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Timestamp: 2020-08-03 12:59:11+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 106, de 11/06/2020
cve: DSCD-14-CO-106
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 106
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Ratificación del acuerdo de la Mesa de 9 de junio de 2020, sobre la solicitud de comparecencia de la señora directora de la Agencia Española de Protección de Datos (España Martí), a efectos del artículo 44 del Reglamento:
- Para informar sobre la actividad de la Agencia durante la crisis sanitaria del COVID-19 hasta la fecha y, en particular, su intervención en fase de informes, autorización, puesta en funcionamiento y seguimiento de aplicaciones creadas por el Gobieno desde la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas o de las anunciadas iniciativas de monitorización de las redes sociales por el Ministro del Interior. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000081) ... (Página2)
Comparecencia de la señora directora de la Agencia Española de Protección de Datos (España Martí):
- Para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2019. A petición propia. (Número de expediente 212/000103) ... (Página2)
- Para informar sobre las memorias de la Agencia Española de Protección de Datos correspondientes a los años 2017 y 2018. A petición propia. (Número de expediente 212/000119) ... (Página2)
- PARA INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 HASTA LA FECHA Y, EN PARTICULAR, SU INTERVENCIÓN EN FASE DE INFORMES, AUTORIZACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE APLICACIONES CREADAS POR EL GOBIERNO DESDE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA Y SUS SUCESIVAS PRÓRROGAS O DE LAS ANUNCIADAS INICIATIVAS DE MONITORIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES POR EL MINISTRO DEL INTERIOR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000081).
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Como primer punto del orden del día, vamos a sustanciar la comparecencia de la directora de la Agencia de Protección de Datos, doña Mar España Martí, a quien ya desde ahora le doy la bienvenida. Lo ha solicitado el Grupo Popular, para informar sobre la actividad de la agencia durante la crisis del COVID-19, así como la propia directora, para informar de las memorias de la agencia, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.
Para incluir en el orden del día la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular, es necesario, como ustedes saben, conforme con el artículo 44 del Reglamento, que la comisión ratifique dicho acuerdo. Propongo que la ratificación sea por asentimiento de la Comisión.
¿Lo acuerdan?
- PARA INFORMAR SOBRE LA MEMORIA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/000103).
- PARA INFORMAR SOBRE LAS MEMORIAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017 Y 2018. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/000119).
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): A continuación, en los puntos segundo y tercero del orden del día, que se tramitan acumuladamente, relativos a la comparecencia de la directora de la Agencia de Protección de Datos, para informar sobre la actividad durante la crisis del COVID, así como para informar sobre las memorias de la agencia, correspondiente, como hemos dicho, a los años 2017, 2018 y 2019.
En primer lugar, intervendrá la compareciente. A continuación, lo harán cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, por un tiempo de siete minutos, como siempre, lo haremos de menor a mayor. Después tendrá un turno de contestación de la compareciente, donde hará las matizaciones y responderá a las cuestiones que ella entienda necesarias. Acto seguido, como también saben, se concederá un turno de réplica de tres minutos, que podrán utilizar o no. Cerrará el debate la compareciente.
Empezamos. Por lo tanto, tiene la palabra la directora de la Agencia de Protección de Datos.
La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (España Martí): Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, siento las horas. Voy a intentar abreviar en la medida de lo posible, porque son muchos temas los que se tienen que tratar en mi intervención.
Comparezco, como bien ha dicho la presidenta, para informar de la gestión de la agencia en los últimos tres años. Desde la agencia habíamos solicitado la comparecencia cada año, cuando presentamos
la memoria, pero con motivo, quizá, de las múltiples elecciones y la inestabilidad que ha habido, esa es la razón de que mi último dar cuenta de la gestión fue del año 2016, en una comparecencia que tuve en junio del 17, y también para explicar todas las actuaciones urgentes que hemos realizado desde la agencia, en relación con el COVID.
Con carácter previo, me gustaría expresar mi más sentido pésame a las 27 136 personas fallecidas por el COVID. Mi solidaridad con el sufrimiento de las personas que aún están hospitalizadas, y, por supuesto, el reconocimiento a todos los profesionales que están contribuyendo con lo mejor de sí en la lucha contra la pandemia.
Voy a comenzar por las actuaciones del COVID, y, en primer lugar, por los informes jurídicos, porque hemos realizado actuaciones en diferentes ámbitos.
Con carácter previo a la declaración del estado de alarma, y precisamente para poder facilitar el tratamiento de los datos de salud y la gestión por parte del Ministerio de Sanidad, de esta crisis de esta envergadura, llamé al secretario general de Sanidad y encargué de oficio un informe jurídico al gabinete en la agencia, para poder establecer y dar claridad sobre los criterios de legitimación, las bases jurídicas y los principios sobre los que se podían tratar los datos de salud.
En primer lugar, hay un mensaje clave. La declaración del estado de alarma no suspende el derecho fundamental a la protección de datos personales y la Normativa sigue plenamente vigente. Pero, como bien decía el informe, y como ha sido siempre la voluntad de la agencia, de ayudar, esta Normativa no puede ser un obstáculo para la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia. Ello ya es así porque el Reglamento General de Protección de Datos contiene salvaguardas y reglas que permiten legítimamente el tratamiento de datos en situaciones de emergencia sanitaria nacional. Aunque serán aplicables los principios básicos de protección de datos, como son licitud, lealtad, transparencia para los afectados, limitación de la finalidad y minimización de los datos tratados.
En este primer informe que se hizo de oficio el 12 de marzo y que está publicado en la página web de la agencia, hemos habilitado un microsite que está a disposición de sus señorías, en relación con el COVID. Aquí me he traído todos los informes jurídicos, por si cualquier grupo necesitara conocerlos, porque no todos están publicados en la página web de la agencia.
Hicimos dos informes fundamentales, el 17/20 y el 20/20. El 20/20 era en relación con una petición que nos hizo el Ministerio de Sanidad, el 18 de marzo, porque en ese momento querían poner en marcha un sistema de vigilancia y contención de la enfermedad, partiendo de la información obtenida de los ciudadanos, a partir de las llamadas de consulta por los síntomas al 112, con la intención de hacer un seguimiento epidemiológico de los test de detección a los domicilios, con personal contratado por el propio ministerio, para desplazarse a los domicilios, de manera que se hubiera podido detectar aquellos que hubieran podido ser positivos, en función de los síntomas manifestados y establecer la preceptiva cuarentena.
En estos dos informes dejamos claras las bases jurídicas que permiten el tratamiento de datos personales en el ámbito de la salud. Uno sería en el cumplimiento de obligaciones legales, como sucede en el ámbito laboral, para la prevención de riesgos laborales. Pero fundamentalmente aquí las bases jurídicas van a ser el cumplimiento de una misión de interés público, como es el caso del Ministerio de Sanidad, que ahora mismo sigue siendo la autoridad sanitaria en este ámbito; también la protección de los intereses vitales, no solo las de los afectados sino también de las terceras personas. Según el decreto que establece y regula el estado alarma, las autoridades competentes en este ámbito, en función de la materia, serán el ministro de Sanidad, el ministro de Interior y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los cuales -y esto es importante- serán los responsables del tratamiento de este tipo de datos. Con lo cual, serán quienes decidan qué datos se pueden tratar, cuáles son las finalidades de estos tratamientos y con qué medios se podrán llevar a cabo.
La intervención de otras entidades, tanto públicas como privadas en iniciativas que promuevan estas autoridades competentes, solo se podrán llevar a cabo con carácter general en la condición de encargados o de sus encargados del tratamiento, conforme a las instrucciones que estas autoridades le hayan dado, siempre para esas finalidades y con las garantías que se exijan en la encomienda, convenio, contrato o en el acto jurídico determinado.
En esos dos informes establecíamos que los ciudadanos podían ser geolocalizados por la comunidad autónoma competente, a través del teléfono móvil que hubieran facilitado de manera voluntaria, aquellos ciudadanos que hubieran dado positivo en el COVID, para que pudiera llevarse a cabo ese seguimiento de su cuarentena y esa información pudiera conocer las zonas con mayor índice de contagio.
Según el informe, la geolocalización debía limitarse simplemente al número de teléfono móvil, admitiendo que el Ministerio de Sanidad considera imprescindible facilitar algún otro dato a efectos del seguimiento de la enfermedad. Aunque no nos lo preguntaba el Ministerio de Sanidad, sí quisimos dejar claro que en observancia de las obligaciones que impusieran las autoridades sanitarias, estaría también legitimado el tratamiento de los datos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también las policías autonómicas y locales, pero solo respecto de los datos necesarios para el cumplimiento estricto de la finalidad de contener la pandemia, y siempre atendiendo a las directrices de estas autoridades, no por iniciativa propia.
Estos criterios tienen relevancia jurídica, ya que sientan las bases jurídicas de este tipo de tratamientos, pero no serían extrapolables a otras iniciativas para el tratamiento de otro tipo de datos personales por otras Administraciones públicas, o mucho menos por parte de iniciativas privadas.
Hicimos también otros informes, el 021/2020 y el 028/2020, de 20 de marzo y 2 de abril, en relación con el proyecto orden ministerial del Ministerio de Sanidad, por el que se encomendaba a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo urgente y la operación de una aplicación para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID.
Es decir, sé que hay interés por sus señorías respecto a las apps, tanto de autodiagnóstico como las de seguimiento -esta es la primera, la app de autodiagnóstico- para poderlo coordinar con los servicios de salud. En estos informes analizamos un proyecto de convenio entre la Secretaría General de Administración Digital, que es la encargada de tratamiento, y Telefónica Digital España, que desarrolló esa aplicación de manera gratuita, para poder generar la aplicación Asistencia COVID-2019. En este convenio se regulaba también la política de privacidad y las condiciones de uso de la aplicación.
En el informe reiteramos la relevancia del Ministerio de Sanidad como autoridad competente, y recomendábamos que la Administración. Es decir, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial pasara a ostentar la titularidad definitiva de la aplicación, y no la temporal, como estaba previsto. Señalábamos además que el análisis de riesgo y la evaluación de impacto en la protección de datos personales, la tenía que realizar la empresa que se había encargado de desarrollar la aplicación.
Respecto a la utilización de la aplicación por parte de los usuarios, señalábamos que el acceso a la misma y el suministro de la información es voluntario, por su parte. La edad mínima de los usuarios para permitir el uso autónomo de la aplicación es de 16 años, conforme con la Ley de Autonomía del Paciente, y justificamos y avalamos el tratamiento de esos datos, por motivos de interés público, ya que estábamos, estamos todavía en un caso de emergencia sanitaria. Si bien especificamos que los datos que se recogieran de los interesados debieran incorporarse a la historia clínica en los términos previstos en la Ley de Autonomía del Paciente.
En cuanto a los datos de geolocalización vía GPS del teléfono móvil, la política de privacidad señala que la aplicación solo se utilizará a efectos de verificar que el usuario se encuentra en la comunidad autónoma, para poder establecer medidas preventivas de evaluación y evitar y controlar la propagación de la pandemia.
Hicimos algunas sugerencias en relación con la política de privacidad, que fueron incorporadas por parte de la Secretaría de Estado.
Posteriormente, todos han solido ser informes urgentes que hemos tenido que emitir en 24 horas, para poder facilitar, precisamente, el funcionamiento que se nos demandaba por parte de la Administración pública solicitante.
Emitimos también los informes 30/2020 y 32/2020, de 6 y 7 de abril, sobre el convenio de la Secretaría General de Administración Digital con las comunidades autónomas, ya que por la información que tenemos se han suscrito convenios con cinco comunidades autónomas, poniéndonos a disposición esta app de autodiagnóstico, que facilitaban, por un lado, la articulación del acceso a las comunidades autónomas a esa aplicación y a los datos y la protección de los datos personales.
En esos informes especificamos que los datos se podían tratar por razón de interés público y que no era necesario el consentimiento de los interesados, una vez que se daban de alta en la aplicación.
El convenio aclaraba que en este caso las comunidades autónomas tenían la condición de responsables del tratamiento.
Había cláusulas también en relación con la geolocalización, siguiendo también las directrices que hemos dado a través del Comité Europeo de Protección de Datos, el convenio recoge el principio que la geolocalización debía ser siempre voluntaria para el interesado. Eso se recogía, y se recoge, en la política
de privacidad. El informe hacía referencia también a las preguntas que podían añadir las comunidades autónomas, para personalizar el test de autodiagnóstico que ya había definido la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, y matizaban que deben ser solo las necesarias para la consecución de los fines; es decir, las que ayuden al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad.
Como decía, estos informes están aquí -no se asusten, que no voy a contar toda la documentación que he traído, pero por si acaso algún grupo tenía interés- están a disposición de cualquiera de los grupos que así lo soliciten.
También hemos realizado actuaciones de investigación y hemos recibido reclamaciones. En este momento tenemos 14 actuaciones de investigación en marcha, y hemos recibido 86 reclamaciones por parte, fundamentalmente, de ciudadanos, en relación con la comunicación de datos en relación con estar o no afectado respecto al COVID, en relación con los empleados, en casos de infección en el ámbito laboral. También en un tema que ha salido en muchísimos medios, en relación con la toma de temperatura, que también luego comentaré, la agencia hizo un comunicado en el ámbito laboral.
Hemos recibido una reclamación presentada por el Sindicato de Vigilantes Alternativa Sindical, contra una empresa de seguridad, ya que participaban los agentes de seguridad en la toma de temperaturas en centros de trabajo y el sindicato entendía que no formaba parte de su función. Ahora mismo la reclamación se ha trasladado a la empresa responsable, para obtener información sobre la misma.
También hemos recibido una reclamación sobre la aplicación de videoconferencia Zoom. Todos nos hemos tenido que sumergir en el ámbito digital.
A lo largo de las últimas semanas hemos detectado la puesta en marcha de otras iniciativas de app de seguimiento de contactos, precisamente, para poder desatascar los servicios de salud y poder hacer más fácil el control de la pandemia.
Conocemos, también por los medios de comunicación, que se han iniciado proyectos por parte de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, como chatbots informativos, estudios de movilidad de las personas y las apps de seguimiento de contactos. Si bien, desde el punto de vista de la agencia todos estos elementos pueden ser útiles en la lucha contra la pandemia, es indudable que estos tratamientos conllevan o pueden conllevar graves intrusiones en la privacidad. Por un lado, por la tipología de los datos tratados, ya que son datos especialmente sensibles, como son los datos de salud, que pueden conllevar además a una estigmatización de las personas, donde pueden, además, haber falsos positivos, y por la premura que la propia urgencia de la situación sanitaria, económica y social que está atravesando nuestro país, pueda estar influyendo en los desarrollos.
Desde la agencia entendemos que todas estas soluciones deben ser transparentes hacia la ciudadanía, y que la verificación o la auditoría a estas iniciativas debe respetar la protección de los datos personales.
Sí quiero transmitir una petición. En relación con los tratamientos que se están llevando a cabo de manera masiva por las Administraciones públicas, hemos detectado dos tipos de actitudes. Unas donde se nos está consultando, prácticamente en cada paso que se está dando para el tratamiento masivo de los datos de salud. Quiero poner en valor la actitud del Ministerio de Sanidad, donde estamos teniendo una interlocución muy frecuente, y otras, donde lamentablemente nos estamos enterando en la agencia por los medios de comunicación, y hemos tenido que abrir actuaciones de investigación, para poder acceder a la información de qué datos se están tratando y poder garantizar la misión de la agencia, que es la garantía de este derecho fundamental por parte de los ciudadanos en nuestro país.
Insistir en que la misión de la agencia es ayudar, y que estamos a disposición, con toda la lealtad institucional, para todas las Administraciones públicas, especialmente ahora con las autoridades competentes, en función del real decreto que regula el estado de alarma. Que lo ideal, por dar seguridad, precisamente, a estas autoridades competentes, es poder contar con el criterio jurídico y tecnológico, porque estamos dando los criterios, también a través de la Unidad de Evaluación de Estudios Tecnológicos de la agencia, desde el diseño de una aplicación, porque va a ser mucho más útil y además muchísimo más rápido.
Como decía, los 14 expedientes de investigación, algunos se han hecho en el marco de consultas, que previo y voluntariamente la Administración acudió a la agencia, donde hemos estimado que era necesario ampliar la información, pero otras han sido al enterarnos por los medios de comunicación.
Voy a pasar a comentar brevemente el objeto de los expedientes de investigación. Si bien, como ahora mismo están en fase de instrucción, no puedo adelantar nada, porque mientras la investigación
administrativa esté en proceso, lógicamente, como ustedes saben, el carácter de la información es secreta.
En primer lugar, y por orden temporal, en relación con la app CoronaMadrid, que creo que ha tenido 240 000 usuarios en la Comunidad de Madrid, también llamada COVID-DATA. La propia Comunidad de Madrid también ha sido proactiva en solicitar la colaboración de la agencia. Nos plantearon una consulta previamente, a principios de abril. Para poder completar la información, iniciamos un expediente de investigación, requiriendo información a la comunidad sobre las finalidades y los tratamientos, las garantías, el cumplimiento de los principios y las garantías de protección de datos, y uno, un principio básico, el de la minimización. Le hemos solicitado también el contrato que han suscrito con Telefónica, porque Telefónica ha sido la misma entidad privada que ha desarrollado la app de la Comunidad de Madrid y la app del Ministerio de Sanidad.
En este momento, bueno, todas las investigaciones están abiertas, lo cual no prejuzga, por supuesto, que vayan a acabar en un procedimiento sancionador, simplemente puede ser, lo más normal es que se archiven, una vez que la agencia haya tenido acceso a toda la información, que hubiera sido deseable tener desde el principio.
En segundo lugar, la Generalitat Valenciana desarrolló también una web relacionada con esto y una app. En la web verificamos los servicios técnicos de la agencia, que el auto test no incluía ningún formulario de recogida de datos personales. Se emitió un requerimiento de información a la Generalitat, en relación con la app para móviles, para comprobar si se estaba recabando algún tipo de datos personales y verificar las garantías.
Esta app ya está operativa y en este momento se está valorando el informe de actuaciones previas de investigación por los servicios de la agencia.
La tercera actuación es la app de asistencia COVID-19, el chatbot y Data COVID de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como comentaba, esta aplicación además se está utilizando en cinco comunidades autónomas.
El chatbot es una herramienta capaz de atender a los usuarios de forma conversacional. El Data COVID -como habrán leído por los medios- es un análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística, que en principio se ha tratado con datos anonimizados, con lo cual, no se aplicaría la Normativa de protección de datos.
En el marco de las cuatro, cinco peticiones de informe urgentes que hemos recibido de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, pedimos requerimientos de información complementarios en relación con la app para móviles, el chatbot y el proyecto Data COVID, para comprobar, como en las anteriores, las finalidades de los tratamientos, las entidades intervinientes, que se cumplen las garantías, como puede ser el de limitación de la finalidad y la minimización de los datos, y para poder comprobar las garantías también en el estudio de movilidad Data COVID, de la anonimización y la agregación de los datos personales utilizados.
En el caso de la aplicación y el chatbot, se ha solicitado información detallada de los protocolos previstos de acceso por parte de las comunidades autónomas a los datos personales de los usuarios tanto en el caso de la app como en el caso del chatbot.
Se está analizando la documentación recibida, para realizar el informe de actuaciones de investigación. Al igual que en el caso de la Comunidad de Madrid, hemos solicitado también el contrato que tiene Telefónica con Google, para la utilización de la plataforma.
El cuarto expediente -y también nos enteramos por los medios- es el análisis de la movilidad en España, con tecnología big data, durante el estado de alarma, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es una herramienta para poder verificar la movilidad tanto a nivel nacional como autonómico, provincial y local. El análisis comparaba la movilidad diaria de la población, con una semana tipo, concretamente, la del 14 al 20 de febrero, para poder verificar los movimientos de la población.
Hicimos un requerimiento de información, para poder analizar qué orientaciones habían recibido por parte del Ministerio de Sanidad, que, como decía al principio de la intervención, es la autoridad competente para establecer el principio de idoneidad; es decir, de que ese tratamiento de datos se pueda realizar, cuáles eran las finalidades de los tratamientos, los flujos de datos. Hemos recibido la contestación el 8 de mayo, y se está elaborando ahora mismo el informe de actuaciones previas.
El quinto expediente es en relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas. El 7 de abril, el CIS solicitó informe a la agencia, en relación con la posible cesión por parte del Instituto Nacional de Estadística, ya que, lógicamente, por la pandemia no se podían realizar las encuestas presenciales, como es el método de trabajo habitual del CIS, y pretendían la cesión por parte del INE de los teléfonos fijos y móviles de la población, para poder sustituir las entrevistas presenciales por encuestas telefónicas. La consulta era muy escueta. Desde el gabinete jurídico se solicitó una ampliación de la consulta, sobre la base jurídica, la regulación de las encuestas telefónicas y otros aspectos, que hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Conocimos por los medios que en abril el CIS había realizado en el barómetro 3279, encuestas telefónicas, en lugar de entrevistas presenciales, y como no teníamos información, abrimos el expediente de investigación el 21 de abril, pidiendo información al CIS, para poder analizar la cesión de esos posibles datos por parte del INE, la base jurídica en virtud del cual se habían obtenido, las finalidades, y, como siempre, los principios y las garantías.
Hemos recibido los escritos de contestación del CIS. Estamos en la fase de actuaciones previas. Pero, por ejemplo, esta semana sí que hemos tenido, ya desde el minuto uno, nos han pedido colaboración, para poder tener la seguridad de que el tratamiento de datos que se va a realizar por parte del CIS, con ocasión de las encuestas para las elecciones del País Vasco y Galicia, se van a realizar teniendo en cuenta el asesoramiento de la agencia, lo cual me alegra.
El sexto expediente es en relación con Renfe y el anuncio que hizo de implantar el billete personalizado en todos los canales de venta, donde se iba a solicitar información a los viajeros, obligatoria, de los datos personales, el nombre, DNI, número de teléfono del móvil, para contactar como medida preventiva por motivos de salud.
Le hemos pedido lo habitual en estos expedientes de investigación, las instrucciones que habían recibido del Ministerio de Sanidad, las finalidades, los principios. Hemos recibido respuesta, y estamos también en la fase de elaboración de las actuaciones previas de investigación.
El séptimo es la web y la app que puso a disposición de los ciudadanos navarros, el Gobierno de Navarra, en la app denominada CoronaTest Navarra. La aplicación, como pudimos comprobar, solo pide permiso para acceder al almacenamiento y a las conexiones de red, pero no para acceder a la geolocalización. Una vez instalada, para poder realizar el test es necesario registrarse y aceptar las condiciones de uso.
No voy a detallar, por la hora, en las condiciones generales de la aplicación.
Hemos recibido respuesta el 17 de junio, y ahora mismo ya se ha finalizado el informe técnico. Estamos pendientes de finalizar las actuaciones previas de investigación.
El octavo es la app en relación con el Gobierno de Canarias. También llamé a la consejera de Turismo de Canarias, para ponerme a disposición y en lo que pudiéramos ayudar. O sea, nuestro objetivo es poder ayudar al restablecimiento de la economía nacional y a que sigamos siendo un país importador de turismo, y a poder ayudar en cualquier desarrollo tecnológico que hicieran. Tuvimos conocimiento por los medios que la comunidad iba a desarrollar una app. Iniciamos su investigación, porque en ese momento no teníamos ningún tipo de datos sobre el tema. Enviamos requerimiento a la citada consejería, pero nos han informado que no hay previsión de realizar dicha app, porque van a entrar en ese proyecto piloto que está trabajando la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Según hemos conocido por los medios, hemos tenido que ampliar también la investigación, porque parece que van a utilizar también una app de rastreo de contactos por Bluetooth, que va a utilizar la Organización Mundial del Turismo.
El noveno expediente es en relación con la noticia que tuvimos por los medios de comunicación de la Orden del Ministerio del Interior, 226/2020, del 15 de marzo, en lo que respecta al seguimiento de perfiles de los ciudadanos en las redes sociales, realizada desde la Secretaría de Estado de Seguridad, ya que pudiera ser -no está comprobado- que se trataran datos ideológicos de los ciudadanos. Pedimos información en relación con el tratamiento de datos de esos perfiles. Se ha solicitado información el 30 de abril, que ha sido contestada parcialmente el 14 de mayo. Se va a pedir una ampliación de la información, y está actualmente también en fase de análisis.
Otras dos investigaciones, que es en relación con empresas privadas, se han realizado, al tener conocimiento por los medios de que se estaba realizando la toma de temperatura, y ahora mismo están también en fase de investigación.
La siguiente es en relación con la app de rastreo de contactos por parte de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. En este caso, también nos enteramos, y siento ser un poquito insistente, pero los medios de comunicación, del proyecto de la app de contactos, y al estar utilizando datos de inteligencia
artificial y no tener información, pedimos información a través de investigación a la Secretaría de Estado. Nos han contestado el viernes pasado, diciendo que ahora mismo no nos pueden suministrar información, porque está todavía en fase de desarrollo. Estamos pendiente de que cuando tengan los datos nos lo puedan enviar, para poder dar esas garantías de que esas apps de seguimiento de contactos, que es algo importante y que preocupa a los ciudadanos y que preocupa al Comité Europeo de Protección de Datos, pueda realizarse con las garantías adecuadas.
El siguiente y penúltimo expediente de investigación es la app de rastreo de contactos por Bluetooth de la Generalitat Valenciana. También nos enteramos por los medios de comunicación. Al no tener información tuvimos que abrir el expediente de investigación. Se ha elaborado y notificado un requerimiento de información muy reciente en este mes de junio, y en este caso estamos todavía a la espera de la respuesta.
El último es en relación con una iniciativa privada, la web app CoronaStop. Tuvimos información por los medios, y al estar tratando entidades privadas tratamiento de datos de salud, pedimos una serie de información, y no sé si fue como consecuencia o no del requerimiento de información, lo que sí puedo comunicar a los diferentes grupos parlamentarios es que la app se cerró.
Quiero insistir en la importancia, primero, en la plena disposición de la agencia con todas las Administraciones públicas. Esto ha sido la prioridad de los funcionarios de la agencia, durante la pandemia; aunque hemos seguido tramitando con total normalidad las reclamaciones y bien siguiendo las directrices.
No están firmadas las resoluciones, pero la prioridad ha sido poder ayudar a las Administraciones públicas en el tratamiento de los datos de salud. En lo que quede de pandemia o en la nueva normalidad, que tengan que estar gestionando las Administraciones públicas y los diferentes Gobiernos a los diferentes niveles territoriales, insisto, y creo que es un mensaje clave, que la agencia está para ayudar y que se debería solicitar la colaboración de la agencia desde el minuto uno, tanto en las dudas que tengan desde el punto de vista jurídico como tecnológico, para poder dar, por un lado, la garantía a los ciudadanos de que se está protegiendo su derecho fundamental, y la seguridad jurídica al Gobierno correspondiente, de que no va a haber luego un problema a posteriori que complique luego el tratamiento de los datos de salud por parte de los ciudadanos.
Paso a un tercer bloque en relación con el COVID, que son las actividades proactivas de difusión que hemos realizado desde la agencia. En la página web, aepd.es, creamos una sección específica en relación con el COVID. El 12 de marzo publicamos un informe en el que analizamos el tratamiento de los datos personales, que está también a su disposición, con la nota de prensa.
Tuvimos conocimiento que estaban proliferando los ataques de phishing. Yo misma recibí, por ejemplo, supuestas suplantaciones de correos, a través de SMS al móvil. Publicamos un artículo en el que alertamos a los ciudadanos de los ataques de phishing a través de servicios de mensajería instantánea, e-mail y otros medios.
El 16 de marzo, tras constatar que estaban proliferando páginas web y aplicaciones móviles que servían para autoevaluar, emitimos un comunicado, advirtiendo al conjunto de la ciudadanía que se está hablando de datos sensibles, porque había apps que pedían el historial médico previo. Es decir, y que los ciudadanos no pueden, no deberían dar alegremente sus datos de salud a cualquiera.
El 26 de marzo publicamos un comunicado en el que sintetizamos el contenido de todos los informes. El 2 de abril, y ante las consultas que hemos recibido sobre si el Real Decreto 463/2020, que regulaba el estado de alarma, que interrumpía plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, afectaba la notificación de la obligatoria de las quiebras de seguridad. Dimos difusión en el blog, aclarando en este concepto, diciendo que, por supuesto, que el estado de alarma no eliminaba la obligación de los responsables, tanto públicos o privados, de comunicar si habían tenido una quiebra de seguridad.
El 6 de abril publicamos un sencillo documento con cinco medidas técnicas en relación con la seguridad. El 7 de abril, para poder apoyar a las empresas y organismos públicos en el teletrabajo, que es algo que todos de repente nos hemos visto abocados de manera masiva -si bien, luego comentaré que la agencia lleva trabajando en esto desde hace tres años- publicamos una nota técnica con recomendaciones para proteger los datos personales en situación de movilidad y teletrabajo. En este sentido voy a hacer un pequeño inciso.
Nosotros, el 3 de abril publicamos un comunicado evaluando los tres primeros años del teletrabajo y nuestro Plan de Igualdad. Es la primera vez que la agencia cuenta con un Plan de Igualdad, con importantes compromisos internos y externos. Comenzamos con el teletrabajo, puntualmente, de una
manera piloto en el año 2017. Antes de la pandemia teníamos ya al 80 % de la plantilla teletrabajando el 40 % de la jornada. Con diferencias, somos el organismo de (palabras que no se entienden) que tiene un porcentaje más alto. Los resultados no pueden ser más positivos tanto desde el punto de vista del bienestar personal y la conciliación del personal como desde el punto de vista la organización, de la retención del talento y el incremento de la productividad. Hicimos una evaluación que es pública.
Con base en esta experiencia, esto nos permitió poder pasar, dos días antes de que se decretara el estado de alarma, por proteger la salud de los empleados, decidí que todo el mundo se fuera a casa, nos fuéramos todos. Eso quizá haya permitido que nadie del personal de la agencia ha tenido que ser hospitalizado, y que el cien por cien hemos estado teletrabajando los cinco días de la semana, no solo con absoluta normalidad, sino pudiendo atender estos informes urgentes que nos han planteado desde el COVID. Hemos solicitado, y esta semana nos ha comunicado la Secretaría General de Función Pública, nuestra participación en la negociación del tercer Plan de Igualdad de la AGE, porque queremos ofrecer nuestra experiencia para en lo que pueda ayudar tanto en las Administraciones públicas como en el ámbito privado.
El 24 tenemos organizada una mesa redonda virtual, donde van a participar la Secretaría de Estado de Empleo, la Secretaría General de Función Pública y el Ministerio de Igualdad. Creo que el COVID, por supuesto, ha tenido consecuencias de salud económicas y sociales tremendamente negativas para nuestro país y para el mundo en general. Pero si algo nos debe dejar de bueno es quizás que nos debemos replantear otro ritmo, otra forma de trabajo, y una manera de trabajo un poquito más moderna, y en la humilde aportación que podamos hacer esa experiencia previa de la agencia, está a disposición.
Como consecuencia de que los 8 millones de jóvenes escolarizados en las enseñanzas de régimen general, se tuvieron que ir de la noche a la mañana -no asistir a las clases, porque no todo el mundo, pues aquí se ha hecho también patente la brecha económica, la brecha social- a poder seguir como buenamente se podía, en función de la disponibilidad de los medios de las familias, las enseñanzas online, publicamos un documento con recomendaciones orientadas a evitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados en Internet. Ahí dábamos recomendaciones sobre los buscadores seguros, apps de contenido exclusivo dedicados a los menores y herramientas de control parental. Dábamos recomendaciones tanto a madres y padres como a la industria, a los proveedores de servicios y a desarrolladores.
En este tema, los menores han sido una prioridad de la agencia en este mandato. Sí quiero decir que la colaboración con el Ministerio de Educación, bueno, en este mandato llevamos cinco Gobiernos, pero la colaboración con el Ministro de Educación ha sido magnífica en todos los años. Hemos puesto en marcha, precisamente fue en el mes de mayo, un curso NOC, que es un curso de tres horas, donde hemos conseguido con INCIBE, INTEF y la agencia, damos en tres horas -y pido a los diferentes grupos parlamentarios que lo puedan difundir- qué contenidos mínimos deben saber los padres y las madres cuando por primera vez dan un dispositivo móvil a sus hijos. Que tienen que saber que dar un móvil es dar un ordenador, y que pueda haber responsabilidades civiles, penales, administrativas, e incluso educativas, y que los padres van a tener responsabilidad solidaria. Luego explicaré por qué.
Ha sido el curso NOC de mayor éxito de afluencia de todos los que organiza el Ministerio de Educación, más de esas mil familias y representantes de la comunidad educativa, y ahí seguiremos trabajando.
El 14 de abril publicamos un documento con recomendaciones generales en el tratamiento de datos en situaciones de emergencia. Todos estos documentos los tenemos traducidos al inglés.
El 30 de abril, en vista de la cantidad de noticias que estamos recibiendo en medios de comunicación en relación con la toma de temperatura, publicamos un comunicado sobre la legitimidad, es diferente en el ámbito laboral que en el ámbito comercial.
Decíamos que es un tratamiento de datos sensibles, y especialmente intenso en lo que afecta a este derecho fundamental, porque no es solo un tratamiento de datos sensibles en el ámbito de salud, sino que, si a mí me toman la temperatura en la entrada del Corte Inglés, luego nos ven los vecinos. Resulta que no me dejan pasar, porque tengo fiebre, porque tengo una infección de muelas, por ejemplo, pero mis vecinos me han visto, luego, a lo mejor, me dicen que me mude a otro sitio, y es una posible estigmatización, aparte de que en sí mismo y de manera aislada, como nos ha dicho el Ministerio de Sanidad y por la evidencia científica en pandemias anteriores, como es el ébola y el SARS, la toma de temperatura como hecho aislado no es un índice objetivo ni científico que sirva por sí solo, y además la base jurídica es diferente.
Si estamos hablando del entorno laboral, tanto público como privado, el empresario tiene la obligación de velar por la salud de los trabajadores. Puede tener legitimidad ahí, pero puede ser que sea solo una falsa sensación de seguridad. En el informe insistimos en que eso tenía que ser en función de los criterios que dieran las autoridades sanitarias. Por ejemplo, sanidad exterior ya está tomando la temperatura, para el control transfronterizo en los aeropuertos, pero, desde luego, en el ámbito de un comercio, ahí decíamos en el comunicado que el interés legítimo no preponderaba, por la injerencia tan fuerte que puede suponer en el derecho de los ciudadanos, y porque debería existir una norma nacional o de ámbito europeo que lo habilitara, que en este caso no existía.
Que además el consentimiento no era libre, porque si para que me tomen la temperatura, si digo que no, no me van a dejar entrar en el chino, por ejemplo, a comprar algo, pues evidentemente ahí el control de la temperatura no era libre.
Había otro tema que además nos preocupaba, especialmente, por esta vorágine de intentar dar seguridad. Yo entiendo la preocupación de las empresas, por intentar normalizar la situación económica y empresarial, estaban teniendo las empresas ofertas no del típico termómetro digital de la toma de temperatura, que es menos invasivo, porque no registra datos hacia la persona, sino ya cámaras biométricas que además grababan el reconocimiento facial, los datos. Entonces, eso, además dijimos desde la agencia que eso era excesivo.
Si tienen interés, está el comunicado también a disposición de los grupos. Explicamos también la limitación de la finalidad, que además estos dispositivos, como nos ha dicho el propio Ministerio de Sanidad, porque le hicimos una consulta, son dispositivos de carácter sanitario, si están tratando datos de salud. En principio, tiene que ser el Ministerio de Sanidad quien determine qué tipo de personas están capacitadas para este tipo de control. Insisto que la toma de temperatura no puede ser un criterio aislado que suponga la legitimación suficiente para una toma de decisiones, que, como está pasando, por ejemplo, en el ámbito de sanidad exterior, si un pasajero da fiebre tiene que ir acompañado de un control individualizado y personalizado por personal médico especializado.
En este sentido, las directrices del Ministerio de Sanidad y el de Trabajo, de mayo del 2020, en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales, se fundamentan en las medidas organizativas. Sigo sintetizando, por no alargarme. Por motivo de una consulta de la CRUE, de universidades, del Consejo Rector de Universidad, realizada el 8 de mayo, hicimos público un informe sobre el uso del reconocimiento facial, para realizar los exámenes a distancia. Esto se aplica no solo a las universidades, sino también a bachillerato, a secundaria, donde se estén realizando los exámenes online. En el informe admitíamos la diferenciación entre datos biométricos, que son categorías especiales de datos y otros que no lo son, y concluimos que el reconocimiento facial en exámenes a distancia y el posible tratamiento de datos de terceros que puedan suplantar al examinando, tienen como finalidad una identificación unívoca, y, por tanto, son categorías especiales de datos.
Planteamos una conclusión importante, que el consentimiento del alumno por sí solo no puede considerarse libre, y, por lo tanto, válido, si no se le ha dado una alternativa equivalente. Por ejemplo, un examen online o un examen presencial donde se puedan establecer turnos, guardando las distancias de seguridad, que acrediten la igualdad de los alumnos. Que, si se optase por la base jurídica del interés público, se requeriría una norma con rango de ley que lo habilitase, que ahora mismo no la hay.
También, ante las preguntas que estamos recibiendo en el servicio Informa, que pusimos en marcha gratuitamente para el sector público y privado, en abril del 2018, para facilitar la adaptación al Reglamento, publicamos una serie de preguntas frecuentes, sobre, por ejemplo, si los empleadores podían tratar los datos, de estar infectados por el COVID el personal trabajador.
Hemos dicho que sí. Si realmente es necesario, porque ese trabajador o trabajadora está en contacto con el resto de la plantilla para poder evitar el contagio. La obligación, precisamente por esa obligación legal que tienen los trabajadores de proteger la salud, que el trabajador, también, si está infectado tiene la obligación de informar al empleador, porque no solo tiene el derecho a que se le proteja la salud, sino también tiene la obligación de proteger la salud de sus compañeros en la plantilla. Dijimos también en las (palabras que no se entienden) que el estado de alarma no ha supuesto ni la suspensión del derecho fundamental a la protección de plazos ni la suspensión de los plazos para dar respuesta al ejercicio de los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos.
Ya para terminar con las actuaciones en relación con el COVID, hemos tenido bastante relación, por supuesto, institucional, la cooperación con las tres autoridades autonómicas que existen en el país en protección de datos; la catalana, la vasca y la andaluza es máxima. El 11 de mayo, dentro del marco de
cooperación habitual, tuvimos una reunión de trabajo con las tres instituciones, para intercambiar criterios sobre los informes jurídicos, sobre los informes tecnológicos que ha emitido la unidad tecnológica y sobre las directrices que ha emitido el Comité Europeo, a las que ahora mismo me voy a referir.
Voy a sintetizar, por no alargarme mucho. Hemos participado en el comité. Ha sido complicado, porque hemos tenido las primeras veces, hasta que nos organizamos, eran conferencias telefónicas con los diferentes colegas y era muy difícil la interlocución. Ya parece que nos hemos modernizado. Ya tenemos videoconferencia. Respondimos a una carta que nos había planteado la Comisión Europea, sobre la guía en el uso de las apps para la contención del COVID, que formaba parte de la recomendación.
Aquí quiero decir la misma crítica constructiva con lo que planteaba antes. También hubiera sido muy deseable que la comisión hubiera hecho uso de las posibilidades que le ofrece el derecho europeo, para contar en mayor medida con las autoridades de protección de datos, ya que esa recomendación que he citado se adoptó sin el informe previo, ni del Supervisor Europeo de Protección de Datos ni del comité.
En la solicitud de informes sobre la guía de apps que nos dieron, solo teníamos seis días para pronunciarnos, incluida las vacaciones de Semana Santa. Pero dicho esto, los otros documentos que, bueno, hemos colaborado tanto en esas recomendaciones como en las directrices sobre el tratamiento de datos de salud con fines de investigación científica, y en las directrices en relación con las apps de seguimiento de contactos. Estos pueden ser bien para localización, para crear modelos de propagación, o bien de seguimiento de contactos, para evitar la propagación de la pandemia. En este caso, si hablamos de datos de localización, son recogidos por las telecos, y solo pueden ser cedidos si han sido anonimizados por el proveedor o si indica la posición geográfica, si han tenido el consentimiento del usuario. El almacenamiento de la información en el dispositivo del usuario solo se permite si el usuario ha dado el consentimiento.
En esas directrices admitíamos la posibilidad de que las autoridades pudieran obtener datos de geolocalización de manera excepcional, sin consentimiento de los usuarios, sobre la base jurídica de la existencia de un interés público. Insistimos que las apps de rastreo solo deberían tratar información de proximidad, por ejemplo, a través de Bluetooth, y no movimientos a través de la geolocalización. Perdón, un segundo.
Decíamos en las directrices que la app no debería recopilar información no relacionada o no necesaria, como, por ejemplo, el estado civil, mensajes, registros de llamada, ubicación, que era muy recomendable realizar una evaluación de impactos. Clarísimamente, el Comité Europeo de Protección de Datos ha apostado por las apps donde se almacena la información de forma descentralizada, porque encaja perfectamente con un principio básico en protección de datos, como es el de minimización.
En cuanto a las bases jurídicas, se han fundamentado en ese informe que enviamos, el que les comentaba al principio de la intervención, el 17/20, enviamos al Comité Europeo, y prácticamente calcaron el análisis jurídico que habíamos hecho en notaría española. Se fundamentan en las razones de interés público en el ámbito de la salud y en la investigación científica.
En un tema fundamental, como es que las autoridades de protección de datos, podamos ayudar al descubrimiento de la vacuna y a las investigaciones científicas a nivel mundial, a través de los diferentes consorcios que hay.
Establecíamos que, en relación con las transferencias internacionales, se podía aplicar perfectamente la excepción del artículo 49 del Reglamento, cuando la transferencia es necesaria con fines importantes de interés público.
En relación con la Red Iberoamericana de Protección de Datos, hemos tenido también una reunión hace unas semanas, el 3 de junio fue, con las autoridades nacionales de protección de datos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Portugal y Uruguay, para poder intercambiar la información tanto jurídica-tecnológica y poder ayudar. El 14 de mayo tuvimos un encuentro online con los dos sectores más sensibles. Por un lado, todos los delegados y delegadas de protección de datos de Educación, de todas las comunidades autónomas. Por otra parte, el 21 de mayo, con el mismo ámbito, con los delegados y las delegadas de protección de datos de Sanidad, en relación con las dudas que estaban teniendo respeto al COVID, que fue muy útil.
Ya me voy a centrar, y voy a ser sintética, por las horas, en el balance de la gestión de, prácticamente es todo el mandato, 2017, 2018 y 2019.
La última vez que comparecí fue el 29 de junio del 2017, para exponer la memoria de actividades de la agencia, del 2016, y la mitad de la gestión del año 2015, ya que fui nombrada el 27 de julio.
Esto prácticamente es todo el ámbito de aplicación del 2017, 2018 y 2019 del Plan Estratégico, que por primera vez pusimos en marcha en el año 2015. Durante este tiempo, en los tres años, 2017, 2018 y 2019 se han tramitado 37.000 reclamaciones. En todo el mandato llevo firmadas prácticamente 54.000. Voy a dar los datos sintéticos, porque las tres memorias se han enviado a los grupos parlamentarios y tienen toda la información. Se han atendido más de un millón y medio de consultas por el Servicio de Atención al Ciudadano, fundamentalmente, en parte, a través de las apps, pero también por teléfono, 222 091; 23 649 escritas por la sede electrónica; 22 451; casi 10 000 presenciales y por correo electrónico. Hemos gestionado casi 7000 consultas a través del servicio gratuito que pusimos en marcha en abril, denominado Informa, para poder ayudar. Hemos intentado acompañar y ayudar, tanto al sector público como al privado, con el cambio tan brutal que suponía el cambio de régimen normativo.
Nunca en un mandato ha habido que tramitar ley orgánica, real decreto, el estatuto y la adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de ámbito europeo, con eficacia jurídica directa. Hemos recibido casi 4000 consultas, más de 4000, en el canal de atención a menores, que era uno de mis compromisos en el trámite de idoneidad que tuve en julio del año 2015, ponerlo a disposición de los menores, de los padres, por diferentes canales. La página web de la agencia ha recibido más de 21 millones de visitas.
Del Plan Estratégico teníamos cuatro objetivos. El primero, donde hemos puesto muchísimo hincapié y energía, ha sido en reforzar la labor preventiva de la agencia, para mejorar el conocimiento de los ciudadanos de sus derechos, era otro de los compromisos que adquirí en el trámite de idoneidad.
Hemos establecido nuevos mecanismos de prevención y de mediación, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, el protocolo que pusimos en marcha en el 2018, con autocontrol, la Asociación por la Autorregulación de la Comunicación, al que se han adherido las principales empresas de telecomunicaciones, que es uno de los sectores que más sanciones reciben. No porque sea el que peor lo haga, sino porque seguramente es donde hay mayor concienciación de reclamación por parte de los ciudadanos.
Hemos colaborado con Adigital, para la mejora de la Lista Robinson, para permitir la exclusión publicitaria, y más de 1 millón de usuarios ya están registrados y se puede obtener ahora mismo de una manera mucho más dinámica, tanto por correo postal, teléfono, e-mail y SMS, a poder recibir esa publicidad electrónica.
A propuesta de la agencia, la tramitación de la Ley Orgánica 3/2018, supuso muchísimo trabajo en la agencia. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo recibido. Es una ley fundamentalmente técnica. Tuvimos la unanimidad en el Congreso y un apoyo del 96 % en el Senado.
Ya a iniciativa de la agencia se recogió el artículo 37 de la Ley Orgánica, que permitía, va relacionada un poco, fue una estrategia de supervivencia, por la falta de medios en la agencia, a los que luego me referiré. Como no teníamos medio, diseñamos una estrategia un poquito más flexible, para aquellas reclamaciones que no fueran graves, urgentes y de un impacto masivo en los ciudadanos, poderlas remitir directamente al responsable o al delegado y la delegada de Protección de Datos; hubiera estado nombrado, tanto si era con carácter obligatorio como si es con carácter voluntario, para que se pudieran resolver en el menor tiempo posible, porque nosotros tramitamos 14 000 reclamaciones, prácticamente al año, sin perjuicio de que el ciudadano, si no quedaba satisfecho, pudiera acudir posteriormente a la agencia. Eso ha supuesto que el 79 % de las reclamaciones valoradas en la agencia se han podido tramitar mediante este procedimiento, con una mejora importante de los medios de tramitación en 132 días.
Sí que quiero hacer un reconocimiento, como no puede ser de otra manera, al magnífico equipo que hay en la agencia.
El presupuesto de la agencia está congelado desde el año 2008.
No me voy a comparar con los colegas europeos en cuanto al presupuesto, porque no son las horas, pero es algo muy lamentable, teniendo en cuenta que el número de reclamaciones se han multiplicado por cuatro. Con el Reglamento General de Protección de Datos, las reclamaciones de ámbito transfronterizo que afectan a las grandes empresas que tratan datos en toda Europa, como puede ser Google, Twitter, etcétera, se tienen que tramitar en procedimientos tremendamente complejos en inglés, y además, la agencia se ha comprometido y se ha implicado de una manera tremendamente partida; no solo en el Plan Estratégico, que empezó con 103 actuaciones, lo hemos cerrado con 150, también en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, alineado a la Agenda 2030, donde hemos realizado más de 75 guías y herramientas, hechas además con carácter gratuito.
No han costado dinero con carácter general al tesoro público, porque la proactividad del equipo de la agencia ha hecho que las hayan desarrollado, o bien la unidad tecnológica, o bien a través de todo el equipo del Comité de Coordinación en la agencia.
Aun así, de estar tramitando cuatro veces más volumen de reclamaciones, y no tienen nada que ver las reclamaciones que nos llegaban en el 2008 a la agencia, donde no había inteligencia artificial ni big data, no tenía nada que ver con la complejidad de las reclamaciones que nos llegan ahora. Hemos conseguido reducir los tiempos de investigación en un 66 %, y los procedimientos sancionadores en un 91 %.
Sí quiero hacer una breve referencia a todo el tema de los menores en Internet. Cuando en julio del 2015 me comprometí a poner en marcha un servicio de atención a los menores, eso se puso en marcha a los tres meses, en octubre de ese año, donde hemos recibido más de 1500 consultas, y solo en estos tres años, 2017 al 2019, 400 000 visitas en el apartado Tú Decides. Pero una de las grandes satisfacciones de este mandato -que no ha sido muy sencillo- ha sido que a propuesta de la agencia conseguimos que se incluyera -y quiero dar las gracias a los grupos- el artículo 83 en la ley orgánica que, por primera vez en la democracia, obliga a todas las comunidades autónomas a establecer en las asignaturas de libre configuración el uso responsable de Internet y de las redes sociales, con especial atención a la violencia de género.
Mi demanda era, quizás como madre y como responsable de la agencia, así como se enseña a los chavales seguridad vial y que no se debe cruzar en un paso de cebra si está el semáforo en rojo, la seguridad vial en Internet es algo que los chavales empiezan a navegar y a descargarse dibujos animados y vídeos en YouTube, desde que tienen tres años, a veces, por la propia pasividad de los padres, quizás por desconocimiento.
Hay un problema grave que quiero poner encima de la mesa, que los grupos deberían incentivar, que hay más de 500 000 jóvenes con adicciones a las nuevas tecnologías, y sé que en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, la que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, este martes, se va a abordar ese tema. Empezamos con un teléfono de atención a los menores. Hemos acabado con la ley orgánica, consiguiendo que ya por fin se regule el uso obligatorio de Internet.
Me alegra muchísimo saber que la agencia emitió un informe preceptivo a la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, contra la violencia. Desde la agencia solicitamos que se incluyera el concepto de violencia digital. Muchas veces, casi es más grave que se dé una paliza, que además la paliza se grabe, y todo el entorno territorial de la comunidad educativa sepa la humillación; y ya no hablamos, si estamos hablando de violencia sexual, sepa la humillación que se está produciendo a la víctima.
También se ha recogido un capítulo específico sobre la agencia y la obligación que el coordinador de Bienestar deba estar en colaboración con el centro educativo y denunciar a la agencia. Luego lo comentaré. Pusimos en marcha un canal prioritario, que es pionero a nivel mundial, para poder conseguir algo que a mí me preocupa enormemente, cuando desgraciadamente nos enteramos por los medios del caso del suicidio de la mujer de Iveco.
Nunca más debe pasar en nuestro país que una persona se suicide con motivo de una difusión en redes sociales con impunidad, y nunca más una empresa puede decir: "Eso no es un problema de la empresa. Ve a denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque es un problema personal". Trabajamos muy activamente con el Ministerio de Trabajo. Hicimos unas recomendaciones, advirtiendo a las empresas de la responsabilidad, hasta 187 000 euros que pueden tener cuando no se proteja adecuadamente la salud de los trabajadores en este ámbito.
Queremos advertir a los ciudadanos que no hay impunidad, que si se difunden estos datos en las redes sociales, que afectan gravemente por el carácter sexual o violento, se puede tener responsabilidad civil, responsabilidad penal, y el sexteen es un delito. Hemos hecho también propuestas de mejora de la actual redacción del Código Penal, responsabilidad administrativa por protección de datos, y lo que hemos dicho, desde la agencia vamos a tener tolerancia cero. O sea, han acudido maltratadores a la agencia, pidiéndonos el derecho al olvido. ¿De qué? Estamos hablando ahí de un interés social que no puede ser.
Precisamente, con motivo de esos temas, nos pusimos a trabajar con todas las empresas principales de Internet, y conseguimos, si yo tuviera que elegir una sola de las iniciativas que hemos puesto en marcha en la agencia, sin lugar a dudas, sería el canal prioritario. Pusimos en marcha el canal prioritario que, como digo, por ahora es la única iniciativa que existe a nivel mundial, para conseguir dos objetivos. Por un lado, la retirada de los contenidos urgente, antes de que se hagan virales.
Cuando el juez dicta medidas cautelares, ese vídeo ya se ha hecho viral. Lógicamente, los juzgados están saturados, hay que en algunas ocasiones proveer de abogado de oficio a la víctima, y aquí la inmediatez es fundamental. Por un lado, la retirada urgente de los contenidos, y quiero dar algunos datos. El 90 % de las órdenes de retirada de contenidos -que es una competencia que tiene la agencia y que en virtud del canal prioritario lo estamos dando a las empresas de Internet, que también quiero poner en valor que han colaborado proactivamente en adherirse a este mecanismo- se han retirado entre una hora y 72 horas. En algunas ocasiones hemos salvado vidas por el feedback que nos han dado las víctimas. Eso ya solo habría merecido la pena.
En segundo lugar, quiero transmitir que no hay impunidad. En paralelo, si podemos tener pruebas de quién ha difundido esas, porque aquí tiene responsabilidad no solo el que grava y difunde. Por ejemplo, una pareja se graba la relación sexual, rompen, y luego por venganza la pareja lo difunde. Ahí no hay legitimación, ahí habría responsabilidad penal. Pero el que no ha grabado recibe esa información y por morbo lo difunde, también tiene responsabilidad. Creo, y quiero hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, desde mi experiencia estos cinco años en la agencia, debería plantearse un pacto de Estado por la convivencia ciudadana en el ámbito digital, y colaborar en advertir, a los ciudadanos no hay que hablar solo de los derechos.
Los derechos digitales están muy bien, el derecho a la desconexión digital es fundamental, pero en democracia, luego de un derecho hay una obligación. Los ciudadanos deben saber que no todo vale, que no hay impunidad y que hay responsabilidad, y esto es algo en lo que me gustaría incidir.
En el marco de menores también hicimos un trabajo importante que se coordinó en la agencia, con INCIDE y con AseguraTIC. Estuvimos recopilando los mejores materiales que hay tanto públicos como privados. Bueno, nosotros recopilamos los materiales, pero aquí el mérito es del INTEF, fundamentalmente, el Ministerio de Educación, que pusimos en marcha la web AseguraTIC. Es la mejor base de datos que hay sobre seguridad y privacidad en el entorno digital, que está adaptada en función de la edad, en función de si quien consulta es un chaval, son las familias o es la propia comunidad educativa, y en función del tipo de recursos que se quiere solicitar. Pusimos en marcha el curso NOC. El segundo objetivo del Plan Estratégico es poder ofrecer seguridad jurídica y confianza a los responsables y a los profesionales.
Yo entendía que la agencia tiene que estar como motor también de la economía, y más en un momento en que la economía y la situación empresarial está teniendo este retroceso en nuestro país.
Se creó en el 2015 la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, para poder abordar el impacto de estos nuevos planteamientos tecnológicos, con big data, Internet de las cosas, con la mayor celeridad posible, y ayudar a las empresas más innovadoras y al Gobierno, en los diferentes ámbitos, cuando estén tratando con inteligencia artificial.
Como consecuencia de este objetivo, hemos puesto en marcha 76 guías y herramientas. Sí querría destacar la herramienta Facilita que, como su propio nombre indica, se creó y se elaboró gratuitamente por la unidad tecnológica, para facilitar a los más de 3 millones de pymes en nuestro país, sobre todo, que trataran datos de carácter básico, la adaptación al Reglamento, porque somos conscientes que no todas pueden contratar un equipo delegado de protección de datos, nombrarlo dentro de la plantilla, porque hay poco personal, en muchas ocasiones contratados.
Ha habido ya más de 600 000 descargas de la herramienta, y ha recibido el premio Global de la Conferencia Internacional de Protección de Datos. Ayer o antes de ayer hemos puesto a disposición de las empresas de ámbito tecnológico y las startups un segundo paso, que es Facilita, Emprende. También está la herramienta Gestiona, para poder facilitar el análisis de riesgo.
En el 2017, esto supuso muchísimo trabajo, y si yo lo hubiera sabido antes, seguramente nos lo habríamos planteado de otra manera, porque tiene a dos inspectores, de los pocos que tenemos en la agencia, prácticamente dedicados a este tema. Pusimos en marcha el esquema de certificación de delegados de protección de datos, en colaboración con ENAC. Ya hay casi 500 delegados de protección de datos certificados en este esquema, donde se acredita un mínimo de formación o un mínimo de experiencia y siete entidades certificadas con cargo al esquema.
El tercer objetivo del plan era adaptar el nuevo modelo de supervisión del Reglamento a la ventanilla única, hasta que les comentaba en inglés que era tan complejo, a los procedimientos transfronterizos.
El 6 % de las reclamaciones que hemos recibido en el 2019 han sido precisamente reclamaciones que tenemos que coordinar en diferentes fases del procedimiento con las autoridades de control europeas. Esto ha supuesto una auténtica reorganización interna de la agencia. Se ha quedado también el área de auditorías.
Es muy complicado, porque no hay unos criterios únicos a la hora de imponer multas. No todas las autoridades partíamos de una tradición sancionadora, pero no voy a detallar, por las horas.
Ha supuesto también la complejidad de la puesta en marcha del Comité Europeo de Protección de Datos.
En este ámbito voy a pasar ya al cuarto objetivo, que es impulsar una política de sostenibilidad y responsabilidad social en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. En los últimos meses estamos teniendo muchísima prioridad con sensibilizar en los temas de violencia digital, en innovación tecnológica. Aquí sí quiero hacer un llamamiento en relación con la política de compliance.
Creo que los organismos supervisores, como somos la Agencia Española de Protección de Datos, debemos dar ejemplo también de compliance. En este sentido, pusimos en marcha, por un lado, a propuesta de la agencia se incluyó el artículo 24 en la Ley Orgánica 3/2018, para posibilitar las denuncias anónimas en relación con la última reforma del Código Penal y los temas de compliance por parte de las empresas.
Pero entendíamos que la agencia también en ese tema tenía que ser consecuente. Implantamos un código ético interno que se aplica a todo el personal de la agencia, incluida la dirección, donde cualquier entidad, cualquier personal propio de la agencia o cualquier ciudadano o entidad, puede denunciar cualquier gestión irregular, contratación o conflicto de intereses. Porque, en muchos casos, aquí los conflictos de intereses hay que tener especial prevención. Imaginémonos un inspector, un instructor de la agencia que está tramitando un expediente de Telefónica y que a lo mejor le llama Telefónica.
O sea, eso no podría ser. Por eso, en el Código Ético prohibimos las actividades de formación, por ejemplo, relacionadas con empresas externas, para poder garantizar que no se producen conflictos de intereses.
Una de las apuestas en la agencia ha sido el programa de teletrabajo. Me gustaría, como decía antes, poder apoyar tanto al sector público como al privado a perder ese miedo e implantar el teletrabajo de una manera más generalizada.
El canal prioritario lo pusimos en marcha en septiembre del año pasado. Quiero agradecer al Gobierno el apoyo que tuvimos. Nos incrementaron levemente los medios, pero (palabras que no se entienden) protocolos, tanto con la vicepresidenta primera; con la ministra de Educación; la anterior ministra de trabajo; el actual ministro de Interior; la fiscal general del Estado; y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, para poder contribuir a su difusión. Pero aquí nos queda algo pendiente. El canal que puede tener muchísimo impacto. No solo entre los jóvenes sino cualquiera de nosotros podemos ser afectados por esa violencia o esa difusión de los datos, que nadie querríamos que se supiera, en Internet. Yo pensaba, y tenía recelo, digo: "Dios mío, la iniciativa es muy útil, pero vamos a morir de éxito y vamos a recibir miles de reclamaciones". No han pasado de más de 100 las reclamaciones recibidas. Entonces, vimos que algo fallaba.
Pusimos en marcha una campaña, que nos la declaró la (palabras que no se entienden) de servicio público, porque no tenemos dinero y hubiera costado millones de euros, y tanto Televisión Española como Grupo Atresmedia como Mediaset, nos admitieron pasar los spots, solo tuvimos que pagar la contratación de los vídeos. Tuvimos 47 millones de impactos de audiencia, pero todavía a mí me dicen -el otro día tenía una reunión con una directora de Igualdad, de un instituto de la mujer en una comunidad autónoma, ayer la tuvimos con la Delegación de Violencia Género- "Todavía eso no ha llegado". El canal sirve no solo para mujeres víctimas de violencia de género, para cualquier hombre, para cualquier persona que sea víctima de violencia en el ámbito digital.
La Asociación de Usuarios de Internet nos ha dado un premio a la campaña, pero aquí todavía nos queda muchísimo por hacer, porque tenemos que conseguir que la última persona de este país se entere de las consecuencias que tiene un reenvío, que a veces damos a la tecla sin pensar, y las víctimas, de que la agencia no es la responsable, y lo digo, de esas locuciones extremas, que antes de poder contactar con una compañía de seguros o telefónica, sueltan la Normativa de protección de datos. No es responsable de eso.
La agencia está para ayudar a los ciudadanos a proteger el derecho fundamental. Quizás, en un mundo del siglo XXI en países desarrollados, sea el derecho fundamental que más nos jugamos desde que nos levantamos, desde luego, es con el que estamos más conectados, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Aquí yo sí que pido que todas las fuerzas políticas ayuden, porque todavía nos queda mucho por hacer. Ya se ha recogido ese canal de denuncia en esta Ley de Protección a la Infancia que se aprobó
por Consejo de Ministros y que vendrá a tramitación parlamentaria. Yo espero que eso tenga la unanimidad de todos los grupos en su aprobación.
En relación con la igualdad, hemos hecho unas actuaciones bastante proactivas, un microsite sobre violencia de género. Adaptamos el producto de acoso sexual de la (palabras que no se entienden) al ámbito digital. Hemos hecho recomendaciones para el sector privado, para las empresas, para que nunca más vuelva a pasar el caso de la mujer de Iveco.
Estamos impulsando un grupo de trabajo de violencia de género. Todavía hay temas que tenemos pendientes.
Hay constituido un grupo de trabajo, desde hace dos años en la agencia, sobre temas de violencia digital. Pero nos queda pendiente, y ayer lo acordamos así con la actual delegada de Violencia de Género, poder colaborar con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, en la minimización de los datos de las víctimas en los procedimientos judiciales, en el caso de las víctimas de violencia de género.
En relación con innovación y protección de datos, no me voy a extender.
En relación con compliance, ya he hablado del Código Ético. Sí que hemos hecho muchísimo esfuerzo respecto a la participación y a la transparencia. Hemos tenido más de 600 actos públicos tanto con el sector privado como con el sector público. Establecimos seis sectores estratégicos de la economía nacional: sector financiero, seguros, suministros de energía, gas, telecomunicaciones, superficies de gran consumo y turismo, donde hemos estado teniendo reuniones periódicas para que perdieran el miedo a acercarse a la agencia, nos preguntaran qué problemas tenían e intentar ayudar. A mí me interesa mucho más que sancionar y que una empresa tenga que cerrar, que se pueda aplicar desde el defecto. O sea, desde el diseño y por defecto, la política de privacidad.
Voy a seguir abreviando. Sí que quiero hacer un llamamiento, todo esto se ha hecho a base de un estrés mantenido en el tiempo, bastante alto, y una dedicación excelente por parte del personal de la agencia.
Pero no puede ser que el presupuesto de la agencia esté prácticamente congelado desde el año 2008, cuando no llegaban a 3500 las reclamaciones, ahora tenemos de media 14 000, cuando las reclamaciones eran: "Me ha llegado publicidad a mi domicilio", que era mucho menos invasivo de lo que es ahora el tratamiento de datos con la inteligencia artificial. Que la relación de puestos de trabajo en este mandato solo ha aumentado 35 puestos. Ahora mismo tenemos 200, pero solo tenemos 170 cubiertos, porque el resto son la mayoría personal administrativo, niveles 14 y 15, aunque sacamos los concursos, nadie viene.
Voy a dar solo unos datos del incremento que han tenido mis colegas europeos. Lo digo, no sé si con admiración o con envidia; 305 personas de incremento en el Reino Unido; más de 400 en Alemania; 115 en Holanda; 124 en Irlanda y Polonia, que tienen la misma dimensión territorial que nosotros, 105; nosotros, 35.
Yo entiendo que es complicado un mandato con cinco Gobiernos, pero si de verdad este Gobierno quiere, o los que vengan, quiere apostar por garantizar el derecho fundamental, lo mismo que se están incrementando presupuestos en materia de seguridad, hago un llamamiento público al incremento del presupuesto y de los medios personales a la agencia, porque no se puede pedir ya más esfuerzo y más dedicación al personal, que tiene todo mi reconocimiento.
Creo que queda también pendiente, y luego también haré autocrítica de las cosas que nos quedan pendientes, creo que queda pendiente impulsar, como decía antes, un pacto de Estado por la convivencia de la ciudadanía en el ámbito digital, donde queden muy claras las responsabilidades civiles, penales, administrativas y, en su caso, educativas y laborales. Creo que es necesario que, si los Gobiernos van a trabajar, y está claro, en proyectos de inteligencia artificial, la agencia, que ahora mismo no lo está, debe formar parte de los grupos de trabajo, para poder ayudar a los Gobiernos a dar seguridad y que luego no haya problemas ni reclamaciones judiciales ni reclamaciones administrativas ni descrédito político en el tratamiento de los datos masivos por parte de los ciudadanos.
Muy brevemente, ya para terminar, estuve repasando ayer los compromisos que adquirí en esta sede, el 22 de julio del 2015, cuando comparecí, (palabras que no se entienden) era elegida. Quiero agradecer también a los grupos parlamentarios que votaron a favor y los que se abstuvieron, por la confianza, y espero no haber defraudado.
Uno de mis compromisos fue potenciar el papel proactivo de la agencia. Creo que las 75 guías y herramientas, aunque, por supuesto que nos han quedado cosas por hacer, puede ser una muestra de ello.
Otro de los compromisos era facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de la Normativa, y quizás las herramientas Facilita, Facilita, Emprende y Gestiona, puedan haber ayudado. Otro compromiso en relación con los menores a la que yo me he referido.
Fomentar el uso de la sede electrónica fue otro. Desde el 2017 al 2019 la sede electrónica tiene una media 43 000 entradas, que es casi la tercera parte, casi el doble de las cifras del 2015.
Otro de los compromisos fue poner en marcha un teléfono de comunicación y de atención especializada a los jóvenes.
Otro fue potenciar reuniones sectoriales. Ya he comentado las que hemos hecho con los sectores estratégicos. Adaptar internamente la agencia, para dotarla de mayor flexibilidad. Nuevos planteamientos proactivos, como ha sido la creación de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos.
Por último, sí quería comentar, ahora mismo está en tramitación el real decreto del estatuto de la agencia. Como saben, en la ley orgánica se creó un nuevo alto cargo, que es el adjunto o la adjunta a la agencia. Quedan por definir aún las funciones y el rango.
Como ustedes saben, mi mandato era de cuatro años, finalizó el 27 de julio del año pasado. Yo estoy, lo digo, es un chascarrillo, caducada. Lógicamente, creo que sería importante que las instituciones, y más los organismos reguladores, no están paralizados por la inestabilidad parlamentaria que hay. Es fundamental que se pueda proceder a la renovación.
Quiero aprovechar para anunciar públicamente que no me voy a presentar a la reelección. Pero que en paralelo a que los grupos parlamentarios, porque he conocido el informe de Hacienda y de Función Pública al borrador del real decreto del estatuto de la agencia, y una de las premisas es que no debe suponer incremento de gasto. Explíquenme de dónde se va a financiar, por ejemplo, el adjunto.
Pero yo pido a los grupos parlamentarios que, igual que se va a hacer un esfuerzo y un consenso, que espero que sea pronto, para poder proceder a la renovación de la agencia, ese esfuerzo para dotar a la agencia de los medios necesarios en un mundo de inteligencia artificial y en un mundo virtual en el que estamos, se transmita también, por favor, al Ministerio de Hacienda y por una vez la agencia tenga los medios personales y el presupuesto que realmente merece.
Hay temas que nos quedan pendientes, como es por ejemplo el esquema de certificación de procesos. Tenemos muchas líneas de trabajo abiertas. Hay guías en marcha, como, por ejemplo, la guía de tratamiento de datos de relaciones sanitarias. Tenemos pendiente una guía en relación con investigación biomédica, pero ya no puedo pedir más al personal.
Bueno, seguramente en algunas de las más de 50 000 resoluciones las podríamos haber hecho mejor o nos habremos equivocado.
Sé que he ido muy rápido. Siento el tiempo y las horas, y desde este momento, como no podía ser de otra manera, pongo a disposición de los diferentes grupos, para poder ampliar la información o cualquier duda que tengan.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Muchas gracias. Empezamos ahora con el turno de los grupos parlamentarios. En principio, si no me equivoco, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Cambronero Piqueras.
El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Muchas gracias, presidenta. Gracias a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, por su comparecencia, la multitud de datos que nos ha ofrecido en un tiempo récord, la verdad, y también por las memorias que nos ha facilitado, así como la información.
Antes de empezar, quiero transmitirle que, como padre, preocupado también por la educación de mis hijas, nos anima mucho que esté también muy preocupada por los niños y los adolescentes, y los animo a seguir en esa escena de trabajo el tiempo que le quede, como ya ha dicho que no se va a presentar a la reelección, el tiempo que le quede.
Recogemos también el guante que nos ha lanzado con respecto al pacto de Estado de convivencia propuesto, creemos que es una gran idea, sobre todo, en el ámbito tecnológico.
Empiezo por lo general, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada a finales de 2018, tuvo como finalidad; primero, adaptar nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y el consejo; y como segundo objetivo, reforzar el ejercicio del derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos.
Pues bien, desde esa perspectiva nos gustaría preguntarle: ¿considera que esa ley orgánica realmente ha fortalecido el ejercicio de este derecho fundamental?
Es una adaptación de Normativa, como lo es el Reglamento, y como fue una transposición de este Reglamento, siempre hay un lugar a la interpretación. La posibilidad de interpretar a veces se traduce en modificaciones que pueden hasta desnaturalizar la norma inicial. Por eso le pregunto: ¿ha observado usted algún aspecto que constando en el Reglamento europeo no conste en nuestra ley orgánica o a la inversa?
En definitiva, si considera que la ley es respetuosa con la esencia del propio Reglamento.
A nuestro grupo parlamentario la cuestión que también nos preocupa más es también la independencia de la Agencia Española de Protección de Datos, la verdad. No es objeto de esta comparecencia, ni mucho menos de mi intervención, decir que usted no lo sea, que no sea independiente, para nada. Pero ciertamente, la redacción del artículo 48 de esta ley orgánica invita a una problemática que queremos transmitirle. Este establece que el presidente de la agencia será nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, entre profesionales de reconocida competencia, de conocimientos y experiencia acreditados.
Conceptualmente, ¿le parece adecuado que el presidente sea nombrado de manera discrecional por el Gobierno?
Otra pregunta: ¿considera que este método de designación en abstracto garantiza la independencia de la agencia? ¿Usted hubiera preferido un sistema de concurrencia diferente? Público, concurrencia pública.
A estos efectos, nos gustaría recordar que el artículo 52 del Reglamento de la Unión Europea exige que la autoridad de control actúe con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes. Le pregunto de nuevo: ¿considera que cualquier futuro presidente -ya que usted no lo va a hacer- de la Agencia Española de Protección de Datos, puede ser totalmente independiente y ajeno a toda influencia externa si es nombrado por el Gobierno?
En relación con las anteriores cuestiones, nos llamó también la atención la incorporación definitiva a la ley orgánica de algo que no estaba previsto, el Consejo Consultivo.
Consideramos que la regulación de este Consejo Consultivo es, como mínimo, mejorable. Mejorable, primero, por la composición variopinta del mismo, porque un diputado, un senador, expertos en protección de datos, un representante del Consejo General del Poder Judicial, un representante de la Administración general, de la Administración local, etcétera. Después, por la remisión a la regulación parlamentaria de su régimen, competencias y funcionamiento.
La pregunta es obligada: ¿cree necesario que exista este Consejo Consultivo? ¿Le parece adecuado el listado que establece el artículo 49, de su composición? ¿O tiene prevista o cree que es mejor un listado o una composición diferente?
¿No le parecería oportuno que la Ley Orgánica de Protección de Datos regulara las bases jurídicas del consejo?
También me gustaría preguntarle, sé que van a ser muchas preguntas y sé que quizá no tenga tiempo para responder a todas, pero no se preocupe, porque si se nos queda alguna en el tintero, se las recuerdo después. Es sobre los sistemas de información crediticia. Se establece que se presumirá lícito el tratamiento de datos personales, relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, incumplimiento, financieras o de crédito. Consideramos, sin embargo, que hemos perdido una oportunidad de oro para regular los ficheros positivos de solvencia, en línea con la regulación que ya existe en otros países. ¿Usted consideraría positivo para los consumidores, que las empresas, especialmente, las entidades financieras, pudieran compartir esos datos positivos de solvencia?
¿No cree que podía fomentar la confección de crédito responsable y evitar el sobreendeudamiento de los consumidores?
Además, es claro que tanto el Reglamento como la ley orgánica han pretendido potenciar la figura del delegado de protección de datos. Usted lo ha mencionado, que es una persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la Agencia Española de Protección de Datos.
En la memoria de la agencia, correspondiente al año 2019, se refieren a su propósito como parte del Plan Estratégico, de invertir en la promoción y apoyo a los delegados de protección de datos. Le pregunto: ¿cómo está funcionando la comunicación entre la agencia y los delegados? ¿La información de estos está resultando provechosa? ¿Hay algo que pueda mejorarse, a su juicio?
Por último, no quiero ser muy extenso, porque sé que le planteo muchísimas preguntas, me gustaría saber si la agencia tiene un plan definido para la implementación general y en lo largo del tiempo del
teletrabajo. Ya nos ha dicho que sí, que lo ha hecho y que prácticamente al cien por cien, y, de hecho, nos alegra mucho, porque no han tenido ni un contagio, por lo que nos ha comentado.
A raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19, y nos ha mencionado también la digitalización progresiva de la agencia. ¿Nos podría ahondar un poquito más en qué sistemas concretos?
Con respecto a los expedientes que ha mencionado, ¿hay alguno que apunte ser susceptible de sanción? Nos ha dicho que la mayoría podrán ser previsiblemente archivados. Pero si hay alguno que tenga más pinta de ser con una conducta sancionable.
¿Han resuelto con sanción durante la pandemia algún procedimiento por comportamiento contrario a la Ley de Protección de Datos?
Nada más. Simplemente darle las gracias de nuevo por la información, por todos los datos que nos ha pasado, la verdad es que muy útiles.
Debo decirle que estamos muy en consonancia con lo que son sus políticas con respeto también a la protección de las personas.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Gracias.
Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra Ismael Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Gracias a la señora Mar España, por el detallado informe que ha presentado, y también por el delineamiento del final que ha expuesto.
Mi intervención irá más focalizada en el contexto actual del COVID-19, y después plantearé algunas cuestiones al final de mi intervención, de carácter más general.
La crisis ha supuesto una actuación extraordinaria por parte del Gobierno, para proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía. Cumpliendo con la responsabilidad de protección, ante todo, ha tomado medidas en todos los ámbitos, para contener la progresión de la enfermedad.
Si bien es cierto que hemos alcanzado niveles de contagio de los más elevados de Europa, también es cierto que hemos sido uno de los países que ha actuado de manera más rápida para frenar esta situación. A este respecto, creemos que el uso de los datos anónimos a gran escala, como ya se ha mencionado aquí, ha sido realmente útil para contener la propagación del COVID-19.
En función de los datos se ha podido tener una aproximación real de los focos de contagio y de las tendencias, para aplicar medidas que han frenado la expansión de la pandemia.
Como ya se ha mencionado, algunas instituciones internacionales han advertido que, de no haber hecho uso de los recursos a nuestro alcance, la enfermedad, el COVID había tenido una. Perdón, nuestro Gobierno habría tenido una actitud irresponsable para afrontar la severidad con la que España ha sufrido el COVID-19.
Quiero resaltar algo que ha hecho mención la ponente, y es que el 12 de marzo, la Agencia Estatal de Protección de Datos publicó un informe sobre los tratamientos de datos en relación con el COVID. Se indicaba que el Reglamento General de Protección de Datos contiene las salvaguardas legales para el tratamiento de datos personales, en situaciones de excepcionalidad como la presente.
El informe facilitó que más tarde se produjese una cadena de información eficaz entre el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los hospitales.
Desde mi grupo creemos que se ha actuado con rigor, siguiendo la ley y las indicaciones europeas. Entendemos que los datos anónimos de movimiento y de geolocalización se han utilizado estrictamente con fines sanitario, respondiendo a la protección de la población frente al virus. La legislación ampara este uso de los datos en supuestos excepcionales, como es el momento actual.
Las aplicaciones informáticas, por otro lado, también han permitido asistir a mujeres que son víctimas de malos tratos y que conviven con su agresor durante el tiempo de confinamiento, a través de canales como el centro virtual sobre la violencia de género.
Dicho esto, también quiero señalar algunos desafíos a los que nos enfrentamos en el actual estado de alarma. En un famoso artículo publicado en El País, por el filósofo coreano Byung-Chul Han, afirmaba que la conciencia crítica ante la vigilancia digital, en Asia es prácticamente inexistente, y apenas se habla ya de protección digital en Estados liberales como Japón o Corea.
Sin embargo, y creo que aquí podemos acordar todos los que estamos en esta sala, en Europa, la cultura política es diferente respecto a la intromisión del Estado en la privacidad ciudadana.
Por lo tanto, a la hora de establecer formas de evitar contagios, se han de tener en cuenta las diferencias culturales entre distintas poblaciones.
El gran desafío -como se ha indicado también en la ponencia- es de hacer compatible la seguridad sanitaria en tiempos de pandemia, con una ética de la privacidad, y conjugar el interés público para la investigación epidemiológica con los derechos civiles fundamentales.
Vivimos una realidad líquida, cambiante y acelerada en el momento presente, y esto nos obliga a pensar en la ética del uso de los datos, que implique tanto a las Administraciones públicas, pero también a las empresas y, por supuesto, la centralidad de la ciudadanía.
Creo que hay que poner en el centro del debate el consentimiento individual de los datos anonimizados, y la Comisión Europea es clara al respecto. De acuerdo con las declaraciones de (palabras que no se entienden), para la cadena Euronews, es fundamental que la instalación y el uso de cualquier aplicación sea voluntaria.
Hay países que nos demuestran que el momento de la medicina participativa, a través del uso de smartphone o aprender el uso de inteligencia artificial, como pueden ser los chatbots, es imprescindible en estos momentos.
Consultar las dudas de la ciudadanía, preguntando acerca de sus síntomas o declarar voluntariamente los propios casos de contagio o el contacto con otros contagiados, permitiría dar prioridad a los test para aquellos que sean sospechosos portadores del COVID.
Dicho esto, quiero plantear tres preguntas a la ponente. La primera, a mediados de abril, la compañía de vuelos Emirates, con sede en Dubái, se convirtió en la primera aerolínea en hacer el test del COVID a todos sus pasajeros. ¿Se contempla la posibilidad de que España requiera certificados de test a los pasajeros procedentes de vuelos internacionales?
La segunda cuestión tiene que ver con la vigilancia digital de las diferentes formas de violencia. Usted ha mencionado la violencia sexista y la violencia infantil. Yo quería hacer una pregunta, sobre todo, tipos de violencias, que es la violencia racista y la violencia terrorista.
En el pasado mayo, en Francia, y en febrero en Alemania, se pasó una estricta ley de violencia digital, que penalizaba no solamente en los contenidos de violencia sexista, infantil, terrorista y racista, sino también el discurso de odio. En el caso de episodios de violencia se instaba a las grandes corporaciones digitales, como pueden ser Google, Twitter o Facebook, a quitar el contenido en menos de una hora, y en el caso en que tuviera discurso de odio, en menos de 24 horas.
La pena para las compañías que no cooperasen con esta Normativa, llegarían a alcanzar los 50 millones de euros.
Además de retirar el contenido, deberían informar a un cuerpo especial policial de los contenidos subidos a la red.
Quería saber qué valoración hace usted de estas leyes, y si ve la posibilidad de que una actuación similar podría llevarse a cabo en España. Gracias.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RÁEZ: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias por comparecer y por su amplia exposición, porque me ha contestado prácticamente todo lo que le iba a preguntar.
Una de las cosas que le iba a preguntar es si se va a presentar a la renovación de su cargo, y otra eran los medios que necesita la agencia. Entiendo que muchos.
Estoy interesado por Brexit. Usted aprecia que hay cierta brecha en nuestra sociedad, y, sobre todo, en el tejido empresarial, a la hora de poder acceder al conocimiento y al cumplimiento de las normas de protección de datos. Porque claro, como usted ya ha dicho, una empresa pequeña no tiene los mismos medios para acceder al conocimiento y a la gestión de la complejidad que supone ya cada día más el cumplimiento de las normas. Aunque también he podido entender que han avanzado algo, bueno, bastante en lo que son los instrumentos para este fin.
Se ha hablado de independencia. Lo que le quería preguntar es si usted se ha sentido independiente en el ejercicio de su cargo. Por supuesto que desde Vox lo que pretendemos siempre es que instituciones de este tipo sean lo más independiente posible. Porque creemos que, efectivamente, es hacer una importante labor de control, la cual es esencial, para algo que consideramos que es que haya confianza en la población, sobre todo en las empresas, a la hora de sentir que sus datos están protegidos, y que eso, sin duda, influye mucho en lo que es el desarrollo económico. Sin confianza no hay acceso.
Me gustaría que me ampliase usted su apreciación sobre las labores de monitorización que han sido tan discutidas en las últimas semanas, desde lo que es la Administración central del Estado. He entendido, no sé si lo he entendido bien, que en realidad cuando la agencia ha tenido conocimiento por la prensa de alguna situación en la que ha tenido que actuar, bueno, prácticamente de oficio, ha sido Generalidad Valenciana y Administración central, fundamentalmente, ¿no?
O sea, que ha sido básicamente desde ministerios o lo que es la Generalidad Valenciana, que han tenido ustedes que dar un paso adelante allí para poder abrir expediente. Porque entiendo que el expediente número 9 que usted ha citado, se refiere a precisamente lo que decía antes, lo que son las labores que se hacen de monitorización desde el Ministerio del Interior, si lo he entendido.
En ese caso, me gustaría que usted me valorase, si es posible, la apreciación que tiene usted sobre esa labor.
También me gustaría saber si usted cree que las Administraciones públicas en general respetan la Normativa de protección de datos. ¿Hasta qué punto hay un buen grado de cumplimiento de la Administración pública, en general? Me paro especialmente en la Administración de Justicia, porque, bueno, a lo mejor soy un poco egoísta, pero como he ejercido como abogado durante 25 años, si es verdad que entrar en un juzgado, con los pocos medios que tienen, pues sin duda a veces crea cierta desconfianza en cuanto al trato de los datos, al trato de los expedientes.
Yo no sé si hay alguna actuación específica de la agencia, respecto a alguna rama de la Administración en especial, y especialmente lo que es la Administración de Justicia, lo que es el tratamiento de los datos; sobre todo, cuando además vemos que ciertos datos de procedimientos judiciales, etcétera, trascienden a la opinión pública.
Por último, voy a repasar las preguntas, no sean tantas.
El resto se las voy a dejar para la próxima.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra María Jesús Moro Almaraz.
Buenas tardes. Muchas gracias a la directora de la agencia, señora España. Es necesario que inicie la intervención, necesario, y además, convencida de ello, agradeciendo el trabajo de la agencia y de su directora, en los últimos años, de los que ha hecho un exhaustivo balance, y que ha sido en un momento clave, de un cambio regulatorio en la Unión Europea y, en consecuencia, también en España, en materia de protección de datos; cambio regulatorio y cambio de modelo, al que prácticamente no nos hemos podido adaptar, cuando los retos nos han superado.
También nuestro reconocimiento por la tarea realizada durante el estado de alarma, que usted ha relatado profusamente, en un servicio que para nosotros es esencial. Lo es siempre, y más en una situación de un estado excepcional que se ha declarado con extremas medidas de confinamiento de la población.
En el informe de análisis de tecnologías COVID de la agencia, usted dice: "Nuestra sociedad se encuentra en un punto de inflexión crítico, no solo debido a la situación de pandemia, sino en relación con el planteamiento del modelo de derechos y libertades. Por lo tanto, hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de tomar medidas que puedan tener consecuencias irreversibles y que puedan estar guiadas únicamente por la urgencia y el miedo o, lo que es peor, otros intereses".
Desde luego, yo no lo hubiera dicho mejor. El Grupo Popular ha mostrado y sigue mostrando la convicción de que en esta situación es imposible la máxima apertura en los poderes del Estado y el fortalecimiento del funcionamiento de instituciones y organismos, como es el caso de la Agencia de Protección de Datos, que permitan garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y mantener el check balance que distingue a las verdaderas democracias, incluso en situaciones excepcionales o precisamente en ellas, ofreciendo transparencia y controles claros y eficaces a los poderes exorbitantes del Ejecutivo, que los tiene, y los tiene en el marco constitucional.
En nuestro grupo hemos denunciado ese intento de lo que podríamos llamar, siguiendo una nomenclatura que le gusta al Gobierno, de hibernación de derechos y libertades por parte del Ejecutivo, más allá de lo que resiste justificar el amparo de la Constitución. Incluso, se ha intentado bloquear el correcto funcionamiento de esta comisión constitucional, y ello, aunque es la comisión de referencia en el Congreso, para los estados de excepción, en este caso, para el estado de alarma, y la competente, por
tanto, para solicitar al Ejecutivo todos aquellos informes, comparecencias y documentos que permitan hacer el seguimiento preciso, la evaluación también, en ese control al Gobierno y a los titulares del mando único. Hoy vemos claramente, como en otras comparecencias, que es útil y que es necesario.
No ha entendido el Gobierno que la pandemia y el estado de alarma no podía suspender los derechos y libertades de los ciudadanos, como tampoco podía suspender el funcionamiento pleno de las Cortes Generales, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia, por citar algunos de los puntales que creo, creemos desde mi grupo necesario. Este, por tanto, es el fundamento que nos llevó a la petición de la comparecencia y que ha añadido usted los datos sobre la gestión en estos años.
Junto al confinamiento de los ciudadanos y la hibernación de la economía con el estado de alarma, el Gobierno ha puesto demasiado empeño en hibernar los instrumentos de garantía de los derechos y de control del poder de Ejecutivo y los mecanismos de transparencia. La gestión de esta crisis en confinamiento ha lanzado mensajes alarmantes a los ciudadanos de poco respeto a la privacidad, también de poco respeto a otros de sus derechos fundamentales.
En plena incertidumbre con la crisis sanitaria, los ciudadanos han sido, hemos sido abrumados con noticias y profusión normativa de carácter intervencionista, desarrolladas en los normales filtros y estándares de participación democrática en su elaboración. Conceptos que para muchos les han sonado a una extraordinaria alarma, geolocalización, rastreadores, pasaportes de inmunidad, arcas de Noé, apps y webs de reconocimiento, seguimiento, detección de síntomas. Todo ello aparecía aflorando una apariencia de renuncia a la propia intimidad o de dejación de los derechos fundamentales. Esto se hubiera resuelto, como hemos podido ver en la tarde de hoy, con trasparencia, no por hiperinformarse, si me permite la palabra, los ciudadanos pueden recibir mejor en una situación de temor, que es lo que están haciendo los poderes públicos por ellos.
El estado de alarma no puede determinar, ya se ha dicho, la suspensión de derechos fundamentales ni la derogación de las normas de protección de la privacidad, y ustedes han insistido en uno y otro informe sobre el tema, y nos parece muy adecuado. Porque hemos asistido atónitos, algo se ha dejado caer en alguna intervención previa, a la exaltación pública, de forma acrítica, de las bondades del atropello de la privacidad en sistemas políticos poco democráticos; atribuyendo no solo eficacia en la detención de la enfermedad, sino de la gestión sanitaria, y dando por buena una sujeción ilimitada e incondicionada a las decisiones de los poderes públicos, adoptadas bajo la consecuencia de pérdida de derechos y libertades y utilizando todo aquello que la tecnología permite hacer, sin reflexión previa de si es legal y si constitucionalmente es posible utilizarlo sin cautela. Nadie puede negar, y nosotros menos, que los bienes, vida, integridad física y salud pública tienen un valor extraordinario, pero que colisionan con otros derechos fundamentales y que estrechan especialmente los límites de la privacidad, del derecho a la intimidad, pero no son ilimitados y no pueden anular los demás derechos.
Así que ponderación y proporcionalidad son parámetros que no se pueden dejar de lado si se quiere mantener el adecuado equilibrio constitucional.
Vivimos malos tiempos, en los que los binomios, privacidad-seguridad, salud-privacidad, debilitan profundamente el derecho a la intimidad. Pero eso no significa que deba ser atropellada sin recurso alguno al ciudadano. Estamos en la edad del big data, como bien se ha puesto de manifiesto, y, por tanto, junto a finalidades absolutamente legítimas y que hay que mantener, y que no pasa nada, simplemente porque se hable de ellas y se mejoren los protocolos. Vivimos una carrera loca por controlar el mercado de los datos personales, con finalidades muy distintas, y que, desde luego, no pueden tener amparo en un sistema como el Europeo de Protección de Datos, y, mucho menos, el constitucional español.
A pesar de lo que anuncia en sus entrevistas la vicepresidenta Calvo, la gestión del estado de alarma no ha sido ejemplar. En lugar de reforzar instituciones garantizadoras del respeto a los derechos de los ciudadanos, como la agencia, se han priorizado actitudes autoritarias, propuestas intervencionistas y decisiones que primaban dentro; la monitorización, la intromisión a la libertad de expresión, etcétera, antes que la transparencia y la protección de privacidad.
Hemos visto, y tenía varias preguntas, pero algunos han sido contestadas, cómo indudablemente la agencia ha tenido que ser proactiva y ha tenido que reaccionar.
Es verdad, y vamos a reconocerlo, que la situación era urgente, era alarmante, y que, por tanto, hay que poner toda la mecánica en marcha. Pero creo que ha sido una prueba de cómo pueden reaccionar los distintos ministerios, las distintas Administraciones y también las personas privadas. Por tanto, nosotros creíamos que era imprescindible que el Congreso de los Diputados tuviera conocimiento de ello, porque
a pesar de la extraordinaria labor de la agencia, creemos que se ha producido una sordina sobre su trabajo.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Señora Moro, tiene que ir acabando.
La señora MORO ALMARAZ: Voy a terminar muy rápido.
Gracias, presidenta, si me permite, para terminar la argumentación. Se ha producido una sordina. Esa sordina, por mucho que ustedes se empeñan, efectivamente, con el trabajo, indudablemente hace hablar más a las sospechas de monitorización, que haber dejado claramente que tiene que haber campañas de asesoramiento promovidas por el Gobierno, para que los ciudadanos no tengan temor ante estas actuaciones.
Por tanto, nos preocupa, y lo voy a dejar para después, dos ámbitos, que tengo varias preguntas pero que no me da tiempo, pero sí los quiero señalar. Nos preocupa por qué ha habido esa desigualdad en los distintos ministerios, a la hora de afrontar sus obligaciones en materia de privacidad. Agradecemos que la agencia haya actuado de oficio, y que siga habiendo esa desigualdad en los expedientes, en la instrucción de los expedientes que se realizan en este momento.
Nos preocupa una segunda cosa todavía más. Nos preocupa que estas actuaciones, que son excepcionales, porque todavía estamos en estado de alarma, se puedan normalizar. Se intente justificar una normalización después de esa nueva normalidad, y me permitirán el trabalenguas. No queremos desde mi grupo parlamentario que se maneje el temor social, y que después, con ese temor social se aproveche para convertir en normalidad la intromisión, que ya no es en estado de alarma, que ya no es en estado de emergencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Señora Moro, tiene que ir acabando, porque lleva ya casi dos minutos.
La señora MORO ALMARAZ: Perdón.
Bien, esto, y después le haré alguna pregunta concreta para que me detalle alguno de los expedientes.
Gracias, y disculpe.
Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, Odón Elorza González.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: (Palabras que no se entienden). Buenas tardes, presidenta, y a todos ustedes.
La verdad es que tenía mis dudas, pero reconozco que hacer 1000 kilómetros en mi coche para venir aquí únicamente para escucharla a usted, ha merecido la pena. Me parece una intervención, nos parece una intervención, como hemos comentado, realmente enriquecedora.
Una intervención que ha explicado con detalle, dentro del tiempo que ha dispuesto usted, los trabajos que ha realizado la agencia nos han descubierto -a mí en particular- espacios de trabajo nuevos que no sospechado, y nos ha aportado realmente elementos para trabajar en los próximos meses y años, en cuestiones fundamentales que usted ha vivenciado, y que, de alguna manera se puede decir que ha dejado una herencia muy rica, muy positiva. Lo cual, además nos congratula, conociendo su trayectoria, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Precisamente, se demuestra que una persona con usted, nombrada por un Gobierno anterior, ha realizado una labor pulcra, una labor excelente, una labor independiente y muy celosa. Eso sí, muy celosa, quizá hasta en exceso, como luego comprobaremos.
Pero dicho lo cual no quisiera que el Grupo Parlamentario Socialista hiciera utilizar este tiempo para hacer una alabanza de las realizaciones y de la actuación prudente, y más bien acertada, con sus errores, del Gobierno. No queremos emular a la portavoz del Partido Popular, que ha utilizado su tiempo, básicamente, para hacer, no sé si decir mitin, campaña o parte de acoso al Gobierno, sino que queremos ser positivos y plantearle una serie de consideraciones; algunas han sido ya formuladas, no me voy a repetir, y otras las ha respondido usted ya en su intervención.
Pero por precisar más, y con independencia de que nos volveremos a leer el acta, porque ha dicho muchas cosas en poco tiempo, nos atrevemos a preguntarle si, teniendo en cuenta, como se ha dicho ya aquí, esa ecuación entre beneficios y riesgos y ese binomio a la hora de dar por bueno, por eficaces, por proporcionadas, por ajustadas a la legalidad, las aplicaciones tecnológicas, que algunas ha referido, otras
están contenidas, las siete aplicaciones tecnológicas están contempladas, relatadas y explicadas, en cierto modo, en su documento de mayo del 2020. Sobre estas siete aplicaciones, algunas de ellas ha hablado y de otras no, y sobre también esas tres actuaciones en desarrollo, también aplicaciones tecnológicas, sistemas innovadores que viene poniendo en marcha la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, nos gustaría que nos dijera realmente si de todas ellas -yo calculo que hay diez, pueden ser más- cuáles le parece a usted que deberían ser las que conviene realmente trabajar, desarrollar a fondo, garantizando las condiciones que usted ha dicho; evitando amenazas a la privacidad; garantizando la libertad.
Pero siendo también, además, prácticos, y buscando aquellas herramientas e instrumentos necesarios, imprescindibles, para, de acuerdo con la cobertura que nos da en su día la directiva europea y la trasposición que se hizo de la ley orgánica de hace tres años, podamos realmente afrontar con las máximas garantías en situación de emergencia sanitaria, la salud de las personas, en estos rebrotes que se están dando y que se van a dar, sin ningún género de dudas. También, ante esa previsible cacareada, ayer lo decía el Centro de Prevención Europeo, de esa segunda oleada que a todos nos produce miedo o respeto.
Ante eso, cuáles de las aplicaciones tecnológicas que se vienen manejando, usted ha hecho referencia a algunas de ellas, quizá demasiado rápido, quizá a falta de tiempo, y para precisar y para que conste en acta, ¿sobre cuáles cree que trabajaría más a fondo?
Me consta que tuvo usted una entrevista recientemente, el día 20, con el Ministro de Justicia. En tal sentido, no sé si nos podría detallar algo más, una cuestión que nos ha parecido a todo el grupo, nos hemos mirado y nos hemos (palabras que no se entienden), de gran interés, cuando ha hecho usted referencia a la idea de un pacto de Estado por la convivencia digital, en los términos en los que lo ha expresado, para que las redes no sean lo que son esa locura. Me gustaría saber algo más, si tienen ustedes -porque cuando hablamos de usted, nos referimos al conjunto de la agencia, a la cual reconocemos, vistas las carencias presupuestarias y de otro tipo, el trabajo que han realizado- nos gustaría saber si tiene algún documento más desarrollado sobre esta idea.
No quisiéramos llegar, aunque nos ha parecido muy interesante la referencia que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida Podemos a la ley alemana, en su día, tan controvertida. En parte, tampoco hay que tenerle miedo a algún tipo de regulación, si está bien ajustado y es conforme a derecho.
Por tanto, nos gustaría saber también, además de esta cuestión, si se ha producido, yo creo que sí, creemos que sí, esa colaboración, ese espíritu colaborativo entre la agencia que usted dirige y otros organismos con los que ha tenido y tiene mucha relación la agencia de la AGE, de la Administración General del Estado. Porque entiendo que usted ha hecho referencias muy positivas a ese espíritu de colaboración, a logros, a trabajos en común, a consecución de objetivos.
Pero también ha hecho esa referencia, esa coletilla continua. Yo le he contado hasta 12 veces, a que "hemos tenido conocimiento por medio de la prensa", "nos hemos enterado por la prensa", y estoy seguro de que usted lo ha dicho con toda la mejor voluntad y con toda la intención, para que quede constancia ¿de qué? ¿De que hay una incomunicación? ¿De que no hay unos canales establecidos entre distintos organismos en una situación tan excepcional como la que hemos vivido y vamos a vivir todavía, aunque quizás en menor grado, durante esos tres meses, como consecuencia del COVID? ¿No hay unos canales de comunicación, de conocimiento de lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, de cómo podemos establecer sinergias? A nosotros eso nos preocupa mucho y nos gustaría escuchar algo más por su parte.
Dicho también que tampoco nos ha parecido muy lógico, muy correcto, que si el día 20 de mayo la señora vicepresidenta tercera del Gobierno, en un viaje a Canarias hace pública una iniciativa; una iniciativa en términos además muy prudentes, y es una iniciativa por la cual iban a analizar, a estudiar, con todas las garantías legales, porque tengo aquí la nota de prensa que apareció en El País, el día 20; cumpliendo la legalidad; sin amenazas a la privacidad; haciendo un estudio. Con esas cautelas que ya la ministra, señora Nadia Calviño, anunciaba el día 20 en Canarias, de un proyecto piloto de la Secretaría de Estado que usted conoce, de digitalización, por qué siendo eso así, ya simplemente con ese anuncio, hizo usted un tuit al día siguiente, no pasaron ni siquiera 15 horas, ya advirtiendo de que habría una investigación en relación con. Tampoco parece que el espíritu de colaboración, en este caso, por (palabras que no se entienden) por su parte, haya sido debidamente, no sé, lo correcto, haya sido prudente.
Dicho lo cual, y acabando, me temo que se me está acabando el tiempo. Queríamos también preguntarle en relación con ese nuevo estatuto de la agencia -conocemos los detalles, usted los ha
explicado- sí queremos poner aquí de relevancia para todos los grupos- como una reflexión general, porque viene a cuento- la necesidad de que entre todos los grupos, con el mejor ánimo y talante de consenso y de saber pactar y de saber elegir, en concurrencia o no a personas capaces, de mérito, independientes, para que la renovación de las vacantes que hay en distintos organismos constitucionales, organismos supervisores, reguladores, que hay un buen número en este momento en esa situación, como el puesto que usted ocupa. Por ejemplo, la Presidencia del Organismo de Transparencia y Buen Gobierno, por no hablar del Tribunal Constitucional, el Consejo General, etcétera. Para que seamos conscientes en estos momentos en los que cada organismo es fundamental que haga su papel, tengamos voluntad política de llegar a acuerdos en esta Cámara, entre todos.
Nos parece el mejor servicio a la ciudadanía y a España, en estos momentos.
Acabado el turno de los grupos parlamentarios, tiene otra vez la palabra la comparecencia, para que responda o para que matice todas aquellas cuestiones que entienda necesarias.
La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (España Martí): Muchas gracias.
Quería agradecer, en primer lugar, el tono constructivo a todos los grupos parlamentarios. Comenzará por el orden de intervenciones.
Espero haber apuntado todas las dudas.
En relación con la intervención del portavoz de Ciudadanos, respecto a los menores, creo que ahí quedan varios temas por hacer. Uno sería impulsar -que me consta informalmente que el Ministerio de Educación está trabajando en ello, y también en la en la reforma de la Ley Orgánica de Educación- que en las asignaturas troncales y comunes se incluya también el uso responsable de Internet, porque esto ha sido un tema transversal. Creo que es muy importante que podamos coordinar una campaña con todas las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de educación, en relación con el canal prioritario de denuncia de esa retirada de contenidos de Internet, que eso tiene que estar a la orden del día. Ayer trabajaba con la delegada de violencia de género. Vamos a trabajar conjuntamente en sensibilizar a los jóvenes, sobre todo a las mujeres, en lo que se llama el control digital. Cada vez es tremendo, va a peor, y las adolescentes consideran normal que sus parejas controlen su actividad en las redes sociales, dónde están, etcétera, y creo que es algo importante donde se podría trabajar.
Me preguntaba también si creía que la ley orgánica había fortalecido el ejercicio del derecho fundamental, y si faltaba algo respecto al Reglamento General de Protección de Datos. Como el Reglamento es directamente aplicable, la ley orgánica tuvo que plantearse en términos donde en más de 50 aspectos, el Reglamento General de Protección de Datos habilitaba a los Estados miembros a mejorar la Normativa. En algunos se permitía flexibilizar, como es lo que nosotros hicimos, en relación con, por ejemplo, el mecanismo de traslado es a través de los responsables o los delegados de protección de datos.
En otro quisimos dar un paso más allá, por ejemplo, con las denuncias anónimas que les comentaba, o con el tema de la regulación de los menores. Llevo algunos temas donde queríamos dar seguridad jurídica, como era, por ejemplo, el artículo respecto a la regulación de los datos de contacto, las cámaras de videovigilancia, etcétera.
Mi respuesta respecto a la ley orgánica es positiva, entre otras cosas, porque dedicamos más de dos años de trabajo; primero, en la ponencia, que constituyó, ya no me acuerdo bien por qué orden (palabras que no se entienden), el ministro de Justicia catalán y cuatro personas fuimos miembros de la ponencia. Después estuvimos trabajando a nivel técnico, el abogado (palabras que no se entienden) con los grupos parlamentarios, para poder dar esa garantía de seguridad y de legalidad en cuanto a las enmiendas que plantearon los grupos parlamentarios. Solo hubo una sombra, que fue la enmienda en relación con la LOREG, que precisamente la agencia se vio obligada a tener que emitir esa circular, para poder garantizar el tratamiento de los datos ideológicos de los ciudadanos en las redes sociales, que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Me preguntaba también por la independencia y por si consideraba que el ser nombrada por el Gobierno puede dar garantías de independencia. Mi respuesta es que sí. Hubiera sido quizá mejor el que el nombramiento hubiera sido en ámbito parlamentario, como pasa, por ejemplo, en el defensor del
pueblo. Pero, por ejemplo, yo ya planteé, la independencia es importante aquí, no solo frente a los partidos políticos, sino frente a las grandes corporaciones, que era algo en lo que incidí en mi comparecencia en el 2015, ante esta Cámara, porque estamos tratando diariamente con las grandes corporaciones del país o multinacionales. En este caso, aunque no me lo he planteado, pero, por ejemplo, una probable independencia, porque además hay una ley que informalmente comentamos en la agencia, que es la Ley de Murphy.
A los pocos meses de ser nombrado director o directora de la agencia, automáticamente se pone a prueba la independencia. Ha pasado con todos los directores anteriores, que han tenido que sancionar, o al partido que les apoyó o al ministerio. En mi caso, la Ley de Murphy se volvió a cumplir, y sancionado al Ministerio de Justicia en el mandato del ministro de Justicia, que me propuso como consecuencia de la quiebra de seguridad en (palabras que no se entienden), al Partido Popular y al Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en el mandato en el que yo había estado trabajando de viceconsejera de Presidencia, (palabras que no se entienden) la relación de los expedientes. Es decir, eso es algo automático, y, fundamentalmente, creo que eso es fundamental de cara a la reelección, tener en cuenta el perfil profesional, más que el político, respecto a las candidaturas que existan. Pero no tengo ninguna duda de que puede funcionar, y para eso están precisamente los grupos parlamentarios y los diferentes controles, para poder verificar esa independencia.
Me comentaba también sobre mi valoración respecto al Consejo Consultivo. Ya existe en la actualidad, está regulado en el Reglamento actual, vigente en parte del 2007, respecto a la agencia, funciona bien. Es un órgano consultivo que no tiene funciones jurídicas vinculantes. En la Ley Orgánica 3/2018 se ha dado un salto más, aumentando la participación social, y entiendo que a mí no me corresponde valorarlo. Nos reunimos entre dos y tres veces al año, y las relaciones son buenas, han sido muy constructivas las reuniones, y estoy segura de que así seguirán funcionando en el futuro.
Me preguntaba también por los sistemas de información crediticia y los ficheros positivos de solvencia. Conozco, porque hubo dos tomos de enmiendas de los grupos parlamentarios. Igual que el Reglamento General de Protección de Datos batió el récord de enmiendas en una Normativa europea, y fueron más de 5000 las enmiendas, con las enmiendas a la ley orgánica, también tuvimos que trabajar en más de, eran 400 páginas de enmiendas. Una de las enmiendas, y precisamente su grupo era de los ficheros positivos de solvencia.
En la agencia, para poder dar asesoramiento, hicimos un estudio comparado respecto de los países donde se estaban regulando esos ficheros. Es una minoría. Normalmente, las regulaciones nacionales de nuestros colegas europeos han sido muy prudentes, porque se puede producir también un factor. Ahora mismo funcionan los ficheros negativos de solvencia, y realmente es uno de los ámbitos donde más reclamaciones recibimos, precisamente por inclusión indebida. Esto es como darte de alta en un móvil. Te das de alta por teléfono en un minuto, las bajas ya son más complicadas. La inclusión en un fichero de solvencia negativo puede tener graves dificultades.
Entendíamos desde la agencia que, teniendo en cuenta que los ficheros de solvencia positivos eran una regulación muy minoritaria y excepcional, y que además podían producir un efecto de estigmatización, en el sentido de que ya no vale que no estés incluido en un fichero negativo, sino que como no estés en uno positivo, no te dio un crédito o no te dio una contratación a plazos y podía perjudicar a los ciudadanos, entendíamos que ese riesgo respecto al impago ya lo daban adecuadamente los ficheros negativos. A nosotros no nos correspondía valorar la oportunidad o no de una enmienda. Simplemente trasladamos el criterio técnico y el análisis comparado de la agencia, y fueron los grupos parlamentarios los que decidieron no incluir esa enmienda respecto a los ficheros positivos de solvencia.
En cuanto a la comunicación con los delegados de protección de datos, tenemos ya más de 50 000 delegados de protección de datos comunicados. Con el sector público la comunicación es muy fluida, porque con los delegados y delegadas de protección de datos de Educación y Sanidad, prácticamente hay una o dos reuniones al año. Pusimos en marcha el servicio Informa, en un primer momento abierto tanto al sector público como al sector privado. Además, trabajamos con CEOE y CEPYME, para ofrecer desde la agencia la fórmula más flexible. Es decir, el Reglamento, en el artículo 35 establece la obligatoriedad de determinados delegados de protección de datos, y la ley orgánica establece una lista donde entendíamos que, por ejemplo, porque se realiza perfilado o tratamiento masivo, son datos especialmente sensibles; sector financiero, hospitales, sector de seguros, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, era obligatorio tener un delegado de Protección de Datos.
En ese sentido, creo que el servicio Informa ha estado abierto a cualquier consulta, y prácticamente se están resolviendo en el mes las consultas que se están recibiendo, sin perjuicio de si hay una consulta donde hace falta necesariamente un criterio, el gabinete jurídico, que emite una media de 500 informes anuales, y tienen también todo mi reconocimiento, aunque no son personal propio la agencia, por la labor que están haciendo para dar seguridad jurídica.
Se están ateniendo también las dudas del ámbito de los delegados de protección de datos, a través de ahí.
Pusimos en marcha el esquema de certificación, para facilitar la competencia y la profesionalidad de los delegados de protección de datos. Hemos trabajado con las asociaciones de privacidad, para poder dar solvencia, porque no todo el mundo debe nombrar un delegado de Protección de Datos, y entendemos que no todas las pymes deben gastarse el dinero en nombrar un delegado, si no tienen tratamiento de datos masivos o datos de alto riesgo.
Pero a veces sí sería bueno un asesoramiento. Entonces, por un lado, pusimos en marcha la herramienta Facilita, que les da gratis el registro general de actividades de tratamiento, adaptado al volumen de negocio y a la actividad de esa empresa; las cláusulas informativas; los contratos con sus encargados de tratamiento; y cláusulas en relación con seguridad. Pusimos eso a través de la herramienta Facilita. Por otro lado, transmitimos a CEOE y a CEPYME, y a los colegios profesionales que agrupan a 1 300 000 profesionales en nuestro país, que desde la agencia admitíamos las fórmulas más flexibles. Es decir, valía un delegado de Protección de Datos, compartido, por ejemplo, como me consta, por el Consejo General de la Abogacía, que pudiera asesorar a todos los abogados, que quizás en determinados tratamientos puede valer un análisis de riesgo tipo. Valía desde el punto de vista sectorial, que la asociación, no sé, iba a decir la Asociación del Metal, pero esa ni siquiera necesitaría, seguramente, delegado de protección de datos, porque no hacen perfilado y los tratamientos de datos son básicos. O sea, permitíamos flexibilidad, y pueden ser tanto obligatorios como voluntarios.
Creo que la interlocución ha sido adecuada, pero están notificados a la agencia todos los delegados y delegadas de protección de datos. Primero, ¿están nombrados todos los delegados y delegadas de protección de datos que deberían estar? Pues seguramente no.
Si hacemos una extrapolación de los más de 4 millones de ficheros privados, que ya no es obligatorio, que están declarados a la agencia, el 70 % eran datos de carácter básico. No todos, por supuesto, los de carácter básico no hay que tener nombrado delegado de Protección de Datos, pero seguramente haya un impase entre los 50 000 delegados y delegadas de protección de datos que tenemos notificados y los que deberían estar. Puede ser que estén nombrados y ni siquiera nos lo hayan notificado. De hecho, ya estamos empezando a imponer sanciones a empresas privadas o apercibimientos a Administraciones públicas, porque todavía no han nombrado delegados de protección de datos. Ya alguna comunidad autónoma que ha nombrado aéreos, que hay una sola persona para toda la comunidad autónoma, que eso es inmanejable. Pero seguramente ahí nos queden todavía temas por hacer.
Me hablaba del plan de teletrabajo. Por supuesto, queremos ir a más. Mi idea es que, a partir de la nueva normalidad, que el Gobierno ha recomendado teletrabajo hasta el 10 de agosto, poder ampliar el teletrabajo al cien por cien de la plantilla, pues ese 20 % de decalaje que había; seguramente no el 40 % de la jornada, aunque ha demostrado que sí; sobre todo, queremos poner esta experiencia en la agencia en valor.
Ya informo que el 24 y el 26 de este mes tenemos convocada y organizada una mesa de trabajo, ya lo he comentado, con la secretaria de Estado y Empleo, el Ministerio de Igualdad, la Secretaría General de Función Pública. Ejemplos de buenas prácticas de iniciativas privadas, (palabras que no se entienden), que la agencia ha sido la primera, y por ahora creo que es el único organismo de la Administración General del Estado que se ha adherido, y creo que es algo que se podría impulsar.
Con el tema de la digitalización, nosotros todo hemos trabajado, y además hay un tema importante. Simplemente consiste en cambiar, en vez de empezar a comprar ordenadores con el disco duro fijo, cambiar las compras por portátiles. A nosotros nos ha costado 100 euros por persona al año.
Dimos unas recomendaciones de seguridad. En este foro que estamos impulsando desde la agencia, ofrecemos -va a estar presente CEOE y CEPYME- el asesoramiento desde el punto de vista tecnológico, para que las empresas tengan esa tranquilidad, de que no va a haber problemas en las recomendaciones de seguridad.
Me hablaba respecto a los expedientes de sancionadores en relación con los de investigación que estamos abriendo yo, lógicamente ni puede prejuzgar, se van a archivar o no, ni puedo pronunciarme sobre ninguno, por el carácter reservado.
Hemos resuelto procedimientos sancionadores durante la pandemia.
Hemos estado tramitando todas las reclamaciones que nos han llegado, pero por la regulación vigente en el marco pandemia, no se podían firmar y notificar. Tengo todos los expedientes a punto, ya visados, con todos los centros a punto de firma y se están empezando a notificar desde el 1 de junio. Y sí que ha habido algún procedimiento sancionador.
Paso ahora a comentar las peticiones y los planteamientos del Grupo Unidas Podemos, del Grupo Federal. Por supuesto, comparto plenamente el hecho de que afortunadamente vivimos en el continente europeo, que es mucho más garantista con este derecho fundamental, tiene una continuidad mucho más crítica, en cuanto a la importancia de proteger la privacidad. En España hubiera sido impensable que se hubieran realizado las medidas de seguimiento de Corea del Sur, donde no solo se monitoreaba a los ciudadanos por las cámaras de videovigilancia, que están en las calles cada 10 metros o cada 5 metros, más con la tecnología 5 G, sino que además se estaba monitoreando el consumo de sus tarjetas de crédito para ver si se estaba moviendo, y en qué establecimientos y la geolocalización. Eso, ahora mismo, iría en contra de las recomendaciones que dictó el Comité Europeo y Protección de Datos y los propios informes de la Agencia.
Me pedía también la valoración en relación con los pasaportes inmunológicos, los certificados de sanidad y lo que estaba pidiendo la compañía de Emiratos Árabes en relación con el test del COVID.
Yo, aquí me pongo a disposición de las autoridades sanitarias. Precisamente le hicimos una consulta hace unas semanas, porque esos son quién determina la idoneidad en este momento. Del tratamiento de datos de salud, debe ser la autoridad sanitaria y por supuesto, cuenta con todo el asesoramiento de la Agencia y perfectamente podría tener cabida, si la autoridad sanitaria así lo decide, por las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea en relación con el turismo y el transporte. Han sido recomendaciones generales donde por lo que yo sé, y me estuve leyendo de la recomendación, no se habla específicamente el pasaporte inmunológico, pero si la autoridad sanitaria lo decidiera, con las determinadas garantías, con la minimización del impacto, porque a lo mejor es más fácil que te descargues un código o que enseñes un papel, a que ese dato de salud que está guardado en tu móvil, donde muchas Apps están accediendo a datos que los ciudadanos no saben, con los determinados principios, limitación de final y garantías, la Agencia lo podría avalar, pero, quien tiene que decidir si es idóneo o no, no es la Agencia, es la autoridad sanitaria.
Me preguntaba también. Y yo creo que es un tema muy importante por la violencia digital, por los discursos de odio en el ámbito racista y terrorista. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto del canal prioritario, lo primero que hicimos fue irnos 2 personas de la Agencia a Bruselas, porque lo primero que intentamos era adherirnos a algo que ya funcionara. Y pedimos a los funcionarios de Bruselas, de la comisión si podíamos adherirnos dentro del código de conducta que había aprobado la Unión Europea con las grandes 8 empresas tecnológicas en el marco de los delitos de odio, planteando que en él otros, son casos de violencia de género, es odio. ¿Puede ser odio entre géneros? y la respuesta fue que no. Entonces lo que hicimos fue ponernos creativos y empezar a trabajar bilateralmente con las empresas tecnológicas para poderlo incluir. Y ahora mismo en el canal prioritario, perfectamente sólo tiene que ser utilizable si hay tratamiento de datos. Y esto no es un delito de odio, allá serían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, pero, si por ejemplo, fuera la grabación a una paliza por razones racistas, a una persona en función de su raza. Y eso se empieza a difundir en las redes sociales. Perfectamente puede acudir al canal prioritario y por eso, nos hemos reunido con todas las ONG de igualdad, con las ONG de violencia género, con las ONG de discapacidad, porque esto puede afectar, también violencia, humillación a personas con discapacidad y con las ONG de LGTBI, las ONG homosexuales y todas las que representan la discriminación por razones de raza. Eso fue los primeros meses, ¿antes de febrero? para que las ONG del Movimiento asociativo y la sociedad civil también lo conocieran. Y si tenían conocimiento de este tipo de infracciones que atentan tan gravemente a la privacidad, pudieran acudir también las ONG a la agencia y denunciarlo. También tengo que decir que hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia y tuvimos una reunión también con actual directora general que lleva a estos temas, en el Ministerio de Igualdad.
Paso ahora a las propuestas del portavoz de VOX. Planteaba: Si entendía que había una brecha en el tejido empresarial para cumplir con la normativa de Protección de Datos. Soy consciente de que existe
bastante, pues nuestro tejido empresarial ya nos gustaría que fuera el de Alemania, con una media de empresas de tamaño mediano. Las nuestras, el 96 % de las pymes con empresas de pequeño tamaño que muchas veces no tienen ni siquiera ni personal contratado, que ahora mismo están pasando un auténtico calvario para subsistir. Y por eso entendemos, que puede haber un desfase y que la perfección que hay, de hecho, yo he sido gestor en la Administración, 30 años. Y yo también percibía que protección de datos, era una carga. Por eso toda mi obsesión ha sido intentar ayudar, intentar facilitar, aunque reconozco que no, es una tarea imposible, porque es un tema muy técnico y muy árido pero intentar facilitar a las pymes precisamente el cumplir con la normativa. Y esa fue la idea de la herramienta Facilita. Pedimos a CEOE también que nos hiciera una difusión y la propia CEOE hizo una encuesta para poder concienciar sobre el cumplimiento y el nivel de conocimiento de la normativa de protección de datos. Y ahora mismo, estamos trabajando. Ayer, precisamente esta semana, hemos dado cuenta externamente con los grupos de interés que tenemos identificados, respeto a la memoria de responsabilidad social de la Agencia y hemos acordado con la CEOE y con Cepyme en mantener un webinar en julio, igual que pasa con los delegados de Protección de Datos de Educación y Sanidad, que nos hagan llegar qué problemas están teniendo desde el punto vista de privacidad para que podamos dar respuesta tanto jurídica como tecnológica y también crear un grupo de trabajo específico, materiales de igualdad para poderles trasladar todo el pack de medidas que son de gran calado, en las que hemos trabajado en estos años, en la agencia.
También me ha preguntado por la independencia. Creo que es algo que ya he comentado, me ha planteado en cuanto a las labores de monitorización por parte de la Acería y por parte del Ministerio de Interior y ahora mismo no puedo prejuzgar ninguna de las actuaciones de investigación que se están realizando y por lo tanto me van a disculpar, pero no puedo dar más detalles.
Me ha preguntado también respecto al tratamiento de datos en relación con la Justicia y los procedimientos judiciales. Ahí, tanto Reglamento General de Protección de Datos como la Ley Orgánica, en cuanto al ámbito de aplicación, excluye la competencia de las autoridades de protección de datos en relación con aquellos tratamientos de datos que están inmersos en procedimientos judiciales. Esto no excluye, tenemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial donde se permiten inspecciones conjuntas y están funcionando. Las pocas que hemos hecho están funcionando bien y creo que sería importante impulsar este grupo de trabajo precisamente para poder trabajar, pues en el marco de la minimización del impacto de las mujeres víctimas de violencia de género, en los procesos judiciales.
Me ha preguntado también por mi valoración por el grado de cumplimiento de las Administraciones públicas. Creo que las Administraciones han hecho un gran esfuerzo. Seguramente el 25 de mayo de 2018, que parece la hecatombe, no todas habrían hecho, bueno, sería una insensatez por mi parte o una ingenuidad, si lo creyera, no todas habrían hecho el análisis de riesgos a la evaluación de impacto de los millones de tratamientos sensibles que se están tratando ahora mismo por parte de las Administraciones públicas en nuestro país. Pero hemos hecho una labor de formación exhaustiva, por parte del personal de la Agencia, con todos los delegados de Protección de Datos de la AGE, Administración General del Estado, nos hemos reunido periódicamente con los ámbitos de las Administraciones autonómicas, con la Fundación de Democracia y Gobierno local y con la GEM. Seguramente donde falte más por hacer es en el ámbito local para poder ayudar a todas las Administraciones públicas al cumplimiento.
Paso ahora a los planteamientos de la portavoz del Grupo Popular, coincido también, por supuesto, que el derecho fundamental a la protección de datos no está suspendido y ese fue uno de los primeros mensajes que lanzamos en los primeros informes de la agencia en el 1720.
En cuanto a la valoración de las Apps de rastreo, tanto el Comité Europeo de Protección de Datos como la Agencia, hemos indicado, pueden ser adecuadas, insisto, quien decide sobre la idoneidad de este tipo de tratamientos será el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación. Y pueden tener la valoración positiva por parte de las autoridades de Protección de Datos, si cumplen con los criterios que hemos dado de que sean voluntarias, que se traten datos de proximidad y no deje localización, que se cuente activamente con las autoridades de protección de Datos. Por ejemplo, en Francia se ha llevado al Parlamento el debate de las Apps de seguimientos de contactos y que todo se pueda trabajar en la medida de lo posible desde el minuto uno. Para tranquilidad, sí que tengo que decir que la Agencia, desde luego, en estos meses no ha invernado, ha estado tremendamente activa y vigilante y por supuesto, el tratamiento de datos debe estar conforme con un principio clave en Protección de Datos que es la limitación de la finalidad y las garantías.
Me ha preguntado ¿cuál es la razón de que haya habido esta desigualdad en los ministerios? Yo no lo sé, lo que sí puedo decir que desde la Agencia hemos tenido absoluta ecuanimidad. Hemos ofrecido la
colaboración a todos los ministerios, donde hemos detectado que podría haber tratamiento de datos masivos. Quizás y luego comentaré algún planteamiento que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. No habrá ayudado que muchos de los equipos de los ministerios prácticamente acababan de llegar, cuando se ha producido la pandemia. Y yo entiendo, a mí me ha pasado también en la Agencia. 2 de las subdirectoras han tenido que incorporarse a la Subdirección de manera virtual y entiendo que eso es mucho más difícil para la interlocución y, desde luego, cuando la pandemia finalice, tanto las entidades públicas como las entidades privadas, tienen que tener muy claro que el principio de limitación de la finalidad, que ahora mismo sólo permite tratar los datos de salud con motivo de la pandemia, deja de tener legitimidad y el plazo de conservación de los datos, salvo que sea para investigaciones que vayan avaladas, desaparece. Con lo cual este tratamiento de datos debería finalizar.
Por último, en cuanto a los planteamientos del portavoz del partido Socialista le agradezco la valoración del funcionamiento en la Agencia, por la profesionalidad no es propiedad de ningún Gobierno. Y he estado muy celosa en cuanto a la garantía de Ley es fundamental. Es que me pagan por eso, quiere decir. Yo lo que he intentado es ofrecer la colaboración y formar parte de los grupos de trabajo y poder hacer el trabajo en la sombra. Pero cuando nos enteramos por los medios, mi obligación es garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y entonces he entendido que tenía que abrir una, para poder recibir esa información, cuando yo hubiera preferido también poder haber recibido por estos cauces que son más informales, porque se trabaja mucho más cómodo.
Me ha preguntado que cuál es la valoración de los beneficios y riesgos de las Apps tecnológicas y cuáles, entiendo, que convendría desarrollar. Quizás ya en estos momentos las Apps de autoevaluación yo creo que ya han cumplido su función, pero pueden seguir teniendo una autoridad. Creo, y esto es una opinión personal, y yo no soy experta, ni sanitaria, ni tecnológica, mi procedencia es jurídica, que las Apps de seguimiento de contactos pueden ser útiles, pues hay un rebrote o para tener bien acotados el que no se produzca una propagación de la pandemia. Y que los costes sanitarios en vidas humanas, económicos y sociales, que hemos sufrido en nuestro país de manera tan grave, no vayan a más y podemos acotarlo y poco a poco irnos recuperando. Ahí las Apps deberían ser voluntarias, descentralizadas, cumplir con el principio de finalidad y minimización de los datos y, por favor, contando con las autoridades de protección de datos.
Me hablaba de la reunión con el ministro de Justicia y si teníamos algún documento preparado en relación con el pacto de Estado por la convivencia digital. Yo le (palabras que no se entienden) al ministro que en la agencia estamos trabajando no sólo en los derechos digitales, porque de la enmienda que hubo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la Ley Orgánica y la incorporación del título 10, la Agencia solo es competente para garantizar los derechos de 1989 a 1994. Los demás no. Esto va a ser competencia de la Secretaría de Estado e Inteligencia artificial, así que aquí pedí formar parte Grupo de Trabajo y nos han incluido y empezarán los trabajos, y los documentos que tenemos ya preparados en la Agencia y que compartí con el equipo del Ministerio de Justicia. Estamos trabajando sobre todo para el ámbito privado porque la Administración pública sí o sí se tiene que adherir a la responsabilidad digital, la privada también, pero quizás ahí es donde todavía tengamos mucho por hacer.
En una carta de adhesión que impulsa la Agencia a la responsabilidad digital, donde hace una serie de compromisos que no supone una obligación adicional respecto a lo que ya marca el Reglamento General de Protección de Datos, sino que digamos que es un plus y, por ejemplo, la empresa que saliera. Y me consta que hay entidades muy importantes en nuestro país representativas del sector empresarial y económico, que nos han dicho y de las asociaciones. Estamos trabajando con la Asociación Española Fundaciones, se adhiere a difundir el canal prioritario entre sus empleados, a tener una política de tolerancia cero, en casos de violencia digital y a cumplir con los principios y obligaciones del reglamento. La pandemia nos paró el poder trabajar en esto y yo espero que, de aquí a septiembre, podemos impulsar y que progresivamente se puedan ir adhiriendo, pues todas las entidades que hagan falta. De hecho, en este mes, vamos a convocar a la Asociación Española Fundaciones y el Gobierno estará presente a través del Ministerio de Justicia para poder ir profundizando y trabajando en este ámbito.
Me ha preguntado por el espíritu colaborativo con la AGE y bueno, ha contado que en 12 veces he anunciado que habíamos abierto expedientes de investigación, por la prensa. Desgraciadamente de los 14 expedientes, 12 los tuvimos que abrir porque nos enteramos por los medios. Quizás lo que he comentado no había dado tiempo a establecer en muchos casos los canales de comunicación porque los equipos estaban recién nombrados. Esto ha podido ser una de la razón y en el caso del anuncio público a través de Twitter, de la Agencia, respecto, al expediente de investigación la razón fue objetiva. En este
caso, sabíamos que éste estaba trabajando en un proyecto piloto. Pedimos expresamente a formar parte del grupo de trabajo. Se nos dijo que no. Y nos enteramos por los medios del anuncio. Entonces no nos quedó otra, porque mi obligación es garantizar el derecho fundamental, simplemente para pedir información. Insisto, esto no prejuzga nada, simplemente para pedir información. Y me consta que ahora, pues la comunicación es más fluida. Pues, insisto, la agencia tiene toda la disposición, con toda la lealtad institucional, con todos los Gobiernos. Yo he trabajado con 5 Gobiernos, con todos los Gobiernos, porque nos pagan para ayudar. Entiendo que los Gobiernos y más el Gobierno estatal, pues ha tenido una responsabilidad tremenda encima de sus hombros y nosotros no estamos para hacer un obstáculo en limitar los efectos de la pandemia, sino para ayudar y nada más, por mi parte.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Muchas gracias.
Pues damos ahora comienzo al segundo turno, que como, sus señorías, es de 3 minutos. Entonces, ¿Grupo Parlamentario de VOX?
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Muy brevemente.
Simplemente para hacer un par de comentarios. A VOX le preocupa lo que consideramos que es una deriva totalitaria de un Gobierno que se acerca ya a una estrategia, se acerca ya a los que son las (palabras que no se entienden) comunistas del control de la información, de lo que hubiera incluso, considerarse el control de lo que para el Gobierno puede hacer una incidencia política. Y por eso somos pesimistas a la hora de considerar los nombramientos de, como ya estamos viendo en alguna ocasión, de representantes de entidades que deberían ser independientes y que no fuese el nombramiento de carácter partidista.
Lo que nos preocupa también, es lo que se ha llegado a denominar el "ciber patrullaje de las redes sociales". Yo sé que usted, como ha dicho pues no se puede manifestar sobre lo que es la monitorización de las redes sociales, etcétera. Pero claro, sí nos preocupa mucho lo que es el efecto que esto puede tener en la población y puede tener efectos de que la población se sienta amedrentada, o poco cohibida por una situación en la que recursos del Ministerio del Interior se dediquen a una labor que puede interpretarse, perfectamente como de control en corrientes de opinión de carácter político. Y por ello yo sé que usted actuará de la manera más objetiva posible. Pero lo que sí le pido es que tenga en cuenta la preocupación que hay en la población y en este grupo político respecto al particular, porque no cabe duda de que tampoco consideramos razonable, por decirlo suavemente, que se realice desde la Administración pública una labor política de defensa de posturas ideológicas, utilizando este digo de medios de estrategias.
Muchas gracias por todo. Muchas gracias por su completísima exposición. Nada más.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Presidenta. Intentaré ajustarme al tiempo. El primer tema, el de las Apps. Esto es una valoración personal, pero creo que reúno también valoraciones muy distintas. Creo que la utilización de las Apps también está sobrevalorada. Hay una cierta inercia de modas, en un momento para la utilización y se corre el riesgo cuando se ponen en la misma balanza. Y es lo que quería decir antes, con una filosofía como Corea o China y con lo que es la filosofía de protección de la intimidad en Europa. Entonces se corre el riesgo.
En esta misma sala, el día 21 de mayo, el propio ministro de Ciencia decía en relación con las famosas "Apps de contacto y trazabilidad" son sus palabras, que hay cierta controversia entre los científicos sobre si esto verdaderamente ayuda y que el Ministerio de Ciencia no había colaborado en esto. Yo creo que ha habido precipitación en anunciar. Estamos viendo aquí distintos ejemplos y esta precipitación también hay que valorarla, porque se genera una sensación de desasosiego en la ciudadanía que a veces unas demandas por desesperación. Y para eso creo que se crean las agencias, los sistemas de acreditación, de calidad. Las Agencias de Protección De Datos están precisamente porque hemos ido evolucionando como sociedad y, por tanto, hay que confiar en ellas.
Entonces yo creo que este es el problema que hemos visto de cierta precipitación, descoordinación también entre departamentos ministeriales y el inicio de... se ha hablado también aquí, usted lo ha puesto de manifiesto por parte de los IS y se hace un requerimiento. Y se le llama, el requerimiento, es decir se
le llama, se le dice ¿estáis haciendo esto? Nos hemos enterado de tal cosa y no se contesta. Y después se hacen entrevistas telefónicas. Pues éstas son las cuestiones que creo que tenemos que depurar y que nos ha venido bien realmente un test de estrés, de lo que es un App, utilización masiva de aplicaciones en este momento, en una situación de pandemia y obsesionados por la salud.
Me gustaría que me contestara en el caso de las brechas de seguridad, ¿qué número de brechas de seguridad se han apreciado en este tiempo, porque es evidente que hay estadísticas ya del incremento delincuencia en redes y de utilización, precisamente de esas brechas de seguridad.
Me gustaría también saber si hay protocolos para los rastreadores sanitarios, los físicos, porque se está hablando mucho de ellos, pero realmente están utilizando datos sensibles y conversaciones telefónicas.
Me gustaría saber también si tanto ¿la Aneca como el ministerio de Universidades se dirigió a la Agencia? porque han sido desde el ministerio y desde las agencias de evaluación, los que han tenido que desarrollar recomendaciones, las del ministerio, que luego se aprobaron en la Conferencia de Política Universitaria y no nos consta que haya habido esta iniciativa. Y de ahí vienen muchos de los problemas que están teniendo las universidades, por la disparidad de criterios a la hora de evaluaciones y de sistemas de control de la evaluación.
Y me gustaría también que nos diera una opinión de si deberían insistirse en las campañas de información. Yo creo que de la misma manera que periódicamente se informa de manera muy sencilla, el teléfono de violencia de género, es decir, la Agencia, usted lo ha dicho varias veces y a mí me parece que eso todavía queda mucho por inculcar, tanto a los privados como a los públicos, a los poderes públicos. La Agencia está para ayudar. La Agencia está para proteger y, por tanto, hay que proceder a campañas de información y que no recaigan sobre los fondos, que indudablemente son muy cortos por parte de la Agencia.
Pues, tiene la palabra por el Grupo Socialista Odón Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias presidenta.
Primero para agradecer las respuestas de la compareciente de Mar España. En segundo lugar, para recordar que el Gobierno de España, el Gobierno de este país, el Gobierno de coalición, no ha hecho sino en una situación de emergencia sanitaria, aplicar lo previsto en la Constitución Española Artículo 116. Lo previsto también en la Ley Orgánica correspondiente, que todo ello ha sido además refrendado. Ha sido además autorizado por las Cortes, donde está sometido a debate, a control el estado de alarma y las pruebas correspondientes. Por tanto, en fin, es inevitable no responder a la demagogia que los grupos del llamado Frente Nacional acaban de hacer y han hecho durante esta comparecencia. Y desde luego, si a alguien tiene miedo, la ciudadanía, en las redes, es a la manera de actuar que tienen en las redes, quienes se identifican perfectamente en sus perfiles y en lo que editan con fuerzas como VOX. Estos sí que amedrentan, amenazan. En fin, hasta no va más y hasta lo digo por experiencia.
En segundo lugar, quería hacer referencia también para clarificar, que, en ese Estatuto de la Agencia, está previsto, precisamente porque hay que dar pasos para mejorar precisamente el proceso de elección, que se requerirá una mayoría de 3 quintos, la mayoría cualificada de la Comisión de Justicia, y si no hay mayoría cualificada de 3 quintos, una mayoría absoluta, en todo caso, para el nombramiento de quien vaya a ocupar el puesto de presidente, presidenta de la Agencia Española. Es un avance importante.
Y, en tercer lugar, quiero también recordar, porque antes ha hecho una lectura incompleta desde nuestro punto de vista, de una de las conclusiones que hace La Agencia Española de Protección de Datos, en uno de sus informes sobre las aplicaciones tecnológicas. Y es que a lo que antes se ha dicho por parte del PP en un párrafo, yo añadiría el siguiente párrafo que viene a continuación y que le da sentido a la lectura anterior. Y es el párrafo de conclusiones de la Agencia, dice: "las soluciones tecnológicas para enfrentarnos al coronavirus deben formar parte de una estrategia organizativa eficaz, proporcionadas, basadas en criterios científicos y respetuosa con la legalidad, para que no se produzcan amenazas a la privacidad". El Grupo Parlamentario Socialista asume plenamente esta consideración en el capítulo de conclusiones de la Agencia que usted tan dignamente ha presidido.
Pues bueno, para cerrar el debate tiene la palabra la compareciente.
La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (España Martí): Muchas gracias, presidente. Gracias a sus, señorías, por la paciencia y el ayuno involuntario que han tenido que realizar para poder atender la comparecencia. En relación con las intervenciones del portavoz del grupo parlamentario de VOX, yo lo único que puedo decir es que en relación con el tratamiento a datos ideológicos y precisamente la experiencia que tuvimos en la Agencia en relación con la Loret y el clamor popular y el rechazo de la ciudadanía. Si hubiera pruebas de que algún partido político está realizando tratamientos de Datos ideológicos y perfilando los guiones en las redes sociales. A partir de este hito político, la multa de protección de datos, porque en este caso son entidades privadas. El rechazo ciudadano sería brutal.
En relación con el caso concreto de Interior, yo no estoy prejuzgando nada lo único que hicimos al enterarnos por los medios de comunicación de esta orden de servicios 19 de 2020 de la Dirección General de la Guardia Civil, hemos pedido al Ministerio del Interior las finalidades de los tratamientos. ¿Qué tipo de datos tratan? ¿La información sobre un número aceptados? Y ¿si saben a dónde se han enviado los datos? y estamos todavía con el E, de investigación en marcha.
En relación con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y respecto a mi valoración en cuanto a las Apps de seguimiento de contactos, entiendo que es aquí el Ministerio de Sanidad, que nuevamente tiene que decidir si una App de seguimientos de contactos es idónea o no.
Por un lado, tiene estas ventajas de que puede acotar el contagio, pero imaginémonos todos de nuestro móvil. Tenemos 500 000 contactos, si yo doy positivo, que también puede haber falsos positivos en función de los test, por los datos que tenemos, hay hasta un 20-25 % de datos positivos. Imaginémonos que nos falta un aviso, yo he pasado el COVID, que nos pasa un aviso a los 500 000 contactos que tengan el móvil. "Ojo, usted ha estado en contacto" o no son los que tengo en el móvil, con los que me voy relacionando en la calle que, por bluetooth, por proximidad sale, "ojo, que usted ha estado en contacto". Los servicios de atención primaria pueden colapsar. Entonces, yo entiendo que el Ministerio de Sanidad, como es el responsable, es quien debe decidir sobre los fines, los medios y los límites del tratamiento. Y es él quien debe dar las instrucciones al encargado del tratamiento, que en este caso es la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial.
Me ha preguntado por la brecha de seguridad en este periodo Yo sé que han sido como 1789 brechas de seguridad, las notificadas, desde que es obligatorio por el Reglamento. Pero, no me he traído el dato y mira que he traído papeles de las brechas de seguridad que nos han notificado en este periodo, pero se lo puedo acelerar. Lo que sí dijimos es que era obligatorio seguir notificando las brechas.
Me ha preguntado si Aneca o el Ministerio nos habían consultado en relación con los exámenes online. Nos consultó la crue, pero nos consultó después de que ya habían hecho pública la via y los exámenes se estaban realizando. Entonces, es verdad que la Agencia no puede estar proactivamente llamando a todos "Oye, que me consultes" y por eso en el informe pusimos que vimos e intentamos dar todas las (palabras que no se entienden) que era una pena, porque si nos lo hubieran preguntado antes hubiéramos dado prioridad. Y hubiéramos podido dar más seguridad jurídica en la realización de los exámenes online. Pero yo entiendo, también entiendo y por disculpar. Todo el mundo ha estado con tal urgencia y tal presión encima de sus cabezas, que entiendo que a veces puede ser difícil llegar a todos y cada uno hemos estado, pues en el ejercicio de nuestras funciones, de nuestras competencias.
Me ha preguntado también por las campañas de información. Creo que es fundamental. De hecho, nosotros conseguimos al no tener dinero, por lo menos mantuvimos la imaginación. La (palabras que no se entienden). Nos ha declarado de servicio público 2 campañas. Una fue en mayo, sobre los derechos para los ciudadanos, los nuevos derechos de limitación y portabilidad al Reglamento. Y la herramienta Facilita que también la hicimos gratis y tuvo millones de impacto. Y la segunda ha sido la del canal Prioritario.
En relación con el Pacto de Estado para la ciudadanía, llevábamos meses trabajando, que se nos paró con el COVID. Queremos plantear también y pido a los grupos que nos puedan ayudar, dentro de este pacto de estado por la convivencia digital, un protocolo de buenas prácticas con todos los medios de comunicación, pero también con las empresas de publicidad online. Y estamos trabajando muy activamente, con autocontrol que tratan datos, que se haga lo mismo que se hizo en el 2007, cuando se difunde, por ejemplo, datos de violencia de género y estamos trabajando y tenemos ya preparado un borrador de protocolo que hemos mandado informalmente a las 3 grandes cadenas de televisión. La pública y las 2 privadas, sobre buenas prácticas en materia de privacidad para prevenir la violencia digital, de manera que yo me subía por las paredes, pues el mismo día que presentamos con el Gobierno
el canal prioritario, ese mismo día, todos los telediarios estaban sacando en bucle, una y otra vez, un vídeo de bastantes segundos, sobre la paliza grabada a una menor, en las puertas del instituto, por todos tus compañeros y compañeras que en vez de ayudar, lo grababan. Pues una buena práctica es que ese video no vaya en bucle repitiéndose una y otra vez, porque puede producir un "efecto llamada" y los jóvenes todavía tienen, parece que el cerebro no desarrolla realmente hasta los 25 años. Pues todavía hay mucho por hacer, precisamente para formar en la convivencia digital. Y espero que, de aquí a septiembre, en este pacto está la convivencia digital cuando presentemos esta adhesión al compromiso con la responsabilidad digital podamos presentar públicamente, que espero que sí, la adhesión también de Radio Televisión Española, del Grupo A3 media y de tele y de Mediaset a estas buenas prácticas donde se pueden incorporar después por la Asociación de Editores, la prensa, radio y cualquier empresa que realice publicidad online.
Y ya, por último, en relación con las intervenciones del portavoz socialista, pues yo creo que es fundamental que el estatuto que regula la Agencia se pueda tramitar cuanto antes. Nosotros tenemos, hemos recibido el viernes pasado los informes preceptivos de Hacienda, de Función Pública y de Presidencia. Creo que por respeto a la Agencia y al volumen de datos que se trata con inteligencia artificial, con blogs, con Internet de las Cosas, hicimos un análisis comparativo y esto lo estoy haciendo, no por mí, porque dice que a mí no me aprobarán el mandato, ni me elevarán rango ni nada, pero por quien venga y por lo que le viene encima, debería tener un respeto institucional. Y el nuevo presidente o presidenta de la Agencia, a pesar del informe en contra de Hacienda, debería tener rango de Secretario de Estado, cuando hay otras autorizaciones pendientes que tienen rango de ministro. Parece una tontería, pero es otro respeto. Y yo creo que eso es importante y el compromiso con la privacidad se demuestra con los hechos. Entonces, yo pido al portavoz del Grupo Socialista que sustenta a la ministra de Hacienda, que por favor traslade la necesidad de medios personales, de medios materiales en la Agencia. Porque, además, hay un artículo fundamental en el Reglamento General de Protección de Datos, que, para garantizar la independencia, los Estados miembros están obligados a dotar de los medios materiales y personales a la Agencia. Y creo que es importante que quien asuma la responsabilidad de presidir la Agencia, en un momento donde la inteligencia artificial se va a disparar, tiene que tener una capacidad de interlocución y unos medios adecuados y sin más. Muchísimas gracias por la paciencia y por la atención.
La verdad es que hay que felicitarte por la explicación tan completa. Yo creo que ya ha dado y nada menos que nos ha hecho ver un poco la complejidad o de los temas que aborda la Agencia y la importancia también de que todos los grupos parlamentarios colaboremos en este trabajo que tendrán que realizar en los próximos años. Así que muchas gracias.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): ¿Sí?
La señora URIARTE BENGOECHEA: Pido la palabra por una cuestión de orden.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Una cuestión de orden relacionada con el acuerdo que tomó la reunión de la Mesa y portavoces del pasado martes, de gestionar la comparecencia de la vicepresidenta Calvo. En otras palabras. Lo que queremos saber es si el presidente ya nos puede dar la fecha para esa comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): No, eso no está en el orden del día y por lo tanto no vamos a tratar este tema ahora.
La señora URIARTE BENGOECHEA: ¿Entonces?
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Sin más, se levanta la sesión.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No, no. Pedimos lo que pedimos, no, no, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): No está en el orden del día, o sea...
La señora URIARTE BENGOECHEA: Entonces le pedimos convocatoria inmediata de Mesa y portavoces para tratar de saber...
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Aquí a lo que estamos es en una comparecencia, donde hemos agradecido y hemos terminado con buen ambiente. Yo creo que no es el momento ni es el lugar.
La señora URIARTE BENGOECHEA: No, no. Si no es una cuestión de ambiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): No, no, es que no se levanta...
La señora URIARTE BENGOECHEA: Es una cuestión de cumplimiento de un acuerdo.
Bueno, quiero hablar con el letrado.
(Sin identificar): Presidenta, pero no, no se vaya, porque yo también le quería pedir la palabra. También se la he pedido. Antes de levantar la sesión le pido, por favor, que me dé la palabra.
Pero me había visto, usted, que le había pedido la palabra.
Pero no me ha dado ni siquiera la oportunidad de hablarle, presidenta. No, pero no. Pero fuera de la comisión, no, presidenta.
Pero, presidenta, pero sí le he pedido la palabra. Por lo menos me tiene que dar la oportunidad de decir lo que quiero, pero se lo he pedido antes de cerrar la sesión. Usted me ha visto.
Antes de cerrar antes de cerrar la sesión. Yo lo que le pedía al letrado es que manifieste en la propia sesión y 2 grupos le piden a usted convocar la Mesa de forma inmediata o incluir, incluso, en el orden del día esta cuestión. Porque 2 grupos sí pueden hacerlo. Les pido durante la sesión.

References: artículo 44
 artículo 44
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 49
 artículo 37
 artículo 83
 artículo 24
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 48
 artículo 52
 artículo 49
 artículo 35
 Artículo 116