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Timestamp: 2019-07-17 07:22:46+00:00

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Ley Orgánica Del Tribunal De Cuentas De La Provincia De Mendoza - Ley N° 1.003 (Parte 1)
B.O.: 29/12/1932
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
DE LAS FACULTADES, DEBERES, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
ARTÍCULO 1º - El examen, aprobación o desaprobación de todas las cuentas referentes a la percepción e inversión de caudales públicos, estará a cargo de una entidad autónoma denominada Tribunal de Cuentas, con la jurisdicción, facultades y responsabilidades que le fija la Constitución de la Provincia en su Sección V, Capítulo V y demás atribuciones y deberes contenidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 2º - El Tribunal de Cuentas se compondrá de un Presidente y cuatro Vocales. El Presidente será abogado y deberá reunir las condiciones que se requieren para ser miembro de la Suprema Corte. Los Vocales deberán ser Contadores Públicos de la matrícula, con diez años de ejercicio profesional como mínimo. Todos serán designados y removidos en la forma y de acuerdo a los requisitos y permanencia en las funciones que fija la Constitución en sus artículos 128º, inciso 21; 151º; 184º y 185º.
(Texto según art. 1º de la Ley Provincial Nº4693, B.O. 01/09/82)
ARTÍCULO 3º - Los miembros del Tribunal de Cuentas prestarán juramento ante el Gobernador de la Provincia, al hacerse cargo de sus puestos, de desempeñarlos fiel y legalmente, debiendo levantarse el acta pertinente por ante el Escribano de Gobierno.
ARTÍCULO 4º - El Tribunal resolverá todos los asuntos sometidos a su fallo, por mayoría de sus miembros. El quórum para funcionar será de tres miembros presentes. Existiendo desacuerdo entre éstos, el Tribunal deberá reunirse en pleno.
ARTÍCULO 5º - En caso de vacancia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por un Juez de las Cámaras de Apelaciones Civiles de la Primera Circunscripción Judicial, designado por sorteo que en cada caso practicará el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Tratándose de reemplazar a los Vocales Contadores el Tribunal se integrará por sorteo que hará la Suprema Corte de Justicia de Contadores de la matrícula, los que deberán reunir las condiciones requeridas para ser Vocal titular.
En los casos de este artículo cualquiera de los miembros podrá solicitar la integración del Tribunal.
Los honorarios devengados por los Contadores integrantes serán fijados por la Suprema Corte de Justicia.
ARTÍCULO 6º - Los miembros del Tribunal de Cuentas son enjuiciables ante el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, en la misma forma que los miembros de las Cámaras de Apelación, y por las mismas causales determinadas para éstos, en cuanto les fueren aplicables.
ARTÍCULO 7º - Son recusables los miembros del Tribunal, por las mismas causas que los miembros de las Cámaras de Apelación y deben excusarse de oficio en los casos determinados por el Código de Procedimientos en lo Civil.
ARTÍCULO 8º - El Presidente del Tribunal es el Jefe Administrativo de la Institución y por su conducto ésta se relaciona con los Poderes del Estado.
ARTÍCULO 9º - En ausencia del Presidente del Tribunal, lo reemplazará el Vocal más antiguo o, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad, hasta un plazo máximo de treinta (30) días corridos.
ARTÍCULO 10 - Todas las reparticiones públicas de la Provincia, sin excepción, están obligadas a suministrar al Tribunal, dentro del término que él señale, todos los datos, antecedentes, comprobantes y documentos originales y en copia que le fueran necesarios y pidiese.
ARTÍCULO 11 - Las cuentas rendidas por la administración y por todos los funcionarios responsables de la Provincia, sólo podrán ser definitivamente aprobadas o desaprobadas por el Tribunal de Cuentas; y en consecuencia, su fallo será el único que exonere de todo cargo a los responsables salvo el pronunciamiento que en el caso recayese de la Suprema Corte conforme a lo dispuesto por los art. 50º y 51º de esta Ley.
ARTÍCULO 12 - Las funciones del Tribunal respecto del examen de las cuentas de percepción o inversión de los caudales públicos, serán limitadas a comprobar si ellas han sido practicadas con arreglo a la Constitución, en primer término, y después a las leyes y decretos en vigencia.
Articulo 12 bis- Los Poderes del Estado, las Municipalidades, Organismos Descentralizados y otros Entes por medio de sus respectivas autoridades superiores, podrán solicitar al Tribunal de Cuentas opinión sobre situaciones generales, debiendo el Tribunal expedirse dentro de los diez (10) días de presentadas las mismas.
(Articulo incorporado por Ley 7144 art. 11, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 13 - Cuando se trate de fallos que recaigan sobre manejos de fondos, percepción o inversión llevada a cabo por el Gobernador de la Provincia o sus ministros y en los casos a que se refieren los art. 130 de la Constitución y 44 de la Ley de Contabilidad, el fallo que establezca la aprobación o desaprobación deberá ser comunicado a la Cámara de Diputados para las ulterioridades que correspondan.
ARTÍCULO 14 - El Tribunal designará y removerá su Secretario, que deberá ser abogado, y demás personal, debiendo proponer al Poder Ejecutivo su presupuesto anual para ser considerado al confeccionarse o sancionarse la ley general de gastos de la administración; pudiendo someter a consideración del Poder Ejecutivo las Leyes que estimare convenientes para el mayor contralor de la percepción e inversión de los recursos del Estado. Igualmente podrá proponer en cualquier momento al Poder Ejecutivo, la adopción de las medidas que creyere necesarias para el mejor desempeño de su cometido.
(Ver además Ley Nº 1032, artículo 1º)
ARTÍCULO 15 - El Secretario Relator tendrá a su cargo:
La redacción de las actas y acuerdos del Tribunal.
La comunicación de las providencias que él acuerde o el Presidente, según sus atribuciones.
La formación de un estado a fin de cada mes, de todas las cuentas que han debido presentarse, en el mismo Tribunal, de las que se hayan recibido y de las que se hayan dejado de presentarse.
El registro de su presentación, curso y fenecimiento.
La correspondencia del Tribunal, que será firmada por el Presidente.
La formación de estado y noticia anual de los trabajos del Tribunal.
La redacción de los informes que el Tribunal expida por orden del Poder Ejecutivo y de los otros Poderes y de las observaciones que haga a las órdenes de pago cumplidas, que copiará en un libro especial, y un registro en que transcriba las resoluciones definitivas del Tribunal en las cuentas que examine.
ARTÍCULO 16 - El Tribunal de Cuentas está obligado a publicar en el Boletín Oficial todos sus fallos, pudiendo hacerlo en forma abreviada los que sean aprobatorios, aún cuando contengan recomendaciones. En los casos de fallos que signifiquen cargos o sanciones a los responsables se publicará íntegramente la parte dispositiva y el texto del considerando relativo al cargo o sanción. Los fallos, resoluciones y emplazamientos que el Tribunal considere de trascendencia, los publicará íntegramente.
(Texto según art. 8 de la Ley Provincial Nº 5466, B.O. 27/11/89)
ARTÍCULO 17 - El Tribunal funcionará todos los días hábiles, con el horario de las oficinas de la administración.
ARTÍCULO 18 - El Tribunal, dentro de los tres meses de su instalación, formulará su reglamento interno y determinará las formalidades que deben revestir las rendiciones de cuentas a que hace referencia el art. 22º de la presente Ley.
ARTÍCULO 19 - El Poder Ejecutivo, a los efectos del fiel cumplimiento de esta Ley, comunicará al Tribunal de Cuentas todas las leyes, decretos o resoluciones acerca de las rentas, recursos ordinarios y extraordinarios y gastos del tesoro público. A su vez, el Tribunal suministrará al Poder Ejecutivo y a cada una de las Cámaras, los informes que se le pidan y practicará las cuentas y liquidaciones que aquél le pidiere.
El Tribunal remitirá además, anualmente, a la Legislatura y al Ministerio de Hacienda, una memoria detallada de sus trabajos, acompañada de un estado de las cuentas despachadas y pendientes, haciendo las observaciones y proponiendo las mejoras a que dieren lugar los defectos o abusos que note en la recaudación y distribución de las rentas y los vicios que advierta en la contabilidad.
DE LOS QUE ESTAN OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS, DEL PLAZO EN QUE ÉSTAS DEBEN PRESENTARSE Y DE LAS PENALIDADES EN QUE INCURREN LOS MOROSOS.
ARTÍCULO 20 - La obligación de rendir cuentas comprende, sin excepción alguna, a todos los Poderes Públicos, Municipalidades, Reparticiones Autónomas y Autárquicas, funcionarios y empleados, que administren caudales de la Provincia, como asimismo a las corporaciones o sociedades que transitoria o permanentemente reciban subsidios o subvenciones del Estado.
La rendición parcial de cuentas debe darla el funcionario o empleado que haya manejado personalmente los fondos y sea responsable directo e inmediato de la percepción o inversión.
La rendición general de cuentas del año será hecha por la Dirección de Rentas en cuanto a la percepción y por la Contaduría General, en lo referente a los gastos del Gobierno y por los Intendentes Municipales y Jefes de Reparticiones Autónomas o Autárquicas en cuanto a las suyas, sin perjuicio de la responsabilidad de los demás funcionarios o empleados que la tuviesen, si contra ellos formulasen cargos los que se sustanciarán como se indica más adelante.
ARTICULO 21 - Los Ministerios remitirán las cuentas rendidas y actualmente pendientes de su aprobación, al Tribunal, dentro de los noventa días de iniciado su funcionamiento. La desaprobación u observaciones que a estas cuentas formulase el Tribunal, no podrán paralizar las cuentas provenientes de las mismas reparticiones o funcionarios que correspondan al corriente año financiero.
ARTÍCULO 22 - Anualmente, antes del 30 de abril, la Administración Central, los Municipios y el Departamento General de Irrigación, remitirán al tribunal para su estudio y aprobación sus rendiciones de cuentas del ejercicio vencido, documentos y demás recaudos que se determinaran por vía de reglamentación. Las demás reparticiones autónomas o autárquicas, empresas del estado, otros entes y la dirección general de rentas, cuya contabilidad es independiente de la Contaduría General de la Provincia, remitirán sus cuentas al tribunal, antes del 31 de marzo de cada año. El examen de las cuentas se ajustara a las siguientes normas, sin perjuicio del control anual obligatorio que debe efectuar el tribunal conforme a los artículos 181 y 182 de la Constitución de la provincia:
a) El tribunal de cuentas podrá efectuar revisiones de cuentas sobre los actos y operaciones de la hacienda publica realizados en el transcurso del ejercicio, para lo cual dispondrá auditorias permanentes o periódicas. Con tal finalidad el tribunal establecerá el plazo en que la documentación respectiva deberá ser puesta a su disposición, el que no podrá ser inferior a cinco (5) días.
b) El examen de los comprobantes justificativos podrá hacerse en el sitio o sede o sus delegaciones.
c) Cualquier limitación que se produjere a las tareas de auditoria o el incumplimiento de las exigencias establecidas por el tribunal, hará pasible a los responsables de las sanciones previstas en el articulo 25 de la ley n° 3308.
d) Si en las auditorias que realiza en ejercicio de su función fiscalizadora, se comprobaren irregularidades de cualquier tipo, el tribunal podrá iniciar un juicio parcial de cuentas y dictar el pronunciamiento pertinente, dentro de los seis (6) meses de remitida la documentación necesaria, sin perjuicio del oportuno estudio integral de la cuenta.
(Texto según Ley 7490 art. 127, B.O. 30/1/2006)
(Texto anterior ver Ley 7144 art. 2º, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 23 - En caso de renuncia o cesación del funcionario o empleado responsable que hubiese administrado caudales públicos, éste deberá rendir cuentas dentro del plazo perentorio de 15 días inmediatos a su renuncia o cesantía. En caso de inhabilitación o muerte, deberán rendirla los garantes, herederos o representantes, dentro de un plazo que no podrá exceder de 60 días.
ARTÍCULO 24 - Los Habilitados de las oficinas o reparticiones públicas dependientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, presentarán directamente y a más tardar cada tres meses, sus cuentas sobre la inversión de las partidas de gastos que manejen, a la Contaduría General para el control que establece la Ley de Contabilidad. Las cuentas correspondientes al último bimestre o trimestre deberán presentarse antes del 15 de febrero del año siguiente.
Contaduría General, dentro de los treinta días de recibidas y una vez examinadas, las elevará a consideración del Tribunal, sin perjuicio de las inspecciones periódicas de libros, antecedentes y archivos que éste pudiera ordenar.
ARTICULO 25 - En caso de retardo de los Habilitados en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo anterior, Contaduría General exigirá su presentación, empleando sucesivamente los siguientes medios de apremio:
1) Requerimiento conminatorio para su presentación en un plazo breve.
2) Retención del sueldo, comunicándolo inmediatamente a la repartición respectiva, para que suspenda sin goce de sueldo al responsable, designe habilitado ad-hoc y adopte de inmediato las medidas necesarias para la rendición de cuentas.
3) Formación de oficio de la cuenta atrasada, a cargo y riesgo del apremiado y su remisión inmediata, con todos los antecedentes de su referencia, al tribunal de cuentas. La formación de oficio de la cuenta dará lugar a la destitución del responsable, el cual quedará inhabilitado para reingresar a la Administración, si resultase algún cargo fundado en su contra.
Idénticos medios de apremio aplicarán las Reparticiones Autónomas.
Si fuese Contaduría General la que omitiese dar cumplimento a la obligación que le impone el artículo precedente, el Contador General se hará pasible de una multa de hasta un tercio de la asignación de la Clase Uno (1), correspondiente al Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal por cada día de retardo, sin perjuicio de sus otras responsabilidades. El tribunal podrá en este caso exonerar al Contador General de estas penalidades, cuando causas justificadas y ajenas a la voluntad del funcionario expliquen razonablemente el retardo.
(Texto según art. 7 de la Ley Provincial Nº 5466, B.O. 27/11/89)
ARTÍCULO 26 - Los saldos que resultasen sobrantes o sin aplicación, de los caudales que deben ser administrados mediante cuentas especiales de habilitados en el Banco de la Provincia o sus sucursales, deberán entregarse a la Tesorería de la Provincia en el plazo de cinco días en la Capital y quince en los Departamentos.
Sin perjuicio de las acciones y penalidades que correspondan por la violación del presente artículo, se cargará a los contraventores el interés del doce por ciento anual sobre las sumas que hubiesen omitido depositar o entregar en tiempo. A este efecto, cada rendición de cuentas deberá ser acompañada de una planilla de depósito y extracciones, visada por el Banco de la Provincia.
ARTÍCULO 27 - En caso de que el Poder Ejecutivo estuviese o fuere autorizado a realizar gastos de carácter secreto o reservado, deberá remitir directamente al Tribunal, para su examen y aprobación, la rendición de cuentas pertinente.
Del Juicio de Cuentas: su tramitación, fallos y recursos
ARTÍCULO 28 - Las cuentas que hayan de presentarse al Tribunal se dirigirán a su Presidente, quien, después de registradas en el libro correspondiente de la Secretaría y de acusado recibo de ellas, las pasará, de acuerdo con el Tribunal, a uno de los Contadores Revisores, procurando evitar en lo posible que un mismo revisador examine en años consecutivos las cuentas de un mismo responsable.
Si, agotados los emplazamientos pertinentes, impuestas las sanciones previstas y formuladas las denuncias correspondientes, el obligado a rendir una cuenta no la presentase al Tribunal, éste podrá determinar de oficio, sobre base cierta o presunta, los cargos debidos por el responsable, previa vista de los informes y dictámenes respectivos por el plazo del Art. 35 de la presente Ley. Si la determinación de oficio implicara gastos, deberá soportarlos el obligado a rendir la cuenta y se cargarán en el fallo a su costa.
(Parrafo incorporado por Ley Nº 7144 art. 2º, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 29 - Los Contadores Revisores anotarán bajo su firma, en el expediente de la cuenta, la fecha en que la reciban para su examen y la fecha en que la entreguen despachada. Llevará además, cada uno de ellos, un registro en el cual conste una y otra operación, bajo la firma del Secretario Relator.
ARTÍCULO 30 - Presentado el expediente de rendición al Tribunal, no podrá salir de éste, bajo ningún pretexto. Los errores serán salvados por cuerda separada. El mismo procedimiento se seguirá para hacer aclaraciones, agregar nuevos justificativos o la sustitución de aquellos que fuesen impugnados.
ARTÍCULO 31- El Contador Revisor, ayudado del personal que disponga el Tribunal, examinará a la brevedad posible todas las partidas de la cuenta y las comprobará con los documentos que las justifiquen, presentando al Secretario Relator el resultado de su examen el cual, recaerá sobre los puntos siguientes:
1) Si la cuenta está conforme con los modelos e instrucciones del ramo a que pertenece.
2) Si los documentos que justifican las partidas de la cuenta son auténticos, legítimos y suficientes y con sujeción a las leyes, decretos y reglamentos de la materia.
3) Si contiene la cuenta alguna omisión en las partidas de cargo; si está conforme con los libros de la Contaduría General, en su caso, y si se ha cobrado y recibido todo lo que se ha debido cobrar o recibir.
4) Si las partidas de data están conformes con los respectivos libramientos u órdenes de pago, cuando se trata de caudales extraídos del Tesoro Público, o con los documentos debidos, cuando la cuenta es de comisión;
5) Si las liquidaciones y demás operaciones aritméticas de la cuenta están hechas con exactitud.
ARTÍCULO 32 - Con referencia a estos puntos, si el Secretario Relator encuentra arreglada la cuenta, aconsejará al Tribunal que la apruebe y si halla cargo o reparos que hacer los formulará con distinción y claridad y aconsejará lo que conforme a la Ley deba resolver el Tribunal.
ARTÍCULO 33 - Cuando el Secretario Relator no haga reparo alguno y aconseje la aprobación de la cuenta y revisada ésta por el Tribunal fuese del mismo parecer, procederá a su aprobación, declarando libre de responsabilidad al que la presentó, mandará que se archive y comunicará copia de su decisión al interesado haciéndolo saber al Contador Revisor que examinó la cuenta.
ARTÍCULO 34 - Si el Tribunal encontrase reparos o cargos que no hubiese hecho el Contador Revisor o el Secretario Relator, en su caso, los formulará él y procederá enseguida como se prescribe para el caso de que hayan sido hechos.
ARTÍCULO 35 - Formalizados los reparos o cargos, sea por el Secretario Relator o por el Tribunal, según el artículo anterior, se emplazará al obligado a contestarlos y se le señalará por el Tribunal un término para la contestación. Este término en ningún caso será menor de diez días, ni podrá exceder de treinta días, que se fijan como improrrogables. El término empezará a contarse desde la fecha de la notificación del emplazamiento.
ARTÍCULO 36 - Hasta el 15 de febrero de cada año o dentro de los quince (15) días hábiles contados desde que asume sus funciones, si fuere posterior, todo responsable de la administración de caudales públicos deberá constituir domicilio legal ante el Tribunal de Cuentas, en la Ciudad de Mendoza, o en otra ciudad en la que el Tribunal haya establecido su delegación. En el mismo acto denunciará su domicilio real. En caso de incumplimiento será emplazado de oficio, por el término de cinco (5) días hábiles, para dar cumplimiento a esta obligación, notificándosele en el lugar de desempeño de sus funciones, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
El Tribunal podrá requerir de cualquier persona que ejerza funciones públicas o tenga a su cargo fondos públicos, la comparencia y constitución de domicilio legal y denuncia de domicilio real, en cualquier tiempo, mediante emplazamiento por el término de cinco (5) días hábiles, notificándosele en el lugar de desempeño o administración, con el objeto de notificarle actos inherentes a la actividad de control, bajo apercibimiento de rebeldía.
Quienes sean declarados rebeldes quedarán notificados de los actos del Tribunal por el ministerio de la ley, con excepción de la notificación de la vista de observaciones y los fallos recaídos en juicio de cuentas. Estos actos serán notificados en el domicilio real y/o legal, si éste resulta de alguna actuación ante el Tribunal, o en la sede del organismo en el que cumplan o hayan cumplido funciones durante el ejercicio que se examine. No siendo ello posible, se notificará por edictos que se publicarán por un día en el Boletín Oficial y uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia. Si el pronunciamiento fuere precedido por sus considerandos, los edictos sólo contendrán la parte resolutiva. Si se tratase de vista los edictos no contendrán transcripción de los documentos que deba darse copia, pero se hará constar que obran en el Tribunal a disposición del interesado.
En lo no regulado por la presente Ley, serán de aplicación las normas del Código Procesal Civil.
(Texto según Ley Nº 7144 art. 3º, B.O. 28/10/2003)
Artículo 36 bis - Serán notificados por cédula, en el domicilio legal constituido y/o domicilio real, los siguientes actos del Tribunal:
1) Los fallos que se dicten en el expediente principal del Juicio de Cuentas, sus Piezas Separadas o del Juicio Parcial de Cuentas.
2) Los autos interlocutorios por los que se resuelven medidas para mejor proveer y acuerdos que pongan fin al trámite de recursos u otros incidentes.
3) Las vistas y emplazamientos y todo otro documento del que deba entregarse copia.
4) Las resoluciones por las que se imponen sanciones.
5) Cuantos más actos disponga el Tribunal, para el mejor resguardo de los intereses públicos, de los responsables o terceros.
Los actos no enumerados se consideran notificados por ministerio de la ley, por la sola agregación de sus constancias al expediente.
Las cédulas de notificación deberán cumplir los recaudos establecidos en el Código Procesal Civil y ser llevadas conforme los modelos que reglamente el Tribunal. La cédula podrá ser reemplazada por telegrama colacionado o carta documento o cualquier otro medio fehaciente que certifique contenido y recepción. En todos los casos deberá contener las mismas enunciaciones que se exigen para la cédula y la recepción siempre deberá constar de manera fehaciente.
En el supuesto de establecerse en el Código Procesal Civil medios alternativos de notificación, podrán ser aplicados en el ámbito del Tribunal de Cuentas, de conformidad con la reglamentación que se dicte al efecto. Cuando deba darse traslado o vista, se acompañará a la cédula una copia de los informes, dictámenes y presentaciones acerca de los que verse, por cada domicilio en que haya de practicarse la notificación.
(Articulo incorporado por Ley Nº 7144 art. 4º, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 37 - El que haya rendido la cuenta o sido objeto de cargos podrá comparecer, por sí o por apoderado, a contestar los reparos, acompañar documentos y solicitar del Tribunal que pida copia de los que contribuyan a su descargo y deban obrar en las oficinas públicas. Si no compareciere, podrá hacer por escrito las mismas gestiones desde el punto en que resida, pero en todo caso, el transcurso del término prefijado para la contestación a los reparos, le causará el perjuicio a que haya lugar.
ARTÍCULO 38 - Respecto a los reparos cuya documentación pueda o deba existir en las oficinas públicas, se pedirá a éstas de oficio los correspondientes informes y documentos o sus copias, con señalamiento de plazo y sin esperar gestión del interesado.
Para cumplir su cometido, tanto en su función de fiscalización, como en el juicio de Cuentas, el Tribunal podrá solicitar al Juez con competencia en lo Civil, Comercial y Minas, que requiera información bancaria, contable o documental que deba obrar en los registros oficiales o privados, allane domicilios, archivos y oficinas en procura de obtener documentación necesaria para el análisis, pudiendo disponer el secuestro de instrumentos relacionados con las cuentas sometidas a su control y autorizar el uso de la fuerza pública si fuera necesario.
Las medidas de que se trata serán aprobadas de conformidad con lo que dispone el Titulo VI - Medidas Precautorias- del Código Procesal Civil, a cuyo objeto el expediente del Juicio de Cuentas, Pieza Separada, Juicio Parcial u otras actuaciones, iniciados por el Tribunal de Cuentas, se considerarán juicio principal respecto de la medida solicitada. En ningún caso se exigirá contracautela. El Tribunal se dirigirá al Juez mediante oficio, acreditando la necesidad de la medida del modo que dispone el Art. 112, inciso 1) deI Código Procesal Civil.
Quienes deban responder observaciones o cumplimentar emplazamientos del Tribunal, estarán facultados para acceder a documentos y registros que obren en organismos cuentadantes, solicitar constataciones y cuantas más medidas resulten procedentes para rendir las cuentas a su cargo.
Si las autoridades fuesen morosas en dar los informes o copias pedidos u obstaculizasen el ejercicio del derecho de los responsables asegurado en este artículo, el Tribunal procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 3308 modificada por la Ley 4091. Sin perjuicio de la sanción prevista lo hará saber al superior jerárquico que corresponda para que éste haga cumplir lo ordenado por el Tribunal y podrá solicitarse de la autoridad competente la suspensión del funcionario remiso y ordenar la retención del sueldo, según la gravedad del caso.
(Texto según Ley 7144 art. 5º, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 39 - Dada la contestación o vencido el término de ella sin que se hubiese dado, el Tribunal oirá al Fiscal de Estado sobre todos o parte de los reparos, si lo creyere conveniente, y en tal caso, pondrá la cuenta a su disposición en la misma oficina para que aquél dé su dictamen a la mayor brevedad posible.
Es deber del Tribunal oír al Fiscal de Estado cuando se ofrezcan dudas sobre algún punto de derecho, ya sea en la rendición de cuentas o cuando deba informar o dar opinión, sobre cualquier punto.
ARTÍCULO 40 - Llenados los trámites que prescriben los artículos anteriores, el Tribunal examinará la cuenta y dictará la resolución que corresponda: interlocutoria, cuando aún tenga que ordenar, para proceder con más acierto, ante él o ante la justicia, sujetándose en cuanto al término para la prueba, a lo que dispone la presente Ley para el Juicio de Cuentas; o definitiva, practicadas que sean dichas diligencias o cuando ellas no sean necesarias, aprobando la cuenta y declarando libre de cargo al que la presentó o al observado, determinando las partidas ilegítimas o no comprobadas y declarándolas a cargo del responsable. Si fuere necesario analizar y resolver aspectos no rendidos, podrá ordenar la apertura de piezas separadas, para cuya tramitación regirán los plazos procesales previstos para el Juicio de Cuentas.
(Texto según Ley 7144 Art. 6º, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 41 - Cuando la resolución definitiva sea aprobatoria, se archivará la cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 33º, con las actuaciones de su referencia, que deben correr unidas y previa copia de la resolución en el libro respectivo, autorizada por la firma del Secretario Relator.
Si fuera condenatoria no se archivará la cuenta sino después que se haga efectivo o se consigne el importe del cargo actualizado y/o de la multa aplicada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43º.
La actualización del cargo, que procederá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna, se efectuará de acuerdo con la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor Desestacionalizado del Gran Mendoza - nivel general -, que elabora la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia, entre el segundo mes anterior a la fecha en que se produjo el hecho generador del cargo y el segundo mes anterior a la fecha del fallo. En caso que se abonare el monto del cargo sin la actualización correspondiente, este concepto también se actualizará desde el segundo mes anterior a la fecha en que debió efectuarse su pago y el segundo mes anterior a la fecha en que se lo realice, aplicándose las normas de este párrafo.
Los principios contenidos en este artículo también serán de aplicación en la situación contemplada en el artículo 48º, cesando la actualización al momento de la liquidación practicada por la Contaduría General de la Provincia.
(Texto según art. 1º de la Ley Provincial Nº 5466, B.O. 27/11/89)
ARTÍCULO 42 - Cuando en el juicio de cuentas no se establezcan daños para la hacienda pública, pero sí procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal de Cuentas impondrá al o los responsables una multa de hasta el décuplo del importe de la asignación de la Clase Uno (1) correspondiente al Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal.
Si los reparos u observaciones efectuados y no salvados sólo consisten en no haberse llevado la cuenta conforme a los modelos e instrucciones del caso, el que las rindió será apercibido y pagará -además- una multa de hasta un tercio de la asignación de la clase indicada en el párrafo anterior.
(Texto según art. 2º de la Ley Provincial Nº 5466, B.O. 27/11/89)
ARTÍCULO 43 - Las resoluciones definitivas del Tribunal tienen fuerza ejecutiva para demandar el pago o devolución por vía de apremio y quedarán ejecutoriadas a los treinta (30) días de su notificación. Esta deberá hacerse al interesado en la forma que determina el artículo 36, con intimación de que en el plazo que haya fijado el Tribunal, entregue el valor o abone el importe del cargo actualizado y/o la multa aplicada en la cuenta bancaria del agente financiero dispuesto a la orden del Presidente del Tribunal de Cuentas con comunicación inmediata al Tribunal. Al jefe de la repartición a que pertenezca o haya pertenecido el responsable, se le hará saber, por notificación, la resolución definitiva
ARTÍCULO 44 - Una vez que se encuentre firme la resolución que impone un cargo, ordena devolución de valores o sanciona una multa, el Tribunal pasará al Ministerio de Hacienda copia legalizada del instrumento respectivo para que se registre en la contabilidad y traslade al Fiscal de Estado, a fin de que éste, por la vía de apremio, cobre al responsable, en su caso, a sus fiadores, el importe del cargo declarado y/o de la multa dispuesta por el Tribunal, con más los intereses y las costas de cobranza.
Sin embargo, vencido el término en que debe efectivizarse el pago, sin que se haya hecho efectivo, si el deudor fuere funcionario o agente a sueldo de la Provincia, de alguno de sus municipios o entidades descentralizadas, autárquicas, cuentas especiales o empresas del Estado, Fiscalía de Estado podrá disponer que se retenga hasta un veinte por ciento (20%) de su remuneración mensual, incluidos todos los conceptos, y se depositen en la cuenta de percepción habilitada al efecto, hasta la concurrencia del crédito. El incumplimiento de las retenciones por parte del organismo que deba efectuarlas, en los plazos fijados, hará pasibles a los responsables de las multas previstas por el Art. 25 de la Ley 3308 que impondrá Fiscalía de Estado.
(Texto según Ley nº 7144 art. 8º, B.O. 28/10/2003)
ARTÍCULO 45 - Cualquiera sea el monto del cargo o multa deberá concurrirse ante los tribunales con competencia tributaria de la provincia. Cuando las acciones tengan que iniciarse fuera de la primera Circunscripción Judicial, el Fiscal de Estado delegará sus funciones en el Agente Fiscal respectivo.
(Texto según art. 5º de la Ley Provincial Nº 5466, B.O. 27/11/89)
ARTÍCULO 46 - Las decisiones definitivas del Tribunal se llevarán a efecto no obstante cualquier recurso que contra ellas se interpongan y sólo se suspenderá su ejecución cuando se efectúe el pago o se consigne en la forma señalada el importe del cargo y/o multa. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia podrá, si conociere de alguna acción o recurso contra el fallo del Tribunal de Cuentas, ordenar se paralice su ejecución cuando así lo estime conveniente, según las circunstancias del caso, hasta que dicte la resolución definitiva.
(Texto según art. 6º de la Ley Provincial Nº 5466, B.O. 27/11/89)
ARTÍCULO 47 - El Fiscal de Estado pedirá testimonio de la sentencia que recaiga en el juicio de apremio y lo pasará, por conducto del Ministerio de Hacienda, al Tribunal, el que mandará se agregue a la cuenta correspondiente. Es deber del Fiscal de Estado dar aviso por el mismo conducto al Tribunal, cuando él o la parte contraria, deduzca recursos o acciones contra su fallo y trasmitir testimonio de las sentencias que se pronuncien al respecto, las que el Tribunal ordenará se agreguen también al expediente de la materia.
ARTÍCULO 48 - Si la sentencia ejecutoria que se dé en el juicio contencioso administrativo o en los recursos, manda la devolución de la cantidad que recibió el tesoro público, en pago o consignación, el Poder Ejecutivo la mandará entregar, sin necesidad de que la Legislatura vote para ello el correspondiente crédito.
ARTÍCULO 49 - El Fiscal de Estado pasará cada tres meses al Ministerio de Hacienda una relación de las causas fiscales que conforme a esta ley tenga a su cargo, informando si sufren demora y, que por qué motivo, a fin de que el Poder Ejecutivo, en la esfera de sus atribuciones, pueda remover los inconvenientes que haya para su pronto despacho.
ARTÍCULO 50 - Los fallos del Tribunal son inapelables y habrá contra ellos el recurso de inconstitucionalidad y de revisión, para ante la Suprema Corte de Justicia, que se deducirán ante el Tribunal de Cuentas en el término de treinta (30) días hábiles y procederán por las mismas causas que proceden en los juicios ordinarios comunes, en cuanto fueren aplicables.
(Texto modificado por art. 146 del Código Procesal Civil)
(Articulo modificado implícitamente por Ley Nº 6201 art. 1º, 27/10/1994, modificatoria del art. 146 del C.P.C.)
ARTÍCULO 51 - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, contra los fallos del Tribunal podrá deducirse ante la Suprema Corte de Justicia, en el término de treinta(30) días hábiles, el recurso contencioso-administrativo.
ARTÍCULO 52 - Si en el examen administrativo de las cuentas por el Tribunal, se encontrase que se ha cometido alguno de los delitos previsto por el Código o las leyes penales o presumiere la existencia de ellos, el Tribunal, antes de entrar a conocer a fondo el asunto, comprobará sumariamente el hecho y si resultasen suficientes presunciones, lo participará al Fiscal de Estado, para que éste deduzca las acciones que corresponda, ante el juez competente, contra sus autores y cómplices y sin perjuicio de las providencias, que adopte el Tribunal, de acuerdo a las circunstancias.
ARTÍCULO 53 - Mantiénese en vigor la Ley Nº 970, debiendo los habilitados de las Cámaras Legislativas enviar las rendiciones de cuentas a la Contaduría General de la Provincia al solo efecto del descargo a que se refiere el artículo segundo de aquélla, cumplido lo cual, la Contaduría elevará al Tribunal de Cuentas las rendiciones aprobadas en la forma establecida en dicha ley.
ARTÍCULO 54 - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO 55 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en el Recinto de Sesiones de la H. Legislatura de Mendoza, a los veintisiete días de diciembre de mil novecientos treinta y dos.
H. BAEZA GONZALES
Pte. H.C. de Diputados
A. GUEVARA CIVIT
G. SUARES LAGO
Pte. del H. Senado
Sanción: 27-12-1932
Promulgación: 29-12-1932
Publicación: B.O. 03-01-1933
VER ADEMÁS: Constitución Provincial, Sección Quinta-Del Poder Judicial - Capítulo Quinto: Del Tribunal de Cuentas de la Administración Pública. (Artículos 181º al 185º) Ley Nº 3308, artículos 24º y 25º (anexos a esta Ley)
LEY Nº 3308
(DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 1966)
ARTÍCULO 24 - Corresponde también al Tribunal de Cuentas de la Provincia la fiscalización amplia de todos los organismos y empresas del Estado o Municipalidades, para lo cual impartirá instrucciones y recomendaciones tendientes a procurar en un régimen de auditoría, la implantación de sistemas contables uniformes para organismos similares.
ARTÍCULO 25 - El funcionario o funcionarios que de cualquier modo obstaculizare el cumplimiento de las tareas de fiscalización y auditoría, se hará pasible de una multa que será fijada en la misma forma que lo dispone el artículo anterior, la primera vez, la que será aplicada por el Tribunal. En caso de reincidencia, el Cuerpo podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión del funcionario remiso. En iguales sanciones incurrirán los funcionarios que retardaran el envío de las cuentas documentadas de cada ejercicio, luego de haber sido emplazados por un término perentorio por el Tribunal.
(Texto según Ley Nº 4091, artículo 2º).

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

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ARTÍCULO 14
 artículo 1

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ARTÍCULO 16

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ARTÍCULO 22

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Artículo 36

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ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
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ARTÍCULO 41
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 artículo 33
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 artículo 43
 artículo 48

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ARTÍCULO 43
 artículo 36
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ARTÍCULO 44
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ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46
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ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25
 artículo 2