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Timestamp: 2018-02-22 10:44:12+00:00

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Derechos y garantías constitucionales* | Sirope
“La urgente tarea actual ante los derechos humanos no es entretenernos indefinidamente en seguir buscando su fundamento filosófico, sino estudiar el modo más efectivo de cumplirlos”
Previo a poder entender qué son y cuáles son los derechos constitucionales, debemos primero entender el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos, en su acepción original, son el conjunto de prerrogativas que son inherentes al hombre, precisamente por su condición de ser humano. Dentro de un esquema más positivista, los derechos humanos son aquellos derechos subjetivos que son otorgados a los ciudadanos por el Estado al que pertenecen, mediante su consagración en los textos constitucionales y legales.
En su forma más amplia, podemos entender como derechos humanos tanto aquellos derechos que nos son inherentes por nuestra condición de seres humanos, combinados con aquellos que los Estados han consagrado en su derecho interno, y han, de manera convencional, reconocido como derechos humanos.
Si bien es cierto que actualmente podemos identificar de manera clara cuáles son esos derechos que acompañan a todo ser humano, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”[1]; no menos cierto es que llegar a la consagración de los mismos haya sido tarea fácil. Así pues, las primeras ideas de lo que son derechos del hombre se comenzaron a consagrar de manera interna por algunos Estados a finales del Siglo XVII[2] y finales del Siglo XVIII[3]; pero no fue sino hasta luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial que de manera consensual entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas[4], suscribieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así pues, quedan consagrados por escrito aquellos derechos que pertenecen al hombre, sin necesidad de que sean otorgados por ningún Estado o persona.
Los Estados contemplan en sus ordenamientos internos de manera expresa aquellos derechos que poseen sus ciudadanos, como forma de reconocimiento de los mismos por parte de los poderes del Estado. Estos tienen rango constitucional, y en la mayoría de los textos constitucionales son conocidos como Derechos Fundamentales.
Así pues, los derechos contemplados en nuestro ordenamiento interno, específicamente en nuestra Constitución, son los derechos fundamentales que el Estado Dominicano reconoce hacia sus ciudadanos.[5] Sin embargo, y adicionalmente a esto, nuestra Constitución de manera expresa ha adoptado como parte de su ordenamiento interno las normas de derecho internacional[6], y de manera muy particular, en su artículo 74.3, le da jerarquía constitucional a aquellos tratados internacionales que se refieran a derechos humanos: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”. (Resaltado nuestro)
Por tanto, los dominicanos, por el simple hecho de ser seres humanos cuentan con un conjunto de derechos, que por asunto de consolidación han sido contemplados en múltiples declaraciones y tratados internacionales; y adicionalmente, cuenta con el compromiso y reafirmación del Estado Dominicano de un catálogo de derechos consagrados en la Constitución como Derechos Fundamentales, o Derechos Constitucionales, que incluye esos establecidos en la Constitución, así como todos los existentes en los tratados internacionales vigentes o que en el futuro suscriba el Estado.
La Constitución Dominicana divide los derechos fundamentales en categorías. La primera son los derechos civiles y políticos, dentro de los que se encuentran el Derecho a la Vida, Derecho a la Libertad y Seguridad Personal, Derecho a la Igualdad, Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, Libertad de Tránsito, Libertad de Expresión, entre otros. La segunda categoría está conformada por los derechos económicos y sociales, dentro de los que se incluyen la Libertad de Empresa, Derecho de Propiedad, Derechos del Consumidor, Derechos de la Familia, Derecho a la Salud, Derecho al Trabajo, Derecho a la Educación, y otros. La tercera categoría incluye los derechos culturales y deportivos. Finalmente, la última categoría agrupa los derechos colectivos, con énfasis particular en el derecho al medio ambiente.
Sin embargo, todos esos derechos que muy explícitamente han sido consagrados por tratados internacionales, la Constitución, reiterados en innumerables ocasiones por la jurisprudencia, y estudiados hasta el cansancio por la doctrina, no significan nada, son palabra muerta, si no se cuenta con un sistema de garantías para el goce y disfrute de los mismos.
Entendamos como garantía las herramientas contempladas en el ordenamiento interno e internacional para reconocer la existencia y validez de los derechos fundamentales, así como para facilitar su exigibilidad frente a aquellas personas que están obligadas a hacerlos realidad. La exigibilidad es la posibilidad de hacer reales los derechos, de hacerlos tangibles, de poderlos disfrutar y ejercer.
En este sentido, existen derechos constitucionales que para su disfrute y goce no necesitan de una actuación positiva de ninguna persona ni del Estado, sino que por el contrario simplemente requieren la no intervención de terceros para que podamos disfrutarlos a plenitud. En este grupo se incluyen los derechos civiles y políticos que mencionamos previamente. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de culto, el derecho de asociación, derecho a la libertad de tránsito, derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Por tanto, la función del Estado en cuanto a estos derechos es, en principio, garantizar la no intervención en el disfrute de los mismos.
Por otro lado, hay derechos que requieren una actuación positiva por parte del Estado para su disfrute. Se necesita que el Estado provea los medios mediante los cuales podamos hacer efectivos esos derechos. A forma de ejemplo podemos mencionar los derechos del consumidor, el derecho de propiedad, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho a un medio ambiente sano.
En ambas situaciones se necesita la intervención del Estado: en una para protección y en la otra su intervención para hacerlos efectivos; y ambas categorías tienen la característica común de que todos esos derechos son exigibles al Estado en cada uno de sus poderes.
El artículo 68 de nuestra Constitución dispone que esta “garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley” (subrayado nuestro).
Nos surge entonces la pregunta, ¿cómo cada uno de los poderes del Estado puede garantizarnos el disfrute y goce de la totalidad de nuestros derechos? La premisa inicial es que todos los poderes públicos están vinculados por el contenido de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución; por tanto, corresponde a cada uno dentro de sus funciones hacerlos realidad.
El Poder Legislativo, encargado primordialmente de crear la legislación que regirán nuestra vida en sociedad, tiene la obligación de que dichas leyes estén dirigidas a facilitar el disfrute y desarrollo de cada uno de los derechos consagrados. Más aún, está obligado a no crear ninguna legislación que disminuya o reduzca los derechos reconocidos, al menos que dicha afectación sea esencialmente necesaria para el beneficio de la sociedad en su conjunto, o bien para la protección del individuo.
Sin embargo, en caso de que aun existiendo la obligación de respetar la Constitución y los derechos fundamentales que en ella se consagran, el Poder Legislativo emita una ley que afecte alguno de esos derechos fundamentales, los ciudadanos tienen a su alcance acciones judiciales para poder expulsarla del sistema legal. En este caso en particular, la acción judicial idónea sería una Acción en Inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, que traería como resultado que este Tribunal declare la inconstitucionalidad de la ley atacada y en consecuencia la misma cese su vigencia.
El Poder Ejecutivo tiene una función mucho más sensible y particular en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales. Este Poder, por estar conformado principalmente por la Administración Pública y estar a cargo de la aplicación de la Constitución y las leyes de manera directa, tiene en sus manos la forma de hacer efectivos cada uno de los derechos fundamentales reconocidos. La administración pública es una organización puesta al servicio de la sociedad, por lo cual sus actos no valen como propios de la comunidad, sino como propios de una organización dependiente, que necesita justificarse siempre en el servicio de la comunidad a la que está subordinada.[7]
No obstante esto, la Constitución crea una serie de garantías a la disposición de la ciudadanía para los casos en que por alguna actuación u omisión de la Administración Pública algún derecho de se vea afectado e incluso, para cuando exista una amenaza para algún derecho.
Aun cuando estos mecanismos no están diseñados de manera exclusiva para cuando haya una violación o amenaza de violación por parte de la Administración Pública, sino también para cuando la misma provenga incluso de cualquier tercero, la mayoría de las actuaciones u omisiones violatorias suelen producirse de manos de la administración pública o de sus funcionarios.
De manera particular la Constitución establece la Acción de Amparo como mecanismo judicial de proteger los derechos fundamentales frente a cualquier violación, perturbación o amenaza de violación de cualquier persona, incluyendo a la administración pública. Sobre el particular nuestra Constitución dispone que “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.”[8]
Como se deriva del texto anterior, nuestra Carta Magna también consagra dos acciones especiales para la protección de derechos fundamentales particulares: Hábeas corpus y hábeas data.
La acción de hábeas corpus es una acción constitucional especializada contra violaciones o amenaza de violación al derecho a la libertad y seguridad personal. De manera expresa nuestra Constitución dispone que “toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad” [9].
Por otro lado, en su artículo 70, la Constitución consagra el Habeas Data, en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley”. Esta acción está abierta para cualquier persona que requiera la reivindicación al derecho de acceso sus datos o bien, corrección de los mismos, independientemente del lugar en donde estos se encuentren almacenados.
Por último, en cuanto a las actuaciones de la Administración Pública y de todos los poderes en general nuestra Constitución establece que son nulos de pleno derecho que cualquier acción u omisión que afecte el orden constitucional del Estado. [10]
Por su lado, y en adición a conocer todas las acciones legales previamente explicadas, el Poder Judicial tiene la obligación de verificar la constitucionalidad cualquier actuación jurisdiccional que esté en evaluación frente a éste. [11] Sobre esto, nuestra Carta Magna establece en su artículo 188 que todo tribunal “conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”.
No obstante, la garantía principal que debe el poder judicial es la de tutela judicial efectiva y debido proceso. En este sentido, son los tribunales –y aquellos órganos estatales que tengan funciones jurisdiccionales- los encargados de garantizar a todo ciudadano el acceso a la justicia; un juicio oral, público y contradictorio; el derecho de defensa; la presunción de inocencia; la garantía de que no será juzgado dos veces por un mismo hecho; de que no será obligado a declarar contra sí mismo; y de que será juzgado frente a juez competente, quien tendrá la labor personal de hacer efectivas todas esas garantías.
Adicionalmente a los tribunales del Poder Judicial, nuestro constituyente creó en el 2010 al Tribunal Constitucional, con la misión principal de garantizar la supremacía de la Constitución, así como la protección de los derechos fundamentales. Es así como el Tribunal Constitucional tiene la competencia de expulsar del ordenamiento interno de forma definitiva y absoluta cualquier norma legal que sea constraria a la Constitución y, más importante, aquella que afecte o amenace con afectar los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados.
Así pues, cada poder del Estado y cada órgano, dentro de sus funciones particulares tiene deberes específicos para garantizar que nosotros los ciudadanos podamos, no solo poseer esos derechos fundamentales, sino también hacer uso de ellos y ejercerlos.
* Documento preparado para la charla “Derechos, garantías y deberes constitucionales” presentada en la Feria del Libro Internacional de la República Dominicana, en el stand del Tribunal Constitucional. 1 de mayo de 2014.
[1] Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobada mediante Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 en París, Francia.
[2] Declaración de derechos inglesa (Bill of Rights). 13 de febrero de 1689, en virtud de la cual se reconocen las libertades de los súbditos y se imponen límites a la monarquía británica.
[3] Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, en el marco de la Revolución Francesa.
[4] Al momento de la aprobación de la Declaración, 56 Estados eran Miembros de las Naciones Unidas, de los cuales ocho se abstuvieron de votar, pero ninguno votó en contra.
[5] Ver Artículo 37 al 67 de la Constitución de la República Dominicana.
[6] Constitución Dominicana. Artículo 26. “La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia: 1. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.”
[7] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Ed. XIV. Editorial Civitas, Madrid 2008, p. 35
[8] Artículo 72 de la Constitución Dominicana. 2010.
[9] Artículo 71 de la Constitución Dominicana. 2010.
[10] Artículo 73 de la Constitución Dominicana. 2010.
[11] Artículo 188 de la Constitución Dominicana. 2010.

References: artículo 74
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 188
 Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 37
 Artículo 26
 Artículo 72
 Artículo 71
 Artículo 73
 Artículo 188