Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-f-j-t-h-1990-15355376
Timestamp: 2018-12-11 05:44:19+00:00

Document:
STC 49/1996, 26 de Marzo de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355376
STC 49/1996, 26 de Marzo de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 534/1994
1. Para decirlo con palabras de la STC 114/1984, «constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de las "garantías" propias al proceso (art. 24.2 C.E.), implicando también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio (art. 14 C.E.), desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de otro. El concepto de "medios de prueba pertinentes" que aparece en el mismo art. 24.2 de la Constitución, pasa, así, a incorporar, sobre su contenido esencialmente técnico-procesal, un alcance también sustantivo, en mérito del cual nunca podrá considerarse "pertinente" un instrumento probatorio así obtenido». La ineficacia probatoria de las escuchas telefónicas inconstitucionalmente obtenidas, con vulneración de los derechos fundamentales, arrastra también a las pruebas logradas a partir de las pruebas prohibidas, según tenemos dicho en STC 85/1994 [F.J. 2]. 2. En sintonía con la doctrina del T.E.D.H., y en la línea de nuestra propia jurisprudencia, recientemente hemos afirmado (STC 86/1995) que «el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser limitado mediante una resolución suficientemente motivada. La existencia de un mandamiento judicial autorizando la intervención, junto con la estricta observancia del principio de proporcionalidad en la ejecución de esta diligencia de investigación, constituyen exigencias constitucionalmente inexcusables que afectan al núcleo esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, de tal modo que la ausencia de autorización judicial o la falta de motivación determinan, irremediablemente, la lesión del derecho constitucional, y por tanto la prohibición de valoración de cualquier elemento probatorio que pretenda deducirse del contenido de las conversaciones intervenidas, no sólo del resultado mismo de la intervención, sino de cualquier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios» [F.J. 3]. 3. El control judicial efectivo, en el desarrollo y cese de la medida, es indispensable para el mantenimiento de la restricción del derecho fundamental, dentro de los límites constitucionales. El Juez que la autorice debe, en primer término, conocer los resultados obtenidos con la intervención, y en el supuesto de que se produzca una divergencia entre el delito objeto de investigación y el que de hecho se investiga, debe adoptar la resolución que proceda, puesto que en otro caso (Sentencia T.E.D.H., caso Klass, de 6 de septiembre de 1978, caso Malone, de 2 de agosto de 1984, y caso Kruslin de 24 de abril de 1990), las intervenciones constituirían una injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho del afectado al respeto de su correspondencia y de su vida privada. Si un Tribunal sentenciador fundamenta su resolución condenatoria en pruebas obtenidas con violaciones de derechos fundamentales (sea por la Policía, sea por los Jueces de instrucción) la presunción de inocencia no ha de destruirse, como derecho fundamental que es, con semejante material probatorio [F.J. 3].
Sentencia citada en: 746 sentencias, 18 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
En el recurso de amparo núm. 534/94, interpuesto por don Lorenzo B. M. representado por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y bajo la dirección del Letrado don Marcial Sedano Gaspar, contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el 7 de octubre de 1993, y contra la dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en el sumario núm. 54/87, que condenaron al hoy recurrente como autor de un delito de cohecho. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 21 de febrero de 1994, el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre y representación de don Lorenzo B. M. interpuso recurso de amparo contra las Sentencias dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 7 de octubre de 1993, resolutoria del recurso de casación núm. 516/092, y por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 17 de junio de 1991, recaídas ambas en causa penal seguida por delito de cohecho.
A) El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona incoó diligencias indeterminadas núm. 45/86.V, el 23 de enero de 1986, dictando Auto de igual fecha, en el que autorizaba la intervención del teléfono núm. 2.12.72.31, cuyo titular era Ramón Solano de Ros (sic), señalando en el mismo que «Ramón Solano De Ros se dedica al tráfico de estupefacientes, más concretamente cocaína y heroína, y que en breve realizará una transacción de las mercaderías antes mencionadas, por el Grupo Operativo de la Policía judicial de la Comisaría de Oeste se solicita la intervención telefónica del núm. 2.12.72.31, a fin de poder llevar a término la aprehensión de las mercancías antes mencionadas». El mismo Juzgado, el día 21 de febrero de 1986, decreta la prórroga de la intervención del teléfono de Ramón Solano Deirós, hasta el 24 de marzo de 1986, precisando que dicha prórroga es procedente: «a la vista de los resultados participados en el anterior informe policial como consecuencia de dicha intervención». Igualmente se decreta una nueva prórroga, hasta el 22 de abril de 1986, de la intervención del teléfono referido, por Auto de 24 de marzo de 1986, «a la vista de los resultados participados en dicho informe verbal (emitido por los inspectores de policía actuantes) y de la importancia de las expectativas comunicadas».
Por otro Auto de 26 de marzo de 1986, el mismo Juzgado núm. 3 de Barcelona autorizó la intervención del teléfono a Lorenzo Bravo Morcillo hasta el 26 de abril de 1986, en el que se deja consignado que las diligencias en que se acuerda «se instruyen como consecuencia de la solicitud de intervención telefónica del núm. 2.12.72.31, por un posible delito contra la salud pública», añadiéndose que dicha intervención se solicita por los inspectores de policía adscritos a la Comisaría de Oeste esta intervención, «para el total esclarecimiento de los hechos».
Por providencia de 5 de mayo de 1986, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona decreta el archivo de las diligencias indeterminadas núm. 45/86,V., poniendo de manifiesto que las intervenciones telefónicas referidas habían sido dejadas sin efecto, una vez transcurrido con exceso el tiempo de las mismas.
B) Pocos días antes, el 16 de abril de 1986, funcionarios de policía adscritos a la Comisaría de Distrito Oeste, habían procedido a la detención de Montserrat Santaeularia Lozano, compañera sentimental de Ramón Solano Deirós, haciéndose constar en las diligencias policiales núm. 4.745 que por informaciones recibidas de diversas fuentes se tuvo conocimiento de que Montserrat Santaeularia Lozano habría entregado cierta cantidad de dinero para que interviniese, retrasando el correspondiente juicio, en el sumario seguido contra la misma y su compañero Ramón Solano Deirós a un funcionario judicial, y que realizadas gestiones para averiguar su identidad resultó ser Lorenzo Bravo Morcillo.
Montserrat Santaeularia, tras ser informada de sus derechos, solicitó ser asistida en su declaración por el Letrado don Antonio Molins Fernández. Sin embargo, el Instructor de las diligencias procedió a solicitar Letrado del turno de oficio por considerar que el designado por la detenida podría tener «de alguna manera relación o al menos conocimiento anterior de los hechos».
El mismo día, 16 de abril de 1986, es solicitado y concedido por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Barcelona, en funciones de Guardia, mandamiento de entrada y registro en el domicilio de Ramón Solano Deirós, «por existir indicios que en el interior del mismo hay sustancia estupefaciente, concretamente cocaína». Practicada dicha diligencia, se intervienen en el domicilio referido efectos pertenecientes a Montserrat Santaeularia Lozano.
La Sentencia señaló que los hechos probados resultaban de «la actividad probatoria practicada en el acto de juicio oral y de las actuaciones de esta causa», concretamente «la declaración de la procesada Montserrat (Santaeularia)prestada ante la Comisaría» y del «contenido de las conversaciones telefónicas captadas, previa la oportuna autorización judicial, del teléfono y del domicilio de Ramón Solano», así como de la documental acreditativa del «procedimiento referido del que deriva la realidad del delito de cohecho...», de la conversación entre ambos procesados el día 7 de marzo de 1986 efectuada desde el teléfono del domicilio de la procesada al teléfono de la Sección Segunda de la Audiencia y de la conversación de la procesada con Ramón Solano en el Estado de Táchira, en Venezuela» (que según consta en las actuaciones fueron efectuadas el 7 de marzo de 1986).
8. Por providencia de 11 de septiembre de 1995, la Sección acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de los testimonios recibidos y de las demás actuaciones, por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y al Procurador del quejoso, señor E. F.Novoa, para que dentro del expresado término, formularen las alegaciones que a su derecho convinieran.
1. El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si las Sentencias impugnadas vulneraron el derecho del demandante a la presunción de inocencia ex art. 24.2 C.E. A tal fin, es preciso analizar, con carácter previo, si los elementos en los que los Tribunales de instancia y de casación basaron su convicción acerca de la culpabilidad del recurrente, como autor de un delito, constituyeron prueba de cargo suficiente para estimar desvirtuada dicha presunción constitucional, como sostiene el Ministerio Fiscal, o si, por el contrario, como aduce el recurrente, las pruebas con que contaron los órganos judiciales referidos tenían su origen en una violación de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y al secreto de las comunicaciones reconocidos, respectivamente, en los arts. 24.2 y 18.3 C.E.; pruebas que fueron utilizadas por la policía, a espaldas de los Jueces, para la investigación de otro delito, del que resultó imputado el recurrente. Pero -insistimos- la vulneración de la presunción de inocencia fue ocasionada por las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Nuestra jurisprudencia ha establecido también una prohibición absoluta de valoración de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, de modo que los medios de prueba no pueden hacerse valer, ni pueden ser admitidos, si se han obtenido con violación de derechos fundamentales (SSTC 114/1984, 107/1985, 64/1986, 80/1991, 85/1994). La interdicción de la admisión de la prueba prohibida por vulneración de derechos fundamentales deriva directamente de la Constitución, por la colisión que ello entrañaría con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes (arts. 24.2 y 14 C.E.); y se basa, asimismo, en la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables (art. 10.1 C.E.).
Para decirlo con palabras de la STC 114/1984, «constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de las "garantías" propias al proceso (art. 24.2 C.E.), implicando también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio (art. 14 C.E.), desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de otro. El concepto de "medios de prueba pertinentes" que aparece en el mismo art. 24.2 de la Constitución, pasa, así, a incorporar, sobre su contenido esencialmente técnico-procesal, un alcance también sustantivo, en mérito del cual nunca podrá considerarse "pertinente" un instrumento probatorio así obtenido» (fundamento jurídico 5.).
La ineficacia probatoria de las escuchas telefónicas inconstitucionalmente obtenidas, con vulneración de los derechos fundamentales, arrastra también a las pruebas logradas a partir de las pruebas prohibidas, según tenemos dicho en STC 85/1994 (fundamentos jurídicos 3. y 4.).
El art. 18.3 C.E. establece: «Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial». Por su parte, el art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, realiza una detallada regulación de los derechos a la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, destinada a salvaguardar y eliminar cualquier ingerencia en el ámbito de estos derechos fundamentales:
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás.»
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (T.E.D.H.) ha tenido ocasión de aplicar el transcrito precepto en numerosas Sentencias. Entre las más significativas, la Sentencia de 6 de septiembre de 1978 (Caso Klass), en la que estimó que «las comunicaciones telefónicas se encuentran comprendidas en las nociones de vida privada y de correspondencia»; la Sentencia de 2 de agosto de 1984 (Caso Malone) declaró también que «la interceptación de la conversación telefónica en el caso referido implicaba una injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de un derecho que el apartado 2. del art. 8 del Convenio garantizaba al demandante»; las Sentencias de 24 de abril de 1990 (referentes a los casos Huvig y Kruslin) trataron el tema de las escuchas telefónicas practicadas por orden de un Juez instructor, declarando que «las escuchas y los demás procedimientos para interceptar las conversaciones telefónicas son un grave ataque a la vida privada y a la correspondencia», que deben fundarse en una «Ley de una singular precisión: Es indispensable que las normas que las regulen sean claras y detalladas»; la citada Sentencia de 2 de agosto de 1984 exige, para considerar legítima la injerencia, que, además de hallarse prevista por la Ley, «persiga uno o varios objetos legítimos a la vista del párrafo 2. del art. 8 del mencionado Convenio», y, además, que sea «necesaria en una sociedad democrática» para alcanzarlos.
En sintonía con esa doctrina del T.E.D.H., y en la línea de nuestra propia jurisprudencia, recientemente hemos afirmado (STC 86/1995) que «el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser limitado mediante una resolución suficientemente motivada. La existencia de un mandamiento judicial autorizando la intervención, junto con la estricta observancia del principio de proporcionalidad en la ejecución de esta diligencia de investigación, constituyen exigencias constitucionalmente inexcusables que afectan al núcleo esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, de tal modo que la ausencia de autorización judicial o la falta de motivación determinan, irremediablemente, la lesión del derecho constitucional, y por tanto la prohibición de valoración de cualquier elemento probatorio que pretenda deducirse del contenido de las conversaciones intervenidas, no sólo del resultado mismo de la intervención, sino de cualquier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios» (fundamento jurídico 3.).
A) Estricta observancia, pues, de la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad «se refiere no sólo a la gravedad de la infracción punible, para justificar la naturaleza de la medida, sino también a las garantías exigibles de autorización judicial específica y razonada y de respeto en su realización de requisitos similares a los existentes en otro tipo de control de comunicaciones» (ATC 344/1990).
La intervención telefónica fue solicitada por funcionarios de la Comisaría de Policía del Distrito Oeste de Barcelona al Juzgado de Instrucción núm. 3 de la misma ciudad el 23 de enero de 1986, accediendo el Juez mediante Auto de la misma fecha en el que se señala expresamente «que teniéndose conocimiento de que Ramón Solano de Ros (sic) se dedica al tráfico de estupefacientes... y que en breve realizaba una transacción de las mercancías antes mencionadas, por el Grupo Operativo de Policía judicial de la Comisaría de Oeste se solicita la intervención telefónica del núm. 2.12.72.31, a fin de poder llevar a término la aprehensión de las mercancías antes mencionadas», considerando el Juzgado procedente decretar la intervención solicitada «para un mayor esclarecimiento de los hechos y averiguación y constatación de los extremos apuntados», por el período de un mes.
El 21 de febrero de 1986, el Comisario Jefe de Policía se dirige mediante oficio al mismo Juzgado, solicitando la prórroga de la intervención anterior, manifestando que las razones que motivaron la solicitud no han culminado con los resultados deseados en ese espacio de tiempo, petición a la que, en la misma fecha, accedió el órgano judicial mediante Auto «a la vista de los resultados participados en el anterior informe policial como consecuencia de dicha intervención y de la importancia de las expectativas comunicadas», decretando la intervención del teléfono de Ramón Solano Deirós, en período de prórroga, debiendo comenzar el 22 de febrero de 1986 y finalizar el 24 de marzo de 1986, al existir fundadas sospechas de un posible delito contra la salud pública.
Se constata, además, que se produjo no sólo una divergencia entre la autorización concedida y la investigación practicada por la policía, sino que se sustrajeron al conocimiento del Juez que autorizó la intervención los resultados de la misma, puesto que si de las conversaciones efectuadas el 7 de marzo por Monserrat Santaeularia la policía dedujo la posible existencia de un delito de cohecho debió ponerse de manifiesto al Juez este inesperado dato. Sin embargo, finalizado el período de prórroga de la intervención telefónica antes mencionada, se solicita una nueva prórroga de la intervención a la que se accedió por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona, mediante Auto de 24 de marzo de 1986, en el que otra vez se decreta la intervención del teléfono de Ramón Solano Deirós, ahora sin hacer referencia alguna al delito que se investiga y accediendo a la intervención «a la vista de los resultados participados en dicho informe verbal y de la importancia de las expectativas comunicadas».
Se observa, por otra parte, que el Juez de instrucción núm. 3 de Barcelona tampoco tuvo conocimiento de los resultados finales obtenidos con las intervenciones telefónicas, puesto que procedió al archivo de las diligencias abiertas (diligencias indeterminadas) con motivo de la intervención telefónica, el 5 de mayo de 1986. Sin embargo, durante el último período de prórroga de la intervención telefónica, de 24 de marzo a 22 de abril de 1986, la policía, tras la detención de Monserrat Santaeularia el 16 de abril de 1986, y del demandante de amparo Lorenzo Bravo Morcillo, procedió a la apertura de las diligencias policiales núm. 4.745, en la misma fecha, por presuntos delitos de cohecho; y solicitó de un Juez instructor diferente al que había otorgado la autorización (Juzgado de Instrucción núm. 8 de Barcelona) un mandamiento de entrada y registro en el domicilio de Ramón Solano Deirós, «por existir indicios de que en el interior del mismo hay sustancia estupefaciente, concretamente cocaína», ocultado asimismo a este segundo órgano judicial, los hechos que realmente se estaban investigando.
Posteriormente el 17 de abril de 1986, la policía mediante comparecencia ante el Juez de Instrucción núm. 10 de Barcelona, solicita un mandamiento de entrada y registro en el domicilio y despacho de Lorenzo Bravo Morcillo, para la investigación de un presunto delito de cohecho, manifestando simplemente «que por gestiones practicadas han podido determinar la presunta participación en un supuesto delito de cohecho de Lorenzo Bravo Morcillo», omitiendo toda referencia a la existencia de autorización del Juez de Instrucción núm. 3, para la intervención del teléfono de Ramón Solano Deirós, lo que provoca que el Juzgado núm. 10 inicie nuevas actuaciones de investigación, incoando diligencias previas el 3 de mayo de 1986, y sea ese órgano judicial el que reciba de la policía la transcripción de las conversaciones telefónicas intervenidas mediante la citada autorización el 4 de junio de 1986.
En este sentido, las dos Sentencias del T.E.D.H. de 24 de abril de 1990 (casos Huvig y Kruslin) declararon que «el Tribunal no quita importancia en absoluto a varias de las garantías (de las garantías en las escuchas y otras formas de intervención de las conversaciones telefónicas), especialmente a la necesidad de una resolución de un Juez de instrucción, Magistrado independiente; a la inspección que efectúa sobre los miembros de la policía judicial y a la que puede sufrir, a su vez, él mismo por parte de la Sala de acusación, de los tribunales competentes para juzgar y, en su caso, del Tribunal de casación; a la exclusión de cualquier "ardid" o "engaño" que no consista en la mera intervención, sino en una "añagaza efectiva", una "trampa" o una "provocación"; y a la obligación de respetar el carácter reservado de las relaciones entre el Abogado y el sospechoso o acusado».
Lo que ocurre -concluye el T.E.D.H.- es que «el Derecho francés, escrito o no escrito, no establece con suficiente claridad el alcance y los procedimientos de ejercicio de la facultad discrecional de las autoridades públicas en esta materia», o, en otros términos, que «el sistema no proporciona hasta el momento la protección adecuada contra los posibles abusos». Por ello, en los casos Huvig y Krusling se consideró que había sido violado el art. 8 del Convenio. La misma estimación merece el asunto que estamos ahora enjuiciando.
En el presente caso, las escuchas telefónicas fueron el medio por el cual la policía conoció la entrega de 15.000 pesetas por parte de Monserrat Santaeularia a Lorenzo Bravo Morcillo. La policía llegó a la conclusión de que se trataba de un presunto delito de cohecho, como se reconoce en la Sentencia dictada en casación, en su fundamento jurídico 4. Esto provocó la detención de Monserrat Santaeularia y la declaración efectuada por ésta en comisaría de policía. Dicha diligencia no puede surtir efecto probatorio alguno, por derivar directamente de una prueba ilícitamente obtenida, diligencia que, por otra parte, el demandante de amparo considera viciada de inconstitucionalidad al haber sido prestada sin la asistencia del Letrado libremente designado por la detenida, vulnerando lo dispuesto en el art. 17.3 C.E.
1. Reconocer el derecho de don Lorenzo B. M. a la presunción de inocencia.
2. Anular las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 17 de junio de 1991 y por el Tribunal Supremo con fecha 7 de octubre de 1993, en la parte que se refieren al demandante de amparo.
STS 702/2011, 28 de Junio de 2011
SAP León 388/2012, 6 de Noviembre de 2012
SAP Lugo 57/2007, 22 de Enero de 2007
STSJ Castilla y León , 18 de Octubre de 2003
Sentencia de TSJ País Vasco (Bilbao), Sala de lo Social, 2 de Noviembre de 2004
STS 150/2003, 5 de Febrero de 2003

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución