Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2003/09/registro-oficial-12-de-septiembre-del-2003
Timestamp: 2019-02-18 14:52:45+00:00

Document:
Registro Oficial. 12 de SEPTIEMBRE del 2003
Viernes, 12 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 168
824\n Nómbrase\n al señor doctor Carlos Larrea Estrada, representante del\n señor Presidente Constitucional de la República\n ante el Directorio de la Comisión de Estabilización,\n Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento\n Bíblico
\n SEGUROS
SBS-DN-2003-0496\n Ampliase la\n calificación otorgada como auditor interno, al ingeniero\n comercial Leonel Francisco Bastidas Vaca
SBS-DN-2003-0510\n Ampliase la\n calificación otorgada como auditor interno, al ingeniero\n comercial Jorge Juan Velasco Viver
Califícanse a\n varias personas para que puedan ejercer el cargo de auditor interno\n en cooperativas de ahorro y crédito, en bancos y bienes\n inmuebles, en las instituciones del sistema financiero que se\n encuentran bajo control de esta entidad:
SBS-DN-2003-051\n Licenciado en\n contabilidad auditoría Javier Alberto Sandoval Terán
SBS-DN-2003-0584 Contador Rafael Eduardo Ron\n Amores
SBS-DN-2003-0587\n Contador Franklin\n Marcelo Vásquez Astudillo
SBS-DN-2003-0593\n Compañía\n "COMPAVAL SA."
SBS-DN-2003-0607\n Arquitecto Fernando\n Joaquín González Noguera
SBS-DN-2003-0608 Ingeniero civil Gerardo Patricio\n Delgado Torres
28-2002	Fiduciarios Moreano Borja Asociados Casa\n de Valores C.A. en contra de la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas
35-2002	Roberto Fernando Espinoza Vélez\n en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n de Manabí
36-2002	Israel Ernesto Goya Jiménez en\n contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
54-2002	Compañía Cartones Nacionales\n S.A.I., CARTOPEL en contra del Director Regional del Servicio\n de Rentas Internas
56-2002\n IESS en\n contra de la Directora General del Servicio de Rentas Internas
70-2002\n Jorge Femando\n Vidal Ambrosi en contra del Director Regional del Servicio de\n Rentas Internas del Austro
74-2002\n Carmen Aracila\n Roldán Siguencia en contra del Director Regional del Servicio\n de Rentas Internas del Austro
77-2002	Hoteles y Negocios Turísticos "PIEDRA\n S.A." en contra del Comité Tributario N° 1 de\n Portoviejo y otra
13-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102\n y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Marca: XTEP (mixta). Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso\n Interno N° 6418
18-IP-2003 Interpretación prejudicial\n del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el\n Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de\n lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación\n de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión\n 344. Actor: ARCOR S. A .I.C. Marca: BON O BON (nominativa). Proceso\n Interno N° 6004
0094	Concejo Metropolitano de Quito:\n Que incorpora el Capítulo IX "De la Evaluación\n de Impacto Ambiental", en el Título 1 del Libro II\n del Código Municipal\n \n
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 15) de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal N° 2002-72, publicada en el Registro\n Oficial N° 589 de 4 de junio de 2002,
Art. 1.- Nómbrase al señor doctor Carlos Larrea\n Estrada, representante ante el Directorio de la Comisión\n de Estabilización, Inversión Social y Productiva\n y Reducción del Endeudamiento Público, del señor\n Presidente Constitucional de la República.
Art. 2.- Derógase el Decreto Ejecutivo N° 692 de\n 7 de agosto de 2003, mediante el cual se nombró al señor\n Eduardo López, representante del Presidente de la República\n ante la Comisión de Estabilización, Inversión\n Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público.
Art. 3.- De la ejecución del presente, decreto que\n entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n al señor Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de septiembre de\n 2003.
N°\n SBS-DN-2003-0496
Que mediante Resolución N° SBS-DN-2003-0205 de\n 24 de marzo de 2003, el ingeniero comercial Leonel Francisco\n Bastidas Vaca, fue calificado para ejercer el cargo de auditor\n interno en los bancos privados, que se encuentran bajo el control\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros;
Que mediante oficio de 30 de junio del presente año,\n el ingeniero comercial Leonel Francisco Bastidas Vaca, solicita\n la ampliación para ejercer el cargo de auditor interno\n en las instituciones del sistema financiero; y,
\n En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución N° ADM-2003-6267\n de 28 de
\n marzo de 2003,
ARTICULO 1.- Ampliar la calificación otorgada\n mediante Resolución N° SBS-DN-2003-0205 de 24 de marzo\n de 2003, al ingeniero comercial Leonel Francisco Bastidas Vaca,\n portador de la cédula de ciudadanía N° 091060230-9,\n para que pueda desempeñarse como auditor interno en las\n instituciones del sistema financiero privado, que se encuentran\n bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el ocho de julio de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de julio\n de dos mil tres.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.-Certifico que es fiel\n copia del original.- f.) Teresa Rada Torres, Secretaria General\n (E).- 29 de agosto de 2003.
N° SBS-DN-2003-0510
Que mediante Resolución N° SBS-INSEF-2000-0764\n de 12 de septiembre de 2000, el ingeniero comercial Jorge Juan\n Velasco Viver, fue calificado para ejercer el cargo de auditor\n interno en los bancos privados, que se encuentran bajo el control\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros;
Que mediante oficio de 4 de julio del presente año,\n el ingeniero comercial Jorge Juan Velasco Viver, solicita la\n ampliación para ejercer el cargo de auditor interno en\n las instituciones del sistema financiero; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución N° ADM-2003-6267\n de 28 de marzo de 2003,
ARTICULO 1.- Ampliar la calificación otorgada\n mediante Resolución N° SBS-INSEF-2000-0764 de 12 de\n septiembre de 2000, al ingeniero comercial Jorge Juan Velasco\n Viver, portador de la cédula de ciudadanía N°\n 090521064-7, para que pueda desempeñarse como auditor\n interno en as instituciones del sistema financiero, que se encuentran\n b el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el quince de julio de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el quince de
\n julio de dos mil tres.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel\n copia del original.- f.) Teresa Rada Torres, Secretaria General\n (E).- 29 de agosto de 2003.
N° SBS-DN-2003-0519
Que según lo dispuesto en el artículo 4 de la\n Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, corresponde\n a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad\n y experiencia del auditor interno;
Que en el Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n consta el Capítulo 11 "Normas para la calificación\n de los auditores internos de las entidades sujetar al control\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros";
Que el licenciado en contabilidad y auditoría Javier\n Alberto Sandoval Terán, h i presentado la solicitud y\n documentación respectivas para u calificación como\n auditor interno, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el licenciado en contabilidad y . auditoría Javier Alberto\n Sandoval Terán, no registra hechos negativos relacionados\n con central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques\n protestados; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2003-6267 de 28\n de marzo de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar al licenciado en contabilidad\n y auditoría Javier Alberto Sandoval Terán, portador\n de la cédula de ciudadanía N° 170776587-9,\n para que pueda desempeñarse como auditor interno en las\n instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo\n el control de esta Superintendencia de Bancos y Seguros.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el dieciséis de julio de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el dieciséis\n de julio de dos mil tres.
N° SBS-DN-2003-0584
Que el contador Rafael Eduardo Ron Amores, ha presentado la\n solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como auditor interno, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el contador Rafael Eduardo Ron Amores, no registra hechos negativos\n relacionados con central de riesgos, cuentas corrientes cerradas\n y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al contador Rafael Eduardo Ron\n Amores, portador de la cédula de ciudadanía N°\n 091014413-8, para que pueda desempeñarse como auditor\n interno en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran\n bajo el control de esta Superintendencia de Bancos y Seguros.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el cinco de agosto de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de\n agosto de dos mil tres.
N° SBS-DN-2003-0587
Que el contador Franklin Marcelo Vásquez Astudillo,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como auditor interno, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el contador Franklin Marcelo Vásquez Astudillo, no registra\n hechos negativos relacionados con central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al contador Franklin Marcelo\n Vásquez Astudillo, portador de la cédula de ciudadanía\n N° 0 10266747-4, para que pueda desempeñarse como\n auditor interno en las cooperativas de ahorro y crédito\n que realizan intermediación financiera con el público,\n que se encuentran bajo el control de esta Superintendencia de\n Bancos y Seguros.
N° SBS-DN-2003-0593
Que la Compañía "COMPAVAL SA.", a\n través de su representante legal, ha presentado la solicitud\n y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n la Compañía "COMPAVAL S.A.", no registra\n hechos negativos relacionados con central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar a la Compañía\n "COMPAVAL SA.", con registro único de contribuyentes\n N° 0992268697001, para que pueda desempeñarse como\n perito avaluador en los bancos privados e instituciones financieras\n públicas, que se encuentran bajo el control d la Superintendencia\n de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro N° PA-2003-495 y se comunique del particular\n a la Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el once de agosto de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el once de agosto\n de dos mil tres.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel\n copia del original. f.) Teresa Rada Torres, Secretaria General\n (E).- 29 de agosto de 2003.
N° SBS-DN-2003-607
Que el arquitecto Fernando Joaquín González\n Noguera, ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el arquitecto Fernando Joaquín González Noguera\n no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Califica al arquitecto Femando Joaquín\n González Noguera, portador de la cédula de ciudadanía\n N° 090071838-8, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema\n financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro N° PA-2003-499 y se comunique del particular\n a la Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el diez y nueve de agosto de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diez y nueve\n de agosto de dos mil tres.
N° SBS-DN-2003-0608
Que el ingeniero civil Gerardo Patricio Delgado Torres, ha\n presentado la solicitud y documentación respectivas para\n su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero civil Gerardo Patricio Delgado Torres no registra\n hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero civil Gerardo Patricio\n Delgado Torres, portador de la cédula de ciudadanía\n N° 060178604-9, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema\n financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro N° PA-2003-500 y se comunique del particular\n a la Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el diecinueve de agosto de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve\n de agosto de dos mil tres.
N° 28-2002
ACTOR:	Ing. Patricio Moreano, como Gerente\n y representante legal de Fiduciarios Moreano Borja Asociados\n Casa de Valores C.A.
DEMANDADO:\n Dr. Juan Carlos Peñafiel Revelo, a nombre de la Directora\n General del Servicio de Rentas Internas.
Quito, 5 de junio de 2003; las 11h00.
VISTOS: El doctor Juan Carlos Peñafiel Revelo, a nombre\n de la Directora General del Servicio de Rentas Internas el 12\n de abril de 2002 interpone recurso de casación en contra\n de la sentencia de 21 de marzo de 2002 expedida por la Segunda\n Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 de Quito, dentro\n del juicio de pago indebido N° 19512 propuesto por el ingeniero\n Patricio Moreano P., como Gerente y representante legal de Fiduciarios\n Moreano Borja Asociados Casa de Valores C.A.- Concedido el recurso\n por la Sala Distrital y enviado el proceso a esta Sala de Casación,\n con auto de 17 de junio de 2002 se admite a trámite el\n recurso propuesto; corrido traslado con el recurso la empresa\n actora con escrito de 16 de julio de 2002 lo ha contestado; pedidos\n los autos para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala es\n competente para conocer y resolver el recurso conforme lo prevé\n el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurso\n se funda en las causales 10 y 40 del Art. 3 de la\n Ley de Casación alegando que en la sentencia se ha\n hecho una errónea interpretación de los artículos\n 10, 82, 288 del Código Tributario, Art. 256 de la Constitución\n Política de la República; falta de aplicación\n de los artículos 12, 234 numerales 1 y 2; 274, 287 del\n Código Tributario y de los artículos 259, inciso\n cuarto y 273 de la Constitución Política de la\n República; 67 y 68 del Estatuto Jurídico de la\n Función Ejecutiva. Respecto a la causal cuarta del artículo\n 3 de la Ley de Casación que también invoca, alega\n que se pretende dejar sin efecto la circular N° 890 que es\n un acto administrativo que no fue objeto de la impugnación\n y por tanto no es materia de la litis; errónea interpretación\n de las referidas normas en el un caso y falta de aplicación\n en el otro, que han sido determinantes para la resolución\n de la causa. Sobre la errónea interpretación del\n Art. 10 del Código Tributario, aduce que la vigencia de\n las normas tributarias se rige por las normas del Código-\n Tributario; pues, las leyes tributarias, a diferencia de cualquier\n otro tipo de norma jurídica, tienen una vigencia especial,\n que se basa en el período de determinación y liquidación\n del tributo. Que las normas del derecho tributario gozan de autonomía\n frente a las disposiciones generales previstas por la legislación\n ordinaria, especialmente respecto de los temas relacionados con\n los hechos, actos y situaciones vinculadas con el nacimiento\n de la obligación jurídica, la determinación\n de los sujetos pasivos, la cuantía del tributo entre otros\n aspectos. Por esta razón, dice, las condiciones y plazos\n previstos por otras normas, distintas a las tributarias, para\n la entrada en vigencia de las normas de esta materia no son aplicables.\n Que si bien la Ley para la Promoción de la Inversión\n y la Participación Ciudadana derogó las normas\n correspondientes al impuesto a la circulación de capitales,\n el inicio de la vigencia de tal disposición, por tratarse\n de materia tributaria se somete a las normas específicas\n previstas por el Código Tributario para su aplicación.\n Que la determinación y liquidación del impuesto\n a la circulación de capitales se realiza en períodos\n anuales, que si bien el impuesto a la circulación de\n capitales es de aquellos calificados como automáticos\n o instantáneos, su forma de determinación o liquidación\n fue vinculada al impuesto a la renta y en varias disposiciones\n legales se evidencia que su liquidación es anual; que\n el artículo 13 de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica en el Area Tributario Financiera ordenaba que\n el impuesto a la circulación de capitales sustituye al\n impuesto a la renta y es atribuible a dicho impuesto, que según\n la disposición final de la propia Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica, en el Area Tributario-Financiera\n (Ley 98-17 R.O. 78 de 1° de diciembre de 1998), el impuesto\n a la circulación de capitales tendría que aplicarse\n a partir de enero de 1999, lo cual denota su carácter\n anual; que la misma disposición final prevé que\n el impuesto a la circulación de capitales estaría\n en vigencia por períodos anuales, lo cual se explica por\n su relación estrecha con el impuesto a la renta; \n que de Art. 12 de la referida Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica establecía que "El\n Impuesto a la Circulación de Capitales será considerado\n como gasto después de determinar la participación\n del quince por ciento de las utilidades, que corresponden a\n los trabajadores", lo cual también sustenta el \n carácter de anual del impuesto a la circulación\n de capitales; que la disposición transitoria segunda\n de la Ley 99-24 para el ejercicio económico 1°\n de mayo, 31 de diciembre de 19 prescribe que el impuesto a\n la circulación de capitales será imputable al\n impuesto a la renta de las personas naturales, lo cual\n también denota el carácter anual del ICC; que la\n disposición general quinta de la Ley para La Reforma de\n las Finanzas Públicas dispuso la vigencia del ICC hasta\n el 31 de diciembre de 1999, ratificando su carácter anual;\n que el Art. 22 de la Ley de Racionalización Tributaria,\n enfatizando el carácter anual del ICC determinó\n que la tarifa del 1% se debía aplicar hasta el 31 de diciembre\n de 199) y la del 0.8% a partir del ejercicio 2000; que con lo\n dicho queda demostrado que el ICC tenía vigencia anual\n y que también era anual su período de determinación\n y liquidación, debiendo entonces aplicarse el inciso segundo\n del Art. 10 del Código Tributario, que en conformidad\n al Art. 12 de! Código Tributario, en armonía con\n el Art. 256 de la Constitución Política, las normas\n tributarias deben interpretarse atendiendo a sus fines que pueden\n ser fiscales y extra fiscales; que el ICC tenía los mismos\n beneficiarios del impuesto a la renta y estaba destinado a financiar\n el presupuesto de 1999 y de existir excedentes para financiar\n inversiones de capital en educación, salud, vivienda popular,\n vialidad, en especial en las provincias fronterizas; que la sentencia\n impugnada no considera la significación económica\n que debe tenerse en cuenta al interpretar las normas tributarias;\n y, que para considerar los efectos de la derogatoria del ICC,\n debía tenerse en cuenta los artículos 10 y 12 del\n Código Tributario, respetando el Art. 256 de la Constitución,\n así como el Art. 259 de la propia Constitución\n que prevé que ningún organismo público será\n privado del presupuesto necesario para cumplir con fines y objetivos\n para los que fue creado y teniendo en cuenta el carácter\n anual del ICC en base del cual las personas jurídicas\n podían aplicarlo como gasto para el efecto del cálculo\n del impuesto a la renta y las personas naturales como pago imputable\n al mismo impuesto a la renta. Que la Segunda Sala del Tribunal\n Distrital N° 1 de Quito, en su fallo que es impugnado, efectúa\n una transcripción de los considerandos y parte resolutiva\n constantes en el fallo dictado por la misma Sala dentro del recurso\n de amparo constitucional presentado por Raúl Tamayo contra\n la circular N° 890 dictada por la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas; pero no considera que su fallo dentro del\n recurso de amparo constitucional subió a conocimiento\n de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional y que fue resuelto\n por esta en el sentido de "inadmitir las acciones de Amparo\n Constitucional acumuladas, propuestas por el doctor Claudio Muecay\n Arcos, Defensor del Pueblo (E), por el doctor Raúl Tamayo\n Rubio, por cuanto no procede la acción de amparo constitución\n por las razones expuestas en el considerando Cuarto de esa Resolución",\n por tanto el fallo del Tribunal Distrital, Segunda Sala, quedó\n insubsistente al existir pronuncia miento por parte de la máxima\n autoridad constitucional; y, que por tanto el fal1o distrital\n no constituye precedente válido, bajo ninguna circunstancia\n y mal puede ser citado como tal. TERCERO.- Por su parte la empresa\n actora en su escrito de contestación al recurso de casación\n alega que el ICC es un impuesto totalmente distinto del impuesto\n a la renta, que el Código Tributario no contiene disposición\n específica, en cuanto a la derogación de la Ley\n Tributaria; que es por eso que de acuerdo con el Art. 37, inciso\n segundo del Código Civil, en el parágrafo sexto\n dice: "Derogación de leyes. Es expresa cuando la\n nueva Ley expresamente deroga la antigua", que la disposición\n final de la Ley 98-17 de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Area Tributario-Financiera, mediante la cual se. crea el\n impuesto a la circulación de capitales, en su último\n inciso, ordena en forma clara que "esta Ley sólo\n podrá ser reformada o derogada en forma expresa"\n y que este mandato imperativo es el que se cumple en el Art.\n 214 del Decreto Ley N° 690, al decir: "Derógase\n el Art. 1 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Area Tributario-Financiera y el Impuesto a la Circulación\n de Capitales del 0.8%...", por tanto la interpretación\n del Art. 214 del Decreto Ley N° 690 debe ser literal; que\n si se quiere interpretar de otra manera, habría que concluir\n que si el Legislador hubiera querido dar ultractividad al impuesto\n a la circulación de capitales, se hubiese empleado el\n texto del Art. 123 de ese mismo decreto ley, el cual taxativamente\n dice: "La derogatoria del Art. 22 de la Ley de Régimen\n Tributario se aplicará al ejercicio fiscal del año\n 2000"; que el impuesto a la renta afecta a la renta anual,\n cuya configuración definitiva se produce al cierre del\n ejercicio económico, por regla general; esta característica\n esencial del impuesto a la renta, su anualidad, no se da en el\n impuesto a la circulación de capitales, cuyos hechos imponibles\n son instantáneos, que se producen cada vez que se realiza\n la operación prevista por la ley; que el procurador de\n la autoridad tributaria sostiene que en la sentencia hay aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho y que la sentencia no está debidamente\n motivada, pero sin embargo el recurrente se ha limitado a la\n transcripción de las supuestas normas de derecho violadas,\n sin dar la correspondiente explicación y que el fallo\n impugnado efectúa un pormenorizado análisis de\n los argumentos presentados por su empresa, por tanto asegura\n que la sentencia se encuentra debida y extensamente motivada\n y cumple con lo previsto en el Art. 288 del Código Tributario\n 277 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO.- La demanda\n de impugnación de pago indebido se la dirige en contra\n de la Resolución N° 00367 de 9 de mayo de 2001, dictada\n por la Directora General del Servicio de Rentas Internas, que\n niega la devolución del impuesto a la circulación\n de capitales retenidos por el Sistema Financiero Nacional a la\n Empresa Fiduciarios Moreano Borja Asociados Casa de Valores,\n en el período comprendido entre el 19 de agosto y el 31\n de diciembre de 2000; la sentencia recurrida, para aceptar la\n demanda de pago indebido, llega previamente a la conclusión\n de que el impuesto a la circulación de capitales fue derogado\n por el Art. 214 de la Ley 690 para la Promoción de la\n Inversión y la Participación Ciudadana, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial N° 144 de 18 de agosto\n de 2000; por tanto, resulta decisorio en el caso, determinar\n cuándo entró en vigencia la referida Ley 690 y\n en reconocer o no la vigencia anual del impuesto a la circulación\n de capitales. QUINTO.- Derogado el ICC por el Art. 214 de la\n Ley 690, desde qué fecha debía dejar de cobrarse,\n es lo que en definitiva se tiene que dilucidar. La legislación\n que regimentó este impuesto determinaba: (A) La Ley 98-17\n de Reordenamiento en Materia Económica, en el Area Tributario-Financiera,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 78 de\n 1° de diciembre de 1998 en su Título 1, crea y regula\n el impuesto a la circulación de capitales del orden del\n 1% sobre el valor de las operaciones sujetas al gravamen.\n El Art. 6 b), 1) dispone que el 1% es anual. El \n Art. 6 b), 12), igualmente, hace referencia a la anualidad.\n El Art. 10 atinente al destino de los recursos toma\n como base la recaudación del impuesto a la renta\n de 1998. Según el Art. 12, inciso tercero, el\n ICC es considerado gasto para determinar utilidades de\n quienes deben llevar contabilidad, lo que se hará\n luego de determinar el 15% de utilidades en beneficio\n de los trabajadores. El Art. 13 establece que ICC constituye\n al impuesto a la renta y que es atribuible a dicho\n tributo. El propio Art. 13 determina que, previa certificación\n conferida por la Dirección del Servicio de Rentas Internas\n el ¡CC podrá servir como crédito tributario\n imputable al impuesto a la renta que se deba satisfacer en el\n exterior; (B) La Ley 99- 24 para la Reforma de las Finanzas Públicas\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 181 de\n 30 de abril de 1999, en su artículo 19 deroga el inciso\n primero de la disposición final de la Ley 98-17, en razón\n de lo cual a partir del 1° de mayo de 1999 queda sin efecto\n la exoneración del impuestos a la renta. Este Art. 19,\n en su literal f.) deroga, además, los artículos\n 13, 14 y 15 de la propia Ley 98-17 referentes al crédito\n tributario, a la devolución de anticipos y retenciones\n y a la reexpresión monetaria, temas todos concernientes\n al impuesto a la renta. La disposición general quinta\n manda que el ¡CC regirá hasta diciembre de 1999\n y crea el régimen único de retenciones en la fuente\n a través del sistema financiero nacional, las que serán\n consideradas como anticipo del impuesto a la renta. La disposición\n transitoria segunda prevé que para el ejercicio económico\n comprendido entre el 10 de mayo y 31 de diciembre de 1999 el\n ICC será imputable al impuesto a la renta causado por\n las personas naturales. La disposición transitoria cuarta\n determina que para 1999 coexistirán dos ejercicios impositivos,\n el primero del 1° de enero al 30 de abril y el segundo del\n 1 de mayo al 31 de diciembre; (C) La Ley de Racionalización\n Tributaria, publicada en forma incompleta en el Registro Oficial\n 318 de 15 de noviembre de 1999 y luego en forma completa en el\n Suplemento del Registro Oficial N° 321 de 18 de noviembre\n de 1999, contempla varias disposiciones del. ICC que se deben\n aplicar en el año 2000; el Art. 22 prevé que durante\n el mencionado ejercicio fiscal 2000 la tarifa será del\n 0.8%. La misma disposición manda que el ICC es imputable\n al impuesto a la renta causado de las personas naturales y que\n cuando éstas se encuentran exoneradas del impuesto a la\n renta, debe devolverse el ICC retenido. El Art. 38, de modo general,\n determina que el ICC será del 0.8% en lugar del 1% (D)\n El Art. 100 i) de la Ley 200Q para la Transformación Económica\n del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n 34 de 13 de marzo de 2000 deroga entre otros el Art. 12 de la\n Ley 98-17 que creó el ¡CC el cual permitía\n considerarlo como gasto para el cálculo del impuesto a\n la renta; y, (E) El Art. 214 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y de la Participación Ciudadana,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial 144 de 18 de\n agosto de 2000 deroga el Art. 1° de la Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica, Tributario- Financiera y el impuesto\n a la circulación de capitales del 0.8%. SEXTO.- El ICC\n se creó como impuesto de ejercicio para sustituir al impuesto\n a la renta. Así se infiere del Título 1 de la Ley\n que le puso en vigencia y de su disposición final. Posteriormente,\n según queda indicado en el considerando que antecede,\n letra (B) con la Ley 99-24 se derogó la indicada disposición\n final, se dio marcha atrás, se reimplantó el impuesto\n a la renta y se dispuso que su ejercicio impositivo correría\n de mayo a diciembre de 1999. La disposición transitoria\n cuarta que de la misma Ley 99-24 dice que para el año\n 1999 habrá dos ejercicios. Tal norma tiene que referirse\n al ICC, pues, lo concerniente al impuesto a la renta queda regulado\n en la disposición transitoria primera que establece para\n este impuesto un ejercicio de ocho meses, entre el 1° de\n mayo y el 31 de diciembre de 1999. Es de señalar que entre\n el 10 de enero y el 30 de abril de 1999 no se aplicó impuesto\n a la renta por no estar vigente. Se concluye de lo dicho que\n al ICC se consideró por calificación legal, la\n de la disposición transitoria cuarta, impuesto de ejercicio.\n Habiéndose prorrogado para el año 2000 la aplicación\n del ICC con la tarifa del 0.8%, según el Art. 22 de la\n Ley de Racionalización Tributaria aludida en el considerando\n que antecede, el ICC quedó imputable al impuesto a la\n renta del ejercicio 2000 causado por las personas naturales.\n Respecto de las sociedades y en general de los contribuyentes\n obligados a llevar contabilidad el Art. 12 de la Ley 98-17 que\n creó el ICC, este tributo debía ser considerado\n como gasto para el cálculo del impuesto a la renta. El\n Art. 100 i) de la Ley 2000-4 publicada el 13 de marzo de 2000,\n referido en el considerando que antecede, derogó el Art.\n 12 antes indicado. SEPTIMO.- De los datos consignados en los\n considerandos quinto y sexto que preceden, se infiere que la\n situación para el ejercicio 2000 era la siguiente: a)\n Que debía seguir aplicándose el ICC con la tarifa\n del 0.8%; b) Que para las personas naturales el ICC era imputable\n al impuesto a la renta, según el Art. 22 de la Ley de\n Racionalización Tributaria; y, c) Que para las sociedades\n y en general las personas obligadas a llevar contabilidad, el\n ICC debía seguir considerándose gasto para el cálculo\n del impuesto a la renta, pues, la derogatoria que se produjo\n el 13 de marzo de 2000, cuando ya se había iniciado el\n ejercicio, según el Art. 10 del Código Tributario\n tendría que aplicarse para el siguiente ejercicio. OCTAVO.-\n Es indudable la vinculación estrecha entre el ICC y el\n impuesto a la renta, tanto que para el ejercicio 2000 que es\n el que interesa en este caso, es imputable para el impuesto a\n la renta de las personas naturales y sirve de gasto para el cálculo\n del impuesto a la renta para quienes deben llevar contabilidad.\n Al haberse derogado el ICC el 18 de agosto de 2000, no quedó\n sin efecto la imputación y el gasto aludidos respecto\n del impuesto a la renta del ejercicio 2000.- De todo lo expuesto\n se concluye que el ICC fue estatuido como impuesto de ejercicio\n cuya derogatoria debía aplicarse en el ejercicio siguiente,\n vale decir en el 2001, en conformidad al inciso segundo del\n Art. 10 del Código Tributario, norma que se ha infringido\n en la sentencia impugnada al sostener que la derogatoria del\n impuesto a la circulación de capitales prevista en el\n Art. 214 de la Ley para la Promoción. de la Inversión\n y Participación Ciudadana debía aplicarse\n desde el 18 de agosto de 2000, sin considerar que el Art. 10\n del Código Tributario en su inciso segundo prevé\n el caso de los tributos que se liquidan por períodos anuales,\n debía aplicarse en el ejercicio siguiente; por consiguiente\n el pago que se ha hecho a través de las retenciones en\n el sistema financiero nacional según se registran de los\n comprobantes que obran del proceso, por parte de la Empresa\n Moreano Borja Casa de Valores S.A. es debido, y no se trata\n de un pago hecho por un impuesto derogado, situación que\n no se encuadra en los casos establecidos en el Art. 323 del\n Código Tributario, norma legal erróneamente interpretada\n por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n N° 1 de Quito. En mérito de las consideraciones expuestas,\n y sin que sea necesario efectuar otras consideraciones, la Sala\n de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA\n LEY , casa la sentencia de 21 de marzo de 2002 expedida\n por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n N° 1 de Quito y reconoce la legalidad y validez\n de la Resolución N ° 00367 de 9 de mayo de\n 2001 impugnada. Como se ha demostrado en e l proceso,\n de acuerdo al informe pericial del perito designado por\n la Sala Distrital que obran de fojas 156 a 162, que \n la empresa actora no ha utilizado los valores retenidos\n por el sistema financiero en concepto del impuesto a\n la circulación de capitales entre el 19 de agosto\n y el 31 de diciembre del año 2000, como gasto para el\n cálculo del impuesto a la renta durante el período\n fiscal 2000, se deja a salvo el derecho del sujeto pasivo para\n deducir como gasto para el cálculo del impuesto a la renta\n el valor de USD $ 59.769,03 pagado en concepto del impuesto a\n la circulación de capitales en el período que va\n del 19 de agosto al 31 de diciembre de 2000, para el ejercicio\n fiscal 2000.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo, y, Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.
f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.\n
N 35-2002\n
JUICIO DE CONDONACION DE INTERESES
ACTOR:	Roberto Fernando Espinoza Vélez.
DEMANDADO:\n Director Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí
Quito, 31 de marzo de 2003;

References: artículo 83
 Resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 19
 Resolución