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Timestamp: 2018-08-20 23:13:58+00:00

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﻿ AUTO AC1240-2018/2018-00664 DE ABRIL 4 DE 2018
AUTO AC1240-2018 DE 04 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:NORMA PARA DECIDIR RECURSO INTERPUESTO EN VIGENCIA DE LEY DEROGADA. DE ACUERDO CON EL NUMERAL 5° DEL ARTÍCULO 625 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO LOS RECURSOS SE DECIDEN POR LAS LEYES VIGENTES AL MOMENTO EN EL QUE SE INTERPONEN. LO MISMO OCURRE CON LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DECRETADAS, LAS AUDIENCIAS CONVOCADAS, LAS DILIGENCIAS INICIADAS, LOS TÉRMINOS QUE HUBIEREN COMENZADO A CORRER, LOS INCIDENTES EN CURSO Y LAS NOTIFICACIONES QUE SE ESTÉN SURTIENDO. ES DECIR, LA NORMA QUE APLICA PARA RESOLVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES LA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE FUE INTERPUESTO
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE REPOSICIÓN, RECURSO DE QUEJA, DERECHO PROCESAL, APLICACIÓN DE LA LEY, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO
Auto AC1240-2018/2018-00664 de abril 4 de 2018
AC1240-2018
Rad.: 11001-02-03-000-2018-00664-00
Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por la demandante en pertenencia, Bárbara Silva Buitrago frente al Auto de 25 de septiembre de 2017, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en su Sala Civil-Familia negó la concesión del recurso de casación que radicó contra la sentencia de 15 de agosto de esa anualidad, dictada dentro del proceso de pertenencia que promovió contra Asociación de Empleados Públicos del Departamento de Santander “Asodep”, juicio en donde se presentó demanda de reconvención por la contraparte.
1. La promotora del libelo principal, pidió declarar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre el inmueble ubicado en la calle 41 Nº 13-61 de Bucaramanga, el cual hace parte del globo de mayor extensión identificado con matrícula inmobiliaria Nº 300-90297 y como consecuencia, se dispusiera lo correspondiente al desenglobe y órdenes pertinentes dirigidas al registrador de instrumentos públicos.
2. Una vez agotadas las fases de rigor, el juzgado 3º del circuito de esa ciudad profirió sentencia el 8 de febrero de 2016, en la que declaró, entre otros aspectos, la usucapión rogada por la actora principal, siendo impugnada por la Asociación de Empleados Públicos del Departamento de Santander “Asodep” (fl. 139, copias del cuaderno 1).
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de dicha urbe, al desatar tal apelación, el 15 de agosto de 2017 revocó la providencia cuestionada, condenó a Bárbara Silva Buitrago a restituirle el inmueble objeto de litigio a favor de la sociedad “Asodep” y pagar frutos civiles.
4. Inconforme con esa resolución, Bárbara Silva Buitrago, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de casación y aportó dictamen pericial, pero el tribunal denegó su concesión con Auto del 25 de septiembre siguiente, tras considerar que la experticia arrimada con la disidencia extraordinaria, no estaba acorde con la realidad reflejada por las restantes pruebas obrantes en el proceso; por tanto, no demostró el interés pecuniario para recurrir al tenor del artículo 338 del Código General del Proceso.
5. La última determinación fue atacada vía reposición por la convocante a fin de que se concediera el mecanismo extraordinario, en subsidio incoó queja y adujo como motivos de su inconformidad el haberse acreditado el interés para recurrir, a partir del laborío pericial arrimado con el recurso.
6. El reparo horizontal no prosperó porque el ad quem se mantuvo en las razones impartidas en el auto atacado, y ordenó la reproducción de las piezas foliales para agotar el medio de defensa que ahora ocupa la atención de esta corporación (fls. 61 a 66, cuaderno copias tribunal).
1. Conforme al artículo 35 del Código General del Proceso, “[c]orresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión”.
En consecuencia, la presente decisión no es objeto de pronunciamiento en Sala teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al señalar, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil pero que se mantienen, que “la Corte Suprema resolverá, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (…) A) En Sala de decisión. (…) i) las sentencias. (…) ii) inadmisión del recurso de casación (art. 372 C. de P.C.). (…) iii) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (…) B) El magistrado sustanciador. (…) i) el recurso de queja (…) ii) acumulación de procesos (…) iii) conflictos de competencia (…) iv) el auto que resuelve una nulidad (…) v) el auto que resuelve la súplica (magistrado que siga en turno —art. 363 C. de P. C.—). (…) vi) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del C. de P.C.” (CSJ AC 27 sep. 2010, Rad. 2010-01055).
2. Con base en tal premisa, de manera preliminar menester es indicar que la presente decisión se adopta al tenor de los cánones del Código General del Proceso, por mandato del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 de aquella obra.
En efecto, este precepto indica que “(l)as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.
Así mismo, en concordancia con tal artículo, el numeral 5º del precepto 625 del Código General del Proceso señaló que, “(n)o obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (resaltado ajeno al texto).
Entonces, la normatividad aplicable para resolver un medio de impugnación es la vigente al momento en que fue interpuesto, pues una interpretación finalista así lo pone de presente.
Por ende, como en el caso de autos el recurso extraordinario de casación fue radicado el 17 de agosto de 2017 (fl. 13 cuaderno copias del tribunal), esto es, en vigencia del Código General del Proceso, es este el ordenamiento que debe aplicarse.
3. En el caso concreto, la Corte observa que en la queja la promotora, enfiló su discusión respecto del interés para recurrir con énfasis en el valor del inmueble objeto del proceso.
Por lo mismo, el reproche es del resorte eminentemente crematístico, por lo que con cara a la casación, aplica el canon 338 del Código General del Proceso.
Ante estas circunstancias, acertó el juzgador de última instancia al denegar la concesión del mecanismo extraordinario, porque la demandante Bárbara Silva Buitrago no alcanzó el interés previsto en el mencionado artículo 338 para invocarlo, esto es, el equivalente a 1.000 smmlv, que asciende a $ 737.717.000 para el año 2017.
Efectivamente, este precepto prevé que “(c)uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv).
Y, en concordancia con esa disposición, el canon 339 de la misma compilación legal consagra que “(c)uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá adoptar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.”
En efecto, en pretérita oportunidad esta corporación anotó que:
(s)obre el tema, es necesario atender que el nuevo estatuto procesal cambió el método para determinar el justiprecio del interés para acudir al citado medio de impugnación, comoquiera que desechó las reglas de un dictamen cuando no estuviese determinado, que antes consagraba el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, y en su lugar fijó unas reglas más expeditas y simples tendientes a una determinación pronta, al establecer que cuando para la procedencia del medio de impugnación “sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión”(1) (negrillas ajenas al texto).
Así, sin hesitación, no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior código, pues simplemente debe establecerse el quantum del interés para recurrir “con los elementos de juicio que obren en el expediente”, esto es, con los medios que estén presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, que no después, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prevé que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasión presentes en el legajo, o ya con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir “de plano sobre la concesión. (CSJ AC4423 de 13 jul. 2017, Rad. 20171073).
Ahora, de cara a lo que obra en el expediente, se tiene:
3.1. El avalúo comercial 006-2017 de los folios 21 a 26 del cuaderno de copias del tribunal, aportado por la demandante con el recurso, no reúne las exigencias del artículo 226 del Código General del Proceso, acorde con los anexos relacionados en memorial que lo aporta (fl. 11, cuaderno de copias del tribunal); luego, no surte eficacia para lo que intenta demostrar, por las siguientes razones:
i) Faltó acompañar los documentos que le sirvieran de fundamento, como lo son: a) el soporte de la visita en donde fueron verificados los detalles y características del predio; sin que se pueda suplir con la inspección judicial practicada en el proceso; b) respecto de la “descripción del sector” se adujo de una caracterización aledaña al predio, sin soporte que lo evidencie de esa manera; c) en el mismo sentido, acerca del “factor de comercialización y valorización”, indica sobre unos informes y publicaciones especializadas que no fueron arrimadas con el estudio; d) las “valoraciones recientes de los predios similares para establecer el cálculo de avalúo” y los “promedios de terrenos y construcciones” pecan por falta de acreditación expedita; solamente.
ii) Se hizo una enunciación somera del “factor de comercialización y valorización”, pero en modo alguno, se explicó en qué consistía ese método y de qué manera incidía en el valor del inmueble para el caso concreto; tampoco se indicó por el perito, si ese era el sistema de valuación que usualmente emplea en los laboríos como el que nos ocupa, y si hubo alguna variación en la metodología, por qué la hubo.
iii) Faltó la relación de sus gestiones como perito ante los distintos despachos judiciales en los términos de los numerales 5 y 6 del canon 226 ibíd.
3.2. El avalúo para 2017 con que se cuenta en el expediente como único elemento de juicio para determinar el interés para recurrir, por un valor de $ 957.675.000 para el globo de mayor extensión con un área de 989.85 metros cuadrados (fl. 60 del cuaderno de copias del tribunal), traído a términos del área parcial de 284.80 metros cuadrados que es lo efectivamente poseído por la demandante, arroja un equivalente de $ 275.542.597, insuficiente para acceder a la casación, aún, si se le adiciona el valor de los frutos civiles a los que fue condenada la recurrente en $ 11.128.535.
4. En suma, el interés de Bárbara Silva Buitrago no alcanza la cuantía especificada positivamente para acceder al mecanismo extraordinario de la casación, que asciende al equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2017, pues así no fue acreditado.
Es que la naturaleza de tal recurso justifica las restricciones para concederlo, toda vez que sólo es viable en aquellos eventos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo impugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, porque en este están involucrados los derechos personalísimos irrenunciables y no un componente económico.
Así lo resaltó la Corte al señalar que (…) sólo puede emplearse frente a ciertas y determinadas sentencias, en atención a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emitió y, por regla general, ‘al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente’ (Cfme. art. 366 del C. de P.C., modificado por la Ley 592 de 2000) (AC de 20 abr. 2009, Rad. 2008-01910, reiterado en AC4416-2014).
5. Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocación de éxito, por lo que así se declarará.
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
1. DECLARAR bien denegada la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 15 de agosto de 2017, dictada dentro del proceso dentro del proceso de pertenencia de Bárbara Silva Buitrago contra Asociación de Empleados Públicos del Departamento de Santander “Asodep”.
1 Artículo 339, Código General del Proceso.

References: ARTÍCULO 625
 artículo 338
 artículo 35
 artículo 373
 artículo 40
 artículo 624
 artículo 338
 resolución 
 artículo 370
 artículo 226
 resolución 
 Artículo 339