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Timestamp: 2018-12-12 20:50:04+00:00

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Especialidades del régimen personal de la policía local
Iniciamos en este tema el estudio de los temas específicos de la oposición, centrando nuestro desarrollo en un primer momento, en las especialidades aplicables al personal de la Policía Local, centradas en los medios y sistemas de formación, selección, promoción y movilidad. Mención aparte merece el sistema de derechos y deberes; este último aspecto se ve concretado en el régimen disciplinario aplicable al personal de la policía local.
El desarrollo normativo específico de estas materias se encuentra regulado en la actualidad por las Comunidades Autónomas, de modo que al ser esta una redacción generalista, solo contiene la regulación básica estatal, que deberá complementar el opositor con las normas autonómicas y locales del territorio concreto en el que se ubique el Ayuntamiento en el que se convoque la oposición.
Al finalizar este tema el opositor deberá conocer:
La normativa de la Ley 2/ 1986, de 13 de marzo aplicable al personal de la Policía Local
Las normas básicas de formación y selección del personal de la Policía Local
Las pautas generales de promoción y movilidad aplicables al personal de la Policía Local
Los derechos y deberes básicos predicables del personal de la Policía Local
El régimen de faltas y sanciones aplicable al personal de la Policía Local
1. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL
El artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada.
Su régimen jurídico, en cuanto a su régimen estatutario, está constituido por:
Los principios generales de los Capítulos II y III del Título I de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La Sección 4ª del Capítulo IV del Título II de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
En ambos casos con la adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los Reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos.
menos un puesto de trabajo que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad de la Entidad local.
Por otra parte, establece la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local que en tanto se aprueben las normas estatutarias de los Cuerpos de Policía Local, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad serán de aplicación las siguientes normas:
Dentro de cada Municipio, la Policía se integrará en un Cuerpo único, aunque puedan existir especialidades de acuerdo con las necesidades.
Bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, el mando inmediato de la Policía Local corresponderá en cada Entidad al Jefe del Cuerpo.
Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en el artículo 41.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. FORMACIÓN, SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y MOVILIDAD
2.1. RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL
Las normas autonómicas sobre formación, selección, promoción y movilidad encuentran su amparo competencial en el artículo 148.1.22 de la Constitución, así como en los distintos Estatutos de Autonomía que les atribuyen la competencia sobre coordinación y demás facultades en relación con los policías locales en los términos que establezca la Ley orgánica.
En consecuencia, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía no atribuyen a las Comunidades Autónomas meras competencias de coordinación sino todas aquellas facultades que estén previstas en la Ley orgánica correspondiente.
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 39 no sólo ha recogido la competencia de coordinar la actuación de los policías locales a cada Comunidad Autónoma, sino que ha señalado con precisión cuáles son las facultades concretas que en el ejercicio de la atribución competencial de coordinación corresponde a aquéllas.
En primer lugar ha atribuido las facultades de establecer normas marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales, sin más límites que lo dispuesto en la propia Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por tanto, las normas autonómicas dictadas en ese contexto gozan de la cualidad de norma marco y a ella deberán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales que dicten las distintas Corporaciones Locales.
Igualmente, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prevé la posibilidad de que por parte de las Comunidades Autónomas se puedan aprobar disposiciones que permitan la adecuación, y trasposición de los principios generales sobre régimen estatutario, recogidos en ella, a los Cuerpos de Policía Local.
Entre las competencias de coordinación atribuidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se recogen aquellas que hacen referencia a las funciones de homogeneización y a fijar criterios de selección, formación, incluida la creación de Escuelas tanto para la formación de mandos como formación básica, promoción y movilidad. Estos criterios se incorporan a las Leyes autonómicas en su calidad de norma marco a la que se ajustarán los Reglamentos Municipales, como antes hemos indicado.
2.2. RÉGIMEN JURÍDICO
En relación con el régimen jurídico aplicable a la formación, selección, promoción y movilidad del personal de la Policía Local, hemos de insistir en la necesidad de que el opositor consulte directamente la normativa específica del ámbito territorial al que se presente porque no existen normas comunes a todos los territorios autonómicos ni evidentemente, municipales.
Sin perjuicio de lo anterior, reproducimos en este apartado, la regulación de esos extremos que más se reproduce en las distintas normativas autonómicas, con el objeto de hacer una primera aproximación a esa consulta directa por parte del opositor.
2.2.1. Acceso al cuerpo
2.2.2. Bases de selección
Será requisito indispensable, en cualquier caso, superar un curso selectivo, cuya duración varía en cada caso y un período de prácticas, como mínimo de tres meses, en el Municipio respectivo.
2.2.3. Convocatorias de pruebas selectivas
Las convocatorias deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, ajustándose a los requisitos exigidos por la legislación básica del Estado.
Las Comunidades Autónomas participan en los Tribunales de selección de Policías Locales en la forma que establece la legislación aplicable.
Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de formar parte de los mismos cuando concurran las causas previstas en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la Autoridad convocante, no pudiendo formar parte del Tribunal aquellos funcionarios que hubieren realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
2.2.4. Promoción interna
El acceso a las categorías de Cabo, Sargento y Suboficial se realizará por promoción interna, mediante concurso oposición, entre los miembros del Cuerpo que tengan un mínimo de dos años de antigüedad en la categoría inmediatamente inferior respectiva y posean la titulación requerida. Se establece en muchas ocasiones la necesidad de superar un curso selectivo específico
El acceso a las categorías de Oficial, Subinspector e Inspector se realizará por concurso oposición libre, si bien se reservará, en general y como mínimo, el cincuenta por ciento de las plazas de cada convocatoria a la promoción interna de los miembros del Cuerpo que tengan un mínimo de antigüedad de dos años en la categoría inmediatamente inferior a la respectiva, posean la titulación requerida, debiendo superar en la mayoría de los casos un curso específico.
2.2.5. Movilidad
Sin perjuicio de lo establecido sobre promoción interna entre miembros de distintos Cuerpos de Policía Local, éstos tendrán derecho a ocupar plazas vacantes en otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma respectiva según se establezca en cada respectivo Reglamento; asimismo es común el sistema de reservar entre las plazas vacantes producidas cada año, un máximo del veinte por ciento para miembros de otros Cuerpos de Policía Local.
2.2.6. Segunda actividad
La segunda actividad es aquella modalidad de la situación administrativa del servicio activo de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y hayan desaparecido las causas que la motivaron.
Los Ayuntamientos aplicarán la situación de segunda actividad conforme a las necesidades y estructura de cada Cuerpo.
2.2.6.2. Desarrollo
La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo que el Ayuntamiento respectivo determine para este fin en la plantilla del mismo Cuerpo, y, si ello no fuera posible, en otras plazas relacionadas con el área de seguridad y, en su defecto, en otras plazas del propio Ayuntamiento.
El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones básicas.
Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes disciplinario y de incompatibilidad que en la situación ordinaria de servicio activo, salvo que pasen a desempeñar puestos distintos de los propios de la Policía Local, en cuyo caso estarán sometidos a los regímenes disciplinario y de incompatibilidad comunes al resto de los funcionarios.
En situación de segunda actividad no se podrá participar en procedimientos de promoción o movilidad.
2.2.6.3. Motivos para el pase a la situación de segunda actividad
Se podrá pasar a situación de segunda actividad por razón de la edad o por disminución de las aptitudes psicofísicas necesarias para el desempeño de la función policial.
El pase a la situación de segunda actividad por edad tendrá lugar, generalmente, al cumplirse las siguientes edades:
Escala Técnica: 63 años.
Escala Ejecutiva: 58 años.
Escala Básica: 56 años.
Los funcionarios que tengan disminuidas las aptitudes psicofísicas necesarias para el desempeño de la función policial pasarán, con preferencia, a situación de segunda actividad sin la limitación de las edades determinadas en el apartado anterior, salvo que su grado de incapacidad les impidiese el desempeño de otro puesto de trabajo.
2.2.6.4. Valoración para acceder a la situación de segunda actividad por disminución de facultades psicofísicas
Para acceder a la situación de segunda actividad por disminución de facultades psicofísicas será preceptivo que un Tribunal médico aprecie la concurrencia de dicha disminución, a instancias del Ayuntamiento o del propio interesado.
El dictamen del Tribunal se elevará al órgano municipal competente, que a la vista del mismo, adoptará la resolución que corresponda.
La situación de segunda actividad declarada por razón de disminución de facultades psicofísica podrá ser revisada de oficio o a petición del interesado. El funcionario se reincorporará a la situación de servicio activo ordinario cuando el Tribunal Médico dictamine su aptitud y tras la Resolución municipal correspondiente.
En el caso de que el pase a segunda actividad esté motivado por accidente profesional, el funcionario percibirá el 100 % de las retribuciones que viniese percibiendo.
Los derechos de los Policías Locales no difieren en general de los establecidos para los funcionarios públicos locales, a excepción de las especialidades en cuanto a sindicación y que será analizado en temas posteriores.
Los principales derechos aplicables por tanto, se concretan en los siguientes:
En cuanto a su desarrollo nos remitimos a lo establecido en el tema 11 al objeto de no ser repetitivos.
3.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Policías Locales se recogen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los analizamos a continuación.
3.2.1. Adecuación al Ordenamiento Jurídico
3.2.2. Relaciones con la comunidad.
3.2.3. Tratamiento de detenidos
3.2.4. Dedicación profesional
3.2.5. Secreto profesional
3.2.6. Responsabilidad
Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponderá a las Administraciones Públicas por las mismas.
El régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se ajustará a los principios y normas establecidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4.1. FALTAS
4.1.1. Clases
4.1.2. Prescripción
Las faltas leves prescribirán al mes; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los seis años. La prescripción se interrumpirá en el momento que se inicia el procedimiento disciplinario.
4.1.3. Faltas muy graves
La subordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades o mandos de que dependan, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones dadas por aquellos.
Haber sido sancionado por la comisión de tres o mas faltas graves en el periodo de un año.
4.1.4. Faltas graves y leves
Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta los que induzcan a su comisión y los jefes que la toleren. Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la comisión de una falta.
4.2.1. Clasificación
Por razón de las faltas, a que se refiere el artículo precedente, podrán imponerse a los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local las siguientes sanciones:
Inmovilización en el escalafón por un periodo no superior a cinco años.
Pérdida de cinco a veinte días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo.
4.2.2. Prescripción
4.2.3. Anotación y cancelación
Transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con la separación del servicio podrá acordarse la cancelación de aquellas anotaciones a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso la sanción.
La cancelación de anotaciones por faltas leves se realizará a petición del interesado a los seis meses de la fecha de su cumplimiento. La cancelación producirá el efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes para ello y a los exclusivos efectos de su expediente personal.
4.2.4. Otros extremos
Los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local tendrán obligación de comunicar por escrito al superior jerárquico competente los hechos que consideren constitutivos de faltas graves y muy graves de los que tengan conocimiento.
Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local serán inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su cumplimiento la interposición de ningún tipo de recurso, administrativo o judicial, si bien la autoridad a quien competa resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la sanción impuesta, en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o de difícil reparación.
Iniciado un procedimiento penal o disciplinario, se podrá acordar la suspensión provisional por la autoridad competente para ordenar la incoación del expediente administrativo.
FormaciónSelecciónPromociónMovilidadDerechosDeberesRégimen disciplinario

References: artículo 52
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 148
 artículo 39
 artículo 52
 resolución 
 Resolución