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Timestamp: 2018-07-23 05:53:06+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 23 Octubre 2013
La ley y el error de Estrasburgo
Alfonso Villagómez Cebrián www.gaceta.es 23 Octubre 2013
Se trataba de una interpretación judicial sobre el régimen de ‘rebaja’ de las condenas.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dejado sin efecto la llamada doctrina Parot de la jurisprudencia española. El argumento del pleno de la Corte europea es que la liquidación de una condena sobre la base de esa doctrina, es decir, el cómputo sobre cada uno de los delitos a los que se fue condenado con arreglo al Código Penal de 1973, es contraria al artículo 7 del Convenio europeo de derechos humanos, que proclama el “principio de legalidad penal”. Entre las normas de ese Código de 1973 –derogado definitivamente en 1995– estaban así las que concedían a los condenados por cualquier delito –incluidos los terroristas– la posibilidad de redimir un día de condena por cada dos días de trabajo en prisión (excepcionalmente un día de remisión por cada día de trabajo).
En estos casos, la Administración penitenciaria y los tribunales aplicaron invariablemente la reducción de penas por trabajo a partir del máximo de pena que podía cumplirse en prisión, es decir, 30 años. Esta era la ley y su aplicación unánime a muchos terroristas y otros autores de delitos igualmente muy graves por los que fueron condenados durante la vigencia del Código Penal de 1973, es decir antes de 1996. Y el Estado español ha sido perfectamente cumplidor en toda la extensión del principio de legalidad penal que se recoge en ese precepto del Convenio europeo y, naturalmente, en nuestra legislación ordinaria y constitucional. Esto es así porque, como es sabido, los delitos se juzgan siempre conforme a la ley vigente en el momento de su comisión, aunque luego esa ley resulte derogada. Lo que a principios de 2006 hizo nuestro Tribunal Supremo no fue sino realizar una nueva interpretación del modo de contar esa reducción de pena por el trabajo penitenciario, legalmente impuesta.
Ahora el cómputo sería desde la totalidad de los años de condena, y no desde el máximo de su cumplimiento en prisión de 30 años. Así se gestó la llamada doctrina Parot, que no ha sido aceptada equivocadamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, se trataba de una interpretación judicial sobre el régimen de rebaja de las condenas y no sobre la aplicación de las penas, que es lo que exige el principio de legalidad nacional e internacionalmente considerado.
El Código de 1995 suprimió esas rebajas de pena; sin embargo, no aclaró en absoluto la forma de seguir llevando a efecto el cómputo anterior al mismo. De ahí que el Tribunal Supremo, y el Constitucional también, consolidaran esa doctrina que, para muchos, es técnicamente más razonable. No pretendo exponer ahora argumentos de justicia material ante delitos atroces para los que la ley no tenía respuesta, sino sólo indicar desde esta página por qué creo que en este caso no acierta el Tribunal de Estrasburgo. En este sentido, el artículo 7 del Convenio europeo proclama el principio de legalidad penal como un derecho fundamental.
Un principio que tiene origen en el siglo XVIII, y parte como una reacción contra la arbitrariedad, el abuso del poder y la inseguridad jurídica. Su verdadero enunciado está en el libro De los delitos y de las Penas, de César de Bonesana, marqués de Beccaria: “Sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos; y que esta autoridad no puede residir más que en el legislador que representa aun toda la sociedad agrupada por una contrato social”; y la túnica latina Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege la pondrá posteriormente Feuerbach.
A partir de entonces en todas las legislaciones se distingue entre legalidad sustancial y legalidad formal. El principio de legalidad penal sustancial proclama que se sanciona con una pena o se somete a una medida de seguridad cualquier acción u omisión o estado peligroso de una persona que vaya contra la sociedad o el Estado; mientras que el principio de legalidad penal formal es un axioma jurídico por el cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que la ley anterior lo haya previsto como tal. La descripción del delito o situación peligrosa tiene que preceder al acto delictivo o al comportamiento peligroso. Considera y castiga como delito, todo hecho que esté en la ley como tal.
No considera ni castiga los hechos que no estén en la ley, aun cuando esos hechos pudieran ser lesivos a la sociedad o a las personas. En definitiva, son unos principios fundamentadores de cualquier opción política liberal o socialdemócrata, defensoras de derechos, libertades y garantías fundamentales de los ciudadanos.
Ahora bien, en la técnica de aplicación este principio impone que el rango de aplicación de la pena, que es de lo que se trata con la “doctrina Parot”, debe ser razonablemente amplio, pero claramente limitado porque la rigidez de la pena es perjudicial para el condenado. No cabe duda de que esta interpretación jurisdiccional es, desde 2006, menos favorable para el condenado, pero eso no supone la vulneración del principio de legalidad penal en su reconocimiento, modalidades y protección, tal como he dicho. Y como el propio Tribunal de Estrasburgo había dicho en otras ocasiones al excluir de su propio ámbito de garantías internacionales, el modo en que en cada Estado se lleva a cabo el cumplimiento y la ejecución de las penas.
De esta manera además, no es posible entender cómo el TEDH considera que, con todo ello, lo que se hace en España es aplicar “una pena no prevista en su momento en la ley e imprevisible objetivamente”. Sin duda, la aplicación de penas diferentes de las vigentes en el momento de la comisión de los delitos e imprevisibles, es frontalmente contrario al principio de seguridad jurídica reconocido también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero no es esto lo que ha venido haciéndose desde la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
No hay necesidad, en definitiva, de acudir a los postulados de la Escuela correccionalista –que dicen que la pena debe ser indeterminada para poder aplicar la prevención especial que exigiría el tratamiento de cada interno– porque los tribunales españoles, con acertado y justo criterio, han sabido determinar en cada caso las condenas encadenadas que se le presentaban a liquidar. Y, por supuesto, respetando el principio de legalidad.
*Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado.
Otra vez los jueces contra la Justicia
José Luis Roldán Libertad Digital 23 Octubre 2013
Desde los tiempos en que el mito regía las cosmogonías -antes del nacimiento de la ciencia política, incluso de toda ciencia, en el sentido moderno del término-, en los albores de la literatura occidental, ya encontramos en los bellísimos poemas de Hesíodo y de Homero, o en las inmortales tragedias griegas, la impronta de una profunda preocupación humana por la justicia.
Es evidente que la idea de justicia no es privativa de ninguna particular civilización, sociedad o cultura; al contrario, es algo universal. Lo mismo podemos decir de su ubicación en el tiempo. Decía San Agustín que el término justicia fue acuñado en tiempo inmemorial. De modo que podríamos afirmar con Hesíodo que el anhelo de justicia es natural en lo humano, le es inherente.
Con independencia de que reconozcamos la diversidad cultural y la historicidad de los valores éticos (no en vano el sentido original de la ética es costumbre, ethos), y que, consecuentemente, la probabilidad a priori de que el concepto de justicia no sea el mismo en las diferentes sociedades humanas, ni lo haya sido, incluso en las mismas, en su devenir histórico, no obstante, hay en la idea de justicia un sustrato común e inmanente: el concepto de justicia es un concepto esencialmente social, por definición.
Salvo desde el más radical solipsismo, no puede afirmarse que uno es justo o injusto consigo mismo. La idea de justicia entraña necesariamente la alteridad. No puede concebirse la idea de justicia si no es mediante la conciencia del otro, el reconocimiento de la alteridad. Es necesaria, digámoslo así, esa externalización de la conciencia. De manera que, en opinión de los más sabios, como Aristóteles, Cicerón y Tomás de Aquino,
la justicia no es una virtud absoluta y puramente individual; es relativa a un tercero, y esto es lo que hace que las más de las veces se la tenga por la más importante de las virtudes (…) La justicia no puede ser considerada como una simple parte de la virtud, es la virtud entera, del mismo modo que la injusticia no es parte del vicio, sino el vicio todo.
Precisamente por eso, la justicia no deja de ser un ideal; como tal, irrealizable. La maldad triunfa, siempre ha triunfado. Decía Mark Twain: "Yo no pregunto de qué raza es un hombre; basta con que sea humano. Nadie puede ser nada peor". La historia de la justicia es una historia de infamias. Al ser humano, en su anhelo de justicia, sólo le ha sido otorgado conocer la injusticia.
Nos ha tocado, de nuevo, paladear su amargo sabor. En esta ocasión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha enmascarado con argumentos humanitarios el depravado rostro de la injusticia. No voy a entrar a analizar los más que discutibles -desde la estricta perspectiva jurídica- argumentos de la sentencia. Sólo quiero señalar que no puede haber justicia en una sentencia que ultraja a las víctimas y afrenta la razón.
Bajo el argumento de servir a la ley, el TEDH ha cometido una enorme injusticia. Se está convirtiendo en costumbre que las víctimas del delito sean triplemente agraviadas: por los autores, por los jueces y por los canallas que los aplauden. Cicerón lo advirtió:
En cuanto a la injusticia, ésta es de dos géneros, uno de los que hacen la injuria y otro de los que, pudiendo, no lo estorban…
Los jueces, cuya condición, aquí y en Pekín, es saber más que las leyes, no han sabido en esta ocasión, en la que verdaderamente se trataba no ya de eludir la aplicación de la ley -cosa en la que son fantásticos maestros torcedores de leyes, en opinión de Quevedo- sino de interpretarla, o, tal vez, no han querido, atender a la primera finalidad de la ley, que, según Cicerón, es estorbar la injusticia (porque en el fondo las leyes han nacido del miedo a la injusticia, como dijo Horacio); ni siquiera se han dejado guiar por la prudencia y seguir el consejo del eximio jurisconsulto, conforme al cual "es sabia máxima no hacer cosa alguna en que quepa la duda de si es o no justa, porque la duda trae consigo la sospecha de la injusticia". Por el contrario, han preferido otorgar a la injusticia rango de ley, a fuerza de repetirla, como dijo Bertolt Brecht.
El TEDH ha olvido lo esencial de la justicia, lo que, como hemos dicho antes, es inmanente al concepto de justicia: el otro. El TEDH se ha olvidado del otro, se ha olvidado de las víctimas de esa bestia asesina a la que ha amparado. El TEDH ha sido muy considerado con la asesina, a la que ha tratado con humanidad, en tanto que a las víctimas les ha negado la condición de personas, rebajándolas a número o, peor, a masa innominada. El TEDH ha olvidado que la función de los tribunales es la reparación de la injusticia y que, como dijo Aristóteles, es imposible obtener la justicia debida sin que haya alguien que realice un acto de justicia.
Carmelo Bella, José Calvo, Miguel Ángel Cornejo, Jesús María Freixes, Jesús Jiménez, Andrés José Fernández, José Joaquín García, Santiago Iglesias, Antonio Lancharro, Javier Esteban, Miguel Ángel de la Higuera y Juan Ignacio calvo y tantos otros que no nombro, no habrá justicia para vosotros. Hoy es un día triste para las personas decentes que aman la justicia; sólo nos quedará la memoria de vuestro sacrificio y el recuerdo de la infamia; la de los asesinos y la de los jueces. López Guerra, no te olvidaremos.
Francisco Muro de Iscar Estrella Digital 23 Octubre 2013
Si Antonio Beristáin, el catedrático y jesuita creador del Instituto Vasco de Criminología, no se hubiera muerto antes de tiempo, a sus jóvenes y activos 85 años, hoy estará donde siempre estuvo: con las víctimas, con las macrovíctimas del terrorismo como él las llamaba. Este vasco limpio de corazón defendía que ya no era la persona sino la víctima "la medida de todas las cosas", algo que no han tenido en cuenta los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han aplicado la ley al milímetro pero que no han impartido Justicia porque no han tenido en cuenta "el interés superior de las víctimas". Hay que acatar la sentencia y aplicarla con rigor, pero hay que seguir despreciando -no compadeciendo- al delincuente que no se arrepiente ni repara su daño y, sobre todo, a quienes les respaldan, protegen y amparan.
Las víctimas y quienes las apoyamos ganaremos la guerra, a pesar de que una sentencia, muchas traiciones
Es posible que los jueces hayan defendido la legalidad y que, al fortalecer el principio de irretroactividad de las leyes, están defendiéndonos a todos frente a los caprichos políticos, a las decisiones arbitrarias, a la oligarquía de los que abusan del poder. Pero podían haber innovado, como pedía Beristáin, para tener más en cuenta la imponente realidad humana del terrorismo -el holocausto de la segunda mitad del siglo XX- y haber hecho un reproche moral y una petición de resarcimiento a los terroristas y a quienes les amparan.
Decía Beristáin que en todos los países donde pervive el terrorismo -y España, pese a la tregua forzada de ETA, es uno de ellos-, "las personas viven aplastadas por el elefante invisible del miedo" y añadía que "no son justas les leyes que no respetan los derechos del hombre y, además, no representan la justicia ni la voluntad del pueblo, que es la base de la autoridad, sino al grupo de presión que las elabora, las promulga y las impone".
Con Beristáin, el hombre que tal vez mejor comprendió a todas las víctimas hasta llegar a escribir un tratado sobre Victimología y a crear escuela, todos tenemos que estar con las víctimas porque en ellas "hay una seguridad, un algo diferencial, un elemento invisible e inalienable, una riqueza que las distingue para siempre". Las víctimas y quienes las apoyamos ganaremos la guerra, a pesar de que una sentencia, muchas traiciones, los errores de algunos gobernantes permitan sobrevivir a los asesinos. Frente a quienes se preguntan qué derechos humanos ha puesto por delante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que responder que, hoy más que nunca, la batalla es por la plena vigencia de los Derechos Humanos. "Allí donde domina el terrorismo, decía Beristáin, se anula la voz y la palabra" pero el testimonio de las víctimas, su dolor, su fuerza, "su contribución fecunda a la convivencia universal logrará la victoria siempre, aun cuando aparentemente figuren como vencidas". La convivencia en el País Vasco no se construirá sobre el olvido ni sobre las decisiones legales pero injustas de los tribunales sino sobre los Derechos Humanos y la memoria de las víctimas.
La ‘Doctrina Pumpido’ y el ‘polvo de las togas’
Así está el patio www.gaceta.es 23 Octubre 2013
Dos días después del polémico y decepcionante fallo del Tribunal de ¿Derechos Humanos? de Estrasburgo, las víctimas del terrorismo siguen rumiando su rabia y su decepción por el fallo que anula de un plumazo la doctrina Parot y la sociedad española –o una buena parte de ella– su desconcierto porque en nuestro país haya ocurrido algo que en Francia o en Gran Bretaña, pongamos por caso, hubiera sido inimaginable.
Decimos parte de ella porque hay otra parte, suponemos, que mucho menor, que parece, si no celebrar, si al menos mostrar una cierta comprensión, rayana en lo increíble, con la decisión de sus europeas señorías. Firma el director de La Vanguardia, José Antich, una Segunda en la que, en un prodigio de funambulismo, comienza sugiriéndonos situarnos en los tiempos de aquellos “duros atentados para percibir en toda su crudeza lo que suponía la lacra del periodismo”, y termina asegurando que “aunque el tiempo no lo borra todo, es verdad que el momento político que se vive en el País Vasco y la convicción de un cambio de situación hará algo más llevadera la decisión judicial”. Viejo argumento, querido y manoseado por la progresía oficial –aunque llamar progre a Antich sea algo excesivo– el de adaptar las leyes al cambiante momento político.
Era la doctrina Pumpido, expresada en su famosa comparecencia del entonces Fiscal General del Estado en el Congreso allá por 2006, en plena negociación entre la ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero. Aquello de “dejar que las togas se manchen con el polvo del camino”, o dicho en otras palabras que la justicia se adapte a los caprichosos avatares de la política.
El Plural nos ofrece un titular interesante si se lee bien para comprobar, una vez más, la saña y el retorcimiento de algunos: “Quienes iban de la mano con el PP contra ZP para sacar rédito electoral del terrorismo, se vuelven contra Rajoy”. Digo si se lee bien porque hay que leerlo al menos dos veces de puro farragoso. La conclusión en cualquier caso es evidente: al digital de Sopena le congratula especialmente que las víctimas, básicamente la AVT, auténtica bestia negra de la extrema izquierda porque les llenó la calle de millones de personas cuando estos aún creían que la calle era sólo suya, se hayan vuelto contra Rajoy. Realmente, que sepamos, se han vuelto contra los euromagistrados y en especial contra uno, López-Guerra, gran amigo del extinto Zapaterismo y gran muñidor de este fallo judicial, nunca mejor dicho. Porque, que sepamos, al menos en público (otra cosa es en privado) el PSOE, tan venerado por Sopena, ha dicho más o menos lo mismo que el PP y el Gobierno de la Nación. Cosa distinta es el mundo del socialismo vasco, y sobre todo guipuzcoano, con una de sus dos almas siempre más atenta a las necesidades de los nacionalistas más extremos que a las de los constitucionalistas. Y no será porque el PSOE en el País vasco no ha puesto féretros encima de la mesa.
Como confesaba hace algunos meses un socialista al que este escribidor conserva un respeto sobresaliente, por su coherencia a la hora de expresar posiciones, incluso incómodas para su partido: “Si Besteiro levantara la cabeza y observara la deriva pro-secesionista en la que se han metido algunos socialistas, volvería a su tumba”.
Editorial www.gaceta.es 23 Octubre 2013
Ante el aumento del peso de las exportaciones de cava y la caída del mercado nacional, Freixenet planteó a sus accionistas la necesidad de construir un nuevo centro logístico mucho más moderno y grande que el actual, ubicado junto a las cavas que la compañía tiene en Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona. Ahora, el miedo de la bodega al proceso secesionista auspiciado por Convergència y ERC para Cataluña ha paralizado este proyecto que preveía una inversión de 30 millones de euros. La razón es obvia: el primer fabricante mundial de cava teme que una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament suponga la salida de Cataluña de la Unión Europea y, en consecuencia, una traba para las exportaciones que hace la compañía, que actualmente ya suponen el 80 por ciento de su facturación.
De esta manera el empresariado catalán empieza, al fin, a reaccionar mediante la toma de decisiones al órdago independentista lanzado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas. Si José Manuel Lara, propietario del grupo Planeta, fue el primer peso pesado del mundo empresarial catalán en mostrar abiertamente su rechazo, ahora es Freixenet la primera gran empresa en pasar a la acción. Lo que hace un año eran simples amenazas -”Si Cataluña se independiza, Planeta se irá a Zaragoza, Madrid o Cuenca”, dijo Lara, ahora son hechos. El seny del empresariado catalán viene a poner un poco de sentido común mostrando por la vía de los hechos el rechazo a una deriva que no sólo amenaza con romper España de forma unilateral y totalmente ilegítima, sino que, de llegar a culminarse, acabaría devastando la ya de por sí depauperada economía catalana.
El nacionalismo atenta directamente contra los derechos inalienables de individuos y empresas. Normal, pues, que la escalada independentista de Mas y compañía sea vista con “enorme preocupación” por los grandes empresarios y las multinacionales. El nacionalismo pretende expulsar a los catalanes de España y de la propia Unión Europea, lo cual se traduciría en nuevas barreras artificiales al comercio mediante la instauración de aranceles, el abandono del euro y la intensificación de trabas administrativas de todo tipo. La secesión significaría, simple y llanamente, menos competitividad empresarial y, por tanto, menos riqueza y empleo en Cataluña. La tragedia para los catalanes sería aún peor si el proceso independentista quedara en manos de la ultraizquierda local, seguramente bien dispuesta a las nacionalizaciones y la adopción de políticas autárquicas. Los empresarios lo saben. Por ello han decidido acabar con las contemplaciones y pasar a pronunciarse con claridad y rotundidad. Para que todo el mundo sepa a qué atenerse y qué es lo que está en juego.
Qué mal pinta esto
Isidro Carpio www.cronicaglobal.com 23 Octubre 2013
El nacionalismo catalán ha necesitado para su supervivencia un enemigo imaginario durante estos 35 años de democracia, cuestión esta que se expuso con aparente naturalidad en los años 80 con motivo del caso de Banca Catalana. Aún tenemos vivos en nuestros recuerdos las distintas manifestaciones que, en lugar de defender a la justicia y que los corruptos fueran a la cárcel, estas se hacían contra de España, comparando a Felipe González, entonces presidente de Gobierno, con Felipe V, el borbón que sofocó la rebelión de Cataluña en la Guerra de Sucesión, y como todo ello se hacía en nombre de Cataluña.
En realidad, de lo que se trataba era de depurar las responsabilidades de los administradores de Banca Catalana por diversos delitos, entre ellos, el de apropiación indebida. Entre los encausados estaba el propio Jordi Pujol, que entre otras minucias, se le acusaba de haberse apropiado de 516 millones de las antiguas pesetas y quebrar un banco que costó al erario público 20.000 millones de pesetas.
Estos episodios tuvieron una gran trascendencia para el futuro del nacionalismo y el encaje de Cataluña en España, pues esta es la forma de actuar del nacionalismo moderno y que se repite en la actualidad. El Gobierno de Felipe González prefirió no ahondar más en esas arenas y pactar distintos gobiernos de España con el nacionalismo catalán ya que a su juicio no ponían en riesgo la integridad del Estado español, cuando en realidad lo que querían decir es que estos nacionalistas de CiU eran necesarios para la gobernabilidad porque hacían de bisagra para la sostenibilidad de los sucesivos gobiernos.
No podemos dejar pasar por alto las imprudencias de Zapatero, con aquel "Pasqual, ¡apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña!"
González es el primero en reconocer el hecho diferencial catalán, para así públicamente congraciarse con los nacionalistas, tanto los de su propia casa, PSC, como con el resto, Pujol y los suyos. Otros, después, decidieron "hablar catalán en la intimidad". Tanto es así que en la época de Aznar, los nacionalistas vascos y los catalanes se llenaban la boca diciendo que "hemos alcanzado mayores cotas de autogobierno con el Gobierno de Aznar, en una semana, que con el PSOE en doce años".
Esto nos da una idea de lo importante que eran y son los nacionalistas para los sucesivos gobiernos, con independencia del color del gobierno de turno. De aquí vienen todas las políticas mercantilistas de los nacionalistas y de los agravios inventados con tal de obtener ventajas sobre el resto de los pueblos de España. Este mercantilismo se llama hoy en día "tercera vía".
Además, no podemos dejar pasar por alto las imprudencias de José Luis Rodríguez Zapatero, con aquel "Pasqual, ¡apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña!". Dio alas a los nacionalistas, incluidos a los del PSC, para proponer un Estatuto independentista.
A estos hechos y frases grandilocuentes hay que añadirles la acción de gobierno de los distintos tripartitos en Cataluña. ¡Claro que de esos polvos vienen los lodos que ahora padecemos! Ya no estamos por el bilingüismo, ahora estamos por la inmersión lingüística, para algunos no suficiente, ya que están pidiendo que el catalán sea lengua oficial única en Cataluña. Ya no estamos por un concierto económico a la vasca, o por las inversiones en infraestructuras, ahora estamos por la independencia.
Pues bien, si los vaticinios que prevén determinadas encuestas sobre la intención de voto se confirman, la fractura social será un hecho irremediable. Responsables, todos aquellos que teniendo como mandato de todos los españoles el hacer una España más igualitaria, prefirieron cerrar los ojos echándose en manos de la gobernabilidad con los nacionalistas, en lugar de estar por los pactos de Estado con las fuerzas políticas mayoritarias. Para eso, precisamente, sirve el bipartidismo; y no para deshacer lo que teje uno en un mandato y viceversa, en función del clientelismo de cada uno.
A la voz de Cataluña era atacada por las hordas marxistas de España. Gobernaban los socialistas. Pero, es lo mismo, en otra situación habrían sido los nacionalistas españoles
Las cuestiones de Estado, como la vertebración de España, la sanidad pública, la enseñanza, la vivienda, las situaciones de dependencia, están por encima de la política coyuntural ideologizante y, no solo eso, están consagradas en la Constitución.
Antes fue Pujol, que instrumentalizaba, a través de los sentimientos a los ciudadanos y los movilizaba en interés propio, para tapar la quiebra de una entidad bancaria donde estaba involucrado. A la voz de Cataluña era atacada por las hordas marxistas de España. Gobernaban los socialistas. Pero, es lo mismo, en otra situación habrían sido los nacionalistas españoles.
Actualmente, el nacionalismo que repentinamente profesa el jacobino presidente autonómico Artur Mas le viene como consecuencia de los múltiples procesos judiciales por corrupción, que afectan a su partido, a su familia, a la del ex presidente autonómico y a los nacionalistas de UDC.
Este nacionalismo sobrevenido es utilizado nuevamente para tapar el desgobierno y la corrupción, una vez más se están utilizando los sentimientos, sin tener en cuenta las consecuencias, y por eso nos preguntamos, ¿ahora qué? ¿Estamos dispuestos a que un iluminado que ha estado huyendo hacia delante, que nos ha llevado a una situación política y socialmente insostenible, nos lleve a la violencia? ¿Estamos dispuestos a apaciguar nuestros sentimientos, y a dejar que la inteligencia se imponga a la necedad de nuestros dirigentes?
Permitidme aquí que parafrasee un verso del poema Mío Cid: "Que buenos vasallos seriamos los catalanes, españoles, si tuviéramos buen señor".
Londres medita retirarse del Tribunal de Estrasburgo... en Alemania es sagrado
B. BERGARECHE/J.P. Quinoñero/A. G. fuentes/j. p. JOFRÉ / londres/parís/roma/berlín ABC 23 Octubre 2013
Todos los países de la UE acatan las sentencias del TEDH, pero algunos Gobiernos comienzan a cuestionar su idoneidad
Reino Unido: Cameron se cuestiona la permanencia en la Convención Europea de Derechos Humanos
En 2012, el Tribunal prohibió la deportación a Jordania de Abu Qatada, «líder espiritual de Al Qaida en Europa»
En Gran Bretaña, fustigar a Europa es una baza ganadora electoralmente. Y hacerlo contra un tribunal «extranjero» con sede en Francia al que acusan de impedir la extradición de terroristas confesos o de imponerles la concesión del derecho a voto de los prisioneros puede conducir directamente a Downing Street. Lo sabe la actual ministra de Interior británica, la conservadora Theresa May, que no duda en cuestionar la vigencia del tribunal cada vez que quiere reforzar su perfil político. Durante la convención anual de su partido el mes pasado en Manchester, May apuntó directamente a la posibilidad de que el Reino Unido se salga del ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos, un texto promovido en los 50 por un país que lleva precisamente a gala ser la patria de los derechos civiles.
El propio primer ministro se refería recientemente a esa posibilidad. Los conservadores quieren presentarse a las próximas elecciones generales, previstas para mayo de 2015, con la propuesta de sustituir la actual Ley de Derechos Humanos, que integra la convención europea en la legislación británica, por una Ley Británica de Derechos Humanos que permita una aplicación más flexible de sus preceptos y de las sentencias del TEDH.
El caso de Abu Qatada
«Cuando Estrasburgo modifica constantemente los objetivos e impide la deportación de un hombre peligroso como Abu Qatada, debemos preguntarnos cuáles son los fines de los firmantes de la convención», se quejaba May.
En enero de 2012, el Tribunal de Estrasburgo prohibió al Reino Unido la deportación a Jordania de Abu Qatada, considerado por la Audiencia Nacional española como «el líder espritual de Al Qaida en Europa», porque supondría una violación a su derecho a un juicio justo, según la corte. Londres acató la sentencia y puso en libertad al predicador islamista. En julio de 2010, Estrasburgo bloqueó temporalmente la extradición a Estados Unidos de Abu Hamza al-Masri, otro clérigo yihadista acusado de terrorismo, por exigir -como hace siempre de manera consistente el tribunal- garantías de que no sería sometido en EE.UU. a torturas o tratos degradantes.
La misma exigencia obligó al Reino Unido a negociar a contrarreloj un tratado bilateral con Jordania que recoja esas garantías, con lo que Abu Qatada fue deportado en julio de este año.
El Gobierno británico acata las decisiones de la corte
En la mente de muchos británicos, y de forma mayoritaria entre las bases «tories», según varios sondeos, Estrasburgo ha dejado de ser un celoso guardián de los derechos de todos para convertirse en un obstáculo a la aplicación de la Justicia británica.
A pesar de este clima adverso, fruto de la tradicional desconfianza británica hacia las decisiones tomadas en el continente, el gobierno británico acata las sentencias de la corte. Tras una sentencia de junio de 2011, Londres tuvo que conceder asilo a dos somalíes a los que había expulsado a Mogadiscio (caso Sufi y Elmi).
En octubre de 2005, Estrasburgo estableció que la prohibición británica de votar para los presos contravenía la convención. Y en enero de 2010 dio la razón a un demandante que cuestionó la legalidad de la legislación antiterrorista británica que autorizaba a detener y cachear a gente sin sospechas firmes. Un entramado legal que podría cambiar en 2015, si Cameron es reelegido.
"Mas no va a rectificar"
Mayor: "ETA está agazapada, esperando su momento"
El exministro del interior desgrana la relación entre nacionalismo y banda terrorista durante las ultimas décadas.
LIBERTAD DIGITAL 23 Octubre 2013
Jaime Mayor Oreja, quien fuera ministro del Interior entre 1996 y 2001, escribe un artículo en el suplemento del 24 aniversario de El Mundo, donde desgrana la evolución del nacionalismo en España y el futuro de la banda terrorista.
"Hoy nos enfrentamos a la culminación de un proceso, a lo que hoy denominamos una hoja de ruta, a una ofensiva más del movimiento nacionalista en el que ETA ha jugado un papel relevante", explica. Recuerda el eurodiputado que "el movimiento nacionalista alcanzó el poder a través de los Estatutos de Autonomía a finales de la década de los años 70". Mayor Oreja asegura que durante estos años de relaciones entre nacionalistas y no nacionalistas, estos últimos siempre se han alejado de los acercamientos entre ambas orillas "en un movimiento casi reflejo, automático, porque lo importante, lo decisivo para ellos, era mantener la distancia entre ambas orillas, la insatisfacción", señala.
"Para eso", continúa "necesitan unos tontos útiles que desde el otro lado dividan y confundan al conjunto de los españoles". El exministro apunta además que "la vanguardia del movimiento nacionalista, en la mayor parte del período democrático, ha sido el terror, el miedo físico, ha sido ETA", que, según señala "no es sólo una organización terrorista" sino que es "sobre todo, un proyecto político de ruptura de España".
La vanguardia del nacionalismo
El exministro del Interior afirma que, actualmente, "estamos frente a lo de siempre, frente a una ofensiva nacionalista que estaba en la genética y en el corazón del movimiento nacionalista", aunque existe una "diferencia sustancial: ayer la vanguardia estaba en ETA y hoy está en el presidente de la Generalitat". "De modo y manera que la peor historia de España parece repetirse", añade.
Mayor Oreja escribe que las "supuestas deslealtades de España y de sus gobiernos, la lista de los agravios hacia Cataluña, constituyen una gran mentira; la historia de una sinrazón, un hipócrita pretexto, cuando la realidad es que lo que se está llevando a la práctica es simplemente la hoja de ruta prevista por el conjunto del nacionalismo que no ha sido modificada". El eurodiputado afirma que la crisis económica y financiera ha sido el "detonante para esta vuelta de tuerca" del nacionalismo, y que "lo que tenemos enfrente no es a Cataluña ni al País Vasco, sino una estrategia".
El político popular sostiene que Mas no va a rectificar ni a desinflarse, "porque ya no depende de sí mismo, ni siquiera de su propio partido y coalición". Mayor Oreja considera que el presidente de la Generalidad "es la vanguardia de un movimiento y, cuando menos, tiene que ir más allá de lo que llegó el Plan Ibarretxe", planteando la consulta y administrando la "lógica negativa del Gobierno de España ante el derecho a decidir".
Volviendo a ETA, afirma que la banda terrorista "está agazapada y con la esperanza puesta en la crisis de España", esperando su momento y pendiente de la liberación de su "líder político", Arnaldo Otegi, "para que en las circunstancias deseadas por ellos no solo desaloje al PNV del poder en Guipúzcoa, sino que sustituya a este partido en el conjunto del País Vasco".
Desidia para impedirla, rapidez para ejecutarla
EDITORIAL Libertad Digital 23 Octubre 2013
No sabemos si la organización terrorista ETA emitirá en los próximos días un comunicado para celebrar la bochornosa sentencia de Estrasburgo, tal y como sí hizo en julio de 2011 para vanagloriarse públicamente de los buenos resultados de su nueva marca electoral y de que "Euskal Herria" hubiera "ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización".
En cualquier caso, todos nos podemos hacer una idea, sin necesidad de comunicado alguno, de la satisfacción, bien perceptible en su tolerado brazo político, que les causa la sentencia favorable a la criminal Inés del Río, tanto como la fulgurante ejecución de la misma por parte del Reino de España, que ha permitido a esta asesina múltiple estar ya en la calle.
A este respecto, cabe señalar que una cosa es acatar y otra ejecutar la sentencia de un tribunal como el de de Estrasburgo, que no puede dar órdenes directas a las jurisdicciones nacionales sino a la "parte contratante" del Convenio Europeo de Derechos Humanos –el Reino de España–, y que corresponde a cada Estado decidir cómo se ejecuta dicho convenio.
Desde el primer momento, sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se refirió a este asunto como si fuera la Audiencia Nacional y no el Gobierno quien primero había de tomar cartas en el asunto. Lo cierto es que el Ejecutivo tenía margen legal más que suficiente para retrasar el traslado y la ejecución de la sentencia, como mínimo, el tiempo que se han tomado en ejecutarla otras el resto de Estados firmantes del convenio cuando les han sido desfavorables. Eso, por no hablar de otros fallos de Estrasburgo que el Reino de España ha acatado pero no ejecutado a pesar de que fueron dictadas hace años, tal y como sucede con la referida a Rumasa. ¿Considera el Gobierno de Rajoy que los derechos de una asesina etarra tienen preeminencia sobre los de Ruiz Mateos?
Esta inaudita rapidez en la ejecución de la sentencia, que la ley, ciertamente, permite pero en modo alguno fuerza, contrasta con la desidia del Gobierno a la hora de impedirla. Y es que, dejando aparte el sólido recurso de la Abogacía del Estado, Madrid no movió un dedo para que los magistrados de Estrasburgo recusaran como miembro de dicho tribunal a un magistrado tan contaminado para enjuiciar la causa como López Guerra, quien siendo secretario de Estado de Justicia del Gabinete Zapatero se había manifestado públicamente en contra de la Doctrina Parot. Eso, por no recordar nuevamente que López Guerra formaba parte de un Gobierno que secretamente había adquirido con la propia banda terrorista el compromiso de acabar con aquélla.
Puede y debe escandalizar esta sentencia, que contradice no sólo lo dictaminado por el Supremo y el Constitucional, también la propia jurisprudencia de Estrasburgo, que hasta ahora siempre había distinguido entre la pena y las distintas modalidades de ejecución de la misma, dejando estas últimas al arbitrio de las jurisdicciones nacionales. Pero permitir, sin elevar protesta alguna, tal y como ha hecho el Gobierno de Rajoy, que alguien que era pública y notoriamente contrario a esa doctrina fuera el magistrado nacional encargado de enjuiciarla y de informar al resto de magistrados no españoles de cómo funcionaba nuestro ordenamiento jurídico sólo es admisible desde la más absoluta ingenuidad o desde la más inconfesable complicidad.
De hecho, con un presidente como Rajoy, que cuando se le ha preguntado por la sentencia ha hablado literalmente del tiempo, lo menos que se puede decir es que el Gobierno "se quiere lavar las manos como Pilatos", tal y como ha denunciado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
La única esperanza a la que aferrarse, aun a riesgo de pecar de ingenuidad, son las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha venido a afirmar este martes que Estrasburgo "no ha derogado la Doctrina Parot" sino tan sólo "su aplicación en el caso de Inés del Río". Si eso es cierto, y si se van a tratar las peticiones de libertad de manera individualizada, ya está el Gobierno tardando en confirmar la extradición de otro asesino múltiple de ETA como Anton Troitiño, solicitud para la cual el Tribunal Superior de Londres, que lo acaba de dejar en libertad condicional, ha dado un plazo de siete días.
Finalmente, y puesto que tanta atención se pone a lo dictaminado en Estrasburgo, bien haría el Gobierno en recordar el aval de este tribunal a la Ley de Partidos y a la sentencia de ilegalización de Batasuna y acabar de una vez con la burla que a esa ley y a esa sentencia supone la permanencia de los proetarras en las instituciones a través de Bildu y Amaiur. En caso contrario, haya o no comunicado de la banda que lo confirme, ETA seguirá celebrando con razón haber ganado ganado una batalla.
Xavier Horcajo www.gaceta.es 23 Octubre 2013
Muchos españoles nos sentimos engañados con lo de la doctrina Parot. Nos preguntamos, pues, que si lo aprobó el Supremo, con el visto bueno del Constitucional, ni nuestro Gobierno, ni nuestros fiscales, ni nuestros jueces, están mínimamente obligados a defenderlo ¿No forma parte de nuestra legalidad? ¿No han jurado defenderlo? O es que están todos en el bando de los que mecen la cuna del ominoso acuerdo con ETA: “Todo, si dejáis de matar”.
Se nos dirá que hay que acatar la sentencia. Ni un reproche para el representante español, el leonés Luis López Guerra, hijo político de Zapatero que hizo trampa para auparse al Tribunal de Estrasburgo. Los papeles con el cronograma ¿no le dicen nada a nadie? Acabar con la doctrina Parot era una exigencia, a la que cedió Zapatero y luego el PP la bendijo con sus ministros vestidos de negro, pasando vergüenza con las víctimas.
La foto es la que es: los terroristas exigiendo que sean todos los etarras los que salgan; Ruiz-Gallardón y Fernández Díaz mintiendo a los españoles. Es mentira que la victoria de Inés del Río no siente doctrina y que 140 etarras (una cuarta parte de los que están en chirona) tengan un pie fuera tras la sentencia de Estrasburgo. Es mentira que no paguemos a la etarra. Lo descontamos de lo que nos debe ¿Y eso no es pagar? Tampoco es verdad que vayan a garantizar que no haya exaltación al terrorismo y humillación a las víctimas, ya que se está produciendo a cada minuto.
Se produce a cada minuto que nuestro Gobierno no continúa defendiendo la doctrina Parot como parte de la solución a un problema de seguridad del Reino de España, como hace –por cierto– el Reino Unido con sentencias del mismo tribunal. Se podía haber tenido –al menos– menos prisa en el acatamiento, algo menos de unanimidad. Si toda la Audiencia Nacional está de acuerdo con lo sentenciado en Estrasburgo, por qué no defendieron la derogación de la llamada doctrina Parot.
Se enaltece el terrorismo cuando los 23 asesinatos de la etarra se pagan con 26 años de cárcel, menos de un año por muerte producida por ella. Consentir eso, como consentir la salida de violadores-asesinos, de asesinos y de terroristas tenga que cumplirse por sentencia que podría sólo acatarse; si el Gobierno no estuviera, de un modo u otro, siendo cómplice, por lo menos, de los de la mano que mece la cuna: Gómez Benítez, López Guerra, Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba, los del Faisán y el sursuncorda.
Así que, queridos compatriotas, elijan en qué acera de la calle van a querer quedarse, si con los que se entristecen por el fracaso de la justicia española en Estrasbrugo, o en la acera de los que se alegran con Bildu, el PNV, y los progres de la izquierda española a los que les importa un pepino que la ley insulte a la Justicia, a la Justicia con mayúscula.
Historia de la libertad de una etarra histórica
José Oneto www.republica.com 23 Octubre 2013
“Soy etarra, pero no gilipollas”. Esa fue la respuesta de De Juana Chaos, uno de los dirigentes del Comando Madrid de ETA que, acostado, y sin mover un solo músculo, le dio al GEO que le encañonaba, en la pequeña habitación del piso de la calle Río Ulla de la capital española, cuando le preguntó el policía, en plena operación de desarticulación del peligroso comando, si era capaz de usar la pistola que tenía al lado, en la mesilla de noche.
Efectivamente, De Juana Chaos, no era un gilipollas, como tampoco lo era su compañera de comando Inés del Río. Ambos, en todo caso, se habían convertido en profesionales del terror. Hoy, uno está huido de la Justicia, en búsqueda y captura y la otra, su mano derecha, condenada a 3.838 años y un día de prisión por 24 asesinatos, salía a las cuatro y media de la tarde de este martes, envuelta en una ikurriña, de la prisión de Teixeira de la Coruña en cumplimiento del auto de la Audiencia Nacional por el que se acataba la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en contra de la llamada ‘doctrina Parot’.
El auto viene a recordar el carácter vinculante de la sentencia de Estrasburgo, de obligado cumplimiento para España, ya que nuestro país se comprometió en su momento a dar efectividad y ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo (TEDH), al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de Derechos Civiles y Libertades Fundamentales. El auto, aprobado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sesión de urgencia, pone de manifiesto que la resolución del TEDH es “clara y concluyente”. “Incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la demandante (Inés del Río) en el plazo más breve ya que se encuentra privada irregularmente de libertad desde el 3 de julio de 2008?. En cuanto a la indemnización de 30.000 euros impuesta al Estado a favor de la etarra, el pleno ordena que se impute al pago de las responsabilidades civiles que contrajo la terrorista en sus ocho condenas.
La salida de prisión de Inés del Río, una de las figuras históricas de ETA, se produce dentro de un clima de tensión entre las asociaciones de víctimas, que habían pedido al Gobierno que no cumpliesen la sentencia, y que ya han convocado concentraciones de protesta a partir del próximo domingo, y llena de preocupación al presidente Mariano Rajoy y a su Gobierno, que se han visto atacados duramente por dichas asociaciones desde la liberación, por estar afectado de un cáncer terminal, del etarra Bolinaga, el carcelero del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Rajoy, que basó su política de oposición a Zapatero en la lucha antiterrorista y que convocó una docena de manifestaciones por el ‘entreguismo’ del presidente socialista, teme que ahora las manifestaciones se vuelvan contra él, aunque, con suficiente habilidad, están derivando el malestar y la responsabilidad hacia Zapatero, su política y sus colaboradores más cercanos en temas de terrorismo, entre ellos, el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hay que recordar que la ‘doctrina Parot’ fue elaborada por el Tribunal Supremo en el año 2006 y ratificada por el Tribunal Constitucional para evitar la salida de prisión del etarra Henri Parot, que de acuerdo con el Código Penal de 1973 no llegaba a cumplir la pena máxima de prisión, que entonces era de 30 años. Esa doctrina se hizo extensiva, con efectos retroactivos, algo claramente ilegal, a los etarras implicados en varios asesinatos que no llegasen a cumplir los treinta años. Entre esos estaba Inés del Rio, que debería estar en libertad desde julio del 2008, si no se le hubiese aplicado la ‘doctrina Parot’, por lo que recurrió al Tribunal de Estrasburgo.
Es decir, que los causantes de la actual crisis son unos magistrados que actuaron con criterio político y no judicial, y más con el corazón que con la cabeza. El que un hombre de Zapatero, López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia, defendiese en Estrasburgo la ilegalidad de la doctrina Parot no implica al expresidente del Gobierno en este conflicto, aunque la izquierda abertzale, en las negociaciones con el Gobierno, pusiese la ‘doctrina Parot’ aplicada a sus presos como gran obstáculo para cualquier solución.
Estrasburgo culmina el proceso de paz
Pablo Molina Libertad Digital 23 Octubre 2013
El Tribunal de Estrasburgo ha ordenado al Gobierno recuperar la tarifa plana para los asesinatos etarras y el progresismo patrio está que no cabe en sí de gozo. Los Derechos Humanos, entelequia sin base real que justifica cualquier tropelía, han triunfado una vez más, para esmaltar el carácter súper democrático de las instituciones europeas encargadas de velar por su estricta observancia. Los defensores de los derechos humanos de los asesinos, que contradicen con su conducta precisamente ese carácter humano, están de enhorabuena porque una instancia europea ha puesto fin a la anomalía jurídica que pretendía aplicar los beneficios penitenciarios en función del número real de los delitos cometidos y no del máximo penal previsto en la ley.
La sentencia es consecuencia de un Código Penal lleno de remiendos y una Constitución que sitúa la reinserción –imposible metafísico en el caso de delitos atroces como los cometidos por muchos etarras– como eje primordial de la política penitenciaria. El Tribunal de Estrasburgo simplemente ha dado carta de naturaleza a la revisión de una estrategia que debería haber tenido un sólido asiento legal desde hace décadas. La clase política dice ahora lamentar profundamente que criminales con decenas de víctimas a sus espaldas salgan en libertad habiendo cumplido menos de dos años de prisión por cada asesinato, pero cuando tuvo ocasión dar solución definitiva a un asunto que tarde o temprano iba a terminar así no creyeron oportuno ponerle el menor remedio. Lo fiaron todo a la ingeniería judicial y este es el resultado.
Los etarras irán saliendo a la calle progresivamente, pero que nadie se alarme. El Gobierno, haciendo gala de su habitual firmeza, ya ha dicho por boca de su ministro del Interior que intentará ahora que no se carcajeen demasiado y, a ser posible, celebren su victoria en la intimidad. Los proetarras alcanzan así sus últimos objetivos políticos. El proceso de paz ha terminado.
Aduladores del terror
Carmelo Jordá Libertad Digital 23 Octubre 2013
Si hay algo que me indigna ante una aberración como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es la lógica alegría de los asesinos o sus familiares, ni siquiera la de los amiguetes políticos de los etarras, véase Bildu y chusma anexa, que al fin y al cabo están en el mismo negocio. No, lo que me indigna de verdad es lo de los aduladores del terror, los que están a la que saltan con cualquier oportunidad de pasar la mano por el lomo de los asesinos y explicarles, y explicarnos a los demás, que ellos sí les entienden, que ellos son muy modernos y abiertos de mente, que ellos sí están dispuestos a luchar por la paz, no como esos cafres que defienden, fíjense ustedes qué vileza, a las víctimas.
Están en el Parlamento –qué no encontraremos hoy en día en nuestro Congreso– repartiendo carnés de demócrata; están por ahí pidiendo su derecho a decidir –y a llevárselo crudo–; y están también, cómo no, en no pocos medios de comunicación, firmando columnas comprensivas con los que asesinaban, muy pedagógicas, y normalmente insultantes para los que eran asesinados y sus familiares.
Se les llenan la boca y la pluma de términos como justicia, venganza, inmovilismo u oportunidad. Son también los del "tiempo nuevo" y las "distintas sensibidades". Sin olvidar otras palabras como caverna o ultra, bien sola, bien en compañía de derecha.
Una retórica y una aparente elegancia que esconde un sectarismo atroz, que les hace odiar más a la víctima que al verdugo, que hace que no se pregunten qué ha hecho alguien –si matar a más de 20 inocentes o si morir a manos de un cobarde– sino quién es ese alguien y cómo piensa.
Adulan a los terroristas, pero no porque tener "ansia infinita de paz", sino porque los prefieren, porque nos odian más a nosotros por ser de derechas o liberales o, simplemente, españoles.
Adulan a los terroristas porque las víctimas algo habrían hecho, y encima ahora siguen ahí, molestando y sin dejarles pactar por todo lo alto con estos muchachos, puede que un poco brutos pero al fin al cabo de izquierdas, como ellos.
Adulan a los terroristas y, aunque no dejan hablar de lo que supuestamente nos conviene a todos, siempre siempre siempre piden, o festejan, lo que sólo conviene a los asesinos.
No sé a ustedes, pero a mí cada vez que los veo se me revuelven las tripas.
Carlos Iturgáiz Libertad Digital 23 Octubre 2013
Fue para muchos como el título del famoso libro de Gabriel García Márquez, «Crónica de una muerte anunciada»; lo intuíamos y lo sabíamos, y aún así, no lo queríamos aceptar. Sé por experiencia que en la lucha contra el terrorismo nunca ha pasado lo peor, y el tiempo desgraciadamente me suele dar la razón. La derogación de la doctrina Parot por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sido un nuevo paso en aquel proceso de negociación que Zapatero puso en marcha antes de perder las elecciones. Ya se encargó el ex presidente Zapatero, con otros ilustres socialistas, para que llegase en estos días una sentencia en estos términos. Y todo tiene un porqué, y el porqué estaba integrado en aquel vergonzoso proceso de negociación que se entabló desde aquel Gobierno socialista con ETA, donde Zapatero colocó varios peones para que así la banda terrorista se viese beneficiada en diferentes ámbitos.
Y así lo hizo colocando peones en el Tribunal Constitucional para volver a legalizar al brazo político de ETA, en contra de la tesis del Supremo, lo que significa que hoy ETA esté gobernando en 77 de los 88 municipios de Guipúzcoa, además de la Diputación de esa provincia y decenas de pueblos de Álava, Vizcaya y Navarra. Y en la continuación de ese proceso, con el fin de poner precio político a la paz, el propio Zapatero volvió a colocar a un magistrado de su cuerda y sus planteamientos en el Tribunal de Estrasburgo, un nuevo peón para que ETA obtuviese otra victoria internacional, en este caso derogándose la «doctrina Parot». Todo esto, aderezándolo con que los socialistas han sacado estos últimos días al presidente de los socialistas vascos, Eguiguren, en los medios de comunicación, para que vocifere en todos los sitios la necesidad de excarcelar cuanto antes a Otegi, hace seguir el proceso para que ETA esté relajada y animada.
Es sin duda un proceso perverso que ha originado que hoy nos encontremos con que aquellos polvos trajeron estos lodos.
Desgraciadamente los socialistas no estaban solos en la culminación de este proceso, han tenido y tienen como siempre la inestimable ayuda del PNV, de esos nacionalistas que tienen que agradecer a ETA tantos años de mover el árbol para que ellos mismos recojan sus frutos. El PNV de siempre se ha vuelto a retratar en palabras de Egibar, su portavoz, diciendo que «un fallo contra la "doctrina Parot" oxigenaría el ambiente», el PNV de siempre que nos viene a recordar que si un terrorista sale a la calle tras cumplir su condena íntegramente es una provocación y un parón al proceso de paz que ellos quieren pero en cambio, avanzaríamos hacia la paz si los criminales etarras estuviesen en la calle antes de terminar su condena y así ser recibidos como héroes en sus municipios. Es demencial que desde esos ámbitos nacionalistas se nos pida que hagamos un trágala con una injusticia como la ocurrida en Estrasburgo. Es injusto y abominable asesinar a cualquier persona, pero es todavía más injusto que asesinar a una persona se castigue lo mismo que matar a 24 como lo hizo la sanguinaria Inés del Río, es injusto que el Estado, es decir, todos los españoles, tengamos que indemnizar a estos criminales, y es todavía más injusto e inaceptable que los terroristas sean los amparados y resarcidos en vez de las víctimas. En definitiva, lo injusto es que la Justicia se vuelva injusticia.
Espero, deseo y confío en que el Gobierno pueda mitigar esta sentencia con la ley en la mano, como no puede ser de otra manera. Y tengo confianza, que se les aplique la ley antiterrorista por apología del terrorismo a aquellos que tengan la tentación de hacer akelarres proetarras de las excarcelaciones y homenajes prohibidos. Debemos recordarles y advertir a todos aquellos que hoy tiran cohetes desde Estrasburgo que se anden con cuidado, no vaya a ser que se les moje la pólvora como en Oslo. Ni creo en esa justicia que dice que por la paz cualquier medio es justificable, como en el «caso Faisán», ni creo tampoco en esa justicia que dice que matar a uno es igual en penas que asesinar a diez, cien o mil inocentes; porque no puedo creer en justicias que dañan y maltratan a las víctimas del terrorismo. A todas ellas, a todas las víctimas de la barbarie terrorista, que se las ha vuelto a humillar con esta sentencia, todo mi afecto, comprensión cariño y apoyo.
La victoria póstuma de ZP
José Javaloyes www.republica.com 23 Octubre 2013
En tanto este viernes próximo la sala de lo Penal de la AN se reunirá para establecer cómo la sentencia de Estrasburgo afecta a los presos concernidos por la aplicación de la Doctrina Parot; mientras las víctimas del terrorismo etarra y de los crímenes más superlativos en el ámbito del derecho común anuncian movilizaciones, porque enfrentan una circunstancia que ha venido a resucitar el dolor de sus heridas, privándoles del consuelo de la Justicia nacional, y también es nacional, española, la interpretación en contrario de que se les diera antes la libertad a estos presos, contra el sentir de la abrumadora mayoría de nuestros compatriotas; cuando el instinto de supervivencia en paz se rebela contra la complicidad política con los intereses de los terroristas y de los últimos y objetivos beneficiarios de éstos, los del nacionalismo vasco y catalán …, reaparece en el centro de la inmediata memoria nacional el malhadado “proceso de paz”. Ideado, impulsado y motorizado por el Gobierno socialista salido de unas elecciones celebradas al pie del 11-M de 2004. El más grave atentado terrorista nunca padecido por España.
La evidencia de los hechos mismos y la lógica del corazón llevan a las víctimas del terrorismo al sentimiento irrebatible de que el desenlace de la resolución del Tribunal de Estrasburgo es tanto como el coste del mal llamado “proceso de paz”. Conjunto de actuaciones desplegadas desde una establecida unidad de propósitos en la ignorancia activa contra la unidad nacional. Ello ha incluido desde la debelación de la Ley de Partidos, con lo que se dio paso al regreso del separatismo de los terroristas vascos a las instituciones, a la actuación de Carod Rovira, segunda jerarquía entonces en el polémico Gobierno Tripartito de Cataluña, con su entrevista en el sur de Francia para el pacto con dirigentes de Eta, incluido Josu Ternera.
Pero entre todo esto destacan, escandalosamente, afirmaciones tan gravemente descalificadoras de un presidente del Consejo de Ministros como aquellas de José Luís Rodríguez Zapatero, a propósito de la realidad de España, de que “la Nación es un concepto discutible y discutido”. Lo mismo que su manifiesto de adhesión al nacionalismo separatista catalán en el sentido de que la Generalidad enviara a las Cortes, para su sanción, el Estatuto que quisiera. Algo que aparte de ser la estricta repetición del error cometido por Manuel Azaña durante el inicio de la II República, se identifica con el origen del actual e inconcluso conflicto de la Generalidad de Cataluña con el Gobierno de la Nación.
Ha sido todo un despliegue de claves triangulares y acompasadas, de pulsiones variablemente asomadas en distintos planos de actuación, como el caso del jurista Luís López Guerra, secretario de Estado en su Gobierno, que Rodríguez Zapatero colocó como magistrado en el Tribunal de Estrasburgo, donde ha realizado una sostenida labor de zapa contra la Doctrina Parot. Labor tan sostenida y eficaz de la que ha salido la sentencia de marras, en las que su voto, obviamente, no ha sido ninguno de los dos particulares que han acompañado al veredicto.
Hay en todo esto del “proceso de paz” y la excarcelación de criminales algo que va mucho más allá del dolor de las víctimas del terrorismo. Hay una relación amplia, profunda y compacta de irresponsabilidades contra la unidad nacional y el bienestar de los españoles del que nos costará mucho levantar cabeza. Es de prever que las excarcelaciones no traigan la paz que teóricamente habría de aportar el proceso de lo mismo. Y por la idéntica regla de tres, tampoco saldrá robustecida, sino todo lo contrario, ni la unidad de España ni la cohesión nacional de todos los españoles. Difícil, por no decir imposible, será encontrar en la historia de nuestra política nacional una figura tan nefasta como esta que en términos póstumos se ha apuntado la “victoria” de sus pactadas excarcelaciones de etarras y especies asociadas en la criminalidad.
La Izmierda expañola, de pronto, defiende el Derecho
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 23 Octubre 2013
¡Qué respetuosa del Derecho, las Leyes y los Principios Generales se ha vuelto de pronto la Izmierda española! (@pfbarbadillo)
Pocas veces como la alegría mostrada por la sentencia del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos sobre el cálculo de la pena a la asesina etarra Inés del Río se ha visto claro que la Izmierda expañola es una compañera de viaje de la ETA.
De pronto, los Miguel Ángel Aguilar, Alberto Garzón, José Manuel Gómez Benito, José María Calleja, Carlos Carnicero (que se levantó humillado el martes por la noche de la mesa de 13 TV porque Hermann Tertsch le recordó sus palabras en la SER el 11-M y días siguientes) y tantos otros claman por:
-Irretroactividad de las leyes penales.
-Aplicación del principio de la pena más favorable al delincuente.
-Acatamiento de las leyes aunque perjudiquen a las víctimas.
-Reproche a las víctimas por querer supeditar la política antiterrorista y las leyes a su reparación.
-Estado de Derecho por encima de todo concepto de Justicia.
-Queja por el activismo judicial que creó la doctrina Parot.
-"Los fines no justifican los medios en una democracia."
-"La democracia española protege incluso a sus peores enemigos."
Hace unos días, en el asunto de la causa general contra el franquismo, los mismos progres, rojos y demás fauna exigían con los ojos inyectados en sangre:
-Derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de sus efectos (sólo para el otro bando).
-Transformación de las víctimas, supuestas o no, del franquismo en eje de toda política judicial.
-Elogio al activismo judicial (de Baltasar Garzón) para esquivar las leyes vigentes y hacer justicia.
-Anulación de los principios básicos del derecho penal.
-Inexistencia de la cosa juzgada.
-"La bondad de nuestro fin justifica todos los medios."
-"La democracia española está en deuda con las víctimas del franquismo."
Y la semana que viene, el Imperio Progre volverá a repetir este mantra, aunque contradiga el que predica ahora.
Aquí tenéis un ejemplo de pensamiento progre: "sólo es bueno, justo, correcto, legítimo, decente y obligatorio lo que YO digo".
(Si el Gobierno de Francia consigue que Bruselas calle ante sus actos, que no me diga nadie que el de España no pudo hacer lo mismo con el TEDH.)
CODA: los mejores análisis sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ejecutividad de sus sentencias.
Carlos Ruiz Miguel: Acatar no es ejecutar y Por qué el TEDH se equivoca con la 'doctrina Parot'.
Emilio Campmany: Capricho de gobernante.
Carlos Jiménez Villarejo El Periodico 23 Octubre 2013
Con motivo del impulso social que parece haber recibido el movimiento soberanista, es necesario actualizar datos relevantes del pasado que deben conocerse para valorar mejor quienes eran y continúan siendo, desde el Gobierno de Catalunya, quienes impulsan un proceso tan confuso e incierto en sus medios y en sus resultados. Es evidente que una gran parte de la actual sociedad catalana desconoce la realidad y el alcance de lo que sucedió con Banca Catalana hace 30 años. Por ello, parece oportuno aclarar algunos datos sobre lo que en realidad fue un proceso penal contra los administradores y presuntos responsables de la crisis de aquella entidad.
"A los 10 años de mandato presidencial de Pujol, aparecen signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder"
Banca Catalana era una entidad de crédito en la que Jordi Pujol, como consejero y, especialmente como consejero ejecutivo, desempeñó un papel relevante y decisorio hasta su dimisión en 1977, formando parte siempre de su núcleo rector. Él y otros consejeros la administraron, en todo caso, de forma manifiestamente irregular provocando su quiebra.
Los fiscales que presentaron la querella criminal en mayo de 1984 contra dichos consejeros --querella que fue admitida a trámite-- y dirigieron la investigación estimaron, que dicha administración era constitutiva de varios delitos, como los de apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y falsedad de documentos oficiales y mercantiles.
Pero la mayoría de los magistrados de la Audiencia, en noviembre de 1986 --con el voto en contra de siete de ellos, conforme con lo solicitado por la Fiscalía--, decidieron que las conductas atribuidas a los consejeros no eran constitutivas de delito alguno. Con una importante precisión,el Tribunal admitió sin ninguna reserva la total veracidad de los hechos relatados por la Fiscalía que sustentaban la calificación penal.
Desde estos antecedentes, lo que no puede obviarse ni enmascararse es la realidad. En el escrito --de 400 folios-- en el que los fiscales solicitaron el procesamiento de los querellados se hace constar que el empobrecimiento, ruina y quiebra de la entidad había originado unas pérdidas por valor de 19.679 millones de pesetas, cifra que expresaba “el perjuicio cierto e incuestionable” de la entidad. Perjuicio causado por las actividades, detalladamente relatadas por los fiscales, como presuntamente delictivas. Entre otras, por ejemplo, la constitución de la 'caja b', la creación y utilización de las llamadas “sociedades instrumentales” o también denominadas “simuladas”, los créditos ficticios cuyo importe fue desviado hacía la 'caja b' en perjuicio de la entidad y otras prácticas irregulares que, en su conjunto, contribuyeron a su vaciamiento patrimonial.
Para compensar ese déficit, los administradores, en 1982, “recurrieron al Banco de España para atender perentorias necesidades de tesorería y de liquidez, facilitándoles, a tal fin, 19.500 millones de pesetas”. Como consecuencia de ello, el consejo de administración fue suspendido en sus funciones y sustituido por una administración provisional que, luego, fue asumida por el Fondo de Garantía de Depósitos, la mitad de cuyos recursos eran fondos públicos. El Fondo asumió el saneamiento del banco, sin que colaborasen económicamente los administradores, pese a que eran los accionistas mayoritarios y habían sido los causantes de la catástrofe financiera.
Por tanto, el Estado español, lejos de abandonar a su suerte a un banco arruinado, acudió en su apoyo para salvaguardar los intereses de sus clientes. ¿Dónde estuvo la operación contra Catalunya? Sólo en quienes, como accionistas y administradores, poseían y controlaban la entidad. Pero, continúa deformándose y tergiversándose la realidad para ocultar la responsabilidad de unos gestores, los de Banca Catalana, que emplearon la entidad para fines completamente ajenos al interés de los ciudadanos que, de buena fe, depositaron sus fondos allí y los salvaron, en parte, gracias a las ayudas del Estado español.
Ya más tarde, tras diez años de mandato presidencial de Jordi Pujol, comienzan a aparecer signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder. No puede olvidarse el titular de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA del 18 de marzo de 1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese cargo con el de consejero de Iberia de Seguros SA. Como consecuencia de ello, Prenafeta se vio obligado a dimitir. Entonces, el Fiscal General del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella criminal, obteniendo CiU el apoyo de una institución del Estado para preservar a sus dirigentes de acciones penales.
La historia volvió a repetirse: la Fiscalía, en mayo de 1990, abría una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década de los ochenta. El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión de ayuda para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) con el fin de apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis. La realidad fue que parte de dichos fondos --los llamados avales-- se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.
Entre las empresas beneficiadas figuran Industrias Reunidas de Sallent SA y Comercial de Cubiertos y Platería SA, ambas del grupo familiar de los fueron consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan Hortalá i Arau; Iberhospitalia SA vinculada al proyecto del Hospital General de Catalunya; Subirá i Cia,S.A. y Puntextil SA de la familia del consejero Antoni Subirá Claus; Egasa S. A., propiedad de Josep Garrell i Pubill, diputado de CDC y de sus familiares.
Posteriormente, las deudas de dichas empresas fueron reclamadas judicialmente por la Generalitat cuando estaban prescritas, consumándose así el perjuicio causado. Por otra parte, se acreditó que el consejero Maciá Alavedra i Moner estuvo simultaneando cargos públicos con cargos ejecutivos en varias empresas privadas, conducta que era penalmente perseguible. Ante los resultados de esta investigación, la Fiscalía planteó formular una querella criminal por delito de malversación de caudales públicos contra los consejeros Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y Alavedra.
El fiscal general del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos; eso sí, en un ejercicio de cinismo, se permitió afirmar que de los hechos descritos se desprendía “un aroma de corrupción”.
Luego, ya en los años noventa, llegaron nuevos casos de corrupción que fueron investigados por los juzgados de instrucción y recayeron condenas judiciales contra altos cargos de la Generalitat, generalmente vinculados a Unió Democràtica según reconocían las propias sentencias. Solo el caso Adigsa, empresa pública dedicada a la promoción de viviendas sociales, sobre graves irregularidades en el proceso de adquisición de viviendas de segunda mano para rehabilitarlas y ponerlas de nuevo en el mercado, está aún pendiente de juicio.
Citaré el llamado 'caso Turisme de Catalunya', en el que se utilizó el Consorci de Promoció Turística para detraer fraudulentamente fondos públicos por importe de 467.453 euros. Los condenados, mayoritariamente empresarios, fueron diez, que repararon antes del juicio el perjuicio causado, por lo que el Tribunal Supremo rebajó las penas eludiendo así su ingreso en prisión. O el caso Departament de Treball, en el que los dos condenados, que ”compartían militancia en el partido Unió Democràtica de Catalunya”, contrataron subvenciones y cursos de formación y ocupación través de las sociedades, constituidas por uno de ellos, Gestumer SL y Socesca SL, que no tenían otra finalidad que su enriquecimiento o el de terceros. Así perjudicaron a la Generalitat en 46.157 euros. O el 'caso Ferrocarrils de la Generalitat', empresa pública, en el que resultaron condenados dos presidentes de la entidad por haber “suscrito un plan oculto y complementario de retribuciones” con la aseguradora Winterthur, por el que causaron a la Generalitat un perjuicio de 2.718.035 euros.
Todos ellos fueron condenados por delitos, según los casos, de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Más recientemente, han estallado otras formas de corrupción, como el 'caso Pretoria' y el expolio del Palau de la Música,con una evidente implicación de CDC, que están en trámite hacia el juicio oral. Y, continúan tramitándose causas penales con implicación de Diputados en el Parlament de CDC,como, entre otras, las tramas de las ITV (Oriol Pujol), de la mafia rusa (Xavier Crespo) y Adigsa (Ferran Falcó).
Eso sí, cuando son perseguidos o condenados acuden presurosos al supuesto enemigo, al Estado español, para que paralice a los fiscales o se concedan generosos indultos a sus dirigentes, militantes o mossos d’esquadra condenados penalmente.
Mientras, los derechos sociales de los ciudadanos catalanes son hundidos por la alianza de los Gobiernos de Catalunya y España.
El hurto del sufragio pasivo: una de las claves del éxito del nacionalismo
Pedro Gómez Carrizo http://hayderecho.com 23 Octubre 2013
Cincuenta años después de que Martin Luther King pronunciase su famoso discurso, el muy ocurrente president de la Generalitat catalana ha recordado su sueño para proclamarse heredero de sus ideales. Para Mas, el revolucionario sueño del nacionalismo catalán (una de cuyas formulaciones más precisas es «¡Los impuestos para quien los paga!», en palabras de mi amigo Ángel de la Fuente) es perfectamente equiparable al de Luther King.
Esta singular comparación no ha ido más allá de provocar unas risas en algunos foros de prensa y Artur Mas ha podido salir de otro charco sin más pena que la del ridículo. Pero merece la pena sacarle punta al comentario, porque nos revela una de las claves que explican el éxito del nacionalismo en Cataluña. El caso es que Mas acierta al fijar el campo de observación, pues el daño a los derechos civiles es, en efecto, un asunto nuclear tanto en la lucha contra el racismo como en la normalización de los catalanes. Las conclusiones que cabe extraer de esta comparación, sin embargo, me temo que no son las que interesarían al muy ocurrente president.
Para empezar, una que salta a la vista es que si en Cataluña hay «negros», en el sentido del símil presidencial, éstos no son precisamente los catalanes con los que Mas se identifica y por ende representa. En lo que llevamos de democracia, si un colectivo en Cataluña puede lamentarse de haber visto sus derechos civiles atropellados ése no es, desde luego, el de los catalanistas. A estas alturas de la mentira, cualquier lector informado sabe que Cataluña es uno de los pocos lugares de Occidente (¿el único?) donde el grueso de las medidas de discriminación positiva (especialmente generosas en Cataluña) ha beneficiado al colectivo ya discriminado positivamente por nacimiento. La minoría catalanista gozaba a principios de le transición de una privilegiada situación económico-social, y es a favor de ella que se levantó la barrera de la identidad. De ahí que tras años de actuación gubernamental, la movilidad social se ha reducido en Cataluña.
Pero en este post no me interesa tanto denunciar el censurable proceso de ingeniería social llevado a cabo en Cataluña a lo largo de las últimas tres décadas, como poner el foco en una de las causas que, a mi juicio, más han contribuido a que ese mecanismo de conversión haya tenido un éxito notable. Me estoy refiriendo al grave detrimento que la gran mayoría de los catalanes sufrieron al iniciarse la transición en uno de sus derechos civiles básicos: el sufragio pasivo.
Ya señaló Carl Schmitt, filósofo de cabecera de Francesc Homs, que estos derechos de participación política «no son para extranjeros, porque entonces cesaría la unidad y comunidad política y desaparecería la posibilidad de distinguir entre amigos y enemigos», y es común en las Constituciones reservarlos a los ciudadanos del Estado; pero el nacionalismo ha enriquecido esta doctrina ampliando en su provecho el alcance del término «extranjero».
Conviene recordar que cuando se abrió el juego al debate político público, tras el tiempo de silencio de la Dictadura, el porcentaje de catalanes que hablaban con normalidad catalán no superaba el 20% de la población. Y si a ello se sumase el requisito de dominar la lengua catalana con la competencia que se le debe exigir a un representante político, el porcentaje de ciudadanos que entrarían dentro de este sufragio pasivo «censitario» sería muy inferior al apuntado.
Si en tiempos de la Dictadura el activismo político había aglutinado el antifranquismo y el nacionalismo (de modo que era perfectamente posible hacer política en castellano para reclamar, por ejemplo, el derecho de los catalanohablantes a recibir educación en su lengua materna), desaparecido el primer elemento, el nacionalismo pasó a ser la única argamasa. Los nacionalistas institucionalizaron la barrera social de la lengua y sus circunstancias, mientras que los catalanistas de izquierda renunciaron a eliminar esa barrera y en su lugar optaron por fomentar la ingeniería social encaminada a ayudar a saltarla a los millones de catalanes que habían quedado al otro lado del muro (sobre este proceso, sígase el debate entre Félix Ovejero y Albert Branchadell).
Así, de un plumazo, el catalanismo dejó fuera de juego a la competencia. Aproximadamente un 85% de los ciudadanos de Cataluña vieron cómo se les hurtaban derechos básicos en aras de la construcción nacional. La mayoría empezó a aprender a ser silenciosa en el inicio de la transición, al aceptar como algo natural que su incompetencia en catalán los convertía en ciudadanos no aptos para el liderazgo político (la tropa era otra cosa, como demostró el PSC, siempre que asumiese que la generación de ideas, discurso y estrategia política no les correspondía a ellos). Gracias a ello, la minoría nacionalista pudo disfrutar de barra libre para fijar desde un principio las líneas maestras de lo que sería la política durante los siguientes treinta años. Incluso hoy, partidos como Ciudadanos o UPyD, comprometidos en derribar estas barreras, tienen enormes dificultades para escoger como cabezas de cartel a candidatos que no sean perfectamente bilingües.
En fin, dejamos para otro momento nuestra reflexión acerca de si la existencia de este requisito es legítima, pertinente o éticamente sostenible. Lo que me importa señalar aquí es, en primer lugar, que esa limitación al sufragio pasivo ha existido en Cataluña, en la práctica, en la forma de un efectivo techo de cristal, y en segundo lugar que esa barrera ha determinado el mapa político catalán, y en consecuencia la realidad de Cataluña, favoreciendo que los intereses soberanistas de quienes en 1978 eran una exigua minoría de catalanes acabaran siendo aclamados por 120 de los 135 parlamentarios catalanes el 30 de septiembre de 2005.
España / «EL JURISTA DEL RÉGIMEN»
El juez socialista Luis López Guerra también amparó a Arnaldo Otegi
N.VILLANUEVA@abc / MADRID ABC 23 Octubre 2013
Como juez de Estrasburgo, ordenó a España indemnizarle por «daños morales»
«Se ha salido con la suya». De esta forma tan categórica describía ayer un exvocal del Consejo General del Poder Judicial la actitud de Luis López Guerra, el juez español de Estrasburgo, respecto a la trascendental decisión que el tribunal europeo tomó el lunes sobre la doctrina Parot.
Y es que quienes conocen su dilatada trayectoria profesional y sus incursiones en los tres poderes del Estado, aseguran que tiene que estar más que satisfecho con el fallo del tribunal. Es más; se muestran convencidos de que «habrá influido» en sus compañeros para echar por tierra la interpretación del Tribunal Supremo español, la que ha permitido alargar las condenas de etarras que estaban saliendo a la calle sin haber cumplido un año de prisión por cada uno de los asesinatos cometidos.
No solo eso; este mismo juez intervino en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que concedió una indemnización a Arnaldo Otegi por los «daños morales» que habría sufrido el proetarra tras haber sido condenado a un año de cárcel por injurias al Rey.
¿Por qué se duda de la imparcialidad de López Guerra? Entre otros motivos, porque no es juez cualquiera, sino que se trata de una persona políticamente muy marcada, hasta el punto de que su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al PSOE. «Es un jurista del régimen (socialista)», ironiza un compañero.
Para empezar no es juez de carrera, sino jurista, en concreto catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, donde también lo son el que fue magistrado del TC Pablo Pérez Tremps y el exvocal del CGPJ Luis Aguiar.
Como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas lo llevó el tercero de su lista como uno de sus nombres de «prestigio» en las autonómicas de 2003. El «tamayazo» dio al traste con la posibilidad de que López Guerra ocupara la vicepresidencia o una consejería en el gobierno autonómico.
Ni un año tardó el catedrático en dar el salto desde su escaño de diputado en la Asamblea madrileña (donde el PSOE quedó en la oposición tras la victoria de Esperanza Aguirre) al Gobierno de la Nación. Se lo llevaría el ministro de Justicia y también catedrático de Derecho Constitucional Juan Fernando López Aguilar como su número dos.
Fuentes del propio PSOE aseguran que a López Guerra «no le gusta estar a la sombra de nadie», que es una persona «a la que le gusta destacar» y que nunca llevó bien que no se supiera que él era el «cerebro» de muchas de las políticas del Ministerio de Justicia durante la época en la que estuvo eclipsado por su jefe.
Durante los tres años que el juez español de Estrasburgo estuvo en el Gobierno de Zapatero (como secretario de Estado de Justicia) tuvieron lugar las primeras reuniones del batasuno Arnaldo Otegi con Jesús Eguiguren, las que sirvieron de base para que en 2005 y 2006 el dirigente socialista vasco se reuniera con el cabecilla de ETA Josu Ternera en Oslo y en Ginebra. Fuentes de su partido aseguran que López Guerra era del sector del PSOE que no se oponía a la negociación con la banda terrorista.
Quizá por ello no deba sorprender su postura respecto a la interpretación que de la aplicación de las redenciones a las condenas hizo el Tribunal Supremo (luego refrendada por el TC).
Su posición al respecto ya quedó clara hace un año, pues el propio López Guerra formaba parte de la Sala que el julio de 2012 amparó a la etarra Inés del Río motivando el recurso de la Abogacía del Estado que la Gran Sala resolvió el lunes.
Pero el juez español, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y también del CGPJ, había participado anteriormente en otra decisión de gran calado: la de amparar al etarra Arnaldo Otegi. Fue en marzo de 2011, con ocasión del recurso que éste presentó ante el tribunal europeo después de que el Constitucional le denegara el amparo.
El Tribunal Supremo había condenado a Otegi a un año de cárcel por llamar al Rey «jefe de los torturadores». El líder proetarra había pronunciado estas palabras en un acto público en 2003, cuando era portavoz de Batasuna.
López Guerra fue uno de los seis jueces que consideraron que esa expresión no era «un atentado personal gratuito contra la persona del Rey», ni tampoco «cuestionaba su vida privada o su honor personal» y aseguraron que España había vulnerado la Carta de Derechos Fundamentales.
«Las expresiones empleadas por Otegi se refieren únicamente a la responsabilidad institucional del Rey en cuanto jefe y símbolo del aparato del Estado y de las fuerzas que, según él, habían torturado a los responsables del periódico Egunkaria», señalaba la sentencia.
Como ha sucedido con la aplicación de la doctrina Parot, López Guerra permitía, en su condición de juez español en Estrasburgo, que el tribunal europeo diera este revés al Supremo y al Constitucional, cuando este último había denegado el amparo al batasuno al sostener que esta afirmación superaba de manera «patente el nivel de lo lícito por su notorio carácter infame».
Otros 20.000 euros
Pero es que, además, la Sala criticó la «severidad» de la sanción (el año de cárcel y la inhabilitación), pues «una infracción cometida en el discurso político no es compatible con la libertad de expresión solo en los casos extremos de un discurso de odio o incitación a la violencia».
«El hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado», según la sentencia.
El tribunal de los derechos humanos, obligaba a indemnizar al batasuno con 20.000 euros por «daños morales» y a pagar otros 3.000 de costas. Era la primera afrenta a España por parte de este magistrado, el juez español de Estrasburgo, «el jurista del régimen».
Este domingo a las 12:30h
El presidente de VcT se ha sumado a la convocatoria de la AVT, aunque ha pedido que se clarifique cuál será el mensaje en la manifestación.
Agencias Libertad Digital 23 Octubre 2013
La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la celeridad con la que se ha llevado la excarcelación de la etarra Inés del Río ha provocado una importante y crítica reacción de las víctimas del terrorismo.
Por ello, han convocado para este domingo 27 de octubre una manifestación a las 12.30 en la Plaza de Colón de Madrid. La concentración fue convocada por la AVT aunque previamente Voces contra el Terrorismo había convocado otra para el 9 de noviembre. Finalmente, Francisco José Alcaraz desconvocó este acto y anunció su adhesión de su plataforma a la otra convocatoria anunciada por la AVT para así dar una imagen de unidad de las víctimas del terrorismo.
En una entrevista en el programa En Casa de Herrero de esRadio, Francisco José Alcaraz insistió en que "hemos sido los primeros en convocar" y que fue la AVT "la que no se ha sumado a la nuestra y ha convocado aparte".
De este modo, ha expresado cómo debe ser a su juicio la manifestación del domingo. "El mensaje no va a ser contra Estrasburgo. Vamos a ser claros, es contra la política antiterrorista del Gobierno". Sin embargo, dijo que aún "no sabemos cuáles son los fines de la manifestación a la que nos hemos sumado". "Querían unidad y ahí la tienen, pero lo importante es el mensaje", sentenció.
Alcaraz añadió que "Génova 13 no estaba a gusto con nuestra manifestación, querían desactivarla y Rajoy está contento con esta desactivación". Preguntado por estas afirmaciones, añadió que el Gobierno "no controla a Voces contra el Terrorismo, cuyo mensaje no tiene nada que ver con otras organizaciones".
"No estoy descubriendo nada nuevo cuando digo que somos los únicos que somos marginados, sin subvenciones", dijo para añadir que por el contrario "es notable la sintonía de la dirección de la AVT con Génova 13".
Horas antes, la presidenta de la AVT anunciaba la manifestación del domingo y aseguraba que "ya se agotó la paciencia". Ángeles Pedraza calificó de "inmoral" esta resolución de la Audiencia Nacional, que cree que ahora deberá dar explicaciones a todos los ciudadanos que sufren la lentitud de la justicia española y llevan meses esperando una decisión sobre delitos menores como robo o hurto. "¿Por qué esa prisa en que esta sanguinaria asesina salga a la calle?", ha preguntado la presidenta de la AVT, que ha dejado claro que esta no es la justicia en la que confían las víctimas del terrorismo y muchos ciudadanos.
Cataluña y Confucio
Vicente Benedito www.vozpopuli.com 23 Octubre 2013
Posiblemente el nacionalismo tenga su origen en la doctrina alemana del Volksgeist (espíritu del pueblo). Cuando uno se define "nacionalista" es porque cree que su pueblo, su tierra, su gente, la sociedad a la que pertenece, reúne, o puede reunir, los suficientes elementos identitarios -históricos, culturales, geográficos, económicos, religiosos, políticos, etc.- como para que pueda ser reconocida como una "nación". Y esta creencia es común a cualquier tipo de nacionalismo. En nuestro país (por España), todos somos nacionalistas de un tipo u otro. Más allá de los propios argumentos de cada uno, el "nacionalismo catalán" es un sentimiento, una especie de religión, en la que se cree o no. Por ello, no cabe entender como acertada la expresión "nacionalismo moderado". El adjetivo quiere, y debe, referirse, exclusivamente, al modo de asumir y hacer suyo el ejercicio del nacionalismo como militancia, es decir, al modo, la estrategia, las acciones políticas y culturales, etc. pertinentes para conseguir que ese "nacionalismo" sea asumido, sentido y creído por la sociedad en cuestión y reconocido por los demás.
Nacionalismo no es sinónimo de independentismo
Pero el "nacionalismo catalán" no necesariamente es sinónimo de independentismo. La mayoría de los nacionalistas no son independentistas, y lo que se quiere negar con demasiada intencionalidad es que además hay independentistas que no son nacionalistas. Escuchemos la voz de un nacionalista, Joan Maragall, cuando dice en su Himne iberic:
Por lo tanto, el nacionalista no quiere que España se rompa ni que Cataluña sea un país independiente, sólo busca lo que por derecho como nación cree merecer.
En general, el nacionalista catalán piensa que España, en su conjunto, constituye una nación a la que siente que pertenece. Cree que el Estado español tiene como misión más importante la de unificar, que no uniformizar, las distintas naciones que lo conforman. En mi opinión, dentro de ese Estado, y tal y como está estructurado en nuestra Constitución, cada una de ellas tendrá distinto "poder político" dependiendo del grado de "sentimiento nacional" de sus respectivas sociedades. Porque, en contra de lo que nos dicen unos y otros, sigo creyendo, que no son las mayores o menores transferencias que en un momento determinado podamos administrar las que nos proporcionan "poder", sino que son los sentimientos, en muchas ocasiones los irracionales sentimientos, el verdadero fundamento de "poder".
El independentista, guiado por la exacerbada presión mediática y política, termina haciendo suyas frases, tópicos, como "Adeu Espanya", "España nos roba" y otras muchas, autoconvenciéndose de que su particular "nación" se extiende a territorios que superan el propio de la actual Comunidad Autónoma, no teniendo pudor alguno, en su desenfreno intelectual, para defender que la "nación catalana" no está formada sólo por las cuatro provincias tradicionales, sino que se extiende a los territorios de lengua y cultura tradicionalmente catalanas, esto es, la mayor parte de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la franja de Aragón y el Rosellón francés -denominado Cataluña Norte-, la vez que la ciudad de Alguer, en Italia, y Andorra. Este conjunto de territorios recibe la denominación de Países Catalanes (Països Catalans).
Solo lo que se prepara con antelación tiene éxito
Y ahora viene el problema, pues, como decía Confucio, "sólo lo que se prepara con antelación tiene éxito; lo que no, fracasa". Y los independentistas catalanes ya nos llevan mucha delantera en todas sus actuaciones, en la desinformación al pueblo catalán, en la falsedad de que "España nos roba"; en el error intencionado de vender que se incrementará la riqueza y la renta de los catalanes; en la enumeración de unos supuestos agravios fruto del retorcimiento más desmedido de los argumentos al servicio de la sinrazón; de que la UE les acogerá como al "hijo pródigo", colmándoles de agasajos; de que de Cataluña no saldrá ninguna empresa, sino que vendrán muchas atraídas por la magia de la nueva nación; de que los jubilados cobrarán sus pensiones con menos dificultades si se "desenganchan" de la indeseada España; de que no habrá corrupción, etc., etc.
Y, mientras tanto, el Gobierno español ni reacciona ni se espera, por su inacción, que reaccione. ¿Qué hace para controvertir las afirmaciones independentistas? ¿No procedería ya aplicar la Constitución o propiciar un acuerdo posible para las dos partes en el tema de la financiación en evitación de males mayores? Cataluña necesita a España y España, a Cataluña. Lo que no puede permitirse un Gobierno es no hacer res de res, nada de nada, rien de rien, nothing at all. Como si el tiempo fuera a curar este maligno cáncer sin ninguna actuación. Rajoy, "el hombre impasible" parece estar apostando todo a que la loca iniciativa de Mas se desarme por sí sola. A que la incipiente salida de la recesión, que no de la crisis, haga recuperar a una gran parte de la población el tradicional "seny catalán" y que en un nuevo escenario de recuperación, los sentimientos independentistas vayan amortiguando su eco en la calle desactivando la estrategia del President y sus socios de gobierno. Grave error, pues repito, sólo lo que se prepara con suficiente antelación tiene éxito.
El Gobierno que preside Mariano Rajoy será responsable ante la sociedad y la historia de no haber sabido atajar a tiempo esa espiral independentista, de no frenar la continua desinformación que desde el Palacio de Sant Jaume se genera a diario con destino a una sociedad en la que se confunden muy diferentes sensibilidades. La de aquellos que desde la tragedia de su desesperanza por vivir instalados desde hace años en el desempleo, la de los que han sido educados en el odio y el resentimiento hacia todo aquello que se aleje del "adoctrinamiento" oficial y hacen suyas las consignas y proclamas de los mediocres políticos que tratan de ocultar sus responsabilidades por el caos al que están llevando la Administración y las finanzas de Cataluña con la exaltación de sueños imposibles. Por todo ello, hemos de exigir con firmeza al Gobierno que reaccione, que se mueva, que asuma sus responsabilidades y que no se vuelvan a repetir aquellas históricas palabras: "No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre".
Euskera para servir café en el AVE
PABLO YÁÑEZ www.gaceta.es 23 Octubre 2013
El Gobierno proyecta exigir a los camareros de Renfe que, además de inglés, sepan catalán, gallego y euskera, tras una queja de CiU.
Si uno tuviese que extraer una conclusión del recorrido que en los últimos años ha tenido la problemática lingüística en nuestro país, sería el de que, al menos, hemos conseguido como sociedad, dejar de retroceder ante las imposiciones provenientes de las políticas nacionalistas, plantándonos en la exigencia de empezar a construir espacios para la libertad de elección de lengua.Ejemplos de ello pueden ser la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña o la apuesta de José Ramón Bauzá por poner fin a la imposición sistemática del catalán en Baleares.
Sin embargo, cuando lo deseable sería reforzar aún más el convencimiento en lo apropiado de permitir que sea el ciudadano el que elija libremente la lengua en la que quiere vivir su vida, lejos de cualquier tipo de coacción u obligación, cuando sería conveniente ya no dejar de retroceder sino comenzar a recuperar todos los espacios de libertad perdidos durante décadas, entonces, aparecen las dudas, los temores y los complejos.
Pongamos un ejemplo. El diputado Pere Macías (CIU), pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados por lo ocurrido en un tren de Alta Velocidad que enlazaba dos municipios de Cataluña en el que habría tenido lugar un supuesto incidente al no ser atendido por el personal un ciudadano en catalán, lo que según el Diputado daba lugar además a un “comportamiento maleducado”. La exigencia al Gobierno era clara. Se necesitaba una investigación oficial del Ministerio de Fomento al respecto y las sanciones oportunas.
La respuesta del Gobierno aclaraba a Pere Macías que, tras analizarse los informes del supervisor y de la tripulación y las posibles reclamaciones de los viajeros, Renfe no había encontrado indicio alguno de la existencia de tal incidente.
Aparentemente esclarecedor. El Ejecutivo atendía la pregunta del diputado nacionalista catalán pero no había constancia alguna del supuesto altercado.
Pero aquí aparecen las dudas, los temores y los complejos a los que anteriormente me refería. Aprovechando esta situación, el Gobierno comunica, para regocijo de los nacionalistas, que en el nuevo contrato para los servicios de atención a bordo y restauración de Renfe, pasará a convertirse en una exigencia para la empresa prestadora, el conocimiento, además del castellano y el inglés (lógico hasta ahora), de las lenguas cooficiales para sus trabajadores.
Se entiende por tanto, que el personal de a bordo que preste su servicio en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valladolid, deberá tener “alto conocimiento y fluidez” del catalán, el gallego y el euskera.
Tratando de mostrar así una sensibilidad hacia la pluralidad lingüística que pueda “enamorar” a los diferentes nacionalismos periféricos, el Gobierno de la Nación olvida que no es España un país plurilingüe, sino un país con una lengua oficial en todo su territorio, el castellano, y con diferentes lenguas autonómicas que gozan del estatus de cooficialidad en sus respectivos territorios.
De esto, ya se olvidaron Zapatero, Montilla y compañía cuando pusieron en marcha el esperpento de los traductores y pinganillos en el Senado. Pero por entonces el Partido Popular parecía tenerlo claro y votó, aunque sin posibilidad de evitarla, en contra de aquella decisión.
Y con ello hemos vuelto a dar un paso atrás. Un paso de esos que luego cuesta un esfuerzo inimaginable recuperar. De esos que a quienes creemos en la libertad del ciudadano para elegir en qué lengua vive y sobretodo en la libertad individual nos provocan tener que bajar la cabeza.
Y de esos que a los nacionalistas les provocan esa sonrisa cómplice de ver cómo va calando su estrategia, cómo les sale bien la jugada de exigir pluralidad y tolerancia fuera, mientras en su casa practican el pensamiento único y la discriminación.
Cuando el señor Pere Macías y sus allegados nacionalistas plantean un pulso a la convivencia, a los espacios de libertad y a lo establecido en las leyes, lo ganan, y se van a casa con una sonrisa, los ciudadanos tenemos motivos para preocuparnos.
Cuando su victoria, que es la derrota de nuestros derechos y libertades, viene amparada porque el Gobierno de turno, en manos de cualquiera de los dos partidos nacionales, cede y trata de satisfacer el insaciable hambre de los nacionalistas periféricos, los ciudadanos debemos echarnos a temblar.
Teniendo en cuenta las destrezas lingüísticas que en el futuro tendrán los trabajadores del servicio a bordo y de los restaurante de Renfe, y dado su “alto conocimiento y fluidez” primero del castellano y el inglés, y además del catalán, el euskera y el gallego, siempre les quedará la posibilidad, gracias también a los complejos de nuestros políticos, de optar a un puesto como traductor en el Senado, que a buen seguro, estará mejor pagado.

References: artículo 7
 artículo 7
e contrario
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 resolución 
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