Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-11-09-1998-117951
Timestamp: 2019-09-19 08:38:41+00:00

Document:
Núm. Resolución: R980134
La venta de la parte indivisa de la propiedad de una vivienda no es disolución de comunidad de bienes, por lo que produce un incremento de patrimonio sujeto que, en este caso, no está exento por reinversión porque el interesado no ha acreditado que fuera la suya habitual.
En Vitoria-Gasteiz, a once de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 225/94, interpuesta por D. , contra resolución de julio de 1994, del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desestima el recurso de reposición impugnatorio de liquidación por dicho Impuesto, ejercicio 1992; cuantía 599.094.
Primero.- La Oficina Gestora del Impuesto sometió a gravamen el incremento patrimonial derivado de la venta de una vivienda sita en , que el interesado había declarado exento por reinversión.
Segundo.- Contra la liquidación que introduce dicha modificación D. , interpone recurso de reposición, y contra la resolución que lo desestima, la presente reclamación económico-administrativa, en la que solicita su anulación en base a las siguientes alegaciones: 1.- La venta de la vivienda no genera un incremento de patrimonio pues se trata de la disolución de una comunidad de bienes; 2.- La vivienda era la habitual del sujeto pasivo, por lo que, en caso de que se considere que se ha generado incremento patrimonial, éste está exento por reinversión; y 3.- el no empadronamiento no supone no residencia.
Primero.- La cuestión que debe ser resuelta en la presente reclamación económico-administrativa es si la liquidación impugnada es o no conforme a derecho, para lo cual habrá que determinar si se produjo o no variación patrimonial al enajenar la vivienda y, en caso afirmativo, si éste está o no exento por reinversión.
Segundo.- El artículo 44 de la Norma Foral 24/1991, de 11 de diciembre establece que son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, e introduce como excepción, entre otros, los originados en los supuestos de disolución de comunidades de bienes.
Tercero.- En el presente caso, si bien es cierto que se produce una disolución de la comunidad de bienes, no lo es menos que la misma es consecuencia de la transmisión onerosa del 50% de la vivienda por parte del reclamante a la otra copropietaria, esto es, se trata de dos negocios jurídicos distintos que no pueden identificarse y que originan efectos fiscales diferenciados: mientras la disolución carece de trascendencia tributaria, la compraventa implica para el transmitente un incremento patrimonial sujeto al Impuesto.
Cuarto.- Sentado lo anterior, queda por resolver si dicho incremento está o no exento por reinversión, según se entienda que la vivienda de que deriva era o no la habitual del sujeto pasivo.
A este respecto, el artículo 34 del Reglamento del Impuesto de 10 de marzo de 1992 dispone:
'Se entiende por vivienda habitual la edificación que constituya la residencia del sujeto pasivo durante un plazo continuado de, al menos, tres años.
Se entenderá que la vivienda no ha constituido la residencia del sujeto pasivo si en un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras, no ha sido habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio sujeto pasivo, excepto cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de otra utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese.'
Por su parte, el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, establece que quien haga valer su derecho ha de probar los hechos normalmente constitutivos del mismo, lo cual significa que, en este caso, es el reclamante quien ha de probar su residencia en la vivienda sita en -hecho-, para que el incremento de patrimonio generado por su enajenación se considere exento -derecho-.
Quinto.- En el caso que nos ocupa, la documentación aportada al expediente no acredita la residencia en la vivienda controvertida. Así, ni el certificado de información testifical, ni los escritos de sendos vecinos afirmando que el interesado residió en aquélla son concluyentes; el certificado de estar al corriente en el pago de tributos locales relativos al inmueble y el aviso de llegada de envío postal certificado dirigido al reiterado domicilio no implican necesariamente que se resida en el mismo. Lo mismo ocurre con la comunicación de la sucursal de del Banco de que en el expediente de D. , y durante 1991, figura como su domicilio . Tampoco las facturas de diversos gremios, donde aparece dicho domicilio, prueban la residencia continuada y efectiva.
Esta insuficiencia probatoria se ve reforzada, por una parte, por el hecho de que el interesado consignó en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el domicilio donde se hallaba empadronado, lo cual, en ausencia de prueba en contrario, lleva aparejada la presunción de que residía allí, y, por otra, la mayoría de los documentos que constan en el expediente aparecen dirigidos a este último domicilio: recibos de contribución urbana y tasas de alcantarillado, documentación bancaria, y factura de gastos de farmacia realizados en un establecimiento sito en .
Sexto.- Por todo lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar las pretensiones del reclamante, y confirmar los actos administrativos impugnados.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 225/94, interpuesta por D. , contra resolución de julio de 1994, del Jefe de Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desestima el recurso de reposición impugnatorio de liquidación por dicho Impuesto, ejercicio 1992,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a Derecho.
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References: resolución 
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 artículo 44
 artículo 34
 artículo 111
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