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Timestamp: 2020-07-12 02:23:31+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Manuel Aresti Durban con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
Manuel Aresti Durban con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR Rol: C4035-19
Por decisión de mayoría, se rechaza el amparo en contra del Servicio de Salud Talcahuano, referido a la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, para quien es pertinente la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos por los reclamantes por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto
DECISIÓN AMPARO ROL C4035-19
Ingreso Consejo: 06.06.2019
Por decisión de mayoría, se rechaza el amparo en contra del Servicio de Salud Talcahuano, referido a la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos.
Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, para quien es pertinente la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos por los reclamantes por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.
Finalmente, se representa al órgano reclamado el haber omitido dar traslado a los titulares de los correos electrónicos solicitados, para efectos de notificarles su derecho de oponerse a la entrega de las comunicaciones requeridas.
En sesión ordinaria N° 1057 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4035-19.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de mayo de 2019, don Manuel Aresti Durban solicitó al Servicio de Salud Talcahuano, lo siguiente: "Sr. Director del Servicio de Salud: solicito copia de todos sus correos electrónicos desde su respectiva casilla institucional, enviados y recibidos durante el 11 de marzo de 2018 a la fecha de esta solicitud, con el Sr. Juan Carlos Corbeaux Larreboure, de CENABAST, y con el laboratorio farmacéutico GLAXOSMITHKLINE".
2) RESPUESTA: El 5 de junio de 2019, mediante Oficio 1D N° 1239, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de los correos electrónicos solicitados, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, y en el artículo 19 N°4 y 5 de la Constitución Política de la República, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo rol C2450-16, y señalando en síntesis, que "los correos electrónicos que se encuentran en las bandejas de entrada y los servidores de red, ya sean propios del servicio o externos de los correos institucionales, no es información susceptible de ser entregada, porque no es información del órgano, sino de las personas a que se refieren esos correos y con quienes ellos se comunican (...)".
3) AMPARO: El 6 de junio de 2019, don Manuel Aresti Durban dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio de Salud Talcahuano, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E9958, de fecha 27 de julio de 2019, confirió traslado al Sr. Director del Servicio de Salud Talcahuano, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.
Mediante Oficio 1E/N° 1880, de fecha 9 de agosto de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "conforme el derecho que me asiste, referido a la información de carácter privado contenida en las casillas de correo electrónico, respecto de las cuales se pide su entrega, señalando mi rechazo total y absoluto a la entrega de la información contenida en la casilla de mi correo institucional o del correo institucional de cualquier funcionario de este Servicio de Salud (...) entender la entrega de la referida información, como un derecho del requirente de la información, sin ningún límite, es vulnerar la vida privada de las personas, a tal punto, que constituiría una vulneración de los derechos y garantías, igual o equivalente a grabar una conversación telefónica privada".
Acto seguido, el órgano alegó que el amparo no reúne los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, por cuanto no se indica la forma en que el órgano infringe la ley, cuáles son los hechos que configurarían la infracción, ni acompaña medios de prueba, y reitera los fundamentos legales por los cuales deniega la información.
Posteriormente, mediante correos electrónicos de fecha 10 de septiembre de 2019, el Servicio complementó sus descargos, señalando que no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y entregando el dato de contacto del funcionario aludido, agregando que dicha casilla de correo electrónico se encuentra inhabilitada toda vez que dejó de cumplir funciones como Director.
5) SOLICITUD A LA CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO (CENABAST): Este Consejo, en virtud de lo pedido en la solicitud de información que dio origen al presente amparo, mediante oficio N° 1558, de fecha 12 de septiembre de 2019, requirió a la CENABAST proporcionar los datos de contacto de don Juan Carlos Corbeaux Larreboure, para efectos de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, y en el artículo 47 de su Reglamento.
El 26 de septiembre de 2019, mediante Ord. N° 3248, el órgano remitió los datos de contacto del tercero aludido en la solicitud.
6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó notificar y dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a don Juan Carlos Corbeaux Larreboure y al laboratorio GLAXOSMITHKLINE, mediante oficios N° E1605, de fecha 30 de septiembre de 2019, y E1642, de fecha 9 de octubre de 2019.
No obstante lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que los terceros se hayan pronunciado en los términos referidos.
1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de lo alegado por el Servicio de Salud Talcahuano, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, por cuanto, según el órgano, no se indica la forma en que el Servicio infringe la ley, cuáles son los hechos que configurarían la infracción, ni acompaña medios de prueba, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, por medio de la cual se denegó la entrega de la información solicitada. En la especie, vale tener en consideración que la respuesta de la institución contiene la infracción reclamada y, a su vez, constituye el medio de prueba, por lo que se han cumplido los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación
2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Salud Talcahuano, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de diversos correos electrónicos enviados y recibidos entre los funcionarios y laboratorio que indica, durante el período que señala. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información requerida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la citada ley.
3) Que, establecido lo anterior, ante la ausencia de autorización expresa para acceder a las comunicaciones requeridas, enviadas y recibidas por el Sr. Director del Servicio de Salud reclamado, con el funcionario que se indica de CENABAST y con el laboratorio Glaxosmithkline, se debe hacer presente que este Consejo, en decisión de mayoría, estima que los correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.
4) Que, en ese sentido, cabe señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10) Que, lo anterior encuentra su fuente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En efecto, a fin de ampliar la protección que proporcionaba el artículo 10 N°13 de la Constitución de 1925, la Constitución vigente se refiere a "comunicaciones privadas" a sugerencia del comisionado Guzmán, quien señaló que con el término correspondencia "generalmente se está apuntando solamente al correo en el sentido que le da el Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y, precisamente, derivando de esta búsqueda de lo genérico, desea sugerir a la Comisión si acaso el término más adecuado no fuera el de ‘comunicaciones privadas’, porque comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que pueden existir mañana" (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 129, 12 de junio de 1975, p.10). En igual sentido, el comisionado Silva Bascuñán señaló que la nueva redacción pretende cubrir "toda forma de comunicación intelectual y espiritual entre dos individuos proyectados el uno hacia el otro, por cualquier medio que esté dentro de las posibilidades técnicas del país y de la sociedad" (Ídem, p.4).
14) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría, por sí sola, una invasión inaceptable de la intimidad personal de la titular del correo electrónico. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N°226-95 (considerando 47), Rol N°280-98 (considerando 29) y Rol N°1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
16) Que, finalmente, cabe destacar desde la perspectiva de la historia de la ley, en particular el proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (boletín N°12.100-07), lo expuesto en la Sesión 148ª Ordinaria, de 15 de octubre de 2019, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, que declaró inadmisible por inconstitucional la indicación sustitutiva a dicho proyecto de ley, presentada por el Honorable Diputado Sr. Leonardo Soto Ferrada, por medio de la cual se pretendía consagrar la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.
17) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que esta mayoría ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento de interpretación de la ley histórico, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19 N°5 de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza la interpretación de esta mayoría, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.
18) Que, por lo anterior, a juicio de esta mayoría, se configura respecto de los correos electrónicos del Director del Servicio de Salud reclamado, enviados y recibidos desde su casilla institucional, desde el 11 de marzo de 2018 a la fecha de esta solicitud, con el Sr. Juan Carlos Corbeaux Larreboure, de CENABAST, y con el Laboratorio farmacéutico Glaxosmithkline, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar el presente amparo.
19) Que, finalmente, se advierte que el órgano reclamado denegó la entrega de las comunicaciones solicitadas, señalando en sus descargos que no procedió a conferir traslado de la solicitud a los titulares de las comunicaciones requeridas. Al respecto cabe observar que ello no se aviene con el procedimiento que debía seguir ante una solicitud como la que se analiza, por cuanto lo que procedía en la especie, era que el órgano reclamado confiriera traslado a los mencionados titulares, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De este modo, una vez emplazados los titulares de la información, son éstos quienes deben informar si acceden a su entrega o, si por el contrario, se oponen a ello, indicando, en tal evento, los derechos que les asisten y que se verían afectados con la publicidad de dichos antecedentes, según se consigna en el numeral 5 de la parte expositiva. En consecuencia, se representará a la reclamada no haber dado aplicación al antedicho procedimiento de oposición.
I. Rechazar el amparo interpuesto por don Manuel Aresti Durban en contra del Servicio de Salud Talcahuano, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Representar al Sr. Director del Servicio de Salud Talcahuano, el haber omitido dar lugar al procedimiento de oposición, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.
III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Aresti Durban, al Sr. Director del Servicio de Salud Talcahuano, y a don Juan Carlos Corbeaux Larreboure y al laboratorio GLAXOSMITHKLINE, en su calidad de terceros interesados.
La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, quien no comparte lo razonado en los Considerandos 3) a 18), respecto de los correos electrónicos reclamados, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones:
6) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por la reclamante, que fueren generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. En efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos del tercero interesado en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la especie, esta tampoco se produce, toda vez que lo pedido dice relación con intercambios de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública.
7) Que, en razón de lo anterior, se debe ordenar la entrega de los correos electrónicos institucionales, objeto del requerimiento.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrase ausente.

References: artículo 19
 artículo 21
 artículo 19
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 artículo 19
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 47
 artículo 25
 artículo 24
 resolución 
 artículo 33
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 20
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