Source: http://adesmontevideo.uy/recursos-de-revocacion-y-jerarquico-contra-la-resolucion-de-esencialidad-decretada-por-el-mtss/
Timestamp: 2017-04-25 02:50:57+00:00

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Recurso contra la esencialidad: se reciben papeletas y firmas hasta el horario de la Asamblea | ADES - Montevideo
Recurso contra la esencialidad: se reciben papeletas y firmas hasta el horario de la Asamblea
Asuntos Laborales	Compañeros: el equipo jurídico del sindicato elaboró un Recurso de Revocación y Jerárquico contra el decreto de esencialidad. Para poder presentarlo necesitamos que LA MAYOR CANTIDAD DE DOCENTES firmen las planillas que se van a adjuntar al Recurso.
El Recurso es general para todos los Sindicatos de la Educación. Por lo tanto, DEBE FIRMARSE UNA SOLA VEZ, sin importar en cuántos subsistemas se trabaje. Si algún compañero firma dos o más veces, su firma SE ANULARÁ.
Necesitamos que estas firmas lleguen al sindicato a más tardar el lunes en el horario de la Asamblea General de ADES Montevideo, que comenzará a la hora 13 en el Palacio Sudamérica.
Puede imprimirse la planilla que se adjunta para recolectar las firmas.
Descargar aquí Planilla para firmar el Recurso de Revocación y Jerárquico contra el Decreto de Esencialidad
Borrador del texto del Recurso de Revocación y Jerárquico:
Sr. Ernesto Murro
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, representada en éste acto por……………………………., la Asociación de Funcionarios de UTU, Unión de Funcionarios de CODICEN, Federación Uruguaya de Magisterio, Asociación de Maestros de Montevideo, Asociación de Trabajadores de Secundaria y demás firmantes cuyos datos lucen en listado adjunto el cual forma parte del presente escrito, constituyendo todos domicilios a estos efectos en Juan Carlos Gómez 1459 Montevideo, nos presentamos y decimos al Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social:
Que estando en tiempo y forma venimos a interponer recursos de Revocación y Jerárquico contra la resolución de éste Ministerio de fecha 24 de Agosto de 2.015, por la que se resolvió “declarar esencial los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente”, y en mérito a los siguientes fundamentos de hechos y de derechos que se pasan a exponer:
1.- Suspensión del acto: Atento a que la resolución que se impugna violenta derechos humanos fundamentales y provoca daños irreversibles, se deja pedido la suspensión del acto impugnado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 150 del decreto 500/991.
2.- El acto administrativo impugnado, causa agravio a los comparecientes constituyendo un impedimento al legítimo ejercicio del derecho de huelga, y entraña una violación flagrante a normas constitucionales, nacionales e internacionales que reconocen la huelga como un derecho humano fundamental.
Sabido es que es un Derecho humano fundamental que integra el denominado “bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales, el cual se compone por todas aquellas disposiciones y principios a los que se les reconoce valor constitucional (artículos 57, 72 y 332 de la Constitución de la República).
Las disposiciones y principios que integran el bloque de constitucionalidad, no son solo los que constan o se desprenden de la parte dispositiva, sino que se suman, los que constan o se desprenden de instrumentos internacionales y aún de las doctrinas generalmente admitidas en un régimen democrático de derecho. Este bloque de constitucionalidad, supera la vieja disputa entre monismo y dualismo, y abre un camino hacia el reconocimiento de un derecho de los derechos humanos, supralegal y supraconstitucional, que no es ni nacional ni internacional, sino universal. (Barbagelata H H 2004).
3.- La Constitución en su artículo 57 dispone “Declárase que la Huelga es un derecho gremial y que sobre ésta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
El vocablo declárase, implica el reconocimiento de un derecho existente, no creado por la norma, que es reconocido y que existe aún sin este reconocimiento y aun en contra de una legislación posterior, inconstitucional o restrictiva del derecho reconocido.
No es dable al legislador reglamentar el derecho de huelga de forma tal que lo aniquile, menos aún establecer por resolución administrativa la prohibición de su ejercicio como ocurre en el caso con la resolución que se impugna.
Precisamente la existencia del art. 332 de la Constitución garantiza el ejercicio del derecho de huelga, aún sin ley reglamentaria de carácter general. Por el principio de jerarquía de las normas el derecho de huelga tiene vigencia: con ley reglamentaria, sin ley reglamentaria y aun en contra de cualquier ley reglamentaria que intentara suprimirlo.
La limitación de un derecho constitucionalmente reconocido solo puede efectuarse por ley cuando se afectan otros derechos también tutelados constitucionalmente, debiendo armonizarse dichas normas constitucionales.
En el caso la legislación vigente ha establecido límites al derecho de huelga cuando estuviera en peligro el derecho a la vida, la seguridad y la salud de la población o parte de ella. Es decir que la limitación no puede realizarse por decreto, ni resolución sino por ley y ajustándose estrictamente al texto constitucional.
Por su parte el Convenio Internacional del Trabajo Nº 87 ratificado por Ley 12.030 de fecha 27/11/1953, relativo al derecho de sindicación y libertad sindical artículo 3 dispone: “1.-Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. 2.- Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal, el artículo 11 establece que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio, se compromete a tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho sindical”.
En tanto el Convenio Internacional del Trabajo 151 (ratificado por la ley N° 16039), en su artículo 9 establece que los trabajadores públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones.
Es innegable que el derecho de huelga es un componente indispensable de la libertad sindical. En la misma línea de razonamiento tenemos las Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. así como Pactos Internacionales innumerables, entre ellos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del año 1966; Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948, Declaración Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969 y Protocolo de San Salvador de 1988, Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos de 1948, Cartas Sociales Europeas de 1961, 1989 y 2001, etc. declaran el Derecho de Huelga como Derecho Humano Fundamental.
4.- La cuestión de la esencialidad de determinados servicios está directamente relacionada con el Derecho de Huelga que integra la Libertad Sindical. En nuestro país la huelga tiene como se dijo jerarquía constitucional reconocida expresamente por el ya citado art. 57.
La OIT a través de sus órganos de control (Comité de Libertad Sindical – Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones) ha emitido dictámenes definiendo con precisión las limitaciones que pueden establecerse mediante la declaración de servicios esenciales.
Al respecto es importante señalar que la doctrina ha analizado las diferentes formas de definición de los servicios esenciales existiendo países que recurren a la enumeración previa o listado de aquellos servicios que se consideran esenciales, tal como ocurre con la legislación interna en Brasil o como en la Argentina en el Decreto reglamentario del año 2000, en cambio la gran mayoría de los países, como ocurre en el nuestro, recurren a una definición conceptual y genérica basada fundamentalmente en la jurisprudencia compuesta por los dictámenes de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O.I.T. Especialmente en las Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O.I.T.
Desde la perspectiva antes citada llama poderosamente la atención el contenido de los Resultandos y Considerandos del decreto que establece la esencialidad de los servicios de enseñanza, ya que pretende fundarse infructuosamente en la referida jurisprudencia de la O.I.T.; decimos “infructuosamente” porque esta última va en dirección diametralmente opuesta a lo expresado por el citado decreto.
De una simple lectura del decreto surge la orfandad de fundamentos y criterios, basándose por ejemplo en servicios accesorios como la alimentación y la limpieza en las escuelas, los cuales ya están cubiertos por servicios de emergencia, así como en la idea de extensión de las medidas sindicales, apelando a dicha característica como forma de mitigar la incapacidad de poder incluir a la educación en el elenco de “ servicio esencial en sentido estricto”; criterio del cual está clara y explícitamente excluida la educación en los dictámenes del Comité de Libertad Sindical.
A los efectos de abonar lo expuesto se transcriben parte de los citados dictámenes que surgen de la Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical de los años 1996 y 2006: “ 587 No constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término:– el sector de la educación (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 310.º informe, caso núm. 1928, párrafo 172, caso núm. 1943, párrafo 226; 311.informe, caso núm. 1950, párrafo 457; 320.º informe, caso núm. 2025, párrafo 405; 327.º informe, caso núm. 2145, párrafo 302, caso núm. 2148, párrafo 800; 329.º informe, caso núm. 2157, párrafo 191 y 330.º informe, caso núm. 2173, párrafo 297);589.Los argumentos que se han esgrimido de que tradicionalmente los funcionarios públicos no gozan del derecho de huelga porque el Estado, en su calidad de empleador, tiene mayores obligaciones respecto de su protección, no han convencido al Comité de que debe cambiar de actitud con respecto al derecho de huelga del personal docente.(Véase 277.º informe, caso núm. 1528, párrafo 288 y 311.informe, caso núm. 1950, párrafo 458.)
590.Las posibles consecuencias a largo plazo de las huelgas en el sector de la Enseñanza no justifican su prohibición.(Véase 262.º informe, caso núm. 1448, párrafo 117 y 327.º informe, caso núm. 2145, párrafo 303.)
583.“El principio sobre prohibición de huelgas en los «servicios esenciales» podría quedar desvirtuado si se tratara de declarar ilegal una huelga en una o varias empresas que no prestaran un «servicio esencial» en el sentido estricto del término, es decir, los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población.(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 542; 308.º informe, caso núm. 1923, párrafo 221; 314.º informe, caso núm. 1787, párrafo 32; 320.º informe, caso núm. 1963, párrafo 229;328.º informe, caso núm. 2120, párrafo 540 y 336.º informe, caso núm. 2340, párrafo 645.)
En conclusión el Comité de Libertad Sindical refiere como esenciales aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población, CLARAMENTE NO ES EL CASO DE LA EDUCACION la que en forma evidente no encuadra en los servicios definidos como esenciales.
5.- En relación a los servicios esenciales que limitan el ejercicio del derecho de huelga, que adelantamos no lo eliminan, se ha dictado en nuestro país la Ley 13.720 art. 3ª in fine, art. 4ª y 5ª– COPRIN y Decreto- Ley 14.791 – DINACOPRIN que estableció la competencia del Ministerio de Trabajo para decretar la esencialidad. Las citadas normas, no definen el concepto de “servicios esenciales”, por tanto el concepto debe ser integrado por la normativa internacional ratificada por nuestro país y los dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Uruguay es integrante, y de sus diversos órganos competentes. Debiendo el régimen interno ser analizado a la luz de lo que se viene de señalar y al respecto corresponde indicar que la esencialidad no significa que no se pueda hacer huelga, no es una prohibición, sino que una vez decretada, debe establecerse un sistema de guardias gremiales en los servicios declarados esenciales, ello surge del art. 4º de la Ley 13.720 que expresa: “…deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga…”.
De la simple lectura de la norma, de su texto literal se desprende entonces que se refiere a “servicios esenciales en sentido estricto, “aquellos que por su naturaleza en cuanto podrían comprometer bienes jurídicos superiores como la vida, seguridad y salud, están estructurados institucionalmente de forma tal de poder ser mantenidos por turnos de emergencia, hecho que no ocurre con la enseñanza y reafirma que el legislador uruguayo siguió los criterios de la O.I.T. al respecto.
También debemos analizar lo dispuesto en el párrafo final del artículo 4º de la ley en cuanto establece: “… en caso de interrupción de servicios esenciales, la autoridad pública podrá disponer las medidas necesarias para mantener dichos servicios…, sin perjuicio de aplicar al personal afectado las sanciones legales pertinentes.” El alcance de este último párrafo exige tener en cuenta otras normas del ordenamiento jurídico que consagran otros derechos fundamentales tales como el debido proceso y el derecho a la legítima defensa con base en el art. 66 de la Constitución de la República y recogido por la norma de procedimiento administrativo específico: Ordenanza 10, no siendo pues de aplicación inmediata la sanción pudiendo el trabajador esgrimir todas sus defensas en base a lo señalado en el presente informe.
6.- En suma: la resolución que se impugna ha desmantelado todo un estatus jurídico del derecho de huelga apoyado en la normativa de mayor jerarquía, tanto interna como internacional, pulverizando dicha protección y sustituyéndola por una discrecionalidad arbitraria del Poder Ejecutivo que a partir de ahora será quien determine los límites y el alcance de un Derecho Humano Fundamental.
Como señala Cassinelli Muñoz, no es constitucionalmente admisible desconocer los derechos, deberes y garantías que la Constitución reconozca o atribuya a las personas en general, o a los habitantes, o a los trabajadores, salvo que la propia Constitución lo autorice. Entre estos derechos fundados en la Constitución, se encuentran los derechos reconocidos a todos los trabajadores. La libertad de asociación, en materia sindical y con ella la huelga, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juirs de los derechos humanos, conforme lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si lo observamos desde el punto de vista de un sistema de tutela de los derechos humanos, la libertad sindical en sentido estricto y la autotutela constituyen, garantías de otros derechos. Históricamente nacieron y existen como instrumentos de garantía del derecho laboral. Couture y Pla Rodriguez ubican la huelga como fenómeno de autotuela (Couture, Eduardo J. y Plá Rodríguez, Américo: La huelga en el derecho uruguayo, Montevideo, 1951, p. 9. Citan a Alcalá Zamora y Castillo (Proceso, autocomposición y autodefensa, México, 1947) quien incluye la huelga entre las manifestaciones “para procesales” de dirimir un conflicto de intereses, Justino Jimenez de Arechaga distingue entre garantías genéricas y garantías específicas. Estudia las disposiciones que constituyen garantías especificas, particulares de determinados derechos, conjuntamente con esos derechos; y en la sección sobre el derecho al trabajo, señala, la Constitución reconoce “ciertos medios de defensa de que los obreros necesitan valerse para equilibrar sus fuerzas con los patrones. (Jiménez de Aréchaga, Justino: La Constitución nacional, t. I, Cámara de Senadores, Montevideo, 1992, p. 379 y 349, respectivamente).
En su obra Trabajo Derecho y Sociedad- Tomo 1- Estudio de Derecho Colectivo de Trabajo- Pag. 15 , el Dr. Helios Sarthou al referirse a los rasgos ontológicos generales de la Libertad Sindical expresa “ La magia de esta Libertad nació en las entrañas vivas del acontecer social y no del gabinete aséptico y formal del jurista. Se ganó por el pueblo en sus calles- sin metáfora- de la revolución Industrial, y se tiene que seguir ganando día a día frente a la represión en los campos y ciudades del subdesarrollo y en los suburbios fabriles de las sociedades desarrolladas. La magia a que alude Verdier, fabricó ese milagro de una parábola en el tiempo, que hizo del delito de coalición y huelga de la Corte de Sir William Pit y del Código Penal Francés el prestigioso derecho del hombre de nuestras constituciones de hoy.
Su desenvolvimiento dinámico engendró, para el mundo jurídico, un nuevo sujeto de derecho: el sindicato, una nueva figura del consenso el convenio colectivo y un nuevo medio de lucha: la vía de hecho juridizada en el derecho de huelga. Y, envolviendo esas nuevas figuras e institutos del escenario del derecho, una rama dentro del derecho del trabajo, el derecho sindical o derecho colectivo del trabajo.”
Finalmente y a nuestro juicio:
a) El decreto es flagrantemente lesivo de los derechos sindicales de los docentes.
b) el mismo adolece de desviación de poder, exceso de poder y es contrario a una regla de derecho.
Contrario en tanto en sus presupuestos del acto como así en sus elementos, especialmente en la inexistencia de los hechos alegados como fundamento, a saber: “…II) a partir de la fecha señalada supra, se desarrollaron mecanismos de negociación iniciando una secuencia de reuniones a nivel de la mesa de rama de la enseñanza pública, la que derivó en la firma de un Acta Final en la que se alcanza una propuesta de acuerdo a ser considerada por los órganos competentes de cada parte, la que una vez ratificada sería incorporada al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. Dicha acta fue suscrita por las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) por una parte, y los representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), en presencia de delegados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social….”, como también “…III) que no obstante el evidente avance registrado en el proceso de negociación, las organizaciones sindicales mantuvieron las medidas de conflicto, prolongándose en el tiempo la interrupción del servicio público con el consecuente perjuicio aparejado a la educación de niños y adolescentes del país..” y . “….IV) que las medidas adoptadas hasta el momento han provocado la pérdida de una significativa cantidad de horas docentes y de servicios de alimentación en escuelas de todo el país, afectando a 250.000 beneficiarios e impactando especialmente a los sectores más vulnerables de la población….”
c) También en su contenido en cuanto es violatorio del art. 57 de la Constitución de la República así como los convenios internaciones 87 y 154 OIT.
d) se entiende además que no existen los presupuestos de hecho de la resolución, los que deben necesariamente existir, esto es, para que la declaración de esencialidad sea legítima debe existir en forma previa una medida de huelga que afecte servicios naturalmente esenciales, servicios – como fuera dicho – no incluyen a la educación.
Lo dice expresamente en su considerando II “y sin embargo, éstos no han declinado su voluntad de avanzar hacia una huelga…” reconociendo expresamente que aún no se transito por dicho camino, no agotándose incluso las instancias de negociación.
e) El contenido del acto es contario a una regla de derecho que en flagrante ilegitimidad estableció una prohibición de toda medida sindical y la limitación de la misma.
f) La finalidad del acto no consiste en que la medida “ afectará el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, así como la seguridad y la estabilidad de las familias frente a sus responsabilidades laborales…” como surge del decreto sino que aquélla es el cercenamiento del derecho de huelga y cualquier otra medida de conflicto en los trabajadores involucrados quitándole su principal arma de presión.
7.- Fundamos el derecho en lo dispuesto por los artículos 57, 332, artículo 317 de la Constitución de la República, Convenios de la Organización Internacional del trabajo y doctrinas citados en el presente escrito, ley 15869 y decreto 500/991.
Por lo expuesto al Sr. Ministro solicitamos:
1-Que se nos tenga por presentados, en tiempo y forma y por interpuestos conjunta y subsidiariamente los Recursos de Revocación y Jerárquico contra la resolución de este ministerio de fecha 24 de agosto de 2015.
2-Que se disponga la suspensión del acto administrativo impugnado hasta tanto no se resuelva la presente recurrencia.
3- Que se revoque la citada resolución en cuanto, contraviene sendas normas constitucionales e internacionales ya citadas.
4- Caso contrario se franquee el recurso Jerárquico para ante el Poder Ejecutivo.
Otrosí decimos: Que autorizamos a los letrados firmantes en los términos previstos por el articulo 82 del decreto 500/991.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 150
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 9
in fine
 artículo 4
 resolución 
 artículo 317
 resolución 
 resolución