Source: http://segurosygarantias.net/escritos/articulos-sobre-seguros/37-vigencia-prescripcion-caducidad-y-extincion-de-la-fianza.html
Timestamp: 2018-10-23 09:40:56+00:00

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En ese mismo orden de ideas, los temas de la prescripción y la extinción de la fianza consiguen su regulación de manera amplia en el Código Civil Venezolano, lo cual es común en la mayoría de nuestras legislaciones. Cabría resaltar que la extinción de la fianza se encuentra tanto en el capítulo específico de la fianza como en el capítulo de la extinción de las obligaciones; mientras que la prescripción sólo se encuentra en el capítulo referido a los modos de extinción de las obligaciones.
Por otro lado, los aspectos de la vigencia y la caducidad de las fianzas, se encuentran regulados de forma atípica en el numeral 4 del Artículo 160 de la Ley de la Actividad Aseguradora (LAA), digo de forma atípica porque esta norma es sancionatoria y no tiene supuesto de hecho, sino que debe deducirse de su propio contenido.
Es nueva Ley suprimió el supuesto de hecho previsto en el viejo Artículo 115, de la Ley de Empresas de Seguros y reaseguros de 1994 (hoy derogada), respecto a los requisitos que debían cumplir los modelos de las fianzas que las Aseguradoras otorgasen y que se copia parcialmente infra, a efecto de un mejor análisis.
No obstante lo anterior, pareciera que estamos en presencia de una nueva técnica legislativa, ahora los requisitos de forma y de fondo de los modelos generales y uniformes y particulares de los textos de fianzas, no se establecen en normas de aplicación, de parámetros y de instrucción sino que se prevén sanciones sin existir el supuesto de hecho regulado en la norma, de modo que si las compañías de seguros no cumplen con los requisitos, que repito no se establecen respecto a los modelos de fianzas, serán sancionadas.
Supongo que tales requisitos serán previstos en el Reglamento de la Ley que se sancione, porque en el actual tampoco se prevén mayores formalidades de los citados modelos y muchos menos que tengan alguna relación con las sanciones que se están previendo. Pero a falta de Reglamento, entiendo que se redactará alguna providencia que los prevea, normativa administrativa que estará ya viciada de nulidad.
En ese orden de ideas la LAA, se prevé:
“Incumplimiento en la emisión de fianzas
Artículo 160. Serán sancionadas con multa de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) a ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) las empresas de seguros que emitan contratos de fianzas:
1. Sin la aprobación previa de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
2. Suscritos por quienes no tengan la cualidad para comprometer patrimonialmente a la empresa de seguros.
3. Que no establezcan la subrogación de los derechos, acciones y garantías que tenga el acreedor garantizado contra el deudor.
4. Que no estipulen la caducidad de las acciones contra la empresa de seguros al vencimiento de un lapso que no podrá ser mayor de un (1) año, contado desde la fecha en que el acreedor garantizado tenga conocimiento del hecho que da origen a la reclamación.
5. Que no contemplen la obligación del acreedor garantizado de notificar cualquier circunstancia que pueda dar lugar al reclamo tan pronto como tenga conocimiento de ello.
6. Que no indiquen el monto exacto garantizado y su duración.
Las empresas de seguros que emitan garantías financieras, avales o fianzas a primer requerimiento serán sancionadas con multa de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) a catorce mil unidades tributarias (14.000 U.T.). “. Negrillas y subrayado mío.
Por otro lado del texto de la mencionada LESR de 1994, derogada, se lee: “Artículo 115. Las fianzas que otorguen las empresas de seguros, de cualquier naturaleza que ellas sean, deberán cumplir con los siguientes requisitos:…(b) El documento debe contener condiciones tales que establezca (…) la caducidad de las acciones contra la empresa aseguradora al vencimiento en un plazo que no podrá ser mayor de un año desde que el acreedor principal tuvo conocimiento del hecho que da origen a la reclamación (…). Parágrafo Único. Toda fianza otorgada por compañías de seguros deberá ser determinada en cuanto al monto máximo y a su duración”.
Tanto porque así lo regulaba la Ley aplicable al momento de escribir estas líneas, o porque alguna Providencia dictada por la Superintendencia de Seguros lo exija (nos reservamos los comentarios respecto a la ilegalidad de tal Providencia si fuere sancionada) o porque un nuevo Reglamento, ahora de la ley de la Actividad Aseguradora lo prevea.
No obstante lo anterior en ausencia de algunas de las normas que citamos, de todas maneras las compañías de seguros no pueden eximirse de prever la caducidad en sus textos de fianzas, salvo que deseen ser multadas, en base no sé a cuál supuesto de hecho.
Me veo obligado a comentar un poco el contenido del numeral 2 de este proyecto de Artículo 160: “…Suscritos por quienes no tengan la cualidad para comprometer patrimonialmente a la empresa de seguros...”.
Ni siquiera en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 2001, en la norma correspondiente a los requisitos que debían cumplir las fianzas otorgadas por compañías de seguros, se previó una regulación tan amplia y me explico:
Como muchos saben, el mercado asegurador y la propia Superintendencia de Seguros han entendido que las fianzas otorgadas por las Aseguradoras deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la empresa de que se trate.
Tremenda falacia y eso no ha sido ni es posible desde el punto de vista de la gestión diaria del negocio; y desde hace más de veinte años he sostenido que, tal conducta ha sido simplemente o una mala interpretación de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros desde 1975 o una conducta intencionada para crear temor y coadyuvar al tabú que significaban las operaciones de fianzas, quizá influenciado por la crisis de los avales de los años sesenta.
Ya el Legislador de 2001 había entendido que las fianzas las aprobarían las personas que tengan la dirección efectiva o la gestión diaria del negocio de fianzas.
Si este supuesto sancionatorio hubiera sido previsto como uno de los requisitos que debían contener los modelos de las fianzas otorgadas por las aseguradoras, entonces entendería que se terminó el tabú de que las fianzas las aprueba la Junta Directiva, ni siquiera las personas que tengan la dirección efectiva o la gestión diaria de la empresa, sino que para el Legislador de 2010, lo que le interesó fue que la persona que firma la fianza –como todos sabemos hoy día las fianzas se autentican- tenga cualidad para comprometer patrimonialmente a la empresa. Entendería que lo que se requiere fue lo que he dicho desde hace veinte años, el poder, que la persona que firme la fianza haya sido autorizado mediante poder.
2.- Vigencia de la fianza
En la XVIII Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas, llevada a cabo en el mes de abril de 2004 en Panamá, el tema de la vigencia de la fianza fue tratado brillantemente por Silva A., Marisol (2004)[1], quien denominó la vigencia de la misma como el ámbito temporal de cobertura de la póliza, empero resaltó que la responsabilidad del fiador suele extenderse más allá de la vigencia inicial de la garantía.
De la lectura de los Artículos 1806, 1808 y 1836, del Código Civil Venezolano, entendemos que nuestra fianza puede tener una vigencia distinta a la obligación principal.
La primera de las citadas normas establece que la fianza no puede exceder de lo que deba el deudor, ni constituirse bajo condiciones más onerosas; pero puede constituirse por una parte de la deuda únicamente y bajo condiciones menos onerosas.
En ese mismo orden de ideas, la segunda de las citadas normas prevé que la fianza nos se puede extender más allá de los límites dentro de los cuales se ha contraído.
Finalmente la tercera de las citadas normas regula que la fianza que haya sido limitada al mismo plazo de la obligación principal, se extenderá más allá de ese término y por todo el tiempo que sea necesario para satisfacer la deuda, siempre que el acreedor haya ejercido su derecho a reclamo dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término acordado.
Del análisis de estas normas, debemos concluir que a efecto de nuestro tema, la fianza en los seguros en Venezuela, debe tener una vigencia expresa, es decir, su duración no puede quedar abierta o indefinida. Si alguna fianza se emite sin vigencia expresa, la Aseguradora de que se trate incurriría en la sanción prevista en el Artículo 160 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
No obstante lo anterior, las fianzas que se otorgan para garantizar contratos de obras, por lo general su vigencia se establece hasta la recepción definitiva de la obra.
Por muchos años hemos entendido que siempre que el contrato principal tenga una vigencia expresa y que para él se establezcan los usuales modos de constatación de los avances de obra y terminación de la misma, nos referimos básicamente a: acta de terminación, recepción provisional y recepción definitiva; la fianza no quedaría abierta, si ella prevé que durará hasta la recepción definitiva. De modo que no se estaría incumpliendo con la citada norma de la LESR.
Comentarios especiales requieren las fianzas judiciales y para recurrir, debido a que la vigencia de las mismas se establece hasta que haya sentencia definitivamente firme o hasta que el juicio se termine por cualquier modo de composición procesal.
En estos casos no conocemos la fecha cierta de duración de la obligación garantizada, muy a pesar de los lapsos previstos en el Código de Procedimiento Civil, pero sobre este tema no existe consenso respecto al cumplimiento o violación de lo previsto por la Ley.
De manera que la duración de la fianza termina cuando la misma vence, si dicha fianza está sometida a un lapso menor al de la obligación principal, o cuando la obligación principal se ejecuta o desaparece por alguno de los modos de extinción de las obligaciones. Finalmente la duración de la fianza también termina, cuando sin haber vencido, o sin haberse extinguido la obligación principal, la obligación del fiador prescribe.
Trataremos de seguidas algunos aspectos referidos a la vigencia de la garantía, tal como lo hemos anunciado, dejando para un capítulo aparte lo atinente a la prescripción de la misma.
a.- Finiquito o liberación de la fianza
En materia de fianzas, el finiquito o la liberación de la póliza (extinción) sólo lo puede otorgar el acreedor o beneficiario de la cobertura, es decir, la persona u empresa a favor de quien la compañía de seguro otorgó la fianza en cuestión.
En ese sentido, finiquitar la fianza para el afianzado, no es más que presentar la constancia del acreedor donde se verifique la debida ejecución y por ende que nada tiene el acreedor que alegar en contra suya y de la empresa aseguradora, fiadora de ese contrato.
Ahora bien, lo mencionado constituye la extinción de la fianza por excelencia, siendo una extinción por vía de consecuencia al extinguirse la obligación principal, pero constituyendo la naturaleza propia de la fianza, toda vez que ella en su esencia constituye una obligación accesoria, al cumplirse la obligación principal ella se extingue en consecuencia.
Debemos resaltar, finiquitar la fianza en términos técnicos sería conseguir la correspondiente constancia del acreedor donde exima a la fiadora de responsabilidad, respecto a la obligación principal por el buen cumplimiento de ella por parte del afianzado.
Dependiendo del tipo de prestación garantizada por la fianza, el mencionado finiquito tendrá unas características especiales como por ejemplo; un acta de recepción definitiva, un sello en el original de la póliza con señal de cancelada o simplemente una carta expedida por el acreedor y firmada por una persona autorizada, donde se finiquita la mencionada garantía.
Liberar la fianza también abarca una concepción más amplia: en nuestro concepto tiene que ver directamente con la extinción tanto de la obligación garantizada, como de la fianza propiamente dicha, independientemente de que se haya o no extinguido la obligación principal. Tenemos que hablar entonces de las dos formas generales de liberación de la fianza, por vía de consecuencia (a nuestro entender esta sería el modo de extinción o liberación por excelencia) y por vía principal. Con respecto a esta segunda forma de liberación, debemos señalar se trata de los mismos modos de extinción aplicables a todas las obligaciones, como lo son: la prescripción, confusión, dación en pago, remisión de la deuda, novación, etc.
b.- Definición de finiquito
En el Léxico de Seguros de, De La Campa, O. (1984)[2], conseguimos la siguiente definición:
"Se da este nombre al documento que firma el asegurado o contratante o el perjudicado a consecuencia de un accidente, una vez que la Compañía de Seguros le ha satisfecho la indemnización correspondiente a un siniestro. En dicho documento, el firmante reconoce que las obligaciones que por tal motivo incumbían al asegurador han quedado completamente liquidadas".
En materia de seguros, cuando el firmante del finiquito es el asegurado o contratante de la póliza o beneficiario de la cobertura, éste le cede a la compañía todos los derechos o acciones que tenga contra terceros causantes o responsables del siniestro; de este modo la Aseguradora con el pago de la indemnización se subroga, es decir, se coloca en el lugar del asegurado para ir contra los terceros responsables.
Entendemos que, cuando se habla de finiquito en cualquier ramo del seguro, nos estamos refiriendo justamente al recibo firmado por el asegurado como señal de conformidad con la indemnización y por consiguiente le traspasa a la aseguradora todos sus derechos y acciones en contra de terceros.
En la legislación mercantil, suele conseguirse la siguiente disposición: El asegurador que paga la cantidad asegurada se subroga en todos los derechos del asegurado contra terceros por causa del daño. El asegurado es responsable de todo acto que perjudique los derechos del asegurador contra los terceros. Si la indemnización al asegurado no ha sido acordada sino en parte, el asegurador y el asegurado concurren juntos a hacer valer sus derechos, en razón de la que le es debida, de modo proporcional.
Entendemos la razón por lo cual el asegurador le hace firmar al asegurado en el momento de la indemnización un finiquito, a los fines de ejercer el derecho de subrogación.
Ahora bien, lo mismo ocurre en materia de fianzas, cuando la compañía de seguros se ve en la necesidad de honrar la garantía, le pide al beneficiario de la suma afianzada (acreedor) que le firme un finiquito como señal de conformidad con el pago y además como cesión de sus derechos y acciones contra el afianzado, subrogándose entonces la fiadora en el acreedor y así poder ir contra el afianzado, a los fines de recuperar la suma liquidada con objeto de la fianza.
Es costumbre que este finiquito se autentique, de esta forma el acreedor libera la caución, eximiendo a la compañía de cualquier otra responsabilidad con ocasión de ella, de modo pues que la entrega del cheque como pago de la fianza se hace en presencia de un representante de una notaría y se levanta el finiquito notariado.
No conseguimos en el área de seguros otra utilización del mencionado finiquito. Mientras que en fianzas, además de lo expuesto, cuando hablamos de finiquito nos estamos refiriendo no solamente al momento del pago porque hubo un incumplimiento culposo del afianzado, sino también cuando el cumplimiento de la obligación ha sido satisfactorio. En este caso suele hablarse de liberación de la fianza, que no sólo es el finiquito propiamente dicho o la cancelación de ella, sino la extinción por cualquiera de los modos de extinción comunes a todas las obligaciones.
3.- La prescripción
Esta constituye uno de los distintos modos de extinción de las obligaciones y puede ser de dos maneras: adquisitiva y extintiva. La primera tiene por objeto hacer adquirir un derecho sobre una cosa, comúnmente se denomina usucapión y constituye un medio de adquirir derechos reales; la segunda, llamada también prescripción extintiva o liberatoria, constituye un medio mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y bajo las demás circunstancias contempladas en la ley.
A los fines de nuestra exposición nos referiremos a la prescripción extintiva o liberatoria. Esta extingue la acción para obtener el cumplimiento coactivo de la obligación; por consiguiente, no constituye realmente un medio de extinción de una obligación, ya que esta última sigue existiendo, pero bajo la forma de obligación natural.
La prescripción antes mencionada tiene su fundamento en razones de orden público y por la consideración de la existencia de una presunción de pago, porque sería contrario al primero permitir que los deudores (principales o accesorios "fiadores") estuvieran sujetos a una obligación perpetua que comprometería eternamente sus posibilidades económicas, y además se encontrarían a menudo con la imposibilidad de demostrar el pago, por haber desaparecido las pruebas del mismo (es de nuestro conocimiento que en asuntos contables, el lapso máximo de archivo de los documentos que justifican los respectivos registros es de diez años); por esta presunción de pago, se presupone que el acreedor ha sido pagado cuando durante un determinado tiempo señalado por la ley no haya dirigido reclamación alguna de pago a su deudor.
Dentro de los caracteres más importantes a nuestro juicio de la prescripción liberatoria está el hecho de que comporta una excepción o medio de defensa; ésta puede ser alegada por el interesado (fiador) cuando es demandado o le es exigido el cumplimiento de una obligación, pero el deudor no puede demandar al acreedor para que éste le reconozca la prescripción ocurrida en su beneficio.
La prescripción ordinaria de una acción personal derivada de un derecho de crédito es de diez (10) años. Constituye el lapso ordinario general de prescripción de las acciones personales. La obligación del fiador es una obligación personal y así lo es también la acción que se deriva de ella.
a.- Características de la prescripción extintiva
i.- La prescripción extintiva no opera de derecho, por disposición de la ley o del juez. Ella debe ser alegada por la parte que quiere prevalerse o beneficiarse de sus efectos, así lo establece el artículo 1.986 del Código Civil venezolano.
ii.- Es irrenunciable de antemano, la parte que se favorece de ella no puede renunciarla hasta que esté consumada, hasta que la prescripción no ocurra. De nada sirve su renuncia anticipada, (ver artículo 1.954. C.C.) porque de permitirse su uso, podría convertirse en costumbre, perdiendo la institución las razones y utilidades señaladas supra.
iii.- No requiere de la buena fe; el transcurso del tiempo, y el cumplimiento de las condiciones la hace operar, independientemente de la buena o mala fe, es decir, aunque el deudor no cumpla de buena fe la obligación, se beneficiaría de ella.
iv.- Comporta una excepción o medio de defensa, esto puede ser alegado por el interesado (fiador) cuando es demandado o le es exigido el cumplimiento de una obligación, pero el deudor no puede demandar al acreedor para que éste le reconozca la prescripción ocurrida en su beneficio.
b.- Condiciones para que exista la prescripción extintiva
i.- Inercia del acreedor, entendida ésta como la situación en la cual, teniendo necesidad de exigir el cumplimiento al deudor y la posibilidad efectiva de ejercer la acción para obtener ese cumplimiento, no ejecuta dicha acción.
Si el acreedor ha ejercido la acción, aún cuando no hubiese obtenido su cumplimiento interrumpe la prescripción y desaparece la inercia antes mencionada.
ii.- Transcurso del tiempo fijado por la ley; si este tiempo no fuera fijado por la ley sino por el juez o por las partes, no estaríamos en presencia de una prescripción sino de un lapso de caducidad.
iii.- La invocación por parte del interesado, la prescripción no opera de pleno derecho, sino que tiene que ser alegada por el interesado, el legislador deja a la conciencia de éste la decisión de esgrimir la prescripción. El juez, de oficio, no puede suplir la prescripción no opuesta (Art. 1.956 C.C.), de modo que aunque se hubiesen cumplido los demás requisitos de hecho y de derecho para la consumación de la prescripción, el juez no podrá declararla si ella no es alegada.
La invocación de la prescripción, sea efectuada por el deudor, por el acreedor o por otra persona interesada, no requiere fórmulas solemnes, pudiendo deducirse de actos distintos de una voluntad directa.
c.- Interrupción de la prescripción
Todo ejercicio del derecho constituye un acto de interrupción de la prescripción, entendiéndose ésta como todo procedimiento conservativo o ejecutorio que consta de dos elementos fundamentales, la manifestación de voluntad de conservar el derecho de crédito y la notificación al deudor de esa voluntad; para que esta interrupción tenga lugar, hay que ceñirse a lo contemplado por los artículos 1.967 al 1.969 del C.C.; ésta puede ser civil o natural; a objeto de nuestro estudio nos interesa la primera.
d.- Causas de interrupción de la prescripción
i.- En el Art. 1.969 del C.C. se establece que la prescripción civil se interrumpe en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que se hubiese efectuado la citación del demandado antes de cumplirse el lapso de prescripción. En el caso contrario, deberá registrarse copia certificada del libelo de la demanda con la orden de comparecencia firmada por el Juez, ante la oficina Subalterna del Registro Público correspondiente, antes del vencimiento del lapso.
La citación judicial se considera como no efectuada, y por lo tanto no causa interrupción: primero, si el acreedor desiste luego de la demanda o deja extinguir la instancia, conforme a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Civil; y, segundo, si el deudor demandado fuera absuelto en la sentencia, los estudiosos afirman que si la citación es declarada nula por el juez, no interrumpe la prescripción, tampoco la interrumpe la citación fuera del plazo.
ii.- Se interrumpe por un decreto o acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción (Art. 1.969 C.C.) este decreto o acto de embargo puede ser preventivo o ejecutivo, pues el legislador no distingue.
Los estudiosos del derecho admiten que el secuestro de bienes es también apto para interrumpir la prescripción siempre que sea debidamente notificado.
iii.- Todo acto del acreedor apto para constituir en mora al deudor, siempre y cuando sea notificado y cumpla las condiciones señaladas por la ley.
Cuando se trata de prescripción de créditos, ésta se interrumpe con el cobro extrajudicial, no siendo necesario el cobro efectuado por intermedio de un juez.
iv.- Por el reconocimiento efectuado por el deudor o poseedor de los derechos de aquel contra quien la prescripción había comenzado a correr (Art. 1.973 C.C.).
Por lo que respecta al fiador, la prescripción se considera interrumpida sin necesidad de que el acto de interrupción le sea notificado personalmente, basta que se le notifique al deudor principal o que éste conozca el crédito. La interrupción dirigida al fiador o notificada a éste no interrumpe la del deudor principal.
e.- Efectos de la prescripción
La prescripción consumada, es decir, cumplida todas sus condiciones produce los siguientes efectos:
i.- Extingue la acción, o sea, extingue el poder jurídico de hacer cumplir la obligación, pero no extingue la obligación, la cual se convierte en una obligación natural cuyo pago es válido y no está sujeto a repetición, la acción si desaparece, no pudiendo el acreedor exigir el cumplimiento de la obligación.
ii.- Se extinguen igualmente las garantías y accesorios de la obligación cuya acción ha prescrito, tales como las prendas, privilegios e intereses.
iii.- La prescripción produce el efecto liberatorio con carácter retroactivo, invocada ésta el deudor queda liberado, no desde el momento en que la haga, sino desde el momento en que la prescripción se consuma.
iv.- Los plazos de prescripción no pueden ser alterados por las partes, la Doctrina sostiene que pueden ser modificados si benefician al deudor, quien se libera más rápido.
v.- El acreedor no puede demostrar la falta de pago por parte del deudor y ello se explica porque tal prueba sería inútil. De nada valdría que el acreedor demostrase el no pago del deudor, porque la prescripción operaría de todos modos, ya que se fundamenta en razones de orden público, que la hacen aconsejable.
f.- La prescripción en las fianzas
La fianza se extingue por los mismos modos de extinción de las demás obligaciones. Además, y como lo hemos señalado, la fianza se ubica dentro de las garantías personales u obligaciones personales, y éstas prescriben a los diez años, una vez cumplidos los extremos de ley.
En general las empresas de seguros venezolanas pueden otorgar cualquier tipo de fianza que no implique una garantía financiera, término que a nuestro entender a veces es utilizado con demasiada amplitud, debido a que debería referirse sólo a los avales que respaldan obligaciones cambiarias, como son las letras de cambio y pagarés, dado que la experiencia nos enseña que en los tiempos de la debacle económica de los años cincuenta y finales de los sesenta, los problemas los presentaron estas cauciones señaladas en particular, y no las garantías financieras en general; según nuestro criterio, no todas las garantías financieras implican un pago de una suma de dinero plazo fijo, ya que esta definición pareciera más bien aplicable al concepto de aval.
Ordenando un poco las ideas, consideramos que las fianzas que otorgan las empresas de seguros para amparar una obligación personal, como sucede en la mayoría de los casos, toda vez que el deudor principal se obliga a ejecutar una prestación en particular, llámese cumplimiento de contrato o de otro tipo de normativa, prescriben a los diez años, salvo que por ley se consagre un lapso menor.
Debemos destacar además, que existen ciertos tipos de fianzas que no están sujetas a tal prescripción y son las llamadas fianzas judiciales, y las de recurrir en vía administrativa, consecuencias de los recursos administrativos (aunque no son judiciales existe aplicación de la jurisdicción, la administración actúa como juez y parte a la vez), debido a que la legislación Civil señala que la prescripción se interrumpe por demanda judicial y por los decretos de embargo, incluyendo la doctrina dentro de estos conceptos otros tipos de medidas. Entendemos que tal supuesto dura el tiempo del juicio, debido a que las partes están litigando continuamente y se entiende que están a derecho; después de éste, correría nuevamente el lapso, ya sea para la propia obligación como para la derivada de la ejecución de la sentencia (para esta última correría un lapso de veinte (20) años).
Referente a las fianzas que amparan una obligación cuyo objeto sea un crédito privilegiado, como por ejemplo: obligaciones fiscales (pagos de impuestos), aduanales (penas pecuniarias, tasas y tributos en general), etc., salvo lo señalado por cada ley en particular (fianzas aduanales), consideramos que estarían sujetas al mismo lapso de prescripción de diez años, ya que no hay que esperar la extinción por vía de consecuencia sino que se extinguen independientemente. Lo destacable entonces para estas últimas obligaciones es el hecho de que el cobro extrajudicial hecho al deudor principal interrumpe la prescripción de la acción del fiador.
Concretando los señalamientos, en todas las fianzas que tengan más de diez años de vigencia y respecto de las cuales se hayan cumplido las exigencias descritas en este esbozo, se puede alegar la prescripción cuando sobre ellas recaiga alguna reclamación y por consiguiente deberíamos retirarlas de nuestros cúmulos de riesgos, ya que de lo contrario iría en contra de los principios señalados supra.
Siendo así, si las reservas se han constituido por reclamaciones pendientes de pago sobre las cuales aún no se haya incoado la demanda respectiva y debido a los señalamientos de la propia ley, si la obligación amparada por la fianza no constituye una suma de dinero, el simple hecho de una reclamación no interrumpe la prescripción y al ocurrir ésta última, al consumarse, muere la acción, no siendo procedente entonces el reclamo; por otra parte la propia acción de acudir a la vía judicial tiene además un lapso de caducidad que, en todos los condicionados generales de las fianzas que conocemos, se fija en un año, contado desde el momento que el acreedor tuvo conocimiento del hecho que pueda dar lugar a reclamo amparado por la fianza.
Con vista a lo anterior una reserva para un siniestro pendiente de pago en fianzas a veces tiene sentido a los fines de ser conservadores, pero su duración en balance consideramos no se justifica durante diez años, salvo cuando haya un litigio pendiente de decisión.
Además de todo lo anterior, el fiador tiene el beneficio o acción de indemnidad (Art. 1.825 C.C.) por medio de la cual cuando tenga presunción cierta de que se pueda hacer ilusoria la posibilidad de hacer efectivo el derecho de subrogación, la aseguradora puede solicitar al deudor que le obtenga el relevo de la fianza, le caucione las resultas de ésta o le consigne medios para el pago en los casos determinados por la ley.
4.- La caducidad de la acción
El Diccionario Jurídico Venezolano, la define como: "Cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello".
La caducidad legal es la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo fijado en la ley, si el acreedor no ejerce su acción dentro del lapso previsto para ello, de tal manera que precluye la oportunidad para hacerlo, pues constituye un lapso fatal que no se interrumpe.
Cuando la caducidad surge de un convenio entre las partes, deja de ser legal, no pudiendo reputarse de orden público y está sujeta a relajos mediante acuerdos particulares. La primera puede, incluso, ser declarada de oficio por el Tribunal, en cambio la contractual por estar circunscrita al ámbito de las relaciones particulares, está dentro del campo privado y únicamente puede ser opuesta por la fuente que la aprovecha en el acto de contestación a la demanda, más no como cuestión previa.
a.- La caducidad de la acción establecida en la Ley
Tal como lo indicamos al inicio de esta charla, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, ordena a las empresas de seguros a prever un lapso de caducidad en las fianzas que otorguen, el cual no podrá ser mayor de un año.
En el caso de una caducidad legal no pueden las partes (aseguradora y acreedor) modificar el plazo de caducidad establecido por ella; pueden efectivamente fijar un plazo menor a un año, pero jamás superior, en este caso a los 12 meses desde la emisión de la garantía.
Si esta fuere una caducidad legal, no le estaría permitido a las partes pactar o no dicha caducidad y menos expandir el plazo fijado en la ley.
En el pasado considerábamos que sin lugar a dudas esta caducidad en la LESR respecto a las fianzas era una caducidad legal; no obstante, en este momento, nos parece que en realidad no se trata de una caducidad legal.
Como sabemos la Ley en comento no constituye un dispositivo sustantivo, sino que se trata de una Ley Administrativa y en consecuencia no puede establecer normas que regulen las relaciones de las partes.
A modo de ejemplo, si una fianza otorgada por una aseguradora no contiene cláusula alguna que establezca la caducidad, ¿podría decirse que dicha fianza está viciada de nulidad? Estimo que no, obviamente se tratará de un modelo que seguramente no estará aprobado por la Superintendencia de Seguros, pero si se cumplieron los demás parámetros, simplemente esa aseguradora será objeto de sanciones administrativas por parte del Órgano Fiscalizador.
b.- Caducidad de la acción establecida contractualmente
Los condicionados de fianzas consagran la caducidad de la acción en los siguientes términos:
"Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por el acreedor, y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los tribunales competentes, caducarán todos los derechos y acciones frente a la compañía".
Según la estipulación transcrita después que pase un año desde que el acreedor notifica el supuesto incumplimiento y no haya ejercido las acciones judiciales, perderá todo derecho a reclamo.
Podemos constatar la importancia de notificar el siniestro, en vista que éste dará inicio al plazo de caducidad sin ninguna duda. De esta forma, si no fue reportado el reclamo, nos tocará probar la fecha en la cual el acreedor tuvo conocimiento del hecho que pueda dar origen a tal, a los fines de determinar el momento en que comenzó a correr la tantas veces mencionada caducidad; sin embargo, a pesar de que el hecho sea notificado, también pudiéramos probar que el acreedor lo conocía con anterioridad.
Sobre esta caducidad contractual, quisiéramos resaltar, algunos detalles considerados de interés. En la cláusula antes citada se establece que si el acreedor no hubiere demandado judicialmente a la compañía, dentro del año en que tuvo noticias del siniestro, caducarán todos sus derechos y acciones en virtud de la fianza. En el pasado reciente dicha cláusula terminaba así: "... y sin que se hubiere incoada la correspondiente demanda por ante los tribunales competentes y se haya obtenido la citación del demandado, caducarán todos los derechos y acciones frente a la compañía".
La mencionada condición, a los fines de iniciar el juicio y correr el plazo de caducidad, no pareciera ajustada a derecho y, por consiguiente pudiera ser declarada inadmisible por el Juez que le toque decidir un litigio donde tal argumento sea esbozado, si bien es cierto que las partes pueden establecer el lapso de caducidad así como las condiciones bajo las cuales operaría ésta, no es menos cierto que para convenir en ello deben someterse a las disposiciones legales sin violentarlas.
De la citada norma evidenciamos que la acción se entenderá iniciada con la sola presentación (admitida) de la demanda ante el Juez o el Secretario del tribunal, no siendo posible, como aparece en la citada cláusula, modificar o cambiar las reglas procesales fijando una oportunidad distinta de la indicada en la citada disposición, como punto de inicio de la demanda. Además estamos hablando de una caducidad y no de prescripción, y dicha caducidad no está sujeta a interrupción, así que no comprendemos tal condicionamiento (y se haya obtenido la citación del demandado) en caso de prescripción tal condición pudiera combatirse, registrando la copia certificada del libelo conjuntamente con la orden de comparecencia.
Por otra parte debemos resaltar que la citación de la compañía, debe ser practicada por los funcionarios del Tribunal, salvo el caso de que el representante de la compañía se apersone en el expediente y se dé por citado. La citación de la parte demandada no es una diligencia cumplida por la parte actora, sino que es encomendada a una persona distinta de ella y, por consiguiente, tal diligencia escapa a su control, dependiendo más de la parte demandada.
En ese mismo orden de ideas, la frase condicionante en las tantas veces mencionada caducidad, a nuestro parecer es ineficaz a los fines de establecerla.
Según la previsión que trae la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de Venezuela, al consagrar la obligación de las aseguradoras, de dejar constancia en los textos de las distintas pólizas de fianzas que otorguen, la caducidad de las acciones en un lapso no mayor a un año y de la obligación del acreedor de notificar oportunamente el reclamo, aunado a ello todos los condicionados de fianzas fijan dicha caducidad, desmantelando la cortina respecto a que si es o no una prescripción; en nuestro concepto una de las grandes diferencias entre la prescripción y la caducidad es que en la primera no le está facultado a las partes fijarla sino a la ley, de manera que al existir una estipulación contractual dejaría de ser una prescripción, en caso de dudas, y pasaría a ser efectivamente un lapso de caducidad tal como la propia Ley la denomina.
c.- Jurisprudencias
c.1.- TSJ- Sala de Casación Civil, Exp. Nro. 2006-000785, Ponente ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ. RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY. 30-11-2007.
Este caso subió al Tribunal Supremo de Justicia, porque el formalizante alegó la falsa aplicación del ordinal 10 del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, dado que alegó que la caducidad de la acción que puede ser alegada como cuestión previa es la caducidad legal y a su juicio la caducidad prevista en la fianza es una caducidad contractual.
Al respecto la Sala de Casación Civil resalta que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consideró que la caducidad invocada por la demandada es de naturaleza contractual. Cabe resaltar que el Juzgado superior no fundamentó su decisión en el supuesto previsto en el ordinal 10 del Artículo 346 del CPC, sino que esta fue resuelta en forma previa en la sentencia definitiva.
En esta misma sentencia el TSJ ratifica lo ya dicho en sentencia de la misma Sala de Casación Civil del 03 de mayo de 2006 caso esta Sala mediante sentencia de fecha 3 de mayo de 2006, caso: Distribuidora Algodonera Venezolana C.A. (DIAGOVEN) contra Seguros los Andes, expresó que pueden las partes prever la caducidad de un año por cuanto al encontrarse vigente la citada Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros específicamente en el artículo 115, aplicables a los contratos de fianzas, reconoce que las partes pueden establecer la caducidad de las acciones contra la empresa aseguradora en los términos allí fijados y desde que el acreedor principal tenga conocimiento del hecho que da origen a la reclamación.
c.2.- TSJ- Sala de Casación Civil, Exp. Nro. Exp. Nº 2004-000296, Ponente ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ. RECURSO POR IDEFECTO DE ACTIVIDAD. 03-05-2006.
El formalizante alega que el lapso de caducidad fijado en el contrato de fianza de seguro, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, es de naturaleza contractual y no legal, y por esa razón, afirma que esa caducidad no puede ser opuesta como cuestión previa sino como defensa de fondo para ser decidida en la sentencia de mérito, no obstante, en el presente caso dicho planteamiento fue opuesto y decidido como una cuestión previa, motivo por el cual el formalizante sostiene que ocurrió una subversión del trámite previsto en la Ley, en menoscabo del derecho a la defensa.
Dice el TSJ que La norma citada fija los parámetros relacionados con la caducidad de la acción y delega en las partes la facultad de establecer ese plazo en el contrato de fianza, lo cual evidencia que esa determinación es producto de la voluntad de las partes, la cual es expresada por autorización de una ley nacional que regula los parámetros a los cuales debe estar sujeta.
En esta sentencia el TSJ ratifica lo ya dicho por la Sala Político Administrativa que este tipo de caducidades es de naturaleza contractual. En efecto, en sentencia N° 01621, de fecha 22 de octubre de 2003 (Caso: Municipio Autónomo Zamora del Estado Miranda contra Seguros Bancentro C.A.), expediente N° 2001-0322: “…En efecto, el hecho de que la caducidad sea determinada por ley, en principio no es óbice para que las partes convengan el establecimiento de un lapso de caducidad en determinadas materias, en tanto que tal proceder esté permitido por el legislador. Tal es el caso de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (publicada en Gaceta Oficial No. 4.865 Extraordinario del 08 de marzo de 1995)…”.
Ratifica la Sala que si bien la figura jurídica in commento ha sido prevista por la referida ley, la misma es de naturaleza contractual, toda vez que las partes están en la posibilidad de acordar un plazo ­que no podrá ser mayor de un (1) año, a cuyo vencimiento no podrá ser ejercida efectivamente acción alguna contra la empresa aseguradora que funja como fiadora.
1.- AGUILAR GORRONDONA, José Luis: Derecho Civil IV. UCAB, Caracas, 1.977.
2.- ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE FIANZAS: III Asamblea General. Florida, USA, 1.975.
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5.- DE LA CAMPA, Olga: Léxico de Seguros. Editado por Pérez Mena y Asociados, Corretaje de Seguros. Tercera Edición, Caracas 1.991.
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7.- MADURO LUYANDO, Eloy: Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. UCAB. Manuales de Derecho. Caracas 1.989.
8.- PEREZ VIVES, Alvaro: Garantías Civiles (Hipoteca, Prenda y Fianza). Editorial Temis. Bogotá-Colombia 1.990.
9..- Rodríguez, Urbano S. (1993). El Finiquito en las Fianzas. Caracas: Revista Internacional de Seguros Nro. 172.
10.- Rodríguez, Urbano S. (1994). Finiquito o Liberación de las Fianzas en el Mercado de Seguros. Buenos Aires: Premio Bienal 92-93. Asociación Panamericana de Fianzas .
11.- Rodríguez, Urbano S. (1999). Aprobación de las Fianzas por la Junta Directiva y Responsabilidad Solidaria de los Directores por las Fianzas otorgadas en contravención a la Ley. Caracas: Revista Internacional de Seguros Nro. 195.
13.- ZAMBRANO VELASCO, José Alberto: El Contrato de Fianza en el Derecho Venezolano. Tesis Doctoral. Caracas 1.965.
[1] ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE FIANZAS. XVIII Asamblea General. Ciudad de Panamá, Panamá. 18 al 21 de abril de 2004 Págs. 145/153.
[2]DE LA CAMPA OLGA. Léxico de Seguros. Fundación Latinoamericana de Seguros(FUNDASEGURO), Caracas-Venezuela, 1.984

References: Artículo 160
 Artículo 115

Artículo 160
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 artículo 1
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 Artículo 346
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 artículo 115
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