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BOE.es - Documento BOE-A-2012-7506
Documento BOE-A-2012-7506
Sala Primera. Sentencia 96/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 8640-2010. Promovido por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la protección de datos de carácter personal: resolución judicial que ordena la entrega a una asociación de la relación circunstanciada de quienes hubieran contratado con la entidad bancaria determinados productos financieros.
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2012, páginas 96 a 116 (21 págs.)
BOE-A-2012-7506
Concretamente, la asociación ADICAE pretende presentar acción de cesación de conductas contrarias a la regulación contenida en el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios en materia de cláusulas abusivas, a la que se acumularan otras como la acción de nulidad contractual por vicios del consentimiento fundada en normas de protección de los consumidores, y acciones restitutorias e indemnizatorias de daños y perjuicios causados a los consumidores al amparo del art. 1.101 del Código civil, por incumplimiento de los deberes de la entidad financiera establecidos en el art. 79 de la Ley de mercado de valores. En consecuencia, se solicita que el Juzgado requiera a la sociedad BBVA para que entregue a ADICAE los listados diferenciados por productos financieros, en fichero electrónico «excel» o compatible, que contengan los datos personales (nombre y apellidos, DNI, dirección postal actualizada, y núms. de teléfono, fax y correo electrónico, si estuvieren disponibles), de los clientes personas físicas que, en toda España, hubieran contratado con dicha entidad bancaria productos financieros con la denominación comercial de «contrato cuota segura» y «contrato marco para la cobertura de operaciones financieras» o similares, o cualquier otro tipo de productos de permuta financiera de tipos de interés, cualquiera que sea su denominación comercial, que tengan por objeto cubrir el riesgo de subidas de interés asociado a un préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, concertado a interés variable, mediante la contratación de un derivado financiero.
e) Mediante Auto de 20 de octubre de 2010, el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid estimó la solicitud de diligencias preliminares promovida por ADICAE y, en consecuencia, acordó requerir a la entidad BBVA para que, en el plazo improrrogable de 30 días desde la notificación de dicha resolución, procediese a entregar al Juzgado, para su puesta a disposición de ADICAE, los listados diferenciados por productos financieros identificados bien por su código o referencia bancaria o por su código ISIN si dispusieran de él, en formato electrónico tipo excel o compatible, conteniendo la identificación de sus datos personales (nombre, apellido, DNI, dirección postal actualizada, número de teléfono, fax y correo electrónico, si estuvieran disponibles), de todos los clientes, personas físicas, con la condición de consumidores o usuarios que hubieran contratado los productos financieros comercializados en toda España por BBVA con la denominación comercial «contrato cuota segura», «contrato marco para la cobertura de operaciones financieras» o similares, o cualquier otro tipo de productos de permuta financiera de tipos de interés, cualquiera que sea su denominación comercial, que tengan por objeto cubrir el riesgo de subidas de tipo de interés asociado a un préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, concertado a interés variable, mediante la contratación de un derivado financiero.
En el Auto citado, el Juez transcribe textualmente la solicitud de ADICAE y añade, a modo de aclaración: «es decir, la información se refiere no sólo al contrato cuota segura o al contrato marco de protección de operaciones financieras, sino a aquellos productos que estén o no vinculados, o concertados para la cobertura frente a oscilaciones de tipo de interés, tanto sean swaps, como clips, caps o cualesquiera otros negociados al amparo del art. 19 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, y deberá extenderse desde el año 2007 a la fecha actual de 2010». Todo ello con apercibimiento de recogida de oficio de estos documentos previo mandamiento judicial de entrada, acceso, registro y recogida en la sucursal donde se hallen depositados, en virtud de lo dispuesto en el art. 261.2 LEC.
Por último, el Juzgado rechaza las alegaciones de BBVA en cuanto a la insuficiencia de la caución exigida a ADICAE (porque una caución elevada resultaría un obstáculo insalvable para la asociación), así como la propuesta alternativa de que sea la entidad bancaria quien remita comunicación a sus clientes, al entender el Juzgado que ello sería «permitir que la parte se constituya en árbitro y ejecutor de sí misma, lo que no es profilácticamente recomendable».
g) Mediante providencia de 29 de noviembre de 2010 el Juzgado acordó no haber lugar al incidente de nulidad promovido por BBVA, por entender que la nulidad «debe hacerse valer a través de los recursos que correspondan» y que «las alegaciones de fondo que contiene ya se alegaron en el acto de la vista y de las mismas se dio puntual respuesta».
Con fecha 28 de enero de 2011 la entidad bancaria BBVA, mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal en cuanto se produjo su apertura, reiteró su solicitud de suspensión urgente inaudita parte, ante la circunstancia sobrevenida de que el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid había acordado, mediante providencia fechada y notificada el día anterior, entregar a ADICAE el día 28 de enero de 2011 a las 10:30 horas los «CDs» que contienen los datos personales de los clientes de BBVA que durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010 hubieran contratado con esta entidad bancaria determinados productos financieros. En consecuencia, la demandante de amparo interesa de este Tribunal que acuerde con carácter urgente la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales impugnadas en amparo, extendiéndola a la referida providencia de 27 de enero de 2011.
Pero aun en el caso de que se estimase que los datos solicitados a BBVA forman parte del contenido esencial que garantiza el derecho a la intimidad personal, ello no sería suficiente –continua el Fiscal– para entender que su facilitación a terceros conlleve una lesión de la intimidad personal. En el presente caso, la «cesión» de dichos datos personales fue autorizada mediante resolución judicial (garantía de jurisdiccionalidad), dictada en el marco de una solicitud de diligencias preliminares de carácter preparatorio de un ulterior proceso civil para el ejercicio de acciones en defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, al amparo de lo previsto en el art. 256.1.6 LEC, al objeto de identificar a los integrantes del eventual grupo de consumidores afectados cuando, no estando determinados, fueran fácilmente determinables, en cuya defensa pretende actuar la asociación ADICAE que interesa dicha medida de averiguación, medida legal dotada de una finalidad constitucional legítima, de singular relevancia en nuestra sociedad actual, como es la protección especial y prioritaria que merecen los usuarios y consumidores (art. 51 CE), en línea con los instrumentos de protección acordados en el marco de la Unión Europea.
La cobertura legal de la medida de averiguación acordada y la jurisdiccionalidad de la misma, mediante el dictado de la oportuna resolución judicial, excluirían, prima facie, en opinión del Fiscal, una eventual ilegitimidad de la intromisión en el derecho a la intimidad de los clientes de la entidad bancaria. Pero además, a juicio del Fiscal la medida no sólo responde a un fin legal de transcendencia constitucional, sino que en el presente caso se ajusta al canon de proporcionalidad constitucional, pues es idónea y necesaria. Por otro lado, no se solicita que la entidad BBVA facilite la totalidad de los datos de sus clientes sino sólo de aquellos que hubieran suscrito determinados productos financieros y, con respecto a éstos, sólo se requieren determinados datos. El carácter limitado de los datos solicitados adquiere –concluye el Fiscal– una singular importancia en el presente caso, pues una cesión indiscriminada de todos aquellos datos de los clientes disponibles por la entidad bancaria sí que tendría un carácter altamente invasivo del derecho a la intimidad personal y podría ser calificada de desproporcionada, lo que no sucede en el presente caso, dado el alcance de los datos solicitados por la resolución judicial impugnada.
Por lo que se refiere a la alegada lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en cuanto garantía de una resolución judicial fundada en Derecho, considera el Fiscal que tampoco concurre tal lesión, al entender que la resolución impugnada da cumplida respuesta a los diferentes motivos de oposición, tanto procesales como sustantivos, esgrimidos por la entidad bancaria, sin que los razonamientos del Auto puedan considerarse arbitrarios ni irrazonables, por lo que dicha resolución cumple con el estándar de suficiencia de la motivación exigido constitucionalmente. A la misma conclusión se llegaría, según el Fiscal, en el caso de exigirse un canon reforzado de motivación por aplicación del principio de proporcionalidad, pues entiende el Fiscal que el órgano judicial valoró la idoneidad y necesidad –como criterios de proporcionalidad– de la medida de averiguación acordada, así como la presencia de un interés legítimo en la asociación solicitante de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 258 LEC, y además examinó la propuesta alternativa de comunicación interna por la entidad bancaria, rechazándola por no estimarla adecuada, lo que se ajusta a las previsiones del art. 256.1.6, en relación con el art. 15.2, ambos de la Ley de enjuiciamiento civil.
Por último, rechaza el Fiscal que se haya producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que denuncia la entidad bancaria demandante de amparo por incongruencia extra petitum, porque la demandante de amparo no alega ni justifica que la pretendida incongruencia que denuncia le haya ocasionado indefensión (SSTC 182/2000, FJ 3; 194/2005, FJ 2; 42/2006, FJ 4), y, en cualquier caso, porque no se constata la existencia de una modificación sustancial del objeto del proceso como consecuencia de una divergencia relevante entre lo solicitado por la asociación ADICAE y lo acordado en la parte dispositiva del Auto de 20 de octubre de 2010, por lo que no existe incongruencia alguna, habiéndose limitado el Auto de 20 de octubre de 2010 a añadir, a modo de aclaración de lo acordado con anterioridad, que la información solicitada se refería no sólo al «contrato cuota segura» o al «contrato marco de operaciones financieras», sino a cualquier otro producto negociado al amparo del art. 19 de la Ley 36/2003, precepto que, además, fue introducido en el debate procesal por la propia entidad bancaria en su escrito de oposición a las diligencias preliminares, como norma bajo cuyo amparo legal se comercializaron los contratos de «cuota segura».
Conforme ha quedado expuesto en el relato de antecedentes, en el Auto impugnado se acuerda, en virtud del art. 256.1.6 de Ley de enjuiciamiento civil (LEC), requerir a la entidad BBVA la entrega al Juzgado de los listados diferenciados por productos financieros, en fichero electrónico «excel» o compatible, que contengan los datos personales (nombre y apellidos, DNI, dirección postal actualizada, y núms. de teléfono, fax y correo electrónico, si estuvieren disponibles), de los clientes personas físicas que, en toda España y desde el año 2007 a octubre de 2010, hubieran contratado con dicha entidad bancaria productos financieros con la denominación comercial de «contrato cuota segura» y «contrato marco para la cobertura de operaciones financieras» o similares, o cualquier otro tipo de productos de permuta financiera de tipos de interés, cualquiera que sea su denominación comercial, que tengan por objeto cubrir el riesgo de subidas de interés asociado a un préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, concertado a interés variable, mediante la contratación de un derivado financiero. Todo ello, con la finalidad de ponerlos a disposición de la asociación ADICAE, a los efectos de interponer futuras acciones en defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, con fundamento en la existencia de presuntas cláusulas abusivas en los contratos de suscripción de tales productos financieros.
3. El Ministerio Fiscal considera también, como antes quedó señalado, que en este caso se ha producido una invocación tardía en el proceso a quo de los derechos fundamentales que sustentan la pretensión de amparo, lo que determina el incumplimiento del requisito previsto en el art. 44.1 c) LOTC, en cuanto exige que la denuncia de vulneración de los derechos fundamentales que luego sirven de fundamento al recurso de amparo haya tenido lugar «tan pronto como, una vez conocida (la violación), hubiera lugar para ello». Sostiene el Fiscal que tal invocación debió hacerse ya en el trámite de oposición al Auto de 1 de septiembre de 2010 por el que el Juzgado, accediendo a lo interesado por ADICAE, requirió a la entidad BBVA para que facilitase los listados de los datos personales de sus clientes que hubieran suscrito determinados productos financieros, pero que sólo se efectuó con posterioridad, en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la entidad BBVA contra el Auto de 20 de octubre de 2010 que desestimó su oposición, y contra el que ahora se dirige la demanda de amparo (junto a la providencia de 29 de noviembre de 2010 que declara no haber lugar al incidente de nulidad).
En efecto, es a este Tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a «su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales», criterios que ha desarrollado la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, y entre los que se encuentra el supuesto reseñado en la letra a), esto es cuando se trata de un «recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional», supuesto que concurre en el presente caso, al impugnarse una resolución judicial por la que, con fundamento en lo previsto en el art. 256.1.6 LEC, se requiere a la entidad bancaria demandante de amparo para que ponga a disposición de la asociación de consumidores solicitante en el proceso de diligencias preliminares, los datos personales en fichero electrónico de los clientes personas físicas de dicha entidad bancaria que hubieran contratado con ésta determinados productos financieros, y alegarse por la demandante de amparo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con los derechos a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la protección de datos personales (art. 18.4 CE), tratándose de determinar si la previsión contenida en el art. 256.1.6 LEC puede justificar y con qué límites una medida consistente en ordenar a las entidades bancarias la entrega de datos personales de sus clientes (sin el consentimiento de éstos), a las asociaciones de consumidores para el ejercicio de futuras acciones colectivas.
Para el adecuado examen de la lesión constitucional que se denuncia, conviene recordar que en materia de incongruencia existe ya una consolidada jurisprudencia constitucional, conforme a la cual el vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, lo que «puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal» (STC 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 5; doctrina que también se encuentra, entre otras muchas, en las SSTC 264/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2, y 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2). Así, y en lo que aquí importa, hemos declarado que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente formulada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso (STC 91/2010, FJ 5).
De acuerdo con esta jurisprudencia, y atendiendo a los hechos en que se fundamenta la demanda, la queja de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) fundada en la supuesta incongruencia extra petitum del Auto recurrido debe ser rechazada, como mantiene el Ministerio Fiscal. Y ello, porque el Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, estimó la solicitud de diligencias preliminares reproduciendo literalmente la solicitud de listados diferenciados por productos financieros promovida por ADICAE añadiendo exclusivamente, y a modo de aclaración, que «la información se refiere no sólo al contrato cuota segura o al contrato marco de protección de operaciones financieras, sino a aquellos productos que estén o no vinculados, o concertados para la cobertura frente a oscilaciones de tipo de interés, tanto sean swaps, como clips, caps o cualesquiera otros negociados al amparo del art. 19 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, y deberá extenderse desde el año 2007 a la fecha actual de 2010»; aclaración que no se puede entender como una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, puesto que el escrito de petición de ADICAE se refiere no sólo a los listados de clientes que hubieran contratado con dicha entidad bancaria productos financieros con la denominación comercial de «contrato cuota segura» y «contrato marco para la cobertura de operaciones financieras» o similares, sino también «a cualquier otro tipo de productos de permuta financiera de tipos de interés, cualquiera que sea su denominación comercial, que tenga por objeto cubrir el riesgo de subidas de interés asociado a un préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, concertado a interés variable, mediante la contratación de un derivado financiero».
En consecuencia, la referencia a productos que estén o no vinculados o concertados para la cobertura frente a oscilaciones de tipo de interés, así como la remisión al art. 19 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, que regula los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de interés de los prestamos hipotecarios, no puede calificarse como una ampliación del objeto que excede lo pedido por el solicitante de la medida. En primer lugar, porque como se ha indicado, el juzgador no se aparta de la esencia y sustancia de lo pedido; y, en segundo término, porque no estamos ante un caso en que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias respecto de las cuales el hoy recurrente en amparo no tuviera la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales. Al contrario, las alegaciones de fondo del BBVA, relativas a la posible lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, a la intimidad y a la protección de datos personales, no varían en función de la denominación comercial del producto financiero contratado por los clientes cuyos datos se solicitan y, como indica el Fiscal, el art. 19 de la Ley 36/2003 fue introducido en el debate procesal por la propia entidad bancaria en su escrito de oposición a las diligencias preliminares, como norma bajo cuyo amparo legal se comercializaron los contratos de «cuota segura».
Pues bien, para resolver esta cuestión es necesario, en primer lugar, dirimir si los datos que se solicitan a la entidad bancaria están protegidos por el art. 18 CE, pues sólo en caso afirmativo será pertinente que este Tribunal se pronuncie sobre la queja principal planteada por la entidad demandante. Como se recordará, el Auto de 20 de octubre de 2010 del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid acordó requerir a la entidad BBVA para que procediese a entregar al Juzgado (para su puesta a disposición de ADICAE) los listados diferenciados por productos financieros, en formato electrónico tipo «excel» o compatible, conteniendo la identificación de los datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección postal actualizada, número de teléfono, fax y correo electrónico, si estuvieran disponibles) de todos los clientes, personas físicas, con la condición de consumidores o usuarios, que hubieran contratado los productos financieros que ya hemos descrito con detalle en el relato de antecedentes de esta Sentencia, comercializados en toda España por BBVA.
Para el Fiscal, los datos solicitados no afectan al núcleo esencial de la privacidad de la persona y, por tanto, no pueden calificarse de datos altamente invasivos de dicha privacidad, «precisamente por carecer de un carácter íntimo». Asimismo, entiende que alguno de ellos son de fácil conocimiento público, como la dirección postal o el número de teléfono, y considera que la simple condición de cliente del banco, como suscriptor de un producto financiero, sin mayores precisiones en cuanto a sus actividades bancarias o estado de las cuentas, no sería un dato que por sí mismo afectara al núcleo esencial de privacidad de dichas personas. En definitiva, sostiene que los datos recabados no formarían parte del ámbito propio y reservado al conocimiento de los demás, que es lo que garantiza el derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), pues no harían referencia a los aspectos más básicos de la autodeterminación personal.
Sin embargo, este Tribunal viene sosteniendo que el derecho a la protección de los datos de carácter personal deriva del art. 18.4 CE, también invocado por la entidad demandante, y consagra «en sí mismo un derecho o libertad fundamental» (SSTC 254/1993, de 20 de julio, FJ 6; y 254/2000, de 30 de noviembre, FJ 5, entre otras), que «excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada libertad informática es así el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 5).
Así, el Tribunal Constitucional ha perfilado las singularidades del derecho a la protección de datos, indicando expresamente que «su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad» (STC 292/2000, FJ 6), puesto que «el derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado» (STC 292/2000, FJ 6). En consecuencia, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos que se deriva del art. 18.4 CE «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos» (STC 292/2000, FJ 6).
De lo expuesto se desprende que los datos solicitados a la entidad demandante están protegidos por el art. 18.4 CE, que «consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona» (STC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5) y, en consecuencia, lo que nos corresponde analizar, en segundo término, es si la medida acordada por el juez limita el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y, en caso afirmativo, si dicha injerencia es constitucionalmente legítima.
7. El derecho fundamental a la protección de datos posee una peculiaridad que lo distingue de otros, como el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE, y que radica en su contenido, ya que a diferencia de este último, que confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima de la persona y la prohibición de hacer uso de lo así conocido (SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5; 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3; 89/1987, de 3 de junio, FJ 3; 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3; 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5; 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 12/2012, de 30 de enero, FJ 5, entre otras), el derecho a la protección de datos atribuye a su titular, tal y como ha reiterado este Tribunal «un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales (STC 254/1993, FJ 7)» (STC 292/2000, FJ 6).
Por tanto, el contenido del derecho fundamental a la protección de datos otorga a su titular un poder de disposición y de control sobre los datos personales que se concreta jurídicamente «en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos» (STC 292/2000, FJ 7). Así, la cesión de datos personales a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado, y ello porque si se priva a la persona de las facultades de disposición y control sobre sus datos personales, se la estará también privando del derecho fundamental consagrado en el art. 18.4 CE (STC 292/2000, FJ 7), de donde se infiere que cuando el Juez, en el seno de un procedimiento de medidas preliminares, solicita un fichero informático que contiene un conjunto de datos personales, con la finalidad de hacérselos llegar a una asociación que pretende iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados, está limitando el contenido del derecho fundamental a la protección de datos protegido por el art. 18.4 CE y, en consecuencia, deberán darse los presupuestos habilitantes necesarios para que dicha injerencia en el derecho fundamental pueda calificarse de constitucionalmente legítima.
A tal efecto, conviene recordar los requisitos que conforman nuestra doctrina sobre los límites que pueden sufrir los derechos fundamentales, los cuales pueden resumirse en los siguientes: «que la medida limitativa del derecho fundamental esté prevista por la Ley, que sea adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo» (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 y 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6, entre otras muchas); requisitos que hemos reiterado en relación con la concreta facultad de disposición y control de los datos personales, que «sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y, por tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por Ley, pues el derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites» (STC 292/2000, FJ 13, penúltimo párrafo).
8. Comenzando por la necesidad de que la medida limitativa de derechos esté prevista en la ley (ex art. 53.1 CE), estamos ante un requisito cuya exigencia ha sido recordada expresamente por este Tribunal en múltiples pronunciamientos, como por ejemplo en relación con el derecho a la intimidad (SSTC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7; 207/1996, de 16 de febrero, FJ 4; y 70/2002, de 3 de abril, FJ 10); con el derecho a la integridad física (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8; 7/1994, de 17 de enero, FJ 3; y 35/1996, de 11 de marzo, FJ 2); con el derecho a la libertad de expresión (STC 52/1995, de 23 de febrero, FJ 4); con el derecho a la libertad de circulación (STC 85/1989, de 10 de mayo, FJ 3); con el derecho a la libertad personal (SSTC 32/1987, de 12 de marzo, FJ 3; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 2; 47/2000, de 17 de febrero; y 169/2001, de 16 de julio); con el derecho al secreto de las comunicaciones (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4; y 184/2003, FJ 5) y, entre otros, con el derecho a la protección de datos de carácter personal (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 13). En este sentido, es de señalar que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, si bien establece en su art. 11.1 que «[l]os datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado», dispone en su segundo apartado, letra d), que el consentimiento «no será preciso» cuando, entre otros supuestos, la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatarios a «los jueces o Tribunales», y éstos estén actuando «en el ejercicio de las funciones» que tienen atribuidas.
Por tanto, encontramos en el art. 11.2 d) LOPD una genérica habilitación legal a favor del juez para la obtención de datos de carácter personal sin el previo consentimiento del interesado, siempre que actúe «en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas», precepto que hay que poner en conexión, en el caso que nos ocupa, con el art. 256.1.6 LEC (que se incardina en el capítulo segundo de la Ley de enjuiciamiento civil, dedicado a las diligencias preliminares), y que establece que «todo juicio podrá prepararse» por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios «al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables», añadiendo que, a tal efecto, «el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación», de donde podemos concluir que el Juez cuenta con una previsión legal suficiente para acordar la medida cuestionada.
Ahora bien, la previsión legal que se acaba de reproducir y de la que deriva una facultad a favor del juez para adoptar «las medidas oportunas» en orden a la averiguación de los integrantes del grupo de afectados, debe ponerse en conexión con el art. 258 LEC que fija, a los efectos de resolver sobre la petición de diligencias preliminares, que el órgano judicial deberá verificar si la diligencia «es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y que en la solicitud concurren justa causa e interés jurídico»; asimismo, este precepto indica que «el Tribunal rechazará la petición de diligencias realizada, si no considerare que éstas están justificadas», de donde se deduce que el Juez, en todo caso y con independencia de la naturaleza de la medida solicitada, habrá de someter su decisión a una suerte de ponderación en la que deberá motivar la adecuación de la medida a la finalidad, justa causa e interés legítimo concurrentes. Justificación de la medida, y posterior sometimiento a un juicio de ponderación que, en el caso que nos ocupa, se torna aún más exigente toda vez que limita el contenido del derecho fundamental protegido por el art. 18.4 CE, lo que nos reconduce al examen del cumplimiento de los otros dos requisitos anteriormente citados y que, además de la previsión legal, resultan imprescindibles para que el límite sufrido por el derecho fundamental sea constitucionalmente legítimo: que sea adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4, y 24/2004, FJ 6, entre otras muchas; y STC 292/2000, FJ 13, en relación con la protección de datos de carácter personal).
9. Como se acaba de exponer, las exigencias de justificación y motivación de la medida se ven reforzadas cuando se está limitando el contenido de un derecho fundamental, exigencias que no se satisfacen con cualquier forma de motivación que permita conocer la ratio decidendi de la resolución judicial, pues el deber de motivación de las resoluciones judiciales limitativas de los derechos fundamentales «no encuentra su fundamento constitucional en la genérica obligación de motivación de todas las resoluciones judiciales que resulta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1, en relación con el art. 120.3 CE)», sino en la protección del derecho sustantivo, lo que implica que «la ausencia de motivación ocasiona, por sí sola, en estos casos la vulneración del propio derecho fundamental sustantivo (SSTC 128/1995 y 158/1996, 181/1995 y 54/1996), todo ello sin perjuicio de que se produzca o no, además, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 158/1996)» (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4).
Sin embargo, la resolución judicial impugnada expone, como única justificación de la medida, que «puesto que estamos en un trámite de medidas preliminares», no es oportuno «analizar si estamos ante una acción abstracta, una acción colectiva o una acción de protección de intereses difusos», entendiendo que éstas son cuestiones cuya resolución se debe trasladar a un momento posterior, cuando se formule la demanda y se resuelva el fondo del litigio. En consecuencia, estima que la diligencia solicitada está justificada al tratarse de acciones colectivas con afectación a múltiples perjudicados y, por tanto, «la exigencia de identificación establecida en el art. 15 LEC es obligada y ello, aunque se ejercite conjuntamente a una acción abstracta de cesación, pues es unánime la jurisprudencia que admite la posibilidad de acumular a la acción abstracta de cesación, otra de naturaleza colectiva o difusa, si bien estableciendo las especificaciones propias de la naturaleza jurídica de las acciones ejercitadas. Pero esta cuestión, excede del ámbito de estas medidas preliminares y se analizarán con mayor detalle al resolver la cuestión principal».
1.º Reconocer su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE).
2.º Declarar la nulidad de los Autos de 1 de septiembre de 2010 y de 20 de octubre de 2010, del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, así como de la providencia de 29 de noviembre de 2010, del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, dictados en procedimiento de diligencias preliminares núm. 1711-2010.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del Auto de 1 de septiembre de 2010 del Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, para que dicho órgano judicial, con respeto a los derechos fundamentales reconocidos, dicte la resolución que proceda.
Dada en Madrid, a siete de mayo de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Javier Delgado Barrio.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado.

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