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Timestamp: 2014-08-23 19:47:54+00:00

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23.ago 2014 Text size
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A/HRC/14/7, 15 de marzo de 2010
Consejo de Derechos Humanos 14º período de sesiones
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal* Bolivia (Estado Plurinacional de) Índice Párrafos Página
Introducción 1–4
I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen 5–97 A. Exposición del Estado examinado 5–17 B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 18–97
II. Conclusiones y/o recomendaciones 98–101
III. Promesas y compromisos voluntarios 102
•	Anexo Composition of the delegation Introducción
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró su séptimo período de sesiones del 8 al 19 de febrero de 2010. El examen del Estado Plurinacional de Bolivia se llevó a cabo en la sexta sesión, el 10 de febrero de 2010. La delegación de Bolivia estuvo encabezada por la Sra. Nardy Suxo, Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. En la décima sesión, celebrada el 12 de febrero de 2010, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe sobre Bolivia.
2. El 7 de septiembre de 2009, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen de Bolivia: Kirguistán, Burkina Faso y Uruguay.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1, para el examen de Bolivia se publicaron los siguientes documentos:
a) Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con el párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/7/BOL/1);
b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/7/BOL/2);
c) Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/7/BOL/3).
4. Por conducto de la troika se transmitió a Bolivia una lista de preguntas preparadas de antemano por Dinamarca, Hungría, Letonia, Noruega, Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, Alemania, la Argentina y los Países Bajos. Esas preguntas pueden consultarse en la extranet del examen periódico universal.
5. En su declaración introductoria, la Sra. Nardy Suxo, Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, se refirió al momento histórico que estaba viviendo Bolivia. Desde 2006, Bolivia estaba atravesando un período de revolución democrática y cultural impulsada por los movimientos sociales y los pueblos indígenas, que llevaban décadas luchando por sus derechos. Los movimientos sociales tenían reivindicaciones concretas: recuperar la propiedad de los recursos naturales de forma que todos se beneficiaran de la explotación de éstos; sentar las bases de un Estado nuevo, más incluyente y participativo; y poner a los autores de violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción a disposición de la justicia.
6. El Gobierno se había comprometido a erradicar la pobreza, legado de las políticas coloniales, racistas, segregacionistas y antidemocráticas del pasado. Con ese fin, había nacionalizado la industria de los hidrocarburos, para luego invertir los nuevos ingresos así generados en programas destinados a mejorar el acceso de la población a la salud y la educación y fomentar la producción y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo había permitido que Bolivia atendiera las necesidades más urgentes de su población y contrarrestara los efectos de la crisis económica mundial. La oradora también hizo referencia a la repercusión positiva de diferentes programas sociales de lucha contra el analfabetismo y la malnutrición, la instauración de una renta para los ancianos y la universalización de la atención de la salud. Se estaban mejorando la infraestructura de las escuelas públicas y la calidad de la educación. Se había acelerado el otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra a las familias indígenas y campesinas.
7. Se había adoptado una nueva Constitución política del Estado que era incluyente y reconocía y garantizaba todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, de conformidad con los principios de solidaridad, equidad e igualdad. En ella se reconocían las formas tradicionales de organización y justicia de los pueblos indígenas. La aprobación de leyes específicas que permitieran el cumplimiento de la nueva Constitución se había retrasado debido a la oposición que había encontrado en la anterior legislatura, pero se estaba llevando adelante en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.
8. Se habían abierto nuevos espacios de participación política para los diferentes sectores de la sociedad. Las mujeres ocupaban a la sazón la mitad de las carteras del Gabinete ministerial y estaban bien representadas en el Senado y la Cámara de Diputados. Además, por primera vez habían sido elegidos por voto popular dirigentes afrodescendientes y representantes de las personas con discapacidad.
9. La Asamblea Legislativa Plurinacional había empezado ya a realizar las tareas que le había encomendado el pueblo. Estaba examinando proyectos de ley relativos, entre otras cosas, a la lucha contra la corrupción y la malversación y a la prevención y eliminación de todas las formas de racismo y discriminación.
10. A instancia de la sociedad civil y de las víctimas de la represión de octubre de 2003 y sus familias, que pedían que se hiciera justicia, se había iniciado un juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, por crímenes de lesa humanidad. Tras décadas de abandono se había iniciado la exhumación de los restos de las víctimas que desaparecieron de manera forzada durante las pasadas dictaduras militares con el fin de restituirlos a sus familiares.
11. En cumplimiento de lo recomendado en las observaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos relativas a la existencia de indígenas de etnia guaraní que vivían sometidos a formas contemporáneas de esclavitud, se había liberado de la servidumbre a 150 familias guaraníes. Se habían otorgado documentos de identidad a más de 2.600 indígenas de los pueblos weenhayek, tapiete y guaraní, y se había pagado una indemnización a las familias guaraníes, además de la entrega de tierras destinada a proporcionarles un medio de sustento.
12. Los esfuerzos para construir un Estado incluyente habían ido acompañados de actos de violencia racista contra los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, en particular los que defendían los derechos de los indígenas, cometidos por grupos radicales de oposición al Gobierno, cómo lo habían verificado y denunciado órganos intergubernamentales y no gubernamentales. La forma más extrema de esa violencia se había producido en septiembre de 2008, en la denominada masacre de Pando, de la cual el Consejo de Derechos Humanos había sido debidamente informado. Bolivia reafirmó su compromiso con todas las víctimas de agresiones violentas y racistas, indicando que velaría por que se aplicara todo el rigor de la ley a los responsables.
13. La oradora se refirió también a las graves deficiencias del sistema judicial y a las denuncias presentadas al respecto. Se habían introducido reformas en el sistema judicial para garantizar su independencia, la cual estaba también consagrada en la Constitución. Además, el nuevo Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción había adoptado medidas para garantizar la transparencia de la gestión pública y velar por que los actos de corrupción fueran sancionados.
14. Bolivia indicó que había firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que tenía previsto adherirse próximamente al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bolivia señaló que también era parte en los principales tratados interamericanos de derechos humanos y que contaba con una institución nacional de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, conforme a los Principios de París y acreditada como institución de la categoría A.
15. Bolivia tenía una sociedad civil dinámica y llena de vida con la cual colaboraba estrechamente para promover y proteger los derechos humanos. Junto con la sociedad civil se había elaborado el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, cuya ejecución era supervisada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
16. Bolivia había recibido en 2007 las visitas de varios procedimientos especiales y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Como fruto de esa buena cooperación, Bolivia invitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a establecer en el país una oficina con un mandato amplio. Bolivia anunció que ese mismo día había cursado una invitación abierta a todos los mecanismos y procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visitaran el país.
17. La oradora se refirió al carácter participativo del proceso de preparación del informe nacional, que había posibilitado una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos en el país. Indicó que el país debía afrontar muchos desafíos pero tenía la voluntad política necesaria y que, con el apoyo del pueblo y la solidaridad de los países amigos, proseguiría su labor. Dijo que la aplicación de las recomendaciones resultantes del examen periódico universal se haría también de forma incluyente y participativa.
18.En el diálogo interactivo formularon declaraciones 53 delegaciones. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo figuran en la sección II del presente informe.
19. La República Bolivariana de Venezuela se refirió no sólo al proceso de cambio en Bolivia, sino también a una oligarquía que se negaba a renunciar a sus privilegios y reconocer los derechos de la mayoría indígena de la población. Venezuela recordó que Bolivia había ratificado el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que los derechos de los indígenas estaban consagrados en la Constitución. Venezuela formuló recomendaciones.
20. La Jamahiriya Árabe Libia elogió a Bolivia por haber incorporado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su legislación y por su Plan Nacional destinado a garantizar la igualdad de oportunidades. Libia encomió la decisión de Bolivia de utilizar en beneficio de los pueblos indígenas los recursos recaudados por los partidos políticos para sus campañas políticas.
21. Cuba tomó nota de los avances logrados por Bolivia y de su voluntad política de dar prioridad a las necesidades de la mayoría y de los excluidos. Tomó nota asimismo del programa de transformación estructural destinado a crear una sociedad basada en la justicia social y el disfrute de los derechos a la salud, la educación, la participación ciudadana, la seguridad social, el empleo, la justicia, la vivienda, la alimentación y el agua. Cuba expresó su satisfacción por el hecho de que los pueblos y las naciones indígenas fueran en adelante actores insoslayables representados en el Gobierno y de que sus derechos estuvieran plenamente reconocidos. Cuba formuló recomendaciones.
22. Argelia celebró la nueva Constitución de Bolivia, así como su Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y sus esfuerzos en pro de la integración de las mujeres. Observó que Bolivia era rica en recursos naturales, pero que muchas personas no se beneficiaban de ello. Argelia formuló recomendaciones.
23. Nicaragua observó que desde 2005 el país estaba viviendo una revolución en lo que lo humano, las culturas locales, la familia y el entorno natural eran los nuevos ideales. Destacó el Plan Nacional de Desarrollo, destinado a promover el pleno disfrute de los derechos humanos desde una perspectiva multicultural, y el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Nicaragua formuló recomendaciones.
24. La Federación de Rusia elogió las medidas encaminadas a poner en marcha procesos democráticos y reformas sociales para mejorar la condición de la población indígena y acabar con la discriminación racial. Tomó nota del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Celebró la ratificación de numerosos instrumentos de derechos humanos. Formuló recomendaciones.
25. El Pakistán observó que el sistema político de Bolivia estaba en plena evolución e hizo votos por que se lograra atender las reivindicaciones expresadas por la sociedad civil en 2003. El Pakistán tomó nota de las medidas adoptadas para poner fin a la servidumbre y la esclavitud, así como de la distribución de tierras a las comunidades indígenas. El Pakistán preguntó acerca de la participación ciudadana en la política de lucha contra la corrupción. El Pakistán hizo una recomendación.
26. El Brasil tomó nota de la adhesión de Bolivia a los derechos humanos en el contexto de los esfuerzos para acabar con las desigualdades sociales y las injusticias históricas. El Brasil felicitó a Bolivia por su Constitución, la reducción de la mortalidad maternoinfantil y los resultados alcanzados en la lucha contra el analfabetismo. Preguntó qué mecanismos existían para garantizar la compatibilidad de la justicia indígena con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos; qué medidas se habían adoptado para combatir la violencia contra los niños, en particular los castigos corporales; y qué medidas para superar la pobreza. El Brasil formuló recomendaciones.
27. La República Islámica del Irán celebró la existencia de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, y del Ministerio de Transparencia Institucional, y saludó los esfuerzos por promover los derechos económicos, sociales y culturales. Tomó nota de la adhesión de Bolivia a los derechos de los pueblos indígenas. El Irán preguntó acerca de los esfuerzos realizados para cuantificar la deuda climática correspondiente a la responsabilidad histórica de los países desarrollados y para promover una declaración de los derechos de la Madre Tierra. El Irán formuló recomendaciones.
28. Egipto encomió a Bolivia por el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, que contaba con la participación de la sociedad civil y cuya ejecución supervisaba el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Egipto celebró el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad. Tomó nota asimismo de las importantes medidas adoptadas por Bolivia para luchar contra la trata de personas. Egipto formuló recomendaciones.
29. La República Democrática Popular Lao observó que la Constitución de Bolivia era conforme con los tratados internacionales de derechos humanos. Tomó nota de que la Defensoría del Pueblo tenía la misión de hacer respetar y promover los derechos humanos y difundir su conocimiento, así como de ejecutar el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. La República Democrática Popular Lao formuló recomendaciones.
30. Eslovaquia celebró la nueva Constitución y el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Tomó nota de los desafíos que afrontaba el poder judicial y del hecho de que el proceso de reforma constitucional todavía no había concluido. Eslovaquia se refirió a la preocupación que suscitaban la trata de niños, el trabajo infantil y las condiciones reinantes en los centros de detención y las prisiones. Formuló recomendaciones.
31. El Canadá expresó preocupación por el hecho de que varios órganos de gobierno hubieran funcionado bajo la dirección de autoridades interinas o sin quórum, así como por las denuncias relativas a la influencia del Gobierno en el poder judicial. El Canadá encomió a Bolivia por las medidas adoptadas para proteger los derechos de los indígenas. Expresó preocupación por los casos señalados de amenazas y actos de intimidación hacia periodistas y defensores de los derechos humanos y por varias declaraciones hostiles hacia los medios de comunicación formuladas por importantes figuras de la vida política. El Canadá formuló recomendaciones.
32. Panamá celebró la decisión del Presidente de nombrar un Gabinete ministerial con el mismo número de hombres y de mujeres. Celebró también la aprobación como ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Señaló que la regularización de la propiedad agraria era un reto para Bolivia y preguntó qué medidas se habían adoptado para acelerar ese proceso. Con referencia a una observación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2008, preguntó acerca de la inclusión de los afrobolivianos en las estadísticas demográficas nacionales. Panamá formuló una recomendación.
33. La India tomó nota de los retos que enfrentaba Bolivia, entre ellos la ejecución del programa definido por las reivindicaciones expresadas por la sociedad civil en 2003. La India destacó la nueva Constitución y la Defensoría del Pueblo. Solicitó información sobre los avances realizados en las reformas judiciales y las medidas adoptadas para reducir la pobreza de los pueblos indígenas y luchar contra la mortalidad materna, así como para abordar la cuestión relativa a la atención de salud sexual y reproductiva.
34.Finlandia celebró la nueva Constitución y el hecho de que Bolivia hubiera cursado una invitación abierta a los mecanismos de derechos humanos y los procedimientos especiales. Expresó preocupación ante la posibilidad de conflicto entre la justicia ordinaria y la justicia indígena reconocida en la nueva Constitución. Finlandia preguntó de qué forma se iba a garantizar en Bolivia el derecho de apelación individual en las causas incoadas ante los tribunales comunitarios. Finlandia formuló recomendaciones.
35. Turquía celebró la Constitución, en particular ciertas disposiciones importantes relativas a la lucha contra la discriminación, al sistema educativo, al derecho a la salud y a la libertad de prensa. Tomó nota de las reformas destinadas a mejorar el sistema judicial. Turquía preguntó acerca de las normas y políticas encaminadas a atender las necesidades de los niños. Formuló recomendaciones.
36. Austria formuló preguntas sobre la reducción del hacinamiento en las prisiones y la defensa del interés superior de los niños en los centros penitenciarios. Celebró los esfuerzos realizados para poner fin a la discriminación contra los pueblos indígenas. Manifestó su preocupación por la coexistencia de dos jurisdicciones distintas, la de los tribunales indígenas y la de la justicia ordinaria, y por la violencia de que eran objeto ciertas comunidades indígenas. Austria formuló recomendaciones.
37. Belarús hizo notar el contexto en el que se realizaba el examen y los cambios que se estaban llevando a cabo en Bolivia con el fin de restablecer la igualdad económica y social. Tomó nota de la nueva Constitución, del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Derechos Humanos y preguntó acerca de las medidas adoptadas para luchar contra la trata de personas. Belarús formuló recomendaciones.
38. Eslovenia preguntó cómo se preveía mejorar la administración de justicia; qué planes había para perfeccionar la nueva política relativa a los asentamientos humanos a fin de garantizar condiciones adecuadas de vivienda y saneamiento; qué medidas estaban previstas para que la nueva legislación relativa a los medios de comunicación fuera compatible con las obligaciones del país en materia de derechos humanos; y qué medidas se habían previsto para reducir la violencia contra los niños, en particular la violencia doméstica. Eslovenia formuló recomendaciones.
39. Alemania elogió los compromisos asumidos voluntariamente por Bolivia. Se refirió a las condiciones en que trabajaban las personas menores de 18 años y preguntó qué estaba haciendo Bolivia para aplicar las recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas relativas al trabajo infantil. Alemania formuló recomendaciones.
40. Francia preguntó qué medidas se habían previsto para mejorar la administración de la justicia y garantizar la independencia total del poder judicial, además de una buena interacción entre la justicia ordinaria y el sistema judicial indígena. Preguntó asimismo qué medidas se habían previsto para aplicar la Ley contra la tortura y procesar todos los casos de tortura, en particular aquellos en que estuvieran implicados agentes de las fuerzas del orden. Por último, preguntó acerca de las medidas adoptadas para cambiar las actitudes sociales con respecto a la orientación sexual. Francia formuló recomendaciones.
41. España saludó la nueva Constitución, que consagraba la paridad de la representación política entre hombres y mujeres y garantizaba la participación ciudadana. Tomó nota de que Bolivia había ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de que se estaban descentralizando progresivamente los mecanismos de derechos humanos, en particular a través de la Defensoría del Pueblo. El orador hizo preguntas sobre las personas indocumentadas y el papel desempeñado por las fuerzas armadas en los acontecimientos de Pando. España formuló recomendaciones.
42. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se dijo preocupado porque el proyecto de ley contra el acoso y la violencia política por razón de género no había sido aprobado y porque el artículo constitucional según el cual los medios de comunicación debían respetar los principios de veracidad y responsabilidad se prestaba a una interpretación amplia. Preguntó qué medidas se habían previsto para subsanar esos problemas. El Reino Unido observó que las mujeres eran víctimas de la desigualdad, especialmente en el lugar de trabajo, y de la violencia doméstica. Preguntó acerca de la protección de los grupos vulnerables y sobre la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual. El Reino Unido formuló recomendaciones.
43. Azerbaiyán destacó la ratificación por Bolivia de casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, la aprobación de una nueva Constitución, la reducción de la tasa de analfabetismo y las medidas adoptadas para proteger los derechos de los indígenas, entre ellas la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al ordenamiento jurídico del país. Formuló recomendaciones.
44. Noruega elogió la nueva Constitución y la promoción de los derechos indígenas. Expresó su preocupación por las condiciones de vida y la servidumbre de facto a la que muchos indígenas todavía estaban sometidos. Señaló la discriminación y la violencia de que eran víctimas las mujeres. Noruega manifestó su preocupación por la parálisis de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional y por la polarización de los medios de comunicación y las numerosas ocasiones en que al parecer se había agredido a periodistas. Noruega formuló recomendaciones.
45. Los Estados Unidos de América señalaron que la politización de los nombramientos seguía siendo el principal obstáculo a la justicia. Expresó su preocupación por los informes según los cuales la corrupción se había agravado en 2009. Observó que según algunas organizaciones no gubernamentales la prensa boliviana era "parcialmente libre" y que en ocasiones se habían adoptado medidas para silenciar a los que se oponían o criticaban al Gobierno. Formuló recomendaciones.
46. Kirguistán tomó nota del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Señaló los esfuerzos realizados para desarrollar el sector de la salud y la gran importancia que se atribuía a la educación y a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Formuló recomendaciones.
47. En respuesta a las preguntas formuladas, Bolivia señaló los avances realizados en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se había incorporado a la Constitución. La Asamblea Legislativa contaba, por primera vez, con diputados pertenecientes a las jurisdicciones indígenas, elegidos en las últimas elecciones nacionales.
48. En el marco de un proceso democrático, Bolivia había sometido a referendo nacional la cuestión de la superficie máxima de la propiedad territorial. Como resultado del referendo, la superficie máxima se fijó en 5.000 ha para acabar con los latifundios.
49. Mediante la gestión comunitaria de la reforma agraria, Bolivia había obtenido importantes resultados entre 2006 y 2009, período en que se regularizaron los títulos de propiedad de 31.187.185 ha y se redistribuyeron 1.077.973 ha de tierras fiscales a 153.349 beneficiarios. Bolivia expropió tierras que no habían cumplido una función económica ni social y las entregó a las comunidades campesinas y/o los pueblos indígenas. Entre 2006 y 2009 se entregaron 10.299 títulos de propiedad a mujeres.
50. Bolivia había repatriado familias con identidad indígena originario-campesina que vivían en países vecinos. De conformidad con el Convenio Nº 169 de la OIT, en 2007 se habían aprobado normas específicas a fin de incorporar en la legislación boliviana la obligación de consultar a los pueblos indígenas.
51. Se había previsto la inclusión de la población afroboliviana en el próximo censo. Asimismo, se había instaurado un marco normativo que establecía la identidad cultural de esa población en la región.
52. Bolivia se había comprometido a erradicar la servidumbre. En 2007 se creó un Consejo interministerial para la erradicación de la servidumbre, trabajo forzoso y formas análogas. El Gobierno estaba adoptando medidas, en coordinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní, para lograr la prohibición y la erradicación del trabajo forzoso. Bolivia había elaborado el Plan de Desarrollo Integral de la Nación Guaraní 2009-2015, que respondía a la necesidad de eliminar el trabajo forzoso y la esclavitud en la región del Chaco boliviano. En el marco del Plan Interministerial Transitorio se habían creado inspectorías del trabajo que tenían la tarea fundamental de velar por la vigencia y el restablecimiento de los derechos laborales de los guaraníes.
53. Bolivia había puesto en marcha un plan integral de lucha contra la violencia de género, que se había integrado en el Plan Nacional de Desarrollo y formaba parte del Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades. En ese marco, se había desarrollado una nueva estrategia, con cuatro ejes principales: detección, prevención, atención a las víctimas y sanción de la violencia de género.
54. El Ministerio de Justicia, junto con los servicios municipales de asistencia jurídica y varias organizaciones de mujeres, había armonizado, organizado y normalizado los datos estadísticos sobre la violencia doméstica. Bolivia tenía la intención de colaborar con el poder judicial para ampliar el alcance de los servicios estatales de atención y protección a las víctimas de delitos. Asimismo, el Ministerio de Justicia había elaborado una propuesta para adaptar y enriquecer las normas, los protocolos y los procedimientos relativos a la atención a las víctimas de violencia sexual, así como una estrategia de comunicación para prevenir la violencia de género, titulada "No a la violencia contra la mujer". Se había previsto llevar la campaña a las zonas rurales, en coordinación con los gobiernos municipales.
55. Bolivia estaba elaborando propuestas para modificar la Ley contra la violencia en la familia o doméstica y la Ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual y para revisar el Código Penal y el Código de Familia, en atención a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se había puesto en marcha el Plan de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015 para atender las necesidades de la población, en particular de las mujeres. Bolivia había reforzado la atención integral de la salud, en particular el suministro de información y los servicios relativos a la anticoncepción, las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
56. En Bolivia el Estado contaba con cuatro órganos —el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral—, cuyo funcionamiento obedecía a principios de independencia, separación, coordinación y cooperación. La nueva Constitución había establecido nuevos mecanismos para garantizar la independencia del poder judicial, incluida la elección de los magistrados por voto directo. Sin embargo, para ello fue necesario adoptar medidas transitorias con el fin de resolver la crisis institucional que atravesaba el poder judicial, resultado del sistema anterior, sumamente politizado. Se elaboraron proyectos de ley relativos al poder judicial, al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Consejo de la Magistratura, y un proyecto de ley orgánica del ministerio público. Esas instituciones se encargarían de una nueva administración de justicia.
57. La libertad de expresión, opinión e información estaba plenamente reconocida en la Constitución, al igual que el derecho a la rectificación y a la réplica. Se garantizaba el derecho a difundir las ideas por cualquier medio y sin censura previa. En Bolivia existían nueve redes de televisión, 19 periódicos y centenares de radioemisoras y sistemas de difusión por Internet, todos privados. No obstante, algunos medios privados habían abusado de su rol, difundiendo contenidos que incitaban a la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y el odio. Para evitar ese tipo de excesos, ampliamente verificados por organismos nacionales e internacionales, el Gobierno había llevado a cabo una campaña de sensibilización destinada a los periodistas. Asimismo, el Gobierno había condenado todas las agresiones contra los medios de comunicación, fuera cual fuere su afiliación, y había pedido la intervención del ministerio público y del poder judicial para que esos casos fueran investigados y procesados. Se estaba estudiando, con la participación de todas las partes interesadas, la adopción de medidas para evitar ese tipo de abusos, las cuales se ajustarían a las normas internacionales y a lo dispuesto en la nueva Constitución con respecto a las condiciones laborales de la prensa, a la ética y a la autorregulación.
58. Bolivia lamentó que algunos defensores de los derechos humanos hubieran sido víctimas de ataques y agresiones perpetrados por grupos racistas y opositores al Gobierno, como se desprendía de informes nacionales e internacionales. En cumplimiento de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habían organizado reuniones entre el poder ejecutivo y los órganos judiciales, en las que se pidió que la investigación de todos esos casos se realizara con prontitud. Lamentablemente, esos procesos se habían retrasado, pero el Ministerio de Gobierno había reforzado la protección policial.
59. En un país pluricultural y multilingüe como Bolivia, la adopción de medidas para eliminar todas las formas de discriminación racial era una necesidad. Bolivia había participado activamente en la Conferencia de Examen de Durban. El Ministerio de Justicia había elaborado el informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, documento al que se había dado amplia difusión y en el que se habían incorporado los aportes de la sociedad civil. La Constitución prohibía todas las formas de discriminación y, en ese contexto, se había considerado la posibilidad de calificarlas como delitos para su incorporación en el nuevo Código Penal, cuya revisión concluiría en marzo de 2009.
Estaban en trámite cinco proyectos de ley de prohibición y eliminación de todas las formas de discriminación racial y la aprobación de uno de ellos durante la nueva legislatura era inminente. Además, el Ministerio de Culturas había preparado, por conducto del Viceministerio de Descolonización, directrices para el plan de acción contra el racismo y la discriminación, en el que se hacía hincapié en el acceso a la educación, las obras públicas y la justicia.
60. La justicia indígena era independiente, imparcial y pública. Se caracterizaba por su celeridad, el carácter oral de sus juicios y la armonía social. Reparaba los daños ocasionados gestionando los conflictos con absoluta capacidad regulatoria en un ámbito social comunitario, sin intervención del Estado ni de su burocracia. Era un sistema autogestionado y consensual que se basaba en valores reconocidos en la Constitución. Esa forma de justicia se había aplicado en las zonas rurales, administrada por las autoridades indígenas originario-campesinas con la participación de la colectividad y sus consejos de administración. Esa situación se había reconocido en el proyecto de ley de deslinde de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria y campesina, con mecanismos de cooperación y coordinación que no vulneraban las garantías procesales. Lamentablemente, la distorsión de la información había dado lugar a malentendidos sobre ese sistema de justicia, a la que se habían atribuido prácticas que vulneraban los derechos humanos, como el linchamiento, que en ningún caso se contemplaba en la justicia indígena y que en el nuevo Código Penal quedaría tipificado como asesinato colectivo.
61. De conformidad con la nueva Constitución, era deber del Estado y de la sociedad garantizar la prioridad del interés superior de la niña, el niño y el adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. La Constitución prohibía toda forma de violencia contra los niños y los adolescentes, así como el trabajo forzoso y la explotación infantiles. Bolivia tenía una Defensoría de la Niñez. Se estaba modificando el Código del Niño, Niña y Adolescente para ajustarlo a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos del Niño. También se habían creado normas relativas al derecho de los niños a la identidad.
62. Bolivia estaba ejecutando el Plan Nacional para la erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo infantil se concentraba sobre todo en Santa Cruz, en la zafra de caña de azúcar; en el Beni, en la cosecha de castaña amazónica y en las actividades mineras de Potosí. Estas eran consideradas las peores formas de trabajo infantil en Bolivia. Eran unos 800.000 los niños que se dedicaban a esas labores informales. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social venía realizando inspecciones para verificar que en esas zonas no hubiera trabajo infantil ni explotación de menores. Bolivia había emprendido la iniciativa del "Triple sello", destinada a eliminar el trabajo infantil con la participación de empresarios y trabajadores, así como varias campañas de sensibilización en la materia.
63. Las personas con una orientación sexual o una identidad de género diferente, es decir las lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas transgénero, estaban incluidas y reconocidas en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Por decreto presidencial se había declarado el 28 de junio día nacional de las personas con orientación sexual diversa en Bolivia. La Constitución prohibía todas las formas de discriminación, incluida la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.
64. En 2007, Bolivia había recibido la visita del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, quien había reconocido el compromiso del Presidente Morales de luchar contra el hambre y la malnutrición, una prioridad para Bolivia. Asimismo, había destacado la importancia de la estrategia de promoción de la seguridad y la independencia alimentarias, que otorgaba prioridad a la producción local, en particular la producción agrícola familiar a pequeña escala, y de la reforma agraria, centrada en la eliminación de las prácticas feudales. Se había complementado el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición con el fin de impulsar la nueva política de seguridad y soberanía alimentarias. Se había implementado el programa "Desnutrición cero", destinado a prestar asistencia a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años. Se habían creado empresas de apoyo a la producción de alimentos básicos y productos lácteos y se habían emprendido acciones judiciales para lograr precios justos.
65. Para descongestionar el sistema procesal penal, Bolivia había adoptado medidas cautelares y aplicado sanciones alternativas. Se estaba capacitando al personal y se estaba trabajando en la aplicación del mecanismo de prevención de la tortura y los malos tratos. Se estaba examinando un proyecto de ley de justicia juvenil, que se había redactado con la colaboración de la sociedad civil y comprendía medidas de prevención, así como medidas destinadas a reintegrar y rehabilitar a los menores delincuentes y a proteger los derechos de las víctimas. El primer centro de justicia juvenil de Bolivia se inauguraría próximamente.
66. En lo relativo a la masacre de Pando, el ministerio público y las víctimas habían incoado una causa contra el ex Prefecto del Departamento de Pando, quien estaba a la espera de un juicio oral en el Tribunal de Sentencia después de que la Corte Suprema de Justicia se hubiera pronunciado con respecto al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones.
67. La República Árabe Siria tomó nota de que Bolivia era parte en la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos. Se refirió a los desafíos que enfrentaba Bolivia, como la extrema pobreza, que afectaba particularmente a los indígenas de las zonas rurales, y la garantía del derecho a la seguridad alimentaria, que podía afectar a muchos otros derechos. Siria formuló una recomendación.
68. México celebró el hecho de que los tratados internacionales de derechos humanos gozaran de rango constitucional en Bolivia. México solicitó información sobre los avances logrados en la formulación de políticas públicas sobre la tortura, en particular la tipificación de esta práctica como delito y el establecimiento del mecanismo nacional para prevenirla. También preguntó qué medidas se habían previsto para aplicar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. México formuló recomendaciones.
69. Colombia valoró positivamente el informe nacional, en el que Bolivia reafirmaba su determinación de luchar contra todas las formas de discriminación. Reconoció asimismo los esfuerzos positivos realizados en materia de promoción y protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Colombia formuló recomendaciones.
70. Chile se refirió a las medidas y políticas adoptadas por Bolivia para mejorar la protección y la promoción de los derechos humanos. Chile celebró asimismo el anuncio de que Bolivia había cursado una invitación permanente a los mecanismos de los procedimientos especiales para que visitaran el país. Chile formuló recomendaciones.
71. Italia hizo notar con preocupación las condiciones de detención. Valoró positivamente el debate democrático sobre la aplicación de un nuevo orden institucional tras la aprobación de la nueva Constitución. Al respecto, Italia tomó nota asimismo de las diferentes inquietudes expresadas con respecto al poder judicial. Italia formuló recomendaciones.
72. Refiriéndose a la intervención de Bolivia, Suecia preguntó qué medidas se habían adoptado para enjuiciar a los autores de abusos y evitar que las violaciones de los derechos humanos quedaran impunes. Si bien tomó nota de la evolución positiva observada en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como era el apoyo a las mujeres embarazadas, Suecia preguntó qué medidas se estaban adoptando para que todas las mujeres pudieran disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos. Suecia formuló recomendaciones.
73. Los Países Bajos celebraron la colaboración de Bolivia con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otras cosas por conducto de su oficina en el país, así como su decisión de cursar una invitación permanente a todos los procedimientos especiales. Expresaron preocupación por la elevada prevalencia de la violencia contra las mujeres en Bolivia. Los Países Bajos formularon recomendaciones.
74. Dinamarca encomió la ambición que tenía Bolivia de mejorar la protección de los derechos humanos, pero observó que en la práctica persistían graves obstáculos. Expresó preocupación por la falta de acceso efectivo al sistema de justicia y preguntó qué medidas se habían tomado para subsanar esa deficiencia. Dinamarca formuló recomendaciones.
75. La República de Corea felicitó a Bolivia por la aprobación de la nueva Constitución. Preguntó qué medidas se habían previsto para armonizar la legislación y las prácticas con la Constitución, así como para sensibilizar a la población boliviana acerca del espíritu en que se inspiraba dicho instrumento. La República de Corea hizo recomendaciones.
76. Suiza se refirió a la "justicia indígena originario-campesina" y a la eficacia del sistema de justicia ordinaria. Citó asimismo informes en que se criticaba el funcionamiento de los órganos judiciales. Además, observó que los derechos de la mujer se veían cada vez más afectados por el aumento de la inseguridad y de la violencia. Suiza felicitó a Bolivia por la invitación permanente que había cursado a los procedimientos especiales. Suiza formuló recomendaciones.
77. Polonia valoró positivamente la aprobación de la nueva Constitución, en la que se reconocía a los niños y los adolescentes como titulares de derechos y alentó a Bolivia a que reforzara el marco jurídico general para la protección del menor. Asimismo, se refirió a las preocupaciones expresadas por el Comité de los Derechos del Niño con respecto a la trata y la explotación de niños y adolescentes y preguntó qué medidas había previsto Bolivia para hacer frente a esos problemas. Polonia formuló recomendaciones.
78. El Iraq celebró los esfuerzos desplegados por Bolivia para preparar su informe nacional, que reflejaba su adhesión a los derechos humanos. El Iraq hizo preguntas sobre los mecanismos judiciales que ayudaban a las mujeres a proteger sus derechos en la sociedad boliviana y sobre el papel que cumplían las organizaciones de la sociedad civil en la protección de esos derechos.
79. Angola felicitó a Bolivia por los esfuerzos realizados para promover los derechos económicos, sociales y culturales, así como por la legislación sobre la libertad de prensa, en la que se tenían en cuenta los límites establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, tomó nota de los esfuerzos realizados por Bolivia para promover la convivencia pacífica de las personas y el respeto de la diversidad. Angola formuló una recomendación.
80. El Paraguay preguntó cuáles eran los principales obstáculos con que se tropezaba para consolidar los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular con respecto a los derechos a la educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación y a los servicios de salud. El Paraguay celebró los progresos realizados en la aplicación de políticas sociales y felicitó a Bolivia por haber cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales.
81. China celebró la presentación del informe nacional y la aprobación de una nueva Constitución y del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. China hizo preguntas sobre los progresos realizados y los obstáculos que enfrentaba Bolivia en la ejecución del plan nacional de lucha contra la pobreza.
82. Guatemala se refirió a las importantes disposiciones adoptadas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, observó que el problema de la discriminación y el racismo persistía y preguntó en qué etapa se encontraba la elaboración del proyecto de ley para la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Preguntó asimismo cuál era el contenido del proyecto de plan nacional del niño, de la niña y del adolescente y en qué fecha estaba prevista su aprobación. Guatemala formuló una recomendación.
83. El Ecuador se refirió al reconocimiento de la diversidad cultural. Si bien observó que persistían problemas en relación con el marco jurídico de protección de la infancia y con la justicia juvenil, celebró la aprobación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Asimismo encomió los esfuerzos financieros realizados para ejecutar diversos programas sociales y la invitación permanente cursada a los procedimientos especiales.
84. Letonia tomó nota de que Bolivia había ratificado la mayor parte de los tratados internacionales de derechos humanos y de que, en general, mantenía un buen nivel de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y con el ACNUDH. Celebró el anuncio de que Bolivia cursaría una invitación permanente a todos los procedimientos especiales del Consejo.
85. Costa Rica observó que los cambios introducidos por la nueva Constitución constituían pasos importantes hacia una sociedad más democrática y participativa con un mayor reconocimiento de los derechos humanos. Refiriéndose a los informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, expresó preocupación por las manifestaciones de violencia contra la mujer, que podían llegar hasta el femicidio. Costa Rica formuló recomendaciones.
86. Malasia reconoció el liderazgo y el compromiso de Bolivia, así como la amplia gama de reformas que había emprendido para mejorar el disfrute de los derechos humanos por su población. Indicó que eran alentadores los resultados positivos logrados a ese respecto. Malasia formuló recomendaciones.
87. La Argentina destacó la aprobación de la nueva Constitución, que consagraba una amplia gama de derechos humanos. También se refirió a la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como ley nacional y a su incorporación en la Constitución. La Argentina formuló recomendaciones.
88. Bangladesh tomó nota de que la Constitución establecía la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria y secundaria. Aplaudió la ejecución de programas que habían reducido las tasas de mortalidad materna y de malnutrición infantil. Bangladesh formuló recomendaciones.
89. Nigeria reconoció los esfuerzos realizados por Bolivia y su adhesión a la promoción y protección de los derechos humanos. También elogió a Bolivia por haber invitado al ACNUDH a abrir una oficina en el país. Observó que Bolivia había sido el primer país en incorporar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su legislación nacional. Nigeria formuló recomendaciones.
90. El Líbano celebró la aprobación de la nueva Constitución, así como el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Tomó nota asimismo con satisfacción de los esfuerzos que realizaba Bolivia para garantizar la libertad de expresión y el goce de los derechos culturales por los pueblos indígenas. El Líbano formuló recomendaciones.
91. Palestina tomó nota de la determinación demostrada por Bolivia al aprobar una nueva Constitución que consagraba los derechos humanos. Palestina se refirió a las estrategias y políticas de promoción de los derechos humanos, como el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Palestina formuló una recomendación.
92. En respuesta a las nuevas preguntas, Bolivia aclaró que había implementado una política pública de transparencia en la administración. Todos los ciudadanos tenían acceso a información pública en el marco de una política de ética, transparencia y control social.
Bolivia había sido uno de los primeros países en proceder voluntariamente a vigilar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bolivia lamentaba que el poder judicial no hubiera prestado ayuda en la lucha contra la corrupción, pues había todavía algunas personas acusadas de corrupción que, tras eludir la justicia, se habían declarado víctimas de persecución política y se encontraban en países que todavía les brindaban protección. Esto se debía fundamentalmente a la inacción del poder judicial.
93. Bolivia se refirió también a los esfuerzos que había realizado para garantizar a todos, especialmente a los pueblos indígenas originario-campesinos, el acceso al seguro universal de enfermedad. Se estaba adoptando de manera participativa una nueva modalidad de atención médica y nuevas políticas que tenían en cuenta el carácter multiétnico de la población y respetaban la medicina tradicional. Se promovía asimismo la movilización social como mecanismo de control de la transparencia del uso de los recursos públicos. Además, Bolivia contaba con el inestimable apoyo de Cuba y sus profesionales médicos. Bolivia había distribuido 719 ambulancias en las zonas rurales, estaba creando una empresa nacional para producir medicamentos genéricos y había fortalecido la lucha contra el contrabando de fármacos adulterados.
94. De conformidad con la Constitución, la educación, incluida la enseñanza universitaria, era gratuita en Bolivia. El año anterior se había logrado la erradicación del analfabetismo y a la sazón se estaba ejecutando la segunda fase de la campaña de alfabetización en torno al lema "Yo sí puedo seguir", con el apoyo de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias al bono "Juancito Pinto" había disminuido la tasa de deserción escolar. Además, Bolivia había elaborado un programa de profesionalización de maestros y se había incrementado el salario de éstos. Se había mejorado la infraestructura, para beneficio de más de 600.000 niños y jóvenes. Se habían establecido tres universidades indígenas productivas interculturales: una en Warisata, en la región aymara; otra en que se impartía instrucción en quechua, en Cochabamba; y una tercera en que se impartía instrucción en guaraní, en la región de Macharetí, Chuquisaca.
95. Bolivia luchaba contra la pobreza, principal causa de las violaciones de los derechos humanos y ejercía su derecho a la libre determinación, motivo por el cual promovía la pluralidad de su Estado.
96. Bolivia destacó la importancia de la protección de la madre Tierra, el medio ambiente y la biodiversidad. Bolivia había convocado la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebraría en Cochabamba en abril de 2010, a la cual todos estaban invitados.
97. En sus observaciones finales, Bolivia indicó que había tomado nota de todos los comentarios y había procurado responder a todas las preguntas. Las respuestas pendientes serían enviadas por escrito. Bolivia agradeció el apoyo demostrado mediante la participación constructiva de los Estados y las intervenciones críticas, pues era importante saber escuchar y dialogar.
98. Bolivia examinó las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y dio su apoyo a las que figuran a continuación:
1. Considerar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que todavía no es parte o de adherirse a ellos (Nigeria); ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Suiza); considerar la posibilidad de ratificar, a la mayor brevedad posible, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Argentina);
2. Seguir ejerciendo su derecho a la libre determinación e independencia y avanzar en su empeño soberano para adaptar su sistema judicial en función de las necesidades de su pueblo, como se viene haciendo (Cuba);
3. Reforzar el marco jurídico y el mecanismo para la promoción y la protección de los derechos humanos de su población (República Democrática Popular Lao);
4. Promover la aprobación, con carácter prioritario, del proyecto de ley para la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación y considerar favorablemente la posibilidad de tipificar la discriminación racial como delito, en consonancia con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otros mecanismos internacionales (México); incluir la tipificación como delito de todas las formas de discriminación racial en el proyecto de ley para la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación, que previsiblemente aprobará la Asamblea Legislativa, tal como lo han recomendado el Relator Especial sobre los pueblos indígenas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el equipo de las Naciones Unidas en el país, si todavía no se ha hecho (Guatemala);
5. Fortalecer los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer para que la perspectiva de género figure de manera transversal como una cuestión prioritaria en las políticas y programas sectoriales (México);
6. Adoptar, a la mayor brevedad posible, una ley integral contra la trata de seres humanos y adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir ese flagelo (Argentina); y concluir la elaboración de una estrategia nacional para luchar contra la trata de personas y su traslado ilícito (Belarús);
7. Promulgar, a la mayor brevedad posible, la nueva ley integral sobre la venta de niños, la explotación sexual y la trata, y adoptar medidas concretas e inmediatas para fortalecer el Consejo Nacional contra el Tráfico y la Trata de Personas (Polonia);
8. Seguir aplicando políticas destinadas a defender el interés superior de los niños y los adolescentes y considerar la posibilidad de establecer una defensoría de la niñez en ese contexto (Bangladesh); establecer una defensoría de la niñez (Polonia);
9. Considerar la posibilidad de alcanzar los objetivos en materia de derechos humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 9/12 (Brasil)1;
1 The recommendation as read during the dialogue: to consider the achievement of the human rights goals approved by the Council (Brazil).
10. Intensificar los esfuerzos encaminados a garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales (Palestina);
11. Profundizar sus políticas y programas en curso para consolidar la construcción de una Bolivia plurinacional con igualdad y justicia social para todos (Cuba);
12. Iniciar políticas sectoriales que tengan en cuenta las necesidades de determinados grupos vulnerables (Argelia);
13. Adoptar medidas eficaces y proporcionar recursos para elaborar normas y políticas con el fin de atender las necesidades de los grupos más vulnerables en diversas esferas, en particular la educación, la salud y la vivienda (República Islámica del Irán);
14. Prestar atención especial a la protección y promoción de los derechos de la mujer y el niño en los procesos de elaboración y aplicación de la política nacional (Belarús);
15. Reforzar la política de promoción de los derechos del niño y la aplicación de las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, de conformidad con la resolución 11/7 del Consejo de Derechos Humanos y la resolución 64/142 de la Asamblea General (Brasil)2;
2 The recommendation as read during the dialogue: to reinforce the policy of promoting children's rights and the implementation of the Guidelines for the Alternative Care of Children (Brazil).
16. Adoptar sin demora, aplicar y supervisar las políticas y los programas destinados a luchar contra la venta, la explotación sexual y la trata de niños (Eslovaquia);
17. Definir claramente el camino a seguir para la pronta aplicación del marco legislativo y regulatorio de la nueva Constitución a fin de realizar progresos en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales y alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la reducción de lapobreza (República Árabe Siria);
18. Seguir cooperando con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para fortalecer los derechos humanos en Bolivia (República Democrática Popular Lao);
19. Cursar una invitación permanente a todos los procedimientos especiales (Brasil); acceder, lo antes posible, a todas las solicitudes cursadas por los procedimientos especiales y pendientes de respuesta para visitar Bolivia (República de Corea); responder positivamente, lo antes posible, a las solicitudes de visita pendientes de respuesta cursadas por los titulares de mandatos de los procedimientos especiales (Francia);
20. Intensificar la lucha contra la discriminación y la violencia hacia la mujer (Brasil); abrogar sin tardanza todos los instrumentos legislativos que discriminen a la mujer, incluidas las disposiciones discriminatorias de la legislación penal y civil (Países Bajos);
21. Continuar los esfuerzos para eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas (Azerbaiyán);
22. Continuar la labor de eliminación de la discriminación contra las mujeres y los niños de los pueblos indígenas (Kirguistán);
23. Continuar avanzando en la implementación de programas y medidas en la lucha contra todas las formas de discriminación (Colombia);
24. Seguir promoviendo la igualdad de oportunidades y luchar contra la pobreza (Angola);
25. Proseguir los esfuerzos encaminados a garantizar la igualdad de oportunidades para las niñas y las mujeres en materia de educación, acceso al empleo, vivienda y condiciones laborales (Egipto);
26. Incluir la orientación sexual y la identidad de género en todas las leyes e iniciativas de lucha contra la discriminación y de promoción de la igualdad y desarrollar programas para educar y sensibilizar al público, incluidas las autoridades policiales, militares, judiciales, penitenciarias y de otra índole (Países Bajos);
27. Modificar la legislación interna para incluir el concepto de tortura, de conformidad con los compromisos internacionales contraídos por el país (Argentina);
28. Mejorar las condiciones de detención en general y en particular las de las mujeres y los niños (Italia); adoptar medidas concretas para prevenir el hacinamiento en las prisiones y mejorar la posibilidad de recibir educación y formación en ellas a fin de reintegrar a los reclusos en la sociedad (Turquía); redoblar los esfuerzos para mejorar la situación en los centros de detención y las prisiones, teniendo especial cuidado de separar a los condenados menores de los reclusos adultos (Eslovaquia);
29. Velar por que todos los niños que viven en prisión reciban atención y protección especial, incluidos los servicios de nutrición, salud y educación necesarios para su desarrollo adecuado (Austria);
30. Intensificar los esfuerzos para proteger a los niños y a las mujeres de todas las formas de abuso, en particular la trata y la violencia doméstica (Eslovenia);
31. Adoptar medidas específicas para combatir la violencia doméstica contra las mujeres y los niños (Francia); adoptar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia de género, incluida la tipificación del femicidio como delito y su adecuada penalización (Países Bajos); adoptar nuevas medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres (Azerbaiyán);
32. Crear un registro unificado de datos sobre violencia contra las mujeres, así como una normativa para los casos de femicidio, y promulgar la Ley marco Nº 810 sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país (España); establecer un registro unificado de los casos de violencia contra la mujer e intensificar esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres (Noruega);
33. Incorporar en los nuevos planes la necesidad de registrar de manera unificada la violencia contra la mujer y redoblar los esfuerzos para luchar contra ese flagelo y la impunidad de quienes cometen esos actos, y en particular considerar la posibilidad de tipificar el femicidio como delito (Costa Rica);
34. Continuar fortaleciendo las medidas para eliminar todas las formas de servidumbre y de trabajo forzoso, entre otras cosas solicitando cooperación y asistencia internacionales, así como los programas sociales destinados a reducir la vulnerabilidad de las víctimas de ese flagelo (México); intensificar los esfuerzos para eliminar la servidumbre y el trabajo forzoso que persisten en algunas partes del país (Azerbaiyán);
35. Estudiar la posibilidad de solicitar asistencia técnica para los programas de reintegración de los niños explotados y para la justicia de menores (Malasia);
36. Adoptar medidas concretas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda violencia contra ellos, erradicar el trabajo infantil, luchar contra la explotación de los niños, niñas y adolescentes y prohibir todas las formas de castigo corporal (Costa Rica);
37. Reforzar las medidas para la abolición de la servidumbre y del trabajo forzoso en el país, con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo, y buscar asistencia técnica para los programas de reintegración de los niños explotados, para la justicia juvenil y para el seguimiento del estudio sobre violencia contra los niños (España); intensificar los esfuerzos para combatir todas las formas de servidumbre (Argelia);
38. Seguir aplicando programas para la protección de los niños y niñas, en particular para eliminar el trabajo infantil (Chile); adoptar medidas eficaces para proteger a los niños contra las formas de trabajo que constituyen explotación y el trabajo en zonas peligrosas (Alemania); adoptar y aplicar con carácter de urgencia medidas para hacer frente al trabajo infantil, en particular cuando constituye explotación (Eslovaquia);
39. Acelerar las reformas judiciales a fin de garantizar la independencia e imparcialidad del sistema y crear un entorno libre de corrupción (Eslovaquia); continuar las reformas destinadas a mejorar el sistema judicial (Turquía); velar por que en el sistema judicial se respete el principio de su independencia del poder ejecutivo, así como la primacía del derecho (Eslovenia); garantizar la absoluta independencia del sistema judicial, de conformidad con las normas internacionales pertinentes (Francia);
40. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la independencia del poder judicial del ejecutivo a fin de promover la primacía del derecho y garantizar el adecuado funcionamiento del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema (Italia); no demorar más el nombramiento de los miembros de los órganos judiciales supremos y garantizar la imparcialidad de esas personas (Dinamarca); poner fina a la parálisis del Tribunal Constitucional nombrando nuevos magistrados (Alemania); velar por que en el proyecto de la ley electoral prevista en la nueva Constitución y en el proceso de nombramiento se garantice la independencia del poder judicial (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
41. Considerar la posibilidad de adoptar medidas cuyo alcance vaya más allá de los quince centros integrados de justicia mencionados en el informe nacional (Dinamarca);
42. Adoptar medidas para que el Tribunal Constitucional, previsto en la Constitución, entre en funcionamiento lo antes posible (Argelia); promover la independencia del poder judicial y fortalecer el estado de derecho velando por que instituciones clave como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia funcionen de forma libre, justa y transparente y cumplan una función de control eficaz e independiente de los poderes ejecutivo y legislativo (Estados Unidos de América);
43. Velar por que las personas nombradas para integrar la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional tengan probada competencia técnica y sean independientes de toda influencia externa (Noruega); determinar las formas en que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional pueden desempeñar sus funciones, especialmente mediante el nombramiento de magistrados de demostrada competencia técnica, honradez e independencia de toda influencia externa (Países Bajos); aprobar legislación, llenar las vacantes y asignar los recursos suficientes para asegurar la independencia y eficacia de instituciones como el poder judicial, que desempeñan un papel de primer orden en la protección y el respeto de los derechos humanos (Canadá);
44. Tomar con prontitud medidas eficaces para que las autoridades judiciales sean elegidas por sufragio directo universal, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, representados en muchos casos por las clases elitistas a causa de la gestión incorrecta de los gobiernos anteriores, lo que ha dado lugar a la impunidad y a demoras en la justicia (Nicaragua);
45. Proseguir en los esfuerzos para aplicar las disposiciones de la nueva Constitución a fin de que los pueblos indígenas ejerzan plenamente sus derechos (Eslovenia); velar por que el funcionamiento de los sistemas indígenas de justicia sea conforme con las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las establecidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Canadá);
46. Adoptar las medidas necesarias para que el sistema de justicia indígena tradicional se ajuste a las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia (Países Bajos); velar por que la separación entre los tribunales ordinarios y los indígenas no cree tensiones entre las diferentes comunidades, sino que más bien promueva la inclusión y la estabilidad social, procurando, entre otras cosas, ajustar plenamente las diferentes jurisdicciones a la nueva Constitución (Austria); velar por que en todas las resoluciones y sentencias dictadas por los tribunales indígenas se respeten las disposiciones internacionales y, a ese respecto, establecer un sistema de apelación y un sistema independiente de vigilancia (Suiza);
47. Adoptar las medidas necesarias para que el sistema de justicia ordinaria sea eficaz e independiente de toda presión política, y prestar especial atención al problema de la violencia contra las mujeres (Suiza);
48. Debatir a fondo en la Asamblea Legislativa Plurinacional la cuestión del derecho de toda persona a apelar en los casos tratados por los tribunales comunitarios, antes de la aprobación de la Ley de deslinde jurisdiccional, y en ese contexto examinar con especial detenimiento la contradicción entre el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal y el párrafo I del artículo 192 de la nueva Constitución (Finlandia);
49. Adoptar medidas para reducir la frecuencia de la detención preventiva, ofrecer un mayor número de alternativas al encarcelamiento e idear políticas que protejan el interés superior de los niños que tengan a un progenitor detenido (Austria);
50.Adoptar las medidas necesarias para evitar los casos de linchamiento, en particular mediante el reforzamiento de la policía y de la justicia (Chile);
51. Adoptar nuevas medidas para enjuiciar a todos los autores de abusos a fin de poner fin a la impunidad de los responsables de violaciones de los derechos humanos (Suecia); agilizar la investigación imparcial de los incidentes de violencia ocurridos en Santa Cruz y Pando con miras a encontrar a los responsables y someterlos a un juicio imparcial ante un tribunal independiente (Austria); llevar a cabo una investigación judicial minuciosa e imparcial de los actos de violencia acaecidos en Pando (Reino Unido);
52. Investigar detenidamente las denuncias presentadas por periodistas y promover las buenas relaciones con los medios de comunicación y entre éstos (Noruega); adoptar medidas para proteger a los periodistas contra los actos de violencia e intimidación (Alemania);
53. Aplicar sanciones penales más eficaces contra la corrupción de los funcionarios públicos (Estados Unidos de América);
54. Considerar la posibilidad de emprender nuevas iniciativas de formación en materia de derechos humanos para los agentes de las fuerzas del orden, los jueces y los policías (Egipto);
55. Garantizar plenamente la libertad de expresión, velando por que la regulación respecto de los medios de comunicación se haga en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos (Chile); apoyar y defender con firmeza el principio universal de la libertad de expresión, reconociendo que esta libertad es esencial para el pleno funcionamiento de una democracia (Estados Unidos de América); contribuir a crear un ambiente propicio a la independencia y la diversidad de los medios de comunicación, entre otras cosas alentando a todos los interesados, incluidos los titulares de cargos públicos y los actores de la política, a condenar toda tentativa de intimidación de los medios, investigando minuciosamente todas las denuncias de acoso a los medios y procesando a los responsables (Canadá)3;
(3) The recommendation as read during the dialogue: to contribute to an atmosphere supportive of independent and diverse media, including by encouraging all public office-holders and political actors to refrain from attempts to intimidate the media (Canada).
56. Desarrollar la nueva legislación relativa a los medios de comunicación sobre la base de amplias consultas con todos los interesados y velar por el pleno respeto de las normas internacionales de derechos humanos (Eslovenia);
57. Aprobar, lo antes posible, el proyecto de ley contra el acoso y la violencia política por razón de género (Reino Unido);
58. Seguir promoviendo la democratización de los medios de comunicación mediante el fomento del bilingüismo y el uso de esos medios en las zonas rurales (Líbano);
59. Estudiar la posibilidad de formular una política nacional en materia de empleo a corto, mediano y largo plazo (Malasia);
60. Seguir aplicando la política macroeconómica y estructural con el fin de garantizar el disfrute de los derechos humanos y unas condiciones de vida dignas para toda la población de Bolivia (Federación de Rusia);
61. Seguir proporcionando asistencia técnica y financiera para el desarrollo de la producción agrícola en el contexto del ejercicio del derecho a una alimentación adecuada, en particular prestando apoyo a las empresas pequeñas y medianas (Federación de Rusia);
62. Seguir luchando contra la pobreza con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional (Bangladesh); intensificar los programas de lucha contra la pobreza con la asistencia de la comunidad internacional, según sea necesario (Argelia); reforzar las medidas de reducción de la pobreza (Azerbaiyán); continuar los esfuerzos para eliminar la pobreza (Kirguistán);
63. Intensificar los esfuerzos para eliminar la extrema pobreza mediante la modificación de las políticas macroeconómicas y estructurales (República Islámica del Irán);
64. Dar a conocer la experiencia adquirida en la ejecución del programa "Desnutrición cero" y del programa del "bono Juana Azurduy", con los cuales se han reducido las tasas de mortalidad materna y malnutrición infantil (Bangladesh);
65. Continuar los esfuerzos destinados a redistribuir la riqueza nacional de manera más amplia y más justa (Argelia); adoptar las medidas necesarias para que los programas sociales lleguen hasta los grupos más vulnerables de la sociedad (Panamá);
66. Mantener la intensa cooperación con las organizaciones internacionales para la prestación de asistencia técnica en apoyo de las personas con discapacidad (Kirguistán);
67. Continuar aplicando programas para la protección de los derechos de la mujer, en especial la mujer embarazada, con el objeto de reducir de manera significativa las tasas de mortalidad maternoinfantil y la malnutrición (Chile); seguir aplicando medidas para reducir la mortalidad materna (Turquía);
68. Continuar las reformas para mejorar el nivel y la calidad de la protección social, la educación y la salud (Belarús);
69. Emprender nuevos esfuerzos para que todas las mujeres disfruten del derecho a la salud sexual y reproductiva y para ampliar el acceso a los servicios de salud, particularmente en las zonas rurales, a fin de reducir la incidencia de la mortalidad materna, especialmente entre las mujeres jóvenes, las indígenas y las de las zonas rurales (Suecia); seguir impulsando la implementación del proyecto piloto de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino (Colombia);
70. Continuar los esfuerzos para incrementar de manera sostenida la cobertura y los beneficios del "bono Juana Azurduy" con miras a disminuir los niveles de mortalidad maternoinfantil y la malnutrición crónica de los niños menores de 2 años (Colombia);
71. Estudiar las posibilidades de intensificar la cooperación a nivel regional e internacional con las partes interesadas con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo relativo a la erradicación de la pobreza, la nutrición, el agua y el saneamiento, y la sostenibilidad del medio ambiente (Malasia); solicitar asistencia para el desarrollo a los asociados en el desarrollo y a los organismos especializados de las Naciones Unidas a fin de encontrar soluciones para los problemas que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nigeria); seguir desplegando esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular asegurando la enseñanza primaria universal y luchando contra el analfabetismo, lo cual garantizaría a la población el ejercicio de sus derechos sociales y económicos (Líbano);
72. Elaborar una estrategia nacional para incorporar la educación sobre los derechos humanos en el sistema escolar, de conformidad con el Plan de Acción del Programa Mundial para la educación en derechos humanos, con la plena participación de todos los interesados (Italia);
73. Consolidar los avances logrados en el marco de los programas de alfabetización (Argelia);
74. Continuar reforzando los derechos de los pueblos indígenas, dando prioridad a la aprobación de una ley para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y tipificándolas como delito (República Bolivariana de Venezuela); intensificar las medidas encaminadas a garantizar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a nivel comunitario (Noruega);
75. Continuar los esfuerzos para garantizar una vida digna a los miembros de las comunidades indígenas (Pakistán);
76. Seguir consolidando los derechos de los pueblos indígenas tanto en la práctica como en el ordenamiento jurídico, garantizando así su participación y consulta (República Bolivariana de Venezuela);
77. Seguir adoptando medidas eficaces para subsanar la precaria situación de los pueblos indígenas guaraníes (Alemania);
78. Considerar la posibilidad de intensificar los esfuerzos para eliminar la discriminación de los migrantes (Egipto).
99. Bolivia considera que las recomendaciones Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, enunciadas en el párrafo 98, ya se han aplicado o se están aplicando.
100. Bolivia no dio su apoyo a las recomendaciones que figuran a continuación:
Seguir apoyando las iniciativas de los medios de comunicación en materia de autorregulación, en particular el recién creado Tribunal de Ética para la prensa escrita (Reino Unido).
El país formuló las observaciones siguientes:
El Gobierno de Bolivia reconoce, tanto en el derecho como en la práctica, el derecho a la libertad de expresión, opinión e información. Además, apoya la creación de organizaciones y la autorregulación de los empleados de los medios de comunicación, que son participativos e inclusivos. Sin embargo, no puede aceptar la creación de un tribunal de ética si éste está integrado únicamente por empresarios y no incluye a todos los empleados de los medios. Por ese motivo, Bolivia se ve obligada a rechazar esa recomendación. En consecuencia, Bolivia seguirá apoyando todas las iniciativas favorables a la construcción de una sociedad democrática e inclusiva.
101. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la posición del Estado o de los Estados que las presentaron y/o del Estado examinado. No debe interpretarse que han recibido el respaldo del Grupo de Trabajo en su conjunto.
102. Además de otros compromisos ya asumidos y enunciados en la sección A supra, Bolivia anunció los siguientes compromisos voluntarios a corto plazo:
Presentar los informes retrasados a los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados;
Velar por que el Consejo Nacional de Derechos Humanos elabore un plan de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidas las resultantes del examen periódico universal;
Renovar el mandato del ACNUDH en Bolivia;
Alentar la pronta aprobación de la Ley de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación racial;
Alentar la pronta aprobación de la Ley de lucha contra la corrupción, la malversación y el enriquecimiento ilícito;
Elegir un nuevo Defensor del Pueblo;
Reformar, de conformidad con la Constitución, las instituciones del poder judicial;
Seguir ejecutando el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos;
Facilitar el acceso a la documentación relativa a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras;
Proseguir los esfuerzos para lograr la extradición de las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.
The delegation of the Plurinational State of Bolivia was headed by Ms. Nardy Suxo,
Minister of Institutional Transparency and the Fight Against Corruption, and was composed
of eight members:
Ms. Nilda Copa, Minister of Justice;
Mr. Nelson Cox, General Director of the Vice-Ministry of Justice and Fundamental Rights;
Ms. Ximena Fajardo, responsible for human rights in the Vice-Ministry of Justice and Fundamental Rights;
Ms. Yolanda Vidal, responsible for human rights in the Ministry for Foreign Affairs;
Ms. Angelica Navarro, Ambassador, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations in Geneva, Switzerland;
Ms. Maysa Urena, Minister Counsellor, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations in Geneva, Switzerland;
Mr. Fernando Rosales, First Secretary, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations in Geneva, Switzerland.
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References: resolución 
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