Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/08/registro-oficial-agosto21-de-agosto-del-2001
Timestamp: 2019-10-16 05:29:35+00:00

Document:
Registro Oficial. AGOSTO21 de AGOSTO del 2001
Martes 21 de Agosto del 2001
\n 242\n Refórmase\n el Acuerdo No 023 de 24 de enero de 1996, promulgado en\n el Registro Oficial No 874 de 31 de enero de 1996\n .
\n 243 Establécense los\n requisitos nacionales para que el Servicio Ecuatoriano de Sanidad.\n Agropecuaria, SESA, conduzca el análisis del riesgo de\n plagas según la información requerida.
\n 0621 Deléganse\n atribuciones a los directores provinciales de Carchi, Imbabura,\n Esmeraldas, Napo, Sucumbios, El Oro, Galápagos, Los Ríos,\n Cotopaxi, Pastaza, Bolívar, Cañar, Loja, Morona\n Santiago y Zamora Chinchipe y a los funcionarios responsables\n o coordinadores de las unidades regionales del Registro Unico\n de Contribuyentes de la Regional Norte, Litoral Sur, Centro\n 1, Centro 2, Austro y Manabí debidamente designados por\n los directores regionales.
\n 085 Fíjase a partir\n del 1 de agosto del 2001, el bono de comisariato en USD 80 \n mensuales; para todos los servidores escalafonados, Magisterio\n Nacional y Trabajadores del sector público.
\n OSCIDI-2001-059 Apruébanse las reformas\n a las \n Series de nutrición, radiologia, supervisión sanitaria,\n enfermería, obstetricia, química y farmacia, laboratorio\n químico, sicología clínica y estadística\n de salud de las clases de puestos que pertenecen al Sistema Nacional\n de Clasificación de Puestos del Servicio Civil .
\n PROCURADURIA\n GENERAL DEL ESTADO:
\n 157 Asígnase la suma\n de US$1.000.00 (un mil dólares americanos) a la Asociación\n de Servidores .
-\n Reglamento Relativo a Formulario de Firmas.- De adhesión\n a candidaturas independientes y formularios para inscripción\n de canditaturas.
\n 181-2001 Maxitrans Cía.\n Ltda. en contra de la Compañía de Economia Mixta\n Austrogas.
PRIMERA\n SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:
\n 135-2000 Clara Parra\n Ochoa en contra del doctor René Durán Andrade.
\n 382-2000 Ignacio Adolfo Carrera\n Cobos en contra del ingeniero Mario Enrique Merchán.
\n 449-2000 Amable Guanotasig\n Malliquinga en contra del arquitecto Gonzalo Rodas Vaca .
\n 470-2000 Juan Luis Estrada\n Morla en contra del Banco Ecuatoriano de Vivienda .
\n 1-2001 Germania del Rocio\n Ortega Flores en contra de la Empresa Eléctrica de Bolívar\n - EMELBO S.A .
\n 6-2001 José Cando Guamán\n en contra del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y otros.
\n 33-2001 Ernesto Navas Maldonado en contra del\n Banco del Pichincha C.A.
\n 40-2001 César Aníbal\n Salvador Pérez en contra del Banco del Pichincha\n C.A.
\n 42-2001 Jhon Montero Toral \n en contra de la Companía Ecuatoriana del Caucho\n S.A.
\n 45-2001 Xavier Loor Cedeño\n en contra del Banco del Pacífico.
\n 51-2001 Flavio Francisco Martínez\n Villamar en contra de ECAPAG.
\n 54-2001 Angel Mora Sarango\n en contra de Pacifitel S.A.
\n 64-2001 Hermenegildo Urquizo\n Urquizo en contra del Ministerio de Obras Públicas y otros.
\n 66-2001 Reinaldo Cilio Cepeda\n López en contra de Cecilia Velasquez de Brito y otro.
\n 68-2001 Luis Guillermo Riera\n en contra de la Municipalidad de Guayaquil .
\n - Cantón Atacames: Que\n oficializa el escudo.
\n - Cantón Atacames: Que\n oficializa la letra y música del himno.
\n - Cantón Urdaneta: Que\n crea el Concejo Cantonal de Salud.\n \n
N0 242
Que mediante Acuerdo Ministerial N0 023 de 24 de enero de\n 1996, promulgado en el Registro Oficial N0 874 de 31 de los mismos\n mes y año, se crea la Unidad de implementación\n del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios\n PROMSA, y expide su Reglamento Orgánico Funcional el mismo\n que se halla en actual vigencia;
Que recogida la experiencia de los años de funcionamiento\n de la mencionada unidad, se establece que vanas disposiciones\n del Reglamento Orgánico Funcional son inaplicables, inadecuadas\n y obsoletas al momento actual, por lo que se requiere una reforma\n sustancial que permita al programa cumplir con su objetivo principal;
Que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco\n Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, también\n han expresado sus respectivas no objeciones, mediante oficio\n N° CEC - 2421 de 17 de julio del 2001; y, comunicación\n de 15 de junio del 2001 respectivamente, y,
Sustituir el texto del Acuerdo N0 023 de 24 de enero de 1996,\n promulgado en el Registro Oficial N0 874 de 31 de enero de 1996,\n por el siguiente:
Unidad de Implementación del Programa de Modernización\n de los Servicios Agropecuarios, PROMSA.
Art. 1.- El Programa de Modernización de los Servicios\n Agropecuarios, PROMSA, seguirá ejecutándose bajo\n la responsabilidad y supervisión de la Subsecretaría\n Técnica Administrativa de esta Secretaria de Estado, por\n medio de la Unidad de lmplementación del Programa, debiendo\n en todo caso cumplir la finalidad de mejorar el nivel competitivo\n de la producción, fortalecer el sector agropecuario y\n desarrollar las acciones de modernización de las instituciones\n y de los procesos productivos, mediante esfuerzos técnicos,\n administrativos y financieros en los campos de sanidad animal\n y vegetal, y de generación y transferencia de tecnología.
Art. 2.- Los objetivos de la Unidad de Implementación\n del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios\n son:
a) Incrementar y poner a disposición de los productores\n la oferta tecnológica que responda a las necesidades del\n mercado;
b) Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de transferencia\n de tecnología que se presta a los productores; y,
c) Mejorar la infraestructura y la prestación de los\n servicios de sanidad de modo que ofrezcan respuesta creciente\n y oportuna a las demandas de los mercados externos e internos.
Art. 3.- La organización de la Unidad de lmplementación\n del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios,\n PROMSA, en adelante estará integrada de la siguiente manera:
o Consejo Directivo;
o Dirección Ejecutiva;
o Unidad de Seguimiento y Evaluación;
o Unidades Técnicas de cada Componente;
o Unidad de Adquisiciones, Contrataciones y Licitaciones;\n y,
o Unidad Administrativa - Financiera.
Art. 4.- El Consejo Directivo operará como un organismo\n de toma de decisiones con el fin de asegurar el buen funcionamiento\n del programa. Será la máxima autoridad del PROMSA\n y estará integrado por:
o El Subsecretario Técnico Administrativo del Ministerio\n de Agricultura y Ganadería, quien lo presidirá;
o Un representante del sector agrícola designado por\n el Ministro de Agricultura y Ganadería de una lista presentada\n por la Federación de Cámaras de Agricultura de\n tres de sus miembros;
o Un representante del sector ganadero designado por el Ministro\n de Agricultura y Ganadería de una lista presentada por\n la Federación de Ganaderos del Ecuador de tres de sus\n miembros;
o Los representantes del sector privado durarán un\n año en sus funciones y podrán ser prorrogadas por\n un año más por el Ministro de Agricultura y Ganadería;\n y,
o El Director Ejecutivo de la Unidad de lmplementación\n del Programa actuará como Secretario.
Art. 5.- La Unidad de Implementación del Programa de\n Modernización de los servicios agropecuarios, PROMSA,\n tendrá y cumplirá las siguientes funciones:
a) Realizar los actos jurídicos y adoptar las resoluciones\n administrativas y financieras necesarias para la ejecución\n del programa y la cabal consecución de sus objetivos;
b) Administrar los contratos de préstamo Nos. 892/OC-EC\n y 4075-EC, celebrados con el Banco Interamericano de Desarrollo\n y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,\n respectivamente, así como los recursos asignados como\n contraparte por los organismos nacionales, y por los agricultores\n beneficiarios;
c) Coordinar sus acciones con las dependencias gubernamentales\n pertinentes y con los organismos públicos y privados participantes\n en los distintos componentes del programa;
d) Mantener contacto permanente con el Banco Interamericano\n de Desarrollo y con el Banco Internacional de Reconstrucción\n y Fomento para la debida implementación del programa;
e) Preparar y someter a la aprobación del Consejo Directivo,\n el presupuesto anual general del programa, los presupuestos especiales\n de cada componente y los planes operativos anuales;
f) Preparar los informes financieros y los que se precisen\n sobre el avance técnico y presupuestario del programa,\n para que sean conocidos y aprobados por las instancias respectivas;
g) Supervisar el cumplimiento de los contratos de ejecución\n de obras, prestación de servicios, adquisición\n de bienes y de consultoría, celebrados para la ejecución\n del programa;
h) Diseñar e implementar el sistema de seguimiento\n y evaluación de los tres componentes del programa;
i) Elaborar y presentar a la aprobación de las respectivas\n instancias que competan los informes de evaluación de\n medio periodo y final, del PROMSA;
j) Cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos y normas\n establecidos en los dos contratos de préstamo;
k) Sujetarse a las políticas básicas y procedimientos\n de adquisición, así como de selección y\n contratación de consultores determinadas para prestatarios\n del Banco Mundial y del BID; y,
l) Establecer y ejecutar los mecanismos que permitan una sostenibilidad\n de los tres componentes del PROMSA.
Art. 6.- El Consejo Directivo del Programa de Modernización\n de los Servicios Agropecuarios, PROMSA, tendrá y cumplirá\n las siguientes funciones:
a) Aprobar las directrices y estrategias de políticas\n que sean prioritarias y apropiadas en la ejecución de\n los componentes del programa;
b) Aprobar los planes operativos anuales y los presupuestos\n general del programa y especiales de cada componente, y verificar\n que su composición en cuanto a proyectos, ejecutores y\n distribución de los recursos corresponda a los propósitos\n del programa;
c) Asegurar la coordinación y la compatibilidad de\n las políticas del programa con las de ciencia y tecnología\n agropecuaria definidas por el Gobierno; y,
d) Aprobar los manuales operativos: General de la Unidad de\n Implementación del Programa, y especiales de cada uno\n de los componentes; manuales en los que se detallarán,\n recogiendo la experiencia vivida, los mecanismos y procedimientos\n que deberán observarse para la ejecución de los\n tres componentes; e ir actualizándolos con las consiguientes\n reformas que crea el Consejo necesarias introducirlas, para cuyo\n efecto contará con la no objeción de los bancos\n prestamistas;
Art. 7.- El Director Ejecutivo de la Unidad de Implementación\n del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios,\n PROMSA, tendrá y cumplirá las siguientes funciones:
a) Dirigir las actividades de la Unidad de Implementación\n del programa y coordinarlas tanto internamente con las demás\n dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n como externamente con las entidades y organismos no gubernamentales\n participantes;
b) Administrar el programa, siguiendo los acuerdos estable-cidos\n para su ejecución entre el Gobierno Nacional y los bancos\n Interamericano de Desarrollo e Internacional de Reconstrucción\n y Fomento, y sujetándose siempre a lineamientos de los\n manuales operativos;
c) Velar porque la planificación de las metas y acciones\n de los componentes se cumplan en armonía con las políticas\n sectoriales para el desarrollo tecnológico agropecuario,\n así como por el cumplimiento de las normas legales pertinentes;
d) Formular los instructivos internos para el funcionamiento\n de la Unidad de Implementación y presentar a las autoridades\n competentes para su aprobación;
e) Solicitar tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como\n al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento los\n desembolsos periódicos en función del Plan de Inversiones\n y supervisar su registro y contabilización;
f) Suscribir los contratos y autorizar los pagos correspondientes;
g) Coordinar el establecimiento y mantenimiento de canales\n de comunicación con los organismos ejecutores de los componentes\n de Generación de Tecnología, Transferencia de Tecnología,\n y Sanidad Agropecuaria, con las instituciones del sector público,\n con las universidades, escuelas politécnicas y las instituciones\n del sector privado que aseguren la debida articulación,\n programación, ejecución, evaluación y control\n de los componentes asignados;
h) Coordinar la elaboración y dirigir la presentación\n de los informes periódicos que elaboren los diferentes\n componentes del PROMSA, según lo establecido en los correspondientes\n convenios de crédito;
i) Velar por la aplicación y cumplimiento de los mecanismos,\n procedimientos y normas establecidos en los convenios de crédito\n y en los respectivos manuales operativos; y,
j) Servir de contacto principal, y coordinador de las acciones\n pertinentes con los bancos prestamistas y la Subsecretaría\n Técnico Administrativa del Ministerio de Agricultura y\n Ganadería.
Art. 8.- Las demás unidades estarán reguladas\n en el respectivo reglamento interno o en el correspondiente manual\n operativo, procurando que las actividades estén encaminadas\n al cumplimiento de los objetivos del PROMSA, bajo los principios\n de eficiencia y eficacia; diseñando y aplicando sistemas\n de seguimiento y evaluación que permitan verificar el\n grado de cumplimiento de las metas y objetivos del programa,\n con miras a alcanzar la sostenibilidad de los nuevos sistemas\n de generación y transferencia de tecnología, y\n de sanidad agropecuaria.
Art. 9.- La Unidad de Implementación del PROMSA continuará\n supervisando la ejecución de los componentes:
Sanidad Agropecuaria por parte del Servicio Ecuatoriano de\n Sanidad Agropecuaria; Transferencia de Tecnología Agropecuaria,\n por parte del Consorcio "Asociación PROEXANT, universidad\n de Florida y Fundación IDEA; y, de Generación de\n Tecnología Agropecuaria, por parte de Natural Resources\n International Limited.
Art. 10.- Las unidades del PROMSA responderán ante\n el Director de la Unidad de lmplementación del Programa,\n debiendo en todo cargo someterse a los procedimientos determinados\n en los dos convenios de crédito, particularmente en lo\n referente a la administración de los recursos del Programa\n de Modernización de los Servicios Agropecuarios.
Art. 11.- El personal necesario para el funcionamiento de\n la UIP deberá ser calificado y reunirá los requisitos\n exigidos para cada opción en los correspondientes términos\n de referencia y se los contratará con cargo a los fondos\n provenientes de los préstamos BID 892/OC-EC y BIRF 4075-EC.
Art. 12.-De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de su promulgación\n en el Registro Oficial, encárguese la Subsecretaría\n Técnica y Administrativa del Ministerio.
Comuníquese y publíquese.- Dado y firmado en\n el Despacho Ministerial, en la ciudad de Quito, a 30 de julio\n del 2001.
Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original.
Lo certifico: f.) Director Administrativo Financiero, MAG.
2 de agosto del 2001.
N0 243
Que, la Secretaría General de la Comunidad Andina,\n mediante Resolución 025 del 13 de noviembre de 1997, publicada\n en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, año XIV\n - número 306 de 24 de noviembre de 1997 y ratificada por\n el Gobierno del Ecuador, mediante Registro Oficial N0 248 de\n 2 de febrero de 1998, se emite la Norma Fitosanitaria Andina\n relativa al análisis del riesgo de plagas;
Que, la Secretaría de la Convención Internacional\n de Protección Fitosanitaria de la Organización\n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación\n (FAO), emite la Norma Internacional para medidas fitosanitarias,\n relativa sobre directrices para el análisis del Riesgo\n de Plagas en su publicación N° 2 de febrero de 1996;
Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 208 del 16 de noviembre\n del 2000, publicado en el Registro Oficial N0 153 del 31 de agosto\n del mismo año, créase en el SESA, el Comité\n Técnico de Análisis del Riesgo de Plagas y Enfermedades;\n y,
En uso de las atribuciones que le concede la Constitución\n Política de la República del Ecuador, Art. 179,\n número 9,
Art. 1.- Establecer los requisitos nacionales para que el\n Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, conduzca\n el análisis del Riesgo de Plagas según la información\n requerida que a continuación sé detalla:
\n - Nombre científico del producto a exportarse.
- Parte vegetal del producto a exportarse.
- Fenología del cultivo.
b) PAIS DE ORIGEN
-Localización de las áreas de producción,\n con su mapa
\n de ubicación.
- Datos climáticos de las zonas de producción\n de los
\n últimos cinco años.
-Información completa de la Organización Nacional\n de Protección Fitosanitaria (ONPF), del país de\n origen del producto, dando a conocer: Dirección, número\n de fax, teléfono, correo electrónico y otras que\n crea conveniente.
- Información de la Institución de Investigación\n Oficial y/o privada del país de origen del producto.
c) LISTA DE PLAGAS ASOCIADAS A LA ESPECIE VEGETAL
- Nombre común conocido en el país.
- Parte vegetal afectada.
- Período de ataque.
- Eficiencia de los métodos de control.
- Daños económicos.
- Biología de la plaga.
- Sistema Oficial de vigilancia y monitoreo.
- Programas de control.
- Sistema de mitigación de riesgo, tratamientos cuarentenarios,\n áreas libres, sistemas aprobados, etc.
d) Normas específicas relacionadas con el producto\n y disposiciones legales existentes.
e) La información deberá ser avalizada por el\n Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF),\n del país exportador y debe ser enviada al Servicio Ecuatoriano\n de Sanidad Agropecuaria (SESA).
Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo encárgase\n al Director General del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria,\n (SESA), el mismo que entrará en vigencia a partir de la\n fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, 1\n de agosto del 2001.
Lo certifico: f) Director Administrativo Financiero, MAG.\n 2 de agosto del 2001.
N°\n 00621
Que de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación\n del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial\n N0 206 del 2 de diciembre de 1997, la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas expedirá, mediante resoluciones o circulares,\n disposiciones de carácter general y obligatorio, que sean\n necesarias para la aplicación de las normas legales y\n reglamentarias, y para la eficiencia y armonía de la Administración\n Tributaria;
Que el numeral 6 del Art. 7 de la Ley de Creación del\n Servicio de Rentas Internas, faculta al Director General, a delegar\n sus atribuciones a los funcionarios que se determinen en el Reglamento\n orgánico Funcional;
Que es necesario instaurar estructuras desconcentradas de\n la Administración Tributaria, para dotar de eficiencia\n y celeridad a los procesos administrativos, y facilitar el cumplimiento\n de los deberes formales de todos los contribuyentes; y,
Articulo 1.- Delegar a los directores provinciales de Carchi,\n Imbabura, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, El Oro, Galápagos.\n Los Ríos, Cotopaxi, Pastaza, Bolívar, Callar, Loja,\n Morona Santiago y Zamora Chinchipe y a los funcionarios responsables\n o coordinadores de las unidades regionales del registro único\n de contribuyentes de la regional Norte, Litoral Sur, Centro 1,\n Centro 2, Austro y Manabí del Servicio de Rentas Internas,\n debidamente designados por los directores regionales, la facultad\n para suscribir las resoluciones de cancelación del registro\n único de contribuyentes de las sociedades o personas naturales,\n o las resoluciones de inactividad del registro único de\n contribuyentes de las personas naturales, según corresponda,\n domiciliadas en su respectiva jurisdicción provincial\n o regional, para lo cual, se observarán los procedimientos\n establecidos para el efecto.
Articulo 2.- Previa a la expedición de la resolución\n de cancelación correspondiente, los funcionarios delegados\n por la presente resolución estarán obligados a\n verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del\n contribuyente, que se encuentren pendientes a la fecha de cancelación\n o inactividad del registro único de contribuyentes.
Articulo 3.- Esta resolución que constituye una circular\n de carácter general y obligatorio, regirá a partir\n de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese el contenido de esta resolución\n a los directores regionales y provinciales del Servicio de Rentas\n Internas para su conocimiento y aplicación.
Publíquese.- Dado, en el Distrito Metropolitano de\n Quito, a 8 de agosto del 2001.
ARTICULO UNICO.- Fijase a partir del 1 de agosto del 2001,\n el Bono de Comisariato, en USD 80 mensuales; para todos los servidores,\n profesionales escalafonados, Magisterio Nacional y trabajadores\n del sector público, sujetos a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa, leyes de Escalafón y Sueldos\n de Profesionales, Ley de Carrera Docente y Escalafón del\n Magisterio Nacional, Código de Trabajo u otras leyes que\n regulan la relación laboral en el sector público,\n sea que sus cargos pertenezcan al Sistema Nacional de Clasificación\n de Puestos del Servicio Civil o que sus entidades dispongan de\n regímenes remunerativos propios o independientes; en tal\n virtud, se pagará a todos los empleados y trabajadores\n sin considerar ninguna condición.
Las entidades del sector público que no dependen del\n Presupuesto del Gobierno Central se acogerán a este beneficio,\n siempre y cuando, cuenten con recurso provenientes de ingresos\n propios, de carácter permanente para su financiamiento.
Publíquese.- Dado, en la ciudad de San Francisco de\n Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del\n mes de agosto del dos mil uno.
f) Econ. Stalin Nevárez, delegado del Ministro de Economía\n y Finanzas, Presidente del CONAREM.
OSCIDI\n No. 2001-059
EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SERVICIO\n CIVIL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Que, es facultad del Director de la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional elaborar y administrar el Sistema\n de Clasificación de Puestos;
Que, con oficio No. SR.H-12-02519 del 9 de mayo del 2001,\n el doctor Carlos Cepeda Puyol. Subsecretario General de Salud,\n solícita se analice la revisión de la Estructura\n Ocupacional del Sector Salud;
Que, es necesario racionalizar y actualizar en forma integral\n las series de Nutrición, Radiología, Supervisión\n Sanitaria, Enfermería, Obstetricia, Química y Farmacia,\n Laboratorio Químico, Sicología Clínica y\n Estadística de Salud, de la Estructura Ocupacional del\n Sector Público; y,
En uso de las atribuciones que le confiere los artículos\n 73, 76 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n y artículos 12 y 14 del Reglamento de Clasificación\n de Puestos del Servicio Civil.
Art. 1.- Aprobar las reformas a las series de Nutrición,\n Radiología, Supervisión Sanitaria, Enfermería,\n Obstetricia, Química y Farmacia, Laboratorio Químico,\n Sicología Clínica y Estadística de Salud,\n de las clases de puestos que pertenecen al Sistema Nacional de\n Clasificación de Puestos del Servicio Civil.
(Anexo 21AGT1 ;2)
N°\n 157
Dr. Ramón Jiménez Carbo
Que, una vez que el H. Congreso Nacional aprobó el\n Presupuesto General del Estado para el ejercicio económico\n 2001, mediante oficio N0 SPYC-200 1 de 15 de enero del año\n en curso, el señor Ministro de Economía y Finanzas\n remite el presupuesto institucional para su ejecución;
Que, la Asociación de Servidores Públicos de\n la Procuraduría General del Estado, al conmemorarse el\n Septuagésimo Tercer Aniversario de la institución\n ha previsto eventos de promoción social, deportivo y comunitario,\n para los servidores que laboran en la institución;
Que, el artículo 17 de la Ley de Regulación\n Económica y Control del Gasto Público, faculta\n contemplar asignaciones para la realización de programas\n de desarrollo cultural, desarrollo y promoción turística,\n deportiva comunitaria y científica;
Que, con oficio N0 30272 de 11 de noviembre de 1999, la Contraloría\n General del Estado, emite informe favorable para la entrega de\n asignaciones a organismos privados, para destinarlos a desarrollo\n cultural, deportivo y comunitario; y,
En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,
Art. 1.- Asignar la suma de US$ 1.000.00 (Un mil dólares\n americanos), a la Asociación de Servidores Públicos\n de la Procuraduría General del Estado a fin de cubrir\n gastos que demande la realización de actos deportivos\n y sociales al conmemorarse el Septuagésimo Segundo Aniversario\n de la institución.
Art. 2.- Disponer que la Dirección Financiera sitúe\n dicha cantidad a la Asociación de Servidores Públicos\n de la Procuraduría General del Estado, a efecto de que\n se financien gastos de dichos eventos, cuyo egreso se aplicará\n a la, partida N0 53.02.00.000.1 "Servicios Generales"\n del Presupuesto de la institución.
Comuníquese, dado en el Despacho del Procurador General\n del Estado, al primer día del mes de agosto del dos mil\n uno.
f.) Dr. Ramón Jiménez Carbo, Procurador General\n del Estado.
Esta copia es igual al original, que reposa en el archivo,\n de esta Procuraduría y a la cual me remito en caso necesario.
Lo certifico: f.) Lcdo. Henry Cucalón Camacho, Secretario\n General.
Que, el artículo 209 de la Constitución Política\n de la República dispone que al Tribunal Supremo Electoral\n le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos\n electorales;
Que, por disposición del artículo 185 de la\n Ley de Elecciones Codificada, el Tribunal debe proporcionar los\n formularios de recepción de firmas de respaldo o adhesión\n a candidaturas de independientes y los formularios de inscripción\n de candidaturas;
Que, es necesario reglamentar el modo y forma de cumplir con\n dichas funciones señaladas en la ley; y,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente\n lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Elecciones\n Codificada, (Reg. Of No. 117 de 11 de julio del 2000), expide\n el siguiente:
REGLAMENTO\n RELATIVO A FORMULARIOS DE FIRMAS DE ADHESION A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES\n Y FORMULARIOS PARA INSCRIPCION DE CANDIDATURAS
DE LA ENTREGA DE LOS FORMULARIOS
Art. 1.- Desde los ciento ochenta días antes del día\n de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral entregará\n a los movimientos independientes y a los ciudadanos que lo soliciten\n por escrito, el "Formulario de recepción de firmas\n de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes\n para dignidades de elección nacional". Los interesados\n dejarán constancia escrita de que se responsabilizan del\n proceso a iniciarse.
Al solicitante, el Tribunal, le entregará también\n diskettes que contendrán el "Software para el registro\n de firmas de adhesión", acompañado de la respectiva\n técnica de uso.
Art. 2.- Desde los ciento cincuenta días antes del\n día de las elecciones los tribunales provinciales electorales\n entregarán a los movimientos independientes y a los ciudadanos\n que lo soliciten por escrito, el "Formulario de recepción\n de firmas de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes\n para dignidades de elección provincial, cantonal o parroquial".-Los\n interesados, bajo su firma, dejarán constancia escrita\n de que se responsabilizan del proceso a iniciarse.
Art. 3.- Los modelos de formularios destinados a recoger firmas\n de patrocinantes a candidatos a una elección popular directa\n proporcionados por los tribunales electorales, lo multiplicarán\n los interesados a su costo. El formulario contendrá los\n siguientes datos: Denominación de la candidatura y fecha\n de la elección. Del adherente: nombres y apellidos, manera\n de cédula de ciudadanía y firma. De la misma manera\n nombres y apellidos, número de la cédula de ciudadanía\n y firma del responsable de cada página.
PROCESAMIENTO EN EL CASO DE INDEPENDIENTES
Art. 4.- Al momento de proclamación para inscripción\n de candidaturas de los independientes, el representante legal\n de éstos entregará al Tribunal los formularios\n de adhesión de firmas que deben contar, con, al menos\n el 1% de firmas de los ciudadanos empadronados en la jurisdicción\n a la que aspiran representar, así como los diskettes con\n la información requerida.
Art. 5.- Los formularios y diskettes que contienen la infor-mación\n serán entregados al respectivo Tribunal Electoral, a través\n del Secretario del organismo, para el proceso de verificación.\n El departamento técnico correspondiente presentará\n su informe a la Comisión Jurídica en el plazo de\n ocho días y ésta lo trasladará al Pleno\n con su opinión a fin de que tome la resolución\n en el término de tres días.
Si un Tribunal Provincial Electoral no cuenta con todos los\n medios para establecer la veracidad y autenticidad de las firmas,\n pedirá asistencia al Tribunal Supremo Electoral, con carácter\n de urgencia. Si el Tribunal Supremo Electoral, en caso de que\n a él le competa o si lo conoce por pedido de un Tribunal\n Provincial, debe recurrir a una asistencia exterior especializada,\n así procederá en búsqueda del mayor acierto\n y respeto para los derechos ciudadanos.
ENTREGA DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS
Art. 6.- Después de la convocatoria a elecciones, los\n tribunales electorales, Supremo o Provincial, según el\n caso, entregarán a las organizaciones políticas\n y a los ciudadanos que lo soliciten por escrito, los formularios\n de solicitud de inscripción de candidaturas, acompañados\n de un diskette que contendrá el "Software para la\n inscripción de candidaturas" y la correspondiente\n guía técnica de uso.
Art. 7.- Al momento de proclamación de las candidaturas\n para su inscripción, el representante legal o apoderado\n de los candidatos, entregará al Tribunal Electoral respectivo,\n lo siguiente:
a. Original y dos copias de la solicitud de inscripción\n de candidaturas, llenados a máquina o con letra de imprenta\n y con fotografías a color tamaño carné;
b.- Dos fotografías a color tamaño carné,\n adicionales, en cuyo reverso conste con claridad: nombres, apellidos,\n partido o movimiento que auspicia el candidato y función\n para la que se postula;
c. Un diskette con el "Software para la inscripción\n de candidaturas" que contendrá la siguiente información:\n dignidad a la que se postulen los candidatos; circunscripción\n territorial correspondiente, nombres y apellidos completos y\n número de la cédula de ciudadanía;
d. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía\n de cada candidato;
e. Para el caso de candidaturas a diputados provinciales,\n prefectos provinciales y alcaldes, deberá presentarse\n el respectivo plan de trabajo, con sujeción al Art. 54\n de la Ley de Elecciones Codificada; y,
f En el caso de alianzas entre diferentes actores políticos,\n en la solicitud de inscripción de candidaturas deberá\n constar claramente los nombres y apellidos, y firmas de responsabilidad\n de los representantes o apoderados de las candidaturas coaligadas,\n señalando el orden y números de lista y símbolos\n con que aparecerá la alianza en la papeleta electoral.
Art. 8.- El nombre del movimiento político o alianza\n electoral deberá individualizarlos sin lugar a equívocos.\n No podrán expresar antagonismos, ni contener el nombre\n del país y tampoco nombres propios de personas naturales\n vivas.
Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos\n políticos no serán el escudo, la bandera del Ecuador,\n ni sus colores. En el caso de movimientos de ámbito seccional,\n tampoco pueden utilizar el escudo, símbolos o colores\n de la bandera de dicha circunscripción.
Art. 9.- Una vez recibida la documentación en la Secretaria\n del Tribunal Electoral correspondiente, ésta la pasará\n a la Comisión Jurídica y los diskettes al Departamento\n Técnico. Los informes de las dos instancias se presentarán\n al Pleno del Tribunal Electoral, el que, con esos elementos de\n juicio tomará la resolución pertinente.
Art. 10.- El área de cómputo con toda la información\n recibida de las organizaciones políticas, generará\n una base de datos de los candidatos inscritos en cada Tribunal\n Electoral y que le servirán al Departamento Técnico\n del Tribunal Supremo Electoral para generar una base de datos\n de los candidatos a nivel nacional.
Art. 11.- Un vocal del Tribunal Provincial Electoral designado\n expresamente o un funcionario delegado por el organismo provincial\n electoral, entregará en la Secretaría General del\n Tribunal Supremo Electoral, los siguientes documentos: Originales\n de las solicitudes de inscripción de candidaturas, fotocopias\n de las cédulas de ciudadanía, dos fotografías\n a color tamaño carné, de cada candidato y el diskette\n conteniendo la base de datos de las candidaturas de la provincia,\n generadas por el Area de Computo, de acuerdo con lo dispuesto\n en el artículo precedente.
Art. 12.- Si del examen de los formularios previstos en este\n reglamento se establecieren presunciones de falsificación\n o alteración de cualquier naturaleza, la falta se perseguirá\n y sancionará en el campo penal, y los primeros responsables\n serna los patrocinantes del proceso y el responsable de la respectiva\n página.
Los modelos de formularios que entreguen los tribunales para\n recoger adhesiones al pedido, llevarán impresa en forma\n destacada, la advertencia de sanción penal.
Art. 13.- El presente reglamento deroga cualquier otra disposición\n de igual o de inferior categoría que se le oponga y especialmente\n el Reglamento para entrega y procesamiento de los formularios\n de recepción de firmas de respaldo o adhesión a\n las candidaturas independientes, Registro Oficial No. 4 de 27\n de enero del 2000; y, al Reglamento para la entrega de formularios\n de solicitud de inscripción de candidaturas, Registro\n Oficial No. 31 de 8 de marzo del 2000; y, entrará en vigencia\n desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
RAZON.- Siento por tal, que el presente reglamento fue aprobado\n por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión\n de día jueves 9 de agosto del 2001.- Lo certifico.
f.) Dr. Daniel Argudo Pesántez, Prosecretario General,\n Tribunal Supremo Electoral.
N0 181-2001
ACTORA: Maxitrans Cía. Ltda.
\n DEMANDADA: Austrogas.
Quito, 27 de julio del 2001; las 09h00.
VISTOS: En el juicio verbal sumario seguido por Maxitrans\n Cía. Ltda., en contra de la Compañía de\n Economía Mixta Austrogas por indemnización de perjuicios\n en razón de la terminación unilateral del contrato\n de transporte de gas licuado de petróleo, la parte actora\n interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada\n por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Cuenca en la que se\n confirma la sentencia de primera instancia, que declara sin lugar\n la demanda. Concedido el recurso ha subido la causa correspondiendo,\n por sorteo, su conocimiento a esta Sala, la misma que, en su\n primera providencia aceptó a trámite el recurso,\n disponiendo se corra traslado con el mismo a la contraparte para\n que lo conteste, contestación que obra de autos. Con estos\n antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO.- El recurso\n está fundado en las causales 1, 2, 3 y 4ª, del Art.\n 3 de la Ley de Casación. Aduce la impugnante que en la\n sentencia "se han omitido la aplicación de las normas\n procesales constantes en los Arts. 34 inciso 2°, Art. 47,\n Art. 57, Art. 106, Art. 107, Art. 355 literal 3°, Art. 361.\n Art. 368 y Art. 369 del Código de Procedimiento Civil\n vigente, que acarren la nulidad procesal". Relaciona estas\n normas adjetivas con la causal 2°, "por falta de aplicación\n de normas procesales cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión...", "...\n En razón de que la sentencia no guarda relación\n en el considerando primero en la parte expositiva y la realidad\n procesal que obra a fs. 58 del proceso". (Acápite\n VI del escrito de casación, Pág. 15). Luego en\n el Acápite Vl.2 que titula "Casación por el\n Fondo", manifiesta: que "el recurso de casación\n por la causal 3ª ...", lo funda "en que en la\n sentencia existe contradicción en la parte expositiva\n con el considerando tercero de la misma y la realidad procesal\n constante de fs. 64 hasta la 77, de fojas 79 a 104. de fs. 112,\n 115, 116, 117, 118, 122 de autos, por lo que del análisis\n de lo expuesto se determina que la sentencia no ha aplicado y\n por tanto ha infringido los artículos 120, 121, 123 del\n Código de Procedimiento Civil vigente, en cuanto a la\n falta de aplicación de estos preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba...". Concluye\n este acápite manifestando que "existe contradicción\n entre la parte expositiva de la sentencia, el tercer considerando\n de la sentencia y no corresponde a la realidad procesal, de esta\n forma se han violado en forma expresa los Arts. 120 y 121 del\n Código de Procedimiento Civil"; y con respecto al\n Art. 123 'por cuanto no se ha evacuado todas las pruebas debidamente\n solicitadas..".- En el acápite VI.3 sostiene la recurrente\n convalidada la nulidad, pues, de haber lugar a ella, la nulidad\n debe ser declarada y, por tanto, invalidada la resolución\n materia del recurso, sin que, en ese caso, sea necesario el conocimiento\n de las otras causales. TERCERO.-las normas procesales que considera\n la impugnante infringidas en la sentencia "por falta de\n aplicación", son los Arts. 34 inciso 2°, 47,\n 106, 107, 355 literal 3, 361, 368 y 369 del Código de\n Procedimiento Civil. Estas normas de procedimiento tienen que\n ver con la comparecencia en juicio de las personas jurídicas,\n pues, la recurrente alega que el Econ. Lucas Antonio Molina Astudillo\n compareció a contestar la demanda por sí mismo,\n consignando sus generales de ley, sin manifestar expresamente\n que lo hacía a nombre de la Compañía de\n Economía Mixta Austrogas, como su representante legal,\n lo cual -dice la impugnante - -comporta la existencia de ilegitimidad\n de personería pasiva. En el escrito de demanda la actora\n en la calidad en que comparece manifiesta que demanda "a\n la Compañía de Economía Mixta Austrogas\n en la persona de su representante legal del Señor Gerente,\n actualmente representado por el Economista Lucas Antonio Molina\n Astudillo...". Está reconociendo, por tanto, la propia\n actora la calidad de representante legal de la compañía\n demandada, en la persona del economista Molina Astudillo. En\n la diligencia de audiencia de conciliación, textualmente\n consta que iniciada la diligencia, la Jueza concede la palabra\n al Dr. Teodoro González, quien por su representada la\n demandada contesta la demanda de la siguiente forma: "que\n responde a los nombres de Antonio Molina Astudillo, de cuarenta\n y ocho años de edad, de estado civil casado, de profesión\n economista y contestando la demanda digo...". A fs. 64 del\n primer cuaderno consta el escrito de ratificación de la\n intervención en la audiencia de conciliación del\n Dr. Teodoro González, pidiendo se declare legitimada su\n personería, ratificación que lo hace el Eco. Antonio\n Molina Astudillo, en su calidad de Gerente General de Austrogas\n Compañía de Economía Mixta, suscribiendo\n tal ratificación. Por tanto, no hay duda de la calidad\n de representante legal de la compañía demandada\n que ostentaba el Econ. Antonio Molina Astudillo y es en tal calidad\n que ha contestado la demanda por intermedio de su abogado defensor,\n intervención que se encuentra legalmente ratificada mediante\n el respectivo escrito, conforme se hizo constar anteriormente.\n En consecuencia, no existe la ilegitimidad de personería\n pasiva, ni la "falta de aplicación" de las normas\n procesales citadas por la impugnante, ni mucho menos que se haya\n viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión\n y, peor aún, que hubiere influido en la decisión\n de la causa, elementos éstos que caracterizan a la causal\n 2 del Art. 3 de la Ley de Casación y que, en el caso,\n no existen. En cuanto al Art. 361, numeral primero del Código\n de Procedimiento Civil que la recurrente considera infringido\n en la sentencia, tenemos que esta disposición prescribe\n que: "para que se declare la nulidad por omisión\n de cualquier otra solemnidad sustancial, deben concurrir las\n circunstancias siguientes: 1° que la omisión pueda\n influir en la decisión de la causa"; y, lo que alega\n es que no se ha llegado a presentar "el contrato de transpone\n celebrado con el Arquitecto Fernando Veintimilla", solicitado\n coman prueba, circunstancia que no constituye omisión\n de "cualquier otra solemnidad sustancial" que es lo\n que estatuye el Art. 361, con la particularidad de que ha sido\n ordenada dicha prueba por el Juez en forma legal y oportuna,\n sin que se haya dado cumplimiento a tal disposición por\n parte del demandado, ni la parte que la solicitó haya\n insistido en tal pedido, lo cual no constituye "omisión\n que pueda influir en la decisión de la causa", ya\n que la existencia de este nuevo contrato no ha sido negada por\n el demandado, ni ha servido como argumento o soporte de la sentencia\n materia de la casación.- No existe, por tanto, fundamento\n para la causal 2ª del Art .3 de la Ley de Casación,\n correspondiendo a la Sala entrar a conocer las otras causales\n invocadas por la recurrente. CUARTO.- Al efecto, la causal 1°\n del Art. 3 ibídem se refiere a la aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios. en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes\n de su parte dispositiva; y, la causal 3ª a los mismos elementos,\n esto es aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación, pero de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,\n siempre que haya conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto. La primera tiene que ver con errores o vicios in iudicando,\n esto es "cuando el Juez de instancia elige mal la norma,\n utiliza una norma impertinente o cuando se le atribuye a una\n norma de derecho un significado equivocado"; en tanto que\n la causal Y trata los típicos errores en los que el Juez\n aplica la norma indebida que obliga al Juez a valorar la prueba\n sobre los hechos introducidos al proceso; por tanto -dice la\n doctrina y la jurisprudencia- "esta causal involucra el\n error en la apreciación de la norma jurídica de\n valoración y presupone expresas normas legales que la\n regulan, ya que la objetividad de la prueba, el criterio que\n el juez establece de su análisis, su grado presuntivo,\n no es materia de observación ni puede ser alterado por\n la Sala". (Exp. 10 1-95, R.O. Ed. Esp. 4, 17-III-96). QUINTO.-\n En el caso, la impugnante manifiesta que en la sentencia materia\n del recurso no se ha aplicado los Arts. 120. 121, 123 del Código\n de Procedimiento Civil, relacionando estas normas con los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba;\n

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 209
 artículo 185
 artículo 186
 resolución