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Timestamp: 2017-10-17 20:17:22+00:00

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Sociedad, política y des/colonialidad del poder: 03/02/12
Bolivia: Inician proceso de consulta en TIPNIS sin consenso indígena
Por: MELISSA REVOLLO mrevollo@opinion.com.bo
﻿El camino que atraviesa el TIPNIS es el tema que genera la discrepancia entre indígenas que apoyan la construcción y los que rechazan. Arriba la VIII Marcha Indígena que paralizó las obras y abajo marchistas del Conisur que presionaron para la Ley de Consulta Previa. R.RODRÍGUEZ-d.solÍz
Una comisión de quince funcionarios de Obras Públicas y de Medio Ambiente y Aguas está desde el martes en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para desarrollar la fase preparatoria de la Ley de Consulta 222 que definirá si ese territorio debe ser intangible y si se debe construir o no del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, paralizado por la Ley 180 que declara la intangibilidad del TIPNIS. Los indígenas yuracarés, mojeño-trinitarios y chimanes están divididos. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Adolfo Mendoza, explica que “la finalidad de la consulta es establecer acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas involucrados en un proyecto” que, en este caso, está referido a la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.
Sin embargo, el lograr el acuerdo parece no ser sencillo, debido a que la consulta no se trata de “votar” si se acepta o no la construcción de la vía interdepartamental. Los mecanismos de la consulta son distintos.
La Ley 222 tiene la característica de tener una decisión colectiva que permita establecer un acuerdo con el Estado.
“Hay un acuerdo que obliga a las partes a su fiel cumplimiento, que no es lo mismo que el carácter vinculante”, aclara el senador.
LA DIVISIÓN La controversia entre representantes de las comunidades indígenas es el principal conflicto que se advierte antes de la aplicación de la consulta. Por un lado, está el Consejo Indígena del Sur (Conisur), que de antemano expresa su apoyo a la construcción de la carretera y que ya se prepara para aplicar la consulta. Y por el otro lado, están las comunidades que rechazan la construcción de la carretera por el Tipnis. Esas comunidades afines a la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) anuncian movilizaciones rechazando el proceso de consulta. Argumentan que la Ley 222 deja sin efecto la Ley 180 de la intangibilidad en el Tipnis.
El cacique mayor del Conisur, Gumercindo Pradel, manifiesta que “la mayoría” de las comunidades estará de acuerdo en la consulta y que además apoyará la construcción de la vía.
“Yo estoy seguro de que sí o sí tenemos que triunfar, porque todo el mundo lo necesita (la construcción de la carretera)”, manifiesta Pradel.
“Los que no quieren están al lado de la Sub Central del Tipnis, a los que maneja Fernando Vargas. Siempre quieren estar manejados”, agrega el representante indígena, haciendo evidente la división que existe entre los representantes de las comunidades que habitan los pueblos yuracaré, chimán y mojeño–trinitario en el Tipnis.
Por su parte, el expresidente de la Sub Central TIPNIS, Adolfo Moyé, expresa que existe rechazo a la consulta que por ley se tendría que aplicar a los pueblos indígenas.
“No vamos a acceder a la consulta. No es previa, y al no ser previa entonces no la aceptamos. Por eso ya hemos anticipado acciones de defensa”, dice Moyé. Asegura que más de 60 comunidades del Tipnis no participarán de la consulta anunciada y que ya están organizados para asumir acciones como marchas de protesta, huelgas de hambre e incluso hacer denuncias ante organismos internacionales.
Moyé también se refiere al otro sector de indígenas y advierte manipulación.
“A través de la manipulación de estas consultas están pretendiendo llevar a otra gente a consultarles, para que se los tome como representantes. Frente a eso estamos para legitimar nuestra posición”, sostiene. Cada dirigente indígena, por su lado, se atribuye la representación legítima de su sector.
CONSULTA Según el artículo número 4, la ley denominada de Consulta Previa 222 se hace referencia a las medidas de salvaguarda y la intangibilidad que “quedan poco claras en la Ley 180.
“Por tanto, la Ley de Consulta no niega la vigencia de la Ley 180”, resalta Adolfo Mendoza.
La autoridad detalla que se discutirá los aspectos de salvaguarda haciendo referencia a una especie de “blindaje legal” que rija con medidas concretas la prohibición de asentamientos ilegales y su desalojo inmediato.
La comisión que promueve la aplicación de la Ley 222 cuenta con el apoyo logístico de la Alcaldía de Villa Tunari. Recorre las comunidades del Tipnis sin reglamento y despierta sospechas de adoctrinamiento a indígenas y de favorecer la construcción de la carretera.
﻿Las asambleas serán para definir
﻿La Ley 122 de Consulta previa e informada establece en su artículo 3 que “la consulta previa libre e informada se realizará en el ámbito de las comunidades indígena originario campesinas mojeño-trinitarias, chimanes y yuracarés, que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), respetando sus normas y procedimientos propios”.
Y en el artículo 5 se determina la aplicación de la consulta en los idiomas mojeño–trinitario, mojeño–ignaciano, chimane, yuracaré y castellano.
Gumercindo Pradel manifiesta que se realizarán talleres informativos para los dirigentes que luego socializarán con las bases indígenas.
“Nosotros no somos cualquier grupo como para dar voto, como indígenas yuracarés, mojeño-trinitarios vamos al uso y costumbres, no como otros dirigentes que van a ir a conquistar, sino que vamos a consultar a la gente”, sostiene Pradel explicando que la práctica de los usos y costumbres se reflejará en las asambleas donde se decide por mayoría.
RECHAZO Sin embargo, Adolfo Moyé que ya adelantó el rechazo a la realización de la consulta, agrega que al ser parte de los pueblos indígenas, se rigen por reglamentos internos y resoluciones. El año 2007, se determinó que no se permitirá el ingreso de comisiones al TIPNIS sin previa autorización de la Sub Central.
“En este caso, todas las comunidades están obligadas a no permitirlo. Si ocurriera esto, se tomarán acciones como decomisarles los medios de transporte y equipos y expulsarles del área. Todos nuestros reglamentos los vamos a aplicar”, advierte Moyé.
﻿La ley establece obligatoriedad de cumplimiento
﻿La Ley 222 de Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS establece la obligatoriedad de cumplimiento de los acuerdos que se logren del proceso de consulta.
El artículo 10, que determina el carácter de los acuerdos de la consulta, establece que “los acuerdos logrados en el proceso de consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado Plurinacional y los pueblos indígena originario campesinos mojeño–trinitario, chimane y yuracaré”.
El artículo número 11, referido a la ejecución de los acuerdos, determina que los acuerdos que se logren serán ejecutados después de la consulta por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo, según corresponda.
Un análisis realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) asegura que la Ley 222 “afecta radicalmente el derecho a la consulta previa”. Como ejemplo, el artículo 10 de la Ley 222 que establece el carácter obligatorio de los acuerdos es cuestionado por el Cedib.
“Por la forma en que será conducido el proceso de consulta, con los derechos de los titulares del TIPNIS reducidos radicalmente, es evidente que este artículo fue elaborado confiando en que el autoritarismo del Gobierno garantizará los resultados que éste desea”, dice el Cedib.
Respecto a las etapas de la consulta, (artículo 9) se retrocede en lo que se había avanzado en la normativa, argumentando que las acciones previas a la realización del acto de consulta “sólo indican las acciones del Gobierno, excluyéndose entre otras cosas, la propuesta de los indígenas para la ejecución de la consulta”.
El artículo 9 detalla que las etapas de la consulta incluyen la preparación de la consulta con el cronograma y protocolo, el acopio de la información pertinente, la notificación previa, la publicidad de la consulta y la provisión de información pertinente.
La finalidad de la consulta es la consideración y definición sobre si el TIPNIS es zona intangible o no y sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS. En los resultados de la Consulta está la suscripción de actas de conclusiones y la notificación de las decisiones.
﻿Esta norma genera condiciones de enfrentamiento
﻿Dicen que el resultado de la consulta es de cumplimiento obligatorio para el Estado y también para los indígenas. Decir que es obligatorio para los indígenas a mí me parece normal, si olvidamos el objetivo del acuerdo 169 de la OIT. Este convenio es un tipo de ley que tiene el objetivo de atender las necesidades de sectores que han sido menoscabados en sus derechos, en sectores que tienen menos derechos que el resto de la población.
Entonces el objetivo dentro de esta ley es, por una parte, proteger a estos sectores y, por otra, compensar sus derechos, entonces cómo puede ser que tratándose de este tipo de disposiciones legales se escriba que aquellos a los que debemos proteger están obligados a cumplir. El objetivo del convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios es protegerlos y que sea el Estado el que esté obligado a cumplir. Entonces éste es otro juego de la ley.
(…) Lo que caracteriza la acción oficial frente al TIPNIS hasta ahora es que se ha pretendido no solamente liquidar lo poco que se ha hecho de consulta previa, sino que se ha tratado de utilizar a otros sectores sociales.
De ahí es que tenemos este caso del Consejo de Indígenas del Sur (Conisur), según declaraciones con más de 10 mil habitantes,
y atrás tenemos a todo el Chapare. Estamos con el peligro de un enfrentamiento y quizás ni siquiera se llegue a un acto de consulta.
La Ley 222 está creando las condiciones de un enfrentamiento (…). A los indígenas el presidente Evo Morales les dice, “ustedes entiéndanse”, dejando la solución del problema a negociaciones o acciones entre partes en conflicto y el Estado se está retirando de su rol de mediador y legislador. Es sumamente peligroso y puede llevar a enfrentamiento entre partes, porque los intereses son opuestos.
Tipnis. El MAS y militares en campaña por la consulta previa, alentados por gobierno de Evo
DENUNCIA. Los indígenas denuncian “acciones previas” a la consulta de parte del oficialismo. El encuentro de corregidores definirá realización de la IX Marcha el 15.
El dirigente Fernando Vargas junto a una líder indígena, ayer. ABI
Comisiones de la Gobernación del Beni y de la Alcaldía de San Ignacio de Moxos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron la visita a las comunidades del TIPNIS para informar a los indígenas acerca de la realización de la consulta “previa”.
La denuncia fue realizada ayer por el diputado indígena Pedro Nuni y el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas. También dieron cuenta de presuntas prebendas que estaría dando el Gobierno para que los originarios den su consentimiento para la construcción de una carretera por medio del parque.
“La Gobernación del Beni, encabezada por Haisen Rivera, y el alcalde de San Ignacio, Basilio Nolvani, apoyado por la Unidad de Desarrollo Indígena de Trinidad, con apoyo del MAS, están desplegando acciones previas al protocolo de consulta”, afirmó el asambleísta indígena.
La información fue confirmada por Sixto Bejarano, subgobernador de la provincia de Moxos , quien a través de la radio ERBOL dijo que varias comisiones “van camino al lugar (parque)”.
“Estamos organizados en varias comisiones para ir a diferentes partes del parque”, afirmó. Bejarano admitió que el Gobierno está llevando materiales que algunas comunidades necesitan, sin embargo negó que se traten de prebendas para que los indígenas acepten la construcción de la carretera por el TIPNIS.
La emisora señaló que el transporte de las comisiones corre por cuenta del Gobierno central.
Por su parte, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, lamentó que un barco de la Armada Boliviana esté prestando sus servicios al Gobierno para ingresar al interior del TIPNIS llevando herramientas, alimentos, antenas parabólicas, con la intención de manipular el apoyo de los comunarios para la consulta, que deberá realizarse en menos de 100 días y que determinará la construcción de la carretera que una San Ignacio de Moxos (Beni) y Villa Tunari (Cochabamba).
“Esto no es ninguna especulación. El barco de la Naval estaba el 25 de febrero en San Lorenzo y siguen entrando más adentro. Ésta es una forma de tratar de hacer que los compañeros de las comunidades apoyen la construcción de la carretera”, manifestó.
Mientras tanto, el dirigente Vargas ratificó que el 15 de marzo se realizará el Encuentro de Corregidores del TIPNIS, que definirá el inicio de la IX marcha indígena en defensa de ese territorio, que podría iniciarse a mediados de abril. Además, en el evento se asumirá también una posición sobre los avasallamientos de cocaleros en el área natural.
El presidente Evo Morales será invitado al evento para que escuche el pedido de que se suspenda la consulta para evitar enfrentamientos entre indígenas que rechazan la consulta y quienes apoyan ese procedimiento.
Pedro Nuni presenta demanda contra Ley 222
El diputado indígena Pedro Nuni anunció que hoy presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la ciudad de Sucre, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 222 de consulta, aprobada el pasado 10 de febrero.
“Nuestra responsabilidad como asambleísta nacional nos ha llevado a tomar una decisión en defensa del TIPNIS, presentando una demanda de inconstitucionalidad, toda vez que el Gobierno ha vulnerado varios artículos de la Constitución”.
De acuerdo al asambleísta, los artículos 1 y 6 de la Ley 222 vulneran el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante sus procedimientos y a través de sus instituciones.
La demanda se suma a la acción de inconstitucionalidad abstracta de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS presentada por los diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic y Marcela Revollo, el pasado 27 de febrero.
El febrero, el diputado Nuni también había hecho conocer de la denuncia ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos indígenas contenidos y protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos y a la propiedad colectiva indígena y del riesgo de etnocidio que se cometería de comunidades de pueblos moxeños, yuracarés y trinitarios, de concretarse la construcción de la carretera.
Nuni lamentó que el actual Gobierno del partido al que pertenecía y que se desvinculó cuando estalló el conflicto del TIPNIS esté “usando de manera abusiva” los recursos de los bolivianos, para ejecutar la consulta. “(El Gobierno) está sacando recursos sin transparentar el proceso. Hay serie de aberraciones políticas llevadas desde el propio Gobierno”, finalizó.
Indígenas de tres países participarán en IX marcha
De acuerdo con las declaraciones realizadas por Celso Padilla, el ex presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y actual presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní, indígenas del Brasil, Paraguay y Argentina participarán de la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, que se prepara para abril.
“Estamos articulándonos para hacer una fuerza única y defender conjuntamente nuestro territorio. Cada país tiene su representación. Delegados de cada país harán fuerza para ejercer nuestros derechos”, afirmó a la radio ERBOL desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Explicó que cada comunidad indígena guaraní asentada en esas naciones está analizando su capacidad económica para poder asistir a esta movilización. Entre tanto, la APG prevé garantizar la estadía de los futuros marchistas, cuando se encuentren en territorio boliviano.
Padilla, sin embargo, no precisó el número de delegados indígenas que participarán, ni la fecha de su llegada al país.
Después de la llamada Guerra del Chaco, comunidades indígenas se instalaron en el Chaco paraguayo, Chaco argentino y la Amazonia del Brasil, desde donde regresarían para apoyar la movilización indígena.
La IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) será definida por los 60 corregidores que se reunirán el 15 de marzo, en un encuentro que hoy será convocado por el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas.
La decisión, luego de evaluar la coyuntura de la problemática y sus efectos sobre el territorio, dará paso a una comisión nacional de las 34 naciones vinculadas a la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (CIDOB), para que convoque a sus afiliados a organizar la movilización.
“La resolución que salga de ese encuentro será vinculante para todos nosotros y para la convocatoria de los 34 pueblos indígenas que aglutina la CIDOB”, explicó ayer el diputado indígena Pedro Nuni.
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, informó que a mediados de marzo se desarrollará un “Encuentro Nacional Indígena-Urbano” con el fin de fortalecer la IX Marcha.
“Se hará un encuentro de pueblos indígenas y sectores urbanos para que participen de la IX Marcha Indígena (…) No sólo es el tema del TIPNIS, vamos a marchar en defensa de la violación del medio ambiente y los derechos humanos; también queremos lograr respaldo de las comunidades para que se abstengan de participar de la consulta”, anunció Vargas.
El dirigente indígena aseguró que la IX Marcha será llevada a cabo antes de la realización de la consulta y que tendrá el aval de sectores urbanos.
A partir de la promulgación de la Ley de Consulta, el 10 de enero, corre un plazo de 120 días para desarrollar y concluir la iniciativa que apunta a posibilitar la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el territorio indígena. Esta norma nació debido a la marcha que llegó a La Paz encabezada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur).
El diputado indígena Pedro Nuni, disidente del MAS, anunció que buscarán apoyo de sindicatos obreros, campesinos e intelectuales para ejecutar la IX Marcha. “Queremos lograr un pacto para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas”, protestó.
La Central Obrera Boliviana, en su ampliado nacional, decidió defender la ley corta que impide obras en el TIPNIS. También el presidente de las Juntas Vecinales de La Paz, Arturo Quispe, anunció que brindarán “todo su apoyo a los indígenas del TIPNIS”.
Además, Vargas anunció que recibirán respaldo de organización indígenas de Paraguay y Brasil. “Esta marcha será mucho más contundente que la anterior”, advirtió.
Consulta. Por su parte, el diputado Galo Bonifaz (MAS) pidió a la dirigencia indígena respetar la consulta para que las comunidades del TIPNIS decidan si se construye o no la carretera. “Ir en contra de la consulta es ir en contra de la nueva Constitución”, subrayó.
La vicepresidenta de la CIDOB, Nelly Romero, por su parte, denunció que el Gobierno, las gobernaciones de Beni y Cochabamba y los municipios de San Ignacio de Moxos y Villa Tunari realizan una estrategia para “comprar” a indígenas. “Dan regalos a cambio de que participen de la consulta”.
En octubre de 2011, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) desarrolló una marcha que partió de Trinidad a La Paz y logró la aprobación de la ley corta que prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque, el cual fue declarado intangible.
Acudirán al exterior
Si es que los dirigentes indígenas acusados de “secuestro e intento de asesinato” al canciller David Choquehuanca no son absueltos del caso, Fernando Vargas anunció que acudirá a organismos internacionales.
Vargas pide que García declare por la represión
El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, pidió a la Fiscalía convocar al vicepresidente Álvaro García para que dé los nombres de las personas que ordenaron la represión policial a indígenas que marchaban a La Paz exigiendo que no se construya la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por la reserva.
“El propio presidente de la Asamblea Legislativa (Álvaro García) dijo que sabía quiénes eran los responsables (de la represión), pero pidió que la justicia investigue. El Fiscal General (Mario Uribe) debería ponerse los pantalones y llamarlo a declarar y que diga en audiencia quiénes son los responsables”, exigió Vargas.
El 25 de septiembre de 2011 en Yucumo, Beni, cerca de 450 policías reprimieron a los indígenas que marchaban hacia La Paz. Los uniformados maniataron y amordazaron con cinta másquin a decenas de movilizados. Cuatro días después del hecho, García dijo: “Hemos averiguado internamente, y el Gobierno ya sabe quién ordenó la intervención”.
Vargas anunció además que Naciones Unidas no será observadora de la consulta. Divulgó la noticia luego de reunirse con Yoriko Yasukawa, representante de la ONU en Bolivia.
Panamá: Indígenas ngöbe-buglé: “Están vendiendo nuestros ríos y tierras a diestra y siniestra”
El movimiento indígena liderado por la cacica Silvia Carrera exige a Martinelli que suspenda la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco y cancele otras tres mega obras planificadas en territorios indígenas, pero el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega descarta de plano esa posibilidad, mientras el presidente defiende a sangre y fuego su ley minera 415.
El Mocamderco se refería a la Resolución AN N° 3714-Elec del 29 de julio de 2010, la cual otorga a la empresa Los Estrechos una concesión para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una generadora hidroeléctrica denominada Central Hidroeléctrica Los Estrechos, financiada por el Banco Do Brasil.
Según las comunidades originarias, ese proyecto inconsulto e ilegal pone en serio riesgo el Río Cobre, declarado por los consejos municipales de la Mesa, Las Palmas y Cañazas como reserva hídrica para el uso y consumo de las comunidades de la región.
La lucha contra la represa Chan-75
El 15 de junio de 2011, la ASEP canceló una concesión de AES Changuinola, subsidiaria de una transnacional norteamericana que produce el 27% de la energía en el país, para la construcción de la segunda fase de la hidroeléctrica ubicada en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.
Desde hace varios años, las autoridades locales negocian la reubicación de cientos de familias indígenas Ngöbe de Guayabal, Valle Rey y Charco de la Pava, áreas que terminarán bajo el agua cuando concluya la edificación de la represa conocida como Chan-75.
En junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares y solicitó al Estado de Panamá que suspenda la construcción de la presa y adopte las medidas necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad Ngöbe.
En septiembre de 2009, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas advirtió que el proyecto hidroeléctrico Chan-75 tendría “impactos significativos para las comunidades indígenas en el área del proyecto”. Además, reveló que “ninguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente y con carácter previo a la decisión de aprobar el proyecto por parte del Estado, ni tuvieron la oportunidad de otorgar su consentimiento en relación con su reasentamiento”. (A/HRC/12/34/Add.5)
Se movilizan contra la hidroeléctrica Tabasará
Los empresarios Felipe Virzi y Gabriel Btesh construyen una hidroeléctrica en la cuenca del río Tabasará que nace en la región de Mune, atraviesa el distrito de Tolé y desemboca en Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago. “Consideramos importante que se promuevan inversiones que permitan la construcción de nuevas plantas de fuentes renovables, como es el caso de las hidroeléctricas, que no requieren combustible para la generación de energía”, comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Federico Humbert Arias.
Sin embargo, investigadores y grupos ecologistas alertaron que la represa inundará casi 900 hectáreas y afectará a por lo menos 50 mil personas de 45 comunidades. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) oculta información respecto a la cantidad de gente perjudicada, deploró el ex defensor del Pueblo Ítalo Antinori.
Los indígenas afectados, que jamás fueron consultados por el Consorcio Tabasará, presentaron a la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el EIA, y el 31 de enero de 2012 reanudaron las movilizaciones y el bloqueo de la vía Interamericana en rechazo del proyecto hidroeléctrico.
El 5 de febrero cayó muerto Jerónimo Rodríguez Tugri durante la brutal represión policial en San Félix, Chiriquí. El fallecimiento del niño fue horrible y en extremo doloroso pues un artefacto le impactó en pleno rostro, le sacó todos los dientes y le desbarató gran parte de la cara, pero no lo mató de inmediato. La autopsia confirmó que fue golpeado con un objeto contundente. Ocho testigos revelaron que un policía le disparó, y el ministro de Seguridad José Raúl Mulino tuvo que admitir que se usaron armas de fuego en la represión.
El de 6 febrero la situación era caótica en varias regiones de Panamá, luego de la brutal represión en San Félix. Inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Plaza de 5 de Mayo y el Supermercado 99, de propiedad del presidente Martinelli, fueron escenario de las protestas en la capital. Se reportaron manifestaciones en las localidades de Tocumen, La Chorrera, Tumba Muertos y en otras zonas, y el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tuvo que suspender labores académicas. Los indígenas incendiaron el cuartel de la policía y el Corregimiento en la localidad Volcan, provincia de Chiriquí.
Ocho días duró la revuelta indígena, con un saldo de al menos un muerto, más de 200 desaparecidos y una decena de detenidos. Reynaldo Santana, rey del pueblo naso, denunció que la verdadera intención del gobierno era despojarlos de sus tierras y apoderarse de los recursos naturales.
El 7 de febrero los indígenas y el gobierno firmaron el “Acuerdo San Lorenzo 1”, el cual garantiza la liberación de detenidos y el pago de una indemnización a los familiares del menor asesinado durante la protesta. Sin embargo, los indígenas movilizados no lograron frenar las mega obras que se construyen en la Comarca Ngöbe Buglé, contra la voluntad de los pueblos que habitan la zona.
Citando un informe de la Secretaría de Energía, el presidente Ricardo Martinelli advirtió que si se paralizan esas obras el costo de la energía eléctrica aumentaría 30% en Panamá. El gobierno también dijo que por culpa de la prolongada negociación el país dejará de producir 1.800 megawatts.
El abogado y asesor de los indígenas Javier Viques desmintió esas afirmaciones y aseguró que el Ejecutivo pretende atemorizar a la población para ponerla en contra del pueblo ngöbe. Citando un informe del ex defensor del Pueblo Ítalo Antinori, aseguró que la central sobre el Tabasará generará apenas 4,5% del consumo nacional.
La discusión del artículo 5 del proyecto de ley minera que se debate en la Asamblea Nacional, referido a las hidroeléctricas, se reanudó el 16 de febrero sobre la base de una nueva propuesta del ministro de Gobierno Ricardo Fábrega. La autoridad prometió que se consultará al Congreso del pueblo indígena antes de construir hidroeléctricas en territorios comarcales. También habría prometido suspender todas las concesiones otorgadas dentro de la comarca.
Ese mismo día, la delegación ngöbe buglé presentó al gobierno panameño una contrapropuesta de readecuación del polémico artículo 5, solicitando nuevamente la cancelación de concesiones otorgadas a personas jurídicas, naturales, nacionales o extranjeras para la exploración y explotación de recursos minerales e hidráulicos en la comarca y áreas anexas delimitadas por las leyes 10 y 69, de 1997 y 1998, respectivamente.
El 29 de febrero, los indígenas pidieron nuevamente que se suspendan las obras en Barro Blanco y que se indemnice a la empresa operadora Genisa. Según el fiscal de la Coordinadora Indígena y Campesina Alberto Rogelio Montezuma, dicho proyecto se negocia desde el año 2000 y desde entonces ha sufrido alteraciones en su estructura y costo, aproximadamente 120 millones de dólares de los cuales se han ejecutado alrededor de 20 millones.
La comisión indígena encabezada por la cacica Silvia Carrera y el presidente de la Coordinadora planteó también la cancelación de los proyectos Tabasará II y Chan II, y solicitaron que no se tramite el proyecto Chan 500 mientras no se delimiten las áreas aledañas.
Alegato de una cacica ngöbe (*)
Mirada altiva y orgullosa bajo sombrero alón, extraña mixtura de picardía e ingenuidad tan enigmática e imposible de idear como la sonrisa de la Gioconda, Silvia Carrera trasluce una inteligencia innata, de esas que no se dan en viveros sino silvestres y difíciles, como flor de desfiladero.Ella es una indígena ngöbe buglé parida en el hondón panameño por la Madre Tierra, de la que no se despega ni un segundo desde que nació, y a la cual defiende como leona sin otra aspiración que impedir la dejen como saco vacío, expuestas sus entrañas y secas sus cuencas hídricas.
Elegida cacica general en elecciones organizadas por el Tribunal Electoral y no por el Congreso Tradicional como siempre ha sido y cuyos líderes las denunciaron como intento de división, gobierna, sin embargo, con el desprecio de quienes la avalaron y el amor de los que la rechazaron, y es factor de unidad de su pueblo.
De imagen tranquila y serena con su amplia nahua de vivos colores y una sola pieza hasta las rodillas, cintillos contrastados en cuello y cintura con aplicaciones geométricas ancestrales, y aretes y collar de chaquiras confeccionado por ella misma, Silvia se ha convertido en icono nacional y símbolo de la mujer panameña.
Con 40 años, nacida y criada en un recóndito lugar llamado Alto Laguna, en Cerro Pelado, Ñurum, que nadie sin vínculos con los ngöbes conoce ni adivina en los mapas, y que aprendió a leer y a escribir por sus propios medios, la cacica ha dedicado su vida a defender los derechos de su pueblo.
Su historia personal se distingue poco de la de sus congéneres. A sus 13 años parió a Bernardo Jiménez Carrera, su primogénito, y a los 18 a Sixto. Pero a los 19 ya era madre soltera que labraba sola el surco y sembraba yuca, ñame, arroz, frijoles y maíz, para alimentar a sus hijos con el fruto de la tierra y de sus manos. Y con ellos a la espalda, aprendió a exigir que respetaran a ngöbes, buglé, kunas, emberé, wounaam, bri-bri y todo lo que ha dado Dobo tibiem (madre tierra). La vida la ha ido convirtiendo en una líder natural capaz de discutir con ministros, obispos y parlamentarios, retar a presidentes a confrontar sus verdades en una batalla de argumentos, y ganarse el respeto de todos sus compatriotas.
Silvia Carrera encabeza la comisión indígena en el diálogo en la Asamblea Nacional sobre una ley minera que desconocía sus derechos y se ha convertido en epicentro de la política nacional. Los ngöbe-buglé piden la eliminación de todos los proyectos mineros e hídricos en la comarca y áreas anexas y no creen que el agua o la tierra sean negociables.
Al rechazar las minas e hidroeléctricas en la comarca, Silvia pide respeto a su cultura, a su tierra, a sus recursos, al desarrollo integral, al derecho a salir de la extrema pobreza en que viven, tener soberanía alimentaria, usar los recursos en beneficio de las comunidades, disfrutar una verdadera educación intercultural.
La cacica general quiere que cesen ya, en fin, los 519 años de abuso, discriminación y exterminio a que han sido sometidos los pueblos originarios como si aún siguieran a tiro de arcabuz y mosquete de pretéritos conquistadores. Para eso, repite, me eligió mi pueblo y estoy en este diálogo para cumplirle. Es su principal alegato.
* Texto de Luis Manuel Arce Isaac, corresponsal de Prensa Latina en Panamá.
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Feministas denuncian situación de las mujeres ante la crisis capitalista
HAVANA TIMES, 1 marzo — La Marcha Mundial de las Mujeres presentó una declaración de cara al día internacional de las mujeres del próximo 8 de marzo. Denunciaron la situación de las mujeres a nivel mundial frente a la crisis capitalista.
En su declaración, el movimiento feminista se refirió a la crisis del sistema capitalista y al “avance de la mercantilización de todas las esferas de la vida”, reportó Pulsar.
En ese contexto, señalaron que las mujeres serán las primeras en sufrir las consecuencias de esa crisis económica y social.
Según explicaron, se debe a que serán despedidas de sus empleos y obligadas a asumir funciones antes cubiertas por los servicios sociales.
En ese sentido, el movimiento expresó que dichas medidas pertenecen a una ideología patriarcal, capitalista y racista, que estimula el aumento de la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, el documento denunció los tratados de libre comercio (TLC) en los países del sur. Asimismo, la intención de convertir los bienes comunes en mercancías.
También denunciaron el avance de la militarización a nivel mundial como estrategia de control social y el saqueo y apropiación de los recursos naturales.
Además, la declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres rechazó las “estrategias concertadas” de los medios de comunicación globalizados. Consideraron que ponen en riesgo los logros de las mujeres en el mundo.
Entre esas conquistas de género destacan la legalización del aborto, en distintas partes del mundo.
Por último, el movimiento femenino expresó su solidaridad con las mujeres de todo el mundo “que continúan luchando” contra las agresiones policiales y con las que “enfrentan la violencia en su contra”.
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Paraguay: Lilian Soto y Maggi Balbuena conforman dupla para presidenciales por movimiento feminista
Kuña Pyrenda eligió hoy en asamblea nacional a Lilian Soto, ministra de la Función Pública, como candidata a presidenta de la República y a Maggi Balbuena como candidata a la vicepresidencia.
La fórmula femenina representará a la agrupación en las elecciones generales del 2013.
El movimiento político feminista Kuña Pyrenda presentó los resultados de las elecciones en el local del Cepag.
Fueron invitadas cuatro ministras del Poder Ejecutivo: Esperanza Martínez, de Salud; Liz Torres, de la Niñez; Lilian Soto, de la Función Pública, y Gloria Rubin, de la Mujer.
Según la lideresa Gabriela Schvartzman, la dirigencia del movimiento político comenzará a conversar con el Frente Guasu y la Alianza Patriótica para el Cambio sobre la posibilidad de alianzas programáticas electorales.
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Es común hoy escuchar o leer en discusiones sobre la crisis y el (des)orden global referencias a la relación entre tecnología y economía. Pero no se habla de qué tipo de economía. Se asume que hay una sola. En esas discusiones hay un tema que interesa explorar: la idea de que la “innovación” (palabra mágica) tecnológica para el desarrollo económico sustentable, y el empleo de energías renovables que eviten la polución y el envenenamiento de campos y agua en la agricultura y la minería, nos aseguran un futuro sano y próspero. El paraíso. Estamos presenciando la repetición y renovación de la retórica de la Modernidad que promete llegar al paraíso mediante la tecnología. La “tercera revolución industrial” la denomina Jeremy Rifkin, consejero de la Unión Europea. Para explicarla se apoya en cinco columnas (toda semejanza no es intencional): 1) el cambio en el uso de la energía no renovable por la energía renovable; 2) la transformación de cada continente en microplantas para recoger y almacenar energía renovable en cada lugar; 3) el despliegue de hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento a través de toda la infraestructura para almacenar energía intermitente; 4) el empleo de la tecnología de redes para transformar la matriz de poder energético en cada continente y poder así compartir energía intermatricialmente. “Compartir” energía funcionará como Internet: cuando millones de unidades generen pequeñas cantidades de energía en cada lugar, será posible vender el excedente a la matriz y compartir la electricidad con los continentes vecinos; 5) convertir la flota de transporte en vehículos eléctricos que pueden comprar y vender electricidad. Todo esto Rifkin lo anuncia como “un nuevo paradigma económico” que integra y armoniza. Es así que “la tercera Revolución Industrial” ofrece la esperanza –según él– de que podamos llegar a una era sostenible post-carbón para mediados de siglo.
Hay varios aspectos que merecen atención en esta propuesta. El primero y más urgente es su orientación económica: presupone la economía de acumulación. La economía de la que se trata es la economía que acumula, margina y controla. La estructura propuesta estará incrustada en una estructura matricial de poder, que la tecnología no cambiará. En segundo lugar, queda fuera de toda consideración que el horizonte social futuro sea poner la economía en primer plano y no las condiciones para vivir en plenitud y para la reproducción de la vida en y del planeta. En tercer lugar, la propuesta no menciona quién tendrá el control de la estructura matricial intercontinental que hace circular energía como información en Internet. En este caso, el almacenamiento e intercambio de energía será como el almacenamiento e intercambio de información. En cuarto lugar, la promesa y la esperanza hacia el futuro es una renovada retórica de la modernidad. No es, en realidad, un nuevo paradigma, sino el antiguo, renovado en su vocabulario y en sus tecnologías. Por lo tanto se trata de una propuesta que, al mismo tiempo, mantiene la lógica de la colonialidad y reorganiza las piezas del tablero sobre la base de: a) las necesidades energéticas de los países industriales; b) la crisis económica de los países industriales (la Unión Europea y los Estados Unidos); y c) la necesidad de controlar la innovación tecnológica para que China no vaya a la delantera.
Durante los años álgidos de la invasión a Irak y sus devastadoras consecuencias, asistí a una conferencia, en Duke University, dictada por una profesora de Stanford que era parte de un equipo cuyas investigaciones versaban sobre el caos y la necesidad de una organización democrática en Irak. La presentación en PowerPoint mostraba fórmulas lógico-matemáticas. Durante toda la conferencia no pude dejar de pensar cómo se había llegado a una situación en la que un grupo de académicos y académicas en Stanford proponían soluciones para la crisis interior de Irak provocada por la invasión apoyados en fórmulas lógico-matemáticas... La propuesta de Rifkin me hizo recordar aquella conferencia y me hizo volver a pensar en los malabares conceptuales y las ficciones que se construyen para mantener una creencia: la fe y la sacralización de las ideas de progreso y de-sarrollo que generan las crisis, y las ideas de progreso y desa-rrollo que se mantienen para resolver esas crisis. Lo alarmante es no sólo la incapacidad sino la falta de voluntad para aceptar que hay otras maneras de pensar y de vivir. Pero, en fin, ésa no es la tarea de Rifkin y los líderes de la Unión Europea, sino de la sociedad política global: de quienes viven/vivimos las consecuencias de castillos construidos en el aire, montados sobre metáforas que esconden consecuencias nefastas detrás de la esperanza.
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Colombia: DENUNCIA PÚBLICA - NUEVAS AMENAZAS A LUCHADORES SOCIALES
Bogotá. D.C., 1 de marzo de 2012.
La coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia – COMOSOC, se solidariza con los compañeros y las compañeras de las organizaciones sociales que están siendo amenazados por el grupo paramilitar los rastrojos, al tiempo que extiende una denuncia pública ante este hecho y exigimos del Estado Colombiano las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de opinión, expresión y asociación.
El día sábado 25 de febrero, la seccional CUT – Valle recibió una comunicación de parte del grupo paramilitar *Los Rastrojos – Comandos Urbanos, *donde se enumeran en una lista varias organizaciones y personas que son declaradas objetivo militar por comulgar con la ideología de izquierda y promover, supuestamente, las ideas de los grupos guerrilleros.
Este nuevo hecho se suma a una serie de denuncias que venimos haciendo las organizaciones sociales sobre la permanente actuación de grupos paramilitares que persiguen y amenazan a compañeros de nuestras organizaciones.
En su más reciente informe (27 de febrero), la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, manifiesta su preocupación por la existencia de grupos armados surgidos después del proceso de desmovilización de las autodefensa, que siguen operando con la “/complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la Fuerza pública/”.
COMOSOC denuncia ante la opinión pública nacional e internacional estos hechos que se reiteran, sin que por parte de las autoridades encargadas de garantizar la integridad y la vida de las y los luchadores sociales en Colombia, actúen de manera pronta y eficaz.
Exigimos del Estado Colombiano las medidas pertinentes para garantizar el buen nombre, la vida y la integridad personal de las personas que están siendo amenazadas; así como sus derechos a la libertad de opinión, expresión y asociación.
Solicitamos de las y los amigos en Colombia y en el mundo, solidarios con las luchas que nuestro pueblo libra día a día en pro de una calidad de vida digna, dirigirse a las autoridades colombianas expresando su preocupación por estas realidades y demandando garantías reales para el ejercicio integral de los derechos, en especial de las personas y las organizaciones víctimas de esta nueva amenaza de las estructuras paramilitares aún vigentes en nuestro país.
Fuente: http://www.comosoc.org.co/?q=node/235
Ver informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=14&cat=11
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References: artículo 3
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 artículo 9
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