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Publicado: septiembre 18, 2015 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL	Etiquetas:#COMPETENCIA, #DerechoConstitucional, #SALACONSTITUCIONAL, #TSJ	0
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Publicado: junio 12, 2015 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL	Etiquetas:#ACTOS, #COMPETENCIA, #CONSTITUCIONAL, #CONTENCIOSOELECTORAL, #Decaimiento, #DerechodeAutor, #DerechoDeIgualdad, #HábeasCorpus, #HomologacionLaboral, #jurisprudencia, #MEDIDASCAUTELARES, #Notificación, #NulidadDeLeyes, #TSJ	0
Sentencia: N° 1111 de fecha 03 de Octubre de 2000
Sentencia: N° 1122 de fecha 03 de Octubre de 2000
Sentencia: N° 1152 de fecha 09 de Octubre de 2000
Sentencia: N°1153 de fecha 09 de Octubre de 2000
Sentencia: N°1182 de fecha 10 de Octubre 2000.
Sentencia: N°1197 de fecha 16 de Octubre de 2000.
Sentencia: N° 1210 de fecha 18 de Octubre de 2000.
Asunto: De la homologación en materia laboral.
Sentencia: N° 1219 de fecha 18 de Octubre de 2000.
6. En lo que concierne a la competencia para proveer sobre la consulta elevada por la Corte Marcial de la República, la Sala observa que, con fundamento en los artículos 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha declarado su propia competencia para conocer de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten las Cortes de Apelaciones en lo Penal; y que, en el ámbito de la jurisdicción penal militar, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 593, ordinal 3°, del Código Orgánico de Justicia Militar, la Corte Marcial ejerce las funciones de las Cortes de Apelaciones. Por tanto, vista la equivalencia funcional entre ambas Cortes, procede declarar la competencia de esta Sala para conocer también de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicte la Corte Marcial de la República.
Sentencia: N°1220 de fecha 18 de Octubre de 2000.
Sentencia: N°1253 de fecha 24 de Octubre de 2000.
Sentencia: N°1254 de fecha 24 de Octubre de 2000.
Sentencia: N°1267 de fecha 26 de Octubre de 2000.
Sentencia: N°1271 de fecha 26 de Octubre de 2000.
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Publicado: mayo 9, 2015 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL	Etiquetas:#AclaratoriasyAmpliacionesdelfallo, #COMPETENCIA, #ConsejoLegislativo, #DerechoTributario, #Fisco, #jurisprudencia, #LeyHabilitante, #MedidasPreventivasInnominadas, #PrincipiodeIgualdad, #TSJ	0
Sentencia: N°516 Fecha 31 de Mayo de 2000.
Asunto: Del fundamento legal de la Aclaratoria.
Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia precisó en reiteradas oportunidades que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar…
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/516-010600-00-0726%20.HTM
Sentencia: N° 518 Fecha 31 de Mayo de 2000.
Asunto: De las atribuciones del Consejo Legislativo.
En efecto, tal como lo señalan las disposiciones precedentes, dentro de las atribuciones que posee el Consejo Legislativo está la de legislar sólo sobre las materias de la competencia estadal, por lo que está impedido de hacerlo en materia de jubilaciones y pensiones de los empleados públicos pertenecientes a los Estados, pues -como se dijo- tal potestad le está conferida en forma expresa al Poder Nacional. De tal manera pues, que dentro de los asuntos sobre los cuales puede legislar el Consejo Legislativo no se encuentra la de previsión y seguridad social.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/518-010600-00-0841.HTM
Sentencia: N° 523 Fecha 07 de Junio de 2000.
Asunto: De las medidas preventivas innominadas.
En tal sentido, lo primero que debe constatar esta Sala Constitucional, es la verificación del criterio asumido por este Tribunal Supremo respecto a las denominadas medidas preventivas innominadas, las cuales han sido consagradas por el legislador en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al juez para poder adoptar este tipo de medida, debiendo previamente constatar el cumplimiento de los requisitos previstos o exigidos en el artículo 585 eiusdem.
Es decir, que el juez sólo podrá dictar la medida preventiva cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y que el solicitante acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de tal circunstancia y del derecho que se reclama (fumus boni iuris).
De tal forma que en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que estos tienen un poder-deber, esto es, que una vez cumplidos los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe proceder a dictar dichas medidas provisionales, y en este sentido tales medidas pierden el carácter excepcional dejando de estudiarse bajo una concepción restrictiva, pasando a analizarse bajo criterios pro cives y pro libertate.
Asunto: De los extremos requeridos para que proceda la medida preventiva.
Adicionalmente, es necesario acotar que los extremos requeridos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil son necesariamente concurrentes junto al especial extremo consagrado en el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, es decir, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Así pues, que faltando la prueba de cualquiera de estos elementos, el juez no podría bajo ningún aspecto decretar la medida preventiva. En este orden de ideas, es necesario agregar que en materia de Derecho Público donde puedan estar en juego intereses generales, el juez debe también realizar una ponderación de los intereses en conflicto para que una medida particular no constituya una lesión de intereses generales en un caso concreto.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/523-8-6-00-00-0739.HTM
Sentencia: N° 524 Fecha 07 de Junio de 2000.
Asunto: De la Ley Habilitante.
En el caso bajo examen, se trata de la nulidad de una Ley Habilitante, también llamada Ley Autorizatoria, la cual estaba prevista en el artículo 190, ordinal 8° de la derogada Constitución de 1961. Dicha ley autorizatoria o habilitante también se encuentra inserta en la vigente Constitución de 1999 en su artículo 203 último aparte, donde se le da definitivamente la denominación de habilitante sin precisar el alcance en cuanto al contenido de dicha ley.
Asunto: Del carácter temporal de la Ley Habilitante.
…La razón de esta tipología de leyes consiste en la coparticipación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en una técnica legislativa de carácter excepcional para otorgarle al Presidente de la República la potestad de legislar en torno a una materia o materias específicas las cuales estarán delimitadas por el Decreto Ley, y dicha habilitación tiene carácter esencialmente temporal. En este sentido, se encuentra la Sala ante la nulidad de una ley que tiene entre sus características esenciales la temporalidad de la misma, es decir, que la delegación se agota bien sea por el uso que de ella haga el Presidente mediante la publicación de la norma para la cual fue habilitado o por el transcurso del tiempo establecido en la misma Ley Habilitante para que sea dictada la norma. Por esta razón, se puede decir que la norma impugnada en autos es una ley cuya vigencia es de carácter temporal, ya que cuando la Ley Habilitante cumple la finalidad para la cual fue promulgada o transcurre el plazo de su ejercicio pierde su vigencia, es decir, no existe y por tal razón, en principio, carecería de sentido práctico proceder al análisis y posterior pronunciamiento acerca de los presuntos vicios del cual pudiera ser objeto dicha ley.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/524-8-6-00-00-0834.HTM
Sentencia: N° 525 Fecha 07 de Junio de 2000.
Asunto: De la potestad tributaria constitucional de los municipios.
En virtud de lo expuesto, se evidencia que los Municipios gozan de una potestad tributaria constitucional, que se encuentra limitada y debe ejercerse de acuerdo a lo previsto en la propia Constitución y las leyes. Por ello, luego de un análisis previo en esta etapa cautelar, esta Sala observa, que se desprende de la normativa citada que la determinación y aplicación del impuesto establecido …(omissis)…, no se podría deducir de las potestades asignadas a los entes municipales ni en la Constitución de 1961 ni tampoco se colige del Texto Fundamental vigente; motivo por el cual, la creación, determinación y posterior exigencia del referdio tributo, eventualmente, pudiera constituir una infracción al principio de la reserva legal previsto en el artículo 136 ordinal 8° y el 156 numeral 11 de la vigente Carta Fundamental en materia de gravamen a la actividad minera … así como también del principio del carácter no confiscatorio de los tributos previsto en el artículo 317 de la Constitución vigente…
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/525-8-6-00-00-1193.HTM
Sentencia: N° 536 Fecha 07 de Junio de 2000.
Tema: Amparo Autónomo
Materia: Contencioso Electoral
Asunto: Del principio de igualdad.
El accionante denuncia, en esencia, la violación de su derecho constitucional a la igualdad, bajo su manifestación específica de la igualdad de acceso y participación en la función pública…”
“Entiende la Sala que el principio de igualdad ante la ley impone el otorgamiento de trato igual para quienes se encuentre en situación de igualdad, y trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/536-8-6-00-00-1337.HTM
Sentencia: N° 549 Fecha 12de Junio de 2000.
Tema: Casación
Asunto: De la naturaleza del recurso de casación.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/549-13-6-00-00-0603.HTM
Sentencia: 566 Fecha 19 de Junio de 2000.
Asunto: De la corrección de errores materiales.
Conforme a lo señalado, en virtud que la sentencia cuya aclaratoria se solicita fue publicada en fecha 24 de marzo de 2000, y que consta en el expediente que las solicitudes de aclaratoria no fueron formuladas ni el día de publicación de la sentencia, ni en el siguiente, las mismas son inadmisibles, de confromidad con la disposición procesal citada, y así se declara.
Ahora bien, por otra parte, las precedentes declaratorias de inadmisiblidad no conforman obstáculo alguno para que esta Sala, actuando de conformidad con las potestades que al efecto le confiere el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, por ser los Magistrados de esta Sala directores del proceso hasta que llegue a su conclusión, proceda a enmendar un error de mera naturaleza formal, y que en manera alguna altera el verdadero y evidente sentido del fallo cuya corrección se realiza.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/566-200600-00-0583.HTM
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Publicado: abril 24, 2015 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL	Etiquetas:#Aclaratoria, #ACTOSPROCESALES, #AMPARO, #COMPETENCIA, #CONSTITUCIONAL, #ControlDifusodelaConstitucionalidad, #FiscoMunicipal, #HábeasCorpus, #Homologación, #INHIBICION, #MEDIDASCAUTELARES, #Notificación, #NULIDAD, #NulidadDeLeyes, #OPOSICION, #TSJ	1
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL ENERO 2000
Publicado: abril 10, 2015 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL	Etiquetas:#AMPAROSOBREVENIDO, #COMPETENCIA, #CONSTITUCIONAL, #Constituyente, #HábeasCorpus, #LiminiLitis, #TSJ	0
Sentencia: N° 01 del 19 de Enero de 2000. Tema: Acción de amparo constitucional Materia: Derecho Constitucional Asunto: Amparo sobrevenido.
el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado.
Asunto: Distribución de la competencia expresada en los artículo 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales.
5.- La labor revisora de las sentencias de amparo que atribuye el numeral 10 del artículo 336 de la vigente Constitución a esta Sala y que será desarrollada por la ley orgánica respectiva, la entiende esta Sala en el sentido de que en los actuales momentos una forma de ejercerla es mediante la institución de la consulta, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero como la institución de la revisión a la luz de la doctrina constitucional es otra, y las instituciones constitucionales deben entrar en vigor de inmediato, cuando fuera posible, sin esperar desarrollos legislativos ulteriores, considera esta Sala que en forma selectiva, sin atender a recurso específico y sin quedar vinculado por peticiones en este sentido, la Sala por vía excepcional puede revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que, de acuerdo a la competencia tratada en este fallo, sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia, quienes conozcan la causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional, ello conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asunto: Interpretación de la competencia de los tribunales que deban conocer los amparos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
pasa la Sala a interpretar la competencia de los tribunales que deban conocer los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.Dicho artículo, a juicio de esta Sala, no colide con la Constitución y por lo tanto, tiene plena vigencia, y según él, las acciones de amparo pueden ejercerse conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos o contra las conductas omisivas.
Con relación a los amparos autónomos que cursan en la actualidad ante las otras Salas de este Tribunal Supremo, considera esta Sala Constitucional que la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, siendo tal competencia de orden público, por lo que respecto a dicha competencia ratione materiae no se aplica el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, sino que ella será determinada por la materia, la cual dentro de la jurisdicción constitucional, por los motivos aquí señalados, la ha asumido esta Sala en materia de amparo en la forma establecida en este fallo
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/01-200100-00-002.HTM
Sentencia: N° 02 del 19 de Enero de 2000. Tema: Competencia Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala Constitucional.
Como puede apreciarse, ha sido la intención de los redactores de la Carta Magna someter al Tribunal Supremo de Justicia y en especial, a esta Sala, el conocimiento de las demandas relativas a la inconstitucionalidad de las actuaciones u omisiones de las más altas autoridades del Estado -criterio orgánico- dentro de las cuales -y sólo a título enunciativo- se encuentran las contempladas en el artículo 8° antes aludido.
Asunto: Del carácter vinculante de las decisiones de esta Sala Constitucional.
Las señaladas competencias se corresponden con el carácter vinculante que, con relación al resto de las Salas de este Supremo Tribunal de Justicia y demás Tribunales de la República, poseen las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional, por ser la máxima y última autoridad intérprete de la Constitución, quien velará por su uniforme interpretación y aplicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Magna.
Asunto: De la competencia de la Sala en materia de amparo. De la revisión de sentencias.
Por otra parte, quiere dejar sentado esta Sala, que su competencia en materia de amparo no se limita al supuesto antes señalado -altas autoridades nacionales- sino que la misma puede producirse con ocasión de la atribución que le otorga el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución Bolivariana, el cual está referido a la revisión de las sentencias de esta especie, dictadas por los Tribunales de la República.”
“…interpreta la Sala que esta facultad revisora debe ejercerse necesariamente respecto de todas las sentencias de amparo constitucional dictadas por los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de esta materia como tribunales de primera instancia.
Igualmente, debe entenderse que la referida facultad de revisión puede ser ejercida, con relación a las decisiones de amparo dictadas por los tribunales que hayan conocido en consulta o apelación de las decisiones dictadas por sus inferiores jerárquicos. En estos casos, a diferencia de la hipótesis anterior, el objeto de la revisión lo constituye una sentencia dictada en segunda instancia. En consecuencia, visto que en estas situaciones se garantiza el principio de la doble instancia, la revisión debe revestir un carácter facultativo para la Sala Constitucional.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-200100-00-001.HTM
Sentencia: N° 05 del 26 de Enero de 2000. Tema: Acción de amparo constitucional. Hábeas corpus. Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia en materia de amparo a la libertad y seguridad personales.
Delimitado el objeto de la forma señalada, entiende esta Sala que se encuentra frente al supuesto especial de amparo a la libertad y seguridad personales, modalidad esta que ha sido objeto de una regulación especial, tanto en Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales como en el recién promulgado Código Orgánico Procesal Penal. De los aludidos textos legales se desprende que la competencia para conocer del amparo a la libertad personal corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal (artículos 7, 38, 39 y 40 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), que de acuerdo con la normativa procesal penal corresponde actualmente a los denominados Tribunales de Control, de conformidad con lo previsto en el penúltimo aparte del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/05-270100-00-003.HTM
Sentencia: N° 06 del 26 de Enero de 2000. Tema: Competencia Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Criterio determinativo de competencias de la Sala Constitucional
(…) el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público.
Asunto: Rango de las Bases Comiciales consultadas en el Referéndum del 25 de abril de 1999
Tal como estableció la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, las Bases Comiciales consultadas en el Referéndum del 25 de abril de 1999 y, que fijaron los límites de actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, son -para el ordenamiento que rige el proceso constituyente- “de similar rango y naturaleza que la Constitución” como la cúspide de las normas del Proceso Constituyente. También se dejó sentado, que las Bases Comiciales son supraconstitucionales respecto de la Constitución de 1961, lo cual, no quiere decir, que la Constitución estaba sujeta a estos, sino que se trataba de un ordenamiento no vinculado con las normas que rigen el Poder Constituido.
Materia: Derecho Procesal Asunto: Declaratoria de improcedencia in limine litis en las acciones de inconstitucionalidad.
El anterior razonamiento, constituye sin duda una razón de fondo que determinará la declaratoria de improcedencia de la acción propuesta, por lo que considera esta Sala que resulta innecesario abrir el contradictorio cuando in limine litis se ha verificado que la acción es manifiestamente improcedente.
Asunto: Competencia de la Sala Constitucional para conocer de los actos constituyentes
habiendo sido asimilado el rango de las Bases Comiciales con el más alto escalafón de la jerarquía normativa en el Proceso Constituyente, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para decidir de las acciones intentadas contra los actos de ejecución de dichas Bases, por cuanto el Constituyente de 1999, definió el régimen competencial de la Sala Constitucional, atendiendo al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, las dictadas en ejecución de las normas constitucionales, que son las de más alta jerarquía dentro del Poder Constituido.
Asunto: Sujeción de los actos constituyentes al ordenamiento constitucional.
(…) dado que las impugnaciones del acto constituyente son respecto de un texto normativo que no le era aplicable al mismo (Constitución de 1999) no puede existir jurídicamente una contradicción entre ambos. De allí que, en ningún caso procederá una acción de nulidad por vicios inconstitucionalidad contra el Decreto s/n, emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el cual se establecieron los parámetros del “RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL PODER PÚBLICO”, publicado en la Gaceta Oficial número 36.859 del 29 de diciembre de 1.999.
(…) entiende la Sala que hasta la fecha de la publicación de la nueva Constitución, la que le precedió (1961) estuvo vigente, lo cual se desprende de la Disposición Derogatoria Única; y como los actos de la Asamblea Nacional Constituyente no estaban sujetos a la Constitución derogada, los mismos sólo podrían estar regulado -como fuera señalado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno antes referida- por normas supraconstitucionales. Así, por argumento en contrario, sólo los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente con posterioridad a la publicación de la nueva Constitución estarían sujetos a ésta.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/06-270100-000011.HTM
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Publicado: mayo 8, 2014 en JURISPRUDENCIAS PENAL	Etiquetas:#COMPETENCIA, #FASEPREPARATORIA, #LAPSOS, #MINISTERIOPUBLICO, #NULIDAD, #ORDENPÚBLICO, #RESPONSABILIDAD, #SALAPENAL, #TSJ, ADELESCENTE	0
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 artículo 585
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 artículo 203
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 artículo 317
 artículo 14
 artículo 252
 artículo 7
 artículo 336
 artículo 35
 artículo 336
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 335
 artículo 336
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