direcci�n electr�nica: https://www.agenciatributaria.gob.es, accesible directamente, as� como a trav�s del portal de Internet http://www.agenciatributaria.es. De manera subordinada a la sede electr�nica principal existir�n las siguientes subsedes electr�nicas: https://www1.agenciatributaria.gob.es y https://www2.agenciatributaria.gob.es.
�mbito. Esta sede electr�nica abarca la totalidad de los �rganos de la Agencia Tributaria, a la cual corresponde su titularidad, y extiende su �mbito de aplicaci�n a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.
Fecha y hora. La fecha y hora oficial de la sede electr�nica corresponde a la de la Espa�a peninsular.
Contenido y servicios.
- Los previstos en el art�culo 6 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de los que destacamos:
- Contenido m�nimo de toda sede electr�nica.
- Relaci�n de los servicios disponibles en la sede electr�nica.
- Carta de servicios y carta de servicios electr�nicos.
- Relaci�n de los medios electr�nicos a los que se refiere el art�culo 27.4 de la Ley
- Enlace para la formulaci�n de sugerencias y quejas.
- Acceso, en su caso, al
estado de tramitaci�n del expediente.
- En su caso, publicaci�n de los diarios o boletines.
- Publicaci�n electr�nica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tabl�n de anuncios o edictos, indicando el car�cter sustitutivo o complementario de la publicaci�n electr�nica.
- Verificaci�n de los sellos electr�nicos de los �rganos u organismos p�blicos que abarque la sede.
- Comprobaci�n de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los �rganos u organismos p�blicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante c�digo seguro de verificaci�n.
- Indicaci�n de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el art�culo 26.1 de la Ley 11/2007.
- Adem�s incluir�:
- Acceso a las normas por las que se establezca la obligatoriedad de la comunicaci�n a trav�s de medios electr�nicos en el �mbito de actuaciones de la Agencia Tributaria.
- Relaci�n de documentos electr�nicos normalizados.
- Especificaciones t�cnicas para la presentaci�n de documentos electr�nicos.
- Informaci�n relativa a los procedimientos de adjudicaci�n de la Agencia Tributaria�
- Informaci�n administrativa y tributaria relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos.
- Registro electr�nico de la Agencia Tributaria, con informaci�n detallada del calendario de d�as inh�biles a efectos de la presentaci�n de documentos electr�nicos en el Registro electr�nico.
- Informaci�n sobre actuaciones y procedimientos de contrataci�n .
- Acceso electr�nico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas con los efectos propios de la notificaci�n por comparecencia.
a) Acceso electr�nico, a trav�s de su sede electr�nica.
b) Atenci�n presencial, en las oficinas de la Agencia Tributaria.
c) Atenci�n telef�nica o a trav�s de servicios de mensajer�a cortos (SMS), cuando as� se prevea.
Registro Electr�nico de la Agencia Tributaria.
- Objeto. Estar� accesible en su sede electr�nica, para la recepci�n y remisi�n de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones previstos en el art�culo 24 de la Ley 11/2007.y en los art�culos 26 al 31 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
- Fecha y hora oficial. Es la correspondiente a la sede electr�nica de la Agencia Tributaria, siendo de aplicaci�n el calendario de d�as inh�biles correspondiente a las actuaciones y procedimientos de la Agencia Tributaria.
- Tiempo de presentaci�n. Todos los d�as del a�o, durante las veinticuatro horas del d�a, sin perjuicio de las interrupciones de mantenimiento t�cnico u operativo, que se anunciar�n con antelaci�n en la sede electr�nica. Si no est� anunciada, se comunicar� la pr�rroga que, en su caso, exista de los plazos de inminente vencimiento.
- C�mputo de plazos. Se realizar� conforme al art�culo 26 de la Ley 11/2007. Determinado el d�a de presentaci�n del documento, el c�mputo del plazo respectivo del procedimiento atender� al calendario espec�ficamente aplicable conforme a la normativa administrativa general o la especial que resulte de aplicaci�n.
- Telefax. S�lo podr�n presentarse solicitudes, escritos y comunicaciones por telefax en aquellos supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jur�dico.
- Documentos admisibles.
a) Documentos electr�nicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y tr�mites que se especifiquen en la sede electr�nica de la Agencia Tributaria.
b) Cualquier documento electr�nico dirigido a cualquier �rgano de la Agencia Tributaria.
c) Reclamaciones econ�mico-administrativas interpuestas contra actos y actuaciones de la Agencia Tributaria o de cualquiera de sus �rganos.
d) Solicitudes, escritos y comunicaciones para el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
e) Los que no puedan ser rechazados conforme al art. 29.1.d del RD 1671/2009, de 6 de noviembre.
- Rechazo. En caso de rechazo de presentaci�n, se dar� opci�n al interesado para solicitar el justificante del intento de presentaci�n, salvo que la informaci�n sobre el intento conste en la misma pantalla de forma imprimible o descargable por el interesado. - Presentaci�n de documentaci�n complementaria.
- Cuando se presenten documentos normalizados o formularios, las aplicaciones gestoras correspondientes podr�n, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento, admitir o requerir la presentaci�n de documentos electr�nicos anejos al mismo. - En una presentaci�n electr�nica no sujeta a formulario, esta posibilidad existir� en todo caso.
- Si se opta por la presentaci�n electr�nica y se debe acompa�ar documentos no disponibles en formato electr�nico que no sean digitalizables, se podr�n aportar los mismos por v�a no electr�nica.
- Si en un momento posterior a la presentaci�n de un formulario electr�nico, el interesado debiese aportar documentos complementarios omitidos, lo podr� presentar tambi�n por v�a electr�nica, utilizando, si lo hubiere, un formulario espec�fico para tal prop�sito.
- Acreditaci�n de la identidad. - Los documentos electr�nicos podr�n ser presentados por los interesados o por quien les represente en los t�rminos previstos en la Ley 11/2007.
- Deber�n ir firmados mediante un sistema de firma electr�nica admitido por la Agencia Tributaria.
- Recibo de presentaci�n. El Registro Electr�nico emitir� autom�ticamente un recibo firmado electr�nicamente por la Agencia Tributaria, con el contenido que se relaciona. El recibo no prejuzga la admisi�n definitiva del escrito. Es un elemento probatorio pleno del hecho de la presentaci�n y del contenido de la documentaci�n presentada.
Entrada en vigor: El 30 de diciembre de 2009. PDF (BOE-A-2009-21051 - 8 p�gs. - 211 KB)
ACCESO A LA VIVIENDA. Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre, por el que se introducen nuevas medidas transitorias en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitaci�n 2009-2012. El objetivo de este real decreto es promover el marco adecuado para que las viviendas que no absorbe el mercado libre, puedan ser ofrecidas, en venta o en arrendamiento protegidos, a los ciudadanos que no pueden adquirirlas como viviendas libres.
En concreto, se prorroga a 2010 la vigencia de una serie de medidas destinadas a la movilizaci�n del stock de viviendas.
Entre ellas, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010, el apartado 2 de la D. TR. 1� del Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitaci�n 2009-2012:
- Solicitud de calificaci�n como viviendas protegidas, para venta o alquiler, de ciertas viviendas inicialmente libres.
- Posibilidad de adquirir viviendas protegidas calificadas como de r�gimen concertado aquellos adquirentes con ingresos familiares que no excedan de 7 veces el IPREM. - No ser� aplicable el per�odo m�nimo de un a�o para considerar como adquisici�n de vivienda usada.
- El per�odo de tres anualidades antes de poder proceder a una interrupci�n del per�odo de amortizaci�n, se reduce a una anualidad para aquellos pr�stamos formalizados por adquirentes de viviendas durante 2009 y 2010.
- Las personas jur�dicas que hubieran adquirido viviendas protegidas, podr�n subrogarse en el pr�stamo convenido que hubiera obtenido el promotor de las viviendas con la conformidad del Ministerio de Vivienda. - Las comunidades aut�nomas podr�n autorizar a los propietarios de las viviendas protegidas calificadas definitivamente para venta a que las pongan en arrendamiento.
Ver detalles complementarios en la lectura directa de la disposici�n.
PDF (BOE-A-2009-21131 - 3 p�gs. - 201 KB)
EMPLEO. MEDIDAS URGENTES. Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protecci�n de las personas desempleadas.
Estas medidas se articulan como complemento al Plan Espa�ol para el Est�mulo de la Econom�a y el Empleo y se estructuran en cuatro cap�tulos. Cap�tulo I. Recoge dos medidas dirigidas al mantenimiento del empleo. - Una trata de favorecer la regulaci�n temporal de empleo en lugar de la extinci�n de los contratos, bonificando las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social en un 50 por ciento en aquellos supuestos en que se proceda por causas econ�micas, t�cnicas, organizativas o de producci�n a un ajuste temporal del empleo con la perspectiva de garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, siempre que el empresario asuma el compromiso de mantener el empleo durante al menos un a�o despu�s de finalizada la situaci�n de suspensi�n de contratos o reducci�n de jornada.
- La otra, modifica la regulaci�n del convenio especial de la Seguridad Social que se suscribe en el marco de determinados expedientes de regulaci�n de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal, a fin de conseguir evitar el abandono prematuro del mercado de trabajo por parte de trabajadores de edad laboral avanzada, mejorando su protecci�n. Cap�tulo II. Incluye dos medidas destinadas a mejorar la protecci�n social de los trabajadores.
- Se repone la prestaci�n por desempleo y la cotizaci�n a la Seguridad Social de los trabajadores a los que se les haya suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada por un expediente de regulaci�n de empleo y, posteriormente, se les extinga o suspenda el contrato. - Se suprime el plazo de espera de un mes para el percibo del subsidio de desempleo.
Cap�tulo III. Trata de incentivar el empleo de las personas desempleadas. - Se trata de incentivar al empresario, con una novedosa medida, la contrataci�n indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo: La empresa que contrate a un trabajador desempleado que perciba prestaciones por desempleo podr� bonificarse el 100 por 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social, hasta alcanzar como m�ximo el equivalente del importe de la prestaci�n que tuviera pendiente de percibir a la fecha de entrada en vigor del contrato, con un m�ximo de duraci�n de la bonificaci�n de tres a�os. Esta medida se aplicar�, no s�lo a quienes perciben prestaciones contributivas, sino tambi�n a desempleados que perciben el subsidio asistencial y la renta activa de inserci�n.
- Se intenta impulsar los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos temporales a tiempo parcial de determinados colectivos de dif�cil empleabilidad:
- puede estar bonificada la contrataci�n del demandante de mejor empleo que, siendo trabajador a tiempo parcial con una jornada inferior a un tercio, es contratado en otra empresa;
- se incentiva proporcionalmente m�s el contrato a tiempo parcial que el contrato de jornada completa.
Cap�tulo IV. Busca impulsar la empleabilidad de los trabajadores con discapacidad. PDF (BOE-A-2009-21160 - 18 p�gs. - 301 KB)
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el r�gimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios. Esta Ley se dicta para incorporar al Derecho Espa�ol fundamentalmente dos Directivas:
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las pr�cticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y
2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad enga�osa y publicidad comparativa.
Se ven afectadas cuatro leyes internas:
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que regula de manera unitaria esta materia;
- la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre;
7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista, y - la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
PDF (BOE-A-2009-21162 - 22 p�gs. - 351 KB)
Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaraci�n informativa de pr�stamos y cr�ditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, as� como los dise�os f�sicos y l�gicos para la presentaci�n en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentaci�n telem�tica. Qui�nes deben presentar la declaraci�n: - Las entidades de cr�dito y las dem�s entidades que se dediquen al tr�fico bancario o crediticio.
- Las entidades que concedan o intermedien en la concesi�n de pr�stamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en cualquier otra forma de financiaci�n de la adquisici�n de un bien inmueble o de un derecho real sobre un bien inmueble.
Contenido. El modelo 181, a partir de ahora, incorpora, por un lado la nueva informaci�n referente a pr�stamos y cr�ditos y, por otro, la ampliaci�n de informaci�n relativa a las operaciones financieras relacionadas con la adquisici�n de inmuebles. Se cumple con los arts. 38 y 54 del
Periodo de presentaci�n. En el mes de enero, recogiendo las operaciones del a�o anterior.
PDF (BOE-A-2009-21165 - 36 p�gs. - 580 KB)
TARIFAS POSTALES. Orden FOM/3517/2009, de 22 de diciembre, por la que se autorizan los precios de los servicios postales reservados al operador responsable de la prestaci�n del servicio postal universal, Correos y Tel�grafos, S. A. Las cartas y tarjetas postales nacionales interurbanas de hasta 20 gramos pasan a costar 34 c�ntimos y, hasta 50 gramos, 45 c�ntimos. PDF (BOE-A-2009-21169 - 3 p�gs. - 190 KB)
SALARIO M�NIMO. Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario M�nimo Interprofesional para 2010. Cuant�a. Se fija para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinci�n de sexo ni edad de los trabajadores, en 21,11 euros/d�a o 633,30 euros/mes. En el salario m�nimo se computan tanto la retribuci�n en dinero como en especie. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibir� a prorrata.
Al salario m�nimo se adicionar�n, los complementos salariales a que se refiere el art�culo 26.3 del
Estatuto de los Trabajadores (fijados en funci�n de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situaci�n y resultados de la empresa), as� como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneraci�n a prima o con incentivo a la producci�n. Trabajadores eventuales y temporeros. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte d�as percibir�n, conjuntamente con el salario m�nimo aludido, la parte proporcional de la retribuci�n de los domingos y festivos, as� como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como m�nimo, tiene derecho todo trabajador. Disfrutar�n de una parte proporcional de vacaciones o percibir�n su importe. Empleados de hogar. El art�culo 6.5 del Real Decreto
1424/1985, de 1 de agosto, toma como referencia para la determinaci�n del salario m�nimo de los empleados de hogar que trabajen por horas el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros. Ser� de 4,96 euros por hora efectivamente trabajada. PDF (BOE-A-2009-21170 - 3 p�gs. - 169 KB)
ACCESO A LA VIVIENDA. Resoluci�n de 29 de diciembre de 2009, de la Subsecretar�a, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 2009, por el que se establece la cuant�a del M�dulo B�sico Estatal para 2010 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitaci�n 2009-2012) y se interpreta el punto sexto.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2009.
MBE. El m�dulo b�sico estatal es la cuant�a en euros por metro cuadrado de superficie �til, que sirve como referencia para la determinaci�n de los precios m�ximos de venta, adjudicaci�n y renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, as� como de los presupuestos protegidos m�ximos de las actuaciones de rehabilitaci�n de viviendas y edificios, y en �reas de rehabilitaci�n integral y renovaci�n urbana. Tomando como referencia el MBE, se establecer�n por las Comunidades aut�nomas y ciudades de Ceuta y Melilla los precios m�ximos de venta y de referencia para el alquiler.
La cuant�a del M�dulo B�sico Estatal (MBE) se fija en 758 euros por metro cuadrado de superficie �til para 2010, a los efectos previstos en el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitaci�n 2009-2012. En Canarias, un 10% m�s. El MBE fijado en este Acuerdo ser� de aplicaci�n a las actuaciones en materia de vivienda y suelo calificadas o declaradas como protegidas en el marco del mencionado Plan Estatal a partir del d�a 1 de enero de 2010.
PDF (BOE-A-2009-21182 - 2 p�gs. - 164 KB)
CANARIAS. Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n� 6964-2009, en relaci�n con la Ley de Canarias 7/2009, de 6 de mayo, de modificaci�n del Texto Refundido de las Leyes de Ordenaci�n del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. PDF (BOE-A-2009-20646 - 1 p�g. - 149 KB)
*CONCURSO NOTARIAL DGRN. Resoluci�n de 25 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se convoca concurso para la provisi�n de notar�as vacantes. Salen 129 plazas:
- 27 notar�as de primera clase (15 a carrera y 12 a clase)
- 27 notar�as de segunda clase (19 a carrera y 8 a clase)
- 75 notar�as de tercera clase (41 a carrera y 33 a clase)
El an�lisis de las instancias ser� conjunto con las presentadas ante la .Direcci�n General de Derecho y de Entidades Jur�dicas Finalizaci�n del plazo: 15 d�as naturales a contar desde el siguiente a la publicaci�n, es decir, el 18 de diciembre.
Resoluci�n: antes del 18 de febrero de 2010.
PDF (BOE-A-2009-19348 - 8 p�gs. - 352 KB)
*CONCURSO NOTARIAL CATALU�A. Resoluci�n de 25 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de Derecho y de Entidades Jur�dicas del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso para la provisi�n de notar�as vacantes.
Salen 69 plazas:
- 18 notar�as de primera clase (12 a carrera y 6 a clase)
- 26 notar�as de segunda clase (20 a carrera y 6 a clase)
- 25 notar�as de tercera clase (16 a carrera y 9 a clase)
El an�lisis de las instancias ser� conjunto con las presentadas ante la DGRN.
En cuanto a la acreditaci�n del conocimiento del catal�n, caben dos opciones:
- Disponer la persona participante del nivel de lengua catalana correspondiente al certificado B o C de conocimiento de catal�n de la Secretar�a de Pol�tica Ling��stica, o de uno de los otros t�tulos, diplomas y certificados equivalentes. En este caso, se tendr� que acompa�ar la solicitud de participaci�n en el concurso con testimonio notarial o fotocopia compulsada de la certificaci�n acreditativa.
- Declaraci�n jurada o promesa formal que la persona participante se compromete a disponer de personal contratado que disponga del certificado de nivel C de conocimiento de catal�n de la Secretar�a de Pol�tica Ling��stica, o de uno de los otros t�tulos, diplomas y certificados equivalentes. En este caso, se tendr� que acompa�ar la solicitud de participaci�n con la declaraci�n jurada o la promesa formal.
Finalizaci�n del plazo: 15 d�as naturales a contar desde el siguiente a la publicaci�n, es decir, el 18 de diciembre.
PDF (BOE-A-2009-19349 - 6 p�gs. - 302 KB)
*OPOSICIONES NOTAR�AS. Resoluci�n de 4 de diciembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueban con car�cter provisional las listas de admitidos y excluidos para tomar parte en la oposici�n libre para obtener el t�tulo de Notario convocada por Resoluci�n de 24 de septiembre de 2009. Ver la lista
PDF (BOE-A-2009-19842 - 1 p�g. - 159 KB)
El Notario de C�rdoba, don Francisco Matas Pareja.
Don Gregorio Madero de la Fuente, Registrador de la Propiedad de Madrid n� 17. El Notario de Valladolid, don Fernando Calder�n Est�vez. EXCEDENCIAS.
El Notario de Sevilla-Nervi�n, don Jos� Luis Maroto Ruiz. Don Jos� Carlos S�nchez Gonz�lez, �notario y registrador de la propiedad de Montefr�o, en situaci�n de excedencia en el Cuerpo de Registradores, por incompatibilidad con el puesto de notario�.
Don Francisco Javier Garc�a M�s, �notario y registrador de la propiedad de Berja, en situaci�n de excedencia en el Cuerpo de Registradores por incompatibilidad con el puesto de notario�.
Don Francisco Calder�n �lvarez, �notario y registrador de la propiedad de Pola de Lena, en situaci�n de excedencia en el Cuerpo de Registradores, por incompatibilidad con el puesto de notario�. RESOLUCIONES PROPIEDAD: *226. NOTIFICACI�N POR TELEFAX Y RECURSO FUERA DE PLAZO. Resoluci�n de 29 de julio de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Luis P�rez-Escolar Hernando, contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 1 de Alcorc�n, a inscribir una escritura de agrupaci�n de fincas.
- B) Por el interesado o su representante. No hay dato alguno sobre la persona que recoja la comunicaci�n.
- C) Fecha. En el telefax no consta la fecha y momento en que la comunicaci�n es recogida. - D) Identidad y el contenido del acto notificado. No la da el telefax.
- Se echan de menos mayores aclaraciones acerca de c�mo se ha salvado el escollo de la fecha, tema fundamental para determinar el comienzo del plazo para recurrir y, quiz�s, para determinar el inicio de la pr�rroga del asiento de presentaci�n si tal notificaci�n fue la �ltima. Al respecto, en mi opini�n, hubiera sido muy conveniente que en la Resoluci�n se explicitara si, al no haber definido la fecha el Notario -como la DGRN le requiri�-,ello trajo como consecuencia tenerle por confeso de que lo fue antes del 25 de enero. Y en caso de que �sta no fuera la raz�n, cual fue el criterio utilizado para determinar el c�lculo del dies a quo.
PDF (BOE-A-2009-19381 - 4 p�gs. - 177 KB)
*227. R�STICA O URBANA. DISMINUCI�N DE CABIDA. Resoluci�n de 12 de septiembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Alcorc�n, don Urbano �lvarez Merino, contra la negativa del registrador de la propiedad de Torrijos, a inscribir una escritura de declaraci�n de obra nueva en construcci�n y divisi�n en r�gimen de propiedad horizontal.
Hechos: Se trata de una escritura de obra nueva y propiedad horizontal que recae sobre una finca definida como solar en la escritura y r�stica en el Registro, con una superficie mayor en �ste..
La Resoluci�n trata de 4 defectos que se estudian por separado. Primero. Si la documentaci�n presentada acredita suficientemente el cambio de calificaci�n de una finca de r�stica a urbana. - El Registrador solicit� certificaci�n expedida por el Secretario o Arquitecto municipal correspondiente, de la que resulte la clasificaci�n urban�stica de dicha finca conforme al Planeamiento vigente - El Notario aleg� que es suficiente con la licencia de obra que consta en el registro. - La DGRN revoca el defecto, indicando que, si el Secretario del Ayuntamiento certifica que una finca es urbana, con su calle y n�mero, est� suficientemente acreditado el car�cter de la finca, sin que pueda el Registrador poner en duda lo afirmado por otro funcionario, como es el Secretario del Ayuntamiento.
- Comentario: de lo publicado en el BOE parece deducirse que el Registrador no vio esta certificaci�n.
Segundo. Si, hall�ndose la misma en un t�rmino municipal que ha sido objeto de concentraci�n parcelaria, ha de acreditarse hallarse la finca exceptuada de �sta. Al deducirse que la finca es urbana, huelga entrar en este defecto, pues no tiene objeto exigir ninguna precisi�n sobre si ha estado o no sujeta a una concentraci�n parcelaria.
Tercero. Si de la documentaci�n presentada se deduce que se han realizado operaciones de permuta que no se han documentado ni inscrito. - El Registrador dice que, seg�n el propio t�tulo, la menor superficie que consta en la escritura ha sido objeto de cesi�n, que debe formalizarse en documento p�blico, previas las oportunas segregaci�n y licencia. - El Notario estima que no existi� permuta alguna sino deslinde - La DGRN confirma el defecto, pues, del acuerdo del Ayuntamiento que se denomina �deslinde� resulta que la finca objeto de la escritura calificada era un enclave dentro de otra perteneciente al Ayuntamiento. Si ya no es tal enclave, ha habido una permuta, o bien una parte de la finca antigua ha sido expropiada o cedida para dominio p�blico. En todo caso, ha existido un cambio en parte de la finca originaria que ha de documentarse suficientemente para su acceso registral.
Cuarto. Si est� acreditada la
disminuci�n de cabida que se produce en la finca. Tambi�n se confirma este defecto que est� conectado con el anterior, por no estar justificada. La doctrina del Centro Directivo es la de que tales disminuciones deben ser justificadas, pues, de lo contrario, se podr�a producir una �desinscripci�n� seguida de una inmatriculaci�n, y, en este sentido, el art�culo 53 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en la regulaci�n que hace de la constancia registral de la reforma catastral, se refiere no ya a la inscripci�n del exceso de cabida, sino a la rectificaci�n de dicha cabida. En el presente caso, adem�s, la disminuci�n es una consecuencia de operaciones sobre la finca que no han tenido acceso al Registro, por lo que el cambio de superficie no ha sido acreditado. Estas son las resoluciones citadas en �Vistos� en las que se apoya el Centro Directivo:
22 de febrero de 2003; (defecto de cabida de escasa entidad)
16 de junio de 2003; (defecto de cabida sin justificar),
3 de enero de 2006, (defecto de cabida sin justificar) y -
16 de abril de 2008 (exceso de cabida, previa segregaci�n). (JFME) PDF (BOE-A-2009-19382 - 4 p�gs. - 180 KB)
*228. CALIFICACI�N DE POSIBLE FRAUDE. Resoluci�n de 1 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario don Higinio Pi Guirado, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Berja, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de compraventa. En una primera escritura, ya inscrita, el tutor de un incapaz vende una finca a dos personas. Seis meses despu�s esas dos personas venden la misma finca al citado tutor por el mismo precio. El registrador considera que estamos ante un fraude de ley para eludir la prohibici�n legal de que el tutor adquiera los bienes del tutelado. La DGRN declara que la calificaci�n del fraude de ley no est� vedada al registrador, pero esa calificaci�n tiene que estar fundada exclusivamente en los datos resultantes de la escritura y en los que consten en el Registro. En el presente caso considera que no existen suficientes elementos de prueba para que resulte patente el fraude, que no se puede descartar, pero tampoco afirmarlo. Para ello habr�a que acudir a medios de prueba externos, y por tanto a la v�a judicial. Por otro lado se plantea la cuesti�n formal de que la calificaci�n ha sido notificada por fax al notario, v�a que �ste considera incorrecta; se�ala la DGRN que el art�culo
PDF (BOE-A-2009-19383 - 6 p�gs. - 195 KB)
229. RECTIFICACI�N DE DESCRIPCI�N DE FINCA.
Resoluci�n de 13 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n� 1 de Picassent, a la rectificaci�n de la descripci�n de una finca. Se pretende rectificar la descripci�n de una finca en base a una instancia privada, en la que no firman todos los titulares registrales y en la que no todos los firmantes tienen reconocida su firma, acompa�ada la instancia de certificado catastral justificativo de la nueva cabida. La DGRN diferencia entre inexactitudes del Registro en relaci�n con la realidad extrarregistral, en las que no hay discrepancias con el t�tulo inscrito, y errores del Registro en relaci�n con el t�tulo inscrito, que a su vez pueden ser materiales porque lo inscrito no altera el sentido del t�tulo, y los restantes, que son de concepto. En el presente caso considera que estamos ante una inexactitud, pero, -en contra del registrador, que exig�a escritura- considera suficiente la instancia ya que el t�tulo rectificatorio el notarial, judicial o administrativo que acompa�a a la instancia. Sin embargo, exige que consientan todos los titulares registrales y que todas las firmas est�n legitimadas, como el registrador. Adem�s, aunque la instancia coincide con el certificado catastral, hay dudas razonables de que la parcela catastral sea la misma que la registral, por lo que deniega la inscripci�n.
COMENTARIO.- Creo que el registrador ten�a raz�n al exigir la escritura p�blica, pues la rectificaci�n de una inexactitud registral exige un t�tulo declarativo, con una declaraci�n de voluntad del titular registral sobre la nueva y correcta descripci�n de la finca, por tanto con las garant�as del documento p�blico notarial; y adem�s porque, a mi juicio, el t�tulo inscribible es el documento rectificatorio de la inexactitud, que debe de ser otorgado por el titular registral. Otra cosa es el documento justificativo de esa inexactitud que, en materia de cabida, seg�n los casos puede ser un certificado catastral o un certificado de t�cnico o incluso una acta de notoriedad, que son documentos complementarios del t�tulo declarativo y nunca son por s� mismos t�tulos inscribibles.
Sin embargo, en materia de rectificaci�n de errores de inscripci�n, materiales o de concepto, el t�tulo inscribible rectificatorio es el documento p�blico que fue inscrito defectuosamente y seg�n los casos, la rectificaci�n puede hacerse de oficio por el registrador o con consentimiento de todos los interesados mediante instancia, aqu� s�, e incluso con orden judicial (art�culos 211 y siguiente de la LH). (AFS) PDF (BOE-A-2009-19384 - 4 p�gs. - 176 KB)
*230. DACI�N EN PAGO DE DEUDA DE LA POSICI�N EN UN CONTRATO DE PERMUTA. Resoluci�n de 14 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por A. de G. I, S.L., contra la negativa del registrador interino de la propiedad de Berja, a practicar la inscripci�n derivada de una escritura de daci�n en pago de deuda mediante cesi�n de derechos derivados de contrato de permuta. Consta inscrita una permuta en la que C cede en permuta a A un terreno, con reserva de dominio, a cambio de recibir en contraprestaci�n varias parcelas futuras. As� pues, C se reserva el dominio sobre la parcela dada en permuta hasta el momento en que se inscriban a su favor las parcelas objeto de contraprestaci�n. Ahora C cede a B sus derechos y obligaciones en la citada permuta en pago de una deuda entre ambos.
El registrador, entendiendo que es una cesi�n de contrato, exige el consentimiento de A. El recurrente alega que realmente no es una cesi�n de contrato, sino una cesi�n de cr�dito, pues lo que tiene C son derechos a recibir fincas futuras, ya que cumpli� su obligaci�n, y por tanto no es necesario el consentimiento de A. Resuelve la DGRN dando la raz�n al recurrente, pues se�ala, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que, al haber cumplido C su obligaci�n, el contrato ha dejado de ser sinalagm�tico y en consecuencia estamos ante una cesi�n de derechos que no exige el consentimiento del deudor A.
En cuanto a la dificultad adicional de que la permuta inicial est� en suspenso por el pacto de reserva de dominio, entiende la DGRN que ello no cambia lo dicho, por cuanto el cumplimiento depende enteramente del deudor A.
Finalmente no entra a valorar, por no ser materia de defecto, si los derechos cedidos tienen la consideraci�n de reales o no y por tanto entidad suficiente para ser inscritos. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-19385 - 5 p�gs. - 188 KB)
231. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDACI�N DEL TRACTO CON INSCRIPCI�N CONTRADICTORIA PRACTICADA DESPU�S DE SU INICIACI�N. Resoluci�n de 16 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de �rdenes (A Coru�a), a inscribir auto judicial por el que se aprueba expediente de dominio para la reanudaci�n de tracto sucesivo interrumpido. Se debate si puede inscribirse un auto reca�do en expediente de dominio para la reanudaci�n del tracto, cuando en el momento de su iniciaci�n las inscripciones contradictorias ten�an m�s de treinta a�os de antig�edad, pero en el momento de presentarse en el Registro existe una inscripci�n contradictoria reciente cuyos titulares no han sido notificados personalmente. El Registrador suspende la inscripci�n por no haberse cumplido la notificaci�n personal exigida por el art�culo 202 LH.
La Direcci�n confirma el defecto en base al art 202 citado, as� como a la doctrina reiterada del Centro en el sentido de que para la inscribibilidad de los expedientes de reanudaci�n del tracto, dado su car�cter excepcional y supletorio, cuando la �ltima inscripci�n de dominio tenga menos de treinta a�os de antig�edad, es necesario que el titular registral o sus causahabientes hayan sido o�dos en el expediente o que resulte de la documentaci�n presentada en qu� forma se han practicado las notificaciones para que el Registrador pueda calificar que las mismas se han realizado en la forma prevista por las normas. En cuanto a la alegaci�n del recurrente de que en el momento de iniciarse el expediente las inscripciones contradictorias ten�an m�s de treinta a�os de antig�edad y por ello bastar�a las notificaciones por edictos a posibles perjudicados �entre ellos a los posteriores adquirentes de la finca�, tambi�n confirma el defecto, ya que para ello deber�a haberse solicitado anotaci�n preventiva de la incoaci�n del expediente de dominio (posibilidad admitida por el art�culo 42 LH en relaci�n con el 274 del Reglamento), que hubiera sido la forma de hacer efectivo en perjuicio de terceros adquirentes el resultado de la resoluci�n judicial (Art 71 LH) (MN)
PDF (BOE-A-2009-19386 - 4 p�gs. - 175 KB)
232. EMBARGO POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE GASTOS DE URBANIZACI�N RIGE EL PR. DE TRACTO SUCESIVO. Resoluci�n de 17 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pedro Mu�oz (Ciudad Real), contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 2 de Alc�zar de San Juan, a inscribir una anotaci�n de embargo. Resoluci�n id�ntica a la de 5 de octubre, resumida en el informe de noviembre con el
n�mero 223.
PDF (BOE-A-2009-19387 - 3 p�gs. - 173 KB)
*233. EMBARGO A FAVOR DE UN AYUNTAMIENTO FUERA DE SU JURISDICCI�N ORDENADO POR SERVICIO DE RECAUDACI�N DE LA DIPUTACI�N EN VIRTUD DE CONVENIO. Resoluci�n de 19 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Diputaci�n Provincial de Ja�n, contra la negativa del registrador de la propiedad de �beda, a inscribir una anotaci�n de embargo. Se presenta mandamiento de embargo dictado por el Servicio de Recaudaci�n de la Diputaci�n Provincial con providencia de embargo a favor de un Ayuntamiento sobre un inmueble sito en otro t�rmino municipal. El Registrador deniega la anotaci�n en base al art. 8.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dispone que las actuaciones en materia de inspecci�n o recaudaci�n ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relaci�n con los ingresos de derecho p�blico propios de �sta deber�n ser practicados por los �rganos competentes de la correspondiente Comunidad Aut�noma o del Estado seg�n los casos, por tanto, que deber�a haber intervenido el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma o del Estado.
PDF (BOE-A-2009-19388 - 3 p�gs. - 173 KB)
*237. CONSTITUCI�N DE SERVIDUMBRE. Resoluci�n de 2 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Jos�-Mar�a Regidor Cano, contra la negativa del registrador de la propiedad n� 19 de Madrid, a inscribir una escritura de segregaci�n y constituci�n de servidumbre.
Se pretende la inscripci�n de una escritura de constituci�n de servidumbre un poco peculiar, pues se atribuye al predio dominante el uso exclusivo sobre rasante de parte del predio sirviente, con la posibilidad de darle cualquier destino o uso permitido por el Ayuntamiento, especialmente el de aparcamiento, y, en cambio, el uso exclusivo bajo rasante lo mantiene el titular del predio sirviente.
El registrador considera que estamos ante una situaci�n de horizontalidad y que debe de darse el tratamiento de un conjunto inmobiliario y por ello aplicar el art�culo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, fijando cuotas, elementos comunes, etc � Resuelve la DGRN estimando el recurso, pues considera que ha de admitirse la presente servidumbre en base el principio existente de �numerus apertus� de derechos reales, especialmente en materia de servidumbres, conforme al principio de autonom�a de la voluntad., Hay que tener en cuenta adem�s que no se contraviene ninguna prohibici�n legal y que no se puede imponer a los otorgantes la figura de la propiedad horizontal o conjunto inmobiliario, pues ello conllevar�a un resultado que no se ajusta a lo querido por las partes (por ejemplo, la existencia de elementos comunes y privativos). (AFS) PDF (BOE-A-2009-19392 - 4 p�gs. - 177 KB)
238. EXCESO DE CABIDA INFERIOR A LA QUINTA PARTE CON INFORME T�CNICO SIN MODIFICAR LINDEROS. Resoluci�n de 3 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Emilio Gonz�lez Bou, notario de Castell� d'Empuries, contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 2 de Roses, a la inscripci�n de un exceso de cabida. Se plantea si declarado un exceso de cabida inferior a la 1/5 parte acreditado mediante un informe t�cnico que identifica la finca con los mismos linderos y expresa que la cabida real obedece a una medici�n basada en un plano topogr�fico, puede negarse la inscripci�n alegando �nicamente que no se cumplen los requisitos que establecen los art�culos 199 y ss LH, 298 de su Reglamento y 53.10 de la Ley 13/1996.
La Direcci�n estima el recurso: Resulta acreditado que no se altera la realidad f�sica exterior que se acota con la descripci�n de la finca, es decir, que la superficie que resulta de la nueva descripci�n es la que realmente se contiene en los linderos originariamente registrados y que por tanto no se pretende incluir en el folio de una finca una superficie colindante adicional; y el exceso se declara cumpliendo los requisitos exigidos en la Legislaci�n Hipotecaria para uno de los medios de inscribir los excesos de cabida (es inferior a la 1/5 parte, se acredita con informe t�cnico y se identifica perfectamente la finca con los linderos que figuran inscritos). (MN)
PDF (BOE-A-2009-19393 - 4 p�gs. - 175 KB)
RESOLUCIONES MERCANTIL: 234. REELECCION DE ADMINISTRADOR CON SIMULT�NEA PRESENTACI�N DE CUENTAS ANUALES. CIERRE DEL REGISTRO. Resoluci�n de 21 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Cl�nica de Asma y Alergia Doctores Ojeda, S.L., contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XVI de Madrid, a inscribir una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sobre reelecci�n de administrador.
Hechos: Se trata de una escritura de reelecci�n de administrador, con simult�nea
presentaci�n de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Se suspende la inscripci�n precisamente por estar cerrado el registro por falta de dep�sito de las cuentas anuales de la sociedad. Se recurre alegando que se da un c�rculo vicioso, pues no se depositan las cuentas por caducidad del cargo de administrador y no se inscribe la reelecci�n del administrador por falta del dep�sito de cuentas. En la tramitaci�n del recurso sale a relucir que tambi�n faltan las cuentas de los ejercicios 2006 y 2007.
PDF (BOE-A-2009-19389 - 3 p�gs. - 171 KB)
235. AUMENTO DE CAPITAL: SUMA DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES. REDONDEO A DOS DECIMALES DEL CAPITAL RESULTANTE.
Resoluci�n de 28 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por el notario de Ond�rroa, don Manuel Sarobe Oyarzun, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Vizcaya, a inscribir una escritura de aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada. Hechos: Se trata de una escritura de aumento de capital de una sociedad en la que se dan las siguientes circunstancias:
a) El n�mero de decimales del valor nominal de las participaciones en que se divide el capital social
no est� limitado. Entendemos no obstante que por razones pr�cticas debe limitarse a seis decimales. b) S� est� limitado a dos decimales la cifra del total capital social.
PDF (BOE-A-2009-19390 - 4 p�gs. - 177 KB)
*236. CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIEDAD AN�NIMA: NO ES ADMISIBLE LA REALIZADA POR ADMINISTRADOR CON CARGO VENCIDO Y CADUCADO. Resoluci�n de 30 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de Tenerife, a inscribir determinados acuerdos sociales de cese y el nombramiento de administradores de Eurotenerife, S.A. Hechos: La cuesti�n planteada se centra en si es posible inscribir un acta notarial de celebraci�n de Junta general de Sociedad An�nima, en la que se procede al cese de un administrador solidario y nombramiento de dos administradores, con asistencia del 50% del capital social, Junta que hab�a sido convocada por uno de los administradores cuyo cargo estaba vencido por transcurso del plazo y caducado por transcurso del plazo para la celebraci�n de la Junta aprobatoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior (Cfr. Art. 145.1 RRM). El Registrador deniega la inscripci�n por estimar que no es admisible la convocatoria de Junta por Administrador caducado. Sus fundamentos de derecho se centran en los art�culos 145.1 y 3 del RRM y art�culo 45 y 60.2 de la LSRL(sic). Previa calificaci�n sustitutoria con confirmaci�n del acuerdo calificatorio, se recurre por la sociedad alegando las dificultades para la celebraci�n de Junta y una serie de sentencias del TS y de Audiencias Provinciales que se muestran favorables, en determinadas circunstancias, a la admisibilidad de convocar una Junta por administradores con cargo vencido. Tambi�n se alega la RDGRN de 24 de Enero de 2001.
PDF (BOE-A-2009-19391 - 4 p�gs. - 176 KB)
239. RECURSO PREVENTIVO.
CUENTAS ANUALES SIN CALIFICAR. Resoluci�n de 6 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas anuales de "INOXGUER, S.L.". Hechos: Un solicitante de nombramiento de auditor conforme al art. 205.2 de la LSA, cuya solicitud ha sido rechazada y est� pendiente de recurso, se entera por internet de que las cuentas anuales de la sociedad han sido presentadas. Ante ello interpone recurso preventivo para evitar el dep�sito de las cuentas alegando que no han sido debidamente aprobadas.
PDF (BOE-A-2009-19718 - 2 p�gs. - 161 KB)
7. HEREDERO �NICO. Se plantea si la herencia del heredero fiduciario con dos fideicomisarios de residuo es herencia del heredero �nico y se puede inscribir por instancia.
Lo relevante para que proceda la instancia del heredero �nico es que no deba hacerse la partici�n. Con el fideicomisario no hay que hacerla, pero si fuera necesaria lo ser�a tambi�n la escritura p�blica.
Sin embargo, la resoluci�n de la DGRN de 27 de marzo de 1981 dice que el heredero fiduciario no es heredero �nico, ya que el fideicomisario es heredero, por lo que no cabe la instancia. JURISPRUDENCIA FISCAL:
N� de consulta: V2239-09.
Materia: Anotaci�n preventiva de embargo ordenado por un juzgado que afecta a inmuebles sitos en varias comunidades aut�nomas, oficina competente y base imponible.
Las conclusiones de la Direcci�n General de Tributos son las siguientes: �Primera: Cuando una anotaci�n preventiva de embargo se produzca ante distintos �rganos registrales que radiquen en el territorio de diferentes Comunidades Aut�nomas, deber� presentarse en cada Comunidad Aut�noma la correspondiente autoliquidaci�n del ITPAJD, modalidad documentos administrativos, referida tan solo al rendimiento producido en su territorio. A estos efectos, se entender� que el rendimiento se produce en el territorio de una determinada Comunidad Aut�noma cuando el Registro en el tenga lugar la anotaci�n preventiva tenga su sede en el territorio de la referida Comunidad.
Segunda: La autoliquidaci�n a practicar en cada una de las Comunidades Aut�nomas en que, conforme al art�culo 47 de la Ley 21/2001, deba presentarse, no deber� superar ninguno de los dos l�mites del art�culo 85 del RITPAJD, que son el valor real de los bienes embargados y el importe total de la cantidad que haya dado lugar a la anotaci�n del embargo. Tercera: La cuota correspondiente a la anotaci�n preventiva de embargo deber� repartirse igualitariamente entre las distintas Comunidades Aut�nomas afectadas. Adem�s, si en alguna de las ellas el valor real de los bienes objeto de la anotaci�n es inferior al importe de la cuota que le corresponda, la cuota correspondiente a tal Comunidad se limitar� a dicho valor, y el exceso acrecer� a la cuota de las restantes Comunidades Aut�nomas.�
La Orotava, Santa F�, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Bolta�a, a 4 de enero de 2010.
LISTA DE INFORMES Visita n� desde el 1� de diciembre de 2009

References: Real Decreto 
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