Source: http://fiadi.org/category/blog/
Timestamp: 2017-07-27 04:46:45+00:00

Document:
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática » Blog
DE LA NO REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN CHILE
Escrito por FiadiAdmin el 12 julio, 2017. Posteado en Blog	Por la doctora Patricia Reyes Olmedo (Chile)
Abogada especialista en Derecho Informático*
En marzo del presente año (2017) ingresó al parlamento chileno a tramitación una
iniciativa de ley que Regula la protección de datos personales y crea la Agencia de Datos Personales. Este proyecto era largamente anhelado por quienes comprendemos que la situación de nuestro país requiere la reforma urgente del principal cuerpo normativo en materia, esto es la ley 19.628, de 1999, titulada de “Protección de la Vida Privada”, la que pese a ser una norma cronológicamente pionera a nivel regional, es insuficiente para garantizar la protección del derecho de acuerdo a los estándares internacionales vigentes.
Es posible afirmar categóricamente al respecto, que la legislación chilena presenta serias deficiencias, entre las que destacan: 1. La débil consagración del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, ya que contempla una amplitud de casos de excepción de consentimiento (por ejemplo el tratamiento de datos para marketing directo), lo que permite que por esa vía se vulneren todas las normas y principios que pretendidamente protege la ley. 2. Existencia de conceptos abiertos, sujetos a interpretación, como por ejemplo lo que ocurre con el concepto de dato de acceso público, que termina radicando en el responsable del registro o banco de datos la facultad de dejar o no abierto al público y por tanto la determinación de su carácter que repercute en su tratamiento sin necesidad de consentimiento del titular de los datos.
3. Falta de claridad respecto de quién es el responsable del tratamiento de datos personales. No se distingue entre el responsable del registro o banco de datos y el responsable del tratamiento de datos, como lo estipulan los estándares internacionales y por tanto en la práctica se diluyen las responsabilidades por el uso indebido de los datos personales. 4. Ausencia de regulación e incentivo al deber de información en el tratamiento de datos personales, que en la práctica se traduce en desconocimiento de los titulares de sus derechos y por tanto en la falta de ejercicio efectivo de sus derechos. 5. Ausencia de un régimen sancionatorio eficaz para infracciones a la normativa. as sanciones son ínfimas o inexistentes, por lo que no constituyen mecanismos disuasivos ni correctivos adecuados.
6. Atrofia del recurso legal de Habeas Data y abuso del recurso constitucional de protección que resulta más efectivo e inmediato para suspender la vulneración de un derecho fundamental. Entre las dificultades que presenta el recurso de habeas data encontramos las referidas a la determinación del tribunal competente; el desigual tratamiento procesal que tienen las partes en el proceso, lo que trae implícita la vulneración del debido proceso y la bilateralidad de la audiencia; y, finalmente, que no se establece un plazo de prescripción de la acción, con lo que se afecta también la seguridad jurídica.
7. Ausencia de un órgano garante autónomo, que vele por el cumplimiento, aplique sanciones por el incumplimiento y promueva la protección de datos personales, es un vacío que quizás formalmente aparece como la mayor dificultad de Chile para cumplir el estándar internacional exigido. 8. Ausencia de registro de banco de datos privados y deficiencias en el registro de bancos de datos públicos. No existe el mandato de registro de las bases de datos privadas y como no se contempla sanción efectiva a la infracción de la obligación por los registros públicos, en los 16 años de vigencia el número de bancos registrados es ínfimo, por lo que en la práctica el registro carece de validez y confianza.
Las deficiencias expuestas nos permiten concluir que la legislación sobre protección de datos personales existente en Chile ha debilitado el sistema de derechos y garantías consagrados en la propia Constitución Política, y además ha significado que la integración o incorporación a los bloques de países desarrollados se vea obstaculizado, de esto modo por ejemplo somos calificados como país no adecuado por la Unión Europea y la OCDE ha venido insistiendo reiteradamente en este requerimiento impuesto al país al integrarse al bloque. Constituyen por tanto desafíos para la nueva regulación, en mi opinión, alcanzar los estándares internacionales de protección de datos exigidos por la sociedad global e interrelacionada, muchos de los cuales se encuentran recogidos en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. En lo específico, resulta perentorio actualizar nuestra normativa de manera de: resolver el déficit institucional, creando un órgano garante del derecho con carácter autónomo; crear y regular los registros públicos y privados de información personal; mejorar el tratamiento que se hace de los principios del tratamiento de datos personales; asegurar que los derechos consagrados en la legislación sean exigibles, que quienes no respeten la ley sean sancionados y que las víctimas del tratamiento ilegal y/o abusivo de datos personales sean reparadas efectivamente. También es preciso que la normativa impregne todo el ordenamiento jurídico y se eduque a la población respecto del derecho a la protección de datos, de manera que los propios ciudadanos se constituyen en los principales custodios de su información personal. _________________________________
* Doctora en Comunicación, Derecho a la Información y Ética de la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Gestión de Organizaciones de la Universidad de Valparaíso. Abogada de la Universidad de Chile. Profesora Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Chile). Presidenta Departamento Ciencia General del Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Chile). Vicepresidenta del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías (www.icdt.cl). Miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (www.fiadi.org). Consultora nacional e internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras organizaciones. Correo electrónico: patricia.reyes@uv.cl
Sin comentarios	ANÁLISIS DEL CASO SUPERCASAS.COM.DO
Escrito por FiadiAdmin el 24 abril, 2017. Posteado en Blog	Por Salvador Camacho Hernández, CEO Kalpa Protección
Enmanuel Alcántara, abogado especialista en Derecho Informático
Los nombres de dominio nacieron como una forma de recordar e identificar direcciones IP de manera más sencilla, pero debemos reconocer que debido al crecimiento acelerado de la red, derivado de su comercialización, su funcionalidad ha transmutado, adquiriendo la calidad de ser elementos identificativos de los productos y servicios, por lo que pueden ser susceptibles de convertirse en un signo distintivo sui generis en Internet.
Es importante mencionar que debido a esta transformación, los nombres de dominio pueden ser considerados activos digitales intangibles, de los cuales deriva un derecho subjetivo de propiedad susceptible de valoración económica, por lo que también se podría determinar que forman parte del patrimonio de una empresa.
Sin embargo, aunque exista una fuerte similitud entre el nombre de dominio y la marca, debemos mencionar que no se puede considerar al nombre de dominio como una marca, debido a que el dominio no atiende a los dos principios básicos de una marca tales como lo son la Territorialidad y la Especialidad, aunado a que se trata de un recurso crítico de Internet, el cual si se regulara como el derecho marcario podría comprometer toda la arquitectura de la red.
El UDRP es un mecanismo alterno de solución de conflictos online, que se utiliza para que los titulares de derechos marcarios, puedan ejercer dichos derechos contra terceros que registran de manera abusiva nombres de dominio que contienen marcas. Derivado de la implementación de la Política UDRP, cerca de 70,000 casos que se han resuelto desde 1999 ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, siendo 2013 el año que más actividad tuvo con un total de 6,191 casos resueltos.
En esta ocasión, analizaremos el Caso No. DDO2016-0001, disputa entre Cibermercado, S.R.L., y Gtranet Global Trade Network relacionada con el nombre de dominio supercasas.com.do,
resuelta el 2 de octubre de 2016 por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Curiosamente, bajo la política LDRP para el ccTLD .DO únicamente se han llevado a cabo 3 controversias: Dos en el año de 2011 y una en 2016. Lo anterior, llama mucho la atención, ya que aunque lo común es que generalmente se busque recuperar dominios en extensiones gTLD legado como .COM, también existe un mayor número de resoluciones alrededor de otros ccTLD como el caso de la extensión .TV.
En el caso de supercasas.com.do,
además de tener la peculiaridad de ser uno de la trilogía de casos resueltos en la extensión .DO, también tiene argumentos interesantes, relacionados con la calidad jurídica y legitimación de una de las partes, la posibilidad de ejercer derechos heredados y la genericidad de un término que fue registrado como marca, como los siguientes:
ARGUMENTOS PLANTEADOS
· Es una sociedad comercial en República Dominicana con el objeto comercial de “construir y publicitar páginas en Internet, comercialización de equipos tecnológicos relacionados con la Internet”.
· Titular de las marcas registradas SUPER-CASAS.COM (2003) y SUPERCASAS.COM (2011).
· Titular de los nombres de dominio supercasas.com, super-casa.com y supercasa.com.
· Se legitimó en el procedimiento mediante declaratoria emitida por Notario Público en la que se establecen como herederos y Acto de Cesión de Titularidad de Propiedad Industrial.
· El uso del nombre de dominio en disputa está dirigido a la misma área de negocios que realiza y se dirige al mismo público que tienen.
· Registró el nombre de dominio el 4 de julio de 2015, antes de que la Demandante fuera legítima titular de las marcas.
· La Demandante no tiene interés legítimo ya que la transmisión de las marcas nunca fue realizada por el entonces titular de las mismas.
· Se registró y usó el nombre de dominio en disputa para crear un sitio web donde se pudieran disfrutar de las construcciones más increíbles del mundo, siendo una galería sin fines de lucro y sin intención de vender o alquilar propiedades.
· La expresión “supercasas” tiene un significado genérico, por lo que no necesita autorización de la demandante para utilizarla.
· Su contenido no va dirigido a la República Dominicana.
La decisión que rindió Leticia Caminero, la experta única en el Grupo Administrativo de Expertos, nos recordó en demasía a las antiguas resoluciones dictadas en los inicios del uso del procedimiento, en las cuáles de facto el Experto se decantaba por el Demandante por el simple hecho de tener una marca registrada, situación que, conforme han pasado los años y los casos resueltos, se ha ido equilibrando de tal manera que se ha considerado como interés legítimo la compra y venta de dominios genéricos, lo que le otorga una existencia legítima al Mercado secundario de dominios.
En el aspecto de la sucesión, debemos mencionar que por su naturaleza jurídica, se transfiere la titularidad de todos los bienes del de cujus al demandante, por lo que no cabe duda alguna de que el Demandante tenía el derecho de promover la controversia.
Sin embargo, en la resolución emitida, observamos sendos errores de conceptos o desconocimiento de los mismos. Por ejemplo, la Panelista erróneamente señala que el término "supercasas” no se trata de una denominación genérica porque al buscarlo en Google aparece en la primera página de resultados el dominio del Demandante. Dicha situación es equivocada, ya que lo que genera que se encuentre indexado en el primer lugar del buscador, se debe a una excelente campaña de SEO ligada a términos genéricos, empezando por el posicionamiento orgánico derivado del nombre de dominio genérico.
En este sentido, también consideramos que si bien el demandante tenía derechos sobre la marca registrada “SUPERCASAS.COM”, el otorgamiento de derechos marcarios sobre nombres de domino genéricos a través de marcas registradas ante las Oficinas de Propiedad Industrial, es una completa equivocación, ya que genera una prohibición absurda en el registro de nombres de dominio genéricos, al grado de que existen casos de demandantes abusivos que con dichas marcas han buscado obtener ilegítimamente dominios genéricos muy valiosos a través del uso abusivo de la Política UDRP.
Finalmente, consideramos que si bien los argumentos de la defensa se centraron en cuestiones no menos importantes como la legitimación del demandante para iniciar el procedimiento, olvidaron centrarse en argumentos más importantes como en acreditar del interés legítimo a través del sitio de visualización de inmuebles y la falta de mala fe en el registro por tratarse de un dominio genérico, argumentando dicha legitimación en la existencia del Mercado secundario de nombres de dominio.
En razón de lo anterior, concluimos que la decisión debió de haber sido analizada desde una óptica más actual y con mayor profundidad por parte de la Panelista, donde el resultado era la denegación de la demanda y la declaración de Reverse Domain Name Hijacking por parte del demandante por un uso abusivo del procedimiento.
Sin comentarios	LA CURIOSIDAD MATÓ AL GATO… Y VENDIÓ AL PERRO
Escrito por FiadiAdmin el 15 abril, 2017. Posteado en Blog, Tecnología	(el precio de la curiosidad, contenidos virales)
Por Dulcemaría Martínez Ruíz
Quienes nos movemos en redes sociales, hemos visto en nuestros muros, noticias y artículos, en las últimas semanas diversas publicaciones que hablan respecto de los contenidos de la página en.vonvon.me, en la que podemos encontrar test como los de: ¿a qué famoso te pareces?, ¿con quien te casarás?, ¿cómo te verás en el futuro?, y claro, si somos sinceros, a más de uno nos puede tentar la curiosidad por averiguar si será cierto o no, lo que nos dirá. Como dice el dicho “la curiosidad mató al gato” o en este caso vendió al perro, así que decidí probarlo, entre otras cosas, para ver si generaba en realidad una comparación o similitud de imágenes o de reconocimiento facial, y además, para comprobar qué tipos de datos personales estaba recopilando. Y en este caso, no tuvimos éxito ni remotamente en la similitud, ya que de por sí, era complicado encontrar un famoso que se llegase a parecer (de no ser Pluto, por ejemplo), pero al realizar el ejercicio tan solo 4 veces, me di cuenta que mi perro es tan fotogénico, que no solo se parece a uno, sino a 4 famosos: Como también ya ha circulado en muchas noticias y artículos, más allá de la certeza o no que pueden brindar estos test, el objetivo de este y otros contenidos similares, es generar el famoso “contenido viral”, por ello, se dedican a crear contenido llamativo, que tiene por objeto no solo el que sean los propios usuarios quienes contribuyan a divulgarlo, sino que también hará que, estando en la página, seamos atraídos por otras preguntas curiosas, como: ¿con quien te casarías? ¿qué amigo tiene tu mismo aspecto? o ¿quién es la pareja ideal de tu mejor amigo?
El funcionamiento de estas plataformas es interesante, porque si bien el objetivo a simple vista puede ser generar dicho contenido viral, detrás del mismo hay una ganancia. Lo que para nosotros es una oportunidad supuestamente “gratuita” de divertirnos o entretenernos, en realidad implica un pago o intercambio, que en este caso podría implicar el saciar la curiosidad de saber a qué famoso me parezco, a cambio no solo de mis datos y fotografías, sino también de información sobre mis amigos; más las ganancias que obtendrán por publicidad, sí, esa que nos hacen llegar a cada paso que damos y en cada rincón de la página; más la información estadística o derivada que están obteniendo y que pueden vender; más la publicidad y difusión en la que nosotros gratuitamente colaboramos; entre otros aspectos de los que tal vez nunca nos llegásemos a enterar. Y por qué me refiero al uso de otros datos además de los que originalmente había mencionado que eran necesarios (correo electrónico y fotos[1]), pues precisamente porque otro de los puntos interesantes que tiene el “contenido viral” es que puede llegar a ser tan atractivo, que haga que no nos percatemos de que al saltar de un test a otro, nos informa que recopilará más datos, por ejemplo, al utilizar el test de ¿quién es la pareja ideal de tu mejor amigo?, nos pide no solo acceso a correo electrónico y fotos, sino también a nuestro perfil público, lista de amigos, publicaciones en la biografía, relaciones y me gusta… Genial ¡¡¡ o no?
Y así como esta, existen otras tantas páginas, aplicaciones móviles, juegos y contenidos que se basan en funcionamientos similares, que más allá de revisar si su funcionamiento y el tratamiento que realizan de nuestros datos cumple o no con las normas de protección de datos personales o con las medidas de seguridad que permitan la protección de los mismos, el objetivo del presente artículo es transmitir la importancia de la precaución y cuidado que debemos tener cada uno de nosotros. Precaución que podemos tomar al observar qué datos nos solicitan y al preguntarnos, sí en realidad son necesarios todos los datos a los que nos piden acceso, ya que en el ejemplo antes descrito, el dato que no encaja a simple vista es el correo electrónico o ¿en qué ayuda al reconocimiento facial?. En segundo lugar, otra precaución a tomar es no aceptar dar acceso a todo, ya que por lo menos, en los test de la página Vonvon, sí nos dan la opción de editar los campos de la información a la que damos acceso, con lo cual, podemos desmarcar los campos no necesarios y dejar únicamente los que consideremos imprescindibles según nuestro sentido común, ya que si en algún caso existe un dato que sea elemental para una funcionalidad específica, no nos preocupemos, que seguro nos lo harán saber. Para finalizar, solo recordar que debemos cuidar nuestros datos personales, no solo cuando se trate de servicios de pago, sino también al utilizar servicios y aplicaciones gratuitas, ya que tal y como lo ha referido la Comisionada Margrethe Vestager (2016)[2], aun y cuando se trate de servicios gratuitos, en realidad no son así, ya que existe una transacción (de datos), por lo que los consumidores tienen derecho a ser tratados como si hubieran pagado. [1] Nota: al realizar el alta en el test de ¿a qué famoso te pareces? y luego de realizar la prueba en varias ocasiones, a veces me solicitó acceso solo a correo electrónico y fotos, pero en otras, me llegó a pedir más datos (perfil público, lista de amigos, dirección de correo electrónico, fotos y Me gusta). [2]
DLCconference (17 de enero del 2016). Competition in a Big Data World (Margrethe Vestager, EU Commission) | DLD16. [Video Online]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=I3eb036cYNY
Sin comentarios	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA INTEROPERABILIDAD PROPICIANDO RESULTADOS POSITIVOS EN LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS
Escrito por FiadiAdmin el 10 abril, 2017. Posteado en Blog	PEDRO PATRON BEDOYA
ALVARO BENLLOCHPIQUER
En el año 2002 se declaró el Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. Dicho proceso reformista tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos[1].
Sin embargo, a pesar de los avances coyunturales realizados en este siglo como lo son estas decisiones adoptadas en la actual administración, en uso de las facultades delegadas por el Congreso de la República, LA REFORMA DEL ESTADO ES TAREA AÚN PENDIENTE. Aun cuando no podemos desconocer el avance que significan estas medidas simplificadoras siempre representan acciones aisladas que deben contextualizarse en este proceso permanente e integral que debe ser dicha reforma del estado tarea urgente e impostergable que debe afrontar con valentía y firmeza el gobierno actual y no solamente a través de la dación de normas sino especialmente con liderazgo y eficacia social. No obstante lo anotado precedentemente y sobre la base de la Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional “Estado eficiente, transparente y descentralizado”, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública[2], ha planteado que es necesario reimpulsar un proceso de reforma del Estado, transformando los antiguos enfoques y prácticas en una gestión pública para resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.
En este orden de ideas, la simplificación administrativa tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que generan el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública[3]. La Simplificación Administrativa, desde su concepción primigenia consagrada en la Ley 25035, entonces, consiste en eliminar y compactar fases del proceso administrativo, así como requisitos y trámites a fin de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población.
En esta línea de pensamiento, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. La citada Política Nacional precisa como cuarto objetivo específico implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades de la administración pública, a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos.
Pilares centrales/Ejes transversales
Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional
• Brindar lineamientos y asistencia técnica metodológica para la optimización, automatización y formalización de los procesos internos y de soporte de las entidades. • Promover, orientar y supervisar la implementación de los procesos de simplificación administrativa.
• Ampliar la estrategia de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).
• Regulación y supervisión de los instrumentos de gestión de las entidades públicas.
• Mejorar el acceso a la información pública y la transparencia de las entidades.
• Aprobar lineamientos y manuales que faciliten los procesos de modernización de gestión de las entidades públicas. Fuente: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
1.- Avances en el proceso de simplificación administrativa:
Teniendo en consideración lo señalado en el acápite precedente y siguiendo los hitos trazados en el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial Nº 048-2013-PCM, se han realizado algunos avances interesantes en el tema de la simplificación administrativa pero que habrá que verificar con los resultados obtenidos en la práctica concreta. 2.- Paquete simplificador recientemente aprobado por el Gobierno:
Recientemente y a propuesta del Poder Ejecutivo, mediante Ley N° 30506 el Congreso delegó en este la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. El literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la mencionada Ley, autoriza a legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de: i) modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción; ii) emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales; iii) dictar normas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; y, iv) dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano.
Asimismo, el literal a.8 del numeral 1 del artículo 2 de la referida norma legal faculta al Poder Ejecutivo a legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de perfeccionar la normativa tributaria municipal con la finalidad de mejorar la equidad y eficiencia de los tributos de los gobiernos locales.
En función de ello, mediante Decreto Legislativo N° 1246, de fecha 10 de noviembre de 2016, se aprobó el primer grupo de medidas aprobadas por este gobierno que tienen como objetivo dotar al régimen jurídico que rige a la Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano. Los principales rubros en los cuales se dictan las medidas mencionadas son: i) implementación de la interoperabilidad en la Administración Pública; ii) prohibición de exigencias de información y de documentos a los administrados; iii) facilitación en los procedimientos administrativos respecto al cumplimiento de obligaciones, y, iv) Responsabilidad del funcionario.
A continuación analizaremos cada uno de los referidos rubros:
2.1.- Implementación de la interoperabilidad en la Administración Pública.-
El Decreto Legislativo N° 1246 dispone que las entidades de la Administración Pública de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, interconecten, pongan a disposición, permitan el acceso o suministren la información o bases de datos actualizadas que administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados, que las demás entidades requieran necesariamente, para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna. Es decir, las entidades de la administración pública deberán interconectarse para poner a disposición, permitir el acceso o suministrar la información actualizada que manejen sobre los administrados y que sean requeridas necesariamente por otras entidades de la administración pública, para la realización de sus procedimientos administrativos. Para tal efecto, deberán utilizar la Plataforma de Interoperabilidad del Estado administrada por la PCM, a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).
Para ello, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computado a partir de la publicación de la referida norma[4], las entidades de la Administración Pública que posean y administren la siguiente información, deben ponerla a disposición de manera gratuita y permanente a las entidades del Poder Ejecutivo: i) identificación y estado civil; ii) antecedentes penales; iii) antecedentes judiciales; iv) antecedentes policiales; v) grados y títulos; vi) vigencia de poderes y designación de representantes legales; y, vii) titularidad o dominio sobre bienes registrados[5].
Cabe señalar que actualmente muchas de las entidades que poseen y producen la información mencionada (información relacionada con identificación y estado civil, vigencia de poderes y designación de representantes legales o titularidad o dominio sobre bienes registrados) cuentan con bases de datos que permiten el acceso a través de plataformas informáticas. Para ello, utilizando los mecanismos de colaboración establecidos por Ley[6], suscriben convenios de cooperación institucional con otras entidades de la administración. Ejemplo de ello son los convenios que suscribe el Registro de Identificación y Estado Civil – RENIEC o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP. Sin embargo los referidos convenios generan un costo para la entidad de la administración pública que requiere el servicio (costo por cada transacción). De acuerdo con la norma bajo análisis el acceso a dicha información deberá ser gratuito.
La interoperabilidad y el compartir información entre los sistemas de la Administración Pública permitirán mejorar la atención de los usuarios:
• Permitirá presentar datos y documentos en diferentes sistemas y entidades.
• Aportará funcionalidades globales que simplifiquen los procesos en las diferentes entidades públicas. • Cooperación entre instituciones de la administración pública, sin distinción del nivel de desarrollo tecnológico de estas.
• Facilita la simplificación administrativa y de los procesos de negocio de las instituciones.
• Agiliza la realización de trámites por el ciudadano o usuario.
• La reutilización de datos y funcionalidades que puede redundar en una disminución de los costos.
La interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos se ha convertido en una necesidad. El Esquema de Interoperabilidad debe cubrir y coordinar la interacción desde tres niveles principales:
a) Desde el nivel organizativo, remarcando las necesidades de publicación y transparencia que se requieren a los sistemas para permitir el acceso y utilización de los servicios, datos y documentos que pongan a disposición del resto de Entidades Públicas. Otro aspecto importante dentro de este nivel se refiere a potenciar el establecimiento de convenios entre las Administraciones Públicas emisoras y receptoras de servicios. En este sentido, los procedimientos de establecimiento de estos acuerdos de colaboración deben ser ágiles y no complejos. Para lograrlo se recomienda:
• Fijar de forma clara los requisitos de acceso y protocolos de seguridad a los diferentes sistemas e informarlos a todas las Entidades Públicas.
• Simplificar los procedimientos, mediante la colaboración de diferentes proveedores de sistemas y equipos electrónicos, y proyectos para la implementación de interoperabilidad en este ámbito.
b) Desde el nivel semántico, estableciendo y especificando las características de los objetos factibles para el intercambio de información como datos, documentos, expedientes, entre otros. Esto permitirá establecer las condiciones y/o requisitos que se deben cumplir para el intercambio de información. Es imprescindible que todos los sistemas hablen un mismo lenguaje. c) Desde el nivel técnico, se debe asegurar la independencia de la tecnología, estableciendo la utilización de estándares, procedimientos y protocolos de comunicación abiertos. Evitar la utilización de tecnologías propietarias.
Los beneficios logrados mediante la interoperabilidad son:
• Intercambio de Expedientes. Automatización del envío de un expediente completo de una entidad a otra en los diferentes escenarios administrativos. Esto permitirá minimizar el gasto en mensajería, agilizar los tiempos y facilitar la interacción entre diferentes órganos administrativos, lo que se refleja en una mayor eficiencia administrativa y conducirá hacia una simplificación general de las relaciones del ciudadano para con las diferentes Entidades Públicas.
• Intercambio de Documentos. Envío de documentos individuales entre dos organismos (certificaciones, informes técnicos, resoluciones, entre otros). Todo ello permite a las administraciones el ahorro de costes derivado del formato papel, vinculado tanto a su gestión como a su conservación, como con los costes derivados de todos los movimientos físicos del papel durante su ciclo de vida.
• Intercambio de Datos. Sustitución de documentos a aportar por el ciudadano por servicios de intercambio de datos que permiten verificar la información necesaria. Este intercambio de datos es un servicio que beneficia a todas las partes: al ciudadano, que se evita gastos y molestias de obtener el certificado; al órgano destino, que elimina la necesidad de gestionar el certificado en papel; y al órgano emisor, que reduce la importante carga de trabajo que supone la generación de certificados para el ciudadano.
Fases para la evaluación de los sistemas
La interoperabilidad se debe tener presente de forma integral desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, puesta en marcha. Este planteamiento provoca, desde el punto de vista de implantación, un alto grado de impacto. Por este motivo, abordar la interoperabilidad requiere un proceso de reflexión previo durante el cual se deben evaluar los sistemas en dos fases:
• Realizar un análisis de la situación actual, en el cual se estudiará la situación de partida de la administración en cuanto al desarrollo en materia de e-administración, incluyendo aspectos como los productos y estándares adoptados así como su evolución prevista a medio-largo plazo. También se deberá analizar y realizar un inventario de servicios ofrecidos en la actualidad y que aporten funcionalidad a la consecución de nuestros objetivos. Evidentemente este análisis se realizará desde el punto de vista de la interoperabilidad y teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del software y de los sistemas.
• Otra fase de vital importancia responde al análisis del nivel de madurez de nuestra organización, haciendo especial hincapié en el conocimiento del personal respecto a las Normas Técnicas de Interoperabilidad (especificaciones establecidas, datos a manejar, entre otros). Todo ello en el marco de lo preceptuado en el Decreto Supremo 133-2013-PCM relativo al acceso e intercambio de información espacial entre entidades de la Administración Pública Peruana; el Decreto Supremo 081-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico en el Perú; el Decreto Supremo 083-2011-PCM que crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado en el Perú PIDE y la Resolución Ministerial 381-2008-PCM que establece los Lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las entidades del Estado en el Perú en el marco del artículo 76 numeral 76.2.2 de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General modificado por el Decreto Legislativo 1029 del año 2008.
Si bien para los principales detractores de la norma las disposiciones de interoperabilidad mermaran los recursos directamente recaudados de las instituciones, nosotros consideramos favorable la medida en tanto constituye una práctica de gestión pública que genera resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos convirtiéndose en una inversión más que en un gasto con evidentes beneficios cuantificables en el futuro inmediato.
La norma además prevé que en tanto se implemente la interoperabilidad, la información y documentos mencionados podrán ser sustituidos, a opción del administrado o usuario, por una declaración jurada conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
En los casos en que la información o datos se encuentren protegidos bajo la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales y sus normas complementarias, las entidades públicas deberán obtener la autorización expresa e indubitable del usuario, llámese consentimiento, para acceder a dicha información o datos, bajo responsabilidad.
2.2.- Prohibición de exigencias de información y de documentos a los administrados.-
El Decreto Legislativo N° 1246 dispone también que las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refiere el numeral precedente, ratificando con ello los criterios ya establecidos hace quince (15) años por la precitada Ley del Procedimiento Administrativo General 27444 y su modificatoria el Decreto Legislativo 1029.
Asimismo, las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, los siguientes documentos: i) Copia del Documento Nacional de Identidad; ii) Copias de Partida de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente el Documento Nacional de Identidad, excepto en los procedimientos donde resulte esencial acreditar la filiación y esta no pueda ser acreditada fehacientemente por otro medio; iii) Copias de Partida de Nacimiento o Certificado de Defunción emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo; iv) Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa; v) Copia de la ficha RUC o certificado de información registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT; vi) Certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional y,
vii) Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública[7].
2.3.- Facilitación en los procedimientos administrativos respecto al cumplimiento de obligaciones
Pago de derechos de tramitación
Las entidades de la Administración Pública deberán suscribir convenios con instituciones financieras para facilitar el pago de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos en sus oficinas, a través de las plataformas digitales de sus clientes o de las propias entidades públicas.
Para tal efecto el Banco de la Nación implementa el pago en línea de todos los procedimientos administrativos y tasas que recauda.
Vigencia del Documento Nacional de Identidad
El vencimiento de la fecha de vigencia del Documento Nacional de Identidad no constituye impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y, en general, para todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad.
Copia certificada de una denuncia policial
La primera copia certificada de una denuncia policial es gratuita y debe ser emitida y entregada al denunciante de manera inmediata, una vez realizada la denuncia correspondiente, dejándose constancia de la entrega.
Certificado de supervivencia Se elimina la exigencia del certificado de supervivencia u otras constancias de sobrevivencia en todos los procedimientos o trámites relacionados a las pensiones bajo cualquier régimen, y otras prestaciones económicas a cargo del Estado, así como para el pago periódico de estas.
La verificación o constatación de la supervivencia de las personas será realizada mediante el cruce de información del respectivo listado de pensionistas o beneficiarios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC o de sus propios sistemas de verificación, además de la declaración jurada a que se refiere la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Certificado de mudanza domiciliaria
Se prohíbe exigir el certificado de mudanza domiciliaria u otras constancias de similar naturaleza. Para el transporte de bienes muebles y enseres en mudanza, solo es exigible al transportista una declaración jurada suscrita por el usuario del servicio que indique los puntos de partida y destino y la relación de bienes a trasladar.
Se elimina la obligación de registrar los contratos de trabajo sujetos a modalidad y los convenios de modalidades formativas laborales (contratación de practicantes, capacitación juvenil, entre otras modalidades formativas) ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, modificándose además los requisitos para la aprobación de la contratación laboral de extranjeros.
Finalmente para la emisión del certificado de personas con discapacidad, antes se podía tramitar en las entidades públicas de salud, pero ahora se podrá realizar también en entidades privadas.
Respecto a la vigencia del DNI, si bien nos parece una disposición acertada en aras de facilitar la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales, consideramos necesario que se establezca un límite temporal a la medida, teniendo en consideración que la actualización de los datos en el registro (estado civil, características físicas, entre otros) contribuye a la seguridad jurídica del país. El Decreto Legislativo N° 1246 dispone además que los certificados de antecedentes penales, judiciales y policiales podrán ser solicitados, además del interesado, por su cónyuge, conviviente o sus parientes hasta el primer grado de consanguineidad, previa autorización expresa e indubitable del titular, mediante carta simple.
2.4.- Responsabilidad del funcionario.-
Finalmente, el Decreto Legislativo N° 1246 dispone que constituye falta de carácter disciplinario del directivo o servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con la entidad de la Administración Pública, el incumplimiento de las disposiciones y plazos de la norma legal bajo comentario. La falta será sancionada según su gravedad, previo proceso administrativo.
El procedimiento administrativo disciplinario, la graduación y determinación de la sanción, se rigen por las normas del régimen disciplinario y sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
[1] Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658.
[2] Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158.
[3] http://sgp.pcm.gob.pe/simplificacion-administrativa/
El Decreto Legislativo N° 1246 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 10 de noviembre de 2016.
[5] Mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se podrá ampliar la documentación antes indicada.
[6] Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General del año 2001, modificado por los Decreto Legislativos 1029 y 1272.
[7] Mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del consejo de ministros se podrá ampliar la documentación antes indicada.
Sin comentarios	1234»Último	Síguenos	Tweets por el @FIADI_ORG.

References: sui generis
in fine
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 76