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Timestamp: 2019-09-20 21:02:18+00:00

Document:
diariolaley - Documento Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Social, Sentencia de 6 Feb. 2019, Rec. 2273/2018
S TSJCL 6/2/2019
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Social, Sentencia de 6 Feb. 2019, Rec. 2273/2018
Nº de Recurso: 2273/2018
LA LEY 25500/2019
ECLI: ES:TSJCL:2019:827
ACOSO LABORAL. Traslado de la trabajadora desde oficina a nave de producción realizando las mismas funciones. Las condiciones laborales son mucho más gravosas por inclemencias del tiempo, ruidos, etc. Vulneración del derecho a la integridad moral. El cambio no está justificado porque la relación directa con el almacén es solo de un 10% de la jornada. Sin embargo, no se estima el mobbing porque es un acto aislado y no reiterado. No hay prueba de que se trate de una represalia por la enfermedad padecida. Tampoco se entiende vulnerado el derecho a la propia imagen de la empleada porque tenga que llevar casco, botas y guantes igual que el resto de los compañeros del almacén.
El TSJ Castilla y León estima en parte el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de León y declara vulnerado el derecho al honor de la trabajador, por su traslado de centro de trabajo, y suprime del fallo la vulneración del derecho a la propia imagen.
SENTENCIA: 00231/2019
NIG: 24089 44 4 2018 0000175
RSU RECURSO SUPLICACION 0002273 /2018 E.A
Procedimiento origen: DFU DERECHOS FUNDAMENTALES 0000066 /2018
RECURRENTE/S D/ña VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL, Julia
ABOGADO/A: MANUEL RODRIGUEZ ANTON, JESUS MIGUELEZ LOPEZ
RECURRIDO/S D/ña: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL, Julia , MINISTERIO FISCAL, (DIRECTOR DE FABRICA) Samuel , (MANAGER DE LOGISTICA) Adriana
ABOGADO/A: MANUEL RODRIGUEZ ANTON, JESUS MIGUELEZ LOPEZ , , MANUEL RODRIGUEZ ANTON , MANUEL RODRIGUEZ ANTON
Ilmos. Sres. Recurso nº: 2273/2018
D. Rafael Antonio López Parada/ En Valladolid a seis de febrero de dos mil diecinueve.
En el Recurso de Suplicación núm. 2273 de 2.018, interpuesto por Dª. Julia y VESTAS MANUFACTURING SPAIN, S.L. contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de León en el Procedimiento Derechos Fundamentales nº 66/2018, de fecha 26 de Junio de 2018, en demanda promovida por Dª. Julia contra VESTAS MANUFACTURING SPAIN, S.L., Samuel y Adriana , habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL, sobre DERECHOS FUNDAMENTALES, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio Álvarez Anllo.
PRIMERO.- Con fecha 8 de Enero de 2018, se presentó en el Juzgado de lo Social de León Número 1, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.
SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes: "PRIMERO.- La demandante, Julia , viene trabajando para la empresa Vestas Manufacturing Spain, S.L., con la categoria profesional de oficial administrativo de 1ª, en el centro de trabajo de Villagandos del Páramo (León), con antigüedad reconocida de 1 de agosto de 2008, y sujeción al Convenio Colectivo aplicable a dicho sector y ámbito territorial, con derecho a un salario mensual de 2.210,65 euros brutos. SEGUNDO.- En su demanda ( hechos segundo al noveno) , la trabajadora describe los hechos que, a su criterio, constituyen la base de su pretensión, que damos por reproducidos y a los que nos remitimos TERCERO.- Tras la práctica de la prueba en el acto del juicio oral, ha quedado probado lo siguiente: a) Hasta el 25 de septiembre de 2017, la actora tenia ubicado su puesto de trabajo físico en las Oficinas generales de la factoría, desempeñando el 90% del tiempo de trabajo en dichas oficinas, y el restante 10% en la fábrica, a similitud de lo que sucede con la mayoría de los trabajadores destinados en Oficinas (Logística, RRHH, Ingeniería, etc..); b) El 25 de septiembre de 2017, la trabajadora recibe orden verbal de la manager de Logística ( Adriana ), para trasladar su lugar físico de trabajo desde dichas oficinas a la propia factoría-nave, advirtiéndola que en lo sucesivo ha de realizar el trabajo en dicho lugar; c) en el nuevo lugar de trabajo, por exigencias de la normativa de prevención de riesgos laborales, la actora tiene que utilizar los EPis de dicha ubicación: casco, protección auriculares, botas, guantes, etc...; protecciones que no utilizaba en el anterior lugar físico del puesto de trabajo; d) la factoría-nave, donde ahora se encuentra ubicado el puesto de trabajo de la actora, es un lugar con ambiente típico de producción/fabricación, de grandes dimensiones, abriéndose y cerrándose constantemente las puertas, generándose gran cantidad de corrientes de aire, con ruido constante, tránsito de enormes grúas, etc...; e) el lugar de trabajo que ocupaba en la oficina general está desocupado, no habiendo sido ocupado por nadie desde que la actora tuvo que cambiar de ubicación física; f) la trabajadora ha pedido explicaciones a la empresa sobre el cambio de ubicación de su puesto de trabajo, y le han contestado que obedece a que al ser "coordinadora de inventario" de almacén, sus principales interacciones laborales tienen lugar con Instructores de Proceso de Almacén y con Reponedores, que están habitualmente en el Almacén; g) con anterioridad al cambio descrito, la actora realizaba el mismo trabajo e interactuaba con los mismos compañeros, y lo realizaba desde las Oficinas generales; h) la trabajadora fue diagnosticada de cáncer de mama el 28 de abril de 2016 y tras una situación de incapacidad temporal, con diversos tratamientos, que duro 5 meses, se reincorporó al trabajo; situación de la que era conocedora la empresa; i) el 26 de diciembre de 2017, acudió a Urgencias en el Hospital de León, por cervicalgia, dolor torácico, náuseas y otras dolencias; y, j) con fecha 24 de mayo de 2018, el SPS emitió baja de la trabajadora por contingencias comunes, con diagnostico de "estrés laboral", situación de incapacidad temporal en que se encuentra actualmente la actora, que ha presentado ante el INSS petición de determinación de contingencia, por considerar la misma ha de ser profesional. CUARTO.- La demandante no ha intentado la conciliación previa, amparándose en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) , que exceptúa de conciliación previa, como método de evitación del proceso, entre otros, los relativos a procesos como el presente."
TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por Julia y VESTAS MANUFACTURING SPAIN, S.L. fue impugnado por el MINISTERIO FISCAL. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.
PRIMERO. Estimada parcialmente demanda en reclamación de tutela de derechos fundamentales se articulan sendos recursos el primero a nombre de la empresa demandada y el segundo a nombre de la actora.
Por razones de pura lógica procesal analizaremos en primer lugar los motivos de nulidad de la sentencia alegados para luego analizar todas las revisiones fácticas instadas tanto en recursos como en impugnaciones para finalmente analizar las denuncias jurídicas efectuadas.
SEGUNDO. Por la empresa VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL se articula un primer motivo de nulidad de la sentencia denunciando infracción de lo dispuesto en el artículo 97.2 (LA LEY 19110/2011) , 80.1.c ) y 179.3 de la ley reguladora de la jurisdicción social , en relación con el artículo 242 de la ley orgánica del poder judicial (LA LEY 1694/1985) , y los artículos 218 de la ley de enjuiciamiento civil (LA LEY 58/2000) y 9.3 y 24.1 de la constitución española , al haber incurrido la sentencia de instancia en una incongruencia interna, ultra petita y extra petita al haber declarado la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral y a la propia imagen de la parte actora.
Se basa el motivo en que la parte recurrente entiende que la sentencia es incongruente pues en demanda según entiende lo que se denunciaba era una situación de acoso y no se efectuaba denuncias relativas a otras concretas vulneraciones de derechos fundamentales.
Discrepa esta sala de la interpretación subjetiva que realiza la parte recurrente pues ya en el encabezamiento de la demanda se dice demanda sobre tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (derecho a la integridad física y moral y honor/propia imagen y acoso laboral). En el hecho cuarto se ratifica al alegar que tales hechos vulneran los derechos fundamentales antes trascritos. De nuevo ello se reproduce en el fundamento de derecho tercero de la misma y por fin en el suplico se reproducen dichos derechos lo que avala la sentencia del juez a quo que desestimando la situación de acoso si estima la concreta vulneración de derechos fundamentales. Se alega que el juzgador deja imprejuzgadas dos alegaciones de la demanda; de ser ello así la legitimación para dicha alegación sería de la parte demandante no de la parte demandada, luego esta afirmación no merece más examen. El motivo debe rechazarse.
TERCERO. Se insta un segundo motivo de nulidad de la sentencia con denuncia de infracción de lo contenido en el artículo 97.2 de la ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) , en relación con el artículo 238 de la ley orgánica del poder judicial (LA LEY 1694/1985) , y los artículos 218 de la ley de enjuiciamiento civil (LA LEY 58/2000) y 9.3 y 24.1 de la constitución española , al contener la sentencia de instancia una redacción de hechos insuficiente contraria al principio de motivación de las sentencias.
Resumidamente se alega la falta de fundamentación de la sentencia, entendiendo la parte recurrente que a tenor del concepto doctrinal existente en nuestro país sobre el derecho a la integridad moral y a la propia imagen no se ha justificado su vulneración. Es evidente que el juez a quo entiende que el derecho a la integridad moral y a la propia imagen se ven afectados como consecuencia de trasladar a un trabajador con funciones administrativas a realizar sus cometidos en nave con lo que ello conlleva de laborar en dichas instalaciones. Se podrá cuestionar si el derecho ha sido vulnerado o no pero la sentencia da una respuesta fundada y argumentada en derecho a juicio de esta sala suficiente sin perjuicio de la revisión que puede hacerse en clave de recurso.
CUARTO. Se articula un tercer motivo de nulidad de la sentencia por infracción de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) , en relación con el artículo 238 de la ley orgánica del poder judicial (LA LEY 1694/1985) , y los artículos 218 de la ley de enjuiciamiento civil (LA LEY 58/2000) y 9.3 y 24.1 de la constitución española , al contener la sentencia de instancia una redacción de hechos insuficiente contraria al principio de motivación de las sentencias.
Se centra este motivo en los hechos probados y alega la empresa que amén de no argumentarse la valoración de la prueba la sentencia carece de hechos alegados y sobre los que no hay pronunciamiento. Ciertamente en el proceso laboral la argumentación sobre la valoración de la prueba dadas sus características y que el recurso que cabe es un recurso extraordinario, alcanza un carácter especialmente relevante. La sentencia de instancia se construye sobre una base clara, hay una actuación objetiva consistente en el traslado de la actora a realizar sus funciones a la nave de producción cuando sus cometidos siguen siendo los mismos que realizaba antes en oficinas; las condiciones en que han de realizarse en consecuencia los cometidos son mucho más gravosas dadas las condiciones de uno y otro sitio y los argumentos dados por la empresa para el cambio carecen de consistencia al no evidenciarse motivo por el que la actora no podía seguir realizando sus cometidos donde los hacía. El juez no niega que la empresa haya seguido protocolos, que se haya formado una comisión para analizar el acoso o que haya habido una denuncia a la inspección de trabajo, que se aleguen motivos para el cambio o cualquier otra circunstancia sino que valorando las circunstancias entiende que no hay justificación suficiente. Hay pues hechos probados suficientes y la parte en todo caso conserva su capacidad para integrar en hechos probados aquellos elementos que pueda considerar definitivos. Aunque hipotéticamente asumiéramos una falta de fundamentación e incluso de hechos probados lo mismo no sería suficiente para la nulidad pues los hechos probados que pueden faltar no son trascendentes y en parte son asumidos por ambas partes y el artículo 202 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) tratándose de defectos de fundamentación obliga a la sala a resolver lo procedente en derecho sin anular la sentencia.
QUINTO. Debemos analizar a continuación las revisiones fácticas instadas por la empresa tanto en su recurso como en su escrito de impugnación.
Se quiere por la misma añadir un hecho probado nuevo del siguiente tenor "Las funciones que la actora realiza como coordinadora de inventarios son entre otras, las siguientes:
- Realizar la coordinación y seguimiento diario de las actividades del inventario cíclico junto con los instructores de proceso de almacén para cumplir con los requerimientos de inventarios siguiendo el programa ABC.
- Crear listas de conteo, distribuirlas al personal de almacén y registrar esas cantidades contadas.
- Analizar las desviaciones de inventario y encontrar la causa raíz, proponiendo soluciones a corto y largo plazo junto con supervisores e instructores de proceso de almacén, y registrarlo en el sistema todas esas desviaciones de stock.
- Así como reportar diariamente el estatus de las KPIS de inventario en la reunión de coordinación del departamento de Logística.
Y las mismas se desarrollan a través del contacto diario y constante con los PI (Instructores de Proceso), Supervisores y en algún caso con los reponedores, todos ellos puestos de trabajo que se realizan en el almacén, toda vez que el inventario se efectúa en el almacén de forma diaria".
La revisión no añade nada especialmente trascendente pues ya el juez a quo en los hechos probados que plasma viene a reconocer que la actora desempeñaba funciones de coordinadora de inventario y que interactuaba esencialmente con reponedores e instructores. Desde el punto de vista formal el documento es un documento apócrifo y que por otra parte a lo sumo alcanzaría el carácter de prueba testifical documentada a lo que se suma un email de lo que en absoluto puede deducirse la necesidad de que un trabajo administrativo haya de realizarse en almacén cuando consta probado que el trabajo de la actora se venía desarrollando el 90% en oficina y sólo el 10% en fábrica. La revisión debe rechazarse.
Se quiere a continuación añadir un nuevo hecho del siguiente tenor: "En las evaluaciones de desempeño del año 2015, 2016 y 2017 (conocidas en la empresa a nivel interno como PDD) realizadas a la actora por su superiora, como manager de logística, y codemandada Adriana se hace constar la necesidad de que la actora tenga una mayor presencia física y visibilidad en el almacén a la hora de prestar sus servicios.
Concretamente en la PDD de 12 de mayo de 2015 en el apartado 6 se señala, entre los aspectos o comportamientos a mejorar de la actora, la relación e implicación con el almacén, así como pasar tiempo en el almacén con el superior, e igualmente se recoge en el apartado de futuras aspiraciones el deseo de la demandante de acceder a una posición de administración intermedia en el almacén como supervisor o jefe de equipo.
Asimismo en la PDD de 27 de octubre de 2016 se recoge en el apartado 2, sobre los comportamientos a mejorar pretendidos en la anterior PDD, se califica con un 3 la relación e implicación con el almacén y pasar tiempo en el mismo con el supervisor siendo ésta la nota más baja de la demandante.
Por último, en la PDD de 25 de agosto de 2017, se señala en el apartado 6, entre los aspectos o comportamientos a mejorar, el incremento de la visibilidad de la actora en el almacén".
Admitiendo la realidad de dichos documentos a efectos dialécticos se trata de unos documentos tan generales y valorativos sin criterio objetivo alguno que su plasmación a los hechos probados impide alcanzar conclusión definitiva alguna más que la mera existencia de dichos documentos y darlos por reproducidos.
La siguiente revisión quiere añadir un nuevo hecho se quiere añadir un hecho del siguiente tenor: "A partir del año 2014 en la fábrica de Vestas de León se produjo un cambio en los planes de producción al incrementarse de una a tres líneas la misma". El hecho parece ser cierto y de hecho no se niega tajantemente en el escrito de impugnación, pero no hay enlace alguno que acredite en que medida ello puede influir en el trabajo de la actora más que el mero argumento del recurso, por lo que aún siendo cierto la revisión debe rechazarse por irrelevante.
Se quiere añadir un nuevo hecho del siguiente tenor: "El 25 de septiembre de 2017 se produjo una parada de producción en la fábrica de Vestas de León por existir un desajuste entre el sistema y el inventario físico".
De los documentos invocados no puede deducirse sin especulaciones lo pretendido pues dichos correos a lo sumo acreditan la concurrencia de un problema de producción pero sin poder conocerse su alcance. La revisión debe rechazarse.
Se quiere añadir un nuevo hecho del siguiente tenor: "Ante las reclamaciones efectuadas por la trabajadora la empresa en atención al protocolo interno en materia de acoso formó una Comisión de Investigación de Acoso Laboral.
En las conclusiones de 11 de diciembre de 2017 en la que se determinó la inexistencia de acoso laboral, se recomendó la evaluación del nuevo puesto de trabajo de la actora en la zona del almacén, se le requirió a la misma para que acreditara documentalmente cualquier característica físico-psíquica que la convirtiera en una trabajadora especialmente sensible al entorno de trabajo actual, sin que la trabajadora haya procedido a aportar".
El hecho es cierto y lo procedente en su caso es dar por reproducido el expediente.
La siguiente revisión fáctica quiera añadir un nuevo hecho del siguiente tenor: "En fecha 5 de diciembre de 2017 la actora formuló denuncia ante la Inspección Provincial de trabajo y Seguridad Social de León, cuyo resultado por parte de la funcionario actuante fue no seguir más actuaciones en relación con la materia de acoso.
Asimismo, derivado de dicha denuncia se siguieron actuaciones por parte del Técnico de Prevención de riesgos de la Inspección de Trabajo requiriendo únicamente a Vestas la instalación de vallas para separar las vías, así como el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe realizado por el servicio de prevención ajeno de riesgos laborales de HM San Francisco de enero de 2018 y que constan cumplidas". La existencia de la denuncia y sus conclusiones, aunque no se compartan no se cuestionan en el escrito de impugnación y véase que lo pretendido es constatar la denuncia y lo que concluyó la misma no que su contenido se tenga por cierto e inamovible. Se admite pues en los términos expuestos la revisión.
En el escrito de impugnación de Vestas con amparo en el artículo 197 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) se instan nuevas revisiones fácticas consistentes, al margen de la repetición de algunas ya analizadas en añadir un nuevo hecho en el que se recoja: "Según reconocimiento médico de 6 de abril de 2017, de fecha posterior al reingreso por su enfermedad cancerígena, la trabajadora fue declarada apta para el desempeño de su puesto de trabajo.
Igualmente consta, por informe clínico del servicio de oncología del Complejo Asistencial Universitario de León de 22 de noviembre de 2017, que la trabajadora se encuentra asintomática y libre de enfermedad cancerígena". Los documentos que se alegan justifican la revisión por lo que la misma debe prosperar.
SEXTO.- Se denuncia a continuación por la empresa recurrente infracción, con amparo en el artículo 193.c) de la ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) , de lo dispuesto en los artículos 5 y 20 del estatuto de los trabajadores en relación con los artículos 15 (LA LEY 2500/1978) y 18 de la constitución española (LA LEY 2500/1978) en la forma prevista en los preceptos 177 y siguientes de la ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) .
Se alega que no se han vulnerado derechos fundamentales sino que la medida de cambio entraba dentro del ius variandi empresarial.
La actora ve alteradas sus condiciones de trabajo siendo trasladada de las oficinas donde realizaba las tareas mayoritariamente administrativas a la nave donde realizaba unas tareas que no le suponían más del 10% de la jornada. Esa distribución de tareas era similar a la de la mayoría de los trabajadores destinados en oficinas. Con la sola manifestación de que debe realizar más su trabajo en la nave de fabricación, en contacto con los instructores de proceso y reponedores se cambia la ubicación de su puesto de trabajo a la fábrica. En este lugar ha de realizar unas tareas esencialmente administrativas en unas condiciones como son las de la nave, de inclemencias del tiempo y de ruidos y dificultades para las labores administrativas.
Por motivo desconocido, ya que a priori no hay prueba de que se trate de una represalia por la enfermedad padecida, pues el tiempo transcurrido y el resto de las circunstancias acreditadas no prueba nada al respecto se produce el cambio expuesto. Desde luego la medida no puede considerarse como justificada por la mera argumentación, que no prueba, de que la actora desempeña su trabajo esencialmente con operarios de la nave, como tampoco queda justificada porque se le hubiese dicho que tenía que laborar más en contacto con la nave. No se ha practicado prueba que acredite que una labor esencialmente administrativa deba desempañarse por su contenido en unas circunstancias claramente negativas para funciones de ese tipo. Al respecto únicamente hay manifestaciones de la recurrente, no pruebas y los hechos probados lo que acreditan es que sólo el 10 % de la jornada implica la relación directa con los almacenes. Así las cosas no existe justificación alguna al cambio.
Sentado lo anterior ha de analizase si se conculcan derechos fundamentales cuales son el derecho a la integridad moral y a la propia imagen.
En cuanto a la integridad moral, esta sala entiende que efectivamente se produce una quiebra de dicho derecho. El juez a quo a la hora de analizar el acoso laboral o mobbing hace un amplio examen el mismo y concluye que no se produce esta figura porque hay un solo acto y no una situación de hostigamiento grave y reiterado, así como que por la duración de la medida no queda justificada la situación de acoso. Ello justifica la ausencia de mobbing, pero es evidente que concurre una medida que atenta a la integridad moral del trabajador, pues sin causa justificada se ve solamente la actora expulsada de su círculo de trabajo y llevada a laborar en unas condiciones objetivamente mucho más duras, sin justificación alguna, por lo que dicho acoso existe y la vulneración del derecho expuesto se ha producido.
En cuanto al derecho a la propia imagen recogida en el artículo 18.1 de la CE (LA LEY 2500/1978) , esta sala entiende que por el mero hecho de tener que llevar unos EPIS, como llevan otros muchos trabajadores y laborar en la nave no se vulnera dicho derecho. La vulneración es del derecho a la integridad moral que asume la situación física o de apariencia que no es sino una mera consecuencia de la vulneración antes señalada. Se estima el recurso en consecuencia en tanto no se entiende vulnerado el derecho a la propia imagen.
SÉPTIMO.- Se recurre por la actora denunciando en su primer motivo de recurso infracción de los artículos 15 (LA LEY 2500/1978) y 10 de la CE y disposiciones relacionadas. Se argumenta que el derecho a la integridad física se vio afectado como consecuencia del ambiente en que tuvo que realizar su trabajo, cuando había sido intervenida de un cáncer de mama e incluso tuvo que acudir a urgencias. Como esta sala ya ha tenido ocasión de manifestar en el motivo anterior respecto de la propia imagen hay que distinguir la vulneración de un derecho fundamental de las propias consecuencias que tiene dicha vulneración. La actora ha visto vulnerado su derecho a la integridad moral, pero no hay ningún ataque directo o frontal a la integridad física pues ni su intervención quirúrgica y la dolencia de base se ve afectada, no hay hecho probado alguno que lo acredite y el hecho de acudir a urgencias no es por un ataque a su integridad física sino a lo sumo es la consecuencia de verse atacado su derecho a la integridad moral. El motivo debe desestimarse.
OCTAVO.- Se denuncia a continuación con amparo en el artículo 193.c) de la ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) infracción de lo dispuesto en el artículo 1101 del código civil (LA LEY 1/1889) , en relación con los artículos 183.1 (LA LEY 19110/2011) y 2 25 de la ley reguladora de la jurisdicción social y la jurisprudencia que lo desarrolla.
Se alega que únicamente se reclama compensación por daños morales y que la parte reclamante al menos debió acreditar una base o indicio racional de lo que reclama.
Discrepa esta sala de la interpretación que realiza la parte recurrente pues el artículo 183 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) establece un vínculo de unión entre la vulneración del derecho fundamental y la indemnización, lo que supone dar validez a la presunción de daño moral existente por la mera vulneración de un derecho fundamental.
Este motivo hay que ponerle en relación con el segundo del recurso de la actora en el que con denuncia de infracción de los artículos 179.3 (LA LEY 19110/2011) y 183.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) en relación con el 8.11 y 12 y 40.1.c del RDL 5/2000 y la jurisprudencia se cuestiona el importe de la indemnización.
Analizando conjuntamente ambos motivos la jurisprudencia del TS la concretamos en la sentencia de fecha 5 de octubre de 2017 (RCUD 2497/2015 (LA LEY 158915/2017) ) que ya en otros asuntos ha sido referenciada pro esta sala de la siguiente manera: "Debemos, siguiendo la pauta de las sentencias reseñadas, fijar la cuantía de la indemnización en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados (arg. ex art. 183.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) ). Concretada en este caso la pretensión indemnizatoria de la parte demandante a la reparación del daño moral, al no haberse acreditado perjuicios materiales concretos, para cumplir con el deber de cuantificar el daño, puede determinarse prudencialmente cuando, como acontece como regla tratándose de daños morales, la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización, y debiendo ser la indemnización fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño (arg. ex arts. 179.3 (LA LEY 19110/2011) y 183.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) )... C) La LISOS como parámetro válido. Nuestra jurisprudencia admite como criterio orientativo a los fines de fijar dichas indemnizaciones por daños morales el acudimiento a los criterios de la LISOS. "Dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales..." ( SSTS 12/12/07 -rco 25/07 (LA LEY 329153/2007) -; y 18/07/12 -rco 126/11 (LA LEY 146990/2012) -). La utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas en el caso ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24/Julio (LA LEY 88100/2006) ), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS 15/02/12 -rco. 67011 -; y 08/07/14 - rco 282/13 (LA LEY 115370/2014) -)".
La sentencia de instancia fija el montante indemnizatorio en 7230 euros que se incrementarán si la situación se mantuviese tras la IT. Esta sala estima que el montante indemnizatorio debe mantenerse aunque se estime parcialmente el recurso empresarial sobre vulneración de un derecho fundamental. Efectivamente el resultante indemnizatorio entroncaría con el mínimo sancionatorio de la LISOS en su artículo 40 para infracciones muy graves y además valora el salario de la actora y previene la permanencia de la infracción al cuantificar la indemnización sino se restituye la situación luego dicha indemnización aparece acorde por lo que no procede su rebaja ni su incremento.
NOVENO.- Articula la demandante un tercer motivo de recurso en el que se denuncia infracción de los artículos 177.4 (LA LEY 19110/2011) , 182.1.b (LA LEY 19110/2011) y 183.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) . Se pretende con este motivo la inclusión en la condena de las personas físicas demandadas. Los artículos que se denuncia como infringidos, esencialmente el primero, es una norma procesal que habilita para reclamar a las personas físicas en el proceso de tutela pero es evidente que dicha norma no es el título sustantivo que da lugar a la responsabilidad respecto del cual no se menciona precepto alguno como infringido ni jurisprudencia al respecto, realizándose unas alegaciones que de por si no pueden dar lugar a un motivo de este tipo. El motivo debe desestimarse.
Debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por Dª. Julia contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de León en el Procedimiento Derechos Fundamentales nº 66/2018, de fecha 26 de Junio de 2018, en demanda promovida por Dª. Julia contra VESTAS MANUFACTURING SPAIN, S.L., Samuel y Adriana , habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL, sobre DERECHOS FUNDAMENTALES y, estimando en parte el de la empresa y con confirmación en lo sustancial de la sentencia de instancia la modificamos en el sólo sentido de eliminar del fallo la vulneración del derecho a la propia imagen, manteniéndose el resto de los pronunciamientos, pero sólo referidos a la vulneración del derecho a la integridad moral. Devuélvase el depósito constituido para recurrir y dese a las garantías el destino legal.
Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm 2031 0000 66 2273 18 abierta a nombre de la sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco de Santander, acreditando el ingreso.
Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) .

References: artículo 64
 artículo 97
 artículo 242
 artículo 97
 artículo 238
 artículo 97
 artículo 238
 artículo 202
 artículo 197
 artículo 193
 artículo 18
 artículo 193
 artículo 1101
 artículo 183
 artículo 40