Source: http://pop.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-403-13.htm
Timestamp: 2019-03-26 01:03:46+00:00

Document:
C-403-13
- Por un lado, el accionante individualizó incorrectamente la normativa acusada, así: (i) Aunque se solicitó la declaratoria de inexequibilidad del Artículo 66.2 de la Ley 1098 de 2006, el contenido de la demanda se refiere al Inciso 4 del mismo artículo, pues es éste el aparte normativo que se transcribe en la demanda, y sobre el cual recaen los argumentos del escrito de impugnación. (ii) De igual modo, el actor no integró el aparte normativo acusado con las demás disposiciones con las que tenía una vinculación material, para evitar un pronunciamiento judicial inocuo y carente de efectos jurídicos; específicamente, el peticionario ha debido impugnar también el inciso 2 del mismo Artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, según el cual “se entenderá tener aptitud para otorgar el consentimiento un mes después del día del parto”.
- Por otro lado, los cargos no satisfacen las exigencias mínimas para la estructuración de un juicio de constitucionalidad, así: (i) Las acusaciones se refieren a problemáticas distintas a la oposición entre el precepto demandado y la Carta Política, como la solución a casos concretos particularmente excepcionales. (ii) Los cargos contienen únicamente una “exposición general, confusa e indeterminada”, que se formula a partir de apreciaciones subjetivas sobre el contenido y alcance del precepto demandado, que no logran poner en evidencia la contradicción normativa.
- Por último, el precepto acusado tampoco lesiona el deber del Estado de proteger la familia, toda vez que la institución de la adopción está en función del interés superior del niño, y no en función de los intereses de los progenitores o de la familia considerada en abstracto: “La adopción es ante todo una medida de especial protección del interés superior de los niños, orientada a satisfacer sus derechos que son en todo sentido prevalentes, pretendiendo garantizar al niño en situación de abandono un hogar estable, en el que pueda desarrollarse de manera armónica e integral”. Por tal motivo, el hecho de limitar la validez del consentimiento de la madre biológica cuando tal restricción persigue el bienestar del menor, no tiene por qué ser considerado como un ataque a la familia.
- La solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad se propone a partir de una hipótesis excepcional, cuya ocurrencia real tiene un nivel mínimo de probabilidad y que en realidad “trasciende el ámbito jurídico”.
- El padecimiento físico que implica una enfermedad mortal en su fase terminal, así como la alteración anímica que genera la inminencia de la muerte, alteran de forma significativa la aptitud del consentimiento. A pesar de que la madre haya sido informada y asesorada ampliamente sobre el proceso y los efectos de la adopción, la manifestación de su voluntad se encuentra viciada, por lo que no es posible otorgarle los efectos jurídicos correspondientes: “la penosa situación en la que se encontraría la madre del caso hipotético no es un momento adecuado para tener plena conciencia de su determinación de dar en adopción al hijo –aún por nacer, razón por la que el consentimiento que llegara devendría en inconstitucional a falta del requisito de aptitud”.
Por otra parte, la acusación por la supuesta transgresión del principio de igualdad no está formulada adecuadamente, dado que no existen extremos de comparación asimilables. En efecto, el actor contrasta dos situaciones sustancialmente distintas: por un lado, el caso de la mujer embarazada que fallecerá al término de la gestación y que pretende prestar anticipadamente el consentimiento, y por otro, el de la ausencia de padre o madre de un niño ya nacido, “caso en el cual otra persona ejercerá la patria potestad del mismo y será quien pueda dar el consentimiento de adopción”.
Finalmente, al no existir un cargo por la vulneración del principio de igualdad, carece de objeto examinar la eventual transgresión del derecho a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, “pues si ni siquiera puede prestar su consentimiento para que el niño sea dado en adopción, mucho menos puede determinar el posible adoptante”.
En segundo lugar, se advierte que en estricto sentido se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada implícita, en la medida en que en la Sentencia C-383 de 1996[4] se declaró la exequibilidad de la Ley 265 de 1996, que aprueba el “Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Protección Internacional”, y cuyo Artículo 4.c.4 dispone que el consentimiento de la madre para la adopción debe ocurrir después del nacimiento del niño, al igual que la norma impugnada.
De este modo, en la circunstancia excepcional planteada por el actor, en la que la madre gestante padece una enfermedad que la llevará a la muerte al término del embarazo, “el padre es el primer llamado a continuar ejerciendo la patria potestad sobre ese hijo, de no estar en condiciones de ejercerla o de no conocerse un padre que reclame la paternidad, los primeros llamados a garantizar al menor de edad su derecho a tener una familia a través de la adopción, es su familia biológica extensa de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1098 de 2006 y 61 del Código Civil Colombiano, de manera que se está garantizando la realización y ejercicio de todos los derechos fundamentales y prevalente de ese niño, niña o adolescente”.
En segundo lugar, como el caso propuesto por el actor es “absolutamente excepcional”, pues implica la muerte de la madre entre el 6º y el 9º mes de la gestación, carece de sentido solicitar la modificación de la normativa legal en virtud de una situación hipotética, cuya probabilidad de ocurrencia es prácticamente nula.
Por último, la legislación internacional y la jurisprudencia constitucional han reconocido la necesidad de prohibir el consentimiento de la madre para la adopción durante la gestación, por lo que los cambios en esta materia afectarían la seguridad jurídica. Este es el caso del “Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Protección Internacional”, que contiene una prohibición semejante, y cuya constitucionalidad fue declarada en la Sentencia C-383 de 1996[6].
Por una parte, se refiere a la regla general que establece el momento a partir del cual la madre puede prestar el consentimiento para dar en adopción a su hijo. A su juicio, como la normativa constitucional se limita a fijar una genérica y “escueta instrucción” relativa al deber del Estado de proteger la familia y a la prohibición general de discriminación entre los hijos, sin fijar “un norte legislativo en esta materia”, y como la norma impugnada solamente establece límites temporales al consentimiento para la adopción, no existe ningún elemento de juicio a partir del cual se pueda inferir la transgresión de la Carta Política. De esta manera, si bien la legislación no contempla una regla específica que atienda a la excepcional y original problemática planteada por el actor, esto en modo alguno significa que la disposición acusada haya desconocido el texto superior. Es más, prácticamente cualquier orientación legislativa en esta materia sería admisible desde el punto de vista constitucional, de modo que frente al silencio del ordenamiento superior, cabrían las soluciones opuestas, como permitir el consentimiento antes del nacimiento para todos los casos, o al contrario, independizar absolutamente la figura de la adopción de la voluntad filial. Adicionalmente, esta medida legislativa tiene su propia racionalidad, ya que como por regla general el contacto directo con los niños estimula el deseo de reconocer y asumir la relación paterno-filial, la decisión de dar en adopción a los hijos debe concederse únicamente cuando ya se ha superado esta etapa.
- Finalmente, el escrito contiene únicamente consideraciones vagas, abstractas y “adornada con suposiciones personalísimas” que impiden formular un juicio de constitucionalidad.
Mediante escrito presentado a esta Corporación el día 14 de febrero de 2013, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se declare la exequibilidad del precepto demandado, pero en el entendido de que “sí es válido el consentimiento de la madre gestante a quien se le haya certificado una situación médica podría causarle la muerte en un momento previo o simultáneo del niño o niña en gestación”.
En efecto, el niño no nacido es un sujeto de derecho y de especial protección, tal como se establece y reconoce en las distintas categorías normativas que integran el ordenamiento jurídico: (i) a Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en virtud del Artículo 93 de la Carta Política hace parte del bloque de constitucionalidad, dispone en su Artículo 1 que “persona es todo ser humano”, sin excluir de tal categoría a los seres humanos no nacidos, por lo que en esta condición, tiene todos los derechos convencionales, como el derecho a una familia; (ii) la Convención sobre Derechos del Niño, que también integra el bloque de constitucionalidad, establece en su Artículo 1 que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, y en su Artículo 2, que los Estados tienen la obligación de asegurar la totalidad de los derechos previstos en este instrumento; (iii) los artículos 91 y 93 del Código Civil disponen que los seres humanos no nacidos son personas, y que sus derechos están en suspenso hasta el momento del nacimiento, sin perjuicio de su protección cuando se encuentra en la fase intrauterina; (iv) la jurisprudencia constitucional ha considerado que por su especial vulnerabilidad, los no nacidos son sujetos de especial protección, tal como se sostuvo en las sentencias T-990 de 2010[8] y C-591 de 1995[9].
A juicio de la Universidad Externado de Colombia, esta Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-383 de 1996[10], que declaró la constitucionalidad de la Ley 265 de 1996, aprobatoria del “Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Protección Internacional”, y en cuyo Artículo 4.c.4 se establece que el consentimiento de la madre para la adopción debe otorgarse después del parto.
En efecto, el “Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Protección Internacional” tiene por objeto la definición de un sistema de cooperación entre los Estados que asegure el interés superior del niño en las adopciones internacionales[12]. Dentro de este propósito general del tratado, el Artículo 4 fija una serie de condiciones para el reconocimiento de las adopciones internacionales entre los Estados contratantes, cuando un niño con residencia habitual en uno de estos países, es o pretender ser desplazado a otro en virtud de la constitución de un vínculo de filiación[13]; dentro de estas condiciones se encuentra justamente que el consentimiento de la madre para la adopción, cuando sea requerido según la legislación interna, haya sido conferido después del nacimiento. Como puede observarse, la norma no fija los requisitos de las adopciones de menores, ni establece como condición el consentimiento, ni tampoco que éste se produzca luego del nacimiento del menor; lo que se dispone es que el reconocimiento de la adopción internacional por parte del Estado de recepción, se debe condicionar a que el consentimiento de la madre se haya producido luego del nacimiento.
En efecto, tal como se indicó anteriormente, el actor solo demandó el Artículo 66.4 de la Ley 1098 de 2006, que niega la validez del consentimiento otorgado para la adopción del hijo que está por nacer. No obstante, el Inciso 2 del mismo Artículo dispone que “se entenderá tener aptitud para otorgar el consentimiento un mes después del día del parto”. Dado que en ambos preceptos se prohíbe la manifestación de voluntad durante la gestación, la Corte se pregunta si en virtud de esta coincidencia material, hay lugar a la conformación de la unidad normativa[15].
En efecto, en virtud de Artículo 6.3 del Decreto 2067 de 1991, según el cual “la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandas y podrá señalar en las sentencias las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”, y en virtud del principio de la supremacía constitucional y del deber de la Corte Constitucional de garantizar su integridad y prevalencia dentro del ordenamiento jurídico, cuando el contenido de una disposición que ha sido demandada se encuentra reproducido en otra que no lo ha sido, se hace imperiosa la conformación de la unidad y el pronunciamiento conjunto sobre ambos preceptos, so pena de tornar inútil el pronunciamiento judicial; en efecto, de no procederse de este modo y declarar la inexequibilidad, la cláusula no impugnada seguiría desplegando sus efectos jurídicos, en claro y franco desconocimiento del orden constitucional; y en caso contrario, cuando se declara la exequibilidad, la regla no demanda aún podría ser impugnada, con lo que el fallo de la Corte sería igualmente inocuo. Así pues, en cualquiera de estas hipótesis la ausencia de integración compromete la supremacía constitucional[17].
La Corte encuentra que en efecto, el aparte normativo impugnado en la demanda de inconstitucionalidad está integrado por dos reglas autónomas e independientes: por un lado, se encuentra la prohibición para otorgar consentimiento para la adopción durante el embarazo; en este sentido, el Artículo 66.4 de la Ley 1098 de 2006 dispone que “no tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer”. Y por otro lado, se encuentra la prohibición para que se individualicen los adoptantes del hijo, salvo cuando se trate de un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o cuando se trate del hijo del cónyuge o compañero permanente; en este sentido, el mismo Artículo dispone que carece de validez “el consentimiento que se otorguen relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del adoptante”.
[12] El Artículo 1 establece que el convenio tiene por objeto “establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan consideraciones al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales (…) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños (…) asegurar el reconocimiento en los Estados de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio”.
[13] En este sentido, el Artículo 2 del referido convenio prescribe que “el convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (…) ha sido, es o va ser desplazado a otro Estado, bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación”.
[18]Según el Artículo 68.5 del C.I.A, puede adoptar “el cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”.
[20]El Artículo 1.2. establece como objetivo del convenio la prevención de “la sustracción, la venta o el tráfico de niños”.

References: Artículo 66
 Artículo 66
 Artículo 4
 artículo 56
 Artículo 93
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 66
 Artículo 6
 Artículo 66
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 68
 Artículo 1