Source: http://derechocompetencia.blogspot.com.es/2015/
Timestamp: 2017-08-16 23:29:17+00:00

Document:
COMPETENCIA Y REGULACIÓN : 2015
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 20:49
El Supremo confirma la sanción a las distribuidoras cinematográficas (sobre el concepto de práctica conscientemente paralela)
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por Sony Pictures Releasing de España S.A., The Walt Disney Company Iberia/Buenavista International Spain, Hispano Foxfilm S.A.E., Warner Sogefilms A.I.E. y United International Pictures S.L contra las sentencias de la Audiencia Nacional que confirmaron – excepto en lo relativo a la cuantía de la multa- la Resolución del TDC de 10 de mayo de 2006 (Expte. 588/05, Distribuidores Cine).
De acuerdo con ésta, las cinco principales empresas distribuidoras de películas –que, a diferencia de sus competidoras, son filiales o están integradas verticalmente con distribuidoras o productoras de estudios norteamericano- habían infringido el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia al alcanzar un acuerdo para uniformizar las condiciones de contratación utilizadas por cada una de ellas en sus relaciones comerciales con los exhibidores cinematográficos. En concreto, el Tribunal consideró como hechos probados, que:
“Desde fechas no exactamente determinadas pero anteriores, en todo caso, al año 1998, las compañías distribuidoras imputadas han venido aplicando en sus contratos con los exhibidores unas condiciones comerciales muy similares para poder proyectar sus películas, haciéndolo siempre a través de una modalidad de alquiler temporal de las mismas y estableciendo condiciones idénticas o análogas en aspectos tan relevantes como sistemas de liquidación, precio, cobro, control de recaudación, publicidad de las películas, selección de salas, tiempo de exhibición y entrega y devolución de copias.”
La imputación de un acuerdo anticompetitivo a las cinco empresas distribuidoras no se basaba, por lo tanto, en ninguna prueba que demostrara directamente su existencia, sino que de desprendía de una serie de indicios:
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 8:00
Celta de Vigo 2 – 0 Mediapro: Efectos de las resoluciones de la CNMC sobre los procesos posteriores ante la jurisdicción civil
El "Real Club Celta de Vigo S. A. D." (Celta de Vigo) y "Mediaproducción S. L." (Mediapro) celebraron un contrato en 2007, en virtud del cual el primero cedía a la segunda sus derechos audiovisuales, televisivos y radiofónicos, de todos y cada uno de los partidos en que participara su equipo profesional hasta el final de la temporada 2013/2014 a cambio de 15,2 millones de euros anuales.
Mediante Resolución de 14 de abril de 2010 (Expte. S/0006/07, AVS, Mediapro, Sogecable y Clubs de Fútbol de 1ª y 2ª División), la CNC (en la actualidad, CNMC) estableció:
"Primero. Declarar que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de Liga y Copa de S. M. el Rey (excepto la final) de clubes de fútbol analizados en el expediente de referencia, con una duración superior a tres temporadas, son acuerdos entre empresas que, por sus efectos, caen bajo la prohibición de los arts. 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, quedan excluidos de esta clasificación los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de Liga y Copa de S. M. el Rey (excepto la final) de clubes de fútbol analizados en este expediente, cuya vigencia no vaya más allá de la temporada 2011/2012, aún cuando su duración sea superior a tres temporadas, en consideración al contexto jurídico preexistente en los mercados afectados por las conductas restrictivas acreditadas en el mismo y en aplicación de los arts. 1. 3 de la ley 15/2007 y 101. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
“Segundo. Declarar que toda cláusula de adquisición de los derechos audiovisuales de Liga y Copa de S. M. el Rey (excepto la final) de clubes de fútbol analizados en este expediente, que otorgue al operador cesionario un derecho de adquisición preferente, tanteo o retracto, de suspensión o prórroga del contrato que permita extender su vigencia por más de tres temporadas es un acuerdo contrario a los arts. 1. 3 de la ley 15/2007 y 101. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (…).
“Séptimo. Intimar a las empresas que son parte de los acuerdos que se declaran prohibidos en esta parte dispositiva a que cesen en sus conductas prohibidas y a que se abstengan de realizarlas en el futuro."
La resolución fue recurrida por Mediapro. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó la suspensión del pago de la multa y denegó la solicitada respecto de los restantes apartados de la parte dispositiva de la resolución de la CNC mediante Auto de 1 de febrero de 2011, y, mediante sentencia de 10 de abril de 2013, desestimó finalmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Mediapro, declarando conforme a derecho la resolución del Consejo de la CNC de 14 de abril de 2010. Contra dicha sentencia, Mediapro interpuso recurso de casación ante la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, todavía pendiente de resolución.
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 10:18
El acuerdo DIA-EROSKI: ¿Alianza compradora o cártel de compra?
(por Ignacio Herrera Anchustegui, LL.M.) (1)
El poder de compra en la rama de distribución alimentaria es un tema en boga en el derecho de la competencia a nivel nacional y a nivel comunitario, tal como revelan estas recientes comunicaciones (innovación) (prácticas desleales) de la Comisión Europea (sobre el tema, vid. una reciente entrada en este blog).
En España este tema ha estado presente en la prensa recientemente (ver aquí, aquí y aquí) debido a las denuncias presentadas por la Federación Española de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) contra la alianza compradora DIA y EROSKI entre las dos cadenas de supermercados.
En esta participación ad hoc en el blog, gracias a una muy gentil invitación de su “dueño” y autor principal - muchas gracias Antonio! -, discuto sobre alianzas compradoras, carteles de compra y los riesgos competitivos que puede surgir de ellas utilizando el acuerdo de cooperación entre DIA y EROSKI como punto de partida.
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 20:53
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 16:58
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 12:00
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 11:01
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 12:35
El que colabora con un cartelista, es un cartelista (según el Tribunal de Justicia): Urban, Snap-on, Treuhand and so on
En su sentencia del pasado 22 de octubre (asunto C‑194/14 P, AC‑Treuhand AG), el Tribunal de Justicia ha confirmado, en contra de la Opinión de su Abogado General, que el que colabora con un cártel puede ser considerado cartelista y sancionado como coautor de una infracción contraria al artículo 101 TFUE, aunque no ejerza una actividad económica en el mercado afectado por la restricción de la competencia y únicamente haya contribuido al cartel de manera subordinada (sin haber celebrado, stricto sensu, ningún acuerdo restrictivo de la competencia ni ejecutado práctica concertada alguna en dicho mercado).
El asunto tiene su origen en la Decisión 2005/349/CE de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa a un cártel en el mercado europeo de los peróxidos orgánicos, cuyos miembros celebraban reuniones con regularidad para garantizar su correcto funcionamiento. AC Treuhand AG fue contratada por el cártel para recabar y procesar determinados datos relativos a la actividad comercial de sus miembros, comunicar a éstos los datos numéricos una vez procesados, desempeñar tareas logísticas y de secretaría relacionadas con la organización de las reuniones y guardar en sus locales determinados documentación secreta. Por este motivo, la Comisión consideró que AC Treuhand era responsable de haber participado en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas consistente en la fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información comercial sensible en el sector de los estabilizadores de estaño. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso contra la Decisión de la Comisión.
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 13:50
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 20:51
La cadena alimentaria: cuando el poder de mercado lo tiene el comprador
Las empresas pueden restringir la competencia cooperando con sus competidores (colusión) o interfiriendo en su capacidad para competir (exclusión). La finalidad, en ambos casos, es la adquisición o incremento de la capacidad para reducir de forma rentable la oferta del producto o servicio de que se trate y subir así su precio (poder de mercado). De esta forma, los consumidores sólo pueden adquirir una cantidad inferior a la que desearían y han de pagar además un precio más alto por ella.
En el Derecho comunitario y español de la competencia se considera que, en determinadas circunstancias, debe prohibirse también el mero ejercicio del poder de mercado previamente adquirido (explotación), incluso aunque lo haya sido de forma lícita mediante competencia basada en las propias prestaciones. El ejemplo más evidente estaría constituido por la imposición de precios “excesivamente altos”. Aunque no se refiere a ellos expresamente, se ha considerado que tal prohibición podría deducirse de la inclusión entre los supuestos de abuso de una posición dominante de “la imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos” (art. 2 (a) de la Ley de Defensa de la Competencia). Tales precios “no equitativos” pueden ser impuestos no sólo por el vendedor, sino también por el comprador, como expresamente se establece en el artículo 102 (a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que incluye entre los ejemplos de conductas abusivas la imposición directa o indirecta de “precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas”.
En determinados mercados, como es el caso de la distribución minorista alimentaria, el poder de mercado –entendido de manera genérica como capacidad para influir en el precio de un producto o servicio- no recae sobre el vendedor, sino sobre el comprador. De ahí que el poder que ejercen sobre sus proveedores los grandes compradores existentes en determinados niveles de la cadena alimentaria haya sido objeto de atención en los últimos años por parte de las autoridades de competencia nacional y comunitaria e, incluso, el Parlamento Europeo.
Publicado por Antonio Robles Martín-Laborda en 18:26

References: Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 101
 artículo 102