Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-01360-de-septiembre-16-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_afabd177e6e742e295d3c7370b1ca641&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 02:39:03+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2011-01360 de septiembre 16 de 2015
SENTENCIA 2011-01360 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:CENSURA A ABOGADO POR INJURIAS REFERIDAS A JUEZ. SE CONFIRMA LA SANCIÓN DE CENSURA IMPUESTA A PROFESIONAL DEL DERECHO, AL HALLARLO RESPONSABLE DE INCURRIR EN LA FALTA DESCRITA EN EL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO (LEY 1123 DEL 2007). SE PRECISA QUE SI BIEN UN ABOGADO NO ESTÁ OBLIGADO A GUARDAR SILENCIO FRENTE A LOS LLAMADOS DE LOS FUNCIONARIOS JURISDICCIONALES, ES REPROCHABLE Y RESULTA ANTIJURÍDICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY 1123, EL EMPLEO DE FRASES INJURIOSAS QUE IRRESPETAN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, REPRESENTADA POR SUS JUECES. ASÍ LAS COSAS, SE ENFATIZA QUE ESTE TIPO DE CONDUCTAS CONTRIBUYEN AL DESPRESTIGIO DE LA PROFESIÓN Y AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INJURIA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO
Sentencia 2011-01360 de septiembre 16 de 2015
Radicación 520011102000201101360 01
Aprobado en Sala 77 de la fecha
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, 112, numeral 4º y parágrafo de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007. Competencia que, a pesar de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015, se mantiene, conforme con lo expuesto en los artículos 14 a 19 del mismo, y la interpretación dada por la Corte Constitucional en auto 278 del 9 de julio del año que discurre.
Ahora, en torno al recurso de apelación, la Corte Constitucional, ha señalado que el mismo está instituido como el procedimiento por el cual una providencia del juez inferior puede ser revisada por el superior, quien procederá a remediar los errores en que haya podido incurrir aquel, siempre y cuando logre demostrar o convencer sobre la existencia de las equivocaciones. Es decir, debe mostrarle al funcionario de segunda instancia en qué consisten los yerros.
Significa lo anterior, que en términos de la citada Corporación, no es que se desconozca el principio de la doble instancia, en tanto que la sustentación no implica negar el recurso, sino que “establece una carga procesal en cabeza suya: la de señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo”.
Así mismo expuso que tampoco se niega el acceso a la administración de justicia,
“... ya que no se establecen obstáculos que hagan imposible llegar al juez, sino que, por el contrario, ello se facilita: mediante su alegato, quien apela tiene la oportunidad de hacer conocer al fallador de segundo grado los elementos de juicio en que se apoya su inconformidad”.
“El acceso a la administración de justicia implica la certidumbre de que, cumplidas las exigencias previstas en la ley, se obtendrán decisiones relativas al asunto que ha sido llevado a los estrados judiciales. No comporta, entonces, la ausencia de requisitos o cargas, ya que unos y otras son inherentes al ejercicio del derecho.
“3. Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la negatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso.
4. Razones de economía procesal y de mayor eficiencia en la administración de justicia aconsejan que el apelante indique las que, en su sentir, son falencias de la decisión impugnada, haciendo así que el juez superior concentre su análisis en los aspectos relevantes de la apelación, sin perjuicio de considerar aquellos otros factores que, en su sentir, deban tenerse en cuenta para resolver”(6) (subraya fuera de texto).
Posturas que si bien se hicieron dentro del derecho penal, son plenamente aplicables al derecho disciplinario de abogados, en tanto que el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007 en su parte final preceptúa:
“... El recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno”.
Ahora, bien, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, impugnar es una expresión derivada de la voz latina “impugnare”, que significa combatir, contradecir, refutar; esto es, que para la apelación, como medio de impugnación, a efectos de establecer el legítimo contradictorio hace falta que el recurrente exponga en concreto las razones del disentimiento, la fundamentación que lo lleva a apartarse de la decisión del funcionario, sin importar que necesariamente ésta se efectúe en términos técnico-jurídicos, de suerte que el superior confronte las dos tesis y opte por confirmar, revocar o modificar la decisión atacada. Y sustentar es “defender o sustentar una opinión o sistema”.
En este evento, se advierte que el disciplinable no sustentó el recurso, puesto que como se anotó anteriormente, sus argumentos se dirigieron a una conducta que no fue objeto de imputación y sanción en esta oportunidad, razón suficiente para que la Sala se abstenga de analizar la alzada. No obstante, en atención al parágrafo 1º del artículo 112(7) de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se revisará por vía del grado jurisdiccional de Consulta el fondo del asunto.
El artículo 26 de la Constitución Política garantiza, por una parte, la libertad de escoger profesión u oficio y, de otra, la facultad del Estado de inspeccionar y vigilar su ejercicio, la cual tiene su principal fundamento en el riesgo social que representa para la sociedad el ejercicio de las profesiones y de ciertos oficios. Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que:
“La Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes. Lo anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad. Así las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales”(8).
Ese riesgo social justifica la existencia de la normatividad expedida por el legislador(9) que tiene por objeto no solo reglamentar la profesión sino sancionar su ejercicio indebido o irresponsable y, en ese sentido, se reprocha el desconocimiento de las normas de conducta que cada actividad impone, pues se exige una serie de “comportamientos éticos que le den seguridad, confianza y rectitud al ejercicio de la profesión”(10) y salvaguarden el interés general inmerso en su ejercicio.
Partiendo de la base que el grado jurisdiccional de Consulta es una garantía que tienen los sancionados para que el Superior funcional del juez, sin necesidad de petición alguna, revise la legalidad del fallo, debe la Sala examinar en toda su dimensión, sin límites, la actuación cumplida por la primera instancia a fin de establecer la procedencia o no de confirmar la sentencia del 23 de junio último, por medio de la cual se sancionó al Dr. GUSTAVO VALENCIA OSORIO con Censura, por la hipótesis antiética contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, esto es, por haber inobservado el deber consagrado en el numeral 7º del artículo 28 del Estatuto de los Abogados, que impone actuar con prudencia y respeto en sus relaciones con los servidores públicos
Ahora, en lo que tiene que ver con los requisitos(11) que demanda el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para el fallo sancionatorio, esto es, la certeza de la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado, ninguna dificultad presenta el proceso, síntesis que permite desde ahora diagnosticar la confirmación del proveído en consulta.
En efecto, de la prueba documental arrimada al expediente, consistente en las copias de algunas piezas del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, radicado bajo el Nº 2010-0379, tramitado en el Juzgado 2º Civil Municipal de Mocoa, se desprende que entre los argumentos utilizados por el letrado para pronunciarse frente al llamado de atención que verbalmente le hizo la Jueza utilizó expresiones que rayan con el deber de observar mesura, seriedad, ponderación y respeto con los servidores públicos, en tanto tildó a la funcionaria de hacerle un llamado de atención absurdo, abusivo arbitrario e ilegal.
Este fue el léxico utilizado por el investigado:
“Remití a la parte demandante una providencia judicial donde se liquidaba a mi favor unas costas, igualmente me hice pasar por funcionario del Juzgado para entregar esa documentación al demandante. Me disfracé de funcionario judicial para entregarla. PERO es que la Ley 1123 de 2007 “NUEVO CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO”, tal actuación que realicé en forma personal y directa y de la que soy ÚNICO RESPONSABLE, NO ESTÁ CONSTITUIDA COMO FALTA DISCIPLINARIA.
Por tal motivo esa absurda, abusiva, arbitraria e ilegal “LLAMADA DE ATENCIÓN”, que me realizó la señora JUEZ en forma verbal el día de hoy en horas de la mañana, no la pueda (sic) ACEPTAR porque no tiene fundamento jurídico alguno. Además que no se siguieron en modo alguno los procedimientos legales para tan penosa actuación, además, que lo único que hace es crear problemas antes que solucionarlos.
En el transcurso de mis actuaciones repetiré y repetiré estas actuaciones muchas veces hasta que se me dé la gana, la próxima decisión que expida el Juzgado, pueden estar completa y absolutamente convencidos que se la enviaré al demandante disfrazándome de funcionario del Juzgado” (subraya fuera de texto)(12).
Es decir, en torno al aspecto objetivo de la falta ninguna dificultad presenta el asunto, puesto que al Dr. GUSTAVO VALENCIA OSORIO a través de toda la investigación fácticamente se le imputó el haber tildado de abusiva, arbitraria e ilegal la actuación de la funcionaria judicial, es decir, que su conducta se acomodó al tipo disciplinario, al pronunciar frases injuriosas. Falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, del siguiente tenor:
En torno a este tipo disciplinario debe advertirse que los verbos rectores que estructuran la falta son injuriar y acusar. El Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, define injuriar como Agraviar, ultrajar con obras o palabras; y, acusar, como Imputar a alguien algún delito, culpa, vicio o cualquier cosa vituperable”.
Y para la configuración de la injuria, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado que se requiere el animus injuriandi, o sea, la conciencia del carácter injurioso de la acción.
La Corte Constitucional retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que este requisito, comporta “... (i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona”(13).
Revisados los términos utilizados por el togado en su escrito del 21 de julio de 2011, se observa que los mismos contienen injurias que menoscaban la honra de la funcionaria judicial, puesto que tildar de arbitraria e ilegal a una persona con las calidades de la Jueza 2ª Civil Municipal de Mocoa, en tanto se trata de una profesional del derecho que ostenta la dignidad de Juez de la República, resulta ser un insulto que externamente afecta su buen nombre y de manera interna languidece su ser como tal, pues perturba su dignidad humana, derecho que según la Corte Constitucional envuelve tres ámbitos, entre ellos la intangibilidad del cuerpo y el espíritu:
“... que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida)”(14).
En lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo de la conducta, ha de observarse que tampoco aprieto alguno se presenta, pues el Dr. VALENCIA OSORIO, es el único autor y responsable de las injurias inferidas a la funcionaria judicial, en la medida que fue quien en el escrito del 21 de julio de 2011, debidamente firmado y aceptado por el mismo en su versión libre, mancilló la administración de justicia al señalar a una de sus representantes como arbitraria, lo cual realizó de manera consciente y voluntaria, es decir, con dolo, pues dada su experiencia como profesional del derecho es conocedor de las conductas antiéticas y, por qué no, contrarias a la dignidad de las personas, y aún con esa capacidad de discernimiento, intencionalmente y escudado en un escrito, el cual le daba la oportunidad de reflexionar, emitió aquellas frases insultantes.
De otro lado, no puede acogerse el argumento presentado por la defensora en la audiencia de juzgamiento, en torno a que el comportamiento de su defendido se dio en un momento de exaltación, porque luego del llamado de atención de la funcionaria y la presentación del escrito transcurrieron varias horas, así se desprende del documento injurioso cuando señaló que ese emplazamiento de la Jueza ocurrió en las horas de la mañana, y el libelo aparece recibido a las 3:10 de la tarde, es decir, que tuvo tiempo para meditar la situación y evitar incurrir en esa conducta irrespetuosa contra la Administración de Justicia.
Y si bien el abogado no estaba obligado a guardar silencio frente al llamado de la funcionaria, tampoco el derecho a contradecir, objetar o rebatir los argumentos de la misma le daba la facultad de ultrajarla de la manera antes relacionada; es decir, lo que se reprocha y que resulta a todas luces antijurídico, en los términos del artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, es el empleo de las frases injuriosas proferidas por el ahora investigado.
Ahora, para sostener la responsabilidad del disciplinada(sic), no basta la mera adecuación típica en cabeza del disciplinado, sino que se precisa que el comportamiento sea antijurídico, tal cual lo señala el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, al considerar que el abogado “incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.
Lo anterior no implica que cualquier desviación de la conducta implique la antijuridicidad del comportamiento. No, para ello se precisa que la afectación del deber sea relevante.
De cara a ese aspecto, conviene recordar lo que la Corte Constitucional expuso al momento de declarar la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 734 de 2002, norma que es del mismo contenido a la del artículo 4º de la Ley 1123 de 2007:
“Para el actor el artículo 5º de la Ley 734 de 2002(15) debe ser declarado exequible pero bajo el entendido que la afectación del deber material a que alude la norma debe ser material y no formal. Petición que la vista fiscal considera improcedente por cuanto la norma no hace otra cosa que desarrollar la naturaleza del derecho disciplinario basada en el encauzamiento de la conducta de quienes cumplen funciones públicas con el objeto de que se cumplan los fines del Estado, por lo que en su concepto el resultado material de la conducta no es esencial para que se estructure la falta disciplinaria, pues el solo desconocimiento del deber es el que origina la antijuricidad de la conducta.
Al respecto la Corte constata que la norma traduce la adopción por el Legislador de una postura clara a favor de la autonomía del derecho disciplinario en materia de determinación de la antijuricidad de las conductas que dicho derecho sanciona frente a las categorías propias del derecho penal”(16).
“El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta”(17).
El anterior análisis probatorio y la ausencia de una explicación de recibo, permite afirmar de manera categórica que efectivamente el letrado GUSTAVO VALENCIA OSORIO incumplió con el deber de observar el debido respeto hacia la Administración de Justicia, representada por sus jueces, omisión que no solo ocasionó ese doble perjuicio, esto es, para la entidad y la funcionaria, sino que igualmente contribuyó al desprestigio de la profesión.
Para terminar, en torno a la sanción de Censura habrá de mantenerse, no solo en atención a la ausencia de antecedentes del togado, la aceptación de su comportamiento desde la versión libre y la retractación que meses después hizo frente a la funcionaria lesionada, sino porque tratándose la Consulta de un instituto orientado a la revisión de los aspectos desfavorables al disciplinado, no puede la Sala agravar su situación.
1. CONFIRMAR íntegramente el reproche disciplinario deducido al abogado GUSTAVO VALENCIA OSORIO al hallarlo responsable de la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, conforme con las razones expuestas en la parte motiva.
3. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión al abogado disciplinado o, en su defecto, por los medios prescritos por la Ley.
Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela...
(6) C-365/94.
(7) “Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados”.
(8) Cfr. Sentencia C-568 de 2010. M.P.
(9) Cfr. Sentencia C-177 de 1998. M.P.
(10) Cfr. Sentencia C-190 de 1996. M.P.
(11) “Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable”.
(12) Folio 7 del cuaderno principal.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002.
(14) Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(15) ART. 5º—Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.
(16) Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
De manera comedida me permito expresar las razones por las cuales SALVÉ EL VOTO en el asunto de la referencia, toda vez que no comparto la decisión adoptada por la Sala en la sesión del 16 de septiembre de 2015 —Acta 77—, de entrar a conocer del fondo del asunto en el grado jurisdiccional de consulta, luego de haber rechazado por falta de sustentación el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Nariño, mediante la cual sancionó al abogado Gustavo Valencia Osorio, con censura al hallarlo responsable de incurrir en la falta contenidas en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.
La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado(1). Además ha precisado que aun cuando la consulta tiene un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa, este no es de carácter necesario e inescindible, por lo cual su ausencia no acarrea indefectiblemente la vulneración de tales derechos, como tampoco vulnera la Carta el señalamiento de diversos requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a supuestos de hecho disímiles y puedan ser justificados objetivamente.
Al respecto debe señalarse que el grado jurisdiccional de consulta en material disciplinaria solo procede cuando no se interpone el recurso de apelación contra la sentencia sancionatoria; así lo establece el parágrafo primero (1º) del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que señala:
“Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura, y no fueren apeladas serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados”.
Por lo tanto, lo procedente en este caso era haberse abstenido la Sala de pronunciarse sobre el fondo del asunto, por cuanto carecía de competencia para ello, al no habérsele habilitado en los términos de la norma citada.
Las anteriores razones son las que me llevaron a salvar el voto en la decisión adoptada mayoritariamente por la Sala.
(1) Sentencia C-968 de 2003.

References: ARTÍCULO 32
 ARTÍCULO 5
 artículo 81
 artículo 112
 artículo 26
 artículo 32
 artículo 28
 artículo 97
 artículo 32
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 112