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Timestamp: 2020-07-13 08:33:13+00:00

Document:
- Los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica.
- Los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato.
- Los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.
· Orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
Los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria COVID-19.
· Orden jurisdiccional social:
- Los procesos de despidos o extinción del contrato.
- Los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
- Los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.
- Los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
- Los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
· Se recupera la figura del "reconvenio":
Se recupera la figura del "reconvenio": durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado, podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, con las excepciones previstas en este Real Decreto.
· Aplazamiento del deber del deudor que tenga un convenio suscrito:
Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma, el deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio y ésta se admita a trámite dentro de dicho plazo.
En este mismo sentido, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor y los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.
· Deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado:
Las empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado, podrán presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
· Empresas o autónomos en estado de insolvencia:
· Tramitación preferente:
- Los incidentes concursales en materia laboral.
- Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
- Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
- Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
- La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
- La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses después de su finalización:
· Se celebrarán actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio.
No obstante, en el orden jurisdiccional penal, será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.
Esto mismo será aplicable para los actos que se practiquen en las fiscalías.
· Se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas.
· Los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.
· Las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.
· La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará preferiblemente por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto.
Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes.
· Se establecerán, para el personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales, evitando con ello la coincidencia de todo el personal en las mismas horas.
Creación de órganos judiciales especializados en procedimientos de COVID-19:
El Ministerio de Justicia podrá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor de este real decreto-ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19. Asimismo, se habilita al Ministerio de Justicia para que pueda anticipar la entrada en funcionamiento de dichos órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020.
Asignación preferente de Jueces de adscripción territorial:
Se permite que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia.
Sustitución y refuerzo de Letrados de la Administración de Justicia en prácticas:
Se habilitará a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados, a que realicen labores de sustitución y refuerzo.
Actuaciones dentro de un mismo centro de destino:
Se establece la posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional.
Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil: matrimonio y nacimientos:
En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de 1 año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses después de su finalización se ampliará a 5 días naturales el plazo de 72 horas que el artículo 46.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.
Régimen transitorio de las actuaciones procesales:
Las normas del presente real decreto-ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquéllas se produzcan.
Por último, este Real Decreto-ley modifica las siguientes normas:
- Se deroga el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que establecía la suspensión del deber de solicitar el concurso durante la vigencia del estado de alarma y preveía que los jueces no admitirían a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos meses desde la finalización de dicho estado.
- Se modifica y amplía la "vacatio legis" de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021.
- Se modifica lo referente al procedimiento abierto simplificado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
- Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para amplía la posibilidad de disponibilidad de planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
Por otro lado, amplía los plazos establecidos en los artículos 4 y 8 para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. También se modifican determinados aspectos del artículo 9 con objeto de dar mayor agilidad a la tramitación de la línea de ayudas transitorias de financiación, de forma que pueda estar operativa para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.
- Se modifica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, para concretar la justificación acreditativa ante la entidad gestora de fondos de pensiones respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

References: artículo 6
 artículo 5
 resolución 
 artículo 46
 artículo 43
 artículo 9