Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/Mayo/167-21512-2012-C11-330.html
Timestamp: 2015-07-06 04:55:41+00:00

Document:
����������� �Ponencia
de la Magistrada Blanca Rosa M�rmol de Le�n.
20 de julio de 2011, la Defensora P�blica Sexta Penal Ordinario, adscrita a la
Unidad de Defensa P�blica del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes
abogada Anavith Gisela Moreno Jim�nez, en su condici�n de defensora del
ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA, de nacionalidad venezolana,
titular de la c�dula de identidad n�mero 13.047.839, residenciado en la
Urbanizaci�n el Trigal Sur, Segunda Avenida, Casa N� 132-31, Valencia, estado
Carabobo, interpuso Recurso de Casaci�n contra la sentencia de fecha 20 de
junio de 2011, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del estado Cojedes, constituida por los jueces Gabriel Espa�a Guill�n, Luis
Ra�l Salazar (ponente)� y Samer Richani Selman, la cual DECLAR� SIN LUGAR
el Recurso de Apelaci�n ejercido por la Defensa del acusado, contra el fallo
dictado en fecha 18 de abril de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera
Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial, por el cual CONDEN�
al mencionado ciudadano a sufrir la pena de TRES (3) A�OS DE PRISI�N, por
la comisi�n del delito de OCULTAMIENTO IL�CITO DE ARMA DE FUEGO,
previsto y sancionado en el art�culo 277 del C�digo Penal, en perjuicio del
Recurso de Casaci�n fue interpuesto en tiempo h�bil y no contestado por la
parte Fiscal. Remitidos
los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casaci�n Penal,
correspondi� la elaboraci�n de la ponencia a la Magistrada quien con tal car�cter
suscribe la presente decisi�n.
fecha 9 de diciembre de 2011, la Sala declar� admisible el Recurso de Casaci�n
interpuesto por la Defensa del acusado.
fecha 24 de abril de 2012, se realiz� la audiencia p�blica en presencia de las
partes, quienes expresaron sus alegatos.
como han sido los dem�s tr�mites procedimentales, la Sala pasa a dictar sentencia
Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito
Judicial Penal del estado Cojedes, estableci� lo siguiente:
�Que el d�a 4 de
marzo de 2007 a las 9:00 a.m. se practic� la incautaci�n de un arma de fuego al
ciudadano Acosta Heiroun.
Que la detenci�n
se realiz� en el punto de control fijo la Fe Municipio Pao estado Cojedes.
Que s�lo se
encontraban de guardias dos funcionarios.
Que incautaron
un armamento calibre 22 rifle con mira telesc�pica y 6 cartuchos sin percutir
que se encontraban en una funda negra dentro de un veh�culo tipo Blazer marca
chevrolet. En la parte trasera.
Que el veh�culo
era conducido por el ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA.
Que el ciudadano
al momento de la detenci�n no pose�a porte de arma ni documento de propiedad.
de la revisi�n del veh�culo no hubo testigo al momento (sic) de porque ha (sic)
esas hora no hab�a nadie y en el establecimiento comercial siempre abren en la
Que el lugar de
la detenci�n era imposible la localizaci�n de testigo dado la lejan�a del mismo
y que solo se contaba con sus funcionarios actuantes.
Que la acci�n
del sujeto era la de ocultar, ello se acredita con la declaraci�n de los
funcionarios actuantes, donde se�alan que el arma estaba dentro de una funda
negra y detr�s del asiento del copiloto en el piso en forma oculta.�.
PLANTEAMIENTO�
Y RESOLUCI�N DEL RECURSO DE CASACI�N
base en el art�culo 460 del C�digo Org�nico Procesal Penal, el recurrente
denuncia la violaci�n de ley por falta de aplicaci�n del art�culo 441 del eiusdem.
tal sentido expres�:
adujo una serie de elementos (tal como consta en el recurso de apelaci�n),
entre los cuales se indic� que el �nico motivo por el cual la Juzgadora de
Primera Instancia en Funciones de Juicio conden� al precitado ciudadano fue el
dicho de los funcionarios de la Guardia Nacional, quienes realizaron el
procedimiento de aprehensi�n, raz�n por la cual y tomando en consideraci�n la
jurisprudencia reiterada de la Sala de Casaci�n Penal del Tribunal Supremo de
Justicia, de fecha 19/01/2000, N� 03, con ponencia del Magistrado ALEJANDRO
ANGULO FONTIVEROS�, se solicit� la NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA
CONDENATORIA dictada contra el acusado, ello de conformidad con los art�culos
190 y 191 del C�digo Org�nico Procesal Penal, en virtud de que se le otorg� pleno
valor probatorio a los dichos de los funcionarios, por lo que esta
Representaci�n de la Defensa consider� y considera violatorio al Debido
Proceso, al Derecho a la Defensa y a la Tutela Judicial Efectiva, previsto en
los art�culos 49 y 26 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de
Venezuela, toda vez que el dicho de los Funcionarios no debe tomarse como un
total, sino que en todo caso como un indicio que, concatenado a la declaraci�n
de testigos y otros elementos, pueden sin duda alguna verificar la comisi�n del
delito por el cual mi defendido fue imputado y acusado por el Representante
Magistrados, considera esta Defensa, que para una prueba sea contundente en un
juicio debe estar acompa�ado de otros elementos, como lo son los testigos
instrumentos y hasta cualquier otro indicio, pero no podemos olvidar que los
polic�as son �rganos de seguridad del Estado, son parte interesada, y es por
unas de las tantas razones que existen que ese dicho policial, debe estar
reforzado con otros elementos informativos para adminicular sus testimonios que
efectivamente acrediten esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, entonces,
continuar con un debate en el que es posible que se tenga certeza del hecho
hist�rico, por cuanto se hace necesario un elemento objetivo distinto al dicho
de los funcionarios policiales y as� obtener la plena prueba. De modo
que la plena prueba la se�ala la ley adjetiva y en este caso en el debate no se
podr�a arribar a ella con el solo dicho policial. En tal sentido la prueba de
cargo, es aqu�lla que va revestida de ese elemento objetivo y este no es el
caso; por cuanto no se cont� con una parte de ella que fue el dicho de los
funcionarios policiales, pudi�ndose concluir que es una prueba notoriamente
insuficiente para demostrar la responsabilidad penal de mi defendido, ciudadano
HEIROUN GERMAN ACOSTA. Ratifica esta Defensa que las declaraciones de los
funcionarios actuantes no son suficientes para poder inculpar a una persona que
se encuentre involucrada en un hecho punible, como bien lo indica la ponencia
del Dr. ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, de fecha 19-01-2000, expediente N�
99-0465: ��Es evidente que la declaraci�n del ciudadano� es una prueba
relevante del proceso puesto que es el �nico testigo presencial; y ha sido
indicado en jurisprudencia reiterada que el solo dicho de los funcionarios
policiales no es suficiente para inculpar a los procesados, pues solo
constituye un indicio de culpabilidad��� infiri�ndose de lo expuesto
que en el presente caso no se efectu� el procedimiento contemplado en la Ley
Adjetiva, que es la presencia de por lo menos dos testigos presenciales que no
sean los funcionarios policiales, porque �stos s�lo constituyen un indicio, una
sospecha de la presunta culpabilidad de mi defendido.� As�
pues, esta Representaci�n de la Defensa reitera que el �nico elemento que llev�
a la convicci�n del Juez de Primera Instancia de condenar a mi defendido, se
obtuvo mediante la declaraci�n de dos funcionarios de la Guardia Nacional, las
cuales fueron por dem�s contradictorias e inveros�miles en virtud que resaltan
que a la hora en que se llev� a cabo el procedimiento (horas de la tarde y en
plan v�a p�blica no exist�a ninguna persona circulando en su
veh�culo que pudiera haber dado fe del procedimiento realizado, siendo que
sobre dicha violaci�n denunciada debidamente en el Recurso de Apelaci�n, no
existi� un pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones de este
Circuito Judicial Penal, raz�n por la cual considera quien aqu� suscribe que
viol� la norma establecida en el art�culo 441 del C�digo Org�nico Procesal
Penal por falta de aplicaci�n.�� ��
DENUNCIA:��� Con
base en el art�culo 460 del C�digo Org�nico Procesal Penal, la Defensa denuncia
la violaci�n de ley por falta de aplicaci�n del art�culo 457 eiusdem, al considerar
que la Corte de Apelaciones incurri� en �la falta de motivaci�n, vicio que
acarrea la nulidad de la�sentencia�. Al
fundamentar su escrito se�al�:
Defensa P�blica considera que la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial
Penal, al explicar qu� aspectos comprenden la motivaci�n del fallo cumple con
una labor informativa y formativa pero no suple la funci�n de constatar si
exist�an suficientes elementos que permitieran al Juez de Juicio arribar a la
decisi�n impugnada mediante el recurso de apelaci�n, siendo entonces que el
Tribunal de alzada no verific� los razonamientos dados por la Juez de Juicio
para el establecimiento de la culpabilidad que b�sicamente consistieron en la
buena fe que le merecieron los dichos de los funcionarios y en que la defensa
no propuso testigos para probar la inocencia de su defendido, como si la carga
de la prueba correspondiera al procesado y no al Estado.
necesario destacar que en el caso de marras, la Jueza de Primera Instancia en
Funciones de Juicio argumenta en su decisi�n, ante la reiterada observaci�n de
la defensa sobre la inexistencia de medios de convicci�n veraces y objetivos,
que:�� ��independientemente
de la no asistencia de los testigos, debe aceptarse como v�lidos tal
procedimiento porque ellos (los funcionarios militares) aun cuando no hayan
realizado la acci�n de llevar testigos al momento del hecho, debe suponerse la
buena fe de ellos en la actuaci�n que refuerza sus dichos en esta etapa
de juicio, que si bien es cierto no existieron testigos que concurrieran al
debate, no puede soslayarse la verdad de la aprehensi�n en ocultamiento de arma
de fuego acreditado para esta juzgadora con las declaraciones de los
funcionarios militares por estimarles veraces y relacionados con la declaraci�n
del experto. La doctrina Venezolana hace referencia a la �parcialidad objetiva� que deriva
exclusivamente del protagonismo de los agentes policiales en la pr�ctica de la
diligencia. Pero ocurre que, ser�a dif�cil justificar por qu� se excluye el
testimonio de los agentes en los registros propiamente, si nuestro ordenamiento
jur�dico procesal no invalida de antemano el testimonio de sujetos que puedan
ser considerados �parciales� sino que procura que las circunstancias que
pudieran determinar la �parcialidad� del testigo sean conocidas por el juez al
momento de valorar, de all� que, a falta de precepto legal expreso, debe
reconocerse de manera an�loga que las declaraciones de los agentes de polic�a
en el acto de juicio en un medio de prueba, limitada s�lo a la referencia
de los hechos propios, directos e indirectos percibidos por ellos, lo que lleva
a concluir que la no comparecencia de los testigos instrumentales, no impide
que se puedan valorar las declaraciones de los funcionarios actuantes, y as� se
decide. Sobre la no oferta de los testigos instrumentales por parte de la Fiscal�a, la
defensa se�ala que con el dicho de dos funcionarios no es suficiente para
condenar a una persona y mucho menos por un delito de ocultamiento de arma de
fuego, sin embargo, esta juzgadora se pregunta lo siguientes: a) porqu� la
defensa ante la seguridad de que su representado es inocente no ofert� medios
de pruebas que coadyuvara a demostrar la no participaci�n o inocencia del
acusado, no realiz� ella, en el lapso que prev� el art�culo 327 la oferta
de testigos instrumentales, para as� poder acreditar las posibles
contradicciones que pudiese existir y as� acreditarlo ante el tribunal; b) por
qu� la defensa, si sab�a que su representado es inocente no pidi� pr�cticas de
investigaci�n penal en su oportunidad legal, para efectivamente demostrar que
su patrocinado no coloc� el arma de fuego en el referido veh�culo, bien
solicitando la realizaci�n de experticias de barridos, para determinar que esa
arma no fue manipulada por su representado, porque la defensa nunca hizo
referencia que el veh�culo que tripulaba el acusado no era de su propiedad por
lo que mal pod�a tener conocimiento de la existencia de un arma; por lo que el
planteamiento defensivo se limit� a se�alar la falta de oferta al juicio de los
testigos instrumentales, y se�alar que el solo dicho de los funcionarios no era
suficiente para condenar a una persona, obviando la defensa que en sala se cont�
con la testimonial del experto Carrasco Hixon, donde del mismo se�ala la
existencia del arma de fuego y su vez de la existencia de un veh�culo tipo Blazer
lo que esta juzgadora adminicul� tanto la declaraci�n de los funcionarios
actuantes como la declaraci�n del experto quedando as� demostrado la comisi�n
del hecho punible de Ocultamiento de arma de fuego lo que lleva a la conclusi�n
que se deba desestimar la solicitud de la defensa en este sentido.� (Resaltados por
la Defensa)
�As� pues, la
Corte de Apelaciones no consider� la forma como la Juez atribuy� veracidad a
declaraciones contradictorias ni explic� por qu� las consideraba motivadas, es
decir, el Tribunal de Alzada no explic� por qu� los argumentos explanados
cumpl�an con las reglas de la l�gica, de las m�ximas de experiencia o de los
conocimientos cient�ficos (sana cr�tica).
De manera pues,
que considera esta Defensa P�blica Penal, que ante los planteamientos y
denuncias realizadas ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del
Estado Cojedes, no existi� por parte de �sta una respuesta v�lida y oportuna,
por lo que Denuncio la violaci�n de la norma jur�dica establecida en el
art�culo 441 del C�digo Org�nico Procesal Penal, por falta de aplicaci�n, ello
de conformidad con el art�culo 460 del ejusdem.�.
��������������� La Sala para decidir
��������������� En vista de la relaci�n
existente entre las denuncias planteadas, esta Sala pasa a resolverlas de
manera conjunta:
��������������� En efecto, la Defensa en
la primera denuncia expres� que la Corte de Apelaciones incurri� en el vicio de
falta de motivaci�n, toda vez que no resolvi� lo relacionado con la insuficiencia
de los medios probatorios valorados por el tribunal juicio, para condenar a su
defendido por el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado
en el art�culo 277 del C�digo Penal vigente, pues a su decir s�lo valor� ��el
procedimiento de aprehensi�n��; y en la segunda denuncia, igualmente adujo
el vicio de falta de motivaci�n, al considerar que ��el Tribunal de Alzada
no explic� por qu� los argumentos explanados cumpl�an con las reglas de la
l�gica, de las m�ximas de experiencia o de los conocimientos cient�ficos (sana
cr�tica)�, infringiendo de esta manera garant�as fundamentales a su
defendido, tales como el Principio de la Presunci�n de Inocencia y el Principio
al Debido Proceso. �
el objeto de verificar lo denunciado, la Sala transcribe parte del Recurso de
Apelaci�n ejercido por la Defensa, cuyo tenor es el siguiente:
LOS VICIOS DE LA SENTENCIA APELADA Y LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDAMENTAN.
la violaci�n del art�culo 452 N� 2, del C�digo Org�nico Procesal Penal, esto es
Falta de Motivaci�n manifiesta en la sentencia. De igual manera denuncio la
violaci�n del Derecho a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial
Efectiva, previstos en el art�culo 49 y 26 de la Constituci�n de la Rep�blica
la sentencia recurrida se observa que, el tribunal a quo con inobservancia
clara a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y como consecuencia
del ordinal 2� del art�culo 452 del C�digo Org�nico Procesal Penal, no
fundament� la decisi�n de fecha 18 de abril, mediante la cual condena a mi
defendido por la presunta comisi�n del delito de ocultamiento de arma de fuego,
d�ndole pleno valor probatorio a los testimoniales aportados por los
funcionarios actuantes sin existir el testimonio de otra persona que pudiera
corroborar tal versi�n, y siendo que, la SENTENCIA DEL JUICIO ORAL debe
ser mandato expreso de la ley, cumplir con todos y cada uno de los REQUISITOS
FORMALES previstos en el art�culo 364 ejusdem, m�s sin embargo el Tribunal
a quo dict� sentencia CONDENATORIA, sin que exista un elemento convincente que
fuera mi defendido el autor de los hechos por los cuales se le enjuici�.
Magistrados el Tribunal de Primera Instancia consider� suficiente para
desvirtuar el principio de la presunci�n de inocencia y el principio al debido
proceso al aceptar como plena prueba lo dicho por los funcionarios policiales,
siendo que al valorar las pruebas hay que respetar el debido proceso, el cual
estipula que adem�s del testimonio de los funcionarios policiales en una
inspecci�n de veh�culo es indispensables las declaraciones de otros testigos
que hayan presenciado el mismo, lo cual era posible toda vez que los hechos objetos
del proceso ocurrieron en plena v�a p�blica en horas de la ma�ana.�.
la Defensa para apoyar su alegato transcribe parte de la sentencia N� 225, de
fecha 23/06/2004, expediente���� N� 04-123, dictada por esta Sala de Casaci�n
Penal, concluyendo de la siguiente manera:
pues considera quien aqu� suscribe que el ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA
HERRERA le fue violado el DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA contemplado en
el art�culo 26 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, y
comprende la obligaci�n, por parte de los jueces, de justificar racionalmente
las decisiones judiciales, observando las reglas de la l�gica y la experiencia
corroborando de su razonamiento no se evidencia arbitrariedad ni violaci�n de
las m�ximas de experiencia, de manera que cuando las pruebas no re�nan las
condiciones necesarias para la obtenci�n de la convicci�n judicial es por lo
tanto insuficiente para desvirtuar la presunci�n de inocencia, raz�n por la
cual de conformidad con el art�culo 191 del C�digo Org�nico Procesal Penal y en
virtud de que en la presente causa le fue vulnerado la tutela judicial efectiva
y el debido proceso, previstos en el art�culo 26 y 49 de la Carta Magna, toda
vez que no existi� en la causa que nos ocupa prueba suficiente para desvirtuar
la presunci�n de inocencia del ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA,
solicito la NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, toda vez que para
condenar a un acusado se hace necesaria la certeza de la culpabilidad, sin ning�n
tipo de duda racional, obtenida en la valoraci�n de la prueba de cargo con
todas las garant�as y conforme a la sana cr�tica. De manera que, cuando las
pruebas no re�nan las condiciones necesarias para la obtenci�n de la convicci�n
judicial, ese convencimiento se tornar�a irrelevante y por tanto insuficiente
para desvirtuar la presunci�n de inocencia.�.��� �
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes,
constituida por los jueces Gabriel Espa�a Guill�n, Luis Ra�l Salazar (ponente)
y Samer Richani Selman, en fecha 20 de junio de 2011, dict� sentencia en la
cual se�al� doctrina y jurisprudencia relacionada con el vicio de falta de
motivaci�n de las sentencias; para seguidamente concluir lo siguiente: �En
tal sentido, siendo la argumentaci�n y la fundamentaci�n de la sentencia
una operaci�n fundada en la certeza judicial, como lo indic�ramos
anteriormente, el juez debe observar los Principios L�gicos que
gobiernan la elaboraci�n de los juicios dando base para determinar cu�les son los
hechos valederos y cu�les no lo son, demostrando que la misma es
suficientemente coherente como lo ha demostrado ser el fallo recurrido.
Pues dicha resoluci�n judicial est� constituida por un conjunto de
consideraciones arm�nicas entre s�, formuladas sin violar los principios de
identidad, coherencia y las conclusiones a que se arribaron guardan adecuada
correlaci�n y concordancia entre s� y determinaron una sentencia condenatoria
al ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA. Pues como se aprecia de la sentencia recurrida, el juzgador A quo explic�
cu�les son los criterios jur�dicos esenciales de su resoluci�n judicial; en
pocas palabras, este Juzgado A quem, denota un fallo razonado en derecho
como garant�a m�xima del enjuiciamiento penal. El fallo en referencia,
evidencia de modo incuestionable, que su raz�n de ser es una aplicaci�n
inferida en las normas que se consideran adecuadas al caso en concreto. Por
dem�s est� decir, que si bien es cierto que en el sistema de la sana cr�tica,
el juzgador no est� sometido a reglas que prefijen el valor de las pruebas,
sino que es libre para apreciarlas en su eficacia, la legitimidad de esa
apreciaci�n depender� de que su juicio sea razonable. Es decir, que al apreciar
las probanzas incorporados al juicio, �ste debe observar las reglas
fundamentales de la l�gica, de la psicolog�a y de la experiencia com�n que
deben siempre informar el desenvolvimiento de la sentencia. Tal como lo exige
el Legislador Patrio, a trav�s del art�culo 22,�
Dicha apreciaci�n, no debe ser arbitraria ni violar las m�ximas de la
experiencia; lo cual coadyuvara a mantener una congruente relaci�n entre las
premisas que establece y las conclusiones a que arriba el sentenciador; y esto
es precisamente lo que determina esta Alzada en el fallo recurrido, ya que la
recurrida expres� detalladamente y coherentemente su pensamiento, enunciando
las razones que lo condujeron a su decisi�n. En tal sentido, consideramos como acertada
la sentencia reexaminada por esta Instancia Judicial Superior, pues la recurrida
cumpli� cabalmente con su deber de motivar su decisi�n posibilitando el control
de la actividad jurisdiccional. Siendo a claras luces, un fallo razonado en
derecho, evidenci�ndose del mismo consideraciones arm�nicas entre s�, las
cuales fueron formuladas por el Tribunal A quo sin violar los principios de
correlaci�n y concordancia entre ellas; razones por las cuales debe declararse
SIN LUGAR LA �NICA DENUNCIA planteada en el Recurso de Apelaci�n, relativa al
vicio de INMOTIVACI�N en la MOTIVACI�N DE LA SENTENCIA.�
Sala para decidir observa: De
la transcripci�n anterior se evidencia que la sentencia dictada por la Corte de
Apelaciones del estado Cojedes carece de la debida motivaci�n denunciada, pues
en principio s�lo se limit� a explicar a trav�s de conceptos doctrinarios y de
criterios jurisprudenciales, en qu� consiste el
vicio de la falta de motivaci�n de las sentencias y luego
de manera lac�nica e imprecisa se�al�, que la sentencia recurrida,
�est� constituida por un conjunto de consideraciones
arm�nicas entre s�, formuladas sin violar los principios de identidad,
coherencia y las conclusiones a que se arribaron guardan adecuada correlaci�n y
concordancia entre si �,sin pronunciarse en
lo absoluto sobre lo advertido por la recurrente en el recurso de apelaci�n,
relacionado con la insuficiencia de medios probatorios, toda vez que el
tribunal �a quo� para desvirtuar la inocencia de su defendido dio pleno valor
probatorio a las testimoniales de los funcionarios de la Guardia Nacional, sin
la existencia de otro medio de prueba para crear suficiente certeza.
relaci�n a este �ltimo planteamiento esta Sala observa, que el Tribunal Segundo
de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del
estado Cojedes, en la sentencia dictada el 18 de abril de 2011, estableci� que
el ciudadano Heiroun Germ�n Acosta Herrera, incurri� en el delito de Ocultamiento
Il�cito de Arma de Fuego, y que ello fue plenamente demostrado en el debate
oral y p�bico, �nicamente mediante las declaraciones de los funcionarios
adscritos a la Guardia Nacional, Urriera Molina �ngel y Quintero Mu�oz
Reynaldo, quienes manifestaron que el d�a 4 de marzo de 2007, a las 9:00 am,
encontr�ndose de guardia en el Punto de Control la Fe Municipio Pao, estado
Cojedes, practicaron la incautaci�n de un arma de fuego, calibre 22 rifle con
mira telesc�pica y 6 cartuchos sin percutir; que dicha arma se encontraba en
una funda negra dentro de un veh�culo tipo Blazer, marca Chevrolet, que era
conducido por el ciudadano Heiroun Germ�n Acosta Herrera; que el ciudadano no
pose�a porte de arma ni documento de propiedad alguno y que al momento de
practicar la revisi�n del veh�culo �no hubo testigo porque a esa hora no
hab�a nadie y en el establecimiento comercial siempre abren en la tarde� y
el funcionario Carrasco Hix�n, adscrito al Cuerpo de Investigaci�n Cient�ficas,
Penales y Criminal�sticas, el cual practic� las experticias al objeto incautado
en el procedimiento (arma de fuego) y al veh�culo tipo Blazer, marca Chevrolet
que conduc�a el acusado.
Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito
Judicial Penal del estado Cojedes, apoy� su decisi�n en el s�lo dicho de los
funcionarios aprehensores y lo concaten� con la declaraci�n del funcionario que
realiz� la experticia a la presunta arma incautada y al veh�culo que conduc�a
bien, esta Sala ha establecido claramente en jurisprudencia reiterada que ��el
solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al
procesado, pues ello, s�lo constituye un indicio de culpabilidad��. Este
criterio ha sido sustentado, entre otras, en las sentencias �No. 225 de fecha 23
de junio de 2004 y No. 345 del 28 de septiembre de 2004, ponente Magistrada Blanca
Rosa M�rmol de Le�n.� As�
mismo, esta Sala considera �impretermitible advertir que para la pr�ctica de
inspecciones realizadas por funcionarios policiales es necesaria la presencia
de testigos en el lugar, para disipar o suprimir la duda que implican ciertos
hechos, en los que cabe pensar que, a cualquier ciudadano se le atribuya el
ocultamiento de objetos o cosas, que no portaba realmente. Es por ello
indispensable que los testigos declaren sobre lo percibido, y su testimonio
aportar� convicci�n de certeza, para mantener o desvirtuar la condici�n de
inocencia del procesado.�� Es
el caso, que el sentenciador estableci� la culpabilidad del ciudadano HEIROUN
GERM�N ACOSTA HERRERA, con insuficiencia de medios probatorios y la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, err�neamente convalid�
tal vicio al declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelaci�n presentado por la
Defensa del procesado.
respecto, el art�culo 8 del C�digo Org�nico Procesal Penal, establece la
garant�a de presunci�n de inocencia, que textualmente reza lo siguiente: �
Cualquiera a quien se le impute la comisi�n de un hecho punible tiene derecho a
que se le presuma inocente y a que se trate como tal, mientras no se establezca
su culpabilidad mediante sentencia firme.� . Por
ello, el Juez debe observar, en el momento de tomar decisiones que afecten la
libertad de la persona, los derechos fundamentales del procesado, como lo es el
principio legal �in dubio pro reo� , el cual se concreta cuando le
faltan pruebas para condenar, y en el presente caso se evidencia que en el
juicio no existieron pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad
penal del imputado de autos, ya que fundament� su decisi�n s�lo en la
declaraci�n de los funcionarios aprehensores, concatenada con la del
funcionario que practic� la experticia a la supuesta arma incautada y al
veh�culo que conduc�a el imputado.
Zaffaroni (Derecho Penal, Parte General, EDIAR, Buenos Aires, 2006, p. 507) que
la culpabilidad es ��un juicio necesario que permite vincular en forma
personalizada el injusto a su autor y, de este modo, operar como principal
indicador que, desde la teor�a del delito, condiciona el peso y la magnitud de
poder punitivo que puede ejercerse sobre �ste, es decir, si puede reprocharse
el injusto al autor y, por ende, si puede imponerse pena y hasta qu� medida
seg�n el grado de ese reproche��. De
modo que, el Juez de juicio debi� observar el principio �in dubio pro reo�, pues
de la sentencia se evidencia que no existieron suficientes medios de pruebas
que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, raz�n por la
cual el sentenciador ante la duda ha debido decidir a favor del ciudadano
HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA.
a este principio se�ala el autor Enrique Bacigalupo en su obra, �La
impugnaci�n de los hechos probados en la casaci�n penal y otros estudios� ,
(p�gs. 69 y 70) lo siguiente:
principio �in dubio pro reo� tiene dos dimensiones que se deber�an distinguir
una dimensi�n normativa y otra dimensi�n f�ctica�
esta �ltima el principio hace referencia al estado individual de duda de los
jueces, y por lo tanto debe quedar fuera de la casaci�n pues el Tribunal de
casaci�n no puede obligar al Tribunal a quo a dudar cuando �ste est� realmente
convencido respecto del sentido de una prueba que ha percibido directamente.
el contrario la dimensi�n normativa se manifiesta en la existencia de una norma
que impone a los jueces la obligaci�n de absolver cuando no se hayan podido
convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hip�tesis m�s
favorable al mismo. Esta norma, por otra parte, es vulnerada cuando se condena
sin haber alcanzado tal convicci�n. As�, por ejemplo, vulnerar� la norma que
surge del principio in dubio pro reo un Tribunal que condene �nicamente
sobre la base de declaraciones testificales que no expresan sino
dudas o invoque exclusivamente confidencias policiales que sugieren
sospechas no verificadas. Es claro que en tales casos el Tribunal no
puede fundamentar su certeza en la duda o la mera sospecha de los testigos
o de los polic�as, y si en estas condiciones ha condenado habr� infringido
el principio in dubio pro reo, en tanto norma sustantiva que debe
observar en la aplicaci�n de la ley penal. En tales casos parece claro que la
infracci�n del principio in dubio pro reo debe dar lugar a la casaci�n,
pues lo contrario s�lo ser�a posible neg�ndole su car�cter de norma sustantiva��
sabido que el Recurso de Casaci�n tiene car�cter
excepcional y que no le es dable a la Sala de Casaci�n Penal establecer los
hechos, ni siquiera cuando le corresponde dictar una decisi�n propia sobre el
caso, ya que en esa ocasi�n debe sujetarse a los hechos que han quedado
establecidos por el tribunal de instancia. Sin embargo, en el presente caso no
se trataba de establecer nuevos hechos, sino de revisar el
proceso racional efectuado por el juez y plasmado en la sentencia que lo llev�
a considerar probada la culpabilidad del acusado y la subsunci�n. En efecto, esa
infraestructura racional del juicio es perfectamente revisable, bien por v�a de
apelaci�n o de casaci�n, pero si se observa que el tribunal �a quo� �incumple
con la obligaci�n de absolver, en el caso de que no se haya demostrado la culpabilidad
del acusado, ser�a notoria la violaci�n de los principios de presunci�n de
inocencia y de �in dubio pro reo�.
todo lo antes expuesto, esta Sala de Casaci�n Penal DECLARA
CON LUGAR las denuncias interpuestas por� la Defensa del acusado, ANULA las
decisiones dictadas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en
Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en fecha 18
de abril de 2011, que conden� al ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA, a
sufrir la pena de� TRES (3) A�OS DE PRISI�N, por la comisi�n del delito
de OCULTAMIENTO IL�CITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el art�culo
277 del C�digo Penal, en perjuicio del Estado venezolano y la dictada por la
Corte de Apelaciones del referido Circuito, en fecha 20 de junio de 2011, que
declar� sin lugar el Recurso de Apelaci�n ejercido por la Defensa del acusado
y� de conformidad con lo establecido en el art�culo 467 del C�digo Org�nico
Procesal Penal, ABSUELVE al ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA, por
el delito de OCULTAMIENTO IL�CITO DE ARMA DE FUEGO y ORDENA el cese
inmediato de toda medida de coerci�n personal que pese contra el mencionado
las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casaci�n
Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la
ley, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:
1. DECLARA CON LUGAR
las denuncias interpuestas por� la abogada Anavith Gisela Moreno Jim�nez, en su
condici�n de defensora del ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA. 2. ANULA
las decisiones dictadas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en
de abril de de 2011, por medio de la cual se conden� al ciudadano
HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA, a sufrir la pena de� TRES
(3) A�OS DE PRISI�N, por la comisi�n del delito de OCULTAMIENTO IL�CITO
DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el art�culo 277 del C�digo
Penal, en perjuicio del Estado venezolano y la dictada por la Corte de Apelaciones
del referido Circuito en fecha 20 de junio de 2011, que le confirm�.
3. ABSUELVE
al ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA, por la comisi�n del delito
de OCULTAMIENTO IL�CITO DE ARMA DE FUEGO,
el CESE de toda medida de coerci�n personal que pese contra el ciudadano
HEIROUN
GERM�N ACOSTA HERRERA.
reg�strese y rem�tase el expediente. Of�ciese lo conducente.
firmada y sellada en el Sal�n de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia,
en Sala de Casaci�n Penal, en Caracas a����������� los 21 d�as del mes� mayo de
dos mil doce. A�os: 202� de la Independencia y 153� de la Federaci�n.
Magistrada Presidente,
Vicepresidenta,������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� La
Bastidas������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������� Blanca
Flores���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� Pa�l
Jos� Aponte Rueda���� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������� La
Hern�ndez Gonz�lez������� BRMdL/mau.-���������������������������������������������
Exp. 11 -0330
Magistrada Dra. Ninoska Beatriz Queipo Brice�o no firm� por motivo justificado.
suscribe, Doctor PA�L JOS� APONTE RUEDA, Magistrado de la Sala de Casaci�n Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dejo constancia de mi voto salvado
por disentir de la decisi�n aprobada por la mayor�a de los integrantes de la
Sala de Casaci�n Penal, mediante la cual se declar� CON LUGAR el recurso
de casaci�n interpuesto por la abogada ANAVITH GISELA MORENO JIM�NEZ, en
su condici�n de defensora del ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA; ANUL�
la decisi�n dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de
Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes el dieciocho (18) de
abril de 2011, conforme a la cual se conden� al acusado a cumplir la pena de
tres (3) a�os de prisi�n por la comisi�n del delito de OCULTAMIENTO IL�CITO
DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el art�culo 277 del C�digo Penal, as� como
la decisi�n dictada por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial
Penal del veinte (20) de junio de 2011; ABSOLVI� al acusado de la
comisi�n del referido delito y ORDEN� el cese de toda medida de coerci�n
personal.� Sentencia
de la cual discrepo, donde la Sala de Casaci�n Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
indic� lo siguiente:
el acusado�esta Sala considera impretermitible advertir que para la pr�ctica de
inocencia del procesado� Es el caso, que el sentenciador estableci� la
culpabilidad del ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA, con insuficiencia de
medios probatorios y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
estado Cojedes, err�neamente convalid� tal vicio al declarar SIN LUGAR el
Recurso de Apelaci�n presentado por la Defensa del procesado�el Juez debe
observar, en el momento de tomar decisiones que afecten la libertad de la
persona, los derechos fundamentales del procesado, como lo es el principio legal
�in dubio pro reo�, el cual se concreta cuando le faltan pruebas para condenar,
y en el presente caso se evidencia que en el juicio no existieron pruebas
suficientes que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, ya
que fundament� su decisi�n s�lo en la declaraci�n de los funcionarios
aprehensores, concatenada con la del funcionario que practic� la experticia a
la supuesta arma incautada y al veh�culo que conduc�a el imputado�.� De
la lectura del pronunciamiento dictado por esta Sala de Casaci�n Penal y lo
parcialmente transcrito, se observa que los argumentos que sustentan la sentencia
absolutoria �se circunscriben a la insuficiencia de
medios probatorios, aleg�ndose que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en
Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, apoy� su
decisi�n en el s�lo dicho de los funcionarios aprehensores, en las experticias
realizadas al arma incautada y al veh�culo que conduc�a el acusado,� y as� fue�
convalidado por la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal.
bien, en el caso particular, es de advertir que el Tribunal de Alzada efectu�
un an�lisis del razonamiento utilizado por el sentenciador de primera instancia
y determin� que conforme a los principios generales de la sana cr�tica, la
motivaci�n del fallo se ajustaba a los criterios de la l�gica y de la
experiencia, espec�ficamente con relaci�n a la actividad probatoria, con la
cual se acredit� la corporeidad delictual y responsabilidad penal del acusado
en el delito de OCULTAMIENTO IL�CITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el
art�culo 277 del C�digo Penal.
En efecto, el texto adjetivo penal
establece respecto a la valoraci�n de la prueba, el sistema de la libre
convicci�n razonada, de manera que el juez s�lo puede formar su convicci�n con
las pruebas aportadas al proceso, y es precisamente en la prueba judicial sobre
la que descansa toda la experiencia jur�dica dirigida a ratificar o desvirtuar
la inocencia del justiciable.
De modo que, el juez de instancia
es soberano en la apreciaci�n del contenido de cada prueba, as� respecto a las
deposiciones de funcionarios o testigos debe determinar si existe concordancia
o discordancia cuando son varios, o si existen contradicciones en los mismos, corroborando
la sinceridad, veracidad y credibilidad que merezcan para luego confrontarlas con
las dem�s pruebas aportadas al proceso, y otorgarle as� eficacia probatoria.
valoraci�n de la prueba es el resultado de una actividad dirigida a determinar
la eficacia de los elementos probatorios, reunidos en el proceso y tomados en
conjunto para poder obtener una conclusi�n con trascendencia jur�dica. En tal
virtud no puede neg�rsele valor probatorio a las declaraciones de los
funcionarios policiales quienes han tenido una inseparable percepci�n directa
del hecho cometido y objetiva respecto a la aprehensi�n e incautaci�n de
efectos o instrumentos del delito.
a�n, cuando en el presente caso las declaraciones de los funcionarios
policiales no resultan insuficientes, ya que existen otras pruebas que fueron
valoradas en su conjunto y producidas con todas las garant�as procesales en el
juicio oral, y as� fue observado por el Tribunal de Alzada al conocer el
recurso de apelaci�n; caso contrario ser�a asumir un sistema de valoraci�n de
prueba tarifado.
En raz�n de lo expuesto, la Sala de
Casaci�n Penal ha debido DECLARAR SIN LUGAR el recurso de casaci�n
interpuesto por la abogada ANAVITH GISELA MORENO JIM�NEZ, en su
condici�n de defensora del ciudadano HEIROUN GERM�N ACOSTA HERRERA y
CONFIRMAR la decisi�n dictada el veinte (20) de junio de 2011 por la Corte
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes. Quedan
as� expresadas las razones de mi voto salvado.
Vicepresidenta,��������������������������� DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� Ponente
���������������������������������������������� H�CTOR MANUEL CORONADO FLORES
�������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� El
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� PA�L
JOS� APONTE RUEDA
������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� Disidente
HERN�NDEZ GONZ�LEZ Exp. No 2011-330
BRML/PJAR/

References: in dubio
in dubio
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in dubio
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