Source: http://institutoyrigoyen.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-25 15:27:20+00:00

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La iniciativa responde a la nueva normativa constitucional de la provincia y propicia asegurar el derecho a la alimentacion y a un ingreso minimo para la subsistencia.El bloque de diputados provinciales de la UCR presentó hoy en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que propicia “establecer el derecho a una prestación económica universal, denominada Renta Básica de Ciudadanía, que se hará efectiva a todas las personas que acrediten su residencia permanente en el territorio provincial, y en una cuantía suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia”, tal lo que reza el primer artículo de la iniciativa.El proyecto de ley lleva las firmas de José Antonio Artusi, Mirta Alderete, Alcides López, Oscar Cardoso, Jaime Benedetti y José María Miser, y establece que la Renta Básica de Ciudadanía “se instituye como el mecanismo a través del cual el Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, siendo la presente ley reglamentaria de la referida disposición constitucional”.Destaca que ese derecho “es inherente a la condición de ciudadano de los individuos y al carácter republicano de la forma de gobierno consagrado en el Artículo 1 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.La institución de la Renta Básica de Ciudadanía tiene por finalidad garantizar una renta mínima suficiente para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia a todos los habitantes, favorecer la autonomía personal, la ampliación de las libertades, y el acceso a una vida digna a todos los habitantes, fomentar la igualdad de oportunidades consagrada en el Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, fortalecer y proteger a la familia, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y contribuir a la optimización de la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas de desarrollo social, procurando la eliminación de la indigencia y la reducción gradual de la pobreza.El proyecto consta de 20 artículos de fondo y uno de forma expresados en cinco capítulos que refieren también a la Extensión del derecho a su percepción, Financiamiento y Cuantía, Creación del Consejo de Renta Básica Ciudadana y Aplicación.La iniciativa está acompañada por una extensa fundamentación a través de la cual el diputado Artusi sostiene que la propuesta "se trata de una iniciativa de ambiciosos alcances, pero perfectamente factible y viable en tanto se dé una condición fundamental: voluntad política. No se trata – como podría desprenderse de un análisis apresurado o prejuicioso – de una propuesta más de 'universalizar' los planes sociales, o de terminar con las formas clientelares que éstos asumen frecuentemente. Se trata de algo mucho más profundo; se trata de poner en marcha un mecanismo legal con implicancias políticas, económicas y sociales".En la misma formula diversas citas sobre el derecho a una existencia digna del conjunto de miembros de una sociedad y presenta una serie de antecedentes sobre textos del mismo tenor formulados por dirigentes y partidos políticos de nuestro país y de otros paísesTambién recuerda el artículo 24 de la nueva constitución provincial que reza: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofres que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”.Artusi destacó sobre el costo del sistema: "Es probable que con algo más de 125 millones de pesos por año (depende de la veracidad de los datos del INDEC) erradiquemos por completo la indigencia en la población infantil entrerriana".
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) reiteró que la semana próxima presentará un proyecto de ley que pretende reglamentar el Artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, que garantiza a todos los habitantes "el derecho a la alimentación" y a "un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia".El legislador radical señaló que la propuesta consistirá en reconocer, de manera gradual, comenzando por los menores hasta los 14 años, el derecho de todos los habitantes a recibir de parte del Estado un ingreso universal e individual, denominado Renta Básica de Ciudadanía, que permita satisfacer necesidades básicas de subsistencia.El diputado Artusi opinó que "es imperioso que la sociedad se involucre activamente en el debate acerca de esta cuestión, puesto que habrá que superar resistencias de todo tipo". La primera objeción que se nos hará - anticipó - será que "no se puede, que no hay recursos, que se encargue el gobierno nacional". El legislador uruguayense expresó en ese sentido, que "hemos reclamado reiteradamente al gobierno de la provincia que exija a la administración nacional lo que legítimamente nos corresponde, para recuperar el federalismo fiscal, y en ese caso los recursos sobrarían holgadamente; de todos modos, como el hambre no espera, la provincia no puede cruzarse de brazos y mirar para el costado ni invocar falazmente la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, necesidad que compartimos". Artusi manifestó que "si tomamos una hipótesis optimista, que es creerle a la Dirección Provincial de Estadística y Censos, que nos dice que la indigencia en Concordia en el segundo semestre del año pasado era de 7,50%, extrapolando tal índice para el conjunto de la población infantil entrerriana, y suponiendo una renta básica de 200 pesos por mes para todos los menores de 14 años que vivan por debajo de la línea de la indigencia, ello significaría un costo anual de alrededor de 60 millones de pesos, lo que representa sólo el 0,76% del presupuesto de gastos de la provincia para el corriente año. Si esta hipótesis nos parece poco realista, podemos tomar los datos del INDEC para la población hasta 14 años del segundo semestre del 2006, y promediar los valores de Concordia y Paraná, ello nos da un 15,65% de indigencia, y en este caso una renta básica para los más de 52.000 menores en tal condición significaría un costo anual de algo más de 125 millones de pesos, sólo el 1,58% del presupuesto"."Queda absolutamente claro que reasignando gastos innecesarios e improductivos es absolutamente factible, y además hay que considerar los ahorros que el gobierno comenzaría a generar a través de la disminución de la demanda de otros programas sociales, comedores escolares, gastos administrativos de esos programas, etc.", enfatizó el diputado Artusi.Finalmente, el legislador radical aseguró que la renta básica "se trataría de un programa universal, de redistribución solidaria de ingresos, que parte de reconocer un derecho, concebido como un mecanismo automático de asignación de un beneficio a quien cumple los requisitos, alejado de la discrecionalidad de los mandatarios de turno, con activa participación de la sociedad civil. Si se avanzara en esta propuesta, se eliminaría en el corto plazo la indigencia en la población infantil, y se reducirían drásticamente los índices de pobreza y de indigencia en la sociedad en su conjunto; a la vez que se verificarían mejoras concretas en la equidad en la distribución del ingreso. También es posible afirmar que se reducirían notablemente los indicadores de desnutrición infantil, promoviendo gradualmente que los niños coman en sus casas, con sus familias, y no en comedores escolares o comunitarios, con todo lo que ello significa en términos de fortalecimiento del núcleo familiar y de mejora de la autoestima. Si el hambre es un crimen, y lo es, debemos comenzar a luchar ya, en serio, para eliminar la lacra que ello significa en una provincia que produce alimentos para varias veces su propia población".-
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que se encuentra elaborando un proyecto de ley que procurará reglamentar el Artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos reformada en el año 2008, que garantiza a todos los habitantes "el derecho a la alimentación" y a "un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia".El legislador radical señaló que la propuesta consistirá en reconocer, de manera gradual, comenzando por los menores hasta los 14 años, el derecho de todos los habitantes a recibir de parte del Estado un ingreso universal, denominado Renta Básica de Ciudadanía, que permita satisfacer necesidades básicas de subsistencia.El articulado del proyecto establece que la implementación de la Renta Básica de Ciudadanía persigue las siguientes finalidades:a) Garantizar una renta mínima suficiente para satisfacer las necesidades básicas a todos los habitantes.b) Garantizar la autonomía personal, la ampliación de las libertades, y el acceso a una vida digna a todos los habitantes.c) Garantizar la igualdad de oportunidades consagrada en el Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.d) Fortalecer el rol de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.e) Optimizar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas de desarrollo social, procurando la eliminación de la indigencia y la reducción gradual de la pobreza.En los fundamentos de la iniciativa, el Diputado Artusi sostiene que "se trata de una iniciativa de ambiciosos alcances, pero perfectamente factible y viable en tanto se dé una condición fundamental: voluntad política. No se trata – como podría desprenderse de un análisis apresurado o prejuicioso – de una propuesta más de “universalizar” los planes sociales, o de terminar con las formas clientelares que éstos asumen frecuentemente. Se trata de algo mucho más profundo; se trata de poner en marcha un mecanismo legal con implicancias políticas, económicas y sociales. Políticas, en la medida en que persigue radicalizar la democracia, construir ciudadanía real, aumentar la autonomía y las libertades de los individuos y garantizar la igualdad de oportunidades; económicas, en la medida en que procura redistribuir la riqueza con criterios de equidad y justicia, motorizar el consumo interno, y racionalizar el gasto público; y sociales, en la medida en que permitiría reducir sustancialmente la pobreza, contribuyendo además a mejorar los indicadores educativos y sanitarios de nuestra sociedad, a la vez que procura afianzar la familia como su núcleo fundamental. Se trata, en síntesis, de terminar con la indigna desposesión que deben sufrir a diario miles de nuestros conciudadanos, privados de medios básicos de subsistencia, pero también privados en los hechos de los derechos políticos, sociales y culturales inherentes a una vida digna; es decir, privados de “las condiciones materiales de la libertad”. Se trata, utilizando términos de Yrigoyen, de contribuir a realizar el ideal de la democracia, en tanto ésta es no sólo la garantía de las libertades políticas sino también “la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera”."
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que presentará próximamente un proyecto de ley para la gestión integral de los residuos domiciliarios en la provincia de Entre Ríos.El legislador radical anunció que iniciará una ronda de consultas de manera previa a la presentación formal de la iniciativa, de modo tal de contar con los aportes que se puedan recibir desde universidades, expertos, municipios y organizaciones de la sociedad civil; a quienes les hará llegar un texto preliminar a modo de borrador que sirva como base para el debate. Artusi señaló que se trata de legislar para tener una norma provincial, en el marco de la Ley nacional 25.916, de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, y teniendo en cuenta a su vez diversas disposiciones sobre política ambiental introducidas en la reforma de la Constitución provincial del año pasado.En los fundamentos del anteproyecto elaborado por el diputado Artusi se sostiene que "el problema de los residuos domiciliarios muestra a las claras cómo los sectores más desposeídos de nuestra sociedad son los que sufren con mayor virulencia los problemas derivados de una incorrecta gestión ambiental en el marco de una sociedad injusta y excluyente; ya sea porque se ven obligados a trabajar de manera informal y sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene en la recuperación de elementos presentes en los residuos como forma de asegurarse un mínimo sustento, o bien porque se ven forzados a vivir en áreas degradadas y segregadas afectadas por la cercanía a basurales a cielo abierto, basurales clandestinos, sitios de disposición final inadecuados, etc.; con todo lo que ello significa en términos de contaminación del aire, del agua, del suelo, proliferación de vectores de diversas patologías, olores; en síntesis, un deterioro permanente de las condiciones de salud ambiental y calidad de vida. El verdadero drama socio-ambiental de la incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos en muchas de nuestras ciudades configura uno de los factores que atentan contra el acceso al derecho a una vivienda digna, y en términos más amplios, contra el acceso al derecho a la ciudad. Cabe consignar que en la Argentina la quema no controlada de desechos domésticos es la principal fuente de emisión de dioxinas, con más del 51% del total. Si bien se trata de un problema complejo, multicausal, no podemos dejar de reconocer que la falta de una normativa clara y efectiva que regule, ordene y oriente la acción de los diversos actores sociales involucrados, es una de sus causas centrales; y allí apunta el proyecto de ley, en el entendimiento de que puede resultar un aporte al comienzo de la solución, viable en la medida en que en primera instancia sólo requiere de voluntad política a nivel del Estado provincial; aunque luego requerirá que esa voluntad política se traslade a los municipios y comunas, y sea acompañada de la inversión de recursos financieros y humanos, de conocimientos y tecnologías apropiadas, y también de participación ciudadana y contralor social".
El Diputado Provincial de Entre Ríos José Antonio Artusi (UCR) manifestó que "antes que pensar en repartir migajas a través de la coparticipación de las retenciones a los hidrocarburos, hay que plantear en serio una política que nos permita recuperar YPF y la renta petrolera para todos los argentinos".El legislador entrerriano se pronunció de esta manera al ser consultado sobre el proyecto de ley presentado por legisladores justicialistas de la Región Centro - ahora enfrentados con el kirchnerismo - que propone afectar el 30% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones y productos industriales al denominado Fondo Federal que se distribuye entre las provincias, de modo similar a lo que se hace con las retenciones a las exportaciones de soja. Artusi señaló que "más allá de reconocer que en la coyuntura una medida de este tipo podrá significar un leve desahogo para las alicaídas arcas provinciales, hay que tener en cuenta que sólo se trataría de un parche, dado que las retenciones a las exportaciones son un impuesto distorsivo, que castiga la producción en vez de gravar la renta y el patrimonio, y que será necesario pensar en su gradual disminución si queremos realmente reactivar el aparato productivo y generar empleos".El Diputado Artusi expresó que "esta iniciativa tiene sin embargo otro costado negativo; y consiste en que oculta el verdadero debate que debemos darnos los argentinos en materia de desarrollo energético, específicamente en petróleo y gas; mientras no tengamos una gran empresa nacional de hidrocarburos, como fue YPF, obra de Yrigoyen, Alvear y Mosconi, tendremos que resignarnos a discutir cómo se reparten las migajas; cuanto de regalías para las provincias, cuanto de retenciones a las exportaciones, cuanto de esas retenciones para la nación y cuánto para las provincias; mientras el grueso de la renta petrolera se va al exterior, de la mano de las remesas de utilidades de las empresas extranjeras que saquean nuestros recursos".El legislador radical lamentó que "de la mano de un falso federalismo, y con el disfraz de la provincialización de los recursos hidrocarburíferos, lo que hicieron en realidad Menem y Kirchner es extranjerizarlos, y nos hemos privado de la posibilidad de tener una política nacional al servicio del desarrollo con autodeterminación, como tiene Brasil y todos los países que cuidan sus propios intereses". Finalmente, José Antonio Artusi consideró que "recuperar y levantar bien alto la bandera del petróleo argentino será un requisito ineludible de la recuperación del radicalismo y de su reencuentro con sus raíces nacionales, democráticas, progresistas y verdaderamente populares y federales".-
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó en la sesión del Miércoles 8 un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se incluya en el Presupuesto 2010 una partida destinada a garantizar el dragado del río Uruguay, desde el km 0 al Puerto de Concepción del Uruguay, con una profundidad de 23 pies al 0. Audio: 09-07-09 José Antonio ArtusiLa iniciativa, presentada por el diputado uruguayense José Antonio Artusi, fue tratada sobre tablas, e incluye una apelación al Poder Ejecutivo Provincial para que reclame ante el gobierno nacional en pos del dragado, obra que el legislador radical estimo como "imprescindible para reactivar en serio el puerto de Concepción del Uruguay y para aprovechar debidamente las mejoras que se vienen implementando en la terminal portuaria".Artusi no ocultó su satisfacción por haber logrado que la Cámara de Diputados se expida a favor del dragado del río Uruguay y manifestó que será de todos modos necesario "seguir insistiendo hasta que sea una realidad". Audio: 09-07-09 José Antonio ArtusiFuente audio: http://www.lt11.net/
Por José Antonio ArtusiEn Concepción del Uruguay se vive una situación realmente llamativa: miles de vecinos viven en barrios alejados del centro de la ciudad, privados de un sistema de transporte público que les permita trasladarse diariamente para satisfacer sus necesidades. Todos los uruguayenses ven cómo las calles de la ciudad son el escenario de un tránsito caótico y peligroso, con una alarmante cantidad de accidentes. La administración municipal no sólo no atina a solucionar el problema, sino que prácticamente lo ignora.Por qué se genera esta situación ? Confluyen varios factores:1.- La falta de planificación del uso del suelo y la carencia absoluta de una política de vivienda por parte del municipio desde hace décadas: esto originó un proceso de expansión caótica de la trama urbana, con barrios cada vez más alejados y segregados.2.- La falta de una política de descentralización de las estructuras administrativas y de promoción de nuevas centralidades comerciales. Para casi todo - trámites ante organismos públicos, educación, compras, recreación, etc. - hace falta acceder al área céntrica.3.- La improvisación más absoluta en materia de transporte público. No existen antecedentes en el mundo de sistemas de transporte público exitosos que no hayan sido minuciosamente planificados.Cuáles podrían ser las soluciones ? Esbozo algunas ideas preliminares, sólo como un aporte al debate:1.- Planificar la gestión del uso del suelo; detener o al menos ordenar el proceso de expansión urbana,y tener una verdadera política de vivienda social, con instrumentos tales como bancos de tierra y otros que han sido útiles en otras ciudades, para evitar que la única alternativa sean barrios del IAPV mal localizados, cada vez más alejados, y que fomentan la segregación residencial.2.- Poner en marcha un proceso de descentralización y de promoción de nuevas centralidades administrativas y comerciales. De este modo se podría evitar que todos tengan que ir para todo al micro-centro.3.- Tener un plan, coherente con los puntos anteriores, de transporte público. Podría pensarse en un esquema mixto, en el que una empresa municipal diseña y regula el sistema, y subsidia la demanda (por ejemplo entregando bonos para estudiantes, jubilados, trabajadores, etc.); y empresas privadas operan las distintas líneas, a las que acceden por licitación, con determinados requisitos de calidad del servicio (estado de las unidades, frecuencias, etc.). Los dos puntos anteriores requieren mucho tiempo para ver resultados. Este último es el que más rápidamente podría brindar alguna solución concreta; aunque en el largo plazo todos debieran formar parte de un plan integral de desarrollo.Un buen sistema de transporte público genera múltiples ventajas; ahorra tiempo y recursos, disminuye la contaminación ambiental, descongestiona las calles, libera espacio público para los peatones, disminuye los accidentes de tránsito; en fin, contribuye a generar ciudades más vivibles, con mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos y visitantes (no sólo para los usuarios del sistema).No se trata de un problema de falta de recursos ni de falta de tecnologías. Eso, en Concepción del Uruguay, sobra. Se trata de un problema de voluntad política. El primer paso para solucionar este problema, como para todos, es querer. Y para eso, hace falta reconocer que existe. Los ciudadanos de Concepción del Uruguay tenemos derecho al transporte público. Exijámoslo.-
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) se refirió a la Marcha número 900 de los jubilados y consideró que "el reclamo permanente de las organizaciones de jubilados, que viene desde la desastrosa gestión de Menem, nos compromete a seguir luchando por la verdadera movilidad previsional y por los demás legítimos reclamos de los jubilados argentinos; tales como la participación activa en la administración de la ANSES y la democratización del PAMI ".En tal sentido, el legislador radical consideró que la reforma del sistema jubilatorio nacional debe pasar por garantizar el 82% móvil, vinculado efectivamente a los haberes de los trabajadores en actividad, y no una movilidad mentirosa como la que sancionó el año pasado el gobierno de Cristina Kirchner. Artusi señaló además que acompañará el reclamo de los jubilados en pos de solicitar al gobierno nacional que adhiera al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece las normas mínimas básicas sobre la seguridad social.Con respecto al sistema jubilatorio provincial, el diputado Artusi expresó que el gobierno entrerriano debe dar señales claras en pos de mantener y jerarquizar el sistema público, solidario y de reparto, y abstenerse de firmar con el gobierno nacional nuevos convenios de "armonización", que son una verdadera espada de Damocles sobre las espaldas de nuestrso jubilados, con el riesgo de afectar elementos estructurales del sistema.-
Con motivo de cumplirse el 3 de Julio un nuevo aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen, la Comisión Permanente de Homenaje realizó el tradicional acto conmemorativo en la plazoleta del Boulevard que lleva su nombre.El acto dió comienzo con la colocación de una ofrenda floral por parte de un grupo de damas de la Comisión Permanente, tras lo cual el Presidente del Comité de Municipio de Concepción del Uruguay de la Unión Cívica Radical, Héctor Rodríguez, hizo uso de la palabra para referirse a la personalidad del prócer. También se dirigió a los presentes en nombre de la Comisión permanente el Sr. Galarraga. Una vez más, se dio cabal testimonio de que Yrigoyen está más vivo que nunca en el alma de sus correligionarios.
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) presentará un proyecto de resolución por el que propone solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que disponga la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la obra del puente sobre el riacho Itapé y la costanera en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay, a financiarse a través de un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.El legislador uruguayense anticipó que la iniciativa también contempla solicitar al gobierno Provincial que una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental se lo someta a consideración en una Audiencia Pública a celebrarse en Concepción del Uruguay, de manera previa a su aprobación.El proyecto de resolución del diputado Artusi prevé requerir tanto al Poder Ejecutivo Provincial como al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional que dispongan la interrupción de las gestiones tendientes a concretar la obra mencionada hasta tanto se obtengan los estudios requeridos .En los fundamentos del proyecto el legislador radical sostiene que "lo que se solicita al Ejecutivo Provincial no es otra cosa que el cumplimiento de una normativa vigente en obras del FFFIR (Ley 24.855), en este caso el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos de dicho organismo, que establece que “la jurisdicción deberá presentar, además, el Estudio de Impacto Ambiental y/o Factibilidad Ambiental emitidos por el área específica de cada jurisdicción, en el que se manifieste que la obra es ambientalmente apta y cumple con toda la normativa jurisdiccional en la materia”. Cabe señalar que tal Estudio de Impacto Ambiental no podrá ignorar las disposiciones introducidas en nuestro texto constitucional el año pasado, en especial lo referido a la protección de los humedales."Artusi enfatizó que "ha causado notoria preocupación en numerosos sectores de la ciudadanía la falta de información pública que ha caracterizado hasta ahora a este proyecto, y ha contribuido a agravar esa preocupación la nota que dirigió recientemente el Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Ing. Fernando Raffo a un grupo de vecinos de Concepción del Uruguay ante una requisitoria de estos, en la que señala que “con respecto al proyecto, estudios y Evaluación de Impacto Ambiental del puente sobre el riacho Itapé que comunicará con la llamada Isla del Puerto, es mi deber decir que no contamos con información alguna sobre el mismo, o del Estudio de Impacto Ambiental que sobre éste se haya realizado”. El contenido de la nota fue publicado por el periódico El Día de Concepción del Uruguay el día Domingo 28 de Junio de 2008."El Diputado José Antonio Artusi entendió "pertinente solicitar también, en aras de la transparencia y la promoción de la participación ciudadana, que se someta al mencionado Estudio de Impacto Ambiental a una Audiencia Pública a celebrarse en Concepción del Uruguay, de manera previa a su aprobación y remisión al organismo nacional encargado de financiar la obra".
El Diputado Provincial José Antonio Artusi anunció que presentará la semana próxima un proyecto de resolución por el que propone dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de solicitarle que se incluyan en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2010 las partidas necesarias a efectos de garantizar las obras de dragado del río Uruguay desde el km. 0 hasta el Puerto de Concepción del Uruguay, que permitan obtener una profundidad mínima de 23 pies al 0.La iniciativa del legislador radical también incluye la invitación a la Cámara de Senadores a adoptar una resolución similar y propicia que el Poder Ejecutivo Provincial reclame enérgicamente ante el Poder Ejecutivo Nacional en pos de exigir la concreción de las obras de dragado.En los fundamentos del proyecto de resolución, el diputado Artusi sostiene que el dragado del río Uruguay es una obra largamente demorada y argumenta que resulta imprescindible si se quiere reactivar en toda su potencialidad el puerto de Concepción del Uruguay y aprovechar debidamente las mejoras de infraestructura que esta y anteriores gestiones vienen concretando en dicha terminal portuaria.El legislador uruguayense señaló que finalmente que el ítem “dragado del río Uruguay” tuvo una asignación en el Presupuesto Nacional 2008 de sólo $500.000, y de $1.000.000 en el Presupuesto 2009; por lo que expresó que estamos a tiempo de que en el Presupuesto 2010 se incluya un monto razonable, acorde con lo previsto oportunamente en el presupuesto plurianual, y teniendo en cuenta la obvia desinversión en esta materia desde hace al menos 8 años.
Con motivo de cumplirse el 113º aniversario de su muerte, la Comisión Permanente de Homenaje a Leandro Alem organizó un acto en el que se procedió a descubrir un busto del fundador del radicalismo, en la plazoleta "Centenario de la UCR" de Concepción del UruguayTras entonar las estrofas del Himno Nacional, el dirigente de la Juventud Radical Pablo Remolif agradeció la concurrencia y dió la bienvenida en nombre de la Comisión, tras lo cual se procedió a descubrir el busto y una placa recordatoria. A continuación el Prof. Celomar Argachá hizo uso de la palabra para realizar una semblanza de la trayectoria de Alem. Posteriormente Pedro Barral leyó el Testamento Político de Leandro Alem y el acto finalizó con los numerosos militantes que se hicieron presentes cantando la Marcha Radical. Leer más...
Por José Antonio Artusi¿ Tiene sentido poner en marcha un complejo mecanismo de deliberación y participación ciudadana para decidir acerca de la aplicación de menos del 1% del presupuesto municipal, cuando además la mayor parte de las obras públicas trascendentes de la ciudad son realizadas con fondos provinciales y nacionales, sobre cuyo destino no se consulta a nadie, ni siquiera a los concejales, naturales depositarios de la representación popular ?Siendo pre-candidato a Intendente, en Mayo de 1999, hace ya 10 años, propuse - a modo de contrato social con mis potenciales votantes - un plan con 100 propuestas básicas, que denominé "100 ideas para transformar Concepción del Uruguay". Se trataba de iniciativas concretas, agrupadas en 10 ejes estratégicos. La cuestión del presupuesto participativo estaba presente en al menos 4 de esas 100 ideas. Me tocó ser, de esa manera, quien por vez primera propuso públicamente instrumentar el mecanismo del presupuesto participativo en nuestra ciudad.Posteriormente, el entonces concejal socialista Pablo Pescio presentó durante la gestión 1999-2003 un proyecto de ordenanza por el que se proponía la instauración del "presupuesto participativo" en la Municipalidad de Concepción del Uruguay.El 30 de Noviembre de 2006, en la Audiencia Pública realizada en el marco de la Auditoría Ciudadana , el entonces concejal radical Fabián Parlatto, Guillermo Vázquez y yo incluimos entre nuestras propuestas el instituto del presupuesto participativo.A 10 años de aquella primera propuesta, a casi 6 años del inicio de la gestión Bisogni, a casi 3 años de la Auditoría Ciudadana ; el Departamento Ejecutivo Municipal ha anunciado la intención de instrumentar esta herramienta de participación ciudadana. Bienvenido sea, más vale tarde que nunca…De todos modos, un elemental sentido de responsabilidad y de honestidad intelectual me obliga a advertir acerca del riesgo de que una implementación inadecuada lo termine distorsionando, resulte ineficaz, y por ende finamente pierda legitimidad ante la ciudadanía.¿ Qué es el presupuesto participativo ?Podemos definir al presupuesto participativo como un sistema de formulación, seguimiento, y control del presupuesto público, mediante el cual la población determina a través de debates y consultas las prioridades y la localización de un determinado porcentaje de las inversiones. En este sentido, es tanto un mecanismo de participación ciudadana como una valiosa herramienta de planificación de la gestión pública, por lo general a nivel local.¿ Donde nació la idea ?Se trata de una metodología que adquirió notoriedad a partir del éxito de su implementación por parte de la Municipalidad de Porto Alegre, luego de la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, en 1989. Como consecuencia de la repercusión de esta experiencia pionera, se comenzó a aplicar en otros ciudades brasileñas y aún a nivel estadual. En nuestro país y en el Uruguay comenzaron lentamente a desarrollarse algunas experiencias, con éxitos y fracasos, quizás con predominancia de éstos.¿ Cuáles fueron los principios básicos iniciales del presupuesto participativo en Porto Alegre ?PARTICIPACIONLa participación social está concentrada en el presupuesto público, por ser la pieza central de la acción de gobierno. Se trata de "compartir el poder con la comunidad".UNIVERSALIDADSe trata de un sistema en el que la participación está abierta directamente a todos los ciudadanos, y no sólo a las instituciones y organizaciones de la comunidad.COMPLEMENTARIEDADEl presupuesto participativo se concibe como una herramienta complementaria de las instituciones representativas, y no como una alternativa para su eliminación o para un menoscabo de sus funciones y atribuciones constitucionales y legales. Es en este sentido un intento por combinar formas de democracia directa y democracia representativa.PUBLICIDADEl presupuesto participativo tiene un carácter abierto, público, y todas sus instancias y reuniones son ampliamente divulgadas.¿Cuáles son las ventajes teóricas y los potenciales aspectos positivos de un presupuesto participativo a nivel municipal ?DEMOCRACIA PARTICIPATIVAEl presupuesto participativo puede constituir un proceso concreto de democracia participativa, involucrando a muchos ciudadanos en el debate y en la toma de decisiones públicas.PLANIFICACIÓN ESTRATEGICAEl presupuesto participativo puede ser una valiosa herramienta de planificación, que se articule armoniosamente con otras en el marco de un plan estratégico de desarrollo local.PROMOCION DE UNA SOCIEDAD CIVIL ACTIVAEl presupuesto participativo puede ser un factor que estimule el desarrollo de una sociedad civil activa y responsable, que puede por lo tanto estar en mejores condiciones de participar en otros procesos similares.EQUIDADEl presupuesto participativo puede servir para mejorar la distribución de los recursos públicos, favoreciendo a los sectores más postergados.EFICIENCIAEl presupuesto participativo puede mejorar el desempeño gubernamental en su totalidad, incrementando la eficiencia de la gestión pública.TRANSPARENCIAEl presupuesto participativo puede servir como un valioso elemento de lucha contra la corrupción y el clientelismo, transparentando la asignación de los recursos públicos.LEGITIMIDADLa participación, la eficiencia y la transparencia en la adopción de acuerdos sociales básicos contribuyen a legitimar las decisiones que surgen de todo el proceso, facilitando la gobernabilidad y la viabilidad estratégica de los proyectos priorizados¿Cuales serían los mínimos requisitos de un presupuesto participativo?Todo lo antedicho suena muy lindo, y corremos el riesgo de plantear un panorama idílico si no advertimos acerca de los riesgos que supone una inadecuada implementación del presupuesto participativo, y si no señalamos que esta herramienta de gestión, como cualquier otra, presenta algunos requisitos básicos que son imprescindibles si pretendemos un mínimo de eficacia. Lamentablemente, no observamos por el momento que estos riesgos y requisitos previos estén todavía suficientemente tenidos en cuenta.¿ Cuáles serían esos requisitos mínimos ?Voluntad política efectiva. La decisión de descentralizar el poder debe ser contundente y no una mera declamación. Ello que implica involucrar un monto razonable. ¿ Tiene sentido poner en marcha un complejo mecanismo de deliberación y participación ciudadana para decidir acerca de la aplicación de menos del 1% del presupuesto municipal, cuando además la mayor parte de las obras públicas trascendentes de la ciudad son realizadas con fondos provinciales y nacionales, sobre cuyo destino no se consulta a nadie, ni siquiera a los concejales, naturales depositarios de la representación popular ? Tarso Genro, quien fuera dos períodos alcalde de Porto Alegre, consideró que “el Alcalde de Porto Alegre decide mucho menos que cualquier otro, pero sus decisiones han sido fundadas en decisiones colectivamente articuladas y eso le hace un alcalde mucho más fuerte que los otros. Renuncia a decidir muchas cosas, pero eso amplía extraordinariamente su representación política”.Articulación en el marco de un verdadero presupuesto por programas. Hoy en día el presupuesto municipal es meramente una serie de números que la sociedad desconoce, que se modifican a voluntad del Ejecutivo a lo largo del ejercicio, y que no permite medir metas ni evaluar la eficiencia y la eficacia de la asignación de los fondos públicos.Formar parte de un plan de desarrollo local. Concepción del Uruguay carece absolutamente de herramientas de planificación de su desarrollo. En el marco de la improvisación y la falta de información clave para la toma de decisiones; ¿ tiene sentido consultar a la ciudadanía acerca del destino de fondos que no se sabe en qué contexto van a ser invertidos ?Rigor metodológico: no se trata de soplar y hacer botella; implementar mecanismos de presupuesto participativo no ha sido sencillo en ninguna parte, se requiere un mínimo de evaluación de las técnicas a utilizar.Articulación coherente con otras herramientas de participación ciudadana, hoy ausentes o subutilizadas.No es grato ser agorero, pero no me queda otra alternativa; si no se resuelven adecuadamente de manera previa estos interrogantes, corremos el riesgo de poner en marcha un mecanismo que puede llegar a generar primero expectativas pero luego frustraciones; y el remedio puede ser peor que la enfermedad, pues es muy difícil revertir el descrédito de la ciudadanía cuando se la convoca a participar en instancias que terminan siendo estériles. Como señala acertadamente Fernando de la Riva , “la ciudadanía es muy escéptica y está muy quemada de pasadas y fallidas experiencias en las que se la invitó a participar, a opinar, a implicarse… y luego recibió una sonora pedo­rreta en las mismas narices. Ahora no va a serle fácil arrancarla del televisor y de la basura rosa. Harán falta muchas campañas y, sobre todo, muchos buenos ejemplos por parte de las instituciones para convencerles de la sinceridad de sus intenciones”Estamos a tiempo. Ojalá que el debate que debe darse en el Concejo Deliberante, y en el conjunto de la sociedad, sirva para perfeccionar una norma que cree un verdadero y genuino presupuesto participativo, y no un pálido remedo que de aquel sólo tenga el nombre.-

References: Artículo 24
 Artículo 1
 Artículo 15
 Artículo 18
 artículo 24
 Artículo 24
 Artículo 24
 Artículo 15
 Artículo 18
 resolución 
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