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Contenido ético del deber de revelación del árbitro y consecuencias
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Arbitraje, vol. VI, nº 3, 2013, pp. 799–839
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS *
Sumario: I. Obligaciones éticas del árbitro. II. Revelación de los conflicto de intereses. 1. Conflictos de intereses y arbitraje. 2. Deber de revelación. 3. Alcance e
inflexiones. 4. Precisión temporal. III. Resultado de la declaración. 1. Contenido. 2.
Tipología. IV. Consecuencias de la infracción del deber de declaración. 1. Recusación
del árbitro. 2. Anulación del laudo. 3. Responsabilidad del árbitro. V. Consideraciones
Resumen: Contenido ético del deber de revelación del árbitro y consecuencias de su
La obligación de revelar un conflicto de intereses ha pasado de ser un mero instrumento en la verificación de la independencia de los árbitros para convertirse en
una auténtica obligación que se ha consolidado como un auténtico un fin en sí misma. Con el aumento del uso del arbitraje el riesgo de un conflicto de intereses por
parte de los árbitros se ha multiplicado. Este riesgo se puede mitigar de manera significativa por el uso de la debida diligencia y exhaustiva investigación, verificación de
antecedentes y el análisis de las eventuales las conexiones entre un árbitro y una de
las partes o sus abogados en el arbitraje. Dentro de los mecanismos que ayudan a una
observancia plena de la independencia e imparcialidad en el arbitraje ocupa un lugar
destacado el deber de revelar la existencia de conflicto de intereses; dicho deber constituye la pieza maestra del régimen jurídico de la ética arbitral y es ampliamente
reconocido en las diferentes culturas jurídicas, las legislaciones y los reglamentos de
arbitraje. Es una obligación que se configura como un auténtico principio fundamental del arbitraje tanto interno como internacional y es una consecuencia directa del
principio general de buena fe. El deber de revelación tiene un carácter preventivo
dando lugar su incumplimiento a ciertas medidas de carácter punitivo: la anulación
del laudo arbitral, la recusación y la propia responsabilidad del árbitro.
Palabras clave: ARBITRAJE – ÁRBITROS – OBLIGACIONES ÉTICAS
TERESES – DEBER DE REVELACIÓN – INCUMPLIMIENTO.
CONFLICTO DE IN-
* Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. Asociado del Institute de Droit International.
ARBITRAJE: REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2013
Abstract: Ethical Content of the Arbitrator’s Duty of Disclosure and Consequences of its
The duty to disclose a conflict of interests has evolved from being a mere tool in the
verification of the arbitrator’s independence to become a real obligation to be established as a true end in itself. With the increased use of arbitration the risk of a conflict of
interests on the part of the arbitrators has increased. This risk can be mitigated significantly by the use of due diligence and thorough investigation, the assessment of the
background and the analysis of the possible connections between an arbitrator and one
of the parties or his/her attorneys in the arbitration proceedings. Among the mechanisms that amount to a full observance of the independence and impartiality in arbitration, the duty to disclose the existence of conflict of interests occupies a prominent place.
Indeed, such duty is the masterpiece of the legal system of ethics and is widely recognized in different legal cultures, laws and arbitration rules. It is both an obligation
which is configured as a true fundamental principle of both domestic and international
arbitration and a direct consequence of the general principle of good faith. The duty of
disclosure has a preventive nature, so that its breach amounts to certain punitive
measures: the annulment of the arbitral award, the arbitrator’s recusal and the responsibility of the arbitrator.
Keywords: ARBITRATION – ARBITRATORS – ETHICAL OBLIGATIONS – CONFLICT OF INTERESTS
– DUTY OF DISCLOSURE – BREACH OF THE OBLIGATION.
I. Obligaciones éticas del árbitro
1. La función esencial de un árbitro consiste en proporcionar el diálogo entre las partes facilitando el acuerdo, tanto individualizando los
puntos litigiosos como alcanzando a una respuesta justa para éstos.
En un buen árbitro deben estar muy presentes dos preocupaciones
esenciales: de un lado, desempeñar con profesionalidad su oficio, dejando bien sentado su compromiso ético con la institución arbitral, su
capacidad y su integridad, al margen de otras consideraciones como
conseguir ser designado continuadamente como árbitro1; de otro lado, el entendimiento de que su decisión no sólo afecta directamente a
las partes, sino a los operadores directos de las transacciones transfronterizas y, cada vez más, a una comunidad más amplia que puede
verse directamente afectada por el resultado de un proceso arbitral
(v.gr., por las implicaciones de las denominadas arbitral class actions2). Los árbitros deben ser conscientes de la responsabilidad de
sus funciones y que sus actuaciones deben orientarse hacia un óptimo
equilibrio entre equidad y eficiencia con el objetivo último de alcanzar
Cf. J. Paulsson, “Ethics, Elitism, Eligibility”, J. Int’l Arb., 1997, p. 13.
M.A. Weston, “Universes Colliding: The Constitutional Implications of Arbitral Class
Actions”, William and Mary L. Rev., vol. 47, nº 5, 2006, pp. 1711–1779; S.I. Strong, “Does
Class Arbitration ‘Change the Nature’ of Arbitration? Stolt–Nielsen, AT&T, and a Return
to First Principles”, Harvard Negotiation L. Rev., vol. 17, 2012, pp. 201–271.
CONTENIDO ÉTICO DEL DEBER DE REVELACIÓN DEL ÁRBITRO
un laudo razonablemente ajustado a la realidad3 con los menores costes posibles.
Las obligaciones éticas de un árbitro comienzan a regir a partir del
momento en que acepta el nombramiento y subsisten durante todas
las etapas del procedimiento arbitral4. Por esta razón, las normas de
ética profesional, entendidas como principios de orden moral que
deben guiar la actuación del operador jurídico5, adquieren especial
importancia tratándose del ejercicio de la actividad arbitral6. No es
casual que las asociaciones profesionales vinculadas con el arbitraje
asuman una especial preocupación por establecer un catálogo de
principios éticos que sirva de guía a la acción del árbitro 7.
Dicha preocupación persigue un objetivo esencial cual es la defensa
de los eventuales usuarios del arbitraje. Piénsese en una entidad que
ha confiado su controversia al juicio de árbitros y que, tras varios años
de litigios y de un importante desembolso económico, logra un laudo
favorable a sus intereses; si con posterioridad la parte perdedora interpone una acción anulación y después de otro largo proceso, el juez
declara la nulidad de dicho laudo porque se ha acreditado que uno de
los árbitros faltó a sus deberes de independencia o imparcialidad o no
W.W. Park, “Arbitrators and Accuracy”, J. Int’l Disp. Settl., vol. I, nº 1, 2010, pp. 25–53.
J.M. Serrano Ruiz–Calderón, J.M. “Ética del árbitro”, Arbitraje. Revista de arbitraje
comercial y de inversiones, vol. IV, nº 1, 2011, pp. 31 – 74.
5 Vid. D. Kennedy, “The Responsibility of the Lawyers for the Justice of Their Causes”,
Texas Tech. L. Rev., vol. 18, 1986, pp. 1157–1163; R.A. Zitrin, C.M. Langford y N.W.Tarr,
Legal Ethic and the Practic of Law, 3ª ed., Newmark, NJ, Lexisnexis, 2007. En relación
con los abogados corporativos tras la crisis financiera: S. Gunz y H. Gunz, “Ethical Decision Making anthe Employed Lawyer”, J. Buss. Ethics, vol. 8, 2008, pp. 927–944; desde
la perspectiva del abogado transnacional: J.A. Flood, “Transnational Lawyering: Clients,
Ethics and Regulation”, en Lawyers in Practice: Ethical Decision Making in Context (L.
Mather y L. Levin, eds.), University of Chicago Press, 2012.
6 F.N. Andrighi, “A ética como pilar de segurança da arbitragem”, Revista de Doutrina
e Jurisprudência (Brasilia), nº 53, 1997, pp. 24–26; Ferreira Lemes, S.M. Princípios da
independencia e da imparticialidade, São Paulo, LTr, 2001; Gabriel, H. y Raymond, A.H.
“Ethic for Commercial Arbitrators: Basic Principles and Emerging Standards”, Wyoming L.
Rev., vol. 5, nº 2, 2005, pp. 453–470; Mullerat Balmaña, M. “Ethical Rules for Arbitrators”,
Anuario de Justicia Alternativa, nº 6, 2005, pp. 77–117; Rogers, C.A. “The Ethic of International Arbitrators”, The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration (L.W.
Newman y R.D. Hill, eds.), 2ª ed., Juris Publishing, 2008 (Chap. 28); Mitchard, P. “Ethics in
European Arbitration”, The European Cour Middle Eastern Arbitration Review, 2009. http
://www.globalarbitrationreview.com/reviews/14/sections/53/chapters/509/ethics–european
–arbitration/. Vid., asimismo la crónica del coloquio organizado por FRANCARBI,
“L’éthique dans l’arbitrage”, Colloque international du 9 décembre 2011”. http://www.
ohada.com/fichiers/newsletters/1522/rapport–colloque–ethique–arbitrage.pdf.
7 B.M. Cremades, “Nuevo Código ético para los árbitros internacionales”, Revista de la
Corte Española de Arbitraje, vol. IV, 1987, pp. 9–14.
declaró en su día un eventual conflicto de intereses que permitiera a
las partes ejercer su derecho a recusarle, la demandante tendrá, cuanto menos, una opinión muy negativa de las supuestas bondades del
arbitraje8.
Es una situación difícilmente aceptable que debe ser cabalmente
corregida pues la posibilidad de eventuales acciones de responsabilidad civil no es suficiente para paliar el perjuicio sufrido. Y ello porque
pese a la gran atención que se dispensa a las cuestiones derivadas de
los conflictos de intereses y al grado en que un árbitro debe revelar el
pasado y el presente de dichos conflictos, las consecuencias de las
omisiones o de las declaraciones incompletas o falsas siguen sin estar
suficientemente claras9. Precisamente para protegerse de estas situaciones escandalosas ciertos grupos empresariales propugnan la inserción en los contratos de una cláusula de mediación con carácter previo a la de arbitraje.
2. Existen numerosas obligaciones para el árbitro que hunden sus
raíces en el entorno ético que envuelve al arbitraje10 y que no coinciden necesariamente con las inherentes a la función judicial; puede
afirmarse en tal sentido que en algunos sistemas, como el español, se
ha producido un importante desplazamiento de una consideración
asimilacionista hacia un tratamiento separado11, lo que no acontece en
8 En el asunto Tecnimont, sobre el que volveremos a lo largo de este estudio, el dilema
era arrojar a la basura un laudo de 400 páginas cuidadosamente redactada tras de años de
esfuerzos y millones de dólares en gastos legales, o admitir que un árbitro puede al mismo
tiempo ser y miembro de un bufete de abogados que presta asistencia jurídica a una de las
partes. A. Mourre, “Conflicts of Interest: Towards Greater Transparency and Uniform
Standards of Disclosure?”, Kluwer Arbitration Blog, 19 mayo 2009. http:// kluwerarbitra
tionblog.com/ blog/ 2009/ 05/19/conflicts–of–interest–towards–greater–transparency–
and–uniform–standards–of–disclo sure/.
9 D.A. Larson, “Conflicts of Interest and Disclosures: Are We Making a Mountain Out
of a Molehill?”, South Texas L. Rev., vol. 49, nº 4, 2008.
10 Vid. J.C. Fernández Rozas, “Clearer Ethics Guidelines and Comparative Standards
for Arbitrators”, Liber Amicorum Bernardo Cremades, Madrid, La Ley, pp. 413–449.
11 Como pusiera de relieve la SAP Madrid 14ª 28 julio 2005 “… las exigencias del derecho al Juez imparcial predeterminado por la Ley no pueden imponerse exacta y milimétricamente a los árbitros y las instituciones arbitrales; en el derecho al Juez imparcial
predeterminado por la Ley existen unas serie de connotaciones derivadas de los límites
del poder político y del mantenimiento de las garantías esenciales del ciudadano, que no
concurren en los sucedáneos de la Justicia pública. No obstante, si algo caracteriza a la
institución arbitral, como órgano privado de heterocomposición, es la exigencia de imparcialidad, y esa imparcialidad debe exigirse a todos los que intervienen en las funciones
arbitrales; tanto a los árbitros como a las instituciones administradoras del arbitraje, de
forma que su misión de administración, control y prestación del arbitraje no se solape con
otras de asesoramiento previo auna de las partes en el conflicto” (Jurisprudencia españo-
otros, como el inglés12. Otras obligaciones derivan de una eventual
exigencia de especialización (v.gr., ser experto en telecomunicaciones13) o de determinadas cualidades específicas requeridas puntualmente por las partes (v.gr., el conocimiento de un determinado idioma). Dentro de las primeras las más importantes son las que se refieren a la competencia, a una diligencia razonable, evitando retrasos y
gastos innecesarios14, y al deber de confidencialidad15. Del mismo
modo, el árbitro designado, se compromete a ser neutral, a estar disponible y, al mismo tiempo, a ejercer diligentemente su función. Lo
primero implica imparcialidad e independencia, esto es una idoneidad subjetiva y una imparcialidad objetiva: se produce parcialidad
cuando un árbitro favorece a una de las partes, o cuando muestra
predisposición hacia determinados aspectos correspondientes a la
materia objeto de controversia; la dependencia surge de la relación
entre el árbitro y una de las partes o una persona estrechamente vinculada a ella16. Lo segundo comporta que los árbitros deben dedicar el
la de arbitraje. 60 años de aplicación del arbitraje en España, Cizur Menor, Thomson–
Reuters–Aranzadi, 2013, nº 422). En esta línea, la SAP Madrid 12ª 30 junio 2011 insiste
en que: “La actual Ley de Arbitraje [2003] ha abandonado la remisión a las normas sobre
recusación de jueces y magistrados, habiendo optado en su art.17.3º –que prácticamente
se reproduce en el art. 15.4º del Reglamento de la Corte Arbitral (…)–, por establecer una
norma genérica, en el sentido de considerar como causa de recusación, y consiguiente
abstención, aquellas circunstancias que den lugar a ‘dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia’” (ibíd., nº 443).
12 R v. Gough [1993] AC 646, 669–670.
13 Al margen del polémico asunto Radio Centro en la jurisprudencia mexicana, la jurisprudencia española registra algunos precedentes en la materia: “Aunque la entonces
demandada reconvencional propusiera un árbitro con conocimientos en materia de vinos,
la cualificación del árbitro designado no fue convenida por las partes ni fue fruto de un
acuerdo entre ellas, por lo que el mencionado art. 17.3º no era de aplicación, como no lo es
el art. 41.1º.d), lo que justificaba que, en efecto, por esa sola razón no hubiera ninguna
recusación que formular y que, en consecuencia, no quepa hacerlo ahora (art. 18.3º LA)”
(SAP Barcelona 15ª 13 marzo 2008, Jurisprudencia española de arbitraje, nº 462).
14 Art. 10.2º Regl. LCIA.
15 Vid. J.C. Fernández Rozas, “Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad
en el arbitraje comercial”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol.
II, nº 2, 2009, pp. 335–378.
16 La SAP Madrid 12ª 30 junio 2011 ha manifestado al respecto que: “La independencia
supone la ausencia de vínculos que unan al árbitro con respecto a los intervinientes en el
proceso y que impliquen la existencia de algún tipo de relación que pueda llevar a considerar fundadamente la existencia de predisposición o inclinación en el árbitro a acoger las
pretensiones de alguna de las partes. La imparcialidad supone la inexistencia de causas o
motivos derivados de la relación del recusado con los intervinientes en el proceso, que
permitan dudar fundadamente, de que el árbitro recusado podrá desempeñar su cometido, con la objetividad y equidistancia precisas con respecto a las partes, a la hora de resolver las pretensiones que sean objeto del procedimiento arbitral (Jurisprudencia española
de arbitraje, nº 443). Sobre la noción de imparcialidad vid. el exhaustivo estudio de F.
tiempo y la atención que las partes pueden exigir razonablemente, de
acuerdo con las circunstancias del caso, orientando sus esfuerzos a
dirigir el arbitraje de un modo tal que los costos no se eleven a una
proporción irracional con respecto a los intereses en litigio; y también
denota que han de conducirse de manera ecuánime con todas las partes, no dejándose influenciar por presiones externas, por la opinión
pública o por el temor a la crítica, ni por intereses personales.
Resulta un contrasentido que algunos Reglamentos de arbitraje, reconocidos en la práctica internacional, hayan descuidado por mucho
tiempo la atención que merecen a los extremos indicados y se hayan
limitado a insistir en la necesaria independencia del árbitro relegando
los postulados de imparcialidad y de disponibilidad para los códigos
éticos, de contenido mucho menos efectivo. Por eso deben celebrase
iniciativas como la adoptada por el nuevo Reglamento de Arbitraje de
la CCI de 2012 que determina, frente a la anterior redacción del art. 7
que sólo hacía referencia únicamente a la “independencia”, que todo
árbitro “debe ser y permanecer imparcial e independiente de las partes en el arbitraje” (art.11.1º)17.
3. El proceso arbitral precisa un clima de neutralidad e imparcialidad18 para que las partes puedan desplegar su actividad con plena
libertad y confianza en la defensa de sus posiciones; pero tales elementos únicamente pueden lograrse si se han despejado todas las
dudas en torno a la integridad de los árbitros19. La confianza en los
González de Cossio, “Imparcialidad”, Revista del Club Español del Arbitraje, nº 17, 2013,
17 Es de justicia señalar que el art. 14.1º Regl. de arbitraje de la Cámara de Comercio de
Estocolmo (“SCC Rules”) de 2010 prevé expresamente que los árbitros “must be impartial
and independent” lo que da derecho a las partes a recusar a cualquier árbitro si “circumstances exist which give to justifiable doubts as to the arbitrator’s independence or impartiality” (art. 15.1º). La práctica de esta Corte en la materia es muy abundante. Vid. N.
Lindström, “Challenges to Arbitrators–Decisions by the SCC Board during 2008–2010.
(http://www. skiljedoms förenin gen.se/ $2/file/ challenges–to–arbitrators–decisions–
by–the–scc–board –during–20081.pdf) y F. Mutis Tellez, “Arbitrators’ Independence
and Impartiality: a Review of SCC Board Decisions on Challenges to arbitrators (2010–
2012)” (http://www.sccinstitute.com/?id=23696& new sid= 44888).
18 La STSJ Cataluña CP 15 julio 2013 rechazó una impugnación basada en una supuesta
falta de independencia del árbitro, “ya que el mentado demandante pretende cuestionar la
imparcialidad subjetiva del árbitro que dictó el Laudo en una serie de datos que no tienen
ninguna relevancia, como son las basadas en unas relaciones personales y profesionales carentes de entidad para estimar la falta de imparcialidad” (Cendoj: 08019310012013100057).
19 Resulta obligado referirse al estudio pionero en la material de P. Lalive, “On the Neutrality of the Arbitrator and of the Place of Arbitration”, Recueil de Travaux Suisses sur
l’Arbitrage international, Zurich, 1984, pp. 23 ss.
árbitros se incrementa desde el momento en que se considere algo
normal el respeto por éstos de ciertas normas de ética profesional.
Una actuación arbitral que ha asumido plenamente y sin reservas un
código ético se alza como elemento esencial en tres distintas direcciones: el propio prestigio profesional de los árbitros, el del centro administrador que eventualmente haya intervenido en su designación o
que administre el arbitraje20 y, en definitiva, del porvenir de la propia
institución arbitral en un determinado país que pretende convertirse
en una sede eficiente para el arbitraje internacional21.
De ahí la conveniencia de que dichos códigos, redactados como una
suerte de catecismo22, no minimicen el contenido de los estándares
comparativos para los árbitros que se desprenden de instrumentos
contrastados en la práctica arbitral. Es el caso del AAA–ABA Code of
Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes23, o de las IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration24 entendidas como un compendio de las opiniones de los profesionales internacionales que, con su descripción coloreada de las zonas en las que
pueden actuar los árbitros, llegan en ocasiones a generar ciertos problemas de daltonismo25.
Indudablemente estos instrumentos gozan de una aceptación indiscutida en los círculos arbitrales26, han sido debatidos en los círculos
20 Se reclama de las instituciones arbitrales mayor imaginación para abrir el círculo de
los elegidos, rechazar las propuestas que estimen inadecuadas y mostrar mayor transparencia en el nombramiento de los árbitros. Estas acciones sin duda redundarán en la
consecución de una mayor independencia de los árbitros. Cf. P. Tercier, “La légitimité de
l’arbitrage”, Rev. arb., 2011, nº 3, pp. 653–667.
21 B. Sheppard, “A New Era of Arbitrator Ethics in the United States”, Arb Int’l, vol. 21,
2005, pp. 21 ss.
22 J. Sánchez Calero, “La abstención y recusación del árbitro”, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. IV, nº 2, 2012, pp. 335–355, esp. p. 339
23 B. Meyerson y J.M. Townsend, “The Revised Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes Brings the 1977 Code More in Line with Modern Practice”, Disp. Res. J.,
febrero–abril, 2004, pp. 10–17.
24 F. Trazegnies Granda, “Conflictuando el conflicto. Los conflictos de interés en el arbitraje”, Lima Arbitration, nº 1, 2006, pp. 163–184, esp. pp. 169 ss.
25 R. Mullerat Obe, “The IBA Guidelines on Conflicts of Interest Revisited Another
Contribution to the Revision of an Excellent Instrument, which Needs a Slight Daltonism
Treatment”, Spain Arbitration Review / Revista del Club Español del Arbitraje, nº 14,
2012, pp. 61–99.
26 Vid. un amplio estudio comparativo en The IBA Guidelines on Conflicts of Interest
in International Arbitration. The First Five Years 2004–2009. La aceptación generalizada de estas directrices no empece que sean objeto de ciertas reticencias tanto desde fuera
de los çirculos arbitrales como en su interior. Se ha dicho de ellas que han tenido la virtud
de introducir “‘a Protestant’ view of bringing common sense to the ‘orthodox hypocrisy’
arbitrales nacionales27 e, incluso, son aceptados por los tribunales
estatales cuando deben enfrentarse a cuestiones relacionadas con el
arbitraje28, aunque dicha aceptación no puede generalizarse, siendo
preciso las más de las veces acudir en esta materia a la doctrina emanada de los tribunales de cada sistema estatal, lo que registra ciertas
dosis de particularismo. Baste dejar constancia que la jurisprudencia
española ha dado muestras de escasa receptividad hasta la fecha de
estas reglas29.
of being more papa than the Pope” (cf. M.S. Kurkela, Due Process in International
Commercial Arbitration, NY, Oceana, 2005, p. 163).
27 V.gr., A.K. Hoffmann, “Duty of Disclosure and Challenge of Arbitrators: the Standard Applicable under the New IBA Guidelines on Conflicts of Interests and the German
Approach“, Arb. Int’l, vol. 21, nº 3, 2005, pp.427–436; A.W. Rovine y C.K. Chinn, “The
International Arbitrator’s Duty to Investigate Conflicts: the United States Approach”,
Trasnational Dispute Management, 4, 2008; K. Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 133 ss y 165 ss.
28 Es habitual citar, a este respecto, un obiter dicta de una decisión del Tribunal Supremo suizo, de 20 marzo 2008, 4A_506/2007: “Ces lignes directrices n’ont certes pas
valeur de loi; elles n’en constituent pas moins un instrument de travail précieux, susceptible de contribuer à l’harmonisation et à l’unification des standards appliqués dans le
domaine de l’arbitrage international pour le règlement des conflits d’intérêts, lequel
instrument ne devrait pas manquer d’avoir une influence sur la pratique des institutions
d’arbitrage et des tribunaux”; en Bélgica destaca la Sentencia de la Cour d’appel de Bruselas de 29 octubre 2007, caso nº R.G. 2007/AR/70: République de Pologne / Eureko BV
et al., ASA Bull., vol. 26, 2008, p. 565; en Inglaterra, el asunto ASM Shipping Ltd of India
v. TTMI Ltd of England ([2005] EWHC 2238 (Comm) (19 octubre 2005); en los Países
Bajos la decisión de la District Court de La Haya No. 13/2004, Petition No.
HA/RK/2004.667 (18 octubre 2004), Republic of Ghana v. Telekom Malaysia Berhad,
ASA Bull., vol. 23, 2005, pp 186 ss; en Suecia Svea Court of Appeals, Case no. T 6875–04
(5 mayo 2006), Anders Jilkén v. Ericsson AB, http://www. kluwerarbitration.com/ document. aspx?id=ipn80980; y, por solo citar un ejemplo más, en EE UU, Applied Industrial Materials Corp v. Ovalar Makine Ve Ticaret Sanayi, Case No 05 CV 10540 (RPP),
F.Supp.2d, 2006 WL 1816383, S.D.N.Y., (28 junio 2006) y Applied Industrial Materials
Corp v. Ovalar Makine Ve Ticaret Sanayi, 492 F.3d 132, C.A.2 (N.Y.) (9 julio 2007).
29 De acuerdo con la SAP Madrid 12ª 30 junio 2011 “Con respecto a las directrices de la
IBA, a las que aluden ambas partes, y que, tal y como se desprende de su introducción [...],
básicamente tienden a catalogar las circunstancias que los árbitros han de poner de manifiesto a las partes, entiende esta Sala que no procede su aplicación, ya que no se trata de
normas de Derecho positivo, y al catalogar, con el referido objetivo, dichas directrices las
posibles relaciones de los árbitros en distintas categorías, de procederse a su aplicación,
aun cuando fuese con carácter orientativo, se estaría dando carta de naturaleza, y para
resolver cuestiones de rango constitucional, a normas emitidas por una Asociación, y que
por otro lado despliega su cometido en arbitrajes internacionales, de tal manera que podría ser visto que la cuestión ha quedado resuelta sobre la base de normas que no integran
nuestro Ordenamiento Jurídico, máxime cuando existe doctrina del TC, aparte obviamente de la normativa de la Ley de Arbitraje y del Reglamento de la Corte, que permiten solucionar adecuadamente la recusación planteada” (Jurisprudencia española de arbitraje,
nº 418).
Una cosa es presumir la honorabilidad, disponibilidad, imparcialidad, preparación e independencia en la actuación de un árbitro y otra
cosa suponer apriorísticamente (cubriendo a los árbitros de una coraza
protectora) que dichos principios no puedan vulnerarse en el desarrollo
de un procedimiento arbitral. Por eso es indispensable disponer de un
sistema eficaz para ejercer el control del respeto a la ética arbitral y
corregir muchas disfunciones que ofrece la reciente práctica arbitral.
Dicha actitud en defensa de la necesaria seguridad jurídica de las partes, lejos de poner en duda el importante papel que juega el arbitraje en
la sociedad contemporánea, fortalece su viabilidad y reafirma su futuro.
II. Revelación de los conflicto de intereses
1. Conflictos de intereses y arbitraje
4. Los “conflictos de intereses” en el arbitraje surgen de las situaciones en las que un árbitro tiene un interés personal que influye o
puede influir potencialmente en el desempeño imparcial y objetivo de
la misión que se le confía30. Semejante conflicto se desprende de un
hecho o de una circunstancia en las que la persona que está en la posición de decidir un caso tiene un interés material derivado de una
relación con la parte que la ha propuesto, que cuestiona su independencia, o puede surgir en virtud de su comportamiento parcial en
función de la naturaleza y la gravedad percibida de su conducta en el
arbitraje31.
Con el aumento del uso del arbitraje el riesgo de un conflicto de intereses por parte de los árbitros se ha multiplicado hasta el punto de
condicionar en muchos casos la política de determinadas firmas de
abogados. Este riesgo se puede mitigar de manera significativa por el
uso de la debida diligencia y exhaustiva investigación, verificación de
antecedentes y el análisis de las eventuales las conexiones entre un
árbitro y una de las partes o abogados en el arbitraje. La referida indagación puede contribuir de manera eficaz a eliminar las conexiones
o los conflictos ocultos que podrían alterar el necesario equilibrio del
procedimiento arbitral o incrementar la apariencia de parcialidad de
los árbitros designados. Ello ha dado lugar a un capítulo importante
30 D. Cohen, “Indépendance des arbitres et conflits d’intérêts”, Rev. arb., 2011, nº 3,
pp. 611–652.
31 Acerca de la importancia de las acusaciones de parcialidad de un árbitro al amparo
de la antigua Arbitration Act de 1950, vid., en la jurisprudencia inglesa, el asunto Tracomin SA v. Gibbs Nathaniel (Canada) LTD and another, [1985] 1 Lloyd’s Rep 586.
dedicado al estudio de los procedimientos de investigación que conciernen a las partes, a los abogados de las partes y a los propios árbitros en este sector32, que se caracteriza por su gran casuismo33. En
este estudio prescindiremos de su consideración.
Por último no pueden descartarse acciones de evidente mala fe procedentes de una de las partes con el objeto de crear ciertos vínculos
con el árbitro y aprovecharse de ellos para proceder en su día a una
acción de anulación si el resultado no satisface sus expectativas.
5. La contingencia de este tipo de conflictos se acrecienta una situación real, por mucho que se haya progresado a través de centros de
formación y del establecimiento de competiciones entre jóvenes aspirantes, cual es la existencia de un círculo no especialmente amplio de
especialistas en arbitraje comercial internacional que están en condiciones de ser árbitros. Ello ha multiplicado, de un lado, la inclinación
de los abogados de las partes a nombrar a un determinado árbitro34 o
la incitación a seleccionarlo dentro reducidos lobbies; y, de otro lado,
la profesionalización de muchos árbitros, algunos de los cuales abandonan las grandes firmas para prestar sus servicios en las denominadas en boutiques de arbitraje. Situaciones como las expresadas conducen a que el deber de independencia cada vez sea más cuestionado
y a que las recusaciones se hayan multiplicado estén a lo orden del
día. El resultado apunta a una difícil dialéctica entre las oportunidades de ampliar el círculo de los árbitros, o de rotar los nombramientos, y la necesidad de elegir como árbitros, sobre todo en litigios de
gran complejidad, a personas que cuentan con una acreditada experiencia y, por qué no decirlo, de una infraestructura adecuada. Además, la circunstancia de que los árbitros y los abogados acostumbren
a desempeñar sus funciones en este reducido círculo, perteneciendo
muchas veces a una asociación gremial o profesional35, no deja de
32 F. Mantilla Serrano y P. Pinsolle, “La independencia del árbitro y su obligación de
revelación”, Arbitraje internacional: pasado, presente y futuro. Libro homenaje a Bernardo Cremades e Yves Derains, Lima, Instituto Peruano de Arbitraje, 2013, pp. 879–
908, esp. pp.890–893.
33 Y también las posibilidades de utilizar los recursos de una empresa de investigación
independiente, externa y especializada en investigaciones de antecedentes, que tenga
acceso a una gran cantidad de bases de datos y cuente con un personal especializado.
34 D. Hascher, “Comparison between the Independence of State Justice and the Independence of Arbitration”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Special Supplement 2007: independence of arbitrators, pp. 81–82.
35 V.gr. vinculada al Derecho marítimo, vid. J.P. Meade, “Disclosure Requirements
Imposed on Arbitrators in Maritime Arbitrations under United States Law“, Lloyd’s Maritime and Commercial L. Q., 1975, pp. 399–411.
producir susceptibilidades en la parte que ha perdido el asunto y la
tentación de utilizar este argumento para intentar la anulación del
laudo arbitral36. De ahí que exista una tendencia por parte de estas
entidades a considerar en sus códigos éticos que la pertenencia de un
operador jurídico a ellas es una circunstancia que no precisa ni siquiera
ser revelada a las partes caso de ser nombrado árbitro o que está dentro de la denominada “lista verde”.
2. Deber de revelación
6. Habida cuenta la naturaleza corporativa del arbitraje y de la existencia cada vez más frecuente de “conflictos de intereses” entre los
árbitros y las partes (y su entorno de defensa jurídica), tanto los sistemas estatales como corporativos de arbitraje han adoptado normas
para impedir que los vínculos económicos, profesionales o de cualquier otro tipo que posean los árbitros afecten a la independencia del
tribunal arbitral. Dentro de los mecanismos que ayudan a una observancia plena de la independencia e imparcialidad en el arbitraje ocupa un lugar destacado el deber de revelar la existencia de conflicto de
intereses37. Dicho deber está ampliamente reconocido a través de diferentes culturas jurídicas38 y las legislaciones39 y los reglamentos de
36 La jurisprudencia española considera restrictivamente esta posibilidad: “El hecho de
ser asociado de la Corte, en principio, no implica nada más que pasar a formar parte de
una lista de árbitros elegibles para resolver eventuales controversias…” (SAP Madrid 9ª 13
junio 2007, Jurisprudencia española de arbitraje, nº 425). “De la relación de amistad y
de pertenencia a la Junta Directiva de una asociación de dos de los árbitros y del letrado
de una de las partes no puede inferirse de forma inequívoca que la imparcialidad que debe
presidir la actuación del tribunal arbitral se haya visto quebrantada sobre todo teniendo
en cuenta que no se sustentan en datos objetivos en relación a las partes ni en relaciones
de parentesco con los letrados…” (SAP Madrid 25ª 15 febrero 2008, ibíd, nº 426 y nota de
S. Álvarez González, Arbitraje, vol. II, nº 1, 2009, pp. 273–276). “(S)o pena de llegar al
absurdo de entender, que la pertenencia al Cuerpo de Abogados del Estado produce
vínculos tan fuertes con las instituciones y organismos del último, que sus miembros,
aunque se encuentren en situación administrativa de excedencia voluntaria, incluso
cuando hayan perdido la condición por renuncia u otra causa, quedan rodeados de un
halo de parcialidad que les impide ser árbitros de contiendas en que participen entidades
o empresas de titularidad pública (SAP Madrid 14ª 15 septiembre 2008, ibíd., nº 432).
37 L. Shore, “Disclosure and Impartiality: An Arbitrator’s Responsibility vis–a–vis Legal
Standards”, Disp. Res. J., 2002. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3923/is_200202/
ai_n9069935/.
38 J.H. Carter, “Recent Developments in Arbitration Disclosure Law and Practice in
Contemporary Issues”, Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers: 2007 (A. Rovine, ed.), Nijhoff, 2008, pp 201 ss.
39 En el caso de Suiza la obligación se ha configurado por vía jurisprudencial. Con posterioridad la Ley de DIPr de 1987 dispuso en su art. 180 que “Un arbitre peut être récusé:
(…) lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance”.
arbitraje, con carácter más riguroso por lo general, establecen a este
efecto el principio según el cual el árbitro debe revelar inmediatamente cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una duda razonable
acerca de su imparcialidad o independencia40. El texto exacto puede
variar, pero el principio general es de universal aceptación: cada parte
en un arbitraje tiene derecho a esperar que se puede tener plena confianza en un árbitro.
La pauta ha sido trazada por el art. 12.1º LMU: “La persona a quien
se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento
de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya
informado de ellas”41. Consecuentemente no resultan de recibo simples
dudas acerca de su imparcialidad o independencia; por el contrario,
éstas deben ser objetivamente justificadas o, dicho en otros términos,
apoyadas en datos objetivos que permitan afirmar que el árbitro no es
ajeno al litigio o que permitan vislumbrar que el caso concreto dicho
árbitro vaya a fallar al margen de las normas rectoras del arbitraje.
7. Nos hallamos ante una obligación que se configura como un auténtico principio fundamental del arbitraje tanto interno como internacional y que es una consecuencia directa del principio general de
buena fe42. Ahora bien, si el enunciado de semejante estándar es, en la
hora actual, más o menos uniforme su interpretación y aplicación está
En los EE UU, las reclamaciones contra los árbitros por no revelar los conflictos de intereses no entrañan la pérdida de la inmunidad arbitral. De conformidad con la Section 14(c)
de la Revised Uniform Arbitration Act 2000, “an arbitrator’s failure to make a disclosure required by Section 12 dues not cause any loss of immunity under this section; the
typical remedy for a failure to disclose of interest is vacatur under Section 23 of the act”.
40 A.K. Hoffmann, “Duty of Disclosure and Challenge of Arbitrators: the Standard Applicable under the New IBA Guidelines on Conflicts of Interests and the German Approach”, Arb. Int’l, vol. 21, nº 3, 2005, pp. 427–436.
41 En la misma dirección el art. 11 Regl. Uncitral de 2010 establece que “Cuando se haga saber a una persona la posibilidad de que sea designada para actuar como árbitro,
dicha persona deberá revelar toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas
acerca de su imparcialidad o independencia. A partir de su nombramiento y a lo largo de
todo el procedimiento, todo árbitro revelará sin demora a las partes y a los demás árbitros
tales circunstancias, salvo que ya les hubiere informado al respecto”.
42 El deber de revelación en el arbitraje presenta un contenido sustancialmente diverso
que el la mediación. Vid. B. Wolski, “ADR Ethics: Regulating Disclosure in Mediation“,
Int’l J. Private L., vol. 5, nº 2, 2012, pp. 185–199.
muy lejos de conseguirse y de generalizarse43. El árbitro únicamente
podrá responder con precisión a los cuestionarios que las instituciones arbitrales le suministran44 a partir de una información completa
sobre las partes y verificar, lo más objetivamente posible, la ausencia
de conflicto de intereses, o al menos la obligación que sobre él pesa de
divulgar determinadas circunstancias.
En cualquier caso, el árbitro debe contar en cada caso concreto con
suficientes elementos para determinar qué aspectos debe revelar a las
partes para que estas consideren si afectan verdaderamente a su imparcialidad e independencia y en qué casos debe proceder su abstención; y para ello debe adoptar una actitud activa realizando, si es menester, determinadas indagaciones (v.gr., en relación con los conflictos de interés que atañen a la firma donde trabaja como abogado o
como consejero45). El deber de revelación ha sido descrito a partir de
aquí como un auténtico “seguro de vida” de la instancia arbitral46. Por
eso su incumplimiento puede traer consigo, aunque existe una cierta
diversidad de enfoques en los sistemas estatales en orden a las sanciones, tres mecanismos sancionadores: la anulación del laudo arbi-
43 Vid. las consideraciones de A.J. Van den Berg, “Justificable Doubts as to Arbitrator’s
Impartiality or Independence”, Leiden J. Int’l L., vol. 10, nº 3, 1997, pp.509–519.
44 Por ejemplo la Corte de arbitraje de la CCI establece la siguiente fórmula: “… whether there exists any past or present relationship, direct or indirect, between you and any
of the parties, their related entities of their lawyers or other representatives, whether
financial, professional or of any other kind. Any doubt must be resolved in favour of
disclosure. Any disclosure should be complete and specific, identifying inter alia relevant
dates (both start and end dates), financial arrangements, details of companies and
individuals, and all other relevant information”.
45 So pena de que si no realiza diligentemente estas pesquisas el laudo pueda ser anulado. La Sentencia del Tribunal Supremo de Suecia, 19 noviembre 2007, Caso No. T 2448
–06/NJA 2007 (asunto Lind) (http://www.arbitration.sccinstitute.com/files/108/ 10834
36/T2448–06_en%20Engli sh.pdf) afirmó a este respecto que “At least, when as in the
case in question, the relationship between the law firm and the client is of commercial
importance to the law firm, it must be deemed that the interest and loyalty ties between
the partners and employed lawyers of the law firm on the one hand and the client on the
other hand is such a circumstance that may shake the trust in the impartiality of an
arbitrator employed by the law firm, when the client is part of the arbitration proceeding”. Añadiendo que “A relationship damaging to trust must be deemed to exist even if
the arbitrator has not himself had direct client contact with the party, the arbitration
activities have been carried out separately from the lawyer activities, or if the arbitration dispute has related to issues other than such as the client assignment normally
included”. Vid. las observaciones de J. Fellas y de P. Schöldström en Stockholm Int’l Arb.
Rev., 2007, nº 3, pp. 175–183 y184–187, respectivamente.
46 Clay, Th. L’arbitre, París, Dalloz, 2001, p. 318.
tral, la recusación y la propia responsabilidad del árbitro47. A partir de
aquí puede repararse en que el deber de declaración tiene un carácter
preventivo dando lugar su incumplimiento a ciertas medidas de carácter punitivo.
3. Alcance e inflexiones
8. Rara vez acontece que en las cláusulas de arbitraje que opten por
un arbitraje ad hoc se detallen pautas negativas que fijen impedimentos y obligaciones del árbitro para evitar situaciones conflictivas, especialmente aquéllas que no están previstas claramente como causales de recusación. No debe descartarse, sin embargo, la posibilidad de
establecer en el convenio arbitral o en los reglamentos de arbitraje
institucional, que el árbitro deba prestar por escrito una declaración
de intereses, que garantice sus condiciones profesionales para el ejercicio de su misión.
La verdad es que la obligación que estamos examinando tiene plena
efectividad en el arbitraje administrado por la existencia de un centro
de arbitraje que puede intervenir ejerciendo una labor de control al
contar con competencia para pronunciarse sobre una eventual recusación de los árbitros por existir conflictos de intereses de carácter
comercial48, profesional, financiero o familiar. Incluso se afirma que
ese control es, precisamente, una de las virtudes esenciales del arbitraje administrado. Junto al objetivo de preservar el prestigio de la
institución administradora, semejante control pretende evitar, en la
medida de lo posible, eventuales consecuencias indemnizatorias derivadas de acciones de responsabilidad civil que podrían resultar de
una actuación negligente de los árbitros, sobre todo en determinados
sistemas de arbitraje, cada más sensible a estas cuestiones.
Resulta claro que si es ineludible acudir al juez para el nombramiento de los árbitros, la labor decisoria este último, esencial para la
puesta en marcha del arbitraje, puede quedar facilitada por las nor47 Ch. Seraglini, Droit du commerce international (J. Béguin y M. Menjuncq, dirs.),
Paris, Litec, 2005, pp. 980–988; Ph. Fouchard, “Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française”, Rev. arb., 1996, pp. 325–372, esp. P. 364.
48 En el arbitraje SCC/V 190/2010 regido por el Regl. SCC la demandante impugnó el
árbitro designado por el demandado alegando que el árbitro era dueño de una empresa
que negociaba la entrega de equipo similar con demandante y que su conocimiento de los
detalles comerciales y técnicos de la relación entre las partes socavaba su independencia e
imparcialidad. El Comité de la Cámara de Comercio de Estocolmo estimó la impugnación
(F. Mutis Tellez, “Arbitrators’ Independence and Impartiality: a Review of SCC Board
Decisions…”, loc. cit.).
mativas nacionales en el sentido de no incluir circunstancias especiales que puedan conducir a las partes a utilizar tácticas dilatorias que
pongan en peligro el propio procedimiento arbitral, constituyendo un
verdadero cáncer del mismo49. De lo expuesto se infiere que el deber
de diligencia de los árbitros supone el mejor antídoto contra la voluntad maliciosa de las partes de dilatar el procedimiento. Así ocurre con
las legislaciones que insertan criterios objetivos como la independencia del árbitro, que pueden dar lugar a impugnaciones forzadas basadas en una aparente imparcialidad del mismo50.
9. Partiendo de que hay grandes similitudes en su tratamiento, el
alcance del principio experimenta ciertas inflexiones en los distintos
sistemas estatales que contemplemos. Sin ánimo de exhaustividad
nos referiremos al norteamericano, al francés y al español
10. En EE UU51 la jurisprudencia considera que se está ante una
flagrante parcialidad del árbitro cuando se acumulen cuatro circunstancias: la existencia de un interés personal, la presencia de una relación directa entre el árbitro y la parte que se supone favorecida, la
constancia de que concurre una relación de causalidad entre dicha
relación y el arbitraje y, por último, la inmediatez temporal de tal relación y el procedimiento arbitral52. De esta suerte, cuando exista la
más mínima duda sobre la presencia de conflicto de intereses por
parte de los árbitros debe distinguirse entre las relaciones que pueden
determinar directamente la conducta del árbitro de aquellas que posean un carácter meramente baladí53. El juez Posner, en el asunto
Merit Insurance Co. v. Leatherby Insurance Co., afirmó que
49 B.M. Cremades, “El arbitraje comercial internacional en una economía globalizada”,
Revista Jurídica Española La Ley, 1998, 5, D–233, pp. 1535–1537.
50 E. Gaillard, “Les manoeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage
commercial international”, Rev. arb., 1990, pp. 759–796, esp. p. 761; A. Fré, “Delaying
Tactics in Arbitration”, Disp. Res. J., vol. 59, nº 4, 2004–2005.
51 L. Shore, “Disclosure and Impartiality: An Arbitrator’s Responsibility vis–a–vis Legal Standards”, Disp. Res. J., vol. 57, nº 1, 2002; M.T. Rossein y J. Hope, “Disclosure and
Disqualification Standards for Neutral Arbitrators: How far to Cast the Net and what is
Sufficient to Vacate Award”, St John’s L.Rev., vol. 81, 2007, pp. 203–257.
52 ANR Coal Co. Inc. v. Cogentrix of North Carolina, 173 F.3d 493 (1979), nº 28. https:
//bulk. resource.org/courts.gov/c/F3/173/173.F3d.493.98–1753.html. Vid. J.H. Carter,
“Recent Developments in Arbitrators Disclosure Law and Practice”, Contemporary Issues
in International Arbitration and Mediation (The Fordham Papers 2007), (A.W. Rovine,
ed.), Leiden, Nijhoff, 2007, pp. 201–216, esp. 203–204.
53 A.R. Robertson y L.M. Brennan, “The Law on Overturning Arbitration Awards for
Partiality Is Confused”, The Committee on Commercial Court Business Litigation, vol. 10,
“... the test in this case is not whether the relationship was trivial; it is whether, having due regard for the different expectations regarding impartiality that parties
bring to arbitration than to litigation, the relationship between Clifford and Stern
was so intimate—personally, socially, professionally, or financially—as to cast serious doubt on Clifford’s impartiality” 54.
El fallo en cuestión es importante porque aunque el árbitro acreditó
que no había motivos suficientes para determinar la falta de independencia o imparcialidad, el Tribunal Supremo entendió que había incumplido su deber de declarar. Desde entonces, algunos tribunales
federales han vertido una importante variedad de criterios, ciertamente unos más estrictos que otros, para determinar si una revelación incompleta o contradictoria puede dar lugar a una situación de la
parcialidad inequívoca.
Otro asunto significativo fue Morelite Construction Corp. v. New
York District Council Carpenters Benefit Funds por afectar a las relaciones entre el árbitro y su padre, que había ejercido un cargo importante de una de las empresas en litigio. El Segundo Circuito consideró
que en el caso concurría en el árbitro una manifiesta parcialidad,
aunque entendió que: “we are bound by our strong feeling that sons
are more often than not loyal to their fathers, partial to their fathers,
and biased on behalf of their fathers” 55.
Por último, una decisión más reciente, también proveniente del Segundo Circuito, en el asunto STMicroelectronics, N.V. v. Crédit Suisse
Securities56, entendió de la anulación de un laudo arbitral por una
supuesta deficiencia en la revelación del árbitro en relación con un
ciertas actividades que había realizado con anterioridad como perito.
El tribunal rechazó la petición descartando, en este caso concreto, la
eventual predisposición del árbitro por haber emitido alguna opinión
anterior sobre el tema objeto del litigio. Para ello consideró que no se
podía exigir al árbitro realizar una investigación acerca de sus actuaciones pasadas como perito y, además, lo que es mucho más revelador, reconvino a la solicitante de la nulidad por no haber requerido al
árbitro que ampliara su declaración y aprovechó para afirmar que en
casos como este corresponde a la recusante la carga de la prueba de
nº 3, 2009 http://www.cpradr.org/DesktopModules/iBN%20News%20Articles/ Download.aspx?AttachmentID=147.
54 714 F.2d 679 (7th Cir. 1983). http://openjurist.org/714/f2d/673.
55 748 F.2d (2th Cir. 1984), nos 79 ss, esp. nº 84 . https://bulk.resource.org/courts.gov/
c/F2/ 748/ 748.F2d.79. 84–7351.86.html.
56 Sentencia de la US Court of Appeal, Second Circuit, 2 junio 2011. http://federal–cir
cuits.vlex.com/vid/stmicroelectronics–suisse–securities–usa–280049291.
las circunstancias supuestamente ocultadas por el recusado, tanto con
anterioridad como durante el arbitraje. Este fallo contrasta con el
contenido decisión de la Delaware Chancery Court en el asunto
Chartis Specialty Ins. Co. v. Clearwater Ins. Co.57. Aquí el recusante
demostró que el árbitro había sido autor o participado en la redacción de más de 20 documentos relacionados con el litigio que se ventilaba y el tribunal, tras pronunciarse sobre el eventual empleo del
discovery en esta materia, consideró tales argumentos verosímiles
en apoyo de una clara evidencia de deshonestidad y de una apariencia razonable de parcialidad del árbitro por su participación en un
litigio anterior y, en todo caso, relevantes para decretar la nulidad
11. En el Derecho francés la obligación de revelación posee un contenido propio en el art. 1456.2º NCPC, reformado por el Décret nº
2011–48, de 13 enero 2011 (“Il appartient à l’arbitre, avant
d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible
d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également
fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission”). Dicho
precepto presenta una doble subjetividad en el sentido de que el árbitro no sólo debe revelar lo que él cree que debe revelar sino aquello
que las partes considerarían una causa de recusación, lo cual le obliga
a realizar un razonamiento que tiende a objetivar la situación58. Puede
afirmase así que en el sistema francés la independencia y la imparcialidad deben apreciarse de manera objetiva: basta que se genere una
duda legítima acerca de esos extremos sin que sea menester proceder
a su verificación59.
A partir de aquí resulta obligado distinguir entre la “revelación”,
que confiere a las partes la posibilidad de recusar al árbitro, y la “recusación”, que puede ponerse en marcha cuando no existan unos criterios precisos de independencia y de imparcialidad por parte del árbitro60.
Refiriéndose al antiguo art. 1452.2º CPC, la jurisprudencia francesa
ha tenido varias ocasiones para insistir en que la independencia es
57 No. 6103–VCN (Del. Ch. 2011). http://www.delawarebusinesslitigation.com/uploads
/file/chartis.pdf.
58 Vid. Ph. Fouchard, “Le statut de l’arbitre...”, loc. cit., pp. 347–348.
59 M. Henry, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, París, LGLJ, 2001; F. Henry, Les
procédures de recussation et de dessaisseiment, Bruselas, Larcier, 2009, p. 125 ss.
60 CA París, 2 abril 2003 (Frémarc / ITM Entreprise), Rev. arb., 2003, pp. 1231 ss y
nota de E. Gaillard.
una parte esencial de la función jurisdiccional de un árbitro como
resultado del carácter de juez que tiene vis–à–vis las partes en el arbitraje. Según dicha jurisprudencia la obligación de información que
recae sobre el árbitro con el objeto de permitir a las partes ejercer su
derecho de recusación debe apreciarse tanto respecto a la notoriedad
de la situación impugnada como respecto a su incidencia en el juicio
del árbitro. Dicha jurisprudencia es pródiga en ejemplos sancionadores de una mala práctica del deber de información61.
12. El art. 17.2º LA española recoge puntualmente el sentido del art.
12.1º LMU configurándose como una obligación que el árbitro debe
cumplimentar antes de aceptar su nombramiento, suprimiéndose la
remisión que la normativa anterior a los motivos de abstención y de
recusación de los jueces y magistrados62. Por su parte la Regla 11(1) de
las Recomendaciones del Club Español del Arbitraje establece que el
árbitro deberá “revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar
a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia (“circunstancias de revelación”). La buena fe y el deber de transparencia
exigen que los candidatos revelen todas las circunstancias que potencialmente, desde el punto de vista de las partes, pudieran generar
dudas sobre su independencia e imparcialidad”.
La doctrina emanada de los tribunales de justicia española de los
últimos años ha podido establecer una “genuina configuración constitucional” en la materia que nos ocupa63. El alcance del deber de declaración ha sido puesto de relieve en el asunto Skoda Power, S.A. /
Abener Energia–El Sauz, S.A. de C.V. donde la SAP Madrid 9ª 5 mayo 2008 afirmó que el árbitro debe, conforme al
“... deber de imparcialidad e independencia, revelar a las partes y a la Secretaría de la
Corte, aquellos hechos o circunstancias que surjan durante la tramitación del arbitraje
61 Inter alia, CA París (1re Ch. suppl.), 2 junio 1989 (Société Gemanco / S.A.E.P.A. et
S.I.A.P.E.), 28 junio 1991 (KFTCIC / Icori Estero) y 30 junio 1995 (B / Société Annahold
BV et autres), Rev. arb., 1991, pp. 87 ss; 1992, pp. 568 ss y nota de P. Bellet y 1996, pp.
62 J.B. Mateo Sánz, “Art. 17. Motivos de abstención y recusación”, Comentarios prácticos a la Ley de arbitraje (dir. V. Guilarte Gutiérrez), Valladolid, 2004, pp. 306–308; J.
Montero Aroca, “Art. 17 Ley Arbitraje”, Comentarios a la Ley de Arbitraje (dir. S. Barona
Vilar), Madrid, 2004, p. 673; J.Mª Ruiz Moreno, “Nombramiento y aceptación de los
árbitros. Imparcialidad, recusación y abstención”, Estudios sobre arbitraje. Los temas
clave (J.L. González Montes, coord.), Madrid, La Ley, 2008, pp. 73–112, esp. p. 97. Existen numerosas coincidencias entre ambas funciones; como puso de relieve la SAP Madrid
28 julio 2005, cit.; sin embargo, la STSJ Aragón CP 8 enero 2013 (RJ\2013\2885) insiste
en la especialidad del arbitraje en esta cuestión.
63 J. Sánchez Calero, “La abstención y recusación del árbitro”, loc. cit. p. 336.
y puedan afectar a esa independencia o imparcialidad, lo que lleva a examinar hasta
dónde se extiende ese deber de información o revelación por parte del árbitro, debiendo proceder en su caso a comunicar todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre esa imparcialidad, dudas que pueden surgir no sólo en el
árbitro desde un punto de vista subjetivo, sino también desde un punto de vista objetivo que pueda llevar a las partes a poner en duda esa imparcialidad o independencia”64.
Y aunque sin considerar de aplicación directa las reglas de la IBA,
ha apuntado, cautamente, que la existencia de una circunstancia no
declarada incluible en la “lista naranja” es susceptible de anular un
“… existen cuando menos dos circunstancias que encajarían en el listado naranja, que
supone que el árbitro debe, ante la duda, ponerlas de manifiesto (norma general 3),
como son el hecho de que el yerno del Sr. árbitro trabaja en el despacho que defiende
en el arbitraje a la hoy demandada (supuesto 3.3.5) y la emisión de dictámenes para
entidades vinculadas con la hoy demandada (supuesto 3.1.1), por lo cual, la hipotética
aplicación de tales normas no haría sino llevar a concluir que debieron ponerse de manifiesto tales circunstancias, constituyendo por ello un motivo que, si bien no sería causa de recusación, incidiría en la procedencia de la misma”65.
4. Precisión temporal
13. El deber de información al que nos estamos refiriendo comienza en el momento designación o propuesta de nombramiento el árbitro por lo que no posee un carácter meramente estático toda vez que
persiste hasta que se produzca el momento de la emisión del laudo
arbitral, por ejemplo un árbitro que es designado magistrado de una
Corte Constitucional o abogado interno de una determinada empresa. Y se materializa en declaraciones escritas acerca de posibles conflictos de interés. Por eso si revela alguna circunstancia que pueda
condicionar su actuación las partes deben pronunciarse al respecto,
si lo consideran oportuno, dentro de un plazo breve que suele estar
fijado en los Reglamentos de arbitraje; si en tal plazo no se formula
motivo alguno de abstención o de recusación, el árbitro podrá
desempeñar libremente sus funciones66. Es cierto que una cosa es el
conocimiento del conflicto por el árbitro en el momento de la constitución del tribunal arbitral y otra distinta el deber de revelación
cuando aparecen nuevas circunstancias a lo largo del procedimiento;
64 Jurisprudencia española de arbitraje, nº 416. Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. II, nº 2, 2009, pp. 554 ss y nota de C. Martín Brañas.
65 Jurisprudencia española de arbitraje, nº 418; J. Sánchez Calero, loc. cit., pp. 338–
66 Th. Clay, Rev. arb., 2009, pp. 186 ss.
no obstante, la relación de confianza entre el árbitro y las partes requiere una información continuada y precisa que no queda suplida
con una vaga manifestación de que una de las partes acaso pudiera
considerar situaciones de incompatibilidad con la exigencia de independencia. Como afirmó la cour d’appel de París en la primera sentencia Tecnimont,
“... le lien de confiance entre l’arbitre et les parties devant être préservé continûment,
celles–ci doivent être informées pendant toute la durée de l’arbitrage des relations qui
pourraient avoir à leurs yeux une incidence sur le jugement de l’arbitre et qui seraient
de nature à affecter son indépendance, sans que Tecnimont qui pouvait connaitre les
affaires dans lesquelles elle même, une de ses filiales ou sa société mère avaient fait
appel à Jones Day puisse opposer la taille mondiale du cabinet d’avocats, 2200 avocats, étant observé qu’un service y est chargé de la vérification des conflits et que les
informations fournies par M. Jarvin aux parties à l’arbitrage lui ont été communiquées par son cabinet”67
Dichos conflictos involucran fundamentalmente a circunstancias
presentes o pasadas que pueden inducir al árbitro a una posición más
favorable hacia una de las partes y por esa razón las instituciones arbitrales exigen con carácter previo a la designación de los árbitros que
los candidatos rellenen unos cuestionarios ad hoc en los que se despeje cualquier sombra de duda acerca de las referidas circunstancias,
máxime cuando se trata de un arbitraje de naturaleza internacional,
donde resulta más incierto precisar el eventual interés que puede vincular al árbitro con el litigio. Este deber de revelación perdura, como
se ha indicado, durante el procedimiento arbitral en el sentido de que
cualquier comunicación entre los árbitros y las partes o sus abogados
debe darse a conocer de inmediato al resto de las partes y a los otros
miembros del tribunal arbitral. Dicho queda que el nominado debe
revelar cualquier vínculo económico, comercial, profesional, familiar
o social, presente o pasado, que pudiera afectar su imparcialidad o
crear razonablemente la apariencia de parcialidad o prejuicio; y esos
vínculos se extienden no sólo a las partes y con sus abogados, sino a
cualquier persona que presumiblemente deberá declarar como testigo; asimismo debe revelar cualquier vínculo de ese tipo que exista con
algún miembro de sus familias o con sus actuales empleadores, asociados o socios comerciales.
Los sistemas del common law son especialmente sensibles a esta
cuestión considerando que es mejor una declaración por exceso que
CA París (1ère Ch. Sec. C) 12 febrero 2009, S.A. J Cour P Avax S.A. / Société Tecnimont SPA, Rev. arb., 2009, pp. 186 ss.
por defecto sobre todo en la fase en que las partes cuentan con la posibilidad de aceptar o de rechazar al árbitro.
La jurisprudencia española también se ha pronunciado sobre el
ámbito temporal del deber de declaración en la SAP Madrid 9ª 5 mayo 2008 en un caso en que el presidente del tribunal arbitral, en el
transcurso de un procedimiento arbitral cambió de despacho
“El art. 7 del Reglamento de Arbitraje Internacional [CCI], y el art. 17 LA establecen no sólo la obligación que tiene todo árbitro de ser y permanecer independiente
de las partes, sino también el deber de comunicar inmediatamente y por escrito, tanto a la Secretaría como a las partes cualquier hecho o circunstancia que surja durante
la tramitación del procedimiento arbitral, susceptible, desde un punto de vista de las
partes, de poner en duda su independencia. Tal como se ha expuesto, ha quedado
acreditado en los autos, que las conversaciones entre el despacho X e Y para su fusión o integración se iniciaron a principios mayo 2006, según reconocimiento de D.
M. en su declaración como testigo, la primera conversación sobre este tema tuvo lugar el día tres mayo 2006, y el laudo fue firmado de forma definitiva por las partes el
28 junio 2006, es decir que desde el día 3 mayo 2006 fecha en que se iniciaron las
conversaciones entre el despacho de abogados en el que estaba integrado el presidente del tribunal arbitral y el despacho de letrados que asesoraba a una de las partes en el procedimiento arbitral, hasta el día 28 junio 2006 se estaban desarrollando
las conversaciones entre ambos despachos de abogados para su integración. Con relación a la relevancia de estos hechos, y si los mismos debían ser comunicados por el
árbitro afectado por esta situación a la Secretaría de la Corte como a las partes, a pesar de la confidencialidad que debe reconocerse a dichas negociaciones, teniendo en
cuenta que los árbitros no sólo deben ser realmente independientes de las partes,
sino también debe mantener esa independencia formal o externa, a fin de evitar toda
duda sobre esa independencia o imparcialidad, tal hecho, como es las negociaciones
existentes entre ambos despachos de abogados, el despacho en el que se hallaba integrado el árbitro–presidente del Tribunal y el despacho que asesoraba a una de las
partes, tiene suficiente relevancia a los efectos de que debía ser comunicado a las
partes en el cumplimiento que este deber que establece tanto el art. 7 del Reglamento de la CCI, como el art. 17 LA, sin que pueda servir de justificación a dicha omisión
la mayor o menor amplitud o extensión que pueda existir entre los despachos de
abogados afectados, y que no existiera sobre esa cuestión ninguna conversación entre ambos despachos, por ser letrados y personas distintas las que asumieran las
conversaciones sobre la fusión o integración, y otros letrados los que asumieron el
asesoramiento el procedimiento arbitral de una de las partes en dicho procedimiento”68.
68 Jurisprudencia española de arbitraje, nº 417. Este planteamiento resulta generalmente aceptado en todos los sistemas arbitrales de nuestro entorno. V.gr., de conformidad con la Sentencia de la Cour d’appel de Bruselas de 29 octubre 2007, caso nº. R.G.
2007/AR/70 République de Pologne / Eureko BV et al., cit.: “a juste titre Eureko BV
souligne que les instructions de l’IBA (International Bar Association) indiquent que si des
liens tels qu’invoqués par la République de Pologne existent mais ne sont pas divulgués,
cette circonstance comme telle ne doit pas conduire automatiquement à une récusation.
Seul les faits ou circonstances en soi qui n’ont pas été divulgués peuvent avoir cette conséquence” (ASA Bull., vol. 26, 2008, p. 565).
III. Resultado de la declaración
14. De lo expuesto en el epígrafe anterior se infiere que el deber de
revelación constituye la pieza maestra del régimen jurídico de la
ética arbitral69 ya que resulta fundamental para el mantenimiento de
la percepción de independencia y la imparcialidad. Sólo cuando un
árbitro ha revelado todas las potenciales situaciones de conflicto las
partes están en disposición de adoptar una decisión fundamentada
para objetar al candidato a árbitro o para renunciar a dichas objeciones aceptando, por ende, que las circunstancias descritas no afectan la independencia e imparcialidad del candidato. Por lo tanto el
deber de divulgar no sólo sirve como mecanismo para un análisis
exhaustivo de las cualidades del posible árbitro, sino también tiene
la virtud de aislar a éste de una indagación posterior acerca de su
situación. Su finalidad es doble: de un lado, asegura a las partes y a
las instituciones arbitrales la información necesaria para evaluar la
idoneidad del árbitro en un determinado asunto; de otro lado, estimula la transparencia y la confianza en el proceso al asegurar que
todos sus participantes (árbitros, abogados, partes e instituciones
arbitrales) sean conocedoras de las circunstancias que concurren el
árbitro que puedan dar lugar a una eventual toma de decisiones de
carácter parcial70. En principio las partes del arbitraje, una vez informadas, son las que asumen la iniciativa de verificación pues el
árbitro puede realizar declaraciones incompletas, equívocas o erróneas en detrimento de la exhaustividad y la severidad para consigo
mismo que debe presidir la declaración de independencia del árbitro71.
No es pacífica la determinación del contenido de la declaración.
Frente a un sector que propugna que deber develarse “todas” las circunstancias susceptibles de afectar a la independencia del árbitro,
incluso aunque tales circunstancias no estén contempladas en la re-
Cf. Th. Clay, “L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre et les règles du procès
équitable“, L’impartialité du juge et de l’arbitre: étude de droit comparé, Bruselas
Bruylant, 2006, pp. 199–237, esp. p. 218 y 235.
70 C.A. Rogers, “Regulating International Arbitrators: A Functional Approach to Developing Standards of Conduct”, Stanford J. Int’l L., vol. 41, 2005, pp. 53–55 y 77.
71 Th. Clay, L’arbitre, op. cit., nos 378–395.
glamentación arbitral de un determinado sistema72, otras posiciones
consideran que debe realizarse un estudio pormenorizado del contexto en que tales circunstancias se producen73. La posición maximalista
parece, sin embargo, imponerse y alcanza incluso al deber del árbitro
de declarar aspectos de su situación personal que pueden ser notorios
para los profesionales que se mueven en el mundo del arbitraje pero
desconocidos para las partes74.
15. La declaración debe ser lo suficientemente precisa para que las
partes estimen a través de su particular punto de vista si puede servir de base para proceder a la descalificación del árbitro, incluso
aunque los hechos o circunstancias no revelados, no justifiquen por
sí mismos, dicha descalificación. Es útil recordar las palabras de la
opinión de un miembro del tribunal en el caso Commonwealth Corp
por el cual se dictaminó que es mejor que se haga pública la situación conflictiva en un primer momento, cuando las partes tienen la
libertad de rechazar o aceptar al árbitro sabiendo de la existencia de
dicha situación. Al mismo tiempo debe reconocerse que las relaciones comerciales de un árbitro pueden ser verdaderamente diversas y
comprometer relaciones mercantiles más o menos remotas con mucha gente. De acuerdo con ello, no debe esperarse que un árbitro “to
provide the parties with his complete and unexpurgated business
biography” y tampoco se insta al árbitro “has done more than trivial business with a party, that fact must be disclosed”75 hasta llegar
a situaciones absurdas como el deber de declarar un encuentro fugaz
en la calle, pertenecer al mismo comité editorial de una revista científica que el abogado que lo ha designado, participar ambos en un
72 Cf. G. Kuetgen, “L’indépendence et l’impartialité de l’arbitre en droit belge”,
L’impartialité du juge…, op. cit., pp. 275 ss.
73 Resulta de enorme interés la lectura del estudio de W.W. Park, “Arbitrator Integrity:
the Transient and the Permanent”, San Diego L. Rev., vol. 46, 2009, pp.629–706, esp. pp.
642–644.
74 Para N. Meyer Fabre, en este especial contexto “mieux vaut trop que pas assez”.
Vid. el resumen de su intervención en el seminario organizado por la Comisión de
Arbitraje francesa de la CCI el 5 julio 2012, “Les nouveaux défis des fonctions
d’arbitre”.
75 U.S. Supreme Court, Commonwealth Corp. v. Casualty Co., 393 U.S. 145 (1968)
393 U.S. 145 (Mr. Justice White with whom Mr. Justice Marshall, joins, concurring).
Este razonamiento sería seguido con posterioridad por la Second Circuit Court of
Appeals en el asunto Applied Industrial Materials Corp. v. Ovalar Makine Ticaret
Ve Sanayi, cit. En este caso el Tribunal anuló un laudo por entender que uno de los
árbitros, cuyo voto era dirimente, había actuado con parcialidad evidente al no haber
investigado la relación existente entre la entidad para la cual trabajaba y una de las
congreso (algo habitual e, incluso excesivo, en el mundo del arbitraje) o pertenecer a una misma asociación científica. Ello le exonera
del deber de realizar una declaración exhaustiva siempre que sea lo
suficientemente precisa e indique la naturaleza de las relaciones
(amistosas, académicas, profesionales...) que el árbitro mantenga
con todos los actores de la instancia arbitral.
Entre las cuestiones que deben figurar en el contenido de la declaración cabe señalar, a título de ejemplo, las relaciones de negocios
que, directa o indirectamente, mantenga el árbitro con alguna de las
partes, las relaciones académicas76, las relaciones sociales y profesionales de contenido sustancial que en forma continua puedan surgir
entre el árbitro y alguna de las partes, las relaciones de negocios que,
directa o indirectamente, tenga con alguna de las empresas competidoras de las partes del arbitraje. No en vano, cualquier relación de
negocios en curso, directa o indirecta, que se produzca entre el árbitro
y una de las partes, o entre aquel y una persona que reconocidamente
pueda resultar testigo sustancial para el caso, generará normalmente
dudas justificadas respecto a la imparcialidad o independencia del
árbitro propuesto77. Asimismo, debe declararse cualquier otra circunstancias o hechos que puedan originar dudas justificadas respecto
de la independencia o imparcialidad; el ámbito de estos últimos ofrece una particular relevancia cuando el árbitro designado pertenezca a
una firma de abogados que defienda los intereses de una de las partes,
incluso en otro país distinto de donde deba tener lugar el pretendido
La falta de divulgación por el árbitro de determinados extremos no
comporta, prima facie, una la manifiesta falta de imparcialidad, a
menos que las circunstancias de no divulgación pongan en tela de
juicio la capacidad del árbitro para ejercer un juicio independiente e
76 V.gr., si el árbitro es un profesor universitario que ha sido designado por otro profesor que posee una importante influencia en su carrera académica futura. En el arbitraje SCC/U 115/2010 regido por el Regl. Uncitral la demandante impugnó al árbitro
designado por la demandada sobre la base de que su relación personal con el abogado
de los demandados, pues ambos habían escrito varios libros y artículos jurídicos; se
daba además la circunstancia de que ambos eran profesores de la misma Universidad.
No obstante el Comité de la Cámara de Comercio de Estocolmo desestimó la recusación
77 En la jurisprudencia inglesa: “... whether circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to an arbitrator’s impartiality” (Laker Airways, Inc. v. FLS Aerospace
Ltd. [2000] 1 W.L.R. 13.
16. El catálogo de situaciones susceptibles de poner en duda los
compromisos éticos del árbitro es interminable78, como también lo
son los estudios y comentarios jurisprudenciales que van, poco a poco, despejando las situaciones. La tipología es tan variada como los
intereses contrapuestos que se enfrentan a ellos, por lo que se trata de
una discusión que nunca podrá considerarse cerrada por completo.
Cabe detenerse, sin embargo, en ciertas cuestiones que nunca desaparecen de los debates en este sector.
Un primer bloque incluye varias situaciones. En primer lugar, el
denominado “ejercicio camaleónico” de las actividades arbitrales por
profesionales que cambian de funciones en el proceso arbitral, actuando unas veces como consejero de las partes y otras como árbitro79, lo cual tiene una variante muy significativa en los arbitrajes de
inversiones80. En segundo lugar, los casos de repeat players en que
78 P.W. Egger, “Independence, Impartiality and Disclosure in International Arbitration: Recent Developments“, Yearb. Int’l Arb, 2010, pp. 103–113; en el arbitraje de inversions vid. L. Malintoppi, “Independence, Impartiality, and Duty of Disclosure of Arbitrators”, Oxford Handbook of International Investment Law (P. Muchlinski y otros. eds.)
Oxford University Press, 2008, pp. 789–829; N. Rubins y B. Lauterburg, “Independence,
Impartiality and Duty of Disclosure in Investment Arbitration“, Investment and Commercial Arbitration: Similarities and Divergences (C. Knahr y otros, eds.), Utrech, Eleven International, 2010, pp. 153–180.
79 N. Bernasconi, N. Osterwalder, J Johnson y F. Marshal, “Arbitrator Independence
and Impartiality: Examining the Dual Role of Arbitrator and Counsel”, IV Annual Forum
for Developing Country Investment Negotiators, Nueva Delhi, 27–29 octubre 2010,
IISD, 2011. En el arbitraje SCC/ V 177/2011 regido por el Regl. SCC el demandado impugnó el árbitro designado por el demandante por el hecho de que, entre otras cosas, unos
meses antes de la presentación de la solicitud de arbitraje había actuado como abogado de
la demandante en un litigio ante los tribunales nacionales y que estas circunstancias,
reveladas por el árbitro en su confirmación de la aceptación, hacían disminuir la confianza
en su independencia e imparcialidad. El Comité de la Cámara de Comercio de Estocolmo
admitió la recusación (F. Mutis Tellez, “Arbitrators’ Independence and Impartiality: a
Review of SCC Board Decisions…”, loc. cit.).
80 En el asunto Republic of Ghana v. Telekom Malaysia Berhad (District Court de La
Haya, 18 octubre 2004, Challenge No. 13/2004; y Challenge No. 17/2004, Petition No.
HA/RK/2004/778, de 5 noviembre 2004) se trataba de la recusación de un miembro de
un tribunal arbitral que era a la vez abogado en otro arbitraje conectado con el asunto que
trataba. El tribunal holandés resolvió el caso con una sorprendente solución salomónica
pues no admitió automáticamente la recusación entendiendo que las dudas acerca de la
imparcialidad del árbitro quedarían despejadas si renunciaba a ser abogado en el otro
arbitraje y, ante tan sutil invitación, el árbitro comunicó a las partes su dimisión como
consejero en el segundo arbitraje. Vid. H. Mann, “The Emperor’s Clothes come off: a
comment on Republic of Ghana v. Telekom Malaysia Berhard, and the Problem of Arbitrator Conflict of interest”, Transational Dispute Management, vol. 2, nº 1, 2005. Cabe
un árbitro es designado reiteradamente por la misma parte81. Por último, los supuesto de designación como árbitro de una persona con la
que existe total confianza o, incluso, amistad personal82. Estas situaciones afortunadamente no son exponente de la práctica habitual que
realizan profesionales con experiencia y que son designados unas veces por el demandante, otras por el demandado y, en ocasiones, como
Otro grupo de situaciones, que también se desprenden del carácter
corporativo inherente al arbitraje, se refieren a la composición de un
tribunal arbitral con presencia de dos árbitros que están unidos por
evidentes vínculos de amistad. Como quiera que dichos vínculos pueden poner en peligro propia independencia del tribunal la tendencia
dominante aboga por exigirles revelar esta relación de amistad antes
de aceptar su misión. Y esta obligación de revelación atañe también al
co–árbitro que designa regularme a un presidente de tribunal arbitral.
En cualquier caso, el árbitro está obligado a revelar a las partes
cualquier circunstancia que pueda afectar a su decisión y que provoque “dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités
d’impartialité et d’indépendance, qui sont l’essence même de la
fonction arbitrale”83, v.gr., una información genérica acerca del evenañadir que las soluciones adoptadas hasta la fecha por el CIADI han recibido severas
críticas, entre ellas la de J. Paulsson, en el entido que dicha práctica está marcada por
grandes dosis de hipocresía y plagada de subterfugios (cf. J. Paulsson, “Moral Hazard in
International Dispute Resolution”, Inaugural Lecture as Holder of the Michael R. Klein
Distinguished Scholar Chair, University of Miami School of Law, abril, 2010, p. 6).
81 F.–Z. Slaoui, “The Rising Issue of ‘Repeat Arbitrators’: A Call for Clarification”, Arb.
Int’l, vol. 25, 2009, p. 103. Las reglas de la IBA colocan estas situaciones en la “lista naranja” y, en todo caso, la parte que promueva la recusación debe demostrar que la circunstancia de los nombramientos continuos y regulares ha consolidado creado una relación de
influencia en la opinión del árbitro, o que el árbitro ha quedado bajo la influencia de factores externos en el caso que enjuicia por los conocimientos obtenidos en otros asuntos.
82 En el arbitraje SCC/V 078/2012 regido por el Regl. SCC en su confirmación de la
aceptación, el árbitro designado por el demandado reveló que había sido contratado por el
demandado para proporcionar servicios de durante el período 2008–2012 y con base en
esta circunstancia, la demandante lo impugnó por considerar que la conexión entre el
árbitro y el demandado le privaba de aptitud para actuar como árbitro. El demandante
explicó, además, que el Director General de la demandada y el árbitro eran viejos amigos y
/ o compañeros de trabajo profesionales. El Comité de la SCC admitió la impugnación (F.
Mutis Tellez, “Arbitrators’ Independence and Impartiality: a Review of SCC Board Decisions…”, loc. cit.).
83 CA París (1ère Ch. Sec. C) 12 febrero 2009, S.A. J Cour P Avax S.A. / Société Tecnimont SPA, Rev. arb., 2009, pp. 186 ss y nota de Th. Clay; vid., asimismo, CA París, 2 avril
2003 (Frémarc c/ ITM Entreprise), cit.
tual conflicto de intereses del presidente del tribunal arbitral que trabaja en una firma que asesora a la empresa matriz de una de las partes en el litigio. Por eso si revela alguna circunstancia que pueda condicionar su actuación las partes deben pronunciarse al respecto, si lo
consideran oportuno, dentro de un plazo breve que suele estar fijado
en los Reglamentos de arbitraje; si en tal plazo no se formula motivo
alguno de abstención o de recusación, el árbitro podrá desempeñar
libremente sus funciones. Además, cuando un árbitro tiene razones
para creer que un conflicto de intereses puede existir de hecho tiene la
obligación de investigarlo por sí mismo, o debe dar a conocer sus razones para creer que podría haber un conflicto y las razones por las
que no lo investiga.
17. Resulta muy reveladora a la polémica que se suscitó en Francia
en asunto Tecnimont tras la anulación de un laudo parcial debido por
el hecho de que el presidente del tribunal de arbitraje, un árbitro internacional de gran prestigio, que era consejero de uno de los bufetes
de abogados más grandes del mundo, no había revelado determinadas
circunstancias que existían en el momento de su nombramiento, en
concreto que formaba parte del bufete que asesoraba a una de las partes84. El asunto presenta, en efecto, una relevancia especial. Primero,
por proceder de una de las jurisdicciones más importantes del mundo
en materia de arbitraje comercial internacional y poseer una proyección ejemplarizante en otros sistemas en los que la cuestión todavía
necesita contar con posiciones de mayor firmeza. Segundo, porque
supone un avance sustancial dentro de la jurisprudencia francesa, ya
de por sí extremadamente sensible a estas cuestiones: por vez primera
un tribunal francés anula un laudo por circunstancias que no conciernen directamente al árbitro, en este caso presidente del tribunal arbitral elegido por los otros dos co–árbitros, sino al entorno de la firma
De conformidad con el sistema de anulación de laudos arbitrales en Francia el laudo fue
objeto de tres decisiones. La Sentencia de la Cour d’appel de París (1ère Ch. Sec. C) 12
febrero 2009 (http://www.arbitrage–maritime.org/fr/Misc/Tecnimont.pdf.) procedió a
su anulación, pero este fallo fue casado por la Sentencia de la Cour de Cassation de 4
noviembre 2010 al entender que la Cour d’appel se había pronunciado sobre determinados hechos que no habían sido alegados por la recurrente y que, en consecuencia, había
cambiado el objeto de la controversia (http://www.ohada.com/fichiers/newsletters/1487/
Arret–Avax–Tecnimont–CApp–Reims–2–novembre–2011.pdf). Así las cosas el caso se
remitió para un nuevo juicio ante la Cour d’appel de Reims, que el de 2 noviembre 2011,
pronunció una nueva sentencia bajo la presidencia del gran especialista en arbitraje D.
Hascher, en la que confirmó la anulación del laudo. Vid., inter alia, L. Degos, “La révélation remise en question(s). Retour sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 février
2009, SA J. & P. Avax SA c/ Société Tecnimont SPA”, Cah. arb., 2009, nº 4, pp. 6–14.
internacional de abogados donde trabajaba como consejero85. La severidad de la sanción y el elevado monto de la indemnización acordada (70.000 euros), de conformidad con lo dispuesto en el art. 700
NCPC pone de relieve la importancia que los tribunales franceses confieren a la cuestión de la independencia del árbitro por no revelar la
existencia de un conflicto de intereses.
De acuerdo con la primera sentencia (Cour d’appel de París de 12
febrero 2009), el árbitro está obligado a revelar a las partes, en efecto,
fonction arbitrale”, v.gr., una información genérica acerca del eventual conflicto de intereses del presidente del tribunal arbitral que trabaja como consejero en una firma de abogados multinacional que no
sólo asesoraba a la empresa matriz de una de las partes en el litigio,
sino a una filial de la misma que le pertenecía en su totalidad. Y a ello
se añadían otras circunstancias: que la oficina de la firma en China
había asesorado a la casa matriz en una operación en ese país y que
un abogado de la firma había sido árbitro único coetáneamente al
procedimiento arbitral en un asunto en la dicha filial era parte. Ciertamente, las circunstancias relatadas se referían al despacho de abogados, pero la pertenencia del presidente a la firma siquiera como
consejero y el hecho de que en ella se diluyese la información por la
distinta localización geográfica de sus asuntos no fueron considerados
atenuantes del deber de revelación. Dicho en otros términos, la actividad de consejero en un despacho multinacional no es equiparable
necesariamente a la de los abogados que lo integran desde la perspectiva del conflicto de intereses, pues no acostumbran a percibir los
mismos emolumentos, pero en este caso concreto la Cour d’appel
entendió que del cúmulo de circunstancias se desprendía una clara
falta de la independencia requerida86. Y a ello añadió que los referidos
conflictos no vinculan exclusivamente a las partes en el litigio, sino a
todas las sociedades del grupo al que pertenecen.
Por su parte, la Cour d’appel de Reims de 2 noviembre 2011 abundó
en el razonamiento anterior al sentenciar que la obligación de infor85 En realidad la primera anulación de un laudo en Francia fue en un caso de arbitraje
interno por no haber revelado el árbitro su relación con el abogado de una de las partes.
Se trata del asunto Consorts d’Allaire / SAS SGS que fue objeto de una sentencia de la
cour d’appel de 9 septiembre 2010, Rev. arb., 2011, nº 3, pp. 686–691. Vid. la nota de P.
Pinsolle, ASA Bull., vol. 29, nº 1, 2011, pp. 197 ss.”
86 Vid. comentarios de Th. Clay, Rev. arb., 2009, pp. 186 ss y J.C. Fernández Rozas,
“Alcance del deber de revelación del árbitro”, Arbitraje, vol. II, nº 2, 2010, pp. 597–604.
mar por parte del árbitro se ha convertido en un fin en sí misma y
que, en el caso enjuiciado, la ausencia de información había puesto
seriamente en duda la independencia del árbitro lo que inexorablemente debía conducir a la anulación de la sentencia. Según el fallo,
aunque el incumplimiento de la obligación de revelación no era el
fundamento directo de dicha anulación, inducía a una presunción de
no independencia que el juez debía valorar caso por caso toda vez que
el propio contenido del deber de revelación impide que el árbitro
pueda invocar ignorancia de las circunstancias susceptibles de afectar
a su independencia.
18. Como es natural, en los reglamentos de arbitraje el deber de información de los árbitros suele estar minuciosamente regulado. Los
centros de arbitraje acostumbran a prestar atención a la declaración
de los árbitros obligando a las personas designadas a poner en conocimiento por escrito a la institución administradora los hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia y dicha institución deberá transmitir
dicha información a las partes precisando un plazo para que éstas
manifiesten sus comentarios. Es ilustrativo el subjetivismo presente
en el art. 11.2º Regl. CCI de 2012:
“Antes de su nombramiento o confirmación, la persona propuesta como árbitro debe suscribir una declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia. La persona propuesta como árbitro debe dar a conocer por escrito a la Secretaría cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las
partes, de poner en duda su independencia, así como cualquier circunstancia que pudiere dar lugar a dudas razonables sobre su imparcialidad. La Secretaría deberá comunicar por escrito dicha información a las partes y fijar un plazo para que éstas realicen
Y en un dirección similar se encuentra el 14.2º Regl. SCC de 2010
“Antes de ser nombrado árbitro, la persona deberá dar a conocer todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Si la persona es nombrada como árbitro, él/ella presentará a la Secretaría
una declaración firmada de imparcialidad e independencia, dando a conocer todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o
independencia. La Secretaría enviará a las partes y a los demás árbitros, una copia de la
declaración de imparcialidad e independencia”.
Al lado de las disposiciones reglamentarias determinados Códigos
deontológicos abundan en el contenido del deber de información de
los árbitros. Entre estos es obligado referirse al redactado por la International Bar Association (IBA) que incorpora las diversas situa-
ciones que pueden configurar una conducta parcial o dependiente del
árbitro. Con una mayor extensión se refiere a esta cuestión el Canon
II del Código ético AAA–ABA aludiendo a la necesidad de hacer pública cualquier relación financiera, comercial, profesional87, familiar o
social, presente o pasada, que pudiera afectar la imparcialidad del
árbitro o que pudiese generar presunciones de una verosímil parcialidad, que pudiera tener con alguna de las partes o sus asesores legales
o con cualquier persona que, según le informaran, pudiera ser testigo;
también deben hacer pública cualquier relación que pudiera existir y
comprometer a los miembros de sus familias o sus actuales empleadores, socios de hecho o comerciales. Y, por citar un ejemplo procedente del arbitraje marítimo, baste referirse al nº 4 del Código ético
de la Society of Maritime Arbitrator, Inc.:
“Before accepting appointment an arbitrator may only inquire as to the general
nature of the dispute and the names of the parties and their affiliates involved. A
member shall not act as an Arbitrator in any proceeding in which he, his associates,
or his relatives have a financial interest, or where his association with either the parties, counsel or other Arbitrators may give rise to an inference of bias without making
a full disclosure of the relationship. A member shall not participate in a proceeding in
which he has allowed others to inform him of details of the case before him prior to
the first hearing”.
IV. Consecuencias de la infracción del deber de declaración
1. Recusación del árbitro
19. La parte que se considere agraviada por que el árbitro no ha declarado la existencia de un conflicto de intereses puede solicitar su
87 En el arbitraje SCC/V 081/2012 regido por el Regl. SCC el demandado impugnó el
árbitro designado por la demandante aduciendo que la firma de abogados del árbitro
tenía compromisos previos con demandante dentro de los tres (3) años establecido en el
apartado 3.1.4 de la Guía Lista Naranja IBA; asimismo acusó al árbitro de no haber divulgación de todas las circunstancias que dieron lugar a dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad. El Comité de la Cámara de Comercio de Estocolmo admitió la
impugnación (F. Mutis Tellez, “Arbitrators’ Independence and Impartiality: a Review of
SCC Board Decisions…”, loc. cit.). Asimismo, en el arbitraje SCC/V 124/2011 también
regido por el Regl. SCC, el demandado impugnó el árbitro designado por el demandante
alegando que, en su confirmación de la aceptación, el árbitro declaró que su bufete había
llevado asuntos a favor y en contra de demandado y una de sus empresas filiales y aunque
el candidato explicó que estas cuestiones las habían realizado otras personas en la firma
de abogados, la demandada insistió en que ello suponía una importante mengua de confianza en la imparcialidad de un árbitro. El Comité de la Cámara de Comercio de Estocolmo admitió la impugnación (ibíd.). Esta actitud del Comité se refleja en los asuntos CSS/V
170/2011 y CSS/V 174/2011.
recusación, cuya finalidad responde a la necesidad de asegurar la imparcialidad de la resolución y el prestigio de la propia institución arbitral. Si, como hemos visto, el deber de revelación es un mecanismo
preventivo, la recusación es un instrumento sancionador que interviene cuando lo declarado por el árbitro no es cierto o cuando ha omitido extremos relevantes que comprometen su independencia o su
imparcialidad. La gravedad que entraña su utilización, pues es un
ataque en toda regla a la imparcialidad de un árbitro que implica un
expreso reproche y una retirada de la confianza de la parte que lo ha
designado, debe tener su justa contrapartida para evitar que se produzcan de manera temeraria las denominadas “recusaciones instrumentales” realizadas con evidente mala fe que debe contar con el
oportuno correctivo por vía del control judicial88.
La recusación en tal caso deberá interponerse después de la designación del árbitro o la constitución del tribunal arbitral correspondiendo a la parte impugnante demostrar que no conocía las circunstancias que ponen en duda la independencia del árbitro al momento
de su designación. Dicha solicitud tendrá como primera consecuencia
la suspensión del procedimiento arbitral. Obviamente, la ocultación
por el árbitro de dicho conflicto deberá ser valorada negativamente
por la persona que tenga decidir acerca de la recusación. Recíprocamente, si la parte conoce previamente la eventual causa de recusación
y se la reserva para después de que recaiga la resolución de que trate,
y emplearla entonces, caso de serle esta desfavorable, realizará una
conducta atentatoria contra la debida coherencia de los propios actos
y una falta de lealtad procesal89 y, en consecuencia, la acción de anulación no prosperará90. En España el art. 6 LA es tajante a este respecto al considerar que, en este caso, la parte “renuncia a sus facultades
de impugnación”.
La recusación, puede practicarse tanto en sede arbitral, que es la
forma ordinaria, como en sede judicial, con ocasión de la acción de
anulación. De acuerdo con el art. 18.3º LA “Si no prosperase la recusación planteada con arreglo al procedimiento acordado por las partes
o al establecido en el apartado anterior, la parte recusante podrá, en
su caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo”. Cuando el
arbitraje está en curso y por razones de celeridad, el art. 18.2º LA
permite que el árbitro intervenga en la decisión acerca de su propia
recusación, pues el precepto no habla de “sustitutos” o de “árbitros no
Cf. J. Sánchez Calero, “La abstención y la recusación del árbitro”, loc. cit., p. 336.
STSJ Madrid CP 1ª 4 julio 2012, Jurisprudencia española de arbitraje, nº 419 A.
90 SAP Santa Cruz de Tenerife 4ª 14 febrero 2007, ibíd., nº 419.
recusados”91. Es una solución discutible pues lo normal es que el árbitro recusado rechace las imputaciones y en caso de formar parte de un
tribunal de tres miembros si al resolver el incidente uno de otros dos
colegas se suma a su parecer, es obvio que se está abriendo la puerta a
una acción de anulación a la parte que cuenta con una opinión que
respalda su tesis.
2. Anulación del laudo
20. La apariencia de parcialidad puede ser una base para anular el
laudo cuando el árbitro ha faltado a su deber de revelación y la anulación se vuelve más sólida cuando se ha comprobado fehacientemente
la parcialidad. La Ley Modelo Uncitral no contempla esta causal de
manera autónoma y si bien no es infrecuente que figure en algunos
sistemas estatales, podría subsumirse: a) en la causal de los perjuicios
manifiestos al derecho de defensa, pues, por ejemplo, si los árbitros
desatienden su obligación de informar las circunstancias que dieran
lugar a dudas justificadas, acerca de su imparcialidad o independencia, están violando las reglas mínimas del debido proceso, concretamente al principio de de igualdad; b) en la causal de incorrecta composición del tribunal arbitral; o c) en la socorrida excepción de orden
público. Este motivo de oposición al laudo se configura cuando en los
árbitros que han pronunciado el laudo concurran circunstancias que
en su momento pudieran dar lugar a la recusación y que las partes no
conocieron a lo largo de las actuaciones arbitrales porque los designados no lo hicieron saber en su declaración de independencia. La
práctica en este sector es muy variada y es muy frecuente encontrarnos con su presencia cuando existe una relación profesional entre el
árbitro y la representación de una de las partes92.
91 “De haber querido el legislador que el recusado se abstuviese de resolver sobre tal
cuestión, así lo habría indicado e, indudablemente, se hubiera remitido al procedimiento
para designar el sustituto correspondiente, dado que la designación de un sustituto del
árbitro recusado es la única vía racionalmente admisible para resolver tal situación, partiendo de la base hipotética de que el recusado debiera abstenerse, dado que en supuestos
de existencia de un árbitro único no existiría quien resolviese la recusación, y en caso de
tribunales arbitrales compuestos por tres integrantes (…), la exclusión del recusado podría
abocar a insalvables empates en torno a la decisión a adoptar” (SAP 12ª 30 junio 2011,
Jurisprudencia española de arbitraje, nº 465).
92 Vid. USA Fifth Circuit – Positive Software Solutions, Inc. v. New Century Mortgage
Corp. 476 F.3d 278 (5th Cir. 2006). Vid. L.E. Foster y S.R. Cappell, “The Fifth Circuit’s
Positive Software Solutions v. New Century Mortgage –Underscoring the Need for a Positive Solution to Arbitrator Disclosure for a New Century”, Transnational Dispute Management, vol. 4, nº 1, 2007, pp. 1–8.
En la jurisprudencia española es elocuente la SAP Navarra 21 de febrero 2000 que estimó el recurso de anulación por contravención de
las garantías esenciales del procedimiento
“... dada la relación profesional que debe deducirse del hecho de haber compartido
despacho profesional durante más de 6 años, al menos, el Sr. Letrado de una de las
partes y la Sra. Letrada que... fue designada como árbitro en dicho proceso,... no permite situar a la Sra. árbitro en condiciones objetivas, al menos de garantizar que su decisión pueda merecer la exigible confianza de los terceros y de las partes, en el sentido de
que resulte ser fruto de una decisión plenamente interesada e imparcial”93.
El supuesto examinado incluía la omisión por parte del árbitro del
deber de información con carácter previo a las partes de los elementos
constitutivos de la función del árbitro: independencia, imparcialidad
y disponibilidad. Dentro de esta causal cabe insertar la omisión por
parte del árbitro del deber de información con carácter previo a las
partes de los elementos constitutivos de la función del árbitro: independencia, imparcialidad y disponibilidad.
Sin embargo, un caso más polémico fue el suscitado en la ya referida SAP Madrid 9ª de 5 mayo 2008 que si bien confirmó expresamente que el incumplimiento del deber de revelación debe tener como
consecuencia la nulidad del laudo dictado con respaldo en la causal
del art. 41.1º.d) LA (“que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes”) consideró que en el asunto abordado dicha acción no era procedente. In
casu, el presidente del tribunal no había declarado una serie de extremos relevantes para la parte impugnante, pero la Audiencia entendió que tales hechos habían acaecidos con posterioridad a su nombramiento94.
21. Si el resultado del asunto Tecnimont desplegó una enorme repercusión en Francia, no fue menor la que tuvo en España país el
asunto Delforca 2008, Sociedad de Valores, S.A. / Banco de Santander,
S.A., pese a su menor difusión escrita. En dicho asunto a lo largo del procedimiento arbitral una de las partes había solicitado la recusación del
presidente del tribunal arbitral que no fue admitida. Ciertamente el árbitro recusado realizó en unas aclaraciones que remitió a las partes insistiendo en el carácter puntual y esporádico de las relaciones que había
mantenido con la parte que lo había propuesto. Suscitada la correspondiente acción de anulación, entre otros motivos por la privación del dere93
JUR 2000\113772.
Jurisprudencia española de arbitraje, nº 984.
cho a un árbitro imparcial e independiente, la SAP 12ª 30 junio 201195
declaró la nulidad del laudo arbitral al considerar no se trataba de determinar si el árbitro recusado era o no de hecho imparcial, sino que las
circunstancias que habían rodeado su actuación, incluidas en sus aclaraciones96, habían creado una duda fundada sobre su imparcialidad. Tales
“… si bien aisladamente consideradas, no tendrían virtualidad para sustentar la recusación del Sr. árbitro, no obstante, apreciadas en su conjunto, por un lado, ponen de manifiesto una relación de proximidad y vinculación con el despacho que defiende los intereses de una de las partes, y que permiten afirmar la existencia de fundamento para
que la parte recusante dude de la imparcialidad e independencia del señor árbitro recusado”97.
También se valoró negativamente el hecho de que el árbitro recusado no hubiese puesto previamente en conocimiento de las partes las
circunstancias referidas y esperase a que en el curso del procedimiento arbitral se suscitase la recusación, pues
“… si bien tal omisión de manifestación voluntaria no es por sí misma causa de recusación […], incrementa el sustento de la duda que en la recusante puede surgir sobre la
imparcialidad y objetividad del árbitro cuando sus relaciones con la parte y con el despacho defensor de la contraria son puestas de manifiesto a causa de su iniciativa e indagación sobre ellas”.
Con posterioridad a este importante fallo, la cuestión del alcance de
la declaración del árbitro fue abordada en el asunto Marino López
XXI, S.L. / Atienza & Longás Abogados, S.L. aunque en sentido
95 JUR\2011\347818; Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol.
IV, nº 2, 2012, pp. 528–546.
96 Las circunstancias que concurrían en el árbitro con el despacho que desarrollaba la
defensa una de las partes del arbitraje apuntaban a que “un familiar cercano (yerno) desarrolla su función en dicho despacho, el señor árbitro reconoce tener diversos amigos, y en
concreto reconoce dicha amistad con el Socio Director del despacho, y desempeña la
función de asesorar en materias docentes a un Centro de Estudios vinculado con dicho
despacho sobre los Máster en Derecho Empresarial, y si bien se trata de un cargo honorífico, evidentemente, su pertenencia al Consejo Asesor implica la consiguiente relación,
que obviamente debe suponerse positiva, con los integrantes de dicho Centro vinculado al
despacho defensor de los intereses de una de las partes. Por lo demás, ha dedicado una
obra jurídica (como ‘opúsculo’ lo califica el Sr. árbitro recusado) a la persona que da su
nombre a dicho despacho, lo cual, con independencia de la magnitud de la obra de que se
trate, implica una relación de amistad y/o admiración”. Además la Audiencia Provincial
de Madrid tomó en consideración que el árbitro “… ha emitido dictámenes a solicitud de
entidades con ella vinculadas, y si bien la emisión de un dictamen no tiene por qué suponer necesariamente la defensa de intereses de la parte que lo solicita, implica obviamente
una labor de asesoramiento jurídico”.
97 Jurisprudencia española de arbitraje, nº 446.
contrario, al considerar la STSJ Aragón CP 1ª de 8 enero 201398 que la
acción de anulación, esta vez basada curiosamente en la causal de
orden público, no debía prosperar porque las circunstancias
comunicadas a las partes, haber sido el letrado de la entidad
solicitante del arbitraje, Vicedecano en la Junta de Gobierno
presidida por el árbitro, y haber sido también socio del mismo
despacho profesional ocho años antes del arbitraje, habían sido
expuestas con total lealtad por el árbitro a las partes en la primera
comparecencia que se celebró en la tramitación del procedimiento
arbitral y que, en todo caso, no tenían “la necesaria relevancia para
considerar que hayan podido afectar a la independencia e
imparcialidad del árbitro, ni en su vertiente de idoneidad subjetiva, o
convicción personal del árbitro en un determinado caso”. Pues no
basta “con alegar cualquier tipo de relación o vínculo entre el árbitro y
la parte o su defensor, sino que las mismas deben tener la suficiente
entidad como para hacer dudar de la objetividad del árbitro”.
Además, en el asunto en cuestión las relaciones en entredicho “no se
mantenían en el momento del arbitraje”.
22. La sanción que comporta la anulación del laudo es seguida en
otros sistemas. Por ejemplo la Sentencia de Tribunal de Apelación del
Noveno Circuito de los EE UU de 4 septiembre 2007 (New Regency
Productions, Inc. / Nippon Herald Films, Inc.) anuló el laudo de un
árbitro que no había revelado sus negociaciones laborales y posterior
obtención de empleo con la filial de una de las empresas involucradas
en el arbitraje mientras actuaba como árbitro99.
23. En la jurisprudencia francesa existe una larga tradición que
confirma la incidencia de la sanción en el laudo arbitral. La Cour
d’appel ha declarado expresamente que “l’ignorance par l’une des
parties d’une circonstance de nature à porter atteinte à cette qualité
vicie le consentement donné par elle à la convention d’arbitrage et en
entraîne la nullité” (Ury / Galeries Lafayette). En la Sentencia del
Tribunal de Grande Instance de París (1re Ch., 1re Sect.) 12 mayo 1993
(Société Raoul Duval / V.)100; se daba la circunstancia de que el presidente del tribunal arbitral había comenzado a trabajar para una de las
RJ\2013\2885. Vid. este número de la Revista, infra, p. 883.
C.T. Salomon y Q.C. Smith, “Arbitrators Have Duty to Investigate Possible Conflicts
Arising from New Employment”, DLA Piper, 5 noviembre 2007, http://www.dlapiper.
com/arbitrators_have_ duty_to_investigate/.
100 Rev. arb., 1996, pp. 411–418; confirmada por la Cour d’appel de París de 12 octubre, 1995, ibíd., 1999, pp. 324 ss, y Cass. civ., 16 diciembre, 1997, ibíd., 1999, pp. 253 ss.
partes un día después del pronunciamiento del laudo. La misma sanción fue adoptada por la sentencia de la Cour d’appel (1re Ch. Civ.) 30
junio 1995 (B / Société Annahold BV et autres)101 y por la sentencia de
la Cour d’appel (1re Ch.c) 30 noviembre 1999 (Marteau / CIGP) por el
hecho de que el árbitro en ningún momento había informado de su
pertenencia a un despacho que mantenía vínculos profesionales y
económicos con sociedades del grupo de la entidad que le había designado102. Por su parte, la sentencia de la Cour de cassation (2ème Ch.
Civ.) de 6 diciembre 2001 (Fremarc / ITM Entreprises) llegó a casar
una sentencia de la Cour d’appel de París en relación con un árbitro,
profesor de Derecho, que tenía la poco decorosa habilidad de hacerse
designar sistemáticamente árbitro por el mismo tipo de partes en la
misma modalidad de arbitraje y que había omitido revelar tal circunstancia103. La Cour d’appel había considerado que tal actitud era censurable pero que no era de suficiente entidad para demostrar una
carencia de independencia y de imparcialidad y, mucho menos, para
justificar la anulación del laudo. Sin embargo esta decisión fue casada
por contradicción de motivos lo que condujo a la anulación del laudo
pese a que la ausencia de revelación no figuraba entre las causales del
art. 1484 NCPC. La Cour de Cassation confirmó la anulación del laudo interpretando que el carácter sistemático de la designación del
árbitro, la frecuencia de su nombramiento y regularidad durante un
largo periodo de tiempo en contratos similares, crearon condiciones
que denotan el mantenimiento una courant d’affaires entre el árbitro
y la parte que lo nombró, situación que debió haber sido revelada en
su momento por el árbitro.
La doctrina francesa ha debatido tal proceder por considerar que se
daba autonomía a una causa de anulación no regulada y que debía
subsumirse la ausencia de revelación en el motivo general de incorrecta composición del tribunal arbitral; sin embargo, esta posición
no ha sido unánime apuntándose que el juez de la anulación debe
sancionar no la simple existencia de un riesgo (por la revelación incompleta) sino la efectiva realización de este último104.
Esta tendencia se ha confirmado más recientemente. En concreto la
Cour d’appel de París decretó la anulación de un laudo arbitral dictado en el asunto Tecso, por el hecho de que se había privado a una de
Ibíd., 1996, pp. 496–502., pp. 496–502
CA París, 28 octubre, 1999, Rev. arb., pp. 299 ss y nota Ph. Grandjean.
103 CA París, 2 abril 2003, Fremarc / ITM enterprises, Rev. arb., 2003, pp. 1231 ss y
104 E. Gaillard, Rev. arb., 2003, pp. 1231 ss.
las partes de la posibilidad de ejercer su derecho de recusación a uno
los miembros del tribunal arbitral, que no había revelado si habían
existido o existían conflictos de intereses en relación con el despacho
donde prestaba sus servicios el abogado de una de las partes en el
litigio. No obstante, con posterioridad, la Cour de cassation rechazó
este planteamiento limitando el alcance y las consecuencias del deber
de revelación, insistiendo en la delicada cuestión de que dicho deber
debe “provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable
quant à l’impartialité et [l’]indépendance [de l’arbitre” 105. En opinión
de este tribunal debe observarse una “incidencia razonable” en la independencia y la imparcialidad del árbitro en el sentido de que cualquier incumplimiento por su parte de este deber conduce necesariamente a apreciar una inobservancia del mismo y entrañar automáticamente su recusación del árbitro y/o la anulación del laudo en el que
haya intervenido. Con todo y pese a esta inflexión jurisprudencia en la
apreciación de los deberes de los árbitros en esta materia, éstos no
quedan liberados de la obligación de explicitar sus vinculaciones respecto de las partes, los abogados de las partes o el despacho al que
está vinculada la parte que le ha designado y ello comprende, muy
especialmente, los supuestos de designación repetida del árbitro por
la misma parte106.
105 Civ. 1ère, 10 octubre 2012, Tecso /Neolectra Group, Rev. arb, 2012, nº 4, pp. 870–
871, vid. M. Henry, “Le devoir de révèlation dans les rapports entre arbitres et conseils: de
la suggestion aux électrochocs”, Cah. arb., 2011, nº 3, pp. 737 ss; Th. Clay, “L’application
perlée du règlement d’arbitrage pour la contestation des liens non révélés entre arbitre et
conseil”, ibid., 2011, nº 4, pp. 1109 ss.
106 Por ejemplo, se entendió que la designación de la misma persona como árbitro en
51 casos por el grupo al que pertenecía una de las partes por la frecuencia y la regularidad
en que se había efectuado había dado lugar a una courant d’affaires entre el árbitro y
dicha parte (CA París 29 enero 2004, Société Serfné, Rev. arb., 2004, p. 448). Vid. sobre
esta cuestión M. Henry, “Pluralité de désignation et devoir d’independence et
d’imparcialité de l’arbitre, Rev. arb., 2005, nº 3, pp. 709 ss; N. Giraldo–Carrillo, “The
‘Repeat Arbitrators’ Issue: A Subjective Concept”, International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, vol. 19, 2011, pp. 75–106. El concepto de courant d’affaires
tabién ha sido utilizado por la Cour de Cassation, Chambre Civil 1ère, 20 octubre 2010
(Somoclest / DV Construction) (Rev. arb., 2010, nº 4, pp. 975–976) en un supuesto en
que el àrbitro había participado en 34 arbitrajes anteriores. De acuerdo con el tribunal:
“Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une
longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant
d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte
que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de
la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation, la cour d’appel a violé les textes
susvisés”.
3. Responsabilidad del árbitro
24. Consustancial con el ejercicio de la actividad arbitral es el postulado de la inmunidad del árbitro que le exime, como regla general,
de la responsabilidad personal por una decisión deficiente107. Dicho
postulado, que posee un contenido parcialmente diferente al inherente a la actividad del juez108, deriva directamente de la misión privativa del árbitro109 y trata de proteger la independencia del árbitro,
que no estaría asegurada si pudiera ser objeto de represalias en forma de responsabilidad civil110, máxime si se trata de un arbitraje de
equidad111, de ahí que su responsabilidad no deba comprender las
acciones directamente relacionadas con la función de resolución del
litigio112 y que cualquier acción por daños y perjuicios contra un ár107 Aunque añade un innecesario juicio peyorativo hacia las eventuales cualidades de
los árbitros, es significativa la STS 1ª 22 junio 2009: “… la responsabilidad del árbitro no
podrá apreciarse en casos en los que no se excedan los límites de los inevitables márgenes
de error en que se producen las actuaciones arbitrales, teniendo en cuenta el carácter
necesariamente sujeto a apreciación que la aplicación del ordenamiento jurídico comporta, la aceptación de la posibilidad de error que lleva consigo el convenio arbitral si en él no
se establece un sistema de revisión de la decisión arbitral y el carácter del árbitro como
persona no dedicada profesionalmente al ejercicio de la potestad jurisdiccional” (Jurisprudencia española de arbitraje, nº 477).
108 Los sistemas varían en cuanto a la mayor o menor aproximación de la función jurisdiccional y de la arbitral en orden a la inmunidad, v.gr., frente al sistema francés el
británico es mucho más permisivo. La Cámara de los Lores en el asunto Sutcliffe v. Thackrah sobre la base de que las funciones realizadas por los árbitros eran similares a las
realizadas por los jueces estatales extendió la inmunidad a estos últimos (Sutcliffe v. Thackrah [1974] AC 727).
109 Th. Clay, L’arbitre, op. cit., p. 455.
110 “La institución del arbitraje, en cuanto comporta materialmente el ejercicio de la
función de resolución de conflictos jurídicos en una posición autónoma de imparcialidad,
exige que esta no se vea amenazada por reclamaciones de responsabilidad civil por los
errores cometidos. Por ello, para que exista esta responsabilidad es menester que la infracción cometida en el cumplimiento del encargo revista un carácter manifiesto y que,
cuando menos, ser producto de una grave negligencia” (STS 1ª 22 junio 2009, Jurisprudencia española de arbitraje, nº 475).
111 “Resulta, por lo tanto, evidente que cuando el arbitraje es un arbitraje de equidad resulta especialmente relevante la justicia del resultado obtenido y su coherencia con los
principios sustantivos que deben inspirar la solución del caso, por lo que, desde el punto
de vista de la responsabilidad de los árbitros, no pueden tomarse en consideración de
manera aislada la omisión de reglas o premisas de carácter formal o institucional, aunque
pudiera considerarse grave en una resolución jurisdiccional” (ibíd., nº 476).
112 V.gr. la sección 20 de la Arbitration Act de 1996 del Reino Unido establece que “An
arbitrator is not liable for anything done or omitted in the discharge or purported discharge of his functions as arbitrator unless the act or omission is shown to have been in
bad faith (…).This section does not affect any liability incurred by an arbitrator by reason of his resigning…”.
bitro por una decisión incorrecta deba ser declarada inadmisible.
Decimos “como regla general” pues el Derecho comparado registra
que la inmunidad de los árbitros está sometida a ciertos límites:
fraude, dolo, falta grave, o un incumplimiento o un mal cumplimiento de lo establecido en el acta de misión113 o el injustificado retraso
en el pronunciamiento del laudo arbitral114. Y, por descontado, íntimamente vinculada a que una eventual acción de anulación contra el
laudo prospere.
En cualquier caso, la responsabilidad de los árbitros exige justificar
que se han rebasado de manera manifiesta los márgenes razonables
de error admisibles en la labor del árbitro y la acreditación de un perjuicio económico efectivo en el patrimonio o en los derechos de los
interesados tras la pertinente la apreciación del requisito del ligamen
causal entre la acción u omisión productoras del daño o perjuicio y el
resultado115.
25. Dentro de esta última corriente, la violación del deber de información del árbitro, así como el incumplimiento de sus obligaciones de
independencia y de imparcialidad son susceptibles de comprometer
su responsabilidad como en algunos sistemas va prosperando paulatinamente la correspondiente acción por daños y perjuicios, si bien
para exigir tal responsabilidad es menester demostrar ineludiblemente la existencia de los parámetros necesarios para configurar el
tipo de dolo o de culpa en el contenido de la declaración. El aumento
de estos supuestos obliga a determinar cuál debe ser la cobertura de
un seguro de este tipo. Cada vez es más frecuente que los centros de
arbitraje suscriban un seguro de responsabilidad a favor de los árbitros. Por su parte los abogados pueden extender su seguro de defensa jurídica cuando desempeñen funciones de arbitraje. Es esta, sin
embargo, una cuestión delicada, sobre todo en lo que concierne a la
amplitud del alcance del seguro, que podría influir en el comportamiento de los árbitros en el sentido de permitir comportamientos
poco ortodoxo y ser, por ello, perjudicial para la institución arbitral
El incumplimiento de estas obligaciones puede entrañar responsabilidad contractual (art. 1142 Código civil francés) por estar íntima113
TGI París, 13 junio 1990: Bompard / Consorts C et autres, Rev. arb., 1996, pp, 475–
114 R.O. Dalcq y A. Van Oevelen, “La responsabilité de l’arbitre”, L’arbitre: pouvoirs et
statut, colloque CEPANI, Bruselas, Bruylant, 2003, pp. 196 ss.
115 STS 1ª 22 junio 2009 (Jurisprudencia española de arbitraje, nº 478).
mente ligadas a la misión del árbitro y, de conformidad con la jurisprudencia francesa, prevista en el “contrato de arbitraje”116.
Ciertamente, en caso de que se anule el laudo arbitral el asunto
puede reiniciarse de nuevo y los costes del nuevo procedimiento y los
administrativos deberían correr a cargo del árbitro comitente de la
infracción que ha conducido a la anulación del laudo.
26. Las normas de ética profesional adquieren especial importancia
en el ejercicio de la actividad arbitral incrementándose la confianza
en los árbitros desde el momento en que se considere algo normal el
respeto por éstos de ciertas normas de ética profesional. Con el aumento del uso del arbitraje el riesgo de un conflicto de intereses por
parte de los árbitros se ha multiplicado. Este riesgo se puede mitigar
de manera significativa por el uso de la debida diligencia y exhaustiva
investigación, verificación de antecedentes y el análisis de las eventuales las conexiones entre un árbitro y una de las partes o sus abogados en el arbitraje. Dentro de los mecanismos que ayudan a una observancia plena de la independencia e imparcialidad en el arbitraje
ocupa un lugar destacado el deber de revelar la existencia de conflicto
de intereses; dicho deber constituye la pieza maestra del régimen jurídico de la ética arbitral y es ampliamente reconocido en las diferentes culturas jurídicas, las legislaciones y los reglamentos de arbitraje.
Es una obligación que se configura como un auténtico principio fundamental del arbitraje tanto interno como internacional y es una consecuencia directa del principio general de buena fe. El deber de declaración tiene un carácter preventivo dando lugar su incumplimiento a
ciertas medidas de carácter punitivo: la anulación del laudo arbitral,
la recusación y la propia responsabilidad del árbitro.
27. Como afirma un brocardo inglés “justice most not only be done,
it must also be seen to be done”. La obligación de revelar un conflicto
de intereses ha pasado de ser un mero instrumento en la verificación
de la independencia de los árbitros para convertirse en una auténtica
obligación que se ha consolidado como un auténtico un fin en sí misma. En la actualidad se carece de un consenso en la materia que en
116 TGI París, 1re Ch., 1resect., 12 mayo 1993, Société Raoul Duval /V, Rev. arb., 1996.,
pp. 411 ss y nota de Ph. Fouchard, pp. 325 ss; CA París, 12 octubre 1995, Raoul Duval / V.,
Rev. arb., 1999, pp. 324 ss.
gran parte deriva de la información disponible117. En efecto, la mayoría de las controversias en torno a los conflictos de intereses de los
árbitros son resueltas por las instituciones arbitrales y sobre ellas pesa la nota de confidencialidad, pero es evidente que en las soluciones
está presente un cierto fumus corporativo. No en vano los árbitros se
seleccionan muchas veces en el marco de las grandes firmas de abogados que por lo general intervienen en los grandes arbitrajes internacionales y lo que es normal en una institución de arbitraje puede no
serlo si quien debe tomar la decisión es un juez estatal. La valoración
de las decisiones judiciales que se ocupan de este tema, vinculadas
normalmente a la resolución de acciones de anulación de los laudos,
que no son tan frecuentes como para realizar un análisis sistemático
con resultados definitivos, es una muestra de profundas discrepancias
como se evidencia por los comentarios que de las mismas se realizan
desde los círculos arbitrales.
Frente a los deberes de independencia y de imparcialidad, el deber
de revelación posee un contenido más objetivo, más controlable y más
operativo, que permite al árbitro suministrar un perfil más ajustado
de su persona y de sus cualidades. Así concebido el deber de revelación no sólo protege a las partes sino que también y muy especialmente a los árbitros118.
117 J.H. Carter, “Reaching Consensus on Arbitrator Conflicts: The Way Forward”, Disp.
Res. Int’l, vol. 6, nº 1, 2012, pp. 17–35.
118 Th. Clay, “L’obligation de révélation de l’arbitre au prisme de l’indiscipline de la
Cour d’appel de Paris”, Cah. arb., 2010, n° 4, p. 1147
SUMILLA: Solicita instalación de árbitro único

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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