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Bop092-17
La ley 176 sobre la República
EL ROL CONSTIRUCIONAL DE LAS MUNICIPALIDADES
Vitalia Maricel Muñoz Castillo Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídica y Sociales La Serena 3 de Diciembre,2007
Personalidad Jurídica; ..........................................................................................43
Las municipalidades son los órganos más relevantes del actuar local, de acuerdo al mandato constitucional del art.107 párrafo cuarto señala que tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. En los últimos veinte años se han ido asignando a las municipalidades mayores y más complejas tareas relacionadas con el desarrollo comunal y la calidad de vida de sus habitantes. Por otra parte, las municipalidades son el ente estatal que mayor contacto tiene con la población. De acuerdo a lo anterior, los municipios están llamados a modernizar y fortalecer su gestión para satisfacer la enorme responsabilidad frente a la ciudadanía y al Estado. A través de este trabajo veremos si efectivamente los municipios cuentan con las herramientas jurídicas para dar cumplimiento al mandato constitucional o solo son entes encargados de administrar a partir de directrices del gobierno central.
Mi Idea de Investigación Las municipalidades por definición son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Pero de acuerdo al informe de gestión realizado por la Contraloría General de la Republica correspondientes a los diez últimos años el 90% de las municipalidades del país se encuentran en déficit económico. Diversas son las causales de este estado de deficiencia económica, entre ellas la administración de los recursos y la potestad para la administración de ellos. En esta investigación determinaremos cuales son las herramientas jurídicas que cuentan las municipalidades para la adquisición de recursos y la facultades que tienen para disponer de estos Planteamiento del Problema Las municipalidades cuentan con los recursos suficientes para cumplir con el mandato constitucional de “Satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural. Justificación Siendo las municipalidades los órganos más cercanos a la comunidad, es necesario determinar si cuentan con las facultades suficiente que le permitan desarrollar todas aquellas funciones que les han sido encomendadas por la constitución.
-Cuales son los ingresos que recibe un municipio -Como administran los ingresos que reciben los municipios -Qué puede hacer la municipalidad para activar el desarrollo económico local Objetivo General Obtener información relevante que permita clarificar de manera manifiesta si las municipalidades con los recursos que disponen son capaces en la actualidad de cumplir su rol constitucional Objetivos Específicos - Determinar cuales son las vías de financiamiento que cuentan los municipios - Señalar las facultades de administración de los recursos por la autoridad local
La Reforma Municipal En Perspectiva Histórica En los estados unitarios, el gobierno y la administración del Estado radican en el Poder Ejecutivo. En nuestro caso, este es ejercido por el Presidente de la República, que es a la vez Jefe de Estado y de Gobierno. El municipio forma parte de la administración del Estado y, en tal sentido, no constituye un ente aislado y descoordinado del resto de los servicios públicos. El grado de vinculación y dependencia del municipio con el gobierno central ha tenido características cambiantes en la historia nacional. La Constitución de 1833 dispuso que habría una municipalidad en todas las capitales de departamento y en las demás poblaciones que determinara el Presidente de la República, oyendo a su Consejo de Estado. Quedó entregado al legislador la determinación del número de alcaldes y regidores y la forma de elección de estos últimos por votación directa y la forma de elección y tiempo de duración en sus cargos de los alcaldes. Se estableció con bastante detalle la competencia de las municipalidades, sometiéndolas a la autoridad del gobernador o subdelegado, según correspondiera. En 1854 se dictó la primera Ley Orgánica de Municipalidades y ella tuvo por objeto afianzar un sistema de centralización administrativa. Los municipios pasaron a depender directamente del gobernador o de subdelegados representantes del poder central que formaban parte integrante de las municipalidades. Estos agentes del ejecutivo podían declarar la nulidad de los acuerdos municipales, intervenir en la elaboración de los presupuestos, promulgar y hacer ejecutar las ordenanzas y reglamentos, suspender su ejecución, administrar los bienes y rentas municipales.
Con la dictación de la Ley Orgánica de 1887 se retiró a los representantes del Ejecutivo la mayor parte de estas atribuciones, pasando la administración de los intereses locales a los municipios y a los alcaldes. Bajo el régimen de la ley de 1887, los alcaldes se mantuvieron, sin embargo, como agentes electorales del gobierno, lo que produjo tal reacción contra el sistema, que nació la llamada «Ley de la comuna autónoma» del año 1891. Este cuerpo legal pretendió suprimir la intervención del Presidente de la República en las elecciones, para lo cual se concedió plena autonomía a las comunas, radicando el poder electoral del país en los municipios independientes. En virtud de esta nueva ley se transfirió atribuciones administrativas a 195 comunas redefinidas, con tesorerías, con administración de bienes y rentas, con jefes de policía y de todos los servicios locales. Las atribuciones de los intendentes y gobernadores quedaron reducidas a presidir las sesiones de las municipalidades y a suspender sus acuerdos o resoluciones que perjudicasen el orden público. El alcalde, dotado de facultades amplísimas, pasó a ser el verdadero jefe de la comuna. Este proceso no logró, sin embargo, consolidarse y diversas atribuciones fueron progresivamente vueltas a centralizar por la falta de madurez del sistema municipal. La Ley Nº 2.960, de 1915, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, amplió las atribuciones de las municipalidades en lo relativo a formación de nuevos barrios, se señalaron los requisitos para aprobar los empréstitos municipales, se fijó el procedimiento para el reclamo de los tesoreros por libramientos ilegales de los alcaldes; se estableció cómo debía realizarse la remoción de los alcaldes y su subrogación y se concedió acción popular para perseguir la responsabilidad criminal o civil de los alcaldes. La Constitución de 1925 contempló importantes definiciones en materia municipal. Desde luego dejó a las municipalidades sujetas a la vigilancia correccional y económica de las asambleas provinciales y se las definió
como personas jurídicas públicas, con un ámbito competencial privativo de rango constitucional y con autonomía de origen, pues los regidores que la dirigían eran elegidos y éstos elegían al alcalde, con excepción de las ciudades más habitadas en las que éstos debían ser nombrados por el Presidente de la República. A su vez, se estableció el principio según el cual los alcaldes podían ser remunerados. No obstante, nunca se establecieron las mencionadas Asambleas Legislativas y a partir de 1942 se restringieron las atribuciones de los municipios. La práctica políticoadministrativa fue contradictoria con la voluntad expresada en la Constitución de 1925,según la cual las leyes debían confiar «paulatinamente a los organismos provinciales o comunales las atribuciones y facultades administrativas que ejerzan en la actualidad otras autoridades». Con el golpe de Estado de 1973 se interrumpió la vida democrática local. Durante la vigencia de los decretos leyes Nº 573 y 575 de 1975, y el decreto Nº 1.289, de 1976, se subordinó el municipio al sistema general de administración del Estado y a las decisiones del Ejecutivo. Los nombramientos de alcaldes pasaron desde luego a ser potestad presidencial, así como su remoción. Más generalmente, el Ministro del Interior fue dotado de la facultad de proponer al Presidente de la República la remoción de todo funcionario de la Administración del Estado, a la vez que los empleados de las municipalidades, con excepción de los Jueces de Policía Local, fueron declarados de la exclusiva confianza del Presidente, primero, y del Alcalde, más tarde. Solo a partir de diciembre de 1988 se aligeró la tuición sobre los municipios. Se debió esperar hasta que fue dictada en esa fecha la ley orgánica de municipalidades (Ley 18.695) para que operaran los mecanismos previstos en la constitución de 1980 en materia de generación de autoridades comunales por entes corporativos a nivel comunal (CODECO) y regional (COREDE). A su vez, se puso en práctica en dicha ley una reforma atributiva y se le asignó al municipio la administración de importantes funciones que antes desarrollaba la
administración central. Previamente, este proceso tuvo en la dictación de una ley de rentas municipales en 1979 un importante soporte al otorgarle mayores ingresos propios al municipio. El Gobierno del Presidente Aylwin se comprometió ante la ciudadanía a materializar un programa que contemplaba avanzar en la descentralización del Estado y la democratización del municipio. En consecuencia, envió el 20 de mayo de 1990 al Parlamento un proyecto de Reforma Constitucional referido a la modificación del Capítulo XIII de la Carta Fundamental en el ámbito municipal, que después de un primer rechazo por el Senado en enero de 1991 fue finalmente aprobado en noviembre de dicho año, junto a diversas disposiciones en materia de gobierno y administración regional que el gobierno venía preparando y que los partidos representados en el parlamento plantearon incluir. Es así como, por primera vez en la historia constitucional chilena, se define a la municipalidad como una corporación de derecho público, dotada de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es promover el desarrollo económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas, con participación de la comunidad local. Sus órganos superiores son el Alcalde, como máxima autoridad, el Concejo Municipal y un Consejo Económico y Social Comunal con participación de la comunidad organizada de carácter consultivo. Se dispone, a su vez, la generación democrática de todos los alcaldes del país por sufragio universal, en la forma que determine la ley orgánica constitucional de municipalidades, señalándose que durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Se establece la creación de concejos municipales integrados por el Alcalde, que será su presidente, y por representantes de la comunidad local elegidos por sufragio universal denominados concejales, que durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. Los concejos municipales tendrán facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, consagrándose la democratización del sistema municipal chileno.
En enero de 1992, el Congreso Nacional aprobó las reformas a la ley orgánica constitucional de municipalidades que el ejecutivo le sometió a consideración, configurándose los principales cambios constitucionales y legales que requería el proceso de reforma municipal. Democratizar para asegurar la participación y modernizar para asegurar la eficiencia son ahora los nuevos desafíos históricos de la administración local chilena, la que contará a partir de septiembre de 1992 de autoridades elegidas por sufragio universal.
Es la unidad territorial en que se divide la provincia para los efectos de su administración local. Los municipios, instituciones responsables de la administración de las comunas, se definen como corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y se constituyen por el Alcalde y el Concejo Municipal, autoridades electas por el sufragio popular. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Los Fines del Municipio Es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Los Recursos Propios del Municipio1 La Ley de Rentas Municipales, D.L. Nº 3.063, de 1979, y la Ley Nº 17.235, de 1969, sobre Impuesto Territorial, determinan en conjunto los principales ingresos propios que perciben los Municipios. Otros ingresos con carácter de propios se establecen en la Ley Nº 18.681 de 1976 (registro de marcas); el D.F.L. Nº 458 de 1987 (multas por infracciones Ley urbanismo y construcción); la Ley Nº 18.700 de 1988 (multas por propaganda electoral fuera de plazos); la Ley Nº 18.591 de 1987 (intereses y amortizaciones del programa de Lotes con Servicios). A su vez, leyes específicas establecen ingresos propios por la explotación de casinos en Arica, Puerto Varas, Coquimbo y Viña del Mar.
(Publicado en el D.O. de 20 de noviembre de 1996 y actualizado al 26 de noviembre de 1999)
DECRETO LEY NUM. 3.063, DE 1979, SOBRE RENTAS MUNICIPALES
precedentemente constituyen el patrimonio del municipio, por lo que se les denomina Ingresos Propios. Los recursos propios se pueden clasificar en Ingresos Propios Permanentes, los provenientes del Fondo Común Municipal y los Otros Ingresos Propios. a) Los ingresos propios permanentes Los Ingresos Propios Permanentes son todos aquellos ingresos municipales con carácter de estables en el tiempo, en el sentido que siempre conformarán parte del presupuesto y que no experimentarán variaciones significativas de un año a otro. i) El Impuesto Territorial Se refiere a las Contribuciones de Bienes Raíces, las cuales se pagan de acuerdo al avalúo de la propiedad, considerando la característica del predio, agrícola o no agrícola, estableciendo para cada caso el monto de avalúo exento. Este tributo es recaudado directamente por la Tesorería General de la República, de acuerdo a las boletas de pago emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Noviembre. Un 40% es de directo beneficio municipal y un 60% integra el Fondo Común Municipal. El monto de este impuesto es equivalente a una tasa del 20 por mil sobre el avalúo del bien raíz. El 1º de Enero de 1993 entrarán en vigencia los nuevos avalúos fiscales, actualizando los establecidos en 1979 con una tasa de 16 por mil sobre el avalúo. La recaudación de este impuesto constituye la principal fuente de ingresos para las municipalidades del país. ii) Los Derechos de Aseo El cobro del Derecho de Aseo por extracción de residuos se realiza mediante la fijación de tarifas o montos que las municipalidades cobran, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del D.L. 3.063, de
1979 y reglamentado por el D.S. Nº 261 y el D.S. Nº 1.281 del Ministerio del Interior. Este derecho se cobra tanto por extracción de residuos domiciliarios, como también en establecimientos industriales y comerciales, para lo cual se establece una tarifa diferenciada. Los comerciantes e industriales pagan este derecho en conjunto con la respectiva Patente Municipal. En el caso de las residencias particulares, lo hacen conjuntamente con el impuesto territorial. La Ley 3.063 posibilita que el municipio establezca tarifas diferenciadas para ciertos usuarios que requieren de una mayor frecuencia para la extracción de sus basuras. Asimismo, y de acuerdo con la calidad y frecuencia general del servicio que se presta, se fijan los derechos del mismo en una cantidad no superior al costo determinado. El monto de las tarifas, establecidas de acuerdo al reglamento citado anteriormente, debe ser informado al Intendente Regional antes del 31 de Octubre del año calendario anterior a aquel en que se vaya a aplicar dicho derecho. iii) Los Permisos de Circulación Los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías públicas están gravados con un impuesto anual por permisos de circulación a beneficio de la municipalidad respectiva, conforme a las tasas establecidas en el artículo 12º de la Ley de Rentas. Este tributo puede ser pagado hasta en dos cuotas en cualquier municipalidad del país y permite circular por todo el territorio nacional. Su recaudación es responsabilidad municipal y se aplica mediante tasas diferenciadas de acuerdo al avalúo fiscal del vehículo. Las zonas extremas, es decir la I, XI y XII Regiones y las Provincias de Chiloé y Palena se encuentran exentas en un 50% de dicho tributo.
Este tributo es de entero beneficio municipal, quedando un 50% para la municipalidad que recaudó el permiso y aportándose el otro 50% al Fondo Común Municipal. iv) Las Patentes Municipales El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeto a una contribución de patente municipal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Rentas Municipales ( artículos 23º al 34º ) y reguladas por el D.S. Nº 484, D.L. Nº 824, D.S. Nº 149 y D.L. Nº 3.637. Se define un monto mínimo a pagar de 1 UTM y un monto máximo de 1.000 UTM, estando la municipalidad facultada para fijar la tasa entre un dos y medio por mil y un cinco por mil del capital propio de cada contribuyente. Se encuentran exentas de este tributo las personas o entidades de beneficencia, culto religioso, promoción de los intereses comunitarios, cultural, artístico o deportivas, sin fines de lucro. Cabe señalar que quien compra un bien raíz gravado con patentes se constituye en responsable de pagar las patentes morosas. v) Concesiones y Servicios Son éstos derechos que el contribuyente está obligado a pagar por concepto de actividades o servicios prestados por el municipio. Entre otros podemos mencionar los siguientes: - permisos de edificación; - urbanización; - ocupación de la vía pública; - extracción de ácidos; - ocupación de bienes nacionales; - derecho a propaganda;
- licencias de conducir; - trasferencias de vehículos; - comercio ambulante. vi) Rentas Varias Los municipios podrán además percibir ingresos por: - venta de bienes y servicios; - renta de inversiones; - multas y penas; - intereses; - reajustes; - especies encontradas. b) El fondo común municipal Es éste un mecanismo de redistribución de ingresos destinado a equilibrar el sistema presupuestario municipal, apoyando financieramente a las municipalidades de menores recursos. Este Fondo es administrado por el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, contando con la participación de la Tesorería General de la República para la recaudación de los recursos provenientes de todas las municipalidades del país y su posterior reintegro a cada una de ellas, de acuerdo a los coeficientes de distribución calculados según lo establecido por la ley. Los recursos provenientes de este fondo son sumados a los recursos de cada municipalidad y pueden ser utilizados libremente por cada administración comunal. El F.C.M. se compone a partir de los siguientes recursos: - un 60% del Impuesto Territorial; - un 50% de los Permisos de Circulación de Vehículos; - un 65% de las Patentes Municipales que recauden las municipalidades de
Providencia y Las Condes; - un 45% de las patentes municipales que recaude la municipalidad de Santiago; - al aporte fiscal eventualmente establecido en la ley de presupuestos. c) Los otros ingresos propios Son considerados como otros ingresos propios los provenientes de las siguientes fuentes: - la venta de activos, es decir aquellos provenientes de la enajenación de terrenos o inmuebles de propiedad municipal (mercados, ferias, vegas); - la recuperación de préstamos; - el endeudamiento, considerando que la única posibilidad administrativa de endeudamiento que posee el municipio es la de compra de maquinarias a través del sistema de Leasing, el que deberá ser autorizado por el Ministerio de Hacienda. Una ley especial es la única habilitada para autorizar otros endeudamientos; - la operación de años anteriores; - el saldo inicial de caja. Naturaleza de los Ingresos Contemplados en el Titulo VIII de la Ley de Rentas Municipales y Procedencia de los mismos2. El título VIII del Decreto Ley 3.063 que fijó el texto de la Ley de Rentas Municipales y que fue publicado en el Diario Oficial de 30 de mayo de 1996 contempla los "Recursos Municipales por Concesiones, Permisos o Pagos de Servicios". Su naturaleza corresponde claramente a los ingresos públicos. Ello se corrobora claramente por dos disposiciones de este mismo título que son las de los artículos 40 y 41 del Decreto Ley 3.063.
Revista de Derecho, Nº 8 (agosto 2003).
El artículo 40 expresa que "Llámense derechos municipales las prestaciones que están obligadas a pagar a las Municipalidades las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas..." y por su parte el artículo 41 preceptúa "Entre otros servicios, concesiones o permisos por los cuales están facultadas las Municipalidades para cobrar derechos, se contemplan especialmente los siguientes ..." y enseguida enumera 8 tipos de estos derechos. (Los derechos municipales, loteos, construcción, etc. se encuentran regulados por las disposiciones del párrafo 30, Capítulo II, Título III, del DFL 458, MINVU, Diario Oficial 13 de abril de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones y, en especial, por el artículo 130 de dicho cuerpo legal. Según José Fernández Richard3 Como puede advertirse de estos dos preceptos los derechos municipales suponen la concesión, permiso o servicio por parte de la Municipalidad. Estos es, subyace siempre el concepto que tiene que haber una contraprestación por parte del Municipio, lo que es de suma importancia, ya que esta característica significa que la prestación del servicio puede ser evaluada y estimada con cierta precisión, cosa que no ocurre en materia de impuestos, en los cuales sólo se consideran los beneficios indivisibles que reporta ("Estudio doctrinario de los Ingresos Públicos Ordinarios no derivados del Impuesto", José Fernández Richard, 1952, pág. 30; Francisco Nitti, "Principes des Science des Finances", 1928; París, 5ª Edición, Traducción Marcel Girard, pág. 269). En cuanto a la procedencia del establecimiento de estos derechos, la Ley de Rentas Municipales señala 8 casos expresos en el artículo 41 y por otra parte contempla la posibilidad por parte del Municipio de establecer estos derechos en dos casos:
Régimen Jurídico de la Administración Municipal ", José Fernández Richard, 2ª Edición, Editorial Jurídica, año 1985
a) Cuando se trata de servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la Ley, y b) Cuando se creen nuevos servicios por las Municipalidades. En ambos casos estos derechos se determinarán mediante ordenanzas locales, las que deben publicarse en el Diario Oficial, en el mes de enero de cada año, a menos que la Ley fije una época distinta (Circular L-52 Interior, de 19 de julio de 1992 imparte instrucciones sobre publicaciones en el Diario Oficial de modificaciones a ordenanzas municipales que fijan derechos por prestaciones de servicios y otorgamiento de permisos y concesiones). El procedimiento anterior está contemplado en el artículo 43 del D.L. 3.063 sobre Ley de Rentas Municipales. En todo caso debe recalcarse la idea de la contraprestación, esto es el derecho debe corresponder a conceptos equidad, criterio que ya analizaremos y que es concordante con el criterio del constituyente en materia impositiva en orden a que los tributos no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos (artículo 19 Nº 20 de la Constitución Política), y que siendo un principio elevado a la categoría de garantía constitucional debe interpretarse en forma amplia y no restrictiva. Lo anterior es importante recalcarlo, ya que no podría bajo un aspecto meramente formal imponerse un derecho absolutamente desorbitado o que no correspondiere a ningún servicio determinado, pues se estaría atentando contra esta garantía constitucional y con la del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental que consagra al respecto el derecho de propiedad, y se estaría así imponiendo un impuesto, bajo la apariencia de establecer una tasa o derecho, lo cual excede las atribuciones municipales y contraviene expresamente la Constitución Política. Los Recursos Externos a Que Pueden Acceder Las Municipalidades Además de los recursos propios del municipio, éste puede optar a otras fuentes externas de financiamiento para inversión en la comuna.
Estos recursos son manejados presupuestariamente a través de dos modalidades: - ingreso directo en el presupuesto municipal, para aquellas fuentes que se presentan como partidas de ingreso para el municipio y se devengan como gasto a través de la inversión real; - en cuentas complementarias, para aquellas fuentes que no ingresan al presupuesto municipal y en que el municipio sirve de puente entre el organismo ejecutor y el administrador, tratándose de inversiones realizadas en la comuna. Las principales fuentes de financiamiento externo que ingresan al presupuesto son el Programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios y el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. Los fondos que amplían las alternativas de financiamiento y que son manejados a través de cuentas complementarias al presupuesto municipal son: - el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ( FNDR ) - el Fondo Social Presidente de la República - el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) - el fondo de proyectos de Chile Deportes)
a) Programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios El Programa de Mejoramiento de Barrios se financia conjuntamente por el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras el de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal es financiado completamente con recursos fiscales. Para efectos contables, el ingreso de estos recursos al presupuesto municipal se hace a través de las partidas de Transferencias, lo que corresponde al aporte que otorga el Estado para el financiamiento de los
proyectos, y a través de Endeudamiento la parte financiada por el crédito BID. Cabe señalar que las transferencias no comprometen el presupuesto en el sentido de una posterior devolución, en cambio sí el endeudamiento. En este caso, el Intendente Regional se encuentra facultado para eximir al Municipio respectivo de la devolución del financiamiento a través del crédito BID, que es lo que normalmente ocurre. De hacerse exigible el monto adeudado, éste pasa a formar parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Su objetivo fundamental es contribuir a la reducción de las condiciones de marginalidad sanitaria de familias de bajos ingresos del país, dando atención preferencial al mejoramiento de barrios y campamentos irregulares que cuentan con dotación deficitaria de servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad, trazado y pavimentación de calles). b) Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal El programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal se caracteriza por financiar proyectos de tipo social generados a nivel comunal. Con el fin de ayudar a comunas afectadas por situaciones puntuales de desempleo, se financian proyectos intensivos en el uso de mano de obra. El Programa de Mejoramiento Urbano busca: - incentivar la participación de la comunidad en la formulación, financiamiento y ejecución de los proyectos; - permitir una ágil formulación y ejecución de los proyectos, con flexibilidad de tipos de obras; - fomentar proyectos de adelanto comunal, en comunas con bajo nivel de inversión; - ser complemento de otros programas de inversión, que por su naturaleza no pueden ejecutar proyectos como los financiados por este Programa.
La Gobernación Provincial convoca año a año a las municipalidades y organizaciones comunitarias con personalidad jurídica a concursar proyectos con antecedentes técnicos completos. Luego de estudiarlos, los seleccionan y priorizan. El Municipio debe enviar la nómina con todos los proyectos presentados por las organizaciones comunitarias al Gobernador con las observaciones que estime pertinente. Los recursos de los proyectos seleccionados le serán remitidos a las organizaciones comunitarias a través de la municipalidad respectiva, quien se encargará de transferirlos a éstas a modo de subvención. Respecto al control financiero contable de los proyectos, cada Gobernación ejecuta lo relativo a sus comunas, según lo que se especifica en el Reglamento Operativo. En consecuencia, no se requiere que los municipios manden directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ningún tipo de documento relacionado con la operatoria del Programa, a menos que explícitamente se le solicite, ya que por lo anteriormente expuesto la correspondencia Gobernaciones. c) El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) El FNDR es una fuente de financiamiento mediante la cual el Gobierno de Chile canaliza a las regiones, privilegiando a las menos desarrolladas del país, los recursos del Presupuesto Nacional destinados a la compensación territorial, permitiendo la realización de programas y proyectos importantes para el desarrollo de la infraestructura regional. Dicha inversión tiene, en forma preponderante, impacto a nivel local, por tratarse de recursos destinados fundamentalmente a la materialización de obras de infraestructura social básica. Este Fondo se subdivide en dos líneas de recursos diferentes. al nivel central se canaliza a través de las
i)FNDR con Recursos Propios (Tradicional), que es alimentado por recursos fiscales, aportes directos y captaciones por venta de activos regionales y que, orientado a problemas y déficit sociales, presenta una gran flexibilidad en su operación. Representa entre un 10% y un 15% del total de recursos FNDR disponible para cada región. ii) FNDR-BID, que constituye la componente principal del FNDR y se origina del Programa de Inversión Múltiple de Desarrollo Local, el cual es financiado mediante el Contrato de Préstamo 578/OC-CH, firmado entre la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta componente del FNDR enfatiza el carácter social de la inversión estableciendo, a través de un Reglamento Operativo, los sectores de financiamiento así como las características que deben cumplir los proyectos y las localidades y poblaciones beneficiadas. Los proyectos y programas a financiar deben cumplir los requisitos técnicoeconómicos establecidos en el sistema de inversión pública nacional y en los establecidos en el propio Programa de Inversión Múltiple, denominados criterios de elegibilidad. De acuerdo a lo establecido en el Programa de Inversión Múltiple de Desarrollo Local los sectores específicos en los que se puede realizar obras son: Salud, Educación, agua Potable, Alcantarillado, Vialidad Urbana, Vialidad Rural, Electrificación Rural. La gestión del Fondo y de los proyectos por él financiados corresponde a la Intendencia Regional, cuyo organismo de enlace con el gobierno central es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. El centro de planificación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo se sitúa en la Intendencia Regional.
La identificación de proyectos es la etapa en que nace la idea del proyecto, producto de una necesidad insatisfecha. Dicha identificación está generalmente en manos de las correspondientes municipalidades o las SEREMI. La identificación y generación de ideas de proyectos puede derivarse de un análisis puntual, de una necesidad o de un estudio más amplio, el que corresponde generalmente a un estudio básico y que culmina con un diagnóstico. Si el proyecto ha sido identificado por una municipalidad, ésta analiza el proyecto y realiza un estudio preliminar denominado "perfil", con la finalidad de determinar si el proyecto tiene atractivo para el interés local. En esta fase es donde se identifican los costos. Luego se presenta el proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública. Es en esta etapa donde se confecciona la ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión), que es un resumen de los análisis que se le ha hecho al proyecto y el instrumento mediante el cual las SERPLAC o MIDEPLAN (según se trate de proyectos de valor inferior o superior a 150 millones de pesos, salvo los programas, estudios básicos y de preinversión que son revisados por el nivel central) analizan la rentabilidad social o la alternativa de mínimo costo del proyecto. Una vez entregada la recomendación técnica por parte de MIDEPLAN o la SERPLAC, la Unidad de Control Regional del FNDR y su homólogo nacional, revisan los criterios de elegibilidad dependiendo del sector al que postule el proyecto. Posteriormente, es la Intendencia la que propone al Consejo Regional respectivo la priorización de los proyectos que cuentan con la recomendación técnica y son elegibles para el FNDR. Luego, la Intendencia solicita la asignación presupuestaria, la cual es creada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con la visación de la Dirección de Presupuestos.
Asignado el presupuesto, se procede a la licitación de las obras, adjudicación de contrato, contrato, ejecución y recepción de obras, lo que culmina con el seguimiento, mantenimiento y evaluación a posteriori. d) El Fondo Social Presidente de la República El Fondo Social Presidente de la República se estructura año a año, en virtud de la ley de presupuestos. La entidad encargada de la administración del Fondo es la Secretaría y Administración General del Ministerio de Interior. El objetivo central del Fondo Social es el financiamiento de programas, proyectos y estudios que tengan carácter social, esto es, que contribuyan a la erradicación de la extrema pobreza y la marginalidad en las zonas en las que se ejecutan. Pueden postular a financiamiento los distintos Ministerios y organismos u otras instituciones públicas y privadas. Una vez aprobados por el Presidente de la República, se procede a identificar los proyectos que se financiarán con cargo al Fondo, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior, el que, además, debe ser suscrito por el Ministerio de Hacienda. La entrega de recursos a las Intendencias o Municipalidades por parte del Ministerio del Interior, se efectúa previa presentación del programa de desembolsos que corresponda. Estos no se incorporan a sus presupuestos, sino, al igual que los recursos del FNDR, a las cuentas complementarias. Todos los programas o proyectos que se financien con recursos del Fondo requieren llamado a propuesta pública, la que no puede realizarse antes de la identificación del proyecto mediante el decreto supremo correspondiente del Ministerio del Interior. Sin embargo, pueden exceptuarse del llamado a propuesta, mediante la mención explícita de esta situación en el mismo decreto que asigna los recursos, aquellos proyectos o programas que se ejecuten por medio de subvenciones a entidades privadas o aquellos que por su naturaleza y características así lo hagan aconsejable.
e) El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) El Fosis fue creado por la ley 18.989, publicada el 19 de Julio de 1990. Es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Depende jerárquicamente del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). Su finalidad principal es financiar, total o parcialmente, planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social. El objetivo del FOSIS es integrar a los más pobres a los sistemas productivo y social en los niveles local, regional y nacional. El FOSIS no ejecuta proyectos en forma directa, sino que financia la ejecución de proyectos que le presentan terceros, siempre que estos cumplan con las características y requisitos exigidos. Los proyectos que postulan para financiamiento son presentados y desarrollados Por: - grupos o comunidades interesados en realizar una actividad tendiente a superar su situación de pobreza; -organismos privados tales como organizaciones no gubernamentales, consultoras y otras que tienen experiencia de trabajo con los sectores pobres; - reparticiones del área social del sector público; - organismos de gobierno regional o local; - organizaciones representativas a nivel local. La recepción de proyectos por parte del Fosis para su evaluación y selección se organiza a través de dos mecanismos: -convocatorias, en las que se llama a presentar proyectos sobre temas determinados de acuerdo a las bases y plazos que se definen; - convenios, que se acuerdan con instituciones (públicas o privadas) para la ejecución de programas sobre una temática de interés común, hasta un cierto monto de recursos.
En función de la evaluación, el Fosis puede decidir contratar la ejecución de aquellos proyectos que estime conveniente que se realicen, para beneficiar localidades o grupos que de otro modo no serían atendidos. Las acciones financiadas en estos proyectos deben llegar a ser autosuficientes, en un período prudente, sea con recursos de los mismos grupos o con el apoyo de otras organizaciones o reparticiones del sector público. Los proyectos deben ser planeados de tal forma que sean desarrollados con trabajo y/o aportes de la comunidad. Los grupos y comunidades y organizaciones que deseen desarrollar proyectos deben demostrar su capacidad para llevarlos a cabo. Los proyectos deben corresponder a las prioridades definidas por el Fosis. f) Proyectos de Chile Deportes La Dirección General de Deportes y Recreación es un servicio público centralizado dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, creado mediante la Ley Nº 17.276 de 1970. Sus funciones principales son las de fomento de las actividades deportivas y recreativas, normativas, de superintendencia, de planificación indicativa, de asignación de subsidios y de investigación y desarrollo. La mayor parte de las entidades que conforman el sector Deportes y recreación, son de carácter privado, frente a las cuales Chile Deportes actúa como ente coordinador y normativo. Chile Deportes , al no estar regionalizada, opera en la práctica con los Consejos Provinciales de Deportes. Estos Consejos Provinciales adoptan el nombre de Coordinaciones Regionales de Deportes y Recreación (COORDYR), existiendo una en cada región desde la I a la XII y dos en la Región Metropolitana (Area Norte y Area Sur). A nivel comunal, las orientaciones se materializan mediante los Consejos Locales de Deportes y Recreación (COLODYR), organismos autónomos cooperadores del Estado en la
función de fomentar el deporte y que tienen a su cargo la coordinación de actividades deportivas locales, la administración de recintos deportivos y la representación de las necesidades del deporte comunal a las autoridades del deporte regional y nacional. Además se integran al Consejo Local de Deportes las asociaciones afiliadas a las respectivas federaciones deportivas nacionales, los clubes deportivos y recreativos, las ligas y otros organismos reconocidos por Chile Deportes. Las acciones y programas desarrollados en el sector se financian por tres tipos de aportes, a saber: - el gasto de las personas o empresas que realizan actividades deportivas y recreativas; - el aporte municipal al deporte comunal; - el aporte estatal a través de Chile Deportes que se obtiene del sistema de pronósticos deportivos Polla Gol (Ley Nº 1298 del año 1975) y los ingresos generados por el Estadio Nacional. Chile Deportes, con la finalidad de cumplir sus funciones de fomento del deporte y recreación, ha definido las siguientes áreas o planes de acción: - fomento del deporte y la recreación en el ámbito educacional; - fomento del deporte y la recreación en el ámbito popular; - cooperación al deporte de alta competencia y al deporte espectáculo. El programa y presupuesto anual de Chile Deportes contempla en el nivel comunal un anexo para cada comuna del país. Los proyectos deben ser confeccionados por instituciones representativas del respectivo ámbito, con la coordinación del COLODYR respectivo y de la Municipalidad cuando corresponda. Para tal efecto, se utilizan las fichas de proyectos y subproyectos correspondientes a cada área. Los proyectos son presentados por el COLODYR a la respectiva COORDYR, la que revisa las fichas respectivas, arbitra las medidas para que se generen proyectos que beneficien a sectores que no tienen la capacidad para desarrollarlos por sí mismos y evalúa los proyectos
utilizando el procedimiento para ello definido. De ser aprobado el proyecto, remite un acta con todos los antecedentes a los Departamentos de Planificación, Técnico y de Auditoría de Chile Deportes. La COORDYR configura la proposición del programa y presupuesto anual Comunal tomando en cuenta los siguientes antecedentes: - plan comunal de deportes y recreación; - marco comunal del programa y presupuesto a nivel comunal; - resultados de la evaluación de subproyectos comunales. El Departamento de Planificación y Estudios de Digeder recibe los proyectos de cooperación comunal de la COORDYR y evalúa en base a: - plan estratégico de Chile Deportes; - plan comunal de deportes y recreación; - criterios regionales de asignación de recursos. Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades4 En el nuevo artículo 1º de la Ley Orgánica de Municipalidades, reproduciendo los términos que fija la constitución, se define a las municipalidades como «corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico social y cultural de las respectivas comunas».Se especifica que les corresponde administrar una comuna o agrupación de comunas, las cuales están determinadas por la ley, es decir, una subdivisión de la Provincia para efectos administrativos. Los órganos que concurren a la administración municipal son el Alcalde, como máxima autoridad, y el Concejo elegido por la ciudadanía. Esta contará, además, con un Consejo Económico y Social de carácter consultivo. La ley establece la participación directa en ciertas decisiones municipales, a través de la facultad de convocar a plebiscito a la ciudadanía comunal
Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Santiago, 27 de diciembre de 2001
cuando así lo determine el alcalde con acuerdo del concejo o a requerimiento del 15% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna. Las Funciones Municipales Para dar cumplimiento al mandato constitucional de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, los municipios cuentan con dos grandes grupos de funciones: las privativas y las compartidas. Para su desarrollo no requiere autorización previa o delegación de ningún ministerio o servicio que tenga competencia sobre la materia. Las funciones privativas son aquellas que sólo pueden ser cumplidas y desarrolladas por la municipalidad, conforme a las leyes y a las normas técnicas de carácter general que dicten los ministerios cuando corresponda. ¿Cuáles son las funciones privativas que cumplen las municipalidades? - aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público dentro de la comuna; - aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización; - la planificación y regulación urbana de la comuna y la confección del plan regulador comunal; - el aseo y ornato de la comuna; - la promoción del desarrollo comunitario; - elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. Las funciones compartidas son aquellas que ejercen los municipios directamente o con otros órganos de la Administración del Estado.
¿Cuáles son las funciones compartidas que cumplen las municipalidades? - la asistencia social; - la salud pública; - la protección del medio ambiente; - la educación y la cultura; - el deporte y la recreación; - el turismo; - el transporte y tránsito público; - la vialidad urbana y rural; - la urbanización; - la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; - la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia; - el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. En los capítulos siguientes se ahondará en el contenido práctico del desarrollo de estas funciones. Las Atribuciones Municipales Una vez delimitadas las funciones de los municipios, ellas deben acompañarse del ejercicio de atribuciones que hagan posible a estas entidades públicas su cumplimiento efectivo. Las atribuciones pueden ser esenciales o no esenciales. Las atribuciones esenciales son aquellas que por su importancia y naturaleza corresponde determinar a la ley orgánica constitucional y que taxativamente deben señalarse en dicha ley. ¿Cuáles son las atribuciones esenciales que ejercen las municipalidades para cumplir con sus funciones? - ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento; - elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal;
- administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo en los casos en que la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado; - dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular; - establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen; - adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; - otorgar (hasta un monto no superior al siete por ciento del presupuesto municipal) subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, límite que no incluye a los establecimientos de educación, de salud o de atención de menores que fueron traspasados a las municipalidades, ni las destinadas a los Cuerpos de Bomberos, ni se incluye las subvenciones o aportes que las municipalidades de Santiago, Providencia y Las Condes efectúen a la «Corporación Cultural de Santiago»; - aplicar tributos que graven actividades o bienes con identificación local y destinados a obras de desarrollo comunal; - constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura; - establecer territorios denominados unidades vecinales. A su vez, las leyes de carácter común pueden también otorgar atribuciones no esenciales a las municipalidades según lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Dicha disposición, en su inciso segundo, señala que «las Municipalidades tendrán, además, las atribuciones no esenciales que le confieran las leyes o que versen sobre materias que la Constitución Política de la República
expresamente ha encargado sean reguladas por la ley común,». Entre ellas se cuenta, por expresa mención en la ley orgánica reformada en 1992, la de «colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, en los límites comunales, sin perjuicio de las potestades, funciones y atribuciones de otros organismos públicos», así como en general todas aquellas atribuciones establecidas en las diversas leyes simples, de carácter o con incidencia municipal, y entre ellas las mencionadas en el capítulo anterior. El Tribunal Constitucional, en sentencia de 19 de abril de 1988, dispuso que todas aquellas normas que hayan otorgado u otorguen a las municipalidades atribuciones que no revisten el carácter de esenciales quedan entregadas a la ley común, en el entendido que esta legislación común vigente no menoscabe, entrabe o imposibilite «el cumplimiento de una función o el ejercicio de una atribución esencial que haya sido entregada por la Ley Orgánica Constitucional».La ley común podrá en el futuro otorgar nuevas funciones y atribuciones a las municipalidades si concurren para ello las siguientes circunstancias : a) que ellas se encuadren dentro del marco de funciones y atribuciones esenciales b) que establecido se trate de por la Ley Orgánica Constitucional especificar de y, Municipalidades; desarrollar, complementar, excepcionalmente, condicionar determinados aspectos de las funciones y atribuciones esenciales o que las materias que ellas aborden sean propias de ley común, y c) que no conlleven obligaciones, condiciones o exigencias que afecten la autonomía municipal, entraben o impidan el ejercicio de las atribuciones o de facultades municipales que impliquen un gasto para cuyo financiamiento la ley correspondiente no haya previsto los recursos necesarios. Por otra parte, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, para el
cumplimiento de sus funciones, las municipalidades están facultadas para celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado, en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios. También pueden celebrar contratos para la ejecución de acciones específicas y otorgar concesiones, lo que como veremos más adelante encuentra amplia aplicación en la prestación de servicios a la comunidad que no ejecuta directamente el municipio. En el caso que el monto de los contratos o el valor de los bienes involucrados exceda de 200 Unidades Tributarias Mensuales, deberá realizarse una licitación pública. En los otros casos incluyendo imprevistos urgentes calificados por el concejo, podrá llamarse a propuesta privada. Si no se presentan interesados o si el monto de los contratos no excede de 100 UTM, se podrá proceder mediante contratación directa. Las municipalidades pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza. Las municipalidades deben actuar dentro del marco de los planes nacionales y regionales de desarrollo, correspondiéndole al Intendente respectivo velar por el cumplimiento de esta norma. La coordinación entre las municipalidades y entre éstas y los servicios públicos que actúen en sus respectivos territorios, se efectuará mediante acuerdos directos entre estos organismos. A falta de acuerdo, corresponde al Gobernador respectivo disponer las medidas necesarias para la coordinación requerida, a solicitud de cualquiera de los alcaldes interesados. Asimismo, como importante innovación introducida en la reforma de 1992, dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán constituir Asociaciones Municipales para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
El Alcalde El alcalde es la máxima autoridad del municipio. Es elegido por sufragio universal directo o indirecto, según el caso, su mandato dura cuatro años y puede ser reelegido. Este cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica, media o superior, hasta el límite de doce horas semanales. Sin embargo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los funcionarios regidos por la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que fueren elegidos alcaldes, tendrán derecho a que se les conceda permiso sin goce de remuneraciones respecto de los cargos públicos que estuvieren sirviendo en calidad de titulares, por todo el tiempo que comprenda su desempeño alcaldicio. Resultará electo alcalde el concejal que, habiendo obtenido individualmente el mayor número de preferencias, obtenga a lo menos el 35% de los votos válidamente emitidos, descontando los votos nulos y los blancos, y siempre que pertenezca a la lista más votada. De no darse los supuestos señalados anteriormente, el alcalde será elegido por el Concejo de entre sus miembros, en votación que se efectuará en sesión constitutiva del Concejo, por la mayoría absoluta de los concejales elegidos. De no lograrse la mayoría señalada se repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos concejales que hayan obtenido las dos más altas mayoría relativas en la elección efectuada en el Concejo. Si se produjera un empate en esta segunda votación, el cargo de alcalde se ejercerá por cada uno de los concejales empatados, en dos subperíodos de igual duración. El concejal que perteneciere a la lista mas votada escogerá el período a ejercer. Existen 334 municipios y alcaldes (y 335 comunas, si se agrega la de la Antártica, aunque ésta no cuenta con municipio y es administrada por el de Punta Arenas) en todo el país, todos los cuales se eligirán democráticamente a partir de 1992.
¿Cuáles son los requisitos para ser elegido Alcalde de acuerdo a la normativa vigente? - ser ciudadano con derecho a sufragio; - saber leer y escribir; - tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de comunas, según corresponda, a lo menos durante los dos años anteriores a la elección; - tener su situación militar al día; - no estar afecto a ninguna de la inhabilidades que establece la ley. ¿Quiénes no pueden ser candidatos a Concejales y por consiguiente a Alcaldes ? - los Ministros de Estado, Subsecretarios, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Intendentes, los Gobernadores, los Consejeros Regionales, los Parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor Generalde la República; - los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del poder judicial, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones; - quienes por si o como representantes de otra persona natural o jurídica tengan contratos o cauciones vigentes con la municipalidad o tengan litigios pendientes con el municipio en calidad de demandante a la fecha de inscripción de sus candidaturas. Igual inhabilidad rige para quienes sean socios o accionistas en más de un 25% en una persona jurídica que esté en alguna de dichas situaciones; ¿Por qué motivos el alcalde puede cesar en sus funciones? - por pérdida de su calidad de ciudadano; - por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente (es decir, una vez asumido su cargo), en particular si el alcalde celebra contrato u otorga cauciones a favor de la municipalidad respectiva o tiene litigios pendientes con ésta, en calidad de demandante, durante su mandato;
- por remoción por impedimento grave o notable abandono de sus deberes; - por renuncia por motivos justificados aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo, salvo que se encuentre postulando a otro cargo de elección popular, para lo cual no requiere acuerdo. Las dos últimas causales son declaradas por el Tribunal Electoral Regional, a requerimiento de cualquier concejal. ¿Quién y cómo subroga al Alcalde? Lo subroga el funcionario de mayor jerarquía que le siga dentro de la municipalidad, salvo el Juez de Policía Local, si se ausenta por un período no superior a 45 días. Sin embargo, previa consulta al Concejo, el alcalde puede designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden, en cuyo caso quien lo subrogue no tendrá la atribución de convocar y presidir el Concejo ni de representar protocolarmente al municipio. Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a 45 días, el Concejo deberá nombrar un suplente de entre sus miembros mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio en sesión especial. Si el cargo quedara vacante, el concejo debe nombrar otro alcalde de entre sus miembros, por lo que reste del período de cuatro años, el cual debe ser elegido por la mayoría absoluta de los concejales. ¿Cuáles son las atribuciones del Alcalde? - representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad; - establecer su organización interna; - nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan; - aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, según el estatuto;
- administrar los recursos financieros, según las normas de la Administración Financiera del Estado; - administrar bienes municipales o nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a la ley; - otorgar, renovar y poner término a permisos municipales; - adquirir y enajenar bienes muebles; - dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular; - delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones en funcionarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo lo relativo a materias de administración del personal de su dependencia; - coordinar el funcionamiento municipal con los órganos de la Administración del Estado; - coodinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la comuna; - ejecutar actos y celebrar contratos para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad. Puede asimismo convenir con los servicios públicos la ejecución de acciones de competencia de éstos, y tomar a su cargo establecimientos o bienes de propiedad de dichos servicios; - convocar y presidir el Concejo, así como el Consejo Económico y Social Comunal; - someter a plebiscito, con costo de cargo del municipio, las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, siendo obligatorio su resultado para la autoridad municipal cuando en la consulta hayan votado más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna; El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo y al Consejo Económico y Social Comunal, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha de la municipalidad, además de presentarle
el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. El Concejo El Concejo Municipal es un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejerce funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y está integrado por concejales elegidos por sufragio universal. Se reúne al menos dos veces al mes y sus sesiones son públicas, a menos que los dos tercios de los concejales presentes acuerden que determinadas sesiones sean secretas. Al concejo le corresponde: - fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal; - fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que estime pertinentes, pudiendo poner directamente en conocimiento de la Contraloría General de la República sus actos u omisiones y resoluciones que infrinjan las leyes y reglamentos, y denunciar a los tribunales los hechos constitutivos de delito en que aquél incurriere; - pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los cargos de Alcalde y de concejal; - aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones; - recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal; - citar o pedir informe a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia; - solicitar informe a las entidades que reciban aportes municipales; - otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público bajo su administración,
como asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal; - fiscalizar las unidades y servicios municipales. A su vez, el alcalde requiere del acuerdo del Concejo para: - aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, así como los programas de inversión correspondientes; - aprobar el proyecto del plan regulador comunal y sus modificaciones; - establecer derechos por los servicios municipales y por los permiso y concesiones; - aplicar dentro de los marcos que indique la ley, los tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y están destinados a obras de desarrollo comunal; - adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar, a cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles; - expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal; - otorgar subvenciones y aportes para financiar actividades comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, y ponerles término; - transigir judicial y extrajudicialmente; - otorgar concesiones municipales de bienes y servicios, renovarlas y ponerles término; - dictar ordenanzas municipales y el reglamento interno de la municipalidad; - omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio; - convocar por iniciativa alcaldicia a plebiscito comunal.
Cada concejo estará compuesto por seis concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta setenta mil electores; ocho concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de setenta mil y hasta ciento cincuenta mil electores, y diez concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de ciento cincuenta mil electores. Los concejales son elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional basado en la «cifra repartidora». Duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. En las elecciones municipales las candidaturas a concejales pueden ser de independientes o de partidos políticos, pudiendo presentarse listas que contengan hasta tantos candidatos como cargos corresponda elegir a la comuna. Los partidos políticos que participen en un pacto electoral podrán subpactar entre ellos para acumular sus votos. Los candidatos independientes que participen en un pacto electoral podrán subpactar entre ellos, con un subpacto de partidos integrantes del mismo o con un partido del pacto que no sea miembro de un subpacto de partidos. El concejo se instalará noventa días después de la fecha de la elección respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los concejales declarados electos por el Tribunal Electoral Regional competente. La primera sesión será presidida por el alcalde electo o, en su defecto, por el concejal que haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana, sorteándose en caso de empate. Actuará como ministro de fe el secretario municipal respectivo. Cabe destacar que la formalización de las decisiones municipales se establece a través de los siguientes instrumentos : - ordenanzas, que establecen normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, cuya infracción se pena con multas de hasta 5 UTM;
- reglamentos, que establecen normas generales obligatorias y permanentes, relativas a materias de orden interno del municipio; - decretos alcaldicios, es decir resoluciones que versan sobre casos particulares; - instrucciones, es decir directrices impartidas a los subalternos.
El Consejo Económico Social La ley establece el Consejo Económico y Social comunal como órgano integrado por representantes de la comunidad local organizada. Este consejo es un órgano de consulta de la municipalidad, que tiene por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Se asegura una representación privilegiada a las juntas de vecinos, como instituciones características dentro de la gama estamentaria de la comunidad local. Los Consejos Económicos y Sociales Comunales estarán integrados por el alcalde que lo preside y por consejeros elegidos por sus estamentos, los que duran cuatro años en su cargo y pueden ser reelegidos. El consejo económico y social comunal estará, además del alcalde, compuesto por el siguiente número de consejeros: - diez miembros, en las comunas de hasta treinta mil habitantes; - veinte miembros, en las comunas con más de treinta mil y hasta cien mil habitantes; - treinta miembros, en las comunas con más de cien mil habitantes. Del número total de integrantes de cada consejo económico y social, un 40% será elegido por las juntas de vecinos legalmente constituidas, un 30% por las organizaciones comunitarias funcionales y por las organizaciones laborales cuando las haya en la comuna, y el restante 30% por las organizaciones representativas de actividades productivas de bienes y servicios.
Para la elección de los miembros del consejo económico y social se realizarán asambleas separadas por cada estamento de los señalados. Cada organización o persona natural o jurídica se hará representar en aquéllas por un delegado, debiendo inscribirse en un registro que permanecerá abierto entre 30 y 90 días antes de la elección popular del Consejo Municipal y que estará a cargo del Secretario Municipal como ministro de fe. Se requerirá, para solicitar la inscripción en el registro, que las organizaciones comunitarias acrediten personalidad jurídica vigente y domicilio en la comuna de no menos de dos años (un año para la primera elección). Los representantes serán elegidos en votación directa, secreta y unipersonal por los delegados. Resultarán electos quienes obtengan las primeras mayorías individuales, hasta completar el número de consejeros a elegir por el respectivo estamento. Las mayorías inmediatamente siguientes y hasta completar un número igual de consejeros, quedarán elegidos como consejeros suplentes, según el estricto orden de prelación que determine el número de votos obtenido por cada uno. El consejo económico y social comunal tendrá la función de dar su opinión sobre: - el plan de desarrollo comunal, las políticas de servicios y el programa anual de acción e inversión; - la cuenta anual del alcalde y el concejo; - todas las materias que el alcalde y el concejo sometan a su consideración. Este órgano se reunirá en sesiones ordinarias cada tres meses. Podrá reunirse de propia iniciativa convocado por al menos un tercio de sus miembros para estudiar y debatir materias generales de interés local establecidas en su convocatoria y elevar sus opiniones a conocimiento del alcalde y el concejo. Sus sesiones serán públicas.
Concepto Legal de Municipalidad ; Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Corporación ; Significa que las Municipalidades están constituídas por más de un órgano para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la ley les encomienda. Tales órganos son el Alcalde, el Concejo Organismo autónomo: Concepto de Autonomía Municipal; Esta autonomía implica entre otros aspectos, que los Municipios no se encuentran sometidos a un vínculo jerárquico o de dependencia del Presidente de la República ni de los Ministerios y, en general cumplen sus funciones y atribuciones sin supeditarse a otros organismos del Estado. En ningún caso, esta autonomía es política, pues los Municipios forman parte del Estado Unitario y sus competencias son otorgadas por el Ordenamiento Jurídico. Además la autonomía municipal constituye una expresión del principio de descentralización administrativa . De Derecho Público; Significa que su creación, funciones y organización tienen su origen en la Constitución Política y están reguladas en ella y en la respectiva ley orgánica constitucional, normativa a la que deben someterse en su actuar. Personalidad Jurídica; Significa que pueden ejercer derechos y contraer obligaciones, dentro del marco legal que las rige, y que son susceptibles de ser representadas judicial y extrajudicialmente Patrimonio; Significa que, como toda persona, es titular de derechos y obligaciones, bienes y deudas distintos de los del Fisco ( ver artículo 11de la ley 18.695 )
CAPÍTULO VII CONCLUSIONES CAPÍTULO VIII PROPUESTAS
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References: artículo 12
in fine
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 130
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 19
 artículo 1
in fine
in fine
 artículo 5
in fine
 artículo 11