Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/1249
Timestamp: 2020-06-04 07:47:24+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 43/1989
SENTENCIA 43/1989, de 20 de febrero
ECLI:ES:TC:1989:43
En el recurso de amparo núm. 772/1987, promovido por la Entidad «L'Union des Assurances de Paris» -IARD-, representada por la Procuradora dona Elsa María Fuentes García y defendida por el Letrado don José Luis Barrón de Benito, contra el Auto de aclaración de la Audiencia Provincial de Gerona de 11 de mayo de 1987, dictado en el rollo de apelación 79/86, proveniente de las diligencias preparatorias núm. 20/79 del Juzgado núm. 1 de Instrucción de Santa Coloma de Farnés. En el procedimiento ha sido parte, además de la recurrente, el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha 5 de junio de 1987 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional la demanda de amparo interpuesta por «L'Union des Assurances de Paris» -IARD-, representada por la Procuradora doña Elsa María Fuentes García, contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santa Coloma de Farnés (diligencias preparatorias 20/79) de 25 de octubre de 1985, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona (rollo de apelación núm. 79/86) de 22 de enero de 1987 y el Auto de aclaración de este último Tribunal de 11 de mayo de 1987.
2. La Entidad demandante se encontraba vinculada por un contrato de seguro obligatorio y voluntario con don José Muñoz Muñoz, quien resultó condenado como autor responsable de un delito de imprudencia simple con infracción de reglamentos previsto en el art. 565.2.º y 5.º del Código Penal por Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santa Coloma de Farnés, de 25 de octubre de 1985.
Por Auto de 11 de mayo de 1987, la Sala inadmitió el recurso de nulidad de actuaciones previa audiencia de las partes; el señor Muñoz se opuso a la declaración de nulidad alegando razones legales, jurisprudenciales y materiales, y el Ministerio Fiscal, por contra, no se opuso. En dicho Auto se sostenía que «aun cuando la condena de la compañía recurrente se produjese en primera instancia en las condiciones reseñadas en el primero de los antecitados preceptos (art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), condena que no fue revocada o modificada en sus términos por esta Sala al no ser en su día motivo de impugnación, no cabe en este momento acceder a la pretendida nulidad por ninguna de las citadas vías pues, en cuanto a los recursos, no cabe ninguno al tratarse de una Sentencia definitiva y firme y en cuanto a la apreciación de oficio con arreglo al núm. 2 del segundo de los nombrados preceptos, tampoco cabe por lo mismo al requerirse preclusivamente que se produzca antes de que hubiere recaído Sentencia definitiva».
Estas presuntas vulneraciones las fundamenta la actora en la conculcación del art. 791, regla 7ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que hace referencia a la comparecencia en el juicio oral de los responsables civiles que tengan domicilio conocido. Dado que la demandante no fue nunca emplazada, al producirse su condena sin la preceptiva audiencia, se vio lesionado su derecho a no ser condenada sin haber sido previamente oída. Si se hubiere efectuado la citación en forma, la Entidad recurrente hubiera podido establecer que los términos del contrato de seguro que la vinculaba con el asegurado que fue condenado penalmente excluían los desprendimientos de la carga. El hecho que motiva las actuaciones penales es, precisamente, el desprendimiento de la carga del asegurado y declarado responsable criminal de la imprudencia, el señor José Muñoz Muñoz. Se concluía la demanda solicitando la suspensión de la ejecución de la Sentencia.
5. Por providencia de 1 de julio de 1987 se acordó admitir a trámite la presente demanda y dirigirse al Juzgado de Instrucción de Santa Coloma de Farnés y a la Audiencia Provincial de Gerona para que se remitiera testimonio de las actuaciones de las que este recurso trae causa, y se ordenó el emplazamiento de los que hubieran sido parte en aquéllas para que en el término de diez días pudieran comparecer y manifestar, si lo tenía por oportuno, lo que en su derecho estimaran conveniente.
La Audiencia Provincial de Gerona remitió fotocopia adverada de las actuaciones el 15 de julio siguiente y el 12 de febrero de 1988 tras reclamación, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santa Coloma de Farnés remitió el testimonio de sus actuaciones y de las notificaciones a los interesados no recurrentes, quienes no hicieron uso de su derecho.
A continuación manifiesta que, a la vista de las actuaciones, puede concluirse que la recurrente tuvo conocimiento extraprocesal de la causa, por cuanto el señor Muñoz, inculpado, asegurado y condenado criminalmente, declaró ante el Juzgado que había recibido una carta de la Entidad hoy demandante por la que rehusaba hacerse cargo de las eventuales responsabilidades civiles derivadas de los hechos. Y, además, continúa el Ministerio Fiscal, la recurrente en su escrito de 12 de abril de 1987, dirigido a la Audiencia Provincial instando la nulidad de actuaciones, afirma que tuvo conocimiento del siniestro al comunicárselo aquél y que su postura era la de que estaba excluida del pago.
El testimonio del señor Muñoz, que puede resultar interesado, es convincente para el Ministerio Público por el hecho de haberlo prestado ante el Juez y ser anterior a la condena.
Concluye sus alegaciones solicitando la denegación del amparo y por otrosí insta el recibimiento del pleito a prueba. Dicha prueba consistiría en la declaración del señor Muñoz respecto a si comunicó a la recurrente la existencia de la causa y que aportara la carta en la que la misma se desentendía del asunto.
11. Por Auto de la Sala Primera de 23 de mayo de 1988 se acordó practicar la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal. Efectuados los trámites oportunos, el señor Muñoz Muñoz compareció ante el Juzgado de Paz de Campdevánol y libremente, de acuerdo al texto del precitado Auto, manifestó que la «carta se le ha extraviado» y «también que sí comunicó a la Compañía de Seguros "L'Union des Assurances de Paris" -IARD-, no sólo la existencia del accidente, sino también la de las actuaciones judiciales en el Juzgado de Instrucción de Santa Coloma de Farnés -diligencias 20/79».
Añade, además, la Entidad aseguradora que «el que el asegurado don José Muñoz Muñoz haya comunicado a nuestra representada el siniestro y la tramitación de actuaciones judiciales contra él, con motivo del mismo, en el supuesto de que tal extremo estuviera plenamente acreditado, no obsta ni impide la indefensión de que ha sido objeto nuestra representada, ni la vulneración de las garantías procesales y constitucionales de audiencia, información y defensa, toda vez que en ningún momento se le ha comunicado procesal o extraprocesalmente que de dichas actuaciones pudiere derivarse resolución condenatoria para la misma, ni se le ha informado de la acusación de que era objeto, no habiéndosele notificado tampoco la declaración del presunto responsable civil directo, habiendo sido condenada sin ninguna información referida a la acusación formulada contra la misma e impedida de toda la posibilidad de defensa, pues ni siquiera le fue nombrado de oficio Abogado y Procurador que la representasen y defendieran».
13. Por Auto de 23 de julio de 1987 la Sala acordó no suspender el cumplimiento de las resoluciones judiciales impugnadas, con requerimiento al Juzgado de Santa Coloma de Farnés para que dictara lo procedente para que por parte de los beneficiarios de las indemnizaciones se diera caución suficiente.
1. La cuestión a resolver en el presente recurso de amparo es la de si, como en la demanda se afirma, la recurrente se vió colocada efectivamente en una situación de indefensión, lesiva del derecho consagrado en el art. 24.1 de la Constitución, por haber sido condenada como responsable civil, en subrogación del condenado, al pago de las indemnizaciones a los familiares de la víctima de un accidente de tráfico, «hasta el limite del seguro obligatorio y del voluntario, si lo hubiere». Esa indefensión se le habría producido por no haber sido citada para comparecer en el juicio celebrado en el Juzgado núm. 1 de Instrucción de Santa Coloma de Farnés, no habérseles informado de la acusación formulada ni habérsele dado la posibilidad de ser oída y de oponerse a tal condena indemnizatoria, entendiendo que no debería haber corrido con tal responsabilidad de acuerdo con las condiciones del seguro voluntario suscrito con el causante del accidente, que excluía de la cobertura del mismo los accidentes producidos por desprendimiento de la carga, de acuerdo además con el art. 37 c) de la Orden de 31 de marzo de 1977.
En las diligencias previas, incoadas en 1977 por el Juzgado de Instrucción de Santa Coloma de Farnés, a consecuencia de un accidente de tráfico, la compañía aseguradora hoy recurrente en amparo efectivamente no fue citada, pese a que el imputado había presentado el certificado de seguro obligatorio extendido por aquélla. Estas actuaciones judiciales, anteriores a la entrada en vigor de la Constitución, se acomodaban tanto a la legislación procesal como a la interpretación judicial de la misma, que no posibilitaba a las compañías de seguros ser parte en el proceso penal, entendiéndose que en relación con el seguro obligatorio la intervención en el proceso penal de las Entidades aseguradoras no puede ser otra que la fijada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 784 y 785), conforme a la Ley de 8 de abril de 1967. Este Tribunal, y en relación con el seguro obligatorio del automóvil, ha considerado que el cumplimiento de estos preceptos basta para eliminar la existencia de una indefensión de alcance constitucional (STC 4/1982, de 26 de febrero). No obstante en el presente caso la Entidad aseguradora ha sido condenada, aunque con la cautela o reserva de «si lo hubiera», también a cargo del seguro voluntario, y dicha cautela o reserva puede no ser suficiente en el trámite de ejecución de la Sentencia para liberar a la Entidad aseguradora de la condena en virtud de límites no cuantitativos de aseguramiento contenidos en la correspondiente póliza.
Desestimar el amparo solicitado por «L'Union des Assurances de Paris» - I.A.R.D.-.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 772-1987
Compañía de Seguros contra Sentencias del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santa Coloma de Farnés y de la Audiencia Provincial de Gerona.
Este Tribunal, y en relación con el seguro obligatorio del automóvil, ha considerado que el cumplimiento de los preceptos de la L.E.Crim. ( arts. 748 y 785) que regulan la intervención en el proceso penal de las Entidades aseguradoras basta para eliminar la existencia de una indefensión de alcance constitucional. [F. J. 1]
Constituye una circunstancia obstativa de la indefensión del art. 24.1 de la Constitución el conocimiento por la compañía aseguradora del proceso penal, «de manera que conociendo el proceso se hubiera producido un voluntario apartamiento respecto a él» (STC 48/1984). [F. J. 2]
Artículo 615, f. 1
Artículo 616, f. 1
Artículo 618, f. 1
Artículo 619, f. 1
Artículo 620, f. 1
Artículo 622, f. 1
Artículo 624, f. 1
Artículo 625, f. 1
Artículo 652, f. 1
Artículo 695, f. 1
Artículo 736, f. 1
Artículo 784, f. 1
Intervención del responsable civil subsidiario en el proceso penalIntervención del responsable civil subsidiario en el proceso penal, f. 1
Seguro obligatorio de automóvilesSeguro obligatorio de automóviles, f. 1
Seguro voluntario de automóvilesSeguro voluntario de automóviles, f. 1
Presunción de conocimiento del procesoPresunción de conocimiento del proceso, f. 2

References: resolución 

Artículo 615

Artículo 616

Artículo 618

Artículo 619

Artículo 620

Artículo 622

Artículo 624

Artículo 625

Artículo 652

Artículo 695

Artículo 736

Artículo 784