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Timestamp: 2017-07-22 10:46:47+00:00

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El Blog de los fusilados en Estepar: 2008
LAS NORMAS DE EXHUMACIÓN DE VÍCTIMAS ELABORADAS PARA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas La Asociación de Memoria Histórica rechaza la propuesta NATALIA JUNQUERA - Madrid - 15/12/2008 El Gobierno ha elaborado ya un protocolo para regular las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, tal y como prometía el artículo 12.1 de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. De momento es sólo un borrador. Moncloa ha enviado el texto, de 11 páginas, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que le dé su opinión. No les ha gustado. Si hay conflicto, como en el caso de García Lorca, la decisión será política "Esto es urgente. Los hijos se están muriendo", dicen allegados de víctimas El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe paso a paso qué hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y quién debe hacerlo. En el aspecto técnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos años.Aquel protocolo lo elaboró Francisco Etxeberria, médico forense, perito en la comisión que investiga los crímenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garzón en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antropólogos, historiadores...) a lo largo de todo el proceso.Pero también tiene una dimensión política. Según el borrador, la intención del Gobierno es seguir prestando "colaboración" a los familiares de las víctimas y a las asociaciones que los representan, que llevarán a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos". El documento establece que los trabajos de recuperación de cadáveres se realizarán previa solicitud de los descendientes directos de las víctimas o de entidades interesadas y que "será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos". Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administración autonómica.La apertura de una fosa necesitará, además, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, añade el texto, la entidad local o la comunidad autónoma donde se ubiquen los restos "deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión" para encontrar a las familias.En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, "la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma", que, "tras dar audiencia a los interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los trabajos". Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, sería el Gobierno de Andalucía, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree están enterrados el maestro granadino Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico García Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde están).A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar "en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato", que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo "para crear una oficina estatal de atención a las víctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los trámites necesarios". La asociación lamenta que se "convierta en una decisión política de una comunidad autónoma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna". A la asociación le preocupa que "esta maraña burocrática" acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. "Esto es urgente. Porque sus familiares se están muriendo. Los hijos de las víctimas son muy mayores. ¿Por qué una mujer de 80 años ha de esperar a que una comunidad autónoma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?", denuncia Silva. "El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ¿significa que se suspenden las elecciones?".Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumación, las asociaciones pedían autorización al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucción de la zona, que generalmente, no solía responder.El borrador del protocolo prevé que, en caso de no obtener la autorización del dueño de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administración competente iniciará "los trámites para la ocupación temporal de los terrenos", de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.Localizados los restos, se dará parte al juzgado de instrucción competente, a la policía y a la Guardia Civil y se llevarán a un laboratorio forense que tratará de identificar a las víctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, serán entregados a las familias; en caso contrario, se inhumarán en el cementerio de la población donde se haya encontrado la fosa. El protocolo - Cómo exhumar cuerpos de la Guerra Civil, según propone el Gobierno:1. Investigación preliminar. Recogida y grabación de testimonios, elaboración de la ficha ante mortem de la víctima y consulta de archivos.2. Proyecto de intervención arqueológica. Informe sobre la ubicación y características de la fosa, estimación de medios necesarios, del coste y del tiempo de ejecución.3. Autorización. Permiso por escrito de los familiares de las víctimas y autorización de la comunidad autónoma y los órganos de gobierno local del municipio donde se ubiquen los restos.4. Excavación. Elaboración de un diario de trabajo y documentación de las tareas realizadas. Establecimiento de un perímetro de seguridad para evitar el expolio de los restos. Comunicación al juzgado de instrucción, a la Policía o Guardia Civil y a la comunidad autónoma de los restos encontrados. Inventario de los hallazgos.5. Investigación forense. Identificación de la víctima, diagnóstico de la muerte, fecha y circunstancias del fallecimiento. Publicado por
El Pais,06/11/2008
Continuamos facilitando información con una variedad de links que aglutinan el movimiento de localización y exhumación de nuestros familiares.Enlace al articulo de El País, clicka aquí.
Debido a la afortunada oleada de articulos sobre los desaparecidos en la guerra civil,publico el link a la sección que tiene abierta en el diario El PaisLa recuperación de la memoria históricaRespecto a las polemicas,como familiar y biznieto de dos desaparecidos,uno por familia materna y otro paterna, querría significar que ni se trata de abrir heridas cerradas ( cerradas para los que no tienen a un familiar desaparecido supongo ) ni de llevar a los tribunales a los culpables.Quiero y hablo seguramente en nombre de muchísimos familiares, simplemente encontrar el cuerpo de mi familiar y darle sepultura, punto.A ver si les queda claro a los tertulianos que hablan por hablar este hecho tan sencillo.
Garzón ultima una resolución sobre la Memoria HistóricaEl magistrado deberá concluir si admite a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica tras recabar datos sobre miles de víctimasELPAÍS.com - Madrid - 14/10/2008Aunque inicialmente estaba previsto que el mismo lunes o martes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidiera sobre la competencia de esa jurisdicción para investigar y, en su caso, juzgar los hechos que figuran en la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado sigue trabajando hoy en la resolución. Garzón está incorporando los documentos recibidos en las últimas horas, entre los cuales figura la respuesta del Ministerio de Justicia en el que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de las víctimas.El pasado 1 de septiembre, Garzón requirió al Gobierno, cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, la Conferencia Episcopal y el Valle de los Caídos toda la información de la que dispusieran para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes. Posteriormente, amplió los datos a los tribunales republicanos creados en la Guerra durante la defensa de Madrid.Garzón recibió hace dos semanas varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones, que sumaban decenas de miles desaparecidos. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar el pasado 6 de octubre con una cifra final de 133.708 desaparecidos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995).Oposición de la FiscalíaLa Fiscalía considera que Garzón no tiene competencias para investigar estos hechos y que sólo corresponden a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. El Ministerio Público solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha rechazado esta mañana posicionarse acerca de si el juez Baltasar Garzón "es o no competente" para llevar a cabo las investigaciones . "A mí no me toca, yo no tengo tiempo de entrar en esas cosas. Ahí está el fiscal, ahí están las partes y eso es un tema jurídico en el que yo no entro", ha asegurado el ministro en una entrevista en TVE.Bermejo ha señalado, no obstante, que el Gobierno ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional el Instituto Nacional de Toxicología "para que sea la referencia en materia de identificación" en las diligencias que lleve Garzón.
El Pais-07/10/2008El juez Garzón, el cardenal Rouco y los fusilados de La SernaUn familiar pide al magistrado que acelere las exhumacionesNATALIA JUNQUERA - Madrid - 07/10/2008Jesús Rodríguez, de 65 años, ha pasado toda la vida buscando los cuerpos de sus cuatro tíos -Francisco, de 38 años, Nicolás, de 35, Mariano, de 27, y José, de 18-, fusilados el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), y ahora que por fin los ha encontrado, no quiere esperar ni un minuto más para recuperar sus cuerpos y enterrarlos con el resto de la familia.Por eso ayer, tras 20 días de silencio del arzobispado de Madrid (a cuya cabeza figura el cardenal Rouco), propietario del terreno donde se encuentra la fosa en la que yacen sus familiares, el familiar acudió a la justicia para solicitarle al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se dirija a la remolona entidad para que autorice la exhumación.El georadar, una máquina que la Guardia Civil utiliza para localizar cuerpos, arsenales de armas o fardos de droga bajo la tierra, detectó el pasado 9 de septiembre que en el lugar al que llevaba la información recabada en años de investigación, se había removido la tierra para enterrar cuerpos, casi con toda seguridad, los de los cuatro tíos de Jesús Gutiérrez y otros cuatro vecinos del pueblo, dos de ellos emparentados también con los cuatro hermanos. Sus apellidos: Lamela, García y Vega.Jesús escribió rápidamente al alcalde y al cura del pueblo. Marisa Hoyos, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha dado el empujón definitivo a la investigación de Jesús, telefoneó al obispado. Como no han obtenido respuesta, han decidido acudir al juez. "De todas formas, voy a escribirles una carta y pedir una entrevista con quien haga falta para agilizar esto", explicó ayer Hoyos."Estaban todos en casa de mis abuelos porque les habían pedido ayuda para recoger la cosecha en el campo. Los falangistas fueron a buscarlos de noche, mientras dormían. A las tres hermanas las dejaron tranquilas. Mi padre se libró porque como era el único que estaba casado se quedó en Madrid a cuidar de la mujer y los hijos", explica Jesús Gutiérrez.Aquella noche del 14 de agosto, María perdería a cuatro de sus cinco hijos varones. "Mi abuela se quedó ciega poco después de pura tristeza", afirma Gutiérrez.Su padre no supo lo que había ocurrido hasta mucho tiempo después. No le dijeron nada y se fue a luchar al frente. "Le cogieron y le enviaron a un campo de concentración. Cuando regresó a casa le contaron que era el único de los hermanos que seguía vivo. Se quedó destrozado, triste", recuerda Gutiérrez.Jesús no conoció a los hombres que busca en la fosa de La Serna. Pero ha heredado la amargura de una familia que perdió a cuatro de sus miembros en un día. "Soy el último que queda. Es mi obligación buscarles e intentar enterrarlos dignamente, todos juntos, con el resto de la familia", asegura.En sus años de búsqueda, Jesús Gutiérrez ha tropezado muchas veces con ese miedo que impide 70 años después hablar a los supervivientes, pero también con confesiones emocionadas, como la de un hombre al que localizó en una residencia y que pudo haber sido el noveno de esa fosa en la que yacen hoy sus tíos. "Se escapó de chiripa gracias a un teniente que le llevó a un camino y le dijo: '¡Corre y no vuelvas hasta que termine la guerra!".No contempla la posibilidad de que el obispado les niegue la posibilidad de abrir la tierra donde fueron enterrados hace 72 años para enterrarlos en un cementerio con los suyos. "No les queda más remedio que dejarnos hacerlo, porque las cosas ya no son como eran. Se ha abierto una vía legal para localizar a las víctimas, y hay una presión de las familias que no había antes. Porque esta gente existió y tenía una familia. Les cortaron la vida en lo mejor. ¡A cuatro jornaleros humildes!", se indigna Jesús. "El único que pertenecía a alguna asociación de izquierdas, el sindicato UGT, era el mayor. Ninguno había hecho nada malo. No merecen estar donde están", zanja.
El País 06/10/2008Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de FrancoTodos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigaciónCARLOS E. CUÉ - Madrid - 06/10/2008Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católicaSe hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista
Recuperan 43 cuerpos de fusilados durante la Guerra CivilVILLAMAYOR DE LOS MONTES (BURGOS). Agencias2-8-2004 16:35:17Las excavaciones en la fosa común de la Guerra Civil conocida como 'Alto de la venta', situada en la localidad burgalesa de Villamayor de los Montes, han sacado a la luz la existencia de 43 cuerpos de civiles republicanos fusilados durante y después de este conflicto armado.Un hallazgo realizado tras dos semanas de trabajos arqueológicos, que concluyeron este fin de semana, y en el que estuvieron colaborando entre 15 y 30 voluntarios.El presidente de la Asociación para la Memoria histórica, José María Rojas, aseguró a Europa Press que la labor de dos años para dar con el lugar exacto donde se encontraba esta fosa y conseguir los permisos judiciales necesarios para llevar a cabo las exhumaciones "han dado unos resultados satisfactorios". Sobre todo porque, según aseguró, es una manera de reconocer "la labor de unas personas que murieron por unas ideas, por una libertad como la que tenemos y por la democracia que gozamos actualmente".José María Rojas aclaró que ellos no quieren culpar a nadie de lo que sucedió durante la Guerra Civil española ni remover heridas; sólo pretenden aprender de los errores cometidos en el pasado y conocer lo que ocurrió en lugares como Villamayor de los Montes, "donde no hubo frente ni hubo guerra".La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que existe otra fosa en esta zona de la provincia burgalesa por lo que investigarán para intentarán localizarla, aunque reconocen que la tarea no es fácil.A juicio de su presidente, las labores se hacen más complicadas al no contar ni con el respaldo de la administración pública ni de los ayuntamientos que en muchas ocasiones "su respuesta es un silencio", al que interpretan con signo de desacuerdo, "de negativa para prestar ayuda económica a los trabajos de exhumación necesaria para enfrentarse a exhumar los enterramientos masivos como los que se encuentran en la zona de Estepar donde se calcula que pueden existir más de 2.000 cuerpos enterrados en fosas comunes".
Ainara Blanco me envía este mail que reproduzco a continuación:"en primer lugar en estepar hay más de una fosa, pero en concreto en la del 7 de octubre iban 56 personas (se cree que es la más o de las más grandes). 7 de octubre de 1936 (saca)ANGEL PELAYO HIERRO (LOCALIDAD ARLANZÓN )TEÓFILO PALACIOS COLINA (ZALDUENDO)VICENTE GARCIA ORTEGA RODRIGO ARNAIZ PEREZMARCELO SANZ EGAÑA ( URBEL DEL CASTILLO, era maestro fue ingresado en prisión el 21 de julio)AMIDEO BARRIUSO GARCIA ( QUINTANA DE VALDELUCIO)ADOLFO HERRERO ALONSO FIDEL VILLAHIZAN RUIZ (ARENILLAS DE RIO PISUERGA, 24 julio ingresado en prisión)BARTOLOMÉ GUERRERO RAMOS (ARENILLAS DE RIO PISUERGA, 24 julio) IGNACIO GUERRA VEGA ISAAC PAGAZARTUNDUA AGUIRRE TEODORO ESPINOSA DIEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL, 21 de julio)CESAR ZARATE ÁVILA ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 21 julio)ANGEL PEREZ PEREZ (CASTROJERIZ, socialista y teniente de alcalde de la comisión gestora municipal) LUIS JUARROS SANCHEZ MARIANO MERINO ALARCIA NICOLAS ALFARAS FRANCO TOMAS ORTIZ ALBUZUAZACARIAS CONDE GARCIA ELADIO SOTO SANTAMARIA (PAMPLIEGA, 20 julio) BENJAMIN MANSO ORDOÑEZ MIGUEL DEL AMO (O ALVAREZ) GUTIERREZ (PAMPLIEGA, 20 julio) JULIAN FERNANDEZ MARTIN (PAMPLIEGA, 26 de julio) MAXIMO SIMANCAS ROZAS (PAMPLIEGA, 20 julio) HONORIO GARCIA NOGALES ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 21 julio) PERFECTO FRANCES GARCIA LETO URBAN QUEVEDO VALERIANO CAMPOS PAMPLIEGA LEONIDES TORRE VALDIVIELSO (MAHAMUD, 2 agosto) HELIODORO VALDIVIELSO ANGEL GARCIA CELIS (MELGAR DE FERNAMENTAL) JACINTO HERNANDO ROJO ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 24 julio) ANASTASIO GARCIA VIRTUS ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 30 agosto) CRESCENCIO GONZALO (GONZALEZ) LOPEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL) SABAS MAROTO TERÁN JOSE DIEGO TALAMILLO ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 30 agosto) FELIX FERNANDEZ SANTOS (MELGAR DE FERNAMENTAL) ENRIQUE MAEZTU MARTINEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL, 2 agosto) VICENTE FERNANDEZ RIOS (SANTA MARIA ANANUÑEZ, 22 Julio) DOMITILO AMO MARTINEZ (SANTA MARIA ANANUÑEZ, 27 julio) DALMACIO GONZALEZ BARBERO (SANTA MARIA ANANUÑEZ, 22 Julio) PAULINO CAMPO CAUSANTE (SASAMON, era el alcalde e ingreso en prisión el 24 de mayo) RAFAEL ATIENZA DIEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL) ANGEL NOGALES GUTIERREZ (MELGAR DE FERNAMENTAL) EUSEBIO GONZALEZ RODRIGUEZ ISAAC AZOFRA BARCENA VICTOR ARRIBAS BENITO RAFAEL DELGADO DE HARO TOMAS RUIZ HOYOS AVELINO GIL DIEZ (VILLAMAYOR DE LOS MONTES) ANTONIO LARA DIEZ (VILLAMAYOR DE LOS MONTES) MANUEL JULIAN LARA (VILLAMAYOR DE LOS MONTES) GREGORIO USON MATE (VILLAMAYOR DE LOS MONTES) ANTONIO ALONSO CANO ESTANISLAO LARA DIEZ PASCUAL NUÑEZ ACEVEDO (MELGAR DE FERNAMENTAL) por otro lado, el padre de sanchez dragó también puede estar en una fosa de estepar pero fue en la saca del 14 de septiembre de 1936 en la que están, FERNANDO SANCHEZ MONREAL (padre de dragó) y LUIS DIEZ CARREÑO"
Castor Gil AntónNació el 03/09/1894, detenido en Quintanar de la Sierra ( burgos ) y llevado al penal hasta el día 14 de septiembre de 1936, fusilado en estepar.
El diario El País manipula un texto del historiador Francisco Espinosa sobre memoria histórica“Manipulación profesional en el periódico global”, por Francisco Espinosa Maestre(Tiempo de Historia, 14-09-2008)Manipulación profesional en el periódico globalPor Francisco Espinosa Maestre Domingo, 14 de septiembre de 2008"La pasada noche del día 8 envié un artículo al diario El País. Al día siguiente al mediodía se me comunicó -con la firma 'Sección de Opinión del diario El País'- que el Comité de Lectura de artículos de opinión había decidido proponer su publicación, lo cual sin previo aviso se llevó a efecto al día siguiente miércoles 10. En un vistazo superficial percibí algunos cambios aparentemente irrelevantes, cosa por cierto prohibida en su Libro de estilo (p. 38 de la edición de 1990) salvo por motivo de ajuste o errores flagrantes, lo que no era el caso, pero no fue hasta la tarde de ese día que decidí cotejar las dos versiones. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había producido un cambio importante en una frase concreta. En el texto que envié se leía: El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no son los responsables de los crímenes cometidos ni montar otra Causa General ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines... La frase aludía a lo escrito por J. Pradera en su columna del domingo anterior día 7, titulada "La guerra que no cesa", donde tras referirse a diversos procesos de transición decía: "La singularidad española es que se continúen buscando en 2008 las responsabilidades individuales de los crímenes cometidos entre 1936 y 1975, a los 33 años de iniciada la transición y 72 años después de comenzada la Guerra Civil. Por mucho que se repita la necedad, la atribución de esa anomalía a un pacto de silencio solapadamente suscrito en 1978 por franquistas cínicos e izquierdistas claudicantes continuará siendo una enorme tontería". Y a continuación seguía una crítica al uso de la palabra desaparecidos en relación con la guerra civil española. Esto influyó en el título que puse al artículo, en el que, intencionadamente, utilicé la palabra desaparecidos, reivindicando así su aplicación en el caso español y su estrecha relación con el concepto de fosa común. Pero alguien, que probablemente captó la relación con el escrito de Pradera, decidió que la frase anterior no debía salir así sino de esta otra manera: El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines... Naturalmente el sentido del texto original fue tergiversado por completo haciendo decir al autor lo que no había dicho y dando a la frase un sentido que no tenía, de forma que lo que era una alusión crítica a quienes, como Pradera entre otros, acusan de espíritu de venganza al movimiento de memoria histórica, se convirtió en una peculiar y extraña opinión del autor sobre lo que no debe ser el objetivo del llamado movimiento por la memoria". "La consecuencia del cambio fue inmediata, produciéndose esa misma mañana y a lo largo del día críticas en torno a esa frase y a la siguiente, que por proximidad también había quedado desvirtuada, pues de ser respuesta a la anterior sobre lo que buscan realmente la mayoría de las personas que recurren a la página de Todos los Nombres -la frase simplemente constataba un hecho- pasó igualmente a representar otra opinión del autor. El día 11 escribí una carta al director denunciando la manipulación y pidiendo una rectificación pública. Los efectos de la fechoría ya habían llegado al propio periódico, que en la misma edición de ese día publicaba una carta ("Sorprendente", de María M. Lorenzo) en la que se utilizaba la frase falsificada para criticar un supuesto doble rasero del juez Garzón y la actitud de la sociedad española. Supongo que esta circunstancia la tuvo que saber la propia Sección de Opinión que había dado el visto bueno a mi artículo y supo del arreglo pero, según parece, le dio igual. Por otra parte, como era de esperar, a determinada gente -por no usar otra palabra- les faltó tiempo para esparcir por Internet críticas a mi texto y a mi persona, todas ellas centradas precisamente en el párrafo falsificado. La bola es difícil de parar y, como siempre, las críticas aparecen muchas más veces que el propio artículo. El falsificador contaba ya probablemente que su trabajo sería amplificado de inmediato por ese tipo de individuos que ni siquiera consideran oportuno aguardar un tiempo prudencial para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por su parte El País, ante mi queja al director, se ha conformado con incluir el viernes 12 en una "Fe de errores" el texto que apareció y el original -antecedido por un "debía haber dicho...". Con ello el periódico ampara y avala no sólo "el error", que no existió, sino la falsificación y por tanto al individuo que alteró el texto para desvirtuarlo y causar perjuicios al autor. El manipulador profesional, que introdujo al menos veinte pequeños cambios en el texto publicado con la probable intención de diluir el verdadero cambio, debe estar riéndose allí donde esté. Ha conseguido que el contenido del artículo haya sido relegado a un segundo término y que, dada la extrañeza producida por el hecho de que semejante defensa de la impunidad salga de quien esto escribe -sobre todo después de haber mantenido una y otra vez la necesidad de que la verdad jurídica vaya a la par que la verdad histórica-, la discusión se centre en el párrafo manipulado. Y es que realmente los efectos de la falsificación afectan a todo el artículo -encabezado por la frase manipulada: "El objetivo del movimiento por la memoria no es castigar a los responsables de la represión..."- y, por supuesto, al autor, víctima de un verdadero ejercicio de ese tipo de violencia que no deja huellas visibles. El error fue creer no ya que El País respetaría la libertad intelectual y el derecho de autor, cosas que ya sabemos que no están entre las prioridades de buena parte del cuarto poder, sino simplemente que no falsificarían un documento de carácter privado enviado a la sección de opinión de un periódico".
Fernando Sánchez Monreal.Texto extraido del blog de su hijo,Fernando Sánchez Dragó"Primer acto: el padre17 de julio del 36, cafetería de las Cortes, cinco de la tarde. Indalecio Prieto comunica a los periodistas allí reunidos que la guarnición de Melilla se ha sublevado. Fernando Sánchez Monreal, veintiséis años, director de la agencia Febus (filial de El Sol y de La Voz), hijo de uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa, sobrino de un ex director de La Vanguardia, amigo íntimo y delfín de don Manuel Aznar en la empresa Urgoiti y estrella en alza del periodismo español, sale como un relámpago hacia el sur en compañía de Luis Díez Carreño, colega, amigo y redactor de La Voz. Deja, al hacerlo, en Madrid, maldiciéndolo desde el mirador del tercer piso del número 19 (hoy 21) de la calle de Lope de Rueda, a una mujer encinta: Elena Dragó, Nelly, mi madre. Yo estoy en su vientre.No regresará nunca. Empujado por la audacia y por la vocación llega a Córdoba, almuerza -el día 18- con el gobernador civil, lo detienen, lo encarcelan, lo ponen en libertad, alcanza Granada, coincide allí con el asesinato de Lorca, consigue un salvoconducto para moverse por el territorio nacional, pasa por Sevilla (de donde lo saca -«para que no te maten, Fernandito»- Queipo de Llano), por Cáceres, por Salamanca, por Segovia, se instala en Valladolid, pide ayuda económica a los corresponsales y clientes de Febus en Lisboa, Zaragoza y Logroño, se entera de que su madre, su hermana Alicia (madre de la escritora Lourdes Ortiz), sus tres sobrinos y las respectivas familias -dieciocho mujeres y niños en total- de Díez Carreño y de otro periodista amigo están refugiados en la casa del barbero de Las Vegas de Matute, en la serranía segoviana, los rescata, se los trae a Valladolid en furgoneta, los instala como puede en pensiones, hostalillos y hoteluchos, y apenas dos días después, denunciado por lo que no era ni jamás había hecho, lo detienen, se lo llevan a Burgos y…En esa ciudad se pierde su rastro hasta que yo, su único hijo, cincuenta años después, me pongo a tirar del hilo, recorro España, hablo con los unos y con lo otros, con los rojos y los azules, con los supervivientes y con sus hijos, indago en las hemerotecas y los registros oficiales, busco papeles en los cajones, los encuentro, rastreo fosas comunes, me devano los sesos, juego a ser Sherlock Holmes y consigo reconstruir paso a paso, milimétricamente, sin piedad hacia nadie (tampoco hacia mí), a sangre fría -como lo hizo Truman Capote para investigar otro crimen. Sálvense las distancias que el lector considere oportunas- y corazón caliente, todo lo sucedido.Ahora sé cómo y por qué lo mataron, sé dónde están sus restos -en el término de Estépar o entre los cadáveres exhumados en la fosa común de Villamayor de los Montes. Lo aclarará el ADN- y conozco el nombre de los dos hijos de puta (un primo político de mi madre y un colega que luego alcanzó canonjías y dirección de rotativos en la España franquista. Se llamaba Juan Pujol) que lo denunciaron, señalaron y sentenciaron sin juicio.Fernando Sánchez Monreal murió horas después de cumplir veintisiete años. Temprano levantó la muerte el vuelo."
Antonio José Martínez Palacios, fue compositor, músico, profesor e investigador musical.Nació en Burgos en 1902.Estudió y trabajó en Madrid,Málaga y París.Republicano convencido, dirigió el Orfeón burgalés durante 7 años, mientras investigó aportó varias obras sobres folclore popular castellano,Autor del Himno a Castilla.Fue detenido y fusilado en el monte estépar en 1936.Su obra fue prohibida.Texto extraido de los blogs 20minutos "Cuando en la mañana del 12 de octubre de 1936 –Fiesta de la Raza le decían– una de nosotros fue a la cárcel a llevarle algo de comida y ropa limpia, se encontró en el tablón de avisos con una nota –cuyo original se conserva firmada por el entonces director del penal de Burgos y por los funcionarios de turno, que decía: "Con fecha de hoy son puestos en libertad los reclusos que a continuación se citan", y seguía una relación con nombres y apellidos de 25 burgaleses, entre ellos varios maestros nacionales, uno de ellos nuestro padre, pero fuera del recinto esperaba la camioneta en la que fueron hacinados y conducidos a los cerros de Estepar, asesinados y someramente enterrados a fosa común–algún moribundo llegó a sacar una mano–. Cuatro días antes, en la saca anterior, otros 25 mártires –no canonizados, claro– le habían precedido con igual puesta en escena y destino, en aquel vìa crucis. De este otro grupo formaba parte el gran músico, compositor y director del Orfeón Burgalés, Antonio José Martínez Palacios, hermano de Julio, también maestro nacional, que encabezaba la lista posterior, la de nuestro padre. Otras muchas sacas precedieron a éstas, de las cuales subsiste documentación fidedigna.Lo encontré ayer, en un rincón de un periódico, una esquela laica en memoria de Balbino López Puente, maestro nacional, con el dolor y el cariño de sus cuatro hijas, sus nietos y biznietos. Hace setenta años.Mis respetos.Y con ellos, dos recuerdos propios.Hace apenas un año, visitaba la vieja cárcel de Burgos hoy reconvertida en centro cultural, la mejor de las pátinas. Había una exposición, una muestra, una convocatoria, una puerta abierta. No lo recuerdo. A quien me atendió pregunté si quedaba algún recuerdo de lo que aquel edificio fue, algún papel, alguna estantería. Algo. Nada, por supuesto, excepto un vacío enorme: fue en ese momento cuando se enteró de que aquello había sido la vieja cárcel de Burgos.Hace tal vez treinta, un amigo se dejó las pestañas y la salud rastreando las señales de Antonio José Martínez Palacios. Éramos adolescentes y aquella vida, un artista asesinado por un pelotón de fusilamiento, era una pista de lo que nuestra ciudad había sido. Y sobre todo de lo que hubiera podido ser. Las dos cosas las estábamos aprendiendo. De Alberto he perdido todas las pistas. De su manuscrito, errático, febril, atravesado de huecos, guardo sólo algunas páginas. Durante años me sirvió para imaginar una película. Un Lorca de la meseta, un genio popular, una molestia en aquella ciudad terrible. Dice la leyenda que murió gritando: Viva la música. La conté en algunos despachos, dejé apuntes, pero fue recibida sin convicción, sin esperanza. Hace unos pocos años el Ayuntamiento de la ciudad le dedicó una muestra a Antonio José. La recuerdo funcional, justa, sin acentos.Tal vez es mi memoria."
REPORTAJE: LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIAJuicio a la barbarieLUIS GÓMEZ Y NATALIA JUNQUERA 14/09/2008 El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliadosSerá un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el final?"Nos queda por conocer qué sucedió en medio país. 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto""En Huelva fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras consejo de guerra"Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó exactamente en el pasado?Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración."Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información."El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".
LAS NORMAS DE EXHUMACIÓN DE VÍCTIMAS ELABORAD...

References: artículo 12
 resolución 
 real decreto 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4