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Timestamp: 2017-03-30 00:50:17+00:00

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Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 27 de Enero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 593306114
Número de Recurso:3625/2014
INCOMPATIBILIDAD ENTRE TRIBUTOS. PRESCRIPCIÓN. La recurrente pretende la declaración de la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, dado que no había existido efecto interruptivo por el hecho de que la Administración girara liquidación de forma equivocada por otro concepto, cuyo hecho imponible era diferente del que finalmente fue objeto de liquidación. Se anula la liquidación girada y se estima el recurso de casación.
La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, ha visto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina número 3625/2014, interpuesto por Dª María del Rocío Sampere Meneses, Procuradora de los Tribunales, en nombre de la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA , contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de mayo de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1051/2011 , deducido frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 28 de julio de 2011, en materia de liquidación por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia ahora impugnada en casación se exponen los hechos de los que deriva el conflicto que hemos de resolver, en los siguientes términos:
La sentencia impugnada, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 28 de julio de 2011 , resolvió el recurso contencioso administrativo que PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, formulara contra la resolución del TEAR de 28 de julio de 2011, y que había tramitado con el número 1051/2011, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2014 , que contiene la siguiente parte dispositiva:
"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo nº 1051/11, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María del Rocío Sampere Meneses, en nombre y representación de "Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A.", contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 28 de julio de 2011, por la que se desestima la reclamación económico administrativa nº 28/07376/10 , interpuesta contra liquidación girada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, e importe de 72.250,15 , DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS dichas resoluciones por no ser ajustadas al ordenamiento jurídico, exclusivamente, en cuanto a los intereses que se contienen en la liquidación impugnada cuyo cálculo anulamos, debiendo cesar su cómputo a fecha de la primera de las liquidaciones giradas, manteniéndolas en lo restante."
La representación procesal de PROMOCIONES PYC PRYCONSA, S.A. interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada, según escrito presentado ante la Sala de instancia en 25 de julio de 2014, en el que solicita su anulación, para después resolver conforme a lo solicitado en el escrito de demanda.
El Letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid se opuso al recurso interpuesto, por medio de escrito presentado en Sala de instancia, en 10 de octubre de 2014, solicitando se tenga por cumplido el trámite concedido.
El Abogado del Estado se opuso al recurso de casación, mediante escrito también presentado en la Sala de instancia, en este caso en 3 de octubre de 2014, en el que solicita su desestimación, con imposición de costas.
Habiendo sido señalada para la deliberación, votación y fallo la audiencia del doce de enero de dos mil dieciséis.
Unicamente interesa al presente recurso de casación, la argumentación de la sentencia, en cuanto desestima la pretensión de PROMOCIONES PRY PRYCONSA, de que se declarara la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, dado que la misma no había quedado interrumpida por la actuación de la Administración tendente a liquidar el concepto de Transmisiones Patrimoniales, cuyo hecho imponible es diferente del concepto que finalmente fue objeto de liquidación.
"Esta cuestión ya ha sido objeto de resolución por parte de esta Sección. En concreto, en la sentencia recaída el 20 de diciembre de 2013, en el RCA 602/2011 .
Decíamos en aquella sentencia que "el motivo de impugnación no puede prosperar. La prescripción del derecho a liquidar se fundamenta en una inactividad o inacción de la Administración a la hora de determinar la deuda tributaria, que por tanto se interrumpe con las actuaciones tendentes a su determinación, actuaciones que no pierden dicha eficacia por el hecho de ser anuladas por defecto de forma, ni de fondo, salvo caso de nulidad absoluta. Así en el caso de autos, la correcta liquidación de la operación realizada pasa por una previa calificación de la misma en un sentido alternativo, no implicando el error en la opción, dejación o inactividad que fundamente la prescripción , pues otra postura impondría a la demandada a fin de preservar el interés general la necesidad de girar simultáneas liquidaciones contradictorias e incompatibles a sabiendas de que una de ellas sería anulada, asegurando no obstante la alternativa no anulada".
Aun no desconociendo la Sección que la cuestión no ha sido resuelta de forma pacífica en los diversos Tribunales Superiores de Justicia (ni en otras Secciones de esta misma Sala), debemos traer aquí a colación la cita de la sentencia dictada por el TSJ de las Islas Baleares, también con fecha 20 de diciembre de 2013, en el RCA 8/2013 , cuyos argumentos compartimos:
« Se invoca la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ( art. 66. LGT/2003 o norma equivalente de la LGT anterior si se entendiese de aplicación) al haber transcurrido más de cuatro años entre la compraventa (2003) y la propuesta de liquidación realizada por primera vez el 13 de mayo de 2009.
Se invoca que las actuaciones y reclamaciones ante el TEAR con motivo de si la operación estaba exenta o no de IVA, no interrumpen la acción de la Administración encaminada a liquidar por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados "por ser un tributo diferente". Se invoca la sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 14 de abril de 2011 , que para caso "idéntico" habría apreciado la prescripción .
"2. De acuerdo con lo previsto en la letra a) del art. 41.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre , por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, los documentos notariales a que se refiere el art. 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributarán al 1,5 por 100 en el caso de documentos en que se haya renunciado a la exención a que se refiere el art. 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ."
Pues bien, comoquiera que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears practicó liquidación - en fecha 30.05.2005- por el ITPyAJD, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales, al considerar que la transmisión documentada en escritura de 24 de junio de 2003 estaba sujeta a dicho impuesto y no al IVA, obviamente y en congruencia con ello, no podía emitir liquidación por el IAJD al tipo del 1,5%, porque sería una actuación contradictoria con la anterior. Esto es, o consideraba que la operación estaba sujeta a ITP y por tanto no revisaba la liquidación por AJD al tipo 0,5%, o bien aceptaba que la operación no estaba exenta de IVA y por tanto giraba liquidación por AJD al tipo 1,5%, pero no podía sostener conjuntamente las dos opciones al ser incompatibles . Esta imposibilidad -por incompatibilidad- es la que determina que no corriese el plazo de prescripción para liquidar por la segunda opción.
Pese a que el art. 67.1º de la LGT/2003 -relativo a la interrupción del plazo de prescripción ante tributos incompatibles que graven una misma operación hasta la resolución firme que dirima el tributo procedente- venga referido al supuesto del plazo para interesar la devolución de ingresos indebidos, el mismo criterio es de aplicación para el derecho a liquidar por modalidades distintas e incompatibles del mismo impuesto, que es lo que aquí ha ocurrido. »
En efecto, dado que la Administración tributaria actúa siempre, salvo error de carácter material o tipográfico, conforme a una interpretación razonable del derecho y con ánimo de preservar los intereses generales, si lo anterior fuera lo relevante, esto es, si bastara a los efectos de interrumpir la prescripción la actividad de la Administración aún en una aplicación desacertada pero razonable del derecho, hubiera bastado la aclaración por el legislador en el sentido de que la interrupción se produce "aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta", nada más; pero conforme a lo expuesto, al añadir la acotación numerada como(3), no parece que sea este el criterio que ha seguido el legislador, sino el de entender que para interrumpir la prescripción, la Administración debe acertar en la calificación de los hechos, y que solo por excepción, la actuación desacertada también tendrá efecto interruptivo cuando el error haya sido en parte , por así decirlo, en consideración del legislador, provocado por la actuación del obligado tributario que declaró incorrectamente."
Tras una exposición de los hechos acaecidos hasta la sentencia objeto de impugnación, la representación procesal de PROMOCIONES PRY PRYCONSA, S.A. expone como sentencias de contraste las de las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia:
El Letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid, tras una referencia superficial a falta de identidad, opone:
-Que respecto de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no existen otras posteriores a las traídas para contraste, "por lo que no sabemos cual sería el sentido de su fallo en caso de que se le plantease a día de hoy una cuestión de problemática similar". A ello añade que la sentencia de 11 de enero de 2002 , se refiere a un hecho imponible anterior a la entrada en vigor de la actual legislación (Ley 1/93, de 24 de noviembre) y que la sentencia de 13 de enero de 2009 , no es el mismo que el que se dirime en el presente caso, ya que se trata de una liquidación sobre escritura pública de cese de condominio sobre determinado inmueble, mientras que en el presente caso se trata de una compraventa de un inmueble que debió estar sujeta a IVA y no a Transmisiones Patrimoniales.
El Abogado del Estado justifica su solicitud de desestimación en la argumentación expuesta en la sentencia impugnada.
Comenzamos nuestra respuesta al motivo de casación formulado señalando que, con referencia al plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación ( artículo 66.a) de la Ley 58/2003 , General Tributaria de 2003), en el momento de práctica de la liquidación de 3 de junio de 2009, el artículo 68 establece:
Pues bien, como se dijo en la Sentencia de 19 de abril de 2006 (Recurso de casación en interés de la ley número 58/2004), la apreciación de la prescripción requiere al menos dos requisitos: 1º. - Que haya silencio en la relación jurídica que prescribe, pues el precepto se refiere claramente a "cualquier acción" administrativa -expresión que pone de relieve que lo trascendente, a efectos de interrumpir la prescripción, es el silencio de la relación jurídica; 2º. - Que la norma jurídica reconozca la prescripción que se declara.
Ciertamente que la doctrina legal sentada en la Sentencia a la que acabamos de referirnos, es la de que «La anulación de una liquidación tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos».
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario ." Por tanto, es patente que el legislador considera que cuando se trata de impuestos distintos, solo la actuación errónea de la Administración basada en incorrecta declaración del obligado tributario produce efecto interruptivo de la prescripción y no, por el contrario, cuando la causa de aquella sea otra distinta de la expresada.
Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, número 3625/2014, interpuesto por Dª María del Rocío Sampere Meneses, Procuradora de los Tribunales, en nombre de la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA , contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de mayo de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1051/2011 . Sin costas.
Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo 1051/2011, anulando la liquidación girada y las resoluciones administrativas que la confirmaron. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACION .- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martin Timon, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 66
 artículo 68