Source: http://www.venezuelaprocesal.net/CriterioDanomoralobjetivo.htm
Timestamp: 2018-02-20 10:00:15+00:00

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Daño moral objetivo
En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido en base a las infracciones de orden público que en él encontrase, aunque no se les haya denunciado o se hayan formulado incorrectamente, esta Sala pasa a decidir el presente asunto, fundamentada en las siguientes consideraciones:
En el caso de autos, la Sala examinó el fallo impugnado y encontró que el sentenciador de Alzada estableció lo siguiente:
“(...) este Sentenciador considera que en el presente caso, están dados los presupuestos constitutivos de un Accidente de Trabajo, como lo tipifica el artículo 561 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual dispone:
‘Artículo 561. Se entiende por accidente de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente considerada como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias.’
Asimismo el artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone:
Y por cuanto este Tribunal comparte y acoge el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de mayo de 2000, en el caso José Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, relacionado con la Responsabilidad Objetiva del Patrono derivada de accidente de trabajo, declara que las partes tanto actora como demandada, están legitimadas activa y pasivamente para actuar en este proceso, desecha esta primera defensa de fondo opuesta por la parte demandada relativa a la falta de cualidad e interés del actor para intentar el juicio y del demandado para sostenerlo, y en consecuencia declara que el hecho acontecido el día 7 de enero de 1997, en el ascensor número catorce (14) del Centro Financiero Latino constituye un típico Accidente de Trabajo, que trae como consecuencia para el patrono el pago de las indemnizaciones previstas en el literal tercero (3°) del parágrafo primero, del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; así como la indemnización de Lucro Cesante y Daño Moral Reclamado, y así se decide.
Habiendo sido analizada junto con la totalidad de las pruebas la primera defensa opuesta en la contestación de la demanda este Juzgador pasa a analizar la segunda defensa opuesta en la contestación de la demanda referida al reconocimiento de una responsabilidad compartida por parte del Accionante.
Con relación a esto la parte demandada señala que la pretendida responsabilidad que se le imputa al BANCO LATINO S.A. es una responsabilidad extra-contractual que no le corresponde como patrono ni le es inherente por cuanto la aludida fosa de ascensor y los ascensores propiamente dichos pertenecen a las áreas comunes del Edificio “Centro Financiero Latino”; debe señalar este Tribunal que analizadas como han sido las pruebas evacuadas en el presente proceso y acogida como ha sido el criterio de la responsabilidad objetiva establecido en la sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 17 de mayo de 2000, es forzoso concluir que siendo una responsabilidad objetiva del patrono para con el trabajador, mediante la cual aquel responde del accidente no porque haya incurrido en culpa, sino porque su actividad ha creado el riesgo, este sentenciador considera que no existe ningún reconocimiento de responsabilidad compartida por cuanto el contenido de dicha sentencia es muy claro y preciso al señalar como único y exclusivo responsable al patrono y así se decide. Aunado al hecho de que la Sociedad Mercantil BANCO LATINO, tiene oficinas en todo el edifico fue su deber velar y cumplir con los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Medio Ambiente y Condiciones del Trabajo, y velar porque sus empleados gozarán de la normal seguridad en el desempeño de sus funciones; además de que siendo que en el caso en estudio se encuentran claramente descritos los elementos que configuran un accidente de trabajo; en consecuencia este sentenciador desecha esta segunda defensa opuesta por la parte demandada referida al reconocimiento de la responsabilidad compartida y así se decide.
Con respecto a la última defensa opuesta por la parte demandada referida a que la acción reclamada debió intentarse ante los Tribunales Civiles ordinarios, por cuanto la misma constituye un típico caso de reclamación indemnizatoria originada en un presunto accidente derivado de un hecho ilícito extracontractual propio de la competencia civil y normado por las disposiciones sustantivas del Derecho común, este Sentenciador considera oportuno traer a colación los pronunciamientos y criterios acogidos en sentencias pacíficas y reiteradas de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 16/12/96, (...), las cuales sostienen que todas aquellas discrepancias y consecuencias que surjan o se presenten entre trabajadores y patronos, debido o con ocasión a una relación laboral o contrato de trabajo se ventilaran ante la Jurisdicción del Trabajo, o mejor dicho los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo serán competentes para conocer, tramitar y decidir estos asuntos contenciosos con acepción a la conciliación y el arbitraje, sin que esto signifique la violación del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil referente a la determinación del Tribunal competente en razón a la materia. En tal sentido este Sentenciador acoge el referido criterio y por tal razón desecha esta última defensa de fondo concerniente a que la acción reclamada debió intentarse ante los Tribunales Civiles ordinarios.
En cuanto al concepto reclamado por indemnización de lucro cesante, este Sentenciador considera que ha quedado probado en autos con la prueba de experticia actuarial evacuada y analizada anteriormente por este juzgador, la cantidad de dinero que la parte actora dejará de percibir por el tiempo de doce (12) años de vida útil de trabajo a consecuencia de la incapacidad parcial y permanente que éste sufre a consecuencia del accidente de trabajo, igualmente probado en autos. En consecuencia este sentenciador declara procedente la cantidad reclamada por la parte actora por concepto de lucro cesante, y así se decide.
Por lo que respecta a la reclamación del Daño Moral, este sentenciador considera, respecto al hecho generador del daño que se encuentran dados los extremos de procedencia del mismo y trae a colación el criterio sostenido por la extinta Corte Suprema de Justicia que sostiene que “...el hecho ilícito cometido impone la obligación de reparar los daños morales y materiales causados. Sin embargo el daño material debe ser demostrado por quien lo reclama, en base a las pruebas de autos; a diferencia del daño moral, el cual por su muy especial naturaleza, y una vez demostrado el hecho ilícito su fijación queda a criterio subjetivo del Juez quien deberá exponer en el fallo las razones que tiene para estimarlo....la reparación del daño moral la hará el juez según lo establecido en el artículo 1.196 del Código de Procedimiento Civil (rectius: Código Civil), es decir, queda a su apreciación subjetiva y no limitada a lo estimado en el libelo. (...). Ahora bien en atención a lo dispuesto al artículo 1.196 del Código Civil, y tomando en consideración que los hechos alegados en el libelo de la demanda no fueron rechazados por la parte demandada, referidos estos hechos a que el actor para el momento en que sucedió el accidente tenía 48 años de edad, estaba casado es padre de cuatro (4) niños menores de edad; es profesional universitario, graduado en relaciones industriales, con Post Grado en Recursos Humanos en el Tecnológico de Cambridge Inglaterra, Bilingüe Español-Ingles, con una amplia experiencia laboral en la Industria Petrolera; así como el estado anímico creado en su persona por la incertidumbre de la lesión causada por el accidente y por último tomando en cuenta su último salario. Hechos estos que en su conjunto son analizados y apreciados por este Juzgador, para establecer como monto de esta indemnización la cantidad de CIENTO DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 110.000.000,oo), lo que equivale a seis (6) años de trabajo y de esta manera queda fijada la indemnización por concepto de daño moral, y así se decide”.
SCS 17-2-04
Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº 03-829, dec. Nº 116:
Casación de oficio, se niega daño moral derivado del despido
Por otra parte, en relación con la pretendida indemnización por lucro cesante y daño moral, observa la Sala que el lucro cesante es el daño causado por ser privado de recibir una suma de dinero a la cual se tenía derecho. En el caso concreto, habiendo sido acordados los salarios dejados de percibir a causa del despido injustificado, los cuales tienen carácter indemnizatorio, considera esta Sala que no procede el lucro cesante pues persigue el mismo fin.
La obligación de reparar el daño moral causado por acto ilícito establecida en el artículo 1.196 del Código Civil se extiende a la indemnización en caso de atentado al honor y reputación de la víctima y su familia. En el caso concreto, si bien quedó establecido que la actora ha tenido problemas económicos, no fue probado el hecho ilícito de la demandada, y no puede considerarse que el despido injustificado constituya un hecho ilícito, sino por el contrario, un incumplimiento contractual, razón por la cual, se niega la indemnización por concepto de daño moral.
SCS 23-7-04
Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº 04-574, dec. Nº 865:
Motivación insuficiente en daño moral
A tal efecto, el Tribunal de alzada después de cumplir con el proceso lógico de establecer el conjunto de circunstancias de hecho (llamado “hecho generador del daño moral”), para determinar y calificar la procedencia del daño y llegar a través de este a la aplicación de la ley, fundamenta sus razonamientos en el criterio asentado por la Sala en la sentencia N° 144 del 07 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), que en su parte pertinente establece lo siguiente:
“(...) el sentenciador que conoce de una acción por daño moral debe hacer un examen del caso en concreto analizando los siguientes aspectos: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) las posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto”.
Con apoyo en el citado criterio jurisprudencial, y que hoy se reitera, el Tribunal ad quem confirma la decisión del Tribunal de la causa y concluye que:
“...al apreciarse objetivamente las circunstancias generadoras del daño producido, de donde se desprende la importancia del mismo, amén de no existir ninguna atenuante que favorezca a la demandada, así como la falta de participación por parte de la accionante en la producción del daño, su capacidad económica, la cual se evidencia tanto de la actividad que realiza y del salario devengado, este sentenciador considera que la cantidad de Bs 3.000.000,00, condenada por la Juez Décimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, se constituye como suficiente para resarcir el daño moral generado en la persona de Yusmary Liseth Godoy. Así se decide”.
Expuesto lo anterior, la Sala considera oportuno hacer las siguientes consideraciones:
Aunque la sentencia recurrida hace un análisis de los hechos que originaron el daño y se refiere al criterio asentado por este Máximo Tribunal en la sentencia N° 144 del 07 de marzo de 2002, la Sala no considera suficiente los motivos de hecho y de derecho en que se fundamenta la decisión para estimar la cuantía del daño moral, porque sólo menciona, a manera de cita, los supuestos objetivos contenidos en la jurisprudencia, importantes para motivar la fijación del quantum, pero, en efecto, no se pronunció sobre el grado de educación y cultura de la reclamante, la posición social y económica de la demandante; por tanto, no menciona la realidad narrada en el libelo, que se trataba de una persona que necesitaba su trabajo para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestido, transporte, en fin, las propias de cada persona, y que se veía indefensa frente al patrono.
La Alzada tampoco se pronunció sobre la capacidad económica de la parte accionada indicada por la actora en la demanda, quien señaló que el patrimonio de la empresa era superior a un millardo de bolívares (Bs. 1.000.000.000,00), y que el capital pagado era de setecientos tres millones trescientos once mil bolívares (Bs. 703.311.000,00), hecho que fue admitido por la empresa demandada al haber quedado confesa, referencias pecuniarias que la recurrida omitió y que la Sala considera imprescindibles para cuantificar la indemnización por daño moral, el cual por no poder ser realmente cuantificable ni tarifado por ley, queda a la libre estimación del sentenciador, no obstante, dicha indemnización debe ser equitativa y justa.

References: artículo 320
 artículo 561
 artículo 560
 artículo 33
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1