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Timestamp: 2020-05-25 10:44:22+00:00

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Sustitución de la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente en Andalucía debido a la crisis del COVID-19 - El Derecho Local
Sustitución de la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente en Andalucía debido a la crisis del COVID-19
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.
BOJA 72/2020 de 16 de Abril de 2020
Con esta Resolución se sustituye la fiscalización previa de los gastos y obligaciones de carácter presupuestario que se relacionan en su anexo por el control financiero permanente, afectando a a todas las fases de los expedientes de gasto, y siendo de aplicación a la totalidad de propuestas de documentos contables que se generen por los órganos gestores a partir del 4 de abril, con independencia de la fecha en que se iniciaran los distintos expedientes.nuevas entregas y habida cuenta de que las cantidades a recepcionar son mayores que las correspondientes al primer reparto, es necesario proceder a dictar una resolución complementaria de la del 2 de abril, mediante la que se revisan los criterios de asignación a los distintos destinatarios de las mismas. nuevas entregas y habida cuenta de que las cantidades a recepcionar son mayores que las correspondientes al primer reparto, es necesario proceder a dictar una resolución complementaria de la del 2 de abril, mediante la que se revisan los criterios de asignación a los distintos destinatarios de las mismas.
La Intervención General de la Junta de Andalucía debe dictar una instrucción en la que se regule el alcance del control, los plazos de tramitación y el modelo de informe a emitir.
Esta Resolución mantiene sus efectos mientras continúe la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno de la gestión económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía como consecuencia del COVID-19, establece en su apartado primero que hasta la finalización del estado de alarma, sus posibles prórrogas y de las excepcionales circunstancias que impidan el restablecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos, podrá aplicarse el régimen de control financiero permanente en sustitución de la fiscalización previa, respecto al ámbito previsto en los artículos 93.2 y 94.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en aquellos órganos, servicios y expedientes de gasto, que se determinen por la persona titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como superior órgano de control interno del sector público de la Junta de Andalucía.
En virtud de la citada habilitación atribuida por el Consejo de Gobierno y a instancia de las intervenciones delegadas y provinciales consultadas al efecto, esta Intevención General ha dictado la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.
Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a la Resolución de 4 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.
Sevilla, 7 de abril de 2020.- La Interventora General, Amelia Martínez Sánchez.
Los gastos que se incluyen en el Anexo a la presente Resolución, sometidos actualmente al régimen de fiscalización previa, suponen la tramitación de una considerable cantidad de documentación física que no siempre puede ser digitalizada por los órganos gestores, lo que unido a las dificultades añadidas por el régimen de teletrabajo, no disponible para todo el personal de las Intervenciones afectadas, hacen que resulte más adecuada la modalidad del control financiero permanente, que podrá llevarse a cabo cuando se restablezca el normal funcionamiento de las distintas Intervenciones.
Mención especial merecen los contratos de emergencia contemplados en el artículo 9.1 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), modificado por el apartado uno del artículo único del Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo. Se trata de los contratos que se celebren para la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y consorcios adscritos para hacer frente al COVID-19, cuya agilización en los procedimientos resulta fundamental.
Asimismo, en el caso de determinadas subvenciones y ayudas incluidas en el Anexo, el control financiero permanente permitiría una mayor agilización en la concesión y pago de las mismas, lo que resulta de gran importancia debido a las actuales circunstancias producidas por efecto del COVID-19.
Por otra parte, la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, dispone, respecto a la comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda, quedando esta condicionada al cumplimiento de los mismos. Lo anterior conlleva que sea más adecuado realizar un control posterior de estas ayudas, cuando los requisitos deban ser objeto de verificación.
Por tanto, de acuerdo a las consideraciones anteriores y con base en la citada habilitación atribuida por el Consejo de Gobierno en el apartado segundo del Acuerdo de 26 de marzo de 2020, esta Intervención General, a instancia de las Intervenciones Delegadas y Provinciales consultadas al efecto,
Actuaciones de control financiero permanente.
El control financiero permanente al que quedan sometidos los gastos, órganos y servicios incluidos en el anexo será realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, a través de las Intervenciones designadas al efecto, a través de auditorías de cumplimiento de la legalidad económico-presupuestaria y contable, plasmándose el resultado en la emisión de informes.
En virtud de lo establecido en el artículo 94.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las condiciones en las que se realizará el control financiero permanente serán establecidas mediante Instrucción de esta Intervención General, pudiendo referirse a la totalidad o una muestra de los expedientes afectados. En dicha Instrucción se regulará el alcance del control, los plazos de tramitación y el modelo de informe a emitir.
La presente resolución será de aplicación desde la fecha de su firma, manteniendo sus efectos mientras continúe la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, momento en el que mediante resolución de esta Intervención General, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se restablecerá la aplicación de la fiscalización previa de los gastos, órganos y servicios incluidos en el anexo de esta resolución.
Sevilla, 4 de abril de 2020.- La Interventora General, Amelia Martínez Sánchez.

References: Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 9
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 artículo 94
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