Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2016/35/1/
Timestamp: 2019-09-19 02:21:41+00:00

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Diario de Sesiones 35/2016, de fecha 11/5/2016 - Punto 1 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 35/2016, de fecha 11/5/2016 - Punto 1
9L/IDC-0001 INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
Como les decía, reanudamos la sesión plenaria, cuyo primer punto del orden del día, conforme a lo que habíamos acordado en la Junta de Portavoces, es el informe del Diputado del Común.
Tiene para ello la palabra el señor don Jerónimo Saavedra, diputado del Común, por tiempo de veinticinco minutos.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Señora presidenta, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados.
Me toca presentar, conforme a las normas vigentes, el informe correspondiente a la gestión de la institución a la que represento del pasado año 2015.
No quiero repetirme -no suelo hacerlo- en relación con la exposición que hice ante la comisión correspondiente de esta Cámara, y voy un poco a subrayar los aspectos principales que, en mi opinión, destacan del funcionamiento de las distintas administraciones públicas y el reflejo del desencanto, de la desconfianza, de la frustración, o también de la alegría que los ciudadanos expresan en sus quejas y, naturalmente, ante las soluciones de las mismas.
Comienzo recogiendo alguna de las críticas que se formularon en la citada comisión, que corresponden, por ejemplo, a la portavoz del Grupo de Nueva Canarias, acerca de que no conviene que las quejas de oficio, que figuran como un capítulo especial en el informe, sean también explicitadas en el capítulo que habla de la supervisión de las administraciones públicas, dado que ya están en ese capítulo IV, con independencia del capítulo propio que tienen las quejas de oficio.
Igualmente, quiero aclararle la preocupación que manifestó acerca del número de quejas inadmitidas, por ser anónimas o presumir mala fe. No es una decisión que nos corresponda a nosotros, simplemente es el artículo 25.2 de la ley reguladora, la ley 7 del año 2001, que determina las causas de inadmisión.
Y también, en el mismo sentido, se había expresado la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, en cuanto a que si es escaso las de inadmisión fueran sustituidas por quejas de oficio.
Las quejas de oficio las tomamos siempre por iniciativa propia y en algunos casos por lo que los medios de comunicación reflejan, porque hay problemas graves, y, sin embargo, no hay ningún ciudadano que venga a la institución, a las oficinas del Diputado del Común. Pero, por su importancia, ya que afectan a derechos fundamentales o a situaciones de un servicio que no está funcionando adecuadamente, esto origina que se tome la decisión de poner en marcha una queja de oficio.
Y al señor Moreno, que por quinta vez me escucha, y creo que será la última, a no ser que haya alguna interpretación para evitar que mi sucesor..., que seguro que habrá sucesor, que me cuente aquí, así que conocerá usted el tercer diputado del Común en su larga vida como parlamentario, como miembro de esta Cámara, o sea, puede estar tranquilo que tendrá tercer diputado del Común.
Tengo que decirle que, efectivamente, tenía razón en la crítica que mencionó acerca de un cuadro sobre las resoluciones emitidas. No hay error en el texto, sino, simplemente, en el cuadro, porque no se incorporaron algunas de las resoluciones que correspondían a materias relacionadas con menores y con trabajo y función pública. De tal manera que el cuadro por usted observado, efectivamente, es: resoluciones admitidas, 94; aceptadas, 53; y entre no aceptadas, 6, y pendientes, 34, da un porcentaje claramente favorable a las resoluciones emitidas por la institución y que las distintas administraciones han asumido.
No voy a repetir las cifras estadísticas acerca del número de actuaciones, al de quejas, únicamente mencionar el incremento de las primeras en un 3 %, y el de las quejas en un 10,4 %. Y sí insistir en cuanto al sentido, al alcance y a la razón del número de quejas vivas, que, prácticamente, viene a ser equivalente, bueno, exactamente, más 8 nuevas, en relación con el informe del año 2014. Y que ahí vemos que hay 2 quejas todavía del año 2011, 5 del 2012 y 35 del 2013, en total 42. Mi idea es que en el informe que cierre este año 2016 por lo menos esas 42 quejas vivas, que afectan a los años 2011, 2012 y 2013, se reduzcan a cero, y dejarlas más actualizadas. Ya saben, además, que en el informe se hace referencia a en qué sectores se producen esas dilaciones en la tramitación, generalmente por inactividad, por no respuesta de la Administración o por la complejidad de la normativa, sobre todo en materia de política urbanística que sigue rigiendo en nuestra comunidad autónoma.
En cuanto a las instituciones afectadas. No voy a insistir en ello, pero sigue siendo la comunidad autónoma la que atrae el mayor número de quejas, seguida de los ayuntamientos y de la Administración General del Estado y, por último, los cabildos.
Y en cuanto a áreas o materias a que se refieren. Como saben, ya el año anterior habíamos agrupado bajo el epígrafe "Asuntos Sociales" una serie de áreas que venían diferenciadas, y que todavía lo están, en un cuadro anterior a la misma. Pero destaca que, de las 1819 quejas totales del año 2015, "Asuntos Sociales" significa 427, y luego a larga distancia las de economía y hacienda, las de política territorial y las de justicia.
Yo quiero señalar algo que está en la presentación del informe, por cuanto que supone que no solo pensamos en los intereses de los ciudadanos canarios, sino también en los de los ciudadanos españoles. Porque ha habido tres cuestiones en la que tomamos la iniciativa, ante el problema que existía en algún ayuntamiento canario, de dirigirnos a la defensora del Pueblo para que fuese esta quien tramitara la modificación normativa, que afecta, como saben, a los temas del empadronamiento, sin exigir, como exigía algún ayuntamiento que motivó esa queja, el estar habitando en un espacio o edificación, pero que no podía ser ni un okupa ni podía ser una cueva. En definitiva, el criterio es que por encima de todo está el derecho a empadronarse, por cuanto que es la llave que abre el acceso a cualquier posible ejercicio de derechos frente a la administración por parte del ciudadano.
La otra cuestión que también fue fruto de una iniciativa solicitada a la defensora del Pueblo se relaciona con la expedición de certificaciones al padre o a la madre que no tiene la guarda y custodia y que, en el caso de un municipio, se negaron a dárselo para obtener el certificado de residencia y poder ver a su hijo o a su hija. Y en eso también se ha establecido una norma que obliga a tratar igual a cualquiera de los cónyuges.
Y por último, el tema de la igualdad. Es un tema que tiene una trascendencia incluso internacional, que fue lo que lo motivó. Se trata de los llamados "documentos de residente comunitario" que hacían siempre referencia a una especie de DNI para los ciudadanos de otros países que están vinculados por alguna relación con un o una ciudadana española. Y hacían constar ahí quién era la persona que estaba vinculada, lo cual era un alto riesgo para el retorno al país del que era nacional de origen, en cuanto a que es posible que lo dejaran entrar, pero era posible también que no lo dejaran salir por la concepción que tienen con relación a la igualdad a propósito de la identidad sexual en determinados países, algunos de ellos bastante próximos. De manera que, igualmente, por una gestión de la defensora del Pueblo ante la Jefatura Nacional de Policía se ha logrado suprimir estas referencias, con lo cual se garantiza la libre circulación plena de este ciudadano de otro país vinculado a un o a una ciudadana del nuestro.
Y, por último, aunque no se sale del ejercicio del año 2015, pero porque otras administraciones y otras instituciones también actúan con cierto retraso, la verdad que me ha llenado de satisfacción, como laboralista que he sido durante cuarenta y tres años de mi vida, la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue una petición que trasladé a la defensora del Pueblo, y que no aceptó diciendo que no presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra una norma de la Ley de Presupuestos del Gobierno canario, del año 2012 me parece, y que restringía o modificaba las condiciones esenciales de trabajo de los empleados públicos. Y para mí era una clara intromisión en el ámbito exclusivo de legislación laboral, que la Constitución española tiene establecida en favor del Estado, motivo por el que pedí a la defensora que presentara el recurso. Pues la defensora dijo que, donde hubiese conflictos y estuviesen legitimadas otras personas con toda claridad, la defensora no presentaba el recurso de inconstitucionalidad, con lo cual era un poco absurdo, por cuanto que no iba a ser ese propio parlamento el que recurriera contra una ley aprobada por la mayoría de este Parlamento. Lo cierto es que, a través de cuestión de inconstitucionalidad, el tema llegó, y ha sido una sentencia conforme a los criterios defendidos por esta institución.
En cuanto a los temas relacionados con mucho detalle por el capítulo IV, ya saben que destaca una vez más la temática relacionada con la dependencia, y hay que decir que a día de ayer los datos que tengo en relación con las quejas -con las quejas, no con la situación de los ciudadanos, porque hay muchos ciudadanos que no se han quejado, hasta el extremo, por ejemplo-,a nosotros nos consta que solo tenemos del año 2014 11 pendientes, que no tienen todavía el PIA, el programa individual de ayuda o asistencia, pero también nos hemos enterado, por ejemplo, a principios de este año la situación de dos ciudadanas, precisamente de la isla de Tenerife, con más de 91 años y que se encontraban en una situación con una queja iniciada en el año 2009 y en el 2010, pero como no se había presentado la queja sino que se presentó en enero de este año 2016, pues no figura ahí como pendiente, pero -repito- que quede claro que, como señaló en comisión la portavoz del Grupo Podemos, esto actúa como la punta de iceberg de la problemática social que tenemos en Canarias, y no en la totalidad del problema.
En cuanto a aspectos que en este campo ya manifesté que notaban un cambio de tendencia por parte del nuevo Gobierno en relación con la dependencia, está la incorporación de 26 personas para trabajar en esa área, porque, como veníamos insistiendo en informes anteriores, no solo es un problema de dinero, de recursos presupuestarios, también de recursos humanos, pues no había personas que gestionaran la infinidad, las miles de solicitudes de calificación de la dependencia, y luego del establecimiento del PIA correspondiente. Ha habido -repito- un cambio de tendencia, y esperemos que eso se vaya acentuando, especialmente cuando llegue el momento -que les corresponde a todos ustedes, tanto a los que gobiernan como a los que están en la Oposición- de elaborar los presupuestos del año que viene, ahí está la clave, y determinar cuáles son las prioridades: si vamos a abordar seriamente y salir de la cola de las comunidades autónomas en materia de dependencia o, por el contrario, queremos ponerlo en un plano secundario. En definitiva, siempre he manifestado que hay que cambiar la mentalidad y poner de verdad que primero están las personas y luego están las carreteras u otras instalaciones: parques temáticos y no sé cuántas cosas más, no digamos ya ferias y palacios de congresos que no sé dónde vamos a encontrar tantos congresos para ocuparlos, pero no es este el objeto de mi comparecencia aquí.
En definitiva, me dirijo a toda la Cámara en pleno para que sean sensibles a la hora de elaborar y de discutir o de enmendar los proyectos de presupuestos que corresponda de aquí a finales de año.
En materia de vivienda no me voy a detener porque precisamente mañana celebramos unas jornadas que responden a la problemática que denotamos y plasmamos en una resolución en las jornadas que anualmente celebramos todas las defensorías de las autonomías y la defensora del Pueblo que se celebró en Santander y donde se llegaba a una serie de conclusiones. También en ese sentido debo decir que, mientras la administración anterior, por mucho que le pedíamos pura información para llevar alguna comunicación o que nos reclamaba los talleres de trabajo previos a la reunión del pasado mes de septiembre, pues, la respuesta que se nos daba era mínima por parte de los responsables de vivienda y fuimos con una documentación escasísima, afortunadamente las cosas han cambiado y en el área correspondiente se refleja el tema de la elaboración del próximo plan canario de viviendas y otros aspectos que ahí se recogen como problemática. Mañana veremos la situación porque es un tema que está muy vivo en el plano internacional, pues Naciones Unidas está haciendo una interpretación de los derechos humanos mucho más amplia que la que están haciendo los tribunales o la propia Constitución española, tenemos el concepto de derecho fundamental con una garantía complementaria, como saben, del recurso de amparo, y los demás son principios inspiradores, y, entre esos principios inspiradores para los derechos de vivienda, de salud, etcétera, tiene una categoría jurídica inferior. Pues bien, las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, viene y ha presentado ya un expediente abierto al Gobierno de España en materia de vivienda, y eso es un cambio importantísimo con repercusiones inmensas en la jurisprudencia del futuro en relación con esta internacionalización y ampliación, en definitiva, del concepto de derecho fundamental e identificación con el -mucho más amplio- derecho humano, como viene también postulando el Comité Europeo de Derechos Sociales.
En materia de sanidad también habíamos empezado el año con una reunión de todos los defensores en Madrid sobre el plan de urgencia en el que habíamos colaborado y hay que decir que, ante el informe solicitado a la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, ha habido efectivamente una puesta en marcha de elaboración del plan de urgencias regional que responde a esas preocupaciones que existían, que habían dado problemas o algún conflicto social en el pasado año.
Como saben, no corresponde a este año 2015, pero fue a principios de este, el mes de febrero, la llegada dramática de una patera al puerto de Arguineguín con cuarenta y tantos inmigrantes irregulares y con fallecimientos, me parece que seis en alta mar, con unas condiciones humanas y de salud tremendas, que dieron lugar a unos conflictos institucionales que me llevaron a iniciar una queja de oficio por cuanto que las competencias de la institución solo afectaban a prestación del servicio sanitario. Y he recibido un informe muy pormenorizado que lo pone de relieve, además, y han dicho que se refleja un cambio del protocolo conjuntamente con la Administración General del Estado, es decir, con la Delegación de Gobierno, para que no se repitan fenómenos lamentables como los que se produjeron en aquella ocasión. Por su importancia y por la respuesta positiva creo que merecía ser esta excepción de un problema de presente año 2016.
En cuanto a la violencia de género, ha parecido una novedad que haya sido invitada la institución, y lo agradezco al viceconsejero de la Administración de Justicia, a la reunión en diciembre del cumplimiento del protocolo de coordinación interinstitucional. Y allí coincidimos en algo que ha generado algunas quejas en relación con la carencia de técnicos al servicio de la Administración de Justicia que dejan en una situación de stand by la evitación, la prevención o la corrección de la violencia de género, y no solo la violencia de género, sino también de problemas relacionados con los menores, problemas familiares que requieren dictámenes de psicólogos o dictámenes de peritos. En el caso de psicólogos, la carencia de personas en el Instituto de Medicina Legal ha hecho que si la media está en seis meses, están esperando los jueces y los fiscales de familia o de violencia de género a que les llegue el informe del psicólogo. Comprenderán ustedes que esa es una situación tremenda, dramática, a la que se ha unido también el caso de una petición de un técnico-perito odontólogo y me contesta que el Servicio Canario de Salud ha dicho que no tiene ninguno disponible. No me han explicado cómo es posible que no haya un odontólogo a disposición del Servicio Canario de Salud para emitir un dictamen pericial solicitado por un juzgado en favor de una señora a la que le han dejado la boca en una situación lamentable por parte de un servicio privado, en la isla de Gran Canaria.
De manera que estas cuestiones -por eso quería un poco alejarme del informe anterior- nos llevan a pensar seriamente en que tenemos que agilizar y modificar entre todos, y ponerlo como una cuestión de interés regional, la legislación que desarrolla las competencias limitadas que tenemos en materia de empleo público, y también los propios funcionamientos de requisitos, de informes, de una dirección general, de la otra dirección general, pues así pasan semanas, pasan meses, y el ciudadano está esperando que le nombren un técnico, que le nombren un perito, y ahí nos encontramos la situación -repito- en que la precariedad que se ha declarado por el acuerdo de Gobierno a principios de año para contratar personal temporal, pues yo no sé si se está aplicando con la urgencia adecuada, pero es un problema que tenemos en las quejas con la Administración de Justicia. Y, como sabe, también ha habido un informe general acerca de jueces y fiscales indicando que las comunidades donde se han producido las transferencias de las competencias en materia de Administración de Justicia están funcionando peor que aquellas que dependen directamente del Ministerio de Justicia. Aquí ha habido importantísimas inversiones, como sabemos, en instalaciones de palacios de justicia y de juzgados, pero hay cuestiones que son también mucho más importantes, como dotar de personal para que la actuación de jueces y fiscales en una materia tan tremenda como es la violencia de género no se haya paralizado esperando contar con el informe psicológico correspondiente.
Hay un incremento novedoso en las áreas de los nuevos derechos, y aquí tenemos muchísimas quejas, hasta el punto de que el tema va a ser el objeto de estudio de las próximas Jornadas Nacionales de los Defensores Autonómicos, que se celebrarán en Pamplona el próximo mes de septiembre, que es el derecho al silencio. El derecho al silencio ya está plasmado en alguna sentencia incluso del Tribunal Supremo, y se refiere a evitar el ruido, la contaminación de ruidos que se provoca por fiestas, por perros, por vecinos, por todo tipo de lugares de ocio nocturno, etcétera. En definitiva, es un tema que estamos viendo cómo se incrementan las actuaciones judiciales y que pone de relieve la inquietud y el derecho al descanso que tiene el ciudadano, cualquiera que sea su condición y su edad. Esperemos a ver cómo se abordará la cuestión, ya que estamos participando con informes correspondientes en la preparación de las jornadas mencionadas.
En materia de educación hay una positiva colaboración de cooperación por parte de la consejería actual y, eso sí, notamos que la conflictividad escolar entre profesores y alumnos, entre familias y profesores, y entre alumnos y alumnos, no decae; y que los protocolos que regulan las actuaciones que están establecidas en función del Decreto 114/2011 deberá analizarse, retocarse, contar con el parecer de los sectores afectados de las familias porque hay problemas que están en manos de los tribunales y que a veces la parte administrativa actúa con mucha más lentitud o con cierto corporativismo que conviene estar vigilante.
En relación con el trabajo y función pública ya lo he dicho antes que hay que abordarlo claramente. No es posible que tengamos cabildos y ayuntamientos que elaboran bolsas de trabajo -así las llaman- con unas listas que son unas pruebitas para poner ahí en espera y entonces de interinos o de sustituto tiro de esta bolsa. En el caso de Gran Canaria las convocó el pasado año el cabildo, y a ello se incorporaron varios ayuntamientos, los más importantes de la isla; y lo mismo ocurre en el ámbito de la comunidad autónoma con la Consejería de Educación por el problema de los docentes, la Consejería de Sanidad y algunas otras. Y por eso vemos que, incluso, se recurre a concursos para designación de personas por parte de empresas privadas en temas como los mencionados de psicólogos y peritos médicos, entonces hay que preguntarse: ¿el Servicio Canario de Empleo para qué lo queremos? Si no lo usan los empresarios, si no lo usan ni las propias instituciones, es que..., por lo menos debatamos esa cuestión seriamente. Si queremos hacer una organización y un gobierno, una buena gobernanza, como dicen ahora los cursis, un buen gobierno como diríamos los clásicos, debatamos claramente los temas y busquemos las soluciones. Y no es posible -repito- estar meses y meses esperando que una dirección general te diga la respuesta, ahí tiene usted lo que está pidiendo, porque tengo que consultar a no sé cuántos organismos más, internos de la propia Administración.
Este es un tema que debería ser prioritario en el trabajo que sus señorías vienen desarrollando, y también, por supuesto, por parte del Gobierno.
En cuanto a las quejas de oficio -ahí están reflejadas, son 17- el año pasado se nos ha pedido que incrementemos las actuaciones de oficio, y, efectivamente, lo estamos haciendo. El problema que tenemos cuando nos referimos a quejas de oficio, que hay que dirigirse a los 88 municipios, es que tardan no sé cuánto tiempo para poder cerrar con conclusiones esa queja de oficio. Estamos todavía con una, a ver si han adaptado el empadronamiento a esa resolución y a ese cambio normativo, y me parece que hay todavía 15 ayuntamientos, y llevamos en esta historia más de un año, que no han contestado a la petición, y he insistido en la visita que he hecho a los alcaldes para que nos pongamos al día...
La señora PRESIDENTA: Señor diputado del Común, ¿cinco minutos más, quiere? De acuerdo.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Creo que sí es suficiente.
La señora PRESIDENTA: Terminamos. Cinco minutos más.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Y lo mismo ocurrió con el tema de la ordenanza de los municipios, que era restrictiva para la retransmisión en directo de los plenos y que la Oposición no se encontraba en trato similar al que tenían otras cadenas de televisión o de radio en el municipio correspondiente. Incluso, en esto ha habido una sentencia del Tribunal Supremo, que afectaba al Ayuntamiento de Mogán, donde se provocó el problema, que reflejaba el derecho que nosotros habíamos defendido.
En cuanto a la falta de colaboración, que es lo que siempre los medios subrayan y con toda razón. "Falta de colaboración", está en el capítulo también del informe. Y es sorprendente que lo que llaman "recordatorios del deber legal de colaborar o de cooperar con el Diputado del Común" son 424 los recordatorios, que no teníamos por qué recordar, que la ley lo dice, que tiene que cooperar, pero así son las cosas. Papel va, papel viene. O no viene, esa es la cuestión. Luego a eso hay que sumarle los que ya han pasado más de dos meses de ese recordatorio, y siguen sin contestar. Y a eso sumen 108. Y, al final, cuando ya no hay más remedio, declaración como obstruccionista.
Yo no soy un obseso del obstruccionismo porque sé que deberían utilizarla más las fuerzas de oposición que están en la Administración, declarar obstruccionista y darle leña, hacer preguntas en los plenos municipales, donde quiera que sea. Pero, por lo visto, el boletín del Parlamento de Canarias, donde se publican esas declaraciones de obstruccionismo, deben leérselo poco. Entonces, la formación política de nuestros cargos públicos, los que están en este caso en la Oposición en las distintas administraciones podrían -repito- sacar jugo político de esta declaración de obstruccionista, que fueron 8 el pasado año.
En materia de política territorial, hubo cinco, que afectaban al municipio de La Aldea de San Nicolás, al de La Oliva, al de Los Llanos de Aridane y a Telde.
Repito que estos son ayuntamientos y que son responsabilidades muchas veces de los alcaldes anteriores, o incluso de los anteriores a los anteriores, porque estamos aquí hablando de retrasos de meses que se van convirtiendo en años, pero la cuestión es que afecta al ayuntamiento como institución.
Luego son dos relacionadas con la justicia, que afectan al Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria. Es una situación de un ciudadano que manifestó una queja de un trato no adecuado por parte de un procurador de oficio. Y le pedimos información al respecto y no nos contestó. Ha cambiado el decano y tampoco ha contestado. Las cosas son así.
Y, por último, una en materia de economía y hacienda, que es también del Ayuntamiento de Telde.
Yo, para ir concluyendo, no quisiera omitir una referencia al tema del menor, que tiene un capítulo especial. A mí no me gusta el teatro, la política, entonces aquí se hizo cierto teatro o no teatro porque respondíamos todos a un compromiso serio en defensa de la infancia, en noviembre del año 2014, en un acto que se celebró en el salón de actos de esta Cámara. Y ahí, coincidiendo con el aniversario de Unicef, decidimos todos firmar una declaración, la Fecam, la Fecai, el Gobierno, el Parlamento, el Diputado del Común, la ONG, etcétera. Y de eso luego se ha aplicado poco. Yo por eso me remito a ese informe sobre el menor, porque hay que también que cambiar normas como consecuencia de la aprobación de una ley orgánica en defensa de los derechos de la infancia, que se aprobó el pasado año, que está en vigor, y que establece unas obligaciones de informes en materias que puedan afectar a menores por parte de las consejerías del Gobierno canario que dicte una norma o de este Parlamento. En definitiva, es una cantidad de cambios con importancia en defensa del interés general del menor, que es una temática que no desciende sino que se mantiene. No se ha agravado, pero los problemas de menores no acompañados que llegan a través de la vía marítima y la situación luego derivada de problemas familiares, pues, generan este capítulo específico, que la ley exige que sea específico, en nuestro informe.
Y también hay que hablar de la mejoría que ha habido...
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, ¿dos minutos más? Dos minutos más.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Concluyo, presidenta.
... en relación con los puntos de encuentro familiares.
Así que yo quería -al principio se me pasó- hacer una referencia al fallecimiento de un defensor del Pueblo, don Fernando, que estuvo de presidente de la Cámara constituyente, de la que yo formé parte desde el año 1977 hasta 1979, una persona extraordinaria, que, como saben, sufrió las consecuencias del destierro en la isla de Fuerteventura, y como es una persona que representa los valores de la Transición, yo quería aquí hacerle un recuerdo especial, singular, de la ejemplaridad de su comportamiento como persona y como cargo público.
De manera que, señora presidenta y señores diputados, muchas gracias por la atención, y no voy a hacer uso del derecho posterior, por cuanto que ya lo hicimos en la comisión correspondiente.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor diputado del Común.
Señorías, continuamos ahora con la intervención de los grupos, conforme establece el artículo 83 para fijar posición, de menor a mayor. Empezaría el Grupo Mixto. Por tiempo de diez minutos, señor Curbelo.
(Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Asume la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).
El señor CURBELO CURBELO: Gracias.
Señor presidente. Señor diputado del Común y miembros de su equipo que le acompañan hoy. Señorías.
Hace muchos años, en el comienzo de la autonomía, en esta misma tribuna habló en su discurso de investidura el primer presidente del Gobierno regional. Subió aquí con un lema que en aquel entonces muchos ponían en duda: "Canarias es posible". Y no solo posible como una construcción política nueva sino también como construcción de una nueva realidad económica, cultural y social.
Jerónimo Saavedra Acevedo, el primer presidente del Gobierno de Canarias, fue la persona que asumió la enorme responsabilidad de comenzar la andadura de una región desgarrada por el pleito capitalino y por las peleas intestinas insulares. Todos esos males los padeció de una u otra manera a lo largo de su mandato pionero, y a todos hizo frente con la serenidad y la grandeza que siempre le han caracterizado.
Hoy subo a esta tribuna también para valorar positivamente, en nombre de mi grupo, el trabajo del diputado del Común y de todo su equipo. Una persona no es solo lo que vemos sino también lo que recordamos, pues un político está siempre bajo la sombra de su pasado, de sus obras; y en el bosque de la política canaria, tan lleno de matorrales y plantas de monte bajo, Jerónimo Saavedra yergue como un poderoso árbol ejemplar en una trayectoria marcada por el servicio público y por el espíritu de diálogo y conciliación.
Pero también por la firmeza de las convicciones y la insobornable libertad de opinión que siempre han caracterizado al verbo afilado y brillante de quien, además de gran político, es un enorme orador.
Nuestro diputado del Común no recaló en el cargo como muchos pensaron, como quien accede a una honrosa semijubilación, lo hizo con el empuje y la fuerza de un joven político que afronta su primera responsabilidad.
A lo largo de estos años, Jerónimo Saavedra ha engrosado el prestigio del defensor de los ciudadanos con el sello de sus aportaciones, de su rigor y de su compromiso con el servicio público, ha elevado la voz cuantas veces ha sido necesario para ejercer la crítica independiente que lleva aparejado su cargo. Pero lo ha hecho con la contundente prudencia que siempre ha abanderado su pensamiento crítico. En las reflexiones de Jerónimo Saavedra nadie va a encontrar ni un insulto fácil ni una descalificación gratuita ni fanfarrias habituales a las que estamos acostumbrados en el mercadillo político canario.
Casi 20 000 personas se dirigieron el pasado 2015 al Diputado del Común planteando algún tipo de demanda, lo que demuestra el arraigo que esta institución tiene en la sociedad canaria, que, tal vez, siga sin ser suficientemente valorada. A lo largo del ejercicio se tramitaron 1819 quejas, la mayoría de ellas referidas a asistencia social, lo que demuestra un importante crecimiento en la tramitación de expedientes por parte de una institución que no está sobrada de recursos ni de medios humanos. Pero, a lo largo de este pasado reciente, Jerónimo Saavedra no solo ha desarrollado sus funciones tramitando expedientes en respuesta a demandas de los ciudadanos, la figura del Diputado del Común tiene un aura de neutralidad institucional que confiere una cierta objetividad a sus críticas, y a todo ello se suma el peso específico que Jerónimo Saavedra tiene de por sí en el ámbito social canario.
Por eso, las ocasiones en que se ha pronunciado con contundencia e independencia sobre asuntos que preocupan a la sociedad canaria han servido para motivar una reflexión en el ámbito social y político de las islas.
La actuación de la Administración pública en materia de servicios sociales es una de las grandes preocupaciones del Diputado del Común, que ha reprochado en varias ocasiones a nuestro Gobierno y a los políticos canarios que nos peleamos, y lo ha expresado, inclusive, hoy, por el reparto de fondos para infraestructuras o inversiones cuando la prioridad debe ser la solución de los graves problemas de la parte más débil, más frágil y más abandonada de nuestra sociedad.
Como hiciera en su primer discurso de investidura hace ya más de tres décadas, Jerónimo Saavedra sigue hablando de los más débiles, de los más desfavorecidos, sigue comprometido en la lucha contra la pobreza, ese cáncer social incurable que sigue causando víctimas en Canarias, a pesar de que se han aumentado los recursos y los efectivos públicos destinados a combatirlos.
Una especial mención merece el capítulo dedicado en la memoria del año pasado a aquellos departamentos de las administraciones públicas que han mostrado falta de colaboración con la institución del Diputado del Común e, incluso, como he escuchado hoy, alguna obstrucción. Resulta bochornoso que sigan, con esta falta de colaboración, en los puestos de cabeza de departamentos dedicados al atendimiento de las personas, como puede ser discapacidad a pesar de los recursos que se han incorporado, mayores, servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, conflictividad escolar, servicios sociales, inmigración, violencia de género, áreas donde las peticiones del Diputado del Común suelen referirse a situaciones especiales y realmente graves que afectan a personas vulnerables.
La dedicación del Diputado del Común al área del menor y a las actuaciones desarrolladas y detalladas en el informe también son encomiables, como también lo es y lo fue el homenaje realizado con motivo del 30 aniversario de la creación del cargo del Diputado del Común canario, en el que se reconocieron las labores de sus antecesores, especialmente del primero, Luis Cobiella, aquel humanista que se hizo cargo de la defensa de los ciudadanos desde su propia casa y tuvo que construir paso a paso la estructura de lo que es hoy la Diputación del Común. Nadie mejor que Jerónimo para comprender lo difícil que es empezar un camino nuevo, construir la administración sobre donde no existía más que un solar vacío.
Al hilo de esta intervención de hoy para hablar del trabajo realizado por nuestro diputado del Común, estuve repasando algunos recuerdos y papeles, me leí de nuevo el discurso de investidura de Jerónimo Saavedra, el primero que se pronunció aquí en esta Cámara, en el que se hablaba de la crisis económica que padecía Canarias en el año 1983, y no puedo resistirme a tomar unas palabras presentadas de Jerónimo Saavedra para concluir esta intervención: "La autonomía en el archipiélago no puede generar un nuevo centralismo dual que reducirá el alcance político del Estado de las Autonomías a los habitantes de las islas interiores. Nosotros queremos que el poder político regional llegue a todas las islas...". Me había olvidado de estas palabras proféticas y al releerlas eché de menos, como ahora mismo echo de menos, el espíritu que animaba aquellos años donde casi todo estaba por hacer, el espíritu de crear una Canarias de ciudadanos iguales con independencia de la isla en la que nos hubiera tocado la suerte o la mala suerte de vivir. Por tanto, hoy en la presentación de esta memoria quiero felicitar al compañero Jerónimo Saavedra por el trabajo independiente e irreprochable que ha desarrollado en la Diputación del Común de Canarias, del mismo modo que también al conjunto de colaboradores que han hecho posible que esa tarea sea eficaz, como ya sabemos todos. Y como ha hecho toda su vida.
Por tanto, yo creo que el listón ha quedado más alto que cuando lo encontró, y, por esa razón, Jerónimo, mi grupo parlamentario no solo apoya tu gestión sino que te felicita por el contenido de la misma, por el rigor con el que la has llevado a cabo.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, señor presidente. Señor diputado del Común. Señorías. Buenos días.
Yo, una vez que don Casimiro Curbelo ha realizado la biografía política del actual diputado del Común, que mi grupo parlamentario comparte, yo me voy a centrar en el informe, y voy a hablar o le voy a reiterar temas que ya le comenté en la comisión, y quisiera determinarle o detallarle algunos que usted dijo en la comisión y que de alguna manera seguimos sin compartir.
Este informe, el quinto que usted presenta en esta Cámara, cuenta con 11 apartados más un anexo pero, por razones de tiempo, solamente voy hacer referencia a algunos puntos determinados.
En primer lugar, hace referencia al incremento -me parece positivo- de 581 actuaciones iniciadas por el Diputado del Común en el 2015 respecto del 2014, que, además, como ya le comenté, entiendo que venían motivadas por un mayor conocimiento de la institución. Igualmente, de estas quejas presentadas es significativo su incremento en un 10,38 %, que entiendo, tal cual le referí también en la comisión, está motivado por el aumento de los problemas de la ciudadanía en toda esta época de crisis, incluido el 2015, además de por una mayor confianza en la institución. Es positivo nuevamente el número de quejas admitidas a trámite,1603 en el 2015, que representa un 88,1 % de las quejas presentadas en este año; lo que sí -también le dije- no entiendo tan positivo es que dicho porcentaje haya disminuido en referencia a las tramitadas en el año 2014.
Tengo que mencionar, además, que, tras la continuidad de la tendencia iniciada durante los años 2013 y 2014 en las quejas de oficio, en el 2015 estas disminuyeron en un 15 %.
En cuanto a los expedientes vivos, de los que, como hablábamos, en el 2015 había 2 que correspondían al 2011, 5 al 2012 y 35 al 2013, usted nos comentó que la razón básica era que la legislación que les era de aplicación era muy engorrosa y que, además, había falta de personal. Yo no comparto este tema pues eso a la ciudadanía no le consuela. Las administraciones públicas están para velar y para solucionarle los problemas a la ciudadanía, y decirle que es que la legislación es muy engorrosa..., pues cambie usted la legislación, o que no hay personal..., pues ponga usted personal. Pero lo que ellos demandan y, además, lo que nos corresponde o corresponde a las administraciones es dar solución a sus problemas y no darles esa justificación. También, que, en cualquier caso, es buena noticia, se ha rebajado en un año la temporalidad de estos expedientes.
En cuanto al número de quejas presentadas por isla, le vuelvo a reiterar que nos llama la atención, y que tampoco..., bueno, por lo menos en la comisión no dio detalle o no dijo si tenía conocimiento de las razones, el incremento del número de quejas en un 30,51 % en la isla de Tenerife, de un 20,69 % en Fuerteventura y de un 13,17 % en La Palma; mientras que hubo una disminución del 29,17 % en La Gomera y del 20 % en El Hierro. Como ha renunciado a su segunda intervención, pues, me quedaré con las ganas de saber si tiene conocimiento de cuál es la razón de estos temas.
En cuanto al apartado correspondiente a la falta de colaboración entre las administraciones públicas con el Diputado del Común, hay que significar el incremento del 11 % en el 2015 del número de recordatorios que hubo que hacer a las administraciones del deber de colaborar con el Diputado del Común, pues del 2013, que eran 473, al 2014 hubo una disminución importante, mientras incrementó del 2014 al 2015. Principalmente, además, llama la atención el número de reclamaciones a las administraciones públicas con respecto a las personas con discapacidad, que pasa de 9 en el 2014 a 61 en el 2015, y la similar situación que se registra en el área de vivienda donde pasa de 13 requerimientos en el 2014 a 31 en el 2015.
En cuanto a la supervisión de la actividad de la Administración pública canaria, capítulo que recoge cuál es esta actividad realizada por el Diputado del Común con relación a las quejas que han presentado los ciudadanos, distribuyéndola por áreas, en la situación de dependencia, hay que reiterar la preocupante situación de la dependencia en Canarias que, según los datos del SAD, a 31 de enero del 2015, existen en Canarias 16 141 personas que con derecho a alguna prestación no la reciben. Con idéntica tendencia, el número de quejas en materia de dependencia se incrementa en un 34,4 % el 2015 respecto del 2014, pasando de 122 en 2014 a 168 en el 2015. Los motivos principales de las quejas, un total de 92, vienen determinados por expedientes pendientes de la resolución del programa individual de atención, situación, además, más gravosa si cabe si tenemos en cuenta, tal y como dice usted en el informe, que la mayoría de los expedientes del PIA corresponden a personas reconocidas como grandes dependientes, o sea, en grado 3. Y hay que añadir, asimismo, que el número de quejas por esta motivación se incrementó en un 35,3 % en 2015 respecto al 2014, con lo que, a diferencia de lo que usted expuso en la comisión, no solo no se ha producido ningún tipo de mejora sino que se ha agravado la situación.
En dependencia, por islas las quejas siguen similar tendencia al conjunto del resto de quejas, destacando, como antes también le mencioné, el 58 % con procedencia en la isla de Tenerife y la ausencia de las mismas en la isla de La Gomera y en El Hierro.
En el área de las personas mayores, el segundo motivo de las quejas que llegan al Diputado del Común es el fallecimiento de las personas en situación de dependencia, que no se incorporan al SAD por la demora en la tramitación de los expedientes, asunto que ya usted apuntaba en el informe extraordinario que realizó en 2014. O sea, en el año 2015, 1492 personas fallecieron sin estar incorporadas al sistema.
En cuanto a la discapacidad, tengo que destacar el incremento de un 50,8 % respecto al 2014 de las quejas en materia de discapacidad, siendo la mayoría de estas por demora en el reconocimiento del grado de discapacidad.
En el área de servicios sociales también hay que hacer referencia al incremento en el número de quejas presentadas en 2015 respecto del año 2014, 99 en el 2014 respecto a las 114 del 2015, derivadas de las insuficiencias económicas y de medios humanos en el sistema público asistencial social, que se ha agravado por el aumento de los desempleados de larga duración. Valga como ejemplo la aparición de las listas de espera para acceder a un técnico social en los ayuntamientos, tanto para recibir ayuda o asesoramiento como para la entrega de documentación, o la suspensión de los pagos de la prestación canaria de inserción sin aviso previo a los familiares.
En este caso, tengo que decirle, señor Saavedra, que, aunque el informe expone que el motivo de esta suspensión no es otro que la extinción o el agotamiento de la partida presupuestaria destinada a cubrir la prestación, esto no es del todo cierto, puesto que ya en el informe de la Audiencia de Cuentas que se presentó en el 2014 hablaba de que, existiendo dotación en la partida presupuestaria, se dejaron de dar estas prestaciones. Con lo cual no era ausencia de dinero.
Y yo, en cualquiera de los casos, y aunque me vuelva a tachar de alarmista, tal como hizo en la comisión, insisto: ojalá nos equivoquemos. Desde el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al que represento, seguimos entendiendo que la dotación de 45 millones presupuestada en el 2016 para prestación canaria de inserción no va a ser suficiente y no va a llegar a final de año. Insisto: ojalá nos equivoquemos.
Por último, en el área de vivienda significar el aumento de las quejas en 116. Usted también en la comisión manifestó que en la actualidad la situación del área de vivienda ha mejorado, que se pagaron las subvenciones a la Hipoteca Joven, que tenía un retraso de un año, pero esta afirmación tampoco es cierta. De hecho, en el año 2016 se ha puesto dotación presupuestaria para las subvenciones a la Hipoteca Joven en 1 300 000 euros, y con ella se va a pagar una parte, la otra se hará para el 2017. Al final, estamos hablando de tres millones de euros. Y, según lo publicado ayer en prensa, el Gobierno de Canarias no ha pagado ayudas a la vivienda por valor de entre 32 y 38 millones de euros, correspondientes a subvenciones convocadas del 2009 al 2012 para impulsar la compra, la rehabilitación y la construcción de inmuebles. Con lo cual, desde el Grupo Parlamentario Nueva Canarias seguimos entendiendo que en materia de vivienda falta mucho por hacer. Y, además, esa es la razón por la que el día de hoy vamos a presentar una proposición no de ley.
La señora MONZÓN NAVARRO: Muy buenos días a todas y a todos.
Como ya dijimos en la comisión, este informe nos permite analizar como una radiografía la realidad social de Canarias. La institución del Diputado del Común se ha convertido en un lugar donde los ciudadanos y las ciudadanas depositan su confianza y de la que esperan que les ayude a resolver sus problemas, cuando esos problemas han fallado y no han sido resueltos por las administraciones públicas, en muchas ocasiones fruto de un empeño privatizador de los servicios públicos y recortes practicados que, evidentemente, han minado muchísimo esos servicios. Es el último eslabón antes de acudir a la justicia, una justicia que es lenta, que es inoperante y que en muchas ocasiones es inaccesible para muchas de las ciudadanas y ciudadanos de Canarias, también debido a las políticas de recorte.
Acuden con la confianza de su independencia y como valedor de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la ciudadanía. Una independencia de lo político que debe mantenerse y salvaguardarse, no solo en las actuaciones de la institución sino también con las palabras que emanan de sus representantes.
Casi 20 000 personas acudieron a este organismo para la defensa de sus derechos fundamentales y libertades el pasado año. De esta interacción se produjo un total de 1819 quejas, y esto supone un 10 % más respecto al año anterior. Pero entendemos que esta institución tiene que ser más visible y accesible. Y solo un 20 % de las quejas fueron presentadas a través de internet.
El Diputado del Común, pese a su dilatada historia, posee una implantación más bien escasa en el imaginario de la mayoría de la población canaria, donde se desconoce su utilidad, su cometido y su manera de funcionar.
Este informe, como usted ya comentaba, nuestro grupo parlamentario dice que es la punta del iceberg de una realidad social mucho más compleja en nuestras islas. Pero nos ayuda, y mucho, a entender el duro panorama sociológico que atraviesa nuestro archipiélago.
Una de las cuestiones más preocupantes es la colaboración de las administraciones públicas, que aquí usted ya ha comentado. Hay una falta de celeridad que denota la falta de cultura democrática de rendir cuentas de lo que se hace, que muestra también la falta de cultura de explicar y de ser transparente con la gestión de lo que es de todos y todas. 424 resoluciones recordando el deber legal de colaborar, 108 advertencias de declaración de obstruccionismo y ocho declaraciones de obstruccionismo. Responsabilidad política que debe asumirse ante el inmovilismo y falta de voluntad como males endémicos de los gobiernos de las distintas administraciones públicas, algo que se traslada a la respuesta del Gobierno también a las solicitudes de documentación de muchos grupos parlamentarios -al menos nosotros podemos hablar desde el nuestro- se produce cuando nos responden.
Otro tema que nos preocupa es el escaso número de tramitaciones de oficio. Entre las causas de inadmisión se encuentran el anonimato, o la apreciación de mala fe o carente de fundamento, pero es el primer caso, el del anonimato, el que nos preocupa. Cuando alguien quiere preservar su identidad es en muchos casos por temor, ya que en este país, en esta sociedad, desgraciadamente, se criminaliza a quien denuncia, se criminaliza a quien eleva una queja, y si son casos fundamentados, creemos que el propio diputado del Común debería hacer suya esa queja y tramitarla para mejorar la calidad de los servicios que debemos prestar como servidores públicos y no permitir que el miedo a la denuncia deje impunes algunas actuaciones injustas para los ciudadanos, lo que sucede con mayor incidencia en localidades pequeñas o en las islas no capitalinas pequeñas, donde la criminalización puede ser más cercana.
Usted ha puesto el dedo en la llaga, en las personas, y nosotros nos vamos a centrar a definir algunas, o a comentar algunos temas de este informe que tienen que ver con las personas.
La dependencia. La diferencia es notable entre islas con respecto a esta materia, siendo Tenerife la más incumplidora, con un 58 %, seguida de Gran Canaria con un 20 %. Ya hemos hablado de que esto es causa de retrasos y de falta de personal, pero son retrasos que afectan a personas, retrasos, sobre todo, en la programación individual de atención, el PIA, las discrepancias del fallecimiento de los beneficiarios mientras esperan, más el retraso en el reconocimiento del grado de dependencia, nos muestra el panorama desalentador para las personas más vulnerables, que esperan que las administraciones públicas resuelvan de forma eficaz y ayuden a paliar esa situación penosa que atraviesan. Cuando debe resolverse en tres meses se tarda una media de cuatro años, habiendo alcanzado para grandes dependientes siete años y siete meses. Esto es sencillamente inadmisible.
En cuanto al área de discapacidad ha habido un importante incremento de quejas, un 30 % -vuelve a ser la causa de mayor queja- el tiempo que se tarda en resolverlo, y que se le priva a estas personas de acceder a los derechos que tienen, algunos de ellos vitales.
Los problemas de accesibilidad injustificados, sobre todo en edificios y espacios públicos, es algo que también es inadmisible.
En cuanto a las personas mayores, cabe resaltar el funcionamiento de los centros para la atención de personas mayores, donde se detecta un vacío en relación con la realización de las inspecciones en centros autorizados, competencia que es de este Gobierno de Canarias.
En cuanto a servicios sociales, las mayores quejas son sobre la PCI, y volvemos a hablar de las personas con mayor vulnerabilidad, se quejan de que se les retraigan las prestaciones o se eliminen sin que medie ningún tipo de comunicación, dejando a las familias en situaciones dramáticas. Son las ayudas sociales cuestiones de primera necesidad, y los recortes en medios humanos y materiales que han ocasionado los recortes impuestos por políticas austericidas son los que han traído más sufrimiento y dificultades a las familias con necesidades básicas. Así, es indispensable afrontar la realidad social de las islas, con familias que tienen dificultades para proveerse de alimentación, luz, agua, material escolar o pago de alquileres. La PEAS, protección económica de asistencia social, es la más demandada, pero los presupuestos no dotan suficientemente estos programas, por lo que es evidente que no están haciendo las cosas bien.
En cuanto al área de vivienda, el derecho constitucional de una vivienda digna es el motivo también más elevado de quejas. Es indispensable realizar un inventario exhaustivo de las viviendas vacías en Canarias para ponerlas al servicio de las personas, y dar respuesta a la emergencia habitacional que tiene nuestra sociedad. Para todos los desalojos que nos proporcionen una alternativa habitacional, sobre todo cuando hay menores de por medio.
El derecho al agua, a la energía, son bienes comunes, y deben garantizarse. Siguen quedando un gran número de familias desamparadas, un 15 % de los hogares canarios sufren pobreza energética.
En cuanto a salud y sanidad, ya comentamos en la comisión que una de las cosas que no podemos aceptar es que se diga que las listas de espera son estructurales en Canarias. Tenemos que poner remedio exactamente a eso, y, además, la falta de respuesta del Servicio Canario de Salud, que se denota en este informe, habla de que precisamente se obstaculizan las peticiones, sobre todo, en cuanto a la solicitud de su historial clínico, cuando los ciudadanos solicitan su historial clínico, de no contestar expresamente y abusar del silencio administrativo.
En el área de educación, en su informe nos muestra también poca colaboración de este departamento, sobre todo hay problemas con la conflictividad escolar, que usted comentaba, no hay respuesta adecuada a las situaciones, no se soluciona con mandar a un alumno a casa durante un par de semanas. Las políticas preventivas, con los medios profesionales y las herramientas necesarias, deben dar respuesta con soluciones eficaces, estrategias mediadoras y pedagógicas.
Las infraestructuras educativas, la admisión de alumnos en centros públicos con criterios distintos en los concertados que en los públicos, también las quejas sobre el amparo de igualdad para dar oportunidades, para no discriminar a los alumnos con necesidades educativas especiales, no podemos dejar a nadie atrás. Tampoco a los que pasan situaciones económicas deficientes, y en esto estamos hablando del acceso a la enseñanza, de las becas, el denegar el derecho a muchos esa igualdad de oportunidades con unas becas que son cada vez más rigurosas y excluyentes, y que sobre todo llegan tarde, muy tarde.
Con carácter general, las notificaciones de los ciudadanos deben realizarse en un lenguaje comprensible para ellos, y debe hacerse el esfuerzo para que esta notificación sea personal. El abuso de los boletines oficiales, a los que no acceden los ciudadanos, y que se encuentran muchas veces las ejecuciones y las resoluciones, por ejemplo, en materia de hacienda, en las cuentas corrientes con una indefensión que debemos evitar.
No quiero también dejar de nombrar a los menores, sobre todo nos llamaba la atención la denuncia de la situación de las familias acogedoras, que estando en proceso de acogimiento de menores en familias extensas, han dejado de recibir los servicios de seguimiento e intervención, sobre todo por el colectivo al que afecta, niños y niñas, las personas más vulnerables, dejándolos totalmente en desamparo, algo que nos toca muy hondo y que es inadmisible que quede sin respuesta por parte de las administraciones.
Hay muchas más quejas pero no nos va a dar tiempo de hablar de todas, y desde Podemos estamos convencidos de que se puede hacer mucho más. Debemos transformar la realidad social, con la vista puesta en el bienestar de las personas. El Diputado del Común debe ser y es el defensor del pueblo, responsable de la felicidad de un pueblo, a través de la reforma en pro del bien común.
Tenemos que demostrar la utilidad de esta institución, tenemos que dar a conocer a los canarios y canarias su funcionamiento y para qué sirve y que está al servicio de ellos, debemos corregir sus deficiencias, y tenemos que mejorar las ratios de intervención y las resoluciones en todos sus ámbitos.
Como sociedad, estos datos que estamos viendo en estos informes actúan como un espejo, pero es un espejo que nos da una imagen refractada, una imagen que se desvía y que debemos corregir, dando mayor autonomía y democracia interna al Diputado del Común, que no solo debe defender el pueblo sino fiscalizar la labor de un gobierno, pues según este informe nos denota que no se están haciendo las cosas bien, y que nada ni nadie permita que no se realice esa imperiosa necesidad.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio.
El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado del Común, don Jerónimo Saavedra, bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señorías.
Es la quinta vez, como ya ha anunciado don Jerónimo Saavedra, que nos enfrentamos en el pleno de la Cámara a un debate sobre el informe anual del Diputado del Común. Y desde el año 2011, tanto en la anterior legislatura como en esta actual, he tenido la satisfacción, la gran satisfacción, de leer uno a uno los diversos informes anuales del alto comisionado. He tenido el gusto de conocer dos diputados del Común y puede, según me anticipa el señor Saavedra, que conozca a un tercero, y en esto sí me gustaría también decir que a mí me hubiese bastado con conocer a dos, aunque el que posiblemente venga, un palmero de pro, a mí por lo menos no me disgusta.
No se quejará, don Jerónimo, del panegírico que le ha hecho el señor Curbelo. Después de esto, cualquier halago que yo le haga no tiene ningún interés y, sobre todo, después de las intervenciones de doña Esther y doña Concepción, profundizar otra vez en cada uno de los apartados del informe anual se hace difícil. Por tanto, yo vuelvo en parte a partes de las discusiones que hemos tenido a lo largo de estos años usted y yo, que al final ha sido como Pili y Mili.
Ya sabe usted cuál es mi opinión sobre su institución. Me agrada enormemente que este año en el informe anual de la memoria del año 2015 no se haya hecho ninguna referencia, en absoluto, a las críticas que antes se contenían, considerándolas antidemocráticas, a los posicionamientos políticos que defendía mi grupo sobre la pervivencia o no, la persistencia de la institución del Diputado del Común, por tanto eso se lo agradezco. Pero lo que también es verdad y puede que yo no sea nada imaginativo, que pudiera ser, es que cuando leo los informes anuales del Diputado del Común siempre veo las mismas cosas, las mismas quejas, los mismos problemas y para mí, desde mi punto de vista, y para mi grupo parlamentario, se manifiesta la inconsistencia de la institución del Diputado del Común.
Lo que sí es verdad, y le voy a decir una cosa, es que querer justificar la persistencia de su institución sobre la historia de una figura similar, que no es verdad, si acaso en el nombre, es tal vez una posición de defensa pobre pero que muy pobre. Yo acepto seguramente su posición de considerar que la persistencia de su institución del Diputado del Común, que tiene un mayor contenido de calado jurídico, se encuentra en mantener una posición de defensa de los derechos de los ciudadanos ante el ejercicio de las administraciones públicas. Mire, la verdad es que de este informe anual del año 2015 que ya debatimos en la Comisión de Gobernación hay una cosa que me llama enormemente la atención y que, además, le brindo pese a la crítica que nosotros siempre hemos hecho y mantendremos a su institución, y es que, mientras persista su institución, todas las administraciones, todos los funcionarios públicos y todos los empleados públicos están obligados, porque es así como lo establece la ley, porque así es como debe cumplirse la ley, a responder, están obligados a prestar colaboración a su institución. Por tanto, desde aquí, como consecuencia de las advertencias que usted hizo ante los medios de comunicación y también ante la Comisión de Gobernación, de que se sorprendía de que el Ministerio Fiscal no dedujese, o, ante sus deducciones por obstruccionismo, no iniciase la tramitación, ante delitos de desacato, dijo usted -ya le dije yo que ese delito había sido destipificado y que tal vez querría decir desobediencia-, no incoase los procedimientos de desobediencia a los ayuntamientos como consecuencia de la falta de contestación a sus peticiones después de la declaración de obstruccionismo y entorpecimiento a las funciones del Diputado del Común. (Abandona la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, y la ocupa la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).
Pues aquí, mire, le voy a decir una cosa: a lo mejor el Ministerio Fiscal se equivoca, y es bueno decirlo, el ministerio público no siempre está en posesión de la verdad y, por tanto, me gustaría y le ofrezco, tal vez, la posibilidad, de cara al futuro, de argumentar una posible modificación del Código Penal en lo que se refiere al artículo 502 o al artículo 556, lo que es la desobediencia stricto sensu del 556, o lo que es la facultad de entorpecer la obstrucción a las defensorías autonómicas que está prevista en el 502.2 del Código Penal. Hay una cosa que tal vez me pueda sorprender de todo esto y es que no sé si hasta ahora se estaba haciendo bien o mal la labor dentro de su institución, o si se estaba requiriendo bien o mal, y que, por tanto, fuera esa la respuesta negativa que se estaba realizando por parte del Ministerio Fiscal.
Pero lo que sí es verdad es que mientras exista su institución, la institución del Diputado del Común, los funcionarios públicos y las administraciones y los políticos, todos y cada uno deben contestar a los requerimientos del alto comisionado del Parlamento de Canarias.
Ya lo ha dicho usted: las estadísticas y los gráficos no son lo suyo. Ya pusimos de manifiesto en la Comisión de Gobernación, y aquí se ha rectificado, las disparidades que había en los gráficos incluidos en el folio 125 de la memoria anual, y ahí es donde yo quería hacer constar a sus resoluciones, a las resoluciones dictadas por parte del Diputado del Común, que hay un pasotismo absoluto por parte de las autoridades y empleados públicos. De las resoluciones dictadas, 5 no han sido aceptadas, 12 no han sido contestadas y pendientes de respuesta hay hasta 10, algunas de ellas, las pendientes de respuestas, muchas de ellas del año 2013. Esto evidencia absolutamente una falta de correcta actuación por parte de la institución. Y, desde luego, como usted también dijo en el Diario de Avisos en fecha 17 de marzo, hay una cosa clara en todo este asunto: usted considera -y le digo que tiene usted razón- que estos comportamientos son inaceptables, comportamientos inaceptables de cargos y empleados públicos, y cito expresamente, dice usted: "cuando están ahí precisamente para servir a los ciudadanos y deberían valorar la necesidad de mantenerles informados, darles audiencia, responderles y notificarles de forma efectiva, pues a veces no basta una publicación en el boletín oficial". Tiene usted toda la razón, pero aún así nosotros seguiremos erre que erre diciendo a su institución "no", como consecuencia del gasto que ello nos supone en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias año tras año.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención del Grupo Socialista Canario. En su nombre, tiene la palabra el señor diputado don José Ignacio Álvaro Lavandera.
El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidenta. Buenas días, señor diputado del Común. Señorías.
Voy a empezar mi intervención haciendo un breve análisis de los grandes números que refleja el denso informe que nos ha entregado con respecto a su actividad en 2015.
Por un lado, las casi 20 000 personas atendidas, aumentando un año más la importante actividad del defensor del Pueblo canario, una institución que nosotros sí consideramos necesaria en esta comunidad autónoma.
Más destacable es, sin duda, el aumento en más de un 10 % del número de quejas con respecto al año 2014, lo que viene a suponer ya un aumento de casi el 50 % entre los años 2011 y 2015, los años en los que usted ha estado al frente de la institución. Por ello, no solo compartimos sino que hacemos nuestra la afirmación de que sin duda se debe a que hoy se conoce mejor la labor de la institución del Diputado del Común, y que ese conocimiento lleva también un claro reconocimiento a su utilidad y eficacia en la defensa de los derechos de la ciudadanía ante las administraciones públicas.
No es menos relevante que el 88 % de las quejas fuera admitido a trámite, lo que evidencia la existencia de una labor de asesoramiento previo importante hacia los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a la institución, cuestión que también hay que reconocer.
Otro aspecto que nos gustaría destacar es el aumento en un 181 % de las quejas presentadas a través de la página web. Aunque las atenciones presenciales siguen suponiendo la mayor parte de actividad que se desarrolla, es cierto también que la actividad no presencial, la presentación no presencial, aumenta y mejora la accesibilidad a la institución.
Con respecto a la reducción de la antigüedad de los expedientes vivos de quejas de años anteriores, a pesar de que siguen existiendo, y usted los ha mencionado, retrasos derivados por la falta de colaboración de administraciones públicas, es evidente la mejora tanto de la colaboración en términos generales como de la agilización de los procedimientos internos en el seno de la institución del Diputado de Común.
Por último, es necesario subrayar, en un contexto en el que el gasto público es objeto de continuo debate, y a pesar del aumento de la actividad, la reducción del gasto realizado por la institución del Diputado del Común, que, a pesar del aumento de la actividad, como ya dije, en línea con años anteriores también se ha reducido, esta vez en un 8,5 %.
Entrando ya en el diagnóstico que podemos realizar de los problemas de la ciudadanía con respecto a las administraciones públicas a través del análisis de las quejas y sus actuaciones en las áreas temáticas que estructuran su informe, si bien podríamos debatir y comentar durante horas la información que se contiene, debemos centrarnos y nos vamos a centrar en aquellos aspectos que consideramos más relevantes.
En cuanto al área de dependencia, es evidente la falta de recursos por parte de la Administración, tanto de presupuesto para conceder las necesarias ayudas a las personas que las necesitan, y, además, tienen derecho a ello, como de recursos humanos para la agilización de las distintas fases de los procedimientos administrativos. Las principales quejas son, desde luego, las referentes a los retrasos en la aprobación de los programas individuales de atención -los PIA-, que usted ha mencionado, el fallecimiento de los beneficiarios antes de la correspondiente resolución y el retraso en el reconocimiento del grado de dependencia; situaciones estas que se agravan cuando hablamos de que, principalmente, se trata de grandes dependientes los ciudadanos que son afectados por esos retrasos.
Señora presidenta, yo entiendo que al Grupo Popular no le cae bien la institución, pero me distrae que haya un corrillo justo en frente (dirigiéndose a la señora presidenta ante los murmullos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular).
En su informe, señor Saavedra, reclama, además, un nuevo marco legal para la ordenación de los servicios sociales en Canarias, la necesaria actualización de la normativa urbanística en cuanto a accesibilidad se refiere, la imperiosa necesidad de un fondo para la supresión de barreras arquitectónicas o la escasez de recursos en los servicios sociales municipales.
También se refiere a la pobreza energética en su informe, no solo en referencia a la electricidad sino también con respecto al agua. Situaciones que describen una realidad en Canarias que es dura, una realidad que se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo, una realidad que nos preocupa y que nos ocupa, y que sus informes no solo han subrayado a lo largo de los años sino que, además, han servido de empuje a los poderes públicos para realizar un mayor esfuerzo ante el drama social que ha provocado la crisis económica que ya va para diez años (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).
Desde el Grupo Socialista no podemos hacer otra cosa que poner en valor su informe, pero también aprovechar para examinar si el Gobierno de Canarias realmente hace lo que debe y evaluar si existe un cambio de tendencia. Y hay datos que nos invitan a pensar que ese cambio existe.
Este Gobierno comenzó con 3400 familias con derecho a recibir la prestación canaria de inserción, y logró cerrar el año 2015 con 9618 familias con este derecho. Después de un esfuerzo de gestión sin precedentes por parte de los empleados públicos del departamento de Políticas Sociales y una ley de crédito extraordinario aprobada por este Gobierno. En 2016 la PCI ya cuenta con 45 millones de euros. Algunos grupos siguen subrayando que es insuficiente. En cualquier caso, es mayor y permitirá llegar en torno a las 14 000 familias beneficiarias y es un presupuesto mayor, incluso sumando de los años 2013 y 2014, en cuanto a lo que tenían presupuestado.
En dependencia, el presupuesto en el año 2016 se ha pasado de 30 a 37 millones de euros, se ha incrementado el número de dictámenes hasta 35 511, y el total de personas con derecho a prestación ha superado ya el umbral de las 14 000 personas.
En 2016 se han creado 823 nuevas plazas sociosanitarias más que los últimos cuatro años anteriores.
Se ha comenzado a abonar sus legítimos derechos a esas familias que usted mencionaba, de dependientes fallecidos que debían de haberlo cobrado en vida pero que, por desgracia, ese pago ha llegado tarde, pero ha llegado.
La propia Federación Canaria de Municipios también está trabajando en ordenanzas para asegurar tarifas sociales en el suministro de agua a los hogares más necesitados. Una cuestión que también queremos poner en valor.
Se ha creado la figura del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, porque es una política prioritaria y transversal del actual Gobierno.
Se está elaborando, mediante un proceso participativo con todos los agentes implicados, un proyecto de ley de servicios sociales, acorde a las necesidades de Canarias.
En materia de vivienda, una asignatura no resuelta satisfactoriamente, tal y como se desprende de las conclusiones de las trigésimas jornadas de coordinación de los defensores del pueblo de España, dedicadas a la problemática de la vivienda pública en nuestro país.
El Gobierno de Canarias está, por ejemplo, trabajando en la firma de acuerdos con la Administración de Justicia, para poder actuar con mayor eficacia con la recién creada Oficina de intermediación hipotecaria y defensa del derecho a la vivienda, que ya están disponibles sus servicios para la ciudadanía canaria.
Desde el Grupo Socialista afirmamos que el Gobierno de Canarias ante estas situaciones está trabajando. Y, como diría mi compañera presidenta de grupo, que no ha podido asistir por problemas de enfermedad a este pleno, amenazamos con seguir haciéndolo.
En materia sanitaria, a pesar de los programas para abordar la lista de espera, es evidente que se necesita disponer de mayor presupuesto, si bien se aprecian avances significativos, como la elaboración, por ejemplo, del plan de urgencias.
Observamos con preocupación la reiteración de las múltiples quejas relativas a la incorrecta actuación por parte de las administraciones en materia de embargos a contribuyentes, así como la afirmación de existencia de dejadez municipal y por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural para detectar obras ilegales y la consiguiente prescripción de las infracciones urbanísticas.
En materia educativa, es evidente la necesidad de mejora en materia de conflictividad, infraestructuras educativas y atención a necesidades especiales y específicas o el acceso a becas a pesar de los esfuerzos presupuestarios realizados.
Señor Saavedra, no hay tiempo material para poder profundizar en las cuestiones que he mencionado, y otras tantas que me hubiese gustado, como es el caso de la violencia de género, el funcionamiento de la justicia, la situación de los menores, el medioambiente o la lamentable existencia de administraciones declaradas obstruccionistas por falta de colaboración. Es prácticamente imposible.
Pero no quiero acabar mi tiempo sin darle las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Gracias por el rigor con el que ha trabajado estos años, por el esfuerzo realizado, por la independencia demostrada en sus actuaciones, por recordar en ocasiones el significado de la libertad de expresión, por su transparencia. Pero, sobre todo, gracias por la entrega a esta importante institución del Diputado del Común, de su pasión, su histórica y demostrada pasión, por las libertades y la defensa de los derechos de la ciudadanía. En definitiva, gracias a usted y a todo su equipo.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.
Saludamos y damos la bienvenida en nombre del Grupo Nacionalista Canario al señor diputado del Común de Canarias, don Jerónimo Saavedra, y al equipo que le acompaña en esta su primera comparecencia de la legislatura para dar cuenta ante la Cámara del informe correspondiente al año 2015, un año de transición entre la VIII y la IX legislatura.
Casi 20 000 personas fueron atendidas -en el sentido más amplio del término- por los servicios de la institución, porque en esa cifra el informe engloba no solo las quejas formuladas en sentido estricto sino también la atención personalizada, la asistencia, la información y la orientación al ciudadano que por los distintos medios el diputado del Común presta a la ciudadanía. Porque la institución ha sabido adaptarse a la realidad de las nuevas tecnologías y ofrece una atención multicanal no solo presencial, también telefónica y telemática, donde se confirma, en esta telemática, un incremento de las quejas, aun cuando gran parte de quienes se acercan a la institución siguen prefiriendo mayoritariamente la tramitación presencial.
Esta labor de orientación, de información y de atención y asistencia, al margen de la mera tramitación de las quejas, arroja resultados positivos, porque de las casi 20 000 personas atendidas por estas distintas vías se traducen en quejas tan solo algo menos de 2000, concretamente 1819.
El informe constata un año más la tendencia al incremento de las quejas formuladas por la ciudadanía. Compartimos el criterio de que este incremento se debe a un mayor conocimiento de la institución por parte de la ciudadanía y a que los ciudadanos son cada día más conscientes y conocedores de los derechos que les asisten, y más exigentes sobre el cumplimiento de las obligaciones y de los deberes de la Administración pública.
Es importante que los ciudadanos conozcan la función del Diputado del Común como garante y defensa de los derechos y de las libertades constitucionales. La supervisión de las administraciones públicas, la protección de los derechos de los sectores de población más desprotegidos y la difusión de los derechos de los ciudadanos.
Desde nuestro Grupo Nacionalista Canario queremos contribuir a un mejor conocimiento de la institución y le brindamos nuestro apoyo en esta tarea.
Constatamos con enorme preocupación algunas de las conclusiones del informe. No obstante, más que reiterarnos en la enumeración de los datos y el análisis de las cifras queremos incidir en la causa de algunos problemas, y, sobre todo, en cómo encontrar las soluciones para afrontar esos problemas.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha contribuido a la confusión y al retraso de algunos servicios públicos en el ámbito municipal, por su injerencia en las competencias municipales y la vulneración de los principios constitucionales de autonomía municipal y máxima proximidad al ciudadano. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional ha admitido, ha estimado parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura y ha declarado la inconstitucionalidad y declarado nulos algunos de sus preceptos.
Estamos convencidos, y usted también lo pone de manifiesto en su informe, que el nuevo marco normativo que representa la ley de municipios de Canarias y la ley de cabildos insulares dará un nuevo impulso, fundamentalmente en materia de servicios sociales, por la importancia del principio de máxima proximidad al ciudadano en áreas tan sensibles, donde los ayuntamientos y los servicios municipales son los que mejor conocen la realidad por su cercanía a los problemas de las personas.
Esperamos con interés las conclusiones del estudio que el Gobierno inició a finales del pasado año para la detección de duplicidades y clarificación de las competencias entre los tres niveles de la administración, porque compartimos su reflexión sobre la importancia de la clarificación competencial en orden a la mejor eficacia de las políticas públicas, especialmente las políticas sociales.
Sin duda, este nuevo marco normativo, destinado a la mayor eficacia de las políticas sociales, ha de ser completado con una nueva ley de servicios sociales, que ha de clarificar las competencias, para dar una respuesta estructural, estableciendo un nuevo marco competencial en Canarias donde prime la cercanía al ciudadano como principio fundamental, y donde se establezca y defina un verdadero catálogo de servicios sociales.
Pone también de manifiesto en su informe los inconvenientes de la excesiva burocracia y la lentitud de los procedimientos. Nos tranquiliza saber que el Gobierno trabaja en una estrategia para la simplificación administrativa, en la que ha de priorizar, indudablemente, la simplificación de las políticas sociales, pero también todas las políticas de los sectores estratégicos destinados al impulso de la economía para generación de empleo, porque coincidirá con nosotros en que no hay mejor política social que poner todos los medios al servicio de la generación de empleo. Además, es esencial una financiación justa.
El pasado año, el Gobierno -ya se ha dicho aquí- aprobó una ley de crédito extraordinario para atender políticas sociales, y en el presente ejercicio el esfuerzo de todo el Gobierno y de la Consejería de Hacienda ha permitido incrementar la dotación presupuestaria para la prestación canaria de inserción y los recursos para la dependencia. La financiación se ha visto mermada por la crisis económica y por las exigencias del cumplimiento de los compromisos de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que el Gobierno de España sigue sin flexibilizar por ser Canarias una de las pocas comunidades que ha cumplido con esos objetivos.
El déficit de la financiación de la comunidad autónoma nos aleja de la media de la financiación del conjunto de las comunidades autónomas, a lo que se unen los incumplimientos en materia del REF, en los convenios con el Estado o en planes como el plan de empleo de Canarias. Todo esto, indudablemente, ha contribuido y está contribuyendo a que los servicios se vean afectados y carezcan de los recursos humanos y materiales necesarios en todos los niveles de la administración. Por eso es prioritario contar con un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta estas especificidades canarias y, sobre todo, algo que queremos recalcar: la separación entre el sistema de financiación autonómico y nuestro REF canario son asuntos distintos y así deben ser tratados.
Tenemos por delante la tarea en esta Cámara de consensuar un documento con una posición unánime para un sistema más justo, más solidario y más equitativo, que nos permita atender mejor los servicios públicos esenciales.
Queremos destacar y reconocer el compromiso del Diputado del Común con la igualdad y en defensa de la mujer frente al gran problema social que constituye el drama de la violencia de género. Compartimos con usted la necesidad de actualizar el protocolo interinstitucional para la atención a las víctimas de la violencia de género. Nuestro grupo parlamentario impulsó a principios de esta legislatura una proposición no de ley aprobada por unanimidad para la actualización del protocolo e incorporar a los menores, a los hijos y a la familia extensa, como víctimas de la violencia de género. Valoramos positivamente que usted contribuya a la mejora de ese protocolo. Trabajemos entre todos para solucionar los problemas que refleja en su informe anual. Tomemos estos casos como una foto de la realidad, una realidad que es amplia y compleja donde no queremos generalizar porque, salvo excepciones, estamos convencidos de que funcionarios públicos y personal al servicio de la administración hacen su trabajo lo mejor que pueden con las herramientas y los recursos de los que disponen, y ponen la mejor voluntad para solucionar los problemas.
Reiteramos la disposición de nuestro grupo parlamentario para colaborar con la institución del Diputado del Común en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos de Canarias y nuestra disposición para contribuir en la búsqueda de las soluciones para mejorar todas las administraciones públicas de Canarias y nuestra contribución en la búsqueda de soluciones a los problemas de las personas, especialmente las más desfavorecidas, las más débiles de la sociedad.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Beato.
Hemos concluido las intervenciones de todos los grupos y, por tanto, hemos finalizado este punto, el informe del Diputado del Común. Agradecemos al señor diputado del Común su explicación y su presencia con nosotros, muchas gracias.
9L/IDC-0001 Sobre Informe anual correspondiente al año 2015.

References: artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 resolución 
 artículo 502
 artículo 556
 resolución