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Timestamp: 2019-10-16 03:11:12+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 496, de 23/04/2018
cve: DSCD-12-CO-496
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 496
Comparecencia del señor ministro de Fomento (De la Serna Hernáiz), a petición propia, para informar sobre:
- El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. (Número de expediente 214/000067) ... (Página2)
- El Plan estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021. (Número de expediente 214/000068) ... (Página2)
Buenas tardes. Comenzamos la sesión convocada de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para sustanciar dos comparecencias que han sido solicitadas a petición propia por el ministro de Fomento. La primera es para informar sobre el Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021; y la segunda, para hablar del Plan estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021. Ambas comparecencias las sustanciará el ministro conjuntamente y luego daremos turno a los grupos parlamentarios.
Una vez más, damos la bienvenida a don Íñigo de la Serna Hernáiz, que tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías, señoras y señores.
Voy a iniciar mi intervención con lo relacionado con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que, como ustedes conocen, se ha puesto en marcha a través del Real Decreto 106/2018, fruto de un amplio proceso de participación en el que se han recogido medidas que nos han ido trasladando comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes, asociaciones y profesionales del sector, grupos políticos, dirigidas a consensuar o al menos a intentar abordar un plan con el mayor consenso posible. Y creo poder decir que de las ideas iniciales del plan, el plan que finalmente se ha aprobado a través del real decreto y que incorpora más del 80 % de las sugerencias formuladas es un mejor plan para fomentar las ayudas al alquiler de familias y personas más vulnerables, a la promoción de viviendas en alquiler, a los procesos de rehabilitación edificatoria, etcétera. Tiene un enorme y marcado carácter social precisamente para satisfacer los dos grandes objetivos que son: el fomento del parque de viviendas en alquiler y, por otro lado, la rehabilitación y regeneración urbana, pero haciendo posible que en el cumplimiento de estos dos objetivos se atienda a las personas con mayor grado de vulnerabilidad.
Este plan es evidentemente una parte de las actuaciones y de las políticas que desde el ministerio estamos poniendo en marcha y las que vamos a poner en marcha en relación con la vivienda, en relación con el desarrollo urbano. Como ustedes conocen, tenemos otras medidas en estos momentos en elaboración, entre ellas la agenda urbana española y estamos analizando diversas iniciativas para el desarrollo urbano, para el alquiler, para la promoción de la vivienda, medidas que iremos desarrollando y que trataremos de ver si es posible ponerlas en marcha. Permítanme muy brevemente que les dé cuenta de una por su ya alto grado de tramitación. Me estoy refiriendo al anteproyecto de ley que hemos preparado de medidas para reforzar la seguridad jurídica en el planeamiento territorial y urbanístico.
Ustedes saben que hay un problema importante en este país en el ámbito urbanístico y es que decenas de planes territoriales y urbanísticos han sido anulados por los tribunales en los últimos años afectando a ciudades en todas las comunidades autónomas o en gran parte de ellas, de todos los colores políticos, y que están produciendo serios inconvenientes, serios problemas en lo que es el desarrollo urbano. Detrás de estas anulaciones está el dogma de la nulidad absoluta por considerar estos planes como reglamentos de acuerdo con una construcción jurisprudencial relativamente reciente, así como su excesiva complejidad formal derivada de las numerosas afecciones sectoriales. Y la anulación de un plan territorial o urbanístico se declara en general sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que la han determinado. Es decir, conlleva lo que se llama la nulidad en cascada, que no solo influye en el planeamiento o desarrollo, sino también en todos y cada uno de los actos de su aplicación como pueden ser los instrumentos de gestión o como pueden ser las licencias urbanísticas.
Esa rotunda y desproporcionada conclusión es consecuencia de la naturaleza reglamentaria o disposición de carácter general atribuida a los planes por la jurisprudencia siguiendo una orientación doctrinal dominante durante mucho tiempo pese a no tener apoyo expreso en la legislación de ordenación territorial y urbanística, tanto la vigente como la tradicional. Y eso nos lleva a una situación en la que la nulidad absoluta y la imposibilidad de la subsanación, que se predica de la invalidez de las disposiciones generales, desde nuestro punto de vista, no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales que son resoluciones administrativas de carácter general o de carácter particular; o a los vicios formales en que se haya incurrido en la tramitación. En estos casos la sentencia no solo podrá, sino que nosotros pensamos, insisto, en que deberá distinguir entre supuestos de nulidad y supuestos de anulabilidad. Estos últimos son aquellos en los que es posible la convalidación y la retroacción de actuaciones para la subsanación del vicio determinante de la anulación, vicios que, por otro lado, puede que formen parte del propio plan, pero que a veces se sitúan en otro municipio y se sitúan en actuaciones que vienen de otras
administraciones. Por eso -y con ello ya concluyo- y por la relevancia que tiene evidentemente esta actuación en una parte del plan de vivienda, que es aquella parte relacionada con la rehabilitación y con la regeneración urbana, frente a esa inseguridad jurídica que provoca la anulación de los planes y la imposibilidad -vuelvo a repetir- de subsanar meros defectos formales, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas parciales y provisionales que tratan de aportar cierta seguridad jurídica.
Pues bien, el Estado, mediante el uso competencial reconocido constitucionalmente, puede dar respuesta a una visión que no sea provisional de esta problemática a través de una reforma normativa que vienen demandando ya las comunidades autónomas y se viene escuchando en foros por parte de magistrados conscientes del problema que supone. Por todo ello, hemos trabajado en elaborar ese anteproyecto de ley de medidas para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística a lo largo de los últimos meses. Con un borrador inicial, estamos en disposición de poner en marcha una norma en la que se adopten, en virtud de la ley, un conjunto de medidas que pretenden reforzar esa seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística, fundamentalmente de dos tipos: las relacionadas con la verdadera naturaleza de los instrumentos de ordenación y de los efectos que tiene su anulación, y las de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales a la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, precisamente para tratar de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas. Con este documento inicial que hemos elaborado, junto con el Ministerio de Justicia, como no podía ser de otra manera, trataremos de entrar en contacto con los grupos políticos para consensuar un documento que podamos tramitar y que podamos debatir en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda. De esta manera, se da seguridad jurídica a algunas de las medidas -también en determinados municipios que se han visto en esa situación de anulación del plan- del Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con una dotación de 1443 millones de euros, lo que arroja un incremento del 62,5 % en relación con el plan 2013-2016. Las medidas principales que ustedes conocen tratan de reforzar el mercado del alquiler y la rehabilitación.
En primer lugar, está es la tradicional medida de apoyo al alquiler de vivienda, con ayudas que pueden llegar hasta el 40 % de la renta del alquiler durante un plazo esta vez de tres años. Hemos puesto el límite en los 900 euros mensuales en casos justificados, y hemos incorporado criterios de prioridad y progresividad teniendo en cuenta el número de miembros y los ingresos de la unidad de convivencia, incorporando umbrales superiores de acceso a la ayuda en supuestos de familias numerosas y personas con discapacidad, que pueden ser de hasta cuatro o cinco veces el Iprem para el caso de la discapacidad más severa y las familias numerosas de categoría especial.
En segundo lugar, contaremos con el programa de ayuda a las personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual y con escasos recursos económicos. Nada tiene que ver la situación actual con la que nos encontramos al principio de la crisis, pues existe un descenso en las ejecuciones hipotecarias a un ritmo anual del 55 %, pero considerábamos importante mantener un programa específico para seguir ayudando a las personas en esa situación, y para ello se plantea un alquiler máximo de 400 euros al mes, con una ayuda que puede cubrir el 100 % de la renta y en un plazo de tres años.
En tercer lugar, el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. Saben que este es un programa muy importante para aumentar la oferta y con ello también contribuir a la regulación de los precios. Hasta 350 euros el metro cuadrado útil por vivienda, con un límite del 50 % y de 36 750 euros por vivienda, para inquilinos con ingresos por debajo de tres veces el Iprem, con un precio máximo del alquiler de 5,5 euros por metro cuadrado al mes y de hasta 300 euros el metro cuadrado útil por vivienda, con el límite del 40 % y 31 500 euros por vivienda, si los ingresos llegan hasta 4,5 veces el Iprem, con un precio máximo de alquiler de 7 euros por metro cuadrado al mes. El objetivo es poner a disposición el mayor número de viviendas en alquiler con una renta limitada y con un plazo mínimo de veinticinco años.
En cuarto lugar, tenemos el programa de viviendas para personas mayores de sesenta y cinco años y personas con discapacidad; para ayudar a la promoción de edificios y complejos residenciales que cuenten con instalaciones y servicios comunes para la atención a las necesidades de los residentes, que se subvencionan a través de la promoción de viviendas de nueva construcción, pero también la rehabilitación por cuarenta años; es decir, con un plazo de al menos cuarenta años al arrendamiento. Los beneficiarios de este programa pueden recibir ayudas de 400 euros el metro cuadrado útil de vivienda con un límite del 40 % de la inversión.
También hay una batería de medidas para favorecer los procesos de rehabilitación y regeneración urbana y rural. En primer lugar, el programa de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de
viviendas, que prevé ayudas para obras de mejora en la eficiencia energética en viviendas unifamiliares -hasta ahora no se podía- y también en plantas individuales dentro de los edificios, aumentando, además, la antigüedad para permitir que pueda llegar al año 1996 -antes era el año 1981-, con lo cual incrementamos el número de viviendas que podrían acogerse a este proceso de rehabilitación en un 33 %. Estamos hablando de casi 5 millones de viviendas más. El programa incluye subvenciones sobre eficiencia energética; aislamiento de la vivienda para reducir la demanda de calefacción y refrigeración; instalaciones de sistemas de ventilación y de fomento de reutilización de las aguas; mejoras de protección frente al ruido, etcétera. La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas son 12 000 euros por vivienda o el 40 % de la inversión, con 1000 euros adicionales para aquellas que formen parte de un BIC. Adicionalmente, el porcentaje del 40 % lo incrementamos sustancialmente después de hablar con el Cermi y con otras asociaciones del tercer sector, hasta el 75 % de la inversión, siempre que los ingresos sean inferiores a tres veces el Iprem. En edificios de viviendas la cuantía máxima de las ayudas de rehabilitación puede llegar a 8000 euros por vivienda y 80 euros el metro cuadrado, aunque no puede superar el 40 % de la inversión total.
En segundo lugar, dentro de este bloque de la rehabilitación, tenemos el programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en vivienda, por el que vamos a otorgar ayudas dentro del edificio pero de forma individualizada, garantizando la accesibilidad universal. Son 3000 euros por vivienda, si se actúa solo en conservación, y de 8000 si incluye actuaciones de accesibilidad o de conservación y accesibilidad, sin superar el 40 % de la inversión total, aunque, de nuevo, para ingresos inferiores a tres veces el Iprem esta subvención puede llegar al 75 %.
En tercer lugar, se regulan los procesos de regeneración y renovación urbana y rural, y se incluyen aquí expresamente situaciones de chabolismo y de infravivienda. Aquí las ayudas llegan a 12 000 euros por vivienda que sea rehabilitada, de hasta 2000 euros por vivienda para las obras de urbanización y 30 000 por vivienda construida en sustitución de otra demolida o para la erradicación del chabolismo o la infravivienda. Se aplican las mismas condiciones, no más del 40 % de la inversión, ingresos menores de tres veces el Iprem y hasta el 75 %. Además, 4000 euros anuales por unidad de convivencia durante el periodo de las obras, hasta un máximo de tres años para realojar a los afectados.
También es importante -nos lo habían solicitado las comunidades autónomas- que en los procesos de regeneración urbana se amplíe el plazo de los tres años existentes hasta los cinco. Muchos ayuntamientos y también la FEMP nos lo habían solicitado. Flexibilizamos, por tanto, los plazos para dar tiempo a llevar a cabo toda la tramitación urbanística correspondiente y, tal y como nos pedían, hemos prorrogado el plazo del plan estatal anterior hasta el 31 de diciembre del año 2019.
Tenemos una línea, como ustedes también conocen, de acceso a la vivienda a los jóvenes menores de treinta y cinco años con ingresos inferiores a tres veces el Iprem. Disponemos de ayudas al alquiler que llegan esta vez hasta el 50 %, pero también y de forma excepcional para la compra de vivienda en municipios de menos de 5000 habitantes, tratando de contribuir, por lo tanto, con este plan a la estrategia nacional frente al reto demográfico. En este caso el importe unitario de la ayuda para la compra de vivienda en municipios de menos de 5000 habitantes puede incrementarse en un 25 % respecto a lo concedido con carácter general.
Por último, se incluye, aunque es una continuidad de planes anteriores -no del plan anterior sino del Plan 2009-2012-, la subsidiación, tratando de cumplir con nuestros compromisos y derechos adquiridos ya de beneficiarios que se sitúan en torno a las 80 000 familias, correspondientes a los que han ido recibiendo esas ayudas de planes estatales anteriores.
Cabe citar, finalmente, que, como también conocen, se exige la cofinanciación: en un 10 % inicialmente del 30 % total que suelen financiar para poder recibir el primer paquete de ayudas, es decir, el primer 70 % de la ayuda estatal, y otros 20 euros autonómicos si cubrimos nosotros los 30 restantes. Esta es una manera también de asumir el concepto de corresponsabilidad, especialmente teniendo en cuenta la distribución competencial de la vivienda que, como ustedes saben, reside fundamentalmente en las comunidades autónomas.
Conclusión -con ello termino ya este apartado-: las ayudas a la vivienda que se contemplan van dirigidas del lado de la demanda, que es importante, especialmente para favorecer el acceso a personas con ingresos reducidos, personas mayores y otros colectivos; y también del lado de la oferta, con un impulso determinante de la rehabilitación y regeneración urbana. Es decir, por un lado, hemos diseñado aspectos vinculados con la política urbanística, pero también con la política social cumpliendo el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Hemos puesto en marcha ya el plan. Estamos tramitando lo que son los convenios; llegamos a un acuerdo en el marco de la conferencia
sectorial sobre el reparto, los porcentajes de reparto, entre las diferentes comunidades autónomas y, a partir de ahora, lo que queda -esperemos que podamos formalizar estos convenios a lo largo del mes de junio- es firmar los acuerdos, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan abrir ya las correspondientes órdenes de ayuda, como están haciendo, adelantando esas ayudas en un proceso que en cualquier caso es retroactivo con fecha 1 de enero.
El segundo bloque de mi intervención tiene relación con otro plan que, a comienzos de legislatura, avanzamos: el Plan estratégico para el desarrollo y el uso de drones en nuestro país para el periodo 2018-2021. En un mundo en el que el desarrollo de la tecnología va a la velocidad que va, de manera vertiginosa, el de las aeronaves no tripuladas o drones representa un sector nuevo que está en una fase temprana de su desarrollo, pero que ya muestra un enorme potencial. Estamos seguros de que en un futuro no muy lejano ese papel va a ser esencial en nuestra sociedad y convertirá la tecnología en parte habitual y cotidiana de muchas de nuestras actividades. La utilización de los drones va a tener un efecto dinamizador en un aspecto general y amplio de nuestra economía gracias al incremento de la eficiencia y en la aparición, sobre todo, de nuevas actividades y servicios que los drones harán posible. Realmente, lo va a hacer de forma directa a través del componente de este sector que es el diseño, la construcción, la operación de los drones y la formación de los pilotos; en segundo lugar, de forma indirecta, porque va a intervenir en actividades que actualmente desempeñan otros medios y que van a ser más eficientes con la utilización de los drones; y, finalmente, porque va a permitir que aparezcan nuevos modelos de negocio y nuevas actividades.
Estamos absolutamente convencidos de que España tiene que estar ahí, tiene que jugar un papel decisivo, tiene que liderar -porque reúne las condiciones óptimas- un proceso en el contexto internacional, con un papel relevante en el sector de las aeronaves no tripuladas de uso civil. Este es un ecosistema, el de los drones, que ahora mismo claramente está siendo apoyado por Europa como herramienta de progreso y de desarrollo y España, como no podía ser de otra manera, está participando muy activamente. Se están promoviendo ya proyectos con financiación a través de distintas iniciativas, pero considerábamos que para poder situarnos en los puestos de cabeza era fundamental dotarnos de un instrumento como es este plan. (Aquí nos llega. A ver si se puede distribuir entre los grupos). Para los que todavía no lo hayan bajado de la página y no hayan tenido la oportunidad de verlo -aunque estoy seguro de que todos lo habrán hecho- y para que tengan un documento en papel, aquí tienen el plan.
Los cuatro objetivos que vienen en el plan son: primero, impulsar el desarrollo del sector articulando un entorno regulatorio y operativo claro, estable y con las condiciones necesarias para facilitar y promover la actividad de las empresas involucradas en todos los eslabones de la cadena de valor de los drones civiles, garantizando, como parte fundamental, la seguridad. Segundo, situar a nuestro sector en una posición de liderazgo, de manera que las empresas españolas del sector sean capaces de desarrollar todo su potencial también fuera de nuestras fronteras y de competir en las mejores condiciones, desde posiciones de referencia tecnológica y de negocio, en un mercado global. Tercero, apostar por un ecosistema innovador en el que la I+D+i sea una pieza clave y motor para el desarrollo del sector, con sinergias en otros desarrollos tecnológicos de otros sectores. Y, por último, poner el potencial del sector al servicio de las personas, que es el objetivo último para mejorar la eficiencia, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos.
Hemos abierto un proceso de consultas, después de la presentación que hicimos hace ya unas semanas y que continúa en estos momentos; por ello aprovecho esta comparecencia para trasladarles que seguimos abiertos a que desde los diferentes grupos políticos nos puedan trasladar sus sugerencias a este documento. De momento, creo que ha suscitado interés, porque han sido más de mil las descargas del documento, ya se nos están entregando algunas aportaciones y, desde luego, nos consta que ha sido un plan muy bien acogido por el sector, y realmente no podía ser de otra manera porque lo hemos elaborado con el sector, hemos mantenido reuniones para poder elaborar este plan con más de cuarenta empresas y organizaciones relacionadas con el sector.
¿Qué habíamos hecho hasta ahora? De manera muy resumida, como hitos fundamentales destacaría: la Ley del 2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que fue de alguna manera el punto de partida para el desarrollo del sector, hasta hacer un marco regulatorio básico; hay que decir que ya desde ese año, desde 2014, se han habilitado en torno a 3000 operadores, de los cuales -también hay que decirlo- el 95 % se dedican a trabajos de filmación y fotografía y, aunque algunos de ellos se dediquen también a otros trabajos, la mayor parte se dedican a este tipo de actividades. Desde entonces hemos seguido trabajando en establecer un marco regulatorio.
Y el segundo gran hito se produjo a finales del año pasado con la aprobación del Real Decreto 1036/2017, porque es el que ha permitido una mayor flexibilización a la hora de utilizar los drones en nuestro país; también muy bien acogido, permite vuelos nocturnos, sobrevuelo en zonas urbanas, también sobre aglomeraciones de personas, permite los vuelos dentro del espacio aéreo controlado, entre otras operaciones, siempre, por supuesto, con las autorizaciones correspondientes; en definitiva, genera un régimen de utilización mucho más amplio.
El plan representa una visión amplia y detallada del estado actual y de las previsiones de futuro y, a partir de ahí, establece una serie de propuestas de acción. Es decir, hay una primera parte de análisis desde una perspectiva global y española y, en la segunda, ya están las iniciativas y acciones concretas. Está estructurado en cuatro ejes estratégicos, ocho líneas estratégicas, veintinueve iniciativas específicas sustentadas sobre una serie de indicadores para la valoración objetiva de su cumplimiento.
Respecto a lo que es la foto del sector en estos momentos, cabe decir que es un sector en el que operan con carácter global cerca de setecientos fabricantes en sesenta países. En 2017 los ingresos de comercialización de aeronaves no tripuladas representaron alrededor de 6000 millones de euros; es decir, un incremento del 34 % con respecto al año anterior. Los tres actores principales son Estados Unidos, China y Europa, y las últimas cifras indican que el número de modelos diferentes diseñados y fabricados en el último año con fines civiles superó los dos mil modelos, fundamentalmente con un peso inferior a 25 kilos. Por volumen de unidades, las cifras de 2017 a nivel global indican que el número de drones fabricados alcanzó los 3 millones, que es un 39 % superior al del año pasado. En nuestro país hay más de cincuenta empresas que se dedican a esto, al diseño y a la fabricación de drones de uso civil y de los sistemas correspondientes de navegación y control. Hay que destacar el mercado del sector empresarial por su elevado grado de atomización, ya que casi tres cuartas partes de las empresas son de menos de diez trabajadores y tienen una facturación inferior a 500 000 euros.
En definitiva, pese a la juventud de esas empresas, que tienen un carácter internacional y a pesar de ser pequeñas empresas compiten en esos mercados, España tiene un gran potencial: ocupa el noveno puesto mundial y quinto europeo por número de modelos producidos. Los operadores profesionales, proveedores de los diferentes servicios al usuario final, constituyen el segundo elemento esencial en la cadena de valor del sector de los drones de uso civil. En España hay cerca de tres mil operadores de aeronaves pilotadas con peso inferior a 25 kilos habilitados para realizar actividades aéreas, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, pero repartidos por todo el territorio nacional. En España existe una flota en estos momentos de 4200 drones de uso profesional y alrededor de 3500 pilotos de drones registrados. La formación profesional -que se da en muchos centros, es otro de los núcleos de actividad especializados- cuenta con 74 centros habilitados y registrados por el Ministerio de Fomento para la formación de operadores de aeronaves no tripuladas. Alrededor del 30 % de las escuelas tiene más de diez empleados y factura más de 500 000 euros anuales. Además, tenemos grandes infraestructuras para ensayar, desarrollar, probar e implementar los drones, como es el caso del Centro de Investigación Aeroportuaria que está ubicado en el aeródromo de Rozas, en Lugo, que es un ejemplo magnifico de colaboración público-privada, con participación de la Xunta, y el centro de drones de Barcelona o el centro Atlas en Jaén. Únicamente quiero indicar en esta foto final que en lo que se refiere a la financiación, tenemos iniciativas del Horizonte 2020, de fondos CEF y fondos que vienen directamente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del CDTI, que ya están aportando dinero para poder llevar a cabo proyectos en esta área. En concreto, en los años 2015 y 2016, ha ascendido a casi 35 millones de euros la financiación otorgada para cerca de 131 proyectos.
En su conjunto, el impacto actual directo del sector de drones civiles en España es de 3500 puestos de trabajo y 40 millones de euros de volumen de negocio. A partir de ahí, lo que hemos analizado son las perspectivas de futuro, y aquí no voy a extenderme en cuál puede ser la utilización que se haga de los drones, pero saben que incluye agricultura de precisión, construcción y mantenimiento de obras civiles, hacer modelos tridimensionales, temas de topografía para entornos en los que los levantamientos topográficos tradicionales tienen dificultades, en el área de salvamento marítimo para la detección de personas en el agua, en general para la seguridad y las emergencias, vigilancia en puestos fronterizos, apoyos en tareas de rescate. En el campo de las telecomunicaciones saben la utilización que se hace de los drones en las instalaciones, por ejemplo, de las líneas eléctricas para inspección, mantenimiento de las mismas, estaciones repetidoras en zonas de difícil acceso; en el transporte y la logística, envíos y distribución de paquetería; fíjense la importancia que puede tener por ejemplo esto en los suministros médicos; Correos ya tiene iniciativas en este campo, está desarrollando programas de I+D+i para el
transporte de paquetería con drones, y soluciones de movilidad en entornos urbanos, ciudades inteligentes, etcétera. Esto nos marca un escenario de enormes posibilidades, por eso el plan ha hecho una prognosis de cuál puede ser ese escenario en el año 2035 y establece -de una forma yo creo conservadora- que en nuestro país existirán 51 400 drones civiles, se generarán 11 000 puestos de trabajo asociados y habrá un volumen de negocio de unos 1220 millones de euros.
Uno de los aspectos fundamentales que aborda el plan en las diversas líneas es el de compatibilizar la utilización del espacio aéreo de lo que es la aviación no tripulada, y en este sentido, lo más relevante es lo que se está avanzando ya en el sistema de gestión de tráfico aéreo de baja altura en Europa, denominado U-Space, para la gestión eficiente y ordenada de un gran volumen -como vamos a tener- de aeronaves civiles no tripuladas. Estamos todavía en la fase temprana de desarrollo, pero ya tenemos proyectos iniciales vinculados a la seguridad física y a los derechos de privacidad, entre otros, que van a copar parte de la actividad de España en el futuro.
Ya de manera muy resumida, la hoja de ruta que establece este plan estratégico incluye los cuatro ejes mencionados: el primero, implantación del marco de normativa actual y desarrollo de la normativa futura; el segundo, el impulso al desarrollo empresarial y a la I+D+i del sector; el tercero, la divulgación de información sobre el sector, y el cuarto, la coordinación entre administraciones. Queremos que el contenido del plan empiece a desarrollarse ya en este año 2018 evidentemente, donde pretendemos activar veintiséis iniciativas que se van a ir desarrollando a lo largo de los tres próximos años. Dentro del primer eje estratégico el objetivo fundamental es la aplicación ágil y eficiente del real decreto que aprobamos el pasado mes de diciembre. Eso es lo que queremos, por eso estamos elaborando el material guía de desarrollo de la norma, para que las empresas puedan cumplir de una manera ágil con la misma. En el ámbito internacional, como decía, seguimos trabajando en la elaboración de la nueva normativa europea, en la que por supuesto también trataremos de defender los intereses de nuestro país. Hemos impulsado a través de Enaire en este eje un aplicativo informático cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios la información precisa para poder volar sus drones de forma segura; se trata de una aplicación gratuita e innovadora que proporciona al operador y al piloto toda la información que necesita y que indicará a los usuarios si esa operación se puede desarrollar y bajo qué condiciones.
En el segundo eje está todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial. Aquí contemplamos la elaboración de un plan de acción para la implantación del sistema de gestión de tráfico de drones de baja altura. Vamos a trabajar en el desarrollo de este sistema en entornos reales para verificar su viabilidad a través de nuestros organismos, en colaboración con las empresas, dentro de las iniciativas que teníamos en el Plan de innovación para el transporte y las infraestructuras. Contemplamos crear -figura dentro de los proyectos- un laboratorio de drones, con el fin de generar nuevas aplicaciones y modelos de negocio en los que las empresas públicas se puedan configurar como grandes usuarios y poder de esta forma introducir eficiencias en nuestros procesos. Vamos a facilitar también el acceso de las empresas a todos los instrumentos de financiación. Por último, dentro de este grupo, he de mencionar la iniciativa relacionada con promover el desarrollo de un currículum homogéneo para que las universidades impulsen formación específica en drones que facilite la generación de puestos de trabajo de alta cualificación universitaria. Para ello vamos a mantener un diálogo a través de un grupo universitario, ya estamos trabajando con alguna universidad, en concreto con la Universidad Politécnica de Madrid, para ver las titulaciones especializadas en drones sobre la base de las necesidades efectivas del sector.
Respecto al tercer eje, que tiene que ver con la divulgación de la información del sector, permítanme brevemente, en primer lugar, señalar la creación de un portal digital para la difusión del sector, en el que todos los usuarios puedan acceder a contenidos de interés y que faciliten también el conocimiento de la normativa aplicable. En segundo lugar, la creación de un observatorio de drones en España, que sirva para valorar la coyuntura del sector, ofrecer -que no existe ahora- información estadística para la toma de decisiones, recopilar la información de la actividad del sector, etcétera. Por último, crear, junto con la Fundación Enaire, un premio de reconocimiento público a la innovación para favorecer también que las startups, universidades, pymes, etcétera, puedan tener visibilidad y difusión de las últimas tendencias en materia de drones.
El cuarto eje estratégico contempla la coordinación entre las administraciones con la creación del grupo interministerial de drones en coordinación con el sector. Vamos a gestionar el plan a través de una estructura de gobernanza que incluye un comité de dirección que se convocará cada seis meses, un comité de coordinación y seguimiento, que se reunirá con periodicidad trimestral, dirigido por la Dirección General de Aviación Civil y también equipos para cada una de las iniciativas.
Este es el resumen -resumido- del plan ambicioso que se ha preparado desde Enaire y con el que damos un paso más en un sector en el que España tiene que seguir trabajando. Creemos realmente que es una oportunidad única para el sector, queremos estar presentes en esa revolución tecnológica, queremos promover el liderazgo de España en materia de uso de drones de uso civil y necesitamos dotarnos de un plan para garantizar el crecimiento económico, el empleo e impulsar la competitividad y mejorar la calidad de vida de las personas.
Esperamos ansiosamente sus aportaciones si no las han hecho ya a través de la publicación que hemos hecho del plan en la web. Hay un buzón específico donde pueden depositarlo, pero evidentemente ustedes nos tienen a su disposición para que nos hagan llegar cualquier mejora que crean que podemos llevar a cabo de este plan, que pretendemos aprobar de forma definitiva antes de que concluya al verano para aplicarlo, como ya lo venimos haciendo, por otro lado, de forma inmediata.
Es el turno de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Intervendrán dos portavoces, que creo que es lo va a suceder en el caso de los demás grupos. Empieza don Miguel Ángel Garaulet.
Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por darnos las explicaciones. Me ha contestado a algunas preguntas que le iba a hacer, con lo cual haré más breve mi discurso.
En primer lugar, lo que queremos dejar claro, porque creo que no ha quedado muy claro, es que desde Ciudadanos garantizar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos es uno de los objetivos prioritarios para este grupo parlamentario y, en concreto, en el caso del alquiler. Es muy importante poder hacerlo además a unos precios asequibles y en unas condiciones de estabilidad que permitan a los ciudadanos cumplir con sus proyectos vitales, y eso quiero dejarlo claro. Para ello es necesario crear las condiciones que permitan ampliar el parque existente, de manera que la oferta pueda satisfacer la demanda y no se produzcan fenómenos de escasez ni especulativos que expulsen a amplios sectores de la población en el mercado. La vivienda, por desgracia, siempre ha ocupado un lugar discreto en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta 2011 se invirtieron cerca de 1000 millones en un año en vivienda, pero en estos últimos años ha ido decayendo, incluso hasta llegar a los niveles del 0,5 % del PIB, cifra que está muy por debajo de lo que invierten otros países de nuestro entorno, como Francia, con el 1,1 %, o Inglaterra e Italia, con el 0,7 %. Por tanto, tenemos claro que efectivamente hay unos objetivos del plan, que son unos buenos objetivos, como son el fomento del parque de viviendas en alquiler, la regeneración, la accesibilidad, la conservación y la eficiencia energética, la rehabilitación, así como permitir el acceso a este mercado a personas con menos posibilidades, pero, si no está cubierto el presupuesto, es imposible que podamos llegar al 100 % de lo que queremos conseguir. Por tanto, creo que el plan se queda corto en las cantidades que tienen asignadas.
Como le he dicho, ya me ha contestado a una serie de preguntas, pero le voy a seguir haciendo otras. Usted dice que efectivamente el real decreto ya se ha puesto en marcha y se han tramitado los convenios con las comunidades autónomas. ¿Cuándo van a notar los ciudadanos que el plan se ha puesto en marcha? ¿Qué sucederá con los 108 196 beneficiarios que disfrutaron de estas ayudas durante el año pasado hasta que entre en vigor el nuevo plan? ¿A qué medidas y proyectos concretos se va a destinar el presupuesto de Plan Estatal de Vivienda 2018-2021? ¿Se va a mantener, como de costumbre, una falta de transparencia o se va a poder saber pormenorizadamente la distribución entre comunidades autónomas y entre programas y cuántas ayudas se han dado realmente? Según hemos conocido, y usted nos lo ha dicho también aquí, los jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años pueden acceder a un ayuda de hasta el 50 % del alquiler. Entre los requisitos para ser beneficiario está el límite de ingresos en 22 558 euros. Además, la mensualidad de la vivienda no podrá superar los 600 euros, aunque, en casos justificados, este límite será de 900 euros. ¿Dónde encontrarán los jóvenes una vivienda de 600 euros en ciudades como Madrid o Barcelona? Probablemente, me dirá que para esos casos concretos está el límite de 900 euros. En este caso tendríamos que hacer la cuadratura del círculo. ¿Cómo va a poder pagar un joven con ingresos de menos de 22 000 euros anuales una vivienda de 900 euros, aun contando con la ayuda del alquiler? ¿Destinando más del 50 % de su salario? Esto aquí empieza a perder. La Unión Europea ha aportado recursos en la ayuda de la ciudad de Barcelona para constituir un parque de vivienda pública en alquiler con criterios de sostenibilidad ambiental y energética por un valor de unos 250 millones
de euros en condiciones ventajosas de créditos aportados por el Banco Europeo de Inversiones para financiar el 50 % del coste de 23 promociones de vivienda, un total de unas 2200 viviendas. ¿Por qué el Gobierno de España no invierte en la constitución de un parque de vivienda de alquiler asequible en España como sí lo están haciendo en la Unión Europea?
Por último, el Gobierno ha admitido que existe una burbuja de alquiler y, señor ministro, yo creo que eso es una mala señal al mercado. No puede decir que efectivamente hay una burbuja, porque eso crea inseguridad y las señales que se dan al mercado son negativas. ¿Existe algún plan de choque por parte del Gobierno para eliminar esta burbuja del alquiler, como ustedes han dicho? El coste de producción de vivienda, sea de nuevo desarrollo o a través de rehabilitación, hace que su precio o su renta en el caso del alquiler sea inaccesible para familias con ingresos medios, y esta brecha entre precio, renta de la vivienda y lo que las familias pueden pagar es insalvable sobre la base de subvenciones, no hay presupuesto que lo pueda mantener. ¿Para cuándo una política de vivienda centrada en la reducción del coste de la producción de la vivienda, señor ministro? También me alegro de que el plan incluya viviendas unifamiliares y se acuerde del sector rural y de aquellas poblaciones de menos de 5000 habitantes. Creo que la política y el plan en esos casos son demasiado electoralistas. ¿Cuántas personas jóvenes van a poder acceder en esas condiciones? ¿Se va a limitar solamente a esos municipios de menos de 5000 habitantes? Porque los jóvenes de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no podrían optar a esas ayudas. Por tanto, me gustaría que definiera si el límite solo es para los municipios de hasta 5000 habitantes. A lo mejor ya me lo ha dicho usted anteriormente y no lo he entendido.
Efectivamente, creemos que hay poca dotación de dinero y que se está haciendo de una forma equivocada, pero lo que nos piden por parte del Grupo de Podemos y el Grupo Socialista, este excesivo intervencionismo, regular las medidas a los alquileres o imponer prórrogas obligatorias demasiado largas, puede resultar muy negativo también para el sector. (La señora Martín González, doña Lucía: ¡O no!). Creo que en el término medio está la virtud, señora Martín. Hay que hacer las cosas de forma que generemos seguridad jurídica a los ciudadanos. Termino. Para ello nosotros hemos hecho una proposición de ley de segunda oportunidad que efectivamente sí que puede afrontar la solución a esas 400 000 familias que en su momento se han visto desalojadas de sus viviendas.
Por mi parte nada más. Paso el turno a mi compañero Fernando.
Tiene la palabra don Fernando Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Gracias por su presencia, señor ministro. El plan llega en un buen momento. Si hiciéramos un DAFO del sector, es evidente que tenemos fortalezas. Usted lo ha dicho, España está entre los primeros países en cuanto a fabricantes de drones. Es un sector con muchas oportunidades y tiene la posibilidad de integrarse en otros sectores: en agricultura y medioambiente, en lo que se refiere a gestión forestal y a infraestructuras, en minería, en lo que se refiere a mapas y a exploraciones, en el sector audiovisual y del ocio, filmaciones de publicidad y documentales de seguridad privada, extinción de incendios, rescate y emergencias, transporte de alimentos, medicinas y paquetería. En relación con las oportunidades, también está la creación de empleo, que asimismo ha comentado. Nos han parecido importantes esas reuniones con Educación de cara a la formación y a la elaboración de un currículum homogéneo. No podemos perder aquí el tren, como hicimos en otros sectores, por ejemplo en Baleares la náutica.
En resumen, tenemos que aprovechar esta oportunidad para apostar por la innovación en una economía del conocimiento. La debilidad podría ser la incertidumbre normativa que hemos tenido. Es verdad que hay un decreto de final de año que fue bienvenido, pues llevábamos cuatro años de incertidumbre, desde la Ley de 2014, sobre medidas de promoción del crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta normativa tampoco es definitiva, estamos pendientes de la normativa sectorial europea, con el Horizonte 2020 y, en fin, han estado reuniéndose y colaborando con el sector. Nosotros presentamos en esta Comisión una PNL que incluía una serie de medidas para facilitar el crecimiento y potenciar el sector sin menoscabar la seguridad y esta debe ser la línea que tenemos que mantener. Incluíamos una serie de medidas concretas. En primer lugar, acciones formativas relacionadas con la seguridad. Ha comentado que precisamente este sector lo va a convertir en un uso habitual y este es un cambio bastante drástico, que no nos pase como con la introducción del vehículo privado en la cotidianeidad, que al final el crecimiento de la siniestralidad tuvo que ser reducido muchos años después. Hubo una cierta falta de sincronización entre el acceso al sector y las exigencias de seguridad. Estas serían las primeras acciones
formativas. También pedíamos una adecuación del régimen sancionador, pues en muchos casos parecían estar pensados más para grandes compañías aéreas que para pequeños operadores, siempre, obviamente, que no hubiera casos de reincidencia o que hubiera casos flagrantes de riesgo y de falta de seguridad. Obviamente, lo que queríamos es que las necesarias limitaciones derivadas de las exigencias de seguridad no ahogaran el crecimiento del sector. Y por último, queríamos que se promoviera la supervisión efectiva de las infracciones y la persecución del intrusismo, que el Ministerio del Interior cursara las instrucciones pertinentes y se dotara de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir todas las acciones no permitidas y todo intrusismo. En resumen, no podemos perder este tren ni ningún tren en la economía del conocimiento. Estudiaremos las medidas concretas y estaremos contentos de participar.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra, en primer lugar, doña Lucía Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucia): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro. Lo primero que quiero hacer es lamentar que no haya usted dedicado un bloque específico a cada uno de los temas. La vivienda y los drones lo merecen. Tampoco me sorprende; lamentablemente, nos tiene acostumbrados a que el papel de la vivienda en sus intervenciones y en general en todo lo que hacen sea residual. No tenemos que ir demasiado lejos. La semana pasada el señor secretario de Estado le dedicó apenas cinco minutos de toda su intervención. Empiezo, pues, lamentando esto y también, antes de entrar más en el contenido, quiero dar dos datos, ya que veo que el señor ministro sigue insistiendo en el incremento. Solo son dos datos. En 2013, cuando se presentó el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, se hizo con un presupuesto total de 2311 millones de euros. En dicho presupuesto se sumaban los planes de subsidiación a la vivienda de protección oficial y la renta básica de emancipación. Este año, si tenemos en cuenta esas cantidades, la cifra total para el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 es 1883 millones, confirmada por al diputada Zurita el otro día en el Pleno. Eso significa un recorte del 18 %. No hay más. Debo decirle que no es serio que cuando le conviene a su ministerio sumar partidas, que no son programas propios, las sume para poder hinchar el presupuesto, que es lo que hicieron en 2013, y ahora que no nos conviene, no las tengan en cuenta. No es nada serio.
Dicho esto, me gustaría hacer un repaso. Cuando llegamos al Congreso, hace casi dos años, empezamos a traer a esta Comisión, a la Comisión de Fomento, y al Pleno varios temas sobre la vivienda. Empezamos hablando de cómo el Gobierno, que entonces estaba en funciones -lo estuvo durante unos meses-, se suponía que no debía tomar ese tipo de decisiones y entonces llevó al Tribunal Constitucional la Ley de Emergencia Habitacional de Cataluña para conseguir suspenderla. Se trataba de una ley que cambiaba las reglas del juego porque, aparte de exigir respuesta a las administraciones públicas, también pedía a las entidades financieras y a los grandes propietarios que asumieran su responsabilidad en una crisis que de hecho ellos habían contribuido a generar y que estaba causando tantísimo daño, daño que aún sigue siendo causado a una gran parte de la ciudadanía. ¿De verdad las personas que estamos aquí hoy, incluido el señor ministro, no creen que es de sentido común exigir a los bancos, unos bancos que se hicieron millonarios con la burbuja inmobiliaria, unos bancos que fueron rescatados con casi 300 000 millones de euros si incluimos ayudas directas, avales y garantías de dinero público, unos bancos que tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido, que antes de ordenar un desahucio estén obligados a ofrecer sus pisos en alquiler social? Porque eso es lo que pedía la ley catalana. ¿No creen las diputadas y los diputados que hoy me acompañan en esta Comisión, que vienen aquí a hablar de vivienda, que eso es lo que la ciudadanía esperaba que hubiera hecho un Gobierno justo, equilibrado y sensato, un Gobierno que pensara también en exigir responsabilidades a los grandes después de que millones de personas hubieran perdido su casa por no poder pagarla, no por no querer, sino por no poder pagarla? Con el Gobierno del Partido Popular parece que funciona el juego del mundo al revés y el sentido común acaba en la basura. Precisamente, fueron los artículos que exigían esas responsabilidades a los bancos y a los grandes propietarios los que fueron suspendidos. Por eso llevaron la ley al Constitucional, porque querían proteger a esas entidades financieras. Y después de las leyes autonómicas suspendidas no solo en Cataluña, porque aquí hay para todo el mundo, empezamos en esta Comisión y en el Pleno a hablar de los brutales recortes que el Gobierno del PP estaba aplicando al presupuesto de vivienda. Llevan ustedes en el Gobierno desde 2011, señor ministro, y desde entonces hasta ahora el presupuesto de vivienda no
ha hecho más que caer, caer y volver a caer. Hoy se gastan en el principal programa de su ministerio 446 millones de euros al año. En 2017, gastaban 453; en 2016, 553 y en 2011 -lo decía aquí el diputado de Ciudadanos-, 1126 millones de euros. Le pido que responda. ¿Nos puede explicar a todas por qué su ministerio -ahora lo dirige usted y antes lo dirigía Ana Pastor, por cierto- ha recortado un 60 % el presupuesto que destina a políticas de vivienda desde que llegó el Partido Popular al Gobierno en 2011? Todas nos merecemos tener una respuesta. De hecho, su principal socio, Ciudadanos, se lo dice, que cualquiera diría, después de escuchar su intervención, que le está votando no solo este plan estatal, sino los Presupuestos Generales del Estado. Tiene guasa, pero, bueno, está bien que hayan incorporado nuestro discurso; ahora solo falta que lo lleven a la práctica.
Como decía, señor ministro, sin dinero no hay políticas de vivienda que valgan, por lo que le pregunto dónde está el dinero que necesitamos para hacer políticas de vivienda. Tenemos un Gobierno que dice que nos estamos recuperando económicamente. Entonces, ¿por qué cada año destinan menos dinero a las políticas de vivienda y más dinero, por ejemplo, a los beneficios fiscales de las Socimi? Este año se llevan 260 millones de euros, más de la mitad de todo lo que destina su ministerio a políticas de vivienda. ¿En manos de quién están dejando, pues, la política de vivienda, señor ministro, en manos de las Socimi, en manos de los fondos buitre, en manos de los promotores? ¿De verdad solo piensa gobernar para ellos, poniéndoles a ellos en el centro? ¿Quién va a financiar el parque público que necesitamos como el aire que respiramos, si no hay dinero para ello? ¿Por qué no sigue el ejemplo que otra vez el diputado de Ciudadanos le ponía hablando del Ayuntamiento de Barcelona, que ha ido al Banco Europeo de Inversiones a pedir un crédito? ¿Por qué el Gobierno no está haciendo eso? Por favor, le pido que no insista en el argumento de que el Estado no tiene responsabilidades en las políticas de vivienda y que eso es cosa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por favor, no me obligue a darle otra vez el listado infinito de leyes de ámbito estatal que afectan a la vivienda, porque no acabamos nunca. Un poco de seriedad.
Si queremos hablar un poco más del plan y ya hemos tocado el tema de la financiación, yo quiero hablar sobre todo del parque público y del alquiler, porque creo que son dos cuestiones básicas si realmente queremos buscar soluciones efectivas que den respuesta a problemas que hoy está sufriendo gran parte de la ciudadanía. Le pregunto directamente, ministro: ¿usted cree que es importante tener un parque público de vivienda? Y digo público específicamente, porque quiero escuchar de su boca la respuesta. No hay ningún tipo de priorización para ampliar el parque público en este Plan Estatal de Vivienda. Siguen apostando por que el dinero vaya a promotores privados que hagan pisos de alquiler con precios no de mercado -¡solo faltaría!- durante veinticinco años. En este caso, encima han recortado el periodo de calificación que había en planes estatales anteriores que era de hasta setenta y cinco años. ¿Usted sabe el porcentaje de parque público de alquiler que tienen en Alemania, en Austria, en Francia o en Holanda? Supongo que tiene gente trabajando que le pasa los datos, pero la media europea de estos países de nuestro entorno está alrededor del 20 %. ¿Sabe usted qué porcentaje tenemos en España de parque público de vivienda? Ya no digo de alquiler, sino de vivienda. No llega al 2 %. ¿Cree de verdad que esos países lo hacen todo mal en vivienda y nosotras lo hacemos todo bien?
Un amplio parque público de alquiler no solo permite dar respuesta adecuada a una emergencia -esa que muchísimos ayuntamientos no han podido dar durante todos estos años precisamente porque no se ha hecho política pública de vivienda en este país-, sino que permite -y esto usted debería saberlo- contener los precios del mercado privado y arrastrarlos a la baja. Eso es lo que por fortuna pueden hacer muchos países de nuestro entorno pero no podemos hacer nosotras. Ustedes en este plan estatal siguen insistiendo en el mismo modelo de las VPO, antes de compra y ahora de alquiler. ¿Se dan cuenta de que hacer precisamente eso es lo que ha causado que hoy no tengamos parque público? Esas viviendas financiadas con el dinero de todas se van a perder en unos años, se van a esfumar y van a volver al mercado privado. ¿Se dan cuenta de que están siguiendo las viejas recetas que nos ponen a la cola de Europa en parque público de alquiler? ¿Sabe qué consecuencias tiene no tener un parque público de alquiler y no hacer una política que apueste por eso? Junto a la brutal reforma que ustedes hicieron de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y la reforma de las Socimi ese mismo año, eso es lo que genera, entre otras cosas, que hoy miles de personas no sepan dónde van a vivir de alquiler cuando se les acabe su contrato, porque en muchas ciudades -cada vez más- los precios son imposibles de pagar para las clases medias de este país. Ustedes sabían en 2013 que había millones de pisos que no se iban a vender y que el mercado hipotecario estaba roto y, en lugar de aprovechar el momento para cambiar de modelo y darse cuenta de que precisamente habían sido las políticas que fomentaban la especulación las que nos
habían traído la peor crisis habitacional de los últimos años, lo que hicieron fue seguir apostando por lo mismo, pero esta vez el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible estaría en el mercado del alquiler.
Señor ministro, han tardado dos años en reconocer que hay una burbuja de precios de los alquileres. Cuando llegamos aquí se lo dijimos y usted lo negó durante meses. Cuando era una evidencia, intentó reducir el problema a una cuestión únicamente vinculada al turismo y, por lo tanto, competencia de las comunidades autónomas. Se quería lavar las manos sí o sí, ignorando un problema que estaba angustiando a la ciudadanía y a muchos ayuntamientos que sí sabían lo que está pasando a pie de calle. Cuando vio que el problema no solo tenía que ver con el turismo, se le ocurrió sacar a relucir el tipo de argumento que yo llamo de barra de bar: esto solo pasa en las ciudades del cambio, la culpa es de sus gobiernos... La verdad es que esos argumentos describen más a quien los usa que a quien pretenden señalar. Cuando se ha dado usted cuenta de que no estaba en un bar y de que usted es el ministro de vivienda, por fin hace dos semanas ha reconocido que existe un problema. Entonces yo le preguntó: ¿cuánto más tiempo piensa tardar usted en proponer una reforma de la LAU? ¿Cuánta más gente va a tener que comer mal, dormir mal, pasar angustia, pedir dinero prestado a quien pueda o cambiarse otra vez de piso, de barrio y de escuela? ¿Cuánta gente va a tener que pasar por eso porque a usted le parece que esto no es suficientemente grave? Las ayudas al alquiler del plan estatal llegan muy tarde y, como siempre, hay trampa. El borrador del plan decía que habría ayudas para las personas que cobraran hasta 1500 euros al mes y en el texto final dice que la prioridad es llegar a las personas que cobran 800 euros al mes. ¿Sabe cuánto vale un alquiler en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Málaga? ¿Usted podría vivir con 800 euros al mes? No creo ni que se lo pueda imaginar.
Queremos soluciones, ministro, soluciones efectivas y no limosnas. Soluciones que no llegan con este plan ni de lejos. Soluciones que son de sentido común. Soluciones que permitan a los propietarios alquilar a precios razonables y no especulativos. Soluciones si no queremos que esas ayudas acaben revirtiendo en el precio del alquiler, lo que requiere una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Soluciones que permitan a la mayoría de la población tener contratos más largos, más estables y más asequibles. Queremos poder vivir en nuestras ciudades, decidir dónde vivir y no tener que sobrevivir porque sus leyes nos desahucian.
El turno ahora es de la diputada doña Carmen Valido.
Gracias, señor ministro, por venir a presentar el Plan de drones en el sector público. Antes de empezar mi intervención sobre este tema, querría pedirle que nos explique o aclare un poco más, si puede ser, lo que mencionó al principio sobre el anteproyecto de ley de medidas para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, porque no me ha quedado muy claro.
Empiezo ya mi intervención en cuanto al Plan estratégico de desarrollo de drones. Tengo que decirle que nos hemos llevado una sorpresa con este plan, porque no es un mal plan. Reconocemos que hay trabajo y esfuerzo detrás. Coincidimos en los dos pilares básicos de partida de este plan, que son la implantación y la actualización de la normativa y la garantía de la seguridad operacional y física de las personas. En los sectores innovadores y novedosos mantener la seguridad y la adecuación de la normativa plantea serios retos y, por eso, coincidimos en que hay que ponerlos en primer lugar. Por otro lado, la difusión, la información y la formación las consideramos fundamentales y vemos que en el plan se recogen como uno de los cuatro ejes que articulan las iniciativas. Sin embargo, necesitamos que nos aclare nuestra preocupación sobre si las iniciativas que plantea sobre este tema son y serán las suficientes para dar conocimiento de las medidas de seguridad y de la normativa a las personas usuarias de dispositivos drones, sea por motivos profesionales o recreativos. Igualmente reconocemos que se realiza un buen análisis de la situación actual y hay unas interesantes previsiones de futuro. Estas últimas son realmente interesantes al detectar el uso y aplicación de los drones a sectores estratégicos y clave de nuestra sociedad como son agricultura, energía, seguridad y salvamento, comercio electrónico y paquetería, construcción y minería, telecomunicaciones, sector asegurador inmobiliario y movilidad.
Pero avanzando en el contenido del plan y en sus políticas, estos sectores y dimensiones con enormes potencialidades e importantes retos son ignorados en los ejes, en las líneas estratégicas y en las iniciativas. Comprendemos que algunos no son de su competencia y que otros puede que sean muy novedosos, pero otros, como la paquetería y la mensajería, sí son de su competencia, es decir, Correos.
¿Se plantea desde el ministerio la estrategia adecuada para que Correos afronte este nuevo reto? La movilidad también es de su competencia, aunque esté subordinada a la política de infraestructuras. El uso recreativo también deberían abordarlo. Pero ni en unos ni en otros se contempla la forma, ni individual ni con los agentes socioeconómicos interesados, para lograr los dos pilares básicos en los que se fundamenta este plan, que son la normativa y la seguridad. Por tanto, un buen diagnóstico se queda en nada al no corresponderse con la parte propositiva del plan. Eso hace que se olvide y se aleje de objetivos como la creación de empleo y la inversión en investigación y desarrollo. Los planes, señor ministro, son los mapas de carreteras de la política. Una vez más, echamos en falta los criterios sociales; la ambición por demostrar que se va a crear empleo y cuantificarlo en personas; los costes y responsabilidades que va a asumir el Gobierno y la parte que deben asumir las empresas privadas; la transformación del modelo productivo. Es decir, es un mapa de carreteras muy parecido al plan de rescate de las autopistas de peaje, que todavía no ha venido a presentarnos. Está muy lejos de quien aspira a gobernar un país para mejorar la vida de la mayoría social. Tampoco se cuantifican las necesidades de personal que las autoridades y el propio ministerio van a necesitar para toda la ordenación, formación, información e inspección del sector en los drones. Tampoco se cuantifican los costes de todo esto. Se olvidan, además, de la importancia de las cooperativas y de la economía social en nuestro tejido productivo.
Todas estas dudas y olvidos plantean muchas preguntas. ¿Se ha planteado la necesidad de ser pioneros y crear un departamento en el ministerio o ente cien por cien público para la gestión completa del sector de los drones en nuestro país o está dejando las puertas abiertas para que esos huecos los copen los intereses privados? ¿Cuáles son los ingresos que estima que va a percibir el Estado por la actividad de los drones? ¿Dónde están los ingresos, recursos o costes del plan o va a decirnos que es un plan a coste cero? No se nombra en el plan estratégico el uso en este campo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué no menciona la importancia del recurso del sector de los drones en la seguridad pública y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Van a llevar un desarrollo independiente o es que se ha ignorado? Uno de los objetivos que se plantea en este plan es el desarrollo de sector asegurador. ¿A qué se refiere? ¿Puede detallárnoslo, más allá de lo que viene escrito en el plan? La inversión, la financiación y la investigación son fundamentales en el desarrollo de este sector y de la economía en general. ¿Cómo valora que en su ministerio los programas 467B y 467G, de investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras y de la sociedad de la información registren una caída del 66,11 % y del 27,1 % respecto a los del 2012.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, la diputada doña Mar Rominguera.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, le agradecemos su comparecencia.
La verdad es que esperábamos que la tardanza en aprobar el nuevo plan de vivienda estuviese justificada por su contenido y que ofreciese actuaciones contundentes para poner fin al problema del acceso de la vivienda en España, pero vemos que no. Seguimos con una política de parches, meros paliativos que nada resuelven. Ni tan siquiera han atendido a la mayoría de las reivindicaciones de las comunidades autónomas en la redacción del plan, porque se hizo a espaldas de las comunidades ya que, al modificarse los borradores que se publicaron en el plan, no se contó con ellas. Nos consta que ese consenso al que apelaba al principio de su intervención no es tal; de hecho, seis comunidades autónomas se abstuvieron en la votación del plan en la conferencia sectorial, seguramente por sus discrepancias con el contenido del mismo. En cualquier caso, es fundamental que cuanto antes se firmen los convenios con las comunidades, porque el plan llega tarde y, por tanto, se firman tarde los convenios y tarde se pondrán en marcha las líneas de ayuda, que parece que ya se está en ello pero sabemos que hay algunas ayudas que no se van a poder hacer efectivas este año. En este sentido, nuestro grupo ha registrado una iniciativa en esta Cámara.
Respecto a la financiación, si de verdad quieren soluciones reales, no nos líen con las cifras. La realidad es que contamos -ya se ha dicho aquí: lo ha dicho la diputada Martín y lo refirió hace una semana la diputada Zurita- con 1883 millones de euros en el plan para estos cuatro años frente a los 2300 del último Plan 2013-2016. Ustedes decían que es un 62 % más de dotación, ahora ya dicen que es un 79 y, si seguimos debatiendo el asunto, va a seguir aumentando el porcentaje en su discurso;
seguirán jugando con las cifras, todo ello a costa de quienes están pendientes de que, de una vez por todas, el Gobierno les garantice eso que es su derecho, la vivienda. Es triste que maquillen estas cifras amparándose en que ya no reconocen el derecho a préstamos subsidiados. La Comisión de Fomento, en su sesión de 15 de febrero de 2017, aprobó la proposición no de ley sobre las ayudas de subsidiación de préstamos presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En sus propios términos, decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reestablecer las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para la compra de vivienda protegida en las mismas condiciones que las establecidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. El Gobierno, por tanto, incumple un mandato de esta Cámara y, además, deja sin contenido el capítulo 2 del plan. Usted mismo dijo, recientemente: "Pasamos a un 79 % de crecimiento respecto al plan anterior, por supuesto sin tener en cuenta las subsidiación de préstamos convenidos, que, evidentemente, ya no forman parte del plan". Ahora -cierro las comillas- le pregunto: ¿Qué es lo evidente, que no atienden al mandato de esta Cámara, que no les importan las iniciativas que se aprueban por la mayoría de otros grupos distintos al suyo? Dígame qué es lo evidente, ¿desoír las resoluciones del Congreso de los Diputados y del Defensor del Pueblo? Le recuerdo que, además, ambas instituciones recomendaron unos tipos de intereses justos y sociales para la vivienda protegida y, para ello, la referencia -decían- debía ser el euríbor, y el Gobierno lo ha ignorado. De manera que ni recupera la subsidiación VPO ni hacen caso a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Eso sí, se escudan en las VPO para contarnos que ahora destinan un 79 % más de recursos a la vivienda.
Por eso, digo que es lamentable que se dediquen a jugar al baile de cifras, a intentar confundir cuando hablamos de vivienda, siendo la vivienda la cenicienta de su ministerio: a la vista está, es un plan al que le destinan un ridículo 0,03 % del producto interior bruto, mucha menos financiación que en presupuestos anteriores. Seguro que estas cifras nos les dicen nada, como manifestó recientemente la portavoz del Partido Popular, pero es un dato real y objetivo, como objetiva es la realidad de que en vivienda los presupuestos ha ido disminuyendo -también se dicho aquí- desde que gobierna el Partido Popular hasta más de un 60 % respecto a 2009, pero la especulación no, la especulación han ido aumentando.
En su día, la Ley del Suelo durante los Gobiernos de Aznar fue el origen de una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, y hoy el actual Gobierno del Partido Popular ha promovido que comience a generar esta burbuja en el sector de la vivienda en alquiler, hasta el punto de que, actualmente, son cada vez más frecuentes los desalojos de familias en alquiler, y precisamente en el capítulo 4 del plan se marcan como objetivo ofrecer una vivienda a las personas en situación de especial vulnerabilidad, afectadas, precisamente, por procesos de desahucios. De esta manera, vuelven a regular los fondos de viviendas para alquiler social y, sí, establecen unos contratos de alquiler de tres años, pero no tienen en cuenta que las situaciones actuales de exclusión residencial no son temporales, son estructurales, y lo más preocupante es que se limitan de nuevo en este plan a reproducir el régimen jurídico de los convenios de colaboración aprobados en el marco del código de buenas prácticas, porque en el articulo 20 utilizan la expresión 'podrán adscribir', confirmando así un régimen de cesión de carácter voluntario a través de convenios con las grandes tenedoras de activos inmobiliarios sin que exista ningún instrumento de intervención de carácter forzoso. Por si quedara alguna duda, se habla de su adhesión voluntaria a este programa.
Por tanto, queremos saber por qué no se arbitran medidas obligatorias y no de carácter voluntario en referencia a los inmuebles residenciales que están desocupados y que son propiedad de la Sareb y de entidades financieras, con la finalidad de promover la movilización de viviendas vacías. También sabe que, actualmente, los bancos se han apresurado a deshacerse de la vivienda, que lo han hecho traspasándola a grandes fondos que compran paquetes gigantescos de viviendas sociales, de manera que ahora los caseros se han convertido en sociedades a las que solamente les importan los números. Podríamos afirmar que de este modo los alquileres sociales se acaban. Por eso, echamos en falta medidas que de verdad obliguen a estos fondos a la movilización de estas viviendas vacías para aumento del parque público de alquiler. Tampoco compartimos que se ponga tope al tiempo en el que una vivienda subvencionada para el alquiler se tiene que mantener bajo dicha forma de tenencia, porque se advierte que para el Gobierno el alquiler es una situación transitoria y que, antes o después, el camino va a llevarnos a la propiedad. España -también se ha dicho aquí-, según la Encuesta continua de hogares, solo tiene un 2 % de viviendas sociales en alquiler. Por tanto, no hay un parque de viviendas sociales en alquiler en este país. Si se quiere fomentar la creación de este tipo de parques sobra ponerles un tope temporal a las viviendas que lo vayan a integrar. Además, hemos visto, recientemente, en medios de
comunicación que los constructores avisan de que el plan de vivienda no anima a edificar vivienda en alquiler, considerándolo poco atractivo como instrumento -dicen- para frenar los precios. No deberían engañarse, fomentar el alquiler pasa por la adopción de otras medidas, como la que recoge la proposición de ley que, recientemente, ha presentado mi grupo -en eso voy a ser más original que el resto de los ponentes, porque de ello no han hablado-.
Mi grupo, en esa proposición de ley, propone, entre otras medidas, que los contratos de arrendamiento tengan una prórroga forzosa de cinco años más otros tres; o que la subida de la renta esté sujeta de nuevo a la evolución del IPC. También contempla que ante un cambio de propietario de la vivienda arrendada, entre otras causas, por ejemplo por la ejecución de una hipoteca, el inquilino tenga derecho a permanecer en la vivienda al menos los cinco primeros años del alquiler. También se regula un sistema público de precios de referencia por zonas; o incluye medidas que también pasan por ventajas fiscales para los arrendadores, incluso la modificación de la Ley del Suelo para dar prioridad al uso para vivienda permanente. Atendiendo a estas propuestas, yo creo que sí hablaríamos de un plan más social, señor ministro.
Ahora, señor ministro, por no extenderme más, me voy a centrar en los programas del plan que estimamos que son insuficientes. En referencia a las ayudas directas a jóvenes para compra y alquiler, estimando que si no aumenta la oferta de viviendas de alquiler subirán los precios, el problema -que también se ha dicho aquí- es que el Gobierno no ha tenido en cuenta el elevado desempleo, la precariedad y los bajos salarios de los jóvenes a la hora de aprobar todas estas medidas que garantizan el derecho a la vivienda, porque deben destinar casi el 50 % de sus pequeños sueldos al pago de su vivienda. La supresión de la renta básica de emancipación, que su Gobierno acordó en 2012, no ha sido compensada, por lo tanto, con otras medidas. Por eso, le decía que no basta con poner parches, como hacen también con la ayuda de compra, que ahora nos dicen que es un método para luchar contra la despoblación en municipios de menos de 5000 habitantes. Pero es que hablamos sobre todo de localidades del interior, donde viven algo más del 8,5 % de los jóvenes; localidades como las de mi provincia, Zamora, que tiene recursos escasos, cero inversión, por parte de las administraciones en planes de la reindustrialización y deficientes infraestructuras, y como ya sé que me va a decir que tenemos el tren, por eso le digo lo de los parches.
Respecto al programa de ayudas para personas mayores, queremos saber por qué se eliminó esa ayuda de 200 euros, que en un principio sí se contemplaba, para que los mayores de sesenta y cinco años pudieran hacer frente a los gastos de su vivienda en propiedad, justo ahora que la precariedad de las pensiones hace que las personas vean disminuido su poder adquisitivo, sin que el Gobierno haga mucho por evitarlo. En este caso, ya le digo que tampoco podemos hablar de parches; como tampoco podemos hacerlo si nos referimos al fenómeno del sinhogarismo; porque a este plan, que ustedes definen como más social, no le dedican ni una simple mención, pese a que es urgente que el Gobierno asuma de una vez la política social de vivienda, cuyo primer objetivo es que ninguna persona viva en la calle, y dirigirse prioritariamente, por supuesto, a aquellas personas con mayores necesidades de apoyo para ceder al alojamiento normalizado.
Lamentamos, por tanto, tal y como lo hace la Fundación RAIS -que conocerá seguramente-, que el Plan de vivienda no haya incorporado un plan específico para erradicar el sinhogarismo. Lo tenían fácil; tenían encima de la mesa las principales medidas que la propia fundación les proponía, tales como ayudas al alquiler o a la rehabilitación de infraestructuras destinadas a personas sin hogar; y nada de nada, nada de consenso aquí tampoco. Queremos saber por qué, si según ustedes dicen este plan es de un marcado carácter social. En cualquier caso, lo que le solicito es que tenga en cuenta que el plan no solamente debe ser noticia en el momento de su aprobación, sino que debe poder seguirse mes a mes el grado de ejecución del mismo, con cifras reales, contrastables, porque de este baile de cifras ya estamos hartos, pero sobre todo está cansada la ciudadanía, que lo que quiere son respuestas y soluciones, y este plan podría haber sido una buena oportunidad para todo ello. Pero mucho me temo que no será así.
Es el turno ahora del diputado don César Ramos.
Una vez más tenemos al ministro de Fomento en esta Comisión para hablarnos de un nuevo plan. Si tuviéramos que definir el ministro de Fomento le podríamos definir como el ministro pichichi, porque quiere
conseguir al final de la legislatura haber sido el ministro que más planes ha presentado. Yo, además, le voy a proponer una cosa y espero que el ministro coja el guante. Como la mayoría de comparecencias que ha hecho aquí son para presentar planes propios, que evidentemente si son propios no vamos a estar en desacuerdo en algunos de ellos, como el Plan de drones, hay algo que vamos demandando desde hace mucho tiempo los grupos parlamentarios, que es un debate sobre la ejecución presupuestaria en materia de infraestructuras. Por ello, le voy a anunciar que mañana vamos a registrar en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del ministro, para que nos explique la ejecución presupuestaria de las infraestructuras de los años pasados y los compromisos que, durante esos años, no se han cumplido. Yo creo que puede ser un debate interesante y que es una demanda de muchos grupos parlamentarios. Está muy bien que venga aquí a presentarnos los planes, como el plan de drones, pero yo creo que también es interesante que hablemos de cosas en las que el ministro se pueda fajar y, además, pueda demostrar su cintura política en temas que son un poco más espinosos.
Pues bien, vamos a hablar del Plan de drones, que es por lo que ha venido aquí a comparecer el ministro, aparte del Plan de vivienda, que ya ha explicado perfectamente mi compañera diputada. Sería raro que el Grupo Parlamentario Socialista fuera el único grupo que dijera que no está de acuerdo con este plan; lo ha hecho Podemos, lo ha hecho Ciudadanos, y si nosotros dijéramos que nos parece un plan inadecuado, podríamos ser calificados de radicales. Como no queremos ser calificados de radicales, voy a decir que a nosotros el plan nos parece bien; nos parece bien que se plantee un plan sobre los drones en España, pero, además, creo que tenemos que hacer una reflexión general.
El debate de los drones es un debate de la sociedad del presente y de la sociedad del futuro. Son debates que normalmente no se suelen dar en esta Cámara y que suelen ser poco entendidos por la parte política y la parte pública porque a veces parecen elementos de ciencia ficción, elementos que nos cuesta comprender y elementos a los que nos cuesta hincar el diente porque son temas muy técnicos. Pero yo creo que si este Parlamento, si esta sociedad, si el Gobierno y la parte política quieren hacer frente a los retos del futuro, tenemos que traer debates como este, por lo que me parece interesante que se plantee un Plan de drones en este Congreso y que podamos debatir sobre ello. Yo soy de la opinión, tengo la percepción de que ante los retos que tiene la nueva sociedad, el avance de la tecnología, los cambios de paradigmas, la política está demostrando en gran parte que no estamos preparados, igual que la parte pública. Eso está provocando desequilibrios; está provocando que no seamos capaces de aprovechar, en gran parte, los avances tecnológicos, de aprovechar todo el desarrollo y que, en muchas ocasiones, esos desarrollos, modelos económicos distintos y avances de la tecnología, lo que provocan son desequilibrios en la sociedad. Lo vemos en el sector del taxi, con la VTC; lo vemos en muchos sistemas laborales con algo que llaman nueva economía y que muchas veces no es nueva economía. Creo que tenemos la obligación, la parte política y la parte pública, de empaparnos de estos temas y entenderlos, para ser capaces de hacer una mejor regulación. Aquí se ha hecho una regulación que viene a ocupar un espacio que ya venían ocupando otros países y que han desarrollado previamente. España no es el primer país que llega.
Nosotros, como Partido Socialista, registramos una serie de preguntas pidiendo saber cómo se iba a desarrollar la regulación y pidiendo que se desarrollara. Nos alegra que se hiciera; nos alegra que se haya hecho -como se dice aquí- con la participación del sector, y creo que tenemos un reto en esta gran casa para que estos debates, que serán poco mediáticos, que no saldrán en los medios de comunicación y que los políticos en muchas ocasiones huimos de ellos, seamos capaces de hacerlos con más asiduidad, tengamos la capacidad de entenderlos, tengamos la capacidad de empollarnos muchos términos técnicos, porque eso permitirá que seamos capaces de hacer frente a los retos del futuro, porque si no, tendremos una sociedad huérfana de una parte política que no es capaz de hacer frente a los elementos que tienen que garantizar un desarrollo mejor, con tecnología, con avances y sin que ello suponga precarizar muchas veces las condiciones laborales.
Le felicito por el plan. Eso sí, esta vez sí aparecen los indicadores reflejados con una relación de cada una de las actuaciones, pero nunca ponen un objetivo a cada indicador. Los indicadores tienen que tener objetivos para poder hacer un seguimiento; si no, simplemente son indicadores con unas cifras que darán el resultado. Ese es el elemento que hemos visto de mejora del plan, aparte de las aportaciones que se puedan hacer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la palabra la diputada doña Ana Zurita.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Muchas gracias, presidente.
Muy buenas tardes a todos. En principio, quiero agradecer al ministro su comparecencia en esta Comisión que, como tantas veces, ha hecho de una manera detallada, con mucha profusión de datos, y que demuestra que hay un gran trabajo detrás de los temas que ha expuesto. También quería felicitarle por esa medida para evitar la nulidad completa de los planes generales ante vicios puntuales. Creo que es una medida, además, apropiadísima y que viene en un momento preciso. En el momento en que estamos de recuperación económica hay muchos municipios y muchas inversiones que fallan porque no tenemos a punto la planificación territorial y urbanística pertinente. Sabemos que el territorio es soporte de actividades económicas, y si no tenemos la planificación urbanística sobre el territorio es imposible desarrollar la mayoría de nuestras actividades.
En cuanto al Plan de vivienda, si tuviera que resumir este Plan de vivienda en tres conceptos, yo diría que es una herramienta que ayudará a bajar los precios del alquiler; que es una herramienta que mantendrá la salubridad y la habitabilidad de nuestro parque residencial y que es una herramienta que también dará respuesta, en materia de vivienda, a familias que necesitan estos recursos, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y a las personas con discapacidad. Considero sinceramente que este plan es muy bueno, o sea, es un buen plan, el mejor de los últimos veinte años, y lo digo porque he tenido la oportunidad de analizar los cinco que le han precedido desde el año 1998. Por eso quiero felicitar al equipo del Ministerio de Fomento, en particular a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, porque han ofrecido a los españoles el mejor plan de vivienda; un documento que, además, se adecua perfectamente a la realidad social y económica de nuestro país, porque crea crecimiento económico, crea empleo y tiene un gran componente social y se traduce en una inversión total de más de 4000 millones de euros, contando la inversión privada e inducida, 60 000 puestos de trabajo y más de 500 000 ayudas. Por eso reitero mis felicitaciones al gabinete del ministerio. Pero también, por supuesto, a los responsables en la materia de las comunidades autónomas, porque si alguna característica más tiene este plan es el consenso. Es un plan que ha estado en información y para recibir sugerencias en varias ocasiones y por muchas quejas que se oigan hoy aquí es cierto que ha sido un plan altamente participativo y que se aprobó en la Conferencia Sectorial de Vivienda justo una semana después de la aprobación en el Consejo de Ministros.
Y este plan hay que decir también que es versátil y que se puede contar de tres formas. O sea, se puede contar por sus objetivos, se puede contar por el compromiso con los sectores de la población y se puede contar también por el presupuesto que tiene asignado, y el principal es que todo el mundo tenga una vivienda digna y en las mejores condiciones. ¿Y esto cómo se consigue? Pues incentivando que haya viviendas, con programas que ayuden a la promoción de viviendas, y en este caso de alquiler; y con programas que ayuden a que esas viviendas puedan ser alquiladas por los sectores de la población que por sus circunstancias económicas no podrían acceder de otra manera, y además con un abanico amplísimo -ya lo ha contado el ministro-, desde cero ingresos, de personas que puedan provenir de un desahucio o hasta cinco veces el Iprem.
Y solo por comparar, ¿cuáles son las opciones de Podemos para acceder a la vivienda, para tener una vivienda digna? Pues primero, criticar; criticar las opciones que da este Plan de vivienda pero sin valorar programa a programa, que es lo que me gustaría oírle alguna vez, señora Martín, y luego, expropiar y limitar los precios de los alquileres. A mí me gustaría decirles qué haremos cuando esté todo expropiado, cuando nadie quiera alquilar nada porque no es rentable, cuando nadie quiera construir viviendas porque la propiedad no tiene ningún valor. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿cuál sería su réplica entonces? Claro, estas políticas de vivienda que ustedes nos ofrecen, sí, señorías, de Podemos, lo que provocan es el efecto absolutamente contrario, es la disminución del parque de viviendas en alquiler y la disminución también de operaciones de rehabilitación. Y es lo que ha sucedido en París y en Berlín, que son esas ciudades que usted tanto nombra y tanto repite, porque tanto que lo ha dicho, todos nos hemos ido a estudiar precisamente el caso de Berlín y el caso de París y sabemos lo que está pasando. Gracias a dios, nuestro Plan de vivienda es distinto, tiene seis opciones de alquiler, tres programas de ayudas propiamente dichas y tres programas de ayuda a la promoción, pero de una manera en la que se controla el acceso en función del grado de vulnerabilidad y donde se regula el precio del alquiler en función de la ayuda que se da al promotor. Traducido en datos, las ayudas al alquiler se destinan con carácter general a beneficiarios cuyos ingresos no superan tres veces el Iprem. En España hay 8,2 millones de familias en estas circunstancias que serían beneficiarias potenciales y ayudas que por primera vez financian alquileres de 600 euros y de hasta 900 euros en aquellos municipios donde haya rentas más altas, y por primera vez
también desaparece el tope de esos 2400 euros anuales del plan anterior. Señora Martín, un caso práctico: la calle Argumosa, lo que usted nos ha estado nombrando el fin de semana; tenemos un chat a medias todos los portavoces de Vivienda y hablamos de las cosas. La calle Argumosa; lo he mirado. Cuando usted mandó el mensaje, lo he mirado y he visto que hay varios anuncios y que han subido los precios. Las viviendas en la calle Argumosa, a partir de 150 euros y la verdad es que con superficies muy reducidas. Y no nos gusta, no nos gusta que la gente tenga que pasar por esas situaciones, de verdad que no, y que les notifiquen una subida de precios de su vivienda y que no puedan pagar. (Rumores). No nos gusta, pero vemos que este plan también tiene medidas para eso y prevé estas situaciones compensando esos desequilibrios con ayudas para cuando el alquiler llega a 900 euros y además sin el límite de esos 2400 euros anuales.
Otra forma de contar el plan: el compromiso que tenemos con los sectores de la población -jóvenes, familias que necesitan estos recursos, mayores y personas con discapacidad-. Para jóvenes, no existía en el plan anterior compromiso con los jóvenes y en este plan hay un compromiso especial: ayudas al alquiler y a la compra de 10 800 euros en municipios de menos de 5000 habitantes, y también en municipios de menos de 5000 habitantes se incrementan las ayudas a la rehabilitación hasta un 65 %, ¡un 25 % más para los jóvenes!, y en alquiler un 50 %. Familias vulnerables: hay que destacar la discriminación positiva a favor de familias numerosas, personas con discapacidad, familias que hayan sido objeto de desahucio, víctimas de violencia de género y un largo etcétera que se puede ver en el plan y que todos han visto y no lo voy a contar porque es muy largo. Mayores y personas con discapacidad: tenemos mayor porcentaje de ayudas, por primera vez hasta el 75 %; mayores umbrales de ingresos para acceder a las ayudas, hasta cinco veces el IPREM; mayores ayudas unitarias, hasta 17 000 euros por vivienda, y además se posibilita el acceso a estas ayudas aunque se tenga otra vivienda si ésta no cumple con requisitos de accesibilidad. Además, hay algo que cuentan muy poquito, que nadie cuenta, pero yo creo que es importante, que es el compromiso con los conjuntos históricos, que son 1000 euros adicionales si la vivienda está en un BIC o está en un conjunto histórico o catalogada.
Señora Rominguera, la verdad es que yo no alcanzo a comprender su disconformidad, con los antecedentes de política de vivienda que tiene el PSOE. Sabrá que cuando Zapatero llegó al Gobierno prometió la construcción de 180 000 viviendas de protección oficial. También quería incrementar la vivienda, tenía unos objetivos muy loables, como los nuestros, y la vivienda era su máxima prioridad. ¿En qué se tradujo todo eso? Pues una pésima gestión de las personas que después ocuparon ese cargo en el ministerio. Recordamos ocurrencias: los minipisos de treinta metros cuadrados de la señora Trujillo, que luego recuperó la exministra Corredor, que por lo visto es ahora quien dirige la política de vivienda del PSOE. Espero, la verdad, que esa proposición de ley que usted acaba de anunciar no esté llena de ideas felices como ésta. Otra ocurrencia que también es digna de mención fue la de regalar las zapatillas de deporte para que la gente se pateara las calles en busca de la vivienda que el Gobierno no podía ayudar a conseguir. Y la justificación de los treinta metros cuadrados, en palabras de esa exministra, ¿qué era? Pues que los jóvenes españoles demandaban esa modalidad de vivienda. ¡Por favor! Mire, lo curioso es que ustedes creen saber siempre lo que quieren los jóvenes españoles, pero yo le aseguro que la mayoría de los jóvenes prefiere las soluciones que les da el Partido Popular. Lo primero, un empleo, y si necesitan un alquiler, que éste sea en función de lo que realmente cuesta ese alquiler; en este plan, el 50 % del alquiler, hasta 600 euros, y un 30 % más si el alquiler se puede extender hasta 900 euros.
La tercera forma de contar el plan es el presupuesto. Este presupuesto es absolutamente coherente -ya lo ha dicho el ministro-, es un plan cuyo presupuesto crece un 62,5 % en la totalidad de las ayudas, pero en el paquete fundamental de ayudas, el alquiler y la rehabilitación, alcanza los 1443 millones de euros frente a los 888 millones del plan anterior. Y se han pagado los compromisos de subsidiación de préstamos de los planes de Zapatero que en el anterior eran más de 1200 millones.
Con respecto a la renta básica de emancipación que pide usted, señora Rominguera, era una ayuda. Mucha gente no sabe ni lo que es. Es una ayuda al alquiler de 250 euros para los jóvenes que, bueno, se prometía y en muchas de esas anualidades fue absolutamente incumplido ese presupuesto. Pero no es nuestra política. Nosotros no tenemos renta básica de emancipación. Pagamos la deuda, los compromisos que nos dejaron, eso sí, pero nuestra política para la emancipación de los jóvenes, aparte de las ayudas específicas al alquiler, es otra. Tenemos programas de empleo, tenemos un bono formación Garantía Juvenil de 430 euros para trabajadores de menos de treinta años, con contrato de formación y aprendizaje; potenciamos la formación profesional dual para los jóvenes y el bono conversión a indefinido; y con todo eso, tienen además una ayuda al alquiler de la vivienda.
Para terminar quería hacer una reflexión y es que este plan es bueno. La verdad es que este plan es el mejor y tiene la mayor parte de las herramientas que podrían solucionar el problema que ahora mismo tenemos en algunas ciudades españolas; no en todas, sino en algunas. Y cito Madrid, cito Barcelona, cito Canarias, que también es mi tierra, señora Martín; vamos a ponernos todos en el escenario. Ahí hay incrementos, no lo vamos a negar, hay un incremento de los precios del alquiler. (La señora Martín González, doña Lucía: ¡Hombre!). Es verdad, pero es por dos razones fundamentales: primera, la escasez de vivienda, y segunda, el incremento de la vivienda turística. Y hay que decir -aunque usted no quería que el ministro se lo dijera, pero se lo voy a decir yo- que todo lo que se llame vivienda y además tenga el apellido turístico es competencia de las comunidades autónomas. Y eso es así, pero no somos ajenos al problema, no lo somos. En este plan, hay un buen marco, pero tenemos que remar todos en la misma dirección. En Madrid y Barcelona, antes que pedir la expropiación de un parque residencial, la expropiación a personas que tengan más de cinco viviendas -como nos solicitó el otro día la Asociación de Inquilinos de Madrid que vinieron a reunirse con nosotros-, lo que hay que hacer es cumplir sus promesas. De las promesas de vivienda, solo se han ejecutado el 20 %, o sea, se amplia un parque residencial de boquilla y luego se ejecutan solo el 20 % de las viviendas. Hay que ejecutar las viviendas prometidas, que es competencia de las comunidades autónomas, y hacer una regulación efectiva del alquiler vacacional, que también es competencia de las comunidades autónomas.
Ahora es el turno de don Teodoro García Egea.
Señor ministro, señorías, me gustaría dirigirme al portavoz socialista para decirle que, desde nuestro punto de vista, el ministro no es el ministro pichichi, más bien es el balón de oro de la política. (Risas). Y voy a explicarme. Creo que antes de entrar en otras cuestiones, hay que hacer una consideración... (La señora Martín González, doña Lucía: Boing, boing. Pelota). Sí, efectivamente, el balón de oro. Esta mañana el ministro ha estado en la Región de Murcia y ha aportado soluciones a cuestiones importantes a la integración del tratado del AVE; se ha comprometido con cuestiones importantes a pie de calle, y hoy nos trae un plan, el plan de drones, mirando al futuro. Es decir, estamos ante un ministerio que no solo tiene planes, sino que también baja al terreno, pisa la calle, se compromete, y luego todos ustedes pueden comprobar el grado de cumplimiento. Vayamos donde vayamos, al señor ministro y al ministerio se les respeta por el grado de cumplimiento de sus compromisos, y esa es la política en la que nuestro grupo parlamentario cree y por eso creemos felicitar al ministro y a su equipo.
También queremos agradecer al ministro la celebración del Día del Libro, porque es un libro interesante el que nos ha traído hoy, que es el del plan de drones. En ese sentido, para aquellos que no han criticado explícitamente pero sí han dudado de la efectividad de algunos planes o de hablar estas cuestiones, me gustaría recomendar un libro de Stewart Brand, The Media Lab, que viene del MIT, que en su momento dijo que la innovación era algo así como una apisonadora: una vez que la tecnología se apodera de usted, si no forma parte de la apisonadora, usted formará parte del camino. (La señora Martín González, doña Lucía: ¡Qué bonito!). Por tanto, vamos a subirnos todos a la apisonadora y vamos a trabajar por el futuro de España.
Esto me recuerda al Plan de innovación en infraestructuras, que algunos no habían leído, como dejaron claro en su intervención; al menos esta vez han leído el prólogo, en el que el ministro de Fomento habla de este plan como un instrumento para adelantarse a una necesidad real. Es importante que todos estemos de acuerdo en eso, porque es cierto que el tono del ministerio ha cambiado. El tono del ministerio ha cambiado porque hace unos años, cuando el señor ministro venía al Congreso, de lo que se hablaba era de hacer puentes donde no había ríos, de cambiar aceras cuando las aceras estaban en perfecto estado, porque todo ello, decían, creaba empleo, y luego comprobamos que era empleo para hoy y paro para mañana. Por eso solo desde el impulso y la adecuada regulación de sectores como este, podrá España convertirse en la referencia tecnológica que ya está empezando a ser. Por ejemplo, esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que el sector tecnológico crece al doble de velocidad que la economía española. Eso es seguramente por el Partido Socialista y Podemos; con esas magníficas intervenciones que hacen, la gente se pone invertir en el sector tecnológico, no por los planes que presenta el ministerio. En ese sentido, la patronal Ametic confirma que la industria de tecnologías -estamos hablando de drones, programación, ciudades inteligentes, etcétera- creció un 6,4 % durante 2017 y roza ya los 25 000 millones
de euros, lo que supone algo más del 2 % del producto interior bruto del país. Por eso me sorprende que algunos grupos estén preocupados de dónde van a ir los ingresos que van a generar los drones. Yo quiero que vayan a universitarios que termina la carrera y que quieren desarrollar su carrera profesional ahí, a la pyme que quiere desarrollar un nuevo producto o una nueva plataforma. Ahí es donde yo quiero que vayan los ingresos, porque al final será lo que mueva la economía y lo que genere oportunidades. Por eso mi grupo parlamentario cree que este plan significa más tecnología, más eficiencia, más empleo especializado. Además, como consecuencia de ese crecimiento del sector tecnológico, crecen también los empleos -un 6 % con respecto a 2016-, lo que nos hace ver que con planes como este podemos llegar casi al millón de empleados directos en temas relacionados con tecnologías de la información, las comunicaciones y sectores innovadores.
Por tanto, son importantes los objetivos del plan, pero también me gustaría detenerme para dar una pequeña pincelada en lo que se refiere a la creación de ecosistemas. Tanto en el Plan de innovación de las infraestructuras como en el caso del Plan de impulso a los drones lo que subyace es una voluntad de crear el ecosistema adecuado para que las pymes, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas altamente especializadas puedan desarrollar su labor en un entorno de seguridad y de regulación. Por eso nuestro grupo parlamentario aplaude este plan y le augura un futuro de referencia en el panorama europeo e internacional.
Saludamos también y nos alegramos de esa iniciativa de crear el centro de excelencia sobre drones. Creemos que es algo muy positivo que puede colocarnos a un nivel importante en el contexto internacional. Por todo ello, también nos gustaría prestar nuestra colaboración para todo lo que sea impulsar la creación de nuevas aplicaciones y de nuevos modelos de negocio, porque si atendemos a la evolución de la economía digital durante todo este tiempo vemos que empresas como Airbnb, que hace diez años -en 2008- tenía una valoración de cero, hoy tiene una valoración de 28 billones de dólares, muy superior a la valoración actual de cadenas hoteleras como Hilton o Hyatt, que tienen valoraciones de en torno a 10 o 20 billones de dólares. Es decir, que en diez años han creado un negocio, han creado un ecosistema, han creado un desarrollo tecnológico que les ha permitido añadir valor. Este modelo de desarrollo de nuevos modelos de negocio es el que tenemos que tratar que revierta en la medida de lo posible en la sociedad, en los universitarios, en las pymes, en las empresas altamente especializadas.
Me gustaría hacer un apunte sobre esas aerovías -hemos visto que se tienen en cuenta-, desde el punto de vista logístico, que se pueden establecer entre grandes centros de distribución, y nos gustaría comentar más adelante con los equipos de los ministerios, conforme se vaya produciendo, esa reordenación necesaria del espectro radioeléctrico que tiene que venir como consecuencia de la utilización masiva de los drones.
Por nuestra parte, nada más, señorías. Estoy de acuerdo, sin que sirva de precedente, con el portavoz socialista en que tenemos que hablar más de estas cuestiones. Esperemos que sigan la estela del ministerio y del ministro para continuar apoyando iniciativas como esta, aunque sea arrastrando un poco los pies.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, presidente. Gracias, señorías, por sus intervenciones.
Pasaré muy brevemente a tratar de dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas, comenzando por el señor Garaulet, para poner de manifiesto algo que ha mencionado, que coincide con alguna otra intervención y que creo que es importante señalar.
Señorías, el presupuesto crece, pero no se trata de un planteamiento subjetivo o una valoración subjetiva de lo que pasa con el presupuesto. (La señora Martín González, doña Lucía: ¡No puede ser!). Si ustedes miran las partidas correspondientes al periodo 2013-2016, verán que suman 888 millones de euros y que ahora se corresponden con 1443 millones de euros. Esto es así; podría ser de otra manera, pero es que es así. Y es así porque son las cantidades destinadas a las ayudas contempladas en el Plan de vivienda. (La señora Martín González, doña Lucía: ¡Por favor!). ¿Que me dice usted que algo que estaba en plan anterior, que es la subsidiación de los préstamos, tiene que seguir contemplándose en años posteriores? Pues evidentemente, para seguir manteniendo el compromiso, pero es que la subsidiación de préstamos no forma parte del Plan de vivienda; no es una medida que nosotros incluyamos
en el Plan de vivienda como una medida adicional a la que se pueda acoger ahora cualquier persona. Lo único que hacemos es pagar la anualidad correspondiente.
Comparar inversiones en materia de vivienda -no estoy hablando del Plan de vivienda sino en general- de los años precrisis con los años actuales es entrar en un ejercicio absolutamente estéril, porque no conduce a ningún sitio. Evidentemente, la actividad inmobiliaria en este país no tenía nada que ver con la actual y por tanto el escenario es completamente distinto. ¿Cuándo van a disfrutar los ciudadanos del plan? En el momento en que las comunidades autónomas vayan aprobando -algunas ya lo están haciendo- las correspondientes subvenciones para poderlas aplicar, dado que la firma del convenio se va a producir, esperemos, ya en el mes de junio, y a partir de ahí se harían las aportaciones correspondientes por parte del Gobierno de España.
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la falta de transparencia. Más bien al contrario, hemos expuesto en la conferencia sectorial lo que le correspondía a cada una de las comunidades autónomas con absoluta transparencia y hemos hablado. Se ha abierto un debate en el seno de la conferencia sectorial sobre el reparto y los criterios del mismo. Hemos aumentado, efectivamente, a 900 euros porque nos lo pidieron las comunidades autónomas y porque tratábamos con ello de contemplar una situación específica de algunos puntos en este país en los que la vivienda ha crecido de forma importante. ¿Significa eso que no aprobemos el incremento del parque público de vivienda? Al contrario, este plan tiene numerosas medidas que no tenían otros para favorecer el parque público de viviendas: nuevas medidas de rehabilitación, en mejores condiciones, ayudas a la promoción, importantísimas, que en su conjunto pueden sumar cerca del 40 % del coste -suelo aparte- de una vivienda. Estamos dispuestos a aportar esas cantidades para generar ese parque público. Por tanto, tengo que decir que claro que apoyamos el parque público. Uno de los principales ejes de este plan es favorecer que los que tienen las competencias para hacerlo lo ejerzan con ayudas del Gobierno, y también incluso desde el sector privado, cosa que antes no se podía y que ahora se permite, para poder ofrecer, en los términos similares a los que puedan situarse dentro del parque público, una oferta suficientemente atractiva y accesible para la mayoría de la gente.
Ha dicho usted que yo he admitido que existe una burbuja de alquiler. Yo no he dicho ese término, creo recordar, de forma expresa. (Rumores). Tendría que haberlo entrecomillado usted. Yo no lo recuerdo. Lo que sí he mencionado es que existe un incremento de los precios de alquiler -esa es una realidad-, pero también es bueno decir -son datos oficiales, no son datos que me invente yo- que el precio medio mensual del alquiler en España, en este primer trimestre del año, se ha situado en 8,21 euros/metro cuadrado. Este es un incremento anual de los precios del 3,5. Y sigue estando un 18,9 % por debajo del precio máximo de 2007. Es decir, que si estamos hablando en términos de precios, estamos en una situación un 18,9 % inferior a la que teníamos en el año 2007, cuando estaban a 10,12 euros/metro cuadrado. ¿Qué pasa? Pues que en determinados lugares, como los municipios de Madrid y Barcelona, el precio del alquiler se situó en el primer trimestre en 15,79 en el municipio de Barcelona -lo que supone un incremento interanual del 4,2 %- y en el de Madrid en 13,75 euros/metro cuadrado -este es otro dato objetivo, no es un dato que me esté inventando-, lo cual supone un incremento del 7,9 %. Es decir, aquí sí se producen incrementos por encima de los máximos de 2007. Pero, en términos globales -los crecimientos se han producido de manera muy heterogénea-, según los datos del primer trimestre del año 2018, en todas las comunidades autónomas, en su conjunto, están por debajo del 9 % y hay once comunidades autónomas en las que los precios están por debajo de los del 2007. Sucede que hay situaciones en algunos municipios, singularmente en Barcelona, Madrid y en algún municipio de Islas Baleares, donde los precios son sustancialmente mayores y por eso hemos puesto en marcha este conjunto de medidas que desde luego no tienen un carácter electoralista por la simple razón de que no hay elecciones en estos momentos, con lo cual no tiene mucha cabida ahora lo del carácter electoralista. En cualquier caso, comparto bastantes cosas de las que usted ha dicho en relación con la necesidad de seguir trabajando en el campo de la vivienda.
Si me permite el señor presidente, paso a los drones para ir alternando una cosa en positivo y otra de más confrontación, porque en el caso de los drones he de reconocer que me ha sorprendido cierta unanimidad en la aceptación del plan estratégico de drones. Creo que recoge gran parte de las cuestiones que ha planteado el señor Navarro; coincido con los planteamientos incluidos dentro del plan y con algunos que efectivamente se habían formulado anteriormente por parte del portavoz.
Señora Martín, la vivienda para nosotros no es un hecho residual. De hecho, yo estoy aquí en una comparecencia hablando del Plan de vivienda, hemos presentado un Plan de vivienda 2018-2021 y hemos mantenido numerosas reuniones. Hoy le he anunciado a usted nada más y nada menos que un
anteproyecto de ley que se encuentra ya elaborado y sobre el que vamos a trabajar con los diferentes grupos políticos para intentar alcanzar un acuerdo sobre un tema particular muy concreto que es el de esas situaciones de nulidad de planes generales. Se da la circunstancia en muchos de esos casos de que cuando la causa que genera la nulidad del plan es ajena al plan en sí o a un defecto formal de cierta importancia del propio plan, esta puede ser legalizada y, por tanto, recuperar su validez jurídica y, sin embargo, un plan general no; un plan general, cuya tramitación todos los que hemos tenido responsabilidad política sabemos que suele ser larga, vuelve al estado inicial dejando además en una situación complicada todas las licencias y los instrumentos de gestión que se han ido poniendo en marcha. Creo que hay coincidencia y por eso intuyo que este anteproyecto de ley va a salir con un cierto acuerdo, porque en la última reunión de los directores generales de urbanismo que tuvimos recientemente esta era una de las cosas que más demandaban, y también desde el ámbito judicial se considera que es uno de los no vacíos pero sí defectos que en estos momentos tiene la normativa urbanística y que genera situaciones claramente desproporcionadas en relación con los efectos que tienen este tipo de cuestiones. Me he enterado en el día de hoy de que tienen ustedes un chat de portavoces de vivienda, lo cual me fascina. (Risas). Para que usted vea la importancia que se le da a la vivienda que hasta los portavoces de distintos grupos políticos tienen un chat. (La señora Martín González: Lo abrí yo). Dice que lo abrió usted, pero cuando usted lo abrió nosotros participamos activamente.
Parque público. Señora Martín, ¿cómo no vamos a estar nosotros a favor del parque público, cómo no lo vamos a estar? Me dice usted que no le diga lo de las competencias, pero no es que lo diga yo, lo dice la Constitución y lo dicen las leyes; no es una cuestión que quiera decir yo, pero es que la obligación de ejecución de ese parque público corresponde a quien tiene esas competencias, sin perjuicio de que nosotros, que no las tenemos, ayudemos económicamente. Y no ayudamos solo con estas actuaciones, ayudamos con el modelo de financiación autonómica, y por eso las comunidades autónomas tienen 4000 millones de euros más este año, para disponer de recursos para servicios básicos y liberar también recursos para poder acudir a la ejecución de parque público. Efectivamente, los ayuntamientos tienen que acudir a financiarse para llevar a cabo esas promociones. Es natural, porque todos tienen instrumentos o sociedades para la ejecución y acuden a las entidades financieras para conseguir el crédito suficiente. Pero tengo que volver a repetirle que su grupo político en la ejecución de parque público debiera mirar hacia abajo, porque lo que ustedes están haciendo en aquellos lugares en donde tienen responsabilidades de gobierno es cualquier cosa menos fomentar el parque público. Y le vuelvo a dar los datos, permítame que se los dé porque es importante establecer las posiciones: Ayuntamiento de Barcelona prometieron ustedes -no nosotros- 8000 viviendas sociales, 8000 (la señora Martín González: ¡Ay, Dios mío!) luego dijeron que iban a ser 5000. Se conoce que en el momento en que empezaron a gobernar -esto era la campaña- ya se dieron cuenta de que no iban a llegar ni con mucho. Han entregado 451 viviendas, 400 de las 5000; y tienen 85 solares que, si se hubieran puesto manos a la obra a desarrollarlos, habrían conseguido poner en el mercado 4921 viviendas y no lo hacen, y no lo hacen. Y en Madrid -permítame que también se lo diga- se comprometieron a incluir 4200 nuevas viviendas en esta legislatura, y que hasta lo que yo sé -le voy a dar los datos- han empezado a ejecutar 970. Es decir, que en el mejor de los casos, si acabaran todo lo que tienen en ejecución, llegarían a un 25 % de las comprometidas.
Efectivamente, ¿tiene eso que ver con el crecimiento del precio del alquiler en Madrid y Barcelona? No me cabe la menor duda, eso lo dicen todos los expertos; eso lo dicen todos los expertos. El crecimiento del precio del alquiler tiene por supuesto varios factores, uno es -ya lo ha apuntado la señora Zurita- todo lo relacionado con el turismo -las competencias residen al cien al cien-, pero otro tiene que ver con la escasez de oferta, como en cualquier tipo de mercado. Y cuando hay escasez de oferta, como es el caso de Madrid y Barcelona, el precio sube; es una cuestión de sentido común en el mercado libre que apuntan todos los expertos en vivienda, y que desde luego tiene relación con su gestión directa de estos ayuntamientos. Ustedes proponen otro tipo de modelos, pero yo, además de lo que ya le han dicho en relación a los modelos alemanes y a los modelos franceses, le vuelvo a repetir que los tribunales han suspendido la aplicación de las leyes para la regulación de precios en París, y en Berlín se está a la espera también de la resolución por parte del Tribunal Constitucional Federal. Pero en lo que también coincide todo el mundo es en que una limitación en los precios de la vivienda produce inmediatamente una contracción del mercado del alquiler en un 25 % y un efecto rebote de elevación de los precios del 12 %.
Por supuesto nosotros estamos abiertos a seguir planteando iniciativas y reformas, y por eso estamos trabajando en el ministerio en la evaluación de todas las diferentes posibilidades, con cabeza, con sentido común, y presentándolas en el momento en que creemos que tenemos ya la suficiente seguridad jurídica
como para poder abrir una vía por ese camino. Es lo que vamos a hacer a partir de ahora con el anteproyecto de ley que le he anunciado.
Señora Valido, en relación al plan creemos que las medidas son suficientes, pero también es cierto que el plan ya dice que tiene que adaptarse de forma casi permanente a las nuevas realidades que nos vayamos a encontrar a lo largo de estos años. Por supuesto que va a haber una alta participación por parte del sector público, la máxima responsabilidad en la gestión la lleva la Dirección General de Aviación Civil, tendrá también en Enaire uno de sus grandes aliados; y empresas como Correos ya están trabajando en proyectos piloto para ver las posibilidades de utilizarlo en su sector, me refiero a los drones. Hemos comenzado un proyecto piloto en Sotres para el envío de paquetería a zonas de difícil acceso.
En cuanto a los recursos, formando parte ya como pueden ver de este plan, también conviene decir que el Plan de Innovación contiene una inversión cercana a los 70 millones de euros para su aplicación, que proviene de los propios fondos que tienen las diferentes áreas del grupo Fomento.
Señora Rominguera, dice usted que el Plan de Vivienda lo hemos elaborado a espaldas de las comunidades autónomas. Yo le puedo decir que hicimos dos conferencias sectoriales, que hicimos tres procesos de participación pública, que nos pusimos en contacto con todas ellas no una, ni dos, ni tres, sino cuatro y hasta cinco veces con la que menos, y que ha habido un proceso de participación pública que no había existido en ningún otro plan anterior. ¿Qué ocurre? Usted hace referencia a que cuando ya llegamos a la última conferencia sectorial para el reparto de objetivos teníamos un documento en el que había alguna observación incorporada del último proceso de participación, el de audiencia. Claro, es que en algún momento tenemos que cerrar el documento; si estamos permanentemente volviéndolo a llevar, es un sinfín. Hay que poner cierre al documento, pero el 80 % lo hemos aprobado. No se abstuvieron seis, se abstuvieron cuatro, y así figura en las actas. Y, hombre, que en una conferencia sectorial no haya ni un solo voto negativo y se abstengan cuatro no me parece como para que hable usted de rechazo.
No se va a perder de forma efectiva ninguna ayuda, siempre y cuando también las comunidades autónomas trabajen con eficiencia; y yo estoy convencido de que lo harán. Por eso es importante lo que usted dice en cuento a que al final veamos los grados de ejecución. Tenemos los del año pasado, prácticamente todas llegaron al 97 % salvo un caso, el de Andalucía, en el que ustedes solo gastaron el 50 %, dejaron sin ejecutar 29 millones de euros, que hubieran estado bien en manos precisamente de esas personas sin hogar y de esas personas necesitadas para que hubieran tenido un acceso a la vivienda.
En cuanto a la burbuja que usted ha mencionado le hago la misma reflexión en relación con el precio que existe en la actualidad.
Sobre la movilización de viviendas vacías y la relación con las entidades financieras sean ustedes serios; ustedes no hicieron nada con las entidades financieras, no hicieron absolutamente nada. El PSOE nunca puso en marcha ni una sola iniciativa con entidades financieras o con cualquier personalidad jurídica para la puesta a disposición de los colectivos con más necesidades de viviendas. Nosotros pusimos en marcha para empezar el Fondo Social de la Vivienda, y hemos articulado líneas que nos permiten llegar a acuerdos con las entidades financieras, sin perjuicio de que los ayuntamientos lo pueden hacer de una manera particular. Y claro que en el plan general hay iniciativas para las situaciones sin hogar, las situaciones sin recursos, la situaciones en procesos de desahucios: financiando hasta el cien por cien, siempre y cuando los servicios sociales evalúen o certifiquen que están en esa situación, se puede llegar a cubrir durante tres años el gasto total, eso sí, con rentas que no lleguen a los 400 euros.
¿Por qué eliminamos las ayudas a personas mayores? Pues porque entendíamos que esa medida en concreto, y así nos lo trasladaron desde otros ministerios, se solapaba con iniciativas del Ministerio de Sanidad, que ya contempla ayudas de ese tipo de servicios básicos y de prestación de servicios básicos a las personas mayores.
En cuanto a todo lo demás coincido con algunas cosas que aquí se han dicho relacionadas con el parque de viviendas social y con iniciativas que ustedes pusieron en marcha que, en fin, no son de las que desde luego nosotros vamos a incorporar, al menos si uno atiende al éxito que obtuvieron.
Señor Ramos, no soy el ministro pichichi por el hecho de presentar planes que usted llama propios. Son propios en la medida en que nosotros dijimos que los íbamos a poner en marcha -y creo que en esto estamos siendo muy transparentes- al comienzo de la legislatura, pero no lo son en la medida en que los compartimos con ustedes, les damos participación y no los aprobamos hasta que ustedes han hecho todas las sugerencias y nosotros podemos incorporarlas. Otra cosa distinta es que yo sea más de la planificación, en eso coincido con usted, y a usted quizá le guste más la improvisación. Pero en un día
como hoy, el Día del Libro, hay que recordar lo que decía Shakespeare, y es que las improvisaciones son mejores cuando se preparan.
En cuanto a los objetivos de los indicadores creo que tiene razón. Además de los indicadores hay que poner unos objetivos, y por tanto una de las encomiendas que tenemos que hacer dentro del seguimiento del plan será ir marcando esos objetivos, y viendo en qué medida vamos cumpliéndolos.
Finalmente, en relación con el Grupo Popular, agradezco las observaciones que la señora Zurita y también el señor García han realizado, bastante acertadas desde mi punto de vista y ecuánimes, salvo lo del balón de oro que me ha parecido también un pequeño exceso de un compañero y amigo de bancada. En cualquier caso, muchas gracias por esas aportaciones y también por el apoyo recibido. (Aplausos).
Abrimos un brevísimo turno de cinco minutos máximo para aclaraciones si algún grupo desea hacerlas.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Nos damos por informados.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Primero le voy a hablar a la señora Zurita, porque me ha dedicado tanta atención que voy a corresponderla. Solo le ha faltado hablar de Venezuela, con ese relato que ha hecho de que queremos expropiar y que esto va a ser el caos. El caos son ustedes. Miren cómo estamos y miren de lo que venimos, porque también son responsables de eso. Parece que no se dan cuenta de que yo no les hablo de Venezuela -con todo el respeto, porque yo desconozco las políticas de vivienda de ese país-, sino de Europa y los países más cercanos, países que son modelos para ustedes en muchas cosas, pero resulta que para las políticas de vivienda no lo son. Países como Austria o Alemania llevan cien años haciendo política pública de vivienda potentísima, con parques de alquiler que ya los querríamos aquí, ¿y resulta que eso es el caos? ¡Un poco de humildad y un poco de seriedad! Cuando hablan de que en Berlín, en París o en Munich -apúntense Munich- no funciona nada lo que yo hablo, cuéntelo todo, aparte de lo del chat, cuente que yo fui a reunirme con legisladores de Berlín y les invite a venir en ese chat. Lastimosamente nadie me pudo acompañar. Hablé con legisladores de Berlín y lo que dijeron fue que si no tuvieran una medida que les permitiera contener los precios -Berlín es una ciudad global con muchísima presión turística y con mucha rentabilidad en compra o alquiler-, si no tuvieran las herramientas que tienen hoy, aparte de un presupuesto casi cincuenta veces más alto que el que tenemos nosotros para vivienda, elementos que les permiten contener los precios y un parque público que ya quisiéramos, no sabrían ni cómo estarían, no se lo pueden imaginar. Cuando yo les explicaba que el argumento que tenía aquí el Partido del Gobierno para recortar los contratos de cinco a tres años era que eso va a fomentar el alquiler, no les entraba en la cabeza. Legisladores y promotores de vivienda no lo comprenden y no entienden cómo alguien pueda argumentar eso. Y cualquiera que sepa mínimamente de política de vivienda, no de especulación inmobiliaria, sino de política de vivienda y de proteger el derecho a la vivienda no lo entiende.
Está claro que no hay soluciones mágicas y no hay una única receta. Me ha parecido que usted intentaba ridiculizar nuestras propuestas en su intervención, y yo creo que estamos diciendo cosas de bastante sentido común como aumentar el presupuesto público de vivienda que se ha recortado -el ministro ya puede inventarse lo que quiera, pobre hombre- el 60 % desde 2011, y eso también lo sabe cualquiera que se vaya a la página web del Ministerio de Fomento y se descargue los presupuestos desde 2011 hasta hoy simplemente. No hay que hacer nada más, es sencillo comparar las cifras totales e ir haciendo el porcentaje. Es un cálculo fácil.
Nosotros proponemos soluciones complejas como un incremento del presupuesto en vivienda y aumentar el parque público. ¿Cómo? Poniendo más dinero y yendo a buscar ese dinero a otros lugares. Evidentemente no a inversores que pretenden especular, sino a inversores a nivel europeo que están dispuestos a poner su dinero a largo plazo y esperar a unas rentabilidades razonables y no especulativas, como las que, por ejemplo, sí que buscan las Socimi. Y una de esas herramientas que nosotros proponemos para solucionar el problema de los alquileres, que más o menos empiezan a reconocerlo, y que tiene delito ya, es efectivamente una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Con el objetivo de expropiar a todo el mundo y de contraer la oferta? No. Básicamente proponemos volver a los contratos
de cinco años. En el caso de las personas jurídicas que esos cinco años si la persona inquilina ha cumplido con sus obligaciones de pago, de cuidar el piso, esa prórroga sea automática y pueda quedarse diez, como es el caso de los vecinos de Argumosa. ¿Le parece a usted normal que se incrementen los precios un 200 % de un día para otro en los nuevos contratos? ¿Y la solución a eso es dar más ayudas a esa gente para que pueda pagar esos incrementos del 200 % o estamos dispuestos a cambiar la legislación para que no se puedan reducir esos incrementos del 200 %? ¿O vamos a seguir dando ayudas que están pagadas con el dinero de todos para seguir financiando esos incrementos brutales? Lo que proponemos es poder contener las rentas, darnos esa herramienta que quizá no es necesaria en todas las ciudades del Estado, pero es una herramienta de la que podríamos disponer para que, con criterios claros, en zonas delimitadas y durante un tiempo determinado, se puedan contener las rentas. ¿Para que nadie saque un beneficio de alquilar? No, evidentemente no. Si no hay una rentabilidad, ¿quién va a poner sus pisos en alquiler? Nadie. Ahora, hablemos de rentabilidades razonables y no especulativas. ¿Eso les parece una locura? Claro, luego ustedes empiezan a hablar de que eso va a contraer la oferta, porque lo que necesitamos es aumentar la oferta, porque la oferta baja los precios. ¿Alguien ha aprendido algo de lo que ha pasado en este país durante los años de la burbuja?
Entre 2004 y 2006 produjimos en este país más viviendas que en toda Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Había una oferta que no se podían imaginar y los precios no paraban de subir. Por eso la vivienda es un mercado especulativo. La vivienda no es un producto como unas anchoas. Si la expectativa de rentabilidad es alta, si la oferta es de este tipo, no pública, va a subir de precio. Venimos de una burbuja inmobiliaria con las hipotecas y ustedes están repitiendo el mismo discurso. Ana Pastor cuando aprobó su reforma de la LAU en 2013 en el Pleno dijo: Esta reforma va a permitir que se amplíe la oferta y por tanto van a bajar los precios. ¿Cómo estamos hoy? No funciona así. Además el ministro utiliza varias veces este argumento de: todo el mundo dice. Pues le voy a decir que todo el mundo dice que la vivienda nunca baja del precio y todo el mundo dice que alquilar es tirar el dinero. ¿Le suena? ¡Es que venimos de ahí y repiten lo mismo! ¡Repiten lo mismo!
De los argumentos de barra de bar, que parece que el ministro se ha olvidado de que es un ministro y que está en el bar, de que los precios suben en las ciudades donde gobiernan, ya no comento.
Sobre París y Berlín, lo que pasa en París no es que se cuestione la media de contención de rentas, sino que lo que se cuestiona es si solo se debe aplicar en unas áreas y no en todas, si la constitucionalidad está en cuestión por si se vulnera el principio de igualdad, pero no se cuestiona el principio de fondo que es contener las rentas. Usted sabe eso, pero no lo dice. ¡Pues ya lo sabe todo el mundo!
Hablando de Barcelona, y acabo ya, al final del mandato más de 5000 viviendas de nueva adquisición con distintas herramientas, las pocas que tiene un ayuntamiento. En cuanto a los solares revise sus datos porque son mentira. Revíselos.
Un poco de respeto para aquellas administraciones que no tienen herramientas legislativas potentes como las que en cambio sí tiene su Gobierno: Ley de Enjuiciamiento Civil, desahucios, Ley Hipotecaria, Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley del Suelo, fiscalidad y desgravaciones fiscales en la compra y en los alquileres. El programa de alquileres se lo cargaron ustedes en 2015. La gente que está alquilando no puede tener ya desgravaciones fiscales desde 2015. Todo eso es competencia del Gobierno. Por tanto un poco de respeto a las administraciones locales que sin herramientas legislativas y con una financiación ínfima, ahogadas por su ministro de Hacienda, hacen más de lo que ustedes han hecho nunca. ¡Ya me gustaría a mí que su Gobierno hiciera la mitad!
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Voy a procurar ser más breve.
Quería empezar también dirigiéndome a la señora Zurita. Los jóvenes demandan ayudas similares a las de la renta básica de emancipación. Lo pueden llamar como quieran, pero no deben justificar su ausencia con esos empleos precarios y escasos que ofrecen.
Al señor ministro quiero decirle que, contestando a Ciudadanos, hablaba de no contemplar nuevas ayudas a la subsidiación, pero acatar el acuerdo de esta Cámara, que es lo que le pedimos, y recuperar las prórrogas de subsidiación que fueron suprimidas sí que debiera ser posible. Hablamos de las prórrogas. Si, según usted, ello no tiene cabida en el plan, debiera haberse contemplado en los Presupuestos Generales.
Luego también nos reprocha lo que el Gobierno socialista no hizo. Lo que no hizo el Gobierno socialista háganlo ustedes. No se trata de ver quién no hizo y yo hago menos todavía. No, se trata de hacer más, que para eso están en el Gobierno.
Dicen que están dispuestos a presentar y a estudiar iniciativas y reformas. Pues yo le pido que apoyen nuestra proposición de ley. Y a la señora Zurita le digo que está publicada desde el 15 marzo. Me hablaba de su contenido y decía que no quería que aparecieran determinadas cuestiones. Su contenido se puede comprobar porque está publicada.
Con respecto a los mayores, dada la precariedad de las pensiones, cualquier ayuda es poca. Si en sanidad ya existen unas ayudas, ustedes pueden acordar otras, porque seguro que alguna se podría llevar a cabo.
Y en relación con lo que ha planteado mi compañero, queríamos saber si va a comparecer para dar cuenta de la ejecución presupuestaria de infraestructuras, a la que él se ha referido, que mañana vamos a registrar.
Una vez más le agradezco su comparecencia. Gracias.
Señora Zurita.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, señor presidente.
Quiero contestar a doña Lucía y pedirle disculpas. En ningún momento mi intención ha sido ridiculizar su discurso, en absoluto. Lo que me gustaría -lo sabe- es que alguna vez pudiéramos alcanzar consensos, acuerdos, pero es que es absolutamente imposible. Usted nunca se detiene a analizar lo que hacemos ni lo que estamos debatiendo en esta Comisión: el Plan de Vivienda. No analizamos los programas del Plan de Vivienda, sino otras cosas. Estamos analizando situaciones sociales que tienen que ver con el Plan de Vivienda, pero que no son directamente el plan. Usted habla de un presupuesto escaso, pero, ¿presupuesto escaso para qué? Siempre dice que tiene que ser un tanto por ciento del PIB. Un tanto por ciento del PIB, pero, ¿destinado a qué? Nosotros hemos sido suficientemente claros: 1443 millones de euros destinados a alquiler y a rehabilitación, y me gustaría que usted presentara su propuesta. El otro día nos reunimos precisamente con esa sociedad de inquilinos, que parece que comulgan con su filosofía, porque los criterios son idénticos. ¿Y qué piden? ¿Tiene algo que ver con el Plan de Vivienda? No. Y usted acaba de hablar de Venezuela. No son Venezuela, pero vamos... (La señora Martín González, doña Lucía: ¡Pero sí!). Habría que oírlos por las medidas que piden, aparte de la reforma de la LAU, que sí ha incrementado el número de viviendas en alquiler. Ahora estamos en un 22,8 % desde que se reformó la LAU en 2013, pero es que piden la reforma de la LAU, el fin de beneficios fiscales para las Socimi, que se eliminen las comisiones de los intermediarios inmobiliarios por ley y que se expropie a tenedores de vivienda, considerando tenedores de vivienda personas físicas que tengan más de cinco viviendas. Eso no es Venezuela, pero más Venezuela es el correo que mandaron diciendo que si no les contestábamos sí o no, nuestra posición específica con respecto a esas demandas, iban a publicar en los medios y en las redes que el Partido Popular no se pronunciaba. No es Venezuela, pero dígame usted qué es.
Sin ánimo de ridiculizar, me gustaría -nos gustaría a todos como partido-, que llegásemos a un consenso, porque es lo que prima en esta legislatura, que todos nos pongamos de acuerdo para las cosas fundamentales. Y quisiera que usted hablara del Plan de Vivienda, que nunca lo hace. Habla de un presupuesto equis, que siempre tiene que ser superior a lo que está sobre la mesa, y de medidas que nada tienen que ver con el Plan de Vivienda.
Voy a intervenir muy rápidamente. Señora Martín, me ha parecido entender que yo he ridiculizado sus propuestas y nada más lejos de la realidad. La he tratado con el máximo respeto y en ningún momento he dicho que usted se invente nada ni la he llamado pobre mujer ni he dicho que parece que está usted en un bar. Usted hace sus propuestas y las defiende, algo que es razonable, y yo puedo compartir algunas y puedo compartir o no otras de las cosas que dice. No comparto que le parezca mejor la situación del mercado del alquiler en París que en Madrid, por una sencilla razón, porque es exactamente el doble.
Según datos oficiales, en estos momentos un ciudadano de París paga 29 euros por metro cuadrado. Eso es exactamente el doble de lo que paga un madrileño en Madrid. (La señora Martín González, doña Lucía: ¿Y cuánto gana?). Dice usted que tengo que coger ese precio del alquiler y yo le pregunto dónde está el beneficio. (La señora Martín González, doña Lucía: ¿Cuánto gana?). No me extraña que no hayan querido acompañarla en esa invitación que ha formulado, porque, claro, ¿dónde vamos con estos precios? Es absurda la manera en que entiende de mejorar esto.
Las medidas que se han tomado en materia de alquiler han conseguido subir el régimen de tenencia hasta un 22 %. Luego si han subido 2 puntos desde el año 2012 es que habrán sido útiles algunas de las medidas contempladas. Nosotros defendemos que se pueden seguir tomando medidas y estamos abiertos a seguir tomándolas. De hecho, vamos a seguir planteando medidas. Hoy hemos planteado una que incide en la seguridad jurídica, y por tanto en la venta y en el alquiler. En la venta y en el alquiler, porque yo conozco casos en los que los problemas de nulidad de planes lo que han provocado ha sido que licencias de promociones de vivienda pública no se hayan podido otorgar. ¿Cómo no va a tener incidencia? Claro que tiene incidencia. Es una medida necesaria en estos momentos la que hemos planteado hoy en el Congreso y vamos a plantear más. Cuando lo hagamos contactaremos con usted para intentar acercar posturas en algunas de ellas, porque seguro -estoy convencido- que podremos entendernos. No es tan difícil.
Señora Rominguera, no le he entendido muy bien lo de la prórroga. Una cosa es que se prorrogue el plan anterior y otra es que este tenga efecto retroactivo de 1 de enero, con lo cual no hay problema en cuanto a otorgar esos fondos. He mencionado que el Partido Socialista no hizo eso porque nosotros lo hicimos a través del Fondo Social que se firmó con las entidades financieras. Yo firmé ese fondo. Por entonces era presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y fui uno de los firmantes del Fondo Social. Por tanto, no solo tengo respeto, señora Martín, a las corporaciones locales, sino que creo que son administraciones absolutamente imprescindibles en la atención de las necesidades de los ciudadanos. En todo lo que sea defender a las entidades locales me va a tener usted a su lado; otra cosa es que yo plasme datos objetivos que marcan una realidad y no lo digo yo, sino cualquier experto en vivienda. Cuando hay menos oferta en el mercado del alquiler los precios claramente pueden aumentar y no tiene nada que ver con el escenario que usted planteaba.
En cuanto a las ayudas de mayores vuelvo a repetir que lo que hemos hecho ha sido eliminar un conjunto de ayudas que ya se podían otorgar por otras vías, pero hemos mantenido el Programa de Servicios y Rehabilitación de Espacios Comunes, que es interesante para las personas mayores.
Y por lo que se refiere a la comparecencia sobre ejecuciones de presupuestos es algo que hacemos de manera habitual. Todos los días comparecemos para hablar de los presupuestos que estamos poniendo en marcha, cómo la hacemos y cómo no. Hoy por la mañana lo he hecho en Murcia, donde he explicado todas las partidas que estamos poniendo en marcha y lo que vamos invirtiendo. En Extremadura lo he hecho en muchas ocasiones y no tengo ningún problema en seguir haciéndolo, porque es un ejercicio razonable para la actividad pública. Esperaremos a poder incluir alguna otra cuestión dentro de la comparecencia, si les parece, para poder concentrar las cuestiones que tenemos en marcha, que algunas importantes tenemos, también en cuanto a planificación, señor Ramos. Por ejemplo, la Agenda Urbana Española, que está ya muy cerca de ver la luz, o el Plan de lucha contra el cambio climático de las infraestructuras y el transporte, que espero que muy pronto también sea una realidad para aportación de los grupos políticos.

References: Real Decreto 
 real decreto 
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e contrario
 resolución