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Timestamp: 2019-12-09 01:40:54+00:00

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Sentencia nº 63 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2013. - Jurisprudencia - VLEX 516277050
Sentencia nº 63 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2013.
Recurrente(s): C.A.P.L.
Abogado(s): L.. F.A.C.
En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 28 de enero de 2013, año 169° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación incoado por C.A.P.L., dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral número 047-0147430-8, domiciliado y residente en el paraje del R., sección de La Penda, del municipio y ciudad de La Vega, imputado, contra la sentencia núm. 231-2012, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 15 de mayo de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Lic. F.A.C., presentar calidades en representación del recurrente;
Visto el escrito motivado depositado el 23 de mayo de 2012 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual C.A.P.L. interpone recurso de casación, por intermedio del suscribiente L.. F.A.C.;
Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en la forma, el ya aludido recurso, fijándose audiencia para el día 10 de diciembre de 2012 a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos cuya violación se invoca, así como el 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los siguientes: a) el 3 de marzo de 2011, el Lic. J.A.G., P.F.A. de la Provincia Santo Domingo, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, presentó formal acusación por infracción a disposiciones contenidas en la Ley 50/88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, por el hecho de que "siendo las 4:10 p.m. horas del día 29/11/2010, fueron detenidos los imputados J.A.D. y C.A.P.L., en el depósito núm. 15 de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) J.F.P.G. (JFPG), por miembros del Centro de Información y Coordinación Conjunta (C.I.C.C.), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (D.N.C.D.) que prestan servicios en el área de carga de dicha terminal aérea, por el hecho de que los imputados se disponían a enviar a la ciudad de Johanasburs Sourt África (Sic), un (1ro.) Juego de Comedor de seis (6) sillas color caoba con su mesa, en esta última tenía un doble fondo. Que dicho juego de comedor fue llevado en presencia de los imputados J.A.D. y C.A.P.L. y del M.. J.A.G., a la máquina de Rayos X del depósito núm. 3 para hacerle un chequeo minucioso, en la cual se ocuparon en el interior de la mesa de juego de comedor color caoba, la cantidad de veintidós (22) paquetes de un polvo blanco envueltos en plástico transparente y cinta adhesiva, que luego de ser analizados por el Laboratorio Químico Forense resultó ser cocaína clorhidratada, con un peso global de (11.61) kilogramos"; que esa acusación fue admitida, y aperturado el juicio, que fue celebrado por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó sentencia condenatoria, por mayoría de votos, el 6 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se encuentra copiado dentro de la decisión impugnada; b) que el 15 de mayo de 2012 la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo pronunció la sentencia hora impugnada en casación, por efecto del recurso de apelación interpuesto por C.A.P.L. contra aquella decisión, y en su dispositivo establece: "PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. F.A.C., en nombre y representación del señor C.A.P., en fecha primero (1) del mes de noviembre del año dos mil once (2011), en contra de la sentencia de fecha seis (6) de octubre del año dos mil once (2011), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, al cual se adhirió el imputado J.A.D.; en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida y cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Voto disidente del magistrado F.F.C.; Segundo: Declara al imputado J.A.D., dominicano, mayor de edad, no porta cédula, actualmente recluido en la cárcel de La Victoria y C.A.P., dominicano, mayor de edad, no porta cédula, actualmente recluido en la cárcel de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de los artículos 5-a, 58 letra a, 59, 75 párrafo II, 85 letras a, b, c de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, por haberse presentado pruebas que comprometen su responsabilidad penal; en consecuencia, se condena a cada uno a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión, al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), y al pago de las costas penales del proceso. Ordena el decomiso, destrucción e incineración de la droga incautada consistente en 11.61 kilogramos de cocaína clorhidratada. Ordena el decomiso del vehículo incautado, el camión marca Daihatsu, color rojo, Placa núm. Ll00379; Tercero: Convoca a las partes del proceso para el próximo trece (13) del mes de octubre del año dos mil once (2011), a las 9:00 A.M., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes; SEGUNDO: Condena a los imputados C.A.P.L. y J.A.D. al pago de las costas penales causadas en grado de apelación";
Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los siguientes medios de impugnación: "Primer Medio: Violación a las normas consagradas en nuestra Constitución, especialmente en los artículos 40 en sus incisos 8, 13, 14 y 69 en sus incisos 3 y 4; Segundo Medio: Inobservancia o errónea la aplicación de las disposiciones de orden legal. Falta de motivación y violación a la ley específicamente a los artículos 26, 172 y 333 del Código Procesal Penal; Tercer Medio: Sentencia manifiestamente infundada";
Considerando, que en el primer medio esgrimido, sostiene el recurrente, en síntesis, que: "La sentencia objeto del presente recurso de casación ha violado los derechos constitucionales del hoy recurrente, establecido en los artículos 40 inciso 8, 14, artículo 69 inciso 4, en el sentido de que lo ha condenado penalmente por un hecho que a todas luz, no existe ninguna posibilidad real de que él haya participado teniendo conocimiento y control del ilícito penal que ha surgido a raíz de haberse detectado que dentro del referido juego de comedor se encontraba sustancia controlada por la Ley 50-88, ya que dicho mueble se hallaba bajo la responsabilidad cuidado y control y dominio del coacusado J.A.D. y que la parte acusadora (ministerio público), antes y durante y después de la fase de la instrucción del proceso, no le ha podido establecer con certeza, y fuera de toda duda razonable que él tuviera una participación más allá de haber prestado su servicio de transportar el ya indicado juego de comedor lo cual es su trabajo habitual. En el caso de la especie la Corte a-qua ha incurrido en una fragante violación a los derechos constitucionales y derecho de defensa del hoy recurrente, en el sentido de que sabiendo que haciendo un análisis por separado de cada uno de los coacusados la participación del hoy recurrente no resiste una sentencia que no sea a descargo total, por lo cual la Corte a-qua incurre en la maniobra de hacer figurar en el recurso de apelación que interpuso el hoy recurrente haciendo una interpretación bizantina de los artículos 402 y 404 de la Ley 72-06 o Código de Procedimiento Penal Dominicano. No se puede bajo ningún concepto como lo ha hecho la Corte a-qua interpretarse que el co-imputado puede participar durante la instrucción del recurso, sino que éste se beneficia de los resultados del recurso que ha incoado el co-imputado si es que le beneficia simple y puramente, pero en el caso de la especie la Corte a-qua ha hecho una interpretación errada de estos dos (2) artículos y le otorgó al co-imputado que no quiso ejerce su derecho de recurrir la sentencia que le condenaba, en el mismo rango del recurrente y como si esto fuera poco utiliza la participación del co-imputado que no recurrió la referida sentencia para fundamental la sentencia que por esta instancia se le interpone formal recurso de casación, no indicando o individualizando la participación del recurrente en el proceso que dio como resultado la sentencia emitida a raíz del recurso de apelación incoado por el recurrente , y lo que es más gravoso es que la Corte a-qua motiva su decisión sobre la participación que tuvo el co-imputado no recurrente por la vía procesal y no examina ni toma en cuenta la motivación del recurso de apelación y los argumentos legales del recurrente en su recurso de apelación, sino sobre la participación personal del co-imputado que por motivo obvio no ejerció el correspondiente recurso de apelación, de una forma monolítica e indivisible como si la sanción penal fuera colectiva y no individual, como lo establece el artículo 40 inciso 14 de nuestra Constitución Vigente, decisión esta que además de ser contradictoria con los principios constitucionales y legales, también es contradictoria con el principio jurisprudencial, del cual todos sabemos que el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido de larga data de que los jueces deben indicar con precisión en que consistió la falta imputable al acusado, y cuáles son los medios probatorios que se ha prevalecido para establecer que el acusado recurrente es culpable de violar la Ley 50-88 produciendo una motivación suficiente que nos permite a la Suprema Corte de Justicia, verificar la justeza de la decisión adoptada; en tal virtud la sentencia emitida en esta condición e impugnada, debe ser casada por insuficiencia de motivo B. J. núm. I039 Pág. núm. 124 al 127 del 5 del mes de diciembre del año 2001";
Considerando, que contrario a lo pretendido por el recurrente en este primer medio que se examina, de la lectura de la sentencia atacada y de las actuaciones en ella relatadas, no existe evidencia de alguna infracción constitucional, ya que el impugnante presenta queja bajo la premisa de que "lo ha condenado penalmente por un hecho que a toda luz no existe ninguna posibilidad real de que él haya participado teniendo conocimiento y control del ilícito penal" pues "dicho mueble se hallaba bajo la responsabilidad, cuidado y control y dominio del coacusado J.A.D."; sin embargo, la acusación fue presentada y debatida respecto de los dos ciudadanos, como coautores de la infracción de tráfico ilícito de sustancias controladas, basándose en un codominio de la acción antijurídica;
Considerando, que por otra parte, el hecho de que la Corte a-qua haya aplicado el beneficio por extensión, estipulado en el artículo 402 del Código Procesal Penal, en nada afecta lo por ella resuelto, puesto que esa normativa dispone que el recurso interpuesto por un coimputado beneficia a los demás, siempre que no se base en motivos exclusivamente personales; y como se aprecia, el recurrente C.A.P.L., presentó motivos tanto personales como procesales, por tanto, en lo que no le afectara a este recurrente la Corte podía extender el beneficio al imputado J.A.D., en caso de acoger algún vicio procesal, lo que no ocurrió en la especie; que, en modo alguno tal actuación consagra la pretendida violación constitucional argüida por el recurrente; por lo que procede desestimar este primer medio invocado;
Considerando, que en el desarrollo del segundo medio propuesto, sostiene el recurrente que: "En el caso de la especie tanto el tribunal de primer grado como la Corte de Apelación que evacua la sentencia objeto del presente recurso de casación tuvieron al alcance de sus sentidos las declaraciones que ofrecieron tanto el testigo que depuso en dicho tribunal y las que ofreció el ministerio público, los cuales fueron preciso, claro y preciso en señalar que el proceso de confiscación de la supuesta sustancia ilícita, comenzó a la 4:00 y terminó a la 4:30 de la tarde del día señalado y que ellos llegaron al lugar (al depósito número tres (3) del Aeropuerto de Las Américas), a la cuatro y treinta de la tarde (4:30P.M.) del referido día, por lo cual si cada unos de los tribunales juzgadores hubiese hecho una correcta aplicación de las disposiciones tipificada en los artículos 172 y 333 de la Ley 72-06 ó Código de Procedimiento Penal Dominicano, es obvio que sus conclusiones deberían ser que ellos no participaron en la instrumentación de las actas, ni estuvieron presente en la escena del crimen; el hoy recurrente no tiene que probar que el Ministerio Público y el testigo a cargo que presentó el órgano acusador no estuvieron en ese lugar, ni mucho menos que ellos no instrumentaron los procesos verbales que dicen haber instrumentado, porque son ellos mismos los que dicen eso y en declaración de parte relevo de prueba, ya que aplicando la lógica elemental no la científica, hay que colegir que si ellos de forma libre y voluntariamente dejan establecido en el tribunal que el proceso de ocupación de la supuesta sustancia ilícita y el de arresto de los sospechosos se materializó en el intervalo de 4 a 4:30 p.m., y ellos de la misma forma dejan bien establecido que llegaron a la escena del crimen a las 4:30 p.m., pues no hay que ser un científico para colegir que el darle mérito jurídico a estos procesos verbales y las supuestas actuaciones que estos dicen haber realizado, corresponde a una desnaturalización de los hechos, con la intensión (Sic) deliberada de sustentar una sentencia condenatoria en contra del hoy recurrente. La defensa técnica del hoy recurrente, por el motivo que fuera, pero el más lógico fue que nunca le pasó por la mente que un ministerio público y un agente del cuerpo de investigativo del Estado, pudieran prestarse bien sea por omisión o con un propósito deliberado a prestar su nombre y sellos en un documento de naturaleza público o auténtico, sin haber presenciado y haber hecho lo que ellos dijeron en dichas actas, lo cual es un caso imaginable, porque el mismo constituye un crimen de falsedad en escritura pública en virtud de lo que establece el artículo 146 de nuestro Código Penal, pero dicho reparo se puede invocar en todo estado de causa hasta en casación por primera vez, según el artículo veintiséis (26) de la Ley 72-06 o Código de Procedimiento Penal Dominicano, por lo cual el alegar que dicho pedimento es inadmisible, porque fue propuesto por primera vez en apelación es un acto divorciado de nuestro ordenamiento procesal. El tribunal a-qua, además establece que el recurrente, no probó el agravio que le ocasionó el vicio enumerado en los procesos verbales, hecho este que per se constituye una infundación (Sic) de la sentencia impugnada por medio del presente recurso de casación, ya que el solo hecho de que se tomaran estos procesos verbales como medio de prueba para sustentar la sentencia que lo condenó a diez (10) años de reclusión, es suficiente para probar el daño que le ha ocasionado el vicio aludido";
Considerando, que sobre los aspectos reseñados por el recurrente, la Corte a-qua para desestimar los dos primeros motivos de apelación presentados por C.A.P.L., determinó: "a) Que del examen de la sentencia impugnada se revela que para acreditar el hecho punible, los juzgadores hicieron una descripción de la prueba apreciada y explicaron las razones pro las cuales eran admitidas tanto la prueba documental como la testimonial. Ahora bien, la defensa técnica no formuló en la audiencia de fondo ningún pedimento especial sobre la nulidad de las actas por la diferencia de horas que ellos aluden, no la objetaron, ni se opusieron a su lectura, además de que tuvieron la oportunidad de discutir y contradecir dichas actas; b) Que aún cuando su pedimento sería inadmisible por formularlo por primera vez en la apelación, es pertinente observar que el funcionario y el testigo instrumental prestaron su testimonio y fueron sometidos al interrogatorio de las partes, y éstos declararon que: "todo sucedió de 4:00 a 4:30 de la tarde", en ese sentido, el tribunal a-quo expresó en su decisión que los funcionarios llegaron a eso de las 4:00 de la tarde. Si las actas hacen constar las horas en que fueron levantadas, en el período de 4:00 a 4:30 de la tarde, cual es el error incurrido por el tribunal? Cual es la contradicción o ilogicidad para que las pruebas resulten ilegales o nulas? La defensa técnica no ha probado que los funcionarios no estaban presentes al momento de levantar las actas, ni basta con alegar la nulidad de una actuación procesal desde el punto de vista formal, sin probar el agravio; por lo cual, el vicio aludido debe ser desestimado por no haber sido demostrado";
Considerando, que en primer término, aunque la Corte alude a una eventual inadmisibilidad del medio analizado, procede a su examen, como se reprodujo anteriormente, por tanto, esas consideraciones debieron ser las objeto de crítica, si ha lugar, por el recurrente, pues no hubo omisión; que, por el contrario, la Corte al examinar el alegato verificó que el intervalo de tiempo en el que tuvieron lugar los hechos se correspondía tanto con lo levantado en actas como por lo declarado en audiencia por los funcionarios referidos; en tal virtud, esta S. no advierte indefensión, falta de motivación ni desnaturalización, por lo que procede desestimar este segundo medio que se examina;
Considerando, que en el último medio de casación promovido, el recurrente arguye: "Con esta decisión el Tribunal a-qua, no respondió los términos del recurso del cual se hallaba apoderada, ya que este recurso se limitaba única y exclusivamente a probar que la sentencia apelada no se correspondía con la participación del recurrente y no hacer un examen global de la sentencia impugnada o recurrida, porque el Tribunal a-qua debió establecer hasta de oficio en virtud de lo que establece el artículo cincuenta y dos (52) de la Ley 137 de 2011 o Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que el artículo cuarenta, inciso catorce (40-14) de nuestra Constitución, establece que las sanciones de naturaleza represiva son personales y nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otro y por vía de consecuencia hasta de oficio debió examinar por separado la participación de cada unos de los co-imputados y no como hizo que lo fusionó y lo valoró en igualdad de responsabilidad. Del análisis de los motivos expuestos como presupuestos que dieron origen a la confirmación de la sentencia que se recurre se extrae que la misma está afectada de una evidente inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones legales, constitucionales, infundamento manifiesto, falta de motivación, en razón de que como se aprecia el Tribunal a-qua lo que hace es una reproducción de los mismos vicios de la sentencia recurrida en apelación y avala está en todas sus partes, ni siquiera responde los argumento del recurso incoado por el recurrente y solo al igual que en la sentencia objeto del recurso de apelación se limita hacer un análisis conjunto de los hechos y no hace una separación en la participación de uno con el otro como si la sanción penal fuera indivisible y no personal como establece nuestra Constitución política, a que la sentencia solo toma en cuenta para ser fundamentada la posición del caso que plantea la parte acusadora, hecho este del cual nuestro máximo tribunal se ha expresado diciendo que la sola afirmación del acusador o de los acusadores no puede ser prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia de la persona imputada de la comisión de un ilícito penal";
Considerando, que la alzada, en sustento de su decisión, también estableció: "a) La ley en la materia prevé la responsabilidad de todo aquel que participe en el acto ilícito del tráfico o distribución de drogas narcótica, y uno de los elementos constitutivos de este tipo penal es el objeto material que es la droga, sobre la cual el autor realiza el movimiento corporal; que en el caso de la especie se evidencia que los coimputados, hoy recurrentes, fueron sorprendidos en el lugar del hecho, que eran los encargados de enviar un juego de comedor al exterior, ocupándose en su interior la sustancia controlada, incluso el formulario único de exportación fue expedido a nombre del señor J.A.D., de manera que existe un presunción juris tantum de ilicitud de la conducta por la cantidad de droga y el lugar en que fue hallada, pues en el concepto de trafico tiene cabida todos los actos de disposición, traslado o transporte que persigan o que tengan por finalidad facilitar o distribuir drogas ilegales; b) que los jueces del fondo analizaron que la conducta de los imputados era típicamente antijurídica; por otro lado, es un delito de peligro abstracto, no basta con alegar que no tenían conocimiento de la droga, la ilicitud de su conducta se demuestra por las circunstancias del hecho, como es la cantidad de la droga, el traslado y el lugar en que fue hallada; por lo cual, el vicio alegado debe ser desestimado";
Considerando, que evidentemente, en contraposición a lo argumentado por el recurrente, la sentencia recurrida contiene una suficiente motivación que le sirve de sustento; y es que en definitiva la sentencia condenatoria se sustenta un cuadro de imputabilidad objetiva, el recurrente fue arrestado en flagrancia, la finalidad de la sustancia ocupada era el tráfico, determinado por la circunstancia y la cantidad, conforme prevé la normativa vigente al respecto, así como el dominio del hecho, fijado por su participación; por consiguiente, queda fehacientemente determinada la correcta actuación de la Corte, por lo que se desestima este último medio analizado y con él el recurso de que se trata.
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por C.A.P.L., contra la sentencia núm. 231-2012, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 15 de mayo de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas causadas; Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.
Sentencia nº 310 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 30 de Noviembre de 2005.
Sentencia nº 120 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 30 de Mayo de 2012.

References: resolución 
 artículo 69
 artículo 40
e contrario
 artículo 402
 artículo 146