Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/4257
Timestamp: 2020-05-30 06:52:41+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 273/2000
SENTENCIA 273/2000, de 15 de noviembre
(BOE nº 299, de 14 de décembre de 2000)
ECLI:ES:TC:2000:273
1. El día 23 de enero de 1994 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto del citado órgano judicial de fecha 18 de noviembre de 1993, por el que se acuerda elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987, de 13 de julio, de Administración Hidráulica de Cataluña, por vulnerar los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, consagrados en el art. 9.3 CE.
2. La presente cuestión se suscita en el curso del recurso de apelación núm. 1307/88 interpuesto por la entidad Compañía Española de Laminación, S.A., contra la Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 10 de mayo de 1988, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Junta Superior de Finanzas de la Generalidad de Cataluña de 8 de julio de 1986. Esta última había desestimado la reclamación formulada contra la Resolución del Director de Saneamiento de 19 de diciembre de 1985 que aplicaba a la entidad antes mencionada el canon de saneamiento establecido por la Ley de Cataluña 5/1981, de 4 de julio, sobre evacuación y tratamiento de aguas residuales.
a) En primer lugar, pone de manifiesto que el contenido del fallo que debe dictar depende de la validez de la norma legal cuestionada (art. 35.2 LOTC), puesto que, careciendo los actos administrativos impugnados de cobertura en las normas reglamentarias de referencia por haber sido éstas previamente anuladas por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la conformidad a Derecho de los referidos actos únicamente puede sostenerse a partir de la aplicación retroactiva -conforme a sus propios términos- de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987, dado que de otro modo la antes dicha declaración de nulidad habría de conllevar la estimación del recurso interpuesto.
b) Seguidamente se afirma la naturaleza tributaria del suplemento de tarifas y del canon de saneamiento a los que se refiere la Disposición adicional de cuya constitucionalidad duda el órgano judicial promotor de la cuestión. Identifica como núcleo del problema la segunda parte de dicha Disposición adicional, donde se establece la eficacia retroactiva de la integración en el texto legal de las normas de carácter sustantivo afectadas. Sin perjuicio de hacer notar que, ante la falta de indicación alguna acerca del alcance de dicha retroactividad, ésta no podrá proyectarse más allá de los cinco años del plazo de prescripción en materia tributaria, el órgano judicial entiende que los principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) impiden que se otorgue una retroactividad tan amplia.
c) Para concluir, se afirma que, en el presente supuesto, se trata de examinar la conformidad con la Constitución de una norma de rango legal que establece una retroactividad de las que este Tribunal denomina "auténticas", puesto que se refiere a todas las situaciones jurídicas producidas o desarrolladas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. De esta misma caracterización habría de deducirse, de acuerdo con la opinión defendida por el órgano judicial promotor, la inconstitucionalidad del precepto, que no puede elevar el rango normativo de disposiciones anteriores para, mediante este expediente, subsanar los vicios en que pudieran haber incurrido aquéllas y los actos de aplicación subsiguientes. Expresamente indica el órgano judicial en su Auto de planteamiento que queda al margen de la misma la posible inconstitucionalidad por vulneración del art. 24.1 CE en su momento apuntada por la parte actora, puesto que dicho precepto no impide al legislador regular situaciones sub iudice, a salvo el principio de seguridad jurídica, lo que traslada el problema al art. 9.3 CE.
4. Mediante providencia de 15 de marzo de 1994, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por conducto de sus respectivos Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC, y publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado". En su núm. 72, de 25 de marzo de 1994, se hizo pública la admisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad con el núm. 565/94.
5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 24 de marzo de 1994, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó la decisión de la Mesa de la Cámara de no personarse ni formular alegaciones en el actual proceso. Ese mismo día se registró otro escrito del Presidente del Senado comunicando la decisión de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 6 de abril de 1994, el Abogado del Estado, actuando en la representación que legalmente ostenta, se personó en el presente proceso constitucional, manifestando que, siguiendo instrucciones recibidas, se abstiene de formular alegaciones.
7. El día 11 de abril de 1994 se presentó en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña interesando se dicte Sentencia desestimatoria de la cuestión de inconstitucionalidad suscitada con fundamento en los argumentos que a continuación se extractan:
a) Primeramente se expone la evolución del tratamiento normativo que el canon de saneamiento y el incremento de tarifa por consumo de agua han recibido por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña. A este respecto se recuerda que los acuíferos de dicha Comunidad Autónoma presentan unos elevados índices de contaminación, lo que en gran medida se explica por la fuerte concentración de su población y por su evidente desarrollo industrial.
b) A continuación se defiende el pleno respeto del principio de legalidad en el establecimiento del incremento de tarifa y el canon de saneamiento. En este sentido, señala el Consejo Ejecutivo de la Generalidad que la Ley 5/1981 contenía los elementos esenciales del tributo -en el caso, exacción parafiscal-, puesto que determinaba el hecho imponible (consumo de agua), los sujetos pasivos (usuarios del servicio de abastecimiento de aguas o de aguas pluviales y subterráneas) y las pautas para concretar la base imponible y el tipo de gravamen. La remisión de estos dos aspectos a la norma reglamentaria se justifica por el carácter finalista de las exacciones. A este respecto se señala que, siendo su objetivo la financiación de obras de evacuación, saneamiento y depuración, parece indudable que las actividades a realizar varían en función de las diversas cuencas, por lo que era necesaria la previa zonificación del territorio. Este hecho explica que la individualización de la deuda tributaria no pudiera hacerse directamente en la propia Ley.
c) Seguidamente se expone la sucesión temporal de las normas, con el fin de precisar que el precepto cuestionado integra normas vigentes y aplicables en el momento de aprobarse la Ley. El Consejo Ejecutivo apunta que en el Auto de planteamiento de la cuestión parece dar a entender que el Decreto 11/1983 había sido anulado antes de la aprobación de la referida Ley, cuando no fue así, puesto que la anulación se llevó a cabo casi tres años después, por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1990.
d) Tras señalar que de las dos previsiones recogidas en el precepto cuestionado únicamente la segunda, que determina la aplicabilidad de las normas sustantivas reguladoras de las exacciones, con rango de Ley formal, a los supuestos producidos antes de la entrada en vigor de la Ley de la Administración Hidráulica de Cataluña, es objeto del presente proceso constitucional, el Consejo Ejecutivo rechaza que -frente a lo apuntado en el Auto de planteamiento de la cuestión- esa previsión permita la revisión de hechos y efectos jurídicos ya consolidados. Concretamente, sostiene que el apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987 se ha limitado a elevar el rango normativo de las disposiciones de carácter general afectadas, pero que no ha establecido un régimen de retroactividad auténtica.
e) Defiende el Consejo Ejecutivo la adecuación del precepto legal cuestionado a los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
f) Para el Consejo Ejecutivo el punto de partida para analizar la constitucionalidad del reiterado precepto ha de situarse en la Ley 5/1981, donde se definía un programa de saneamiento de las aguas de dicha Comunidad Autónoma, para cuya realización el incremento de tarifas y el canon de saneamiento revestían el carácter de instrumento financiero, conteniéndose ya en la referida Ley los elementos esenciales definitorios de dichas exacciones. Pues bien, el Parlamento de Cataluña, mediante la aprobación, por unanimidad del pleno de la Cámara, de la Disposición adicional ahora cuestionada pretendió evitar que una posible anulación por el Tribunal Supremo de las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley 5/1981 pusiera en peligro la realización de dicho programa.
g) Para el supuesto de que este Tribunal declare la inconstitucionalidad del precepto cuestionado, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad realiza una serie de reflexiones en torno a las posibles consecuencias y efectos de dicha declaración. En este sentido, se apunta que tanto el principio de seguridad jurídica como el de igualdad impedirían, en línea con la doctrina de la STC 45/1989, la revisión de las situaciones consolidadas durante la vigencia del precepto. Desde otra perspectiva, se destaca la efectividad que las obras financiadas mediante las exacciones a que se refiere la Disposición adicional segunda de la Ley de la Administración Hidráulica de Cataluña han revestido para la recuperación del medio ambiente en dicha Comunidad Autónoma.
8. El Parlamento de Cataluña solicita asimismo que se dicte Sentencia desestimatoria de la cuestión. En su escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal el día 11 de abril de 1994, comienza identificando como objeto único de la presente cuestión de inconstitucionalidad la eficacia retroactiva de la integración llevada a cabo por el precepto cuestionado. En consecuencia, éste es el único aspecto examinado por el Parlamento de Cataluña en sus alegaciones.
9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones el 13 de abril de 1994 interesando se dicte Sentencia por la que se declare que el apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987, en cuanto consagra una retroactividad completa de normas tributarias, es contraria al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE.
10. Por providencia de 13 de noviembre de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año.
1. Plantea la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la inconstitucionalidad del apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987, de 13 de julio, de la Administración Hidráulica de Cataluña por ser contrario al art. 9.3 CE, en cuanto consagra el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y el de seguridad jurídica. La indicada Disposición adicional, en el concreto apartado objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, establece lo siguiente:
2. Antes de seguir adelante, procede recordar, en primer lugar, el contexto en que se enmarca la aprobación de la Disposición adicional segunda de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1987.
a) La Ley de Cataluña 5/1981, de 4 de junio, de Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, trataba de velar por la utilización del agua como recurso natural escaso a fin de mejorar la calidad de vida de la población y de preservar el medio ambiente. Para ello, el texto legislativo hacía hincapié en el aseguramiento de la coordinación y eficacia de las obras y servicios de evacuación, tratamiento y recuperación de las aguas residuales en el territorio de Cataluña, al tiempo que establecía un régimen económico-financiero específicamente destinado a la financiación de dichas obras y servicios. Piezas centrales de dicho régimen eran el incremento de las tarifas abonadas por los usuarios de las redes de abastecimiento de agua y el establecimiento de un canon de saneamiento para los consumos de aguas procedentes de acuíferos subterráneos o de la recogida de las pluviales. La aplicación de este régimen económico-financiero se condicionaba, entre otros extremos, a la formulación de los correspondientes Planes de Saneamiento o de un proyecto de obra o instalación del servicio y su ámbito de aplicación había de coincidir con la cuenca del río de la zona vertiente o del área geográfica concernida directa o indirectamente por el saneamiento. Finalmente, cumple significar que la Ley 5/1981 configura ambos tributos como exacciones parafiscales afectas a la financiación de los costes de infraestructura y de explotación de las obras e instalaciones aprobadas.
b) La Sentencia de la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Barcelona de 20 de febrero de 1986 estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente al Decreto 11/1983 y la Orden del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de 21 de abril de 1983 dictada en desarrollo de aquél. La anulación de la primera de las disposiciones referidas se fundó en la concurrencia de un vicio esencial del procedimiento. Concretamente, la infracción del art. 130.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, toda vez que en el procedimiento de elaboración del Decreto no se había emitido el informe previo por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. Ello determinó, por otra parte, la anulación de la Orden de 21 de abril de 1983 al carecer ésta de norma habilitante. Esta resolución judicial fue recurrida en apelación por la Generalidad de Cataluña, recurso que fue admitido en ambos efectos y finalmente desestimado por la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1990.
c) Paralelamente, el Parlamento de Cataluña tramitó la Ley 17/1987, de la Administración Hidráulica de Cataluña. En el proyecto remitido por el Consejo Ejecutivo, la Disposición adicional precisaba los valores base del incremento de tarifa y canon de saneamiento para los usos domésticos e industriales, así como los parámetros de contaminación que habían de regir para el año 1986 en varias de las zonas creadas por el Decreto 305/1982. El texto definitivo de la mencionada Disposición adicional fue introducido por la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Cataluña al acoger una enmienda transaccional. La modificación fue ratificada por unanimidad del Pleno de la Cámara.
3. Por lo que hace ya a la norma cuestionada, antes de abordar el fondo del problema y a la vista de los avatares experimentados por dicha norma, debemos señalar que la derogación del apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987 no implica la pérdida sobrevenida de objeto del presente proceso constitucional. En los supuestos de derogación de la norma sobre cuya constitucionalidad se traba el debate procesal, este Tribunal ha declarado que la pervivencia del proceso dependerá de la incidencia real de la derogación y no de criterios abstractos (SSTC 385/1993, de 23 de diciembre, FJ 3; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 1), distinguiendo a estos efectos entre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, como manifestaciones procesales distintas, aun cuando con un sustrato común. Así, hemos señalado en la STC 111/1983, de 2 de diciembre, que "mientras en el recurso directo la derogación, por lo común, extinguirá el objeto, en la cuestión de constitucionalidad la solución puede ser otra por cuanto la validez de la norma -aun derogada- puede requerir un juicio de constitucionalidad" (FJ 2), toda vez que éste puede condicionar la decisión judicial en un proceso pendiente, como un problema vivo y la supervivencia de la norma cuestionada.
4. Resumiendo ahora el debate trabado en este proceso constitucional, cumple señalar que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cuestiona la constitucionalidad del apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987 por entender que el mismo infringe los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales .
5. Abordando ya el primero de los argumentos, relativo a la interdicción de retroactividad de las disposiciones "restrictivas de derechos individuales", baste declarar a fin de desestimar este argumento, y sin necesidad de abordar en esta ocasión la cuestión relativa a la proyección de la expresión "derechos individuales" contenida en el art. 9.3 CE sobre los diferentes derechos proclamados en el Título I de la Constitución, que las normas que imponen cargas tributarias con base en lo dispuesto en el art. 31.1 del propio Título no son por definición disposiciones "restrictivas de derechos individuales" en el sentido del referido art. 9.3 CE. En efecto, como ya afirmáramos en la STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6, en el mencionado art. 31.1 CE se consagra un auténtico mandato jurídico, del que se deriva un deber constitucional para los ciudadanos de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de los gastos públicos, un deber que, por otro lado, enlaza sin tensión dialéctica alguna con la función social de la propiedad (art. 33.2 CE). Todo ello, como es lógico, dejando de lado el supuesto, aquí no concurrente, de las normas sancionadoras tributarias, que encuentran su propio reflejo en el mismo art. 9.3 CE.
6. Sin embargo, afirmar que las normas tributarias no se hallan limitadas en cuanto tales por la prohibición de retroactividad establecida en el art. 9.3 CE, y con esto entramos en el segundo de los argumentos, no significa que su legitimidad constitucional no pueda ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios constitucionales [SSTC 126/1987, de 16 de julio, FJ 9 b), y 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4], señaladamente, en lo que aquí interesa, el de seguridad jurídica, recogido en el mismo precepto constitucional [SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3, y 182/1997, de 28 de octubre, FJ 11 b)]. Este principio no puede erigirse en valor absoluto, pues ello daría lugar a la congelación o petrificación del ordenamiento jurídico existente [por todas, STC 182/1997, FJ 11 b)], ni debe entenderse tampoco como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen jurídico-tributario (entre otras, SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 2, y 134/1996, de 22 de julio, FJ 3). Por el contrario, dicho principio sí protege la confianza de los ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas tributarias no puede afectar a la interdicción de la arbitrariedad (STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8). En fin, la tarea de determinar cuándo una norma tributaria de carácter retroactivo vulnera el principio de seguridad jurídica sólo puede realizarse caso por caso, teniendo en cuenta, por una parte, el grado de retroactividad de la norma cuestionada y, por otra, las circunstancias específicas que concurren en el supuesto examinado [SSTC 173/1996, FJ 3, y 182/1997, FJ 11 c)].
7. De acuerdo con la doctrina expuesta, es preciso examinar en primer lugar el alcance de la retroactividad del apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1987, cuya constitucionalidad se discute. Esta tarea previa resulta inexcusable ya desde el momento en que el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sostiene que, en este caso, nos hallamos ante un supuesto de retroactividad auténtica, puesto que, no determinándose el alcance temporal de la retroactividad, ésta se extendería hasta el límite legal del plazo de prescripción de los derechos de la Hacienda Pública; consecuentemente con esta interpretación del precepto cuestionado, se señala que la retroactividad afecta a todos los consumos de agua ya realizados y pagados en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la Ley de la Administración Hidráulica de Cataluña.
8. Esta limitación del alcance temporal del apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1987 no supone, frente a lo que sostiene la Generalidad de Cataluña en su escrito de alegaciones, rechazar la existencia misma de retroactividad. Antes bien, sólo admitida ésta pueden precisarse adecuadamente sus límites.
9. Acotada la eficacia retroactiva del precepto cuestionado, es llegado el momento de abordar la duda central suscitada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) en su Auto de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad. A saber, si esa retroactividad quebranta la seguridad jurídica garantizada por el art. 9.3 CE.
10. Contemplada desde la perspectiva que proporciona la garantía de certeza de la norma, la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987 suscita el problema de la identificación de los concretos preceptos reglamentarios que quedan integrados en el texto de la mencionada Ley y que resultan de aplicación con rango de Ley formal desde que entraron en vigor.
11. Por lo que hace a las dudas que suscita la conformidad del precepto cuestionado a la que hemos denominado vertiente subjetiva de la seguridad jurídica, reconducible a la idea de previsibilidad, es preciso ponderar los diferentes elementos en presencia, pues sólo tras dicha ponderación será posible concluir si el art. 9.3 CE ha resultado vulnerado o si, por el contrario, la seguridad jurídica, que no es un valor absoluto, ha de ceder ante otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos (STC 182/1997, FJ 13). En los términos de la misma Sentencia, se trata de "un interrogante al que solo puede responderse después de analizar las circunstancias específicas que concurren en el caso, especialmente la previsibilidad de la medida adoptada" (ibid. FJ 13). En consecuencia, resulta oportuno recordar, una vez más, sumariamente, determinados aspectos concernientes a la génesis de la norma.
12. A la vista de las circunstancias del caso, interesa destacar el hecho de que la anulación de las normas reglamentarias mencionadas tuvo por causa exclusiva la concurrencia de un defecto de procedimiento, sin que en ningún momento las resoluciones judiciales apreciaran la existencia de un vicio de carácter sustantivo. En particular, en el propio Auto de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza que dichas normas reglamentarias vulneraran el principio de reserva de Ley en materia tributaria, afirmando expresamente que en los arts. 11 a 15 de la Ley 5/1981 se contenía la regulación básica y suficiente de los elementos fundamentales de las nuevas figuras tributarias (fundamento noveno).
13. Por lo demás, y como es obvio, la decisión del legislador autonómico no merece reproche alguno desde la óptica del sistema de fuentes. Como hemos señalado reiteradamente, no resulta contrario a la Constitución que el legislador asuma una tarea que anteriormente había encomendado al poder reglamentario, pues nuestro sistema constitucional desconoce algo parecido a una reserva reglamentaria inaccesible al legislativo [SSTC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 21 b), y 18/1982, de 4 de mayo, FJ 3]. De tal suerte que, dentro del marco de la Constitución y respetando sus específicas limitaciones, la ley puede tener en nuestro ordenamiento jurídico cualquier contenido, no estándole en modo alguno vedada la regulación de materias antes atribuida al poder reglamentario (por todas, STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 15).
Numéro et date BOE [Nº, 299 ] 14/12/2000 Correction 1
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 565-1994
Fecha de resolución 15/11/2000
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto de la disposición de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1987, de 13 de julio, de Administración Hidráulica de Cataluña, que dio rango legal a reglamentos anteriores sobre el canon de saneamiento.
El deber de contribuir, mediante el canon de saneamiento, se hallaba ya suficientemente perfilado desde la Ley de Cataluña 5/1981. Ese deber no se vio alterado ni por las resoluciones judiciales anulatorias de las normas reglamentarias posteriormente integradas en el texto de la Ley 17/1987, ni por la elevación del rango de estas normas. La anulación de las normas reglamentarias tuvo por causa exclusiva la concurrencia de un defecto de procedimiento. Consecuentemente, el apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 17/1987, de 13 de julio, de Administración Hidráulica de Cataluña, no ha infringido los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones no favorables de los derechos individuales (art. 9.3 CE) [FJ 12].
De los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos puede deducirse un deber de los poderes públicos de observar los trámites esenciales para la elaboración de las normas jurídicas. Ahora bien, tales principios constitucionales no cubren una eventual expectativa de que los poderes públicos permanezcan pasivos ante la concurrencia de un vicio procedimental que afecte a una norma cuya aplicación pueda favorecer la consecución de un interés general (STC 182/1997) [FJ 12].
La ley puede tener en nuestro ordenamiento jurídico cualquier contenido, no estándole en modo alguno vedada la regulación de materias antes atribuida al poder reglamentario (STC 73/2000) [FJ 13].
No puede afirmarse que los defectos de técnica legislativa en que haya podido incurrir el precepto hayan redundado, en la presente ocasión, en una merma de la vertiente objetiva de la seguridad jurídica o certeza del Derecho [ FJ 10].
La tarea de determinar cuándo una norma tributaria de carácter retroactivo vulnera el principio de seguridad jurídica sólo puede realizarse caso por caso, teniendo en cuenta, por una parte, el grado de retroactividad de la norma cuestionada y, por otra, las circunstancias específicas que concurren en el supuesto examinado (SSTC 150/1990, 173/1996, 182/1997) [FJ 6].
Las normas que imponen cargas tributarias con base en lo dispuesto en el art. 31.1 del Título I de la Constitución no son, por definición, disposiciones ?restrictivas de derechos individuales? en el sentido del art. 9.3 CE (STC 182/1997) [FJ 5].
La cuestión de inconstitucionalidad no ha perdido su objeto como consecuencia de la derogación del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona ( SSTC 385/1993, 28/1997, 234/1999) [FJ 3].
Ley del Parlamento de Cataluña 17/1987, de 13 de julio. Reguladora de la Administración hidráulica de Cataluña
Disposición adicional segunda, apartado 1
Ley del Parlamento de Cataluña 6/1999, de 12 de julio. Ordenación, gestión y tributación del agua
Artículo 9.3 (irretroactividad), ff. 1, 6, 13
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), ff. 9, 11, 13
Artículo 45, f. 12
Ley del Parlamento de Cataluña 5/1981, de 4 de junio. Desarrollo legislativo en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales
Artículos 11 a 15, f. 12
Artículo 13.3, f. 2
Decreto de la Generalidad de Cataluña 305/1982, de 13 de julio. Desarrolla parcialmente la Ley 5/1981, de 4 de junio, sobre evacuación y tratamiento de aguas residuales
Decreto de la Generalidad de Cataluña 11/1983, de 21 de enero. Plan de Saneamiento de la “Zona 5” y régimen económico-financiero
En general, ff. 2, 10, 11
Orden del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, de 21 de abril de 1983. Normas relativas a la intervención de las unidades suministradoras de agua en aplicación del programa de actuaciones y financiación del Plan de Saneamiento de la “Zona 5”
Orden del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, de 29 de diciembre de 1983. Tabla de los valores resultantes del incremento de tarifa y del canon de saneamiento para usos domésticos del agua en 1984
Decreto de la Generalidad de Cataluña 150/1984, de 16 de marzo. Normas relativas a la percepción del canon de saneamiento creado por la Ley 5/1981, de 4 de junio
Decreto de la Generalidad de Cataluña 128/1984, de 5 de abril. Procedimiento para la aprobación por parte de la Comisión de Precios del incremento de la tarifa de saneamiento
Decreto de la Generalidad de Cataluña 20/1985, de 18 de enero. Revisión del régimen económico-financiero del Plan de Saneamiento de la “Zona 5”
Decreto de la Generalidad de Cataluña 349/1985, de 13 de diciembre. Segunda revisión del régimen económico-financiero del Plan de Saneamiento de la “Zona 5” y determinaciones complementarias
En general, ff. 2, 4, 7, 8, 11, 12
Artículos 29 a 33, f. 1
Disposición adicional segunda, f. 10
Disposición adicional segunda, apartado 1, ff. 1 a 4, 7, 8, 13
Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1988, de 28 de enero. Texto refundido de las Leyes 5/1981, de 4 de junio, y 17/1987, de 13 de julio, de Administración hidráulica de Cataluña
Disposición derogatoria, apartado 2, f. 3
Canon de saneamiento hidráulicoCanon de saneamiento hidráulico, ff. 1, 2
Normas restrictivas de derechos individualesNormas restrictivas de derechos individuales, f. 5
Potestad legislativaPotestad legislativa, ff. 12, 13
Principio de irretroactividadPrincipio de irretroactividad, ff. 5, 6
Principio de seguridad jurídicaPrincipio de seguridad jurídica, Límites, f. 9
Principio de seguridad jurídicaPrincipio de seguridad jurídica, ff. 10, 12
TributosTributos, ff. 5, 6
Vicios en el procedimiento legislativoVicios en el procedimiento legislativo, f. 12
Deficiencias técnicas en las normasDeficiencias técnicas en las normas, f. 10
Elevación de rango de un reglamentoElevación de rango de un reglamento, ff. 12, 13
Inexistencia de reserva reglamentariaInexistencia de reserva reglamentaria, f. 13
Legislación tributariaLegislación tributaria, ff. 5, 6
Retroactividad de normas tributariasRetroactividad de normas tributarias, ff. 6 a 12
CataluñaCataluña, ff. 1, 2

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 45

Artículo 13