Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831216.html
Timestamp: 2019-11-20 04:57:40+00:00

Document:
as201831216
Auto Supremo Nº 216
Expediente : 577/2017
Demandante : Héctor Rivero Suárez
Demandado : Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Olga Durán Uribe y Verónica Ardaya Miranda apoderadas legales de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo y representante legal del ente gestor, contra el Auto de Vista 26 de 15 de febrero de 2017, cursante de fs. 266 a 267, dictado por la Sala Primera en Materia del Trabajo y Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso social de Reclamación de Pensiones seguido por Héctor Rivero Suárez contra el SENASIR, el Auto que concede el recurso de fs. 282, el Auto de admisión de 14 de febrero de 2018, antecedentes del proceso; y:
Ante la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Héctor Rivero Suárez, la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección de Pensiones, dicta la Resolución 4631 de 15 de abril de 2002, otorgándole Renta Básica de Vejez con reducción de edad, equivalente al 32% de su promedio salarial, pagadera desde marzo de 2001 (fs. 57 de obrados).
El jubilado titular presenta recurso de reclamación contra la resolución de la comisión calificadora de renta, solicitando el recalculo de su renta básica y la calificación de su renta complementaria, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 256/08 de 30 de mayo, revocando en parte la resolución reclamada, disponiendo el recalculo de la renta básica de vejez con reducción de edad a partir de marzo de 2001, y desestima la Renta Complementaria y el Pago Global Complementario (fs. 204 a 206 de obrados).
En apelación interpuesta por el apoderado legal del jubilado titular, la Sala Social y Administrativa de la Respetable Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, dicta el Auto de Vista 1003 de 6 de diciembre de 2008 que en casación fue recurrido por el ente gestor y resuelto por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 302/2015-L de 3 de diciembre, anulando obrados hasta fs. 221 inclusive (Auto de Vista 1003 y sorteo de causa), disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno y dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo Auto de Vista con la pertinencia de los arts. 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil. En cumplimiento del Auto Supremo, la Sala Primera en Materia del Trabajo y Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 26 de 15 de febrero de 2017, cursante de fs. 266 a 267, revoca la resolución emitida por la Comisión de Reclamación, y ordena al SENASIR proceder al recalculo de la renta básica y complementaria de vejez, considerando 180 aportes para ambos regímenes.
Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 270 a 274, conforme los argumentos siguientes:
Señala que fue erróneamente interpretado, transgredido y mal aplicado, el art. 14 del Decreto Supremo (DS) 27543 de 31 de mayo de 2004, que habilita la certificación de aportes con la documentación cursante en el expediente del asegurado, en caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, normativa que no aplica al caso específico, ya que el asegurado no acreditaba el mínimo de cotizaciones y no contaba con la edad correspondiente; el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce el derecho que asiste a todo boliviano de acceder a la seguridad social, derecho que según el recurrente debe estar sometido a un procedimiento previo, ya que lo contrario, señala, es decir una calificación de renta sin seguir ningún procedimiento o sin demostrar fehacientemente con documentación fidedigna ocasionaría un caos económico; el art. 67.II de la CPE, ya que no se puede aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular a la materia, estando el Estado obligado a proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley; y los arts. 23 y 27 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, que textualmente señalan que el número mínimo de cotizaciones para acceder a una renta son 180, hasta abril de 1997, tanto al régimen básico como complementario.
Finalmente pide en resguardo de los intereses económicos del Estado, se case el Auto de Vista 26/2017 de 15 de febrero, y se confirme la resolución 256/08 de 30 de mayo, de la Comisión de Reclamación del SENASIR.
De la revisión de antecedentes, podemos señalar que el jubilado titular Héctor Rivero Suárez trabajó en la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ), de acuerdo al siguiente detalle:
agosto/1973
octubre/1976
Finiquito fs. 1. Certificado Cordecruz fs. 10-12
CORDECRUZ (PLADERVE)
noviembre/1976
septiembre/1979
Finiquito fs. 1. Certificado PLADERVE fs. 8-9
octubre/1979
octubre/1995
Finiquito fs. 1. Certificado Cordecruz fs. 4-7
22 años 3 meses
Corresponde aclarar que, los aportes al Régimen Básico antes de enero de 1957, se registraban en las Libretas de Ahorro Obrero; a partir de enero/1957 a marzo/1987 eran administrados por la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS); de abril/1987 a abril/1990 estaban a cargo de los Fondos Complementarios; de mayo/1990 a octubre/1996 a cargo del Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) y de noviembre/1996 a abril/1997, considerado como el periodo de transición entre el Sistema de Reparto y el Seguro Social Obligatorio (administrado por la AFP), los aportes fueron recibidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Con referencia a los aportes al Régimen Complementario, los aportes se consideran a partir de la fecha de creación de cada Fondo Complementario, en el caso que nos ocupa, por Decreto Supremo (DS) 19667 de 18 de julio de 1983, se crea el Fondo Complementario de los trabajadores de la Corporación Regional de Desarrollo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (CORDECRUZ), como institución pública descentralizada, con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión administrativa y económica, que funcionará bajo la supervisión del Instituto Boliviano de Seguridad Social y la tuición del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública; consecuentemente a partir del mes de agosto de 1983 recibe los aportes al régimen complementario, de los trabajadores de CORDECRUZ, no pudiendo considerarse aportes anteriores, porque la institución que recibía éstos aportes, no existía.
El art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición determina, las personas que hasta el 1 de mayo 1997, hubieran cumplido la edad de 50 años, las mujeres, o de 55 años, los hombres y un mínimo de 180 cotizaciones al Sistema de Reparto, tendrán derecho a: 1. La calificación de una renta básica de vejez, por sus aportes al régimen básico, equivalente al 30% del Salario Base del Sistema de Reparto; recibiendo un incremento del 2% del Salario Base, por cada 12 cotizaciones o fracción mayor a 6 meses, por aportes efectuados después de las 180 cotizaciones. 2. La calificación de una renta complementaria de vejez, por los primeros 180 aportes a la entidad gestora complementaria, equivalente al 40% del Salario Base del Sistema de Reparto, incrementando el 1% del Salario Base, por cada 12 meses o fracción mayor a 6 meses de aportes efectivamente realizados. En caso de acreditar menos de 180 cotizaciones al régimen complementario, deberá acreditar mínimamente 24 aportes, debiendo estar comprendidas 6 de las mismas, en los últimos 12 meses anteriores al cumplimiento de la edad de vejez (50 mujeres y 55 hombres), para la otorgación de un pago global complementario, en sustitución de la renta complementaria.
Por las dificultades logísticas e información incompleta en los archivos del SENASIR, que impedían la otorgación de rentas, se dicta el DS 27543 de 31 de mayo de 2004, que en el Título II, dispone el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, señalando concretamente el art. 14, en caso de inexistencia de planillas y papeletas de pago en archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del DS, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas.
El Estado Boliviano a través del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al evidenciar, previa revisión de planillas en archivo del SENASIR, que muchos asegurados no se encontraban consignados en las mismas, aunque contaban con documentos que acreditaban la prestación de servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, perjudicando la certificación de aportes y la otorgación de prestaciones que les correspondía, por Resolución Ministerial (RM) 559 de 3 de octubre de 2005, complementa los alcances del DS 27543, disponiendo en su artículo único, la ampliación del art. 14 del referido decreto, instruyendo al SENASIR, que en la certificación, a efectos de las prestaciones del Sistema de Reparto, certifique bajo la modalidad de documentos supletorios, si el asegurado no figura en planillas.
Aplicando la normativa glosada al caso que nos ocupa, corresponde analizar en forma separada los aportes al régimen básico y al complementario, ya que para cada uno aplica normativa diferente.
Régimen Básico.
El ente gestor, en la Resolución 256/08 de 30 de mayo, en atención a Informe Técnico, acredita 199 cotizaciones para el jubilado, por lo que dispone el recálculo de renta básica de vejez con reducción de edad; aclarando que no considera los aportes de noviembre/1975 a octubre/1980 y de mayo/1990 a diciembre/1990, por no contar con planillas.
Sin embargo, los documentos que cursan en el expediente, demuestran que el jubilado trabajó en forma continuada en CORDECRUZ desde agosto/1973 a octubre/1995, institución donde realizó aportes a la seguridad social de largo plazo, debiendo el SENASIR aplicar, para acreditar los aportes de los periodos que no cuenta con planillas, el art. 14 del DS 27543, promulgado precisamente porque el ente gestor no contaba con información completa para calificar prestaciones; en concreto, ante la inexistencia de planillas en su archivo, podrá certificar extraordinariamente con: finiquito, certificados de trabajo, partes de afiliación u baja del seguro de salud y calificación de años de servicio; documentos que cursan a fs. 1, 4-7, 8-9, 10-12, 38, 41, 42 y 59-63 de la carpeta de jubilación; no pudiendo limitarse esta certificación de aportes, ya que esto significaría una vulneración al derecho constitucional a la seguridad social que asiste al asegurado, concretamente a la prestación de vejez, a la que tiene derecho por las contribuciones o aportes realizadas durante su vida laboral; derecho reconocido por el art. 45 de la CPE.
Encontrándose acreditados los aportes a la seguridad social de largo plazo del sistema de reparto, con la documental que cursa en obrados, el ente gestor deberá certificar las 267 cotizaciones al régimen básico, debiendo proceder al recálculo de renta básica de vejez con reducción de edad del jubilado.
Régimen Complementario.
Tomando en cuenta la fecha de creación del Fondo Complementario de CORDECRUZ, 18 de julio de 1983 por DS 19667, se consideran aportes a este régimen, desde agosto de 1983, en el caso del señor Rivero, hasta octubre de 1995, totaliza 147 cotizaciones, número de cotizaciones con las que no accede a una calificación de renta complementaria, requiriendo para aquello 180 cotizaciones; en este punto es necesario aclarar que, si bien es cierto que el señor Héctor Rivero Suárez trabajó en CORDECRUZ desde agosto/1973 a octubre/1995, hasta antes de agosto de 1983 no podía realizar aportes al régimen complementario, porque no existía esta institución, consecuentemente no realizaba aportes a éste régimen.
Entonces, el asegurado hasta el 1 de mayo de 1997 acreditó 147 cotizaciones, es decir menos de las 180 exigidas para acceder a una renta, sin embargo, para la aplicación del art. 23 inc. c) del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, las 6 últimas cotizaciones deben estar comprendidas dentro de los 12 meses anteriores al cumplimiento de la edad de vejez, requisito que no cumple el señor Rivero, si consideramos que su fecha de nacimiento es 16 de agosto de 1946, conforme acredita el certificado de nacimiento de fs. 45; vale decir que a octubre de 1995 (fecha de su último aporte), contaba con 49 años de edad, consecuentemente, no cumple con los requisitos exigidos para acceder a un Pago Global Complementario; tomando en cuenta que la edad establecida en los arts. 45 del CSS, 87 de su reglamento, 23 del Manual de Prestaciones, 315.a).1 del DS 24469 de 17 de enero de 1997, 13 del DS 24586 de 29 de abril de 1997, es de 55 años para el hombre.
Considerando lo dispuesto por los arts. 23 y 27 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, y el numeral 2.5 del Instructivo para Calificación de Renta Única en Curso de Adquisición; el rentista titular no puede acceder a una renta complementaria, porque no cuenta con 180 cotizaciones mínimas requeridas; tampoco puede acceder a un pago global complementario por las 147 cotizaciones, porque su última cotización la realizó en octubre de 1995 y a esa fecha, tenía 49 años de edad, no cumpliendo la edad requerida para acceder a una renta del sistema de reparto, es decir 55 años; por lo que tampoco podía acogerse al Pago Global Complementario con reducción del 8% por cada año faltante, porque no contaba con 50 años de edad, a la fecha de su última cotización.
De la lectura del Auto de Vista, objeto de casación se observa que el Tribunal Ad quem al revocar la Resolución 256/08, ordena el recálculo de la renta básica y complementaria de vejez, considerando 180 aportes para ambos regímenes, sin tomar en cuenta que el ente gestor ya acreditó 199 cotizaciones al régimen básico, vulnerando de esta manera su derecho a la seguridad social concretamente su derecho a la jubilación, la que debe prestarse bajo el principio de equidad, es decir que la misma debe ser acorde, o el resultado de la cantidad de contribuciones efectuadas por el trabajador a la seguridad social de largo plazo.
Bajo este mismo entendimiento, tomando en cuenta que el ente gestor no consideró la totalidad de las cotizaciones efectivamente realizadas a la seguridad social al Régimen Básico, por el trabajador durante su relación laboral con CORDECRUZ, el SENASIR debe aplicar el art. 14 del DS 27543, para acreditar esos periodos no calificados, debiendo calificar las 267 cotizaciones realizadas desde agosto de 1973 a octubre de 1995, como trabajador de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, conforme acreditan los documentos de fs. 1, 4-7, 8-9, 10-12, 38, 41, 42 y 59-63 del expediente y precautelando el derecho a la seguridad social, la que debe ser prestada bajo los principios de oportunidad y eficacia, considerando que el rentista titular es una persona que forma parte de un grupo vulnerable de atención prioritaria.
Con relación al Régimen Complementario, el Tribunal Ad quem ordena al SENASIR, realice el recalculo de renta complementaria, aplicando el art. 14 del DS 27543, tomando en cuenta la documentación supletoria de fs. 59 a 63, 64 y de 112 a 147; sin tomar en cuenta el DS 19667 de 18 de julio de 1983 de creación del Fondo Complementario de CORDECRUZ, institución que a partir de agosto de 1983 recibía los aportes al régimen complementario, por lo que no se puede considerar aportes anteriores, si no existía ninguna institución que se encargaba de la recepción y administración de este régimen; es fundamental aclarar que el SENASIR no califica años de servicio o trabajos realizados, su labor es calificar rentas, rentas que vienen a ser una prestación a los aportes realizados por el trabajador. En concreto, con relación al régimen complementario, el jubilado titular, no cumplía con los requisitos exigidos para acceder a un pago global complementario, es decir no tenía 55 años de edad ni sus 6 últimas cotizaciones fueron realizadas dentro de los 12 meses anteriores al cumplimiento de la edad de vejez; tomando en cuenta que su último aporte fue octubre de 1995 y su fecha de nacimiento 16 de agosto de 1946.
También, debemos considerar lo dispuesto en el art. 180.I de la CPE, referido al principio de verdad material, reconocido en el art. 30.1.1 de la Ley 025 “Ley del Órgano Judicial” (LOJ), normativa que obliga a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. En ese contexto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, el garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme lo anotado, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional –en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).
Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.IV del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista 26 de 15 de febrero de 2017, cursante a fs. 266 a 267, deliberando en el fondo dispone el recálculo de la renta básica de vejez con reducción de edad, debiendo el ente gestor considerar 267 cotizaciones a la seguridad social de largo plazo del sistema de reparto; mantiene subsistente la Resolución 256/08 de 30 de mayo, (fs. 204-206) de la Comisión de Reclamación, con referencia a la desestimación de la Renta Complementaria y el Pago Global Complementario. Sin costas.
Se multa al Tribunal de Apelación con Bs. 500, por no ser excusable el error.

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