Source: http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/n26a03.htm
Timestamp: 2018-04-23 09:48:51+00:00

Document:
ICS no. 26 a03
Una agenda pendiente: delitos culturales y económicos durante la última dictadura militar argentina. El caso de la “Biblioteca Vigil” de Rosario (1977-2011)
A Pending Agenda: Cultural and Economic Crimes During the Military Dictatorship in Argentina. The Case “Biblioteca Vigil” Rosario, Argentina (1977-2011)
Escuela de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Conicet – UNR. Entre Ríos 758. (2000) Rosario, Argentina. Correo electrónico: nataliagr5@gmail.com
Artículo recibido: 30-11-2011.
Resumen: La intervención sobre la Biblioteca Vigil desnuda otras tramas de la última dictadura argentina (1976-1983): el genocidio cultural perpetrado y sus efectos en el presente. Específicamente, el día 25 de febrero de 1977, un grupo formado por integrantes de las fuerzas armadas, servicios de seguridad y civiles profesionales, tomaron sus instalaciones bajo la figura de “intervención normalizadora”. Una posterior disposición fechada en abril de 1977, inició la liquidación de su extraordinario patrimonio. Ciertamente, su caso podría inscribirse en un denominador común de las acciones dictatoriales en general y sobre el campo de la cultura en particular: persecusión, censura, detención ilegal, tortura y desaparición. No obstante, exhibe características inéditas: la liquidación de sus bienes se sucedió en forma ininterrumpida durante más de treinta años siendo clausurada a fines del año 2008. Asimismo, a la fecha, aún se encuentra bajo intervención y en proceso de normalización. En el presente trabajo describiremos los diversos intentos de recuperación de la entidad, sus etapas históricas, las estrategias implementadas y los obstáculos políticos, socioculturales y jurídicos. El objeto de su estudio tiene por objeto visibilizar una agenda pendiente: los delitos culturales y económicos de carácter imprescriptible en el marco de un genocidio.
Palabras clave: Dictadura cívico-militar argentina; Genocidio cultural; Reparación histórica; Delitos culturales y económicos.
Abstract: The intervention on the “Biblioteca Vigil” evidences other effects of last Argentina’s dictatorship (1976-1983): cultural genocide. Specifically, on February 25, 1977, a group formed by members of the armed forces, security services and civilian professionals, took their installations under the figure of “normalizing intervention”. A subsequent disposition dated April 1977, began the settlement of its outstanding equity. Indeed, his case falls under the common dictatorial actions on the fields of culture: persecution, censorship, illegal detention, torture and disappearance. However, this exhibits unique features: firstly, settlement assets ensued uninterruptedly over thirty years being closed late 2008. Also, is still in a process of intervention normalizing. In this paper we describe the various attempts and recovery stages of the institution, the strategies implemented and obstacles political, cultural and legal. The object of this study is to visualize a pending agenda: cultural crimes and economic crimes that do not prescribe in the context of genocide.
Keywords: Civil-military dictatorship in Argentina; Cultural genocide; Repairing history; Cultural and economic crimes.
Primera Parte (1959 – 1983)
Génesis y crecimiento institucional
La inicios de la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil” se remontan al año 1944 cuando se crea una pequeña biblioteca en la Asociación Vecinal del barrio “Tablada y Villa Manuelita” en la zona sur de la ciudad de Rosario, previamente inaugurada en 1933 al calor del movimiento asociaciacionista en marcha desde la década de 1920. Como bien señalan algunos estudios (Gravano, 1989; Gutiérrez y Romero, 1989; Armus, 1990; Acha, 2004 y Gutiérrez y Romero, 2007), estas organizaciones barriales fueron expresiones de una sociedad de entreguerras más orientada a la negociación para el progreso y menos crédula o entusiasta de acciones a sistémicas y contestarias. Específicamente, con las asociaciones vecinalistas, los sectores populares adquirieron mayor visibilidad para negociar sus intereses con la administración del poder. Igualmente, operaron como verdaderos agentes de socialización urbana.
Bajo esta tendencia, el barrio “Tablada” se pobló de las típicas entidades populares construidas para la participación, la ayuda mutua y la socialización urbana: vecinales, clubes, bibliotecas públicas, ganaron lugar en el paisaje chato y rutinario. No obstante la diversidad de actividades y objetivos, en su conjunto respondieron a un imaginario social (Castoriadis, 2007) que cobró intensidad y estabilidad volviéndose un significante de época: “elevar la cultura”. Eclipsados por un registro de normalización sociopolítica y universalización del conocimiento, esta simbólica necesidad tomó formas materiales precisas: ciclos de conferencias a cargo de especialistas en amplios y diversos temas de actualidad, lecturas colectivas, concursos de poesía, dibujo y pintura. La moderación, la prudencia y la buena voluntad, fueron las notas dominantes.
Las formas “cultas” del entretenimiento también dejaron su huella en el ámbito privado: los sectores urbanos populares hicieron su espacio doméstico para los libros “serios” y revistas pasatistas. Con ello, no resulta extraño que la biblioteca mencionada comenzara sus actividades de préstamos y consultas gracias a las pequeñas donaciones de los vecinos; los libros ya estaban allí como objetos-fetiche, valorados y domesticados.
Hacia al año 1953, un entusiasta grupo de adolescentes y jóvenes se sumó al espacio vecinal y conformó una Sub-comisión de biblioteca continuando con prácticas y saberes de corte espiritualista hasta 1957, cuando se produce un punto de inflexión institucional por vía de una idea inédita y sencilla: organizar y administrar una rifa “pagadera en cuotas”. El joven Augusto Duri ideó este particular mecanismo de reproducción financiera; según recuerda el ex tesorero Tomás Pedrido: “Hablar en esa época de una rifa en cuotas…y era una cosa de locos”1. Efectivamente lo era, no sólo por su modalidad de pago sino por su articulación simbólica: el mundo pagano de la apuesta –el negocio del juego– acoplado a la sagrada esfera de la cultura. Con este viraje material y simbólico, la biblioteca Vigil en ciernes escapó del típico registro fomentista.
La rifa fue exitosa desde su implementación; más aún, en pocos años su crecimiento fue sostenido y exponencial. En parte, ello se debió a la combinatoria de abonarla en forma accesible, ofrecer atrayentes premios y sostener la promesa de plasmar los recursos en un conjunto de actividades y servicios sociales, educativos y culturales significativos en su comunidad. Asimismo, la respuesta comunitaria se anudó a la lógica institucional que se imprimió desde su génesis: una dinámica “de abajo hacia arriba”. Es decir, aún cuando el mandato asociacionista estaba presente y se pretendía “la elevación cultural del barrio en el que actúa”2, ello no suponía emular los cánones impuestos desde la cultura hegemónica; antes bien, se intentaba pensar y actuar desde los márgenes, desde las entrañas de la cultura popular y hacia la cultura popular. Un disloque direccional que no estuvo exento de contradicciones, aciertos y errores; sintéticamente, elevarse antes que elevar.
Encontrados los recursos financieros, en 1959 la Sub-Comisión se separó de la vecinal y nació como asociación civil “Biblioteca Constancio C. Vigil”. En adelante, creció y se desarrolló de forma embrionaria; es decir, en términos generales, la génesis de cada ámbito fue fruto del cruce de un específico interés grupal y/o particular, y las reales posibilidades de efectivizarlo de forma autogestionaria. Por ejemplo: una mera charla de divulgación astronómica a cargo de un vecino aficionado, se complejizó hasta transformarse en el emblemático observatorio astronómico. O los conocimientos de un socio en el campo de la “taxidermia” devino en el museo de ciencias naturales más importante de la región.
En síntesis, de unas prácticas altruistas del tiempo libre, la inicial biblioteca se fue transformando en una institución de sólido capital financiero y patrimonial que entonces demandó su dedicación completa. Por ello, se conformó una comisión directiva (CD) estable cuyos miembros continuaron en funciones hasta 1977 por vía del voto mayoritario de la masa societaria. Llegados a la década de 1970, resultó un complejo social, cultural, educativo y mutual sostenido por 19.639 socios, con 647 empleados y 2.956 alumnos en sus escuelas primaria, secundaria, jardín de infantes y universidad popular3. Dicho crecimiento y diversidad de objetivos obligó a una adecuación de los estatutos y su inscripción como persona jurídica en el entonces Instituto Nacional de Acción Mutual (INAES) bajo la matrícula Nº 304.
Por su parte, la otrora rifa se transformó en bonos bianuales que llegaron a demandar más de 3.000 vendedores y 500 cobradores en todo el país, arrojando ingresos mensuales superiores a los tres millones de pesos. Durante 18 años (1959-1977), la institución logró sortear los conflictos externos e internos que nunca dejaron de presentarse. Los primeros, en tanto obstáculos burocráticos, lobbies empresariales, recelos de poder y sospechas eclesiásticas dada su férrea laicidad. Los segundos, inevitables en virtud de toda crisis de crecimiento y la pluralidad político-ideológica de sus miembros.
Crisis financiera. Intervención. Genocidio cultural
Los fuertes cimbronazos económicos de los años 1974-1975 afectaron severamente los engranajes financieros de la institución. Por un lado, hacia el segundo semestre de 1974 comenzó en el país una escalada inflacionaria que el gobierno de Isabel Martínez de Perón (1974-1976) intentó controlar impidiendo la suba de precios. Algunos sectores empresariales respondieron con la paralización total de entrega de mercaderías. Durante ocho meses, la entidad quedó desabastecida de los bienes afectados a premios de la rifa previamente contratados; fundamentalmente, se resintió la entrega pactada de autos. Por su parte, en junio de 1975 el ministro de economía Celestino Rodrigo devaluó la moneda en más del 100 por ciento produciendo un extraordinario aumento en el precio de los productos. Siguiendo al economista Jorge Schvarzer:
El “rodrigazo” marcó el inicio de un período de tres lustros en el que la tasa de inflación se mantuvo sistemáticamente en los tres dígitos (y llegó hasta cuatro) anuales hasta convertirse en el fenómeno central de la economía. Desde junio de 1975 hasta marzo de 1991 (…) los precios nominales promedio se multiplicaron cinco mil millones de veces; fue así que toda la política económica quedó envuelta en dicha vorágine que se extendió casi naturalmente al proceso político y social (1995: 3).
Para “la Vigil”, la combinatoria de devaluación e inflación sobrevino en una encerrona financiera que escapaba a todo control interno: los programas de sorteos continuaban semanalmente a requerimiento de expresas normas legales, en tanto las mercaderías de las rifas ya vendidas no estaban disponibles.
Hacia el año 1976, lo anterior disparó un conjunto de demandas judiciales por parte de aquellos ganadores que aún no habían recibido sus premios. Según se desprende del expediente judicial4, los principales querellantes fueron compradores de bonos que no residían en la ciudad de Rosario y acaso no conocían las significativas obras de la entidad. Como fuera, estas acciones operaron como un certero chivo expiatorio para el inicio de la intervención dictatorial.
Ciertamente, decimos que los juicios iniciados operaron como un subterfugio oportuno no sólo aludiendo a la memoria de los actores institucionales, sino en virtud de inéditas fuentes documentales halladas en el Archivo Provincial de la Memoria de la ciudad de Santa Fe5. Documentación específica evidencia una férrea vigilancia sobre la institución por fuera de la coyuntura financiera descripta. Se citan dos ejemplos: por un lado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) solicitó información de carácter “ideológico” sobre la Biblioteca Vigil ya desde el año 1968 con averiguación de antecedentes de todos los miembros de la CD. Por el otro, en la ficha personal de un ex profesor de su Instituto Secundario puede observarse que, hacia el año 1972, dicho lugar de trabajo consignaba un peligroso antecedente; textualmente: “docente de la escuela secundaria de la Biblioteca Vigil: centro de irradiación marxista”6.
Por fuera de estos hallazgos documentales, la dictadura iniciada en 1976 no exteriorizó discursos oficiales de orden ideológico hacia la entidad, antes bien, eran palpables algunas expresiones dispersas propias de aquel momento histórico e incluso años antes, por vía de enunciados tal y como “la biblioteca comunista”. Es decir, el rostro bifronte (Águila, 2008) del terrorismo de Estado se condensó en este caso con un evidente desdoblamiento discursivo: en tanto de forma clandestina se producían tareas de seguimiento y espionaje hacia actores institucionales claves, en el orden público se argumentaba la necesidad de cuidar un interés superior. Específicamente, el decreto intervencionista-normalizador Nº 0942/77 firmado por el entonces gobernador de facto Jorge Desimoni explicitaba en sus considerandos:
… se ha constatado el incumplimiento por parte de esa asociación a sus obligaciones derivadas de la emisión y venta de la rifa individualizada como “Bono Nº 20”, para cuya circulación se otorgó a la organizadora un régimen de excepción contenido en resolución Nº 1.111, del Ministerio de Gobierno, de fecha 27 de Junio de 1975, que le imponía deberes concretos a la administración;
Que asimismo se ha verificado el incumplimiento reiterado de la entrega de premios a los poseedores de números beneficiados en los sorteos correspondientes a los Bonos 18 y 19;
Que tales hechos revelan el funcionamiento irregular de la entidad y debe advertirse que la naturaleza de los mismos y el carácter de la asociación autorizan a considerar afectado el interés publico, haciendo aconsejable proceder a una exhaustiva investigación a fin de establecer sus causas y sus verdaderos alcances.
Con dicho mandato, el 25 de febrero de 1977, personal de servicios de seguridad y civiles profesionales tomaron las instalaciones de la Biblioteca Vigil. Tras sólo 49 días hipotéticamente destinados a regularizar los problemas contables, investigar posibles ilícitos cometidos por los dirigentes institucionales y, más aún, garantizar la continuidad de los servicios sociales, culturales y económicos que la entidad ofrecía, finalmente se declaró la liquidación de su patrimonio (Resolución N° 202/77). Desde el 15 de abril de 1977, sus valiosos bienes fueron quemados, desmantelados, destruidos, abandonados y subastados en remates viciados y ventas fraudulentas. Como lo veremos, la liquidación patrimonial continuó de forma ininterrumpida hasta diciembre del año 2008.
A todas luces, la declarada intervención financiera resultó un dispositivo de encubrimiento para una (otra) intervención ideológica, política y pedagógica. Entre otros ejemplos ilustrativos, puede mencionarse la militarización de su emblemática biblioteca Central reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad, caudal bibliográfico y servicio bibliotecario. Un memorándum fechado el día 25 de abril de 1977, detalla en el momento de producirse la intervención existían 50.000 libros en circulación y 15.000 volúmenes permanecían en depósito sin catalogar; el promedio de lectores diarios oscilaba entre 1.000 y 1.200 según la estadística del último año, y catorce bibliotecarios trabajaban en el edificio. Las acciones ejercidas sobre este espacio fueron: clausura, ocupación y peritaje. Las fichas personales de los lectores se transformaron en una valiosa base de datos en las tareas de averiguación, persecución ideológica y construcción del perfil de los “enemigos al ser nacional”.
Por su parte, los significativos “Cursos de Capacitación Popular” o “Universidad Popular”, fueron cerrados en la primera semana intervencionista aún cuando ya habían sido inscriptos 400 alumnos para el nuevo ciclo lectivo. Igualmente fueron clausurados el Departamento de Ciencias Naturales que llevaba adelante investigaciones regionales inéditas en el campo de la taxidermia, y el Museo de Ciencias Naturales con un patrimonio de más de 3000 piezas. Tras el despido del personal a cargo, paralización y clausura de todas sus actividades, el trabajo pionero del Prof. Rubén Naranjo (1991)7, describe que los animales embalsamados sirvieron como práctica de “tiro al blanco” por parte del personal militar y policial que custodiaba las instalaciones día y noche. El patrimonio no dañado fue decomisado y puesto en custodia en el Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” de la ciudad de Santa Fe a pedido de su Director.
Similar suerte corrió su Observatorio Astronómico. Hasta entonces, éste se destacó por su valioso instrumental: una lente única en su tipo adquirida en la óptica Zeiss de Alemania Federal durante los años de bonanza institucional. Progresivamente, este espacio de investigación científica y divulgación “popular” de las ciencias ligadas a la Astronomía, fue despojado de los recursos materiales indispensables para dar continuidad a sus equipos de trabajo. Finalmente, en el año 1979 la valiosa lente fue robada de la institución y el hecho nunca fue esclarecido.
Respecto de la reconocida Editorial “Biblioteca”, debe comentarse que en 10 años de desarrollo se publicaron más de 90 títulos con una tirada superior a los 2.000.000 de ejemplares, de los cuales 1.200.000 se destinaron a donaciones a bibliotecas y a los adquirientes de las rifas. Se editaron 16 colecciones de ficción, ensayos pedagógicos, literarios, históricos y políticos, cuentos infantiles y arte8. Un emprendimiento cultural que logró descentralizar la manufactura de libros dando prioridad a las producciones locales y regionales. A la fecha, es recordada como uno de los casos de biblioclastía más impactantes de nuestro país: en sus depósitos ardieron más de 47.500 volúmenes que allí esperaban para salir a la calle.
Los servicios sociales más significativos para la comunidad, fueron clausurados: entre otros, el Centro Recreativo y Deportivo, la Guardería y la Caja de Ayuda Mutua. Esta última otorgaba créditos (personales y para vivienda) a sus asociados. De sus utilidades dependían el Centro Materno Infantil que brindaba atención en forma gratuita durante embarazo, parto y puerperio, y la Guardería que recibía a los niños desde los 90 días de nacidos. Tras el cierre de estos servicios, sus bienes fueron desmantelados y subastados en remates públicos; desde las maquinarias de sus talleres de producción que igualmente tenía la entidad (automotores, encuadernación, carpintería, imprenta, centro de cómputos) hasta las sábanas de las cunas de la guardería.
La única estructura institucional que la intervención liquidadora sostuvo fue el sistema de escuelas curriculares: jardín de infantes, escuela primaria e Instituto Secundario Constancio Vigil. No obstante, igualmente fueron cerrados y destruidos sus bibliotecas especializadas, laboratorios y gimnasios. Específicamente, el espacio que más sufrió la política educativa procesista (Kaufmann, 2006) fue el Instituto Secundario con la supresión de los sistemas de becas y de “directores de curso”; los gabinetes psicopedagógicos y el servicio médico integral.
Los mencionados directores de curso habían sido implementados desde el año 1970 con el objeto de reemplazar la figura del “celador”; eran profesores dedicados a orientar y acompañar a los alumnos. Durante el ciclo básico que se extendía hasta el 3er. año, se propiciaban herramientas estratégicas de aprendizaje mediante un espacio curricular denominado “Estudio dirigido”. En el ciclo superior, la propuesta se orientaba a brindar una “Orientación emocional”. Estos programas buscaban configurar un espacio específico para la discusión grupal, el debate e intercambio de opiniones respecto de asuntos institucionales, disciplinarios o del interés de los alumnos9.
Por fuera del desmantelamiento de sus dispositivos pedagógicos, la calidad de la enseñanza que caracterizaba a esta escuela secundaria, resultó quebrada por el recambio de sus recursos humanos. El plantel docente quedó diezmado entre renuncias masivas producto del terror dictatorial y/o aplicación de la “ley de Prescindibilidad” (Res. Nº 851/77)10. El terror imperante no sólo se anudaba al accionar general del terrorismo de Estado y su cultura del miedo (Corradi, 1985) y/o a situaciones particulares de vida, sino que estuvo estrechamente vinculado al ingreso de personal intervencionista específicamente convocado para dirigir y controlar la cotidianeidad escolar: el departamento de educación a cargo del reconocido pedagogo Prof. Mario López Dabat quedó en manos de Alcides Ibarra; el Rector Prof. Rubén Naranjo fue reemplazado por Carlos Sfulcini y la Directora de Estudios (equivalente al cargo de Vice-rector) Elba Parolín, fue desplazada por el psicólogo Raúl Pangia.
Para connotar la gravedad de este recambio de autoridades, es dable mencionar que Alcides Ibarra, alias “Rommel”, por entonces se desempeñaba en el Servicio de Informaciones (SI) donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura Nº 256 conocido como “El pozo” en dependencias de la Jefatura de Policía de Rosario. En la Biblioteca Vigil, se presentó como “asesor pedagógico” del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Por su parte, Carlos Sfulcini, se encuentra igualmente registrado en las actas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) como torturador. Bajo el alias “Carlos Bianchi” o “Carlitos”,fue:
… parte de la ‘Patota de Oroño’, que no sólo se ocupaba de las tareas de inteligencia sino asimismo de los operativos y de gestionar alguno de los centros de detención que funcionaron en el área (Águila, 2008: 187).
Por último, el psicólogo Raúl Pangia participó de las depuraciones del personal docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Rosario en 1975. En abril de 1977 fue convocado en la intervenida “Vigil” como docente de “Formación Cívica” y Vice-rector. Los testimonios de docentes y alumnos lo refieren como una figura despótica que tenía por costumbre citar a los alumnos en dirección y “dialogar” con ellos poniendo un arma sobre el escritorio. A la fecha, su nombre emerge en los listados del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificados tras la firma del decreto Nº 4/2010; específicamente, el colaborador Pangia se desempeñaba como “Agente de censura” del Batallón 121 de Rosario.
Así, “pedagogos” de día y represores de noche, entre 1977 y hasta 1979, estos directivos regentearon las escuelas con la inestimable colaboración de un grupo de docentes denominado en algunos testimonios como “la camarilla”. En 1980, mediante el decreto Nº 1170/80, el Ministerio de Educación y Cultura de Santa Fe, decidió finalmente “comprar” las propiedades donde funcionaban las escuelas oficiales. Esto significó que el Estado era parte compradora y vendedora, simultáneamente. Así, el día 18 de junio de 1980, el matutino más importante de la ciudad titulaba: “Adquirió la provincia el inmueble de la Vigil”, destacando que “se aceptó como precio total de la compra la suma de cuatro mil ciento ochenta y cuatro millones de pesos ($4.184.000.000)”11. Tras esta transacción, todas las escuelas pasaron al estado provincial ahora denominadas “Complejo Pedro de Vega”. En oportunidad de su inauguración el 13 de septiembre de 1981, el ministro de educación Eduardo Sutter Schneider expresó:
La idea de un complejo educativo y cultural en la ciudad de Rosario hace más de dos décadas fue plasmada con la creación de la hoy ex – Biblioteca Constancio C. Vigil. El gobierno de la Provincia, consciente de una de las principales tareas de este Proceso es la de reordenar valores, entendió como conveniente rescatar para esta ciudad y especialmente para una zona tan populosa como la que nos rodea un proyecto cultural y educativo de gran envergadura que había sido confundido en el tiempo por ideas y motivaciones políticas opuestas a nuestro ser nacional12.
Con ello, se exhibe la mutación en el discurso: desde el argumento normalizador-financiero, a este claramente político-ideológico, pero ambos igualmente guiados por un espíritu de salvaguarda de corte paternalista. Cuando el segundo aún estaba implícito, específicamente, desde las primeras horas intervencionistas en 1977, la CD fue acusada de fraude y obligada a presentar su renuncia. La madrugada del 10 de mayo, ocho de sus miembros fueron secuestrados de sus domicilios y llevados al CCD (Centro Clandestino de Detención) “El pozo” del S.I. (Servicio de Informaciones) Permanecieron desaparecidos durante 90 días hasta ser “declarados” y puestos a disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, resultaron liberados sin inculpación de cargo alguno el 24 de diciembre de 1977 tras escuchar del propio Gral. Leopoldo F. Galtieri: “Es la última oportunidad que tienen para reintegrarse a la sociedad. La próxima… ni la vida tendrán”13.
Los años “oscuros” de la democracia y el desmantelamiento subjetivo de la década de 1990
Reiniciada la vida institucional en el país (1983), un grupo de ex dirigentes organizó una comisión de recuperación de la entidad llevando a cabo gestiones orientadas a visibilizar el caso; sus estrategias fueron en parte mediáticas y predominantemente burocráticas. Respecto de lo primero, entre otras fuentes periodísticas a considerar, el ya desaparecido diario “Democracia” (Rosario) publicó en 1984 diez extensas notas periodísticas sobre la historia y desguace de la entidad. En cuanto a lo segundo, esta primera comisión de recuperación elevó decenas de cartas a los ministerios provinciales y solicitó audiencias con legisladores y funcionarios de la gestión del entonces gobernador José María Vernet (1983-1987). Nunca obtuvieron una respuesta fehaciente a sus legítimos pedidos.
Por primera vez, la entidad resultaba extemporánea a la efervescencia política de su contexto: en tanto las organizaciones de derechos humanos (DD.HH) se hacían escuchar en las calles, se preparaban los estrados para el “Juicio a las Juntas” (1985) e instituciones educativas, sindicales y sociales renovaban autoridades y estatutos, nada se conmovía en la desmantelada institución14.La liquidación siguió su marcha, los interventores permanecieron en sus cargos administrativos cobrando abultados honorarios y docentes y directivos que habían ingresado ex profeso con la intervención, continuaron en actividad aún bien entrada la década de 1990. Al respecto, dos ejemplos son elocuentes: por un lado, el Dr. Maldonado Puig, principal responsable de la ejecución de indemnizaciones del personal cesanteado al 20 por ciento de su valor legal, con el inicio de la democracia se había convertido en el Procurador General de la Provincia; es decir, la máxima autoridad para toda apelación jurídico-administrativa. Por otro lado, parte del principal inmueble de la entidad donde, entre otras dependencias, se ubicaba la Unidad Administrativa de la Biblioteca Vigil, fue destinado para el funcionamiento de la Regional VI del Ministerio de Educación de Santa Fe. Así, hasta el año 2011 inclusive, la estructura burocrática del sistema educativo provincial se asentó no sólo sobre la expropiación fraudulenta del edificio, sino sobre la destrucción de una experiencia pedagógica progresista.
Ahora bien, es dable analizar que la dificultad de recuperar a la institución durante los primeros años de 1980 no se hallaba únicamente en los silencios y olvidos tejidos por la impunidad y la connivencia política, sino en el momento histórico que se atravesaba; específicamente, en la trama constitutiva del movimiento por los DD.HH. cuya matriz militante emerge anudada a la inédita figura del “desaparecido”. Dicho en otros términos, el estallido de documentos y testigos relatando un genocidio sin precedentes capturó toda la escena jurídica, social y política sin dar cabida a otros efectos del terrorismo de Estado; ciertamente, aún no había espacio simbólico para considerar su alcance y profundidad en instituciones de la cultura y darle debido tratamiento. Igualmente, la “teoría de los dos demonios” invalidó toda consideración (política y jurídica) sobre la colaboración civil; bajo la memoria del “nunca más”, ello se suponía inoportuno o, incluso, altamente sospechoso15.
Hacia fines de la década de 1990, las políticas de desindustrialización nacional (ya iniciadas con la gestión del ministro de economía Martínez de Hoz en 1976), llevaron a la sociedad en su conjunto a un tipo de miseria nunca observada en la Argentina. Expresado así, no sólo en términos materiales (deterioro de sueldos y salarios) sino en sus aspectos simbólicos: la crisis de instituciones estructurales (justicia, educación, salud, soberanía política, económica y patrimonial) llegó a niveles paroxísticos durante esta década estallando hacia el año 2001. El tan mentado modelo neoliberal propuesto por organismos financieros internacionales y aceptado con ciego encanto por amplios sectores, terminó quebrando el arco de solidaridades sociales otrora construido.
En otras palabras, si durante la década de 1980, las condiciones objetivas no estaban dadas en términos de una inicial cicatrización parcial de las heridas, durante los oprobiosos años de 1990 debe sumarse una imposibilidad de decir; un no-dicho producto de un discurso que no tiene lugar (Agamben, 2000). “La Vigil”, como experiencia popular, colectiva y cooperativa, no lograba ser recordada tras el desmantelamiento subjetivo (Bleichmar, 2008) que producen la desocupación y la precarización laboral; estrategias fundamentales del disciplinamiento sociopolítico. La soledad, la desidia y el individualismo a ultranza, eran las notas dominantes en esta era de especulación financiera y privatizadora. Los testigos y el lenguaje de la memoria, no podían recupera(se) del olvido a la Biblioteca Vigil.
Segunda parte (2004 – 2011)
Epifanía comunitaria: la “Asamblea de Socios por la Recuperación de la Biblioteca Vigil”
Se considera que esta organización de base comunitaria está ligada a la experiencia de las asambleas barriales emergentes de la crisis de diciembre de 2001, producto del profundo quiebre entre sociedad y clase política. Aun cuando aquellas prácticas asamblearias (participación popular, debate y decisión horizontal) fueron expresiones coyunturales que no lograron devenir en una propuesta coherente y organizada, un efecto residual operó como una “epifanía” colectiva en el caso indagado. Lo expresamos en estos términos siguiendo la mirada de M. Kriger, esto es, un mecanismo repentino que “rasga el velo del presente y des-oculta lo que es percibido como la verdad” (2008: 4). Así, el carácter explosivo y la contagiante combustión colectiva y subjetiva que siguieron al año 2001, posibilitaron aquello que estaba ausente en las estrategias ensayadas hasta entonces: su articulación comunitaria. Actores institucionales y vecinos se reunieron en un espacio de identidad estallada; epifanía de un “nosotros” arrebatado tiempo atrás. Aquella experiencia mutualista se tornó en un ejemplo a seguir; la imagen de un país perdido y añorado.
Tras algunas gestiones previas impulsadas por un pequeño grupo de ex alumnos del Instituto Secundario, el 11 de marzo de 2004 se puso en marcha otra etapa en la recuperación de la entidad mediante una multitudinaria asamblea conformada por ex dirigentes, ex empleados, ex docentes, ex alumnos, vecinos y simpatizantes. Con ella quedó inaugurada la “Asamblea de Socios por la Recuperación de la Biblioteca Popular Constancio. C. Vigil”. Los objetivos planteados fueron:
Restitución de la personería jurídica a sus legítimos dueños.
Restitución de los bienes muebles e inmuebles.
Investigación de todo lo actuado durante la intervención y liquidación que continúa hasta el día de la fecha.
Determinación de las responsabilidades de cada uno de los que participaron en este nefasto saqueo a la cultura, la educación y la construcción popular.
Los primeros tiempos asamblearios fueron intensamente productivos; poco a poco, primero el barrio, luego la ciudad toda, comenzaron a familiarizarse con su nombre y sus diversas actividades: firmas de petitorios en las esquinas; presencia activa en las ferias de libros; audiencias en los ministerios nacionales y provinciales de las áreas educativas y culturales; entrevistas radiales; solicitadas, opiniones y cartas de lectores enviadas a los principales diarios de la región.
Particularmente, el caso “adormecido” cobró una potente visibilidad la noche del 4 de junio de 2004. Bajo una gran pancarta que expresaba: Creyeron que sólo quemaban libros, no pensaron que despertarían conciencias, los asambleístas lograron convocar a 10.000 personas. Ayudada por la participación de respetados cantantes populares, montaron un escenario desde el cual exigieron que “vuelva la Vigil”. Finalmente, la música llegó hasta el despacho del gobernador Jorge Obeid (2003-2007). Por primera vez en 27 años, obtenían una propuesta oficial para su devolución.
“Donación vs. Restitución”: ¿división o multiplicación?
Tras la euforia inicial, las posteriores reuniones se destinaron a un análisis pormenorizado del “Acuerdo Marco” girado desde la gobernación. De entre variadas e intensas discusiones que el documento produjo en la asamblea, un punto en particular – una perturbadora palabra – derivó en la división del grupo: el proyecto de ley explicitaba que los bienes existentes serían “donados” a la cabeza de la comisión que los recibiera. Hasta entonces, se había exigido la “restitución” de la entidad.
De un lado, se consideraba que la diferencia entre “donación” y “restitución” era meramente semántica; para otros, era el punto neurálgico de toda su lucha. Los primeros, aún coincidiendo con el sentido ético del concepto, argumentaban que no existía figura jurídica alguna que abriera un camino viable y seguro; los segundos respondían que, aún siendo real aquello, debían exigir “lo imposible”. Sencillamente, a un hecho inédito debía oponerse la inédita figura de la “restitución institucional”; una salida que sentara precedentes. Aceptar la donación de los bienes despojados, equivalía a legitimar los delitos perpetrados.
Sobre esta tensión se acoplaron otras desavenencias de orden subjetivo y político-partidario produciendo el quiebre y surgimiento de otro grupo que desde entonces se autodenominó “Socios activos de la Biblioteca Vigil”. Desde ya, las disputas internas lesionaron fuertemente la participación comunitaria; muchos vecinos se alejaron confusos y/o abatidos entre una u otra figura de la ex CD que igualmente resultó desmembrada. Entretanto, el proyecto de “ley de donación” perdió estado parlamentario; algunos festejaron el acontecimiento, otros lamentaron la pérdida de una oportunidad histórica.
Ahora bien, resulta interesante constatar que el quiebre del grupo original produjo una diversificación de interpretaciones sobre las formas reparatorias del caso, asi como en una variedad de prácticas culturales, legales, sociales y políticas a los efectos de alcanzar objetivos particulares y generales. Algunas estrategias fueron decididamente pragmáticas, otras, ciertamente audaces, orientadas a metas meramente legales o pensadas como un acto profundamente político.
En principio, en el año 2004 se presentaron denuncias penales y civiles contra el interventor liquidador Dr. Emilio Echen y su contador Jorge Menegozzi, aún en funciones desde el período dictatorial. Los abogados de la asamblea, ex alumnos de la escuela secundaria, denunciaron más de cuarenta irregularidades en el expediente, entre otras, la falta de control del Estado y las ventas de los inmuebles en forma directa y no por subastas como marca la ley. Y, sin lugar a dudas, la más contundente: en tanto la Biblioteca Vigil tenía un patrimonio de 3,5 millones de dólares, las deudas llegaban a sólo 100 mil dólares; los bienes fueron vendidos, las deudas no se saldaron y cobraron por estos servicios 700 mil dólares de honorarios. Los interventores “vitalicios” renunciaron al no poder explicar estas “irregularidades”. En lugar del renunciante fue designado interventor el Sr. Carlos Merli.
Igualmente, se obtuvieron logros simbólicos en el orden de un reconocimiento y restitución de bienes: por un lado, en el año 2007, la Asamblea de socios obtuvo el Premio de Derechos Humanos “Claudio Pocho Lepratti”16. El acta confeccionada por el jurado fundamenta su voto unánime explicitando que:
Merece ser reconocida y destacada ya que condensa el esfuerzo de un grupo importante de vecinos de la ciudad de Rosario en pos de defender no sólo la memoria de un proyecto educativo que fuera arrasado por la última dictadura militar, sino además por su capacidad de movilización para la reconstrucción de un espacio social, cultural y educativo en vistas al futuro de la comunidad rosarina. Con no pocos obstáculos (…) la Asamblea de socios logró, en sus breves años de existencia, hacer audible un reclamo que trasciende lo individual y abraza lo colectivo entendido como “lo comunitario”17.
La polémica restitución se materializó al menos en dos instancias: la recuperación de parte de los animales embalsamados expropiados del Museo de Ciencias Naturales, y la reedición del libro “El Fusilamiento de Penina” escrito por Aldo Oliva. En el primer caso, ello sucedió el 30 de diciembre de 2004 cuando una nutrida caravana de socios y vecinos escoltó el camión que traía de la ciudad de Santa Fe diecisiete animales embalsamados. Como si acaso se tratara de una humana restitución, los inanimados fueron recibidos con gran emotividad. Asambleístas, comunidad y medios de comunicación locales lo llamaron “un acto de recuperación patrimonial”. Por su parte, el texto mencionado formaba parte de la colección “Testimonios” de la Editorial Biblioteca. Al momento de la intervención estaba listo para su distribución pero fue incinerado entre otros miles. En el año 2006, una maltrecha copia fue encontrada por el bibliotecario Raúl Frutos. Con su reedición, pudo ponderarse la enorme labor editorial de Biblioteca Vigil y su destrucción, la figura de su autor, el poeta rosarino Aldo Oliva y, desde ya, la concreción de un libro hasta entonces sin lectura18.
Finalmente, el sector “Socios activos” inició en el año 2007 una investigación sobre los socios, alumnos, docentes y empleados de la entidad desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Hasta entonces, habían sido divulgados y/o destacados (Frutos, 1997; Naranjo; 1991) los nombres de la docente Nora Larrosa, la bibliotecaria Gladys Pamies y César Raúl Tabares, cooperador de las escuelas. El cruce de datos entre los listados de los padrones originales de la entidad y los archivos de la CONADEP, sumaron 18 nombres en la nómina de los “desaparecidos de la Vigil”19. Al respecto, si bien se comprende que aquella indagación tuvo por objeto un sincero reconocimiento y homenaje hacia estos actores institucionales, resulta importante dimensionarlo con mayor rigor histórico. A nuestro entender, la persecusión y asesinato de todos ellos remite a sus propias militancias políticas u otras circunstancias que no han sido despejadas con certeza. Ciertamente, como lo hemos comprobado en la documentación obrante en el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, sostener relaciones laborales, sociales, culturales, pedagógicas o de otra índole con la Biblioteca Vigil antes o después del período dictatorial, resultaba un antecedente ideológico altamente peligroso. No obstante, desde nuestra perspectiva, consignar estas muertes en tanto “los desaparecidos de la Vigil”, resulta un exceso de la memoria militante20.
Por fuera de las apreciaciones expuestas, finalmente destacamos que, más allá de los acuerdos, distancias, perspectivas y caminos reparatorios ensayados en los diferentes grupos, en su conjunto, la inédita coyuntura de la entidad (una liquidación patrimonial continuada por más de treinta años), fue constantemente divulgada aún cuando no fuera enteramente (re)conocida por fuera de la ciudad de Rosario21.
(Re) Normalización
Tras poco más de tres décadas intervencionistas en la Biblioteca Vigil, en noviembre de 2008 se conoce la resolución Nº 2.430 firmada por el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES). Los seis artículos que la componen explicitan: en primer orden, “dejar sin efecto el retiro de autorización que pesaba sobre la entidad para funcionar como asociación civil, mutual, social y educativa”. Segundo: se solicita dar conclusión al proceso liquidatorio obrante en el expediente judicial Nº 436/77 y reemplazo de la figura del Liquidador Judicial por una Comisión Interventora. Tercero: poner en inmediata vigencia el punto Nº 1 una vez dictada la intervención en los términos del punto Nº 2. Cuarto: poner en marcha un proceso de normalización institucional guiado por las previsiones estatutarias de la entidad. Esto es, convocar a una Asamblea Extraordinaria de socios para la elección de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización.
Esto último se estipula en un plazo no inferior a los 18 meses, previa y adecuada publicidad del proceso y registro de asociados con estipulación de cuota social razonable que garantice el funcionamiento de la entidad y la participación social. Por último, se explicita que los gastos que demande todo el proceso resultan a cargo de la entidad objeto de esta medida.
El mencionado articulado se fundamenta así:
Que el liquidador judicial Carlos Enrique Merli solicita que la liquidación sea transformada en Normalización atento a la “…gran obra cultural, social, educativa y mutualista” que ha llevado a cabo la entidad mutual y dado que en la actualidad ya no existen acreedores encontrándose a consideración de la magistratura el balance final (…) Existe una petición concreta del Liquidador Judicial para que se reconsidere la decisión, con fundamento en la trascendencia social y cultural de la entidad mutual, la existencia de fondos depositados a favor de la institución y la segura devolución de inmuebles que le pertenecieran. Las causales que motivaron el retiro de la autorización para funcionar y la liquidación judicial de la entidad mutual no se observan al presente, advirtiéndose, por el contrario, el interés que para los vecinos de la ciudad de Rosario importa su reactivación dada la trascendencia cultural desde su fundación, que ha concitado la atención de las autoridades locales en razón de las manifestaciones de distintos sectores políticos y sociales que reclaman la continuidad de la institución.
Un mes después, dicho pedido es contestado positivamente por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 14º nominación a cargo de la jueza Dra. María Lotti. La magistrada firma entonces la resolución Nº 3.374 que pone fin al proceso liquidatorio. La liquidación se “declara concluida” después de 31 años22. En sintonía con los considerandos de la disposición del INAES, la Dra. Lotti expresa que su decisión resulta viable no sólo por amparos de orden estatutario sino por observar “la voluntad social primigenia de los asociados”. Igualmente, se acepta la conformación de una nueva comisión interventora bajo la figura de un Triunvirato según lo propone el INAES:
Disponer la Intervención de la referida Institución designándose la Comisión Interventora integrada por: Dr. Francisco Gabriel Dallo, Sr. Juan Enrique Lombardi y Carlos Enrique Merli”.
Esto es, el primero en tanto representante del INAES, y los restantes como actores del Estado Provincial: el Sr. Juan Lombardi del Ministerio de la Producción y Sr. Carlos Merli de Federación de Entidades Mutualistas. Con ello, la acción combinada de jurisdicciones nacionales y provinciales tiene como función principal el llamado a la mencionada Asamblea Extraordinaria que rehabilite la vida institucional en manos de nuevos dirigentes elegidos por sus asociados y sobre la base del estatuto original.
Con todo lo dicho, resulta evidente que la carencia de una figura jurídica que pueda corresponderse con el caso, produce un mecanismo que desanda sus microprocesos; como un pliegue de la historia, la reparación se comienza a escribir de “atrás hacia adelante”; gráficamente:
Figura1: Proceso administrativo 1977-2008
Figura 2: Proceso administrativo desde 2008
Así, tal y como se exigiera aquella fría noche de junio de 2004, seis años después se inicia una amplia convocatoria a la ciudadanía para al empadronamiento irrestricto de socios. En diarios, radios y televisión se anuncia sin más: “La Vigil…vuelve”.
La (im)posibilidad de “volver”
Para este trabajo resulta significativo ponderar específicas contradicciones históricas y políticas presentes en el proceso de (re)normalización descripto. Interpretamos que, al tiempo que estas disposiciones tienen por objeto la finalización de un proceso administrativo inaceptable, igualmente subyace cierta legitimación del accionar intervencionista. Esto es, aun cuando puede acordarse, y, desde ya, celebrarse, la activación de las herramientas legales disponibles y el uso debido de los procedimientos estipulados resulta nebuloso, limitado e, incluso antes, ausente, un reconocimiento de las condiciones ilegales en las cuales todo ello resultó posible. Lo dicho puede condensarse en la consideración: “Las causales que motivaron el retiro de la autorización para funcionar y la liquidación judicial de la entidad mutual no se observan al presente”. En rigor de su biografía institucional, dichas causales tampoco se observaban en 1977.
En otras palabras, a lo largo de las veintiséis páginas que fundamentan la resolución del INAES y de las breves líneas de la magistrada, no se hace mención alguna al orden dictatorial en el cual se inicia el expediente judicial en cuestión. Sencillamente, a una medida administrativa se responde con otra de igual categoría. Tímidamente, se alude al campo social y político con explicaciones que señalan la “trascendencia” cultural de la entidad y el reclamo vital de sus actores institucionales.
No obstante lo dicho, sí puede darse con una inédita acción legal: la restitución de una personería jurídica en virtud de “dejar sin efecto el retiro de autorización que pesaba sobre la entidad…”. A nuestro entender, lo anterior supone un implícito reconocimiento de la desaparición forzada de la Biblioteca Vigil. Y acaso nos atrevemos a caracterizarla en estos términos por cuanto su caso remite a una institución aniquilada por el terrorismo de Estado sin acta de defunción alguna equivalente a la caída de su personería jurídica rubricada bajo el Nº 304. Precisamente, la autorización y devolución de idéntico número de identidad o matrícula es afirmación de su existencia; es restitución de su biografía y no otra cosa.
Otra dimensión del análisis requiere revisar si el proceso de (re)normalización tuvo efectos en un orden subjetivo; especialmente, si acaso también los sectores divididos lograran “volver sobre sus propios pasos”. Hasta el presente, aquello que los distanció aún no pudo compensarse pues, claramente, de otra textura son los conflictos. Nos preguntamos ¿Cómo suponer/pretender que el cuerpo social sea “restituido” en su originalidad? Precisamente, ¿no sería ello una (alucinatoria) apología del olvido? Esto es, interpretamos que sus heridas se hallan en un iniciático proceso de cicatrización que precisamente se muestra en los desacuerdos que no deben censurarse sino tramitarse con más democracia y pluralidad de memorias.
Por otro lado, la dilación de los procesos reparatorio-administrativos previstos, no ha colaborado en un punto de encuentro y acuerdo. Hasta la fecha, la asamblea extraordinaria aún no ha sido convocada y se continúa con la conscripción de asociados. En tal sentido, el grupo “Asamblea de socios” (aunque señale el incumplimiento de los tiempos estipulados por ley) se ha mostrado en acuerdo con las acciones llevadas a cabo por el Triunvirato. Por su parte, los “Socios activos” denunciaron el no reconocimiento de padrones originales de la entidad como una acción que niega la existencia de los históricos dirigentes y miembros23.
Finalmente, este último grupo ha dado un paso decisivo que escapa a la mera dimensión administrativa: en octubre de 2011, ex miembros del CD detenidos y torturados en mayo de 1977 hicieron las denuncias pertinentes ante la Justicia Federal24. El ex presidente Augusto Duri, el ex vicepresidente y bibliotecario Raúl Frutos y Antonia Frutos, ex vocal, son los primeros denunciantes que abren una causa por delitos de lesa humanidad en el caso de la Biblioteca Vigil.
Lo anterior dispara una pregunta fundamental ¿por qué ahora y no antes? Por fuera de insospechadas motivaciones subjetivas que aquí no resulta pertinente arriesgar, los ex dirigentes explicitan que nunca concibieron su paso por aquel CCD como un asunto particular sino como efecto del genocidio perpetrado sobre la entidad. Al respecto, interpretamos que lo dicho guarda una profunda coherencia histórica en el caso, pues resulta evidente que la detención de los ocho miembros de aquella CD está íntimamente ligada al saqueo que inmediatamente se puso en marcha. Es decir, la composición del grupo secuestrado debe analizarse siguiendo la lógica de los cargos institucionales que ejercían; a saber:
Tesorero: responsable de la custodia y distribución de los caudales de la entidad.
Revisores de cuenta: aquellos que periódicamente debían examinar el estado de la documentación y registraciones contables, el estado de caja y la existencia de títulos y valores. A su cargo quedaban la verificación del cumplimiento del Estatuto social y reglamentaciones vigentes, así como dictaminar sobre la memoria, inventario, balance general y cuadro de gastos y recursos institucionales presentados.
Presidente y vicepresidente: responsables máximos de la marcha de la entidad. Su cargo suponía el conocimiento de los procesos institucionales que acontecían en todas las áreas, al tiempo que encarnaban su identidad política.
Síndicos: quienes debían velar por los intereses de la entidad ante la posibilidad de una liquidación patrimonial.
Más aún, el artículo 82º del Estatuto institucional con últimas modificatorias aprobadas en abril de 1976 por fiscalía de Estado, preveía con claridad:
La disolución de la Biblioteca y su liquidación, no podrá ocurrir sino en virtud de causas bien fundadas y por resolución de la Asamblea. Resuelta su clausura y la terminación de su actividad, los libros, muebles y útiles y valores de la Biblioteca, se depositarán bajo inventario en poder de establecimientos oficiales locales o de las autoridades, a la orden de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP) a los efectos de su devolución a la misma dado lo previsto en el articulo 56º de la reglamentación de aquella. Los bienes que no le pertenezcan pasarán automáticamente al Hospital de Niños “Víctor J. Vilela” y al Hospital Provincial de Rosario.
Paralelamente, el artículo 82º estipulaba que:
El remanente de la liquidación luego de realizado el activo y el pasivo y pagadas las deudas, se depositará en el Banco de la Nación en cuenta especial denominada Dirección General de Mutualidades, Fondo de Promoción Mutual.
A todas luces, lo anterior no fue efectivizado no obstante los argumentos intervencionistas fundados en un cuidado del bien público. Por el contrario, estratégicamente fueron secuestrados quienes podían dar pruebas de la no malversación de fondos frente a los pasivos contables y fiscales, al tiempo que velar por los destinos institucionales.
En síntesis, el desguace patrimonial y la detención ilegal de los dirigentes, no pueden desarticularse para comprender cabalmente este caso de genocidio cultural. Sin embargo, su causa abre un clivaje en la práctica jurídica: nuevamente, la víctima llamada Biblioteca Vigil no encuentra una figura y/o camino directo que tramite su condición histórica. La trama subjetiva opera entonces como una vía de acceso forzosa para arribar a la trama colectiva. Mediante las flamantes presentaciones judiciales, los patrocinantes hipotetizan que ulteriormente los testimonios puedan ir más allá de los casos particulares para abrir, amplificar y profundizar la agenda pendiente: delitos culturales y económicos imprescriptibles. Ciertamente, conviene seguir de cerca su devenir.
En la primera parte de este trabajo hemos descripto brevemente la biografía institucional de la Biblioteca Vigil de Rosario, no sólo a los efectos de su divulgación sino como ingreso ineludible a la comprensión de sus actuales procesos reparatorios. En su devenir, la hemos observado rítmicamente acoplada al vaivén de específicos movimientos sociales; organización civil y contexto histórico permanecieron dialécticamente ligados, en un comienzo por razones asociacionistas y, posteriormente, bajo una impronta cooperativista y mutualista que erigió un edificio cultural sin precedentes en muchos aspectos.
Incluso, tras la irrupción de su vida institucional en 1977 dicha coherencia se continuó en objetivos diametralmente opuestos: la entidad se volvió encarnadura del terrorismo de Estado. Por fuera de las notas dominantes y particulares que el caso tomó (y más aún, sin considerar en este trabajo toda práctica que efectivamente resistiera el proceso intervencionista), “la Vigil” del período 1976-1983 fue expresión cabal de la dictadura: seguimiento, censura, destrucción, detención, tortura y desaparición.
Reiniciada la vida constitucional, el pasado dictatorial quedó cristalizado en la memoria del “Nunca Más”, es decir, en un relato oficial fundamentado desde la “teoría de los dos demonios” que se limitó a describir y juzgar los enfrentamientos entre organizaciones políticas armadas y fuerzas estatales/para-estatales. Bajo su impronta, la sociedad y sus comportamientos autoritarios (O’Donnell, 1997) quedaron encapsulados en una representación inocente y pasiva; el mal fue concebido de orden extra-societal. Asimismo, el colaboracionismo civil emergió ligado a circunstancias de delación y/o “traición” (Longoni, 2007) bajo amenaza y/o tortura. En este sentido, referir un acto de colaboración civil con el régimen, podía operar como criminalización de las víctimas o incluso desviación del foco sobre los genocidas.
Ciertamente, lo anterior no ha sido objeto de análisis en este trabajo y merece la consideración de múltiples factores que asimismo se hallan en discusión (Vezzetti, 2002; Levín, 2007; Águila, 2008; Lvovich, 2007; Feierstein, 2009). Por ello, en este estudio resulta significativo sólo a los efectos de comprender la apatía, inercia e impunidad que propició la continuidad del intervencionismo institucional durante la década de 1980 y más allá, pues aún en 1995 se continuaban liquidando valiosos inmuebles del patrimonio de la entidad. Puntualmente, el Centro recreativo y deportivo de 34 hectáreas frente al rio Paraná era entonces expropiado por el Municipio de Villa Gobernador Gálvez.
Desde ya, las graves irregularidades que obran en el expediente judicial, escapan a los relatos colectivos sobre el pasado reciente y/o las memorias militantes de organizaciones por los DD.HH. En este sentido, se busca señalar que toda denuncia sobre el caso durante las décadas de 1980 y 1990, igualmente se diluía en virtud de no encontrar basamento discursivo para volverse visible y viable.
Igualmente, si hemos connotado el inicio de una nueva etapa de recuperación de la memoria institucional en 2004 como un proceso emergente de la crisis del año 2001, esto ciertamente se limita a la posibilidad de un (re)encuentro comunitario, un punto de partida. En adelante, la constante movilización de los diferentes sectores o grupos y, más aún, el eco popular y la repercusión mediática, ya deben inscribirse en el marco de un clima auspicioso de revitalización de las políticas de la(s) memoria(s) que, a todas luces, contiene y desborda el caso25.
En este punto auspicioso e inquietante se encuentra la recuperación de la Biblioteca Vigil de Rosario. Con ella encarnan posibilidades y obstáculos políticos, jurídicos y socioculturales específicos para el logro de una cicatrización integral: por un lado, delitos culturales y económicos imprescriptibles; por el otro, juicio y castigo a perpetradores no sólo militares, sino antes bien aquí, civiles profesionales imprescindibles para liquidar la vida material y simbólica.
Y acaso deba suscribirse a los obstáculos mencionados otro igualmente significativo: la ubicación territorial. Esto es, la posibilidad de tornarse un caso emblemático y paradigmático que efectivice una agenda reparatoria en ciernes, aún cuando esté por fuera de cierto centralismo mediático y gubernamental. Si verdaderamente estamos en una etapa orientada a contemplar la complejidad de las memorias y la profundización de reparaciones históricas, la Biblioteca Vigil resulta un caso testigo excepcional para estabilizar nuevas problemáticas que asoman.
1Augusto Duri fue residente de la Comisión Directiva de biblioteca Vigil desde 1959 hasta la intervención en 1977. Tomás Pedrido. Cita extractada en entrevista a Tomás Pedrido, Rosario, Argentina, 2 de Octubre de 2009.
2 Artículo Nº4, Estatuto fundacional (1959).
3 En tanto el jardín de infantes fue creado en 1960, la escuela secundaria inició su primer ciclo lectivo en 1970. Un bachillerato de doble escolaridad, laico, mixto y gratuito distinguido por la alta calidad de su enseñanza y, con ello, el acceso y democratización del conocimiento para los sectores más desprotegidos de la ciudad. Iguales características tuvo la escuela primaria inaugurada en 1972. El circuito integral se completó con la llamada Universidad Popular, en funcionamiento desde mediados de la década de 1960 y conformado por variados cursos de capacitación no formales: piano, guitarra, flauta dulce, pintura, artesanías, cerámica, grabado, astronomía, expresión creadora infantil, danzas, artes visuales, entre otras.
4 Expediente Nº 436/77“Biblioteca Vigil s/ Operaciones de Liquidación”.
5 Sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Se indagó en documentos que pertenecen a las series: Fondo Dirección General de Informaciones Provincia de Santa Fe (1976-1983); Fondo Policía de la Provincia de Santa Fe (1976-1983); Fondo Servicio Penitenciario de la Policía de Santa Fe (1976-1983)
6 Ficha Fondo Dirección de Informaciones. Caja 493. Legajo 1. Archivo Provincial de la Memoria, Santa Fe.
7 En 1964 el profesor y artista plástico Rubén Naranjo se sumó a la pujante entidad para dirigir la Escuela de Artes Visuales (Universidad Popular). De inmediato se incorporó a la CD. En 1966 tomó a su cargo la extraordinaria experiencia de la “Editorial Biblioteca” y en 1976 asumió como rector del Instituto Secundario.
8 Sobre la experiencia editorial de la Biblioteca Vigil, Cfr.: Frutos, R. y Naranjo, R, (2006). El genocidio blanco. La Editorial Biblioteca Vigil, Rosario. En Kaufmann, C. Los textos escolares en la historia argentina reciente. Tomo III. Buenos Aires: Miño y Dávila.
9 Documentación encontrada en el archivo personal de los Prof. Rubén Naranjo y Mario López Dabat. El primero ubicado en el domicilio particular de Marina Naranjo (hija). El segundo disponible en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
10 Fuentes documentales halladas en el archivo escolar del Ex Instituto Secundario “Constancio C. Vigil”, hoy Escuela de Enseñanza Media Nº 338.
11 DiarioLa Capital, 18/06/1980.
12 Diario La Capital, 13/09/1981.
13 Declaraciones del ex Tesorero de Biblioteca Vigil, Sr. Tomás Pedrido en el video-documental: Los hombres de buena voluntad. La Historia de la Vigil, realizado por 4 AD Comunicaciones, Santa Fe, 2005.
14 En cuanto al movimiento por los DD.HH. referimos las múltiples organizaciones civiles que lo conforman, especialmente aquellas constituidas por familiares directos de las víctimas del terrorismo de Estado (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) quienes desde la plena vigencia de la dictadura y hasta la fecha, han sostenido la memoria histórica con una incansable militancia no violenta, bregando por justicia y verdad. Por su parte, el “juicio a las Juntas” es el nombre coloquial que alude al proceso judicial realizado en 1985 contra las tres Juntas Militares (Ejército, Marina y Aviación), responsables máximas de las masivas violaciones a los DD.HH. entre 1976-1983. El procesamiento civil y su inmediata condena constituyó un hecho inédito en el mundo.
15 Sobre la historia política del “Nunca Más”, ver más en E. Crenzel (2008).
16 El nombre del mencionado premio es un homenaje a Claudio “Pocho” Lepratti, militante barrial asesinado en las jornadas de diciembre de 2001.
17 Itálica en original.
18 La reedición del libro fue impulsada por Antonio Oliva (hijo) y publicado en Barcelona por editorial El Viejo Topo en el año 2007.
19 Estos son: Miryam Ovando de Sanctis; Stella Maris Gallicchio de Vicario; José Ángel Alba; Reinaldo Ariel Hernández; Julia Natividad Huarque; Elvira Estela Márquez; Carlos Alberto Martínez Mauro; Raúl Milito Oses; Miriam Moro de Vicenzo, Héctor Ariel Rimada; Mario Julio Urquizo; María Teresa Vidal; Carlos Eduardo Wagner.
20 Acaso puede ubicarse en dicho registro el caso de Francisco Routaboul, síndico de la CD secuestrado junto a sus pares en 1977. Según lo atestigua su familia directa, “Pancho” no pudo reponerse del trauma que le ocasionara su paso por el CCD, y más aún, nunca pudo conciliar la idea de la destrucción institucional; tras sufrir una profunda y continua depresión, falleció el 21 de diciembre de 1983. Los estudios clínicos que le practicaron en el Sanatorio Rawson de la ciudad de Rosario, diagnosticaron un grave deterioro de su sistema nervioso con presencia de cerebro senil y reducción de masa encefálica correspondiente a un paciente de 70 años. Francisco tenía 50 años. Con ello, su caso remite a los efectos del terrorismo de Estado, a sus acciones sobre la Biblioteca Vigil y a otras formas de desaparición de personas.
21 Originalmente fueron publicados los trabajos de dos actores institucionales emblemáticos de la entidad: el artista plástico Rubén Naranjo (1991) y el ex bibliotecario Raúl Frutos (1997). Por su parte, los inicios de la experiencia asamblearia fue narrada bajo al título de “Los contrabandistas de la Vigil” escrito por Natalia García. Texto premiado por el Concurso Latinoamericano de Investigación “Fernando Báez” en Bibliotecología, Documentación, Archivística y Museología. En el campo académico también se replicó un renovado interés por el caso (Malla, 2006; Tavella, 2007; Alderete, 2009; Cerruti, 2010; García, 2011)
22 Al respecto, una cifra expone la magnitud de su patrimonio institucional: un informe fechado en mayo de 2008 emitido por el Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima, detalla que la cuenta en plazo fijo correspondiente al proceso administrativo aún contiene 76.334,10 dólares en caja.
23 Este problema fue destacado por un joven cineasta llamado Nicolás Font. En el marco del “Programa Estímulo a la Producción Audiovisual” (Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe), su trabajo “Existimos: por la recuperación de la Vigil”, fue premiado y proyectado en el año 2010. “Existimos” remite no sólo al actual proceso de recuperación sino específicamente al reconocimiento de sus históricos dirigentes. El material puede verse en: http://vimeo.com/11902982 [Consulta: setiembre 2011].
24 Presentación realizada ante el fiscal Dr. Gonzalo Stara de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, con el patrocinio legal de abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de Rosario.
25 Identificamos el surgimiento y/o revitalización de las llamadas “políticas de la(s)memoria(s)” con la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007). El ex presidente combinó la recuperación de un discurso militante sobre la década de 1970 con la implementación de medidas largamente demandas: renovación de miembros de la Corte Suprema de Justicia; paso a retiro de oficiales de la cúpula de las tres FF.AA., creación de museos y espacios de la memoria en lugares emblemáticos del accionar dictatorial, reivindicación y reconocimiento político de agrupaciones defensoras de los DD.HH. (en especial “Madres de Plaza de Mayo” y “Abuelas de Plaza de Mayo”) y derogación de las llamadas “leyes del perdón” (“Obediencia debida” en 1987 y “Punto final” en 1989), entre otras. Con estas últimas, se activaron causas judiciales enmarcadas en delitos de lesa humanidad. La actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado continuidad a estas políticas profundizando la investigación y condena de genocidas militares y partícipes civiles. Hasta la fecha, cientos de juicios por “verdad y justicia” tienen lugar en distintas jurisdicciones del país.
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References: resolución 
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 artículo 82
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