Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A200-01.htm
Timestamp: 2017-11-21 04:26:15+00:00

Document:
A200-01
Auto 200/01
Referencia: expedientes T-374686 y T-375783
Acciones de tutela interpuestas por Stella Burgos de Rivera y Alfonso García Encinales contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., - en Liquidación Obligatoria -.
Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
Los demandantes Stella Burgos de Rivera y Alfonso García Encinales instauraron acciones cada uno acción de tutela en contra de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. - en Liquidación Obligatoria -, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social, ante la suspensión en el pago de sus mesadas pensiones y la no cancelación de los correspondientes aportes a salud, omisión en que ha incurrido la entidad accionada, desde el mes de septiembre de 1999.
En ambos expediente las acciones de tutela fueron conocidas por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, el cual en autos de fecha agosto 18 de 2000, en el expediente T-374686, y del 25 de agosto del mismo, en el expediente T-375783, invocando el Decreto 1382 de 2000, en particular lo señalado por el numeral segundo del artículo primero de dicho decreto, ordenó la remisión de la demanda de tutela a la Oficina Judicial para fueren repartidos a los Juzgados Municipales, para que avocaran el conocimiento de las mismas y se le diera el trámite legal.
Remitidos los expedientes a los juzgados Treinta y Ocho Civil Municipal (T-374686) y Segundo Civil Municipal (T-375783), ambos de Bogotá, procedieron a negar las acciones de tutela puestas bajo su conocimiento, argumentando para ello que los accionantes disponen de otros mecanismos judiciales de defensa. Igualmente señalan que en virtud del proceso de liquidación obligatoria en que se encuentra inmersa la entidad accionada, los lineamientos establecidos por la ley 222 de 1985, que regula el proceso de liquidación de las empresas, hace imposible e inane impartir una orden de tutela en la cual se orden el pago de las acreencias reclamadas por los actores.
Esta Sala de Revisión, reiterando lo ya manifestado por Corporación en situaciones similares a las que son objeto de análisis[1] en lo relacionado con la inaplicabilidad del Decreto 1382 de 2000, ha dicho lo siguiente:
“6. Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela..."
“Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)" (Auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra).
Posteriormente, el Presidente de la República mediante Decreto 404[2] de 14 de marzo de 2001, procedió a suspender “por un año la vigencia del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000,’Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela’, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo.”
En los expedientes de la referencia, los demandantes Stella Burgos de Rivera y Alfonso García Encinales interpusieron las acciones de tutela ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá. Sin embargo, dicho juzgado con base en el Decreto 1382 de 2000, se abstuvo de darles el trámite correspondiente, y procedió en cambio a remitirlos a la Oficina Judicial de Bogotá, para que fueran nuevamente repartidos a los Juzgados Municipales.
Como quiera que este Decreto resulta contrario a la Constitución, la Corte encuentra que en los presentes casos ha debido inaplicarse, y que no podía servir de fundamento para la competencia del juez que profirió la decisión de instancia.
Por lo tanto, se declarará la nulidad de lo actuado a partir de los autos de fecha agosto 18 de 2000, en el expediente T-374686, y del 25 de agosto del mismo, en el expediente T-375783, proferidos por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, y, se ordenará dar a estas acciones de tutela el trámite correspondiente.
Primero: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en las acciones de tutela interpuestas por Stella Burgos de Rivera y Alfonso García Encinales contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., - en Liquidación Obligatoria -, a partir de los autos de fecha agosto 18 de 2000, en el expediente T-374686, y 25 de agosto del mismo, en el expediente T-375783, proferidos por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá,
Segundo: REMITANSE los expedientes por Secretaría al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, para que de manera inmediata les imprima a estas acciones de tutela el trámite que corresponda conforme a la ley.

References: artículo 1
 artículo 189
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86