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Timestamp: 2018-06-18 12:47:08+00:00

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El aporte estatal a los centros educativos públicos de gestión privada by faera - Issuu
El aporte estatal a los centros educativos pĂşblicos de gestiĂłn privada
Este documento fue elaborado gracias al aporte de varios especialistas en educación. La Comisión Directiva de FAERA (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina) lo aprobó en junio de 2017, e indicó su difusión general en todo el país.
SENTIDO Y MOTIVACIÓN
Como un aporte para la reflexión y el debate ciudadano, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina ofrece este documento sobre el aporte estatal a los establecimientos educativos públicos de gestión privada. Es un documento breve y que sin duda merecerá ser profundizado con estudios de mayor hondura y alcance, pero su finalidad no es académica sino argumentativa y política, en el sentido más elevado del término, una colaboración para construir el bien común de los argentinos. Lo ofrecemos con una perspectiva amplia que vaya más allá de la discusión acerca de números y presupuestos. Para nosotros, bien estudiado, el aporte estatal es una herramienta propicia para el ejercicio de uno de los derechos humanos más importantes, la elección del tipo de educación que se prefiere. Por ello el documento comienza mostrando los fundamentos constitucionales y legales que lo sustentan y que han permitido y permiten actualmente que los habitantes de nuestro país, como quedará evidenciado en las referencias históricas que complementan la fundamentación jurídica, encuentren la posibilidad real de optar por diferentes y valiosas propuestas educativas, en un marco de sana pluralidad. Lejos de ser una prebenda, estamos convencidos que el aporte estatal permite desarrollar en nuestro país numerosos proyectos positivos para millones de niños y adolescentes, siendo por ende un factor de movilización ascendente y de ampliación de la democracia, al contrario de lo que algunos pregonan.
1. El artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho, de todos los habitantes de la Nación, de enseñar y aprender. El derecho de enseñar implica que los ciudadanos y los grupos sociales reconocidos y autorizados para tal fin ofrecen a la sociedad, dentro del marco constitucional y legal, diversas propuestas que tratan, dinámicamente, de responder de modo efectivo las preferencias y elecciones de los ciudadanos. Diversos tratados internacionales, incorporados a nuestra Constitución en 1994, confirman y resguardan el ejercicio de la libertad de enseñanza. El artículo 63 de la Ley 26.206, de Educación Nacional –en línea con el texto constitucionalEnseñar y reconoce el derecho a prestar servicios educatiaprender en un vos a diversos agentes de la sociedad civil. En marco plural y pocas palabras, la República Argentina ha recodemocrático. nocido, desde sus orígenes constitucionales y hasta el presente, que la educación es un campo donde rige un sano pluralismo. 2. El derecho de aprender hoy en día es sinónimo del “derecho a la educación”. Todos los habitantes de nuestro país deben tener acceso a una educación que posibilite su pleno desarrollo, la adquisición de todos los conocimientos y el desarrollo de las aptitudes necesarias para la plenitud personal, su inserción en la vida social y su contribución al desarrollo de la sociedad. Este derecho es ejercido, en el comienzo de la vida y hasta la mayoría de edad, por los padres de los niños y adolescentes, que son reconocidos por nuestra legislación como “agentes naturales y primarios” de su educación. El artículo 128 de la Ley de Educación Nacional establece que los padres de los estudiantes tienen derecho a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación (inciso a) y a elegir para sus hijos la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas (inciso c) 4
3. Este sano paradigma filosófico y legislativo contiene y anima el esfuerzo de la sociedad entera en procura de una educación que favorezca el progreso personal, el desarrollo de ciudadanos libres y solidarios, la movilidad ascendente y la adecuada inserción del país en el contexto global. Pero no puede quedar en el plano discursivo: para desplegar todas las acciones conducentes a esas metas es necesario que los deEl aporte estatal a las rechos no solamente se proclamen y se escuelas públicas de reconozcan, sino también que puedan gestión privada es un ejercerse efectivamente. Cada habiinstrumento efectivo. tante de la Argentina debe contar, mediante los mecanismos económicos y financieros que dispongan las leyes del Estado, con los medios necesarios para poder ejercer su derecho a la libertad de enseñar y aprender, en un marco plural y democrático. Desde hace más de cinco décadas, el Estado argentino (el nacional y los provinciales) utiliza el sistema de aportes a determinadas instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales y no confesionales, para colaborar en el ejercicio de este derecho. Un sistema que, como todos, no es perfecto pero que ha permitido ampliar la posibilidad de elegir entre diferentes opciones reconocidas y cuyos fundamentos, aplicaciones y resultados merecen ser conocidos y valorados por el conjunto de los argentinos.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS
4. El derecho de enseñar y de aprender forman parte de una misma moneda, una libertad pública del más alto rango jurídico y esencial para la democracia. Es simultáneamente un derecho prestacional y un derecho de libertad de elección: ambas dimensiones son inseparables y se las respetará y satisfará adecuadamente si las dos son debidamente atendidas. Es el derecho a la educación en libertad, donde: El aporte estatal favorece la variedad de enfoques 1. El Estado es el responsable educativos, enriqueciendo de crear y sostener un marco cultural y humanamente a que favorezca la educación, toda nuestra sociedad. “bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” (art. 2 de la Ley de Educación Nacional). 2. Aunque el Estado argentino proclama su responsabilidad “principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos”, al mismo tiempo reconoce “la participación de las organizaciones sociales y las familias” (art. 4). 3. De esta forma, pueden generarse múltiples y variados programas para enfrentar los desafíos educativos. 4. Se reconoce, valora y favorece la diversidad sobre la uniformidad. La variedad de enfoques educativos supone una riqueza cultural y humana para toda la sociedad 5. La variedad de modelos educativos es síntoma y requisito de madurez democrática, porque garantiza la pluralidad ideológica e impide la cristalización de un pensamiento único.
6. La educación en libertad está garantizada por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y las leyes vigentes en materia educativa. Pero además, en una democracia moderna, los Estados deben promover el desarrollo progresivo de los derechos y evitar cualquier retroceso y/o restricción de derechos anteriormente reconocidos.
5. Nuestra Constitución incorpora desde el año 1994 a una serie de tratados internacionales de derechos humanos a los que otorga jerarquía constitucional. Entre ellos, destaca la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969. El pacto dedica un artículo (el 12º) a garantizar el derecho a la “libertad de conciencia y de religión”, en términos muy semejantes al art.18 del Pacto Internacional El aporte estatal es una de de Derechos Civiles y Políticos del las herramientas que tiene año 1966. Ese artículo, además de el Estado para garantizar enunciar como uno de los contenila elección de opciones dos de la libertad religiosa que deeducativas. ben ser garantizados a la libertad de “divulgar” la religión y las creencias individual o colectivamente, dedica un párrafo a la educación diciendo: “4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 6. Ese Pacto fue complementado en noviembre de 1988 por un Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, que establece que “4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los 7
padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos […]”; y que “5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”. 7. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art.18.4). 8. El artículo 13.3 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales obliga a “respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con Los padres tienen el sus propias convicciones”. derecho a elegir el 9. Si bien el derecho a elegir una educatipo de educación que ción conforme a los valores de la familia habrá de darse a sus debería poder ejercerse en cualquier eshijos. cuela a la que asista un niño -incluso de gestión estatal -, la Argentina en general entiende cumplir su obligación permitiendo la existencia de escuelas confesionales, que puedan ser elegidas por los padres. De hecho, hay jurisdicciones (como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que han decidido que la enseñanza pública de gestión estatal sea “laica”, es decir, excluyente de la dimensión religiosa (art.24 de la Constitución de la Ciudad). Por lo tanto,
el único camino que tienen los padres y las familias de esas jurisdicciones que desean dar una orientación religiosa a sus hijos, en ejercicio del derecho constitucionalmente garantizado de hacerlo, es acudir a escuelas públicas de gestión privada con esa orientación. Escuelas cuya existencia también está garantizada constitucionalmente, además de lo dispuesto por la Ley Nacional 26.206.
EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO
10. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ya citado señala con claridad que lo dispuesto en materia educativa no puede interpretarse como restricción a la libertad de enseñanza. En idénticos términos se expresa la Convención Sobre los Derechos del Niño (art. 19.2); y en términos concordantes la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, de la UNESCO, de 1960. 11. Hay que decir además, que existe una obligación de los Poderes Públicos de garantizar un “desarrollo progresivo” de estos derechos, evitando cualquier retroceso en la materia. Así lo El Estado debe adoptar medidas dispone, por ejemplo (y para que la mayoría de las personas hay normas equivalentes puedan elegir libremente el tipo de en los demás tratados con educación e ir logrando la plena jerarquía constitucional) el realización de este derecho. Pacto de San José de Costa Rica: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados” (art.26). 12. En la actualidad, los derechos no sólo se reconocen sino que el Estado debe proveer las condiciones mínimas para que puedan ejercerse. Un Estado social de derecho en el siglo XXI debe promover las condiciones para que los derechos no sean elucubraciones teóricas, sino que sean reales y efectivos para todos los habitantes. En este caso, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades para que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
EL MECANISMO DEL APORTE ESTATAL
13. La forma en que el Estado argentino, tanto a nivel nacional como provincial, ha empleado para garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de elección del tipo de educación que cada ciudadano desea para sí o para sus hijos es a través de los aportes financieros a las instituciones educativas privadas que cumplan con determinados requisitos. En la actualidad, el marco normativo es la ya citada Ley Nacional de Educación, que en su artículo 65 Una sociedad más justa aborda el tema de los “aportes finane integrada debe tener cieros” del Estado. En primer lugar los sus bases en un sólido orienta: están destinados al pago de sistema educativo. salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados. En segundo lugar, fija los criterios “objetivos de justicia social” para su asignación: la función social que cumple en su zona de 10
influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o la propuesta experimental y el arancel que se establezca. 14. Complementa este artículo el inciso e) del artículo 121, que reconoce la potestad de los gobiernos provinciales y CABA para “autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas de gestión privada… conforme a los criterios establecidos en el artículo 65”. Pero los gobiernos provinciales y de CABA no tienen esta potestad de manera graciosa sino como una de las formas para cumplir con su obligación de asegurar el (ejercicio del) derecho a la educación en su ámbito territorial (artículo 121, inciso a).
UNA RÁPIDA MIRADA HISTÓRICA 15. Conforme con los principios constitucionales, siempre existieron establecimientos privados de enseñanza en nuestro país. Los más antiguos del país, inclusive, son anteriores a la existencia misma de la Nación Argentina como tal y tuvieron a las congregaciones religiosas como actores relevantes, auténticos pioneros de la educación argentina. Aunque los estados provinciales se comprometieron a asegurar la educación primaria (artículo 5 de la Constitución) y el Estado Nacional desarrolló una amplia acción, de gran calidad y extensión, a través de la ley 1420 y la ley Láinez, los centros educativos privados siguieron ofreciendo sus propuestas a toda la sociedad. 16. En la actualidad, alrededor de un 30 % de los alumnos argentinos concurren a establecimientos públicos de gestión privada. Este número ha venido creciendo constantemente y para varios especialistas esto es un dato negativo. Demostraría el abandono del papel del Estado en materia educativa, el pasaje de recursos del Estado al mercado, la decadencia –por dejadez y falta de recursos- de la escuela estatal que a tan excelentes niveles había llegado cuando “lo privado” era mucho menor. Sin embargo, los datos aportados en diversas investigaciones muestran que este fenómeno no es reciente, sino que tiene un largo recorrido histórico. 17. Efectivamente, si en 1940 asistía a las escuelas primarias de gestión privada un 7,2 % de la matrícula, en 1950 ese número había crecido hasta el 7,8 %; en 1960, el 10,6 % de los alumnos primarios iban
a colegios privados; en 1970, el 15,9 %; en 1980, el 17,3 %; en 1990, el 19,3 %; en 2000, el 20,6% y en 2010, el 24,9 %.1 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1930
En 70 años el crecimiento de la matrícula de alumnos primarios en centros privados fue constante, pese a la variedad inmensa (y hasta traumática) de gobiernos, modelos económicos, ideologías en el poder, leyes y normativas del sistema educativo. En el mismo texto se puntualiza que “la sociedad se había transformado pasando de una estructura social relativamente simple, característica del período agroexportador y de la ley 1420, hacia un espacio social crecientemente diferenciado vertical y horizontalmente”2. Una sociedad más compleja y plural implica una creciente demanda de propuestas educativas diversas. Por ello, pese a una fuerte presencia y compromiso
Bottinelli, L. (2013), El debate sobre el crecimiento reciente de la educación privada, Ministerio de Educación de la Nación, Documentos de la DINIECE, Serie La Educación en Debate, n° 11, p.6 2
Ibidem, p. 15 13
de los gobiernos nacionales y provinciales en lo que va de este siglo con la educación estatal, el porcentaje de alumnos que concurren a establecimientos privados no ha dejado de crecer. Porcentaje de alumnos que concurren a escuelas públicas de gestión privada (sobre el total de alumnos del sistema educativo argentino) en el siglo XXI3 28,5% 28,0% 27,5% 27,0% 26,5% 26,0% 25,5% 25,0% 24,5% 24,0% 23,5% 1998
Fuente: CIPPEC, sobre la base de los relevamientos anuales de la DINIECE (Ministerio de Educación de la Nación).
HACER EFECTIVO UN DERECHO
18. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 2015 unos 8.000.000 de alumnos concurrieron a escuelas estatales y 3.300.000 a escuelas privadas. Una crítica bastante extendida en Argentina es que las escuelas privadas se vuelven cada vez más homogéneas en cuanto al perfil socio-económico y cultural de los alumnos, lo que acrecentaría la fragmentación y la desigualdad sociales. Sobre este punto, vale la pena recordar lo que muchas investigaciones han resaltado: la diferenciación de circuitos educativos desiguales no sólo opera por la presencia de escuelas públicas de gestión privada, sino que se da dentro de ellas y también se observa dentro de las escuelas de gestión estatal. 19. Pero además no todos los centros educativos privados son iguales: los hay confesionales (católicos, evangélicos, judíos, islámicos, etc) y no confesionales; a cargo de asociaciones civiles, fundaciones, sociedades o personas físicas; con aranceles muy diversos, con planes de estudio y de organización variados. Las escuelas católicas procuran la formación integral e individual del alumno en todas sus facetas y valores: autoestima, responsabilidad, autonomía, respeto, paz, solidaridad, fraternidad, transcendencia, etc. Nuestros centros educativos hoy están abiertos a todos los que deseen elegirlos. Tanto en nuestros proyectos educativos como en nuestras prácticas relacionales procuramos, con medios limitados y llegando hasta donde la realidad nos permite, favorecer el encuentro y el respeto entre todos,
Alumnos de escuelas privadas Alumnos de 29% escuelas estatales 71%
más allá de sus condiciones socioeconómicas. Nuestras escuelas están animadas por el deseo de servir, extender un mensaje evangelizador y humanizador, ser agentes de transformación y progreso para todos. Creemos que la educación es una herramienta fundamental e imprescindible para ayudar a crear una sociedad más justa e integrada. Como bien se expresara en el Congreso Internacional de Educación Católica de 2015, “educamos para contribuir a construir un mundo más justo y fraterno, que se acerque a los valores del Reino de Dios anunciado por Jesucristo”4
PRECISIONES SOBRE EL APORTE ESTATAL
20. Como decíamos anteriormente, los derechos que no pueden ejercerse no valen. No basta con que se reconozca su existencia, sino que hay que favorecer su ejercicio. La libertad de enseñanza no debe basarse en los intereses institucionales (por más legítimos que sean) sino en el derecho de las personas a poder elegir el tipo de educación que prefieran, tanto para sí mismos como para sus hijos. En el caso argentino, el aporte estatal a establecimientos públicos de gestión privada: 1. No es una subvención a “empresas” sino una contribución para que los ciudadanos puedan ejercer un derecho: elegir el tipo de educación que prefieren. 2. Permite que las familias con pocos recursos puedan ejercer la libertad de elección entre diferentes modelos educativos. Si no existiera, la posibilidad de elección de un modelo/tipo de
Aguado, P. (2015), Síntesis Conclusiva del Congreso Internacional de Educación Católica, Ciudad del Vaticano, 21 de noviembre de 2015, p. 9 16
educación para los hijos estaría supeditada a la capacidad económica de los padres, con lo cual estaríamos (en la práctica) desconociendo su derecho originario y primario como agentes de la educación de sus hijos. 3. Es un apoyo para el sistema educativo entero, para que la cobertura de la educación obligatoria pueda alcanzarse con una más efectiva asignación de recursos e inversión. 4. Con muy poco se atiende a muchos: puesto en cifras, los fondos destinados a aportes para los centros educativos privados representaron, en 2012, el 10,1 % del total del gasto público en educación (Nación más provincias), un porcentaje claramente bajo. 21. Los aportes estatales a la educación pública de gestión privada no son la única acción de tipo subsidiario que desarrolla el Estado. Sin embargo reciben habituales críticas, algunas de las cuales son de carácter filosófico: el Estado no debe dar sus fondos a institutos privados sino que los debe volcar a sus escuelas (pese a que los fondos del Estado se constituyen con los imEl derecho de las personas a puestos de los ciudadanos, que elegir el tipo de educación tienen derecho a poder ejercer la debe estar por encima de libertad de enseñanza); el Estado cualquier otro tipo de interés. no debe fomentar un sistema de segregación social que segmenta la educación en función del nivel de ingreso de los hogares (ya señalamos que la fragmentación se vive también dentro del sistema escolar estatal); es inmoral que se favorezca a escuelas que discriminan y
excluyen a alumnos por diversas condiciones, etc.5 Pero hay también otras críticas más específicas y concretas sobre el sistema mismo: 1. 2. 3. 4.
La distribución de aportes es arbitraria. Los criterios para dicha distribución están no especificados Se destinan preponderantemente a sectores medios y altos Los aportes otorgados no tienen fecha de revisión, reevaluación (es decir, son inflexibles) No se cuenta con información completa en el rubro aranceles
22. Ante estos cuestionamientos es bueno recordar que cuando se configuró el sistema de aportes estales -durante la presidencia del doctor Illia- la asignación se basó en un estudio muy amplio de las condiciones socio-ambientales de cada centro, de sus propuestas pedagógicas y del tipo de población que atendía. Cincuenta años después, el ya mencionado artículo 65 El aporte está destinado de la ley 26.206 confirma los criterios exclusivamente al pago para la asignación de aportes. del salario docente cuyo 23. El aporte no es una dádiva, sino monto se fija en paritarias que está orientado hacia un rubro nacional y provincial. específico (salarios docentes) y mensualmente se rinden cuentas de la aplicación de esos fondos. Nuestros centros educativos, como entidades sin fines de lucro, aceptan las reglas de juego establecidas por la legislación. Nos ajustamos a las normas y a los controles que impone el Estado en su administración y ordenamiento legal. El margen de maniobra económica está limitado,
“Le atribuyen (a la escuela privada) una orientación mercantilista, o bien vinculan la educación de gestión estatal con “lo común” y destacan ese valor en detrimento de la “burbuja” a la que estarían confinados los niños de la escuela privada” (Victoria Gessaghi, ¿Por qué los ricos “caen” en la escuela privada? EN: La Nación, Suplemento Ideas, 23 de abril de 2017) 18
porque el principal costo de una escuela (el pago de salarios) se fija en ámbitos extraescolares, las paritarias nacional y provincial, y uno de los principales ingresos –fuera del aporte estatal-, los aranceles, están totalmente regulados por la autoridad jurisdiccional. 24. No es correcto que la mayoría de los aportes se destinen a colegios con población económicamente acomodada. Tomemos cifras 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jurisdicción con mayor número de establecimientos y alumnos en escuelas públicas de gestión privada en el país. Según datos de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) del Ministerio de Educación de la Ciudad, recibían aporte estatal 441 establecimientos, en los siguientes porcentajes:
32 colegios (7,26 %) reciben un 40 % de aporte para su 6 planta orgánica funcio-
18 colegios (4,08 %) reciben un 50 % de aporte.
38 colegios (8,62 %) reciben un 60 % de aporte.
26 colegios (5,90 %) reciben un 70 % de aporte.
142 colegios (32,20 %) reciben un 80 % de aporte.
185 colegios (42 %) reciben un 100 % de aporte para su POF.
nal. 6 6
Planta Orgánica Funcional (POF) es aquella nómina de cargos docentes que habiendo sido reconocida su pertinencia pedagógica reciben aporte estatal para el pago de sus sueldos y cargas sociales, en el porcentaje que fija la administración cuando lo otorga. 19
En términos presupuestarios para 2017, los fondos que la Ciudad Autónoma destinará para hacer frente a estos aportes serán equivalentes al 16 % del total asignado a educación. Para recibir el aporte, los colegios están obligados a cobrar aranceles con topes máximos, de acuerdo a disposiciones oficiales. Para marzo 2017, en Ciudad de Buenos Aires esos topes eran, para el nivel inicial y primario de jornada simple:
$ 506 para los colegios que reciben el 100 % de aporte para su POF.
$ 957 para los del 80 %
$ 1.223 para $ 1.832 para $ 2.132 para $ 2.343 para los del 70 % los del 60 % los del 50 % los del 40 %
Al relacionar ambas tablas comprobamos que el 72,20 % de los colegios públicos de gestión privada que reciben aporte estatal en la Ciudad de Buenos Aires tenían en marzo de 2017 aranceles programáticos menores a los $ 1.000, lo cual confirma que dicho aporte permite 20
que amplios sectores de la sociedad puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos7. 25. Toda la información sobre aportes estatales es pública y los centros educativos están obligados a brindarla a las autoridades competentes. Por lo tanto no corresponde tender un manto de sospecha u ocultamiento por parte de nuestras instituciones. 26. Por último, recordemos que cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires por medio de la ley 24.049, en su artículo 23 se dispuso que las jurisdicciones locales deben “mantener el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional, en lo que hace a montos, proporciones y destino a los servicios transferidos”. Esto reafirma la calidad de derecho adquiEl aporte no es una donación rido que tiene para quienes lo venían percibiendo, incluso en sino una ayuda del Estado cuanto a su monto y porcentaje, lo para contribuir al ejercicio que está garantizado por la mende un derecho ciudadano. cionada ley.
Además, por disposiciones legales, los colegios que reciben aporte estatal deben disponer de becas para el 10 % del alumnado. 21
EL VALOR DEMOCRÁTICO DEL APORTE ESTATAL 27. Entonces, “más allá del conflicto que podría implicar, la eliminación de las subvenciones en las condiciones actuales podría producir un resultado no deseado como es la profundización del resquebrajamiento del sistema educativo, potenciando las tendencias a la compartimentación entre escuelas públiEl aporte estatal permite cas y privadas. Por otra parte, obligaque amplios sectores de ría a los estados provinciales a incorla sociedad puedan elegir porar miles de instituciones y millones el tipo de educación que de estudiantes en sus sistemas que, quieren para sus hijos. además del plus presupuestario que significan, implicaría gobernar una nueva y más amplia complejidad que se sumaría a las dificultades que ya se observan en el actual sistema público”8 28. El aporte estatal a determinados establecimientos educativos públicos de gestión privada permite que más ciudadanos y familias puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, es decir puedan ejercer efectivamente un derecho inalienable. Lejos de fragmentar, permite acercar una mayor diversidad a muchos. En países donde esta asistencia del Estado no existe –por ejemplo, en muchos países de América Latina- los circuitos educativos diferenciados siguen existiendo pero sus ciudadanos se ven privados de derecho a elegir, deben aceptar un tipo de educación para sus hijos que no los satisface completamente.
Bottinelli y Sleiman, Educación privada. Aportes para la discusión sobre las subvenciones pública. Serie Sociales en Debate 09, p. 31 22
29. Por ello, creemos que el derecho a la La educación es un educación requiere de la presencia y del bien público, un compromiso relevante por parte del Estado, derecho social y un cumpliendo con lo establecido por la Constiderecho personal. tución y los artículos 2 y 4 de la Ley Nacional de Educación, y de la convergencia de todas las propuestas educativas surgidas del seno creativo y participativo de la sociedad, articulando un sistema donde cada habitante de nuestro país puede ejercer, con libertad y recursos, su derecho a elegir la forma en que será educado, él mismo o sus hijos. En una sociedad democrática, no puede haber oposición entre la educación ofrecida por el Estado y las propuestas educativas privadas. La educación, bien público y derecho personal y social (artículo 2 de la Ley Nacional de Educación) se concreta con “y” y no con “o”. Siguiendo un lema favorito del papa Francisco, busquemos lo que una y superemos lo que nos divide. Necesitamos más y mejor educación, lo cual implica compromiso, complementariedad y pluralidad convergente, donde “lo público” es lo común y lo que está abierto a todos, no solamente lo estatal.
30. En síntesis, el aporte estatal a los centros educativos públicos de gestión privada no es una prebenda sino un instrumento para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho a elegir el tipo de educación que desean para sí mismos o para sus hijos, un punto fundamental para la construcción de una democracia moderna, madura y plural.
www.federacionfaera.org 24
El aporte estatal a los centros educativos públicos de gestión privada

References: artículo 14
 artículo 63
 artículo 128
 artículo 13
 artículo 65
 artículo 121
 artículo 65
 artículo 65
in fine
 artículo 23