Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510613.html
Timestamp: 2019-03-23 11:31:21+00:00

Document:
as201510613
AUTO SUPREMO Nº 613/2015-RRC
Sucre, 07 de octubre de 2015
Expediente : La Paz 57/2014
Parte Imputada : Heinz Robert Bohem y otros
Delito : Estafa (Responsabilidad civil)
Por memorial cursante de fs. 3291 a 3298, Alberto Loayza Caro, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 01/2014 de 6 de marzo, de fs. 3278 a 3184 y su complementario de 27 de marzo de fs. 3288, pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la demanda de calificación de daños civiles emergente del proceso penal ejecutoriado seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Heinz Robert Bohem B., Juan Antonio Torrez Wilde, Erick Ronald Archondo Calderón de la Barca y Antonio Chávez Gumucio, por el delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 31/2013 de 24 de octubre (fs. 3223 a 3228), el Juzgado Segundo de Partido en lo Penal Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró probada la demanda (fs. 2983 a 2985) que fue subsanada (fs. 2994), sobre calificación y ejecución de responsabilidad civil, interpuesta por Alberto Loayza Caro, calificando el monto total de los daños y perjuicios ocasionados por los demandados Heinz Robert Bohem B., Juan Antonio Torrez Wilde, Erick Ronald Archondo Calderón de la Barca y Antonio Chávez Gumucio, en la suma de $us. 4.860.- (cuatro mil ochocientos sesenta dólares estadounidenses), emergente del perjuicio causado y el cálculo de los intereses legales que esta suma generó desde la fecha de su entrega; es decir, desde el 22 de julio de 1993 hasta el 22 de octubre de 2013 que son veinte años y veintidós días, más el monto de $us. 4.000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), que fueron entregados por el demandante; haciendo un total de $us. 8.860.- (ocho mil ochocientos sesenta dólares estadounidenses).
b) Notificada la Sentencia, el recurrente interpuso recurso de apelación (fs. 3239 a 3245), resuelto por Auto de Vista 01/2014 de 6 de marzo, que declaró improcedente el recurso formulado y confirmó la Resolución apelada. Sobre dicha resolución, Alberto Loayza Caro, una vez notificado el 25 de mayo de 2014, solicitó explicación, enmienda y complementación, declarada sin lugar por Auto de 27 de marzo de 2014.
c) Emitido el Auto Supremo 381/2014-RRC de 8 de agosto, fue dejado sin efecto por Auto 71/2015 de 10 de marzo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de Garantías en la demanda de Acción de Amparo Constitucional seguido por Kenny Douglas Prieto Barragán en representación de Alberto Loayza Caro.
El recurrente a partir del punto III. “FUNDAMENTOS DE CASACIÓN EN EL FONDO” (sic), argumentó: i) Acusa que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción olvidando que el a quo, condenó a los imputados por los delitos de Estafa y Sociedades o Asociaciones Ficticias, cuyos fundamentos expuestos en la Sentencia deben ser la base esencial para la calificación de responsabilidad civil, que no pueden ser alterados ni modificados por prohibición de los arts. 514 del CPC, aplicable por disposición de los arts. 331 y 335 del CPPabrg. El Auto de Vista impugnado al manifestar que los fundamentos de la Sentencia no pueden sustentar en lo absoluto una Sentencia de reparación del daño, infringe la ley sustantiva de los arts. 335 y 329 del CP, que constituye causal de casación de acuerdo al art. 298 inc. 4) del CPPabrg. ii) Alude que el objeto principal del contrato, del proceso y de la Sentencia penal, fue la obtención de un financiamiento de $us2.10.000.oo, para la ejecución de un proyecto de una planta de ácido sulfúrico, y los $us4.000, anticipados en calidad de comisión, son una parte accesoria del contrato, del proceso y de la Sentencia. Que la conclusión arribada en la Sentencia referida a que “pese al tiempo transcurrido no cumplió con el objeto del contrato”, conclusión que el Auto de Vista impugnado modificó sin atribución legal alguna, que implica una resolución contraria a la ley y la Sentencia, a sabiendas de que la responsabilidad civil de acuerdo a los incs. 2) y 3) del art. 91 del CP, comprende la reparación de daños y la indemnización del perjuicio. Habiéndose aplicado erróneamente los mencionados incs. 2) y 3) del art. 91 de CP. iii) El último párrafo de la cláusula sexta del contrato, fue dejado sin efecto en forma tácita por la cláusula séptima, porque el juzgador definió que el proyecto ya atenía aprobación de financiamiento por el monto de $us2.100.000., en su fase final de tramitación, faltando la relación contractual del desembolso del financiamiento; por lo que el Auto de Vista impugnado, al pretender modificar la Sentencia, contradice el contrato con el objeto de la Sentencia en actitud contraria, incurriendo en error de apreciación de la prueba de cargo, incurriendo en la causal de casación prevista en el art. 253 inc. 3) del CPC aplicable por lo dispuesto por el art. 335 del CPPabrg. iv) Que los condenados son los causantes de daños y pérdida de ganancias o utilidades, por: a) Constituirse en sociedad de intermediación financiera y viabilizar la obtención del financiamiento externo. b) Por exigir al cliente la presentación de documentación legal y saneada que acredita la legitimidad del derecho de propiedad del proyecto, aporte mínimo del monto a financiarse, erogando dineros de su patrimonio que fue valorado en Sentencia. c) Por incumplir el desembolso del financiamiento de $us2.100.00, destinados a la instalación y ejecución de la planta que se encontraba aprobada, hallándose la fase final de su tramitación y su desembolso, causándole pérdida de ganancias y utilidades, que al cambiar y alterar la cláusula séptima del contrato y afirmar que el contrato no fue ejecutado por más que se encontraba aprobado no podía generar ganancia, con interpretación indebida del art. 519 del CC que acusa en forma expresa, amparado en los incs. 1) 2) y 3) del art. 298 del CPPabrg. v) Se omitió analizar que la consultora se obligó al desembolso del monto reiterado, cuyo incumplimiento ha privado la obtención de ganancias calculadas en el proyecto aprobado, causando detrimento en su patrimonio, al haber gastado mucho dinero, cancelado honorarios, realizado viajes, trámites, pagos en derechos reales y muchos otros, al declarar erróneamente el Tribunal, que los acusados hicieron incurrir en error en la disposición de $us4.000., dejando de lado los otros gastos indicados, incurriendo en error de hecho y derecho en apreciación de la abundante e inobjetable prueba de cargo; causal de casación en el fondo de acuerdo a lo previsto por el art. 253 inc. 3) del CPC. vi) El Tribunal al declarar que no es evidente la omisión de aplicación de los arts. 339, 344 y 984 del CC, pero al limitarse a calificar la responsabilidad civil en la suma de $us4000., omite indebidamente tales disposiciones; así: con relación al art. 339 del CC, la consultora no ha probado la causa que imposibilite el cumplimiento de su obligación, no habiendo desembolsado en el plazo pactado el monto; respecto al art. 344 del CC, se declaró con relación al resarcimiento del daño que se ha determinado por la pérdida sufrida y la ganancia del que ha sido privado, no habiendo aplicado el mencionado artículo, siendo evidente su omisión; y, con relación a los arts. 984 y 994 del CC, que igualmente no han sido aplicadas por la juez a quo, menos por el Tribunal de apelación, convalidando el error del inferior en contravención a la ley penal y la Sentencia, no aplicando correctamente los preceptos civiles. vii) Con referencia al informe pericial y lo determinado en Sentencia, el perito tomó en cuenta los datos del proceso, especialmente la sentencia que se constituye en la base esencial para calificar la responsabilidad civil, siendo que el informe pericial se funda en el incumplimiento de desembolso del financiamiento y basa sus conclusiones en el proyecto de factibilidad aprobado, estudios de mercado, materias primas, tamaño y localización, ingeniería, análisis económico, inversión, programa de producción y gasto de operaciones y balance económico, donde se consignan análisis de rentabilidad y utilidades, siendo que el perito no se ha equivocado, sino acertado y adecuado a la documentación entregada para la emisión de su informe; incurriendo el Tribunal en violación del art. 87 del CP y 944 del CC y en error de derecho en la apreciación de la prueba pericial que hace procedente el recurso por disposición del art. 253 inc. 2) el CPC. viii) Que en la providencia de fs. 3188, se negó dar curso a la explicación, complementación y enmienda solicitada, siendo que las omisiones y errores de hecho y derechos son tan evidentes como se expone en los puntos planteados en el recurso de casación.
Radicada la causa en este Tribunal, cumpliendo lo dispuesto por el art. 306 del CPPabrg., se dispuso pase a Vista Fiscal (fs. 3310), habiendo el Ministerio Público emitido el respectivo Requerimiento (fs. 3311 a 3316), solicitando se declare infundado el recurso deducido, por no haber dado cumplimiento a lo previsto por el art. 298 del CPP.
Por Sentencia 31/2013, el Juzgado Segundo de Partido en lo Penal Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró probada la demanda (fs. 2983 a 2985), que fue subsanada (fs. 2994), sobre calificación y ejecución de responsabilidad civil, interpuesta por Alberto Loayza Caro, por ende calificó el monto total de los daños y perjuicios ocasionados por los demandados Heinz Robert Bohem B., Juan Antonio Torrez Wilde, Erick Ronald Archondo Calderón de la Barca y Antonio Chávez Gumucio, en la suma de $us4.860.-, emergente del perjuicio causado y el cálculo de los intereses legales que esta suma generó desde la fecha de su entrega; es decir, desde el 22 de julio de 1993 hasta el 22 de octubre de 2013 que son veinte años y veintidós días, más el monto de $us4.000, que fueron entregados por el demandante; haciendo un total de $us8.860 (ocho mil ochocientos sesenta dólares estadounidenses).
La Sentencia referida precedentemente tuvo, como argumentos que, la calificación de daños y perjuicios debe ser calculada en base a la suma de $us4.000, suma real y objetiva, sin considerar el cálculo de ganancias realizado según el proyecto de inversión para la instalación de la Planta de Ácido Sulfúrico, que resulta ser un enunciado ideal, ya que el desembolso de $us2.100.000.- constituía un posible financiamiento no materializado por lo que no es posible cuantificar el daño a partir de dicho monto y los supuestos beneficios que se hubiesen generado, por lo que al amparo de las previsiones dispuestas por los arts. 344, 410 y 414 del Código sustantivo civil, y considerando que desde la fecha de suscripción del contrato (22 de julio de 1993), hasta la fecha del cálculo 22 de octubre de 2013, transcurrieron veinte años y tres meses, el cálculo de los daños civiles alcanza a la suma de $us4.860, más el pago de anticipo de comisión de $us4.000, haciendo un total de $us8.860.
II.2. Recurso de Apelación.
La Resolución referida precedentemente fue apelada por el querellante, quien luego de realizar una remembranza de los hechos fácticos, expresa como agravios y fundamentos de su recurso; que en el último considerando de la Sentencia de calificación de daños y perjuicios, el A quo manifiesta que: “…entendiéndose que dichos daños comprenden todo el tiempo que se le ha restringido al titular de dicho derecho, al no haberse conseguido el financiamiento para el emprendimiento del proyecto.” (sic); sin embargo, de manera contradictoria califica los daños y perjuicios en la suma $us4.000.-, que fue el anticipo de la comisión a la CONSULTORA más los intereses que habría generado.
Alega además, que se altera y modifica la conclusión cuarta de la Sentencia que declara: “…quienes constituyen las empresas ANSUR S.R.L. y A&T S.R.L., logran que el cliente Alberto Loayza Caro tenga que haber efectuado actos de disposición patrimonial erogando una serie de gastos en el cumplimiento de las exigencias pactadas y el pago de un anticipo por comisión, sin recibir absolutamente nada a cambio” (sic), y que; sin embargo, en Sentencia de calificación de daños civiles, declara que no se cumplió el objeto del contrato, que sería el desembolso del financiamiento aprobado y en fase final y que el monto que debió ser financiado en la suma de $us2.100.000.- no fue entregado en forma efectiva por su persona; calculado en consecuencia el daño civil en la suma de $us4.000.- más intereses, sin tomar como base la conclusión cuarta de la Sentencia, transcrita precedentemente, violando los arts. 514 y 516 del CPC, dictando una resolución contraria a la Ley y la Sentencia Penal, reitera que de haberse desembolsado el monto del financiamiento que se encontraba en su fase final, habría obtenido ganancias, de las cuales se le privó, pretendiendo dar aplicación a los arts. 410 y 414 del CC, como si se tratara de deudas de sumas de dinero o un simple préstamo, sin entender que se trata de daños y perjuicios como efecto de una relación contractual dolosa e incumplida, por lo que corresponde a su entender aplicar los arts. 339, 984 y 994 del CC.
II.3. Auto de Vista y su complementario.
El recurso de apelación referido, fue resuelto a través del Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente y confirmó la Resolución apelada, bajo los siguientes argumentos: 1) Que si bien la Sentencia condenatoria constituye base para demandar la calificación de responsabilidad civil, los fundamentos de ésta, no pueden sustentar en lo absoluto una Sentencia de reparación del daño, porque la misma tiene su propio procedimiento, en el cual se estatuye la recepción de pruebas, las mismas que se traducen en base para la calificación de la responsabilidad civil; 2) Con la finalidad de que la empresa de los procesados, gestione el financiamiento para la ejecución del proyecto del querellante, éste hizo una disposición de su patrimonio, traducido en la entrega de un anticipo de la comisión para la empresa gestora, en la suma de $us4.000.-, acto de disposición que provocaron los procesados con argucias engaños o artificios, provocando error en la víctima; 3) Si bien es cierto que el proyecto del querellante no se concretizó debido a la falta del desembolso del monto de dinero que debía ser financiado, no significa que los demandados sean los causantes de la pérdida del monto solicitado como responsabilidad civil por la parte demandante, toda vez que si bien se trataba de un proyecto el mismo no se concretizó, por lo que tanto la Planta y las ganancias que pudiera generar la misma, no eran parte real del patrimonio del demandante, por cuanto el proyecto no se ejecutó y no pudo cumplir los objetivos trazados menos con el mismo, peor aún generar ganancia alguna; 4) Que la suma de $us2.100.000,00.- que debía ser financiado, nunca llegó a constituir parte del patrimonio del demandado, para que pueda tomarse como base para la calificación de responsabilidad civil; 5) El Tribunal de Sentencia, tomó en cuenta los arts. 339, 334, 984 y 994 del CC, al momento de calificar la responsabilidad civil, por lo que no es evidente la omisión señalada por el apelante; y, 6) El peritaje (fs. 3138 a 3147), se basa en el incumplimiento del contrato, sin tomar en cuenta que el caso de autos deriva de una acción penal por la comisión de los delitos de Estafa y Sociedades o Asociaciones Ficticias, que tienen diferente naturaleza jurídica.
Que, sobre dicho Auto de Vista el querellante Alberto Loayza Caro, solicita explicación, enmienda y complementación, declarada sin lugar por Auto de 27 de marzo de 2014, resolución notificada al querellante el 8 de abril del 2014, presentando el mismo recurso de casación o nulidad el 10 de abril del presente año.
Previamente es menester señalar que la primera Disposición Final del vigente Código de Procedimiento Penal, establece que entrará en vigencia plena veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a todas las causas que se inicien a partir del 31 de mayo de 2001; es así, que en aplicación de tal normativa, la extinta Corte Suprema de Justicia, por Circular 37-1 de 12 de noviembre de 2001, instruyó que todas las causas ingresadas a los despachos judiciales hasta el 30 de mayo de 2001, serán tramitadas y concluidas con el régimen procesal anterior y que todas las denuncias o querellas en trámite en la Policía Técnica Judicial o Fiscalía, anteriores a la vigencia plena del actual Código de Procedimiento Penal, ingresen a los despachos judiciales después del 31 de mayo de 2001, serán tramitadas y concluidas de acuerdo al nuevo sistema procesal penal. Asimismo, la Sentencia Constitucional 0812/2003- R de 17 de junio de 2003, precisó que: “…de la línea jurisprudencial emergente de la interpretación de la Primera Disposición Final de la Ley 1970, se extrae claramente que la iniciación de la causa se da cuando se dicta el Auto Inicial de la Instrucción, pues antes de ello, no se puede hablar del inicio de la misma…”.
En el caso de autos, se tiene de los antecedentes, que el presente proceso, tuvo su inicio el 12 de abril de 1995 (fs. 104), por lo que su trámite se sujetó a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal abrogado.
III.1. El recurso de casación en el Código de Procedimiento Penal de 1972.
Antes de considerar y resolver el fondo del recurso interpuesto, este Tribunal estima pertinente establecer que tratándose de recursos de casación deducidos para impugnar Autos de Vista dictados en procesos de la naturaleza del presente, el segundo párrafo del art. 331 del CPPabrg, aplicable al caso, prevé: “Estos recursos serán conocidos por las Salas en materia penal de las respectivas Cortes, de acuerdo a las normas procesales y alternativas establecidas para causas civiles”. Disposición procesal de la cual se infiere cuáles las normas que deberán ser aplicadas y en su caso observadas tanto en la tramitación, cuanto en la resolución de los recursos de apelación y casación que se dedujeren dentro del proceso de calificación del daño civil previsto por el Título II, Capítulo I del citado CPPabrg.
Ahora bien, en observancia del marco normativo adjetivo aplicable al caso, corresponde aclarar que, cuando se plantea el recurso de casación en la forma, debe adecuarse la acción extraordinaria a las causales de procedencia establecidas por el art. 254 del CPC, y cuando el recurrente lo hace en el fondo se debe circunscribir los hechos denunciados a las causales previstas por el art. 253 del CPC, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, él o los recurrentes tienen la obligación de acreditar la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, toda vez que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación, teniendo en cuenta que el recurso de casación, se asimila a una nueva demanda de puro derecho, en la que no se pueden considerar cuestiones de hecho, sino sólo la correcta o incorrecta aplicación del derecho.
En virtud a esta diferenciación de la acción extraordinaria en análisis, la resolución que se pronuncie también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establecen los arts. 271 inc. 4) y 274 del CPC, y cuando se interpone en la forma la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, conforme establecen los arts. 271 inc. 3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes a ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.
En previsión de lo dispuesto por el art. 331 del CPPabrg, en demandas de calificación de responsabilidad civil, el recurso de casación debe interponerse dentro del término fatal de ocho días; disposición cumplida por el recurrente que fue notificado con el Auto de explicación, enmienda y complementación del Auto de Vista impugnado, el 8 de abril de 2014, interponiendo el recurso de casación el 10 del mismo mes y año.
Con relación al fondo del recurso, se advierte que el recurrente ampara su recurso tanto en normas del Código de Procedimiento Penal, así como en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en particular en lo dispuesto por el art. 253 incs. 1), 2) y 3) del Código ritual civil, a los cuales corresponde remitirse a los fines del análisis del presente recurso, debiendo precisarse que en el recurso de casación, ya sea en el fondo o en la forma según las previsiones establecidas por los arts. 253 o 254 del CPC, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 inc. 2) del CPC; es decir, la carga procesal del recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse en forma posterior.
En ese marco, en primer término el recurrente acusa la existencia de contradicción en el Auto de Vista que impugna, al manifestar que los fundamentos de la Sentencia, no pueden sustentar una Sentencia de reparación del daño, por tanto infringe los arts. 335 y 229 del CP, referidos a los tipos de Estafa y Sociedades y Asociaciones Ficticias. De la revisión del Auto de Vista impugnado, en lo pertinente al motivo cuestionado, efectivamente dicha Resolución estableció que si bien la Sentencia condenatoria constituye la base para demandar la calificación de responsabilidad civil, debe entenderse que los fundamentos de la Sentencia, no pueden sustentar una Sentencia de reparación del daño; en efecto, el establecimiento de una demanda de responsabilidad civil, tiene como fundamento el cumplimiento y ejecución del pago de responsabilidad civil, la reparación o indemnización del daño de acuerdo a lo prescrito por el art. 327 del CPPabrg., que describe: “Ejecutoriada la sentencia condenatoria, el ofendido y en su caso, el actor civil o simplemente damnificado, o el fiscal, pedirán el juez que hubiere pronunciado el fallo, se proceda a la calificación y ejecución de la responsabilidad civil.
En el mismo memorial podrán proponerse las pruebas de cargo.
El juez deferirá la solicitud, señalando audiencia y disponiendo se cite al fiscal y a las partes, para la recepción de las pruebas.
El condenado y, en su caso, el responsable civil, si hubiere sido comprendido en la sentencia, podrán igualmente, proponer sus pruebas por escrito”.
Por su parte el art. 355 del mismo Procedimiento Penal abrogado describe: “Son aplicables en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código, las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil y de la Ley de Organización Judicial”.
El primer elemento a observar se basa en la existencia de una Sentencia condenatoria, misma que se encuentre ejecutoriada, que marca el punto de inicio para reclamar la satisfacción de la pretensión resarcitoria ante el mismo juzgador que emitió la Sentencia, que en cuanto a su trámite, se encuentra contemplado a partir del artículo transcrito, por expresa autorización del art. 355 del ritual penal, que faculta la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil; en ese sentido, el poder o facultad para requerir la acción de responsabilidad civil, es la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, siendo el factor que genera la facultad de demandar la responsabilidad civil; es decir, aquella acción o facultad para emplazar una demanda considerada como una acción nueva, con un trámite específico y expeditivo como etapa posterior a la acción penal, con el objeto de calificar y establecer la reparación del daño económico, la indemnización y los perjuicios causados con la conducta delictiva ya juzgada, en en la que debe justificarse los fundamentos de los elementos que determinen y cuantifiquen los conceptos por daño económico y perjuicios que supuestamente hubieren sido causados, que no obstante indicar términos específicos, encomienda al juzgador prever los recaudos tendentes a lograr el objetivo establecido por el legislador cumpliendo las expectativas de que demanda la acción.
En este sentido, el planteamiento del recurrente no explica de manera clara y precisa la supuesta infracción de los tipos penales consignados en los arts. 335 y 229 del CP, cuando los mencionados delitos se encuentran definidos y se constituyen en inmodificables por el establecimiento de una Sentencia condenatoria ejecutoriada de cuya aplicación recayó la penalidad respectiva, la que no indica ninguna disposición en sentido de advertir montos específicos a ser reconocidos en calidad de responsabilidad civil, solo el poder o facultad que de ella emergería para emprender la acción o demanda de reparación civil, en base a las reglas probatorias que conduzcan a la convicción de la existencia de tal responsabilidad y el establecimiento de montos económicos indemnizatorios; por lo que la posición en sentido de que los fundamentos que sirvieron de base para el establecimiento de la Sentencia condenatoria deben constituir la base para la calificación de la responsabilidad civil, constituye un posicionamiento individual no fundamentado legalmente, pues pretender aplicar los fundamentos que determinaron la aplicación de una sentencia y consiguiente penalidad, constituye un contrasentido al establecimiento de la responsabilidad civil, que tiene diferente orientación y resultado; por ello que no se advierte de que forma o manera podría haber sido infringida la ley sustantiva en los tipos previstos en los arts. 335 y 229 del CP; es más, debe considerarse que por su naturaleza y el alcance jurídico del ilícito de Estafa, éste se consuma en el momento de que los demandados obtienen el beneficio o ventaja económica, emergente del delito de estafa y Sociedades o Asociaciones Ficticias que es el beneficio que el demandado sonsaco al demandante y que el dinero fue en perjuicio del patrimonio de este último. En coherencia con ello, es por ello que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir su resolución lo hizo justamente en base a los delitos sancionados en la sentencia determinando un monto de responsabilidad civil de 8860 $us. (mas el perjuicio causado) emergente -como se dijo- de los delitos condenados; consiguientemente es pertinente y legal que el Auto de Vista haya indicado -entre otras- cosas que: “se bien la sentencia constituye base para demandar la calificación de la responsabilidad civil, debe entenderse que los fundamentos de la sentencia con la cual concluyo el proceso, no sustenta en lo absoluto una demanda de reparación de daño, toda vez que la demanda de reparación de daño tiene su propio procedimiento”. En este sentido, no se constata la vulneración ni infracción ni de Ley adjetiva ni sustantiva, siendo objetivo y acertado la determinación del Auto de Vista.
Respecto a lo argüido en sentido de que el objeto principal del contrato, del proceso y de la Sentencia, fue la obtención del financiamiento de $us.2.100.000., que fueron modificados en la Resolución de responsabilidad civil y el Auto de Vista impugnado. Ciertamente, el objeto del contrato está relacionado con la obligación de la consultora en la obtención y consolidación de un financiamiento económico para la ejecución del proyecto ya aprobado de una Planta de ácido sulfúrico, finalidad que no hubiere sido cumplida, porque no se materializó el mencionado financiamiento; ahora bien, el recurrente hace alusión incluso realizando una transcripción parcial de la Sentencia condenatoria, conclusión cuarta, misma que hubiere sido modificada y alterada sin ninguna atribución; esta sindicación, es imprecisa al no indicar la forma o manera en que se hubiere procedido a alterar o modificar esta parte de la Sentencia condenatoria, pues como se manifestó dicha resolución se encuentra ejecutoriada y conforme determinó el Auto de Vista impugnado, los argumentos y fundamentos de la Sentencia penal no pueden sustentar o servir de base para la Sentencia de responsabilidad civil; por otro lado, el argumento referido a que la comisión de la suma de $us.4.000.- solo es parte accesoria del objeto del contrato, parte de los fundamentos de la Sentencia de responsabilidad civil respaldado en la cláusula sexta del contrato para el establecimiento de que ese monto constituye la base del cálculo para la reparación de daño, sin dar curso a la pretensión de cuantificar el daño a partir del monto de $us2.100.00., cuando el financiamiento no fue materializado ni concretizado, situación que no importa modificar el objeto de contrato, menos el objeto del proceso penal tramitado cuyo objeto es diametralmente opuesta y se encuentra cumplida al referir al establecimiento de la existencia del hecho delictual, la participación y responsabilidad de los imputados, la consiguiente imposición de pena y la determinación que da lugar a la responsabilidad civil, cuyo trámite al efecto contempla sus propias disposiciones que fueron observadas y aplicadas debidamente; además, debe considerarse -como se dijo- que la responsabilidad civil emergente de la comisión del ilícito, parte sin duda de los efectos producidos en el momento en que el sujeto activo obtiene una ventaja económica y por ende la consecuencia resulta la disminución del patrimonio de la víctima –en este caso- son 4.000 $us., monto real entregado a los demandados y que el marco de la objetividad es esa la base con la que se ha dictado la Sentencia ya que dicho monto salió del patrimonio del querellante para integrar al de los querellados; por lo que, la invocación a la Sentencia penal y la atribución genérica de haberse modificado y alterado la Sentencia penal, sin proporcionar demás fundamentos, no importa interpretación errónea de los incs. 2) y 3) del art. 91 del CP, respecto del alcance y comprensión de la responsabilidad civil; en todo caso, el Auto de Vista no es contrario a la Sentencia, pues confirma la misma en todo sus puntos, comprende la reparación del daño causado a la víctima en la suma de 8860 $us.
Se alude que la cláusula sexta del contrato, fue dejada sin efecto en forma tácita por la cláusula séptima; a tiempo de realizar su planteamiento, el recurrente reconoce una faltante, cual es la efectivización contractual del desembolso del financiamiento, que como advirtió la Sentencia de responsabilidad civil, no fue efectivizado o materializado, ello no implica la negación de que efectivamente como se advierte el trámite se encontraría en su fase final y con financiamiento aprobado, pero se asume que “quedó como obligación pendiente: EL DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO” (sic), factor que no permite deducir se trate de un proyecto acabado o consolidado, aspecto que igualmente no puede ser confundida con el objeto de la Sentencia penal que cumplió su finalidad como advirtió el Auto de Vista impugnado al señalar “…esta situación no significa que los demandados sean los causantes de la pérdida del monto solicitado como responsabilidad civil por la parte demandante, toda vez que si bien se trataba de un proyecto el mismo no se concretizó, lo que quiere decir que tanto la plata y las ganancias que pudiera generar la misma, no eran parte real del patrimonio del demandante…”; por otro lado, el motivo del recurrente, acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de cargo, sin que se mencione a que prueba hace referencia, que aspecto o de qué forma no fue apreciada la prueba y con relación a que prueba en particular; por ende y por los argumentos expresados en esta parte del recurso, tampoco se advierte la concurrencia de causal alguna de casación en el fondo, menos la mencionada establecida en el inc. 3) del art. 253 del CPC, cuya normativa denota la exigencia de su comprobación y evidencia por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, aspecto que no fue cumplido siquiera fundamentado, solo mencionado; pero independientemente a ello, este Tribunal en el marco de sus facultades y realizando un control efectivo, evidencia claramente que el Juez al momento de dictar Sentencia efectúa en base a las reglas de sana crítica, una valoración integra de toda la prueba (cargo y descargo) dilucidada y existente para llegar a una conclusión razonable, considerando como documento esencial para cuantificar el daño civil el documento de 22 de abril de 1963, en el que se constata la entrega efectiva de 4000 $us., por concepto de anticipo, por la prestación de servicios la cual es base para cuantificar el daño civil, ya que comprende la pérdida sufrida y la disminución del patrimonio de la víctima conforme indica que el art. 344 y 347 del CC; por lo que no es evidente la alegación de error de hecho o de derecho, resultando infundado el reclamo del recurrente.
La manifestación de que el proyecto no fue ejecutado por más que se encontraba aprobado y no podía generar ganancia, contradice y modifica la cláusula séptima del contrato, afirmación que no se encuentra sustentada, pues al cuestionar los componentes que debían ser contemplados para establecer la responsabilidad civil, no menciona de que aspectos o que comprende la mencionada cláusula séptima, cual el contenido alterado y contradictorio que fue tomado en cuenta o en su caso omitido con relación a la cláusula sexta que igualmente no fue explicada respecto a su contenido, solamente realiza extractos de la Sentencia penal, del cual se ha relacionado bastantemente en sentido de que constituye una determinación ejecutoriada, cuyo objeto fue cumplido en el proceso penal, razones por las que no se encuentra fundamento para establecer la existencia de aplicación indebida del art. 519 del CC referido a la categoría de ley que se otorga a los contratos entre partes; además y en consonancia con lo referido, la amplia línea doctrinal ha determinado la obligación de quien recurrente el especificar en qué consiste la violación, cuál debería ser la norma jurídica aplicable correctamente y cual la interpretación debida; y si bien, el recurrente señala las causales que darían lugar a su recurso, sin embargo de ello, la redacción y su técnica recursiva en sí resulta imprecisa, porque identifica erróneamente la vulneración del art. 59 del CC, sin considerar que la sanción es por la comisión de ilícitos penales y no así -como pretende hacer ver el recurrente- incumplimiento de contrato, es así que el recurrente no aclara mínimamente la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida, o que tal vez, en la apreciación de las pruebas se hubiese cometido errores, contrariamente a la norma especial y a la propia doctrina sentada por este Tribunal, omisión que de ninguna manera puede ser subsanada de oficio, ya que el recurso de casación en cualquiera de sus formas se equipara a una demanda nueva de puro derecho, cuya técnica recursiva respecto a una clara y precisa fundamentación debe estar acorde a derecho.
Respecto a la aplicación de los art. 339 y 344 del CC, el recurrente si bien realiza una transcripción textual de la primera norma, no explica por qué atribuye la calidad de deudor a las empresas ANSUR S.R.L. y A&T S.R.L., pues entre éstas y el querellante, sólo existió un contrato de prestación de servicios; así se tiene de los propios argumentos del querellante de los cuales se establece que con el fin de obtener un financiamiento a objeto de instalar su Planta de Ácido Sulfúrico, dio como anticipo la suma de $us4.000., por los servicios que debía prestar la empresa de los procesados.
Por otro lado, es evidente la aplicación de los arts. 984 y 994 del CC, que disponen:
Art. 984.- “(Resarcimiento por hecho ilícito). Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento”.
Art. 994.- “(Resarcimiento). I. El perjudicado puede pedir, cuando sea posible, el resarcimiento del daño en especie. En caso diverso el resarcimiento debe valorarse apreciando tanto la pérdida sufrida por la víctima como la falta de ganancia en cuanto sean consecuencia directa del hecho dañoso”.
Estas normas fueron efectivamente aplicadas al caso de autos, por cuanto los procesados, con un hecho doloso, causaron un daño injusto al querellante, que fue calificado tomando en cuenta el acto de disposición de su patrimonio, el mismo que es real en la suma de $us 4.000., en base a la cual se calcularon los intereses legales y daños y perjuicios en la suma de $us.4860, que sumados totalizan $us. 8860., que deben cancelar los demandados, sin considerarse en la forma requerida por el recurrente las supuestas ganancias de las cuales se le habría privado, porque las mismas fueron simplemente expectativas y no reales, pues el monto a financiarse no fue ni siquiera parte real de un capital propio del querellante, sino una suma de la cual de consolidarse lo hubiera ubicado en la categoría de deudor; por la que no existe razón para determinar la existencia de aplicación o interpretación errónea de la ley sustantiva civil como se atribuye de manera infundada; además de ello, esta respuesta debe ser entendida sistemáticamente con los otros argumentos ya respondidos en el presente Auto Supremo, pues la responsabilidad civil se mide de acuerdo a los delitos por los cuales existe una sentencia, y a los elementos constitutivos de los mismos, por ello se ha fijado correctamente un monto a ser resarcido a partir del análisis jurídico y valoración sobre la pérdida sufrida más los daños y perjuicios como consecuencia del delito.
Con referencia al informe pericial y aludiendo nuevamente a las conclusiones de la Sentencia ejecutoriada penal, el recurrente refiere que el mencionado informe es acertado y adecuado, acorde a la documentación otorgada al efecto, habiéndose incurrido en violación del art. 87 del CP y 994 del CC y en error de derecho en la apreciación de la prueba pericial; al respecto, el Tribunal de alzada determinó que la conclusión del informe pericial, se basa en el incumplimiento de contrato, siendo que en el caso no se ha resuelto una demanda de incumplimiento de contrato, entendiendo que el peritaje no es aplicable al caso de autos, porque no podría calificarse daños y perjuicios sobre el incumplimiento de contrato a la calificación de responsabilidad civil, avalando de esta forma los argumentos de la Sentencia de responsabilidad civil que desmereció el peritaje realizado, al no aportar elementos de convicción, creado certeza respecto de la problemática suscitada y haber emitido criterios y opiniones reservadas al órgano jurisdiccional. En consecuencia el aporte de este medio auxiliar, fue considerado como prescindible respecto de las conclusiones arribadas, por ende no generó en el juzgador el convencimiento para el cual fue requerido, valoración que es incensurable en casación por lo tanto incuestionable, al margen que dicha observación no se encuentra respaldada conforme prescribe el art. 253 inc. 3) del Código adjetivo civil; por lo que, la refutación realizada carece de fundamento, como tampoco existe argumento que establezca la existencia de disposiciones contradictorias, como prescribe el inc. 2) del mencionado artículo para disponer la casación en el fondo.
En definitiva, el art. 994 del CC., fue interpretado correctamente y valorado apreciando la pérdida sufrida por la víctima, a partir de los elementos constitutivos del delito reflejados en los hechos materiales; por lo que no podría darse un alcance jurídico distinto en el presente caso, a la normativa referida.
Por último, tampoco es evidente la violación e infracción del art. 87 del CP cuyo texto indica: “Toda persona responsable penalmente, los es también civilmente y está obligado a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito”, habida cuenta que el Juez a quo con base a todos los antecedentes determinó un monto por concepto de responsabilidad civil en la suma total de $us8.860., que las personas responsables penalmente están obligadas a cubrir en calidad de daños causados por el delito; determinación que además fue correctamente confirmada por el Tribunal de apelación.
Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de casación, conforme a lo dispuesto por el art. 271 inc. 2) del CPC.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo en parte con el Requerimiento Fiscal y la atribución conferida por el art. 59 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial abrogada y en aplicación del art. 271 inc. 2) del CPC y art. 307 inc. 2) del CPPabrg, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alberto Loayza Caro.

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 artículo 258
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