Source: https://www.uninotas.net/proceso-de-divorcio-en-panama/
Timestamp: 2020-01-22 11:20:50+00:00

Document:
Proceso de divorcio en Panama - UniNotas
Proceso de divorcio en Panama
uninotas 5 julio, 2016 Derecho y complemento en periodismo
Las figuras de ineficacia matrimonial son:
Planteamiento General. Art. 73 CC «es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración:
El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los arts. 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al art.
48 (menores de edad, parientes en línea recta por consanguinidad o adopción).
El contraído por coacción o miedo grave».
Así pues, las causas de nulidad pueden ser: defectos de forma (3o); de la inexistencia de consentimiento o de encontrarse el consentimiento viciado (1o, 4o y 5o) y de la preexistencia de impedimentos (2o), sea por no ser dispensables o porque no hayan sido objeto de efectiva dispensa.
El defecto de forma. El carácter esencialmente formal del matrimonio supone que la inexistencia de la forma legalmente determinada acarree la nulidad. El art. 73.3 establece que «es nulo el matrimonio contraído sin la preceptiva intervención del juez, Alcalde o funcionario competente, o sin la de los testigos».
De otra parte, «el juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma, si al menos uno de los cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo lo dispuesto en el art. 73.3.
La existencia de impedimento. La celebración del matrimonio en caso de existencia de impedimento (minoría de edad, no emancipación, los que están ya ligados por vínculo matrimonial, los parientes…) conlleva la nulidad del mismo, salvo que siendo dispensables hayan sido objeto de dispensa efectiva. (el art. 73.2 remite a los arts. 46 y 47 CC).
1º Los celebrados bajo impedimentos dispensables (art. 48: muerte dolosa del cónyuge, tercer grado de parentesco y menores de más de 14 años) aunque la dispensa se obtengan con posterioridad a la celebración del matrimonio, siempre que se obtenga antes de que la nulidad haya sido instada judicialmente por las partes. La dispensa (art. 48.3) «convalida, desde su celebración, el matrimonio».
2º Art. 75.2 «Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción de nulidad el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada aquélla».
3º El art. 76.2 «Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo».
“La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella salvo que la causa de nulidad fuere la falta de edad, ya que mientras el contrayente sea menor, sólo podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso, el Ministerio Fiscal. Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada aquélla. En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio, caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo que lo motivó.”
EL MATRIMONIO PUTATIVO:
Concepto y antecedentes. El matrimonio putativo es una creación del Derecho canónico, motivada por la necesidad práctica y por el imperativo moral de atender a la protección de los hijos habidos en un matrimonio efectivamente celebrado, aunque después fuera declarado nulo por mediar impedimento de parentesco. Posteriormente, la tesis del matrimonio putativo se aplica a cualesquiera matrimonios, aunque el motivo de nulidad fuera diferente a tal impedimento. Esta formulación ampliada del matrimonio putativo es la que se recoge en el CC: «La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se presupone» (art. 79).
La declaración de nulidad.- Es necesario que sea objeto de declaración de nulidad, pues en otro caso seguirá produciendo efectos como si fuera válido, aunque realmente no lo sea.
En relación con el cónyuge de buena fe, se mantienen exclusivamente «los efectos ya producidos» de conformidad con la eficacia ex nunc de la declaración de nulidad en caso de matrimonio putativo. Sin embargo a partir de la declaración de nulidad deja de ser cónyuge, por lo que en el futuro no podrá instar derecho alguno fundado en la relación matrimonial. Pierde el derecho a alimentos y los derechos sucesorios.
Frente a la nulidad y al divorcio, en donde desaparece el vínculo existente entre los cónyuges, la separación provoca únicamente «la suspensión de la vida común de los casados» (art. 83) manteniéndose, por tanto, el vínculo matrimonial.
La separación judicial (o legal)
En el caso de que proceda, «se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio». Por tanto, la separación establecida en nuestro ordenamiento civil resulta operante en relación con el propio matrimonio civil y respecto de cualesquiera matrimonios celebrados en forma religiosa.
La separación por mutuo acuerdo. El art. 81.1a autoriza la separación por mutuo acuerdo o consensual «a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos 3 meses de matrimonio (antes era un año). Deberá necesariamente acompañarse a la demanda la propuesta del convenio regulador de la separación…».
Que la demanda se haya presentado «una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio», y haya habido convivencia matrimonial efectiva o no.
El plazo previsto decae (3 meses) de manera absoluta «cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio».
La posible reconciliación de los cónyuges
La separación de los cónyuges no implica una situación o decisión irrevocable o irreversible, pues en ciertos casos el «período de reflexión» puede desembocar en la reanudación de la convivencia conyugal. Desde el punto de vista técnico-jurídico, el mantenimiento del vínculo matrimonial entre los separados no constituye óbice alguno para la posible reconciliación de los cónyuges y, por tanto, la reanudación de la vida en común. En consecuencia, habrá de bastar el mero deseo de los cónyuges separados de volver a reanudar su convivencia para que ésta pueda producirse.
Art. 84 «La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo [el hecho de reconciliación] en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio.
Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique».
El art. 83 dice: «La sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica». La sentencia de separación no sólo produce la suspensión de la vida en común, sino que al propio tiempo presupone los pactos o estipulaciones que, en relación con todos los aspectos del matrimonio en situación de quiebra, han de preverse en el convenio regulador o, en su defecto, deben ser homologados por el Juez.
La separación de hecho provocada unilateralmente. En la anterior redacción del CC «La separación de hecho constituye causa de separación y/o divorcio».
Art. 85 «El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio».
Art. 32 «la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas»; la existencia de dos miembros de la pareja constituye un presupuesto estructural de la noción de matrimonio. Disuelto el matrimonio por muerte, el cónyuge viudo, recupera la libertad matrimonial de forma inmediata.
El matrimonio del declarado fallecido. Art. 85 «el matrimonio se disuelve… por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges o por el divorcio». Una vez declarado el fallecimiento, sin requisito complementario alguno, el cónyuge presente podrá volver a contraer matrimonio si lo desea.
La reaparición del declarado fallecido. El reaparecido recuperará la posición que pudiera corresponderle en las distintas relaciones jurídicas (en las relaciones familiares podrá recuperar la patria potestad respecto de sus hijos menores de edad). Sin embargo, el reaparecido no podrá ser considerado cónyuge de su consorte, aunque éste no haya vuelto a contraer matrimonio posterior alguno. Igualmente sucede en el caso de que el cónyuge presente, tras la firmeza de la declaración de fallecimiento, haya contraído un nuevo matrimonio. Éste habrá de ser considerado válido a todos los efectos, pues el matrimonio que vinculaba al «cónyuge presente» con el reaparecido quedó disuelto a consecuencia de la declaración de fallecimiento.
El establecimiento del divorcio. La vigencia durante siglos de la legislación católica y el principio de la indisolubilidad del matrimonio quebró en los países protestantes a partir de la reforma de Lutero.
La Constitución de la II República estableció que el matrimonio podía resolverse «por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación, en este caso, de justa causa».
La CE de 1978, no se pronuncia de forma expresa en favor del divorcio, ni ordena al legislador ordinario establecerlo, pues el art. 32.2 se limita a disponer que «la ley regulará las formas de matrimonio…
las causas de separación y disolución y sus efectos». La admisión y establecimiento del divorcio se materializó en la Ley 30/1981 (Ley del Divorcio), modificando la regulación del matrimonio en el CC y determinando el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
En España el sistema instaurado por la Ley 30/1981 responde al criterio de divorcio judicial, pues no resulta conforme a nuestro Derecho positivo el divorcio consensual y que sea declarado por una sentencia judicial. Así se dispone en el art. 89 CC «la disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza…».
La solicitud de divorcio. La Ley 15/2005 ha abandonado el sistema causalista de la Ley 30/1981 en la que los cónyuges debían acreditar la preexistencia de alguna de las causas de divorcio.
Ahora el art. 86 dispone que «se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el art. 81». Así, basta el transcurso del período temporal de 3 meses, junto con la propuesta de medidas o de convenio regulador para que uno o ambos cónyuges puedan solicitar la separación o el divorcio o bien, la separación y, posteriormente el divorcio que «deberá decretar, de manera obligatoria, la autoridad judicial que resulte competente».
La sentencia de divorcio. «La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza» (art. 89.1 CC). El divorcio requiere necesariamente una sentencia judicial y, por ende, un proceso previo.
Los efectos del divorcio. La sentencia de divorcio (en sentido estimatorio o desestimatorio) sólo puede referirse a la disolución del matrimonio, que sin duda constituye el objeto medular del proceso y, por tanto, de la propia sentencia perseguida por los cónyuges. El juez carece de competencia alguna para modificar los efectos legalmente establecidos que, de forma inherente, conlleva la declaración judicial de divorcio en relación con la definitiva disolución del matrimonio. No cabe, pues, alterar judicialmente el marco de los efectos capitales del divorcio según han sido configurados por el legislador (no cabe «divorciar por X años»; tampoco puede estimarse el divorcio y declarar que sigue subsistente el régimen de gananciales; imponer a los divorciados un «derecho de visita» entre sí, etc.).
En relación con los hijos, el art. 92.1 establece que «la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de las obligaciones para con los hijos».
La reconciliación de los divorciados posterior a la sentencia. Art. 82.2 «la reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio».
Los efectos producidos por ministerio de la ley. Art. 102 CC «admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la ley, los efectos siguientes:
Cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil, y en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil».
Las medidas de carácter convencional o judicial. Además de los efectos producidos ope legis, el juez, admitida la demanda, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará con audiencia de estos una serie de medidas que el legislador ha considerado de necesaria contemplación en cualquier caso de crisis matrimonial:
A) Medidas relativas a las relaciones paterno-filiales
Se trata de «determinar en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar sujetos a la patria potestad, y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este CC, y, en particular, la forma en que el cónyuge apartado de los hijos podrá cumplir el deber de velar por estos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.
B) Medidas relativas al uso de la vivienda familiar
Hay que determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge.
C) Medidas relativas a las cargas del matrimonio
Se debe fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede, las litis expensas [gastos que se derivan de un procedimiento judicial matrimonial], establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones y otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro. Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.
D) Medidas relativas al régimen económico-matrimonial
Hay que señalar los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.
La presentación de la demanda no determina la disolución del régimen de gananciales, que seguirá vigente, pero la tenencia, administración y disposición de los bienes comunes se adecúan a la nueva situación matrimonial.
Art. 104.1 «el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores». Se habla en tal caso de medidas provisionalísimas o previas, para resaltar, ora que se trata de medidas de vigencia temporal limitada, ora que se adoptan incluso con anterioridad a la presentación de la correspondiente demanda.
El carácter provisionalísimo, temporalmente hablando, lo pone de manifiesto el art. 104.2, al afirmar que «estos efectos y medidas sólo subsistirán, si dentro de los 30 días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el Juez o Tribunal competente».
LEC-2000 el plazo de duración de las medidas provisionalísimas no puede exceder de 30 días.
La solicitud de estas medidas se puede llevar a efecto sin intervención de abogado y procurador.
El auto con el que concluye el procedimiento del art. 771 no es susceptible de recurso, aunque sí de oposición por parte del otro cónyuge.
Art. 106.1 «Los efectos y medidas previstos en este capítulo termina en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo».
Se trata, pues, de que la sentencia firme sobre nulidad, separación o divorcio sea «estimatoria» y declare o constituya la situación de crisis matrimonial instada por los cónyuges, poniendo término así a la validez de las medidas acordadas durante el procedimiento (medidas provisionales) o, incluso, con anterioridad a la presentación de la demanda (medidas provisionalísimas).
Ahora bien, dicho efecto tendrá lugar siempre que los efectos y las medida acordados con anterioridad sean «sustituidos por los de la «sentencia». Es decir, sólo en los casos en que la sentencia determine o establezca unas condiciones distintas a las que fueron aceptadas con anterioridad. En determinados casos la sentencia se limita a considerar definitivas las medidas provisionales (o, raramente, las medidas provisionalísimas).
Contenido: efectos respecto de los hijos y en relación con los bienes.
Art. 90 CC «El convenio regulador… deberá referirse, al menos a los siguientes extremos:
La pensión que corresponda satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges».
Acuerdos conyugales y aprobación judicial del convenio. Los acuerdos en todo caso deben ser objeto de aprobación judicial. «Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para la regulación de las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. La denegación o no aprobación (por parte del juez) habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del juez una nueva propuesta para su aprobación, si procede» (art. 90).
Según el art. 90 CC el convenio regulador tendrá una vigencia indefinida y deberá ser respetado por ambos cónyuges. «Las medidas… convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias» que sirvieron de base para el establecimiento o fijación de sus estipulaciones. La eventual modificación del convenio en ningún caso puede alcanzar a la liquidación del régimen económico del matrimonio, cuando se haya procedido a ella con anterioridad.
Medidas judiciales o «definitivas»
Art. 91 «en las sentencias de nulidad, separación o divorcio o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias».
El «contenido» de las medidas judiciales coincide de forma sustancial con el propio contenido del convenio regulador (contenido mínimo).
A) Medidas relativas a la patria potestad. Partiendo de la base, de que «la separación, nulidad y divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos» y el imperativo de que «el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos». Son posibles medias a adoptar por el Juez en relación con la patria potestad:
Cuando así convenga a los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges o que el cuidado de ellos corresponda a uno u otro procurando no separar a los hermanos».
A solicitud de los cónyuges, bien sea en la propuesta de convenio regulador o en cualquier otro momento del procedimiento judicial que hayan instado (art. 92.5), o excepcionalmente • a instancia de uno solo de los cónyuges, con informe favorable del MF (art. 92.8).
B) Medidas relativas a los alimentos en favor de los hijos. «El juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento» (art. 93.1).
C) Medidas referentes al derecho de visita. Según el art. 94: «el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes interpuestos por la resolución judicial».
D) Medidas relacionadas con la sociedad de gananciales. El art. 95 contiene dos reglas:
La general, «la sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial».
La segunda parte del planteamiento de que entre los cónyuges rige el régimen de gananciales y se encuentra referido sólo al caso del matrimonio putativo: «Si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno sólo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte».
E) Medidas sobre el uso de la vivienda y del ajuar familiar. El art. 96 permite al Juez disociar la titularidad y el uso de tales bienes, atribuyendo el derecho de uso a los hijos y/o cónyuge que, pese a no ser propietario de ellos, se encuentren en condiciones que así lo aconsejen. En caso de que el uso de la vivienda y el ajuar familiar sean atribuidos al cónyuge no titular, «para disponer de la vivienda y bienes indicados… se requerirá el consentimiento de los cónyuges o, en su caso, autorización judicial».
El principio general es que «en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden». Esto es, con independencia del título de propiedad sobre la vivienda, se ha de atender imperativamente al beneficio de los hijos, y de forma refleja, al cónyuge que seguirá conviviendo con ellos.
Modificación de las medidas judiciales. El art. 91 decreta la posibilidad de modificación de las medidas judiciales «cuando se alteren sustancialmente las circunstancias». Lo mismo dice el art. 90.3, referido tanto al convenio regulador cuanto a las medidas judiciales. Según la LEC-2000 «el MF, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas».
La pensión (art. 97) procede sólo y exclusivamente en los casos de separación y divorcio. En supuestos de nulidad matrimonial, no cabe pensión alguna, sino «una indemnización» (art. 98)
El art. 97 del CC: de la pensión [antes Ley 15/2005] a la compensación. «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.
Irrelevancia de la culpabilidad. La pensión (ahora compensación) se genera en favor del cónyuge más desfavorecido económicamente a consecuencia de la crisis matrimonial, sin que el art. 97 CC habilite al Juez para atender a la causa genética de la separación o el divorcio. Ser culpable o inocente de la crisis matrimonial es irrelevante para la procedencia o improcedencia de la compensación.
La fijación de la compensación. El art. 97 incorpora un mandato para el Juez, al establecer que la pensión se fijará en la resolución judicial y, que «en resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad». Una vez determinada por resolución judicial, la pensión «solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge».
El art. 99 facilita los mecanismos sustitutivos de la pensión en él considerados, permitiendo el acuerdo convencional de los cónyuges. «En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente…». La determinación concreta del montante de la pensión puede llevarse a cabo mediante acuerdo entre los cónyuges o por declaración judicial, diversos procedimientos:
Pensión temporal. pensión temporalmente indefinida, y 3. una prestación única que puede consistir:
– en una cantidad a tanto alzado (ej.: 450.000€), o
– entrega de determinados bienes.
Actualización de la cuantía fijada. El índice de precios al consumo (IPC) es un referente matemático para la actualización de la cuantía líquida inicial de las pensiones, pero tanto las partes como el Juez se encuentran legitimados para proceder a actualizar la pensión conforme a módulos distintos a dicho índice.
Sustitución de la pensión. «En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al art. 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero» (art. 99).
Modificación de la pensión. «Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge» (art. 100).
Extinción de la pensión. «El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona» (art. 100).
Art. 98 «el cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal».
Demanda de divorcio en panama EXTINCION DEL MATRIMOnio Formas de extincion del matrimonio Formato de demanda de divorcio en panama La extincion del matrimonio se produce por La falta de forma o de presupuestos esenciales del matrimonio produce Modelo de demanda de divorcio panama

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución