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Timestamp: 2019-02-18 20:52:38+00:00

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RECLAMAR AYUDAS DEPENDENCIA
10 diciembre, 2017 manuelangel Administrativo 0
Después de los análisis previamente realizados sobre cual era la jurisdicción competente en materia de dependencia, así como sobre particularidades jurídico-administrativas relativas a actos administrativos que se dictan en este contexto, es momento ahora de abordar la reclamación más característica que los dependientes o sus familiares han llegado a demandar estos últimos años ante nuestros tribunales: la situación en la que tras haber solicitado la pertinente ayuda, esta ha llegado extraordinariamente fuera de plazo, o incluso, tras haber fallecido el dependiente a consecuencia de tal dilación.
Inicialmente, para una buena comprensión de este post, es importante exponer como se desarrollaría la tramitación de esta solicitud ya que ello nos ayudará a entender mucho mejor todo lo que está por venir. En este sentido me remito al post anterior, en concreto a su primer apartado, añadiendo como peculiaridad en lo relativo al Programa Individual de Atención (PIA) que, en el caso de Galicia, no tiene porque coincidir el servicio asignado con el que hayamos solicitado pues, como determina el art.37.2.2º del Decreto 15/2010, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, “nuestra solicitud no será en ningún caso vinculante”.
Toda esta tramitación debería concluirse en el plazo de 6 meses, debiendo el dependiente estar recibiendo la mencionada prestación o servicio al transcurrir dicho lapso temporal. ¿Pero qué ocurre si esto no se cumple?
Debido a tal incumplimiento muchos han sido los que han decidido reclamar. En este aspecto, antes de entrar en el análisis jurisprudencial de lo que ha dictaminado nuestro poder judicial, debemos de advertir dos cuestiones al respecto: por un lado, que las sentencias recaídas en torno a este tipo de reclamaciones han sido ambiguas para los intereses de las personas dependientes; por otro, debemos también tener muy presente que la legislación aplicable a cada caso es diferente, ya que en materia de dependencia se ha legislado tanto a nivel autonómico como local.
Pese a lo comentado, a modo orientativo y teniendo en cuenta que cada situación es diversa, vamos a estudiar en este post y en el siguiente determinadas disyuntivas que han sido dilucidadas en torno a este supuesto al que hoy aludimos:
1.-Tras la determinación del grado de dependencia sin existir resolución del PIA, o tras la resolución del mismo sin haber llegado a recibir ayuda alguna, cabe que nos preguntemos: ¿son reclamables los importes o ayudas que no han sido satisfechos? ¿En caso afirmativo, desde qué momento?
En términos generales podemos decir que sí, que dichos importes (cuando solicitamos la ayuda como cuidador) o indemnizaciones (cuando solicitamos otro tipo de servicio) deberán ser desembolsados a los dependientes con el incremento de los intereses que determina el art. 24 de la Ley General Presupuestaria (LGP). Esto ha sido así, sobre todo, cuando el tiempo para resolver ha sido superado ampliamente sin que pueda alegar excusa alguna la Administración. A mayores, en casos en que los familiares han tenido que ingresar al dependiente en un centro geriátrico debido a dicha demora, han recaído posteriormente sentencias condenatorias para que se devolviera el coste de estos servicios a las familias que tuvieron que afrontarlos.
Por el contrario, como os adelantaba, también existen sentencias que han dado la razón a la Administración respecto a este dilema. En estos supuestos dichas resoluciones se han basado en la falta de resolución del PIA, y en virtud de ello, en la ausencia de consolidación de la prestación que le correspondería al dependiente. Ante esta indeterminación, no admiten reclamación de cantidad no cierta. Aun así, algunos tribunales que han mantenido este criterio sí que han considerado que era posible una reclamación por responsabilidad patrimonial al poder existir un perjuicio derivado del mencionado retraso (lo veremos en el siguiente post).
Ahora bien, en contraposición al fundamento de la falta de consolidación, deberíamos de recordar que el artículo 24.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (39/2015) de las Administraciones Públicas (LPAC, en adelante), dice que “el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo”. Por tanto, al haberse excedido la Administración del plazo para resolver (6 meses) y notificar (10 días, según el artículo 40.2 de a LPAC, se entiende que la resolución del PIA ha consolidado la prestación solicitada por silencio administrativo positivo, lo que es totalmente opuesto a las sentencias que respaldan ese dilatado actuar administrativo. Siguiendo con esta línea, es de destacar que tanto los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Canarias o de Valencia (entre otros), han dictado sentencia favorable sin tener el PIA aprobado ya que “la tesis de que si no hay PIA no hay derecho a reclamar, sería igual a pervertir el sistema pues la Administración tendría suficiente con dejar pasar el tiempo sin elaborar el PIA para que, en caso de defunción, los herederos no pudieran reclamar”.
Cabe atender en cuanto al carácter del silencio que, en lo que a los gallegos nos concierne, el artículo 18 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, que regula el procedimiento por el que se reconoce la situación de dependencia, establece que “en el supuesto del vencimiento de los plazos máximos establecidos sin dictarse resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuIcio de la obligación de la Administración de resolver expresamente”. Pues bien, en coherencia con lo que anteriormente hemos expuesto, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Galicia, en la sentencia 1090/2011 de 26 de octubre, declaró nulo dicho artículo en cuanto a lo que concierne a la elaboración del PIA.
Por último, en cuanto al “desde que momento” planteado en la pregunta que estamos tratando de resolver, generalmente los TSJ han determinado que el cómputo del importe o indemnización comienza desde la fecha en que el dependiente solicitó la pertinente ayuda, o desde la fecha de la resolución en la que se reconocía el grado de dependencia. Por tanto, como bien podéis observar, generalmente podemos decir que sí se ha admitido la retroactividad en este sentido.
2.-¿Está legitimado el heredero para reclamar?
Normalmente es así, pero han existido casos en que no se ha legitimado a la comunidad hereditaria para ello, como por ejemplo cuando solicitamos la ayuda como cuidador no profesional, donde únicamente ha podido reclamar la persona que pidió dicha prestación.
Cabe destacar en este sentido los artículos 659 y 661 del Código Civil (C.C), que vienen a reflejar lo siguiente:
“Los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones”.
Por tanto, como derecho de la persona fallecida, la comunidad hereditaria debería de poder subrogarse en dicha posición. Como motivos a favor de esta posición, en congruencia con lo dispuesto en los mencionados artículos del Código Civil, podríamos destacar los siguientes:
la existencia de un daño cuantificable
que este derecho corresponde a la persona dependiente, por lo que dicha cuantificación pasará a formar parte de su patrimonio.
Pues hasta aquí la primera parte de este post reclamativo. Como podéis observar hemos hecho mención a la posible responsabilidad patrimonial de la Administración, cuestión que será explicada en el próximo artículo de nuestroderecho como ya os he adelantado anteriormente. En próximos días, espero que no muchos, continuaremos tratando este tema tan relevante para tanta y tanta gente.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución