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Timestamp: 2019-10-17 21:12:08+00:00

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Rusia anuncia que "retira" su firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional - Diritti GlobaliDiritti Globali | il sito di SocietàINformazione Onlus e del Rapporto sui diritti globali
El pasado 16 de noviembre Rusia anunció el “retiro” de su firma del Estatuto de Roma
Nicolas Boeglin * • 30/11/2016 • Global Rights • 724 Viste
Sobre el significado y el alcance de la accesión de Palestina a este tratado, en respuesta a una maniobra de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad en los últimos días del 2014 (Nota 1), remitimos al lector a nuestro breve análisis publicado en la Revista Pensamiento Penal (Argentina). Cabe recordar lo leído en un cable confidencial por parte de un alto funcionario israelí conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: nos referimos al Coronel Liron Libman, Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel. Durante una conversación con sus homólogos norteamericanbos hecha pública por Wikilealks (ver cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv) se lee lo siguiente: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. Esta aseveración recuerda de igual manera una extraña propuesta hecha a Palestina por parte de la diplomacia británica horas antes la votación del 29 de noviembre del 2012 en la Asamblea General de Naciones Unidas, dada a conocer por un medio usualmente bien informado como el Washington Post (ver nota) : “The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied”. Este trato tan peculiar relativo al Estatuto de Roma viene a confirmar declaraciones (esta vez públicas) hechas por la actual representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas en Nueva York, Samantha Power. En un artículo titulado: “US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power”, la embajadora de Estados Unidos declaró: “The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic).
Es de indicar que Francia, al parecer un tanto preocupada por hechos en los que podrían estar involucrados integrantes de su personal militar, procedió a similar declaración al ratificar dicho instrumento: no obstante, en el 2008 la retiró, sin que se entendiera bien su propósito inicial (Nota 2). En noviembre del 2015, los Estados Partes al Estatuto de Roma optaron por eliminar el Artículo 124: al respecto remitimos al lector al texto de la enmienda notificada en enero del 2016 y al documento de trabajo (en particular el “Non paper”, en Anexo 1, pp.5-7) justificando la necesidad de retirar esta cuestionable – y cuestionada – cláusula.
En las conclusiones de un reciente artículo de Magdalena M. Martín sobre el apoyo de América Latina a la justicia penal internacional, se puede leer que: “El apoyo incondicional se debilita a medida que la CPI amplía sus miras más allá de los confines del continente africano, sobre todo a raíz de los exámenes preliminares abiertos por la Fiscalía sobre la situación en Colombia y en Honduras, prueba inequívoca de que la CPI tiene la firme voluntad de ejercer, conforme a su jurisdicción complementaria, un papel de garante último de la lucha contra la impunidad en la región” (p. 377). Sobre un análisis pormenorizado de la CPI desde una perspectiva latinoamericana, remitimos a esta publicación del 2012 editada en Costa Rica por la Universidad para la Paz (UPaz) (texto de sus 420 páginas disponible aquí).
La contribución a esta última obra de Bruno Stagno Ugarte, ex canciller de Costa Rica (2006-1010) analiza el tipo de presiones recibidas por parte de Estados Unidos cuando Costa Rica (a diferencia de los demás Estados centroamericanos y unos cuanto más en América Latina) optó por mantenerse fiel a los principios del Estatuto de Roma (ver artículo). Concluye el autor precisando que: “los gobiernos de los Presidentes Pacheco de la Espriella y Arias Sánchez terminaron defendiendo la integridad del Estatuto de Roma a pesar de las presiones y recortes de cooperación bilateral. Este es un resultado notable, dado que diferencia a Costa Rica de los otros 104 países que suscribieron acuerdos que atentaron contra la integridad del Estatuto de Roma antes de asumir el Presidente Obama“.
Desde el punto de vista jurídico, el “retiro” de una firma de un tratado internacional es una figura desconocida en el derecho internacional público. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados adoptada en 1969 refiere a la figura de la denuncia, en caso de un Estado Parte que haya firmado y luego ratificado un tratado y que desee, por alguna razón, denunciarlo. La firma como tal no fue objeto de ninguna disposición en cuanto a un eventual “retiro” de la misma, y no se consideró en 1969 necesario considerar esta posibilidad. Los únicos precedentes conocidos en la práctica convencional internacional refieren al mismo Estatuto de Roma: se trata del denominado “retiro” de la firma al Estatuto de Roma por parte de Estados Unidos seguido luego por el de Israel en el 2002; y por parte de Sudán en el 2008. Cabe recordar que el Departamento de Estado norteamericano en esos años se caracterizó por ser especialmente innovador. En un artículo que tuvimos la oportunidad de publicar en el 2012 en el Boletín Perspectivas de la Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional -SLADI- (ver texto), indicábamos que:
Incluso, en un reciente artículo de Sergey Sayapin sobre el retiro de la firma por parte de Rusia y sus consecuencias jurídicas (ver artículo publicado en el sitio de EJIL-Talk), el autor refiere a la motivación de Estados Unidos en el 2002, citando a uno de sus responsables. Para este estudioso del derecho internacional en Kazajistán, se puede inferir que Rusia busca exactamente el mismo objetivo: “It frees us from some of the obligations that are incurred by signature. When you sign you have an obligation not to take actions that would defeat the object or purpose of the treaty […] “Indeed, this statement by Mr Pierre-Richard Prosper is crucial, because it points to an important legal obligation that both the United States and the Russian Federation were under, before they withdrew their respective signatures from the ICC Statute. It is true that after a State withdraws its signature, it is henceforth free from any obligation under the treaty“.
Esta comparación entre las motivaciones norteamericanas del 2002 y las rusas del 2016 es muy discutible, en la medida en que Estados Unidos declaró una verdadera ofensiva diplomática contra la CPI a partir de abril del 2002, y entre otras cosas, logró mediante presiones políticas y económicas indebidas, la firma de más de 100 Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (ABI) en aras de garantizar que sus nacionales no pudieran ser enviados a La Haya en caso de ser requeridos por la justicia penal internacional. Sobre los alcances de los denominados “ABI” en América Latina y el Caribe remitimos a este estudio de Clare M. Ribando del 2006. Notemos que muchos Estados Partes al Estatuto de Roma suscribieron estos acuerdos denominados de forma eufemística “acuerdos sobre el Artículo 98” por parte del Departamento de Estado, contraviniendo las obligaciones que derivan del mismo Estatuto de Roma (Nota 3). Varios de ellos lo suscribieron pero no llegaron nunca a ratificarlo como tal. Con relación a los “métodos de persuasión” utilizados por Estados Unidos, remitimos al análisis de Carlos Viguria (páginas 11 y subsiguientes). Es de notar que el primer ABI fue suscrito con Israel el 4 de agosto del 2002 (ver texto completo).
Haciendo a un lado especulaciones sobre las actuales motivaciones de Rusia, resulta oportuno precisar que en su comunicado sobre el retiro de su firma, Rusia indica que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en 1969 sí prevé consecuencias jurídicas: “The decision of the Russian Federation not to become a party to the Rome Statute (to withdraw its signature from the Statute) entails legal consequences provided for by the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969“. Hemos cotejado cuidadosamente la versión en ruso con la versión en español, en inglés y en francésde la misma Convención, sin encontrar en la primera ninguna disposición sobre las consecuencias que acarrea el retiro de una firma, como lo sostiene Rusia al referir a la expresión “provided for by the Vienna Convention“. A este respecto, hacemos un llamado a nuestros estimables lectores para dilucidar el punto de saber si algún verbo usado en la versión en ruso tiene un alcance distinto a los verbos usados en las versiones en español, en inglés y en francés del texto.
“The ICC Prosecutor did not allege in her decision to intervene that the Government of Burundi breached its treaty obligations by failing to investigate or prosecute the perpetrators of crimes within the ICC’s jurisdiction over the territory of Burundi. Thus, the ICC Prosecutor violated the sacrosanct principle of complementarity enshrined in the Rome Treaty, regarding collaboration and complementarity with the State concerned. The Government of Burundi believes that the decision of the Prosecutor of the ICC to intervene in the ongoing political conflict in Burundi, the pressure of the powers that finance its operation in this case, the European Union, by initiating a preliminary examination while she had assurances and information establishing that Burundi was in the process of fulfilling its obligations as provided in the Rome Statute constitutes a serious and flagrant violation of the sovereignty and national security of Burundi“.
Cabe recordar que el 31 de enero del 2016, la misma Unión Africanahabía adoptado una resolución que respaldaba algunas de las preocupaciones de varios Estados africanos con respecto al accionar de la Fiscalía de la CPI, en la que se leía que: “The Open-ended Ministerial Committee will review the ICC’s interpretation of its power pursuant to Article 93 of the Rome Statute that allows the latter to oblige State Parties to forcibly compel unwilling witnesses to testify before the ICC, with a view to rejecting witness compulsion in toto and inform the ICC and the next ASP accordingly” (ver texto de la resolución titulada Decision on the International Criminal Court Doc. EX.CL/952(XXVIII), página 10).
“En este sentido, la Fiscalía de la CPI por lo que se refiere al análisis de las comunicaciones o exámenes preliminares, ha dado preferencia a las situaciones de países de la región africano respecto de aquellas de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Colombia está bajo examen preliminar desde 2004 y en dicho país se han cometido una gran cantidad de crímenes de lesa humanidad, así como también crímenes de guerra a partir de 2009, fecha en que feneció el privilegio al que se acogió dicho país para que esa categoría de crímenes no se investigara por los primeros siete años contados a partir de la entrada en vigor del Estatuto, situación reconocida por la propia Fiscal. En contraste, los dos casos africanos mencionados, fueron atendidos al poco tiempo de haber sucedido los hechos y la Fiscalía solicitó autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para investigar” (p.32).
Independientemente del tiempo que se tome Rusia para hacer efectivo su anuncio, no cabe duda que este 2016 ha significado para la CPI un año dificil, que inició con el desafío lanzado por la Unión Africana en enero, y prosigue con la denuncia del Estatuto de Roma por parte de varios Estados africanos. En medio del álgido debate que se ha dado en algunos círculos políticos en África durante este año, es de notar que el pasado 18 de noviembre, el Presidente de Sudáfrica visitó personalmente la sede de la CPI en La Haya (ver comunicado de prensa oficial de la CPI), mientras que el Presidente de Filipinas hizo ver que se une al malestar de algunos de sus colegas africanos (ver nota de prensa). Adicionalmente, la supresión hecha efectiva en el 2016 de la cláusula “opt-out” prevista en el Artículo 124 podría alejar un poco más a los Estados que, a la fecha, han mantenido una prudente distancia con la CPI.
En el caso de Francia, un prudente “entretien téléphonique” (ver comunicado) del 17 de noviembre entre los jefes de la diplomacia francesa y rusa no refiere al tema de la CPI entre los temas abordados.
Salvo error de nuestra parte, no se registran comunicados oficiales similares al de España relativos a la decisión de Rusia, y que hayan sido redactados en la lengua de Cervantes. No cabe duda que sería de cierto interés conocer cuál fue la reacción exacta de España al retiro de la firma de Estados Unidos primero, de Israel luego, acaecidos ambos en el 2002; así como la reacción de la UE en el 2002. De existir, la comparación de ambos textos con los comunicados de prensa circulados en estos últimos días arrojaría posiblemente interesantes bemoles y matices. De no existir, nos lleva a interpelar a sus autores sobre las razones que podrían explicar su repentino interés por el alcance del “retiro” de una firma a un tratado internacional.
Nota 1: La ratificación por parte de Palestina anunciada en enero del 2015 a la Secretaría de la CPI responde a una maniobra de Estados Unidos para evitar, por enésima vez, que el Consejo de Seguridad se pronunciara sobre la situación imperante en Gaza y en Cisjordania. Sobre este particular voto que tuvo lugar en Nueva York a finales del 2014, remitimos al lector a nuestra nota publicada por el CEMOAN (Universidad Nacional), enero del 2015, titulada, “El resultado del voto sobre Palestina en el Consejo de Seguridad: balance y perspectivas“.
Nota 2: Una coalición de ONG francesas obtuvo la siguiente respuesta sobre las motivaciones de Francia sobre este punto: “La position de la France a été clairement exprimée par M. Jacques CHIRAC, Président de la République française, dans un courrier daté du 15 février 1999 à la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale : “En réponse à votre interrogation relative à l’article 124, je vous confirme que la France déclinera pour une période transitoire la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. En effet, la définition des crimes de guerre au sens du Statut est distincte de celles des crimes contre l’humanité ou du génocide en ce sens qu’elle peut recouvrir des actes isolés. Des plaintes sans fondement et teintées d’arrière-pensées politiques pourraient donc plus aisément être dirigées contre les personnels de pays qui, comme le nôtre, sont engagés sur des théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. L’expérience permettra de vérifier l’efficacité des garanties intégrées au Statut afin d’éviter de tels dysfonctionnements” (ver texto completo).
Nota 3: Según se lee en un detallado análisis realizado por Christian Sommer (Argentina), “Es así, que para quienes denuncian la validez de los ABI, todo argumento que pretenda esgrimir que los acuerdos de inmunidad estadounidenses son consecuentes con lo dispuesto en el artículo 98.2 del Estatuto de Roma, incumple el requisito básico mínimo de una interpretación de buena fe. Tal interpretación contradice frontalmente lo que los Estados pretendían en Roma y, por consiguiente, el principio preponderante en la interpretación de los tratados conforme al derecho internacional” (p. 13)
* Nicolas Boeglin es professore di diritto internazionale pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Costa Rica (UCR)
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8/9/2019 • 120 Viste
« Polizia violenta a Standing Rock, arrivano i marines nativi Salvatore Palidda. Il dominio liberista, i dominati e la resistenza necessaria »

References: Artículo 124
 Artículo 98
 resolución 
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