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⭐Boletín N 1558 Agosto de 2010 CONTENIDO
Boletín N 1558 Agosto de 2010 CONTENIDO
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Lorenzo Contreras Vega
1 CONTENIDO 1. INDICE 2. NOTA EDITORIAL 3. MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTIVOS DEL BOLETÍN 4. ACTIVIDADES DEL COLEGIO 5. RESEÑAS DE JURISPRUDENCIA COMERCIAL 6. DOCTRINAS DE AUTORIDAD 7. NOTA INTERNACIONAL2 INDICE Entidad emisora: Corte Constitucional Referencia y fecha: C-228 Expediente. D 7865 del 24 de marzo de 2010 Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Norma acusada: Artículos 9, 11, 12, 13, 22 y 25 parcial de la ley 1340 de 2009 Decisión: Declara exequible. Entidad emisora: Corte Constitucional Referencia y fecha: Sentencia C- 433 del 2 de Junio de 2010 Magistrado o Ponente: Dr. Humberto Sierra Porto. Norma acusada: Artículo 86 de la Ley 1328 de Decisión: Estarse a Lo Resuelto en sentencia C-432 de 2010, Declarar Exequible el artículo 86 de la Ley 1328 de 2009, por los cargos analizados en la presente sentencia Entidad emisora: Corte Constitucional Referencia y fecha: Sentencia C- 432 del 2 de Junio de 2010 Magistrado o Ponente: Dr. Humberto Sierra Porto. Norma acusada: Artículo 86 de la Ley 1328 de Decisión: Declarar Exequible el artículo 86 de la Ley 1328 de Entidad emisora: Corte Constitucional. Referencia y fecha: Sentencia C de Magistrado o Consejero Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Norma acusada: art. 40 (parcial) de la Ley 1258 de Decisión: Declara exequible. Entidad emisora: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Referencia y fecha: Expediente de 14 de Julio de 2010 Magistrado o Consejero Ponente: Dr. William Namén Vargas Decisión: No Casa Entidad emisora: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Referencia y fecha: Expediente Bogotá, D.C., 2 de julio de Magistrado o Consejero Ponente: Dr. William Namén Vargas. Decisión: Casa parcialmente la sentencia del 16 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.3 Entidad Emisora: Ministerio de Industria y Comercio. Tipo de Normativa: Decreto. Referencia y Fecha: No del 5 de agosto de Tema: Reglamentación del artículo 14 de la ley 1340 de Entidad Emisora: Ministerio de Industria y Comercio Tipo de Normativa: Decreto Referencia y Fecha: No del 5 de agosto de Tema: Reglamentación del artículo 7 de la ley 1340 de Entidad emisora: Superintendencia Financiera Referencia y fecha: Concepto del 24 de junio de Entidad emisora: Superintendencia de Sociedades Referencia y fecha: Resolución No del 28 de junio de Publicada el 22 de Julio de 2010.4 NOTA EDITORIAL En armonía con el propósito de internacionalización del Colegio de Abogados Comercialistas me es grato presentarles a los nuevos integrantes de nuestro equipo de trabajo internacional: La profesora HERNANY VEYTIA PALOMINO de Méjico (Socia de Veytia & Vads LLP en Londres y miembro correspondiente del Instituto para la unificación del derecho privado con sede en Roma - Unidroit. Profesor huésped, investigador y conferencista en varias universidades en USA, Europa y Latinoamérica. Autora de numerosas publicaciones sobre Derecho Comercial Internacional. Intervino en la traducción al castellano de los Principios de Unidroit 2004 para los contratos comerciales internacionales) y el profesor CARLOS SOTO COAGUILA de Perú (Magister en Derecho Civil de la Universidad Católica del Perú y Asociado del Estudio Muñiz. Investigador Internacional de la Cátedra Garrigues de Derecho Global. Director de la Revista Peruana de Arbitraje y Presidente del Instituto Peruano de Arbitraje. Autor del libro Transformación del Derecho de contratos y de numerosos artículos sobre derecho civil patrimonial y arbitraje). En esta edición del boletín el doctor CARLOS GUSTAVO VALLESPINOS, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (Argentina) nos presenta algunos comentarios a su obra El Contrato de Adhesión a Condiciones Generales en cuanto hace relación a la defensa de los derechos del consumidor. Al transitar por el tema de los consumidores de los sectores de la salud y la seguridad social, el profesor VALLESPINOS afirma con satisfacción que en Argentina ( ) afortunadamente la ley de defensa del consumidor incorpora los deberes de los empresarios. En contraste a ello, sorprende la declaración efectuada por el presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia, doctor JAIME ARRUBLA, en entrevista concedida a la revista Semana en su última edición la número 1481, cuando resalta: ( ) Hay tutelas en salud, muchas de ellas no serían necesarias si le hicieran a la gente los procedimientos sin necesidad de la tutela. Y en pensiones, ni se diga. Un magistrado no logra su pensión si no es por tutela. Cómo será una persona común y corriente! El Estado tiene que cumplir su tarea sin exigirles a los ciudadanos que pongan una tutela!.5 Será que nuestros empresarios de la salud conocen a ciencia cierta sus respectivos deberes y, en consecuencia, los practican en beneficio de los consumidores colombianos? Como quiera que al Colegio interesa enriquecer el debate académico alrededor de esta realidad jurídica solicitaremos a uno de nuestros colegiados experto en el tema su análisis al respecto. Una vez tengamos a disposición el estudio en comento, lo daremos a conocer mediante su publicación en próximos boletines. LUZ HELENA MEJIA PERDIGON Presidente6 COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS JUNTA DIRECTIVA Presidente Luz Helena Mejía Vicepresidente Alejandro Páez Medina Tulio Cárdenas Giraldo César Augusto Rodríguez Sara María Pérez Jorge Oviedo Albán Vocales César Augusto Lima Ulises Canosa Suárez Juan Camilo Ramírez Juan Jacobo Calderón Comisario de Cuentas Jorge Enrique Sanchez Iván Darío Amaya Director Boletín César Augusto Rodríguez Colaboradores Magliory Parada Urieta Lina Estefanía Valencia Paola Andrea Sánchez Soler Fernando Ramírez Rojas7 ACTIVIDADES COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS Septiembre 28 de 2010, Modelos de Negocio de Inteligencia Artificial. Conferencista Dr. CAMILO ALFONSO ESCOBAR MORA.8 Datos de identificación Entidad emisora: Corte Constitucional Referencia y fecha: C-228 Expediente. D 7865 del 24 de marzo de 2010 Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Norma acusada: Artículos 9, 11, 12, 13, 22 y 25 parcial de la ley 1340 de 2009 Decisión: Declara exequible. Campos del Derecho Comercial y Temas o asuntos tratados 1.0. Derecho de la Competencia: Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio para la protección de la competencia Derecho de Sociedades: Control de procesos integración empresarial. Problemas Jurídicos 1.0. las normas legales que confieren a la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia para adelantar el control de las integraciones empresariales, al punto de oponerse o imponer condiciones para la ejecución de las mismas, constituye una vulneración de las garantías a libre competencia económica y la libertad de empresa, al igual que desconocen el principio de buena fe, en tanto limitan desproporcionadamente la facultad de las empresas de integrarse basándose en una presunción de abuso de posición dominante? 2.0. Desconoce el principio de reserva de ley el grupo de normas que confieren a la Superintendencia de Industria y Comercio la fijación de umbrales para el control de las integraciones empresariales, la determinación de los requisitos para aprobar condicionalmente dichas operaciones y la imposición de sanciones por el desconocimiento de esos deberes definidos por la autoridad administrativa? 3.0. La denominada contribución de seguimiento es un ingreso fiscal compatible con la Constitución, en tanto cumple con los requisitos derivados del principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 388 Superior? Síntesis del documento La prevención del abuso de la posición dominante no es contraria a la constitución, se encuentra protegida por la norma superior y permite una protección más efectiva de la libre competencia y de la libre iniciativa privada sin tener que esperar a que se configuren la violaciones a tales libertades. De otro lado, la deferencia de ciertos aspectos técnicos al reglamento, para complementar disposiciones legales no viola el principio de reserva de ley, siempre que los aspectos esenciales sean definidos por la ley, pues el reglamento, en los casos en que hay reserva de ley, no puede ser una fuente autónoma9 de obligaciones y deberes, sino que debe estar sometido a los parámetros establecidos previamente en el texto legal. Pronunciamientos relevantes 1. La Intervención del Estado para prevenir el abuso de la posición dominante controlando ciertas integraciones empresariales, no viola la presunción de buena fe ni las libertades de empresa y competencia. ( ) de la lectura de varias de las disposiciones superiores que integran la Constitución Económica se colige que en lo que respecta a la configuración de conglomerados empresariales, la Carta Política faculta al Estado para que ejerza labores de intervención, inclusive de carácter previo, con el fin de asegurar que los bienes y valores constitucionales que se realizan en el mercado sean garantizados. Así por ejemplo, el artículo 333 C.P., disposición compleja, en tanto ofrece varios contenidos normativos autónomos, prescribe que [e]l Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Otro tanto se identifica de lo previsto en el artículo 336 C.P., el cual es explícito en señalar que [n]ingún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. Es evidente, según estas previsiones, que la Constitución está especialmente interesada en que se eviten las concentraciones empresariales que, por su condiciones, llegaren a hacer nugatoria la libre competencia económica. La Corte, por lo tanto, no comparte la posición asumida por el actor, según la cual el control exclusivamente posterior de las integraciones empresariales tenga raigambre constitucional. En contrario, los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos demuestran que el grado de intervención estatal en la economía bien puede mostrarse desde una perspectiva sancionatoria de las prácticas contrarias de la libre competencia económica, como también de la prevención de actuaciones que por su naturaleza y potencial grado de influencia en la facultad de concurrencia de los agentes que concurren al mercado, puedan afectar dicha libertad. Debe resaltarse que, según se indicó en el fundamento jurídico 8 de esta sentencia, la libre competencia es un criterio relacional, cuya efectiva garantía depende del equilibrio entre las acciones individuales de las empresas e individuos participantes en el mercado. Este equilibrio resultaría roto cuando, por ejemplo, se conforma una integración empresarial de magnitud tal que derive en una práctica con visos monopólicos, plenamente incompatible tanto con la libre iniciativa privada, como con los derechos de los consumidores, los cuales dependen de la existencia de un mercado con competencia efectiva. Si, como lo propone el demandante, las labores de intervención del mercado solo tuvieran carácter sancionatorio ex post, el aparato estatal provocaría un déficit de protección del derecho a la libre competencia, puesto que diferiría su salvaguarda efectiva a la comprobación de una conducta constitutiva de abuso de posición dominante.10 Estas razones también sirven de base para considerarse que no se está ante una presunción de abuso contraria al principio de buena fe. En efecto, lo que motiva a la intervención estatal representada en el control de integraciones empresariales es la necesidad de evitar que determinados modos de integración empresarial tenga un grado de incidencia del mercado que imposibilite la competencia efectiva entre oferentes y la garantía de los derechos de los consumidores. De ningún modo puede considerarse que un control de esta naturaleza presuponga la mala fe de las empresas concernidas en la operación de integración, pues el análisis que efectúa la autoridad administrativa se basa en criterios objetivos y cuantificables, que prescinden de una evaluación acerca del futuro comportamiento de las empresas que optan por integrarse. Y no podía ser de otro modo, puesto que los parámetros utilizados por la norma para hacer exigible el control de la integración versan sobre variables de naturaleza estrictamente económica y que, en cualquier caso, preceden al acto de integración. 2. Carácter no absoluto de la reserva de ley para la definición de los criterios de procedencia del control a la integración empresarial. Para la Corte, la deferencia para la definición de dichos criterios e ingresos a la autoridad administrativa no se opone a la reserva de ley, conclusión que se soporta en considerar la naturaleza eminentemente técnica, flexible y cambiante de la materia a definir por parte de la Superintendencia. En efecto, el legislador estableció los aspectos esenciales del control que efectúa la autoridad de competencia de las integraciones empresariales Por lo tanto, no puede concluirse válidamente que se haya afectado la reserva de ley, pues no se está ante un escenario carente de regulación, sino en uno altamente detallado por el Congreso, que solo adscribe a la autoridad de competencia la definición de un aspecto técnico inasible por las reglas generales y abstractas que produce el legislativo. 3. La contribución de seguimiento cumple con el principio de legalidad tributaria. La determinación concreta de las tarifas se logra a través de la actuación concurrente de los órganos de representación popular y las autoridades administrativas. Por lo tanto, corresponde a los primeros fijar el método y el sistema para el cálculo, sin que deban entrar en la regulación más particular de la tarifa, pues ello vaciaría la competencia que el artículo 338 C.P. reconoce a dichas autoridades. Jurisprudencia o Doctrina de autoridad relevante citada por la entidad: Corte Constitucional, sentencia T-425/92. Magistrado Ponente. Ciro Angarita Barón Corte Constitucional, sentencia C-616/01 Magistrado Ponente. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C-265/02 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa Corte Constitucional, sentencia C-150/03, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa Corte Constitucional, sentencia C-1041/07, Magistrado Ponente. Humberto Antonio Sierra Porto11 Datos de identificación Entidad emisora: Corte Constitucional Referencia y fecha: Sentencia C- 433 del 2 de Junio de 2010 Magistrado o Ponente: Dr. Humberto Sierra Porto. Norma acusada: Artículo 86 de la Ley 1328 de Decisión: Estarse a Lo Resuelto en sentencia C-432 de 2010, Declarar Exequible el artículo 86 de la Ley 1328 de 2009, por los cargos analizados en la presente sentencia Campos del Derecho Comercial y Temas o asuntos tratados 1.0. Derecho Económico: actividad aseguradora - limitaciones leyes marco 2.0. Derecho Económico: libertad económica - protección mediante mecanismos internacionales Problemas Jurídicos 1.- Es posible sustentar una demanda de inconstitucionalidad por vulnerar normas del derecho Comunitario Andino derivado, en especial las referentes a la libre competencia? 2.- Puede el legislador regular en detalle la actividad aseguradora, sin violentar las facultades presidenciales y del mismo Superintendente Financiero? Síntesis del documento Se analiza la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta en contra del Art.86 de la Ley 1328 de Según los demandantes la norma sub judice no busca ningún fin legítimo y que si en gracia de discusión se estimara que el fin legítimo de la norma fuera fortalecer la industria de los servicios funerarios, quienes son los únicos agentes económicos beneficiados con la medida, ello no podría sostenerse toda vez que el fortalecimiento de la industria funeraria se puede alcanzar por diversos medios que no comprometan los derechos de los consumidores y el derecho de la competencia en consecuencia, los accionantes estiman que se produce como consecuencia de la intervención del legislador una distorsión arbitraria que comporta una irrazonable anulación de sus mecanismos normales de funcionamiento, todo lo cual redunda en una ventaja indebida para los competidores no aseguradores. Argumenta igualmente el demandante que la norma acusada viola el deber de no entorpecer, distorsionar o limitar la libre competencia en el mercado subregional andino y que la12 norma acusada desconoce los requisitos constitucionales aplicables a las leyes marco en materia de regulación de la actividad aseguradora. La Corte, previa aplicación de la cosa juzgada constitucional sobre algunos de los cargos expuestos por los demandantes, pasa al análisis de los demás, los cuales desestima al considerar que la norma acusada, como se analizó en aquella ocasión, se limita a organizar el mercado de la prestación de los servicios funerarios y de los seguros exequiales de esta forma la medida es de contenido y alcance meramente económicos, por cuanto se encamina simplemente a organizar un determinado renglón de un sector productivo. En lo respectivo a la violación de normas de orden subregional la Corte consideró que dado que el tema regulado por la ley acusada no versa sobre un derecho humano, no resulta viable entrar a confrontarla con una normatividad que hace parte del derecho comunitario andino remata la Corte argumentando que no se vulneró el reparto de competencias entre el Congreso y el Presidente de la República por cuanto se trata de una regulación general, mediante la cual simplemente se delimita el ámbito de la intervención gubernamental en la actividad aseguradora. Con base en las anteriores consideraciones la Corte declara exequible la norma acusada. Pronunciamientos relevantes 1. Derecho Comunitario Andino en el Orden Interno Colombiano. la Corte ha sostenido que los tratados internacionales sobre derecho comunitario andino, ni tampoco el derecho comunitario derivado, hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, no son parámetro para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, salvo que, de manera específica, regulen un determinado derecho humano Ni los tratados de integración ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos normados por el artículo 93 constitucional ( ) su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., de donde surge que una prevalencia del derecho comunitario andino sobre el orden interno, similar a la prevista en el artículo 93 de la Carta, carece de sustento vistas las cosas a partir del artículo 93, el derecho comunitario andino no conforma el bloque de constitucionalidad y, por ende, tampoco comparte la supremacía de la Carta Fundamental frente a la ley 2.- Regulación Legislativa de la Actividad Aseguradora mediante Leyes Marco. los artículos y Superiores establecen un reparto de competencias entre el Congreso de la República y el Presidente de la República en materia de regulación de la actividad aseguradora13 en sentencia C- 955 de 2000 ( ) la Corte sistematizó sus líneas jurisprudenciales en relación las denominadas leyes marco, en los siguientes términos: 1.El legislador debe circunscribir su actuación a fijar la política, los criterios y los principios que guiarán la acción del ejecutivo ( )En virtud de esta clase de leyes, se deja al Congreso el señalamiento de la política general y al ejecutivo su regulación particular y su aplicación concreta... Jurisprudencia o Doctrina de autoridad relevante citada por la entidad: 1.- Corte Constitucional, Sentencia C-432 de M.P.: Dr. Humberto Sierra Porto 2.- Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 3.- Corte Constitucional, Sentencia C-940 de M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 4.- Corte Constitucional, Sentencia C-988 de M.P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis 5.- Corte Constitucional, Sentencia C-339 de M.P.: Dr. Jaime Cordoba Triviño 6.- Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2000 M.P: Dr.José Gregorio Hernández Galindo 7.- Corte Constitucional, Sentencia C-126 de M.P.: Dr. Eduardo Montealegre Lynett Datos de identificación Entidad emisora: Corte Constitucional Referencia y fecha: Sentencia C- 432 del 2 de Junio de 2010 Magistrado o Ponente: Dr. Humberto Sierra Porto. Norma acusada: Artículo 86 de la Ley 1328 de Decisión: Declarar Exequible el artículo 86 de la Ley 1328 de Campos del Derecho Comercial y Temas o asuntos tratados 1. Derecho de Seguros: diferencia contratos de seguros funerarios y de servicios funerarios definición legislativa del concepto de actividad aseguradora 2. Derecho de los Consumidores: contenido y límites a los derechos del consumidor. 3. Derecho de la competencia: libertad para realizar una actividad económica libertad de competencia Problemas Jurídicos 1.- El legislador puede definir libremente el concepto de actividad aseguradora? 2.- Existe una diferencia sustancial entre los contratos de seguros exequiales y los de prestación de servicios funerarios? 3.- Puede la naturaleza jurídica de los servicios funerarios asimilarse a la de los contratos de seguros exequiales?14 4.- Cómo se debe realizar el control de constitucionalidad de leyes que contravienen disposiciones constitucionales de orden económico? 5.- Los derechos de los consumidores pueden limitarse a la obtención de bienes y servicios de calidad a un costo proporcional? 6.- Existe alguna relación entre el derecho de la competencia y los derechos de los consumidores? 7.- La libertad económica impone al Estado una faceta únicamente negativa, es decir de no permitir la realización de determinados actos, o también una positiva, es decir, realizar ciertos actos para promover el alcance de ciertos intereses constitucionales superiores? Síntesis del documento Estudia la demanda de inconstitucionalidad elevada contra del Art.86 de la Ley 1328 de Puesto que para el accionante vulnera, entre otros, el derecho a la libre competencia, garantizado por el Art.333, porque excluye a un competidor de un mercado determinado y le prohíbe ofrecer un servicio lícito además mediante la creación de prohibiciones y la imposición de cargas onerosas, la norma acusada orienta a todos los usuarios hacia uno de los competidores. En ese orden de ideas estima el accionante que la norma examinada viola el Art.13 de la Constitución porque divide, sin justificación objetiva alguna, en dos clases, a las empresas que concurren materialmente ante los mismos usuarios a ofrecerles vías de acceso diversas a servicios funerarios. La Corte, inicia su estudio haciendo referencia a la Sentencia C-940/03 que declaró exequible el Art.111 de la Ley 795 de 2003, ya que esta hacía referencia directa al punto sub examine, por tratar el tema de la diferenciación entre seguro exequial y servicios funerarios y la capacidad configurativa del legislador, prosigue con un análisis de los antecedentes normativos del artículo reseñado y finaliza la sentencia desestimando los cargos propuestos por el accionante, considerando que se encuentra demostrado que la norma acusada se limita a organizar el mercado de la prestación de los servicios funerarios y de los seguros exequiales complementando el Art.111 de la ley 795, atendiendo a las falencias señaladas en la sentencia C940/03, y que en tal sentido los argumentos expuestos por el demandante no dan lugar a declarar la disposición como inconstitucional. Pronunciamientos relevantes 1. Contexto de la Norma Acusada El artículo 86 de la Ley 1328 de 2009 vino a adicionar un inciso segundo y un tercer parágrafo al artículo 111 de la Ley 795 de 2003, Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero El texto adicionado será el siguiente ARTÍCULO 111. No constituyen actividad aseguradora los servicios funerarios, cualquiera sea su modalidad de contratación y pago, mediante los cuales una persona, o un grupo determinado de personas, adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial, cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación.15 Las entidades de carácter cooperativo o mutual, las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades comerciales, con excepción de las empresas aseguradoras, podrán prestar directamente y en especie este tipo de servicios, independientemente de que las cuotas canceladas cubran o no el valor de los servicios recibidos, cualquiera sea la forma jurídica que se adopte en la que se contengan las obligaciones entre las partes. ( ) PARÁGRAFO 3o. Las empresas aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la explotación del ramo del seguro exequial o cualquiera otro con modalidad de cubrimiento para gastos funerarios, deberán indemnizar únicamente en dinero a favor del tomador o sus beneficiarios, previa comprobación por parte de estos del pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servicios exequiales; salvo que el servicio funerario se preste con afectación a la Póliza de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito (SOAT). 2. Limites a la facultad legislativa para definir el concepto de actividad aseguradora. La Constitución no suministra la definición de lo que se debe entender por actividad financiera, aseguradora o bursátil. Así, tales conceptos están indeterminados en la Constitución, siendo del resorte del legislador precisar su sentido ( ) al definir la actividad aseguradora el legislador también está sujeto a algunos principios y valores superiores, que aunque no constituyen referencias expresas y directas a dicha actividad, limitan su libertad de configuración ( ) De la Constitución pueden extraerse las siguientes conclusiones (i) de la Constitución no emana que la actividad aseguradora sea exclusivamente aquella que se desarrolla bajo la forma jurídica de contrato de seguros ( ) (ii) de la Constitución no emana que la actividad aseguradora sea exclusivamente aquella que desarrollan las entidades constituidas bajo la forma jurídica de compañías aseguradoras ( ) (iii) de la Constitución no emana que toda actividad que implique en alguna forma la asunción de un riesgo sea actividad aseguradora ( ) (iv) de la Constitución sí emana que la actividad aseguradora conlleva el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos y que por esta razón, debe quedar sujeta a la intervención, vigilancia y control estatales, que se lleva a cabo mediante un reparto de competencias entre el legislativo y el ejecutivo, a través del mecanismo de las leyes marco la Corte no pierde de vista que existen referentes no constitucionales, tanto jurídicos como económicos y técnicos, que ofrecen una noción de actividad aseguradora comúnmente aceptada en ese sentido la existencia de un gran número de entes económicos expuestos a la contingencia de un peligro eventual y análogo, que bajo cualquier forma se organizan para soportar mutuamente tal contingencia, suele entenderse como actividad aseguradora ( )Esta noción comúnmente aceptada obra como un referente que limita la libertad de configuración del legislador 3. Diferencias entre los contratos de servicios funerarios y los contratos de seguros exequiales. Es necesario iniciar señalando la precisión reseñada por el accionante en cuanto a que Si bien formal y nominalmente estos dos servicios son distintos, desde el punto de vista material ambos se16 prestan a los mismos usuarios con el fin de atender las mismas necesidades en un mismo contexto ( ) La aseguradora le presta asistencia al tomador o a los beneficiarios ( ) de conformidad con lo que fue previamente acordado en el contrato de seguro. Por lo tanto, el pago de la indemnización se hace en especie y consiste en todo el servicio funerario previsto en la póliza de seguro ( ) Cuando el usuario adquiere directamente el servicio funerario, este tercero es una empresa distinta a una aseguradora. El pago lo hace a cuotas o mediante dos modalidades. En la modalidad prepago el usuario empieza a pagar por anticipado, con antelación suficiente, el servicio funerario que ha adquirido y que él mismo o sus familiares deben pagar en su integridad ( ) modalidad del llamado contrato provisional, si las cuotas prepagadas no alcanzan a cubrir el monto del servicio funerario, el usuario o sus familiares no están obligados a pagar el saldo pendiente Quien compra un seguro de exequias, paga una prima usualmente baja- y se desentiende de la organización del entierro y de sufragar los costos correspondientes. ( ) sin importar el número de primas que haya cancelado. Quien opta por comprar de manera directa el servicio funerario en la modalidad de prepago, puede eventualmente verse, él o sus familiares, en la obligación de cancelar el monto no cubierto por las cuotas canceladas por anticipado. Pero si opta por la modalidad provisional, esta eventualidad desaparece La Corte al referirse a las diferencias entre estos contratos reseña las siguientes: los servicios funerarios prestados por entidades cooperativas constituyen una práctica autogestionaria solidaria, ausente de ánimo de lucro, al paso que el contrato de seguros es de naturaleza bilateral y onerosa en los servicios funerarios no existe prima, pues en ellos la ley habla de cuotas fijadas con antelación cuya cancelación oportuna da derecho a la prestación del servicio. Concepto este que difiere de la noción de prima pues el elemento de prepago ubica al contrato en una categoría diversa al puro contrato de seguros; adicionalmente la obligación que surge como contraprestación al pago de las cuotas consiste en la prestación de un servicio en especie y no en el pago de una indemnización el contrato de seguros es siempre aleatorio y el de servicios funerarios no lo es el legislador inicialmente estimó que los servicios funerarios no podía ser prestados sino por sociedades comerciales y entidades de carácter cooperativo mutual, sometidas al control estatal que la ley previera según su especie asociativa ( ) Al parecer de la Corte, del artículo 111 no se deduce directamente que el legislador prohíba a las compañías aseguradoras explotar el ramo de seguros funerarios o exequiales ( ) la voluntad del legislador apunta a: (i) insistir en las diferencias existentes entre los seguros funerarios, ofertados por las aseguradoras, y los servicios de previsión exequias, prestados por las funerarias; (ii) precisar que los servicios funerarios, cualquiera que sea su modalidad de pago, no constituye una actividad aseguradora; (iii) mostrar que, detrás de la regulación del tema de los seguros funerarios, se haya un conflicto entre un número reducido de compañías aseguradoras y cerca de 1200 funerarias ( ) y (iv) existió claridad acerca de que el seguro funerario debía ser cancelado únicamente en efectivo y no en especie ( )comparando el texto original del artículo 111 de la Ley 795 de 2003 con la reforma introducida mediante el artículo 86 de la Ley 1328 de 2009, se17 concluye que el legislador simplemente introdujo algunas precisiones a la regulación de los mercados de los seguros exequiales y de los servicios funerarios Naturaleza Jurídica de los servicios funerarios la Corte observa que ( ), el alcance que comúnmente se le reconoce al llamado contrato o convenio de servicios funerarios es el de estimarse que mediante él una persona o grupo de personas adquiere el derecho de percibir en especie los servicios de tipo exequial, mediante el único requisito de estar cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación, sin necesidad de que mediante tal pago de cuotas se haya cubierto totalmente el valor del servicio ( ) el contrato de servicios funerarios, sin llegar a identificarse con el contrato de seguros, como más adelante se verá, si involucraría un factor asegurativo, al permitir que con los recursos formados por las cuotas captadas de un grupo grande de usuarios se constituya una mutualidad ( )no obstante lo cual el legislador estimó que no constituía actividad aseguradora la prestación de servicios funerarios no es actividad que pueda ser considerada como captación masiva de recursos del público. En tal virtud, si no se produce esta captación, consecuencialmente tampoco puede hablarse de manejo, aprovechamiento o inversión del ahorro privado ( ) el tema de la captación masiva de dineros ( ) fue resuelto igualmente por la Corte Constitucional en esa misma Sentencia C-940 de 2003, que dispuso que eso no era una captación masiva ilegal de dineros del público, sino que era una venta de servicios pagados periódicamente y anticipadamente 5.- Control de constitucionalidad basado en la realización del test de proporcionalidad débil. cuando se trata de materias económicas como lo es la actividad aseguradora, o se esté frente a asuntos en los cuales existe un amplio margen de configuración del legislador, la modalidad del juicio de proporcionalidad que se debe adelantar es el débil, el cual, ( ) En estos casos resultan más relevantes los poderes de intervención estatales y la libertad de configuración legislativa, que la limitación de las libertades económicas que este tipo de medidas suponen la Corte nota que (i) se trata de una medida de contenido eminentemente económico; (ii) versa sobre un tema en el cual el legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa; (iii) en materia de actividad aseguradora existen poderes estatales de intervención reforzados, por cuanto se está ante la prestación de un servicio público ( ) y (iv) en casos semejantes el juez constitucional ha empleado asimismo un test de proporcionalidad débil. Así las cosas, ante la concurrencia de los criterios señalados anteriormente la Corte empleará un test débil de proporcionalidad En lo que concierne a la finalidad de la medida, un detenido examen de los antecedentes legislativos evidencia que se pretendió alcanzar los siguientes objetivos: a)necesidad de delimitar, con mayor claridad y precisión, las actividades desarrollas por las empresas funerarias y las aseguradoras. b) Colmar los vacíos normativos señalados por la Corte en sentencia C- 940 de 2003 ( ) c) Evitar la existencia de integraciones verticales entre las aseguradoras y unas determinadas funerarias. d) Mejorar la calidad del servicio, en la medida en que el beneficiario gozará de mayor discrecionalidad al momento de seleccionar la calidad de las honras fúnebres ( ) la Corte considera que complementar una norma existente en el sentido de (i) precisar las entidades que válidamente pueden ofertar y18 prestar directamente los servicios exequiales y (ii) disponer que los seguros exequiales serían pagados únicamente en dinero, resulta ser una medida idónea para alcanzar los fines perseguidos 6.- Limites a los derechos de los consumidores. los derechos de los consumidores comportan diversas pretensiones, intereses y situaciones, que van mucho más allá de la obtención de bienes y servicios que reúnan unos requisitos mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades ( ) el consumidor tiene derechos de contenido sustancial, tales como a ser informado, al igual que de carácter procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de perjuicios por productos defectuosos) al igual que de orden participativo [ ] uno de los componentes esenciales de los derechos constitucionales de los consumidores consiste en el amparo de su libertad de elección entre diferentes oferentes de bienes o servicios, derecho que no es absoluto por cuanto el legislador puede limitarlo a efectos de la consecución de fines constitucionales válidos la Constitución le garantiza a los usuarios su derecho a elegir libremente ( ) si bien es cierto que en los términos de la norma acusada el consumidor no podrá contratar, en adelante, un seguro exequial indemnizable en especie, también lo es que contará con dos opciones válidas y asimilables: o bien, contratar un seguro exequial indemnizable en dinero o suscribir un contrato funerario con una entidad de carácter cooperativo o mutual, sin ánimo de lucro o una sociedad comercial. En otras palabras, la persona sigue contando con la facultad de elegir entre diferentes opciones 7.- La libre competencia se relaciona con el derecho de los consumidores al garantizar la pluralidad de oferentes. la libre competencia no cabe entenderla solamente desde la perspectiva de los competidores sino también de los usuarios y desde este punto de vista debe señalarse que en relación con ellos lo que garantiza ( ) es la prestación de un servicio que de otra manera en función de los imperativos económicos propios de la actividad privada no podría ser prestado ( ) 8.- Alcances de la Libertad económica. la libertad económica no sólo implica una faceta negativa o de abstención, sino igualmente una positiva, en el sentido del deber estatal de adoptar ciertas medidas positivas encaminadas a cumplir con los siguientes fines constitucionales: (i) impedir que se obstruya o restrinja el ejercicio de aquélla; (ii) evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional; y (iii) fortalecer las organizaciones solidarias ( )compete al Estado asegurar el ejercicio de la libre competencia ( )asegurar la libre competencia conduce a (i) garantizar una mayor oferta y calidad de los bienes y servicios disponibles para los consumidores; (ii) permite evitar la creación de monopolios; (iii) permite la reducción de los precios de los productos; (iv) asegura la innovación tecnológica; (v) conduce a un mejor empleo de los recursos existentes; (vi) evita una concentración excesiva de la riqueza; y (vii) comporta un mayor bienestar de la sociedad y de los individuos...19 la libertad económica no es un derecho fundamental; su ejercicio se encuentra sometido a los requisitos que prevea la ley( ) su ejercicio puede ser válidamente limitado por el legislador, a efectos de preservar determinados bienes jurídicos constitucionales cuando el artículo 86 de la Ley 1328 de 2009 establece que las aseguradoras no pueden prestar los servicios funerarios y que los seguros exequiales serían indemnizables únicamente en dinero, lo único que hizo fue precisar algunos aspectos esenciales que ya se encontraban presentes en el artículo 111 de la Ley 795 de disposición que fue declarada exequible por la Corte en sentencia C- 940/03- ( ) en este orden de ideas no son de recibo los argumentos del demandante, en el sentido que el legislador habría venido a excluir del mercado a un determinado agente económico, como lo son las aseguradoras, por la sencilla razón de que lo único que se hizo la ley fue organizar el mercado de las honras fúnebres Jurisprudencia o Doctrina de autoridad relevante citada por la entidad: 1.- Corte Constitucional, Sentencia C-940 de M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 2.- Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 4.- Corte Constitucional, Sentencia C-389 de M.S.: Dra. Clara Inés Vargas Hernández 5.- Corte Constitucional, Sentencia C-992 de M.P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis. 6.- Corte Constitucional, Sentencia C-616 de M.P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil. 7.- Corte Constitucional, Sentencia C-1041 de M.P.: Dr. Humberto Sierra Porto. 8.- Corte Constitucional, Sentencia C-1125 de M.P.: Dr. Humberto Sierra Porto. 9.- Corte Constitucional, Sentencia C-228 de M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva Corte Constitucional, Sentencia C-870 de M.P.: Dr. Jaime Araujo Renteria Corte Constitucional, Sentencia C-992 de M.P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis Datos de identificación Entidad emisora: Corte Constitucional. Referencia y fecha: Sentencia C de Magistrado o Consejero Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Norma acusada: art. 40 (parcial) de la Ley 1258 de Decisión: Declara exequible. Campos del Derecho Comercial y Temas o asuntos tratados 1.0. Derecho de Sociedades: Impugnación de decisiones de Asambleas Generales y Juntas Directivas en las SAS, a través de arbitramento y amigable composición Derecho Comercial Constitucional: Categoría constitucional de los socios minoritarios.20 Problemas Jurídicos 1. Se encuentra facultado constitucionalmente el legislador para establecer en la ley la posibilidad de pactar a nivel de los estatutos societarios la resolución de conflictos sobre decisiones de asambleas generales y juntas directivas mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), en las sociedades por acciones simplificadas (SAS)? 2. Vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, el que estatutariamente se establezca el arbitramento o la amigable composición como mecanismos para solucionar las controversias 3. surgidas alrededor de las decisiones tomadas por los órganos administradores en las sociedades por acciones simplificadas (SAS)? 4. Vulnera el derecho fundamental al debido proceso, en cuanto a la garantía del juez competente, el que las normas de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), permitan el otorgamiento exclusivo de competencia para la solución de conflictos societarios, en cabeza de los árbitros y tribunales arbitrales, imposibilitando el acceso a la justicia estatal? 5. Vulnera el derecho fundamental a la igualdad el que en las sociedades por acciones simplificadas (SAS), el pactarse estatutariamente, el arbitramento o la amigable composición como forma de solución de conflictos sobre decisiones de los órganos sociales como de obligatorio cumplimiento; mientras que en los otros tipos societarios regulados por el Código de Comercio, se permita realizar la impugnación acudiendo a la jurisdicción estatal, sin importar que exista clausula compromisoria en aplicación del artículo 194 del Código de Comercio? 6. Pueden ser sujetos de especial protección constitucional los socios minoritarios de cualquier tipo societario en Colombia? Síntesis del documento La normativa constitucional es acorde con la regulación legal de las sociedades por acciones simplificadas (SAS) que les permite establecer en sus estatutos, como forma de solución de conflictos societarios surgidos alrededor de decisiones tomadas por la Asamblea General o la Junta Directiva, el arbitramento o la amigable composición. De forma que se respetan los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la justicia. Pronunciamientos relevantes 1. El legislador se encuentra facultado para permitir en las SAS la solución de controversias sobre decisiones de los órganos societarios mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). Recientemente se expidió la Ley 1285 de 2009 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que expresamente modificó el numeral 3 del artículo 13 de la Ley 270 de El nuevo texto vigente es el siguiente: ARTÍCULO 6o. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 270 de 1996: Mostrar más
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