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Timestamp: 2019-08-22 22:14:28+00:00

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Comentarios sobre las principales reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El presente artículo pretende ser una ampliación de la presentación que realicé en el mes de noviembre del año 2013 en la Universidad Andina Simón Bolívar, como parte del Seminario: “La visión de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los retos de su reforma”, a propósito de la entonces reciente reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública[i] (en adelante la Ley o la LOSNCP) y del lanzamiento del Instituto Ecuatoriano de Derecho Administrativo, con la finalidad de aclarar el alcance de la reforma, sus varios aspectos positivos así como sus pocos pero muy graves aspectos negativos.
A continuación intento presentar en la forma más sucinta y breve, sin dejar de explicar y fundamentar con mi respectiva argumentación, las que considero principales reformas realizadas en la LOSNCP:
- Dejó de existir el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) y en su lugar se creó el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)[ii], modificación que no tiene ninguna relevancia que merezca ser resaltada, ya que se trata del mismo organismo técnico de regulación, que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública a través de un Director General designado por el Presidente de la República.
- Se extiende el alcance del término “local” no solo a la circunscripción cantonal, sino también a lo parroquial, rural, provincial o regional[iii]. Esta reforma será de gran beneficio tanto para entidades contratantes como para contratistas, ya que en la práctica se ha podido observar que es muy complicado que en todo cantón del país, se pueda encontrar contratistas calificados y preparados que tengan la capacidad de ejecutar las necesidades de las entidades contratantes, tal como la normativa ecuatoriana lo exige. Por esto, es comprensible también la reforma al numeral 22 del mismo artículo 6 de la Ley[iv], en la cual se incluye para los oferentes el nuevo requisito de tener su domicilio por lo menos 6 meses en dicha “localidad” para poder calificar como local, evitando malas prácticas empresariales que buscaban beneficiarse de esta exigiendo de localidad en su domicilio.
- Resulta muy positiva y práctica la disminución del plazo de 30 días, a solamente 8 días, para que se presenten expresiones de interés por parte de consultores nacionales en forma previa a que las entidades puedan contratar consultores extranjeros[v]. En mi criterio el plazo de 30 días resultaba muy extenso y, lejos de conseguir su verdadero objetivo, entorpecía la contratación de consultores extranjeros que en muchos casos no son una preferencia sino una necesidad para la contratación pública ecuatoriana, los cuales de todas formas deberán aplicar una transferencia tecnológica a consultores y personal nacional durante la ejecución de sus servicios especializados, que nadie más está en capacidad de prestar en el país.
- Se incluye un inciso en el artículo 47 de la LOSNCP[vi] sobre la negociación directa en el proceso de SUBASTA INVERSA, pero no resulta claro si se mantiene lo que en mi criterio es un terrible error y ha traído solamente consecuencias negativas al Sistema, contemplado en el artículo 47 numeral 4 del Reglamento, que consiste en obligar al oferente en negociación directa dentro del procedimiento de Subasta Inversa, a bajar por lo menos 5% del presupuesto referencial su oferta económica. Lamentablemente, ésta era una gran oportunidad para que se elimine este irracional e infundado requisito reglamentario. No se considera que solamente llega a esta negociación obligatoria, la única oferta que ha cumplido todos los requerimientos técnicos y legales previstos en los pliegos y que también cumplió con presentar una oferta económica conveniente en relación al presupuesto referencial fijado por la propia entidad contratante, ya que de no ser así, ésta hubiera sido descalificada o el proceso podía ser declarado desierto. El obligar al oferente a bajar su oferta económica en todos los casos, en una forma de inentendible castigo al haber sido la única oferta que cumplió todo lo requerido, no tiene fundamentos y en la práctica ha constituido un verdadero obstáculo en el Sistema, provocando un sin número de declaratorias de desierto de muchos procesos en los cuales ya se contaba con una oferta que cumplía todo y resultaba conveniente, pero los oferentes no accedían a bajar sus ofertas y el funcionario público se ve en la obligación de rechazar la misma, muchas veces contra la mayor conveniencia e interés público.
- Es positiva la reforma al procedimiento precontractual de cotización[vii], según el cual anteriormente debía invitarse a presentar ofertas a por lo menos 5 proveedores escogidos por sorteo, lo cual resultaba injusto, injustificado y atentaba contra varios principios de la contratación pública, como el de igualdad y concurrencia. Con la reforma, se elimina este absurdo sorteo y ahora deben invitarse a participar en el procedimiento de cotización, directamente a todos los proveedores inscritos en el RUP, como debió ser desde el principio.
- Se incluye la obligación legal de contar con por lo menos tres proformas para el caso de contratación directa de menor cuantía[viii], salvo para obras; y, se limita la participación de proveedores de ejecución de obras según la cuantía de los contratos que tengan vigentes y en ejecución. La obligatoriedad de contar con tres proformas contribuirá a la transparencia de la contratación y propenderá a que se obtengan mejores ofertas económicas; sin embargo, esperemos que el SERCOP lleve a cabo un control exigente y oportuno de la veracidad de esas proformas obtenidas por las entidades contratantes, ya que en la práctica muchas veces se ha comprobado la falsedad o adulteración de dichas proformas.
- Sin duda existen dos aspectos en la reforma a la LOSNCP que resultan absolutamente nefastos para el Sistema Nacional de Contratación Pública y para el Derecho Administrativo en general, los cuales también afectan gravemente en mi opinión derechos y garantías constitucionales no solo de oferentes y contratistas, sino de particulares y entes privados en general. Uno de ellos, es la obligación legal que se impone ahora al Juez en caso de expropiaciones, para que en su resolución se sujete al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad correspondiente[ix]. Ante tan grave limitación, sin duda quienes hemos participado dentro de un juicio de expropiación, nos preguntamos: De qué sirve ahora el juicio de EXPROPIACIÓN? Suficiente imposición del llamado poder de imperium o acto de príncipe de parte del Estado y sus entidades suponía ya que en el caso de una declaratoria de utilidad pública, el particular perjudicado no pueda hacer valer su derecho de propiedad o sus garantías constitucionales de impugnación del acto administrativo, limitándose su posibilidad de reclamo únicamente al monto fijado de indemnización. Con la reciente reforma, ya ni siquiera de eso serviría el instaurar un juicio de expropiación, ya que, al igual que la Autoridad Pública Administrativa que declara de utilidad pública un bien, el juez también deberá sujetarse al avalúo catastral, avalúo que todos conocemos casi nunca responde al valor real del bien. Es más, realizando un análisis más a profundidad del impacto de esta reforma, podría pensarse que ahora es más conveniente solamente presentar un reclamo en sede administrativa para tratar de conseguir un precio justo de indemnización por el bien declarado de utilidad pública, ya que por lo menos en dicha sede administrativa, en la negociación directa con la entidad, si habría la posibilidad de obtener un 10% más del precio del avalúo, conforme el artículo 58 de la LOSNCP, mientras que tal como queda la reforma, dentro del juicio de expropiación NO habría esa posibilidad. Es justo mencionar que el texto de la reforma deja a salvo las acciones del propietario para reclamar daño emergente, pero eso quedaría sujeto a otro proceso judicial independiente, con los costos, tiempo y demás particularidades que todos conocemos existen.
- Otro de los graves aspectos negativos de la reforma consiste en la prohibición expresa de presentar “acciones constitucionales” contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato[x], que reforma el texto del artículo 95 de la LOSNCP. La reforma justifica esta prohibición: “…porque se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley”; y, en la misma reforma, su artículo 25 numeral 1 extiende esta prohibición a todos los procesos de contratación pública “Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley.”[xi], reforma que afecta lo previsto en el artículo 102 de la LOSNCP.
Sin embargo, precisamente lo que menciona esta reforma como justificación de semejante prohibición, es lo que no ocurre en el día a día; actualmente en el Ecuador todavía no se puede hablar de mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger derechos, considerando el tiempo que toma la obtención de una sentencia judicial (concretamente ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, ahora llamados Unidades de lo Contencioso Administrativo), que en casos normales, no emiten sus fallos antes de los 2 o hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso. De qué eficacia podemos hablar al tratarse de la tutela de posibles violaciones a derechos fundamentales garantizados en la Constitución tales como el debido proceso, la debida y obligatoria motivación que todo acto administrativo debe tener, entre otros, si se restringe el derecho constitucional de los particulares a presentar “acciones constitucionales” contra la posible afectación provocada por dichos actos de autoridad? Más aún, considerando que muchas de las violaciones al debido proceso, debida motivación de actos administrativos y otras afectaciones a derechos constitucionales de los particulares/oferentes en los procesos de contratación pública, merecen una actuación inmediata y directa de parte de los órganos de justicia independientes ajenos a la Administración Pública Central e Institucional, cómo se podrá garantizar una tutela judicial y constitucional “adecuada y eficaz” al no poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición legal? Todo esto también considerando que las otras esferas para acudir con un reclamo relacionado a procesos de contratación pública, son la propia entidad que incurrió en la supuesta violación (juez y parte) o el SERCOP que únicamente tiene capacidad de suspender temporalmente el proceso?
Además, debe considerarse también algo mucho más importante: NO puede restringirse a los particulares, a través de una reforma a la LOSNCP, el uso, goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales como la acción de protección, pedido de medidas cautelares dentro de dicha acción u otras. Al tratarse de garantías constitucionales, éstas y su alcance están reguladas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normativa a la cual debe atender el juez constitucional cuando las conozca. Esta última parte es la más relevante: es el Juez Constitucional quien debe conocer dichas acciones que son interpuestas ante violaciones, o posibilidad de violación, de derechos y garantías constitucionales, NO basta con que estén sujetas a los demás mecanismos de defensa previstos en la Ley. Es la propia Constitución la que prevé los recursos y acciones propias para impugnar violaciones de derechos y garantías constitucionales, por lo que evidentemente no es constitucional que una reforma a la LOSNCP restrinja y prohíba a los particulares el uso y goce de dichas garantías constitucionales.
Finalmente sobre este aspecto, resulta curioso constatar que en el informe para segundo debate del proyecto de LOSNCP, emitido y presentado mediante Oficio No. AN-CEGADCOT-264-12 el 23 de enero de 2012 por parte de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional ante el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, no conste esta prohibición de acceder a “acciones constitucionales” dentro de los procesos de contratación pública; todo lo contrario, indirectamente en su texto consta la posibilidad de su presentación, al señalar que la resolución de terminación unilateral no se suspenderá por reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de acciones de protección o medidas cautelares interpuestas por el contratista. Es decir conforme el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la LOSNCP, sí se podía presentar “acciones constitucionales” contra actos relacionados con la terminación unilateral de un contrato. Es más, dentro de la reforma planteada en este informe por la Comisión especializada de la Asamblea Nacional, se incluye una definición del término Adjudicación (artículo 5 numeral 1 informe de Comisión), en la cual constaba expresamente que el acto de adjudicación “…solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en la Ley”; es decir y esto es muy importante, se abría la posibilidad de que los actos administrativos de adjudicación sean impugnables a través de los procedimientos establecidos ya no solo en la LOSNCP, sino de toda ley en general. Pese a que en la práctica muchas entidades aceptaban impugnaciones basadas en los recursos en sede administrativa contenidos en el ERJAFE, y más de un juez aceptó a trámite la interposición de acciones de protección y de medidas cautelares constitucionales en virtud del principio constitucional de que todo acto de la administración es impugnable, y en lo previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y considerando la jerarquía de Decreto-Ley que la mayoría de autores y doctrina le otorgan al ERJAFE, hubiera resultado muy positivo y destacable que la propia LOSNCP reconozca la obligatoria admisibilidad, por parte de toda entidad contratante, de los recursos y acciones constitucionales y legales que el particular podía ejercer en contra de actos de adjudicación. Lamentablemente en la reforma definitiva a la LOSNCP que fue publicada y está vigente, no solo que no se incluyó esta positiva apertura en favor de los particulares y de su derecho a la tutela y acceso efectivo a una justicia adecuada y eficaz, sino que se hizo todo lo contrario, se restringió y prohibió el uso y ejercicio de acciones constitucionales dentro de los procesos de contratación pública.
- Debemos también destacar los aspectos positivos de la reforma: Se prevé expresamente una sanción al Juez o Notario que se rehúse a realizar el trámite de recepción presunta o de pleno derecho[xii], confirmado que se trata de un trámite o gestión obligatoria de cumplir, no discrecional, quedando para posterior, igualmente de carácter obligatorio, la correspondiente liquidación del contrato. Se incorpora la novedosa posibilidad de recepción presunta a favor de la entidad[xiii], lo cual en mi criterio no tiene mucho sentido, considerando que la figura de la recepción de pleno derecho, y en general al hablar una aplicación del silencio administrativo, por concepto y principio es un castigo que debería recaer solamente sobre la Administración, no sobre el particular o contratista. Los defensores de esta novedosa figura argumentan que se trata de un mecanismo efectivo para compensar o equiparar el derecho otorgado a favor de los contratistas ante el silencio injustificado de la entidad contratante; sin embargo, sería positivo (aunque imposible en la práctica) que ese argumento o intención de “equiparar” derechos y/o la posición de quienes suscriben el contrato, se aplique en todas las cláusulas de la relación contractual, y no solo en esta figura.
- Otro aspecto realmente positivo y que merece una mención especial (por el tiempo que transcurrió hasta que el legislador acepte los constantes pedidos de esta necesaria e importante reforma particular en la LOSNCP), es la posibilidad para los particulares, oferentes y/o contratistas, de presentar reclamaciones directamente ante el SERCOP en sede administrativa[xiv], y no solamente ante la propia entidad pública contratante (juez y parte). Ahora el SERCOP tiene la facultad legal de pedir la suspensión temporal del proceso por 7 días en caso de considerar existencia de indicios de incumplimiento de la normativa.
Esta importante atribución constituiría una herramienta con la que contaría el SERCOP para poder ejercer control en el sistema, ya que anteriormente sin poder intervenir directamente en los procesos, su actividad de “control” se limitaba simplemente a realizar observaciones y enviárselas a la Contraloría General del Estado para su gestión post-contrato, es decir una vez cometido el incumplimiento y “hecho el daño”. Esperemos que las autoridades del SERCOP sepan utilizar de forma correcta y eficiente esta herramienta.
Sin embargo, en forma posterior a la suspensión temporal del proceso ordenada por el SERCOP, el legislador no le ha dotado de la herramienta necesaria y suficiente para ordenar la suspensión definitiva del proceso, únicamente le ha otorgado la facultad de SUGERIR dicha suspensión definitiva. Falta corregir esta última parte, para otorgar al SERCOP la competencia suficiente que debe ostentar para ejercer un verdadero y eficaz control sobre los procesos de contratación pública.
- Otra importante atribución legal que se otorga al SERCOP mediante la reforma, pese a que en la práctica el INCOP ya la ejercía, es la de asesorar a entidades contratantes sobre la inteligencia y aplicación de las normas que regulan los procedimientos de contratación[xv]; esto implica que toda consulta se podría canalizar a través del SERCOP y no solo ante la Procuraduría General del Estado, como en su momento ocurrió con las consultas laborales a través del Ministerio de Relaciones Laborales. Al ser una materia especial, se otorgaría al SERCOP la atribución de conocer y pronunciarse sobre la misma, pero aclarando que dichos pronunciamientos no son vinculantes para quienes consultan, es decir de obligatorio acatamiento, dejando a salvo la atribución del Procurador General del Estado de pronunciarse de todas formas sobre dicha materia, cuyos pronunciamientos sí tienen carácter vinculante para la Administración Pública, conforme la ley.
Sin embargo, existe un aspecto negativo en esta “reforma”, ya que si bien el INCOP (ahora SERCOP) ya venía asesorando a las entidades contratantes y emitiendo pronunciamientos sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública, lo realmente positivo y novedoso era que, en el Informe para segundo debate del proyecto de reforma presentado por la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional (oficio No. AN-CEGADCOT-264-12, artículo 6 de la Reforma, que afectaba el artículo 10, numeral 20 de la LOSNCP), se ampliaba el marco de esta asesoría también en favor de los proveedores, que son en su gran mayoría particulares, privados; sin embargo, esta verdadera reforma, a todas luces positiva, no fue finalmente aprobada.
- Se aclara algo que fue objeto de más de un pronunciamiento de parte de la Procuraduría General del Estado, relacionado con la interpretación correcta del límite porcentual determinado por la LOSNCP para la utilización de las figuras de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades de obra. Conforme la reforma[xvi], las entidades contratantes pueden “sumar” los porcentajes máximos de cada una de estas figuras, con la finalidad de aumentar el valor original del contrato, hasta llegar al 70% del valor reajustado del mismo, para el caso de obras. La duda y controversia radicaba precisamente en la posibilidad de sumar dichos porcentajes, o si solamente cabía aplicar cada uno en forma independiente, ya que la aplicación de uno excluía al otro u otros; es decir, podía utilizarse uno de ellos para determinada necesidad debidamente justificada y en ningún caso los dos o peor tres al mismo tiempo y para una sola necesidad. Esta duda, como se explica, ha sido solventada mediante la reforma, con la cual si bien se aclaró la regla, sin duda esto provocará un mayor distanciamiento entre el monto contractual original de una obra y el valor final de costo de la misma (70% de diferencia sobre el valor reajustado).
- Mediante la reforma pretendida al artículo 99 de la ley, se otorga base legal a la figura contenida en la Constitución de nuestra República de la acción de “repetición” en contra de servidores y funcionarios responsables de incumplimientos e indemnizaciones a favor de contratistas; sin embargo, no está reglado aún en nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento para esta acción, lo cual impediría su aplicación y éxito. La disposición constitucional referida al debido proceso (art. 76 de la Constitución) es clara: solo se puede juzgar a alguien con observancia del trámite propio del procedimiento. En el Ecuador aún no está regulado el procedimiento para el trámite propio de la acción de repetición, existe un proyecto de ley, pero nada más.
- Se ha concretado la inclusión y corrección en la LOSNCP, de disposiciones y figuras que constaban únicamente en su Reglamento General y en las Resoluciones del INCOP (ahora SERCOP), o contenían errores, como por ejemplo el proceso precontractual de Ínfima cuantía y la declaratoria de desierto de un proceso. Sobre la primera, si bien era necesaria su inclusión para darle jerarquía legal, de todas formas esta figura venía aplicándose normalmente por parte de los actores del Sistema. Sobre la segunda, la reforma al artículo 33 de la ley corrige un error que evita el absurdo de realizar la declaratoria de desierto de un proceso “siempre antes de resolver la adjudicación”, pese a que su numeral 3 prevé una instancia posterior a la adjudicación para poder declarar desierto el proceso, que es por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario. Se lo corrigió eliminando la frase “siempre antes de resolver la adjudicación” en el primer párrafo de la norma.
- Otro de los aspectos positivos de la reforma, que en mi criterio se quedó “a medias” y necesita del desarrollo y explicación debida a través de la necesaria adecuación del Reglamento General a la LOSNCP, es el relacionado a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la reforma a la Ley, que prevé lo que desde un principio en el Sistema Nacional de Contratación Pública debió incluirse: que los bienes y servicios que se comercialicen en el mercado público serán normalizados por la entidad competente encargada de la normalización, en su falta, los responsables transitorios son el SERCOP y las entidades contratantes, en ese orden y de manera excluyente. Y por qué digo que debió ser incluido desde el inicio? Porque sin duda uno de los mayores inconvenientes para las entidades contratantes, que llevó a un sin número de problemas, ilegalidades y hasta la determinación de responsabilidades para funcionarios públicos, fue la necesaria normalización de bienes y servicios a cargo de cada entidad, para efectos de determinar qué procedimiento precontractual debía seguirse para una contratación, al amparo de lo previsto en la LOSNCP. En la práctica, para los funcionarios que pretendían realizar una contratación con fondos públicos, resultaba muchas veces complicado, técnicamente hablando, determinar si un bien o servicio era “normalizado” o no, y por ende si debía seguirse un procedimiento dinámico como el de subasta inversa, u otro. Una equivocada determinación de este aspecto inicial en toda contratación podía causar (y de hecho muchas veces causó) que todo el procedimiento precontractual sea declarado desierto, o hasta que los contratos suscritos puedan ser declarados nulos. Con esta reforma, se le otorga la facultad (obligación) de normalizar los bienes y servicios que se comercialicen en el mercado público, en primera instancia y de manera excluyente, a la entidad competente encargada de la normalización, y solamente en su falta, los responsables transitorios son el SERCOP y las entidades contratantes.
Sin embargo, también menciono que se trata de algo positivo “a medias”, ya que el legislador pudo ser mucho más claro y determinar que esta facultad le corresponde al INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), en lugar de decir “a la entidad competente encargada de la normalización”. Me pregunto: será que éste no es un error de falta de precisión sino que justamente existe la intención de crear otra entidad pública (una más de las tantas creadas en el actual régimen), que se encargará exclusivamente de esta normalización para efectos de contratación pública? Solo el tiempo podrá responder esta pregunta, pero lo que sí es claro y positivo es que se entendió, de parte del legislador, que la normalización de bienes y servicios, entendida dentro de los parámetros y nociones previstas por la LOSNCP, debe ser una actividad técnica, encargada a un organismo técnico, y no a cada entidad contratante.
- Finalmente, no debemos olvidar que la aplicación y desarrollo sobre estas reformas que se han realizado a la LOSNCP, deben necesariamente ir acompañadas de la respectiva adecuación al Reglamento General a la ley, tal como lo prevé la Disposición Transitoria Sexta de la reforma a la LOSNCP. Deberemos esperar por dichas “adecuaciones”, muy importantes por su necesidad práctica, las cuales para cuando ha sido escrito el presente artículo, aún no han sido aún publicadas.
Las reformas en general son positivas, ayudan a clarificar y solucionar varios inconvenientes que la aplicación de la actual Ley ha producido. El sistema de contratación pública sigue siendo relativamente nuevo en nuestro país, por lo que toda reforma de este tipo, a la luz de las falencias y errores encontrados en la práctica, es positiva y digna de apoyar. Se debe, sin embargo, tener cuidado con ciertas prerrogativas que se otorgan a las entidades contratantes mediante esta reforma, para evitar abusos de poder, injusticias o direccionamientos.
[i]Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100, del 14 de octubre de 2013. [ii]Artículo 2 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. [iii] Artículo 1, numeral 2 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[iv] Artículo 1, numeral 5 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[v] Artículo 7 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[vi] Artículo 10 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. [vii] Artículo 12 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[viii] Artículo 13 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[ix] Artículo 16, numeral 2 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[x] Artículo 22, numeral 1 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[xi] Artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[xii] Artículo 20 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[xiii] Artículo 21 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[xiv] Artículo 25 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[xv] Artículo 2, numeral 3 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
[xvi] Artículo 23 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

References: artículo 6
 artículo 47
 artículo 47
 resolución 
 artículo 58
 artículo 95
 artículo 25
 artículo 102
 resolución 
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 99
 artículo 33
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 7
 Artículo 10
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 16
 Artículo 22
 Artículo 25
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 25
 Artículo 2
 Artículo 23