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Timestamp: 2020-01-25 18:34:01+00:00

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Boletín de Novedades núm 1/2012 del mes de Enero
BOLETÍN NÚM. 1/2012
BOLETÍN DEL MES DE ENERO
Dentro de la discutible política estatal de reducción de las tarifas de las energías renovables, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, ha impuesto una nueva medida restrictiva suspendiendo los procedimientos de preasignación de retribución y suprimiendo los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Esta norma ya fue objeto de comentario en la correspondiente Newsletter de nuestro despacho.
La promulgación de esta norma responde, según el Gobierno, a la necesidad de minimizar el riesgo de no poder alcanzar el objetivo de la supresión del déficit tarifario a partir de 2013, fijado por el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
Los incentivos económicos para nuevas instalaciones que se suprimen son los siguientes: (art. 1.a) y 3 del RDL 1/2012) 1) los valores de las tarifas reguladas, primas y límites previstos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo y 2) el complemento por eficiencia y el complemento por energía reactiva, regulados en los artículos 28 y 29, respectivamente, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Asimismo, en el artículo 3 del RDL 1/2012 se prevé que el Gobierno pueda establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen económico específico para aquellas instalaciones de producción eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria energías renovables no consumibles y no hidráulicas, como biomasa, biocarburantes o residuos.
Por otro lado se suspende el procedimiento de preasignación de retribución en los términos que dispone el artículo 1.b) del RDL 1/2012, añadiéndose que el Gobierno puede restablecer la inscripción en el Registro de preasignación cuando el contexto energético lo requiera.
El RDL 1/2012 será de aplicación a a) aquellas instalaciones de régimen especial que a 28 de enero de 2012 no hubieran resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución previsto en el artículo 4.1 del RDL 6/2009, ya sea por resolución expresa o bien por silencio administrativo y a b) aquellas instalaciones de régimen ordinario que a 28 de enero de 2012 no dispusieran de autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas.
Debe destacarse la importancia de las disposiciones adicionales y transitorias. De acuerdo con la Disposición adicional única y siempre que se cumplan determinadas condiciones, los titulares de las instalaciones de régimen especial inscritas en el Registro de preasignación de retribución que opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación podrán renunciar a la inscripción en el citado Registro de preasignación de retribución, sin que esto les suponga la ejecución de los avales que hubieran depositado.
Finalmente, y según la Disposición transitoria única, a aquellas instalaciones que hubieran obtenido autorización administrativa para una modificación sustancial con fecha anterior al 28 de enero de 2012, no les será de aplicación la derogación del apartado 4 del artículo 4 y del artículo 4.bis del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, prevista en la disposición derogatoria única.
Mientras el Gobierno se ocupa de tramitar la ley de presupuestos y su ley de acompañamiento, la actividad normativa catalana ha permanecido parada durante el mes de enero.
Únicamente cabe mencionar el Decreto 4/2010, de 10 de enero, por el que se crea la Comisión para la elaboración de los documentos preparatorios de los anteproyectos de ley de gobiernos locales y de haciendas locales (DOGC núm. 6043, de fecha 12 de enero de 2012). Norma en sí misma de escasa relevancia, pero que pone de manifiesto la voluntad de afrontar en esta legislatura una amplia reforma de la legislación local catalana a partir de unos documentos preparatorios. En este sentido debe recordarse la tramitación fallida, durante la etapa del tripartito, de un ambicioso anteproyecto de ley de gobiernos locales, y una desafortunada ley de veguerías, ahora colocada en vía muerta.
PES, Ángel – BILBENY, Norbert. Emprender con responsabilidad. Ed. LIB, Madrid 2012.
Tal vez sorprenda al lector de este Boletín que este mes comentemos un libro escrito por un economista y un profesor de ética sobre la responsabilidad corporativa, libro editado con el sugerente título de “Emprender con responsabilidad”. Pero más allá del interés intrínseco del libro para todo lector con una mínima curiosidad intelectual, creo que existen razones especiales para sugerir su lectura a quien se ocupa del derecho público. Además, el libro contiene un cierto tono esperanzador sobre nuestro futuro (se nos dice que “el coraje y la actividad emprendedora alumbrarán la nueva aurora que seguirá a la crisis”), lo que en esta época de discursos catastrofistas y sin futuro es de agradecer.
¿Qué nos dice el libro? Que vivimos en un mundo complejo en el que la figura del emprendedor es esencial, y que este emprendedor ha de ser consciente de su libertad para explotar todas sus posibilidades haciendo un buen uso de la misma. Libertad es responsabilidad. El emprendedor debe potenciar sus características esenciales, la creatividad, ambición, tenacidad y sentido de la oportunidad. Pero también ha de tener presente que estos puntos fuertes de su carácter los ha de poner al servicio de forma responsable de los intereses generales, pues “la responsabilidad corporativa consiste en actuar de manera que las empresas formen parte de las soluciones a los desafíos que la humanidad afronta, pues la sociedad las apoyará mientras hagan compatible el interés privado con la dimensión social de la actividad que desarrollan, que hoy en día se demuestra con el rigor de las compañías a la hora de comprometerse con el crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente, con el respeto de los derechos humanos y con la transparencia en las relaciones con los diferentes grupos de interés o stakeholders”.
Esta reflexión ha llevado a potenciar la responsabilidad corporativa, los códigos éticos y la autorregulación.
Pues bien, esta creciente llamada a una mayor responsabilidad corporativa no sorprende a quien se dedica al derecho público. Estamos viendo como en las últimas décadas el intervencionismo público va reduciéndose por falta de conocimientos técnicos suficientes para regular determinadas materias y por el convencimiento de que la simplificación y desregulación incrementarán la productividad. Pero ello altera las reglas de la responsabilidad, pues los emprendedores se sitúan en un mundo normativo más abierto pero que al mismo tiempo les traslada la responsabilidad de sus acciones. Ya no se actúa siempre tras un control previo que legitima la actuación, ni en base a una norma clara que determina lo que se puede y no se puede hacer. Ahora el emprendedor tiene mayor libertad, pero por ello mismo mayor responsabilidad.
Esto explica el interés por la autorregulación, y el creciente recurso a figuras como la “declaración responsable”. Instituciones que creemos responden en el fondo a la misma razón de ser de la responsabilidad corporativa de que nos hablan los autores del libro comentado. Sin renunciar a la necesaria regulación pública, confiemos en que el gran capital humano de que disponemos (nunca España había tenido tanta gente joven bien formada) asuma responsablemente esta libertad que posee y nos permita salir de la situación en que nos encontramos.
RAMOS PEREZ-OLIVARES, A. La respuesta del TRLCSP a las administraciones públicas. Contratistas desamparados. Revista práctica de derecho, CEF Legal, enero 2012.
La morosidad de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones de pago contractuales ha alcanzado en España unas dimensiones insostenibles. Las empresas contratistas se ven sometidas a unos problemas de tesorería muy graves, aumentados por el cierre del acceso al crédito. Esta morosidad comporta, por otro lado, una deuda de los poderes públicos “oculta” que las administraciones se resisten a reconocer.
El artículo que destacamos este mes nos aporta en primer lugar unos datos significativos. Se nos dice que “la deuda global en situación de mora del conjunto de las Administraciones públicas españolas supera largamente los 40.000 millones de euros, y el plazo medio de pago para el conjunto de las Administraciones públicas españolas se sitúa en torno a 160 días”. Junto a ello se destacan algunos casos algunos casos especialmente graves: “el plazo medio de pago a las empresas del sector de tecnología sanitaria se sitúo en los 395 días…Murcia 667 días, Valencia 645 días, Andalucía 624…”.
En este marco desolador el articulista comenta la reforma introducida en la legislación contractual por la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad, ley de buenas intenciones dictada al amparo de normativa comunitaria pero que no soluciona el problema principal: que la administración pague en plazo. Lo que hace la ley es imponer normativamente unos plazos de pago más breves (un mes a partir de 2013) y unos intereses de demora más elevados (8,25% en el segundo semestre de 2011), más el anatocismo y coste de cobro. Reformas recogidas hoy en el artículo 216 del TRLCSP.
A estas novedades, que se nos explican con detalle en el artículo comentado, debe añadirse el nuevo artículo 217 del TRLCSP en el que se introduce una acción procesal más directa para poder exigir el pago de lo adeudado, destacando la posibilidad de instar una medida cautelar positiva para que el juez obligue a pagar lo debido y acreditado.
Pero aun resta por resolver una última cuestión. ¿Qué se puede hacer si a pesar de las acciones ejercitadas y la obtención de una sentencia firme favorable la administración sigue sin pagar?. Hay que empezar a pensar en desarrollar todos los mecanismos legales para conseguir la ejecución de sentencias de condena al pago de cantidad líquida.
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE ENERO
• Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE núm. 24, de fecha 28 de enero de 2012).
• Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
• Proposición de Ley de reforma constitucional para reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen electoral.
• Proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en relación con la tenencia de drogas para consumo propio.
• Proposición de ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda.
• Proposición de ley de modificación del Real Decreto Ley 9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la despenalización de las injurias a la Corona.
• Proposición de Ley Orgánica de disponibilidad de la propia vida.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor para garantizar la gestión pública de la ejecución de medidas impuestas a menores.
• Proposición de Ley de modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo.
• Proposición de Ley de mejora de las prestaciones de las clases pasivas del Estado.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 a de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
• Proposición de Ley para la creación de la Comisión permanente para el cumplimiento del mandato constitucional para una vivienda digna.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio de Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales.
• Decreto 4/2010, de 10 de enero, por el que se crea la Comisión para la elaboración de los documentos preparatorios de los anteproyectos de ley de gobiernos locales y de haciendas locales (DOGC núm. 6043, de fecha 12 de enero de 2012).
• Proposición de Ley sobre el régimen de transparencia y publicidad de las retribuciones de los titulares de las instituciones de la Generalitat y de las condiciones de su nombramiento o contratación.
03/2012. Boletín de Novedades núm 2/2012 del… 01/2012. Boletín 12/2011

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 216
 artículo 217
 Real Decreto