Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr48/3.html
Timestamp: 2017-11-19 06:34:38+00:00

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La promesa de eliminar los costes en la ampliación de las hipotecas debería ir acompañada de una tramitación telemática.
Los costes a eliminar tienen que ver con notarios, registradores, gestorías y entidades financieras, por ello será precisó ‘ hablar con los agentes’ antes de formalizar la propuesta.
Hipotecas multidivisa: Aumenta un 28% la solicitud de información
El perfil del solicitante es el de una pareja española -de entre 35 y 46 años de edad- y con residencia en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante, que con frecuencia ocupan los primeros puestos entre las ciudades con más alto coste de vida de España. Asimismo, merece destacar que el demandante suele contar con estudios superiores y ocupa puestos de funcionario, ingeniero y demás cargos de responsabilidad.
Con los datos del euribor de febrero de 2008, un plazo de 26 años con un diferencial de 0,50 puntos sobre el Euríbor, la cuota mensual pasará de los 819,1 euros en febrero de 2007 a los 840,79 euros que pagará ahora al mes, lo que supone un incremento mensual de 21,69 euros en las cuotas y una subida anual de 260,28 euros.
La crisis inmobiliaria es 'grave',
durará hasta cinco años
y se destruirán hasta 400.000 empleos
ELEMENTO COMUN EN PROPIEDAD HORIZONTAL: SUBSUELO. Una propiedad horizontal tiene como uno de los elementos independientes parte del solar. Ahora el propietario de esa parte de solar pretende hacer una excavación, y se plantea si el subsuelo que hay bajo esa parte de solar es privativo o común, y por tanto si es necesario consentimiento de la Junta de propietarios.
Conforme al art. 396 CC, los elementos comunes lo pueden ser por naturaleza, por haberlo establecido así el título, o residualmente por no haber sido configurados en el título como elementos privativos.
En el presente caso al constar en el título como elemento privativo el solar parece que el subsuelo tendrá también carácter privativo, ya que lo que está bajo un elemento privativo se considera privativo.
Esto último sucede con frecuencia en las casas adosadas que cuentan con jardín. Para ello será preciso describir el jardín como una parte más del elemento independiente, ya que si constara atribuido a la casa únicamente el uso del mismo se habría partido, en ese caso, de la previa consideración del mismo como elemento común.
EMBARCACIONES DE RECREO. Resolución de 15 de diciembre de 2007, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la lista séptima del Registro de matrícula de buques.
PDF (2008/01708; 6 págs. - 117 KB.)
PAISAJE. Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.
PDF (2008/01899; 5 págs. - 52 KB.)
*REGLAMENTO REGISTRO MERCANTIL. Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones concursales, y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil para la mejora de la información del registro mercantil central.
PDF (2008/02248; 3 págs. - 89 KB.)
PILAS Y ACUMULADORES. RESIDUOS. Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
PDF (2008/02387; 12 págs. - 130 KB.)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»
PDF (2008/02389; 5 págs. - 62 KB.)
MALASIA. Convenio entre el Reino de España y Malasia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 24 de mayo de 2006.
PDF (2008/02484; 10 págs. - 98 KB.)
BUQUES. Orden APA/320/2008, de 6 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la inclusión en el censo de la flota pesquera operativa de los buques de pesca españoles objeto de regularización en virtud de la Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el registro de buques y empresas navieras y en el censo de la flota pesquera operativa.
SUDÁFRICA. Convenio entre el Reino de España y la República de Sudáfrica para evitar la doble iimposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 23 de junio de 2006.
PDF (2008/02672; 9 págs. - 78 KB.)
AUDITORÍA DE CUENTAS. Orden EHA/331/2008, de 8 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
PDF (2008/02673; 3 págs. - 69 KB.)
MERCADO DE VALORES. Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros trimestrales.
PDF (2008/02678; 4 págs. - 50 KB.) Suplemento PDF
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Real Decreto 215/2008, de 15 de febrero, por el que se modifica el artículo 59 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
El Reglamento modificado flexibilizó el régimen aplicable a las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria. Sin embargo, las normas referidas a la financiación ajena recibida por estas instituciones han generado algunos obstáculos para su adecuado funcionamiento, obstáculos que ahora se trata de remover. Es concreto:
- Se aclara que las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria no habrán de computar en los límites al endeudamiento el derivado de cualquier régimen de protección pública a la vivienda, para garantizar que estas instituciones pueden también hacer un uso pleno de las facilidades de financiación contempladas en esos regímenes.
- Se aclara el régimen aplicable al endeudamiento para resolver dificultades de tesorería, estableciéndose explícitamente un límite al mismo del 10 por ciento del activo y un plazo de vencimiento de dieciocho meses.
PDF (2008/02822; 2 págs. - 62 KB.)
ENTIDADES FINANCIERAS. Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras.
Este Real Decreto, destinado a transponer normativa comunitaria sobre la materia, recoge en su título primero disposiciones relativas a entidades financieras y, en su título segundo, disposiciones relativas a empresas de servicios de inversión. Dentro de este título está el art. 88:
Artículo 88. Recursos propios computables en la definición general.
1. Los recursos propios computables de las empresas de servicios de inversión estarán formados por los siguientes elementos: …
c) Las reservas de regularización, actualización o revalorización de activos, previa verificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la corrección de su cálculo y de su sometimiento a las normas contables. Las reservas de esta naturaleza asociadas a procesos de fusión no se contabilizarán como recursos propios antes de la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, restándose entre tanto de los activos revalorizados a efectos del cálculo de los requerimientos de recursos propios.
PDF (2008/02823; 40 págs. - 262 KB.)
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
PDF (2008/02824; 29 págs. - 207 KB.)
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO. Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
PDF (2008/02825; 4 págs. - 133 KB.)
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la que se desarrolla la normativa de planes y fondos de pensiones en materia financiero-actuarial, del régimen de inversiones y de procedimientos registrales.
PDF (2008/03170; 13 págs. - 205 KB.)
ACUERDOS INTERNACIONALES. Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
PDF (2008/03302; 29 págs. - 239 KB.)
VENTAS A DISTANCIA. Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia.
PDF (2008/03303; 2 págs. - 39 KB.)
SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO. Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
PDF (2008/03527; 15 págs. - 132 KB.)
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
IRPF Y PATRIMONIO. Orden EHA/481/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2007, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión, rectificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
PDF (2008/03741; 93 págs. - 1960 KB.)
RECAUDACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Resolución de 18 de febrero de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la caja general de depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda.
PDF (2008/03743; 3 págs. - 98 KB.)
ANDALUCÍA. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
PDF (2008/02492; 13 págs. - 121 KB.)
ANDALUCÍA. Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
PDF (2008/03530; 18 págs. - 142 KB.)
*NIF. Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
Invariabilidad. El número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que asigne la Administración tributaria será invariable cualesquiera que sean las modificaciones que experimenten aquellas, salvo que cambie su forma jurídica o nacionalidad.
Composición. Serán nueve caracteres
- A. Sociedades anónimas.
- B. Sociedades de responsabilidad limitada.
- C. Sociedades colectivas.
- D. Sociedades comanditarias.
- E. Comunidades de bienes y herencias yacentes.
- F. Sociedades cooperativas.
- G. Asociaciones.
- H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
- J. Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica.
-N. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de la nacionalidad española.
- P. Corporaciones Locales.
- Q. Organismos públicos.
- R. Congregaciones e instituciones religiosas.
- S. Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- U. Uniones Temporales de Empresas.
- V. Otros tipos no definidos en el resto de claves.
- W. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español. Cuando una persona jurídica o entidad no residente opere en territorio español por medio de uno o varios establecimientos permanentes que realicen actividades claramente diferenciadas y cuya gestión se lleve de modo separado, cada establecimiento permanente deberá solicitar un NIF distinto del asignado a la persona o entidad no residente.
Situación transitoria. NIF asignado antes del 1º de julio de 2008. Durante el año 2008 la Agencia Tributaria comunicará a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden, deban tener una letra distinta, el nuevo NIF que les corresponda. A partir del 1º de julio de 2008, lo pueden solicitar también las entidades afectadas, sin esperar a la comunicación.
Discrepancia. Si llega el 1º de enero de 2009 y no se ha recibido comunicación, las entidades que crean que les corresponde un NIF distinto del asignado, deberán dirigirse a la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal para actualizar la información censal y obtenerlo.
Entrada en vigor. El 1 de julio de 2008. PDF (2008/03580; 3 págs. - 95 KB.)
MEDIDAS DE FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID NORMATIVA: ORDEN 1/2008, de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Vivienda, por la que se establecen las medidas de fomento al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid.
PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID DE 21 DE ENERO DE 2008.
ENTRADA EN VIGOR: 22 DE ENERO DE 2008.
La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgnica 3/1983, de 25 de febrero, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, dispongo:
c) Que se deposite la correspondiente fianza en el IVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósitos de fianzas de arrendamientos de la Comunidad de Madrid.
Artículo 3. Medidas de fomento del alquiler
Artículo 4. Medidas de fomento destinadas a los arrendadores
-Seguro de impago que garantice el cobro de las rentas, con un límite de 1.200 euros mensuales, incluida la contratación de una cobertura de asistencia jurídica en caso de tener que acudir a procedimientos judiciales de desahucio.
-Seguro de daños que garantice la recuperación de la vivienda en el mismo estado en el que se alquiló.
g) Asesoramiento especializado y apoyo profesional en los procesos de arbitraje para laresolución extrajudicial de conflictos, asegurando la mayor celeridad.
Artículo 5. Medidas de fomento destinadas a los arrendatarios
Artículo 6. Acceso a las medidas de fomento del alquiler.
2. Para inscribirse en el registro de arrendatarios, bastará con presentar el documento nacional de identidad o pasaporte, o, en su caso, tarjeta de residencia y cumplimentar elmodelo de inscripción en el que se acreditarán los ingresos y quedarán reflejadas las preferenciasy características de la vivienda a alquilar.
-Escritura de la vivienda o nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
-Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda que es objeto de arrendamiento.
-Póliza multirriesgo hogar o seguros análogos que cubran los riesgos de la Vivienda, en casode estar vigentes.
-Calificación definitiva de la vivienda, en el caso de que se trate de una vivienda protegida.
-Además, de los documentos anteriores, los que acrediten la identidad y capacidad jurídica y de obrar de los arrendadores o apoderados que suscriben los contratos: DNI o CIF del propietario o propietarios, escritura vigente del poder y DNI del apoderado, según se trate de personas físicas o jurídicas.
-En supuestos especiales de comunidades de propietarios, comunidades de bienes y entidades del artículo 35.4 de la vigente Ley General Tributaria: Las actas de los acuerdos adoptados por los órganos competentes, donde se recoja la decisión de arrendar la viviendas conforme a sus estatutos, DNI del presidente comunidad, administrador o administradores, según se trate en cada caso y sin perjuicio de las escrituras de poder y DNI del apoderado, si procede.
Artículo 7. Gestión de los servicios.
La gestión y prestación de todos los servicios establecidos como medidas de fomento al alquiler en la presente Orden los asumirá y realizará directamente la empresa pública «Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, SA» (INVICAM), adscrita a la Consejería de Vivienda, con arreglo a los fondos destinados a tal fin en su presupuesto, de acuerdo a su Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación y dentro los límites y disponibilidades presupuestarias establecidas en la las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Artículo 8. Control y seguimiento
Artículo 9. Obligaciones de los arrendadores y arrendatarios
Artículo 10. Incumplimiento
Primera.Habilitación normativa
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
NO EXISTE RETRACTO ARRENDATICIO URBANO EN LA DACIÓN EN PAGO DE DEUDA. Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla n.º 8 a inscribir la adquisición de determinados mediante adjudicación en pago de deuda. Vinculante.
- Se regula el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. D. Final 5ª
V1567-07
ÓRGANO : SG de Tributos
FECHA SALIDA : 16/07/2007
NORMATIVA: Ley 58/2003, arts. 93 y 94; RD 2027/1995, arts. 1, 2 y 3
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La consultante es una Comunidad de Propietarios en Régimen de Propiedad Horizontal.
CUESTIÓN-PLANTEADA: TObligación de presentar la Declaración anual de operaciones con Terceras Personas (Modelo 347)
CONTESTACIÓN-COMPLETA : El artículo 93 apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, regula con carácter general las obligaciones de información en los siguientes términos:
Id Cendoj:28079110012007101094
Nº de Recurso: 3071/2000
Nº de Resolución: 1115/2007
Ponente:ANTONIO GULLON BALLESTEROS
Resumen: Derecho de sobreelevación: perecimiento del edificio que era objeto del mismo
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, elrecurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de laAudiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000, como consecuencia de los autos de juicioordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Baracaldo;cuyo recurso ha sido interpuesto por la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., representada por elProcurador de los Tribunales D. Pedro Rodríguez Rodríguez; siendo parte recurrida D. Valentín y D. LuisCarlos , asimismo representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Mercedes Pérez García.
PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Baracaldo, fueron vistos los autos de juicioordinario declarativo de menor cuantía, instados por D. Valentín y D. Luis Carlos , contra D. Pedro Jesús , D.Claudio o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de D. Claudio , Dª. Sandra o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de Dª. Sandra ; y contra Arenales de Las Palmas, S.L.
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "estimando la demanda en su totalidad, declarando: a) La extinción de derecho real de sobreelevación de dos plantas y camarote, que grava la casa, sita en la CALLE000 , NUM000 de Baracaldo. b) La inexistencia de derecho de vuelo o sobreelevación que recaigan sobre solar sito en Baracaldo, CALLE000 nº NUM000 . Y ordenando la cancelación del asiento registral a que se refiere el hecho quinto de la demanda, imponiendo las costas del juicio a quienes se oponga a los pronunciamientos que se postulan".
Admitida a trámite la demanda y emplazadas las mencionadas partes demandadas, compareció únicamente la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., que mediante su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dictase sentencia "desestimatoria y estimar en su integridad la demanda reconvencional formulada, declarando expresamente el reconocimiento y vigencia del derecho de sobreelevación que esta parte ostenta en relación con el futuro edificio que se va a construir, procediendo a asignar de forma prudencial las cuotas que a cada uno de los diferentes propietarios pudieran corresponder en relación con el solar sito en el nº NUM000 de la CALLE000 de Baracaldo, con expresa imposición de las costas a la parte actora/demandada en reconvención, tanto las relativas al procedimiento principal, como al reconvencional por esta parte formulada. No habiéndose personado los demandados D. Pedro Jesús , D. Claudio o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de D. Claudio , Dª. Sandra o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de Dª. Sandra , fueron declarados en rebeldía".
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 26 de enero de 1.998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que desestimando íntegramente la demanda, debo declarar y declaro la no extinción del derecho real sobre elevación de dos plantas y camarote que recae sobre la casa hoy derribada sita en la CALLE000 nº NUM000 de Baracaldo y consecuentemente no procede su cancelación registral, condenando al mismo tiempo a la actora al pago de las costas causadas en la presente demanda".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de D. Valentín y D. Luis Carlos y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000 , dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Bajo Auz, en la representación que ostenta, contra la sentencia de fecha 26 de enero de 1.998, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Baracaldo, en menor cuantía 139/97, de que este rollo dimana, debemos revocar y revocamos la referida resolución, consecuentemente, con estimación de la demanda, declaramos, que no existe derecho de edificación sobre vuelo o sobreelevación, en relación con el posible edificio sobre solar sito en el Municipio de Baracaldo, en su CALLE000 nº NUM000 , antigua calle La Victoria, ordenando la cancelación del asiento registral a que se refiere el hecho quinto de la demanda. Las costas de la instancia se imponen a la demandada oponente, no existiendo expresa imposición en relación con las ocasionadas en la presente alzada".
TERCERO.- El Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000, con apoyo en los siguientes: El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC , acusa infracción del art. 396 Cód . civ. en relación con los arts. 3 y 11 de la LeydePropiedadHorizontal de 1.960.- El motivo segundo , al amparo del art. 1.692.4º LEC , por inaplicación del art. 16.2 del Reglamento Hipotecario .
CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, Pedro Rodríguez Rodríguez, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.
QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 9 de octubre de 2.007, en que ha tenido lugar.
PRELIMINAR.- D. Valentín y D. Luis Carlos demandaron por las reglas del juicio declarativo de menor cuantía a: D. Pedro Jesús , a D. Claudio o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de D. Claudio , a Dª. Sandra o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de Dª. Sandra ; y a Arenales de Las Palmas, S.L.
Se solicitaba la declaración de que se había extinguido el derecho real de sobreelevación de dos plantas y camarote, que grava la casa, hoy derruida, sita en la CALLE000 , NUM000 , de Baracaldo, y la declaración de la inexistencia de derecho de vuelo o sobreelavación sobre el solar de dicha casa derruida.
En el procedimiento solamente compareció Arenales de Las Palmas, siendo declarados rebeldes los restantes codemandados. Aquella entidad suplicó la desestimación de la demanda y estimación de la reconvención, en la que solicitaba que se declarase expresamente el reconocimiento y vigencia del derecho de sobreelevación que ostenta en relación al futuro edificio que se va a construir, procediendo a asignar de forma prudencial las cuotas que a cada uno de los diferentes propietarios pudiera corresponder en relación con el solar sito en el nº NUM000 de la CALLE000 , de Baracaldo.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda, declarando la no extinción del derecho real de vuelo, y la improcedencia de su cancelación parcial en el Registro de la Propiedad.
La ratio decidendi es la de que nos "encontramos ante un derecho real, y como a falta de regulación específica de los derechos reales y así, los derecho reales se extinguen por pérdida de la cosa, consolidación, renuncia y abandono, revocación y expropiación forzosa, siendo el más discutible en este caso la primera de ellas, la pérdida de la cosa, pero esta ha de ser total, en caso de pérdida parcial se produce una nueva modificación del objeto del derecho real, que es lo que ha ocurrido en el presente caso, se produce una transformación del derecho de vuelo en una copropiedad del suelo a la hora de efectuar una nueva edificación, de tal manera que los demandados pasan a ostentar un derecho de sobre elevación en la parte que les corresponda de su titularidad sobre la edificación que en su momento se efectúe, partiendo del reconocimiento jurídico del derecho sobre elevación lo que se le otorga al adquirente es la propiedad sobre el vuelo del edificio, desde el punto ya construido hasta el límite fijado en la escritura de constitución en este caso dos pisos".
La sentencia fue apelada por los actores, siendo estimado por la Audiencia el recurso, revocando aquélla con estimación de la demanda, y, en consecuencia, declaró la inexistencia de derecho de vuelo o sobreelevación en relación con el posible edificio sobre solar sito en Baracaldo, en CALLE000 nº NUM000 .
La ratio decidendi de la sentencia dictada por la Audiencia es doble. Por una parte sostiene que el vuelo es un elemento común en un edificio sujeto a la propiedad horizontal, y es necesario para su concesión el consentimiento de la Junta de Propietarios. No basta que el derecho de elevación se mencione en las escrituras de venta de los diferentes pisos (que es lo ocurrido en el caso de autos, en que la vendedora del piso se lo reservaba), dada la indisponibilidad institucional y aislada de elementos comunes.
Por otra parte, segunda razón, que en este litigio no existe el edificio, es un solar tras la declaración de ruina y posterior demolición, por lo que el derecho se había extinguido.
Contra la sentencia de la Audiencia ha interpuesto recurso de casación Arenales de Las Palmas, S.L. Los actores, en trámite de impugnación del mismo, se opusieron previamente a su admisión.
PRIMERO.- Alegan los actores y recurridos que la parte apelante presenta como documento de que fundamenta la titularidad de su derecho de vuelo o sobreedificación la escritura pública en que se recoge la aportación de dicho derecho por su anterior titular a una ampliación de capital social. En ella, de fecha 14 de octubre de 1.993, se valora en dos millones de pesetas. Por lo tanto, el litigio no supera la cuantía de seis millones de pesetas, incurriendo en causa de inadmisión del recurso de casación (art. 1.687, 1º c LEC de 1.881 ).
Se rechaza la oposición a la admisión del presente recurso de casación, porque los hoy recurridos manifestaron en su demanda que "en principio" la cuota era indeterminada, lo que fue aceptado por la codemandada recurrente, sin que conste que aquéllos hayan realizado algo para salir de la inconcreción con que se pronunciaban "en principio". La Audiencia tuvo por preparado el recurso de casación sin cumplir lo preceptuado en el párrafo 2º del art. 1.694 LEC . Así las cosas, esta Sala ha de atenerse a la regla 4º del art. 1.710 LEC de 1.881 , y admitir el recurso dado que no se está en el caso previsto en él de inadmisión por no haberse determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables, siendo la cuantía notoriamente no superior a los límites legales, sino más bien en el contrario, la cuantía es notoriamente superior a los seis millones de pesetas. Si el derecho de vuelo fue valorado en 1.993 en dos millones de pesetas, no hay duda razonable de que el derecho a construir dos pisos y camarote sobre un edificio en una ciudad como Baracaldo tenía un valor muy superior en la fecha de la demanda (17 de marzo de 1.998), cuando se inicia la nueva oleada de subida de precios en esos bienes.
SEGUNDO.- El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC , acusa infracción del art. 396 Cód . civ. en relación con los arts. 3 y 11 de la LeydePropiedadHorizontal de 1.960. Según la recurrente, la sentencia recurrida interpreta erróneamente el citado precepto civil, pues parte del presupuesto de que el edificio sobre el que recaía el derecho de vuelo se encontraba sometido a la Ley de Propiedad Horizontal como base para la desestimación de las pretensiones de la recurrente, reconviniente en su día, pues si se repasan los títulos de propiedad que tienen por objeto los diferentes posos del inmueble se observa que en ninguno de ellos se recoge la participación que tienen los propietarios en los elementos comunes porque no existía título constitutivo de la propiedad y por ello no tenían asignada cuota alguna. En opinión de la recurrente estaba sometido a una simple comunidad de bienes, formada por los propietarios de los pisos y ella como titular del litigioso derecho de vuelo sobre el edificio.
Para el enjuiciamiento de este motivo ha de partirse de la base de que efectivamente nunca ha existido título constitutivo de propiedad horizontal sobre el edificio, sino sólo declaración de obra nueva por la única propietaria del suelo en el Registro de la Propiedad en el año 1.931, previa a una inscripción de hipoteca sobre el edificio, que fue cancelada. Ha sido su única dueña Dª. Emilia Llorente y Fuentes la que ha ido transmitiendo la propiedad de cada piso. Pero el hecho de que no hubiera escritura pública nada obsta para que exista una propiedad horizontal dado que tienen salida propia a un elemento común o a la vía pública, como requiere el art. 396 Cód . civ. e inevitablemente unos elementos comunes. Ello hace que su regulación jurídica se someta a la Ley de Propiedad Horizontal . La Ley 8/1.999, de 6 de abril , de reforma de la LeydePropiedadHorizontal de 21 de julio de 1.960 , ha recogido este criterio unánime en la doctrina y jurisprudencia, y por ello dispone el art. 2º , apartado b), que se aplica a las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el art. 396 Cód . civ. y no hubiesen otorgado título constitutivo de la propiedad horizontal.
TERCERO.- El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC , acusa infracción del art. 16.2 del Reglamento Hipotecario por inaplicación. Bajo este enunciado la recurrente trata de la cuestión de si el derecho de vuelo o sobreelevación pervive una vez llevado a cabo el derribo del edificio sobre el que se constituyó, que en el caso de autos tuvo lugar previa tramitación de expediente de ruina. Entiende que no se ha producido la extinción, sino que su titular lo sigue ostentando sobre la edificación que en su momento se efectúe, hasta el límite fijado en la escritura de constitución. Dice la recurrente: ".... no existiendo limitación urbanística alguna a tal elevación del edificio, y habida cuenta la comunidad de bienes originariamente formada en relación con el edificio objeto de derribo, es obvio que en estos momentos nos encontramos ante un solar que pertenece en proindiviso no sólo a los propietarios de las antiguas viviendas y locales, sino también al titular del derecho de vuelo, todo ello por mor de la transformación registrada en el objeto del mencionado derecho real".
Los razonamientos que apoyan el motivo cuyo contenido se ha expuesto no son precisamente llamativos por su corrección gramatical. La inexistencia de ésta los hace contradictorios. En efecto, unas veces dice que el vuelo recae sobre una cuota del solar, y otras sobre el edificio cuando vuelve a construirse. Por otra parte, señala acertadamente el objeto de este litigio: perecimiento del edificio sobre el que recae el derecho del titular y, en consecuencia, suerte que ha de correr este derecho. La sentencia recurrida declaró su extinción, salvo que constase para su supervivencia con la totalidad de los propietarios, dado el carácter de elemento común que tiene el vuelo.
No es reprochable que el motivo se apoye en el art. 16 RH, apartado 2 , pues es la única norma dedicada al derecho de sobreelevación, si bien tiene como finalidad la fijación de su contenido a efectos de su publicidad en el Registro de la Propiedad. Pero tema del perecimiento del edificio sobre el que recae el derecho obviamente no es abordado por el antedicho precepto, dado lo limitado de su finalidad.
El apartado 2 del art. 16 RH . no describe más que su contenido: el derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o de hacer construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes. De ello nada puede obtenerse para la resolución del tema planteado, pues nada se dice allí, ni en los párrafos siguientes, sobre las causas de la extinción del derecho de vuelo o sobeedificación. Por tanto, no pasan de ser afirmaciones abstractas las de la recurrente en base a una norma legal que se hubiere infringido, por lo que el motivo se desestima.
Aunque se entendiera que el derecho de sobreelevación ha de durar hasta el término por el que se constituyó, y que la destrucción del edificio sobre el que recae no implique más que una imposibilidad de ejercicio del derecho, el motivo no puede dar lugar a la casación de la sentencia, pues su ratio decidendi no sólo es la extinción del derecho por perecimiento del edificio, sino la de que la concesión del vuelo ha de hacerse por todos los propietarios del inmueble por ser aquél un elemento común del edificio, y que el consentimiento tácito de los adquirentes de las viviendas no es suficiente, dada la indisponibilidad institucional o aislada de los elementos comunes. No se han impugnado estas declaraciones en este recurso, por lo que esta Sala no puede entrar en su legalidad motu propio, no es una cuestión de orden público.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Rodríguez Rodríguez contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000. Con condena en costas en este recurso a la recurrente. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.-
Antonio Salas Carceller.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
¿SABIAS QUE EN EN ALGUNA COMUNIDAD AUTONOMA, COMO ES EL CASO DE MADRID CON SU LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, QUE SU LEY DEL SUELO ESTABLEZCA COMO REQUISITO PREVIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, EL DEPOSITO DEL LIBRO DEL EDIFICIO EN EL AYUNTAMIENTO?
Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.
- Riberas son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.
- Márgenes son los terrenos que lindan con los cauces.
- Fines: La zona de servidumbre para uso público tendrá los fines siguientes: a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. c) Varado y amarre de embarcaciones.
- Obras: Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy justificados.
- Zona de policía: En la zona de policía de 100 metros de anchura (modificables) medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento, entre otros, las siguientes actividades y usos del suelo: a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. b) Las extracciones de áridos. c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
- Zonas inundables: son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas. La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen.
- En él se inscribirán todas las presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en construcción o que se vayan a construir.
- El contenido mínimo de este Registro, en el ámbito de la Administración General del Estado, será establecido por el Ministro de Medio Ambiente mediante orden.
- En dicho Registro se anotarán, en todo caso, las resoluciones administrativas que se dicten en relación con la seguridad de las presas y embalses, así como los informes emitidos en materia de control de seguridad.
- Ha de existir un Registro Nacional de Seguridad de Presas y Embalses al que se remitirán datos por cada una de las administraciones públicas competentes en materia de seguridad de presas y embalses.
Al Presidente de una Comunidad de propietarios se le pregunta, en un Juzgado durante una demanda contra la comunidad que preside, cual es su profesión y contesta:
- Productor antipirotécnico graduado.
- Lo que el vulgo llama bombero
¿Qué documentación le va a hacer falta para solicitar una subvención para rehabilitación de una vivienda?
Como documentación general, siempre se precisará:
· Fotocopias compulsadas del DNI del solicitante y cónyuge.
· Fotocopias compulsadas del Libro de Familia, en su caso.
· Fotocopia compulsada de la Declaración o Declaraciones de la Renta de la Unidad Familiar, correspondientes al período (al año) inmediatamente anterior al momento en que se solicita.
· Copia compulsada de la escritura pública de propiedad de la vivienda (si es el caso), debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
· Documentación que exija el Ayuntamiento para la obtención de la licencia municipal de obras (puede ser un documento técnico o no, luego se explicará).
Además, si la persona que pretende promover la rehabilitación no es el propietario de la vivienda, sino un inquilino, entonces deberá entregar también:
· Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.
· Permiso del propietario para realizar las obras.
El promotor puede ser también una comunidad de propietarios o de vecinos de un bloque; en ese caso, también se acompañará:
· Acta acreditativa de la titularidad del Presidente, o acuerdo de los vecinos de la comunidad nombrando representante a tal efecto.
· Acta donde se especifique el número de vecinos que componen la comunidad y cuota de participación de cada uno de ellos.
· Acta de la comunidad de aprobación de realización de obras, o acuerdo de los vecinos para tal realización de obras y el pago de las mismas.
Si el edificio o vivienda tiene interés histórico-artístico o está dentro del perímetro delimitado por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (en otro lugar de esta página puede consultar si lo está), también entregará:
· Certificación municipal (previa instancia de Vd solicitándola) de que el inmueble está incluido en dicha delimitación, esto es, que pertenece al Área de Rehabilitación Integral .
· Informe favorable de Ayuntamiento (previa solicitud) sobre el valor patrimonial o ambiental del inmueble a rehabilitar. Usted precisará este informe cuando su vivienda o inmueble se encuentre dentro del ARI . También lo debe pedir si intenta acogerse al régimen que posibilita unas ayudas singulares en casos en que, no estando en ARI, el valor histórico o artístico del inmueble lo justifique (singularidad que se concreta en que no se le apliquen, por ejemplo, los condicionantes y límites de ingresos económicos del solicitante que rigen para el régimen general de ayudas).
Si Vd. adquiere el inmueble o vivienda con la intención de su inmediata rehabilitación (máximo un año desde la compra), también documentará:
· Fotocopia compulsada de contrato de compraventa. A la finalización de obras deberá presentar escritura pública de compraventa, una vez registrada o el justificante de haberla presentado en el Registro de la Propiedad.
Finalmente, si el promotor no va a vivir en la vivienda o inmueble, sino que lo destinará a venta o alquiler posteriores, deberá tenerse en cuenta:
· Que si se trata de persona jurídica, deberá acreditarse la personalidad del solicitante y la representación que pueda ostentar, así como fotocopia del CIF de la entidad.
· Que no hará falta entregar los documentos 3 y 4 del primer grupo, documentación general.
"CASAMIENTO Y MORTAJA DEL CIELO BAJAN "

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 59
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 32
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 41

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 35

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 Resolución 
 artículo 93
 resolución 
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