Source: https://www.scribd.com/document/126487/EL-PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO
Timestamp: 2016-09-28 23:46:07+00:00

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Juventud Patriotica
Juan Carlos Martínez Botero(1) y Derly Tatiana Rodas Rojas(2), Manizales, abril 13 de 2007 El presente documento es un aporte al debate que debe dar el estudiantado de la universidad de Caldas, en torno al PND y a la inclusión de un artículo que pone en peligro la financiación estatal a la Universidad pública. En la lógica que lo anima desde su primer gobierno, como es la privatización y liquidación de la universidad pública, el gobierno de Uribe presentó a consideración del congreso de la república el proyecto de ley por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones "Estado Comunitario Desarrollo Para Todos" 2006-2010. Dicho proyecto, además de arremeter contra otros sectores de la población, prevé en su artículo 27 facultar al gobierno nacional para "reglamentar los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas", lo que en la práctica constituye poderes absolutos al presidente de la república para que vía decreto desmonte la financiación estatal a la universidad pública. Cabe resaltar que este proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate y a pupitrazo limpio por las mayorías uribistas en el congreso. Con el pretexto de aumentar la cobertura y eficiencia del sector de educación superior el gobierno de Uribe busca, con la aprobación de este artículo, una formula legal para disminuir el financiamiento por parte de la nación a las universidades, lo que implica el desconocimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992 y además establece que "Las instituciones de educación superior contarán con un periodo de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos" (Parágrafo del art. 27), es decir, tendrán que necesariamente las universidades aumentar los mecanismos de autofinanciación y transitar en el camino de la privatización de sus servicios. Actualmente la Ley 30 de 1992 "Estatuto Orgánico de las Universidades" estipula que las universidades se financiaran con aportes de los entes territoriales, recursos y rentas propias y aportes del presupuesto nacional, estos últimos –dice la ley- "deben significar siempre un aumento en pesos constantes" lo que garantiza que para el envío de recursos de parte del gobierno nacional se tenga en cuenta el presupuesto del año anterior y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, que se mantengan unos recursos actualizados para el funcionamiento y la inversión de las instituciones de educación superior. Aún existiendo este mandato legal, en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007, el gobierno le adeuda y ha dejado de enviar a las universidades públicas 360 mil millones de pesos, hecho que ha agravado la situación interna de los entes universitarios. Como ejemplo de ello los aportes de la nación a la Universidad de Caldas tuvieron un incremento del 3,69% sobre el presupuesto del año anterior, debiendo haber sido del 4,8% (Indice de Precios al Consumidor del año 2006) para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 30 de 1992, lo que significa que en estos momentos el gobierno le adeuda y dejó de enviar a la Universidad de Caldas 635 millones de pesos del presupuesto de este año. Esta es la situación del 94% de las universidades públicas que para este año recibieron sus recursos por debajo de lo que dice la Ley. De ser aprobado el artículo 27 del Plan Nacional de Desarrollo el conjunto de universidades públicas corren el riesgo de vivir crisis financieras como la de la universidad del Atlántico, que tiene parte de sus instalaciones cerradas, cientos de profesores y trabajadores despedidos y unas matrículas en alza, que cada día se vuelven más impagables. ¿Qué significa entonces la aprobación del Plan Nacional de desarrollo –PND- tal y como está para el presupuesto de las universidades? Si existiendo una Ley, que obliga al gobierno a mantener unos recursos constantes y actualizados para las universidades públicas, de todas formas se burla y se disminuye el presupuesto, si es aprobado el PND tal y como está, el gobierno nacional quedaría con facultades legales para desconocer la financiación estatal a la educación superior, fijando criterios de asignación donde se distribuyan los recursos muy por debajo de lo que hoy reciben las universidades, logrando que estas entren en crisis financieras como la que actualmente vive la Universidad del Atlántico en pleno proceso de privatización, ya que la mayor parte del presupuesto de las universidades públicas corresponde a los aportes y transferencias que hace el gobierno central. ¿Qué consecuencias inmediatas trae la aprobación del PND para la universidad pública?
Como lo prevé el mismo Plan Nacional de Desarrollo las universidades deberán hacer "ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos", lo que no es más que avanzar por el camino de la autofinanciación y la privatización, esto incluye que se modifiquen las actuales tablas de matrículas y se incremente el cobro de derechos académicos a los estudiantes. No hace poco un diario nacional (El Heraldo de Barranquilla del 28 de marzo de 2007) informaba como en la universidad del Atlántico se incrementaron a tal punto las matrículas, que un estudiante de cuarto año de Derecho que en el año 2006 pagó $315 mil pesos tendrá ahora que pagar $3.415.000, una suma diez veces mayor a la del año anterior, con lo que se hace casi imposible que muchos estudiantes puedan terminar sus carreras. ¿Cómo afectaría a la Universidad de Caldas? Los recursos de la nación son fundamentales para el funcionamiento de la U. De Caldas. De 74 mil millones que corresponden el presupuesto total, el 80%, es decir 59 mil millones corresponden a giros que hace el gobierno central de acuerdo a la ley 30 de 1992. Para hacer un comparativo con lo que recauda la universidad por matrículas, éstas representan únicamente el 3.5% equivalente a $2774 millones. De ahí la importancia de conservar los recursos del gobierno central, pues una reducción de estos pondría en grave riesgo la estabilidad financiera de la Universidad, la cual afronta un grave pasivo pensional y cuya única solución posible es que lo asuma el gobierno nacional. Cabe recordar que con una situación como estas, de reducción brutal de recursos, en la que el gobierno de Uribe dejó de enviar 77.316 millones de pesos a la Universidad del Atlántico durante los años 2003, 2004 y 2005 para atender obligaciones pensionales, fue que se le aplicó la llamada Ley de Quiebras (L 550/99) a este importante Centro Educativo de la Costa Caribe, con las consecuencias desastrosas que hoy vemos: Una universidad permanentemente militarizada, con cinco programas cerrados, 439 empleados despedidos, 251 profesores pensionados y un incremento descomunal de más del 300% en el valor de las matrículas. Adicional a esto la reducción de los recursos afectaría la normalidad y la calidad académica de los programas, no contando la universidad con los recursos suficientes para el pago y la contratación de docentes, y si aún disponiendo de unos recursos asignados por Ley el personal docente de planta, base fundamental de una academia con calidad, viene disminuyendo como lo anota la misma administración(3) ¿qué sería sin unos recursos constantes?. Otro componente de la formación que se afectaría gravemente es el presupuesto para salidas académicas. No sobra mencionar que actualmente la universidad vive un problema de hacinamiento, el cual tampoco encontraría forma de resolverse pues no habría recursos disponibles para la construcción de nuevas aulas. ¿Cuál sería el Impacto en los programas de Bienestar Universitario? La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo puede ser la estocada final para desaparecer de una vez y para siempre los programas de bienestar universitario. Desde tiempo atrás se han venido eliminando programas que beneficiaban altamente a los estudiantes de los sectores más pobres de la población y que garantizaban su permanencia dentro de las universidades, ejemplo de ello fue la eliminación del programa de Residencias en la Universidad Nacional y el año pasado en la UPTC de Tunja. En la Universidad de Caldas como resultado de los 635 millones de pesos menos que dejo de enviar el gobierno nacional para el presente año y de la concepción, de eliminar el carácter "asistencialista"(4) de Bienestar Universitario, que se ha venido profesando durante las últimas administraciones, la división de bienestar universitario tuvo un recorte de 156 millones de pesos en relación con el año pasado, es decir 156 millones de pesos menos para la atención de las distintas actividades que cubre. En el siguiente cuadro elaborado con base en el proyecto de presupuesto presentado por la Dirección de Planeación y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Caldas, se presentan las cifras exactas: PRESUPUESTO BIENESTAR UNIVERSITARIO AÑOS 2006-2007 2006 1.598.743.856 2007 1.441.912.487 RECORTE AÑO 2007 156.831.000
Sin embargo, debido a la denuncia que desde la Representación Estudiantil hemos venido haciendo y las inmensas necesidades de la División de Bienestar, se hizo una adición de 180 millones de pesos con recursos del presupuesto general de la universidad que no se ejecutaron el año pasado.
Para completar el rector de la universidad, a través de la resolución 790 del 11 de diciembre de 2006, estableció que las Becas de estudio socioeconómico(5) se financiaran con cargo al presupuesto de bienestar universitario, no sin antes precisar que se otorgaran siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. Con esto, además de poner una nueva carga al presupuesto de Bienestar, se permite el desmonte del programa al condicionar su otorgamiento a que existan los recursos disponibles afectando de esta manera a estudiantes que por algunos elementos discriminatorios tienen que pagar altísimas matriculas, que superan incluso la capacidad de sus familias para costearlas. Un balance de la política de bienestar desde el año 2003 nos muestra como el no crecimiento de los programas de bienestar, acorde con el aumento en la población estudiantil, se traduce en una reducción sistemática de estos. Para sostener que efectivamente ha habido una reducción en estos programas ofrecidos por la división de Bienestar Universitario, remitimos al lector a analizar las columnas de porcentaje de estudiantes atendidos. Por ejemplo en becas por compensación: Si bien desde el año 2005 se sostiene una cantidad fija de 600 becas otorgadas por año, son mucho menos de las 748 que se otorgaban en el año 2003. En cuanto al porcentaje de estudiantes atendidos observamos como cada año es menor, pues se paso del 8,66% de estudiantes atendidos en el año 2003 al 5% en el año 2007. Asimismo en subsidios de alimentación mientras en el año 2004 se atendió al 9,32% para este año está proyectado atender el 5,83% de los estudiantes, lo que nos muestra la reducción en este importante programa que garantiza condiciones mínimas para la asimilación del aprendizaje a cientos de estudiantes de la universidad. De igual manera, estímulos académicos a los estudiantes como las monitorías vienen siendo reducidos con la consecuente afectación al estudiantado, en este caso mientras en el año 2003 se otorgaron 590 que corresponden el 6,83% de la población estudiantil atendida, el año pasado se otorgaron 370, es decir 220 menos, lo cual arroja una disminución de la población atendida al pasar al 3,34% de estudiantes beneficiados con dicho programa. Si la administración desea seguir sosteniendo el argumento de que no se han disminuido los programas, estos deberían crecer consecuentemente con el aumento de la población estudiantil. La presente aproximación es apenas una mirada a unos cuantos programas que ofrece la división de Bienestar universitario, sin embargo las cifras no mienten y nos permiten afirmar que estamos asistiendo a la desaparición paulatina de unos programas que en la concepción neoliberal, que hoy campea tanto a nivel del gobierno central como en la administración local, no caben. La aprobación del PND y la consecuente reducción a los recursos de la universidad sería el último empujón que requiere la política que buscar tirar al precipicio estos programas de atención estudiantil. ¿Es el Plan Nacional de Desarrollo la única amenaza a la universidad pública? No, aunque en este momento el PND debe concentrar la atención del movimiento universitario por ser la amenaza más inmediata, otras iniciativas de carácter gubernamental dejan entrever el futuro y el peligro que corre la universidad pública si son materializadas. Están entre estas, el Plan Decenal de Educación, la Visión Colombia 2019 y la aprobación del TLC con E.U., medidas todas que apuntan a concretar el ideal de la "Revolución Educativa de Uribe" de tener una universidad subdesarrollada acorde al país subdesarrollado que propone, una educación pobre para pobres. Una universidad dedicada a formar mano de obra barata para las multinacionales y no una universidad que resuelva el atraso científico del país y contribuya a desarrollar las fuerzas productivas nacionales. ¿Qué posición debemos asumir los estudiantes y qué acciones emprender para que no sea aprobado el PND tal y como está? Ante esta situación es deber de los universitarios colombianos, y particularmente del estudiantado como destacamento principal, levantar el más grande movimiento de denuncia contra este atentado a la universidad pública, ya de hecho se está enviando una carta a los congresistas de Caldas, cosa que están haciendo en las otras regiones del país los estudiantes de las distintas universidades públicas para que propongan la supresión del artículo 27 del proyecto de ley del PND, sin embargo esto no es suficiente, por lo tanto está propuesto el 2, 3 y 23 de mayo jornadas nacionales de denuncia del PND y de defensa de la financiación estatal a la universidad pública, en las que todos los estudiantes de la universidad de Caldas, conscientes de que este centro educativo es patrimonio del departamento y de los colombianos, debemos participar activamente. La ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES –OCE– llama al conjunto de los estudiantes colombianos a organizar la resistencia civil contra el Plan de Desarrollo, el
recorte a las transferencias y la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los E.U, como una forma de preservar nuestros mejores valores y tradiciones y luchar por un proyecto educativo soberano al servicio de la nación. (1) Representante Estudiantil Al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miembro de la Junta Directiva de la FEUC y del Comité de Estudiantes De Derecho. (2) Actual Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, integrante de la Federación de Estudiantes de Enfermería y Activista Pro-Federación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias para la Salud, FEDESALUD. (3) El personal docente de planta en la Universidad de Caldas entre 2001 y 2004 registró una disminución de 3.12%, pasando su participación de 58.82% a 50.44%, esto es de 417 docentes de planta en el 2001 pasamos a tener 404 en 2004. Estos datos son extraídos del boletín estadístico 2001-2004 elaborado por la dirección de planeación. (4) En la síntesis del informe de autoevaluación con fines de acreditación y en particular en lo relacionado con el factor de estudiantes se propone, por parte de la administración y de la comisión encargada de coordinar el proceso, en el numeral 11 de los problemas claves a intervenir, revisar "la concepción asistencialista de los programas de bienestar" que según ellos están desarticulados de los procesos de formación integral que promueve la institución. El planteamiento de revisar el carácter asistencialista de los derechos sociales ha sido uno de los principales argumentos para posicionar las ideas neoliberales de la mínima intervención del estado y del desmonte de la provisión de bienes sociales a los ciudadanos. Tales ideas fueron utilizadas para justificar la privatización del derecho a la salud y los servicios públicos domiciliarios. (5) Las becas de estudio socioeconómico se otorgan a los estudiantes que acrediten un PBM igual o superior a 18 y que inscriban para el periodo académico del estudio socioeconómico mínimo el 70% de los créditos establecidos, con excepción de los estudiantes que inscriban práctica académica (artículo 3, Resolución 790).
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