Source: http://ley29164.blogspot.com/2010/01/
Timestamp: 2017-09-26 10:45:23+00:00

Document:
La ley y el Patrimonio. Recortes: enero 2010
Protestan por pase de Archivo Histórico al ámbito del INC. El Comercio 23/01/10
La Dirección Nacional de Archivo Histórico pertenece ahora al ámbito del Instituto Nacional de Cultura (INC), según un decreto supremo publicado el último sábado en “El Peruano”. Dicha dirección pertenecía al Archivo General de la Nación (AGN), entidad del sector Justicia.
Manuel Palomino, secretario del Sindicato de Trabajadores del AGN, dijo durante la manifestación que este pase le quita la razón de ser a su institución. “El Archivo General de la Nación, órgano rector del sistema nacional de archivos, sin la Dirección Nacional de Archivo Histórico pierde su naturaleza”, señaló.
César Gutiérrez Muñoz, ex jefe del AGN, también participó en la protesta y criticó la medida dictada por el Poder Ejecutivo. “Una institución que sirve todos los días a los investigadores y al público en general no puede ser cercenada. El archivo histórico es la memoria del archivo general y del país”, dijo Gutiérrez, quien en la actualidad se desempeña como archivero de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Al respecto, una fuente de la Dirección Nacional de Archivo Histórico dijo que este plazo es poco para trasladar 28 mil metros de documentos, algunos de los cuales datan de 1533. “El INC no está capacitado para proteger el patrimonio documental del país, ya que su propio sistema documental es muy deficiente, según lo reveló una comisión técnica del AGN en el 2009”, señaló.
Publicado por Gori Tumi en 10:20 No hay comentarios:
Modifican los plazos para la expedicion de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA). Fabricio Alfredo Valencia 22/08/09
22/08/09: Mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-ED, modifican los plazos para la expedicion de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)
(Tomado de:http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=1231)
Artículo 3º - Plazo para expedir la Certificación de Inexistencia de restos Arqueológicos.
Artículo 2º - Proyectos de Inversión Pública:
Publicado por Gori Tumi en 9:46 No hay comentarios:
El trafico ilícito de bienes culturales en el Perú. Fabricio Alfredo Valencia 16/06/09
16/06: EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES EN EL PERÚ
(Tomado de: http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=1231)
2.1 Decreto Supremo N° 89 del 2 abril de 1822
2.2 Decreto Supremo 433 del 3 de junio de 1836
Suscrito por el Presidente Provisional del Perú Luís José Orbegoso por orden de Mariano de Sierra
2.3 Decreto Supremo del 27 de abril de 1893
2.4 Decreto Supremo N° 2612 del 19 de agosto de 1911
2.5 Decreto Supremo del 11 de junio de 1921
Esta norma prohíbe en absoluto, la extracción, destrucción y exportación de los monumentos arqueológicos, asimismo precisa que el Gobierno podrá conceder autorización para extraer o exportar objetos del patrimonio cultural, únicamente a instituciones científicas del país o del extranjero, siempre que el trabajo se ejecute bajo la dirección inmediata de arqueólogos profesionales o de científicos de reputación internacional y bajo la vigilancia del personero que el Gobierno designe. Señala que los objetos extraídos con la autorización del Gobierno serán debidamente registrados.
Dispone el decomiso de todo objeto o colección arqueológica que se pretenda extraer del país sin el permiso respectivo y que las personas que ordenen, ejecuten o cooperen a la extracción, destrucción o exportación clandestina de objetos arqueológicos sufrirán a juicio del Gobierno la imposición de una multa.
2.6 Ley Nº 6523 del 19 de febrero de 1929
2.7 Ley Nº 6634 del 13 de junio de 1929
Esta ley es particularmente importante en la historia del Perú, establece expresamente que es propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época virreinal. Disponiendo que el derecho de la Nación sobre dichos monumentos es inalienable e imprescriptible.
2.8 Resolución Suprema Nº 689 del 28 de mayo de 1931
La exportación que autorice el Patronato Nacional de Arqueología es válida, y sólo podrá referirse a especies debidamente registradas en la categoría de duplicados o multiplicados, quedando prohibida la salida al extranjero de especies consideradas únicas. Finalmente señala que el no registro acarreará la imposición de multa.
2.9 Decreto Ley N° 7212 del 2 de julio de 1931
2.10 Resolución Suprema N° 170 del 16 de abril de 1932
2.11 Resolución Suprema Nº 94 del 31 de marzo de 1933
2.12 Resolución Suprema de 3 de abril de 1945
2.13 Decreto Supremo del 27 de octubre de 1947
Los objetos que pueden ser exportados, antes de salir del país, deben ser debidamente acondicionados y embalados por el Museo, siendo este último el único organismo estatal que podrá embarcar bultos que contengan especies arqueológicas, y deberá hacerlo por el puerto del Callao o por el Aeropuerto de Limatambo; en caso de requerirse el uso de otro puerto o terminal aéreo, se deberá autorizar mediante una Resolución Suprema.
De incumplirse el procedimiento señalado, las autoridades de Aduana decomisaran y remitirán al Museo todas las piezas que se traten de embarcar o que fueron embarcadas.
2.14 Decreto Supremo del 30 de mayo de 1950
Prohíbe la salida de objetos prehistóricos o históricos, inclusive documentos anteriores a 1821, mientras no pase el estado de reconocimiento motivado por el sismo del 21 de mayo de 1950; asimismo dispone que los documentos, bienes muebles e inmuebles de las mismas épocas, que a criterio del Patronato Departamental de Arqueología o de la Comisión Departamental del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos, son indispensables para la reconstrucción del Cusco, no podrán ser enajenados ni objeto de transacciones comerciales.
2.15 Ley 12956 del 20 de febrero de 1958
Esta Ley prohíbe exportar todo objeto de valor arqueológico o histórico, incluyendo las obras de arte que sean consideradas como integrantes del patrimonio cultural de la Nación, estableciendo la salvedad de que por Resolución Suprema se pueden otorgar permisos de salida pero solo para estudio y difusión de la cultura peruana; por otro lado establece el registro permanente a cargo del Patronato Nacional de Arqueología y el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos.
2.16 Ley 24047, publicada el 5 de enero de 1985
Ley General de Amparo del Patrimonio Cultural, Derogó a la Ley Nº 6634, la misma que había tenido una larga vigencia desde 1929.
Esta ley no contempló a los bienes bibliográficos y archivísticos, los mismos que estuvieron bajo los alcances del Decreto Ley Nº 19414 - Ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de 16 de mayo de 1972 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 022-74-ED del 29 de octubre del 1975 y por la Ley 25325 que crea el Sistema Nacional de Archivos del 11 de julio de 1991, entre otros.
Sancionaba con multa y decomiso de los bienes culturales cuya exportación se intente sin el Certificado del organismo competente que descarte la presunción de ser un bien del Patrimonio Cultural de la Nación o que, autorice su salida, en el caso contrario.
III Tratamiento actual del tráfico ilícito de bienes culturales en el sistema jurídico peruano
Al tratar este tema es necesario aclarar algunos conceptos:
3.1 Actividades calificadas como trafico ilícito de bienes culturales
De forma general, se entiende por tráfico ilícito de bienes culturales las siguientes actividades:
• Exportación ilícita de bienes culturales del territorio peruano.
• Importación ilícita de bienes culturales al territorio peruano.
• Transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales dentro del territorio peruano.
3.2 Cualidad cultural de un bien
Es preciso establecer que es aquello connatural al bien cultural que lo diferencia del resto de bienes, es decir ¿cuando un bien es considerado cultural?
El sustantivo bien, etimológicamente proviene de los vocablos latinos “bescas-eare”, que significa acción de hacer feliz y dar utilidad. Por ejemplo, ¿que es aquello inherente a un “aribalo inca” (2) que lo diferencia de un encendedor marca Zippo?
Tanto el aribalo inca como el encendedor marca Zippo tienen en común que el mercado les asigna valor económico y que las personas puede ostentar algún derecho real sobre ellos, pero solamente el primero de ellos posee valor cultural, es decir tiene importancia, valor y significado, arqueológico, histórico, etcétera, y es por estas características, es que se le presta una protección jurídica especifica.
Siguiendo con el ejemplo, para enajenar el encendedor marca Zippo, deberé respetar las normas de Derecho Civil, las reglas de la Libre Competencia entre otras, pero además, para enajenar el aribalo inca, tendré que cumplir con otras obligaciones legales, como registrar el bien cultural en el Instituto Nacional de Cultura y antes de venderlo, comunicar a la misma institución la intención de dicha acción bajo sanción de nulidad, dado que el Estado peruano tiene derecho de preferencia en la transferencia onerosa de bienes culturales.
En el Perú el tema del patrimonio cultural, esta regulado de manera especifica por la Ley Nº 28296 (3) , la misma que en sus artículos II y III del Titulo Preliminar, señala que el patrimonio cultural está conformado por bienes expresamente declarados y por aquellos respecto de los cuales opera la presunción legal, la que queda sin efecto por declaración expresa del Instituto Nacional de Cultura.
3.3 Exportación ilícita de bienes culturales del territorio peruano
En principio, los bienes culturales ya sea los declarados o aquellos respecto de los cuales opera la presunción legal de serlos, de acuerdo al articulo 33° de la norma arriba indicada, no pueden salir del Perú, salvo las excepciones establecidas por ley, como se indica en el articuló 34°, las mismas que son:
• Por motivos de exhibición con fines científicos, artísticos y culturales.
• Estudios especializados que no pueden se realizados en el país.
• Restauración que no pueda realizarse en el país.
• Por viajes de Jefes de Misión, Cónsules o Diplomáticos acreditados, por el plazo que dure su permanencia en el exterior.
Esto significa que únicamente cuando nos encontremos en los supuestos planteados anteriormente (los mismos que son numerus clausus), los bienes culturales previo pronunciamiento de los organismos competentes, podrán salir del país. Para lo cual es requisito la opinión previa del organismo competente (4) , así como la contratación de una póliza de seguro “clavo a clavo” contra todo riesgo a favor del propietario.
La autorización de salida se da mediante Resolución Suprema la misma que es firmada por el Presidente de la Republica por un periodo máximo de año, prorrogable por igual periodo por una sola vez.
Las solicitudes de salida de bienes culturales con fines de exhibición ú otros, a que se refiere el artículo 34º de la Ley Nº 28296, deben ser tramitadas ante el Instituto Nacional de Cultura, cumpliéndose con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de esta Entidad (Decreto Supremo Nº 022-2002-ED del 26 de agosto de 2002).
3.4 ¿La salida ilícita del Perú de bienes culturales esta sancionada?
El sistema jurídico peruano trata este tema desde una doble perspectiva:
3.4.1 Derecho Administrativo
La salida ilícita de bienes culturales tiene como sanción administrativa la pérdida de propiedad a favor del Estado Peruano, excepto los bienes culturales robados o hurtados a propietarios que acrediten fehacientemente su titularidad.
El intento de salida ilícita de bienes culturales, tiene como sanciones, el decomiso o multa.
Para proceder con las sanciones anteriormente señaladas se ha de cumplir con los principios del procedimiento administrativo sancionador contemplados en la ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General)
3.4.2 Derecho Penal
En el código penal peruano (5) se tipifica la salida ilegal de bienes culturales, teniendo en cuenta un criterio cronológico:
3.4.2.1 Bienes culturales prehispánicos
Tanto la salida de bienes culturales prehispánicos, así como el no retorno de los mismos de acuerdo a la autorización concedida, son pasibles de pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
Es necesario precisar que este tipo penal se aplica a los bienes culturales arqueológicos declarados, como a aquellos, respecto a los cuales opera la presunción legal de serlo
3.4.2.2 Bienes culturales distintos a los de la época prehispánica
La salida de bienes culturales, previamente declarados distintos a los de la época prehispánica, así como el no retorno de los mismos de acuerdo a la autorización concedida, son pasibles de pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento ochenta días multa.
Debemos considerar que este tipo penal solo es aplicable a los bienes culturales distintos a los de la época prehispánica, que se encuentren declarados expresamente como tales.
Es necesario precisar que el intento de salida ilegal de bienes culturales del Perú, esta regulado por la figura jurídica de la tentativa, regulada por el código penal.
Como se puede apreciar el Estado peruano en uso de su jus puniendi, aborda dentro de su legislación interna el problema del tráfico ilícito de bienes culturales desde una doble perspectiva (administrativa y penal), sin embargo, con esto no se agota el sistema de protección, dado que contamos con cuerpos normativos supranacionales.
3.5 Importación ilícita de bienes culturales al territorio peruano
En el Perú, el intento de introducir bienes bienes culturales de otros países, esta sancionado con multa o decomiso.
3.6 Transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales dentro del territorio peruano
Los bienes culturales dentro del Perú pueden ser transferidos, pero cumpliendo los requisitos señalados por ley, para lo cual se deberá registrar el bien cultural ante el organismo competente y antes de transferirlo, comunicar a la misma institución la intención de dicha acción bajo sanción de nulidad, dado que el Estado peruano tiene derecho de preferencia en la transferencia onerosa de bienes culturales.
No se puede transferir bienes culturales a personas condenadas por delitos contra el patrimonio cultural, durante el tiempo que dure su condena; asimismo, si existen bienes culturales que forman una colección o están vinculados entre sí, no se podrán transferir separadamente, salvo autorización expresa del ente competente.
3.7 Normas de carácter supranacional que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico
Existen tratados internacionales de los cuales el Perú es parte y que integran el sistema jurídico peruano, los cuales tratan el tema del tráfico ilícito de manera prolífica, algunos de los cuales son:
3.7.1 Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación y las transferencias de propiedad ilícitas de bienes culturales (Convención de UNESCO de 1970).
Esta Convención entro en vigor para el Perú el 24 de enero de 1980, la misma que contiene una amplia definición del patrimonio cultural, dado que considera como bienes culturales no solo a monumentos, edificios, sino también a la flora y fauna, objetos de interés paleontológico, manuscritos, etcétera.
Al no ser las disposiciones legales dadas por la Convención de UNESCO de 1970, lo suficientemente específicas, la UNESCO pidió a UNIDROIT(6) confeccionar normas a fin de completar la precitada Convención.
3.7.2 Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente
El Convenio de UNIDROIT fue abierto a firma en Roma el 24 de junio de 1995, el Perú lo ratifico el 5 de marzo de 1998.
Las disposiciones del Convenio de UNIDROIT, a diferencia de lo estipulado en la Convención de UNESCO de 1970 considerando un escenario internacional, contempla la posibilidad, que las acusaciones sobre tráfico ilícito de bienes culturales, sean resueltas en los sistemas legales de cada estado parte.
3.7.3 Decisión 588
Este cuerpo normativo es aplicable para los países que son parte de la Comunidad Andina, y sustituye la Decisión 460 sobre la protección y recuperación de bienes del patrimonio cultural de los países miembros de la Comunidad Andina.
La precitada Decisión, de acuerdo a lo estipulado en su artículo 15, entro en vigencia el 16 de julio de 2004, momento en el que se publico en la gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena.
Una de las innovaciones de este cuerpo normativo es la creación del Comité de Lucha contra el Trafico Ilícito de Bienes Culturales, el mismo que servirá como órgano técnico sobre temas referidos a la Protección y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural.
IV A manera de epilogo
El sistema jurídico peruano, que es principalmente positivo, en lo referido al patrimonio cultural, es definitivamente perfectible, asimismo, no es posible para el Estado peruano implementar un sistema de tutela contra el tráfico ilícito de bienes culturales que sea total y absolutamente eficiente, por lo que la colaboración de la ciudadanía en esta labor es muy importante, teniendo todos los peruanos la obligación de proteger nuestro patrimonio cultural por constituir parte de nuestra identidad; la protección del legado de sociedades pasadas hoy en día constituye una acción conjunta de la sociedad civil.
(1) Para el presente trabajo se utiliza la categoría de bien cultural como sinónimo de bien integrante del patrimonio cultural de la Nación.
(2) Arybalo, vasija o ánfora inca denominada así por la semejanza con la forma creada por los Griegos
(3) Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, vigente desde el 23 de julio de 2004.
(4) En el Perú los organismos competentes en el tema del Patrimonio Cultural son el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional de Perú y el Archivo General de la Nación.
(5) Código Penal Peruano, Decreto Legislativo N° 635 vigente desde el 26 de abril de 1991.
(6) UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), es una organización intergubernamental con sede en Roma.
Publicado por Gori Tumi en 9:42 No hay comentarios:
Modifican la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº 28296. Fabricio Alfredo Valencia
16/06: MODIFICAN LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION- LEY Nº 28296
En el Perú la norma que regula de forma especifica el tema del Patrimonio Cultural de la Nación, es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº 28296, la misma que es complementada por su Reglamento, el 2 de mayo de 2008, se publico el Decreto Legislativo Nº 1003, el mismo que modificó de forma expresa el Artículo 30º de la referida Ley. En este sentido, a fin de analizar dicho cambio referiremos el tracto sucesorio normativo.
1.1 Regulación de las Concesiones y de las obras públicas o privadas involucradas con el patrimonio cultural de la nación antes del Decreto Legislativo Nº 1003.
De acuerdo a lo prescrito por el artículo 30 de la ley Nº 28296, las concesiones que afecten terrenos o áreas acuáticas en las que existan bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la autorización previa del INC.
Complementa lo referido anteladamente el Artículo 41º del Reglamento de la Ley Nº 28296, en el sentido de que los bienes culturales prehispánicos, bajo ninguna circunstancia, podrán ser otorgados en concesión. Sin embargo las concesiones que afecten sus áreas circundantes, así como las concesiones de servicios vinculados a el, deberán contar con la autorización previa del INC.
Es sumamente importante lo señalado en el Artículo 22º de la Ley Nº 28296, en el sentido de que toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, etc. que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del INC.
1.2 Regulación de las Concesiones y las obras públicas o privadas involucradas con el patrimonio cultural de la nación a la luz del Decreto Legislativo Nº 1003.
La parte medular de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo Nº 1003, puede ser evidenciada a continuación:
No requieren de la autorización previa del INC las obras que involucren bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación referente a la Ejecución de Obras correspondientes a:
Concesiones de obras públicas de infraestructura (1)
En caso de concesiones u obras destinadas a:
- Mejoramiento
- Operación o Mantenimiento de Infraestructura pre-existente(2)
II ANÁLISIS JURÍDICO
2. Jerarquía normativa de los Decretos Legislativos
Una primera interrogante a plantearse es si, mediante un decreto legislativo se puede modificar una Ley.
Al respecto, la Constitución Política de 1993, en el numeral 4 de su Artículo 200º se refiere a los Decretos Legislativos como normas con rango de ley, además en el Artículo 104º del mismo cuerpo normativo se señala que los Decretos Legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la Ley.
Los Decretos Legislativos son normas con rango y fuerza de ley, equiparable a las leyes del Congreso y que no son ejercicio de potestad reglamentaria sino ejercicio de autenticas potestades legislativas (3)solo que en este caso es una potestad delegada por el propio Congreso.
De lo referido anteladamente se concluye que los Decretos Legislativos puede validamente modificar una ley, sin embargo la Constitución ha establecido exigencias de carácter formal y material para esta fuente, las que serán desarrolladas a continuación.
3. Requisitos de los Decretos Legislativos
El requisito fundamental es la existencia de una ley autoritativa del Congreso de la República, en la que se establezca la materia sobre la que se puede legislar y el plazo para hacerlo.
El Decreto Legislativo Nº 1003, fue emitido dentro del plazo establecido por la ley Nº 29157 (Se cumplió con el requisito de la Ley autoritativa).
Respecto al requisito de la materia, en la ley Nº 29157 se precisa que el poder ejecutivo tiene facultad para legislar solamente en las siguientes materias:
o Facilitación del comercio.
o Mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del Estado.
o Mejora de la administración de justicia en materia comercial u contenciosos administrativa; para lo cual se solicitará opinión al Poder Judicial.
o Promoción de la inversión privada.
o Impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el desarrollo de las capacidades.
o Promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas empresas;
o Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental.
o Mejora de la competitividad de la producción agropecuaria.
Como puede observarse el ejecutivo no tiene autorización para legislar en materia de patrimonio cultural, por lo que el Decreto Legislativo Nº 1003, al modificar la ley Nº 28296 vulnera el marco legal dado por la ley autoritativa en lo referido a la materia, por lo que se estaría vulnerando de forma indirecta la Constitución Política. Al respecto debemos precisar que el Código Procesal Constitucional admite la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra normas que son indirectamente inconstitucionales (4)
4. Decreto Legislativo Nº 1003 y el Artículo 21º de la Constitución
En el primer párrafo del Artículo 21º de la Constitución Política, se prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos, (…) y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.
Un punto importante es determinar en que consiste la protección de los bienes culturales por parte del Estado, para analizar esto es necesario partir del presupuesto que el patrimonio cultural esta conformado por bienes no renovables y que el desarrollo de la tecnología no permite determinar a priori la existencia de todos los restos arqueológicos, siendo la única técnica totalmente segura la excavación arqueológica (ex post).
Considerando lo referido anteladamente, y de acuerdo a lo prescrito por la Constitución, el Estado dispuso en la Ley 28296 (antes de su modificación) que toda obra publica o privada de edificación nueva, remodelación (…) que involucre un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del INC, protección que no se cumple de acuerdo a la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo Nº 1003, quizás un ejemplo nos sea útil:
La actual Panamericana Sur a la altura de las Líneas de Nazca corta la cola de la figura del lagarto(5) , en el supuesto que se requiera ampliar la referida carretera al doble de su tamaño actual, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1003, dicha obra no requeriría de la autorización previa del INC, por lo que seguramente se procedería a ejecutar la obra, es evidente que esta construcción dañaría parte de un sitio del patrimonio mundial, con lo cual no solo se estaría vulnerando la constitución política del Estado, sino también las obligaciones contraídas por el Estado peruano ante UNESCO. (Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural)(6)Respecto a la obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural, Fernando de Trazegnies refiere que cuando se habla de protección, ciertamente nos estaríamos refiriendo de manera muy destacada a lo que la ley puede hacer por la conservación del Patrimonio Cultural . Desde esta perspectiva, que protección existe si para la ejecución de obras que afecten el patrimonio cultural en tanto se refiere a la ampliación, mejoramiento, etc., no se requiere de la autorización previa del INC.
De lo referido anteladamente colegimos que lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1003, vulnera la obligación que tiene el Estado peruano de proteger el Patrimonio Cultural por lo que dicho Decreto deviene en inconstitucional.
III A MANERA DE COLOFON
Al momento de legislar sobre temas relacionados con el patrimonio cultural, se debe considerar su carácter singular, esto debido a que esta conformado por bienes no renovables, los mismos que fueron elaborados en la mayoría de casos en un tiempo distinto al nuestro y por grupos humanos que posiblemente ya no existan en su concepción original.
Considerando este carácter no renovable y excepcional del patrimonio cultural, al momento de organizar la estructura y funcionamiento del Estado, se deposito la responsabilidad de protegerlo, cautelarlo, etc., en órganos(7) con altísimos niveles técnicos y especialistas en el tema, como es el Instituto Nacional de Cultura, por lo que en opinión del suscrito se debe reevaluar la exclusión de la intervención del referido ente estatal en los casos señalados líneas arriba.
(1)En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando se requiere realizar una obra pública de infraestructura vial, se llama a concurso público mediante una licitación publica, para luego al ganador segun las bases del concurso, otorgarle la concesion para la construccion de la misma.
(2)Una concesion de obra pública, para ampliacion, mejoramiento, rehablilitacion, etc., de infraestructura preexistente, es cuando la obra ya ha sido concesionada para su construccion, pero, despues de un tiempo vuelve a concesionarse.
(3)Parte de la Doctrina Española (Alvarez Conde) plantea que los Decretos Legislativos tienen carácter reglamentario.
(4) Ver Sentencia del Expediente 005-2001-AI/TC (publicada el 17 de noviembre del 2001): En este caso se impugnaron los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades otorgadas por el Congreso mediante ley 26950 para legislar sobre seguridad nacional. De acuerdo al Tribunal, en la ley autoritativa no existía coincidencia entre la materia delegada (seguridad nacional) y los objetivos de la delegación, cual era "combatir la delincuencia común en su expresión de bandas armadas". Para el Tribunal, dicha incongruencia ocasionaba "la irracionalidad de la ley autoritativa y, por lo tanto, en último análisis, su inconstitucionalidad".
(5) Esta obra data de hace muchos años.
(6)Articulo 5.-Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo mas activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:
a. Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general;
b. Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;
c. Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;
d. Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y
e. facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo.
(7)En el Perú, el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional de Perú y el Archivo General de la Nacion, son los entes estatales rectores del patrimonio cultural.
Publicado por Gori Tumi en 9:19 No hay comentarios:
Universidad de Yale rechaza devolución de piezas de Machu Picchu. La República 11/01/10
Universidad de Yale rechaza devolución de piezas de Machu Picchu
La Universidad de Yale pidió este lunes a un tribunal del estado de Connecticut que no dé lugar a una demanda peruana que exige la devolución de piezas traídas hace casi un siglo del sitio arqueológico de Machu Picchu.
En documentos presentados ante la corte, la Universidad indicó que la demanda peruana de devolución de los artefactos está prescrita "incluso en el marco de la ley peruana".
En la demanda presentada en diciembre de 2008 Perú aseguró que los objetos son "de inmensa importancia cultural e histórica" y afirmó que entre ellos había restos humanos, artefactos de bronce y oro y objetos de arte en cerámica.
Los documentos afirman que en 1921 Yale devolvió a Perú docenas de cajas de objetos recogidos por la expedición encabezada por el estadounidense Hiram Bingham, un profesor de esa universidad.
Añadió que Perú sabía que Yale retendría algunos de esos objetos por cuanto aprobó un decreto que lo permitía explícitamente.
Ahora "en el siglo XXI... Perú ha reclamado que Yale no devolvió un número suficiente de artefactos y exigió que devuelva cualquier objeto que Bingham haya exportado desde Perú".
"Los reclamos de Perú, de 90 años, están prescritos por el tiempo y deben ser desechados", indicó.
Hace dos años, en un documento titulado "Mitos y hechos", Yale rechazó la propiedad peruana de la colección de objetos y afirmó que cuenta con "título jurídico sobre los materiales".
En septiembre de 2007 la Universidad firmó un "memorando de entendimiento" con el Gobierno de Lima por el cual acordó que reconocería el derecho de propiedad de Perú sobre los objetos, pero posteriormente advirtió de que sólo renunciaría a él cuando hubiese un acuerdo definitivo con ese país.
Sin embargo, las negociaciones entraron en un punto muerto después de que Perú reclamara la devolución de todas las piezas, en lugar de solo una parte, como contemplaba el "memorando de entendimiento".
Perú ha dicho que existen documentos que autorizaron a Bingham a sacar los artefactos, pero en ellos se retenía la propiedad de Perú, país que se reservaba el derecho a exigir su devolución.
También ha dicho que Yale ha violado acuerdos de propiedad cultural al negarse a devolver los artefactos. (EFE)
Publicado por Gori Tumi en 8:51 No hay comentarios:
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References: Artículo 3

Artículo 2
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 Resolución 
 artículo 34
 artículo 15
 Artículo 30
 artículo 30
 Artículo 41
 Artículo 22
 Artículo 200
 Artículo 104
 Artículo 21
 Artículo 21