Source: https://www.slideshare.net/oscaqui/c-44211
Timestamp: 2018-04-20 11:36:43+00:00

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C 442-11
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1. Sentencia C-442/11 TIPIFICACION PENAL DE INJURIA Y CALUMNIA-No desconoce el principio de legalidad/TIPIFICACION PENAL DE INJURIA Y CALUMNIA-No constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión LIBERTAD DE EXPRESION A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO- Alcance y contenido LIBERTAD DE EXPRESION EN SENTIDO ESTRICTO- Definición LIBERTAD DE EXPRESION-Rasgos del ámbito constitucionalmente protegidoSe han distinguido ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegidode la libertad de expresión: (1) su titularidad es universal sindiscriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos ycolectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2)sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión porla libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresiónprohibidos; (3) existen diferentes grados de protección constitucional delos distintos discursos amparados por la libertad de expresión, por lo cualhay tipos de discurso que reciben una protección más intensa que otros, locual a su vez tiene directa incidencia sobre la regulación estatal admisibley el estándar de control constitucional al que se han de sujetar laslimitaciones; (4) protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguajeconvencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica oexpresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puedeefectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa,teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propiosproblemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertadconstitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma ysu manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto lasexpresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales,alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas,chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas osimplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que lalibertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como sutono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidadespara quien se expresa; por último (8) impone claras obligacionesconstitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a losparticulares.
2. LIBERTAD DE EXPRESION-Titularidad es universal/LIBERTAD DE EXPRESION-Las personas jurídicas también son titulares de este derecho/LIBERTAD DE EXPRESION-Los intereses del receptor de la expresión son determinantes para establecer su alcanceLa titularidad es universal, pues es definida por la expresión “todapersona” empleada por el artículo 20 constitucional, el artículo 19 delPIDCP y el artículo 13 de la CADH. Esta Corporación ha sostenido que setrata de una titularidad compleja puesto que involucra al mismo tiempo losintereses de quien se expresa, del receptor de la comunicación, y enalgunas oportunidades de ciertas audiencias o el mismo público engeneral; de allí que sean titulares de la libertad de expresión, en relacióncon un acto de comunicación determinado, tanto el emisor como elreceptor, que en ciertos casos puede ser una colectividad o el público engeneral. Los intereses del emisor, o quien se expresa, están siemprepresentes, especialmente por el carácter de derecho fundamental de lalibertad de expresión y su vinculación directa con las posibilidades deautorrealización y dignificación individuales. Además, es un instrumentopara el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertadreligiosa, la participación política o el libre desarrollo de la personalidad.El interés del emisor radica tanto en expresar sus ideas, pensamientos,opiniones e informaciones, como en transmitirlas y diseminarlas al públicoque escoja. La Corte ha reconocido que las personas jurídicas también sontitulares de este derecho, especialmente ha reconocido la existencia de underecho a la libertad de expresión en cabeza de los medios decomunicación. Existe igualmente estrecha relación entre la libertad deexpresión del medio de comunicación en tanto persona jurídica, y lalibertad de expresión de las personas naturales que forman parte de laestructura organizacional de tales personas jurídicas. Por ejemplo, loseditores, redactores, reporteros y otros periodistas o comunicadoressociales, que contribuyen a la transmisión de expresiones de terceros, a lavez que ejercen su propia libertad de expresión. LIBERTAD DE EXPRESION-LimitacionesA pesar de la presunción de que toda forma de expresión esta cobijada porel derecho fundamental en estudio existen ciertos tipos específicos deexpresión prohibidos. Entre estos se cuentan: (a) la propaganda en favorde la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otrotipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, laviolencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquiermotivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas 2
3. comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apologíadel delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) laincitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categoríasse han de interpretar con estricta sujeción a las definiciones fijadas en losinstrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo deque se sancionen formas de expresión legítimamente acreedoras de laprotección constitucional. Con excepción de estas formas de expresión,estrictamente definidas, la presunción constitucional de cobertura por lalibertad de expresión, y la sospecha correlativa de inconstitucionalidad detoda limitación –legislativa, administrativa o judicial- a la expresión, seaplican en principio a toda forma de expresión humana. LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO-Grados de protección constitucional/LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO-Tipos de discurso protegidos/LIBERTAD DE EXPRESION-Manifestaciones que constituyen el ejercicio de otros derechos fundamentalesExisten diferentes grados de protección constitucional en los variadosámbitos de la expresión humana protegidos por la libertad de expresiónstricto senso, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protecciónmás reforzada que otros, lo que incide directamente sobre la regulaciónestatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han desujetar las limitaciones. Gozan de mayor grado de protección el discursopolítico, el debate sobre asuntos de interés público, y los discursos queconstituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentalesadicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión parapoder materializarse. Por otra parte, existen manifestaciones de la libertadde expresión que constituyen el ejercicio de otros derechos fundamentales,la cual por lo tanto es una condición necesaria para su ejercicio y ha derecibir especial protección en estos ámbitos particulares. Se trata, enresumen, de ocho tipos de discurso: (a) la correspondencia y demás formasde comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos opersonales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o deconductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protecciónconstitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la exposición deconvicciones y la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) eldiscurso académico, investigativo y científico; (f) las expresionesrealizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) eldiscurso cívico o de participación ciudadana, y (h) el discurso deidentidad, que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social. 3
4. LIBERTAD DE EXPRESION-A diferencia de los discursos especialmente protegidos, otras formas de expresión pueden ser objeto de mayores limitacionesHa sostenido esta Corporación que, a diferencia de los discursosespecialmente protegidos, otras formas de expresión pueden ser objeto demayores limitaciones bien sea porque el ejercicio de la libertad deexpresión mediante dichos discursos implica cargas, deberes oresponsabilidades constitucionales expresas, o porque su ejercicio ha dearmonizarse satisfactoriamente con el ejercicio de los derechosconstitucionales de los demás, como es el caso de la expresión comercial ypublicitaria o la expresión que puede resultar socialmente ofensiva. Noobstante, en estos casos también se aplica la presunción constitucional decobertura y la sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones a lalibertad de expresión. Igualmente se ha puesto de manifiesto que laexpresión protegida por la libertad bajo estudio puede ser tanto la dellenguaje convencional, como la manifestada a través de conductasimbólica o expresiva, convencional o no convencional. En tal sentido laexpresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quiense expresa. La protección constitucional se extiende a dicho proceso detransmisión y difusión, así como al medio utilizado, ya que la libertadconstitucional que se estudia protege tanto el contenido de la expresióncomo su forma. Cada medio expresivo en particular, además de gozar deun nivel básico de protección constitucional compartido por todas lasformas de transmisión y difusión de las expresiones, plantea a la vez suspropios problemas y especificidades constitucionalmente relevantes, queinciden sobre el alcance de esta libertad en casos concretos. Lo anteriorno significa que cualquier persona pueda exigir el derecho de acceder adeterminado medio de comunicación masiva, público o privado, creadopor otros cuya libertad también está protegida. Así, los directores oeditores de un medio masivo son los titulares del derecho a decidir qué seha de divulgar a través de dicho medio, sin perjuicio del derecho derectificación y, en ciertos ámbitos definidos por la ley en desarrollo de laConstitución, del derecho de réplica. EXPRESION-Fundamentos de justificación de su protección reforzada en los ordenamientos jurídicos nacional e internacional/LIBERTAD DE EXPRESION-Puede ser objeto de limitaciones/LIBERTAD DE EXPRESION-Conlleva deberes y responsabilidades para quien se expresa/DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE QUIEN SE EXPRESA-Alcance variará dependiendo del tipo de discurso que se 4
5. exprese/LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESION- Están sujetas a un control constitucional estrictoLa libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmenteaceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cualincluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes,escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias yposturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto elcontenido de la expresión como su tono. Su ejercicio conlleva, en todocaso, deberes y responsabilidades para quien se expresa. El alcance deestos deberes y responsabilidades variará, dependiendo del tipo dediscurso que se exprese, el ámbito en el cual se haga uso de él y los mediosutilizados. En todo caso han de estar definidos con previsión en la ley, sinperjuicio de la aplicación directa de los derechos fundamentales deterceros, como el buen nombre y la intimidad. La Corte también ha hechoénfasis en la especial importancia de este derecho en el ordenamientojurídico colombiano, y ha señalado que ocupa un lugar privilegiado dentrodel catálogo de derechos fundamentales por (1) consideraciones filosóficassobre la búsqueda de la verdad, (2) razones derivadas del funcionamientode las democracias, (3) motivos atinentes a la dignidad y autorrealizaciónindividual, (4) consideraciones sobre la preservación y aumento delpatrimonio cultural y científico de la sociedad, y (5) motivos históricos yconsideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de intervenirapropiadamente en esta esfera. No obstante, la libertad de expresión puedeser objeto de limitaciones, esa posibilidad se desprende claramente delartículo 13 de la CADH cuando señala que su ejercicio puede ser objeto deresponsabilidades ulteriores fijadas por la ley y necesarias para garantizarlos derechos y la reputación de los demás, la seguridad nacional, el ordenpúblico o la moral pública. En el mismo sentido el artículo 19 del PIDCPexpresamente señala que este derecho puede ser objeto de restriccionessiempre y cuando estén expresamente fijadas por la ley y sean necesariasasegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o laprotección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moralpúblicas. En todo caso las limitaciones a la libertad de expresión estánsujetas a un control constitucional estricto, como ha señalado de manerareiterada la jurisprudencia de esta Corporación. Ahora bien, como seanotó previamente se ha entendido que los tipos penales de injuria ycalumnia se erigen como restricciones a la libertad de expresión, razónpor la cual resulta necesario explorar esta perspectiva. TIPOS PENALES DE INJURIA Y CALUMNIA-Medidas de protección de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre BUEN NOMBRE Y HONRA-Distinción 5
6. LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBERTAD DE OPINION- Prevalencia prima facie/DERECHOS AL BUEN NOMBRE Y HONRA-Relación con la dignidad humana ANIMUS INJURIANDI-Tratándose del buen nombre, se encuentra ligado a la transmisión de información falsa o errada y a la opinión meramente insultante, en tanto que en relación con la honra, puede abarcar situaciones más amplias TIPOS PENALES DE INJURIA Y CALUMNIA-Finalidad POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites/LIMITES AL PODER DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL- Jurisprudencia constitucional/LIMITES AL PODER DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL- Criterios LEY PENAL-Constituye una severa restricción al ejercicio de los derechos fundamentales y a su vez un mecanismo de protección de los mismos/PROHIBICION DE DELITOS Y PENAS INDETERMINADOS-Prohibición que hace referencia a las modalidades de tipos penales en blanco y abiertos/TIPO PENAL EN BLANCO-Definición/TIPO PENAL EN BLANCO- Aplicación/TIPO EN BLANCO IMPROPIO-Concepto/TIPO EN BLANCO PROPIO-Concepto/TIPO PENAL EN BLANCO- Remisión a normas de rango administrativo tiene sus propias reglasEn materia de tipificación de delitos y fijación de penas, la Corte haentendido además, que la ley penal constituye una severa restricción alejercicio de los derechos fundamentales y a su vez un mecanismo deprotección de los mismos así como de otros bienes constitucionales, comopor ejemplo, el medio ambiente, el orden económico, la moralidad pública,etcétera. Así pues, únicamente pueden ser tipificadas conductas queafecten un bien jurídico con relevancia constitucional. Para efectos de lapresente decisión interesa especialmente la prohibición de delitos y penasindeterminados, prohibición que hace referencia a dos modalidades detipos penales especialmente controvertidas: los tipos penales en blanco ylos tipos penales abiertos. Esta Corporación ha definido un tipo penal enblanco como aquel en que el supuesto de hecho se encuentra desarrolladototal o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. Los tipospenales en blanco responden a una clasificación reconocida por ladoctrina y aceptada por la jurisprudencia constitucional colombiana ante 6
7. la incapacidad práctica de abordar temas especializados y en permanenteevolución, siempre que la remisión normativa permita al intérpretedeterminar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y lasanción correspondiente. Distintas cuestiones surgen respecto de los tipospenales en blanco y el principio de legalidad en materia penal. La primerade ellas es si la normatividad a la cual se acude por remisión, debe serpreexistente o precedente al tipo penal en blanco. Al respecto, estaCorporación ha expresado que se protege el principio de legalidad no conla exigencia de preexistencia de la norma de complemento respecto de ladisposición penal, sino con la simple existencia de ésta al momento deconformación del tipo integrado. También se ha indagado si se ajusta alprincipio de legalidad cuando la remisión opera respecto de disposicionesque no tengan la entidad de ley en sentido formal. Frente a esteinterrogante la Corte ha distinguido entre la remisión que ocurre frente adisposiciones de igual jerarquía y aquella que ocurre frente a normas deinferior jerarquía, denominada remisión propia e impropia, según el caso,para concluir que es posible el reenvío a normas de inferior jerarquía, enla medida que una vez integrado el tipo penal este adquiere unidadnormativa pues “ … la remisión que opera por virtud del tipo penal enblanco constituye simplemente una técnica legislativa de integración deltipo. La norma complementaria se adosa al tipo penal básico paraintegrar el “tipo penal”, momento a partir del cual éste tiene vigencia ypoder vinculante completo. Ambas forman una unidad normativa que tieneplena vigencia”. En todo caso, la remisión o reenvío del tipo penal enblanco a normas de rango administrativo tiene sus propias reglas. Segúnse señaló en la sentencia C-605 de 2006, la remisión que opera en lacomplementación del tipo penal en blanco debe cumplir cuatro requisitosfundamentales: En primer lugar, la remisión debe ser precisa; en segundolugar, la norma a la cual se remite debe existir al momento deconformación del tipo penal. En tercer término la norma de complementodebe ser de conocimiento público y, finalmente, debe preservar, comocualquier norma del ordenamiento, los principios y valoresconstitucionales. TIPO PENAL ABIERTO-Contenido/TIPO PENAL ABIERTO- Supone cierto grado de indeterminación de los elementos normativos que lo configuran, empero esto no acarrea indefectiblemente su inconstitucionalidad JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Contiene la interpretación autentica de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que integra el parámetro de 7
8. control de constitucionalidad/LIBERTAD DE EXPRESION-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos HumanosJURISPRUDENCIA DE LA CIDH EN MATERIA DELIBERTAD DE EXPRESION Y PRINCIPIO DE LEGALIDADEN LA TIPIFICACION DE LOS DELITOS DE INJURIA YCALUMNIA-Como precedente en torno al alcance, no puede sertrasplantada automáticamente al caso colombianoDELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA-Desarrollojurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y CorteConstitucionalDELITO DE CALUMNIA-Elementos que lo estructuran, según lajurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/DELITO DEINJURIA- Elementos que lo estructuran, según la jurisprudencia dela Corte Suprema de JusticiaINTERPRETACION DE LOS ORGANOS DE CIERRE DELAS DISTINTAS JURISDICCIONES-Constituye derechovivienteTIPOS PENALES DE INJURIA Y CALUMNIA-Dirigidos apreservar los derechos fundamentales de cualquier persona residenteen Colombia/TIPOS PENALES DE INJURIA Y CALUMNIA-Cumplen importantes propósitos dirigidos a reservar la paz social ya evitar la justicia privadaTIPOS PENALES DE INJURIA Y CALUMNIA-Despenalizaciónestá reservada al legislador en el ejercicio de potestad deconfiguración normativa/TIPO PENAL-Carácter abierto no implicasu inconstitucionalidad Referencia: expediente D-8295 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Ley 599 de 2000, modificados por el artículo 1 de la Ley 599 de 2000. Actores: Eduardo Márquez González y David Armando Rodríguez Magistrado Ponente: 8
9. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOBogotá D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011).La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de susatribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos enel Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIAI. ANTECEDENTESEn ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de laConstitución Política, los ciudadanos Eduardo Márquez González y DavidArmado Rodríguez Henry inicialmente solicitaron la declaratoria deinexequibilidad de los artículos 220 y 221 de la Ley 599 de 2000 “Por lacual se expide el Código Penal”, modificados por el artículo 1 de la Ley890 de 2004.Mediante auto de veintiuno (21) de octubre de 2010 la demanda fueinadmitida y se le concedió a los actores plazo de tres días para corregirla,dentro del término de ejecutoria de la anterior providencia el líbeloacusatorio fue enmendado y la demanda fue ampliada a los artículos 22,223, 224, 225, 226 y 227 del Código Penal, el diez (10) de noviembre de2010 el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada, en lamisma providencia ordenó su fijación en lista en la Secretaría General deesta Corporación y decidió comunicar la iniciación de este proceso alPresidente del Congreso, al Presidente de la República y al Ministerio delInterior y de Justicia, para que dentro de los diez (10) días siguientes alrecibo de la comunicación respectiva, se pronunciaran indicando lasrazones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad oinconstitucionalidad del precepto demandado. En la misma providenciainvitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al InstitutoColombiano de Derecho Procesal, al Colectivo de Abogados José AlvearRestrepo, a Dejusticia, a la Relatora especial para la libertad de expresiónde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las facultades dederecho de las universidades Andes, de Antioquia, de Cartagena, del Valle,Externado, Javeriana, Libre, Nacional y Rosario para que, de estimarloconveniente, intervinieran en el proceso. Por último, ordenó correr trasladoal Procurador General de la Nación para que emitiera el conceptocorrespondiente. 9
10. Dentro del término de fijación en lista fueron allegados al expediente losescritos de intervención presentados por los ciudadanos (i) Andrés MonroyGómez en representación del Grupo Derecho Ciudadano a la Información,(ii) Lilibeth Cortés Mora y Mávilo Nicolás Giraldo Chica, (iii) DavidArmando Rodríguez Rodríguez, (iv) Jaime Bernal Cuellar, (v) AndrésMorales, (vi) Laura Viviana Flórez Rodríguez, (vii) Ana BeatrizCastelblanco Burgos y (viii) Gustavo Gallón Giraldo, Juan Camilo RiveraRugeles, Mateo Gómez Vásquez y Fátima Esparza Calderón. El seis (06)de octubre de dos mil diez (2010) fue radicado en la Secretaria General deesta Corporación el concepto emitido por el Procurador General de laNación.Cumplidos los trámites constitucionales y legales correspondientes, entra laCorte a decidir sobre la demanda de la referencia.1. Disposiciones demandadasA continuación se trascriben los enunciados normativos demandados: LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTICULO 220. INJURIA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ARTICULO 221. CALUMNIA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ARTICULO 222. INJURIA Y CALUMNIA INDIRECTAS. A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante. 10
11. ARTICULO 223. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEGRADUACION DE LA PENA. Cuando alguna de las conductasprevistas en este título se cometiere utilizando cualquier medio decomunicación social u otro de divulgación colectiva o en reuniónpública, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a lamitad.Si se cometiere por medio de escrito dirigido exclusivamente alofendido o en su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta enla mitad.ARTICULO 224. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. No seráresponsable de las conductas descritas en los artículos anteriores quienprobare la veracidad de las imputaciones.Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba:1. <Numeral INEXEQUIBLE>2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual,conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra lalibertad y la formación sexuales.ARTICULO 225. RETRACTACION. No habrá lugar aresponsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductasprevistas en este título, se retractare voluntariamente antes deproferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que lapublicación de la retractación se haga a costa del responsable, secumpla en el mismo medio y con las mismas características en que sedifundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial, enlos demás casosNo se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación sehace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia.ARTICULO 226. INJURIA POR VIAS DE HECHO. En la mismapena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hechoagravie a otra persona.ARTICULO 227. INJURIAS O CALUMNIAS RECIPROCAS. Si lasimputaciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 226fueren recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad a losinjuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos.ARTICULO 228. IMPUTACIONES DE LITIGANTES. <ArtículoCONDICIONALMENTE exequible sentencia C-392 de 2002> Lasinjurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en losescritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no 11
12. dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes.2. La demandaEn el líbelo inicialmente presentado los demandantes acusan a los artículos220 y 221 de la Ley 599 de 2000 de vulnerar los artículos 20, 29 93constitucionales y los artículos 9 y 13 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos. En el escrito de corrección extienden los mismoscargos a los artículos 223 a 228 del Código Penal por considerarlosmodalidades especiales de consumación de los delitos de injuria ycalumnia, es decir por tratarse según su opinión de tipos penales derivadoso formas secundarias o subsidiarias de un delito autónomo.Como punto de partida indican que tanto la Corte Constitucional como laCorte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que lasdisposiciones penales que restringen la libertad de expresión, además de sernecesarias y excepcionales, deben ser expresas, precisas, previas, y estarplasmadas en una ley. Narran que recientemente la Corte IDH declaró quela ley penal argentina que tipificaba los delitos de injuria y calumnia eracontraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por no serprecisa e inequívoca en detallar los elementos constitutivos del ilícito, ypermitía la persecución a ejercicios legítimos de este derecho, como críticasnegativas sobre hechos y personas.Consideran que los artículos 220 y 221 de la Ley 599 de 2000 son tanimprecisos ambiguos y amplias, al tipificar los delitos de calumnia e injuriaque los preceptos de la ley argentina declarados violatorios de laConvención, pues tiene una redacción similar y que por lo tanto resultaninconstitucionales. Explican que la actual redacción de los delitos de injuria("imputación deshonrosa") y de calumnia ("imputar una conducta típica")permite que críticas, opiniones negativas, o discursos impopulares ochocantes, sean perseguidos penalmente pues “para los ciudadanos no haycerteza jurídica sobre lo que está sancionado y lo que está permitido”.Estiman que la supuesta imprecisión y vaguedad entran en contradiccióncon los límites a la libertad de configuración del Congreso de la República“en violación al artículo 29 constitucional, según el cual las conductasdescritas como delitos, deben respetar el principio de legalidad, y estardescritas clara e inequívocamente.”En el escrito de corrección de la demanda exponen que los mismosdefectos achacados a los tipos penales de injuria y calumnia se extienden alos restantes artículos del Capítulo Único del Título V del Código Penal,por tratarse de tipos penales subordinados. Acotan que los artículos 223 y 12
13. 226, son formas especiales de cometer injuria o calumnia; el artículo 225,en estricto sentido en una norma con contenido procesal que establece unacausal de terminación anticipada del proceso penal; y los artículos 224 y227 prevén causales de ausencia de responsabilidad especiales. El artículo228 establece cuales conductas, no son sancionadas a través de los dosdelitos principales.Indican que muestra de lo anterior es la remisión expresa que hacen losartículos 222 a 228 a los artículos 220 y 221. Por ejemplo, el artículo 222establece que será injuria y calumnia indirecta quien "publicare,reprodujere, repitiere injuria o calumnia", razón por la cual para aplicareste artículo 222, es necesario, primero determinar una injuria o calumniagenéricas.Lo mismo ocurre con el artículo 223 que establece que “Cuando alguna delas conductas previstas en este título se cometiere utilizando cualquiermedio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reuniónpública, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a lamitad”, pues este artículo prevé una circunstancia de agravación punitiva,que depende de que la difamación se cometa en un medio de comunicaciónsocial.El artículo 226, no habla, en estricto sentido de deshonrar sino de agraviar,como verbo rector de la conducta, sin embargo los actores consideran quetanto la voz deshonrar como agraviar, sufren de la misma inexactitud eimprecisión constitutivas de una violación al principio de estricta legalidadpenal, del derecho al debido proceso, y elemento establecido por la CorteInteramericana de Derechos Humanos como requisito de restricción de lalibertad de expresión.Finalmente, a juicio de los demandantes los artículos 224, 227 y 225 de laLey 599 de 2000 no prevén formas subsidiarias de los delitos de injuria ycalumnia sino: i) causales de ausencia de responsabilidad, ii) una forma determinación anticipada del proceso, pero entienden que siguenreproduciendo o conteniendo el mismo defecto de ambigüedad eimprecisión debido a que hacen referencia a los tipos básicos de injuria ycalumnia.Concluyen que estos artículos, al referirse a circunstancias de agravación oatenuación, o causales de ausencia de responsabilidad y al ser formassubordinadas, no hacen otra cosa que reproducir el concepto o definiciónque hicieran los artículos 220 y 221 de injuria y calumnia respectivamente,razón por la cual, en su opinión, no ayudan a la concreción y precisión delas descripciones de los dos artículos principales y adolecen de la misma 13
14. falta de precisión, concreción y taxatividad, que en su parecer adolecen losartículos que tipifican originalmente estos dos delitos en el Código Penal.En cuanto al parámetro de control en este caso argumentan que estáconformado por los artículos 20 y 29 de la Constitución Colombiana, encuanto consagran el derecho a la libertad de expresión y establecen losrequisitos para el ejercicio de la libertad de configuración penal por partedel legislador, especialmente la exigencia de precisión en la tipificaciónpenal de conductas, y por los tratados internacionales de derechos humanosque hacen parte del bloque de constitucionalidad, especialmente losartículos 9 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, elprimero por tipificar el principio de legalidad de la ley penal y el segundopor consagrar la libertad de expresión. Señalan adicionalmente que “lospronunciamientos de los órganos creados por estos tratadosinternacionales, con el fin de proteger y promover los derechos humanos,son también parte del bloque de constitucionalidad”, y para respaldar esteúltimo aserto citan distintas sentencias de la Corte ConstitucionalColombiana.Hacen luego una extensa exposición sobre la importancia de la libertad deexpresión en las sociedades democráticas y pluralistas de la cual concluyenque se trata de una libertad preferente porque “al restringirse la libertad deexpresión, se está limitando o incluso suspendiendo el debate público, laconfrontación política propias de las sociedades pluralistas y diversas,además del derecho de todas y todos los ciudadanos a criticar, cuestionaro apoyar las acciones que nos afectan.”Asumen entonces que las restricciones a esta libertad, para estar ajustada ala Constitución y a tratados internacionales que hacen parte del bloque deconstitucionalidad, deben cumplir con una serie de condiciones queestiman no reúnen las disposiciones demandadas del Código Penal por lasrazones que se resumen a continuación: 1. En primer lugar señalan que el artículo 220 del Código Penal al tipificar de delito de injuria no describe de manera clara e inequívoca la conducta sancionada, pues la expresión imputaciones deshonrosas no es suficientemente precisa. Indican que en el caso Eduardo Kimel Vs. Argentina la Corte IDH señaló que las normas que limitan la libertad de expresión deben cumplir con el requisito de estricta formulación, citan luego apartes de esta decisión donde se consigna que los tipos penales deben emplear términos “estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles” con el propósito de impedir que se persigan las opiniones disidentes y contrarias, y de que haya certeza sobre lo que está criminalizado y lo 14
15. que no. Luego hacen una comparación entre la forma como aparece tipificado en el Código Penal Argentino y en el Código Penal Colombiano el delito de injuria, concluyen que son muy similares en su imprecisión y que por lo tanto el artículo demandado no se ajusta a los requerimientos que, según al Corte IDH, deben reunir los preceptos que limitan la libertad de expresión. Recuerdan que en el caso Eduardo Kimel vs. Argentina se decidió que la tipificación penal argentina del delito de injuria contravenía los artículos 9 y 13.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Insisten en que la actual tipificación del delito de injuria, no establece qué debe entenderse por “imputaciones deshonrosas”, razón por la cual pueden resultar sancionados “críticas o discursos, que pueden ser altisonantes, impopulares, groseros o chocantes, pero que están protegidos por el derecho a la libertad de expresión”. 2. Los cargos que formulan los actores contra el artículo 221 del Código penal tiene el mismo sustento. Alegan que la tipificación del delito de calumnia no es suficientemente precisa pues la expresión imputar falsamente una conducta típica es vaga. Consideran por lo tanto que también se desconoce el requisito de estricta formulación, establecido por la Corte IDH, pues el artículo demandado no emplea términos “estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”. De la comparación que realizan de la forma como aparece tipificado el delito de calumnia en el Código Penal Argentino y en el Código Penal Colombiano, que la legislación nacional es incluso más imprecisa que la argentina y que por lo tanto el artículo demandado no se ajusta a los requerimientos que, según al Corte IDH, deben reunir los preceptos que limitan la libertad de expresión. Opinan que la amplitud y vaguedad de la disposición penal “permite que el criterio subjetivo de un funcionario, tome como fundamento este artículo y sancione opiniones que en lenguaje coloquial tienen un significado, pero en el mundo jurídico otro. La amplitud, vaguedad e inexactitud, y el hecho que no se diga expresamente lo que no se penaliza, permite que llamar "pícaro" a un funcionario público, por ejemplo, sea tenido, como un delito de calumnia, porque "pícaro", puede ser alguien responsable de peculado.” Citan en apoyó de su tesis la sentencia T-213 de 2004, en la que consideran que se examinó un caso que demuestra como la imprecisión del tipo penal de calumnia puede dar lugar a que se inicien investigaciones penales por exponer críticas u opiniones sobre la conducta de servidores públicos.Luego hacen referencia a que la Federación Colombiana de Periodistas hareportado numerosos casos de periodistas investigados y juzgados por los 15
16. delitos de injuria y calumnia debido a que han expresado opinionesnegativas sobre funcionarios públicos, lo que en su opinión también es unargumento que demuestra la laxitud, ambigüedad y vaguedad de la actuallegislación que desconoce el principio de legalidad penal.Señalan que la Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudenciasimilar a la de la Corte IDH en cuanto a los requisitos que deben reunir laslimitaciones a la libertad de expresión y que también los jueces penalesrecurren a criterios de interpretación que han permitido superar la ambiguaredacción de los delitos de injuria y calumnia, pero consideran que en todocaso “por tratarse de la restricción de un derecho de tal importancia, laley debe ser taxativa, clara, precisa y no dar lugar a equívocos y, sobretodo, dar certeza a la ciudadanía de cuales conductas no son criminales.”Hace alusión a precedentes de la Corte Constitucional en los cuales haexaminado leyes que establecen restricciones a la libertad de expresión entérminos ambiguos, amplios e imprecisos. Específicamente mencionan lasentencia C-010 de 2000 en la cual se examinó el artículo 10 de la Ley 74de 1966 que textualmente preveía: "Las transmisiones de programasinformativos o periodísticos no podrán hacerse en tono de arenga,discurso o declamación, ni tratando de caracterizar a otra personamediante la imitación de la voz”. Indican que la Corte constató que ladefinición era amplia y ambigua, lo que permitía que los funcionarios queaplicaran la ley cayeran en subjetivismos ante la inexistencia de un criterioobjetivo para determinar cuándo una transmisión radial era una arenga odeclamación. Razón por la cual declaró la inexequibilidad de la expresión“en tono de arenga, discurso o declamación” contenida en el artículoacusado.Igualmente ponen de manifiesto que la Corte Constitucional ha entendidoque el principio de estricta legalidad constituye un límite a la libertad deconfiguración del Legislador en materia penal lo que ha llevado a ladeclaratoria de inexequibilidad de aquellas disposiciones que no establecenconductas claras, inequívocas y precisas, que permitieran una aplicaciónsubjetiva. Destacan la sentencia C-205 de 2003, mediante la que se expulsódel ordenamiento un tipo penal que buscaba la sanción a personas quecomerciaran con autopartes, pero que, mediante interpretación, tambiénhubiera permitido la sanción de quienes no tuvieran las facturas de losrepuestos, a pesar de haber sido legalmente adquiridos.Refieren decisiones adoptadas por tribunales latinoamericanos quesuspenden los tipos penales que restringen la libertad de expresión y narranque en distintos países del Continente se ha modificado la legislación y seha despenalizado la divulgación de opiniones sobre funcionarios públicos. 16
17. Finalmente señalan que la declaratoria de inexequibilidad de los tipospenales de injuria y de calumnia no provocaría la desprotección de losderechos del buen nombre y de la honra, pues estos bienes jurídicos estántutelados por otras medios judiciales, tales como “la acción de tutela, en laque de probarse la difusión de información falsa o inexacta genera laexigencia judicial de rectificación y protección a estos derechos; la accióncivil de reparación extra contractual, en la que de tenerse las pruebas dela afectación del buen nombre y honra, generará reparacionespecuniarias; o las acciones policivas, previstas en el Código Nacional dePolicía, previstos en el artículo 219 y s.s. para las declaraciones queperturben la tranquilidad pública; las acciones de grupo y populares, enlas que, en el primer caso, un número plural de ciudadanos puededemandar la reparación de los perjuicios causados, o, en el caso de lasegunda, solicitar a un juez que impida se atente contra los interesescolectivos con ejercicios abusivos de la libertad de expresión.”Posteriormente en escrito de corrección de la demanda formulan cargoscontra los artículos 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 del Código Penalque a continuación se resumen.Respecto del artículo 222 que tipifica la injuria y calumnia indirectaseñalan que esta disposición establece una forma especial, subordinada odependiente de la injuria y la calumnia, referida a la forma de imputación,ya que se prevé que también cometerá estos delitos quien difundainformación de manera “impersonal o con las expresiones se dice, seasegura u otra semejante”. Por lo tanto consideran que se trata de lasmismas conductas de injuria y calumnia pero bajo dos formas especiales deconfiguración o consumación, por lo tanto adolecen de los defectos deimprecisión e indeterminación que reprochan a los artículos 220 y 221 delCódigo penal. Acotan que este precepto solo aporta unos elementosaccesorios y circunstanciales de formas específicas de injuria y calumnia,pero no ayuda a la concreción ni aporta a la claridad y ambigüedad de lasexpresiones contenidas en los tipos penales principales.Extienden las críticas antes formuladas al artículo 223 del Código Penalque establece circunstancias en las que se agravan las penas para losdelitos. Este artículo, por una parte agrava las penas si la conductatipificada como injuria o calumnia, se comete usando un medio decomunicación social o en un evento público; y por el otro prevé unatenuante en la pena, si se trata de imputaciones deshonrosas o calumniosashechas de manera privada. Manifiestan que se trata de un tipo penalsubordinado, ya que su aplicación depende de que se configure el tipobásico o principal, y que por lo tanto también resulta afectado por la faltade precisión de los tipos principales pues desconoce el principio de estricta 17
18. legalidad en materia penal.Respecto del artículo 224 indican que prevé casos en los que se excluye laresponsabilidad cuando existiendo una “imputación de conducta típica”,esta se prueba, afirman que “el elemento constitutivo del artículo siguesiendo el mismo concepto gaseoso e indeterminado del artículo 221. Por loque, siendo indeterminado el 221, es indeterminado, y por tanto contrarioa la estricta legalidad penal, el artículo 224.”Consideran que el artículo 225 se trata de una norma de contenido procesalque establece una causal de terminación anticipada del proceso penal, enesa medida entienden que no contribuye a precisar los tipos descritos enlos artículos 220 y 221, sin embargo afirman que por ser un artículosubsidiario, dependiente de los dos primeros, deben ser declaradoinexequible con el fin de garantizar la coherencia del orden jurídico.En cuanto al artículo 226, que tipifica la injuria por vías de hecho, resaltanque este tipo penal, en lugar de emplear la expresión “imputacióndeshonrosa” o “injuriar”, introduce como verbo rector “agraviar”,empero entienden que este vocablo tampoco es claro, inequívoco nitaxativo, ni aporta concreción al artículo 220 del Código Penal. Sostienenque “se aporta aun mayor indeterminación, ya que no se especifica que esuna vía de hecho, o que es "agraviar"; por supuesto, socialmente esposible establecer cuando alguna seña o manera representación, implicaun insulto, pero al igual que en el caso la injuria, determinar esto dependedel contexto de la afirmación.”Indican que el artículo 227 tipifica las injurias y calumnias recíprocas y demanera expresa prevé que su aplicación se dará de manera subsidiaria ydependiente de la configuración de alguno de los tipos penales básicos, yde las injurias por vías de hecho; adicionalmente establece una causal deausencia de responsabilidad. Explican que para su aplicación se requiereusar las definiciones de los artículos 220 y 221, ya que se refiere a las“imputaciones”. Concluyen que en esa medida reproduce la ambigüedad yvaguedad de las definiciones de injuria y calumnia. A lo suman que prevéotro elemento del tipo cuando incluye la expresión “agravios” que en lugarde aportar a la concreción de las conductas descritas, allega elementos queaumentan la indeterminación. Esto, debido a que, en su opinión, ningunaparte del Título V, o del mismo Código Penal, permite concluir que es“agraviar” o su adjetivo “agravioso”.Consideran que el artículo 228 guarda directa relación con los artículos 220y 221, porque entre sus elementos definitorios se encuentra el concepto deinjuria pero que si cumple con el principio de estricta legalidad penal, pues 18
19. excluye de manera clara la penalización de ciertas conductas. En efecto,indican que esta disposición prevé que las injurias, expresadas por losabogados apoderados dentro del desarrollo de procesos judiciales, a travésde sus escritos o intervenciones, siempre y cuando no sean publicitados,serán corregidas por las normas disciplinarias correspondientes. Afirmanque esta norma respeta el principio de estricta legalidad penal, ya que,como ésta existen diversos ejemplos, en los que el legislador, de maneraexpresa, establece cuales conductas están fuera de la persecución penal.Concluyen que los artículos 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 sonpreceptos penales que contienen los elementos de los artículos 220 y 221, yen consecuencia reproducen la ambigüedad e imprecisión de lasexpresiones “imputación deshonrosa” y la “imputación de conductastípicas” por lo desconocen el principio de estricta legalidad en materiapenal. Agregan que tampoco introducen elementos accesorios queconcreten o eliminen la inexactitud de los artículos 220 y 221, ya que serefieren, en todos los casos a aspectos secundarios o eventos de agravacióno atenuación, razones por las cuales solicitan su declaratoria deinexequibilidad.3. Intervenciones oficiales y ciudadanasDebido a las numerosas intervenciones que fueron allegadas al expediente,a continuación se agrupan en dos acápites los principales argumentosexpuestos por los intervinientes.3.1. Intervenciones que solicitan la declaratoria de inexequibilidad delas disposiciones acusadasLilibeth Cortés Mora, Nicolás Giraldo Chica, Gustavo Gallón Giraldo,Fátima Esparza Calderón, Juan Camilo Rivera Rugeles, Mateo GómezVásquez, David Armando Rodríguez, Laura Viviana Flórez Rodríguez,Andrés Morales, Andrés Monroy Gómez y Jaime Bernal Cuellarintervinieron en favor de la declaratoria de inexequibilidad de los artículosdemandados. Las razones esgrimidas fueron las siguientes: 1. Destacan los intervinientes la importancia del derecho a la libertad de expresión desde la perspectiva del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, hacen referencia al artículo 13 de la CADH y al inciso segundo de esta disposición que regula las posibilidades de restricción de este derecho. Manifiestan que según este enunciado, la CADH reconoce la posibilidad de adjudicar responsabilidades ulteriores como consecuencia del ejercicio del derecho, proscribiendo cualquier clase de responsabilidad anterior (o 19
20. censura previa). La CADH señala que es posible establecer responsabilidades ulteriores siempre que ellas (i) estén expresamente fijadas en la ley y (ii) sean necesarias para asegurar (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas. Resaltan que la protección a la libertad de expresión prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más amplia que la dispuesta en otros tratados internacionales, por lo menos respecto de un punto concreto: mientras que estos últimos permiten censuras ulteriores y previas, la primera prohíbe categóricamente las censuras previas, lo cual implica que solo serán admisibles las censuras posteriores al ejercicio de la libertad de expresión. Argumentan que este enfoque protector es el que debe servir para interpretar las disposiciones del artículo 20 constitucional, pues el más favorable para la vigencia de los derechos humanos.2. Hacen referencia al test tripartido implementado por la Corte IDH para examinar la legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión, uno de sus componentes consiste en el requerimiento de que deben establecerse mediante leyes que definan y determinen taxativamente el contenido de la limitación a este derecho. Concuerdan con los demandantes en que los términos empleados por los artículos 220 y 221 del C. P. al tipificar los tipos penales de injuria y calumnia no cumplen este primer parámetro por ser supuestamente amplios y equívocos, de manera que permitirían criterios subjetivos o hacer imputaciones que cercenan derechos protegidos por la CADH.3. Insisten en que las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de lo que deducen que el Estado colombiano ha incumplido su obligación de precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior por el ejercicio de la libertad de expresión, para evitar que se afecte la divulgación de inconformidades y protestas sobre la actuación de las autoridades.4. Sostienen que los artículos 220 y 221 del Código Penal desconocen el principio de estricta legalidad exigido por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos cuando se trata de conductas penales que se erigen en límites a la libertad de expresión. Por un lado, insisten en que el artículo 220 emplea la expresión imputaciones deshonrosas pero no señala un parámetro objetivo para 20
21. que medir y predecir la posible ilicitud de las expresiones, sino que es un juicio librado a una apreciación subjetiva del juzgador. En esa medida consideran que la disposición demandada no proporciona criterios que le permitan establecer cuándo una imputación puede ser considerada deshonrosa o cuando no. Añaden que el adjetivo calificativo deshonrosas no es una categoría unívoca y clara, que pueda ser definida a partir del sentido común que tiene esa palabra. Además, no se trata de una categoría que tenga una definición expresa en el ordenamiento jurídico colombiano. Concluyen que en este caso no le basta al juzgador hacer una interpretación literal para desentrañar el sentido de la norma, sino que debe acudir a otros criterios de interpretación, lo cual a su juicio es contrario al principio de legalidad que rige el establecimiento de delitos y penas.5. Respecto del artículo 221, que define el delito de calumnia, encuentran que la expresión conducta punible empleada parece más precisa, pues se trata de una categoría definida en el Código Penal, pero en todo caso opinan que siga siendo vaga e imprecisa. Una de ellas es que el artículo 221 del Código Penal no estableció cuál era el dolo específico requerido para que se configure el delito de calumnia, lo que a su juicio permite que pueda imponerse la pena prevista sin necesidad de que se encuentre probada la voluntad del sujeto activo de la conducta, lo que deja en manos del juez penal un desbordado margen de apreciación.6. Concluyen que ninguno de los dos tipos penales cumple con el principio de legalidad estricta de los delitos, lo que trae dos consecuencias negativas que desconocen el derecho a la libertad de expresión: por un lado, en la medida en que no permite deslindar con claridad las conductas sancionadas por tales delitos y las que no lo están, crean un efecto inhibidor que restringe indebidamente el derecho a la libertad de expresión; y por otro lado, deja abierto un margen de interpretación demasiado amplio, que permite que sean utilizados para silenciar expresiones críticas, disidentes o incómodas, las cuales son legítimas en una sociedad democrática. Expresan que la Corte IDH ha señalado que cuando los delitos que penalizan la libertad de expresión se encuentran definidos de manera vaga e imprecisa, el Estado debe ajustar su legislación interna, con el fin de hacerla acorde a los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos.7. Igualmente señalan que la Corte Constitucional ha sostenido que la libertad de expresión es un derecho fundamental de carácter preferente, razón por las cuales una limitación a la libertad de 21
22. expresión se presume inconstitucional, sin embargo, puede ser restringida cuando se determina que la medida supera un test de proporcionalidad y se verifica que (a) persigue una necesidad social imperiosa; (b) es razonable u oportuna para lograr dicha necesidad social; (c) entre todas las medidas disponibles para lograr el objetivo propuesto, es la más benigna para el derecho a la libertad de expresión; y (d) está justificada por la importancia del fin perseguido por la medida restrictiva.8. Alegan que la restricción de la libertad de expresión mediante los tipos penales de injuria y calumnia no procura una finalidad legitima cual es la protección de los derechos al buen nombre y a la honra porque el proceso penal tiene como principal función, no la protección de estos derechos fundamentales, la cual es contingente, sino la condena al responsable y que por lo tanto las sanciones pecuniarias y la acción de tutela son mecanismos más adecuados para proteger los derechos eventualmente afectados por el ejercicio irresponsable de la libertad de expresión. Por esta misma razón consideran que la persecución penal es una medida innecesaria y desproporcionada en sentido estricto debido a la gravedad de las penas contempladas en las disposiciones acusadas.9. Mientras que otros intervinientes alegan que los tipos penales demandados son inconstitucionales porque no superan el test de proporcionalidad propuesto tanto por la Corte IDH como por la Corte Constitucional para examinar medidas que limitan derechos fundamentales. Entienden que si bien los tipos penales de injuria y de calumnia persigue un fin constitucionalmente legítimo y son idóneos para cumplir este propósito, no son necesarios porque existen mecanismos alternativos que son menos lesivos de la libertad de expresión y con un grado similar de efectividad respecto de la satisfacción del fin perseguido. Indican que el inciso segundo del artículo 20 constitucional establece la rectificación como elemento de la libertad de expresión, en consonancia con la responsabilidad social que involucra la difusión masiva de información. Adicionalmente, el artículo 86 superior establece la acción de tutela, cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial. Consideran que en igual forma, el resarcimiento de los perjuicios generados por lesión injusta de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre puede lograrse mediante una acción civil extracontractual.10. Hacen también referencia al artículo 19 del PIDCP y manifiestan que este precepto señala que las restricciones a la libertad de expresión deben ser establecidas por una ley y que deben ser necesarias para 22
23. asegurar: (a) el respeto de los derechos o la reputación de los demás; (b) la protección de la seguridad nacional o el orden público; o (c) la protección de la salud o la moral públicos. Así mismo, indican que según el Comité de Derechos Humanos, órgano en cargado de aplicar e interpretar el PIDCP, toda medida que tenga el propósito o el efecto de restringir este derecho debe cumplir un "test estricto de justificación”. El cual se compone de tres requisitos, que deben verificarse de manera concurrente para que pueda concluirse que una limitación al ejercicio de la libertad de expresión es válida: (a) debe estar consignada en una ley; (b) debe dirigirse a cumplir uno de los propósitos indicados en el artículo 19.3 del PIDCP; y (c) debe ser necesaria para cumplir con uno de los propósitos enunciados en la citada disposición.11. Algunos de los intervinientes consideran que las disposiciones acusadas son inconstitucionales porque penalizan las conductas de injuria y de calumnia incluso frente de ciertos discursos protegidos especialmente por la Constitución, por la CADH y por el PIDCP, cual es la manifestación de opiniones sobre servidores públicos o sobre asuntos de relevancia pública. Alegan que respecto de discursos especialmente protegidos la libertad de expresión no puede ser restringida mediante enunciados de carácter penal porque mina la crítica y la disidencia, ya que inhibe a las personas a expresarse por el temor a ser sancionadas penalmente. Consideran que en estos casos, la protección de la honra y el buen nombre de quienes sean aludidos con las expresiones sobre funcionarios públicos y asuntos públicos, es un beneficio menor que la limitación del debate democrático, máxime si se tiene en cuenta que en todo caso existen otros mecanismo idóneos para reparar la eventual vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre. Manifiestan que aun si no prospera el cargo por vulneración del principio de legalidad en todo caso los tipos penales son contrarios a la libertad de expresión por no excluir de la sanción penal los asuntos de relevancia pública, y solicitan la declaratoria de constitucionalidad condicionada de las disposiciones demandadas, en el entendido en que la injuria y la calumnia no pueden ser utilizados para sancionar las expresiones sobre asuntos de relevancia pública y sobre funcionarios públicos.12. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa señala que en los últimos cinco años se han adelantado 42 procesos contra periodistas por los tipos penales de injuria y calumnia, destaca que la mayor parte de las denuncias han sido elevadas por funcionarios públicos. Señala que mediante estos procesos penales se buscan objetivos de distinta naturaleza como por ejemplo (i) silenciar 23
24. críticas que se estén llevando a cabo en contra de las actuaciones de los servidores públicos; (ii) someter a los comunicadores a un proceso penal extenso y demorado, el cual los desgasta y los hace incurrir en altos costos procesales; (iii) presionar a los periodistas para que condicionen la información que publican o que hagan rectificaciones que, de acuerdo con la ley, no estarían en la obligación de realizar. Cuenta que después de haber sido sometidos a estos procesos judiciales los periodistas tienden a autocensurarse, afectando gravemente el libre flujo de información en una sociedad democrática. Narra que la gran mayoría de los procesos penales que se inician contra periodistas por los delitos de injuria y/o calumnia no culminan en sentencias condenatorias. Sin embargo, opina que muchas veces el denunciante no busca que haya una condena, sino que pretende someter al periodista al desgastante proceso judicial, razón por la cual mediante estos estos procesos no se estaría protegiendo la honra, la reputación y el buen nombre de los denunciantes, sino que serían utilizados como un mecanismo de censura indirecta.3.2. Intervenciones que solicitan la declaratoria de exequibilidad de lasdisposiciones acusadasLos ciudadanos Ana Beatriz Castelblanco Burgos, apoderada judicial delMinisterio del Interior de la Justicia y Carlos Castro Cuenca presentaronescritos en defensa de las disposiciones acusadas, con fundamento en lossiguientes argumentos: 1. Inicialmente afirman que la demanda es inepta y habría lugar a una sentencia inhibitoria porque los argumentos empleados por los demandantes no resultan suficientes para despertar una duda mínima sobre la exequibilidad de las normas impugnadas. Aseveran que los actores se limitan a alegar la supuesta redacción ambigua y equívoca de las normas demandadas y los efectos nocivos que esto podía tener sobre las garantías fundamentales al debido proceso y a la libertar de expresión, sin emitir una argumentación clara y precisa que acredite las falencias endilgadas a los preceptos acusados mediante la demanda de la referencia. Defienden que la ineptitud sustancial del cargo salta a la vista por cuanto los verbos rectores de las normas demandadas cuentan con un preciso significado en el leguaje general. Por tanto, se trata de expresiones de uso común que no necesitan ser definidas en la ley. 2. Hacen referencia a pronunciamientos de la de la Corte Constitucional, tanto de constitucionalidad como de tutela, mediante 24
25. los cuales se ha precisado los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales de la injuria y de la calumnia, a saber, la honra, que se vería vulnerada por "imputaciones deshonrosas" (injuria) y el buen nombre, que se afectaría con la imputación falsamente de un delito (calumnia) y la intimidad e integridad moral, que se afectaría por cada una de estas dos conductas típicas.3. Igualmente indican que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado los elementos que estructuran el tipo pena de calumnia, cuales son: (1) La atribución de un hecho delictuoso a persona determinada o determinable; (2) Que el hecho delictuoso atribuido sea falso; (3) Que el autor tenga conocimiento de esa falsedad; y (4) Que el autor tenga la voluntad y conciencia de efectuar la imputación. Explican que la misma Corporación se ha pronunciado sobre el tipo penal de injuria y ha señalado que se estructura una vez se verifican los siguientes requisitos (1) Que una persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso; (2) Que el imputado tenga conocimiento del carácter deshonroso del hecho, (3) Que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona; (4) Que el imputador tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona.4. Igualmente exponen que la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre los distintos elementos que configuran el tipo penal de injuria y, por ejemplo, ha precisado que debe entenderse por imputaciones deshonrosas.5. Entienden que los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema han precisado el contenido y el alcance de las normas que tipifican los delitos de injuria y calumnia, por lo tanto, los cargos formulados por los demandantes contra las disposiciones acusadas, en torno a la supuesta ambigüedad e imprecisión normativa y de violación al derecho preferente de la libertad de expresión carecen de fundamento porque el ordenamiento jurídico contiene las suficientes precisiones para evitar que, como lo temen los actores, las meras críticas, opiniones negativas, o discursos impopulares o chocantes, sean perseguidos penalmente.6. Explican que a la luz del ordenamiento jurídico vigente, las críticas, opiniones o discursos sólo se constituirán en injuria o calumnia, cuando reúnen las condiciones que estructuran tales delitos a la luz de las precisiones introducidas por la jurisprudencia de la Corte 25
26. Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Exponen que en esa medida para que una expresión, opinión o crítica se constituya en imputación deshonrosa y por tanto en delito de injuria, debe lesionar de manera objetiva el núcleo esencial del derecho a la honra; esto es, de manera conjunta, la estimación que cada individuo hace de sí mismo y el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de esa persona, acorde con sus propias acciones, con su comportamiento social y su conducta intachable, lo cual será examinado por el juez respectivo para determinar el grado de proporcionalidad de la ofensa. Además, debe concurrir el conocimiento del carácter deshonroso de tal opinión o expresión por parte de quien lo manifiesta y que ello dañe o menoscabe la honra de quien se predica la opinión, crítica o expresión, daño del cual sea consciente quien lo imparte; es decir, que tenga la intención de causar tal daño. Explican que la imputación de una conducta delictuosa se constituya en calumnia, cuando la respectiva expresión se realiza con el ánimo de atribuirle un hecho delictuoso a la persona natural determinada o determinable a quien ella se dirige, que dicho hecho delictuoso sea falso y de tal falsedad tenga conocimiento quien lo imputa, además de ser consciente de que con ello le causa un daño al destinatario de la imputación y a pesar de ello quiera hacerlo. 7. Señalan que distintos ordenamientos jurídicos tipifican los delitos de injuria y calumnia de manera similar a la legislación colombiana y citan para probar este aserto los casos de Alemania, Argentina, Brasil, Chile y España. Concluyen que las fórmulas de tipificación de los delitos contra la integridad moral implican la utilización de expresiones como imputaciones deshonrosas o injuriar, por lo cual no podría afirmarse que el empleo de estas manifestaciones es extraño en la legislación penal.4. Concepto del Procurador General de la NaciónMediante Concepto C-5025, radicado en la Secretaría General de estaCorporación el 26 de enero de 2011, el Procurador General de la Naciónsolicita a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse sobre laconstitucionalidad de los artículos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y228 de la Ley 599 de 2000 o, en su defecto los declare exequibles.En primer lugar argumenta que la libertad de expresión puede ser objeto delimitaciones porque “tanto las normas constitucionales como las de laConvención Americana de Derechos Humanos que proclaman libertades y 26
27. reconocen derechos, reconocen que éstos deben ejercerse con“responsabilidad social”, como lo dice el artículo 20 Superior, y dentrodel límite de “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”,como lo precisa el artículo 13, inciso 2º de la Convención Americana deDerechos Humanos. Y esto es así, porque dentro de un orden democráticoy justo no existen, ni pueden existir, derechos o principios absolutos, de loque se sigue que las libertades de pensamiento y de expresión sí puedentener límites o restricciones”.Considera el Ministerio Público que la demanda no se dirige contra lasnormas del Código Penal, sino contra una particular interpretación quehacen los demandantes de las mismas. Indica que los actores reconocen quesu inconformidad se funda en que dichas normas contienen unos términostan amplios y ambiguos que “no permit[en] excluir de la penalización lasopiniones críticas, negativas o disidentes, especialmente de losfuncionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y [que] solo e[s]posible concretizarlos por el contexto de cada afirmación, lo cual a todasluces es contrario a la estricta legalidad penal”. Añade que la meraambigüedad de una norma, real o supuesta, no es suficiente, en sí misma,para considerar que es inconstitucional, sin haber sido examinada lainterpretación hecha por la jurisdicción y, especialmente los órganosjudiciales de cierre.Afirma que: “el demandar unas normas legales por una inadecuada ehipotética mala interpretación que se pueda hacer de ellas al momento deaplicarlas, no constituye un verdadero reproche constitucional que puedaser conocido y decidido por la Corte. Sin embargo, los actores hacen unainterpretación subjetiva de las normas, en algunos aspectos arbitraria,según la cual, aunque la restricción a las libertades de pensamiento y deexpresión está contenida en una ley formal, la Ley 599 de 2000, ésta es“imprecisa, ambigua y amplia”, “no establece de manera clara einequívoca la conducta reprochada”, permite “que críticas, opinionesnegativas, o discursos impopulares o chocantes, sean perseguidospenalmente” y “disuade a las personas de emitir opiniones críticasrespecto de la actuación de las autoridades, dada la amenaza de sancionespenales o pecuniarias”.Defiende que la interpretación que hacen los actores no corresponde a laque ha hecho, de manera reiterada, la Sala de Casación Penal de la CorteSuprema de Justicia, la cual ha reproducido la jurisprudenciaconstitucional, lo que a su juicio demuestra que la pretendida vaguedad,ambigüedad, imprecisión o arbitrariedad alegada por los demandantes noha tenido una real incidencia cuando los delitos de injuria y calumnia son 27
28. aplicados por la jurisdicción competente. Aclara que las disposicionesdemandadas establecen delitos querellables que sólo pueden cometerse demanera dolosa.Concluye que la demanda presentada no cumple con los requisitos mínimosestablecidos en la ley y decantados por la jurisprudencia, y que por esarazón la Corte no puede pronunciarse de fondo sobre ella y debe, enconsecuencia, declararse inhibida por ineptitud de la demanda.5. Intervención de la Relatoría especial para la Libertad de expresiónde la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa Relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos presentó un escrito en el cual expuso el marco jurídicointeramericano sobre el derecho a la libertad de expresiónRespecto de las limitaciones a la libertad de expresión refirió que lajurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado un test tripartito paracontrolar la legitimidad de las limitaciones, en virtud del cual éstas debencumplir con una serie de condiciones precisas para ser admisibles bajo laconvención Americana. Hizo referencia a que la CIDH y la Corte IDHtambién han considerado que:  Ciertas formas de limitación de la libertad de expresión son inadmisibles  Algunos tipos de limitaciones, por el tipo de discurso sobre el cual recaen o por los medios que utilizan, se deben sujetar a un examen más estricto y exigente para ser válidas bajo la Convención Americana.Las reglas sobre las condiciones que deben cumplir las restricciones a lalibertad de expresión para ser legítimas, se aplican tanto a las leyes que lasestablecen como tales, como a las decisiones y los actos administrativos,judiciales policiales o de cualquier otra índole que las materializan, esdecir, a toda manifestación del poder estatal que incida sobre el plenoejercicio de la libertad de expresión.También expuso que la Corte IDH ha sostenido que la concordancia entrelas limitaciones a la libertad de expresión y la Convención Americana sedebe evaluar con referencia a los hechos del caso en su totalidad y a lascircunstancias y el contexto en el cual ocurrieron, no sólo sujetándose alestudio del acto en cuestión. 28
29. Respecto de las condiciones que deben cumplir las limitaciones para serlegitimas según la Convención Americana señalo que la regla general es lacompatibilidad de las limitaciones con el principio democrático. Es decir,que las restricciones a la libertad de expresión deben incorporar lasexigencias justas de una sociedad democrática.Las condiciones específicas que surgen de la regla general son lassiguientes: 1. Condiciones específicas derivadas del artículo 13.2: El test tripartito. Del artículo 13.2 de la Convención Americana se desprenden las tres condiciones básicas para que una limitación al derecho de expresión sea admisible, son ellas: (1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material. Significa que el texto de la ley debe establecer en forma diáfana las causales de responsabilidad posterior a las que puede estar sujeto el ejercicio de la libertad de expresión. Estas leyes deben estar redactadas en los términos más claros y precisos posibles. (2) Las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple existencia disuaden de la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que restrinjan indebidamente la libertad de expresión. (3) Cuando se trate de limitaciones impuestas en normas penales se deben satisfacer adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad. (4) La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, estos son: la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o moral públicas.Sostuvo que los Estados no son libres de interpretar de cualquier forma elcontenido de éstos objetivos para efectos de justificar una limitación de lalibertad de expresión en casos concretos.En relación con la protección de los derechos de los demás la CIDH y laCorte Interamericana han sido claras en precisar que en los casos en que seimpongan limitaciones a la libertad de expresión para la protección de losderechos ajenos, es necesario que éstos se encuentren claramente 29
30. lesionados o amenazados, lo cual compete demostrar a la autoridad queimpone la limitación.También ha precisado que no se puede invocar la protección de la libertadde expresión o de la libertad de información como un objetivo quejustifique a su turno restringir la libertad de expresión o información,puesto que ello constituye una antinomia.Tampoco se puede justificar la imposición de un sistema de control a lalibertad de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección yveracidad de la información que la sociedad recibe ya que ello puede serfuente de grandes abusos.Finalmente, explicó que si se presenta efectivamente un abuso de lalibertad de expresión que cause un perjuicio a los derechos ajenos, se debeacudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión parareparar dicho perjuicio. En primer lugar se acudirá a la rectificación orespuesta y en segunda medida se acude a mecanismos de responsabilidadcivil. Con relación a la utilización de mecanismos penales, lajurisprudencia interamericana ha considerado que la protección de la honrade funcionarios públicos, políticos o personas vinculadas a la formación depolíticas públicas resulta desproporcionada e innecesaria en una sociedaddemocrática.II. CONSIDERACIONES.1. CompetenciaEsta Corporación es competente para conocer del proceso de la referencia,de conformidad con el artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política.2. El asunto bajo revisiónLos demandantes formulan cargos de inconstitucionalidad contra losartículos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Ley 599 de2000 (Código Penal). Consideran que el artículo 220 tipifica el delito deinjuria de manera vaga e imprecisa, al emplear la expresión imputacionesdeshonrosas, y que el artículo 221 incurre en el mismo defecto al tipificarel delito de calumnia mediante la expresión impute falsamente a otro unaconducta típica, señalan que esta supuesta indeterminación en laformulación de los tipos penales: (i) vulnera el principio de legalidad enmateria de la ley penal establecido en el artículo 28 constitucional y en elartículo 13 de la CADH, (ii) da lugar a una restricción ilegítima a lalibertad de expresión porque según la jurisprudencia de la Corte IDH los 30
31. tipos penales que la limiten deben superar un juicio de estricta legalidad.Alegan que estos vicios de inconstitucionalidad se extienden a los artículos222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 del Código penal, por tratarse de tipospenales subordinados a los delitos de injuria y de calumnia que incorporanen sus elementos normativos las expresiones tachadas de vagas eimprecisas.Adicionalmente, los demandantes y algunos intervinientes alegan que lostipos penales de injuria y calumnia no superan el juicio de estrictaproporcionalidad al que deben ser sometidas las limitaciones a la libertadde expresión porque no son medidas idóneas para proteger los derechosfundamentales al buen nombre y a la honra y porque son innecesarias puesexisten otros medios igualmente adecuados para proteger estos derechosque resultan menos lesivos de la libertad de expresión, tales como lasacciones de responsabilidad civil y la acción de tutela. Finalmente, enalgunos escritos de intervención se solicita que se declare la exequibilidadcondicionada de las disposiciones demandadas porque consideran que losdelitos cuestionados son inconstitucionales respecto de ciertos discursosespecialmente protegidos tales como los que se refieren a los servidorespúblicos o noticias de interés público.Por su parte el Ministerio Público y otros intervinientes alegan que lademanda es inepta porque los cargos que formulan los demandantes sonenteramente subjetivos y no tienen fundamento en las disposicionesacusadas, cuyos elementos normativos consideran que han sido precisadospor los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Sala deCasación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esgrimen este mismoargumento para defender la constitucionalidad de las disposicionesatacadas, dada la eventualidad que la Corte Constitucional decida abordarel fondo de los cargos planteados.Planteado en los anteriores términos el debate constitucional corresponde aesta Corporación: (i) analizar la aptitud de la demanda con el propósito dedeterminar si hay lugar a un pronunciamiento de fondo, (ii) hacerreferencia al alcance de la libertad de expresión en el ordenamientoconstitucional colombiano, (iii) referirse al principio de estricta legalidaden materia penal, (iv) examinar la configuración de los tipos penales deinjuria y calumnia, (v) examinar los cargos formulados por losdemandantes.3. La aptitud de la demanda presentada. 31
32. Si bien cuando estudia una demanda para considerar su admisión elMagistrado Sustanciador verifica que ésta reúna los requisitos necesariospara que se pueda entablar un verdadero debate constitucional -entre losque se cuentan las condiciones mínimas en torno a la claridad, certeza,especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos propuestos por eldemandante-, el haber sorteado con éxito ese primer examen no conduceineludiblemente a un pronunciamiento de fondo sobre la cuestiónplanteada, porque al momento de proferir sentencia esta Corporación puedepercatarse que el libelo acusatorio adolece de defectos que impiden adoptaruna decisión definitiva sobre la exequibilidad de la disposición demandada.Respecto del libelo acusatorio que dio lugar al presente proceso algunos delos intervinientes señalan que los cargos formulados por los actores,relacionados con la supuesta vulneración del principio de estricta legalidaden materia penal, tienen origen en una interpretación de los enunciadosnormativos demandados totalmente subjetiva y carente de respaldo en loscánones hermenéuticos, a partir de la cual estructuran sus acusaciones deinconstitucionalidad. En esa medida, al estar formulada la acusaciónrespecto de un contenido deducido arbitrariamente, la demanda sería ineptaporque no se reunirían las condiciones mínimas para que la CorteConstitucional se pronunciara.Carecería entonces la demanda presentada respecto del cargo en cuestióndel elemento de certeza1, el cual exige que la demanda presentada recaigasobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente deducidapor el actor o implícita, y en consecuencia la Corte debería declararseinhibida para pronunciarse de fondo sobre la disposición acusada.Se plantea así una cuestión previa que debe ser resuelta por estaCorporación, a saber si la demanda versa sobre una interpretación real de ladisposición acusada o si se trata de un contenido normativo deducidoartificialmente por el actor sin asidero en criterios hermenéuticos válidosque por lo tanto imposibilita un pronunciamiento de fondo.Ahora bien, resulta claro que no corresponde a esta Corporación realizarjuicios sobre el uso de criterios interpretativos por parte de los demandantespues su misión es fungir como tribunal constitucional y no como interpreteoficioso de la totalidad del ordenamiento jurídico, sin embargo,eventualmente debe abordar esta labor cuando dicho análisis resultanecesario para resolver si procede un estudio de fondo sobre la disposiciónacusada o un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda, talcomo sucede en el presente caso, razón por la cual se detendrá sobre esteextremo.1 Ver sentencia C-1052 de 2001. 32
33. Los actores alegan que los delitos de injuria y calumnia han sido tipificadosde manera imprecisa porque incluyen como elementos normativosexpresiones indeterminadas, imputaciones deshonrosas en el caso delprimero e impute a otro una conducta típica en el caso del segundo. Al serplanteada de esta manera salta a la vista que esta acusación si tienefundamento en el texto mismo de las disposiciones demandadas porquehace referencia a su supuesta vaguedad y ambigüedad, es decir, no se tratade un cargo subjetivo enteramente basado en las elucubraciones de losactores.Cosa distinta es que tal como alegan el Ministerio Público y algunosintervinientes, estas expresiones hayan sido precisadasjurisprudencialmente o que existan otras referencias en el ordenamientojurídico colombiano que permitan fijar su alcance, este argumentoconstituye realmente una razón para rechazar la prosperidad de los cargosformulados en la demanda luego de haberlos examinado de fondo.Concluye por lo tanto esta Corporación que la demanda es apta y pasará aexaminar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.4. La libertad de expresión a la luz de los tratados internacionales dederechos humanos y del ordenamiento constitucional colombiano.Tal como plantean los demandantes los tipos penales de injuria y calumniapueden ser considerados, eventualmente, como una limitación a la libertadde expresión. Aunque, en todo caso, esta cuestión no es del todo pacíficaporque también puede defenderse la tesis que la injuria y la calumnia nohacen parte del ámbito protegido por esta libertad, pues ésta no cobija elderecho al insulto que, en definitiva sería la conducta reprimida al menosmediante el tipo penal de injuria2. Es decir, que las manifestaciones2 Esa postura también ha sido recogida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así en lasentencia C-010 de 2000 sostuvo: “El anterior análisis no significa que la forma del discurso seairrelevante, y que en ningún evento las autoridades puedan establecer algún tipo de control sobre ciertascaracterísticas formales de lo expresado en un medio de comunicación. Así, en determinados casos, undiscurso puede ser injurioso, y afectar el derecho a la honra de una persona (CP art. 21), no tanto por sucontenido, sino porque se emplean expresiones, que carecen de relación con la idea que se expresa o lainformación que se transmite, y que meramente pretenden despreciar o desvalorizar a la persona. Escierto que el contenido de un discurso se encuentra muchas veces ligado indisolublemente a su forma, yque la libertad de expresión protege también la forma como una persona desea transmitir una idea o unainformación. Sin embargo, si el derecho a la honra (CP art. 21) quiere tener algún significado, esindudable que las expresiones manifiestamente injuriosas y despectivas, e innecesarias a la divulgaciónde una opinión o información, pueden ser limitadas por la ley, ya que se encuentran por fuera del ámbitoconstitucionalmente protegido de la libertad de expresión, la cual, como lo ha señalado la jurisprudenciacomparada, no incluye ningún pretendido derecho al insulto” (negrillas añadidas). 33
34. injuriosas estarían excluidas, desde un inicio, del haz de comportamientosprotegidos por este derecho.Al margen de este debate teórico; en el cual a su vez están involucradastesis divergentes sobre el contenido de los derechos fundamentales, susposibilidades de limitación, al igual que las técnicas que debe emplear eljuez constitucional para examinar la constitucionalidad de las restriccionesestablecidas por el legislador; definir el alcance de la libertad de expresiónes relevante en el caso concreto con el propósito de examinar la legitimidadconstitucional de la tipificación penal de los delitos de injuria y calumnia.Para estos efectos resulta particularmente relevante la sentencia T-391 de2007, en la cual la Sala Tercera de Revisión realiza una exposicióndetallada del alcance y contenido de esta libertad a la luz del ordenamientojurídico colombiano. A continuación se realizará una síntesis de algunos delos argumentos expuestos en tal providencia.En primer lugar, el cuerpo normativo que regula este derecho estáconformado por el artículo 20 constitucional 3, el artículo 13 de la CADH 4 yel artículo 19 del PIDCP5. Ahora bien, todos estos preceptos son 3 Cuyo tenor es el siguiente: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir supensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundarmedios masivos de comunicación // Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza elderecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”4 Este precepto señala: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o porcualquier otro procedimiento de su elección // 2. El ejercicio del derecho previsto en el incisoprecedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que debenestar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o ala reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud ola moral públicas // 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuenciasradioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otrosmedios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones // 4. Losespectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto deregular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de loestablecido en el inciso 2 // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra ytoda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia ocualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningúnmotivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.5 Cuyo tenor es el siguiente: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones // 2. Todapersona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibiry difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, porescrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección // 3. Elejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidadesespeciales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a 34
35. plurinormativos y no regulan exclusivamente la libertad de expresión, poresa razón esta Corporación se ha referido a la libertad de expresión ensentido estricto cuando ha querido distinguir entre los distintos contenidosque se desprenden de los preceptos antes aludidos.Desde esa perspectiva ha definido la libertad de expresión en sentidoestricto como el derecho de las personas a expresar y difundir librementeel propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, através del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Desde esaperspectiva puede ser entendida como una libertad negativa pues implica elderecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento,opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensiónindividual y una colectiva, pero también como una libertad positiva puesimplica una capacidad de actuar por parte del titular del derecho y unejercicio de autodeterminación6.En su aspecto individual, comprende no solamente el derecho formal aexpresarse como tal sin interferencias arbitrarias, sino el derecho a utilizarcualquier medio apropiado para difundir el propio pensamiento, no se agotapor lo tanto en el reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino queva ligada al derecho a utilizar cualquier medio adecuado para difundir elpensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Al ser laexpresión y el medio de difusión de dicha expresión indivisibles, lasrestricciones sobre las posibilidades de divulgación constituyen,igualmente, una limitación de la libertad de expresión. Igualmente estalibertad también abarca el derecho a escoger la forma y el tono que seprefieran para expresar las ideas, pensamientos, opiniones e informacionespropias. También cuenta con una dimensión colectiva, materializada en elderecho de todas las personas a recibir tales pensamientos, ideas, opinionese informaciones de parte de quien las expresa.Se han distinguido ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegidode la libertad de expresión: (1) su titularidad es universal sindiscriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos ycolectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2)sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión porla libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresiónprohibidos; (3) existen diferentes grados de protección constitucional de losdistintos discursos amparados por la libertad de expresión, por lo cual hayla reputación de los demás; // b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud ola moral públicas.”6 En fecha reciente algunos autores critican la clásica distinción entre libertades negativas y libertadespositivas, al respecto puede consultarse a LUIGI FERRAJOLI . Principa iuris. Teoría del derecho y lademocracia. Madrid, Ed. Trotta, Vol. I., p. 151-155. 35
Cv oscar javier quiroga
Hoja de vida completa final

References: artículo 20
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 220
 artículo 29
 artículo 225
 artículo228
 artículo 222
 artículo 222
 artículo 223
 artículo 226
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 10
 artículo 219
 artículo 222
 artículo 223
 artículo 224
 artículo 221
 artículo 224
 artículo 225
 artículo 226
 artículo 220
 artículo 227
 artículo 228
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 20
 artículo 86
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 241
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 28
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 19