Source: https://elderecho.com/es-posible-la-caducidad-con-alcance-limitado-a-alguno-de-los-intervinientes-en-el-procedimiento
Timestamp: 2019-12-12 01:23:17+00:00

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¿Es posible la caducidad con alcance limitado a alguno de los intervinientes en el procedimiento? - El Derecho
Foro 15-04-2013 Coordinador: Córdoba Castroverde
Con frecuencia se tramitan procedimientos administrativos que afectan a un gran número de personas, piénsese por ejemplo en los procedimientos de deslinde del dominio público.
El plazo para el cómputo de la caducidad del procedimiento finaliza en el momento en el que se notifica al interesado la resolución administrativa que pone fin al procedimiento. Con frecuencia la notificación de la resolución administrativa que finaliza el procedimiento se realiza en momentos diferentes a cada uno de los afectados, por lo que se producen supuestos en los que el plazo de caducidad ha transcurrido para alguno de los intervinientes en el procedimiento pero no para otros.
La declaración de caducidad comporta la anulación del procedimiento administrativo ¿podría limitarse esta anulación tan solo a algunos afectados y no a otros? El problema surge en relación con el art. 72.2 de la LJ -EDL 1998/44323- "La anulación de una disposición o acto producirán efectos para todas las personas afectadas". ¿Podría la sala limitar el alcance de su pronunciamiento a determinados afectados?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de abril de 2013.
La caducidad es una forma de extinción de los procedimientos administrativos...
La caducidad es una forma de extinción de los procedimientos administrativos por inactividad en el plazo establecido, inactividad imputable al administrado (art. 92 de la Ley 30/92 -EDL 1992/17271-), o a la Administración (art. 44.2 de la misma Ley).
El art. 44.2 de la Ley 30/92 -EDL 1992/17271 dispone textualmente: u0022En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resoluciónu0022.
Luego, la caducidad de estos procedimientos supone, únicamente, la finalización del mismo sin pronunciamiento de fondo.
A diferencia de la caducidad por inactividad del administrado, que exige paralización del procedimiento, requerimiento al particular para la remoción del obstáculo que impide su continuación, inatendido durante el plazo de tres meses y declaración formal de caducidad de naturaleza constitutiva (art. 92.1 Ley 30/92 -EDL 1992/17271-), en la caducidad por causa imputable a la Administración, además de esa inactividad durante el plazo establecido, su declaración -de oficio tiene naturaleza meramente declarativa, ya que la caducidad -o perención se produce ope legis, automáticamente, una vez haya vencido el plazo legalmente establecido sin haberse dictado y notificado la resolución finalizadora del procedimiento.
Y el efecto esencial de la declaración de caducidad en los procedimientos sancionadores o en los que la Administración ejercite potestades de intervención, a los que se refiere el precitado art. 44.2 (EDL 1992/17271) -previsto en el art. 92 de la precitada Ley 30/92 es que u0022... no interrumpirán el plazo de prescripciónu0022.
Ello implica la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento, siempre y cuando no hubiera prescrito la infracción, o, en general, el derecho, sin que, entiendo, sea aplicable la previsión contenida en el apdo. 4 del citado art. 92 -EDL 1992/17271-: u0022Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimientou0022, pues el art. 44.2 ordena taxativamente el archivo del expediente caducado.
Desde esta perspectiva y en mi opinión, los efectos de la caducidad (archivo del expediente sin interrupción de los plazos de prescripción) se producen desde el momento mismo en que venzan los plazos legal o reglamentariamente establecidos para que la Administración dicte la resolución que concluya el procedimiento (siempre que esa demora no sea imputable al particular afectado), no teniendo esa declaración de caducidad, como acabo de decir más arriba, un efecto constitutivo, sino meramente declarativo, a fin de posibilitar al particular afectado su impugnación en plazo, a computar desde la fecha de su notificación.
Pero la finalización del procedimiento -sin pronunciamiento de fondo surtirá efectos -ope legis por el mero transcurso del plazo sin resolución. Finalización y archivo del expediente que afectará a todos los intervinientes en la medida que dicho archivo es del procedimiento, exista uno, varios o ningún interviniente. Y, archivado el expediente o procedimiento, no puede éste subsistir para nadie y ello sin perjuicio de que pueda reabrirse, siempre que la infracción o el derecho no esté prescrito.
No puede existir, en consecuencia, dado que la caducidad es simplemente el cierre y archivo de un procedimiento inacabado, posibilidad de limitar su alcance.
La cuestión jurídica que se somete a nuestra consideración, relativa al al...
La cuestión jurídica que se somete a nuestra consideración, relativa al alcance que se debe reconocer a los límites subjetivos derivados de la anulación de una disposición general o de un acto administrativo, en los términos previstos en el art. 72.2 LJCA -EDL 1998/44323-, debe ser examinada desde una visión conjunta de diversos principios y derechos, tales como los de seguridad jurídica e igualdad, respectivamente (arts. 9.3 y 14 CE -EDL 1978/3879-).
En el citado art. 72.2 LJCA -EDL 1998/44323 se afirma con total claridad que cuando se anula por sentencia una disposición o acto, tal pronunciamiento de anulación u0022producirá efectos para todas las personas afectadasu0022, en congruencia con lo regulado en el apdo. 1 que limita los efectos sólo a las partes en los supuestos de sentencias declarando la inadmisibilidad o la desestimación del recurso (esta distinción se reconoce y resuelve en la STS de 25 septiembre 2012 -EDJ 2012/221567-).
El TS ha abordado esta cuestión en recientes sentencias, de las que se extrae, en su mayoría, una conclusión: si la sentencia es estimatoria y anula una disposición general o un acto administrativo, sus efectos se extienden a todas las personas afectadas por razones de seguridad jurídica fundamentalmente (STS de 27 febrero 2012 -EDJ 2012/265853-), pues una vez expulsados del ordenamiento jurídico la disposición o el acto impugnados, no es admisible que pueda reiterarse un ulterior proceso en el que pueda dictarse una sentencia en sentido contrario, fundamentando tal decisión en una carencia sobrevenida de su objeto. Y todo ello con independencia de cuál haya sido el motivo por el cual se haya acordado la anulación, sin distinguir supuestos de caducidad, como el aquí planteado, u otros.
En concreto, una STS de 19 octubre 2012 -EDJ 2012/233858 y dos de 5 diciembre 2012 -EDJ 2012/277688 abordan el concreto supuesto de hecho que aquí nos ocupa, afirmándose lo siguiente:
u0022A tal efecto debe recordarse que, como hemos señalado en nuestras SSTS (dos) de 11 de junio de 2010 (recursos de casación 1086/2006 -EDJ 2010/113389- y 1139/2006 -EDJ 2010/113390-), las sentencias firmes, al margen de las exigencias de la cosa juzgada, cuando anulan una disposición general tienen efectos generales (artículo 72.2 de la LRJCA -EDL 1998/44323-), de manera que carece de interés abundar o insistir en una nulidad ya declarada; y, desde luego, resultaría nocivo para la seguridad jurídica contradecir o alterar lo ya declarado por sentencia firme.
En esa misma línea, la STS de esta Sala de 16 de noviembre de 2010 (recurso de casación 5707/08) deja reseña de una jurisprudencia reiterada (...) en la que se declara que la anulación de una disposición de carácter general por sentencia firme hace desaparecer el objeto de los procesos ulteriores promovidos contra la misma disposición, porque priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real. Además, el respeto a los principios de seguridad jurídica e igualdad (artículos 9.3 y 14 de la Constitución -EDL 1978/3879-) conduce a evitar el riesgo de que un nuevo fallo venga a contradecir una sentencia anterior ya firme, (...).u0022
Tras la cita de otras muchas SSTS en el mismo sentido (de 17 enero 2011 -EDJ 2011/2409-, 7 febrero -EDJ 2006/21422 y 31 enero 2006 -EDJ 2006/4006-, 9 septiembre 2005 -EDJ 2005/157615-, entre otras muchas), añade que u0022(...) Nos encontramos, sin duda, ante un acto administrativo -no ante una norma reglamentaria pero que no cuenta con una simple y concreta eficacia individual y personalizada, por cuanto la eficacia de la Orden aprobatoria del deslinde resulta plural en una doble dimensión: de una parte, su eficacia se produce en relación con todos los identificados afectados directamente por el deslinde -titulares de propiedad u otros derechos-, pero, por otra parte, su eficacia ha de considerarse general e indeterminada por cuanto el objetivo del deslinde consiste en establecer los límites del dominio público marítimo terrestre. Son, pues, estas particulares características del acto administrativo que nos ocupa, lo que nos conduce a considerar que la nulidad derivada de la caducidad -vicio, por otra parte procedimental ha de ser similar a la de las disposiciones de carácter general, debiendo, pues, afectar y extenderse la misma con carácter general e indeterminado.u0022, citando seguidamente el art. 72.2 LJCA -EDL 1998/44323 como fundamento de tal decisión.
Es quizá por razón de esta especial intensidad en la eficacia de ciertos actos administrativos, cuyos destinatarios no son simplemente una o varias personas en concreto, por lo que, al igual que se predica sin mayores objeciones respecto a la anulación de una disposición general, se les equipare en su trato.
Sin embargo, otras SSTS como la de 12 diciembre 2012 -EDJ 2012/286151-, en materia de un proceso selectivo con destinatarios concretos y determinados, acoge una doctrina en distinta línea: u0022A tales efectos, resulta oportuno recordar la doctrina de este Tribunal recogida en las sentencias, de 12 de abril de 2006 (recurso 572/2000) -EDJ 2006/65475 y 8 de noviembre de 2006 (recurso 4101/2001) -EDJ 2006/345743-, en las que se sostiene: u0022Debe señalarse a este respecto que la condición de persona afectada por el pronunciamiento de anulación de una determinada sentencia (sea esta de la jurisdicción contencioso-administrativa, sea esta del Tribunal Constitucional) exige, ineludiblemente, que dicha sentencia haya dispuesto de manera inequívoca que los efectos de esa anulación que se declara para el acto que haya sido objeto de impugnación lo son erga omnes o se han de proyectar hacia otras personas distintas de las que hayan sido litigantes principales en el proceso donde se dictó la sentencia. Es decir, para la apreciación de personas afectadas en estos casos no basta con que el inicial acto impugnado haya tenido como destinatarios a una pluralidad de personas y no solo a los litigantes del proceso de que se trate, es necesario que la sentencia extienda claramente los efectos de la nulidad que declare a todas aquellas personas y no la circunscriba solo a los litigantes.u0022
Puede definirse la caducidad del procedimiento administrativo como un modo an...
Puede definirse la caducidad del procedimiento administrativo como un modo anormal de terminación del mismo determinado por su paralización durante el tiempo establecido en la Ley por no haber tenido lugar los actos de impulso del procedimiento mismo que deben efectuarse por el órgano encargado de su tramitación.
La respuesta a la cuestión que se suscita exige, a mi juicio, establecer previamente una doble distinción: a) Si el procedimiento en cuestión ha sido iniciado de oficio o a solicitud del interesado; b) Si dicho procedimiento es susceptible de provocar en el/los administrado/s afectados efectos favorables o de gravamen. En función de cuál sea la naturaleza del procedimiento y de sus eventuales consecuencias (favorables o no) respecto de los administrados, la solución a la pregunta será distinta.
En relación con la forma de iniciación del procedimiento, el precepto que resulta de aplicación a los supuestos de u0022procedimientos iniciados a solicitud del interesadou0022 es el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre -EDL 1992/17271-, que solo permite la caducidad cuando la paralización tiene lugar u0022por causa imputable al interesadou0022 y previa advertencia al mismo. Por eso, en los casos en que el procedimiento haya sido iniciado a solicitud de varios interesados (o cuando la Administración haya decidido acumular en un solo expediente las peticiones previas de distintos afectados), la eventual caducidad solo podrá producirse respecto de aquellos a quienes pueda imputarse la paralización del procedimiento mismo, no -obviamente respecto de quienes hayan sido diligentes en la correspondiente cumplimentación de los trámites. Cabría entonces, desde mi punto de vista, la u0022caducidad parcialu0022 o, dicho en otros términos, la finalización del procedimiento respecto de quienes hayan sido incumplidores de sus deberes en el procedimiento mismo. Por muy vinculadas que estén entre sí las posiciones de los interesados en el procedimiento mismo, es evidente que el eventual efecto desfavorable que la caducidad puede provocar en el ciudadano diligente no puede serle impuesta por causas que no le sean en modo alguno imputables.
Si, por el contrario, el procedimiento es iniciado de oficio por la Administración, la misma ley de procedimiento (con evidente deficiencia legislativa) regula la eventual declaración de caducidad en sede de la obligación de resolver y el silencio administrativo (art. 44 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-), distinguiendo -esta vez adecuadamente dos supuestos: a) Si el procedimiento es susceptible de producir efectos desfavorables (como cuando se ejercen potestades sancionadoras o, en general, de intervención), el transcurso del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del procedimiento (ha de entenderse del procedimiento en su conjunto, en relación por tanto a todos los afectados e intervinientes en el mismo); b) En caso contrario (producción de efectos favorables) quienes hayan sido parte en el procedimiento podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo (sin perjuicio, obviamente, de su derecho a esperar a la resolución expresa, a cuyo dictado viene obligado legalmente el órgano administrativo).
Es evidente que en este segundo supuesto (procedimientos iniciados de oficio) no hay posibilidad de u0022caducidad parcialu0022, sino que la misma -de existir por el eventual efecto desfavorable de la resolución tardía o no dictada afectará a todo el expediente administrativo y, por ello, beneficiará a todos los que han sido parte en el mismo. La razón es simple: el incumplidor del plazo (la Administración) no puede beneficiarse de tal incumplimiento.
Por último, en cuanto al alcance del art. 72.2 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-, entiendo que la solución debe seguir el mismo camino indicado más arriba: la nulidad de la decisión administrativa por caducidad del procedimiento en los casos de los iniciados de oficio con eventuales efectos de gravamen, podrá extenderse u0022a todas las personas afectadasu0022, precisamente como sanción al incumplidor (la Administración) de su deber de tramitar en plazo los procedimientos, cuestión que no puede suscitarse en relación con los restantes supuestos analizados por cuanto: a) Si el procedimiento es susceptible de generar efectos favorables no hay caducidad, sino silencio administrativo y obligación de resolver (art. 44 -EDL 1992/17271-, en relación con el art. 42, ambos de la Ley 30/1992, de 26 noviembre); b) Si el procedimiento fue iniciado a instancia de parte, solo el responsable de la caducidad resulta afectado por la misma (no, como se ha dicho, quienes actuaron con diligencia en el procedimiento).
Doy por supuesto que nos encontramos ante el plazo de caducidad para recurrir...
Doy por supuesto que nos encontramos ante el plazo de caducidad para recurrir en vía administrativa, o en su caso judicial, tras la notificación del acto administrativo, y no de la caducidad del procedimiento por el transcurso del plazo para resolver, pues en este caso, al tratarse de los supuestos previstos en el art. 44 -EDL 1992/17271-, al menos en el apartado segundo, los efectos serían favorables al interesado.
Entiendo en principio que efectivamente el plazo afecta a cada uno de los interesados con autonomía y se cuenta a partir de la fecha de notificación personal (salvo en casos de publicidad, en que podría acogerse la de la publicación posterior a la primera notificación personal). Efectivamente, es posible que por ejemplo en una expropiación forzosa a distintos propietarios o titulares de derechos expropiados la notificación de la resolución se produzca en fechas distintas, y unos tengan caducado el plazo para recurrir y otros no. La consecuencia puede ser que, tratándose de la misma clase de terreno, a unos se les pague un justiprecio distinto del que se pagó a quienes se conformaron o no recurrieron tempestivamente. Entiendo que no cabe la adhesión al recurso planteado por quien no tiene caducado el plazo para recurrir, pues no cabe la figura del codemandante en el contencioso-administrativo, al que tras la caducidad, solo se puede acudir en calidad de codemando, a defender el acto administrativo, si se está legitimado para ello, naturalmente.
Todo ello, sin perjuicio de que en el caso de las situaciones de solidaridad, las reglas del Código Civil -EDL 1889/1 hagan que el recurso interpuesto por un acreedor solidario beneficie o perjudique a todos.
La aplicación del art. 72 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-, cuando sostiene que u0022la anulación de una disposición o acto producirán efectos para todas las personas afectadasu0022 no permite a mi juicio, en general, que el fallo favorezca a quien dejo caducar el recurso, salvo que la naturaleza del acto no permita la división de efectos, como ocurre en la anulación de un proceso selectivo o en concurrencia, o por motivos formales.
La solución al interrogante que se plantea debe suministrarse, en mi opinió...
La solución al interrogante que se plantea debe suministrarse, en mi opinión, a partir de una premisa básica que cabe no eludir: la relativa a que la caducidad se predica del procedimiento administrativo y no de los derechos de cuantos intervienen en el mismo, lo que me permite anticipar mi opinión contraria a la posibilidad de acordar la caducidad con alcance limitado solamente respecto de algunos de los intervinientes en el procedimiento.
La caducidad, en la regulación que proveen los arts. 43, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre -EDL 1992/17271 se configura como una forma de terminación de los procedimientos administrativos, motivada, en esencia, porque la Administración no resuelve en plazo determinados procedimientos administrativos o por la inactividad del interesado en los iniciados a su instancia.
En suma, el instituto de la caducidad comporta un reproche, una censura a una Administración o, en su caso a un interesado, timoratos a la hora de ejercer determinadas potestades o derechos, de manera que si el procedimiento no culmina en una resolución dentro de los plazos establecidos por el legislador, ningún efecto puede proyectarse sobre la esfera jurídica del administrado.
Por tanto, en mi opinión, la caducidad se presenta como la corrección de una patología imputable a la Administración (en determinados procedimientos iniciados de oficio) o, en su caso, al propio administrado (según se infiere del art. 92.1 Ley 30/1992 -EDL 1992/17271 con relación a los procedimientos iniciados a su instancia).
En este contexto, no resulta extravagante afirmar que la virtualidad de la caducidad debe medirse en un escenario poliédrico, en la medida que sus efectos aparecen condicionados por el legislador según el tipo de procedimiento administrativo que en cada caso se actúe.
En efecto, no siempre surge la caducidad cuando la Administración incumple las exigencias del plazo previsto para resolver y notificar en el seno del procedimiento administrativo. La regulación contenida en los arts. 43, 44 y 92 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271 permiten distinguir los siguientes supuestos:
-Como regla general, la falta de advenimiento de una resolución administrativa en plazo, en el seno de un procedimiento iniciado a instancia de parte, generará un acto por silencio administrativo, cuyo sentido positivo o negativo dependerá de la regulación correspondiente, en el marco establecido en el art. 43 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-.
-No obstante, también los procedimientos iniciados a instancia de parte son susceptibles de fenecer como consecuencia de caducidad, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, previa advertencia de la Administración de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, de manera que consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado (art. 92.1 Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-)
-Ya en los procedimientos iniciados de oficio (art. 44 de la ley 30/1992 -EDL 1992/17271-) el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa provoca efectos dispares, según los efectos que pudiesen derivarse para los administrados; así, cuando del procedimiento persiga el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, entra en escena el silencio administrativo de carácter negativo; en cambio, si lo que ejercita la Administración son potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, con el correspondiente archivo de las actuaciones.
Finalmente, conviene recordar que la caducidad no exime a la Administración de dictar y notificar resolución expresa, que, en este caso, se limitará a declararla indicando los hechos y las normas aplicables (art. 42.1 Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-).
Abordando el ejemplo (deslinde en el ámbito del dominio público marítimo terrestre) con el que el coordinador ilustra el dilema de si es posible o no acordar en sede judicial la caducidad del procedimiento con efectos limitados exclusivamente a alguno de los intervinientes, conviene enmarcar previamente el ejercicio de esa potestad.
Como es sabido, el deslinde tiene como finalidad asegurar la integridad y conservación del dominio público marítimo terrestre, debiendo enfatizarse que, sin género de duda, su ejercicio puede provocar efectos desfavorables en el patrimonio de los administrados, desde el momento que sirve para la determinación del dominio marítimo terrestre (art. 11.1 de la Ley 22/88, de 28 julio, de Costas -EDL 1988/12636-) haciendo gala de unos efectos declarativos y a la vez constitutivos con relación a la titularidad dominical a favor del Estado, operando, incluso, como título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde y para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente.
Además, de una interpretación conjunta del art. 52 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -EDL 2003/108869 y art. 12 de la Ley de Costas -EDL 1988/12636-, resulta que el expediente de deslinde se incoa de oficio (aunque sea a petición de los colindantes o de cualquier persona interesada).
Finalmente, a tenor del art. 24.3 RD 1471/1989, de 1 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas -EDL 1989/14894-, el expediente de deslinde, se aprueba por orden ministerial (Ministerio de Medio Ambiente, en la dicción del precepto reglamentario).
Con estos mimbres resulta fácil ubicar -bajo la égida, más general, del art. 44 de la Ley 30/1992 (EDL 1992/17271) el efecto de la caducidad cuando el procedimiento administrativo de deslinde no se resuelva en plazo.
Expresamente, así lo ha proclamado, entre otras, la STS de 18 octubre 2012 (rec. 2981/2011) -EDJ 2012/228265 que, con relación a la cuestión analizada mantiene que u0022no procede limitar los efectos de la caducidad del procedimiento a los tramos del deslinde que afectan a la finca de la parte demandante, como también se alega por la Abogacía del Estado, toda vez que el procedimiento del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, aprobado por la Orden impugnada del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de diciembre de 2007, no se limita a esa finca, pues es único para todo el tramo de costa al que se refiere. Por ello, la caducidad de ese procedimiento afecta a todo el deslinde aprobado por esa Orden.u0022
La tesis que he anticipado al principio de estas líneas aparece reforzada con la previsión contenida en el art. 42.6 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271 que, a mi juicio, ilustra la preocupación del legislador cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, proponiendo como solución la habilitación de los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo o, excepcionalmente, acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación.
En mi opinión, esta disposición sirve al designio de conjurar las eventuales dificultades que, en sentido unitario -al tratarse, claro está, de un único procedimiento pudiese derivarse para el conjunto de los afectados o interesados como consecuencia de una resolución que no se alcance a notificar dentro del plazo máximo legalmente establecido.
Los procedimientos administrativos en los que concurre una pluralidad de inte...
Los procedimientos administrativos en los que concurre una pluralidad de interesados o afectados, determinada o indeterminada, presentan una singularidad destacada. La Ley 30/1992, de 26 noviembre -EDL 1992/17271-, no es ajena a esta situación y dedica una atención especial a este tipo de procedimientos en los arts. 33 (representación), 42.6 (ampliación del plazo para resolver), 59.6.a) (publicación sustitutoria), 70.2 (solicitudes de iniciación), 111.5 (suspensión de la ejecución). También la Ley 29/1998, de 13 de julio, contempla diversos aspectos procesales específicamente referidos a los procedimientos contencioso-administrativos que afectan a los actos administrativos con eficacia subjetiva plural. Así, pueden citarse los arts. 14.2 -EDL 1998/44323 (competencia territorial), 19.1.i) (legitimación activa en relación a la defensa del derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres), 72.2 y 107.2 (publicación de sentencias) y 134 (publicación de la suspensión cautelar). Sin embargo, se trata de una regulación parcial y dispersa de los procedimientos con pluralidad de interesados o afectados y de lege ferenda sería aconsejable una regulación sistemática y completa de las peculiaridades que se predican de este tipo de procedimientos.
Una de las cuestiones no abordadas específicamente por la regulación a que se acaba de hacer mención es la que ahora se plantea: la eficacia subjetiva de la caducidad declarada en los supuestos del art. 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre -EDL 1992/17271 y si cabe su limitación a alguno o algunos interesados. Entran en juego aquí dos tipos de intereses jurídicos claramente determinados. Por una parte, la eficacia administrativa. Se trataría de salvaguardar aquella parte del acto en la que no ha concurrido vicio procedimental alguno merecedor del reproche que conlleva el instituto de la caducidad. Por otra, la caducidad entendida como garantía general del administrado, dentro del procedimiento administrativo y frente a la Administración, que obliga a ésta a resolverlo en un determinado plazo y sin posibilidad de mantener el mismo abierto de forma indefinida, exigencia naturalmente derivada de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE -EDL 1978/3879-), como se declara, por ejemplo, en STS de 13 enero 2011 -EDJ 2011/2401-. En definitiva, eficacia administrativa versus seguridad jurídica.
En la ponderación entre estos dos principios generales del obrar administrativo, partiendo de la inexistencia de una regulación general, cabe responder a la pregunta acerca de la posibilidad de limitar la eficacia de la caducidad a alguno o algunos de los afectados que ello dependerá de la concreta regulación de cada uno de los procedimientos. En otras palabras, si la pregunta compromete la posibilidad genérica de que una norma contemple una tramitación individual de determinada fase procedimental en cuyo seno pueda tener cabida esa declaración de caducidad limitada, creo que la respuesta debe ser afirmativa, siempre y cuando la cuestión suscitada no condicione supraindividualmente la decisión final del procedimiento. El Tribunal Supremo ha declarado la imposibilidad de apreciar la caducidad en el expediente expropiatorio al no ser éste un procedimiento de gravamen, sino complejo (STS de 27 junio 2012, -EDJ 2012/153954-). Pero piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de ese tipo de tramitación tal y como se contiene en la Ley de Expropiación Forzosa a propósito del expediente de justiprecio (art. 26.2) -EDL 1954/21-. Si en el seno de estos expedientes singulares pudieran concretarse exclusivamente y de modo individual los derechos e intereses legítimos de cada uno de los afectados por las singulares potestades administrativas de intervención actuadas, no veo objeciones a la aplicación del instituto de la caducidad de modo subjetivamente limitado.
No obstante, dejando al margen esa posibilidad genérica y abstracta, en relación con el procedimiento administrativo común, la respuesta entiendo que debe ser negativa. El art. 44.2 del mismo Texto Legal -EDL 1992/17271 asocia a la resolución administrativa que declare la caducidad un efecto necesario y muy singular: el archivo de las actuaciones. Existe un único procedimiento y un único acto administrativo, con independencia de la eventual pluralidad de sujetos afectados por éste. Sin perjuicio de la iniciación de un nuevo procedimiento y de la traslación a éste de las consecuencias propias y naturales del principio de conservación, según se examinó en un anterior Foro de Debate, no creo que el instituto de la caducidad ampare la limitación de la anulación del acto a los interesados afectados por el mismo. En consecuencia, entiendo que el art. 72.2 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 es plenamente coherente, en el sentido apuntado, con la regulación de la caducidad y de la conservación de actos y trámites que se contiene en la Ley 30/1992, de 26 noviembre.
Descendiendo a un caso concreto, así parece entenderlo también el Tribunal Supremo a propósito del deslinde. Tras destacar las especialidades de este singular acto administrativo, la Sala Tercera afirma en la Sentencia de 19 octubre 2012 (rec. 1257/2010, Ponente D. Rafael Fernández Valverde) -EDJ 2012/233858 que: u0022la nulidad derivada de la caducidad -vicio, por otra parte procedimental ha de ser similar a la de las disposiciones de carácter general, debiendo, pues, afectar y extenderse la misma con carácter general e indeterminadou0022. Y es que, como señala el Alto Tribunal en la Sentencia de 18 octubre 2012 (rec. 2.981/2011, Ponente D. Rafael Fernández Valverde) -EDJ 2012/228265-, en respuesta a la pretensión de limitar los efectos de la caducidad a determinados tramos, u0022el procedimiento del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, aprobado por la Orden impugnada del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de diciembre de 2007, no se limita a esa finca, pues es único para todo el tramo de costa al que se refiere. Por ello, la caducidad de ese procedimiento afecta a todo el deslinde aprobado por esa Ordenu0022.

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de lege ferenda
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