Source: https://vlexvenezuela.com/vid/odalys-valle-rangel-acosta-593327614
Timestamp: 2019-08-17 15:40:12+00:00

Document:
Sentencia nº 831 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593327614
Número de Expediente: 15-0572
Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2015, la ciudadana EIRIMAR DEL VALLE MALAVÉ RANGEL, venezolana, menor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad n.° V-27.556.317, representada por su señora madre O.d.V.R.A., venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad n.° V-11.006.935, actuando en nombre propio, y en el de la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de educación media, interpuso ante esta Sala Constitucional, acción autónoma de a.c. con medida cautelar innominada “para la defensa de intereses colectivos y difusos de la población estudiantil venezolana orgullosamente graduada o por graduarse de bachiller, en contra de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y del resto de las Universidades Autónomas que han manifestado pública y notoriamente que pretenden contrariar los resultados del sistema establecido por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (…), acción que ejer[ce] de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…), en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…) y los artículos: 130 y 25 numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por la negativa pública y notoria de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela para que [la] inscriba en la misma como parte del desconocimiento a los resultados del sistema OPSU, que ha manifestado públicamente, por lo que se transgreden y amenazan continuar transgrediendo garantías constitucionales no solamente ¨[suyas], sino de la población venezolana estudiantil egresada o por egresar del nivel de educación media, que pretendan estudiar en la referida Universidad y otras universidades autónomas que han rechazado injustificadamente a los estudiantes que hemos ingresado por la OPSU, al obstaculizar el acceso a la Educación Universitaria y al libre desenvolvimiento de la personalidad…”.
I DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
…luego de haber cumplido con [su] deber durante largos años de estudio, en los que h[a] consolidado los conocimientos necesarios para desarrollar[se] como ciudadana de bien, con los valores necesarios para el amor y la defensa de la Patria/Matria (sic), h[a] culminado una etapa del proceso de enseñanza académica de forma intachable.
Al culminar [sus] estudios en es[a] etapa, aspir[a] continuar [su] proceso de formación para desarrollar nuevas capacidades que [le] permitan aportar cada día más a la Matria (sic) de S.B., atendiendo a su llamado a formar[se]; precisamente, parafraseando al Padre de la Patria en su Discurso de Angostura, la educación popular debe ser del cuidado prioritario del a.d.E., de allí la c.d.E.D., porque es indiscutible que la moral y las luces son elementos indispensables de una Matria (sic) en búsqueda constante de la justicia social.
Es un hecho público y notorio que las autoridades de las Universidades Autónomas pretenden no ingresar, a los estudiantes que obtuvieron su cupo mediante el sistema desarrollado por [la] OPSU. Han manifestado los rectores de las Universidades Autónomas, su disposición de devolver las listas de los cupos asignados por la OPSU, desconociendo así el acta 450 emanada del C.N.d.U., la cual en su aparte 13, establece que las asignaciones de los cupos se realizará ‘en un porcentaje MÍNIMO del 30% (…) desconociendo a su vez las Normas sobre el Perfeccionamiento del Sistema de Ingreso a la Educación Universitaria, publicadas (sic) en Gaceta Oficial número 40.660 de fecha 14 de mayo de 2015.
[que] la negativa de ingresar a la referida casa de estudios universitarios, así como de las otras con las mismas posiciones, impide que tanto [ella] como los compañeros que están en la misma situación, desarrolle[n] libremente [su] personalidad, colocándose impedimentos que van más allá de los derechos de los demás y del orden público y social. En efecto al conjugar este derecho con el derecho a la educación se denota que las trabas exceden también las derivadas de aptitudes, vocación y aspiraciones que [tienen], quienes pretende[n] a (sic) ingresar a la universidad y ya aproba[ron] el sistema establecido por [la] OPSU, con lo que claramente se están menoscabando derechos necesarios para forjar la Matria (sic) que soñó nuestro Libertador y que plasmamos como soberanos en nuestra Constitución…
PRIMERO: Sea admitida la tramitación del presente amparo y sustanciado con la URGENCIA del caso.
SEGUNDO: Que sea declarado procedente la pretensión de A.C. y en consecuencia:
Solicit[a] que de conformidad con [el] criterio sostenido en sentencia n.° 1.084 del 13 de julio de 2011, caso: J.R.G.G., y fundamentado en lo establecido en los artículos 130 de la LOTSJ, 3 de la LOA, así como en consonancia con el criterio dejado por la Sala Constitucional en sentencias n° 136 y n° 135 de fecha 12/03/2014, que, en uso de su poder cautelar, adopte providencia cautelar relativa a que NO se continúe con la lesión constitucional, y a tales fines se solicita:
2) Permita que una vez registrados como alumnos regulares, inicie[n] [sus] actividades sin ningún tipo [de] discriminación
Visto el escrito presentado ante esta Sala Constitucional, en el que se invoca una acción de a.c. conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, por conflicto de interpretación y aplicación de normas presuntamente suscitado, se observa que la ciudadana Eirimar Del Valle Malavé Rangel, representada por su señora madre O.D.V.R.A., alega actuar en nombre propio y en el de la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de educación media, en protección de derechos e intereses colectivos, por lo que no puede dejarse de advertir que la situación denunciada como lesiva presenta los rasgos característicos propios de las acciones en protección de un colectivo, toda vez que describe hechos del ámbito de educación, que afectarían la esfera de la referida población estudiantil y que va dirigido a la protección y defensa de sus derechos colectivos.
En tal sentido, se ordena citar a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, al igual que a los rectores de todas las universidades nacionales, en su carácter de presuntos agraviantes, así como, notificar de la presente decisión al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, al C.N.d.U. (CNU), y a su dependencia técnica auxiliar, Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), al Defensor del Pueblo y a la Fiscal General de la República, de la existencia de este proceso.
Al respecto, resulta preciso señalar que el artículo 26 de nuestra Carta Magna establece que ‘toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)’.
En materia de amparo, esta Sala desde sus inicios (Sentencia No. 742 del 19 de julio de 2000. Caso: R.D.G.), estableció que la falta de representación o asistencia por abogados, prevista en el artículo 4 de la Ley de Abogados, no puede convertirse en un impedimento a la garantía constitucional de acceso a la justicia que tiene toda persona, y menos para que ella pueda defender sus derechos y garantías constitucionales.
En este orden de ideas, esta Sala ha señalado en reiterada y pacífica jurisprudencia que la persona agraviada no necesita de asistencia o representación de abogado para ejercer la pretensión de amparo, sin embargo, para actuar en todos los demás actos del proceso, necesitará estar asistido o representado por un profesional del derecho
…Al respecto, la Sala observa que, como parte importante del derecho al debido proceso, el artículo 4 de la Ley de Abogados establece:
En relación a la protección de los derechos y garantías constitucionales que se ventilan por el procedimiento de a.c., la interpretación debe ser aún mas (sic) amplia, no solo porque el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente otorga el derecho al amparo a toda persona, sin limitaciones, sino por la misma naturaleza de este proceso.
(s. S.C. n.° 472 del 19 de julio de 2000, caso: R.D.G.).
En criterio de esta Sala, a similares conclusiones debe llegarse respecto del requerimiento contenido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido que la asistencia de abogado de requiere para ‘actuar’ ante esta M.I., pero no para la interposición de las demandas y solicitudes ante las Sala de este máximo tribunal, pues la falta de asesoría jurídica no hacen inadmisibles las solicitudes, pues en este sentido nada se expresa en el artículo 133 eiusdem; pero para las actuaciones posteriores, la Sala deberá notificar al órgano de asistencia jurídica en la materia que le corresponda o, en fin, disponer lo que fuere conducente.
Artículo 169-B
El Servicio Autónomo de la Defensa Pública deberá contar con defensores y defensoras especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde se constituya un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Artículo 170-B
En ejercicio de su representación, los defensores públicos y defensoras públicas especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes no pueden convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes
El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el m.d.C. II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, que está inscrito en el Título XI, bajo la denominación “Disposiciones Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión de los procesos jurisdiccionales tramitados en su sede.
…La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.
Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público
En aplicación de las anteriores premisas, considera la Sala, de una revisión preliminar y no definitiva del hecho público y notorio por varios medios de comunicación, prensa escrita y electrónica, también audiovisual, considerado como elemento probatorio, en el marco de la cautelar peticionada, así como de los alegatos que fueron formulados por la ciudadana Eirimar del Valle Malavé Rangel, representada por su señora madre O.d.V.R.A., quien se constituyó como parte accionante en esta causa, y de la ponderación de los derechos e intereses colectivos que se señalaron como afectados por la situación de hecho que fundamentó la presente solicitud, que hay elementos que hacen presumir la amenaza de los derechos fundamentales a la educación, tanto de la ciudadana Eirimar del Valle Malavé Rangel, así como del resto de la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de educación media, dentro de los cuales esta Sala tiene a bien y por hecho público, notorio y comunicacional, traer a colación las siguientes notas publicadas en la prensa digital:
- “Asociación Venezolana de Rectores Universitarios evalúa devolver lista de admitidos por la OPSU”, Información publicada en el portal web informativo www.notihoy.com, el 22 de mayo de 2015, la cual puede ser verificada en la siguiente dirección:
- “Belmonte: La UCV continúa con su proceso interno de asignación de cupos” Información publicada en el portal web informativo www.eluniversal.com, el 25 de mayo de 2015, la cual puede ser verificada en la siguiente dirección:
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150525/belmonte-la-ucv-continua-con-su-proceso-interno-de-asignacion-de-cupos
“http://www.laverdad.com/zulia/75589-luz-continuara-asignando-el-70-de-sus-cupos.html" 4.- “UCV emprenderá acciones legales por asignación de cupos” Información publicada en el portal web informativo www.lapatilla.com, el 27 de mayo de 2015, la cual puede ser verificada en la siguiente dirección:
“http://www.lapatilla.com/site/2015/05/27/ucv-emprendera-acciones-legales-por-asignacion-de-cupos/" 5.- “Averu rechaza injerencia del Gobierno en asignación de cupos universitarios” (La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios llamó a una reunión general de la comunidad universitaria el próximo 18 de junio, en el Aula Magna de la UCV, en ruta al Parlamento Universitario). Información publicada en el portal web informativo www.eluniversal.com, en fecha 22 de mayo de 2015, la cual puede ser verificada en la siguiente dirección:
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150522/averu-rechaza-injerencia-del-gobierno-en-asignacion-de-cupos-universit
En tal sentido, se advierte que la presente demanda está dirigida a la tutela del derecho a la educación de la demandante y de aquellos estudiantes egresados o por egresar del nivel de educación media, los cuales pueden ver amenazado su derecho a la educación, en la medida en que las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, y de las demás universidades nacionales, puedan incurrir en acciones u omisiones, que le impidan a estos bachilleres realizar el registro, ingreso e inicio de las actividades lectivas en las carreras correspondientes según el sistema desarrollado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), del C.N.d.U..
Por otra parte, la Sala observa que las pruebas internas que hasta la fecha han venido realizando las universidades autónomas y experimentales, e institutos universitarios de educación universitaria pública, contradicen el procedimiento que se aplica en el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior, implementado por el C.N.d.U. (CNU), por intermedio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), lo cual podría acarrear confusión entre los bachilleres que han solicitado su ingreso a estos centros públicos de educación superior, y, por ende, afectar sus derechos.
- Ordenar a la Universidad Central de Venezuela, y a todas las universidades nacionales, cumplir con los lineamientos emitidos por el C.N.d.U. (CNU), mediante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en desarrollo de las políticas del Estado, en apoyo al P.N.d.I. a través del Sistema Nacional de Ingreso, en las diferentes fases que lo comprenden, asignando las plazas que otorgan esas casas de estudios, sin que sus mecanismos de ingreso afecten las asignaciones de cupos por la referida Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), e incluyendo efectivamente a las y los estudiantes regulares, bachilleres y técnicos medios a la educación universitaria, haciendo especial énfasis en la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades sin discriminaciones sociales, religiosas, étnicas o físicas, atendiendo las resoluciones y recomendaciones tomadas por el C.N.d.U. (CNU), y otorgando los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), aun y cuando se hayan aplicado pruebas internas.
- Ordenar a la Universidad Central de Venezuela permita a la demandante de autos y a todos los estudiantes a quienes les haya sido asignado un cupo por intermedio del Sistema Nacional de Ingreso para cursar estudios en las diferentes carreras en dicha universidad, el registro y posterior inscripción oportuna de los mismos, de acuerdo a los criterios y lapsos establecidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), además de que éstos inicien sus actividades académicas una vez inscritos en el periodo lectivo que les corresponda de acuerdo a la referida asignación por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin discriminación ni distinción alguna con los demás estudiantes.
- Ordenar a todas las Universidades Nacionales que se encuentren ubicadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, permitan a todos los estudiantes a quienes les haya sido asignado un cupo por intermedio del Sistema Nacional de Ingreso para cursar estudios en las diferentes carreras en dichas universidades, el registro y posterior inscripción oportuna de los mismos, de acuerdo a los criterios y lapsos establecidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), además de que éstos inicien sus actividades académicas una vez inscritos en el periodo lectivo que les corresponda de acuerdo a la referida asignación por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin discriminación ni distinción alguna con los demás estudiantes.
Ordenar la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
Sentencia que ordena de manera cautelar a la Universidad Central de Venezuela y a todas las universidades nacionales, cumplir con los lineamientos emitidos por el C.N.d.U. (CNU), mediante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en desarrollo de las políticas del Estado, en apoyo al P.N.d.I. a través del Sistema Nacional de Ingreso, en las diferentes fases que lo comprenden, asignando las plazas que otorgan esas casas de estudios, e incluyendo efectivamente a las y los estudiantes regulares, bachilleres y técnicos medios a la educación universitaria, haciendo especial énfasis en la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades sin discriminaciones sociales, religiosas, étnicas o físicas, atendiendo las resoluciones y recomendaciones tomadas por el C.N.d.U. (CNU), y otorgando los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), aun y cuando se hayan aplicado pruebas internas
COMPETENTE para conocer de la demanda de protección de derechos e intereses colectivos, ejercida conjuntamente con amparo cautelar interpuesta por la Adolescente EIRIMAR DEL VALLE MALAVÉ RANGEL, representada por su señora madre O.d.V.R.A., actuando en nombre propio, y en el de la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de educación media, contra la posible negativa, injustificada, pública y notoria de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela de inscribirla ante esa casa de estudios, como parte del desconocimiento a los resultados del sistema establecido por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), así como también, la posible negativa, injustificada, pública y notoria de las autoridades de la referida Universidad y otras Universidades Autónomas Experimentales o Institutos Universitarios de Educación Superior Pública, de inscribir a la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de educación media que fueron seleccionados por el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior para estudiar en dichas casas de estudio.
ADMITE la demanda incoada.
PROCEDENTE la tutela cautelar solicitada, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso, y en consecuencia:
- SE ORDENA a la Universidad Central de Venezuela, y a todas las universidades nacionales que cumplan con los lineamientos emitidos por el C.N.d.U. (CNU), mediante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en desarrollo de las políticas del Estado, en apoyo al P.N.d.I. a través del Sistema Nacional de Ingreso, en las diferentes fases que lo comprenden, asignando las plazas que otorgan esas casas de estudios, sin que sus mecanismos de ingreso afecten las asignaciones de cupos por la referida Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), e incluyendo efectivamente a las y los estudiantes regulares, bachilleres y técnicos medios a la educación universitaria, haciendo especial énfasis en la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades sin discriminaciones sociales, religiosas, étnicas o físicas, atendiendo las resoluciones y recomendaciones tomadas por el C.N.d.U. (CNU), y otorgando los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), aun y cuando se hayan aplicado pruebas internas.
- SE ORDENA a la Universidad Central de Venezuela permita a la demandante de autos y a todos los estudiantes a quienes les haya sido asignado un cupo por intermedio del Sistema Nacional de Ingreso para cursar estudios en las diferentes carreras en dicha universidad, el registro y posterior inscripción oportuna de los mismos, de acuerdo a los criterios y lapsos establecidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), además de que éstos inicien sus actividades académicas una vez inscritos en el periodo lectivo que les corresponda de acuerdo a la referida asignación por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin discriminación ni distinción alguna con los demás estudiantes.
- SE ORDENA a todas las Universidades Nacionales, permitan a todos los estudiantes a quienes les haya sido asignado un cupo por intermedio del Sistema Nacional de Ingreso para cursar estudios en las diferentes carreras en dichas universidades, el registro y posterior inscripción oportuna de los mismos, de acuerdo a los criterios y lapsos establecidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), además de que éstos inicien sus actividades académicas una vez inscritos en el periodo lectivo que les corresponda de acuerdo a la referida asignación por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin discriminación ni distinción alguna con los demás estudiantes.
SE ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional citar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades nacionales, en la persona de sus rectores, para que den contestación a la presente acción.
SE ORDENA notificar al C.N.d.U. (CNU), así como a su dependencia técnica auxiliar, Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
SE ORDENA notificar a la Defensa Pública, a objeto de que sea nombrado un Defensor Público para que asista y represente judicialmente a la demandante durante las siguientes fases hasta la culminación de este proceso.
SE ORDENA notificar de la presente acción a la ciudadana Fiscal General de la República.
SE ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante Cartel, en uno de los diarios de circulación nacional, a fin de que éstos se den por notificados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de que conste en autos la publicación del Cartel.
SE ORDENA a la Secretaría de esta Sala, una vez consignado en autos el Cartel de emplazamiento de los interesados, la publicación, del mismo en el Portal Web de este Tribunal Supremo de Justicia “www.tsj.gob.ve.”.
SE ORDENA sustanciar la causa a través del procedimiento expuesto en la motiva del presente fallo.
SE ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
Decisión nº 300-2006 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 13 de Octubre de 2006

References: artículo 26
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 87
 artículo 133

Artículo 169

Artículo 170
 artículo 130

Decisión nº