Source: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=54&tipo=2
Timestamp: 2020-04-09 15:26:13+00:00

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La institución del Defensor del Pueblo no tiene precedentes en nuestra historia constitucional, si bien algunos autores citan como precedentes, naturalmente no constitucionales, algunas instituciones históricas conceptualmente más o menos próximas a esta institución, como el Justicia Mayor de Aragón o el Sahid Al Mazalim de la España musulmana. Lo cierto es, sin embargo, que el primer ombudsman español nace con este artículo de la Constitución.
El establecimiento de esta institución aparecía ya en el anteproyecto de Constitución. La ponencia constitucional redactó el correspondiente artículo (el 49 de aquel texto) con un contenido similar al que definitivamente le dio la Comisión Mixta Congreso-Senado. En el Congreso pasó sin apenas debate. En el Senado, algunos senadores, preocupados sin duda por lo ajena que resultaba la nueva institución a la tradición jurídico-administrativa española pretendieron precisar los límites de sus competencias con el fin de distinguir nítidamente sus funciones de las jurisdiccionales o de las del Ministerio Fiscal. Con ello se hacían eco, en alguna medida, de las objeciones surgidas en Francia con ocasión de la creación de la figura del "Mediador" que se reflejaban, significativamente, en la expresión de Roland Drago contenida en el prólogo de la obra de André Legrand "L'Ombudman scandinave": el mejor ombudsman es el Consejo de Estado. Dichas enmiendas, sin embargo, no prosperaron.
La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que constituye el desarrollo fundamental de este precepto, tuvo su origen en una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tomada en consideración el 10 de octubre de 1979, durante el segundo gobierno de Unión de Centro Democrático. Su tramitación parlamentaria puede consultarse en el correspondiente volumen de la serie de trabajos parlamentarios editada por las Cortes Generales. Fue modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, con la finalidad básica de establecer una Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo que sustituyera a las comisiones correspondientes de cada Cámara existentes hasta entonces. Posteriormente, la fue modificada también por LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, que en su Artículo tercero añade una nueva disposición final única a la LO 3/1981 del defensor del Pueblo, atribuyendo al Defensor las funciones del Mecanismo nacional de Prevención de la Tortura (MNP), conforme a la Constitución, la ley y el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York, el 18 de diciembre de 2002. Esta reforma crea además un Consejo Asesor, como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del MNP, presidido por el Adjunto en el que el defensor delegue estas funciones, cuya estructura y composición se regulan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, modificado a este fin por Resolución de 25 de enero de 2012, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado El Consejo se constituyó en junio de 2013, está integrado por los Adjuntos al Defensor, expertos y especialistas (magistrados, médicos, abogados, psicólogos etc.) y desempeña tareas de inspección, informe y propuesta sobre la materia.
La organización y funcionamiento de la Comisión Mixta parlamentaria se llevó a cabo por Resolución de 21 de abril de 1992, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, modificada por la Resolución de 25 de mayo de 2000. La tramitación ante los Plenos de las Cámaras de los informes anuales o extraordinarios del Defensor se reguló por Resolución de la Presidencia del Congreso de 21 de abril de 1992 y por Resolución de la Presidencia del Senado, de 28 de abril de 1992.
A propuesta del propio Defensor su Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta el 6 de abril de 1983 (BOE de 18 de abril), y modificado por sendas Resoluciones de las Mesas de 21 de abril de 1992 (BOE de 24 de abril) de 26 de septiembre de 2000 (BOE de 31 de octubre), y de 25 de enero de 2012 (BOE de 1 de marzo).
El Estatuto del Defensor del Pueblo incluye como características más significativas el no estar sujeto a mandato imperativo alguno; no recibir instrucciones de ninguna autoridad (ni siquiera de las Cortes que lo eligieron); y desempeñar sus funciones con autonomía y según su criterio. Por otra parte, es inviolable por los actos realizados en el ejercicio de su cargo, no puede ser detenido sino en caso de flagrante delito y su procesamiento se decide por el Tribunal Supremo. Paralelamente, la Ley establece un cuadro muy completo de incompatibilidades para el desempeño del cargo.
Fundamenta sus resoluciones en derecho, sugiere o recomienda a la administración investigada que reconozca y rectifique su error, si es el caso, evitando así al reclamante acudir a un proceso judicial, tan costoso como dilatorio. Sus resoluciones no son vinculantes, tienen la fuerza que les da el ser una "magistratura de opinión" como se ha dicho. Sin embargo, las autoridades o funcionarios que entorpezcan su labor pueden incurrir en un delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal.
La primera propuesta de candidatura para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo fue sometida al Pleno del Congreso el 28 de junio de 1982, no alcanzándose la mayoría requerida por la Ley Orgánica 3/1981. Una nueva propuesta, con el mismo candidato, se formuló ante el Pleno del Congreso en diciembre de 1982 y en esta ocasión prosperó pasando al Pleno del Senado donde también obtuvo la mayoría de tres quintos. Esta situación de dificultad para conseguir la mayoría necesaria para el nombramiento se reproduciría posteriormente con candidatos para otros mandatos.
El nombramiento de Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés como primer Defensor del Pueblo se publicó en el BOE de 30 de diciembre de 1982, acreditado por los Presidentes de ambas Cámaras. La designación de sus dos Adjuntos adoptó la forma de Resolución del Defensor del Pueblo. Transcurrido el período de su mandato, la vacante fue declarada por el Presidente del Congreso el 30 de diciembre de 1987.
Nada impide que el Defensor del Pueblo sea elegido para un nuevo mandato; sin embargo, esta situación no se había dado hasta la reelección de Enrique Múgica Herzog, que tuvo lugar los días 28 y 29 de junio de 2005 en los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado respectivamente. La propuesta de reelección había sido suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular. También fueron designados para un nuevo mandato los dos Adjuntos.
En virtud de lo establecido en el artículo 32 y siguientes de su Ley Orgánica, el Defensor está obligado a dar cuenta a las Cortes Generales de su gestión en un informe anual. Estos informes se someten a un primer debate en la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo y posteriormente pasan a debatirse en los Plenos de las Cámaras. El primer informe anual, correspondiente a 1983, se presentó en mayo del año siguiente.
Desde entonces, año tras año, se han presentado los informes anuales que dan cuenta de la labor desarrollada por la institución con ocasión de las quejas recibidas, de las investigaciones iniciadas de oficio y de las actuaciones de las diversas administraciones públicas en relación con ellas. Se publican en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, serie A. Además, el informe se publicaba en forma de libro en una serie específica de las publicaciones de Cortes Generales añadiéndosele los debates producidos en la Comisión Mixta y en los Plenos de las Cámaras. Con posterioridad, las publicaciones pasaron a depender directamente del Defensor.
Por otra parte, el Defensor realiza informes monográficos sobre la actuación de las administraciones públicas en sectores, a su juicio, especialmente sensibles. Comenzó esta práctica con el "Estudio sobre la Situación Penitenciaria en España" que data de 1987 y ha continuado hasta la actualidad. Los informes monográficos han tratado temas como el daño cerebral sobrevenido (2006), la asistencia jurídica a los extranjeros (2005), la contaminación acústica (2005), la escolarización de los alumnos de origen inmigrante (2003), las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (2002), la violencia escolar en la educación secundaria obligatoria (2000), la gestión de los residuos urbanos (2001), la violencia doméstica contra las mujeres (1998), trata de seres humanos en España (2012 y 2013), telecomunicaciones, demandas y necesidades de los ciudadanos (2014), situación de los españoles presos en países extranjeros (2015), el interés superior del menor (2014), situación actual de las víctimas de ETA (2016), o sobre la situación de las personas con enfermedad celiaca en España (2017), etc.
Además, el Defensor del Pueblo tiene la facultad de formular recomendaciones y sugerencias a los poderes públicos con el fin de que modifiquen sus criterios de actuación o las normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales. En la publicación Recomendaciones y Sugerencias se recogen anualmente, desde 1983, este tipo de resoluciones, de carácter general, dirigidas a los poderes públicos que, también puede consultarse en su página web.
En los Estatutos de algunas Comunidades Autónomas se crearon comisionados parlamentarios para supervisar la actuación de sus respectivas administraciones. Así, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y las Illes Balears. En otros casos se introdujo la figura en el momento de la modificación de sus Estatutos (Cantabria, Extremadura y Castilla y León) y en otros, por fin se llevó a cabo por Ley de su Asamblea (Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja).
Las respectivas denominaciones responden, con frecuencia, a su propia tradición histórico-política y a la existencia de una lengua propia: Ararteko (Pais Vasco), Diputado del Común (Canarias), Justicia de Aragón, Sindic de Greuges (Cataluña e Islas Baleares y Comunidad Valenciana), Valedor do Pobo (Galicia) o Procurador del Común (Castilla y León). En otros casos se han inclinado por añadir el adjetivo a la expresión Defensor del Pueblo, así Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.
Con el fin de regular las relaciones entre estos comisionados y el Defensor del Pueblo, el Parlamento de Cataluña, las Cortes de Aragón y el Parlamento de Andalucía presentaron ante las Cortes Generales tres proposiciones de ley idénticas que el 14 de marzo de 1985 fueron tomadas en consideración (BOCG. Congreso, serie B, núms. 70, 74 y 80 respectivamente). Tras su elaboración parlamentaria se convirtieron en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas.
El Parlamento de Cataluña impugnó la citada Ley 36/1985, lo que permitió al Tribunal Constitucional pronunciarse acerca de la distribución de competencias en la supervisión de las distintas administraciones públicas -General del Estado, autonómicas y locales- entre el Defensor del Pueblo y los Comisionados Autonómicos en la STC 157/88, de 15 de septiembre. También lo hizo en la STC 142/88 de 12 de julio con motivo del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/1985, de 27 de junio de las Cortes de Aragón, reguladora del Justicia.
No debe concluirse esta sinopsis sin una referencia, siquiera breve, a esta institución europea creada por el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992. Este Tratado, en su apartado dedicado a la ciudadanía europea, estableció un comisionado parlamentario otorgándole competencias para recibir quejas sobre abusos e injusticias en la actuación de las instituciones y organismos comunitarios, al que, en su versión española, denominó Defensor del Pueblo (art. 138 E).
Durante la preparación del Tratado de Maastricht, en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Política, se plantea el asunto por parte de varias delegaciones de los Estados miembros, entre las que destaca la propuesta de la delegación española. La solución finalmente adoptada fue la creación de un ombudsman parlamentario que se ocupara, exclusivamente, de las quejas que afectaran a las actuaciones de organismos e instituciones comunitarios. La protección frente a la "mala administración" de los Estados miembros en la aplicación del Derecho comunitario, se seguiría llevando a cabo según los mecanismos previstos por la legislación interna de cada uno de ellos.
En la actualidad, el régimen jurídico del Defensor del Pueblo de la Unión Europea se contiene en los artículos 20, 24 y 228 del TFUE y en el art. 43 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, siendo su competencia mejorar la protección de los ciudadanos europeos en caso de mala administración en la acción de las instituciones europeas y órganos de la Unión, y reforzar la transparencia y control democrático en la toma de decisiones y administración institucional de la UE. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Tratados, el Parlamento Europeo adoptó la Decisión sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, aprobada el 9 de marzo de 1994 y modificada por la de 14 de marzo de 2002 y por la de 18 de junio de 2008, adoptada previo dictamen de la Comisión con aprobación del Consejo, y objeto de disposiciones aplicativas adoptadas por el Defensor del Pueblo europeo.
Finalmente, puede consultarse bibliografía referente al contenido de este artículo.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 502
 Resolución 
 artículo 32