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Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública - PDF
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Víctor Cáceres Ayala
1 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
4 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Contenido Exposición de motivos... VII Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública... 1 TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES... 1 Capítulo I Del objeto de la Ley... 1 Capítulo II De la distribución de competencia... 7 Capítulo III De los principios... 8 Capítulo IV De las bases Capítulo V De la administración de documentos Capítulo VI De los indicadores TÍTULO SEGUNDO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Capítulo I De su integración y funcionamiento Capítulo II Del Fondo Federal de Aportaciones Capítulo III De la promoción y cultura de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública TÍTULO TERCERO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Capítulo I De las disposiciones generales para las obligaciones de transparencia Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes Capítulo III De las obligaciones de transparencia del poder ejecutivo III
5 Capítulo IV De las obligaciones de transparencia del poder legislativo Capítulo V De las obligaciones de transparencia del poder judicial Capítulo VI De las obligaciones de transparencia de los municipios y los órganos político administrativos del Distrito Federal Capítulo VII De las obligaciones de transparencia de los tribunales administrativos Capítulo VIII De las obligaciones de transparencia del Instituto y de los órganos garantes de los Estados y del Distrito Federal Capítulo IX De las obligaciones de transparencia de los órganos electorales, de derechos humanos y universidades e instituciones de educación superior públicas Capítulo X De las obligaciones de transparencia de los partidos políticos Capítulo XI De las obligaciones de transparencia de los fideicomisos y fondos públicos Capítulo XII De los órganos autónomos federales Capítulo XIII De las obligaciones de transparencia en materia energética en el ámbito federal Capítulo XIV Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia Capítulo XV De la verificación de las obligaciones de transparencia Capítulo XVI De las políticas de transparencia proactiva TÍTULO CUARTO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA Capítulo I De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información Capítulo II De la Información Reservada Capítulo III De la Información Confidencial IV
6 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública TÍTULO QUINTO DE LOS RESPONSABLES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Capítulo I De las Unidades de Información Capítulo II Del Comité de Información TÍTULO SEXTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES Capítulo I De la integración del Instituto Capítulo II De las atribuciones del Instituto Capítulo III De la integración y funciones del Consejo Consultivo del Instituto TÍTULO SÉPTIMO DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL Capítulo I De Las disposiciones comunes Capítulo II De las atribuciones de los organismos garantes TITULO OCTAVO COORDINACIÓN DEL INSTITUTO CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TÍTULO NOVENO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Capítulo I Del Procedimiento de Acceso a la Información Capítulo II Del procedimiento de acceso a la información confidencial con valor histórico Capítulo III De las Cuotas de Acceso V
7 TÍTULO DECIMO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Capítulo I Del Recurso de Revisión ante el Instituto y los Organismos Garantes Capítulo II Del recurso de inconformidad ante el Instituto Capítulo III De la atracción de los recursos de revisión Capítulo IV Del cumplimiento de las resoluciones Capítulo V De los criterios de interpretación TÍTULO DECIMO PRIMERO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Capítulo I Medidas de Apremio Capítulo II De las Responsabilidades y Sanciones ARTÍCULOS TRANSITORIOS VI
8 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA El derecho a la información constituye una pieza clave en la consolidación de todo Estado democrático, en razón de que facilita a los ciudadanos el escrutinio y participación en los asuntos públicos, al propio tiempo que es un vehículo que contribuye a la vivencia efectiva de los derechos humanos. En este sentido, una sociedad bien informada será más participativa, más propositiva y contará con las herramientas necesarias para evaluar, de una mejor manera, a sus gobernantes, y ejercer sus derechos. Desde tal perspectiva, el derecho a la información no sólo contribuye a lograr que las autoridades se desempeñen con mayor honestidad y eficacia, sino que además fomenta que éstas se hagan verdaderamente responsables de las decisiones que en ejercicio de sus funciones lleguen a adoptar. Así, la mejor garantía para que el gobierno brinde resultados es que el mismo actúe bajo la observancia y escrutinio permanente de la ciudadanía. En México, el derecho a la información fue incorporado en la Carta Magna con motivo de la reforma constitucional publicada el 6 de diciembre de 1977 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha modificación constitucional, acaecida en el marco de la denominada reforma política, añadió el derecho a la información bajo la categoría de garantía electoral dentro de la parte final del artículo 6º en los siguientes términos: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Lo anterior obedeció al propósito de asegurar que los partidos políticos se encontraran en condiciones de equidad para difundir sus distintas propuestas entre la ciudadanía, a través de los medios masivos de comunicación. En otras palabras, el objetivo principal de la aludida reforma constitucional versó sobre la intención de lograr que la sociedad mexicana contara con la posibilidad real de conocer la plataforma ideológica de las diversas corrientes políticas con presencia en el país. Así, esta situación representó un loable avance en el desarrollo democrático del país; sin embargo, el derecho a la información se concibió en un primer momento únicamente como una facultad que se agotaba en el ámbito político-electoral, tal como lo interpretó en una primera etapa evolutiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En concreto, la Corte estableció que el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión [ ] que consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de comunicación, se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos. [Por el contrario] no se pretendió establecer una garantía individual consistente en VII
9 que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. 1 En un criterio posterior, la Suprema Corte con una visión vanguardista, amplió esa visión en torno a la naturaleza y alcances del derecho a la información, al reconocer expresamente que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa [ ]. A través de otros casos [ ] la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de este derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero. 2 De esta forma, el derecho a la información en México transitó de ser una prerrogativa de los partidos políticos, como fue concebida originalmente, para transmitir sus propuestas a través de los medios de comunicación, a erigirse como una garantía exigible al Estado con la finalidad de que éste proporcione información veraz, completa y objetiva a la sociedad. Ahora bien, cabe precisar que el derecho a la información se compone por tres amplias facultades, a saber: recibir, investigar y difundir información; atribuciones que, dado el carácter universal del derecho en cuestión, corresponden a toda persona sin excepción. En este sentido, el derecho de acceso a la información constituye una de las vertientes del genérico derecho a la información, pero no lo agota. En esta tesitura, y ante la necesidad de proveer lo necesario para la tutela de ese derecho, a partir del año 2002 fueron emitidas distintas leyes a nivel federal y estatal que, teniendo como base constitucional el artículo 6º, regularon el derecho de toda persona para acceder a la información que se encontrara en poder del Estado mexicano, es decir, el derecho de acceso a la información pública, representando con ello uno de los cambios institucionales de mayor importancia y trascendencia en la vida democrática durante los últimos años en el país. No obstante los beneficios que esto produjo, lo cierto es que las legislaciones locales sobre la materia resultaron heterogéneas y desiguales entre sí, lo que ocasionó que el derecho de acceso a la información fuese protegido asincrónicamente, dependiendo de la entidad federativa en que se realizara la solicitud de acceso a información. 1 2 Tesis 2a. I/92, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, t. X, agosto de 1992, p. 44. Tesis P. XLV/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, abril de 2000, p. 72. VIII
10 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública De esta manera, cuestiones de suma relevancia como los requisitos para solicitar información, las causales de información reservada y confidencial, los tiempos de respuesta de la autoridad y los costos de reproducción de documentos, entre otras, variaban considerablemente entre una entidad federativa y otra a lo largo del país, por lo que derivaba necesario uniformar las condiciones en el ejercicio de este derecho. En tal contexto, el 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una segunda modificación al artículo 6º constitucional, mediante la cual se introdujeron, en un segundo párrafo con siete fracciones, y con la visión de vencer las heterogeneidades anotadas, los principios y bases que regirían el ejercicio del derecho de acceso a la información en México, entre los que destacan los siguientes: el principio de máxima publicidad (fracción I); la protección de la información concerniente a la vida privada y los datos personales en los términos y con las excepciones que fije la ley (fracción II); la prohibición de exigir que se justifique algún interés o la utilización que se le dará a la información pública solicitada (fracción III); la gratuidad en el acceso a la información pública (fracción III); la gratuidad en el acceso a datos personales como en la rectificación de los mismos (fracción III) y el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos u organismos especializados en la materia. (fracción IV). Posteriormente una diversa modificación al artículo 6º constitucional, misma que interesa destacar por su relación con el derecho a la información, fue publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de la cual se garantiza, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales de la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Finalmente, el 7 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional mediante la cual se previeron aspectos de suma relevancia y trascendencia para el derecho de acceso a la información en México. Cabe destacar que senda modificación a la ley fundamental obedeció al propósito central de renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantice, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México. Entre otras cuestiones, derivado de dicha modificación se amplió considerablemente el catálogo de sujetos obligados en la materia, quedando comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o IX
11 sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Asimismo, se transformó el el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al otorgársele autonomía constitucional, así como a los órganos garantes en las entidades federativas. Respecto del primero, se aumentó el número de comisionados, pasando de cinco a siete, y se amplió de manera importante su ámbito competencial, ya que a partir de la reforma puede conocer de los asuntos relacionados con los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se establecieron dos mecanismos adicionales para prever la garantía y tutela efectiva del derecho, pues se otorgó al mismo Instituto la facultad para conocer, en segunda instancia, de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información previamente solicitada. Por otra parte, pero en este mismo contexto el Instituto obtuvo la atribución para conocer, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Finalmente, la referida reforma constitucional prevé que el Congreso de la Unión expida una ley general reglamentaria del artículo 6º constitucional, en la que se desarrollen los principios y bases generales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. En efecto, de conformidad con el Constituyente Permanente de la reciente reforma al artículo 6º Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, las razones que motivaron dicha reforma fue la existencia de una legislación diversa, asimétrica o la existencia de fragmentación o dispersión normativa, provocando un ejercicio ineficiente y diverso del derecho de acceso a la información, así como antinomias en cuanto a las obligaciones en materia de transparencia. Por lo que la reforma busca dotar de uniformidad, armonización, estandarización legislativa, regulación pertinente e integral en la materia de transparencia y acceso X
12 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la información, a fin de evitar desequilibrio normativo y criterios contradictorios, consolidar criterios uniformes, un piso mínimo y parejo en el ejercicio de este derecho fundamental, así como asegurar condiciones de igualdad en su ejercicio para que sea un derecho igual para todos y un deber igual para todos los gobiernos, sin importar el nivel de gobierno. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento eficaz del derecho de acceso a la información en posesión de los entes gubernamentales o del sector público, a nivel nacional; desvanecer la incertidumbre cuando se ejercen estos derecho en una entidad y en otra; que el derecho de acceso a la información pública o de protección de datos, su progresividad, integralidad, acceso y eficacia práctica debe estar unificado y tutelado debidamente en todo el país. A partir de la reforma, ya que no puede permitirse que para un mexicano el derecho sea diferente entre una entidad federativa y otra, o entre la Federación y los Estados. Se trata de tener las mismas condiciones, los mismos derechos y los mismos procedimientos para poder acceder a toda la información pública que se produce en México, y en si ejercer el derecho. En sí, el núcleo de la reforma constitucional aludida es el ciudadano. La reforma del 7 de febrero de este año 2014 en materia de transparencia y acceso a la información, pretende continuar el camino iniciado por la reforma de En ese año de 2007, y desde entonces se buscaba la adopción de una política general para toda la República. Incluso cabe mencionar que desde el año 2005 se llevó a cabo una mesa para discutir La transparencia en estados y municipios: Conviene una ley general?, concluyéndose que lo oportuno en ese momento era una reforma constitucional para establecer las bases y principios mínimos en la materia desde la Ley Fundamental. Además, en dicha mesa se aludió a la idea de leyes tipo, las leyes modelo, o como llaman otros, códigos de buenas prácticas. Ya desde entonces también se planteó la idea de una Ley de Coordinación, digamos, de acceso a la información, similar a lo que hoy es el planteamiento de una Ley General. El diagnostico de 2005, de 2007, a pesar de los avances logrados, se reflejó nuevamente como parte de las realidades para una nueva reforma en la materia. La armonización referida por la reforma de este año, sin duda se busca alcanzar desde varios ángulos, pero de manera particular por los siguientes: 1ª) La armonización de la naturaleza jurídica de los organismos garantes del orden federal, estatal y del Distrito Federal, y fortalecer su papel como organismos XI
13 protectores de derechos fundamentales, es decir de acceso a la información y protección de datos personales. 2ª) El establecimiento de nuevos mecanismos de defensa en favor del gobernado, a saber: A través de revisión de las resoluciones que emitieran los órganos locales por parte del nuevo organismo constitucional autónomo, un Instituto Nacional garante del derecho de acceso a la Información con una nueva naturaleza jurídica. En estos casos el Instituto fungirá propiamente como un órgano nacional, más que propiamente como órgano federal, ya que podrá revocar, modificar o confirmar la resolución de los órganos equivalentes de las Entidades Federativas, al conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. Facultad de atracción por el organismo de la Federación para conocer de los recursos de revisión competencia de los organismos garantes locales. Lo que implica que antes de que resuelva el órgano respectivo de la Entidad Federativa, el Instituto pueda determinar de manera fundada y motivada, de manera oficiosa o a petición del propio organismo garante local, ejercer la facultar de atraer el caso, y por tanto el resolverá el fondo del asunto que por causas de interés y transcendencia así lo ameriten. Sin duda dichos mecanismos de defensa en favor del particular vienen a constituir una nueva relación entre los órganos garantes de la Federación y los órganos garantes de las Entidades Federativas; se abre una nueva dinámica de competencias, el Instituto como órgano revisor, como instancia de alzada administrativa respecto a las impugnaciones en favor de los solicitantes de información. Además, la facultad de alzada en favor del Instituto permitirá establecer criterios de interpretación en el orden administrativo, como una especie de jurisprudencia en materia administrativa, obligatoria para los órganos locales, así como para los sujetos obligados locales. Lo que permitirá ir uniformando la forma de entender y aplicar la norma a los casos concretos que se presenten. En efecto, lo que se pretende es lograr una armonización en las resoluciones de los órganos garantes locales, ya que el criterio del órgano federal será un referente a tomar en cuenta por los organismos de las entidades federativas al momento de resolver los asuntos de su competencia 3ª) La armonización de las bases, los principios y los procedimientos en el ejercicio del derecho. XII
14 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ello al disponer como ya se dijo de una cláusula de autorización, para facultar- al Congreso de la Unión para que expidiera las leyes generales de transparencia y acceso a la información pública, la protección de datos y la de archivos. Los alcances de la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se puede decir, que son los siguientes: Desarrollar los principios, bases generales y procedimientos en la materia. Garantizar a cualquier persona el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, en el ámbito de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Establecer las disposiciones que se constituyan como los criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información. Sujeción de todos los órdenes de gobierno a lo previsto en la ley General, con el fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad en su aplicación a nivel nacional. Homogeneizar la publicidad de información mediante la emisión de disposiciones generales. Adecuación de las leyes de los Estados y del Distrito Federal a lo previsto en la ley general, para hacerlas congruentes con lo previsto en la ley general, teniendo el deber de incorporar el mínimo de protección que la ley General garantice en materia de transparencia y acceso a la información. 4ª) Una nueva relación de coordinación y cooperación entre los órganos garantes de transparencia de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, para constituir y operar un Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a fin de construir, organizar y operar una política pública nacional en las materias. Por las razones anteriores es que este Instituto, en términos del segundo párrafo de la fracción VIII del apartado A del artículo 6º constitucional, se dio a la tarea de elaborar dos documentos de trabajo de Leyes General de de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, reglamentarias del Apartado A del artíclo 6º Constitucional. A efecto de enriquecer el documento de trabajo en comento, en un primer momento, el Pleno del IFAI, a la luz de entonces reciente reforma constitucional, convocaron a un grupo de expertos a efecto de opinar sobre lo que debería ser el XIII
15 ideal de una ley general de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, y en un segundo instante, a la luz de seis propuestas de ley general en la materia, que fueron presentadas ante el Senado de la República, por distintos actores sociales y políticos, siendo éstos los siguientes: la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP); el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate; Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto; Red por la Rendición de Cuentas; Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford; ex comisionado Federico Guzmán Tamayo y Gustavo Parra Noriega; sumada la entonces iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, este Instituto llevó a cabo un ejercicio comparativo para obtener el mejor producto. A la postre de dicha revisión se detectaron distintos aspectos novedosos que se consideró oportuno incorporar en el proyecto de ley general elaborado por este Instituto, con el objeto de ampliar y perfeccionar los alcances del mismo. Entre otros, se estimó conveniente incluir, en la parte inicial del referido proyecto, los siguientes temas comunes tanto al Instituto como a los organismos garantes de los Estados y del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, entre los que destacan: el impulso de la cultura de la transparencia como uno de los objetivos de la ley general; la facultad para brindar capacitación permanente a servidores públicos, así como para promover el derecho de acceso a la información; la facultad de interpretación de la ley general por parte de los organismos garantes de las entidades federativas, así como de emisión de opiniones y recomendaciones. Igualmente, se consideró conveniente incluir en el multicitado proyecto, los siguientes aspectos: la precisión de la última fecha de actualización de la información publicada en calidad de obligación de transparencia; la precisión de que la información de oficio publicada por los sujetos obligados no constituye publicidad gubernamental; y la obligación de publicar la información concerniente a las obligaciones de transparencia con perspectiva de género y en atención a las necesidades de los grupos vulnerables del país. También se estimó pertinente añadir, dentro del apartado relativo a las obligaciones de transparencia específicas, entre otras cuestiones destacan lo siguiente: para los Poderes Legislativos Federal y de los Estados, la obligación de publicar el sentido de votación por cada uno de los legisladores; para los Poderes Ejecutivos, la obligación de publicar el nombre de los servidores sancionados penal y administrativamente; para los Poderes Judiciales, la obligación de difundir la información relativa a los procesos de designación de jueces y magistrados; y para los municipios y órganos político administrativos, la obligación de publicar la información relativa a los ingresos recibidos por cualquier concepto, su destino, así como el listado de las personas que han recibido exenciones, cancelaciones y XIV
16 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública condonaciones en materia tributaria o que adeuden un crédito fiscal de manera firme, indicando el monto respectivo. Aunado a lo anterior, se juzgó necesario retomar y plasmar en el proyecto propio los siguientes elementos: para el Instituto Nacional Electoral, la obligación de dar a conocer la fecha de otorgamiento del registro de los partidos políticos, los datos de contacto de los mismos, el registro de precandidatos y candidatos por tipo de elección y partido político, así como los montos que los partidos reciban por concepto de financiamiento (tanto público como privado); y para los partidos políticos, los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezcan para sus militantes, los directorios de los órganos de dirección, así como los mecanismos de designación de los órganos de dirección en los ámbitos nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal, delegacional y distrital, según la estructura estatutaria establecida. Finalmente, en esta materia de obligaciones específicas de transparencia, también se consideró adecuado incluir lo siguiente: para los organismos de derechos humanos, la obligación de precisar que la información que se publique sobre las quejas y denuncias presentadas es estadística, así como el nombre de la autoridad presuntamente responsable; para las universidades e instituciones de educación superior, los indicadores de resultados de evaluación, el listado con los profesores que gocen de licencia o año sabático, especificando la vigencia, categoría de contratación, plantel, tipo de licencia, periodo y fecha de dictamen, el nombre y número de estudiantes que ingresan y egresan por año escolar (precisando la escuela o facultad), así como información relativa a su patrimonio y situación financiera; y para la Fiscalía General de la República, la obligación de publicar el nombre de los servidores públicos sancionados penalmente en el ejercicio de sus funciones. En materia de clasificación de la información, se consideró necesario incorporar, entre otros, los siguientes aspectos novedosos: que solo los Comités de Información tienen la atribución para clasificar la información y solo ante la existencia de una solicitud de acceso a información; la facultad de los organismos garantes y de los Comités de Información para desclasificar de oficio la información; la obligación de precisar que al momento de clasificar la información se indique el plazo de reserva; la obligación de incluir en la leyenda de clasificación y la resolucíon, el dato relativo a la fecha de desclasificación de la información; y la reducción del plazo de reserva de la información a un máximo de 7 años con posibilidad de ampliación por 5 años. Por lo que hace a la atención de las solicitudes de acceso a información, se consideró necesario incorporar, entre otros, los siguientes aspectos novedosos: la adición del correo postal, la mensajería y el telégrafo como medios para presentar solicitudes de acceso a información; la reducción a quince días hábiles de la ampliación del plazo de respuesta; la precisión de que, tratándose de solicitudes XV
17 de acceso en las que solamente se requiera información pública relativa a las obligaciones de transparencia, la respuesta deberá ser notificada al particular en un plazo no mayor a cinco días, sin posibilidad de prórroga. Por último, se adicionaron los siguientes aspectos que asimismo resultaron de novedad para el proyecto de ley general elaborada por este Instituto: la inclusión del procedimiento a seguir para que el Instituto ejerza su facultad de atracción; la precisión en las resoluciones de las medidas de apremio que podrán realizarse en caso de incumplimiento; la precisión de la responsabilidad para el servidor público encargado de cumplir con la resolución respectiva, así como la correspondiente al sujeto obligado; y la incorporación de las reglas de integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Transparencia, entre otras. Los antecedentes expuestos intentan dejar claro que la propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene como propósito fundamental transparentar el ejercicio de la función pública, propiciar una eficaz y eficiente rendición de cuentas, así como dar contenido e instrumentar los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información tanto en el orden federal, estatal, Distrito Federal y municipal. El contenido y alcance esencial del proyecto que se pone a consideración de las instancias competentes, es el siguiente: Ámbito de aplicación de la Ley General Se define su ámbito territorial de aplicación, siendo que su esfera de validez lo será todo el territorio del país al tratarse de una Ley General, por lo que sus disposiciones serán de observancia general y de orden público en toda la República Mexicana. Por ende, corresponderá su aplicación en forma concurrente a la Federación, a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, la cual quedara definida según se trate de información en posesión de los Sujetos Obligados del ámbito federal o local, sin perjuicio de la competencia que corresponda a la Federación para conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los Estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley, así como la competencia de la Federación para que de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del Estado o del Distrito Federal, pueda conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. XVI
18 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Se busca contar con una Ley cuyas disposiciones sean los criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información a los que deberán sujetarse todos los órdenes de gobierno, con el fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad a nivel nacional. El proyecto que se propone parte de la necesidad de contar con una ley marco que establezca los criterios generales a los cuales las leyes de los Estados y del Distrito Federal se deban adecuar, incorporando el mínimo de protección que la ley general prevea en el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como de las obligaciones en materia de transparencia. Se busca que la ley general como plataforma o marco general, se convierta en el instrumento que permita precisamente uniformar, homologar, estandarizar o armonizar las reglas, los principios, las bases, los procedimientos y en general los mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y con ello lograr que sea un derecho igual para todos y un deber igual para cualquier gobierno, evitando que para un mexicano el mismo derecho sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa en la que se encuentra o su lugar de residencia en el país. El Constituyente Permanente ha sido claro de la necesidad de contar con una norma que se traduzca en la plataforma mínima desde la que las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social, pero teniendo la obligación de sujetarse a lo que marca esta Ley general; por lo que las leyes locales podrán tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en aquellos aspectos que les sea preocupantes o propios a su región o ámbito territorial específico, pudiendo aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contenga la Ley general, pero nunca reduciendo los postulados previstos ésta, pues interpretar en sentido contrario es ir en contra de lo que el constituyente permanente planteó como necesidad en la motivación que dio lugar a la reforma constitucional y que hoy se concreta a través de esta propuesta. Así, se permite que esos órdenes de gobierno puedan y deban precisar lo conducente, incluso ampliarlo, ya sea en la legislación vigente o en aquélla que en su momento deberán reformar o expedir, de forma tal que expresen mejor las condiciones específicas aplicables a cada una de ellas. Es decir, esta ley general si bien es cierto es de altos niveles, cierto es que es lo mínimo que se deberá garantizar y tutelar en el país, pues las legislaturas tienen la atribución de potenciar aun mas la transparencia y el derecho de acceso en el ámbito de sus respectivas competencias. Es importante destacar que se trata de garantizar sin evasivas un derecho fundamental y que por tanto, corresponde a las legislaturas, estatales y del Distrito Federal, el desarrollo del contenido de esas leyes, con sujeción a la ley General que se propone, y continuar en el camino para que el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información sea congruente, XVII
19 coherente y no contradictorio a nivel nacional, y garantizar sin evasivas el derecho y asegurar la apertura informativa. Es así que el proyecto de Ley General que se propone se trata de un conjunto de disposiciones de observancia general que tienden a incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano, cuyo origen se encuentra en la cláusula Constitucional establecida en la fracción XXIX-R, del artículo 73 de la Constitución Política que obligan al Congreso de la Unión a dictarla, la cual una vez promulgada y publicada, sus disposiciones deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales, en el ámbito de sus competencias correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de que la Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de coordinarse en el cumplimiento de los objetivos y alcances que fijen dicha Ley. En este sentido, se desarrollan las disposiciones que homologarán el ejercicio del derecho de acceso a la información en cualquier parte del país, así como la uniformidad respecto de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados del orden Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal. Alcances del derecho de acceso a la información Se define que el derecho a la información pública es un derecho fundamental, y que este comprende la libertad de: difundir, investigar y recabar información pública. Con ello se busca reconocer por un lado la evolución que la libertad de expresión ha tenido, cuya alcance se ha ampliado para ser entendido no solo como la libertad emitir mensajes, sino abarca las libertades antes referidas; por otro lado, se entiende que dicho derecho está blindado, ya que es oponible al Estado en cuanto a que no pueden desconocerlo o ignorarlo, por el contrario existe la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de dicho derecho humano, y en caso de violación sancionar a las autoridades o particulares responsables y reparar su transgresión. Objetivos de la Ley Se propone definir los objetivos de la Ley, a fin de dejar claro los propósitos que sus disposiciones buscan alcanzar, siendo estos el de establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados; regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, así como establecer las bases de coordinación y la distribución de competencias de sus integrantes; garantizar que toda persona sin restricción o limitante alguno pueda ejercer su derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; promover la transparencia del ejercicio de la función pública y de los XVIII
20 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública recursos públicos, propiciando una mejor y efectiva rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas que garanticen un flujo de información relevante, socialmente útil, oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, procurando que se difunda, de ser posible, en los formatos más adecuados para el público al que va dirigida; coadyuvar con las autoridades competentes a efecto de lograr una adecuada gestión documental a través de, la creación, organización, administración y conservación de los documentos que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información; fomentar y promover una cultura cívica de transparencia y acceso a la información pública, y propiciar la participación social en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. Distribución de competencias Por tratarse de una propuesta de Ley General es que en el proyecto se plantea prever las disposiciones sobre Distribución de Competencias que corresponde a la Federación, a los Estados,el Distrito Federal y a los municipios, a fin de prever las facultades que le son propias a cada uno de los órdenes de gobierno, por virtud del ámbito de su competencia. En efecto, el artículo 73, ha previsto la faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley que establezcan la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de transparencia y acceso a la información, además de definir, el tipo de relaciones de coordinación o colaboración que habrán de entablarse. Así es como en el proyecto se propone establecer la competencia que en materia de transparencia y acceso a la información corresponde a la Federación, a los Estados, al Distrito Federal, así como a los municipios. Se plantea que las atribuciones que la Ley otorgue a la Federación serán ejercidas por los Poderes de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con lo previsto en esta ley general. Del Sistema Nacional de Transparencia: como instrumento para una política nacional en la materia La reforma constitucional reciente en materia de transparencia sentó las bases de una nueva relación entre los órdenes de gobierno, de un federalismo eficiente y eficaz, cooperativo y colaborativo, en materia de transparencia y en el acceso a la información, para diseñar, desarrollar y ejecutar política pública en dichas materias. Por lo tanto el Sistema Nacional implica el diseño por una política integral y completa en materia de transparencia y acceso a la información de XIX

References: artículo 6
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