Source: http://www.deechile.com/2013/03/jurisprudencia-invalidacion.html
Timestamp: 2018-06-24 07:07:02+00:00

Document:
Derecho y Salud: Invalidacón diversos dictámenes
Invalidacón diversos dictámenes
Jurisprudencia sobre invalidación.
Necesidad de audiencia previa.-
Aplica dictamen 54853/2011 Aplica dictamen 79656/2013 Aplica dictamen 9692/2014 Aplica dictamen 77142/2014 Aplica dictamen 70794/2015 Aplica dictamen 36470/2016 Aplica dictamen 99651/2015
N° 36.496 Fecha: 12-X-2017
Mediante el dictamen N° 28.251, de 2016 -confirmado por el oficio N° 74.562, del mismo año-, esta Contraloría General concluyó, en lo esencial, que no se ajustó a derecho lo obrado por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente en su resolución exenta N° 353, de 2015 -a través de la cual dejó sin efecto la adjudicación de la licitaciónpública del contrato denominado “Obras Preliminares para el Proyecto de Normalización del Hospital de Melipilla”-, de modo que debía iniciar un procedimiento de invalidación de dicho acto administrativo e instruir un proceso disciplinario tendiente a determinar las responsabilidades administrativas derivadas de tales circunstancias.
Posteriormente, y con motivo de lo informado por esa repartición, en el sentido de que había invalidado la citada resolución exenta, pero que no celebraría el contrato adjudicado dado que no era conveniente a sus intereses, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago manifestó, por medio de su oficio N° 6.662, de 2017, entre otros aspectos, que aquel servicio de salud debía formalizar dicha decisión, “lo que, naturalmente, lleva aparejada la necesidad de dictar un acto administrativo de término que ponga fin al proceso licitatorio de la especie -con algún modo previsto al efecto en el ordenamiento aplicable-, de manera de observar los principios que rigen los procedimientos administrativos, especialmente el conclusivo, contemplado en los artículos 4° y 8° de la ley N° 19.880”.
Pues bien, en esta oportunidad, y en relación con lo señalado precedentemente, el mencionado servicio de salud acompaña una copia de su resolución exenta N° 1.528, de 2017, a través de la cual declara terminada la licitaciónpública de que se trata.
Dicha resolución exenta señala, en lo medular, que “en el tiempo que media entre la Resolución que dejo sin efecto la adjudicación y los Dictámenes que ordenaron su invalidación, se procedió a reevaluar en su conjunto la finalidad perseguida por ese proceso licitatorio (ID 1288-102-LP14) determinándose que se haría un uso más eficiente de los recursos fiscales si se construía un nuevo Hospital en un terreno diferente, desechándose en consecuencia, la idea original de reponerlo en el mismo sitio donde actualmente se emplaza, decisión que fue avalada por el Ministerio de Salud así como el Ministerio de Desarrollo Social”.
Agrega ese documento, que “consecuente con lo anterior, durante el segundo trimestre del año 2015 se inició un proceso de compra de bien inmueble concluyendo a finales de esa anualidad, mediante él se adquirió un paño de terreno para emplazar ahí el nuevo Hospital”, de modo que “la finalidad tenida en vista al momento de realizar el proceso licitatorio ‘Obras Preliminares para el Proyecto de Normalización del Hospital de Melipilla’, ID 1288-102-LP14, actualmente perdió objeto toda vez que sobrevino una imposibilidad material que hace improcedente concluir ese proceso concursal con la contratación del proveedor Ingekor, Construcción y Gestión Inmobiliaria Integral Limitada”.
Pues bien, atendido lo manifestado, y frente a lo resuelto por ese servicio, en orden a no continuar con el proceso licitatorio en comento y, en consecuencia, a dejar sin efecto la adjudicación de la misma, cumple con señalar que esta sede de control no tiene objeciones que formular respecto del tal decisión, considerando que dicho proyecto no resulta conveniente a sus intereses.
Sin desmedro de lo anterior, y habida cuenta de los principios de eficiencia y eficacia que rigen las actuaciones de los órganos de la Administración -previstos en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado- esa repartición deberá, en lo sucesivo, determinar acabadamente la conveniencia de ejecutar los respectivos proyectos, evitando la ocurrencia de situaciones como la acaecida.
Aplica dictámenes 2196/93, 2641/2005, 8058/2009, 35081/2014, 59466/2015, 86712/2015, 82062/2013, 2420/2014, 82692/2013, 101586/2014
ley 19880 art/61, ley 19880 art/62, ley 19880 art/53,
ley 10336 art/6 inc/3
Rectificación de oficio de la evaluación de las ofertas y de la adjudicación no se ajustó a derecho, ya que advertido el error en la evaluación correspondía su invalidación previa audiencia del interesado. Sin embargo, no pueden afectarse situaciones jurídicas consolidadas a favor de terceros de buena fe.
Asimismo, no se han acompañado antecedentes que permitan concluir en la perfección del acuerdo de voluntades, a través de la aceptación de la respectiva orden de compra, la que fue emitida y luego eliminada del portal decompras públicas.
En un cuarto orden de consideraciones es dable recordar que el artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicacióndel acto.
ES LEGALES
Ley 19880 art/53
Rechaza solicitud de reconsideración del dictamen N° 24.531, de 2017, presentada por la Municipalidad de Chimbarongo
N° 40.576 Fecha: 20-XI-2017
Mediante el documento de la referencia la Municipalidad de Chimbarongo solicita la reconsideración del dictamen N° 24.531, de 2017, a través del cual esta Contraloría General, junto con concluir, por las razones que en el mismo se consignan, que no se ajustó a derecho la decisión adoptada por esa entidad edilicia en el marco de la licitaciónpública convocada para la ejecución del proyecto “Construcción Multicanchas Sector Villa Las Brisas y Villa Campanario, Comuna de Chimbarongo”, en orden a seleccionar a un oferente que no obtuvo el mayor puntaje, dispuso que debía iniciar un procedimiento de invalidación de la respectiva resolución adjudicatoria, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 19.880.
Expone, en lo esencial, que su actuación se ciñó a la normativa que regía el certamen, toda vez que la oferta seleccionada resultaba más conveniente a los intereses municipales, añadiendo que la invalidación ordenada produciría diversos perjuicios, dado que las obras contratadas tendrían un 75 % de avance.
Sobre el particular, cumple esta sede de control con manifestar que del análisis de los planteamientos formulados por ese municipio se advierte que estos constituyen una reiteración de aquellos contenidos en el informe que evacuó con ocasión de la reclamación que dio origen al dictamen impugnado, los que fueron debidamente analizados para efectos de su emisión.
En tales condiciones, y dado que lo expresado no aporta nuevos antecedentes de hecho o de derecho, ni elementos de juicio que no hubieren sido previamente analizados, cuya ponderación permita variar lo concluido en el citado pronunciamiento, no corresponde acceder a la reconsideración solicitada.
En consecuencia, procede que esa entidad edilicia inicie el procedimiento de invalidación ordenado, debiendo ponderar, al momento de resolver y conforme al ordenamiento jurídico, las consideraciones expuestas en esta oportunidad.
De las medidas adoptadas en cumplimiento del citado dictamen deberá informar a la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en el plazo de 15 días contado desde la recepción del presente oficio.
N° 6.948 Fecha: 12-III-2018
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Luis Pozo Arancibia, reclamando que no ha resultado procedente que el Hospital Roberto del Río haya decidido revocar la licitación pública ID 1947-629-LE15, sobre servicio de cobranza externa de ese recinto hospitalario, pues, a su juicio, habría procedido que se le adjudicara a él dicho proceso concursal, ya que habría cumplido con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
Sobre el particular, cabe recordar que mediante el dictamen N° 11.909, de 2016, esta Entidad de Control se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la regularidad del aludido proceso concursal, teniendo en cuenta para ello que el referido hospital señaló que había iniciado un procedimiento de invalidación de la resolución de adjudicación antes singularizada y, por lo tanto, la situación denunciada estaba en vías de solución.
Requerida de informe, la aludida repartición pública manifiesta que inició el antedicho procedimiento invalidatorio debido a que las bases del concurso no definían los instrumentos o la forma en que debían acreditarse los criterios de evaluación denominados “mejores condiciones de trabajo” y “situación financiera”, lo que impedía una adecuada evaluación y adjudicación.
Como resultado de lo anterior, decidió dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación, puesto que debido a los vicios advertidos en las bases ninguna de las ofertas podía ser adjudicada, incluida la propuesta del recurrente.
Al respecto, cabe señalar que de los antecedentes acompañados por la entidad licitante y aquellos presentes en el portal www.mercadopublico.cl, se observa que mediante la resolución exenta N° 222, de 2016, el Hospital Roberto del Río inició un procedimiento de invalidación del procedimiento licitatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 53 y 55 de la ley N° 19.880, y que por medio de la resolución exenta N° 1.068, de 2016, dicha institución dejó sin efecto la adjudicación y declaró desierto el certamen.
Ahora bien, revisadas las bases que rigieron el proceso licitatorio, sancionadas por la resolución exenta N° 2.680, de 2015, del Hospital Roberto del Río, se advierte que ellas no daban cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22, N° 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que dispone como contenido mínimo de las bases de licitación pública “los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación”, puesto que ese pliego no contemplaba la manera de acreditar los criterios de evaluación antes singularizados.
En este contexto, se debe recordar que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, dispone que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.
En consecuencia, en mérito de lo expuesto, es menester concluir que en la especie la autoridad administrativa se ajustó a sus atribuciones al invalidar la adjudicación a que alude el recurrente y declarar desierto el respectivo concurso, por lo que este Órgano de Fiscalización no advierte observaciones que formular ante dichas actuaciones.
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006948N18 |12-03-2018 | procesos licitatorios, licitaciones
Roberto del Río haya decidido revocar la licitación pública ID 1947-629-LE15, sobre servicio de cobranza externa de ese recinto hospitalario, pues, a su juicio, habría procedido que se le adjudicara
040576N17 |22-11-2017 | mun, licitación pública, adjudicatario, oferta más conveniente, actos administrativos, invalidación
de la licitación pública convocada para la ejecución del proyecto “Construcción Multicanchas Sector Villa Las Brisas y Villa Campanario, Comuna de Chimbarongo”, en orden a seleccionar a un oferente que
036792N17 |16-10-2017 | transporte público pasajeros, concesión vías, licitación pública, expropiación inmuebles, terminales locomoción colectiva, invalidación acto administrativo
N° 36.792 Fecha: 16-X-2017 Express de Santiago Uno S.A. e Inversiones Alsacia S.A., a propósito del proceso de licitación pública para la concesión del uso de las vías
036318N17 |12-10-2017 | MUN, suscripción contrato, acuerdo concejo, requisito esencial, quorum exigido, invalidación decreto adjudicación
que ante el rechazo del concejo a la proposición de adjudicación sometida a su consideración, el alcalde puede declarar desierta la licitación -de resultar procedente en conformidad con el artículo 9
036496N17 |12-10-2017 | término licitación pública
licitación pública del contrato denominado “Obras Preliminares para el Proyecto de Normalización del Hospital de Melipilla”-, de modo que debía iniciar un procedimiento de invalidación de dicho acto
024531N17 |06-07-2017 | mun, licitación pública, adjudicatario, oferta más conveniente, bases, actos administrativos, invalidación
la cual don Jorge Romero Monsalve, en representación, según indica, de Constructora Santa Catalina Ltda., reclama respecto de lo obrado por la Municipalidad de Chimbarongo en la licitación pública
022161N17 |16-06-2017 | MUN, licitación pública, concejo municipal, adjudicación concesión, principio igualdad de los oferentes, invalidación actos administrativos
licitación privada denominada “Concesión complejo turístico Centinela Hotel”, al oferente don Mario Curbelo Pavez, la que a juicio del Diputado requirente, habría adolecido de diversas irregularidades
019553N17 |30-05-2017 | CENABAST, contratos de suministros, bases de licitación, licitación pública, evaluación precios
, reclamando que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) en los procesos de licitación N°s. 5599-35-LP15 y 5599-36-LP15, convocados para la adquisición de toxina
018166N17 |18-05-2017 | facultades cgr, informes de auditoría, obras públicas, mayores gastos generales, multas, resciliación, cuestión de mérito
entrega de la solicitud de recepción provisoria. Cabe hacer presente que las, bases administrativas de licitación no le otorgan al ITO facultades por sí mismo para determinar la paralización de las
018116N17 |18-05-2017 | actos administrativos, invalidación, inmueble fiscal, desalojo
doña Esperanza Carmona Carmona, tal como consta en el decreto exento N° 42, de 2012, de dicha Secretaría de Estado, mientras que a través de una licitaciónpública, el aludido sitio N° 2, se adjudicó
012428N17 |12-04-2017 | licitación pública, criterios de adjudicación, principios, actos administrativos, invalidación
resolución exenta N° 325, de 2016, del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, que resolvió la licitación pública ID 4855-263-LR15, sobre suministro de inmunosupresores, no se habría ajustado a derecho, por
004787N17 |09-02-2017 | compras públicas, convenio marco, invalidación acto administrativo
que el producto “Juego de Patio Interior Domo Educativo Sanctum”, con el que este último resultó adjudicado en la licitación pública llevada a cabo por la Dirección de Compras y Contratación Pública
093759N16 |29-12-2016 | compras públicas, formalidades, recepción de ofertas, invalidación acto administrativo, antecedentes esenciales
licitación ID N° 1106-8-LQ16 llevada a cabo por la Dirección de Vialidad de la Región Metropolitana para la contratación del servicio de mantenimiento, reparaciones y suministro de repuestos para
092218N16 |23-12-2016 | Municipalidades, contratación servicios, licitación pública, invalidación, prohibición subcontratación
-, sobre presuntas irregularidades en la licitación pública ID 2282-65-LE16, denominada “Escuela Francia, servicio de traslado”, concluyó que dicha municipalidad debía dejar sin efecto el decreto
084706N16 |23-11-2016 | BINAC, inmueble fiscal, venta directa
administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley, y la licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga. El trato directo es una excepción al
076198N16 |17-10-2016 | invalidación acto administrativo, autoridad administrativa, licitación pública
para que invalide el acta de apertura de las ofertas económicas, de fecha 2 de marzo de 2016 -elaborada en el marco de la licitación pública para otorgar concesiones para operar establecimientos que
068305N16 |16-09-2016 | contrato de suministro, término anticipado
diciembre de 2015, la empresa solicitó un mayor plazo para cumplir con el contrato que le fuera adjudicado mediante licitación privada, petición que fue acogida por esa institución. Agrega, que a raíz de
061067N16 |18-08-2016 | licitación pública, invalidación acto administrativo, facultades cgr, impugnación, principios
N° 61.067 Fecha: 18-VIII-2016 Se ha recibido una presentación con reserva de identidad en la cual se cuestiona que las bases administrativas especiales, BAE, de la licitación pública
055801N16 |28-07-2016 | Contratos administrativos, contratos de servicios, inhabilidades para contratar, invalidación acto administrativo
de la licitación pública denominada “Consultoría de articulación y dinamización de destinos turísticos priorizados 2015 y 2016”, en la que resultó adjudicada -en sus líneas 1 y 2- la empresa ID Gestión
049703N16 |05-07-2016 | actos administrativos, invalidación, contratos administrativos, grandes compras, selección de ofertas
precedentemente que la ley N° 19.886 contemple un procedimiento de impugnación de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su
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CENABAST, contratos de suministros, bases de licitación, licitación pública, evaluación precios
NÚMERO DICTAMEN019553N17FECHA DOCUMENTO30-05-2017NUEVO:NOREACTIVADO:SIRECONSIDERADO:NORECONSIDERADO PARCIAL:NOACLARADO:NOALTERADO:NOAPLICADO:SICONFIRMADO:NOCOMPLEMENTADO:NOCARÁCTER:NNN
aplica dictámenes 65769/2014, 84682/2016
ley 19886 art/10 inc/3, ley 19880 art/53 inc/1
Forma de evaluar el precio ofertado se ajustó a lo señalado en las bases que rigieron el proceso licitatorio.
N° 19.553 Fecha: 30-V-2017
Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Jeannette Amestoy Balladares, en representación de Allergan Laboratorios Limitada, reclamando que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) en los procesos de licitación N°s. 5599-35-LP15 y 5599-36-LP15, convocados para la adquisición de toxina botulínica, habría omitido considerar para la determinación del precio ofertado el número de dosis por tratamiento contenidas en las propuestas de los proveedores.
Indica asimismo que las referidas adjudicaciones no se atuvieron a las modificaciones efectuadas al anexo 2a de las bases que rigieron la licitación, en cuanto a cambiar el criterio de postulación “cantidad de unidades” por “cantidad de tratamientos”. Agrega que CENABAST adjudicó en base a una cantidad de unidades insuficientes para cubrir los tratamientos licitados, conforme a las dosis mínimas recomendadas por la ciencia médica.
Cuestiona, además, que la resolución exenta N° 3.775, de 2015, de CENABAST, que rechazó su solicitud deinvalidación de las referidas adjudicaciones, se emitió sin dar audiencia al interesado, esto es, a la empresa adjudicada, y que se justificó esa negativa en la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.
Requerido su informe, CENABAST indica que ambas licitaciones se evaluaron según los criterios indicados en las respectivas bases administrativas, pues en el factor económico, subfactor precio, se contemplaba el valor ofertado por tratamiento. Agrega que si bien en el punto 4 del anexo N° 2a se solicitaba señalar las unidades aproximadas de toxina botulínica para cada tratamiento, ese requerimiento era un criterio de admisibilidad, y que para definir la cantidad de unidades por tratamiento se consideró lo informado por los médicos referentes del programa ministerial.
Sobre el particular, cabe consignar que el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886 dispone que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen.
Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha puntualizado que la estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren (aplica dictamen N° 65.769, de 2014).
En este contexto, procede anotar que las bases tipo que rigieron los procesos licitatorios por los que se consulta, que fueron aprobadas por medio de la resolución N° 272, de 2014, de la CENABAST, señalan en su apartado II, “Del producto licitado”, que el objeto que se regula es “la adquisición del producto identificado en el Anexo N° 2a o 2b según corresponda”. A su vez, el apartado III, “De las ofertas” precisa en su punto 4.1 que para el caso de fármacos, la ficha técnica contenida en el Anexo 2a constituye un anexo técnico. En dicha norma también se señala que la mencionada ficha contiene en su Punto 4 “Especificaciones de admisibilidad adicionales, cuando corresponda”.
En el mismo sentido, el apartado V, “De la admisibilidad de las ofertas”, de las mencionadas bases tipo, indica en su punto 3.4. que la admisibilidad técnica implica revisar respecto de cada producto ofertado que cumpla con los requisitos adicionales de admisibilidad establecidos en el punto 4 del Anexo N° 2a.
En relación a lo anterior, el Anexo N° 2a incluido como antecedente de ambas licitaciones en el portalwww.mercadopublico.cl, señala, respecto del producto licitado, que “El proveedor debe indicar las unidades aproximadas de Toxina que se utiliza para cada tratamiento”. Asimismo, en el referido Anexo de ambas licitaciones se señala la cantidad de “tratamientos” que se licitan por cada patología incluida.
A su vez, las mencionadas bases tipo señalan en su apartado III, punto 5.1, que “El precio ofertado siempre deberá corresponder a la unidad de medida licitada por CENABAST y expresarse en pesos chilenos (CLP) y valores netos, esto es, sin impuestos, en el campo indicado para estos efectos en el portal de compras públicas”.
Como puede advertirse, sin perjuicio de que se solicitó a cada oferente como requisito de admisibilidad indicar la cantidad de unidades aproximadas utilizadas por tratamiento; los productos se licitaron en la unidad de medida “tratamiento” y así fueron evaluados, especialmente en lo que se refiere al subfactor precio.
En este contexto y atendido que CENABAST se ajustó a las bases administrativas al evaluar las ofertas presentadas en las licitaciones en comento, se desestiman los reclamos formulados por la peticionaria sobre la materia.
Por otra parte, en lo que se refiere a que la antedicha repartición pública no habría otorgado audiencia a la empresa adjudicada antes de pronunciarse sobre la solicitud de invalidación de las respectivas adjudicaciones efectuada por la recurrente, cabe anotar que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”.
Ahora bien, en este caso CENABAST ha omitido señalar si concedió la aludida audiencia previa y tampoco ha adjuntado los antecedentes del respectivo procedimiento de invalidación, lo que, sin embargo, no afecta la validez de la resolución exenta N° 3.775, de 2015, citada, ya que, en definitiva, a través de ella se rechazó la petición en comento, y revisada la reclamación de la especie por esta Entidad Fiscalizadora, no se advierten las irregularidades denunciadas.
Remítase copia a la CENABAST.
ley 19886 art/4 inc/1, ley 19886 art/4 inc/6, ley 18575 art/54 lt/b, ley 18575 art/9, ley 19880 art/53
Las causales de inhabilidad para contratar con la administración son aquellas previstas expresamente en el ordenamiento jurídico.
N° 55.801 Fecha: 28-VII-2016
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Subsecretaría de Turismo, solicitando un pronunciamiento relativo a las medidas que corresponde adoptar respecto de la licitación pública denominada “Consultoría de articulación y dinamización de destinos turísticos priorizados 2015 y 2016”, en la que resultó adjudicada -en sus líneas 1 y 2- la empresa ID Gestión y Representaciones SpA, por ser la mejor evaluada.
Señala que previo a la celebración del contrato, la Contraloría Regional de Valparaíso, tras una auditoría realizada al servicio recurrente, emitió el Informe Final N° 1.169, de 2015, en el que indicó que don Milos Miskovic, uno de los socios de la referida empresa, habría cometido ciertas irregularidades mientras ejerció el cargo de Director Regional de Turismo en la Región de Valparaíso, razón por la cual consulta si procede invalidar la resolución adjudicatoria, o si bastaría con exigir el nombramiento de otro Jefe de Proyecto, calidad que detenta el señor Miskovic.
Puesta en conocimiento dicha presentación a la empresa interesada, comparece ante esta Entidad de Control, doña Romina Lemos, por ID Gestión y Representaciones SpA, haciendo presente que la adjudicación de que se trata se ajustó al marco normativo, sin que exista vicio alguno, por lo que no procede su invalidación por la autoridad. Añade que tampoco corresponde que esa Subsecretaría solicite el cambio de jefe de proyecto, por cuanto carece de facultades para ello.
Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886 establece que podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate delicitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.
Su inciso sexto prevé que ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
Respecto de las inhabilidades establecidas en la normativa citada, la jurisprudencia administrativa ha señalado que constituyen una restricción al principio de la libre concurrencia, consignado en el artículo 9° de la ley N° 18.575, al prohibir la participación de los proveedores afectados en los procedimientos licitatorios y en la suscripción de contratos con la Administración, por lo que son de derecho estricto y no pueden, por tanto, extenderse más allá de sus términos (aplica criterio de los dictámenes N° 26.153, de 2012 y 67.837, de 2015, entre otros).
Pues bien, mediante su resolución exenta N° 284, de 2015, la Subsecretaría de Turismo llamó a licitación pública y aprobó las bases administrativas, técnicas y anexos para la contratación del servicio de consultoría de articulación y dinamización de destinos turísticos priorizados 2015 y 2016, proceso que se desarrolló en cuatro líneas, y al que postularon cinco oferentes, entre los cuales se encuentra la empresa ID Gestión y Representaciones SpA, que además de las declaraciones respectivas de no tener inhabilidades, acompañó en su propuesta técnica el currículo del señor Miskovic.
Posteriormente, a través de la resolución exenta N° 20, de 9 de febrero de 2016, se adjudicaron, en lo que interesa, las líneas 1 (sector norte) y 2 (sector centro) a la empresa referida, tras haber obtenido el mejor puntaje en la evaluación respectiva.
A su vez, el 8 de febrero de esta anualidad, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió el informe final N° 1.169, de 2015, sobre auditoría a las transferencias efectuadas por el Gobierno Regional al Servicio Nacional de Turismo, ambos de la Región de Valparaíso, que entre otras acciones, realizó observaciones a ciertos gastos efectuados por este último servicio mientras el señor Miskovic fue su director.
En este contexto, cabe señalar que las observaciones efectuadas por esta Entidad de Control respecto del desempeño funcionario de una persona que forma parte de una empresa, no impiden que esta última pueda participar en una licitación pública o contratar con la Administración, pues esa circunstancia no constituye una inhabilidad, al no estar contemplada como tal en el ordenamiento jurídico aplicable en la especie.
En consecuencia, es menester concluir que la Subsecretaría de Turismo se ajustó a derecho al permitir la participación de la empresa aludida en el proceso concursal en comento y al adjudicarle las líneas en las que resultó ser la mejor evaluada.
Por otra parte, respecto de la consulta relativa a la facultad de ese servicio para invalidar parcialmente la resolución exenta que adjudicó la licitación que motiva su presentación, es preciso consignar que el artículo 53 de la ley N° 19.880, dispone que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, en el plazo que indica.
Como se desprende del precepto recién citado, la Administración activa debe invalidar los actos administrativos que vulneren el ordenamiento jurídico de acuerdo con esa normativa.
Por último, procede manifestar que la autoridad podrá exigir el cambio del jefe de proyecto en la medida que esa posibilidad se prevea en los documentos que rigieron la licitación y se cumplan las exigencias establecidas en ellos para tal fin.
Transcríbase a doña Romina Lemos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 53
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 53
 artículo 9

resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 54
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53