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Timestamp: 2020-04-07 07:19:09+00:00

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﻿ SENTENCIA C-51 DE FEBRERO 16 DE 1995
SENTENCIA C-51 DE 16 DE FEBRERO DE 1995
CONTENIDO:TRABAJADORES CON PRESTACIONES RESTRINGIDAS, INEXEQUIBLE EL TRATO DESIGUAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, PRESTACIONES DEL TRABAJADOR OFICIAL, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:280 DE ABRIL DE 1995, PÁG.413
Sentencia C-51 de febrero 16 de 1995
TRABAJADORES CON PRESTACIONES RESTRINGIDAS
INEXEQUIBLE EL TRATO DESIGUAL
Sentencia Nº C-51/95
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta número tres (3), correspondiente a la sesión de la Sala Plena, llevada a cabo el día diez y seis (16) del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
El ciudadano Jaime Córdoba Triviño, en su calidad de Defensor del Pueblo, con fundamento en el artículo 9º, numeral 9º, de la Ley 24 de 1992, que lo faculta para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 338 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, expedido por medio de los Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente por la Ley 141 de 1961.
Por auto del cinco (5) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el magistrado sustanciador admitió la demanda por cumplir con los requisitos legales establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991; y ordenó la fijación del negocio en lista por diez (10) días, para asegurar la intervención ciudadana dispuesta por los artículos 242, numeral 1º, de la Constitución, y 7º, inciso segundo, del Decreto 2067 de 1991. Igualmente, dispuso el envío de copia del expediente al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
“ART. 338: Prestaciones sociales: 1. Los patronos que ejecuten actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las normas del presente código; pero para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones.
Para el actor los apartes demandados desconocen ostensiblemente el derecho a la igualdad, pues permiten que un determinado grupo de trabajadores sea excluido de los beneficios mínimos que, en materia prestacional, establecen las normas laborales para todos los trabajadores.
El legislador, en este caso, dejó de lado una de las características principales de toda norma, la generalidad y abstracción, para favorecer a un grupo determinado de patronos: Los que realizan actividades sin ánimo de lucro, en desmedro de los derechos mínimos de sus trabajadores. Actualmente, por ejemplo, el Decreto 53 de 1952, reglamentario del artículo 338 acusado, establece que los trabajadores de entidades sin ánimo de lucro sólo tienen derecho al cincuenta por ciento (50%) de las prestaciones que recibe un trabajador de un patrono sometido al régimen general.
El numeral acusado desconoce, igualmente, los derechos laborales reconocidos por los distintos tratados internacionales; en especial los consagrados en la Carta americana de garantías sociales o Declaración de los derechos sociales del trabajador.
Adicionalmente, y en relación con el numeral segundo, señala que el Concordato aprobado por Colombia en 1974 no regula ningún aspecto de carácter laboral. Por ello, no es posible que el numeral acusado remita a una legislación que no existe.
d) Concepto del Procurador General de la Nación.
Por medio del oficio número 517, de diez y nueve (19) de octubre de 1994, el Procurador General de la Nación, doctor Orlando Vásquez Velásquez, rindió el concepto de rigor, solicitando a la Corte Constitucional declarar inexequibles los apartes demandados del artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio Público hace el análisis de la norma acusada, partiendo de los supuestos de hecho que ella regula. Pues, en su concepto, los supuestos de hecho contemplados en el artículo 338 son distintos. Por una parte, están los patronos con carácter de empresa y que realizan actividades de carácter lucrativo y, por otra, los patronos que no son empresa y cuyo objeto social no es especulativo o lucrativo. Supuestos de hecho que deben tener consecuencias jurídicas diversas.
Así, por ejemplo, en materia fiscal se han reconocido, en favor de las fundaciones sin ánimo de lucro, incentivos que les permiten desarrollar con mayor facilidad sus actividades, convirtiéndose, a su vez, en un estímulo para ellos, sin que por ello pueda alegarse un desconocimiento del derecho a la igualdad, por el trato diferencial frente a las empresas o sociedades con fines especulativos.
Sin embargo, la facultad del legislador para establecer consecuencias jurídicas diversas, según se trate de patronos con ánimo de lucro o sin él, no opera en relación con los trabajadores, pues ellas resultan discriminatorias y, por ende, contrarias a la Constitución, porque sin importar cuál sea el objeto de la empresa o quién sea el patrono, su posición no cambia. Por ello, los beneficios mínimos que consagra la Constitución para los trabajadores se aplican por igual a todos, sin importar quién es o qué hace el patrono.
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por estar dirigida la demanda contra una norma que hace parte de un decreto legislativo, convertido, además, en legislación permanente (nums. 4º y 7º del art. 241 de la Constitución, y disposiciones concordantes).
2. Facultad que el inciso primero del artículo 338 concede al gobierno.
Aquí nos encontramos con unas facultades extraordinarias que el gobierno se concede a sí mismo, por medio de un decreto dictado en virtud de la declaración del estado de sitio. Este es un primer vicio, porque ostensiblemente se excedían los límites de los poderes que el estado de excepción otorgaba al Presidente. Él, cuyas facultades se limitaban a la suspensión de las leyes incompatibles con el estado de sitio, no podía facultarse, en forma permanente, para legislar sobre asuntos reservados al Congreso, como este sobre el cual versa la norma acusada.
4. Algunas reflexiones sobre la igualdad en lo que tiene que ver con los trabajadores.
El artículo 13 de la Constitución al consagrar la igualdad, comienza por la declaración de que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”. Pero para que la igualdad no se reduzca a un enunciado teórico, sin efectos en la práctica, la norma continúa diciendo que “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades...”. Y concluye el inciso primero con la prohibición de toda “discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
El inciso segundo de la norma mencionada, establece que el Estado promoverá “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
El que la igualdad deba ser “real y efectiva” permite que la ley, en casos especiales, dé un trato diferente a algunas personas, siempre y cuando ello se justifique. La Corte ha sostenido que cuando las diferencias son razonables y no contradicen normas constitucionales, no puede hablarse de violación del principio establecido en el artículo 13. Al respecto, esta Corporación ha expresado:
“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática” (Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-221 de 1992. Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
5. El derecho al trabajo.
Según el artículo 25 de la Constitución, “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. Además, “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Del texto transcrito deben destacarse, en esta sentencia, dos aspectos: el primero, la “especial protección” que el Estado debe otorgar al trabajador. ¿Protección para qué? Para que en la relación con él se garanticen “los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Principios entre los cuales cabe destacar el de la igualdad, ya examinado. Derechos, como el que tiene toda persona a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y deberes, como el de la solidaridad social, en virtud del cual todos estamos obligados a promover el bienestar general, que en alguna forma contribuye al bienestar de cada uno.
El calificativo de dignas que se da a las condiciones del trabajo, hay que entenderlo como derivado de la dignidad propia del ser humano. Y si este, en el plano jurídico, es igual a todos sus semejantes, no tiene sentido el que en abstracto las condiciones del trabajo, en particular su retribución, sean diferentes. Ello implicaría el que la dignidad misma fuera mensurable, al punto de afirmar que unas personas tienen más dignidad que otras. Pretensión inaceptable a la luz de las leyes que nos rigen.
6. Los patronos que ejecutan actividades sin ánimo de lucro: el Estado puede estimular sus actividades, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores.
Lo que no tiene justificación a la luz de la Constitución, es conceder ventajas a algunos patronos en desmedro de ciertos trabajadores. Éstos no tiene por qué pagar los favores que el Estado otorgue a sus patronos. Pues, se repite, la retribución que el trabajador reciba, debe corresponder a sus aptitudes y a la labor que desempeña.
7. El Concordato aprobado por la Ley 20 de 1974 no contempla los asuntos laborales.
Como bien lo anota el actor, el Concordato aprobado por la Ley 20 de 1974 no menciona las relaciones laborales entre la Iglesia y los trabajadores a su servicio, o al servicio de las personas sometidas al derecho canónico. Tampoco puede, pues, sostenerse que la parte final del artículo 338 tenga su fundamento en el Concordato, o más exactamente en las normas de este no declaradas inexequibles.
8. Conclusiones en cuanto a los apartes acusados del artículo 338.
9. Unidad normativa.
“Cesantía restringida. Los trabajadores del servicio doméstico, los de empresas industriales de capital inferior a veinte mil pesos ($ 20.000) y los de empresas agrícolas, ganaderas y forestales de capital inferior a sesenta mil pesos ($ 60.000), tienen derecho a un auxilio de cesantía equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año; pero en lo demás quedan sujetos a las normas sobre este auxilio”.
Algunas de las razones que se adujeron sobre la inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo 338, llevan a afirmar lo mismo en relación con la restricción contenida en el numeral 1º del artículo 252, como es ostensible. A tales razones pueden agregarse éstas.
Por lo dicho, se declarará inexequible el numeral 1º del artículo 252, salvo su parte final que reza: “pero en lo demás quedan sujetos a las normas sobre este auxilio”.
En cuanto al numeral 2º, que establece que el auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico sólo se liquidará sobre el salario que reciban en dinero, la Corte estima que es una limitación razonable que no es contraria a la Constitución. A esta conclusión se llega si se analizan las condiciones en que se presta esta clase de servicios, y en especial la dificultad práctica de dar un tratamiento uniforme a lo que se recibe como salario en especie. Además, podría llegarse al resultado no querido de desmejorar las condiciones de vida de los mismos trabajadores del servicio doméstico, ante el temor por la cuantificación de todo lo que integra el salario en especie.
En cuanto al artículo 306 del mismo Código Sustantivo del Trabajo que establece la prima de servicios únicamente para los trabajadores de las empresas de carácter permanente, tampoco encuentra la Corte que sea contrario a la Constitución en cuanto priva de tal prima a los trabajadores del servicio doméstico. Esto, por la sencilla razón del origen de la prima de servicios, que, como lo dice la norma citada, sustituyó la participación de utilidades y la prima de beneficios establecidas en legislación anterior. Es claro que el hogar, la familia, no es una empresa y no genera utilidades.
En conclusión, la declaración de inexequibilidad se limitará al numeral 1º del artículo 252, con excepción de la última frase del mismo.
1. Declárase INEXEQUIBLE el siguiente aparte del numeral 1º del artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo: “...pero para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones”.
2. Declárase INEXEQUIBLE el numeral 2º del mismo artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo, que reza: “2. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a aquellas personas que, de acuerdo con el Concordato, están sometidas a la legislación canónica”.
3. Declárase INEXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo, en la parte que dice:
Jorge Arango Mejía, Presidente—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.

References: artículo 9
 artículo 338
 artículo 2
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 306
 artículo 252
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 252