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Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (Vigente hasta el 1 de enero de 2000)
Publicado en BOE n�m. 313 de 31 de diciembre de 1998
Vigencia desde 31 de diciembre de 1998. Esta revisi�n vigente desde 31 de diciembre de 1998hasta 1 de enero de 2000.
ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVA.
Artículo 2. Entidades contratantes.
Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas incluidas en el artículo 1.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas o de sus Organismos autónomos.
Las asociaciones formadas por las citadas entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.
Las empresas públicas. A los efectos de esta Ley se entiende por empresas públicas las empresas sobre las que las Administraciones públicas, sus Organismos autónomos, Entes públicos o las asociaciones formadas por ellos pueden ejercer directa o indirectamente una influencia dominante, por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en las mismas o en virtud de las normas que las rigen. Se considera que ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, sobre una empresa cuando:
Las empresas privadas que gocen de un derecho especial o exclusivo otorgado por una autoridad competente, en virtud de una disposición legal, reglamentaria o administrativa que tenga como efecto la reserva del ejercicio de alguna de las actividades enumeradas en el artículo 3.
Con el fin de construir las redes o efectuar las instalaciones a que se refiere el artículo 3, dicha entidad pueda ser beneficiaria de un procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbre, o utilizar el suelo, el subsuelo y el espacio situado sobre la vía pública para instalar los equipos de las redes.
En el caso de la letra a) del artículo 3, dicha entidad suministre agua potable, electricidad, gas o calefacción a una red que, a su vez, sea explotada por una entidad que goce de derechos especiales o exclusivos concedidos por la autoridad competente.
ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVA.
Artículo 3. Actividades incluidas.
La puesta a disposición o la explotación de redes fijas que presten un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución:
De agua potable, o
De electricidad, o
De gas o calefacción.
La presente Ley se aplicará, igualmente, a los contratos que deban adjudicar las entidades que ejerzan una actividad de producción, transporte o distribución de agua potable, siempre y cuando dichos contratos estén relacionados con proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje y el volumen de agua destinado a abastecimiento de agua potable represente más del 20 % del volumen de agua total disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones, o estén relacionados con la evacuación o tratamientos de aguas residuales.
La explotación de una zona geográfica determinada para la realización de alguna de las actividades siguientes:
Prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos.
Puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales de los aeropuertos, puertos marítimos o interiores u otras terminales de transporte.
La explotación de redes que presten un servicio público en el campo del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.
La puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el suministro de uno o más servicios públicos de telecomunicaciones.
Artículo 4. Actividades excluidas.
La puesta a disposición del público de un servicio de transporte en autobús, cuando otras entidades puedan prestar libremente dicho servicio, bien con carácter general o bien en una zona geográfica determinada, en las mismas condiciones que las entidades contratantes.
El suministro de agua potable, electricidad, gas o calefacción a redes destinadas a proporcionar un servicio al público por parte de una empresa contratante distinta de las Administraciones públicas, Organismos autónomos y restantes Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, cuando otras empresas puedan prestar libremente dicho servicio en las mismas condiciones, o cuando:
En el caso de agua potable o electricidad:
La alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de la entidad y no haya superado el 30 % de la producción total de agua potable o de energía de la entidad, tomando en consideración la media de los tres años precedentes, incluido el año en curso.
En el caso del gas o la calefacción:
La alimentación de la red pública tenga el único propósito de explotar económicamente dicha producción y la misma corresponda, como máximo, al 20 % del volumen de negocios de la entidad, tomando en consideración la media de los tres años precedentes, incluido el año en curso.
Que, para explotar una de dichas zonas geográficas, se exija una autorización y otras entidades tengan libertad para solicitar dicha autorización en las mismas condiciones a las que estén sujetas las entidades contratantes.
Que la solvencia técnica y financiera que deben poseer las entidades para ejercer actividades particulares queden acreditadas antes de la evaluación de los méritos de los candidatos que compitan por la obtención de la autorización.
Que la autorización para ejercer dichas actividades se conceda con arreglo a criterios objetivos, relativos a los medios previstos para llevar a cabo la prospección o la extracción y que hayan sido establecidos y publicados antes de la presentación de dichas solicitudes de autorización. Dichos criterios deberán aplicarse de forma no discriminatoria.
Que todas las condiciones y requisitos relativos al ejercicio o a la interrupción de la actividad, incluidas las disposiciones relativas a las obligaciones inherentes al ejercicio, a los cánones y a la participación en el capital o en la renta de las entidades, sean establecidas y hechas públicas antes de la presentación de las solicitudes de autorización y se apliquen de forma no discriminatoria; cualquier cambio que afecte a estas condiciones y requisitos deberá aplicarse a todas las entidades afectadas o ser enmendado para darle carácter no discriminatorio; no obstante, no será necesario definir las obligaciones asociadas al ejercicio hasta el momento anterior a la concesión de la autorización.
Que las entidades contratantes no estén obligadas en virtud de ninguna Ley, reglamento ni requisito administrativo, ni por acuerdo o convenio alguno, a facilitar informaciones sobre las fuentes actuales o previstas relativas a sus compras, excepto a instancia de las autoridades nacionales y exclusivamente por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico, o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial.
Artículo 5. Contratos incluidos.
En el caso de contratos de obras, la mera ejecución, el proyecto y ejecución conjunta de obras o la realización, por el medio que fuere, de obras de construcción o de ingeniería civil tal como se definen en el artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tales contratos podrán incluir además los suministros y los servicios necesarios para su ejecución.
En el caso de contratos de suministro, la adquisición de productos, conforme a lo dispuesto en los artículos 172 y 173 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que se formalicen mediante compra, compra a plazos, arrendamiento financiero, o arrendamiento con o sin opción a compra.
En el caso de contratos de servicios, alguno de los definidos en el artículo 197.2 y 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Acuerdos marco.
Artículo 7. Contratos excluidos.
Los contratos que se adjudiquen a efectos de reventa o arrendamiento a terceros, siempre y cuando la entidad contratante no goce de derechos especiales o exclusivos de venta o arrendamiento del objeto de dichos contratos y existan otras entidades que puedan venderlos o arrendarlos libremente en las mismas condiciones que la entidad contratante.
Los contratos que las entidades contratantes, que ejercen una actividad de puesta a disposición o explotación de redes públicas de telecomunicaciones o de suministro de uno o más servicios públicos de telecomunicaciones, adjudiquen para sus compras, destinadas exclusivamente a permitirle desempeñar uno o varios servicios de telecomunicaciones, cuando otras entidades puedan ofrecer libremente los mismos servicios en la misma zona geográfica y en condiciones sustancialmente idénticas.
Los contratos de adquisición de agua que adjudiquen las entidades contratantes recogidas en el apartado I de la disposición adicional tercera.
Los contratos que las entidades contratantes recogidas en los apartados II y III de la disposición adicional tercera que adjudiquen para el suministro de energía o de combustibles destinados a la producción de energía.
Los contratos que tengan por objeto:
La adquisición o arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relativos a derechos sobre estos bienes. No obstante, los contratos de servicios financieros adjudicados simultáneamente con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por la presente Ley.
Servicios de telefonía de voz, télex, radiotelefonía móvil, buscapersonas y telecomunicación por satélite.
El arbitraje y conciliación.
La emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos financieros.
Contratos regulados en la legislación laboral.
Servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad contratante para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad remunere totalmente la prestación del servicio.
Los contratos de servicios que se adjudiquen a una entidad que, a su vez, sea una entidad contratante de las incluidas en el artículo 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o una asociación de dichas entidades, basándose en un derecho exclusivo del que goce en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Los contratos de servicios siguientes por razón del sujeto:
Los que una entidad contratante celebre con una empresa asociada. A los efectos de esta Ley, se entenderá como empresa asociada la empresa que, en virtud del artículo 42 del Código de Comercio presente cuentas anuales consolidadas con las de la entidad contratante. Se entenderá, asimismo, como empresa asociada, en el supuesto de entidades no incluidas en dicho precepto, aquélla sobre la cual la entidad contratante pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, según se define en el apartado 1.c) del artículo 2 de la presente Ley, o que pueda ejercer una influencia dominante sobre la entidad contratante, o que, como la entidad contratante, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera o en virtud de las normas que las rigen.
Los que una empresa conjunta, constituida por varias entidades contratantes, con el fin de desarrollar las actividades contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, celebre con una de dichas entidades contratantes o una empresa asociada a una de estas entidades contratantes, siempre que, como mínimo, el 80 % del promedio del volumen de negocios que tal empresa haya efectuado en la Unión Europea en los últimos tres años en materia de servicios provenga de la prestación de estos servicios a las empresas con las que esté asociada.
Los contratos que hayan sido declarados secretos por el órgano competente o cuya ejecución deba ir acompañada de especiales medidas de seguridad con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o cuando así lo requiera la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
Los contratos que se suscriban al amparo de un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea relativos a suministros, obras o servicios necesarios para la ejecución o explotación conjunta, por los Estados signatarios, de un proyecto determinado.
Los contratos efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.
Los contratos efectuados por el procedimiento específico de una organización internacional.
Artículo 8. Importe de los contratos.
A los contratos adjudicados por entidades contratantes del sector de las telecomunicaciones, siempre que el importe estimado sea igual o superior a:
97.460.125 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios.
812.167.708 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de obra.
A los contratos adjudicados por organismos contratantes que ejerzan actividades en los sectores de producción, transporte o distribución de agua potable, electricidad, entidades del sector de los servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses, entidades del sector de las instalaciones de aeropuertos y entidades del sector de los puertos marítimos o fluviales u otras terminales, siempre que el importe estimado sea igual o superior a:
66.929.735 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios previstos en el anexo VI A, con excepción de los servicios de investigación y desarrollo enumerados en la categoría 8 y de los de telecomunicaciones de la categoría 5, cuyos números de referencia CPC son 7524 (servicios de difusión de emisiones de televisión y servicios de difusión de emisiones de radio), 7525 (servicios de interconexión) y 7526 (servicios de telecomunicaciones integradas).
64.973.417 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios distintos de los anteriores.
836.621.683 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de obras.
A los contratos adjudicados por entidades contratantes que ejerzan actividades en los sectores de transporte o distribución de gas o de combustible para calefacción, prospección y extracción de petróleo o gas, carbón u otros combustibles sólidos y en el sector de los servicios de ferrocarriles, siempre que el importe estimado sea igual o superior a:
64.973.417 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios.
812.167.708 pesetas, en lo que se refiere a los contratos de obras.
Artículo 9. Base para el cálculo del importe de los contratos.
En el caso de contratos a plazo fijo igual o inferior a doce meses, el importe total estimado del contrato en este plazo o, si el plazo superase los doce meses, el importe total del contrato con inclusión del importe residual estimado.
En el caso de contratos por período indefinido o en los casos en que su duración no pueda determinarse, el total previsible de los pagos que deban efectuarse durante los cuatro primeros años.
La prima, en los contratos de seguro.
Los honorarios, comisiones, intereses y otras remuneraciones, en los contratos de servicios bancarios y otros servicios financieros.
Los honorarios o comisiones correspondientes, en los contratos que impliquen un proyecto.
En los contratos de duración determinada, cuando ésta sea igual o inferior a cuatro años, el valor total correspondiente a toda su duración.
En los contratos de duración indeterminada o superior a cuatro años, el valor mensual multiplicado por 48.
El importe total de los contratos que se hubieren adjudicado durante dicho ejercicio o en los doce meses anteriores y que presentasen características similares, corregido en lo posible para tener en cuenta las modificaciones previsibles de cantidad o valor que pudieran sobrevenir durante los doce meses siguientes; o
El importe acumulado de los contratos que vayan a adjudicarse durante los doce meses consecutivos a la adjudicación del primer contrato, o durante toda la vigencia del contrato, si la misma superase los doce meses.
12. En los contratos de obras, de suministros y de servicios que estén divididos en lotes, deberá contabilizarse el importe de cada uno de los lotes para el cálculo del importe indicado en el artículo anterior. Si el importe acumulado de dichos lotes alcanzase o superase el importe indicado en el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones de dicho artículo a todos los lotes. No obstante, en el caso de contratos de obras, las entidades contratantes podrán establecer una excepción a la aplicación del artículo anterior, para lotes cuyo importe estimado sea inferior a 162.433.542 pesetas, siempre que el importe acumulado de dichos lotes no exceda del 20 % del valor del conjunto de lotes.
PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN.
Artículo 10. Principios de la contratación.

References: Artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 120
 artículo 197

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 3

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10