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Timestamp: 2019-09-21 19:50:29+00:00

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SESION ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2006.
-EL C. PRESIDENTE MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA: (12:01 horas) Proceda la Secretaría a informar a la Asamblea, el resultado del cómputo de los ciudadanos legisladores, para conocer si existe el quórum reglamentario.
-LA C. SECRETARIA CLAUDIA SOFIA CORICHI GARCIA: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 95 ciudadanos senadores.
El orden del día de esta sesión, como es costumbre, ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
El acta de la sesión anterior, se encuentra, también, publicada en la Gaceta de este día.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Continuemos con el siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa de un ajuste al título de las Modificaciones al Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que dar como “Modificaciones al Apéndice 6 del Anexo 300-B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, formalizadas mediante intercambio de comunicaciones los día 9 y 13 de noviembre de 2006, entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente”.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Comercio y Fomento Industrial, para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio por el que se informa de un ajuste al Cuarto Considerando del Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de la Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por un parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, firmado en la ciudad de México, el veintinueve de noviembre de dos mil seis.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Para los efectos que corresponda, túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Comercio y Fomento Industrial.
-LA C. SECRETARIA LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS: Asimismo, la Secretaría de Gobernación, remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar la condecoración que otorga el gobierno del Reino de España.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Túrnese a la comisión de Gobernación, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: De la misma forma, la Secretaría de Gobernación remite cuarenta oficios con los que remite el mismo número de hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Túrnese a la comisión de Defensa Nacional, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió comunicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la minuta proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 191 aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a celebrarse el viernes 22 de diciembre, en esta ciudad.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a esa ceremonia, se designa en comisión al senador Miguel Bautista López.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió del Congreso del estado de Colima, acuerdo en apoyo a la iniciativa de reforma a la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Y continuamos con el siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Se recibió del Congreso del estado de Durango, acuerdo en torno a los precios de la gasolina, el diesel y la leche.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Túrnese a la comisión de Comercio y Fomento Industrial, para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: El Congreso del estado del Guerrero, remite acuerdo en torno a una consulta pública nacional, a efecto de reformar la Ley General de Salud, en materia sexual y reproductiva…
…el Congreso del Estado de Guerrero remite acuerdo en torno a una consulta pública nacional a efecto de reformar la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Túrnese a la Comisión de Salud.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Se recibió acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco en torno a la implementación del Programa de Farmacovigilancia.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Se recibió acuerdo del Congreso del Estado de Michoacán por el que exhorta otorgar una partida presupuestaria especial al IFE, a fin de darle continuidad a los trabajos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del Consejo General del mismo Instituto.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Túrnese a la Cámara de Diputados.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: También del Congreso del Estado de Michoacán se recibió acuerdo por el que se exhorta a fin de que en las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de los años subsecuentes, se incluya a dos representantes de los poderes legislativos de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a un miembro del sector ambiental.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: El Congreso del Estado de Quintana Roo remite acuerdo por el que se solicita la conformación de una comisión especial bicamaral que se encargue de entrevistarse con la señora Elvira Arellano, dar seguimiento a la política exterior mexicana y coadyuvar con el gobierno federal para agotar todas las posibilidades diplomáticas tendientes a evitar su deportación.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Y pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió de la Cámara de Diputados oficio con el que se remite Proposición con Punto de Acuerdo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del PRD por la que se solicita emitir excitativa sobre la Minuta de proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: La Cámara de Diputados remite también dos Minutas proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en las Embajadas de Belice e Irlanda en México; y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió de la Contraloría Interna del Senado de la República el Informe Ejecutivo y Específico de Auditorías sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la cámara de Senadores, enero-junio de 2006.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: La Asamblea ha quedado debidamente enterada y se remite una copia de la documentación a la Comisión de Administración. El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión. Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió comunicación de la Comisión de Marina por la que se solidariza con el contenido del punto de acuerdo sobre el buque “Orión”.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Esta Asamblea ha quedado enterada. Continuamos con la Primera Lectura a 10 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por el que se conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones para aceptar y desempeñar el Cargo de Cónsul Honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 10 dictámenes de la Comisión de Gobernación.
(La Asamblea asiente).
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Quedan de Primera Lectura. Continuamos con la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente al punto resolutivo que propone.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Doy lectura al punto resolutivo del dictamen.
“Primero. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resultan competentes para dictaminar las ratificaciones de los Empleados Superiores de Hacienda.
“Segundo. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
“Tercero. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivo Segundo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria”. Es todo señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BELTRONES RIVERA: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra el señor senador Ricardo Monreal.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Ciudadano Presidente; ciudadanas senadoras; ciudadanos senadores: Hoy corresponde a este Senado la ratificación de altos servidores públicos de conformidad con el artículo 76 de la Constitución en su fracción II. Esta es una de las facultades exclusivas del Senado, la ratificación de los servidores públicos en Hacienda, así como la ratificación del Procurador General de la República, de los ministros de la Corte, y de cónsules y embajadores en el servicio exterior.
Una de las críticas que hemos venido haciendo es que no hemos tomado con seriedad esta facultad exclusiva del Senado de la República. Casi siempre se hace de manera apresurada sin ningún análisis, sin ningún estudio previo, sin ninguna valoración académica o curricular por instancias externas al Senado de la República.
La ratificación es un ejercicio de colaboración de poderes. Por la naturaleza que desempeñan o que van a desempeñar en la función pública el Constituyente Permanente determinó esta vinculación de nombramiento y ratificación. No basta pues el nombramiento que el Ejecutivo Federal haga de altos funcionarios, sino que en un afán de colaboración y de corresponsabilidad la Constitución le entrega al Senado de la República…
. . . la Constitución le entrega al Senado de la República esta facultad exclusiva.
El Grupo Parlamentario del PRD en esta ocasión votará en contra, primero porque provienen de un gobierno ilegítimo los nombramientos, y no podemos avalar un gobierno espurio; segundo porque las comisiones dictaminadoras en su análisis hecho desde nuestro punto de vista faltó profundidad; y tercero, porque de una vez se tienen que dar cuenta los servidores públicos nombrados que no son empleados del Ejecutivo, que precisamente por la naturaleza de la corresponsabilidad como empleados de la federación obliga a que el Senado de la República ratifique estos nombramientos.
Es un momento importante de la vida del país, los servidores públicos que hoy puedan ser ratificados por la mayoría en contra nuestra van a desempeñar una función preponderante para la República, son altos funcionarios de la federación, no son altos empleados ni del Secretario de Hacienda ni del Presidente de la República, son altos funcionarios de la federación y tienen responsabilidad frente a este órgano colegiado, frente a este Senado de la República.
La práctica inveterada en la ratificación de estos nombramientos hace, incluso, ociosa la discusión, pocos ponen atención a lo que se discute, pocos ponen atención a lo que se delibera, nadie sabe de qué se está hablando ni qué se está ratificando y es, me parece una grave omisión e irresponsabilidad.
Pero se ha hecho costumbre que en este Senado pocos atiendan la naturaleza de estas ratificaciones tan importantes para el país, pasan de noche, sin discusión, sin análisis, sin juicio, sin trascendencia, en paquete y más tarde votaremos al ministro de la Corte y volverá a suceder lo mismo.
Es muy grave lo que está pasando, compañeras senadoras y senadores. Hoy quizás imbuidos por el espíritu guadalupano podría tener justificación, pero lamentablemente son un día sí y otro día también, poco interés en lo que estamos haciendo, poco interés en lo que estamos discutiendo, poca importancia en lo que este Senado ratifique o apruebe.
Por eso el Grupo Parlamentario votará en contra de la ratificación, estoy seguro que el 90 por ciento de los senadores y las senadoras o menos no estamos enterados cuál es el desempeño de los propuestos o nombrados, cuál es su aportación académica, cuál es su aportación jurídica, cuál ha sido su desempeño histórico, pero bueno, así estamos lamentablemente.
Esta Presidencia no tiene registrado algún otro orador, por lo cual ruego a la secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el anterior Punto de Acuerdo.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Punto de Acuerdo.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobado el Punto de Acuerdo, en consecuencia se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados unidos Mexicanos, del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
Continuamos con la discusión de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera con Punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del Licenciado Jesús Rojas Ibáñez como Administrador General Jurídico de Administración Tributaria.
Debido a que también el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente al Punto Resolutivo que propone.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Doy lectura al punto resolutivo del dictamen.
Primero.- Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resultan competentes para dictaminar las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda.
Segundo.- Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Licenciado Jesús Rojas Ibáñez como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria.
Tercero.- Tómese la propuesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo segundo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Está también a discusión este Punto de Acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse.
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Punto de Acuerdo.
-Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)
-Aprobado, senador Presidente.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobado el Punto de Acuerdo, en consecuencia se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Licenciado Jesús Rojas Ibáñez como Administrador General Jurídico del Servicio de Administrador Tributaria.
Tenemos ahora la discusión de un dictamen más de las Comisiones Unidas de hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con Punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del licenciado Alberto Real Benítez como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, debido a que también el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente al Punto Resolutivo que propone.
Primero.- Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política…
… con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87,93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resultan competentes para dictaminar las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda.
Segundo.- Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano licenciado Alberto Real Benítez, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.
Tercero.- Tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo segundo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.
Es todo, senador presidente.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Está a discusión este punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría entonces, en votación económica, si es de aprobarse.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobado el Punto de Acuerdo.
En consecuencia, también se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del licenciado Alberto Real Benítez, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.
Compañeros senadores, a partir de la aprobación de los anteriores dictámenes, en el Salón contiguo a este recinto, se encuentran los ciudadanos que fueron ratificados. Por lo que solicito a los senadores Gustavo Madero, Fernando Castro Trenti, Javier Castelo, Carlos Lozano, José Eduardo Calzada y Jorge Legorreta, los inviten a pasar al interior de este Salón de Sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.
(La asamblea cumple)
-LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Favor de ponerse de pie. (Todos de pie)
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Ciudadanos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jesús Rojas Ibáñez y Alberto Real Benítez:
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Administrador General de Grandes Contribuyentes, Administrador General Jurídico y Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, todos del Servicio de Administración Tributaria, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
-LOS CC. ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA, JESUS ROJAS IBAÑEZ Y ALBERTO REAL BENITEZ: ¡Sí, protesto!
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señores. (Aplausos)
Solicito a la comisión designada acompañe a los ciudadanos funcionarios cuando deseen retirarse del salón, a fin de poder continuar con nuestra sesión.
Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones con puntos de acuerdo.
El primero por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer con recursos suficientes los programas federales, estatales y municipales de atención a menores migrantes.
Otro en torno al programa de saneamiento integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco.
Otro en torno a la reserva de la Biosfera Sian Ka´an, en el Estado de Quintana roo.
Otro sobre la formulación de un programa destinado a la atención y el desarrollo integral y articulado de los pescadores y comunidades pesqueras en el territorio nacional.
Uno sobre manglares.
Otro sobre el subejercicio del Gobierno Federal en el periodo enero-septiembre 2006.
Otro para que la Secretaría informe sobre los recursos ejercicios y los resultados de los programas de fiscalización a través de la banca.
Otro sobre los incrementos presupuestales de los programas especiales para pueblos indígenas, equidad y género, medio ambiente y sustentabilidad.
Y otro por el que se solicita un informe sobre las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para erradicar la violencia contra las mujeres.
De los anteriores dictámenes, se retiró el relativo al hundimiento del Buque Orión, debido que no fue entregado debidamente firmado.
Debido a que se encuentran todos estos publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la asamblea, les consulto si existen oradores para referirse a alguno de ellos.
Se concede la palabra al senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse al dictamen…
¿Quiere fundamentar? Perfecto.
Se concede la palabra, previo al senador Alfonso Elías Serrano, al senador Villarreal, presidente de la comisión, a fin de que fundamente el dictamen.
-EL C. SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Muchas gracias, presidente.
La Comisión de Asuntos Fronterizos zona Norte, de este Senado de la República, pone a consideración de la Asamblea el dictamen del Punto de Acuerdo presentado por el senador Alfonso Elías Serrano, el cual exhorta al Ejecutivo Federal a que fortalezca con recursos suficientes los programas federales, estatales y municipales de atención a menores migrantes.
Como lo expuso el senador promovente, más de 120 migrantes menores al día son repatriados desde Estados Unidos de América a México en condiciones inseguras, se les niega la atención médica, la alimentación, los cuidados mínimos indispensables, los servicios básicos y con ello se atropella sus derechos humanos.
Que la cantidad de menores repatriados a México, sin compañía de un familiar, pasó en los últimos dos años de…
…..sin compañía de un familiar pasó en los últimos dos años de 14 mil a más de 22 mil, de los cuales cerca del 30 por ciento cruzó por el Estado de Sonora, que existen notables esfuerzos para atender a los menores repatriados en la frontera norte como es el caso del programa de Atención a Menores que opera el DIF Nacional, el Instituto Nacional de Migración y, por su parte, en los estados fronterizos como Baja California, Sonora y Chihuahua se han creado programas específicos que se encargan de vigilar el resguardo y restablecimiento físico de los menores repatriados.
En tanto se pueden reintegrar a sus lugares de origen. Por ejemplo existe también el programa Camino a Casa – Sonora, que tan sólo en lo que va de este año 2006 ha apoyado a más de seis mil menores repatriados.
Que los programas federales, los estatales y los municipales tienen serias limitaciones económicas y funcionales; que no alcanzan a ser suficientes y que, por tanto, urge tomar las medidas necesarias.
Tenemos que hacer mucho más para proteger a nuestros emigrantes repatriados. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte del Senado de la República procede a la elaboración del presente dictamen conforme a las siguientes consideraciones.
Reconocemos la importancia de defender de manera firme y decidida los derechos humanos de nuestros emigrantes repatriados, así como buscar las mejores soluciones y entendimientos bilaterales frente al reto de la migración.
También que reconocemos el trabajo realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los Estados fronterizos sobre el tema de repatriación de migrantes menores, pero que es necesario fortalecer los programas existentes con recursos suficientes, con el fin de proteger los derechos humanos y garantizar el respeto a las garantías individuales de nuestros menores de edad, que por diversas circunstancias son repatriados a nuestro nación.
Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.
UNICO.- En virtud de la tendencia a la alza de menores repatriados de Estados Unidos de América a México, y el alarmante incremento de niños y niñas, jóvenes mexicanos que son regresados a nuestro territorio, separados de sus familias, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo a que fortalezca con recursos suficientes los programas federales, estatales y municipales de atención a migrantes menores. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Alfonso Elías Serrano del grupo parlamentario del PRI, para referirse al mismo dictamen.
-EL C. SENADOR ALFONSO ELIAS SERRANO: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna para fijar la postura del grupo parlamentario del PRI a favor del dictamen propuesto por la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte, relativo al fortalecimiento de los programas de apoyo a los menores repatriados en diversos lugares y fronteras del norte del país.
A diario vemos cómo miles y miles de mexicanos arriesgan su vida cruzando o intentando cruzar una frontera que es insegura y llena de peligros; pero lo más alarmante es que cada vez son más niñas, niños y jóvenes quienes forman parte de este fenómeno, y cada vez son repatriados en la peores condiciones sin la compañía de sus padres o de algún familiar y, en muchos casos, sin la compañía de un adulto.
Y a pesar del trabajo realizado por el gobierno federal, y los valiosos esfuerzos de los gobiernos fronterizos, en este tema tenemos mucho por hacer. Por eso debemos de entrarle de lleno a trabajar en conjunto, todos, para resolver este grave problema. La realidad es muy dura, los recursos cada vez son menos, el número de menores que reportan sin la compañía de un familiar cada vez es mayor y las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, cada vez son peores.
Por ello, vemos con gusto el sentido de la Comisión en el que además de reconocer los esfuerzos del gobierno y de las autoridades, exhorta al Ejecutivo Federal para fortalecerlo con recursos suficientes los programas federales y estatales y municipales en atención a los menores migrantes.
De aprobarse este dictamen, programas de atención a menores emigrantes con el que opera el DIF a nivel nacional y el Instituto Nacional de Migración, y otros como el de Camino a Casa y algunos más en otros estados fronterizos, estarían en posibilidad de apoyar a un mayor número de niños, brindarles mejores servicios con mayor rapidez, pero sobre todo asegurarles el reencuentro con sus padres.
Senadoras y senadores, como representante de un Estado fronterizo, como un convencido del beneficio de los programas en apoyo a los niños migrantes, les pido que apoyen con su voto a favor el dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, es cuanto, señor presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Silvano Aureoles para referirse también a este dictamen.
-EL C. SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO: Muchas gracias, presidente. Sin duda que el tema que hoy se nos presenta, el dictamen que aquí se presenta tiene la mayor relevancia por ser un tema de más ampliamente discutido en esta Cámara el asunto migratorio.
Hemos coincidido en otros momentos en este tema relativo a la problemática de los migrantes, en general las dificultades, las carencias; los problemas a los que se enfrentan de manera recurrente nuestros paisanos del otro lado de la frontera, y en consecuencia nos resulta por demás importante que no solamente sea una propuesta, un tema planteado para defender o atender a los migrantes en general, sino en particular a los niños.
Por eso nosotros nos sumamos, como fracción parlamentaria a este dictamen por considerar que el tema requiere la atención urgente y ampliar los recursos que para ello se destinan.
Hace tiempo, sin duda, en fechas muy recientes, muchos de estos menores se quedaban desamparados sin ninguna atención en los Estados Unidos, sin el apoyo de familiares, y en muchos casos fueron atendidos solamente por el gobierno norteamericano, pero entregados del lado nacional, de lado mexicano, sin el apoyo correspondiente muchos niños menores de 16 años entregados en la frontera, depositados o regresados sin ningún acuerdo para el seguimiento y la atención correspondiente.
También es cierto que en los últimos años instancias nacionales se han ocupado del tema, como el DIF Nacional…..
...que en los últimos años instancias nacionales se han ocupado del tema, como el DIF nacional que los ha atendido de alguna manera; pero en la medida que el fenómeno se ha hecho más o ha crecido el fenómeno migratorio, en consecuencia la necesidad de recursos se hace urgente.
También es importante señalar, como se ha planteado aquí por el compañero senador que promueve este dictamen, que en los últimos años el número de menores que han regresado a territorio mexicano ha crecido de manera considerable, y que ello obliga al Estado mexicano, al Gobierno mexicano a dedicar los recursos necesarios para su atención.
También es importante destacar, y habría que agregar, entiendo no está considerado en el dictamen, sí pedir al Gobierno Federal, por supuesto, al Estado mexicano, que le agregue los recursos necesarios para atender el problema; pero también que esto sea reforzado en el ámbito estatal y municipal.
Que los recursos que para éste rubro tan importante se destinen, también sean descentralizados a nivel estatal y municipal, porque no siempre los estados y municipios cuentan con los recursos suficientes para atender esta demanda social que es, sin duda, muy importante y muy urgente.
También es importante destacar, para abonar en este sentido, que la mayor parte de los casos que se presentan tienen que ver con padres de hijos que son deportados y que dejan a los hijos en el desamparo del otro lado de la frontera.
Quisiera también destacar, que no solamente el tema que nos ocupa, no solamente tendría que ver con el esfuerzo para aplicar recursos y dar atención al fenómeno en términos generales, sino también para buscar de manera específica que este programa fortalezca y apoye la reunificación familiar de estos menores que por diversas razones se quedan del otro lado de la frontera, y que luego son regresados a nuestro país.
Por eso, compañeras y compañeros, por lo que ya se ha expuesto aquí, por la argumentación que se ha dado en torno al dictamen de referencia, por las razones sociales, implicaciones familiares que tiene este fenómeno, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, señor senador Aureoles.
Tiene el uso de la palabra el señor senador Ricardo Monreal, pero antes, senador Aureoles, creo que el senador Heladio Ramírez quiere hacer una pregunta. Sonido al escaño del senador Heladio Ramírez.
-EL C. SENADOR HELADIO ELIAS RAMIREZ LOPEZ: (Desde su escaño) Señor presidente, quisiera preguntarle a la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, ¿Si podría contemplar en este exhorto al Ejecutivo que no sólo se atienda a los niños migrantes que cruzan de Estados Unidos a México, sino que se fortalezcan también los programas federales y los estatales que tienen que ver con los niños migrantes al interior del país? Particularmente en estados como Sinaloa, Baja California, como Sonora.
Hay más de medio millón de niños jornaleros, muchos de ellos golpeados en sus derechos laborales y humanos. Entonces valdría la pena contemplar a los dos aspectos de la migración de los niños, porque ambos son además mexicanos, y ambos son jornaleros que van en busca de un trabajo.
Ojalá y la Comisión pudiera contemplar esta posibilidad, porque así fortaleceríamos un programa importante para la niñez mexicana.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Creo que un asunto tan noble podría ser visto en Comisión, a fin de ponerlo a satisfacción del senador Heladio Ramírez, en conocimiento de la Asamblea.
Sonido al escaño del senador Villarreal.
-EL C. SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: (Desde su escaño) Con mucho gusto recibimos la propuesta del senador Heladio, y me comprometo a que la Comisión trabaje en los próximos días un punto de acuerdo específico respecto al tema que hoy menciona, de manera que en los próximos días lo presentemos al Pleno, y estoy convencido de que todos estaremos en el respaldo de este tema que, sin duda, es muy importante.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Sonido al escaño del senador Heladio Ramírez.
-EL C. SENADOR HELADIO ELIAS RAMIREZ LOPEZ: (Desde su escaño) Si la Comisión quiere que lo sustente, lo haría con todo gusto.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias, senador Aureoles.
Tiene la palabra el señor senador Ricardo Monreal.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Gracias, ciudadano presidente; ciudadanas senadoras y senadores:
Ese es un tema de trascendencia, sobre todo para todos aquellos que provenimos de estados expulsores, y que es un resultado lo que estamos viviendo de la política migratoria equivocada, errática, absurda.
Cinco millones de migrantes en seis años. Este asunto que ha venido a traer a la discusión y a la probable aprobación la Comisión de Asuntos Fronterizos es muy importante.
Es alarmante escuchar que 120 niños diariamente son repatriados a México, sin derechos elementales, sin medicamentos, sin atención. Y es grave que no se le haya puesto atención hasta la fecha.
Creo que todos deberíamos de apoyar este exhorto, pero solicité el uso de la palabra para pedirle al presidente de la Comisión o a la Comisión, pudieran aceptar una adición al exhorto.
Miren ustedes, así como hay una repatriación de una cantidad diaria de niños impresionante, lamentablemente también tenemos diariamente decesos. Tenemos problemas graves en todos los estados de la Unión Americana con repatriación de cadáveres.
Es alarmante y es triste ver en las fronteras y en los consulados cuerpos sin vida de mexicanos y mexicanas que están a la espera de recursos económicos para ser repatriados a sus lugares de origen.
Por eso solicito a la Comisión y a la Presidencia dar el turno o el trámite parlamentario, para que en el exhorto, que hoy se habrá de votar, se incluya el que también se puedan prever recursos suficientes para la repatriación de cadáveres.
Muchos de ustedes, quizás, estén ajenos a esta problemática que observamos todos los días en los estados…
(SIGUE 7ª PARTE.)
…esta problemática que observamos todos los días en los estados fronterizos en la nación vecina.
Por eso le pido y solicito a la Asamblea, pueda autorizar que el exhorto se amplíe para este propósito. Por dignidad, por atención a los familiares de las personas fallecidas y porque no hay recursos en los consulados y e las embajadas para este tipo de trámites que son dolorosos e incluso vejatorios e indignos.
Por eso, solicito a la Asamblea pueda incluir en el exhorto esta consideración para que tanto el Gobierno Federal, los estatales y los municipales, prevean recursos económicos suficientes para hacer posible este doloroso trámite de la repatriación de cadáveres.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Señor Senador Monreal, siendo un asunto de especial importancia y entendiendo que la Comisión no mostraría en un asunto que nos es a todos de apreciar, nos gustaría mucho tener la redacción por escrito, a fin de poderlo consultar con la Asamblea para mayor precisión.
- EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Lo entrego por escrito, manuscritamente.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Tiene la palabra, antes de poner a consideración de la Asamblea, esta ampliación en el exhorto, el señor senador Humberto Andrade para referirse al mismo asunto.
Lo quiere hacer desde su escaño.
- EL C. SENADOR HUMBERTO ANDRADE QUEZADA: Gracias, señor Presidente. Yo quisiera pedirle al Presidente de la Comisión, al senador Villarreal y al proponente, al senador Serrano, que pudieran incluir en la redacción y revisión de este Punto de Acuerdo a la Comisión de Población y Desarrollo. Este es un fenómeno migratorio que estamos teniendo al interior del país y que, bueno, tiene que ver mucho con las políticas y las decisiones acerca de migración interna.
Entonces, yo le pediría, si no tienen a mal, que pudiéramos revisar y suscribir este Punto de Acuerdo también la Comisión de Población y Desarrollo, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Señor senador Villarreal, hay una propuesta. ¿Está usted de acuerdo en que la pueda suscribir también la Comisión?
- EL C. SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Acepto.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Es de aceptarse, señor senador Humberto Andrade.
- EL C. SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA (Desde su escaño): Nada más si me permite darle lectura como quedaría el Punto de Acuerdo, en los términos que establece inicialmente la Comisión.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Señor Senador: ¿No quisiera utilizar usted mejor la Tribuna, a fin de que la Asamblea conozca esta ampliación al exhorto y, posteriormente, solicitemos a la Asamblea si se admite o no?
- EL C. SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: “Punto de Acuerdo.- Unico. En virtud de la tendencia a la alza de menores repatriados de Estados Unidos de América a México y el alarmante incremento de niños, niñas y jóvenes mexicanos que son regresados a nuestro territorio, separados de sus familias, el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de los estados y a los ayuntamientos de los municipios a que fortalezcan con recursos suficientes sus respectivos programas de atención a menores, migrantes repatriados y la repatriación de cadáveres.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Consulte la Secretaría, en votación económica, a la Asamblea si es de admitirse la redacción de este Punto de Acuerdo.
- LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre puntos de acuerdo.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: No, si es de admitirse esta modificación al Punto de Acuerdo.
- LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: ¡Ah! Si se admite a discusión la modificación del Punto de Acuerdo.
- EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA (Desde su escaño): Señor Presidente, está bien, simplemente para un asunto de corrección y estilo que lo viéramos más adelante. Pero el propósito y el sentido está contemplado.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Correcto.
Si ha sido aprobado, consulte entonces la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes, en el que se contempla ya la modificación respectiva al referente al dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer con recursos suficientes los programas federales, estatales y municipales de atención a menores migrantes.
Aprobados, Senador Presidente.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobados los acuerdos.
En el apartado de iniciativas, se concede la palabra al senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo.
- EL C. SENADOR FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con el permiso del Senador Presidente; compañeras y compañeros senadores: El derecho a la participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas, es además de un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y la justicia social, un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que ésta es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados. De ahí la importancia de propiciar su cabal cumplimiento.
Asimismo, la participación en las ganancias que obtiene una empresa o patrón de acuerdo con su declaración fiscal por la actividad productiva o servicios que ofrece en el mercado, es un derecho constitucional irrenunciable que tienen todos los trabajadores que laboran en forma personal, subordinada y que perciben un salario.
Sin embargo, en la actualidad hemos visto distintas estrategias mediante las cuales las empresas eluden el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de repartir utilidades entre sus trabajadores.
En la práctica, se ha observado que muchas personas morales con grandes márgenes de utilidad, constituyen empresas de servicios a donde trasladan la contratación y administración de toda su planta laboral para no tener que dar cumplimiento al reparto de utilidades entre los trabajadores de la misma.
Es decir, de manera formal dejan a sus empleados fuera de la empresa…
( Sigue 8ª parte )
… de manera formal, deja a sus empleados fuera de la empresa generadora de grandes ganancias y pasan a ser trabajadores de firmas, con bajo márgenes de utilidad. Quedando así estos, totalmente excluidos de la participación en las utilidades que se generan mediante el trabajo subordinado que realizan.
Esto resulta totalmente injusto y es una práctica que en forma evidente tiene la única finalidad de evadir las responsabilidades. No sólo en cuanto al reparto de utilidades, sino de todas aquellas que se tienen en materia laboral y de seguridad social, por parte de los patrones.
Para que los trabajadores sujetos a estas prácticas pudieran hacer efectivo su derecho a la participación justa de las utilidades generadas, tendrían que recurrir a litigios desgastantes, engorrosos y que implican el despido de su fuente de trabajo.
Esto, porque las diversas disposiciones, no establecen la obligación en forma automática del reparto de utilidades a este tipo de empresas.
Es por esto, que proponemos esta iniciativa para reformar, en primer término, la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las personas morales que lleven a cabo la contratación y administración de su planta laboral, a través de una empresa de servicios u otra persona moral creada específicamente para este fin, estén obligadas a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Siempre que la persona moral, que otorga la prestación del servicio para la contratación y administración de la planta laboral, sea una subsidiaria de la empresa generadora de grandes utilidades; que la contrata con la finalidad de excluir a sus empleados de dicha prestación.
O qué los socios o algunos de los socios de la empresa, que contrata a la persona moral prestadora de servicios, para la administración de la planta laboral, tenga una participación mayoritaria en esta última. O que la persona moral, que contrata la prestación de servicio para la administración de su planta laboral y la persona moral que otorga dichos servicios, acumule sus ingresos en una sola declaración para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta.
De esta manera, es como establecemos, en esta iniciativa, que las personas morales que caigan bajo algunos de estos supuestos, lleven a cabo el cálculo de la renta gravable, para la participación de las utilidades a los trabajadores, con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica independiente.
Utilizando los criterios establecidos en el capítulo de consolidación fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por otra parte, son los sujetos obligados a participar utilidades, todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y en general todas las persona físicas o morales, que tengan trabajadores a sus servicios, sean o no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta.
Al respecto, por parte de las autoridades del Trabajo, se han establecido una serie de criterios, que en la práctica se aplican, y que sin embargo no se encuentran establecidos de manera clara en la Ley Federal del Trabajo.
Por lo que proponemos la inclusión, de un artículo 126 Bis, en esta ley, a fin de que exista claridad, respecto a estos supuestos y a los casos señalados en la reforma propuesta a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Señoras y señores senadores: Es tiempo de establecer las medidas que contribuyan a una mejor y más equitativa distribución del ingreso. Así como fortalecer los derechos de los trabajadores, que injustamente se ven mermados por prácticas irregulares y prácticas abusivas por parte del patrón.
Finalmente, senador presidente, solicitaría, de manera atenta, que el texto íntegro de esta iniciativa, se integre en el Diario de los Debates.
-EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Como ha sido solicitado, senador, intégrese el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates, y túrnese a la Cámara de Diputados, para los efectos correspondientes.
Se concede la palabra al senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto de Ley General de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
-EL C. SENADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias, presidente.
En la actualidad, una estrategia importante para el desarrollo económico, lo constituye, sin duda, la educación.
Asimismo, las incipientes inquietudes de la sociedad, en torno a la conservación de los recursos naturales y al mantenimiento del ambiente sustentable, obligan a la evolución de los modelos, contenidos y estrategias educativas. En donde se promueve a los ciudadanos, la toma de conciencia y la capacidad para que ellos mismos se comprometan con decisiones que afecten su vida.
En ese sentido, la educación ambiental, se constituye como parte de estos modelos y como un proceso que permite continuar con el desarrollo, al mismo tiempo que protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta, constituyendo, así, la sustentabilidad de los recursos.
El tema parece nuevo, pero los antecedentes nos indican, que sus orígenes se remontan a los años setenta, debido a que es en el período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada la educación ambiental, en los diversos foros a nivel mundial.
Aunque si bien es cierto, antes ya se habían citado algunas experiencias, de manera aislada y esporádica, es en Estocolmo, Suecia, en el año de 72, donde se empiezan a advertir los efectos de la acción humana, que pudieran tener en entorno ambiental.
Por lo que es hasta ese momento, cuando se plantea un cambio o corrección de los estilos de desarrollo actuales.
Posteriormente, se realizan eventos en Belgrado, Yugoslavia, en donde se recomienda considerar al ambiente en su totalidad y aplicar modelos atendiendo las diferencias regionales, considerando todo desarrollo y crecimiento, con una perspectiva ambiental.
Es en Tbilisi, en el año de 77, donde se realiza un evento de gran importancia, pues es aquí donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental a los sistemas de educación; estrategias-modalidades y la cooperación internacional en materia de educación ambiental.
Tiempo después en Moscú, en el año de 87, se hace la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el campo de la educación y la formación ambiental.
Otro número importante de eventos, fueron realizados para atender la inclusión de la educación ambiental, dentro de las agendas nacionales, muestra de ello, es que en la Cumbre de Río de Janeiro, y en el Foro Global Ciudadano de Río, ambos en el año 92; en Guadalajara, en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental; en Chosica, Perú; y en Managua; en Cocoyoc, México; en Caracas; en Buenos Aires; y en Venezuela.
Todo ello, como muestra de que el concepto de educación ambiental ha sufrido importantes transformaciones en su breve historia. Ha pasado de ser considerada sólo en términos de conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza.
De igual forma, se dio una posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, a un gran paso hacia un fuerte…
…económicos vigentes, a un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales responsables de la problemática ambiental.
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación Ambiental se vino conformando en función de la evolución de los conceptos que aquélla estaban vinculados. Por lo que cuando la percepción del medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta las interdependencias en las condiciones naturales y las socioculturales y económicas, las cuales definen las orientaciones de instrumentos conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de sus propias necesidades.
Hoy en día, la tendencia de la educación ambiental va encaminada a la sustentabilidad pues busca integrar los conocimientos con las actitudes, pero sobre todo con las acciones. Actualmente ya no resulta suficiente informar sobre los innumerables problemas ambientales como el calentamiento global, el agotamiento de recursos, o bien, a través de la realización de actividades aisladas y de coyuntura. Hoy en día la sociedad y el ambiente exigen un modelo de gestión sustentable en donde se piense global y se actúe en esa consecuencia.
El propósito de la Educación Ambiental es dotar a los individuos con el conocimiento necesario para entender los problemas ambientales, ofrecer las oportunidades que permitan el desarrollo de las habilidades necesarias para investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas de este tipo. La oportunidad de ser activo e involucrarse en la resolución de los problemas presentes y la prevención de los problemas futuros y lo que es más importante, ofrecer las oportunidades para desarrollar las habilidades que permitan enseñar a otros a que hagan lo mismo.
No podemos dejar de ver que los problemas ambientales relacionados al desarrollo económico y social están siendo desde hace algunas décadas tomados cada vez más en cuenta. El sistema de producción actual nos lleva a una crítica situación de la cual no es fácil salir, aún poniendo el mayor de nuestro empeño.
Hasta el momento, las soluciones han venido de la mano de cambios tecnológicos, de sanciones más graves dentro de las leyes; de establecer impuestos a quien contamine o subsidios a quien elabore productos "verdes" o amigables con el medio ambiente. Todas estas medidas han tenido un éxito relativo, lo cierto es que la situación ambiental del planeta es cada vez peor y cada vez más irreversible.
Por ello, y al margen de la normatividad general que contenga disposiciones relativas a la educación, se hace indispensable un ordenamiento que regule la materia, pues su justificación se basa en la necesidad de lograr que todos los individuos tengamos un cambio de conciencia, de hábitos y de cultura que logren el desarrollo sustentable en nuestro país, aplicado de forma transversal.
En este sentido, la trascendencia que hoy adquiere la educación ambiental resulta incuestionable. Su acción pedagógica y social promueve un nuevo sentido de civilidad ante los desafíos del desarrollo, en donde la diferencia con el anterior modelo educativo se funda en la necesidad de conceptuar, articular y contextualizar las nuevas realidades, pues los problemas del planeta, de la sociedad, de la naturaleza, del ser humano y de su cultura, son problemas multidimensionales que atraviesan todas las fronteras físicas, biológicas y socioculturales, y que desde el punto de vista de su abordaje, para la investigación y la educación, son problemas inter y transdisciplinarios.
Es así como se presenta esta iniciativa de ley. Dicho proyecto de ordenamiento legal cuenta con tres títulos, el primero de ellos se refiere a las disposiciones generales, integrado por tres capítulos relativos a las normas preliminares, a las autoridades responsables y a la coordinación y concertación que debe haber entre los tres niveles de gobierno. El titulo segundo se refiere a la Política de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, compuesto por su capitulo de disposiciones generales y por el capitulo relativo al programa nacional de educación ambiental.
Por último un título tercero relativo a la disposición sobre educación ambiental en donde se contienen los capítulos relativos a la educación formal, a la ecuación ambiental no formal, a la participación social, al derecho a la información para el desarrollo sustentable, a la comunicación educativa para el desarrollo sustentable y para la investigación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de Ley General de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
Finalmente señor Presidente, le solicitamos que la presente iniciativa se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES ORIGEL: Muchas gracias senador. Insértese el documento tal como está presentado y publicado en la Gaceta del Senado en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
El siguiente punto del orden del día tiene el uso de la tribuna la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales. Y agradecería a la Asamblea poner atención a los oradores en la tribuna, rogándoles encarecidamente bajen la voz si tienen algo que comentar, para efecto de que podamos escuchar todos a quien está en el uso del derecho de la voz para todos. Muchas gracias. Adelante senadora.
-LA C. SENADORA MINERVA HERNANDEZ RAMOS: Con su permiso, Presidente. Honorable Asamblea. En diversos artículos constitucionales se establecen las bases estructurales de un régimen presidencial como elementos propios de la forma de gobierno de nuestra República. Es innegable la posibilidad de modificar nuestro régimen político, para pasar del presidencialismo a un régimen parlamentario. No obstante, la propuesta de un cambio radical en esta materia no prevalece claramente en nuestro país, por lo que es necesario promover por lo menos modificaciones constitucionales cuyo propósito genérico consiste en limitar normativamente el poder que detenta el presidente de la República y fortalecer estructuralmente al Congreso de la Unión en cuanto a su relación con el gobierno federal, aun bajo el esquema del gobierno presidencial.
El Presidente ejerce sus atribuciones mediante un amplio aparato administrativo encabezado por los secretarios de Despacho, titulares de Entidades Paraestatales, el Procurador General de la República y jefes de Departamentos Administrativos. La mayoría de estos funcionarios son nombrados y removidos libremente por el Presidente en el caso de las dependencias del sector centralizado y prácticamente, de la misma manera, los titulares de las entidades paraestatales. Si bien en cuanto a éstas, se cumplen las formalidades previstas en las leyes para su designación o para su remoción. Sólo por excepción, desde hace poco más de 10 años, servidores públicos de alto nivel como el Procurador General requieren la ratificación de la Cámara de Senadores para ocupar el cargo respectivo.
Estos altos funcionarios públicos no responden políticamente por sus determinaciones ante el Congreso Federal, por tratarse de un régimen presidencial tradicional y sólo pueden ser removidos de sus cargos por los representantes populares mediante juicio de responsabilidad oficial, o como consecuencia de un procedimiento de declaración de procedencia, constituyendo sendas formas de responsabilidad jurídica, pero no política.
Son los colaboradores más cercanos del Presidente que gozan de su confianza para ejecutar las políticas públicas del gobierno federal, por lo cual responden políticamente sólo ante…
. . . gobierno federal, por lo cual responden políticamente sólo ante él.
Consecuentemente, se considera necesaria una amplia modificación constitucional, cuyo propósito esencial consiste en limitar la atribución literalmente discrecional del presidente de la República para designar a los altos servidores públicos de la administración federal, lográndose con esto tanto un conveniente control político del congreso de la Unión sobre el presidente y a la vez un desempeño más eficiente y eficaz de los altos funcionarios públicos del gobierno, desde el momento en que éstos deberán responder por sus decisiones también ante los legisladores federales.
Estos propósitos relacionados entre sí, pueden alcanzarse mediante la asignación de dos nuevas atribuciones al Congreso Federal que consistirán en la aprobación por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros de las propuestas que haga el Presidente de la República para ocupar estos cargos y en la facultad de remoción de estos servidores por los legisladores federales, mediante la misma votación, conforme al mecanismo de responsabilidad política denominado voto de censura.
En estas condiciones, los altos funcionarios públicos de la administración federal serían propuestos al Congreso Federal por el Presidente de la República, debiendo contar con la confianza de ambas cámaras para ocupar el cargo respectivo. Su remoción por la pérdida de la confianza política conferida, independiente de la responsabilidad jurídica en la que pudieran incurrir, correspondería tanto al Congreso Federal, como al Presidente de la República, el cual en todo caso, tendría que contar con la aprobación del Congreso Federal para designar a un nuevo funcionario.
La responsabilidad política de los servidores públicos ante el Congreso Federal no modifica en esencia la forma de gobierno presidencial, ni crea un régimen político "semiparlamentario" o "semipresidencial". Esta propuesta constituye una variante del presidencialismo como las que existen en Uruguay y Argentina, países en los que el gobierno sigue atribuyéndose constitucionalmente al Presidente de la República, o en Francia, Nación en la que el gobierno está integrado por un presidente que lo encabeza, por el primer ministros y por los ministros, todos los cuales, con excepción del primero, responden políticamente ante el parlamento.
Está claro que de estos funcionarios públicos, quien está a cargo del gobierno o quien preside el órgano de gobierno es el único que no requiere la confianza parlamentaria para desempeñar su responsabilidad, ni responde políticamente ante el congreso o parlamento por sus determinaciones, mientras que los demás sí necesitan el voto de confianza de los representantes populares y consecuentemente, también pueden ser removidos de su cargo mediante un voto de censura pronunciado por la mayoría de éstos.
La propuesta que presento a esta H. Cámara de Senadores no se limita a plantear la conveniencia de que además del Procurador de la República, varios servidores de alto nivel simplemente deban ser ratificados por este órgano representativo o por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Lo que planteo tiene una trascendencia constitucional y política mayor, toda vez que establece una relación directa entre la aprobación para ejercer un cargo público y la evaluación del desempeño de las funciones que le son propias, aspectos que se convierten en sendas atribuciones de los legisladores federales representadas por las estructuras denominadas "voto de confianza" por una parte, y "voto de censura", respectivamente.
Mediante la primera, las cámaras del Congreso de la Unión, actuando de manera conjunta como Congreso General, otorgan su confianza a los funcionarios que propone el Presidente de la República para ocupar determinados cargos señalados en la Constitución Federal. Los legisladores aceptan cada uno de los nombramientos de manera particular por mayoría absoluta de votos, votación que se requiere para una segunda propuesta para cada caso en el que la primera fuera rechazada. Si nuevamente no se lograra la aprobación del funcionario público, se harán otras hasta que por mayoría simple de votos el Congreso General acepte alguna.
En cuanto el funcionario público empiece a desempeñar el cargo, en cualquiera de las cámaras federales podrá iniciarse un procedimiento de responsabilidad política en su contra, que no dependerá necesariamente de una infracción del orden jurídico que le sea imputable, ni tendrá que substanciarse con esta base, sino exclusivamente se originará en la posibilidad de que el Congreso General haya perdido la confianza que depositó al asumir el cargo, cualquiera que sea la causa que lo motive a retirársela. Para este efecto, por lo menos un veinte por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras deberá plantear ante el pleno de la misma una "moción de censura", mediante la cual se iniciará el procedimiento respectivo, que se desahogará en un máximo de cinco días hábiles, pudiendo concluir con la ratificación de la confianza política a favor del funcionario público, o con la emisión de un "voto de censura" en su contra, el cual determinará, desde luego su inmediata dimisión. En todo caso, la decisión del congreso general se tomará por mayoría absoluta de votos y no podrá ser vetada por el Presidente, tampoco impugnada con base en una controversia constitucional, ni en algún otro recurso jurídico.
La facultad de remoción del funcionario público se mantiene también a favor del presidente de la República, quién al hacer un nuevo nombramiento deberá someterlo a la aprobación del Congreso de la Unión, actuando como Congreso General.
En cambio, la atribución de la comisión permanente del Congreso de la Unión se deroga, en congruencia con las reformas y a adiciones a la Constitución Federal que propongo.
Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración del H. Congreso de la Unión y en su momento, de los H. Congresos de las Entidades Federativas, por conducto de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa relativa a la designación y remoción de los secretarios de despacho, titulares de entidades paraestatales y otros funcionarios de la Administración Pública Federal que considera reformas a las fracciones II y IX del artículo 89, párrafo 1º del artículo 102-A, deroga la fracción V del artículo 78 y adiciona cuatro párrafos al artículo 93, pasando los tres vigentes a ser 5º, 6º y 7º respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por obvio de tiempo, señor presidente, no daré lectura a la iniciativa, pero solicito se transcriba íntegra en el Diario de los Debates.
-EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Muchas gracias senadora, transcríbase íntegro como lo ha solicitado en el Diario de los Debates, tal como se encuentra presentada y publicada en la Gaceta del Senado y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
Señoras y señores senadores, se concede en el siguiente punto del orden del día la palabra al señor senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Penal Federal.
-EL C. SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA: Con su permiso, señor Presidente.
Antes de comenzar la presentación de esta iniciativa me permito aclarar que existe un pequeño cambio, una modificación en el Proyecto de Decreto que a continuación expondré:
La seguridad pública no es un logro de primera intención de una acción propuesta, siempre es consecuencia de una serie de factores preexistentes que en su función preventiva, cuando ésta es exitosa, dan lugar a un estado de equilibrio y bienestar duraderos.
Ante las perturbaciones existentes, en la seguridad pública debemos cuestionarnos sobre dos elementos fundamentales en la garantía de equilibrio social: la gobernabilidad y/o ingobernabilidad.
La gobernabilidad puede entenderse como la capacidad de administrar los intereses del pueblo o de una nación a través del gobierno, que eventualmente podrá ser calificado de bueno…
… a través del gobierno, que eventualmente podrá ser calificado de bueno o de malo, dependiendo de la eficiencia y eficacia que demuestre en su desempeño.
Hablar de prevención social y de seguridad pública es referirse a todo aquello que debe ponerse en práctica el hombre mismo para que desarrolle sus sistemas de seguridad, el cual se debe de aplicar cuando se dañe a la sociedad a través de alguna conducta u omisión tipificada como delito, ya que en caso contrario, el Estado tendrá la obligación de sancionar dicho acto, teniendo facultades suficientes para sancionar al infractor, de conformidad con las leyes previamente establecidas al acto que origine la sanción.
En nuestro país, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de Nuestra Carta Magna, se considera a la imposición de penas y su cumplimiento actividad monopólica del Estado, la cual la ejerce a través de autoridades jurisdiccionales y administrativas; esto es, a través de la primera se sanciona las conductas previstas como delitos en las disposiciones normativas, pudiéndose aplicar sanciones de dos tipos: la primera, privativa de libertad y la segunda pecuniaria, multa o reparación del daño. Y una vez impuesta la sanción, corresponde a las autoridades administrativas competentes que se dé su cumplimiento.
Un sistema penal, y en especial un internamiento, tendrán como finalidad primordial la readaptación social del sentenciado a fin de poder obtener su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación a la sociedad.
Por readaptación social debe entenderse la acción y el efecto tendientes a lograr que un individuo vuelva a ser una persona adecuada al grupo social al cual habrá de ser reintegrado.
En atención a lo anterior debe decirse que la readaptación social se logra únicamente a través de la rehabilitación, la cual tienen como finalidad lograr que la persona que ha delinquido se pueda reintegrar a la sociedad.
En nuestra legislación, la rehabilitación esta prevista en el artículo 99 del Código Penal Federal.
Esta rehabilitación se lleva a cabo a través de diferentes sistemas como lo son el trabajo, estudio o la realización de actividades dirigidas a su consecución. Cabe hacer la aclaración que dicha readaptación social se lleva a cabo únicamente cuando el delincuente está cumpliendo alguna pena consistente en la privación de su libertad.
Por otro lado, la reparación del daño es una pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de resarcir los perjuicios derivados del delito cometido.
Se atribuye a la reparación del daño, a cargo del delincuente, las siguientes características.
La reparación no sólo es de interés público, sino de orden público. Su exigibilidad y el procedimiento son ajenos a la voluntad de los ofendidos.
Debe de ser exigida de oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o su representante.
Los ofendidos, sus derechohabientes o sus representantes, pueden ser coadyuvantes del Ministerio Público para comparecer a las audiencias y alegar y apelar en lo relativo a la reparación del daño.
La reparación no está sujeta a transacciones o convenios entre ofendidos y responsables. Será fijada por el juez, sin que nada tenga que ver la capacidad económica del obligado a pagarla con el monto de los daños.
La reparación es renunciable por parte del ofendido, pero la renuncia no libera al responsable, produce el único efecto de que su importe se aplique al Estado.
El crédito por la sanción pecuniaria es preferente con respecto a cualquiera otra obligación contraída con posterioridad al delito. La preferencia exceptúa las obligaciones referentes a alimentos y a las relaciones laborales, ya que los acreedores tanto alimentarios como laborales no tiene porqué sufrir el agravio de sus legítimos intereses, en cuanto es posible evitarlo, las consecuencias de la conducta delictiva del deudor.
En la actualidad y dependiendo del ilícito perpetrado, a un delincuente se le pueden dar tres tipos de sanciones: la primera que es la privativa de libertad, la multa a favor del Estado y la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido.
Derivado de ello, la presente iniciativa está encaminada a otorgar el beneficio de la semilibertad al delincuente que ha cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad; pero que no tenga los recursos necesarios para cumplir con la reparación del daño fijada por la autoridad jurisdiccional, ya que consideramos que el mismo ya cumplió con el periodo de readaptación fijado por el juez, por lo que puede ser candidato para obtener el beneficio de la semilibertad, siempre y cuando manifieste su deseo de salir, cumpla cabalmente con el plan de pago que le imponga la autoridad administrativa y cumpla con el sistema de semilibertad que marca la propia ley penal.
De esta forma la propuesta concreta consiste en que el sentenciado tendrá derecho a que una vez concluida la totalidad de la pena privativa de la libertad impuesta, si faltare cubrir la pena pecuniaria por concepto de reparación del daño para poder obtener su libertad, a petición de éste, la autoridad ejecutora podrá fijar plazos para el pago de la reparación de aquél, los que en su conjunto no excederán de dos años, debiendo para ello exigir garantía cuando el monto de la reparación rebase el equivalente a mil salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, otorgando con esta medida la semilibertad al reo en cualquiera de las modalidades previstas por la legislación penal.
Igualmente se establece que si el delincuente que hizo uso de este derecho incumple con la medida implementada por la autoridad ejecutora, se estará atento a lo dispuesto por lo previsto en el mismo Código.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, pro el que se reforma el artículo 39 del Código Penal Federal.
Es cuanto, señor presidente. Nada más le solicitaría si se pudiera agendar íntegramente la presenta iniciativa en el Diario de los Debates. Muy amable.
-EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Cuente con ello, senador, se incorporará en el Diario de los Debates tal como está publicado en la Gaceta. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para sus correspondientes efectos.
Se concede la palabra al senador José Luis Lobato Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos.
-EL C. SENADOR JOSE LUIS LOBATO CAMPOS: Gracias senador presidente.
Ciudadanas y ciudadanos senadores:
La Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962, incluyó en su artículo 13 el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, mismo que fue fundamentado en la necesidad de contar con recursos públicos suficientes para hacer frente a los gastos que implicaría la realización de los Juegos Olímpicos de 1968, de los cuales nuestra patria sería la sede, motivo por el cual se hacía necesario generar los espacios adecuados para la recepción, preparación y desempeño de los atletas que participarían en las distintas disciplinas deportivas.
Como ustedes saben, la costumbre en nuestro país indica que lo provisional se vuelve definitivo. Y así a finales de ese 1962…
Como ustedes saben, la costumbre en nuestro País indica que lo provisional se vuelve definitivo, y así, a finales de ese 1962, el C. Presidente de la República en funciones, Adolfo López Mateos, presentó una Iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, considerando en su exposición de motivos que la experiencia del año había demostrado la conveniencia de conservar ese impuesto, que había sido muy bueno, y muy buenos ingresos; y que al estar ya incluido en la Ley de Ingresos, no se trataba de establecer un nuevo gravamen tributario, sino solamente de regular con la debida amplitud las bases indispensables para su cobro.
Sobre esa base la Comisión de Impuestos de la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Impuestos de Hacienda de la Cámara de Senadores dictaminaron favorablemente, sin mediar debate, por lo que el Congreso decretó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, que entró en vigor el primero de enero de 1963.
En esos años, en los años sesenta nuestro país gozaba de una gran estabilidad económica (baste recordar que el mundo entero hablaba del "milagro mexicano"), su deuda exterior era mínima y su crecimiento era lento pero seguro; ese impuesto, por lo tanto, no representó ninguna carga impositiva importante para los contribuyentes, sin embargo hoy en día en el presente siglo XXI, donde los vehículos no representan un artículo de lujo sino una necesidad para el transporte en nuestras ciudades que crecen diariamente a paso vertiginoso, este impuesto representa en muchas ocasiones un verdadero sacrificio para la mayoría de los propietarios de automóviles. La situación actual nos obliga a reflexionar a todos los miembros de esta soberanía y tenemos que estar de acuerdo en que es cierto, el porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto es muy bajo comparado con los ingresos de otros países en iguales o peores circunstancias que nosotros, obedeciendo ello en gran parte a que no se han establecido los controles necesarios para que los evasores y quienes habitualmente se dedican a la economía informal o a otro tipo de actividades, paguen los impuestos que les corresponden, siendo únicamente a la base cautiva a la que seguimos castigando con impuestos cada vez mayores.
Controlar este tipo de impuestos presentaría un ingreso diez o 20 veces superior a lo que se percibe por esta ley de Impuestos sobre Tenencia de Automóviles.
No debemos omitir además que el ramo automotriz es uno de los principales detonadores económicos en cualquier país y que además del impuesto que nos ocupa, en su adquisición original se paga un fuerte impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN, se paga el IVA y además del impuesto sobre la renta que en razón de sus utilidades tiene que pagar la empresa comercializadora.
Si bien es cierto que con las reformas publicadas en 1964, se decidió participar a los Estados y al Distrito Federal con el 30% del ingreso que la Federación obtendría por este impuesto, y que hoy en día ya se le otorga en forma completa, correspondiéndole a los municipios una parte de ese impuesto, dicha participación estaba condicionada a que no existieran gravámenes locales y municipales sobre esta misma tenencia.
Posteriormente, en el año de 1980 se abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia de 1962, votándose una nueva Ley que entró en vigor el 1 de Enero de 1981, en la cual además de vehículos automotores se incluyeron otro tipo de vehículos desde las motocicletas terrestres hasta los helicópteros. De entonces a la fecha, dicha Ley ha sufrido diversas modificaciones, provocando en algunos casos que muchos contribuyentes hayan tenido que recurrir al amparo y protección de la justicia federal por considerar que este impuesto viola los principios de equidad y proporcionalidad señalados por nuestras leyes y que han sido tutelados por tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, publicado en el Semanario Judicial de la Federación (Tomo: 91-96. Primera Parte.), de donde citamos:
"Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y [...] tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos..." Termino la cita.
Ciertamente para algunos Estados, Municipios y Distrito Federal, puede ser representativo lo que perciben por este impuesto, pero debería ser el Congreso de cada Entidad Federativa el que de considerarlo procedente estableciera ese impuesto como local, porque en las condiciones actuales este impuesto se ha prestado a muchas corruptelas fácilmente comprobables cuando se compara el padrón vehicular del país en circulación por entidad federativa y según el tipo de servicio dado a conocer por el INEGI, que en el año 2004 sumaba un gran total de 20 millones 794 mil 888 vehículos entre automóviles, camiones de pasajeros, camiones de carga y motocicletas; contra el impuesto realmente percibido, lo cual nos arroja una evasión fiscal por este gravamen entre 30 y 40% anual debido en gran parte a corrupciones en las oficinas locales de hacienda, en las que hay individuos que han sabido sacarle provecho personal al mismo o bien, incluso a la falta de recursos de algunos contribuyentes que tienen dificultades para cumplir con el pago en tiempo y forma; hemos vivido casos como el que precisamente se denunció en esta tribuna hace un año, por el cargo indebido que en la mayoría de las entidades federativas que aplicaron en el cobro de tenencia vehicular en el “2006”, incrementaron por su cuenta de la tenencia vehicular entre el 10 y el 150%.
Compañeras y Compañeros Senadores, yo quisiera llamar de manera muy especial su atención sobre el tema que nos ocupa para que la Comisión responsable y esta soberanía puedan proceder en lo conducente para abrogar esta ley dado que nos encontramos en el momento oportuno para realizarlo y presento algunas consideraciones a modo de fundamento: El jueves anterior hice llegar al escaño de cada uno de los senadores de las fracciones parlamentarias, del Partido Acción Nacional, y del Partido Revolucionario Institucional, unos documentos personales en que les señalaba que sus candidatos a la Presidencia de la República en que fechas, ante que personas se comprometieron a que de llegar a ganar en el proceso electoral ellos derogarían o abrogarían esta ley.
Yo espero que no hayan sido promesas electoreras…..
...yo espero que no hayan sido promesas electoreras, promesas de campaña, sino que realmente se haga honor a la palabra empeñada.
Ojalá, ahora que vamos a estudiar la Reforma del Estado, podamos establecer algún principio para obligar a todo candidato a que cuando realiza una campaña electoral y promete algo, se compromete hacer algo en una campaña electoral, la cumpla cuando desempeñe un cargo público.
Ustedes tienen ya en esos oficios, sus respectivos candidatos cuántas veces se comprometieron a derogar este tipo de impuesto.
El 27 de marzo, a parte de esto, el 27 de marzo de 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Senadores, suscribió una iniciativa para abrogar este impuesto sin que tal medida se hubiera aprobado o llevado a cabo.
El 6 de diciembre de 2005 el diputado Moreno Arévalo, a nombre propio y de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, sometió a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para abrogar este impuesto. En términos similares a lo que anteriormente lo había hecho el PAN.
Hay otro tipo de impuestos y de ingresos que pueden justificar el que a los estados y a los municipios les podamos dar las cantidades de recursos que ellos vayan requiriendo.
Pero, por todo lo que hemos expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Artículo Unico.- Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2007.
Ojalá, como dice el senador Monreal, muchos no escucharon tal vez el contenido de esta iniciativa, pero espero que los que sí prestaron atención puedan comprender el verdadero alcance de esto, porque son entre 10 y 15 millones de mexicanos que están pagando ese impuesto anualmente, y que es un impuesto absurdo.
Piensen ustedes que ya nada más va a faltar el día que por tener un par de zapatos y digan: “como el zapato lastima las calles al andar caminando hay que poner un impuesto sobre tenencia de zapatos o sobre tenencia de refrigeradores o sobre tenencia de estufas.
El Impuesto sobre Tenencia de Vehículos no se justifica en lo más mínimo para lesionar al pueblo de México, y esos recursos, los estados y el Distrito Federal, pueden generarlos de otras muchas formas.
-EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Gracias, senador Lobato.
¿Senador Lobato, la senadora Ludivina Menchaca pregunta si puede suscribir la iniciativa con usted?
Acepta, senadora.
Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.
Tiene la palabra el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
-EL C. SENADOR GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUAREZ: Con el permiso de la presidencia, hago uso de esta tribuna para exponer algunos argumentos de la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el propósito de facilitar el acceso a la misma por parte de las personas con discapacidad.
Me permito solicitar a la presidencia que sea insertada de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Actualmente, las condiciones de discapacidad son una circunstancia que se presenta en gran número de personas, lo cual implica que para poder erradicar esas condiciones de desventaja debemos dotar de mayores elementos y herramientas a este sector de la población para que se puedan valer por sí mismas en pie de igualdad frente a los demás.
Es cierto que en México se han dado pasos importantes para el respeto a los derechos de las personas con discapacidad a través de medidas legislativas y políticas públicas tendientes a lograr la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, aún existen personas con discapacidad que viven al margen de los procesos de evolución de la sociedad. Esta situación es un obstáculo para mejorar su calidad de vida y avanzar en el desarrollo humano de México, por lo que es preciso que se den los mecanismos y facilidades para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a la información de su interés.
En materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, apenas hace cuatro años se aprobó una de las leyes más innovadoras y loables de los últimos tiempos, la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que busca contribuir a la democratización del país, transparentar la gestión pública mediante la difusión de información, y principalmente proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Es precisamente sobre este último punto, sobre el cual la presente iniciativa pretende auxiliar, al pretender que todas las personas accedan a los sistemas de información que ampara la Ley Federal, incluyendo aquellas que por alguna razón física, mental o sensorial no pueden tener información, iniciar procedimientos e interponer recursos en materia de transparencia, como son las personas con discapacidad.
Actualmente esta Ley contempla disposiciones para que cualquier persona pueda acceder a la información relativa a las cuestiones financieras, metas, presupuestos y remuneraciones del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, así como los tribunales administrativos federales.
Sin embargo, en la realidad este derecho no se observa cabalmente en le caso de las personas con discapacidad, particularmente aquellas que tienen una debilidad visual o ceguera, a las cuales les es imposible acceder de manera fácil a través de los procedimientos comunes, requiriendo, en algunos casos, ayudas especiales y tecnológicas como el sistema de lenguaje braille, audio o páginas accesibles por Internet.
Es por ello que se pretende modificar la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el propósito de establecer las modalidades de información que requieren estos importantes grupos especiales de la sociedad. Es una propuesta encaminada a brindar a las personas con discapacidad las oportunidades para su desarrollo, dando claridad en el sentido que la discapacidad no es un problema como erróneamente se ha catalogado, sino una forma y situación de vida en la que el estado y sociedad deben contribuir para que la asuman en condiciones de respeto a su dignidad como personas humanas.
Concretamente, se propone reformar el artículo 3 para establecer que la información que se considere de sumo y eminente interés para las personas con discapacidad, como por ejemplo planes, programas, reglas de operación, deberá encontrarse en formatos accesibles.
Por lo que corresponde a la reforma relativa al artículo 40 de la Ley, que establece los requisitos y las formalidades principales de las solicitudes de accesos a la información, se propone una adición para que la ayuda que se debe prestar a las personas que por alguna circunstancia no saben leer ni escribir se haga extensiva a las personas…
(SIGUE 14ª PARTE.)
…no saben leer ni escribir, se haga extensiva a las personas que tengan alguna discapacidad.
Finalmente, se considera adecuado reformar el artículo 42 para que los sujetos obligados en la ley que cuenten con página de Internet con información relativa a la prevista en este ordenamiento, prevean en ellas formatos que se consideren accesibles y amigables para las personas con ceguera o débiles visuales, lo cual les facilitaría la búsqueda de la información deseada.
Debemos recordar también que tales elementos ayudarán a que las personas con discapacidad encuentren información de utilidad para ellos, sin necesidad que se trasladen de un punto a otro cuando no sea necesario y que principalmente propicie su independencia y participación plena en todos los aspectos sociales.
El pasado domingo 3 de diciembre, celebramos el día internacional de las personas con discapacidad. El tema de este año fue la accesibilidad electrónica, lo cual nos incentiva en la necesidad de poner las tecnologías de la información y las comunicaciones al alcance de todos.
Con motivo de este importante día, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para arribar a una sociedad de la información, sin exclusiones, centrada en la persona y orientada al desarrollo.
- EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Gracias, Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Proyecto de Decreto de reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Cultura Física y Deporte.
- EL C. SENADOR ADOLFO JESUS TOLEDO INFANZON: Señor Presidente; señores y señoras senadores: En los últimos años ha ido en aumento una preocupación por parte de las autoridades para integrar en el seno de diversas actividades y organizaciones de todos los sectores a las personas con capacidades diferentes.
Esta integración constituye un derecho reconocido en las constituciones de los países democráticos, así como en la Carta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Según el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, en México había 1 millón 795,300 personas con algún tipo de capacidad diferente. El INEGI distingue los siguientes tipos: la motriz, la auditiva, la de lenguaje, la visual y la mental.
Lo primero que hay que decir es que las personas con capacidades diferentes no pueden practicar un deporte de la misma manera y competir en las mismas condiciones, por lo que se ha creado una categoría o modalidad que se conoce como "el deporte adaptado" o " deporte especial ".
Es importante decir que la actividad física para las personas con capacidades diferentes es vital, debido a que necesitan potenciar al máximo sus zonas físicas disminuidas, para así compensar sus limitaciones y desenvolverse de la mejor manera posible. Las actividades físico-deportivas para ellos tienen la siguiente clasificación:
La de Rehabilitación
La de Deporte terapéutico
La de Deporte recreativo
La de Deporte de competición.
Y la de Deporte de riesgo y aventura.
Adicionalmente, es necesario destacar la participación de deportistas paraolímpicos mexicanos en justas internacionales, la cual ha sido extraordinaria y ha rendido la obtención de numerosas medallas por los resultados sobresalientes logrados en ellas. Sin embargo, el apoyo y desarrollo del deporte y la actividad física en personas con capacidades diferentes es insuficiente; los deportistas tienen que hacer grandes esfuerzos para obtener recursos y los equipos y aditamentos especiales, a fin de practicar o desarrollar alguna actividad física o deporte.
El Estado debe procurar la satisfacción de las necesidades de todos sus habitantes y promover la coparticipación de los sectores privado y social. Y es por ello que el deporte es una necesidad social y como tal todas las personas de cualquier condición, deben tener la posibilidad de practicar o desarrollar alguna actividad física, máxime si tal actividad sirve o ayuda a los individuos a lograr y conservar un buen estado de salud con óptimo grado de funcionalidad física, sensorial, intelectual y mental.
Para el logro de las anteriores finalidades esta iniciativa propone la creación del Consejo Nacional para la Promoción del Deporte para las Personas con Capacidades Diferentes, cuyas atribuciones enumeradas en el artículo 30 que se propone y en donde justifican plenamente su existencia, pues recogen las demandas de esta población y las de orden solidario y humanista de la propia sociedad mexicana.
Darle una atención más que especializada al deporte y cultura física de las personas con capacidades diferentes, es una necesidad que va más allá de las cuestiones meramente fisiológicas, pues al integrarse como parte de su educación y preparación, se inscribe en un proceso democrático de formación del capital humano del país en un acto de justicia social y en una significativa acción promotora de la productividad y la competitividad de la sociedad nacional.
Como se advierte, la iniciativa pretende asegurar los recursos tanto presupuéstales como los que aporten los sectores social y privado para estos propósitos.
Es por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que someto a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se modifica la Ley General de Cultura Física y Deporte en diferentes artículos. Por lo que le solicito, señor Presidente, en obvio de tiempo que la presente iniciativa se integre al Diario de los Debates de esta sesión, tal y cual aparece en la Gaceta Parlamentaria correspondiente a la sesión del día de hoy. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede el uso de la palabra al señor senador Don Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 221 al Código Penal Federal.
- EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO: Gracias, ciudadano Presidente.
Efectivamente, la iniciativa que ahora traigo a la consideración de esta Asamblea, tiene que ver con adicionar el artículo 221 del Código Penal Federal.
Registro que ha habido algunas propuestas vinculadas de alguna manera con ésta.
En días pasados con atención escuché una iniciativa que adicionaría un párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de este país que formuló el Partido Acción Nacional, con la finalidad de hacer explícitas las incompatibilidades de los legisladores como tales y, en su caso, el conflicto de intereses en el desempeño de otras actividades.
Yo digo que hay algunos temas que hay que reciclarlos en el tiempo, particularmente cuando no son dictaminados en las cámaras.
Esta propuesta que ahora traigo tiene como antecedente un hecho que ahora solamente se registra como un recuerdo del pasado, sin embargo, son recurrentes, son reiteradas las conductas de esta…
… son recurrentes, son reiteradas las conductas de esta naturaleza.
En un asunto, en materia agraria, se pedía a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, resolviera el cómo atender la ejecución de una sentencia de amparo, por ahí relativa a un tema agrario de Santa Ursula Coapa, del Distrito Federal. El cumplimiento sustituto, de esa sentencia se daría al través del pago de 1,214 millones de pesos, que era superior al monto del presupuesto asignado para la Secretaría de la Reforma Agraria.
Y sin ningún pudor, legisladores federales, en lo público y en lo privado, hacían gala de ser los abogados en el trámite de ese asunto jurisdiccional.
Actualmente tenemos sólo, sólo la medida de la ética y de la moral de los legisladores, porque no hay norma, no hay regla ninguna que sancione la deslealtad y las posiciones antiéticas, cuando desempeñando el papel como legisladores miembros del Congreso General, en el caso de los abogados, se ocupan de la atención de la representación de asuntos litigiosos, en donde está de por medio intereses patrimoniales del propio Estado.
Hay una básica concepción en la división de los poderes del Estado. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.
Decía, lección básica, porque el Congreso de la Unión, se conforma con los 500 diputados miembros de esa cámara, y con los 128 del Senado de la República. En términos del artículo 108 de la Constitución Federal, es incuestionable la calidad específica de servidores públicos, de diputados y senadores.
Hay un tema en discusión en la opinión pública. El asunto de que los representantes del Estado, que sin renunciar a su personalidad jurídica, sin renunciar a la calidad o cualidad específica de ser miembros de un poder del Estado, representan a particulares en sus litigios contra diversos órganos del poder público.
Lo menos que se dice, estimados senadores, estimadas senadoras, atentísima Asamblea, como bien lo decía el senador José Luis Lobato, atentísima Asamblea, lo menos que se dice, que representar a las partes antagónicas, en un conflicto de intereses, puede caer en la figura del prevaricato.
Y quiero definirlo, quiero definirlo con puntualidad. Porque no sólo hay tentaciones, hay prácticas cotidianas. Un incumplimiento malicioso o quebrantamiento de los deberes profesionales y de los deberes éticos de reconocerse como parte de un ente público.
Esta conducta desleal, bien pudiera encuadrarse, bien pudiera definirse para los abogados, describirse como un tipo y sancionarse con una penalidad.
Es necesario, entonces, hacer explícita esta conducta de deslealtad, que no se contrapone, en absoluto, con propuestas, decía, racionales y razonables de construir un estatuto o un código ético de los legisladores.
La propuesta que les he traído ahora, es, adicionando el artículo 221, señalaba, del Código Punitivo Federal, y literalmente… y literalmente la propuesta sería de este modo:
Fracción IV. Los legisladores del Congreso de la Unión que representen en juicio, procedimiento administrativo o en controversia jurisdiccional de cualquiera índole, por sí o por interpósita persona los intereses patrimoniales de un particular, frente a los intereses de cualquiera persona moral de derecho público, léase entidades o dependencias, sea con el carácter de representante, abogado-patrono, gestor, autorizado para recibir notificaciones, mandatario o cualquiera otra forma de representación de intereses.
Si no es discutido en la comisión que corresponda, cuando menos, registren la piedra al agua con relación a algo que tiene censura no legal, pero sí política y sí la propia: la lealtad en el ejercicio de la representación del Congreso General.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Muchas gracias, señor senador Torres Mercado.
Túrnese a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, para sus efectos correspondientes.
Se concede el uso de la palabra al señor senador don Guillermo Padrés Elías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para la Promoción, Productividad y Competitividad de la Ganadería Bovina Extensiva.
-EL C. SENADOR GUILLERMO PADRES ELIAS: Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros senadores: El suscrito senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para la Promoción, Productividad y Competitividad de la Ganadería Bovina Extensiva, partiendo de la base, de que el orden jurídico debe mantenerse permanentemente abiertos los caminos de equidad en todos los órdenes. Al tenor de los siguientes:
El Estado mexicano tiene diversos mandatos constitucionales, como el artículo 25, primero, segundo y tercer párrafos: el artículo 26, en su primer párrafo; el artículo 27, fracción XX y el artículo 74 fracción IV, así como diversas disposiciones en leyes secundarias y en tratados internacionales que le imponen la obligación de revertir de manera definitiva la situación como la que hoy se refleja en la ganadería de bovinos.
Por lo anterior, el Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo, está obligado…
… Por lo anterior el Estado Mexicano a través del Poder Ejecutivo esta obligado a diseñar y operar de manera inmediata las acciones conducentes para el logro de los principales mandatos constitucionales en el menor plazo posible y definir el camino correcto en la perspectiva del largo plazo para resolver de manera integral la problemática que padece el sector pecuario nacional.
En este contexto, se adiciona el concepto estratégico de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, como parte constitutiva del concepto de seguridad nacional, que dentro de un esquema de principios donde la soberanía nacional sea considerada esencial, deben de expresarse en el reconocimiento del derecho constitucional a la alimentación y a la nutrición, además de impulsar leyes reglamentarias que definan los objetivos estratégicos de largo aliento en esta materia.
El reto es grande y se mide teniendo en cuenta el problema de desnutrición del país, el grado de dependencia del extranjero en el abasto de alimentos básicos y estratégicos y, en general, con las asimetrías hacia el interior de la sociedad rural y de ésta con la sociedad urbana.
Si bien es cierto que las dificultades para remontar los problemas señalados son de gran magnitud, también lo es que existen las capacidades nacionales de toda naturaleza para superarlas; es cuestión de voluntades, el diseño y práctica de una política de Estado que identifique cómo y cuándo se podrá lograr. Si bien es cierto que ya hay camino recorrido, no se empezaría de cero; sin embargo, se requiere el consenso de los actores que influyen de manera decisiva en el rumbo del país.
La ganadería de bovinos. A partir de 1990 inicia el Programa Nacional de Modernización del Campo con el claro objetivo de iniciar la negociación para la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá.
En lo que toca a la actividad ganadera, tanto de cría, engorda, como la lechera, el inicio de negociaciones para la apertura mostró la necesidad de transformarla, reducir las diferencias de productividad, calidad y rentabilidad con respecto a los productores que dominan los mercados internacionales.
A partir del año 2003, se inició un conjunto de programas para atender la competitividad de diferentes actividades del sector agroalimentario integrados en el Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción 2003. Se reconocía que el Sector Agropecuario estaba enfrentando un proceso de apertura comercial sin precedente. Esta nueva realidad provocó que las actividades productivas, los agentes productivos participantes y demás instituciones del sector, se ajusten a las condiciones que marcan los mercados internacionales. La SAGARPA, reconociendo las distorsiones de precios de insumos y las diferencias en productividad y costos que se presentan en la economía, diseñó programas que atendieran la competitividad de los productores en diferentes actividades del sector. Principalmente en materia de energéticos (diesel agropecuario) y con estímulos a la competitividad en el caso de la ganadería como el PROGAN.
Si bien la producción pecuaria es 26 por ciento mayor a la del sexenio anterior y 55 por ciento más grande que a principios de los 90's. En el país se produce más huevo, más carne de las diferentes especies, más leche y más miel, incrementando la disponibilidad de proteína animal para una mejor alimentación de los mexicanos. La importancia de la actividad ganadera, de engorda de bovino ha perdido importancia en el suministro de carne en la población. Mientras en 1990 la carne de bovino representó poco más del 50 por ciento del consumo de carnes en México, para el año 2006 representó alrededor de 35 por ciento. La producción de carne de pollo aumentó de 39 por ciento a 55 por ciento del suministro de carne en el país en el mismo período de comparación.
Ante la política de apertura comercial contenida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el rezago de productividad y competitividad del sector agroalimentario, el Gobierno Federal instrumentó programas de apoyo al ingreso de los productores. En el caso del sector agrícola instituyó el PROCAMPO como el principal programa para asegurar un ingreso al productor. Sin embargo, la ganadería de bovino no contó con apoyos similares, fue hasta la creación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN) cuando los ganaderos tuvieron un apoyo que buscaba compensar sus ingresos, mediante un subsidio utilizado en el proceso de producción de forrajes, e incorporar mejores prácticas tecnológicas.
En este contexto, la política pecuaria en México la constituyen cuatro grandes programas: el Programa de Fomento Ganadero que promueve inversiones para mejorar instalaciones y aumentar la productividad con recursos a fondo perdido, y el de Salud Animal para financiar campañas fitosanitarias, ambos en Alianza para la Producción; el Programa de Apoyo al Sacrificio en Rastros TIF para mejorar el ingreso de ganaderos y mejorar la inocuidad de la carne y, obviamente este programa en cuestión el PROGAN.
Este último surgió como un programa ecológico para evitar la degradación de los recursos naturales derivada del sobrepastoreo, muy válido y actualizándola como en los países del primer mundo. Se le incorporó una justificación de mejoramiento genético y tecnológico, pero en sí no tenia como objetivo primordial lograr la competitividad de la producción de carne. Más bien fue una respuesta a los ganaderos ante la búsqueda de protección de la competencia externa.
Diseñado como el principal programa de apoyo a la ganadería bovina de carne, en la presente administración, el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN) surge, además de lo arriba señalado, en función de las asimetrías existentes de las ganaderías nacionales, con relación a sus socios comerciales, asociado al constante deterioro de la rentabilidad y la competitividad de la ganadería bovina de carne mexicana.
Al ponerse en marcha en mayo de 2003 la citada estrategia de política pública, mediante un programa directo de apoyo a la ganadería bovina de carne de México, el objetivo consiste en aumentar la productividad de la ganadería bovina de carne con base en un incremento en la producción forrajera de las tierras de pastoreo.
Para el 2006, este programa cursa ya su último año, de los cuatro programados, por lo que es de destacar lo dispuesto en el artículo 3º. de las Reglas de Operación, al precisar el objeto sustantivo del programa, como factor de estímulo técnico-financiero que fomente la productividad de la ganadería extensiva con base en el incremento de la producción forrajera en las tierras de pastoreo, derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, que impacten en la rentabilidad de las unidades de producción, así como establecer la identificación del ganado bovino de manera individual y permanente para su control y rastreo.
En el artículo cuarto aparecen los objetivos específicos que serían: impulsar la mejora en la cobertura vegetal de los terrenos de pastoreo y el incremento de la productividad forrajera, mediante buenas prácticas de manejo y la adopción de tecnologías; e instrumentar y aplicar el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, con la finalidad de llevar a cabo acciones de registros productivos, sanidad, control de movilización y rastreo para esquemas de inocuidad alimentaria, así como apoyo al combate del abigeato.
Ante esta situación si bien es cierto de que éste es una buena prospectiva, aunque no diferenciada en cuanto a regiones y tamaño de productores, para sacar del atraso de la ganadera bovina, no debe ser de corto plazo para resolver la problemática, ya que se requieren cuando menos 10 a más de acciones para solucionar el problema actual, para alcanzar un efectivo desarrollo sustentable de la ganadería bovina extensiva.
Por lo anteriormente expuesto ponemos a su consideración los siguientes escenarios:
Que es necesario fortalecer la asignación de recursos a los programas que impulsan la producción de los productos básicos y estratégicos consignados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como lo es la carne de bovinos, entre otros más.
Que la única forma de poder comparar la actividad es recibiendo en tiempo y forma los apoyos que se autoricen, programen y presupuesten.
Que el abandono institucional en que se ha encontrado la actividad ganadera nacional, hace imperativo el apoyo irrestricto del Estado mexicano, para avanzar mas allá de un programa multianual de seis años.
Es por ello imprescindible restituirle a la ganadería nacional apoyos sustantivos que la conduzcan a un desarrollo integral y le den gran dinamismo. La importancia del desarrollo de la ganadería como eje de las economías regionales, como proveedor de alimentos y, sobre todo, como componente básico de cadenas agroindustriales, y como generador de bienes exportables, debe ser considerada en su real dimensión…
. . . agroindustriales, y como generador de bienes exportables, debe ser considerada en su real dimensión.
En esa virtud, someto a consideración del Honorable Senado de la Republica, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la promoción, productividad y competitividad de la ganadería bovina extensiva, la cual contiene cuatro títulos que se refieren al objetivo de la Ley al sistema para la promoción, productividad y competitividad de la ganadería bovina extensiva, a la institucionalidad y a la aplicación, así como 29 artículos y tres transitorios, por lo que por esto respeto que le tenemos a esta soberanía, obviamos la lectura de los mismos, ya que se encuentran publicados en la gaceta parlamentaria y solicito a la Presidencia, se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates.
Suscribe su servidor, senador Guillermo Padres Elías del Estado de Sonora. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Muchas gracias senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente.
Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Orozco Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y esta presidencia recomendaría a los oradores en el uso de la tribuna que estuviesen atentos al tiempo que se les asigna para efecto de que al minuto de terminar puedan ir redondeando su intervención.
-EL C. SENADOR JAVIER OROZCO GOMEZ: Con su permiso, presidente.
El tabaquismo es la prevenible de muerte y enfermedad más importante del mundo. En México el número total de muertes anuales atribuibles al tabaquismo por enfermedades asociadas, es de más de 53 mil, lo que equivale aproximadamente a 147 decesos diarios. El costo que este problema de salud pública tiene para nuestra sociedad que se refleja en las muertes prematuras, en la invalidez de población productiva y en un deterioro de la calidad de vida de los mexicanos. Además, la atención a los padecimientos agudos y crónicos causados por el tabaquismo, afectan severamente el presupuesto de los sistemas de atención a la salud.
Los daños a la salud que ocasiona el tabaquismo se relacionan con múltiples enfermedades asociadas a la combustión del tabaco.
El costo que implica la atención y tratamiento de los problemas asociados al consumo del tabaco en nuestro país, estriba en 29 mil millones de pesos anuales.
Las investigaciones de las enfermedades relacionadas con el tabaco nos muestran que hay una vinculación directa entre el tabaco y el desarrollo de distintos tipos de cáncer, especialmente de las vías respiratorias, del sistema digestivo y de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial e infarto de miocardio, entre otras muchas que podemos mencionar.
Pero no sólo se afectan los que fuman activamente. Los niños y los que no tienen este hábito también se ven afectados por el tabaco. Un estudio de la Universidad de Osaka, en Japón, ha demostrado que el humo que inhalan los fumadores pasivos disminuye el flujo sanguíneo del corazón. Las investigaciones indican que con solo inhalar el humo de un fumador durante 30 minutos, se observan las mismas alteraciones en el flujo sanguíneo que tienen los fumadores activos. Según el estudio, el humo de los cigarrillos parece provocar una disfunción en el tejido interno de los conductos sanguíneos, lo que restringe la circulación de la sangre.
Por otro lado, el tabaco no sólo empobrece a quienes lo consumen, sino que impone una carga financiera enorme sobre los países. El precio del consumo de tabaco a nivel nacional tiene varios componentes: el costo adicional de atender a los enfermos por tabaquismo, la mala productividad debida a enfermedad y muerte prematura, las pérdidas de divisas y los daños al medio ambiente.
El tabaquismo, como toda adicción, requiere ser más estudiado, sobre todo desde un enfoque científico que reúna los avances de la medicina y las ciencias sociales. El hombre no es sólo un ser biológico, también está inmerso en una sociedad y en una cultura que determinan, generalmente, su comportamiento.
La investigación científica también está empezando a demostrar que la nicotina quizás no sea el único ingrediente psicoactivo en el tabaco. Usando tecnologías avanzadas de imágenes neurológicas, los científicos pueden ver el efecto dramático del tabaquismo en el cerebro y han encontrado una disminución marcada en los niveles de una sustancia llamada monoaminooxidosa, una enzima importante responsable de la descomposición de la dopamina. El cambio en ella debe ser causado por algún ingrediente en el humo del tabaco distinto a la nicotina, ya que sabemos que la nicotina en sí, no altera dramáticamente sus niveles. Por lo tanto, la disminución en dos formas de esta enzima, A y B, resulta en niveles más altos de dopamina y puede ser otra razón por la cual los fumadores continúan fumando, para sostener los niveles altos de dopamina que originan el deseo de usar repetitivamente la droga. De aquí la importancia de investigar acerca de las consecuencias que se pueden generar.
En ese sentido es que se propone esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, la cual pretende además, otorgar una mayor gama de acciones a considerar en el programa contra el tabaquismo, incluyendo la participación de la sociedad civil, la elaboración y ofrecimiento de programas de cesación que ayuden a dejar de fumar y el evitar el acceso a menores a los productos del tabaco, así como la protección de los no fumadores a través de ambientes libres de tabaco. De igual forma, también se incluye la obligación de presentar un programa de evaluación y seguimiento, del cual deberá presentar los resultados anualmente. Por otra parte, en dicho programa se deberán incluir los resultados en el descenso de jóvenes y adultos que fuman, en el consumo de cigarros per capita y en la exposición del humo del tabaco en el ambiente.
De igual forma y en congruencia con los lineamientos que establece el Convenio Marco para el control del tabaco y sobre las recomendaciones que hace, se modifica el artículo 276 con la intención de aumentar de 25 por ciento, hasta a un 50 por ciento las leyendas de advertencia que deberán contener los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco, no pudiendo ser menores del 30 por ciento.
Para el Partido Verde Ecologista de México es de gran importancia la investigación no sólo de las causas sino también de las consecuencias del tabaquismo en la salud y en el desarrollo del ser humano, como la base para encontrar una alternativa para solucionar este problema, ya que teniendo un conocimiento mas amplio de las éstas últimas podremos prepararnos en un futuro para atender la salud los fumadores y no fumadores, contribuyendo a educar y orientar a nuestros jóvenes, integrando programas de prevención en base a las consecuencias que causa el tabaquismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Finalmente, señor Presidente, atentamente le solicitamos que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.
-EL C. PRESIDENTE TORRES ORIGEL: Gracias senador Orozco.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.
Se concede la palabra al señor senador Ricardo García Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 y se adiciona el artículo 81bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
-EL C. SENADOR RICARDO GARCIA CERVANTES: Con su permiso, señor Presidente.
El mérito de que la iniciativa ha sido publicada en la gaceta, iniciaría esta breve intervención solicitando al señor Presidente, obsequie que se inserte íntegra en el Diario de los Debates a efecto de sólo hacer ante esta soberanía una muy sucinta explicación de los propósitos de la iniciativa que hoy. . .
… explicación de los propósitos de la iniciativa que hoy respetuosamente vengo a proponer.
Se trata de una iniciativa que pretende corregir una deficiencia que el paso del tiempo ha creado en la Ley de Contratos de Seguros. Desde 1935 existe esta ley y en ella, en su artículo 81, se establece que con el simple paso de dos años prescriben los efectos de las pólizas contratadas. Es decir, una póliza de seguros que no haya sido cobrada por los beneficiarios en un plazo de dos años prescribe en beneficio de las compañías aseguradoras.
Este problema representa para un gran porcentaje de los usuarios o contratantes de este tipo de seguros de vida, la pérdida de los derechos generados por el acontecimiento previsto en la póliza, que es la muerte de un ser querido que ha señalado como beneficiario a un familiar, a un amigo.
Por lo tanto, la iniciativa pretende simplemente ampliar el plazo de prescripción a cinco años y se propone también la adición de un artículo 81 bis que contiene un mecanismo con el cual aquella persona que se considere posible beneficiario de una póliza de seguro de vida tenga acceso a la información para saber si realmente existe una póliza de seguro que lo hace su beneficiario, por qué monto y cuál es el procedimiento por el cual puede acceder al cobro de dicha póliza.
Hoy por hoy no existe ningún mecanismo, son muchos los usuarios o los beneficiarios de estas pólizas de seguros que cuando fallece el titular de la póliza ni siquiera se enteran de que eran beneficiarios, muchísimo menos cuentan con el documento, con la póliza con la cual pueden hacer el cobro respectivo.
Ya existe, a partir de febrero de este año, un mecanismo producto de un convenio entre la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que se llama el Sistema de Información Sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida, que es administrado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF.
Yo le agradezco su solidaridad. Termino en este momento, toda vez que el entusiasmo expresado por don Pablo Gómez me hace saber que toda la asamblea ha recibido con beneplácito esta propuesta.
Ruego, señor presidente, se inserte, como he solicitado, íntegra en el Diario de los Debates.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Claro que sí, señor senador. Y enhorabuena por ese consenso manifiesto de la asamblea. Insértese de manera completa, como ha sido requerido por el señor senador García Cervantes, en el Diario de los Debates su propuesta.
Túrnese también a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
Se concede la palabra a la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 constitucional.
-LA C. SENADORA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Gracias senador presidente. Senadoras y senadores:
En obvio de tiempo resumiré la presentación de este proyecto de decreto por el que se reforma por adición el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando muy atentamente a la presidencia se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
La presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a favor de todas las personas sometidas a un proceso jurisdiccional, se orienta a que estas no sean consideradas sin fundamento alguno como culpables. Por lo que dicha presunción sólo podrá desvirtuarse mediante sentencia o resolución por escrito emitida por autoridad competente, en la cual se funde y motive la razón de la misma.
El axioma anterior impide la imposición de sanciones sin una resolución que la ordene, derivada de un procedimiento previo, ajustado a la Constitución y a la ley, fundado correctamente y sujeto a que en el curso de este procedimiento el indiciado no reciba a priori el trato de culpable.
En los términos anteriores, todas las personas, aún las sometidas a un proceso judicial o administrativo, deben presumirse como inocentes, hasta que no exista una resolución definitiva y firme que disponga lo contrario. Esta se dicte con motivo de la tramitación de un proceso en el cual se garantice al procesado el ejercicio efectivo y cierto de su derecho de defensa, el cual no sólo comprende está representado por un abogado; sino el derecho a contradecir las resoluciones con las que pueda disentir amén de ser juzgado por un tribunal imparcial.
La presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico, constituye hoy un derecho fundamental que demanda su inclusión en los textos constitucionales, toda vez que lejos de ser un principio teórico de derecho representa una garantía procesal insoslayable para todas las personas, en virtud de que engloba una presunción iuris tantum que sólo puede desvirtuarse con medios de prueba.
El derecho a la presunción de inocencia se encuentra reconocido en constituciones de varios países, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, por señalar algunos, así como los artículos 11-1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.
Por lo tanto, el derecho a la presunción de inocencia no sólo se relaciona a una determinación de carácter jurisdiccional sujeta a un proceso con arreglo a la ley, sino a cualquier procedimiento susceptible de afectar la esfera jurídica del gobernando, debiendo ajustarse las autoridades a los medios probatorios con que cuenten, cumpliendo así el objetivo de que la carga de la prueba o exclusión de la misma se traslade a ésta e impida la equiparación de cualquier persona sometida a un procedimiento al culpable, exceptuando cualquier anticipación de pena o ejecución provisional de condena durante el desarrollo de cualquier proceso, en particular a la técnica de averiguación de los hechos.
En el anterior orden de ideas, resulta contrario al derecho a la presunción de inocencia el afirmar que alguien es culpable sin que previamente se hubiese agotado un procedimiento que lo hubiese resuelto así. Y aún cuando muchas veces las personas cometen errores aberrantes y denigrantes en contra de la sociedad, estas suelen ser consideradas como culpables solamente por la opinión de la conciencia popular, lo cual en algunos casos es propiciada por los datos e informes que servidores públicos dan a conocer a través de los medios de comunicación, los cuales al señalar tales comentarios cometen el error de identificar y señalar a una persona como culpable de la Comisión de Delitos e Infracciones, sin que previamente hubiesen tenido la oportunidad de haber sido oídos o bien agotado un procedimiento. Sin embargo es importante destacar que el derecho a la presunción de inocencia no pretende con su reconocimiento impedir el ejercicio de la función que tiene el estado de… (Sigue 19ª parte)
….su reconocimiento impedir el ejercicio de la función que tiene el Estado de brindar una adecuada seguridad pública a la sociedad, pues tal y como se desprende del artículo nueve de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se presume inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley.
Así el reconocer el derecho a la presunción de inocencia no impide la aplicación de medidas de coerción durante el procedimiento, pero tampoco significa que la autorización para utilizar la fuerza pública durante esta detención implique vulnerar los derechos de que gozan las personas.
Finalmente conviene precisar que para garantizar de plenaeficacia el derecho a la presunción de inocencia, no sólo resulta conveniente su inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es imprescindible generar una reglamentación secundaria con un catálogo de disposiciones que desarrollen plenamente éste derecho y permitan hacerlo efectivo.
Por todo lo anterior, se propone la reforma por adición al artículo 17 Constitucional, a fin de incluir el derecho a la presunción de inocencia, robusteciendo las garantías individuales ya previstas en el ordenamiento jurídico mexicano más allá del ámbito penal, dotando así al gobernado de una protección más eficaz conforme a la equidad debiéndose extender al respecto administrativo no sólo como norma probatoria sino también como regla de tratamiento por parte del poder público.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR ADICIÓN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo único.- Se adiciona el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia en tanto no sea declarado culpable y a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el día hoy 12 de diciembre del año 2006. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, senadora Govea. Insértese íntegramente, como ha sido la solicitud de la senadora, en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios….
Sonido al escaño del senador García Zalvidea.
-EL C. SENADOR JOSE LUIS GARCIA ZALVIDEA: (Desde su escaño). Para solicitar a la senadora Govea si está de acuerdo en que su servidor suscriba este punto de acuerdo, que me parece muy importante).
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Senador, discúlpeme, creo que no están escuchando nuestros amigos.
-EL C. SENADOR JOSE LUIS GARCIA ZALVIDEA: (Desde su escaño). Perdón, repito: Si le pregunta por favor a la proponente si está de acuerdo en que yo me suscriba a esa iniciativa que es muy importante para la impartición de justicia en México, por favor.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Senadora Govea, ¿si está usted de acuerdo que el senador José Luis Zalvidea se suscriba a la iniciativa?
-LA C. SENADORA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Claro que sí. Creo que el senador también quería hacer una propuesta.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: ¿Está usted de acuerdo que también la suscriba?
-LA C. SENADORA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: (Desde su escaño). De acuerdo, sí, encantada. Gracias.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Perfecto. Así se hará y se turnará a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda, para sus efectos correspondientes.
Ciudadanas y ciudadanos senadores, antes de entrar al apartado de proposiciones y así como había sido comentado, y estaba agendado en el orden del día, continuaremos a desahogar la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto en relación con la terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica si se omite la lectura.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la asamblea, en votación económica si se omite la lectura del dictamen.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Luego entonces solicito a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si autoriza que la discusión del dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En consecuencia, está a discusión el anterior dictamen. Tiene la palabra el señor senador Pablo Gómez Alvarez.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas senadoras, ciudadanos senadores, después de analizar la terna enviada por el Ejecutivo Federal a efecto de que dentro de ella el Senado escoja a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, después de hacer un análisis ha llegado a la conclusión de que votará en blanco, puesto que ninguno de los tres cumple, en nuestra opinión, con las características que también en nuestra opinión debe tener en el momento actual del país un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias, a usted, señor senador. Esta presidencia no ha registrado algún otro orador, por lo cual ruego a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si el anterior dictamen se encuentra suficientemente discutido.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la asamblea, en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos a fin de recoger la votación nominal, del proyecto de decreto.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro, 15 votos en contra, y 11 abstenciones.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobado el decreto por el que se determina que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos de legibilidad para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una vez aprobado este…..
...de la Nación. Comuníquese.
Una vez aprobado este dictamen sobre los requisitos de legibilidad de los candidatos a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederemos a la elección por cédula de un ministro.
Solicito al personal de apoyo distribuir estas cédulas de votación entre los ciudadanos senadores. Y en consecuencia también proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que se ha dispuesto para tal propósito, como lo hemos acostumbrado en anteriores ocasiones.
(Se pasa lista y se realiza el escrutinio)
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Señor presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación:
Se emitieron 2 votos a favor del Ciudadano Rafael Estrada Sámano.
Se emitieron 94 votos a favor del Ciudadano José Fernando Franco González Salas.
Se emitieron 3 votos a favor de la Ciudadana María Teresa Herrera Tello.
Se emitieron 11 votos nulos; y
Se emitió una abstención del senador Alejandro González Alcocer, en los términos del artículo 82 del Reglamento del Congreso. Así es como comenta su abstención.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En consecuencia se declara que ha sido electo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Ciudadano José Fernando Franco González Salas. Comuníquese al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A partir de lo anterior, se designa en Comisión a los senadores: Alejandro González Alcocer, Fernando Castro Trenti, María Teresa Ortuño Gurza, Amira Griselda Gómez Tueme, Alejandro Zapata Perogordo, Jesús Murillo Karam, Luis Walton Aburto, Fidel Pacheco Rodríguez y Fernando Elizondo Barragán, a fin de que inviten a pasar a este recinto al Ciudadano José Fernando Franco González Salas, con la finalidad de que rinda su protesta de Ley.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Se solicita a los presentes ponerse de pie, por favor.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Le pregunto Ciudadano José Fernando Franco González Salas: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
-EL C. JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS: ¡Sí, protesto!
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Ruego a la Comisión encargada de acompañar al señor Ministro José Fernando Franco González Salas, lo acompañen en el momento que desee retirarse a fin de poder continuar con la Sesión.
Informo a la Asamblea que la Comisión de Desarrollo Social ha enviado a esta Mesa Directiva un dictamen con punto de acuerdo en relación con la empresa LICONSA.
Dicho dictamen no se encuentra en el Orden del Día de esta Sesión, y por acuerdo de la Mesa Directiva se pondrá a consideración de la Asamblea.
El dictamen se ha distribuido entre la Asamblea, por lo que solicito a la secretaría dé lectura sólo a su parte resolutiva.
-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Doy lectura al dictamen.
Unico.- El Senado de la República cita a comparecer al seno de la Comisión de Desarrollo Social al titular de la empresa LICONSA S. A. de C. V., a efecto de que explique de manera pormenorizada sobre el estado actual de la citada empresa, particularmente del Programa de Abasto Social de Leche de su cobertura, su presupuesto, así como de la información con la que se cuente sobre el impacto que causará el aumento del precio de la leche entre las familias beneficiarias.
Dado en las instalaciones del Senado de la República a los 12 días del mes de diciembre de 2006. Rúbrica.
-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En consecuencia, está a discusión…
(SIGUE 21ª PARTE.)
…en consecuencia, está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
- LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.
- LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Para los efectos de los artículos 66, inciso g); y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2006.
( LEYO )
Por no haber quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre del año 2006.
- LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de octubre del 2006.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Compañeros senadores, en el apartado de proposiciones tenemos registradas varias que se refieren a solicitudes de recursos para aplicarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, y cuyos autores han aceptado que se turnen directamente a la Cámara de Diputados sin presentarlas en Tribuna.
En consecuencia, se turnan las siguientes proposiciones:
La del senador Eduardo Nava Bolaños, por el que exhorta a seguir aplicando el subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, de la cual el Resolutivo Primero se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.
De la senadora María de Lourdes Rojo, por el que se exhorta a considerar la importancia del subsector cultura para la formación integral de los mexicanos en los ámbitos económicos y social.
Y la del senador Tomás Torres Mercado, con relación al recorte en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Ciudadanas y ciudadanos senadores: Habiéndose cubierto el tiempo reglamentario de las 4 horas de sesión, solicito a la Secretaría dé lectura a la orden del día de la siguiente sesión.
- LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Orden del día.
- EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 14 de diciembre a las 11:00 horas.
(SE LEVANTO LA SESION A LAS 15:25 HORAS)

References: artículo 37
 artículo 115
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 126
 resolución 
 artículo 71
 artículo 89
 artículo 102
 artículo 78
 artículo 93
 artículo 39
 artículo 21
 artículo 99
 artículo 39
 artículo 13
 artículo 31
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 42
 artículo 30
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 69
 artículo 108
 artículo 221
 artículo 71
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 74
 artículo 3
 artículo 179
 artículo 276
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 17
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 82
 artículo 99