Source: https://hayderecho.expansion.com/2018/10/18/el-ts-vuelve-a-cambiar-el-deudor-no-debe-pagar-el-ajd-en-los-prestamos-hipotecarios/
Timestamp: 2019-05-27 03:21:51+00:00

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El TS vuelve a cambiar: es el Banco quien debe pagar el impuesto de los préstamos hipotecarios. - Hay Derecho
Si sus efectos no fueran tan graves, podríamos bromear sobre los vaivenes jurisprudenciales sobre quién tiene que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los préstamos hipotecarios. Hagamos un breve resumen:
– La Sala 3ª del TS, que es la encargada de resolver los temas tributarios, tenía una jurisprudencia consolidada declarando que el sujeto pasivo es el deudor, y que el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto que así lo declara es conforme a Ley.
– La Sala 1ª del TS, que se ocupa de los temas civiles y del juicio sobre el carácter abusivo de las cláusulas, declara en STS de 23 de diciembre de 2015 (ver aquí) que es sujeto pasivo la entidad prestamista. Considera por tanto abusiva la cláusula en escritura que atribuye los gastos al deudor, y da lugar al nacimiento de una gran industria de reclamaciones, aunque las resoluciones de tribunales inferiores no siempre favorecen en este punto a los deudores (como pueden ver aquí)
– La misma Sala 1ª, en STS núm. 148/2018, de 15 de marzo (comentada aquí y aquí) dice que no dijo que se interpretó mal la STS anteiror y que está de acuerdo con la Sala 3ª, es decir que el sujeto pasivo del AJD es el deudor. Pero en relación con la cuota fija del impuesto (el timbre de las hojas de la escritura y las copias, que son unos pocos euros) dice que la de la matriz debe repartirse entre las partes y la de las copias las paga el deudor.
– La nueva STS de la Sala 3ª 1505/2018 de 16 de octubre rectifica su criterio anterior y declara que el sujeto pasivo es el prestamista (sin distinguir cuota fija y variable) y declara la nulidad del art. 68.2 del Reglamento por ser contrario a la nueva interpretación que hace de la Ley.
Es decir, que se reprochaba a la Sala 1ª no seguir el criterio de la Sala 3ª, y cuando la 1ª lo sigue, resulta que la 3ª cambia su criterio para adoptar el que adoptaba (aunque después dice que no lo había hecho) la Sala 1ª en la STS de 2015…
Los argumentos para el cambio de criterio son resumidamente los siguientes:
1º El artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y AJD dice que el sujeto pasivo es el adquirente, pero en este caso hay un adquirente del préstamo (el deudor) y un adquirente del derecho real (el acreedor), por lo que ese criterio no se puede aplicar.
2º Los artículos 8 y 15 de la LITPAJD establecen que en el caso de préstamo con hipoteca se tributa solo por el préstamo y el sujeto pasivo es el prestatario, pero no son aplicables para el supuesto de AJD porque se dictan para la modaldida de Transmisiones Patrimoniales. El legislador podía haber establecido lo mismo en los arts. 29 y 31 que regulan el AJD y sin embargo no lo hizo.
3º “El hecho de ser la hipoteca un derecho real de constitución registral la sitúa, claramente, como negocio principal a efectos tributarios en las escrituras públicas en las que se documentan préstamos con garantía hipotecaria, pues el único extremo que hace que el citado acto jurídico complejo se someta al impuesto sobre actos jurídicos documentados es que el mismo es inscribible”. Lo transcribo porque me resulta difícil de entender y por tanto de explicar, pero lo intento: como el préstamo hipotecario no tributaría si no fuera inscribible y lo que se inscribe es la hipoteca y no el préstamo, aunque en general la hipoteca es lo accesorio, a efectos tributarios la hipoteca es lo principal, y debe ser sujeto pasivo el adquirente de ese negocio principal a efectos tributarios.
4º La base imponible no es el préstamo sino que incluye intereses, costas y gastos, por lo que no se grava lo que recibe el deudor sino la garantía que obtiene el acreedor.
5º El beneficiario del documento es el acreedor porque es el que podrá ejercer los derechos especiales de ejecución hipotecaria.
6º Cuando existe un deudor no hipotecante, sería sujeto pasivo alguien ajeno al derecho real constituido.
En otro post analizaremos estos argumentos y su crítica por el segundo voto particular, pero en este comentario de urgencia creo que es más importante plantear los efectos de la sentencia.
En primer lugar estima el recurso y por tanto declara la nulidad de la liquidación.
En segundo lugar anula el número 2 el artículo 68 del Reglamento del Impuesto que decía que el sujeto pasivo era el deudor en los prestamos con hipoteca. El art. 71 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) prevé que la sentencia anule el acto administrativo, que en este caso es el Reglamento. Aunque esta sentencia no constituye jurisprudencia, entiendo que la anulación se produce con arreglo a la citada norma sin necesidad de reiteración de la doctrina en otra Sentencia: el 68.2 ha quedado anulado. Sin embargo, eso no significa que haya cambiado la Ley y, a falta de jurisprudencia, los tribunales inferiores pueden seguir interpretándola como venían haciéndolo (ellos y el TS…). Dada la existencia de dos votos particulares, la divergencia con la última doctrina de la Sala 1ª sobre el mismo tema y el carácter (a mi juicio) muy forzado del argumento principal, no está claro que todos los tribunales vayan a cambiar de criterio.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el artículo 73 de la LJCA, que dice: “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.” Aunque esta norma supone una anomalía en relación con los efectos ex tunc de la nulidad, el TS lo ha aplicado reiteradamente (STS de 12-12-2003).
Aunque seguramente a partir de ahora en las hipotecas el Banco asumirá el pago del impuesto, se plantean muchas dudas sobre los efectos de la anulación de la sentencia respecto de los préstamos anteriores. ¿Se pueden considerar firmes las autoliquidaciones no recurridas o pueden reclamar por ingresos indebidos a las administraciones todos los deudores que hubieran pagado el impuesto en los últimos cuatro años? ¿Puede la administración reclamar a los Bancos el Impuesto? Parece probable que la sentencia reviva la pasión por las reclamaciones de los deudores a los Bancos por los gastos hipotecarios, pero el éxito no está garantizado. Hay que tener en cuenta que los deudores pagaron porque eran los sujetos pasivos conforme al Reglamento y a la interpretación del TS, y no porque lo dijera la cláusula de la hipoteca. Por tanto, parece que no deben reclamar al Banco sino a la Administración Tributaria. Se puede plantear (como sostiene aquí Miguel Pasquau), que los deudores reclamen directamente al Banco por haber realizado un pago por tercero o por enriquecimiento injusto. También puede pensarse en reclamar contra el Estado por haber dictado una norma interpretativa que era ilegal.
Aunque ayer bajaron en Bolsa los Bancos, los perjudicados podrían ser las Haciendas Autonómicas, que tendrán que devolver lo ingresado por este impuesto y reclamarlo a los Bancos, que se defenderán con el argumento de que había un Reglamento avalado por el TS e incluso por el Constitucional. Curiosamente, los beneficiarios inmediatos pudieran ser los promotores inmobiliarios, como sucede en el caso de esta Sentencia.
Etiquetas: Derecho Hipotecario, gastos hipotecarios, impuestos
Ya no existe el Derecho.
No tenemos un sistema de conceptos que nos sirva para solucionar los casos racionalmente. Todo es arbitrariedad. Ir a juicio es una lotería, normal que muchos abogados quieran jugar, a ver si toca; y que muchos clientes, en cambio, prefieran un mal acuerdo a un pleito.
Nuestras leyes son una basura. Las hacen los departamentos jurídicos de las grandes empresas. Los diputados votan lo que toque en bloque. Son privilegios redactados con forma general. No hay cauce para que suban las aspiraciones de los votantes hacia la sociedad política.
Ahora supongo que toca hacerse el sorprendido y maldecir al destino. Continúe en ello si quiere. Otros no lo haremos, por coherencia y decoro.
19 octubre, 2018 en 14:32
Coincido casi al 100%
No es tanto que nuestras leyes sean una basura, sino que se aplican de forma arbitraria.
Si por conveniencias políticas se precisa, se instaura una doctrina botín que dura exactamente para un caso, el de Emilio Botín. Si porque estamos negociando con ETA, se promueve en Estrasburgo sentencia, ratificada por la Audicencia Nacional, con el voto de calidad de su presidente, Marlaska, para excarcelar a sanguinarios etarras y violadores en serie.
Mientras, la asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales y las de abogados, tocando un concierto en la cubierta del Titanic como si no pasara nada…. ¡ porque lo importante son las lentejas, concretamente las suyas !
19 octubre, 2018 en 16:37
Eso que usted tan bien describe es cabalmente la negación misma del Derecho.
El “Derecho” sólo acude entonces para servir de vestimenta formal de una decisión ya tomada extramuros de él, como una gala del poder que lo adorna y legitima. La expresión “Estado de Derecho” es una burla en este contexto. Es semejante a “Aqua di Gio”.
¿Alguien se atreve a investigar las causas, o basta con señalar lo que todo el mundo ve, la innegable superficie del asunto?
19 octubre, 2018 en 13:12
En ASUFIN hemos publicado ya muchas sentencias que reconocen la nulidad de la cláusula de gastos de formalización. El debate estaba en los efectos de la nulidad: devolución total o parcial de todos los gastos o solo de una parte. Así, en nuestro listado de sentencias (https://goo.gl/osY91E) encontramos sentencias para todos los gustos.
Confiamos en que los tribunales a partir de ahora incluirán el IAJD en la devolución. Además, sabemos que el pleno de la Sala Civil del Supremo tenía que manifestarse sobre 2 sentencias y ha suspendido la votación y fallo para poder estudiar los efectos de la nulidad.
19 octubre, 2018 en 18:21
Ezequiel y Justino: me uno a vosotros. Creo que la gran mayoría de quienes nos dedicamos a garantizar la seguridad jurídica no podemos evitar la sensación de que el suelo se cuartea a nuestros pies. Sabíamos que el Derecho es una “ciencia social” y, por lo tanto, en movimiento permanente para adaptarse a los cambios sociales. Pero el Derecho, por principio, debe estar guiado por la prudencia que, a su vez, está reñida con el capricho, la arbitrariedad, la frivolidad, la imprevisión, el caos…, que son las palabras que acudían a mi cabeza a medida que leía la sentencia, unas palabras confirmadas por la “nota informativa” dictada hoy mismo por el presidente de la Sala Tercera del Supremo. La sensación es de estupor absoluto.
19 octubre, 2018 en 14:56
Absolutamente de acuerdo con los tres compañeros anteriores. Y más después de esta nota que acaba de hacer pública la Sección Tercera del Tribunal Supremo:
“NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA
Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación
pendientes con un objeto similar.
Luis María Díez-Picazo Giménez”
19 octubre, 2018 en 17:31
Así que todo un presidente de sala del TS nos confiesa sin rubor que se juega a diario con los tiempos de los juicios, y que, dada la trascendencia del asunto, hay que echar otros semejantes p’arriba del montón a fin de resolverlos y, si se puede, rectificar, no vaya a ser.
Qué chiste tenemos.
DonTomasón Dice:
19 octubre, 2018 en 18:48
¿Dónde quedó aquello de “fiat iustitua, et pereat mundus”?
Con esa nota de prensa el TS mira un poco por encima de la venda. Es la ética de la responsabilidad: si la decisión preserva el orden, es buena; si lo altera y no conviene, mala, y no se toma. Hay que ser responsables, jolines. Un tribunal actuando en función de las necesidades económicas del momento. Para eso, que las sentencias las dicte la CNMV, y santas pascuas.
Una más para los cahiers de doléances.
Por otra parte, ¿no puede ser todo esto un delito, si es algo deliberado? Se están alterando los precios de las acciones de los bancos con todo este guirigay. ¿Hay alguien detrás de todo esto, o es simple torpeza?
Juan Pérez González Dice:
19 octubre, 2018 en 15:45
Ya se cuestionó si el artículo 68 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados era contrario o no a Ley. Y ya se resolvió expresamente en varias sentencias del Tribunal Supremo, reconociendo su legalidad y vigencia, a destacara la siguiente, de 22 de noviembre de 2017:
” … Se alza el de la sentencia de este Tribunal de 31 de octubre de 2006 , que pronunciándose
sobre un caso idéntico al analizado por la resolución judicial aquí cuestionada, alcanza el mismo fallo utilizando
como argumento, entre otros, la dicción del precepto reglamentario que la recurrente estima contrario a la Ley.
Sin que, por otro lado, la actora haya dedicado el más mínimo esfuerzo argumental a explicar porqué la doctrina
contenida en dicha sentencia de esta Sala y Sección, que además se remite a otras, no resulta aplicable.”
19 octubre, 2018 en 16:16
Comisión de apertura hoy 0,5%.
Comisión mañana cuando el banco es el Sujeto Pasivo, 1%… asunto arreglado.
JOSE JAVIER CUEVAS CASTAÑO Dice:
¿Y todavía hay alguien que siga creyendo que España es un Estado social y democrático de Derecho ?
Todos bailando con la misma música. La de “donde dije digo, digo Diego”. Se suponía que una sentencia firme era intocable. Y encima pretenden imponer una comisión de la Verdad… Moción de censura para convocar inmediatamente elecciones…. para derogar la reforma laboral,…. para regenerar la vida política….para derogar la “ley mordaza”…. para publicar las listas de los “amnistiados fiscales”…. para impuestos a la banca y a las tecnológicas…..Es un juego de prestidigitación. En esta pieza musical viene ahora el “rondó” de los procesados catalanes. No, a nadie se le ocurriría decir a la Fiscalía que haga determinada cosa, pero si se dice públicamente y de una forma constante a lo mejor lo oyen los fiscales y cambian de criterio….
Tenemos un estado en plena riada de despropósitos y todavía intentamos entenderlos jurídicamente… Somos unos inocentes.
22 octubre, 2018 en 18:20
Nope. Algunos siguen tocando en la cubierta del Titanic, como si el asunto no fuera con ellos.
Los de los privilegios han convertido España en un erial, porque un montón de intereses particulares y de gremio encima de otro montón de intereses particulares y de gremio no hacen una nación.
carlos garcia gonzález Dice:
21 octubre, 2018 en 22:30
Quería realizar una consulta. Si la decisión del Supremo es contraria a la sentencia 1505/2018, ¿será recurrible ante el Constitucional ? ¿ No crea entonces más inseguridad de la que intenta solucionar ?
El retroceso de la tercera ola democratizadora Hoy entregan a Michael J. Sandel el Premio Princesa de Asturias en Ciencias...

References: artículo 68
 artículo 29
 artículo 68
 artículo 73
 artículo 68
 resolución