Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/08/registro-oficial-agosto20-de-agosto-del-2001-suplemento
Timestamp: 2019-10-16 05:06:27+00:00

Document:
Registro Oficial. AGOSTO20 de AGOSTO del 2001 Suplemento
\n 004-AA-01-IS Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el señor\n Angel Guillermo Ramos Benalcázar.
\n 012-HD-01-LS Confírmase\n la resolución subida en grado y niégase el recurso\n de hábeas data interpuesto por el señor Juan Abraham\n Fabara Jiménez .
\n 014-HD-01-I.S Confírmase\n la resolución del señor Juez Sexto de lo Civil\n de Pichincha y desechase por improcedente el recurso de habeas\n data propuesto por el señor Roberto Ignacio Baquerizo\n Valenzuela.
\n 016-HD-01-I.S Confírmase\n la resolución subida en grado y deséchase\n el recurso de hábeas data propuesto por el señor\n Marco Patricio Salguero Vaca, por improcedente.
\n 022-01-HC-L.S Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase el recurso de hábeas\n corpus interpuesto por la abogada Besci Mendoza Bravo.
\n 046-RA-010.I.S Confírmase\n la resolución venida en grado y deséchase\n la acción de amparo propuesta por el doctor Jorge\n Cevallos Jácome.
\n 142-RA-01-IS Confírmase\n la resolución del Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo de Guayaquil y deséchase la acción\n de amparo propuesta por René Ernesto Medina Freire.
\n 160-RA-01-I.S Confírmase la resolución\n venida en grado y recházase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el señor Luis Ramiro Colcha\n Moreta, por improcedente.
\n 196-RA-01-IS Deséchase\n la acción de amparo propuesta por el licenciado\n Francisco Xavier Torres Bustamante.
\n 249-RA-01-IS Revócase\n la resolución del Juez Sexto de lo Civil de Pichincha\n y concédese el amparo interpuesto por el ingeniero Angelito\n Veluz Raflores en representación de Energycorp S.A.
\n 320-RA-01-IS Confírmase\n la resolución venida en grado y concédese la acción\n de amparo propuesta por el señor Silvio Javier Salinas\n Lituma.
\n 373-RA-01-I.S Deniégase,\n por improcedente, el amparo interpuesto por \n el señor Carlos Varela Manosalvas y confirmase \n la resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, Distrito de Quito.
\n 374-RA-01-IS Revócase\n la resolución venida en grado, acéptase la acción\n de amparo propuesta por Abelardo Tucumbi Chugchilán\n y suspéndense los efectos.
\n 377-RA-01-IS Revócase \n la resolución venida en grado, acéptase\n la acción de amparo propuesta por el doctor\n Bolivar Eliceo Barragán Requena y suspéndense\n los efectos.
378-RA-01-IS, Confírmase la resolución \n venida en grado y deséchase la acción\n de amparo constitucional propuesta por el señor \n Raúl Mesías Prado Quishpe.
\n 379-RA-01-l.S Concédese\n el amparo propuesto por el señor Fabián Marcos\n Iza Iza y otros y revócase la resolución\n subida en grado.
\n 386-RA-01-IS Confírmase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Wilson Alberto Vera Avilés.
\n 389-RA-01-IS Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Walter Martínez\n García .
\n 391-RA-01-I.S Concédese el amparo propuesto\n por la señora Lucía Carolina Plúas Cortez\n y otra y confirmase la resolución subida en grado.
\n 393-RA-01-I.S Revócase\n la resolución del señor Juez Tercero de lo\n Civil de Sucumbíos y deséchase la acción\n de amparo constitucional propuesta por Orlando Milton \n Enriquez Quinteros y otros.
\n 395-RA-01-IS Confírmase la resolucion venida\n en grado y niégase la acción de arnparo propuesta\n por el señor Luis Abad Suárez, presidente de la\n Asociación de Matarifes Reina del Cisne .
\n 398-RA-01-IS Revócase \n la resolución, venida en grado y niégase \n la acción de amparo propuesta por Marco Antonio\n Granja Stacey y otros .
\n 401-RA-01-IS Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo\n propuesta por el señor Javier Oswaldo Gil Jara.
\n 404-RA-01-IS Confírmase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Claudio Ramán\n Cabezas Bricio.\n \n
No. 004-AA-01-IS
En el caso signado con 1 No. 304-2000-AA
Angel Guillermo Ramos Benalcázar, previo informe de\n procedibilidad del Defensor del Pueblo emitido mediante oficio\n No. 4611 de 14 de noviembre del 2000, constante en folios 14\n y 15 del proceso, comparece y plantea demanda en contra de la\n Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, para que se\n declare la inconstitucionalidad del acto administrativo contenido\n en la acción de personal de 23 de marzo del 2000, suscrita\n por el Director de Recursos Humanos y el Alcalde del Municipio\n Metropolitano de Quito.
Dice que el 14 de febrero del 2000 presentó su renuncia\n al cargo de asesor en la sala de concejales sin haber obtenido\n respuesta alguna. Al tenor de lo dispuesto en el Art. 28 de la\n Ley de Modernización, transcurridos los 15 días,\n manifiesta que su petición se considera aceptada. Sorprendentemente\n el Alcalde dispuso que el Jefe de Personal inicie un sumario\n administrativo de destitución en su contra el que carece,\n de eficacia.
Con estos actos, el accionaste dice que se violan las siguientes\n disposiciones constitucionales: el derecho al debido proceso;\n el derecho a la buena honra y reputación; el derecho a\n la libertad y de trabajo; el derecho al desarrollo de la personalidad;\n el derecho a disponer libremente de bienes y servicios; el derecho\n a la libertad de opinión; y, el derecho a guardar reserva\n sobre convicciones políticas y religiosas. Que además\n existen transgresiones legales a la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, por lo que de acuerdo al numeral 2 del Art. 276\n de la Constitución, demanda la inconstitucionalidad del\n acto administrativo mencionado.
Calificada la demanda avoca conocimiento la Primera Sala del\n Tribunal Constitucional, y corre traslado al Alcalde del Distrito\n Metropolitano de Quito para que conteste en el término\n de quince días. El señor Alcalde no ha contestado\n la demanda habiendo transcurrido el término legal, por\n lo que esta Sala procede a resolver.
Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso conforme lo establece el numeral segundo del Art. 276 de\n la Constitución y lo que dispone el Art. 62 de la Ley\n del Control Constitucional;
Que habiéndose observado todas las disposiciones constitucionales\n y legales determinados para la tramitación de esta demanda,\n la causa es válida, y así se la declara;
Que la demanda de inconstitucionalidad de un acto administrativo\n dice relación a que la declaración de voluntad\n de la administración pública, mediante la cual\n se crea, modifica o extingue un derecho del administrado, ha\n sido expedido contrariando una expresa norma contenida en la\n Constitución;
Que en el expediente no se encuentras elementos de prueba\n sobre las irregularidades de carácter constitucional que\n el actor alega se ha cometido en su contra. Lo único que\n se observa es que el peticionario presentó la renuncia\n al cargo de "Asesor Institucional" que venia desempeñando\n con fecha 24 de febrero del 2000, en el texto de dicha renuncia\n se advierte una nota manuscrita de "No aceptar la renuncia\n y seguir acciones legales..." (folio 5); luego, en copia\n simple, hay constancia de la audiencia celebrada el 8 de marzo\n del mismo año para que el actor rinda su declaración\n dentro del sumario administrativo iniciado en su contra (folio\n 2); y, con fecha 23 de marzo del 2000 consta la acción\n de personal de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio\n del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la cual\n .se le destituye al señor Ramos Benalcázar (folio\n 20); todos estos documentos no están certificados, son\n copias simples;
Que en tales circunstancias, es imposible para esta Sala determinar\n que hubo un acto administrativo de autoridad pública emitido\n contra expresas disposiciones de la Constitución; por\n otro lado, se llama la atención del ilustre Municipio\n del Distrito Metropolitano de Quito por no haber contestado en\n el término legal la respectiva demanda; y,
Desechar la demanda de inconstitucionalidad propuesta por\n el señor Angel Guillermo Ramos Benalcázar.
2.- Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial. Notifíquese".
f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente Primera\n Sala. f.) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal Primera\n Sala. f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal Primera Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada- por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n el veintiséis de julio del dos mil uno.- Lo certifico.
f) Yuri Alan Soto Intriago, El Secretario.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 13 de agosto del 2001.- f.) Secretario de\n la Sala.
No. 012-HD-01-IS.
En el caso signado con el No. 024-2001-BID
El señor Juan Abraham Fabara Jiménez comparece\n ante la Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas y plantea\n recurso de hábeas data en contra del Jefe de la Agencia\n de Empalme de la Empresa Eléctrica Regional Guayas - Los\n Ríos, representante de EMELGUR S.A, manifestando que en\n su domicilio tiene un medidor de consumo de fluido eléctrico,\n cuyo atunero fue 4869704, con código de ruta 8709295000,\n con tarifa (R), medidor que ha venido siendo facturado normalmente,\n pero por un atraso no pudo pagar con puntualidad una planilla,\n de 169.33 dólares americanos; que realizó el pago\n de dicha planilla, pero la Compañía EMELGUR S.A.\n Agencia en el Empalme, hace notar sólo el valor de 24.17\n dólares americanos, lo cual le ocasiona perjuicios económicos;\n que acudió hasta las oficinas de dicha compañía,\n pero se le negó el acceso a los documentos y datos sobre\n este medidor.
Por lo señalado, solicita a través de este recurso\n a) se le otorgue por parte de la Agencia de EMELGUR S.A., la\n información completa clara y verídica concerniente\n a su medidor desde la fecha de su concesión hasta el pago\n del último recibo o planilla cancelada por el accionaste,\n sea en documento o diskette de computador, b) una vez declarado\n con lugar el recurso se exija a EMELGUR S.A., que entregue dicha\n información, y que se cumpla con todo lo señalado\n en el artículo 39 de la Ley de Control Constitucional\n en sus 6 literales; c) que se facilite su acceso a los archivos\n de la compañía.
En la audiencia pública convocada por el Juez Vigésimo\n de lo Penal del Guayas el accionaste acusa la rebeldía\n del accionado, por no encontrarse presente en esta diligencia,\n y se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su\n petición de hábeas data.
El Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas dicta su resolución\n en la que niega el hábeas data, la cual se fundamenta,\n en lo principal, en que el medidor sobre el cual se pide la información\n no es del peticionario sino de la empresa contratada.
Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso conforme lo establece el artículo 276, número\n 3, de la Constitución y los artículos 12, número\n 3, y 62 de la Ley del Control Constitucional;
Que, el artículo 94 de la Constitución consagra\n el derecho de toda persona para acceder "a los documentos,\n banco de datos e informes que sobre si misma, o sus bienes consten\n en entidades públicas o privadas, así como conocer\n el uso que se haga de ellos y su propósito ", de\n ello se advierte que la persona natural o jurídica está\n facultada para requerir del poseedor de la información,\n que diga relación a ella y le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional;
Que, en este caso, se ha interpuesto el hábeas data\n para obtener la información que hace relación a\n la facturación del consumo eléctrico del medidor\n número 4869704, que si bien es de propiedad de la empresa\n EMELGUR S.A., tiene relación con el recurrente, en el\n sentido de que el servicio es pagado por este último;
Que, la Constitución en su artículo 92 establece\n los derechos de los consumidores, entre los cuales se determinan\n los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de\n la defensa al consumidor entre otros;
Que, de la petición planteada por el accionante se\n desprende que el fin de su pretensión es la rectificación\n del valor pagado por el consumo eléctrico;
Que, la Ley de Defensa al Consumidor en su artículo\n 39 señala cual es el procedimiento que debe seguir el\n usuario o consumidor de un servicio público, que se creyere\n afectado por una facturación excesiva, de tal forma que\n se pueda remediar la violación de sus derechos o el daño\n causado;
Que, el peticionario debe plantear su reclamo siguiendo el\n procedimiento que establece dicha ley para este efecto, a fin\n de que pueda acceder a los datos solicitados y de igual forma\n ejercer las acciones necesarias concernientes al reconocimiento\n o protección de sus derechos, de ser el caso; y,
Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones,
1. Confirmar la resolución subida en grado y por ende\n negar el recurso de hábeas data interpuesto por el señor\n Juan Abraham Fabara Jiménez.
2. Devolver el expediente al' Juez de origen. Notifíquese".
f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente Primera\n Sala.
f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal Primera Sala.
f) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal Primera Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n el treinta de julio del dos mil uno.- Lo certifico.
f.) Yuri Alan Soto Intriago, El Secretario.
No. 014-BID-01-IS.
En el caso signado con el No. 026-2001-BID
El señor Roberto Ignacio Baquerizo Valenzuela, en su\n calidad de accionista del Banco Unión, BANUNION, S.A.\n comparece ante el Juez Sexto de lo Civil de Pichincha, e interpone\n acción de hábeas data en contra del abogado Luis\n Villacis Guillén, Gerente General de la Agencia de Garantía\n de Depósitos AGD, con el fin de que exhiba en copia debidamente\n certificada los siguientes documentos: a) Los originales de los\n balances de la institución bancaria dentro del período\n comprendido entre julio de 1999 hasta la actualidad; b) Los informes\n de auditoría interna que con respecto a la institución\n se hayan efectuado en el mismo período; c) Las actas de\n Directorio de la institución, en la que consten menciones\n al Banco Unión, BANUNION S.A.; y, d) copia certificada\n y legible del informe que realizara el abogado Rubén Montoya\n Vega, de fecha 15 de marzo del 2000.
En la audiencia pública convocada por el Juez Sexto\n de lo Civil de Pichincha, el demandado argumenta:
Que el recurrente no ha demostrado ser accionista del Banco\n Unión BANUNION S.A. ya que al momento de comparecer debió\n demostrar tal calidad.
Que la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, la cual introdujo reformas a la Ley General de 'Instituciones\n del Sistema Financiero, en su articulo 26 dispone que cuando\n una institución financiera no cumpliere con las resoluciones\n de la Junta Bancaria, de la Superintendencia de Bancos y demás\n que fueren aplicables, la Superintendencia de Bancos exigirá\n y aprobará los programas de regularización que\n fueren necesarios y verificará su cumplimiento, a más\n de que dispondrá las medidas de carácter preventivo\n y correctivo. La Junta Bancaria autorizará a pedido de\n la Superintendencia de - Bancos, la intervención de entidad\n financiera y la entrega del cien por ciento de las acciones con\n derecho a voto a un fideicomiso a favor de la Agencia de Garantía\n de Depósitos y se procederá a nombrar un administrador.\n Si en un plazo máximo de 60 días los accionistas\n de una institución financiera no completan la capitalización\n requerida perderán la titularidad de sus acciones y automáticamente\n transferirán la-propiedad de las mismas a la AGD.
Que como no se cumplen con lo requerido, la institución\n bancaria fue declarada en proceso de saneamiento por el Directorio\n de la AGD, mediante Resolución No. AGD-99-036 de fecha\n 1 de octubre de 1999, asumiendo de esta manera la AGD todas las\n atribuciones de la Junta General de accionistas y la representación\n legal, judicial y extrajudicial del banco en saneamiento, por\n lo que el recurrente no ostenta la calidad de accionista del\n Banco Unión, BANUNION S.A., y por ende no cabe que presente\n este recurso.
Que la información requerida por el recurrente no versa\n sobre su persona o sobre de sus bienes, sino de información\n general relacionada con una institución bancaria. Además,\n el actor confunde la diligencia de exhibición de documentos\n con el recurso de hábeas data y que la información\n requerida, por tratarse de una institución bancaria sometida\n a una ley especial, está a libre disposición del\n público en general, a través de la Superintendencia\n de Bancos.
Por su otra parte el accionaste se ratifica en los fundamentos\n de hecho y de derecho de su acción, dejando constancia\n que el presente recurso no afecta a sigilo profesional alguno\n y peor aún obstruye la acción de la justicia. El\n Juez Sexto de lo Civil de Pichincha resuelve negar la acción\n de hábeas data planteada por el señor Roberto Ignacio\n Baquerizo Valenzuela, en vista de que en lo principal el recurrente\n no ha justificado su calidad de accionista, y porque la información\n requerida es de incumbencia de la institución bancaria,\n más no de una persona particular. -
Que esta Sala es competente para conocer y resolver el presente,\n de conformidad con lo dispuesto en el articulo 276 numeral 3\n de la Constitución de la República, y los artículos\n 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;
Que habiéndose observado todas las normas constitucionales\n y legales previstas para la sustanciación del hábeas\n data, el proceso es válido y así se lo declara;
Que el artículo 94 de la Constitución reconoce\n el derecho de toda persona para "[...] acceder a los documentos,\n banco de datos e informes que sobre si misma, o sus bienes consten\n en entidades públicas o privadas, así como conocer\n el uso que se haga de ellos y su propósito
Que de conformidad con el articulo 35 de la Ley del Control\n Constitucional, la institución del hábeas data\n tiene por objeto: a) Obtener del poseedor la información\n que éste la proporcione al recurrente, en forma completa,\n clara y verídica; b) Obtener el acceso directo a la información;\n c) Obtener de la persona que posee la información que\n la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros; y, d) Obtener\n certificaciones o verificaciones sobre la persona poseedora de\n la información la ha rectificado, eliminado, o no la ha\n divulgado;
Que en lo sustancial, la información que solicita el\n recurrente no se refiere directamente a su persona ni a sus bienes,\n sino a documentos propios del Banco Unión, de tal forma\n que no se cumplen los presupuestos de procedibilidad del hábeas\n data;
Que el hábeas data no se encuentra previsto en la Constitución\n como un mecanismo que reemplace procedimientos y atribuciones\n establecidos en el ordenamiento jurídico, como puede ser,\n por ejemplo, la diligencia de exhibición de documentos;\n y,
Por los considerados expuestos y en uso de sus atribuciones\n constitucionales y legales,
-- Confirmar la resolución del señor Juez Sexto\n de lo Civil de Pichincha, y en consecuencia, desechar por improcedente\n el recurso de hábeas data propuesto por el señor\n Roberto Ignacio Baquerizo Valenzuela.
2.- Devolver el expediente al Juez de origen para su ejecución\n Notifíquese.
f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente Primera\n Sala.
f) Dr Hernán Salgado Pesantes, Vocal Primera Sala.
f) Dr Antonio Iglesias Caamaño, Vocal Primera Sala.
RAZON: siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n a los treinta días del mes de julio del dos mil uno.-\n Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 13 de agosto del 2001.- f.) Secretario de\n la Sala.
No. 016-BID-01-IS.
En el caso signado con el No. 031-2001-BID
El señor Marco Patricio Salguero Vaca, comparece ante\n el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, e interpone acción\n de hábeas date en contra del Comandante General de la\n Policía Nacional, al amparo de los artículos 94,\n 272, 273 de la Constitución en armonía con los\n artículos 34 al 45 de la Ley del Control Constitucional,\n con el fin de que exhiba:
a) La orden emanada de la Autoridad Competente para que se\n le haya privado de la libertad al recurrente, desde el 6 de marzo\n del 2001, en el Centro de Detención Provisional por el\n espacio de 7 días calendarios, sin fórmula de juicio\n como se obra del oficio signado con el N0 585-2001 -JIIPP de\n 9 de marzo del 2001;
b) La orden emanada de la autoridad competente para que se\n haya participado los nombres y apellidos, del recurrente, al\n periódico "La Hora" de la localidad, para que\n se hagan las publicaciones del 9 de marzo del 2001 y de 1 de\n abril del 2001;y,
c) Copias certificadas del requerimiento para los fines legales\n consiguientes.
Se realiza la audiencia pública convocada por el Juez\n Segundo de lo Civil de Pichincha, en la que el recurrente se\n ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda\n y además manifiesta que se ha violado expresos derechos\n constitucionales, constantes en el artículo 23 de la Constitución,\n como son el derecho a la honra a la buena reputación,\n a la intimidad personal y familiar. Por su parte el demandado\n niega y rechaza el recurso planteado en contra suya, por considerar\n él no es el funcionario respectivo, ni tiene bajo su custodia\n documentos de naturaleza alguna que digan relación con\n el peticionario; que el pedido es ilegal e improcedente pues\n la entidad que posiblemente posea la documentación que\n pide el accionaste que se exhiba es la Policía Judicial,\n dependiente directa de la Dirección Nacional de la Policía\n Judicial, entidad autónoma administrativa y financieramente,\n con leyes y reglamentos propios y con responsables para cada\n caso, por lo cual alega falta de legítimo contradictor\n pasivo. Además alega improcedencia de la acción\n en el fondo y en la forma, ya que las normas invocadas como base\n para la presente acción no son aplicables al caso; alega\n incompetencia del Juez, ya que se solicite la exhibición\n de documentos, y el accionaste bien sabe que podría acudir\n al Juzgado Octavo de lo Penal de esta judicatura dentro de la\n causa 261-2001-NP, para obtenerlos; por lo expuesto solicite\n que se rechace el improcedente pedido.
El Juez Segundo de lo Civil de Pichincha resuelve negar la\n acción de hábeas data planteada, por considerar\n que los documentos que solicite el recurrente dicen relación\n con la función específica de la Policía\n Nacional, con lo que se pondría en riesgo el sigilo profesional\n de dicha institución, además se podría obstruir\n la acción de la justicia, pues con las investigaciones\n realizadas por la Policía se ha iniciado el enjuiciamiento\n penal pertinente.
Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso conforme lo establece el artículo 276, número\n 3, de la Constitución y el articulo 62 de la Ley, del\n Control Constitucional;
Que habiéndose observado las normas constitucionales\n y legales previstas para la sustanciación del hábeas\n date, el proceso es válido, y así se lo declara;
Que el artículo 94 de la Constitución consagra\n el derecho de toda persona para acceder a los documentos, banco\n de datos e informes que sobre sí misma, o sus bienes consten\n en entidades públicas o privadas, así como conocer\n el uso que se haga de ellos y su propósito de ello se\n advierte que la persona natural o jurídica está\n facultada para requerir del poseedor de información, que\n diga relación a ella, le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional;
Que el Comandante General de la Policía Nacional, si\n bien represente a esta institución,' nada tiene que ver\n con los documentos solicitados, ya que una vez que se entabló\n el proceso penal, la Policía debió entregar todos\n los informes y la documentación pertinente al Juez que\n conoce la causa, por lo que mal podría el demandado tenerlos\n en su poder;
Que los documentos solicitados por el recurrente deben constar\n en el proceso penal instaurado en su contra, en el Juzgado Octavo\n de lo Penal de Pichincha, signado con el número 261-2001-NP,\n y al ser documentos públicos, el recurrente puede acceder\n libremente a ellos;
Que por otra parte, a la naturaleza de la garantía\n del hábeas dala no corresponden solicitudes como la que\n ha presentado el actor, ya que para ello existen previstas en\n el ordenamiento jurídico diligencias judiciales como la\n exhibición de documentos; y,
Continuar la resolución subida en grado y en consecuencia,\n desechar el recurso de hábeas dala por improcedente.
2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución. Notifíquese.
RAZON: Siento- por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n el día dos de agosto del dos mil uno.-Lo certifico.
f) Dr. Juan Carlos Benalcázar Guerrón, El Secretario\n (Enc.).
No. 022-01-HC-IS.
En caso signado con el No. 037-2001-HC
La abogada Besci Mendoza Bravo comparece ante el señor\n Alcalde de la 1. Municipalidad de Manta e interpone recurso de\n hábeas corpus a nombre y a favor del menor José\n Bernaldo Mero Rivas. La compareciente manifiesta:
Que el nombrado menor ha sido privado de su libertad por elementos\n de la Policía Nacional, quienes lo llevaron herido al\n Hospital Rodríguez Zambrano, donde se encuentra bajo vigilancia\n policial desde el día lunes 11 de junio del 2001.
Que el menor se encuentra detenido sin fórmula de juicio,\n y por encontrarse herido de gravedad, requiere atención\n médica y quirúrgica en la ciudad de Guayaquil,\n en el Hospital Luis Vernaza,
Que con estos antecedentes, y fundamentandose en lo dispuesto\n en los artículos 23 numerales 4, 26 y 27, y 24 numeral\n 6 de la Constitución de la República, y el artículo\n 74 de la Ley de Régimen Municipal, interpone recurso de\n hábeas corpus a favor del menor José Bernaldo Mero\n Rivas.
A fojas 12 de los autos, consta la resolución de 15\n de junio del 2001, suscrita por la Lcda. Marcia Chávez\n de Cevallos, Alcaldesa encargada de la I. Municipalidad de Manta,\n en la cual se niega dicho recurso considerando que el menor fue\n detenido en el cometimiento de un delito flagrante, y que la\n señora Presidenta del Tribunal de Menores ha avocado conocimiento\n del mismo y ha dispuesto las medidas pertinentes que se relacionan\n con el menor.
Que esta Sala es competente para conocer en apelación\n sobre el recurso de hábeas corpus, en virtud de lo dispuesto\n en el artículo 276 numeral 3 de la Constitución\n de la República, y los artículos 12 numeral 3 y\n 62 de la Ley del Control Constitucional;
Que no se observa omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda influir en la resolución del presente\n hábeas corpus, por lo que se declara su validez;
Que a fojas 20 de los autos consta la partida de nacimiento\n de José Bernaldo Mero Rivas, quien ha nacido el 21 de\n noviembre de 1985, lo cual demuestra que el detenido es menor\n de edad a la fecha en que ocurrió el accidente de tránsito;
Que de las piezas procesales, y en especial del parte policial\n No. 200 l-092-SJTM-M de 11 de junio del 2001 que consta a fojas\n 22 y siguientes de los autos, se sabe que el motivo por el cual\n el menor José Bernaldo Mero Rivas en un grave accidente\n de tránsito que consistió en la colisión\n del automotor que se dice conducía con aliento a licor\n contra una volqueta; accidente en el cual fallecieron cuatro\n personas y resultaron heridas dos;
Que el artículo 68 de la Ley de Tránsito y Transporte\n Terrestre dispone que "Las infracciones de tránsito\n causadas por un menor de 18 años serán conocidas\n y juzgadas por el Tribunal de Menores, con sujeción al\n Código de Menores y la presente Ley en cuanto fuere aplicable";
Que a fojas 26 de los autos consta el auto de 14 de junio\n del 2001, las 14h30, por el cual el señor Juez Cuarto\n de Tránsito de Manabí se inhibe de conocer sobre\n el accidente de tránsito, por cuanto su autor es menor\n de edad;
Que a fojas 25 de los autos consta el oficio No. 51 8-TMM-2001\n de 15 de junio del 2001, suscrito por la Presidente del Tribunal\n de Menores de Manta y dirigido al señor Alcalde de Manta,\n en el cual se indica que el menor José Bernaldo Mero Rivas\n fue trasladado, por orden de. dicho Tribunal, al Hospital Luis\n Vernaza de Guayaquil, en viste de su critico estado de salud,\n y que se encuentra bajo vigilancia policial hasta nueva orden;
Que de estos documentos puede verse que el menor se encuentra\n a órdenes de la autoridad competente, internado en un\n hospital y sujeto únicamente a vigilancia policial hasta\n nueva orden del Tribunal de Menores, sin que ello constituya\n propiamente privación de la libertad, por lo cual no es\n procedente el hábeas corpus interpuesto a favor de José\n Benaldo Mero Rivas; y,
Por las consideraciones expuestas, y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales,
-- Confirmar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n desechar el recurso de hábeas corpus interpuesto por la\n abogada Besci Mendoza Bravo, a favor del menor José Bernaldo\n Mero Rivas.
2.- Devolver el expediente al señor Alcalde de la I.\n Municipalidad de Manta para la ejecución de la presente\n resolución.- Notifíquese.
f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal Primera Sala.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los veinticinco días del mes de julio del año\n dos mil uno.- Lo certifico.
No. 046-RA-01-IS.
En el caso signado con el Nro. 432-2000-RA
El doctor Jorge Cevallos Jácome, representante de los\n obligacionistas del Banco Popular del Ecuador SA., comparece\n ante la Juez Décimo Segunda de lo Civil de Pichincha y\n propone acción de amparo constitucional en contra del\n Gerente General de la, Agencia de Garantía de Depósitos\n AGD. Al respecto, el peticionario señala;
Que mediante escritura pública de 7 de diciembre de\n 1995, otorgada ante la señora Notaria Segunda del cantón\n Quito, y aprobada por la Superintendencia de Bancos mediante\n Resolución No. SB-96-0104 de 11 de enero de 1996, el Banco\n Popular del Ecuador S.A., emitió obligaciones convertibles\n en acciones por US$ 40'000.000 (cuarenta millones de dólares\n de los Estados Unidos de Norteamérica), y designó\n al compareciente como representante de los obligacionistas;
Que del total de obligaciones emitidas, el Banco Popular del\n Ecuador SA. ha colocado en el mercado la suma de US$ 31 '546.000\n (treinta y un millones quinientos cuarenta y seis millones de\n dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),\n así; US$ 20'000.000 de la serie B y US$ 11'546.000 de\n la serie A. En consecuencia, la demanda se la presenta en nombre\n de los tenedores de las obligaciones convertibles en acciones\n emitidas por el Banco Popular, que se encuentran en circulación;
Que las mencionadas obligaciones tienen garantía general\n del Banco Popular SA., por lo que ni éste y menos aún\n la AGD, que ahora administra dicho banco, pueden adoptar resolución\n alguna que reduzca el patrimonio neto que la emisora tuvo a la\n fecha de la emisión, puesto que las obligaciones no se\n han redimido al tener fecha de vencimiento para el 31 de diciembre\n del 2000.
Que la AGD, según informó por boletín\n de prensa, vendió al Banco del Pichincha, previa subasta\n pública, activos del Banco Popular, lo cual puede producir\n un grave deterioro en la garantía general constituida\n para responder por las obligaciones que vencerán el 31\n de diciembre del año 2000.
Que previamente al acto administrativo de autorizar la venta\n de los activos del Banco Popular SA., la AGD autorizó\n sustituir las obligaciones convertibles, en pagarés emitidos\n por el propio banco, razón por la cual se pidió\n que se aclarara si los pagarés se pagarían con\n recursos propios del banco y que si se venden los activos y pasivos\n del mismo, se incluyan también las obligaciones convertibles\n o los pagarés que las sustituyan. Además, se pidió\n que se conforme un fondo de amortización que pueda responder\n por el pago de las obligaciones y se emita una garantía\n específica que sustituya a la garantía general,\n y responda por tales obligaciones.
Que cuando la AGD había autorizado vender los activos\n del Banco Popular SA., solicitó que no lo hiciera para\n evitar que la garantía general que respalda las obligaciones\n convertibles sufra un grave detrimento.
Que cuando la AGD autorizó sustituir las obligaciones\n convertibles con pagarés emitidos por el Banco Popular\n del Ecuador SA., en oficio No. AGD-GG-2000-0445 de 1 de marzo\n del 2000, expresó que autorizaba dicha sustitución\n siempre y cuando no se altere el monto y la condición\n de la garantía para dichas obligaciones, lo cual ha sido\n incumplido por la misma AGD, y que como las obligaciones convertibles\n no están garantizadas por aquélla, los nuevos títulos\n deberán tener la misma condición.
Que con estos actos la AGD transgrede los numerales 3, 22,\n 26 y 27 del articulo 23 de la Constitución de la República\n referentes a los derechos de igualdad ante la ley, de propiedad,\n de seguridad jurídica y del debido proceso.
Que por lo expuesto solicita que se disponga que se tengan\n por garantizadas por parte de la AGD, las obligaciones convertibles\n emitidas por el Banco Popular que se encuentren en circulación\n por el monto total de US$ 31 '546.000 (treinta y un millones\n quinientos cuarenta y seis mil dólares de los Estados\n Unidos de Norteamérica), y que se deje sin efecto la adjudicación\n de los activos de dicho banco hecha por la AGD a favor del Banco\n del Pichincha. Subsidiariamente, pide que se disponga que los\n fondos pagados por el Banco del Pichincha sean retenidos en una\n cuenta especial para constituir un fondo de amortización\n que pueda responder, a su vencimiento, por las obligaciones emitidas.
En la audiencia pública que se celebró el día\n trece de abril del 2000 ante la señora Juez Décimo\n Segunda de lo Civil de Pichincha, la parte accionante se ratifica\n en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión.\n Agrega que el Banco Popular SA.. como aparece del balance cortado\n al 31 de diciembre de 1999, se encontraba con un sustancial deterioro\n de sus activos y un patrimonio negativo, por lo cual pidió,\n tanto a la Superintendencia de Bancos como a la Agencia de Garantía\n de Depósitos, que se le permita cancelar las deudas con\n fideicomisos que sirvieron de mecanismos para colocar en el público\n las obligaciones emitidas, y el señor Intendente Nacional\n de Bancos y Grupos Financieros, mediante oficio de 11 de enero\n del 2000, expuso su no objeción para utilizar dicho mecanismo\n y compensar cartera de créditos con derechos fiduciarios.\n Indicó, además, que la AGD, bajo cuya administración\n está el Banco Popular SA., no puede disponer de la garantía\n general constituida para responder por las obligaciones convertibles\n emitidas, tanto más que hasta antes de que asumió\n la administración del susodicho banco, ninguno de los\n obligacionistas, esto es, los tenedores de las obligaciones había\n tomado la opción de convertirlas en acciones.
Por su parte, el accionado por intermedio de su abogado defensor\n señala que los títulos de obligación constituyen\n acreencias no depositarias, ya que estas tienen como característica\n el convertirse o no en acciones a su vencimiento, lo que pretende\n el recurrente es que existe un pronunciamiento sobre la constitucionalidad\n del reglamento contenido en la Resolución AGD-99-039 de\n 1 de octubre de 1999, bajo el supuesto de que la AGD haya violado\n normas constitucionales al expedir el mismo, para lo cual esta\n judicatura resulte incompetente; y que lo único que ha\n hecho la AGD es cumplir con lo estipulado en la ley, ya que las\n obligaciones emitidas tienen la calidad de acreencias no depositarias,\n por lo tanto se encuentran fuera de la garantía otorgada\n en el artículo 21 de la Ley de Reordenamiento Económico,\n por lo que no existe ningún acto ilegítimo violatorio\n de los derechos constitucionales de lo recurrentes; que de igual\n forma la adjudicación de los activos del Banco Popular\n al Banco del Pichincha fue hecha con apego a la ley; por todo\n lo expuesto pide que se rechace la presente acción.
La Jueza Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha resuelve\n negar el recurso de amparo constitucional por considerar que\n el recurrente no ha legitimado su intervención y que no\n precisa cual es el acto ilegítimo que ha de ser cesado\n por esta vía, por lo que el recurso deviene en improcedente.
Que la Sala es competente para conocer y resolver la presente\n causa de conformidad con lo dispuesto en los artículos\n 95 y 276 numeral 3 de la Constitución, y los artículos\n 12 numeral 3 y de la Ley del Control Constitucional;
Que habiéndose observado todas las disposiciones constitucionales\n y legales determinadas para estos casos, el proceso es válido,\n y así se lo declara;
Que la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución de la República es, esencialmente,\n un medio de tutela y garantía de los derechos reconocidos\n por la Norma Suprema del Ordenamiento Jurídico, al tiempo\n que es un medio especial de control del cumplimiento de la Constitución\n por parte de la autoridad pública;
Que por lo dicho, la acción de amparo se limita fundamentalmente\n a examinar si existe un acto u omisión ilegítimos,\n que siendo violatorios de un derecho subjetivo constitucional,\n causen o puedan causar un daño grave e inminente. Es por\n ello que el amparo no está concebido en nuestro Ordenamiento\n Jurídico ni en la Doctrina como un proceso de conocimiento,\n ni como un mecanismo que reemplace o sustituya a otros procedimientos\n legales; consecuentemente, es ajena a su naturaleza la resolución\n o el pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido,\n que tendrá que ventilarse, necesariamente, ante los respectivos\n jueces o instancias competentes;
Que las pretensiones procesales del accionante son; a) Que\n se tengan por garantizadas por parte de la Agencia de Garantía\n de Depósitos las obligaciones convertibles en acciones\n emitidas por el Banco Popular del Ecuador S.A. y que se encuentran\n en circulación, por. el monto total de US$ 31'546.000,oo;\n y, b) Que se deje sin efecto la adjudicación de los activos\n del Banco Popular S.A. hecha por la AGD a favor del Banco del\n Pichincha. Subsidiariamente, respecto a esto último y\n en el supuesto que no se lo acepte, solicite que los fondos pagados\n por el Banco del Pichincha sean retenidos en una cuenta especial\n para constituir un fondo de amortización que pueda responder,\n a su vencimiento, por las obligaciones emitidas;
Que por el carácter tutelar de la acción de\n amparo que ya ha quedado indicado, y por las competencias propias\n de que está investido el Tribunal Constitucional, a éste\n no le incumbe conocer y fallar sobre si las obligaciones convertibles\n en acciones deban ser garantizadas por la AGD, as exigir, bien\n que se deje sin efecto la adjudicación de los activos\n del Banco Popular SA. al Banco del Pichincha, bien disponer que\n se constituya un fondo de amortización que pueda responder\n por las obligaciones emitidas por dicha institución financiera;\n y,
Confirmar la resolución venida en grado y, por consiguiente,\n desechar la acción de amparo propuesta por el doctor Jorge\n Cevallos Jácome.
2.- Dejar a salvo las acciones y derechos que puedan tener\n las partes.
3.- Devolver el expediente al Juez de origen para su ejecución.-\n Notifíquese.
f.) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal Primera Sala.
RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue\n aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día\n siete de agosto del dos mil uno.- Lo certifico.-
f) Dr. Juan Carlos Benalcázar Guerrón, Secretario\n (Enc.).
No. 142-RA-01-IS.
En el caso signado con el No. 827-2000-RA
René Ernesto Medina Freire, comparece ante el Tribunal\n Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil\n y plantea acción de amparo constitucional en contra de\n la Comisaría Sexta Municipal de Construcciones del cantón\n Guayaquil. Al respecto, el accionante señala:
Que construyó su vivienda en la ciudadela "Bellaviste"\n Mz-27, solares 30 y 31, en la ciudad de Guayaquil, luego de la\n "objeción" (sic) de los permisos correspondientes\n y la aprobación de los planos por parte de la Dirección'\n de Urbanismo, Avalúos y Registros de la M. 1. Municipalidad\n de Guayaquil.
Que la Comisaría Sexta Municipal inició en Contra\n del accionante un expediente para sancionarlo, y pese a que demostró\n que la construcción estaba conforme a los planos aprobados\n y que contaba con los respectivos permisos, el 19 de diciembre\n de 1999 resolvió que debía cerrar las ventanas\n de su propiedad, ventanas que fueron construidas conforme a los\n planos aprobados por la Dirección de Urbanismo, Registros\n y Avalúos de la M. 1. Municipalidad de Guayaquil.
Que apeló esta ilegal resolución ante el H.\n Consejo Cantonal de Guayaquil, el cual, con fecha 20 de enero\n del 2000, ratificó lo resuelto por la Comisaría\n Sexta Municipal de Construcciones; de forma que con esta actuación\n se le ha causado un "gravamen irreparable en definitiva"\n (sic), por lo cual solicite que se deje sin efecto las improcedentes\n resoluciones que le afectan.
En la audiencia pública celebrada el día dos\n de agosto del 2000, la parte accionaste, en lo principal, se\n ratifica en los argumentos de hecho y de derecho contenidos en\n el libelo de su pretensión, y añade que sus vecinos\n del solar 5 y 6 han invadido parte de su propiedad y han impedido\n de esta manera que construya la pared por donde debe estar. Además\n señala que la resolución de la Comisaría\n es ilegal por no guardar relación con los instrumentos\n que aporta dentro del expediente administrativo 703 9-98 y que\n con estas actuaciones se viola el artículo 24 número\n 1 de la Constitución. La autoridad accionada por su parte\n señala que el expediente 7039-98, sustanciado en la Comisaría\n Sexta Municipal, se sustentó con base en el informe de\n fecha 27 de noviembre de 1998, suscrito por el delegado Celso\n Muñoz Velastegui; que en el informe DUAR CE-99-623 del\n 20 de enero de 1999 establecía que debían efectuarse\n los correctivos con respecto del registro de viste existentes\n en la obra; que luego del debido proceso se dispuso el cierre\n de ventanas; que no se ha infringido por parte de los personeros\n municipales ninguna ley. Además, pide la nulidad de todo\n lo actuado por cuanto no se señalan los nombres de los\n representantes del Municipio, y que tampoco se les ha demandado\n invocando dicha calidad. Por todo lo expuesto pide que se rechace\n el recurso.
El Tribunal Distrital No. 2 dc lo Contencioso Administrativo\n de Guayaquil niega la acción de amparo constitucional\n formulado en razón de que el acto decisorio emanado por\n la Comisaría Sexta Municipal y Concejo Cantonal de Guayaquil,\n motivo dcl recurso, no entraña ninguna ilegalidad, no\n es violatorio de ningún derecho constitucional del actor,\n ni amenaza de modo inminente ocasionar daño, ya que fue\n tomado dentro del procedimiento técnico de rigor.
Que la Sala es competente para conocer y resolver la presente\n causa de conformidad con lo dispuesto en los Arta. 95 y 276,\n numeral 3ro. de la Constitución, en concordancia con lo\n establecido en el Art. 62 de la Ley del Control Constitucional;
Que la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados\n en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de\n autoridad pública y que de modo inminente amenacen con\n causar un daño grave;
Que del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) Existe un acto ilegítimo, en principio\n de autor

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 artículo 39
 artículo 276
 artículo 94
 artículo 92
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 artículo 23
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 artículo 68
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 artículo 21
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 artículo 24